Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=636236
Timestamp: 2019-05-19 07:15:29+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°85
DESIGNACIÓN DE SEÑORA XIMENA INSUNZA CORVALÁN COMO MINISTRA SUPLENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
PETICIÓN DE OFICIO : Ena Anglein Von Baer Jahn
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA ALLENDE Y SEÑOR HARBOE, CON LA QUE SE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA ESTABLECER LA REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LOS DIRECTORIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS (9.858-03)
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS ALLENDE Y PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑORES MONTES, QUINTEROS Y WALKER, DON PATRICIO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE LA SANCIÓN DE PÉRDIDA DEL CARGO PARA LA AUTORIDAD ELEGIDA QUE HAYA INFRINGIDO LAS NORMAS SOBRE GASTOS ELECTORALES O SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA (9.859-07)
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS ALLENDE Y PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑORES HARBOE, MONTES Y QUINTEROS, PARA INICIAR UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA CESACIÓN EN EL CARGO PARLAMENTARIO PARA QUIEN SEA CONDENADO POR HABER FINANCIADO SU CAMPAÑA ELECTORAL CON APORTACIONES OBTENIDAS DE MANERA ILEGAL O FRAUDULENTA (9.860-07)
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES OSSANDÓN, GARCÍA-HUIDOBRO Y GUILLIER, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, PARA CALIFICAR DE INFRACCIÓN GRAVÍSIMA LA CONDUCCIÓN DE BUSES INTERURBANOS CON NEUMÁTICOS EN MAL ESTADO (9.857-15)
PROYECTO DE ACUERDO DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON EL QUE PIDE A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE MODIFIQUE EL DECRETO SUPREMO N° 32, DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, DE 2011, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 20.422, CON EL FIN DE DEROGAR LA NORMA QUE EXCEPTÚA A LOS CANALES DE LA TELEVISIÓN ABIERTA Y A LOS PROVEEDORES DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL QUE POSIBILITEN EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A LOS PROGRAMAS CUYO CONTENIDO SEA PRINCIPALMENTE DE CARÁCTER MUSICAL (S 1.791-12)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, con el que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Argentina, para modificar el Convenio de Tránsito de Pasajeros suscrito por ambas Repúblicas el 30 de octubre de 1947 y modificado por Cambio de Notas de fecha 2 de agosto de 1991 (9.556-10) (se aprueba en general y en particular)..................................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (8.859-04) (se aprueba en particular)................................................................................................................
Designación de señora Ximena Insunza Corvalán como Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental (S 1.785-05) (queda pendiente)................................
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público (9.608-07) (queda para segunda discusión)............................................................................................
Designación de señora Ximena Insunza Corvalán como Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental (S 1.785-05) (se aprueba)..........................................
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Chahuán, señoras Allende y Muñoz y señores Pérez Varela y Pizarro, en primer trámite constitucional, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año (9.622-09) (se aprueba en general y en particular).................
Determinación de responsabilidad en muerte de señor Jorge Salinas López. Oficios (observaciones del Senador señor Prokurica)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Concurrieron, además, los Ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 77ª y 78ª, ordinarias, en 6 y 7 de enero de 2015, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que fija a la radiodifusión porcentajes mínimos de emisión de música nacional y de raíz folclórica oral, con excepción de aquella que reemplaza el numeral 1) del artículo único y de las que incorporan un artículo 2° y uno transitorio, las que ha rechazado (boletín N° 5.491-24), e informa la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse, según lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para integrar la referida Comisión Mixta.
Sesión 61ª, en 5 de noviembre de 2014 (queda para segunda discusión).
--Por 24 votos a favor, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
¿Adónde apunta la objeción que planteó en su momento la Senadora Von Baer? En realidad, se trata de una doble objeción.
Primero, ¿por qué se impide emprender, para ser sostenedor de un jardín infantil, a alguien que puede querer serlo por su experiencia familiar, por tener una especial vocación para trabajar con niños, por ser parte de una iglesia evangélica o por haber pertenecido a una iglesia católica y desear contribuir a generar un buen avance en este ámbito?
En consecuencia, la norma que se plantea está equivocada, provocará el cierre de establecimientos y no mejorará la calidad de la educación.
¿Cómo se mejora la calidad de la educación? Exigiéndole más a quienes imparten cursos de educación.
¡Si esto es de sentido común!
Y lo que se propone es, a mi juicio, un grave error. Por eso hago un llamado a votar en contra.
Si la norma se rechaza, no cambiará la vida de nadie. Pero, si se aprueba, ustedes van a propiciar el cierre, probablemente indeseado, de muchos establecimientos donde el sostenedor, que hasta ahora es el propietario, no tiene por qué contar con un título profesional de las características indicadas.
Señora Presidenta, efectivamente, pareciera que la letra e) instala una restricción bastante injustificada, con un espíritu bastante limitado incluso.
Se plantean situaciones muy absurdas. Por ejemplo, un licenciado o un doctorado en educación no podría estar a cargo de un jardín infantil.
Se dice que el personal docente es el que debe contar con título profesional. Y es evidente que debe ser así. Todos lo citan como ejemplo y nadie se extraña, pero se sorprenden que se le exija al sostenedor, que es nada menos que el responsable de un establecimiento educacional en el nivel parvulario.
Para nosotros, la norma es completamente lógica y por eso la vamos a votar a favor.
Yo le doy la mayor relevancia al hecho de que esta ley parta con altos estándares de exigencia para la gente que se comprometa con esta área de la educación. Por eso, me parece bien el requisito que se establece, el cual, por supuesto, es superior al que existe hoy día.
¡Por Dios que es importante que el establecimiento que va a iniciar la educación de un niño lo lleve adelante una persona responsable, que cuente con un título profesional de al menos ocho semestres! Me parece obvio que así sea.
Solamente para clarificar, porque estamos en votación.
Por consiguiente, si en Chile estamos avanzando hacia la reivindicación de la educación como un derecho de todos nuestros niños y niñas o de quienes viven en nuestro país, es esperable que este proceso formativo corresponda a un proyecto educativo que se encuentre al nivel de la exigencia de garantizar un derecho.
En consecuencia, no se trata de un negocio más. Y la creciente exigencia a la que se tiene que avanzar es a que la educación preescolar sea estratégica y clave en el desarrollo y formación de las nuevas generaciones.
Por lo tanto, el concepto de "jardín infantil" ha variado significativamente en el tiempo y constituye no solo una instancia más de la estructura y de la secuencia formativa de las personas, sino quizás la más importante de todas.
No olvidemos que en las etapas primarias de la persona se forjan, además de las potencialidades intelectuales, las afectivas, valóricas, volitivas.
Como la norma estaba en votación, no pude hacer una clarificación.
Si el sostenedor no fuera profesional, o dispusiera de un largo período de transición para obtener tal calidad, podría hacerse representar por su representante legal, siempre que este tuviera título.
Se tendría que poner en votación la modificación de la Comisión de Hacienda al numeral 6) del inciso segundo del artículo 3° del proyecto aprobado por la de Educación.
Dicho precepto señala que se requiere la firma del Ministro de Hacienda, que es lo habitual.
--Se aprueba la modificación efectuada por la Comisión de Hacienda al texto del numeral 6) del inciso segundo del artículo 3° del proyecto aprobado por la Comisión de Educación (21 a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, Guillier, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Por último, la Comisión de Educación propone cambiarle el nombre al proyecto.
Está en el informe de la Comisión, no en el comparado.
"Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia".
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, queremos colocar para la tabla de Fácil Despacho de la sesión del próximo martes la moción, presentada por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la señora Ximena Insunza Corvalán, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti y Espina, de que la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para designar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la señora Ximena Insunza Corvalán, en el cupo de abogado, cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.
El señor ARAYA.- Señor Presidenta, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento conoció del oficio de la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental a la abogada señora Ximena Insunza Corvalán.
Realizó un diplomado sobre Políticas Urbanas Territoriales y Ambientales en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Además, efectuó un postgrado, los años 2010-2011, en la Universidad de McGill, en Canadá, donde obtuvo el grado de , con especialización en Medio Ambiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor De Urresti.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor DE URRESTI.- Por supuesto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador señor Hernán Larraín, tiene la palabra.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, sé que está en su derecho a pedirla, sin embargo, vence la urgencia para despachar esta solicitud.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, no hemos tenido tiempo de informarnos ni de conversar sobre esta proposición. De modo que requerimos un plazo, simplemente, para conocer los méritos de la señora Insunza.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hay un problema, señor Senador. No solo tenemos cerca la fecha de vencimiento del plazo, sino que hay que recordar que si no nos pronunciamos a tiempo, se entenderá por otorgado el consentimiento del Senado.
El señor ESPINA.- Pido la palabra.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, entiendo lo de los plazos. Por lo mismo, pido acoger lo que usted acaba de recomendar: darnos un tiempo para conocer los antecedentes antes de votar.
Voy a explicar lo que ocurrió.
Yo me encontraba en la Comisión de Gobierno, que estaba analizando la modificación a la Ley sobre Violencia en los Estadios. A petición del Presidente de la Comisión de Constitución, fui a dar quórum para que dicha instancia pudiera sesionar. Pero tuve que volver al otro órgano técnico, pues no puedo estar físicamente en dos lugares a la vez.
Además, el Gobierno nunca conversó con nosotros sobre el particular, cosa que me parece bastante insólita. Recuerdo cuando el Senador Pizarro muchas veces reclamaba por el hecho de que la Administración anterior tomaba decisiones sin consultar. Entonces, hay que tener reciprocidad.
Simplemente dejo constancia de ello.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay ningún problema.
El señor LARRAÍN.- Dejémoslo pendiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, el lunes me tocó presidir la Comisión de Constitución, que estaba convocada precisamente para recibir a la profesional propuesta por el Ejecutivo para ser Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental.
Con todo, los integrantes de la Comisión de Constitución en estas materias siempre hemos tratado de recabar la mayor cantidad de antecedentes.
Por de pronto, he solicitado que esté a disposición de la Sala el currículum de la persona propuesta por el Gobierno. Aquel se sustenta a sí mismo por la importante trayectoria de la profesional. Además, constan en el informe de la Comisión las preguntas que se le formularon con relación a la nueva institucionalidad ambiental.
Asimismo, concurrió a la sesión el Subsecretario de Medio Ambiente, a quien también se le plantearon consultas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que ya está clara la situación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar la Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, que se dedicará a la investigación y persecución de delitos cuya gravedad y repercusión social requieren dedicación exclusiva y personal especializado en la materia.
El señor QUINTANA.- ¿Por qué no está presente el Ministro, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, Senador señor Prokurica. Voy a informar lo que se me consulta.
Ante ello, el Comité Socialista insinuó la posibilidad de solicitar segunda discusión.
Sin embargo, si existe ánimo de aprobar hoy la idea de legislar, podemos hacerlo. Me han dicho que ello es muy importante.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, entiendo que el Ministro haya tenido dificultades para concurrir a esta sesión. Pero se debe consignar que este proyecto reviste complejidad.
Además, estamos analizando en paralelo una iniciativa sobre fortalecimiento del Ministerio Público, que contempla, aparte del aumento del número de fiscales, la necesidad de contar con los debidos resguardos para una serie de funcionarios de este organismo, quienes obviamente debieran participar en la discusión.
Una Fiscalía Especial de Alta Complejidad requiere un importante debate dentro del entramado de funcionamiento del Ministerio Público.
No me gusta legislar con celeridad cuando se trata de situaciones de alta relevancia.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se ha solicitado segunda discusión.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, seguramente ya habrán escuchado mi opinión acerca de la reforma procesal penal. Y en este caso claramente vamos a hablar de un cambio relacionado con ella.
Los principales objetivos que se buscaban eran:
"1) Agilizar la persecución penal; 2) Evitar zonas de impunidad en la persecución criminal; 3) Corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigencia de la reforma procesal penal; 4) Mayor transparencia a los procesos judiciales (en los delitos de alta connotación pública)".
El 30,6 por ciento de dicho total concluye por otra vía judicial (sobreseimiento, suspensión condicional, acuerdo reparatorio y facultad para no investigar).
Y el 54,4 por ciento restante se resuelve por la vía administrativa antes de llegar a una instancia judicial, siendo la gran mayoría de los casos archivados provisionalmente.
Creo que llegó el minuto de que hagamos una reflexión en torno a cómo ha funcionado esta reforma. En tal sentido, considero que tanto la delincuencia como la falta de una justicia efectiva son dos cosas que tienen a los chilenos cansados.
Debemos sincerar el hecho de que, lamentablemente, la delincuencia está desatada en nuestro país. Así lo indican las cifras de la última encuesta de Paz Ciudadana-Adimark, donde la victimización de los hogares llegó al 43,5 por ciento, el índice más alto desde el año 2000.
La mayor y mejor demostración de que el Estado ha fallado en el combate contra la delincuencia es lo que está pasando con los cajeros automáticos, respecto de lo cual se dio como gran solución instalarlos en algunas comisarías. Francamente, esta es una demostración palmaria de que en materia de seguridad ciudadana el Estado no se la está pudiendo con la delincuencia.
Las autoridades no se están dando cuenta de que, con estas señales, lo único que hacen es decirle a la gente: "Hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia". Y ese fracaso no se debe al trabajo de las policías, sino al mal funcionamiento del sistema procesal penal, que permite que los delincuentes queden¿
El señor PROKURICA.- Gracias, señora Presidenta.
Decía que los delincuentes quedan en libertad una y otra vez con el actual sistema.
El hecho de instalar los cajeros automáticos en dependencias de Carabineros obedece a un razonamiento indesmentible y más sencillo que sumar dos más dos: no se culpa a la banca, a la Nueva Mayoría, a la Derecha, al Gobierno o a Carabineros, sino al sistema judicial. Es este el que no está cumpliendo su objetivo y el que nunca ha hecho un mea culpa.
En agosto del año pasado, señora Presidenta -y pido que me otorgue tiempo adicional para exponer-, un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile reveló la lista de los cien delincuentes con más detenciones entre 2009 y 2013.
Pido, por favor, que pongan atención a estos datos.
Entre todos ellos sumaban un total de casi 3 mil capturas, lo que equivale, en promedio, a unas 30 detenciones cada uno.
Además, el 23 por ciento correspondía a menores de edad.
El mismo análisis reveló el bajo índice de personas que están sujetas a prisión preventiva o al cumplimiento de una condena.
De acuerdo con dicho documento -y aprovecho de agradecer al Senador Espina, quien me entregó gran parte de esta información-, al observar 27 casos de reiteración, se detectó que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena, la cual, en promedio, alcanzó -¡escuchen bien!- a 64 días de privación de libertad.
Según cifras proporcionadas por el Poder Judicial, el 93,4 por ciento de los casos de robo terminados o cerrados de este año quedaron impunes. ¡Por favor! ¡El 93,4 por ciento quedaron impunes, sin condena! Esto equivale a 253.340 casos.
Estas no son cifras mías. Son las que entrega el propio Poder Judicial.
Señora Presidenta, la reforma procesal penal es un sistema fallido -sé que es una afirmación dura-, donde el Estado ha gastado muchos recursos. De hecho, para llevar adelante esta reforma construyó 200 edificios a lo largo del país. ¡200 edificios! Además, los fiscales y los ayudantes ganan remuneraciones muy superiores a las que se daban en el sistema antiguo.
Con lo anterior no estoy diciendo que quiero volver al modelo anterior. No. Este presentaba un montón de problemas. Pero el sistema actual, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el propio Poder Judicial, muestra resultados francamente deplorables. Y eso ha causado una visión negativa en la opinión pública respecto de la reforma procesal penal y de los tribunales.
Para que no quede duda respecto de lo que expongo, quiero contarles mi experiencia personal:
En los últimos diez años he sido víctima de al menos 8 robos al interior de mi domicilio. ¡Imagínense eso! En el último de ellos, incluso me dejaron sin luz, por cuanto se llevaron los cables de la energía.
¡Nunca se encontró a los responsables!
He sido víctima, junto a mi familia, de 3 incendios intencionales en mi casa.
Ya he perdido la cuenta de las veces que han entrado a robar a mi oficina parlamentaria en Vallenar y de cuántos computadores han sustraído, como en los casos antes descritos.
Por favor, no me crean a mí. Revisen las cifras oficiales; pregúntenle a la gente, y vean las encuestas: los tribunales de justicia son los únicos más mal evaluados que el Parlamento.
Y eso se debe a la reforma procesal penal, que ha sido un fracaso.
La idea que propone la iniciativa a lo mejor es buena. No digo que sea mala. Pero, con ella, ¿se va a resolver el problema de tantas personas que, día a día, una y otra vez, son víctimas de un delito y otro, aunque sea leve? Para obtener una respuesta, basta preguntarle a la gente que vive en los sectores poblacionales, a quienes los asaltan una, dos, tres, cuatro, cinco veces y les cobran peaje.
¡A esas personas la delincuencia les ha cambiado la vida para mal!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, comparto los fundamentos del presente proyecto, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público.
En definitiva, esta Fiscalía Especial quedará en una posición ventajosa en desmedro de las fiscalías regionales, lo que amerita revisar cuidadosamente la ley regulatoria respectiva.
No quedan claros los beneficios de optar por la creación de una Fiscalía Especial frente a la alternativa de instalar fiscalías de alta complejidad dependientes de cada fiscalía regional, como ha ocurrido hasta el día de hoy en algunas de ellas cuando se ha estimado necesario.
Ahora bien, desde una mirada más general, no puedo dejar de mencionar la señal negativa que podríamos enviar a la comunidad en el sentido de que los asuntos más complejos o relevantes solo pueden ser resueltos centralizadamente.
Si ese criterio se aplicara al resto de la Administración Pública, ello sería fatal y contraproducente con el espíritu que anima al Gobierno y con las conclusiones emitidas recientemente por la Comisión de Descentralización.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a quienes nos acompañan en las tribunas y aprovecho de darles la bienvenida a esta Corporación.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, tengo una mirada distinta con relación al proyecto que se somete a la consideración del Senado.
Lo peor que le puede ocurrir a un país es que se vayan incubando en su territorio organizaciones criminales que tengan este tremendo poder. Necesitamos anticiparnos a este tipo de situaciones.
Por lo tanto, creo que al hacer la modificación constitucional debe quedar claramente establecido en la Carta cuál va a ser la competencia de la Fiscalía de Alta Complejidad. Y, para mí, esa competencia debe estar determinada por lo que son el narcotráfico, las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas, porque todo ello afecta la integridad del Estado.
Hoy día, el Ministerio Público, bien, mal o más o menos, solo está preparado para enfrentar el delito común. Pero en materia de alta complejidad se requiere otro tipo de , otro tipo de dedicación, otro tipo de competencia. Es decir, estamos hablando de situaciones de una envergadura diferente. Y, desde un punto de vista institucional, en Chile no existe una respuesta para abordar los delitos de alta complejidad.
Ahora bien, precisamente por la importancia que tienen estos fiscales, no me gustaría que el día de mañana -porque leí el informe y en él se dice que van a desatochar muchas situaciones del Ministerio Público en materia de delitos comunes- terminaran cumpliendo otras funciones.
Entonces, desde un punto de vista institucional, junto con generar la Fiscalía de Alta Complejidad, creo que tiene que quedar plenamente garantizado que ella se va a concentrar única y exclusivamente en los delitos que afectan la integridad del Estado: el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Por lo tanto, en lo personal no estoy dispuesto a dar este paso si no queda acotado en la propia Constitución, en el artículo 85 bis, cuáles van a ser las materias a las que deberán dedicarse, única y exclusivamente, estos fiscales.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, la verdad es que plantear una reforma constitucional para crear el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad no es tan sencillo como aparentemente pretende el proyecto, y con ello no se resuelve la situación que viven las personas que son víctimas de distintos tipos de delitos en nuestro país.
Como se indicó en la discusión general en la Comisión de Constitución del Senado, la Fiscalía de Alta Complejidad que se proyecta costará al erario de la nación la suma de 4 mil 800 millones. Parece razonable requerir estudios técnicos que indiquen que la creación de esta unidad es la mejor forma de usar ese dinero para reforzar la labor del Ministerio Público, antes de votar una reforma constitucional para establecer dicha Fiscalía.
Cabe destacar que esos estudios, si es que existen, no han sido dados a conocer como fundamento del proyecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le recuerdo al señor Senador que se ha solicitado segunda discusión respecto de este proyecto, lo que, como usted sabe, significa que va a haber tiempo antes de proceder a la votación.
Tengo inscritos para intervenir a los Honorables señores García y Guillier.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, todos sabemos que nuestra Región de La Araucanía desde hace ya varios años viene viviendo una situación de violencia extrema. Permítanme relatar hechos que han sucedido en las últimas semanas.
En la noche del 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuando todos nos reuníamos en nuestros hogares con nuestras familias y demás seres queridos para celebrar la principal fiesta del mundo cristiano, en la Novena Región fuimos sacudidos por una bomba instalada en la Segunda Comisaría de Carabineros, a 50 metros de donde están las oficinas de la Jefatura Zonal. El aparato explotó, dejando herido a un policía. Por supuesto, cientos de vecinos quedaron tremendamente conmocionados.
Esa misma noche la PDI descubrió en sus instalaciones de Extranjería de la ciudad de Temuco un artefacto explosivo que resultó ser idéntico al que había detonado en la unidad de Carabineros antes individualizada. Afortunadamente, su detección oportuna permitió desactivarlo y evitó que estallara.
En la noche de Año Nuevo, en el sector de Quepe, de la comuna de Padre las Casas, la señora Verónica Cecilia Jara Llancavil, mujer sencilla, humilde, muy esforzada, con gran capacidad de trabajo, sufrió un ataque incendiario dirigido contra las dos máquinas con que explotaba áridos. Esta actividad era su única fuente de ingresos.
En la misma noche del 31 de diciembre le quemaron tres camiones y su maquinaria agrícola a otra persona de esfuerzo y de trabajo: don Alejo Vielma, pequeño parcelero de la comuna de Teodoro Schmidt.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, reitero que para este proyecto se pidió segunda discusión. Por lo tanto, en este momento no vamos a votar.
El señor LARRAÍN.- ¿No vamos a votar el proyecto en debate?
La señora ALLENDE (Presidenta).- No, Su Señoría. Como dije, se pidió segunda discusión.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, en esta iniciativa yo separaría dos cosas.
Es bastante habitual que los parlamentarios muchas veces reciban en sus Regiones requerimientos para solicitar jueces especiales, dedicaciones exclusivas, en fin, cuando la población intuye que hay delitos más complejos que el crimen organizado común y que representan amenazas bastante más soterradas y peligrosas.
Por consiguiente, es indispensable conocer qué materias serán de competencia de la nueva Fiscalía, saber cómo se hará la determinación pertinente y evaluar si la definición de los asuntos sometidos a ella le compete o debería corresponderles a otras instancias que podrían requerir su intervención.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, yo voy a aprobar la idea de legislar. Y comparto los argumentos que dio el colega García. No obstante, quiero hacer una pequeña aclaración.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Con la intervención del Senador señor Ossandón concluyen las exposiciones de la primera discusión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos haciendo sonar los timbres por cinco minutos porque, como Sus Señorías saben, debemos, dado que vence el plazo, votar el nombramiento de doña Ximena Insunza Corvalán como Ministra Suplente en el Segundo Tribunal Ambiental, materia para la cual se requieren los votos favorables de tres quintos de los Senadores en ejercicio.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el oficio mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la República solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la señora Ximena Insunza Corvalán, con informe de la Comisión de Constitución y la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Constitución deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Araya, De Urresti y Espina), de que la proposición presidencial cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en primer término, debo decir que tenemos que intentar ser más prolijos en el procedimiento seguido en esta materia.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, tal como ocurrió hace poco con el nombramiento de dos miembros en el Tribunal Constitucional en circunstancias que no fueron las más adecuadas para el debido conocimiento de tan importante resolución, estamos abocados ahora a esta votación.
La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).- Señora Presidenta, quiero agradecer, por su intermedio, el pronunciamiento de cada uno de los señores Senadores.
Como recordarán quienes formaban parte de esta Corporación en el período legislativo anterior, los tribunales ambientales se integran a partir de las cinquenas propuestas para cada cargo por la Corte Suprema sobre la base de las postulaciones presentadas.
Lo expresado por el Senador señor Espina dice relación con el procedimiento utilizado para los tribunales ambientales de Valdivia y de Santiago, que también tenemos que aplicar con relación al de Antofagasta. Será preciso revisar los currículums que exponga la Corte Suprema y ser tremendamente acuciosos en la selección de los nombres de quienes integrarán el tribunal.
Me parece que esa es la forma de actuar, a la que se suman las entrevistas que lleva a cabo la Comisión de Constitución a la hora de la presentación a la Sala del conjunto de quienes sean propuestos para ocupar los cargos.
En el caso del nombramiento de un Ministro titular del Tribunal Ambiental de Santiago, ante la vacancia que se registrará en los próximos días, el Ejecutivo tiene que esperar la cinquena respectiva y seleccionar, lo que será motivo de conversaciones, por cierto, con el Senado de la República.
Reitero mi agradecimiento a esta Corporación, en nombre de la Primera Mandataria, y valoro el hecho de que las bancadas hayan decidido el asunto con celeridad.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Nos alegramos mucho que se haya podido resolver en buena forma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señor Chahuán, señoras Allende y Muñoz y señores Pérez Varela y Pizarro, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.622-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa se relaciona con la celebración del día al cual se ha hecho referencia, declarada para cada país miembro por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución de 1992.
Esta última discutió la iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señoras Allende y Muñoz y señores Chahuán y Pizarro.
El texto que se propone aprobar en general y en particular se incluye en el informe.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeciones,
El señor DE URRESTI.- Que se abra la votación, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Pensaba pedir la aprobación por unanimidad.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, el proyecto se origina en una moción del Honorable señor Chahuán y fue respaldado por todos los integrantes de la Comisión sobre Recursos Hídricos: los Senadores señora Allende y señores Pizarro, Pérez Varela y quien habla.
El señor LAGOS.- ¡Un día del agua y el resto de sequía!
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, claramente se trata de algo relevante. Se sabe que la Región de Valparaíso registra el quinquenio más seco en la historia de Chile, solo comparable con lo ocurrido en 1968 y 1969. La situación es similar en la Región de Coquimbo y, a su vez, la provincia de Petorca es zona de catástrofe.
Estamos adelantando en conversaciones con el Ministro de Obras Públicas para el efecto de avanzar en Puntilla del Viento, donde los trabajos se iniciaron por el Gobierno del Presidente Allende y se interrumpieron en 1973. Creemos que se debe continuar con ese embalse, que fue emblemático y en el que participaron cuatro mil trabajadores voluntarios hasta ese año, y volver a la tónica de recuperar las aguas que desembocan en el océano y reconducirlas, a fin de establecer la primera gran obra de contención de la desertificación, que debiera situarse en el valle de Casablanca.
Agradezco la disposición de la señora Presidenta de la Corporación y de la Honorable señora Muñoz, Presidenta de la Comisión Especial, órgano técnico integrado también por el Senador señor Pérez Varela, para poder generar el marco regulatorio que permita garantizar el acceso igualitario y preferente al agua dulce para el consumo humano. La iniciativa va en esa dirección en términos de despertar conciencias, y, por eso, reconozco el apoyo de mis colegas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, obviamente voy a pronunciarme a favor del proyecto. No podría registrarse una votación distinta. Pero quiero dejar constancia de que tiene que existir una gran iniciativa legislativa, gubernamental y social para nacionalizar los derechos de agua.
Esperamos que el Gobierno le ponga urgencia -la señor Ministra se retiró- a los proyectos de ley que hemos presentado en ese sentido y se ocupe en una política nacional de recursos hídricos. No sacamos nada con conmemorar un día el agua y enfrentar una sequía los 364 restantes. La situación es lamentable. En el sur ha sido preciso recurrir a camiones aljibe, por la gran carencia de agua.
No hemos abordado la cuestión del modelo forestal, que está arrasando con el recurso hídrico en el mundo campesino. No contamos con una ley tendiente a un manejo integrado de las cuencas. No existe una política que proteja efectivamente a los comités de agua potable rural.
Entonces, por favor, se requiere un momento de reflexión, para que no nos quedemos simplemente en la conmemoración del Día Mundial del Agua, sino que avancemos en una política nacional de protección de los recursos hídricos. Y eso pasa, en primer lugar, por el cambio del Código de Aguas, que considera al vital elemento y a los derechos que se constituyen sobre este como un bien de mercado, como un bien especulativo. Hoy día, los derechos de agua están en manos de hidroeléctricas o de empresas eléctricas que simplemente especulan con ellos, afectando a los pequeños campesinos, a las comunidades indígenas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseo resaltar el trabajo que está llevando a cabo la Comisión sobre Recursos Hídricos por encargo de la Sala, en cuanto a poder elaborar una propuesta, como lo planteó el Senador señor De Urresti, que encare el desafío de Chile para lograr el buen uso del recurso hídrico, garantizar su sustentabilidad y el acceso de todos los que lo necesiten, y, lógicamente, hacer eficiente el esfuerzo del sector público, en coordinación con el privado, para que sea aprovechado en todas sus dimensiones: el sector productivo, las áreas de servicios, turística y medioambiental, y, obviamente, con una prioridad absoluta para el consumo humano.
Y lo que derechamente se ve más cercano es la desalinización del agua de mar, a fin de utilizarla tanto para el riego como para el sector industrial, de servicios y también para el consumo.
Se trata de inversiones grandes, pero perfectamente financiables. En otras partes del mundo existen experiencias sobre el particular.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa peticiones de oficios.
Al señor Superintendente de Seguridad Social, para que informe sobre SITUACIÓN DE SEÑOR GABRIEL EDGARDO ISLA CARRASCO,
Al señor Director Nacional de Vialidad, a fin de consultar por EXISTENCIA DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RUTA T-54 EN TRAMO SANTA JULIA-RIÑIHUE.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En la hora de Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Demócrata Cristiano e Independiente.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, he querido usar de la palabra para pedir que se oficie al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y, en especial, al Director del Hospital Eduardo Pereira, de esta ciudad, para informarles sobre el sensible fallecimiento, registrado el pasado sábado 10 de enero, del señor Jorge Salinas López, director y fundador de la radio Progreso, de Huasco, y reconocido radiodifusor de la provincia, producto de una falla multiorgánica generada por úlceras vasculares en sus piernas.
I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY
La presente iniciativa se basa, no solo en superar brechas discriminatorias entre hombres y mujeres sino que también obedece a razones técnico-económicas que permiten el desarrollo eficiente de un país.
1. La realidad laboral: mientras más alto el cargo, menor es la inclusión de mujeres
Si bien en los últimos años se ha producido un incremento de la fuerza laboral femenina (47,2%), este incremento no se ha visto reflejado en los altos cargos directivos. En efecto, la mujer al ingresar a la fuerza laboral activa se ve enfrentada a una segregación vertical, vale decir, sus posibilidades de inserción se concentran principalmente en las plantas bajas de las jerarquías organizacionales de una empresa. Ello se traduce en una verdadera pirámide de poder, donde mientras más alto el cargo, menor es la inclusión de mujeres.
Como consecuencia, las mujeres continúan sub representadas en empleos corporativos de alto nivel. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, durante el año 2009 las mujeres ocuparon sólo uno de cada diez cargos directivos en las compañías de los países pertenecientes a dicha organización.
Estos datos reflejan no solo las dificultades a las que se ve enfrentada una mujer al ingresar al mundo laboral, sino también la brecha en igualdad de oportunidades, como consecuencia de la discriminación por género de un trabajador.
2. Igualdad de derechos.
El principio de igualdad de derechos entre todas las personas, constituye la idea central de los derechos humanos, constituyéndose como un principio prioritario la no discriminación.
En particular, el reconocimiento de la no discriminación de las mujeres se consagró en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada en 1979.
El Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece que: "A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera."
Asimismo, en el numeral uno del Artículo 4 de la mencionada Convención señala que "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención."
Chile ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y forma parte de los países comprometidos con la Plataforma de Acción Mundial.
En el objeto de avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet incluye una Nueva Agenda de Género basada en los derechos de igualdad y autonomía de las mujeres. En particular su programa establece que desde el primer semestre de su Gobierno se integrará al menos a una mujer en el Directorio de las empresas del Estado. Asimismo, se indica la búsqueda de algún mecanismo que permita incentivar una mayor presencia de las mujeres en las empresas públicas, estableciendo una meta de un 40% de mujeres en los Directores de estas empresas.
3. La igualdad de género es una condición indispensable para el desarrollo
Ahora bien, además de las razones de justicia que justifican la incorporación de cuotas de género en los Directorios de las empresas, existen una serie de razones técnico - económicas que avala su inserción.
Según informes de la OCDE:
1. Los directores con mayor diversidad de género pueden contribuir a un mejor gobierno corporativo. Un directorio heterogéneo puede vigilar más intensamente el comportamiento ejecutivo.
2. Dado que las mujeres son, por lo general, poco representadas en las llamadas "redes de favoritismo", la presencia de más directores mujeres podría traer miradas más independientes en la sala de directorio y reforzar su función de vigilancia.
3. Directorios con más diversidad de género tienden a tener una mayor variedad de orígenes, experiencias, perspectivas y habilidades para resolver problemas. Todo esto puede ser transmitido a los altos directivos y mejorar el gobierno corporativo de la empresa.
En presente proyecto, introduce cuotas de género en los Directorios de las Empresas del Estado, de manera que ningún sexo supere el 60% en su composición, a fin de asegurar la participación de la mujer en dichos Directorios.
1. Reducir la desigualdad
El equilibrio en los directorios es un gran desafío al cual debemos sumarnos. Alcanzar una representatividad de género constituye el reconocimiento de un potencial de capital humano capacitado que no está siendo aprovechado. Las mujeres aún se enfrentan a grandes barreras para participar en altos mandos, creemos que debemos enfrentar esa realidad con medidas claras y concretas.
2. Alcanzar una mejor competitividad
En el mundo corporativo, un número cada vez mayor de reportes indican que existe una correlación positiva entre la proporción de mujeres en los niveles más altos y el rendimiento de las empresas. Es así como una visión diferente de los negocios puede otorgar nuevos aires a una empresa.
3. Promover el uso de una más amplia gama de talentos
Los talentos de las mujeres están siendo subutilizados en los niveles de toma de decisiones, en particular en el nivel superior. El cambio es necesario, tanto en el mundo político y empresarial para fortalecer la competitividad de nuestro país y crear un futuro en que todos los talentos se utilizan al máximo y todas las voces sean escuchadas. Por consiguiente, en razón de lo anterior, vengo en presentar y en proponer el siguiente:
"Artículo 1°.- Modificase el decreto con fuerza de ley N° 10, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1982, que crea la Empresa Correos de Chile, en el siguiente sentido:
- Incorporase en el artículo 4, a continuación del primer punto seguido (.), la frase "En dichos nombramientos, el porcentaje que represente cada género, entre los miembros del Directorio, no podrá superar el sesenta por ciento de la integración total.".
Artículo 2°.- Modificase la ley orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1993, en el siguiente sentido:
- Incorporase en el artículo 4, a continuación del primer punto seguido (.), la frase ".En dichos nombramientos, el porcentaje que represente cada género, entre los miembros del Directorio, no podrá superar el sesenta por ciento de la integración total.".
Artículo 3°.- Modificase la ley N° 19.542 que moderniza el sector portuario estatal, en el siguiente sentido:
- Incorporase en el artículo 24, a continuación del primer punto seguido (), la frase ".En dichos nombramientos, el porcentaje que represente cada género, entre los miembros del Directorio, no podrá superar el sesenta por ciento de la integración total en el caso que el Directorio estuviere compuesto por cinco miembros, sí dicho Directorio tuviere tres miembros, dicho porcentaje no podrá superar el setenta por ciento.”.
Artículo 4°.- Modificase el decreto con fuerza de ley N° 153, del Ministerio de Hacienda, de 1960, que crea la Empresa Nacional de Minería, en el siguiente sentido:
a) Incorporase en la letra c) del artículo 11, a continuación de la frase "del Presidente de la República," la frase "en esta designación ningún género podrá superar el sesenta por ciento;"
b) Incorporase el siguiente inciso segundo "En la designación de los Directores establecida en las letras d), e), f) y g) se deberá velar por garantizar la representación de género en la integración del Directorio.
Artículo 5°.- Modificase el artículo 8° del decreto ley N° 1.350, de 1976, que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en el siguiente sentido:
a) Incorporase en la letra a) la siguiente frase final "En dicho nombramiento ningún género podrá superar el sesenta por ciento."
b) Incorporase en la letra b) a continuación de la frase "Federación de Supervisores del Cobre en conjunto, con la otra." la frase "En la elaboración de dichas quinas se deberá asegurar la representatividad de todos los miembros, para ello el porcentaje que represente cada género deberá verse reflejado proporcionalmente en la elaboración de las respectivas quinas."
c) Incorporase en la letra c) a continuación de la frase ", con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros." la frase "En la elaboración de dichas ternas ningún género podrá superar el sesenta por ciento."
Artículo 6°.- Modifica decreto con fuerza de ley N° 2.079, del Ministerio de Hacienda, de 1977, fija texto de la Ley Orgánica del Banco del Estado De Chile, en el siguiente sentido:
- Incorporase en el artículo 9°, letra a) la siguiente frase final ", con acuerdo del Senado" la frase "En dicho nombramiento ningún género podrá superar el sesenta por ciento de la integración total del Directorio."
Artículo 7°.- Modificase la ley N° 19.132 que creó la empresa Televisión Nacional de Chile, en el siguiente sentido:
- Incorporase en el artículo 4°, letra b) continuación de la frase "con acuerdo del Senado," la frase "en dichos nombramientos ningún género podrá superar el sesenta por ciento de la integración total del Directorio"
Artículo 8°.- Modificase el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1986 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 9.618, que crea la Empresa Nacional del Petróleo, en el siguiente sentido:
- Incorporase en el artículo 3°, continuación de la frase "tres, designados por la Corporación de Fomento de la Producción," la frase "en dichos nombramientos ningún género podrá superar el sesenta por ciento"
Artículo 9°.- En aquellos casos en que corresponda al Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción prestar asesoría técnica al Presidente de la República en la designación de los integrantes de Directores y/o Consejos de empresas del Estado y de sociedades en que éste tenga participación mayoritaria, el Consejo deberá asegurar en su propuesta que el porcentaje que represente cada género no supere el sesenta por ciento del total de su designación, salvo que la ley hubiere establecido un porcentaje distinto.”
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.
Así como nuestra legislación nacional consagra el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana, la posibilidad de elegir y ser elegido en algún cargo de elección popular, ello a su vez, impone una obligación que consiste en que todo aquel que se presente a dichas elecciones debe necesariamente observar y acatar las normas que regulan la materia, sobre todo aquellas que versan sobre los principios de probidad, transparencia y de control y límite del gastos electoral.
En ese contexto, creemos firmemente que la ética en el actuar de los candidatos y autoridades electas, deben ceñirse fielmente a los principios anteriormente señalados y deben observar la legislación que regula todo el acto eleccionario y, por sobre todo el financiamiento de campaña.
Que en el actuar de toda autoridad electa, una vez asumida en el cargo, debe primar el interés general de Chile, por sobre cualquier interés gremial o particular de algún grupo o persona, lo que implica que se deben establecer reglas claras y firmes para impedir y sancionar cualquier acto que interponga un interés particular por sobre el interés general.
Así las cosas, podemos señalar que: "Uno de los fines últimos de las democracias representativas es aspirar a conseguir el bien común de la comunidad política que la sustenta. En este sentido, la búsqueda por conseguir beneficios particulares o de manera oculta a la ciudadanía será percibida por los ciudadanos como un obstáculo a la hora de lograr el mayor bienestar posible para todos" (Auditoria a la Democracia, Año 2014, Página 403).
Por su parte el art. 5° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece la obligación para los Estados miembros que: Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas".
Siguiendo en el plano internacional, la Convención Interamericana contra la Convención, señala en su primer considerando que: "CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;"
En razón de la legitimidad de las instituciones democráticas, creemos necesario establecer sanciones que sean ejemplarizadoras, contra las autoridades electas que hayan financiado de forma ilegal o fraudulenta sus campañas, estableciéndose la pérdida del cargo, nombramiento o escaño, según corresponda.
Que a mayor abundamiento de lo anterior, el Principio de Legalidad o de Juridicidad, impone a las autoridades el ajustar su actuar a la Constitución y las Leyes, lo que implica que cualquier actuación de éstos que sea ilegal o fraudulento debe ser sancionado, incluso con la pérdida del cargo, nombramiento o escaño según corresponda.
En razón de lo precedentemente expuesto, vengo en presentar y en proponer el siguiente,
"Artículo Primero: Modifíquese la Ley 19.884, "Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral", Publicada en el D.O. el 05 de agosto de 2003, de la manera siguiente:
a) Agréguese una nueva letra d), al art. 5° en los siguientes términos: "art. 5.- d) En el caso que el candidato haya resultado electo, y en forma posterior sea condenado mediante sentencia firme o ejecutoriada, por haber percibido aportes de campaña de manera ilegal, fraudulenta o al margen de la legislación vigente, perderá su cargo, nombramiento o escaño, según corresponda, aunque lo esté ejerciendo en propiedad".
b) Modifíquese el art. 10° en los siguientes términos: "art. 10.- Solo pueden efectuar donaciones o aportes de campaña para gasto electoral, las personas naturales que tengan domicilio en Chile y que no hayan sido condenadas a pena aflictiva.
Se prohíbe toda donación, transferencia, apoyo o aportes de campaña para gasto electoral por parte de personas jurídicas, cualquiera haya sido la forma legal de su constitución, ya sean sociedades, fundaciones o corporaciones, y tengan o no fines de lucro, con excepción de los partidos políticos."
c) Modifíquese el art. 12° en los siguientes términos: Elimínese la frase: ",si éstos pudieren ser identificables,"
d) Modifíquese el art. 16° en los siguientes términos: "art. 16.- Los aportes de campaña serán públicos y sujetos a revisión por parte de cualquier interesado, y su tratamiento se realizará con plena observancia de los principios de probidad y transparencia"
e) Deróguense los artículos 17°, 18°, 19° y 20°.
f) Agréguese un nuevo inciso segundo al art. 24°, en los siguientes términos: "art. 24.- inciso segundo: Lo señalado en el inciso precedente será sin perjuicio de lo establecido en el art. 10° de la presente ley"
g) Agréguese un nuevo inciso final al art. 27° A, en los siguientes términos: "Art. 27 A.- Las sanciones precedentemente señaladas se aplicarán de forma supletoria a las sanciones establecidas en la letra d) del art. 5° bis de la presente ley"
Artículo Segundo: Modifíquese la Ley 18.918, "Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional" Publicada en el D.O. el 5 de febrero de 1990, de la siguiente forma:
a) Agréguese un nuevo inciso cuarto al art. 5° A, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto, y así sucesivamente, en los siguientes términos: "En caso de inobservancia de las normas sobre probidad y transparencia, o ante el incumplimiento de la ley 19.884, se aplicarán las sanciones establecidas en dicha ley o en su defecto, y en forma supletoria, se aplicarán las sanciones establecidas en la ley 18.575"
Artículo Tercero: Modifíquese la Ley 18.700, "Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios", Publicada en el D.O. el 6 de mayo de 1988, de la forma siguiente:
a) Agréguese una nueva frase en el inciso tercero del art. 30°, después del punto a parte (.) que pasará a ser coma (,), de la siguiente forma: "se deberá además, observar la ley 19.884 y su incumplimiento traerá aparejada las sanciones que se contemplan en dicha ley."
b) Modifíquese el art. 143°, de la siguiente forma: Después de la frase: "El conocimiento de las infracciones sancionadas en los artículos", Agréguese el número: "30,"."
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Carlos Montes Cisternas, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
Que es esencial para la democracia que los actores políticos, y todos los candidatos a cargos de elección popular respeten las normas que regulan el financiamiento de la Política.
Asimismo, es primordial que se establezca la posibilidad de pérdida de escaño, de diputado o senador, cuando éste resulte condenado mediante Sentencia firme o ejecutoriada, que establezca que en el financiamiento de su campaña se recibieron aportes de terceros a través de actos ilegales o fraudulentos.
Lo anterior se sustenta en lo establecido en el inciso primero del art. 5° A, de la Ley 18.918, "Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional" que establece que: "Los diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia..."
Además, dado que en nuestra legislación no se contempla la "renuncia voluntaria" de los diputados y senadores, se hace necesaria, extender la renuncia, a la voluntad personal del Senador o Diputado. Es en razón de ello que se extiende la renuncia, que se previene en el inciso final del art. 60 de la Constitución Política de la República, a la voluntaria.
En virtud de lo anteriormente expuestos, vengo en presentar y en proponer a ustedes el siguiente,
"ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el artículo 60° de la Constitución Política de la República, en los siguientes términos:
a) Agréguese un nuevo inciso sexto, pasando a ser el actual inciso sexto como inciso séptimo y así sucesivamente, en los siguientes términos: "Cesará en su cargo el diputado o senador que haya resultado condenado mediante sentencia penal firme y ejecutoriada, por haber financiado su campaña electoral con aportes de terceros, obtenidos a través de actos ilegales o fraudulentos."
b) Modifíquese el inciso final en los siguientes términos: Después de la frase: "Los diputados y senadores podrán renunciar", Intercálese la palabra "voluntariamente". Además, intercálese la disyunción "o", entre las palabras "cargos" y "cuando"."
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Carlos Montes Cisternas, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.
1.- La seguridad vial en Chile refleja notables avances en el último tiempo, particularmente en lo que se refiere a los buses interurbanos. Por una parte, junto con bajar su accidentabilidad, la tasa de mortalidad por accidentes de estos vehículos ha descendido en un 50% durante los últimos años. Así lo indican fuentes del Ministerio de Transportes que destacan que ya desde 2011 se registró una baja en las muertes en estos vehículos al disminuir la mortalidad de 46 a 23 personas en comparación al 2010. Esta mejora se atribuye, en su mayor parte, a un cambio de conducta de los usuarios de estos buses y, en particular, a un mayor uso del cinturón de seguridad. Por otra parte, se han hecho avances en relación a la fiscalización de estos vehículos con casi 35.000 controles en el primer semestre del 2014, un 3,8% más de lo realizado entre enero y junio de 2013.
Con todo, la alta cifra de infracciones registradas (20%) en buses interurbanos representa un factor de gran alarma para un país que depende, en gran medida, de este medio de transporte. Por ello, en el mes de diciembre de 2014 ha entrado en vigencia un decreto del Ministerio de Transportes que establece nuevas exigencias de seguridad para buses interurbanos. El decreto contiene importantes avances en materia de seguridad, en particular, en buses de dos pisos donde, entre otras disposiciones reglamentarias de seguridad, se implementa la exigencia de un ensayo con carga, es decir, en donde el vehículo deba inclinarse hasta un ángulo de 28° sin volcar. Aquella disposición es particularmente deseable al ser la adaptación directa de una disposición reglamentaria de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, que contiene estándares de seguridad reconocidos internacionalmente. Sin embargo, si bien se destaca el avance en una mayor regulación de estos vehículos, los avances no son suficientes debido a los riesgos asociados a este tipo de buses.
2.- Es así que hoy se requieren regulaciones más exigentes para los buses interurbanos de dos pisos. Si bien se destacan los avances regulatorios en materia de seguridad, se debe considerar que, por la relevancia de los buses de dos pisos a nivel nacional, tanto por el tamaño de la flota como por su uso, Chile necesita ser un país riguroso en la materia. En ese sentido, se debe considerar que numerosos académicos han sido críticos por el riesgo que representa el uso de este medio de transporte con regulaciones insuficientes. Varios de ellos han abogado incluso por la prohibición de la circulación en carreteras de estos vehículos de dos pisos, debido a que su centro de gravedad más alto que el de los buses convencionales genera que las inclinaciones en el sentido vertical del vehículo provoquen volcamientos con mayor probabilidad.
En esta línea, se argumenta que el mayor riesgo en accidentes se debe al fenómeno de rollover y/o deslizamiento. Este ocurre por una pérdida de estabilidad debido al desplazamiento brusco del centro de gravedad del vehículo. En esas circunstancias se produce una fuerza volcante, que lleva a cero el contacto de una de las líneas de rueda del autobus, produciéndose desestabilización y volcamiento.
Según los expertos Tomás Echaveguren, Mónica Woywood, Juan A. Carrasco y Alejandro Tudela, en su artículo “Seguridad vial en el transporte interurbano de pasajeros en buses de dos pisos”, este tipo de accidentes es propio de vehículos con el centro de gravedad elevado y con trocha angosta, categoría en la cual pueden quedar los vehículos pesados y, particularmente, los buses de dos pisos. Estos accidentes dependen en mayor o menor grado de varios factores, como el sistema de suspensión del vehículo, la altura de su centro de gravedad, de la trocha, de la inclinación transversal (o peralte) de las carreteras, del radio de curvatura de las curvas horizontales en carreteras y de la velocidad de circulación de los buses. De estas variables, algunas tienen que ver con el diseño del bus, otras con el diseño geométrico de carreteras y otras con la tarea de conducción.
Por ello, los expertos han sugerido avanzar en medidas que minimicen los riesgos de accidentes en los buses de dos pisos. Así, entre estas medidas a nivel regulatorio se deben considerar las siguientes:
a.	Adoptar normas estrictas de certificación de potencial de rollover, incluyendo dispositivos de aviso en línea de rollover y de control de velocidad
b.	Adoptar normativas sobre sistemas de frenos auxiliares de vehículos pesados y buses de cualquier tipo, conciliando la razón peso/potencia con el tipo de frenos auxiliares.
c.	Establecer condicionantes al diseño físico de los buses de dos pisos y de sus elementos de seguridad.
d.	Medidas de gestión de circulación de buses de dos pisos presentes en el parque. Para ello, es necesario, en primer lugar, especificar mediante análisis de ingeniería las rutas por las cuales pueden circular los buses de dos pisos; y por el otro, implementar el uso obligatorio de control de ruta mediante GPS que permita capturar trayectoria, ruta, velocidad, umbrales de rollover.
e.	Medidas asociadas al mejoramiento del diseño geométrico. Para tal fin, es necesario:
-	Incorporar explícitamente en los manuales de diseño criterios de diseño de curvas horizontales, aisladas, en “S”, lazos y ramales, que permitan por diseño limitar el riesgo de rollover, que puedan ser incluidos en el corto plazo en: Manual de Carreteras; Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU), en cualquiera de sus versiones; y Manuales de Señalización de Tránsito, pero basados en investigación local.
-	Perfeccionar sustancialmente el tratamiento de zonas laterales a través de una mejora en las prácticas de diseño y de los manuales de diseño geométrico, evaluando el nivel de peligrosidad, buenas prácticas de gestión de zonas laterales (forgiving design) con el fin de reducir la severidad de accidentes por volcamiento.
-	Evitar la presencia de aristas en rutas por donde circulan buses de dos pisos y vehículos pesados a través del mejoramiento de las prácticas de diseño de secciones transversales, incluyendo en el diseño el espacio público completo y no solamente la plataforma.
3.- La mantención de los neumáticos es actualmente una deuda pendiente de las empresas de buses interurbanos, sean estos de uno o dos pisos. Si bien el análisis de las infracciones de los buses interurbanos deja en evidencia una disminución de las faltas más comunes, la infracción denominada como “neumáticos desgastados o con telas a la vista” ha aumentado desde un 6,7%, en el primer semestre del 2013, a un 7,72%, en el mismo periodo del año 2014. Entre quienes incurren en estas faltas se encuentran, por cierto, la gran flota de buses interurbanos de dos pisos existentes en el país.
Por lo mismo, teniendo en consideración la gran cantidad de buses interurbanos existentes en el país y en particular la gran cantidad de buses interurbanos de dos pisos, la situación de seguridad vial se vuelve alarmante al adicionarse el riesgo que representa per se la menor estabilidad que poseen estos vehículos a la alta probabilidad de que los mismos tengan sus neumáticos en malas condiciones. Por añadidura, el riesgo es más importante si se considera que en muchos de estos vehículos es imposible monitorear su velocidad, ya que gran parte de los conductores tienen los dispositivos de monitoreo de velocidad desconectados o no tienen siquiera uno habilitado.
Es importante considerar que iniciativas de numerosos países han establecido la prohibición de este tipo de buses de dos pisos, como como por ejemplo Australia, debido a su excesivo riesgo, por lo que se debe regular con extrema precaución y severidad el uso de estos vehículos. Por ende, tasas tan significativas de incumplimiento en relación a la mantención de exigencias básicas, como lo es una buena mantención de los neumáticos, es un fenómeno alarmante que debe ser corregido a la brevedad.
4.- En la actualidad, la Ley 18.290 de Tránsito, en su artículo 200, numeral 16, considera una falta grave el hecho de presentar neumáticos en mal estado. Los vehículos que circulen con sus neumáticos en esta condición, se ven expuestos a la aplicación de una multa que oscila entre 1 y 1,5 Unidad Tributaria Mensual, según prescribe el artículo 204 de la misma ley.
No obstante y en primer lugar, teniendo en consideración los altos índices de infracciones en relación a los neumáticos en mal estado presentes en buses interurbanos, y en segundo lugar, el hecho que se adicionen los riesgos de accidente al poseer neumáticos en mal estado a los riesgos de volcamientos específicos en los de los buses interurbanos de dos pisos, la falta de monitoreo de velocidad, así como la ausencia de frenos de emergencia, entre otras medidas de seguridad; el poseer neumáticos en mal estado en estos vehículos se presenta como un riesgo de proporciones importantes para los pasajeros. Por tanto, se requiere realizar una modificación de la ley que trate de forma adecuada el riesgo que presenta esta clase de infracciones en la seguridad de los pasajeros de los buses interurbanos.
Bajo el nuevo régimen sancionatorio que propone este proyecto de ley, la conducción de buses interurbanos con neumáticos en mal estado revestirá el carácter ya no de falta grave sino de falta gravísima. Esto tendrá como consecuencia la aplicación de una multa de 1,5 a 3 unidades tributarias mensuales, según dispone el artículo 204 de la Ley 18.290, y adicionalmente se aplicará al conductor la suspensión de la licencia de conducir por un período que oscila entre los 5 y 45 días.
Sin embargo, si el conductor acumula dos infracciones gravísimas cometidas dentro de los últimos 12 meses, la suspensión de la licencia podrá ser de 45 hasta 90 días (cfr. art. 207, letra b, Ley 18.290). Por último, el juez podrá decretar la cancelación de la licencia de conducir a aquellos conductores que hayan sido culpables de tres o más infracciones gravísimas (cfr. art. 208, Ley 18.290), como sería la conducción de buses interurbanos de dos pisos con neumáticos en mal estado.
Para lograr este objetivo, la presente iniciativa incorpora al artículo 199 de la Ley 18.290 de Tránsito, que contiene el catálogo de infracciones o contravenciones gravísimas, un tercer numeral relativo a la conducción de buses interurbanos con los neumáticos en mal estado.
De esta forma, si circular con los neumáticos en mal estado constituye una falta grave para cualquier conductor, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 200, numeral 16, de la Ley 18.290, este contravención tendrá el carácter de falta gravísima tratándose de los vehículos que reúnan copulativamente los siguientes requisitos: i) que sean buses interurbanos y ii) que circulen con neumáticos en mal estado.
Cabe destacar que este nuevo régimen sancionatorio para los buses interurbanos establece penas acordes al alto riesgo potencial que pueden sufrir los pasajeros de estos vehículos en caso de verificarse un accidente y los neumáticos se encuentren en mal estado. Por lo mismo, se espera que esta modificación mejore de forma importante la seguridad vial en las carreteras y la cultura de una conducción responsable.
Por las razones antes expuestas, los Senadores que suscribimos venimos en someter a vuestra consideración el siguiente
ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase la Ley N° 18.290, de Tránsito, en la forma que a continuación se indica:
1. Para agregar un numeral 3, nuevo, al artículo 199, cuyo texto sea el siguiente:
“3.- Conducir buses interurbanos que presenten uno o más neumáticos en mal estado.”.
2. Para reemplazar el punto y coma del numeral 16 del artículo 200, por la siguiente expresión:
“, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 199, número 3 de la presente ley;”.
1°.- Que en nuestro país se han implementado diversos textos legislativos, con el fin de permitir la inclusión social de personas con discapacidad, como fue la publicación el 14 de enero de 1994 de la ley N° 19.284, que estableció normas para la plena integración social de personas con discapacidad, cuyo texto fue sustituido en gran parte mediante la publicación el 10 de febrero de 2010, de la ley N° 20.422, que estableció normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
2°.- Que como se puede concluir de la lectura del título de este último cuerpo normativo, se ha avanzado sustancialmente en el espíritu de la legislación, en el sentido de implementar una igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de manera de garantizar que todas ellas sean iguales ante la ley, tengan derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
3°.- Que esta misma ley garantiza el acceso de las personas con discapacidad a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías correspondientes y a otros servicios e instalaciones abiertos así como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, facilitando las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas.
4°.- Que el referido texto legal dispone en su artículo 25 que "los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios de Planificación, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno".
5°.- Que el citado reglamento se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 32, publicado el 4 de febrero de 2012, en cuyo artículo 2° define a la lengua de señas como "el sistema lingüístico de comunicación de carácter espacial, visual, gestual y manual, utilizado usualmente por las personas con discapacidad auditiva en el territorio nacional".
6°.- Que esta misma disposición impone la obligación a los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable a utilizar la lengua de señas en los noticiarios centrales transmitidos o emitidos en horario punta o prime como mecanismo de comunicación audiovisual que permita el acceso a sus contenidos por parte de la población con discapacidad auditiva, mediante sistema de turnos, de manera de asegurar que dicho mecanismo de comunicación se encuentre permanentemente disponible en, a lo menos, uno de los noticiarios centrales que diariamente sean transmitidos o emitidos.
7°.- Que por su parte, el artículo 3° de este mismo texto reglamentario contempla las excepciones a la aplicación de estos mecanismos de comunicación audiovisual, en cuyo número 3 se contempla a los programas que se emitan o transmitan cuyo contenido sea principalmente de carácter musical.
8°.- Que se considera que esta excepción debe ser derogada, toda vez que no se justifica que las personas con discapacidad auditiva no puedan acceder a los contenidos de las producciones musicales, tanto en lo que respecta a sus melodías como a los textos de las composiciones pertinentes, más aún si se trata de espectáculos transmitidos en forma directa, tanto en recitales o conciertos.
Por tanto, en mérito a lo expuesto,
Solicitar a S.E., la Presidenta de la República que tenga a bien disponer la modificación del Reglamento que establece normas para la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten el acceso a la programación televisiva para personas con discapacidad auditiva, contenido en el Decreto Supremo N° 32, de 2012, con el objeto de derogar la excepción a la aplicación de dichos mecanismos, a los programas que se emitan o transmitan cuyo contenido sea principalmente de carácter musical, permitiendo que esas personas puedan acceder, a través de esos mecanismos tanto a los textos de las composiciones musicales como a sus melodías, especialmente en las transmisiones directas de recitales o conciertos.

References: artículo 2
 artículo 71
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 85
 artículo 53
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 4
 artículo 4

Artículo 2
 artículo 4

Artículo 3
 artículo 24

Artículo 4
 artículo 11

Artículo 5
 artículo 8

Artículo 6
 artículo 9

Artículo 7
 artículo 4

Artículo 8
 artículo 3

Artículo 9
 artículo 60
 artículo 200
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 199
 artículo 199
 artículo 200
 artículo 199
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 3