Source: http://www.revistaconsejeros.com/informe/3367/bpa-una-intervencion-mas-que-sospechosa
Timestamp: 2018-07-23 11:57:40+00:00

Document:
BPA: UNA INTERVENCIÓN MÁS QUE SOSPECHOSA
LA INTERVENCIÓN DE LA BANCA PRIVADA D’ANDORRA (BPA) EN 2015, QUE ACARREÓ DESPUÉS LA LIQUIDACIÓN DE BANCO MADRID, FUE ”EL COMIENZO DE LO QUE MUCHOS CONSIDERAN UNA MEZCLA DE DESPROPÓSITOS, EN LA QUE SE MEZCLAN UN GOBIERNO CALIFICADO DE INCOMPETENTE Y COMPULSIVO (EL DE ANDORRA), UNA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE EEUU PREPOTENTE DONDE LAS HAYA, UN PULSO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y EL INDEPENDENTISMO CATALÁN, CORRUPCIÓN A RAUDALES Y EL ZASCANDILEO DE POLICÍAS ESPAÑOLES QUE PARECEN SALIDOS DE UNA HISTORIETA DE TEBEO DE MORTADELO Y FILEMÓN”.
El 10 de marzo de 2015, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) decide la intervención de Banca Privada d’Andorra (BPA), decisión que es anunciada por la responsable del citado organismo, María Cosan, y que, horas más tarde, era reforzada en rueda de prensa desde Bruselas por el jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, quien anunciaba que había sido cesado todo el consejo de administración de la entidad y algunos de sus directivos tras la intervención de la entidad por sospecha de Estados Unidos de blanqueo de dinero.
“Hoy mismo se ha dado un paso más en la intervención que se hizo ayer, se ha cesado a todo el consejo de administración de BPA y a algunos dirigentes”, anunciaba Martí, quien aclaraba que la entidad “en estos momentos tiene la solvencia y la liquidez suficiente para aguantar” y que el problema está “concentrado exclusivamente en una supuesta mala praxis de un sector de este banco”.
Sorprendentemente, un banco era intervenido por una suposición y no por su grado de insolvencia. La patronal bancaria del principado, en su informe de 2015 autodenominado “publicación pionera en el sector” de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA) no se muestra especialmente desconsolada por la pérdida de uno de sus socios y le dedica una despedida tan fría como distante:
“La banca andorrana ha seguido adaptándose al nuevo entorno coyuntural y ha confirmado su solidez dando continuadas muestras de solvencia en un contexto nacional e internacional particularmente complejo para el sector bancario. El inicio del 2015 estuvo marcado por la publicación por parte de la autoridad administrativa norteamericana Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de una nota que calificaba a Banca Privada d’Andorra, SA (BPA) como “entidad financiera de preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales” en virtud de la sección 311 de la “USA PATRIOT ACT”.
El 21 de abril de 2016 se aprueba la resolución de BPA que ha permitido la puesta en marcha de Vall Banc, al hacer posible su capitalización y el traspaso de activos y pasivos lícitos de BPA. En fecha 11 de mayo de 2016 Vall Banc inicia su operativa.
La prioridad de la banca andorrana, y, por tanto, de esta Asociación, ha sido preservar la confianza y la reputación del sistema financiero andorrano ante las instituciones, mercados y clientes, así como el normal funcionamiento de la economía andorrana”.
La despedida gélida al colega intervenido y liquidado, resulta, hasta cierto punto, comprensible, ya que la bola negra que había recaído sobre BPA y los Cierco, podía haber tocado a cualquier otro, ya que todos y cada uno de los bancos andorranos era susceptible de ser acusado de mala praxis y lo único que les salvaba al resto era su pedigrí o genealogía andorrana, no en vano los accionistas mayoritarios de BPA, la familia Cierco, eran los únicos banqueros andorranos de primera generación y eso, en Andorra, se ha tenido siempre en cuenta.
En un primer momento y como anuncio del cierto caos de lo que vendría después, la intervención se plantea bajo la tutela de la institución reguladora, designando a Verónica Guardia y a Vanessa Calvo como interventores de BPA. Inicialmente, el Consejo de Administración y todos los órganos directivos de la entidad bancaria se mantuvieron en sus funciones como consecuencia de la intervención preventiva por parte del INAF. Dos días después del anuncio de intervención, la fórmula cambió y se nombraron tres administradores provisionales mancomunados, suspendiendo e inhabilitando al Consejo de Administración de BPA. El 27 de abril de 2015 la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB) asumía la tutela de BPA. Mes y medio después de la intervención de BPA, lo que indica la falta de planificación y de respeto por la seguridad jurídica por parte del gobierno de Andorra, se crea la AREB en el seno de la Ley 8/2015 de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias, aprobada por el Consejo General el 2 de abril, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Puede que sea la primera vez en la historia de la humanidad en la que, sin que medie excepcionalidad alguna, se procede a intervenir y/o liquidar una entidad bancaria sin que se haya creado el órgano responsable de tales menesteres, lo que demuestra de forma un tanto palmaria cómo se las gasta -manu militari- el gobierno de Andorra llegado el caso, por mucho que tratara de explicar a posteriori en la exposición de motivos la creación de la citada AREB, buscando recónditos argumentos en directivas comunitarias.
En la exposición de motivos de la Ley 8/2015, del 2 de abril, de Medidas Urgentes para Implantar Mecanismos de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias, se recuerda que Andorra debe reformar el ordenamiento jurídico andorrano para introducir lo dispuesto en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y que aunque el plazo para llevar a cabo esta reforma aún no se ha agotado, hay motivos importantes para avanzar su transposición parcial.
Como se ve, la Ley andorrana no solo habla de una transposición parcial –una especie de menú a la carta- sino que plantea un dilema tan antiguo como la propia humanidad: ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?; o, lo que es lo mismo, si para intervenir un banco se requiere un órgano que se dedique al asunto o no es necesario. La pieza en la que se exponen las razones de la creación de la AREB, tiene poco desperdicio para una lectura crítica por lo que optamos por su reproducción literal para enriquecimiento del lector:
“Las experiencias recientes en nuestro entorno han puesto en evidencia la necesidad de disponer de herramientas en el ámbito administrativo más adaptadas, en complemento a lo establecido en el ámbito judicial.
El Principado de Andorra no es inmune a este riesgo. La situación vivida exige adoptar, con carácter urgente, medidas firmes y a la vez flexibles que eviten el riesgo de que la crisis sufrida por una entidad bancaria impacte en el resto de entidades y en toda la economía andorrana. Precisamente la Directiva 2014/59/UE establece una arquitectura legal que la experiencia europea muestra que es eficaz para detener un posible contagio. Las previsiones de la Directiva mencionada han inspirado la redacción de esta Ley de medidas urgentes, sin perjuicio de que en un momento posterior se dicten las disposiciones legales o reglamentarias que sean necesarias para cumplir los compromisos internacionales adquiridos por el Principado de Andorra en virtud del Acuerdo monetario suscrito con la Unión Europea.
Al igual que la Directiva 2014/59/UE, el sistema diseñado por la presente Ley se basa en cuatro grandes pilares. El primero son sus objetivos y principios; el segundo, los procesos establecidos; el tercero, las autoridades encargadas de administrar estos procesos; y, el último, los instrumentos legales que se pueden utilizar en cada uno de los procesos.
El primer pilar lo integran objetivos y principios, para que informen toda la Ley (sin perjuicio de su aplicación en función de las circunstancias del caso concreto y de las especificidades legales que se establezcan). De entre los objetivos destacan tres: en primer lugar, asegurar, cuando corresponda, la continuidad de las actividades la interrupción de las que podría perturbar el buen funcionamiento de la actividad económica; en segundo lugar, proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el sistema de garantía de depósitos; y, en tercer lugar pero con carácter esencial, asegurar una utilización óptima de los recursos públicos que se hayan podido utilizar para preservar la estabilidad y el funcionamiento del sistema bancario; en otras palabras, el impacto en las arcas públicas debe ser el mínimo posible. De entre los principios, destaca el referente a que los accionistas de la entidad son los primeros que han de soportar las pérdidas.
El segundo pilar del sistema diseñado por esta Ley lo constituyen dos procesos singulares, de carácter administrativo, que permiten a las autoridades administrativas dotarse de potestades necesarias para asegurar la estabilidad financiera. Se trata de la reestructuración y la resolución. Estos procesos no se deben confundir con los tradicionales procedimientos de cesación de pagos y quiebra, ni necesariamente deben desembocar en la liquidación de la entidad bancaria. En efecto, la experiencia comparada ha demostrado que, en términos generales, la legislación tradicional en materia de insolvencia no se acomoda bien a las peculiaridades que rodean las entidades bancarias con riesgo sistémico.
Las nuevas competencias que establece esta Ley deben permitir a las autoridades mantener un acceso ininterrumpido a los depósitos y las operaciones de pago, así como vender partes viables de una entidad, cuando proceda, y asignar pérdidas de manera justa y previsible. De acuerdo con los principios de la Directiva 2014/59/UE, un mecanismo de resolución eficaz debe reducir al mínimo la posibilidad de que los costes de resolución de una entidad inviable sean asumidos por los contribuyentes. También debe procurar que las entidades de envergadura sistémica sean objeto de resolución sin poner en peligro la estabilidad financiera. Entre otros, el instrumento de recapitalización interna (bail-in) persigue este objetivo haciendo que se repercutan las pérdidas según el orden de prelación previsto en esta Ley.
El tercer pilar consiste en que gran parte de la administración del sistema diseñado por la Ley atribuye a una Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) como autoridad competente en materia de resolución. También, con el fin de financiar, en la medida que sea necesario, las medidas acordadas en aplicación de esta Ley, se crea, según lo previsto en la Directiva 2014/59/UE, el Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias (FAREB), entidad sin personalidad jurídica que será gestionada por el AREB.
El cuarto y último pilar son los instrumentos que las autoridades competentes podrán acordar y utilizar en caso de reestructuración o resolución, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto.
Esta Ley prevé un amplio abanico de medidas, de las que conviene aquí citar dos: por un lado, la amortización y conversión de instrumentos de capital y recapitalización; y, por otro, la transmisión de acciones, instrumentos de capital, derechos, activos o pasivos a una entidad puente. En cuanto a la primera de estas medidas, la Ley, siguiendo la Directiva 2014/59/UE, ha incidido en particular a determinar qué pasivos son admisibles para la recapitalización interna, cuáles quedan excluidos necesariamente y cuáles, aunque ser admisibles, pueden ser excluidos atendiendo la concurrencia de ciertas circunstancias. En cuanto a la entidad puente, se ha estimado oportuno cristalizar específicamente el objetivo legal general, y por tanto aplicable en todos los casos, minimizar o neutralizar el impacto de la resolución en los recursos públicos. Por esta razón, cuando haya ingresos derivados de la entidad puente, estos ingresos corresponderán en primer lugar a la recuperación de todos los gastos en que haya incurrido el AREB.
Finalmente, teniendo en cuenta la situación especial en que se encuentra en estos momentos el Principado de Andorra y la necesidad de salvaguardar los intereses generales de estabilidad financiera y de buen funcionamiento de la economía andorrana para preservar el bienestar general, la Ley prevé una dotación inicial y extraordinaria del FAREB de treinta millones de euros que realizarán las entidades bancarias andorranas y la apertura de un programa de financiación de hasta cien millones de euros destinado a la financiación de empresas y negocios”.
Era el comienzo de lo que muchos consideran una carrera de despropósitos en la que se mezcla un gobierno, calificado de incompetente y compulsivo (el de Andorra), una agencia gubernamental de EEUU prepotente donde las haya, un pulso entre el Estado español y el independentismo catalán, corrupción a raudales y el zascandileo de policías españoles que parecen salidos de una historieta de tebeo de Mortadelo y Filemón.
El asunto de BPA hubiera cobrado dimensiones de escándalo internacional si la intervención y posterior disolución de una entidad financiera se hubiera producido en un país razonablemente moderno y puntero en el que la seguridad jurídica fuera referencia del mundo de los negocios, en lugar de haber ocurrido en un país que, pese a todo, no se ha despojado del todo de sus estructuras medievales.
El caso BPA reúne todos los condimentos para que los ciudadanos de un país enclavado en la Europa del siglo XXI muestren su preocupación porque, de la noche a la mañana, sus intereses y propiedades pueden verse no solo amenazados, sino seriamente dañados y todo ello debido a un sistema político que, pese a guardar las formas básicas de una democracia, se sitúa el margen de lo que es ley en el mundo desarrollado y actúa de forma un tanto arrogante, mostrando un desprecio considerable por el individuo y sus más elementales derechos.
Del relato de cómo se interviene y destruye un banco, aunque esté situado en un paraíso fiscal en medio de la “Europa de los ciudadanos”, que hasta entonces había gozado de todo tipo de bendiciones políticas y legales en el ámbito internacional, se desprende que ni accionistas, ni clientes, ni trabajadores están seguros cuando el sistema pone en marcha la trituradora de picar carne. La historia de la crisis de BPA viene a demostrar que el banco andorrano fue la víctima propiciatoria, aunque que para el lado oscuro del sistema poco importa el que, según muchos analistas y consultores internacionales, hubiera cumplido siempre con los organismos de control y regulación y con la normativa vigente hasta entonces en Andorra o, al menos, lo hacía en igual medida que el resto de las entidades. Un mal guionista de una película de cine negro resolvería este caso enfatizando que la víctima se encontraba en el momento inoportuno en el lugar inapropiado.
En estas circunstancias, en las que los principios sobre el correcto funcionamiento del mundo del Derecho y de la Justicia se difuminan, poco importan los argumentos e incluso las pruebas. Al sistema, es difícil derrotarle porque no se trata de saber quién está en posesión de la verdad o si entre la acción ejecutada y el daño causado no hay una relación de proporcionalidad ni de causa-efecto.
De poco valió que el sector financiero andorrano no estuviera correctamente regulado ni supervisado y repleto de carencias que las instituciones internacionales no aceptaron en ese momento, aunque sí en un pasado inmediato. De poco vale que BPA actuara, en opinión de sus propios directivos, con la transparencia y diligencia que el momento y la situación demandaba, aportando la información que los organismos de control y regulación le pedían; actuando, incluso, por iniciativa propia en muchos casos y superando todos los procesos de auditoría regulados que a menudo iban más allá de los exigidos por la normativa. Revolverse contra el sistema imperante era tanto como firmar su sentencia de muerte y ello resulta difícil de aceptar cuando el futuro de BPA, según casi todos los analistas, era prometedor.
De poco vale, en definitiva, que la todopoderosa agencia gubernamental norteamericana, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), creada “para salvaguardar el sistema financiero del uso ilícito, combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional”, con la inestimable ayuda de un periódico español retirara, un año después, el aviso (Notice) –que no acusación- que fuera causa y motivo de la destrucción de un banco con la colaboración y complacencia de muchos organismos e instituciones de Andorra y de fuera de Andorra. Porque lo cierto es que el patrón de actuación del FinCEN, considerado irregular y ambiguo, se ha repetido en otras ocasiones de forma sistemática, lanzando advertencias contra el global de una jurisdicción sobre la que se podían tener dudas razonables en cuanto a su actuación general, para luego actuar contra un sujeto concreto como medida ejemplarizante.
Como de poco vale tampoco que los casos que servían al FinCEN como ejemplo de que BPA era una “máquina de lavar dinero”, ya estaban bajo control judicial, casi siempre debido a las denuncias formuladas por la propia entidad, por lo que no suponían riesgo alguno de carácter sistémico. Cuando un complot o una conspiración se pone en marcha por actores poderosos, pocos cabos se dejan sueltos o, al menos, eso dice el manual y en el caso BPA se levantó la veda y muchas y poderosas fuerzas convinieron que, “aunque pasara por allí”, había que cargarse a la entidad bancaria cuya mayoría de acciones estaba en manos de unos “empresarios advenedizos” calificados como “los españoles”, que habían osado introducirse en la industria bancaria andorrana que desde siempre habían estado en manos de un grupo selecto de familias del principado.
Y en ese objetivo se contó con la colaboración de casi todos, incluso de consultoras de reconocido prestigio que no tuvieron inconveniente en realizar una revisión de cuentas y clientes llevada a cabo por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) con criterios que poco tienen que ver con la normativa vigente en el Principado de Andorra y en casi ningún país del mundo, salvo EEUU, y lo hicieron por encargo de los reguladores andorranos, siguiendo el dictado del FinCEN, imponiendo premisas que, de aplicarse a todo el sector financiero de la plaza de Andorra, impediría que muchos clientes de estas entidades pasaran el corte.
Aunque a posteriori algunos sustentan la intervención de la entidad en el hecho de que BPA experimentara un rápido y excesivo crecimiento, utilizándolo como arma arrojadiza, lo cierto es que del análisis de su balance y cuenta de resultados, no se desprende ningún tipo de problema patrimonial ni de solvencia.
BPA, igual que las otras entidades bancarias del Principado, estaba sometida a unos deficientes supervisores y reguladores andorranos –Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) y Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) – desde que estos se ocuparan del control del sector financiero del país pirenaico al existir una normativa vigente y de aplicación en el principado que afectaba tanto al sector bancario como al financiero.
De tal modo eran así las cosas que los estados financieros auditados de las entidades financieras andorranas se enviaban al INAF antes del 31 de marzo del año siguiente al del cierre de cuentas, elaborándose, además, un informe complementario al de la auditoría que se transmitía al citado organismo antes del 30 de junio del año posterior al del cierre del ejercicio. Previamente a la realización de la auditoría anual, el INAF mantenía una reunión con los otros auditores externos de la entidad bancaria correspondiente para dar indicaciones de los puntos que consideraba de especial relevancia para ser revisados.
En el momento de la intervención de BPA, y como han apuntado desde el primer momento las autoridades andorranas -el jefe de gobierno, Martín, el ministro de Finanzas, Cinca, y la directora general del órgano regulador, Cosan (auditora de la entidad intervenida durante el periodo 2008-2011, años en que la entidad fue auditada por KPMG y durante los cuales habrían sucedido la mayoría de los casos denunciados por el FinCEN)-, los niveles de solvencia y liquidez de BPA cumplían sobradamente los mínimos establecidos por el regulador (17,6% de solvencia, situándose el mínimo en el 10%; mientras la liquidez se hallaba cerca del 65% cuando el mínimo exigido era del 40%). Por lo que se refiere al informe del experto-consultor-auditor externo, obligado por la normativa, sobre los procedimientos empleados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por la entidad correspondiente, este es un trabajo de carácter anual que se remite tanto a la UIFAND como al INAF, antes del 31 de marzo del año siguiente al del cierre de ejercicio. Este dosier se elabora de acuerdo con las exigencias técnicas emitidas anualmente por la UIFAND, que eran enviadas a las entidades financieras y como se puede comprobar en los comunicados correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, su contenido era básicamente el mismo, a excepción del año 2014 en el que se incluyen los procedimientos que debían haber llevado a cabo las compañías de seguros. Junto al informe del experto, se hacían llegar las políticas de prevención de blanqueo de capitales que la entidad aplicaba, tal y como se puede comprobar en los correspondientes informes.
NUEVO GOBIERNO Y REFORMA LABORAL
PUBLICAMOS UN EXTRACTO DEL INFORME MENSUAL (JUNIO) ELABORADO POR ARINSA (ANALISTAS DE RELACIONES INDUSTRIALES) QUE PRESIDE FABIÁN MÁRQUEZ, EN EL QUE SE EXPONEN Y VALORAN LAS ALTERNATIVAS DE REFORMA LABORAL TRAS EL CAMBIO DE GOBIERNO. EL INFORME INCORPORA TAMBIÉN EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL EN SUS ASPECTOS DE EMPLEO, PRECARIEDAD, AFILIACIÓN, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SALARIOS Y CONFLICTIVIDAD.
ITALIA: LAS TENSIONES RETORNARÁN
LAS DIFICULTADES PARA GOBERNAR LA TERCERA ECONOMÍA DEL EURO SON ESTRUCTURALES (44 GOBIERNOS, CON ÉSTE, DESDE 1945). ASÍ QUE HAY DISTINGUIR ENTRE LA POSIBILIDAD DE ASISTIR A UN EPISODIO DE “NO RETORNO” Y LA VUELTA A EPISODIOS DE VOLATILIDAD. LAS PROBABILIDADES BAJAS DE LA PRIMERA POSIBILIDAD CONTRASTAN CON LAS MUY ALTAS DE LA SEGUNDA. PORQUE GIOVANI TRIA, EL NUEVO RESPONSABLE DE ECONOMÍA, NO TIENE UN PLAN B PARA SACAR A ITALIA DEL EURO PERO CRITICA EL SUPERÁVIT DEL 8% ALEMÁN Y ABOGA POR UN CAMBIO EN LAS REGLAS PRESUPUESTARIAS DE LA UE. Y EL PROGRAMA FISCAL EXPANSIVO QUE HA PLANTEADO EL PRIMER MINISTRO CONTE CHOCA DE FRENTE CON EL GRAN PUNTO DÉBIL DE ITALIA, SU ELEVADA DEUDA PÚBLICA.
LA DIGITALIZACIÓN HA DEJADO DE SER UN FUTURO QUE HAY QUE ESCUDRIÑAR Y ES YA UN PRESENTE CONTINUO QUE HAY QUE GESTIONAR. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PRODUCCIÓN, DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS, DEL OCIO Y DE LAS INTERACCIONES COTIDIANAS COMENZÓ YA EN LOS 90, PERO HA ENTRADO EN UNA FASE DE PORTENTOSO DESPLIEGUE. ESTA FASE INCLUYE UNA AMPLIA GAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES, QUE PUEDEN AGRUPARSE EN DOS GRANDES ESFERAS POR SUS POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL EMPLEO: LA ROBOTIZACIÓN Y LA ECONOMÍA EN PLATAFORMAS DIGITALES.
EL SUPREMO CONSIDERA EL “SWAP” UN PRODUCTO COMPLICADO
Nº 136 de 4 / 2018
UN CONJUNTO DE PROFESIONALES (MAGISTRADOS, JUECES, PROFESORES Y PROFESIONALES DE DERECHO, FINANZAS, CONTABILIDAD…) INTEGRADOS EN LA COMISIÓN RESI1, PREOCUPADOS CON ALGUNAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO RELACIONADAS CON EMPRESAS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y MERCADOS FINANCIEROS QUE CONTIENEN ERRORES SORPRENDENTES SE REÚNE CON CIERTA PERIODICIDAD. SU ÚNICO OBJETIVO: EVITAR QUE SIGAN ESCRIBIÉNDOSE ESTE TIPO DE SENTENCIAS. TRAS ALGUNAS REUNIONES EN LAS QUE SE ABORDÓ EL TEMA DE MANERA GENERAL Y CON POCOS AVANCES, EN LA REUNIÓN DE FEBRERO DE 2018 ACORDARON REVISAR UN CASO: UNA SENTENCIA CONCRETA QUE REVOCA DOS SENTENCIAS SENSATAS DE TRIBUNALES INFERIORES. ESTE DOCUMENTO ANALIZA LA SENTENCIA Y CONTIENE COMENTARIOS Y ALGUNAS RECOMENDACIONES DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN. SE AGRADECERÁ MUCHO AL LECTOR QUE ENVÍE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA SOLUCIONAR O DEFINIR MEJOR EL PROBLEMA QUE ABORDA LA COMISIÓN: (FERNANDEZPA@IESE.EDU; HTTP://WEBPROFESORES.IESE.EDU/PABLOFERNANDEZ).

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