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Timestamp: 2017-03-29 17:52:25+00:00

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LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS COMO NORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | Javier Sanchez - JDSupra
Los prinicipios generales del Derecho constituyen normas eficaces para su aplicación directa en la solución de conflictos ante la ausencia o antinomia de normas positivas.
Download PDF 1 Los principios jurídicos como norma de solución de conflictos. Javier Sánchez Sánchez Abogado del Departamento de Derecho Administrativo de Gabinete Jurídico XXI.-Intentar aproximarse al concepto, la naturaleza, la eficacia y las funciones de los principios generales del Derecho constituye una incursión arriesgada en la zona de penumbra e incertidumbre que, alejándonos de la tierra firme de las normas positivas, nos enfrenta a los abiertos horizontes de los valores, los fundamentos y la ética. Pero es, en todo caso, una vía necesaria que ha de transitar todo jurista, y no sólo el teórico sino también y muy especialmente el llamado a la aplicación práctica del Derecho, pues como acertadamente señaló Eduardo García de Enterría, en su obra Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho, los principios “son los únicos instrumentos disponibles para dar sentido a las instituciones y para articular éstas en el sistema general del ordenamiento”; pues es precisamente la utilización de los principios como técnica comprensiva de los textos normativos lo que constituye, según el citado autor, “la justificación del hecho elemental de que la interpretación de la ley escrita sea un menester técnico y no gramatical”. Los principios, anclados en la zona de penumbra a la que antes aludíamos, se ofrecen como referencia sólida y eficaz para superar las angosturas del formalismo positivista sin caer en abstractas y etéreas invocaciones a la justicia, a la moral o a la conciencia del juez. El camino seguido desde su marginación, en los albores del triunfalismo legalista propio de la Ilustración, hasta su postulación como fuente 2 privilegiada de Derecho en la formulación de la jurisprudencial principal del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha sido largo y, en cierta medida, previsible, una vez constatada la insuficiencia legalista como elemento regulador de la diversidad social. La evolución se orienta a una imbricación de principios y reglas, en la terminología de Ronald Dworkin, de forma tal que los propios textos positivos contendrán referencias e invocaciones expresas a los principios, dotándose así de una flexibilidad mayor y de una auctoritas reforzada al traer causa no sólo de la voluntad del legislador sino de su específica conexión con el orden material de valores que los principios encarnan; y así el Tribunal Constitucional, en Sentencia 27/81, de 20 de julio, ya señaló que “...los principios constitucionales no son compartimentos estancos, sino que, al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del Ordenamiento jurídico”; aunque de ello se derivan algunas dificultades en orden a una adecuada definición de las distintas categorías de las fuentes del Derecho, como luego veremos. Afirmar que un principio jurídico es fuente del Derecho significa que el mismo configura una situación en la que la ocurrencia de un hecho jurídico genera una consecuencia jurídica. El hecho puede estar descrito en términos precisos o con formulaciones abstractas y la consecuencia puede consistir bien en el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica -atribuyendo derechos e imponiendo deberes a los particulares-o bien en la posibilidad de imposición de una sanción, y ésta última a su vez puede estar expresamente tipificada o invocada de forma genérica e incluso implícita. En todo caso, el principio, como toda norma, responde al esquema del imperativo hipotético si es A, debe ser B, y según opte por definir bien una relación jurídica o bien una sanción, se tratará de una norma primaria en el primer caso y secundaria en el segundo, según la concepción de Hart, o inversamente secundaria y primaria en la terminología de Kelsen. 3 Pues bien, los principios jurídicos suelen formular el supuesto de hecho en términos altamente vagos y abstractos, determinando además una consecuencia que usualmente se configura como una sanción y que, además se formula de forma implícita, identificándola con la que sigue a cualquier vulneración grave del ordenamiento: la invalidez. El imperativo hipotético se formula habitualmente en los términos de si es no A, entonces B, consistiendo el supuesto de hecho en la conducta contraria a la establecida por el principio y la consecuencia en la invalidez de los efectos jurídicos generados por dicha conducta. Asimismo, se suelen configurar como las normas secundarias de Hart y las primarias de Kelsen, en cuanto contienen mandatos para que los tribunales y autoridades impongan la sanción prevista, a la vez que se dirigen también a los mismos para que ajusten sus actuaciones al supuesto de hecho definido y se abstengan de realizan actuaciones que lo contraríen. Un ejemplo, particularmente apropiado para este caso, será útil para describir el funcionamiento concreto del sistema. La situación jurídica definida por el principio de que nadie puede ser juez de su propia causa y que veda la intervención decisoria de cualquier individuo en los procedimientos públicos que analicen o enjuicien asuntos en los que ostente interés personal, determina que cuando alguien, vulnerando la previsión del principio, ocasione el supuesto de hecho contrario, es decir, intervenga decisivamente en un procedimiento público que resuelva asuntos de su personal interés, se genera automáticamente la consecuencia que determina la invalidez del acto jurídico así producido. Lo característico de los principios jurídicos, en cuanto principios generales del Derecho, es que esta capacidad normativa la proyectan sobre todo el ordenamiento en su conjunto, siendo por lo tanto directamente aplicables allí donde la norma positiva no contenga 4 regulación expresa, sea cual sea el sector material del ordenamiento en el que se opera, y sin necesidad de remisión alguna. Otro ejemplo nos ilustrará adecuadamente. Nos describe Ruiz Manero en su contribución a la obra colectiva El Derecho y la Justicia, dirigida por Ernesto Garzón Valdés, un caso relatado por Dworkin, el conocido como Riggs versus Palmer, del que hubo de entender a finales del siglo XIX, un tribunal del Estado de Nueva York. El asunto era el siguiente: “ Un nieto solicitaba al tribunal entrar en posesión de la herencia de su abuelo, lo que, de acuerdo con la ley testamentaria del Estado de Nueva York, le correspondía. La peculiaridad del caso residía en que entre los atributos de dicho nieto se encontraba el de ser el asesino del causante, circunstancia que la ley testamentaria aplicable no contemplaba como causa de exclusión de la sucesión: de acuerdo con las disposiciones aplicables, tal circunstancia debía considerarse, pues, irrelevante. El tribunal negó al nieto, sin embargo, el entrar en posesión de la herencia de su abuelo apoyándose en el principio de que nadie puede sacar provecho de su propia acción ilícita (Nemine doluus suus prodesse debet)..., dicho principio vino a ser el fundamento único y completo de su decisión”. Como se aprecia, el principio surge como referencia normativa aplicable al caso concreto mediante la subsunción si no A, entonces B (si alguien quiere sacar provecho de su propia acción ilícita, se sanciona con la invalidez tal pretensión), proyectándose en un sector del ordenamiento -el civil hereditario-que no contenía ninguna referencia específica al mismo. Ésta eficacia general es una de la características esenciales de los principios jurídicos que se proyecta incluso en ámbitos dotados de especial autonomía como el derecho parlamentario. 5 En el análisis de los principios como normas de solución de conflictos ha de partirse necesariamente de su carácter fundamental. Afirmaba el profesor De Castro, en su célebre Derecho Civil de España que: “Los principios jurídicos son la base sobre la que descansa la organización jurídica; la parte permanente del Derecho y también la cambiante y mudable que determina la evolución jurídica. Los principios informan a todas las normas formuladas; la convierten de flatus vocis o de pintados signos en mandatos y reglas de conducta y hacen un conjunto orgánico de las frases descosidas de un inconexo articulado. Determinan el modo cómo lo jurídico actúa sobre la realidad social y cómo ésta, a su vez, influye sobre las normas jurídicas.” Afirmaba la profesora Beladíez Rojo en su monografía sobre Los Principios Jurídicos que fue mérito de éste autor el sacar a los principios jurídicos de ese lugar secundario en el que los había relegado el antiguo artículo 6 del Código Civil al considerarlos como mera fuente supletoria aplicable sólo en defecto de ley y costumbre, y situarlos en un lugar esencial del ordenamiento. Pero ésta consideración -válida cuando se proyectaba únicamente sobre el antiguo artículo 6 del Código Civil (actual artículo 1)-se complica como consecuencia de la sustancial alteración del sistema de fuentes operado con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la esencial transformación que supone trasladar al plano del derecho positivo, en su artículo 9.3, los principios generales tradicionales en el Derecho español. ¿De dónde obtienen en estos momentos los principios jurídicos su virtualidad y legitimidad fundamentadora; de su propia naturaleza como tales principios o de su expresa formulación en el texto constitucional?. Si la respuesta se vinculase con la primera de las opciones, tal y como sería coherente con lo hasta ahora expuesto, ¿supondría ello situar a los principios como fundamento superior a la propia Norma Fundamental?. Si, por el contrario, nos inclinásemos por la segunda posibilidad, ¿no estaríamos proclamando un ordenamiento 6 jurídico radicalmente positivista, negando así cualquier virtualidad a los principios por su propia naturaleza?. La solución a la aparente incoherencia ha tratado de ofrecerla en el ámbito de la doctrina científica la profesora Beladiez Rojo, de la mano de García de Enterría, con ocasión del análisis del principio de legalidad consagrado en la primera línea del artículo 9.3 CE, del que afirma no puede deducirse la reducción del Derecho a la ley. Señala el citado autor que el Estado de Derecho que esta norma establece ha de ser entendido como un Estado material de Derecho, “lo cual quiere decir un Estado donde el poder del Estado democráticamente formado está vinculado al Derecho, en el sentido de sus valores materiales y de sus principios generales”. En consecuencia, cabe predicar el carácter fundamentador de los principios jurídicos en virtud de su propia naturaleza, señalando, en todo caso, que la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 ha generado la aparición de un nuevo principio general en nuestro ordenamiento: el denominado “principio de constitucionalidad”, que exigiría que todo el ordenamiento deba ser interpretado atendiendo a lo dispuesto en la Constitución y que -según el esquema operativo típico de los principios jurídicos que más arriba señalábamos-, determinaría que todo acto contrario a la Constitución está sancionado con su nulidad. Tras el análisis del carácter fundamental y fundamentador de los principios jurídicos en nuestro ordenamiento, conviene detenerse en el estudio de su función interpretativa. Desde esta perspectiva, considera LEGUINA VILLA en su estudio sobre Principios generales del Derecho y Constitución, que los principios son “reglas o preceptos normativos que presuponen la existencia de otras normas específicas y su objeto consiste, no tanto en regular relaciones o definir posiciones jurídicas concretas, sino en versar sobre la aplicación de estas normas jurídicas”. 7 La enorme relevancia que despliegan los principios jurídicos en el momento de la interpretación y aplicación del Derecho ha sido asimismo puesta de manifiesto entre nosotros por el profesor García de Enterría, quien, en su célebre Curso junto a Tomás-Ramón Fernández, señala literalmente: “Los principios generales del derecho, digámoslo ya, son fruto de la propia vida jurídica y tienen, por tanto, dos formas capitales de manifestación; la práctica aplicativa del Derecho y especialmente la jurisprudencia, que es la práctica dotada de mayor auctoritas y a la vez con más capacidad conformadora de la aplicación futura, y la doctrina, o la ciencia jurídica, en la medida en que ésta cumple con su función propia, que no es la de una mera esquematización convencional del Derecho con fines expositivos o didácticos, sino iluminar el sistema institucional del ordenamiento, explicar sus conexiones propias y permitir con todo ello un funcionamiento más afinado del mismo”. Precisando más adelante que “todo el Derecho, pero de manera muy particular el Derecho Administrativo, según hoy impone inequívocamente la Constitución, se constituye necesariamente sobre un sistema de principios generales del Derecho que no sólo suplen a las fuentes escritas, sino que son los que dan a éstas todo su sentido y presiden toda su interpretación, como hoy recoge ya el artículo 1.4 del Código Civil”. Esta especial virtud de los principios jurídicos para “dar sentido” a todo el ordenamiento jurídico es destacada también por Ruiz Manero, al señalar que “es corriente afirmar que los principios sólo entran en juego en el razonamiento de los órganos jurisdiccionales cuando éstos tiene que hacer frente a casos difíciles, mientras que en los casos fáciles las reglas serían elementos necesarios y suficientes para justificar la decisión. Tal forma de ver las cosas sólo parece aceptable si se toma en cuenta que los principios están involucrados en la propia calificación de un caso como fácil o como difícil. Un caso es fácil precisamente cuando la subsunción de unos determinados hechos en una determinada regla no resulta controvertible a la luz del sistema de principios que dota de 8 sentido a la institución o sector normativo de que se trate.” Afirmación ésta última especialmente relevante en el asunto que nos ocupa, en el que, como ya se indicó en el relato de hechos, la subsunción de los hechos en la regla resultaba ciertamente controvertible a la luz del sistema de principios que dota de sentido a la institución o sector normativo de la actividad parlamentaria. En la misma línea, Beladiez Rojo, en su obra ya citada, afirma que “la consecuencia práctica que se deriva de atribuir esta fuerza de obligar a la función interpretativa es, como ya se ha dicho, que el intérprete tiene que elegir entre todos los sentidos posibles que tenga un acto jurídico (normativo o no), aquel que sea más acorde con los principios generales del Derecho; obligación que si no es cumplida, podrá ser exigida jurídicamente por quien se vea afectado por el acto incorrectamente interpretado. La infracción del deber jurídico de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con los principios generales del Derecho otorga al perjudicado por la correcta interpretación un derecho subjetivo reaccional o impugnatorio que le permite recurrir para que se reconozca su derecho a que los actos jurídicos se interpreten según ordena esta fuente del Derecho”. El llevar hasta sus últimas consecuencias la capacidad fundamentadora e interpretativa de los principios jurídicos puede situar al intérprete y al aplicador del Derecho en una situación de tensión frente al obligado respeto de otro de los principios esenciales de nuestro ordenamiento: el principio de legalidad. Nos detendremos, pues brevemente, en unas sucintas reflexiones necesarias para superación de aparentes situaciones conflictuales. Conocidas por todos las previsiones constitucionales y legislativas sobre la necesaria observancia del principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública y de todos los poderes públicos (incluido el Parlamento cuando no ejerce su función legislativa), constituye un lugar 9 común afirmar que el mismo se ha construido históricamente como uno de los pilares jurídicos básicos del Estado de Derecho (desde su inicial configuración liberal hasta la democrática y que la social no ha desdibujado) que lo sitúa en uno de los vértices más relevantes de lo que García de Enterría dibujó cómo esqueleto de principios, configurador de cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre. Es decir, el principio de legalidad , tanto por su naturaleza de auténtico principio general del Derecho, como por su positivación en el texto constitucional y su posterior inclusión expresa en las leyes generales de la organización y el funcionamiento administrativo añade a las características esenciales de los principios jurídicos la fuerza normativa propia de los textos que lo recogen que, en este caso, hacen que se eleve a la posición de supremacía normativa por razón de su inclusión expresa en la Norma Fundamental. El principio de legalidad, que sitúa a las Administraciones Públicas-incluida la Administración Parlamentaria-en una posición vicaria respecto del legislador, y que exige la previa habilitación legal para la validez de cualquier actuación administrativa, y especialmente las que incidan en el ámbito de la propiedad o la libertad de los ciudadanos, responde al esquema normativo típico de los principios jurídicos, de tal forma que cualquier acto o disposición administrativa que lo contravenga estaría sancionado con la nulidad radical; fundamentará además cualquier decisión administrativa de inhibición ante la falta de habilitación y decantará la labor interpretativa a favor de su observancia en caso de duda. No obstante, y retomando aquí una de las reflexiones realizadas anteriormente, la afirmación en toda su extensión del principio de legalidad no implica, en modo alguno, una reducción positivista del actuar administrativo al mero texto legal, tal y como se desprende de la dicción literal del precepto constitucional y de los que lo recogen en 10 sede legislativa, en los que la vinculación de la Administración se predica conjuntamente respecto de la Ley y el Derecho. Por ello señala García de Enterría, en sus citadas Reflexiones, que...”por mucho que la Constitución enfatice el principio de legalidad y la Ley, la definición global del Estado que formula en su inicial y decisivo artículo 1.1 es la de Estado de Derecho y no Estado legal (como también el Preámbulo: el imperio de la Ley es un instrumento para consolidar un Estado de Derecho). El término Derecho resplandece aquí en todo su significado material y con el alcance constitucional más general y extenso. El verdadero fin de toda la construcción constitucional es así implantar el Derecho, mediante la justicia, la libertad y la igualdad (artº 1º); la legalidad y la ley son instrumentos indispensables para ese menester, pero como tales instrumentos su función está subordinada a la finalidad que confesadamente han de perseguir. El primado del Derecho en el sistema constitucional queda así configurado sin equívocos.” Parece desprenderse de lo anterior que no vulneraría el principio de legalidad una decisión administrativa adoptada en virtud del contenido de un principio jurídico, aunque no hubiese disposición legal que expresamente la habilitase; pero ¿qué ocurre cuando la Administración ha de adoptar una decisión para cuya adopción existe autorización -e incluso obligación-legal y que, sin embargo, se revela contraria al contenido de un principio general del Derecho?. ¿Cómo se respeta en estos casos el principio de legalidad?. La respuesta es ciertamente complicada. La cuestión puede formularse en los siguientes términos: ¿Cómo se salva la contradicción entre una norma legal y un principio general del Derecho en el marco del principio de legalidad?. En el problema se involucran conceptos más amplios como el de seguridad jurídica, el de separación de poderes o incluso el poder constituyente, y un estudio sistemático requeriría el análisis detallado de éstos aspectos y otros 11 muchos más. En estos momentos nos limitaremos a ofrecer una tesis parcial que nos permita apuntar una solución razonable. La tesis es la siguiente: la eventual contradicción entre normas con rango legal y principios jurídicos ha de salvarse a favor del principio cuando éste ha sido expresamente recogido en la Constitución, y a favor de la norma en los restantes casos. Esta respuesta que parece, en principio, obedecer a una sencilla aplicación lógica del principio de jerarquía normativa esconde, sin embargo, algunas dificultades. La primera de ellas se deriva del hecho de que el principio jurídico se encuentra nominado en la Constitución, pero no definido en ella ni por ella; en efecto, cuando la Constitución garantiza, por ejemplo, el principio de legalidad o el de seguridad jurídica, no está determinando cuál es el contenido de los mismos, sino que éste habrá de integrarse con el conjunto de propiedades que la comunidad jurídica les ha atribuido en su consideración de principios generales del Derecho; como es sabido, dicho contenido es variable como consecuencia del propio proceso de formación de un principio jurídico, -distinto al de las reglas-y en el mismo intervienen aportando una parte de su significado desde los tribunales de justicia hasta los propios destinatarios de las normas, pasando por los intérpretes cualificados y la doctrina científica. No es posible aceptar que los principios jurídicos expresamente incorporados al texto constitucional queden congelados y hayan de ser entendidos según el contenido que tenían en el momento en que se ejerció el poder constituyente. En el supuesto de una eventual contradicción entre una norma legal y un principio jurídico de rango constitucional ha de dotarse a éste del sentido que le asigna la comunidad jurídica en el momento de producirse el conflicto y no en el de aprobación de la Constitución; ello podría implicar, ni más ni menos, que en relación con este tipo de principios, el poder constituyente se encuentra en un proceso de ejercicio permanente, con la singularidad de que en el mismo no intervienen los sujetos previstos para la reforma 12 constitucional ni se lleva a cabo por los procedimientos formalmente establecidos. Otro aspecto que ha de tomarse en consideración es que la configuración abierta con la que los principios jurídicos delimitan el supuesto de hecho, permite al intérprete o al aplicador del Derecho optar por plantear el conflicto en dos perspectivas distintas: bien en términos de antinomia (norma legal contra norma constitucional), en cuyo caso el asunto ha de ser remitido necesariamente al Tribunal Constitucional como único órgano legitimado para declarar la nulidad de normas con rango de ley; o bien en términos de laguna, o más precisamente de laguna axiológica, es decir, entendiendo que el principio jurídico realiza un acotamiento del caso de forma tal que permite suponer que la ley no es aplicable al mismo, por lo que ante la ausencia de legislación suficiente, procede aplicar directamente el principio -por su naturaleza de fuente del Derecho-como criterio de solución del conflicto. La procedencia de la segunda de las posibilidades es también aceptada por la profesora Beladiez Rojo, quien, tras afirmar la validez de un principio para determinar la inaplicación de una norma reglamentaria contraria, dibuja el siguiente argumento: “Pero las cosas pueden ser todavía más complicadas. Supongamos que la Ley que desarrollaba el reglamento inválido sí que contiene una determinación, pero resulta que ésta no tiene un sentido claro, por lo que puede ser objeto de interpretaciones diferentes. En estos casos tendríamos que aplicar la función interpretadora de los principios, dando a la ley el sentido más conforme con los mismos. De lo que podrían resultar dos cosas: bien que la ley admitiese una interpretación conforme al principio; bien que éste obligase a restringir el ámbito aparentemente general que del tenor de la ley se derivaría, considerando que éste supuesto concreto queda fuera del ámbito 13 regulado por la ley. Ésta no resultaría de aplicación y nos encontraríamos ante una laguna jurídica que a los principios generales del Derecho correspondería integrar, con lo cual vuelven a resultar de aplicación los principios jurídicos” Los célebres filósofos del Derecho, Alchourron y Bulygin, en su Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, acuñaron la expresión laguna axiológica al señalar que en el lenguaje jurídico en ocasiones se emplea la expresión “laguna del derecho” para designar situaciones en las cuales, si bien existe una solución, ella es considerada axiológicamente inadecuada (...) en razón de que el legislador no tuvo en cuenta una distinción que debería haber tomado en cuenta”. Los autores argentinos ofrecían la siguiente definición de laguna axiológica: “Un caso Ci de un universo de casos UCi es una laguna axiológica del sistema normativo @en relación con un universo de acciones UAk=def el caso Ci está solucionado por @y existe una propiedad p tal que p debe ser relevante para Ci (de acuerdo con una determina hipótesis de relevancia) y p es irrelevante @en relación a UAk”. Recuérdese en estos momentos que en el supuesto del nieto parricida que pretendía la herencia del abuelo al que había dado muerte, la propiedad “parricida del abuelo causante de la herencia” era irrelevante para el sistema jurídico del Estado de Nueva York; por ello el Tribunal apreció la existencia de una laguna y resolvió el caso mediante la aplicación del principio jurídico que determina que nadie puede sacar provecho de su propio acto ilícito. Como se aprecia, la técnica de la aplicación del principio por la existencia de una laguna axiológica procede tanto si aquél está consagrado en la Constitución como si no, pues la razón de su 14 aplicación no sería la supremacía normativa sino simplemente su proyección directa como fuente del Derecho ante la inexistencia de otras aplicables; sólo cuando sea imposible considerar la existencia de lagunas axiológicas procederá plantear el conflicto en términos de antinomia y remitirlo por los sujetos legitimados al Tribunal Constitucional para que decrete la nulidad del precepto legal que lo contradiga. No obstante, la distinción entre principios constitucionales y no constitucionales presenta cierta dificultad hoy en día en el ordenamiento jurídico español. Ello se debe a que la expresa inclusión en el final del artículo 9.3 de la Constitución española del “principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” hace que éste actúe como un cauce de recepción en sede constitucional de cualquier actuación arbitraria, que en la formulación anglosajona (aceptada por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional) es equiparable a cualquier actuación no razonable en el sentido de no superar un mínimo test de racionalidad determinado por las accepted moral standars. Dicha dificultad se acrecienta en la medida en que el específico principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos constituye un mandato directo a los mismos para evitar cualquier actuación arbitraria. Cuando la actuación cuestionable es requerida en términos perentorios (es decir, no puede dejar de producirse) y el órgano llamado a adoptarla no es un Tribunal de Justicia (y por lo tanto no puede plantear cuestión de inconstitucionalidad), la solución ha de inclinarse mediante la aplicación del principio constitucional no frente o en contra de la norma con rango de ley sino al margen de la misma, entendiendo que ésta no contempla el caso decidido por presentar una laguna axiológica y que, en consecuencia, su actuación se orienta positivamente a evitar la producción de un acto que implique una arbitrariedad. 15 Esta fue precisamente la solución admitida por el Tribunal Constitucional español en su Sentencia 39/2008, de 10 de marzo, al resolver, desestimándolo, el recurso de amparo número 6076-2003 promovido por don Eduardo Tamayo Barrena y otra persona respecto a la Resolución de la Asamblea de Madrid que les impidió ser miembros de la Comisión de investigación creada para evaluar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones urbanísticas en Madrid relacionadas con el bloqueo institucional de la Asamblea.

References: artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 9
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 Resolución