Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1184570
Timestamp: 2019-02-17 06:49:19+00:00

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Fruto de la referida línea de colaboración, con fecha de 23 de septiembre de 2013, se adoptó un nuevo Acuerdo del Dialogo Social, al objeto de impulsar una serie de medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad derivada de la pasada crisis económica. El contenido del mencionado acuerdo fue incorporado al acervo jurídico de la Comunidad, mediante el Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre , por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
En aras de facilitar el conocimiento y aplicación de la normativa sobre la prestación de renta garantizada, en el seno del Diálogo Social se apreció la necesidad de elaborar un texto refundido que incorporase toda la normativa reguladora del acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía. En su virtud, en sede parlamentaria se introdujo en la disposición final décima de la Ley 11/2013, de 23 de diciembre , de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público, la autorización a la Junta de Castilla y León para la elaboración y aprobación de un texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, lo que culminó con la aprobación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
La reforma del sistema de prestaciones por desempleo aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo el subsidio de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, también denominado “subsidio parcial”, derivado de los casos en los que el contrato que dé lugar a la prestación de desempleo, sea un contrato a tiempo parcial.
En este marco legal, desde la representación del Diálogo Social se trasladó la necesidad de facilitar el acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía por los perceptores de subsidios parciales de desempleo que, por tal motivo, veían vedado el acceso a la prestación de renta, a lo que se dio respuesta con la aprobación de la Ley 1/2015, de 4 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , con el fin de permitir el acceso a la prestación de renta garantizada de los perceptores de un subsidio parcial de desempleo.
La Ley 4/2018, de 2 de julio , de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, en su disposición final segunda, al objeto de evitar posibles antinomias derivadas de la dispersión normativa existente en la regulación de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, procede a modificar el texto refundido de las normas vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , incorporando aquellas medidas que afectan a la prestación de renta garantizada de ciudadanía recogidas en la referida Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de protección a las familias de Castilla y León.
La disposición final sexta de la Ley 4/2018, de 2 de julio , de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, contiene una autorización a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, incluyendo regularización, aclaración y armonización de textos, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, un texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León.
Esta autorización está motivada por la oportunidad de codificar en un único texto, en aras de su mejor conocimiento por los operadores jurídicos, la normativa en materia de prestación de renta garantizada de ciudadanía, la cual se ha visto afectada por las modificaciones operadas por la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis, así como por la Ley 4/2018, de 2 de julio , en la ya referida disposición final segunda, lo que constituye, por ende, el argumento justificativo de este texto refundido.
Por otra parte, se considera conveniente mantener los apartados dos, tres y cuatro, que se transcriben a continuación, de la parte expositiva del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, quedando, de este modo, exteriorizados los principios inspiradores de la ley y los principales aspectos objeto de regulación, así como su justificación e interpretación, con el fin de procurar un mejor conocimiento de la norma por parte de sus destinatarios y de los operadores jurídicos responsables de su gestión.
El título IV aborda las normas generales del procedimiento, enumera los criterios a los que, en todo caso, debe atender, así como las normas fundamentales relativas a la iniciación, instrucción y terminación. Establece el plazo de resolución en tres meses y, por razones imperiosas de interés general, en concreto los objetivos de política social, la protección de los derechos y la seguridad de los destinatarios, dispone que la falta de resolución expresa en dicho plazo legitima a los interesados que hubiesen deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo, teniendo en cuenta que el reconocimiento del derecho implica no sólo una prestación económica sino que conlleva, en cada caso, la definición de obligaciones y compromisos, genéricos y específicos, del destinatario. En este punto, cabe hacer mención que, de conformidad con los términos de la delegación efectuada, la consolidación realizada de los textos legales vigentes en la materia ha exigido que, con motivo de resoluciones de los órganos jurisdiccionales, se clarifique una de las causas de denegación o, en su caso, de extinción de la prestación, concretamente, la referida a las salidas del territorito de la Comunidad de Castilla y León, suprimiendo del texto de la norma el término “abandono”, cuya interpretación por los órganos jurisdiccionales era la de una salida de nuestra Comunidad con carácter permanente.
El presente decreto legislativo se ha elaborado de acuerdo con los postulados previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, cabe señalar que es claro interés general del objeto de la norma, que va dirigido a lograr la homogeneización de la dispersa normativa sobre la prestación de renta garantizada de ciudadanía. Del mismo modo, en cumplimiento del principio de eficiencia, la disposición evita imponer a sus destinatarios cargas administrativas innecesarias para el logro de su objetivo.
Artículo único. Aprobación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, se entenderán hechas al presente texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
a)	El Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
b)	La Ley 1/2015, de 4 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , por el que se aprueba el texto refundido de las legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
c)	La Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, en lo que se refiere a las medidas de acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
d)	La disposición final segunda de la Ley 4/2018, de 2 de julio , por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, en lo que se refiere a las medidas de acceso a la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
La Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Fdo.: Alicia García Rodríguez
a)	Quienes tengan la condición de ciudadanos de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
b)	Los extranjeros con vecindad administrativa en la Comunidad de Castilla y León, en los términos previstos en la legislación aplicable.
a)	Igualdad: Ausencia de cualquier discriminación en el acceso a la renta garantizada de ciudadanía.
b)	Equidad: Respuesta a las situaciones de necesidad y carencia de medios de subsistencia mediante un planteamiento de redistribución de recursos y discriminación positiva.
c)	Universalidad: Acceso a la renta garantizada de ciudadanía de todos los que reúnan las condiciones y requisitos exigidos.
d)	Solidaridad: Expresión de la voluntad de todos los ciudadanos de promover la cohesión social en beneficio de aquellos que se encuentran en una situación más desfavorecida.
e)	Complementariedad: Atribución a la prestación de la función de completar los ingresos que tuvieran los destinatarios, cuando aquéllos no alcancen la cuantía de la renta garantizada de ciudadanía, en el importe que pudiera corresponder.
f)	Subsidiariedad: Consideración de la renta garantizada de ciudadanía como la última red de protección respecto a cualquier otra prestación, de forma que se reconocerá cuando, una vez solicitadas todas las prestaciones a que pudieran tener derecho los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción, a salvo de las excepciones establecidas para los supuestos de complementariedad.
g)	Carácter de renta familiar: Consideración como destinatarios de la prestación tanto a su titular como, en su caso, a los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia en la que aquél se integra.
h)	Responsabilidad pública: Inserción de la prestación en el sistema de servicios sociales, garantizada por la Administración de la Comunidad.
i)	Estabilidad: Mantenimiento de la percepción siempre que persista la situación de exclusión social y el cumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos.
j)	Atención individualizada: Adecuación y correspondencia de la prestación con las condiciones y necesidades particulares de todos y cada uno de los destinatarios.
k)	Participación de los destinatarios: Contribución activa, comprometida y responsable de los destinatarios para la superación de la situación de necesidad en la que se encuentren y para la consecución de su integración social.
l)	Perspectiva de género: Previsión de medidas de acción positiva que contribuyan a eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
a)	Dos personas unidas por matrimonio o relación estable y acreditada análoga a la conyugal.
b)	Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción.
c)	Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio en razón de tutela o acogimiento familiar.
a)	Las que incluyan a una o más personas y a sus descendientes cuando éstos sean menores de edad o cuando sean mayores de edad con discapacidad.
b)	Las constituidas por una persona con hijos que se encuentre en proceso o situación de nulidad, divorcio, separación legal o ausencia, o de extinción de la unión de hecho o cese acreditado de la relación de convivencia análoga a la conyugal, o cuyo previo vínculo matrimonial o relación de convivencia de la naturaleza referida se haya extinguido por fallecimiento.
a)	Tener domicilio, estar empadronado y residir legalmente en algún municipio de la Comunidad de Castilla y León, al menos, con un año de antelación a la presentación de la solicitud.
1.º	A los emigrantes castellanos y leoneses retornados de otros países.
2.º	A las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo hayan cambiado su residencia desde otra comunidad o ciudad autónoma.
3.º	A quienes se encuentren en situación de necesidad extrema sobrevenida que, de manera repentina e imprevista, se produzca tras su empadronamiento en un municipio de la Comunidad.
4.º	A los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite, así como a los que tengan autorizada su estancia por razones humanitarias, siempre que en todos estos casos no tengan derecho a percibir otra prestación.
b)	Tener una edad comprendida entre los veinticinco años y la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas.
1.º	Que hubieran vivido de forma independiente de su familia de origen durante al menos tres años y continúen manteniendo esa situación, y que en ese período hayan estado al menos dos años en situación de alta en la seguridad social o en situación asimilada al alta.
2.º	Que tengan familiares a su cargo.
3.º	Que hayan estado bajo la guarda de la administración en razón de acción protectora y se encuentren en proceso de independización.
4.º	Que sean huérfanos de padre y madre sin derecho a pensión.
5.º	Que, no habiendo estado bajo la acción protectora de la Administración durante su minoría de edad, estén siendo atendidos en centros específicos para jóvenes sin recursos que cuenten con financiación pública para este fin.
c)	Carecer de los medios económicos o patrimoniales suficientes para atender sus necesidades básicas de subsistencia en los términos previstos en el artículo 12.
d)	No estar percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas, salvo la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 4.
e)	No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de organización estén obligados a prestarle, como miembro o usuario, la asistencia necesaria para atender a sus necesidades básicas de subsistencia. Se exceptuará de lo dispuesto anteriormente:
1.º	A las mujeres que residan en centros de acogida para víctimas de violencia de género o abandono familiar o en otros centros específicos destinados a la atención de problemáticas sociales asociadas a las referidas situaciones.
2.º	A quienes sean usuarios de viviendas u otros recursos residenciales de apoyo a la inserción destinados a indomiciliados y transeúntes y tengan cubiertas en ellos, con carácter temporal, sus necesidades de subsistencia.
3.º	A los jóvenes que hayan estado bajo la guarda de la administración como medida protectora y residan temporalmente en centros o en viviendas de transición.
f)	Que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 28.4 en los supuestos de extinción del derecho por incumplimiento de las obligaciones o compromisos previstos en la presente ley, cuando el solicitante de la nueva prestación haya sido beneficiario de la extinguida.
g)	Que todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 11.1 de esta ley.
h)	En los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia.
a)	Carecer de los medios económicos o patrimoniales suficientes para atender sus necesidades básicas de subsistencia en los términos previstos en el artículo 12.
b)	Que todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia que pudieran tener derecho a alguna de las prestaciones públicas a que se refiere al artículo 4.2 de la presente norma las hayan solicitado ante el organismo correspondiente y se haya resuelto su denegación o se haya agotado su percepción, sin perjuicio de los supuestos de complementariedad.
c)	Que quienes se encuentren en edad de trabajar estén inscritos como demandantes de empleo en la provincia de residencia en la fecha de presentación de la solicitud.
d)	Que, cuando en la unidad familiar o de convivencia existan menores en edad de cursar enseñanzas obligatorias, sus padres o tutores hayan dispuesto todas las condiciones y medios necesarios y suficientes para que aquéllos reciban dicha educación.
a)	Que la suma de los ingresos mensuales de todos los posibles destinatarios sea inferior a la cuantía vigente de la renta garantizada de ciudadanía a que se pueda tener derecho, incluyendo los complementos previstos que en su caso pudieran corresponder cuando exista unidad familiar o de convivencia.
1.º	Las asignaciones económicas por hijo a cargo menor de dieciocho años previstas en la legislación general de la Seguridad Social.
2.º	Las prestaciones económicas del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
3.º	Los ingresos procedentes de cursos de formación y de los contratos de formación para jóvenes, cuando las retribuciones mensuales obtenidas no superen el 130% del IPREM correspondiente a cada ejercicio económico.
4.º	Las prestaciones económicas de pago único por nacimiento o adopción de hijo.
6.º	La retribución por acogimiento en familia extensa de menores en protección.
7.º	Las becas y ayudas de estudios.
8.º	Las ayudas de emergencia social.
9.º	Cualquier otra ayuda social no periódica y finalista, ya sean de naturaleza pública y/o privada, percibidas por cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
10.ª	Quedarán excluidas las pensiones compensatorias y/o de alimentos reconocidas judicialmente en el caso de que no hayan sido satisfechas, siempre que exista reclamación judicial.
11.ª	Los ingresos procedentes de actividades laborales desarrolladas dentro de un plazo de seis meses, cuyas retribuciones totales sean inferiores a la cuantía básica de la renta en dicho período. Esta exclusión del cómputo de ingresos se mantendrá durante un período máximo de veinticuatro meses, a contar desde que se inicie la actividad laboral retribuida, pudiéndose prorrogar mediante informe técnico por una anualidad más.
b)	Que ninguno de los posibles destinatarios sea titular de un derecho de propiedad, usufructo o cualquier derecho real sobre bienes muebles o inmuebles, cuya explotación anual o venta pudiera aportar recursos económicos iguales o superiores a la cuantía de una anualidad de la renta garantizada de ciudadanía que pueda corresponder. A tal fin, se tendrán en consideración las valoraciones que, a efectos tributarios, emplee la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda, en atención al patrimonio imputable a cada miembro.
1.º	La vivienda habitual que constituya el hogar de convivencia y su ajuar, en lo que ambos no alcancen carácter suntuario, así como aquellos bienes, muebles o inmuebles que hayan constituido, durante un período mínimo continuado de seis meses en los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, el medio para desarrollar la actividad laboral que generaba los ingresos para la atención de las necesidades de los posibles destinatarios. Una vez transcurrido el plazo que reglamentariamente se establezca sin que estos últimos bienes hayan sido destinados al ejercicio de actividad laboral, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
2.º	Los bienes inmuebles declarados oficialmente en estado de ruina.
3.º	Los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes.
4.º	Los bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 €, se computarán al 50% de dicho valor.
5.º	En el caso de que alguno de los destinatarios de la prestación sea copropietario de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá dicho bien del cómputo patrimonial, siempre que el valor catastral de la parte de propiedad que le corresponda sea inferior a dos anualidades del 80% del IPREM vigente en cada ejercicio económico.
6.º	Las viviendas de mujeres víctimas de violencia de género, durante el primer año de la percepción de la prestación cuando aquéllas hayan tenido que abandonar su domicilio por este motivo y residan temporalmente en otro que no sea de su propiedad, previa justificación mediante informe técnico, pudiéndose prorrogar esta exclusión por otro año de forma motivada.
7.º	Los vehículos a motor cuyo valor sea inferior a 5.000 € y a 10.000 € en el caso de los vehículos adaptados para personas con discapacidad, cantidad que se actualizará anualmente según la evolución del IPC.
8.º	Los productos financieros que sean de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares, siempre que hayan ejercitado las acciones oportunas en vía judicial o en su caso, extrajudicial.
a)	Cumplir el compromiso genérico de participación activa para superar la situación de necesidad y destinar la prestación concedida a la finalidad prevista en el artículo 5.1.
b)	Facilitar la actuación de los técnicos para evaluar su situación y las posibles modificaciones futuras, así como para efectuar el seguimiento y evaluación de la prestación.
c)	Solicitar todas las prestaciones referidas en el artículo 4.2 a las que pudieran tener derecho.
d)	No rechazar oferta de trabajo, así como mantener la inscripción como demandantes de empleo cuando se encuentren en edad laboral, salvo las excepciones establecidas en la presente ley.
e)	Disponer todas las condiciones y medios necesarios y suficientes para que los destinatarios menores de edad reciban la educación obligatoria.
f)	No practicar la mendicidad.
a)	El complemento por el primer miembro será el veinticinco por ciento de la cuantía básica.
b)	El complemento por el segundo miembro será el quince por ciento de la cuantía básica.
c)	El complemento por el tercer miembro y siguientes será el diez por ciento de la cuantía básica.
a)	Incumplir los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prestación.
b)	Ocultar y/o falsear datos relevantes para el reconocimiento de la prestación, así como la actuación fraudulenta para su obtención.
c)	Estar cualquiera de los destinatarios en situación de excedencia voluntaria, siempre que ésta no proceda de una anterior de cuidado de familiares.
d)	Salir del territorio de la Comunidad de Castilla y León cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, por causas diferentes al ejercicio de actividad laboral, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, en los términos previstos en el artículo 28.1.g).
e)	Incumplir las obligaciones y compromisos asumidos en el proyecto individualizado de inserción.
a)	La inexistencia de alguno de los requisitos necesarios para el reconocimiento, constatada con posterioridad a éste.
b)	La pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos necesarios para el reconocimiento, ya sean comunicados por el titular u otro de los destinatarios, o sean conocidos de oficio en virtud del seguimiento realizado, salvo lo previsto en el artículo siguiente sobre la suspensión.
c)	El incumplimiento de las obligaciones establecidas para los destinatarios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29 sobre el incumplimiento de la obligación de estar inscrito como demandante de empleo.
d)	La renuncia del perceptor titular.
e)	El fallecimiento de la persona titular, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de esta ley.
f)	El mantenimiento por tiempo superior a dieciocho meses de las causas que dieron lugar a la suspensión de la percepción de la prestación.
g)	La salida por el titular de la prestación, o en su caso, del cónyuge o persona unida a él en relación análoga la conyugal, del territorio de la Comunidad de Castilla y León por causas diferentes al ejercicio de actividad laboral, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas.
h)	La concurrencia de cualquiera de las circunstancias descritas en los apartados b) y c) del artículo 23.4.
a)	La obtención con carácter temporal de ingresos iguales o superiores a la cantidad que se abone mensualmente.
b)	El internamiento de carácter temporal del titular, cuando éste sea destinatario único y la estancia se prolongue más de treinta días, en centros o instituciones en los que tenga cubiertas sus necesidades básicas de subsistencia, salvo los supuestos contemplados como excepción en el artículo 10.e).
c)	El incumplimiento de la obligación de estar inscrito como demandante de empleo.
Artículo 33. Información especializada y estructuras de trabajo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Prestaciones destinadas a la atención de personas refugiadas y asiladas

References: resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 10

Artículo 33