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Sentencia A.P. Granada 220/2010 de 28 de mayo. Intromisión ilegítima en el derecho al honor - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Granada 220/2010 de 28 de mayo
Intromisión ilegítima en el derecho al honor: Información facilitada a un periódico. Doctrina y jurisprudencia sobre la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Veracidad de la información. Presunción de inocencia. Doctrina del TS.
ROLLO N.º 171/10 - AUTOS N.º 25/08
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 14 DE GRANADA
PONENTE SR. JOSÉ REQUENA PAREDES.
SENTENCIA N.º 220
En la Ciudad de Granada, a veintiocho de mayo de dos mil diez.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo n.º 171/10- los autos de Juicio Ordinario n.º 25/08, del Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Granada, seguidos en virtud de demanda de D. Alberto contra Borja, siendo parte el Ministerio Fiscal.
Primero.-Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 23 de junio de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por D. Alberto contra D. Borja:
Primero.-Declaro que el demandado ha cometido una infracción ilegítima en el derecho al honor del demandante, desmereciéndole de forma innecesaria en la consideración ajena.
Segundo.-Condeno al demandado a que indemnice al actor por los daños y perjuicios sufridos en la suma de 3.000 euros.
Tercero.-Condeno asimismo al demandado a que publique a su costa el texto de esta sentencia, de forma que reciba un tratamiento informativo similar a la información que motivó la demanda.
Cuarto.-Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, preparándolo ante este Juzgado en la forma prevista en la vigente LEC.".
Segundo.-Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por las partes, oponiéndose cada uno al de la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida en lo que no se opongan a los que a continuación se expresan.
Primero.-Con fecha 14 de enero de 2008 el actor, funcionario municipal, miembro de la plantilla de la Policía Local del Ayuntamiento de Peligros (Granada), formuló demanda por vulneración e intromisión ilícita en su derecho al honor, contra el demandado que, en su condición de portavoz del Partido Popular en ese Ayuntamiento, había facilitado distinta información al diario "La Opinión de Granada" que en base a la misma publicaba, en su edición del 16 de diciembre de 2005, la siguiente noticia bajo el titular "Sancionan a un funcionario por presunta malversación de fondos" para, en la línea inferior siguiente y en caracteres también destacados señalar "Un constructor destapa el caso al denunciar las irregularidades sufridas en el pago de una tasa. El P.P. estima que el Ayuntamiento ha perdido 90.000 euros en un año.".
El cuerpo de la noticia contenía la siguiente información y juicios de opinión que, literalmente se transcriben: "La actuación de un funcionario municipal del Ayuntamiento de Peligros ha ocasionado a las arcas municipales pérdidas económicas que, según el PP, pueden superar los 90.000 euros. El Ayuntamiento ha suspendido de empleo al policía local F.C.F.A. por "presuntas irregularidades en la gestión de la tasa de ocupación de la vía pública con materiales de obra". Según explicó el portavoz del PP, Borja, "al parecer este funcionario no cumplía con su obligación de cobrar a los constructores por la ocupación de la vía pública durante la realización de obras en el municipio de Peligros. El dinero, al menos, no llegaba al Ayuntamiento, que ha podido dejar de percibir más de 90.000 € en un año."
Borja explicó que la situación de irregularidad se descubrió cuando "un constructor que había desembolsado una cantidad a este funcionario como pago de la tasa recibió días después una sanción del Ayuntamiento por no haber abonado dicho gravamen. Como es lógico, el constructor reclamó y fue entonces cuando los responsables municipales se percataron de lo que estaba pasando". El caso ha llegado hasta los tribunales, ya que la constructora afectada ha interpuesto una denuncia contra el empleado municipal.
El Consistorio, además, remitió el caso a la Fiscalía del TSJA tras comprobar que existían indicios de delito.".
La noticia concluía con alusiones del demandado exigiendo la dimisión del Alcalde (PSOE) y del Teniente de Alcalde, señalando que "Tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido porque permitieron que este individuo actuase a sus anchas durante más de una año", para terminar expresando que Borja también denunció que el gobierno local "ha tratado de ocultar el escándalo todo lo que ha podido ya que conocían el tema desde octubre y, sin embargo, la oposición ha tenido que enterarse por terceras personas dos meses más tarde".
Segundo.-La sentencia de instancia, desde estudiados fundamentos que hacen síntesis de la amplísima Doctrina legal recaída en la materia, declaró la lesión al honor indemnizando al actor en 3.000 €. La fundamentación de la sentencia constata que el demandante había estado suspendido de empleo y sueldo, durante 6 meses, por el expediente disciplinario que le fue incoado el 7 de octubre de 2005 por el Ayuntamiento, que dio traslado de los hechos a la, entonces, Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia que formuló denuncia ante el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Granada, cuyo titular, tras la fase de instrucción (D.P. n.º 12.493/05), dictó Auto de imputación en Procedimiento Abreviado n.º 65/06 pero que luego dejó sin efecto, sin apertura de juicio oral y sobreseyendo las actuaciones, por considerar el Magistrado instructor que el resultado de las diligencias complementarias de la defensa desvanecen los indicios de criminalidad al no aparecer "acreditado que el imputado haya exigido, cobrado e introducido en su patrimonio caudales procedentes de exacciones o tributos en la forma expuesta en la denuncia administrativa.".
La sentencia apelada entendió que la noticia lesionó indebidamente el honor del demandante al considerar gratuita, innecesaria, exagerada e infundada la referencia a la cantidad de 90.000 € como importe de la presunta exacción ilegal que, sin embargo, se hizo trascender así a la opinión pública dado que, ante el propósito del demandado de ligar estos acontecimiento a la crítica política contra los regidores del Ayuntamiento, hacía más conveniente el aludir a un importante detrimento de las arcas públicas en la imputación "al actor de una actuación fraudulenta, continua y sostenida en el tiempo cuando era algo que ni la denuncia del constructor, ni el expediente sancionador, ni los hechos denunciados ante la Fiscalía y el Juzgado contenían, por lo que de esta forma el demandado, al excederse en su actuación, menoscabó de forma innecesaria la fama y reputación del demandado.".
Tercero.-Contra la sentencia de instancia se alzan ambas partes: el demandado interesando su absolución; el actor solicitando elevar la indemnización a la suma solicitada en la demanda de 50.000 €.
El recurso del demandado, que razones de sistemática imponen examinar con prioridad, se articula desde el denominador común de error en la valoración de la prueba y de las conclusiones jurídicas para sostener: 1) que la noticia facilitada al periódico era veraz y se ajustaba a la realidad existente en ese momento; que no cabe analizarla "ex postfacto" tras el resultado del proceso penal; 2) que no atentó a la presunción de inocencia; 3) que la opinión vertida en esa información era expresión de su derecho a la libertad de expresión y a la crítica política acusando al Ayuntamiento de falta de transparencia e información ante hechos graves que surtieron su efecto hasta el punto que el Ayuntamiento reaccionó emitiendo un comunicado a los medios el mismo día y con un contenido similar a la noticia aparecida en el diario "La Opinión", incluida la identificación del hoy actor mediante sus iniciales; y 4) considera tergiversada la imputación de exceso y fabulación sobre la cifra que se dice apropiada cuando literalmente no se dice nada de ello, para terminar pidiendo que no se dé credibilidad al testigo que declaró en juicio negando que esos hechos hubieran ocurrido en el lugar y momento que afirmó en su testifical.
Centrado en estos términos el debate, decíamos en nuestra Sentencia de 4 de diciembre de 2008, citando la STS de 18 de julio de 2007, que "a los Juzgados y Tribunales del orden civil les compete la función de protección de los Derechos Fundamentales con sujeción, en materia de garantías constitucionales, a la interpretación que realice el Tribunal Constitucional de los preceptos de la Norma Fundamental. Y en esa dimensión lo trascendente no es que el derecho fundamental al honor haya quedado afectado por las expresiones que se dejan reseñadas, sino esencialmente que tal injerencia no tenga justificación o no quede relegada por la protección que también merecen los otros derechos fundamentales que entran en colisión con éste, sea de la libertad de expresión o de opinión y con menor amplitud el de información, pues sólo entonces, como advierte nuestro Tribunal Constitucional S. 9/2007 de 15 de enero, cabe afirmar que se ha producido una intromisión ilegítima en el honor ajeno y una correlativa vulneración del derecho fundamental objeto de estas actuaciones.
La misma Sentencia añade que aunque el honor es "un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento", este Tribunal, dice la STC 180/1999 de 11 de octubre, "no ha renunciado a definir su contenido constitucional abstracto afirmando que ese derecho ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas (SSTC 107/1988, 185/1989, 171/1990, 223/1992, 170/1994, 139/1995 y 3/1997)"".
Cuarto.-La STS de 14 de octubre de 2009, haciendo síntesis y recopilación de la Doctrina legal en la materia, nos enseña que nuestra Constitución reconoce y ampara.
El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como el derecho comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el art. 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.
La libertad de expresión, reconocida en el art. 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio, y 139/2007, de 4 de junio), porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.
La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (por todas, SSTS de 19 de febrero de 2009, 6 de julio de 2009 ó 4 de junio de 2009)
Desde un punto de vista abstracto, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático (STS de 11 de marzo de 2009).
Desde un punto de vista relativo la ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008; SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de marzo de 2003, 19 de julio de 2004 ó 6 de julio de 2009), pues entonces el peso de la libertad de información es más intenso. La STS 17 de diciembre de 1997, a su vez, declara que la "proyección pública se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información, pero además, cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado; la libertad de información, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor, exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones.".
Quinto.-Pues bien, desde esta perspectiva y Doctrina Constitucional, han de examinarse de manera conjunta los motivos del recurso que hace valer el apelante defendiendo la veracidad de la información suministrada y su derecho a la crítica, tanto del funcionario público como de la gestión realizada por los altos responsables del Ayuntamiento en cuyo contexto y funciones ocurrieron los hechos a los que, tanto la prensa como la oposición política y el propio Ayuntamiento, dieron carácter de relevancia pública.
Por veracidad de la información, dice la ya citada STS de 14 de octubre de 2009, debe entenderse "el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (SSTC 139/2007, 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). El requisito de la veracidad no empece que la total exactitud de la noticia pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (SSTC 6/1988, de 21 de enero, 108/1990, de 6 de junio, 171/1990, de 12 de noviembre, 172/1990, de 12 de noviembre, 40/1992, de 30 de marzo, 232/1992, de 14 de diciembre, 240/1992, de 21 de diciembre, 15/1993, de 18 de enero, 178/1993, de 31 de mayo, 320/1994, de 28 de noviembre, 76/1995, de 22 de mayo, 6/1996, de 16 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 3/1997, de 13 de enero, 144/1998, de 30 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, de 25 de octubre, 53/2006, de 27 de febrero, FJ 6).".
Ahora bien, desde el punto de vista del derecho de información nuestro Tribunal Constitucional exige, también, valorar esa veracidad, pero ponderando el respeto a la presunción de inocencia, que es lo que el actor reprochaba al demandado haber conculcado, frente a la objetividad y neutralidad con que se enfocó y emitió la misma noticia -sobre su suspensión de funciones de manera cautelar y disciplinaria- en otro diario provincial, y sobre este extremo vuelve a reflexionar la tan citada STS de 14 de octubre de 2009 advirtiendo, con cita en la STC 219/92 (FJ5.º), 28/1996 (FJ 3.º) y 21/2000 (FJ 6.º), que ese derecho a la presunción de inocencia "no se opone la difusión de una información relativa a la apertura de una investigación policial y judicial contra el autor de un presunto delito que puede afectar al interés público (STC 129/2009, de 1 de junio, FJ 2, SSTS de 16 de marzo de 2001, de 31 de mayo de 2001, de 12 de noviembre de 2008).".
A su vez, el llamado reportaje neutral, continúa diciendo esa sentencia, exige para no atentar contra el derecho al honor del protagonista del mismo "que las declaraciones recogidas sean por sí noticia y se pongan en boca de personas determinadas responsables de ellas y que el medio informativo sea mero transmisor de tales declaraciones sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas o provocarlas; en este caso la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración; la transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un carácter injurioso, denigrante o desproporcionado, porque, como viene reiterando el TC, la CE no reconoce un hipotético derecho al insulto (SSTC 112/2000, 99/2002, 181/2006, 9/2007, ó SSTS de 8 de febrero de 2009 y 17 de junio de 2009, entre las últimas).".
Sexto.-Así se hizo por parte del periódico que, con las comprobaciones oportunas, se limitó a reflejar la denuncia que, a través de ese medio, quiso destapar el demandado, desde su posición de portavoz municipal del grupo de oposición y tal conducta y contenido de información facilitada para su divulgación por la prensa local/provincial así como sus opiniones y juicios de valor sobre la responsabilidad tanto directa como indirecta de los responsables municipales, es lo que la sentencia viene a considerar atentatoria al honor y consideración social y profesional del demandante desde el único motivo de considerar como innecesaria, exagerada o infundada la alusión a unas pérdidas de recaudación próxima a los 90.000 € que, la noticia así facilitada y divulgada parece, implícitamente, enlazar con la conducta censurada al actor y con la inmediata reacción de incoársele un expediente disciplinario que quedó en suspenso al pasar a ser investigados los hechos en la vía judicial.
Decía nuestro T. Supremo, en Sentencia de 13 de octubre de 2000, a propósito de la veracidad de la información cuando se comunican hechos que suponen la implicación de una persona en actividades delictivas, que aunque "la verdad histórica puede no coincidir con la verdad judicialmente declarada (STC 28/1996); sin embargo toda información que ponga en cuestión lo proclamado judicialmente, aparte de requerir una especial diligencia en la verificación de la información, debe respetar la inocencia judicialmente declarada o la presunción de inocencia previa a la condena judicial poniendo explícitamente de relieve la existencia de la resolución judicial o del proceso en curso, ya que la noticia que se divulga, al imputar la comisión de un delito, no sólo puede suponer un descrédito en la consideración de la persona a la que se refiere, sino que, además, incide en su derecho a la presunción de inocencia (STC 21/2000)", pero sin olvidar que, analizados los hechos divulgados desde la imprescindible ponderación, que antes se explicaba, como Doctrina Constitucional en el conflicto entre el derecho al honor de la persona y el derecho a la libertad de información, opinión y expresión de los representantes de los partidos políticos, priman estos últimos, cuando vienen referidos a cuestiones de interés general, precisamente porque la especial fortaleza del ejercicio de este Derecho en el ámbito político, como recuerda la STS de 11 de febrero de 2009, protege y ampara a su autor aún cuando se trate de denuncias o imputaciones objetivamente graves y vertidas sin una prueba plena de las mismas, y así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en Sentencias, por ejemplo, 11/2000 sobre declaraciones de un portavoz de la oposición municipal tachando de mendaz la declaración de bienes del alcalde; 2/2001 sobre denuncia por una asociación de irregularidades y malos tratos en una prisión; 148/2002 sobre declaraciones de un alcalde acerca de un policía local; 160/2003 sobre declaraciones de un representante sindical acusando de favoritismo oficial hacia una determinada empresa; 185/2003 sobre un representante sindical que denuncia ante el Ayuntamiento a una empresa de limpieza por trato vejatorio a sus empleadas; 9/2007 sobre críticas de un concejal a una funcionaría durante un pleno municipal en el que se trataba un asunto de interés público; y 108/2008 sobre denuncia de una empresa de limpieza por un representante sindical.
Del mismo modo, nuestro Tribunal Supremo, añade la STS de 11 de febrero de 2009, se ha pronunciado reiteradamente en el mismo sentido, dando prevalencia a la libertad de información y a la libertad de expresión sobre el derecho al honor en la crítica política referida a la posible comunidad de intereses particulares entre constructores y miembros del equipo de gobierno municipal (STS de 11 de octubre de 2001), descartando intromisión ilegítima en el derecho al honor por una noticia periodística sobre irregularidades urbanísticas, que se demostró veraz, y un artículo de opinión sobre posibles vínculos entre el alcalde y las urbanizadoras (STS de 2 de septiembre de 2004) o, en fin, descartándola también en las críticas del responsable de sanidad de la Diputación al jefe de psiquiatría de un hospital (STS de 12 de julio de 2004).
Doctrina que aplicada al caso de autos, obliga a la Sala a disentir de la decisión de instancia pues los hechos denunciados o divulgados eran, en lo sustancial, veraces en cuanto a la denuncia formulada contra el actor, en cuanto a la situación administrativa que, incluso, era judicialmente más grave de lo que se expresaba y veraz, también, en cuanto a las funciones atribuidas por el Ayuntamiento al demandante en cuanto al control municipal relacionado con la ocupación de las vías públicas por realización de obras aunque, realmente, su obligación no fuera la de cobrar las tasas municipales y, en ese particular, la información no fuera cierta.
Pues bien, en este contexto, la manifestación por el apelante-demandado, como portavoz del grupo político de la oposición, de que "la actuación de un funcionario de policía local ha ocasionado a las arcas municipales pérdidas económicas" parece, al menos a la fecha de la noticia, cierta y desde luego no se ha demostrado su inveracidad. Otra cosa es, aunque fuera divulgado ese dato o complemento de la noticia de manera tendenciosa o demagógica, que se añada que estas (pérdidas) "según el P.P. pueden superar los 90.000 €". Cifra y comentario que, lejos de lo que valora la sentencia, fue explicada por el demandado -aunque se ignora si hizo realmente esa comprobación- como diferencia entre los ingresos de ese año y los obtenidos en el anterior por igual concepto o actividad, pero sin que ello, a diferencia de lo que se decía en la STS de 12 de febrero de 2002, suponga convertir al demandante en víctima propiciatoria o instrumental o simplemente utilizado de manera infundada -en términos de la sentencia apelada- dentro de la crítica política, ante el ejercicio, no sólo de un derecho de opinión e información, sino de su deber en el ámbito de las funciones y responsabilidades políticas y municipales, permita considerar como ilícita intromisión y ataque al honor la divulgación de hechos de interés para la colectividad ejerciendo una censura legítima frente a la postura de los gobernantes locales de silenciar, durante meses, este hecho, al menos, al grupo de la oposición, pese a la sensibilidad social que, asuntos como el divulgado relacionado con prácticas ilícitas o más o menos corruptas o poco éticas en el ejercicio de la función pública, representa en un momento dado y de tal entidad como para pasar a ser investigados judicialmente y con independencia de que al final terminen resultando probados, fueran o no realmente ciertos, cualquiera que fuera su relevancia cuantitativa, o sean o no penalmente responsables.
Séptimo.-Así las cosas, no ignora este Tribunal de apelación que la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona, puede constituir, decía la STS de 19 de julio de 2006, "un auténtico ataque a su honor personal", incluso de especial gravedad, ya que "la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás pueden pensar de una persona,... La protección del artículo 18.1 C.E. sólo alcanza a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituye en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido".
Bajo estas premisas, que sitúa el examen de los hechos en esa verdadera dimensión y contexto, analizados ya los extremos relativos a la relevancia pública y a la veracidad de la esencia de la noticia, los hechos enjuiciados no suponen para esta Sala la intromisión ilegítima que proscribe el art. 7 de la L.O. 1/82 merecedora de protección constitucional, al situarse realizados en el ámbito del control público de la gestión municipal y del enfrentamiento político, que es esfera donde ya, por sí misma, se goza de una cierta inmunidad (vid Auto TS de 15 de marzo de 2000) que se diluye hasta desvanecer toda posibilidad de intromisión ilegítima que haga primar el derecho subjetivo, que se dice lesionado, frente al derecho a la libre expresión de ideas, opiniones e información sobre asunto público de interés general en orden a garantizar o lograr la formación de una opinión pública libre y plural en el conocimiento de los datos o antecedentes planteados, terreno donde los excesos verbales, como decía la STS 4 de junio de 2001, "se han ido haciendo lamentablemente habituales".
Por ello, decíamos en nuestra Sentencia de 4 de diciembre de 2008, que "aún cuando las personas que desempeñan cargos o funciones públicas también estén amparadas en su derecho al honor (SSTC 148/01, 47/02 y 278/05, y STS de 28 de enero de 2008, entre otras), lo cierto es que el Tribunal Constitucional viene declarando el valor preponderante de las libertades de expresión e información cuando se ejerciten en conexión con asuntos de interés general o de relevancia pública (SSTC 51/89 y 28/96), la legitimidad de las críticas a los personajes públicos en el debate político (STC 11/00) o, en fin, la notable ampliación de los límites de la crítica permisible en la discusión pública sobre asuntos de interés general que afecten a personas con relevancia pública (STC 127/04). Doctrina con la que coincide la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por ejemplo, SSTS 30-12-95, 29-1995, 24-11-97, 31-7-98, 16-3-01, 21-6-01, 31-7-02, 12-2-03, 20-2-03, 27-2-03, 5-7-04, 8-7-04, 9-7-04, 19-7-04, 2-9-04, 26-6-2006 ó 18-7-2007).... Línea de flexibilidad que la Jurisprudencia adopta al valorar expresiones como las que el apelante considera lesivas porque, como apuntaba la STS de 7 de julio de 2004, los usos sociales a los que remite el art. 2.1 de la L.O. 1/1982 como delimitadores de la protección civil son más tolerables que en otros ámbitos y expresiones gruesas o desafortunadas o hirientes que, con frecuencia, se utilizan por los representantes (políticos o sindicales) para subrayar la gravedad de lo que considera una desviación de cualquier tipo, pero ajena al sentido propio de las referidas expresiones y sobre las que cabe esperar de los ciudadanos que distingan el ámbito en que se producen de otro en el que no sería el mismo el nivel de comprensión y tolerancia.".
En este sentido, decía la STC 9/2007, que "el art. 20 de la Norma Fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre. Garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas. En este sentido ya se había manifestado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 6/1981, de 16 de marzo,... al poner reiteradamente de manifiesto que el derecho a la información no sólo protege un interés individual, sino que entraña "el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político" (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, 121/1989, de 3 de julio, 85/1992, de 8 de junio, 336/1993, de 15 de noviembre, 132/1995, de 11 de septiembre, 192/1999, de 25 de octubre, 110/2000, de 5 de mayo; 232/2002, de 9 de diciembre. Es más la STC 101/2003, de 2 de junio, afirmaba que "sin comunicación pública libre quedarían vaciado de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a normas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 C.E., que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política (por todas STC 6/1981, de 16 de marzo; en el mismo sentido SSTC 20/1990, de 15 de febrero, y 336/1993, de 15 de noviembre). La libertad de expresión aparece así como uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional español, colocada en una posición preferente y objeto de especial protección" (STC 101/2003, de 2 de junio), y necesitada de un "amplio espacio" (SSTC 110/2000, de 5 de mayo; 297/2000, de 11 de diciembre y 127/2004, de 19 de julio), es decir, "un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor. De ahí que no disuadir la diligente, y por ello legítima, transmisión de información que es siempre relevante, obligatoria y necesaria cuando trata de preservar disfunciones en la gestión y control de los fondos públicos constituya un límite constitucional esencial que el art. 20 CE impone a la actividad legislativa y judicial, y en esa línea se pronuncian las SSTC 190/1996, de 25 de noviembre y 110/2000, y su protección y amparo es obligación de los Tribunales de Justicia en el seno de todo Estado de derecho como el que proclama nuestra Constitución desde el sometimiento dentro de los poderes públicos y la función pública o la legalidad como medio de sana conveniencia y valor para la formación de la opinión pública (SSTC 170/99 y 320/94)."".
Octavo.-En definitiva, en este contexto sucedieron los hechos enjuiciados; el carácter circunstancial de los mismos, la condición profesional del actor, el ámbito local de su actuación al servicio público, la realidad de los datos divulgados sobre la denuncia recibida, el expediente abierto, y la investigación judicial tenían interés público en el ámbito espacial y temporal en que se divulgaron, y participan de la veracidad mínima exigible para excluir el infundio, el simple rumor o la invención. Por ello, la imputación de responsabilidad que la sentencia apelada atribuye al demandado reprochándole que exagerara o diera a entender tendenciosamente un apoderamiento económico muy superior al que investigaban las actuaciones o determinaron su suspensión cautelar como reacción a las disfunciones o irregularidades atribuidas, con estar lejos de ser exactas, y hay que releer varias veces la noticia para matizarla hasta su justa dimensión, así como discernir sobre las fuentes de investigación de las que surgen los juicios y opiniones difundidos, no puede compartirse por la Sala, como tampoco cabe excluir la protección del demandado que, en detrimento del derecho del actor, ciertamente herido y lesionado, nuestra Constitución sacrifica en beneficio de aquél en aquellos casos en que la verdad, la exigencia de veracidad, se ve cubierta como garantía no sólo de la persona de la que se habla o informa sino de la opinión pública destinataria de esos datos, valoraciones y opiniones cuya libre y correcta formación se vería comprometida de otro modo; pero sin que en esa exigencia quepa asociar veracidad con verdad absoluta, a modo de una realidad incontrovertible o absolutamente exacta (STC 297/2000 de 11 de diciembre).
Procede, en consecuencia, estimar el motivo de apelación y desestimar la demanda que hace innecesario el examen del recurso del actor, disconforme con el importe de la indemnización concedida en sentencia, aún cuando este careciera de gravamen para interponerlo ya que, por un lado fijaba en 50.000 € su resarcimiento y, alternativa o subsidiariamente, lo dejaba a criterio judicial, que fue lo ocurrido y no es lícito ir ahora contra sus propios actos y peticiones, privándole de legitimación para interesar en la alzada cosa distinta de la querida en la instancia.
Noveno.-En orden a las costas de este procedimiento, pese a que la demanda ha sido íntegramente desestimada y en atención a la naturaleza de los derechos en juego, el carácter subjetivo de los mismo y del propio derecho al honor que se consideró vulnerado en orden a la propia autoconsideración que merece, así como el desarrollo circunstancial en que surgió y en cuya legítima y comprensible defensa actuó el actor al interponer su demanda, llevan a entender justificada la demanda, al estarse en presencia de una crítica e imputación grave, atentatoria su honorabilidad profesional en la gestión pública de los asuntos encomendados, y próxima, como ya entendió la sentencia de primera instancia, a sobrepasar el límite de lo tolerable. Ello podía hacer razonable su solicitud de protección jurisdiccional como freno a lo que consideró imputaciones inmerecidas y dañinas que afectan a su consideración pública y desprovistas, consciente o inconscientemente, del necesario y cumplido rigor, hasta hacer justificable el examen y control de los Tribunales llamados a velar por estos derechos fundamentales y, por tanto, sin mérito para penalizar al demandante condenándole a soportar las costas del proceso. Razones todas ellas suficientes, y frecuentes en casos como el de autos (por todas STS de 10 de julio de 2007) para, en aplicación del art. 394, considerar concurrentes las circunstancias excepcionales que permiten la no imposición de las costas que, por aplicación del art. 398, también arrastra la no imposición de las causadas en esta alzada, debiendo cada parte soportar sus propios gastos procesales.
Que estimando el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Borja contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 14 de Granada en Juicio Ordinario seguido con el n.º 25/08 de fecha 23 de junio de 2009, revocamos la misma y, en su lugar, con desestimación de la demanda deducida en nombre de D. Alberto contra el demandado-apelante absolvemos a éste de los pedimentos de la demanda sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes de las costas de este procedimiento en ninguna de las instancias.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, a preparar ante este Tribunal, en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, para ante la Sala 1.ª del Tribunal Supremo.

References: resolución 
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 artículo 18
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