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PETICIÓN P-491-98
NÉSTOR ROLANDO LÓPEZ Y OTROS
El 15 de octubre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la CIDH” o “la Comisión Interamericana” recibió una petición presentada por Gerardo Nicolás García, Claudia Ramírez, Marcelo Montero, Flavia Piccinini, Maximiliano Sánchez, Milton Hernán Kees, Juan Manuel Kees, Laura Marcela Serrano, Alejandra Coria, Oscar Suárez, Alejandra Marina Luna, Carla Castiglioni y Julio Helisondo Jara (en adelante “los peticionarios”), quienes se identifican como habitantes de la provincia de Neuquén. Éstos alegan la responsabilidad de la República de Argentina (en adelante “Argentina” o “el Estado”), por violaciones cometidas en perjuicio de Néstor Rolando López, Miguel Ángel González Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala, Julio Eduardo Gómez, Cristian Eduardo Crespo, Juan Pablo Lucero, Néstor Zacarías Pardo, Hugo Alberto Blanco, Eduardo Enrique Aguilera de la Hoz, Mario Leonardo Aguilera de la Hoz, Omar Garrido, Héctor Darío Sánchez, Aldo Manuel Omán, Raúl Colicheo, Alfredo Guzmán y Héctor Sosa (en adelante “las alegadas víctimas”), sobre la base de su traslado a centros penitenciarios extremadamente distantes de sus domicilios.
Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia establecidos respectivamente en los artículos 5 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en relación con los deberes de respecto y garantía contenidos en el artículo 1.1 de ese mismo tratado. A este respecto, denuncian que el traslado de las alegadas víctimas a lugares distantes de su domicilio constituye una vulneración de su derecho a un trato digno; afecta considerablemente sus relaciones familiares; impide el acceso efectivo a sus abogados, lo que dificulta el ejercicio de su defensa en la etapa de ejecución de la pena; los aleja indebidamente de los jueces de ejecución a cuyas órdenes se encuentran; impide que se cumpla la función resocializadora de la pena, y en definitiva constituye una forma de sanción que trasciende a la persona del reo, afectando directamente a los familiares de las alegadas víctimas.
El Estado, por su parte, aduce que el hecho de que los internos condenados por los tribunales de la provincia de Neuquén sean recluidos en establecimientos federales fuera de esa provincia obedece principalmente a que la misma carece de centros penales en condiciones de alojar a la población penitenciaria. Además, alega que el sólo hecho de ser trasladado fuera de la jurisdicción provincial no puede calificarse como trato cruel, inhumano y degradante; y que el derecho interno prevé los procedimientos para solicitar traslados y visitas extraordinarias, por lo que el contacto de los internos con su núcleo familiar estaría legalmente garantizado. Asimismo, el Estado objetó que los peticionarios hayan agotado los recursos judiciales internos.
Tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efecto del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5 y 17, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La petición fue recibida el 15 de octubre de 1998. El 10 de abril de 2003 la Comisión solicitó información adicional a los peticionarios. El 24 de septiembre de 2003 se recibió la respuesta de los peticionarios. El 14 de noviembre de 2003 la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición, otorgándole un plazo de dos meses para presentar su respuesta. El Estado mediante nota del 19 de diciembre de 2003 solicitó una prórroga a la CIDH. El 14 de junio de 2004, se recibió la respuesta del Estado a la petición, la cual se trasladó a los peticionarios el 2 de septiembre del 2004.
Los peticionarios remitieron información adicional el 8 de diciembre de 2004. La cual fue transmitida al Estado el 3 de febrero de 2005, concediéndosele el plazo de un mes para presentar sus observaciones. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2008 la Comisión reiteró al Estado que presentara sus observaciones a la referida comunicación de los peticionarios.
El 11 de agosto de 2009 se recibió respuesta del Estado, la cual fue transmitida a los peticionarios el 17 de septiembre de 2009. El 17 de noviembre del 2009 se recibió respuesta de los peticionarios, la cual fue trasladada al Estado el 25 de agosto de 2010, otorgándosele a éste el plazo de un mes para presentar sus observaciones.
Los peticionarios alegan que en virtud de un convenio celebrado entre la provincia de Neuquén y el Ministerio de Justicia de la Nación, muchos de los condenados en esta jurisdicción provincial son enviados a cumplir su condena a cárceles del sistema penitenciario federal. Aducen que si bien la mayoría de estos privados de libertad son alojados en la Unidad No. 9 del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la ciudad de Neuquén, otros serían trasladados a otras unidades del sistema penitenciario federal ubicadas en regiones sumamente distantes de la provincia de Neuquén, y por tanto de sus allegados y jueces de ejecución. Como por ejemplo: la Unidad No. 6 de Rawson, ubicada en la provincia de Chubut (cerca de 800 km de distancia de la provincia de Neuquén) y la Unidad No. 1 de la Capital Federal (a 1,200 km).
Los peticionarios argumentan que estos traslados a zonas distantes han acarreado para los privados de libertad serias afectaciones ilegítimas y adicionales al sufrimiento inherente a la privación de la libertad. Señalan que la imposibilidad de estos internos de recibir visitas de sus familiares y allegados, quienes en muchos casos carecerían de los recursos económicos para desplazarse a lugares distantes, caracterizaría una violación al derecho a la protección de la familia, consagrado en el artículo 17 de la Convención, pues atentaría contra el mantenimiento de sus vínculos familiares. Además, lesionaría el principio de intrascendencia de la pena establecido en el artículo 5.3 de la Convención, por cuanto los familiares de los condenados se verían imposibilitados de visitarlos. Los peticionarios refieren que estos traslados son usados como “sanciones encubiertas” contra los presos, y que en definitiva esta medida calificaría como una forma de trato cruel, inhumano y degradante según lo dispuesto por el artículo 5.2 de la Convención.
Asimismo, se arguye que los traslados de los presos neuquinos fuera de su provincia violaría también el principio de que la finalidad esencial de las penas privativas de libertad es esencialmente la reforma y la readaptación social de los condenados (Art. 5.6 de la Convención), al alejarlos completamente de sus familiares, defensores y jueces de ejecución de la pena.
Por otro lado, refieren los peticionarios, el traslado de reos condenados a zonas distantes de la jurisdicción provincial constituye un impedimento para ser efectivamente asistidos por sus defensores en la etapa de ejecución de sus penas, y los colocaría en una situación de abandono frente a los jueces de ejecución competentes para ejercer el control judicial de la ejecución de sus penas.
Se refiere que los hechos denunciados violan distintas disposiciones constitucionales y legales, propias de las esferas federal y estadual, particularmente el artículo 41 de la Constitución de Neuquén que establece que, “En ningún caso los penados serán enviados a establecimientos carcelarios existentes fuera del territorio de la Provincia”. Lo cual, según los peticionarios, sería relevante en el presente caso si se interpreta en concordancia con el artículo 29 de la Convención.
Con respecto a la situación específica de las alegadas víctimas (todos condenados en la jurisdicción neuquina), los peticionarios refieren:
a. Néstor Rolando López: habría estado recluido en la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut) desde el 11 de enero de 1997, al menos hasta el 24 de septiembre de 2003.
b. Julio Eduardo Gómez: detenido desde el 2 de enero de 1998 y alojado en la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut).
c. Cristian Eduardo Crespo: detenido desde el 22 de diciembre de 1996 y alojado en la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut).
d. Juan Pablo Lucero: detenido desde el 2 de febrero de 1997 y alojado en la Unidad No. 7 (provincia de Chaco) desde el 2003, al menos hasta el 24 de septiembre de 2003.
e. Néstor Zacarías Pardo: detenido desde el 7 de junio de 1996 y alojado en la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut) desde enero de 2001, al menos hasta el 24 de septiembre de 2003.
f. Hugo Alberto Blanco: habría sido trasladado el 20 de noviembre de 2004 a la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut) alegadamente como represalia por haber denunciado una golpiza recibida en el centro de detención donde se encontraba en Neuquén.
g. Eduardo Enrique Aguilera de la Hoz y Mario Leonardo Aguilera de la Hoz: habrían sido trasladados a la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut) con anterioridad a noviembre de 2004.
h. Raúl Colichero: a noviembre de 2009 estaría cumpliendo condena en la Unidad No. 1 (provincia de Buenos Aires).
i. Alfredo Guzmán y Héctor Sosa: a noviembre de 2009 estarían cumpliendo condena en la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut).
Con respecto a las siguientes alegadas víctimas los peticionarios manifiestan en forma genérica que fueron trasladados a cumplir su condena fuera de la provincia de Neuquén: Miguel Ángel González Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala, Omar Garrido, Héctor Darío Sánchez y Aldo Manuel Omán.
El Estado alega en lo fundamental que el hecho de que los internos condenados por la justicia criminal de la Provincia de Neuquén sean alojados en establecimientos federales, fuera de dicha provincia, obedece a que la misma carece de unidades penales que puedan garantizar el trato y condiciones que la legislación nacional e internacional obligan. Además, se sostiene que sería irrazonable y lesivo pretender que los internos de Neuquén sean alojados únicamente en la Unidad No. 9 del sistema penitenciario federal (ubicada en esa provincia), porque dicha unidad constituye un establecimiento cerrado, destinado a alojar internos de alta conflictividad o en un grado poco avanzado del régimen progresivo establecido por la ley.
Se informa que el convenio suscrito por la provincia de Neuquén y el Gobierno Federal faculta el alojamiento de los internos en cualquiera de las unidades del sistema penitenciario federal, y que existen distintas razones vinculadas al quehacer penitenciario por las cuales se puede tomar la decisión de trasladar a una persona a cualquiera de estas unidades. Asimismo, el Estado advierte que el solo hecho de ser alojado fuera de la jurisdicción provincial jamás puede ser rotulado como trato cruel, inhumano o degradante.
El Estado alega además que la legislación argentina prevé los traslados por acercamiento familiar a otras unidades y las visitas extraordinarias. Por lo que el contacto de cualquier interno con su núcleo familiar estaría garantizado. En este sentido, el Estado aduce que los traslados al ser actos administrativos están sujetos al control judicial, y que en tal sentido los peticionarios no habrían probado que accionaron judicialmente, por lo que su reclamo ante la CIDH devendría inadmisible.
Asimismo, se alega que el reclamo presentado ante la Comisión Interamericana ha devenido inoficioso, toda vez que a agosto de 2009 las siguientes alegadas víctimas habrían salido en libertad: Cristian Eduardo Crespo, Julio Eduardo Gómez, Néstor Rolando López, Néstor Zacarías Pardo, Hugo Alberto Blanco y Miguel Ángel González Mendoza, habrían egresado en libertad.
En cuanto a José Heriberto Muñoz Zabala, se informa que es de nacionalidad chilena, por lo que nunca habría recibido visitas ni en Neuquén, ni en ninguna de las otras localidades donde ha estado alojado. Además, que a agosto de 2009 se encontraba en la Unidad No. 7 (provincia de Chaco). En cuanto a Juan Pablo Lucero, se informó que a agosto de 2009 estaba alojado en la Unidad No. 6 de Rawson (provincia de Chubut), que recibe visitas de su madre y que no ha solicitado traslado a la provincia de Neuquén. Ambos, Muñoz Zabala y Lucero, estarían ya en la fase de confianza, última del régimen de progresividad.
Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de quienes el Estado argentino se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Argentina es Estado parte en la Convención Americana desde el 9 de mayo de 1984, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de la República de Argentina, Estado Parte en dicho tratado.
La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.
En el presente caso, el Estado aduce en términos generales que de la presentación de los peticionarios no consta acción judicial alguna intentada para tutelar los derechos que se denuncian como vulnerados.
Corresponde entonces a la Comisión determinar el cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos internos con respecto de cada una de las alegadas víctimas. En este sentido, surge del expediente:
a. Néstor Rolando López: la Cámara en lo Criminal Segunda de la ciudad de Neuquén negó, mediante resolución de 11 de febrero de 1997, el pedido de pronto reintegro a la Unidad No. 9 de Neuquén formulado por el Sr. Néstor Rolando López. Contra esta resolución el defensor del Sr. López interpuso recurso de casación; este recurso fue rechazado por el Tribunal Superior de Neuquén mediante Acuerdo No. 67/1997. Contra esta última resolución se interpuso un recurso extraordinario federal, el cual fue rechazado por el mismo Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución Interlocutoria No. 74 del 21 de abril de 1998. Frente a esta última decisión, la defensa planteó recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue rechazado por esta corporación mediante resolución del 6 de agosto de 1998.
b. Miguel Ángel González Mendoza: la Cámara en lo Criminal Segunda de la ciudad de Neuquén negó, mediante resolución de 14 de mayo de 1997, el pedido de pronto reintegro a la Unidad No. 9 de Neuquén formulado a favor del Sr. Miguel Ángel González Mendoza. Contra esta resolución el defensor del Sr. López interpuso recurso de casación; este recurso fue rechazado por el Tribunal Superior de Neuquén mediante Acuerdo No. 55/1997. Contra esta última resolución se interpuso un recurso extraordinario federal, el cual fue rechazado por el mismo Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución Interlocutoria No. 73 del 21 de abril de 1998. Frente a esta última decisión, la defensa planteó recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue rechazado por esta corporación mediante resolución del 6 de agosto de 1998.
c. José Heriberto Muñoz Zabala: en lo que a éste respecta los peticionarios aducen que se agotaron los mismos pasos procesales que se agotaron en los casos de Néstor Rolando López y Miguel Ángel González. Así, la última decisión jurisdiccional adoptada con respecto a su solicitud de traslado a la provincia de Neuquén, habría sido la resolución del 6 de agosto de 1998, por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de hecho interpuesto a su favor. Tal resolución obra en el expediente de la petición.
d. Julio Eduardo Gómez: la Cámara en lo Criminal Segunda de la ciudad de Neuquén resolvió mediante auto interlocutorio No. 353/2001 del 8 de noviembre de 2001 rechazar in limine la acción de hábeas corpus interpuesta a favor del Sr. Julio Eduardo Gómez con el objeto de que se ordenase su retorno a una unidad penal de la provincia de Neuquén. Contra esta resolución se planteó recurso de casación, el cual fue rechazado por el Tribunal Superior de Neuquén mediante Acuerdo No. 26/2002 del 24 de septiembre de 2002.
e. Cristian Eduardo Crespo: la Cámara en lo Criminal Segunda de la ciudad de Neuquén resolvió mediante auto interlocutorio No. 367/2002 del 6 de agosto de 2002 rechazar el pedido urgentísimo de traslado presentado a favor del Sr. Cristian Eduardo Crespo con el objeto de que se ordenase su retorno a una unidad penal de la provincia de Neuquén. Contra esta resolución se planteó recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por el Tribunal Superior de Neuquén mediante Resolución Interlocutoria No. 109 del 24 de octubre de 2002.
f. Hugo Alberto Blanco: la Cámara en lo Criminal Segunda de la ciudad de Neuquén resolvió mediante autos interlocutorios No. 329 y No. 333, emitidos respectivamente el 22 y 23 de noviembre de 2004, rechazar las acciones de hábeas corpus interpuestas a favor del Sr. Hugo Alberto Blanco con el objeto de procurar su traslado a algún centro neuquino.
Los peticionarios han manifestado en lo fundamental que los recursos judiciales internos han sido agotados con la presentación de las solicitudes formales de traslado. En algunos de los casos presentados las alegadas víctimas solicitaron sus traslados por medio de acciones de hábeas corpus, y en otros, mediante pedidos formales de traslado. En ambos casos la Comisión observa que la Cámara Segunda de lo Criminal de la ciudad de Neuquén, como juzgado de ejecución penal, era el tribunal competente para atender estos reclamos. Asimismo, surge que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (máximo tribunal de la provincia) conocía en sede de casación de los recursos interpuestos contra las decisiones adversas emitidas por la Cámara Segunda de lo Criminal.
El Estado por su parte, si bien invoca la falta de agotamiento de los recursos judiciales internos, no explica cuáles serían los recursos adecuados y efectivos que debían agotarse. Ni explica por qué habría sido necesario para los peticionarios el recurrir por vía de casación ante el Tribunal de Justicia de Neuquén como recurso idóneo en el contexto de los hechos denunciados.
En atención a lo anterior, la Comisión Interamericana considera que ha sido debidamente probado por los peticionarios el agotamiento de los recursos judiciales internos con respecto a las siguientes seis alegadas víctimas: Néstor Rolando López, Miguel Ángel González Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala, Julio Eduardo Gómez, Cristian Eduardo Crespo y Hugo Alberto Blanco, de conformidad con el artículo 46(1)(a) de la Convención.
Con respecto al resto de las alegadas víctimas, la Comisión no cuenta con información concreta para pronunciarse sobre el cumplimiento de este requisito de admisibilidad.
C. Plazo de presentación de la petición
El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. El artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En el presente caso surge del expediente que las últimas decisiones judiciales relativas a las solicitudes de reintegro a la provincia de Neuquén de los Sres. Néstor Rolando López, Miguel Ángel González Mendoza y José Heriberto Muñoz Zabala, fueron adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante tres resoluciones emitidas el 6 de agosto de 1998. Es decir, dos meses y medio antes de presentarse la petición ante la Comisión el 15 de octubre de 1998. Por lo tanto, fueron presentadas dentro del término de seis meses fijado por la Convención Americana como requisito de admisibilidad.
En el caso del Sr. Hugo Alberto Blanco, consta en el expediente que la Cámara Segunda de lo Criminal de la ciudad de Neuquén, mediante auto interlocutorio No. 333/04 del 23 de noviembre del 2004 rechazó la acción de hábeas corpus por medio de la cual aquel pedía su traslado. Este reclamo fue presentado ante la CIDH mediante escrito de los peticionarios recibido el 8 de diciembre de 2004, por lo tanto fue presentado dentro del término de seis meses fijado por la Convención Americana como requisito de admisibilidad.
Por otro lado, surge de la información aportada en el presente caso que los últimos recursos judiciales decididos en los casos de los Sres. Julio Eduardo Gómez y Cristian Eduardo Crespo, fueron las decisiones emitidas por el Tribunal Superior de Neuquén el 24 de septiembre de 2002 (Acuerdo No. 26/2002) y el 24 de octubre de 2002 (Resolución Interlocutoria No. 109). Sin embargo, los reclamos específicos relativos a estas dos alegadas víctimas fueron presentados por los peticionarios mediante comunicación recibida en la CIDH el 24 de septiembre de 2003. Así, ambas decisiones finales fueron adoptadas por lo menos con once meses de anterioridad a que se presentaran en la CIDH los reclamos relativos a los Sres. Gómez y Crespo. Por lo tanto, excediendo el plazo de presentación de seis meses establecido como requisito de admisibilidad por la Convención Americana.
Con relación al resto de las alegadas víctimas, la Comisión no cuenta con información concreta para pronunciarse sobre el cumplimiento de este requisito de admisibilidad.
Con respecto a esta cuestión, la Comisión observa que el artículo 46(1)(b) fija el plazo de presentación de seis meses a partir de la fecha en que “el presunto lesionado en sus derechos” haya sido notificado de la decisión final. Por lo tanto, en casos como el presente, en los que se alegan violaciones específicas con respecto a cada una de las alegadas víctimas, y en los que cada una tiene una dinámica procesal propia en cuanto al agotamiento de los recursos internos, corresponde a la Comisión analizar el cumplimiento del requisito del plazo de presentación de manera individualizada.
Por consiguiente, la CIDH concluye que los reclamos presentados con respecto a Néstor Rolando López, Miguel Ángel González Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala y Hugo Alberto Blanco fueron presentados dentro del término fijado por el artículo 46(1)(b) de la Convención.
D. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional
No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.
E. Caracterización de los hechos alegados
A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47(b) de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo. El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la petición establece el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos. Esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto1.
La Comisión observa que en la petición se plantea fundamentalmente que el traslado de las alegadas víctimas a lugares considerablemente distantes de su domicilio habría implicado la afectación de determinados derechos protegidos por la Convención Americana, como el derecho a la integridad personal y el derecho a la protección de la familia. Señalan que su alojamiento en unidades penitenciarias, como la Unidad No. 6 de Rawson ubicada a ochocientos kilómetros de Neuquén haría extremadamente difícil el acceso de sus familiares e implicaría una forma de desarraigo de su comunidad. El Estado por su parte, ha sostenido la legalidad de la medida, y alegado que el mero hecho de ser trasladado fuera de la jurisdicción de su provincia no implica per se para los privados de libertad una forma de trato cruel, inhumano y degradante.
En este sentido, la Comisión Interamericana considera que la distancia entre el domicilio de una persona y el centro donde se le mantiene privado de libertad es uno de los elementos que conforman el conjunto de las condiciones de detención en las que se mantiene a esa persona. En el presente caso, el traslado de las alegadas víctimas a lugares distantes de sus domicilios, podría constituir una medida desproporcionada que implicaría un agravamiento injustificado de su privación de libertad, y podría constituir un obstáculo real al mantenimiento de sus relaciones familiares. Por lo tanto, corresponderá a la Comisión en la etapa de fondo del presente caso determinar si efectivamente la aplicación de esta medida, en el caso concreto de las alegadas víctimas, ha implicado una afectación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia establecidos en la Convención Americana.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que los hechos alegados por los peticionarios podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5 y 17 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1(1) de ese mismo tratado.
La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 5 y 17 en concordancia con el 1(1) de la Convención Americana en relación con las alegadas violaciones cometidas en perjuicio de Néstor Rolando López, Miguel Ángel González Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala, Hugo Alberto Blanco, y de los familiares que sean identificados en la etapa de fondo, y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
Asimismo, la Comisión concluye que la petición es inadmisible con respecto a los reclamos presentados a favor de: Julio Eduardo Gómez, Cristian Eduardo Crespo, Juan Pablo Lucero, Néstor Zacarías Pardo, Eduardo Enrique Aguilera de la Hoz, Mario Leonardo Aguilera de la Hoz, Omar Garrido, Héctor Darío Sánchez, Aldo Manuel Omán, Raúl Colicheo, Alfredo Guzmán y Héctor Sosa
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,
1. Declarar admisible el presente reclamo con relación a los artículos 5 y 17 en concordancia con el 1(1) de la Convención.
2. Notificar esta decisión al Estado argentino y a los peticionarios.
Aprobado a los 5 días del mes de enero de 2011. (Firmado): Felipe González, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez, y Rodrigo Escobar Gil Miembros de la Comisión.
1 Véase entre otros precedentes: CIDH, Informe No. 12/10, Caso 12.106, Admisibilidad, Enrique Hermann Pfister Frías y Lucrecia Pfister Frías, Argentina, 16 de marzo de 2010. Párr. 46; CIDH, Informe No. 10/10, Petición No. 214-08, Admisibilidad, Koempai y otros, Suriname, 16 de marzo de 2010. Párr. 43.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 29
 artículo 44
 artículo 46
 resolución 
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 Resolución 
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 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 1