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Timestamp: 2019-10-19 09:17:53+00:00

Document:
Sentencia nº 182/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 4 de Julio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 263624
Sentencia nº 182/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 4 de Julio de 2005
PonentePresidenta doña María Emilia Casas Baamonde
Fecha de Resolución 4 de Julio de 2005
EmisorTribunal Constitucional - Sala Primera
Número de Recurso2447-2002
Sentencia citada en: 351 sentencias, 36 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 2447-2002, promovido por doña Enriqueta G.S., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Pérez González y asistida por el Abogado don José Garrido Palacios, contra la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 23 de abril de 2001, dictada en el recurso de suplicación núm. 688-2001 en proceso de tutela de derechos fundamentales. Ha comparecido y formulado alegaciones la sociedad Red Eléctrica de España, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Jacinto Gómez Simón y asistida del Letrado don Francisco Sierra González. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 19 de abril de 2002 la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Pérez González, actuando en nombre y representación de doña Enriqueta Salcedo, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento de esta Sentencia
La demanda tiene origen en los siguientes antecedentes:
La demandante presta servicios desde 1990 para Red Eléctrica de España, S.A., con categoría 12-B, desempeñando funciones de letrado asesor jurídico. Alcanzó la categoría 12-B por promoción decidida por la empresa en julio de 1994. Es madre de tres hijos nacidos en octubre de 1995, octubre de 1996 y enero de 2000.
Anualmente la empresa realiza una evaluación de cada empleado por su jefe inmediato tras entrevista mantenida al efecto. En la evaluación de 1995 la demandante y el Sr. Frías alcanzan una valoración global de 4 sobre 5. La Sra. Zarco, jefa inmediata de ambos, expresa que la demandante ha realizado un gran esfuerzo a pesar de su reciente maternidad, y que ha superado con creces la media, compaginando el trabajo de asesoría con un master, lo que ha conllevado una sobrecarga considerable de trabajo.
En la evaluación de 1997 la demandante fue calificada con un notable y sus dos compañeros con excelente, nota inmediata superior al notable. Su evaluación, al contrario que la de sus compañeros, no recogía comentario alguno de la Sra. Zarco, si bien la demandante manifiesta que permanece la situación reseñada en la anterior evaluación, que este año ha incidido de forma principal en el aspecto económico, viéndose perjudicada respecto de sus compañeros de igual nivel en la proporción retribución / responsabilidad / resultados.
En la evaluación de 1998 la demandante y sus otros dos compañeros son calificados todos con nota excelente. Tampoco la Sra. Zarco realiza comentario alguno si bien la demandante expresó que "a pesar de cumplir con el trabajo encomendado y el horario flexibilizándolo en función de las necesidades de la empresa, en base a no tener una supuesta mayor disponibilidad, y porque según se me dice se quiere proteger mi vida familiar, se producen conductas por parte de la empresa que perjudican mi formación profesional y menoscaban el estatus que yo tenía reconocido en red eléctrica, persiste la situación ya comentada en evaluaciones anteriores".
El 28 de septiembre de 1999 la trabajadora remite carta al Presidente de la empresa en la que expone su situación, que califica de discriminatoria por razón de sexo y derivada de los embarazos, anunciando su voluntad de hacer efectivos sus derechos incluso judicialmente. Se ordenó por el Presidente una investigación de la que no consta su resultado.
El 26 de octubre de 1999 la demandante formula denuncia ante la Inspección de Trabajo por discriminación por razón de sexo. La citada denuncia culmina con acta de infracción con propuesta de sanción de 2.100.000 pesetas, por estimar que la demandada cometió una falta muy grave del art. 96.12 del Estatuto de los trabajadores, al constatarse que la demandante -valorada positivamente por sus propios superiores en el desarrollo de sus funciones y cualificación profesional- ha sido sin embargo objeto de decisiones discriminatorias en cuanto a su promoción profesional y retribución, en relación directa con sus situaciones personales de embarazos, partos y permisos por maternidad, viendo reducidas en principio su atribución de responsabilidades y finalmente completamente modificadas sus funciones habituales con su traslado a otro departamento de la empresa, permaneciendo inalterado asimismo su nivel retributivo desde el año 1994.
La evaluación de la trabajadora en 1999 -realizada en mayo de 2000 tras su reincorporación después de su tercera maternidad- arrojó como puntuación media de competencias un 52,5 por 100 y un 40 por 100 de resultados, mientras que sus dos compañeros del área jurídica superaron en ambos conceptos el 80 por 100 y el 90 por 100. Su jefa señala que se ha producido un descenso de rendimiento debido a la insatisfacción en el trabajo.
El 5 de mayo de 2000 la empresa remite a la demandante la siguiente nota interna: "Una vez finalizada tu baja por maternidad, precedida sin solución de continuidad por incapacidad temporal desde el 19 de octubre de 1999 y como consecuencia de las diversas conversaciones y las reuniones mantenidas los días 1 y 25 de febrero de 2000, así como el día 12 de abril de 2000 con la Inspectora de Trabajo encargada de tramitar la denuncia que formulaste, en las que se ha procurado encontrar una solución a tu evidente insatisfacción laboral, esta Dirección ha entendido que, entre las alternativas planteadas, la más idónea para salvaguardar los mutuos intereses, respetando los respectivos derechos y obligaciones, es la de ubicarte en el Departamento de calidad y procedimientos con efecto del día 27 de abril de 2000, en el que sin duda podrás aplicar y desarrollar tu formación jurídica. No obstante la convicción de que la decisión adoptada consiga la situación creada en los últimos meses como consecuencia de tu carta de fecha 27 de septiembre de 1999, en la que realizabas afirmaciones que una vez investigadas han resultado ser infundadas, te sugiero que, en el término de dos meses nos reunamos para valorar el nivel de satisfacción de tu nuevo emplazamiento".
Existe un informe de psiquiatría de agosto de 2000 que diagnostica trastorno de personalidad, ansiedad y angustia con falta de apetito relacionada con el perjuicio laboral, señalándose que tras volver a su puesto de trabajo aparece un empeoramiento ansioso depresivo, realizando por ello tratamiento psicoterapéutico individual y tratamiento farmacológico.
Desde 1992 al 31 de octubre de 2000 las horas no trabajadas por la demandante con causa en enfermedad o por maternidad son las siguientes: por enfermedad 3.412; por permisos 282,23; por formación 284,25. Entre el 1 de octubre de 1999 y el 26 de junio de 2000, los días trabajados por la demandante han sido 19 en 1999 y 62 en 2000, pues la demandante estuvo de baja entre el 19 de octubre de 1999 y el 27 de abril de 2000. El salario anual, valor 1998, para el nivel retributivo 12-B es de 4.495.488 pesetas, y el del nivel 17-C de 7.271.602 pesetas.
A partir de 1995 y como consecuencia de la globalización económica, privatización de la empresa y acceso al mercado de las telecomunicaciones, la asesoría jurídica tuvo que asumir respuestas en su ámbito de actuación ante estas novedades. A la demandante no se le encomendaron ninguna de las nuevas tareas derivadas de ello.
Contra la discriminación que denunciaba presentó demanda de tutela de derechos fundamentales con la súplica de que se dicte Sentencia en la que se declare la nulidad de la conducta del empresario, y por lo tanto de los actos lesivos del derecho a la no discriminación, es decir, el cambio de puesto de trabajo y la relegación de funciones en la asesoría jurídica, condenando a la empresa a restituirle en su puesto de origen con todas las facultades y funciones que ello conlleva, así como a dejar sin efecto la discriminación en cuanto a promoción profesional y retributiva, reconociéndose el nivel que le corresponde equiparándole a sus compañeros varones, con condena al abono de las diferencias salariales atrasadas. Solicitaba asimismo la publicación de la sentencia, durante treinta días laborales, en los tablones de anuncios de los centros de Red Eléctrica de España, S.A., condenando a la demandada a que le abonara una indemnización por la discriminación por razón de sexo en la cantidad de 50.000.000 de pesetas.
La demandante así, en opinión del juzgador, ha aportado datos sobradamente demostrativos de su situación personal -mujer y madre de tres hijos- y de las alteraciones objetivamente perjudiciales en su formación y promoción profesionales y en sus retribuciones. Frente a ello, prosigue la Sentencia, con relación a la promoción económica y profesional de sus compañeros y consiguiente exclusión de la actora, la demandada argumenta que se debió a que ellos asumieron más y más importantes compromisos de trabajo, mientras que, en lo relativo al cambio de puesto de trabajo, sólo se alega que responde a las sugerencias dadas por la Inspección de Trabajo, manifestación que no se compadece con la realidad por cuanto, como evidencia el folio 82 -dice el juzgador-, ello constituyó la propuesta realizada por la empresa ante este organismo para solventar la controversia, que no aceptó la demandante, pero no la solución propiciada en actividad mediadora por la Inspección.
El fallo de la Sentencia estima parcialmente la demanda y dispone: "A) declaro que esta empresa, al relegar a la demandante de sus funciones en la asesoría jurídica y trasladarla al departamento de calidad de la dirección de auditoría interna la ha discriminado por razón de sexo, por causa de su triple maternidad. B) Ordeno a la demandada a que de modo inmediato la reponga en las funciones que realizaba y puesto de trabajo que ocupaba en la asesoría jurídica y a cesar en su trato discriminatorio. C) Y la condeno a: 1.- publicar esta Sentencia durante treinta días laborables en los tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo de la empresa. 2.- equiparar retributivamente a la demandante con sus compañeros de trabajo, abonándole en concepto de lucro cesante del periodo entre 1-10-99 y 29-6-00 la suma de 676.869 ptas. (4.068,06 Euros). 3.- Indemnizarla por la pérdida de salud sufrida con la suma de 15 millones de ptas. (90.151,82 euros). 4.- Indemnizarla por los daños morales ocasionados por la discriminación padecida con la suma de 15 millones de ptas. (90.151,82 Euros)".
La empresa interpuso recurso de suplicación, que tuvo favorable acogida en la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de abril de 2001, disponiendo la absolución de todas las pretensiones deducidas en contra de Red Eléctrica de España, S.A.
El fondo de la decisión judicial era combatido por Red Eléctrica de España, S.A., acusando a la Sentencia de instancia de infringir lo dispuesto en los arts. 14 y 24 de la Constitución española, en relación con el art. 17 LET y 179.2 LPL. A tal efecto razona la Sala que para ser apreciada la vulneración de un derecho fundamental es preciso que quede plenamente acreditado que la actitud de la empresa no encuentra justificación ni amparo en ningún factor o elemento que no sea la arbitrariedad, ya que si se prueba que existen razones que acreditan que la actitud de la empresa obedece al poder de dirección que le otorga el art. 20 LET, no podrá entenderse que la empleadora vulnera derechos fundamentales. En ese sentido, señala que tan dignas son las tareas del departamento jurídico de origen donde prestaba su actividad la demandante como las del departamento de calidad y procedimiento que depende de la Dirección de auditoría interna; que la empresa ha estado sometida a cambios en el mercado que obligaron a la asesoría jurídica a asumir respuestas ante estas novedades, y que la trabajadora desde el 1 de octubre de 1999 al 26 de junio de 2000 ha trabajado sólo ochenta y un días. Continúa diciendo que el art. 14 CE no se infringe por la sola existencia de diferencias retributivas, siempre que se respeten los mínimos legales y convencionales, y que la empresa está legitimada para promocionar a los trabajadores que desarrollan un trabajo más intenso o con mayor dedicación. Concluyendo después: "en este caso concreto, la medida empresarial que consiste simplemente en trasladarla de un departamento a otro no tiene conexión alguna con la triple maternidad de la demandante pues las razones organizativas de la empresa aparecen debidamente constatadas, no pudiendo admitirse la tesis de la Sentencia de que las cuestiones que ahora tiene encomendadas la demandante sean de una entidad muy inferior o de poca importancia. Al contrario, son evidentes las razones que llevan a la empresa a planear una nueva estrategia, siendo razonable que quienes han prestado a la empresa servicios que denotan una mayor dedicación, sean promocionados ... la solución de la empleadora no puede ser una represalia ni entraña discriminación de la demandante por su actitud vindicativa en el disfrute de sus derechos". Así pues, en definitiva, la empresa ha valorado los conocimientos en el trabajo y la disponibilidad profesional de sus empleados para asumir nuevas responsabilidades. Los embarazos de la demandante no han provocado una situación discriminatoria, sino que la adscripción o el cambio a un nuevo puesto de trabajo obedece a las necesidades organizativas de la empresa, en virtud de las facultades que le concede el art. 20 LET. Las diferencias en la promoción profesional y económica se encuentran fundadas, así, en cuestiones absolutamente objetivas, y no sería justo que se promocionara por igual a la actora, cuando ni siquiera en sus períodos de alta mostró disposición para participar en los más recientes requerimientos del departamento de asesoría jurídica.
Cerró el proceso la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 2002, que desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de doña Enriqueta G.S.. El alto Tribunal aprecia en los cuatro motivos del recurso falta de contradicción entre la Sentencia recurrida y las invocadas para el contraste (art. 217 LPL).
La recurrente en amparo alega que la Sentencia de 23 de abril de 2001 de la Sección Quinta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vulnerado sus derechos a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por lo que solicita su nulidad.
Asimismo, respecto del cambio de puesto de trabajo, la empresa alegó exclusivamente que respondía a las sugerencias de la Inspección de Trabajo en su mediación para solventar el conflicto entre partes, lo que se ha declarado falso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid justifica la medida de movilidad señalando que "la adscripción o el cambio a un nuevo puesto de trabajo obedece a las necesidades organizativas de la empresa, en virtud de las facultades que le concede el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores", cuando es lo cierto que las necesidades organizativas nunca se alegaron por la empresa, que se limitó a decir que el cambio de puesto fue consecuencia de las indicaciones de la Inspección de Trabajo para resolver el problema.
Subsidiariamente, para el caso de que no se estimen los restantes motivos del recurso, aduce la demanda de amparo la vulneración del art. 24.1 CE por alteración arbitraria en el grado jurisdiccional de suplicación de los hechos declarados probados. Aunque no se modificó el relato fáctico por el cauce del art. 191 b) LPL, la Sala acoge hechos distintos a los probados. Las modificaciones serían las siguientes: 1) La Sala de lo Social afirma que las nuevas tareas son tan dignas y respetables como las anteriores y que no pude admitirse que sean de una entidad inferior o de poca importancia, lo que es contrario al hecho probado 9 y a las declaraciones con valor fáctico de los FFJJ 3 c) y 7 de la Sentencia de instancia, de las que se desprende que el cambio es desfavorable; 2) La Sala destaca que desde el día 1 de octubre de 1999 hasta 26 de junio de 2000 los días trabajados por la demandante han sido solamente ochenta y uno, lo que implica una delimitación temporal selectiva no realizada por el juzgador a quo y que desconoce -o peor aún, trata de dar validez a la medida empresarial pese a- la razón de maternidad que la explica (pues en ese período se dio una baja por enfermedad imputable a la actuación discriminatoria de la empresa y se disfrutó del permiso de maternidad); 3) La Sala establece que el cambio de puesto se funda en razones organizativas, lo que se opone a la declaración fáctica contenida en el FJ 7 de la Sentencia de instancia (que subraya que la decisión constituyó una represalia empresarial), no es acorde con lo alegado por la empresa (que nunca sostuvo que ésa fuera la razón de la movilidad funcional, limitándose a afirmar que fue consecuencia de las indicaciones de la Inspección de Trabajo) e igualmente revela una conclusión contraria a la doctrina de este Tribunal Constitucional en cuanto a que el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias no pueden servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales; 4) Finalmente, la Sentencia recurrida dice que son evidentes las razones que llevaron a promocionar a sus compañeros, vinculadas a la mayor dedicación de éstos y a la falta de disposición de la trabajadora a participar en las nuevas necesidades del departamento de origen, conclusión inconciliable con lo declarado en la instancia en la que no se afirma que la trabajadora mostrara menor disposición o dedicación en el trabajo sino que toda la situación estaba condicionada por el reparto de trabajo que hacían los jefes.
Por providencia de 20 de enero de 2004 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, Sección Quinta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que en el plazo de diez días remitiesen, respectivamente, testimonio de los autos núm. 490-2000, recurso de suplicación núm. 688-2001 y recurso núm. 2207-2001, interesándose asimismo el emplazamiento de quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Segunda de este Tribunal, de 2 de marzo de 2004, se tuvieron por recibidos los testimonios de actuaciones, así como los emplazamientos efectuados y escrito del Procurador don Jacinto Gómez Simón, a quien se tiene por personado y parte en nombre y representación de Red Eléctrica de España, S.A. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho plazo presentasen las alegaciones que a su derecho conviniesen.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 1 de abril de 2004 la representación procesal de la recurrente en amparo evacuó el trámite previsto en el art. 52 LOTC, ratificándose en lo manifestado en la demanda de amparo, a la que se remite en su integridad. Añade una serie de consideraciones sobre la insuficiencia de los hechos declarados probados, indicando que de las actuaciones se desprenden datos adicionales que pueden dar luz sobre el caso enjuiciado. Hace referencia también a circunstancias acaecidas con ocasión de la ejecución provisional de la Sentencia de instancia, y en concreto a represalias de la empresa durante la sustanciación del recurso de suplicación. Así, denuncia que la reposición en su puesto en la asesoría jurídica de la empresa se ha llevado a cabo con una asignación de trabajos jurídicos que no eran de su especialidad, que se le han ocultado reuniones y que se ha acentuado el hostigamiento tras la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reubicándola de nuevo en el departamento de auditoria interna. Se queja igualmente de que tras la admisión a trámite del presente recurso de amparo la empresa ha procedido a privarle de derechos que venía disfrutando, por ejemplo le ha suprimido la tarifa eléctrica de empleado y el seguro médico, sin previo aviso.
Red Eléctrica de España, S.A., presentó sus alegaciones con fecha 2 de abril de 2004. Tras mostrar su disconformidad con el relato de hechos, al motivo primero del recurso opone la existencia de una razón objetiva y razonable del trato diferenciado, consistente en la mayor dedicación y esfuerzo prestados por los integrantes de la asesoría jurídica que promocionaron. Las bajas de la recurrente, no sólo por maternidad, dieron lugar a que las tareas de especialidad o mayor responsabilidad hubieron de ser asumidas por sus compañeros, además de que durante sus períodos de alta la demandante desechó asumir nuevas obligaciones que hubieran necesitado períodos de dedicación y estudio de más profundidad, mayor esfuerzo, etc. En suma, por un lado las bajas hacían imposible objetivamente el encargo de los trabajos que iban surgiendo y que requerían de análisis inmediato, mientras que, por otra parte, la indisponibilidad profesional de la demandante condujo a que efectivamente no se incorporara a las nuevas actividades jurídicas esenciales para la estrategia empresarial en momentos tan cruciales como la expansión o privatización de la empresa. Si los compañeros de la demandante asumieron dichas funciones, con carga adicional al trabajo que habitualmente tenían asignado, por simple aplicación del art. 25 LET alcanzaron el también indudable derecho a la promoción económica, por cuanto fueron merecedores de ella en virtud de circunstancias objetivas, que les distinguían de la actora. Nunca se valoraron negativamente las maternidades de la recurrente, sino que sólo se promocionó económicamente en mayor medida a quienes mayor dedicación y esfuerzo habían demostrado.
En cuanto a la actuación de la Inspección de trabajo pone de manifiesto que la denuncia interpuesta por la recurrente ha finalizado sin sanción, tal y como acredita con el documento que acompaña su escrito de alegaciones (certificado de la Jefa del servicio de relaciones laborales de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, según el cual "con fecha 01-06-2001 se dictó resolución por la Dirección General de Trabajo en los términos siguientes: ?Dejar sin efecto la tramitación del presente expediente administrativo sancionador derivado del acta de infracción 5025/2000, promovida contra la empresa Red Eléctrica de España, S.A., archivando el expediente sin más trámite?").
Por escrito registrado en este Tribunal el día 25 de marzo de 2004, el Ministerio Fiscal solicita el otorgamiento del amparo. Alega que la Sentencia impugnada ha prescindido de otorgar virtualidad al factum acreditado, del que se concluye que los sucesivos embarazos de la demandante y las consiguientes licencias de maternidad fueron los que motivaron el paulatino apartamiento de sus tareas y la no asignación de las mismas tras su reincorporación al trabajo. Ello supone, en primer lugar, desconocer que la situación a la que la trabajadora fue abocada, con grave riesgo de su salud, tuvo como detonante su maternidad, olvidando que tras el embarazo y parto están condicionadas las potestades organizativas y disciplinarias del empresario. E implica, en segundo lugar, otorgar legitimidad al cambio de puesto de trabajo, claramente perjudicial para sus intereses laborales, con base en las facultades organizativas del empresario, con olvido nuevamente de que las mismas están limitadas en estos supuestos.
Por providencia de 30 de junio de 2005, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 de julio del mismo año.
Conforme se ha dejado expuesto en los antecedentes, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de abril de 2001, por entender que dicha resolución judicial vulnera sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). La Sentencia recurrida revocó la dictada en instancia por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, de fecha 31 de octubre de 2000, que había estimado parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales formulada por la trabajadora y que a fin de restablecerla en el derecho a no ser discriminada por razón de sexo, cuya lesión apreciaba, ordenó su reposición en las funciones previas y en su puesto de trabajo de origen en la asesoría jurídica de la empresa, su equiparación salarial con los compañeros de trabajo de ese departamento y diversas indemnizaciones por la pérdida de salud y por los daños morales ocasionados, así como la publicación de la Sentencia durante treinta días laborables en los tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo de la empresa.
Procede examinar las distintas vulneraciones constitucionales que sustentan la demanda de amparo, advirtiendo ya que, como la pretensión subsidiaria relativa a la alteración arbitraria de los hechos probados en el grado jurisdiccional de suplicación se formula accesoriamente a las referidas a la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE y a la prohibición de discriminación por razón de sexo (art.14 CE), serán éstas las que resultarán objeto de examen, quedando fuera de nuestro análisis aquella otra queja, salvo que resultaren desestimadas las que se plantean con carácter principal.
Ya en la demanda rectora del proceso a quo, pese a alegarse la lesión de los dos derechos fundamentales citados (art. 14 CE, por discriminación por razón de sexo, y art. 24.1 CE, en su vertiente de garantía de indemnidad), la queja de la trabajadora respondía a un planteamiento conforme al cual el hecho que ahora constituye el fundamento de la invocación de la garantía de indemnidad (a saber: la decisión empresarial de movilidad funcional tras la reivindicación por la demandante de sus derechos) se consideraba no sólo, ni siquiera tanto, una represalia empresarial contraria a la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE, cuanto una expresión adicional o final de una secuencia discriminatoria por razón de sexo (art. 14 CE). En efecto, la denuncia por discriminación se articulaba aludiendo a la relegación progresiva de funciones y pérdida de estatuto profesional en la empresa en los sucesivos periodos de embarazo y maternidad, que tuvo entre sus consecuencias un peor trato profesional y salarial como consecuencia de la falta de promoción económica de la demandante a diferencia de sus compañeros juristas del mismo área. Del mismo modo, el cambio de puesto de trabajo -aunque también se conectaba con la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE)- se calificaba reiteradamente en distintos momentos de la propia demanda como una manifestación más de la discriminación por la triple maternidad. Por ello, en el suplico de la demanda la demandante pedía que la Sentencia declarase la nulidad de las decisiones empresariales, entre ellas la del cambio de puesto de trabajo, por resultar contrarias a la prohibición de discriminación (art. 14 CE), sin citar el art. 24.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad. En igual sentido, el acta de infracción 5025-2000 de la Inspección de trabajo consideró que, además de las restantes medidas, la movilidad funcional desfavorable representaba un acto discriminatorio por razón de sexo contrario al art. 14 CE.
Por su parte, las Sentencias de instancia y suplicación hicieron confluir en sus razonamientos el doble enfoque que sustenta la demanda de amparo (vulneración de la garantía de indemnidad y de la prohibición de discriminación por razón de sexo), centrándose en determinar si tanto la relegación de funciones y la menor retribución de la demandante, no promocionada en su nivel salarial a diferencia de sus compañeros del departamento jurídico, como el cambio de puesto de trabajo que ordenó la empresa con fecha 5 de mayo de 2000, eran ambos constitutivos o no de una vulneración del derecho fundamental del art. 14 CE. En su parte dispositiva la Sentencia de instancia calificó la movilidad funcional como una concreción adicional de la discriminación por razón de sexo. El fallo de la Sentencia, en efecto, establece que Red Eléctrica de España, S.A., "al relegar a la demandante de sus funciones en la asesoría jurídica y trasladarla al departamento de calidad de la dirección de auditoría interna la ha discriminado por razón de sexo, por causa de su triple maternidad". Esa consideración de la movilidad funcional como manifestación final de la conducta empresarial contraria a la prohibición de discriminación, unida al examen judicial, también bajo la cobertura del art. 14 CE, del resto de las decisiones empresariales objetadas (las de naturaleza retributiva, señaladamente), situó en esos terrenos de la prohibición de discriminación el centro de la controversia y del debate procesal.
Centrado así el objeto de nuestro enjuiciamiento, debemos comenzar recordando nuestra doctrina sobre la prohibición de discriminación que consagra el art. 14 CE.
"La virtualidad del art. 14 CE no se agota, sin embargo, en la cláusula general de igualdad con la que se inicia su contenido, sino que a continuación el precepto constitucional se refiere a la prohibición de una serie de motivos o razones concretos de discriminación. Esta referencia expresa a tales motivos o razones de discriminación no implica el establecimiento de una lista cerrada de supuestos de discriminación (STC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 6), pero sí representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE (SSTC 128/1987, de 16 de julio, FJ 5; 166/1988, de 26 de septiembre, FJ 2; 145/1991, de 1 de julio, FJ 2).
Al respecto tiene declarado que, a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida ex constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad (SSTC 126/1997, de 3 de julio, FJ 8, con cita de las SSTC 229/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 75/1983, de 3 de agosto, FFJJ 6 y 7; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6). También resulta que en tales supuestos la carga de demostrar el carácter justificado de la diferenciación recae sobre quien asume la defensa de la misma y se torna aún más rigurosa que en aquellos casos que quedan genéricamente dentro de la cláusula general de igualdad del art. 14 CE, al venir dado el factor diferencial por uno de los típicos que el art. 14 CE concreta para vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocurre con el sexo, la raza, la religión, el nacimiento y las opiniones (STC 81/1982, de 21 de diciembre, FJ 2)."
Definidos los perfiles generales de la prohibición constitucional de discriminación, hemos de reiterar a continuación nuestra jurisprudencia sobre la discriminación prohibida específicamente por razón de sexo (art. 14 CE), que tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, en la vida social y jurídica, de la mujer (por todas, STC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3).
La prohibición constitucional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá producido la lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que el factor prohibido representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio.
Los hijos de la demandante nacieron en octubre de 1995, octubre de 1996 y enero de 2000.
Su última promoción fue decidida por la empresa con anterioridad, en julio de 1994. En 1997, 1998 y 1999 fueron promocionados sus dos compañeros de trabajo.
En la evaluación de 1995 la demandante consiguió la misma valoración que el compañero de departamento que ya había ingresado en la empresa, observándose en el informe de su jefa Sra. Zarco una clara satisfacción por el esfuerzo de aquélla a pesar de su reciente maternidad.
En las siguientes evaluaciones -años 1996 a 1999- obtuvo valoraciones inferiores a sus compañeros, salvo en 1998.
En 1996 la Sra. Zarco reconocía en su informe que, dada su situación personal de dos maternidades seguidas y terminación del master de medio ambiente, ha tenido un área de responsabilidad más limitada. La demandante manifestó por primera vez su discrepancia con los criterios de reparto de asuntos, señalando que en 1995 cursó el mismo master y estuvo más días de baja por maternidad y, sin embargo, le fueron encomendados trabajos de más responsabilidad que concluyó con gran satisfacción para la empresa, según dedujo de la evaluación del periodo anterior. En la evaluación de 1997 la trabajadora manifiesta nuevamente su descontento con la distribución del trabajo, poniendo acento en los efectos económicos en los que ha incidido esa circunstancia, reiterando su queja en la evaluación de 1998.
El 28 de septiembre de 1999 la trabajadora remite carta al Presidente de la empresa en la que expone su situación, que califica de discriminatoria por razón de sexo y derivada de los embarazos, anunciando su voluntad de hacer efectivos sus derechos incluso judicialmente. Se ordenó por el Presidente una investigación de la que no consta resultado alguno.
El 26 de octubre de 1999 la demandante formula denuncia ante la Inspección de Trabajo por discriminación por razón de sexo. La citada denuncia culmina con acta de infracción con propuesta de sanción, por haber sido objeto la trabajadora de decisiones discriminatorias en cuanto a su promoción profesional y retribución, haciéndose también referencia al traslado a otro departamento de la empresa. En sus alegaciones Red Eléctrica de España, S.A., aporta certificación de la Jefa del servicio de relaciones laborales de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, según la cual se ha dejado sin efecto la tramitación del expediente administrativo sancionador.
La evaluación de la trabajadora en 1999 -realizada en mayo de 2000 tras su reincorporación después de su tercera maternidad- arrojó una puntuación media muy inferior a la de sus dos compañeros del área jurídica, resaltando su jefa que se había producido un descenso de rendimiento debido a la insatisfacción en el trabajo.
El 5 de mayo de 2000 la empresa remite a la demandante una nota anunciándole el cambio de puesto de trabajo. Ese escrito indica que las denuncias contenidas en su carta al Presidente han resultado ser infundadas y, asimismo, anuncia la realización de una reunión en el término de dos meses para valorar el nivel de satisfacción en su nuevo puesto. Por otra parte, se hacía referencia a que la medida de movilidad surgía de conversaciones con la Inspección de Trabajo, si bien con valor de hecho probado -con base en el folio 82 de las actuaciones- el fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de instancia declara que ese dato no se corresponde con la realidad, pues tal cambio no fue propiciado por la Inspección, en contra de lo que aducía la empresa.
Existe un informe de agosto de 2000 de psiquiatría que diagnostica a la trabajadora trastorno de personalidad, ansiedad y angustia con falta de apetito relacionada con el perjuicio laboral, señalando que tras volver a su puesto de trabajo aparece un empeoramiento ansioso depresivo.
Se hacen constar las horas no trabajadas por la demandante con causa en enfermedad, permisos y maternidad, lo mismo que las diferencias retributivas entre el nivel retributivo 12-B y el 17-C reconocido a sus compañeros.
A partir de 1995 la empresa se vio inmersa en un periodo de cambios y adaptaciones al mercado, no habiéndose encomendado a la demandante tareas relacionadas con los nuevos retos estratégicos.
Está también acreditado:
El resto de los elementos que se han traído en algún momento a colación en el proceso a quo o en este proceso constitucional, o bien no son hechos probados sino valoraciones jurídicas, o bien representan meras discrepancias de las partes con el inalterado relato de hechos.
Pues bien, de todo lo anterior se deduce inequívocamente, como sostiene el Ministerio Fiscal, que los sucesivos embarazos y consiguientes maternidades de la demandante motivaron la no asignación de las tareas jurídicas de mayor entidad, el perjuicio derivado en la promoción económica y el cambio final de puesto de trabajo a un departamento distinto al de origen, caracterizado por carecer de contenido jurídico o por la menor entidad del trabajo de esta naturaleza.
En efecto, podrían considerarse indicios de la discriminación denunciada la conexión temporal entre la maternidad y las medidas controvertidas; la desconsideración del esfuerzo realizado por la demandante, reconocido por sus jefes en distintas evaluaciones; las contradicciones en las que incurrieron éstos; el hecho de que el alegato empresarial sobre las razones del cambio del puesto de trabajo no respondiera a la realidad (una pretendida sugerencia o mediación de la Inspección) o la inmediatez con que esa decisión de movilidad fue tomada respecto del momento en el que la demandante desplegó actos de denuncia de la situación que consideraba discriminatoria. Pero, más allá de ello, la confesión del representante legal de la empresa -a la que se refiere el Juez de instancia- revela de forma patente el motivo que fue causa de las decisiones empresariales de relegación de la trabajadora.
Con tal proceder, la Sala de suplicación mantuvo el análisis de las vulneraciones constitucionalmente denunciadas por la trabajadora en el plano del art. 20 de la Ley del estatuto de los trabajadores, olvidando con ello que la exclusión de la discriminación exige que cuando ante un órgano judicial se invoque una diferencia de trato basada en las circunstancias que el citado art. 14 CE considera discriminatorias -en este caso, el sexo- y tal invocación se realice precisamente por una persona perteneciente al colectivo tradicionalmente castigado por esa discriminación -en este caso, la mujer trabajadora-, el órgano judicial no puede limitarse a valorar si la diferencia de trato denunciada tiene, en abstracto, una justificación objetiva y razonable, como si se tratara de un problema relativo a la cláusula general de igualdad, sino que debe entrar a analizar, en concreto, si lo que aparece como una diferenciación formalmente razonable no encubre o permite encubrir una discriminación contraria al art. 14 CE (en ese sentido, SSTC 145/1991, de 1 de julio, FJ 2, y 286/1994, de 27 de octubre, FJ 3).
Y lo cierto es que no se ha aportado ninguna prueba que cabal y racionalmente rompa el nexo causal descrito entre la minusvaloración profesional y la triple maternidad de la trabajadora, situando las decisiones empresariales al resguardo de cualquier motivación discriminatoria. Al contrario, en el caso que enjuiciamos se aprecia la aplicación de un criterio de relegación profesional y económica y una orden de movilidad funcional desfavorable por razón de los sucesivos embarazos y maternidades de la trabajadora. Por consiguiente, una argumentación como la mantenida por la Sala de lo Social en la resolución impugnada provoca, sustancialmente, el efecto de denegar la tutela judicial solicitada con fundamento en principios extraídos del ámbito de la legalidad ordinaria, que no pueden, en modo alguno, neutralizar la realidad comprobada -y los efectos- de la vulneración por el empresario del derecho fundamental de la demandante (en ese sentido, STC 173/1994, de 7 de junio, FJ 4). De aceptarse lo contrario, quedarían al margen de tutela algunas de las más notorias consecuencias de la discriminación como mal social a erradicar por mandato constitucional (en este caso, la continuidad y el desarrollo ordinario de la propia carrera profesional en conciliación con la libre decisión de maternidad) y, además, quedarían virtualmente vacíos de contenido los compromisos internacionales adquiridos por España en esta materia, antes mencionados.
La recurrente alega también en su recurso que el cambio de puesto de trabajo constituyó una represalia por su denuncia ante la Inspección de Trabajo y por la carta que a través de burofax remitió a la Dirección de la empresa, concretando en ello su queja de vulneración de la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE). De los hechos probados se desprende, efectivamente, que el 28 de septiembre de 1999 remitió carta al Presidente de la empresa en la que exponía su situación, que calificaba de discriminatoria por razón de sexo y derivada de los embarazos, anunciando su voluntad de hacer efectivos sus derechos incluso judicialmente. A ese escrito siguió una denuncia ante la Inspección de Trabajo y finalmente el ejercicio de la acción judicial que origina este recurso de amparo. Esas circunstancias podrían dar lugar, en una consideración autónoma, a la aplicación de la doctrina sentada en nuestra aún reciente STC 55/2004, de 19 de abril, según la cual, si se acredita que el objetivo de una reclamación extrajudicial era evitar el proceso, puede llegar a extenderse la garantía de la indemnidad del art. 24.1 CE a esa actividad previa no imperativa, pero conveniente y aconsejable, siempre que del contexto, que se integra por los actos anteriores, coetáneos y posteriores, se deduzca sin dificultad que aquélla está directamente encaminada al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por doña Enriqueta G.S. y, en consecuencia:
Reconocer su derecho a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14 CE).
Anular la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 23 de abril de 2001, dictada en el recurso de suplicación núm. 688-2001, en proceso de tutela de derechos fundamentales, declarando la firmeza de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, de fecha de 31 de octubre de 2000.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 20
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