Source: https://www.scribd.com/doc/131718672/sentencia-judicial-pdf
Timestamp: 2017-02-19 15:59:39+00:00

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LA SENTENCIA JUDICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA**
THE VEREDICT AS EVIDENCE
RESUMEN: Este trabajo explica la proyección probatoria que tiene una sentencia ﬁrme y ejecutoriada en el proceso civil chileno. Como acto procesal, la decisión judicial conforma una realidad jurídica y material que puede servir para acreditar un hecho en un proceso posterior, especialmente, en relación a la eﬁcacia reﬂeja de la sentencia, al efecto “ultra partes” de la misma y al valor que tiene un fallo en el sistema de producción de precedentes judiciales. Esta última manifestación se da cuando una decisión judicial sienta una doctrina sobre una materia o entra en contradicción con otras decisiones anteriores. En ambos casos se hará necesario acreditar ese hecho jurídico, con el objeto que la Corte Suprema uniﬁque los criterios para que los tribunales resuelvan con la misma regla los casos análogos. Palabras clave: jurisprudencia, uniﬁcación de jurisprudencia, discriminación judicial, igualdad ante la ley, prueba. ABSTRACT: This study explains the possibilities of evidence that a ﬁnal and enforceable verdict has on the Chilean civil process. As a proceeding, the court’s decision constitutes a legal and material reality that can help to prove a fact in a subsequent lawsuit, particularly in relation to the reﬂex effect of the verdict to the meaning “ultra parties” of this desition and the value that a judicial sentence has in the production system of judicial precedents. This last statement takes place when a court’s decision creates a doctrine on a particular subject or develop a contradiction with previous decisions. Both cases will require legal test of that fact, in order that the Supreme Court can unify the legal doctrine with the object that the courts can resolve with the same rule similar lawsuits. Key words: precedent, precedents uniﬁcation, judicial discrimination, nullity of a sentence, equality before the law, evidence.
Como acto procesal, la sentencia ﬁrme y ejecutoriada conforma una realidad jurídica y material que puede servir para acreditar un hecho en un proceso posterior, a lo menos en los siguientes sentidos: (i) Cuando se alega la función negativa de la cosa juzgada. Como en nuestro sistema procesal esta excepción no puede ser apreciada de oﬁcio por el juez, la parte que la alega debe acreditar su existencia, acompañando las sentencias donde ella consta1.
Este trabajo se realiza dentro del marco del proyecto Fondecyt Regular: “La generación de precedentes en el proceso chileno” (Nº 1110917). * Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Valparaíso; Doctor en Derecho, Universidad de Navarra; Director del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. 1 Así lo han resuelto, entre otras, Bauzá con Dirección (1939). Sobre el carácter formal del acto de alegación, la CS ha declarado, “... cabe señalar que las acciones como también las excepciones deben plantearse en el
Revista Chilena de Derecho, vol. 39 Nº 2, pp. 251 - 276 [2012] Romero Seguel, Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
(ii) Cuando se hace valer la denominada eﬁcacia positiva o prejudicial, para impedir que en un juicio posterior se decida una nueva acción en contradicción con la declaración del derecho que consta en un fallo que se encuentra ﬁrme y ejecutoriado, atendido que la decisión anterior actúa como un antecedente lógico a la nueva acción deducida en juicio. (iii) Cuando la sentencia judicial es invocada por un acreedor como un título ejecutivo. (iv) Cuando la sentencia contiene una condena genérica acerca de la existencia de un determinado ilícito civil, que permite a una de las partes o incluso a terceros, solicitar el derecho a ser indemnizado de los perjuicios en un nuevo juicio. En el caso de los terceros, como se explicará, se trata de ciertas hipótesis donde la eﬁcacia de la sentencia hace excepción a la regla tradicional, en virtud de la cual se ha entendido que la cosa juzgada, al tercero, ni le perjudica ni le aprovecha2, al manifestarse la denominada eﬁcacia reﬂeja de la sentencia o, en su caso, el efecto “ultra partes” de la misma. (v) Cuando por su contenido queda vinculada al mecanismo de producción de precedentes judiciales. Esta manifestación puede surgir porque el fallo sienta una doctrina sobre una materia o entra en contradicción con otras decisiones anteriores, al contener distintas interpretaciones sobre un determinado tema jurídico. En ambos casos se hará necesario acreditar ese hecho jurídico, con el objeto que la Corte Suprema proceda a uniﬁcar el criterio de decisión, con el objeto que los tribunales resuelvan con la misma regla los casos análogos. Todas estas hipótesis donde se proyecta la sentencia judicial ﬁrme y ejecutoriada para un proceso posterior se explican dentro de la realidad que describe Taruffo, al señalar que “los medios de prueba son un fenómeno multifacético cuya naturaleza y deﬁnición varían de acuerdo con distintos factores históricos, culturales y jurídicos. Los sistemas probatorios han sufrido cambios profundos desde la época de los romanos; asimismo, las diferentes asunciones culturales acerca del conocimiento, la verdad y la función de las decisiones judiciales han tenido una fuerte inﬂuencia en las concepciones de la prueba. Y en este contexto, un factor adicional de complejidad y diferenciación es que son muchas las cosas que se pueden usar como fuentes de prueba. Según la interpretación dominante del principio de relevancia, cualquier cosa que tenga signiﬁcado o cierta utilidad en la búsqueda de la verdad sobre los hechos litigiosos puede ser usada –al menos en principio– como un medio de prueba”3.
juicio y solicitarse un pronunciamiento del tribunal a su respecto y no procede que se deduzcan solo de los razonamientos que se contengan en los escritos presentados por las partes y como la excepción de cosa juzgada de que se trata no fue alegada formal y oportunamente en el juicio, como lo reconoce el propio demandante, no recayó pronunciamiento de los tribunales que han intervenido en el pleito, sobre tal materia, de manera que por tal motivo y por tratarse de una cuestión nueva, no discutida ni en primera ni en segunda instancia y que por lo tanto no puede ser promovida en el recurso de casación, corresponde el rechazo del recurso...” (Castro con Carretón (1981); Undurraga con Ugarte (1956). 2 La CS, ha resuelto en decenas de sentencias que el efecto de cosa juzgada no puede hacerse extensivo a personas que no tomaron parte en la relación procesal por no haber sido legalmente emplazadas: Macuada con Macuada (1939); Benacchio, Marcos, R. de Queja (1951); Banco del Estado con Lincir (1992). 3 Taruffo (2008) p. 59.
)”. la CS. las decisiones judiciales.”.276 [2012] Romero Seguel. En otras palabras. pueda decretar como medida para mejor resolver. nada impide que su valor haya sido ﬁnalmente desestimado por existir otros elementos de prueba que sí lograron la convicción de los jueces. Como instrumento. A su turno.. “(…) si bien los jueces del fondo ordenaron traer a la vista el expediente Rol (…). La codiﬁcación procesal chilena no estuvo ajena a esta idea. el art. publicado a ﬁnes del siglo XIX (1895). 62-67. en la etapa anterior a la codiﬁcación. 251 . nuestros autores clásicos. dentro del plazo para dictar sentencia. Su obra. En nuestra literatura jurídica. de 1804. Dicho cuerpo legal vinculó la cosa juzgada con las presunciones de derecho (juris et de jure). cuando señala que se podrá decretar como medida para mejor resolver. desde un planteamiento racionalista. en efecto. En relación al valor que ella puede tener. permite que se pueda solicitar como medida prejudicial la “exhibición de sentencias (…) u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas”. acogieron la explicación de la cosa juzgada como una presunción o una ﬁcción de verdad8. 273 Nº 3 del referido código. que llega a incorporar literalmente en su articulado numerosos textos de Pothier” (Martínez de Aguirre (2004) p. Moya con Rojas (2010). y cuyas raíces se encuentra en el derecho común6. “la presentación de cualquiera otros autos que tengan relación con el pleito. “1º la agregación de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el derecho de los litigantes (. 582). Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
. de José Bernardo Lira. 178 del CPC dispone que “en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado. También se podría conseguir el mismo objetivo a través del numeral 6. el Derecho romano y el Droit coutumier. 159 del CPC admite que los tribunales. tal como consta de la historia ﬁdedigna del establecimiento del artículo 159 de la Lei sobre Atribuciones y Orga4 Meneses 5
(2008) pp. mayores antecedentes en Nieva Fenoll (2006) pp. Esto es. La relación de la sentencia judicial ﬁrme y ejecutoriada con la prueba de presunciones es una opción que fue inﬂuenciada por el Código Civil francés. pp. no es improbable que el aporte de una medida para mejor resolver termine no siendo considerado frente a las otras probanzas que ya constaban en el proceso. precisamente. El art. con expresa referencia a Pothier. 34. Esta idea era una proyección de la doctrina de Pothier (1699-1772). constituye el eslabón que une el Derecho histórico francés con la codiﬁcación revolucionaria. el art. 39 Nº 2. vinculaba el efecto de cosa juzgada a la prueba de presunciones el difundido Prontuario de los juicios.. si los litigantes conservan siempre la facultad de suscitar discusión sobre el acierto del fallo”7. ella puede ser aportada al proceso a instancia de parte o por iniciativa del juez5. ha declarado que. De nada servirán.. Allí se aﬁrma que “la sentencia que causa ejecutoria tiene a su favor una presunción de verdad.Revista Chilena de Derecho.. vol. 43-86. Sobre la cosa juzgada como una presunción. último de los grandes juristas franceses anteriores a la Codiﬁcación. 303. SU ENCUADRAMIENTO COMO MEDIO DE PRUEBA
La aceptación de la sentencia judicial como un medio de prueba está contemplada dentro de la regulación de los instrumentos4 o como una manifestación de la prueba de presunciones. lo que ha ocurrido en autos”. por inﬂuencia de la doctrina francesa. contra la cual por razones de interés público no admite la ley pruebas de ninguna clase. 7 Lira (1895) p. excluyendo de toda otra prueba a lo declarado en un fallo judicial. que concilia. Aunque el Código Civil de don Andrés Bello no siguió en este punto literalmente al francés. 8 Claro (1921) p. 6 “Robert Joseph Pothier. tuvo una inﬂuencia decisiva en la elaboración del Código civil francés (1804). En relación a la prueba de oﬁcio.
No obstante lo anterior. 1700 CC). pp. entre otras razones. incurriendo en los delitos de cohecho o en una prevaricación9. Schweitzer. vol. Por último. 379 Nº 2 COT y 61 inc. sus resoluciones conforme a la ley”.
. según la enumeración de los que son considerados como tales en juicio conforme al art. Según los comisionados “toda sentencia de dicho tribunal se presumía de derecho verdadera. esto es. 178. 4 y 5 del CPC. Para justiﬁcar la inmunidad que tienen los magistrados de la Corte Suprema en ciertos delitos ministeriales. El carácter de instrumento público de la sentencia proviene de la intervención del secretario encargado de autorizar las resoluciones judiciales.254
Revista Chilena de Derecho. la sentencia judicial no obliga por ser un instrumento público. en derecho.
3. la estrecha vinculación entre la cosa juzgada y la prueba ha sido recurrente en el tratamiento de ciertas hipótesis de prejudicialidad. el hecho de haberse otorgado y su fecha (art. 342 Nos. Lo expresado en el documento público. ﬁnal del CPC). 10 Para profundizar sobre este tema. R de Inaplicabilidad (1932). en especial el de origen notarial. 251 . 3. la sentencia judicial da cuenta del resultado ﬁnal de la actividad jurisdiccional. b) La sentencia judicial no recoge una declaración de voluntad de las partes. por las razones que pasamos a explicar10: a) El instrumento público se produce por la intervención de un ministro de fe investido por ley de la potestad para generarlo. En cambio. en ella concurren algunos rasgos que la convierten en una prueba documental de singulares características. En el Código de Procedimiento Civil la vinculación de la sentencia ﬁrme y ejecutoriada a la prueba indiciaria se aprecia en el inciso ﬁnal del artículo 429. llegue a producirse la denegación o torcida administración de justicia o que se alteren las reglas de procedimiento. de 1875 (actual 324 inc. 39 Nº 2. se arguyó. en consecuencia. y cuya base legal está en los arts. justa i en todo conforme a las disposiciones de la Lei”. Sin embargo. cumpliendo con una exigencia esencial para la validez de esa actuación (arts. por cuanto no existiría tribunal que pudiera resolver el posible error y establecer la verdad. Por el con9
Esta idea de la infalibilidad de las sentencias de la CS ha sido ratiﬁcada en la jurisprudencial en los siguientes términos: “no es sostenible que en las resoluciones de la Corte Suprema pueda infringirse la ley y que. que nuestra doctrina clásica denomina como las “inﬂuencia de la sentencia”. Moreno (2001) pp. el juez en este acto no actúa como ministro de fe. 2. si cumple con las exigencias del art. 2º COT). Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
nización de los Tribunales. o cuando sus copias son consideradas como tales.. de allí que se acepte como necesaria esa infalibilidad convencional de tales jueces y deban reputarse. en la forma como lo hace un acto o contrato suscrito ante un ministro de fe. 179 y 180 del CPC. PECULIARIDADES DE LA SENTENCIA COMO INSTRUMENTO PÚBLICO
La sentencia judicial es un instrumento público. y por ende. no era posible admitir que los ministros de nuestro máximo tribunal pudieran pronunciar fallos torcidos. se tiene por verdadero respecto de los hechos que caen dentro de la esfera de percepción del ministro de fe. 17-57. 1699 del CC. sino que contener un mandato imperativo que proviene del órgano jurisdiccional. que ello obedecía a la presunción de verdad que se atribuía a la cosa juzgada. Ahí se dispone que “igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes”.276 [2012] Romero Seguel.
Si ello no acontece. que nuestra jurisprudencia acepta en relación al alcance de las declaraciones contenidas en los instrumentos públicos. 13 Excepcionalmente en algunos casos se ha establecido una reglamentación especial. fueron derogadas por la ley patria de 1º de marzo de 1837 la cual. restringidas en su alcance por las del Tít. 95 CM). Aceituno con Aceituno (2010). se ha resuelto que una cosa es el efecto probatorio del instrumento público y otra. Concluido el proceso. 1682 y 1683 del Código Civil no tiene aplicación actualmente. En tal sentido. que se gobierna por los preceptos de los arts. la cosa juzgada subsanaría todos los vicios que pudieron ser materia de declaración de nulidad. Tít. esas leyes. ellas obligan sin posibilidad de separar el mandato imperativo con el contenido obligacional que puede constar en una sentencia. en señalados casos. consiguientemente. la voluntad de mantener. con respecto a las resoluciones judiciales. 5ª. puso de maniﬁesto la voluntad del legislador de circunscribir al campo de acción de esa misma ley de nulidades todo lo que sobre la materia contenían las disposiciones hasta entonces vigentes y. 3ª y 28. La escritura pública.276 [2012] Romero Seguel. Se trata de casos de difícil ocurrencia. prescindiendo derechamente del valor probatorio de este instrumento. 14 Un hito en este punto se encuentra en la sentencia pronunciada por la Corte Suprema en los autos Banco Hipotecario con Lagos (1924). 39 Nº 2.“Si bien las leyes de partidas. por ejemplo. vol. autorizaban originariamente el recurso que se llama de retractación. 1681. la decisión no se puede modiﬁcar. pp. al declarar que. que pueda ser removida a través de algunos de los instrumentos que admite el ordenamiento jurídico15. al conceder el recurso de nulidad por todos los motivos que enumera su art. En cambio. debiendo regirse las actuaciones procesales por las leyes especiales de enjuiciamiento.
con Impuestos Internos (1972). 15 La cosa juzgada aparente se produce cuando no ha existido algunos de los presupuestos procesales que actúan como requisitos de existencia. c) La declaración del derecho materializada en la sentencia judicial no permite distinguir entre el efecto obligatorio y el acto jurídico. “la acción ordinaria de nulidad que procede en nuestro derecho para pedir la nulidad de los actos y declaraciones de voluntad. según prevención expresa de las leyes. atendido que nuestro ordenamiento reconduce la mayor parte de las ineﬁcacias jurídicas a la nulidad. que se invocan en el recurso. Con
12 11 Industrias
. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
trario. en lo demás. 810 del CPC13. 11 de la Part. porque el precio pactado en una compraventa es irrisorio. el efecto obligatorio del acto jurídico de que el instrumento cuenta11. ninguna de las que se encontraban en vigor al dictarse la mencionada sentencia autorizaban el ejercicio de acción alguna encaminada a invalidar por medio de un juicio ordinario lo resuelto en otro juicio ya ﬁniquitado”. y esta solo se puede alegar in limine litis. una vez concluida no goza de la presunción de verdad que se atribuye a la cosa juzgada12. este acto procesal contiene una serie de enunciados fácticos y jurídicos que pronuncia un juez para decidir un conﬂicto con relevancia jurídica. La extensión y consistencia de este acto dependen de la forma como se cumpla con la garantía de la fundamentación de la sentencia. Tít. ni la tenía tampoco a la fecha de la dictación de la sentencia interlocutoria que dio lugar a la adjudicación. Esto explica que lo declarado por una escritura pública pueda impugnarse por simulación. una vez que un fallo queda ﬁrme y produce cosa juzgada material. salvo que la ley expresamente prevea un régimen especial14 o se haya conﬁgurado una hipótesis de cosa juzgada aparente. el principio de la presunción de verdad que entraña la cosa juzgada y que es base indispensable para la estabilidad de los derechos”. Un ejemplo se contiene en la acción prevista para pedir la nulidad de la concesión minera (art. d) La sentencia judicial no está sometida al régimen de impugnación que nuestro sistema admite para declarar la nulidad de un instrumento público o de un contrato suscrito bajo esa formalidad o solemnidad. 28 y además por cualquiera otro que produzca nulidad. y entre ellas las leyes 1ª. por cuanto. En el caso de las decisiones judiciales. el único medio para revertir su eﬁcacia es la acción de revisión. 251 . 26 de la Part.Revista Chilena de Derecho. siempre que esté fundada en alguna de las causales del art. 18 del Libro 11 de la Novísima Recopilación.
como se anotó en el considerando quinto. vol. las ponencias del XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. 251 . que ‘Ninguna magistratura. “Séptimo: Que si bien estas disposiciones. enuncian el principio de legalidad a que debe someterse toda autoridad u órgano estatal y.A. junto con otras normas del ordenamiento vigentes. Con anterioridad había sentado el mismo criterio la sentencia de la Corte. excepcionalmente. surgidas del hecho de haberse demandado y condenado a un Estado extranjero en Chile. Montevideo. donde resolvió: Sexto: que respecto del fallo ejecutoriado que ha puesto término a un procedimiento judicial. pp. menos cabe entablar una acción de ‘nulidad de derecho público’. al señalar: “Decimocuarto: Que. nuestra jurisprudencia ha constatado hipótesis de cosa juzgada aparente. pero se ha procurado llenar los vacíos del actual y aclarar las dudas que en él se notan. consisten en la declaración de nulidad de oﬁcio o a petición de parte. en efecto. en este sentido. ciertamente las que ejecutan la función jurisdiccional. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
A lo anterior se debe adicionar la improcedencia de la acción de nulidad de derecho público para impugnar resoluciones judiciales. atendido que el proceso jurisdiccional cuenta con un mecanismo exclusivo y excluyente de impugnación: el sistema de recursos procesales. No diﬁere el primero sustancialmente del actual recurso de nulidad. respectivamente. substancialmente. otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes’ y que ‘Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale’”. 2002. (2002). 39 Nº 2. pp. que previene que ‘Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. FCU. cfr. las mismas no autorizan deducir una acción de nulidad en contra de una resolución judicial. no admitiéndose otro camino
. la anulación de los actos que llevan a cabo los tribunales en ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado. 84 y 85 del Código de Procedimiento Civil. los Títulos XIX y XX del Libro III del mismo texto y las normas pertinentes del Código de Enjuiciamiento Penal. por medio del ejercicio de las facultades disciplinarias de los Tribunales Superiores. La doctrina anterior ha sido desarrollada en varias sentencias. debe perseguirse a través de los medios que franquea la ley procesal y que.256
Revista Chilena de Derecho. así como en los recursos de casación y revisión que regulan. ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse. que contemplan los artículos 83. dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley’.276 [2012] Romero Seguel. o bien. es pertinente citar lo expuesto en el Mensaje con el que el Presidente de la República remitió al Congreso Nacional el proyecto del Código de Procedimiento Civil con fecha 1º de febrero de 1893: ‘Terminan los procedimientos especiales con el que debe servir para el recurso de casación en la forma y en el fondo. ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. 391-604. pronunciada en Municipalidad con Espinoza (2000). como la intentada en estos autos en la demanda de la actora y en cuya procedencia se insiste en el recurso de autos. 16 Sociedad Contractual Minera Carola con Sociedad Punta del Cobre S. “Octavo: Que. resultando elocuente la decisión de la Corte Suprema. de 6 de mayo de 2002. y se desconoce de un modo expreso la acción ordinaria de nulidad para invalidar sentencias. en un procedimiento diverso de la causa en que ella se pronunció”.408-98. Sobre este tema.
todo. al recordar en su considerando 17º lo resuelto en los autos rol 3. Ello consta en Marchant con Gobierno (1969) y “Senerman con República de Cuba” (1975). Se determinan los trámites cuya omisión da lugar al recurso. conforme en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales”16. La referida nulidad de derecho público se hace derivar básicamente del artículo 7º de la Constitución Política.
la sentencia judicial ha sido vinculada a la prueba de presunciones por la inﬂuencia del Código Civil francés. 551 y siguientes). Nos 45-48 de 1949. esta opción se contempla en el art. 1. En primer lugar. Por su parte.
. págs. don Víctor Santa Cruz Serrano formuló en su estudio de Las nulidades procesales en el Código de Procedimiento Civil Chileno (Santiago. 39 Nº 2. pág. Decimoquinto: Que sobre la base de estos antecedentes. especialmente si se tiene presente lo expresado anteriormente. tal como consta en las actas de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados. pp. en orden a que este no admitiría la acción ordinaria de nulidad contra las sentencias. por ser órganos de este. contenida en el Digesto (D.276 [2012] Romero Seguel. ellas son igualmente aplicables en el campo de la nulidad de derecho público. 23 y 75 de la Constitución Política (de 1925). El mismo predicamento asumió Eduardo Jara Miranda en su estudio sobre Nulidad de Derecho Público (Editorial Universitaria. esto es. al debatirse este precepto (que corresponde al actual art. la llamada nulidad procesal que impide aplicarle las reglas que hemos deducido del artículo 4º. en cuanto a que no existe otra forma de invocar esta última clase de nulidad que la de iniciar un juicio ordinario sujeto a las reglas del Derecho Procesal Civil. al señalar que la cosa juzgada se tiene por verdadera (res judicata pro veritate habetur). señalando que ‘A pesar de que los tribunales de justicia crean actos estatales y de que sus resoluciones son imputables al Estado mismo. 427 del CPC). junto con delinearse esa teoría. La fuente remota de esta tesis estaría en la regla de Ulpiano. 1950. 1942. que aceptó en esta materia la doctrina de Pothier sobre la cosa juzgada como una “presunción de verdad”. en obsequio a la brevedad de los procedimientos y al tranquilo goce de los derechos declarados en juicio’. pág. que sanciona la infracción de las normas constitucionales conducentes al cabal cumplimiento del principio de legalidad que deben observar dichos organismos”. Decimoctavo: Que el criterio de desestimar la posibilidad de extender la nulidad de derecho público al ámbito jurisdiccional y de reconocer que en este solo pueden tener cabida las nulidades procesales.5. existen reglas especiales que han dado origen a una nulidad también especial. al exponerla en su trabajo pionero sobre las ‘Bases Jurisprudenciales para una teoría de las nulidades administrativas’ (Boletín del Seminario de Derecho Público de las Escuelas de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. 25). Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
4. 251 . Decimoséptimo: Que la idea que la nulidad de Derecho Público no alcanza a las sentencias y otros actos jurisdiccionales. 427 inc 2° del CPC. porque
que el de la casación para lograr este resultado. en consecuencia. vol. porque se opondrían al imperio y a la independencia total de que se ha querido revestir a la judicatura por las normas positivas. propuesta que admite varias observaciones criticas. 38). que conservan por completo su autoridad en el régimen vigente: ‘a) La nulidad de los actos procesales solo puede obtenerse dentro del mismo juicio en que ellos inciden por medios o recursos procesales. el Código Orgánico de Tribunales establece una tramitación para la nulidad procesal que la equipara a las nulidades civiles’. el comisionado Vergara solicitó que se debía precisar “lo que se entiende por hechos declarados verdaderos en otro juicio”. Estas observaciones recogieron las opiniones vertidas por diversos integrantes de la Primera Comisión Revisora del mismo proyecto del Código.Revista Chilena de Derecho. fue planteada. No son procedentes. LA SENTENCIA JUDICIAL COMO UNA PRESUNCIÓN
Como se anticipaba. “El señor Presidente contesta que esta disposición solo puede referirse a hechos que ha declarado verdaderos una sentencia dictada en un juicio sobre materia diversa o entre partes distintas. en la sesión 22. mientras está pendiente el juicio a que se reﬁeren y antes que su sentencia deﬁnitiva haya pasado en autoridad de cosa juzgada’. dos reglas generales en torno a la anulación de los actos jurisdiccionales. Decimosexto: Que aun cuando estas observaciones versaron sobre la imposibilidad de deducir una acción de nulidad civil respecto de una sentencia u otro acto judicial en un juicio distinto de aquél en que fueron emitidas. las acciones ordinarias de nulidad absoluta o relativa que concede el Código Civil para obtener la invalidación de actos o contratos civiles’ y ‘b) Los medios o recursos procesales que la ley concede para invalidar actuaciones en un juicio solo proceden in lamine litis. es congruente con la naturaleza propia de la función judicial y las características de las actuaciones que se llevan a cabo en su ejercicio y que hace que la institución de las nulidades procesales tenga una ﬁsonomía propia y singular en el amplio campo de la teoría de nulidad de las actuaciones de los órganos estatales. En nuestro derecho positivo. por el constitucionalista don Mario Berna China.25). de 19 de noviembre de 1901. En efecto. no cabe aplicar las reglas de las nulidades de Derecho Público a las decisiones de los tribunales. desechando la aplicación de la nulidad de Derecho Público a las decisiones de los Tribunales de Justicia de acuerdo con razones semejantes.
De un modo particular. 339.
17 Sobre esta discusión cfr. contados hacia atrás. Vásquez con Vásquez (1965). según el caso. la presunción se llama legal”. ignorándose si vive y veriﬁcándose las condiciones que van a expresarse…” (art. supuestos los antecedentes o circunstancias”. cuando dispone que “se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas”. pues de otro modo no habría existido la necesaria contradicción y que sobre los hechos en cuestión haya recaído un pronunciamiento judicial por el que se declaren verdaderos”. Para tal efecto se exige entonces que el otro juicio haya sido ventilado entre las mismas partes.que de conformidad a lo que dispone el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil. En la sesión siguiente. quien libera de prueba o da por sentado de qué hechos es posible extraer una determinada conclusión20. “este segundo inciso estaría tal vez mejor colocado en la parte del Proyecto que trata de los efectos de la sentencia”. lamentablemente no se continuó con esta discusión del tema. es de la medianoche en que principie el día del nacimiento” (art.. 19 Carreras (1962) p. Tal omisión tampoco se resuelve con la deﬁnición del 47 del CC. se entiende que es inadmisible la prueba contraria. el mismo precepto dispone que “si una cosa. vol. pp. que indica lo ordinario en una especie de fenómenos materiales o morales y que constituye la premisa mayor (por ejemplo: el hijo de mujer casada puede tener por padre al marido). se presumen verdaderos los hechos declarados tales en otro juicio diverso entre las mismas partes. Es un hecho conocido que la doctrina cientíﬁca ha criticado la vinculación de la cosa juzgada con la prueba de presunciones. 76 inc. y no más que trescientos. al hecho probado que se considera idéntico o análogo al que sirve de presupuesto de aquella. según este autor. Carreras Llansana sostiene que la conﬁguración de la cosa juzgada como una presunción –y por tanto como un medio de prueba– no puede ser más desafortunada.
. 251 . la conclusión es la consecuencia deductiva de aplicar aquella regla general a ese caso concreto análogo o idéntico (luego este es hijo del marido de la madre)”21. Como lo describe Devis Echandía. 2° del art.. se presume de derecho. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
de otra manera no se alegaría la presunción sino la cosa juzgada”. En segundo lugar.258
Revista Chilena de Derecho. 21 Devis Echandía (2002) p. 18 Sobre el alcance de esta norma se ha fallado. “. según la expresión de la ley. Luego. En la presunción de derecho o en la simplemente legal. 7-9. Para el comisionado Ballesteros. 20 Por ejemplo. sesiones de 28 de abril de 1871 y 13 de mayo de 1873. 2º CC). 427 del CPC18 no clariﬁca qué tipo de presunción sería la que surge de la sentencia judicial ﬁrme. se parte de la regla general contenida en la norma. por su estructura y contenido no puede seguir la técnica de las presunciones legales. legándonos una norma ambigua y de difícil aplicación17. presume muerto el individuo que ha desaparecido. Otros antecedentes en Martínez de Morentín (2007) pp. 80 CC). la escueta declaración del inc. En el caso de la sentencia judicial. es el legislador. citadas por Ballesteros (1890) pp. que constituye la premisa menor (el es un hijo de la mujer casada). 39 Nº 2. se aplica luego esa norma o la máxima de experiencia contenida en ella. atendido que la realidad fáctica que ella comprende no está determinada con antelación.276 [2012] Romero Seguel. “Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley. la cosa juzgada no es una presunción y su caliﬁcación legal trae origen en una confusión antigua entre presunciones y ﬁcciones jurídicas19. 609. 103-124. se presume de derecho “que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales. “en el razonamiento del juez que aplica una presunción legal.
vol. debe atenerse a varias exigencias: a) Formalmente.276 [2012] Romero Seguel. y también en los que la doctrina y jurisprudencia denominan como “considerandos resolutivos”. 155-156. atendido que uno de los temas más complejos de resolver en relación a los límites objetivos de la cosa juzgada. por tal puede o no reiterarse. y no como una mera operación cognoscitiva sobre los argumentos o razones o sobre el valor persuasivo o no de las pruebas. 23 Tapia (2000) pp. En palabras de Devis Echandía. Dicho de otra forma. el debate y conduciría a caliﬁcar la oración como decisión. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
No obstante lo anterior. de aquellos cuya existencia representan el fundamento inmediato de la sentencia”.Revista Chilena de Derecho. Como lo explica Tapia Fernández. Luego. de tal modo que. 24 Gascón (2004) p. en la medida en que las normas que establecen la presunción no permiten destruir esta mediante prueba en contrario. pp. c) Puede contener el establecimiento de los hechos del pleito o. Tavolari (2000) p. a diferencia de la presunciones. 39 Nº 2. el encasillamiento de la sentencia judicial dentro de las presunciones no soluciona automáticamente qué parte del fallo judicial ﬁrme y ejecutoriado puede ser proyectado con eﬁcacia probatoria para un proceso ulterior. en principio. es irrelevante que a tal resultado se haya llegado acogiendo o rechazando tal argumentación o tal prueba. b) Sustancialmente. o si junto a los hechos. 107-185.
En nuestra doctrina. (2010 b) pp. establecida en la sentencia la concreta relación jurídica entre las partes. 216. 147. sin perjuicio de la función natural que esa parte del fallo tiene en la determinación de la identidad objetiva de la cosa juzgada. es ﬁjar qué elementos conﬁguran la causa de pedir de la acción que ya fue fallada: si solo un conjunto de hechos. debe ubicarse entre las motivaciones del fallo. 251 . no se puede desconocer que entre sentencia judicial y la prueba de presunciones podría darse una vinculación en la declaración contenida en la parte resolutiva. Como lo puntualiza Gascón. “objetivos” o “decisorios”22. SU CALIFICACIÓN COMO FICCIÓN LEGAL
Frente a la diﬁcultad que tiene explicar la cosa juzgada como una manifestación de las presunciones. lo anterior no es fácil de concretar. 691. solo puede ser obra del legislador y consiste en suponer existente o inexistente un hecho o una cosa que no es así. a lo menos. debe importar un anticipo efectivo de la decisión que. Todas las razones que se alegaron o se pudieron alegar quedan cubiertas por la cosa juzgada”23. “históricamente se ha admitido sin discusión que la cosa juzgada cubre no solo lo efectivamente deducido en el primer proceso. En ese lugar podría contenerse alguna declaración que sirva para acreditar un hecho en un juicio posterior. Tavolari ha delimitado este concepto señalando que “para caliﬁcar un razonamiento de considerando resolutivo.
. “Hay de común entre ﬁcción y las presunciones iuris et de iuri que no admiten prueba en contrario”25. como si fuesen iguales”. debe considerarse también al elemento jurídico fundante de la acción. 25 Devis Echandía (2002) p. que de la prueba indiciaria. Con todo. Su presencia en la parte resolutiva excluiría. “la ﬁcción. tales presunciones han sido asimiladas a las ﬁcciones24.
5. parte de la doctrina ha postulado que esta declaración del derecho está más cerca de las ﬁcciones. en lo resolutivo. o en trasladar las consecuencias jurídicas de un estado de cosas a otro diferente. que “esta máxima reﬂeja la lógica consecuencia de la naturaleza jurídica de la cosa juzgada como concreta determinación de las recíprocas situaciones jurídicas de las partes en contienda. sino también lo que pudo deducirse”. agrega la misma autora.
Esta propuesta cuenta en nuestra jurisprudencia con algunos pronunciamientos que han reconocido. De este modo.
6. 39 Nº 2. por ejemplo.. “una mentira técnica” (R. consisten precisamente en que la decisión adoptada pone ﬁn deﬁnitivamente al litigio como expresión representativa de la verdad.276 [2012] Romero Seguel. pues ella “no ha menester rodearse de pruebas” (A. Cualesquiera sean los errores de que adolezca. aludiendo al “principio de presunción de verdad”. En síntesis de Gascón: las ﬁcciones legales han sido presentadas tradicionalmente como el artiﬁcio jurídico más alejado de la verdad. vol. su valor probato-
referencia a otros autores y a sus propios estudios. Betham). en lo sustancial. sin embargo. ALGUNOS LÍMITES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA SENTENCIA COMO MEDIO DE PRUEBA
Cualquiera que sea la caliﬁcación que se atribuya a la declaración contenida en una sentencia judicial ﬁrme y ejecutoriada (como presunción o como ﬁcción). como corolario natural de toda sentencia judicial. Las ﬁcciones son. un mecanismo de asimilación a los efectos de la remisión de soluciones. correlacionadas con ciertas soluciones por normas del sistema en cuestión”26. pp. 28 Anrique con Monasterio (1921). en la función que desempeñan en el derecho unas y otras. Banco con Lagos (1924). En la misma orientación Zañartu con Higueras (1937). el triunfo deﬁnitivo de la simulación y el engaño sobre la realidad: “un hecho notoriamente falso sobre el cual se razona como si fuera verdadero” (J. principalmente. aunque no lo sea en realidad. En la misma orientación. 251 . la consideración de la cosa juzgada dentro de las ﬁcciones llevaría a estimar como verdadero un determinado hecho. aquellos casos en que existe incertidumbre acerca de si se han producido ciertas circunstancias de hecho. “una mentira convencional” que.
27 Gascón
. von Ihering). tienen más fuerza que la “verdad verdadera”. 16-17. debe tenérsela por expresión de la verdad sobre la materia que se traduce en la acción y excepción de cosa juzgada”28. en un sentido determinado. Ahora. un procedimiento oblicuo de construcción jurídica mediante la cual “se da por existente lo que no ocurrió.. que “el principal efecto de una sentencia ejecutoriada es que los litigantes y sus herederos quedan obligados a su cumplimiento y a estar y pasar por ella. proposición que resulta relevante para resolver el caso sometido a decisión judicial. al señalar la existencia de un principio universal: res judicata pro veritate habetur.”29. y en ﬁn. En igual sentido.260
Revista Chilena de Derecho. (1994) p. “(…) la diferencia entre presunciones y ﬁcciones radicaría. sobre todo en el marco del razonamiento judicial. en razón de la ausencia de elementos de prueba a favor o en contra de determinada proposición. Bonilla). como ya se ha dicho. mientras que las presunciones son un mecanismo de superación de situaciones de incertidumbre. Mendoça (2003) pp. se ha sostenido que “los efectos esenciales de la cosa juzgada que produce una sentencia deﬁnitiva ejecutoriada. o se da por no sucedido lo que aconteciera27. 147. Mendoça explica que. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
En un estudio sobre las ﬁcciones. la incorporación de presunciones por vía legal constituye un mecanismo del cual se vale el derecho para resolver. 29 Phillips con Baeza (1994).
276 [2012] Romero Seguel. Por otro lado. para ser utilizada como medio de prueba.
. Para lo que aquí nos interesa. un hecho desconocido cuya existencia se pretende averiguar y una relación que es la que determina el juez mediante estos razonamientos”31. e incluso siendo posible su ejecución o
30 Sobre
31 O’Ryan
el tema. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
rio en un juicio ulterior no puede dejar de considerar una serie de limitaciones que provienen del acto procesal de prueba30. no obstante haber alcanzado el grado de resolución ﬁrme o ejecutoriada (según las posibilidades del art. invocando el efecto que la declaración del derecho puede tener para un proceso ulterior. se alude a las decisiones judiciales –también sentencias deﬁnitivas e interlocutorias– que son susceptibles de una revisión posterior. con Ruiz Tagle (1970). y tiene una repercusión directa en el mérito que se quiera atribuir a una decisión judicial para un juicio posterior. en cuanto la sentencia contenga el hecho conocido del que es posible extraer una conclusión probatoria. 2º) Remitiéndose el juzgador a la declaración de un tercero o de la parte (un testigo o un perito. bajo la expresión cosa juzgada formal. Las resoluciones judiciales con valor de cosa juzgada formal se generan en ciertas situaciones de excepción. sea que haya acogido o rechazado la acción deducida en un juicio. También podría ser utilizada como un medio de prueba para construir una presunción judicial. Picó I Junoy (1996) pp. pp. En cambio. otra limitación natural de una sentencia judicial ﬁrme y ejecutoriada. La cosa juzgada material alude al litigio examinado en el juicio y resuelto por una sentencia que alcanza inmutabilidad. 251 . la sentencia judicial. Es la certeza más absoluta que obtiene una decisión jurisdiccional. La diferencia entre ambos conceptos es radical. al deducir de hechos conocidos los hechos desconocidos o discutidos (prueba de presunciones o indiciaria). por la naturaleza que tiene la sentencia ﬁrme y ejecutoriada. siguiendo en ello el procedimiento que reconoce la Corte Suprema para tal efecto: “(…) para establecer una presunción judicial se requiere la existencia de un hecho real y debidamente probado que sirve de base para deducirla.Revista Chilena de Derecho. En estos casos. o la confesión judicial o extrajudicial). 174 del CPC). En efecto. iniciando un nuevo juicio. 3º) Llegando el juzgador a la verdad mediante un razonamiento. ella puede participar en la 1ª o en la 3ª categoría. surge de la distinción entre la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. para dar por acreditado un hecho controvertido el juez puede establecer la verdad judicial a través de alguna de las siguientes formas: 1º) Comprobando por sí mismo el hecho material. Como se sabe. vol. La cosa juzgada material es la decisión jurisdiccional inmutable e irrevisable en un juicio posterior. Comoglio (2004) pp. 13-69. Sin perjuicio de otras barreras. 39-61. en las que por razones de justicia o de economía procesal se permite examinar nuevamente el tema ya decidido. 39 Nº 2. a partir del tenor de un documento o de una percepción directa. será un medio de percepción directa si el fallo se hace valer ante el mismo juez que pronunció la causa. la primera es deﬁnir en cuál de las tres formas que tiene un juez para lograr la convicción probatoria se encuentra un fallo ﬁrme y ejecutoriado.
Rosenberg. El origen de este tema se encuentra en un trabajo publicado en 1871 por Rudolf von Ihering. descubriéndose que los mismos pueden ser de índole muy diversa según los casos”33. 32. en la realidad. distinguiendo tres categorías de posibles efectos que una sentencia puede generar: los de condena. 22. 251 . Goldschmidt. es el efecto que produce una sentencia ﬁrme. la doctrina procesal ha venido proponiendo que la sentencia judicial sea considerada como un hecho jurídico. en cuanto no puede ser objeto de recurso alguno. A la propuesta anterior le sobrevendrían otras explicaciones de la doctrina alemana (Kuttner. sino una cualidad de inmutabilidad de los efectos de la sentencia (declarativos. Solo los fallos amparados por la cosa juzgada material gozan de la inmutabilidad que permite su utilización en algunas de las proyecciones probatoria que tiene la sentencia judicial. A partir de este aporte se hizo general la aceptación de que los efectos reﬂejos derivaban de la sentencia y no de la cosa juzgada. La sentencia. 33 Liebman (1946) p. deﬁnitiva o interlocutoria. y el particular del proceso. atendido que la declaración del derecho en ella contenida es esencialmente revocable. por razones de política legislativa no adquiere la inmutabilidad (que es algo propio de la cosa juzgada material)32. la tendencia de la doctrina a extender la eﬁcacia de la sentencia a los terceros responde a una concepción del derecho. quien examinó las consecuencias que. Kisch. Para tratar de resolver los múltiples problemas que esta situación provoca. cuando puntualizaba en su conocido trabajo Eﬁcacia y autoridad de la sentencia.
Revista Chilena de Derecho. Schönke.276 [2012] Romero Seguel.
distinción doctrinal la explica claramente la sentencia Japaz con Balbontín (1980). pp. no más restringidas a individualismos decimonónicos. pero admite la posibilidad de modiﬁcarse lo resuelto en un procedimiento posterior. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
cumplimiento judicial. de la publicización más acentuada del proceso. en último análisis. Aunque esta temática tiene un alcance teórico que supera el marco de este trabajo. lo básico en esta descripción es recordar las palabras de Liebman. Para Liebman la cosa juzgada no es un efecto de la sentencia. tendría una eﬁcacia general. puede producir la suscripción de diversos actos jurídicos. 35 Wach (1977) p. sino consciente del innegable dato social. Para lo que aquí interesa. constitutivos y de condena). En cambio. vol. El planteamiento anterior fue tomado para el derecho procesal por Adolf Wach (1843-1926). espejo de un momento histórico y de sus ideologías34. que la concepción clásica de la cosa juzgada duró hasta el día “en que se hizo el análisis del contenido y de los efectos de la sentencia. ni de modiﬁcación en el mismo juicio ni en un procedimiento diverso”. etc). al declarar: “se entiende por cosa juzgada formal el efecto que produce una sentencia deﬁnitiva o interlocutoria ﬁrme. de la complejidad e intercomunicabilidad de las relaciones. En Italia el tema sería introducido por
32 Esta
. Hellwig. 34 Carpi (2007) p. En palabras de Carpi. en cuanto no puede ser objeto de recurso alguno. los constitutivos y los declarativos35. 40. la sentencia amparada por la cosa juzgada formal no puede ser considerada como un elemento de convicción. La sentencia es inimpugnable por recurso alguno. conforme a esta doctrina. A este autor se le debe la distinción entre cosa juzgada y eﬁcacia de la sentencia. LA SENTENCIA JUDICIAL COMO UN HECHO JURÍDICO
Un tema relevante y de difícil solución es el valor probatorio que se puede atribuir a la sentencia respecto de terceros. 39 Nº 2. que deriva de su naturaleza de acto de autoridad proveniente de un órgano del Estado. la cosa juzgada material o substancial. pero es mutable mediante sentencia dictada en un juicio diverso.
Calamandrei. que normalmente se caracterizan por su involuntariedad. esto es. Puesto que no se pueden atribuir directamente a la declaración de voluntad en que consiste la sentencia. “Con la expresión sentencia como acto nos referimos a la declaración de voluntad del juez sobre el objeto sometido a su decisión una vez alcanzada una decisión sobre el mismo.276 [2012] Romero Seguel. 26). Para el tema que nos ocupa. el supuesto de hecho de la norma que rige la relación dependiente. 37 Rosende (2001) pp. que sin haber sido parte del proceso. Son los efectos directos. se producen cuando existe conexión y dependencia entre las distintas relaciones o situaciones jurídicas. En similar orientación. Por la mera existencia de un pronunciamiento judicial se constatan determinados efectos no queridos ni previstos por el juez en la resolución. como hecho jurídico. Redenti. 36 Grande (2008) p. 251 . concibiéndola como una realidad de variadas y múltiples proyecciones38. los constitutivos. Trocker. se integra en el supuesto de hecho de normas de las que se derivan efectos –colaterales o reﬂejos–– con un contenido determinado y diverso en cada caso”37. al mismo fenómeno contemplado desde una perspectiva diversa: como acaecimiento desligado de la voluntad del juzgador. sino que. del pronunciamiento del juez se derivan una serie de efectos queridos y previstos por el mismo en la resolución y perseguidos por las partes al promover el proceso. Grande señala que “tales efectos. la sentencia se puede considerar también como hecho jurídico. Se alude con este concepto. “que en el caso sub judice. de condena o constitutivos) derivados de la sentencia que decide sobre la relación prejudicial integran. su causa inmediata debe hallarse en una circunstancia diversa. total o parcialmente. Luego vendría una proliferación de aportaciones en los trabajos de Allorio. que no concurrió a declarar el desafuero de un político teniendo también en cuenta. al que lo precedió un sumario en el que se reunieron todas las pruebas sobre el tema de la salud mental actual de aquel. en relación a la eﬁcacia de la cosa juzgada para terceros. La sentencia. Costa. que los toma como hechos constitutivos. evitándose así un eventual conﬂicto entre ambas
. pues están fuera del objeto de la misma. lo que permite encuadrarlos en distintas categorías”36. Como lo sintetiza Rosende. esto es. entre otros. por tener respecto del objeto allí decidido una determinada posición jurídica terminan siendo vinculados con la declaración contenida en una sentencia ﬁrme y ejecutoriada. la sentencia ﬁrme y ejecutoriada puede producir efectos respecto de cierto tipo de terceros. modiﬁcativos o extintivos de esta. colaterales. declarativos o de condena. la contemplación de la sentencia como un hecho jurídico pone énfasis en la inmutabilidad y la certeza jurídica que con ella se obtiene. se declara la imposibilidad de proseguir esta acción de carácter penal (…) en virtud de la eﬁcacia reﬂeja del fallo ejecutoriado de la Corte Suprema. vol. en la ley o en la conexión de las situaciones jurídicas. Como lo explica Grande. “De otro lado. cuando van referidos a los terceros. la decisión que en este se adopte puede repercutir de modo más o menos intenso en aquella. Carnelutti. 27. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
En lo concreto. ni perseguidos directamente por las partes al promover el proceso. y se concretan en que los efectos jurídico-materiales directos (declarativos. pp. Al resolver la controversia jurídica. Liebman.Revista Chilena de Derecho. Son los efectos indirectos. 38 En nuestra jurisprudencia se aprecia un intento por utilizar estas categorías en el voto de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. 39 Nº 2. secundarios o reﬂejos. “no todos los terceros se hallan en la misma situación frente al proceso seguido inter alios. dependiendo de la pretensión ejercitada. así como el efecto de cosa juzgada”. Como bien lo describe
Chiovenda en sus Principios de Derecho Procesal Civil. en función de la conexión existente entre su situación jurídica y la deducida por las partes en el proceso. “la sentencia puede ser contemplada desde dos puntos de vista: como acto y como hecho jurídico”. Balena. y extrae de ellos ciertas consecuencias jurídicas para los titulares de la relación o situación jurídica dependiente que es objeto de regulación” (Grande (2008) p. 493-494.
en cuanto se comporta como hecho jurídico material” y. En materia de libre competencia
La protección de la libre competencia cuenta con un proceso civil especial. Según el caso. en cuanto el sobreseimiento deﬁnitivo es “dicti ius” al decir algo incontrovertible respecto de una persona determinada”. página 276). 39 Nº 2. En deﬁnición de Carpi. ellos se veriﬁcan como consecuencia de una concomitante situación de derecho sustancial. que evita que se pronuncien fallos incongruentes o contradictorios. nada impide que tal enlazado resulte atinente en la especie. regulado en el DL 211 de 1973 (modiﬁcado por la Ley Nº 20. que reclaman este tratamiento jurídico. “los efectos reﬂejos consisten en la transmisión a los terceros de la cosa juzgada y no son queridos por la ley ni previstos por el juez. como se verá. declara o constituye. “la cosa juzgada no crea ni una presunción ni una ﬁcción de verdad: la cosa juzgada solo crea la irrevocabilidad jurídica del mandato. al examen conjunto de las pruebas y al mejor conocimiento de la persona del imputado (Desafuero de Augusto Pinochet (2002)). 40 Carpi (2007) p. por la vinculación que puedan presentar las relaciones jurídicas materiales. razón por la cual cuando una sentencia condena. Por su lado. en el sentido de que la sentencia inﬂuye sobre la relación jurídica del tercero. (…) página 104). lo que ocurriría de seguirse por separado la investigación de cada una de las infracciones cometidas por el delincuente.
8. 41 El requerimiento es el nombre técnico que recibe el escrito que contiene la acción ejercida por el FNE para la
.1.D. ALGUNAS SENTENCIAS QUE ACTÚAN COMO UN HECHO JURÍDICO
Nuestro derecho positivo no es ajeno a la temática de la sentencia cuya eﬁcacia es invocada en un proceso ulterior por terceros.276 [2012] Romero Seguel. Tomo LXXV. el Fiscal Nacional Económico tiene legitimación para actuar en la defensa del interés general de la colectividad. “Que si la eﬁcacia reﬂeja de la sentencia alude en cuanto al proceso civil “a los efectos que un fallo judicial no pretende producir directamente” en otro procedimiento distinto. 251 . 39 Calamandrei (1986) p. en este caso. estos pueden invocar la eﬁcacia reﬂeja o el efecto “ultra partes” de la sentencia civil. sección cuarta. segunda parte.264
Revista Chilena de Derecho. pp. ello sin perjuicio de las acciones que puedan deducir los particulares por el mismo tema41. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
Calamandrei. tal signiﬁcado no es extraño al procesal penal que permite al tribunal pronunciarse sobre todos los actos jurisdiccionales que demande el desarrollo de la acción penal.361 de 13 de julio de 2009). Como se explicará. y cuya actuación puede producir una sentencia judicial cuyos efectos se extiendan a terceros que se encuentran en su misma posición. se vincula a situaciones jurídicas donde hay varios sujetos legitimados o colegitimados. la consecuencia de la eﬁcacia reﬂeja de una sentencia. 61. puede inﬂuir también sobre relaciones jurídicas conexas a las que fueron materia de la decisión” (La Cosa Juzgada en el Proceso Civil Chileno. en la mayoría de los casos. se trata de hipótesis incorporadas por el legislador o que se coligen por la existencia de relaciones jurídicamente dependientes o conexas. 321. “los efectos reﬂejos se explican. entre estos. atento siempre al conocimiento íntegro de los hechos investigados.
decisiones y no como un efecto directo de cosa juzgada de dicha sentencia”. vol. a través de la regulación dada a la relación entre las partes”40.J. además. sin cuidarse de distinguir si las premisas psicológicas de las cuales ese mandato ha nacido son premisas de verdad o solamente de verosimilitud39. En él.” Por lo que si la eﬁcacia reﬂeja resulta aplicable a la competencia por conexidad (R. “sino que derivan de la dictación de una sentencia. en virtud del principio de la aplicación unitaria de la ley penal. la eﬁcacia “ultra partes”.
pp. la de cobrar en base a los metros cuadrados facilitados. Así. vol. se interpondrá ante el tribunal civil competente de conformidad a las reglas generales. el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debe resolver el asunto contencioso materia del proceso. prohibición o represión de conductas anticompetitivas debidamente acreditadas en la causa y también la adopción de medidas preventivas. y se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario. hechos y caliﬁcación jurídica de los mismos. Ahora. hechos y caliﬁcación jurídica de los mismos. fundará su fallo en las conductas. con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia deﬁnitiva ejecutoriada. esta puede ordenar la corrección. En este fallo se dio por establecidas una serie de conductas ilícitas en la aplicación de un sistema de cobro basado en un porcentaje de las ventas.
defensa del “interés general”. puedan invocar en su beneﬁcio la condena. la que deberá ser puesta en inmediato conocimiento de la FNE (art. Como consecuencia de lo anterior. Como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tiene la facultad legal para pronunciarse sobre acciones indemnizatorias.. 2°). 30 del DL Nº 211 dispone: “la acción de perjuicios a que haya lugar.Revista Chilena de Derecho. La CS. en el caso de los terrenos e instalaciones subconcesionadas a las empresas courier. 39 Nº 2. el fallo contiene una declaración del derecho que actúa como un antecedente lógico para decidir la nueva acción deducida en juicio. 42 Dentro de los casos donde se ha dado esta situación está la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia. “El tribunal civil competente. 251 . Para lo que aquí interesa. el art. la utilización de la sentencia en el juicio posterior es una proyección de la denominada eﬁcacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada. Acoger la demanda interpuesta en contra de SCL. de 30 de septiembre de 2008. junto con la aplicación de una multa (art. el régimen de cobros en base a kilogramos transportados a los subconcesionarios de servicios courier.. conﬁgura un abuso de posición dominante ya que. En relación a la parte vencedora en el proceso de libre competencia. absolviendo o condenando al sujeto pasivo a quien se imputa alguna conducta que caliﬁque como un ilícito que afecte el regular funcionamiento del mercado.
.)”. 20 inc. al no poder implementar un sistema de cobros basado en el porcentaje de ventas de estas empresas.. La declaración de ilicitud contenida en este fallo permite que tanto la parte vencedora como un tercero que no actuó en esa relación procesal. como se aprecia en el Cuadro siguiente (se ha excluido la información relativa a empresas couriers distintas de las demandantes de autos) (.276 [2012] Romero Seguel. También puede ser iniciado mediante una demanda presentada por algún particular. es decir. En efecto. en consecuencia. de 28 de enero de 2009 rechazó el recurso de reclamación (Rol Nº 6545-2008).). el considerado 49ª señala: “Que. establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.. en el evento que allí se pronuncie una sentencia de condena. al resolver sobre la indemnización de perjuicios. dando por sentada en su acción civil la ilicitud de “las conductas. lo que permitió a SCL realizar un cobro mayor al que corresponde en caso de haber implementado la única alternativa factible. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
Por su parte. resolvió: 3. utilizó una variable que no estaba permitida en las Bases de Licitación. en términos de dar por acreditada la ilicitud de la conducta del demandado. dictada con motivo de la aplicación de la presente ley”. el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. establecido en el Libro III del Título XI del Código de Procedimiento Civil”42. en cuanto se declara que dicha empresa ha incurrido en las conductas de discriminación y abuso de posición dominante indicadas en esta sentencia (. la ley ha previsto un ulterior proceso en el que puede surgir una hipótesis de eﬁcacia reﬂeja de la sentencia. 1 y 26 del DL 211).
Sobre la relación de causalidad. en especial. 251 . “(. necesariamente. ello no es un impedimento para que el fallo produzca en su beneﬁcio una eﬁcacia reﬂeja.. Ahora. cuando es un tercero el que hace valer la sentencia en su beneﬁcio. pp. cuáles son las principales conductas sancionadas.276 [2012] Romero Seguel. (2007) pp. 39 Nº 2.
8. se terminaría imponiendo más de una multa fundada en los mismos hechos. pero señalando. 38. Lo anterior podría verse modiﬁcado si el fallo condenatorio consignó elementos fácticos que permitan. si este tercero no participó en dicho proceso. En nuestra opinión. si se contienen las bases de cálculo u otros elementos de hecho que sirva para determinar el perjuicio por parte del juez civil competente. si deﬁende que se debe iniciar por el tercero una nueva causa. como el objeto del proceso discurre sobre una causal genérica.) en materia de libre competencia la legislación nacional y gran parte de la extranjera han optado por tipiﬁcar las conductas contrarias a la libre competencia de manera general. la relación de causalidad entre el hecho ﬁjado en la sentencia como contrario a la libre competencia y el daño que demanda44.. logrando con ello una mayor eﬁcacia de la norma.2. 79-172. atendido que infringiría el principio del non bis in idem (no dos veces lo mismo). aunque de manera no taxativa. por ejemplo. 1042-1047. a ﬁn de permitir que las nuevas prácticas restrictivas que los agentes económicos vayan creando no queden impunes. por haber operado algún supuesto previsto en la ley. Tampoco la circunstancia que un sujeto haya sido condenado por haber realizado prácticas atentatorias contra la libre competencia.266
Revista Chilena de Derecho. En efecto. Lo anterior se explica para este tercero por la forma como está conﬁgurado en nuestro sistema el ilícito contra la libre competencia en el DL 211. En algunas acciones de repetición que se pueden deducir contra terceros
Otra manifestación de la sentencia como un hecho jurídico se puede dar con ocasión de acciones que se pueden deducir contra terceros. Desde otro punto de vista. con el conjunto de hechos que sirven de base para fundamentar el pronunciamiento acerca de la protección jurídica relativa al funcionamiento del mercado. Pues bien. que permite ejercer el derecho de repetición o de reintegro en su contra. a ﬁn de dar un grado de razonable certeza jurídica a los agentes económicos (…)”43.
43 Menchaca 44 Barros
(2007) p. Araya (2003) pp. no reconocer al tercero la posibilidad de utilizar la sentencia del TDLC llevaría a que tenga que repetir el juicio fundado en los mismos hechos que ya fueron juzgados. en cuanto le sirve de base para el ejercicio de la indemnización perseguida en el ulterior proceso. prueba directamente el daño ocasionado a su contraparte en el proceso seguido ante el TDLC o a los terceros que invoquen en su beneﬁcio la eﬁcacia reﬂeja de la sentencia. Como lo expone Menchaca. Tema distinto es que el tercero deba acreditar las otras exigencias del ilícito civil cuya indemnización reclama. tal situación no se justiﬁca. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
En cambio. lo que se invoca es el efecto reﬂejo de la sentencia judicial.
. vol. hacer la inferencia que determina los perjuicios ocasionado a la parte o a terceros. el pronunciamiento que el TDLC haga sobre la ilicitud o licitud de una conducta se identiﬁca. en el juicio posterior.
expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico: decreto. 3° in. reitera el contenido de esta regla Contreras con Banco de Chile (2007): “… De lo anterior se deriva el principio del efecto relativo del contrato o de la relatividad de su fuerza obligatoria o también llamado efecto directo de los contratos.
9. cuando el citado no comparece y la cosa se pierde por sentencia judicial que quedó ejecutoriada (art.
9. el Profesor René Abeliuk señala: “Es este un principio básico y fundamental del derecho y constituye un axioma jurídico indiscutible: “res inter alio acta. por lo mismo no puede haberlos producido y. La acción derivativa del art. 15-125. vol. Pág 114). 1855 CC). se trata de una excepción a la regla general. pueden ser de efectos generales. sino a todos los actos jurídicos y aún a ciertos actos de autoridad como son las sentencias (art 3º): El efecto de cosa juzgada se reﬁere únicamente a las partes que han intervenido en el pleito.1. contado desde la fecha en que haya satisfecho voluntariamente la reclamación o haya sido condenado por sentencia ﬁrme a pagar en virtud de una acción ejercitada en su contra”45. para demandar en nombre y beneﬁcio de la sociedad. etc. que permite a un accionista o un grupo de los mismos (con una participación a los menos el 5% de las acciones emitidas) o también a un director.
tal sentido. pp. Ediar Editores. exposición lata en Carpi (2007) pp. y cuya actuación puede producir que los efectos de una sentencia judicial se extiendan a terceros que se encuentran en su misma posición jurídica46. Para ello.276 [2012] Romero Seguel. 2º del Código Civil47. reglamento. En el Código del Comercio también se contempla una situación similar en el art. Tal principio no es sino una representación. Como se podrá apreciar. dispondrá de un plazo de seis meses. Este efecto relativo asignado a los contratos no es exclusivo de ellos sino que también lo es a las sentencias. al respecto. del principio de la autonomía de la voluntad. Hapag con Aria (2009). Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
Aunque los preceptos son varios. 47 En el último tiempo. no les empecen. 133 bis de la LSA
Una manifestación de sentencia “ultra partes” se recoge en la denominada acción derivativa. que sabemos limita los efectos de las sentencias a las partes. que la conciliación solo ha podido surtir efecto entre las partes que han concurrido a ella y. no perjudican ni aprovechan a los demás”. conforme a lo previsto en el art. por ende. si prospera.
46 Una 45 En
. El efecto relativo del contrato consiste. pues. De lo dicho resulta. a su vez. ni siquiera a las convenciones. 1249. por ende. LA EFICACIA “ULTRA PARTES” DE LA SENTENCIA
La eﬁcacia “ultra partes” se conecta con situaciones jurídicas donde hay varios sujetos legitimados o colegitimados.Revista Chilena de Derecho. Así. afectar derechos y garantías constituidos a favor de terceros (…)”. 251 . que signiﬁca que aquellos solo generan derechos y obligaciones para las partes que concurren a su celebración. aun después de expirado dicho plazo de prescripción. recordemos a modo de ejemplo la situación que la acción de perjuicios que resulta de la evicción. El efecto normal de esta acción es la obtención de una restitución patrimonial para la sociedad. Y agrega “No es tampoco un principio limitado a los contratos. aliis neque nocere. en que él afecta únicamente a las partes contratantes y no a aquellos que no han intervenido en su celebración” (“Las Obligaciones”. en consecuencia.. cuando dispone que “la persona declarada responsable podrá ejercitar la acción de repetición que le corresponda. Solo la ley y otros actos de autoridad. a quienes. para el solo efecto de pedir una indemnización de perjuicios. Se trata de una hipótesis de legitimación extraordinaria. 39 Nº 2. prevista en el artículo 133 bis a la LSA. sin beneﬁciar ni perjudicar a los terceros. neque prodesse potest” (que podríamos verter: las cosas hechas por unos.
51-65. esta caliﬁcación de la intervención guarda mayor coherencia con la propuesta de la doctrina cientíﬁca que postula la existencia de un interés colectivo. y en calidad de interviniente litisconsorcial. Aguirrezábal (2006 b) pp. Lo anterior signiﬁca que dicha sentencia es oponible a la sociedad y los otros sujetos legitimados para ejercer la acción derivativa48. 138-325. pero la situación jurídica que resulta de esta sentencia invita a considerarla dentro del efecto “ultra partes”. que podría llevar a que varios sujetos. si los demandantes obtienen la indemnización de los perjuicios.
y Díaz (2002) pp. y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado. 39 Nº 2. En materia de responsabilidad civil por daño al medio ambiente
Otra situación donde se contempla una hipótesis de varios colegitimados es en materia de responsabilidad civil por daño al medio ambiente. 50 Sobre el tema. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
Ahora. las personas naturales o jurídicas. Dávila (1997) pp.496 (reformada el 14 de julio de 2004 por la Ley Nº 19. 54 inc. las municipalidades. por ser portadores del mismo interés quieran participar en un único proceso para la reparación medioambiental. 251 . puedan hacer valer en su beneﬁcio un fallo judicial. que hayan sufrido el daño o perjuicio. ingresando al proceso como un auténtico litisconsorte que ejercita el derecho de acción. sin haber sido parte en un determinado proceso. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados. 1° de la Ley N° 19. y el Estado. Sobre la forma de protección en este ámbito. es ella la que en deﬁnitiva termina por beneﬁciarse de la sentencia.
9. vol. sobre Bases Generales del Medio Ambiente dispone que “son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior. Aguirrezábal (2009) pp. Esta situación se encuentra reconocida en la Ley N° 19. públicas o privadas. no obstante que la sociedad anónima no es parte del juicio en que se deduce la acción derivativa.3.2.955). En la protección a los consumidores
También en la regulación de la protección de los consumidores se da una hipótesis donde la eﬁcacia de la sentencia puede alcanzar a terceros que. Sobre la naturaleza de este tercero. En efecto. De la misma forma. Aguirrezábal (2006c) pp. tiene interés en participar de este proceso lo podrá hacer mientras en juicio esté pendiente.300. 143-173. La eﬁcacia “ultra partes” en este tema se da por el hecho que el legitimado que no demandó originalmente se verá alcanzado por la sentencia judicial.268
Revista Chilena de Derecho. pp. con una síntesis doctrinal. Para los efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Aguirrezábal (2006) pp. 21-39. 35-37. a propósito del mecanismo de protección jurídica introducido en las acciones para tutelar el interés colectivo y difuso50. A nuestro entender. lo que no obsta a su derecho a intervenir como tercero. la ley no indica el alcance que tiene el efecto de cosa juzgada en el ejercicio de esta acción. El art. no podrán interponerla los restantes. por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas.276 [2012] Romero Seguel.
. se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio”. 69-91. Bordalí (2004) pp.
9. al ser titular del mismo derecho que es objeto de la discusión49. por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. 119-136. al caliﬁcar esta forma de intervención como adhesiva litisconsorcial se salva la restricción que la ley ha impuesto para el ejercicio de la acción a los otros afectados por el daño medioambiental.
374. no habrá lugar a indemnización de perjuicios de acuerdo con esta ley si el demandado ya hubiese sido condenado a reparar el mismo daño de conformidad con otro ordenamiento legal”. 53 de la LPC. En este caso existe una pluralidad de sujetos legitimados. 99-124.Revista Chilena de Derecho. Esta realidad ha surgido en nuestra práctica forense a raíz del cambio introducido en el sistema de recursos con Ley N° 19.169. El agravio que motiva la nulidad
Una especial proyección probatoria de la sentencia judicial se da en relación con la generación de los precedentes judiciales. 251 . en interés de sus miembros lesionados por un acto de competencia desleal. de 18 de febrero de 1995. si lo estiman procedente”. En materia de competencia desleal
Otra manifestación de la eﬁcacia “ultra partes” readmite en relación al ejercicio de la acción regulada para prevenir o sancionar la competencia desleal. dispone que “cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer las acciones señaladas en las letras a) a d) del artículo anterior”.
9. dispone que “una vez ejecutoriada la resolución que declaró admisible la acción. 6 de esa ley. Allí se modiﬁcó radicalmente el funcionamiento de la Corte Suprema. Por su parte. organizándola en salas especializadas
51 Sobre
52 Poblete
el alcance de esta sentencia. que buscan un mismo ﬁn. y de los casos en que se efectúe la reserva de derechos que admite el mismo artículo”51.276 [2012] Romero Seguel. (2007) p. dentro de décimo día. de 2007.
10. En nuestro medio ha postulado el alcance jurídico que analizamos Poblete. “Con todo. LA SENTENCIA JUDICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA EN LA PRODUCCIÓN DE PRECEDENTES 10. Es mención esencial del aviso que confecciona el secretario del tribunal contener: “f ) El llamado a los afectados por los mismos hechos a hacerse parte en el juicio. Aguirrezabal (2010) pp. el tribunal ordenará al demandante que. al reconocer que la sentencia que se dicta en este proceso se comporta como un hecho jurídico procesal frente a terceros52. El art. expresando que los resultados del juicio empecerán también a aquellos afectados que no se hicieran parte en él”. en la Ley 20. 130.1. con excepción de aquellos procesos que no hayan podido acumularse conforme al número 2) del inciso ﬁnal del art. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
El art. para que se hagan parte. “Las asociaciones gremiales que tengan por función efectiva la defensa de los intereses de agentes del mercado podrán interponer. 53. mediante publicación de al menos dos avisos en un medio de circulación nacional. informe a los consumidores que se consideren afectados. 54 de la LPC dispone que.4. el art. pp.
. vol. “la sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad del o los demandados producirá efecto erga omnes. las acciones contempladas en las letras a) a c) del artículo anterior”. 39 Nº 2.
penal o laboral. Aunque se trata de conceptos jurídicos de alcances poco pacíﬁcos en la doctrina54. vol. 39 Nº 2. 33-44.) entre estos razonamientos de índole jurídica que se vierten en los considerandos de una sentencias hay algunos que son la base y el fundamento inmediato de la decisión (ratio decidendi). el art. por ejemplo. 46. Similar orientación ha seguido el nuevo proceso laboral.270
Revista Chilena de Derecho. una distinción importante es la diferencia entre ratio decidendi y obiter dicta. antecedentes en López (2009) pp. pero hay otros que son puras aﬁrmaciones incidentales. “Procederá el recurso de uniﬁcación de jurisprudencia cuando respecto de la materia objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos ﬁrmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”53.
10. 251 . no obsta a que la ratio decidendi de esa sentencia sirva de elemento constitutivo de un
53 Humeres 54 Mayores
y Halpern (2010) pp. La distinción entre RATIO DECIDENDI y OBITER DICTA
Dentro de la actividad comparativa que precisa la técnica de generación y tratamiento de precedentes judiciales. atendido que para poder uniﬁcar la jurisprudencia se debe acreditar la existencia de una doctrina jurisprudencial. la que será objeto del pronunciamiento de uniﬁcación civil. En palabras de Gascón “( ) otro problema bien conocido de la técnica del precedente es el de la distinción entre ratio decidendi y obiter dicta. Como lo expone Díez-Picazo. argumentos de orden retórico o dialéctico o manifestaciones que se hacen pura y simplemente a mayor abundamiento (obiter dicta). penal o laboral. pp. 933. dado que el precedente se obtiene no a partir de una cierta disposición normativa bien delimitada. 203-243. a instancia de parte. la utilidad de los mismos proviene del auxilio que otorgan a los jueces y a las partes para poder ﬁjar qué parte de la sentencia contiene el precedente. Esta nueva regulación ha puesto de relieve una variante probatoria de la sentencia judicial.2. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
y otorgando al Pleno la posibilidad de conocer el recurso de casación en el fondo para uniﬁcar la jurisprudencia contradictoria (art.
. La existencia de decisiones contradictorias en la jurisprudencia civil. 376 inc. pero su delimitación no siempre resulta fácil ni clara”55. a uniﬁcar la doctrina jurisprudencial en el caso que existan distintas interpretaciones sostenidas en fallos diversos emanados de los tribunales superiores (arts.. solo aquella razón constituye o da lugar a un precedente. 2° y 373 letra b) del CPP). “(. Juica (2009) pp. es preciso distinguir entre aquello que puede considerarse la razón básica de la decisión y aquellos otros pronunciamientos que la acompañan. Solo esto es la verdadera jurisprudencia” Díez-Picazo (1964) p. esto es. a título ilustrativo o no determinante. sin duda. sino de todo un conjunto de enunciados y argumentaciones que fundamentan una decisión. que no existía en la historia judicial chilena. una sentencia del Tribunal Supremo consiste en lo que decide y en la razón inmediata de decidirlo en estrecha vinculación con el caso decidido. Para tal efecto. el Código Procesal Penal incorporó una causal de nulidad para que la Corte Suprema procediera. que la decisión judicial decide en forma singular un caso anterior. En la misma orientación. Pues bien: de una manera rigurosa. 483 del Código del Trabajo dispone.. Dicho de otra forma. pues. sobre un mismo tema conﬁgura actualmente un error decisorio litis. 780 CPC). en un trabajo clásico sobre el valor de la jurisprudencia. la regla de origen judicial que por haberse dejado de aplicar en un caso análogo permite anular una decisión posterior.276 [2012] Romero Seguel. que surge cuando se resuelve un caso en forma diversa a una doctrina jurisprudencial. 345-374. 55 Gascón (1993) p.
57 Taruffo (2008) p.
. no lo convierte en público así como tampoco podría variar la calidad de este último por anotarse en él una mención que solo signiﬁque la dación de un instrumento privado”. tal objetivo se debe entender cumplida si la que se aporta a la causa es ﬁable. 39 Nº 2. incluso como base de una presunción judicial”.
10. el instrumento privado solo hace prueba cuando ha sido reconocido dentro del juicio y el que no lo ha sido. c) “Procede acoger la objeción que una de las partes formule respecto de documentos que emanan de empleados de la otra. por no estar protegido por la fe pública que se debe a los instrumentos públicos y que proviene de la participación de un funcionario público en su formulación. las sentencias aportadas con ese ﬁn no son agregadas con la ﬁnalidad que tiene la producción de la prueba documental en un juicio. especialmente si se tata de un instrumento privado56.276 [2012] Romero Seguel. puede rescindir un fallo. La acreditación de la jurisprudencia que configura el agravio
Una forma de cumplir con la acreditación de los dispares criterios de decisión que fundamentan la petición de nulidad.3. b) “El documento privado se caracteriza. La Corte Suprema. (Empresa con Industria (1984). cuando tiene dudas acerca de la existencia del precedente materia de la disputa. // “El hecho que a un documento privado se adicione una certiﬁcación notarial. De tal manera. Por ello el problema es garantizar y veriﬁcar la autenticidad y ﬁabilidad de los documentos escritos”57. puede provenir de acompañar por la parte interesada las copias autorizadas de la o las sentencias anteriores. Esta tarea que se ve
56 Esta exigencia se aplica como un medio de control de la prueba que consta en instrumentos privados.. puesto que no es posible que la propia parte de quien emanan los haga valer en apoyo de sus pretensiones”. incluso como base de presunción judicial” (Vanni con Ortiz (1981).. La misma comprobación la puede hacer la Corte Suprema. considerando la ratio decidendi. Es lógico pensar que por la dialéctica propia del sistema de generación de precedentes.. atendido que en relación a la uniﬁcación de la jurisprudencia lo que se busca es solo demostrar la existencia de decisiones jurisprudenciales contradictorias. En efecto. 251 . carece de todo mérito. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
agravio fundante de un recurso de nulidad. por el solo hecho de haber prescindido los jueces del fondo de la doctrina jurisprudencial que debió ser considerada para resolver un conﬂicto actual entre partes.. será la contraparte la primera en denunciar una irregularidad cuando su contraria alega la existencia de una doctrina que no existe. vol. consistentes en tarjetas de contabilidad. se podrá acompañar copias simples de las sentencias. Esta segunda modalidad debe resultar tan eﬁcaz como la primera.si un documento no emana de la parte contra quien se hace valer no puede producir el valor probatorio que establece el artículo 1702 del Código Civil”. “el uso como pruebas y el valor probatorio de los documentos se basa en la suposición de que estos son auténticos. como en esta proyección probatoria solo se busca acreditar la existencia de una doctrina jurisprudencial para efectos de uniﬁcarla. sustancialmente. Como lo explica Taruffo.Revista Chilena de Derecho. incluyendo dentro de estas las que se obtengan de publicaciones en revistas o base de datos dedicadas a publicitar los fallos judiciales. pp. Si no es posible cumplir con lo anterior. Es obvio que solo cuando un documento tiene estos requisitos puede utilizarse como medio de prueba de un hecho o de una transacción jurídica. Iglesias con Cabargas (1990). En tal sentido se ha resuelto que a) “. contenida en una o varias sentencias anteriores. ya sea porque falsiﬁcó ideológica o materialmente las sentencias. d) “Un documento privado emanado de un tercero no es sino una prueba testiﬁcal rendida sin las formalidades legales y consiguiente nula y carente de mérito de prueba. Ahora. 81. Fuentes con Poitzick (1977). cumpliendo formalidades especiales.
Al mismo tiempo. síntesis histórica del origen de esta publicación. “La Corte de Casación. las decisiones publicadas en revistas especializadas. se está imponiendo una auténtica probatio diabolica. o como un medio de prueba que sirva para resolver una controversia entre partes (ad probationem). pp. es el primer objeto de la Revista de Derecho y Jurisprudencia”59. también es factible estimar como ﬁables las copias simples no autorizadas de los fallos judiciales. no produciría todos sus efectos si no llegara á uniformarse la jurisprudencia por medio de la adopción en cada caso análogo de la doctrina jurídica sentada por la Corte Suprema”. la declaración del derecho contenida en una sentencia ﬁrme paradójicamente cumple una función probatoria en lo que pacíﬁcamente se entiende que no hay que rendir prueba: en relación al derecho. vol. ilustra la ﬂexibilidad que se reclama para esta proyección probatoria de la sentencia judicial lo manifestado. Elías (2008) pp.
58 Sobre 59 Una
esta temática. 39 Nº 2.272
Revista Chilena de Derecho. el 30 de noviembre de 1903.276 [2012] Romero Seguel. ya está instalado en el sistema de impugnación del proceso civil. Por todo lo anterior.“Procurar esta publicidad en una forma metódica y ordenada y de fácil consulta. Libedinsky (2002) p. 83-84. ya sea por imposibilidad física o económica. sino también de todos aquellos que auxilian ó dirigen la acción de los litigantes y de estos mismos”. resulta criticable las restricciones que se han ido imponiendo en la admisibilidad de los recursos que buscan uniﬁcar la jurisprudencia. las que están incorporadas a bases de datos58. pero de cuya solución ha surgido una pauta de decisión que queda vinculada a la disputa judicial que surge entre partes a propósito de un recurso de uniﬁcación jurisprudencial. Allí se expresaba: “el establecimiento en Chile del recurso de Casación.
. desde 1995. A modo de simple referencia. esa forma de proceder limita en desarrollo del derecho de precedentes que. En efecto. “Para fundar la unidad de la jurisprudencia es indispensable que las resoluciones de la Corte Suprema alcancen toda la publicidad necesaria a ﬁn de que se llegue al conocimiento no solo de los que tienen que aplicar las leyes. hace más de un siglo. Debe estimarse que junto a las copias autorizadas (que siempre tendrán la calidad de documentos auténticos). Rieutord (2009) pp. En el mecanismo de generación de precedentes las sentencias se aportan justamente para comprobar como ha sido aplicado el derecho en casos singulares. como medio de corregir las infracciones de la ley en el fallo de las contiendas judiciales. cuando ellos son desestimados por no haberse agregado materialmente las sentencias en copia autorizada60. Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
facilitada en el último tiempo por el desarrollo de su base de datos. que le permitirle acceder a las sentencias pronunciadas por los distintos jueces y tribunales el país. se debe reconocer que para estos efectos la sentencia judicial tiene un rol diverso del que es exigible al documento cuya función es servir de requisito de validez de un acto jurídico (ad solemnitatem). tiene por misión mantener la unidad de la jurisprudencia y asegurar el respeto á la ley y su aplicación estricta”. libros de recopilación o incluso. 60 Cortés (2006) pp. penal y laboral. en la nota de presentación del primer número de la Revista de Derecho y Jurisprudencia. 42.19-42. 101-104 y 128-131. dicen los redactores de las Pandectas Francesas. Dicho de otra forma. 251 . que muy pocos podrán sortear. Al restringir la aportación de las sentencias a las que se encuentren autentiﬁcadas por un ministros de fe.
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