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Timestamp: 2017-09-21 17:48:01+00:00

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Capítulo XV : La presión política al Ministerio Público para que se vincule al ex Presidente en la instrucción fiscal 006-2003
Que al crear la Comisión Negociadora de la Deuda Externa violé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control que ordena que las negociaciones de la deuda externa las debe realizar el Ministro de Economía y Finanzas.
No es verdad por tanto que las competencias asignadas por ley a funcionarios públicos determinados, cuando estos forman parte de la Función Ejecutiva no puedan ser modificadas o asignadas a otras entidades por Decreto Ejecutivo. Incluso el Presidente puede modificar Decretos Supremos cuando las materias se refieren a ámbitos propios de la organización administrativa, tal como lo ha señalado expresamente el señor Procurador General del Estado oficio N°26180 de 26 de septiembre de 2002 y tal cual consta del Decreto Ejecutivo N°3390 publicado en el Registro Oficial N°719 de 5 de diciembre de 2002.
De hecho, yo no ordené que se excluya al Ministro de Economía de las tareas de renegociación la Comisión únicamente se limitó según el decreto a preparar acuerdos preliminares. Los acuerdos preliminares se formalizaron o cumplieron de acuerdo con las facultades de funcionarios competentes del Ministerio de Economía.
Que el Presidente no ha controlado las acciones y actuaciones de la Comisión negociadora de la deuda.
No existe evidencia documental de que la Comisión Negociadora haya dispuesto tales hechos y lo que es más, no existe ninguna evidencia de que tales hechos hayan sido ordenados por el Presidente de la República, los que además no habría podido hacerlo en razón de que carece de competencias para ello.
Que el Presidente de la República asumió el compromiso de asignar remanente de los bonos globales para incrementar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
GUSTAVO NOBOA BEJARANO, dentro de la instrucción fiscal N°006-03, a usted, atentamente digo:
Mediante providencia de 4 de julio del 2003, dictada a las 16h00, se me ha hecho extensiva la instrucción fiscal N°006-03 por la supuesta utilización indebida de 126 millones de dólares, que era el saldo de los bonos Brady y que fueron emitidos exclusivamente para la renegociación de la deuda externa:
Al respecto y en ejercicio de mi derecho a la defensa, afirmo:
El hecho presumiblemente constitutivo de delito
El hecho presumiblemente constitutivo de delito, según lo señala la señora Ministra Fiscal General del Estado, es el “utilizar indebidamente 126 millones de dólares, que era el saldo de los Bonos Globales, y que fueron emitidos exclusivamente para la reestructuración de la deuda externa conforme el Decreto de emisión No. 618, así pues se los vendió en el mercado secundario con altas tasas de descuentos, de manera que obtuvieron como resultado de la negociación la suma efectiva de US$52,6 millones, la misma que fue depositada en los Bancos Filanbanco y Banco del Pacifico”.-
Los antecedentes de los actos presumiblemente constitutivos de delito
Según refiere la señora Ministra Fiscal General del Estado en la providencia del 4 de julio, la que lamentablemente no me ha sido notificada, enervándose con ello mi derecho a la defensa,
“Los antecedentes de estos actos que a criterio del Ministerio Público son presumiblemente constitutivos de una infracción penal se encuentran detallados en la Instrucción Fiscal”,
Los elementos en virtud de los cuales se imputa a Gustavo Noboa Bejarano
A) La creación de la Comisión Negociadora como política de Estado
“Que el 5 de junio del 2000 el doctor Gustavo Noboa Bejarano, en su condición de Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 465 crea la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, de acuerdo con el artículo 171 numeral 3 de la Constitución en el cual se establece como atribución y deber del Presidente de la República dictar políticas y velar por el cumplimiento de las mismas; es decir que el doctor Gustavo Noboa Bejarano fundamentado en esa norma constitucional creó la Comisión Negociadora estableciendo expresamente amplias atribuciones a su Presidente. Se destaca que la disposición constitucional mencionada obliga al Presidente de la República a velar por el cumplimiento de tales políticas, entendiéndose que la creación de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa es una política, pues así se infiere del texto de los considerandos del referido Decreto No. 465.-“
El razonamiento de la señora Ministra Fiscal General del Estado es el siguiente:
PM : La Constitución faculta al Presidente de la República dictar políticas de Estado y le ordena vigilar su cumplimiento
Pm : El Presidente de la República, fundamentado en este artículo creó la Comisión Negociadora de la Deuda
C : La creación de la Comisión Negociadora constituye una política de Estado.
NOTA: PM = Premisa mayor, Pm = Premisa menor, C = Conclusión
El razonamiento jurídico que constituye fundamento para que se me haga extensiva la instrucción fiscal no es correcto, por las siguientes razones:
1. Porque existe una confusión conceptual entre un fin y un medio.
En efecto, si entendemos por política de Estado aquella política que se busca tenga continuidad en el tiempo y no dependa de los gobiernos y de sus miembros, es evidente que la creación de un organismo público no puede ser considerado una política de Estado.
Según el Decreto Ejecutivo N°465, de forma previa a su expedición consideré que “LA organización y funcionamiento de la economía responden a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad conforme lo dispone el artículo 242 de la Constitución Política de la República...”.
Consideré también que para dar cumplimiento efectivo a esos principios el país había adoptado un nuevo modelo económico, basado en la dolarización, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios, y a la propiedad de los medios de producción.
También consideré que endeudamiento del Gobierno del Ecuador constituía un problema que dificultaba la consecución de los fines antes señalados.
Con todas estas consideraciones decidí conformar una Comisión Negociadora, como instrumento orgánico que buscara, en plena coordinación con el Ministerio de Economía, fórmulas o mecanismos para solucionar el problema que constituía el endeudamiento externo, factor que impide asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios, y a la propiedad de los medios de producción.
Por tanto, la existencia de una Comisión Negociadora no constituye ni puede constituir conceptualmente hablando, una política de Estado.
Considérese que en el Perú, por ejemplo, constituyen políticas de Estado las siguientes:
2. Porque lo que caracteriza a las políticas de Estado es su permanencia en el tiempo.
En el caso que motiva la expedición del decreto ejecutivo, los fines perseguidos cuya permanencia en el tiempo se busca no es la existencia de una Comisión Negociadora ni mucho menos. Lo que se busca es precisamente el asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios, y a la propiedad de los medios de producción.
3. Porque el fundamento constitucional y legal en virtud del cual es posible la creación de comisiones u órganos públicos es el artículo 171 numeral 9 de la Constitución en concordancia con el artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva:
“Art. 171.- Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los siguientes:
...g) Crear organismos, comisiones y entidades dependientes de la Función Ejecutiva y asignarles competencias específicas.”
4. Porque la señora Ministra al imponer al Presidente de la República la obligación de vigilar el cumplimiento de las políticas de Estado, efectúa una interpretación equivocada de la norma al omitir parte del artículo en lo referente a los planes de desarrollo, que son una consecuencia de las políticas. En efecto, el artículo 171 numeral 3 señala lo siguiente:
Por tanto, el Presidente de la República establece políticas; con fundamento en esas políticas los funcionarios competentes presentan para la aprobación planes de desarrollo y finalmente el Presidente de la República vigila el cumplimiento de los planes de desarrollo.
En este caso, el Presidente de la República no aprobó planes de desarrollo. La razón es sencilla, porque el objetivo de crear la Comisión no fue establecer una política de Estado y mucho menos convertir a este órgano administrativo en ejecutor de política alguna. La Comisión tuvo por competencia específica en “coordinación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas...” la de “...renegociar la deuda externa ecuatoriana y fijar las condiciones mínimas de pago con gobiernos, proveedores y otras instituciones, cuyos acuerdos se concretarán a través de los organismos gubernamentales pertinentes.”
La Comisión quedó facultada para que “...negocie los acuerdos preliminares referentes al proceso de refinanciamiento de la deuda externa previos a la suscripción de los convenios definitivos con los organismos gubernamentales competentes, una vez cumplidas las formalidades de ley.”
Ningún acuerdo de la Comisión podía llevarse a cabo si no existía conformidad del Ministerio de Economía, ya que según el decreto las acciones debían ser coordinadas.
Ningún acuerdo podía ser concretado si de forma previa no se cumplían las formalidades previstas en la ley.
5. Porque la vigilancia del Presidente de la República, aún cuando como hemos visto no es una consecuencia del establecimiento de políticas de Estado sino de la aprobación de planes de desarrollo, tiene relación con el objetivo para el cual fue creada la Comisión Negociadora, esto es, la celebración de “acuerdos preliminares referentes al proceso de refinanciamiento”, proceso que culmina cuando los organismos competentes formalizan, de conformidad con la ley tales acuerdos preliminares, lo que en este caso en concreto concluye el día 26 de julio del 2000 con la suscripción del Decreto Ejecutivo N°618, en el cual se encarga de su ejecución al Ministro de Economía y Finanzas.
6. Porque la Comisión cumplió con sus objetivo hasta el 26 de julio del 2000.
Aún en el supuesto no consentido de que al Presidente de la República le hubiera correspondido la vigilancia de los actos de la Comisión, ésta se limita al cumplimiento de sus objetivos. A partir de entonces, lo que los funcionarios públicos, miembros o no de la Comisión, hagan, es de su exclusiva responsabilidad, al tenor del artículo 176 de la Constitución Política de la República y al tenor de las normas generales sobre responsabilidad de los funcionarios públicos consagradas en la Constitución d la República, en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en la ley Orgánica de Administración Financiera y Control y en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
B) La violación del artículo 130 de la LOAFYC
Afirma también la señora Ministra Fiscal General del Estado que:
“... la creación de esta Comisión se opone a lo establecido en el Art. 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control que determina que el Ministro de Economía y Finanzas es quien debe realizar las negociaciones...”
La Constitución Política de la República vigente en el año 1993 señalaba en el artículo 79 literal d) lo siguiente:
“Art. 79.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la República:
d)Nombrar y remover libremente a los Ministros, Jefes de Misiones Diplomáticas, Gobernadores y demás funcionarios públicos que le corresponde de acuerdo con la ley y el Estatuto jurídico administrativo dictado por el Presidente de la República.”
La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de servicios por parte de la Iniciativa Privada señaló en el artículo 40: Régimen Administrativo del Ejecutivo, lo siguiente:
“Art. 40.- Dentro de los límites que impone la Constitución Política de la República *, declárese de competencia exclusiva ** del Ejecutivo la regulación de la estructura, funcionamiento y procedimientos de todas las dependencias y órganos administrativos. En el plazo máximo de tres meses contados a partir de la vigencia de esta Ley, el Presidente de la República, deberá mediante un decreto Ejecutivo expedir y promulgar el nuevo Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
En lo sucesivo, dicho Régimen Jurídico Administrativo podrá ser modificado por el Presidente de la República a través de un decreto Ejecutivo, de acuerdo a las necesidades de la Administración Pública”.
* Obsérvese que no se expresa dentro de los límites a la ley. La razón es sencilla: se producía en el Ecuador la llamada deslegalización, esto es, posibilidad de que el Presidente de la República, a través de una regulación específica, el “Estatuto”, legisle sobre aquellas materias reservadas por la Constitución al Presidente de la República.
** LA competencia exclusiva excluye al legislación de la regulación de las materias reservadas al ejecutivo.
El Estatuto, una vez dictado a través de Decreto Ejecutivo, derogó la Ley de Régimen Administrativo, tal como lo señaló la disposición transitoria primera de la Ley de Modernización del Estado:
“Hasta tanto se expida el nuevo Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Administrativo”.
Evidentemente para quienes subsisten en la clásica y hoy superada teoría kelseniana de la jerarquía normativa, entre quienes se incluye el denunciante, es un imposible entender que la Ley de Régimen Administrativo haya sido derogada por un Decreto Ejecutivo.
Pues bien, con el correr de los años se expide la Constitución de 1998, la que consagra en el artículo 171 numeral 9 lo siguiente:
En definitiva, a partir de 1998 se ratifica, delimitando el alcance de la potestad del Presidente de la República para regular el Régimen Administrativo, situación que no se había consignado en la Constitución que regía en 1993 y que únicamente se había previsto en la Ley de Modernización del Estado.
Por tanto, el Presidente tiene potestad exclusiva para regular la integración, organización y funcionamiento de la Función Ejecutiva y en ejercicio de esa facultad exclusiva, que excluye la presencia e intervención del legislador, determinar de qué manera y bajo qué organización la Función Ejecutiva desarrolla sus competencias. Es lo que la doctrina denomina la “Reserva de la Administración”
Por tanto, el artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración y Financiera y Control, expedida muchos años antes, en MAYO DE 1977, cuando no teníamos Constitución, antes de que se otorgue facultad exclusiva al Presidente de la República para regular el Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, no puede atar ni enervar facultades constitucionales del Presidente de la República, quien como jefe de gobierno determina la mejor manera de organizar las instituciones públicas dependientes de la Función Ejecutiva y la mejor manera de asignar competencias entre los organismos de esta Función.
No se debe sostener que la creación de la Comisión y la asignación de competencias específicas, en aplicación de la norma constitucional citada y en aplicación del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva haya violado el artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, especialmente cuando la creación de la Comisión no eliminó la facultad del Ministerio de Economía, sino que simplemente lo obligó a coordinar las acciones con tal nuevo órgano, en aplicación además del artículo 119 de la Constitución.
Tal afirmación es heredera de la superada teoría kelseniana de la jerarquía normativa que el denunciante ha sostenido y que la señora Ministra Fiscal del Estado ha acogido.
No debe olvidarse que nuestro Estatuto fue dictado con gran influencia de la legislación española y especialmente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, expedida en el mes de noviembre de 1992 *, norma que contempla la existencia de los denominados Estatutos autonómicos y que reserva la legislación en ciertas materias a las Comunidades Autónomas, regulaciones que en materias de su competencia exclusiva prevalecen sobre las leyes orgánicas u ordinarias estatales, lo cual rompe la pirámide kelseniana.
NOTA: * El texto completo de la ley puede encontrarse en el “Código de las Leyes Administrativas”, publicación preparada por Eduardo García de Enterría y José Antonio Escalante, editorial Civitas, Madrid, , 1998, páginas 235 a 285.
C) La supuesta única participación del Ministro de Economía
La señora Ministra Fiscal General del estado ha sostenido en su instrucción que
“...el Ministro de Economía y Finanzas es quien debe realizar las negociaciones y no solo suscribir por delegación los contratos y convenios referentes a la deuda externa, como ha sucedido en el caso”.
¿Cómo puede señalar la señora Ministra Fiscal General del Estado que en este caso el Ministro de Economía y Finanzas se ha limitado a suscribir por delegación los contratos y convenios referentes a la deuda externa?
Por supuesto con el argumento dado cree entender que la Comisión es la que debía exclusivamente negociar, lo cual como ha quedado ampliamente explicado, no es correcto.
¿Es que acaso el entonces Ministro de Economía y Finanzas no tenía la obligación jurídica de coordinar directamente todas las gestiones de la Comisión según lo ordenaba el Decreto Ejecutivo N° 645?
¿Es que acaso el Ministro de Economía y Finanzas no suscribió la Resolución STyCP-2000-47 de 26 de julio del 2000 aprobando los términos y condiciones en que se efectuaría el canje de bonos?
¿Es que acaso el Ministro de Economía y Finanzas no recomendó la modificación de los convenios de enmienda * de los convenios existentes a fin de permitir la realización del canje, tal cual consta del oficio STyCP-2000-47 de 26 de julio del 2000?
NOTA: * Se refiere a los convenios de deuda pública con los tenedores de bonos.
Si el Ministro de Economía y Finanzas participó o no activamente en las negociaciones, ya sea directamente o por interpuesta persona, es asunto que escapa a mi responsabilidad.
Lo cierto es que cuando el Ministro aprueba las negociaciones y somete a mi consideración el Decreto N°618, yo presumo, por ser una presunción legal, que todo lo obrado ha sido de conformidad con lo previsto en la ley y de conformidad con el Decreto Ejecutivo N°465.
D) La arrogación de funciones de los Miembros de la Comisión
Más adelante ha dicho la señora Ministra Fiscal General que
“Esta atribución legal * fue concedida por decreto a la Comisión, más aún al haber nombrado al ingeniero Jorge Gallardo Presidente con amplias facultades sin ser Ministro de Economía a esa fecha, con lo que se permitió que los Miembros de la Comisión se arroguen funciones que no les correspondía.-
NOTA: Debe referirse a las competencias asignadas a la Comisión Negociadora en el decreto Ejecutivo N°465
La señora Ministra afirma que por el hecho de haberles asignado competencias específicas a la Comisión he permitido que se arroguen funciones.
La asignación de competencias específicas está prevista en el artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
La competencias de la Comisión están plenamente consignadas en el Decreto Ejecutivo N°465.
¿En qué sustenta la señora Ministra Fiscal General del Estado su afirmación?
¿En qué se sustenta para señalar que yo he permitido que se arroguen funciones?
Si acaso los miembros de la Comisión hubieren obrado más allá de las competencias asignadas, ellos deberán responder. Pero yo no puedo ser responsable de tal hecho.
Además, las amplias facultades conferidas al Presidente de la Comisión fueron para representarla en las negociaciones y no constituyeron jamás competencias ilimitadas.
E) Que el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva se refiere a finalidades distintas a las del artículo 130 de la LOAFYC.
La señora Ministra ha señalado :
“Que el doctor Gustavo Noboa en su versión y en un escrito que consta anexado a la Instrucción sostiene que la Comisión habría sido creada al amparo de lo estipulado en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, por el cual el Presidente puede crear organismos, comisiones y entidades dependientes de la Función Ejecutiva y asignarles competencias específicas, por tanto la Comisión era parte de la Administración Central de la Función Ejecutiva. Cabe precisar que el Estatuto se refiere a otro tipo de organismos con finalidades diferentes a las que consigna el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control; en consecuencia para la Renegociación de la deuda externa debió regir esa Ley y no el Estatuto, que inclusive es de menor jerarquía en el ordenamiento jurídico del país”.
La materia a la que se refiere el artículo 130 de la LOAFYC es realizar negociaciones respecto de deuda pública.
Veamos, sin embargo, qué es lo que se contempla en el Estatuto de la Función Ejecutiva:
En el artículo 11 se consigna la facultad de g) Crear organismos, comisiones y entidades dependientes de la Función Ejecutiva y asignarles competencias específicas.”
Por su parte, el artículo 6 del mismo Estatuto señala:
“Art. 6.- CARACTERISTICAS.- Las entidades, organismos y empresas del sector público dependientes, adscritos o controlados pon los dignatarios de la Función Ejecutiva
se caracterizan, en general, por ser creados, modificados y extinguidos por acto de poder público; tener como propósito facilitar el cumplimiento de determinados servicios públicos, el ejercicio de actividades económicas o la realización de determinadas tareas de naturaleza pública
con el fin de satisfacer necesidades colectivas; gozar del ejercicio de autoridad para el cumplimiento de sus propósitos; y estar financiados por recursos públicos”.
Es evidente que la negociación de deuda pública constituye el ejercicio de actividades económicas.
¿Cómo puede entonces sostener la señora Ministra Fiscal General del Estado que el ámbito del artículo 130 de la LOAFYC no está previsto en el artículo 6 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva?
F)Que se usaron bonos en finalidades distintas a las señaladas en el Decreto Ejecutivo N°618.
“Que el 26 de julio del 2000 el doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la República dictó el Decreto Ejecutivo No. 618 con la finalidad de que se emitan Bonos Globales hasta por el monto máximo de US$5.750 millones destinados exclusivamente a la Reestructuración de la deuda externa del Ecuador; no obstante parte del saldo de dicha emisión: US$ 126 millones, fue utilizada en fines distintos de los señalados por el Decreto, como apalancamiento en los Bancos del Pacifico y Filanbanco, situación que es confirmada por el Ingeniero Jorge Gallardo en el oficio de 18 de agosto del 2002 dirigido al Ingeniero Francisco Arosemena Robles, en el que reconoce que al concluir la negociación de la deuda externa quedó un sobrante de bonos por US$126,4 millones y que en julio del año 2001 habría instruido a Salomón Smith Barney que negocie los bonos en el mercado secundario, obteniendo de esa operación el monto en efectivo de US$52.7 millones, dinero que se depositó en el Banco Filanbanco y Banco del Pacifico”.-
El Decreto Ejecutivo N°618 dispuso claramente la finalidad de la emisión de bonos. Si algún funcionario les dio otra finalidad, ese funcionario debe responder de tal hecho.
Gustavo Noboa no ha ordenado ni dispuesto que los bonos se utilicen en un fin determinado que no sea el consignado en el Decreto Ejecutivo N°618.
Incluso el propio denunciante, al responder a la pregunta vigésima cuarta de su versión rendida el día 8 de julio del 2003, señala que no existe ningún documento que vincule a Gustavo Noboa con el destino de bonos o recursos provenientes de su venta al Banco del Pacífico o a Filanbanco.
G) La versión de la Ec. Fabiola Calero
Ha señalado la señora Ministra Fiscal General del Estado
“Que de la versión de la economista Fabiola Calero, la Ayuda Memoria y de los Oficios Números 2255, 2435, 2503 y 2598 de 19 de octubre, 8, 19 y 29 de noviembre del 2001, en su orden, se establece que los Miembros de la Comisión Negociadora, creada por el doctor Gustavo Noboa en su calidad de Presidente de la República y por lo tanto sujeta a sus políticas y vigilancia, conocían de la existencia de un sobrante de bonos globales y sus posteriores usos y que incluso habrían solicitado a la Economista Calero que retire los oficios en los cuales ella pedía información al respecto porque a criterio de los Miembros de la Comisión se trataba de un asunto muy delicado y confidencial y que además habían sido nombrados por el Presidente de la República, en cuyo caso no debían que rendir cuentas ”.-
Más allá de que la economista Calero es una de las personas protegidas por el denunciante y más allá de que la ayuda memoria a que hace relación carece de todo valor probatorio, lo cierto es que el contenido de los oficios indicados no permite conocer la existencia de un sobrante de bonos globales y sus posteriores usos.
Justamente según se desprende de tales oficios, la economista Calero solicita información sobre la liquidación de bonos y colaterales. Allí no se menciona absolutamente nada sobre uso de bonos en el Banco del Pacífico o en Filanbanco.
Además, aún cuando los miembros de la Comisión hubieran podido conocer tal destino, ¿en qué se basa a señora Ministra Fiscal General del Estado para utilizar este argumento en mi contra?
Si los mentados funcionarios conocieron el destino del saldo ellos deberán dar las explicaciones correspondientes.
De otra parte, ¿qué crédito puede tener una afirmación efectuada por la economista Calero al denunciante a cambio de lograr su inmunidad?
H)Sobre las inversiones en el Banco del Pacífico
“Que los Oficios de 24 de agosto, 23 de octubre, 6 de noviembre del 2001, llevan a concluir que la señora Mercedes María Pesantes, el señor Carlos Carrera y el Economista Francisco Arosemena, Miembros de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa habrían estado enterados de la inversión que se estaba realizando en el Banco del Pacifico por US$ 17.60 millones producto de la venta de los bonos globales, inversión que estaba a favor de Salomón Smith Barney e incluso el economista Arosemena solicitó al precitado Banco la devolución de la misma.- Parte de esa inversión (US$11.586.462,80) fue devuelta al Ministerio de Economía y Finanzas para el incremento de crédito a favor de la Corte Suprema de Justicia, como se colige de la Resolución 401236, de 12 de noviembre del 2002 emitida por Mercedes de Lourdes Pesántes miembro de la Comisión Negociadora y a esa fecha Subsecretaria General de Finanzas del Ministerio de Economía, y el Oficio STN-2002-5202 enviado por el señor Fabian Carrillo Jaramillo, Subsecretario del Tesoro, de la cual tenía conocimiento el señor Presidente de la República si se toman en cuenta los Oficios No. 1514 y 1537, de 7 y 8 de noviembre del 2002 enviados por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia a los economistas Diego Mancheno y Francisco Arosemena” .-
Llama la atención que en la parte primera se citen oficios sin señalar número ni destinatario ni suscriptor, lo cual enerva el derecho de defensa.
Luego se afirma que los dineros devueltos fueron para el incremento de crédito a favor de la Corte Suprema. No entendemos cuál es el razonamiento que permite “colegir” tal hecho. Ninguno de los oficios que he podido revisar menciona o afirma que la devolución de los recursos sea para un fin determinado y menos para algún “incremento de crédito a favor de la Corte Suprema de Justicia”.
De otra parte, ¿cómo se puede afirmar que porque el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia menciona en algún documento que existe un “compromiso” del Presidente de la República, tal compromiso se refiera a un incremento de crédito?
¿En qué se basa la señora Ministra Fiscal General del Estado para tal afirmación?
Ya he sostenido con insistencia que yo jamás he acordado, comprometido ni dispuesto incremento de crédito alguno para la Corte Suprema de Justicia.
Se ha asimilado en la instrucción fiscal la expresión gramatical “compromiso” citada en la última frase del oficio suscrito por el doctor Armando Bermeo, con la expresión “compromiso” que consta en la Ley de Presupuestos del Estado, lo cual es desde todo punto de vista inaceptable.
Ya he señalado también ampliamente que la expresión “compromiso” a la que se refiere el señor Presidente de la Corte Suprema no tiene relación alguna con el artículo 33 de la Ley de Presupuestos del Estado.
Ya he mencionado también que durante el tiempo que ejercí la Presidencia de la República tuve un único compromiso: servir con objetividad los intereses generales con sujeción plena a la Constitución y la ley.
En el mes de septiembre del año 2000, durante una reunión mantenida con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, siendo Presidente el doctor Galo Pico Mantilla, conocí de cerca varias de las necesidades por las que atravesaba tan importante Poder del Estado, entre las cuales era de especial importancia la de la adquisición de nuevas instalaciones físicas para la prestación de tan vital servicio público.
En aquella ocasión y probablemente en alguna otra posterior, comprometí el apoyo del Gobierno Nacional para tratar de solucionar tan apremiante necesidad, para lo cual se comentó la posibilidad de traspasar algún inmueble de propiedad del Estado o de propiedad de alguna de sus instituciones.
Como es evidente, entre las actividades de un Jefe de Estado no se puede situar la dedicación a la solución puntual, en el ámbito administrativo, de las diversas necesidades que se presentan.
El compromiso del Presidente de la República con el país o con las diversas instituciones exige de una concreción que debe realizarse por los funcionarios competentes de conformidad con la Constitución y la ley. En ejercicio del poder en muchas ocasiones se dan instrucciones generales a los Ministros, ya sea en sesiones de gabinete o durante reuniones sectoriales, que los Ministros y demás funcionarios competentes deben cumplir ajustándose a la legislación vigente. Es decir, se dan lineamientos sin descender al detalle.
De ninguna manera el Presidente de la República puede acordar o disponer la asignación de “partidas extra presupuestarias” o incrementos de créditos para fines específicos. Primero porque carece de competencia para ello y segundo, porque cualquier incremento de créditos debe sujetarse a un procedimiento que es competencia del Ministerio de Economía, en cuyos detalles el Presidente de la República no interviene.
Por tanto, Gustavo Noboa Bejarano no tuvo conocimiento de ninguno de los oficios que la señora Ministra Fiscal General del Estado menciona.
“Conclusión: Los hechos puntualizados, permiten concluir que el doctor Gustavo Noboa Bejarano, contrariando el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control creó la Comisión Negociadora de la deuda Externa como un organismo parte de la Función Ejecutiva de la cual era su Representante, la misma que debía actuar bajo las políticas por él establecidas, y que además, era su obligación velar por el cumplimiento de las mismas; que luego de la emisión de los Bonos Globales, efectuada exclusivamente para la Reestructuración de la deuda, y su respectivo canje por los bonos Brady y Eurobonos, existió un remanente que para enero del 2001 alcanzaba los US$126 millones, los mismos que sin acatar el Decreto de emisión, fueron negociados con altas tasas de descuento e invertidos en el Banco Filanbanco y Banco del Pacífico, para con posterioridad solicitar la devolución de una parte de los mismos al Banco del Pacífico con la finalidad de cumplir con un compromiso adquirido.
Por consiguiente, se presume que el doctor Gustavo Noboa Bejarano, en su calidad de Presidente de la República conoció de los hechos objeto de la investigación procesal que motivan la Instrucción Fiscal, al crear la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, incumpliendo el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control, y no velar por el cumplimiento de las políticas por el impuestas al crearla, ni la correcta utilización de los bonos globales en los fines establecidos en el Decreto No. 618 que imponía que su emisión para el canje de la deuda externa, tanto más que parte de los dineros depositados indebidamente en el Banco del Pacífico sirvió para cumplir otro tipo de compromisos, por lo que en esta fecha resuelvo hacer extensiva la Instrucción Fiscal en su contra al tenor del artículo 221 del Código Adjetivo Penal” .-
¿Cómo puede afirmarse que conocí de los hechos por la circunstancia de crear la Comisión Negociadora de la Deuda Externa? Si la Comisión se crea antes de los hechos, ¿cómo se afirma que yo los conocí por ese único hecho?
¿Cómo se puede afirmar que por el hecho de no haber supuestamente vigilado las tareas de la Comisión- las que para este fin se cumplieron hasta el 26 de julio del 2000- yo soy responsable de que se hayan utilizado recursos fuera del Decreto Ejecutivo N°618?
Señor Presidente, considero que la presunción de la señora Ministra Fiscal General el Estado ha sido completamente desvirtuada, por lo que expresamente solicito negar la petición de medidas cautelares, por no encontrarse indicios de la comisión de ningún delito y por no haber tenido yo ninguna participación en los hechos que se investigan.
DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO, a usted, dentro de la instrucción fiscal seguida en mi contra por la renegociación de la deuda externa, a usted, atentamente, digo:
1. Tal cual consta de la declaración rendida por el denunciante ante la señor Ministra Fiscal General del Estado el día 8 de julio del 2003, cuya copia anexo, no existe ningún documento que me vincule o incrimine respecto de los hechos investigados, que no son otros que el uso del sobrante de bonos globales para apuntalar al Banco del Pacífico y para pagar a los depositantes del Filanbanco, ambas entidades estatales.
2. La inexistencia de documentos que me vinculen es ratificada por informaciones de prensa, tales como el artículo publicado en el Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, en día domingo 13 de julio del 2003, de autoría del Dr. Jaime Damerval Martínez, que adjunto.
3. Tal cual consta de la publicación que adjunto, de la firma de abogados Badell, Grau & De Grazia, de Venezuela, consta que en un caso similar en contra del ex Presidente Rafael Caldera, la Corte Suprema de ese país no encontró mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República. Esta nota es muy importante ya que como bien lo ha afirmado el catedrático de la Universidad internacional de la Florida en declaraciones a la Cadena CNN del día viernes 11 de julio del 2003, Eduardo Gamarra, en Latinoamérica el enjuiciar Presidentes se ha convertido en una fiesta popular.
4. Los saldos de los bonos globales que se utilizaron para el Banco del Pacífico y para el Filanbanco permitieron en definitiva un movimiento de cuentas patrimoniales de la misma organización: el Estado. En efecto, tanto el Banco del Pacífico como el Filanbanco eran, a la fecha de los hechos investigados, bancos de propiedad estatal, razón por la cual los fondos transferidos formaron parte de un único patrimonio, que es el patrimonio del Estado.
5. Como consecuencia de las negociaciones de la deuda externa Gustavo Noboa Bejarano no se benefició de ninguna manera, ni permitió que terceros se beneficien. Los únicos beneficiados fueron los ecuatorianos que vieron cómo el Ecuador logró una disminución real en el monto total de la deuda externa y cómo el Ecuador tuvo un enorme alivio en el flujo de caja.
6. En las negociaciones de la deuda externa no existe delito que perseguir. No se ha cometido peculado ni disposición arbitraria de fondos públicos. Si un vehículo del Estado destinado a un determinado Ministerio es trasladado al uso de otro Ministerio, aún sin cumplirse los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, esa “disposición arbitraria” no constituye delito, y menos peculado, ya que falta el dolo, la intencionalidad de burlar la ley y de causar daño así como falta el beneficio personal. El vehículo seguirá siendo del Estado independientemente de qué funcionario lo use. En el peor de los casos existirá responsabilidad administrativa. En definitiva la falta de cumplimiento de determinadas disposiciones no constituye per se delito.
7. Si alguien comete una infracción de tránsito, es evidente que incumple la ley. Pero no toda infracción a la ley es delito. Por eso existe una proporcionalidad entre la sanción y la infracción, tal como lo recoge la Constitución Política de la República en el artículo 24.
8. Este caso es absolutamente distinto al del Ec. Carlos Julio Emanuel. En ese caso hubo incrementos de créditos del Presupuesto General del Estado superiores al 9.5%, es decir, mucho más del 5% permitido por la Ley de Presupuestos del Sector Público y por la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y además se inobservaron las normas propias del cierre del Presupuesto, haciendo aparentemente aparecer compromisos de gastos efectuado en el año 2002 como propios del año 2001, es decir, faltando a la verdad, situación absolutamente distinta a la de este caso. Adicionalmente en ese caso hubo aparentemente negociados en los contratos derivados de las transferencias de créditos, situación que en esta renegociación no ha sucedido.
9. En definitiva, no existe delito que perseguir.
10. Finalmente, tal como lo reseña el Diario Hoy de la ciudad de Quito del día domingo 13 de julio del 2003, en la caricatura de “Asdrúbal”, no caiga usted en la trampa que le están tendiendo.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, sírvase usted rechazar el pedido de medidas cautelares que le ha hecho la señora Ministra Fiscal General del Estado.

References: artículo 171
 artículo 242
 artículo 171
 artículo 11
 artículo 171
 artículo 176
 artículo 130
 artículo 79
 artículo 40
 artículo 171
 artículo 130
 artículo 11
 artículo 130
 artículo 119
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 130
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 33
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 221
 artículo 24