Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0464_ES.html
Timestamp: 2019-06-19 15:02:48+00:00

Document:
Textos aprobados - Servicios de asistencia en la Unión para mejorar la igualdad de género - Jueves 15 de noviembre de 2018
Servicios de asistencia en la Unión para mejorar la igualdad de género
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (2018/2077(INI))
– Visto el informe conjunto del Comité de Política Económica y de la Comisión Europea, de 7 de octubre de 2016, titulado «Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems &amp; Fiscal Sustainability» (Informe conjunto sobre asistencia sanitaria y sistemas asistenciales de larga duración y sostenibilidad presupuestaria),
A. Considerando que, conforme al artículo 2 y al artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, y al artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores esenciales en los que se basa la Unión; y que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad»; que, no obstante, la consecución de la igualdad de género ha sido lenta;
F. Considerando que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2010 el sector del trabajo doméstico y de los cuidados empleaba a cerca de 52 millones de personas en el mundo, a los que se suman 7,4 millones de trabajadores domésticos menores de quince años, lo que representa entre el 5 y el 9 % del empleo total en los países industrializados;
K. Considerando que varios Estados miembros de la Unión carecen de servicios asistenciales profesionales de calidad que estén disponibles para todos, independientemente de los ingresos;
L. Considerando que muchos familiares dependientes necesitados de cuidados viven en zonas afectadas por una persistente falta de servicios, y que el aislamiento u otros factores dificultan su acceso a servicios asistenciales profesionales; que en muchos casos solo pueden ser atendidas por cuidadores no profesionales, que muy a menudo son mujeres miembros de su familia;
M. Considerando que Europa tiene que hacer frente a cambios demográficos que están dando lugar a una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la edad y al envejecimiento de su población, con el consiguiente aumento de las necesidades de asistencia; que en una época de demanda creciente de cuidados, hay un reparto desproporcionado de las responsabilidades asistenciales entre los sexos, de manera que las mujeres soportan la mayor parte de la carga asistencial debido a los roles de género estereotipados que aún persisten en la sociedad europea; que el creciente número de personas de edad avanzada, la cada vez menor población activa y las restricciones presupuestarias impuestas por las medidas de austeridad están afectando significativamente a los servicios sociales, lo que repercutirá asimismo en las personas que tienen que conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, a menudo en circunstancias difíciles;
N. Considerando que se prevé que la población de la Unión siga envejeciendo y que la proporción de la población de más de 65 años pase del 17,1 % de 2008 al 30 % en 2060, y la de las personas de más de 80 años, del 4,4 % al 12,1 % en el mismo período;
O. Considerando que las personas de edad avanzada presentan un mayor riesgo de pobreza que la población general, que en 2008 era de alrededor del 19 % para las personas mayores de 65 años, mientras que en el año 2000 era del 17 %; que esta tasa de riesgo de pobreza es 5 puntos superior para las mujeres que para los hombres;
P. Considerando que, en ocasiones, las personas de edad avanzada sufren discriminación por motivos de edad y sexo y que los malos tratos a las personas mayores, que se producen en distintos tipos de centros asistenciales, son un problema social en todos los Estados miembros;
Q. Considerando que la mayoría de los modelos políticos nacionales de servicios asistenciales actualmente son inadecuados para satisfacer las necesidades de la sociedad de la Unión en proceso de envejecimiento, y que la mayoría de los Estados miembros no han abordado los desafíos demográficos en sus respectivos sistemas e iniciativas de políticas y asistencia social;
R. Considerando que, si bien el número de residencias para personas de edad avanzada ha aumentado en los últimos diez años en casi todos los Estados miembros, la demanda sigue superando la disponibilidad de viviendas independientes y de servicios de apoyo asistencial; que hay una necesidad urgente de inversiones adicionales en servicios asistenciales de larga duración de proximidad o a domicilio, pues toda persona tiene derecho a una vida independiente, a servicios de apoyo y a la integración en la comunidad; que, además, la falta de información desglosada a nivel nacional, en particular sobre inversiones financieras, y la falta de indicadores de calidad hacen difícil evaluar esta importante parte de la infraestructura asistencial y elaborar recomendaciones de cara a la adopción de decisiones;
S. Considerando que los objetivos de Barcelona de prestar cuidados al menos al 33 % de los niños de menos de tres años de edad (objetivo 1) y a al menos el 90 % de los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria (objetivo 2) se han cumplido solo en 12 Estados miembros desde 2002, con unas tasas de realización preocupantemente bajas en algunos Estados miembros;
T. Considerando que la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumenta la necesidad de contar con instalaciones de atención a la infancia asequibles y de alta calidad, y que la demanda de plazas en servicios de educación infantil y atención a la infancia supera a la oferta en toda Europa; que hay pruebas de que se recurre a la atención para niños de edades comprendidas entre cero y tres años sobre todo a tiempo parcial (menos de treinta horas semanales) en más de la mitad de los Estados miembros; que una participación plena de las mujeres en el mercado de trabajo exige que la atención a la infancia esté disponible a tiempo completo y cubra la demanda durante el horario laboral de los progenitores;
U. Considerando que no existen suficientes infraestructuras que ofrezcan servicios de atención a la infancia de calidad y accesibles para todos los niveles de ingresos, como pone de relieve que de los más de 32 millones de niños por debajo de la edad de escolarización obligatoria en la Unión, solo unos 15 millones de ellos tengan acceso a la prestación de servicios de cuidados de la primera infancia(16) y que el gasto público de los Estados miembros en atención a la infancia se destine sobre todo a la atención para niños a partir de los tres años hasta la edad de escolarización obligatoria; que debe aumentar la inversión desde todos los sectores, pues las pruebas disponibles en los países de la OCDE muestran que el aumento del PIB invertido en el sector asistencial daría lugar a un aumento del empleo femenino; que la inversión pública en la atención a la infancia es una estrategia que reporta beneficios a todas las partes y generaría ingresos fiscales adicionales derivados de la mayor participación de progenitores en el mercado de trabajo; que, además de complementar el papel esencial de la familia, una educación infantil y atención a la infancia de calidad ofrece numerosos beneficios a corto y largo plazo para las personas y la sociedad, en particular para las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o con necesidades educativas especiales, y es eficaz para atajar la desigualdad que afecta a los niños desde edades tempranas y para impedir el abandono escolar prematuro;
V. Considerando que la oferta de educación infantil de alta calidad en la primera infancia es una inversión eficaz que proporciona las bases de un aprendizaje permanente de éxito y hace frente a las desigualdades y los desafíos a los que se enfrentan los niños de entornos desfavorecidos;
W. Considerando que en la Unión viven más de 80 millones de personas con discapacidad, número que va en aumento, y que uno de cada cuatro europeos tiene un familiar con una discapacidad; que, al convertirse en parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2011, la Unión se comprometió a promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad; que, a la luz de estos derechos y de las necesidades de las personas de todas las edades con discapacidad, ha habido un desplazamiento en tiempos recientes de la prestación de cuidados a personas con discapacidad en instituciones a los prestados sobre una base de proximidad;
X. Considerando que, con arreglo al artículo 19 de la CDPD, toda persona tiene derecho a una vida independiente y a la integración en la comunidad, lo que supone no solamente que se le proporcione una vivienda independiente sino también unos servicios de apoyo que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad;
Y. Considerando que los niños y los adultos con autismo de bajo funcionamiento pueden tener problemas para realizar por su cuenta actividades cotidianas, y que normalmente necesitan ayuda con la mayoría de las actividades;
Z. Considerando que los servicios asistenciales de larga duración y la atención a la infancia a menudo están devaluados y que en muchos Estados miembros esta profesión tiene perfil y consideración bastante bajos, reflejados en los bajos salarios, la representación desigual de hombres y mujeres en la mano de obra, unas condiciones laborales deficientes;
AA. Considerando que los empleos en la asistencia formal, incluida la asistencia a domicilio, requieren personal cualificado y que debe recibir una remuneración adecuada(17); que es necesario velar por una oferta adecuada de cuidadores cualificados, pues el desarrollo de servicios asistenciales de calidad para niños, personas de edad avanzada y personas con discapacidad depende de unas relaciones laborales de calidad, unos salarios dignos e inversión para los trabajadores que prestan dichos servicios, en particular la formación de trabajadores del sector de los cuidados a los niños; que las buenas relaciones laborales de los profesionales de la asistencia influyen de manera beneficiosa en la conciliación de la vida profesional y la vida privada;
AB. Considerando que los usuarios de cuidados de larga duración pueden tener dificultades para hacer frente a servicios asistenciales privados, que normalmente son más caros que los servicios prestados por el sector público; que las mujeres siempre se ven más afectadas que los hombres por la brecha salarial de género y la brecha de género en materia de pensiones, y que deben emplear una parte más elevada de sus ingresos en cuidados de larga duración;
AC. Considerando que, según informes, las personas procedentes de entornos desfavorecidos deben hacer frente a desafíos particulares cuando hay poca disponibilidad de servicios asistenciales de alta calidad, en particular las de familias con bajos ingresos, las residentes en zonas rurales y los niños pertenecientes a minorías étnicas o de familias migrantes;
2. Toma nota de que una cuarta parte de las mujeres sigue perteneciendo a la categoría de trabajadoras familiares no remuneradas, lo que significa que no reciben remuneración directa alguna, y que se produce una evidente segregación de las mujeres en sectores que suelen caracterizarse por una baja remuneración, prolongadas jornadas de trabajo y regímenes de trabajo por lo general informales, lo que da lugar a que las mujeres obtengan unas prestaciones monetarias, sociales y estructurales inferiores;
3. Destaca que la feminización de la pobreza es la consecuencia de diversos factores, entre los que cabe mencionar la brecha salarial de género, la brecha en materia de pensiones, las responsabilidades asistenciales y las consiguientes interrupciones de la carrera profesional; hace hincapié en que la discriminación múltiple que padecen las mujeres por motivos de identidad de género, expresión de género y características sexuales, entre otros, contribuye a la feminización de la pobreza;
8. Cree que la prestación de servicios asistenciales no debe perjudicar el nivel salarial del cuidador ni sus prestaciones sociales o de pensión; reclama, en este contexto, promover la igualdad de género en la aplicación de las políticas de conciliación de la vida privada y la vida profesional;
15. Recuerda que la falta de servicios asistenciales es un importante factor subyacente a la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado de trabajo, ya que dificulta aún más conciliar las responsabilidades laborales y familiares, lo que da lugar a que algunas mujeres abandonen por completo el mercado de trabajo, trabajen menos horas en empleos remunerados y empleen más tiempo en asumir responsabilidades asistenciales no remuneradas, lo que es perjudicial para sus derechos de seguridad social, en particular las pensiones, y entraña un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente en la vejez;
19. Observa que el sector privado desempeña un importante papel en la prestación de servicios de cuidados de larga duración para personas con discapacidad y personas de edad avanzada, y que han surgido problemas en toda la Unión en torno a la accesibilidad y la calidad de dichos servicios; pide a la Comisión que evalúe la situación del mercado de los servicios asistenciales y que tome las iniciativas legislativas necesarias para controlar y supervisar la calidad de los servicios ofrecidos en dichas instalaciones;
28. Subraya que la ausencia de servicios y los costes prohibitivos de los cuidados a los niños repercuten negativamente en los niños de familias de ingresos bajos, y los coloca en una posición de desventaja desde una edad muy temprana; hace hincapié en que todos los niños tienen derecho a cuidados y desarrollo de buena calidad en la primera infancia, en particular a una gama completa de estímulos sociales; señala que los costes excesivos de los servicios de atención también afectan y ponen en situación de desventaja a las personas dependientes de familias con ingresos bajos;
30. Considera que se deben reforzar los programas nacionales para mejorar la calidad de vida de las mujeres de edad avanzada, especialmente de aquellas con enfermedades invalidantes relacionadas con la memoria, y de sus cuidadores, que a menudo también son mujeres de edad avanzada; propone que se consulte a las asociaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer para la determinación y aplicación de dichas medidas;
31. Pide a la Comisión que elabore orientaciones para los Estados miembros, con arreglo a las propuestas del presente informe, sobre el desarrollo de servicios asistenciales generales, favorables al empleo, centrados en las personas, de proximidad y accesibles, que comprendan los cuidados a los niños, los servicios asistenciales a las personas de edad avanzada y los servicios asistenciales a las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, y que se basen en la participación y la consulta de los usuarios destinatarios de los servicios, a fin de garantizar que sean accesibles y cubran sus necesidades;
32. Toma nota de las distintas prácticas seguidas en los Estados miembros y hace hincapié en que la cooperación y el intercambio de mejores prácticas a nivel europeo puede apoyar el aprendizaje y el asesoramiento por pares entre los Estados miembros y puede contribuir al desarrollo de servicios asistenciales de calidad, apoyando y complementando medidas adoptadas a nivel regional y nacional, además de ayudar a los Estados miembros a afrontar desafíos comunes; pide a la Comisión que sirva de plataforma y facilite este intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios asistenciales, así como sobre los distintos modelos de prestación de servicios asistenciales ajustados a las circunstancias y a la capacidad económica de las personas para hacer frente a necesidades de cuidados;
33. Expresa su preocupación por las condiciones de trabajo en muchos servicios asistenciales, como las largas jornadas laborales, el salario inadecuado, la falta de formación y las malas políticas de salud y seguridad en el trabajo; manifiesta su preocupación al constatar que el trabajo de prestación de cuidados es considerado un sector poco atractivo para el empleo, que atrae principalmente a mujeres y a trabajadores migrantes; destaca que estas condiciones también afectan a la calidad de la asistencia prestada; pide a los Estados miembros, por tanto, una revalorización de la asistencia como elección profesional y a la Comisión que establezca un marco jurídico de normas mínimas para los trabajadores del sector, en colaboración con los interlocutores sociales, y que lance una iniciativa sobre la calidad de los cuidados de larga duración, inspirándose en las herramientas y las iniciativas voluntarias existentes originadas en la sociedad civil, como el marco europeo de calidad para los servicios asistenciales de larga duración y la reciente propuesta de Recomendación del Consejo sobre sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad;
34. Pide a los Estados miembros que vigilen y garanticen que las instituciones y organismos que ofrecen cuidados sean establecimientos seguros y motivadores para trabajar y que se invierta de manera adecuada en el bienestar y en la salud ocupacional de los prestadores de servicios asistenciales; cree que es esencial garantizar el bienestar de los prestadores de cuidados para prevenir malos tratos a los receptores de los cuidados; apoya, en este contexto, las iniciativas legislativas para certificar y reconocer a los profesionales de la prestación de cuidados y pide a los Estados miembros que adopten medidas para mejorar las condiciones laborales de los prestadores de cuidados, como garantizar sus derechos a la firma de un contrato de empleo formal y a vacaciones pagadas; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el reconocimiento público del valor de los servicios asistenciales con el fin de mejorar la consideración de las profesiones asistenciales y promover la participación de los hombres en las actividades de cuidados;
35. Insta a la Comisión a que presente al Consejo para su aprobación un programa europeo sobre los prestadores de servicios asistenciales, con miras a identificar y reconocer los diversos tipos de prestación de cuidados en Europa y garantizar un apoyo financiero a los prestadores y desarrollar progresivamente su equilibrio entre la vida profesional y la vida privada;
36. Recuerda que en su Resolución de 4 de julio de 2013 sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(21) pide específicamente una Directiva sobre los permisos de los cuidadores; observa que los miembros de la familia que decidan prestar cuidados informales a sus familiares deben recibir una compensación adecuada y acceso a derechos sociales en términos comparables con otros prestadores de cuidados; pide asimismo, por lo tanto, un enfoque general que aborde los problemas que afectan a los prestadores informales de cuidados y que vaya más allá de la legislación laboral, como el apoyo continuado a la renta, el acceso a la atención sanitaria, la posibilidad de permisos anuales y la acumulación de derechos de pensión de manera que sean suficientes, incluso durante los períodos en que el nivel de ingresos de los cuidadores es inferior transitoriamente debido a la prestación de cuidados informales, situación que afecta principalmente a las mujeres; cree que la prestación de servicios asistenciales no debe resultar perjudicial para la salud y el bienestar de los cuidadores informales; pide a los Estados miembros, en este contexto, que prevean servicios adecuados para fines de asistencia temporal y asesoramiento, asesoramiento entre pares, apoyo psicológico, centros de día y unidades de asistencia temporal para los cuidadores informales;
37. Pide a los Estados miembros que introduzcan «créditos por cuidados», a través de legislación en materia laboral y de seguridad social, para ambos sexos en forma de periodos equivalentes durante los que se puedan acumular derechos de pensión, a fin de proteger a quienes hayan dejado temporalmente el mercado laboral para dispensar de manera informal cuidados no remunerados a personas dependientes o miembros de la familia, y que reconozcan el valor del trabajo que hacen estos cuidadores para la sociedad en su conjunto;
38. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por el reconocimiento de los cuidadores informales como actores en pie de igualdad en la prestación de servicios asistenciales y asimismo que desarrollen, como parte de los programas de aprendizaje permanente, la formación de los prestadores informales de cuidados y el reconocimiento de las capacidades adquiridas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con ONG y centros de enseñanza, presten apoyo a los jóvenes que prestan cuidados; pide a la Comisión que proponga un plan de acción con esta y otras medidas para garantizar la calidad de la asistencia y la calidad de vida de los prestadores de cuidados;
39. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan una investigación sobre el número de jóvenes prestadores de cuidados y sobre el impacto del papel de cuidador en su bienestar y medios de vida y que, sobre la base de esta investigación, presten apoyo a los jóvenes que prestan cuidados y atiendan a sus necesidades específicas, en cooperación con ONG y centros de enseñanza;
40. Pide a la Comisión que tenga más en cuenta a los servicios asistenciales y a los prestadores de cuidados al desarrollar investigaciones y políticas, en particular con respecto al Fondo Social Europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad y el programa Salud para el Crecimiento;
41. Subraya que el actual desafío para alcanzar los objetivos de Barcelona reside en aumentar la prestación de atención a la infancia para niños de edades comprendidas entre tres y cuatro años; acoge favorablemente la recomendación de la Comisión de ampliar el objetivo de la estrategia Educación y Formación 2020 de ofrecer plazas de atención a la infancia para al menos el 95 % de los niños de edades comprendidas entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria; pide a la Comisión que, en consulta con los actores pertinentes, incluidos los Estados miembros, revise a alza los objetivos de Barcelona y los objetivos de la educación de la primera infancia; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por cumplir los objetivos y que sitúen en un lugar destacado de sus agendas políticas la prestación de asistencia; pide a los Estados miembros que mejoren los marcos nacionales de calidad de los servicios de educación infantil y atención a la infancia, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de buena calidad, y anima a los Estados miembros a que revisen cinco ámbitos clave de los servicios de educación infantil y atención a la infancia mencionados en la propuesta: acceso, mano de obra, plan de estudios, evaluación y seguimiento, y gobernanza y financiación; insta a los Estados miembros a que en el momento de proporcionar atención preescolar, no se centren solo en la accesibilidad, sino también en la calidad de los cuidados prestados, especialmente en el caso de niños de entornos desfavorecidos y de los niños con discapacidad;
42. Pide a la Comisión que establezca unos indicadores de calidad con los objetivos correspondientes en relación con los servicios asistenciales para las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, similares a los objetivos de Barcelona, con herramientas de seguimiento para medir la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de estos servicios;
43. Pide a la Comisión que incluya la asistencia a las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad o enfermedades crónicas en su seguimiento y revisión de datos en el Semestre Europeo y en el informe anual sobre igualdad de género; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de incluir en sus informes por país evaluaciones de los servicios asistenciales para las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, teniendo en cuenta la información aportada por los prestadores de cuidados y por los receptores de dichos cuidados; pide a la Comisión que incluya los datos sobre estos cuidados en un conjunto de indicadores de progreso social, que deben ser objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo; pide a la Comisión y al Consejo que incluyan estos indicadores sociales también en las normas del Semestre; anima a los Estados miembros a que adopten y apliquen medidas correctoras si los progresos resultan lentos;
44. Pide asimismo a la Comisión que mejore la recogida de datos desglosados por sexo y que desarrolle estadísticas específicas por sectores, definiciones e indicadores comparables para evaluar las dimensiones de género de la accesibilidad, la calidad, la disponibilidad y la eficiencia de los servicios asistenciales destinados a los niños, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas y las personas de edad avanzada a escala de la Unión, y que busque al tiempo modos de evitar que aumente la carga de seguimiento de los profesionales de los cuidados; pide a la Comisión que observe el desarrollo de los servicios asistenciales y que prepare recomendaciones de medidas correctoras en caso necesario;
45. Pide a los Estados miembros que recopilen datos de calidad sobre la prestación de servicios asistenciales disponibles mediante financiación pública y privada y destinados a los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, a fin de realizar un seguimiento de la situación general y mejorar los servicios asistenciales prestando atención no solamente a las necesidades de los usuarios, sino también al equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar y las condiciones laborales de los muchos prestadores de cuidados; pide a la Comisión que promueva instrumentos políticos eficaces y medidas correctoras cuando sea necesario;
46. Pide a los Estados miembros que, también con vistas a atajar el actual déficit de inversiones, incrementen la inversión pública en servicios e infraestructuras asistenciales para niños, especialmente para la primera infancia, y para la asistencia a otras personas dependientes, que garanticen el acceso universal a dichos servicios, que mejoren la calidad de los cuidados y que incrementen la inversión en medidas especiales para que los prestadores de cuidados puedan mantener una vida profesional activa;
47. Observa el impacto desproporcionado que una inversión insuficiente en estructuras y servicios asistenciales tiene en las familias monoparentales, la gran mayoría de las cuales están compuestas por mujeres, y en las familias que viven en la pobreza y en riesgo de exclusión social;
48. Observa la importancia de la integración de la perspectiva de género en todas las fases de ejecución de las distintas políticas y muy especialmente en la fase de programación; pide a los Estados miembros que garanticen la integración plena de la dimensión de género en los programas nacionales de reforma (PNR) con apoyo no solo del Fondo Social Europeo sino también de otros fondos de la Unión que proporcionan recursos para infraestructuras sociales generales, que deberían utilizar los Estados miembros para desarrollar servicios asistenciales;
49. Pide a la Comisión que garantice que el proceso del Semestre Europeo y la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento contribuyen a la realización del pilar europeo de derechos sociales, dejando un margen efectivo para que los Estados miembros financien y mantengan su financiación para los servicios asistenciales;
50. Apoya la inclusión en las recomendaciones específicas por país (REP) de la Comisión de medidas centradas en la inversión en centros de atención a la infancia y en los desincentivos fiscales que impiden que los segundos sustentadores —sobre todo, mujeres— trabajen más o trabajen en absoluto, así como en otras medidas para abordar la brecha salarial de género;
51. Pide a la Comisión que refuerce la prestación de financiación para todos los tipos de servicios asistenciales, con especial atención, si procede, a la transición desde servicios asistenciales en instituciones a servicios de proximidad, a través del Fondo Social Europeo Plus y otros instrumentos financieros destinados a financiar infraestructuras sociales; pide a la Comisión, en el mismo espíritu, que refuerce la provisión del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para apoyar la oferta de instalaciones de atención a la infancia en zonas rurales, y que continúe utilizando el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para la financiación de proyectos de educación infantil y atención a la infancia; pide a la Comisión asimismo que controle rigurosamente el gasto de los fondos de la Unión, especialmente en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en el ámbito de los servicios de asistencia social y de asistencia de larga duración, y que garantice que las inversiones sean conformes con las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en virtud de la CDPD de las Naciones Unidas y de la Carta de los Derechos Fundamentales;
52. Pide a la Comisión que estudie la opción de que las prestaciones de la seguridad social tengan portabilidad transfronteriza, de manera que el Estado miembro de origen de la persona pueda financiar su ingreso en un establecimiento de servicios sociales en otro Estado miembro (en el caso de que no se disponga de un establecimiento de este tipo en el Estado miembro de origen);
53. Señala que es necesario analizar mejor el potencial de inversión público-privada en la prestación de servicios asistenciales, dadas las actuales iniciativas empresariales para trabajadores con responsabilidades asistenciales respecto de personas con discapacidad y adultos;
54. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque global respecto de todos los tipos de servicios asistenciales y que refuercen las disposiciones para un uso eficiente y sinérgico de los instrumentos financieros pertinentes de la Unión en los ámbitos del aprendizaje permanente, la investigación y el desarrollo de infraestructuras; anima a los Estados miembros a que concedan prioridad a la financiación de la atención a la infancia y los cuidados de larga duración utilizando los instrumentos financieros disponibles en el próximo marco financiero plurianual, en particular los actuales FEIE, Fondos EIE, Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); anima asimismo a los Estados miembros a que distribuyan sus recursos con más eficiencia, de manera que aumenten el acceso a los servicios asistenciales y su asequibilidad por parte de grupos desfavorecidos y vulnerable, y a que diseñen modelos de financiación eficientes, incluida la financiación específica, que obtengan un equilibrio adecuado entre la inversión pública y la privada de acuerdo con las circunstancias nacionales y locales;
55. Pide a la Comisión que vele por que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género cuente con recursos adecuados para realizar un seguimiento del desarrollo de las infraestructuras asistenciales y de la aplicación de las políticas de conciliación de vida profesional y vida privada, y que analice si las políticas están logrando las mejoras previstas en la igualdad de género y de qué modo;
56. Acoge favorablemente que algunos Estados miembros hayan introducido incentivos fiscales para las empresas que proporcionan a sus empleados servicios atención a la infancia a fin de mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada;
(2) DO C 175 de 15.6.2011, p. 8.
(3) DO L 59 de 2.3.2013, p. 59.
(4) DO C 346 de 27.9.2018, p. 6.
(5) DO C 331 de 18.9.2018, p. 60.
(6) DO C 204 de 13.6.2018, p. 76.
(7) DO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
(8) DO C 66 de 21.2.2018, p. 30.
(9) DO C 50 de 9.2.2018, p. 15.
(10) DO C 308 de 20.10.2011, p. 49.
(11) DO C 351 de 2.12.2011, p. 39.
(12) DO C 487 de 28.12.2016, p. 7.
(13) DO C 12 de 15.1.2015, p. 16.
(14) DO C 21 de 21.1.2011, p. 39.
(15) Comisión Europea, Informe de 2018 sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
(16) Hoja de ruta de la Comisión 2018 y Centro Europeo de Estrategia Política (2017): «10 Trends Transforming the Education as We Know It» (Diez tendencias que están transformando la educación tal y como la conocemos).
(17) «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (El cuidado de los niños y de las personas dependientes: efectos en la carrera profesional de los jóvenes trabajadores).
(18) Datos de Eurostat para 2010, informe de la Comisión de 2015 sobre igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea, 2016.
(19) Como pedía en su Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (DO C 70 E de 8.3.2012, p. 162).
(20) Encuesta de Eurofound sobre la calidad de vida en Europa, 2016: informe de síntesis.
(21) DO C 75 de 26.2.2016, p. 130.
Última actualización: 17 de diciembre de 2018 Aviso jurídico

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 19
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