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Timestamp: 2019-08-22 11:53:27+00:00

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﻿ SENTENCIA 2001-00258 DE NOVIEMBRE 1 DE 2007
SENTENCIA 2001-00258 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:NULIDAD PROCESAL. FALTA DE JURISDICCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXPORTACIÓN, FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS, COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS, SECRETARÍA TÉCNICA DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS
Sentencia 2001-00258 de noviembre 1º de 2007
Radicación: 25000 2324 000 2001 00258 01
Actor: Aceites y Grasas Vegetales S.A. - Acegrasas S.A.
1. La Sociedad Aceites y Grasas Vegetales S.A., Acegrasas S.A., mediante apoderada, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación —Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y/o la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite— Fedepalma como administradora del fondo para la estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones; tendiente a obtener la nulidad de las comunicaciones mediante las cuales Fedepalma le rechazó las solicitudes de compensación de estabilización sobre exportaciones que había presentado.
2. Surtida la primera instancia del proceso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia estimatoria de las pretensiones, y en consecuencia ordenó el pago, debidamente actualizado, de las referidas compensaciones de estabilización.
3. La sentencia fue apelada por las entidades demandadas y el a quo concedió los recursos mediante auto del 2 de octubre del 2003.
4. Concluido el trámite de segunda instancia y encontrándose el proceso para fallo, se profirió el auto suplicado cuyos argumentos se resumen a continuación.
1. El meollo de la cuestión planteada en el recurso radica en determinar si los actos demandados fueron proferidos en ejercicio de función administrativa y si, por consiguiente, constituyen actos administrativos que por lo mismo determina que esta jurisdicción sea competente para conocer del asunto, y no de un tribunal de arbitramento en virtud de la cláusula compromisoria contenida en el convenio de estabilización de precios FEP número 29, suscrito el 2 de julio de 1998 entre la firma demandante y la federación. Como administradora del fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones.
Se trata, entonces, de verificar si la citada federación ejerció funciones administrativas en la expedición de las comunicaciones acusadas, que las constituyan verdaderos actos administrativos, según lo aduce la parte recurrente, pues de ello depende que esta jurisdicción sea o no competente para conocer sobre su legalidad.
2. En el presente asunto se persigue la nulidad:
2.1. De cuarenta (40) comunicaciones de Fedepalma dirigidas a la actora, en cada una de las cuales le manifiesta que le han sido rechazadas sendas solicitudes de compensación de estabilización sobre exportaciones que ésta le había formulado. Todas esas comunicaciones son del siguiente tenor:
“Santafé de Bogotá, 8 de noviembre de 1999
Aceites y grasas vegetales S.A., Acegrasas
Ref.: Solicitud de compensación de estabilización sobre exportaciones 906, anuncio sobre ventas de exportación 1263.
En concordancia con el artículo 8º del reglamento para las operaciones de estabilización, nos permitimos indicarles que la solicitud de compensación de la referencia radicada el pasado 3 de noviembre, ha sido rechazada.
Lo anterior teniendo en cuenta los términos establecidos por el reglamento para la presentación de dichas solicitudes, los cuales indican que éste no debe ser superior en su fecha, a los 45 días calendario siguientes a la fecha de la realización del embarque.
Entidad administradora del fondo de estabilización de precios”.
2.2. Y de igual número de comunicaciones en las que Fedepalma le informa la ratificación que de cada una de las anteriores hizo el comité directivo del fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones, en virtud de recurso de reposición que la actora, mediante apoderado, interpuso contra cada una de las primeras, cuyos correspondientes escritos fueron estudiados en conjunto por el citado comité en su reunión de 30 de octubre de 2000, Acta 32, que los asumió como recursos de reconsideración de Acegrasas S.A. para que se le reconocieran las compensaciones que había solicitado a Fedepalma y que ésta le había rechazado, habiendo determinado que estas solicitudes no podían ser acogidas y que ratificaba así la decisión de Fedepalma.
El tenor de cada una de estas otras 40 comunicaciones es como sigue:
“Bogotá, 21 de noviembre de 2000
Alfonso Vieira Gutiérrez
Aceites y grasas vegetales S.A., Acegrasas S.A. “Bogotá, D.C.
Asunto: Convenio de estabilización FEP 29
Reconsideración del rechazo de la solicitud de compensación de estabilización sobre exportaciones 906.
Apreciado Doctor Vieira:
En relación con la solicitud presentada por Acegrasas S.A., el 4 de octubre pasado, encaminada a que Fedepalma como administradora del fondo de estabilización de precios para el palmiste el aceite de palma y sus fracciones reconsidere la decisión de rechazar la solicitud de compensación de la referencia, atentamente nos permitimos informarle que fueron tramitadas con el comité directivo del fondo de estabilización de precios, y sobre el particular se acordó lo siguiente:
El comité directivo del fondo ..., en la sesión del 30 de octubre pasado, después de analizarla, señaló que el artículo octavo del Acuerdo 25 sobre el reglamento para las operaciones de estabilización es claro en establecer que “se aceptarán solicitudes de compensación dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de realización del embarque o despacho”, y la solicitud de compensación de la referencia fue presentada por fuera de estos términos.
El comité directivo manifestó, además, que Acegrasas S.A. no puede desconocer el Convenio de Estabilización 29, suscrito con Fedepalma el 2 de julio de 1998, en donde acepta de manera voluntaria que para “acceder a las compensaciones de estabilización el vendedor o exportador deberá acogerse a la metodología para las operaciones de estabilización de precios, el reglamento para las operaciones de estabilización, y las demás normas y disposiciones que sobre el particular expida el comité directivo del fondo”. Por lo tanto, Fedepalma, al no aceptar la solicitud de compensación de la referencia que no cumplió con lo establecido en el reglamento operativo del fondo, no hizo cosa distinta que aplicar las normas establecidas por el comité directivo del fondo y el convenio suscrito con el exportador.
Por lo anterior, el comité directivo del fondo determinó que esta solicitud no puede ser acogida, ratificando así la decisión de Fedepalma de rechazar la solicitud de compensación de Acegrasas S.A. que se encuentra relacionada en la referencia.
Administradora del fondo de estabilización de precios ...”.
3. Para establecer el carácter jurídico de esas comunicaciones, especialmente de las primeras, se ha tener en cuenta la fuente de la facultad para proferirla y, por ende, el carácter jurídico de ésta.
3.1. Al respecto se tiene que, como consta en autos, Fedepalma es una persona jurídica de derecho privado, surgida de la asociación de personas también de derecho privado, como son los cultivadores de palma de aceite; y como tal oficia de administradora del fondo de estabilización de precios en los hechos del sub lite.
La condición de administradora de ese fondo le fue dada específicamente mediante el Contrato 217/96 celebrado entre esa agremiación y el Ministerio de Agricultura el 30 de junio de 1996, por autorización prevista en el artículo 4º del Decreto 2354 de 1996, en concordancia con el artículo 9º de la Ley 138 de 1994.
El objeto del contrato se estipuló en su cláusula primera, consistente obviamente en la administración del fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones.
Se trata de un contrato estatal, con evidente sujeción a la Ley 80 de 1993, por lo cual Fedepalma pasó a ser un mero contratista para desarrollar las actividades propias del objeto del contrato.
Para el efecto, se estipularon como obligaciones del contratista, Fedepalma, cláusula segunda, entre otras: i) Administrar los recursos del fondo de estabilización en la forma y condiciones establecidas en el capítulo VI de la Ley 101 de 1993, en el Decreto 2354 de 1996 y por el comité directivo del fondo; administrar los recursos provenientes de las cesiones de estabilización con sujeción a lo dispuesto en el capítulo V de la citada Ley 101, en la Ley 138 de 1994 y las disposiciones que las modifiquen o reglamenten, en especial el Decreto 2025 de 1996, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el Decreto 2354 de 1996 y el capítulo VI de la Ley 101; ii), Invertir temporalmente los recursos del fondo en títulos de deuda; iii) pagar, en la forma establecida en el capítulo VI de la Ley 101 de 1993, en el Decreto 2354 de 1996 y por el comité directivo del fondo, las compensaciones, según el caso.
En la cláusula tercera, que Fedepalma debe invertir los recursos del fondo en los mecanismos de estabilización establecidos en las citadas disposiciones y de acuerdo con el reglamento operativo del fondo y con lo que para el efecto establezca su comité directivo.
La cláusula sexta establece que le corresponde ejecutar los recursos del fondo en concordancia con el citado reglamento operativo, con los programas de estabilización y términos que fije el comité directivo del fondo.
De lo anterior emerge que Fedepalma se constituyó por virtud del contrato en un simple ejecutor o gestor de las actividades de manejo y aplicación de los recursos financieros del Fondo, en orden a lo cual se prevé en la cláusula sexta, “ejecución de los recursos del fondo”, que ella ejecutará los recursos en concordancia con el reglamento operativo del mismo, con los programas de estabilización y términos que fije el comité directivo del fondo.
3.2. En cuanto concierne a hacer efectivo el pago de las compensaciones, el parágrafo 3º del artículo 6º del Acuerdo 25 del comité directivo del fondo, “Por el cual se establece el reglamento para las operaciones de estabilización”, señala que quienes pretendan acceder a las mismas deberán suscribir con Fedepalma un convenio de estabilización y constituir a favor de ésta las garantías bancarias o pólizas de cumplimiento.
3.3. Fue así como Fedepalma y Acegrasas S.A. suscribieron el convenio de estabilización de precios número 29 del 2 de julio de 1998, en cuya cláusula segunda se acordó:
“Otorgamiento de las compensaciones de estabilización. Para acceder a las compensaciones de estabilización el vendedor o exportador deberá acogerse a la metodología para las operaciones de estabilización de precios, el reglamento para las operaciones de estabilización, y las demás normas y disposiciones que sobre el particular expida el comité directivo del fondo”.
En la cláusula tercera, como una de las obligaciones de Fedepalma, se establece la de pagar las compensaciones de estabilización que cumplan los trámites establecidos en el reglamento para las operaciones de estabilización.
La cláusula quinta contempla ocho (8) obligaciones del vendedor o exportador, entre las que cabe destacar, “1) Aceptar y acoger, en todas sus partes, la metodología para las operaciones de estabilización de precios, el reglamento para las operaciones de estabilización, con todas las modificaciones y adiciones, así como las demás normas y procedimientos establecidos por el comité directivo del fondo para acceder a las compensaciones de estabilización; 2) Cumplir en todas las ventas internas o exportaciones que realice, los compromisos y obligaciones que contrae en virtud de este convenio; ... 7) Cumplir con los requisitos sobre la calidad de los productos objeto de compensación vendidos internamente o exportados que para este fin establezca el comité directivo del fondo, así como las normas que sobre el particular determinen las autoridades competentes”.
Finalmente, contiene una cláusula compromisoria —la décimo tercera—, según la cual las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre ellas por razón o con ocasión del mismo, será resuelta por un tribunal de arbitramento.
3.4. Se está, entonces, ante un acuerdo de voluntades entre dos personas de derecho privado, en donde se otorgan e imponen derechos y obligaciones mutuas de hacer y de no hacer, y en virtud de los cuales las partes quedan facultadas para desarrollar las actividades tendientes a cumplir sus propias obligaciones y satisfacer los derechos de la otra.
En ese contexto, Fedepalma quedó con la obligación de recibir las solicitudes de pago de compensación que en desarrollo del convenio le presentara Acegrasas, verificar la conformidad de esas solicitudes con los requisitos y términos aceptados por ésta en el convenio, y con la de pagarle tales compensaciones, cuando cumplan con dichos requisitos, términos y condiciones.
Así, toda actividad de Fedepalma que atañera al pago de las compensaciones a la contraparte del convenio, tenía origen inmediato y directo en este acuerdo de voluntades, constitutivo de un negocio jurídico privado, y se sujetaba a él; luego esa actividad comportaba actos de ejecución o desarrollo del mismo, que se dan en el ámbito de la comentada relación convencional o negocial entre dos personas de derecho privado; actos que vienen a ser actos negociales de esta misma condición privada.
Por consiguiente, y dado que todo contrato es ley para las partes, los actos de éstas referidos a ese negocio jurídico o a su cumplimiento o ejecución son de suyo actos que tienen su fuente inmediata y directa en el mismo y, en consecuencia, están sometidos a lo que en él se hubiere convenido.
De este modo, las atribuciones y obligaciones o deberes de las partes surgen del contrato, esto es, de la voluntad de los contratantes, y el ejercicio de ellas así como la efectividad de los correspondientes derechos se rigen por lo estipulado en él.
3.5. Esa situación no se afecta por la circunstancia del origen de los recursos con los cuales Fedepalma debe hacer el pago a que se compromete en el convenio, pues lo determinante en este caso es que esa obligación se concreta o específica mediante un acto que tiene origen en un contrato entre dos personas privadas, y no de manera unilateral y en virtud del poder estatal, pues en ese contrato Fedepalma interviene como un contratista particular del Estado, y que como tal no hace más que realizar una gestión práctica o prestar un servicio a éste.
En esas circunstancias da igual que los recursos tengan origen fiscal o parafiscal, toda vez que como muchos contratistas privados que para desarrollar las actividades que les corresponden en el contrato estatal deben celebrar contratos con otras personas privadas, es obvio que para ello deban aplicar o utilizar los recursos provenientes del Estado en virtud del contrato estatal, sin que al efecto interese el carácter o la fuente de esos recursos públicos.
3.6. La naturaleza jurídica de los actos de ejecución o aplicación de esos recursos no se determina por la clase de los ingresos utilizados, sino por la actividad jurídica, o lo que es igual, las condiciones jurídicas en que se hace aplicación, luego no es válido deducir que en todo caso en que se apliquen recursos fiscales o parafiscales se está ante el ejercicio de la función administrativa.
Ello es posible predicarlo cuando quien hace la aplicación es directamente el mismo Estado y en las condiciones propias de quien está investido de imperium o autoridad emanada de la Constitución, la ley o el reglamento, es decir, recibida de manera objetiva por normas de orden público, dentro de toda relación jurídica con otros sujetos de derecho, y no emanada del acuerdo de voluntades entre los sujetos o las partes de esa relación.
De allí que, como es sabido y lo ha puesto de presente la corporación, “la función administrativa es una de las funciones del poder público, o sea, una clase de función pública, de modo que el género es función pública y una de sus especies es la función administrativa, en la medida en que ésta se inscribe en la función ejecutiva, de suerte que su primera característica es la de ser inherente al poder del Estado, igual que lo son las demás funciones públicas clásicas: la legislativa y la jurisdiccional, correspondientes a las tres ramas en lo que constituye la tradicional división tripartita del poder público, según lo consagra el artículo 113 la Constitución Política” (1) .
En la misma providencia precitada se concluye, entonces, que:
“la naturaleza de la función administrativa está determinada ante todo por su origen y su inmanencia al poder público, en cuanto es sustancialmente expresión o forma suya de manifestarse, y no porque se trate de actividad desarrollada por el Estado, o regulada, vigilada y controlada por el mismo cuando la presten los particulares, caso este en el cual tales mecanismos de intervención estatal no convierten per se la actividad o el servicio de que se trate en función administrativa pues, si así fuere, habría que considerar como función administrativa actividades mercantiles como la bancaria, la bursátil, de seguros, etc., o servicios públicos como el de transporte público de pasajeros, aéreo o terrestre, entre otros, a cargo de los particulares.
La función administrativa es siempre actividad del poder estatal, sea que se realice por órganos o autoridades públicas o por particulares, de allí que éstos, en ese caso, adquieran el carácter de autoridades, según lo establece el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo al señalar que “Para los efectos de este código, a todos ellos (entre los cuales se mencionan las entidades privadas cuando cumplen funciones administrativas) se les dará el nombre genérico de “autoridades”. Por ello esta corporación, tratando de diferenciar los dos conceptos aquí considerados, refiriéndose al concepto de función pública, de la cual, como se dijo, la función administrativa es una de sus clases, haya expresado que puede decirse que la función pública participa en todo caso del poder del Estado” (2) .
En el presente caso, para efectos de administrar el fondo en mención, Fedepalma no fue investida de autoridad, sino que como atrás se dijo, según el contrato estatal en virtud del cual se le encargó esa gestión fue constituida en simple ejecutora material de las actividades necesarias para aplicar los recursos del Fondo en el objeto de éste, lo cual se recaba con lo señalado en el Acuerdo 25 de 18 de 1998, en el sentido de que debía celebrar convenio con quienes quisieran beneficiarse de las compensaciones respectivas, por lo cual debía mediar acuerdo de voluntad de ella con cada una de esas personas que rigiera su relación con éstas para materializar ese objeto, que por tratarse de sujetos de derecho privado las partes quedaban en igualdad de condiciones en dicha relación jurídica.
Así las cosas, Fedepalma no ejercía función administrativa en el trámite de las solicitudes de compensación que le presentarán los contratantes con ella para ese efecto, sino que estaba desarrollando una relación jurídica bilateral privada, por lo que salta a la vista que las respuestas dadas a esas solicitudes, favorables o desfavorables no son actos administrativos, ni siquiera contractuales por cuanto en ese negocio jurídico no actuaba como contratante estatal, sino como una de las dos partes de derecho privado que lo celebraban. En otras palabras, no emanan del contratante dentro de una actividad contractual estatal, y menos en uso de facultades o cláusulas exorbitantes, ya que éstas son exclusivas del contrato estatal.
3.6. Es por lo antes expuesto que las comunicaciones acusadas no son actos administrativos, más que por la existencia de la cláusula compromisoria, toda vez que ésta pudo o no haberse pactado y en nada cambiaba la naturaleza jurídica de aquellas; con la cual, además, las partes se dieron su propio mecanismo para dirimir los conflictos que surgieran entre ambas en la ejecución del respectivo contrato, y excluían voluntariamente cualquier otro mecanismo para solucionar esos conflictos, incluyendo el juez ordinario por la materia del asunto.
De allí que esa situación jurídica de las referidas comunicaciones no se desvirtúa por la circunstancia de que se hubiera puesto a consideración del comité directivo del fondo, los escritos que la actora presentó a título de reposición de las comunicaciones inicialmente emitidas por Fedepalma, y aquél los hubiera despachado como recurso de reconsideración, por cuanto ninguno de esos recursos eran procedentes, pues además de existir la cláusula compromisoria, no se estaba ante acto administrativo alguno que pusiera fin a una actuación administrativa, y las partes no lo habían pactado como mecanismo de solución de las inconformidades o discrepancia que una de ellas tuviera con los actos de la otra.
En ese sentido, la intervención del comité en la materia u objeto del contrato estaba claramente especificada y delimitada en éste, la cual era en todo caso general, en términos regulatorios y orientador de la materia del asunto y previa al contrato, que los contratantes acogieron como parte del mismo, y de ninguna manera en forma directa y específica en su desarrollo.
Se trató del uso de un mecanismo inexistente e improcedente por voluntad de las partes al no haberlo previsto, e innecesario, pues la interesada en la compensación tenía a su alcance el mecanismo arbitral que había acordado con Fedepalma, y del hizo caso omiso; mientras que el comité realizó una intervención en una relación jurídica de la no era parte ni éstas la habían convenido. Por lo tanto la interesada actuó por fuera del convenio al interponer los aludidos recursos, y el comité incurrió en una errónea e indebida intervención en la ejecución del contrato que no alteró en modo alguno la connotación o naturaleza jurídica de lo decidido por uno de sus suscribientes ni la situación respectiva.
Lo puesto de presente hace irrelevante e innecesario cualquier otra consideración y menos relativa a la regulación jurídica de la materia y de los ingresos previstos para el mecanismo compensatorio o de estabilización en comento, en razón a que como se precisó, sea cual fuere la clase de esos ingreso, los actos demandados no pueden tener un carácter jurídico distinto al negocio o relación jurídica que les dio origen, o sea, de derecho privado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que fue acertada la decisión de la Ponente de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso y remitir el expediente al tribunal de origen, por cuanto el asunto no es del conocimiento de esta jurisdicción, razón por la cual la confirmará por encontrarla ajustada a derecho.
CONFIRMAR el auto suplicado, proferido por la consejera ponente del asunto, doctora Olga Inés Navarrete Barrero, mediante el cual declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto admisorio de la demanda y ordenó remitir el expediente al tribunal de origen, porque el asunto debatido no es del conocimiento de esta jurisdicción.
En firme esta decisión, cúmplase lo ordenado en dicho proveído.
(1) Auto de 20 de marzo de 2003, acción de grupo, expediente 2002200601, número interno 065. C.P. doctor Manuel Santiago Urueta Ayola.
(2) Sentencia de 5 de agosto de 1999, ref. ACU-798, C.P. doctor Germán Rodríguez Villamizar.
El fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones, Feppap, organizado por el Decreto 2354 de 1996 para operar con arreglo al capítulo VI de la Ley 101 de 1993, es una cuenta especial de la Nación (1) , formada con la contribución parafiscal denominada cesión de estabilización, exigida a los productores, vendedores o exportadores cuando el precio internacional sobrepase a un precio de referencia, y destinada a pagarles una compensación de estabilización cuando el precio internacional sea inferior a dicho precio de referencia. La compensación equivaldrá a un porcentaje de la diferencia entre ambos precios, fijado por el comité directivo del fondo con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, según lo dispuesto en el artículo 5º numeral 1º del Decreto 2354 de 1996, cuyo tenor es como sigue:
“ART. 5º—Mecanismos para la estabilización de precios. Los mecanismos de estabilización que utilizará el fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones serán los siguientes:
En este evento, el fondo pagará a los productores, vendedores o exportadores de tales productos una compensación de estabilización equivalente a un porcentaje de la diferencia entre ambos precios, fijado en cada caso por el comité directivo del fondo, con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado”.
El derecho de los productores, vendedores y exportadores a recibir los recursos públicos del fondo a título de compensación de estabilización, deriva directamente de la ley (D. 2354/96, art. 5º, num. 1º) y su cuantía depende de un porcentaje fijado por un acto administrativo de contenido general, expedido por el comité directivo del fondo, con el voto favorable del ministro. El derecho no surge de contrato alguno celebrado por el exportador con la entidad administradora del fondo, y menos cuando el artículo 29 del estatuto orgánico del presupuesto dispone que la administración y ejecución de estos recursos parafiscales se hará exclusivamente en la forma dispuesta por la ley (2) .
El contrato suscrito por Fedepalma con la exportadora no tiene el alcance ni puede superponerse a la ley como causa, fuente o título del derecho a la compensación de estabilización.
Las decisiones con que Fedepalma reconoce o niega la compensación de estabilización, son actos administrativos, en cuanto decisiones unilaterales que producen efectos jurídicos —en este caso el derecho subjetivo del exportador a recibir recursos de la Nación—, adoptadas en ejercicio de una función administrativa como es la de administrar el fondo de estabilización. El artículo 9º del Decreto 2354 de 1996 confiere expresamente a las decisiones de la entidad administradora el carácter de actos administrativos:
“ART. 9º—Funciones del comité directivo. El comité directivo del fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones, cumplirá las siguientes funciones:
1. Determinar las políticas y lineamientos del fondo, de conformidad con los cuales la entidad administradora podrá expedir los actos y medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos previstos para el fondo”.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-840 de 2003, reseñó los pronunciamientos de la Sección Cuarta (sent. de feb. 5/93), y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Cpto. de jun. 13/2002, Rad. 1.380) y subrayó cómo este último atribuye a la administración de los fondos parafiscales el carácter de función administrativa. El concepto acogido por la Corte dice así:
“f) La administración que la federación hace de estos recursos parafiscales constituye asignación de funciones administrativas a una entidad de derecho privado”.
El auto de que discrepo debió tomar en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional y el concepto de la Sala de Consulta, bien fuera para acogerlos o para apartarse de sus tesis, razonadamente en uno u otro caso.
(1) Decreto 2354 de 1996, artículo 3º. De la naturaleza jurídica. El fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, incorporada al fondo palmero creado por la Ley 138 de 1994.
(2) ART. 29.—Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que forman parte del presupuesto general de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración (L. 179/94, art. 12; L. 225/95, art. 2º).

References: artículo 8
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 113
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 3