Source: https://www.docsity.com/es/derecho-procesal-organico-parte-general/489963/
Timestamp: 2018-06-22 21:04:41+00:00

Document:
Derecho Procesal Orgánico - Parte General - Docsity
Investigaciones Derecho Procesal
mariosuarez9 de junio de 2014
Derecho Procesal Orgánico - Parte General, Investigaciones de Derecho Procesal
Derecho procesal orgánico: Las Formas de Solución del Conflicto, el Derecho Procesal, La Jurisdicción y la Competencia.
Pre-visualización3 pages / 91
3 páginas mostradas de 91 páginas totales
Tomás Jiménez Barahona Magdalena Pineda Tabach
1. Introducción El hombre es un ser social, puesto que debe relacionarse con los demás para los efectos de poder lograr su plena realización material y espiritual. Para ello el hombre vive en sociedad. La sociedad supone un orden, y el orden ciertas limitaciones. Para vivir en comunidad, el hombre ha debido auto limitarse en forma más o menos acentuada, por medio de un conjunto de normas que regulan su conducta externa e incluso interna. Así, ha habido normas de convivencia, de etiqueta, de moral, de religión y de derecho. En las sociedades primitivas, todas las normas están confundidas, acentuándose las morales en forma especial. Las normas jurídicas se van imponiendo poco a poco y se diferencia de las otras desde dos puntos de vista: i) al ser impuestas por el Estado tiene fuerza coercitiva; ii) las otras, sólo imponen moralmente deberes, mientras que las normas jurídicas imponen deberes pero también otorgan pretensiones (derechos); iii) las normas jurídicas son bilaterales, en cuanto las otras son universales.
Conflictos de Intereses Atendiendo al carácter social del ser humano, puede surgir un conflicto de intereses,
el que se produce cuando una persona tiene una necesidad y no puede satisfacerla plenamente.
Los conflictos de intereses pueden clasificarse en dos categorías: a) Conflicto interno de intereses: se produce cuando el propio sujeto debe ponderar
alternativas tendientes a satisfacer algunas de sus ilimitadas necesidades, los cuales son resueltos por el propio sujeto mediante el sacrificio del interés menor en beneficio del interés mayor.
b) Conflicto externo de intereses: se sustenta en la presencia de intereses discrepantes de dos o más personas que se manifiestan mediante una acción u omisión que produce un cambio en el mundo externo. Estos conflictos de intereses pueden ser subdivididos a su vez en: i) conflictos externos de relevancia jurídica: en los cuales por una acción u omisión de un sujeto se produce un quebrantamiento del ordenamiento jurídico; conflictos externos de intereses sin relevancia jurídica: aquellos en que no existe una violación del derecho. El conflicto de relevancia jurídica requiere ser compuesto para la mantención de la
paz social, a aquél se le ha denominado litigio. Por la doctrina ha conceptualizado el litigio como: “conflicto intersubjetivo de intereses, jurídicamente trascendente, reglado por
el derecho objetivo, y caracterizado por la existencia de una pretensión resistida” (Francisco Hoyos). 2. Formas de solución del conflicto Para recuperar la paz social que ha sido alterada en virtud de un conflicto, han surgido durante la historia de las instituciones procesales, y coexisten en el tiempo presente tres medios posibles de solución de conflictos:
a) Autotutela. b) Autocompocisión. c) Heterocompocisión.
2.1. La autotutela o autodefensa Concepto Es la más primitiva, puesto que el asunto se pretende solucionar sin recurrir a nadie, directamente, e incluso mediante el uso de la fuerza por los propios interesados. Se la ha definido como: “la reacción directa y personal de quién se hace justicia con manos propias” (Eduardo Couture). Características Lo que caracteriza a la autotutela no es la preexistencia de un ataque, que no existe en varias de sus formas, ni la inexistencia de un determinado procedimiento, que a veces se observa, sino la concurrencia de dos elementos:
a) La ausencia de un tercero imparcial distinto de los sujetos en conflicto. b) La imposición de la decisión por una de las partes a otra.
Evolución La natural evolución social y jurídica va excluyendo la fuerza a medida que se
progresa, identificando con la evolución, un rechazo a la autotutela. En alguna etapa muy primitiva se llega a la propia regulación de la fuerza como
forma sancionadora, un ejemplo es el establecimiento de la ley del talión. Esa forma la podemos llamar autodefensa, en virtud de la cual el titular de la situación o derecho, asume la defensa de ella.
A medida que avanza el derecho, una última etapa, que podríamos llamar moderna, es el Estado quién se apropia de la facultad sancionadora, prohibiendo la justicia de propia mano.
En nuestro ordenamiento se prohíbe la autotutela, y más aún, se la sanciona criminal y civilmente. En efecto la CPR establece que todo conflicto debe ser resuelto a través de un tribunal competente, lo que se deduce de los arts. 1, 19 nº 1, 2, 3 y 73, en igual sentido el art. 1 COT 1 NCPP. La ley por su parte, tanto en el CP como en el CC, prohíben la fuerza, ya sea tipificándolo como delito, ya sea afectando la validez del acto.
Clasificación La autotutela o autodefensa, en atención al reconocimiento que el legislador hace de ella se la divide en:
a) Lícita o autorizada, ej: legítima defensa. b) Tolerada, ej: guerra defensiva. c) Prohibida, ej: exclusión de la usurpación.
2.2. La autocomposición Concepto Se la ha definido como: “la forma mediante la cual, bien ambas partes mediante el acuerdo mutuo, bien una de ellas, deciden poner término al litigio planteado” (Gimeno Sendra). Características La autocompocisión se caracteriza por:
a) Ser una forma de solución de conflictos, ya sea que se hayan llevado o no al proceso para su solución.
b) Es una forma en que las partes en forma directa, sea con la asistencia o no de terceros, determinan las condiciones en que se debe solucionar el conflicto.
c) Sólo puede autocomponerse por quienes tienen las facultades suficientes para llegar a un acuerdo, por o que deben reunirse las reglas generales de capacidad del CC, y el mandatario judicial debe tener las facultades del art. 7 inc.2 CPC.
d) Es una forma pacífica de solución de los conflictos que emana de una decisión voluntaria de las partes, por lo que la concurrencia de la fuerza física o moral la invalida.
La negociación directa de las partes constituye la primera alternativa de solución del
conflicto. Ella requiere la existencia de un conflicto previo, a cuya solución se arriba por la acción voluntaria de las partes.
Es indiferente a la existencia de un proceso, en cuanto puede existir sin éste, durante éste o después de éste, en la etapa de cumplimiento de la sentencia.
En el nuevo proceso penal, siendo el juicio oral el principal sistema de solución de los conflictos, para la eficiencia del sistema se han establecido medidas alternativas para poner término o suspender los procesos penales durante su transcurso, estos medios son: i) la suspensión condicional del procedimiento; ii) los acuerdos reparatorios; iii) el ejercicio del principio de oportunidad; iv) y la posibilidad de la aplicación de un procedimiento abreviado.
Desde el punto de vista de su relación con el proceso, la autocompocisión se clasifica en:
a) Extraprocesal o prepocesal: tendrá uno u otro carácter según se discuta su validez en el proceso.
b) Intraprocesal: se produce durante el proceso declarativo, ya sea a instancias de las partes, o del órgano jurisdiccional. Ella requiere resolución judicial que no tiene carácter de decisión jurisdiccional del conflicto.
c) Pos-procesal: se verifica desde la sentencia firme durante la ejecución de ésta, ya sea en la ejecución singular como en la colectiva. Desde el punto de vista de concurrencia de las partes para generar la composición,
es menester tener presente que siendo dos las partes en conflicto y no tres, como es el caso de los procesos debe intervenir un órgano jurisdiccional imponiendo una sentencia a las partes, la conducta por la cual se puede llegar a la composición puede ser:
a) Unilateral: proviene de una de las partes. b) Bilateral: proviene de ambas partes.
Formas de Autocompocisión Unilaterales
A. La renuncia Es posible que el actor y el que hubiere deducido reconvención renuncie a su pretensión antes de hacerla valer en el proceso, de conformidad a lo previsto en el art. 12 CC. En materia penal
Dicho precepto debe concordarse con los arts. 28 CPP y 56 NCPP, los cuales establecen que la acción penal pública no se extingue por la enuncia de la persona ofendida. De acuerdo con ello, es posible renunciar a la acción penal pública por la parte ofendida, pero ello importa que sólo la parte ofendida y sus sucesores no podrán hacer valer la acción, no afectando dicha renuncia a cualquier otra persona capaz de ejercerla según los arts. 15 CPP y 111 y 173 NCPP. En el antiguo proceso penal, al aplicarse el principio de legalidad, los oficiales del Ministerio Público tienen la obligación de ejercer la acción penal pública respecto de todo delito que deba perseguirse de oficio en conformidad al art. 25 CPP. En el nuevo proceso penal, el art. 170 NCPP contempla el principio de oportunidad, por el cual se permite a los oficiales del Ministerio Público no iniciar la acción penal o abandonar la ya iniciada cuando se trate de un hecho que no comprometa gravemente el interés público. Sin embargo, en el antiguo como en el nuevo proceso penal, tratándose de la acción penal privada y de la civil, se establece expresamente su extinción por medio de la renuncia de la parte ofendida, art. 28 CPP y 56 inc.2 NCPP. Finalmente se contempla como una forma de extinguir la responsabilidad penal el perdón de la parte ofendida, art. 93 nº 5 CP en relación con los arts. 408 nº 5 CPP y 250 letra d) NCPP.
B. El desistimiento Una vez hecha valer la pretensión en el proceso por parte del actor, lo que cabe es el desistimiento, al cual se lo ha definido como: “la renuncia que efectúa el demandante de la pretensión hecha valer en su demanda o del demandado de la pretensión hecha valer en su reconvención durante el proceso”. Consiste en un acto unilateral del actor, el cual no requiere aceptación del demandado, salvo su derecho a oponerse a que sea aceptado, arts. 140 y 150 CPC. Sin embargo, es menester que el tribunal de a la solicitud de desistimiento la tramitación de un incidente y dicte una sentencia interlocutoria aceptándolo para que de fin que al proceso, perdiendo la parte que se hubiere desistido la pretensión que haya hecho valer. En materia penal En el antiguo como en el nuevo proceso penal, el querellante puede desistirse de la acción penal pública, pero ésta no produce la extinción de la acción penal, sino que sólo deja la parte querellante de ser parte activa en el proceso, arts. 30 inc.2 CPP y 118 NCPP. Asimismo, el oficial del Ministerio público en el antiguo proceso penal, no puede desistirse de la acción penal, art. 36 CPP. Mientras que en el nuevo proceso penal puede acogerse al principio de oportunidad, art. 170 NCPP. Tratándose de la acción penal privada, tanto en el nuevo como en el antiguo proceso penal, el desistimiento del querellante es el único capaz de extinguir la pretensión penal, terminando el proceso por sobreseimiento definitivo, art. 32 CPP y 401 NCPP. En el art. 575 CPP se contempla el desistimiento tácito respecto del querellante en los delitos de injurias y calumnias que no acude al comparendo de conciliación. En el art. 402 NCPP se sigue el mismo principio para la inasistencia a la audiencia, pero para todos los delitos de acción privada. C. El Allanamiento Se lo ha definido como: “una manifestación de voluntad por parte del demandado por el cual reconoce y se somete a la satisfacción de la pretensión hecha valer en su contra por el actor”. El allanamiento en nuestro proceso civil sólo puede eliminar la etapa probatoria en conformidad al art. 313 CPC, debiendo el juez dictar sentencia para los casos en que la pretensión se haya hecho valer y de la cual el demandado se ha allanado. Según la jurisprudencia, en los casos en que exista un interés de orden público, como en los casos de nulidad de matrimonio, se ha restado eficacia al allanamiento, debiendo las partes acreditar los hechos del proceso para que puede ser acogida la pretensión. En materia penal En el antiguo proceso penal no cabe el allanamiento, puesto que la contestación de la acusación es un trámite esencial conforme a los previsto en el art. 448 inc.3 CPP. En el nuevo proceso penal no puede concebirse un allanamiento en el juicio oral, lo que cabría
sería aplicar el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios.
Formas Autocompositivas Bilaterales
Se caracterizan por ser métodos no adversariales, por lo que: a) Las partes actúan juntas y cooperativamente, ya sea solas o asistidas por un tercero. b) Mantienen el control de las conversaciones. c) Acuerdan la propia decisión, que resuelve el conflicto, sin importar la solución
jurídica o los precedentes. A. La Transacción Concepto Se la ha definido como: “es un método autocompositivo de carácter bilateral y no asistido, destinado a precaver un litigio eventual o poner término a un litigio pendiente, haciéndose las partes concesiones recíprocas”. Se encuentra regulada en los arts. 2446 y siguientes CC. En materia penal, el querellante de consuno por el querellado puede poner término al juicio mediante un contrato de transacción, art. 30 inc.3 CPP. En el nuevo proceso también es posible, según el art. 403 NCPP. Características La transacción se caracteriza por:
a) Es un método autocompositivo, que busca solucionar el conflicto antes de que sea llevado a un proceso o poner término al litigio del que versa el proceso.
b) Es un método autocompositivo directo, no necesita de la asistencia de un tercero. c) Es un contrato o acto jurídico bilateral, por lo que requiere el acuerdo de las partes
del proceso. d) Es un contrato procesal, puesto que está destinado a producir efectos respecto del
proceso. e) Es un contrato que pone término a un litigio eventual o precave un litigio pendiente,
exigiendo que as partes se hagan concesiones recíprocas. f) Es un contrato extrajudicial. g) Es un contrato regulado por la ley. h) El mandatario judicial requiere facultades especiales para transigir conforme al art.
7 inc.2 CPC. i) Es un contrato consensual. j) Produce el efecto de cosa juzgada de última instancia de conformidad a lo previsto
en el art. 2469 CC. k) Es una excepción perentoria, que debe hacerse valer al tiempo de la contestación de
la demanda en el juicio ordinario. Además constituye una excepción mixta, por lo que puede hacerse valer como excepción dilatoria según el art. 304 CPC y una excepción anómala, que puede hacerse valer en cualquier estado del juicio, hasta
antes de la citación a oír sentencia de primera instancia y la vista de la causa en segunda.
Es un medio autocompositivo de carácter extrajudicial, bilateral y asistido, destinado a precaver un litigio eventual o a poner término a un litigio pendiente.
Se la ha defino como: ”procedimiento no adversarial en el cual un tercero imparcial ayuda a las partes a negociar para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable”.
Características Se caracteriza por ser:
a) Es un método autocompositivo, por el cual mediante la asistencia de un tercero, se puede llegar voluntariamente a una solución.
b) Es un método autocompositivo de negociación asistida, puesto que se contempla la asistencia de un tercero llamado mediador.
c) El mediador no cumple una función decisoria respecto del conflicto, sino que es un colaborador de las partes para que arriben a un acuerdo.
d) El proceso de mediación es confidencial, tanto para las partes como para el mediador y los terceros.
e) El proceso de mediación puede ser establecido con carácter voluntario, obligatorio u optativo.
f) Se caracteriza por ser de una formalidad relativa y flexible. g) Es creativo, el mediador y las partes no se encuentran limitados en explorar las
diversas soluciones a través de las cuales se puede componer el conflicto. h) El proceso de mediación puede permitir que las partes lleguen a un acuerdo
recíproco acerca de la forma de resolver el conflicto. i) En nuestro derecho lo normal será que el acuerdo se materialice mediante la
suscripción de un contrato de transacción. C. El Avenimiento Es un medio autocompositivo de carácter extrajudicial, bilateral y no asistido, destinado a poner término a un litigio pendiente. Se lo ha definido como: “el acuerdo que logran directamente las partes en virtud del cual le ponen término a su conflicto pendiente de resolución judicial, expresándolo así al tribunal que está conociendo la causa” (Colombo Campbell). Características Se caracteriza por:
a) Es un método autocompositivo, por el cual se pretende poner término a un litigio pendiente, es decir, a un litigio sobre el cual existe un proceso.
b) Es un medio autocompositivo directo. c) Es un contrato o acto jurídico unilateral.
d) Es un contrato procesal. e) Es un contrato judicial, puesto que generalmente las partes lo acuerdan fuera del
proceso, pero deben dar cuenta de éste al tribunal para que produzca el efecto de poner término al litigio.
f) Es un contrato no regulado sistemáticamente en la ley. g) El mandatario judicial requiere facultades especiales para avenir. h) El avenimiento pasado ante tribunal competente pone término al proceso y proceso
y produce el efecto de cosa juzgada. D. La Conciliación Es un medio autocompositivo de carácter judicial, bilateral y asistido, destinado a poner término a un litigio pendiente. Se lo ha definido como: “el acto jurídico procesal bilateral en virtud del cual las partes, a iniciativa del juez que conoce del proceso, logran durante su desarrollo ponerle fin por mutuo acuerdo” (Colombo Campbell). Características Se caracteriza por:
a) Es un método autocompositivo, por el cual se pretende poner término a un litigio pendiente. No es un método puro, ya que requiere de la existencia del proceso y en su memento, de la asistencia personal del juez.
b) Es un método autocompositivo asistido, por el juez que conoce de la causa. c) Es un contrato jurídico bilateral. d) Es un contrato procesal. Dentro de éste existe una limitación, ya que las partes sólo
pueden componer acerca de sobre las pretensiones y contrapretenciones debatidas, sin poder hacer concesiones ajenas a las sustentadas en el proceso.
e) Es un contrato judicial, puesto que lo celebran dentro del proceso y en presencia del tribunal, dejándose constancia en un acta acerca del acuerdo, que deben suscribir el juez, las partes que lo deseen y el secretario del tribunal, art. 267 CPC.
f) Es un contrato regulado por la ley, estableciéndose además el llamado a conciliación como uno de los trámites esenciales en primera instancia, en conformidad al art. 795 nº 2, cuya omisión faculta para deducir un recurso de casación de forma.
g) El acta de conciliación se estima como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, art. 267 CPC, y en consecuencia produce cosa juzgada y es título ejecutivo perfecto.
E. La Suspensión condicional del procedimiento Es medio autocompositivo de carácter judicial, bilateral y no asistido, celebrado entre el fiscal y el imputado dentro del nuevo sistema procesal penal, que requiere ser homologado por el juez de garantía, y se celebra con el fin de suspender el procedimiento y conducir al término del litigio penal pendiente respecto de un delito de acción penal pública, en caso de cumplirse los requisitos establecidos en la resolución que concede el beneficio.
Características Se caracteriza por:
a) Es un método autocompositivo, puesto que para ser decretada la suspensión, por el juez de garantía, se requiere que exista acuerdo entre el fiscal y el imputado.
b) Es un medio autocompositivo homologado, ya que es el tribunal quien teniendo presente el acuerdo, fija las condiciones bajo las cuales debe verificarse.
c) Es un contrato o acto jurídico bilateral. d) Es un contrato procesal. e) Es un contrato judicial. f) Es un contrato regulado por la ley.
F. Los Acuerdos reparatorios Es un medio autocompositivo de carácter judicial, bilateral y no asistido, celebrado entre el imputado y la víctima en el nuevo sistema procesal penal, que requiere ser homologado por el juez de garantía, y se celebra con el fin de convenir la reparación de las consecuencias causadas por el delito y poner término al litigio penal pendiente respecto de un delito que afectare bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos. Características Se caracteriza por ser:
a) Es un método autocompositivo. b) Es un método autocompositivo homologado, ya que es el tribunal de garantía quién
debe aprobarlo para poner término al proceso penal. c) Es un contrato o acto jurídico bilateral. d) Es un contrato procesal, que produce efectos sobre el proceso, el que no es otro que
ponerle término mediante un sobreseimiento definitivo, al generarse la extinción de la responsabilidad penal, art. 242 NCPP.
e) Es un contrato judicial, puesto que el juez de garantía debe aprobar el acuerdo. f) Es un contrato regulado por la ley.
2.3. El Proceso Heterocompocisión Ella es “aquél método de solución de conflicto en el cual las partes acuden a un tercero, ya sea una persona individual o colegiada, quién se compromete o está obliga en razón de su oficio, luego de la tramitación de un proceso, a emitir una decisión para la solución del conflicto, cuyo cumplimiento deberán acatar las partes”.
Ideas generales acerca del proceso La razón por la cual el tercero actúa sobre las partes para la solución del conflicto es
que está investido del ejercicio de la función jurisdiccional, que le reconoce el art. 73 de la CPR.
La jurisdicción es “el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del territorio de la República y en cuya solución les corresponda intervenir”.
Para que se ponga en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional, es menester que se ejerza por la parte activa una acción, la cual ha sido conceptualizada como: “el derecho subjetivo público, de carácter constitucional, consistente en excitar o poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado” (Alaclá Zamora).
El actor que ejerce la acción para los efectos de obtener la satisfacción de un pretensión, a lo cual se opone la persona en contra de la cual ella se hace valer. La pretensión ha sido conceptualizada como: “una declaración de voluntad por la cual se solicita la actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta del autor de la declaración” (Jaime Guasp).
La oposición a la satisfacción de la pretensión por la otra parte es lo que genera el litigio o conflicto. No siendo posible la solución del conflicto por la autocomposición, es menester que el titular de la pretensión accione para que se ejerza la función jurisdiccional, siendo la forma en como se resolverá el conflicto, la decisión de autoridad, que se manifiesta como una sentencia al final de un proceso.
Se debe entender por proceso: “secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión”.
La sentencia que se debe dictar en el proceso resulta eficaz, por provenir de un tercero independiente en ejercicio de la facultad jurisdiccional y porque dicha decisión se torna inmutable e inimpugnable una vez pasada en autoridad de cosa juzgada. Para que sirve el proceso El proceso tiene una doble función, privada y pública.
a) Función privada del proceso: es el único medio en materia penal, y el medio residual a falta de acuerdo en materia civil, para los efectos de lograr la satisfacción de los intereses jurídicamente trascendentes por las partes de un conflicto.
b) Función pública del proceso: asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción.
Las Reglas de Descarte para Determinar el Tribunal a Quién Corresponde Conocer de un Asunto y el Procedimiento de Acuerdo al Cual Debe Ser Tramitado y Resuelto
1. Introducción El derecho procesal, cuando se genera un conflicto y se requiere para su resolución el uso de la jurisdicción a través del debido proceso, debe responder a dos interrogantes: i) dónde acudo y ii) cómo acudo. 2. Dónde acudo para obtener la resolución del conflicto A. Tribunales que establece la ley Producido que sea un conflicto sin que haya operado la autotutela o la autocompocisión, debe acudirse a los tribunales que establece la ley. El art. 5 COT señala los tribunales que establece la ley: “A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes. Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía. Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los Juzgados de Letras de Menores, los Juzgados de Letras del Trabajo y los Tribunales Militares en tiempo de paz, los cuales se regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en la Ley No. 16.618, en el Código del Trabajo, y en el Código de Justicia Militar y sus leyes complementarias, respectivamente, rigiendo para ellos las disposiciones de este Código sólo cuando los cuerpos legales citados se remitan en forma expresa a él. Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código. Los jueces árbitros se regirán por el Título IX de este Código”. Según este artículo debe distinguirse entre las siguientes categorías de tribunales:
a) Tribunales ordinarios: tienen una estructura jerárquica de carácter piramidal, en cuya cúspide se encuentra la Corte Suprema, y en su base los jueces de letras, los jueces de garantía y los tribunales orales en lo penal. Según el art. 5 COT son:
i.- La Corte Suprema: es el máximo tribunal de la República y posee la superintendencia correctiva direccional y económica sobre todos los demás tribunales, en conformidad al art. 79 CPR. Ejerce su competencia sobre todo el territorio de la República y tiene su de en la capital de la misma, e conformidad al art. 54 COT. ii.- Las Cortes de Apelaciones: existen 17 cortes de apelaciones, art. 54 COT, las que tienen como superior jerárquico a la Corte Suprema y son ellas superiores jerárquicos de los jueces de letras, los tribunales orales y de los jueces de garantía de su respectiva jurisdicción. Tienen el carácter de tribunales letrados y colegiados y ejercen su competencia generalmente respecto de una Región, art. 55 COT. iii.- Tribunales Unipersonales de Excepción: son tribunales letrados establecidos por la ley para conocer de determinadas materias, son: i) El Presidente de la Corte Suprema, art. 53 COT; ii) Un Ministro de Corte Suprema, art. 52 COT; iii) El Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, art. 51 COT; y un Ministro de Corte de Apelaciones respectiva, art. 50 COT. iv.- Jueces Letrados: tienen como superior jerárquico la Corte de Apelaciones respectiva y ejercen su competencia para el conocimiento de la generalidad de las materias en primera y única instancia, y tienen su asiento en una comuna y ejercen su competencia sobre una comuna o agrupación de comunas, arts. 27 a 40 COT. v.- Juzgados de Garantía: tribunales letrados conformados por uno o más jueces, que tienen como superior jerárquico la Corte de Apelaciones respectiva, ejercen su competencia para la generalidad de los asuntos penales en el nuevo sistema procesal penal, consistentes en la aseguración de los derechos del imputado y demás intervenciones en el nuevo proceso penal y dentro del procedimiento simplificado y abreviado, tiene su competencia dentro de una comuna o agrupación de comunas, arts. 14 a 16 COT. vi.- Tribunales Orales en lo Penal: son tribunales colegiados y letrados, cuyo superior es la Corte de Apelaciones respectiva, ejercen su competencia para la resolución de los juicios orales en el nuevo proceso penal en única instancia, tienen su asiento en una comuna y ejercen su competencia sobre una comuna o agrupación de comunas, arts. 27 a 40 COT. b) Tribunales especiales: pueden o no formar parte del poder judicial.
Ellos son: i.- Juzgados de letras de menores. ii.- Juzgados de letras del trabajo. iii.- Juzgados Militares en tiempo de paz.
Estos tribunales forman parte del poder judicial y se rigen en su organización y
atribuciones por sus leyes orgánicas constitucionales respectivas, rigiendo las normas del
COT sólo en cuanto dichas normas orgánico constitucionales se remitan expresamente a ellas, art. 5 inc.3 COT. Tribunales especiales que no forman parte del poder judicial Ellos son: i.- Los juzgados de policía local. ii.- Los juzgados militares en tiempo de guerra. iii.- La Contraloría General de la República en el juicio de cuentas. iv.- La comisión resolutiva de la ley de defensa de la libre competencia. v.- El Director del SII. vi.- El Director del servicio nacional de aduanas. vii.- Los alcaldes que deben conocer de los recursos de ilegalidad municipal. viii.- El Tribunal de Marcas.
B. Normas para determinar el tribunal ante el cual puedo accionar o acudir para requerir la solución del conflicto Para ello deben aplicarse las reglas de descarte. Ellas son las siguientes.
a) Arbitraje: en primer lugar debe determinarse si el legislador ha establecido que el conflicto es de aquellos en los cuales no es procedente su solución por medio de arbitraje, puesto que en tal caso, debo pasar de inmediato a la aplicación de otras reglas de descarte para determinar si el asunto debe ser resuelto por un tribunal especial u ordinario. Ello se trata de materias de arbitraje prohibido.
A continuación debe observarse si se trata de una materia de arbitraje obligatorio y en tal caso deberá procederse a su resolución por medio de un árbitro.
Finalmente debe eximirse si las partes han celebrado un compromiso o cláusula compromisoria, tratándose de una materia de arbitraje facultativo, puesto que en tal caso las partes han sustraído del conocimiento de los tribunales ordinarios el asunto.
b) Tribunal especial: en segundo lugar debe examinarse si el legislador ha establecido un tribunal especial para los efectos que éste sea el encargado de solucionar el conflicto.
c) Tribunal ordinario: en el caso de que no sean competentes un árbitro o un tribunal
especial, debe recurrirse ante un tribunal ordinario que establezca la ley. 3. Jerarquía del tribual ordinario que debe conocer del asunto Establecido que el conocimiento del asunto es de competencia de un tribunal ordinario, se debe en primer término determinar la jerarquía del tribunal que debe conocerlo.
Para ello se han establecido las reglas de la competencia absoluta, normas que revisten el carácter de orden público y que por tanto, son indisponibles para las partes. Los elementos que el legislador ha tomado en cuenta para determinar la competencia absoluta son:
a) La Cuantía En materia civil la cuantía se determina por el valor de la cosa disputada. En materia penal, por la pena que el delito lleva consigo. b) La Materia No es más que la naturaleza del asunto disputado, arts. 130 y 131 COT. c) El Fuero Es la calidad de las partes que intervienen en el conflicto para los efectos de elevar
la jerarquía del tribunal que debe conocer del asunto. El fuero se clasifica en: Fuero mayor: de acuerdo con el cual el asunto debe ser conocido por un Ministro de
Corte de Apelaciones, art. 50 nº 2 COT, el que no recibe aplicación en el nuevo sistema penal. Fuero menor: de acuerdo con el cual el asunto debe ser conocido por un juez de letras, art. 45 nº 2 letra g. d) El Tiempo Finalmente, tratándose de los asuntos penales, será menester determinar el factor tiempo, es decir, la fecha de comisión del delito. Ello por que debe hacerse presente que los tribunales orales en lo penal y los jueces de garantía sólo poseen competencia, y los fiscales sólo pueden investigar los delitos que se hubieren cometido con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal en la respectiva Región. 3. B. El tribunal ordinario que dentro de una determinada jerarquía debe conocer del asunto Establecida la jerarquía del tribunal ordinario que debe conocer del asunto mediante la aplicación de las reglas de la competencia absoluta, debe determinarse cual tribunal dentro de ésa jerarquía debe conocer del asunto. Ello se hace mediante las reglas de lacompetencia relativa. Las reglas de la competencia relativa tienen como elemento el territorio, éste, a juicio de Mario Mosquera, no se traduce en un concepto meramente geográfico, sino que comprende cualquier aspecto que la ley tome en consideración para la determinación precisa del tribunal que tendrá competencia para conocer de un asunto. Para determinar la competencia relativa es menester distinguir entre los asuntos penales y civiles, y en estos, los asuntos civiles contenciosos y no contenciosos.
a. Asuntos civiles contenciosos
Las reglas de la competencia relativa en los asuntos contenciosos civiles, en primera o única instancia, y entre tribunales ordinarios de igual jerarquía, se caracterizan por ser de orden privado, y en consecuencia, renunciables para las partes. El medio que el legislador contempla para que se puedan modificar dichas reglas es la prórroga de la competencia. Ella se ha definido como: “acuerdo tácito o expreso de las partes en virtud del cual, en la primera instancia de los asuntos contenciosos civiles que se tramitan ante tribunales ordinarios, otorgan competencia a un tribunal ordinario que no es el naturalmente competente para conocer de él en razón del elemento territorio”. La prórroga de la competencia puede ser expresa o tácita. Expresa: es la convención en virtud de la cual las partes acuerdan prorrogar la competencia, sea que se contenga en el contrato mismo o en un acto posterior, designando con toda precisión al juez a quien se someten. Tácita: es aquella contemplada por parte del legislador con motivo de conductas que las partes han realizado en el proceso. Para establecer su existencia debe distinguirse entre demandante y demandado. i.-La Prórroga tácita del demandante: se entiende que el demandante prorroga tácitamente la competencia por el hecho de ocurrir ante el juez interponiendo su demanda, art. 187 nº 1 COT. Demanda en este caso debe entenderse en un sentido amplio, así incluye una medida prejudicial, una medida preparatoria de la vía ejecutiva o la notificación de un tercero poseedor en una acción de desposeimiento. ii.-La prórroga tácita del demandado: se entiende que el demandado prorroga tácitamente la competencia por hacer, después de apersonado en el juicio, cualquier otra gestión que no sea la de reclamar la incompetencia del juez, art. 187 nº 2 COT. Deducida la prórroga de la competencia, no podrán las partes alegar la incompetencia del tribunal que ha pasado a tener la competencia prorrogada. Normas de descarte que deben aplicarse para determinar en un asunto civil contencioso, cual tribunal de una determinada jerarquía, en razón del territorio, será competente para conocer del asunto Ellas son las siguientes: 1º Se debe determinar si existe o no prórroga de la competencia. Si se ha pactado, a ella debemos atenernos. 2º A falta de prórroga de competencia es necesario comprobar si existen o no disposiciones especiales que hagan competente a un tribunal. El COT en sus arts. 139 y siguientes establece reglas especiales. 3º A falta de reglas especiales debe estudiarse la naturaleza de la acción deducida, que de acuerdo al CC, puede clasificarse como inmuebles, muebles o mixtas, para los efectos de determinar la competencia según los arts. 135, 137 y 138 COT. 4º Finalmente a falta de todas aquellas reglas, se entiende que será competente el tribunal del domicilio del demandado, según el art. 134 COT.
b. Asuntos no contenciosos civiles
Las reglas de la competencia en estos asuntos se caracterizan por ser de orden público, por tanto no procediendo la prórroga de la competencia, ya que ella se contempla sólo para los asuntos contenciosos civiles, art. 182 COT. Las reglas de descarte son las siguientes: 1º Determinar si el legislador ha establecido una norma especial, las cuales se encuentran contempladas en los arts. 148 a 155 COT. 2º Ante la falta de una regla especial, se debe aplicar la regla supletoria que concede competencia al tribunal de la comuna o agrupación de comunas en que tenga su domicilio el solicitante o interesado, art. 134 COT. c. Asuntos penales Las reglas de la competencia relativa en asuntos penales se caracterizan por ser de orden público, por lo que no es admisible la prórroga de la competencia, ya que ella se contempla sólo para los asuntos contenciosos civiles, art. 182 y es expresamente prohibida por el art. 9 CPP. Para determinar la competencia relativa en asuntos penales se deben hacer las siguientes distinciones: Delitos cometidos en el extranjero Es una excepción al principio de la territorialidad de la ley, aquellos casos contemplados en el art. 6 COT. En relación al ellos, el art. 167 COT dispone que: “De los delitos a que se refiere el artículo sexto conocerán los tribunales de Santiago”. Para estos efectos y como regla de distribución de causas, por Auto Acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago, se determinó que debe conocer de estos asuntos el juez de letras criminal que esté de turno en el mes que se inicie el procedimiento. Existe en todo caso una regla especial para los delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado que se cometan en el extranjero, ya que según el art. 27 letra l de la ley 12.927 debe conocerlo un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago según el turno. En el nuevo proceso penal los delitos contra la seguridad del Estado perpetrados fuera del territorio de la República, su investigación será dirigida por el fiscal adjunto de la Región Metropolitana, que sea designado por el fiscal regional de dicha región. Delitos cometidos dentro del territorio nacional Es menester aplicar las siguientes reglas: 1º Comisión de un sólo delito El art. 157 COT dispone que: será competente para conocer el tribunal en cuyo territorio jurisdiccional se hubiere cometido el hecho que da motivo a la iniciación del proceso. El delito se entenderá cometido en el lugar donde se de inicio a su ejecución.
En el nuevo proceso penal, el juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las cuestiones a que diere lugar el procedimiento previo al juicio oral. 2º Comisión de varios delitos En ellos hay que distinguir si se trata de:
a) Delitos independientes de igual gravedad: si se cometieren varios delitos de igual gravedad en un solo territorio jurisdiccional, será competente para conocer de todos ellos el tribunal de ese territorio jurisdiccional. Si se cometen en distintos territorios, se aplica el art. 158 COT: será juzgado por el juez de aquel en que cometió el último delito.
b) Delitos independientes de distinta gravedad: se aplica el art. 159 COT: si el reo hubiere cometido en varias comunas delitos de distinta gravedad, será competente para conocer de ellos el juez de aquellas comunas en que se cometió el último crimen o en su defecto el último simple delito.
c) Delitos conexos: el art. 164 COT señala que tribunales son competentes para conocer de ellos en un solo proceso: 1º el de la comuna en que se hubiere cometido el de mayor gravedad; 2º si todos los delitos fueren de igual gravedad, el de la comuna en que se cometió el último delito; 3º si no se supiere cuando se cometió el último delito, el de la comuna en que se cometió uno de ellos y que primero hubiere comenzado a instruir el proceso; 4º si varios jueces hubieren comenzado a instruirlo a un mismo tiempo aquél que fuere designado por la respectiva corte de apelaciones, o por la Corte Suprema si los jueces fueren dependientes de varias cortes de apelaciones. En el nuevo proceso penal No se hace ninguna distinción entre delitos de acuerdo a su gravedad, ni se
contempla la existencia de delitos conexos. Para ello se deben seguir las reglas del nuevo art. 159 COT: “Si en ejercicio de las
facultades que la ley procesal penal confiere al Ministerio Público, éste decidiere investigar en forma conjunta hechos constitutivos de delito en los cuales, de acuerdo al artículo 157 de este Código, correspondiere intervenir a más de un juez de garantía, continuará conociendo de las gestiones relativas a dichos procedimientos el juez de garantía del lugar de comisión del primero de los hechos investigados.
En el evento previsto en el inciso anterior, el Ministerio Público comunicará su decisión en cada uno de los procedimientos que se seguirán en forma conjunta, para lo cual solicitará la citación a una audiencia judicial de todos los intervinientes en ellos. El o los jueces de garantía inhibidos harán llegar copias de los registros que obraren en su poder al juez de garantía al que correspondiere continuar conociendo de las gestiones a que diere lugar el procedimiento.
Sin perjuicio de lo previsto en los incisos precedentes, si el Ministerio Público decidiere posteriormente separar las investigaciones que llevare conjuntamente, continuarán conociendo de las gestiones correspondientes los jueces de garantía competentes de conformidad al artículo 157. En dicho evento se procederá del modo señalado en los incisos segundo y tercero de este artículo”.
En el caso de este sistema será necesario aplicar las normas de distribución de causas cuando se determine que es competente un juzgado de garantías integrado por más de un juez.
3. C. Reglas de distribución de las causas y el turno
Ellas son: “aquellas que nos permiten determinar cual tribunal luego de
aplicadas las reglas de competencia absoluta y relativa, va a conocer del asunto, cuando existan en el lugar dos o más tribunales competentes”.
a. Reglas de distribución de causas en los asuntos civiles contenciosos
Ellas son: 1º Si los jueces de letras son de lugares que no son asiento de Corte de Apelaciones se aplica la regla del turno de acuerdo a los incisos 1º, 2º y 4º del art. 175 COT. 2º Si los jueces de letras son de lugares que son asiento de Cortes de Apelaciones se aplica la regla de distribución de causas de acuerdo al art. 176 COT. b. Reglas de distribución de causas en los asuntos civiles no contenciosos
Respecto a estos asuntos siempre debe aplicarse la regla del turno, art. 179 COT. En el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo al
Auto Acordado de 1991, todas las demandas de asuntos no contenciosos, deberán ser ingresas por los interesados a la oficina de distribución de causas.
c. Reglas de distribución de causas de los asuntos penales Para ello se debe distinguir: i. Si los jueces de letras son de lugares de asiento de Corte de Apelaciones Se debe distinguir como comienza el procedimiento:
a) Si comienza por querella: opera la distribución, art. 180 inc.1 COT. b) Si comienza por denuncia: se aplica la regla del turno. c) Si comienza de oficio del tribunal o por autorequerimiento: si el tribunal está de
turno corresponderá a éste su conocimiento. Empero, si el tribunal no esta de turno debe practicar, o hacer practicar las primeras diligencias del sumario, que ordena efectuar el art. 60 CPP.
d) Si comienza por requerimiento del Ministerio Público: debe aplicarse la regla general que establece el art. 175 COT.
ii. Si los jueces de letras no son de asiento de Corte de Apelaciones Se debe aplicar la regla del turno.
En el nuevo proceso penal, la distribución de causas entre los jueces de juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser anualmente aprobado por el comité de jueces del juzgado a propuesta del presidente, o sólo por este último según corresponda. 3. Cómo acudo ante los tribunales para obtener la solución del conflicto Existen diversas reglas de descarte para determinar el procedimiento aplicable para la solución de un conflicto, puesto que este varía de acuerdo a la naturaleza del asunto. a. Reglas de descarte para determinar el procedimiento aplicable en un asunto civil contencioso Se deben aplicar las siguientes reglas de descarte: 1º Determinar si el legislador ha establecido un procedimiento especial para la solución del conflicto. 2º A falta de existencia de un procedimiento especial, debemos determinar su cabe dar aplicación general del procedimiento sumario de acuerdo con la naturaleza de la acción deducida. 3º A falta de procedimiento especial y no cabiendo darle aplicación al procedimiento sumario, deberá aplicarse el juicio sumario de mayor cuantía para la solución del conflicto, ya que es un procedimiento supletorio de aplicación general según el art. 3 CPC. b. Reglas para determinar el procedimiento aplicable en un asunto civil no contencioso Se deben aplicar las siguientes reglas: 1º Determinar si el legislador ha establecido un procedimiento especial para la tramitación del asunto no contencioso. 2º A falta de la existencia de un procedimiento especial, deberá aplicarse el procedimiento de general aplicación que se contempla en el tit. I del libro IV CPC. c. Reglas de descarte para determinar el procedimiento aplicable en un asunto criminal en el antiguo sistema procesal penal Se deben aplicar las siguientes reglas: 1º Determinar si el legislador ha establecido un procedimiento especial para la solución del conflicto. 2º A falta de procedimiento especial, deberá aplicarse el procedimiento penal de acuerdo con la naturaleza de la acción penal deducida. En este sentido los procedimientos pueden ser:
- Crímenes o simples delitos de acción penal privada: se les aplica el procedimiento de acción penal privada contemplado en el tit. II del libro III CPP.
- Crímenes o simples delitos de acción penal pública: se les aplica el procedimiento de juicio ordinario sobre crimen o simple delito de acción penal pública, contemplado en el libro II CPP.
- Crímenes o simples delitos de acción penal mixta: se rige el procedimiento por las normas de acción penal pública.
d. Reglas de descarte para determinar el procedimiento aplicable en un asunto criminal en el nuevo sistema procesal penalSe deben aplicar las siguientes reglas: 1º Determinar si el legislador ha establecido un procedimiento especial para la solución del conflicto. 2º A falta de procedimiento especial, deberá aplicarse el procedimiento penal de acuerdo con la naturaleza de la acción penal deducida. En este sentido los procedimientos pueden ser:
- Faltas: de las faltas conocen los juzgados de garantía a través de los siguientes procedimientos: i) el procedimiento monitorio; ii) procedimiento simplificado.
- Crímenes y simples delitos de acción penal privada: se les aplica el procedimiento de acción penal privada, contemplado en el tit. II del libro IV del NCPP.
- Crímenes o simples delitos de acción penal pública: se les aplica los procedimientos: i) procedimiento abreviado, art. 406 NCPP; ii) procedimiento simplificado, art. 388 NCPP; iii) juicio oral, arts. 281 y siguientes NCPP.
- Crímenes o simples delitos de acción penal pública previa instancia particular: se rige por las normas de la acción penal pública.
1. Concepto de Derecho Procesal Respecto del Derecho Procesal pueden darse diversas definiciones, pudiendo distinguir las que ponen énfasis en el concepto de acción, jurisdicción y proceso como aquellas que tienen un carácter meramente descriptivas. Se pueden citar la siguiente: “Es las rama del derecho que estudia la organización y atribuciones de los tribunales y las reglas a que están sometidos en su tramitación los asuntos que se han entrega a su conocimiento”. (Fernando Alessandri) 2. Contenido del Derecho Procesal El Derecho Procesal se ha solido clasificar para efectos de su estudio en derecho procesal orgánico y derecho procesal funcional.
Derecho Procesal Orgánico En él se aborda el estudio de las normas referentes a la función jurisdiccional y a la competencia, la organización y atribuciones de los tribunales y los auxiliares de la administración de justicia. Las principales normas de derecho procesal orgánico son:
a) La Constitución Política de la República, particularmente en su capítulo VI referente al Poder Judicial y VI A referente al Ministerio Público y sus disposiciones 36 y 37 transitorias.
b) El Código Orgánico de Tribunales, que por imperio del art. 74 y 5T de la CPR es la ley orgánica constitucional del Poder Judicial, y como tal requiere de un quórum especial de reforma, control obligatorio preventivo de constitucionalidad, es indelegable su regulación y en su modificación debe ser oída la Corte Suprema.
Sin embargo, debemos entender que el carácter de una ley como orgánica constitucional depende no del cuerpo normativo en que está contenido, sino a la materia a que se refiere. Es por ello que sólo revisten el carácter de leyes orgánico constitucionales de carácter procesal, según el art. 74 CPR, las que se refieren a: i.-La que determina la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia. ii.-La que determina las calidades que respectivamente deben tener los jueces y el número de años que deben haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombrados como Ministros de Corte o jueces letrados. Adicionalmente, el art. 80 B CPR establece que deben tener el carácter de ley orgánica constitucional las materias referentes a: i.- La organización y atribuciones del Ministerio Público. ii.- Las calidades y requisitos que deben cumplir los fiscales para su nombramiento. iii.- Las causales de remoción de los fiscales adjuntos en lo no contemplado por la CPR. iv.- El grado de independencia autonomía y responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo. Por otro lado, hay materias procesales que deben necesariamente ser reguladas por una ley común, tales son: i.- Las que son objeto de codificación, (…) procesal, art. 60 nº3 CPR. ii.- Las que señalen la ciudad en que debe funcionar la Corte Suprema, art. 60 nº 17 CPR. Derecho Procesal Funcional En él se aborda el estudio de los diversos procedimientos establecidos en materia
civil y penal, y de los recursos contemplados dentro de ellos, a fin de resolver, las controversias sometidas a la decisión jurisdiccional mediante la dictación de una sentencia, con la eficacia de autoridad de cosa juzgada.
Las principales normas de derecho procesales funcional se encuentran contenidas en:
a) La Constitución Política de la República, especialmente en sus arts. 19 nº 3, 19 nº 7, 20, 21, 48 nº 2, 49 nº 1, 38 inc.2, 79 inc.2 y 80.
b) El Código de Procedimiento Civil. c) El Código de Procedimiento Penal. d) El Código Procesal Penal.
3. Evolución del Derecho Procesal De acuerdo a lo señalado por Niceto Alacalá, se pueden apreciar cuatro períodos con respecto al Derecho Procesal. Ellos son los siguientes. La tendencia o período judicialista Se denomina judicialista por ser el juicio el concepto que más destaca en los trabajos que lo integran. La tendencia o período de los prácticos Se caracteriza porque observa la disciplina como arte más que como ciencia. El derecho procesal se aprecia como una manera de actuar ante el órgano jurisdiccional, quedando totalmente subordinado al derecho sustantivo en la solución del conflicto, y por ello comienza a llamársele derecho adjetivo. La tendencia o período de los procedimentalistas Nace como consecuencia de la codificación francesa. Se caracteriza por ser un estudio exegético de la norma, agotando las exposiciones a temas de la organización judicial, la competencia y el procedimiento. La tendencia o período del procesalismo científico Se caracteriza por ser una concepción publicista del proceso, de inspiración alemana, en donde se busca una visión sistemática del derecho procesal y una visión unitaria y autónoma de sus normas y del proceso. La tendencia o período de la internacionalización del derecho A partir del XX, y como consecuencia de la globalización y de los tratados internacionales, obliga a reconocer la existencia de los tribunales internacionales como elementos de solución de conflictos concurrentes a los internos. 4. Características del Derecho Procesal Según Mario Mosquera, sus principales características son las siguientes:
a) Pertenece al Derecho Público: por cuanto regula el ejercicio de una función pública, de una función del Estado.
b) En cuanto a las normas que lo rigen, por regla general son normas de orden público:
ellas son irrenunciables, es decir, los afectados no pueden disponer de los derechos
y obligaciones que en ellos se establecen. Para determinar si las leyes de Derecho Procesal son de orden público o de orden privado, ellas se clasifican en: i.- Las leyes de organización: son de orden público. ii.- Las leyes de competencia absoluta: son de orden público. iii.- Las leyes de competencia relativa: en los asuntos contenciosos civiles son de orden privado, por cuanto ellas pueden renunciarse a través de la prórroga de la competencia regulada en los arts. 181 y siguientes del COT. Sin embargo esta renunciabilidad no es absoluta ya que ella no opera en los asuntos no contenciosos civiles y en materia penal. iv.- Las leyes de procedimiento: si la ley de procedimiento se está aplicando en juicio ella tiene el carácter de irrenunciable, ya que no puede admitirse la renuncia anticipada de las leyes de procedimiento, ya que conduciría a un proceso convencional. Una vez que la ley comienza a actuar en el procedimiento, la mayor parte de las normas son renunciables expresa o tácitamente. Ej: podría renunciarse tácitamente el derecho a entablar un recurso de apelación, por el sólo transcurso del término para hacerlo.
c) No se trata de un derecho adjetivo o formal: no es un derecho objetivo por oposición al derecho sustantivo, sino que se trata de un derecho autónomo independiente, que contiene normas fundamentales como la jurisdicción competencia, la acción, etc.
d) Su objetivo: es traducir en una voluntad concreta, la voluntad abstracta de la ley,
consiguiendo así el mantenimiento de la paz social, comprobando el derecho de la parte, asegurándolo y ejecutándolo.
e) El Derecho Procesal constituye una unidad: ya que en él existen principios y normas
básicas comunes. Especialmente el problema en torno a la unidad del Derecho Procesal se centro a establecer que era posible la unidad entre el Derecho procesal Civil y el Penal. En ello existe una doctrina separatista, la cual sostiene que las instituciones de ambos procesos son inconciliables entre sí; mientras que la doctrina unitaria sostiene que existe unidad conceptual entre ambos procesos, que deben ser considerados como integrantes de un Derecho Procesal.
5. Relaciones con otras ramas del derecho Con el Derecho Constitucional La CPR crea el Poder Judicial como poder del Estado, estableciendo los principios básicos de su organización y garantías constitucionales, que son a la vez, garantías procesales. Con el Derecho Civil y Comercial Es el instrumento para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles y comerciales. Hay también actos civiles que influyen en el proceso,
como el pago, la prescripción y la transacción. Además existen normas civiles aplicables al Derecho Procesal, como el mandato, la capacidad, etc. Con el Derecho Internacional, Público y Privado Tiene especial importancia en cuanto a la posibilidad que una ley procesal extranjera rija en Chile o que una norma procesal chilena rija en el extranjero. Con el Derecho Administrativo Se relacionan en cuanto a los funcionarios judiciales se les aplica el estatuto administrativo. Además, la autoridad administrativa tiene a su cargo el cumplimiento de las sentencias en materia criminal, y también el Derecho Administrativo ha tomado del Procesal muchas de sus estructuras para aplicarlas a investigaciones y sanciones administrativas. Con el Derecho Tributario El Código Tributario establece normas relativas a reclamaciones de impuestos y otras materias, el cual su puede decir que forman parte del derecho procesal, constituyendo una de sus fuentes. 6. Fuentes del Derecho Procesal Clasificación Ellas pueden clasificarse en fuentes directas e indirectas. Son fuentes directas, “aquellas que contienen el mandato general abstracto y coactivo de la norma jurídica procesal”. La única fuente directa es la ley, entendiéndola en un sentido amplio como CPR, y demás leyes. Son fuentes indirectas, “aquellos actos o hechos de carácter jurídico que constituyen fuente del Derecho Procesal solo en la medida que determinan el contenido, la evolución, la interpretación, la aplicación o la integración de la norma jurídica procesal”. 6.1. La Doctrina Su importancia reside en que ella crea los principios generales y configuran las instituciones básicas del Derecho Procesal. Constituye un auxiliar de la interpretación de la norma procesal y para su reforma. 6.2. La Jurisprudencia Si bien la importancia de la jurisprudencia en nuestro país es relativa, atendiendo a lo dispuesto en el art. 3 CC, su trascendencia es enorme en cuanto a los fallos de los tribunales, especialmente los de la Corte Suprema, que van formando un criterio interpretativo de la ley, que es en definitiva el que se impone.
Derecho Procesal Organico - Apuntes - Derecho Procesal
Derecho-Procesal-I-Organico-Raul-Nunez-Ojeda-Derecho-UChile
Partes del derecho procesal - Apuntes - Derecho Procesal
Apuntes sobre el derecho procesal civil parte 2
Partes procesales - Apuntes - Derecho Procesal

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 157
 artículo 157