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Timestamp: 2019-01-21 21:00:12+00:00

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﻿ PROTECCIÓN PENAL FRENTE AL FEMICIDIO: ¿CONSTITUYE UN DERECHO PENAL FAVORABLE A LAS MUJERES?
CONTENIDO:EN EL PRESENTE ARTÍCULO LA AUTORA ABORDARÁ EL TIPO PENAL DE FEMICIDIO Y FEMINICIDIO, SE ESTABLECERÁN SUS DIFERENCIAS DESDE LO CONCEPTUAL, ADEMÁS DE SU PROCESO HISTÓRICO. SE PRESENTARÁ UN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PENAL EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA Y EL DERECHO COMPARADO, PLASMANDO LOS ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE HA TENIDO LA TIPIFICACIÓN DE ESTA NUEVA FIGURA PENAL EN LAS LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS
TEMAS ESPECÍFICOS:VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DELITO CONTRA EL GÉNERO, POLÍTICA CRIMINAL Y CARCELARIA, FEMINICIDIO
TÍTULO:PROTECCIÓN PENAL FRENTE AL FEMICIDIO: ¿CONSTITUYE UN DERECHO PENAL FAVORABLE A LAS MUJERES?
AUTOR:JOHANNA E. MERIZALDE VELIZ
TEMAS GENÉRICOS:VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA CONTRA LA MUJERFEMICIDIOFEMINICIDIOTIPOLOGÍA DEL FEMICIDIO Y FEMINICIDIOESTRUCTURA PENALRELACIONES DE PODERCONDICIÓN DE GÉNERO.
REVISTA DERECHO PENAL N°:60, JUL.-SEP./2017, PÁGS. 91-144
Protección penal frente al femicidio: ¿Constituye un derecho penal favorable a las mujeres?
Johanna E. Merizalde Veliz
Abogada por la Universidad Técnica de Babahoyo, Máster en Derecho Constitucional, por la Universidad Católica de Guayaquil; Máster en Derecho Sanitario, en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid; Máster en Derecho Penal, por la Universidad de Salamanca.
En el presente artículo la autora abordará el tipo penal de femicidio y feminicidio, se establecerán sus diferencias desde lo conceptual, además de su proceso histórico. Se presentará un análisis de la estructura penal en la legislación penal ecuatoriana y el derecho comparado, plasmando los argumentos a favor y en contra que ha tenido la tipificación de esta nueva figura penal en las legislaciones latinoamericanas.
Violencia de género; violencia contra la mujer; femicidio; feminicidio; tipología del femicidio y feminicidio; estructura penal; relaciones de poder; condición de género.
La violencia contra la mujer constituye un fenómeno social de carácter universal que afecta a todas las edades y estratos socioeconómicos. Históricamente este fenómeno social ha sido como consecuencia de una sociedad patriarcal, donde impera la superioridad del hombre, las relaciones de poder, dominación y discriminación contra las mujeres, en el ámbito de la pareja, esto genera la subordinación y sumisión de la mujer. Esto desencadena desigualdades de derechos y respeto de la dignidad humana, como discriminación, desproporcionalidad en reparto de roles, logrando casi siempre que el hombre domine y prevalezca en contextos socioculturales, políticos, económicos, entre otros, y la mujer quede para las tareas del hogar y crianza de los hijos.
El ser mujer nos hace más susceptibles de ser objeto de violencia, siendo el principal factor de riesgo que no diferencia clases sociales, niveles económicos , creencias, nivel de formación educativa ni religión, aquel factor de riesgo se desarrolla dentro de una estructura social llamada patriarcado, en la que se utiliza la dominación como mecanismo eficaz para conseguir que los privilegios y desigualdades se mantengan, esto conlleva que las víctimas de violencia tengan miedo, sumisión, dependencia, baja autoestima, desequilibrio psicológico, aislamiento y sentimientos de culpa(1).
Por eso la violencia contra la mujer es consecuencia de la jerarquización de las relaciones de poder impuestas en una sociedad patriarcal, de ahí la sumisión de la mujer frente a la autoridad masculina, encontrando su legitimación en instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y en el ordenamiento jurídico(2).
Precisamente, las actitudes estereotipadas y jerarquizadas sobre los roles masculinos y femeninos contribuyen a la explicación del fenómeno social de violencia contra las mujeres, siendo la misma sociedad la que se ha encargado en educar para interiorizar la imagen de la mujer como inferior al hombre; de ahí los términos valorativos para el hombre, y para las mujeres los peyorativos; por poner un ejemplo: si un hombre es un “don juan”, la mujer es calificada como “cualquiera”; si un hombre tiene el don de líder, se concibe como “poder de mando”, en cambio cuando se trata de una mujer, se la concibe como “mandona”(3).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), ha destacado que la cultura de discriminación contra la mujer está basada “en una concepción errónea de su inferioridad”(4). Cultura de discriminación que contribuyó a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, que inicialmente no fueron advertidos como un problema de transcendencia por parte de las autoridades, lo que influyó para que no se tomaran acciones para tratar el problema.
En este sentido, se estima que la prevalencia de asesinatos y homicidios de mujeres en el mundo, lo que hoy se conoce como femicidio, es de dieciocho mujeres por millón; por eso se afirma que la cifra anual de mujeres que pierden la vida de forma violenta sea alrededor de 55.000 al año, eso sin incluir los datos de China o Rusia, países Árabes o de África, incluso de países de la Unión Europea(5).
En Ecuador, el primer estudio sobre el femicidio fue realizado en el 2007 por Enma Ortega y Lola Valladares, quienes desarrollaron una investigación en la ciudad de Quito. Los resultados evidenciaban que el 41% de los 204 homicidios de mujeres reportados en esa ciudad entre el 2000 y el 2006 fueron femicidios, cometidos por hombres cercanos a las víctimas (femicidio íntimo) y por hombres desconocidos (femicidio no íntimo). En el 35% del total la violencia sexual medió en las muertes de las mujeres(6).
Según el informe desarrollado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género (2010), elaborado por Ana Carcedo y Camila Ordóñez, el femicidio en Ecuador tiene una tasa inferior a 5 por cada 100.000 mujeres, que lo coloca como uno de los países con menor incidencia, datos que no ofrecen garantías de que se mantengan; un ejemplo es Honduras y Guatemala que tenían la misma tasa, pero con el pasar de los años las cifras se triplicaron(7). No obstante, este dato difiere con el del 2015, que proporcionó la Dirección Nacional de la Dinased, que indica que la tasa de muertes de mujeres en Ecuador es 0,72 por cada 100 mil habitantes(8).
Por su parte, la Unidad de Estadísticas de la Fiscalía General del Estado, en el 2012 se produjeron 234 muertes de mujeres de forma violenta; y en el 2013, 336. Estos datos de acuerdo con el Informe Sombra al Comité de la CEDAW Ecuador 2014, al existir dificultades para obtener información confiable, incluso de la misma Fiscalía y de la Policía Judicial, no ofrecen garantías(9).
Por eso el “femicidio” o “feminicidio”, cada vez es más frecuente su introducción en los códigos penales, y en otros casos, los Estados han preferido agravar la pena cuando se trate de la muerte violenta de una mujer, bajo las circunstancias que comprende este tipo penal, relaciones de poder, condición de género, o por “el hecho de ser mujer”, contexto que puede ser ejecutado, exista o no una vinculación sentimental o familiar entre el agresor y la víctima (femicidio íntimo), pudiendo ser cometido incluso por desconocidos (femicidio no íntimo).
La finalidad de la incorporación de esta nueva figura penal es tutelar a las mujeres, que sufren discriminación por razón de género “por el hecho de ser mujer”, como consecuencia de la extrema violencia propia de una sociedad patriarcal. Esta violencia va desde el maltrato físico, psicológico, sexual hasta llegar al femicidio(10).
Para Laurenzo Copello, una de las razones fundamentales que ha llevado a los grupos feministas a apostar por el Derecho penal, es “el poder de visibilidad al maltrato y crear conciencia social sobre la gravedad de sus consecuencias”(11).
II. Antecedentes
El término femicidio, proviene de la voz inglesa femicide, que se remonta a principios del siglo XIX. En 1801 fue utilizado para denominar el “asesinato de una mujer” en A Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century (Corry)(12).
Pero realmente quien dio a conocer por primera vez el término femicide, vinculándolo con la violencia de género, fue Diana Russell, cuando en 1976, expuso ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las mujeres, celebrado en Bélgica. Siendo el tribunal inaugurado por Simone de Beauvoir, quien indicó: “Este encuentro feminista en Bruselas intenta que nos apropiemos del destino que está en nuestras manos”. A este acontecimiento histórico se estima que alrededor de 2.000 mujeres de 40 países ofrecieron testimonio sobre las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género(13).
En lo que respecta a la definición inicial de “Femicide”, en 1990, Diana Russell junto a Jane Caputi, lo concibieron como el “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad sobre las mujeres”. Aquellos asesinatos, según las autoras, podían ser realizados por parte de las parejas, familiares, conocidos o desconocidos de las víctimas. Posteriormente, Russell junto a Jill Radford publican en 1992 el libro “Femicide: The Politics of Woman Killing”, describen al femicidio como “el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres”(14).
Mientras que para Toledo Vásquez, este concepto surge con una “intención política: develar el sustrato sexista o misógino y por tanto, político de estos crimines, que permanecen oculto cuando se denominan a través de palabras neutras como homicidio o asesinato”(15).
Pero la amplitud del concepto Femicide, por parte de las autoras Russell y Radford, lo encontramos en el siguiente párrafo:
El femicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidios(16). (Toledo Vásquez, 2009: 24).
No obstante, en América Latina, luego de los misteriosos asesinatos de mujeres en ciudad Juárez-México, basándose en el trabajo realizado por Diana Russell y Jill Radford, en su obra Femicide. The politics of woman killing, la política mexicana Marcela Lagarde se encargó de traducir el término “Femicide” como “feminicidio”(17).
Según Lagarde, la traducción de femicide es femicidio, al momento de plantearse desarrollar un concepto de feminicidio, lo hizo pensando en dar un salto de femicidio a feminicidio, porque “en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa homicidio de mujeres. Por eso, para diferenciarlo, preferí la voz feminicidio y denominar así al conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres, y que estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad”(18). La misma autora, al referirse a Russell y Radford, dice lo siguiente:
“Nuestras autoras definen al femicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios de mujeres. Identifico algo más para que crímenes de este tipo se extiendan en el tiempo: Es la inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo. Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”(19).
Pero autoras como Ana Carcedo y Montserrat Sagot (2000), enlazan el femicidio, con la violencia sufrida por las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida social, más que la impunidad que los rodea, como lo definió Lagarde. Para las autoras, el femicidio sirvió para:
“ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad…la violencia de género es un elemento central que ayuda a comprender la condición social de las mujeres”(20).
Coincidimos con Carcedo y Sagot: la violencia contra las mujeres y el femicidio, es la respuesta a la dominación que ejercen los hombres en contra de las mujeres, que desde siempre las mujeres han tenido que vivir en medio de desigualdad de todo tipo, lo que las hace más vulnerables.
III. Violencia de género
La violencia de género y el femicidio o feminicidio constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres, aunque hay que reconocer que cada vez los Estados se comprometen por continuar con la lucha para erradicar la lacra social de la violencia de género, gracias a la presión política que ejercen los grupos feministas, la sociedad civil y las mujeres, para que modifiquen leyes discriminatorias, y se incluya en los códigos penales como delito la violencia de género, y como delito autónomo el femicidio o feminicidio.
En la década de los 80 es cuando se comienza a divulgar las primeras investigaciones sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado. La sociedad civil y los movimientos feministas emprendieron la lucha para que las sociedades y los Estados cobraran conciencia de que el problema de violencia contra las mujeres, por razones de sumisión, relaciones de poder, y discriminación, no era un asunto de carácter familiar privado, donde el Estado no podía intervenir, sino todo lo contrario, al ser un problema social se necesitaba la intervención estatal. Esto nos hace entender por qué en Ecuador una mujer maltratada no tenía opción de denunciar, por la sencilla razón de que el anterior Código de Procedimiento penal, prohibía la denuncia entre cónyuges, ascendientes o descendientes. A esto debemos agregar que no existía ley alguna que tipificara la violencia contra la mujer.
Hay que reconocer que las exigencias de los grupos feministas obtuvieron sus frutos, lograron que se reconozca la violencia contra las mujeres como un grave problema en materia de derechos humanos. De ahí se desprende un avance en el proceso normativo, por proteger y reprochar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito nacional; en la década de los noventa, el Ecuador suscribe y se adhiere a convenciones, acuerdos y resoluciones emanadas de las conferencias internacionales, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, esto dio paso para que en 1994 se crearan las Comisarías de la Mujer y la Familia; en 1995 se promulga la Ley 103, contra la violencia a la mujer y la familia, permitiendo que las mujeres que eran víctimas de violencia por parte de sus parejas o familiares accedan a medidas de protección, y sus causas puedan ser sancionar; en el 2007, mediante Decreto Ejecutivo, se declara como prioridad nacional la erradicación de la violencia de género; en el 2008, con aprobación de la Constitución(21) se garantiza “El derecho a la integridad personal”, que incluye el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, y una vida libre de violencia; y en el 2014, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), la violencia contra la mujer y la familia deja de ser contravención para ser ahora un delito, y además se incluye la figura penal del femicidio.
En el ámbito internacional, en el proceso normativo para reprochar todo tipo de violencia contra la mujer, encontramos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que llegó a fortalecer la prohibición de la discriminación contra las mujeres. Desde ese momento, se han ido sumando Conferencias y Declaraciones sobre la violencia contra la mujer; un ejemplo es la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés), organizaciones civiles, e instituciones gubernamentales para la igualdad entre mujeres y hombres, forman parte de los avances jurídicos de los derechos humanos de las mujeres.
A partir de 1979, cuando fue aprobada la CEDAW, no se refería a violencia de género, sino como discriminación contra la mujer, definiéndola como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”(22).
Sin embargo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se considera la violencia contra la mujer como una violación a los Derechos Humanos y como una manifestación de las relaciones de poder, y las desigualdades entre el hombre y la mujer, lo que ha ocasionado incluso discriminación en contra de la mujer.
El concepto de violencia de género se perfila de alguna manera en los años noventa, al identificarse con el concepto que se dio en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, más conocida como Cumbre de Beijing, celebrada en 1995. Esta conferencia tomó en cuenta los acuerdos alcanzados en las tres conferencias mundiales sobre la mujer, celebradas en Ciudad de México (1975), propuso elaborar la guía para terminar con la discriminación de la mujer, y solicita el Primer Plan de Acción Mundial; Copenhague (1980), se adoptó la resolución: “La mujer maltratada y la violencia en la familia”; Nairobi (1985), se establece como prioridad la eliminación de la violencia contra la mujer y la familia en la sociedad.
La Cuarta Conferencia de Beijing significó avances jurídicos encaminados a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres, no solo en la ley, sino también en todos los ámbitos sociales. Precisamente, el punto 224 de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer aprobada en Beijing, señala(23):
“La violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales y un obstáculo o un impedimento para el disfrute de esos derechos. Teniendo en cuenta la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y la labor de los Relatores Especiales, la violencia basada en el género, como los golpes y otras formas de violencia en el hogar, el maltrato sexual, la esclavitud y explotación sexuales, y la trata internacional de mujeres y niños, la prostitución impuesta y el hostigamiento sexual, así como la violencia contra la mujer derivada de los prejuicios culturales, el racismo y la discriminación racial, la xenofobia, la pornografía, la depuración étnica, el conflicto armado, la ocupación extranjera, el extremismo religioso y antirreligioso y el terrorismo, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y deben eliminarse. Es menester prohibir y eliminar todo aspecto nocivo de ciertas prácticas tradicionales, habituales o modernas que violan los derechos de la mujer. Los gobiernos deben adoptar medidas urgentes para combatir y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer en la vida privada y pública, ya sean perpetradas o toleradas por el Estado o por personas privadas”.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha definido como violencia contra la mujer: “todo acto de violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada…”(24).
Por su parte, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Para, define la violencia contra la mujer como: “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”(25).
Mientras que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer(26), en el artículo 2º, señala que la violencia de género “… comprende los siguientes actos: a) la violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia… y la violencia relacionada con la explotación; b) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general; c) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra”.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano 1995 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)(27), “en ninguna sociedad las mujeres están seguras o son tratadas igual que los hombres. La inseguridad personal las persigue desde la cuna hasta la tumba. Desde la niñez hasta la vida adulta, son abusadas debido a su género”(28).
Ello explica, que dada la dimensión del problema de violencia de género, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que una vez que este fenómeno social, ventajosamente dejó de ser tratado como un asunto privado, para ser tratado como un tema de interés público, de protección de derechos humanos, deberá además ser calificado una prioridad de salud pública(29).
La Corte IDH, en relación con la violencia de género, ha considerado lo siguiente:
“[E]l estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente… es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierten en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer”(30).
El pronunciamiento de la Corte dice que la forma de violencia contra las mujeres, también se manifiesta en el lenguaje de las autoridades; es inevitable no recordar la muerte de las dos chicas argentinas, Marina Menegazzo y María José Coni, violadas y asesinadas, hechos ocurridos en Ecuador, en la población de Montañita, en febrero del 2016. Este caso generó un impacto nacional e internacional, conmovió no solo su muerte, sino que trajo una serie de críticas que desnudaba una vez más el pensamiento machista aún imperante en nuestros tiempos, al escuchar o leer frases como “quién las manda a viajar solas”; “ellas tuvieron la culpa al estar en un lugar peligroso”. Incluso causó asombro cuando la subsecretaria de turismo, María Cristina Rivadeneira(31), en una entrevista que le realizaran en Alemania, al preguntarle sobre el caso manifestó:
“Yo lo que digo, yo soy mamá, a estas chicas seguro que les iba a pasar eso en cualquier lado porque de ahí se iban a ir jalando dedo hasta Argentina (…) les iba a pasar algo tarde o temprano…Montañita es un tema de drogas, de fiestas, donde no va el turista de alto gasto. Es más un turista argentino, chileno…Pero son dos hechos aislados”(32).
Siguiendo la línea de la Corte IDH, la Comisión Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia”, ha destacado:
“[L]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”(33).
Como bien dice Figueruelo Burrieza: “los valores del patriarcado imperantes a lo largo de la historia no toleran la pretensión de autonomía a la que aspiraban las mujeres en cuanto seres humanos titulares de derechos en igualdad de condiciones que los hombres. La violencia de género es la respuesta a ese conflicto”(34).
De acuerdo con la autora, este fenómeno social es complejo de erradicar, pero creemos que no imposible, la respuesta radica en prevenir y educar, y no pensar exclusivamente en la tipificación del femicidio o feminicidio y con ello el aumento de penas para los agresores, como si de eso dependiera exclusivamente la solución. Uno de los principales objetivos de cualquier Estado democrático debe ser la erradicación de la violencia de género que ataca al núcleo esencial de la dignidad humana, generando además discriminación y desigualdades.
Toledo Vásquez afirma que la violencia contra las mujeres es “quizás el único tema en la agenda feminista que goza de un apoyo social, incluso en sectores conservadores y religiosos, probablemente porque refuerza el estereotipo de la debilidad de las mujeres y su necesidad de protección”(35).
Precisamente ese apoyo estatal y de los sectores sociales, a que se refiere la autora se evidencia con la tipificación del femicidio o feminicidio, esto no ocurre con otros temas importantes, me refiero a la despenalización del aborto en mujer violada, en casos de incesto, e incluso cuando tenga malformaciones el feto, en este caso, se evidencia aún la fuerte presión que tienen los grupos religiosos, sin pensar que tanto la violencia contra las mujeres y la criminalización del aborto en los casos antes referidos son también violatorios de los derechos humanos.
IV. Violencia doméstica versus violencia de género
La violencia contra las mujeres no es un tema reciente, aunque desde la Antigüedad, se conocía como violencia general, donde las sociedades de aquella época les tocaba vivir entre la muerte y la violencia, como algo “normal” de todos los días, en que no les quedaba de otra que resignarse. Solo basta acudir al Antiguo Testamento o los libros de historia, o quizás recordar las ejecuciones en la plaza medieval, para darse cuenta de que la violencia existe desde inicios de la humanidad(36).
Para Ana De Miguel Álvarez, la violencia contra las mujeres:
“…aún en medio de un universo de violencia presenta claves específicas. Es decir, formas específicas de legitimación, basadas no en su condición de personas sino de mujeres. Esta legitimación procede de la conceptualización de las mujeres como inferiores y como propiedades de los varones, a los que deben respeto y obediencia y encuentra un refuerzo crucial en los discursos religiosos que las presentan como malas y peligrosas y recordemos fenómenos de violencia colectiva como las quemas de brujas o como la «tentación», la ocasión para pecar (los sujetos, los varones). Todos estos elementos se fusionan para que en las sociedades premodernas las agresiones se interpreten como merecidos castigos e incluso, en terminología actual como castigos «preventivos»”(37).
Afortunadamente, cada vez más las sociedades modernas están contribuyendo para que la violencia contra las mujeres sea deslegitimada, como mecanismo idóneo para resolver conflictos, en la relación de pareja, grupos sociales, inclusive en los Estados.
Con respecto a la violencia doméstica y violencia de género, se hace necesario aclarar la diferencia que tienen. Entendiéndose por violencia de género, como todo acto de violencia física, psicológica, sexual, incluso patrimonial. Cuando existe o ha existido entre la víctima y el agresor una relación conyugal, afectiva o sentimental. Su objetivo siempre es lograr la sumisión, control, dominación sobre la mujer. No tiene una concreta motivación, es decir, no depende de la actitud ni del comportamiento de la víctima, es un ataque frontal a los derechos fundamentales de las mujeres, es el símbolo más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres y siempre genera lesiones psicológicas(38).
Acerca de la violencia de género, hoy se acepta que también puede ser ejercida por compañeros de trabajo, amigos e incluso desconocidos de la víctima, por cuanto la violencia contra la mujer no se limita a ámbitos de pareja o familiares, puede darse tanto en el ámbito público o privado, en razón de su género, relaciones de poder, o por el hecho de ser mujer.
Entonces, por violencia de género se entiende cualquier acto de violencia sufrido por una mujer “por su pertenencia al género femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño físico sexual o psicológico y que abarca el homicidio, las lesiones, las amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad, la libertad sexual y los tratos degradantes, tanto en la vida pública como en la privada”(39).
Mientras que la violencia doméstica, o “violencia contra la mujer y la familia”, como se la reconoce en el COIP, ocurre dentro del ámbito de las relaciones familiares, es decir, el núcleo familiar, persigue el control, y puede ser ejercida sobre cualquier miembro con quien se conviva. La violencia doméstica también es conocida como violencia intrafamiliar, pero no debe ser identificada como un tipo de violencia, sino exclusivamente para referirse al ámbito donde se ejerce la violencia. Por eso hay quienes alegan que la expresión violencia intrafamiliar “no tiene capacidad conceptual para calificar la violencia, solo para definir un ámbito. Para tener precisión de criterio y claridad política, lo que corresponde es hablar de violencia contra las mujeres”(40).
Para Mirat y Armendáriz, la violencia doméstica es exactamente igual que la violencia de género, violencia física, sexual o psicológica, con la única diferencia de que ocurre en el ámbito familiar, y tiene por objeto a la mujer por causa “de la discriminación estructural que sufren las mujeres como consecuencias de la ancestral desigualdad en la distribución de roles sociales”(41).
V. Violencia de género en cifras
Si bien está reconocido en la constitución que es un derecho tener una vida libre de violencia, la realidad es otra, las pocas campañas de prevención que se han realizado como “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” campaña realizada en el 2010, no dio los resultados esperados. Posteriormente, en el 2011, se realizó la primera encuesta nacional sobre “relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres”, trabajo realizado por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC)(42) en que da como resultado que seis de cada diez mujeres (60,6%) han sufrido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial por parte de una persona conocida o extraña. De acuerdo a la encuesta las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia según su estado conyugal tenemos que: el 84,4% es divorciada; el 78,0% separada; el 62,5% unida, el 64,0% viuda; el 61,5% casada; y el 47,1% soltera. Por otra parte el 42,5% de mujeres han sufrido violencia pero no piensan o no quieren separarse de su pareja; el 48,4% no se separan de su pareja porque lo quieren y/o lo necesitan; y el 52,5% de mujeres maltratadas no se separa alegando que “una pareja debe superar dificultades y mantenerse unida”. La encuesta también revela que el 53,9% de mujeres ha sufrido violencia psicológica; el 38% violencia física; 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual (25,7%); y, el 16,7% ha sufrido violencia patrimonial. La misma encuesta arroja los siguientes resultados(43):
Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual Violencia patrimonial
Afrodescendientes 67,1% Indígenas 52,5% Afrodescendientes 31,2% Afrodescendientes 23,5%
Indígenas 62,9% Afrodescendientes 47,3% Indígenas 24,8% Blanca 18,8%
Montubia 54,0% Montubia 39,6% Mestiza 24,3% Indígena 16,3%
Mestiza 53,8% Mestiza 39,5% Blanca 22,2% Mestiza 16,1%
Blancas 52,7% Blancas 32,9% Montubia 20,0% Montubia 14,9%
En lo que respecta a las denuncias de violencia contra la mujer y la familia, desde 1994 hasta el 1º de agosto del 2013, se receptaban en las Comisarías de la Mujer y la Familia causas que eran tratadas como contravenciones, posteriormente con su disolución, las denuncias fueron tramitas por unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia.
Denuncias receptadas en las Comisarías de la Mujer y la Familia (mujeres y hombres del Ecuador en cifras III: 140)
Año Mujeres Hombres Nº de denuncias
2005 51.034 6.351 57.385
2006 56.803 8.272 65.075
2007 58.911 8.267 67.178
2008 56.961 7.840 64.801
2009 63.837 9.011 72.848
2010 68.603 10.487 79.090
2011 71.436 11.679 83.115
Aquellas estadísticas nos hacen caer en la cuenta de lo alarmante que resulta el fenómeno social de la violencia contra la mujer, pero esto no es todo, un informe de las Naciones Unidas presentado en el 2013 en Panamá, califica la violencia de género en la región como “un problema de gravísima relevancia”. Entre los resultados está que Bolivia (53%), Colombia (39%), Perú (39%) y Ecuador (31%) serían los países con mayor porcentaje de mujeres que han denunciado maltratos, mientras que Paraguay (18%), Jamaica (17%), República Dominicana (16%) y Haití (13%) serían los de menor porcentaje(44).
El fenómeno social de violencia de género produce gran alarma social por el elevado número de casos, lo que hizo pensar a los asambleístas que frente a la magnitud del problema, era necesaria la intervención penal para el control de estos casos(45).
Desde la vigencia del COIP a nivel nacional, las unidades judiciales de Violencia contra la mujer, la familia, conocieron las siguientes causas(46).
Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual Contravenciones de violencia física (lesiones no mayores a tres días de incapacidad) Total de causas
2014: 1.580 2014: 4.870 2014: 58 2014: 29.119 2014: 35.627
2015: 3.185 2015: 22.577 2015: 317 2015: 53.795 2015: 79.874
VI. Femicidio versus feminicidio
Una de las cosas positivas que ha traído la tipificación del femicidio o feminicidio, es que ayudó a visibilizar un problema social, que antes era considerado como algo eventual y de índole privada, donde el Estado no podía intervenir. Hoy, la sociedad cada vez es más consciente de que el problema de violencia de género y el femicidio o feminicidio, no solo compete a la víctima, ni es un asunto exclusivamente de mujeres, al contrario, es un problema de todos. Las estadísticas demuestran que la lacra de la violencia de género se resiste a morir, las cifras de muerte violenta de mujeres no disminuyen. Con respecto a la tipificación de esta figura penal, algunos Estados se decidieron por el término femicidio y otros por feminicidio, creemos necesario abordar las diferencias que tienen ambos términos.
Las expresiones femicidio y feminicidio tienen su antecedente en la voz inglesa femicide, expresión desarrollada inicialmente por Diana Russell y Jane Caputi a principios de la década de 1990(47).
La expresión femicidio, de acuerdo con el I Informe Regional: Situación y análisis del Femicidio, sirvió para referirse a la muerte violenta de una mujer por el hecho se ser mujer(48) o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”(49).
Carcedo y Sagot, en su obra “Femicidio en Costa Rica”, han señalado que el concepto de femicidio es favorable “porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como “locos”, “fuera de control” o “animales” o a concebir estas muertes como el resultado de “problemas pasionales”. Estos planteamientos, producto de mitos muy extendidos, ocultan y niegan la verdadera dimensión del problema, las experiencias de las mujeres y la responsabilidad de los hombres”(50).
Las mismas autoras manifiestan que la muerte de mujeres por parte de sus parejas, familiares, conocidos o desconocidos, no son “producto de casos inexplicables o de conducta desviada o patológica”, sino que estas muertes responden como la forma “más extrema de terrorismo sexista, motivado, mayoritariamente, por un sentido de posesión y control sobre las mujeres”(51).
En definitiva, para Carcedo y Sagot, basadas en las definiciones conceptuales de las autoras Diana Russell y Jill Radford (1992), el femicidio deberá entenderse “como la manifestación más extrema de este continuum de violencia. Desde esa perspectiva, la violencia de género es un elemento central que ayuda a comprender la condición social de las mujeres”(52).
Ana Leticia Aguilar afirma que el concepto de femicidio es de conocimiento y uso reciente en América Latina, del que además existe poco debate. La autora reflexiona que el femicidio “está vinculado a las relaciones de inequidad y exclusión que vivimos las mujeres en la sociedad y se manifiesta en el contexto de la violencia sexista contra nosotras. No es un asunto privado, sino un fenómeno histórico, de orden social, que ocurre para perpetuar el poder masculino en las sociedades patriarcales”(53).
Aguilar también señala que el concepto de femicidio surgió en “contraposición al término “homicidio” que corresponde al “género neutral””(54).
Por su parte, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, en el taller regional “Las Instituciones Ombudsman y la protección de los derechos de las mujeres frente al femicidio en Centroamérica”, realizado en Guatemala, en agosto del 2006, realizó una diferencia entre los conceptos teórico, político y jurídico de femicidio. Definiendo de esta manera lo siguiente(55):
Concepto teórico de femicidio: “Cualquier manifestación o conjunto de manifestaciones y/o actos de ejercicio de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que culminan en la muerte de una o varias mujeres, por su condición de mujer, ya sea que se produzcan en el ámbito público o privado”(56).
Concepto político de femicidio: “aquel que se utiliza para efectos de hacer conciencia en la sociedad e incidir en las autoridades estatales para promover su reconocimiento, puede entenderse el femicidio como: la muerte de mujeres por razones de género que se producen por inexistencia de políticas de Estado integrales y específicas sobre femicidio, incitándose que existe tolerancia, impunidad y omisión del Estado para prevenir, sancionar y erradicar los femicidios”(57).
Concepto jurídico de femicidio: “debe ser desarrollado en cada país armonizando con el marco legal existente en cada uno de ellos”(58).
Al inicio del presente artículo habíamos mencionado que la traducción para América Latina, de la expresión Femicide, utilizada por Radford y Russell, para referirse al “crimen de odio contra las mujeres”, se dio gracias a la mexicana Marcela Lagarde, quien la tradujo como “feminicidio” “para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso, el feminicidio es un crimen de Estado”(59).
Lagarde afirma que el feminicidio puede ser realizado por conocidos y desconocidos, que concurren en tiempo y espacio, abusos, maltratos y vejaciones continuos contra de mujeres, y que esto sucede “cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres”(60).
En el mismo sentido, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México OCNF, al referirse al feminicidio lo define como “los asesinatos de las mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas por su condición de género. Es decir, se trata de asesinatos violentos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado quien, por acción y omisión, no cumple con su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”(61).
Por su parte, el feminicidio, para Silvia Donoso López “sería un crimen de odio contra las mujeres, un genocidio contra las mujeres, el cual sería posible por el “ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las mujeres y pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes…””(62).
El CALDH(63), citando a la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en México liderada por Marcela Lagarde, plantea: “El feminicidio engloba al femicidio ya que, en sentido estricto, este segundo término se refiere, únicamente, a los casos de muertes violentas de mujeres, teniendo el primero un carácter más genérico y amplio ya que abarca otros tipos de violencia en contra de las mujeres, que no necesariamente terminan siempre en muerte”(64).
En la actualidad no existe consenso mayoritario con respecto a los conceptos de “femicidio” y “feminicidio”, su alcance, contenido y sus implicaciones, por ello los Estados utilizan indistintamente los términos “femicidio” y “feminicidio”, para referirse a la muerte violenta de mujeres por razones de género, y relaciones de poder, diferenciándolos del homicidio y asesinato(65). Aunque de los conceptos expuestos por diferentes autores antes citados podría decirse que el femicidio permite sancionar el delito a fin de evitar la impunidad de la muerte violenta de las mujeres, permitiendo que el Estado desarrolle políticas de prevención; mientras que el feminicidio tiene un elemento de impunidad, por la acción u omisión de un Estado.
Para Amnistía Internacional, “Las organizaciones de mujeres y otros grupos de la región utilizan los términos “femicidio” y, más frecuentemente, “feminicidio” para poner de relieve la motivación de género, es decir, el hecho de que se mate a las mujeres por ser mujeres. También se utilizan estos términos para recoger los aspectos sociales y el trasfondo político de los homicidios de mujeres”(66).
A continuación se podrá observar que países como Ecuador, Chile y Costa Rica han optado por tipificar la figura de femicidio, mientras que México, Honduras y República Dominicana, tienen el tipo penal del feminicidio.
País Año Tipo penal Pena
Ecuador 2014 Femicidio 22-26 años de prisión
Colombia 2015 Feminicidio 20-41 años de prisión
Perú 2013 Feminicidio Presidio no menor a 15 años
Chile 2010 Femicidio Presidio perpetuo
Argentina 2012 Homicidio agravante Prisión perpetua
Venezuela 2014 Feminicidio 15-30 años de prisión
Bolivia 2013 Feminicidio 30 años de prisión sin indulto
Brasil 2015 Feminicidio 12-30 años de prisión
Costa Rica 2007 Femicidio 20-35 años de prisión
El Salvador 2010 Feminicidio 20-35 años de prisión
Guatemala 2008 Femicidio 25-50 años de prisión
Honduras 2013 Feminicidio 30-40 años de prisión
Nicaragua 2012 Femicidio 15-20 años de prisión
México 2012 Feminicidio 40-60 años de prisión
República Dominicana 2014 Feminicidio 30-40 años de prisión
Panamá 2013 Femicidio 25-30 años de prisión
VII. Tipología del femicidio
El femicidio incluye los homicidios de mujeres ocurridos como producto de la extrema violencia de género. La muerte de una mujer cometida por su marido o ex marido, compañeros o ex compañeros, en una relación de pareja, noviazgo, como también aquellos casos realizados por terceros y/o desconocidos, dentro del contexto de violencia de género(67), producidos por violencia intrafamiliar y la violencia sexual(68).
Hasta el momento se conoce la tipología de femicidio y feminicidio, propuesta por Carcedo y Sagot, y Julia Monárrez, que tienen diferencias conceptuales.
Tipología de femicidio propuesto por Carcedo y Sagot
En el trabajo de investigación “Femicidio en Costa Rica, 1990-1999”, realizado por Carcedo y Sagot, consideran que el femicidio puede manifestarse de diversas maneras, pudiendo ser femicidio íntimo, femicidio no íntimo y femicidio por conexión, en relación con la clasificación de Russell y Radford(69).
Femicidio íntimo, asesinato realizado por hombres con quienes las víctimas tenían o tuvieron una relación íntima, sentimental, familiar o de convivencia(70).
Femicidio no íntimo, asesinato cometido por hombres con quienes las víctimas no tenían ningún tipo de relación sentimental, íntima, familiar, ni de convivencia. “Frecuentemente este femicidio involucra un ataque sexual previo”(71).
Femicidio por conexión, “con esta categoría se hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas “en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida”(72).
Tipología de feminicidio propuesto por Julia Monárrez
Es necesario destacar que para Julia Monárrez existe feminicidio íntimo, subdividido en infantil y familiar; feminicidio por ocupaciones estigmatizadas; feminicidio sexual sistémico, subdividido en feminicidio sexual sistémico organizado y feminicidio sexual sistémico desorganizado(73).
Para Monárrez, a diferencia del femicidio íntimo, propuesto por Russel, en que el femicidio era cometido por hombres con quien la víctima tuvo o tenía algún tipo de relación personal, sentimental o familiar, Monárrez, basándose en la definición de Carcedo y Sagot (2002), considera “es más inclusiva… abarca más variantes de las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres que intiman”, le hace comprender que el victimario podría ser también una mujer. Así mismo, la autora piensa que no solo debe considerarse los asesinatos perpetuados por la pareja o ex pareja de la víctima (feminicidio íntimo), por eso lo subdivide en feminicidio infantil y feminicidio familiar(74).
Feminicidio infantil: asesinato de niñas por padres y/o hombres con quien la víctima tenga un parentesco familiar y en menor medida por “madres y/o mujeres que las cuidan”(75).
Feminicidio familiar: cuando el victimario es pariente de la víctima(76).
Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas: se refiere al asesinato de mujeres por la ocupación o trabajo que realizan, podrían ser mujeres que trabajan en bares y centros nocturnos, tales como bailarinas, meseras y prostitutas(77).
Feminicidio sexual sistémico: consiste en “los asesinatos de niñas y jóvenes mujeres que han sido secuestradas, violadas, torturadas, mutiladas y cuyos cadáveres son depositados en lotes desérticos o parajes baldíos… A esta forma de asesinar se le conoce como crimen sexual… los asesinos son motivados por impulsos sexuales sádicos y la víctima se convierte en un objeto sexual para los victimarios”(78).
Feminicidio sexual sistémico organizado: “las niñas y mujeres que son secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos… depositados en serie o individualmente en estos lugares solitarios, son la prueba irrefutable de que hay una forma organizada y sistemática de asesinarlas… los asesinos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y sistemático… también pueden ser asesinos que imitan esta forma de asesinar mujeres”(79).
Feminicidio sexual sistémico desorganizado: estos asesinatos pueden ser cometidos por las parejas, ex parejas, familiares, amigos, vecinos o desconocidos “que matan por una sola vez, en un período determinado… las privan de la libertad, las torturan, las violan, las asesinan y las depositan en parajes solitarios o en el interior de sus domicilios… combinan el deseo del placer y el abuso sexual en contra de las niñas y las mujeres”(80).
VIII. Argumentos a favor y en contra del femicidio o feminicidio
La tipificación del delito de femicidio o feminicidio no se ha escapado de polémicas discusiones a favor y en contra de su incorporación en la legislación penal, delito que viene acompañado por penas severas, y en países como Chile y Argentina tienen prisión perpetua, a esto hay que agregarle que su tipificación trae consigo la esperanza de lograr prevenir la muerte violenta de mujeres, por relaciones de poder, razones de género o “por el hecho de ser mujer”, algo que hasta ahora no se ha conseguido, así lo demuestran las estadísticas.
Costa Rica y Guatemala fueron los primeros países en incorporar como delito el femicidio, logrando que la extrema violencia contra las mujeres sea vista ya no desde lo sociológico y antropológico, sino con una visión jurídico penal(81), amparado en la necesidad exclusiva de tutelar bienes jurídicos, de esta manera la creación del tipo penal femicidio, implica una elección del legislador como medida de seguridad y de prevención, mereciendo una valoración positiva la protección de bienes jurídicos de suma importancia(82).
Pero aquel principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, en el caso del femicidio, o de la violencia de género, no viene a crear nuevos bienes jurídicos, tanto es así que la vida y la integridad física, sexual y psicológica tienen rango de protección constitucional, en materia de Derechos Humanos, lo que ocurre ahora es que con la tipificación de estos delitos, se trata de dar protección a la mujer en un contexto diferente, aunque esto diera lugar a una confrontación entre “el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja”(83); recordemos que la violencia contra la mujer era legitimada desde instituciones como la familia y la religión, hoy constituye una violación de Derechos Humanos. Silva Sánchez sostiene que con la expansión del Derecho penal, aparecen nuevos bienes jurídicos, nuevos intereses o de nuevas valoraciones preexistentes(84).
Apoyamos la idea de que la intervención del Derecho penal es el último recurso del Estado, al que debe acudirse cuando se trate de tutelar un bien jurídico, que en otros instrumentos no garantizan su protección, el homicidio, asesinato y lesiones, aunque protegen la vida y la integridad personal, ocultan el contexto real de la muerte violenta de mujeres, por eso la tipificación del femicidio y la imposición de la pena obedecen a una orientación garantista y preventiva, de tal manera que la pena ya no es un fin en sí misma, sino un medio para tutelar los bienes jurídicos, pero no a cualquier precio; será necesario respetar los principios básicos del Derecho Penal, teniendo en cuenta circunstancias como: lesión o puesta en peligro de un bien jurídico; actuación culpable; un derecho penal de acto; proporcionalidad entre la gravedad de la conducta y la pena, entre otros(85).
A continuación, analicemos los argumentos a favor y en contra de su tipificación, para al final tomar una posición sobre este tema.
Argumentos a favor del femicidio o feminicidio
Los movimientos feministas y lo alarmantes que resultan las cifras de violencia de género motivaron que algunos países realizaran modificaciones a sus códigos penales, y tipificaran la figura del femicidio como delito autónomo del asesinato, o agravaran las penas cuando se trate de la muerte violenta de una mujer “por el hecho de ser mujer”, por razones de género, o por relaciones de poder entre la víctima y el agresor. De alguna manera los grupos feministas le apuestan al Derecho penal, haciendo de un problema social, como si fuera únicamente normativo; después de todo resulta más barato reformar el Código penal que educar a la sociedad. Quizás ahí radique el fracaso de los proyectos y campañas orientados a la erradicación de la violencia contra la mujer.
Hay que indicar que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ya que al momento de difundir noticias muchas veces de forma reiterada de la muerte de una mujer por parte de su pareja o ex pareja, automáticamente la relacionan como femicidio o feminicidio, sin ni siquiera saber si previamente ha existido una relación de poder o condición de género como elementos del tipo penal, que explicaremos más adelante. Esto obviamente genera alarma en la sociedad, ocasionando presión para que estos delitos no queden impunes o se otorgue al agresor el máximo de la pena; también logra una presión en los legisladores, para que se impongan penas muy severas, bajo la falacia a mayores penas, menos garantías, logrará solucionar por sí solo el fenómeno social de violencia de género, sin ni siquiera apostar previamente por educar a la sociedad.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos(86) se ha pronunciado indicando que “no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará”; también ha destacado que las agresiones contra una mujer para que se configuren como una violación, la conducta deberá ser “dirigida o planificada hacia las presuntas víctimas mujeres” y que resulten agravadas por su condición de mujer, o que afectan de manera diferente o en mayor proporción(87).
Al respecto, Zaffaroni sostiene: “la capacidad reproductora de violencia de los medios masivos es enorme: cuando se requiere una criminalidad más cruel para poder excitar mejor la indignidad moral, basta que la televisión publicite exageradamente algunos casos de violencia o crueldad gratuita para que inmediatamente los requerimientos de comportamiento vinculados al estereotipo asuman contenidos de mayor crueldad y consecuentemente, ajusten a ellos su conducta quienes asumen el comportamiento correspondiente al estereotipo”(88).
Si bien es cierto que se critica el discurso populismo punitivo, que han adoptado los Estados que tipificaron el femicidio o feminicidio, o agravaron las penas cuando se trate de la muerte de una mujer, producto de la extrema violencia de género, no hay que negar que esta nueva figura penal tiene algunos puntos positivos, entre ellos tenemos:
1. Quienes defienden su tipificación mencionan que aplicando la norma jurídica del homicidio o asesinato, si bien se podría sancionar a quien haya terminado con la vida de una mujer, aun por razones de género, no conseguirá visibilizar el contexto que encierra la muerte violenta de una mujer, lo que haría imposible una verdadera política criminal para prevenir y erradicar el problema(89).
2. Su incorporación en los códigos penales ayudó a visibilizar la extrema violencia de género que sufren las mujeres, que al ser tratadas antes como homicidios o asesinatos, se confundían como si fuera la muerte de una mujer producto de la delincuencia común.
3. Logró que los Estados adoptaran políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el caso de Ecuador encontramos que en la Constitución, artículo 66 numeral 3º, establece que se garantizará una vida sin violencia, garantiza además la integridad personal, física, psicológica, moral y sexual.
4. Se garantiza el acceso a la justicia, creando incluso Unidades Judiciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y la Familia, como en efecto ocurre en Ecuador.
5. Se afirma que el tipo penal del femicidio o feminicidio “introducirá un nuevo concepto que renovará la justicia, de acuerdo con los principios del Estado democrático de derecho… se sostiene que el elemento simbólico del derecho penal puede contribuir a transformaciones culturales importantes”(90).
6. Otro de los argumentos es que “permite posicionarlo en su especificidad, y visibilizar una serie de factores y contextos que tradicionalmente no se consideran cuando se investiga y juzga los homicidios. Así mismo, la oportunidad de colocar a la mujer como sujeto de protección, permite reconocerla como sujeto individual de derechos, y visibilizarla incluso dentro de un conjunto de normas con una fuerte tradición androcéntrica”(91).
Argumentos en contra del Femicidio
Hay autores, como Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Argentina, que están en contra de la tipificación del femicidio. El citado autor en el 2012 se oponía a incluir el femicidio como un agravante del delito al considerar que “no existe y no tendrá eficacia”. Zaffaroni, en el 2015 en declaraciones a medios de comunicación, manifestó: “En la Argentina, nadie sale a matar a una mujer por ser mujer, pese a que la esencia de lo que se denomina femicidio es precisamente el hecho de que el delito se comete directa o indirectamente por el hecho de que la víctima es mujer”(92).
Zaffaroni alerta sobre lo peligroso que resulta la creación de leyes penales más drásticas, con lo que se estaría legitimando al poder punitivo, más allá de su valor simbólico. Para el autor, “La apelación indiscriminada del discurso feminista y de los otros discursos antidiscriminatorios al poder punitivo… Son la trampa y la burla que la sociedad jerarquizante les tiende a esos discursos: los incorpora, se limita a reconocerlos, los usa para legitimar su poder punitivo y los neutraliza en su potencial transformador. En el mejor de los casos, otorga diploma de víctimas a unos pocos y el resto sigue como siempre”(93).
Los grupos que están en contra de la tipificación del femicidio o feminicidio no lo hacen por la sola tipificación, sino que al ir acompañado del discurso populista ha significado mayores penas, menos garantías. A esto hay que agregar que consideran que con su tipificación se consigue una discriminación positiva que compense la desigualdad de la mujer en la sociedad (en lo laboral, educativo, etc.), utilizando normas penales, que para ellos resulta inconstitucional en cuanto al derecho penal material por infringir el principio de igualdad ante la ley(94). Esto se traduce no solo en la expansión del derecho penal, sino que se sigue viendo a la mujer como persona vulnerable, lo que es contrario al logro histórico de igualdad entre hombres y mujeres, amparada en la dignidad humana.
Otro de los argumentos en contra de la tipificación de esta figura penal señala que la muerte de mujeres por razones de género “pueden ser subsumidos en los supuestos de homicidio calificado regulados en los códigos penales, aplicándose a los responsables las sanciones establecidas en tales tipos penales. Afirman que ni el problema de la violencia contra las mujeres ni las dificultades en el acceso a la justicia se solucionan con la creación de nuevas figuras penales o con el incremento de las sanciones”(95).
Por ello quienes están en contra de su tipificación consideran que no beneficia al colectivo mujeres, sino solo a aquellas que son víctimas de su pareja o ex pareja. Por esta razón, el incremento de penas lo que consigue es una especie de “sentimientos de venganza”, olvidando que lo que realmente beneficia son las medidas que se establecen para su mayor protección(96).
Para Patsili Toledo, existen dos principales cuestionamientos al momento de incorporar la violencia contra las mujeres y delito de femicidio o feminicidio, que demanda una protección específica de las mujeres, por dos razones: En primer lugar, “estas iniciativas conllevarían una discriminación en contra de los hombres, inaceptable desde una perspectiva constitucional, al sancionar más gravemente el homicidio de una mujer que el de un hombre, concurriendo aparentemente las mismas circunstancias, por ejemplo la existencia de una relación de pareja, lo que supondría en definitiva dar más valor a la vida humana femenina que a la masculina”. El segundo cuestionamiento se refiere a las figuras género-específicas, “al suponer un sujeto activo masculino, importan una vulneración al principio de culpabilidad, al transformar la condición de hombre en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad en estos delitos”(97).
De esta manera, el femicidio o feminicidio constituiría en Derecho penal de autor, contrario al Derecho penal del hecho, lo que supone que la sanción se fundamentaría no solo en la realización de una conducta prohibida, sino también en la identidad de la persona que infringe en ella. Lo que supondría un retroceso al Derecho penal, las garantías y respeto a los derechos humanos en el proceso penal.
Ante esta situación, Manjón Cabeza manifiesta que con el aumento de penas y creación de tipos penales específicos para las mujeres, no incidirá favorablemente en el problema de desigualdad al acceso al trabajo o en el injusto reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, que históricamente padece el colectivo mujeres, cosa que bajo ningún lógica le compete al Derecho penal, en virtud de que otras son las normas y políticas que deben adoptar los Estados para el cumplimento de esos objetivos. Lo único que logra es hacer cargar al hombre lo que él ha hecho y lo han hecho otros, con el daño causado a su mujer y con todos los males sociales que sufren las mujeres.
Siguiendo a la misma autora, nos dice que todo lo antes dicho, hacer surgir al automatismo, que en la aplicación de las sanciones penales más graves es totalmente inadmisible, al menos, por tres motivos(98):
La responsabilidad penal es personalísima; cada sujeto debe ser tratado de forma individual y no como parte de un colectivo.
1) En el derecho penal no caben presunciones “iuris et de iure”, por lo que no puede admitirse que cualquier trato de violencia de un hombre contra su esposa o compañera sea manifestación de discriminación y desigualdad.
2) El derecho penal y la tutela efectiva de los jueces y tribunales no generan situaciones de desigualdad de partida. Todos los hombres y todas las mujeres son destinatarios del mismo derecho penal, reciben la misma protección de bienes jurídicos y acceden a la justicia en igualdad de condiciones recibiendo idéntica tutela.
Para Boldova Pasamar, “estamos en presencia de un derecho penal de autor frente al modelo garantista del Derecho penal del hecho, lo que podría dar al traste con el principio de culpabilidad”, lo que bajo ningunas circunstancias sería jurídicamente aceptable. Se pretende proteger a la mujer haciéndola aparecer ante la ley como tradicionalmente vulnerable, porque asumen que mayoritariamente siempre será la víctima en ese tipo de delitos, olvidando que el hombre también suele ser víctima de la sociedad patriarcal(99).
García Amado nos dice que es posible que “esas mismas medidas normativas tengan efectos paradójicos e inesperados para los intereses femeninos”(100). La respuesta parecería que la encontramos en los “nuevos gestores de la moral colectiva”(101) a que se refiere Silva Sánchez, y a las asociaciones feministas que, como señala Gimbernat Ordeig, se han convertido “en grupos de presión que pretenden y en muchos casos consiguen la consagración legislativa de sus postulados acudiendo precisamente a la criminalización o, en su caso, cuando el comportamiento está ya previamente tipificado, al endurecimiento de las sanciones”(102).
De acuerdo con esta posición en contra de la tipificación del femicidio o feminicidio, si el argumento es que ayuda a visibilizar las muertes de mujeres por razones de género, la solución estaría en la creación de registros estatales de aquellos homicidios, como sucede en España o en Perú, países que cuentan con información sobre los homicidios de mujeres por razones de género, lo que sin duda significa un aporte para que los Estados puedan adoptar políticas públicas teniendo estadísticas oficiales y reales y luchar para erradicar la violencia contra las mujeres(103).
IX. Análisis comparativo de la tipificación del femicidio o feminicidio
El fenómeno de la violencia de género se ha convertido en un tema inmanejable para algunos Estados, como consecuencia de la falta de políticas encaminadas a su erradicación, además de la presión que ejercen los movimientos feministas, basándose en las elevadas cifras de denuncias, lo que ha hecho que acudan al Derecho penal, consiguiendo la tipificación del femicidio o feminicidio, y además un incremento de penas, cuando se trata de la muerte de una mujer a manos de su pareja, ex pareja, familiares, conocidos o desconocidos. Como bien dice Laurenzo Copello: “cuantas más denuncias y más condenas, más claro parece estar que el Derecho penal cumple su función preventiva de forma adecuada”. Ni siquiera la tipificación del femicidio y el incremento de penas han logrado intimidar a los agresores, las estadísticas siguen siendo muy altas(104).
En la actualidad son 15 países de América Latina los que han incorporado en su legislación el delito de femicidio o feminicidio, estos son: Costa Rica, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, República Dominicana y Panamá. A continuación brevemente analizaremos algunos países que han tipificado el femicidio o feminicidio.
Costa Rica fue el primer país en incorporar en su legislación el femicidio en la Ley 8.589 del año 2007, y lo define como “quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no”(105), imponiendo una pena de veinte a treinta y cinco años, reconociendo únicamente el femicidio íntimo.
En julio del 2013 se promulgó la Ley 30068, que logra modificar el artículo 107 y se incorpora el artículo 108A del Código Penal. En el caso de Perú, al delito de parricidio se incluyó el feminicidio (artículo 107) “El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quién es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quién esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 108”(106). En Perú, únicamente se contempla el feminicidio íntimo. Creemos que de la forma como está redactado el artículo 108A “el que mata a una mujer por su condición de tal”, es muy ambiguo, la norma carece de exactitud, genera la duda de si se refiere a la condición de género.
Con la Ley 1761 de 6 de julio del 2015, más conocida como Ley Rosa Elvira Cely”, quien fue brutalmente ultrajada y asesinada en el Parque Nacional de Bogotá, se tipifica el feminicidio como delito autónomo, con la finalidad de sancionar la muerte violenta de mujeres por razones de género, discriminación, relación de poder o por el hecho de ser mujer, cuando exista entre el agresor y la víctima una relación íntima, familiar, de convivencia, amistad, compañerismo o de trabajo. De acuerdo con el artículo 104A, existirá feminicidio: “Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses”(107). Aunque la pena podría llegar de quinientos (500) meses a seiscientos (600) meses de prisión, si se cometiere con las agravantes del articulo 104B; entre las que están que el agresor sea servidor público, que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta, entre otros. En el caso de Colombia, se admite feminicidio íntimo y feminicidio no íntimo.
La muerte de la joven Karina del Pozo, quien perdió la vida cuando uno de sus agresores le reventara la cabeza a punta de pedradas, motivó a los asambleístas para que decidieran tipificar en el COIP, la figura del femicidio, y violencia contra la mujer y la familia, norma penal vigente desde agosto del 2014. Su incorporación es considerada un avance para frenar la violencia de género. Es necesario mencionar que el derogado Código Penal reconocía como homicidio agravado la muerte de ascendientes o descendientes, cónyuge o hermano(108), no hacía referencia a la condición de género, relaciones de poder, como lo estipula ahora el femicidio.
En la legislación penal ecuatoriana se reconoce el femicidio íntimo, y no íntimo, y de acuerdo con el artículo 141 del COIP, se considerará delito de femicidio “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. (El subrayado es nuestro).
Este delito, al ser autónomo del asesinato, tiene sus propias agravantes, que de acuerdo con el artículo 142, son: 1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. 4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. Cuando se compruebe que el sujeto activo ha cumplido con una o más de las agravantes antes descritas, se procederá a aplicar la pena máxima de veintiséis años de reclusión.
No obstante, también se deberá tomar en cuenta si existen una o más agravantes establecidas en el artículo 47, tales como ensañamiento en contra de la víctima; hacer prevalecer su condición de superioridad; aprovecharse de la indefensión o discriminación; y afectar a varias víctimas por causa de la infracción, la pena será aumentada en un tercio, lo que significa que una pena por el delito de femicidio puede ser de 36 años de reclusión.
X. Configuración del tipo penal femicidio
El bien jurídico protegido en el femicidio es la vida, al igual que en el homicidio y asesinato, mientras que en la violencia contra la mujer, el bien jurídico para proteger es la integridad física, ambos protegidos en la constitución, y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que son de aplicación directa. Con respecto al bien jurídico vida, cuando se trata de una mujer, y al estar considerada en una sociedad patriarcal, como vulnerable, ha hecho que la protección de ese bien jurídico tenga una valoración diferente, se refleja con una pena mayor, respecto al asesinato.
No es lo mismo que una mujer cansada de tantos años de maltrato físico, psicológico y sexual, decida matar a su pareja, sin que prime la condición de género, ni relaciones de poder, que un hombre mate a su mujer, aprovechándose de su estado de indefensión, relaciones de poder, o por su condición de género. No hay que negar que si bien en la ley tanto hombres o mujeres somos iguales, en la realidad la mujer sigue en desventaja, producto de rastros que aún quedan de la sociedad patriarcal.
La tipificación del femicidio está pensando que el sujeto pasivo será siempre una mujer, es decir, la muerte de un hombre en manos de su pareja no encaja en el femicidio, pero sí podrá vincularse su muerte en homicidio o asesinato, según las circunstancias del hecho. En cuanto al sujeto activo, de la forma como está redactado el artículo, se refiere a “la persona”, da a entender que podría ser un hombre que mate a una mujer, pero también estaría orientado cuando una mujer mate a otra mujer, bajo las mismas circunstancias de una relación de poder o por su condición de género.
La conducta nuclear del tipo penal femicidio es “quitar la vida”, como ocurre también en los delitos de homicidio y el asesinato, pero en el femicidio se refiere a quitar la vida de una mujer, teniendo como diferencia entre el homicidio o asesinato, es la forma de comisión, esto es, relaciones de poder, dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. El delito de femicidio es un delito autónomo, por lo que no cabe una conducta culposa.
1. Relaciones de poder
La simple convivencia de pareja no constituye una relación de poder, ejercida en la mayoría de los casos del hombre contra la mujer. Necesariamente deberán existir actos de violencia o abuso, de alguna manera esto constituye una forma de prueba. Foucault, al referirse a las relaciones de poder, ha manifestado que estas son siempre beligerantes, es decir, conflictivas. De ahí que no toda muerte de una mujer debe ser considerada como femicidio, sino que para ser considerada como tal, se requiere demostrar que haya existido una relación de poder.
2. Condición de género
Hernández García, citando a Marcela Lagarde, nos dice que la autora ha planteado que “la categoría de género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, económico, social, político, jurídico, psicológico, cultural; implica al sexo, pero no agota ahí sus explicaciones”(109). La condición de género no es un elemento aislado en el ámbito de la violencia contra la mujer, esta se da como consecuencia de la discriminación, desigualdades de roles, que sufren las mujeres en una sociedad patriarcal, y esta puede darse en las relaciones no solo de pareja, sino también en otros ámbitos como el laboral, por ejemplo, donde también podría darse que alguien ejerza una relación de poder y además la condición de género. Sin extendernos más en este tema, podemos decir que en pleno sigo XXI, pese a los avances significativos que las mujeres han sabido ganarse espacio en muchos ámbitos, no es menos cierto que se haya eliminado de forma total algún tipo de discriminación hacia las mujeres.
XI. Conclusiones
Una vez que hemos logrado resumir las críticas a favor y en contra del femicidio o feminicidio, y hemos analizado algunas legislaciones, donde tipifican de forma autónoma el delito de femicidio o feminicidio, podemos darnos cuenta de que el argumento principal para la tipificación autónoma del delito radica en poder visibilizar un problema social que ocultaba la estructura de discriminación y subordinación que siempre han sufrido las mujeres; incluso la misma Corte IDH lo ha reconocido, definiendo al femicidio o feminicidio como un “homicidio de mujer por razones de género”(110).
Es así como este nuevo tipo penal es la máxima expresión de la violencia de género, lo que también es atentatorio contra los derechos humanos, tales como integridad personal, física, psicológica, moral y sexual, y vida de las mujeres, producto de patrones socioculturales discriminatorios, imperantes en una sociedad patriarcal, en que la mujer siempre es vista como alguien inferior con relación al hombre.
Este es otro de los argumentos para la intervención del Derecho penal, proteger derechos fundamentales, que acabamos de mencionar, y no quedar únicamente el Estado como “espectador” con el argumento de mínima intervención penal, ni mucho menos limitarse a lamentar. Aunque la crítica en contra de la tipificación es la creación de tipos penales sexuados, señalando casi siempre que el sujeto activo sea el hombre y el sujeto pasivo una mujer, lo que implicaría un Derecho penal de autor y no de acto, e incluso atentaría con el principio de culpabilidad, haciendo ver al hombre como enemigo principal de la mujer. Al respecto, no puede negarse que los fundamentos jurídicos afirman que no existe predeterminación del sexo de los sujetos activo y pasivo, por lo que limitar la autoría a un hombre es una posición equivocada, pudiendo ser las mujeres sujeto activo del delito(111).
Por ello nos parece que la definición del femicidio que da el COIP (artículo 141), no se cumpliría con un delito sexuado, al indicar “La persona que”, de tal forma que el sujeto activo puede ser un hombre o una mujer, siendo exclusivamente el sujeto pasivo una mujer. Lo que no ocurre con la tipificación del delito “Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar” (artículo 155 del COIP), en el que la violencia física, psicológica o sexual, puede ser contra la mujer o cualquier integrante del núcleo familiar, siendo el bien jurídico a proteger la integridad personal en todas sus formas y teniendo la misma pena, indistintamente del sexo de la víctima.
En lo que respecta el bien jurídico a proteger en el femicidio, es la vida de la mujer, teniendo como elemento del tipo las relaciones de poder, por su condición de género, o “por el hecho de ser mujer”, haciendo que la forma de comisión sea distinta al delito de homicidio o asesinato, incluso distinta a los delitos de odio, en razón del sexo del sujeto pasivo, aunque la pena sea la misma al igual que el delito de asesinato o femicidio.
Otro punto a favor, de la redacción del femicidio en Ecuador, es que incluye además del femicidio íntimo, que son cometidos por la pareja, ex pareja, o familiares de la víctima, el femicidio no íntimo, realizado por desconocidos de la víctima. Lo que no ocurre en la legislación de Costa Rica, Perú y Chile, que únicamente reconocen el femicidio íntimo, cuando exista un vínculo afectivo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, dejando los demás casos a criterio de las autoridades, para que la muerte violenta de una mujer sea juzgada como delito de homicidio o asesinato, incluso por delito de odio, según la legislación de cada país y las circunstancias de cada caso concreto.
En razón de lo antes expuesto, no es que la vida de una mujer vale más que la del hombre, insistimos, las circunstancias de comisión hacen que la forma violenta en que muere una mujer sea más reprochable, que un delito de homicidio, asesinato o de odio; a manera de ejemplo, el delito de hurto y robo, protegen el mismo bien jurídico, la propiedad privada, diferenciándolos en la forma de comisión, lo que hace que tengan una pena distinta. En el hurto no existe violencia ni amenaza en la persona afectada, ni violencia en la cosa mueble ajena, teniendo una pena de seis meses a dos años; mientras que, en el delito de robo, si existe amenaza o violencia en contra del sujeto pasivo, la pena es de cinco a siete años, si solo existió violencia en las cosas, la pena será de tres a cinco años, y como consecuencia del robo se produce la muerte de una persona, la pena será de veintidós a veintiséis años.
El ejemplo que hemos analizado nos demuestra que la pena responde a las circunstancias de comisión y daño causado, lo mismo ocurre con el homicidio y asesinato, ambos delitos protegen un mismo bien jurídico, la vida, pero nuevamente lo que les diferencia es la forma de comisión, por lo tanto merecen una pena distinta(112).
En el mismo sentido, es diferente que un hombre mate a su mujer, ejerciendo las relaciones de poder, subordinación, dominación y sumisión, al creer “la mato porque es mía”; “me pertenece”; “si no es mía, no es de nadie más”; “si no regresa conmigo, la prefiero muerta”; que una mujer mate a su pareja, cansada de llevar una vida de violencia física, psicológica o sexual, en cuyo caso no defendemos esta conducta, igualmente deberá ser sancionada, pero atendiendo las circunstancias que llevaron a terminar o atentar contra la vida de su pareja.
Creemos que quienes están en contra de la tipificación del femicidio o feminicidio, olvidan el contexto de violencia y discriminación que han sufrido las víctimas de este delito repugnante, por lo tanto, el reproche y la pena deberán ser mayores, sin que esto implique alejarnos de la mínima intervención penal y ausencia o disminución de las garantías penales y del debido proceso para los agresores, al contrario, la tipificación de esta nueva figura penal también debe responder no solo en una prevención general, sino del mismo modo aplicar prevención especial, lo que queremos decir es que el problema social de la violencia de género y del femicidio o feminicidio, no es exclusivamente un problema de tipificación, de ser así, en todos los países que lo han tipificado, las estadísticas de violencia de género y de muertes violentas de mujeres, habrían disminuido, lo que demostraría que no basta con brindar protección penal a las mujeres, ni confiar exclusivamente en el mensaje intimidador de la norma penal para frenar la violencia de género y el femicidio.
La respuesta penal frente a la lacra del femicidio y la violencia de género, es necesaria, está acorde con la protección de derechos fundamentales como la salud, la vida, la integridad física, sexual, psicológica y moral, pero no garantiza terminar de forma efectiva con el problema, aquí falta algo más, aunque pueda generar un coste político, que parecería no se quiere afrontar. El problema no es meramente de tipificación, el verdadero problema y a la vez la solución están en la misma sociedad, que aún le cuesta abandonar la herencia de patrones socioculturales discriminatorios contra de la mujer, por ello se hace necesario que los las autoridades intervengan, se dé un seguimiento a las denuncias de violencia de género, estamos seguros que muchas muertes por femicidio pudieron evitarse, si las autoridades judiciales no se hubieran limitado en otorgar una boleta de auxilio, olvidan que la verdadera ayuda para frenar futuros femicidios es dar un seguimiento a las víctimas, de lo contrario, el Estado se convierte en cómplice por su inacción, esto genera impunidad, alimenta la continuación de violencia y refuerza la subordinación de mujeres, lo que conduce al incumplimiento constitucional que será deber del Estado garantizar una vida sin violencia, y demás obligaciones en materia de Derechos Humanos.
Por todo lo expuesto, es necesaria la urgente intervención estatal, si nos detenemos a pensar el papel fundamental que desempeña en la construcción y mantenimiento de los roles de género y las relaciones de poder (Martín López: 2013: 150), desarrollando políticas públicas para prevenir y erradicar la lacra de la violencia de género, y con ello el femicidio o feminicidio, como la expresión extrema de violencia que sufren las mujeres.
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Código Penal ecuatoriano. Registro Oficial Suplemento 147, de fecha 22 de enero de 1971.
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(1) Arechederra Ortiz, A. “La violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Proceso y consecuencias”. En: Ana García Mina Freire (coord.). Violencia contra las mujeres en la pareja, claves de análisis y de intervención, Madrid: Edit. Universidad Pontificia Comillas. 2010. pp. 22 y ss.
(2) Mirat Hernández, P. y Armendáriz León, C. “Violencia de género versus violencia doméstica: consecuencias jurídico-penales”. Estudio del título IV de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Madrid: Editor Difusión Jurídica y Temas de Actualidad. 2007. p. 22.
(3) Ibídem, p. 21.
(4) Corte IDH, Caso González y otras (“campo algodonero”) versus México sentencia de 16 de noviembre del 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), párr. 398.
(5) Villacampa Estiarte, C. (coord.) Violencia de género y sistema de justicia penal. Valencia: Tiran Lo Blanch. 2008. p. 26.
(6) Carcedo, A. y Ordóñez Laclé, C. Femicidio en Ecuador, Quito, Comisión de transición hacia el consejo de las mujeres y la igualdad de género. (2010) pp. 10-11. Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2012/CIM03334A-2.pdf
(7) Carcedo, A. y Sagot, M. Femicidio en Costa Rica 1990-1999: 2000. San José: p. 43.
(8) Fuente Diario El Telégrafo, de fecha 16 de diciembre, 2015 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/la-tasa-de-femicidios-en-ecuador-es-072-por-cada-100-mil-habitantes
(9) Informe Sombra al Comité de la CEDAW Ecuador 2014, p. 15: Disponible en http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_NGO_ECU_18897_S.pdf
(10) Laurenzo Copello, P. Estudios penales y criminológicos. ¿hacen falta figuras género específicas para proteger mejor a las mujeres? Vol. XXXV. 2015. pp. 783-830. Disponible en: file:///C:/Users/RAMIRO/Downloads/2915-13892-1-PB%20(1).pdf
(11) Ibídem, p. 795.
(12) Iribarne, M. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad n.º 9, octubre 2015-marzo 2016, pp. 205-223 Feminicidio (en México), pág. 206: Disponible en: file:///C:/Users/RAMIRO/Downloads/2822-2790-2-PB%20(1).pdf
(13) Atencio, G. Feminicidio-femicidio: un paradigma para el análisis de la violencia de género. (Feminicidio.net). (2011). p. 2: Disponible en: http://www.infogenero.net/documentos/FEMINICIDIOfeminicidioparadigma%20para% 20su%20analisis-Graciela%20Atencio.pdf
(14) Movimiento Manuela Ramos. “Los nuevos retos frente al feminicidio: Análisis de expedientes judiciales”. 1ª ed., 2014, Perú, p. 9. Disponible en: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2D1B9DA110CF5CA 505257CE40074E01A/$FILE/Los-nuevos-retos-del-feminicidio-An%C3%A1lisis-de-expedientes-judiciales-VERSI%C3%93NFINAL.pdf
(15) Toledo Vásquez, P. Feminicidio: 1ª edición, 2009: México: Edit. OACNUDH. p. 24.
(17) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y peritaje del caso Campo Algodonero versus México, volumen 5 de la Serie por la vida y la libertad de las mujeres, Ed. Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. 2010. México: p. 24.
(18) Ibídem, p. 216.
(19) Ibídem, pp. 24-25.
(20) Carcedo, A. y Sagot, M. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. 2000, San José, p. 13.
(21) Artículo 66.3 de la Constitución del Ecuador del 2008.—Se reconoce y garantizará a las personas: “El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”.
(22) Artículo 1º de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.
(23) La violencia de género en contra de las mujeres. Lo conceptual y lo normativo desde la experiencia española y costarricense. Ponencia presentada por la Defensoría de la Mujer, marzo 2006, texto citado por el IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos Secretaría Técnica, Situación y análisis del femicidio en la Región Centroamericana, agosto 2006, pp. 14 y ss.
(24) Resolución 2005/41 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
(25) Artículo 1 de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Para”.
(26) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
(27) PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 1995. Género y Desarrollo Humano. New York. 1995.
(28) CCPDH (Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. Reservados todos los derechos) I Informe regional: situación y análisis del femicidio en la región Centroamericana: Instituto Interamericano de Derechos Humanos; -- San José, C.R.: IIDH, 2006, p. 18. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1837/i-informe-regional-femicidio-espa%C3%B1ol-2006.pdf
(29) En 1996 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la violencia de género como una prioridad de salud pública.
(30) Corte IDH, Caso González y otras (“campo algodonero”). párr. 398.
(31) Las declaraciones de la subsecretaria de turismo generaron rechazo incluso por sus mismos compañeros de Gobierno, que no le quedó de otra que ofrecer disculpas públicamente a los familiares de las víctimas y presentar la renuncia de su cargo.
(32) Diario El Universo, 9 de marzo, 2016: Disponible en http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/09/nota/5454432/reaccion-familia-marina-menegazzo-expresiones-subsecretaria-turismo
(33) CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 2, folio 1822), citado por la Corte IDH, caso González y otras (“campo algodonero”) versus México, sentencia de 16 de noviembre del 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), párr. 400.
(34) Figueruelo Burrieza, A. “¿Podemos erradicar la violencia de género? Análisis, debate y propuestas” En: Del Pozo Pérez, Marta (dir.) Gallardo Rodríguez (coord.). La violencia de género: una cuestión de derechos humanos. Granada: Comares. 2015. p. 60.
(35) Toledo Vásquez, P. Femicidio/Feminicidio. Argentina: Edt. Didot. 2014. p. 275.
(36) De Miguel Álvarez, A. “El proceso de redefinición de la violencia contra las mujeres: de drama personal a problema político”. Revista de Filosofía n.º 42. 2007. pp. 71-82.
(37) Ibídem, pp. 71-82.
(38) Del Pozo Pérez, M. (dir.) Gallardo, Almudena (coord.). Luces y sombras de la Ley Orgánica 1/2004 en su décimo aniversario. Granada: Comares. 2015. p. 32.
(39) Mirat Hernández, P. y Armendáriz León, C. “Violencia de género versus violencia doméstica: consecuencias jurídico-penales”. Estudio del título IV de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Madrid: Editor Difusión Jurídica y Temas de Actualidad. 2007. p. 12.
(40) Carcedo, A. y Ordóñez Laclé, C. Femicidio en Ecuador, Quito, Comisión de transición hacia el consejo de las mujeres y la igualdad de género. (2010) p. 14.
(41) Mirat, P. y Armendáriz, C. “Violencia de género versus violencia doméstica: consecuencias jurídico-penales”. p. 12.
(42) Infografía de la Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011, Dirección Zonal 5 del Litoral. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/violenciagenero.pdf
(43) La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, Quito, El Telégrafo, 2014, pp. 33-35.
(44) Noticias: Ecuador entre los países de mayor violencia contra la mujer, según datos de la ONU. El Universo, 22 nov. 2013. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/22/nota/1789171/ecuador-paises-mayor-violencia-contra-mujer-senalan-datos-onu
(45) Artículo 155 del COIP. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
(46) Diario El Telégrafo, 15 marzo del 2016: Disponible en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/ecuador-refuerza-la-lucha-contra-violencia-de-genero
(47) Toledo Vásquez, P.: 2009, Feminicidio… p. 23.
(48) I Informe regional: situación y análisis del femicidio en la región Centroamericana: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José. 2006. p. 33.
(49) Chejter, S. (Ed.). Femicidios e impunidad. Argentina: Centro de Encuentros Cultura y Mujer. 2005. p. 10.
(50) Carcedo, A. y Sagot, M. … p. 12.
|(52) Carcedo, A. y Sagot, M. “Femicidio en Costa Rica: balance mortal” En: Revista Medicina Legal en Costa Rica. vol. 19 n.º 1. Heredia. 2002.
(53) Aguilar, A.L. Femicidio la pena capital por ser mujer. Guatemala. 2005. p. 2: Disponible en: http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0288/femicidio.pdf
(54) Ibídem, p. 4.
(55) I informe regional: situación y análisis del femicidio en la región Centroamericana … pp. 39 y ss.
(57) Ibídem, p. 40.
(59) Lagarde y De Los Ríos, M. Feminicidio, justicia y derecho. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, México, 2005, p. 155. Disponible en: http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Especiales/Feminicidios/docts/FJyD-interiores-web.pdf
(60) Ibídem, p. 155.
(61) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México OCNF (2009-2010). México. Disponible en http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/informe_2009-2010.pdf
(62) Donoso López, S. “Feminicidio en Guatemala: las víctimas de la impunidad”. En: Revista d¨Estudis de la Violencia. n.º 4. 2008.
(63) CALDH: Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, de Guatemala.
(64) Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH). Situación y análisis del femicidio en la Región Centroamericana. p. 22. Disponible en: http://www.cawn.org/espanol/publicaciones/documentos/otras/Femicidio%20oficial.pdf
(65) Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. p. 13. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericano DeInvestigacion.pdf
(66) Circular AI: AMR 34/006/2006, citada en IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Secretaría Técnica. Situación y análisis del femicidio en la Región Centroamericana. 2006. p. 22.
(67) Ibídem, I Informe regional … p. 41.
(68) Carcedo, A. y Sagot, M. “Femicidio en Costa Rica: balance mortal …
(69) Carcedo, A. y Sagot, M.: Femicidio en Costa Rica 1990-1999. … p. 14.
(70) Carcedo, A. y Sagot, M. “Femicidio en Costa Rica: balance mortal …
(71) Chejter S. (Ed.). Femicidios e impunidad. … p. 10.
(72) Carcedo, A. y Sagot, M.: “Femicidio En Costa Rica 1990-1999. … p. 14.
(73) Monárrez Fragoso, J. “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005”. En: Monárrez, Julia; Cervera Gómez, Luis y otros. “Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez”. 1ª ed. México: El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Ángel Porrúa, Editores. 2010, pp. 368 y ss.
(74) Ibídem, p. 368.
(75) Ibídem, p. 372.
(76) Ibídem, p. 373.
(77) Ibídem, p. 374.
(78) Ibídem, pp. 376-377.
(79) Ibídem, pp. 377-378.
(80) Ibídem, p. 379.
(81) Toledo Vásquez, P. Tipificación del femicidio/feminicidio: Otra vía hacia el abandono de la neutralidad de género en el derecho penal frente a la violencia contra
(Con. nota 81)
las mujeres. p. 2. Disponible en: http://9f0ea2e3.gclientes.com/sites/default/files/La%20tipificaci%C3%B3n%20del%20femicidio-feminicidio.%20Otra%20v %C3%ADa%20hacia%20el%20abandono%20de%20la%20neutralidad.pdf
(82) Ramón Ribas, E. Violencia de género y violencia doméstica. Valencia, Edit. Tirant Lo Blanch. 2008. pp. 19 y ss.
(83) Silva Sánchez, J.M. La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades posindustriales. 2ª ed. Madrid: Civitas. 2001. p. 20.
(84) Ibídem, p. 25.
(85) Ramón Ribas, E. Violencia de género y violencia doméstica… pp. 22 y ss.
(86) Corte IDH. Casos Ríos y otros versus Venezuela, sentencia de 28 de enero del 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafos 279 y 280.
(87) Ibídem, párrafo 280.
(88) Zaffaroni, E.R. En busca de las penas perdidas. Colombia,: Edit. Temis. 1990, p. 103.
(89) ¿Es conveniente contar con una figura penal sobre feminicidio/femicidio? Programa de monitoreo. Grupo de Trabajo sobre feminicidio/femicidio, de Cladem. Buenos Aires. 2011. p. 4. Disponible en: http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/CLADEM-Documento-consolidado-Feminicidio-Femicidio-reuni%C2%A2n-BsAs-2.pdf
(90) Ibídem, p. 4.
(91) Meléndez, L. ¿Es conveniente contar con una figura penal que tipifique el feminicidio/femicidio? Programa de Derechos Humanos del Centro de la mujer peruana CDP Flora Tristán, institución integrante del Cladem-Perú. p. 2: Disponible en: http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Comentarios-al-documento-Feminicidio-.pdf
(92) Fuente Política Argentina, de fecha 3 de marzo del 2015. Disponible en: http://www.politicargentina.com/notas/201506/5943-zaffaroni-creia-que-la-tipificacion-del-femicidio-era-una-locura.html
(93) Zaffaroni, E. “El discurso feminista y el poder punitivo”. En: Las trampas del poder punitivo. El género en el Derecho Penal. Buenos Aires: Editorial Biblos. 2000. p. 36.
(94) Constitución del Ecuador, artículo 66.—Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.
(95) ¿Es conveniente contar con una figura penal sobre feminicidio/femicidio?, Cladem … p. 7.
(96) Manjón Cabeza Olmeda, A. capítulo I, Violencia de género: discriminación positiva, perspectiva de género y derecho penal. Algunas cuestiones sobre la competencia de los nuevos juzgados de violencia sobre la mujer, en tutela penal y tutela judicial frente a la violencia de género. Madrid: Ed. Colex. 2006. p. 47.
(97) Toledo Vásquez, P. Tipificación del femicidio/feminicidio … pp. 13-14.
(98) Manjón Cabeza Olmeda, A. … p. 48.
(99) Boldova Pasamar, M. A., y Rueda Martin, M. A. (coord.): La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de género. Barcelona: Atelier. 2006. p. 48.
(100) García Amado, J. A. “¿Tienen sexo las normas? Temas y problemas de la teoría feminista del derecho”. En: Anuario de Filosofía del Derecho, 1992/IX, p. 14.
(101) Silva Sánchez … pp. 66 y ss.
(102) Gimbernat Ordeig, E. Prólogo a la décima edición del Código Penal. Madrid: Tecnos. 2004. p. 18.
(103) ¿Es conveniente contar con una figura penal sobre feminicidio/femicidio? Cladem … p. 7.
(104) Laurenzo Copello, P. … p. 791.
(105) Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres n.º 8589, artículo 21.
(106) Ley 30068, publicada el 18 julio del 2013, incorpora al Código Penal peruano, artículo 108A feminicidio.
(107) Ley 1761 de 6 de julio del 2015, artículo 104A. Feminicidio.
(108) Código Penal ecuatoriano. Registro Oficial Suplemento 147, de fecha 22 de enero de 1971. ART. 452.—Los que a sabiendas y voluntariamente mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.
(109) Hernández García, Y. “Acerca del género como categoría analítica”. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. pp. 13-2016. Publicación electrónica Universidad de Complutense, p. 1: Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/13/yhgarcia.pdf
(110) Corte IDH, Caso González y otras … párrs. 398-402.
(111) Martín López, M.T. Capítulo 6, Igualdad de género y Derecho penal. En: Crespo Garrido, M. y Moretón Sanz, M. (dirs.),Violencia y familia: educar para la paz. Madrid: Edit. Constitución y Leyes, S.A. 2013. p. 159.
(112) Para el ejemplo expuesto, hemos tomado como referencia el artículo 189 que trata del robo, y artículo 196, que se refiere al hurto, de acuerdo al COIP.

References: artículo 2
 artículo 66
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 104
 artículo 141
 artículo 142
 artículo 47
 Artículo 66
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 155
 artículo 66
 artículo 21
 artículo 108
 artículo 104
 artículo 189
 artículo 196