Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20030501.htm
Timestamp: 2020-03-29 09:52:39+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Jueves 1 Mayo 2003
Cae otra pantalla de ETA
EDITORIAL Libertad Digital 1 Mayo 2003
Batasuna y sus sucesores
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 1 Mayo 2003
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 1 Mayo 2003
El último golpe de Garzón
Antonio Casado El Ideal Gallego 1 Mayo 2003
¿Cuántos partidos socialistas hay
Julián Lago La Razón 1 Mayo 2003
Editorial La Razón 1 Mayo 2003
El coladero no cuela
Carmen Gurruchaga La Razón 1 Mayo 2003
El Gobierno retirará mañana a la Universidad del País Vasco el derecho a otorgar títulos a etarras
Carmen Morodo - Madrid.- La Razón 1 Mayo 2003
BILBAO. CRISTINA DE LA HOZ ABC 1 Mayo 2003
Ingresan en prisión los ocho detenidos por diseñar desde Udalbiltza la presencia electoral de ETA
EFE Libertad Digital 1 Mayo 2003
Aznar enumera las mentiras sobre las que Ibarretxe construye su plan separatista
La lista por la libertad de Bilbao
Libertad Digital 1 Mayo 2003
Detenciones justas
Cartas al Director ABC 1 Mayo 2003
MANUEL MARÍN ABC 1 Mayo 2003
EEUU mantiene a Cuba, Irán, Siria, Libia, Sudán, Irak y Corea del Norte como países terroristas
Agencias Libertad Digital 1 Mayo 2003
Pera: Seguimos sin saber qué piensa Zapatero del acoso a los que defienden la línea de Redondo
Cartas al Director El Correo 1 Mayo 2003
Garzón advierte que ETA está detrás de otros 13 partidos inscritos «bajo cuerda» para el 25-M
J. Prats / F. Velasco - Madrid.- La Razón 1 Mayo 2003
«¿Basta Ya!» acusa al PSE de cuidar más al PNV que a los afines a Redondo Terreros
Redacción - Madrid.- La Razón 1 Mayo 2003
Respetar al regulador
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-BESADA ABC 1 Mayo 2003
Tres razones para un ‘no’
Emilio J. González Libertad Digital 1 Mayo 2003
El futuro de Gas Natural
Primo González La Estrella 1 Mayo 2003 Cae otra pantalla de ETA
Udalbiltza, la asamblea de electos municipales nacionalistas vascos del PNV, EA y EH que también incluía a concejales y alcaldes nacionalistas vasco-franceses, nació en septiembre de 1999 al calor del Pacto de Estella y la tregua trampa de ETA con unos propósitos muy claros. Esta institución irregular, según la declaración política que aprobaron los alcaldes y concejales nacionalistas en 1999, tendría como objetivos “afirmar la existencia de Euskal Herria (País Vasco, Navarra y País Vasco-Francés) como Nación”, coadyuvar a la “estructuración política de Euskal Herria”, “impulsar la construcción nacional de Euskal Herria”, desarrollar “una acción concertada de los representantes municipales en ámbitos tales como la lengua, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, el bienestar social, etc.” y “proyectar en el ámbito internacional la existencia de Euskal Herria como nación propia y diferenciada, y su voluntad de actuar como tal en la futura configuración europea y en sus instituciones”.
Es decir, el objetivo era definir estrategias de acción comunes para crear un embrión de estado vasco –donde el adjetivo “vasco es, naturalmente, sinónimo de nacionalista– independiente dentro del Estado, basado en el poder municipal, en desafío tanto al marco legal e institucional español como al francés. Con su tregua trampa, ETA-Batasuna, entonces representada por EH, había logrado su principal objetivo: atraer a sus planteamientos a los nacionalistas “moderados”. Una vez conseguido esto, apenas tres meses después los terroristas daban por finalizada la “tregua”. PNV y EA quedaban en una difícil situación, asociados al brazo político de ETA. Dar marcha atrás abiertamente a Estella y Udalbiltza y reconocer el error del pacto con ETA hubiera implicado, desde el punto de vista de los nacionalistas, admitir una derrota ante el “estado español”, algo inadmisible desde el punto de vista de la escatología nacionalista, que ve la “liberación” de Euskal Herria –la entelequia racista político-geográfica que sólo existe en su imaginación– como un proceso lineal donde no caben retrocesos.
Por ello, después de casi un año de infructuosos ruegos a ETA-Batasuna para que retomara la tregua trampa y seguir avanzando juntos en el proceso separatista sin el incómodo obstáculo de los asesinatos, PNV y EA no tuvieron más remedio que expulsar de facto a los alcaldes y concejales de ETA-Batasuna del seno de Udalbiltza, a lo que los etarras respondieron con la creación de Udalbiltza Kursaal. Desde noviembre de 2000, existen, pues, dos “Udalbiltzas”: la del PNV-EA y la de ETA-Batasuna. Una separación meramente formal y por motivos de imagen, si se tiene en cuenta que los contactos y la colaboración entre ambas pseudoinstituciones han sido fluidas. Como ponen de manifiesto, por ejemplo, el apoyo financiero que la Udalbiltza del PNV-EA presta a la Federación de Ikastolas (ligada a ETA-Batasuna), el respaldo prestado a Egunkaria (altavoz de ETA en euskera) y a su sustituto Egunero con declaraciones políticas y publicidad institucional, el “DNI vasco” o el “plante conjunto al Estado español” ofrecido por Joseba Egibar –artífice de Estella– a ETA-Batasuna.
La ilegalización de Batasuna y, por tanto, la imposibilidad de que ETA pueda concurrir a las elecciones, pondrá fin a la Udalbiltza batasuna, una pantalla más de los etarras. La dirección de ETA ya había previsto esa posibilidad en 2001, por lo que ordenó a los concejales batasunos, según afirmó Ángel Acebes tras la detención de ocho de los miembros de Udalbiltza Kursaal el martes por orden del juez Garzón, “crear, promover públicamente y controlar” la plataforma AuB, tal y como se desprende de los documentos intervenidos al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, “Susper” y de otros incautados en operaciones policiales a raíz de la detención de “Susper”. La Udalbiltza de ETA estaba cumpliendo al pie de la letra esas instrucciones, coordinando la presentación de candidatos de AuB, repartiendo propaganda etarra en sus sedes y preparando una “legislación vasca de partidos” como respuesta a la ilegalización de Batasuna. Apoyada indirectamente, por cierto, por PNV-EA, cuando Atutxa pretexta la “soberanía” de la Cámara vasca para no disolver los grupos parlamentarios de la extinta Batasuna.
Afortunadamente, la Ley de Partidos también había previsto esa posibilidad y la Justicia trabaja a fondo para impedir que ETA se sirva una vez más de las instituciones democráticas y del dinero público para sus fines criminales al servicio del horizonte totalitario que, junto con PNV-EA, desea imponer a vascos, navarros y vasco-franceses. Porque, aun a pesar de las diferencias de “método”, el objetivo final de nacionalistas “moderados” y “radicales” es el mismo: constituir un estado nacionalista basado en consideraciones raciales y con el “modelo referencial” cubano de fondo. Es decir, un estado nacional-socialista
Más detenciones, esta vez a cargo de Garzón. Y el Parlamento Vasco sigue resistiéndose a ilegalizar a Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario sucesor de Batasuna. Y las Juntas Electorales admiten que AuB, la agrupación de electores compuesta fundamentalmente por antiguos cargos electos de Batasuna y miembros de grupos del entramado ETA, pueda presentarse a las elecciones municipales y forales de mayo.
Así, en próximos días veremos a la Sala VI del Tribunal Supremo dictando un nuevo auto para evitar que SA sigua existiendo como grupo parlamentario en el Parlamento Vasco y la fiscalía habrá de estar atenta a la posible presentación de múltiples agrupaciones electorales en el País-Vasco y Navarra de AuB, con la finalidad de que no puedan presentarse a las elecciones de 25 de mayo los sucesores de Batasuna. La Ley Orgánica de Partidos Políticos, en su Disposición Adicional 2ª, reformó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para evitar una situación como la que ahora se intuye. El artículo 44 de la indicada ley electoral –reformada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos– recoge: “No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión.” De forma similar a la ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna, de 27 de marzo, la competencia para resolver de estas cuestiones la remite al Tribual Supremo.
Con ello se abre la vía a que dicho Tribunal, en su Sala VI, revoque las resoluciones de las distintas Juntas Electorales de Zona que han admitido las listas electorales de AuB, en un procedimiento que, en su caso, finalizará ante el Tribunal Constitucional con anterioridad al inicio de la campaña electoral, con anterioridad al 9 de mayo.
Si a esto añadimos la negativa del PNV en el Parlamento Vasco a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna, utilizando diferentes trabas –siempre por motivos formales, como la petición de que el Tribual Supremo le indique expresamente si SA se encuentra incluida en dicha ilegalización–, durante este mes de mayo se van a completar, no sin complicaciones, los últimos efectos de la ilegalización de Batasuna. Porque de la famosa idea de Atutxa e Ibarretxe de que el Parlamento autonómico es soberano para tomar sus propias decisiones mejor no hablar, puesto que su labor finaliza donde acaban sus competencias y, desde luego, ningún Parlamento puede inaplicar una resolución judicial basándose en esa idea tan peregrina. La división de poderes ya ha sido inventada y el PNV no puede encontrar ya muchas rendijas legales para incumplir la legalidad, por mucho que le pese.
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 1 Mayo 2003
LA izquierda es la autora de la crispación política. Y no sólo del discurso político, que sería el plano más tolerable, sino de la vida pública misma. La intransigencia se ha adueñado de ciertas redacciones y se ha instalado en la Universidad: se aisla y se señala a los que han defendido las posiciones de Aznar respecto a la guerra de Irak. Ha aparecido el rostro más duro de la izquierda. En algunos ambientes hay miedo.
La mala conciencia que está produciendo esta situación a algunos periodistas y políticos de izquierda les está llevando a hacer un reparto de culpas. Es un modo falso de plantear el problema. En primer lugar, porque este estado de cosas tuvo su origen en la convocatoria de la Huelga General; en segundo lugar porque lo que ha comunicado gravedad a la tensión política es la introducción de la violencia en las relaciones partidarias y las referencias a la guerra civil.
No es justo, por tanto, repartir responsabilidades por igual. La estrategia de la tensión viene de la izquierda y no cabe poner al mismo nivel los comportamientos violentos que la utilización de una determinada retórica por criticable que sea. Quiero decir que los socialistas pueden sentirse molestos cuando los dirigentes del PP critican la «coalición social-comunista» por cuanto ésta puede estar cargada de intencionalidades que recuerdan los tiempos del anticomunismo y de la ilegalidad de los partidos pero, en todo caso, no es admisible políticamente comparar esta dialéctica con la de los asaltos a las sedes del PP y las persecuciones físicas a las personas, propias de totalitarios. El empleo de la violencia nos instala en las afueras de la vida democrática, en acciones perseguibles de oficio.
¿Cómo puede haber gentes -políticos, periodistas- que llevan a violentar sus convicciones democráticas con tal de defender la imagen de un partido en relación con prácticas absolutamente condenables? El apasionamiento y la ceguera, no ya de los protagonistas de esta nueva kale borroka, sino de los analistas políticos son la consecuencia más perversa de las tensiones partidarias que estamos viviendo. Es muy peligroso confundir el mal genio o el desabrimiento o la tosquedad de un presidente con la violencia física. Y en esas estamos.
La utilización de la fórmula «social-comunista» puede resultar dialécticamente molesta pero, en todo caso, responde a la verdad: define la estrategia del PSOE y el PCE desde las movilizaciones contra la Reforma Laboral. Los socialistas están, de hecho, en un frente de acción con los comunistas y, por tanto, no es impropio hablar de coalición. Claro que por razones históricas la unidad de acción de los dos partidos de izquierda tiene un coste de imagen y electoral, pero nadie les obliga a ello. Por esa razón desde Suresnes González mantuvo con verdadero celo la autonomía respecto a los comunistas, y, por lo mismo, está en la «normalidad» política que los dirigentes del PP intenten sacar ventaja política de esta nueva estrategia del PSOE. No puede decirse lo mismo de las campañas montadas sobre la condición «asesina» del presidente del Gobierno y los parlamentarios del PP. O ¿es preciso tener que decir que Aznar y los diputados del PP no son «asesinos»?
La crispación de la vida política no es ajena a una estrategia de confusión calculada. Así, mientras la dirección del PSOE comparte el protagonismo de la aplicación de la Ley de Partidos, personalidades socialistas o allegadas la denuncian como un atentado al Estado de Derecho. De este modo podemos decir que el PSOE no sólo tiene una política de alianzas según regiones -y por tanto diversos modelos de Estado- sino que utiliza lenguajes contradictorios. La última provocación ha sido la propuesta de un «muro» contra Ibarretxe pero, en todo caso, eso queda en el plano aceptable de la retórica. Lo malo es el oportunismo y las compañías totalitarias.
Las últimas detenciones ordenadas en el País Vasco y Navarra por Garzón suponen el desmantelamiento de la versión de Udalbiltza más próxima al nacionalismo que aterroriza. La otra versión sigue vinculada al nacionalismo que gobierna. Y ambas se presentan como el germen de la construcción nacional de Euskal Herria. Estamos ante un nuevo paso adelante en la gran operación de legítima defensa puesta en marcha por el Estado de Derecho en la primavera del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Partidos Políticos.
Desde el principio han intervenido en su aplicación los tres Poderes del Estado: el Legislativo, que dictó la norma por mayoría; el Ejecutivo, que promovió las acciones judiciales correspondientes a la luz de la nueva legalidad, y el Judicial, que la hace cumplir. Por tanto, no se trata de decisiones políticas inspiradas en la oportunidad sino de decisiones judiciales que aplican la legalidad a quienes se burlan de ella.
En ese contexto deben ser valoradas las detenciones de ocho dirigentes del nacionalismo radical vasco y el cierre de las sedes de Udalbiltza Kursaal (heraldo de la desobediencia civil, primera piedra de la soñada trama institucional distinta y distante de la Constitución), amén de la cancelación de sus cuentas.
La otra clave para interpretar lo ocurrido es doméstica. Un nuevo episodio en el pleito de familia entre las dos versiones del nacionalismo vasco, enfrentadas a cuenta del llamado plan Ibarretxe, fuertemente contestado por el entorno de ETA -donde se califica de insuficiente y entreguista-, a su vez sometido al acoso legal en aplicación de la Ley de Partidos Políticos.
Frente al rasgado de vestiduras de unos y otros, Joseba Egibar, portavoz del PNV, da la clave con el mensaje dirigido a la gente de la Batasuna ilegalizada. Dice Egibar: “Sólo queda una respuesta unitaria: el voto. No vale la inhibición ni el voto nulo”. O sea, propone a los votantes del brazo político de ETA una especie de fusión por absorción y les invita a apoyar al PNV el 25 de mayo.
De nuevo advertimos que Arzalluz e Ibarretxe se frotan las manos por el trabajo sucio que les hacen desde Madrid. Consiste en quitarles del medio a un competidor, lo cual podría consumarse este mismo fin de semana cuando el Supremo decida previsiblemente eliminar casi todas las candidaturas de la ilegalizada Batasuna, nominadas ahora de otra forma para concurrir a las elecciones del día 25.
¿Cuántos partidos socialistas hay?
Anda que menudo pollo tiene dentro de su partido El Diletante, es decir Zapatero, el cual está deshojando el Estado como si fue-ra una margarita, que si asimétrico, que si cosoberanista, que si sí, que si no, que si la madre que nos parió, vamos. Entre el socialismo nacionalista, por un lado y el Plan Hidrológico Nacional por otro, a Zapatero están arrastrándole los suyos a un peligroso erratismo conceptual que no le saldrá gratis y, si no, al tiempo. En su día el PSOE de González, lo mismo que hoy el PP de Aznar, ofertó a la sociedad española un modelo de cohesión territorial frente a los nacionalismos desagregadores, separatistas e identitarios. En torno a su hiperliderazgo, los socialismos periféricos, el catalán mayormente, se plegaron gracias a D Hont, el de la ley electoral ésa que castiga la fraccionalidad del voto. Haciendo de la necesidad virtud, el PSC-Congres de Reventós, y más diluidamente el PSC-Reagrupament de Pallach, cuyo 25 aniversario de fusión por absorción se celebra este año, abdicaron en 1977 de su nacionalismo emocional a cambio de que el PSOE aligerara su carga jacobina.
Así que el secular sentido estatista del PSOE enlazó con el proyecto integrador de González, más allá de cualquier veleidad territorial, el cual ha sido el referente unívoco hasta Zapatero, quien por cierto llevaba sentado en el parlamento catorce años sin que nadie se enterara, y no por casualidad. Ungido secretario general, se generó no obstante entre el electorado socialista una perspectiva esperanzadora: habían encontrado al Moisés que les conduciría en la travesía del desierto, pensaron.
A diferencia de González, se trataba efectivamente de un antihéroe, políticamente un don nadie, y no como Bono, cuyo liderazgo estaba suficientemente contrastado, pero Zapatero significaba la renovación generacional de la que tan necesitado andaba un partido con esclerosis múltiple. A base de ajo y agua, mucho ajo y mucha agua, consiguió desmontar las piezas que el felipismo había ido encajando desde Suresnes primero y desde Gobelas después. Ése es su poder, pero no así su autoridad, la cual se tiene o no se tiene, y por lo que se ve Zapatero apenas la tiene. Desde luego, Maragall nunca se hubiera atrevido con González a ver si llegaba más lejos que Mas en su meada soberanista, ni menos Elorza a practicar el ventajismo nacionalista que tanta erosión causa al socialismo vasco.
O sea, que nadie se extrañe de que, tras el 25-M, se inicie un proceso de fragilización del liderazgo de Zapatero en beneficio, ponemos por caso, de Bono, que ése sí, Bono tiene una cierta idea de Estado, al menos. Porque si el PP, tal como apuntan ya algunas encuestas, no cosecha el fracaso electoral anunciado a causa de la guerra, Zapatero no saldrá fortalecido de las urnas sino más bien debilitado, sobre todo entre los suyos. A lo mejor, concluimos, es que no hay un partido socialista sino varios, como antes, o a lo peor, vayan ustedes a saber.
El Consejo de Ministros se dispone, mediante una reforma parcial de la Ley General Penitenciaria, a terminar con uno de los fraudes más escandalosos de los muchos que afligen a la sociedad vasca: los privilegios de los presos etarras matriculados en la Universidad del País Vasco.
El asunto, conocido, pero ocultado durante mucho tiempo a causa de la «violencia de persecución» instalada en las conciencias de los ciudadanos de esa comunidad autónoma, salió a la luz pública a raíz del nombramiento como profesor de Economía del preso etarra Mikel Garmendia. Las denuncias de un sector del profesorado de la UPV, que en muchos casos tienen que expresarse bajo una capucha protectora de su identidad, algo inusitado en cualquier recinto universitario libre, sobre la connivencia entre profesores próximos a Batasuna y los terroristas matriculados, dió origen a una investigación por parte del Ministerio de Educación que ha concluido en la necesidad de reforzar la legislación para acabar con el escándalo.
La vía normal, dada la autonomía universitaria y los traspasos en materia educativa que han recibido las comunidades autónomas, hubiera sido que la Consejería de Educación del gobierno vasco abriera de oficio una investigación y emplazara al rector de la UPV a garantizar, por medio de una comisión de evaluación específica, que la concesión de títulos académicos se realiza en igualdad de condiciones para todos los alumnos, sin que la pertenencia a la banda etarra suponga una ventaja añadida. Pero como pedir a cualquier organismo dependiente del poder político del PNV que colabore en estos asuntos es como predicar en el desierto, el Gobierno ha decidido reformar el régimen de prisiones.
Se trata de evitar que, como ha sucedido en el caso de la UPV, cualquier centro asociado a la UNED, la única Universidad capacitada por acuerdo específico con Instituciones Penitenciarias para impartir clases a los reclusos, aproveche un hueco en la legislación. A partir de la publicación en el BOE del nuevo reglamento, sólo la UNED y sus profesores, que tienen una dilatada experiencia de colaboración con el sistema penitenciario español, podrán preparar y examinar a los presos etarras.
Posiblemente no se podrán retirar los títulos académicos injustamente concedidos por ser una cuestión que toca sensiblemente a la necesaria autonomía de cualquier universidad, responsable última de la expedición de sus titulaciones. Pero, al menos, se pondrá fin a otra de las «pantallas» que cubren al mundo etarra.
El teórico coladero es casi tan viejo como la nueva democracia española. Hace unas semanas ya nos referimos a la posibilidad de que Batasuna utilizase las llamadas agrupaciones electorales para concurrir a las elecciones tras su ilegalización. No ha tenido que darle muchas vueltas a la cabeza para intentar servirse de esa vía, que fue por la que transitó antes de su legalización a primeros de los años ochenta. Utilizó su infraestructura de oficinas, tabernas y otro tipo de locales para conseguir determinado número de firmas ¬las exigibles por Ley¬ según los municipios a los que querían concurrir. Y concurrieron porque estaban en su derecho.
Hoy las cosas han cambiado. Aquel partido abertzale radical que bajo la denominación de Herri Batasuna (luego Euskal Herritarrok y finalmente Batasuna) pidió amparo democrático pese a ser sospechoso de colaboración con ETA y al que se le concedió su legitimidad en un generoso ejercicio de tolerancia democrática, ha demostrado, incluso con machaconería, su connivencia con la organización terrorista vasca. Su irreprochable y reciente ilegalización judicial inhabilita a esta formación para concurrir a elecciones, pero también proscribe a sus miembros de presentarse a comicios electorales bajo cualquier otro partido o agrupación. Es la única manera de evitar un fraude de Ley contemplado en la Ley de Partidos y, por ello, la Fiscalía y la Abogacía del Estado denuncian a cualquier componente del partido legalmente inexistente si intenta obtener la representación popular a través de camuflaje o subterfugio.
El seguimiento inhabilitador de quienes fueron miembros de la formación abertzale radical significa simplemente una ejecución de sentencia y no cabe darle vueltas a nuevas iniciativas procedimentales que no sean consecuencia que la primera y principal: Batasuna y Herri Batasuna han sido borrados, con intachable pulcritud jurídica, de la relación de partidos legalizados en España. Su sustitución en estos momentos por 300 agrupaciones electorales es una argucia que era previsible y que es perseguible y será perseguida. Los nacionalistas llamados moderados esperan capitalizar la inhabilitación de Batasuna en provecho propio en tanto que claman por la «injusticia» cometida respecto a sus hermanos en soberanismo. Es un acto de hipocresía que puede resultarles útil. Aunque, paradójicamente, hasta puede beneficiar al PP: en 20 localidades solamente se presentan agrupaciones electorales formadas por «batasunos» y por populares. No todos los casos serán demostrables de complicidad o confabulación, porque no siempre será fácil evidenciar vínculos. Pero en algunos, varios o muchos de ellos, puede ser muy posible que el PP gane las elecciones por legal incomparecencia del adversario. Una paradoja, ciertamente. Pero quizá también una vuelta de espaldas de los radicales al fariseísmo de los nacionalistas oficiales repartidores de credenciales.
Sólo la UNED, o centros que lleguen a convenios con ella, podrán examinar a reclusos vinculados a la banda ETA
El Consejo de Ministros aprobará mañana una reforma de la Ley Penitenciaria, que regula todos los derechos de los internos, de modo que la Universidad del País Vasco (UPV) dejará de estar habilitada para seguir examinando y concediendo títulos a presos de ETA. Esta medida pretende acabar con los privilegios de los que gozan los 248 reclusos etarras matriculados en ella para el curso 2002-2003. Sólo la UNED, la Universidad central o centros que hagan convenios con la UNED podrán atender a internos de la banda. Hasta ahora, los datos denunciaban que la mayoría eran aprobados sin hacer exámenes y se apuntaban a disciplinas cuyos departamentos controlaban profesores cercanos al nacionalismo radical.
El Gobierno pondrá fin este viernes al «sospechoso» acceso de etarras a titulaciones oficiales concedidas por la Universidad del País Vasco (UPV). Precisamente, casi la mitad de los presos de ETA encarcelados en prisiones españolas se encuentran matriculados en estudios que imparte la universidad que preside Manuel Montero. El Gabinete de Aznar ¬a través de Justicia, Educación e Interior¬ lleva meses estudiando esta situación, alertado por datos sangrantes como que el 94 por ciento de los reclusos de la banda logra acceder a la UPV frente a sólo el 40 por ciento de los comunes. Esto es sólo la punta del iceberg si se atiende a las denuncias efectuadas por distintos profesores de la propia universidad vasca, que llevan también tiempo haciéndose eco de la falta de controles y de los privilegios de los internos de ETA a la hora de hacer los exámenes de las carreras universitarias que estudian.
El Ejecutivo ha decidido actuar por la vía de la Ley Penitenciaria, en la que se regulan todos los derechos que afectan a los reclusos, de tal modo que a partir de ahora sólo la UNED, la Universidad central o centros que lleguen a convenios con la UNED podrán examinar a presos de la banda terrorista, pues no se permitirá que accedan a los recintos penitenciarios profesores de otras universidades que no cuenten con un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Esta modificación legal, de dos artículos, ha sido consensuada con el principal partido de la oposición, e incluso se ha hablado en el marco del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo.
El diputado Alfredo Rubalcaba ha sido el principal interlocutor del PSOE, como es habitual en todos los asuntos que afectan a la lucha antiterrorista. Además de los departamentos ministeriales citados, el secretario general de la Presidencia, Francisco Javier Zarzalejos, y el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, han desempeñado un papel fundamental en el encaje técnico necesario para fraguar la modificación legal más sencilla que permitiese poner punto final a los privilegios concedidos por la UPV a los etarras, y que constituyen no sólo un agravio para el resto de los reclusos, sino también para sus alumnos.
Anular lo ya concedido
A finales del pasado año, y a raíz de una orden dada por el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, en paralelo a los estudios legales con valor de futuro se abrió una línea de investigación sobre lo sucedido hasta ahora, para ver si era posible dar marcha atrás a algunas de las titulaciones concedidas. La medida que aprobará el Consejo de Ministros mañana mismo no tendrá efectos retroactivos, si bien se seguirá analizando qué se puede hacer con lo ya ejecutado.
La concesión de la plaza de profesor titular de Economía aplicada de la UPV al presunto «cerebro» financiero de ETA, Joseba Mikel Garmendia, en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fue uno de los desencadenantes de que aflorase a la luz pública las supuestas ventajas de las que gozaban los presos vinculados a ETA que cursaban estudios en algunas de las facultades de la UPV que dirige Montero. La situación llegó a tal punto que los profesores decidieron constituir una plataforma, «Profesores por la libertad», desde la que denunciar la situación real. Notas «sospechosas», que en algunas materias elevan los aprobados al 96 por ciento, según el parlamentario del PP Iñaki Ortega, o incluso al 100 por 100 mientras que la media en la UNED queda alrededor del 30 por ciento.
A ello se une, según denuncias de populares y socialistas, el que los etarras aprobasen sin hacer exámenes, quedasen exentos de hacer prácticas o pudiesen incluso elegir profesores afines al nacionalismo radical. Además, accedían a las matrículas y al material didáctico gratis y recibían, a través de la concesión de becas, ayudas económicas del Ejecutivo vasco de Ibarreche aunque se encontrasen huidos, como fue el caso de Belen González Peñalva.
SEIS SON CONCEJALES DE BATASUNA
Ingresan en prisión los ocho detenidos por diseñar desde "Udalbiltza" la presencia electoral de ETA
El juez Garzón ha ordenado el ingreso en prisión incondicional por un delito de pertenencia a ETA de los 8 responsables de Udalbiltza detenidos en el País Vasco y Navarra. Están acusados de crear una estructura que permitiera a la banda concurrir a las próximas elecciones. Además, este jueves, se impugnarán todas las candidaturas de ETA-Batasuna para el 25 de mayo.
Según informaron fuentes jurídicas , el fiscal del caso, Enrique Molina, entregó una copia del auto de prisión al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Jose María Luzón, para que lo incorporen a los recursos del Ministerio Público contra las candidaturas de grupos afines a la ilegalizada Batasuna. Otra copia de la resolución ha sido dirigida al fiscal de sala de lo Contencioso del Supremo, Rogelio Gómez Guillamón, para que impugne ante las Juntas Electorales correspondientes la proclamación de esas candidaturas.
Las herramientas de ETA para estar en las instituciones
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón afirma que tanto la plataforma AuB como otras de carácter local son un proyecto impulsado por ETA para mantener su presencia en las instituciones ante "el riesgo de perder el control o influencia en varios Ayuntamientos del País Vasco y Navarra".
En su resolución, el juez dice que "es precisamente el riesgo de perder el control o influencia en varios Ayuntamientos del País Vasco y Navarra lo que ha generado por parte de todo el entramado terrorista liderado por ETA-EKIN el desarrollo, para las próximas elecciones del mes de mayo, de un proyecto destinado a neutralizar aquel riesgo objetivo". El proyecto, añade, "se concreta en la plataforma nacional o referencial AuB (Autodeterminaziorako Bilgunea), las múltiples plataformas locales creadas entre los meses de febrero-marzo de 2003, así como los 13 partidos políticos" que personas "vinculadas estrechamente" a la izquierda abertzale han intentado constituir para el caso de que las agrupaciones fueran neutralizadas.
Según el magistrado, "las propias agrupaciones o plataformas de electos reconocen que constituyen la respuesta al Gernika Deialdia elaborado y auspiciado por EKIN como expresión de la voluntad de aquel entramado ilícito". Esos objetivos programáticos, contenidos en la denominada "Alternativa Democrática" de ETA, "evidentemente trascienden del ámbito local en el que se han constituido estas plataformas populares convertidas en agrupaciones de electores", sostiene el juez.
Desde el final de la tregua-trampa
Pero, además, estos grupos "mantienen también la presencia de antiguos responsables de HB-EH-Batasuna, de personas vinculadas familiarmente con ellos o con presos de ETA o militantes y responsables de otras organizaciones constitutivas del denominado MLNV (...), tal y como se describe en la documentación de ETA-EKIN incorporada a la causa". Para explicar los antecedentes de este proyecto, el juez se remonta a la ruptura de la tregua-trampa por parte de ETA, que hizo que la Asamblea de Electos Vascos o Udalbiltza quedara sin actividad, lo que la banda terrorista aprovechó para mantener su continuidad a través de Udalbiltza-Kursaal (integrada sólo por electos de Batasuna).
Al frente de la nueva organización, que queda como una entidad exclusiva del MLNV, se ponen varios responsables de EKIN "del máximo nivel" con el objetivo de crear "espacios de contrapoder popular" que sirven para avanzar en el proyecto estratégico de ETA "a la vez que, a través de las instituciones que controla, sirve para la financiación de buena parte de las actividades del conjunto".
Cuando, suspendidas primero las actividades de Batasuna e ilegalizada luego esta formación, se hace patente el riesgo de perder el control de muchas de esas instituciones, ETA, a través de Udalbiltza, genera "la puesta en marcha de un proyecto destinado a evitarlo, asegurando la comparecencia en los próximos comicios de mayo de 2003". Así, se impulsa una "plataforma nacional de notables" que se presenta en febrero de este año y cuyos miembros, vinculados en mayor o menor medida al MLNV, firman el llamado "manifiesto de los cien", que se concreta en un documento de bases constituido por cinco puntos y la denominación o marca AuB.
Seis concejales de los llamados "abertzales"
Los arrestados que ingresan en prisión son Lander Etxebarria, portavoz de la ilegalizada Batasuna –actualmente constituida en el grupo municipal de Socialistas Abertzales– en el Ayuntamiento de la capital vizcaína, Miriam Campos (responsable de Relaciones Internacionales de Udalbiltza) y Leire Iroyaga (responsable de Cuentas). Ambas trabajaban en las oficinas de la asamblea de electos vascos en el Ayuntamiento de Bilbao, que han quedaron precintadas después del registro.
También le afecta la prisión a Miren Karmele Urbitzondo, una empleada de Udalbiltza y cabeza de lista de la plataforma AuB –sucedáneo de Batasuna– para las próximas elecciones en la localidad guipuzcoana de Urnieta. Eider Casanova, cabeza de lista de AuB para las elecciones locales en Baracaldo y miembro de Udalbiltza, aunque su nombre aún no fue confirmado oficialmente. Otra detenida es Larraiz Sanzberro Arakama, concejal de Socialistas Abertzales en el ayuntamiento de Oyartzun (Guipúzcoa) y administrativa de Udalbiltza.
En Navarra los detenidos que ahora ingresarán en prisión son Óscar Goñi, concejal de la suspendida Batasuna en la localidad de Vera de Bidasoa, y José Manuel Jurado, concejal de Euskal Herritarrok en la localidad de Villaba.
Paralelamente, el Estado presentará este jueves ante el Supremo una demanda en la que se acreditará la conexión de AuB y otras agrupaciones electorales con ETA-Batasuna. Según sus datos, 64 de las 100 firmas que avalaron a la plataforma AuB son de miembros de Batasuna. Hay más de mil coincidencias.
PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA POR BILBAO
El PP de Bilbao ha iniciado ya su camino hacia la alcaldía. Aznar, que ha cedido el cierre del acto de presentación al candidato Antonio Basagoiti, ha acusado al PNV de preparar el camino hacia el separatismo mintiendo a los vascos y difundiendo la idea de que Madrid pretende ahogarles. La estrategia de Ibarretxe es el "engaño, la mentira y la provocación, aislado y empobrecido por la exclusión y la coacción terrorista".
El presidente del Gobierno, José María Aznar, acusó este miércoles al PNV de ser artífice de una sucesión de mentiras y de crear una "guerra" con Madrid para intentar justificar su proyecto "disparatado", al tiempo que le advirtió de que "no se haga ilusiones" de que vaya a suspenderse la autonomía vasca. Aznar hizo estas acusaciones en el acto de presentación de la candidatura del PP al ayuntamiento de Bilbao, una lista de la que él forma parte en el último lugar.
El jefe del Ejecutivo defendió el compromiso con la verdad frente a las mentiras reiteradas de los nacionalistas, entre las que citó su intento de "vender a la sociedad vasca que un plan para romper la convivencia está amparado por la Unión Europea". En este sentido explica que "mienten a los vascos porque la integración europea no sólo no ampara, sino que es incompatible con esas absurdas pretensiones políticas". Añadió que mienten también cuando dicen que su aspiración es que el País Vaso sea como Baviera, porque cree que el autogobierno vasco se puede comparar con ventaja con cualquier nivel de autonomía federal o no de un país europeo.
Otra mentira de los nacionalistas, según Aznar, es su aseveración de que su plan traerá la paz, ya que cree que a ella se llega impidiendo que consigan sus objetivos los que la rompen. Tampoco dicen la verdad, a su juicio, cuando aseguran que el Estado de Derecho ilegaliza las ideas "ya que lo único que hace es ilegalizar el terrorismo y a quienes lo apoyan", y cuando critican el hecho de que no se desarrolle el Estatuto de autonomía y, al tiempo que dicen eso, "se niegan a asumir competencias que ya tienen asumidas otras Comunidades".
Más mentiras: "Dicen que hay no se qué conspiración extraña en Madrid para ahogar al País Vasco, y mienten también, porque al mismo tiempo que dicen eso, están en el Gobierno gracias a un acuerdo con el comunismo más oxidado que existe y por el que se han comprometido a parar el tren de alta velocidad al País Vasco". Aznar subrayó que los nacionalistas no tienen el coraje para decir la verdad y ofrecen un País Vasco levantado sobre el "engaño, la mentira y la provocación, aislado y empobrecido por la exclusión y la coacción terrorista".
”No estamos en guerra con nadie”
Cree que "día a día tocan a rebato" para crear "un gran enemigo", cuando los constitucionalistas "no estamos en guerra con nadie, ni con los que nos la declaran desde una tribuna o en un acto del tiempo pascual de Semana Santa", en alusión a la intervención de Xabier Arzalluz en el último Aberri Eguna (día de la patria vasca).
Para Aznar "harían bien en convencerse de que su problema no lo tienen con Madrid, sino con los cientos de miles de vascos que no están dispuestos a aceptar ni la exclusión ni la imposición" y quieren una alternativa. Al PNV le pidió que "no se haga ilusiones" porque no hay ninguna intención de suprimir la autonomía del País Vasco ya que son precisamente los constitucionalistas los que la defienden frente a los intentos de los nacionalistas de romperlo.
”Uno más” en la lista por Bilbao
Tras expresar su satisfacción y orgullo por ser "uno más" de los candidatos en la lista de Bilbao, reprochó a los nacionalistas que señalen a quien forma parte de una lista electoral y "no es de aquí".
Al hilo de ello, recordó que cualquier ciudadano europeo residente en España puede ser candidato en una circunscripción y subrayó que no tiene que haber ningún complejo "y la única vergüenza es la que deberían sentir todos aquellos a los que le gustaría establecer su propio derecho de admisión". Aznar recordó que por vez primera desde que es presidente del PP no cierra un acto de su partido ya que la clausura corrió a cargo del candidato a al alcaldía de Bilbao, Antonio Basagoiti.
Antonio Basagoiti, candidato del PP para la alcaldía de Bilbao, encabeza una lista que cierra el propio Aznar. Entre ambos, destacadas figuras de la lucha por la libertad en el País Vasco: Germán Yanke, Jon Juaristi, Edurne Uriarte, Iñaki Ezquerra o Vidal de Nicolás.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha abierto la campaña de una candidatura que ya ha recabado muchos apoyos por los nombres que aparecen en su lista. El joven político vasco del PP Antonio Basagoiti marcó una de las noticias de la última convención nacional del partido celebrada en enero. El presidente anunciaba entonces por sorpresa que aceptaba una antigua oferta del candidato para figurar en su lista. El propio Basagoiti confesó su sorpresa al escuchar al presidente del Gobierno su disposición.
El pasado 9 de abril, el escritor y periodista Germán Yanke firmaba su acta como candidato durante la presentación de su libro “Euskal Herria, año cero. La dictadura de Ibarretxe”, un análisis sobre lo que sería del País Vasco si se impusiera la independencia que urde el lehendakari. Presidieron el acto que se celebró en la Casa de América, el director de La Linterna de la COPE y editor de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos; el director del Instituto Cervantes y escritor, Jon Juaristi y Nicolás Redondo Terreros, único referente del socialismo que quiso vencer al PNV sin importar las siglas.
La detención de algunos ilustres miembros de Udalbiltza y Batasuna ha hecho que los nacionalistas pongan otra vez el grito en el cielo. No entran en los motivos del juez, que no les importan nada: es un ataque a los vascos, al euskera y a la libertad de este pueblo oprimido. Los culpables, los de siempre: el PP, que para tapar sus desgracias ataca a los pobres vascos. La reacción, la habitual: ¡Plantaremos cara al fascismo español! ¡Se van a enterar! ¡Todos a las barricadas! Tiemblo pensando en la próxima homilía de Arzalluz.
Lo peor es que cuando hablan de vascos lo hacen también en mi nombre y en el de un millón como yo, que, tras 25 años de gobierno del PNV, todavía no conocemos la libertad y estamos encantados de que, por fin, haya alguien que la defienda. Porque si esperamos que lo hagan Arzalluz y sus palmeros lo tenemos claro. Endika Arana. San Sebastián.
MADRID. El juez Baltasar Garzón ordenó anoche, a instancias del fiscal Enrique Molina, el ingreso en prisión incondicional de las ocho personas detenidas como responsables de Udalbiltza, a la que tilda de «organización alegal» y «dependiente directamente de ETA». Se trata de Miren Karmele Urbistondo, Miriam Campos, Leire Idoyaga, Óscar Goñi, Larraitz Sanzberro, José Manuel Jurado, Lander Echebarría y Eider Casanova. El juez ha ordenado la busca y captura de una novena persona, Ibon Arbulu Rentería, y su inmediato ingreso en prisión cuando sea detenido. Les acusa de un presunto delito de integración en ETA y además declara ilícita a «Udalbiltza-Kursaal».
En su resolución, Garzón anuncia también que investigará en profundidad la financiación de Udalbiltza «habida cuenta de que, según los indicios existentes en este momento, se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos Ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-SA, para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista». El juez apunta a la presunta malversación de fondos públicos por parte de los alcaldes, quienes, de acreditarse los hechos, incurrirían también en colaboración con ETA.
El «txiringuito» de Batasuna
El juez sostiene que los detenidos «han participado, dirigido y controlado el desarrollo del plan de EKIN para dar continuidad y reestructurar la izquierda abertzale» con el objetivo de «servir de proyecto táctico de ETA mediante la acumulación de fuerzas, la presencia institucional del frente político de ETA y la reestructuración de dicho ámbito tras la suspensión de Batasuna». Y ello con un doble fin: concurrir a los próximos comicios locales «y el no menos importante de dar nueva forma a la Unidad Popular (Batasuna)».
Por este motivo, el fiscal Molina remitió anoche mismo la resolución de Garzón a la Fiscalía General, que hoy tiene previsto impugnar ante el Tribunal Supremo cerca de 250 candidaturas «sospechosas» de ser herederas de Batasuna. Esta documentación servirá de apoyo a las tesis que la Fiscalía sostenga en el TS para impedir que esas listas burlen la Ley de Partidos.
Apoyado en numerosa documentación intervenida a colaboradores de ETA, Garzón mantiene que Udalbiltza surge como estructura de ETA durante la «tregua indefinida» de 1998 y 1999 y «hunde sus raíces en el proyecto táctico de ETA y del resto del MLNV» para desarrollar una «legalidad paralela» o «contrapoder popular». Se trata, en definitiva, de dar continuidad al «txiringuito» de Batasuna.
«Udalbiltza-Kursaal -añade- se convierte en una «columna estratégica de la construcción nacional del MLNV»», estructurada con un «comité activador a modo de «gobierno provisional» (...) y unos «ministerios» integrados por alcaldes y concejales y una plantilla mínima». Y ello con el fin de «ganar credibilidad» ante el mundo proetarra y de lograr subvenciones institucionales, incluso de la UE. «Udalbiltza -concluye-, que encarna el proyecto revolucionario de ETA (...), está destinada a burlar las resoluciones judiciales y a presentar candidaturas electorales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal». Es decir, a ser «el embrión» de una nueva Batasuna.
INFORME DEL SECRETARIO DE ESTADO
Estados Unidos mantiene inalterada su lista de siete países considerados “patrocinadores” del terrorismo internacional: Cuba, Irán, Siria, Libia, Sudán, Irak y Corea del Norte, además de Al-Qaeda. El número de atentados en 2002 fue el más bajo de los últimos 20 años.
En el informe anual sobre terrorismo mundial presentado en Washington, el Departamento de Estado destaca el régimen de Teherán, considerado "el apoyo más activo al terrorismo en 2002". El informe señala que el número de atentados terroristas en el mundo cayó significativamente en 2002, pero advierte de que el riesgo de ataques sigue siendo elevado, especialmente debido a la amenaza que representa Al-Qaeda, la red dirigida por Osama Ben Laden.
El número total de atentados terroristas en el mundo descendió a 199 en el año 2000, frente a 355 en 2001 y 426 en el año 2000. Se trata de la cifra más baja de los últimos 20 años, según los datos de que dispone Estados Unidos, que se remontan a 1981. Las cifra más alta se alcanzó en 1987, con 665 atentados. En cuanto a las víctimas, en 2002 murieron 725 personas en atentados terroristas en todo el mundo, frente a 3.295 en 2001 -la mayoría en los atentados del 11 de septiembre, perpetrados contra Nueva York y Washington-. El informe estima que este descenso de los ataques es un logro de la guerra mundial contra el terrorismo emprendida por Estados Unidos y la comunidad internacional tras el 11-S. "El peligro persiste, pese a los sólidos progresos", afirma el texto. Así, pese a la caída del régimen talibán en Afganistán, considerado protector de Al-Qaeda, Washington cree que la organización "sigue preparando ataques" y "es probable que haya nuevos atentados".
SE REABRE LA CRISIS EN EL SOCIALISMO VASCO
Pera: "Seguimos sin saber qué piensa Zapatero" del acoso a los que defienden la línea de Redondo
La campaña orquestada desde Ferraz contra Redondo Terreros no terminó tras su aniquilación política. El Congreso posterior reflejo la marginación de todos los socialistas vascos que compartían sus tesis. Ahora, Carlos Pera, apartado de las elecciones, denuncia el silencio de Zapatero: “es un barrido contra todo lo que ponga en peligro los lugares que ocupan”.
El PSE de Patxi López no puede seguir camuflando la crisis que atraviesa. El tope lo han marcado las elecciones del 25 de mayo y la ineludible confección de listas. Las críticas desde los sectores críticos con la actual dirección no han cesado desde que Patxi López llegó a la secretaría general, pero este martes, el todavía alcalde de Baracaldo ha puesto el dedo en la llaga y no piensa cejar en su empeño: “no estoy dispuesto a callarme”.
El PSOE no ve conveniente que el alcalde se someta a renovación para presidir el Ayuntamiento de Baracaldo. Lejos de ser una sorpresa, se trata sólo de uno de los puntos en la estrategia de la dirección socialista desde Madrid para evitar que la línea política de Redondo Terreros mantenga una sola parcela de poder en el País Vasco.
La denuncia de Pera llegó este martes cuando se confirmó que el PSOE prescindía de su candidatura: “es una consigna instalada en la dirección del PSOE eliminar toda posición crítica en el partido”. Pero este miércoles, en declaraciones a “La Mañana” de la cadena COPE, el alcalde daba un paso más y lamentaba que desde Ferraz se le impuso un “interlocutor”, el secretario de Política de Ciudades y Política Municipal, Álvaro Cuesta. Por lo demás, el único contacto mantenido con la Ejecutiva ha sido –y más bien por amistad– con el alavés Javier Rojo, sustituto de Redondo Terreros en el puesto directivo de Ferraz.
Carlos Pera ha tenido palabras para el líder socialista a quien acusa de no querer dar la cara en lo que es ya una profunda brecha. Denuncia que “seguimos sin saber qué piensa de todo esto Rodríguez Zapatero. A él, poco le importa la opinión de cargos públicos a los que llama cariñosamente héroes vascos”.
Alfonso Cordero García/Lamiako, Leioa-Vizcaya Cartas al Director El Correo 1 Mayo 2003
«Los nacionalistas vascos les ignoran en su proyecto excluyente... los radicales les persiguen con violencia». Así ve José Luis Zubizarreta a los candidatos constitucionalistas. Si esto aquí sucede en todo el País Vasco por sistema, en los pequeños municipios, el desprecio y el acoso se endurecen. Un lugar donde todo el mundo se conoce. Pues bien, este año el PP y el PSE-EE presentan candidaturas en pueblos políticamente inverosímiles: exactamente donde los nacionalistas 'clásicos' (omito 'democráticos' a posta) ni siquiera desean presentar candidatos. El Gobierno vasco hará bien en controlar el previsible enfurecimiento de aquellas gentes que no pueden ni imaginarse que en su pueblo un candidato del PSE-EE o PP alcance escaño. Aunque sólo sea para que el que ellos denominan Gobierno del Estado no tenga que intervenir, ni siquiera de palabra. Por eso, estas elecciones municipales traen un futuro lleno de incógnitas políticas que no deben coger de sorpresa a nadie.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pone de manifiesto, en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión incondicional de los ocho detenidos por su presunta pertenencia a ETA a través de la Udalbiltza Kursaal, que la plataforma electoral AuB y las agrupaciones locales abertzales que pretenden concurrir a las elecciones del 25-M han sido diseñadas por la banda terrorista para no perder el control de los ayuntamientos y de su dinero, y ser el núcleo de una nueva estructura política heredera de Batasuna.
En una resolución de 62 páginas, el juez muestra con detalle numerosos documentos incautados a terroristas e intervenciones telefónicas que avalan su conclusión. En el contexto de la deslegalización de Batasuna, Garzón afirma que «es precisamente el riesgo de perder el control o influencia en varios Ayuntamientos del País Vasco y Navarra lo que ha generado por parte de todo el entramado terrorista, liderado por ETA-EKIN, el desarrollo, para las próximas elecciones del mes de mayo, de un proyecto destinado a neutralizar aquel riesgo objetivo». En dicho proyecto, el magistrado incluye a AuB y a las «múltiples plataformas locales creadas», y advierte que ha detectado la inscripción, por parte de personas vinculadas a la Izquierda Abertzale, de 13 nuevos partidos políticos «como medida alternativa para el caso de que las agrupaciones pudieran ser legalmente neutralizadas. Estos partidos son: Batzen, Gaztelzako, Abertzaleon Aukera, Hemengoak, Autodeterminakoruntz, Euskoindarra, Abertzalen Deiarra, Demokrazia eta Autodeterminazioa, Euskal Independentzia, Euskal Subiranotasunaren Alderdia, Euskal Herriko Eskubideen Alderdia, Euskaldunen Bilkura, Abertzaleok Aurrera Bilgunea y Amaiur. «Todas estas iniciativas ¬asegura¬ forman un conjunto inescindible y se integran en un solo programa cuya única finalidad es la de mantener la presencia de ETA en las instituciones».
Prueba para el Supremo
De hecho, esta resolución fue entregada anoche por el fiscal Enrique Molina al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para que el Ministerio Público la incorpore a los recursos que presentará hoy en el Supremo para impedir que las candidaturas mencionadas concurran a las elecciones.
Tal y como expone el magistrado, uno de los motivos esenciales por lo que ETA no quiere perder su presencia en las instituciones es el económico. Garzón desvela que varios ayuntamientos batasunos, entre ellos Astigarraga, Zaldibia y Oyarzun, aportan supuestamente a la estructura terrorista, a través de entidades interpuestas ahora suspendidas, hasta el 1,4% de sus presupuestos. En este sentido, advierte que podría existir un delito de malversación y otro de colaboración por financiar a ETA. Respecto a dicha financiación, el juez expone que la banda ha intentado obtener recursos a través del Plan Xiberoa 2010, financiado por la UE y Francia. Por último, Garzón indica que ETA señala en documentos internos a la Udalbiltza, declarada ya asociación ilícita, como uno de los destinos posibles para pagar la «extorsión». Además, muestra un documento incautado en el que se incluye al diario «Gara» como parte de la estructura del MLNV o la Izquierda Abertzale.
La plataforma ciudadana «¿Basta Ya!» acusó ayer a los actuales responsables del Partido Socialista en el País Vasco de ser más tolerantes con el Partido Nacionalista Vasco que con miembros de su formación como Carlos Pera, alcalde de la localidad vizcaína de Baracaldo, partidario del ex líder socialista Nicolás Redondo Terreros y que ha renunciado a ser de nuevo candidato porque su partido le imponía gran parte de los integrantes de la lista electoral.
El portavoz de «¿Basta Ya!», Carlos Martínez Gorriarán, aseguró a Servimedia que lo sucedido con Pera demuestra que en los socialistas vascos la tolerancia y el diálogo «se aplican con los nacionalistas», pero no con los militantes que representan posiciones distintas a la de la actual dirección, que encabeza Patxi López. Martínez Gorriarán dijo que coincide con el alcalde de Baracaldo en que en la formación socialista se está relegando a los seguidores de Redondo Terreros.
Por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-BESADA ABC 1 Mayo 2003
El titánico esfuerzo de Gas Natural para despolitizar la oferta pública de acciones lanzada sobre Iberdrola saltó ayer hecho añicos por los aires. Los políticos que se suponían más próximos, los convergentes y los socialistas catalanes, fueron los encargados de darle la puntilla. Artur Mas se permitió descalificar la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al afirmar que «profesionalmente la operación estaba bien planteada, pero las condiciones políticas que hay en este momento no favorecen que estas cosas puedan salir adelante». El alcalde socialista de Barcelona, Joan Clos, la consideró una «lamentable interferencia» en el funcionamiento de la economía de mercado. Y el consejero de Industria de la Generalitat, Antoni F. Teixidó, fue aún más allá al señalar que «es inadmisible que se actúe de forma distinta en función de donde procedan los equipos que saltan al terreno de juego». La suma de estas declaraciones, y otras en términos parecidos, deja al descubierto el juego de los «nacionalistas» catalanes -una vez más victimistas- que son capaces de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Sería curioso conocer lo que piensa el candidato socialista a la Generalitat, Pascual Maragall, después de la decisión de la CNE y una vez conocidas las contradictorias declaraciones realizadas ayer por Clos, y por la responsable socialista en asuntos de Energía, Arancha Mendizábal, que se limitó a señalar que no tenía nada que decir al respecto.
La sal y la pimienta política han venido una vez más de unos políticos de corte nacionalista empeñados en ver detrás de la CNE la mano del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, que al menos en público ha mantenido una prudencia exquisita. Mejor sería para todos que los políticos, unos y otros, aprendieran a respetar el criterio de los reguladores. La Comisión Nacional de la Energía, que ha optado por rechazar la opa, tiene su réplica en todos los países occidentales que no viven en régimen de monopolio. Sólo desde el respeto se contribuirá a fortalecer unas instituciones que resultan esenciales para el buen funcionamiento de la economía.
La OPA de Gas Natural sobre Iberdrola merece un ‘no’ de la Comisión Nacional de la Energía, del Tribunal de Defensa y del Gobierno por tres razones.
La primera razón, la que afecta a la CNE, es sencilla. El plan financiero y de desinversiones presentado por la compañía que preside Antoni Brufau supone paralizar inversiones por valor de 4.100 millones de euros y unas desinversiones por importe de otros 5.000 millones de euros cuya finalidad es transferir fondos a los accionistas, refinanciar el alto endeudamiento y amortizar un elevado fondo de comercio, resultantes ambos de la OPA que ponen en peligro las inversiones comprometidas en el plan energético nacional. La misión de la CNE es velar porque ninguna operación empresarial, tenga las características que tenga y sean quienes sean sus protagonistas, ponga en tela de juicio el abastecimiento energético presente y futuro del país y la calidad del mismo. Esta sola razón basta para justificar su negativa.
En el caso del Tribunal de Defensa de la Competencia, la cosa es más sutil y se centra sobre todo en el gas. Gas Natural es el principal comercializador y distribuidor en España de esta fuente de energía, con una cuota de mercado que ronda el 72%. Su principal competidor es Iberdrola, con una cuota próxima al 8%. Estos porcentajes bastan por sí solos para que el TDC tenga bastantes dudas sobre la operación. Pero si se tiene en cuenta que el plan de desinversiones de Gas Natural se centra en la parte eléctrica y apenas afecta al gas, la conclusión es inmediata: con la OPA, Gas Natural se traga a su competidor y hace desaparecer la competencia en el sector. Si esa desaparición fuera producto de otras circunstancias, como una excelente gestión de Gas Natural y una pésima de Iberdrola, lo que, al menos en el segundo caso, no es verdad, entonces no habría nada que decir; son las cosas que ocurren en los mercados libres a los competidores ineficientes. Pero este caso es muy distinto; es el de un competidor que se ‘traga’ al otro. A eso, el TDC debe decirle ‘no’ con rotundidad.
Por último, está el Gobierno, o, mejor dicho, la política, que es lo que hay detrás de una operación puesta en marcha, con toda la intención, justo en el momento de mayor debilidad del Ejecutivo, cuestionado por la crisis del Prestige y por su apoyo a la guerra de Irak, y con las elecciones autonómicas catalanas en puertas. La base de la operación es la necesidad de contar con una empresa energética multiservicios en Cataluña para que cualquier intento soberanista serio sea viable. Por eso, la operación obtuvo rápidamente el apoyo del PSC-PSOE de Pasqual Maragall. La cosa, sin embargo, no concluye aquí. En el plan de desinversiones de Gas Natural está prevista la venta de las centrales hidráulicas, las cuales proceden en su totalidad de Iberduero, la eléctrica vasca que, con su fusión con Hidrola dio origen a la actual Iberdrola. Esas intenciones provocaron rápidamente los movimientos del PNV con el fin de hacerse con ellas, directamente a través de Ebe o indirectamente mediante Hidrocantábrico, controlada ésta por sus amigos del PSOE a través de Cajastur. De esta forma, los nacionalistas vascos se dotarían, como los catalanes, de una empresa vital para sus aspiraciones soberanistas. ¿Creen que el Gobierno debe dar el sí a la OPA con semejante telón político de fondo?
Primo González La Estrella 1 Mayo 2003
La enésima petición de mano de Iberdrola parece ya vista para sentencia. La oferta de Gas Natural, tras el negativo informe de la Comisión de la Energía, parece a punto de zozobrar. Resultaría difícil sacar adelante una operación con la posición contraria de las autoridades, que ven además a la empresa resultante como una seria amenaza para la competencia equitativa en el sector energético español, y con la actitud crítica de algunos poderes económicos directamente afectados. El sector eléctrico se ha opuesto casi en bloque a la fusión, en especial Endesa, porque ve riesgos para su suministro de materias primas. Y los accionistas más destacados de Iberdrola y de Repsol tampoco están por la labor, ya que si tienen cierto poder en estas dos empresas, en la futura Gas Natural una vez absorbida Iberdrola pasarían a ser meros comparsas. Por si todo ello no fuera suficiente, el propio accionariado de Gas Natural estaba dividido en relación con el asunto, y en especial a causa de la fuerte oposición de Repsol a una operación que se ha realizado en todo momento a sus espaldas. ¿Hacían falta más elementos para hacer fracasar el intento?
Operaciones de tanta envergadura y en las que se mueven tantos hilos no son fáciles de llevar a cabo por las bravas. Todo el tiempo que se ha perdido en estas últimas semanas en justificar la decisión se podría haber empleado con mayor provecho en negociar una fusión que, no exenta de sentido en el plano industrial, tiene numerosos puntos frágiles, que aumentan y se multiplican cuando la integración de las dos compañías se intenta llevar a cabo por la fuerza de los hechos y sin modular los numerosos intereses en juego, algunos relacionados con la situación política que vive el país en vísperas de unas elecciones. Sin olvidar la importancia del componente nacionalista que subyace en todo el asunto, ya que el papel de La Caixa en este golpe de mano está siendo valorado de forma bastante crítica en algunos medios del sector financiero y en medios empresariales. El fracaso de la OPA puede pasarle alguna factura al propio impulsor de la misma, Antonio Brufau.
La fracasada operación va a tener, casi de forma inevitable, algunas consecuencias poco satisfactorias para la paz interna en Gas Natural. Una primera valoración se refiere al papel que van a desempeñar a partir de ahora los responsables de la OPA al frente de la compañía. Su decidida y arriesgada apuesta ha comprometido a La Caixa en una medida no desdeñable. Es de suponer que en la entidad financiera se producirán valoraciones bastante críticas sobre el papel jugado por los ejecutivos de Gas Natural en esta arriesgada misión.
Una segunda valoración se refiere al papel que podría jugar Repsol en el futuro como accionista importante que es de la compañía gasista. Repsol controla el 24 por ciento del capital de Gas Natural y puede elevar en el futuro, de forma gradual, su presencia en el accionariado de la compañía gasista para retornar a los niveles precedentes, cuando era accionista principal, condición a la que hubo de renunciar cuando se enfrentó a la resolución de sus propios problemas internos. La venta de las acciones de Gas Natural por parte de Repsol hace unos meses para tapar sus propios problemas es la que en su momento abrió la puerta a la osadía de los gestores de Gas Natural, lanzados a una aventura de resultado incierto. No es fácil gestionar una empresa con la oposición abierta de un accionista que controla el 24 por ciento del capital y que en el futuro puede aumentar este peso.
Los próximos pasos de Gas Natural pueden ir por la vía contenciosa (es decir, abriendo una serie de actuaciones litigiosas en los tribunales contra las decisiones de los organismos públicos) o por la de recuperar el diálogo con todos los agentes del sector energético que se han visto de alguna forma afectados, agredidos o simplemente aludidos. La segunda vía parece la más oportuna, sobre todo cuando se trata de una empresa como es Gas Natural que en su corta pero intensa y agitada historia ha sido apoyada y reforzada por los poderes públicos, tanto centrales como autonómicos, para que desempeñe un papel esencial en el abastecimiento del sector energético nacional en su conjunto, poniendo a disposición de todos el gas natural de importación, asunto que ha sido objeto hasta de pactos de Estado.

References: artículo 44
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