Source: https://es.scribd.com/document/50718563/SALA-DE-CASACION-CIVIL
Timestamp: 2017-10-21 16:29:33+00:00

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Cargado por joserequena1957
SALA DE CASACIÓN CIVIL Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por estimación e intimación de honorarios iniciado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por los abogados HELLA MARTÍNEZ FRANCO y LUIS ALBERTO SISO, contra la sociedad de comercio BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., representada por los abogados Pablo Solórzano Araujo, Rosa Ana Díaz Fermín, Yaritza Zambrano Liscano, Marcel Zeppenfeldt Pedauga, Adriana La Salvia Tovar, Orlando Gutiérrez Gutiérrez, Brenda Chacón Pineda, Marlene Morales Vaamonde, Maria Elisa Suárez Castro, Alejandra Carolina Lattasa Guerrero, María Srour, Kama Karin Galíndez Datica, Franklin Oswaldo Sequera Madrid, Gismer Espinoza Bonilla, Nadezhda González, Luis Alberto Sevilla Terán y Alfredo José Centeno; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo del recurso de hecho propuesto por la parte actora contra el auto dictado por el a quo que negó la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal de Retasa constituido que declaró no tener materia sobre la cual decidir sobre los honorarios estimados e intimados, dictó sentencia el día 26 de septiembre de 2000 la cual declaró sin lugar el aludido recurso de
. pero cuando el Tribunal Retasador. que limita el monto que por honorarios profesionales ha de pagar el condenado en costas. pues no constaba en autos la estimación de la demanda que dio lugar a los aludidos honorarios profesionales.Considera este Juzgador que para que el Tribunal de Retasa pueda cuantificar los honorarios estimados e intimados.estimados. declarando no tener materia sobre la cual decidir. La referida decisión del Tribunal de Retasa arribó a tal conclusión. para entonces hacer efectiva su Por su parte. la recurrida estableció lo siguiente: “. la causa en la cual se producen los honorarios reclamados. En efecto. los abogados demandantes debían acudir al procedimiento ordinario a fin de dejar demostrado pretensión. tal cuantía. es precisamente esa cuantificación la cual va a permitir al Tribunal de Retasa en su caso. debe estimarse. declarando su nulidad y reponiendo la causa al estado de que se vuelva a intentar la estimación e intimación de honorarios profesionales por ante un Tribunal ordinario. la recurrida negó el recurso de apelación contra la mencionada decisión. violó los límites de su competencia. con base en lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.Alegan los recurrentes que el Tribunal Retasador solo (sic) tenía competencia exclusiva para cuantificar los honorarios y a lo cual se encuentra circunscrito su ámbito de poder decisorio. haciendo suyos los razonamientos de la decisión apelada y por considerar que el artículo 28 de la Ley de Abogados que establece la inapelabilidad de las decisiones de retasa abarca cualquier decisión dictada por el Tribunal de Retasa sin importar su naturaleza. proceder a establecer si los honorarios estimados e intimados se .. estableciendo que al no haberse estimado la demanda de la cual se derivaron los honorarios reclamados. invade la competencia del Juez Natural y decide materias vinculadas a la pertinencia del derecho a cobrar honorarios.
”. procurando garantizar los principios de celeridad. ello imposibilita el cumplimiento de su labor al momento de constituirse y decidir el Tribunal de Retasa. tal como se expondrá posteriormente.En el caso de autos. la recurrida estableció dos pronunciamientos de especial trascendencia: I) que la falta de estimación de la demanda en el juicio principal que da lugar a la estimación de honorarios derivados de la condena en costas. y II) que las decisiones dictadas por el Tribunal de Retasa son inapelables sin importar su naturaleza o contenido.. impone que se establezca previamente. posteriormente. sea cual fuere la naturaleza de la misma.. Los anteriores pronunciamientos de la recurrida se encuentran en armonía con los criterios que hasta ahora ha venido desarrollando de manera constante en esta Sala de Casación Civil. es evidente que el Tribunal de Retasa se pronunció en el sentido de que no tenía materia sobre la cual decidir y la norma transcrita es específica y contundente al establecer la inapelabilidad de decisiones (sic) de retasa. por supuesto al omitirse la estimación bien de la demanda. bien de cualquier actuación realizada en el proceso primario. ambos pronunciamientos. la cuantía de dicho juicio para que. . eficacia y prevalencia de la justicia material sobre las formas no esenciales que ella postula. por esta razón las apelaciones contra las sentencias de retasa son improcedentes. establece el artículo 28 de la Ley de Abogados en su parte in fine que: ‘Las decisiones de retasa son inapelables’.encuentran dentro de los parámetros que la propia Ley establece y en consecuencia aplicar la retasa. a través del procedimiento ordinario. se examinaran en el mismo orden expuesto. se considera oportuno revisarlos nuevamente a la luz de la Constitución. A tales fines. sin embargo. se puedan demandar tales honorarios profesionales y así poder aplicar la limitación que en tal supuesto impone el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.Ahora bien. pero por separado. como efectivamente así sucedió. En síntesis.
la Sala. 6 de abril de 1994 y 27 de julio de 1994. con el valor de lo litigado.. reiteró la Sala en fallo de fecha 6 de abril de 1994. en recientes decisiones.. en sentencia de fecha 05 de noviembre de 1991. es imprescindible para determinar el límite en el cobro de honorarios que deber pagar la parte vencida a su parte contraria. en las sentencias de fecha 15 de octubre de 1992. Esta Sala de Casación Civil.Por otro lado y en relación con el punto en análisis. poder liquidar y repetir del condenado en costas una suma por honorarios profesionales que no exceda del treinta por ciento del valor de lo litigado. al concluir el juicio. lo siguiente: ‘La materia de costas está íntimamente relacionada con los honorarios de abogados en caso de cobro de los mismos a la parte vencida. pero sea apreciable en dinero. entre las cuales pueden citarse las siguientes:" . cuando no se ha estimado el valor de la cosa demandada. el cual establece que las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios profesionales al abogado de la parte contraria. ha reiterado su criterio en el sentido de que la estimación del valor de la demanda. y. por ende también.. En efecto. no excederán. reiterado. extremando sus deberes. estableciéndose en esta última lo siguiente: “. Esto se evidencia claramente del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. Así. este pronunciamiento se encuentra respaldado por el criterio pacífico y consolidado de la Sala desde la sentencia de fecha 5 de noviembre de 1991. entre otras. ‘en ningún caso’. para entonces. la Sala dijo: La estimación del valor de la demanda en los juicios en los cuales no conste su valor. cuando éste no hubiere sido estimado. es elemento importante en el juicio por cuanto producen determinadas consecuencias jurídicas. de fecha 15 de octubre de 1992.II En lo que respecta a la necesidad de acudir al procedimiento ordinario para establecer la cuantía del juicio principal. en cuanto a la vía procesal adecuada para estimar e intimar honorarios. del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado. considera necesario ratificar la doctrina de la Sala.
El Juez debe decidir sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva. cuando la considere insuficiente o exagerada. Y en el escrito mediante el cual se proponga la demanda que dará comienzo a dicho juicio. Dicha disposición legal es complementada por el artículo 39 ejusdem.. el cual establece: ‘A los efectos del artículo anterior. y no ser motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente’. pero sea apreciable en dinero. la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto. ante la falta de estimación de la demanda y la necesidad de fijar los honorarios de abogado que debe pagar la parte condenada en costas. Tal juicio ordinario se dirige a superar el escollo de la falta de estimación. formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El precepto legal que regula la estimación del valor de la demanda que no conste. si no tienen pautado un procedimiento especial’. más adelante puntualizó la Sala: ‘Desde luego. aparece como lógica y jurídica la idea de ocurrir al juicio ordinario.a) Limita el cobro de honorarios que deberá pagar la parte vencida a su parte contraria al concluir el juicio (artículo 286 del Código de Procedimiento Civil) ". se consideran apreciables en dinero todas las demandas. que el indicado artículo 38 ha consagrado la posibilidad legal de que el demandado rechace la estimación formulada por el actor.". Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia. es el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.. pero sea apreciable en dinero. se ventilarán por el procedimiento ordinario. el cual dice: ‘Cuando el valor de la cosa demandada no conste. En el mismo fallo. deberán los ahora abogados estimantes e . pues conforme al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil ‘las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho. salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas’. ser éste quien resolver sobre el fondo de la demanda. Tal rechazo debe hacerse en el escrito de contestación de la demanda. y deberá el juzgador resolver el punto sobre la estimación. el demandante la estimará’: El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada. Y es en razón de esa importancia que la normativa procesal le atribuye a la estimación de la demanda apreciable en dinero cuyo valor no conste. en capítulo previo en la sentencia definitiva’.
conciliando de esta manera el derecho de dicho acreedor para hacer efectivo el derecho que le fue reconocido en la condenatoria en costas de su adversario y el derecho del condenado en costas a que la suma que deba pagar por tal concepto no exceda del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado. cuando finaliza la controversia y una de las partes resulta condenada en . Ciertamente es posible. que a pesar del mandato expreso del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. y no de poca ocurrencia. cuando un juicio en el que se ventilare una controversia estimable en dinero.intimantes fijarle un valor al proceso en el que se causaron los honorarios cuyo valor se pretende. a tenor de lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. por la vía de una experticia complementaria del fallo que ponga fin al proceso ordinario ya referido. conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados. con el derecho del deudor de dichos honorarios a no pagar una cantidad que exceda el límite legal fijado en el citado artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. una vez que quede definido y fijado en la sentencia que se dicte en el nuevo proceso ordinario que se inicie. Con el criterio que se acoge. a través de una experticia complementaria del fallo. servirá. a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice. quienes en todo deberán ser constituidos para que realicen su actividad de cuantificación de los honorarios causados. justamente de base. para que entonces pueda hacer valer ese crédito.. se concilian los intereses y derechos que el ejercicio de la profesión da al abogado. En estos casos. por concepto de honorarios de abogados de su contraria. Igualmente dicho valor servirá de base a los eventuales retasadores. de manera que. para la aplicación del límite máximo que. si se hubiere omitido tal estimación. se desconozca su valor. debe pagar la parte condenada en costas. el acreedor a tales costas debe acudir al procedimiento ordinario para que en él se establezca la cuantía de dicho juicio.. aun cuando lo litigado sea apreciable en dinero. una de las partes resultare condenada en costas. Conforme al precedente jurisprudencial transcrito. el demandante omita estimar el valor de su demanda y el demandado nada diga al respecto en su contestación.". Este valor.
se plantea. De allí que la Ley haya dispuesto de vías procesales expeditas para hacer efectivo ese derecho. Ahora bien. a los efectos del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. cómo se ha de establecer el monto máximo que a título de honorarios profesionales ha de pagar el condenado en costas. mientras que el correspondiente a las actuaciones judiciales. como si se tratare de una incidencia . las que variarán según la naturaleza de sus actuaciones judiciales o extrajudiciales. nada dispone con respecto a las controversias no apreciables en dinero. ha venido reexaminando sus criterios con respecto a la interpretación que se le ha dado a diversas normas que integran el ordenamiento jurídico. sin embargo. la Ley de Abogados dispone que el procedimiento para obtener el reconocimiento del derecho del abogado a percibir honorarios profesionales causados por actuaciones extrajudiciales se desarrolle por los cauces del procedimiento breve. es incuestionable la función social que para el abogado representan sus honorarios profesionales. La Sala.costas. Así. se hará según la oportunidad en que se demanden los honorarios. con ocasión de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido. adaptándolas a los valores y principios que ella postula. El criterio jurisprudencial transcrito ofrece una solución a esa situación. los artículos 26 y 257 de la Constitución impregnan al proceso judicial de valores fundamentales. pues en ellos encuentra la remuneración que como contraprestación de sus servicios tiene derecho conforme al artículo 22 de la Ley que rige su ejercicio. la eficacia y la celeridad. entre otros.
cuyo texto se corresponde con el artículo 607 del mismo Código vigente. por tanto. (Mercedes Yasmina Molina Velasco contra Paltex. exp. En efecto. de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Abogados y al artículo 22 de su Reglamento. entonces éste pueda estimar e intimar el valor que considera apropiado por las actuaciones cumplidas y cuyo derecho fue reconocido. según la doctrina establecida por la Sala en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2003. una declarativa y otra estimativa. necesariamente. para que. dando lugar entonces a la fase estimativa del procedimiento. la controversia que exista entre el abogado y su cliente con respecto al derecho de aquél a cobrar honorarios profesionales se seguirá conforme al artículo 386 del Código de Procedimiento Civil derogado. la primera fase del procedimiento está destinada especialmente a establecer si el abogado tiene o no derecho a percibir honorarios por las actuaciones que al efecto señale. en cuaderno separado al expediente en el que se cumplieron tales actuaciones. C. Especial atención merece en esta oportunidad el procedimiento correspondiente para hacer efectivo el cobro de honorarios profesionales judiciales. no es necesario que el abogado que pretenda el reconocimiento de su derecho.innominada en el expediente en que se hubieren cumplido tales actuaciones. de una vez . Obsérvese que aun cuando la pretensión del abogado es autónoma e independiente de lo litigado en el juicio en el que prestó sus servicios. se verifica en dos fases distintas. o a través de un juicio autónomo. 01-112. Como se indicó anteriormente.A). una vez establecido el derecho pretendido por el abogado. pues su desarrollo. ésta se desarrolla como si se tratare de una incidencia.
estime el valor de sus actuaciones. a la letra del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados está reservada para una oportunidad distinta. por su parte. . una vez que se encuentre firme la decisión que declare el derecho del abogado a percibir sus honorarios profesionales. la que se verificará en la forma ordinaria. hará valer su pretensión declarativa en la que señale las actuaciones de las que se dice acreedor. en cuyo caso. esto es. en vez de resolver la controversia. de acuerdo a la letra del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil (correspondiente al artículo 386 del mismo Código derogado) emplazará al demandado en tal pretensión (antiguo cliente) para el día siguiente a su citación. y hágalo o no. al día siguiente del vencimiento de los ocho días. el Tribunal resolverá lo que considere justo dentro de los tres días siguientes. Debe observarse que la decisión del Tribunal en esta fase del procedimiento. es decir. a título de contestación. abrirá una articulación probatoria de ocho días para luego resolverla al noveno. a los mismos efectos establecidos en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. No obstante lo anterior. a menos que considere que existe algún hecho que probar. desglosará el escrito y formará un cuaderno separado si es tramitado incidentalmente y. El Tribunal. Entonces. señale lo que a bien tenga con respecto a la reclamación del abogado. conforme a las disposiciones que se examinan (artículos 22 de la Ley de Abogados y 22 de su Reglamento). pues tal actividad. el abogado deberá estimar prudencialmente el valor de su demanda. mediante escrito presentado en el expediente en el que se encuentren tales actuaciones judiciales. el abogado que tenga una controversia con su cliente con respecto a su derecho a percibir sus honorarios por actuaciones judiciales. a fin de que.
el trámite en segunda instancia y en lo sucesivo se corresponde con el del procedimiento ordinario ante la falta de regulación expresa en la Ley al respecto y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del mismo Código. se dará inicio a la segunda fase del procedimiento. Esto es. una vez que concluye la primera fase del procedimiento. esto es. hecha la estimación de las actuaciones por el abogado. conforme a lo dispuesto en los artículos 25 al 29 de la Ley de Abogados y. Dicha decisión. En todo caso. por las normas de este Código en todo lo que no constituya especialidad así como respecto a la ejecución. pues en definitiva cada una constituye título suficiente e independiente generador de derecho. sólo puede juzgar sobre el derecho del abogado a percibir honorarios por las actuaciones judiciales en las que dice haber participado. siempre y cuando. obviamente. En lo sucesivo el trámite seguirá. es apelable libremente. conforme lo tiene establecido reiteradamente esta Sala de Casación Civil. la estimativa. conforme al artículo 22 del Código de Procedimiento Civil. . De acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados. pues tal sanción no está expresamente prevista para el caso concreto. hubiere obtenido el reconocimiento judicial del derecho a percibir honorarios profesionales por cada una de las actuaciones que ha de estimar. sea que se dicte después de vencida la articulación probatoria. En esta fase es que el abogado estimará sus honorarios profesionales. bien como representante o como asistente.sea que se dicte dentro de los tres días siguientes al emplazamiento. la declarativa. y la sentencia que la resuelva es recurrible en casación conforme a los límites propios de este recurso previstos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. sin que pueda declarar la confesión ficta del demandado.
pues en ambos el demandado es intimado para que dentro de los diez días siguientes. no pueden exceder del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado. Sin embargo. De no hacer uso de ese derecho el intimado. Por mandato expreso del artículo 23 de la propia Ley de Abogados. en caso de constituirse el correspondiente Tribunal. cuando el abogado pretenda reclamar honorarios profesionales al condenado en costas. quedará firme el decreto intimatorio o las sumas estimadas por el abogado según el caso. Obsérvese que esta segunda fase. a diferencia de la reclamación que hace el abogado a su cliente por honorarios profesionales. . los honorarios estimados quedarán firmes y de hacerlo se procederá en la forma prevista en la Ley para la designación de los jueces retasadores y posterior pronunciamiento de la correspondiente decisión. se oponga al procedimiento monitorio o se acoja al derecho de retasa en este especial procedimiento. constituye un precedente legal del Procedimiento por Intimación incorporado al Código de Procedimiento Civil en su reforma de 1986.el Tribunal intimará en la forma ordinaria al deudor para que dentro de los diez días siguientes se acoja al derecho de retasa. con el apercibimiento que. de no hacerlo. deberá seguir el mismo procedimiento correspondiente al que debe instaurar cuando ha de reclamar los honorarios a su cliente por actuaciones judiciales. los honorarios profesionales que a título de costas debe pagar la parte vencedora a su adversaria. la estimativa. que no tienen otra limitación que la prudencia y los valores morales del abogado que los estima y la conciencia de los jueces retasadores.
sin embargo. como se dijo anteriormente. aparte de hacer valer las defensas que estime convenientes. en lo que respecta al procedimiento judicial que ha de seguirse para hacer efectivo el cobro de honorarios profesionales por actuaciones extrajudiciales. por lo que el demandado. sin necesidad de que se produzca la segunda fase del procedimiento. a diferencia del correspondiente a actuaciones judiciales. Ahora bien. o eventualmente. el juez que establezca el derecho. éste se tramitará de acuerdo a las pautas del procedimiento breve establecido en el Código de Procedimiento Civil. aun cuando era estimable en dinero. deberá preclusivamente acogerse al derecho de retasa si no está de acuerdo con la estimación hecha. Por tanto. cuando se está en presencia del procedimiento judicial para hacer efectivo el cobro de honorarios profesionales causados en actuaciones extrajudiciales. también se pronunciará con respecto a la estimación hecha. cómo se establece el límite máximo de los honorarios que la parte condenada en costas debe pagar a su adversaria cuando el juicio en el que se produjo tal condena. esto es. ateniéndose a lo establecido por el demandante. la propia falta de comparecencia de éste a tal acto. ante la omisión del demandado en acogerse al derecho de retasa en la contestación. típica del correspondiente al que se suscita por efecto de actuaciones judiciales. retomando el problema planteado en la sentencia del 5 de noviembre de 1991. en la contestación. el abogado deberá estimar de una vez en su demanda el valor que considere prudente por cada una de las actuaciones que afirme haber realizado. se desconoce ese valor o estimación por la conducta omisa de las partes en establecerlo. tenemos lo siguiente: .Por su parte.
una vez que se establezca la cuantía de aquél juicio. probablemente tendrá dos instancias y. en definitiva a través de una experticia complementaria del fallo. de ser impugnado. posteriormente reiterada en varias ocasiones. provocará un pronunciamiento del juez el cual será apelable libremente y. esto es. el acreedor deberá demandar en juicio aparte. el acreedor de las costas pueda proceder a reclamarlas. Aun si todos los lapsos procesales se cumplieran a cabalidad. entonces. Obsérvese que una vez que quede definitivamente firme la sentencia que imponga la correspondiente condenatoria en costas. el valor del juicio que dio lugar a la imposición en costas para que entonces ese acreedor proponga su reclamación conforme al procedimiento descrito precedentemente. Aunado a la evidente ineficacia práctica de esta solución se suman . según el caso. con la designación de los expertos necesarios.La solución que hasta ahora se ha venido dando a esta situación. Luego. que el acreedor de las costas debe instaurar un procedimiento ordinario destinado a dilucidar. también será recurrible en casación. no se decretara alguna reposición ni hubiere casación múltiple. obviamente se trataría de un procedimiento que tomaría tiempo en ser resuelto para que. habrá de practicarse una experticia complementaria del fallo. el establecimiento del valor de lo litigado en el procedimiento que dio lugar a la condenatoria en costas. en lo que respecta al abogado. si la cuantía lo permite. por los trámites del procedimiento ordinario. al espíritu de la Ley que regula su actividad que previó mecanismos expeditos para hacer efectivo el cobro de los honorarios a que tiene derecho por el ejercicio de su profesión. cuyo dictamen. costosa y contraria. recurso de casación. Este segundo juicio. es indudablemente una fórmula lenta. conforme a lo dispuesto en la referida sentencia de 1991.
por tanto. cómo podría aplicarse la limitación establecida en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien. si la cuantía del segundo juicio será la misma de aquél cuya cuantía se busca establecer o podría ser una distinta. constitucionalmente. En este sentido.problemas colaterales como las costas que genere el segundo juicio y cual será la cuantía del mismo. es decir. Así. cuál es el límite de la reclamación que tiene el vencedor en costas en un juicio estimable en dinero que no se haya estimado. de acuerdo al artículo 39 del Código de Procedimiento Civil. ante la evidente falta de regulación de una situación como la descrita. obviamente que en estos casos no es posible aplicar una limitación cuantitativa a los honorarios que se deben al vencedor en costas con base al valor de la demanda pues ésta no existe. Desde el punto de vista procesal. se impone una revisión de la misma que se corresponda con la realidad actual. la Sala considera que esta solución no se corresponde con los valores de efectividad y celeridad que. imponer esta limitación en condenas en costas derivadas de juicios sobre estado y capacidad de las personas es tan absurda . tal como lo recomienda el artículo 4° del Código Civil. sin embargo existen procedimientos de tal especie de carácter contencioso en los que existe condenatoria en costas. Ahora bien. la solución que se da a los juicios que no son estimables en dinero. esto es. tal como sucede en el juicio de divorcio. no se consideran apreciables en dinero las demandas sobre estado y capacidad de las personas. en estos casos en los que la demanda no es apreciable en dinero. cuánto vale el divorcio de una persona o su separación de cuerpos. la Sala considera oportuno aplicar por analogía. inspiran el proceso judicial venezolano.
y a riesgo de someterse al procedimiento disciplinario a que hubiere lugar por su infracción.como que se exija al demandante de una resolución de un contrato celebrado verbalmente que cumpla con el requisito establecido en el ordinal 6° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. lo que en tales situaciones deberá ser especialmente observado también por los jueces retasadores en caso de que éstos sean designados. esto es. siguiendo con estricto apego las pautas deónticas que al efecto establece el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. tal instrumento no existe ya que la relación contractual que pretende resolver. aun cuando. cuya observancia es obligatoria conforme al artículo 1° de la Ley de Abogados. la Sala debe hacer las siguientes precisiones adicionales: La estimación de la demanda es una carga procesal que tiene el litigante. eventualmente el valor . volviendo al caso de la demanda que. obviamente. puesto que. si hubiere un juicio contencioso y de él resultare una de las partes vencedora en costas. en materia de estado y capacidad de las personas. no hubiere sido estimada. cuando las reclame al vencido no puede imponérsele limitación distinta a la prudencia. la moral y la lealtad y probidad que se deben las partes en el proceso. simplemente no se instrumentó. que produzca el instrumento fundamental de la demanda. pues debe recordarse que las costas tienen una función netamente restablecedora. Entonces. conforme a la propia declaración de la parte. pues su omisión puede acarrear consecuencias desfavorables. a pesar de ser apreciable en dinero. Así. como podría ser la imposibilidad de acceder al recurso de casación.
se presume que conoce que los efectos naturales del proceso son: La cosa juzgada y las costas. dada la necesaria asistencia jurídica de la que debe ser provisto por mandato expreso del artículo 4° de la Ley de Abogados. el hecho de que en el mencionado Código se establezca que incumbe al demandante estimar el valor de su demanda. el establecimiento cierto del valor de lo litigado es carga de ambos litigantes. independientemente de que aparezca en el proceso como demandante o demandado.intrínseco de lo litigado supere la cuantía necesaria al efecto. el litigante que deliberadamente o por simple negligencia omita velar por el justo y oportuno establecimiento del valor de lo litigado. Obsérvese que el desarrollo que el Código de Procedimiento Civil ofrece al respecto. no significa que se trate de una carga exclusiva de éste. e incluso. no describe la estimación de la demanda como una obligación ni tampoco como un mero deber. desde el momento en que un justiciable entra en juicio desconoce cuál va a ser su desenlace. Por tanto. en consecuencia. se . si va a triunfar o no. Ahora bien. Por tanto. esto es. Así. la estimación de la demanda y. no obstante. las que ha de pagar en caso de que pierda el juicio. el litigante sabe que puede fracasar en la litis y que. bien proponiendo una cuestión previa en la que plantee el defecto de forma del libelo de demanda por tal omisión. o proponiendo él la estimación que considere oportuna al caso concreto en su contestación de la demanda. pues el demandado puede efectivamente provocar tal estimación. será condenado al pago de las costas. puede impugnarla por exagerada o exigua. cuando se hubiere estimado la demanda. si así ocurre. Sin embargo.
En efecto. Con la solución que ahora se adopta. no es oponible por la parte condenada en costas en los juicios sobre estado y capacidad de las personas. ni en aquellos en los que aun siendo estimables. la Sala abandona expresamente su criterio sostenido en su sentencia del 5 de noviembre de 1991. De esta forma. no pueda excepcionarse a la estimación que por honorarios profesionales le proponga su adversario vencedor en costas con la limitación que establece el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. las decisiones de retasa son inapelables. pudiendo entonces el abogado hacer valer su derecho directamente. en lo que al tema atañe. la Sala considera igualmente oportuno reexaminar su criterio con respecto a la interpretación que ha dado del artículo 28 de la Ley de Abogados. sino también. es de vieja data la sentencia que de manera categórica negó la apelación a las decisiones que se dicten en la fase estimativa del procedimiento. En este sentido. establecido lo anterior. las partes hubieren incumplido con su carga procesal de establecer oportunamente el valor de lo litigado. según el cual. -III- Ahora bien. de resultar vencido en la controversia con la consecuente condenatoria en costas. así como en cualquier otra en que se lo hubiere hecho valer. la Sala adapta su criterio al nuevo texto constitucional y lo armoniza igualmente con el espíritu de la Ley de Abogados en el sentido de proveer al profesional del derecho de medios expeditos para hacer efectivo su derecho. en sentencia . no sólo vea limitado su acceso al recurso de casación.expone a que. sin agotar un procedimiento previo y mediante la vía indicada en la presente decisión. De esta forma la Sala establece que la limitación establecida en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.
ya en vigor para la fecha en que el Juez de la causa dictó su expresado auto. sino también a cualquier otra clase de decisión recaída en incidencias conexas con esa materia y entre las cuales aparece expresamente contemplada en el citado artículo 28. la que surge con la fijación de los honorarios de los retasadores y de la oportunidad para que sean consignados por la parte interesada.. era una decisión sobre retasa. en cuanto a la infracción del artículo 28 de la Ley de Abogados por considerar la recurrida que ‘la decisión dictada unipersonalmente por el Juez de la Primera Instancia. pues sería un absurdo jurídico que la ley no diera apelación contra el fallo de retasa propiamente tal. Sin embargo. la Sala estableció el siguiente criterio: “. incluyéndosele argumentos adicionales como el elemento interpretativo gramatical. y aunque no lo fuera. al estar redactada en plural la disposición legal.. ‘las decisiones de retasa son inapelables’. y de que. se estableció la siguiente jurisprudencia que hoy se reitera que modificó jurisprudencia del 3-8-67.Por último. bastaría una simple consideración lógica para llegar a la misma conclusión. el cual fue el siguiente: “. Es de advertir que este dispositivo legal se refiere no sólo a la sentencia de retasa propiamente dicha.porque de conformidad con el artículo 28 de la vigente Ley de Abogados. El anterior criterio ha sido reiterado en numerosos fallos dictados por esta Sala de Casación Civil. corre al folio cuarenta (40) decisión de esta Corte de fecha 25 de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976).. por la cual al decidir el recurso de hecho ejercido contra el Auto (sic) de veintisiete (27) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975). la propia Sala de Casación Civil sostuvo un criterio diferente.de fecha 3 de agosto de 1967. reiterando un precedente de fecha 25 de marzo de 1976. ‘No es correcto el auto del ..”. debe entenderse que la negativa de apelación se entiende para la sentencia de retasa propiamente dicha como para las dictadas durante esa fase del procedimiento.. donde pueden aparecer involucradas cantidades de un monto considerable y la concediera para revisar una situación de menor entidad como lo es la fijación de los emolumentos de los retasadores. en decisión de fecha 31 de enero de 1978. La disposición legal comentada es terminante al negar la apelación contra las decisiones de sobre retasa.. entre otros el pronunciado el 19 de julio de 2000. en virtud de que la parte in fine del artículo 28 de la mencionada Ley la decisión era inapelable’. según el cual.
siendo que la apelación es el medio a través del cual se patentizan ese derecho fundamental. las sentencias sobre retasa son inapelables. el que se corresponde con el establecido el 3 de agosto de 1967. pues la dictada en Primera Instancia que dio lugar a la recurrida en casación. En este sentido. a tenor de lo estatuido en el artículo 28 in fine de la Ley de Abogados. como es la cuestión de que por no haber consignado oportunamente los honorarios de los retasadores.. en razón de que la de primera instancia era inapelable. con vista a los valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.. no fue por el Tribunal Retasador. toda interpretación que se haga en tal sentido debe hacérsela de manera progresiva. . por la que declaró que no tenía materia sobre la cual decidir. infringió la mencionada disposición. (Subrayado de la Sala) Ahora bien. porque si bien. el cual ha sido ampliado a todo proceso judicial por Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. tal como aparece en la sentencia dictada el15 de marzo de 2000.Juez de la alzada que denegó la admisibilidad del recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada en la incidencia de cobro de honorarios profesionales dicha. pedimento formulado por la contraparte. nuevamente la Sala entra a reexaminar su actual criterio. lo cierto es que la sentencia contra la cual se anunció el recurso de casación no participa de esta naturaleza. Consiguientemente por dar la recurrida un alcance que no contiene el artículo 28 de la Ley de Abogados y considerar inapelable la sentencia de Primera Instancia y decir que por ello careció de materia sobre la cual decidir. debe tomarse en cuenta que el derecho a la doble instancia en materia penal es un derecho humano reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. debe entenderse renunciado el ejercicio del derecho de retasa. y se refiere únicamente a un punto de derecho. esto es. en el procedimiento seguido por el ciudadano ISAÍAS ROJAS ARENAS. procurando la solución que aparezca más garantista de ese derecho tal como lo ordena el artículo 23 de la propia Constitución.”.
la justeza de los honorarios a que aspira un abogado por el ejercicio de su profesión. sólo se remiten a las dictadas por el Tribunal Retasador constituido por sus tres miembros. la decisión de retasa no juzga sobre hechos ni sobre derecho. y en caso de considerarlo exagerado. la previsión contenida en el in fine del artículo 28 de la Ley de Abogados constituye una evidente limitación al referido derecho fundamental. y es que la función que ejercen los retasadores. excluidas de apelación. La Sala considera que las “decisiones de retasa” a que se refiere la norma. aun cuando son abogados. Entonces. dictan una decisión de equidad antes que de derecho. y cuyo contenido sea el desarrollo de la única competencia que legalmente tienen establecida. . el sobre quantum que con base en tales valores debe dársele a determinadas actuaciones cumplidas por el abogado. particularmente. pues a ellos se les pide que determinen. estimar si el valor que el abogado ha fijado a sus actuaciones es aceptable o no. reducirlo al monto que estimen justo y equitativo.Por tanto. sino sobre los valores éticos involucrados con el ejercicio profesional y. La razón por la que este tipo de decisiones es inapelable es simple. lo que impone revisar cual debe ser su verdadero alcance. esto es. con base a la escala axiológica descrita en el Código de Ética del Abogado Venezolano y a su conciencia. quienes responden a una función social y gremial.
. arbitradores o de equidad. son inapelables. tal como lo dispone el artículo 624 del Código de Procedimiento Civil. por similares razones.De allí que las decisiones de retasa al igual que la de los árbitros. tal como lo establece el artículo 312 del mismo código. y. son irrecurribles en casación las decisiones dictadas conforme a la equidad.
o de retasa. son inapelables. serán apelables de acuerdo con las reglas ordinarias establecidas en el Código de Procedimiento Civil. según el agravio y el carácter de la decisión de que se trate. las decisiones dictadas en la fase estimativa del procedimiento para hacer efectivo el cobro de los honorarios profesionales por parte del abogado. los abogados estimantes debían acudir al procedimiento ordinario a fin de establecer previamente tal cuantía para entonces poder hacer efectivo su derecho derivado de la aludida condenatoria en costas. y retoma. salvo las decisiones de retasa propiamente dichas. por mandato expreso del in fine del artículo 28 de la Ley de Abogados. dada la falta de estimación del juicio en el que se produjo la condena en costas que originó la reclamación por honorarios profesionales. en los términos expuestos en esta decisión. las que. la recurrida negó el recurso de apelación contra la decisión dictada por el Tribunal de Retasa que estableció que. aquellas que se limiten a establecer exclusivamente el valor de las actuaciones estimadas por el abogado. así como en cualquier otra sentencia en que lo hubiere hecho valer. Ahora bien.En consecuencia. dictadas por el juez unipersonal o por el órgano colegiado que se designe al efecto. esto es. esto es. en el caso concreto. . De esta forma la Sala abandona nuevamente su criterio establecido en sentencia de fecha 3 de agosto de 1967. el criterio establecido en su sentencia de fecha 25 de marzo de 1976 y reiterado en el fallo de fecha 31 de enero de 1978.
negó al formalizante el ejercicio de su derecho a recurrir el fallo apelado con el evidente menoscabo a su derecho a la defensa lo que permite a la Sala casar de oficio el fallo recurrido en uso d la facultad que le confiere el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. para que luego. Así se decide. como sería en el presente caso la reposición de la causa al estado de que el Juzgado Superior que resulte competente admita la apelación ejercida por la parte actora. celeridad y prevalencia de la justicia sobre las formas no esenciales. Por tanto. éstos tendrán que proponer nuevamente su demanda por los cauces del procedimiento ordinario. finalmente se revoque la decisión apelada cuya ilegalidad ha sido constatada con ocasión del presente recurso de casación. con respecto a los abogados demandantes. Aunado a lo anterior. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil. pone fin a su actual procedimiento. sino que. además. casa de oficio el fallo recurrido. con base en los mismos principios de eficacia. declara la nulidad de la decisión dictada por el Tribunal de Retasa el día 11 de abril de 2000 y repone la causa al estado de que dicho Tribunal efectivamente retase los honorarios estimados por la parte actora cuyo derecho fue reconocido por sentencia definitivamente firme.- . a fin de evitar reposiciones inútiles. la Sala. conforme al criterio establecido en la presente decisión. pues de acuerdo con su dispositivo.Conforme ha quedado expuesto. la recurrida aplicó falsamente el artículo 28 de la Ley de Abogados para negar la apelación ejercida. la referida decisión no sólo deja de responder a la esencia y competencia natural y exclusiva del Tribunal de Retasa.
regístrese y remítase el expediente al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil. en Caracas a los veintisiete (27) días del mes de agosto del dos mil cuatro. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado. El Presidente de la Sala. firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. ________________________ . Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. en fecha 26 de septiembre de 2000. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación. Publíquese. administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil. En consecuencia se declara la nulidad de la decisión dictada por el Tribunal de Retasa el día 11 de abril de 2000 y repone la causa al estado de que dicho Tribunal efectivamente retase los honorarios estimados por la parte actora y cuyo derecho fue reconocido por sentencia definitivamente firme.DECISIÓN Por las razones antes expuestas. en Sala de Casación Civil. Dada. este Tribunal Supremo de Justicia.
___________________________ ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ EXP. _____________________________ TULIO ÁLVAREZ LEDO El Secretario. N° AA20-C-2001-000329 .CARLOS OBERTO VÉLEZ El Vicepresidente Ponente ________________________ ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ Magistrado.
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 artículo 28
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