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Timestamp: 2017-12-14 06:31:17+00:00

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REAL DECRETO-LEY 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los días 4 al 10 de febrero de 2003.
B.O.E. Nº 46 de 22/02/2003
REAL DECRETO-LEY 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daÃ±os causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del rÃ­o Ebro durante los dÃ­as 4 al 10 de febrero de 2003.
Durante los dÃ­as 4 al 10 del mes de febrero de 2003, una serie de fenÃ³menos adversos ha dejado sentir sus efectos sobre la cuenca del rÃ­o Ebro, produciendo importantes inundaciones derivadas de desbordamientos en la cuenca del citado rÃ­o, que han provocado daÃ±os en bienes de titularidad pÃºblica y privada.
La magnitud de los hechos y sus consecuencias obligan, desde el principio constitucional de solidaridad y por aplicaciÃ³n de los de equidad e igualdad de trato en relaciÃ³n con situaciones precedentes, a la actuaciÃ³n de los poderes pÃºblicos y a la adopciÃ³n, para las zonas afectadas, de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes con las adoptadas anteriormente en ocasiones semejantes, al objeto de favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparaciÃ³n de daÃ±os producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones.
El objetivo, por tanto, de esta norma es aprobar un catÃ¡logo de medidas que afectan a varios Departamentos ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes, pues en tanto que unas se dirigen a disminuir las cargas tributarias, otras, como la concesiÃ³n de crÃ©ditos privilegiados, intentan paliar el impacto en las empresas y particulares afectados.
Por otra parte, las pÃ©rdidas de producciÃ³n ocasionadas por las citadas inundaciones en los cultivos y territorios afectados configuran, por la magnitud de los daÃ±os ocasionados, una situaciÃ³n equiparable a la de desastre natural, en los tÃ©rminos establecidos por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
Habida cuenta que estas contingencias no tienen cobertura completa en el marco del seguro agrario combinado, se hace necesario arbitrar medidas paliativas adecuadas, en consonancia con la naturaleza e incidencia de los daÃ±os ocasionados en las producciones de los territorios afectados y en las rentas de los agricultores.
En su virtud, en uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos y Ministro de EconomÃ­a y de los Ministros de Justicia, de Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de Administraciones PÃºblicas y de Medio Ambiente y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 21 de febrero del 2003, D I S P O N G O :
1. Las medidas establecidas en el presente Real Decreto-ley se aplicarÃ¡n a la reparaciÃ³n de los daÃ±os ocasionados por las inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuenca del rÃ­o Ebro entre los dÃ­as 4 y 10 de febrero de 2003.
Los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n afectados de las Comunidades AutÃ³nomas de Cantabria, Castilla y LeÃ³n, PaÃ­s Vasco, La Rioja, Navarra y AragÃ³n a los que concretamente sean de aplicaciÃ³n las medidas aludidas se determinarÃ¡n por Orden del Ministro del Interior.
2. A los efectos de dichas actuaciones reparadoras, se entenderÃ¡n tambiÃ©n incluidos aquellos otros tÃ©rminos municipales o nÃºcleos de poblaciÃ³n en los que, para la correcta ejecuciÃ³n de las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de los Departamentos ministeriales competentes.
ArtÃ­culo 2. DaÃ±os en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales.
A los proyectos que ejecuten las entidades locales en los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n a los que se hace referencia en el artÃ­culo anterior, relativos a las obras de reparaciÃ³n o restituciÃ³n de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artÃ­culo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del RÃ©gimen Local, y a la red viaria de las diputaciones provinciales, se les aplicarÃ¡ el trÃ¡mite de urgencia, pudiendo concedÃ©rseles por el Estado una subvenciÃ³n de hasta el 50 por cien de su coste.
ArtÃ­culo 3. DaÃ±os en las restantes infraestructuras pÃºblicas.
Se faculta a los titulares de los Departamentos ministeriales competentes por razÃ³n de la materia para declarar zona de actuaciÃ³n especial las Ã¡reas afectadas, al objeto de que dichos Departamentos, sus organismos autÃ³nomos y entidades pÃºblicas dependientes de estos puedan llevar a cabo las restauraciones que procedan.
A los efectos indicados, se declaran de emergencia las obras a ejecutar por tales Departamentos para reparar los daÃ±os causados en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su Ã¡mbito de competencias.
ArtÃ­culo 4. IndemnizaciÃ³n de daÃ±os en producciones agrarias.
SerÃ¡n objeto de indemnizaciÃ³n los daÃ±os ocurridos por los desbordamientos en la cuenca del rÃ­o Ebro en
las explotaciones agrarias que, teniendo pÃ³lizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios, hayan sufrido pÃ©rdidas por daÃ±os en sus producciones no cubiertos por las lÃ­neas de seguros agrarios combinados.
No obstante, para el caso de producciones que en las fechas del siniestro no hayan iniciado el perÃ­odo de contrataciÃ³n del seguro correspondiente, tambiÃ©n podrÃ¡n percibir las anteriores indemnizaciones siempre y cuando el agricultor hubiese contratado el seguro correspondiente a dichas producciones en el ejercicio anterior.
TambiÃ©n podrÃ¡ percibirse indemnizaciÃ³n por los daÃ±os causados en producciones no incluidas en el vigente Plan anual de seguros, excepto que las producciones afectadas estuviesen garantizadas por un seguro no incluido en el sistema de seguros agrarios combinados.
Dichas indemnizaciones irÃ¡n destinadas a los titulares de aquellas explotaciones que, estando ubicadas en el Ã¡mbito seÃ±alado en el artÃ­culo 1, hayan sufrido pÃ©rdidas superiores al 20 o al 30 por cien de la producciÃ³n, segÃºn se trate o no de zona desfavorecida, con arreglo a los criterios establecidos por la UniÃ³n Europea a este respecto.
ArtÃ­culo 5. Beneficios fiscales.
1. Se concede la exenciÃ³n de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de 2003 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias, locales de trabajo y similares, daÃ±ados como consecuencia directa de las inundaciones, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparaciÃ³n de los daÃ±os sufridos.
2. Se concede una reducciÃ³n en el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas correspondiente al ejercicio de 2003 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido daÃ±ados como consecuencia directa de las inundaciones, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daÃ±os que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducciÃ³n serÃ¡ proporcional al tiempo transcurrido desde el dÃ­a en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daÃ±os producidos dÃ© origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de la actividad, que surtirÃ¡ efectos desde el dÃ­a 31 de diciembre de 2002.
3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos seÃ±alados en los apartados anteriores comprenderÃ¡n la de los recargos legalmente autorizados sobre aquellos.
4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas.
5. La tramitaciÃ³n de las bajas de vehÃ­culos, solicitadas como consecuencia de los daÃ±os producidos por las inundaciones, y la expediciÃ³n de duplicados de permisos de circulaciÃ³n o de conducciÃ³n destruidos o extraviados por dichas causas no devengarÃ¡n las tasas correspondientes a los respectivos servicios de la Jefatura Central de TrÃ¡fico.
6. La disminuciÃ³n de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este artÃ­culo produzcan en los ayuntamientos y diputaciones provinciales serÃ¡ compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
ArtÃ­culo 6. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este Real Decreto-ley, y conforme a las previsiones contenidas en el artÃ­culo 35, apartado 4.1, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, el Ministerio de Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, podrÃ¡ autorizar, con carÃ¡cter excepcional, la reducciÃ³n de los Ã­ndices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/225/2003, de 11 de febrero, que desarrolla para el aÃ±o 2003 el rÃ©gimen de estimaciÃ³n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y el rÃ©gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
ArtÃ­culo 7. Medidas laborales y de Seguridad Social.
1. Los expedientes de regulaciÃ³n de empleo que tengan su causa en los daÃ±os producidos por las inundaciones tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de provenientes de una situaciÃ³n de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artÃ­culos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
La TesorerÃ­a General de la Seguridad Social podrÃ¡ exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el perÃ­odo de suspensiÃ³n, manteniÃ©ndose la condiciÃ³n de dicho perÃ­odo como efectivamente cotizado por el trabajador.
En los casos en que se produzca extinciÃ³n del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrÃ¡n a cargo del Fondo de GarantÃ­a Salarial, con los lÃ­mites legalmente establecidos.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensiÃ³n de contratos o la reducciÃ³n temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrÃ¡ autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el TÃ­tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en las inundaciones, no se compute a efectos de consumir los perÃ­odos mÃ¡ximos de percepciÃ³n establecidos. Igualmente, podrÃ¡ autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los perÃ­odos de cotizaciÃ³n necesarios para tener derecho a ellas.
2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier rÃ©gimen de la Seguridad Social, podrÃ¡n solicitar y obtener, previa justificaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, una moratoria de un aÃ±o sin interÃ©s en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2003.
3. Para llevar a cabo las obras de reparaciÃ³n de los daÃ±os causados, las Administraciones pÃºblicas y las entidades sin Ã¡nimo de lucro podrÃ¡n solicitar del Instituto Nacional de Empleo la adscripciÃ³n de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboraciÃ³n social, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
ArtÃ­culo 8. RÃ©gimen de contrataciÃ³n.
1. A los efectos prevenidos en el artÃ­culo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia los de reparaciÃ³n o mantenimiento del servicio de infraestructuras y equipamientos, asÃ­ como las obras de reposiciÃ³n de bienes perjudicados por la catÃ¡strofe, cualquiera que sea su cuantÃ­a.
2. A esos mismos efectos, se incluyen, en todo caso, entre las infraestructuras las hidrÃ¡ulicas, las carreteras y, en general, cualquiera que haya resultado afectada por las inundaciones.
3. Se declara urgente la ocupaciÃ³n de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realizaciÃ³n de las obras a que se refiere el presente artÃ­culo, a los efectos establecidos en el artÃ­culo 52 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
4. En la tramitaciÃ³n de los expedientes de contrataciÃ³n no incluidos en el artÃ­culo 129.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, se dispensarÃ¡ del requisito previo de disponibilidad de terrenos, sin perjuicio de que su ocupaciÃ³n efectiva no se haga hasta la formalizaciÃ³n del acta de ocupaciÃ³n.
ArtÃ­culo 9. Ayudas excepcionales para viviendas.
1. Las ayudas por los daÃ±os en vivienda sÃ³lo se concederÃ¡n cuando Ã©stos superen el 20 por cien de su valor y en todo caso tendrÃ¡n un lÃ­mite mÃ¡ximo de 24.000 euros.
2. El Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros realizarÃ¡ una valoraciÃ³n individualizada de los daÃ±os sufridos por los particulares en los bienes seÃ±alados en el apartado anterior.
3. La financiaciÃ³n especÃ­fica de estas ayudas se efectuarÃ¡ en un 50 por cien por la AdministraciÃ³n General del Estado y el resto por las Administraciones territoriales, segÃºn los acuerdos que alcancen entre ellas en los convenios que suscriban al efecto.
ArtÃ­culo 10. RÃ©gimen especial de aplicaciÃ³n de las ayudas ordinarias por daÃ±os materiales.
1. En los casos de ayudas materiales previstos en el artÃ­culo anterior, no serÃ¡ aplicable el rÃ©gimen de ayudas contemplado para estos daÃ±os en la Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, modificada parcialmente por la de 30 de julio de 1996.
2. Las ayudas que se concedan en aplicaciÃ³n de lo previsto en el artÃ­culo anterior se financiarÃ¡n con cargo a los crÃ©ditos 16.01.223A.482 "para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catÃ¡strofes u otros de reconocida urgencia" y 16.01.223A.782 "para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catÃ¡strofes u otros de reconocida urgencia", dotados, con carÃ¡cter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.
ArtÃ­culo 11. LÃ­neas preferenciales de crÃ©dito.
Se instruye al Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO), en su condiciÃ³n de Agencia Financiera del Estado, para instrumentar una lÃ­nea de prÃ©stamos por importe de 18.030.000 euros, que podrÃ¡ ser ampliada por el Ministerio de EconomÃ­a en funciÃ³n de la evaluaciÃ³n de los daÃ±os y de la demanda consiguiente, utilizando la mediaciÃ³n de las entidades financieras con implantaciÃ³n en las comunidades autÃ³nomas afectadas, suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboraciÃ³n.
Estas lÃ­neas de prÃ©stamo, que tendrÃ¡n como finalidad financiar la reparaciÃ³n o reposiciÃ³n de instalaciones y equipos industriales y mercantiles, agrÃ­colas, ganaderas y de regadÃ­o, automÃ³viles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehÃ­culos comerciales, maquinaria agrÃ­cola y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto daÃ±ados como consecuencia de las inundaciones, se materializarÃ¡n en operaciones de prÃ©stamo concedidas por dichas entidades financieras, cuyas caracterÃ­sticas serÃ¡n:
a) Importe mÃ¡ximo: El del daÃ±o evaluado por la DelegaciÃ³n o SubdelegaciÃ³n del Gobierno de la provincia correspondiente o, en su caso, por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, descontado, en su caso, el importe del crÃ©dito que hayan podido suscribir con cargo a lÃ­neas de crÃ©dito preferenciales a establecer por iniciativa de las comunidades autÃ³nomas respectivas.
b) Plazo: El establecido entre las partes, con el lÃ­mite de cinco aÃ±os, incluido uno de carencia.
c) InterÃ©s: El tipo de cesiÃ³n por el ICO a las entidades financieras serÃ¡ del 3 por cien TAE, con un margen mÃ¡ximo de intermediaciÃ³n para estas del 0,75 por cien. En consecuencia, el tipo final mÃ¡ximo para el prestatario serÃ¡ del 3,75 por cien TAE.
d) TramitaciÃ³n: Las solicitudes serÃ¡n presentadas en la entidad financiera mediadora, la cual decidirÃ¡ sobre la concesiÃ³n del prÃ©stamo, siendo a su cargo el riesgo de la operaciÃ³n.
e) Vigencia de la lÃ­nea: El plazo para la disposiciÃ³n de fondos terminarÃ¡ el 31 de diciembre de 2003.
La instrumentaciÃ³n de la lÃ­nea de prÃ©stamos a que se refiere este artÃ­culo se llevarÃ¡ a cabo por el Instituto de CrÃ©dito Oficial, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposiciÃ³n adicional sexta, dos, 2, pÃ¡rrafo a), del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtenciÃ³n de los recursos y el tipo antes citado del 3 por cien serÃ¡ cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
ArtÃ­culo 12. CooperaciÃ³n con las Administraciones locales.
Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones PÃºblicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artÃ­culo 2, hasta un importe de tres millones de euros, con cargo al crÃ©dito que a estos efectos se habilite, con el carÃ¡cter de incorporable, en los presupuestos de dicho Departamento.
De igual modo, se faculta al titular del Ministerio de Administraciones PÃºblicas para establecer el procedimiento para la concesiÃ³n de las mencionadas subvenciones, asÃ­ como su seguimiento y control, en el marco de la cooperaciÃ³n econÃ³mica del Estado a las inversiones de las entidades locales.
ArtÃ­culo 13. ComisiÃ³n interministerial.
1. Se crea una ComisiÃ³n interministerial para la aplicaciÃ³n de las medidas establecidas en este Real Decreto-ley, coordinada por la DirecciÃ³n General de ProtecciÃ³n Civil e integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, de Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de la Presidencia, de Administraciones PÃºblicas, de Medio Ambiente y de EconomÃ­a, asÃ­ como por
los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas afectadas.
2. El seguimiento de las medidas previstas en este Real Decreto-ley se llevarÃ¡ a cabo por la comisiÃ³n a que se refiere el apartado anterior, en coordinaciÃ³n con las autoridades de las comunidades autÃ³nomas afectadas, a travÃ©s de las Delegaciones del Gobierno.
ArtÃ­culo 14. Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
1. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas afectadas podrÃ¡n solicitar del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, para una mÃ¡s correcta evaluaciÃ³n de los daÃ±os, las correspondientes valoraciones previstas en este Real Decreto-ley.
2. El Consorcio tendrÃ¡ derecho al abono por parte de la AdministraciÃ³n General del Estado de los trabajos de peritaciÃ³n conforme al baremo de honorarios aplicable.
3. Se autoriza la transmisiÃ³n a la AdministraciÃ³n competente de los datos contenidos en los informes periciales que resulten necesarios para que aquÃ©lla pueda otorgar las ayudas previstas en este Real Decreto-ley.
ArtÃ­culo 15. Convenios con otras Administraciones pÃºblicas.
La AdministraciÃ³n General del Estado podrÃ¡ celebrar con las comunidades autÃ³nomas y con otras Administraciones pÃºblicas los convenios de colaboraciÃ³n que exija la aplicaciÃ³n de este Real Decreto-ley.
DisposiciÃ³n adicional primera. LÃ­mites de las ayudas.
El valor de las ayudas concedidas en aplicaciÃ³n de este Real Decreto-ley, en lo que a daÃ±os materiales se refiere, no podrÃ¡ superar en ningÃºn caso la diferencia entre el valor del daÃ±o producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos pÃºblicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pÃ³lizas de aseguramiento.
DisposiciÃ³n adicional segunda. CrÃ©ditos presupuestarios.
La reparaciÃ³n de los daÃ±os en los bienes de titularidad estatal y en los de las comunidades de regantes se financiarÃ¡ con cargo a los presupuestos de los respectivos Departamentos ministeriales, a cuyos efectos se realizarÃ¡n las transferencias de crÃ©dito que sean necesarias, sin que resulten de aplicaciÃ³n las limitaciones contenidas en el artÃ­culo 70 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
DisposiciÃ³n adicional tercera. DÃ­as inhÃ¡biles.
Se declaran inhÃ¡biles los dÃ­as 4 al 10 de febrero, en el Ã¡mbito territorial de los municipios que se incluyan en la orden que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este Real Decreto-ley, a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, administrativos, judiciales y registrales.
Los dÃ­as mencionados serÃ¡n descontados en el cÃ³mputo de los plazos establecidos para cada caso, debiÃ©ndose llevar a efecto los actos y diligencias que en ellos no pudieron tener lugar en los ocho dÃ­as hÃ¡biles siguientes al de la publicaciÃ³n de este Real Decreto-ley, sin perjuicio de la validez de las actuaciones y de las diligencias practicadas en dÃ­a inhÃ¡bil, si se hubieran realizado con todos los requisitos legales necesarios.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. DaÃ±os en infraestructuras pÃºblicas titularidad de las comunidades de regantes.
A los efectos previstos en el artÃ­culo 3, se declaran de emergencia las obras a ejecutar por el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n para reparar los daÃ±os causados en infraestructuras pÃºblicas titularidad de las comunidades de regantes, comprendidas en su Ã¡mbito de competencia.
La reparaciÃ³n de estos daÃ±os se financiarÃ¡ con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, hasta un importe mÃ¡ximo de cuatro millones de euros.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Anticipos de ayudas vinculadas a determinados prÃ©stamos para la mejora y modernizaciÃ³n de estructuras agrarias.
En los tÃ©rminos municipales afectados por las inundaciones, con carÃ¡cter preferente, podrÃ¡ efectuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoraciÃ³n de anualidades de amortizaciÃ³n del principal de los prÃ©stamos acogidos al Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernizaciÃ³n de las estructuras de producciÃ³n de las explotaciones agrarias, de aquellos expedientes de los que se disponga de la correspondiente certificaciÃ³n final de cumplimiento de compromisos y realizaciÃ³n de inversiones.
DisposiciÃ³n final primera. Facultades de desarrollo.
El Gobierno y los distintos titulares de los Departamentos ministeriales, en el Ã¡mbito de sus competencias, dictarÃ¡n las disposiciones necesarias y establecerÃ¡n los plazos para la ejecuciÃ³n de lo establecido en este Real Decreto-ley.
El presente Real Decreto-ley entrarÃ¡ en vigor el mismo dÃ­a de su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Estado".

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