Source: http://www.derechos.org/nizkor/paraguay/ddhh1996/segsoc.html
Timestamp: 2016-07-25 21:57:20+00:00

Document:
Derechos Humanos en Paraguay 1996: Derecho a la seguridad social
Por Roberto Paredes
Conclusiones.Legislación y Seguridad
Cobertura según
Gasto social en porcentaje
del PIB en América Latina.
Si definimos el derecho a la seguridad social como el conjunto de mecanismos que apuntan a
proteger a los trabajadores activos y pasivos y a sus familias ante diversas eventualidades y riesgos
(acidentes, enfermedades, vejez, invalidez, desempleo, etc.), tenemos como patética realidad -antes
de entrar en detalles- el hecho cierto de que en el Paraguay hay severas carencias y críticos
funcionamientos, tanto en el orden legal como en el práctico.
En efecto, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social
configura un sistema integral de protección contra los riesgos sociales, las asignaciones familiares,
la asistencia social y los programas públicos de cuidado de la salud o sistemas nacionales de salud.
A criterio de Carmelo Mesa-Lago, catedrático estadounidense y especialista en el tema, el seguro
social virtualmente alcanza todos los aspectos socio-económicos del desarrollo: puede ser un
vehículo para el ahorro y la inversión o una causa de incremento del déficit fiscal; sus prestaciones
pueden aumentar la productividad laboral pero también los costos de producción; el sistema actual
de financiamiento, basado en el aporte sobre el salario, puede constituir un estímulo para substituir
mano de obra por capital con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo. Puede contribuir, en
fin, a elevar los niveles de vida y mejorar la distribución del ingreso, pero también puede tener un
efecto regresivo.
El tema de la seguridad social y de los derechos a la misma, en definitiva, es complejo, por lo que
para tratarlo ordenadamente partiremos de un diagnóstico del área, de modo que se tenga plena
conciencia de la dimensión de las problemáticas relacionadas con la cuestión.
1.1.- Aspecto Legal
La Constitución Nacional de 1992, en su artículo 95 establece que "El sistema obligatorio e integral de la seguridad
social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la Ley. Se promoverá su extensión a todos los
sectores de la población. Los servicios en el sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en
todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados
de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan
aumentar su patrimonio".
La disposición constitucional en cuestión contiene seis elementos que ameritan una breve reflexión: a) Solidaridad: refiere, básicamente, que con los que pueden aportar más se pueden costear las
necesidades de protección de los que aportan menos,
b) Obligatoriedad: establece que es de carácter obligatorio -no optativo- para todos los trabajadores
dependientes y sus familias, c) Integralidad: asegura que no debe limitarse a proteger al trabajador en casos de jubilaciones y
pensiones, sino también en el aspecto de la atención médica,
d) Universalidad: sostiene que se debe promover la extensión de los beneficios a todos los sectores de
la población, trabajadora o no, dependiente o independiente,
e) Desmonopolización: este es el elemento más novedoso y más polémico, pues abre las puertas para
que el servicio sea ofrecido tanto por el sector público como privado, así como por esquemas mixtos
(público/privado), y
f) Supervisión estatal: establece que en cualquiera de los casos debe ser supervisado por el Estado, con
el deliberado intento de garantizar que el acceso al beneficio sea efectivo.
La Ley 213 de 1993 (Código Laboral), por su parte, dedica el libro cuarto al tema de la seguridad social, estableciendo
en el artículo 382 que "El Estado con aportes y contribuciones propios y de empleadores y trabajadores, amparará,
por medio de un sistema de seguros sociales, a los trabajadores contra los riesgos de carácter general, y especialmente
los derivados del trabajo". Además, incorpora -por disposición del artículo 383- todas las leyes y reglamentos sobre
seguridad social. Algunas de las disposiciones concretas están contenidas en la Ley 98 de 1992, que modifica y actualiza el Decreto-ley
1.860 de 1950, en que cuando se refiere a los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) establece que:
la cuota mensual de los trabajadores será del 9% de sus salarios,
la cuota mensual de los empleadores será del 14% calculado sobre los salarios de sus trabajadores, el aporte estatal será del 1,5% calculado sobre el monto de los salarios sobre los cuales imponen los empleadores, la cuota mensual de maestros y catedráticos será de 5,5% de sus ingresos, la cuota del personal doméstico será del 2,5% calculado sobre el salario mínimo del trabajador de las Categoría "A"
de los establecimientos ganaderos.
El Anexo I comprende referencias específicas generales sobre todas las disposiciones legales vigentes con respecto a
la seguridad social; marco jurídico insatisfactorio, no obstante, hasta la fecha (finales de 1996), considerando que en el
seno del Congreso Nacional está en estudio un proyecto de ley que pretende reglamentar la desmonopolización del
servicio, con lo que se introducirían cambios drásticos en el sistema, con imprevisibles consecuencias.
Además de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en el país, corresponde hacer breve referencias a lo que
se establece en convenios y tratados internacionales, algunos de los cuales fueron aprobados y ratificados por el
Paraguay, por lo que tienen plena vigencia.
En cuanto a la OIT, cabe recordar que el Convenio número 102, que determina los niveles mínimos de prestaciones en
las principales ramas de la seguridad social. Este Convenio abarca, en un sólo instrumento, las nueve ramas principales
de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, prestaciones por desempleo,
prestaciones por vejez, prestaciones en casos de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones
familiares, prestaciones por invalidez y prestaciones para sobrevivientes.
El Convenio exige para su ratificación, por lo menos, la aceptación de las obligaciones de tres de las nueve ramas.
El Paraguay, concretamente, firmó en 1959 un Convenio General sobre Seguridad Social con España, en cuyo artículo
primero se estable "suprimir todo período de espera para conceder los beneficios de asistencia médica y maternidad
cuando un trabajador afiliado a una institución de seguridad social de uno de los países contratantes pase a ser afiliado
en una institución del otro país contratante, siempre que en la institución de procedencia tuviera reconocido el derecho
a la prestación". El instrumento contempla, obviamente, otros beneficios sociales.
Un Convenio similar se firmó con la República Oriental del Uruguay, entrando a regir desde 1975.
Otro instrumento jurídico relevante consiste en el acuerdo multilateral elaborado en el marco del proyecto integracionista
sub-regional MERCOSUR, por los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y en cuyo
artículo segundo, párrafo primero, se dispone que "los derechos de seguridad social se reconocerán a los trabajadores
que presten o hayan prestado servicios en cualquiera de los Estados Contratantes reconociéndoles, así como a sus
familiares y asimilados, los mismos derechos y estando sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales de dichos
estados con respecto a los específicamente mencionados en el presente convenio".
Los mencionados instrumentos jurídicos son de suma importancia, considerando que con el generalizado fenómeno de
la migración, se han montado y se vienen montando mecanismos que razonablemente protegen los beneficios y derechos
adquiridos de los asegurados. 1.2.- Aspecto funcional
Existen 8 instituciones principales que prestan el servicio de seguridad social, destacándose entre ellas el Instituto de
Previsión Social (IPS), que es responsable de la protección del 74,9% del total de la población asegurada (Ver Anexo
II). De acuerdo con datos estadísticos proporcionados por la Secretaría Técnica de Planificación, STP, el total de la
población protegida asciende a 890.911 personas sobre una población de 4.699.855 habitantes, lo que corresponde al
19%. O sea: más del 80% de la población del país, lo que equivale a más de 3.800.000 habitantes, está en el total
desamparo. Esta patética realidad está lejos de la universalidad que teóricamente se busca, y se explica, entre otras cosas, por (1)
el dramático nivel de evasión, (2) la casi nula eficacia de los mecanismos de control, y (3) la deficiente calidad de los
El sistema funciona, esencialmente, sobre la base del aporte tripartito: trabajador,
estatal, siendo que están debidamente fijadas las cuotas que corresponden a cada uno de los aportantes.
El esquema que actualmente rige es el llamado sistema de reparto, que consiste, básicamente, en otorgar los beneficios
previsionales (atención médica, jubilaciones y pensiones) a partir de los ingresos provenientes de los aportes. Las deficiencias del sistema son diversas y dramáticas, y serán apuntadas puntualmente de modo a favocer la plena
comprensión de las mismas:
Baja cobertura: El problema más grave, como ya se apuntó más arriba, es el de la escasa cobertura:
el 19% de la población total del país. Los protegidos son 890.911 habitantes, mientras que los cotizantes
totalizan apenas 309.700 personas, que constituyen, en última instancia, el segmento de los trabajadores
que se encuentran desarrollando actividades en el marco formal de la economía. Los demás sectores -trabajadores rurales, autónomos, etc.- carecen de la menor protección, y más aún, la población que no
trabaja. La cuestión de la baja cobertura es más patética si se tiene en cuenta que la mitad de la
población latinoamericana está razonablemente protegida.
Evasión: Los niveles de evasión son marcadamente elevados. El sistema predominante funciona sobre
la base del aporte tri-partito: empleado, empleador y Estado. Sin embargo, sólo en el caso del IPS, el
Estado nunca hizo aporte alguno, a pesar de que desde su creación, en 1943, tenía la expresa obligación
de hacerlo; su deuda asciende a miles de millones de guaraníes 500 mil millones, de acuerdo con
estimaciones recientes). El otro gran agente evasor está constituido por las patronales, las que muchas
veces obvian totalmente su contribución, o realizan sub-aportes, contribuyendo sobre el salario mínimo
y no sobre el salario real como debería serlo. La situación descripta es generalizada, y sus consecuencias
son altamente negativas, pues (1) coloca a la previsional en un delicado estado económico-financiero,
por una parte, y (2) por la otra presiona por el ofrecimiento de servicios de baja calidad.
Congelamiento: Las pensiones y jubilaciones están virtualmente congeladas, experimentando un
progresivo deterioro a consecuencia de la desvalorización monetaria (inflación). Eso hace que tales
servicios no favorezcan un efectivo mejoramiento de la calidad de vida de la población, arrojando a los
pensionados y jubilados a precarias condiciones de existencia, por lo que muchos de ellos se ven
forzados a sumarse al creciente ejército de trabajadores informales.
Centralización: Se ha podido constatar que el grueso de los cotizantes están concentrados en el
Departamento Central y la capital, siendo que en 1993 el 70,8% de los asegurados del Instituto de
Previsión Social, IPS, eran de dichas regiones. De este dato se deduce que el resto del país está en la
total desprotección, sobre todo los pobladores de las áreas rurales, que conforman casi el 50% de la
Variabilidad: Otro problema es aportado por el hecho de que la cobertura de riesgos y prestaciones
según las distintas entidades prestadoras de servicios previsionales presenta marcadas diferencias. Así,
por ejemplo, el Instituto de Previsión Social, IPS, es el que presta un servicio previsional integral a sus
asegurados (jubilaciones, pensiones y atención a la salud), mientras que las otras cajas limitan su
cobertura a jubilaciones y pensiones. Por otra parte, los requisitos de años de servicio para tener derecho
a la jubilación ordinaria varían sensiblemente, siendo que en la Caja Itaipú es de 20 años y en la Caja
Fiscal es de 30 años. Los requisitos para tener derecho a invalidez común van desde un año de
cotizaciones en la Caja Itaipú hasta 20 años de servicio en el caso de los empleados públicos de la Caja
Fiscal. Podrían referirse otros casos y plazos, pero lo apuntado es suficiente para percibir que hay una
abierta inequidad, lo que compromete la propia legitimidad del sistema.
Limitaciones: El sistema vigente en el Paraguay se destaca por ser incompleto. Así, por ejemplo, el
sistema no asegura al trabajador contra el desempleo involuntario ni establece un régimen de asignación
familiar. El seguro desempleo, sobre todo, es una carencia dramática, pues se tiene la terrible realidad
de soportar un creciente proceso de cierre de puestos de trabajo, lo que se suma al ya grave hecho de
que el país presenta un elevado índice de desocupación y sub-ocupación (más de 50% de la Población
Económicamente Activa).
Administración: En el terreno concreto de la administración de las entidades prestadoras de los
servicios previsionales se tiene como dramática realidad el desorden administrativo, con lo que se elevan
innecesariamente los costos de los servicios, lo que termina conspirando, en última instancia, contra la
propia funcionalidad del sistema. Décadas de gestión discrecional no pueden ser superadas o por lo
menos minimizadas, por lo que es frecuente constatar irregularidades administrativas; las que van desde
costeamiento de sobrefacturaciones hasta el desvío directo de recursos. La infraestructura administrativa
de las entidades es marcadamente pobre; se carece de personales adiestrados y aptos; faltan
sensiblemente mecanismos informatizados.
Mal servicio: Un elemento de fondo que actúa nocivamente sobre todo el sistema es el pésimo servicio
que se presta a los beneficiarios, tanto en el área de jubilaciones y pensiones como en el terreno de la
atención a la salud. Este factor tiene como irremediable efecto la generalizada falta de interés en
vincularse al sistema, lo que favorece la evasión y es fuente de permanentes desequilibrios y conflictos.
A partir de esta realidad, el conjunto del sistema está sumergido en una situación de profundo
desprestigio, lo que, a su vez, actúa como un factor agravante de las deficiencias antes que como factor
de presión para superarlas.
Demanda aumentada: Un problema que también debe ser referido es la creciente demanda de los
servicios de seguridad social, como directa consecuencia del empeoramiento del nivel de vida de los
sectores medios, que anteriormente apelaban a otros servicios. Esto hace que los costos aumenten, sin
que ello sea acompañado por un incremento de las recaudaciones, con consecuencias económico-financieras altamente negativas.
Tenemos, así, que el sistema previsional paraguayo es prisionero de generalizadas y agudas deficiencias, tanto en el
orden legal como funcional, por lo que se impone una profunda reforma del mismo, de modo que pueda ofrecer
confiabilidad y seguridad a los beneficiarios directos e indirectos, reales y potenciales.
El diagnóstico presentado por el gobierno paraguayo ante instancias internacionales y multilaterales confirma plenamente
lo anunciado. Así, para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el capítulo dedicado
a la Seguridad Social expone extensamente sobre las disposiciones legales (Constitución Nacional y leyes) que rigen en
el país y traza un cuadro poco alentador sobre la situación, lo que se resume en el punto 201, cuando sostiene que:
"Estudios realizados por la Secretaría Técnica de Planificación dependiente de la Presidencia de la República
detectaron como principales problemas en el área los siguientes:
a) la cobertura poblacional del seguro social sigue siendo baja, alcanzando solamente el 21,2% (en 1992) de la
población total del país;
b) la cobertura de riesgos y prestaciones varía según las distintas entidades;
c) la escasa o ninguna coordinación institucional de los seguros que están a cargo de varias entidades;
d) el sistema en su conjunto enfrenta problemas crecientes de desequilibrio actuarial;
e) el seguro social no es integral porque no asegura al trabajador contra el desempleo involuntario, ni establece
un régimen de asignación familiar;
f) ineficiencia en la administración del subsistema de salud previsional;
g) la falta de un sistema de control adecuado fomenta las evasiones, aumenta los costos administrativos e incentiva
mayores prestaciones a pequeños grupos privilegiados;
h) el sistema vigente crea cierta discriminación en cuanto a prestaciones y requisitos de jubilación, marginando a
gran parte de la población de los beneficios de este servicio;
i) escaso conocimiento de la población sobre los servicios de seguridad social proveídos, así como de sus beneficios
y derechos potenciales;
j) las cajas fiscales del Ministerio de Hacienda y del Ferrocarril requieren de subsidios cada vez mayores, para
hacer frente a los compromisos financieros con sus beneficiarios;
k) la pérdida creciente del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, como consecuencia de la baja
rentabilidad de las inversiones".
Con respecto al diagnóstico oficial general, así como sobre sus recomendaciones, es importante destacar que desde que
se inició el proceso de transición hacia la democracia (febrero de 1989) los informes socio-económicos se han ajustado
con mayor fielidad a la realidad, como en el caso específico de la seguridad social.
2.- La reforma (un paréntesis).
En este momento del desarrollo del presente trabajo es necesario abrir un paréntesis para presentar brevemente las
alternativas de reforma previsional que se plantean en el país, de modo que se tenga claridad acerca de las perspectivas
reales del sector y de los intereses sectoriales en juego.
Básicamente existen dos propuestas, que se resumen en:
a. La que propone mantener en lo esencial el sistema, introduciendo modificaciones puntuales y generales que lo
optimicen, y
b. La que promueve un cambio radical del sistema, substituyendo el actual por otro, presuntamente más adecuado
al modelo de desarrollo que tiene creciente hegemonía en el país.
El sistema actualmente en vigor es conocido como sistema de reparto, como ya se apuntó más atrás, y consiste
esencialmente en un mecanismo que hace que los beneficios (y la capitalización) sean costeados con el aporte de los
trabajadores y empleadores activos. La crítica más seria a este sistema es que estaría destinado a una inevitable
bancarrota, como consecuencia de los desequilibrios económico-financieros inherentes al sistema. O sea: los que
proponen su reforma substancial argumentan que de un estado delicado se pasará irremediablemente a un estado crítico,
con lo que el mecanismo se mostrará insolvente para costear el financiamiento de sus obligaciones (beneficios y
En defensa del sistema de reparto, no obstante, sobre todo los representantes de los trabajadores aseguran que puede ser
optimizado, introduciendo reformas puntuales y generales que minimicen y/o eliminen las deficiencias que se arrastran.
El sistema que algunos sectores empresariales promueven para substituir al de reparto es el llamado sistema de
capitalización individual, que en lo esencial consiste en un mecanismo que hará (?) que los beneficios sean costeados
con los aportes de los mismos futuros beneficiarios. Es decir, cada beneficiario debería ir aportando mientras esté en
actividad; aporte que se iría capitalizando, para que cuando se retire goce de los beneficios.
Las críticas a esta propuesta son diversas y de mucho peso: por una parte, se sostiene que el sistema de capitalización
individual sólo irá a favorecer a sectores empresariales cuyo horizonte es apenas administrar los recursos de los
aportantes para destinarlos a la especulación. Por otra parte, se cuestiona el hecho de que el nuevo sistema es incompleto,
en el sentido que sólo ofrece beneficios de pensión y jubilación, sin interesarse del tema de la asistencia a la salud;
finalmente, los adversarios del sistema aseguran que el mismo es más vulnerable desde el punto de vista económico-financiero, pues algunas administradoras de fondos previosionales pueden ir a la ruina (como de hecho ya ocurrió con
algunas, dentro y fuera del país) y, por otro lado, no está convincentemente demostrada la viabilidad del mecanismo.
Finalmente, se debe resaltar que el sistema de capitalización es vertebralmente individualista, por lo que los principios
de solidaridad y justicia -base de la seguridad social- quedan enteramente excluídos.
La actualidad de la discusión esquemáticamente presentada está evidenciada por el hecho de que en el Congreso está
en discusión un proyecto de ley de desmonopolización del sistema, con lo que se pretende sentar las bases legales para
el tránsito del sistema de reparto al de capitalización individual. Las perspectivas, por tanto, están cargadas de
incertidumbre, resultando muy difícil prever cuál será el futuro del sistema en el corto y mediano plazos.
Es necesario precisar, finalmente, que ambas partes hablan de reformas estructurales, lo que hace necesario, a su vez,
determinar con precisión el alcance de dichos términos, pues mientras para algunos ello apenas significa modificar
puntual y globalmente el actual sistema para optimizarlo, para otros significa lisa y llanamente la substitución de un
mecanismo por otro.
2.1.- Metas y plazos.
Es evidente que es necesario introducir reformas globales y profundas, puntuales y generales, en el sistema para que la
seguridad social pueda ser un beneficio efectivo para un número razonable de personas.
Y dichas reformas derivan directamente de las deficiencias que se arrastran y que fueron apuntadas más arribas. Así, un
programa de reforma inmediato debe contemplar necesariamente, como metas:
ampliar la cobertura, haciendo que los beneficios alcancen a un número mayor de personas,
reducir drásticamente los niveles de evasión, ejerciendo un control más efectivo sobre las contribuciones, superar el virtual congelamiento de los beneficios, estableciendo mecanismos razonables de reajuste que contemplen
la creciente pérdida del poder adquisitivo del dinero,
extender la cobertura a todas las regiones del país, estimulando la incorporación al sistema de segmentos enteros
que están excluídos, sobre todo en las áreas rurales,
uniformizar el sistema, favoreciendo que la variabilidad ceda ante mecanismos que igualen por encima, o sea, que
ofrezcan como mínimo los máximos beneficios alcanzados en cualquiera de las instituciones del sistema,
ampliar los beneficios, incorporando servicios concretos como el seguro desempleo y el beneficio familiar para todos,
de modo que se apunte a un sistema que se destaque por su integralidad,
mejorar la administración, introduciendo elementos de racionalización y de funcionalidad en el manejo de los
recursos humanos, y favoreciendo la incorporación de elementos tecnológicos básicos (informatización) que permitan
ofrecer un servicio eficiente y ágil, y
mejorar radicalmente los servicios, tanto en el área de la atención a la salud como del otorgamiento de los beneficios
de pensiones y jubilaciones, de modo que se gane la confiabilidad de parte del beneficiario.
Las medidas apuntadas no deben sino ser parte de un programa más general que debe ser llevado a la práctica de manera
inmediata, de manera que el sector de la seguridad social reciba el oxígeno necesario para ganar credibilidad en el seno
de la población, así como que ofrezca perspectivas reales de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del
A mediano y largo plazo, sin embargo, debe apuntarse a dos metas de fondo, de modo que efectivamente pueda otorgarse
seguridad a la sociedad y ésta, a su vez, pueda jugar un rol dinamizador en la economía y el desarrollo:
- por una parte, debe apostarse a un sistema integral y universal eficiente, que otorgue todos los beneficios comprendidos
en el ámbito de la seguridad social, y
por otra, debe implantarse un sistema de administración y gestión que elimine y erradique las prácticas nocivas que
desvirtuan enteramente la finalidad del sistema.
Lo apuntado sólo puede alcanzarse en el marco de un programa más integral, que asegure al país un modelo aceptable
de desenvolvimiento, con mecanismos legítimos y sostenidos, que se enmarque dentro de un pensamiento más general
que reivindique la necesidad de que la sociedad disponga de instrumentos legales y prácticos que respeten
rigurosamente el sentido de equidad con que debe encararse la política de crecimiento. 3.- Conclusiones.
Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, en materia de seguridad social el Paraguay presenta deficiencias
agudas, lo que se evidencia por el simple hecho de que apenas el 19% de la población está protegida, quedando el resto
en el total desamparo.
Por otra parte, aún el 19% de la población que se beneficia con la protección soporta las deficiencias generalizadas que
arrastra el sistema, por lo que se puede concluir que el panorama es grave, y que requiere urgente atención, primero para
minimizar los problemas, y después, para resolverlos satisfactoria y sostenidamente.
Un tercer Anexo que compara la situación de cobertura y gastos de seguro como porcentaje del producto global en
América Latina, en los años 80 muestra claramente el atraso existente en el sector localmente, e indica que deben tomarse
impostergablemente medidas para superar la situación.
Mesa-Lago, Carmelo. "La Seguridad Social en América Latina", en Informe sobre la situación
social, Banco Interamericano de Desarrollo.
Resúmenes de normas internacionales de trabajo. Oficina Internacional del Trabajo, 1990.
Secretaría Técnica de Planificación. Informe sobre situación social, Asunción, 1996.
Sapag Chain, Reinaldo. Tareas pendientes con el mundo del trabajo, 1993
Candia, José Ismael. Manual de la seguridad social en el Paraguay, Asunción, 1995
Conte-Grand, Alfredo H. Los desafíos de la reforma de la seguridad social y las nuevas
técnicas de gestión administrativa y financiera, 1994.
Legislación y Seguridad Social.
Constitución Nacional, artículo 95, "De la Seguridad Social".
Decreto-ley 1.860 de 1950, por el cual se modifica el Deccreto-ley 18.071 de 1943 de creación
Ley 375, que aprueba el Decreto-ley 1.860/50.
Decreto-ley 103 de 1956, que establece el aporte del 1% a cargo de los empleadores para sufragar
los gastos que demanden las campañas de medicina preventiva.
Ley 46 de 1957, que aprueba el Decreto-ley 103/56.
Ley 537 de 1958, que establece el régimen del seguro social para los maestros y catedráticos del
magisterio oficial primario y normal de la República.
Ley 792 de 1962, que aumenta los aportes de patrones y obreros al IPS.
Ley 1.085 de 1965, que modifica y amplía disposiciones del Decreto-ley 1.860/50.
Decreto-ley 444 de 1967, que establece aporte del 0,5% a cargo de los empleadores sobre los
salarios de sus trabajadores para sufragar gastos que demanden la medicina preventiva.
Ley 253 de 1971, que establece aporte del 1% para promoción profesional.
Ley 423 de 1973, que crea el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) y establece aportes a cargo
del trabajador para sus propias acciones.
Ley 427 de 1973, que modifica y amplía las leyes 375/56, 537/58 y 1.085/65.
Ley 430 de 1973, que establece el derecho al beneficio de jubilaciones y pensiones
complementarias a cargo del IPS.
Ley 431 de 1973, que instituye honores y establece priivilegios y pensiones a favor de los
veteranos de la Guerra del Chaco (Decreto-ley 4.661 de 1974, que reglamenta la ley 431/73).
Ley 432 de 1973, que establece aporte patronal adicional del 0,5% al IPS, destinado a sufragar
gastos de la campaña de erradicación del paludismo.
Ley 560 de 1975, que modifica el artículo 28, inciso B) y el artículo 32 de la ley 430/73 que
establece el derecho al beneficio de jubilaciones y pensiones complementarias a cargo del IPS.
Decreto-ley 22 de 1977, por el cual se modifica el artículo 16 de la ley 430/73.
Ley 842 de 1980, que crea el fondo de jubilaciones y pensiones para los miembros del Poder
Legislativo de la Nación.
Ley 1.286 de 1987, que modifica y amplía disposiciones de las leyes que rigen el IPS (Leyes
357/56 y sus modificaciones, y ley 430/73).
Ley 98 de 1992, que establece el régimen unificado de jubilaciones y pensiones y modifica las
disposiciones del decreto-ley 1.860/50, aprobado por ley 375/56 y las leyes complementarias
537/58 y 1.286/87.
Cobertura según instituciones
Cotizantes y activos
499.7972. CAJA FISCAL
35.3123. CAJA FERROVIARIA
4684. CAJA BANCARIA
1.6455. CAJA ANDE
6. CAJA MUNICIPAL
5357. CAJA ITAIPU
8. CAJA PARLAMENTARIA
Cobertura y % del PIB gastados en seguro en América LatinaPaís
Gastos de seguro como % del
PIBArgentina
11.9Bahamas
0.7Barbados
1.4Bolivia
2.9Brasil
5.2Colombia
2.8Costa Rica
7.5Chile
8.6Ecuador
3.7El Salvador
1.3Guatemala
1.6Honduras
0.9Jamaica
0.4México
2.9Nicaragua
2.3Panamá
6.1Paraguay
1.2Perú
2.6Rca Dominicana
0.7Uruguay
8.1Venezuela
1.3 n.d.: no se dispone de datos
Los cálculos fueron realizados por Carmelo Mesa-Lagos, en el trabajo La seguridad social en América Latina, para el
informe del Banco Interamericano de Desarrollo 1991.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo - Informe 1991.
Editado por el Equipo Nizkor en Madrid a 23 de mayo de 1997

References: artículo 95
 artículo 382
 artículo 383
 artículo 95
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 16