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Timestamp: 2018-04-19 10:40:04+00:00

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Propuesta canieti para las leyes secundarias 29 08 13 by Israel Barcenas - issuu
Legislaci贸n Secundaria en torno a la Reforma de Telecomunicaciones, Propuesta de CANIETI
M茅xico, D.F. Agosto de 2013.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, cuenta con más de 70 años de vida en nuestro país, convirtiéndose en la entidad representativa de los tres sectores, promoviendo su desarrollo en un entorno global con servicios de alta calidad. CANIETI es una institución de interés público, autónoma, constituída conforme a lo dispuesto en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Nuestro propósito principal es lograr el desarrollo competitivo de la Industria Nacional con sentido gremial y responsabilidad social, presentando de manera propositiva las iniciativas de políticas públicas que se requieran para ello ante el ejecutivo y el legislativo principalmente, de acuerdo al articulo 5 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Con el presente documento sobre la legislación secundaria, CANIETI ha iniciado el diálogo con autoridades y legisladores, manifestando el consenso de la industria en materia de las Leyes Secundarias en torno a la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, para lo cual se analizaron adicionalmente las mejores prácticas internacionales. Este esfuerzo es el más importante que se ha realizado en la industria desde su inicio, buscando un campo de juego nivelado que le permita a la misma desarrollar su potencial y así beneficiar a sus miembros y permitir a la población en general la inclusión más rápida a la sociedad de la información y el conocimiento, con más acceso, mejores servicios y menores costos. Se hizo un trabajo con mucho detalle de manera que los Comisionados del IFETEL tengan todo el respaldo de la Ley en su actuación y se tenga un dinamismo positivo en el sector.
CAPITULO PRIMERO. OBJETIVOS DE LA LEY La Ley debe incluir como objetivos, obligaciones o atribuciones del IFETEL, lo siguiente: promover las inversiones en infraestructura y servicios en el país; promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; promover la innovación y desarrollo tecnológico de nuevos servicios; asegurar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social. 1.1.
a. Claridad: Las funciones y objetivos del regulador deben estar claramente establecidos (se mantienen indefiniciones entre el IFETEL y PROFECO). De la misma manera deben quedar claramente asentados los derechos y obligaciones de las entidades reguladas, de preferencia con medidas y objetivos específicos. La imposición de una
regulación asimétrica con reglas simples, detalladas y claras es la mejor práctica en la industria. b. Previsibilidad: Para garantizar un trato de equidad y justicia a las partes interesadas, las decisiones deben tomarse de acuerdo a reglas, metodologías y procesos establecidos. Esto exige el abrir el proceso regulatorio con el mayor detalle posible y hacer públicos todos los documentos y cualquier otro factor que pueda influir en la toma de decisiones del regulador, para la revelación pública de información, se debe diferenciar entre asuntos de interés general y de particulares. En el primer caso, la versión estenográfica estará diponible al dia siguiente para el público en general. En el segundo caso solo se notifica la versión estenográfica a las partes con interés jurídico y se divulga una versión pública sin información confidencial o particular. En particular, ante la imposibilidad de presentar recurso de revisión administrativo, los procedimientos deberían poner a disposición de las partes interesadas los proyectos de resolución para que expresen lo que a su derecho convenga y sus argumentos sean valorados para la emisión de la resolución definitiva. Los cambios deben introducirse gradualmente cuando sea posible y a través de un proceso que involucre a las partes interesadas. c. Autonomía y rendición de cuentas: Los reguladores tienen que estar protegidos de la injerencia indebida de intereses políticos y económicos, pero al mismo tiempo la ley debe permitir que los interesados puedan impugnar decisiones arbitrarias del regulador y así obtener reparación de las mismas. La rendición de cuentas puede ser mejorada mediante la publicación y discusión de los proyectos de decisiones regulatorias (mismas que reducirían los costos de procedimientos de arbitraje y apelación) y proporcionando justificaciones y explicaciones una vez que las decisiones finales estén tomadas. d. Participación: Las partes interesadas - incluidas las entidades reguladas, las no reguladas, los consumidores, los responsables políticos, y otras autoridades públicas deben participar activamente en la toma de decisiones de reglamentación para proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre sus puntos de vista y sobre el impacto que una decisión regulatoria tendría sobre ellos. La participación no es hacer una consulta pública como trámite para luego resolver independientemente de la misma. El regulador debe escuchar, y en su momento responder, a cada planteamiento de las partes, que haya componentes tanto en línea como presenciales para este propósito. El acceso abierto a la información: Toda la información y documentación sobre nueva legislación primaria y secundaria, reglamentos, decisiones, documentos de consulta, documentos
temáticos, proyectos de decisiones, informes de consultores y similares debe estar disponibles para los interesados en forma oportuna y accesible. “La transparencia debe permitir el libre acceso a la información, incluyendo: a. Asignación aleatoria de asuntos del Pleno, con responsabilidad del Comisionado en presentar al Pleno del Instituto el proyecto de resolución correspondiente, previa publicación del mismo. b. Las fechas de la sesiones del Pleno con su respectiva agenda, deberán hacerse públicas con al menos cinco días hábiles previos a su realización. En las sesiones en las que se resuelvan asuntos de interés general, será obligatoria la publicidad de sus sesiones, resoluciones y versiones estenográficas, los cuales deberán publicarse a más tardar el día hábil siguiente. En los casos en que se atiendan intereses de particulares, las sesiones del Pleno, sus resoluciones y versiones estenográficas estarán disponibles al día hábil siguiente, solamente para quienes tengan interés jurídico en dichos asuntos, y se harán disponibles versiones públicas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la sesión correspondiente c. En el caso de desacuerdos entre operadores, los comisionados solamente podrán recibir a las partes involucradas previa cita y de forma conjunta. En caso de que una de las partes no asista, no obstante haber sido citada, se tendrá por cumplida esta condición. Los comisionados deberán informar al Pleno de los temas abordados y dichos informes serán turnados al expediente del proceso d. Obligación de publicar en DOF previo a su aplicación, las normas generales y políticas públicas que emita el Instituto así como avisos previos a emisión de regulación (como ejemplo el Notice of Proposed Rule-Making que existe en los Estados Unidos) e. Trabajar junto con la industria para desarrollar la planificación del espectro que se deberá publicar anualmente en el Diario Oficial la o las frecuencias que se pondrán a disposición de las empresas para la comercialización de servicios públicos, gobierno, entidades educativas y empresas privadas indicando los términos bajo los cuales será otorgado ya sea mediante concesión, permiso o registro. Se deben incluir procesos de transición detallados, previsiones f inancieras; metas y objetivos claros del organismo. Se debe elaborar toda la legislación secundaria en materia procedimental que sustituya a la que hoy se aplica de la LFPA para las determinaciones y los actos del IFETEL y CFCE, fomentando un sistema de control de turno a efecto que los asuntos turnados no se queden estancados por falta de atención y/o voluntad.”
Facultades del IFETEL
Se crea un regulador fuerte con facultades de regular la competencia y al operador preponderante y con poder sustancial. El IFETEL debe contar con las facultades necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios, así como de sancionar efectivamente a los concesionarios ejerciendo de forma exclusiva las facultades que las leyes establezcan. a. Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los planes técnicos fundamentales, políticas públicas y expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. b. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como elaborar y presentar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinente. c. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de las actividades encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el desarrollo tecnológico en el sector. d. Otorgar, modificar y prorrogar concesiones, permisos y demás autorizaciones requeridas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como autorizar la cesión de las mismas, así como de su revocación. e. Aprobar el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como coordinar los procesos de licitación correspondientes. f. Establecer límites de concentración de espectro y regular la propiedad cruzada de medios (telecomunicaciones y radiodifusión). g. Declarar preponderancias y/o poder sustancial en el mercado relevante, e imponer regulación asimétrica con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia. h. Coordinar y llevar a cabo los procesos para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y órbitas satelitales, con sus respectivas bandas de frecuencias. i. Administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente en beneficio del usuario, y elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. j. Contar con un sistema nacional de monitoreo para verificar que el uso eficiente del espectro sea por las entidades, organismos, empresas públicas y privados a los que les fue otorgado mediante licencia o permiso. k. Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como otorgar la certificación correspondiente o autorizar a terceros para que emitan dicha certificación, y acreditar
peritos y unidades de verificación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Llevar el registro de telecomunicaciones y de radiodifusión. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Establecer tarifas generales de los servicios de compartición de infraestructura y de desagregación de red. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, que procedan en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, conforme a las disposiciones legales aplicables. Obligar a los concesionarios preponderantes o con poder sustancial en el mercado la imputación de costos en los servicios propios que utilicen para su operación. Ejercer las facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. Otorgar autorizaciones para el acceso a multiprogramación. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia. Determinar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión con agentes preponderantes o con poder sustancial en el mercado que no hayan podido ser acordadas entre los operadores. Resolver las denuncias que en materia de telecomunicaciones o radiodifusión hubieran sido presentadas, con excepción de aquellas vinculadas a la materia electoral. Ejercer las facultades que la Constitución y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica, determinando a los operadores preponderantes o con poder de mercado, a quienes deberá establecerles obligaciones específicas correspondientes, así como determinando los recursos esenciales aplicables en materia de telecomunicaciones o radiodifusión; para el efecto se establecerán las medidas complementarias reglamentarias. Resolver aspectos técnicos en la interacción entre los concesionarios la Procuradoría General de la República, los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas en las funciones de investigación de los delitos de extorsión,
amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada. aa. Resolver aspectos técnicos en la interacción entre los concesionarios y las autoridades competentes para que se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. bb. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Fomento a la Sana Competencia y Desarrollo de Mercado
Para fomentar la sana competencia y el desarrollo del mercado de telecomunicaciones, se proponen los siguientes puntos: a. Prohibición de exclusividades para instalar, operar u ofrecer servicios de telecomunicaciones en cualquier inmueble, fraccionamientos y colonias, etcétera. b. Los Estados y Municipios no podrán condicionar, prohibir o interferir con la instalación, operación o mantenimiento de redes públicas de telecomunicaciones. c. Promoción y gestión de mecanismos para que los Estados, Municipios y Federación hagan públicos a la industria, aquellos proyectos en los que se favorezca el despliegue de infraestructura. d. El Instituto verá que se incluyan ductos e infraestructura apropiados para servicios de telecomunicaciones, en las obras de infraestructura que se lleven a cabo por parte del Gobierno Federal y/o los Estados y Municipios, para ser utilizadas por los concesionarios. e. Establecer la obligación de compartición de infraestructura para las dependencias y entidades del Gobierno Federal, conforme a la política de tarifas que en su caso determine el Instituto, y creación de un registro público de infraestructura de dichas dependencias y entidades. f. El Instituto promoverá y gestionará con el Gobierno Federal, los Estados y Municipios, la eliminación del pago de derechos para la instalación de infraestructura en postes, ductos y cualquier otra estructura susceptible de ser utilizada para tales efectos. g. El Instituto promoverá y gestionará convenios de coordinación con Estados y Municipios, homologación de criterios, tarifas y derechos en el despliegue de redes. h. Por la importancia de las compras de bienes y servicios de telecomunicaciones y TIC por parte del Gobierno Federal, se solicita que a través de sus dependencias se tengan que distribuir el monto de sus compras, entre 3 o más proveedores y no podrá asignar
más del 40% de éstas a un solo proveedor. En caso de no ser posible, se pedirá la opinión vinculante al IFETEL. Los derechos de transmisión de los partidos de futbol de la primera división nacional, deberán ser ofrecidos a todos los concesionarios que lo soliciten, con base en tarifas medidas por usuarios y/o audiencia, sin que operen los descuentos por volumen.
CAPITULO SEGUNDO. ESPECTRO RADIOELECTRICO 2.1.
Disposiciones Generales. 1. Consideraciones que deban tener las leyes: Artículo XXX. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I.
Bandas de frecuencias: son segmentos del espectro radioeléctrico que comprenden un determinado rango de frecuencias. Estas frecuencias presentan similitudes en sus características propias, como pueden ser las de propagación o longitud de onda, factores que incluyen en la determinación de los tipos de servicios que se pueden prestar en esos rangos.
II. Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. III. Frecuencia: números de ciclos que por segundo efectúa una onda del espectro electromagnético. IV. Radiocomunicación privada: Servicio de telecomunicaciones inalámbrico que no implica explotación comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y cuyos sistemas operan en segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Artículo XXX. El uso del espectro radioeléctrico deberá sujetarse a los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ajustarse a lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Artículo XXX. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias deberá promover el desarrollo eficiente y convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. A dichos efectos, garantizará la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para nuevos servicios así como para actividades relacionadas con seguridad nacional, conectividad y cobertura social. 8
Es de particular importancia establecer un programa de trabajo que garantice el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo. Los servicios atribuidos al espectro radioeléctrico serán aquellos que establezca el Instituto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. La atribución de bandas del espectro radioeléctrico se hará: I. A título primario: servicios que contarán con protección contra interferencias perjudiciales, y II. A título secundario: servicios cuyas estaciones radioeléctricas no deben causar interferencia perjudicial a la estaciones de un servicio a título primario, ni pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio a título primario; sin embargo, tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de otra estación secundaria posteriormente autorizada. El Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación, antes de finalizar el primer trimestre de cada año, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias con sus respectivas adecuaciones y actualizaciones. Artículo XXX. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar la mejor operación de los servicios y la utilización y aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico. En cualquier caso de interferencia perjudicial el Instituto actuará con la debida oportunidad para tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad de los servicios de telecomunicaciones afectados. Artículo XXX. El Instituto emitirá reglas para establecer límites aplicables a las diferentes bandas de frecuencias para evitar la concentración de espectro. Los límites que al efecto se establezcan deberán fomentar la libre competencia en el sector en general y permitir que los concesionarios establecidos puedan atender el crecimiento del mercado y acceder de manera contínua a nuevas generaciones tecnológicas. Artículo XXX. El Instituto podrá modificar o ampliar la atribución de una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en aras del interés público, de los tratados internacionales o regionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los avances tecnológicos disponibles. Los concesionarios podrán solicitar al Instituto, la modificación o ampliación de la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Si el Instituto no contesta en un plazo de treinta días
hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida. 2.2.
De las Concesiones del Espectro Radioeléctrico.
Artículo XXX. Se requiere concesión del Instituto para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional. Artículo XXX. Las concesiones del espectro radioeléctrico podrán ser para uso comercial, público, privado y social, de conformidad con lo siguiente: I.
Uso Comercial: Bandas de frecuencias que tengan por destino la prestación de cualquier clase de servicios con fines de lucro. II. Uso Privado: Bandas de frecuencias utilizadas de manera exclusiva por una o más personas, sin fines de lucro. III. Uso Público: Bandas de frecuencias utilizadas por la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos constitucionales y concesionarios de otros servicios públicos distintos a las telecomunicaciones y la radiodifusión, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación o seguridad del servicio de que se trate. IV. Uso social: Bandas de frecuencias utilizadas para la comunicación con fines sociales, de carácter educativo, cultural, entre otros similares, sin fines de lucro.
Artículo XXX. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial se otorgarán mediante licitación pública conforme a lo señalado en la presente ley. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, previa opinión no vinculante de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
Artículo XXX. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán en términos del capítulo YYY de la presente ley, bajo el mecanismo de asignación directa. Los titulares de bandas de frecuencias de uso público que requieran bandas adicionales para satisfacer necesidades internas de telecomunicaciones, deberán acreditar que dichas necesidades no pueden ser atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias
con las que ya cuenta y que se encuentre aprobado el presupuesto para la instalación de la infraestructura adicional correspondiente. Artículo XXX. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos. Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite a partir del inicio de la última quinta parte de vigencia de su concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a ciento ochenta dias naturales. Si cumplido el plazo el Instituto no resuelve lo conducente, se entenderá que fue resuelto en sentido afirmativo. Previa opinión no vinculante de la autoridad hacendaria, Ifetel fijará el monto de las contraprestaciones por la prórroga de las concesiones, tomando en cuenta criterios como la capacidad económica del concesionario y el uso de la concesión de que se trate. El monto fijado podrá ser cubierto por el concesionario en anualidades durante la vigencia del título de concesión respectivo o en un solo pago a elección del concesionario. Se debe establecer un Reglamento Interno de IFETEL buscando que la operación del mismo no dependa del Presidente, como sucede ahora, sino del Pleno.”
Artículo XXX. Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial podrán, previa notificación al Instituto, ceder y arrendar en todo o en parte, las bandas de frecuencias a ellos concesionadas. El término del arrendamiento o cesión de bandas de frecuencias no podrá superar aquél por el que las bandas de frecuencia hayan sido concesionadas.
Artículo XXX. El título de concesión sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico contendrá como mínimo lo siguiente: I.
Las bandas de frecuencias objeto de concesión, y zona o región geográfica en que pueden ser utilizadas;
III. Las características técnicas y operativas del proyecto; IV. El período de vigencia; 11
V. Las contraprestaciones que, en su caso, deberán cubrirse por el otorgamiento de la concesión, y VI. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado. Artículo XXX. Las concesiones de uso público, privado y social serán intransferibles y estarán sujetas a lo dispuesto en esta Ley y en título de concesión correspondiente. Artículo XXX. El Instituto deberá fomentar la utilización neutra de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas. Para dichos efectos, el Instituto deberá procurar la reasignación regulada de los servicios atribuidos a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de que los concesionarios estén en posibilidad de prestar toda clase de servicios convergentes. Artículo XXX. El Instituto podrá intercambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada, en los siguientes casos: I.
Cuando lo exija el interés público.
II. Por razones de seguridad nacional. III. Para la introducción de nuevas tecnologías. IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial. V. Para asignarlas a servicios que generen mayor beneficio económico o social; y VI. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados o, en su caso, procederá la indemnización, previo estudio técnico y económico. El Instituto deberá intercambiar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada cuando así sea solicitado por dos o más concesionarios de espectro radioeléctrico. Artículo XXX. Las bandas de frecuencias para uso gubernamental y experimental se otorgaran mediante asignación directa y a petición de parte cuando se cumplan los requerimientos establecidos. En todo
momento, en el uso de dichas frecuencias se procurará el empleo de los últimos avances tecnológicos para mayor eficiencia del espectro. Artículo XXX. Podrán obtener asignaciones de bandas de frecuencias para uso gubernamental, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general, para el caso de los organismos públicos deberán presentar el programa de inversión con las partidas presupuestales aprobadas para tal fin con objeto de garantizar la permanencia de los servicios que se deseen ofrecer tales como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general. Para obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público , el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior con la finalidad de prestar servicios públicos, deberán presentar el programa de inversión con las partidas presupuestales aprobadas para tal fin con objeto de garantizar la permanencia de los servicios que se deseen ofrecer, tales como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general.
Del programa de licitaciones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Artículo XXX. El Instituto expedirá, cuando menos una vez al año, un programa de licitaciones públicas sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, susceptibles de ser concesionadas, en el cual se indicarán las coberturas geográficas de las bandas disponibles para dichos efectos. Para la elaboración del programa a que se refiere este artículo, el Instituto seguirá el procedimiento de consulta pública que se describe a continuación: I.
Del 1 al 30 de agosto de cada año, establecerá un procedimiento para que cualquier persona pueda presentar propuestas, debidamente justificadas, para la integración de los
programas anuales. Entre otros mecanismos, estas propuestas podrán presentarse por vía electrónica y a distancia, y serán públicas desde el momento de su presentación. II.
Con sus propias propuestas y las que considere convenientes de las que hubiere recibido conforme a la fracción anterior, el 1 de octubre siguiente el Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el anteproyecto de programa anual de licitaciones a la opinión pública.
El Instituto recibirá comentarios sobre su anteproyecto, a más tardar, el 1 de diciembre siguiente.
Con los ajustes que, en su caso realice al anteproyecto de programa anual, el Instituto, a más tardar el 15 de enero de cada año, publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el programa anual de licitaciones públicas; y
A más tardar el 31 de enero, el Instituto hará disponible, para consulta electrónica y a distancia, un informe en el que exprese de manera general las razones por las que consideró conveniente incluir o desechar, total o parcialmente, las propuestas y la opinión a que se refieren las fracciones I y II anteriores, mismas que en ningún caso serán vinculantes para el Instituto.
Para la integración del programa anual de licitaciones, el Instituto buscará el beneficio del público usuario, el uso eficiente y convergente del espectro radioeléctrico, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones. Los servicios a prestar con las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico incluidas en el programa anual, serán todos los contemplados en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para la respectiva banda de frecuencias, salvo que existan interferencias perjudiciales significativas o en razón de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo XXX. El Instituto podrá emitir resoluciones por las que declare bandas del espectro radioeléctrico específicas como bandas de uso libre, sujetas a los requisitos operativos y a las espeficaciones técnicas que se prevean en la propia resolución. Los interesados en ofrecer servicios a terceros sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, requerirá concesión para la prestación de los servicios. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por los tratados internacionales correspondientes, el Instituto podrá determinar una o más bandas del
espectro radioeléctrico como bandas internacionales para efectos de radionavegación, comunicaciones radio marítimas, radio aeronáuticas, de auxilio y salvamento, entre otros. Artículo XXX. El Instituto podrá otorgar concesiones de uso comercial por periodos específicos para que personas físicas o morales interesadas puedan utilizar una o más bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico con fines experimentales. En ningún caso, este derecho podrá ser superior a dos años a partir del otorgamiento de la concesión.
CAPÍTULO TERCERO. AGENTES ECONÓMICOS PREPONDERANTES O CON PODER SUSTANCIAL
Artículo XXX. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto eliminar eficazmente las barreras a la competencia y libre concurrencia, derivadas de la condición de los operadores preponderantes de servicios y de los operadores con poder sustancial de mercado, mediante la regulación a que deberán sujetarse dichos operadores a fin de garantizar la competencia efectiva en los servicios y mercados de televisión, radio, telefonía y datos. Artículo XXX. Se entiende por operador preponderante, el agente económico que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en la prestación de uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, entre los que se incluyen los siguientes: I. II. III. IV. V. VI.
Servicios de telefonía fija; Servicios de telefonía móvil; Servicios fijos de acceso de banda ancha a internet; Servicios móviles de acceso de banda ancha a internet; Servicios de transporte de datos; Servicio de enlaces privados, dedicados, de transporte, locales y nacionales o según la oferta que exista. VII. Servicios de televisión restringida; VIII. Servicios de radio; y IX. Servicios de televisión radiodifundida. Para la determinación del porcentaje a que este artículo se refiere se tomará en cuenta, indistintamente cualquiera de los siguientes conceptos: número de usuarios o suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad utilizada de la red; de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto. Artículo XXX. Se entiende por operador con poder sustancial de mercado, el agente económico que, en ausencia de regulación, tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto unilateralmente en
algún mercado relevante de telecomunicaciones o radiodifusión, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica. Artículo XXX. La condición de operador preponderante en servicios no prejuzga sobre la condición de operador con poder sustancial de mercado, por lo que un mismo operador puede o no tener al mismo tiempo la condición de preponderante en un servicio y de operador con poder sustancial en el mercado al que pertenece dicho servicio. Las disposiciones de este Capítulo aplicarán por igual al operador que tenga una o ambas condiciones. Artículo XXX. En materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, funcional o estructural, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán: I.
Abstenerse de ofrecer a sus usuarios condiciones de servicio, calidad y precio para comunicarse dentro de su propia red, incluyendo cualquier tipo de oferta, empaquetamiento, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, , más favorables que las correspondientes a comunicaciones destinadas a las redes del resto de los demás operadores.
II. Ofrecer a los demás operadores, mediante oferta pública, servicios mayoristas respecto de cualquier servicio que ofrezcan a sus usuarios finales con tarifas que reflejen los costos evitados de proveer el servicio a un operador en vez de a un usuario final. III. Abstenerse de aplicar al resto de los operadores tarifas y condiciones menos favorables que las ofrecidas a sus usuarios finales, debiendo hacer extensivos los beneficios de las menores tarifas a dichos operadores, incluyendo las tarifas implícitas por servicios, capacidades y funciones desagregadas, como la terminación de llamadas en su red. IV. Abstenerse de establecer tarifas que de cualquier forma limiten la competencia o libre concurrencia de los demás operadores. V. Cumplir con los estándares mínimos de calidad que defina el Instituto tanto para los servicios finales a los usuarios como para los servicios mayoristas que presten a los demás operadores. VI. Abstenerse de establecer cualquier tipo de exclusividad para la comercialización de terminales, contenidos, servicios, redes de distribución y recargas de tiempo aire, publicidad y demás productos y servicios que defina el Instituto. VII. Abstenerse de establecer exclusividades para instalar, operar u ofrecer servicios de telecomunicaciones en inmuebles, fraccionamientos, colonias o cualesquiera otros sitios que determine el Instituto.
VIII. Abstenerse de establecer cualquier tipo de bloqueo sobre las terminales que comercializan, y de limitar el uso y acceso de las mismas en redes de otros operadores. IX. Proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones. Artículo XXX. Las siguientes tarifas de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado, por los servicios a que se hace referencia en el artículo anterior, deberán ser aprobadas por el Instituto previamente a ser ofrecidas a sus usuarios finales: I.
Las que pretendan cobrar por cualquier conjunto o subconjunto de servicios, incluyendo aquellas tarifas que, para estos mismos servicios, formen parte de cualquier tipo de oferta, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, ya sean de carácter permanente o temporal.
II. Las de cualquier servicio o paquete de servicios que pretendan comercializar en donde cualquiera de los componentes que integran el paquete de servicios, se encuentre disponible para cualquier persona física que así lo solicite, de forma desagregada y al precio imputado en la solicitud que, en su caso, apruebe el Instituto. Las tarifas serán aprobadas conforme a la metodología de evaluación y al procedimiento que para tal efecto establezca el Instituto, siempre que no contravengan las disposiciones u objetivos previstos en este Capítulo. Artículo XXX. En materia de infraestructuras de red, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán: I.
Aplicar las tarifas asimétricas de interconexión que fije el Instituto, con base en un modelo de costos que considere las economías derivadas de su mayor escala de operación, las cuales podrán ajustarse a la baja en cualquier tiempo para asegurar condiciones de equidad en el proceso de competencia.
II. Las tarifas aplicables a otros operadores por los conceptos de interconexión y uso de otros servicios e insumos esenciales, no podrán ser superiores a los cargos implícitos en las tarifas a los usuarios finales por funciones que utilizan la infraestructura de red de manera similar. En caso contrario las tarifas aplicables a los operadores deberán ajustarse a la baja para cumplir con esta condición. III. Ofrecer al menos un punto de interconexión en cada área de servicio local en donde presten servicios. Los puntos de interconexión deben tener la capacidad requerida para cursar el tráfico de interconexión con otras redes, así como contar en todo 17
momento con la capacidad de ampliación para soportar los crecimientos de tráfico que se presenten. El número total de áreas de servicio local será definido por el Instituto. IV. Ofrecer el servicio de roaming nacional de voz, SMS y datos a otros concesionarios en los mismos términos y condiciones en los que prestan los servicios de interconexión móvil o los que determine el Instituto. En ningún caso, las tarifas cobradas por roaming nacional podrán ser superiores a la mínima tarifa que ofrezcan en el mercado minorista, menos los costos evitables. V. Ofrecer interconexión directa en todas las localidades en donde se presten servicios de telecomunicaciones. VI. Proporcionar a los demás operadores, en la forma y plazos que determine el Instituto, la información en materia de interconexión que éste determine, la que deberá incluir, al menos, la relativa a capacidad, infraestructura y coubicaciones disponibles.
Artículo XXX. El operador preponderante o con poder sustancial de mercado deberá presentar al Instituto, para su aprobación, un convenio marco de interconexión que contenga los términos y condiciones a que se obligue con los demás operadores y que les permita a éstos conocer los servicios de interconexión que se ofrecen, los tiempos para la atención de solicitudes de servicios de interconexión, las condiciones técnicas para la interconexión, los principios aplicables a las tarifas de interconexión prevalecientes; así como las tarifas aplicables en su momento, las cláusulas de responsabilidad y obligaciones de no discriminación.
Artículo XXX. En materia de desagregación de elementos esenciales, los operadores preponderantes o con poder sustancial deberán: I.
Poner a disposición de los demás operadores, a tarifas basadas en costos, cualquier servicio, función o elemento de red que permitan a los demás concesionarios reproducir los servicios que el operador preponderante o con poder sustancial ofrezca a los usuarios finales.. Las condiciones no podrán ser menos favorables en calidad, disponibilidad que las ofrecidas por el operador preponderante o con poder sustancial a sus usuarios o a sus propias operaciones, filiales, subsidiarias o cualesquier integrante del grupo de interés económico al que pertenezcan.
II. Ofrecer mediante oferta pública a los demás concesionarios el acceso a los insumos esenciales que permitan la prestación del servicio. Se consideran como insumos esenciales los elementos, servicios, funciones, capacidades o instalaciones de una red pública de telecomunicaciones, que un concesionario, o un grupo de concesionarios posee o provee de modo predominante, y cuya 18
duplicación por parte de otro concesionario no es técnica o económicamente factible pero es necesario para proveer sus servicios; Se considerara como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local. III. Garantizar la desagregación efectiva de la red, de manera que otros operadores puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red del operador preponderante o con poder sustancial. IV. Acatar los precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de implantación que fije el Instituto; y V. Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto.
Artículo XXX. Los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado están obligados a presentar toda la información y documentación relacionada con sus servicios que le sea requerida por el Instituto, en los medios, forma y tiempos que éste determine.
Artículo XXX. El Instituto determinará la condición de operador preponderante en uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, conforme a lo siguiente: I.
El Instituto recopilará la información necesaria para emitir su resolución.
II. La información utilizada será aquella con la que cuente el Instituto al momento de realizar su evaluación. Para tal efecto, el Instituto podrá requerir a los agentes toda la información que considere relevante. III. Para la determinación del porcentaje, el Instituto utilizará, en materia de servicios de telecomunicaciones, como primer criterio el número de usuarios, en segundo lugar el tráfico y luego la capacidad. IV. El Instituto emitirá un proyecto de resolución que será publicado en sus medios de difusión, y lo notificará personalmente al operador que pretenda declararse como preponderante. V. El operador al que pretenda declararse como preponderante, y cualquier otro interesado, contarán con un plazo de diez días para manifestar lo que a su derecho convenga sobre el proyecto de resolución; y VI. El Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la determinación de preponderancia resultó procedente, el Instituto notificará personalmente la resolución al o los operadores preponderantes correspondientes. 19
Artículo XXX. La condición de operador con poder sustancial en uno o más mercados relevantes de telecomunicaciones o radiodifusión será determinada por declaratoria del Instituto, con base en los criterios establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica, conforme a lo siguiente, no siendo aplicable el artículo 33 bis de dicho ordenamiento: I.
El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se pretenda recaiga la declaratoria.
II. La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado: (a) Señalar y acompañar la información y documentación a que se refieren los incisos (a) a (c) del artículo XXX; y (b) Aportar los elementos que puedan ser de utilidad al Instituto para determinar el poder sustancial. III. El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltant.; IV. La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta fracción. V. Dentro de los cinco días siguientes, el Instituto dictará el acuerdo de inicio y mandará publicar un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación. VI. En un término de sesenta días contados a partir de la publicación del extracto, el Instituto formulará los requerimientos de información que estime pertinentes y, con la información recabada y la que obre en su poder, emitirá un dictamen preliminar que será publicado en sus medios de difusión y notificado personalmente al operador al que pretenda declararse con poder sustancial. Los datos relevantes de dicho dictamen se mandarán publicar en el Diario Oficial de la Federación. VII. El operador al que pretenda declararse con poder sustancial, así como los interesados a que se refiere la fracción I de este artículo, incluido el solicitante de la declaratoria, en su caso, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, respecto de la información contenida en el dictamen preliminar. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador al que pretenda declararse con poder sustancial, a partir del día siguiente al
de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y VIII. En un plazo de cuarenta días contados a partir de la integración del expediente, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución al operador con poder sustancial. Artículo XXX. En adición a las obligaciones previstas en este capítulo, el instituto establecerá para cada operador preponderante o con poder sustancial, otras obligaciones específicas conducentes a la eliminación de las limitaciones a la competencia y libre concurrencia derivadas de tal condición, conforme al siguiente procedimiento: I.
En el término de “n” días contados a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto publicará en sus medios de difusión y notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado, el proyecto de resolución correspondiente, debiendo publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación.
II. El operador preponderante o con poder sustancial y los interesados, entendiéndose como tales a los usuarios, clientes o competidores de dicho operador, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto del proyecto de resolución. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador preponderante o con poder sustancial de mercado, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después. III. En un término de treinta días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, el instituto emitirá, notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado y ordenará la publicación de la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación. La resolución contendrá la forma y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones específicas.
Artículo XXX. Cuando debido a la evolución tecnológica o a cualquier otra causa, se presenten cambios en las circunstancias prevalecientes al momento en que se hayan establecido las obligaciones específicas, el Instituto, mediante el desahogo del procedimiento previsto en el artículo anterior, deberá ampliar dichas obligaciones o realizar las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en este Capítulo.
Artículo XXX. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere esta Ley, el Instituto establecerá todas aquellas medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para: I.
Contrarrestar los efectos de la concentración de mercado.
II. Limitar el ejercicio indebido de la capacidad de los agentes preponderantes o con poder sustancial de mercado y fomentar el equilibrio entre los diversos operadores. III. Garantizar la eficiente operación e interoperabilidad de las redes, garantizando el acceso a los insumos esenciales de los operadores preponderantes o con poder sustancial, en condiciones de equidad. IV. Permitir a los operadores la integración de ofertas competitivas bajo condiciones de eficiencia operativa; y V. En general, garantizar condiciones de competencia efectiva en los servicios y mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.
Artículo XXX. Las obligaciones previstas en este Capítulo, así como las que establezca el Instituto en los términos del mismo, se extinguirán en sus efectos una vez que el operador de que se trate deje de tener la condición de preponderante o de operador con poder sustancial de mercado, previa declaratoria que emita el Instituto conforme al procedimiento previsto en el artículo “XXX” o “XXX”, según corresponda.
Artículo XXX. La autorización a los operadores preponderantes para la prestación de nuevos servicios, adicionales a los que son objeto de su concesión, o para transitar al modelo de concesión única, se condicionará al cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo y a las medidas que determine el Instituto conforme a sus facultades. El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este artículo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y determinará las contraprestaciones correspondientes.
Artículo XXX. Los operadores preponderantes o con poder sustancial en los servicios o mercados de telecomunicaciones o televisión radiodifundida, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Estos operadores deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto determinará la tarifa bajo principios de libre competencia y concurrencia. 22
El Instituto sancionará con la revocación de la concesión a los operadores preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros operadores, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos.
Artículo XXX. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado dará lugar a las sanciones establecidas en la presente Ley. En caso de reincidencia, el Instituto ordenará la separación funcional o estructural y, en su caso, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de dichos operadores o de los agentes que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, en las proporciones que sean necesarias para eliminar su condición de preponderantes o su poder sustancial de mercado. Estas medidas correctivas también serán establecidas por el Instituto en caso de que las medidas de fomento a la competencia en su conjunto resulten insuficientes para garantizar la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. (Transitorios relativos a este capítulo) XXX. Los artículos “XXX1”, “XXX2” y “XXXn” no serán aplicables a las declaratorias y obligaciones específicas cuyos procedimientos hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. XXX. Los operadores a quienes se declare preponderantes o con poder sustancial de mercado, podrán continuar aplicando a sus usuarios finales las tarifas que efectivamente les cobraban hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, sin que se requiera la previa aprobación del Instituto prevista en el artículo XXX.
CAPITULO CUARTO. REGULACION ASIMETRICA La regulación de las telecomunicaciones en México ha resultado ineficaz y dispersa porque es aplicada de manera general a todos los participantes en la industria. Resulta fundamental adoptar las mejores prácticas internacionales acreditadas en diversas directivas, recomendaciones y acuerdos internacionales, como el Documento de Referencia de la OMC, consistentes en regular de forma específica los Operadores Preponderantes (OP) o con Poder Sustancial de Mercado (OPSM) que son los que determinan las condiciones imperantes en cada mercado, al tiempo que se otorga mayor flexibilidad al resto de los operadores para adoptar estrategias que les permitan desarrollarse y consolidar una posición de mercado que permita su viabilidad de largo plazo.
La regulación específica debe asegurar la eficiente operación e interoperabilidad de las redes, garantizando el acceso de los operadores a la interconexión de más insumos esenciales que controlan los OP y OPSM, en términos y condiciones que no podrán ser menos favorables a los que el OP u OPSM se otorga a sí mismo y que permitan al resto de los operadores integrar ofertas competitivas bajo condiciones de eficiencia operativa. Asimismo, la regulación específica deberá definir y prohibir todas las prácticas anticompetitivas de los OP y OPSM que atenten contra el interés de los consumidores y el desarrollo de la competencia. En particular, y atendiendo al grado extremo de concentración que persiste en México, la regulación específica deberá eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia y combatir prácticas discriminatorias, asegurando que: a) Cualquier servicio, función o elemento de red que los OP y los OPSM ofrezcan a sus usuarios deberá estar disponible para sus competidores en condiciones de mayoreo, que no podrán ser menos favorables en calidad, disponibilidad y precio que las ofrecidas a sus clientes o sus propias operaciones, de sus filiales y subsidiarias. b) Cualquier servicio, función o elemento de red del OP y OPSM deberá ofrecerse en forma desagregada y en condiciones que permitan a los demás concesionarios reproducir los servicios que el OPSM ofrezca a los usuarios finales. c) Las condiciones de servicio, calidad y precio, incluyendo empaquetamientos y promociones, que ofrezca el OP y el OPSM a sus usuarios para comunicarse dentro de su propia red no podrán ser más favorables que las correspondientes a comunicaciones destinadas a las redes del resto de los operadores. d) Todo concesionario considerado como OP u OPSM está obligado a ofrecer mediante oferta pública a los demás concesionarios el acceso a los insumos esenciales que permitan la prestación del servicio en el cuál es considerado OP u OPSM. Se considera como insumo esencial los elementos, servicios, funciones, capacidades o instalaciones de una red pública de telecomunicaciones que un concesionario, o un grupo de concesionarios posee o provee de modo predominante, y cuya duplicación por parte de otro concesionario no es técnica o económicamente factible pero es necesario para proveer sus servicios. e) El OP y el OPSM operarán bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Se considerara como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local.
El OP y el OPSM deberán ofrecer el acceso a los insumos esenciales a los concesionarios como máximo a los 90 días de haberse impuesto la obligación mediante oferta pública y con tarifas basadas en costos. Los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del OP y el OPSM y el punto de acceso a las mismas.
g) El IFETEL podrá intervenir para fijar precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones. h) IFETEL determinará tarifas de interconexión asimétricas para el OP y OPSM con base en un modelo de costos que considere las economías derivadas de su mayor escala de operación. Las tarifas de interconexión podrán ajustarse a la baja como resultado de lo señalado en el inciso k) para asegurar condiciones de equidad en el proceso de competencia. i)
El OP y el OPSM deberán ofrecer al menos un punto de interconexión en cada área de servicio local en donde preste servicios. El número total de áreas de servicio local será definido por IFETEL
El OP y el OPSM deberán someter, para aprobación de IFETEL, todas y cada una de las tarifas que pretendan comercializar por la provisión de cualquier conjunto o subconjunto de servicios, incluyendo aquellas tarifas que, para estos mismos servicios, formen parte de cualquier tipo de oferta, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, ya sean de carácter permanente o temporal.
k) Los OP y OPSM deberán someter también a la autorización de IFETEL la tarifa de cualquier servicio o Paquete de Servicios que pretenda comercializar en donde cualquiera de los componentes que integran el Paquete de Servicios, se encuentre disponible para cualquier persona física que así lo solicite, de forma desagregada y al precio imputado en la solicitud que, en su caso, apruebe IFETEL l)
El OP y el OPSM no podrán aplicar, en ningún caso, tarifas y condiciones al resto de los operadores que sean más desfavorables que las ofrecidas a sus clientes finales. La aprobación de sus tarifas se sujetará a la condición de hacer extensivos los beneficios de las menores tarifas al resto de los operadores, incluyendo las tarifas implícitas por servicios, capacidades y funciones desagregadas, como la terminación de llamadas en su red.
m) El OP y el OPSM no podrán establecer cualquier convenio de exclusividad para la comercialización de terminales, contenidos servicios, redes de distribución, publicidad, entre otros. n) El OP y el OPSM no podrán establecer ningún tipo de bloqueo sobre las terminales que comercializan, ni limitar el uso y acceso a los mismos a otros operadores.
o) Deberá ofrecer el servicio de roaming nacional a otros concesionarios en los mismos términos y condiciones en los que presta los servicios de interconexión móvil. p) El OP y el OPSM deberán presentar la información sobre sus servicios en los formatos y tiempo que para tal efecto defina el IFETEL. q) El OP y el OPSM deberán cumplir con los estándares mínimos de calidad que defina IFETEL tanto para los servicios finales a los usuarios como para los servicios intermedios que presten a sus competidores. r) Ofrecer a los demás concesionarios los servicios de manera desagregada. La desagregación deberá ofrecerse en al menos dos niveles: i) La oferta al por mayor de los servicios finales que ofrece a sus clientes y, ii) la oferta desagregada del servicio, medio físico o de funciones técnicas o lógicas. 1. Venta al por mayor de los servicios que ofrece a sus usuarios finales. 1. 2. 3. 4.
Voz fijo o móvil Datos, Banda ancha fija o móvil Líneas privadas y accesos dedicados Entre otros.
2. Venta u oferta desagregada de medios físicos, servicios, funciones, etc. que se ofrecerán a concesionarios. 1. 2. 3. 4.
Acceso móvil. Bucle local fijo. Line sharing. Otras que se definan
s) El concesionario preponderante deberá ofrecer los servicios a los concesionarios como máximo a los 90 días de haberse impuesto la obligación mediante una oferta pública. t) Los precios, según el caso, deberán no ser mayores a la resultante de la diferencia entre la tarifa final y los costos evitados o deberán ser equivalentes a los costos incrementales de largo plazo. En ambos casos, el Ifetel regulará las tarifas con base en costos. La autorización para la prestación de nuevos servicios a los OP, adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, se sujetará al cumplimiento de las medidas anteriores y a las medidas adicionales que determine el IFETEL conforme a sus facultades. El IFETEL deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes. 26
Se considerará como agente económico preponderante (OP), a cualquier operador que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en la prestación de alguno de los siguientes servicios, de manera enunciativa más no limitativa: servicios fijos de telefonía, servicios móviles de telefonía, servicios fijos de banda ancha para acceso a internet, servicios móviles de banda ancha para acceso a internet, servicios de televisión restringida y servicios de radiodifusión, que incluyen los servicios de televisión y de radio. La determinación de este porcentaje se determinará ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
CAPITULO QUINTO. ASPECTOS RELACIONADOS CON CONCESIONES / PERMISOS Los costos, derechos y pagos por las concesiones y/o permisos deberán ser costos administrativos y no porcentajes de ingresos o cualquier otro tipo de cargos. No se deben incluir obligaciones innecesarias en las concesiones/permisos ya que se convierten en cargas pesadas para el operador y se presenta información que nunca es utilizada por el regulador. Solicitar únicamente información necesaria que realmente vaya a ser procesada y utilizada por la autoridad y que cumpla una función real. Los procedimientos para la obtención de concesiones/permisos deberán ser sencillos (ir más allá del Acuerdo para obtener concesión de red pública de telecomunicaciones actual). Se sugiere analizar el modelo contemplado por la regulación europea, en el cual el acuse de recepción de la solicitud de autorización es la autorización en sí para la prestación de servicios. Si la intención es que la iniciativa privada preste servicios e instale infraestructura, la autoridad deberá tener una intervención mínima en la emisión de autorizaciones, ya que tradicionalmente, la barrera de entrada al mercado es la concesión/permiso que está sujeta al actuar de la autoridad. Tener procesos transparentes para las solicitudes de concesión/permiso y que la transparencia sea uno de los principios fundamentales en la nueva regulación. Especial cuidado habrá que poner en el Registro de Telecomunicaciones.
CAPITULO SEXTO. INTERCONEXIÓN 6.1 Se establecen las siguientes definiciones:
Interconexión: La conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes pública de telecomunicaciones (RPTs), que permite la Conducción de Tráfico entre dichas redes y/o entre Servicios de Telecomunicaciones prestados a través de las mismas, de manera que los usuarios de una de las RPTs puedan conectarse e intercambiar Tráfico con los usuarios de la otra RPT y viceversa, o bien utilizar Servicios de Telecomunicaciones proporcionados por la otra RPT. Los Servicios de Telecomunicaciones pueden ser provistos por los propios concesionarios o por algún otro proveedor autorizado al efecto. Incluye a los Servicios Auxiliares Conexos. Servicios Auxiliares Conexos: Servicios que forman parte de los Servicios de Interconexión necesarios para la Interoperabilidad de las RPTs o para proveer Servicios de Telecomunicaciones a Usuarios, que incluyen entre otros, los servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido, vía operadora, de Facturación y de Cobranza y los demás que la Comisión determine de manera casuística. Para promover y propiciar una interconexión eficiente, los concesionarios preponderantes tendrán las siguientes obligaciones: I.
Ofrecer interconexión directa en todas las localidades en donde se presten servicios de telecomunicaciones y de adoptar diseños de arquitectura de red abiertos.
Atender las solicitudes por Servicios de Interconexión de terceros en estricto orden de prelación, con tiempos máximos y con la misma calidad los servicios propios.
Compartición de infraestructura y de desagregación de red para los concesionarios preponderantes o con declaración de poder sustancial en el mercado.
Proveer la información en materia de interconexión requerida por la Autoridad u otros concesionarios, en plazos máximos determinados, incluyendo capacidad e infraestructura disponible y lista de direcciones de las coubicaciones disponibles, por mencionar algunas.
Presentar un Convenio Marco de interconexión que contenga los términos y condiciones que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán suscribir con dicho operador y que les permita conocer los servicios de interconexión que se ofrecen, los tiempos para la atención de solicitudes de servicios de interconexión, las condiciones técnicas para la interconexión, los principios aplicables a las tarifas de interconexión prevalecientes; así como las tarifas aplicables en su momento, las cláusulas de responsabilidad y obligaciones de no discriminación. Lo anterior permite a los concesionarios suscribir el convenio marco de interconexión, sin la necesidad de someter un desacuerdo a IFETEL.
La interconexión entre concesionarios es de orden público y el Instituto resolverá y ordenará sobre lo que no hayan podido convenir los concesionarios, en un plazo máximo de 60 días. El Instituto siempre resolverá sobre tarifas de interconexión utilizando un modelo de costos que será previamente publicado en el DOF, y no incluirá costos ajenos al servicio de interconexión. Los concesionarios de servicio local interconectados entre sí, celebrarán acuerdos compensatorios y no facturarán los servicios que correspondan.
6.2. Propuestas Iniciales hacia un Texto Reglamentario en Interconexión. Artículo XXX. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, el Instituto, dentro de los 60 días naturales siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse. Cualquier concesionario podrá solicitar en cualquier momento modificaciones al convenio de interconexión previamente firmado con otro concesionario, aún estando vigente dicho Convenio, siempre y cuando a juicio del Instituto, sea técnica y económicamente factible, así como en beneficio del interés general. En tal caso, se estará a los plazos previstos en el párrafo anterior. En caso de que la condición no convenida sea la tarifa de interconexión, el Instituto la determinará con base en el modelo de costos que para tal efecto haya elaborado, el cual deberá promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y estar acorde con las mejores prácticas internacionales. Las resoluciones derivadas de desacuerdos de interconexión serán obligatorias para las partes intervinientes en dicho procedimiento, y éstas tendrán la obligación de trasladar los términos y condiciones resueltos por el Instituto a todos los concesionarios con los que tengan suscrito a la fecha de la resolución en mención, un convenio de interconexión, cuando así lo solicite alguno de esos concesionarios.
Artículo XXX. El Instituto tendrá facultades para ejecutar y hacer cumplir todas sus resoluciones en materia de interconexión, y para tales efectos, podrá decretar medidas de apremio.
CAPITULO SÉPTIMO. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES I.
La banda ancha debe ser considerada como infraestructura prioritaria para la recepción de incentivos y financiamientos gubernamentales para su despliegue y adopción. Establecer en la Ley que se deberá contar con un plan de banda ancha revisable anualmente, que sea sometido a consulta pública, esto pudiera estar incluído además en el plan sectorial.
El Sistema Nacional de Planeación Democrática deberá incluir dentro su programa sectorial un apartado sobre la política a seguir en Banda Ancha acorde con las metas establecidas en la reforma constitucional.
Las dependencias y entidades del Gobierno Federal estarán obligadas a compartir su infraestructura a los concesionarios que se los soliciten, sobre condiciones no discriminatorias.
Se desarrollarán las Normas Oficiales necesarias para permitir la instalación de ductos, postes y demás infraestructura.
El IFETEL establecerá la normativa para las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal para que incluya ductos e infraestructura para el despliegue de redes de telecomunicaciones, en todas las obras de infraestructura que lleven a cabo.
El IFETEL creará un registro público de infraestructura de las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para el logro de este fin.
Las redes de telecomunicaciones del Estado sólo operarán como operadores mayoristas “carrier de carriers” y garantizarán el acceso a sus servicios en condiciones no discriminatorias y a precios competitivos, orientados a costos. Se debe estipular claramente que ambas redes mayoristas no podrán realizar ventas a entidades de gobierno, si así lo hicieran tendría que ser con las reglas licitación pública.
CAPITULO OCTAVO. RADIODIFUSIÓN
Para generar un entorno regulatorio propicio para la libre competencia y la libre concurrencia en materia radiodifusión, se propone que los concesionarios tengan las siguientes obligaciones: I.
Registro ante el Instituto de tarifas de publicidad y oferta de servicios de forma no discriminatoria.
Prohibición de acuerdos de exclusividad en materia de transmisión de publicidad.
Prohibición de realizar subsidios cruzados para concesionarios de TV abierta y restringida, con las operaciones de sus filiales y subsidiarias. Motivado de que cada concesión debe ser sustentable, debe existir la prohibición del uso de recursos generados y/o provenientes de una unidad de negocio que cuente o no con su propia concesión para el subsidio de una segunda en donde ésta última sea favorecida con beneficios de contenido, impuesto o financiamiento fuera de los estándares del mercado.
Registro de tarifas y prohibición realización de acuerdos de exclusividad aplicable a productores de contenido que ofrezcan sus canales a los concesionarios de TV restringida.
Al igual que los concesionarios de TV satelital, los concesionarios de TV restringida terrestre solo deberán retransmitir las señales que cubran más del 50% del territorio nacional, siempre y cuando tengan un solo centro de transmisión y control nacional y cubran múltiples entidades. Para lo anterior, como señal radiodifundida de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional, deberá entenderse aquella que sea radiodifundida por uno o más concesionarios que estén encadenados o que enlacen por lo menos el setenta por ciento de una misma señal, sin tomar en cuenta la publicidad. Para el caso de multiprogramación, cada uno de los canales de programación se considerará individualmente para el cálculo de la retransmisión; en el entendido de que si dos o más canales tienen la misma programación, el concesionario de televisión restringida podrá elegir libremente cualquiera de ellos, privilegiando al que tenga la mejor calidad de señal.
La obligación “must offer”, se llevará a cabo previa solicitud y en un plazo máximo de 5 días.
En el caso de que la señal no pueda ser captada en el aire por el concesionario de televisión restringida, el concesionario de señal radiodifundida deberá entregar en el mismo plazo, la señal mediante códigos de acceso si se transporta vía satélite, o mediante entrega física en cualquier centro de transmisión.
La obligación de “must carry”, se llevará a cabo previa solicitud y en un plazo máximo de 60 días para adecuar sus sistemas.
Cuando un usuario lo solicite, el operador de TV restringida proveerá los equipos necesarios para la TDT, lo que estará contemplado en los programas actuales para la transición.
Regulación de Programación: El IFETEL debe de estar facultado para regular la programación difundida en la televisión y la radio, incluyendo la televisión restringida, mediante normas generales que todos los concesionarios deberán cumplir, para poder garantizar los principios establecidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución. De lo contrario, se podría ver impedido para regularlos eficientemente dados los constantes cambios tecnológicos y culturales que hacen que las leyes se vuelvan rápidamente obsoletas.
Otorgar la facultad al IFETEL para emitir disposiciones administrativas que sirvan para regular en materia programación y publicidad, adicionando las facultades de la Ley de Radio y Televisión.
Mantener la regulación en publicidad en materia electoral que establece la Ley de Radio y Televisión.
Se elimina la participación del Consejo Nacional de Radio y Televisión, en el entendido de que el IFETEL deberá escuchar a los interesados conforme lo hacía dicho Consejo Nacional de Radio y Televisión. El Instituto resolverá y ordenará lo correspondiente en los desacuerdos entre concesionarios de TV restringida y/o radiodifundida en materia de determinación de tarifas y obligaciones de retransmisión de las señales radiodifundidas.
CAPITULO NOVENO. SATÉLITES
En relación con la regulación que deberá elaborar el Congreso en materia de telecomunicaciones, será importante considerar algunos aspectos relacionados con las comunicaciones vía satélite y con temas relacionados con las concesiones y/o permisos para prestación de servicios de telecomunicaciones. Consideramos que estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la industria en México y por lo tanto sugerimos sean considerados en la regulación que al efecto se emita.
9.1 Aspectos en materia satelital: 1. Necesidad de proteger los servicios satelitales de interferencias perjudiciales. Las concesiones y/o permisos deben incluir algún texto que haga referencia a la protección contra interferencias perjudiciales. Esto brinda seguridad a los servicios que se hayan autorizado. El IFETEL debe contar con facultades para emitir reglas específicas relacionadas con los procedimientos para solucionar problemas de interferencias, basándose en principios y recomendaciones adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 2. Necesidad de promover la industria satelital en México. Se deben adoptar principios reconocidos en instrumentos internacionales (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) para permitir el uso de posiciones orbitales. Utilizando éstos principios internacionales se fomentará que la iniciativa privada inicie trámites ante la UIT en conjunto con la administración mexicana, para que se puedan asignar posiciones orbitales a México. En este sentido, la regulación mexicana deberá reflejar los mismos principios que los compromisos asumidos por México en tratados internacionales. Será importante no solicitar requisitos de infraestructura que no son necesarios para la prestación de servicios satelitales. Con las tecnologías satelitales, no es necesario instalar infraestructura en cada país en donde se presta el servicio, puesto que además de hacer los servicios más ineficientes, incrementa innecesariamente el costo, afectando únicamente al consumidor final. Para el uso de satélites extranjeros en México no se considera necesario solicitar una concesión. Los satélites extranjeros que cubren México simplemente requieren de una persona de ventas para ofrecer la capacidad satelital a los concesionarios y/o permisionarios. Cualquier gasto adicional en que tengan que incurrir impactará en el precio de dicha capacidad. Adicionalmente, existen otros países en donde únicamente se debe inscribir al satélite extranjero en un registro. Esta autorización deberá ser simple en la nueva regulación. Se debe contemplar en la regulación convergente, que existen servicios que se prestan a través de satélites. Normalmente la regulación se hace pensando en redes cableadas o terrestres y
el regulador intenta aplicar esos principios a los servicios satelitales. El resultado es que se piden requisitos que los servicios satelitales no pueden cumplir o que realmente no son necesarios. Los operadores satelitales cuentan con varios satélites y es común que exista la necesidad de mover los satélites de una posición orbital a otra para atender necesidades de mercado, cuestiones de emergencia o simplemente para ser más eficientes. Es importante que la regulación que se vaya a emitir sea flexible al respecto y no imponga restricciones innecesarias para que el operador pueda administrar su flota satelital de manera eficiente, por lo que se debe otorgar esa flexibilidad a los concesionarios y/o permisionarios satelitales para la administración de su flota satelital. 3. La IFETEL otorgará mediante asignación directa, siempre y cuando se justifique que se cuenta con los recursos técnicos y económicos suficientes, la concesión para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales a las Dependencias y Entidades de la Administración Federal, que serán utilizadas única y exclusivamente para la operación de las redes de seguridad nacional y para prestar prestar servicios de carácter social y no podrán prestar servicios comerciales. 4.
Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales y órbitas geoestacionarias asignadas al país, se podrán otorgar directamente a empresas privadas a petición de parte, las cuales se encargaran de cumplir con las disposiciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para poner en operación un satélite. Por el otorgamiento de este tipo de Concesión, se pagará una contraprestación única y la vigencia de la misma deberá ser de 20 años.
En las Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales y órbitas geoestacionarias asignadas al país, se deberá de eliminar la condición de reserva capacital para la operación de las redes de redes de seguridad pública y servicios de carácter social en favor del Estado (denominada como Capacidad Satelital de Reserva del Estado).
Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales y órbitas geoestacionarias asignadas al país, podrán establecer los Centros de Control y Operación de los satélites respectivos en el extranjero.
Eliminar el procedimiento del otorgamiento de Permisos para instalar y operar Estaciones Terrenas, de tal forma que los interesados puedan instalar las estaciones terrenas para satisfacer sus necesidades de comunicación contratando
libremente el segmento espacial con los operacores nacionales o extranjeros que cuenten con autorización del IFETEL. 8.
El IFETEL realizará el proceso para el otorgamiento de concesioes de posiciones orbitales y órbitas satelitales con sus bandas de frecuencias asociadas adjudicadas al país. Asi mismo a petición de parte deberá realizar la solicitud de modificación de parámetros técnicos, de dichas posiciones orbitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con el objeto de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios en el país.
Derogar y/o modificar el Reglamento de Comunicación Vía Satélite publicado en el DOF el 1 de agosto de 1997.
CAPITULO DÉCIMO. PROPUESTAS SOBRE LA RED MAYORISTA 10.1
Propuesta para el Plan Sectorial / Decreto
Para regular de forma no discriminatoria y en términos competitivos, la instalación y operación de las dos redes públicas de telecomunicaciones propiedad del Estado, se han propuesto en la reforma las siguientes disposiciones: 1. Que la SCT y el Instituto, mediante posibles esquemas de inversión pública y privada, entre el año 2014 y el 2018, instalarán una red pública compartida inalámbrica de telecomunicaciones, para el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, la cual aprovechará 90 MHz del espectro en la banda 700 MHz y cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en su instalación y operación. 2. Que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red troncal compartida inalámbrica. 3. Que tanto la red operada por Telecom (cedida por CFE), como la red troncal compartida inalámbrica de telecomunicaciones, estén obligadas a de compartición de toda su infraestructura y venta desagregada de sus servicios y capacidades, a precios competitivos y en términos no discriminatorios, exclusivamente para comercializadores y operadores de redes de telecomunicaciones, los cuales tendrán que ofrecer las mismas condiciones a los demás operadores y comercializadores. 4. Que el crecimiento de la red troncal prevea la inversión pública, privada o mixta, e incluya un programa de banda 35
ancha en lugares públicos que identifique los sitios a conectar cada año. 5. Que se identifiquen los sitios públicos federales, ductos, postes y derechos de vía y se determinen los derechos por su uso por parte de los concesionarios para el despliegue de sus redes; y 6. Que el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que establecerá los principios rectores para la reorganización del espectro y el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz, lo haga bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo.
Para llevar a cabo lo señalado anteriormente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con Ifetel, previa consulta con la industria desarrollará y publicará en los próximos seis meses, los elementos principales que permitirán al Estado garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones (transitorio Décimo Sexto); entre estos se pueden considerar los siguientes: 1. Objetivos de la red mayorista inalámbrica Garantizar la instalación de una red pública compartida mayorista que utilizará al menos 90 MHz de la banda de 700 para impulsar el acceso a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. 2. Esquemas de participación del Estado La red mayorista se constituirá bajo la figura asociación público privada.
El Estado aporta diversos activos (incluyendo el espectro y la fibra óptica de CFE que operará Telecomunicaciones de México), y demás recursos públicos aprovechables para su implementación y operación, así como derechos de vía; por su parte, la Iniciativa Privada podrá participar con la inversión complementaria para implementarla. Las aportaciones del Estado deberán ser valoradas a precios de mercado y las condiciones de costo, acceso y disponibilidad que se otorguen a la red mayorista inalámbrica deberán hacerse extensivas al resto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, cuando sea técnicamente factible y de manera no discriminatoria, a fin de proteger la equidad del proceso de competencia.
3. Otros recursos del Estado y subsidios En caso de ser necesario para hacer asequibles los servicios en algunos segmentos de la poblaciรณn y/o zonas geogrรกficas se asignarรกn subsidios o fondos para facilitar la expansiรณn y operaciรณn de la red. En adiciรณn, se contemplarรก la utilizaciรณn de otras bandas de frecuencia, por ejemplo, la de 2.5 GHz. 4. Conformaciรณn del APP El APP se conformarรก teniendo en cuenta al menos los siguientes aspectos: a. Independencia de la operaciรณn. La operaciรณn e instalaciรณn serรก realizada por una empresa privada bajo la direcciรณn del APP, siendo esta un tercero neutral e independiente de los concesionarios y deberรก contar con capacidad tรฉcnica y prestigio reconocido. Para garantizar el operador de la red no serรก sujeto de la influencia individual (ni colectiva de sus miembros) se deberรก considerar las siguientes reglas: b. Participaciรณn abierta No se impedirรก la participaciรณn de ningรบn interesado, es decir, no habrรก piso de inversiรณn a interesados (parece ser lo mรกs congruente si la red va a operar bajo principios de red abierta y sin discriminaciรณn c. Participaciรณn del agente preponderante o con poder sustancial en los servicios de banda ancha mรณvil u otro de telecomunicaciones. En caso que un miembro del APP sea considerado por el Ifetel como agente preponderante o con poder sustancial en los servicios o mercados relevantes relacionados a los de la red mayorista, no participarรก o deberรก retirarse del APP. d. Aprovechar recursos de red ya instalados. Eficiencia. Los miembros del APP podrรกn aportar capital financiero asรญ como activos y demรกs recursos de red (fibras, torres, sitios, etc.) u capacidades (ejem. IRUs Gigabytes) necesarias para la instalaciรณn, operaciรณn y explotaciรณn de la red mayorista. Estos recursos deberรกn ser sujetos de valuaciรณn por un perito especializado.
e. Influencia limitada o participación (tipo club)
Los miembros del APP participarán en la toma de decisiones (o podrán emitir opinión sin que ello signifique influencia), respecto de la política tarifaria, proceso de despliegue de la red, tipos de servicios e infraestructura que se ofrecerá, etc. pero limitados a los establecido, en materia de las obligaciones, en el título de concesión y a los compromisos adquiridos en la licitación (o asignación directa) relacionados con las políticas públicas objeto de la red mayorista. f. Mecanismos para incentivar participación (o preventa) Los miembros del APP tendrán derechos a emitir opinión, respecto al despliegue de la red, política de precios. g. Retribución a la inversión La política tarifaria deberá permitir a los miembros del APP la recuperación de al menos del costo de capital y los gastos operativos.
Supervisión del APP y la operación de la red
El IFETEL supervisará: 1. La independencia del operador de la red respecto de sus concesionarios, y que sus servicios se presten de manera transparente, no discriminatoria. 2. Que la infraestructura de la red sea debidamente compartida y se haga un uso eficiente del espectro. El operador que pueda mejorar el uso eficiente del espectro colocando parte de este, deberá considerar la colocación de la parte sin utilización óptima en el mercado secundario para uso de otros operadores. 3. Que la red mayorista reciba los servicios de roaming del agente preponderante o con poder sustancial en el mercado, considerando la regulación asimétrica que establezca el IFETEL. 4. Que la red mayorista obtenga los servicios de interconexión de las redes principales de manera expedita.
Elección del APP
La elección del APP que explotará la red se hará bajo el marco regulatorio y teniendo en cuenta la ley del APP.
Servicios habilitados con red mayorista: 1. Comercializadora de Servicios de Telecomunicaciones a. Para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener carácter de red pública, se requiere Autorización del IFETEL. b. La IFETEL autorizará a toda persona física o moral para establecer y operar o explotar una comercializadora de cualquier servicio de telecomunicaciones. c. Se entiende por Comercializadora de servicios de telecomunicaciones, toda persona que sin ser propietaria o poseedora de medios de transmisión proporciona a terceros servicios de telecomunicaciones mediante el uso de capacidad de un concesionario de servicios públicos. d. Las Comercializadoras no podrán de manera directa o indirecta comercializar o intercambiar los servicios con operadores de redes y servicios de telecomunicaciones extranjeros o ubicados fuera del territorio nacional.
CAPITULO ONCEAVO. PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA DIGITAL
Eje del Plan Nacional de Desarrollo que se atiende: México Incluyente Objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Estrategia
a. La definición de un programa en el que se establezca la adopción gradual de manera obligatoria de uso del expediente clínico electrónico, sistemas de radiología digital y laboratorios clínicos digitales, en las instituciones públicas de salud, federales y estatales, incluyendo instituciones como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como en las privadas. b. El establecimiento de un programa de
Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad
incentivos para hospitales y clínicas privadas para la adopción voluntaria de los expedientes clínicos electrónicos. c. La definición de un programa para la introducción gradual de servicios de telemedicina en hospitales del gobierno. d. Promover la adopción de sistemas de agenda electrónica de citas médicas y acceso a especialistas en línea, que permitan hacer un uso más eficiente del tiempo y los recursos. Considerar elementos de control biométricos para asegurar la prestación de los servicios y la ocupación del tiempo de médicos y especialistas que actúan como servidores públicos. e. Que las instituciones de salud que ofrezcan servicios médicos a sus derechohabientes incorporen servicios de telesalud para el monitoreo y pronta atención de jubilados, personas de la tercera edad o cesantía, en condiciones de trabajo remotas o extremas, grupos vulnerables, diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónicas y con capacidades diferentes.
a. Plataformas de aprendizaje. Fomentar el desarrollo y adopción de plataformas de administración y gestión del aprendizaje que permita a los alumnos, académicos y padres de familia acceder a información y material relacionada a cursos, reportes, circulares, avisos, exámenes, calificaciones, entrega de trabajos y acceso a recursos de aprendizaje así como a la colaboración virtual entre alumnos y equipo docente. Que fomenten la educación a distancia y donde se podría retomar el antiguo concepto de la “telesecundaria”, pero ahora con los modernos recursos. b. Contenidos. Habilitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que la Nube Federal Educativa sea un vehículo de despliegue de contenidos interactivos para los niños y niñas de Educación Primaria y Secundaria y cuente con aplicaciones que automaticen la gestión y la generación de información de
Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad Estrategia 3.1.1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. Estrategia 3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Estrategia Transversal I. Democratizar la productividad. Diseñar e impulsar, junto con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, la puesta en marcha de actividades dirigidas a la creación y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje a través de plataformas digitales.
inteligencia en la Educación. c. Acceso. Asegurar el acceso a contenido digital a través de cualquier equipo terminal inteligente con conectividad, tabletas de bajo costo, laptops y desktops. d. Capacitación adultos. Habilitar plataformas de capacitación a maestros, adultos mayores, carreras técnicas, amas de casa, personas con capacidades diferentes, entre otros.
Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno. Contar con un sistema único para el control escolar, basado en la utilización de tecnologías de la información y registros estandarizados.
Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno. Modernizar la Administración Pública Federal con base en el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
a. La elaboración de estudios y evaluaciones en el corto plazo para identificar los beneficios y riesgos de la adopción del cómputo en la Nube en el gobierno; b. La definición de un proceso, programa específico para la identificación por parte de las Secretarías de Estado de servicios susceptibles de ser migrados a la nube. c. El establecimiento de un cronograma de migración a la nube de los servicios identificados, entre los que se pudieran incluir los siguientes: - El correo electrónico de las dependencias federales - Los sistemas de administración/atención a clientes/ciudadanos (CRM) - Almacenamiento de información diversa y digitalización de documentos.
d. El acceso a aplicativos e información relevante. e. La correlación y complemento de sistemas de información f. El almacenamiento en sistemas auditables de información contable, fiscal, ejercicio presupuestal, inversiones, entre otros. g. Transmisión digital y almacenamiento de programación cultural, actos públicos, sesiones de organismos públicos, y su disponibilidad al público en general. h. La creación de un registro y portal abierto a proveedores y desarrolladores de soluciones para sector gobierno que esté disponible para las dependencias de la administración pública en el que se identifiquen los principales servicios que están siendo implementados y permita agregar la demanda de las dependencias. i. El establecimiento de normatividad y criterios para la atención y seguimiento de trámites así como la recepción y trámite de promociones y escritos en forma electrónica, mediante el empleo de tecnologías de la información y firma electrónica. j. Formulación de planes y contratación de infraestructura adecuada para garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de la información, así como la continuidad en la prestación de servicios en caso de desastres. k. Uso de la tecnología y correlación de eventos para brindar servicios de protección, combate al crimen organizado y seguridad nacional a la ciudadanía. l. Vinculación de información y bases de datos nacionales para la prestación eficaz de servicios al público en general, evitando duplicidad y detectando inconsistencias para su resolución.
Propuesta canieti para las leyes secundarias 29 08 13
israelbarcenas

References: resolución 
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 artículo 33
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