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Timestamp: 2018-08-21 16:38:00+00:00

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Derecho Sanitario y Función Pública: HISTORIA DE UNA ALEGALIDAD (¿ILEGALIDAD?) "PRESCRIPTORA" ENFERMERA
HISTORIA DE UNA ALEGALIDAD (¿ILEGALIDAD?) "PRESCRIPTORA" ENFERMERA
El pasado viernes 23 de octubre de 2015 se aprobó en Consejo de Ministros el ansiado Real Decreto que ha de regular el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte de las enfermeras. Las expectativas depositadas por este colectivo profesional en esa norma eran muy altas porque, en teoría, con ella se iba a poner fin a la sempiterna situación de “alegalidad” a la que el legislador le había abocado desde que se aprobara, allá por el año 2006, la Ley 29/2006, de 26 de julio, conocida como “del Medicamento” (actualmente derogada, en su práctica totalidad, por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio).
¿¿Peligro, Enfermera??
Breve exégesis legislativa: rectificación tras rectificación
Conviene hacer un poco de memoria y recordar que para encontrar una referencia, además implícita, a las enfermeras en el texto originario de la Ley 29/2006 había que acudir a su disposición adicional duodécima, en la que, simplemente, se decía que: “Para facilitar la labor de los profesionales sanitarios que, de acuerdo con esta Ley, no pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año el Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá la relación de medicamentos que puedan ser usados o, en su caso, autorizados para estos profesionales, así como las condiciones específicas en las que los puedan utilizar y los mecanismos de participación con los médicos en programas de seguimiento de determinados tratamientos”.
Por tanto, en aquella Ley de 2006 las enfermeras no aparecían mencionadas en ningún artículo, tampoco, por tanto, en uno de importancia capital: el 77. Precepto éste que se ocupaba de la regulación de la receta médica y de la prescripción hospitalaria y que sólo reconocía a médicos y odontólogos la facultad para ordenar la prescripción de medicamentos a través de dos documentos configurados como idóneos para asegurar la instauración de un tratamiento con medicamentos: la receta médica y la orden hospitalaria de dispensación.
Tal olvido (¿?) generó la lógica indignación y airada crítica del colectivo enfermero puesto que se le condenaba a vagar por el limbo jurídico. Quedaba claro que no podían instaurar un tratamiento con medicamentos a través de una receta u orden de dispensación hospitalaria al no serle reconocida facultad alguna para ordenar su prescripción pero, entonces, ¿cuáles eran sus competencias en orden a los medicamentos?
Para intentar atemperar las legítimas críticas enfermeras, el legislador procedió a modificar aquel artículo 77 en dos ocasiones, la primera en 2009 (Ley 28/2009) y la segunda en 2013 (Ley 10/2013), previendo las comúnmente conocidas, de forma impropia y equívoca, “prescripción autónoma” (para medicamentos no sujetos a prescripción médica) y “prescripción colaborativa” (para determinados medicamentos sujetos a prescripción médica). Fórmulas éstas de participación que ni de lejos les atribuían a las enfermeras la facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica que permitieran asegurar la instauración de un tratamiento[1].
En desarrollo de aquella Ley 28/2009 se publicó el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, cuyo artículo 1 definía los siguientes términos: “receta médica”, “orden de dispensación hospitalaria” y “orden de dispensación”.
Pues bien, ni con esas dos leyes ni con ese Real Decreto se aclaraban las “competencias” enfermeras en orden a los medicamentos porque insistían en que las enfermeras podrían indicar, usar y autorizar (el Real Decreto 1718/2010 incluso suprimía el término “usar”) en las condiciones y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan. ¿Y cuáles eran esas condiciones y requisitos? Nada se preveía. Peor aún, la indignación enfermera creció exponencialmente puesto que en la reforma de 2009 el legislador igualó a los podólogos con médicos y odontólogos, reconociéndoles la facultad para recetar medicamentos –incluso los sujetos a prescripción médica- que negaba a los enfermeras, y ello siendo su formación académica en farmacología idéntica.
Inmune al desaliento, el legislador terminó publicando el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que deroga en su práctica totalidad la Ley del Medicamento, y que configura el marco dentro del cual se debe desarrollar el Real Decreto recientemente aprobado.
La receta médica y la prescripción hospitalaria aparecen reguladas en el artículo 79 del citado Real Decreto Legislativo en unos términos idénticos a los introducidos en las reformas previas del artículo 77 de la Ley del Medicamento.
Del citado artículo 79 interesa reproducir, por su trascendencia, su apartado 1, donde se vuelven a recoger aquellas dos fórmulas participativas enfermeras en materia de medicamentos y productos sanitarios. Dice el artículo 79.1 que:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la participación de las organizaciones colegiales correspondientes, acreditará con efectos en todo el Estado a los enfermeros y a los fisioterapeutas para las actuaciones previstas en este artículo.”
Términos legales básicos
Facultad de recetar e instaurar tratamiento con medicamentos
Se reserva a médicos, odontólogos y podólogos la facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica, siendo ellos quienes, a través de la receta o la orden de dispensación hospitalaria, aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos.
Por omisión, los enfermeros quedan excluidos de esa facultad de recetar medicamentos sujetos a prescripción médica que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos.
Indicación, uso y autorización
Los enfermeros no pueden recetar medicamentos ni instaurar tratamientos pero sí indicar, usar y autorizar su dispensación, diferenciándose, eso sí, entre:
Medicamentos no sujetos a prescripción médica: autonomía.
En este caso, la competencia de indicación, uso y autorización se ejerce de forma autónoma por las enfermeras.
Determinados medicamentos sujetos a prescripción médica: regulación por Gobierno.
En este supuesto, aquella competencia ya no se ejerce de forma autónoma sino tiene que ser regulada por el Gobierno en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Acreditación para indicar, usar y autorizar
En todo caso, la facultad de indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos, sujetos o no a prescripción médica, por parte de los enfermeros se condiciona a la obtención de la oportuna acreditación por parte del Ministerio de Sanidad. Acreditación en la que participarán las Organizaciones Colegiales correspondientes.
Fijado por el legislador el marco legal que ha de respetar, en todo caso, el Gobierno a la hora de proceder a su desarrollo y, así, definir con la precisión necesaria las competencias enfermeras en materia de medicamentos y los requisitos para su ejercicio, la Organización Colegial Enfermera ha desatado su cólera contra el Ministro de Sanidad y, por extensión, contra el Gobierno, por lo que considera una traición a los acuerdos previamente alcanzados, y ello porque, a última hora, sin su conocimiento, se ha modificado el texto del Real Decreto finalmente aprobado en Consejo de Ministros, que la Organización Colegial tacha de “cacicada”.
La modificación en cuestión se contiene en el artículo 3.2, párrafo segundo, referido a los medicamentos sujetos a prescripción médica. El texto que se había consensuado decía que:
“En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones contempladas en este artículo respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, deberán haberse validado previamente los correspondientes protocolos y guías de práctica clínica y asistencial por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.”
El contenido del texto definitivamente aprobado, generador de la polémica, es el siguiente:
“En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones contempladas en este artículo respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir, validado conforme a lo establecido en el artículo 6[2]. Será en el marco de dicha guía o protocolo en el que deberán realizarse aquellas actuaciones, las cuales serán objeto de seguimiento por parte del profesional sanitario que lo haya determinado a los efectos de su adecuación al mismo, así como de la seguridad del proceso y de la efectividad conseguida por el tratamiento.”
La modificación es evidente ya que añade que para que un enfermero pueda indicar, usar o autorizar un medicamento sujeto a prescripción médica es necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir.
Ahora bien, al margen de las censurables formas del Ministerio por modificar in extremis un texto consensuado, ¿ese texto del Real Decreto puede considerarse un exceso con respecto a lo regulado en la ley?
Recordemos lo que dice la Ley (art. 79.1):
Insistimos en que los únicos que pueden asegurar la instauración de un tratamiento con medicamentos son los médicos, los odontólogos y los podólogos porque sólo a ellos se les reconoce la facultad de recetar medicamentos sujetos a prescripción médica sirviéndose para ello de la receta médica y de la orden de dispensación hospitalaria.
La Ley no prevé que los enfermeros puedan asegurar la instauración de un tratamiento con medicamentos como tampoco que tengan la facultad de recetar (o prescribir) medicamentos sujetos a prescripción médica de forma autónoma. Sólo habla de que podrán “indicar, usar y autorizar” su dispensación (previa acreditación).
El legislador se ha cuidado muy mucho de no relacionar en una misma frase a las enfermeras con el aseguramiento de la instauración de tratamientos con medicamentos, como también se ha preocupado de no utilizar los términos “prescribir” ni “recetar” al referirse a las enfermeras.
Comparemos ahora el Real Decreto aprobado con la Ley
En el Real Decreto se mantiene el especial cuidado del que hace gala la Ley en no mezclar en una misma frase o párrafo los términos “receta” y “tratamiento” con profesión Enfermera. No se reconoce (no se podía reconocer porque la Ley no lo preveía), por tanto, ninguna facultad a las enfermeras para recetar medicamentos con los que instaurar tratamientos. Facultad reservada a médicos, odontólogos y podólogos.
Partiendo de esa premisa, en materia de medicamentos sujetos a prescripción médica, el Real Decreto dice –al igual que decía la Ley- que los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente orden de dispensación.
Las “novedades” que introduce el Real Decreto con respecto a la Ley se encuentran en el segundo párrafo de su artículo 3.2. Así:
Como vimos, la Ley supedita la indicación, uso y autorización (que no receta o prescripción) por enfermeros a la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
El Real Decreto viene a añadir a lo anterior que para que un enfermero pueda indicar, usar y autorizar la dispensación de un medicamento sujeto a prescripción médica es necesario que el correspondiente profesional prescriptor –médico, odontólogo o podólogo- haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir.
Es evidente que el Real Decreto refuerza la posición de los “profesionales prescriptores”, pero
¿se excede con respecto a las previsiones de la Ley?
Parece que sí. ¿Y por qué razón? Porque la Ley precisa la intervención de médicos, odontólogos y podólogos para asegurar la instauración de tratamientos con medicamentos, pero NO ASÍ CUANDO NO ES NECESARIO INSTAURAR UN TRATAMIENTO. El Real Decreto obvia esta circunstancia y obliga al enfermero a contar con el diagnóstico, prescripción y el protocolo o guía a seguir siempre que vaya a indicar, usar o autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, con independencia de que se vaya, o no, a instaurar un tratamiento. Según la Ley, lo único que le haría falta al enfermero sería –además de la acreditación por el Ministerio- seguir los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Por otro lado, va siendo hora ya de que el legislador nacional trasponga la normativa europea que reconoce a los enfermeros de cuidados integrales (también a enfermeros especialistas -caso de matronas-) la competencia para diagnosticar de forma independiente los cuidados de enfermería necesarios utilizando para ello los conocimientos teóricos y clínicos, y para programar, organizar y administrar cuidados de enfermería al tratar a los pacientes.
Asimismo, resulta obligado exigir al legislador y a los distintos Gobiernos que no se olviden del colectivo profesional más numeroso de nuestro Sistema Sanitario, como lo es el Enfermero, porque son un activo fundamental cuyas potencialidades no están siendo explotadas en beneficio no sólo suyo sino, principalmente, de los pacientes.
Esta es mi opinión, que, por supuesto, someto a cualquier otra mejor fundada en Derecho.
[1] Con la reforma de 2009, el legislador sustituyó la expresión “facultad para ordenar la prescripción de medicamentos” por la de “facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica”, ampliándola a los podólogos y, en relación con los enfermeros, previó las mismas competencias que contiene el actual artículo 79 del Real Decreto Legislativo 1/2015.
[2] Artículo 6. Elaboración y validación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial.
4. Los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, una vez elaborados por la Comisión Permanente de Farmacia, serán validados por la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y publicados en el “Boletín Oficial del Estado” mediante la resolución correspondiente, para su aplicación.
Publicado por Raúl Tardío en 12:28
Carlos Tardío Cordón 29 de octubre de 2015, 23:07
RECETAR medicamentos se traduce, según la RAE, en "Prescribir un medicamento, con expresión de sus dosis, preparación y uso". Evidentemente, todo ello -se dice- previo "diagnóstico". Y aquí radica -profesionalmente hablando- el grave problema, ya que no todas las prescripciones van precedidas de ese "diagnóstico", puesto que lo tratado siempre y en primer lugar son los síntomas, subjetivos u objetivos.
"Preparación y uso" son dos actuaciones que realiza en la mayoría de las situaciones, precisamente, la Profesión Enfermeros.
Cierto que tanto la Ley de 2.009 como el R.Decreto-Legislativo de 2.015 limitan las potestades propias de una Profesión Sanitaria titulada, la de Enfermero, a la que la concreta y específica Ley de ordenación -mejor, regulación- les atribuye Plena Autonomía Técnica y Científica, así como las "bases" para el desarrollo del ejercicio profesional.
Por tanto, ese Real Decreto Legislativo está invadiendo competencias que corresponden a la Ley de Ordenación de las Profesiones en cuanto a conceptos como diagnosticar, prescribir -que no recetar- administrar y evaluar los resultados.
¿Es la Ley del medicamento la que tiene que "regular" el comportamiento de las Profesiones Sanitarias tituladas respecto al diagnóstico y tratamiento en la atención de la asistencia sanitaria? Entiendo que no. La Ley del medicamento debería haberse limitado a señalar qué Profesiones son las "autorizadas" para indicar, aconsejar y/o prescribir medicamentos, sin distinción entre los medicamentos sujetos o no a prescripción, por la sencilla razón de que esos términos están siendo utilizados para "financiar" o no determinados fármacos.
Y, por otra parte, de nada servirá que el Ministerio "acredite" porque, al final, quien va a autorizar o no esa posibilidad son los servicios de salud.
NO TODOS LOS PACTOS/ACUERDOS SINDICALES VAN A MISA...
HISTORIA DE UNA ALEGALIDAD (¿ILEGALIDAD?) "PRESCRI...

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 77
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 79
 Real Decreto 
 artículo 77
 artículo 79
 artículo 79
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 79
 Real Decreto 
 Artículo 6
 resolución 
 Real Decreto