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Timestamp: 2019-04-19 23:23:54+00:00

Document:
Registro Oficial. 27 de JUNIO del 2002
\n MES DE JUNIO DEL 2002 \n
Jueves 27 de Junio del 2002
REGISTRO OFICIAL No. 606
0003\n Adjudícase\n el contrato a la empresa INSECTACORP S.A., para la adquisición\n de varios ítems.
CONSEJO\n NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS - CNRH:
2002-14 Modificase la Resolución\n No 007, dictada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos\n el 18 de junio de 1996.
EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS:
02\n 264 Autorízase\n previa la presentación de un presupuesto remitido por\n la Dirección de Comunicación Social, el pago de\n hospedaje y alimentación a Ios señores instructores\n de la Policía Nacional que brindaran los cursos de capacitación.
02\n 277 Apruébase\n la emisión postal denominada: "I. Cumbre Iberoamericana\n de Turismo y Ambiente y Fauna de las Islas Galápagos".
02\n 278 Apruébase\n la emisión postal denominada: 50 Aniversario de la FAO.
0554 Asígnase facultades\n al doctor Pablo Ulloa Vivanco, funcionario de las dependencias\n del Servicio de Rentas Internas ubicadas en el cantón\n Santo Domingo de los Colorados.
-Petición\n de aclaración\n formulada por el ingeniero Hugo Roberto Santillán Rhor,\n en el caso No 619-2000-RA.
027-Z001-AA Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad planteada por el Cabo de Policía\n Francisco Ronny Mejía Preciado.
036-2001-TC\n Deséchase\n la demanda de incosntitucionalidad por la forma y por el fondo\n de la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia,\n publicada en el Registro Oficial No 378 de 27 de julio del 2001.
-Petición\n de aclaración formulada por el señor Williams\n Edison Villareal Durán, en el caso No 066-2001-HD
524-2001-RA\n No admitir\n la acción planteada por el doctor Carlos Otto Von Bouchwald\n Jervis por improcedente.
718-2001-RA Revócase la resolución\n de la Jueza de instancia y concédese el amparo solicitado\n por el señor Ramón Aníbal Mendoza Giler\n y déjase sin efecto la resolución de la Comisión\n Nacional de Apelaciones del IESS impugnada.
762-2001-RA Revócase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y niégase el amparo\n solicitado por la señora Rosa Matute Naranjo.
846-2001-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por Guillermo Oswaldo Tixi Luna.
925-2001-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo.\n constitucional propuesta por el señor Francisco Benigno\n Márquez Asanza.
931-2001-RA Revócase la resolución\n expedida por el Juez Sexto de lo Civil de Pichincha y concédese\n el amparo solicitado por Segundo Víctor Ampudia Gutiérrez.
-Petición\n de Aclaración formulada\n por el señor Glen Karlov, en el Caso No 964-2001- RA.
-Petición\n de aclaración\n formulada por el señor Jimmy Ramón Mosquera Cruz,\n Procurador Común de los trabajadores de SOLCA - Manabí,\n núcleo Portoviejo, en el caso No 978-2001-RA.
-Petición\n de aclaración\n formulada por el abogado Manolo Javier Vásconez Martínez,\n en el caso No 053-2002-RA.
Cantón\n Daule: Que\n establece el cobro de la tasa para el servicio de alumbrado público.
A\n la publicación del Acuerdo No 113 de 10 del 16 mayo del 2002, expedido\n por el Ministerio de Economía y Finanzas, efectuada en\n el Suplemento al Registro Oficial No 605 de 26 de junio del 2002.\n \n
No.\n 0003
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 00179 de 19 de marzo\n del 2002, expedida por el titular de este Portafolio se exoneran\n los procedimientos precontractuales la adquisición de\n equipos. materiales, insumos, medicamentos de marca y genéricos,\n así como la prestación de servicios encaminados\n a mitigar la emergencia:
Que en dicho acuerdo se resolvió el proceso de contratación\n para enfrentar la temporada invernal que ha afectado gravemente\n a varias provincias de la Costa. Sierra y Oriente Ecuatoriano,\n especialmente en las zonas tropicales y subtropicales, situación\n que ha presentado brotes epidémicos de enfermedades transmitidas\n por vectores y animales;
Que es necesario dar cumplimiento a lo determinado en la Codificación\n de la Ley de Contratación Pública y su reglamento\n general; y,
En uso de las atribuciones y facultades establecidas en la\n ley,
Art. 1.- Adjudicar el contrato a la empresa INSECTACORP S.A.,\n para la adquisición del siguiente ítem;
\n Producto	Cantidad	P.	P.\n Total
\n Unit.
Piretroide sintético 10.000 litros\n 48,99 489.900,00 concentrado
Emulsionable al 2.5% para tratamiento U.L.V
Deltametrina 2.5 EC
Procedencia:	Francia
El monto total de la contratación por ítems\n es de USD $ 489.900,oo con la siguiente forma de pago
El 80% del precio total del contrato que se cancelará\n a la suscripción del mismo, en calidad de anticipo y el\n 20% restante a la suscripción del acta de entrega recepción.
El plazo para la ejecución del contrato es de 30 días\n hábiles contados a partir de la fecha de suscripción\n del contrato y de entrega del anticipo, debiendo sujetarse a\n las especificaciones técnicas generales.
Art. 2.- El adjudicatario, previo a la suscripción\n del contrato deberá rendir las garantías determinadas\n en la Codificación de la Ley de Contratación Pública\n del 5% de fiel cumplimiento del mismo y el 100% del buen uso\n del anticipo.
Art. 3.- Con anterioridad a la suscripción del contrato\n se contará con los informes favorables de la Procuraduría\n y de la Contraloría General del Estado, de conformidad\n con la ley.
Dado en Quito, a 29 de abril del 2002.
Lo certifico.- Quito, 10 de junio del 2002.
f) Dra. Mendoza O., Jefa de Documentación y Archivo,\n Ministerio de Salud Pública.
No. 2002\n - 14
EL CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS\n - CNIRH
Que, las corporaciones regionales de desarrollo, al tenor\n de lo dispuesto en el literal c) del artículo 8 del Decreto\n Ejecutivo No. 2224 de 25 de octubre de 1994, están facultadas\n para cobrar a los usuarios del agua, los costos por uso de las\n obras de infraestructura, que incluyen la recuperación\n de las inversiones y aquellas relacionadas con la operación,\n mantenimiento y administración del servicio;
Que, el Decreto Ejecutivo No. 2516 de 13 de febrero de 1995,\n atribuye a este Consejo, en los numerales 4 y 5 del Art. 2, la\n función de regular la administración de sistemas\n de riego y nominar la transferencia de esos sistemas a los usuarios\n y la de establecer políticas de recuperación de\n costos mediante tarifas;
Que, el artículo 17 de la ley de Aguas dispone que\n el Estado y demás personas jurídicas de derecho\n público, recuperen las inversiones realizadas en la construcción\n de obras hidráulicas y demás gastos de operación\n y mantenimiento;
Que, la Resolución No. 007 emitida por el Consejo Nacional\n de Recursos Hídricos el 18 de junio de 1996, para la transferencia\n a favor de las organizaciones de usuarios del agua estableció\n requisitos, limitando la libre gestión de las corporaciones\n regionales de desarrollo obligándolas a realizar los cobros\n de las inversiones en los sistemas de riego a través de\n una tarifa básica, en el plazo de 5 años, lo cual\n contradice la norma contenida en el artículo 10 del Decreto\n Ejecutivo No. 2224, que concedeo a esas corporaciones autonomía\n administrativa y financiera y.
En uso de las atribuciones,
Sustituir las disposiciones de la Resolución No. 007,\n dictada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos el\n 1 8 de junio, de 1996, por las siguientes:
Art. 1.- Las corporaciones regionales de desarrollo a quienes\n se haya entregado sistemas de riego en operación por parte\n del ahora extinguido INERHl, podrán transferir el uso\n y goce de la infraestructura de dichos sistemas a las organizaciones\n de usuarios. cumpliendo las siguientes nominas
PRIMERA.- Obligar que las organizaciones de usuarios o juntas\n legalicen su personería jurídica ante la autoridad\n competente.
SEGUNDA.- Establecer la obligación de los usuarios\n de administrar, operar y mantener total o parcialmente el sistema\n de riego con sus propios recursos. Sí parte de la administración,\n operación y mantenimiento del sistema quedare en manos\n de la corporación, se definirá el pago anual que\n los usuarios deben hacer por ese concepto.
Art. 2.- Las corporaciones regionales de desarrollo que, por\n su propia gestión, hayan construido sistemas de riego,\n que estén actualmente en operación. a fin de efectuar\n la transferencia a los usuarios el uso y goce de las obras de\n infraestructura del sistema de riego para su administración\n y mantenimiento, someterán los términos de negociación\n a la aprobación de la Secretaria, del Consejo Nacional\n de Recursos Hídricos.
Art. 3.- Las organizaciones de usuarios o juntas pagarán\n a las corporaciones regionales de desarrollo la tarifa básica\n anual que se determine por parte de las mismas, considerando\n el valor de la inversión que falta por recuperarse, la\n cual será actualizada mediante los reajustes correspondientes\n a la amortización e intereses hasta la cancelación\n total del valor de la inversión. Esta obligación\n económica continuará aplicándose cuando\n se produzca la transferencia a los usuarios para la administración,\n operación y mantenimiento de la infraestructura de los\n sistemas de riego, conservando siempre la infraestructura en\n poder del Estado. Se responsabiliza a las corporaciones regionales\n de desarrollo de los cálculos y actualizaciones de las\n tarifas básicas que deben aplicarse anualmente.
Art. 4.- De acuerdo con lo establecido en los artículos\n 17 y 53 de la Ley de Aguas; y 64, 68 y 69 del Reglamento General\n de Aplicación, se establecerá el procedimiento\n de cobro de las inversiones que el Estado haya realizado y realice,\n mediante tasas o tarifas que deberán ser pagadas por los\n usuarios.
De la ejecución de la presente resolución encárguese\n a los directores ejecutivos de las corporaciones regionales de\n desarrollo y a los jefes de agencias.
La presente resolución fue conocida en sesión\n de Directorio del Consejo Nacional de Recursos Hídricos\n el 7 de diciembre del 2000 y entrará en vigencia a partir\n de la aprobación de dicha Acta el 6 de febrero del 2001.
Dado en Quito, a los 13 de junio del 2002.
f) Ing. Diego Gándara Pérez, delegado del Ministro\n de Agricultura y Ganadería, Presidente del Consejo Nacional\n de Recursos Hídricos.
SECRETARIA GENERAL C.N.R.H.- Certifico que es fiel copia del\n original que reposa en los archivos de la institución.-\n Quito. 13 de junio del 2002.- f.) Responsable de Documentación\n y Archivo.
No. 02\n 264
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS
Que la Empresa Nacional de Correos, es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1 999. emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado, CONAM;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;
Que la Empresa Nacional de Correos suscribió con la\n Policía Nacional el 15 de febrero del 2002, un Convenio\n de Cooperación interinstitucional por el cual se dicta\n el Manual de Procedimientos para el Control de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas en los Envíos Postules;
Que el Art. 2 del mencionado convenio determina que la Empresa\n Nacional de Correos y la Dirección Nacional Antinarcóticos\n de la Policía Nacional programará capacitaciones\n sobre la prevención, control y demás perfiles que\n se pueden presentar en la detección del tráfico\n ilícito de las sustancias, estupefacientes o psicotrópicas\n para el personal de la institución que se encarga de la\n recepción de los envíos de correspondencia;
Que la Dirección de Comunicación Social ha puesto\n en conocimiento de la máxima autoridad el inicio de los\n programas de capacitación enunciados en el considerando\n anterior, a los funcionarios de la Empresa Nacional de Correos;
Que los señores instructores de la Policía Nacional\n no reciben viáticos de dicha institución para dictar\n los cursos de capacitación;
Que es necesario dotar a los funcionarios y empleados de la\n Empresa Nacional de Correos de los suficientes conocimientos\n para prevenir hechos delictivos como el tráfico de sustancias,\n estupefacientes y psicotrópicas utilizando los medios\n postales; y,
Que en uso de sus facultades legales,
Art. 1.- Autorizar, previa la presentación de un presupuesto\n remitido por la Dirección de Comunicación Social,\n el pago del hospedaje y alimentación a los señores\n instructores de la Policía Nacional que brindarán\n los cursos de capacitación mencionados en los considerandos\n de esta resolución.
Art. 2.- De la ejecución de la presente resolución\n encárguese a los directores Financiero y de Comunicación\n Social.
Esta resolución entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los 6 días\n del mes de junio del año dos mil dos.
f.) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.
Certifico, es fiel copia del original.- f) Lcdo. Jorge F.\n Canelos V., Secretario General, Empresa Nacional de Correos.
18 de junio del 2002.
No. 02 277
Que la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado, CONAM;
Que la Empresa Nacional de Correos del Ecuador, por mandato\n legal es la institución con capacidad y competencia para\n emitir sellos postales;
Que de acuerdo a las normas reglamentarias, para la emisión\n de sellos postales, se ha considerado pertinente por cumplir\n con los requisitos establecidos, la emisión postal denominada:\n "I CUMBRE IBEROAMERICANA DE TURISMO Y AMBIENTE Y FAUNA DE\n LAS ISLAS GALAPAGOS";
Que el señor representante legal de la Empresa Nacional\n de Correos, autorizó la emisión postal y su impresión;
Que la emisión referida circulará a nivel nacional\n e internacional; y,
Que en uso de las facultades legales y reglamentarias antes\n citadas,
Art. 1.- Aprobar la emisión postal denominada: "I\n CUMBRE IBEROAMERICANA DE TURISMO Y AMBIENTE Y FAJINA DE LAS ISLAS\n GALAPAGOS", autorizada por el señor representante\n legal de la Empresa Nacional de Correos, en el tiraje, valor\n y características siguientes:
DIEZ SELLOS: Valor: USD 0.25 SETENAN; 0,25
\n SETENAN; 0.40 SETENAN; 0.40 SETENAN; 0.90
\n SETENAN; 0.90 SETENAN; 1.05 SETENAN; 1.05
\n SETENAN 0.90 y 1.05; Tiraje: 50.000 por cada valor, Colores a\n emitirse: Policromía; Dimensión del sello: 28 x\n 38 mm., de perforación a perforación; Ilustración\n de la viñeta: Motivo alusivo a la emisión; Procedimiento:\n offset; Impresión: I.G.M.; Diseño: Empresa Nacional\n de Correos.
HOJA SOUVENIR: Valor: USD 2.00; Tiraje: 4.000 hojas;
\n Colores a emitirse: Policromía; Dimensión de la\n hoja: 9 x 11 cm.; ilustración a la viñeta: Motivo\n alusivo a la emisión; Procedimiento offset; impresión:\n I.G.M.; Diseño: Empresa Nacional de Correos.
SOBRE DE PRIMER DIA: Valor: USD 8.50 incluido especies postales;\n Tiraje: 900 sobres; Colores a emitirse: Policromía; Dimensión\n del sobre: 16 x 10 cm.; Ilustración de la viñeta:\n Motivo alusivo a la emisión; Procedimiento: Offset; Diseño:\n Empresa Nacional de Correos.
BOLETIN INFORMATIVO: Sin valor comercial; Tiraje: 1.200 boletines;\n Colores a emitirse: Policromía; Dimensión del boletín:\n 38 x 15 cm.; Ilustración a la viñeta: Motivo alusivo\n a la emisión; Procedimiento: Offset; Impresión:\n I.G.M.:	Diseño: Empresa Nacional de Correos.
Art. 2.- El pago de esta emisión se aplicará\n a la partida "Emisiones Postales y Publicaciones del presupuesto\n vigente de la Empresa Nacional de Correos, previo el cumplimiento\n de lo que establece el Art. 58 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control; y, Art. 33 de la Ley de Presupuesto del\n Sector Público.
Art. 3.- La impresión de esta emisión la efectuará\n el Instituto Geográfico Militar, mediante el sistema offset\n en policromía, sujetándose a los diseños\n que entregue el Departamento Filatélico de la Empresa\n Nacional de Correos, en papel especial con marca de seguridad\n y según especificaciones, constantes en el artículo\n primero de esta resolución.
Art. 4.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial, de\n esto ultima se encargará el señor Secretario General\n de Correos.
Comuníquese y publíquese, dado en Quito, a los\n 11 días del mes de junio del 2002.
f) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.
No. 02\n 278
Que la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose dé este proceso al Consejo\n Nacional de Modernización del Estado, CONAM;
Que de acuerdo a las normas reglamentarias, para la emisión\n de sellos postales, se ha considerado pertinente por cumplir\n con los requisitos establecidos, la emisión postal denominada:\n "50 ANIVERSARIO DE LA FAO";
Que el señor representante legal de ¡a Empresa\n Nacional de Correos, autorizó la emisión postal\n y su impresión;
Art. 1.- Aprobar la emisión postal denominada: "50\n ANIVERSARIO DE LA FAO", autorizada por el señor representante\n legal de la Empresa Nacional de Correos, en el tiraje, valor\n y características siguientes:
UN SELLO: Valor: USD 1.05; Tiraje: 50.000; Colores a emitirse:\n Policromía; Dimensión del sello: 28 x 38 mm., de\n perforación a perforación; ilustración de\n la viñeta: Motivo alusivo a la emisión; Procedimiento:\n Offset; Impresión: I.G.M.; Diseño: Empresa Nacional\n de Correos.
SOBRE DE PRIMER DIA: Valor: USD 3.00; Tiraje: 450 sobres;\n Colores a emitirse: Policromía, incluido especies postales;\n Dimensiones del sobre: 16 x 10 cm.; Ilustración de la\n viñetas Motivo alusivo a la emisión; Procedimiento:\n Offset; Diseño: Empresa Nacional de Correos.
BOLETIN lNFORMATIVO: Sin valor comercial; Tiraje: 600 boletines;\n Colores a emitirse: Policromía; Dimensión del boletín:\n 38 x 15 cm.; Ilustración a la viñeta: Motivo alusivo\n a la emisión; Procedimiento: Offset; Impresión:\n I.G.M.; Diseño:
\n Empresa Nacional de Correos.
Art. 2.- El pago de esta emisión se aplicará\n a la partida "Emisiones Postales y Publicaciones" del\n presupuesto vigente de la Empresa Nacional de Correos, previo\n el cumplimiento de lo que establece el Art. 58 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control; y, Art. 33 de\n la Ley de Presupuesto del Sector Público.
Art. 3.- La impresión de esta emisión la efectuará\n el Instituto Geográfico Militar, mediante el sistema offset\n en policromía, sujetándose a los diseños\n que entregue el Departamento Filatélico de la Empresa\n Nacional de Correos, en papel especial con marca de seguridad\n y según especificaciones, constantes en el articulo primero\n de esta resolución.
Art. 4.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial, de\n esto último se encargará el señor Secretario\n General de Correos.
N0 554
Que el numeral 6 del Art. 2 de la Ley de Creación del\n Servicio de Rentas Internas señala que es función\n de esta entidad, la de imponer sanciones de conformidad con la\n ley;
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del Art.\n 7 del cuerpo legal antes citado, constituye deber de la Dirección\n General, dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión\n del Servicio de Rentas Internas y cuidar de la estricta aplicación\n de las leyes y reglamentos tributarios;
Que es necesario ampliar la capacidad de acción de\n las diferentes dependencias de la Administración Tributaria,\n atribuyéndoles las facultades que les permitan actuar\n con mayor eficacia y eficiencia;
Art. único.- Asignar al Dr. Pablo UIloa Vivanco, funcionario\n responsable de las dependencias del Servicio de Rentas Internas\n ubicadas en el cantón Santo Domingo de los Colorados,\n provincia de Pichincha, las facultades para que juzgue o imponga\n sanciones a los sujetos pasivos que hayan cometido contravenciones\n o faltas reglamentarias en esa jurisdicción.
Dado en Quito, a 19 de junio del 2002.
f Econ. Elsa de Mena, Directora General del Servicio de Rentas\n Internas.
Quito, 11 de junio del 2002, las 10h25.
Vista la petición de aclaración formulada por\n el ingeniero Hugo Roberto Santillán Rhor, en el caso Nro.\n 619-2000-RA, que cumple con lo dispuesto en el articulo 43 del\n Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Constitucional,\n en la forma. En lo principal, la Resolución No. 130-2001\n -TP aprobada en sesión de 7 de agosto del 2001, aborda\n todos los temas demandados y es suficientemente clara y expresa,\n por lo cual se niega tal pedido.- Notifíquese y archívese\n el expediente.
f) Dr. Marco Morales Tobar, Presidente.
Lo certifico.- Quito, 11 de junio del 2002, las 10h25.
f) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con siete votos a favor correspondientes\n a los doctores Guillermo Castro, Oswaldo Cevallos, Armando Serrano,\n Carlos Helou, Luis Mantilla, Hernán Rivadeneira, Andrés\n Gangotena; y dos votos salvados de los doctores René de\n la Torre y Marco Morales, en sesión de once de junio del\n dos mil dos.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR MARCO MORALES TOBAR.
Caso Nro. 619-2000-RA
Me aparto del criterio de la resolución porque queda\n claramente demostrado que al resolver el caso no se tomó\n en consideración si había lugar o no a la aplicación\n del articulo 57 de la Ley del Control Constitucional.
En mi criterio, el accionante no ha actuado de mala fe ni\n ha transgredido la citada disposición, consecuentemente\n se debe dejar sin efecto la multa impuesta en su contra por el\n inferior y no procede remitir lo-actuado al Ministerio Público.
f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR RENE. DE. LA TORRE ALCIVAR.
Quito, junio 11 del 2002.- En relación al pedido de\n aclaración y ampliación del accionante señor\n Hugo Roberto Santillán Rhor, presentado el 21 de agosto\n del dos mil uno (hace más de 9 meses) considero que debe\n aceptarse la ampliación y debe dejarse sin efecto la multa,\n pues estimo que el actor no ha procedido de mala fe. Además\n estimo que debe iniciarse un proceso administrativo para determinar\n responsabilidades y establecer la demora para despachar los pedidos\n presentados por el actor el 21 de agosto del dos mil uno.
f) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 20 de junio del 2002.- f) El Secretario General.
Nro. 027-2001-AA
Magistrado ponente: Doctor Oswaldo Cevallos\n Bueno
En el caso Nro. 027-2001-AA
ANTECEDENTES: El Cbos. Francisco Ronny Mejía Preciado,\n fundamentado en los artículos 272 y 276 numeral 2 de la\n Constitución Política, interpone acción\n de inconstitucionalidad de la resolución adoptada el 22\n de noviembre 1999 por el Tribunal de Disciplina de la Policía\n Nacional y la Orden General N0 239, publicada el día 14\n de diciembre de 1999 firmada por el General Superior de Policía\n y el Director General de Policía, en las que se le da\n de baja de las filas de la Institución Policial. Manifiesta\n que el H. Tribunal de Disciplina se instaló en forma ilegal\n e injusta para conocer y juzgar las supuestas faltas disciplinarias,\n llegando a establecer, la sanción de destitución\n o bajas de las filas de la Policía Nacional. Que, en el\n trámite aparecen situaciones alejadas de principios morales\n y éticos puesto que se determinan conclusiones que no\n corresponden a la realidad, son erróneas y faltas de veracidad,\n en virtud de las cuales se le da de baja.
Que, la sanción de destitución fue causada por\n cuanto en el retén de la Atahualpa, un grupo de la brigada\n Nro. 21, al mando del señor Sargento Primero Arturo Semanate,\n y personas no autorizadas para ingresar al lugar protagonizaron\n incidentes, incluso de índole sexual, por lo que cuando\n retorna el accionante al retén luego de un permiso de\n salida del Sargento Primero Arturo Semanate a un compromiso personal,\n se encuentra con un patrullero a las afueras del lugar perteneciente\n al módulo 3 que había ordenado la detención\n de los señores que sé encontraban en los mencionados\n actos en el interior del retén y al recurrente porque\n había llegado en estado de embriaguez y faltando el respeto\n a los superiores. Que, en base a estos antecedentes, el Tribunal\n de Disciplina actuó en forma precipitada y apresurada\n en contra del accionante llegando a establecer, la sanción\n de destitución o baja de las filas de la Policía\n Nacional, con desconocimiento de las normas establecidas para\n estos casos, se forzó el trámite por cuanto el\n abandono de servicio y la embriaguez constituyen delitos y, sin\n que haya cometido infracción alguna se le somete a una\n calificación de conducta profesional, vulnerando los artículos\n 1 a 7 del Código de Procedimiento Penal de la Policía\n Nacional. Que el ejercicio de la potestad judicial corresponde\n exclusivamente a los magistrados, jueces y tribunales determinados\n en la Constitución, las leyes y tratados internacionales.\n El sistema procesal es un medio para la realización de\n la justicia, no pudiéndose sacrificar la justicia por\n la sola omisión de formalidades. Que se garantiza la estabilidad\n de los miembros de la Fuerza Pública, quienes gozan de\n fuero especial. Todo lo cual se ha contrariado con la resolución\n de su baja. El Comandante General de la Policía Nacional\n contesta la demanda y en lo principal señala que son las\n actuaciones irregulares, ilegales y antireglamentarias del demandante,\n las que han provocado que la Policía Nacional a través\n de la instancia del Tribunal de Disciplina instaurado el 22 de\n noviembre de 1999, luego de ventilar el proceso correspondiente\n por los hechos que originaron ese trámite, haya impuesto\n la sanción de destitución o baja de las filas policiales.\n Que, son innegables los actos violatorios que comete el falso\n actor cuando permite en primera instancia el ingreso de particulares\n desconocidos a las instalaciones del retén policial, luego\n libando con ellos en su interior, permitió que los civiles\n particulares mantengan relaciones íntimas en una de las\n camas del retén, más tarde abandona las instalaciones\n y estando de servicio realice visitas sociales, que al ser sorprendido\n por sus superiores y con un evidente aliento a licor ha procedido\n a agredir física y verbalmente al personal de apoyo. Que\n se ha negado a la prueba de alcoholemia para evitar que los resultados\n de la misma, lo incriminen.
Que, el Tribunal es competente para conocer y resolver la\n presente causa en virtud de la disposición constante en\n el numeral 2 del articulo 276 de la Constitución Política\n e inciso primero del artículo 62 de la Ley de Control\n Constitucional;
Que, no se han omitido solemnidades sustanciales, por lo que\n se declara su validez;
Que, se entiende por acto administrativo la declaración\n unilateral de voluntad de autoridad pública competente\n sobre asuntos de la administración que ocasione efectos\n jurídicos y que por supuesto; sea inconstitucional;
Que, con fecha 22 de noviembre de 1999 el Tribunal de Disciplina,\n presidido por el Coronel de Policía de EM. Miguel Piedra\n Moya, se reunió en audiencia a efecto de conocer y juzgar\n las faltas disciplinarias atribuidas al cabo segundo de Policía\n Francisco Ronny Mejía Preciado;
Que, el Tribunal de Disciplina en ejercicio de las atribuciones\n que le otorgan tanto los artículos 234 al 237 del Código\n de Procedimiento Penal Policial, cuanto los artículos\n 17 y 72 del Reglamento de Disciplina de la Policía, tiene\n facultad para conocer los actos de indisciplina atribuidos al\n personal de Tropa;
Que, de la lectura y revisión del expediente se puede\n establecer que la afirmación del actor no responde a la\n realidad procesal aparejada al expediente, pues sostiene en su\n demanda que no se le ha permitido el derecho a la defensa, lo\n cual, no es acertado en tanto existe constancia de que en la\n audiencia llevada a cabo ante el Tribunal de Disciplina tuvo\n la oportunidad de defenderse y estar acompañado de su\n defensor; como también, se advierte la suficiente motivación\n en el contenido de la resolución impugnada;
Que, en el desenvolvimiento normal de la audiencia, se ha\n dado lectura de una serie de oficios que constan del expediente\n donde se concluye que el actor conjuntamente con otros compañeros,\n no debieron permitir el ingreso de civiles a las instalaciones\n de la Brigada Barrial No. 21 de esta ciudad de Quito, menos que\n se proceda a libar en su interior, se irrespete a un superior\n y finalmente, evadir el examen de alcoholemia en el propósito\n de evitar su incriminación; es decir, el cometimiento\n de una serie de faltas ameritaban la instauración del\n correspondiente Tribunal de Disciplina;
Que, el inciso segundo del articulo 186 de la Constitución\n Política garantiza la estabilidad y profesionalidad de\n los miembros de la fuerza pública: "...No se los\n podrá privar de sus grados, honores ni pensiones sino\n por las causas y en la forma previstas en la ley" (lo subrayado\n es nuestro) esto último, es precisamente lo que se ha\n aplicado, de modo que, el acto administrativo impugnado, se halla\n ceñido a las nominas legales y reglamentarias que rigen\n a la Institución Policial. En consecuencia, no existe\n inconstitucionalidad que declarar; y,
1.	Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada;\n y,
2.	Publicar en el Registro Oficial.- Notifíquese".\n
f.) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente\n (E).
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes\n a los Oswaldo Cevallos, Armando Serrano, René de la Torre,\n Carlos Helou y Luis Mantilla; y tres votos salvados de los doctores\n Guillermo Castro, Antonio Iglesias y Hernán Rivadeneira,\n estando ausente el doctor Hernán Salgado, en sesión\n de cuatro de junio del dos mil dos.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES GUILLERMO CASTRO DAGER, ANTONIO
\n IGLESIAS CAAMAÑO Y HERNÁN RIVADENEIRA JÁTIVA.
En el caso signado con el Nro. 027-2001-AA
Con los antecedentes expuestos en el voto de mayoría,\n discrepamos con la resolución adoptada por las siguientes\n consideraciones:
Se entiende por acto administrativo la declaración\n unilateral de voluntad de autoridad pública competente\n sobre asuntos de la administración que ocasione efectos\n jurídicos.
Si bien el órgano competente para el juzgamiento y\n sanción de faltas de tercera clase cometidas por miembros\n de la Policía Nacional es el Tribunal de Disciplina, éste\n debe orientar el análisis de cada caso dentro de los preceptos\n jurídicos vigentes para el efecto, es decir, debe analizar\n la conducta del inculpado en base a las pruebas constantes del\n proceso y en aplicación de reglas de interpretación.
El artículo 44 del Reglamento de Disciplina de la Policía\n Nacional dispone que quien imponga penas, para su gradación\n deberá tomar en cuenta las circunstancias agravantes o\n atenuantes que acompañen al hecho. Al efecto establece\n que de existir dos o más agravantes se aplicará\n la máxima sanción, de existir dos o más\n atenuantes y ninguna agravante, el mínimo, por lo que\n la aplicación de las sanciones intermedias deberá\n ser analizada, conforme a la regla de la sana crítica\n por el Tribunal. Del análisis de la resolución\n se concluye que la falta cometida por el culpado es la agresión\n de palabra al Sargento Semanate y los Cabos Vicente Sanunga y\n Luis Toala, pues de la propia resolución se desprende\n que no se ha podido constatar en qué estado se encontraba\n por cuanto no se ha podido realizar la prueba de alcoholemia\n a la cual se había reusado, que no estuvo en el lugar\n de trabajo por haber obtenido permiso de su superior para asistir\n a una merienda, se ha establecido que el ahora accionante no\n se ha establecido que el ahora accionante haya sido el único\n responsable de permitir el ingreso de terceras personas al Retén\n Policial, pues del informe investigativo que sirvió de\n base para la adopción de la resolución, que no\n se ha establecido que efectivamente los señores Hugo Lotero\n y Ruth Cabezas se encontraban manteniendo relaciones sexuales\n en el retén, pues no existe examen médico, evidencia\n física u otra persona que les haya observando en tal acto,\n solo la declaración del Sargento Semanate. Por otra parte,\n la resolución, expresamente establece "Es de valoración\n el contenido de la hoja de vida profesional del señor\n CBOS. De Policía FRANCISCO RORMY MEJIA PRECIADO, en donde\n aparece dado de alta en la Institución Política\n el 1 de diciembre de 1987, sin que registre faltas disciplinarias\n anteriores o problemas judiciales".
El Tribunal de Disciplina considera que el Cabos. Mejía\n Preciado ha encuadrado su conducta en los numerales 5 y 6 del\n artículo 64 del Reglamento de Disciplina, es decir, haber\n ejecutado actos que revelen falta de consideración y respeto\n al superior, dentro o fuera del servicio y realizar actos de\n manifiesta violencia o indisciplina contra un superior, en ambos\n casos siempre que el hecho no constituya delito, considera además\n que se encuentran presentes dos circunstancias agravantes contenidas\n en los literales a y c del artículo 30 del mismo cuero\n reglamentario: "cometer la falta en actos de servicio y\n en estado de embriaguez" y "Que el hecho se haya ejecutado\n en presencia del personal que pueda considerarse mal ejemplo\n en el mantenimiento del orden y la disciplina". Mas, esta\n Sala observa que en la apreciación de la prueba y la decisión\n de la gradación de la sanción, el Tribunal ha omitido\n considerar que no se encuentra probado fehacientemente el estado\n de embriaguez, por lo que esta circunstancia agravante no procedería,\n el culpado no es reincidente en las faltas por las que se le\n juzgó, configurando esta una circunstancia atenuante,\n por lo que existiendo una circunstancia agravante y una atenuante,\n mal podía imponerse la máxima sanción, tanto\n más si la misma por corresponder a faltas de tercera clase,\n por disposición del Reglamento Disciplinario de la Policía\n es definitiva.
El artículo 24, numeral 3 de la Constitución\n Política establece el principio de proporcionalidad entre\n infracciones y sanciones. La aplicación de las sanciones\n en el juzgamiento de faltas de los miembros de la Institución\n Policial, por disposición del articulo 44 del Reglamento\n Disciplinario, concede discrecionalidad al juzgador para evaluar\n la conducta y graduar la pena. En el caso de análisis\n se observa que el Tribunal opta por la pena más grave,\n sin que el caso lo amerite y sin que, siendo la primera vez en\n que el culpado ha incurrido en una falta de respeto al superior,\n se le brinde la oportunidad para corregir su comportamiento.\n Al respecto, es de aceptación generalizada que los miembros\n de la Policía Nacional se rigen por una estructura jerárquica\n y disciplinaria y en cuya actividad, al decir del demandado requiere\n una severa y consciente disciplina", mas la propia reglamentación\n disciplinaría contempla la posibilidad de actuaciones\n más o menos graves las que deben ser sancionadas en base\n a un análisis integrador, para lo cual precisamente se\n ha establecido la presencia de circunstancias agravantes y atenuantes\n que permitan al juzgador hacer uso de consideraciones humanas\n en el desempeño de la actividad policial, alejadas de\n toda rigidez que impida actuar con verdadera equidad y justicia.\n La actuación del Tribunal, en definitiva, contraría\n el contenido del artículo 24, numeral 3 de la Constitución\n Política.
Por las consideraciones expuestas se debe:
1.	Aceptar la demanda de inconstitucionalidad del acto administrativo\n constante en la resolución del Tribunal de Disciplina\n de la Policía Nacional, de 22 de noviembre de 1 999 y\n su consecuente publicación en la Orden General; y,
2.	Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.\n Notifíquese.
f.) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal.
f) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Vocal.
f) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 20 de junio del 2002.- f.) El Secretario General.
Nro. 036-2001-TC
Magistrado Ponente: Doctor René\n de la Torre Alcívar
En los casos Nros. 036-2001-TC, 042-2001-TC\n y 044-2001-TC. (acumulados)
ANTECEDENTES: En el caso Nro. 036-2001-TC, el doctor José\n Luis Luna Gaibor, con informe favorable del Defensor del Pueblo,\n comparece ante los señores magistrados del Tribunal Constitucional\n con la demanda de inconstitucionalidad de la resolución\n que interpreta la Ley del Control Constitucional en lo referente\n a la acción de amparo que fuera dictada por la Corte Suprema\n de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 378 de 27 de\n julio del año 2001.
Que, quien expidió la resolución cuya inconstitucionalidad\n demanda, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Que, la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución\n dictada por el Pleno el día 27 de junio del 2001, publicada\n en el Registro Oficial No. 378 de 27 de julio del 2001, pretende\n reglamentar la acción de amparo constitucional y en su\n intención ha cometido una serie de ilegalidades e inconstitucionalidades\n que toman al acto así dictado en inconstitucional.
Que, de conformidad con la disposición contenida en\n el número 5 del articulo 130 de nuestra Carta Suprema\n la interpretación de la ley, con el carácter generalmente\n obligatorio, corresponde exclusivamente al Congreso Nacional.-\n Pero, en el caso, lo que en realidad está haciendo la\n resolución que impugna, no es sólo interpretar\n la Ley del Control Constitucional, sino que pretende interpretar\n el articulo 95 de la Constitución, lo cual es privativo\n y exclusivo del Congreso Nacional como lo determina el número\n 4 del artículo 130 y el artículo 284 de la Carta\n Fundamental, de tal manera que la interpretación que hace\n la H. Corte Suprema de Justicia es inconstitucional y por lo\n mismo ilegítima.
Que, si bien la parte considerativa de la resolución\n que impugna hace referencia y se fundamenta en lo dispuesto por\n el articulo 15 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial, es necesario hacer un recuento histórico de\n esa disposición que fuera expedida en el año de\n 1974 cuando el país vivía una dictadura y por lo\n mismo no existía la Función Legislativa, por lo\n que cuando el Ecuador recuperó el estado de derecho con\n la Constitución de 1978, la invocada norma legal devino\n en inconstitucional y, por lo mismo, inaplicable.
Que, afirma que el Pleno de la H. Corte Suprema de Justicia\n pretende interpretar de manera generalmente obligatoria la Constitución\n por cuanto las normas de la Ley del Control Constitucional que,\n a juicio del órgano que expidió la resolución\n de inconstitucionalidad demanda, deben ser interpretadas, son\n en realidad, la transcripción textual del artículo\n 95 de la Constitución.- Un ejemplo de lo dicho, es la\n expresión constitucional que dice: '... las consecuencias\n de un acto ilegítimo de una autoridad pública \n y la interpretación que se hace del artículo\n 46 de la Ley del Control Constitucional cuando ella textualmente\n dice: frente a cualquier atentado proveniente de acto ilegítimo\n de autoridad de la administración pública . . .\n ", por lo que al efectuar la interpretación materia\n de la impugnación y constante en el articulo 1 de la resolución\n cuestionada, efectivamente lo que se está haciendo es\n interpretar la antes citada norma constitucional, lo que le está\n vedado a la Corte Suprema de Justicia.
Que, el articulo 1 de la resolución cuya inconstitucionalidad\n demanda, dice: "o por actos administrativos ilegítimos\n de las personas que prestan servicios públicos por concesión\n o delegación de una autoridad pública y tal\n referencia no consta en el texto de la Ley del Control Constitucional\n que, teóricamente se está interpretando, sino que\n aquello exclusivamente aparece cii el texto constitucional, así:\n "También podrá interponerse la acción\n si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas\n que presten servicios públicos o actúen por delegación\n o concesión de una autoridad pública.
Que, de igual manera en la Ley del Control Constitucional.\n nunca se hace referencia a las personas particulares y la resolución\n cuya inconstitucionalidad demanda dice que interpreta la norma\n legal con el siguiente texto: "o por la conducta de personas\n particulares cuando violen los derechos comunitarios, colectivos\n o difusos, especificados en los artículos 83 al 92 de\n la misma". - Contrariamente al texto interpretativo, la\n Carta Suprema en el inciso tercero dice: "También\n se podrá presentar acción 'de amparo contra los\n particulares, cuando su conducta afecte grave y directamente\n un interés comunitario, colectivo o derecho difuso".-\n De la lectura de las normas transcritas se advierte que no solamente\n está interpretando la Constitución, sino que está\n restringiendo a manera de legislador, la norma constitucional,\n al remitir la aplicación del amparo constitucional, para\n estos casos a las disposiciones constantes entre los artículos\n 83 al 92 de la Constitución, y excluyendo la gana de situaciones\n que pueden darse como consecuencia de la aplicación de\n garantías señaladas en convenios y/o tratados internacionales,\n así como los aplicables de otros artículos constitucionales\n que reconocen derechos como los correspondientes a los artículos,\n 16, 17, 18 y 19 de la Carta Suprema, y que tienen que ver con\n la naturaleza propia del ser humano que tiene quien es el principio\n y fin del Estado, el hombre.
Que, el articulo 95 de la Constitución dispone que\n la acción de amparo constituci

References: resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 10
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 artículo 64
 artículo 30
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 130
 artículo 284
 resolución