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Timestamp: 2017-01-21 05:35:11+00:00

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stc 6 83 exenciones reserva ley by pepe diaz - issuu
Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 6/1983 de 4
febreroRTC\1983\6
Tribunal Constitucional (Pleno).
Sentencia núm. 6/1983 de 4 febrero
RTC\1983\6
Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Albacete contra la disposición transitoria segunda, b) del RDLey 11/1979, de 20-7-1979, sobre Medidas urgentes de
financiación de las Haciendas Locales: inconstitucionalidad formal y material: inexistencia.
Viviendas de Protección Oficial: Disposición transitoria segunda, b) del RDLey 11/1979, de 20-7-1979, sobre Medidas
urgentes de financiación de las Haciendas Locales: Transformación con efectos para el ejercicio de 1980 de las reducciones
temporales de un 90 por 100 aplicables con anterioridad a las Viviendas de Protección Oficial, en bonificación del 50 por 100:
inconstitucionalidad formal: violación del principio de legalidad en materia tributaria y haber rebasado la disposición cuestionada
los límites fijados para el Decreto-Ley por el art. 86-1º de la CE: inexistencia; Inconstitucionalidad material: vulneración de los
principios constitucionales del art. 9-3º de la CE y del art. 83,b) de la CE: inexistencia.
Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 19/1982 y 20/1982
Formulado por D. Rafael Gómez-Ferrer Morant.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente, y don Jerónimo
Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria
Begué Cantón, don Luis Díez Picazo, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero
del Corral y don Antonio Truyol Serra, Magistrados, ha pronunciado
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 19 y 20 de 1982, promovidas por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, en los autos números 204 y 208 de 1981, instados por las Comunidades
de Propietarios de los edificios números 27 y 37 de la avenida de España de dicha capital, en relación con la disposición
transitoria segunda, letra b), del Real Decreto-ley de 20 de julio de 1979 ( RCL 1979\1829), sobre medidas urgentes de
financiación de las Haciendas locales. Han comparecido el Abogado del Estado en representación del Gobierno y el Fiscal
General del Estado, y ha sido ponente el Magistrado don Luis Díez Picazo, quien expresa el parecer del Tribunal.
Don Vicente M. P., actuando en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del edificio llamado «Forestal I»,
de la ciudad de Albacete -edificio acogido a los beneficios propios de las viviendas de protección oficial, grupo I-, interpuso
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo contra la liquidación de la contribución
territorial urbana correspondiente al ejercicio de 1980 que fue practicada a dicha Comunidad de Propietarios, en aplicación del
Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, cuya disposición transitoria segunda, letra b), dispuso que la reducción del 90 por 100
de la base imponible, establecida en el artículo 12.6 del texto refundido de la contribución urbana ( RCL 1966\994, 1522, 1987 y
NDL 7621), a favor de las «viviendas de protección oficial», se transformaba a partir del día 1 de enero de 1980 en una
Asimismo, don Félix R. J., en su propio nombre y en representación de la Comunidad de Propietarios del edificio denominado
«Cónsul», de la misma ciudad, también de protección oficial, grupo I, interpuso reclamación económico-administrativa ante el
mismo Tribunal contra la liquidación de la contribución territorial urbana practicada para el ejercicio de 1980, así como de un
recibo adicional referente al número 1979, en aplicación del mismo Real Decreto-ley 11/1979.
http://0-www.westlaw.es.almirez.ual.es/wles/app/print/document/init?with-text=true&analy... 12/01/2010
Ambas reclamaciones fueron desestimadas por sendas resoluciones de 23 de enero de 1981, coincidentes en sus términos.
Contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Albacete, la Comunidad de Propietarios del edificio
«Forestal I», representada por el Procurador don Carmelo Gómez Pérez, promovió recurso contencioso-administrativo número
208/1981, alegando que el Real Decreto-ley 11/1979, al transformar la reducción del 90 por 100 durante veinte años en
bonificación del 50 por 100 durante tres años, quebranta los principios de legalidad, de respeto de los derechos individuales
adquiridos de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrados en el párrafo 3 del
artículo 9 de la Constitución ( RCL 1978\2836), así como los artículos 33 y 86, al privar de un derecho sin causa de utilidad
pública o interés social y sin que medie indemnización y al afectar a materias relativas a derechos de ciudadanos regulados en
el título I de la Constitución. Pidió el recurrente la revocación del acuerdo impugnado, la nulidad de las liquidaciones giradas por
el concepto de contribución territorial urbana del ejercicio de 1980 y que la renta catastral del edificio se fije de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la contribución urbana. Por otrosí, pidió la promoción en el momento procesal
oportuno de cuestión de inconstitucionalidad por contradicción entre el Real Decreto-ley 11/1979 y los artículos 9.3 y 33 de la
También interpuso recurso contencioso-administrativo número 204/1981 la Comunidad de Propietarios del edificio «Cónsul»,
representada por el mismo Procurador, invocando que el Decreto-ley 11/1979 viola los artículos 9, 31 y 86.1 de la Constitución,
y solicitando la anulación de los actos impugnados y de los recibos de contribución emitidos y la emisión de otros nuevos en los
que se aplicase la bonificación del 90 por 100. Por otrosí, solicitó el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del
mencionado Decreto-ley.
El Abogado del Estado se opuso a ambos recursos solicitando que se dictara sentencia desestimatoria de los mismos.
Celebradas las vistas públicas de ambos recursos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Albacete acordó por sendas providencias de 28 de diciembre de 1981 oír a las partes y al Ministerio Fiscal por el plazo común e
improrrogable de diez días sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la disposición transitoria
segunda, b), del Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, en cuanto transforma el artículo 12.6 del texto refundido de la
Contribución Urbana, por oposición con los artículos 9.3, 31.3 y 133.1 de la Constitución. En este plazo, el Fiscal consideró
pertinente plantear en ambos recursos la cuestión de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 11/1979, por entender que la
reducción de la bonificación del 90 al 50 por 100 en las viviendas de protección oficial calificadas con anterioridad al mismo
suponía una retroactividad que podría estar en contradicción con el artículo 9.3 de la Constitución. La parte recurrente, en el
recurso 208/1981, manifestó estar conforme con la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la disposición
transitoria mencionada con los artículos 9.3, 31.3 y 133.1 de la Constitución, añadiendo que a su juicio, dicha disposición
infringía también el apartado 3 del artículo 33 de aquélla. La parte recurrente en el recurso 204/1981 mostró su conformidad con
el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por infracción de los artículos 9.3, 31.3 y 133.1 de la constitución,
añadiendo que también se habría infringido el artículo 86.1 de la misma.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó sendos autos de 14 de enero de 1982, en los que, tras considerar que las
sentencias que debe dictar dependen, respecto de los dos primeros pedimentos de la demanda del recurso 208/1981 y respecto
de los pedimentos de la demanda el 204/1981, de la validez de la disposición transitoria segunda, b), del Real Decreto-ley
11/1979, de 20 de julio, y que la mencionada disposición transitoria conculca el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la
Constitución Española), en cuanto reduce beneficios legítimamente adquiridos y reconocidos, así como el principio de legalidad
(artículo 9.3 de la Constitución Española), pues la Constitución establece para el ejercicio de la potestad tributaria una reserva
de ley (artículo 133.1), mientras que la forma de la norma cuestionada es la de Decreto-ley, al que está constitucionalmente
vedado (artículo 86) afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el título I de la Constitución,
donde precisamente se inserta el artículo 31, relativo al sistema tributario, el cual dispone en su número 3 que sólo podrán
establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley; acordó promover la cuestión de
inconstitucionalidad de dicha disposición transitoria segunda, b), «por oposición con los artículos 9.3, 31.3 y 133.1 de la
Constitución Española».
La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional acordó tener por planteadas ambas cuestiones en dichos términos, por
cumplidos los requisitos de admisibilidad y, de acuerdo con el artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
(LOTC) ( RCL 1979\2383), dar traslado de aquéllas al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado para que
en el plazo común de quince días pudieran personarse y formular alegaciones. En este plazo el Senado se ha personado sin
formular alegaciones, el Congreso ha anunciado no hacer uso de sus facultades de personación y de formulación de
alegaciones y el Fiscal General del Estado ha formulado sus alegaciones en los mismos términos en ambas cuestiones el día 24
de febrero. En nombre del Gobierno, el Abogado del Estado se ha personado y ha formulado alegaciones el 12 de marzo en
ambas cuestiones de inconstitucionalidad, siendo también coincidentes los términos en que se expresa en los dos escritos
El Fiscal General del Estado entiende que la seguridad jurídica consagrada por el artículo 9 de la Constitución no comporta
necesariamente la inalterabilidad de las normas, sin perjuicio de que el nuevo derecho deba ajustarse a la interdicción de la
irretroactividad elevada a norma constitucional, concluyendo, con respecto a este punto, que la disposición transitoria segunda,
b), cuestionada no altera el «status» anterior, sino que simplemente afecta al futuro, aunque es cierto que la construcción de
viviendas de protección oficial y la adquisición de las mismas se encuentran determinadas en gran parte por las medidas de
fomento -entre ellas las exenciones o reducciones tributarias- que la Administración adopte con base en la legalidad vigente, por
lo que en este caso puede entenderse quebrantada la seguridad jurídica al alterarse los beneficios de que se venía gozando y
que determinaron una concreta actuación.
Considera el Fiscal General del Estado que el aspecto de mayor trascendencia que el asunto suscita es el de la posible
vulneración del principio general de legalidad y del de legalidad o reserva de ley en materia tributaria, establecidos en los
artículos 9.3, 31.3, 86 y 133.1 de la Constitución. Tras efectuar diversas consideraciones en torno al principio de legalidad
tributaria y a su consagración constitucional, desde los puntos de vista doctrinal e histórico y en torno a la extensión de la
reserva de ley en materia tributaria, centra el tema sobre la figura del Decreto-ley, sobre las materias excluidas por el artículo
86.1 de la Constitución Española del posible contenido de tal tipo de norma -entre las que deben figurar aquéllas a que se refiere
el artículo 31.3- y sobre los efectos producidos por la convalidación del Decreto-ley mediante la posterior intervención del
Congreso de los Diputados. En su opinión, un Decreto-ley que regula materias que excedan de las constitucionalmente propias
incide en nulidad de pleno derecho, no subsanable ni convalidable. Concluye el Fiscal diciendo que, al margen de los términos «reducciones» y «bonificaciones»- utilizados por la disposición transitoria cuestionada, que considera irrelevante a pesar del
hincapié que en ellos hicieron los demandantes en el proceso contencioso-administrativo, el Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio,
regula materias excluidas de su ámbito por imperativo constitucional, por afectar dichas materias a lo dispuesto por el artículo
133.1, lo cual postula en su opinión la estimación de ambas cuestiones de constitucionalidad en los términos propuestos por el
Tribunal que las ha planteado.
El Abogado del Estado ha estructurado sus alegaciones refiriéndose, en primer lugar, al límite de la cuestión planteada y al
alcance y problemática general del precepto cuestionado; en segundo lugar, a los Decretos-leyes como reguladores del régimen
de los beneficios tributarios, y en tercer lugar, a la no vulneración por la disposición transitoria cuestionada del principio de
Con respecto al primer tema, señala el Abogado del Estado que no es toda la disposición transitoria segunda, b), la
cuestionada de inconstitucionalidad, sino sólo la referencia que hace a la reducción temporal del artículo 12.6 del texto refundido
de la contribución urbana -tributo local-, entra en el ámbito de cuestiones propias de las «haciendas locales» y debe enmarcarse
en las medidas urgentes adoptadas en relación con las mismas; que la disposición transitoria cuestionada no es una norma de
establecimiento o de agravación de la obligación tributaria, sino una norma sobre beneficios tributarios que reduce algunos de
ellos; los citados beneficios afectan al principio de igualdad, lo cual explica la reserva de ley del artículo 133.3 de la Constitución
Española, respecto de los que afecten a tributos del Estado. Al constituir los beneficios fiscales una figura cercana a las medidas
de fomento o a las subvenciones, su reducción por la disposición transitoria segunda, b), no puede considerarse como una
imposición de deberes, sino como un acercamiento de un conjunto de ciudadanos al nivel normal de obligación tributaria en la
contribución urbana. Asimismo considera que es injustificable y hasta extraña a la cuestión planteada la alegación de los
recurrentes en el recurso contencioso-administrativo de una pretendida falta de técnica tributaria por la transformación de unas
reducciones temporales en bonificaciones también temporales.
Con respecto al segundo tema, tras indicar que el artículo 86 de la Constitución no aparece citado en la parte dispositiva del
auto de planteamiento de la cuestión, sino sólo en sus fundamentos, señala el Abogado del Estado que las materias excluidas
por el artículo 86.1 del ámbito del Decreto-ley coinciden con las reservadas a la Ley Orgánica por el artículo 81.1, por lo que, al
no existir reserva de Ley Orgánica en materia tributaria, y al desempeñar la convalidación de los Decretos-leyes un fuerte
carácter normativo de su fundamento de validez, que los acerca o convierte en propias y verdaderas leyes, el Decreto-leyes
fuente constitucionalmente legítima de derecho tributario; que aunque no se aceptase la argumentación anterior, y aun
admitiendo que la materia regulada en el artículo 31 está excluida por el artículo 86.1 del ámbito del Decreto-ley, de la
interpretación del artículo 31.3 en conexión con el 133.1 y 2 se deduce que la prohibición de la regulación de los tributos por
Decreto-ley abarcará con mucho el ámbito de la reserva de ley en materia tributaria, y que dicha reserva de ley -aun entendida
como reserva de ley «votada en Cortes»- sólo afecta a las decisiones tributarias fundamentales, o sea, al establecimiento de un
tributo o a la alteración sustancial de su régimen, así como a la modificación de sus elementos esenciales, por lo que, al no
constituir la modificación regulada con la disposición transitoria cuestionada ni una decisión tributaria de tal carácter ni una
alteración de un elemento esencial de la contribución urbana, dicha modificación puede llevarse a cabo por Decreto-ley, e
incluso por vía reglamentaria. La reserva de ley específica establecida por el artículo 133 en materia de beneficios fiscales se
refiere sólo a su establecimiento o aumento y no a su supresión o reducción -lo cual se explica por qué estas últimas no
representan imposición de un deber, sino eliminación o reducción de un trato fiscal de favor- y se limita dicha reserva de ley a
los tributos del Estado, por lo que las exigencias de dicho principio son inferiores en el ámbito de las Haciendas locales.
Con respecto al tercer tema, señala el Abogado del Estado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha planteado un
problema sobre el alcance retroactivo de la norma cuestionada, aunque refiriéndose al principio generalísimo de seguridad
jurídica y no al más preciso de la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. La disposición
transitoria segunda, b), del Decreto 11/1979 no es una norma de eficacia retroactiva en sentido propio. Lo que hace es conceder
ultraactividad a uno de los elementos del primitivo artículo 12.6 del texto refundido de la contribución urbana -el del plazo de
duración del beneficio-, sin que exista derecho alguno a la perpetuación de un régimen jurídico. Tampoco tiene la disposición
cuestionada eficacia retroactiva en sentido impropio, pues no ha habido «adquisición» anterior del derecho a seguir disfrutando
del beneficio fiscal en los términos iniciales. La disposición transitoria cuestionada no es, según el Abogado del Estado, una
norma sancionadora, ni tampoco restringe ninguno de los «derechos individuales» a que se refiere el artículo 9.3 de la
Constitución, pues el único que es pensable que pudiera haber resultado afectado es el de propiedad (artículo 33 de la
Constitución Española), entendido como comprensivo del derecho a la cuantía determinada de un beneficio fiscal, pretensión
que califica como absurda, por lo que, aun admitiendo la retroactividad impropia de dicha disposición transitoria, no puede
estimarse que incurra en la retroactividad «in peius» constitucionalmente prohibida. Finalmente señala que diversas
consideraciones, como la situación financiera de las Haciendas locales y las diferencias de trato fiscal que se producirían,
justifican la medida adoptada por la disposición transitoria cuestionada, que por lo tanto no vulnera tampoco el principio de
seguridad jurídica, comprensivo del de interdicción de la arbitrariedad.
La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional acordó, de conformidad con el artículo 83 de la LOTC, abrir el trámite de
acumulación de ambas cuestiones de inconstitucionalidad, oyendo por plazo común de diez días al Abogado del Estado y al
Fiscal General, que se mostraron conformes a dicha acumulación, habiéndose dictado auto del Pleno de este Tribunal de 1 de
abril de 1982, por el que se dispuso dicha acumulación.
La cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Albacete consiste escuetamente en determinar si es o no conforme con la Constitución la disposición transitoria segunda,
letra b), del Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio de aquel año, por el que se dictaron medidas urgentes de
financiación de las Haciendas locales y que fue convalidado por el Congreso de los Diputados en la sesión de 27 de
julio siguiente. Sus autores justificaron el mencionado Real Decreto-ley en la perentoria necesidad de dotar a los municipios,
cuya autonomía acababa de ser reconocida por la Constitución, de medios financieros suficientes para desempeñar las
funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, tal como preceptúa el artículo 142 de la Constitución en relación
con los artículos 140 y 141 de la misma. El Real Decreto-ley califica la regulación que en él se contiene como «provisional» y
constituye, según expresamente dice su exposición de motivos, una «primera respuesta normativa» a la «cuestión inaplazable»
de ir resolviendo la ya crónica situación deficitaria de nuestras Corporaciones Locales, que ha producido en los últimos años,
según también literalmente se dice, una acumulación de deudas y una insuficiencia de recursos, con la consecuencia de una
deficiente atención de los servicios públicos y de una no justa distribución entre los ciudadanos de las cargas públicas.
Las medidas que en el mencionado Real Decreto-ley se adoptan afectan sobre todo de manera directa a la contribución
territorial urbana. Además de otros preceptos que no es necesario referir aquí, se dispone que se derogan las exenciones de
los apartados 5 y 11 del artículo 8 del texto refundido de la referida contribución; que las exenciones temporales, contenidas en
el artículo 10 del texto refundido citado y las reducciones temporales, a que se refieren los apartados 5, 6 y 7 de los artículos 12
y 13, se transforman en bonificaciones del 50 por 100 durante tres años, y que se derogan las bonificaciones del artículo 11 y las
bonificaciones de la deuda tributaria a que se refiere el artículo 14, salvo la del apartado 2, letra b).
Para determinar la suerte de las situaciones jurídicas existentes en el momento de la entrada en vigor del supradicho Real
Decreto-ley se dictan las disposiciones transitorias, entre las cuales se encuentra la indicada como segunda, letra b), que
ordena «que las reducciones temporales reguladas en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 12 y la del artículo 13 del texto
refundido, reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1980, se convertirán a partir de esta fecha y hasta completar el plazo
para el que fueron otorgadas en una bonificación del 50 por 100».
La cuestión de inconstitucionalidad ha surgido por considerarse que la citada disposición transitoria viola las
superiores normas de la Constitución en varios aspectos fundamentales: en primer lugar, en relación con el artículo 9, porque
la norma cuestionada destruye «a posteriori» y con efecto retroactivo derechos previa y legítimamente adquiridos, lo que, en el
caso concreto, al afectar al contenido de la propiedad, puede ser contrario al artículo 33 de la Constitución, y en segundo lugar,
en la medida en que la Constitución establece, para el ejercicio de la potestad tributaria, una reserva de ley, mientras que la
forma y el rango de la norma cuestionada son los de un Real Decreto-ley, lo cual está constitucionalmente vedado por el artículo
86 de la Constitución por afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la
De esta manera, son dos los grupos de cuestiones que en esta sentencia tenemos que resolver: uno, que se refiere a la
inconstitucionalidad que podemos llamar material, consistente en una violación del artículo 9 de la Constitución y
eventualmente del artículo 33, y otro, de inconstitucionalidad formal, que se relaciona con el rango y la forma de la
disposición normativa cuestionada.
El primer posible motivo de inconstitucionalidad es de carácter material. Se ha invocado una eventual vulneración del principio
de seguridad jurídica que consiste concretamente en la conculcación de sus manifestaciones más estrictas, como son el
principio de la irretroactividad de las normas, que la Constitución refiere a las «disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales» y el de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Las normas que establecen exenciones o reducciones tributarias crean ciertamente situaciones jurídicas
individualizadas en favor de los beneficiados. Puede discutirse doctrinalmente cuál es la naturaleza del poder jurídico
que se atribuye a los sujetos, a los que la norma previene que le sea aplicada la exención o la bonificación, pero no cabe
duda que en definitiva tal poder consiste en no satisfacer un determinado tributo o en satisfacerlo en una cuantía menor que la
prevista con carácter general. Algún autorizado sector doctrinal ha sostenido que en la exención de carácter general existe un
derecho subjetivo al disfrute de la misma, que no puede ser suprimido, ni suspendido durante su tiempo de vigencia, de manera
tal que la derogación de las normas en que la exención hubiera sido concedida no puede acarrear la pérdida de ese derecho, ni
puede éste, tampoco verse afectado por otras normas posteriores que supriman explícitamente las exenciones, porque en tal
caso estaríamos en un supuesto de violación de derechos tributarios adquiridos. Sin embargo, a nuestro juicio es más
correcto entender que el llamado derecho a la exención o a la bonificación tributarias es simplemente un elemento de la
relación jurídica obligacional, que liga a la Administración y al contribuyente y que, en el caso de la contribución
territorial, no integra el derecho de propiedad, el de usufructo o el derecho real concreto que sea objeto de la
contribución. El objeto de la exención -no pagar o pagar una cantidad inferior a la prevista con carácter general- es distinto del
objeto sobre el que recae el derecho real. Por ello, no puede hablarse en puridad de un auténtico derecho a la bonificación
tributaria o al mantenimiento del régimen jurídico-tributario de bonificación, que pueda entenderse incorporado al
patrimonio de los titulares del dominio -en nuestro caso, a la propiedad de viviendas de protección oficial- y del que éstos
puedan entenderse privados en virtud de una norma como el Real Decreto-ley 11/1979, por lo cual se muestra como
totalmente infundada la eventual idea de una violación del artículo 33 de la Constitución.
Puede asimismo afirmarse que la disposición transitoria segunda, b), del Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, no
ha producido una eficacia retroactiva de carácter pleno sobre derechos o situaciones existentes con anterioridad a su entrada en
vigor. Los preceptos cuestionados regulan, en materia de viviendas de protección oficial, los efectos de las situaciones
tributarias que se producen con posterioridad al 1 de enero de 1980, es decir, con posterioridad a su entrada en vigor. No posee
por tanto un efecto retroactivo pleno o de grado máximo ni tampoco la retroactividad llamada de grado medio, que incide
sobre efectos jurídicos ya producidos y todavía no agotados o consumados de las situaciones anteriores que perviven tras el
cambio legislativo. Por ello, no es posible apreciar vulneración de la norma formulada en el artículo 9.3 de la
Aunque admitiéramos hipotéticamente que el Real Decreto-ley aquí cuestionado afectó con una retroactividad de grado
mínimo al régimen de las bonificaciones tributarias de las viviendas de protección oficial, ello no implicaría por sí solo que tal tipo
de retroactividad constituya una vulneración del principio enunciado en el artículo 9.3 de la Constitución. Este Tribunal, en su
sentencia de 20 de julio de 1981 ( RTC 1981\27), ha dicho ya que, cuando se trata de la defensa del ordenamiento
constitucional, hemos de tener en cuenta que el concepto de «derecho individual» que el artículo 9 menciona no puede
confundirse con el «ius quaesitum». El artículo 9.3 -en todo o en parte- alude a los derechos fundamentales del título I. El
principio de irretroactividad del artículo 9.3, en cuanto a las leyes, concierne sólo a las sancionadoras no favorables y a las
restrictivas de derechos individuales, en el sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera de ello nada impide,
constitucionalmente, que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que considere oportuno. Y en la sentencia de 4
de marzo de 1982 ( RTC 1982\8), se dijo que basta rememorar los artículos 9.3 y 83.b) de la Constitución para convenir
que el límite de la retroactividad «in peius» de las leyes no es general, sino que está referido únicamente a las leyes «ex
post facto» sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Por lo demás la interdicción absoluta de cualquier tipo
de retroactividad conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento jurídico, a la petrificación de situaciones dadas,
consecuencias que son contrarias a la concepción que fluye del artículo 9.2.
El problema de la eventual inconstitucionalidad formal de la disposición cuestionada se desdobla a su vez en dos
subcuestiones preliminares, que consisten en determinar el alcance, la extensión y los límites del principio de legalidad en
materia tributaria y el significado político-jurídico de los Decretos-leyes en nuestra Constitución.
Para resolver la primera de las antes enunciadas cuestiones hay que destacar que el principio de legalidad en materia
tributaria, y su manifestación en una concreta reserva de ley, no es entendido hoy en día de modo inequívoco en la doctrina
y no puede extraerse fácilmente la conclusión de que nuestra Constitución haya consagrado absolutamente el referido principio,
con el rigor que hubiera podido tener en momentos históricos anteriores. La formulación del problema en nuestra
Constitución tiene que partir de los artículos 31.3, 86 y 133. Según el artículo 31.3, «sólo podrán establecerse prestaciones
personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley». Este precepto por sí solo no determina una legalidad
tributaria de carácter absoluto, pues exige que exista conformidad con la ley de las prestaciones personales o patrimoniales que
se establezcan, pero no impone, de manera rígida, que el establecimiento haya de hacerse necesariamente por medio de ley.
Por su parte, el artículo 133.1 dice que «la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al
Estado, mediante ley». Este precepto define una competencia exclusiva del Estado, si se lee en conexión con el subsiguiente
apartado segundo, y, además, establece sin duda una general reserva de ley, que, según la letra del precepto, debe entenderse
referida a la potestad «originaria» del establecimiento de los tributos, pero no, en cambio, a cualquier tipo de regulación de la
materia tributaria. Y el artículo 133.3, al decir que «todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse
en virtud de ley», conduce a la misma conclusión, pues es obvio que hay una legalidad estricta que comprende el
establecimiento de los beneficios fiscales, entre los que se cuentan, sin duda, las exenciones y las bonificaciones, pero no
cualquier regulación de ellos. Sobre el artículo 86 -que marca los límites del Decreto-ley- volveremos más adelante, pero desde
ahora puede decirse que no cierra el paso a cualquier regulación tributaria. Todo lo que hasta aquí llevamos dicho indica que
nuestra Constitución se ha producido en la materia estudiada de una manera flexible y que, como asegura un
importante sector de la doctrina, la reserva de ley hay que entenderla referida a los criterios o principios con arreglo a
los cuales se ha de regir la materia tributación: la creación «ex novo» de un tributo y la determinación de los elementos
esenciales o configuradores del mismo, que pertenecen siempre al plano o nivel de la ley y no pueden dejarse nunca a
la legislación delegada y menos todavía a la potestad reglamentaria.
El instituto del Decreto-ley se encuentra regulado por el artículo 86.1 de la Constitución, que permite que el Gobierno
utilice este instrumento y dicte este tipo de disposición, aunque lo somete a unos estrictos límites y a unas concretas
coordenadas, entre las cuales hay que recordar, como las más destacadas, que exista una situación que pueda calificarse como
de «extraordinaria y urgente necesidad», que en ningún caso se afecte al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado,
al de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, al régimen de las Comunidades Autónomas y
al Derecho electoral general; y que las normas así creadas sean inmediatamente sometidas a debate y votación en el Congreso
de los Diputados, el cual ha de pronunciarse sobre su convalidación o derogación.
De este modo, nuestra Constitución ha adoptado una solución flexible y matizada respecto del fenómeno del Decreto-ley, que,
por una parte, no lleva a su completa proscripción en aras del mantenimiento de una rígida separación de los poderes, ni se
limita a permitirlo en forma totalmente excepcional en situaciones de necesidad absoluta, entendiendo por tales aquéllas en que
puede existir un peligro inminente para el orden constitucional. Nuestra Constitución ha contemplado el Decreto-ley como
un instrumento normativo, del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida
actual, siempre que su utilización se realice bajo ciertas cautelas. Lo primero quiere decir que la necesidad justificadora de
los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema
constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y
normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa
respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, requieren
una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de
urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Apoyan esta interpretación dos tipos de consideraciones: por
una parte, el que nuestra Constitución separe el tratamiento de las situaciones, que pueden considerarse como de
extraordinaria y urgente necesidad, que dan lugar a estados de alarma, excepción y sitio, que define el artículo 116, y
que regule, en cambio, en otra sede sistemática diferente la necesidad justificadora de los Decretos-leyes; y, por otra
parte, el hecho de que el ámbito de actuación del Decreto-ley como instrumento normativo no se defina de manera
positiva, sino que se restrinja de modo negativo mediante una lista de excepciones. Por todo ello hay que concluir que la
utilización del Decreto-ley, mientras se respeten los límites del artículo 86 de la Constitución, tiene que reputarse como una
utilización constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la
gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en
que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta.
Para completar lo que hemos dicho en los apartados anteriores, debemos recordar la doctrina establecida ya en nuestra
sentencia de 31 de mayo de 1982 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 28 de junio) ( RTC 1982\29). La convalidación
que el Congreso de los Diputados puede realizar de un Decreto-ley no produce una sanción del mismo, si éste fuera
originariamente nulo por haberse producido con extralimitación, pues la «sanción» sólo podría producirse mediante su
transformación en ley una vez seguida la correspondiente tramitación parlamentaria. Lo que el artículo 86.2 de la Constitución
llama «convalidación» es más genuinamente una homologación respecto de la existencia de la situación de necesidad
justificadora de la iniciativa normativa encauzada por ese camino. La mencionada sentencia señaló también que
corresponde a este Tribunal el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad formal de la norma, lo que ha de
realizarse a través de dos vías: el ajuste de la misma en concreto a la relación genérica de materias que el Decreto-ley
puede comprender, y la observancia de la relación de adecuación entre la respuesta normativa dada a la situación
motivadora y la urgencia que la justificó, pues, aunque la observancia de los límites genéricos del artículo 86 de la Constitución
pueda haber existido y el Congreso de los Diputados pueda haber homologado el Decreto-ley, siempre tendrá que ser la
respuesta normativa adecuada congruentemente con la situación de necesidad alegada como título habilitante de la puesta en
marcha de esta fuente del Derecho.
La justificación que el Decreto-ley analizado en esta sentencia ofrece de la urgencia que lo promovió es admisible. Como el
preámbulo de dicho Decreto-ley decía, había que dar respuesta normativa inmediata a una cuestión inaplazable; era
absolutamente necesario asegurar el funcionamiento de las Corporaciones Locales democráticas elegidas en el mes de abril del
año 1979, proveyéndolas de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de sus funciones, y la medida era todavía
más necesaria si se tiene en cuenta que por imperio de la Constitución tales Entidades habían devenido autónomas. Además de
ello, debemos señalar que no se violaron con la utilización del reseñado Decreto-ley los estrictos límites genéricos que el artículo
86 contempla textualmente. Aunque el argumento ha sido esgrimido en el proceso de que esta cuestión de inconstitucionalidad
dimana, no se puede decir que el Decreto-ley cuestionado afecte a lo que el artículo 86 de la Constitución llama los
«derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I», por el hecho de que en el referido título I se
encuentra el artículo 31.1, según el cual -como más arriba hemos visto- «sólo podrán establecerse prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley», pues ya hemos dicho que en el sistema constitucional español no rige de
manera absoluta el principio de legalidad para todo lo atinente a la materia tributaria y que la reserva de ley se limita a la
creación de los tributos y a su esencial configuración, dentro de la cual puede genéricamente situarse el establecimiento de
exenciones y bonificaciones tributarias, pero no cualquiera otra regulación de ellas, ni la supresión de las exenciones o su
reducción o la de las bonificaciones, porque esto último no constituye alteración de elementos esenciales del tributo.
El Decreto-ley puesto en entredicho en la presente cuestión de inconstitucionalidad y analizado en esta sentencia puede
enmarcarse perfectamente en el ámbito del artículo 86 de la Constitución, en cuanto que la iniciativa normativa aparece movida
por una situación que puede calificarse como de necesidad, concebida en la forma flexible que más arriba hemos apuntado y en
la medida en que no se viola ninguno de los límites expresos que el referido artículo 86 establece y, en particular, el de legalidad
tributaria, tal como en esta sentencia lo hemos entendido. Nos resta de esta suerte por examinar una última y grave cuestión,
que es la adecuación entre la situación de urgencia habilitante del empleo de esta fuente del Derecho y determinante de
la normativa que se establece y las soluciones normativas mismas contenidas en la disposición.
El propio Decreto-ley objeto de análisis en nuestra sentencia reconoce de manera paladina el «carácter provisional» que su
regulación tiene, si bien esta enfatizada provisionalidad no encuentra después reflejo en el contenido normativo, pues el
Decreto-ley no se somete a un plazo de vigencia tras el cual deba quedar derogada su regulación. No queremos decir que todos
los Decretos-leyes, que son «disposiciones legislativas provisionales», según el texto del artículo 86 de la Constitución, tengan
que quedar necesariamente sometidos a un plazo temporal de vigencia, pues ésta no sería en términos absolutos una
conclusión correcta. En cambio, se puede afirmar que no existe la necesaria adecuación entre la situación de necesidad
habilitante y la regulación normativa producida, si a causa de la necesidad de dotar de medios y recursos financieros a
las Corporaciones Locales en su primer período de funcionamiento posconstitucional se estableciera una regulación de
las bonificaciones y exenciones tributarias de la contribución territorial urbana de las viviendas de renta limitada que
adquiera carácter permanente y normal. Es lo cierto, sin embargo, que la actual cuestión se suscita en relación con el primer
ejercicio fiscal posterior a la vigencia del Decreto-Ley, por lo cual la conclusión que hay que extraer es que el apuntado defecto
no se puede considerar producido referido a dicho momento. sin perjuicio de que en el futuro podamos llegar a una conclusión
diferente, si con el paso del tiempo la regulación nacida de una situación coyuntural y destinada a cubrir unas necesidades muy
concretas traspasara nítidamente tales límites y manifestara claramente su tendencia a la permanencia y a la normalidad, pues
si tal caso llegara podría hablarse de una sobrevenida falta de adecuación entre la situación habilitante y la normativa producida,
que en el momento actual no son perceptibles.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPAÑOLA,
Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Territorial de Albacete a que se refiere la presente
Dada en Madrid a 4 de febrero de 1983.-Firmado: Manuel García-Pelayo y Alonso.-Jerónimo Arozamena Sierra.-Angel Latorre
Segura.-Manuel Díez de Velasco Vallejo.-Francisco Rubio Llorente.-Gloría Begué Cantón.-Luis Díez Picazo.-Francisco Tomás y
Valiente.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.-Angel Escudero del Corral.-Antonio Truyol Serra.
que formula el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant a la sentencia de 4 de febrero de 1983, recaída en las cuestiones
de inconstitucionalidad acumuladas números 19 y 20 de 1982.
El Magistrado que suscribe, lamentando discrepar en la decisión mayoritaria del Tribunal, se cree en la obligación de disentir
tanto de la conclusión a que se llega en el fallo como de la fundamentación que le precede, en concreto del Fundamento
Jurídico sexto, en cuanto no aprecia la inconstitucionalidad formal de la disposición transitoria a que se refiere la cuestión
suscitada. Las razones que apoyan mi posición son, expuestas de forma sintética, las siguientes:
1. La disposición transitoria segunda, b), del Real Decreto-Ley de 20 de julio de 1979, de medidas urgentes de financiación de
las Haciendas Locales, que da lugar al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, establece: «2. Sin perjuicio de lo
determinado en la disposición transitoria anterior y respecto de la Contribución Territorial Urbana se dispone: b) Que las
reducciones temporales reguladas en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 12 y la del artículo 13 del texto refundido reconocidas
con anterioridad al 1 de enero de 1980 se convertirán a partir de esta fecha y hasta completar el plazo por el que fueron
otorgadas, en una bonificación del 50 por 100.»
La mera lectura del precepto transitorio evidencia -a mi juicio- que el Decreto-ley tiene en este punto efectos retroactivos en
cuanto afecta a un beneficio fiscal otorgado por un acto de calificación, en virtud de un título jurídico concreto, el acto de
calificación, como acredita también por lo demás la legislación de viviendas de protección oficial (así, artículo 9 del Real Decreto
2960/1976, de 12 de noviembre -( RCL 1976\2437 y NDL 30701 nota)-, que aprueba el texto refundido de la legislación sobre
tales viviendas).
El parecer mayoritario no excluye la existencia de esta retroactividad (Fundamento Jurídico tercero, párrafo 2.º de la
sentencia), pero en mi opinión no extrae de ello las necesarias consecuencias en orden a la inconstitucionalidad formal de la
mencionada disposición transitoria segunda, b); inconstitucionalidad que hubiera debido declararse, estimando así la cuestión
suscitada.
2. En efecto, el artículo 86 de la Constitución establece que los Decretos-leyes «no podrán afectar a los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos regulados en el título I». Deberes entre los que se encuentra el de contribuir a los gastos públicos,
de acuerdo con los criterios que indica el párrafo primero del artículo 31, el cual determina también en su número 3 que sólo
podrán establecerse prestaciones personales y patrimoniales con arreglo a la ley.
3. Pues bien, cuando el Estado concede un beneficio tributario por un plazo determinado, mediante un acto concreto, fija el
alcance del deber tributario del destinatario durante el tiempo de duración del beneficio. Su deber de contribuir queda limitado en
relación al de los demás en la cuantía del beneficio concedido y por el plazo otorgado, por lo que resulta claro que la disposición
transitoria cuestionada al incidir sobre beneficios fiscales ya reconocidos en virtud de actos concretos (no, por tanto, en simples
expectativas de que se mantenga la legislación) afecta a los deberes tributarios a que se refiere el artículo 31 de la Constitución
y, en consecuencia, vulnera los límites de su artículo 86 e incurre en una inconstitucionalidad formal, sin que exista un precepto
específico en la propia Constitución que permita sostener una excepción en materia tributaria. Por ello, no puedo compartir el
parecer mayoritario (Fundamento Jurídico sexto de la sentencia) de que «no se violaron con la utilización del reseñado Decretoley los estrictos límites genéricos que el artículo 86 contempla textualmente».
4. Por lo demás, no puede ignorarse la trascendencia de la disposición transitoria cuestionada en cuanto refleja un criterio de
actuación que puede incidir en la confianza de los ciudadanos en el Estado. Es el Estado el que ha establecido un régimen legal
especial para las viviendas de protección oficial, con sus ventajas y limitaciones. Los ciudadanos que han confiado en el Estado
y se han sometido voluntariamente a este régimen han obtenido, de acuerdo con la legislación aplicable, un título jurídico
concreto, que específica los beneficios concedidos y limita -en la misma medida- el deber tributario durante el plazo de duración
del beneficio otorgado. Y luego el propio Estado, que es quien ha diseñado el régimen especial, altera los deberes tributarios
modificando los beneficios ya concedidos por actos concretos (mientras mantiene en su integridad las limitaciones). Medida tan
importante excede a mi juicio del posible ámbito del Decreto-ley, de acuerdo con el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe
expresamente que el mismo afecte a los deberes de los ciudadanos a que se refiere su título I.
5. En conclusión, por las razones apuntadas, entiendo que lo procedente hubiera sido estimar la cuestión suscitada y declarar
la inconstitucionalidad de la disposición transitoria segunda, b), del Decreto-ley de 20 de julio de 1979.
Madrid, a 9 de febrero de 1983.-Firmado: Rafael Gómez-Ferrer Morant.-Rubricado.
stc 6 83 exenciones reserva ley
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente, y don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Díez Picazo, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero del Corral y don Antonio Truyol Serra, Magistrados, ha pronunciado Página 1 de 8 RTC\1983\6 EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA la siguiente Published on issuu

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