Source: http://www.todalaley.com/mostrarLey314p1tn.htm
Timestamp: 2019-04-22 04:45:28+00:00

Document:
1559 REAL DECRETO 2O91/1999, de 3O de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.
De otro lado, la Constitución Española, en el artículo 148.1.17.a, establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de fomento de la cultura. E, igualmente, el artículo 149.2 determina que, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y reformado por Leyes Orgánicas 1/1 994, de 24 de marzo, y 1/1999, de 5 de enero, establece en su artículo 12.9, que corresponde a la Comunidad Autónoma, la función ejecutiva en materia de propiedad intelectual, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias del Estado.
En este sentido, mediante el Real Decreto 2874/1 979, de 1 7 de diciembre, por el que se efectuó el traspaso en materia de cultura, se transfirieron ya al Principado de Asturias medios vinculados al ejercicio de funciones incluidas en el ámbito de la propiedad intelectual.
El actual artículo 144 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, en la numeración dada al mismo por el apartado 4 del artículo 6 de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, y el Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, tienen establecido un modelo registral descentralizado que supone una nueva adecuación del mismo, cuya puesta en funcionamiento se debe llevar a cabo conjuntamente entre las diferentes Administraciones públicas competentes. Para ello, el Ministerio de Edu-
cación y Cultura ha considerado necesario adecuar los medios ya traspasados a las Comunidades Autónomas.
Por último, el Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias.
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, esta Comisión adoptó, en su reunión del día 21 de diciembre de 1999, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, por el que se concretan las funciones y servicios de la Administración del Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado de Asturias en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual, adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en su sesión del día 21 de diciembre de 1999 y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
En consecuencia, quedan traspasados al Principado de Asturias las funciones y servicios, así como los medios personales y los créditos presupuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos allí especificados.
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Administraciones Públicas produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo.
Los créditos presupuestarios que se determinen, de conformidad con la relación número 2 del anexo, serán dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez se remitan al Departamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria de Administraciones Públicas, los respectivos certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

References: REAL DECRETO 
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 144
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto