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Timestamp: 2019-06-20 23:07:06+00:00

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Las prácticas comerciales desleales con consumidores se recogen en la ley 3/1991 de Competencia Desleal, tras su reforma por la ley 29/2009 que incorporó a nuestro ordenamiento la Directiva 2005/29/CE. La ley 29/2009 modificó los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 18, y da nueva redacción los artículos 19 a 39.
Las prácticas comerciales desleales se definen como “aquellas prácticas (…) que al inducir a engaño al consumidor, le impiden elegir con el debido conocimiento de causa y, en consecuencia, de manera eficiente.” En particular, para la Directiva de 2005 en su artículo 2 d) se trata de “todo acto, omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores.” Con posterioridad, los artículos 5 a 9 especifican los contenidos de tales prácticas que la normativa española, por lo que se refiere a prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, recoge en sus artículos 4, 5, 7 y 8 y el Capítulo III de la ley 3/1991 de Competencia Desleal, tras la mencionada reforma de 2009.
Aunque se incluyen dentro del ámbito de la protección de la concurrencia competitiva, las “prácticas comerciales desleales” tienen en cuenta exclusivamente los intereses de los consumidores. En efecto, como ya se ha apuntado, la Directiva de 2005 se limita a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, que de manera indirecta perjudica a otras empresas en el mercado. Por ello podemos decir que supone una herramienta directa de protección a los derechos de los consumidores.
Una cuestión esencial para comprender la naturaleza y alcance de las prácticas comerciales desleales viene recogido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Directiva de 2005 y en el artículo 2.3 de la ley 3/1991. En ellos se pone de manifiesto que la comercialización como viene entendida en tales textos legales es “el conjunto de actividades relacionadas con la preparación, la realización y ejecución de los contratos”. Por tanto, no se extiende a “las cuestiones relacionadas con los requisitos de validez, el perfeccionamiento y la determinación del contenido de los contratos”.
Proteger al consumidor en la fase negocial
El objetivo de la regulación de las prácticas comerciales desleales es proteger de forma específica la fase negocial en la que el consumidor adopta sus decisiones, garantizando así que éstas que sean racionales desde una perspectiva económica como corresponder, o debería corresponder, en un mercado donde la concurrencia empresarial careciera de distorsiones. El bien jurídico protegido es la libertad de elección en el mercado de los consumidores.
Añadir, por otra parte debemos distinguir la noción y alcance de las prácticas comerciales desleales del concepto recogido en el artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, por el que se consideran cláusulas abusivas a “todas aquellas prácticas no consentidas expresamente” por el consumidor que incorporen los mismos caracteres que se requieren de una estipulación para ser abusiva. Siguiendo a BUSTO LAGOS, la intención del legislador fue extender la normativa de cláusulas abusivas a las prácticas contractuales efectuadas por el empresario que no habiéndose incorporado al contrato mediante cláusulas, produzcan los mismos efectos que ellas. El punto de mira del legislador en estos casos está en la fase de ejecución del contrato y no en la negociación del contenido del mismo.
Esto merece a juicio negativo por parte del profesor BUSTO LAGO ya que “el tratamiento de una realidad de naturaleza fáctica (una conducta, un comportamiento) ha tratado de asimilarse a un régimen de validez o invalidez previsto para estipulaciones o cláusulas contractuales.” A ello añade que el principal problema es darle sentido a la expresión “no consentidas expresamente”, pues las prácticas desleales a las que se refiere a la Directiva 2005/29/CE, no dejan de serlo por el hecho de que sean consentidas previamente por el consumidor.
Los consumidores en las prácticas comerciales desleales
La ley de Competencia Desleal en su artículo 3.1 establece que será de aplicación a “los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado”. Es el artículo 4.1 el que incluye expresamente los actos de competencia desleal “en las relaciones con consumidores y usuarios”. No obstante, la ley no establece en su ámbito específico una definición de consumidor y usuario. Para ello hay que acudir al artículo 2 a) de la Directiva 2005/29/CE que define como consumidor “cualquier persona física que, en las prácticas comerciales contempladas por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión”. Esta definición concuerda prácticamente con la establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2007 en el artículo 3 primer párrafo: “son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.”
El párrafo segundo de este artículo 3 incluye dentro del concepto de consumidor “las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.” No obstante, si bien la ley de Competencia Desleal menciona expresamente a las personas “físicas o jurídicas que participen en el mercado” (Artículo 3.1) a tenor de lo recogido por la Directiva 2005/29/CE donde se refiere expresamente a personas físicas, entendemos que en el ámbito de las prácticas comerciales con consumidores recogidas en la ley de Competencia Desleal, no se incluiría a las menciones recogidas en el párrafo segundo del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios.
El consumidor en el ámbito del ahorro inversión
La noción de “cliente minorista” que establece la Ley del Mercado de Valores a los efectos de desplegar los efectos jurídicos recogidos en la misma, acoge la noción de consumidor que viene definida tanto en la normativa de protección de los consumidores como en el ámbito de las practicas comerciales desleales que hemos descrito en los párrafos precedentes.
Es importante la precisión que realiza el Considerando 18 de la Directiva 2005/29/CE al reconocer que no sólo toma como referencia al “consumidor medio”, sino que incluye disposiciones encaminadas a “impedir la explotación de consumidores cuyas características los hacen especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales.” Como ha señalado alguna sentencia, especialmente vulnerables ha considerado a los ahorradores que, no sólo se constituyen dentro del grupo de “clientes minoristas”, sino que, por enfrentarse a productos de naturaleza compleja, como hemos tenido ocasión de analizar, son susceptibles de un mayor desequilibrio y por tanto de un mayor cuidado por parte del empresario comercializador.
Hay que advertir que de acuerdo al artículo 19.1 de la Ley de Competencia Desleal, únicamente tienen la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios las previstas en el capítulo III (artículos 19 a 31) y en los artículos 4, 5, 7 y 8 de esta ley.
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References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 82
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 19