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Timestamp: 2018-01-22 18:08:48+00:00

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derechos humanos | INCAM
Por: Ángel M. Salvador Ferrer
El 18 de diciembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “el Tribunal” o “Corte IDH”) notificó la sentencia del Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras, de 8 de octubre de 2015[1], versada preponderantemente respecto del derecho a la propiedad colectiva de este grupo indígena por una alegada falta de garantía del uso y goce de su territorio ancestral por parte del Estado hondureño. La reciente sentencia ha introducido diversos elementos innovadores respecto de estándares sobre pueblos indígenas y tribales, destacando especialmente la incorporación de la figura del “saneamiento” bajo el abrigo de las obligaciones emanadas del derecho a la propiedad, contemplado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”). Este artículo abordará los elementos materiales más notables de este nuevo estándar.
La propiedad colectiva como marco de la obligación de sanear
Para proceder a analizar del alcance y significancia del saneamiento como estándar en la protección del derecho a la propiedad colectiva resulta imprescindible realizar una somera aproximación de este derecho según la jurisprudencia de la Corte Interamericana que nos permita encajar la figura central del texto.
La Corte ha afirmado que el artículo 21 de la Convención protege la estrecha vinculación que los pueblos indígenas y tribales guardan con sus tierras, incluyendo los recursos naturales de las mismas y los elementos incorporales que se desprenden de ellos[2]. Desde el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingui Vs. Nicaragua, el Tribunal ha considerado que las nociones de dominio y de posesión de carácter comunal y de propiedad colectiva sobre las tierras que tienen los pueblos originarios no se corresponden con la concepción clásica de propiedad[3], pero no por ello merece una menor protección conforme al artículo 21 convencional, ya que de otra forma se estaría afirmando que solamente existe una manera de usar y disponer los bienes, lo que significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para estos colectivos[4]. Así, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente[5], lo que incluye el deber de reconocer, con efectos jurídicos, la posesión tradicional como un título de pleno dominio[6].
El Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Antecedentes
La Comunidad Garífuna de Punta Piedra, pueblo de origen africano que empezó a asentarse a partir del siglo XVII en la costa atlántica hondureña, guatemalteca, nicaragüense y beliceña, solicitó al Estado de Honduras el reconocimiento de su territorio ancestral, siendo emitido el título de dominio pleno en 1993. Se cree con cierta inexactitud temporal que al tiempo de ser otorgado el primer título de propiedad empezaron a llegar a la región titulada alógenos provenientes de la zona de “Entrerríos” (conocidos también como ladinos) y asentándose al margen del Río Miel, quienes iniciaron actividades de cultivo y ganaderas. En 1999, el Instituto Nacional Agrario (en adelante “INA”), otorgó a solicitud de la Comunidad de Punta Piedra un título de ampliación de propiedad a través de un título definitivo de dominio pleno, adjudicándolo con base en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT[7] y con una cláusula de inalienabilidad, salvo voluntad de sus miembros, sin que fuera posible su venta a terceras personas.
No obstante lo anterior, tras la visita in situ a la región titulada a la Comunidad de Punta Piedra y ocupada por los pobladores de Río Miel, la Corte pudo constatar que entre los años 1991 y 2006 fueron emitidos títulos de propiedad en favor de ladinos, así como la existencia de una escuela, agua potable, vías de comunicación, iglesias, un campo de fútbol y viviendas construidas con material industrial. Con la llegada de los ladinos a la región los problemas no se hicieron esperar, existiendo entre las comunidades controversias manifiestas ambiental y socialmente. Por una parte, la Corte pudo comprobar que con la llegada de foráneos a la Aldea de Río Miel hubo un extraordinario aumento poblacional y, junto a la venta de predios titulados a favor de miembros de la Comunidad de Punta Piedra, se produjo una ampliación de campos de cultivo y una área deforestada cada vez mayor otrora boscosa y utilizada tradicionalmente por los garífuna. Además, la ocupación del territorio generó un problema de tenencia de tierras y, como consecuencia de ello, una situación de conflicto que introdujo violencia en la zona, caracterizada por amenazas y actos de hostigamiento, desembocando incluso en el asesinato de un líder político garífuna directamente relacionado con el conflicto de tierras[8].
El Estado, con el fin de encauzar los ya consolidados problemas entre ambas comunidades, efectuó diversas acciones que permitieran llevar a cabo el saneamiento de la propiedad de la Comunidad de Punta Piedra; principalmente dos comisiones interinstitucionales, un acta de entendimiento y dos actas especiales.
Las medidas de saneamiento en los acuerdos
En la primera comisión interinstitucional, de abril de 2001, las partes reunidas[9] reconocieron la existencia de un problema entre las dos comunidades concretado cuando el INA concedió a la Comunidad de Punta Piedra un título de dominio pleno sin haber realizado un saneamiento del territorio correspondiente al pago de mejoras introducidas por los ladinos de Río Miel, por lo que ambas partes signaron un acta de compromiso estableciendo, inter alia, que el Estado debía cumplir con su obligación de realizar el proceso de saneamiento a favor de los Punta Piedra, consistente en: i) el pago de las mejoras de la Aldea de Río Miel para que los garífuna pudiera hacer uso de su derecho pleno a la propiedad, y ii) la reubicación de los campesinos de Río Miel con las correspondientes acciones gubernamentales para apoyar, entre otros, el derecho de vivienda, salud, educación y agua que garanticen las condiciones apropiadas de reubicación. Ante la falta de avances y debido a la que la llegada de foráneos se incrementaba así como a la tala y la venta de tierras garífuna a terceros, los representantes de la Comunidad Garífuna solicitaron la reactivación de las negociaciones para el saneamiento del territorio colectivo controvertido; pero la partida presupuestaria para pagar las mejoras correspondientes nunca fue incorporado a los presupuestos nacionales.
Posteriormente, en septiembre de 2006, el Estado de Honduras y los representantes de la Comunidad de Punta Piedra firmaron un acta de entendimiento que ratificó la necesidad de sanear su territorio y realizar un nuevo avalúo de las mejoras introducidas por los ladinos, siendo esta última resolución desaprobada por los habitantes de Río Miel cuando funcionarios del INA se apersonaron en el territorio ocupado. Sin embargo, en abril de 2007 el INA y representantes de la Comunidad de Río Miel suscribieron un acta especial donde el Estado se comprometió a definir el área de la aldea, ocupantes, trabajadores, origen de posesión, número de dependientes y el valor de las mejoras en el área de terreno ocupado por los ladinos, concluyendo que las mejoras útiles introducidas por éstos por concepto de viviendas y de obras sociales ascendía al equivalente de 786.316 dólares[10]. Tal como ocurrió con el acta de 2001, la partida presupuestaria no fue adoptada ni el saneamiento efectuado.
Análisis jurídico de la obligación de sanear conforme al artículo 21 de la Convención
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) indicó que el saneamiento, entendido como el aseguramiento del goce y disfrute de su territorio tradicional de manera pacífica, es un componente del derecho a la propiedad colectiva.
Al margen de los análisis generales sobre el derecho a la propiedad colectiva y centrándonos en el saneamiento como una de las garantías para su uso y goce[11], la Corte IDH adujo que la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU resaltó que los Estados tienen la obligación de garantizar el uso y disfrute de su propiedad, lo cual implica el saneamiento del territorio cuando éste se encuentre ocupado por terceros[12]. De los peritajes en el caso, la Corte constató que las obligaciones derivadas del saneamiento de los territorios indígenas y tribales son diversas, incluyendo la reubicación de terceros, el pago de una compensación cuando hay mejoras y la prevención de conflictos originados en la intrusión de estos terceros[13]. También fue anotado por el Tribunal que países como Colombia reconocen expresamente la obligación de saneamiento como garantía del derecho a la propiedad colectiva[14].
Lo anterior llevo a la Corte IDH a reafirmar
[…] la obligación del Estado de garantizar el uso y goce efectivo del derecho a la propiedad indígena o tribal, para lo cual pueden adoptarse diversas medidas, entre ellas el saneamiento. En este sentido […] el Tribunal entiende que el saneamiento consiste en un proceso que deriva en la obligación del Estado de remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión. En particular, se realizará a través de la posesión plena del legítimo propietario y, de ser procedente y según lo acordado, mediante el pago de mejoras y la reubicación de los terceros ocupantes, a fin de que la Comunidad de Punta Piedra pueda hacer uso y goce pacífico y efectivo de su dominio pleno de la propiedad colectiva[15].
En el análisis del procedimiento de saneamiento planteado a nivel nacional, la Corte consideró que tras la ampliación del título de propiedad de 1999, el Estado tenía ya el deber irrebatible de sanear el territorio titulado, lo cual no realizó al no determinar claramente las zonas que supuestamente se encontraban ocupadas por terceros y, por ende, no prever y resolver los problemas de ocupación progresiva. Además, tal obligación le correspondía ejercerla de oficio y con extrema diligencia, tutelando también los derechos de terceros. Por ello, el Estado no asumió el compromiso propio de efectuar un saneamiento que cumpliera con el efecto útil de superación de las controversias y garantía de derechos a las comunidades en disputa, sino que dicho compromiso se siguió como una gestión destinada al fracaso, a pesar de haberse planteado como un acuerdo conciliatorio, el cual la Corte tuvo por idóneo por ser, a priori, una vía accesible, simple, posiblemente rápida y sencilla con la participación directa de los pueblos y con previsibles acuerdos resolutorios concretos, pero que acabó siendo un mero formalismo.
Por ello, la Corte IDH concluyó que Honduras era responsable de la violación del artículo 21 de la Convención en perjuicio de la Comunidad de Punta Piedra, dada la falta de garantía de uso y goce del derecho de propiedad colectiva.
La Comisión solicitó como medida de restitución la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otro carácter necesarias para lograr el saneamiento efectivo acorde con su cosmovisión; por ello solicitó: i) identificar rápida y completamente el territorio invadido; y ii) reubicar a los habitantes de Río Miel de forma consensuada y pacífica de forma que no se vean afectadas la vida e integridad de sus miembros durante el proceso. Los representantes coincidieron a grandes rasgos con las demandas de la Comisión y el Estado propuso realizar un nuevo avalúo de las mejoras útiles y necesarias introducidas por los pobladores de Río Miel y, adicionalmente, destinar una partida económica con la finalidad de reubicarlos.
La Corte, tomando en cuenta las peticiones de las partes, estableció que, a fin de lograr una reparación integral, el Estado debía realizar el saneamiento de las tierras tradicionales tituladas a favor de la Comunidad de Punta Piedra y hacer efectiva la implementación de los acuerdos alcanzados. Para ello, se obligó al Estado a cumplir cuatro acciones concretas: i) adoptar las medidas necesarias para restituir de manera integral el territorio; ii) garantizar que los Garífuna de Punta Piedra no sufran ninguna intrusión, expansión adicional, interferencia o afectación de parte de terceros, incluyendo al Estado; iii) proceder con el pago de mejoras y reubicación de los colonos de Río Miel; y iv) valorar una posible compra o expropiación, por razones de utilidad pública o interés social, en los casos de títulos legítimos de propiedad en la región de Río Miel adquiridos con anterioridad al segundo título de propiedad.
Con base en lo anterior, que supuso dotar de contenido concreto a la obligación de sanear, la Corte señaló en el segundo punto dispositivo de la sentencia que
El Estado debe garantizar el uso y goce, a través del saneamiento, de las tierras tradicionales que fueron tituladas por el Estado a favor de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra, llevando a cabo dicha obligación de oficio y con extrema diligencia […]
Con la sentencia del Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros, la Corte Interamericana da un importante paso en la vanguardista interpretación del derecho a la propiedad privada recogida en el artículo 21 de la Convención. Una trayectoria que inició con los pronunciamientos concernientes a la falta de reconocimiento del derecho a la propiedad de los grupos indígenas en el marco de conflictos comunitarios en Estados como Nicaragua, Surinam o, posteriormente, Ecuador y Paraguay, entre otros; y la desprotección a la que quedaban sumidas las comunidades originarias frente a terceros agentes como grupos empresariales dedicados al sector turístico o a la industria extractiva, viendo seriamente comprometida su vida e integridad individual y como grupo étnico.
Con la incorporación del saneamiento como obligación jurídica internacional emanada de la interpretación del artículo 21 se consolida, como ocurrió con el ya desarrollado derecho a la consulta previa, un cuerpo de garantías de uso y disfrute de aquéllos derechos tan básicos y necesarios para la supervivencia de los pueblos indígenas y tribales como lo es el derecho a poseer y disponer del territorio y sus recursos tradicionales.
[1] Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Serie C No. 304.
[2] Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Serie C No. 305, párr. 101.
[3] Cfr. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 148 y 149; Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 284, párr. 111.
[4] Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 120; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras, supra nota 2, párr. 165
[5] Cfr. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 91
[6] Cfr. Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párrs. 131 y 209; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 109
[7] Artículo 14: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”
[8] El fallecido Félix Ordóñez Suazo era coordinador y vocal del Patronato de la Comunidad de Punta Piedra. Anteriormente a su muerte ya había recibido amenazas por parte de pobladores de Río Miel por la titularidad de un terreno.
[9] Los allí reunidos fueron el Instituto Nacional Agrario, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo
[10] Concretamente se fijó en 17.108.848,58 lempiras
[11] Para mayor información sobre las garantías del uso y goce de la propiedad colectiva, ver los párrafos 169 a 175 de la presente sentencia.
[12] Cfr. ONU, Mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Comunicación de 10 de mayo de 2013. Disponible en: https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_UA_Nicaragua_10.05.13_(1.2013).pdf, consultado el 20 de diciembre de 2015
[13] Peritaje de José Aylwin rendido en la audiencia pública del Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras.
[14] Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-387/13, de 28 de junio de 2013, párrs. 9, 10 y 11. Disponible en: http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-387-13.htm, consultado el 20 de diciembre de 2015
[15] Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras, supra nota 2, párr. 181
Publicado el 25 marzo, 2016 Etiquetas CIDH, Corte IDH, derechos humanos, propiedad colectiva, Punta Piedra, saneamientoDejar un comentario
“México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sergio García Ramírez”.
Por: Raúl Cervantes Andrade
Hace unas semanas participé realizando comentarios sobre la conferencia magistral “México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que impartió el doctor Sergio García Ramírez a alumnos de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estar en ese lugar de Naucalpan es una experiencia que inspira y alienta, pues se trata de una institución estratégica que, en apenas cuarenta años, se ha convertido en un referente nacional de excelencia en la formación profesional. La distinción de la que fui objeto cuando me solicitaron exponer una breve reflexión jurídica en el Teatro Javier Barros Sierra, se duplicó al invitarme a realizarla al lado del gran jurista de quien se trataba y, derivado de ello, a impartir, posteriormente, una conferencia sobre el nuevo régimen jurídico de los derechos humanos en México.
Abordar el tema de la “navegación americana” de los derechos humanos –expresión empleada frecuentemente por García Ramírez para referirse al proceso de evolución del reconocimiento de los derechos humanos y la creación de sus instrumentos de garantía en el ámbito interamericano– en relación con su acogida por el derecho mexicano, conlleva emplear, en diversas ocasiones, aspectos de la doctrina y la jurisprudencia escritos, precisamente, por Don Sergio García Ramírez. Como constitucionalista, como apasionado del derecho y como mexicano, reconozco en él a una autoridad indiscutible que no sólo ha estudiado el derecho, sino que ha producido teoría jurídica, ha participado en la confección de leyes y, especialmente, ha influido en la construcción y el perfeccionamiento del sistema interamericano y del sistema nacional de derechos humanos. Es por ello que decidí elaborar este texto, con la finalidad de abonar a la vigencia de su pensamiento, el cual constituye un faro que alumbra el camino de quienes, de alguna u otra forma, nos hemos comprometido a enriquecer el debate y las propuestas en torno a la efectividad de las libertades fundamentales.
Quien fuera juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado por años, impulsado y explicado el papel de los sistemas nacionales de protección de derechos humanos, frente a la actuación, cada vez de mayor trascendencia, de ese órgano judicial supranacional. Posee la auctoritas por sus vastos conocimientos sobre el origen, las crisis, la evolución y los temas pendientes de México y los países de la zona, en relación con los derechos fundamentales; porque los ha compartido, pero también, y especialmente, por sus inagotables esfuerzos en la construcción del andamiaje institucional derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido imprescindible para el cumplimiento de los mandatos de la Declaración Universal de Derechos de Derechos Humanos y los correspondientes Pactos.
En su reflexión académica, García Ramírez, pluma en mano, suele colocar el acento en la descripción y explicación de los lugares y las circunstancias, lejos de sólo enjuiciar mediante un veredicto tajantemente positivo o negativo. Para él, no todo es blanco o negro, más bien las escalas de grises constituyen el tamiz más frecuente tratándose de derechos humanos, ámbito en el que, al igual que en el resto del Derecho, nos enfrentamos con nociones siempre inacabadas y no con conceptos que invariablemente se correspondan en forma y fondo. Al teorizar no podemos perder de vista que lo hacemos desde el terreno de las realidades hermenéuticas, los constructos y lo que ello trae consigo. Claro está, en este caso, lo hacemos sobre la base común del consenso con respecto al reconocimiento universal de la persona, su dignidad humana y su valor como tal.
En sus textos, el jurista en alusión ha señalado como uno de los retos históricos más relevantes para la edificación y el éxito del régimen internacional de los derechos humanos, a la diversidad de rasgos y el multiculturalismo entre las personas de los Estados y las regiones que éstos conforman, concretamente, entre los latino, ibero o hispanoamericanos. En uno de esos textos da cuenta de cómo “esta región presenta una gran heterogeneidad, reflejada en la expresión ‘las Américas’”; en este sentido, precisa que “el conjunto de Estados y pueblos que residen en el continente americano y su vecindad insular, se integra con subconjuntos profundamente diferentes entre sí, y cada uno de éstos posee un perfil propio en lo que respecta a la regulación y protección de los derechos humanos”.
Este fenómeno, como sabemos, no es exclusivo del ámbito metanacional. Cuando alguien alude o intenta reflexionar acerca de México, es inevitable que yo inquiera para plantear: “¿Cuál México?”. En nuestro país convergen distintas visiones, pero también distintas historias y realidades, que en ocasiones llegan a ser radicalmente opuestas, sobre lo que somos: ¿El México del norte? ¿El México del sur? ¿El México del noreste? ¿El del suroeste? “¿Cuál México?” ¿El del Bajío? ¿El México de la Laguna? ¿O el México de la Riviera Maya? Así es esta Nación, la nuestra. Así como “las Américas”, a las que se refiere García Ramírez, presentan una gran heterogeneidad, “los ‘Méxicos’” también. Esa ha sido y es una de las condicionantes de mayor importancia para identificar con precisión y reconocer las prácticas sociales, los valores y los principios, en ocasiones difíciles de armonizar, que deben orientar el debate parlamentario, así como la redacción, interpretación y aplicación de las normas, por parte de todas las autoridades, y la plena efectividad de los derechos humanos. Tradiciones, cultura, religión, experiencias particulares, necesidades específicas, anhelos en ocasiones discrepantes, tienen una función protagónica en el nuevo paradigma del derecho. Todo ello comprendido con base en construcciones artificiales históricas, alcanzadas a partir de acuerdos que, por una parte, no reflejan necesariamente las creencias de todas las personas y, por la otra, no constituyen jamás una verdad absoluta e inmutable. La labor es mucho más compleja de lo que su apariencia pudiera hacer suponer. Esas “fronteras en el interior de las Américas” se replican como “fronteras en el interior de los ‘Méxicos’”. Enfrentamos el reto de continuar empleando, cada vez de forma más equilibrada, el multiculturalismo y la diversidad para el perfeccionamiento de la democracia.
No se explica el estado actual del constitucionalismo mexicano y el surgimiento propiamente de un sistema nacional de protección de derechos humanos, sin el papel de la Corte Interamericana. En palabras de quien, desde hace muchos años, también se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, este tribunal regional es una “instancia de generación de un renovado derecho interamericano de los derechos humanos, que establece, mediante el conocimiento de grandes temas, litigios de especial trascendencia, los criterios que acogerán los órganos nacionales en un amplio proceso de recepción del Derecho interamericano”. Como se precisa en esta noción, nuestro país ha recogido tales criterios y los ha incorporado en su base normativa.
Durante sus más de treinta años de existencia, la Corte Interamericana ha tenido que enfrentar –y ha sabido hacerlo–, obstáculos que la han fortalecido y han forjado su vocación. A la distancia, podemos señalar como algunos de esos obstáculos los siguientes: las ideas tradicionales sobre la soberanía y la jurisdicción doméstica; la aceptación formal y material de su competencia; la insuficiencia de recursos para su operación (aunque cabe mencionar que este aspecto no se ha resuelto de la forma deseable, por lo que es doblemente encomiable la labor de sus jueces y de las personas que ahí laboran), y la necesidad de formar un ius commune americano en materia de derechos humanos, lo que se ha venido logrando gracias a su jurisprudencia.
García Ramírez ha reconocido que para lograr la consolidación institucional de la Corte ha sido crucial el activismo y la participación profesional de la sociedad civil organizada y de algunos actores emergentes. Como lo señala él mismo, “la sociedad civil ha jugado un papel de primer orden. Sin la presencia de las organizaciones de este ‘tercer sector’, el Sistema Interamericano no habría alcanzado el desarrollo que ahora tiene, y los sistemas nacionales carecerían de un instrumento particularmente riguroso y eficaz para la reclamación de derechos y libertades”.
Cuando habla de derechos humanos, este profesor universitario habla de “democracia”, sobre la cual refiere que se trata de “un derecho de los pueblos americanos implícito o explícito en las Constituciones nacionales y sólo recientemente reconocido en un instrumento de alcance regional”. Lo cita en relación con la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001. Esto al tiempo que nos recuerda “que las constituciones latinoamericanas se inscribieron en el catálogo de las denominadas ‘nominales’ o ‘semánticas’, más discursivas que normativas”. Lo que obedece a razones de historicidad y, a la vez, ha significado, en ocasiones, un anclaje en el terreno de la retórica en lugar de una evolución hacia la realización de sus postulados.
De acuerdo con García Ramírez, existen vías de entendimiento que conforman verdaderos “puentes” entre los ordenamientos internacional y nacionales, que han logrado sembrar armonía en donde hubo dispersión y enfrentamiento. Por medio de ellos, tiene lugar la recepción nacional del orden internacional, en cuanto al Derecho internacional de los derechos humanos. Se trata, así lo advierte, de los hilos de enlace que unen “los hemisferios normativos nacional e internacional, que tienen distinta naturaleza y que operan en varios ámbitos: político, normativo y práctico”. Esos puentes, que se construyen en virtud de la vocación de la Corte y de decisiones nacionales, de acuerdo con él, son, principalmente, los siguientes: antes que todo, el puente constitucional, a partir del cual, puntualiza, se difunden las consecuencias hacia toda la estructura normativa, pues las constitucionales son las disposiciones que, en este sentido, afirman el nivel que se debe reconocer a las normas convencionales; la segunda vía de enlace que reconoce es la legislativa ordinaria, es decir, las leyes de implementación o, como yo las denomino, de desarrollo, en este caso, tratándose de derechos humanos; tenemos también las políticas públicas, con sentido o perspectiva de derechos humanos, receptoras de los mismos y de sus variadas implicaciones en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, que permitan hacer realidad los contenidos programáticos, y la formación y consolidación de la cultura de respeto de los derechos humanos, un tema en el que personalmente he insistido mucho cada vez que tengo oportunidad, pues albergo la convicción de que constituye la principal vía para que la causa de los derechos humanos deje de serlo y su respeto se convierta en una cuestión cotidiana.
Explicar el origen de nuestro actual sistema nacional de protección de derechos humanos conlleva remitirnos a la Corte Interamericana. La reforma constitucional en esta materia del año 2011 y las subsecuentes, con las cuales emerge y se está afirmando formalmente lo que se ha identificado como el nuevo paradigma del Derecho en México, han sido producto de la evolución de nuestro sistema jurídico, impulsada en parte por opiniones, recomendaciones y sentencias de expertos, de organismos internacionales dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente, por resoluciones de la Corte Interamericana –las más emblemáticas, las de los casos Radilla Pacheco y Campo Algodonero–. Claro está, la esencia y la visión progresista de los miembros de nuestro tribunal constitucional han sido determinantes para el eco y la trascendencia del Derecho internacional de los derechos humanos en el derecho doméstico. Acueducto Independencia Yaquis, Fuero Militar y Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, representan sentencias relevantes en materia de derechos humanos correspondientes a casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido, interpretaciones y resolutivos, que hoy constituyen un referente para todas las autoridades y los particulares, son producto de su evolución en paralelo a la del Tribunal de las Américas. Las resoluciones de casos en México, como la relativa a discriminación laboral por edad (sentencia 992/2014), en donde tiene lugar la protección material de derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, han sido inspiradas u orientadas, de alguna manera, por interpretaciones y argumentos de los jueces interamericanos.
En este contexto y con la finalidad de valorar en su justa medida los avances y pendientes del Estado mexicano (cuando hablo de Estado me refiero también a la población) es menester no perder de vista que, contrario a lo que en ocasiones se ha sostenido, nuestro constitucionalismo y nuestro sistema nacional de protección de derechos humanos son únicos y distintos a los demás, con características propias.
Si bien es cierto, el derecho constitucional norteamericano tuvo una influencia muy importante en el nuestro, también lo es que durante la primera mitad del siglo XX, en México, diseñamos en gran medida y legamos al mundo el denominado “constitucionalismo social”, con esa amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales que, incluso, posteriormente impulsaríamos los latinos, para su reconocimiento expreso en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la persona del chileno Hernán Santa Cruz, también lo es que, a finales del siglo pasado y principios de este siglo XXI, al igual que lo han hecho otros países latinoamericanos, en el nuestro, hemos alcanzado una evolución muy relevante y “muy americana” –más precisamente “latinoamericana”–, con visiones propias, liberales y progresistas, cuyo origen, motor y destino son los derechos humanos y su efectividad. Por supuesto que este grado de avance no se comprendería sin tomar en cuenta los efectos negativos de algunas realidades históricas, como las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, así como los elevados y perpetuados niveles de pobreza, desigualdad y violación de derechos humanos en prácticamente todo el continente. La dirección de los esfuerzos que han hecho posible esa evolución la ha asumido determinantemente la Corte Interamericana. Su jurisprudencia y el contenido de la misma han influido, transformado y desbordado nuestras bases normativas, concretamente la de México.
Por esas razones, para continuar vigorizando el sistema jurídico mexicano, debemos seguir impulsando la eficacia del Sistema Interamericano. Para lograrlo es fundamental identificar áreas de necesidad y satisfacerlas. De acuerdo con el doctor Sergio García Ramírez, algunas de esas tareas son las siguientes:
El fortalecimiento del impacto de las resoluciones emitidas por los órganos del Sistema, a través de las distintas vertientes, que comprenden las resoluciones y las recomendaciones;
El cumplimiento de las medidas de reparación elaboradas por la Comisión y la Corte;
La “nacionalización” del tribunal interamericano en cada uno de los países sobre los que ejerce jurisdicción contenciosa;
El ejercicio armónico y efectivo del control difuso de la convencionalidad;
El déficit, que aún hoy existe, en cuanto a la recepción legal (no constitucional) de aquellos derechos y de las decisiones de los órganos internacionales de protección, me refiero a las leyes de implementación, y
Algo muy importante, sobre lo que ha insistido el académico que nos ocupa: estar conscientes de que validez de las resoluciones de la Corte “depende del clima político de las Américas y de la actitud de los gobiernos americanos hacia los derechos humanos en general”.
Así también, los sistemas nacionales que han admitido la jurisdicción de la Corte deben continuar realizando, progresivamente, acciones concretas con el objetivo principal de dar plena efectividad a los derechos humanos. Entre esas acciones, también en concierto con lo señalado por quien fuera consejero del Instituto Federal Electoral, podemos citar las siguientes:
Evolución del pensamiento judicial y, en efecto, de interpretaciones restrictivas, a fin de alcanzar un comportamiento judicial generalizado y arraigado, ampliamente comprometido con los derechos fundamentales;
Atracción y resolución de casos paradigmáticos para asentar criterios trascedentes de interpretación, por parte de los tribunales constitucionales de los Estados;
Impulso de una actitud de mayor activismo judicial en pro de los derechos humanos;
Promoción del control difuso de convencionalidad, y
Especialización y formación de abogados con una vocación y visión firmes de protección y respeto de las libertades humanas.
Finalmente, es menester de quienes nos dedicamos al estudio del Derecho abordar los elementos del nuevo régimen jurídico de los derechos humanos en el caso de nuestro país, a fin de impulsar su actualización en el marco de las nuevas expectativas jurídicas, en medio de la complejidad del contexto actual. ¿Cuáles son esos elementos y, entre más, qué conllevan?
1) La existencia de una Constitución, que implica la necesidad de un constitucionalismo de principios;
2) Después del reconocimiento de los derechos humanos, su plena efectividad;
3) Ante el principio de división de poderes, el perfeccionamiento de mecanismos de colaboración;
4) En virtud del surgimiento de los órganos constitucionales autónomos, su funcionalidad;
5) En relación con el sistema de controles de la constitucionalidad y convencionalidad, su eficacia, pertinencia y accesibilidad;
6) En cuanto al sistema representativo, su perfeccionamiento a la luz de las nuevas expresiones de participación ciudadana;
7) En lo relativo al sistema federal, el diseño de mejores mecanismos de coordinación y cooperación entre los órdenes de gobierno;
8) Sobre el sistema de partidos políticos, una mayor democratización, apertura y competitividad;
9) Con respecto al Derecho en general, sus fuentes e interpretación, la profesionalización y actualización constantes de todos los operadores jurídicos, poniendo acento en los nuevos métodos de interpretación y de ponderación, así como en la deontología jurídica, y
10) En relación con la cultura de respeto a los derechos humanos, su promoción desde los procesos básicos de enseñanza-aprendizaje, basándola siempre en la razón, con el objetivo vigorizar la consciencia.
Serían necesarias muchísimas páginas para profundizar en toda la obra, la labor y las aportaciones invaluables de Don Sergio García Ramírez. Sin duda, él personifica la conquista académica e institucional por parte de los derechos humanos, su evolución y los resultados que ello ha dado. Este texto es una pequeña muestra y pretende ser también un modesto reconocimiento. Concluyo insistiendo en la necesidad de que hagamos evolucionar y expandir aún más la vocación y consciencia sobre el respeto de los derechos humanos, hasta el punto en el que su efectividad sea plena, sin discriminación ni condicionante de ningún tipo y acorde siempre con la dignidad humana, en suma, que sea democrática sobre la base de un Estado Constitucional de Derecho.
Publicado el 25 marzo, 2016 Etiquetas CIDH, Corte Interamericana, derechos humanos, México, Pacto de San José, Sergio García RamírezDejar un comentario

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