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Timestamp: 2018-12-11 03:01:23+00:00

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﻿ Auto 2007-00600 de abril 26 de 2013
AUTO 2007-00600 DE 26 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:PERJUICIO PARA ACUDIR A LA CASACIÓN. CUANDO EL PERJUICIO QUE LE IRROGA LA PROVIDENCIA ATACADA ES DETERMINADO O ES PLENAMENTE IDENTIFICABLE SIN NECESIDAD DE AUXILIO, EL AD QUEM DEBE PRONUNCIARSE DIRECTAMENTE SOBRE SU CONCESIÓN O NO, PREVIO ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA, PARA LO CUAL DEBERÁ TENER EN CUENTA LA DEMANDA, LAS MANIFESTACIONES DE LOS CONTRADICTORES Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE CONLLEVEN A SU DELIMITACIÓN, ASÍ COMO LAS DECISIONES DEFINITORIAS. EL DETRIMENTO DETERMINANTE DEL INTERÉS PARA IMPUGNAR POR ESTA VÍA EXTRAORDINARIA ES EL QUE EMERGE EL DÍA EN QUE SE PRONUNCIA LA PROVIDENCIA QUE DECIDE DE FONDO EL LITIGIO, POR REGLA GENERAL, EN SEGUNDA INSTANCIA Y, POR EXCEPCIÓN, EN PRIMERA EN LA CASACIÓN PER SALTUM.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPAÑÍA DE SEGUROS, PERJUICIOS, RECURSO DE CASACIÓN
Auto 2007-00600 de abril 26 de 2013
Ref.: Exp. 110013103023-2007-00600-01
Procede la Corte a resolver lo que corresponda sobre la admisión del recurso de casación propuesto por Liberty Seguros S.A., frente a la sentencia del 3 de octubre de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantan Rosa Vargas viuda de Flórez y Martha Rocío Cabezas Vargas contra la Corporación de los Trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos Cavipetrol y la impugnante.
1. Las accionantes pidieron que “se decrete en contra de Liberty Seguros SA y Cavipetrol, el pago de la suma de ciento treinta y seis millones, cero veintitrés (sic) novecientos noventa y seis pesos ($ 136.023.996) por concepto del seguro de vida grupo no contributivo que consta en la respectiva póliza o certificado individual de vida grupo no contributivo, cuyo tomador fue Cavipetrol, a favor de mis poderdantes señoras Martha Rocío Cabeza Vargas y Rosa Vargas viuda de Flórez, beneficiarias del causante, señor Jorge Flórez Vargas (rip)”; así como el “pago de los demás réditos, intereses corrientes y moratorios, costas, agencias y labores en derecho, y perjuicios de todo orden, que genere el presente proceso en favor de mis poderdantes y en contra de las partes demandadas” (fls. 1 y 2, cdno. 1).
2. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá profirió sentencia, en la que declaró prósperas las excepciones y negó lo pretendido. Las gestoras apelaron (fls. 650-677, ibídem).
3. El superior la revocó para tener por probada la falta de legitimación en la causa de Cavipetrol e infundadas las defensas de Liberty Seguros, “dada la prescripción de esa acción de nulidad”. Consecuentemente, condenó a la aseguradora a pagar, por la muerte de Jorge Flórez Vargas amparada en la póliza Nº 91201838, “a la señora Martha Rocío Cabeza Vargas la suma de ciento ocho millones diecinueve mil ciento noventa y seis pesos con 80/100 ($ 108.019.196,80), correspondiente al 80% del valor de dicho seguro de vida, y a la señora Rosa Vargas viuda De Flórez (a sus herederos), la suma de veintisiete millones cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con 20/100 ($27.004.799,20), correspondiente al 20% del mismo seguro, junto con los intereses moratorios comerciales a la máxima tasa autorizada por la ley, a partir del 16 de enero de 2006 y hasta la fecha del pago” (fls. 12-57, cdno. 6)
4. La parte vencida interpuso casación (fl. 59, ibídem), que le fue concedida por auto del 24 de enero de 2013, en el que ordenó la constitución de caución por cien millones de pesos ($100.000.000), de conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 371 (fl. 76 id).
5. Prestada en tiempo la garantía se tuvo por suficiente y, previa suspensión del cumplimiento de la sentencia, se dispuso dar acatamiento a la orden de remisión de las actuaciones a esta corporación (fls. 82 y 84 ejusdem).
1. El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil contempla que “[e]l recurso de casación procede contra las (...) sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, entre otras, en “las dictadas en los procesos ordinarios o que asuman ese carácter”.
2. Corresponde a quien concede este recurso extraordinario efectuar la revisión del proceso, con el fin de establecer si quien impugna la sentencia se encuentra autorizado para ello, tomando en cuenta, entre otros factores, el perjuicio que le irroga la providencia atacada, a la fecha de su emisión. Solo en casos extraordinarios, esto es, cuando no existe claridad al respecto, se le posibilita acudir a la colaboración de profesionales idóneos que lo asesoren con tal fin.
Así lo precisó la Sala al señalar que “[s]i bien el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil autoriza a quien debe conceder el recurso, para que acuda al justiprecio por perito cuando no esté debidamente esclarecido el ‘interés para recurrir’, dicha norma, interpretada en sentido contrario, implica que cuando este se encuentre determinado o sea plenamente identificable sin necesidad de auxilio, debe pronunciarse directamente el ad quem sobre su concesión o no, previo análisis de su procedencia, para lo cual deberá tener en cuenta la demanda, las manifestaciones de los contradictores y demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias” (auto de oct. 3/2011, Exp. 2003-00329) y que “se ha establecido como criterio pacífico que el detrimento determinante del interés para impugnar por esta vía extraordinaria es el que emerge el día en que se pronuncia la providencia que decide de fondo el litigio, por regla general, en segunda instancia y, por excepción, en primera en la casación per saltum, que dicho sea de paso no es la circunstancia aquí ventilada” (auto de jul. 11/2011, Exp. 11001-0203-000-2010-01697-00)
3. El sentenciador de segunda instancia, en este asunto, condenó a la censora al pago de ciento treinta y cinco millones veintitrés mil novecientos noventa y seis pesos ($ 135.023.996), resultantes de la sumatoria de ciento ocho millones diecinueve mil ciento noventa y seis pesos con ochenta centavos ($ 108.019.196,80) y los veintisiete millones cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos con veinte centavos ($ 27.004.799,20), reconocidos a Martha Rocío Cabeza Vargas y Rosa Vargas viuda de Flórez, respectivamente; “junto con los intereses moratorios comerciales a la máxima tasa autorizada por la ley, a partir del 16 de enero de 2006 y hasta la fecha del pago”.
De tal manera que, al haber sido la resolución del a quo desestimatoria de las pretensiones, el interés para recurrir estaba determinado para el caso por la suma antes señalada, más los réditos reconocidos hasta el 3 de octubre de 2012, fecha en que se produjo el fallo atacado.
4. El tribunal, al momento de resolver sobre la interposición del recurso extraordinario, estimó que “a la sociedad demandada Liberty Seguros S.A. le asiste interés para recurrir en casación, dado que el valor actual de la resolución que le resultó desfavorable (CPC, art. 386, num.1º) supera los 425 smlmv, esto es, $ 250.537.500 (la condena por capital e intereses hasta la fecha del fallo alcanza la suma de $ 362.828.956,46)”, razón por la cual lo concedió (fl. 76, cdno. 6).
5. Al proceder de esa manera se apresuró el sentenciador, por los siguientes motivos:
a) Tuvo por cierto que el quantum del perjuicio ascendía a trescientos sesenta y dos millones ochocientos veintiocho mil novecientos cincuenta y seis pesos con cuarenta y seis centavos ($ 362.828.956,46), sin que aparezca alguna tabla u operación en que se indique el interés aplicado al capital que se condenó a pagar el inconforme, ni desde y hasta cuando se hizo dicho estimativo.
Es más, al referirse al “valor actual de la resolución que le resultó desfavorable” se da a entender que la cuantificación fue al 24 de enero de 2013, cuando se concedió el recurso, mientras que lo indicado era hasta el 3 de octubre de 2012, fecha de producción del fallo.
b) El tope señalado de doscientos cincuenta millones quinientos treinta y siete mil quinientos pesos ($ 250.537.500), al ser dividido entre 425, arroja un monto de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($ 589.500), sin que este fuera el salario mínimo legal mensual vigente para la época en que se profirió la sentencia, que se encontraba en quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($ 566.700).
c) Se aceptó la caución constituida por la recurrente sin que se hubiera acreditado su pago, pasando por alto que, como se lee en las condiciones generales, “de acuerdo con el artículo 1068 del Código de Comercio, modificado por el artículo 82 de la Ley 45 de 1990, la mora en el pago de la prima de la presente póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a la compañía de seguros para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados por la expedición de la póliza” (fl. 82, cdno. 6).
6. De tal manera que se aceleró el ad quem, pues, a pesar de que el interés para contradecir podía ser definido de manera directa, en el pronunciamiento debió hacer claridad sobre los diferentes rubros que lo conforman, la tasa porcentual y el lapso de aplicación. Además de que antes del envío debió verificar que estuviera debidamente asegurada la satisfacción de la providencia cuyo cumplimiento quedaba en suspenso.
7. En consecuencia, lo indicado es reexaminar la situación a fin de determinar, teniendo en cuenta lo expuesto, la presencia o no del interés económico requerido.
1. Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concediendo el recurso de casación dentro del proceso de la referencia.
2. Devolver la actuación a la oficina de origen, para que proceda como corresponda.
Magistrado: —Fernando Giraldo Gutiérrez—.

References: artículo 371
 artículo 366
 resolución 
 artículo 370
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1068
 artículo 82