Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=4522-D-2018
Timestamp: 2020-04-05 15:57:20+00:00

Document:
Expediente 4522-D-2018
Sumario: REGIMEN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRANS. CREACION.
f) discriminación por razones de identidad y/o expresión de género a cualquier insulto o estigmatización basada en la identidad y/o la expresión de género de las personas, o cualquier distinción que con dichos pretextos tenga por objeto o por resultado impedir, obstruir, restringir, o de cualquier modo menoscabar el ejercicio igualitario de sus derechos y garantías reconocidos en las leyes, los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución Nacional. También se considera discriminatoria toda acción u omisión que a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de la identidad y/o la expresión de género.
c) El principio «pro homine» o «pro persona».
ARTÍCULO 4º.– Protección de los derechos y libertades de las personas trans. Los poderes públicos de la NACIÓN ARGENTINA promoverán el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas trans sin discriminación por razones de identidad y/o expresión de género.
d) Implementar medidas para prevenir la discriminación por razones de identidad y/o expresión de género, ya sea por parte del Estado, de otras personas jurídicas o de personas físicas.
ARTÍCULO 5º.– Concientización y sensibilización de la sociedad. La NACIÓN ARGENTINA adoptará medidas a corto, mediano y largo plazo, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad en general, dentro y fuera de las familias, respecto de las personas trans, fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las mismas y trabajar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas que afectan el ejercicio igualitario de sus derechos.
A tal efecto, los poderes públicos de la NACIÓN ARGENTINA, en el ámbito de sus competencias, deberán:
ARTÍCULO 6º.– Derecho a una vida digna. La NACIÓN ARGENTINA y sus poderes públicos adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho a una vida digna de las personas trans, en igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO 7º.– Libertad física y seguridad. Los poderes públicos, funcionarios/as, dependencias y empleados/as de la NACIÓN ARGENTINA asegurarán a las personas trans, en igualdad de condiciones con las demás personas, el goce de la libertad física y del derecho humano a su seguridad. Se pondrá especial cuidado en garantizar que no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, que cualquier privación de la libertad sea de conformidad con la ley y nunca bajo pretexto de la identidad y/o expresión de género de la persona.
ARTÍCULO 8º.– Protección contra la violencia, la explotación, la trata y el abuso. La NACIÓN ARGENTINA protege a las personas trans contra la explotación, la violencia, la trata de personas y el abuso.
Para ello, los poderes públicos de la NACIÓN ARGENTINA deberán:
a) Adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial o de cualquier otra índole que ¬permitan proteger a las personas trans tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia, trata y abuso.
ARTÍCULO 10.– Protección de datos personales. La NACIÓN ARGENTINA protegerá la privacidad de la información personal y relativa a la salud de las personas trans, en igualdad de condiciones con las demás personas y con especial recaudo de los datos identitarios de las mismas.
ARTÍCULO 11.– Respeto a la identidad de género declarada. Para el caso de personas trans que no hayan iniciado o concluido las modificaciones registrales tendientes al reconocimiento de su identidad de género autopercibida, se deberá respetar la identidad de género y el nombre de pila declarados por la persona en concordancia con lo establecido en el art. 12 de la Ley Nº 26.743.
ARTÍCULO 12.– Trato digno. Los poderes públicos garantizarán a las personas trans, tanto en el ámbito público como el privado, el trato digno acorde a la identidad de género adoptada, en concordancia con lo establecido en el art. 12 de la Ley Nº26.743.
ARTÍCULO 13.– Protección de la privacidad y la intimidad. Ninguna persona trans, independientemente de su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. La NACIÓN ARGENTINA implementará todas las medidas necesarias para protegerlas frente a dichas injerencias o agresiones.
ARTÍCULO 14.– Respeto del hogar y la familia. La NACIÓN ARGENTINA tomará medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas trans en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad, la maternidad y las relaciones personales, asegurándoles el reconocimiento pleno de su derecho de a casarse y formar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los/as futuros/as cónyuges.
ARTÍCULO 15.– Modificación de datos registrales. Se garantiza a las personas trans la posibilidad de modificar en forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita su/s nombre/s de pila y sexo en su documentación personal, en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 26.743. A tal fin la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS arbitrará las medidas dispuestas en los siguientes artículos.
ARTÍCULO 16.– Plazo. Todo cambio registral, incluyendo la expedición de una nueva acta de nacimiento, deberá ser resuelto dentro de los QUINCE (15) días de iniciado el trámite.
ARTÍCULO 17.– Convenios. Se insta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a celebrar acuerdos con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que los poderes públicos de dichos Estados establezcan mecanismos ágiles para corregir los datos de las bases que se encuentren bajo su jurisdicción.
ARTÍCULO 18.– Residentes en el extranjero. Para el caso de las personas trans residentes en el exterior, que realicen los cambios registrales en las delegaciones consulares correspondientes, la DIRECCÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS debe enviar los instructivos y formularios que sean necesarios y establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 19.– Protección de datos. En todos los casos, el acta de nacimiento original quedará inmovilizada en el Registro correspondiente, a la sola consulta del/la interesado/a o por orden judicial debidamente fundada.
ARTÍCULO 20.– Bases de datos. En forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita se actualizará toda la documentación y bases de datos bajo competencia de los poderes públicos de la NACIÓN ARGENTINA, a cuyo fin la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, cursará las notificaciones que sean menester conforme lo establezca la reglamentación. En lo referente a los registros de entidades públicas de otras jurisdicciones o privadas, y a requerimiento del/la interesado/a, la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS expedirá un certificado respecto de los cambios producidos, el cual contendrá a su vez la siguiente leyenda: «El presente certificado es personal e intransferible y se expide al solo efecto de acompañar los cambios de los registros públicos y privados que pretenda realizar el/la titular. Se prohíbe expresamente la difusión pública o privada del mismo, encontrándose comprendido en la Ley Nº 1845 de protección de datos personales».
ARTÍCULO 21.- Titulaciones de educación. La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a instancia de la persona interesada, notificará a los establecimientos educativos del país, los cambios efectuados en el acta de nacimiento a fin de que se modifiquen en ese sentido, los títulos por estos expedidos y toda su base de datos, incluso certificados analíticos, para lo cual se confeccionará un formulario al efecto.
ARTÍCULO 22.– Derecho a la educación. Se asegura un sistema educativo inclusivo en todos los niveles para las personas trans, así como la enseñanza a lo largo de la vida, orientados a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades.
Se incluyen como objetivos específicos del sistema educativo:
En relación a los incisos anteriores, se privilegiará siempre la inclusión e integración al sistema educativo general. No obstante ello, el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá ofrecer alternativas más específicas cuando circunstancias especiales hicieran peligrar el acceso o permanencia en el sistema educativo.
ARTÍCULO 23.– Inclusión educativa. A los fines de lo establecido en el ARTÍCULO 22, es responsabilidad de todas las personas involucradas en el proceso educativo, así como de todos/as sus superiores/as jerárquicos/as, asegurar que:
a) las personas trans no queden excluidas del sistema general de educación por razones de identidad y/o expresión de género, y que los niños y las niñas trans no queden excluidos/as de la enseñanza gratuita, laica y obligatoria por las mismas razones;
b) la educación primaria y secundaria sea inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones para las personas trans respecto de las demás personas de su comunidad;
ARTÍCULO 26.– Trato de las personas trans en el sistema educativo. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN dispondrá que los métodos, currículas y recursos educativos se dirijan a aumentar la comprensión y el respeto de la diversidad de identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y familiares en este sentido.
a) Las personas trans, independientemente de los datos obrantes en su documentación personal, serán tratadas e inscriptas conforme a su identidad de género respetando el nombre de pila con que se identifican, en todos los establecimientos educativos de gestión pública o privada, en concordancia con lo establecido en el ARTÍCULO 12 de la Ley Nº 26.743 y el ARTÍCULO 11 de esta ley.
b) El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACION emprenderá programas de capacitación y sensibilización, así como la inclusión de contenidos transversales, en cuanto a las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación en general, y en particular en lo relativo a las identidades trans, dirigidos a docentes y estudiantes en todos los niveles educativos, con el objetivo último, pero no excluyente, de eliminar todo tipo de discriminación por razones de identidad y/o expresión de género.
c) El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACION emprenderá el desarrollo de planes de estudio especialmente formulados para la inserción laboral de personas trans.
ARTÍCULO 27.– Derecho a la salud integral. La NACIÓN ARGENTINA reconoce el derecho de las personas trans a disfrutar del mayor nivel de salud, sin discriminación por razones de identidad y/o expresión de género. Se adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas trans a servicios de salud con disponibilidad de especialistas en cuestiones relacionadas con identidad y/o expresión de género, así como de las cuestiones relacionadas con lo establecido en el ARTÍCULO 8º, inc. c).
a) A ser tratadas e inscriptas conforme a su identidad de género respetando el nombre de pila con que se identifican, independientemente de los datos obrantes en la documentación personal presentada, en conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 12 de la Ley Nº 26.743 y el ARTÍCULO 11 de esta ley.
b) Cuando existan diferentes dependencias en función del sexo, a recibir el trato que se corresponda con su identidad de género, independientemente de los datos obrantes en la documentación personal presentada, en conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 12 de la Ley Nº 26.743 y el ARTÍCULO 11 de esta ley.
ARTÍCULO 29.– Prohibición de terapias de aversión. Se prohíbe terminantemente el uso en el territorio de la NACIÓN ARGENTINA de terapias de aversión sobre personas trans y cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad, vejaciones o tratos discriminatorios o humillantes que atenten contra su dignidad personal. Cualquier consentimiento respecto de estas prácticas será considerado nulo. Se aplicará multa de UNO (1) a OCHO (8) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional, conforme la gravedad del hecho, a quien ofrezca, publicite, incite a su realización y/o realice tales terapias.
ARTÍCULO 30.– Prohibición de diagnósticos. De conformidad con lo establecido en los ARTÍCULOS 4º, 11 y 13 de la Ley Nº 26.743, son prohibidos los diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, médicos o cualquier otro requisito que no sea el consentimiento informado y los estudios médicos específicos comunes a cualquier práctica médica, para acceder a cualquiera de los tratamientos de salud integral incluidos en esta ley. El/la funcionario/a, psiquiatra, médico/a o psicólogo/a que así los exija será pasible de las sanciones que correspondan y se le aplicará la multa prevista en el artículo anterior.
ARTÍCULO 31.– Formación de profesionales especializados. El MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN establecerá las medidas pertinentes, en estrecha colaboración con las asociaciones de profesionales correspondientes, con las universidades nacionales y con las organizaciones de promoción de los derechos de las personas trans, para asegurar la formación de profesionales idóneos con conocimientos específicos en materia de salud integral de las personas trans.
ARTÍCULO 32.– Estadísticas y tratamiento de datos. El seguimiento de la atención sanitaria de las personas trans incluirá la creación de estadísticas a través del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN sobre los resultados de los diferentes tratamientos, terapias e intervenciones que se lleven a cabo, con detalle de las técnicas empleadas, eventuales complicaciones y reclamos surgidos, así como la evaluación de la calidad asistencial.
La recopilación y archivo de los datos anteriores se realizará con fines estadísticos, de investigación y de mejora de las prestaciones sanitarias, ajustándose a lo dispuesto por la Ley Nº 25.326 sobre la Protección de los Datos Personales.
TRATAMIENTOS DE ADECUACIÓN Y REASIGNACIÓN
ARTÍCULO 33.– Tratamientos de adecuación corporal y reasignación genital. Se garantiza a todas las personas trans el acceso gratuito a procedimientos y tratamientos de psicoterapia, terapias hormonales, cirugías plásticas sobre mamas y torso, o cirugías de reasignación sexual —en particular vaginoplastia, clitoroplastia, metaidoioplastia y faloplastia, entre otras— en el momento oportuno, en función de la voluntad de la persona. Cualquier práctica que impida o posponga en forma arbitraria el acceso a dichas prácticas contra la voluntad de la persona será considerada mala praxis médica.
En todos los casos, se respetarán los principios establecidos en el ARTÍCULO 11 de la Ley Nº 26.743.
ARTÍCULO 34.– Atención psicológica y psicoterapéutica. En materia de atención psicológica y psicoterapéutica, se tendrá por objetivo que la persona trans adquiera, de acuerdo a su deseo, las herramientas para enfrentar eventuales hechos de discriminación, al tiempo que se le facilite el proceso de adaptación social y familiar, y las herramientas necesarias para hacer frente a su vida de relación.
ARTÍCULO 38.– Atención de niños, niñas y adolescentes trans. Los niños, las niñas y los/as adolescentes trans gozan del derecho a recibir el tratamiento médico y psicológico que posibilite tanto el desarrollo libre y pleno de su identidad de género, como la readecuación corporal para la expresión de género deseada. Se garantizará especialmente el acceso a todas las terapias e intervenciones establecidas en la Ley Nº 26.743, procediéndose conforme la misma.
ARTÍCULO 39.– Consentimiento informado. Durante todo el proceso de readecuación corporal y/o reasignación genital, la persona deberá ser informada en detalle antes de prestar su consentimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 26.529.
ARTÍCULO 40.– De los CEIG. Créanse VEINTICUATRO (24) CENTROS ESPECIALIZADOS EN IDENTIDAD DE GÉNERO (CEIG), que se establecerán UNO en cada Provincia y funcionarán física y administrativamente en el ámbito de los hospitales públicos nacionales, determinados por la reglamentación en base a criterios de conveniencia geográfica, distributiva, social y profesional, los que dispondrán, cada uno de ellos, por lo menos, del siguiente personal médico:
ARTÍCULO 41.¬– Capacitación y actualización profesional. El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá los mecanismos necesarios para garantizar la capacitación y actualización profesional continua del cuerpo profesional de los CEIG, a fin de brindar a las personas la atención y los tratamientos más avanzados, eficaces y seguros en el área.
ARTÍCULO 42.– Confidencialidad e intimidad. El/la responsable y todas las personas que intervengan en el procesamiento de las bases de datos establecidas en la presente ley, están obligados/as a estricta confidencialidad y reserva de la protección de los datos de conformidad con la ley N° 25.326. Las bases de datos establecidas en la presente ley deben contener sólo aquellos datos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO 43.– Derecho al trabajo y a las condiciones dignas de trabajo. La NACIÓN ARGENTINA reconoce el derecho de las personas trans a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás personas; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de acceder a un trabajo digno. Se promoverá el ejercicio del derecho al trabajo, también para las personas que atraviesen el género durante el empleo, adoptando las acciones que resulten necesarias a estos fines.
ARTÍCULO 44.– Protección contra el trabajo forzoso. Los poderes públicos de la NACIÓN ARGENTINA tomarán las acciones necesarias para asegurar que las personas trans no sean sometidas a esclavitud, trata ni servidumbre, y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás personas, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
ARTÍCULO 45.– No discriminación en el ámbito del empleo público. El ESTADO NACIONAL, en su carácter de empleador, es responsable de garantizar en la contratación de personal y las decisiones de promoción laboral la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad y/o expresión de género.
ARTÍCULO 46.– Cupo en el ámbito público. El ESTADO NACIONAL en el ámbito de sus tres poderes, las empresas estatales dependientes del mismo, los órganos descentralizados y empresas con capital estatal mayoritario, están obligadas a mantener un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior a un 0,5% de su planta transitoria, permanente y contratada.
ARTÍCULO 47.- Adjudicatarias y concesionarias. Los organismos públicos mencionados en el artículo 46 deberán cumplir las siguientes condiciones de contratación administrativa:
a)	Cupo facultativo: En el caso de contratar la adquisición de bienes, o contratar obras y/o servicios, con plazo de ejecución inferior a los SEIS (6) meses, priorizarán, habiendo igualdad de condiciones y oferta de precio, la contratación de aquellas empresas que cumplan el cupo mínimo del 0,5% de los puestos de trabajo ocupados por personas trans.
b)	Cupo obligatorio: En el caso de contratar la adquisición de bienes, o contratar obras y/o servicios, con plazo de ejecución igual o superior a los SEIS (6) meses, la contratación se realizará con la condición de que, transcurridos SEIS (6) meses desde la contratación, las empresas cumplan un cupo mínimo del 0,5% de los puestos de trabajo ocupados por personas trans, bajo pena de tener por rescindido el contrato.
ARTÍCULO 48.– Incentivo fiscal en el ámbito privado. Las personas físicas o jurídicas, que voluntariamente contraten como empleada a alguna persona trans, tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del Impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones brutas correspondientes a éste personal en cada período fiscal. El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada período. En ningún caso el monto a deducir sobrepasará el impuesto determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos a favor del contribuyente.
ARTICULO 49. – Cooperativas. La Autoridad de Aplicación promoverá la creación de cooperativas de producción, dirigidas a la integración laboral de las personas trans. El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA debe implementar regímenes de créditos destinados a estas cooperativas con tasa de interés que no podrá superar el 30 % de la vigente para los préstamos personales.
ARTÍCULO 50.– Funciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL tendrá a su cargo las siguientes funciones:
e)	Requerir y recabar información de los organismos y personas jurídicas, mencionados en los artículos 46 y 47, para controlar el cumplimiento efectivo del cupo correspondiente.
f)	Certificar que en cada una de las jurisdicciones, entes y personas jurídicas enunciadas en los artículos 46 y 47 satisfagan el cupo correspondiente, y requerir su cumplimiento.
g)	Requerir y recabar información de las empresas y cooperativas comprendidas en los artículos 48 y 49, y determinar el cese de los beneficios otorgados en caso de corresponder.
h)	La promoción a través de campañas y medios de comunicación de la necesidad de la creación de empleo destinado al colectivo trans que garantice su inclusión social, asegurando su difusión masiva en todo el país.
ARTÍCULO 51.– Incumplimiento del cupo. Aquel organismo o ente que no acredite cumplir el cupo para personas trans, no podrá incorporar nuevo personal no trans hasta satisfacerlo.
ARTÍCULO 52. – Derogación- Regulación de Empleo Público Nacional. Deróganse el inciso a) del artículo 4° y los incisos a), b) y c) del artículo 5°, de la ley N° 25.164.
ARTÍCULO 53. – Modificación- Regulación de Empleo Público Nacional. Modifícase el inciso b del artículo 4° de la ley N° 25.164, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 54.– Nivel de vida adecuado y protección social. La NACIÓN ARGENTINA fomentará el derecho de las personas trans a tener un nivel de vida adecuado y en mejora continua, y a la protección social, para ellas y sus familias. Para ello, se adoptarán las medidas pertinentes para promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por razones de identidad y/o expresión de género.
A tal efecto, los poderes públicos de la NACIÓN ARGENTINA adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de tales derechos, entre ellas:
b) Asegurar el acceso de las personas trans que vivan en situación de pobreza o indigencia a la asistencia del GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para sufragar gastos relacionados con el mejoramiento de su situación, incluidos el asesoramiento y la asistencia económica directa.
ARTÍCULO 55.– Derecho a la vivienda. Asígnanse al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL las siguientes funciones a fin de garantizar el derecho a la vivienda de las personas trans:
ARTÍCULO 56.– Subsidio. La NACIÓN ARGENTINA otorga un subsidio mensual para personas trans mayores de CUARENTA (40) años.
ARTÍCULO 57.– Alcance. Están alcanzadas por el beneficio establecido en esta Ley todas las personas trans mayores de CUARENTA (40) años que hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nº 26.743 y su decreto reglamentario PEN Nº 1007/2012.
ARTÍCULO 58.– Monto. El importe del subsidio es el equivalente a UNA (1) jubilación mínima. El goce del mismo será compatible con otros ingresos que no superen el equivalente a DOS (2) jubilaciones mínimas.
ARTÍCULO 59.– Formalidades de admisión. La reglamentación de la presente ley establecerá las formalidades para que las personas comprendidas en el artículo 57 puedan acceder a este beneficio.
ARTÍCULO 60.– Disposición transitoria primera. Hasta que el sistema de salud de la NACIÓN ARGENTINA cuente con los CENTROS ESPECIALIZADOS EN IDENTIDAD DE GÉNERO (CEIG) mencionados en el artículo 40, se derivará a todas las personas que requieran los tratamientos e intervenciones garantizados en esta Ley a hospitales públicos o privados del país que cuenten con un servicio especializado a tal fin y ofrezcan los estándares de calidad adecuados, haciéndose cargo de los gastos derivados del desplazamiento, alojamiento y tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico y quirúrgico.
ARTÍCULO 61.- Disposición transitoria segunda. Los organismos y entes mencionados en el artículo 46 tendrán un plazo máximo de UN (1) año desde la promulgación de la presente ley para cumplir el cupo. Una vez vencido el plazo, operará la imposibilidad de contratar establecida en artículo 15.
ARTÍCULO 62.- Disposición transitoria tercera. Las empresas mencionadas en el Artículo 47 inciso b), cuyos contratos se encuentren vigentes, tendrán un plazo máximo de UN (1) año desde la promulgación de la presente ley para cumplir el cupo.
ARTÍCULO 63.- Cláusula Transitoria Tercera: El cumplimiento de los cupos en organismos y empresas mencionados en los artículos 46 y 47, en ningún caso podrá significar la cesantía de los puestos laborales existentes al momento de promulgación de la presente ley.
ARTÍCULO 64.– Presupuesto. Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a realizar la reasignación de partidas presupuestarias que resulten necesarias para la implementación de las disposiciones de esta ley durante el ejercicio presupuestario actual.
ARTÍCULO 65.– Reglamentación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará la presente ley en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles de sancionada la misma.
ARTÍCULO 66.– Disposición derogatoria. Téngase por derogada toda disposición normativa, obrante en leyes nacionales en normas de inferior jerarquía, que contradiga lo establecido por esta ley.
ARTÍCULO 67.– Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Este proyecto de ley viene a consagrar el derecho a la inclusión social de las personas trans.
Para ilustrar esta situación citamos algunos resultados de la investigación realizada por la Redlactrans «La transfobia en América Latina y el Caribe», de la cual transcribimos los siguientes datos pertinentes:
«Esperanza de vida y principales causas de muerte en la comunidad trans: los promedios de esperanza de vida según los datos que poseen algunas referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tanto la esperanza de vida en Latinoamérica ronda los 75 años.
»En tanto las principales causas de muerte en la comunidad trans son: A) VIH/SIDA. B) Homicidios transfóbicos. C) Abusos policiales. D) Mala atención en hospitales y centros de salud. E) Nulas oportunidades laborales. F) Mal uso de silicona industrial. G) Contexto de pobreza. H) Violencia social y política.
»En relación a la principal causa de muerte en la comunidad trans, que es el VIH/SIDA, las referentes de la región declaran unánimemente que no existen políticas públicas específicas para la comunidad trans en respuesta a la epidemia».
Resulta verdaderamente impactante que tanto estudios locales como regionales coincidan en informar tan alarmante número —treinta y cinco años de expectativa de vida— para las personas trans.
El Plan Nacional contra la Discriminación, en su diagnóstico consigna: «La discriminación y marginación se potencia cuando las personas con diversa orientación sexual o identidad y/o expresión de género son, además pobres, portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos migrantes o pueblos indígenas y/o adscriben a posiciones políticas críticas» . Este es el caso de un gran número de chicas trans, para quienes —al cerrárseles toda otra opción— la prostitución se convierte en la única salida laboral, lo que aumenta la discriminación y la marginación.
Cabe señalar, en el plano de las propuestas, que en el citado Plan Nacional contra la Discriminación, en las medidas de acción inmediata de la Administración Pública, se propone: «Promover la adecuación procesal que posibilite el registro fotográfico en los documentos de identidad según el aspecto físico de personas con diversa orientación sexual e identidad y/o expresión de género y crear en todas las provincias y a nivel nacional programas específicos de capacitación laboral y profesional que promuevan la inserción laboral de personas en situación de prostitución y/o con diversa orientación sexual e identidad y/o expresión de género». Finalmente, a nivel nacional, ello concluyó con la Resolución Nº 169/2011 del Ministerio del Interior en ese sentido.
Las pocas personas transexuales, travestis o transgénero que logran terminar su educación o tener un empleo, deben enfrentar un sinfín de dificultades, como se evidenció claramente en un hecho ocurrido en Ushuaia que se conoció a través de los medios de comunicación. Allí una docente transexual que dicta clases en tres colegios secundarios públicos, quedó envuelta en una fuerte polémica cuando el rector de uno de los establecimientos le pidió verbalmente que vistiera ropa masculina para trabajar frente al curso, a lo que la docente se negó. La polémica habría surgido porque el rector admitió que en la escuela «concurre a dictar clases un hombre vestido de mujer» y ello originó «inquietud» en un grupo de padres/madres, lo que desató una discusión sobre si esa información debe ser puesta o no en conocimiento de padres, madres y alumnos/as. El director aclaró que esta persona «pide que lo [sic] llamen por su nombre femenino», aunque en el listado para participar del concurso en el que ganó tres horas cátedra, figura su identidad masculina, y agregó que la postulante «tiene título, puntaje y merituación» que la habilitaron para acceder al cargo. A su vez el vicerrector de otro colegio donde la joven de veintisiete años también dicta clase, relató a los medios que «observamos sus clases como lo hacemos con todos los docentes, y es irreprochable, es responsable, cumple con los horarios, respeta a sus alumnos, nada que decir». No existe ninguna norma que impida a un/a transexual desempeñarse como docente, siendo la única condición para acceder a cargos públicos la idoneidad.
En los últimos años, ha sido pacífica la jurisprudencia Argentina al momento de resolver los reclamos por el reconocimiento legal a la identidad de género —sin patologización, sin cirugías previas, ni pericias médicas, ni informes psicológicos y psiquiátricos—, en el marco de una estrategia judicial que se desarrolló en el país desde fines del año 2010 al 2012, llevada adelante en forma conjunta por ATTTA y el equipo jurídico de la FALGBT . Esta serie de amparos judiciales sentó valiosos antecedentes acerca de la reparación histórica que debe saldar el Estado con el colectivo trans.
A título ilustrativo, y en honor a la brevedad se citan los siguientes párrafos de las decenas de fallos: «En el marco de un estado democrático guiado constitucionalmente por el paradigma del sistema internacional de derechos humanos, ese límite está dado por la existencia de una necesidad colectiva racionalmente válida. Esto es, que no se funde en la imposición de un determinado modelo de plan de vida o de preferencia de tipo ideológico, religioso o sexual, sino que la restricción de derechos que eventualmente se imponga, resulte indispensable para satisfacer un requerimiento de la vida en sociedad decidido a través de los mecanismos constitucionales y basado en pautas objetivas y equitativas (ya sea, la necesidad de evitar el daño injustificado a terceros, asegurar el ejercicio de otros derechos o posibilitar el funcionamiento de determinadas instituciones públicas)…» (Fallo del 29/12/2010 - “S. D. A. C/GCBA S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, a cargo del Dr. Guillermo Scheibler). «Es claro que a partir de los paradigmas “normalizadores” imperantes al respecto, se viene ejerciendo sin solución de continuidad hacia ella y de parte de esta sociedad argentina, una verdadera violencia institucional y por cierto, de gran impacto emocional en su psiquis, en su alma, en su derecho a ser la persona que siente y quiere, a llevar su vida como quiera con todo el derecho que le asiste en su condición de ser humano, y a ser respetada por ello y protegida por el Estado. Según el constitucionalista FERREYRA , las “constituciones no vulnerables” son las que aseguran “la implementación racional de los planes de vida de la gente”, y allí están los derechos de las personas, para cumplir con sus sueños; “Entre el nacer y el morir existe un ciclo vital que debe ser transitado con mínimas condiciones de existencia garantizadas en última instancia por el estado mediante las instrumentación de acciones positivas y políticas activas…el derecho fundamental a la vida tiene una clara concreción y tutela en los comienzos y en los finales. Pero en el desarrollo de la vida misma existe una gran ausencia conceptual que se suple en la medida en que se vislumbre que los derechos económicos, sociales y culturales le dan un sentido al desarrollo de la vida. Sin procura de una existencia asegurada, sin un piso mínimo garantizado, el derecho a la vida en cuanto su contenido material es una fórmula vacía” (Andrés GIL DOMINGUEZ ). Los derechos clásicos fueron diseñados sin tener que abordar la exclusión social y jurídica , son para personas que “están instaladas en el bien”. El remedio es por parte del Estado la organización de instituciones más incluyentes pero ello no sucede con la frecuencia deseable, según describe este autor…» (Fallo del 19/11/2010 "TRINIDAD, FLORENCIA CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR" y del 8/8/2011 "CARLOCCHIA BELEN EVA CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR”, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, a cargo de la Dra. Elena Liberatori).
El derecho a la identidad está protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75 Inc. 19 que en el párrafo 4º estatuye que el Congreso «debe dictar normas que protejan la identidad y pluralidad cultural», por lo que el derecho a la identidad se funda no sólo entre los implícitos del art. 33, sino que se extiende a la declaración expresa de su existencia y su consiguiente necesidad de su protección. En el mismo sentido la Constitución Nacional expresa en su art. 19: «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…». Es por ello que, «si una persona al construir su autobiografía realiza una determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos[/as], escandalizar a otros[/as], pero no existen razones jurídicas que permitan alguna clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del derecho a ser uno[/a] mismo[/a] sin causar un daño directo e inmediato a terceros[/as]» .
a) Convención Americana de DDHH o Pacto de San José de Costa Rica, Art. 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), Art. 5 (derecho a la integridad personal), Art. 11 (protección de la honra y la dignidad); Art. 24 (igualdad ante la ley).
b) Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Art. 7 (derecho a la integridad), Art. 17 (protección a la honra y la dignidad).
En referencia a la situación trans, ha expresado Bidart Campos, que «Para aproximar lo más posible la sexualidad psicológica a la sexualidad física hay que arrancar firmemente de un principio axial: el de que la persona humana es un ser con dignidad, también cuando es transexual. La dignidad personal prevalece sobre la sexualidad: ser persona se antepone a ser varón o a ser mujer; también a ser transexual. Pero en la dignidad no se agota el problema. Se le acumula el de saber, el de buscar, y el de definir cuál es la "verdad" personal en su completa identidad. "Ser el que soy", vivir dignamente en la "mismidad de mi yo", hacer coincidir mi sexualidad genital con mi sexualidad psicosocial. Algo difícil, entreverado, polémico; pero, al fin, el derecho tiene que dar respuesta, hoy más que nunca, cuando el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos enclavan una raíz profunda en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo negar que acá se abre un arco en el que ocupan sitio vital el derecho a la identidad personal, el derecho a la diferencia, el derecho a la verdad y, aunque suene a lo mejor un poco raro, el derecho a la salud? Todo encapsulado en un área cuyo contorno alberga a la intimidad y al proyecto personal de vida, en la medida que las conductas personales no ofendan al orden, a la moral pública, y a los derechos de terceros».
Estos principios recomiendan a los Estados, entre otras medidas que: «Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad, como también a disponer de estos. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas. Establecerán medidas, servicios y programas legales, educativos y sociales para hacer frente a los factores que incrementan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de explotación de seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, en base a una orientación sexual o identidad de género real o percibida, incluso factores tales como la exclusión social, la discriminación, el rechazo por parte de las familias o comunidades culturales, la falta de independencia financiera, la falta de vivienda, las actitudes sociales discriminatorias que conducen una baja autoestima y la falta de protección contra la discriminación en el acceso a la vivienda, el alojamiento, el empleo y los servicios sociales. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración; Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias».
Muchos países han avanzado en la temática de identidad. Las razones fundantes de diversas legislaciones como las de Noruega, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá, algunos estados de Estados Unidos de América, algunas provincias de Canadá, tienen un hilo conductor que permite enlazar a todas ellas: la preeminencia que brindan al sexo psicológico (o mejor aún, socio-psicológico) sobre el sexo biológico en la configuración de la identidad sexual de la persona y, por ende, en la respuesta a la cuestión trans.
El principio de autonomía está íntimamente relacionado con el respeto a las personas. Según el Informe Belmont, «…una persona autónoma es un individuo que tiene la capacidad de deliberar sobre sus fines personales, y obrar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones autónomas, y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para los demás».
Pueden nombrarse así la creación en el ámbito de la Municipalidad de Rosario del Área de la Diversidad Sexual, que cuenta con un consejo consultivo integrado, entre otros, por funcionarios/as de distintas áreas, colegios profesionales y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans . Un ejemplo en el mismo sentido, es la ley redactada por los diputados de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Juan Cabandié (MC) y Gonzalo Ruanova (MC), para desarrollar un Plan de Diversidad Sexual en la Ciudad.
También se destaca la resolución que dictó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que indica a los/as trabajadores/as y profesionales de los hospitales de la provincia que designen a las/os travestis y transexuales que asistan como personas, por el nombre que ellos/as elijan y no por el que figura en el documento. Por lo general, al llamarlas por el nombre legal se generan situaciones que producen no sólo incomodidad, sino también faltas de respeto, actitudes violentas, transfóbicas y homofóbicas, en definitiva, discriminación. La medida apunta a evitar la exclusión que se genera cuando estas situaciones hacen que las personas trans prefieran no tratar sus problemas de salud para evitarlas.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Coordinación SIDA, cuyo titular en aquel entonces era el Dr. Claudio Bloch, preparó un cuadernillo de capacitación para ayudar a los/as profesionales de la salud a disminuir el nivel de prejuicios y aumentar el conocimiento clínico respecto a las personas trans. La iniciativa surge porque se detectó que por falta de capacitación del personal, se perdía la oportunidad de atender a personas trans cuando éstas se acercaban a los centros de salud a retirar preservativos, con el perjuicio que ello produce. Por ejemplo, «un ginecólogo puede recibir personas de sexo biológico masculino en busca de hormonas femeninas. Son travestis que ya se han automedicado con hormonas, por recomendación de amigas, sin saber cómo ni en qué dosis, o junto con otros fármacos, desconociendo las interacciones; otras veces se han hecho implantes con siliconas industriales nocivas», advirtió el titular de Coordinación Sida y anunció «un proyecto para proveerles gratuitamente las hormonas, lo cual, incluso en términos de costo beneficio, resultaría preferible que atender las complicaciones que resultan de la automedicación. Se trata de unas 800 personas». Al poco tiempo, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dictó una resolución que reconoce el derecho de transgéneros, transexuales y travestis a ser llamados/as por su nombre elegido en los hospitales públicos, en el mismo sentido que la resolución dictada por la Provincia de Buenos Aires.
A su vez, el Art. 1 de la Ley Nº 23.592 establece que «Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos».
En el ámbito nacional, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) conjuntamente con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), elaboraron el primer proyecto de Ley de Identidad de Género en el año 2007, presentado por la Diputada (M.C.) Silvia Augsburger, que tomó estado parlamentario con el número 5259-D-2007 . En 2010 se presentaron otros dos proyectos, redactados por María Rachid y presentados por la diputada Juliana Di Tulio, la Ley para Reconocimiento de la Identidad de Personas Trans (7644-D-2010 ) y la Ley de Atención Sanitaria Integral para Personas Trans (7643-D-2010 ). En el mismo orden, se llevaron a cabo durante 2010 presentaciones de acciones de amparo tendientes al reconocimiento por vía jurisdiccional del derecho a la identidad de las personas trans, logrando el primer cambio de nombres y sexo registral sin patologización de su condición. Esta estrategia culminó en 2012 con aprobación de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743.
Sin lugar a dudas, el antecedente normativo más importante en la temática de identidad y expresión de género es la Ley Nacional Nº 26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012. En pocas palabras, la Ley de Identidad de Género (tal el nombre con el que ha trascendido) garantiza el respeto de la identidad de género autopercibida de todas las personas, establece los mecanismos que posibilitan la modificación del nombre de pila y el sexo en la documentación personal, lo que se realiza bajo una simple declaración jurada del/la interesado/a, sin necesidad de intervención judicial, médica, de testigos, ni de ningún/a tercero/a. También garantiza el acceso al goce de su salud integral, a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes se establece la necesaria intervención de sus representantes legales y de un/a abogado/a del/la niño/a en los términos del artículo 27 de la Ley Nacional Nº 26.061. Exclusivamente en el caso de las intervenciones quirúrgicas a niños/as y adolescentes se requiere la intervención de la autoridad judicial competente.
La ley establece además en su artículo 12: "Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada."
Desde ya, entendemos que todo lo propuesto en este proyecto de ley se enmarca dentro de los principios de la Ley Nacional Nº 26.743, al tiempo que se profundiza en varios aspectos, se plantean otros nuevos y se reglamentan algunos de los procedimientos y garantías establecidos por dicha norma. Esto ocurre en particular con el acceso a cirugías y otros tratamientos que garantizan la salud y el respeto por la identidad de género autopercibida de las personas.
El conjunto de declaraciones generales y objetivos que planteamos en este proyecto de ley, así como el conjunto de políticas públicas destinadas al cumplimiento de tales objetivos, en relación al ejercicio pleno de los derechos de las personas, se basan en muchos casos en experiencias exitosas llevadas a cabo en diversos lugares de nuestro país o del mundo, así como en el traslado de experiencias similares de políticas públicas orientadas a otros grupos históricamente vulnerados. En cualquier caso, muchas de ellas surgen del Plan de Ciudadanía LGBT, redactado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), en colaboración con ONUSIDA y el PNUD.
Entendemos que estas acciones, emprendidas en forma integral y decidida por todos los poderes públicos de la NACIÓN ARGENTINA, en concordancia con los avances obtenidos recientemente en la legislación nacional en esta materia, permitirán iniciar un camino sostenido que con los años permitirá garantizar a todas las personas trans el pleno goce de sus derechos constitucionales y humanos sin discriminación motivada en su identidad o en su expresión de género.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito la pronta sanción de la presente ley .

References: ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23
 ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 26
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 27
 ARTÍCULO 8
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 11
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33
 ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47
 artículo 46

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52
 artículo 4
 artículo 5

ARTÍCULO 53
 artículo 4

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59
 artículo 57

ARTÍCULO 60
 artículo 40

ARTÍCULO 61
 artículo 46
 artículo 15

ARTÍCULO 62
 Artículo 47

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66

ARTÍCULO 67
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 12