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Timestamp: 2016-05-25 12:55:14+00:00

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recurso de revocación penal | Temas de Derecho
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Impugnabilidad objetiva En primer lugar, el artículo 432 establece el principio de impugnabilidad objetiva, que es definido textualmente en el sentido de que las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Esto implica que no es posible recurrir por cualquier motivo o razón de libre escogencia del recurrente, ni impugnar las decisiones por cualquier clase de recursos, sino sólo por los recursos y motivos expresamente autorizados en el Código, lo que queda corroborado por el artículo 435, según el cual los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión.
Prohibición de recognitio iudiciarium El artículo 434 es portador de un principio esencial para el procedimiento recursorio. Se trata del principio de prohibición recognoscitiva (prohibición recognitio iudiciarium), que implica que los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso, pues ya adelantaron criterio y estarían prejuiciados. Esta norma, por su ubicación dentro de las disposiciones generales de los recursos, es aplicable a casi todos los recursos, salvo, claro está, al recurso de revocación, dado su naturaleza reconsideracional y a los recursos de apelación de autos proferidos por los jueces de control, ya que éstos sólo excepcionalmente resuelven el fondo de la causa.
Agravio Otro importante principio dentro de las disposiciones generales del COPP en materia de recursos, es el de agravio, establecido en el artículo 436, y que consiste en que las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables; y, por supuesto, todo recurrente debe expresar en la motivación de su recurso en qué consiste el perjuicio que le acarrea la decisión impugnada. En este punto, y aun cuando el Código no lo dice, la doctrina indica claramente que los recursos por agravio pueden ser principales o adhesivos,según el recurrente impugne por razones propias o se adhiera al recurso de otra parte en lo que éste le favorece.
Según el mismo artículo 436, el imputado podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso, lo cual quiere decir que aquí el legislador pone el orden público por encima del antiquísimo principio de que nadie puede invocar su propia torpeza en su provecho. Efecto extensivo El artículo 438 del COPP, reconoce el llamado efecto extensivo de los recursos. El efecto extensivo de los recursos es una norma de orden público y por tanto de carácter imperativo y apreciable de oficio, según la cual, los pronunciamientos beneficiosos que se hayan hecho a favor del recurrente en la sentencia o auto que resuelve el recurso, deben ser aplicados a todos sus co-imputados que no hayan recurridoy se hayan conformado con la decisión del a quo, siempre y cuando los hechos en que hayan intervenido hayan sido los mismos, o guarden entre sí una relación de tipicidad correspectiva, es decir, que la calificación de uno dependa de las del otro, o cuando todos los imputados se hayaren cobijados por idénticas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Los casos más comunes son aquellos en los cuales la sentencia de alzada declara el carácter no penal de un hecho, o su inexistencia o falta de prueba, que el delito principal no es de la gravedad que estimó el a quo. En todos estos casos los efectos de estos pronunciamientos deben hacerse extensivos a los imputados que no hayan recurrido.
Efecto suspensivo El artículo 439 del COPP consagra, en términos generales el efecto suspensivo de los recursos, el cual consiste en la no ejecución o cumplimiento de lo dispuesto en la decisión contra la cual se interpone el recurso.
En cuanto a la imposición de las costas a los que desisten del recurso, ello es absolutamente cónsono con el principio de economía procesal, pues sirve de contención a los que instauren recursos infelices o manifiestamente infundados en detrimento del trabajo de los tribunales, para luego desistir de ellos.
El tribunal que conoce de un recurso tiene que entrar a resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas por los recurrentes, a menos que sean manifiestamente ininteligibles u obscuras y nunca deberá eludirlas o extenderse en el conocimiento de extremos no controvertidos o no alegados, pues de lo contrario la sentencia que resuelve el recurso estaría incurriendo en franca incongruencia, ya que la razón de ser de la limitación del conocimiento del tribunal que debe resolver un recurso, es asegurar al recurrente el control de la decisión impugnada, en la seguridad de que el tribunal ad quem hará pronunciamiento expreso sobre sus denuncias para decidir si tiene o no razón y por qué.
Prohibiciónde reformatio in pejus Como consecuencia de lo anterior, el artículo 434 del COPP establece el principio de prohibición de reforma en perjuicio o prohibición de reformatio in pejus, en los términos siguientes:
ARTÍCULO 442. Reforma en perjuicio. Cuando la decisión sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión en favor del imputado. El COPP es categórico en cuanto a que las decisiones impugnadas solamente por los imputados o sus defensores, no pueden ser modificadas en modo alguno que perjudique a los imputados. El principio de prohibición de reforma en perjuicio (reformatio in pejus) de las decisiones judiciales, es la consecuencia del principio de limitación del conocimiento recursorio, pues, cuando no ha recurrido ninguna de las partes acusadoras, el tribunal ad quem, para perjudicar al imputado recurrente y agravar su situación, ya sea incrementando la pena principal, o adicionando o recrudeciendo las penas accesorias de aplicación discrecional o extendiendo la base de la responsabilidad civil, tendrá necesariamente que entrar a considerar situaciones no alegadas ni controvertidas. Sin embargo, en observancia de los más avanzados principios del procesalismo penal moderno, reconoce que cuando con motivo del recurso del fiscal, o de la víctima, el tribunal ad quem podrá apreciar las infracciones constitucionales y de la ley sustantiva o cualquier otra grave violación del procedimiento en que haya incurrido el tribunal a quo, y corregidas en favor del acusado, aunque éste no haya recurrido.
El Recurso de Revocación En el orden teórico, el recurso de revocación es un recurso no devolutivo y compositivo o perfeccionador. Es un recurso no devolutivo, porque se interpone y resuelve ante el mismo órgano que dictó la decisión impugnada, por lo cual no supone desplazamiento de la competencia recursoria; y recompositivo o perfeccionador porque su objetivo no es atacar el fondo del proceso, sino perfeccionar o recomponer la relación jurídico-procesal.
Definición El recurso de apelación de autos es un recurso ordinario y devolutivo, ya que se interpone ante el órgano que dicta la resolución impugnada (a quo) para ser resuelto por un órgano superior (ad quem). Es también, salvo excepciones, un recurso en un sólo efecto, pues sólo presenta el efecto devolutivo, precisamente, más no el suspensivo, ya que normalmente no produce la suspensión del curso del proceso. Y, finalmente, es además un recurso recompositivo o perfeccionador, es decir, como regla, no tiene como objetivo el fondo del asunto sino el perfeccionamiento de la relación jurídico-procesal y la pureza y equidad del juzgamiento, salvo en los casos donde se pone fin al proceso haciendo imposible su continuación.
1. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación, dictadas generalmente por los jueces de control, cuando decretan el sobreseimiento, o acuerdan la desestimación de la denuncia o la querella en el procedimiento ordinario;
2. Las que resuelvan una excepción, dictadas siempre por jueces de control, salvo las producidas en la audiencia preliminar que son inapelables por ley (art. 331);
3. Las que rechacen la querella o la acusación privada, dictadas por los jueces de control respecto a la falta de legitimación del querellante en el procedimiento por delitos perseguibles de oficio, o por el juez de juicio cuando no admite la acusación privada de la víctima; 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva, dictadas siempre por jueces de control en el momento de presentación del imputado para su aseguramiento (art. 250), debiendo recordarse que las decisiones sobre revisión de medidas cautelares no tienen recurso alguno (art. 264);
5. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código;
6. Las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena;
Como se observa, las decisiones recurribles son todos autos, pues los puntos a que se refiere esta norma deben ser decididos por autos, según el artículo 173 del COPP. Se observa igualmente que las situaciones de los numerales 2 y 3 son subsumibles en el numeral 1, pues la acogida de una de las excepciones que este Código autoriza da lugar al fenecimiento del proceso haciendo imposible su continuación, al igual que la desestimación de la querella en los delitos sólo perseguibles por acción penal privada. Sin embargo, el rechazo de una excepción alegada por el imputado o la desestimación de querella en un proceso por delito de acción pública, deben ser apeladas por los numerales 2 y 3, pues en ese caso el proceso no se paraliza, en tanto es impulsado por el Ministerio Público. Interposición y efectos de ella El recurso de apelación de autos se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión, dentro del término de cinco días siguientes a la fecha de su notificación; y cuando el recurrente promueva prueba para acreditar el fundamento del recurso, deberá hacerlo en el escrito de interposición (art. 448).
Presentado el recurso, el juez emplazará a las otras partes para que lo contesten dentro de tres días y, en su caso, promuevan prueba y una vez vencido el término antes señalado, dentro del plazo de veinticuatro horas y sin más trámite, remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida si el recurso es admisible o no, y, en su caso, sobre el fondo del recurso (art. 450). Hay que destacar que, a menos de que se trate de recursos por el numeral 1 del artículo 447, o sea las que ponen fin al proceso, o de las que se interponen contra las decisiones del juez de ejecución (art. 447 numeral 6), donde ya no hay proceso, en los demás casos el recurso sólo tendrá efecto devolutivo, por lo cual sólo se remitirá a la Corte de Apelaciones copia de las actuaciones pertinentes o se formará un cuaderno especial, para no demorar el procedimiento. Excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales, sin que esto implique la paralización del procedimiento (art. 449).
El Recurso de Apelación contra Sentencia Definitiva Definición
La prueba de los hechos que motivan la apelación se promoverá en el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar (ver arts.453 y 455 del COPP). Pero en cuanto a prueba, el artículo 453 contiene una disposición emblemática que cambia todo el panorama recursorio en el proceso penal acusatorio y oral venezolano. Es lo que se suele denominar “una disposición definitoria de política procesal”.
Resulta que para acreditar el motivo del recurso, cuando éste se base en que el juzgamiento se produjo de manera distinta a lo reflejado en el acta del juicio oral o la sentencia, el recurrente podrá promover como prueba, el medio de reproducción del juicio oral a que se refiere el artículo 334 del COPP, y a continuación se aclara que, si éste no pudiere ser utilizado o no se hubiere empleado, se admitirá entonces la prueba testimonial. De tal manera, que aquí se ha abierto una muy deliciosa Caja de Pandora, que permite examinar en la apelación, el desarrollo del debate oral y público de primera instancia, y combatir con más eficiencia los falsos supuestos, los silencios de prueba, las peticiones de principio y los incidentes no fielmente reflejados. Ahora bien, está claro que el impugnante no puede pretender que la Corte de Apelaciones escuche o vea todo el registro del juicio oral, que puede haber durado varios días, sino que debe precisar qué parte de la grabación, video o versión taquigráfica, es la que debe ser reproducida o examinada, por referirse al punto controvertido.
a. Transcribirían literalmente los de la sentencia recurrida en que se declaran los hechos que se estiman probados, a menos que el conocimiento de ellos no sea indispensable a los efectos de la resolución que haya de dictarse; b. Expresarían el contenido de la parte dispositiva de la resolución recurrida;
4°. Los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución que se dicte, con los razonamientos que según la Corte de Apelación los hace aplicables; 5°. Pronunciarían la dispositiva, declarando cómo acoge el recurso y los pronunciamientos que de ello se deriven.
Según el contenido del artículo 457 del COPP, si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso por alguna de las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452 anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un juez o tribunal distinto del que la pronunció. Si la Corte de Apelaciones declara sin lugar los recursos de apelación presentados al amparo de los numerales del 1 al 3 del artículo 452 del COPP, entonces está convalidando totalmente el juzgamiento de la instancia y por tanto contra la sentencia de apelación son reproducibles, por falta de corrección, los mismos argumentos ante la casación, que los formulados contra la sentencia de instancia en la apelación. De tal manera, la casación estará orientada a denunciar que la Corte de Apelaciones no resolvió adecuadamente el recurso de apelación, infringiendo el artículo 457 del COPP, en su encabezamiento, al no decretar la reposición o celebración de un nuevo juicio oral.
Ahora bien, cuando la Corte de Apelaciones considere que no debe repetirse el juicio oral en primera instancia, dictará una decisión propia sobre el asunto, declarando con o sin lugar el recurso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la decisión recurrida (COPP art. 457), es decir, lo que en la doctrina euro-continental se denomina «la dictadura del resultando probado». Si se trata de un error en la especie o cantidad de la pena, la Corte de Apelaciones hará la rectificación que proceda, aun de oficio a favor del sentenciado. Es obvio que en estos casos, como por ejemplo, si ha habido mero error de la calificación del hecho que se da por probado y sólo se ha controvertido la calificación, entonces, de acogerse el recurso, el tribunal ad quem sólo tendrá que dictar nueva sentencia calificando como corresponde. Lo mismo sucederá si se trata de la apreciación de una atenuante o una agravante que se haya establecido o enunciado en la sentencia, pero que no haya trascendido al fallo. El propio precepto en comento es preciso en lo que se refiere a errores de especie o cantidad de la pena.
El recurso de casación es, al igual que el de apelación de sentencias, un recurso extraordinario, de fondo, devolutivo y en ambos efectos.
De conformidad con el encabezamiento del artículo 451, las sentencias definitivas de la Corte de Apelaciones que ordenan la celebración de un nuevo juicio, a tenor del primer párrafo del artículo 457, no son recurribles en casación. La razón de esta negativa es sencilla y justa, pues si hay nuevo juicio, las posibilidades de defensa serán mayores que en la casación, a parte de que es doctrina universal que las decisiones que no ponen fin al proceso no son pasibles de casación.
ARTÍCULO 460. Motivos. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación. Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate. Como se aprecia fácilmente, el COPP ha eliminado la distinción formal entre casación de forma y casación de fondo, y establece un diseño que pareciera privilegiar el recurso de casación por razones de fondo o mérito, y sólo excepcionalmente por razones de forma, pues esta última, salvo que se trate de violaciones constitucionales o nulidades absolutas con trascendencia al fondo, tienen que haber sido reivindicadas oportunamente, mediante los remedios procesales adecuados. Se trata de un recurso de claro corte nomofiláctico, pues todo motivo que se quiera amparar bajo el encabezamiento de este artículo tiene necesariamente que enfocarse a través de la invocación de una o varias normas jurídicas (en caso de concordancia o interrelación), que se denuncien como violadas o infringidas, ya sea por falta de aplicación, por indebida aplicación o por aplicación errónea. Esta manera de enfocar el recurso de casación, lo hace extraordinariamente amplio, pues bajo esta fórmula puede alegarse como motivo de denuncia, la infracción de prácticamente cualquier supuesto de hecho de una norma jurídica que haya incidido en una decisión desfavorable a quien se proponga recurrir. En otras palabras, la fórmula del encabezamiento del artículo 460 del COPP, que regula los motivosde casación, es verdaderamente omnicomprensiva y racionalmente irreductible.
a. El recurrente exprese, en cada motivo o denuncia, cuál es la norma que considera violada o infringida y cómo lo ha sido, es decir, si fue por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.
b. El recurrente explique de manera clara y concisa, en qué forma la decisión recurrida viola la norma que se denuncia como infringida, es decir por qué la ha aplicado indebidamente, o la ha dejado de aplicar, o ha aplicado con error, qué fue lo que se decidió y qué se ha debido decidir.
c. El recurrente diga concretamente cuáles son las consecuencias que pretende derivar de su impugnación.
1°. El lugar y fecha en que la sentencia se dicta; los nombres de los jueces o magistrados; el tribunal de donde procede el recurso; la naturaleza del juicio o causa en que se haya interpuesto; los nombres de los que en el mismo fuesen partes; el delito por el que se procede y cualesquiera otras circunstancias generales que se consideren necesarias para determinar el objeto del recurso;
a. Los fundamentos de la sentencia recurrida, a menos que el conocimiento de ellos no sea indispensable a los efectos de la resolución que haya de dictarse; b. Expresar el contenido de la parte dispositiva de la resolución recurrida;
c. Relacionar sucintamente los motivos de casación alegados por las partes. 4°. Los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución que se dicte, con los razonamientos que según la Sala de Casación Penal los hace aplicables;
5°. Pronunciamiento de la dispositiva, declarando cómo acoge el recurso y los pronunciamientos que de ello se deriven.
Si la Sala de Casación Penal declara con lugar el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal de fondo, dictará una decisión propia sobre el caso, en tanto que para ello no sea necesario un nuevo debate sobre los hechos por exigencia de la inmediación y la contradicción, ante un tribunal distinto del que realizó el juicio, según lo establecido en la primera parte del artículo 467 del COPP. El contenido de esta norma es muy claro, y al igual que el artículo 457 sigue el principio de que el tribunal ad quem debe resolver de fondo cuando no sea necesaria la reposición ni un nuevo juicio, por lo cual se pone fin en el ordenamiento procesal penal venezolano, a la más inútil de las instituciones de estirpe francesa: el reenvío. Hay que recordar que el efecto político-uniformante del recurso de casación obedece a su carácter verticilar, esto es, a ser producto inapelable de la actividad del más alto tribunal, y no de una supuesta forma especial de emisión de los fallos que establezca marcos de aplicación de la ley, ya que ello sería aceptar el dictado de la forma sobre el fondo, lo cual es filosóficamente inaceptable.
Cuando la sentencia de casación ha ordenado la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado que ya fue absuelto por la sentencia de primera instancia, y dicho acusado obtiene una sentencia absolutoria, en contra de esta nueva sentencia no será admisible recurso alguno. Así regula el artículo 468 del COPP el llamado principio de doble conformidad, pero dicho principio sólo funciona para la doble absolución, es decir, tiene como requisito indispensable que el acusado haya sido absuelto originalmente y que luego se ratifique su absolución. Por esta razón, si el acusado originalmente absuelto en primera instancia, es condenado en el nuevo juicio, no solamente él mismo tendrá derecho a todos los recursos que procedan contra la nueva sentencia de instancia, sino que el fiscal y el querellante tendrán también derecho a recurrir para que se le condene más severamente. Igualmente, si el acusado que resulta absuelto en el segundo juicio, no lo había sido en el juicio original, entonces todas las partes estarán en condiciones de recurrir la nueva sentencia de instancia. El principio de doble conformidad es casi de justicia divina y apunta hacia la equidad, la seguridad jurídica y la economía procesal, pues quien haya sido absuelto dos veces sobre los mismos hechos y por distintos tribunales, debe ser tenido por inocente fuera de toda duda. Por esta misma razón, la doble conformidad debe ser apreciada también respecto a los acusados que resulten nuevamente absueltos como producto de un nuevo juicio ordenado por la Corte de Apelaciones.
La revisión establecida en el COPP sólo permite atacar las sentencias firmes condenatorias y nunca las absolutorias, así como que tampoco se admite la revisión que pretenda modificar una sentencia condenatoria para agravar la situación del condenado. Tales conclusiones emanan del encabezamiento del artículo 470, el cual textualmente expresa: «La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado… ». En particular, las causales de revisión establecidas en el artículo 470, son las siguientes:
3º Cuando la prueba en que se basó la condena resulta falsa; 4º Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió;
6º Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida.
Las primeras cinco causales de revisión establecidas en el artículo 470 del COPP son clásicas, pero es importante destacar que el numeral 1 no incluye el caso de la exclusión convergente, es decir, cuando la contradicción excluyente se encuentra en lamisma sentencia, así como que en el caso del numeral 4 de dicho artículo se refiere sólo a hechos o documentos y no a la posibilidad de un testigo clave noconocido antes, lo cual debe ser subsanado por la jurisprudencia bajo el sencillo expediente de considerar como un «hecho» el que una persona pueda poseer un conocimiento clave para el destino de un proceso, pues si bien el testigo en sí no es ni un hecho ni un documento, la participación que haya tenido el testigo en el asunto juzgado, y del cual deriva su conocimiento y su razón de ciencia, sí es indiscutiblemente un «hecho». La causal sexta, en cambio, no puede ser considerada una verdadera causal de revisión, en el sentido técnico de esta institución, pues se refiere a la aplicación retroactiva de una nueva ley penal más favorable a casos ya juzgados y definitivamente firmes, ya que en este caso se trata simplemente de un ajuste general de sentencias, realizado directamente por el tribunal de la causa sin necesidad de un re-examen de los hechos juzgados y por ende, sin que haya que realizar un nuevo juicio.
2º El cónyuge o la persona con quien haga vida marital; 3º Los herederos, si el penado ha fallecido; 4º El Ministerio Público en favor del penado; 5º Las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria y post penitenciaria; 6º El juez de ejecución cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena. Por otra parte, la legitimación del Ministerio Público y de las organizaciones pro derechos humanos en favor del reo, evidencia, por una parte la intención del legislador de procurar siempre la búsqueda de la verdad material y, por otra parte, la de dotar al reo de escasos recursos de una posibilidad de defensa adicional. Sin embargo, en el caso del numeral 6 se incurre en la grave falta de técnica procesal de convertir al juez de ejecución, juez al fin, en tutor de un derecho de parte, lo cual colida, además, con la regla de competencia contenida en el artículo 473 en relación con el numeral 6 del artículo 477, pues es inconcebible la situación del juez de ejecución abogando ante la Corte de Apelaciones por el penado. En realidad el legislador debió disponer que el juez de ejecución resolviera directamente la situación que resultara de la nueva ley, y por lo tanto el numeral 6 del artículo 471 debe ser interpretado en el sentido, no de que el juez de ejecución interponga el recurso de revisión ante la Corte de Apelaciones por el penado, pues ello es absurdo, sino de que el juez de ejecución, actuando de oficio, resuelva lo que considere oportuno y lo someta a consulta de la Corte de Apelaciones. Resulta obvio que cualquier legitimado puede dirigirse directamente a la Corte de Apelaciones en el caso del numeral 6 del artículo 477 o pedirle al juez ejecutor, que está más accesible, que actúe como se describió antes.
1. la referencia concreta de los motivos en que se funda, es decir, los hechos que puedan subsumirse en cualquiera de los supuestos del artículo 477, Y
2. las disposiciones legales aplicables, o sea, el numeral en que se subsumen los hechos antes descritos, las normas relativas a la competencia (art. 473) y los preceptos sustantivos o procesales que fueren aplicables al caso de marras.
En los casos de los numerales 2, 3 Y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible, siguiendo el procedimiento de la apelación (art. 474, párrafo primero).
La solicitud de revisión se presentará por escrito ante el tribunal que corresponda, según el artículo 473 y se explicará por qué considera que procede la revisión, conforme a la causal invocada (ver art. 472). Si se alega la causal del numeral 1 del artículo 470, se expresarán los datos identificatorios de las sentencias que se estimen contradictorias y, de ser posible, se acompañarán copias certificadas al escrito promocional. De lo contrario podrán ser llevadas a la audiencia o solicitar del tribunal revisor que las solicite a los órganos de los cuales emanaron. Si se alega la causal del numeral 2 se debe promover como prueba la fe de vida de la persona presuntamente ultimada, o su partida de defunción, si de ella consta que su muerte ocurrió con posterioridad y en circunstancias distintas a las de la sentencia impugnada. También pueden promoverse como pruebas, certificaciones de los órganos de identificación o de movimientos migratorios, que evidencien que la persona ha viajado al exterior o solicitado documentos de identidad con posterioridad a la fecha en que la sentencia le declaró muerta, así como también es posible promover documentos públicos de fecha cierta y firma auténtica, que prueben que el presunto ultimado ha realizado otorgamientos en las mismas condiciones. Pero lo ideal es presentar personalmente al presunto finado, para que de viva voz y cédula de identidad en mano, confirme su existencia. Si se demanda por la causal del numeral 3 del artículo 470, entonces será necesario acreditar la sentencia firme que declaró falsa la prueba en que se basó la sentencia combatida, ya se trate de falsedad documental o testimonial. Cuando se demande la revisión por el numeral 4 del 470, entonces habrá que proceder como ordena el artículo 474. Si la causal alegada fuera la del numeral 5, entonces hay que acompañar o que indicar la existencia de la sentencia firme que estableció la prevaricación o corrupción a que se refiere dicho numeral. Y si, finalmente, se recurre al amparo del numeral 6, del artículo 470 se acompañará un ejemplar de la Gaceta Oficial donde conste la ley favorable o, al menos, se indicará su número y fecha.
Cuando la sentencia sea absolutoria el acusado podrá exigir que se publique en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, y que se le devuelvan, por quien las percibió, las sumas pagadas por concepto de multas, costas e indemnización de perjuicios, en cumplimiento de la sentencia anulada. Además, la sentencia ordenará, según el caso, su libertad (art. 476). Pero los efectos de la sentencia de revisión que disminuye o rectifica una condena, deben ser un nuevo cómputo oficial del lapso de condena y su remisión al sitio de cumplimiento de la pena. La sentencia que rechaza revisión por un determinado motivo sólo tiene como efecto la imposibilidad de volver a reproducir el motivo de revisión rechazado, pero ni la decisión (auto) que niega la admisión del recurso de revisión, ni la sentencia que resuelve el recurso en el sentido de confirmar la recurrida, impedirán la interposición de un nuevo recurso de revisión fundado en motivos distintos; pero las costas de una revisión rechazada están a cargo de quien la interponga. Por lo tanto, los efectos de la sentencia denegatoria de revisión consisten en la imposibilidad de volver a recurrir por el mismo motivo que fue rechazado, pero no impide que se vuelva a intentar la revisión por otros motivos. Sin embargo, no hay que confundirse con la redacción confusa, del artículo 477, pues ninguna sentencia que resuelva un recurso de revisión es susceptible de recursos de revocación, apelación o casación. Bibliografía
Código Orgánico Procesal Penal. (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.558, de fecha 14 de noviembre de 2001.
Pérez Sarmiento, E. (2001). Manual de Derecho Procesal Penal. 2da Edición. Caracas, Venezuela: Vadell Hermanos Editores.
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 artículo 434

ARTÍCULO 442
 resolución 
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 artículo 453
 artículo 334
 resolución 
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ARTÍCULO 460
 artículo 460
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 resolución 
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 artículo 457
 artículo 468
 artículo 470
 artículo 470
 artículo 470
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 artículo 477
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 artículo 470
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 artículo 474
 artículo 470
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