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Timestamp: 2018-03-24 00:39:59+00:00

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SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS DE 13-06-2017
SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS DE 13-06-2017 SOBRE RECLAMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Y TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Recurso de Suplicación formalizado por D. Florián contra el Auto de 9-3-2017 en el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 8-2-2017, dictados ambos por el Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón en el procedimiento sobre Modificación Sustancial de Condiciones Laborales seguido a instancia del citado recurrente frente a Telefónica de España SAU y a los trabajadores D. Pelayo, D. Jose Ángel, D. Alejo, D. Cosme, D. Héctor, D. Miguel, D. Vicente, D. Marco Antonio, D. Celso, D. Gaspar, D. Marino, D. Tomás, D. Pedro Enrique, D. Cesar y D. Gerardo.
Primero.- Se presentó demanda por D. Florián contra Telefónica de España SAU y frente a D. Pelayo y otros 14 trabajadores más de la citada empresa, en reclamación sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo y tutela de derechos fundamentales.
El 8-2-2017 se dictó auto por el Juzgado de referencia en cuya parte dispositiva se acuerda inadmitir la demanda por ser materia propia de ejecución de lo ya resuelto por otro juzgado y no materia independiente propia de un juicio declarativo.
Segundo.- Interpuesto recurso de reposición contra la expresada resolución, por auto de 9-3-2017 se acordó desestimar el recurso.
Contra dicho auto se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala. Habiéndose señalado para votación y fallo el 1-6-2017.
PRIMERO.- Se recurre en suplicación por la parte actora el auto dictado por el Juzgado de lo Social de 9-3-2017 en el que se desestima el recurso de reposición frente a otro anterior de 8-2-2017 por el que se acordó no admitir a trámite la demanda interpuesta por aquel, en la que se solicitaba que, previa declaración de nulidad o improcedencia de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sea condenada la empresa Telefónica de España SAU, a estar y pasar por lo así declarado, así como al abono de 6.000 euros por vulneración de derechos fundamentales y otros 6.000 euros más por los daños y perjuicios previstos en el Art. 138.7 de la LRJS.
El recurrente había ejercitado en su día una acción sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, correspondiendo dicha demanda al Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón, demanda que se estimó por sentencia de 2-9-2016 , cuyo fallo estableció estimar íntegramente la demandada interpuesta por D. Florián contra Telefónica de España SAU, declarando injustificada la medida comunicada al trabajador el 28-7-2016 y condenando a la empresa a dejar sin efecto la adscripción del trabajador al Centro Nacional de Acceso Inalámbrico de Gijón con retorno a su grupo de procedencia.
También se ha de señalar, según se desprende del relato fáctico de la sentencia mencionada, que por decisión de la empleadora de 28-7-2016, el actor, que venía prestando servicios en el Grupo estable de la Unidad I+M Asturias I ubicada en el centro de trabajo de la CT Pumarín de Gijón en jornada de mañana como operador de comunicaciones, fue adscrito al Centro Nacional de Acceso Inalámbrico de Gijón en régimen de turnos de mañana, tarde y noche y turno de guardia en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional 3ª del convenio de empresa.
Consta asimismo que, notificada la anterior resolución, por medio de comunicación de 19-10-2016 la demandada repuso al actor en su puesto de trabajo y que con posterioridad, el día 10-11-2016, remitió nueva comunicación al trabajador en la que le daba cuenta de la nueva decisión de la empresa de acoplarlo al sistema de turnos en la Unidad de Coordinación de Supervisión Acceso Inalámbrico y Móvil II, decisión esta impugnada por el actor en demanda de que se declare nula o injustificada la medida y se le indemnice en los términos que se dejan dichos.
SEGUNDO.- El recurso se compone de un solo motivo, citándose como norma infringida el art. 24 de la CE.
Antes de seguir se hace necesario precisar que los autos que se combaten en suplicación tienen acceso a este medio extraordinario de impugnación en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.4.a) de la LRJS, a cuyo tenor:
4. Podrá interponerse recurso de suplicación contra las siguientes resoluciones: (...)
c) Los autos que resuelvan el recurso de reposición interpuesto contra la resolución en que el órgano jurisdiccional, antes del acto del juicio, declare la falta de jurisdicción o de competencia por razón de la materia....
Supuesto que, precisamente, es el que nos ocupa, ya que se trata de auto que decretó el archivo de la demanda rectora de autos y el consiguiente cierre de actuaciones, al entender que la materia de la demanda no era propia de una acción declarativa, sino que lo precedente era instar la ejecución de sentencia.
La doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva puede resumirse en las siguientes consideraciones:
- Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, si concurren todos los requisitos para ello.
- De ahí que sea también respetuosa con este derecho fundamental una resolución judicial de inadmisión o de desestimación por algún motivo formal, cuando concurra alguna causa de inadmisibilidad y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma.
También hemos afirmado de forma constante que si bien el derecho a obtener una resolución de fondo se extiende tanto al ámbito del acceso a la jurisdicción como al del acceso al recurso, el alcance de este derecho no es el mismo en la fase inicial del proceso, una vez conseguida una primera respuesta judicial a la pretensión, que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial para acceder al sistema judicial', que en las sucesivas fases de recurso que puedan interponerse contra esa decisión.
Por ello, en el acceso a la jurisdicción, se proscribe no sólo la arbitrariedad, irrazonabilidad o el error patente, sino también aquellas decisiones de inadmisión -o de no pronunciamiento sobre el fondo- que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas de inadmisión -o no pronunciamiento sobre el fondo- preservan y los intereses que sacrifican.
TERCERO.- En cuanto al contenido material de la ejecución de las sentencias recaídas en los procesos sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo determina el Art. 138.7 de la LRJS que la sentencia declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.
La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del art. 40 y en el apartado 3 del art. 41 del E.T., concediéndole al efecto el plazo de 15 días.
A tal efecto, añade en su nº 8 que cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinción del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del art. 50 del E.T., conforme a lo establecido en los arts. 279, 280 y 281 de la LRJS.
Se observa que la norma procesal laboral que estudiamos prevé como procedimiento específico para llevar adelante tal ejecución, el diseñado para la ejecución de la sentencia de despido; esto es, lo primero que habrá que hacer es, solicitada y acordada la ejecución, requerir al ejecutado para que proceda a dejar sin efecto la medida declarada injustificada, y ello porque es lo que tiene previsto la propia Ley para tal supuesto -art. 279.2 LRJS para la readmisión efectiva de los despidos-.
Ahora bien, tratándose de la extinción del contrato, la Sala IV, ya desde la casación ordinaria ha distinguido los supuestos de despido reiterado (reiteración de actos análogos o de la propia comunicación), despido subsanado (art. 55.2 ET, posible subsanando los defectos formales de comunicación del primero si se hace dentro del plazo de 20 días y se pone a disposición del trabajador el importe de los salarios devengados en el intervalo) o doble despido por motivos diversos o nuevo despido vinculado o condicionado al resultado de otro anterior, es decir, un despido cautelar.
Esta difícil problemática ha llegado incluso a su planteamiento ante el TC, que tiende a exigir que conste de modo efectivo la comunicación del despido y a tomar esta última como fecha inicial de cómputo del plazo de caducidad de modo que la posible confusión nunca prive de tutela judicial al trabajador.
Pues bien en el presente supuesto, firme la sentencia de instancia y ejecutada la medida allí acordada mediante la reposición del actor en su antiguo puesto de trabajo, la empresa va a reiterar mediante nueva comunicación la misma medida de modificación sustancial, y por tanto la demanda de impugnación del nuevo acto empresarial debió ser admitida a trámite al enfrentarse el trabajador a una nueva medida que no fue objeto de examen ni consideración en el pleito anterior, aparte de que a la acción de modificación se acumula una acción de tutela de los derechos fundamentales conforme determina el Art. 184 LRJS y que asimismo requiere que cualquiera de las razones que en su momento pueda argüir el Órgano Jurisdiccional para resolver la pretensión de la demanda, han de exponerse en sentencia siguiendo los tramites del Art. 138 de la LRJS.
Se cumple así la doctrina constitucional ya referida en el sentido de que en el ámbito del acceso a la jurisdicción el principio pro actione actúa con toda su intensidad, por lo que las decisiones de inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formulada, lo cual implica un escrutinio especialmente severo en estos casos.
CUARTO.- A tenor de lo hasta ahora dicho, procede anular el auto recurrido y reponer las actuaciones al momento de presentación de la demanda, dándosele al procedimiento la tramitación regulada en la ley.
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Florián contra los autos dictados por el Juzgado de lo social nº 2 de Gijón de 8-2-2017 y el 9-3-2017, y declaramos la nulidad de los mismos, reponiendo las actuaciones al momento de presentación de la demanda, para que a la misma se le dé la tramitación regulada en el art. 138 de la LRJS.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse dentro del improrrogable plazo de 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma, y en los términos del art. 221 de la LRJS y con los apercibimientos en él contenidos.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8097669

References: resolución 
 artículo 191
 resolución 
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