Source: https://it.scribd.com/document/442274944/Auto-del-Tribunal-Supremo-sobre-la-inhabilitacion-de-Junqueras
Timestamp: 2020-04-03 05:12:41+00:00

Document:
Auto del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Junqueras | Corte de justicia europea | Inmunidad parlamentaria
El Tribunal Supremo ha ordenado ejecutar la inhabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras, lo que le impide ejercer su cargo como eurodiputado. Además, el alto tribunal rechaza que deba pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para despojarle de su condición
SalvaSalva Auto del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación ... per dopo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao
En Madrid, a 9 de enero de 2020.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.
1.- Con fecha 19 de diciembre de 2019, la Gran Sala del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-502/19, incoado a
raíz de la cuestión prejudicial promovida en nuestro auto de 1 de julio de 2019,
en el marco de la causa especial núm. 20907/2017.
2.- El mismo día se dio traslado para alegaciones, por término de cinco
días, al Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la acción popular y a la
representación procesal de D. Oriol Junqueras.
3.- El Ministerio Fiscal presentó escrito ante esta Sala con fecha 19 de
diciembre de 2019. La Abogacía del Estado formuló alegaciones mediante
escrito datado el 30 de diciembre de 2019. La acción popular y la defensa del
Sr Junqueras hicieron valer sus intereses mediante sendos escritos que tuvieron
entrada en esta Sala el día 26 del mismo mes y año.
1.- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en
adelante, TJUE), fechada el día 19 de diciembre de 2019, ha dado respuesta a
la cuestión prejudicial promovida por esta Sala mediante auto de 1 de julio del
mismo año. El TJUE declara en su parte dispositiva lo siguiente: «el artículo 9
del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea
debe interpretarse en el sentido de que: a) goza de inmunidad en virtud del
párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente
proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación
de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha
sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras
la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su
primera sesión; b) esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de
prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al
Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal
nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de
prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de
miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al
Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9,
párrafo tercero, del mismo Protocolo».
La lectura detenida de esa respuesta permite la formulación de las
a) Que la duda suscitada por esta Sala acerca de si el art. 9 del Protocolo
núm. 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea rige antes del
“período de sesiones”, ha de resolverse afirmativamente.
Ello supone que el candidato proclamado por la autoridad nacional como
electo, por el sólo hecho de serlo, goza de inmunidad, incluso, cuando se
encuentre en situación de prisión preventiva en un proceso penal por delitos
graves y el órgano jurisdiccional competente haya denegado el permiso para
cumplir las formalidades impuestas por el derecho nacional tras la proclamación
como electo.
b) La inmunidad establecida en el párrafo segundo del art. 9 del
Protocolo, que se concreta en autorizar el desplazamiento del electo al
Parlamento Europeo, con el fin de que pueda cumplir allí las exigencias formales
requeridas, obliga al órgano jurisdiccional a hacerlo acordando «…el
levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta».
c) Con carácter excepcional, esa concreta inmunidad, obtenida desde la
proclamación como electo, es compatible con el mantenimiento de la medida
cautelar de prisión preventiva, siempre que de forma urgente se solicite al
Parlamento Europeo que suspenda esa inmunidad.
No de otra forma puede interpretarse la frase adversativa que aclara que
«si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse
la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la
condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor
brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad».
2.- Esos tres enunciados dan cumplida respuesta a la duda formalizada
por esta Sala. En nuestra resolución promovíamos, de forma subsidiaria y
concatenada las siguientes cuestiones prejudiciales:
« a) El artículo 9 del Protocolo no 7 sobre los privilegios e inmunidades
de la Unión Europea, ¿rige antes del inicio del “período de sesiones” para un
acusado por delitos graves en situación de prisión provisional, acordada
judicialmente por hechos anteriores al inicio de un proceso electoral, en el que
aquél ha resultado proclamado electo al Parlamento Europeo, pero que ha sido
privado por decisión judicial de un permiso penitenciario extraordinario que le
permitiera cumplimentar los requisitos establecidos por la legislación electoral
interna a la que remite el artículo 8 del Acta, relativa a la Elección de los
Diputados al Parlamento Europeo por Sufragio Universal Directo?.
b) En el caso de ser afirmativa la respuesta, si el órgano designado en
la normativa electoral nacional, por no haber cumplimentado el electo los
requisitos electoralmente establecidos (imposibilidad derivada de su limitación a
la libertad deambulatoria por su situación de prisión provisional en proceso por
delitos graves) hubiera comunicado al Parlamento Europeo, que aquél no ha
adquirido esa condición de Diputado hasta tanto cumplimente esos requisitos;
¿persistiría la interpretación extensiva de la expresión “período de sesiones”,
pese a la ruptura transitoria de su expectativa de tomar posesión de su escaño?
c) Si la respuesta fuese la interpretación extensiva, en caso de que el
electo se encontrase en situación de prisión provisional en proceso por delitos
graves, con bastante antelación al inicio del proceso electoral, ¿la autoridad
judicial que ha acordado la situación de prisión resultaría obligada, a la vista de
la expresión “cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o
regresen de éste” del artículo 9 del Protocolo no 7, a levantar la situación de
prisión en términos absolutos, de modo casi automático, para permitir el
cumplimiento de las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo?;
o bien ¿debería atenderse a un criterio relativo de ponderación en el caso
concreto, de los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del
debido proceso por una parte y los atinentes a la institución de la inmunidad por
otra, tanto en lo que se refiere a la observancia del funcionamiento e
independencia del Parlamento, como al derecho del ejercicio de cargos públicos
por el electo?».
Es conforme a la interpretación ofrecida en esas respuestas por el TJUE
como ha de resolverse la situación que afecta al procesado D. Oriol Junqueras.
Todo ello, como elocuente expresión de lo que se ha descrito como diálogo entre
tribunales, ajustado siempre al principio de cooperación leal consagrado en el
artículo 4 del TUE, apartado 3, párrafo primero.
3.- Mediante la presente resolución la Sala da cumplimiento exacto, en
sus estrictos términos, a la decisión del TJUE. Los datos que han de ser tomados
en consideración para la delimitación de sus efectos son los siguientes:
a) El Sr. Junqueras fue condenado en sentencia dictada por esta Sala,
con fecha 14 de octubre de 2019, a las penas de 13 años de prisión y 13 años
de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los
honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, e incapacidad para
obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y
la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. Fue
declarado autor de sendos delitos de sedición y malversación de caudales
públicos en relación de concurso medial.
b) Esta sentencia fue el desenlace jurisdiccional de un proceso penal
iniciado el día 12 de febrero de 2019 y que quedó “visto para sentencia” el día
12 de junio del mismo año.
c) El Sr. Junqueras fue proclamado electo por la Junta Electoral Central
mediante acuerdo de 13 de junio de 2019, publicado en el BOE el día 14 del
mismo mes y año, es decir, un día después de que hubieran concluido todas las
sesiones del juicio oral y se hubiera iniciado el proceso de deliberación de la
d) Con fecha 14 de junio de 2019, esta Sala denegó al Sr. Junqueras la
concesión de un permiso de salida, solicitado el día 4 de junio del mismo año,
para el acto de juramento o promesa previsto en los arts. 108.9 y 224.2 de la
LOREG, que habría de desarrollarse en la sede del Congreso de los Diputados
el día 17 de junio a las 12:00 horas.
La representación legal del D. Oriol Junqueras, entabló recurso de
súplica contra esta decisión, invocando las prerrogativas y privilegios
establecidos en el artículo 9 del Protocolo (número 7) sobre los privilegios y las
inmunidades de la Unión Europea.
Fue en ese marco procesal en el que la Sala promovió cuestión
prejudicial en los términos que ya han sido descritos. La necesidad de subrayar
este contexto resulta ineludible. De lo contrario, se corre el riesgo de desenfocar
el análisis de las consecuencias que la sentencia del TJUE ha de proyectar
sobre la causa especial que ya ha sido objeto de enjuiciamiento. De hecho, la
importancia de esa premisa metodológica ya quedó apuntada en nuestra
resolución de 1 de julio de 2019, mediante la que exteriorizábamos ante el TJUE
nuestras dudas acerca de la interpretación equilibrada de los fines del proceso,
los derechos fundamentales en juego y las prerrogativas funcionales derivadas
de la proclamación como electo del Sr. Junqueras.
Lo expresábamos así en el apartado 2.3.3 del FJ 1º: «… la deliberación
se encuentra en su fase inicial. Este momento del proceso sitúa a este Tribunal
en una posición privilegiada, hasta ahora inédita, para valorar la intensificación
del “fumus boni iuris” que ha venido sosteniendo las medidas cautelares
acordadas por el Excmo. Sr. Magistrado instructor y ratificadas por la Sala de
Recursos. El proceso penal, por tanto, está ya en el último tramo, en el momento
de la deliberación acerca de los elementos fácticos y jurídicos que van a definir
su desenlace». Añadíamos que «…la interpretación que asume este Tribunal es
el resultado de nuestra voluntad de no sacrificar ninguno de los intereses y
derechos que convergen en la cuestión planteada. De tal forma, que la limitación
temporal del derecho de participación del Sr. Junqueras, condicionada, claro es,
al pronto desenlace de la causa especial núm. 20907/2017, sea entendida como
una limitación necesaria para preservar otro fin constitucionalmente legítimo y
propio de una sociedad democrática. El aseguramiento de los fines del proceso
penal, cuya realidad quedaría irreversiblemente menoscabada si la Sala
autorizara la salida del Sr. Junqueras fuera de nuestras fronteras, ha
determinado la denegación de la solicitud interesada. (…) Dicho de otro modo,
no hemos encontrado alternativa viable a la prisión provisional como medio para
asegurar los fines del proceso. El riesgo de fuga (…) nos ha llevado a concluir
la incompatibilidad de la situación que afecta al acusado con la concesión de un
permiso penitenciario que excepcione la limitación a la libertad deambulatoria
acordada. Entendemos, además, que ese sacrificio se entiende proporcionado,
pues la restricción que opera al ejercicio del derecho de participación en cargo
público es transitoria. Se trata, al fin y al cabo, de una restricción de la libertad
deambulatoria que es inherente a la situación de prisión…».
4.- La respuesta del TJUE opta por una interpretación extensiva de la
inmunidad de desplazamiento que protege al parlamentario europeo desde el
momento mismo de su elección. Aclara que, incluso en aquellas ocasiones en
que el candidato electo esté sufriendo una medida cautelar de prisión
preventiva, ésta deberá ser alzada. Esta regla general, sin embargo, es
excepcionada en aquellas ocasiones en que el tribunal nacional competente
considere «…que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la
adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento
Europeo». En tales casos, la tramitación «…a la mayor brevedad» de la petición
de levantamiento de la inmunidad se impone como un inaplazable deber del
tribunal que entienda procedente el mantenimiento de la medida cautelar.
El carácter novedoso y complejo de esta resolución ha sido reconocido
por la Abogacía del Estado que, en su escrito de alegaciones de fecha 30 de
diciembre apunta que «…esta inmunidad procesal no había sido previamente
definida por el Tribunal de Justicia. Además, se apoya en una interpretación que
se separa de la previa jurisprudencia del Tribunal de Justicia (ej.: Sentencia de
7 de julio de 2019, Le Pen, EU:C:2005:249, o la Sentencia de 30 de abril de
2009, Donnici, EU:C:2009:275) y que tiene difícil conciliación con el tenor literal
del Acta electoral de 20 de septiembre de 1976 o con las remisiones al derecho
nacional del Protocolo núm. 7».
La Sala hace suya esa doctrina proclamada por el TJUE. Será conforme
a ella como se resolverán las situaciones que, en los mismos o similares
términos, puedan suscitarse en el futuro. En consecuencia, los principios
conforme a los cuales habrá de ser resuelta cualquier duda acerca de la forma
de conciliar la convergencia entre los fines del proceso y los derechos y
prerrogativas funcionales de los parlamentarios europeos, serán los siguientes:
a) Con carácter general, cualquier preso preventivo que adquiera la
condición de eurodiputado -y la adquiere desde el momento mismo de su
proclamación como electo- ha de ser puesto en libertad para cumplimentar los
trámites formales posteriores a esa designación.
b) De forma excepcional, la medida cautelar de prisión provisional podrá
ser mantenida siempre que el órgano jurisdiccional así lo considere. La
tramitación urgente -a la mayor brevedad- del suplicatorio será indispensable
para dar oportunidad al Parlamento Europeo a que se pronuncie sobre el
levantamiento de la inmunidad que protege a todo parlamentario electo.
La Sala entiende, en línea con los términos ya sugeridos en el apartado
c) de nuestra cuestión prejudicial y a la vista de la respuesta del TJUE, que la
decisión de mantener en prisión a un europarlamentario ya electo sólo podrá ser
el excepcional desenlace de un juicio ponderativo en el que el órgano
jurisdiccional balancee los fines del proceso, los derechos a la libertad y a la
participación política del afectado por una medida cautelar y, de modo especial,
las prerrogativas funcionales que son necesarias para el correcto desarrollo de
la actividad del Parlamento Europeo. El mantenimiento de la situación de prisión
preventiva sólo podrá ser excepcionalmente justificado por la gravedad de los
hechos imputados y por la persistencia de un evidente riesgo de fuga y de
reiteración delictiva. Exigirá del órgano jurisdiccional, además de una valoración
ajustada al principio de proporcionalidad, la máxima celeridad en la tramitación
del suplicatorio.
5.- Esta doctrina jurisprudencial del TJUE -aceptada ahora en su
literalidad, en su espíritu y en su integridad- ha ser aplicada para resolver las
consecuencias procesales que puede proyectar sobre la situación del Sr.
El juego combinado de los apartados 93 y 30 de la sentencia del TJUE
avala la conclusión de que es a esta Sala a la que corresponde dilucidar los
efectos -directos o indirectos- que la respuesta a la cuestión prejudicial debe
conllevar. Ello no priva de interés a la decisión del TJUE. De hecho, así lo
expresó esta Sala en el escrito de 14 de octubre de 2019, en el que
comunicamos al Tribunal de Justicia que la petición de decisión prejudicial, pese
a la firmeza de la sentencia, seguía manteniendo interés y vigencia, toda vez
que la respuesta a las cuestiones formuladas en el auto de remisión tendría
eficacia, con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que
afecte al Sr. Junqueras (apartados 41 y 42). Y ello, lógicamente, en función del
alcance de la modalidad de inmunidad que se derivase de la respuesta del
Nuestra decisión, como no podía ser de otra manera, ha de ser
formulada «…con observancia del Derecho de la Unión y, en particular, del
principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3,
párrafo primero (…)». También ha de tener en cuenta «…en este contexto (…)
lo declarado en los apartados 64, 65, 76 y 82 a 86 de la presente sentencia».
5.1.- Desde esta perspectiva, es evidente que la sustitución de la medida
cautelar de prisión preventiva que afectaba al Sr. Junqueras por la pena de
prisión impuesta en sentencia firme, acarrea trascendentales efectos que no
pueden eludirse al examinar las consecuencias de lo resuelto por el TJUE.
A la vista de la respuesta ofrecida por el TJUE, la adquisición de su
condición de parlamentario europeo no se hacía depender de la
cumplimentación de unos trámites formales ante la Junta Electoral Central, sino
del hecho mismo de su proclamación como electo. El Sr. Junqueras habría
adquirido la condición de parlamentario, sin necesidad de ningún
desplazamiento para trámites burocráticos, desde el día 13 de junio de 2019,
fecha en que fue reconocida su condición de electo. Sin embargo, la realidad
que ahora se proyecta sobre el recurrente no es la de un preso preventivo, sino
la de un preso condenado que, por el solo hecho de serlo, ha incurrido en una
causa sobrevenida de inelegibilidad. En efecto, el art. 6 de la LOREG declara
inelegibles «a los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad,
en el período que dure la pena». Y el art. 211 de la misma ley dispone que «las
causas de inelegibilidad de los Diputados al Parlamento Europeo lo son también
de incompatibilidad».
En el momento en que el Sr. Junqueras fue condenado a la pena de 13
años de prisión se convirtió, por ministerio de la ley, en inelegible. Y ese
obstáculo legal para el ejercicio del derecho de representación proyecta sobre
él una causa de incompatibilidad que le excluye del Parlamento Europeo. Así lo
expresa el apartado 3 del art. 7 del Acta relativa a la Elección de los Diputados
al Parlamento Europeo por Sufragio Universal Directo, en el que se precisa que
«…cada Estado miembro podrá ampliar las incompatibilidades aplicables en el
plano nacional, en las condiciones previstas en el artículo 8».
No añade ningún dato de interés, pese a ser subrayado enfáticamente
por la representación del condenado y la Abogacía del Estado, el hecho de que
esta Sala acordara que la ejecución de la pena de inhabilitación absoluta
impuesta en nuestra sentencia quedara en suspenso. La condición de inelegible
del Sr. Junqueras se vincula, no a la pena de inhabilitación, sino a la pena de
prisión de 13 años que le fue impuesta. Además, la suspensión de esa pena de
inhabilitación, hasta tanto sea resuelta la cuestión prejudicial, es una muestra
más de cooperación leal con el Tribunal de Justicia llamado a dar respuesta a
nuestra cuestión prejudicial. Decíamos en nuestro auto de 14 de octubre de
2019 que, «…en cuanto a la pena de inhabilitación, esta puede resultar
condicionada por el efecto reflejo, en su caso, de la resolución del recurso de
súplica pendiente en la pieza de situación contra el auto de 14 de mayo de 2019.
Como quiera que esa pena se integra por una parte privativa de derechos no
susceptible de suspensión y por una delimitación temporal de su ejercicio, la
Sala acuerda posponer su ejecución hasta la resolución del recurso”. Nada de
lo que aquí se dice da argumentos para sostener que la ejecución de la pena
privativa de libertad, causa determinante de la incompatibilidad sobrevenida,
dejara de producir el efecto legalmente previsto. Que la ejecución de la pena de
inhabilitación y, sobre todo, su liquidación de condena, podían quedar
condicionadas por la respuesta que ofreciera el TJUE es una obviedad. Lo que
resulta difícilmente sostenible es razonar -como hace la Abogacía del Estado-
que esa afirmación encierra un reconocimiento por la Sala de que el Sr.
Junqueras gozaba de algún tipo de inmunidad: «…por lo tanto, esa Excma. Sala
ya ha aceptado que, con independencia de la firmeza y plena validez de la
sentencia, el Sr. Junqueras podría seguir ostentando algún tipo de inmunidad
en los términos que le pudiera reconocer el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea». La Sala no puede aceptar lo que la ley no permite aceptar.
En nuestro escrito de 14 de octubre de 2019, remitido por esta Sala al
Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, expresábamos que
«…la decisión prejudicial sigue manteniendo interés y vigencia, ya que tendría
eficacia con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que
afectase al Sr. Junqueras Víes». El contenido de ese oficio da pie a la Abogacía
del Estado a sostener que la Sala «…aceptaba una eficacia de las cuestiones
que se planteaban sobre la inmunidad del Sr. Junqueras aun cuando hubiera
pasado a ostentar la condición de penado». Efectivamente, pero de las
respuestas del TJUE, al definir el alcance y contenido de la inmunidad de
desplazamiento, ningún obstáculo impedía dictar sentencia -ya firme- ni
tampoco ejecutar lo resuelto, pese a que, para la efectividad de la pena de
inhabilitación, hemos esperado prudentemente.
La expresión de nuestro interés por resolver la cuestión prejudicial
suscitada y el mantenimiento de su vigencia no es explicable -como parece
sugerir la Abogacía del Estado- por una aceptación implícita y anticipada de que
la eficacia de la inmunidad iba a extenderse, incluso, en el supuesto de que el
Sr. Junqueras se hallara ya cumpliendo condena por sentencia firme. Lo que
quisimos subrayar entonces era la importancia de una respuesta por parte del
TJUE a una cuestión hasta ahora no suscitada, cuya utilidad era más que
evidente, con independencia del carácter provisional de la prisión sufrida por el
afectado. Se trataba, en fin, de determinar el alcance de la inmunidad -si llegara
a reconocérsele- y si ese reconocimiento limitaba, en alguna medida, nuestro
pronunciamiento, que conllevaba la pérdida de la condición de
europarlamentario del Sr. Junqueras. Y hasta tanto no se pronunciara el TJUE,
no podíamos precisar sus últimos perfiles, que habían de ser definidos en la
sentencia que diera respuesta a la cuestión prejudicial.
En definitiva, esa incompatibilidad sobrevenida dará lugar a la sustitución
del parlamentario incurso en la causa de incompatibilidad. El mecanismo de
sustitución se contempla en el art. 13, según el cual, «un escaño quedará
vacante cuando el mandato de un diputado al Parlamento Europeo expire
debido a su dimisión, a su fallecimiento o a la anulación de su mandato»
(apartado 1). Y salvo lo dispuesto en el Acta, «cada Estado miembro establecerá
los procedimientos adecuados para que, en caso de quedar vacante un escaño,
éste sea ocupado durante el resto del período quinquenal contemplado en el
artículo 5» (apartado 2).
De especial valor interpretativo es el apartado 3 de esa misma norma del
Parlamento Europeo, según el cual, «cuando la legislación de un Estado
miembro establezca expresamente la anulación del mandato de un Diputado al
Parlamento Europeo, su mandato expirará en aplicación de las disposiciones de
esa legislación. Las autoridades nacionales competentes informarán de ello al
Parlamento Europeo». Asimismo, el art. 4.4, párrafo segundo, del Reglamento
del Parlamento Europeo, establece que «cuando las autoridades competentes
de los Estados miembros notifiquen al presidente el fin del mandato de un
diputado al Parlamento Europeo como consecuencia, ya sea de una
incompatibilidad adicional establecida por la legislación del Estado miembro de
que se trate, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Acta de 20 de
septiembre de 1976, o de la anulación del mandato del diputado, de conformidad
con el artículo 13, apartado 3, de dicha Acta, el presidente informará al
Parlamento de que el mandato del diputado de que se trate ha concluido en la
fecha comunicada por las autoridades competentes del Estado miembro.
Cuando dicha fecha no se comunique, la fecha del final del mandato será la
fecha de notificación por dicho Estado miembro».
5.2.- La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 144/1999, 22 de
julio), con ocasión del recurso de amparo de quien fue declarado inelegible por
razón de una sentencia condenatoria dictada por un Tribunal Superior de
Justicia, que impuso al recurrente pena privativa de libertad, de la que obtuvo la
remisión condicional, ha declarado que «…las causas que pueden provocar la
inelegibilidad de un candidato electoral no son solo las que el art. 6 L.O.R.E.G.
dispone, pues deben sumársele aquellas otras que derivan de normas de rango
legal, como el Código Penal, el Código Civil o, para el caso de las elecciones
autonómicas, los Estatutos de Autonomía y demás Leyes autonómicas, que
regulan ciertos extremos de la capacidad jurídica para ser elector, como la edad,
la vecindad administrativa o autonómica o la capacidad de obrar jurídica, o las
causas de su pérdida, suspensión o privación (en especial, las penas de
suspensión del derecho de sufragio o la de suspensión de cargo público SSTC
80/1987, 158/1991, 7/1992, 166/1993), que condicionan la posibilidad de ser
titular del derecho a ser elegible, encuadrable en el art. 23.2 C.E, y que, en la
medida en que no se trata de causas de inelegibilidad en sentido técnico y
estricto, no se ven afectadas por la reserva material de Ley establecida por el
art. 70.1 C.E».
En puridad, de concurrir alguna de estas causas que condicionan la
cualidad de elector, no se está ante una causa de inelegibilidad de las que
puedan hacerse valer como incompatibilidades una vez proclamados los
candidatos electos (arts. 155, 178, 203 y 211 L.O.R.E.G.), sino ante la ausencia,
lisa y llana, de capacidad jurídica para ser elegible, y en tal medida, destinatario
de la voluntad del cuerpo electoral en el ejercicio de su función electiva. Razón
por la que, en estos casos, el sujeto incurso en alguna de estas causas sólo
vería lesionado su derecho fundamental a acceder a los cargos públicos
representativos si se le aplican infringiendo el principio de igualdad o en contra
de lo dispuesto en el precepto legal pertinente.
Añade el Tribunal Constitucional, en el FJ 6º: «…por esta razón, carece
de todo fundamento el reproche de incompetencia para declarar la inelegibilidad
dirigido a las Juntas Electorales, pues, en puridad, no han sido ellas quienes la
han declarado, sino la resolución judicial firme. La Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia es el acto jurídico constitutivo de dicha incapacidad
electoral».
En cumplimiento de esa obligación legal, se impone a esta Sala -y así se
acuerda en la parte dispositiva del presente auto- una notificación a la Junta
Electoral Central y al Parlamento Europeo de la existencia de una causa
sobrevenida de incompatibilidad para que, en el infranqueable ámbito de sus
respectivas competencias, anuden a ese presupuesto las consecuencias
legales que de él se derivan. La Sala tiene constancia de que, en el momento
del dictado de la presente resolución, la Junta Electoral ha declarado la
anulación sobrevenida del escaño del Sr. Junqueras, en resolución fechada el
día 3 de enero del corriente año, en el marco del expediente núm. 561/79.
5.3.- Las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la defensa del Sr
Junqueras defienden la necesidad de que, a la vista del pronunciamiento del
TJUE, la Sala proceda a formalizar una solicitud ante la cámara europea de
La Unión Interparlamentaria -institución que incluye entre sus fines el
reforzamiento de las instituciones parlamentarias-, en publicación dedicada a un
análisis comparativo del mandato parlamentario, distingue entre la inviolabilidad
de los miembros del Parlamento por las opiniones o los votos que emitan en el
ejercicio de sus funciones y la denominada inmunidad. Pero, a su vez, diferencia
distintas modalidades de inmunidad, que clasifica del siguiente modo: 1º.-
Aquellos países, que entienden que la aplicación del derecho común sirve
perfectamente para garantizar la protección de todos, comprendidos los
parlamentarios o que consideran que ninguna inmunidad puede constituir un
obstáculo para el ejercicio de la justicia penal; 2º.- Aquellos que prevén una
especial protección, donde a su vez, se diferencian dos sistemas: a) la
prohibición formal de proceder a su detención cuando se dirigen al Parlamento,
se encuentran en el mismo o vuelven -ésta es la categoría de inmunidad que
ahora contemplamos-; b) la prohibición de toda diligencia judicial o detención
sin autorización expresa de la Asamblea a la que pertenece el parlamentario en
Tal entendimiento del párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo de
Inmunidades, permite a los parlamentarios contar con una herramienta eficaz
para el cumplimiento de su misión, al tiempo que facilita respetar, en
observancia del párrafo primero, la diversidad de las normativas nacionales.
5.3.1.- Por ello, la petición de suplicatorio para su enjuiciamiento no es
procedente, una vez ha sido dictada sentencia condenatoria que, como
acabamos de señalar, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, tiene
carácter constitutivo en cuanto al efecto de anulación del mandato que el Sr
Junqueras había recibido del electorado. Tampoco lo fue en el momento en el
que, hallándose el proceso en su tramo final y pendiente de sentencia, resultó
electo como Diputado nacional. Las razones que expusimos en nuestro auto de
14 de mayo de 2019, en respuesta a la misma petición de suplicatorio, entonces
ante el Congreso de los Diputados, cobran ahora pleno sentido. A lo allí
razonado nos remitimos.
Ni tampoco es ahora procedente, una vez conocida la sentencia del
TJUE, formalizar la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo,
atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una
condición de procedibilidad para proseguir el enjuiciamiento. Cuando el Sr.
Junqueras fue proclamado electo en acuerdo de 13 de junio de 2019, el proceso
penal que le afectaba había concluido y esta Sala había iniciado el proceso de
En el derecho interno español el alcance de la inmunidad tiene sus
perfiles acotados normativa y jurisprudencialmente. No opera ni en fase de
ejecución, ni en fase de recurso ni, en general, desde que está abierto el acto
del juicio oral. En esta causa recayó un auto expresando el fundamento
normativo y finalístico de esa dimensión de la inmunidad, que, por otra parte, no
es un exotismo en el panorama del derecho comparado. Por tanto hay que
seguir sosteniendo como se ha hecho hasta ahora que el acusado Sr.
Junqueras, en la medida en que alcanzó la condición de europarlamentario -
según aceptamos en sintonía con la STJUE- con el proceso ya en fase de juicio
oral -es más, en los últimos lances del juicio- no ha podido en ningún momento
ampararse en tal vertiente de la inmunidad para obstaculizar la persecución de
su enjuiciamiento. Ni cuando accedió a la condición de diputado nacional, ni
cuando fue elegido europarlamentario; ni cuando el TJUE le ha reconocido su
condición de tal, pese a no haber cumplimentado algunos requisitos.
Si cuando el electo adquiere tal condición ya se ha procedido a la
apertura del juicio oral, es obvio que decae el fundamento de la inmunidad como
condición de la actuación jurisdiccional. Aquel no es otro que preservar a la
institución parlamentaria de iniciativas dirigidas a perturbar su libre
funcionamiento. Lo que lógicamente no puede ocurrir si la iniciativa para
proceder en el ejercicio de la actuación jurisdiccional es anterior a la elección de
los componentes del Parlamento.
En definitiva, quien participa en un proceso electoral cuando ya está
siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad
conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso
ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo
primero a) del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria
autorización del Parlamento.
La defensa del Sr. Junqueras insta la nulidad de lo actuado desde el día
12 de junio de 2019, singularmente, de la sentencia dictada por esta Sala con
fecha 14 de octubre del mismo año. Esta petición -cuya legitimidad no se
cuestiona- aspira a un efecto que sólo encuentra respaldo en la intensa carga
de voluntarismo con el que aquella se formula. Y es que el escrito de
alegaciones evidencia una llamativa confusión entre la inmunidad parlamentaria
y lo que operaría como exención jurisdiccional. Este error conceptual lastra todo
el argumentario y las conclusiones que la defensa obtiene de la sentencia
dictada por el TJUE. El Sr. Junqueras no goza de ninguna exención
jurisdiccional que se alce como obstáculo para impedir su enjuiciamiento.
Frente a la naturaleza de mera condición de procedibilidad de la
inmunidad, la exención -propia de la prerrogativa de inviolabilidad- sólo puede
ser declarada por el órgano judicial, conforme al principio de exclusividad
jurisdiccional (art. 117 de la Constitución), eso sí, una vez que la condición de
procedibilidad haya sido colmada.
Conviene precisar, a la vista de la reiterada queja de vulneración del
derecho a la libertad y a la representación política del Sr. Junqueras, que no
existe causa alguna de nulidad que tenga capacidad invalidante de los actos
procesales que fueron celebrados desde el inicio de las sesiones del juicio oral,
que tuvo lugar el 12 de febrero de 2019, hasta su conclusión, que se produjo el
día 12 de junio del mismo año. El Sr. Junqueras, en aplicación de la doctrina del
TJUE, habría adquirido la condición de eurodiputado el mismo día de su
proclamación como electo, que se produjo el 13 de junio de 2019, acuerdo
publicado oficialmente el día siguiente a su adopción. Si ese día ya había
terminado la actividad procesal desarrollada durante los cuatro meses de
duración del juicio oral, mal se entiende qué eficacia invalidante habría tenido la
adquisición sobrevenida de la condición de eurodiputado. La sentencia del
TJUE, no afectó, por tanto, a su condición de procesado ni acusado ni,
posteriormente, a la de condenado, pues tales situaciones se sucedieron en el
marco de la pieza principal sobre la que el TJUE no se pronuncia, sino que
remite al criterio de la sala Segunda para decidir si su propia interpretación del
art. 9 del Protocolo (núm. 7) tiene alguna incidencia en ese proceso principal.
Aunque fuera parlamentario europeo, el Sr. Junqueras no gozaba de
inmunidad de jurisdicción. Sólo de inmunidad de desplazamiento en los términos
que fueron revelados por el Tribunal de Justica. Pero esa modalidad -conviene
insistir en ello- en modo alguno liberaba a esta Sala de su deber de dictar
sentencia, estuviera libre el acusado o, como era el caso, se hallara en situación
de prisión provisional.
La defensa centra su reivindicación de nulidad en la sentencia de 14 de
octubre de 2019, que fue dictada cuando el Sr. Junqueras ya había adquirido la
condición de eurodiputado electo. Pero quien así argumenta, insistiendo en la
necesidad de activar un suplicatorio, está postulando un nuevo entendimiento
del principio de cosa juzgada, hasta el punto de que la intangibilidad de lo
resuelto ya no fuera sólo rescindible a través del recurso de revisión, sino
mediante el escrutinio popular al que se atribuiría la virtud de invalidar, sin más,
lo resuelto por un órgano jurisdiccional. Si bien se mira, la línea argumental de
la defensa, cuando alega que el Parlamento Europeo tiene la «…exclusiva
facultad (…) de autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal»,
pretende resucitar una versión actualizada de la histórica «provocatio ad
populum», con capacidad para condicionar la ejecución de lo resuelto -y ya
firme- por un tribunal de justicia. Esa nostálgica visión es contraria a los
principios que definen a cualquier sociedad democrática y por ello ha de ser
rechazada de plano.
La intangibilidad de la cosa juzgada no es, desde luego, un mero
enunciado formal mediante el que esta Sala rechaza la solicitud que ahora se
hace valer. Su valor como presupuesto de la seguridad jurídica ha sido también
puesto de manifiesto por el TJUE, que ha llegado a proclamar que el derecho
comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las
normas de procedimiento internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una
resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración del Derecho
comunitario por la decisión en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de
1 de junio de 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, apartados 46 y 47 y la
más reciente sentencia 16 de marzo de 2006, C-234/04, apartado 21).
5.3.2. La sentencia del TJUE, tras indicar la diferencia entre el contenido
de los párrafos primero y segundo del art. 9 del Protocolo, en cuanto a su ámbito
temporal, establece -apartado 85- que el privilegio del párrafo segundo alcanza
al electo desde que lo es para dirigirse al lugar de reunión o para regresar desde
él. Y que se debe permitir (apartado 86) a quienes han resultado electos
miembros del Parlamento Europeo cumplir los trámites necesarios para tomar
posesión de su mandato.
Ciertamente eso no impide que el eurodiputado electo se encuentre en
situación de prisión provisional, como admite la sentencia del TJUE, sin perjuicio
de que, en tal caso, la persistencia en esa situación exigiría solicitar el
alzamiento de la inmunidad por el Parlamento, que se debería instar a la mayor
El suplicatorio para instar el levantamiento de la inmunidad de
desplazamiento, habría sido posible con anterioridad, aunque estéril, pues antes
de la sentencia del TJUE, el propio Parlamento Europeo, a través de su
Presidente -tanto el actual como su predecesor- no aceptaba como miembros
de la Cámara a quienes no se encontraban incluidos en la lista publicada por la
autoridad nacional. Y ello conforme al entendimiento entonces imperante del art.
12 del Acta. La competencia hasta esa inclusión correspondía, pues, a los
órganos nacionales. La ausencia de precedentes ligados a la interpretación
ahora proclamada, por su carácter novedoso y por no haber sido comúnmente
admitida -ni por el Parlamento Europeo, ni por el propio TJUE al pronunciarse
sobre medidas provisionales en recursos de nulidad contra decisiones del
Parlamento-, aconsejaba promover la cuestión prejudicial desde que así fue
interesado por la defensa del Sr. Junqueras.
Ahora ya conocemos las respuestas del TJUE. Pero en este momento
no procede activar el suplicatorio para mantener el obstáculo al desplazamiento
que representa la privación de libertad del Sr. Junqueras. Ya existe sentencia
firme, para cuyo pronunciamiento no existía impedimento alguno. Para su
dictado ningún obstáculo proyectaba la determinación del alcance de la
inmunidad de desplazamiento reconocida. Todo ello conduce a la obligada
ejecución, sin óbice alguno, del pronunciamiento firme que implica la pérdida de
la condición de parlamentario europeo. Carece de objeto, por tanto, instar el
suplicatorio para permitirle acudir a acreditarse como parlamentario y asistir a
las sesiones de la Cámara. Ya media pronunciamiento firme que le priva del
cargo electo de eurodiputado. Su mandato deviene nulo y así lo ha declarado la
5.4.- Pendiente la cuestión prejudicial promovida por nuestro auto de 1
de julio de 2019, sistemáticamente incluida en la pieza de situación personal
del Sr. Junqueras, esta Sala dictó sentencia con fecha 14 de octubre de 2019.
En ella condenábamos al acusado, entre otros pronunciamientos, a la pena de
inhabilitación absoluta por tiempo de 13 años. Abierta la ejecutoria, dejamos en
suspenso la ejecución de esa pena -no así la pena privativa de libertad- para
asegurar, en su caso, los potenciales efectos de una respuesta del TJUE que
aconsejara retrasar o suspender la liquidación de condena respecto de esa pena
restrictiva de derechos.
Desconocíamos la contestación que recaería sobre el contenido o
alcance de la inmunidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9 del
Protocolo de Inmunidades. Desconocíamos también si, en respuesta a la
tercera de las cuestiones que habíamos suscitado con carácter prejudicial,
tendríamos que levantar la situación de prisión provisional del Sr. Junqueras en
términos absolutos o si, por el contrario, el contenido material de esa inmunidad
era compatible con un juicio ponderativo de esta Sala que justificara el
mantenimiento de la privación de libertad. No sabíamos, en fin, cómo habrían
de concretarse las consecuencias que se fijasen de uno u otro pronunciamiento.
La respuesta del TJUE a nuestra solicitud ha proclamado que el Sr.
Junqueras gozaba de inmunidad, de la inmunidad del párrafo segundo del
artículo 9 del Protocolo de Inmunidades que se concreta, de conformidad con el
significado de su tenor literal, en la capacidad de los europarlamentarios para
dirigirse o regresar al lugar de reunión del Parlamento Europeo. Se trata de una
inmunidad de configuración autónoma, como tipo conceptual propio de
inmunidad y sin derivación o relación con otras específicas modalidades de
inmunidad relacionadas con el derecho nacional. Y ello pese a la conexión
derivada que entendía el Abogado General en sus conclusiones (apartado 87).
En definitiva, como expresa el estudio comparado de la Unión Interparlamentaria
-que incluye entre sus fines institucionales reforzar las instituciones
parlamentarias-, supone una manifestación «muy estricta del concepto de
inmunidad, circunscrita a sus efectos mismos».
De esta manera se ha conferido a la institución de la inmunidad una
efectividad que propicia el cumplimiento de la misión de los parlamentarios, al
tiempo que no fuerza una interpretación de una norma (párrafo primero del
artículo 9) de un Protocolo (el número 7) del Tratado de Funcionamiento de la
Unión, que fuera extensiva y, por tanto, contraria a los criterios de la Comisión
de Venecia que, en su importante Informe sobre el alcance y el levantamiento
de las inmunidades parlamentarias -adoptado por la Comisión en su 98ª sesión
plenaria (Venecia, 21-22 de marzo de 2014, apartados 185 y 187 de su informe
714/2013, CDL-AD (2014) 011)-, ya se mostró partidaria de fijar limitaciones y
condiciones que hagan posible el levantamiento de la inmunidad. Lo contrario
habría supuesto postular una interpretación difícilmente compatible con el propio
contenido de la norma, que en cuanto integrada en un Protocolo, tiene el mismo
valor que el propio Tratado.
5.5.- En ese estado de cosas, entendimos que no mediaba impedimento
alguno a dictar sentencia en la pieza principal, que recayó el 14 de octubre de
El 12 de junio de 2019 -un día antes de que el Sr. Junqueras fuese
proclamado parlamentario electo y dos días antes de la publicación del acuerdo
en el BOE-, tras cuatro meses de intensa práctica de la prueba, alegatos de las
acusaciones y las defensas en apoyo de sus respectivas tesis, el juicio quedó
ya «visto para sentencia». No es concebible otro modo de finalizar el proceso
que el dictado de la correspondiente sentencia (cfr. arts. 741 y 742 LECrim). La
existencia de otros coacusados en prisión provisional y la imposibilidad
conceptual de fragmentar el objeto del proceso, cuya inescindibilidad había sido
subrayada en distintas resoluciones, aconsejaban no demorar el dictado de la
El texto del párrafo primero del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades
al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, remite al derecho nacional
y ya habíamos indicado que las inmunidades reconocidas a los miembros del
Parlamento español, todas ellas vienen referidas exclusivamente a fases
procesales anteriores a la apertura juicio oral. Superada la fase intermedia del
proceso y una vez abierta la fase de enjuiciamiento, ninguna inmunidad le
correspondería como Diputado nacional. Así lo disponen el artículo 71 de la
Constitución Española y la normativa de inferior rango, artículos 750 a 756 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Título I, Libro IV), artículos 5 a 9 de la Ley de 9
de febrero de 1912, artículo 11 del Reglamento del Congreso y artículo 22.1,
párrafo segundo, del Reglamento del Senado.
Y así lo habíamos resuelto en el auto de 14 de mayo de 2019, en sintonía
con una pacífica línea jurisprudencial que afirma la inexistencia de inmunidad y
consecuente innecesaridad de instar su levantamiento cuando la fase de
procesamiento se ha superado, como sucede cuando el proceso se halla
pendiente de recurso de casación (cfr. STS, Sala Segunda, 1952/2000, de 19
de diciembre, rec. 2103/2000) o en fase de ejecución (cfr. STS, Sala Segunda,
54/2008, de 8 de abril, rec. 408/2007).
La naturaleza del delito que había sido objeto de investigación y
enjuiciamiento añadía razones a la necesidad de dictar la resolución que pusiera
término al procedimiento. En la sentencia que ha dado respuesta a la cuestión
prejudicial promovida por esta Sala -apartado 84- el TJUE incorpora una cita de
la jurisprudencia del TEDH, referida a las garantías que ofrece la inmunidad
parlamentaria en sus dos aspectos, inviolabilidad e inmunidad. Estas tienen por
objeto asegurar la independencia del Parlamento en el desempeño de su misión
-sentencia de 17 de mayo de 2016, Karácsony y otros c. Hungría, § 138). Así
mismo, en la sentencia de 20 de diciembre de 2016 -Uspaskich c. Lituania-
reitera el TEDH la anterior cita del asunto Karácsony (§ 98) y advierte -dado que
el demandante se habría presentado a elecciones que le procuraron
consecutivas inmunidades-, que cuando se persiguen delitos de corrupción, se
alienta a los Estados a limitar la inmunidad al grado necesario en una sociedad
democrática, en directa y expresa alusión al principio sexto de la Resolución
(97) 24, del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, de 6 de noviembre de
1997, sobre principios rectores para la lucha contra la corrupción: limitar la
inmunidad de investigación, enjuiciamiento o sanciones relativas a delitos de
corrupción, a lo que es necesario en una sociedad democrática.
Conviene tener presente que en la causa especial que centra nuestra
atención, se enjuiciaba un delito de corrupción -malversación de caudales
públicos con ocultación de gastos-, cometido con la cobertura del Govern de la
Generalitat de Catalunya, en continuas y diversas maniobras de ocultación. Se
trataba así de hacer posible la preparación y celebración de un referéndum, cuya
previsión se incluía en un conjunto normativo aprobado por un órgano
parlamentario constitucionalmente incompetente y en declarada hostilidad a las
resoluciones del Tribunal Constitucional y a los requerimientos de su
cumplimiento, ejercitados en atribución democráticamente adecuada (cfr.
opinión Comisión de Venecia, informe núm. 827/2015, CDL-REF (2016) 034).
Decisiones que fueron adoptadas con desprecio del derecho de representación
parlamentaria de un relevante número de parlamentarios catalanes, muy
próximos a la mitad de la composición de la cámara (cfr. decisión TEDH María
Carmen Forcadell I Lluis y otros c. España, de 28 de mayo de 2019, demanda
núm. 75147/17). Se trataba, en fin, de hacer posible la celebración de un
referéndum que conllevaba un efectivo desplazamiento de las leyes -
Constitución y Estatuto de Autonomía de Cataluña incluidos-, y que se
presentaba a la ciudadanía como el requisito automático desencadenante de la
proclamación de una República independiente de Cataluña. Todo ello en el
contexto de una multitudinaria movilización de un sector de la población sobre
la que el Sr. Junqueras y otros coacusados tenían una ascendencia acreditada,
impidiendo así la efectividad de la prohibición del referéndum acordada por el
Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional.
5.6.- La misma falta de viabilidad es predicable de la petición de libertad
que se deduce por parte de la defensa del Sr. Junqueras y, de forma implícita,
por la Abogacía del Estado, que sugiere una consulta al Parlamento Europeo
con el fin de asegurar el equilibrio entre «…la libertad de movimientos que en su
caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas» y la
neutralización del riesgo de fuga y, con él del cumplimiento de la sentencia ya
dictada. Son varias las razones que se oponen a esa pretensión.
La primera, que el Sr. Junqueras no está sometido a una medida cautelar
de prisión, sino que está cumpliendo una pena impuesta por una sentencia
firme, cuya validez y eficacia no han sido neutralizadas. El esfuerzo argumental
de la Abogacía del Estado quiebra cuando, tras reconocer la inatacabilidad de
la sentencia dictada por esta Sala, sugiere que deje sin ejecución el
cumplimiento de la pena de prisión y negocie con el Parlamento Europeo los
términos de la libertad de movimientos a que podría acogerse el Sr. Junqueras.
En segundo lugar, porque aun llevando a sus últimas consecuencias el
razonamiento de la defensa y si prescindiéramos de la condición de penado del
Sr. Junqueras, la propia sentencia del TJUE no establece un mecanismo
automático de libertad para el electo que se halla en prisión preventiva, sino que
deja en manos del tribunal nacional la posibilidad de mantenimiento de esa
medida, siempre que se active con la máxima celeridad la suspensión de la
inmunidad. Incluso si siguiéramos con un razonamiento hipotético, alejado de la
pena ya impuesta por sentencia firme, conviene no olvidar el cuadro de
excepción que dibuja la sentencia dictada por el TJUE, que declara
perfectamente compatibles el mantenimiento de la prisión preventiva y la
petición de suplicatorio, siempre que ésta no se dilate en el tiempo y se tramite
con urgencia. Esta idea de compatibilidad no es asumida por la defensa, que
estima que el vocablo «tras», que se emplea por el TJUE en su conclusión
segunda, obligaría a la inmediata libertad de cualquier recluso y a la autorización
de su desplazamiento a Bruselas. Sólo en el caso en que no fuera autorizada la
suspensión de la inmunidad, podría esta Sala volver a activar la medida cautelar
dejada sin efecto. Pero ello supondría aceptar con normalidad que cualquier
condenado por delitos de especial gravedad obtuviera una insólita oportunidad
de eludir la pena de prisión en el momento exacto en que su condición de electo
fuera acordada.
5.7.- Por otra parte, la petición de la Abogacía del Estado está siempre
condicionada a que el mandato del Sr. Junqueras no sea anulado por la Junta
Electoral Central («en tanto no se produzca la anulación del mandato conforme
al artículo 13 del Acta Electoral»). Se da la circunstancia de que esa anulación
ya se ha producido, a raíz del acuerdo de fecha 3 de enero de 2020. Esa
decisión no es sino consecuencia del obligado efecto asociado a la condena del
Sr. Junqueras, quien habría incurrido ope legis en causa de inelegibilidad
conforme al derecho nacional -arts. 210 bis, en relación con el 6.2 a) y b) de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General-, lo que
determina una causa sobrevenida de incompatibilidad -art. 211.1 de la citada
LO 5/1985-. Esta circunstancia conllevaría la anulación del mandato en el
sentido del art. 13 del Acta de 1976.
Todos los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado para
justificar la libertad controlada o supervisada del Sr. Junqueras -en un insólito y
atípico ejercicio de funciones concertadas entre esta Sala y el Parlamento
Europeo-, se subordinan a que la Junta Electoral Central no anule su
nombramiento a raíz de la condena a la pena de 13 años de prisión e
inhabilitación dictada en esta causa. Sin embargo, esa resolución ya ha sido
dictada y comunicada a esta Sala y al Parlamento Europeo, desplegando la
eficacia que le es propia. Se trata además de una decisión cuyos efectos derivan
directamente, no de su discutible carácter constitutivo, sino de lo previsto
legalmente en los preceptos antes citados. La anulación del mandato no es
consecuencia de la decisión de la Junta Electoral Central. A ella corresponde
declarar, mediante la correspondiente resolución, ese efecto. Pero se trata del
efecto de una condena a pena privativa de libertad que convierte al penado, ope
legis, en incompatible para el ejercicio de la función parlamentaria. La resolución
fechada el día 3 de enero no se adelanta a lo que debería haber declarado esta
Sala. Por el contrario, el presupuesto determinante de la incompatibilidad hay
que situarlo en el dictado de nuestra sentencia de 14 de octubre de 2017. La
condena a pena de 13 años de prisión ya ofrecía todos los elementos que son
exigibles para la anulación del mandato del Sr. Junqueras, si bien la resolución
anulatoria carecía entonces de sentido, en la medida en que la Junta Electoral
Central había declarado vacante el escaño del acusado. Sólo después, una vez
conocido el novedoso criterio del TJUE que atribuye la condición de
eurodiputado al Sr. Junqueras ha adquirido pleno sentido una resolución
expresa de anulación, al operar como causa extintiva la sobrevenida condena a
1.- No ha lugar a autorizar el desplazamiento del Sr. Junqueras a la sede
2.- No ha lugar a acordar su libertad.
3.- No ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de
2019 dictada por esta Sala;
4.- No ha lugar a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento
5.- Dese cuenta en la pieza de ejecución a fin de proveer allí sobre el
alzamiento de la suspensión de la pena de 13 años de inhabilitación impuesta al
condenado. Practíquese liquidación de condena.
Comuníquese esta resolución a la Junta Electoral Central y al
Parlamento Europeo a los efectos legales oportunos.
indicados al margen.
Manuel Marchena Gómez Andrés Martínez Arrieta Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
Luciano Varela Castro Antonio del Moral García Andrés Palomo del Arco
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