Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=39&tipo=2
Timestamp: 2018-01-22 00:15:32+00:00

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Que existe una estrecha relación entre la familia y el matrimonio es un hecho sociológicamente constatable; sin embargo, de la regulación constitucional lo que se desprende es que lo que realmente identifica a una familia es la existencia de vínculos paterno filiales o, al menos, un núcleo de convivencia parental, y en menor medida el estado civil de los padres. Precisamente esto es lo que llevar a descartar por alejadas de la Constitución aquellas posiciones doctrinales que veían al matrimonio como la única forma de conformación de la relación familiar. También son discutibles aquellas otras teorías para las cuales aun aceptando que existen familias no resultantes del matrimonio la familia originada en la relación matrimonial ha de tener constitucionalmente un trato preferente: La primera, por ser el resultado del ejercicio de un derecho de la Sección Segunda del Capítulo Segundo estaría protegida por las previsiones del artículo 53.1 de la CE; la segunda, no tendría dicha protección puesto que habría que integrarla dentro del artículo 39 y, por tanto, dentro del Capítulo Tercero, "De los principios rectores de la política social y económica" que se garantizan según las previsiones del 53.3 de la CE.
La protección jurídico constitucional de la familia se encuadra dentro del catálogo de los llamados derechos sociales y como tales su llegada a los textos constitucionales y a las declaraciones internacionales está temporalmente hablando ubicada en siglo XX. En concreto, en nuestra historia constitucional el precedente con el que, por cierto, guarda mucha similitud, está en el artículo 43 de la Constitución republicana de 1931. Por supuesto que la protección a la familia aparece regulada en las Constituciones europeas de nuestra órbita jurídico política: artículo 36 de la Constitución portuguesa de 1976; artículo 6 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949; artículo 29 de la Constitución italiana de 1948 o los párrafos noveno y décimo del Preámbulo de la Constitución francesa de 1958. También en las Declaraciones Internacionales: artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de los derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En los Capítulos II y III del Título XII, sobre alteración de la paternidad, estado y condición del menor y derechos y deberes familiares.
- La Ley 51/2003 de 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
- Ley 39/1999, de 5 de noviembre de Conciliación de vida familiar y laboral
- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ()
Dentro de campo de las medidas políticas de carácter general a lo largo de estos años se han aprobado distintos planes de protección y apoyo a la familia.
a) El apartado primero del artículo 39 de la CE declara que los poderes públicos deben asegurar la protección de la familia. Desde luego, un primer problema, como se ya apuntaba al inicio de este comentario, es determinar el concepto de familia. Quedando descartado desde el primer momento todas aquellas tesis que entendían por familia la resultante exclusivamente del núcleo parental padres e hijos y, además, conformadas de acuerdo con una relación matrimonial. Ello conllevaría una discriminación para los hijos habidos fuera del matrimonio que sería contrario al derecho a la igualdad previsto en el artículo 14 de la CE, y a la no discriminación por razón de filiación prevista en el artículo 39.2 de la CE. Pero también sería constitucionalmente poco acertado no asumir la existencia de una relación familiar cuando ese núcleo de convivencia se constituye entre miembros con una relación de segundo grado o colateral (v.gr. nietos y abuelos). Así la nueva Ley de relación familiar entre nietos y abuelos reconoce a esos vínculos derechos de carácter familiar.
Además el artículo 39.1 de la CE hace una mención expresa a que la protección de la familia se debe desarrollar en el plano ,socioeconómico se ha de hacer mención al derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para poder satisfacer sus necesidades y la de su familia, artículo 35.1 de la CE; el derecho a la Seguridad Social para todos, artículo 41 de la CE, preceptos que han dado lugar a una abundante legislación de desarrollo. Se ha mencionado anteriormente el impacto en la protección de la familia que han supuesto leyes como la de Igualdad entre mujeres y hombres, la de la dependencia, la de la protección a la discapacidad, la de conciliación o la de violencia de género. Un ejemplo de protección económica a la familia, en línea con otros países europeos, fue la conocida con el nombre de ¿cheque-bebé¿, prestación universal de pago único por nacimiento o adopción, aprobada por la Ley 35/2007, de 15 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción. La coyuntura económica de crisis obligó no obstante a dejar sin efecto esta medida a partir de 1 de enro de 2011. Esta medida ha tenido antecedentes en nuestro derecho, como lo fue el Real Decreto ley 1/2000, sobre mejora de la prestación familiar, que regulaba prestaciones económicas por nacimiento de hijos a partir del tercero y por parto múltiple.
Una de las manifestaciones más evidentes de la protección de la familia en el ámbito jurídico-constitucional es su integración en el marco del derecho a la intimidad. Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como el Legislador con la Ley 1/1982 se ocupan de señalar que toda intromisión en el ámbito familiar constituye un atentado contra el derecho a la intimidad de las personas. Otra manifestación de la protección de la familia en el texto constitucional es el reconocimiento en el artículo 27 de la CE y las leyes de desarrollo de la intervención de los padres para la ordenación de la educación de sus hijos. Asimismo, la protección de la juventud y la infancia, artículo 20.4 de la CE y al derecho a no declarar por razón de parentesco, que el art. 24.2 de la CE, llama a desarrollar por ley, y que ha encontrado su acomodo en el art. 454 del Codigo Penal, que regula el encubrimiento entre parientes considerándolo causa de exención de la responsabilidad penal, y que la doctrina entiende como causa de exculpación o de no exigibilidad de otra conducta distinta.
b) El apartado 2º del artículo 39 establece un mandato al legislador para protección de los hijos y de las madres y la investigación de la paternidad.
La protección de los hijos queda expresada en el apartado 2º, respecto de los poderes públicos, y se concreta en el apartado 3º al señalar que los padres tienen el deber de proteger a los hijos y asegurar que todos sean iguales con independencia de su filiación. El Tribunal Constitucional se pronunció con toda claridad desde un primer momento sobre el asunto de la filiación señalando que la filiación no admite categorías intermedias y, por lo tanto, toda norma que quiebre la unidad en la determinación filiar de los hijos es discriminatoria por razón de nacimiento y contraria a la Constitución (SSTC 80/82, 74/97, 84/98). Los hijos adoptados quedan equiparados en derechos a los biológicos y en esa línea el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en alguna ocasión para descartar normas que señalaban que para que éstos pudieran acogerse a pensiones de orfandad el adoptante debía haber sobrevivido al menos dos años (SSTC 46/99 y 200/2001).
Al igual que con los hijos, se reconoce expresamente la situación de igualdad de las madres más allá de su estado civil. Principio que hay que entenderlo en relación con la legislación y actos que los poderes públicos pongan en marcha para la integración laboral de seguridad social y otros derechos de carácter social de la mujer. Es importante destacar aquí la incidencia de la la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, que ha sio objeto de una apmplio desarrollo jurisprudencial, entre otras vid. STC. 81/2010 de 3 noviembre, así como de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (3/2007 de 22 de marzo) conocida popularmente como ¿ley de igualdad¿, que desde la misma exposición de Motivos de la ley señala: ¿El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la Ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos¿. En esta línea, el Tribunal Constitucional ha aceptado como conforme con el principio de igualdad aquellas medidas que favorezcan el derecho al trabajo de la mujer con hijos (STC 128/87) y ha considerado que medidas de discriminación positiva como ofrecer servicio de guarderías o permisos de lactancia para las madres trabajadoras y no a los padres trabajadores no afectan a la Constitución(STC 109/93).
c) Todo lo relativo a los deberes asistenciales de los padres con sus hijos queda regulado en el Código Civil que como ya apunté se adecuó a la Constitución en esta materia mediante la Ley 11/1981, de 13 de marzo, que modifica entre otros lo relativo a filiación, patria potestad, y que establece el deber de los padres de alimentar, educar y procurar una formación integrar para sus hijos. En este ámbito debe destacarse la incidencia de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que, entre ortas cuestiones, racionalizó las instituciones de protección de menores. La Ley regula los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección social, incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca para corregir la situación mediante la intervención de los Servicios Sociales o, en su caso, asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley.De igual modo, establece la obligación de toda persona que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el hecho a la autoridad o sus agentes más próximos. Con carácter específico se prevé, asimismo, el deber de los ciudadanos de comunicar a las autoridades públicas competentes la ausencia del menor, de forma habitual o sin justificación, del centro escolar. De innovadora se puede calificar asimismo esta ley en cuanto distingue, dentro de las situaciones de desprotección social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto de intervención de la entidad pública. Mientras en las situaciones de riesgo, caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, la citada intervención se limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo, en las situaciones de desamparo, donde la gravedad de los hechos aconseja la extracción del menor de la familia, aquélla se concreta en la asunción por la entidad pública de la tutela del menor y la consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria.
d) El artículo 39.4 de la CE establece el deber de protección a la infancia de acuerdo con los Tratados Internacionales que velan por sus derechos (fundamentalmente, la Declaración del niño de la Asamblea de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959). El Tribunal Constitucional ha señalado que los poderes públicos podrán adoptar medidas que introduzcan tratamientos desiguales para proteger la infancia sin atentar contra el artículo 14 de la CE (STC 55/94) y que la protección a la infancia se constituye como un límite a la libertad de expresión prevista en el artículo 20.4 de la CE (SSTC 49/84 y 62/82). Finalmente, y en relación con la responsabilidad penal de los menores, el Tribunal Constitucional ha señalado que queda a disposición del legislador el momento en el que entran dentro de la jurisdicción penal, pero también en el Auto 289/91 nuestro Alto Tribunal aceptó como constitucional un tratamiento procesal distinto para aquellos que tenían más de dieciséis años y menos de dieciocho. Actualmente la responsabilidad penal de las personas comprendidas entre catorce años y dieciocho se deduce según lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

References: artículo 53
 artículo 39
 artículo 43
 artículo 36
 artículo 6
 artículo 29
 artículo 24
 artículo 10
 artículo 39
 artículo 14
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 35
 artículo 41
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 20
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 14
 artículo 20