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Timestamp: 2017-12-17 15:31:01+00:00

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Sentencia A.P. Madrid 528/2010, de 26 de marzo. Violencia en el ámbito familiar. Declaración de la víctima. Requisitos para su utilización como prueba de cargo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 528/2010, de 26 de marzo
No considera la Audiencia que la declaración de la víctima en el presente caso esté revestida de la nota de persistencia y no estima que exista suficiente prueba de cargo contra el acusado, legalmente practicada, para enervar su presunción de inocencia. Revoca la sentencia de instancia y absuelve.
En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil diez
Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral n.º 247/07 procedente del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares y seguido por un delito de maltrato familiar siendo partes en esta alzada como apelante Franco como apelante y apelado el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada Sra. Maria Teresa Chacon Alonso
Primero.-Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 8 de julio de 2009 que contiene los siguientes Hechos Probados:
"Sobre las 22 horas del 1 de octubre de 2004 don Franco, inició una discusión con Enma, con quien mantenía una relación sentimental, en el domicilio de esta última, sito en la calle [...] de la localidad de Argaña del Rey, en el curso de la cual las profirió expresiones como "puta, zorra, te voy a matar, te voy a cortar las piernas", al tiempo que la golpeaba dándole puñetazos: como consecuencia de esta agresión doña Enma sufrió lesiones consistentes en erosiones, contusiones y hematomas, que precisaron una primera asistencia facultativa, tardando en curar de cinco días no impeditivos, sin secuelas".
"CONDENÓ a don Franco, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor de un delito de malos tratos ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SIETE MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, artículo 56, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años, articuló 153, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código Penal, la prohibición de aproximarse a Enma a una distancia inferior a 500 m en cualquier lugar donde se encuentre, con extensión indicada en el artículo 48.2 del Código Penal y la de comunicarse con ella por cualquier medio, por tiempo de dos años.
CONDENÓ a don Franco a pagar las cosas causadas en esta instancia".
Segundo.-Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la procuradora Dña. Maria Carmen Zaragoza Ruiz en nombre y representación procesal de Franco y por el Ministerio Fiscal que fueron admitidos en ambos efectos y de los que se confirieron traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlos.
Tercero.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 15 de marzo de 2010.
NO SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, que se sustituyen por los siguientes:
Sobre las 22 horas del 1 de octubre de 2004 don Franco, entabló una discusión con Enma, con quien mantenía una relación sentimental, en el domicilio de esta última, sito en la [...] de la localidad de Argaña del Rey sin que se haya acreditado que en el curso de la cual le profiriera expresiones como "puta, zorra, te voy a matar, te voy a cortar las piernas", ni que la golpeara dándole puñetazos.
Consta en las actuaciones parte facultativo e informe médico forense que apreció en Enma erosiones, contusiones y hematomas, que precisaron una primera asistencia facultativa, tardando en curar de cinco días no impeditivos, sin secuelas, sin que haya quedado acreditado el origen de dichas lesiones ni su autoría.
Primero.-Por la representación de Franco se interpone el recurso de apelación contra la sentencia referida que condena su patrocinado como autor responsable de un delito de malos tratos de la 153.1 y 3 del Código Penal, viniendo a alegar los siguientes motivos:.
a/ error en la valoración de la prueba esgrimiendo que la presunta víctima en el plenario reiteró no recordar los hechos debido al tiempo transcurrido y pese a ello la acusación reiteró el relato incriminatorio recogido en el escrito de acusación. Incide además en que el acusado negó la agresión e incluso que mantuviera una relación sentimental con aquella.
b/ vulneración del principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la constitución española.
Así mismo el Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación contra la sentencia referida alegando infracción de ley al haberse fijado la pena de prisión en su mitad inferior, sin tener en cuenta el contenido del párrafo 3.º del art. 153.1 del C. Penal aplicado.
Segundo.-Centrada así la cuestión, la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida por el Juez a quo, se debe concretar a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica (SSTC 17-12-85 [RTC 1985\174], 13-6-86 [RTC 1986\78], 13-5-87 [RTC 1987\55], 2-7-90 [RTC 1990\124], 4-12-92 [RJ 1992\10012], 3-10-94 [RJ 1994\7607 ]), y únicamente debe ser rectificada, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando un detenido examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales. (SS. TC 1-3-93 [RTC 1993\79], S. TS 29-1-90 [RJ 1990\527 ]).
En todo caso sabido es que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [LEG 1948\1]; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [RCL 1979\2421], y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [RCL 1977\893 ]). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial (STS 251/2004).
B/ Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita)
Por su parte, también el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen estos delitos, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, es necesario depurar con rigor las circunstancias del caso para comprobar si efectivamente concurren los requisitos que se exigen para la viabilidad de la prueba y que son los siguientes: a) ausencia de incredulidad subjetiva; b) verosimilitud del testimonio; c) persistencia en la incriminación y la concurrencia de datos corroboradores (SSTS 23-3-1999 [RJ 1999\2676], 2-6-1999 [RJ 1999\3872], 24-4-2000 [RJ 2000\3734], 26-6-2000 [RJ 2000\6074], 15-6-2000 [RJ 2000\5774] y 6-2-2001 [RJ 2001\1233 ]).
Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden al control casacional en relación al examen que esta Sala debe efectuar en el marco de una denuncia por vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando la condena se funde, exclusivamente en la declaración de la víctima, es decir en prueba directa de naturaleza personal percibida directamente por el Tribunal sentenciador en el Plenario en virtud de la inmediación de que dispuso, puede fijarse en dos etapas. Una primera -SSTS de 12 de noviembre de 1991, 13 de abril de 2002, así como la STS de 9 de noviembre de 1993 -en la que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se limitaba a comprobación de la existencia de un verdadero vacío probatorio, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria, siendo también de destacar en este orden de cosas que tales pruebas corresponde ser valoradas de modo exclusivo y excluyente por el Tribunal "a quo", de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y una segunda etapa, en la que reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de instancia al condenado por la flexibilización y amplitud con que se está interpretando el recurso de casación desposeído de toda rigidez formalista y por la ampliación de su ámbito a través del cauce de la vulneración de derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la presunción de inocencia que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria -art. 9.3.º-, de la que esta Sala debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.
En consecuencia, como se concluye en la SSTS de 23 de enero y de 31 de octubre de 2007, el principio de inmediación ya no puede ser esgrimido ni para excusarse el Tribunal que oye y ve al testigo para justificar y explicitar las razones por las que le concede credibilidad y suficiencia para sostener la sentencia condenatoria, ni la inmediación puede servir de argumento para excluir del ámbito de la casación penal el examen que esta Sala casacional debe efectuar para verificar la suficiencia y razonabilidad de la condena, lo que en la singular relevancia en relación a los delitos contra la libertad sexual en los que, de ordinario, la única prueba disponible es la de la propia víctima, dado el escenario de intimidad en el que se cometen.
De esta Jurisprudencia más reciente, se pueden citar las STS 2047/2002 de 10 de septiembre que pone el acento en la elaboración racional o argumentativa del Tribunal que gozó de la inmediación, que puede y debe ser revisado por el Tribunal Superior que conoce de la causa vía recurso para verificar la estructura racional del discurso valorativo, o la STS 408/2004 de 24 de marzo en la que reconociendo la competencia del Juez sentenciador para valorar la prueba, en relación a aquella prueba afectada por el principio de inmediación se dice "....y ello no tanto porque se considere la inmediación como una zona donde debe imperar la soberanía del Tribunal sentenciador y en la que nada pueda decir el Tribunal ante el que se ve el recurso, sino, más propiamente como verificación de que nada se encuentra en este control casacional que afecte negativamente a la credibilidad del testimonio de la persona cuyo relato sirve para fundamentar la condena dictada en la instancia....",....", ó la STS 732/2006 de 3 de julio "....no se trata por tanto de establecer el axioma que lo que el Tribunal creyó debe ser siempre creído, ni tampoco prescindir radicalmente de las ventajas de la inmediación, sino de comprobar si el razonamiento expresado por el Tribunal respecto de las razones de su decisión sobre la credibilidad de los testigos o acusados que prestaron declaración a su presencia....se mantiene en parámetros objetivamente aceptables....", la STS 306/2001 de 2 de marzo ya ponía el acento en la exigencia de que el Tribunal sentenciador justificase en concreto las razones por las que concedía credibilidad a la declaración de la víctima, no bastando la sola referencia a que debía ser creído por no existir nada en contra de dicha credibilidad.
b) La inmediación no es ni debe ser una coartada para eximir al Tribunal sentenciador del deber de motivar, en tal sentido, hoy puede estimarse totalmente superada aquella jurisprudencia que estimaba que "....la convicción que a través de la inmediación, forma el Tribunal de la prueba directa practicada a su presencia depende de una serie de circunstancias de percepción, experiencia y hasta intuición que no son expresables a través de la motivación...." -STS de 12 de febrero de 1993-.
c) La prueba valorada por el Tribunal sentenciador en el ámbito de la inmediación y en base a ella dicta la sentencia condenatoria puede y debe ser analizada en el ámbito del control casacional como consecuencia de la condición de esta Sala Casacional como garante de la efectividad de toda decisión arbitraria -art. 9-3.º C.E. -.
Doctrina que resulta de plena aplicación para el recurso de apelación, que otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior supraordenado ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium (SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995).
Tercero.-En el presente supuesto el análisis de las actuaciones con el visionado de la grabación del juicio remitido ha permitido a esta Sala apreciar que no se practicó en el plenario una prueba de cargo válida y suficiente que enervando la presunción de inocencia del acusado permita sostener un fallo condenatorio, careciendo la declaración de la presunta víctima de los requisitos que la jurisprudencia viene considerando como precisos a los efectos de constituir prueba hábil en orden a enervar la presunción de inocencia del acusado.
De esta forma la sentencia impugnada aún cuando reconoce que la presunta víctima manifestó no recordar exactamente los hechos y la falta de claridad de su testimonio entiende que concurren los requisitos que la jurisprudencia viene considerando como prefijados a los efectos de constituir prueba hábil en orden a enervar la presunción de inocencia, incidiendo en que aquella sí recordaba que el día de los hechos (1-10-2004) recibió insultos, amenazas y que fue agredida por el acusado con el que mantenía una relación sentimental. Apuntando a que dicha versión está avalada por la documentación médica sobre las lesiones que presentaba.
Pues bien, en primer lugar hemos de indicar que la declaración de la presunta víctima no puede considerarse persistente si tenemos en cuenta que en la fase de instrucción retiró la denuncia y que en el plenario comenzó su declaración manifestando no recordar los hechos insistiendo en ello en varios momentos del interrogatorio así como en que no había vuelto con el acusado con el que sí afirma mantuvo una relación sentimental en el año 2004. Siendo introducido el relato incriminatorio planteado en el escrito de acusación primero por el juez de instancia y después por el Ministerio Fiscal, limitándose la presunta víctima a asentir a cuantas preguntas se le efectuaron al respecto por la acusación, sin ofrecer una descripción de cómo ocurrieron los hechos, sin delimitar situación, circunstancias, mecánica de la agresión, contenido de los insultos y amenazas proferidas, privando con ello de la posibilidad de valorar su persistencia, credibilidad y espontaneidad.
Se efectúa por tanto en los hechos probados una descripción al respecto recogiendo el contenido del escrito de acusación que no fue efectuada por la presunta víctima.
Por otra parte nos encontramos con que el acusado aún cuando admitió que discutió con la presunta víctima negó haberla agredido sin que existan testigos presenciales ni por referencia de los hechos.
Con dicho acervo probatorio, la documentación médica obrante en las actuaciones que objetivizó en aquella un resultado lesivo de carácter leve, ante la falta de firmeza de la denunciante quien no narró como hemos visto lo acaecido el día de los hechos limitándose a asentir el relato incriminatorio que se le exponía en las preguntas que se le efectuaron, carente por tanto de toda espontaneidad, carece de entidad para considerar acreditados los hechos objetivo de acusación que requerían la existencia de pruebas claras y contundentes que sustentaran tal condena. Debiéndose incidir en que ha de partirse para determinar si existen o no elementos periféricos de una versión incriminatoria de la presencia de ésta última prestada con las debidas garantías. Relato incriminatorio que conforme a lo expuesto no se produjo en el plenario.
Se estima pues el recurso de apelación interpuesto absolviendo al acusado del delito objeto de acusación, declarándose de oficio las costas del procedimiento.
Cuarto.-Estimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado carece de objeto procesal entrar a valorar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en el que se solicita un aumento de la pena impuesta, debiendo reseñarse únicamente que efectivamente al aplicarse en la sentencia impugnada el párrafo 3.º del art. 153 del C. Penal la pena de prisión mínima posible sería de 9 meses de prisión y no de los 7 que recogía aquella.
Quinto.-No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Dña. Maria Carmen Zaragoza Ruiz en nombre y representación procesal de Franco y por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 4 de Alcalá de Henares, con fecha 8 de julio de 2009, en el Procedimiento Abreviado n.º 247/07, ABSOLVIENDO al acusado Franco del delito objeto de acusación.
Se declara de oficio las costas de esta alzada y del procedimiento
Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

References: artículo 56
 artículo 57
 artículo 48
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 741