Source: http://psicolog.org/anual-2010-cap-iv-cuba.html?page=2
Timestamp: 2020-04-01 18:14:36+00:00

Document:
Restricciones al derecho de residencia y tránsito
5. Restricciones a la Libertad de Expresión
- Agresiones, hostigamiento policial o detenciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión
- Restricciones al uso de internet
- Criminalización de la protesta
4. Restricciones al derecho de residencia y tránsito
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre estipula que “Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.”569 Si bien la Declaración Americana no establece explícitamente el derecho de toda persona a regresar a su país, la Comisión considera que el mismo se encuentra implícitamente reconocido en ese instrumento. Así, la CIDH ha sostenido que "El derecho de toda persona de vivir en su propia patria, de salir de ella y de regresar cuando lo estime conveniente […]” es un derecho elemental que "se encuentra reconocido por todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos"570. En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13 (2) estipula que "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".
La CIDH ha señalado anteriormente que, de acuerdo a los textos citados, existe una relación entre el derecho de residencia y tránsito y el derecho a la nacionalidad. Este último es reconocido por la Declaración Americana en su artículo XIX y la Comisión se ha referido a su imprescindible vigencia, condenando aquellas situaciones en que el derecho a la nacionalidad es vulnerado como consecuencia de las acciones de los gobiernos en contra de sus adversarios políticos571.
Asimismo, la CIDH considera que en relación con el derecho de residencia y tránsito, su ejercicio de ninguna manera puede dar lugar a la privación de la nacionalidad y que esta sanción, de ser impuesta por ese hecho, sería ilegítima; de allí que en este caso, la pérdida de la nacionalidad no podría ser esgrimida por ningún gobierno para impedir que una persona pudiese regresar, en cualquier calidad, a su país de origen572.
La Comisión observa que en Cuba el derecho de residencia y tránsito no se encuentra amparado constitucionalmente, lo cual constituye una carencia incompatible con las garantías del sistema regional573. Mas aún, la CIDH nota que el artículo 216 inciso 1) del Código Penal de Cuba establece que quien salga del territorio nacional o realice actos tendientes a salir del territorio sin cumplir con las formalidades legales incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas574.
La CIDH observa que mediante Ley No. 989 del 5 de diciembre de 1961 se dispuso la nacionalización por medio de confiscación a favor del Estado cubano de todos los bienes, derechos, acciones y valores de las personas que abandonen de forma definitiva el territorio cubano. Asimismo, mediante resolución conjunta de 22 de agosto de 1995575 se dispuso que en los casos en que la vivienda quedasen ocupantes con derecho a ésta, el inventario se practicaría con los bienes del emigrante, teniendo en cuenta la declaración jurada y aquellos que tengan valor patrimonial para el Estado. Así, el mobiliario, enseres, efectos electrodomésticos, objetos y bienes de uso doméstico y personal que no tengan valor patrimonial les serán ofrecidos sin pago alguno al o los ocupantes a los que se les reconozca el derecho a adquirir la propiedad del inmueble. La norma señala también que si los bienes formaren parte de la Comunidad Matrimonial de Bienes y al cónyuge que no emigró no se le asigna vivienda por no reunir el requisito de tiempo de convivencia, se le ofrecerá la opción de compra de los mismos, por el valor de la participación del emigrante con un descuento del 75% de su valor. Asimismo, si en el inventario hay bienes de valor patrimonial y el cónyuge no emigrante prueba que los mismos fueron adquiridos durante el matrimonio, también se le ofrecerá la opción de compra por el valor de la participación del emigrante sin descuento alguno576.
Las ciudadanas y los ciudadanos de Cuba requieren un permiso oficial para salir de país y para entrar al mismo. Con respecto a las entradas al territorio nacional, los ciudadanos y las ciudadanas deben haber habilitado su pasaporte. Ello consiste en tener un permiso de entrada a Cuba, que previa autorización de las autoridades migratorias, posibilita al titular del pasaporte viajar al país mientras se mantenga vigente su pasaporte. A partir del 1 de junio de 2004, los ciudadanos y las ciudadanas permanentes en el exterior que tienen categoría de emigrados, pueden viajar al país con su pasaporte cubano habilitado, sin la necesidad de un permiso de entrada. Sin embargo, para habilitar el pasaporte, se deben entregar a la oficina consular y solicitar expresamente la habilitación. La CIDH fue informada que no hay un plazo expreso para otorgar la autorización, lo que trae como consecuencia largas esperas para obtener dicha habilitación. Ahora bien, las y los ciudadanos cubanos que salieron de Cuba antes del 1ro de enero de 1971 y deseen viajar al país con el pasaporte donde residen deben solicitar un permiso de entrada a la isla.
Según el reglamento de la ley de migración, el pasaporte corriente cubano es válido por dos años, prorrogable por dos años más, dos veces sucesivas577. Llama la atención de la Comisión que el arancel por concepto de solicitud de pasaporte, teniendo presente el ingreso promedio en Cuba, es bastante alto, aproximadamente US$ 50, más el pago por concepto de salida que asciende a US$ 150, además de costos adicionales dependiendo del motivo de la salida578 y para los cubanos que deseen tramitar su pasaporte en el extranjero, las cifras oscilan entre US$ 230 y US$ 350.
Asimismo, si una persona habiendo poseído la ciudadanía cubana solicita la entrada al país como titular de un pasaporte extranjero, deberá presentar al momento de solicitar la correspondiente visa, prueba documental de que se ha dispuesto por autoridad competente la pérdida de su ciudadanía cubana. Sin ese requisito no le será expedida la visa ni será admitido en Cuba como extranjero. Según la información recibida, en la práctica es muy difícil lograr una prueba documental sobre la pérdida de la ciudadanía cubana lo que conlleva a que en la práctica estas personas no puedan entrar al país.
Ahora bien, de acuerdo con la política migratoria, las personas que deseen y califiquen para poder tramitar una solicitud de regreso definitivo a Cuba, pueden ser únicamente las mujeres mayores de 60 años, los hombres mayores de 65 años de edad y los menores de 16 años579, restringiéndose severamente la posibilidad a las y los ciudadanos y ciudadanos de otras edades que deseen retornar al país.
Respecto de la migración interna, la CIDH recibió información que indica que el gobierno viene adoptando medidas más drásticas contra el desplazamiento de ciudadanas y ciudadanos dentro de Cuba, a través de la aplicación más enérgica del Decreto 217 del 22 de abril de 1997 que regula la migración interna hacia La Habana580. Según el Decreto, las personas que provengan de otros territorios y que quieran residir en Ciudad de La Habana, deberán promover su solicitud ante el Presidente del Consejo de la Administración Municipal correspondiente al lugar donde la vivienda se encuentra, quien decidirá si el solicitante reúne o no los requisitos. El artículo 8 de dicho decreto establece que la persona que contravenga las regulaciones migratorias internas, como domiciliarse, resida o conviva con carácter permanente en Ciudad de La Habana sin que se le haya reconocido ese derecho, una multa de 300 pesos y la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen581.
Como se expresó en el Informe Anual de 2009, si bien la CIDH reconoce que la migración interna en Cuba responde a un patrón internacional de búsqueda de mejores condiciones de vida, la CIDH recibió información que indica que la restricción a la migración interna perjudica principalmente a los cubanos y las cubanas de origen afrodescendiente en situación de pobreza, que habitan en zonas rurales. Como consecuencia, se va generando cierta discriminación entre la población blanca que habita mayormente en las ciudades y la población afrocubana que busca migrar a las provincias occidentales en búsqueda de mejores oportunidades laborales582.
El decreto contiene una disposición especial que faculta a los organismos de la Administración Central del Estado, a dictar las disposiciones necesarias para reducir al mínimo imprescindible la estancia temporal o definitiva en Ciudad de La Habana, de personas procedentes de otros territorios en función de actividades o tareas vinculadas a dichos organismos y sus dependencias y otras entidades que le están subordinadas. Asimismo, los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Educación ejercerán el control correspondiente sobre las disposiciones del decreto, cuando se trate del movimiento de otros territorios del país hacia Ciudad de La Habana, en el primer caso de fuerza de trabajo y en el segundo caso, de estudiantes.
Asimismo, se faculta al Ministerio del Interior y al Consejo de la Administración Provincial de Ciudad de La Habana, así como a los demás organismos de la Administración Central del Estado que corresponda, para dictar en el marco de sus respectivas atribuciones legales, cuantas disposiciones complementarias consideren necesarias para la ejecución y cumplimiento del Decreto.
Durante 2010, Cuba liberó a 17 periodistas que habían sido detenidos en 2003, un hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valoró positivamente. A pesar de ese hecho, se mantuvieron en Cuba las condiciones que permiten afirmar que en ese país no existen las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión.
En los siguientes párrafos se señalan algunos hechos relevantes relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba.
Hasta noviembre, Cuba había liberado bajo la condición de viajar a España a 17 periodistas que formaban parte de un grupo de prisioneros arrestados en 2003, durante una detención masiva de disidentes políticos y periodistas independientes. La CIDH alentó al Estado cubano a continuar con el proceso para la liberación de todos los presos políticos. También reiteró que Cuba debe declarar nulas las condenas en contra de estas personas, adecuar sus normas procesales a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y poner en práctica un proceso de normalización democrática. Los periodistas excarcelados son: Léster Luis González Pentón, Omar Ruíz Hernández, Julio César Gálvez Rodríguez, José Luis García Paneque, Pablo Pacheco Ávila, Ricardo González Alfonso, Omar Rodríguez Saludes, Normando Hernández González, Mijail Bárzaga Lugo, Alfredo Pulido López, José Ubaldo Izquierdo Hernández, Fabio Prieto Llorente, Juan Carlos Herrera Acosta, Juan Adolfo Fernández Saínz, Víctor Rolando Arroyo Carmona, Miguel Galván Gutiérrez, Alfredo Felipe Fuentes. De acuerdo con la información recibida, del grupo de periodistas detenidos en la redada de 2003 todavía esperan a ser liberados Pedro Argüelles Morán, Héctor Maseda Gutiérrez e Iván Hernández Carrillo583.
El Estado mantuvo durante 2010 una actitud de intolerancia hacia el ejercicio del periodismo independiente y a las manifestaciones opositoras pacíficas. La CIDH recibió información acerca de las dos detenciones que habría sufrido el corresponsal de Hablemos Press Calixto Román Martínez Arias, del 23 de abril al 13 de mayo y del 25 de mayo al 5 de junio. Según la información recibida, en la primera ocasión el comunicador habría sido arrestado mientras cubría un acto de conmemoración de la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo. En el segundo incidente, Martínez habría sido detenido cuando cubría una manifestación de opositores políticos en La Habana584.
Asimismo, la CIDH fue informada que los periodistas del Centro de Información del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba585, Juan Carlos González Leiva, Tania Maceda Guerra y Sara Marta Fonseca Quevedo, habrían sido arrestados en La Habana durante cinco horas, el 8 de abril de 2010, con el fin de impedirles asistir a una reunión. Agentes policiales habrían vuelto a hostigar y detener durante varias horas a González y Maceda, el 1° de agosto586.
El 21 de junio habrían sido detenidos durante varias horas en la Habana el director de la Agencia de Prensa Libre Avileña, José Manuel Caraballo Bravo, quien tomaba fotografías de una protesta pacífica, y el reportero Raúl Arias Márquez. De acuerdo con la información recibida, agentes policiales golpearon a Arias al detenerlo y luego interrogaron a los periodistas y confiscaron su cámara, grabadora y teléfono587.
La CIDH también recibió información acerca de varias detenciones que habría sufrido durante 2010 el periodista independiente y activista de derechos humanos Julio Beltrán Iglesias, el 4 de mayo, 18 de mayo y 30 de septiembre, por parte de agentes de la seguridad del Estado588.
Asimismo, la CIDH recibió información según la cual agentes policiales habrían arrestado el 29 de enero al periodista Juan Carlos Reyes Ocaña, de la agencia Holguín Press, acusado de “desacato”, “desobediencia” y “actividad económica ilícita” y lo mantuvieron detenido durante 24 horas. El comunicador también habría sido arrestado y amenazado por la Policía el 4 de diciembre de 2009589.
La CIDH también fue informada de que el periodista Oscar Sánchez Madán fue liberado el 11 de abril tras cumplir una condena de tres años de prisión. De acuerdo con la información recibida, Sánchez Madán había sido condenado en abril de 2007 por “peligrosidad social predictiva590.
El artículo IV de la Declaración Americana señala que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. La CIDH reitera que el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión dice que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
La CIDH también recuerda el noveno principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, según el cual: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. La CIDH entiende que la detención y posteriores restricciones de las que fueron objeto los reporteros son claras formas de restringir la labor periodística y, por ende, el ejercicio de la libertad de expresión.
En 2009, la CIDH había señalado las restricciones y dificultades de los cubanos para acceder a internet. En 2010 el uso de la red internet sigue estando lejos del alcance de la mayoría de la población, debido a su alto costo, a las bajas velocidades de conexión591 y a la vigencia de normas restrictivas que limitan u obstaculizan la conexión.
En 2010 sigue vigente en el ordenamiento jurídico cubano la resolución 179/2008, que establece un “Reglamento para los proveedores de servicios de acceso a internet al público, que se ofrecen en las áreas de internet, las cuales están situadas en hoteles, oficinas de correo u otras entidades del país y donde se ofertan servicios de navegación por internet y correo electrónico nacional e internacional a personas naturales"592. Entre las disposiciones que llaman la atención de la CIDH figura la siguiente obligación para los proveedores: “adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado”. La misma disposición establece entre otros puntos, lo siguiente: “acatar por parte de los Proveedores las disposiciones emanadas de los Órganos de la Defensa del país ante situaciones excepcionales, así como para la realización de tareas impostergables para el aseguramiento de la defensa y seguridad del Estado”. Cuando un proveedor incumple el reglamento, puede ser sancionado con la invalidación temporal o definitiva de los servicios y los contratos que haya suscrito con el proveedor de servicios públicos de transmisión de datos y acceso a internet, señala el artículo 21 de la resolución citada.
En 2010 sigue vigente la resolución 55/2009, que entró en rigor en junio de 2009, con base en la cual se establece el mismo reglamento mencionado en el párrafo anterior para los denominados Proveedores de Servicios Públicos de Alojamiento, Hospedaje y Aplicaciones593. De acuerdo con esta resolución, el reglamento comprende a las personas jurídicos cubanas que hayan recibido una licencia de operación como Proveedor de Servicios Públicos de Acceso a internet, lo que incluye a aquellos que alquilen un espacio físico para que el cliente coloque su propia computadora; a aquéllos que den el servicio de hospedaje de sitios, aplicaciones e información; y aquéllos que otorguen servicios a terceros de aplicaciones.
Al respecto, la CIDH reitera que internet “constituye un instrumento que tiene la capacidad de fortalecer el sistema democrático, contribuir con el desarrollo económico de los países de la región, y fortalecer el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Internet e una tecnología sin precedentes en la historia de las comunicaciones que permite el rápido acceso y transmisión a una red universal de información múltiple y variada, maximizar la participación activa de la ciudadanía a través del uso de internet contribuye al desarrollo político, social, cultural y económico de las naciones, fortaleciendo la sociedad democrática. A su vez, internet tiene el potencial de ser un aliado en la promoción y difusión de los derechos humanos y los ideales democráticos y un instrumento de importante envergadura para el accionar de organizaciones de derechos humanos pues por su velocidad y amplitud permite transmitir y recibir en forma inmediata condiciones que afectan los derechos fundamentales de los individuos en diferentes regiones”594.
Por otra parte, la CIDH fue informada acerca de diferentes hechos de hostigamiento policial o judicial contra personas que han emitido opiniones o informaciones críticas en la red Internet. La CIDH tuvo conocimiento de la detención del escritor y periodista independiente Luis Felipe Rojas, quien habría sido arrestado el 16 de agosto de 2010 luego de haber publicado en su blog Cruzar las Alambradas, un reporte en el que denunciaba detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos en Cuba595. La CIDH también recibió información según la cual el estudiante de periodismo, Darío Alejandro Paulino Escobar, habría sido suspendido durante dos años de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, por haber criticado en un grupo de la red social facebook los actos de repudio contra opositores596. El 17 de abril, agentes policiales habrían impedido que los blogueros Yoanis Sánchez y Eugenio Leal impartieran una conferencia acerca del uso de Internet en una casa de la localidad de Punta Brava597.
En el mismo sentido, el 24 de abril agentes de la seguridad del Estado habrían detenido en su casa, en Holguín, al director del diario digital Candonga y activista por el acceso a Internet, Yosvani Anzardo Hernández, por dirigir una publicación independiente. De acuerdo con la información recibida, las autoridades retuvieron a Anzardo durante seis horas para interrogarlo. El periodista ya había sido detenido sin cargos en septiembre de 2009, durante casi dos semanas598.
La CIDH recuerda que el principio 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Además, la CIDH considera pertinente recordar que, según el principio 13 de la misma declaración: “Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Por otra parte, la CIDH fue informada de diferentes actos tendientes a criminalizar acciones de personas que, por diferentes medios, intentaron ejercer su derecho a la libertad de expresión. De acuerdo con la información recibida, el 24 de mayo siete activistas de una agrupación lésbico-gay habrían sido arrestadas en La Habana por repartir ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otras cuatro habrían sido deportadas a otras provincias599. El 16 de agosto, agentes policiales y de la seguridad del Estado habrían arrestado a cinco opositores en la escalinata de la Universidad de La Habana que se manifestaron allí para leer un comunicado en el que pedían respeto a los derechos humanos, gritar consignas contra el gobierno y mostrar pancartas. Dos de las arrestadas habrían permanecido presas 24 horas y otros tres durante 10 días600. Asimismo, la CIDH fue informada de la detención que habrían sufrido al menos seis opositores que mostraron pancartas y gritaron consignas contra el gobierno en la escalinata del Capitolio Nacional de La Habana, el 12 de mayo601. Por otra parte, agentes policiales habrían impedido que el 8 de mayo un grupo de opositores se manifestaran en silencio con los brazos cruzados en el municipio de Regla, en La Habana. Varios de los integrantes del grupo fueron detenidos602.
La CIDH recuerda que el principio 1 establece que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
Asimismo, el principio 2 de la Declaración de Principios ya citada, señala que: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

References: artículo 13
 artículo 216
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 13