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Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Islas Baleares - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 11/2014, DE 15 DE OCTUBRE, DE COMERCIO DE LAS ISLAS BALEARES (BOIB 143 DE 18)
BOE 277 de 15 de Noviembre de 2014
En la comunidad autónoma de las Illes Balears, la regulación del sector del comercio, cuya relevancia económica es indudable, se recoge, esencialmente, en la Ley 11/2001, de 15 de junio ( LIB 2001, 229 ) , de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.
La legislación que regula el comercio en las Illes Balears ha sido objeto de diversas modificaciones desde su entrada en vigor, determinadas especialmente por la necesaria transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Así, han incidido en esta regulación la Ley 12/2010, de 12 de noviembre ( LIB 2010, 286 y LIB 2011, 222) , de modificación de diversas leyes para la transposición de la directiva citada, y, más recientemente, el Decreto ley 7/2012, de 15 de junio ( LCAT 2012, 355 ) , de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía y otras actividades, del cual derivó después la aprobación de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre ( LIB 2012, 286 ) , así como el Decreto ley 11/2012, de 19 de octubre, dictado para la adaptación de la normativa autonómica a la legislación básica estatal de medidas urgentes de liberalización del comercio y de la distribución comercial, la finalidad de la cual es adoptar medidas que refuercen la competencia en el sector de la distribución al por menor, incrementar la competitividad del sector exterior y facilitar el acceso a la financiación de las empresas.
La segunda línea de actuación es la necesaria simplificación administrativa. Así, se prevé la aplicación de los principios previstos en el Decreto 6/2013, de 8 de febrero ( LIB 2013, 38 ) , de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, y, por esta razón, se suprime el Registro General de Comercio de las Illes Baleares. Ciertamente, en la transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, no se suprimió esta figura pero, no obstante, se ha constatado que realmente no aporta ningún valor añadido a la información con que ya se cuenta por medio de otras fuentes estadísticas oficiales que ofrecen datos fiables sobre el comercio de esta comunidad autónoma y, además, supone una carga administrativa innecesaria.
El artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, también se modificó para adaptarlo a la directiva que antes se ha mencionado, y establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la administración tiene que dictar, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado una resolución expresa legitima al interesado o a los interesados que hayan deducido la solicitud por entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley, por razones imperiosas de interés general, o una norma de derecho comunitario establezcan lo contrario.
Concretamente, la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, aunque declaró injustificado el régimen regulado en la Ley 18/2005, de 27 de diciembre ( LCAT 2006, 7 y 445) , de equipamientos comerciales, consideró válido el régimen del silencio negativo que esta ley establecía, con el razonamiento de que este régimen -en contra de lo que argumentaba la Comisión Europea- permite el acceso a los tribunales, que siempre pueden controlar si la negativa estaba fundamentada en las razones de interés general señaladas, la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y la protección de los consumidores. Esta sentencia asimismo aceptó el régimen de tasas que se establecía en la ley mencionada.
Dicho esto, el artículo 6.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero ( RCL 1996, 148 y 554) , de ordenación del comercio minorista, después de las reformas mencionadas, dispone que son razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial, que justificarían el régimen de autorización previa, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico y artístico.
Cuando concurren, como sucede en el caso de las Illes Balears, razones imperiosas de interés general relacionadas con la protección del medio ambiente y la ordenación del territorio, sería un contrasentido exigir la autorización previa para los grandes establecimientos comerciales y que, no obstante, el sentido del silencio administrativo fuera estimatorio. Dicho de otra manera, el silencio negativo está permitido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en todos los casos en que una norma con rango de ley o de derecho comunitario lo establezca, y opera en los supuestos regulados en la misma Ley de régimen jurídico de las administraciones ex lege públicas y del procedimiento administrativo común, que establece que el silencio será negativo cuando de la petición se pueda derivar la adquisición de facultades sobre el dominio público, lo cual motiva que, a título de ejemplo, desde siempre en las autorizaciones de venta ambulante el silencio haya tenido este carácter.
Finalmente, como acaba de recordar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) nº 52/2014, de 10 de abril: «[...] la Administración sigue estando obligada a resolver expresamente, sin vinculación al sentido negativo del silencio [art. 42.1 y 43.3.b) LPC ( RCL 1985, 174 ) ], el inciso segundo del artículo 46.1 LJCA ( RCL 1998, 1741 ) ha dejado de ser aplicable a dicho supuesto. En otras palabras, se puede entender que, a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46.1 LJCA». Esto significa que el silencio desestimatorio no supone, en absoluto, una carga para el ciudadano, sino al contrario, lo beneficia en cuanto al plazo para acudir ante los tribunales.
El principio de proporcionalidad -que el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1773 y RCL 2014, 528) , de garantía de la unidad de mercado, consagra- exige que el régimen de autorización administrativa sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a posteriori se produjera demasiado tarde para que fuera verdaderamente eficaz. Así, en ningún caso el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se tienen que sujetar a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la cual se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad. En el caso que nos ocupa, la autorización responde al principio de proporcionalidad, ya que se trata del modo idóneo de impedir que la construcción y la puesta en marcha de los grandes establecimientos comerciales sea un hecho conocido a posteriori por la administración autonómica que impida la protección de los valores que se han mencionado.
Por lo tanto, la medida es idónea para cumplir el objetivo perseguido y no hay alternativas menos gravosas para conseguirlo. Finalmente, nos parece necesario recordar que la vigente Ley 7/2013, de 26 de noviembre ( LIB 2013, 272 ) , de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, en la exposición de motivos, al referirse a la actividad comercial razona expresamente que «la actividad comercial en sí misma no conlleva ningún riesgo inherente, a pesar de ello, conforme a una configuración atípica de una actividad puede existir un riesgo por el hecho de que supere los umbrales que se fijan en el título I del anexo I de la presente ley, lo que justifica la necesidad de un control administrativo previo, incluso cuando se traten actividades de comercio minorista incluidas en el ámbito de aplicación del Real decreto ley 19/2012, de 25 de mayo, y por lo tanto quedan sujetas al régimen de autorización que se regula en el capítulo II del título IV». Por lo tanto, si en la presente ley se regula específicamente una autorización para el establecimiento de un tipo de comercio determinado, la medida es igual de proporcionada y necesaria que la prevista con carácter general en la Ley de actividades.
Artículo 4. Actividad comercial al por menor y al por mayor
Artículo 5. Prohibiciones y restricciones al comercio
Artículo 6. Principios de actuación de los poderes públicos
Artículo 7. Creación y objeto de la Comisión Interinsular Asesora de Comercio
Artículo 10. Régimen interno
Artículo 11. Concepto de establecimiento comercial
Artículo 12. Concepto de gran establecimiento comercial
Artículo 13. Autorización autonómica para la instalación de gran establecimiento comercial
Artículo 14. Procedimiento de autorización autonómica de instalación de gran establecimiento comercial
Artículo 15. Caducidad y revocación de la autorización autonómica de instalación de gran establecimiento comercial
Artículo 16. Centros comerciales urbanos
Artículo 17. Horario general en días laborables
Artículo 18. Domingos y otros festivos de apertura comercial autorizada
b) La apertura los domingos y otros festivos correspondientes a períodos de más concentración de rebajas.
Artículo 19. Establecimientos con régimen especial de horarios
Artículo 20. Publicidad del horario comercial
4. Los establecimientos comerciales situados en una zona que se declare de gran afluencia turística tienen plena libertad para determinar los días y las horas de apertura al público, de acuerdo con el artículo 19.c), en los períodos del año aprobados en la declaración de zona de gran afluencia turística.
Artículo 22. Circunstancias para la declaración de zona de gran afluencia turística
b) Incremento de residuos sólidos urbanos, de demanda energética, de demanda de agua en la zona durante el período solicitado en relación con la media anual o incremento de las ventas en establecimientos comerciales de la zona propuesta en relación con los meses con menos ventas.
Artículo 23. Procedimiento de declaración de zona de gran afluencia turística
b) Memoria descriptiva de la propuesta que debe contener la explicación de las razones que la fundamentan y tiene que especificar la extensión territorial a que se refiere -con los nombres de las calles que la delimitan- y los períodos del año para los cuales se solicita la aplicación del régimen de libertad de horarios. La propuesta debe incluir la justificación de las áreas que quedan excluidas, con indicación del número de comercios afectados, y otros documentos e información que se considere relevante.
Artículo 24. Resolución y vigencia de la declaración
Artículo 25. Libertad de precios
Artículo 26. Consignación de precios
Artículo 27. Venta con pérdida
1. No se pueden ofrecer ni hacer ventas al público con pérdida, salvo en los supuestos regulados en la Ley 7/1996, de 15 de enero ( RCL 1996, 148 y 554) , de ordenación del comercio minorista. En cualquier caso, se tiene que respetar lo que dispone la Ley de competencia desleal.
Artículo 28. Ventas promocionales
Artículo 29. Requisitos generales de las ventas promocionales
2. Se entiende por precio anterior o habitual aquel que haya sido aplicado sobre productos idénticos durante un período continuado de treinta días en los seis meses precedentes.
1. La publicidad de las ventas promocionales debe ir acompañada de información suficiente y clara sobre sus condiciones y características, el precio habitual y reducido o el porcentaje de descuento sobre el precio habitual, los productos que incluye y el período de vigencia de la promoción, y señalar de manera clara y visible la fecha de comienzo y de finalización.
Artículo 31. Artículos promocionados
Artículo 32. Prohibición de la venta en pirámide
Artículo 33. Ventas en promoción o en oferta
3. El comerciante debe disponer de existencias suficientes para hacer frente a la oferta. Si durante la promoción se agotan los productos ofrecidos, el comerciante puede prever el compromiso de la reserva del producto seleccionado durante un período determinado, en las mismas condiciones y precio de la oferta. No obstante, si el comprador no está conforme con esta medida o ha transcurrido el plazo de la reserva sin que el comerciante haya podido atender la demanda, el producto solicitado se tiene que sustituir por otro de condiciones y características similares.
Artículo 34. Ventas con obsequio
Artículo 35. Ventas en rebajas
3. Corresponde a cada comerciante decidir libremente los períodos estacionales en que pueden tener lugar las rebajas, así como su duración.
Artículo 36. Ventas en liquidación
c) La liquidación en los supuestos de fuerza mayor solo es posible cuando obstaculice el desarrollo normal del negocio por un período continuado como mínimo de un mes.
Artículo 37. Ventas de saldos
Artículo 38. Venta de excedentes de producción o de temporada
1. La venta de artículos excedentes de producción o de temporada que no tengan la condición de saldos, se puede anunciar y se puede efectuar bajo las denominaciones comerciales o establecimiento de restos de fábrica, tanto en establecimientos outlet, factory dedicados principalmente a este tipo de venta como en secciones de un establecimiento claramente separadas y diferenciadas del resto de artículos del establecimiento.
Artículo 39. Venta automática
Artículo 40. Venta a distancia
2. Las ventas a distancia se deben regir por esta ley y por la legislación estatal que sea aplicable, en particular por la Ley 7/1996, de 15 de enero ( RCL 1996, 148 y 554) , de ordenación del comercio minorista.
Artículo 41. Concepto de comercio electrónico
Artículo 42. Tipo de comercio electrónico
Artículo 43. Venta a domicilio
Artículo 44. Venta ambulante o no sedentaria. Concepto
Artículo 45. Modalidades de venta ambulante
Artículo 46. Tipo de producto objeto de venta
Artículo 47. Régimen jurídico
Son de aplicación a esta modalidad de venta las prescripciones de esta ley, las de la Ley 7/1996, de 15 de enero ( RCL 1996, 148 y 554) , de ordenación del comercio minorista, sin perjuicio de la normativa en materia de defensa de consumidores y usuarios, y de protección de la salud pública y la seguridad alimentaria.
Artículo 48. Autorizaciones
Artículo 49. Duración
Artículo 50. Renovación
Artículo 51. Transmisión
3. El sustituto tiene que continuar la actividad de venta ambulante durante el resto del período de vigencia de la autorización, y sin perjuicio de la necesidad de cumplir los requisitos para el ejercicio de la venta ambulante y el resto de obligaciones que se puedan derivar.
Artículo 53. Inspección y sanción
Artículo 54. Ordenanzas municipales
Artículo 55. Órganos competentes
Artículo 56. Personal de la inspección
Artículo 57. Procedimiento de inspección
Artículo 58. Contenido de las actas de inspección
27. Utilizar las denominaciones comerciales , o establecimiento de restos de fábrica, cuando no se trate de outlet factory un establecimiento dedicado principalmente a la venta de excedentes de producción o de temporada.
Artículo 64. Prescripción de las infracciones
Artículo 65. Tipología de las sanciones
1. Excepcionalmente, quedan sujetos a la ordenación comercial que regula esta ley las empresas instaladas en suelo rústico que acrediten que se dedican principalmente al cultivo y la comercialización de flores, plantas y árboles de todo tipo y, complementariamente, a la comercialización de los materiales, productos y accesorios destinados a su mantenimiento, siempre que al entrar en vigor esta ley estén inscritas en el registro de explotación agraria de las Illes Balears correspondiente, creado por el Decreto 53/2006, de 16 de junio ( LIB 2006, 211 ) , por el que se regula el Registro General de Explotaciones Agrarias de las Illes Balears.
2. La superficie dedicada a la comercialización complementaria de los materiales, productos y accesorios que se señalan en el apartado anterior, excepto sustratos y contenedores, no puede suponer más de un 10% del total de la superficie dedicada al cultivo y la comercialización de flores, plantas y árboles de todo tipo, con un límite no superior a 700 m en la isla de Mallorca, a 400 2 m2 en las islas de Menorca y de Ibiza y a 300 m2 en la isla de Formentera.
En todos los procedimientos afectados por esta ley se tienen que aplicar los principios de simplificación administrativa previstos en el Decreto 6/2013, de 8 de febrero ( LIB 2013, 38 ) , de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos.
2. Las autorizaciones concedidas antes de la entrada en vigor de esta ley conservan la validez durante el período de vigencia correspondiente.
2. En particular, quedan derogadas la Ley 11/2001, de 15 de junio ( LIB 2001, 229 ) , de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, y la Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 10 de mayo de 2010, por la que se regulan la adscripción, la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Comercio de las Illes Balears.

References: artículo 43
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 5
 Real decreto 

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 19

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24
 Resolución 

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 64

Artículo 65