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Timestamp: 2020-08-11 01:35:55+00:00

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2006 junio 15 « LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
ARI DIPUTADA NACIONAL ELISA CARRIÓ DE VISITA EN LA REPUBLICA DEL URUGUAY
Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en junio 15, 2006
Carrió reclamó en Montevideo preservar la hermandad argentina-uruguaya
.La diputada nacional del ARI, Elisa Carrió, advirtió hoy que “Argentinos y uruguayos no pueden generar un conflicto Estado-Estado”, y reclamó “preservar la hermandad de estos dos países” porque dijo “sea cual fuere la resolución del conflicto, lo central es esta hermandad y los conflictos no pueden afectar a la región”.
“No puede montarse una estrategia mediática tendiente a construir como enemigos a los hermanos”, sentenció Carrió en la ciudad de Montevideo durante la presentación del libro "La concepción del poder desde las mujeres", según se consigna en un comunicado.
Para la candidata a presidente del ARI el objetivo que "debemos tener en la región es preservar la profunda hermandad de los pueblos uruguayos y argentinos".
“Las mujeres de la región queremos aportar una nueva concepción del poder que fije otros criterios que tengan que ver con la igualdad, la verdad y la justicia y que pueda cambiar las políticas públicas de nuestros países, reivindicando nuestro lenguaje”, afirmó Carrió.
La líder del ARI realizó esas definiciones en la presentación del libro, una obra colectiva que refleja un Foro de Lideres mujeres de América Latina que se reunió en Buenos Aires en noviembre de 2004.
Carrió integró una delegación de mujeres argentinas que viajaron a la capital uruguaya hoy para participar del evento y tener una reunión con la Bancada Bicameral Femenina del Uruguay.
Además de Carrió, estuvieron en Montevideo, la Secretaria General del ARI Elsa Quiroz y las ex diputadas Nacionales Patricia Walsh (Izquierda Unida) y Patrica Bullrich (Unión por Todos), las legisladoras porteñas María Eugenia Estenssoro y Teresa de Anchorena (ARI). Entre otras legisladoras uruguayas participaron, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Daniela Paysse, la prosecretaria de la Cámara de Representantes, Margarita Reyes y la diputada Adriana Peña.
La actividad de las dirigentes argentinas comenzó al mediodía en el Palacio Legislativo del Uruguay con una introducción realizada por la integrante de la Bancada Bicameral Femenina de ese país, la Diputada Beatriz Argimón y el Presidente de la Cámara de Representantes, Julio Cardozo Ferreir
No debe trasladarse a los pueblos
En una conferencia de prensa habló sobre el conflicto por las plantas de celulosa.
“La hermandad, la región y todos nosotros estamos primero”, dijo Carrio en referencia al diferendo entre Uruguay y Argentina.
No habló respecto a las actitudes del presidente argentino, Néstor Kirchner sobre el conflicto.
Pese a su postura de que uruguayos y argentinos sufrirán efectos nocivos debido a la instalación de las plantas en Fray Bentos, la diputada señaló que el conflicto “es una cuestión , un debate” entre argentinos y uruguayos.
Carrio dijo que el tema no puede significar un conflicto entre los Estados uruguayo y argentino, ni entre los pueblos de ambas naciones
El decreto aprobado, presentado por vecinos del barrio y el concejal Nire Roldán (A.R.I.), plantea específicamente extender el recorrido de la línea 133 bandera Verde, la cual en el mes de mayo se fusionó con la línea 160. Esta propuesta es absolutamente viable e implica un costo mínimo para la empresa, según expresó Nire Roldán, quien además manifestó: "Esta medida va a favorecer a los vecinos de Floresta, y se asemeja a la situación de los que viven en los barrios residenciales de Fisherton Norte, ya que en la actualidad tanto la línea 133 como la 160, ambas pertenecientes a la Semtur, realizan un recorrido que permite conectar a Fisherton R no sólo con las escuelas y colegios de la zona sino también con el centro de la ciudad. Incluso la línea 116, también de la Semtur, efectúa un recorrido de los denominados ‘encerrados’, con transbordo gratuito en Av. Eva Perón y Juez Zuviría, accediendo a los barrios San Eduardo, Aldea y el Portal del Sol, estableciendo una extensión del encerrado hasta el colegio Los Arroyos y aeropuerto, a la vez que dispone un trasbordo gratuito de 6.30 a 21.30 horas".
Otro punto aprobado, impone el otorgamiento de una franquicia para los menores de dieciocho años que acrediten su asistencia escolar a los establecimientos de la zona, de un ochenta por ciento del precio del boleto. "Es fundamental hacer efectivo el derecho a recibir educación pública y gratuita, como establece nuestra constitución nacional. Si las autoridades provinciales y municipales no previeron en su momento, que los niños de este barrio iban a tener que ir a la escuela, no debe pesar ahora sobre sus padres el error cometido, y por lo tanto hasta tanto se construya edificio escolar que se prometió ambos deben garantizar su acceso de manera gratuita", concluyó el presidente del bloque de concejales del A.R.I.
El diputado Riestra quiere saber si se está evaluando la ejecución del Plan Forestal Santafesino
El Diputado Antonio Riestra, Presidente del Bloque de Diputados Provinciales ARI, ha presentado un pedido de informes en el que solicita al Ministerio de la Producción información sobre el Plan Forestal Santafesino, instituido por la Ley 11.111.
En el proyecto se requiere saber si el Ministerio ha evaluado la ejecución del Plan Forestal Santafesino, si se verifica un incremento en la tasa anual de forestación y en su calidad en la provincia y finalmente cuál fue el movimiento del Fondo Forestal previsto en la Ley, y los niveles de inversión en la actividad desde que se puso en práctica el Plan Forestal.
Teniendo en cuenta que el programa de incentivos a la forestación vence en 2007, resulta prudente conocer con anticipación la evaluación que realiza el Ministerio de la Producción respecto de la ejecución efectiva del régimen previsto.
Esta información resultará de utilidad a los efectos de plantear posibles actualizaciones al ordenamiento legal, teniendo en cuenta que los objetivos planteados en su momento, como la restauración de los ecosistemas forestales degradados y el desarraigo de las comunidades rurales, entre otros, se encuentran plenamente vigentes y más aún se ven comprometidos, debido a las actividades de desmonte por el avance de la superficie sembrada de soja
ARI NIRÉ ROLDÁN
Otro punto aprobado, impone el otorgamiento de una franquicia para los menores de dieciocho años que acrediten su asistencia escolar a los establecimientos de la zona, de un ochenta por ciento del precio del boleto. "Es fundamental hacer efectivo el derecho a recibir educación pública y gratuita, como establece nuestra constitución nacional. Si las autoridades provinciales y municipales no previeron en su momento, que los niños de este barrio iban a tener que ir a la escuela, no debe pesar ahora sobre sus padres el error cometido, y por lo tanto hasta tanto se construya edificio escolar que se prometió ambos deben garantizar su acceso de manera gratuita", concluyó el presidente del bloque de concejales del A.R.I
POR LA REPARACIÓN HISTÓRICA A LOS ABORÍGENES
Desde el Bloque del ARI se ingresó un pedido de informes relacionado con la adjudicación de tierras a las Comunidades Aborígenes santafesinas como reparación a la histórica deuda que el Estado mantiene con ellos.
El Dip. Provincial Aldo Strada ingresó ayer un pedido de informes mediante el cual solicita que a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas se den a conocer, entre otras cosas, si se han adjudicado las tierras a las comunidades aborígenes santafesinas según lo establece la Ley Provincial 12091 y, de no ser así, cuáles serían las dificultades que impiden el otorgamiento. En el mismo sentido, se pide conocer si se han recibido propuestas e inquietudes de OCASTAFE u otras organizaciones aborígenes y si éstas han sido consideradas.
Ante las movilizaciones de las organizaciones aborígenes de la vecina provincia del Chaco, en reclamo por la histórica deuda del Estado hacia su legítima pretensión de ser adjudicados con tierras aptas para su desarrollo comunitario, nos cabe reflexionar sobre la realidad aborigen en nuestra provincia.
Si bien no existen cifras exactas respecto a la cantidad de personas aborígenes en el territorio provincial, la encuesta complementaria de pueblos indígenas realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) habla de 47591 descendientes de primera generación del pueblo toba para la región de Santa Fe, Chaco y Formosa; y de 12145 descendientes de mocovíes para Santa Fe y Chaco. Pero no considera otras etnias como las guaraníes y wichís.
Específicamente en las zonas Norte y Oeste de Rosario se asientan aproximadamente unas 25.000 personas de distintas comunidades aborígenes que viven en situaciones de extrema pobreza, están desocupados, hacen changas y la mayoría tienen como principal fuente de ingresos al cirujeo.
Planteada así la situación surgen un sin número de reclamos por parte de los aborígenes. Desde el acceso a un trabajo digno hasta planes sociales y de vivienda. Pero la mayor exigencia es la devolución de las tierras que históricamente les pertenecen, porque son una parte fundamental para el desarrollo de la vida de estas comunidades.
Con la necesidad de comenzar a reivindicar y reconocer los derechos conculcados históricamente a las comunidades originarias de nuestro territorio es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
ARI ALDO STRADA SANTA FÉ
APOYO LEGISLATIVO A LA CABAÑA
Mediante un proyecto de declaración y por iniciativa del Dip. Aldo Strada (ARI), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración mediante el cual expresa su apoyo a la constitución de la Cooperativa de Trabajo La cabaña tendiente a mantener la continuidad de la producción, preservar la fuente laboral y conservar esta industria en su lugar de origen en beneficio de la economía local.
La planta láctea "La cabaña" de la ciudad de Rosario produce crema de leche y manteca Inty desde hace 59 años. En setiembre de 2001 comenzaron los problemas cuando los propietarios se presentaron en concurso de acreedores, despidieron a 17 trabajadores y comenzó el vaciamiento de la empresa. Pero ante el pedido de quiebra, los obreros decidieron iniciar los trámites para conformar la cooperativa.
Los trabajadores han decidido tomar en sus propias manos el futuro de su fuente de trabajo, aceptando el desafío de reactivar una empresa castigada por el proceso de destrucción del trabajo que vivió la Argentina. Esta voluntad no existió por parte de los empresarios que, como siempre, solamente pensaron en su futuro individual sin tener en cuenta el perjuicio social que causa la pérdida de una fuente de trabajo.
El Gobierno quiere luz verde para aumentar la planta de contratados
El Gobierno está por lograr que se modifique el Presupuesto para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda incorporar personal y justificar otras contrataciones que no tienen partidas asignadas actualmente. Además, servirá para que el área de Salud pueda ampliar las contrataciones en los centros sanitarios por tareas específicas y eventuales.
Según los testimonios de los jefes de bloque opositores, hoy llegará a la Legislatura el convenio por los 135 millones de pesos que el Gobierno cerró con la petrolera Repsol. “Ése es el primer paso que se debe dar para conocer el origen de los fondos y después discutiremos el destino”, puntualizó Néstor Piedrafita, del ARI.
El ARI pide a la UCR que no toque la candidatura de Binner
La diputada Gutiérrez dice que su partido podrá ser parte de la coalición sólo si el socialista encabeza la fórmula
La diputada provincial Alicia Gutiérrez
La diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez anticipó que su partido sólo iría en el Frente Progresista si la fórmula es encabezada por Hermes Binner. Esta fue la primera respuesta a las declaraciones del titular de la UCR, Felipe Michlig, sobre la posibilidad de que la coalición opositora vaya a internas para consagrar la dupla gubernamental para las próximas elecciones.
La legisladora prácticamente dio por sentado el apoyo de ese sector al frente aun cuando no exista una definición partidaria. Pero, al mismo tiempo, reavivó sus diferencias con el radicalismo, acentuadas durante la postura de los diputados nacionales en el Congreso nacional por la impugnación a Luis Patti. A esto se suma la posibilidad de llevar a Roberto Lavagna como candidato a la presidencia, algo que no fue descartado recientemente por Michlig.
"No hemos pensado en otra posibilidad como candidato al Frente Progresista que no sea la de Binner", sostuvo Gutiérrez quien recordó el acompañamiento que hicieron del mismo dirigente en 2003 a pesar de concurrir con boletas separadas. Hizo referencia en este contexto a las coincidencias que mantienen con los socialistas.
La diputada, al retrotraer el tema de la postura de Binner frente al gobierno de Néstor Kirchner y la posición de Lilita Carrió de calificar al presidente como "más corrupto que Menem", marcó también una diferencia con la candidata presidencial por su agrupación, al reconocer que el primer mandatario había realizado cosas buenas y cosas malas, y que ellos pensaban antes que nada "en celeste y blanco".
De todas maneras, si bien la legisladora defendió la posibilidad de su apoyo a la candidatura del ex intendente de Rosario y las coincidencias con éste desde el punto de vista programático, tampoco dejó de reiterar sus dudas en torno a la postura del socialista frente al presidente.
Reconoció que Binner tendrá que gobernar la provincia sin ambigüedades ni indefiniciones. "Se nos ocurre también que debe ser mucho más categórico en sus declaraciones", dijo.
Gutiérrez vertió esos conceptos en el marco de un encuentro realizado por el ARI Rafaela, donde el titular de ese distrito, Carlos Rinaudi, opinó que algunas posturas más firmes (por Binner) ayudarían en gran medida a una coalición entre el ARI y el socialismo, reconociendo también que existen conversaciones informales entre ambas agrupaciones en el ámbito local.
ARI MARTA MAFFEI-ADRIAN PEREZ
Régimen de promoción del Hidrogeno – Prorroga a la suspensión de las ejecuciones de vivienda unica a deudores hipotecarios – Régimen para el desarrollo de la actividad caprina
Teniendo en cuenta que estas dos observaciones no han sido tomadas en consideración por el oficialismo ‑más algunas que ha planteado el señor diputado Godoy respecto de las implicancias que tienen los verificadores en términos de riesgos ambiental y sobre la vida de las personas‑, adelanto nuestro voto negativo a este proyecto.(…)
Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: coincido con lo expresado por diputados de otros bloques en cuanto a la necesidad de cambiar en nuestro país la matriz energética y, fundamentalmente, fomentar energías alternativas.
Esta cuestión, que no es menor y que ha pasado a ser central, es lo que motiva que el bloque del ARI vaya a votar en forma negativa este proyecto, más allá de que obviamente seguimos insistiendo en la necesidad de fomentar seriamente energías alternativas y de cambiar la matriz energética en nuestro país
Ejecuciones hipotecarias: piden
que publiquen la ley
La diputada nacional por el ARI, Marta Maffei, reclamó que se publique en el Boletín Oficial la Ley que prorroga la suspensión de las ejecuciones de sentencia que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos hipotecarios, dejando desamparadas a miles de familias a las cuales les están rematando su vivienda.
Maffei exigió que sea “urgente” su publicación, ya que desde el día 31 de mayo a la fecha no apareció en el Boletín Oficial. “La Ley está sancionada desde hace quince días, y existía el compromiso entre Senadores y Diputados para que se publicara inmediatamente, porque se sabía que hay gente que ante el vencimiento del 3 de Junio quedaba desamparada si no se publicaba de manera urgente. A dos semanas de la aprobación de la Ley la misma no se ha publicado lo que nos hace pensar en alguna intencionalidad política”, dijo la legisladora.
Asimismo, agregó: “Aquí hay gente que está perdiendo la vivienda, hay gente a la que entre hoy y mañana le están rematando su casa, por eso no podemos aceptar que la mala intención o irresponsabilidad de algún funcionario se imponga para no publicar esta Ley que fue sancionada de urgencia en el Congreso de la Nación”.
En caso de no publicarse en el Boletín Oficial esta nueva prórroga los remates de viviendas únicas continuarán. Desde el A.R.I. ya se había propuesto un lapso similar al aprobado ahora en anterior oportunidad. Ante esto, Maffei afirmó que “Cuando sancionamos la ley 26.062 nuestro bloque ya había propuesto los ciento ochenta días. Tal vez no tendríamos que votar esta nueva prórroga si hubiésemos sido un poco más conscientes a la hora de votar la anterior prórroga. Pero también es cierto que no se trata de seguir votando prórroga tras prórroga y seguir incrementando el enjambre jurídico en el que están metidos fundamentalmente los deudores, los cuales ven rematar su única vivienda por la malicia o irresponsabilidad de los funcionarios de turno”
El plebiscito es una chicana más”, afirmó Olivera
En referencia a una nota publicada días atrás en el diario La Nación sobre la descentralización de la Ciudad, donde se menciona que Telerman estudia la idea de llamar a un plebiscito para ver si se pueden posponer por un tiempo la elección de los comuneros, el ex jefe de Gobierno, Enrique Olivera, afirmó que “De ninguna manera podrá postergarse la descentralización de la Ciudad con un plebiscito, sería violatorio de la Constitución.”
Olivera recordó que de acuerdo a la Constitución de la Ciudad, las elecciones debían hacerse antes de octubre de 2001. “Llevamos casi cinco años de atraso y ahora aparece Telerman que en lugar de cumplir con la Constitución quiere llamar a un plebiscito para postergar los comicios comunales”. “Es una chicana más”, subrayó el diputado.
Asimismo, sostuvo que “las comunas fueron creadas por los constituyentes para descentralizar mejorando la eficiencia de la gestión del gobierno y para facilitar a los vecinos la participación en la solución de los problemas barriales”.
Finalmente, destacó que la creación de las comunas “significa trasladar poder a los barrios y es por esto que las autoridades intentan postergar la elección”. “Hay que entregar el poder que la Constitución concede a los vecinos, por eso las elecciones de las juntas comunales deberían hacerse a fines de año”, concluyó
El ARI reclama mayor control sobre los convenios que firma la Provincia
Mediante un proyecto de ley se establecen plazos máximos para que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura los convenios firmados y esta les de tratamiento. Se pretende jerarquizar el rol que la Constitución Provincial le reservó al cuerpo legislativo. Algunos trámites arrastran demoras de hasta dos años y su aprobación se produce con el acuerdo en ejecución o caducado. El diputado Antonio Riestra, presidente del Bloque ARI, presentó un proyecto de ley para regular el tratamiento que la Legislatura debe darle a los convenios firmados por la Provincia, en el marco de las atribuciones que la Constitución Provincial le reserva al cuerpo legislativo.
El Artículo 1º de la iniciativa propone que "el Poder Ejecutivo remitirá para su aprobación a las cámaras legislativas todo Convenio rubricado ad referéndum de la Legislatura dentro de los 15 (quince) días posteriores a su firma"; en tanto, el Poder Legislativo "deberá aprobarlo o desecharlo en el término de 60 (sesenta) días", pudiendo ampliarse este plazo por otros 30 (treinta) días solo en el caso de requerirse mayor información.
En caso que la aprobación del convenio supere los plazos fijados por la ley, el mismo será considerado como desechado.
El diputado Riestra recuerda que la Constitución de la Provincia, en su Artículo 55, establece que "le corresponde a la Legislatura…aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias".
"Teniendo en cuenta el tratamiento que habitualmente se da a los convenios firmados por el Poder Ejecutivo, donde nos encontramos con elevaciones a estas Cámaras con retrasos de hasta dos años, provocando que muchas veces terminamos sancionando iniciativas al año siguiente de ser presentadas, cuando ya están en ejecución o han caducado en su vigencia", explicó el legislador.
"Si la Constitución sostiene que las facultades para aprobarlos o desecharlos corresponden al Poder Legislativo, con la práctica actual se nos está privando de la posibilidad de rechazar cualquier convenio que se considere no conveniente, y por otro lado, si se ejecutan sin aprobación los mismos quedan viciados de nulidad".
A modo de ejemplo, el diputado Riestra recordó el caso del convenio para la implementación del Plan Nacional de Obras Municipales, firmado con la Nación el 4 de septiembre de 2002 y enviado a la Legislatura el 16 de diciembre del mismo año. Su aprobación se produjo recién el 14 de agosto de 2003, pero en la práctica, la Provincia comenzó su ejecución en octubre de 2002, cuando ni siquiera había informado al Poder Legislativo, con los resultados conocidos por todos, fundamentalmente, por la falta de control.
En otros casos se verificaron demoras similares:
Ley 12.290
Transferencia de equipos hospitalarios de la Nación para la Provincia
Pasantías educativas en la U.N.R
Ley 12.150
Capacitación para profesionales de la Salud en la U.N.R
El gobierno debe explicar qué pasó en la Secc. 11º
La Diputada Verónica Benas pide explicaciones al Ministerio de Gobierno por los hechos de violencia sucedidos en la Seccional 11º de Rosario
Verónica Benas, diputada provincial del bloque ARI, ha presentado un Pedido de Informes en el que solicita que desde el Poder Ejecutivo de explicaciones a raíz de los hechos de violencia y abuso ejercido por personal policial sobre un grupo de adolescente, en la madrugada del pasado día domingo 11 de Junio, en la Comisaría Nº 11 ubicada en Lamadrid Nº 272 Bis, de la ciudad de Rosario.
En sus fundamentos Benas expresa que "como representantes del pueblo santafesino no podemos aceptar estas situaciones sin exigirle al Ministerio de Gobierno que aclare las responsabilidades que tuvieron esos agentes policiales y las medidas concretas que se van a tomar con ellos. Y que atención se brindará a los jóvenes agredidos
ARI ENTRE RIOS MAIER
Por la Comisión de Enlace entre la Defensoría del Pueblo y el HCD
En la última sesión del Concejo Deliberante de Paraná, desarrollada ayer, el bloque de concejales del Partido Justicialista negó dar tratamiento al Proyecto de Decreto presentado por Jorge Maier y Aldo Bachetti, ediles por la Concertación Entrerriana (CE).
El Proyecto gira en torno a la necesidad de cumplimiento del Artículo 43 de la Ordenanza que crea la figura del Defensor del Pueblo, Nº 8391. Mediante dicho artículo se instituye la Comisión de Enlace entre el Honorable Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo. Este dispositivo, atendiendo el Proyecto de Decreto, estará integrado por un miembro de cada bloque con representación en el Concejo Deliberante.
La importancia de esta Comisión reside en que es un órgano intermedio de colaboración entre la Defensoría del Pueblo y el HCD, pudiendo requerir al defensor/a la información que estime necesaria, debiendo además prestarle colaboración cuando le sea solicitada
Gestiones de los diputados fueguinos del ARI
Avances para terminar con el arancelamiento en los hospitales
Los diputados Leonardo Gorbacz y Fabiana Ríos se reunieron ayer a la mañana con el Secretario de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias de la Nación. En el encuentro los parlamentarios plantearon el tema del arancelamiento en los nosocomios adheridos al sistema de hospitales públicos de gestión descentralizada. El funcionario nacional le confirmó a los aristas que los hospitales insertos en este sistema no pueden cobrar bajo ninguna circunstancia.
Los diputados de ARI Leonardo Gorbacz y Fabiana Ríos se reunieron, está mañana en Buenos Aires, con el Secretario de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias de la Nación, Dr. Carlos Alberto Soratti. En el encuentro, los parlamentarios platearon el tema del arancelamiento en los nosocomios adheridos al sistema de hospitales públicos de gestión descentralizada.
La reunión se suma a una seguidilla de acciones realizadas por los aristas en relación al tema. A mediados de mayo, Ríos y Gorbacz presentaron una nota al Ministro de Salud de la Nación denunciando la violación del Art. 5 del decreto 939/2000 por parte de los hospitales de la provincia, dicho decreto establece que los centros de salud de gestión descentralizada deben garantizar la gratuidad de todas las prestaciones. Simultáneamente, los diputados presentaron un proyecto de resolución, solicitándole al Poder Ejecutivo información al respecto.
Cabe recordar que la discusión del tema se convirtió en un conflicto mediático entre el Ministro de Salud de la provincia, Dr. Alejandro Guidalevich, y los parlamentarios aristas. Guidalevich argumentó que el arancelamiento del servicio público de salud estaba sujeto a interpretación, y que compartía el planteo filosófico. Además dijo que no le parecía justo que un paciente que tuviera capacidad de pago, no pague.
En relación a la reunión con el Dr. Soratti, Ríos comentó: “nos confirmó que los hospitales adheridos a este sistema nacional no pueden cobrar a los pacientes bajo ninguna circunstancia, y que el decreto 939 no admite excepción”.
Gorbacz agregó: “en la medida en que Guidalevich manifestó dificultades de orden técnico para terminar con el arancelamiento, pedimos que Nación brinde asistencia técnica tal como o prevé el decreto de hospitales de gestión descentralizada, solicitud que Soratti se comprometió a llevar adelante”.
Para finalizar, los diputados informaron que le entregaron al funcionario nacional una carpeta con todos los antecedentes relacionados al tema, y calificaron al encuentro como positivo ya que se llevaron la impresión de que efectivamente el funcionario nacional iba a encargarse del tema, ya que compartió el criterio de que los hospitales de la provincia no debieran estar arancelados
DIPUTADA NACIONAL MARTA MAFEI
DIPUTADA NACIONAL MARTA MAFFEI ARI
0128-D-06
Valor de Tasación de Tierras a expropiar para Comunidades Indígenas
ARTICULO 1 º.- Cuando el Congreso de la Nación resuelva declarar de Utilidad Pública y sujetas a expropiación, tierras situadas en el territorio de la República Argentina para regularizar la tenencia de las tierras que tradicionalmente ocupan y darlas en propiedad a comunidades de indígenas que viven en ellas y/o las trabajan y/o a las que tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades se subsistencia, el valor de la tasación del bien expropiable se sujetará a las siguientes condiciones:
• se excluirá del precio de la indemnización, el valor agregado por las mejoras efectuadas en el predio por los propios indígenas y
• el predio se considerará ocupado por familias con derecho a la permanencia y no como desocupado y de libre disponibilidad.
ARTICULO 2º.- La expropiación de las tierras realizada conforme a lo establecido en el artículo1º de esta norma, tendrán como objetivo único la aplicación del artículo 8º último párrafo de la Ley 23.302 y de los artículos 13 a 19 del Convenio 169 de la OIT, adoptado por la Ley 24.071.
Nuestra Constitucional Nacional a partir de la reforma efectuada en el año 1994, reconoce expresamente el derecho a la propiedad de tierra que trabajan, a las comunidades originarias, a través de los principios generales enunciados en el articulo 75 Inc. 17º. Enunciación enriquecida a través de la legislación nacional y provincial.
Nacionalmente, tanto la Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, como el Convenio 169 de OIT ratificado por la Ley 24.071, establecen la obligación del Estado de disponer las estrategias legales necesarias para asegurar la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, conforme a las modalidades propias de cada comunidad.
Lamentablemente esta legislación ha tenido dificultades concretas que han trabado el cumplimiento de estos objetivos, tanto que a casi 20 años de la sanción de la Ley 23.302 la mayor parte de la comunidades no tiene la documentación dominial de las tierras que ocupa
Cuando las tierras en cuestión son propiedad del Estado nacional o provincial la situación es más simple, pero cuando se trata de tierras sobre las cuales existen otros títulos de propiedad que se oponen a los legítimos derechos de los indígenas, es necesario buscar otras alternativas. En algunos casos es posible, tal como lo prevé la propia Constitución nacional, llegar al dictado de una ley de expropiación que requiere, además de la calificación legal, la previa indemnización al propietario.
En este supuesto, el monto de la tasación juega un rol determinante y en muchos casos inhibitorio por cuanto los precios establecidos están muy lejos de los montos fijados presupuestariamente para tal finalidad, por eso hasta el presente las expropiaciones han sido escasas y muy costosas para el erario público. Por ejemplo la actual expropiación en vías de ejecución realizada en la Provincia de Formosa, ha tenido una valuación producto de una tasación abusiva que ha superado holgadamente el valor de 3 millones de pesos con un precio de casi 2000 pesos hectárea que, tratándose de tierras ocupadas, resulta a todas luces excesivo.
Desde luego en la tasación de un predio rural intervienen y se articulan distintos componentes, entre otros y principalmente, el valor del mercado, las variaciones en el precio de los productos agrícola ganaderos dentro o fuera del territorio nacional, las mejoras producidas en el predio o la propia especulación inmobiliaria.
Por tratarse de casos muy particulares en los cuales existen derechos ancestrales contra los que se invocan derechos de propiedad en muchos casos mediante adquisiciones efectuadas con la ocupaciones indígenas preexistentes, consideramos una absoluta necesidad introducir en los criterios de tasación los recaudos planteados por este proyecto y conforme a las razones que siguen:
Respecto de las mejoras introducidas en la tierra por los ocupantes indígenas: riego, desmalezamiento, viviendas, cuidado del suelo, arboledas, canales etc. no pueden ser invocadas por el propietario por cuanto nada ha hecho como inversión económica, esfuerzo personal o trabajo para incorporarlas al predio. Se trata de tareas culturales realizadas por los que trabajan la tierra como propia, la cuidan como propia y la protegen como propia. Si estas mejoras incorporadas por la comunidad autóctona se incorporaran al precio de la tierra al momento de la tasación estaría configurándose un enriquecimiento sin causa, se limitarían grandemente las posibilidades económicas del Estado de concretar otros necesarios procesos de expropiación retrasándose, como ha ocurrido hasta el presente, el cumplimiento del art. 8vo. De la ley 23.302, pero fundamentalmente sería una injusticia por cuanto beneficiaría a quién nada ha hecho para recibir ese precio y es más, en muchos casos compró la tierra a precio vil, precisamente porque estaba ocupada por indígenas.
Es precisamente esta concreta realidad, la de tratarse de tierras ocupadas por comunidades ancestrales, en muchos casos desde hace varias generaciones, en todos los casos por descendientes de pueblos originarios con derecho a la permanencia en ellas, la principal circunstancia por la cual quienes se erigen como actuales propietarios, han adquirido esas tierras por precios irrisorios. Una tierra ocupada por comunidades autóctonas que la trabajan y que viven allí con derecho legal y constitucional a permanecer, las transforma en predios de precio muy bajo, por tanto estas circunstancias conocidas por los actuales propietarios y usadas a su favor en la adquisición del bien, no pueden dejar de ser consideradas en la tasación. De otro modo estaríamos beneficiando injustamente a quienes nunca la trabajaron y supieron que sus actuales ocupantes lo hacían por derecho propio.
La expropiación de la que estamos hablando es muy especial, los indígenas son los propietarios originarios de estas tierras, han sido avasallados, perseguidos, explotados, esclavizados, marginalizados, condenados a sucesivos traslados y sometidos a todo tipo de vejámenes. Precisamente esa persecución y los varios traslados forzosos que padecieron no pueden, hoy que la ley y la constitución los protegen, esgrimirse como una nueva circunstancia en su contra porque en algunos casos su actual asentamiento solo data de algunas décadas.
Hay históricas constancias y cantidad de documentación que da testimonio de estos sucesivos y forzosos traslados, sin ir más lejos después de la llamada conquista del desierto, indios sureños fueron violentamente desalojados y radicados en otras latitudes en reservas, en ingenios, o en casas de familia como servidumbre. En muchos casos estos hombres y mujeres fueron forzados a trabajar en provincias tan distantes de sus orígenes como Tucumán, La Rioja o Jujuy. Recientes investigaciones en la Universidad Nacional de Tucumán han logrado seguir el rastro de este ominoso maltrato y esta injusticia histórica. Otro tanto se produjo con los indios quilmes o los guaraníes o tantas otras comunidades que se han visto forzadas a migraciones internas una y otra vez.
Tal vez es posible que hayamos olvidado la participación de los indios en las luchas por la independencia de la patria, tal vez mucho ni sepan que poseen títulos de propiedad perpetua (hoy desconocidos) otorgados por nuestros primeros gobiernos por su histórica lucha contra los ingleses en las invasiones, por la custodia de las costas marítimas o por la defensa de nuestra soberanía, porque también es frecuente que la historia oficial margine el reconocimiento de las verdaderas gestas patrias, pero ha llegado ya, después de más de 500 años, el tiempo de reconocer nuestras injusticias aunque nosotros no hayamos participado en ellas de modo directo, tenemos la obligación de remediarlas y de priorizar en las soluciones que busquemos y en las cuales seguramente habrá quienes se sientan de algún modo perjudicados, la situación de quienes están peor, de quienes han sufrido más y de quienes han sido realmente destratados por la lam llamada civilización una situación en la que se encuentran casi dos millones de personas en nuestro país.
Es tiempo de que los argentinos nos hagamos cargo de nuestra historia y además de producir textos legales reivindicativos busquemos soluciones concretas para su aplicación en términos de justicia.
Y es justicia pagar por las tierras a expropiar lo que efectivamente valen para el propietario si quisiera en este estado venderlas en el mercado, son tierras ocupadas por comunidades con derecho legal a la permanencia y con mejoras producidas por sus ocupantes.
Por tanto ratificamos la necesidad de tener en consideración las circunstancias históricas y los valores reales al momento de la tasación. Es obvio que el precio de la tasación debe considerar la circunstancia de tratarse de tierras ocupadas por comunidades con derecho a la permanencia y no debe incluir el valor de las mejoras producidas por los indígenas ocupantes que a su vez realizan una práctica agrícola que las protege de la depredación, conservando la diversidad biológica y el equilibrio ecológico frente a la desenfrenada ambición de los grupos económicos, en su mayoría transnacionales, en dirección a desmontar absolutamente toda la tierra apta para el cultivo de soja transgénica. Es precisamente esta circunstancia especulativa la que impulsa hoy esta verdadera cruzada por el desalojo de las comunidades autóctonas y la que mueve a la suba el precio de las tasaciones y es esta misma circunstancia, además del derecho histórico, legal y constitucional de los pueblos originarios, la que debe ponerle freno al remate de nuestras tierras, a la depredación y al riesgo ambiental que estas formas de explotación agrícola están generando en nuestro país cuya mayor riqueza es precisamente su suelo.
A modo de ejemplo puede citarse, el reclamo de la Organización Zlaqatahyi (Unión Wichi del Itiyuro – Comunidades de Lapacho Mocho, Tonono y Pacará) del Departamento San Martín de la Provincia de Salta, para frenar la deforestación del corredor y en la que habitan las tres comunidades mencionadas Teritorio situado entre el Gasoducto sobre Ruta 86 hasta el Lote fiscal 4, de la ciudad de Tartagal. Estas comunidades se oponen a la depredación de los recursos naturales.
Esta situación no es ajena al caso de la Ley 7274 de la Provincia de Salta que desafecta los Lotes Fiscales 32 y 33 del Departamento de Anta de la categoría Área Natural Provincial Protegida, para poder licitarlos y venderlos. Los habitantes de la región tienen claro el objetivo: el cultivo de soja, el cual luego de cinco años de explotación dejará el suelo absolutamente erosionado, sin medir las consecuencias que acarreará el negocio de unos pocos en el futuro de la Nación y a sus actuales poseedores. Es más, las promociones de ventas de lotes en los Departamentos de Anta, San Martín, Orán, encontramos precisamente la oferta de aptitud para la explotación agrícola, especialmente para la soja.
Actualmente el Consejo de Coordinación de las Organizaciones de las Pueblos Indígenas de Salta (COPISA) que abarca las comunidades Guaraní; Wichi, Chorote, Toba, Chulupi, y Chané) con sede en Tartagal solicita la urgente intervención de las autoridades competentes para la obtención de los títulos de las tierras que ocupan en la zona de los Departamentos de San Martín y Rivadavia Banda Norte y Banda Sur de la región Chaco Salteño y esta demanda tiene la mayor urgencia porque la expulsión de buena parte de la comunidad ya se ha producido junto a la destrucción de sus viviendas, al robo de sus herramientas de trabajo y la destrucción de sus cosechas y sus animales.
Otro aporte al deterioro ambiental, se concretaría con la Ley Nº 5.285 de Bosques en la provincia del Chaco, que estaría favoreciendo la erradicación de las comunidades indígenas, debido a una modificación efectuada a la ley original por la cual desaparecen los frenos para el desmonte del bosque nativo.
El artículo 8º de la Ley 23.302 al describir la modalidad de adjudicación y explotación de las tierras, para garantizar su ejercicio menciona la expropiación de tierras de propiedad privada por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la cual deberá ser promovida ante el Congreso Nacional.
Atendiendo las situaciones plasmadas en el presente, es de particular importancia excluir del valor de base de cualquier expropiación que involucre las tierras comprendidas en el articulo 1º de la presente ley, el valor cultural agregado a las mismas por parte de las comunidades. Es así que el artículo 7º del Convenio 169 OIT prescribe en su inciso1º: “ Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente” ; a ello debe agregarse lo determinado en el Inciso 4, que reza: “Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”
En el capitulo destinado a “Tierras”, en el artículo 13, se establece que en la aplicación de Convenio 169 OIT, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
Finalmente el articulo 15º al desarrollar la temática de los recursos naturales existentes en esas tierras, establece: “ En caso de que pertenezca al estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores que acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.
FIRMANTE: MARTA MAFFEI
ARI DIPUTADO NACIONAL CARLOS RAIMUNDI
Críticas de la oposición a un proyecto reeleccionista de Solá
Carlos Raimundi criticó la idea reelecionista de Solá
Dirigentes de la oposición bonaerense coincidieron en cuestionar con dureza el posible intento reeleccionista del gobernador Solá. Así, mientras los radicales le recomendaron que "se dedique a gobernar",
Como se ha informado, sectores cercanos al mandatario dicen haber encontrado un resquicio en la Constitución bonaerense para que Solá podría presentarse una vez más en 2007, ya que, según esa interpretación, no tendría vedada la posibilidad de reelección.
Por su parte, el titular del ARI bonaerense, Carlos Raimundi, afirmó que "la Constitución es clarísima: Solá no puede presentarse de ninguna manera". Y añadió: "Lo que pasa es que con el pedido de pluralidad de Kirchner, ha visto cortadas sus chances como eventual compañero de fórmula, tal como había expresado. Entonces, busca refugiarse otra vez en la Provincia"
Diputado Nacional Carlos Raimundi ARI
Proyecto de Ley Equiparación de los Derechos de la Madre Adoptante
Artículo 1º – Reemplázase el nombre del capítulo II del título VII de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744 y modificatorias) por el siguiente: “De la protección de la maternidad y la adopción”.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo el siguiente:
“La mujer adoptante gozará de la protección establecida en el presente artículo, en las condiciones que fije la reglamentación, y siempre que hubiere notificado fehacientemente al empleador el inicio de los trámites a fin de obtener judicialmente la adopción de un menor o su guarda y la sentencia que las otorgara”.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo por el siguiente:
Artículo 178: Despido por causa de embarazo o adopción. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad, embarazo o adopción, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto o a la sentencia judicial que otorgare la adopción, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo, así como, en su caso, el del nacimiento o la petición de adopción. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
El presente proyecto tiene por fin evitar se siga produciendo una lamentable discriminación.
Los artículos 177 y 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, establecen normas de carácter tuitivo para la situación de la maternidad de la mujer, brindando determinados resguardos en razón del nacimiento. Ahora bien, el legislador ha mantenido silencio respecto de una situación que merece igual protección por sus loables fines: la adopción.
Hace unos años en un señero fallo en autos “Tripodi, G. M., c./Instituto Erna S.R.L. y otros s./ despido”, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 62 de esta Capital Federal, doctor Miguel Angel Mazza, ha puesto de manifiesto la reseñada omisión del legislador dirigiéndose a la Comisión de Legislación del Trabajo de esta Cámara a efectos de receptar legislativamente la protección laboral de la madre adoptante.
Ha señalado en los autos de referencia el magistrado que “en cuanto a la protección frente al despido, el capítulo II del título VII de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a la ‘protección de la maternidad’, y si bien a mi juicio, este concepto no se limita al embarazo y parto, ya que la adopción constituye sin lugar a dudas un medio, loable por cierto, de acceder a la maternidad, no puedo soslayar que el artículo 178 está titulado ‘Despido por causa de embarazo’, y en su texto manda presumir que el despido es discriminatorio cuando obedece a razones de maternidad o embarazo, con repetidas referencias al parto.
”El artículo 177, por su lado, también refiere en forma repetida al parto, al nacimiento y a la gestación. En ningún momento la letra de la ley permite interpretar que el legislador haya tenido en miras también la adopción”.
El magistrado ha resaltado que “en suma, opino que la ley vigente no da igual trato al despido de la mujer embarazada o que ha dado a luz un hijo que al de quien lo adoptó, aun cuando, de lege ferenda, estoy convencido de que el Congreso de la Nación debería revisar este caso y brindar tutela también a la madre adoptante, reglamentando la situación ya sea el maravilloso fenómeno femenino de la ‘maternidad’ se logre por la vía biológica del embarazo y parto o por la emocional y jurídica de la adopción”.
Al equiparar, sin duda como lo ha puesto de relieve el magistrado, los efectos tutelares de la madre adoptante con relación a la biológica, estaremos cubriendo una situación de injustificada desprotección.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a la Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
ARI VELASCO MEDIO AMBIENTE
Ley del Aire: distinciones por la acción en defensa del medio ambiente
La Comisión de Ecología entregó premios a profesionales que intervinieron en la reglamentación de la Ley y distinguió especialmente a la familia del ex Diputado Miguel Doy.
Un acto-homenaje conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente organizado por la Comisión de Ecología que preside el Diputado Juan Manuel Velasco, tuvo lugar ayer a las 15 horas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. En él se entregaron premios y distinciones a distintas personalidades que participaron en el proceso de reglamentación de la Ley del Aire.
Participaron también los legisladores Carlos Araujo (Recrear), Pablo Failde (ARI) y Sandra Bergenfeld (Frente para la Victoria); el Director de Política y Evaluación Ambiental, Horacio Walter y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
A continuación el diputado Juan Manuel Velasco agradeció especialmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad por la rápida firma del decreto de reglamentación. Recordó que Miguel Doy una vez finalizado su mandato como diputado de la Ciudad, lo fue a visitar a su despacho para solicitarle la rápida sanción del proyecto de ley. Por último destacó la labor periodística de algunos medios que se encargaron de ubicar este tema en la agenda pública.
En el acto se expuso la génesis, desarrollo y debate de la Ley del Aire N° 1356 que tiene por objeto la regulación en materia de preservación del recurso aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica, de manera tal que permita orientar las políticas y planificación urbana en salud y la ejecución de acciones correctivas o de mitigación entre otras. La ley es de aplicación a todas las fuentes públicas o privadas capaces de producir contaminación atmosférica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propendiendo a la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional en lo atinente a su objeto, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nacional N° 20.284

References: resolución 
 Artículo 1
 Artículo 55
 Artículo 43
 artículo1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 13

Artículo 1
 artículo 177
 artículo 178

Artículo 178
 artículo 182
 artículo 178
 artículo 177
de lege ferenda