Source: https://es.scribd.com/document/34050029/Sentencia-Sobre-Ipc-Consejo-de-Estado
Timestamp: 2016-09-29 17:31:14+00:00

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Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero dos mil nueve (2009).CONSEJERA PONENTE: DRA. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ REF. EXPEDIENTE No: 250002325000200607954-01 No. INTERNO: 1614-2008 ACTOR: GILBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ AUTORIDADES NACIONALES Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 21 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda Subsección "A", mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda incoada por el señor Gilberto Sánchez López. LA DEMANDA Estuvo encaminada a obtener la nulidad del Oficio CREMIL No. 18777 de 24 de abril de 2006, proferido por el Subdirector de
Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que negó la reliquidación y el reajuste de la asignació n de retiro, solicitada por el demandante con fundamento en lo dispuesto en la Ley 238 de 1995 que adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Como restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad demandada a reconocerle y reajustarle la asignación de retiro, adicionando los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el incremento de la escala salarial porcentual y el Índice de Precios al Consumidor, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en el porce ntaje que a continuación se relaciona: A. Para el año 1997: 7.15% B. Para el año 1999: 1.79% C. Para el año 2001: 3.91% D. Para el año 2002: 2.75% E. Para el año 2003: 1.64% y F. Para el año 2004: 1.56% Solicitó que los valores que resulten liquidados sean actualizados e indexados desde el año 1997 en adelante hasta la fecha en que le sea reconocido el derecho, así como el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, condenando en costas a la demandada y dando cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. Para fundamentar las anteriores pretensiones expuso los siguientes hechos: La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares mediante Resolución No. 0647 de 25 de abril de 1974, reconoció al d emandante asignación de retiro, la qué ha sido reajustada anualmente en la proporción señalada en el sistema de oscilación consagrado en el artículo 169 del Decreto Ley 1211 de 1990. Para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, la asignación de retiro del actor fue reajustada en un porcentaje inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, violando el principio fundamental del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones establecido en el artículo 48 de la Constitución Política. La Corte Constitucional ha reiterado que los miembros de la Fuerza Pública reciben una pensión de vejez que se denomina asignación
de retiro (Sentencia C-251 de 16 de marzo de 2004 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño). El actor solicitó, mediante derecho de petición dirigido a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares radicado el 31 de marzo de 2006, el reajuste a su asignación de retiro aplicando la Ley 238 de 1995, e incrementándola con base en el Índice de Precios al Consumidor, como lo dispone el Parágrafo 40 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su correspondiente indexación, solicitud que fue negada por parte de la Entidad, mediante el oficio demandado. El demandante realizó una "SINOPSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL PENSIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA" con el fin de "aportar información relacionada con el régimen especial de pensiones de la Fuerza Pública" concluyendo que la entidad demandada al realizar el incremento anual de las asignaciones de retiro aplicando un porcentaje inferior al IPC del año anterior, lejos de lograr la nivelación de los retirados de la Fuerza Pública, lo que está generando es una desigualdad contraria a la Constitución Política. NORMAS VIOLADAS Como normas violadas se citan las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 2, 4, 13, 46, 48 y 53; Ley 238 de 1995, artículo 1°; Ley 100 de 1993, artículo 14 y 279 en su parágrafo 4°; y la Ley 4a de 1992, artículo 2° literal a).(folio 28) LA SENTENCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de 21 de febrero de 2008, accedió a las pretensiones de la demanda (folios 158 169), con base en los siguientes argumentos: La excepción de indebida individualización del acto no puede ser alegada por la entidad, pues la respuesta contenida en el oficio cuestionado es un verdadero acto administrativo y, a pesar que su formalidad es irregular la Administración fue quien lo causó. Respecto al indebido agotamiento de la vía gubernativa, el Acto demandado establece que no admite recurs o alguno, por tanto no requería ser recurrido para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo que esta excepción tampoco prospera. Respecto a la prescripción del derecho, el A quo precisó que tal aspecto se encuentra supeditado a que salgan avante las
pretensiones del demandante "momento en el cual se hará el pronunciamiento respectivo". Una vez transcritos los artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y 1° de la Ley 238 de 1995, concluye que es dable aplicar a los miembros de la Fuerza Pública los beneficios consagrados en los artículos 14 y 142 de la Ley 100, a pesar de disfrutar de un régimen especial. El sistema de oscilación consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, prohíbe a los destinatarios acogerse a normas de otros sectores de la administración, salvo que la Ley lo establezca expresamente. La Ley 238 de 1995, al adicionar el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, dispuso que los miembros de la Fuerza Pública, serían beneficiarios de las prerrogativas consagradas en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, que se refieren en su orden al reajuste de las pensiones y a la mesada adicional. Cuando el principio de oscilación se establece por debajo del IPC, las asignaciones de retiro deben ajustarse con los índices de precios al consumidor, como lo consagran las normas indicadas. La sentencia de la Corte Constitucional, que estimaba que no era dable que beneficiarios de un régimen especial se acogieran al general en lo que les resultara más favorable, pierde vigencia en la medida que es la misma Ley la que permite la escindibilidad normativa, pues lo que el legislador buscó fue dar aplicación tanto al artículo 53 Constitucional como a la Ley la de 1992, que prevén que las pensiones deben ser reajustadas anualmente para evitar su desvalorización frente a los fenómenos económicos de la inflación y del aumento de precios. El demandante tiene derecho a que la entidad demandada revise los incrementos de su asignación de retiro y proceda a reajustarla por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005 con base en el IPC; para el año 2006 no decreta el reajuste, teniendo en cuenta que esa anualidad no fue reclamada por vía gubernativa. Las mesadas causadas antes del 31 de marzo de 2002 se encuentran prescritas de conformidad con el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. Las sumas a reconocer y pagar deben ser actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.; y la entidad demandada debe reconocer intereses y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de l os artículos 176 y 177 ibídem. No procede la condena en costas.
EL RECURSO La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior (folio 170 ss.). Fundamentó la alzada en los siguientes aspectos: El Régimen Especial de la Fuerza Pública, es diferente al régimen general que rige a los demás trabajadores. El Congreso de la República con fundamento en los artículos 127 Inc. 30 y 159 numeral 19 literal e), expidió la Ley 4a de 1992, mediante la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de LA FUERZA PÚBLICA; que fue reglamentado mediante los Decretos 501 de 1955, 325 de 1984, 095 de 1989, Decreto Ley 1211 de 1990 modificado en algunos apartes por el Decreto Ley 1790 de 2000 y el Decreto 4433 de 2004, normas de carácter especial que priman sobre las generales. El carácter excepcional del Régimen Prestacional de los Miembros de las Fuerzas Militares está consagrado en el Acto Legi slativo 1 de 2005, por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. Los artículos 217 y 218 de la Carta Política justifican la excepción que el legislador estableció en el artículo 279 para los Miembros de la Fuerza Pública con respecto al régimen general de la Ley 100 de 1993. El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante providencia de 6 de noviembre de 2002, M.P. Dra. Leonor Perdomo Perdomo, reiteró el carácter especial del régimen prestacional de la Fuerza Pública. La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la justificación constitucional del Régimen Prestacional Especial de los miembros de las Fuerzas Militares, la improcedencia de aplicar las normas del sistema genera l de seguridad social y así mismo continuar disfrutando de las prerrogativas que otorga su propio régimen. El artículo 14 de la Ley 100 de 1993, hace referencia al reajuste de pensiones para los regímenes del sistema general de pensiones, de los cuales se encuentran excluidos los miembros de la Fuerza Pública, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional al señalar que no hacen parte del régimen de prima media con prestación definida, ni del régimen de ahorro individual con solidaridad. Los miembros de la Fuerza Pública han contado con su propio
sistema de reajuste, que hace parte"' de su régimen especial, y en relación con el reajuste de las asignaciones de retiro, se ha contemplado que dicho personal no puede acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales de otros sectores de la Administración Pública. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares actuó en cumplimiento de la Constitución y la Ley, aplicando el principio de oscilación que es asimilable al de mantenimiento del poder adquisitivo de pens iones del sistema general de seguridad social. En el régimen de las asignaciones de retiro se aplica únicamente el principio de la oscilación conforme lo dispone el Decreto Ley 1211 de 1990 y actualmente el Decreto 4433 de 2004. Ordenar el reajuste a la asignación de retiro con base en el índice de precios al consumidor, generaría una notoria diferencia carente de fundamento jurídico entre los militares retirados y los demás servidores públicos, incluidos los militares que se encuentran en servicio activo, dejando sin validez alguna el PRINCIPIO DE OSCILACIÓN propio de éste Régimen Prestacional Especial. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no puede cambiar de Régimen Prestacional a los miembros de las Fuerzas Militares, trasladándolos de un sistema especial al general. El recurrente diferencia el Sistema General de Seguridad Social y el Régimen Especial de las Fuerzas Militares, concluyendo que las normas señaladas en la Ley 100 no son compatibles con las que rigen al personal militar. Afirma que el concepto de Asignación de Retiro es una prestación exclusiva de las Fuerzas Militares y de Policía, que a diferencia de la pensión de jubilación, se trata de una forma especial de salario que perciben los miembros cuyo retiro obedece a la decisión de la Fuerza, y pueden ser llamados o reincorporados nuevamente al servicio en cualquier tiempo; además por su normatividad poseen una serie de características y presupuestos especiales propios de su régimen. El que para un año determinado el incremento de sueldo de retiro para ciertos grados sea inferior al aumento del IPC, no puede decirse por ello que se está dando un trato discriminatorio en contra del personal militar retirado. Debe tenerse en cuenta que el conjunto global del sistema excepcional de los militares es indudablemente más ventajoso que el sistema general. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció al actor asignación de retiro con base en partidas computables que no
tienen los beneficiarios del sistema general de pensiones; además los miembros retirados de la Fuerza Pública pueden vincularse laboralmente a alguna Entidad del Estado, y percibir una nueva erogación. Con fundamento en la Sentencia C-941 de 15 de octubre de 2003 de la Corte Constitucional, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, la entida d recurrente concluye que no es equitativo que un militar retirado se beneficie de un régimen especial, por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, y al mismo tiempo pretenda que se le extiendan algunos aspectos puntuales en q ue la regulación general sea más benéfica, como es la aplicación del IPC, establecido para los demás servidores públicos. Lo anterior generaría una desigualdad laboral, ya que quedarían en desventaja los demás trabajadores públicos y privados sujetos al sistema general. El apelante reitera que en el caso bajo estudio no se da causal alguna de nulidad de los actos administrativos demandados, pues se ajustan a las normas vigentes aplicables a los miembros de las Fuerzas Militares, por tanto el fallo debe ser revocado y en consecuencia negar las súplicas de la demanda. Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1. Problema jurídico Se trata de dilucidar si el demandante puede ser objeto del reajuste de la asignación de retiro con base en la Ley 238 de 1995 que adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, esto es, con base en el Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, certificado por el DANE. 2. El acto acusado Oficio CREMIL No. 18777 de 24 de abril de 2006, proferido por el Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que negó el reajuste de la asignación de retiro del demandante. 3. Lo probado en el proceso Mediante Resolución No 0647 de 25 de abril de 1974 (folios 14-15), el Gerente de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció en favor del Teniente Coronel ® de la Fuerza Aérea GILBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ, una asignación mensual de retiro en cuantía d el 95% "para cuya liquidación se deben tener en cuenta las partidas
determinadas en el artículo 116 de los Decretos 2337 de 1971 y 169 de 1974, incluido el subsidio familiar... . A través de escrito radicado el 31 de marzo de 2006, el demandante solicitó al Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la reliquidación y reajuste de su asignación de retiro, adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el porcentaje en que fue aumentada la pensión y el índice de precios al consumidor (IPC) con fundamento en la Ley 238 de 1995, en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; igualmente solicitó el reconocimiento indexado de los valores resultantes. (folios 03 05) Por medio del Oficio CREMIL No. 18777 de 24 de abril de 2006, el funcionario requerido dio respuesta a la petición, manifestando la imposibilidad de acceder a lo pedido pues "en el reajuste de las asignaciones de retiro se aplica únicamente el principio de oscilación" conforme lo dispone el artículo 158 del Decreto Ley 1211 de 1990, por tanto "no hay lugar a que se le reajuste la asignación de retiro con base en el IPC". (folios 06 - 07) 4. El reajuste de la asignación de retiro El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó, entre otros, a los ex servidores de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional del reajuste de sus pensiones como lo disponía el artículo 14 ibídem, esto es, teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y en consecuencia, el reajuste pensional debía hacerse como lo disponía el Decreto 1211 de 1990, es decir, mediante la oscilación de las asignaciones del personal de las Fuerzas Militares en actividad. Sin embargo, la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 como sigue: Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados. Conforme con lo anterior a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995-los pensionados excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993 tendrían derecho al reajuste de sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, en la forma dispuesta por el artículo 14 Ib.,
y a la mesada 14 según el artículo 142 ibídem. Sin embargo, la entidad demandada determinó la inaplicabilidad de la Ley 238 de 1995 porque si fueran adoptados mecanismos, fórmulas o sistemas de liquidación de la asignación de retiro diferentes al de oscilación establecido en el Decreto Ley 1211 de 1990, se aplicaría un sistema prestacional distinto y sin fundamento legal, al establecido en el régimen especial de la Fuerza Pública, contrariando el principio plasmado en el artículo 13 de la Ley 4a de 1992 sobre nivelación de la remuneración del personal activo y retirado. Y es por ello que la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES alega o en el acto acusado- que las normas señaladas en la Ley 100 de 1993 no son compatibles con las leyes que rigen al personal militar por cuanto los miembros de las Fuerzas Militares tienen una legislación especial diferente a las que regulan las pensiones de jubilación del sector público; además ordenar el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC violaría el derecho a la igualdad, pues se provocaría una descompensación injusta e ilegal en contra del personal activo y los demás pensionados. En relación con al tema objeto de la controversia, en reciente oportunidad esta Corporación se pronunció en sentencia de 17 de mayo de 2007 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Sección Segunda, en el expediente 8464-05 Actor José Jaime Tirado, en donde con ponencia del doctor JAIME MORENO GARCÍA se dijo: 4, En torno a las previsiones del artículo 100 de la ley 43 de 1992, según el cual "Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones establecidas en la presente ley o en los Decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos', la Sala advierte que este artículo 100 no se refiere a una presunta ley posterior, pues la sanción allí establecida es la de su nulidad, en tanto que se le impide que produzca efecto alguno, y en tales condiciones solo puede referirse a cualquier otro acto jurídico diferente de la ley, que en ningún caso puede ser nula, sino inexequible, lo cual es bien diferente. Por consiguiente, tratase aquí; entonces, del enfrentamiento de las previsiones de una ley marco (48 de 1992) y de una ley ordinaria (238 de 1995) modificatoria de la ley que creó el Sistema de Seguridad Social Integral (ley 100 de 1993), que según la Caja
demandada no podría "interpretarse la segunda en contravención" de la primera. Para comenzar no se trataría simplemente de la "interpretación" de la ley 238, sino de su aplicación, porque le creó a partir de su vigencia el derecho al grupo de pensionados de los sectores arriba relacionados, entre ellos a los pensionados de la Fuerza Pública, el derecho al reajuste de sus pensiones de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumidor y a la mesada 14. Ahora bien, la Sala solo podría dejar de aplicar una ley ordinaria posterior, especial y más favorable, según se verá más adelante, en lugar de una ley marco anterior y su decreto 1212 de 1990 que la desarrolla, bajo la condición de que aquella fuera incompatible con la Constitución Política, debido a que esa es la única hipótesis constitucional para dejar de aplicar una ley que no ha sido declarada inexequible. Y la Sala encuentra que la ley 238 de 1995 es más favorable para el demandante que la ley 4a de 1992 y el decreto 1212 de 1990, porque al hacer la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las asignaciones en actividad de los oficiales de la Policía Nacional establecidos en los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser cuantitativamente superior. Lo anterior determina, además, que frente a los alegatos del acto acusado que enfrenta el sistema de reajustes de la oscilación de las asignaciones en actividad, que según la Caja demandada deben prevalecer sobre el del artículo 14 de la ley 100, el artículo 53 de la Constitución Política ordena darle preferencia a la norma más favorable, en la hipótesis de que llegare a haber duda en su aplicación, que para la Sala no la hay, por lo dicho anteriormente. 5. Atrás se reprodujo el acto acusado, entre cuyos argumentos para denegar el reajuste no está aquel según el cual la asignación de retiro no es una pensión, porque esta tesis fue la razón principal que tuvo el Tribunal para igualmente denegar lo pretendido. Al punto la Sala tiene en cuenta que desde la Constitución Política de 1886 a los reconocimientos periódicos que les hace el estado a los retirados de la fuerzas militares se les denominó genéricamente PENSIONES (art, 169) y que en la actual sucedió otro tanto (art. 220), habiéndose ampliado a los miembros de la fuerza pública (militares y policías).
Pero, hasta ahora fue la Corte Constitucional la que llegó en principio a concluir que las asignaciones de retiro no son pensiones (sentencia C-941 del 15 de octubre de 2003), criterio este que posteriormente fue rectificado mediante la sentencia C-432 de 2004 para reconocer que se asimilaba la asignación de retiro a las pensiones de vejez o de jubilación. Porque, estima la Sala que las asignaciones de retiro, obviamente son una especie de pensión, como también lo son las pensiones de invalidez y las pensiones de sobrevivientes del personal de la f uerza pública, de donde resulta irrelevante el argumento esgrimido por el Tribunal frente a los mandatos del artículo 220 de la Constitución Política, máxime que no pueden ser compatibles con las pensiones de invalidez ni de sobrevivientes militares o policiales y no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público, pero el interesado puede optar por la mas favorable, como expresamente lo establece el inciso 20 del artículo 36 del decreto 4433 de 2004. 6. La acción, pues, debe prosperar, con prescripción de los derechos causados con anterioridad al 25 de junio de 1999, por prescripción cuatrienal (f.10) según los mandatos del artículo 155 del decreto 1212 de 1990... "(negrillas en el original) En aras de establecer la favorabilidad respecto al reajuste de la pensión del actor, es preciso cotejar los porcentajes derivados de la aplicación del sistema de oscilación y del IPC, así: DIFERENCIA PORCENTUAL AÑO OSCILACIÓN DECRETO No.a DECRETO No. b % 1997 31 (9 de enero) 122 (16 de enero) 14,48% 1999 0035 (8 de enero) 0062 (8 de enero) 14.91% 2001 2710 (17 de 2737 (17 de 4.84% diciembre) diciembre) 2002 0660 (10 de abril) 0745 (17 de abril) 4,90% 2003 3535 (10 diciembre) 2004 4150 (10 diciembre) 2005 0916 (30 de 3552 (10 diciembre) de 4158 (10 diciembre) de 0923 (30 de 5.35% de 4.93% de 5,50%
IPC % 17,68% 16,70% 8,75% 7,65% 6,99% 6,49% 5,50%
El recuento anterior le permite a la Sala concluir que es más favorable para el actor el reajuste de su pensión con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor como lo establece la Ley 100 de 1993. Por tal circunstancia, se confirmará la nulidad del Oficio CREMIL No. 18777 de 24 de abril de 2006, suscrito por el Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y, la nivelación de las asignaciones de retiro en la proporción del índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. a. Por medio del cual se fija la asignación básica de los Ministros del Despacho. Expedido por el Gobierno Nacional. b. Que .fija la escala gradual porcentual aplicable al salario básico del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, con base en la asignación básica de los Ministros del Despacho. Expedido por el Gobierno Nacional. Respecto a la prescripción que como la petición en vía gubernativa se formuló por el demandante el 31 de marzo de 2006, las mesadas causadas con anterioridad al 31 de marzo de 2002 se encuentran prescritas de conformidad con el artículo 174 del decreto 1211 de 1990. La Sala precisa que el ajuste de las asignaciones de retiro con base en el Índice de Precios al Consumidor IPC, debe hacerse hasta el 31 de diciembre 2004, teniendo en cuenta que el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, que consagró el sistema de oscilación, fue retomado por el, legislador mediante la Ley 923 de 2004, reglamentada a su vez por el Decreto 4433 del mismo año, manteniendo vigente este sistema de reajuste así: "Artículo 42, Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente
la ley". Por lo anteriormente expuesto se ordenará el reajuste de la asignación de retiro del actor hasta el 31 de diciembre de 2004 (fecha en la que se expidió el Decreto 4433). Las diferencias resultantes se ajustarán en su valor aplicando la siguiente fórmula: R= Rh índice final Índice inicial En donde el valor presente ( R ) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la correspondiente partida de saldo de reajuste pensional, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago). Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo mensual la fórmula se aplicará separadamente mes a mes teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento en que debió hacerse el pago respectivo. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda con las precisi ones anotadas previamente. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley FALLA CONFÍRMASE la sentencia apelada proferida el 21 de febrero de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, Subsección "A" en el proceso incoado por GILBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ, con la aclaración que se encuentran prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 31 de marzo de 2002 y que el reajuste de la asignación de retiro del actor se hará hasta el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. COPIESE, NOTIFIQUESE, Y DEVUEL VASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CUMPLASE. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
GERARDO ARENAS MONSALVE BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ
Modificado el ( martes, 21 de julio de 2009 )
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Sentencia Sobre Ipc Consejo de Estado por Gonzalo Ordóñez Serrano14K visitaInsertarDescargaIntereses Types, Government & PoliticsLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationMostrar menos
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 artículo 36
 artículo 279
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 169
 artículo 48
 artículo 279
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 169
 artículo 279
 artículo 53
 artículo 174
 artículo 178
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