Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2019/los-aditivos-alimentarios-en-el-pan/
Timestamp: 2019-08-26 03:28:53+00:00

Document:
Qué pasa en las panaderías y cómo darse cuenta si tiene o no esta sustancia
Por Sergio	 El May 26, 2019
El Bromato de Potasio es una sustancia inorgánica y cristalina muy similar, en su apariencia física, a la sal o el azúcar, lo que favorece la intoxicación accidental. Con un átomo de potasio, uno de bromo y tres de oxígeno, fue patentada en el año 1914. Se usó alrededor del mundo para mejorar la consistencia del pan y ayudar a conservar su forma.
Este aditivo (E924 su código) refuerza la textura del bollo de pan y permite que crezca más alto, o “para que no se baje”, más bien. Cuando hay exceso se produce una costra característica en la superficie de la masa. Sirve para el pan francés, flautas y mignon, pan de Viena, facturas y pre-pizzas, así como galletas.
El bromuto une químicamente y de manera irreversible a las proteínas presentes en la harina, al gluten. ¿El problema? También modifica, o más bien puede hacerlo, el ADN humano…
En 1997, estudios de toxicidad y carcinogenicidad del aditivo revelaron tumores en diferentes órganos en ratas y hámster; en vista de estos resultados y otros se concluyó que el bromato de potasio era un carcinogénico genotóxico; por lo tanto, el comité decidió eliminarlo de la lista de aditivos permitidos. Además disminuye las plaquetas y genera trombocitopenia.
Finalmente, en 1998 el MSyAS resuelve la prohibición absoluta del bromato de potasio mediante resolución 190/1998. También está prohibido en la Unión Europea, Brasil, Canadá, Nigeria, Corea del Sur, Perú, China e Indica.
Ya por resolución del Mercosur (GMC N° 73/93) se establecía el retiro del bromato de potasio de la Lista General Armonizada de Aditivos del MERCOSUR. Hoy en día, cualquier producto alimenticio adicionado bromato de potasio contiene con una sustancia no permitida, e implica un alimento adulterado en los términos del art. 6 ap. 7 del Código Alimentario, prohibido por la disposición del art. 6 bis y 8° del mismo cuerpo e incluso delito penal (art. 200 CP).
El bromato de potasio se utilizaba como mejorador del pan y fue prohibido en 1995 por accidentes fatales #Toxicología pic.twitter.com/To5PTSXAgE
— Carlos Damin (@Carlos_Damin) August 9, 2015
Cómo detectar aditivos en el pan y efectos del bromato de potasio
Si consume una sobredosis, quizás porque la panadería lo confundió con sal o azúcar, la persona sufre de vómito, diarrea, depresión del sistema nervioso, daño renal irreversible, efectos mutagénicos, destrucción de vitamina B1 y la niacina, inhibición de la disponiblidad del hierro y degradación del ácido fólico. Ir al médico urgente.
En cambio, si el bromato está presente en cantidades moderadas(hasta 75 mg/kg. de harina) es indetectable sin un análisis químico. Al consultar a una bioquímica experta en alimentos sobre si hay forma de detectar este producto por la textura, sabor u otros medios sensoriales su respuesta fue tajante: “No te das cuenta”.
De hecho, ANMAT tuvo que perfeccionar métodos de detección de este compuesto prohibido en panes terminados. En un primer barrido de las panaderías encontramos que aproximadamente un 60% de ellas usaban el aditivo, informa el organismo. Más tarde, las inspecciones y los análisis de los productos en Jujuy dan resultados negativos a la detección de bromato (fuente).
El bromato de potasio ha generado nsuficiencia renal y sordera permanente, aunque el síntoma más común es gastrointestinal. Pese a la prohibición, hay reportes de que se sigue usando en la industria. “Es decir, el bromato sigue estando disponible. Datos posteriores a esta investigación confirman que se siguen produciendo intoxicaciones con esta sustancia en nuestra región (por Rosario)”, dicen desde Sertox.
Hace un año, un hombre ingresó esta semana en la guardia del Hospital de Choele Choel tras consumir un producto de una reconocida panadería de la localidad de Río Negro por presentar un cuadro clínico de intoxicación por bromato de potasio, una sustancia denominada “mejorador de pan”. Terminó en terapia intensiva.
También se ordenó indemnizar a un alumno de una escuela que consumió galletitas que contenían bromato, a consecuencia de lo cual sufrió una intoxicación alimentaria (ver sentencia abajo), con más de $ 300 mil a valor actual.
De hecho, años después de la prohibición la corte intervino en un caso de competencia, cuando el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 y el Juzgado de Garantías Nº 7, ambos de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, iniciaron una causa por panaderías estarían utilizando bromato de potasio en la elaboración de sus productos farináceos. Allí se secuestraron siete bolsas que contenían la inscripción “aditivo mejorador de pan”, en la localidad de Valentín Alsina.
En Capital al menos no se registran casos recientes, la última ingresada al Hospital Fernández fue por una broma. Desde ya no se descarta que se use o que en las provincias se haga. En caso de detectarlo, realizar denuncia ante la autoridad bromatológica y fiscalía penal.
De hecho, hace unos años se conoció la sentencia de un año de prisión en suspenso al dueño de panaderías en La Pampa, cuando las autoridades tomaron intervención como consecuencia del brote epidemiológico que afectó a 81 personas que habían consumido productos con bromato de potasio. El primer análisi
s cualitativo de bromato, que se efectuó de las muestras de los criollitos en el laboratorio de Bromatología de la Municipalidad de Santa Rosa, dio positivo. Las pericias encontraron bromato en un envase plástico con sal.
Qué aditivos sí pueden usarse para elaborar pan
Actualmente se usan como aditivos permitidos el ácido ascórbico, vitamina natural que actúa durante un lapso menor que el del bromato de potasio, sólo durante el amasado y la fermentación y la azodicarbonamida, ambos dentro de los límites legales permitidos.
Según el código alimentrio, queda prohibida la circulación, tenencia y expendio de cualquier tipo o clase de pan, galletas,
facturas de panadería y productos de pastelería que:
a) Sean mal elaborados o no tengan buen aspecto.
b) No sean frescos o se encuentre imperfectamente cocidos.
d) Se encuentren atacados por enfermedades criptogámicas, parásitos, alterados o averiados.
e) Se encuentren mal conservados o mantenidos en condiciones antihigiénicas.
f) No se encuentren al abrigo de contaminaciones de cualquier naturaleza (mineral, orgánica o
microbiana).
g) (Resolución Conjunta SPRyRS N° 31/2003 y SAGPYA N° 286/2003) Contenga
aditivos no permitidos en los productos mencionados o en la harina utilizada para la
En la elaboración del pan y de galletas cuyo contenido de humedad sea superior al 12,0%,
queda permitido (sin declaración en el rótulo) el empleo de propionato de sodio y/o propionato
de calcio como agente antimoho en las siguientes proporciones:
1) Productos elaborados con harinas blancas, hasta 0,32% del peso de la harina empleada.
2) Productos elaborados con harinas integrales o sus mezclas, así como las mezclas con
harina blanca, hasta 0,38% del peso de la harina integral o de las mezclas”.
Artículo 748 – (Res. 2454, 10.11.88)
“El pan de molde que se expenda envasado, deberá consignar en el rotulado con caracteres de
buen tamaño, realce y visibilidad la fecha de vencimiento (día y mes)”.
Artículo 749 – (Dec. 61, 17.1.77) (Res. 153, 9.05.95)
“Queda permitido en la elaboración de panes de molde, enteros y en rodajas, panes tipo Viena,
pizzas, pre-pizzas, tapas de empanadas y productos similares, que se comercializan envasados
en origen, el empleo como inhibidor del desarrollo de hongos de una solución alcohólica de
ácido sórbico y de ácido cítrico.
Los productos deberán ser tratados por vaporización previo a su envasado y presentarán como
máximo los siguientes niveles residuales:
Ácido sórbico: 200 mg/kg. Alcohol etílico: 0,3% en volumen.
Artículo 750 – (Resolución Conjunta SPRyRS N° 31/2003 y SAGPYA N° 286/2003)
Anexo con aditivos permitidos
Se permite en la fabricación de productos de panadería el uso de los siguientes aditivos:
FUNCION / Nombre
Panes listos para consumo y semilistos.
Todos los autorizados como BPF por el presente Código qs
334 Ácido tartárico 0,5
338 Ácido fosfórico 2,0 (como P2O5)
335i Sodio-(mono) Tartrato 0,5
335ii Sodio-(di) Tartrato 0,5
336 i Potasio Tartrato Ácido 0,5
336ii Potasio Tartrato Neutro, Potasio d-Tartrato, Potasio-
(di) Tartrato
337 Potasio y Sodio Tartrato 0,5
339i Sodio-(mono) Fosfato, Sodio Monofosfato, Sodio-
(mono) Ortofosfato
2,0 (como P2O5)
339ii Sodio-(di) Fosfato, Sodio-(di) Monofosfato, Sodio-
(di) Ortofosfato
340i Potasio-(mono) Fosfato, Potasio Fosfato Ácido,
Potasio-(mono) Ortofosfato
340ii Potasio-(di) Fosfato, Potasio-(di) Monofosfato,
Potasio-(di) Ortofosfato
341ii Calcio-(di) Fosfato, Calcio Fosfato Dibásico, Calcio-
341iii Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico 2,0 (como P2O5)
304 Ascorbil Palmitato 0,02 sobre materia grasa
305 Ascorbil Estearato 0,02 sobre materia grasa
310 Propil Galato 0,01 sobre materia grasa
319 Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ 0,02 sobre materia grasa
320 Butil Hidroxianisol, BHA 0,02 sobre materia grasa
321 Butil Hidroxitolueno, BHT 0,01 sobre materia grasa
384 Isopropil Citrato (mezclas) 0,01 sobre materia grasa
384i Isopropil-(mono) Citrato 0,01 sobre materia grasa
200 Ácido Sórbico 0,1
201 Sodio Sorbato 0,1 como ác. Sórbico
202 Potasio Sorbato 0,1 como ác. Sórbico
203 Calcio Sorbato 0,1 como ác. Sórbico
405 Propilenglicol Alginato 0,2
430 Polioxietilen(8) Estearato 0,3
432 Polioxietilen (20) Sorbitan Monolaurato 0,3
433 Polioxietilen (20) Sorbitan Monooleato 0,3
434 Polioxietilen (20) Sorbitan Monopalmitato 0,3
435 Polioxietilen (20) Sorbitan Monoestearato 0,3
436 Polioxietilen (20) Sorbitan Triestearato 0,3
472e Esteres de mono y diglicéridos de Ac.Grasos con
477 Mono y Diesteres de 1,2 Propilenglicol 0,5
481i Sodio Estearoil Lactato 0,5
482 Calcio Estearoil Lactilato 0,5
491 Sorbitan Monoestearato 1,0
492 Sorbitan Triestearato 1,0
494 Sorbitan Monoleato 1,0
495 Sorbitan Monopalmitato 1,0
MEJORADOR DE LA HARINA
220 Azufre Dióxido, Anhídrido Sulfuroso 0,005 (como SO2)
221 Sodio Sulfito 0,005 (como SO2)
222 Sodio Bisulfito, Sodio Sulfito Ácido 0,005 (como SO2)
223 Sodio Metabisulfito 0,005 (como SO2)
224 Potasio Metabisulfito 0,005 (como SO2)
225 Potasio Sulfito 0,005 (como SO2)
226 Calcio Sulfito 0,005 (como SO2)
227 Calcio Bisulfito, Calcio Sulfito Ácido 0,005 (como SO2)
228 Potasio Bisulfito 0,005 (como SO2)
341i Calcio-(mono)-Fosfato, Calcio Fosfato Monobásico,
Calcio-(mono)-Ortofosfato
0,14 (como P2O5)
341iii Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico 0,14 (como P2O5)
342i Amonio-(mono) Fosfato, Amonio Fosfato
Monobásico,Amonio-(mono) Ortofosfato
0,15 (como P2O5)
342ii Amonio-(di) Fosfato, Amonio Fosfato
Dibásico,Amonio-(di) Ortofosfato
920 Clorhidrato de L-Cisteína 0,009
927 Azodicarbonamida 0,004
928 Benzoilo Peróxido 0,006
1101i Proteasa qs
PANES listos para consumo y semilistos
Panes con leudantes químicos
336i PotPotasio Tartrato Ácido 0,5
339i Sodio-(mono) Fosfato, Sodio Monofosfato, Sodio
339ii Sodio-(di) Fosfato, Sodio-(di) Monofosfato, Sodio
341iii Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico 2,0 (como P205)
430 Polioxietilen (8) Estearato 0,3
477 Mono y Diesteres de 1.2 Propilenglicol 0,5
Todos los autorizados como BPF en el presente Código qs
Todos los autorizados como BPF por el presente C
342 i Amonio-(mono) Fosfato, Amonio Fosfato mono
básico, Amonio-(mono) Ortofosfato
342 ii Amonio-(di) Fosfato, Amonio fosfasto Dibásico,
Amonio-(di) Ortofosfato
LEUDANTE QUIMICO
341i Fosfato (mono) cálcico, Fosfato monobásico de
calcio, Ortofosfato (mono) cálcico
450i Sodio-(di) Difosfato, Sodio Difosfato 2,0 (como P2O5)
450iii Sodio-(tetra) Difosfato, Sodio pirofosfato 2,0 (como P2O5)
450vii Calcio-(mono) Difosfato 2,0 (como P2O5)
541i Aluminio y sodio fosfato ácido 0,1 (como AI)
Artículo 751 – (Resolución Conjunta SPRyRS N° 31/2003 y SAGPYA N° 286/2003)
RESOLUCIÓN GMC Nº 073/93
Incorporada por Resolución MSyAS N° 003 del 11.01.95
Se deroga toda legislación del Código Alimentario Argentino que se oponga a la presente
RESOLUCIONES MERCOSUR SOBRE BROMATO DE POTASIO
Art 1° – Retirar el Bromato de Potasio de la Lista General Armonizada de Aditivos
Art 2° – Los Estados Partes pondrían en vigencia las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente
resolución y comunicarán el texto de las mismas al GMC, a través de la Secretaría
GALLETAS, GALLETITAS Y FACTURAS DE PANADERÍA
Artículo 755 – (Resolución Conjunta SPRyRS N° 31/2003 y SAGPyA N° 286/2003)
“Con la denominación genérica de Galleta, se entienden los productos obtenidos por la cocción
de una masa no fermentada o con escasa fermentación, elaborados en forma mecánica y
constituidos por una mezcla de harina y agua, con o sin sal, con o sin manteca y/o grasas
alimenticias y/o substancias permitidas para esta clase de productos. Presentarán una forma
geométrica más o menos regular, de espesor variable y se diferenciarán entre sí por los
distintos agregados.
1. Galleta de molde: con este nombre y rotulación se distinguen aquellas que la masa se corta
con moldes de hierro o similar de diámetro variable y cuya superficie se suele pinchar, con el
objeto de evitar la formación de globos durante la cocción. Pertenecen a este grupo las
denominadas Marinera, de Miel, Abizcochadas y otras que se diferencian por los distintos
agregados y pueden expenderse con nombre de fantasía. El producto terminado no deberá
contener más de 12,0 % de agua.
2. Galleta común, Galleta de puño: Con este nombre y rotulación se distinguen las cortadas a
mano. Se presentarán en forma de bollos de diversos tamaños oscuros por tostación en su
parte externa y de color blanco en su interior. El tipo clásico es la denominada Galleta de
campo o Galleta de piso. El contenido en agua no será superior a 30,0% a 100 -105 °C y las
cenizas a 500 -550 °C no mayor de 2,30%.
3. Galleta de hojaldre o Galleta hojaldrada: con este nombre y rotulación se distinguen las
elaboradas superponiendo hojas de masa sobada con manteca y/o grasas alimenticias, con un
espesor no mayor de 1,0 cm y cortando el todo a medida conveniente.
Estos productos podrán ser adicionados de los aditivos que figuran en el artículo 750 del
Anexo con sentencias sobre intoxicación alimentaria – pan con bromato
Expte. 80671/2008 – “B., R. y Otros c/ Instituto … y Otro s/ daños y perjuicios” – CNCIV – SALA H – 05/09/2014
En Buenos Aires, a días del mes de septiembre del año 2014, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “B., R. y otros c/ Instituto María … y otro s/ daños y perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:
I) En la sentencia obrante a fs. 600/615, en la que se hizo lugar a la demanda incoada por R. B. y D. R. G. contra el Instituto María …. y se condenó a esta última y a su citada en garantía, Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA, a abonarle a la primera la suma de $ 27.500 y al segundo la de $ 45.000, más intereses y costas; se rechazó la demanda promovida por G. G., con costas y se hizo extensiva la condena de capital, intereses y costas a E. G. W. y M. I. S. en los términos del artículo 96 del CPCC.
Contra ella, apelaron la citada en garantía y los demandados a fs. 619, recurso que fue concedido a fs. 620. Los actores lo hicieron a fs. 621, recurso concedido a fs. 628. A fs. 632/639 expresaron agravios estos últimos, mientras que las contrarias lo hicieron a fs. 641/643. Corrido el traslado de ley, las partes contestaron a fs. 645//646 y fs. 648/655. En consecuencia, las actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.
En el caso, R. B. y G. G., se presentaron por sí y en representación de su hijo (ahora mayor) D. R. G., e iniciaron demanda contra el colegio M. M….W. (con citación en garantía de Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA), a raíz de la intoxicación con bromato de potasio que sufrió el joven D. R. G. el día 24 de agosto de 2007 al ingerir galletitas elaboradas en la institución educativa.
Como el establecimiento escolar, las terceras citadas y la aseguradora reconocieron la producción del evento (corroborado además con la prueba colectada) y no se alegó ni probó ninguna eximente de responsabilidad, la magistrada de grado hizo lugar a la demanda promovida.
El punto en debate fue la relación de causalidad entre la ingesta del bromato de potasio y el cuadro de hipertiroidismo que presentó el joven. La jueza a quo se apartó de la conclusión del perito médico (quien sostuvo que el cuadro era consecuencia del estrés que atravesó a raíz de la intoxicación) por no encontrarla fundada y por contraponerse con otras constancias del expediente. Tuvo en cuenta, así, el informe de la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires y la historia clínica de la Obra Social de Personal de Fábrica de Pintura. En virtud de ello, se ordenó solo resarcir la secuela psicológica (de un 10% de incapacidad) y el tratamiento psicológico. También se hizo lugar a las partidas por daño moral de D. R. G. y de su madre, no así del progenitor. A ella se le otorgó una partida, además, por gastos. Finalmente, se rechazó el pedido de una medida ejemplificadora, se fijaron los intereses y las costas.
IV) Agravios
La parte actora se queja de que no se haya asignado una partida por incapacidad física. Insiste en que sí ha habido relación de causalidad entre el hecho y el daño. Pide que se tenga en cuenta el estudio realizado por el Comité Mixto FAO-OMS, en el que se concluyó que la ingesta de bromato de potasio produce tumores en las células foliculares de las tiroides. Afirma que se ha valorado erróneamente el informe de la Facultad de de Medicina y la historia clínica.
Se agravia en otro acápite de los montos establecidos para resarcir el daño moral, la incapacidad psicológica y el tratamiento de D. G. y el daño moral y los gastos de R. B.. Critica el rechazo de la partida por daño moral de G. G. y la imposición de costas a su respecto.
Finalmente, objeta el rechazo de la sanción ejemplificadora.
A su tiempo, la demandada y la citada en garantía se agravian de la procedencia de la partida por daño psicológico y tratamiento y del monto otorgado por daño moral
V) a) Incapacidad física de D. G.
a. Este ítem fue rechazado a pesar de la conclusión del perito. Adelanto que propiciaré la confirmación de la decisión de la jueza de grado en lo que hace a este trascendente aspecto, ya que no encuentro en los agravios argumentos de peso que me lleven a adoptar un temperamento diferente.
Recordemos que la sentenciante se basó, para decidir como lo hizo, en la opinión de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en la historia clínica de Obra Social de Personal de Fábrica de Pintura. La cátedra afirmó que en toda la bibliografía consultada no se había encontrado descripta la afectación a la glándula tiroides, como consecuencia de una única ingesta de bromato de potasio, ni que pudiera desencadenar un cuadro crónico de hipertiroidismo (fs. 554).
b. La actora sostiene en su memorial que la medida para mejor proveer, que dio lugar a la opinión mencionada, resulta violatoria de los derechos constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley. Asimismo, la misma parte interpreta que la facultad, al responder, no ponderó la cantidad de bromato ingerido (mil veces por encima de los valores permitidos) y que el joven lo había consumido durante –al menos– todo el ciclo escolar. También aduce que la afirmación no se encuentra fundada.
c. Debe ponderarse que a fs. 518/519, teniendo en cuenta que existía una discrepancia entre las partes acerca del nexo de causalidad entre la patología detectada por el perito médico y el episodio que motivó las actuaciones, la magistrada consideró que no estaban agotadas las medidas probatorias para esclarecer los hechos controvertidos en la litis. Es por ello que a fin de disipar las dudas, ordenó –en los términos del artículo 476 del CPCC– requerir opinión científica a la Cátedra de Toxicología a cargo del Dr. Damin de la Facultad de Medicina de la UBA a los efectos de que informara cuáles eran los síntomas agudos de una intoxicación por bromato de potasio y si podía verse afectada la glándula tiroidea como consecuencia de una única ingesta de esa sustancia, indicando eventualmente si podía desencadenar un cuadro crónico de hipertiroidismo y cuál era la probabilidad estadística de que ello sucediera.
La parte actora en el escrito obrante a fs. 521/522 solicitó que se librara un nuevo oficio al Hospital José de San Martín y/o a la Dra. Quintana a fin de que informara si en la historia clínica figuraba algún antecedente de hipertiroidismo anterior a la fecha de la intoxicación. Además, pidió que se ampliara la medida ya ordenada, formulando algunas aclaraciones respecto del caso concreto.
Ante ello, el juzgado ordenó que se librara el oficio requerido y agregó otro de similares características a la obra social. En lo que hace a la medida complementaria entendió que resultaba improcedente debido a que la opinión científica a la que se alude en el artículo 476 del CPCC no constituye una pericia sino de un elemento autónomo y complementario de ella. Explicó la sentenciante que con la medida se intentaba recabar información objetiva y genérica de especialistas en la materia que complementara el informe ya elaborado por el perito Díaz García (fs. 523/524).
La parte actora a fs. 538 insistió en que debía incluirse en el oficio dirigido a la Universidad la proporción en que había sido hallada la sustancia en las muestras analizadas.
Con estos antecedentes resulta más que evidente que la medida no puede considerarse violatoria de garantía constitucional alguna. La propia parte actora que ahora la critica participó activamente en la delineación de la medida al solicitar otras medidas no previstas en principio por la sentenciante y ampliaciones de la ya dictada, por lo que mal puede entonces desentenderse de ellos (conf. teoría de los actos propios y aplicación del principio de preclusión procesal). Es claro que, en el caso, la juzgadora no suplió la actividad de las partes sino que, ante las discrepancias y la falta de claridad sobre el punto, ordenó una medida para mejor proveer. Reitero que la parte que hoy apela coincidió con su dictado, más allá de las precisiones que requirió fueran incorporadas a la consulta. La especialidad del punto en debate exigía este tipo de medida. No olvidemos que de la filmación de la audiencia en la que el perito brindó explicaciones a las partes, el experto manifestó que no contaba con bibliografía que avalara su postura y que su opinión obedecía a la experiencia de años en la profesión.
En suma, no encuentro configurada la vulneración de los derechos alegada.
d. Respecto de la valoración de la respuesta brindada por la Universidad, la parte actora sostiene en el memorial que no se tuvo en cuenta la cantidad de bromato de potasio ingerida por D. ni que este había consumido esa sustancia durante todo el ciclo escolar.
Dos cosas deben puntualizarse al respecto. En primer término, que si hubiera existido alguna distinción respecto de la cantidad consumida, la facultad –sin duda– lo hubiera destacado. La consulta fue enunciada haciendo referencia a una única ingesta sin especificar la cantidad. La facultad contestó que en la bibliografía consultada no se había encontrado descripta la afectación a la glándula tiroides, como consecuencia de una única ingesta de bromato de potasio, ni que pudiera desencadenar un cuadro crónico de hipertiroidismo. Es decir, la respuesta fue “no”, lo que debe ser interpretado de la siguiente manera: cualquiera haya sido la cantidad de la ingesta, no se encontró bibliografía que la relacionara con la patología presentada por D.. De no haber sido esta la interpretación correcta, la Facultad hubiera hecho las distinciones necesarias o preguntado al tribunal acerca de la cantidad de bromato de potasio consumida. No podemos pasar por alto que la Facultad al contestar el oficio por primera vez hizo una observación respecto de la terminología utilizada por el tribunal, con lo cual no se encuentra motivo para que no hubiera también requerido alguna otra aclaración más de haberlo necesitado.
Luego, no fue un hecho alegado en la demanda que el menor hubiera consumido esa sustancia durante todo el ciclo escolar, situación que acertadamente destacó el letrado de la parte demandada en la audiencia filmada. En la descripción de los hechos de la demanda se hizo referencia a la intoxicación a causa de la ingesta de unas galletitas en un día determinado, el 24/08/2007. En ese sentido, esta Alzada tiene vedado el tratamiento de la cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 del CPCC.
e. Más allá de todo lo expuesto hasta aquí, lo verdaderamente trascendente a los fines de adoptar la decisión que propongo, que es –reitero– la de confirmar el rechazo de la partida, es que de la historia clínica obrante a fs. 552 vta. (de la Obra Social del Personal de Fábricas de Pinturas) surge, en el apartado del inicio “Antecedentes hereditarios y personales”, que el actor padecía de hipertiroidismo, que recibió medicación y que “actualmente”, es decir, a la fecha de la revisación médica, presentaba hipotiroidismo.
Ante esta contundente constancia, resulta llamativo que en la contestación al oficio remitido como consecuencia de las medidas para mejor proveer la Obra Social, al acompañar la historia clínica, haya consignado: “Asimismo, conforme información suministrada por personal médico auditor de esta obra social, de la lectura de la historia clínica en cuestión no se desprende un antecedente de hipertiroidismo antes del día 24 de agosto de 2007”. El diagnóstico de hipertiroidismo es citado en esa historia clínica el día 17 de septiembre de 2007.
No se comprende por qué la apoderada de la obra menciona las constancias de acuerdo con las fechas y los registros médicos y nada dice acerca del acápite mencionado más arriba “Antecedentes hereditarios y personales” de donde surge claramente la mención del hipertiroidismo como patología relevante del paciente.
Es sabido que lo consignado en ese casillero no refleja el diagnóstico al que se arriba durante el tratamiento del paciente en el nosocomio de que se trate y que es completado por el médico de acuerdo a lo que el paciente o sus familiares informan. Lo primero es anotado cronológicamente en el cuerpo de la historia clínica con indicación de la fecha y el médico tratante.
La parte actora se limitó a pedir que se interpretara esa anotación de una manera no habitual sin impugnar por falso su contenido.
f. Entonces, si sumamos –como lo hizo la sentenciante– que de la historia clínica surge como antecedente de D. el hipertiroidismo, la respuesta de la Facultad de Medicina y que el perito explicó que su conclusión se trataba un parecer más basado en su experiencia personal como médico que en bibliografía científica (conf. art. 386, 477 del CPCC, o sea, sin basamento científico), no puede arribarse a una solución diferente a la adoptada en la anterior instancia.
Por todo ello, como adelanté, propongo al acuerdo la confirmación del rechazo del rubro.
b) Incapacidad psíquica y tratamiento de D. G.
La magistrada de grado otorgó por las partidas las sumas de $ 20.000 por incapacidad psíquica y de $ 5.000 por tratamiento, respectivamente.
Los actores se quejan de las sumas otorgadas, por considerarlas bajas. Las demandadas y la citada en garantía se quejan del monto de incapacidad psíquica.
El perito estableció un porcentaje de un 10% de incapacidad psicológica permanente, correspondiente a depresión reactiva en período de estado moderado a severo (fs. 447). A fs. 478 el experto se refirió al nexo de causalidad entre el cuadro psíquico y el evento descripto en autos.
Por incapacidad se entiende cualquier disminución física o psíquica, que afecte la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que la víctima de un evento dañoso desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Belluscio, Código Civil Comentado. Anotado y Concordado, t.5, p.219 nro. 13). La reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada. Cabe destacar que la incapacidad sobreviniente es la inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales. Se verifica cuando las secuelas no son corregibles luego de realizados los tratamientos médicos respectivos, es decir, cuando no existe posibilidad de lograr recuperación del estado de salud del que gozaba la persona con anterioridad al suceso dañoso.
Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida, que en este caso alcanza restricciones casi absolutas (CSJN, “Pose, José D. c. Provincia de Chubut y otra”, 01/12/1992, Fallos: 315:2834).
Los agravios de ambas partes insisten sobre cuestiones ya respondidas por el perito y valoradas por la Jueza de grado. Por otra parte, no encuentro motivo para apartarme de las sumas establecidas, ya que –en su conjunto– resarcen adecuadamente las partidas.
En atención a ello, considero que los montos establecidos en la sentencia deben ser confirmados.
D. G. y R. B.
En la decisión en crisis, se estableció por estas partidas las sumas de $ 20.000 para D. G. y de $ 25.000 para su madre.
Respecto del primero, se tuvo en cuenta la atención médica recibida, sus antecedentes personales, no así que el joven se hubiera tenido que cambiar de colegio por actitudes persecutorias de la institución, por no haber sido probado.
En cuanto a R. B., con fundamento en el incumplimiento del contrato de enseñanza celebrado entre los padres y la institución educativa (art. 522 del Código Civil), consideró la sentenciante que durante el período de internación la actora podía haber esperado un desenlace fatal o, incluso, consecuencias permanentes para la salud de su hijo, tales como la pérdida de la audición o un mal funcionamiento de sus riñones. Valoró también que la institución educativa y el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires no habían instruido sumario en contra de la maestra, lo que podía haber generado en la actora una sensación de impotencia e impunidad.
Con respecto a la queja de la parte actora, advierto que, en lo que hace al joven, las apreciaciones se dirigen a las consecuencias del hipertiroidismo, que, como ya se ha dicho, no se ha acreditado que fuera consecuencia del consumo de las galletitas con bromato de potasio.
En lo que hace a la suma otorgada a R. B., se pretende en el memorial de la parte actora que, para justipreciar la partida, se tenga en cuenta la presión que la madre de D. recibió en el Hogar de Ancianos Santa Rosa de Lima (integrante de la misma congregación religiosa que la escuela), lugar en el que trabajaba y de donde la despidieron. Cabe destacar que, en la demanda, al describir los motivos por los que se reclamaba el daño moral de la Sra. B., esta situación no fue mencionada, razón por la que resulta extemporánea su incorporación en esta Alzada.
Por su parte, la demandada y la citada en garantía consideran que la suma es elevada ya que las secuelas han sido las propias de una intoxicación alimenticia (vómitos, náuseas y diarrea). Pide que se reduzca la cifra tanto para D. como para su madre.
Teniendo en cuenta que esos han sido los criterios para fijar la indemnización, considero que debe declararse desierto el recurso de la parte demandada y la citada en garantía sobre este punto (art. 265 del CPCC).
e) Gastos de R. B.
Se fijaron $ 2.500 por esta partida.
Dice la parte actora que el monto no cubre ni siquiera el viático de transporte del joven y su madre a los nosocomios donde debía ser atendido.
En atención a lo reclamado en la demanda y a que no se ha justificado la necesidad de una suma mayor, corresponde confirmar la sentencia en el punto.
f) Daño moral de G. G.
Se agravia la parte actora del rechazo del daño moral para el padre del joven actor. Se sostiene en el memorial que basta con ver las actuaciones del beneficio de litigar sin gastos para advertir la estrecha relación que existía entre el padre y D..
Recordemos que la sentenciante rechazó este ítem por encontrar acreditado que G. G. se había alejado del hogar familiar y que la madre había tenido que hacerse cargo de la economía de la familia, como de acompañar al menor hasta la guardia del hospital municipal y a los posteriores controles médicos.
A contrario de lo que sostiene la apelante, no encuentro que surja del beneficio de litigar sin gastos la estrecha relación que se menciona entre D. y su padre. Por el contrario, a lo declarado por los testigos en la audiencia filmada que he tenido oportunidad de ver, debe sumarse que la testigo M. P. (que no declaró en la audiencia mencionada) manifestó que el marido de la señora vivía en otro lugar y que no aportaba para la manutención de los hijos (fs. 4 del BLSG). Luego, el Sr. D. D. D.se refirió a la situación económica de G. G. pero no a la relación entre este y su hijo.
Entiendo que en la sentencia en crisis se ha tomado una decisión correcta, que es la de rechazar este rubro, de acuerdo con la prueba colectada.
f) Sanción ejemplificadora
La Jueza de grado rechazó esta sanción.
La parte actora se agravia de ello. Dice que más allá de la vigencia de la ley 26.361, se está solicitando una sanción ejemplar ante un daño socialmente intolerable.
Los daños punitivos fueron caracterizados como sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a las víctimas de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. (Ramón Daniel Pizzarro, “Daño Punitivo”, en Derecho de Daños, Editorial La Rocca, Buenos aires, 1993, 1ª ed., segunda parte, páginas 291/92).
Los daños punitivos tienen entonces un propósito netamente sancionatorio, y revisten particular trascendencia en aquellos casos en los que el responsable causó el daño a sabiendas de que el beneficio que obtendría con la actividad nociva superaría el valor que debería eventualmente desembolsar en concepto de indemnización de daños (Sebastián Picasso, “Los daños punitivos”, en Picasso y Vázquez Ferreyra, “Ley de defensa del consumidor comentada y anotada”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1999, 1ª ed., Tomo I, 593/4).
Es en el Derecho del Consumidor donde por primera vez se consagra legislativamente la figura del “daño punitivo”. A partir de la reforma de la ley 24.240 formulada por la ley 26.361, queda incorporado el artículo 52 bis que dispone: “Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b de esta ley”.
Más allá del texto legal, no todo incumplimiento o ilícito civil llevará aparejada la imposición de una condena a pagar daños punitivos. Siempre se requerirá una conducta gravemente dolosa, una actitud absolutamente desaprensiva hacia los derechos del consumidor que amerite la imposición de una sanción, la que a su vez jugará un papel ejemplificador. Es que por su propia naturaleza los daños punitivos no buscan reparar el perjuicio causado al consumidor, sino imponer una sanción ejemplar al autor de la conducta antijurídica. Sanción que, para algunos, tiene el carácter de una multa civil, y para otros, de una típica sanción propia del Derecho Penal. De lo que no cabe duda es que no tiene naturaleza resarcitoria (Roberto Vázquez Ferreyra, “La naturaleza de los daños punitivos”, en Revista de Derecho de Daños -2011-2 Daño Punitivo, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, 1ª ed., páginas 103/4).
En esta inteligencia, se ha afirmado que solo habrán de proceder frente a la existencia de daños graves ocasionados a consecuencia de un grave menosprecio por los derechos individuales o colectivos como así también en los casos en los que existen ilícitos lucrativos. En igual sentido la Dra. Kemelmajer de Carlucci ha sostenido que los punitive damages se conceden pasa sancionar al demandado por haber cometido un hecho particularmente grave y reprochable con el fin de disuadir o desanimar a acciones del mismo tipo (Graciela Lovece, De los daños punitivos a la sanción pecuniaria en el Proyecto de Código, La Ley del 2 de agosto de 2012, página 1).
En este caso, más allá de que comparto los fundamentos de la sentenciante en atención a la existencia de una valla infranqueable como es el artículo 3 del Código Civil (principio de irretroactividad de las leyes), por cuanto la sanción de la ley es posterior a los hechos, entiendo que el supuesto de autos no podría acarrear este tipo de sanción.
La mención de una “mera sanción ejemplar ante un daño socialmente intolerable” no tiene asidero en nuestro derecho, sin perjuicio de decir que no se advierte en el hecho más que una conducta inaceptablemente desaprensiva por parte de la institución educativa pero que no alcanza para configurar el antecedente de una sanción excepcional, como lo es la del daño punitivo.
En ese marco, el rechazo de lo pretendido debe ser confirmado.
La parte actora se queja de las costas que debe soportar G. G. por el rechazo de su demanda. Pide que se sean impuestas en el orden causado.
No encuentro en el caso motivos para apartarme del principio general de la derrota, en tanto el Sr. G. fue perdidoso en sus pretensiones de acuerdo a lo reseñado más arriba. Por ello propongo que el punto sea confirmado.
h) Colofón
Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo que, de ser compartido mi criterio, se confirme la sentencia en todo lo que decide y fue motivo de apelación.
Con costas de Alzada por su orden en atención a la suerte que han corrido los agravios (art. 68, segunda parte, del CPCC).
Adhiero al fundado voto de mi colega la Dra. Abreut de Begher, y agrego por mi parte lo siguiente en relación a la “sanción ejemplificadora” que se reclama.
Como ya me he sostenido en otras oportunidades, el art. 52 bis de la ley 24.240, que regula el daño punitivo en nuestro país, es inconstitucional (vid. mis trabajos “Sobre los denominados ‘daños punitivos’”, LL, 2007-F-1154; comentario al art. 52 bis de la ley 24.240 en Picasso-Vázquez Ferreyra, Ley de defensa del consumidor comentada y anotada, cit., t. I, p. 593/632, “La función de la responsabilidad civil y los daños punitivos” -en coautoría con Alberto J. Bueres-, Revista de Derecho de Daños, 2011-2, p. 21/73, y “Objeto extraño en una gaseosa y los ‘daños punitivos’”, del 25/6/2014, La Ley Online AR/DOC/2140/2014).
Sin embargo, entiendo que no es preciso recurrir en este caso a tal declaración, ultima ratio del orden jurídico, pues ello requeriría como presupuesto lógico que la mencionada norma fuera efectivamente de aplicación al sub lite, lo que no sucede, dado que, como bien señala la Dra. Abreut de Begher, la mentada norma no se encontraba vigente al momento de los hechos.
Así las cosas, y aclarada mi postura sobre el punto, adhiero al voto de mi colega.
El Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhiere al voto que antecede.
Fdo.. Sebastián Picasso – Liliana E. Abreut de Begher – Claudio M. Kiper
//nos Aires, de septiembre de 2014.
Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue motivo de apelación.
Fdo.: Sebastián Picasso – Liliana E. Abreut de Begher – Claudio M. Kiper
Las salchichas y el cigarrillo 6 cosas que los expertos en alimentos se niegan a comer Las leyes del dulce de leche Importantes cambios en el código alimentario
aditivosalimentosbromatobromato de potasiocódigo alimentariocomidaintoxicaciónintoxicación alimentaria

References: resolución 
 resolución 

Artículo 748

Artículo 749

Artículo 750

Artículo 751

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

resolución 

Artículo 755
 artículo 750
 artículo 96
 artículo 476
 artículo 476
 artículo 277
 artículo 52
 artículo 47
 artículo 3