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Timestamp: 2018-12-12 22:17:09+00:00

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Tengo el honor de presentar esta obra que recoge las Ponencias elaboradas por los Ilustres conferencistas invitados a estas XXXVIII Jornadas J.M. Domínguez Escovar, esta vez, en Homenaje al extraordinario administrativista, Dr. Gonzalo Pérez Luciani, y llevadas adelante, por cierto, como siempre de forma impecable por el Instituto deEstudios JurídicosRicardo HernándezÁlvarez. Las Jornadas, por cuarta vez y siempre bajo la coordinación académica del Maestro Luis Henrique Farías Mata, sedestinan al estudio de los avances jurisprudenciales del contencioso administrativo. En efecto, en esta ocasión, se trata nuevamente este tema en perfecta secuencia decenal, desde las primeras Jornadas sobre la materia ideadas, coordinadas y llevadas adelante en 1983 por el entonces Magistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia,Dr. Luis Henrique Farías Mata. Luego, diez años más tarde, en 1993, se llevaron a cabo las segundas Jornadas con la misma misión y con el Magistrado Farías Mata en el mismo papel de coordinación y dirección; en el año 2003 volvimos aquí por, tercera vez, para repasar el mismo tema que, ahora en 2013, viene a tener su cuarta edición.
En la primera oportunidad, 1983, la Jurisprudencia emanada de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa se centraba en el análisis de las novedosas disposiciones, aunque transitorias, contenidas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976,que regulaban el trámite procesal de los recursos de nulidad contra los actos de efectos generales y, normas aparte, el de los actos administrativos de efectos particulares.
En esta oportunidad, 2013, el examen de las Ponencias se contrae, principalmente, a estudiar la jurisprudencia producida a la luz de la aplicación de las normas contenidas, y de lo dejado al olvido, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 2010, que ahora sí, de forma definitiva y con aplicación general, regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, desde el punto de vista orgánico, procesal y sustantivo.
La misión ha estado a cargo, como siempre, de notables Administrativistas, muchos de ellos con participación brillante en las anteriores Jornadas, dedicadas al estudio de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa.
El primero de los Ponentes, quien ideó esta cita decenal y la ha llevado adelante por 30 años, y quien me ha obsequiado la suerte de acompañarle en todo este largo periodo de tiempo, Dr. Luis Henrique Farías Mata, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela; ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, viene a dar cuenta de la historia de las Jornadas Domínguez Escovar, haciendo comentarios respecto de ellas desde el año 1973.
Luego, de esta aleccionadora introducción histórica de las Jornadas, la Dra. Cecilia Sosa Gómez, ex-presidenta de la Corte Suprema de Justicia; ex-presidenta de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y profesora de derecho administrativo de pre y postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, aborda el interesante tema: “La Constitucionalización del Derecho Administrativo”. En la ponencia afirma la Dra. Sosa que:“La Constitucionalización realmente entendida y practicada, no debería desconocer ni desvirtuar el rol de cada especialidad del derecho, del respeto a sus instituciones y en general a todo el ordenamiento jurídico.”
Posteriormente, la Dra. Hildegard Rondón de Sanso, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, también ex-magistrada de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y ex-presidenta de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, así como autora de una dilatada y valiosa obra jurídica, presenta un enjundioso estudio, con riguroso esquema, sobre la Jurisdicción Constitucional y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Otro Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y ex-magistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Dr. RománJosé Duque Corredor, inspirado en el artículo 259 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, desarrolla el tema de los poderes del Juez.Del artículo 259 de la Constitución destaca los poderes de anulación, condena y el de restitución y del artículo 253 de la Constitución destaca el poder de ejecutar o hacer que se ejecuten las sentencias del Juez Contencioso Administrativo. Se refiere también el profesor Duque Corredor al poder cautelar y ejecutorio del juez desde el punto de vista de su alcance y medios procesales.
A quien presenta esta obra le correspondió el estudio de las demandas de nulidad, denominación que le otorga la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al anteriormente conocido como recurso de nulidad por ilegalidad. El desarrollo del estudio se contrae al examen de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que lo regula, concluyendo que “(…) en Venezuela existe una única demanda de nulidad contra actos administrativos, en la cual se puede solicitar tanto el control objetivo del acto, como el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas.”
El Profesor Pier Paolo Pasceri, ex-magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello y colaborador indispensable en la organización de estas y anteriores Jornadas, nos ofrece un estudio sobre el tema “El Control administrativo de los servicios públicos”. Partiendo del análisis de valiosa jurisprudencia, principalmente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y estudiando,claro está, las recientes disposiciones de la materia contenidas en laLey Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
José Antonio Muci, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello y autor de importante obrajurídica, estudia, quizá por primera vez en Venezuela, el tema de la excepción de ilegalidad contenida en el numeral primero, in fine, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El Dr. José Araujo Juárez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello, destacado tratadista del derecho administrativo, al que su profunda y extensa obra ha enriquecido en los últimos años de forma fundamental, se encargó de estudiar el tema, que tanta discusión ha generado en el derecho administrativo clásico, el Contencioso de los Contratos Administrativos, gran olvido en la regulación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En ese sentido, señala el profesor Araujo que “(…) el análisis de la teoría del contrato administrativo, como de muchos otros del Derecho administrativo venezolano revela que no se trata de un mero ejercicio de sistematización teórica o didáctica sino de una categoría autónoma en el plano sustantivo con elementos que no sólo le otorgan utilidad práctica sino que lo individualizan en su régimen jurídico.”, en virtud, por ejemplo de que “La Administración Pública no dispone de una competencia discrecional para la selección del contratista y debe observar para ello las reglas estrictas conforme lo sanciona la Ley de Contrataciones Públicas que consagra las distintas modalidades a tal fin.”y de que “Las prerrogativas de poder público se manifiestan especialmente en la ejecución del contrato, que está regida por reglas sin equivalencia en los contratos ordinarios (…)”
Nicolás Badell Benítez, profesor de Derecho Administrativo de postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, desarrolla en estas Jornadas del 2013 el tema “Las demandas contra las vías de hecho y el recurso por abstención”. Dos comportamientos de la Administración Pública con características y consecuencias jurídicas diferentes, pero que sin embargo, son estudiadas por el profesor Badell Benítez de forma conjunta, por cuanto la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa consagró un mismo tratamiento procesal para su impugnación.
El Dr. Henrique Iribarren Monteverde, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello, asiduo ponente en estas Jornadas, aporta generosamente dos estudios: el primero: “Las Partes en el Contencioso Administrativo,” continuación del tema que en otras oportunidades ha desarrollado, antes, a la luz de la jurisprudencia y ahora cuenta tenida del contenido del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En ese sentido, el doctor Iribarren afirma que “El concepto de “interés jurídico actual” establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es un concepto jurídico indeterminado que deberá ser dotado de contenido por parte de la jurisprudencia, para el caso que pretendan atacarse actos administrativos de efectos generales y para el caso que se ataquen actos de efectos particulares, pero que no está disociado a lo que la jurisprudencia ha definido como interés personal, legítimo y directo.” La segunda contribución del profesor Iribarren constituye sin duda una novedad. En desarrollo del artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece el recurso de juridicidad, el autor concluye, luego de un brillante examen doctrinario, que esta norma consagra, por primera vez en Venezuela, el recurso de casación en el Contencioso Administrativo, el cual, señala el autor: “debería proceder contra las sentencias definitivamente firmes dictadas en segunda instancia por los Juzgados Nacionales de lo Contencioso Administrativo y por los Juzgados Estadales de lo Contencioso Administrativo y contra las decisiones judiciales de segunda instancia que se pronuncien sobre destitución de jueces o juezas.”
Iván Pérez Rueda, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela desarrolla el tema referido a “Las Demandas de contenido patrimonial en el Contencioso Administrativo”. Resultan comentados en su ponencia todos los aspectos procesales referidos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El Doctor Humberto Romero Muci, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de Derecho Tributario en laUniversidad Católica Andrés Bello, sin duda uno de los más brillantes tributaristas del país, expone el tema referido a la “Evolución (o involución) jurisprudencial en el Contencioso Tributario”. El Doctor Romero Muci da cuenta en su original investigación de las más recientes y representativas decisiones del contencioso tributario que enfatizan la degradación de las posibilidades de defensa de los sujetos pasivos en las situaciones de conflicto judicial con las Administracionestributarias y el robustecimiento de los privilegios y prerrogativas procesales del Fisco en su protagonismo judicial.
El Doctor Hernando Díaz Candia, Presidente del Comité de Arbitraje de Venamcham y profesor de Arbitraje en el Doctorado en Ciencias, mención Derecho, en la Universidad Central de Venezuela, desarrolla el novedoso, complicado y discutido tema: “El Arbitraje en el Contencioso Administrativo”. En su excelente ponencia afirma: “En el pasado, ahora superado, el arbitraje se consideraba estrictamente contractual e inclusive, extraño al Derecho, lo que hacía entendible su incompatibilidad con el Derecho Administrativo. En cambio en la actualidad el arbitraje de derecho tiene, como mecanismo de resolución de conflictos legales, origen convencional pero naturaleza jurisdiccional y ha sido expresamente reconocido como integrante del sistema de administración de justicia por la Constitución de 1999 y la Sala Constitucional.”
Finalmente, el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ex-Decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, con el título “Desafíos de Nuevos y Viejos Abogados en el S.XXI” ofrece unas reflexiones sobre el derecho, la justicia y el abogado. Señala el profesor Arteaga que “El Estado venezolano tiene una deuda con la justicia y el derecho. Esa deuda sólo se saldará con el respeto a la ley, con el gobierno de ésta y no de los hombres, con la práctica de la justicia, más que con pregonarla –como decía el maestro Luís Villalba-Villalba- con el paso al frente que debemos dar para afianzar un poder judicial autónomo e independiente, esto es, sin ataduras políticas y con abogados dignos que hagan del derecho y sus valores una forma de vida.”
Esta publicación, con el aporte de todos los mencionados ponentes, se une a las ya muchas que como testimonio del esfuerzo del Instituto de Estudios Jurídicos, enriquecen la doctrina venezolana.
Barquisimeto, marzo 2013

References: artículo 259
 artículo 259
 artículo 253
in fine
 artículo 32
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 95
 resolución