Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95137
Timestamp: 2019-09-20 08:10:53+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-130/95137
Los que suscriben, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR Y RICARDO MONREAL ÁVILA, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, con base en la siguiente:
La iniciativa que se presenta parte de la consideración de que la discapacidad, tanto en el ámbito internacional como en México, ha sido abordada más desde el ámbito médico y asistencial que desde una perspectiva que garantice el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas con esta condición.
Se parte de la consideración de que los derechos humanos comprenden aquellos bienes sociales primarios que debe proveerse por igual a todos, sin distinguir condición social, género, religión, nacionalidad, etnia, tradiciones, condiciones físicas u otros factores.
En este sentido, la iniciativa propuesta armoniza diversas disposiciones legales con instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito, a fin de contribuir a generar mayores condiciones de igualdad para la inclusión de las personas con discapacidad, con la firme intención de asegurar su acceso efectivo a una vida social con respeto y de garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Con la entrada en vigor de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 y su consecuente reflejo en nuestra Carta Magna, se reconocen como titulares de todos los derechos contenidos en ésta y en los tratados internacionales de los que México es parte, a todas las personas con discapacidad y se prohíbe explícitamente la discriminación, en procura de la igualdad; asimismo, se establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad con observancia de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
De acuerdo con la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ésta se define como
“la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. [*]
Es decir, que la discapacidad va más allá de la condición particular de una persona, y tiene que ver con barreras o limitaciones colectivas que obstaculizan la participación y el disfrute de derechos en igualdad de condiciones de las personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
Así, las personas con discapacidad afrontan situaciones adversas, tales como menor nivel de educación, peores condiciones de salud, alto desempleo y tasas más elevadas de pobreza. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo [*] , presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades.
Estas razones, son las que hacen indispensable impulsar acciones que eviten que las personas entren o se mantengan en una situación vulnerable, donde la discapacidad los lleve a la pobreza o donde las condiciones de pobreza elevan el riesgo de sufrir discapacidad.
El Banco Mundial, en el Informe Mundial Sobre Discapacidad, elaborado en 2011, señala que más de mil millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad y que en un futuro será motivo de mayor preocupación pues su prevalencia está aumentando por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos de salud mental. [*]
En México, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 7 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. [*]
De esta población, el 58% tiene dificultad para caminar, 34% padece ceguera o debilidad visual, 17% presenta discapacidad auditiva, 9% registra problemas al hablar y un 7% no logra retener información y tiene inconvenientes para estar atento.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas con discapacidad señalan entre sus mayores problemas el desempleo, la discriminación, las dificultades para ser autosuficientes y el acceso a apoyos gubernamentales. De este modo, el 27% de los encuestados consideran el desempleo como el principal problema a enfrentar, el 20.4% señala la discriminación y 15.6% se refiere a no ser autosuficientes. [*]
Asimismo, sólo el 19.1% de la población con discapacidad encuestada tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades; al 78% de esta población le resulta difícil o muy difícil recibir apoyos del gobierno; y sólo para el 33% los servicios de salud son suficientes. [*]
Respecto a su situación laboral, la Red Nacional de Vinculación Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atendió a 1,098 personas con discapacidad en todo el país durante 2013; sin embargo, sólo 138 personas con discapacidad consiguieron un empleo, esto es, 12.4% de los casos atendidos. [*]
La situación se torna más crítica cuando observamos que entre más de 5 millones de empresas en el país, sólo mil son incluyentes; es decir, tienen contratado a personal con alguna discapacidad, lo que representa 0.02 por ciento.
Según la ENADIS de 2017, el 25.1% de las personas con discapacidad encuestadas declararon haber sido objeto de discriminación en el ámbito social; 30.9% declaró al menos un incidente de negación de sus derechos; 48.1% opina que sus derechos se respetan poco o nada; manteniéndose con el 30% los que consideran que el mayor problema es la falta de oportunidades de empleo. De igual modo, el 86.4% se enfrentó a alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental; el 71.5% considera que son rechazados por la mayoría de la gente. [*]
De estos datos podemos concluir que la población con discapacidad en México requiere de mejores condiciones de salud y educación, mayores oportunidades de trabajo, apoyos económicos para la vida independiente, el deporte o la asistencia social; demanda accesibilidad en instalaciones públicas o privadas, transporte y vivienda adaptada; pero sobre todo y fundamentalmente, requiere leyes efectivas que protejan y garanticen el ejercicio de sus derechos humanos.
El 13 de diciembre de 2006, en la sede de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento resultante que México suscribió en 2007 y entró en vigor a partir de 2008.
En dicha Convención se reafirma que las personas con cualquier tipo de discapacidad deberán gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México reiteró su compromiso de generar condiciones que permitan a toda persona desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación y de acuerdo con el artículo 4o. de dicha Convención, se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad para aplicarse en todas las partes del país, sin limitaciones ni excepciones.
Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, nuestro país se comprometió, de acuerdo al artículo 4, a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en dicha Convención que sean aplicables de inmediato, en virtud del derecho internacional.
Sin embargo y del mismo modo, en dicho instrumento se reconoce que, pese a los diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras para participar en igualdad de condiciones con los demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos.
Asimismo, en 2009, fue creado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para supervisar la aplicación de la Convención y emitir recomendaciones a los países firmantes.
En tal sentido, tal Comité presentó en 2014 un informe sobre los retos que México enfrenta en la aplicación de la Convención, emitiendo 62 recomendaciones relacionados con igualdad, no discriminación, accesibilidad, inclusión, trabajo, empleo, entre otros temas, algunas de las cuales y para mayor claridad, se trascriben en seguida:
En aspectos relacionados con discriminación a mujeres, niños y niñas con discapacidad recomienda:
“14. El Comité recomienda al Estado parte:
a) Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.”
“16. El Comité recomienda al Estado parte:
a) Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes viven en zonas rurales y en comunidades indígenas;
b) Adoptar salvaguardias con objeto de proteger el derecho de los niños y niñas con discapacidad a ser consultados en todas las cuestiones que les afecten, garantizando una asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad.” [*]
Sobre aspectos que tienen que ver con la vida independiente de las personas con discapacidad recomienda:
“44. El Comité recomienda al Estado parte:
a) Adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. Tales medidas deben incluir los servicios de asistencia personal, ser adecuadas culturalmente y permitir que las personas con discapacidad elijan su forma de vida y el lugar de su residencia e identificar sus preferencias y necesidades, con enfoque de género y edad;
b) Establecer con carácter de urgencia una estrategia de desinstitucionalización de las personas con discapacidad con plazos concretos y seguimiento de sus resultados.” [*]
En materia educativa, el Comité recomienda
“48. El Comité llama al Estado parte a:
c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos y asegurar su uso desde el inicio del curso académico, incluyendo el braille y la lengua de señas.” [*]
Respecto a las acciones en materia de salud, se recomienda:
“50. El Comité recomienda al Estado parte a:
b) Garantizar que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva estén a disposición de las mujeres con discapacidad de forma accesible y segura, tanto en zonas urbanas como en rurales, así como prevenir, investigar y sancionar al personal médico que presiona a las mujeres embarazadas con discapacidad para que aborten.” [*]
Respecto a las condiciones laborales y acceso al empleo, se establece que:
“52. El Comité recomienda al Estado parte:
e) Regular los criterios para establecer ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, asignando presupuestos adecuados para ellos tanto en el empleo público como en el privado.”
Sobre las personas con discapacidad que viven en comunidades indígenas señala el Comité lo siguiente:
“54. El Comité urge al Estado parte a:
c) Implementar medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las mujeres, la infancia y las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema.” [*]
Finalmente, para los propósitos de esta iniciativa que se somete a su consideración, es necesario enunciar la recomendación relacionada al fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
“62. El Comité urge al Estado parte a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los 32 entes estatales de derechos humanos del Estado parte, en tanto que mecanismo de seguimiento independiente de la Convención, definan la estructura, metas, indicadores y recursos del mecanismo para su trabajo, y que fortalezca la Comisión Nacional para que pueda aplicar su mandato de forma efectiva e independiente.” [*]
Como podemos constatar, es necesario adecuar y reformar leyes para mejorar las condiciones de vida, afianzar el respeto a la dignidad y para garantizar que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad sea pleno y efectivo, en tal sentido, se presentan a continuación las modificaciones sugeridas en la presente iniciativa.
En 2011, al igual que las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, también fue promulgada la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual estableció las bases de un modelo social respecto a la discapacidad.
A 7 años de su promulgación y a la luz de las observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesaria una reforma que de manera más eficaz proteja y permita el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidades, de acuerdo a las obligaciones que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir en instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el artículo 4 constitucionales, haciendo eco de las recomendaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de redoblar esfuerzos para incluir a las personas de las personas indígenas con discapacidad en las políticas de desarrollo, se establece que dichas personas, al igual que las que se encuentre en pobreza extrema, serán prioritarias en la adopción de medidas afirmativa, para logar la igualdad de oportunidades.
De la misma manera, en el artículo 5 se añade que los principios observables en las políticas públicas deberán privilegiar el interés superior de la niñez, así como la pluriculturalidad.
En el artículo 6, se establece, como facultad del Ejecutivo Federal, fomentar la integración social de las personas con discapacidad, garantizando el ejercicio y goce de sus derechos humanos.
En coherencia con lo que hemos venido señalando, en el artículo 7 se establece que la Secretaria de Salud garantizará el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios de salud, rehabilitación y habilitación sin ningún tipo de discriminación.
Por lo que se refiere a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al ámbito laboral y fundamentados en la Recomendación 52 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá establecer mecanismos a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública, en los tres órdenes de gobierno, contraten al menos el 5% de personas con discapacidad permanente en plazas vacantes, vigilando que reúnan las condiciones de idoneidad.
En cuanto a las obligaciones de la Secretaría de Educación, se agregan que deberá diseñar e implementar programas de respeto, sensibilización y concientización sobre la discapacidad, eliminando los estereotipos y prejuicios.
Por último, se propone la Secretarías de Desarrollo Social deberá promover la apertura de comedores comunitarios para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación.
El propósito de la Ley de Asistencia Social es proteger a los individuos en situación de necesidad, indefensión, desventaja física o mental mediante acciones que permitan su incorporación a una vida plena y productiva.
En tal sentido, y en virtud de las condiciones propias de las personas con discapacidad, se propone incorporarlas de manera explícita dentro de las personas a tutelar en el artículo 4 de esta Ley.
Se incorpora también, en el artículo 12, que las personas con discapacidad sean consideradas para la atención de servicios básicos de salud y para el apoyo a la educación y capacitación para el trabajo; así como que las personas con discapacidad en situación de abandona, se les considera para la atención en establecimientos especializados.
Finalmente, se propone incorporar como miembro del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Sistema en que se engloban las acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Por último y también derivada de la recomendación 62 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se propone adicionar la facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evaluar el cumplimiento, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los derechos humanos de los niños y niñas, adultos mayores, mujeres, discapacitados y demás grupos vulnerables, con el fin de contar con un mecanismos independiente que permita medir el cumplimiento del ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerables.
Para mayor claridad sobre la propuesta desarrollada, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Artículo 1 ....
Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural o en comunidades indígenas, las que se encuentren en pobreza extrema, o bien, no pueden representarse a sí mismas.
V. a X…
Artículo 5 ....
l. a III….
IV. El respeto a la evolución de las facultades de las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad, el derecho a expresarse con libertad y el derecho a su identidad, priorizando en cualquier circunstancia el principio del interés superior de la niñez;
V. a X ....
XII. La pluriculturalidad, y
XIII. Los demás que resulten aplicables
I. …VIII…
X. a XIII…
IX. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, garantizando el ejercicio y goce de sus derechos humanos;
X a XIII
I. a XII…
Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá y garantizará el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:
VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos
Artículo 11....
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral en el sector público o privado, de las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias y necesidades que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad;
III. a VI...
VII. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad;
VIII. Establecer mecanismos a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, contraten al menos el cinco por ciento de personas con discapacidad permanente en plazas vacantes, vigilando que reúnan las condiciones de idoneidad, y
IX Las demás que dispongan otros ordenamientos.
I. a XII
XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social,
XIV. Diseñar e implementar programas de respeto, sensibilización y concientización sobre la discapacidad, eliminando los estereotipos y prejuicios; y
XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.
Artículo 21....
III. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección, albergue y comedores comunitarios, para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación; y
Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.
VII. a XII…
l. a IV ....
VI. Personas con discapacidad o necesidades especiales;
VIl. a XII. ...
II. a XIV…
a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;
b) La atención en establecimientos especializados a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en estado de abandono, desamparo o sin recursos;
c) a g) ...
h) El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socio- económicas y personas con discapacidad, e
a) a r)
a) a r) …
s) La Beneficencia Pública;
t) El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y
u) Las demás entidades y dependencias federales, estatales y municipales, así como los órganos desconcentrados que realicen actividades vinculadas a la asistencia social.
I. a XV
XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas; y
Artículo 6o….
I. a XIV
XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas;
XVI. Evaluar el cumplimiento, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los derechos humanos de los niños y niñas, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y demás grupos vulnerables; y
XVII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales.
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:
PRIMERO.- Se adiciona la fracción XII, recorriéndose el contenido la actual XII a XIII del artículo 5; la fracción VIII, recorriéndose el contenido de la actual VIII a IX, del articulo 11; la fracción IV, recorriéndose el contenido de la actual XIV a la XV del artículo 12; asimismo, se reforma el párrafo segundo del artículo 1; el párrafo cuarto del artículo 4; la fracción cuarta y décimo primera del artículo 5; la fracción IX del artículo 6; el párrafo primero del artículo 7; las fracciones II y VII, del artículo 11; la fracción XIII del artículo 12 y la fracción III del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar de la siguiente manera:
IV. IV. El respeto a la evolución de las facultades de las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad, el derecho a expresarse con libertad y el derecho a su identidad, priorizando en cualquier circunstancia el principio del interés superior de la niñez;
X a XIII…
I. a XII…....
XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos
SEGUNDO.- Se adiciona el inciso t) y se recorre el contenido del actual inciso t) al inciso u) del artículo 22; se deroga el inciso b) de la fracción V del artículo 4; se reforma la fracción VI del artículo 4; se reforman los incisos a), b) y h) de la fracción I, del artículo 12; se reforma el inciso s) del artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, para quedar de la siguiente manera:
TERCERO. Se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XVI recorriéndose el contenido de la actual XVI a la fracción XVII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 6o…
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2019.
SEN. EDUARDO GARCIA AGUILAR
[*] CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. México, 2011. Artículo 2, fracción IX. Disponible en: https://bit.ly/2NXVWy0 Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.
[*] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 10 datos sobre la discapacidad. 2017. Disponible en: https://bit.ly/2AyWLJa Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.
[*] BANCO MUNDIAL Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Resumen Informe Mundial Sobre la Discapacidad 2011. Disponible en: https://bit.ly/2t6OwQb Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.
[*] INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA. La Discapacidad en México, datos al 2014, pág. 22. INEGI, México 2016. Disponible en: https://bit.ly/2Ri5c1M Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.
[*] CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 2010. Resultados Sobre Personas Con Discapacidad. Pag 58. Primera Edición, México 2012. Disponible en: https://bit.ly/2Ucwebm Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.
[*] GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, pág. 19. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. México, 2014. Disponible en: https://bit.ly/2G6DKjd Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.
[*] CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación 2017. Principales Resultados. México 2017. Disponible en: https://bit.ly/2MJxUFH Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.
[*] COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de México. ONU, 27 de octubre de 2014. Disponible en: https://bit.ly/2Z3eIKk Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.

References: artículo 71
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 12

Artículo 1
 Artículo 1

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 11

Artículo 21

Artículo 4

Artículo 6
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
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 artículo 22
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