Source: http://frecuencialaboral.com/marchasapruebanreprimirlasenlaaldfyquintanaroo2014.html
Timestamp: 2020-04-02 10:02:10+00:00

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marchasapruebanreprimirlasenlaaldfyquintanaroo2014
En Solidaridad Publicamos Textualmente en www.frecuencialaboral.com
Legalizar la represión contra la libre manifestación y contra las protestas públicas que no soliciten permiso previo a la autoridad, así como comprimirlas en determinadas vialidades y horarios, fue idea original de legisladores del derechista Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y de Senadores, en alianza con sus homólogos del PRI y Verde Ecologista...ahí fueron frenadas por una revisión que se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal...(Leer Noticia PIDEN LEGALIZAR REPRESIÓN DE MARCHAS link: http://www.frecuencialaboral.com/marchasenadoanalizareprimirlaslegalmente2013.html)
Nadie esperaba que el golpe llegara desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -en donde hay mayoría de legisladores del PRD-. El 30 de abril del 2014 aprobaron la Ley de Movilidad, misma que -paradójicamente- incluye exactamente lo que propusieron los diputados y senadores panistas y priistas para reprimir a la protesta social y a la libertad de manifestación.
Ese mismo día el Congreso del Estado de Quintana Roo, votó a favor de una ley similar, ante lo cual el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social alerta sobre la flagrante violación al derecho humano a la libertad de expresión, de reunión y a la protesta social en ambas leyes.
Cabe recordar que la ONU recomendó a los gobiernos capacitar a sus funcionarios para que no consideren a la manifestación pública como una amenaza, sino que coadyuven a resolver las demandas de los manifestantes, en lugar de reprimirlos. En tanto que la relatora especial del Derecho a la Libertad de Expresión y a la Información, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 2012, estableció que en estados autoritarios –como el mexicano- la protesta pública es la única forma que tenemos los ciudadanos para hacerse escuchar e incidir en las políticas públicas, para resolver sus demandas. (Leer Noticia Relacionada: "RECOMIENDA LA CIDH NO REPRIMIR LA PROTESTA PÚBLICA" link: http://www.frecuencialaboral.com/cidhrecomendonoreprimirprotestapublica2013.html)
N.de la R. de www.frecuencialaboral.com
A continuación reproducimos textualmente el análisis del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:
El Frente por la Protesta Social y la Libertad de Expresión considera preocupante que los poderes legislativos del Distrito Federal y Quintana Roo faltaran a sus obligaciones constitucionales de respeto y garantía de los derechos humanos , de acuerdo a las siguientes razones:
· En su artículo 212, párrafo 2º, establece la necesidad de dar aviso en las manifestaciones públicas, condicionándolas a que tengan una “finalidad perfectamente lícita” y prohibiendo la “perturbación de la paz y tranquilidad de la población”, dejando abiertos y vagos dichos conceptos para su interpretación discrecional por las autoridades en las manifestaciones, alejándose de los mínimos indispensables que toda restricción a la libertad de expresión debe tener .
· En este mismo artículo , se condiciona el cumplimiento de las obligaciones de tutelar el derecho a la manifestación pacífica únicamente para aquellos que den aviso a las autoridades con una anticipación de 48 horas, resultando discriminatoria . Además, es contrario a lo establecido por el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas quien ha señalado que la exigencia de un aviso o permiso como condición para que las autoridades garanticen y faciliten el ejercicio de este derecho contraviene los derechos humanos . [1]
· Por su parte, el artículo 213 contempla que para las manifestaciones públicas, no será posible utilizar las vías primarias de circulación continua. En principio, se menosprecia el sentido político de la protesta social que busca hacer visibles diversas demandas sociales y utilizar el espacio público como espacio de participación . Asimismo, limita de manera desproporcional el uso del éste. Como la Corte IDH ha establecido, existen otras medidas que interfieren en menor medida al ejercicio a la libertad de expresión, tales como el control de tráfico y la información a través de medios de comunicación , [2] por lo que este tipo de medidas debería eliminarse.
· Finalmente, el artículo 214 establece que la “[Secretaría de] Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de vías primarias de circulación continua”, refiriendo los lineamientos relacionados a un reglamento. El término ambiguo y vago de “medidas necesarias” abre un pernicioso ámbito de discrecionalidad en la intervención policial, además de que crea una restricción a este derecho refiriéndola fuera de la ley al dirigir a un reglamento . Este elemento, además de ser confuso y abrir la puerta a reglamentos que no garanticen los derechos, puede usarse autoritariamente.
· El artículo 18 incorpora términos vagos como “paz pública” como causa para que las autoridades tomen todas las “medidas necesarias” –las cuales no se precisan- para garantizar el “orden, la paz y la prestación de servicios públicos”. Estos términos no cumplen el requisito de ser precisos y claros. Además, e s importante subrayar que éstos no son determinados en la Ley, pero que, en todo caso, la definición de “orden público” debe partir de la garantía del derecho a la protesta, no de su vulneración. [3]
· Los artículos 19 y 21 limitan excesivamente el uso de la vía pública. En el primero, se limita a los carriles laterales para ejercer el derecho a la manifestación pacífica, mientras que en el segundo se prohíbe de manera definitiva el bloqueo de la vía pública. Estas medidas son desproporcionales, obvian la cobertura que protege a la libertad de expresión y pueden constituir un mecanismo de censura previa, violentando abiertamente a este derecho. [4]
· Por otra parte, el artículo 25 condiciona el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades para dar las facilidades de movilización y manifestación, solamente a aquellos que den el aviso previo, resultando discriminatorio.
· Finalmente, el artículo 29 establece sanciones que retoman las prohibiciones más preocupantes de la controvertida Ley de Ordenamiento Social aprobada en marzo pasado. Se castiga el hacer ruido excesivo (fracción VI); obstruir inmuebles (f. XXIII) o afectar “funcionamiento normal de las instituciones del Estado y actividades económicas turísticas y sociales” (f. XXXVII); “trepar bardas” (f. XXVIII); escalar como acción de protesta edificios públicos (f. XXXV) y llevar a cabo bloqueos (f. XXXVI). Al prohibir una multiplicidad de acciones y lugares, resulta prácticamente imposible ejercer el derecho a la protesta sin que derive en una sanción.
La protesta social tiene una protección especial como discurso especialmente protegido , donde obtiene una protección agravada y alcances más amplios al tratarse de información relacionada con la crítica política y el interés público. Su limitación debe ser en casos verdaderamente excepcionales, nunca de manera previa , sino que las responsabilidades en el exceso de su ejercicio deben atribuirse sólo de manera posterior , cumpliendo con los estándares que toda restricción a estas libertades debe tener.
· los titulares del Poder Ejecutivo de ambas entidades federativas, en cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, realicen la revisión de ambas disposiciones y veten o regresen los apartados señalados como violatorios a derechos humanos con las observaciones indicadas.
· tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, ejerzan sus facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad y, [5] en caso de que estas leyes sean publicadas, interponer las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.
[4] Esta pretensión o cobertura ab initio , implica que incluso las expresiones ofensivas, perturbadoras o chocantes están protegidas por la libertad de expresión y deben estar sujetas, en dado caso, a responsabilidades ulteriores y no a controles previos. Al respecto, ver: Caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte IDH; Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr.105.

References: artículo 212
 artículo 213
 artículo 214
 artículo 18
 artículo 25
 artículo 29