Source: http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitas/article/view/1677/2121
Timestamp: 2017-08-17 13:44:29+00:00

Document:
El “Genocidio” Armenio desde la óptica del derecho penal internacional | Conti Gómez | Aequitas
Inicio > Vol. 6, Núm. 6 (2012) >	Conti Gómez
María Eva Conti Gómez*
Genocidio Armenio-Derecho penal internacional
Armenian Genocide- international criminal law.
A fines del siglo XIX, más precisamente entre los años 1894 y 1896, se desató en la mitad oriental del territorio donde actualmente se encuentra Turquía una ola de matanzas de personas de religión cristiana, en su mayoría armenias, por parte de tribus kurdas, instigadas por el sultán Abdul Hamid II, quien entonces gobernaba el Imperio Otomano.
Estos ataques, que provocaron la muerte de aproximadamente 300.000 personas, se reanudaron en el año 1915 en manos de los Jóvenes Turcos ittihadistas –que surgieron con la Revolución del año 1908, dirigidos por el partido político denominado Unión y Progreso o Ittihad-, con deportaciones y matanzas en masa que perseguían el objetivo, finalmente cumplido, de que los armenios dejaran de existir como pueblo en Turquía, consolidando así la homogeneidad étnica, cultural y religiosa en el territorio.
El saldo de muertos provocados por estos ataques se calcula en un total de un millón y medio, incluidos los cristianos asirio-caldeos, que tuvieron el mismo destino. A su vez, un millón de víctimas fueron deportadas hasta zonas semidesérticas de Siria, a las que llegaron luego de recorrer cientos de kilómetros a pie.[2]
Sin embargo, estas matanzas y deportaciones en masa que, con veremos a lo largo del trabajo, resultaron de los más cruentas, no fueron juzgadas por la comunidad internacional, pese al reconocimiento que de los acontecimientos había realizado el primer ministro otomano, Samad Fèrid, en la Conferencia de la Paz celebrada en París en el año 1919.
Tampoco conmovió al resto de las naciones el hecho de que el régimen establecido por Mustafá Kemal haya anulado las condenas a muerte establecidas por el Tribunal Militar de Turquía a los responsables del régimen de los Jóvenes Turcos, y que en el año 1923, mediante la ley 319 de la República Turca, se haya extendido la impunidad a todos los que hubiesen sido condenados por cualquier tribunal militar con anterioridad.[3]
Así, tras realizar –en palabras del magistrado- un sucinto, preciso y acotado detalle de los sucesos, y aclarar que se trataba de una resolución de carácter declarativa, el Dr. Oyarbide describió el concepto y las previsiones legales del crimen de genocidio.
En lo que aquí interesa, el magistrado entendió que “De acuerdo con los plurales elementos testimoniales y documentales recabados en autos, resulta por demás claro y plenamente corroborado, que los hechos así acreditados, son merecedores del calificativo legal de “Genocidio”, de acuerdo con la descripción que surge del invocado instrumento convencional, respecto del cual les asiste absoluta subsunción.”
Por último, el magistrado reprodujo lo expresado por el querellante en su narración de cómo ocurrieron los hechos y, sobre la base de documentos acompañados al proceso –también citados, en sus partes trascendentes, en forma textual-, concluyó en que la veracidad de sus contenidos dejaba expuesto con claridad el dolo especial existente en las matanzas corroboradas, que se traducía en el fin exterminador del Pueblo Armenio por parte de las autoridades del Pueblo Turco, puntualmente, del gobierno de los denominados “Jóvenes Turcos”.
Finaliza el Dr. Oyarbide los considerandos de su resolución afirmando que ésta “es la resultante de un novedoso segmento procesal inaugurado en la República Argentina, con entidad de proceso esclarecedor de sucesos que indudablemente, adquieren inserción dentro de los denominados delitos de lesa humanidad, y en ese contexto, el puntual tipo de genocidio; cuya evocación y memoria requieren, su consideración en un rango legal acorde a la gravedad de los hechos.”
Esta figura que –como veremos más adelante- nació del derecho consuetudinario, quedó plasmada por primera vez en un documento oficial en la Resolución 96 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 11 de diciembre de 1946, donde se declaró que el genocidio es un crimen del derecho de gentes, en contradicción con el espíritu y los fines de las Naciones y que el mundo civilizado condena.
Con respecto al primer acto prohibido previsto en la norma, es de resaltar que por el primitivismo de las condiciones y el nivel tecnológico de Turquía en aquel momento, las ejecuciones en masa eran particularmente crueles.
Particularmente cruentas fueron las ejecuciones de infantes relatadas por el embajador Morgenthau, como ser la incineración de dos mil huérfanos en una de las aldeas de la ciudad de Mush, la decapitación de quinientos niños –a quienes se ubicó acostados y atados en el piso, para luego ser decapitados por las ruedas de un carro- en un desierto cerca de la Estación de Radiodifusión Alemana, o el ahogamiento de otros dos mil huérfanos en el río Éufrates.[10]
Además de las matanzas y las torturas –éstas últimas constituirían lesiones graves a la integridad física, es decir, el segundo modo comisivo previsto en la Convención- inflingidas a las víctimas, el aniquilamiento del pueblo armenio tampoco fue ajeno a las deportaciones.
Sobre el punto, expresó el funcionario: “En realidad, los turcos nunca tuvieron ni la más remota idea de reubicar a los armenios (…) Cuando las autoridades turcas dieron las órdenes para estas deportaciones, estaban meramente otorgando la sentencia de muerte a toda una raza; ellos tenían esto muy en claro y, en sus conversaciones conmigo, no hicieron ningún esfuerzo para ocultar el hecho.”[15]
El objetivo de destruir al grupo por las características que lo definían como tal se ve reflejada claramente en una medida tomada por quien inició la persecución, Abdul Hamid II, consistente en suspender la calidad de entidad religioso-étnica que tenían los armenios dentro de la Constitución otomana, y cuya protección legal allí se reconocía.[17]
Ahora bien, los factores hasta aquí analizados indicarían que los episodios que tuvieron como autores a los Jóvenes Turcos ittihaidistas y como víctima al pueblo armenio, ocurridos entre los años 1915 y 1923, resultan constitutivos del crimen de genocidio, como lo afirmó el Dr. Oyarbide en el fallo comentado.
Tal es hecho de que al momento de perpetrarse el aniquilamiento del pueblo armenio, el crimen de genocidio no sólo carecía de todo sustento normativo, sino que tampoco existía como concepto teórico.
Es decir, que por más atroces que hayan sido los actos cometidos por los Jóvenes Turcos contra la población armenia, resultaría jurídicamente inviable encuadrarlos en una figura que aún no existía, siquiera nominalmente, para cuando éstos tuvieron lugar.
En primer lugar, podría decirse –siguiendo a Folgueiro- que si bien Lemkin utilizó por primera vez el término genocidio en la obra mencionada, sus estudios sobre la materia no comenzaron con la observación del fenómeno nazi, sino que se remontan al año 1933, cuando en el marco de la V Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal, se pronunció a favor de dictar una resolución que declarase la destrucción de colectividades raciales, religiosas o sociales, como un delito contra el derecho de gentes.[20]
En particular, nada dijo en aquella conferencia acerca de la especial intención de destruir a esas colectividades, por lo que mal podría decirse que en aquel entonces Lemkin tenía en su mente la idea del genocidio como crimen del derecho internacional; aunque sus manifestaciones dejan abierta –a nuestro juicio- la posibilidad de juzgar el caso armenio sobre la base de otra figura normada posteriormente en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que no requiere de este elemento para su configuración: el crimen contra la humanidad.
Cabe destacar que más allá de la definición practicada por Lemkin, hasta su mención en la Resolución 96 (I), dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1946, el genocidio no había sido referenciado como delito por la comunidad internacional.
Tanto es así, que entre las figuras establecidas en el artículo 6 del mencionado Estatuto de Nuremberg, adoptado dos años después de la citada obra “El dominio del Eje en la Europa ocupada”, no se lo incluyó como uno de los crímenes a juzgar por ese Tribunal.
Esta realidad que a primera vista aparece como violatoria del principio de legalidad, encuentra su respuesta en el reconocimiento de que las fuentes del derecho internacional no se agotan en la ley, sino que incluyen también al derecho consuetudinario.
Sobre este punto, Folgueiro defiende la legalidad de los procesos contra los criminales nazis diciendo que el asesinato, el exterminio, la esclavitud, las deportaciones, etc., eran considerados crímenes por las normas penales internas de los Estados en los que se cometieron los hechos y por casi todas las naciones civilizadas, así como también estaban prohibidas por las normas consuetudinarias de derecho internacional, principalmente derivadas del derecho internacional comunitario.
Ello teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por Lemkin en el año 1933 y por el hecho de que en el año 1915, al responsabilizar a Turquía de las atrocidades cometidas contra los armenios, los Aliados introdujeron el concepto de “crímenes contra la humanidad”[23], lo que indicaría que este delito ya era reconocido por el derecho internacional, aunque no normativamente.
En este orden de ideas, sostiene Huttenbach que “Para cuando Hitler declaró una guerra genocida sobre la comunidad judía europea, el precedente de masacrar civiles ya había sido establecido a escala internacional…Los genocidios de 1915 y 1942 no están de ningún modo desconectados. Están instrumentalmente unidos por incidentes genocidas en las décadas del ´20 y ´30…Los genocidas conocían aquello que los precedía. Estaban bien informados y sacaban sus propias conclusiones genocidas. Eran parte de una letal tendencia del siglo XX: el genocidio.”[24]
Y es que, en definitiva, “…la justicia no depende de una institución que la encarne, sino de la acción que la produce. No es la institución, ni la norma, ni siquiera el derecho (humano) el que funda lo justo, sino el acto y la práctica concreta de la justicia.”[25]
Artículo recibido el 6/8/2012. Aceptado 9/7/2012.
[3] ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Reflexiones penales en torno al genocidio armenio” en: Contornos y pliegues del derecho: Homenaje a Roberto Bergalli, Rivera Beiras, Iñaki (coordinador), p. 325.
[5] LEMKINL, Raphael, El dominio del Eje en la Europa ocupada, Prometeo, Buenos Aires, 2008, p. 153.
[6] FEIERTEIN, Daniel, “La Argentina: ¿genocidio y/o crimen contra la humanidad? Sobre el rol del derecho en la construcción de la memoria colectiva”, en: Nueva Doctrina Penal 2008/A, Del Puerto, Buenos Aires, 2008, p. 218.
[14] BJORLUNDB, Matthias; MARKUSEN, Eric; y MENNECKEM, Martin, op. cit., ps. 28/29.
[15] DADRIAND, Vahakn N., op. cit., ps. 84/85.
[17] MARTORELL, op. cit., p. 31/32. Respecto de la identificación del pueblo armenio con el cristianismo, refiere el autor: “La lengua y la religión cristiana, establecida en el siglo IV, son los dos componentes claves de la cultura de este pueblo…En los períodos de crisis, la religión se convirtió en el principal elemento de cohesión nacional y la jerarquía eclesiástica, en la clase dirigente.”
[19] FOLGUEIRO, Hernán L., op. cit., p. 124
[23] DADRIAND, op.cit., p. 97.
[24] HUTTENBACH, Henry R., “Los eslabones fatales en la cadena del genocidio. De Armenia (1915) a la Solución Final (1942)”, en Feierstein, Daniel (comp.), Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad, Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 72.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 6