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Timestamp: 2014-04-21 00:06:30+00:00

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Amparo luego de acción de libertad denegada por la forma, ho hay indefensión por causa abandonada - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0449/2011-R
Sucre, 18 de abril de 2011 Expediente: 2009-19845-40-AAC
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Pacífico Abularach Vaca contra Mirna Núñez Vela Áñez y Lidia Moscoso Flores, Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior; y, Federico Guillermo Durán Reíss, Juez Primero de Sentencia, todos del Distrito Judicial de Beni.
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2009, a horas 17:59, cursante de fs. 194 a 199, el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por Jaime César Bello Terrazas en su contra y de su esposa, por la supuesta comisión del delito de estelionato; se dictó Auto inicial de instrucción el 16 de abril de 2001. Fijada la audiencia para la recepción de sus declaraciones indagatorias y ante la imposibilidad de poder contratar a un abogado para que asuma su defensa, el Juez de la causa les designó un Defensor de Oficio. El 7 de septiembre de ese año, se pronunció Auto de procesamiento, señalándose audiencia para la recepción de sus declaraciones confesorias, notificándoles mediante edictos, cumpliéndose dicho actuado el 6 y 7 de diciembre de ese año; ofreciendo por otra parte, el 19 del citado mes, testigos de descargo, quienes al no hacerse presentes en la audiencia, se fijó una nueva, la que jamás se realizó por motivos que desconoce.
Ante la inasistencia de su esposa a las audiencias de debate de 8, 15 y 23 de abril de 2002, las cuales desconocía por falta de notificación; se dictó Auto citándola y emplazándola por edictos bajo conminatoria de ser declarada rebelde y contumaz a la ley, declaratoria que se dio el 6 de junio del referida año. Por su parte, el 24 de julio, el Juez Segundo de Partido en lo Penal Liquidador, lo emplazó a él, con el supuesto argumento que desconocía su paradero y por ello no habría podido ser notificado. El edicto respectivo fue publicitado a través de la radio difusora “Trópico” el 1 y 10 de agosto del citado año, declarándolo rebelde el 21 del referido mes, designándole como Defensor de Oficio a Alexander Soruco Suárez.
Se llevaron a cabo tres audiencias de prosecución de debates, en las cuales su abogado defensor indicó no tener pruebas para presentar. Habiéndose dictado Sentencia condenatoria, éste apelación sin la más mínima fundamentación, confirmándose la Resolución por Auto de Vista de 23 de agosto de 2003, que no fue recurrido de casación, declarándose su ejecutoria el 19 de septiembre de ese año; librándose el respectivo mandamiento de condena, ejecutado el 14 de febrero de 2009.
De una observación de los actuados procesales, expresa que se advierte la violación de normas procesales, por lo siguiente: a) El Auto de 24 de julio de 2002, ordenó su citación por edictos, basándose en un supuesto desconocimiento de paradero, cuando en la Sentencia dictada se indica la dirección de su domicilio, lugar donde debía notificársele previamente; b) El edicto fue difundido por radio difusora “Trópico” (sic), violando el art. 105 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), que prevé que debe ser en un diario o periódico del lugar donde se sigue la causa, como el matutino “La Palabra del Beni”, medio por el que debió ser publicado, al igual que el Auto de 21 de agosto de ese año, que lo declaró rebelde; c) La Sentencia debió ser puesta en conocimiento de los encausados por edictos, a través de órgano de prensa escrito, debido a su rebeldía; d) Su abogado defensor tuvo una actuación deficiente y casi nula, limitándose a asistir a las audiencias, sin presentar pruebas ni fundamentar la apelación, por lo que no tuvo una efectiva asistencia técnica legal; e) Después de transcurrir cinco años y seis meses de la ejecutoria de la Sentencia y más de cuatro años de la extinción del Juzgado Segundo de Partido en lo Penal Liquidador; el 23 de enero de 2009, el Juez demandado a pedido del querellante, ordenó se libre mandamiento de condena en su contra, sin siquiera haber radicado la causa en su Despacho, generando la nulidad de sus actuaciones; y, f) Por lo expuesto, se halla recluido en el Centro de Rehabilitación de Varones “Mocoví”, en cumplimiento a un ilegal mandamiento emitido por autoridad carente de competencia.
Señala la vulneración de su garantía al debido proceso, que originó a su vez la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se dicte resolución ordenando la reparación de los defectos legales, anulando obrados “hasta fs. 111”; a objeto que el edicto sea publicado en un órgano de prensa escrito y de esta manera, se restituya su garantía al debido proceso, ordenando su libertad que se halla restringida desde el 14 de febrero de 2009.
La audiencia pública fue realizada el 15 de mayo de 2009, a horas 10:30, conforme consta en el acta cursante de fs. 233 a 234, produciéndose los siguientes actuados:
El abogado del accionante ratificó in extenso el contenido de la acción formulada.
Haciendo uso de su derecho a la réplica manifestó: Lo que se demanda es la violación de normas procedimentales al que fue sometido su defendido.
Lidia Moscoso Flores y Mirna Núñez Vela Áñez, Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, codemandadas, presentaron informe escrito cursante de fs. 225 a 226, puntualizando: 1) Mal puede argüir el accionante indefensión, por cuanto tenía conocimiento del proceso que se le seguía, habiendo prestado su declaración indagatoria, su confesión e inclusive presentado un memorial impetrando la suspensión condicional del proceso, dejando de manera voluntaria e injustificada de asistir a los actos procesales, por lo que a pedido de la parte querellante se lo declaró rebelde y contumaz a la ley, designándosele Defensor de Oficio; 2) Independientemente que el abogado defensor no haya fundamentado su apelación, ello es atribuible a la negligencia del accionante por las razones anotadas, no constituyendo por ende estado de indefensión; 3) Se solicita que por medio de esta acción, se anule el proceso “hasta fs. 111 de obrados”, a fin que el edicto sea publicado en un órgano de prensa escrito y se ordene la libertad del agraviado; no siendo esta garantía jurisdiccional el medio idóneo para requerir la libertad de una persona; y, 4) El accionante interpuso dos acciones constitucionales con los mismos argumentos y contra iguales autoridades; la primera una acción de libertad y la segunda, la presente, concurriendo la causal de improcedencia establecida por el art. 96.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC).
Por su parte, el codemandado Juez Primero de Sentencia, Federico Guillermo Durán Reíss, presentó el informe escrito que cursa a fs. 232 y vta., manifestando que: i) El accionante tuvo conocimiento de todas las actuaciones efectuadas dentro del proceso, no estando en indefensión alguna; el que no haya hecho uso correcto de su defensa, fue atribuible a su propia negligencia, no pudiendo reputarse ello como estado de indefensión; ii) Su autoridad sí tenía competencia para conocer los procesos en liquidación tramitados con el Código de Procedimiento Penal de 1972, dado que por Resolución de Sala Plena 63/06 de 16 de agosto de 2006, se determinó la ampliación de competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Sentencia, con relación a los procesos del anterior sistema procesal; homologada por Acuerdo 17/2006 de 13 de diciembre, de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; y, iii) En relación a que no existiría ningún sorteo de causas, precisa que ello se realiza mediante el sistema computarizado “IANUS”, a través de la Sección Plataforma de la Corte Superior de Distrito.
Carlos Bello Céspedes, en representación del tercero interesado Jaime César Bello Terrazas, precisó que el proceso fue llevado con conocimiento del demandado; por lo que no es procedente la acción de amparo impetrada.
La Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 010/09 de 15 de mayo de 2009, cursante de fs. 234 a 235 vta., concediendo la tutela solicitada en relación al Juez demandado, y denegándola respecto a las Vocales codemandadas, ordenando la nulidad con reposición de obrados hasta “fs. 140 del expediente (memorial del recurso de apelación)”, a efectos que se cumpla con lo dispuesto en el art. 105 del CPP.1972 y/o en su caso se notifique personalmente a los procesados.
La Resolución contiene los siguientes fundamentos: a) Los procesados José Pacífico Abularach Vaca y Martha Inés Torcuato de Abularach, fueron juzgados y condenados en rebeldía, mediante Sentencia 08 de 11 de febrero de 2003; b) En el anterior procedimiento penal existía el juzgamiento en rebeldía, por lo que debía notificarse a los rebeldes mediante edictos, al margen de la notificación a sus defensores de oficio; constituyendo ello un presupuesto procesal esencial, cuya omisión acarrea la nulidad; de obrados con reposición c) Resulta evidente la denuncia del accionante en sentido que no fue notificado con la Sentencia conforme ordena el art. 105 del CPP.1972, a través de un periódico autorizado por la Corte Superior de Distrito y ni siquiera mediante radio difusora; determinando el art. 297 inc. 6) del citado Código, como causal de nulidad y consiguiente reposición, la falta de notificación al procesado con la Sentencia; d) Por lo expresado, se advierte la lesión del debido proceso en la tramitación de la acción penal, al no observarse las normas que rigen la materia en su desarrollo y conclusión; y, e) Las Vocales demandadas solamente dictaron una Resolución conforme a la apelación planteada, no cometieron ningún acto ilegal que vulnere el derecho invocado.
El art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, modificatorio del art. 4.I de Ley 003 de 13 de febrero de 2010, amplía las facultades otorgadas a este Tribunal, para resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales, interpuestas desde el 7 de febrero de 2009. Por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación de la tramitación de causas; sorteada la presente el 22 de febrero de 2001, se pronuncia Sentencia dentro de plazo.
Realizado el análisis del expediente y de la prueba aportada, se concluye lo siguiente:
II.1.El 3 de abril de 2001, Jaime César Bello Terrazas, formuló querella contra José Pacífico Abularach Vaca y Martha Inés Torquato Salazar de Abularach, por la supuesta comisión del delito de estelionato (fs. 10 y 11). Dictándose el Auto Inicial de la Instrucción del 16 del citado mes y año, se fijó audiencias de declaraciones indagatorias (fs. 13); las que se realizaron el 10 y 17 de mayo de ese año (fs. 26 a 28; 36 a 37; 38 a 39).
II.2.El 7 de septiembre de 2001, la Jueza de Instrucción en lo Penal Liquidadora del Distrito Judicial de Beni, pronunció Auto Final de la Instrucción de procesamiento, ante la existencia de suficientes indicios de culpabilidad en sus conductas (fs. 49 y vta.).
II.3.Al no presentarse los procesados a las audiencias de confesión fijadas, se ordenó su citación y emplazamiento mediante edictos, bajo conminatoria de ser declarados rebeldes y contumaces a la ley (fs. 56). Ante su apersonamiento, se proveyó señalando nuevas audiencias (fs. 57 y vta.), que se llevaron a cabo el 6 y 7 de diciembre de 2001 (fs. 63 y 64).
II.4.El 12 de diciembre de 2001, los procesados solicitaron la suspensión condicional del proceso, que no se dio a lugar al tratarse de una acción tramitada con el Código de Procedimiento Penal de 1972 (fs. 68 y vta.). Ofreciendo el 19 del mismo mes y año, como prueba de descargo, las testificales de las personas allí detalladas (fs. 70 y vta.).
II.5.Ante la constante inasistencia de la coprocesada a las audiencias de prosecución de debates, y al desconocerse su paradero, el 23 de abril de 2002, se ordenó su citación y emplazamiento por edicto, a través de un órgano de prensa autorizado por la Corte Superior de Distrito (fs. 96 y vta.); que se dio lectura el 23, 26 de abril y 3 de mayo del referido año, en la radio difusoras “Trópico” SRL. (fs. 97 a 99). Dada su inconcurrencia, se dispuso su rebeldía por Auto de 6 de junio de ese año (fs. 105 y vta.).
II.6.De igual manera, el 24 de julio de 2002, se determinó la citación y emplazamiento por edicto del accionante, ante su reiterada inasistencia a las audiencias de debate de la causa (fs. 113); que se dio lectura mediante radio difusoras “Trópico” SRL. el 1 y 10 de agosto (fs. 114 a 115); declarándolo rebelde y contumaz a la ley en audiencia de 20 del citado mes (fs. 118), actuado también publicado por el referido medio de prensa (fs. 120 a 121).
II.7.A través de Sentencia 08 de 11 de febrero de 2003, el Juez Segundo de Partido en lo Penal Liquidador del Distrito Judicial de Beni, Federico Guillermo Durán Reíss, falló declarando a los procesados, autores del delito de estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP); condenándoles a la pena de cuatro años de presidio, más el pago de daños a la parte civil y costas al Estado (fs. 139 a 141 vta.). Dicha Resolución fue notificada al Defensor de Oficio del accionante, Omar Alexander Soruco Suárez, de manera personal (fs. 143 vta.).
II.8. El citado Defensor de Oficio, formuló el 17 de febrero de 2003, recurso de apelación, impetrando la reducción de la pena impuesta (fs. 144 y vta.). Por Auto de Vista de “25” de agosto de 2003, pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito, se confirmó la Resolución impugnada, al no existir fundamentación de la apelación por no establecerse cuáles serían los agravios sufridos con la Sentencia de primer grado (fs. 152 a 153); notificándose al abogado del accionante a través de cédula fijada en Tablero Judicial (fs. 153 vta.).
II.9.Al no hacer uso las partes del recurso de casación, por Auto de 19 de septiembre de 2003, se declaró ejecutoriado el Auto de Vista dictado (fs. 155); devolviéndose el expediente al Juzgado de origen (fs. 157), en el que se tramitó en la vía incidental la calificación de responsabilidad civil, llegándose a fijar en la suma de $us8000.- (ocho mil dólares estadounidenses), más el 6% de interés anual por $us1640.- (mil seiscientos cuarenta dólares estadounidenses) (fs. 166 y vta.); que al no ser apelada, adquirió ejecutoria por Auto de 25 de noviembre de 2003 (fs. 170).
II.10.El 20 de enero de 2009, Jaime César Bello Terrazas solicitó el desarchivo del expediente al Juez de Sentencia de turno; procediéndose conforme a lo requerido (fs. 182 y vta.). Posteriormente, el 23 de ese mes y año, impetró se expidiera mandamiento de condena contra el accionante; que se dio a lugar por proveído de la misma fecha, dictado por el Juez Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Beni (fs. 184 y vta.). Librando el mandamiento respectivo el 24 del citado mes y año (fs. 189).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante alega la lesión de la garantía del debido proceso, con incidencia en su derecho a la libertad, argumentando que se violaron normas procesales dentro de la acción penal que se siguió en su contra por el delito de estelionato, en la que: 1) Se ordenó su citación por edictos alegando un supuesto desconocimiento de su paradero; 2) El edicto fue difundido por radio difusoras “Trópico” SRL., contraviniendo el art. 105 del CPP.1972; 3) La Sentencia debió ser notificada por edictos, dada su rebeldía; 4) El Defensor de Oficio que se le asignó, tuvo una actuación deficiente y casi nula, por lo que no tuvo una efectiva asistencia técnica legal; y, 5) El Juez demandado actuó sin competencia al librar el mandamiento de condena por el cual se halla recluido en el Centro de Rehabilitación de Varones “Mocoví”, al no haber radicado la causa en su Despacho, generando la nulidad de sus actuaciones. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. De la supuesta “improcedencia” alegada por las Vocales demandadas En forma previa a considerar la problemática denunciada, concierne verificar si efectivamente concurre en la presente acción de defensa, la causal inserta en el art. 96.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), invocada por las Vocales demandadas en su informe escrito; que impediría su examen en el fondo, motivando su denegatoria.
El artículo citado, prevé que esta garantía jurisdiccional no procede: “Cuando se hubiere interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa…”.
Del sistema de gestión procesal de este Tribunal, se advierte que el accionante José Pacífico Abularach Vaca interpuso una acción de libertad contra las Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior y el Juez Primero de Sentencia, todos del Distrito Judicial de Beni, con iguales argumentos que la presente acción de amparo constitucional, pidiendo la restitución de su derecho a la libertad; registrada con el número de expediente 2009-19534-40-AL, resuelta por SC 0102/2011-R de 21 de febrero, aprobando la Resolución 2/2009 de 1 de abril, dictada por la Jueza de garantías, confirmando por ende su denegatoria.
Dicha Sentencia Constitucional, sustentó su decisión en que: “…el accionante no demostró la concurrencia de los dos requisitos que posibilitan el análisis de la garantía del debido proceso a través de la acción de libertad, ya que la privación de libertad del accionante, es el resultado de la ejecución de una Sentencia pronunciada en sede penal como corolario de la tramitación de un proceso penal iniciado contra el condenado por la comisión del delito de estelionato, proceso en el que el accionante tuvo participación, y por tanto no se demuestra la existencia del segundo requisito previsto en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, referido a la indefensión absoluta”.
De ello se advierte que, en cumplimiento a la amplia jurisprudencia emanada de este Tribunal sobre la posibilidad de analizar las lesiones relativas al debido proceso en acciones de libertad, que se restringe a los casos en que exista directa vinculación con el derecho a la libertad y absoluto estado de indefensión; en la acción del impetrante, al evidenciarse la inconcurrencia de los dos supuestos referidos, se denegó la tutela, sin ingresar al fondo de la demanda planteada.
Sin embargo, ello no impide que se pueda considerar los aspectos denunciados mediante la acción de amparo constitucional, al no haber sido sometidos a estudio en la acción de libertad; constituyendo la presente acción, por su naturaleza jurídica, el medio idóneo para examinar las lesiones al debido proceso.
Puntualizándose que únicamente es posible someter a examen la supuesta violación al debido proceso, por cuanto el derecho a la libertad, no se halla dentro del ámbito de protección del amparo constitucional, siendo por ende, improcedente su consideración y menos sujeto a tutela el pedido de ordenarse la restitución de este derecho. Realizadas estas precisiones, se pasa a analizar el caso de autos.
III.2. No se puede alegar indefensión y pretender nulidad de actuaciones cuando imputado asume conocimiento del proceso penal y luego lo abandona Este Tribunal, ha determinado en reiterados fallos que, si bien la defensa es un derecho protegido por la Ley Fundamental; debe observarse que también es una obligación procesal, dada la jurisdicción y competencia que ejercen las autoridades o tribunales a nombre del Estado en los procesos con el poder punitivo y sancionador otorgado por ley. No pudiendo las partes eludirlo, abandonando la causa penal pese a su conocimiento sin ejercer el derecho y deber procesal de defenderse, aún más en materia penal, en la que el proceso tiene como objetivo final no sólo establecer la existencia real del hecho que constituye delito y la autoría, sino también determinar la culpabilidad y la pena. Si la actitud pasiva del imputado, o su abandono del proceso, motivan su ejecutoria, no existe indefensión, sino negligencia, lo cual no puede dar lugar a la concesión de tutela.
Recogiendo ese razonamiento, la SC 1512/2010-R de 11 de octubre, estableció: “…es necesario recordar que la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al establecer que se otorga la tutela y se declaran como lesionados los derechos al debido proceso, a la defensa y a no ser condenados sin haber sido oídos y juzgados, cuando el accionante demuestra incontrovertiblemente que dentro del proceso que se le siguió, no ha tenido oportunidad de defenderse por omisiones atribuibles al juzgador, vale decir, que no conoció del proceso en ningún momento por vicios de orden procedimental que no fueron subsanados oportunamente, para que pueda asumir defensa y desvirtúe la acción que se hubiere iniciado en su contra. En este sentido se ha dictado la SC 0313/2002-R de 20 de marzo, a la que le han sucedido muchas otras con el mismo criterio.
A partir de la línea jurisprudencial asumida en la SC 0287/2003-R de 11 de marzo, reiterada por las SSCC 0843/2003-R, 0527/2004-R, 1104/2005-R, entre otras, se ha introducido una subregla, en sentido de que no se otorga la tutela ni se dan por lesionados los citados derechos, cuando el accionante ha tenido por algún medio legal conocimiento del proceso, empero, por su propia voluntad no concurre a asumir defensa y deja que finalmente se le condene; en estos casos, no puede alegarse indefensión provocada por un tercero, al advertirse que la misma se debe a que la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra, no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión. Así en la SC 0287/2003-R de 11 de marzo, se señaló lo siguiente: '...siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC 48/1984, 'la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad…''.
En este contexto, respecto al comportamiento que debe observar un imputado o procesado durante la sustanciación de un juicio penal como sujeto procesal, este Tribunal en la SC 1124/2003-R de 13 de agosto, reiterada por la SC 1180/2003-R de 20 de agosto, ha señalado que: '... si bien el director del proceso, vale decir, el juez es quien tiene la obligación de velar porque el proceso se lleve conforme a ley, no es menos cierto que también ha dicho que el sujeto procesal tiene el deber de realizar el seguimiento debido a su proceso, pues que el juez tenga la obligación de cuidar de los vicios y otorgar el impulso procesal no implica que las partes del proceso tengan un rol pasivo y se limiten a ser receptores en un domicilio determinado para saber del proceso, ya que su rol también es activo y ello les impone apersonarse al proceso y ante cada instancia, lo que resulta elemental en el trámite, así cada parte se convierte en contralor de los actos del juez y además eso le asegura una permanente alerta acerca de las pruebas de la parte contraria, tarea que no se le puede atribuir al juez…” (las negrillas son agregadas).
III.3. Análisis del caso concreto En el presente caso, el accionante alega violación al debido proceso dentro de la causa que se le siguió por el delito de estelionato, denunciando de ilegales los aspectos detallados en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de este fallo. Siendo su pretensión que, se anulen obrados “hasta fs. 111”, a objeto que el edicto sea publicado en un órgano de prensa escrito, por cuanto dicha omisión, le habría causado indefensión.
De un análisis de los actuados suscitados durante la tramitación del proceso penal, consignados en las Conclusiones de la presente Sentencia, se advierte que, el accionante conjuntamente su cónyuge, también procesada, prestó su declaración indagatoria, de confesión, e incluso solicitó la suspensión condicional del proceso, pedido que le fue negado al tratarse de una causa seguida con el Código de Procedimiento Penal de 1972. Aspecto que denota, que tenía conocimiento del proceso seguido en su contra, dejando de intervenir en él por decisión propia, lo que motivó su declaratoria de rebeldía y su notificación mediante edictos.
Por lo expresado, no puede pretender ahora, retrotraer la causa, que culminó con Sentencia condenatoria ejecutoriada, alegando violaciones al debido proceso; siendo que no existió indefensión, la que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico anterior, no se presenta cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra, lo abandona por propia voluntad, situación que se acomoda a la problemática examinada, en la que no existe por ende, lesión alguna al debido proceso del impetrante de tutela, quien al conocer el proceso instaurado en su contra, estaba impelido de actuar activamente, ejerciendo efectivamente su derecho a la defensa. Al no hacerlo optando por una actitud negligente, de pasiva indiferencia, en desinterés del proceso penal donde se defina su situación jurídica, no puede luego fingidamente argüir una aparente indefensión que en realidad no existe.
De los argumentos vertidos, se evidencia que los aspectos denunciados de ilegales, relativos a notificaciones defectuosas e inactividad del Defensor de Oficio, entre otros, no constituyen vulneración al debido proceso, al advertirse además que éste último apeló de la Sentencia de primera instancia. Siendo claro que, la única finalidad del accionante, es eludir la acción de la justicia y la condena que le fue impuesta, ejecutoriada desde el año 2003, por cuanto recién cuando se pretendió ejecutar el respectivo mandamiento de condena, pretendió una nulidad de obrados, lo que resulta inadmisible en un Estado de Derecho. Concerniendo por ende, denegar la tutela impetrada.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada en relación al Juez codemandado, denegándola respecto a las Vocales codemandadas, obró parcialmente en forma correcta; concerniendo denegarla también contra el Juez de primera instancia.
POR TANTO El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica por el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR en parte la Resolución 010/09 de 15 de mayo de 2009, cursante de fs. 234 a 235 vta., pronunciada por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en relación a todas las autoridades judiciales demandadas.
No intervienen los Magistrados, Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños, y el Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés, porque no conocieron el asunto.

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