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Timestamp: 2018-12-12 12:41:39+00:00

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﻿ Sentencia 32777 de junio 30 de 2010
SENTENCIA 32777 DE 30 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:PRÁCTICA DE PRUEBA. ES LA CONCATENACIÓN RACIONAL DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE JUICIO ALLEGADOS AL EXPEDIENTE, LA MEJOR FORMA DE ADQUIRIR ESE CONOCIMIENTO NECESARIO PARA DECIDIR, EN TANTO, ES LA ÚNICA MANERA DE CONTEXTUALIZAR LOS HECHOS Y SU SIGNIFICACIÓN PARA EL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRÁCTICA DE PRUEBA, INSPECCIÓN JUDICIAL, PREVARICATO POR ACCIÓN, HOMICIDIO CALIFICADO
Sentencia 32777 de junio 30 de 2010
Bogotá, D. C., treinta de junio de dos mil diez.
En primer lugar, entonces, es necesario abordar el tópico de invalidación propuesto por el defensor del acusado, referido, aunque explícitamente no lo postula así el recurrente, a la presunta vulneración del debido proceso por carencia de investigación integral.
Desde un comienzo, se impone precisar que la argumentación intentada por el defensor en pro de esa nulidad, asoma bastante confusa, como quiera que acude a un inexistente principio en virtud del cual, en su sentir, la prueba debe recogerse paulatinamente a lo largo del procedimiento penal y, en consecuencia, aún si lo aportado desde un comienzo representa basamento amplio para definir la existencia del delito y consecuente responsabilidad penal del procesado, con lo recogido no puede soportarse la condena porque, presuntamente, ello conduciría a reputar que “nuestro sistema de investigación y juzgamiento es meramente causalista”.
Dos son las glosas que debe hacer la Corte a esa forma de razonar:
De esta forma, si sucede que la prueba de incriminación sustancial se aportó en un solo momento procesal, dígase la investigación previa o la instrucción, nada importa que en las subsecuentes se dejen de allegar otras o el proceso discurra sin mayores aportes en la materia, pues, si esos elementos comportan el criterio de certeza que para condenar consagra la ley, nada distinto a impartir la correspondiente sentencia debe hacer el juez.
En segundo lugar, si se trata, el objeto del proceso, de determinar la condición manifiestamente contraria a la ley que puede reportar la sentencia absolutoria proferida por el acusado, mal puede decirse que el aporte del texto de la providencia es insuficiente o no ofrece, por sí mismo, los elementos de juicio requeridos para realizar el análisis correspondiente.
Por lo demás, en punto del dolo o conocimiento y voluntad de quien expidió la providencia objeto de cuestionamiento, ya suficientemente tiene decantado la Corte que en este tipo de delitos no se hace necesario definir un móvil especial o interés concreto, razón por la cual se advierte desenfocado exigir la demostración concreta de uno de estos aspectos o solicitar una indeterminada prueba que pueda conducir a tal fin, aunque, no sobra recalcar, de verificarse existir uno de dichos factores ello, desde luego, ratifica el juicio de comportamiento doloso que por otras vías se ha erigido.
Apenas para citar uno de los tantos pronunciamientos que sobre el particular ha hecho la Corte, léase lo siguiente(1):
“En el delito de prevaricato, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala, y por la naturaleza misma del punible, el dolo se traduce en el conocimiento que debe tener el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la decisión proferida, conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien jurídico de la recta y equilibrada definición del asunto, y sin que sea menester demostrar el móvil que guió la acción del funcionario.
Bien puede suceder que este se establezca, y pase a ser elemento útil en la determinación de la culpabilidad dolosa, pero ello no quiere decir que una particular finalidad delictiva sea parte integrante del dolo, pues para que se configure esta categoría de la conducta —se reitera— solo es importante que se tenga conciencia de que la decisión se aparta ostensiblemente de la ley, sin que importen ingredientes adicionales —como por ejemplo el interés de favorecer o perjudicar a una de las partes—, y se quiera su realización”.
Ahora, no puede tener buena fortuna la nulidad planteada por el impugnante, cuando se basa ella en simples especulaciones referidas en abstracto a que no se allegaron pruebas referentes al móvil o interés que presuntamente animó a su representado legal, pero ni siquiera por vía ejemplificativa relaciona cuáles pudieron ser, en concreto, esos elementos de juicio que hoy echa de menos.
Por lo demás, la Sala observa amplio el cúmulo probatorio recogido por la Fiscalía y el despacho cognoscente de primer grado, que no se limitó, como pareciera darlo a entender el impugnante, a anexar copia del fallo por el cual se vinculó penalmente a su representado legal, sino que recoge los testimonios de quienes podrían entregar algún dato trascendente para el asunto, en particular, los empleados del despacho a cargo del procesado.
Finalmente, si se trata o no de un anónimo el escrito hecho llegar a la Corte, en el cual quienes se dicen familiares de las víctimas del doble homicidio fallado por el acusado, manifiestan su afectación por la decisión, es asunto completamente intrascendente aquí, pues, de un lado, a ese escrito ninguna incidencia probatoria se le ha dado, y del otro, la iniciación de la acción penal operó por varias vías, una de las cuales fue, precisamente, la expedición de copias que para el efecto ordenó el Tribunal Superior de Bogotá cuando en segunda instancia revocó la absolución proferida por el procesado en este asunto.
Entonces, acorde con lo visto, ninguna razón existe para invalidar la actuación.
Superado el tema de la nulidad, la discusión de fondo de la apelación presentada en escritos separados por el procesado y su defensor, remite a que la absolución objeto de controversia no representa una decisión manifiestamente contraria a la ley, pues, aunque la segunda instancia revocó la sentencia proferida por el acusado, esta decisión obedece a su particular interpretación de lo que la prueba engastada en el informativo arrojaba.
En primer término, para abordar de lleno el examen de la decisión y sus efectos respecto de la conducta punible atribuida al procesado, debe resaltarse que efectivamente el acto entendido contrario a la ley por la primera instancia, fue expedido con plena competencia por aquel, en cuanto funcionario público, Juez Tercero Penal del circuito de Bogotá, a quien se le defirió el conocimiento del asunto para la emisión de la correspondiente sentencia, toda vez que el trámite del proceso se desarrolló en su gran mayoría al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado el carácter de aforado constitucional del procesado en ese asunto, quien fungía como representante a la Cámara.
Una vez perdida la investidura del acusado, cuando ya se había realizado la audiencia pública de juzgamiento, el proceso, luego de pedirse y aceptarse el cambio de radicación de su sede natural, recaló en la ciudad de Bogotá y le fue repartido al Juzgado Tercero Penal del Circuito, para ese momento regido por el acusado, quien se hallaba en encargo.
Al encuadernamiento se allegaron copias de la resolución de nombramiento del procesado y su subsecuente posesión, así como la asignación al cargo que ostentaba para el momento de los hechos, sin que jamás controvirtiera, sobre este particular, que la decisión objeto de cuestionamiento fue proferida por él con plena consciencia y voluntad.
Ahora bien, por virtud del tipo de incriminación que se hace en contra del encartado, remitida al desacierto en la decisión absolutoria —que estimaron de consuno la fiscalía, en la resolución de acusación, y el tribunal en el fallo de primer grado—, operó en contravía de lo arrojado por la prueba recabada en el proceso que se siguió en contra del ex congresista Carlos Alberto Oviedo Alfaro, la Corte ha precisado que el comportamiento prevaricador deviene no solo de la abierta oposición entre la norma sustancial en abstracto y la interpretación o aplicación que de esta se hace, sino también con ocasión de la apreciación probatoria y lo que de ella se extracta en punto de los hechos examinados.
Específicamente, esto se ha anotado(2):
“En contrario el juicio de prevaricato respecto de una providencia judicial no puede hacerse de otra manera que incluyendo dentro de tal análisis las circunstancias de hecho concretas dentro de las que se adoptó la decisión. La ley a cuyo imperio están sometidos los funcionarios judiciales en sus decisiones, no surge pertinente al caso concreto de manera automática, sino como fruto de un proceso racional que le permite al Juez o al Fiscal determinar la validez, vigencia y pertinencia de la norma a la que se adecua el supuesto de hecho que pretende resolver.
Pero esa que es, o intenta ser, la verdad jurídica, es apenas una parte del contenido de una providencia judicial. Esta se halla igualmente conformada por la verdad fáctica. Tal concepto corresponde a la reconstrucción de los hechos de acuerdo con la prueba recaudada, siendo necesario que entre esta y aquella exista una correspondencia objetiva en cuanto las específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el acontecimiento fáctico, deben estar demostradas con el material probatorio recaudado en la actuación. El prevaricato puede entonces ocurrir en uno de los dos aspectos de la solución del problema jurídico. En el fáctico o en el jurídico. O en los dos simultáneamente, pero en todo caso, el uno no puede desligarse del otro en cuanto la función judicial consiste precisamente en determinar cuál es el derecho que corresponde a los hechos”.
Ahora bien, establecido que el objeto de discusión estriba en el aspecto probatorio y, específicamente, en definir si la absolución proferida por el acusado a favor del ex congresista Carlos Alberto Oviedo Alfaro, es o no abiertamente contraria a la ley, estima pertinente la Sala, para una adecuada comprensión del asunto, verificar el contenido de la resolución de acusación proferida por esta corporación contra el hoy occiso Carlos Alberto Oviedo Alfaro, establecer los elementos de prueba recopilados en la fase del juicio, diseccionar el contenido de la sentencia absolutoria proferida a favor de aquel por el aquí procesado y verificar la trascendencia de los yerros en que pudo incurrir el acusado al momento de realizar el examen y evaluación probatorios.
Ello, por cuanto, centrada la discusión exclusivamente en el tópico probatorio, la definición de si es o no contrario a la ley lo argumentado y decidido por el juez de primera instancia, ha menester auscultar los elementos de juicio incorporados en el proceso que le correspondió conocer y el análisis que de ellos se efectuó.
a) La resolución de acusación.
Como quiera que el procesado por el doble homicidio gozaba de fuero constitucional en atención a su condición de congresista, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, adelantó la investigación y gran parte del juzgamiento, como al comienzo se especificó.
Cerrado el ciclo instructivo, el mérito del sumario se calificó profiriéndose resolución de acusación contra Carlos Alberto Oviedo Alfaro, en condición de determinador de dos homicidios agravados, bajo los siguientes presupuestos probatorios:
1. Se advierte inconcusa la materialización del doble homicidio, pues, fue allegada la necropsia practicada a ambos cadáveres, en la que claramente se consigna como causa común de la muerte, shock hipovolémico resultante de herida perforante de ventrículo izquierdo. Allí mismo se estableció que las quemaduras constituyeron un evento post mortem.
2. En punto de la intervención en los hechos del procesado Oviedo Alfaro, se toma en cuenta, inicialmente, lo declarado por Juan Carlos Celis Franco, hermano de una de las víctimas (Fernando Celis), quien relató que previo a los acontecimientos, el hermano del procesado, a quien se conoce como “Bambino”, acostumbraba recoger en su casa a Fernando; destaca también que el occiso envió varios mensajes de buscapersonas al Código 911, utilizado por “Bambino” y al 10.370, usado por Juan Guillermo Acosta (la otra víctima); por último, refirió que Fernando le confió cómo el día de los sucesos se iba a encontrar con Carlos Oviedo, dado que este le adeudaba tres millones de pesos.
3. Declaración de Óscar Celis Lizcano, padre del fallecido Fernando Celis. Asevera que su hijo decía ocuparse en calidad de guardaespaldas de Carlos Oviedo, por ello, vio que frecuentemente el hermano de este, alias “Bambino”, y alias “Mico Llorón”, recogían a Fernando en su casa. Conoce que su hijo, por orden de Carlos Oviedo, dio muerte a un “duro”, por lo cual se le prometió el pago de tres millones de pesos. Añade que Fernando le confió haberle dicho a su patrón que Guillermo Acosta pensaba matarlo; por ello, Carlos Oviedo le ofreció tres millones de pesos para adelantársele.
4. Declaración de Luz Neyda Celis Franco, hermana de Fernando Celis. Asegura que su colateral fungía guardaespaldas de Carlos Oviedo, por ello, como instalaron línea telefónica en su casa, desde allí acostumbraba llamar a su patrón. El día de los hechos, anota, su hermano llamó a Guillermo Acosta (la otra víctima), a eso de las once y treinta de la mañana.
5. Declaración de Migdalia Ortiz Torres, compañera permanente de Fernando Celis. Afirma que en una ocasión alias “Mico Llorón” se comprometió con Fernando a conseguirle trabajo como guardaespaldas de Carlos Oviedo y, en efecto, poco después comenzó a ejercer esa función; era recogido en su casa por “Bambino”; se comunicaba con este al código 911 de buscapersonas (entregó un papel en el cual la víctima anotaba ese número). Agrega que su compañero le manifestó que Carlos Oviedo lo contrató para matar a una persona por tres millones de pesos y además, que le prometió pagarle para “sonsacar” a Guillermo Acosta. El día de los hechos dijo Fernando que se iba a encontrar con la “gente” de Carlos Oviedo.
6. Atestación de Álvaro Acosta Botero, hermano del fallecido Juan Guillermo Acosta Botero. Dice que conoció de boca de los familiares de Fernando Celis, que la muerte de su colateral ocurrió porque Carlos Oviedo tenía un romance con su ex esposa.
7. Testimonio jurado de Silvia Acosta Botero, también hermana, de Guillermo Acosta. Refiere que en 1996 le confió a Guillermo conocer que Carlos Oviedo tenía un romance con su esposa.
8. Declaración de Inés Acosta Botero, hermana de Guillermo Acosta. Asegura que se hallaba en compañía de la víctima el 2 de enero de 1997, cuando esta recibió un beeper concertando cita para las horas de la tarde; por ello, lo condujo hasta el parque de La Tebaida.
9. Atestación de los agentes de policía de la estación de Puerto Espejo, Miguel Ángel Sandoval Prada, Óscar Murillo Cortés, Jaime Rincón Rojas y Luis Eduardo López Duque. Los tres primeros coinciden en que el 2 de enero de 1997, a eso de las tres de la tarde, vieron desplazarse en un vehículo, desde Armenia hasta Pueblo Tapao, a Carlos Oviedo (a dos kilómetros de allí se hallaron los cuerpos incinerados).
10. Declaración de José Fáber Ocampo Cardona. En testimonio rendido el 2 de enero de 1998, dentro del proceso que se seguía por la muerte de su cuñado Jaime Hoyos Ramírez (ocurrida el 24 de agosto de 1996) advirtió que observó cuando fueron asesinados Juan Guillermo Acosta y Fernando Celis, a eso de las ocho de la noche, en una finca al parecer de propiedad del alias “Frescolo”. Allí se encontraba Carlos Oviedo, quien luego de indagarle acerca de la veracidad de lo expuesto por las víctimas sindicándolo de haber ofrecido cien millones de pesos para matarlo (a Carlos Oviedo), dio la orden de matar a los retenidos; el acto fue ejecutado por alias “Frescolo” y otra persona que no conocía, quienes hundieron punzones en el corazón de los occisos y los ahorcaron con una soga; seguidamente, los llevaron a un vehículo, tapándolos con costales.
11. Declaración ante notario de José Fáber Ocampo, rendida el 14 de enero de 1998, en la cual se retracta de lo afirmado el 2 de enero anterior, atribuyendo lo dicho a una crisis nerviosa.
12. Declaración de José Fáber Ocampo Cardona, ante la fiscalía, surtida el 5 de febrero de 1998. Explica que debido a su estado de excitación nerviosa, producto de amenazas por la muerte de su cuñado, vinculó en los hechos a Carlos Oviedo.
13. Atestación de Luis Carlos Cerra Vargas, investigador del CTI, sostuvo que el buscapersonas con código 911, se hallaba a nombre de Jorge Iván López Henao, pero quien verdaderamente lo utilizaba era Guillermo, alias “Bambino”, hermano de Carlos Oviedo.
14. Inspección judicial a la empresa Centracom. Allí se verifica que el beeper con código 10.370, estaba a nombre del occiso Guillermo Acosta Botero. También se verifica que Fernando Celis, le dejó varios mensajes el día de los hechos, a las 11.02 a.m., 1. 37 p.m., 1:47 p.m. y 3:10 p.m.
15. Indagatoria de Carlos Oviedo Alfaro. Afirmó que no tuvo ninguna vinculación con lo ocurrido; conoció a Fernando Celis (alias El Mono), porque cuidaba carros en la plaza de ferias de Armenia y su hermano (Bambino), le pidió darle trabajo, aunque ello se frustró cuando se conocieron los antecedentes penales de Fernando. Sólo conoció adjetivamente a Guillermo Acosta, en razón a que la hermana de este tenía un apartamento en el mismo edificio donde residía (el indagatoriado) y además la esposa de Guillermo gerenciaba una oficina de Uconal, donde tenía una de sus cuentas. Afirma que el dos de enero de 1997, estuvo en la llamada fiesta del toro en Cali, regresó a Armenia a eso de las ocho y treinta de la noche y departió con unos amigos en la tienda de Capota hasta cerca de las diez de la noche y luego se dirigió al restaurante Rancho Argentino. Añade que Fáber Ocampo le confió cómo, presionado por unos amigos, se vio compelido a acusarlo falsamente de la muerte de Fernando Celis y Guillermo Acosta.
16. Inspección judicial a la finca El Rocío (donde se dio muerte a las víctimas), de propiedad de María Rosmira Tangarife, compañera permanente del alias Frescolo. Afirmaron los compañeros que desde tiempo atrás conocían a Oviedo Alfaro porque este les prestó sus servicios profesionales de abogado en un asunto de familia.
17. Declaración de Gloria Patricia Castaño Suazo, Ex esposa de Guillermo Acosta. Dice que para la época de los hechos ya se había separado de Guillermo Acosta; agrega que a Carlos Oviedo solo lo conocía profesionalmente en razón a la cuenta que este poseía en Uconal, entidad de la cual era ella gerente. Sostiene que a eso de las doce de la noche del 2 de enero de 1997, llegó Carlos Oviedo al restaurante el Rancho Argentino; poco después volvió a encontrarlo en la tienda de Capota.
18. Declaración de Argenis Chocontá Cuéllar, Douglas Medina Oviedo y José Antonio López Castaño. Testigos de descargos de la defensa, amigos de Carlos Oviedo, quienes al unísono refieren que el 2 de enero de 1997 estuvieron con este en la ciudad de Cali, en la fiesta del toro; de regreso ingresaron a la tienda de Capota, después al Rancho Argentino y por último, de nuevo a la tienda de Capota.
19. Declaración de Pablo Jordán Wilson, propietario del restaurante Rancho Argentino. Dice no recordar si el día de los hechos estuvo en su establecimiento Carlos Oviedo.
20. Testimonio de Jesús Alcides Cardona González, propietario de tienda de Capota. Asevera que Carlos Oviedo estuvo en el local el 2 de enero de 1997, entre las siete y media y las ocho de la noche; salió a comer y después regresó a la medianoche.
21. Atestación de Luis Jaime Álvarez Ángel, conocido con el remoquete de “Mico Llorón”. Niega que trabajase al servicio de Carlos Oviedo como conductor, o que acostumbrase recoger en su casa a Fernando Celis.
22. Agente Miguel Ángel Sandoval Prada. Muta parcialmente su declaración inicial, para decir que el encargado de señalar a Carlos Oviedo como una de las personas que pasaban en un vehículo por la estación de Puerto Espejo, fue el uniformado Rodríguez.
Con base en los elementos de juicio reseñados, la Corte estimó que existía prueba directa e indirecta suficiente para vincular como determinador del doble homicidio a Carlos Oviedo Alfaro. En concreto, esto destacó la Sala en el llamamiento a juicio:
a) Fernando Celis trabajaba para Carlos Oviedo, era su sicario; por ello acostumbraban buscarlo en su casa Bambino (hermano de Oviedo Alfaro) y Mico Llorón. Gracias a esa confianza, Oviedo Alfaro le pidió a Fernando Celis que le “Sacara” a Guillermo Acosta (este sabía del romance de Carlos Oviedo con su ex esposa). La compañera de Fernando confirmó que “Mico Llorón” le colaboró a Fernando para trabajar como guardaespaldas de Oviedo Alfaro; Juan Carlos y Óscar Celis, confirman que esa relación laboral existía, verificando que “Mico Llorón” y “Bambino”, recogían en su casa a Fernando. Y el vínculo con el acusado surge irrebatible, si se tiene claro que a Fernando se le suministró el número de código de beeper 911, si bien a nombre de otra persona, utilizado comúnmente por “Bambino” y el propio Carlos Oviedo. Los mensajes transcritos advierten inconcuso que el destinatario es Bambino o Carlos Oviedo.
b) Fernando Celis sí dijo la verdad a sus familiares, incluso les confió que el día de los hechos tenía una cita en el parque de La Tebaida, y así se confirmó con el mensaje de beeper enviado a Juan Guillermo Acosta —la hermana de este ratifica que lo recibió, añadiendo que acompañó a la víctima hasta el lugar reseñado—.
c) José Fáber Ocampo Cardona, testigo principal, ratifica el proceso causal de las muertes. Y, aunque pretendió retractarse de la directa acusación vertida contra Carlos Oviedo, no se advierte mala fe en su inicial atestación, ni motivo que lo indujera a señalar falsamente a Oviedo Alfaro; mucho más, si esas acusaciones reciben confirmación en el expediente. La retractación no es creíble porque el acusado y el testigo difieren al referir la razón del supuesto falso señalamiento (el primero dice que por intereses de sus contradictores políticos, el segundo aduce presunto estado alterado de sus nervios); no se advierte que en su primera declaración el testigo se hallase presa de alguna turbación mental o anímica, ya que narra lo sucedido de manera espontánea y clara, es extraño que, a pesar de operar desde mucho antes la retractación, solo el 4 de agosto asevere el declarante que no podía presenciar lo ocurrido por hallarse en otra región del país (no se toma en cuenta la certificación de supuesta atención médica aportada por la defensa, pues operó extemporánea, cuando ya había sido cerrado el ciclo instructivo); no existe prueba de que los relatos periodísticos referidos al doble crimen, incluyeran todos los detalles entregados por el testigo presencial, como para atribuir a ese medio lo narrado; incluso los motivos de la doble occisión fueron traídos a colación por otros declarantes; tampoco eran de dominio público datos como los atinentes a la forma en que se causaron las muertes (golpe de punzón en el corazón), la ubicación del lugar de los hechos y la intervención del alias Frescolo (compañero de la propietaria de la finca donde se escenificó el doble crimen).
d) No es atendible lo presentado por la defensa como prueba de descargos porque, en primer término, resulta extraño que los amigos del acusado después de tanto tiempo cuenten con una memoria privilegiada, al punto de relatar armónicamente todo lo ocurrido el 2 de enero de 1997, con citas de horas y lugares. Pero, de todas formas a esas declaraciones se opone que se demostró cómo Carlos Oviedo fue visto por tres agentes cuando pasaba por la estación de policía de Puerto Espejo, a las tres de la tarde —a esa hora las víctimas se habían dado cita en el parque de La Tebaida—. Precisamente, como el agente Sandoval busca retractarse de lo dicho de manera amplia y expresa en sus iniciales atestaciones (que vio directamente a Oviedo en el vehículo), se ordena expedir copias para que sea investigado. Respecto de lo referido por los acompañantes de Carlos Oviedo el día de los hechos, advierte la acusación que perfectamente pudo desplazarse desde los sitos de diversión hasta el de la ocurrencia de los crímenes, entre otras razones porque, acorde con lo declarado por Gloria Patricia Castaño (ex esposa de Guillermo Acosta y quien dijo haber visto a Oviedo Alfaro en esos lugares de diversión), existe un lapso de dos horas carente de explicación. Por último, la afirmación de Carlos Oviedo, referida a que no conocía a Frescolo, es desmentida por la esposa de este, quien dice que el acusado los ayudó profesionalmente en un proceso de familia.
b) Las pruebas recopiladas en la fase del juicio.
Ahora bien, como el sustento basilar de lo explicado por el procesado en la indagatoria, dice relación con los efectos que sobre ese análisis atrás recopilado, tuvo la prueba recaudada en la fase del juicio, la Sala estima necesario resumir de manera sucinta lo acopiado allí:
1. Diligencia de inspección judicial practicada en el CAMU, ubicado en el municipio de Buenavista - Córdoba, en aras de constatar si para el 2 de enero de 1997, en ese centro hospitalario fue atendido el señor José Fáber Ocampo Cardona.
En el fólder correspondiente a la atención de pacientes en el año 1997, se constató que: “Revisados cuidadosamente cada uno de éstos fólderes se encontraron dos (2), correspondiente a los señores José Fáber Ocampo Cardona y Javier Jadit Medellín, como personas atendidas en este centro asistencial para la fecha del día 2 de enero de 1997”. Se anexa copia de las historias clínicas de ambos pacientes. Aparece atención de urgencias a Ocampo Cardona José Fáber, en la cual no se registra el documento de identidad ni el número de historia clínica. La historia clínica de Javier Jadit Medellín, refiere atención del 2 de enero de 1997, con ingreso a las 12:20 y orden de la médica Liney Barrera de hospitalizar para observar, con salida del hospital al día siguiente (3 de enero de 1997 a las 6:30 a.m.). No se encontraron en la dirección administrativa del centro hospitalario, talonarios de copias de recibos correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 1996; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 1997, los que, fue aducido en la diligencia, se encuentran en el Hospital San Nicolás de Planeta Rica, de donde depende administrativamente el centro de atención de Buena Vista.
No obstante, en el transcurso de la diligencia, se encontraron varias planillas del registro diario de egresos hospitalarios del mes de enero de 1997: “de la revisión cuidadosa de esta cuatro (4) planilla se establece que no aparece el nombre de José Fáber Ocampo Cardona, como atendido en este centro hospitalario el día 2 de Enero de 1997. De la revisión cuidadosa de éstos cuatro folios se establece que el nombre: Javier Medellín sí aparece como atendido en este centro hospitalario el 2 de Enero de 1997”.
Dentro de la inspección judicial se recibió testimonio al médico Mariano Enrique Vergara Diago, Director para ese momento del centro de salud de Buenavista, quien respondió que el 2 de Enero de 1997 tenía el mismo cargo; en esa fecha el Centro tenía a su servicio cuatro médicos que trabajaban por turnos en urgencia y consulta externa, y seis enfermeras también distribuidas por turnos. No recuerda qué turno para ese día tuvo el doctor Lupercio Herazo Quiñones.
Indica que el CAMU de Bellavista es un centro de atención de urgencias, donde solo se evalúa al paciente y se estabiliza; si es necesario, dada la gravedad de la persona, se envía a otro centro hospitalario; los pacientes deben pagar la atención de acuerdo a la tarifa establecida por el hospital San Nicolás; en caso de no tener dinero se les hace firmar constancia como medida de control; el recibo de pago se le hace solo al que entrega el dinero correspondiente; es posible que se olvide elaborar algún recibo de pago. Hace claridad el testigo: “...los pacientes que ingresan por urgencia sean hospitalizados o nó (sic) quedan registrados en la planilla de ingreso que es distinta a la de egresos, paguen o no paguen la cual se encuentra en el archivo del hospital de Planeta Rica”.
En la misma diligencia se le recibió testimonio al doctor Jaime de Jesús Bustillo Petro, quien también fue director del CAMU Buenavista desde el 1º de mayo de 1997 hasta el 23 de febrero de 1999, el cual certificó la documentación enviada al proceso, respecto a la atención que hizo el médico Lupercio Herazo y reconoce que el hospital carecía de organización administrativa.
Declaró el médico José Lupercio Herazo Quiñones, quien se vinculó al CAMU de Buenavista en el mes de mayo de 1995. Expresa que el 2 de enero de 1997 se encontraba trabajando en el CAMU de Buenavista en el servicio de urgencias, no recuerda con qué enfermera de apoyo, tampoco cuantos pacientes atendió; el turno lo empezó a las siete de la mañana, pero no sabe sí fue de doce o veinticuatro horas.
Manifiesta que no conoce a José Fáber Ocampo Cardona; reconoce como de su autoría la historia clínica que se puso a disposición de José Fáber, única y exclusivamente lo que corresponde a la parte médica (atención de urgencia y órdenes médicas), los apartes referidos a signos vitales y cumplimento del tratamiento ordenado le correspondió diligenciarlos a la enfermera de turno, que de acuerdo al escrito corresponde a Ena Martínez.
Es preguntado por el fiscal comisionado: “Dentro De esta diligencia se ha establecido testimonialmente que en el servicio de urgencia hay un médico por cada turno. Según una de sus respuestas anteriores, para el día 2 de Enero de 1997, usted era el único médico que prestaba turno en el CAMU de Buenavista; si ello es así cómo le puede usted explicar al despacho que para el día 1 (sic) de Enero de 1997 se haya internado en el servicio de Urgencias de este CAMU, al señor: Javier Jadit Medellín y esta persona haya sido atendida por otro médico diferente a usted, tal y como se deduce del contenido de la historia clínica de esa persona, que se le pone de presente. Se aclara la pregunta en el sentido de que esta persona ingresó al servicio de urgencia de este CAMU, el día 2 de Enero de 1997. Se le pone de presente el contenido de la referida historia clínica? Respondio: No entiendo cómo aparece otra historia clínica elaborada por otro médico en tal fecha, firmado por la doctora Liney Barrera, que estaba vinculada al CAMU, no recuerdo si como médico rural o médico de planta, por esa época, ya que estábamos (sic) repito a dispoción (sic) del director y esperando que no (sic) señalara la intensidad laboral. Preguntando: Cómo explica usted que en registro diario de egresos Hospitalarios correspondientes al mes de Enero de 1997, documento recaudado en esta diligencia de inspección judicial, si aparzca (sic) el señor: Javier Medellín, persona esta atendida por la doctora; Liney Barrera, como persona atendida en este CAMU y no aparezca en dicho registro y no aparezca el nombre del señor; José Fáber Ocampo Cardona, persona que dice usted atendió usted en este CAMU, el día 2 de Enero de 1.997 Respondio(sic): No entiendo cómo el personal de estadística mane (sic) información y los parámetros que llevan para ello, ya que según observó (sic) en los egresos no están en secuencia, en realidad no entiendo porque no aparece, no hay orden cronólogico (sic), no sé cómo recogen las historias ni las archivan,...”
Se realizó inspección judicial, al Hospital San Nicolás de Planeta Rica, el 28 de abril de 1999, por parte del Fiscal Regional Delegado ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, con el fin de revisar las tarjetas correspondientes al CAMU Buenavista del año 1997, respecto a los registros diarios de consultas, donde aparece discriminada la fecha, número de historia clínica o nombre del paciente, etc.: “Revisado el archivo se encontró el correspondiente al mes de enero de 1997, que consta de cuarenta y cinco (45) folios incluidos el de su carátula. Se procedió a revisar cada uno de los folios de este fólder en búsqueda (sic) al nombre correspondiente a José Fáber Ocampo Cardona, como persona atendida el día 2 de Enero de 1997 y no se encontró este nombre como persona atendida el día 2 de Enero, ni ningún día del mes de Enero de 1997 en el CAMU de Buenavista - Córdoba”
2. Se practicó inspección judicial al proceso de adopción tramitado en el Juzgado Primero de Familia de Armenia, promovido por María Rosmira Tangarife Vanegas y Juan Ernesto Vásquez Corrales, con radicado 3553, constatando que el abogado fue el doctor Iván Trujillo Arbeláez. Se demostró que Carlos Alberto Oviedo Alfaro, no había actuado como apoderado. Tampoco lo hizo, en el trámite administrativo de protección al menor Ernesto Vanegas, llevado a cabo en el Instituto de Bienestar Familiar de Armenia en el año 1994.
3. Declaración de José Guillermo Gutiérrez Isaza (4 de mayo de 1999), gerente administrador de la empresa de beepers Etelco, de Armenia - Quindío.
Manifestó que Carlos Oviedo Alfaro, tuvo un beeper vinculado a su empresa, como también varios familiares —su hermano Guillermo y una hermana de crianza o sobrina—, pero los aparatos fueron desactivados por ellos en fechas diferentes sin recordar la fecha.
Asegura que Oviedo Alfaro, llegó a su casa y lo recogió en una camioneta para que fuera a abrirle la oficina con el fin de revisar los mensajes del beeper de su sobrina. Llegó acompañado aproximadamente de ocho personas que iban en dos carros, a eso de las nueve de la noche. Comportamiento que indicó el testigo “No es frecuente, es la primera vez que me ha pasado”.
Agrega que a su casa ingresó solamente Oviedo Alfaro. No se sintió amenazado por él, pero sí presionado a abrir la oficina por ser un personaje de su talla.
También señaló que en una oportunidad, en la cual los investigadores iban tomando nota, fue interrogado sobre el mismo tema, empero, cuando el documento fue presentado para la firma se negó a rubricarlo, por cuanto, no estaba de acuerdo con lo consignado (la declaración a que se alude, se refiere a la visita que le hizo Carlos Oviedo, pidiendo le mostrara los mensajes que de su oficina había ido a tomar la fiscalía, respecto a Fáber Ocampo y Carolina Oviedo Alfaro).
4. Declaración de José Belmore Muñoz Giraldo, quien manifestó haber visto el 2 de enero de 1997 en las horas de la noche, al político Carlos Oviedo Alfaro, cuando ingresaba al restaurante El Rancho Argentino en compañía de varias personas; él se encontraba celebrando los 43 años de matrimonio con su familia. Observó que entre las personas que acompañaban a Oviedo Alfaro, se encontraba Jesús Antonio López Castaño, propietario de una compra venta de carros ubicada cerca a su almacén. La esposa del declarante, Esneda Correa Vega de Muñoz, expresa haber visto también ese día al político.
5. Declaración de Daisy Rodríguez González, propietaria de la finca La Platina, ubicada cerca del lugar donde fueron encontrados los cadáveres incinerados. Expresa que no tuvo conocimiento de lo ocurrido porque se encontraba con su esposo en la ciudad de Cali. Quien le notició de lo sucedido fue su mayordomo.
6. Se aportaron las publicaciones de varios medios de comunicación escrita acerca de la muerte de Juan Guillermo Acosta Botero y Fernando Celis.
7. inspección judicial a la empresa Etelco, el 6 de mayo de 1999, con la finalidad de recoger los mensajes recibidos por José Fáber Ocampo Cardona, el 2 de enero de 1997. No se obtuvo ningún resultado, toda vez que el sistema borra de manera cíclica los mensajes, cuando pasan de cien.
8. inspección judicial realizada el 7 de mayo de 1999, encaminada a determinar las distancias entre el sitio donde se encontraba ubicado el restaurante El Rancho Argentino para el 2 de enero de 1997 y la finca El Rocío, lugar donde se encontraron los cadáveres incinerados. Se constató la posibilidad de llegar por dos caminos:
—Por la vía Rancho Argentino—Montenegro— Pueblo Tapa. Recorrido 35 kms. con 200 mts. Tiempo de recorrido, cuarenta minutos, a una velocidad promedio de 70 kms.
—Por la vía Rancho Argentino— tomando Bolívar—brigada del Ejército— hasta Urbanización María Cristina, ubicada en el puente La Florida, hasta Puerto Espejo o Inspección de Policía. Recorrido 16 kms. con 800 metros. Tiempo de recorrido veintitrés minutos.
9. Declaración de José Libardo Yepes Murillo, recepcionada el 7 de mayo de 1999. Dice el atestante que se encuentra recluido en la penitenciaria de Peñas Blancas, condenado por los delitos de homicidio y porte Ilegal de arma de fuego. Dice que no conoce a Oviedo Alfaro y que no entiende por qué lo han ido a visitar en tres oportunidades. Agregó que en una de esas visitas, una persona de nombre Jhon lo conminó a acusar falsamente a Oviedo Alfaro, a cambio de reducción de penas. Expresa que tiene como apodo “casquete”; también que el miércoles anterior le firmó documentos a unas personas que fueron a visitarlo, pero no leyó lo que decía porque es muy corto de vista. Le preguntaron en esa oportunidad, si tenía información de Carlos Alberto Oviedo.
Expresa que conoció a Fernando Celis, quien era su amigo, no sabe por qué lo mataron, no le conocía trabajo. Manifestó también que distinguió a Juan Guillermo Acosta Botero por intermedio de Fernando Celis. Recuerda que luego de ese encuentro, el 29 de Diciembre del año que mataron a Celis, este bajó a su casa a las tres de la mañana y le dijo que lo acompañara para matar a Juan Guillermo, pero no aceptó la propuesta porque le dio miedo. Recuerda igualmente que su amigo le dijo que por esa muerte un sujeto, Fabio o Fabián, pagaba tres millones de pesos.
10. Declaración de Óscar Hernán Muñoz Correa, recibida el 11 de mayo de 1999, en la ciudad de Bogotá. Advierte que para el 2 de enero de 1997, Carlos Oviedo se encontraba en Rancho Argentino. Asegura que ese día estaba cenando allí con su familia y lo saludó. Lo ha visitado en la cárcel La Picota en Bogotá. Recordó la fecha en que lo vio en el restaurante, porque ese día estaba celebrando el aniversario del matrimonio de sus padres ya que cumplían 34 años de casados. Dice que estuvo en el establecimiento desde las siete y media u ocho de la noche, hasta las diez y media. Oviedo Alfaro llegó después de las nueve y media de la noche, no supo a qué horas se fue, porque salió antes; mientras estuvo en el local, Carlos Oviedo no se ausentó.
11. Declaración de Lina Blandón Jiménez. Esposa del anterior declarante. Corrobora lo expresado por su cónyuge.
12. Dictamen topográfico realizado en inspección judicial, con el fin de tomar distancias y tiempo entre sitios Rancho Argentino, puerto espejo, finca El Rocío.
En la audiencia pública de juzgamiento se practicaron las siguientes pruebas:
13. Interrogatorio del procesado. Insiste en que su vinculación obedece a intereses políticos de sus contradictores, quienes han sido apoyados por personal del CTI Niega haber tenido amistad o trato con Fernando Celis. Asegura que no fue vinculado a la muerte de Jaime Hoyos; recuerda, sí, que el día de la muerte de este se encontraba en el mismo sitio donde lo ultimaron. Sostiene que para la época de los hechos, el puente que comunicaba a Puerto Espejo con Pueblo Tapado, estaba totalmente caído y, por tanto, era imposible físicamente que un vehículo que se dirigiera de Armenia a Puerto Espejo y de Puerto Espejo a Puerto Tapado lo hiciera por ese lugar. Agrega, que si hubiera pasado por el puesto de Policía de Puerto Espejo, necesariamente se tenía que devolver por la misma vía porque no hay más, salvo otras dos que son distantes: Armenia—Montenegro y Armenia—Tebaida.
Niega que la noche de los hechos, hubiera visto a Gloria Patricia Castaño Sáenz (esposa del occiso Juan Guillermo Acosta) en Rancho Argentino, supo que estaba allí con su familia en el salón principal, pero para él era imposible verla porque llegó a las diez de la noche a un salón pequeño que comunica con los baños. A pesar de ello, es la misma esposa del occiso quien dice que lo vio a él en ese sitio. Sin embargo, luego de salir, a las doce de la noche, de Rancho Argentino se dirigió al establecimiento tienda de Capota y allí sí observó a Gloria Patricia Castaño.
Rechaza haber usado el beeper con el código 911 para dejar algún mensaje. Expresa que nunca envió mensajes directamente porque esa tarea la realizaban sus secretarias. El código 911 no era de su hermano como se afirma en el expediente; está demostrado que su hermano tenía otro código.
Agrega Carlos Oviedo, que Noel Noscué le confió la forma en que agentes del CTI, lo reclutaron para acusarlo falsamente de algunos delitos.
Asevera Oviedo Alfaro, que las acusaciones iniciales de Fáber Ocampo obedecieron a un plan fraguado por sus contradictores políticos, como así se lo confesó el declarante.
No recuerda haber asistido en un asunto penal como litigante, a la señora María Rosmira Tangarife Vanegas.
14. Testimonio de Leonardo Augusto Cabana Fonseca, quien fungía como Fiscal de la unidad nacional de derechos humanos. Manifestó que le fue noticiado por parte de un investigador del CTI de la ciudad de Armenia, que Carlos Oviedo había visitado a Guillermo Isaza, gerente de la empresa de beepers Etelco, para que le informara cual había sido el objeto de la diligencia llevada a cabo por la Fiscalía. Por esta razón, se trasladó con el investigador a esa empresa y recibió el testimonio, pero por problemas técnicos no se pudo imprimir allí; empero, no fue posible ubicar ese día al testigo, quien después se negó a firmar porque temía “por su familia, por sus hijos y por el mismo trabajo...”; por ello, aparece la diligencia sin la firma del testigo pero con la suya.
Añade el funcionario, que una vez el testigo le manifestó su temor, profirió una resolución ordenando se le recibiera declaración, para que explicara la negativa a firmar, y este le reiteró que no lo hacía porque tenía miedo, dados todos los comentarios que en la ciudad de Armenia se hacían de Oviedo Alfaro; no le mencionó amenazas directas. Advierte que para la notificación de la cita, envió a un investigador de Bogotá y a este le mencionó el testigo que había llegado una persona con un aspecto trasnochado “donde le decía qué debía decir en la diligencia y le llevaba copia de la misma diligencia que días antes había realizado en la empresa”.
Advera que no consulta la realidad afirmar que el declarante no hubiera firmado la diligencia porque lo escrito era discordante con su testimonio. Recuerda que en la declaración que se le recibió después, negó todo lo que había ocurrido en la diligencia anterior, inclusive que habían acudido a la empresa.
Agregó el fiscal que el testigo le mencionó que Carlos Oviedo preguntaba por los mensajes de Varela, alias “jabón”; que verificó todos esos mensajes y que estuvieron en la empresa (en dos carros, cerca de nueve hombres) hasta las 11:30 de la noche.
c) De lo analizado probatoriamente en el fallo cuestionado.
Ahora, conocido el sustento probatorio de la resolución de acusación y el contenido de las pruebas recogidas en la etapa del juicio, la adecuada verificación del actuar del acusado Orlando Gómez Rodríguez, demanda conocer cuales fueron los fundamentos de la decisión absolutoria que se le atribuye como prevaricadora.
Específicamente, este es el contenido del fallo de primera instancia proferido por Gómez Rodríguez:
Respecto de la materialidad del doble homicidio atribuido a Carlos Oviedo Alfaro, reseña que gracias a la inspección judicial de los cadáveres, las fotografías tomadas en curso de ella y los resultados de las necropsias, se determina inconcusa la muerte violenta de las víctimas, debida a shock hipovolémico consecuencia de herida penetrante en ventrículo izquierdo.
Empero, acerca de la responsabilidad del procesado Oviedo Alfaro en esa doble occisión, la sentencia advierte razonables las posturas argumentales de la defensa y el procesado, en cuanto señalan que el acopio probatorio “...perdió su fundamento y devino deslegitimado especialmente al derribarsen (sic) en la etapa del juicio los cargos que podrían poseer contundencia”.
Para el efecto, aborda el examen individual de la prueba, de la siguiente manera:
A) Lo dicho por los familiares del occiso Fernando Celis, no resiste “...la constatación efectiva y desviaron el curso de las deducciones para obtener una orientación eficiente de la tarea de justicia”. Esto, por cuanto, la narración es “inusitada y desprovista de realidad”, en tanto relaciona que Fernando Celis trabajaba para Carlos Oviedo como sicario, que “sonsacó” a Guillermo Acosta para que se le diera muerte, o que el origen de los hechos se remontaba a la relación romántica sostenida por Oviedo Alfaro con la esposa de Acosta.
Estima el juzgador que no es creíble lo dicho por los allegados del occiso Fernando Celis, destacando que su relato se volvió fantasioso precisamente por ocasión del “otorgamiento de un estado o beneficio de especial seguridad, que les brindara el Mayor Mora, jefe de la Sijin”, quien advirtió del temor de los declarantes de decir lo conocido. En tal sentido, releva el fallo cómo en un comienzo se señaló a los alias “Mico Llorón” y el “Bambino” “lo que nos permite destacar que hasta ese momento de despliegue de albores investigativos no existió relación que permitiera sindicar al doctor Oviedo”:
1. Desestima, la sentencia, lo dicho por el padre de Fernando Celis, Óscar Celis, pues, su afirmación de que a su hijo le dieron una metralleta para darle muerte a Jaime Hoyos, fue desmentida por el jefe de la unidad de Policía Judicial, quien estableció que los disparos mortales se produjeron con un revólver del calibre 38.
2. Algo similar ocurre con lo dicho por Juan Carlos Celis, hermano de Fernando Celis, en cuanto afirmó que estuvo al mediodía del 2 de enero de 1997 con su colateral y este le confió que iba a encontrarse con Carlos Oviedo, olvidando que en declaración anterior había sostenido que el día de los hechos había trabajado durante toda la jornada laboral en el almacén de sombreros. Incluso, se agrega, en su última atestación Juan Carlos Celis dijo conocer que Oviedo Alfaro le pagaba a su hermano para matar gente “...demostrándose profundamente intencionado en dirigir su propósito acusatorio contra el procesado”. Además, desconcierta al fallador que el declarante inicialmente diga que supo causada por su hermano solo la muerte de Jaime Hoyos, pero después habla de otros homicidios, incluida una bomba, aunque finalmente acepta que eso lo supo por boca de Migdalia (compañera sentimental de Fernando Celis).
3. Precisamente, acerca de lo dicho por la ex compañera de la víctima, esto anota el fallo de primer grado: “Las declaraciones de Migdalia presentan quizás al más apreciable capacidad de extasiarnos en admiración y maravillarnos tanto o más, que los otros miembros de la familia...”; ello, por cuanto, describió a “Bambino” como alto y mayor de 35 años, no empece(sic) a que este descontaba apenas 22 años y medía 1.74 metros; junto con ello, aportó la testigo el número y código de beeper de Carlos Oviedo, aseverando que Fernando le confió la necesidad de llamarlo el 1º de enero, pero en la relación de llamadas al código en mención no se registra esa comunicación.
Se afirma en el fallo como imposible que Fernando Celis fuese contratado en calidad de guardaespaldas de Carlos Oviedo, dado que para la fecha de dársele muerte al primero, apenas había sido presentado una semana atrás al segundo.
Por lo demás, se agrega en la sentencia, debe llamar la atención que lo dicho por la declarante opere en los mismos términos utilizados por el agente Gómez Rincón: “el contenido de esta declaración permite avizorar el apego a un libreto que buscaba construir una fantasiosa historia”.
4. En torno de lo relatado por Luz Neida Celis, también hermana de Fernando Celis, la decisión absolutoria de primera instancia sostiene que no puede ser creíble, en tanto, aseveró ella que una persona cuyo nombre no recuerda, iba a darle a Fernando tres millones de pesos; y no puede ser, esa persona, Carlos Oviedo, porque entonces, en sentir del juzgador, sí habría recordado el nombre.
Estima el fallador, recurriendo a lo dicho por el alias Mico Llorón, que los familiares pudieron equivocarse acerca de la posibilidad de que Fernando trabajara para Carlos Oviedo, dado que efectivamente le fue presentado al congresista, pero, como afirma “Mico Llorón”, no pudo ser vinculado debido a sus antecedentes penales.
Construye el sentenciador una regla de la experiencia, a partir de la cual concluye que aún si se dijera a Fernando contratado por Carlos Oviedo 8 días antes de los hechos, resulta imposible que en tan poco tiempo le tuviera tanta confianza como para referirle las actividades que el occiso supuestamente relató a sus familiares. Es igualmente inusual que en ese término, como lo relatan los allegados de Fernando Celis, Bambino fuese a buscar a este en horas de la noche y carros lujosos. Puede suceder, especula el juzgador, que los familiares del interfecto confundieran a Bambino (cuyo nombre de pila es Guillermo) con Guillermo Acosta (el otro fallecido), quien sí acostumbraba a visitar a Fernando.
B) Asume la sentencia que emerge fruto de la imaginación hacer radicar el móvil del doble homicidio en los supuestos amoríos de Carlos Oviedo con la esposa de Guillermo Acosta, añadiendo que de tanto repetirse, esa fue una historia asumida como cierta por los familiares del ingeniero asesinado.
Al efecto, advierte el fallo que por fuera de lo relatado por los familiares de Fernando Celis al respecto, ninguna otra prueba se aportó para demostrar el tópico. Y construye otra regla de la experiencia, así relatada “la creencia primaria que resulta en un pueblo e incluso en grandes ciudades como primer pensamiento de la gente frente a un homicidio es que debe provenir de conflictos pasionales”.
Aborda el sentenciador lo expresado por los familiares del occiso Guillermo Acosta, así:
1. Álvaro Acosta (hermano de Guillermo Acosta). Estima el fallo que este fue influenciado por la forma en que la Fiscalía y el DAS, le preguntaron acerca de la motivación en la muerte de su colateral; y se agrega “la situación depuesta por el declarante, ante la insistencia de asimilar como ciertos los dichos que fueran luego refrendados por parte de la familia Celis, de hecho predispusieron su testimonio y terminó por aceptarlos como ciertos”.
2. Silvia María Acosta (hermana de Guillermo Acosta). Afirmó ella que desde antes de la muerte de Guillermo, conoció que la esposa de este sostenía un romance con Carlos Oviedo y así se lo hizo saber a su colateral.
La crítica de credibilidad que hace el fallo a lo expresado por la testigo se limita a sostener “curioso” que no obstante escuchar Silvia María Acosta que la esposa de Guillermo Acosta salía con varias personas “solo le hizo el comentario (a su hermano, aclara la Sala) con relación a Oviedo”.
Estima el sentenciador que los investigadores, en lugar de seguir la pista al presunto romance del procesado con la esposa de una de las víctimas, debieron enfilar sus pesquisas hacia las “andanzas” de Guillermo Acosta, pues, sus mismos allegados aseveran que estaba “en malos pasos”. Incluso, se añade, la esposa del interfecto niega la existencia de ese hecho y sostiene que su cónyuge se relacionaba con jaladores y desguazadores de vehículos.
Agrega que lo dicho acerca de la labor de Fernando Celis, presuntamente reclutado por Carlos Oviedo para “sacar” a Guillermo Acosta, carece de sustento, en tanto, se conoce que estuvo buscándolo, vía beeper, por varias horas “si bien es cierto finalmente lograron reunirse, fue porque al parecer en La Tebaida era el sitio en que usualmente se encontraban”.
Destaca el fallo que Guillermo Acosta confió a su hermana Olga Lucía, que ese día recibiría la suma de cuatrocientos mil pesos, pero descarta que fueran a ser entregados por Fernando Celis “pues este de ninguna manera podría tener tanto dinero para darle al ingeniero.”
Dice también el proveído cuestionado que “la regla de la experiencia también nos indica, que hasta las 3:10 de la tarde Fernando no se había logrado comunicar con el ingeniero, que tampoco se había cumplido la cita del día anterior, nada tenía que ir a hacer un posible interesado alas 3 de la tarde por los alrededores del puesto de policía de Puerto Tapao”.
Se reitera que no existe prueba acerca de la intervención de Fernando Celis, por orden de Carlos Oviedo, para “sacar” a Guillermo Acosta, dado que, si ello fuera así, no se explicaría que para las tres de la tarde las dos víctimas no se hubiesen encontrado.
En relación con el papel entregado a la fiscalía, al parecer hallado en el cuerpo de Fernando Celis y en el cual se anota el código 911 de beeper, estima el fallador “repudiable” lo que de allí se colige en la acusación, como quiera que ese documento “aparece burdamente tachado, lo cual permite inferir lo acomodada que resultó ser esa prueba”.
Sobre el mismo punto, se destaca que la compañera de Fernando Celis en un primer momento anotó que el documento le había sido encontrado en la billetera a este, pero después sostuvo que él se lo entregó el día anterior. Y se complementa: “resultará creíble que una persona de tan escasos recursos disponga para comprar una hoja de papel oficio solamente con el fin de anotar en ella un número de teléfono y un código de beeper, y entregársela a la esposa para que la guarde, so pretexto de que al día siguiente debía llamar a ese número y después se vaya sin el número...”
Entiende el fallador que resultaba más lógico que Fernando Celis llamara al alias Mico llorón, pero por recomendación de “alguien extraño”, Migdalia, la compañera del occiso, acomodó su dicho para señalar que la comunicación debía establecerse con Carlos Oviedo.
Al sentenciador le parece que al no existir prueba directa de que Fernando Celis llamó a Carlos Oviedo o a su hermano Bambino, pretender construir un indicio a partir de la “visita” que el segundo hizo a la empresa de beepers es “algo reprochable e inadmisible”, pues, lo sucedido realmente es que el gerente de la compañía alertó a Oviedo Alfaro acerca de la “anómala situación que se estaba presentando con los investigadores del CTI”, al punto de entregarle las dos fotocopias de la diligencia —una con firma y otra sin firma del fiscal— “pero que él no quiso firmar en razón a que lo allí consignado no se ajustaba a la realidad”.
Advierte el sentenciador, acerca de esa “visita”, que Carlos Oviedo Alfaro no fue acompañado de personas armadas: “El doctor Oviedo jamás ha tenido guardaespaldas, si así fuera, lógicamente que hubieran aparecido en la nómina del congreso”. Añade que si se hallaba acompañado ello obedece a encontrarse adelantando campaña política.
C) La sentencia controvierte la credibilidad de lo dicho por José Fáber Ocampo:
En primer lugar, porque no puede ser verdad que después de recibir dos punzadas en el corazón, las víctimas queden con vida como para que se les torture y ahorque por dos horas.
Estima el fallador que lo expresado por el testigo acerca de la forma de muerte de las víctimas partió de lo expuesto por los medios de comunicación y no de un conocimiento directo. Y añade “No podemos olvidar las pruebas que demuestran la presencia de José Fáber en el hospital de Villa Hermosa, Córdoba, es faltar a la lealtad procesal que nos pone ineluctablemente de presente, las salidas de este deponente”.
Abordando detalladamente cada una de las versiones entregadas por José Fáber Ocampo, llega a las siguientes conclusiones:
—El 9 de septiembre de 1997, se observa sosegado, ponderado e imparcial; no evidencia que ocultase algo o que “...abrigara noticias de situaciones graves que supuestamente debiera comunicar a las autoridades”.
—El 2 de enero de 1998, “muy posiblemente dolido e influenciado de la reiteración de lamentos de su hermana Esperanza por la muerte del esposo de esta señora”, se presentó voluntariamente ante la fiscalía para denunciar que por la muerte de Jaime Hoyos está siendo amenazado por varias personas. Dice que sabe quién mató a su cuñado pero que después lo revelará.
—Ese mismo día, acudió ante otro fiscal y reveló que su cuñado fue muerto por Carlos Oviedo. Sin embargo, acota el fallador de primer grado, como no le “satisfizo” la actitud del funcionario que recibía la declaración, culminó el relato señalando conocer también cómo se dio muerte a Guillermo Acosta, dado que estuvo presente. Y remata el fallador “No nos olvidemos que ese día de su declaración justamente se cumplía un aniversario de esas muertes, evento cuya efemérides recordaríamos por su impacto cualquier ser humano como inolvidable, sin embargo en su caso afirmó no recordar con exactitud el día del suceso”.
Agrega el fallo que debe entenderse mendaz al atestante, pues, comenzó por decir que iba en un carro que seguía al ocupado por Carlos Oviedo y después sostiene que al llegar a la finca, allí se hallaba Oviedo Alfaro; también es falso que Frescolo sea Orlando, pues su nombre de pila es Juan Ernesto.
Se estima que la mendacidad de José Fáber estriba en “su urgencia de cobrar venganza y retallar el sentimiento que embargaba a su hermana”. Y continúa, asumiendo extraño que “Frescolo” dijera que no se podía dejar vivos a los occisos, pero “...sí al testigo de excepción José Fáber a quien incluso se le permite salir de allí tranquilamente”, lo que riñe con las reglas de la experiencia y obliga estimar mendaz al declarante.
—El 14 de enero de 1998. El testigo presenta declaración ante notario, en la cual se retracta de la acusación vertida contra Oviedo Alfaro. Después, el 5 de febrero y el 4 de agosto de 1998, se ratifica judicialmente.
El fallador acepta como cierta esta retractación, en tanto, estima demostrado que para el momento de los hechos, 2 de enero de 1997, José Fáber Ocampo se hallaba hospitalizado en urgencias de un hospital de Córdoba, como lo demuestra la historia clínica aportada y la declaración del médico tratante, José Lupecio Herazo Quiñones.
Ello, agrega, fue confirmado por Esperanza, hermana de José Fáber.
En lo correspondiente a la dicotomía o falta de corroboración en otros documentos del centro de salud, el sentenciador advierte que el desorden imperante en los archivos del mismo impide una adecuada contrastación, evidenciándose que las planillas solo se elaboran para pacientes que permanecen hasta el día siguiente en la institución.
Otorga el fallador plena credibilidad a los amigos de Carlos Oviedo, cuando declaran acerca de su presencia en otros lugares diferentes al de los hechos, dado que incluso ello se demuestra con documentos (recibo de pago en los establecimientos públicos).
Acerca de lo dicho por los agentes de policía en torno del paso de Carlos Oviedo por la estación de Puerto Espejo el 2 de enero de 1997, señala el fallo de primer grado que el uniformado Sandoval se equivocó en su primera declaración (cuando expresamente dijo haber visto a Oviedo Alfaro a bordo de un vehículo) y por ello decidió después rectificar, aclarando que personalmente no observó al congresista.
Estima absurdo el fallador, que Carlos Oviedo pudiera escabullirse de donde departía con sus amigos, ir a ordenar la muerte de las víctimas y regresar, dado que entre esos lugares se demanda de cerca de dos horas para cumplir el recorrido de ida y vuelta, conforme lo determinó la inspección judicial. Por lo demás, agrega, en horas de la noche se instala un retén en la estación de Puerto Espejo y resultaba imposible que Carlos Oviedo, o incluso Fáber Ocampo, pasaran por el lugar sin ser vistos.
Dice, por último, la sentencia, que el procesado Carlos Oviedo Alfaro es inocente de los hechos que se le atribuyen: “Evidentemente, para el despacho, no existe siquiera duda respecto a la inocencia del imputado...”.
Contrastación probatoria
Verificado qué fue lo consignado en el escrito de acusación, cual prueba se recogió en la etapa del juicio y cómo se analizó el material probatorio en el fallo objeto de cuestionamiento, es tarea de la Corte, ahora, definir si efectivamente esa conclusión a la que llegó el acusado Orlando Gómez Rodríguez, es contraria a los hechos y, consecuentemente, determina la existencia del delito de prevaricato por acción objeto de examen puntual en esta sede.
Para el efecto es necesario partir por señalar que la labor de desentrañamiento aparece si se quiere procelosa, en tanto, demanda auscultar los elementos de juicio allegados durante el proceso de origen y verificar su contenido suasorio, así no se trate de una nueva fase del asunto ya fallado, ni mucho menos se busque atribuir responsabilidad penal solo porque se razona distinto o es asumido el análisis de forma diferente a como lo hizo el funcionario acusado.
Es claro, sí, que dentro del principio de independencia judicial que regula la actuación de los funcionarios que administran justicia y prevalidos ellos de un cierto arbitrio al momento de analizar las pruebas y sus efectos, las más de las veces la simple desarmonía entre jueces, o la decisión modificatoria o revocatoria de la instancia superior, de ninguna manera inciden negativamente en su condición disciplinaria o penal.
Desde luego que no solo el derecho, sino la apreciación de esa reconstrucción histórica de los hechos que modulan el proceso, admiten variadas lecturas, e incluso posiciones contrarias perfectamente sustentadas, a cuyo amparo nunca el solo principio de autoridad puede soportar la posibilidad de determinar contraria a derecho una de dichas soluciones.
Pero, no significa ello, que la decisión judicial se halle al garete o sustentada apenas en el particular arbitrio o subjetiva postura de quien la emite.
No, claramente las normas penales establecen un método o forma de analizar el acervo probatorio, que mucho dista del convencimiento particular o la lucubración carente de soporte, en aras de delimitar esos parámetros mínimos que tornen legítima la decisión y permitan establecer como objetiva y adecuada la solución.
Al efecto, el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, vigente para el momento en el cual se emitió el fallo de primera instancia que se controvierte, específicamente consagra:
“Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El funcionario judicial expondrá siempre de manera razonada el mérito que el asigne a cada prueba”.
Entendido que la sana crítica implica atender a las reglas de la experiencia, los principios científicos y las pautas de la ciencia, importa determinar, para efectos de advertir contraria a derecho o no la decisión cuestionada, si en ella el análisis probatorio respetó estos raseros ineludibles y si, además, el examen de los medios suasorios operó conjunto.
Sobre el particular, es necesario puntualizar cómo para apartarse de los mínimos en cuestión, el operador jurídico puede recurrir al burdo mecanismo de hacer decir a la prueba, en su objetividad, lo que ella no contiene, en cuyo caso la verificación de la contrariedad con el derecho trasuntado en lo fáctico surge si se quiere elemental; o recurre al mecanismo algo más soterrado de eludir el examen conjunto y concentrarse en la prueba individual, para buscar hallar en cada uno de los elementos suasorios factores reales o artificialmente construidos —por lo general a través del fácil expediente de introducir supuestas reglas de la experiencia que no lo son—, de contradicción o mendacidad.
En este último caso, la parcelación o división del acervo probatorio busca eludir la necesaria concatenación que entre los distintos medios de conocimiento existe, de manera tal que los árboles impidan ver el bosque y así la evaluación global termina cediendo a la suma de yerros, verdaderos o supuestos, como si de una operación aritmética se tratase.
Es esa, debe decirse ahora, la forma taimada que adoptó el procesado para construir una bastante artificial evaluación probatoria, no por profusa menos errada, que elude verificar el verdadero efecto demostrativo del conjunto probatorio, para mejor penetrar en las minucias de cada elemento suasorio y así, dadas algunas contradicciones menores, equívocos o los que equivocadamente se plantean como atentados contra las reglas de la experiencia, dotar de una pátina de exhaustividad lo que de entrada se ofrece dirigido a sustentar esa absolución contraria a derecho que viene determinando como prevaricadora la judicatura.
En ese sentido, para comenzar el análisis del contenido del fallo en su apartado probatorio, la manifestación que se hace al comienzo de la sentencia, referida a que las pruebas practicadas en la fase del juicio hicieron perder sustento a lo consignado en la resolución de acusación, al punto de deslegitimar los cargos, no encuentra desarrollo en las consideraciones subsiguientes, pues, como se anotó arriba, el fallador no arriesgó ningún contraste entre la valoración realizada por la Corte cuando calificó el mérito del sumario y su particular conceptualización de pruebas, limitándose a definir cómo cada una de ellas, individualmente considerada —incluso las que fueron aportadas en la fase instructiva— comporta errores, equívocos, contradicciones o mendacidad, razón suficiente para expurgarla como elemento de convicción.
Y, dentro de esa labor discriminada, se advierte bastante particular que el sentenciador dedique amplios apartados a profundizar en la mendacidad, contradicciones o falencias lógicas que presuntamente comporta lo dicho por los testigos de cargos, pero igual tarea no realice con los de descargos, cuya credibilidad se da por descontada, en patente interés por dar prevalencia a los segundos, en aras de soportar la que necesariamente se conocía absolución contraria a derecho.
Los más protuberantes desfases analíticos se resumen así:
1. El fallo debatido incurre en verdadera petición de principio cuando, sin mayores elementos de juicio, sostiene que los familiares del occiso Fernando Celis “pretendieron hacer creer o imaginaron erróneamente” lo que narraron a la justicia.
Y se desnaturaliza la evaluación probatoria al momento en que, en lugar de verificar su credibilidad intrínseca y extrínseca —producto de contrastar sus dichos con los demás elementos de juicio arrimados al expediente—, analiza de forma bastante especiosa la protección que las autoridades brindaron a los declarantes, fruto de su expresa manifestación de temor por represalias de los acusados en el doble homicidio, para advertir, en contra de principios lógicos básicos, que no puede darse credibilidad a los familiares del interfecto, dado que comenzaron a contar lo presuntamente conocido, precisamente cuando se les ofreció protección.
Más errada no puede asomar la conclusión, pues, si claro se tiene que desde un comienzo los testigos manifestaron su temor por las amenazas, apenas natural emerge que una vez ofrecida la seguridad pedida, decidieran contar lo por ellos conocido. Entonces, lejos de minar la credibilidad de lo referido, esa expresa asunción de que los testigos al comienzo se mostraron reticentes por el temor y ya después entregaron una versión acabada de los hechos percibidos, apenas sirve para explicar el notorio cambio en la calidad y riqueza de la narración, dotando de credibilidad sus afirmaciones.
2. Por esa razón, asoma no solo incorrecto, sino contradictorio sostener, como lo hace el fallo cuestionado, que el padre de Fernando Celis, Óscar Celis, miente, ya que narró los hechos “sintiéndose protegido o apoyado por los organismos secretos, o bajo extraña dirección”. Desde luego, nunca explica el fallador de dónde puede provenir esa “extraña dirección”, que resulta en todo contrapuesta al apoyo de los organismos secretos perfilado previamente.
3. De similar tenor es la crítica que se hace a lo declarado por Juan Carlos Celis, hermano de Fernando Celis, solo porque dijo en su última intervención que se encontró con su hermano al mediodía y antes había señalado que laboró durante toda la jornada en la fábrica de sombreros, pues, no solo aparece insustancial el presunto equívoco, sino que perfectamente se pueden combinar ambas actividades, sin que la una contradiga o se oponga a la otra. Tampoco es posible afirmar, apenas porque el declarante señaló haber oído de boca de su hermano que Carlos Oviedo le pagaba como sicario, que el testigo se demuestra “profundamente interesado en dirigir su propósito acusatorio contra el procesado”, en tanto, cualquier conocimiento o afirmación podría conducir a la misma conclusión solo porque se narra y afecta al vinculado penalmente.
4. En esa misma línea, se magnifica sin fundamento el error en que incurre la compañera del occiso Fernando Celis al momento de describir al alias Bambino, hermano de Carlos Oviedo Alfaro, como de cerca de 35 años y de alta estatura, cuando se le conocía de 22 años y 1.74 metros de altura. Ello no indica, per se, mendacidad, si es claro que perfectamente puede existir yerro de percepción en cuanto a la edad y es posible señalar de alta estatura, en nuestro medio, a quien alcanza 1.74 metros de altura.
5. Conjetural, cuando menos, asoma la manifestación del fallador, con la que busca restar credibilidad a lo dicho por los allegados de Fernando Celis, referida a que, si este había sido contratado por Carlos Oviedo apenas una semana antes de los hechos, no era posible que fuese recogido en su casa, lo acompañase a fiestas, o se le confiasen los crímenes ejecutado por Oviedo Alfaro.
Omite tener en consideración el fallador, que el hoy occiso era conocido desde antes por Oviedo, o cuando menos por su hermano, alias Bambino, y que la labor encomendada, al decir de los familiares, implicaba ejecutar algunas muertes, razón suficiente para que tuviese acceso al conocimiento ampliamente revelado a los suyos.
6. A Luz Neida Celis, se le descalifica en el fallo porque advirtió que Fernando Celis, su hermano, iba a recibir tres millones de pesos de un sujeto, pero no recordó el nombre de esa persona y, en sentir del juzgado, de haber sido Carlos Oviedo, necesariamente tenía que recordarlo.
Desde luego que una tal conclusión asoma gratuita e inmotivada, claramente radicada en el deseo de desnaturalizar a cualquier precio el contenido vinculante de la prueba de cargos.
7. En punto de la motivación del doble homicidio, para desvirtuar las afirmaciones al respecto vertidas por los familiares de Guillermo Acosta, quienes la atribuyen al romance sostenido por Carlos Oviedo Alfaro, con la ex esposa de aquel, se afirma en la sentencia que por fuera de las declaraciones testimoniales, ninguna otra prueba se aportó al respecto, como si el testimonio, verificado en su credibilidad, no fuera un elemento de juicio válido y suficiente para llegar a esa conclusión, en un tema, el de la infidelidad o el romance, que en atención a su intimidad apenas permite ese tipo de demostración.
8. Ahora, ya resulta un verdadero exabrupto sostener, para dejar sin efecto las que se sabe manifestaciones contundentes de los allegados al interfecto Guillermo Acosta —tanto, que su hermana, Silvia María Acosta, expresamente señaló que antes de los hechos se encargó de confiarle que sabía de la relación de su ex esposa con Carlos Oviedo, con lo que, a la vez, se desvirtúa la apreciación general del fallo atinente a que los declarantes se hicieron eco, después del doble homicidio, de lo expresado por los allegados de Fernando Celis—, que “la creencia primaria que resulta en un pueblo e incluso grandes ciudades como primer pensamiento de la gente frente a un homicidio es que debe provenir de conflictos pasionales”.
Es, la transcrita, una especie de regla de la experiencia carente de cualquier tipo de soporte empírico, construida apenas, y allí se advierte el deseo de manipular los efectos de la prueba recogida en el expediente, para soportar el argumento de carencia de credibilidad en los testimonios de cargo, a partir del cual sofísticamente se soporta la sentencia de absolución.
9. No en vano, cuando se trató de analizar el testimonio de Álvaro Acosta, hermano también de Guillermo Acosta, sin mayores preámbulos o siquiera recurrir al texto de su declaración, dijo el sentenciador de primer grado que este fue influenciado por los funcionarios encargados de recibir el testimonio, al extremo que “de hecho predispusieron su testimonio”, terminando por aceptar como ciertos esos hechos por los cuales se le cuestionó.
Nada existe dentro del plenario para soportar un tal aserto de predisposición o influencia. Sin embargo, así se determinó carente de credibilidad lo informado de primera mano por el testigo.
10. Trasegando el camino de la descalificación infundada, cuando de abordar el testimonio de Silvia María Acosta se trata, el fallador asevera que su declaración debe ser desechada, solo porque encuentra “curioso” que si de la esposa de Guillermo Acosta, se rumoraba salir con varios sujetos, la declarante solo le manifieste a su hermano el nombre de Carlos Oviedo.
Es esa, no cabe duda, una lectura no solo parcial —y parcializada—, sino descontextualizada de lo que sobre el tópico relató la testigo, a quien se desacredita con un argumento baladí.
11. No se entiende, de otro lado, esa especiosa argumentación intentada en el fallo cuestionado, referida a que no es posible atender la tesis de que Carlos Oviedo le pagó a Fernando Celis para que, como se dice en el mundillo del hampa le “picara arrastre” a Guillermo Acosta, dado que “Fernando ni siquiera alcanzó a localizar telefónicamente a aquel”.
De ninguna manera, observa la Corte, el que no haya podido establecerse comunicación temprana desvirtúa el hecho, cuando testimonial y documentalmente se ha probado que Fernando Celis sí le envió varios mensajes a Guillermo Acosta (se recogieron copias de los dichos mensajes) y se acepta por el fallador que finalmente lograron reunirse en el parque de La Tebaida.
12. Cuando menos especulativo emerge concluir que la reunión en el sitio referenciado operó porque allí “usualmente se encontraban”, cuando se ha reconocido que durante varias horas Fernando Celis buscó comunicarse con Guillermo Acosta y los familiares de los interfectos corroboran que quedaron de encontrarse en el parque de La Tebaida.
Por lo demás, es claro que una conclusión no lleva a la otra, vale decir, el que no se encontrasen rápidamente las víctimas, en nada incide para despejar de allí que Carlos Oviedo no pagó a Fernando Celis para poner en sus manos a Guillermo Acosta, lo que convierte el argumento en simple cortina de humo encaminada a soportar la que se advierte imposible absolución.
13. En este mismo orden de ideas, como Guillermo Acosta confió a su hermana Olga Lucía que esa tarde recibiría la suma de cuatrocientos mil pesos, se vale de ello el sentenciador para desvirtuar que efectivamente Fernando Celis se tratase de reunir ese día con Guillermo Acosta pues, anota, no era posible creer que el dinero lo entregase aquel, dadas sus limitaciones económicas.
Con ello desvía el fallador la esencia de los hechos, dado que no se trata de determinar si Fernando podía o no disponer directamente de ese dinero, sino si, en razón del “trabajo” que realizaba para Carlos Oviedo, citó a Guillermo Acosta, o si parte de la trama urdida para dejarlo a merced del homicida implicó la promesa del dinero en cuestión.
Es claro que la hermana de Guillermo Acosta nunca refirió que la suma en cuestión fuese de propiedad de Fernando Celis o siquiera que este sería el que la entregaría a su hermano.
14. Construye el fallador, a renglón seguido, una regla de la experiencia bastante particular, cuyos efectos se desconocen, de la siguiente factura “La regla de la experiencia también nos indica que si hasta las 3:10 de la tarde Fernando no se había logrado comunicar con el ingeniero, que tampoco se había cumplido la cita del día anterior, nada tenía que ir a hacer un posible interesado a las 3 de la tarde por los alrededores del puesto de policía de Puerto Tapao”.
Evidente surge que esa manifestación no corresponde a una regla de la experiencia, dado que carece de las notas consustanciales de generalidad y universalidad, y apenas se aviene con la inferencia particular del fallador, carente de cualquier tipo de sustento e incluso equívoca en sus efectos argumentativos, aunque es claro que busca desvirtuar la presencia, o necesidad de ella, de Carlos Oviedo Alfaro en el lugar donde se dio muerte a Celis y Acosta.
15. Atinente a la razón por la cual el occiso Fernando Celis contaba con un papel en el cual se registraba el número de beeper y código acostumbrado usar por el alias Bambino, demostrándose así la cercanía con el hermano de Carlos Oviedo, y con este, el fallador de primer grado estimó “repudiable”, que se tomara como válido ese documento privado, pues, “aparece burdamente tachado lo cual permite inferir lo acomodada que resultó ser esa prueba”.
No se entiende, ni el sentenciador lo explica, por qué los tachones o enmendaduras representan falsedad u obligan dudar del origen del documento, pues, razona la Sala, si se tratase de plantar una prueba falsa, más fácil resultaba presentar el papel en limpio, sin esas imperfecciones que en sentir del acusado en este proceso lo tornan dudoso.
16. Pero, más absurdo resulta el argumento presentado a renglón seguido por el fallador para advertir imposible que el fallecido Fernando Celis pudiera tener consigo ese documento, basado en una inferencia realmente disparatada, que apenas puede explicarse en el deseo de desvirtuar a toda costa la capacidad suasoria de las pruebas de cargo.
Dijo, entonces, el fallo: “¿resultará creíble que una persona de tan escasos recursos disponga para comprar una hoja de papel oficio solamente con el fin de anotar en ella una hoja de teléfono y un código de beeper...?”
Cuando nadie ha dicho que la hoja fue comprada por Fernando Celis —pudo haberla suministrado quien le entregó el número, solo para plantear una de las tantas hipótesis pasibles de plantear— y se advierte que el valor de la misma es ínfimo, desde luego al alcance de quien se dice trabajaba como guardaespaldas de Carlos Oviedo o, cual afirma el fallador, supuestamente se dedicaba a oscuros negocios en hurto de vehículos y desguazamiento de los mismos, ostensible surge la impropiedad del argumento contenido en la sentencia que se cuestiona.
17. De otra parte, ajeno completamente a la prueba engastada en el informativo, asoma el argumento que pretende desestimar la contundencia incriminatoria del indicio referido a que Carlos Oviedo acudió a la empresa de comunicaciones Etelco, de forma amenazadora, buscando conocer el listado de mensajes que mencionan al alias Jabón.
Cuando el fallador señala que el gerente de la empresa fue el que, motu proprio, acudió ante Carlos Oviedo para notificarle las presuntas irregularidades en que incurrieron los agentes del CTI, al momento de realizar la inspección judicial en la compañía y añade que aquel no firmó la diligencia de testimonio “en razón a que lo allí consignado no se ajustaba a la realidad”, ningún esfuerzo hizo por sustentar el aserto, al punto de convertirlo en una verdadera petición de principio, y ni siquiera para contradecirla, se refirió a la prueba practicada en la fase del juicio, en concreto, la declaración jurada tomada al fiscal encargado del caso, quien recibió esa inicial declaración al gerente de la empresa de comunicaciones y expresamente señala que, en efecto, este advirtió del comportamiento amenazador de Carlos Oviedo y del motivo que lo llevó a verificar en la base de datos los mensajes recibidos de “Jabón”, acotando que esa inicial diligencia testimonial no fue firmada por problemas en el computador y que después el declarante dijo sentirse amenazado, negándose a suscribirla.
Ostensible se aprecia que la omisión en referirse a lo dicho por el funcionario público no constituye un simple olvido —mucho menos si en su injurada el juez acusado dijo haberse basado, para soportar la absolución, precisamente en el estudio de los medios de prueba aportados en el juicio—, sino la manifestación objetiva de que se trataba de sesgar lo arrojado por los elementos probatorios legalmente recogidos en la encuesta, para encaminarlos hacia la absolución que se le reprocha.
18. Apenas colofón de ello, en lo que al indicio examinado se trata, es esa inferencia lógica que trata de explicar la inexistencia de guardaespaldas al servicio de Carlos Oviedo Alfaro, de la siguiente manera: “El doctor Oviedo jamás ha tenido guardaespaldas, si así fuera, lógicamente que hubieran aparecido en la nómina del congreso”.
Esa afirmación, por su absoluta impropiedad, no amerita de más comentarios.
19. Cuando desciende a lo declarado por el testigo principal de cargos, José Fáber Ocampo, la sentencia de primer grado destaca, de un lado, que las víctimas no pudieron permanecer, luego de recibir la herida mortal en el corazón, por cerca de dos horas vivas y sometidas a torturas tales como el ahorcamiento; y que las pruebas demuestran cómo el testigo, para el momento de los hechos se hallaba en la costa Atlántica.
Respecto de ello, dos circunstancias puntuales debe relevar la Sala:
La primera de ellas advierte cómo el fallador dio una lectura sesgada a lo narrado por el testigo, para efectos de estimar inverosímil su narración.
En efecto, lo dicho por José Fáber Ocampo, textualmente, fue lo siguiente:
“Inmediatamente Oviedo dio la orden de matarlos y Frescolo junto con un acompañante que tenía hay (sic) en la finca procedió a hundirles como especie de unos punzones en el corazón y ahorcarlos con una soga. También les daban, se pusieron inmediatamente morados y con babaza, a Acosta lo tenían amarrado con las manos atrás y ese señor rezaba, fue muy triste ver eso (...) en el momento en que ellos estaban amarrados los torturaban como para que hablaran, les metían unas bolsas y los tapaban, luego nuevamente se las quitaban (...) Preguntado: Cuánto tiempo aproximadamente duraron en la finca desde cuando Ud. Llegó hasta que sacaron a estas personas muertas. Contestó: Eso fue aproximadamente dos horas ya que los torturaron mucho tiempo, o como dos horas y media.”
Objetivamente, es claro que nunca el declarante manifestó lo que de manera sesgada leyó el funcionario acusado, pues, fácil se advierte que el atestante narra cómo por cerca de dos horas torturaron a los interfectos, para finalmente darles muerte con una especie de punzón clavado en el corazón.
Entonces, forma ninguna existe de desestimar el testimonio con base en una circunstancia que jamás fue planteada.
En lo que toca con el segundo bastión de crítica del fallador de primer grado, no soslaya la Corte que, en efecto, al plenario se allegaron documentos y declaraciones que pretenden ratificar la retractación de José Fáber Ocampo.
Pero, la evaluación de esos elementos de juicio no puede operar de la manera acrítica como lo hizo el sentenciador de primera instancia —incluso contrariando su método de análisis, que incontrastablemente se dirigió a hallar inconsistencias en las atestaciones de los testigos de cargo—, pues, si se conoce que en la fase del juicio la Corte, cuando tenía el gobierno del proceso, recogió amplio material probatorio encaminado a confirmar o infirmar la presunta presencia del testigo en el departamento de Córdoba, lo menos que podía hacer el funcionario judicial encargado de decidir el asunto, era abordar esas pruebas para determinar su valor suasorio.
Y ello se evidencia necesario, dado que se hallaron profundas inconsistencias en los documentos allegados, que permiten advertir mendaz, o cuando menos bastante dudosa, la afirmación consignada en la retractación, en tanto, por fuera de la historia clínica, no se aportaron los soportes (que deberían existir) encaminados a verificar que, en efecto, al declarante se le atendió en el centro de salud, aquejado de dolencias estomacales.
A ese tenor, cabe destacar cómo, verificado que ese día, dos de enero de 1997, solo se atendieron dos pacientes en el centro de salud de Buenavista (Córdoba), apenas uno de ellos, no el testigo, aparece con registro en la lista de egresos diarios.
De igual manera, claro que en un turno solo atendía un médico, se halló que en esa misma jornada al otro paciente lo atendió la dra. Liney Barrera, al tanto que el testigo fue presuntamente atendido por Lupercio Herazo Quiñones.
Junto con ello, en los fólderes que contienen las planillas discriminadas por fechas, no se encontró la historia que correspondería a José Fáber Ocampo.
Y por último, en declaración jurada, el médico que supuestamente atendió a José Fáber Ocampo, dice recordar esa atención de urgencias, pero no acierta a explicar por qué se presentan las inconsistencias en los documentos o cómo pudo él atender el mismo turno de la dra. Liney Barrera.
Esos elementos de juicio, se repite, cuando menos debieron merecer del fallador algún tipo de examen, ora para desvirtuar su efecto invalidante de la retractación, ya para soportar, dentro del estudio contextualizado y conjunto que se echa de menos en el fallo, la tendencia del acusado Oviedo Alfaro de amenazar u obligar de forma sistemática la retractación de todos cuantos testigos se atrevieron a declarar en su contra.
Desde luego que el análisis del juzgador asoma tendencioso, en tanto, cabe relevar, el rasero utilizado para expurgar hasta lo más hondo la prueba de incriminación penal, no es el mismo del que se vale para dejar pasar sin miramientos aquella exculpatoria.
20. A ese mismo rango de evaluación perniciosa obedece la auscultación que se hace de las varias intervenciones testificales de José Fáber Ocampo, dado que, sin mayores profundizaciones omitiendo explicar cómo se llega a la conclusión o cuáles rasgos característicos la soportan, el funcionario de buenas a primeras significa que en la declaración del 9 de septiembre de 1997, rendida ante la fiscalía y donde nada dice en contra de Oviedo Alfaro, al declarante se le aprecia sosegado, ponderado, imparcial, sin que se advierta que oculte algo o que “abrigara noticias de situaciones graves que por supuesto debiera comunicar a las autoridades”.
Esa manifestación eminentemente subjetiva, la hace el fallador, emerge obvio, para después soportar que lo dicho el dos de enero de 1998 por el testigo, allí sí vinculando directamente en el doble homicidio a Carlos Oviedo Alfaro, vino “muy posiblemente dolido e influenciado de la reiteración de lamentos de su hermana Esperanza, por la muerte del esposo de esta señora”.
Es, la anunciada, una manera especulativa de sustentar la poca credibilidad que se le da al testigo, a partir de afirmaciones carentes de cualquier posibilidad demostrativa o siquiera aplicación lógica, que incluso, para perfeccionar más el desafuero, se alimenta con aseveraciones mucho más fantasiosas, como que el declarante, si bien inició su atestación relacionando lo sucedido con su cuñado, también muerto violentamente, se vio compelido a incluir en el relato el doble homicidio acaecido el dos de enero de 1997, cuando no le “satisfizo” la actitud del Fiscal encargado de recibir la diligencia (?); o que falta a la verdad José Fáber Ocampo, cuando acusa del doble homicidio a Oviedo Alfaro, pues: “no nos olvidemos que ese día de su declaración justamente se cumplía un aniversario de esas muertes, evento cuya efemérides recordaríamos por su impacto cualquier ser humano como inolvidable, sin embargo en su caso afirmó no recordar con exactitud el día del suceso”.
Ahora, tampoco puede el sentenciador sustentar la poca credibilidad dada al declarante, en cuanto directamente señala a Carlos Oviedo como el determinador de la doble occisión, en el hecho de que no fuera él, a su vez, muerto para evitar testigos inoportunos.
Es esa una conclusión bastante etérea, que además pasa por alto considerar cuáles fueron los motivos específicos que llevaron a dar muerte a Fernando Celis y Guillermo Acosta, claramente relacionados por José Fáber Ocampo en su narración.
21. Por último, cuando la Corte acusó a Carlos Oviedo como determinador del doble homicidio, abordó el tema específico de las declaraciones rendidas por quienes supuestamente acompañaban al procesado en la ciudad de Cali y algunos establecimientos públicos de la ciudad de Armenia, para el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos.
Se dijo en la resolución de acusación que esos testigos son poco confiables, no solo por la relación directa de amistad o dependencia que tenían respecto del acusado, sino porque emerge sospechosa esa atestación estandarizada que después de bastante tiempo recuerda aspectos específicos de manera armónica e incluso coincide en las equivocaciones.
A ello no respondió en el fallo el funcionario, quien se limita a otorgar completa credibilidad a los testimoniantes basado en que existe prueba documental que corrobora sus relatos (recibos de pago).
22. Ahora, como a esa afirmación de los cercanos al acusado en el proceso por el doble homicidio, se opone lo expresado por los agentes de policía de la estación de Puerto Espejo, quienes aseveran que por el lugar, a eso de las tres de la tarde, pasó el procesado Oviedo Alfaro, el fallador de primer grado toma cada una de las declaraciones de los uniformados para concluir que no existe acuerdo acerca de cual de ellos fue quien avistó al acusado, pero, como el agente Sandoval de manera expresa significó en sus primeras manifestaciones que directamente vio al político, incluso describiendo algunas características suyas, se concluye que la posterior retractación, desde luego inexplicable en principio, obedeció a que se “equivocó”, en su primigenia versión y por ello decidió rectificar.
Es, la anotada, una especulación bastante deleznable, pues, si se verifica el contenido de lo dicho por el uniformado Sandoval, puede de entrada advertirse que no se trata de una equivocación, su señalamiento inicial y que si se retractó finalmente otra debió ser la razón.
Es que, en cuatro distintas oportunidades (8 de enero y 5 de febrero de 1997, 4 de febrero y 13 de marzo de 1998), el agente Sandoval expresó de manera asertiva, espontánea y contundente que la persona avistada por él en el automotor era, sin duda, Carlos Oviedo, a quien, por su notoriedad pública, conocía previamente.
Por lo demás, independientemente de quién fue el encargado de señalar la presencia en el lugar de Oviedo Alfaro, los otros dos uniformados allí presentes confirman que uno de ellos, efectivamente, hizo esa acotación el día de los hechos.
Ligera, por no decir interesada, es esa manifestación del sentenciador de primer grado en el proceso seguido por el doble homicidio, que sin mayores elementos de juicio establece fruto de una presunta equivocación la coincidente manifestación de los agentes de policía en torno del hecho ocurrido a eso de las tres de la tarde del dos de enero de 1997.
Y, claro, si se ha hecho caso omiso de la obligación legal de examinar la prueba en su conjunto, no podrá, cuando cada elemento probatorio se examina de forma aislada, establecerse ese evidente lugar común en el proceso, que verifica inconcuso cómo todos los testigos de cargos paulatinamente se retractan sin razón aparente —así sucedió con José Fáber Ocampo, con Esperanza, la hermana de este, con el propietario de la empresa de beepers y con el agente Sandoval—, aunque el mismo expediente señala que el procesado en ese asunto contaba con enorme poder intimidatorio, y que, además, varios de quienes se retractaron (particularmente José Fáber Ocampo, su hermana y el gerente de Etelco), reiteradamente manifestaron su temor por posibles retaliaciones; incluso, de otro proceso seguido contra el mismo político, se trajeron pruebas de que un testigo de cargos había sido amenazado.
Trascendencia de la errada valoración probatoria
Como se dijo al inicio de la evaluación, para la Corte, conforme lo discriminado en precedencia, es patente que el acusado eludió cumplir con la obligación legal de examinar la prueba en su conjunto, para mejor, con evidente intención de sustentar una absolución ajena a lo que el expediente enseña, tomar de manera aislada y descontextualizada cada una de las pruebas de cargo, sometiéndolas a un análisis parcializado, sesgado y contrario a la lógica probatoria, que necesariamente redundó en esa decisión, al punto de advertirla objetivamente contraria a derecho.
Huelga anotar que la exigencia legal planteada en el inciso primero del artículo 238 de la Ley 600 de 2000, no deviene simple capricho del legislador, sino perentoria exigencia de auscultación probatoria, en el entendido que es la concatenación racional de los distintos elementos de juicio allegados al expediente, la mejor forma de adquirir ese conocimiento necesario para decidir, en tanto, es la única manera de contextualizar los hechos y su significación para el proceso.
No se discute que las pruebas individualmente consideradas arrojan un conocimiento parcial e insuficiente, a manera de islas que sin elemento conector flotan a la deriva. La credibilidad extrínseca de esos elementos individuales y su facultad de conducir a la demostración del objeto del proceso, devienen de esa retroalimentación que entre ellos opera.
Puede suceder, sí, que la inexperiencia o falta de conocimientos conduzca a ese examen parcial y descontextualizado que connota la sentencia proferida por el acusado en este proceso, en cuyo caso habrá de significarse ajeno al dolo el comportamiento y, por ende, imposibilitado de reproche penal en su contra.
Pero si, de un lado, sus pergaminos lo advierten no solo avezado en la práctica judicial como funcionario, sino con excelsos conocimientos, fruto de sus estudios en la materia; y del otro, se precisa que el yerro no solo consistió en pasar por alto lo ordenado por la ley respecto al examen conjunto de la prueba, sino que verifica cómo utilizó un diferente rasero para examinar las pruebas de cargo y las de descargo y la forma, si se quiere, tendenciosa en que buscó desacreditar las primeras, necesariamente debe concluirse que su conducta es dolosa —con pleno conocimiento de que actuaba en contra de los hechos, vulnerando el derecho— y completa voluntad dispositiva para la comisión de la ilicitud.
Porque, cabe precisar a los recurrentes —procesado y defensa—, de ninguna manera el asunto remite apenas a una disparidad de criterios entre el fallador de primer grado y las instancias superiores suyas, en cuyo caso, sobra anotar, la dinámica propia del proceso penal impide cualquier tipo de señalamiento delictuoso, sino que lo decidido representa abierta inconsonancia con la ley, aquí representada por la justeza de los hechos examinados por el sentenciador.
No es cierto, así mismo, que esa auscultación probatoria desarrollada en la decisión que se controvierte, asome plausible o propia del relativo arbitrio judicial concedido al funcionario, signado por el principio de independencia judicial; ni tampoco que la decisión devenga sostenible en un plano probatorio, argumental y jurídico.
De ninguna manera. La sola verificación de la forma engañosa en que buscó discriminar el acopio suasorio, negando los contundentes medios de juicio allegados en contra de Carlos Oviedo Alfaro, en el proceso que por doble homicidio le correspondió fallar en primera instancia al acusado, su verdadera naturaleza incriminatoria, a partir de estimar como insalvables, contradicciones menores, o construyendo reglas de la experiencia francamente absurdas, hace ver que la decisión tomada se aparta diametralmente de lo que en derecho debió declararse.
Ello, además, en perfecta consonancia con lo que enseña el comportamiento desplegado por el procesado para efectos de tomar la decisión que se le reprocha, pues, ya de entrada se verifica ajeno a lo que su labor le indica decidir absolver al procesado sin siquiera conocer la totalidad de lo allegado probatoriamente y en contra de lo que sus empleados, encargados de verificar el grueso del expediente, con buen tino le indicaban.
Es que, si se tiene claro que el expediente comportaba abundante prueba, gran parte de ella recogida durante la instrucción, al punto de representar bastantes cuadernos su recopilación, de ninguna manera puede decirse con buen criterio que para la definición del asunto bastaba con examinar lo recogido en el juicio, en versión parcial que, huelga anotar, irrumpe abiertamente ilegal, en tanto, contradice sin ambages la obligación de examinar la prueba en su conjunto.
Entonces, desde el mismo momento en que el procesado perfiló la absolución en contra de la que sabía necesidad imperiosa de conocer todos los elementos de juicio y valorarlos contextualizadamente, aventuró el dolo inserto en la decisión, que después ratificó con el soporte especioso utilizado para refrendarla.
Y, si como dice en su indagatoria, entendió que lo recogido generaba dudas, en tanto, se contraponían las pruebas de cargos y descargos impidiendo adquirir la certeza necesaria para condenar, no se entiende por qué, en lugar de acudir al principio de presunción de inocencia y su correlato in dubio pro reo, expresa y contundentemente afirma en el fallo que lejos de existir ese estado de perplejidad, lo que el análisis de los elementos de juicio informa es la completa inocencia del procesado: “evidentemente, para el despacho, no existe siquiera duda respecto a la inocencia del imputado”.
Esa afirmación, aún con la más favorabilista y laxa de las interpretaciones probatorias, desde luego que irrespeta los hechos, manifestándose contraria a la ley.
En suma, la Sala entiende ajustada a derecho la condena que por el delito de Prevaricato por acción, emitió el Tribunal Superior de Bogotá, en contra del doctor Orlando Gómez Rodríguez.
Resta por examinar la solicitud subsidiaria presentada por el procesado, en aras de que se aplique el mínimo de pena imponible y se le otorgue el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, o cuando menos, la prisión domiciliaria.
Sobre el particular, es necesario recordar que la primera instancia decidió incrementar en cuatro meses más el mínimo imponible (3 años), hasta definir la sanción en 40 meses de prisión, negando al procesado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al evidenciar que no se cubre el requisito objetivo establecido por la ley para el efecto.
Estima la Sala que esa tasación punitiva adviene si se quiere benigna y, desde luego, completamente legal, pues, se encuentra ubicada en el primer cuarto de dosificación punitiva, ante la ausencia de causales de mayor punibilidad y la verificación de que el acusado carece de antecedentes penales, y apenas representa un incremento menor dada la gravedad del hecho, despejada por el tribunal.
Incluso, el impugnante no controvierte ese fundamento de dosificación y se limita a señalar que posee excelentes antecedentes personales y profesionales.
No se duda que así sea, pero ello por sí mismo no puede enervar u ocultar la magnitud del ilícito que se le reprocha, representada no solo en la vergüenza que para la justicia produce que uno de sus más insignes representantes la mancille, sino en el efecto particular que sobre el asunto sometido a su consideración —proceso penal por doble homicidio— produjo la decisión absolutoria emitida en contra de lo que la evidencia enseña.
El monto de pena, como lo señaló el a quo, impide considerar la posibilidad de conceder al procesado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Asiste también la razón al tribunal cuando, verificado que se cumple el requisito temporal, examinó lo ejecutado y determinó que su gravedad se erige en obstáculo insalvable para que se otorgue al sentenciado el beneficio de prisión domiciliaria.
Ello, añade la Corte, porque la investidura otorgada al procesado, que con sus actos traicionó, impone un castigo severo y efectivo a partir del cual cubra sus plenos efectos la función de prevención general de la norma, noticiada la comunidad de que no existe largueza o complacencia con quienes abjuran de tan alta misión.
CONFIRMAR la sentencia del 31 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual condenó al doctor Orlando Gómez Rodríguez, por el delito de prevaricato por acción.
Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibañez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz
(1) Sentencia del 4 de abril de 2002, radicado 17008.
(2) Sentencia del 8 de noviembre de 2001, radicado 13956.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 238
 resolución 
 resolución 
 artículo 238
in dubio