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Respuesta a la lista de cuestiones CRPD/C/ARG/1
Propósito y obligaciones generales (artículos 1 y 4)
Sírvanse explicar cómo se aplica la legislación nacional para identificar a las personas con “discapacidad mental” (discapacidad psicosocial) y a las personas con “discapacidad intelectual” y, cómo se recoge información sobre ellas, así como los beneficios a los que tienen derecho en virtud de la ley 22.431 sobre el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas. Por favor, indiquen igualmente el número de personas con discapacidad que poseen un “certificado de minusvalía” en relación con el porcentaje de personas con discapacidad censadas en 2010, desagregadas por sexo.
La República Argentina certifica la discapacidad con el Certificado Único de Discapacidad - CUD - a través del Ministerio de Salud de la Nación (Ley 22431, art. 3º, modificado por Ley 25504).
Este documento público se halla reglado mediante la Resolución de Salud Nº 675/09 tal como se ha informado oportunamente (INFORME PAIS 2010; Pág. 74).
El país cuenta con normativas para certificar las siguientes discapacidades: Discapacidad Mental (Disposición Nº 171/2012); Discapacidad Motora (Disposición Nº 170/2012); Discapacidad Visual (Disposición Nº 2230/2011); Discapacidad Auditiva (Disposición Nº 2118/2011); y Discapacidad Visceral (Disposición 2574/2011).
Actualmente el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra trabajando a fin de adaptar las herramientas a los parámetros de la Convención y con ella avanzar hacia la distinción entre “discapacidad mental” (“discapacidad psicosocial”) y “discapacidad intelectual”.
Es relevante subrayar que la tramitación del CUD es voluntaria, así como también es la puerta de acceso al Sistema de Salud y a los beneficios instituidos por la normativa en la materia, para las personas con discapacidad.
Al 31 de mayo de 2012, el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) y las Juntas Evaluadoras de cada Provincia han emitido 188.311 Certificados Únicos de Discapacidad (ANEXO I).
En el Censo 2010 solo se registraron las dificultades o limitaciones de carácter permanente visual, auditiva, cognitiva y motora de la población, con independencia de la existencia o no del Certificado Único de Discapacidad (CUD). De acuerdo a ello, el porcentaje de población que presenta algún tipo de dificultad o limitación permanente (física y/o mental) es de 12,9 % sobre el total de la población en viviendas particulares. Es importante señalar que actualmente la República Argentina se encuentra trabajando en la Segunda Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI).
2. Teniendo en cuenta que Argentina es un Estado Federal, expliquen si el marco legal de todas las provincias está armonizado con la Convención. Por favor, especifiquen si la ley 26378 es una ley federal o una ley general aplicable a todas las provincias. Así también, indiquen si el Estado parte cuenta con más de una ley sobre discapacidad y si estas leyes son consistentes entre sí, así como si sus disposiciones están en conformidad con la Convención (CRPD/C/ARG/1, párr. 28 (a)).
La Ley 26.378 que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) al bloque de constitucionalidad argentina es una Ley Federal, de vigencia automática y operativa en todo el país desde su aprobación por el Congreso Nacional y promulgación por el Poder Ejecutivo (Junio 2008). No necesita ser aprobada o reconocida por las provincias. Ello atento a que la Corte Suprema de la Nación tiene una jurisprudencia consolidada que sostiene que “Es obligación de los tribunales locales de aplicar las normas internacionales y de las decisiones de los órganos internacionales de protección (Cortes y Comités)”. Así lo ha reconocido en importantes precedentes judiciales en base a los artículos 26, 27 y 29 de la Convención de Viena. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha reconocido a los “órganos de los tratados” como “intérpretes autorizados” en precedentes como Aquino (Fallos: 327:3753), Vizzoti (Fallos: 327:3677); Maldonado (Fallos: 328: 4343) y Torrillo (Fallos: 332:709 - 31/3/2009).
El país cuenta con una gran cantidad de leyes de discapacidad desde la más antigua y una de las primeras de la región, la Ley 22.431 de 1981, la Ley 24.901, de 1998, la Ley 25280 de 2000 y la Ley 26378 de 2008 entre otras. Debido a la estructura federal del país las leyes de este tipo deben ser reconocidas por las provincias.
La Ley 25.280 aprobó en 2000 la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Se acompañan en ANEXO II las principales leyes vigentes en el país indicando número, fecha de sanción, tema y resumen.
La legislación es consistente entre si en general, aunque debido a que se han dictado a lo largo de 30 años, algunas presentan a la fecha inconsistencias menores. La definición de discapacidad ha sido la misma en la Ley 22.431 y 24901, se agregó en 2000 la de la Convención de OEA y desde 2008 con la vigencia de la Ley 26.378 (CDPCD) se presentaron proyectos legislativos para adecuar la 24.901 a la Convención.
Respecto a las provincias argentinas, el marco legal no está plenamente armonizado con la Convención por algunas razones a saber:
1) La CDPCD tiene sólo 4 años de vigencia en el país (desde 2008) tiempo insuficiente para que el marco legal de todas las provincias esté armonizado,
2) Cada provincia tiene una constitución local que incluye, muchas de ellas, los derechos de las personas con discapacidad aunque con terminologías variadas debido a que la mayoría son anteriores a la vigencia de la CDPCD. Son ejemplos los siguientes:
Artículo 42: La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes.
“Artículo 36: La provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales: … 5) De la discapacidad. Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados.”
Constitución de la provincia de Tucumán.
“Artículo 24: … El Estado Provincial deberá promover medidas de acción positiva y remover los obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres.
Los derechos y garantías consagrados por los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados como Ley de la Nación, son de carácter operativo, salvo en los supuestos en que expresamente se ha dejado sujeta su aplicación al dictado de una ley.
Artículo 146: El Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona.
Le compete el cuidado de la salud física, mental y social de las personas. Se dará especial protección a las personas con discapacidad y se asegurará la prestación de atención médica, de servicios de rehabilitación y de apoyo. Se deberán diseñar programas de protección integral de los discapacitados, para que el entorno físico sea accesible y para asegurar su plena integración e igualdad de oportunidades.”
Artículo 36: “El Estado protege integralmente a toda persona discapacitada, garantizando su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social.
Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes solidarias. Las construcciones públicas prevén el desplazamiento normal de los discapacitados. El Estado promueve a las personas excepcionales y facilita su educación especial”.
Artículo 27: Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad.
3) Las modificaciones de las Constituciones locales requieren mayorías especiales que son necesarias para la enmienda parcial o total de la misma.
3. Sírvanse explicar cómo ha incorporado el estado Parte en su legislación los conceptos de “ajuste razonable”, “comunicación” y “diseño universal” (CRPD/C/ARG/1, párr. 18). Sírvanse exponer la legislación al respecto. Por favor, indiquen cómo se aplica el concepto de “ajuste razonable” a la educación y al trabajo.
El concepto de “ajuste razonable” ha sido propuesto para ser incorporado en el nuevo proyecto de código civil nacional en diversos artículos.
La ley 26.378 que aprueba la CDPCD es plenamente operativa de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en referencia a los tratados internacionales suscriptos por Argentina y es de aplicación desde su aprobación por el mismo, sin perjuicio que el artículo 4 de la CDPCD establece la gradualidad en el cumplimiento de la misma.
En nuestro ordenamiento jurídico la fórmula primaria de validez presenta un carácter mixto, es decir está formada no sólo por normas constitucionales sino por normas del derecho internacional como la CDPCD, lo cual potencia su naturaleza heterogénea. Por lo tanto, una norma jurídica es válida en el orden jurídico argentino siempre que no se oponga tanto al articulado constitucional como al articulado de los instrumentos internacionales que comparten su jerarquía. Este conjunto normativo que opera como sistema de fuentes es reconocido por la doctrina como Bloque de Constitucionalidad Federal (BCF).
La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, en el caso "Espósito" (2004) despeja cualquier duda al sentenciar en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que: "la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional". En el caso "Simón" (2005) la Corte retoma la línea jurisprudencial de los precedentes "Giroldi" (1995) y "Bramajo" (1996), pero sin la ambigüedad de sus términos: "la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como las directivas de la Comisión Interamericana constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Por ello, sin perjuicio del avance progresivo y constante que las normas legales internas están realizando hacia la adecuación a la Convención, la jurisprudencia del más Alto Tribunal sostiene la aplicación operativa y directa en la interpretación de los casos en el marco del BCF.
El concepto de “comunicación” fue incorporado ampliamente en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de fecha 10 de octubre de 2009. La normativa regula la temática audiovisual del país y tiene diferentes artículos relacionados con la accesibilidad en la comunicación para personas con discapacidad.
El artículo 1 establece los objetivos generales de la Ley: “Alcance. El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización1 y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Quedan comprendidas en las disposiciones de esta ley todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él”.
Esta Ley es la primera en la región de su tipo que incluye expresamente derechos para las personas con discapacidad en el marco de las comunicaciones audiovisuales y escritas.
El artículo 23 establece que: “La diversidad cultural y lingüística, al promover el respeto de la identidad cultural, las tradiciones y las religiones, es fundamental para el desarrollo de una sociedad de la información basada en el diálogo entre culturas y en una cooperación regional e internacional. Es un factor importante del desarrollo sostenible…. i) Favorecer la capacidad local de creación y comercialización de programas informáticos en idioma local, así como contenido destinado a diferentes segmentos de la población, incluidos los analfabetos, las personas con discapacidades y los colectivos desfavorecidos o vulnerables, especialmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición.”
El artículo 3 sostiene, entre los objetivos de la Ley: “…. Se establecen para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos:… n) El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad;….i) Promover la producción de contenidos para niños, niñas y adolescentes con discapacidad”.
No obstante ello, es el artículo 66 el eje principal de la Ley en cuanto a comunicación accesible: “Articulo 66. — Accesibilidad. Las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos. La reglamentación determinará las condiciones progresivas de su implementación”.
Asimismo, la Ley Nº 26.653, de fecha 3 de noviembre de 2010, estableció la Accesibilidad de la Información en las Páginas Web, definiendo dicho concepto como “la posibilidad de que la información de la página Web pueda ser comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus programas”.
En el ámbito de trabajo, la realización de ajustes razonables se encuentra dentro de las previsiones y procedimientos establecidos para la ejecución de los distintos Programas de promoción de la empleabilidad de trabajadores con discapacidad, que establecen actividades de formación profesional, asociativas de microemprendimiento y autoempleo, de entrenamiento e inclusión laboral; que dicha cartera de Estado viene implementando, a fin de garantizar la equiparación de oportunidades para el goce y /o ejercicio de los derechos laborales por parte de las personas con discapacidad.

References: Resolución 

Artículo 42

Artículo 146

Artículo 36

Artículo 27
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 3
 artículo 66