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Timestamp: 2019-02-19 12:29:07+00:00

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AP de Barcelona (Sección 13ª) Sentencia num. 758/2018 de 20 diciembre JUR20195443 - Asociación Anava
01 Feb AP de Barcelona (Sección 13ª) Sentencia num. 758/2018 de 20 diciembre JUR\2019\5443
Publicado en 08:46h en CULPA EXTRACONTRACTUAL, Jurisprudencia	por	Anava-RC 0 Comentarios
AP de Barcelona (Sección 13ª) Sentencia num. 758/2018 de 20 diciembre
JUR\2019\5443
CULPA EXTRACONTRACTUAL:relación de causalidad: existencia: no queda suficientemente acreditada la imposibilidad de que las lesiones se originaran en la colisión admitida:los demandantes fueron a Urgencias el mismo día del accidente y fueron diagnosticados de “cervicalgia postraumática” siguiendo un tratamiento médico que consta en los informes aportados.
ECLI:ECLI:ES:APB:2018:12425
Recurso de Apelación 320/2017
Ponente:IIlma. Sra. Mª Angeles Gomis Masque
Sección nº 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68, pl. 1 – Barcelona – C.P.: 08013
N.I.G.: 0820042120158200861
Recurso de apelación 320/2017 -5
Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Sant Boi de Llobregat (UPAD)
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 825/2015
Parte recurrente/Solicitante: Jesús Luis, María Milagros
Procurador/a: Jose Antonio Lopez Jurado Gonzalez
Parte recurrida: Juan Pedro, CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Procurador/a: Teresa Marti Amigo
SENTENCIA Nº 758/2018
Juan Bautista Cremades Morant
M dels Angels Gomis Masque
Fernando Utrillas Carbonell
Maria del Pilar Ledesma Ibañez
Primero . Se han recibido en esta Sección de la Audiencia Provincial los autos de Procedimiento ordinario 825/2015 remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Sant Boi de Llobregat (UPAD) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/a Jose Antonio Lopez Jurado Gonzalez, en nombre y representación de Jesús Luis y María Milagros contra Sentencia – 07/10/2016 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Teresa Marti Amigo, en nombre y representación de Juan Pedro y CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.
“DESESTIMO la demanda interpuesta por María Milagros y Jesús Luis contra CATALANA OCCIDENTE SEGUROS SA y en consecuencia condeno a la actora al pago de las costas causadas”
Se designó ponente a la Magistrada M dels Angels Gomis Masque .
– Los actores, Jesús Luis y María Milagros, ejercitan con la demanda una acción de responsabilidad extracontractual derivada de la circulación de vehículos a motor, que dirigen contra Juan Pedro y SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A., como conductor y aseguradora, respectivamente, del vehículo causante del siniestro ocurrido el día 4.4.2015 y como consecuencia del cual ambos actores sufrieron las lesiones por las que aquí reclaman sendas indemnizaciones que cuantifican en la suma de 3.174’43€ cada uno.
Los codemandados, si bien admiten la realidad del siniestro, la responsabilidad del conductor demandado y la vigencia y cobertura del contrato de seguro, se oponen a la demanda negando la existencia de nexo causal entre la colisión y las lesiones descritas en la demanda, dada la bajísima intensidad del alcance, que sólo provocó daños mínimos tanto en el vehículo de los demandantes (valorados en 426’79€) como en el turismo del demandado (cuantificados en 198’5€).
La sentencia de primera instancia desestima íntegramente la demanda.
Frente a dicha resolución se alzan los actores por medio del presente recurso y la impugnan en todos sus pronunciamientos, argumentando que la misma incurre en error en la valoración de la prueba.
En definitiva, el debate en esta segunda instancia queda fijado en los mismos términos que en la primera, y se dispone para su resolución del mismo material probatorio.
– Como ya se ha apuntado, no se discuten ni la mecánica de la colisión ni la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado por la codemandada; por otra parte, tampoco es objeto de controversia la existencia, alcance y valoración de las lesiones, de modo que el debate se ciñe a la concurrencia de nexo causal entre el siniestro y las lesiones cuya indemnización se pretende.
Así, se parte de que el turismo Seat León matrícula ….-GPD conducido por la Sr. Juan Pedro alcanzó en su parte trasera al vehículo Toyota Yaris matrícula ….-ZLH ocupado por los actores, provocando daños en este último que han sido valorados en 426’79€, habiéndose valorado pericialmente los ocasionados en el vehículo causante del siniestro en 198’5€. Alegan los actores que a raíz del accidente sufrieron ambos un latigazo cervical del que fueron asistidos en el Servicio de Urgencias del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y del que tardaron en curar 101 días no impeditivos, no habiéndoles quedado secuela alguna, lo que cuantifican en 3.174’43€ (101X31’43) para cada uno de los lesionados.
En el ámbito de la responsabilidad por hechos de la circulación, concretamente, en materia de daños personales, es sabido que el régimen jurídico que recoge el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (RCL 2004, 2310) (LRCSCVM,) aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, impone un sistema de responsabilidad quasi objetiva en cuya virtud todo conductor responde salvo que demuestre que el daño se debió a culpa exclusiva de la víctima o a fuerza mayor pero, esta presunción opera únicamente en el ámbito de la culpabilidad y no alcanza al hecho mismo de la causación del daño por aquél de quien se pretende la responsabilidad, circunstancias, estas últimas, que deben ser acreditadas por quien reclama la indemnización.
En cuanto a la relación de causalidad entre el siniestro y el daño, la doctrina jurisprudencial definidora del principio de causalidad adecuada, que exige que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada, y suficiente del acto antecedente, es complementada por la moderna doctrina que permite valorar en cada caso si el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto dañoso producido, de modo que si bien es posible acudir a las presunciones, a falta de prueba directa y, como último eslabón de la cadena probatoria del nexo causal para apreciar la responsabilidad del agente, será en todo caso preciso que el resultado sea consecuencia natural, adecuada, y suficiente del acto antecedente, debiendo entenderse por consecuencia natural aquella que propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados, y debiendo valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficiente las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que se haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo.
En este sentido, el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) sólo permite asumir la certeza de un hecho, a partir de otro hecho admitido o probado, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, aunque, según doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2003;RJA 1568/2003), no se exija que la deducción sea unívoca, pues de serlo no nos encontraríamos ante verdadera presunción, sino ante los “facta concludentia” que efectivamente han de ser concluyentes o inequívocos, pudiendo en las presunciones seguirse del hecho base diversos hechos consecuencia, debiendo en todo caso estar sometida a la lógica la operación deductiva.
Tras un nuevo análisis de cuanto se ha aportado y practicado en autos, el tribunal, discrepando de la valoración probatoria de la juzgadora a quo, considera suficientemente acreditado el nexo causal entre el siniestro y las lesiones sufridas por los demandantes, por lo que la sentencia ha de ser revocada.
La resolución recurrida entiende que no se acredita la relación de causalidad entre la colisión y las lesiones descritas sobre la base de las conclusiones de las pruebas periciales biomecánica y médica que acompaña. A través de dicha pericia, el perito ingeniero técnico Sr. Efrain llega a la conclusión de que el vehículo en que viajaban los actores sufrió como consecuencia de la colisión un incremento de la velocidad comprendido entre 5’46 y 5’67 Km/h, y partiendo de este dato el Dr. Emiliano deduce que la intensidad del impacto ha sido muy leve, no pudiéndose establecer relación causal cierta, total y directa entre el accidente y las lesiones de los Sres. Jesús Luis y María Milagros. Es decir, se concluye que, dada la escasa entidad de la colisión, dato que deducen de los daños causados en los vehículos intervinientes que se aprecian en las fotos y resultan dictámenes periciales efectuados sobre cada uno, que les han sido facilitados y de su escaso coste de reparación, no es físicamente posible que se causen lesiones por las que reclama la parte actora.
Pero, revisando la pericia señalada y discrepando de la valoración probatoria efectuada por la juzgadora a quo, estimamos que no queda suficientemente acreditada la imposibilidad de que las lesiones se originaran en la colisión admitida pues ello no puede afirmarse con certeza a partir del dato genérico de que los daños causados en el vehículo contrario son de escasa entidad a juzgar por su coste de reparación, desconociendo la posición de los vehículos, si hubo o no frenazos y, en su caso, su intensidad, la posición y actitud de los ocupantes del vehículo, la constitución física de los mismos, es decir, otros muchos factores que pudieran incidir en la causación del resultado lesivo.
En ese sentido, no puede desconocerse (a) El Sr Jesús Luis y la Sra María Milagros acudieron a Urgencias el mismo día del accidente y fueron diagnosticados de “cervicalgia postraumática” (docs. 2 y 10 de la demanda); ciertamente no se objetivaron signos de lesión salvo el dolor (de claro componente subjetivo) referido por los pacientes, lo que no impidió el diagnóstico ni existe elemento alguno en el informe de asistencia del que pueda deducirse la falta de realidad de este dolor o la inexistencia de la lesión diagnosticada; (b) Ambos lesionados fueron sometidos a visitas de control, y en fecha 22.4.2015 ambos fueron remitidos a rehabilitación, dado que por el facultativo interviniente se observó “cervicalgia con dolor irradiado a ambos trapecios. Movilidad limitada en sus últimos grados por contractura de la ms paravertebral (síntomas objetivables) en el Sr. Jesús Luis, y “cervicalgia con dolor irradiado a ambos trapecios. Movilidad limitada en últimos grados toración cervical” en la Sra María Milagros. (docs 4,5 y 11 y 12); (c) Ambos lesionados recibieron sesiones de rehabilitación entre el 24.4 y el 14.7 (docs 8 y 14); (d) En su declaración en el acto del juicio el testigo-perito Dr. Justiniano (que firma el alta de ambos lesionados -docs 9 y 15- ) aprecia la existencia de las lesiones y no excluye la relación causal con el accidente de tráfico sufrido; (e) Teniendo en cuenta estas circunstancias, el nexo causal entre el accidente y las lesiones, fluye, no aportándose elemento alguno que permita deducir la ruptura de esta relación de causalidad (ni antecedentes de los que resulte su existencia con anterioridad al accidente ni que deriven de un mecanismo traumático posterior éste). En último término, si ponemos en relación los informes periciales presentados por la demandada y la documentación y testifical-pericial aportadas por la actora, tampoco puede concluirse que exista una imposibilidad física de que se produzcan las lesiones que presentaban los actores como consecuencia del siniestro ocurrido, pues mientras la Dr. Emiliano sostiene la imposibilidad de la producción de lesión alguna dada la baja intensidad cinética del frenazo, el Dr. Justiniano manifestó en el acto del juicio que las mismas son compatibles con la mecánica del siniestro.
En suma, de los indicados documentos médicos se desprende que la demandantes siguieron un tratamiento médico, con inmovilización (collarín cervical), farmacológico antiinflamatorio (Enantyum uno y Diclofenaco el otro), y rehabilitador (RHB), evolucionando, paulatina pero favorablemente, siendo dados de alta por mejoría; así pues, estimamos que no hay ninguna razón para dudar de la fiabilidad de dichos informes médicos, y tampoco para dudar del buen hacer profesional de los facultativos que los redactaron; antes al contrario, en dichos informes, como hemos reseñado, se describen una serie de síntomas propios de las dolencias apreciadas que asocian con el accidente y que les llevan a diagnosticar el latigazo cervical, y debemos presumir, sin que basten meras conjeturas para alterar el principio de normalidad, que los doctores autores de los informes pautaron los tratamientos, como así hacen, una vez realizado un juicio de compatibilidad entre el análisis clínico y el relato de los lesionados.
Por otro lado, la parte demandada no ofrece ninguna explicación alternativa a la existencia de estas lesiones ni contradice el diagnóstico emitido por los facultativos asistenciales.
La resolución de primer grado acoge las conclusiones de las periciales aportadas por la parte demandada y excluye la concurrencia de la relación de causalidad entre la colisión y las lesiones. Ya hemos avanzado que no suscribimos tal valoración.
Efectivamente, consideramos que no cabe acoger la alegación de Catalana Occidente cuando postula que no puede considerarse acreditada la relación de causalidad entre la colisión y las lesiones descritas sobre la base de las conclusiones de la prueba pericial biomecánica que acompaña. En ella se afirma que la colisión produjo en el Toyota Yaris un incremento de la velocidad situada entre los 5’46 y los 5’67kms/hora (Delta-V) y, a partir de esta premisa, el perito Dr. Emiliano concluye que a esa velocidad no es físicamente posible que se causen lesiones en los ocupantes del vehículo colisionado, en este caso, los actores.
Consideramos que no son atendibles las razones que ofrece esta pericial para justificar la certeza de dicha premisa, sobre todo porque no queda suficientemente acreditada la velocidad a la que circulaba el automóvil que alcanzó al otro turismo detenido, velocidad que se deduce de los daños habidos el vehículo, de la deformación sufrida, todo ello deducido a su vez de las facturas de su reparación. Pues bien, estimamos que la velocidad de los vehículos no puede obtenerse con certeza a partir del dato genérico de que los daños causados en el vehículo son de escasa entidad a juzgar por su coste de reparación, entendiendo que la premisa de la que se parte en la pericial biomecánica no es sino una mera hipótesis de trabajo y, como ya hemos tenido ocasión de exponer al analizar pericias prácticamente idénticas a la que nos ocupa basadas sobre todo en consideraciones generales de la literatura científica física que se apoyan en estudios estimativos estadísticos, consideramos que sus conclusiones no dejan de ser meras conjeturas carentes de datos objetivos que las corroboren en el caso de autos.
En consecuencia, revisando la valoración de la pericia señalada, estimamos que no queda suficientemente acreditada la velocidad del vehículo que circulaba, ni la velocidad del impacto, siendo que dicha pericia desconoce factores capitales tales como las eventuales maniobras previas o coetáneas de dichos vehículos y, en general, todas las circunstancias que rodean el siniestro, tales como el estado de la amortiguación de los automóviles, la rigidez de los asientos, la actitud de las conductoras, su grado de atención, su masa muscular y otras similares, por lo que se estima que dicho informe no es concluyente.
Por tanto, no considerándose acreditada la premisa de la que parte el citado informe biomecánico, entendemos que el resto de conclusiones que de ella traen causa no pueden ser acogidas en orden a desvirtuar la existencia de nexo causal entre el accidente descrito y las lesiones de la actora, como tampoco cabe atender a las restantes periciales practicadas que parten también de los presupuestos de la pericial biomecánica referenciada, esto es, las recogidas en el dictamen médico acompañado por la demandada que no se atiene al historial clínico derivado de las citadas lesiones (ya que según el propio informe lo unico que tiene en consideración al no haber podido visitar a los lesionados es aquél dictamen), que también obra en autos y que hemos analizado.
En conclusión, por todo cuanto antecede, la sentencia ha de ser revocada; y, no habiendo cuestionado la parte demandada ni la existencia, ni el alcance ni la valoración de la lesiones, la demanda ha de ser estimada.
En aplicación del artículo 20, apartados 4º y 6º, de la Ley 50/1980,de 8 de octubre (RCL 1980, 2295) , de Contrato de Seguro, la indemnización a cargo de la aseguradora demandada devengará, hasta el completo pago, un interés anual igual al interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en un 50%, desde la fecha del siniestro, ocurrido el 30/10/2014, sin que pueda ser inferior al 20% transcurridos dos años desde la producción del siniestro, de conformidad con la doctrina que valora la posición de las partes y la razonabilidad de la oposición o del impago por parte de la compañía aseguradora, aunque sin llegar a superar el presupuesto de la liquidez, frente a lo que ha ocurrido en la aplicación del artículo 1108 del Código Civil (LEG 1889, 27) ( Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2006), hasta llegar a la regla, consolidada, de que los intereses señalados en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro se deben si no se encuentra una razón justificativa del impago de la indemnización por parte de la compañía aseguradora ( Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2004, 28 de enero y 15 de julio de 2005, 10 y 31 de mayo, 9 de junio, 21 de septiembre, y 14 de diciembre de 2006, 23 de febrero, 9 de marzo, y 11 de junio de 2007 ( RJA (RCL 2000, 2532) 7877/2004, 1830, 9622/2005, 3073/2006, 654, 691, y 3651/2007), de modo que la norma parece dictada para atajar el problema práctico de utilizar el proceso como maniobra dilatoria para retrasar o dificultar el cumplimiento de la obligación de pago de la indemnización ( Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2004, 15 de diciembre de 2005, y 2 de marzo de 2006); en el presente caso no se estima que concurran circunstancias que justifiquen la inaplicación del referido precepto.
La estimación de la demanda comporta que se impongan las costas de la primera instancia a la parte demandada ( art. 394.1 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ).
No procede una especial declaración sobre las costas de esta alzada, al haber sido estimado el recurso de apelación ( art. 398.2 LEC).
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el ap. 8ª de la D.A. 15ª de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , se acuerda la devolución del depósito constituido para interponer el recurso
ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Jesús Luis y María Milagros contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2016 dictada en el procedimiento ordinario núm. 825/2015 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Sant Boi de Llobregat, SE REVOCA la indicada resolución, y en su lugar se dicta otra por la que, estimando la demanda interpuesta por los citados apelantes contra Juan Pedro y SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A., SE CONDENA a estos a pagar a cada uno de los actores la suma de 3.174’43€ (TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CARENTA Y TRES CÉNTIMOS), más intereses legales que para la aseguradora serán los previstos en el art. 20 LCS (RCL 1980, 2295) .
Se condena a la demandada al pago de las costas de la primera instancia y no se efectúa una especial declaración sobre las de esta alzada.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación si concurre interés casacional, así como, conjuntamente con el mismo, recurso extraordinario de infracción procesal, si concurren los requisitos legales para ello de acuerdo con la DF 16ª LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , que deberán interponerse ante este tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de ésta, debiendo constituirse el oportuno depósito conforme a la D.A. 15ª de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) .
Y firme que sea esta resolución, devuélvanse las actuaciones remitidas al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.
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References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 386
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 1108
 artículo 20
 resolución