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Timestamp: 2019-04-23 02:01:49+00:00

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BOLILLA IV.- Para a); b) y una parte de c) ver Guía de Estudio capítulo 3.
otra parte de c), ver capitulo 15.
sobre los cuales también se explaya en otros artículos como el 5, el 6, el 29, etc.
(Ekmekdjian299)
c) El gobierno argentino y su ubicación dentro del parlamentarismo y
presidencialismo. Ver capitulo 15 guía de estudio.
Así vemos la división propuesta por Montesquieu, en el Espíritu de las Leyes, en el
siglo XVIII, dice que el milagro de las instituciones libres de Inglaterra se debía a
Las tres formas de gobierno en un estado de régimen político democrático, en la
actualidad, son:
-Parlamentarismo: Francia, Italia, España, Inglaterra, Canadá, Suecia, Alemania, en
general en la Europa Occidental.
-Presidencialismo: Argentina, EE.UU., Perú, Uruguay, México, y en América Latina
-Colegiada (según Zarini se daría solo en Suiza siendo una forma de gobierno
intermedia entre parlamentarismo y presidencialismo y que se experimentó en
Uruguay hace unas décadas).
El régimen adoptado por la república Argentina es Presidencialista , pero nuestro
sistema incorporó rasgos parlamentarios desde su inicio, en 1853, tales como la
iniciativa legislativa del ejecutivo y su facultad reglamentaria, superando así al
presidente norteamericano, con la reforma se han incorporado nuevos rasgos del
d) División de Poderes Concepto y Finalidad.
La diversificación institucional del sistema político se verifica en dos dimensiones:
(Julio Pinto, 234)
La división horizontal que implica la aparición de nuevas instituciones diferenciadas
del detentador originario, con una capacidad real de la toma de decisiones y que en la
historia se ha manifestado con los mecanismos de frenos y contrapesos o de división
separación de poderes, que multiplican los órganos de decisión a la vez que les
impone mutuas restricciones, y las formas más clásica es la división en poder
ejecutivo, legislativo y judicial. De alguna manera, esta dimensión habilita la
diferenciación entre gobiernos parlamentarios y gobiernos presidenciales.
La división vertical (territorial) en tanto implica la delegación de facultades para la
toma de decisión a subunidades, definidas territorialmente, del sistema político. Este
es la fuente de donde surge la distinción entre gobiernos unitarios y federales.
Que está plasmado en el artículo 1º de la constitución nacional determinando la
distribución funcional(división de poderes) y la territorial del poder, principios
Existían tres especies de poderes públicos, que los desempeñaban personas distintas
y que tenían la función de hacer las leyes, ejecutar resoluciones públicas y el de
juzgar los delitos o divergencias, y un control recíproco que era necesario para que el
poder detenga al poder y así evitar los excesos.
Esta doctrina así expuesta tuvo un extraordinario éxito e influyó en las instituciones
del constitucionalismo moderno llegando hasta nuestros días, donde se tiene por ley
política que se preserva la libertad evitando que el poder se concentre, es necesario
distribuir las funciones del poder entre distintos órganos dotados de capacidad
suficiente para controlarse recíprocamente.
A ésta teoría hoy se le corrigen errores e imprecisiones diciendo que:
El poder es uno y no se divide, distingue, o separa; y que existen distintas funciones,
tareas, o actividades que son asignadas a distintos órganos; por lo tanto es incorrecto
denominar poderes a los órganos que ejercen esas funciones. Es decir que en rigor, la
división es separación orgánica (de órganos) y funcional (de funciones) dentro de un
mismo poder (que es el poder político o poder del estado).
La manifestación funcional: Ekmekdjian, 311
La separación orgánica y funcional está destinada a actuar como un freno
recíproco entre los distintos órganos, y a originar en las relaciones de los mismos un
mecanismo de equilibrio y contrapeso. No se trata de incomunicarlos ni
divorciarlos, sino de balancearlos entre sí para que no se desordenen, es decir un
control recíproco.
Esta teoría se estructura en la realidad estableciendo el reparto el poder en órganos
y funciones , de allí salen las competencias de cada órgano:
a)División e independencia de cada uno de los poderes con respecto a los
otros (principio fundamental de la forma republicana de gobierno, el poder ejecutivo
administra, el poder legislativo dicta leyes, el poder judicial resuelve los conflictos
de aplicación de las leyes);
b)Limitación de todos y cada uno, dada por: La esfera propia de competencias
adjudicada; la esfera de competencias ajenas; los derechos de los habitantes; el
sistema constitucional, orgánico y dogmático, que debe interpretarse
Desviación del poder: usar la competencia con un fin distinto.control de constitucionalidad a cargo de jueces. y resguardar la libertad de las personas.Otorgada la competencia. es el ejemplo de coordinación. . En las de control recíproco. 10) Nuevo esquema del poder en el derecho constitucional argentino según la reforma de 1994. La finalidad de la división de poderes en nuestro derecho constitucional : (BC T3. de modo que el emitido fuera de ella se considera afectado de nulidad. no quiere decir que sean dependientes los que cumplen funciones subordinadas. c)El control de constitucionalidad como defensa de la constitución en sí misma. 23) .armónicamente y compatiblemente entre sí y con el contexto integral.Según la constitucional nacional a cada órgano le pertenece una competencia que no puede .Cada función debe adecuarse a las normas y actos de jerarquía superior.Entre los tres poderes del estado existe un complicado entramado de relaciones recíprocas de diversa índole e importancia llamadas relaciones de coordinación y de controlrecíproco. ya que se necesitan recíprocamente para ejercer sus funciones y. .La discrecionalidad no es absoluta. constitución nacional.Exceso o abuso del poder: cuando se usa fuera de la competencia. Por eso en la función de un órgano la incompetencia es la regla y la competencia la excepción.Nulidad: la competencia condiciona la validez del acto. ser ejercida por otro órgano. . . Diagrama de la competencia (lo dice el derecho judicial): (BC T3. . Es la asignación de su función a un órgano institución (no es un derecho subjetivo y una obligación del órgano porque el estado no es titular de derechos. . La competencia de los órganos : . El derecho constitucional del poder es el ámbito que ordena la estructura del poder y en la reforma del 94 hace un nuevo esquema (BC T3. Persigue la finalidad básica de evitar la concentración que degenera en tiranía o autoritarismos. 15) Responde a la ideología de seguridad y control que organiza todo una estructura de contención del poder para proteger a los hombres en su libertad y sus derechos. Los tres poderes tienen una relativa independencia cada uno de los otros .limitación . exige como vimos: .Cada competencia asignada a un órgano involucra a las de interpretar y aplicar la Por ejemplo la participación del presidente de la república en la transformación de las leyes sancionadas por el congreso nacional. posee los poderes implícitos para hacerlas efectivas. y porque muchas competencias son de ejercicio optativo y otras son obligaciones constitucionales) y su ejercicio puede producir: .Gozan de un margen de discrecionalidad (ya vimos que tienen funciones políticas). además.independencia de poderes . se controlan entre sí. el juicio político que el congreso puede realizar a los ministros y a los magistrados judiciales. Es una esfera de reserva de la función.
concurrencia implícita. exclusión excepcional). pero mantiene su personería política por medio de la autonomía. exclusión provincial. y de concurrencia (donde los estados provinciales y el estado federal pueden ejercer atribuciones al mismo tiempo y que pueden ser concurrencia expresa. de modo que: . que ejerce su poder sobre el territorio de sus respectivas provincias y cuyo ámbito de acción se dirige a los asuntos de interés local. Este sistema supone una distribución territorial de competencias. igualdad. control. es decir que pueden dictar sus propias leyes pero en coordinación con el orden jurídico superior federal. Presupuestos básicos: Pluralismo. estado provincial y estado municipal. de exclusión(competencias exclusivas y excluyentes no pueden interferirse recíprocamente y que puede ser exclusión federal. y tolerancia. soberanía popular.existe gobiernos locales o provinciales. se desarrollan más adelante).La División de Poderes Territorial en el Derecho Constitucional Argentino: Se manifiesta en nuestro derecho al realizar la división vertical del poder en estado nacional. 31 y 128. donde el orden jurídico federal tiene prelación sobre los órdenes jurídicos provinciales). a los negocios interiores. 54). y con la reforma del 94 en la posibilidad de formar regiones económicas. . art. de participación en la formación de la voluntad federal (en el gobierno componiendo el senado igualitariamente. En nuestro país las provincias se desprendieron de su soberanía depositándola en el gobierno federal quien la ejercer a nombre del pueblo argentino todo. e) Democracia: concepto. garantismo.existe un gobierno central o federal que ejerce su poder sobre todo territorio nacional y cuya esfera de competencia apunta a los asuntos que interesan a la nación toda. es decir cuando adoptó el sistema federal estado. exclusión intra provincial. Las relaciones entre el estado federal y los estados provinciales están determinadas con precisión en nuestra constitución y son de cuatro tipos: de subordinación(artículo 5. .
la justicia. citando a Juan XXIII Es decir por la existencia de un poder político que respecta y proteger a los derechos fundamentales de la persona. Reza esta disposición que "Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. la democracia representativa por lo tanto debe reclamar un espacio político para todos. por el pueblo y para el pueblo". inc. 94). surgiendo las leyes y las decisiones del resultado de transacciones entre la mayoría y la minoría asegurándola convencer y evitando el predominio de alguno de ellos en perjuicio de los otros. 36. es decir la resultante de tomar parte de la democracia representativa y parte de la directa : formas semidirectas como la iniciativa popular (para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. por la generación de una presión constante de la opinión sobre los órganos del gobierno para orientar la política gubernativa y las decisiones más importantes. Alude al origen de la autoridad en el conjunto del pueblo y. esto exige libertad política e igualdad política. factores que no necesariamente constituyen discordia. artículo 39. pueblo . Bidegain. Llamamos forma de estado democrática a la que se caracteriza por la actuación de un poder político que no ve en los hombres a meros súbditos obligados a la obediencia ciega de sus órdenes. 43. Schumpeter. sino a personas dotadas de derechos y deberes anteriores y superiores al Estado mismo. Garantismo: El poder democrático es indispensable para proteger garantizando la existencia. Control: Del elector sobre el elegido porque juzga la actuación y lo aplica en la elección . O también como forma de gobierno fue definida por Abraham Lincoln como "el gobierno del pueblo. originaria y esencialmente. Un gobierno democrático se caracteriza por el uso de técnicas que ofrecen garantías de autenticidad como: La renovación periódica de los funcionarios. consecuentemente. Presupuestos básicos de Democracia son: Pluralismo. Ese sistema que permite el control recíproco y de toda la comunidad política.81. armonizados. el sufragio universal. La democracia nació comoun método de legitimación y de control de las decisiones políticas mediante el voto. La democracia moderna no puede reclamar unanimidad debido a la diversidad de sus integrantes y de los centros de poderes. especialmente en lo referente al nuevo articulo 36 cuyo valioso contenido es a todas luces saludable. 75. en la elección de los gobernantes. tutelarlos y promoverlos como una exigencia del bien común.El movimiento constitucionalista fue. La Democracia es hoy Participativa. sobretodo. 39. incompetencias. requiere un sistema de valores y de creencias basados en la libertad. el ejercicio y la persistencia de las libertades fundamentales mediante el control del poder. existencia de varios partidos políticos . La palabra "democracia . Definición mínima de democracia dada por Bobbio (teoría clásica) : conjunto de reglas primarias y fundamentales que establecen quienes están autorizados para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. en la renovación gradual. democratizo el sistema de gobierno al disponer la elección directa de presidente . los tratados internacionales. mediante el conocimiento de los actos de gobiernos. o no vinculante (o Plebiscito). respetarlos. a la participación popular en los procesos políticos. en materias que excluye la reforma de la constitución. la conciencia de derechos y deberes y la participación en la vida social. Pero esto no garantiza que sea un estado democrático. el régimen de libre oposición entre dos o más partidos. el sufragio universal e igual. liberal. la elección popular. la igualdad. artículo 40. dice Quiroga Lavié. de reunión y de asociación). libertad de crítica a gobernantes por los medios masivos de comunicación. La democracia lucha contra el abuso del poder de arriba y contra el poder concentrado mediante la participación. El gobierno de la mayoría supone y exige la existencia de una minoría que tenga la posibilidad de discutir los actos de gobierno con toda amplitud y participar en las decisiones. Atribuye soberanía al pueblo. en la cual se asegure la discrepancia.-La democracia nació como sistema de gobierno que exigía la participación de todos los ciudadanos.(para someter un proyecto de ley al veredicto del pueblo sin el veto del poder ejecutivo y mediante la promulgación automática). Estos actos serán insanablemente nulos. en elecciones periódicas. Hace referencia a un modo de vida de su población. (Ekmekdjian 306) Para que democracia se afirme y se promueva en el individuo. emanados de la ley natural y que impone al poder político el deber de reconocerlos. Pero tanto en su ideología ("los hombres nacen libres e iguales") como en la acción concreta de sus luchas (decisiva participación popular en los principales sucesos históricos). la opinión pública y la protección de las libertades civiles (libertad de prensa. curiosamente no había sido incluida en la Constitución formal a pesar de estar la misma impregnada de un fuerte contenido democrático. en una concepción orgánica de sociedad. el gobierno es representativo del pueblo. para la mayoría y para la minoría. el disentimiento y la diferencia. la consulta popular – vinculante (o Referéndum ante Legem). CII. es una fraternidad que reconoce al otro y que tiene un destino común. los tributos. política y económica. vicepresidente y senadores (art. republicano y en mucha menor medida democrático. supone una competencia por el voto. llevó principios de democracia que habrían de adquirir creciente importancia. al procurar la elección del Jefe de Gobierno de La ciudad de Buenos Aires (antes decidía esta cuestión el Presidente) y. con razón. A partir de la reforma de 1994 se refleja en varios artículos (arts. La reforma de 1994. 24 y otros). el presupuesto y la legislación penal).
a los que acceden al poder por la fuerza. faltarles el “color of title” serían en verdad usurpadores. que derrocó al presidente Yrigoyen.-Se denomina en forma genérica y amplia gobierno de facto o funcionarios de facto. o de hecho. manteniéndose en el mismo por un período mayor al que le correspondiere. se reclama igualdad social. luego de abandonar el país el Presidente Derqui.El de Mitre luego de la victoria en la batalla de Pavón a Urquiza: Después de disuelto el gobierno federal. decía Rousseau. Adquiere su significación concreta a la luz de la participación del pueblo en la designación y el control de los gobernantes. a raíz de la batalla de Pavón en l861. asume el Poder Ejecutivo. y el Vicepresidente Pedernera resuelve declarar en receso el Poder ejecutivo. La defensa del orden Constitucional del Sistema Democrático en la Reforma Constitucional. pero también son gobernantes de facto (serían los tipificados verdaderamente como tales) aquellos que. se limita la participación popular en el gobierno a la selección de los representantes. 3) 1943 – 46 El derrocamiento del Vicepresidente Castillo: Después del golpe de estado del 4-6-1943 que derrocó al presidente Castillo (accedió a Pte. su verificación en la historia argentina. Igualdad : Al imponerse la democracia representativa en los estados modernos. ya seanhombres o mujeres. asumen la presidencia. El régimen democrático se distingue de otro que no lo es porque en él mediante diversas técnica se procura que el gobierno sienta la presión constante de la opinión mayoritaria induciéndolo a dar a su política general y a sus más importantes decisiones concretas una orientación aproximada a las aspiraciones de aquella. y así se va ampliando la base igualitaria. la igualdad se extiende de diversas formas. en la que Mitre triunfa sobre Urquiza.. igualdad para la participación en la toma de decisiones colectivas. porque parte del consenso sobre las reglas de la contienda. la diferencia. que no tolere minorías ni oposición. o sea el reconocimiento del derecho de sufragio a todos los ciudadanos a partir de cierta edad. para elegir al representante y los espacios donde ejercer ese derecho. enunciado los artículos 33 y 37. legitimación de su existencia de sus actos. Los gobernantes advienen como consecuencia de una ruptura del orden constitucional. El consenso de la mayoría implica que exista una minoría que disiente y para que la democracia sea justa en necesario consenso real. En la argentina se verifica en los siguientes períodos de la historia. el aspecto democrático entonces pasaba a depender de la mayor o menor amplitud del derecho de sufragio (para Rousseau. donde el disenso es libre de manifestarse. o sea el gobierno de la nación por medio de sus representantes. Al ser la democracia un estado de derecho.32 El derrocamiento de Yrigoyen (Vice era Enrique Martínez): Después del golpe de estado del 6-9-1930. con capacidad para legislar para sí mismo. desde el 12 de abril de 1862 hasta ser electo legalmente Mitre como presidente el 12 de octubre de 1962. etc. La democracia necesita ciudadanos autónomos. en su teoría de la soberanía popular dice que a cada ciudadano le corresponde una cuota igual de soberanía). Igualdad para la elección. esto es llamado ilegitimidad de ejercicio. Tolerancia: Ya que la unanimidad en las decisiones es prácticamente imposible de obtener. nuestra constitución alude a una creencia colectiva compartida sobre la legitimidad del poder que se traduce en un principio general del derecho constitucional argentino conforme el cual es indispensable el consentimiento popular para el ejercicio legítimo del poder. pero la voluntad general no puede ser omnipotente y autoritaria. o bien en la democracia representativa. y para ello deben ser libres e iguales. así como la sujeción de todos a las leyes hechas por la mayoría. Gral. por fallecimiento del presidente Roberto M. derecho que estuvo limitado hasta 1830 en Inglaterra y en Norteamérica hasta imponerse gradualmente el sufragio universal e igual. siguiendo el criterio de Néstor Sagüés: 1) 1962. La democracia es el único sistema que permite el disenso. Soberanía popular. Evolución jurisprudencial. Primero el . debe adoptarse la solución práctica de la sujeción de todos a las leyes hechas por la mayoría. ya sea por la llamada revolución o por un golpe de estado. Concepto de Gobierno de Facto. respetando los adversarios . de oportunidades. lo que llamaríamos ilegitimidad de origen. el gobernante de iure que sé transforma en gobernante de hecho o de facto. f) La Problemática de los gobiernos de facto: concepto. Se relaciona con el pluralismo porque sólo en una sociedad así es posible disenso. hasta 1932. porque la participación es elemento integrante del concepto político de la libertad y de su ejercicio como derecho fundamental de la persona. sin impedimento y con los límites de las reglas del juego democrático. lo que no necesariamente ocurre en los gobiernos de signo autoritario. el participa del gobierno de si mismo.-El principio de la soberanía del pueblo. José Félix Uriburu. ya que no es un enemigo que debe ser destruido sino un opositor que tienen derecho de acceder al poder. Ortiz). por una vía no prevista constitucionalmente en la elección de las autoridades (por no haber sido electos. por ejercer el poder por la fuerza o en contradicción con las normas jurídicas.y gobierno. 2) 1930. habiendo sido designados o elegidos legítimamente resultan luego ilegítimos durante el ejercicio del cargo. según la categorización de Constantineau). le permite así resolver conflictos sociales sin recurrir a la violencia. asume la presidencia el Tte. a dicho principio se suma una técnica específica para la investidura de los portadores del poder que consiste en la elección por la mayoría de los ciudadanos que están habilitados para el ejercicio del derecho de sufragio. las Provincias le confían algobernador de Buenos Aires (Mitre) el ejercicio provisional de los negocios de la Nación.
en forma transitoria. Eduardo Viola. Jorge Rafael Videla (con Massera y Agosti). 6) 1966 – 73 Derrocamiento del Pte. el juez Butler de Connecticut. 4) 1955 – 58 Derrocamiento de Perón: Después de la revolución que derrocó al presidente Perón.UU. renunció antes de prestar juramento. legisló mediante decretos leyes. En un primer momento había sido el Jefe del movimiento militar el Gral. para proteger los intereses del publico y de los individuos. sino también las privativas de cada Cámara. Juan Carlos Onganía. Carroll". Gral. Guido. Leopoldo Galtieri y el Gral. pero si bien actuó como Pte. Levingston y el Tte. en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía. el militar titular del gobierno de facto. José M. igual situación que en el de Yrigoyen. legisló mediante decretos leyes. que convalidó la derogación. que era un civil y seguía en la línea constitucional de reemplazo al presidente. el estatuto de la revolución argentina. 5) 1962-63 Derrocamiento de Frondizi: Después del golpe de estado del 29-3-62. el autodenominado “gobierno de la revolución argentina”. Perón. hasta 1963. Frondizi. que derrocó al Pte. legisló mediante decretos leyes. el Tte. Gral. al que le siguieron el Gral. -En el derrocamiento del Dr. La progresiva desconstitucionalización en cada golpe. al que siguieron el Tte. disolvió (previamente haberlo mantenido en receso seis meses) el Congreso y aplicando mal la ley de acefalía designa a cargo del PE al presidente provisorio del Senado. Pedro P. Arturo Frondizi. asume la presidencia primero el Tte. donde se dispone la forma en que será elegido el próximo Presidente. Fue un proceso progresivo donde en cada golpe de estado se violaba más la constitución. -En el derrocamiento de Yrigoyen el gobierno de facto se atribuyó la función administrativa y política comprometiéndose a mantener la supremacía de la Constitución (limitada por la necesidad y los fines de la Constitución) y las leyes. por el llamado "Proceso de Reorganización Nacional" asume la Junta de Comandantes. Reinaldo Bignone. en 1955.83 Derrocamiento de la Presidenta Ma.. bajo la denominación de "Revolución Libertadora". Pero para el gobierno de Uriburo se usa la "Doctrina de facto" es la elaborada para justificar la autoridad de los gobiernos que han asumido por la fuerza y reconocer la existencia de los órganos que ejercen el poder de tal modo. que como gobernador de Buenos Aires y general en jefe de su ejercito. . y emite un Estatuto Revolucionario. con supremacía sobre la Constitución nacional.administraba ejerciendo el poder ejecutivo y el legislativo. asume la presidencia el Dr. estaba “facultado para conocer y decidir en esa clase de asuntos. un superórgano la Junta de Comandantes en Jefe que tenía el poder político. disolvió el Congreso. Illia (Similares atribuciones se tomó en el golpe que destituyó a María E. hasta 1958.Gral. Ramírez y luego Edelmiro J. Gral. Aramburu. -En el derrocamiento de Castillo. Destituyó a ministros de la CSJN y puso en comisión a jueces. Alejandro A. Legislaron mediante decretos leyes -En el derrocamiento de D. Arturo Illia: en 1966. allí donde esos intereses estaban afectados por actos oficiales de personas que ejercían las funciones de un cargo sin ser funcionarios legítimos". Removió a los miembros de la CSJN (En el de 1976 no removió a la CSJN). pero las facultades legislativas fueronampliadas alo que la prudencia política lo dispusiera. Gral. Estela Martínez de Perón: el 24-376. Legislaron mediante decretos leyes -En el derrocamiento de A. dictan normas constitucionales de facto. Gral. integrado por oficiales superiores de las tres fuerzas armadas) no por decretos leyes sino por leyes ordinarias (de facto) que incluso seguían la numeración correlativa a las del congreso del gobierno de jure .-Para el período de Mitre se usó el argumento del derecho de la revolución triunfante asentida por los pueblos. de facto del 4 de junio al 7 de junio (3 días). no solamente limitadas por la necesidad y los fines de la revolución. Atribuyéndose un poder constituyente. Legitimación de su existencia y de sus actos. disolvió el Congreso. por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales”. Farrel. incluso en materia penal. Lanusse. Guido. por la llamada “Revolución Argentina”. por la ley de acefalía. Gral. Eduardo Lonardi y luego Pedro E. José M. Roberto M. dijo "la doctrina de facto (tiene ilegitimidad de ejercicio solamente) fue incorporada al derecho como un acto de policía y necesidad. Pretendió ser una gobierno de Jure. disolvió el Congreso y el gobierno de facto ejerció no sólo las facultades legislativas (ejercidas en forma razonable y sin desconocer las garantías constitucionales) que la constitución otorga al Congreso. representando a las tres fuerzas armadas. que no se condice con un gobierno de facto que debe respetarla. no intervino el Poder Judicial en formación. En el caso "State Vs. en EE. legislaba (con asesoramiento de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. De acuerdo con dicha norma asumió luego el cargo el Tte. incluyendo las privativas de cada cámara. hasta 1946. habiendo una categoría especial de leyes que debían ser refrendadas por la junta de comandantes en jefe. el mensaje de la junta revolucionaria al pueblo argentino y varias actas. asume la presidencia una Junta Revolucionaria. se percibe analizando desde: -Mitre. hasta 1973. 7) 1976 . de Perón posteriormente). Rawson. el gobierno de facto por un decreto ley derogó la reforma constitucional de 1949 y convocó a la Convención Constituyente de 1957. designándose Presidente el Tte. excepto las del juicio político. no intervino el Poder Judicial.
justicia y necesidad.UU. cuando se resolvió judicialmente en Inglaterra el caso del Abad de Fontaine. son nulos (Duverger) Con la salvedad de que erróneamente se toma como sinónimos o confunde gobierno de facto (no usa la fuerza) y gobierno usurpador (que sí accede por la fuerza) seguiremos desarrollando el tema para analizar la evolución jurisprudencial de la CSJN respecto de la doctrina de facto. d) ejercicio público y pacífico del poder. Gastón Jezé hace una distinción en el derecho administrativo al tipificar a los funcionarios según la forma en que accedieron al cargo: a) Funcionario de derecho: Invoca una investidura legítima. y también por razones de continuidad y el mantenimiento del orden público y servicios públicos. para proteger y resguardar a la comunidad y personas de cualquier daño. declarando la validez de sus actos durante el ejercicio de su cargo. La doctrina de Jezé estriba en considerar que el gobernante de iure es el que ostenta una investidura "regular" y el gobernante de facto" tiene una investidura plausible". que no radica en el título con el que accede al cargo sino en algunas pautas que hacen al ejercicio del mismo y que. los servicios públicos y los derechos de los individuos. Hubo dos importantes doctrinarios del derecho administrativo que elaboraron teorías sobre las cuales se construyó todo el andamiaje jurídico de la doctrina de facto: Jezé y Constantineau (al cual alude la CSJN en la acordada de 1930). y a sus actos. e) reconocimiento prestado por algún órgano del poder de iure que aún subsiste. también de hecho. es decir "admisible”. Los gobiernos impuestos por la fuerza (ilegítimos) se corresponden con funcionarios usurpadores y sus actos carecen de validez. c) necesidad de proveer. es decir que el cargo esté creado legalmente. mediante la existencia de un gobierno. pero si no hubo ninguna elección o nombramiento. c) El funcionario usurpador del cargo es aquel que lo ocupa y realiza el acto sin ninguna clase de investidura. . son usurpadores no funcionarios de facto (Vanossi) son ilegítimos de origen y de ejercicio. En Francia comenzó durante la Revolución de 1789 y continuó hasta la Tercera Republica (1870) y en EE. b) El funcionario de hecho es el que con legitimidad de origen en ciertas circunstancias. ocupa el cargo y realiza el acto dotado de investidura irregular(ilegitimidad de ejercicio). el triunfo de un golpe de estado o de una revolución. Aplicación de las teorías de Constantineau y Jezé para legitimar al gobierno.La doctrina de facto tiene su origen histórico en 1431. produjo "obediencia " y logró la obtención de un reconocimiento por parte de la CSJN. generalmente mediante el uso de la fuerza. debido a la legitimidad de origen pero no de ejercicio. Constantineau distingue entre un gobierno de facto del usurpador diciendo que: el de facto es aquel cuya elección o nombramiento son viciosos o deficientes. La Corte fue elaborando pautas . c) Que haya apariencia de legitimidad. a la atención de aquellas necesidades. pese a ser ilegal su designación. y cuyos actos son válidos dada su legitimidad de origen y de ejercicio. la paz. por el ejercicio efectivo del poder. (doctrina de facto). sus actos son válidos: Pautas de ejercicio del cargo para que los actos sean válidos : a) acatamiento pacífico de la comunidad. Los gobiernos de hecho o de facto (deficientes. si se cumplen. falta el “color of title” de que habla la jurisprudencia norteamericana y el gobierno que se instala por la fuerza no es un “gobierno de facto” sinoun usurpador. Esta diferencia sustancial hace que los actos de: Los gobiernos constitucionales con legitimidad de origen se corresponden con funcionarios de derecho. y cuyos actos son válidos. viciosos) se corresponden con funcionarios de hecho. La teoría de Constantineau se basa fundamentalmente en que son necesarias tres condiciones para elreconocimiento de un funcionario de facto: a) que la existencia del cargo que ocupa sea de jure.. b) Que el funcionario entre en posesión y desempeñe efectivamente el cargo. adquirió trascendencia durante la guerra de Secesión (l86l1865). Basa esta doctrina en fundamentos de Orden público. La Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia Nacional sobre características y autoridad del gobierno de facto: Siempre. sobre las cuales sostuvo la vigencia del gobierno de facto: a) El título de facto (investidura plausible) no puede ser discutido judicialmente. b) disposición de los medios (fuerza militar y policial) para asegurar el orden.
En la Acordada del 10-9-1930 la CSJN dijo: "Ese gobierno se encuentra en Posesión de las fuerzas militares y Policiales necesarias para asegurar la paz y el Orden de la Nación y por consiguiente para proteger la libertad. Allí la Corte dijo: "el gobernador de Buenos Aires fue autoridad competente para conocer y decidir en esa clase de asuntos. . en esas ocasiones. por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales. Por lo tanto le era aplicable la doctrina de facto. la vida y la propiedad de los habitantes. El primer caso jurisprudencial de la Corte fue en el año 1865 : "Baldomero Martínez”. Aramburu. con el fin de asegurar la paz y el orden. antijurídico y violento “no está justificado por el estado de necesidad”. . c) Debe jurar acatamiento a la Constitución. como Presidente de facto se dirigió a la Corte poniendo en conocimiento la asunción al Poder: “la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante”. luego del golpe de 1955. y ha declarado. cuando cambia el gobernante de facto Lonardi por el Tte. d) Los actos son válidos por razones de policía y necesidad.Roberto Bergalli: con esta decisión el Alto Tribunal revierte el principio de la inhibición en las cuestiones políticas y pretende legitimar la primera interrupción de la legalidad democrática en la Argentina. 2) Tomar el hecho consumado como venía.. Con posterioridad no hubo acordadas similares. público proteger la libertad. Concluye que los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él son válidos. Tipificó al gobierno de facto. después de la batalla de Pavón. en actos públicos. transfiriendo la responsabilidad de la decisión.Sánchez Viamonte: Carecían de título de aparente legitimidad como lo exige la doctrina de facto. por lo cual no hubo pronunciamientos sobre los mismos. reconoce y funda el derecho en la fuerza. hizo la Corte). quemantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país. en el ejercicio del poder". e) El Poder Judicial mantiene el control de constitucionalidad sobre sus actos. además. el único soberano para ejercerlo.. en el cual se cuestionaron dos resoluciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el tiempo que ejerció el Poder ejecutivo nacional. merecían el título de usurpadores y por lo tanto incurrirían en los delitos de sedición y usurpación de autoridad. En la Acordada del 10-9-1930 establece la doctrina facto : Durante el gobierno de facto de Uriburu. dice que los ministros de la Corte. Opiniones de prestigiosos constitucionalistas que señalaron la gravedad institucional que produjo: . la Corte dijo: " . la vida y la propiedad de las personas. Tanto en el golpe de estado de 1955. la Corte espontánea y apresuradamente reconoció al gobierno de hecho citando a Constantineau.Rafael Bielsa: Invocar “hecho consumado” es lo más endeble del fallo. en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada desu posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”. luego del derrocamiento de Frondizi. por razones de policía y de necesidad. al referirse a las acordadas de 1930 y 1943. y por lo tanto. con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos. è En 1962. se disolvió también a la Corte. como protección al público. Guido accede al gobierno .. Oyhanarte. diciendo : " .Vanossi: Al aceptar la quiebra del orden constitucional y al gobierno usurpador. pues un gobierno de facto cuyo título nopuede ser judicialmente discutido con éxito por las personas. Gral. Siguiendo con la jurisprudencia sobre características y autoridad del gobierno. 3) Ante el hecho consumado tratar de salvar los valores institucionales que todavía podían ser rescatados (que fue lo que. lo más antijurídico: un acto arbitrario. . lo cual estuvo también ratificado en la acordada del 7-6-43. según lo expuesto por el Juez canadiense Constantineau.. como en el de 1966 y el de 1976. la designación de la persona que ejerce la presidencia provisional ha sido realizada sin alterar los fines que la revolución triunfante originariamente se propuso". que es patrimonio jurídico y exclusivo del pueblo. en el hecho consumado. è En otra acordada. y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía.b) Puede ser reconocido un gobierno de facto que tiene subordinadas las fuerzas militares y policiales. que es erróneamente citado en la Acordada-. el gobierno Provisional que acaba de constituirse en el país es. sólo podían sostener las siguientes posturas: 1) renunciar. la Corte se arrogó “el poder constituyente”. a su criterio.
no podía convalidar ninguna designación posterior de ningún funcionario. 4) No poseía el manejo y mando de las fuerzas militares y navales. As. de la aceptación restrictiva del principio. en tal caso. sin haber traspuesto los pasos previos que prevé específicamente el orden constitucional y.y en . y comenzó a llamarse a los gobernantes de facto “usurpadores” y a encuadrarse la figura en el art. de jure. Esa ruptura del orden constitucional producida previamente por el golpe de estado.. La Corte Suprema le tomó juramento y homologó el acta de asunción. de Bs. se podía la Junta Militar arrogar poder constituyente." (3-l-62) se consideró aGuido como Pte. de acuerdo a la Ley de Acefalía. por una parte de la doctrina. igual criterio sostuvo al ser depuesto Levingston en 1971. que los gobernantes que asumieron no eran de facto sino de jure." del 6-11-79. por tal razón. a cuya disposición se pusieron los medios necesarios para asegurar el orden y cumplir las funciones del estado. 2) una vez derrocado. y que Contuvo su autoridad dentro de los límites de un ordenamiento legal preestablecido". En 1976 .invocando la ley de acefalía. 1º y 31º de la ley 252". ni la asunción por el funcionario que seguía en la sucesión presidencial. hasta llegar a una amplia permeabilidad en la admisión de los mismos. Esta doctrina nace con el fallo del 14-9-31 "Hipólito Yrigoyen". 3) luego del derrocamiento no había realizado acto de gobierno. la doctrina judicial de la Corte fue admitiendo cada vez a los gobiernos de facto que se fueron sucediendo. La razón estribaba en que. una vez destituido el Pte. A raíz de esta actitud y del fallo dictado posteriormente por la Corte en el caso "Pitto Luis M. è Luego de 1983 la doctrina cambió.. de la Pcia.. Hasta 1984 la destitución del gobernante por el de facto producía la pérdida de inmunidad . Guido asumió validamente el poder ejecutivo nacional con carácter definitivo de acuerdo con los arts. En ambos casos. En conclusión se consideró que el juicio político carecía de utilidad practica y de fundamentación doctrinaria.. También consideró la Corte que se podía elegir un nuevo Presidente antes del lapso que faltara para completar los 6 años del período constitucional. y de la policía. cómo sería designado el próximo presidente. que era civil y alegó la aplicación de la Ley de acefalía 252. Esa doctrina tuvo una línea ascendente. ya que no podía ya ser destituido. comete delito de sedición. diciendo: " . Por lo cual la Corte sostuvo que. considerando que " . la Corte reiteró el principio de eficacia o de efectividad. è Al reemplazarse a Onganía por la Junta de Comandantes en junio de 1970. la Corte dijo: . el Dr. también la designación efectuada conforme a esas normas.. en razón de: 1) carece de actualidad la investidura presidencial. que estaban subordinada al gobierno provisional. Tampoco. en el primer caso (1962).1983. en el segundo caso. la Corte dijo sobre la comunicación cursada por aquélla: " . en el segundo caso. por lo cual no puede ser realizado el juicio político. Doctrina que pretendió reconocerlos como gobernantes de jure: è En los golpes de estado de 1962 y 1966 se consideró. y no de facto. parte de la doctrina alegó que el nombramiento fue por aplicación de una norma jurídica "preexistente". Una vez efectuada así la designación de un militar. ya que debía el país volver al período normal. determinando entre otros puntos. el presidente había dirigido su renuncia a los jefes militares del golpe. ni la designación de acuerdo a una norma jurídica preexistente. de tal modo. por lo cual podía ser juzgado sin el procedimiento del juicio político. el reemplazo del presidente había sido "legal". la Junta Militar que destituyó a los gobernantes de iure (Illia). cuya autoridad fue acatada en toda la nación. En 1966. 22 de la CN. pueden sanear la destitución inconstitucional del gobierno que había asumido antes por vía legítima. Vemos entonces que desde la aceptación del gobierno de Mitre hasta 1983 . invocando poder constituyente. careciendo de facultades y poderes presidenciales. Frondizi asumió el gobierno el presidente provisional del Senado (Guido). dictó un estatuto que denominó "de la Revolución Argentina". por no ser en ese momento Presidente. en el que la CSJN rechaza la pretensión del ex presidente de no ser juzgado por falta de juicio político. cuando dice que: “Quien se atribuya los derechos del pueblo y peticione a su nombre. por lo tanto la designación había sido de acuerdo al orden jurídico establecido y que el gobernante era "de iure y no "de facto". era ilegítimo. Jaime" (l0-11-77) y "Richardi c/ Bco. se instituyó un gobierno efectivo..” En los casos "Lokman. los términos de dicha comunicación importan ratificar la vigencia de los instrumentos básicos de la revolución Argentina".
en el fallo "Municipalidad de Bs. puesta “en comisión”.“Que las actas institucionales y el estatuto para el proceso de reorganización nacional son normas que se integran a la Constitución. A Guido le tomó juramento la Corte. recién fue disuelto el 6 de setiembre (cinco meses y medio después del golpe de estado). ordenamiento supraconstitucional. Pero el Poder Legislativo fue siempre disuelto y asumidas sus funciones por el Ejecutivo. siempre el Poder Ejecutivo de facto ha asumido las funciones del Legislativo disuelto. En el golpe de estado de 1955 los gobernantes de facto reestablecieron la Constitución de 1853 reemplazando a la de 1949. y el Congreso. Sobre este tema existen dos corrientes doctrinarias : La que dice que el Ejecutivo de facto reemplaza totalmente al Congreso disuelto y que. d) Destitución de jueces. Sin embargo . de acuerdo al art. Dichos actos revelaron la asunción de facultades constituyentes y condicionaron las normas constitucionales a la no contradicción con sus disposiciones. por lo tanto. únicamente se contempla la época de receso legislativo. El gobierno de facto de 1976-1983 dictó el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional el Estatuto para el Proceso de Reorganización y la ley 21. Todas las que la CN asigna al de iure. de iure en igualdad de competencias en orden al poder ejecutivo. de facto reemplaza al Pte. . El Pte. puede ejercer todas sus facultades y atribuciones. en la medida que subsisten las causas que han dado legitimidad a tales normas fundadas en un verdadero estado de necesidad que obligó a tomar medidas de excepción. Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo. ejerciéndolo de dos formas diferentes: a) Anteponiendo a la Constitución normas de facto: así. Fue una excepción el gobierno de Guido. que se venia desempeñando como presidente provisorio del Senado. ejerciendo las atribuciones en caso de necesidad para no paralizar la producción legislativa en los supuestos de que sea imprescindible el dictado de una ley. y la que afirma que lo reemplaza solo parcialmente. c) Disolución Del Congreso En Época De Facto: En épocas de facto. durante el anterior gobierno de 1976-1983 se juraba por el Estatuto de la Reorganización Nacional. 31 de la CN estarían. por una razón de necesidad. ante la necesidad de legislación y la carencia de Congreso Nacional. A partir del golpe de estado de 1966 al inicio de la gestión se dictó reglamentos orgánicos por los funcionarios de facto que asumían. b) Dictando un. Por lo cual no posee las legislativas ni las judiciales. 86. ya que disponían que las normas Constitucionales serían de aplicación siempre que no estuvieran en contradicción con las normas del Reglamenta o Estatuto (Estatuto de la Revolución Argentina del 28-6-66). las detenta el de facto. por ejemplo. con funcionarios de facto el primero. ante la renuncia del vicepresidente Alejandro Gómez. Esta disolución del Congreso no se encuentra prevista constitucionalmente. pero ello no justifica que tenga mayores facultades. b) Destitución Del Presidente Y Acceso Al Ejercicio Del Poder Ejecutivo. c/ Meyer Carlos" (1945). Los gobiernos de facto se han atribuido el ejercicio del poder constituyente. atribuyéndosecompetencia constituyente. Estos Reglamentos tenían rango supraconstitucional. ejerciendo expresamente facultades constituyentes. siguieron funcionando. es decir las que la Constitución acuerda al Presidente de iure. primero las disposiciones del gobierno de facto. tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial. la Corte que en un principio había sido sumamente restrictiva. El gobierno de facto de 1966-1973 sancionó una modificación constitucional temporaria el 24-8-72.256 que aprobaba el Reglamento del funcionamiento de la Junta Militar. desde el momento que hubo una ruptura constitucional de la sucesión presidencial y una permanencia en la carencia del Poder Legislativo. En la historia. En 1947 se amplia esa concepción sobre las atribuciones.” Facultades Asumidas Por Los Distintos Gobiernos De Facto: a) Ejercicio Implícito O Explícito Del Poder Constituyente. y con jueces ya nombrados anteriormente más los designados por el gobierno de facto el Poder Judicial. nombramientos. pero las mismas deben ser únicamente las indispensables para mantener el funcionamiento del Estado y cumplir los fines de la revolución. Uriburu tuvo las facultades del art. Así en el caso "Administración de Impuestos Internos C/ Malmonge Nebreda Martiniano" (1933) la CSJN dijo que el Pte. que no puede asimilarse a estos casos. que estaba de receso. As. atenúa su criterio y dice que la imposición de los hechos hace ineludible el ejercicio de funciones legislativas. y convocó a una Convención Constituyente que delibero en Santa Fe desde el 30 de agosto de 1957. aunque en la cúspide del ordenamiento. diciendo que el presidente de facto tiene las competencias legislativas del Congreso (disuelto) y que los decretos leyes permanecen vigentes hasta su derogación. pero sin derogar o suspender la supremacía constitucional.
La Corte. implica la remoción de los jueces que . por lo que se estaría vulnerando derechos y garantías personales al permitir que las personas sean juzgadas por ellos. ya sea porque el ejecutivo no los destituyó. es decir que no pueden ser destituidos una vez sobrevenido un nuevo gobierno constitucional. si decimos que el ejecutivo en esa etapa no tiene facultad de crear tribunales judiciales y designar jueces. 3943 y 1962. denominando a dicha mutación "intervención". l9. la Corte negó el reintegro al cargo de un juez que había sido removido por el gobierno de facto dé 1976-1983. Se asimila esta situación a los nombramientos provisorios que prevé el art. porque estimó inconstitucional la creación de la Cámara donde se lo destinaba. sino puntual de algunos jueces. sino de iure. No habiendo Congreso en los períodos de facto. b) el criterio contrario dice que si la designación es realizada por un gobernante de facto. dijo que el Ejecutivo de facto podía destituir a los jueces. El problema radica en que. generalmente se estableció una remoción no generalizada. carecen. e) las designaciones de nuevos jueces luego de 1983. el juez no es de facto. es decir designados por el gobierno avenido por el golpe de estado. En 1935 la Corte. los jueces designados de acuerdo con la constitución. la corte dijo que los jueces que retenían sus cargos en el gobierno de facto. es decir sin acuerdo del senado. Respecto a los jueces designados directamente por el gobierno de facto . los que haya igualmente creado y no serían los “jueces naturales” de que habla la Constitución. 99 inc. b) la inamovilidad de los jueces elegidos en la época de facto está limitada con la reinstalación de los poderes constitucionales. por ser inconstitucional. pero no puede integrar los poderes de iure. siguen siendo jueces de iure y conservan su inamovilidad con posterioridad a dicho período. y no destituidos por el gobierno de facto. durante el lapso de tiempo que permanece esa declaración "en comisión" (que por lo general dura todo el período del gobierno de facto). en situaciones de necesidad. se convertían en jueces de facto. se carece de órgano con competencia para crear tribunales judiciales. 1966 y 1976. Se plantea así el problema de si el ejecutivo de facto puede suplir esa atribución. hubo dos criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. la Corte decía que únicamente podía el Ejecutivo crear y designar tribunales y jueces. Durante 1930-1947. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia nombrados por gobiernos constitucionales fueron mantenidos durante los gobiernos de facto de 1930. y en cambio fueron removidos en los golpes de estado de 1955. con posterioridad a 1983. Así en una acordada del 2 de abril de l947 la Corte se negó a tomar juramento a un juez que había sido designado en Resistencia. por ser actos políticos de los funcionarios de dichos gobiernos . pero de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución. La Inamovilidad De Los Jueces En Épocas De Facto.El Poder Judicial En Las Épocas De Facto: En cuanto a los jueces que durante el gobierno de facto permanecieron en sus cargos . son de facto y carecen de inamovilidad luego de reinstalarse el posterior gobierno constitucional. o porque los confirmó expresamente. Así en el caso "Sansó. d) el poner a los jueces en comisión.l974. se traslada al juez designado. Gerónimo c/ Estado -Nacional"(1984). en forma reiterada que la remoción de magistrados por el gobierno de facto. La jurisprudencia de la corte Suprema de Justicia. dijo que los jueces de facto. de la Constitución Nacional. Con respecto a los demás jueces inferiores. también podía hacerlo con los miembros del Poder Judicial. de nombrar jueces de acuerdo a las normas constitucionales. por el gobierno de iure de acuerdo al procedimiento constitucional. no es revisable por el Poder Judicial. con el argumento de que sí ese gobierno había podido destituir al presidente y vice constitucionales. designado por el gobierno de facto. se resume en lo siguiente: a) el gobierno de facto puede sancionar normas. implica que cesa su inamovilidad constitucional.normales. También sostuvo la Corte. en el caso “Sagasta” (l984). b) De acuerdo a la acordada del 9 de mayo-de. de la inamovilidad constitucional en sus cargos. existen dos criterios: a) el vicio del gobierno de facto. cambiaban el título constitucional por ese titulo viciado. Esto significa que los mismos. Es habitual que durante los periodos de facto se ponga "en comisión a los jueces.por entender que la aceptación de su pretensión llevaría a la invalidez de las sentencias dictadas por el sucesor de ese juez. casos "Grau" y "Estévez". c) los jueces nombrados por el gobierno de facto no obligan al gobierno de iure y al senado. y pueden ser removidos sin el procedimiento de remoción previsto constitucionalmente. en épocas. a) En el caso "Sagasta" (1958). por lo tanto éste también es de facto. en el caso "Avellaneda Huergo Alfredo". a diputados y senadores.
por lo que el Poder Judicial no podía controlar y que las normas seguían vigentes hasta su derogación. en que fueron denominados directamente "leyes". retornando a la denominación de leyes. expresando también que elPoder Judicial debía controlar si no había habido exceso de competencia y que. se encuentran supeditadas al reconocimiento del gobierno de iure. por el cual se dispuso que las leyes dictadas durante el mismo se denominaban decretos-leyes. vuelto el país a la normalidad. dictando los llamados "decretos leyes”. Evolución . g) el estado federal y las provincias deben ratificar o desechar explícita o implícitamente los actos y normas dictados durante el gobierno de facto. En la tercera etapa (1973-1976) sigue el criterio amplio. en cada caso. Este decreto fue a su vez también derogado en 1976. pero no ejerce atribuciones judiciales y sólo puede ejercer las legislativas (limitadas. Enrique". son válidas. siempre en las épocas de facto se disolvió el Congreso y el Poder Ejecutivo de facto asumió sus atribuciones.l973 la Corte admitió el reemplazo del Congreso con plenitud de competencias iguales y que la extensión y oportunidad de las facultades es materia del órgano. aceptando qué el presidente de facto desempeña las funciones del de jure. entendiendo que el ejecutivo de facto tiene amplia facultades legislativas y reemplaza al Congreso. se requiere el requisito de la efectividad. que la ejerce.desempeñaban esos cargos y habían sido designados por el gobierno de facto que desempeñaban esos cargos cuando sobrevino el golpe de estado y no fueron removidos. Forma de los actos legislativos. en razón de la necesidad de estabilidad y seguridad jurídica que debe sostener los actos jurisdiccionales. Pero estas facultades tienen que ser limitadas . En la cuarta etapa (desde 1983) la Corte continúa con el criterio amplio. salvo derogación expresa del Congreso. entre los que se hallan la designación de magistrados de facto. una vez terminado ese período y sobrevenido el gobierno de jure . o sea que haya habidoconcreta aplicación de la norma. correspondiéndole al Poder Judicial examinar si se cumplen. su validez al restablecerse el gobierno de jure: análisis de las distintas doctrinas adoptadas sucesivamente por la Corte Suprema. La Corte aplicó este criterio a los gobiernos de 1930 y 1943 ("Fisco Nacional c/ Malmonge Nebreda"). las disposiciones dejaban de regir para el futuro. salvo ratificación expresa del Congreso.. en el fallo “Municipalidad de la Capital c/ Mayer.. con la condición de que hayan tenido efectividad y no sean derogadas. los actos legislativos de facto caducan. Forma de los actos legislativos: En nuestro país. Al término del primero. Desde 1984 se llama a las leyes del periodo 1976-1983 "leyes de facto". en razones de necesidad) en caso de extrema necesidad y en forma provisoria. pero la posterior validez de los actos legislativos de facto queda supeditada a que sean reconocidos por el gobierno de jure posterior. h) las sentencias dictadas por jueces de facto. no podía crear tribunales leyes bajo la forma de decretos pero para situaciones extraordinaria y vitales. en la etapa 1930-1947 . Facultades asumidas por el Presidente de facto: En la segunda etapa (1947-1973) se aplica el criterio amplio.. Hay cuatro etapas en la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre las atribuciones del presidente de facto: En la etapa 1973-1976 la Corte también avaló que el ejecutivo ejerciera las funciones legislativas. tales requisitos.". salvo en los períodos de 1966-1973 y 1976-1983. para llenar una exigencia que él considere vital. se expidió sobre que en principio el ejecutivo de facto no tenía la facultad legislativa del congreso disuelto. f) las normas y actos del gobierno de facto. salvo ratificación del Congreso. Pero en el fallo "Administración de Impuestos Internos c/ Malmonge -Nebreda"(1933) dijo que podían ejercerse "bajo la presión de la necesidad. Carlos M. En 1945 . En la primera (1930 – 1947) prevalece la tesis restringida. pero en cuanto a la continuidad de los actos dictados con base en detentar las atribuciones legislativas. . en forma expresa o tácita.." dijo: "se hace ineludible el ejercicio de las facultades legislativas que le sean indispensables para mantener el funcionamiento del estado y para cumplir los fines de la revolución. La Corte Suprema de Justicia.leyes conservan plena validez y vigencia con posterioridad al gobierno de facto que los dictó. 2) Continuidad: los decretos .. ya sea por los que fueron designados en el anterior gobierno constitucional y no removidos luego del golpe de estado o por los que fueron designados directamente por el gobierno de facto sin el acuerdo del Senado (que se encontraba disuelto). dictó el decreto 976/73. 1947). Este criterio prevaleció desde 1947. Podemos determinarlas siguiendo las posturas de la CSJN En el período l947 . hay dos criterios diferentes: 1) Caducidad: una vez reinstalada una etapa constitucional. dejando su ejercicio librado a la prudencia y no siendo sus actos revisables judicialmente por ser cuestión política no justiciable (caso "Allandini. el gobierno constitucional instalado. Es decir que adopta un criterio restringido también pero habilitando la asunción de las funciones. Sobre la validez de las normas de facto.. no para impuestos o normas penales.
3) La vigencia efectiva de las normas. para el gobierno de facto surgido en 1955. La justicia consideró con acierto (O. (O. ejerciendo un control de constitucionalidad a posteriori (arts. manteniendo la doctrina anterior de la CSJN (Aramayo) dice que el sentido de la misma no es privar de derechos y prerrogativas otorgados por normas de facto. aunque legítimas por su efectividad: por la aplicación que hacen los jueces. sino el resguardar los principios básicos del estado de derecho. Ha tenido diferentes posiciones según la época en que fueron adoptadas. No se declaró la invalidez de la legislación común dictada durante el período de facto. pues tanto éstas como aquellas deben ajustarse a la doctrina enunciada. por ejemplo algunas de naturaleza penal (no todas). Fayt en disidencia dijo que los actos de contenido legislativo emanados de otra fuente que no sea la Constitución Nacional son nulos tanto si provienen de un poder constitucional diferente como de uno de facto. el parlamento derogó normas consideradas de facto. 5º del acta de la llamada Revolución Argentina (Rev. se revisaba el conjunto de normas y era usual que el Congreso dictara una norma que convalidaba expresamente las normas dictadas en el período de facto. BC. A través de la ley 23. la CSJN dijo: “ . que la validez de "normas" y "actos" emanados del poder de facto está condicionada a que. los gobernantes y los particulares cuando se atienen a ellas como normas obligatorias): fue la tesis de la caducidad de los actos emanados de un gobierno de facto. Blando) que la no derogación por dicha ley no alcanza para conservar vigentes a las normas de facto.El Congreso surgido a partir de 1983. carecen de legalidad pero pueden legitimarse en razón de su efectividad. C/ Mayer”. Vuelto el país a la normalidad. en 1945. que declara la nulidad de las actas institucionales dictadas por el gobierno de facto.. En 1959. Desde 1973 el Congreso ya no revisó las normas en bloque ni emitió ningún Pronunciamiento. El art. con frases como: "Continuarán en vigor.. Petracchi. En el caso “Municipalidad de Bs. El congreso surgido después de 1983 convalidó los “decretos leyes” del período usurpatorio 1976 – 1982 convirtiéndolos en leyes. 1º de esta ley dice que el Congreso ejerce. en el caso “Petrucci de Copello” la corte argumentó que no cabía aplicar la doctrina de la vigencia temporal.. de 1966).A partir de 1984 no ha habido pronunciamiento de la Corte sobre el último periodo de facto. (caso "Soria c/ Direc. de Vialidad".Análisis de las distintas doctrinas adoptadas sucesivamente por la Corte Suprema : (Oscar Blando. Un tema de suficiente importancia." "ratifícanse con fuerza de ley". dejan de regir para el futuro.En el período 1930 a 1947. en tanto el surgido en setiembre de 1955 se atribuyó desde el primer instante las facultades legislativas del Congreso nacional y la ejerció reiteradamente. siendo válida su vigencia anterior con relación a los hechos realizados”.077 (Ley de defensa de la democracia). 1947). porque aquél esta facultado para emitir decretos leyes stricto sensu solo en circunstancias excepcionales por necesidad y para mantener el funcionamiento del Estado.. cada vez que se reanudaba la vida constitucional. 54) LA LEY 23. sanciona esta ley. Blando. así como la facultades (reconocida por la jurisprudencia) tales como: Ubicar las Actas y el estatuto en la cúspide del ordenamiento jurídico o la de disolver los partidos políticos. la CSJN adoptó una tesis limitativa que significaba reconocer una vigencia temporal a los decretos leyes (Por falta de legalidad: por no ser leyes emitidas por el Congreso. salvo su ratificación tácita por el Congreso. resuelta por el art.Desde 1930 a l973 . El control a – posteriori del Congreso Nacional. en instancia legislativa.. es decir. 1 y 2). con el agravante jurídico institucional de que estos dos últimos golpes se arrogaron e invocaron el “poder constituyente” y supeditaron los alcances de esos poderes a los “fines” u objetivos que establecían sus propias proclamas. por otras leyes (Caso “Ziello”. As. sin que corresponda efectuar distingo alguno entre las leyes de facto y las de jure. Belluscio condicionaba la validez de las normas y actos de gobiernos de facto condicionada al reconocimiento explícito o implícito del gobierno que lo suceda.. pero en los casos “Dufourq”. no son leyes conforme lo dispone la constitución. explicita o implícitamente. es la validez de las normas emanadas de los denominados “gobiernos de facto” según la terminología de la CSJN. "sanciónese con fuerza de ley". las facultades legislativas del gobierno tienen su limitación. etc.En 1947 se adopta el criterio de la continuidad de la vigencia de las normas mientras no sean derogadas por el Congreso. Posición que no varió después del golpe de 1966 y aún después del de 1976. Las leyes pueden tener efecto retroactivo si no afectan derechos adquiridos. en el orden del tiempo.. T3. formal y materialmente. 2) Continúan su vigencia hasta que no sean derogadas.. cumpliendo los fines de la revolución. porque ante una norma de facto no procede la derogación por no ser una ley legítima. la reconozca el gobierno constitucionalmente elegido que le sucede y que los poderes del estado federal o de las provincias. dijo cambiando de criterio respecto de los anteriores.062 del gobierno constitucional de 1983. 43). en su caso. salvo ratificación por el Congreso. En el caso Gaggiamo.. 1) Vigencia temporal. que alcanza a la declaración de invalidez constitucional . ratifiquen o desechen los actos de los gobernantes de facto anteriores". 1985). las disposiciones de tal carácter dejan de regir para el futuro. 50. “Aramayo” y “Soria” de 1984 . de 1991 (Mantenidas en el Caso “Herraiz” de 1996) la CSJN da marcha atrás al reconocer un derecho adquirido por un acto de un gobernante de facto equiparándolo a los actos de los gobernantes de jure y que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores cuando importan vulneración de garantías constitucionales. un acto de contralor constitucional. Derecho y Política. Nac. dado que sus consecuencias se derivan a los gobiernos democráticos.85.
en ese sentido. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. 2º se establece que no se puede juzgar a autoridades constitucionales. En tal caso. Yrigoyen carecía de toda inmunidad para inhibir el proceso penal en su contra. 250. los actos administrativos. Articulo 36. 32. Por otro lado declara la invalidez de las normas. Su análisis Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito dolosos contra el Estado que conlleve enriquecimiento. y los procesos y sentencias judiciales. actas. estableciendo sanciones para los responsables de ella. por actos de rebelión. Estructura del artículo : (Ekmekdjian. con ella. la ley avanza sobre temas de competencia judicial. Este criterio se contradice con la doctrina judicial en el caso “Yrigoyen”. así como la defensa en la constitución. desnaturaliza el sentido ético de la vida colectiva. 385. dice que el art. inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Sagüés. toda vez que se retrotrae a los actos emitidos durante la dictadura de 1976-1983. 119 y 120 declara la ineficacia y nulidad de toda autoridad usurpadora de los actos que dicte o ejecute y en el art. La Reforma la incorporó entre los nuevos derechos y garantías El art. Siempre ese control de constitucionalidad lo detentaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación. constituye un arquetipo negativo para la ciudadanía (A. que emanados de autoridades de facto tengan por fin juzgar o sancionar a miembros de los Poderes constitucionales. tampoco especifica sí la imposibilidad de juzgar a las autoridades constitucionales destituidas es por el tiempo que faltaba para completar el mandato. destituidas. En opinión de Bidart Campos. engendra el escepticismo y la desconfianza y. el período por el cual el funcionario fue elegido. el funcionario corrupto enemigo del sistema democrático. por lo que no podía ser sometido a proceso penal por el lapso que se desempeñó como presidente. la ley avanza por un campo que le estaba vedado al Congreso hasta ese momento. o se extiende más allá. Blando. ya que la interpretación de la Constitución y la de declarar cuáles actos y pronunciamientos judiciales son inválidos y cuáles no. Antecedentes en el Derecho Comparado y en el Derecho Público Provincial. por lo cual. por lo cuál el criterio no sería viable jurídicamente. O. se ostentaría un privilegio vitalicio. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. en opinión de Bidart Campos. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de hierra enunciados en este articulo. Defensa de la Constitución y la vida democrática. -La corrupción en los asuntos públicos: El enriquecimiento ilícito en perjuicio del estado y el mandato de sancionar una ley sobre ética pública. 70)). quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. 36 de la Constitución Nacional. T2. como consecuencia de estos actos. Estos actos serán Insanablemente nulos. haciéndolas extensivas al Poder Legislativo. cuando el ex presidente (derrocado en 1930)alegó que no había sido destituido por juicio político. Tendrán las mismas sanciones quienes.actual de las actas institucionales del gobierno militar de 1976-1983. pag. y la Corte dijo que. En el art. sostiene la vigencia de la misma frente a cualquier acto de fuerza o derogación por medio distinto al que ella misma dispone. en sus art. Cafiero. 203) Este artículo incluye dos temas muy importantes que se refiere a quienes atentan contra el orden constitucional y el sistema democrático: -La eventual quiebra o alteración del orden institucional. La norma no aclara si rige para el pasado o también puede aplicarse en el futuro. por su posición destacada. La cláusula ética porque afecta la legitimidad y otorga argumentos al autoritarismo (Sabsay). los que responderán civil y penalmente de sus actos. T3. 36 tiende a resguardar la transmisión legal del poder y. No se explica si esa imposibilidad de juzgar regirá para los funcionarios futuros. La Constitución de Venezuela de 1961. usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias. así como la de determinar si puede o no el Poder Judicial juzgar algunas personas. Bidart Campos. antes que delincuente. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se Interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden Institucional y el sistema democrático. como tampoco se especifica si se aplica una vez vencido. la legitimidad de origen del poder mismo y del gobernantes que lo ponen en acción. además esta ley tiene el error de introducir una legislación retroactiva. perdido el cargo presidencial. Tambiénllamada cláusula del Imperio de la Constitución: La CN mantiene su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza con el orden constitucional y el sistema democrático. En América Latina : .
226. 226 bis. de defensa de la democracia. Sanciones. Son aquellas situaciones en que “la continuidad constitucional en el orden de normas ha sido quebrada. de 1984. 136 dispone que la Constitución no perderá su fuerza y vigor. De la Pcia. El sentido de este precepto en claro: Combatir un mal endémico de nuestra cultura política: el golpe de estado.La Constitución de Perú de 1979. en los arts. En el derecho público provincial argentino desde 1986: De la Pcia. S. Antecedente legal : La ley 23.. algunas de ellas similares a las del primer y segundo párrafo del art. Estos actos serán insanablemente nulos”. 236 declara la inhabilidad de quienes asuman el poder. estimulen o ejecuten actos contre el orden constitucional nacional o provincial. Interrupción constitucional. Prevé para la usurpación de funciones. sino que particularmente confiere legitimidad subjetiva a todos y a cada uno de los ciudadanos para que sean guardianes y celosos custodios del sistema democrático. de Tierra del Fuego sanciona a quienes ordenen. sanciones civiles y penales y declara imprescriptibles todas las acciones que las impulsan o promuevan. norma general o mandato emanado de un usurpante del poder político. 330 define como delito de lesa nación el caso de quienes alteren los poderes constitucionales. Respecto de ello la tipicidad es análoga al supuesto de interrupción de la observancia constitucional. cuando se interrumpa su observancia y que los autores de la rebelión y quienes cooperen con ella deberán ser juzgados. Incluía figuras penales. “De aquí en más los presidentes de la Nación serán aquellos que sean ungidos por el voto popular. la vigencia irrestricta de la Constitución. 36. constituye uno de los crímenes más graves contra los derechos de los individuos y los intereses del país. Esta fuente legal adquiere ahora rango constitucional. cuya frecuencia ha provocado una suerte de inconstitucionalización de los mismos. en sus arts. 138 preceptúa que los actos del poder usurpador serán nulos y el art. El proyecto de Alberdi ya preveía y nulificaba la usurpación de autoridad. Todo golpe de estado o revolución lo hacen” Usurpación de funciones. que es necesario contrarrestar. oscurantismo cultural y educativo. La interrupción constitucional está configurada por actos de fuerza que importan una ruptura en el normal desenvolvimiento de los poderes consagrados por la Constitución. políticos y comunicadores sociales. apoyen. desprestigio internacional.. Esta nueva cláusula constituye pues la forma normativa institucional de garantizar la vida democrática. y no aquel bando. de Río Negro establece el deber de los habitantes de defender la vigencia del orden constitucional en el art. Buenos Aires también contemplan nulidades y sanciones. La tipicidad está dada por la usurpación o detentación por parte de personas que no tienen título jurídico constitucional para ocupar una función. por lo que violentar la Constitución para designar autoridades y sancionar normas. La Constitución Uruguaya en su art. Imperio de la constitución Cláusula del Imperio Constitucional: “Esta constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiese su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. 81 y 82. donde el mensaje del PE dice que la quiebra del orden constitucional trae consecuencias que incluyen derechos esenciales a la dignidad humana. 7. con la complicidad de juristas.077. y éste sabrá que lo único que subsistirá de su gestión será la responsabilidad penal y patrimonial que establecerá la Constitución”. La de Paraguay en su art. Declarándolo nulo y sus decisiones anulables. El bien jurídico penalmente tutelado: El orden institucional y el sistema . establece la protección del orden constitucional. Jujuy. 227 bis y 227ter del Código Penal. Otro aspecto contemplado es el de la usurpación de funciones. será ley de la Nación la que sancione el Congreso Nacional. administrativas y civiles. La de México en su art. transferencia de recursos económicos de los sectores más débiles de la población en beneficio de privilegiados. mediante la tipificación del delito de sedición y el derecho de desobediencia a gobiernos usurpadores. del orden constitucional y de la forma republicana consagrada por la Constitución. la nulidad de los actos ejecutados por esos gobiernos y sanciones penales. San Juan. que por ser penas menores que la establecidas por la CN han quedado derogadas para esta pena. (Informe de mayoría. 202) El constituyente no sólo hace una declaración específica sobre la Defensa del sistema constitucional. T2. De Córdoba y de la Rioja sancionan con la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos o empleo público alguno en la provincia o municipio. actos de fuerza (disuadiéndolo). El Consejo para la Consolidación de la Democracia aconsejaba incorporar al texto constitucional el derecho a desobedecer los actos de gobiernos de fuerza.
u omisión (por inacción o indiferencia). Por lo tanto. es decir volver al orden constitucional y al sistema democrático.. civiles y penales). no susceptible de ser subsanado por confirmación alguna. 12 a 15). Tratándose de actos que están en el ámbito del derecho público. La propia Constitución le ha limitado al Poder Ejecutivo a posibilidades de indulto o conmutación de penas. excluye la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda atenuar las sanciones y dispensar o incluso perdonar el agravio. previendo sanciones.La propia Constitución procura su vigencia disuadiendo a quienes atenten contra su perdurabilidad. La Constitución confiere un derecho individual. Están previstas para el caso de usurpación de funciones.para la tutela. Cód. Penal). En consecuencia. acción para declararlo será imprescriptible (Dromi. Sí queda abierta la posibilidad de una amnistía. es a ellas a quienes compete constitucionalmente la defensa de los intereses de la Nación y deben ser llamadas a poner orden. c) Sanciones civiles: son las que surgen de la obligación de reparar todo daño ocasionado. Sanciones a los “autores” (políticas. única vía jurídica para el perdón de una infracción de tamaña magnitud como es la violación de la Constitución. el derecho de los ciudadanos de defender con los medios de que dispongan el imperio de la Constitución y del sistema democrático. La Constitución establece figuras penales que concuerdan con las ya previstas en el Código Penal. Penal). entre otras. Cód. el derecho de resistencia no puede entenderse como el derecho a la asonada o al levantamiento civil indiscriminado en defensa del orden y el sistema. 75. 1975-A-li 76-1182). 27 y 28. Será considerado como si nunca hubiera existido. 21 5. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. 35) Queda expreso. Están excluidos de los beneficios del indulto y de la conmutación de penas. a los autores. conforme a la hermenéutica constitucional (arts. 22. Penal) y del enriquecimiento ilícito (arts. además. como a los de la interrupción y del enriquecimiento. son imprescriptibles. que son la interrupción de la observancia constitucional y la usurpación de funciones (por ilegitimidad de origen). Las sanciones reparadoras alcanzan a los responsable tanto de la usurpación. Nulidades administrativas. son aquellas que se derivan delito de traición a la patria (arts. en tanto que manifiestas. 227. Vale decir que se tratará de actos que ostentan un vicio manifiesto. LL. T3. y no requieren.tipicidad. culpabilidad y punibilidad . incs. Estas estarían dadas por un nuevo tipo de nulidades. defensa y protección de la Constitución Nacional. La. de quienes por la misma Constitución tienen a su cargo la defensa armada de la Nación. el de resistencia ante los actos de fuerza previstos en este artículo. asegurando su imperio más allá de cualquier acto de fuerza contra la continuidad del orden constitucional y el sistema democrático republicano. antijuridicidad. como derecho constitucional. mas adquieren entidad propia que nos hace concluir que estamos frente a un derecho penal constitucional. 36 consiste en interrumpir la observancia de la constitución por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. serán absoluta e insanablemente nulos. esta categoría es asimilable a la de los actos inexistentes. por Imperio del articulo 36. Entre las sanciones a los autores podemos distinguir cuatro tipos: a) Sanciones políticas: implican que los autores ven mermados sus derechos políticas ya que no pueden ser elegidos para cargo público alguno. se los inhabilita a perpetuidad para ocupar cargos públicos y se los excluye de los beneficiados del indulto o conmutación de penas. Derecho de resistencia a la opresión. d) Sanciones penales. ya que ante actos emanados de otros sujetos. (BC.La norma no se limita a la sanción jurídica respecto del acto lesivo orden institucional y del sistema democrático. además. 21. 226. Las acciones respectivas. del de rebelión (arts. Roberto. Ha generado reglas y principios análogos a los del derecho penal . . b) Sanciones administrativas : son todas aquellas que importan la pérdida de los beneficios o prerrogativas que se desprenden del ejercicio de la función pública. para defenderla. salvo que se encuentren separadas por los sediciosos y en el caso necesiten apoyo civil. acción insuficiente (de defensa). 268 (2). En suma. incs. Pero es necesario destacar que. que reconocen un elemento común con las del derecho civil..democrático. como en el caso de las sanciones civiles. por su carácter de absolutas. Estas son pasibles no sólo de las graves sanciones establecidas por el clásico artículo 29 (por el que les corresponde la pena de los infames traidores a la patria) sino que. sino que el derecho individual se viabiliza ante la acción lesiva (de agravio). La figura penal que describe el art. el derecho de resistencia cabe en él caso de que la lesión provenga de las fuerzas armadas. La acción respectiva tiene la particularidad de ser imprescriptible. 21 4. 99. propia del derecho administrativo. 268 (1). Sanciones a los "actos" (nulidad absoluta e insanable). las nulidades constitucionales. sino que la sanción alcanza. administrativas. aquellos actos que interrumpan la observancia constitucional serán pasible de esta severísima sanción. declaración judicial alguna. Cód.
La propia Constitución procura su ultravigencia disuadiendo a quienes atenten contra su perdurabilidad. La propia Constitución le ha limitado al Poder Ejecutivo a posibilidades de indulto o conmutación de penas. Están previstas para el caso de usurpación de funciones. 690. La desobediencia civil. Con criterio amplio la norma" alcanza no sólo a los funcionarios públicos. Esta nueva cláusula constituye pues la forma normativa institucional de garantizar la vida democrática. a los autores. Corresponde a los argentinos con derechos electorales. además. sino que la sanción alcanza. La. sanciones civiles y penales y declara imprescriptibles todas las acciones que las impulsan o promuevan. La acción . Sí queda abierta la posibilidad de una amnistía. 36 consiste en interrumpir la observancia de la constitución por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. serán absoluta e insanablemente nulos. puede darse contra un orden jurídico legítimo y razonablemente justo. El bien jurídico penalmente tutelado : El orden institucional y el sistema democrático. 408). Entre las sanciones a los autores podemos distinguir cuatro tipos: Prevé para la usurpación de funciones. excluye la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda atenuar las sanciones y dispensar o incluso perdonar el agravio. Diferencia entre resistencia a la opresión y desobediencia civil: Sanciones a los "actos” (nulidad absoluta e insanable ) La resistencia a la opresión es la lucha que se efectúa contra un gobierno tiránico. Tr. en tanto que manifiestas. Nulidades administrativas. civiles y penales). 1975-A-li 76-1182). declaración judicial alguna. las nulidades constitucionales. Vale decir que se tratará de actos que ostentan un vicio manifiesto. La corrupción como modalidad atentatoria del Sistema Democrático. Es un derecho de contenido estrictamente político. b) Sanciones administrativas: son todas aquellas que importan la pérdida de los beneficios o prerrogativas que se desprenden del ejercicio de la función pública. a) Sanciones Políticas: implican que los autores ven mermados sus derechos políticas ya que no pueden ser elegidos para cargo público alguno. Estas estarían dadas por un nuevo tipo de nulidades. Devendrá. quinto párrafo.La norma no se imita a la sanción jurídica respecto del acto lesivo orden institucional y del sistema democrático. generalmente de facto. que impide todo tipo de manifestación contraria a él. párrafo 437. esta categoría es asimilable a la de los actos inexistentes. como consecuencia directa. aquellos actos que interrumpan la observancia constitucional serán pasible de esta severísima sanción. Sanciones a los "autores" (políticas. Están excluidos de los beneficios del indulto y de la conmutación de penas. c) Sanciones civiles: son las que surgen de la obligación de reparar todo daño ocasionado. en cambio. De D. Estas son pasibles no sólo de las graves sanciones establecidas por el clásico artículo 29 (por el que les corresponde la pena de los infames traidores a la patria) SinO que. además.. por Imperio del articulo 36.. La figura penal que describe el art. acción para declararlo será imprescriptible (Dromi. Para este autor. Respecto de ello la tipicidad es análoga al supuesto de interrupción de la observancia constitucional. la inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos por el tiempo que las leyes lo determinen. administrativas. En consecuencia. previendo sanciones. pag. LL. que reconocen un elemento común con las del derecho civil. Sanciones. única vía jurídica para el perdón de una infracción de tamaña magnitud como es la violación de la Constitución. (Ekmekdjian. T3. no susceptible de ser subsanado por confirmación alguna. La tipicidad está dada por la usurpación o detentación por parte de personas que no tienen título jurídico constitucional para ocupar una función. Enriquecimiento Ilícito El artículo 36. se los inhabilita a perpetuidad para ocupar cargos públicos y se los excluye de los beneficiados del indulto o conmutación de penas. no los habitantes. 36. por su carácter de absolutas. partícipe o cómplice que incurra en los comportamientos lesivos previstos. Const. Tratándose de actos que están en el ámbito del derecho público.” no siendo necesario como contrapartida que el Estado se empobrezca. Para Sagüés T2.Los sujetos activos titulares de este derecho son los ciudadanos. 33 de la CN y por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Ver anteriormente en: estructura del art. Por lo tanto. la tiranía de ejercicio seguiría captada en el art. propia del derecho administrativo. 36 Usurpación de funciones. en la llamada cláusula ética. y no requieren. Será considerado como si nunca hubiera existido. sino también a toda otra persona. Otro aspecto contemplado es el de la usurpación de funciones. sostiene que también atentará contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el Estado y que ello importe enriquecimiento. Roberto. ya sea autor material. también está incluido en el art. que ha tomado una acción injusta.
reconocimiento y protección constitucional. creó un jefe gabinetes de ministros. saludablemente. lo que se procura es eliminar a los funcionarios corruptos. Incorporación de mecanismos de democracia directa. para una democracia participativa: a partir de la reforma de 1994 se intenta sumar al pueblo como órgano de decisión otorgándole el derecho a proponer leyes. ser consultado por el congreso o por el presidente. dando participación a la familia y a la sociedad en la educación. condena a los funcionarios y empleados que utilicen con fines de lucro. "Es apreciable cuando resulta considerable con relación a la situación económica del agente en el momento de asumir el cargo y que no está de acuerdo con las posibilidades de evolución normal de aquélla durante el tiempo del desempeño de la función o en el período ulterior al cese en la misma hasta que se produce el requerimiento.. el texto de la reforma quita a la Corte Suprema de Justicia el gobierno del poder judicial. realizar concursos para su preselección y elaborar ternas de candidatos para su posterior remisión al poder ejecutivo (los jueces de la Corte Suprema conservan el régimen anterior de dominación. simplificó el trámite de elaboración de las leyes. En el ámbito judicial. la sanción específica es la inhabilidad. autorizó la reelección por un período consecutivo del presidente de la nación (Eje central de la reforma). El enriquecimiento es un incremento patrimonial que puede consistir tanto en un aumento del activo como en una disminución del pasivo. y los Senadores. contra el patrimonio del Estado. dio autonomía a los municipios y particularmente a la ciudad de Buenos Aires. En definitiva. y habilita mecanismos no solamente de prevención sino también de severa sanción porque se trata aquí de tutelar el patrimonio público. no guarda silencio. El aborigen. confiriéndoselo al consejo de la magistratura. Ley de Ética Pública. aprobarlas. 14 de la CN) pasándose por arriba su dignidad. También trata de prevenir conductas delictivas que persigan el logro de aumentos patrimoniales valiéndose de la condición de funcionario. especie de ministro coordinador. para ejercer cargos públicos sin ningún otro atenuante. los bienes y. ejercer funciones disciplinarias sobre los jueces. cosas del Estado que pertenecen a todos en tanto integrantes de una misma comunidad política. programó al ministerio público como ente extrapoder. tobas. El aborigen descendiente de los primitivos habitantes (mocovíes. es el supuesto en que se atenta contra el patrimonio público.respectiva tiene la particularidad de ser imprescriptible. En cuanto a la estructura del poder . que son necesarios armonizarlos con los de democracia indirecta o representativa. Este es un aporte muy importante de la Constitución. El Código Penal tipifica en el Capítulo IX bis. Defensa del patrimonio público. 36 define como contrario al sistema democrático al grave delito doloso contra el estado. si bien marca como pauta para la incriminación legal que tal delito ha de aparejar enriquecimiento. para la cual convocó a una asamblea que dictó su estatuto organizativo. Las sanciones reparadoras alcan7an a los responsable tanto de la usurpación.. Esto requiere una ley que lo tipifique. eligiendo directamente al Presidente. garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural1reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas para el desarrollo . La Constitución. para sí o para un tercero.El penúltimo párrafo del art. previó un tercer senador para cada provincia y la ciudad de Buenos Aires. Se ha desconocido prácticamente su derecho a ejercer libremente sus creencias (libertad de cultos del art. constitucionalizó el obudsman (defensor del pueblo) y la auditoría general de la nación. Lo que se castiga es el hecho de enriquecerse ilícitamente y la no justificación del incremento patrimonial es la condición de punibilidad. Lo que procura el constituyente es generar una sanción legal respecto del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. por el tiempo que las leyes determinen. que conlleve enriquecimiento para quien lo cometa. porque la CN no lo hace por si misma. También contempló la reforma la posibilidad de que las provincias creen regiones. a quienes toca administrar dicho poder. ante el flagelo de la falta de ética en el manejo de los fondos públicos y del patrimonio público. g) Incidencia de la Reforma de 1994 en el sistema de gobierno y el sistema democrático. es decir que ha incorporado mecanismo de democracia directa. el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados .Un tercer tipo de figura de carácter penal constitucional que se incorpora a la Constitución. 17 que compete al congreso nacional reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinas. Matacos o wichis) ha venido siendo a lo largo de este siglo destratado y desprestigiado en sus derechos. así como la elección popular de los miembros de la cámara de senadores. un sistema de leyes convenios para la coparticipación de ciertos tributos. como a los de la interrupción y del enriquecimiento. La reforma de 1994 (también el pacto San José de Costa Rica) ha comenzado a subsanar esta lamentable situación reglamentando en su artículo 75. inc. El articulo 36 completa las normas de los artículos 268 (1) y 268 (2) del Código Penal sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. las informaciones o datos de carácter reservado de las que hayan tomado conocimiento en razón de su cargo. Así. salvo una mayor eficiencia en la cantidad de senadores que debe acordarla). etc. No pudiendo dejar la ley de fijar el tiempo de inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos. Aquí el elemento subjetivo exigido es el dolo.
se les asegura participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a sus intereses afectados. Por otro lado.humano. .
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References: artículo 1
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 36
 artículo 75