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Timestamp: 2020-06-06 01:10:45+00:00

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Córdoba, Santa Fé, Santa Cruz y CABA: judicializadas | | Comunicar Igualdad
Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones en las que los protocolos aprobados se enfrentaron a intervenciones judiciales promovidas en la mayoría de los casos por sectores fundamentalistas que pretenden frenar la acción de los mismos. Pero también, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia intervino en dos oportunidades para garantizar el acceso pleno al derecho.
La Ciudad de Buenos Aires (CABA) contaba desde el 2007 con la resolución 1174/2007 que estipulaba un protocolo restrictivo para acceder a los abortos no punibles. Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo asumieron –con distintas garantías- le necesidad de regular la situación de los abortos no punibles en CABA. Mientras el entonces ministro de Salud Jorge Lemus firmó, el 6 de septiembre, la resolución ministerial 1252/2012 que sancionó un protocolo con muchas restricciones en relación al fallo de la CSJN –y por cuyas críticas debió renunciar a su cargo-, la Legislatura porteña sancionó el 28 de septiembre una ley en consonancia con el fallo de la CSJN. Sin embargo, esta norma fue vetada por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, mientras que el protocolo restrictivo aprobado por Lemus fue cuestionado ante la justicia por la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires María Rachid junto al abogado Andrés Gil Domínguez a través de un amparo.
Actualmente, está vigente en CABA la resolución ministerial 1252 del gobierno porteño con las excepciones contempladas en la medida cautelar, que fue concedida parcialmente por la justicia: no se puede requerir intervención previa del equipo interdisciplinario ni la confirmación del diagnóstico por parte del director del hospital; se debe reconocer el consentimiento informado de niñas y adolescentes mayores de 14 años; no debe exigirse el cumplimiento del límite gestacional, siendo válido únicamente el límite que se derive de consideraciones clínicas y no regulatorias; los profesionales de la salud deberán ejercer su derecho a la objeción de conciencia dentro de los 30 días de notificada la medida cautelar, o al momento de comenzar a prestar servicios en un nuevo efector de salud.
En octubre del 2012, hubo un acaso de aborto no punible mediatizado gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien anunció públicamente que una mujer accedería a un aborto no punible en el marco del protocolo restrictivo emitido por su gestión y en un gesto que pretendía demostrar la amplitud del documento. La consecuencia fue que la organización conservadora Pro-Vida presentó un recurso de amparo para impedirlo al que una jueza hizo lugar. Luego, la CSJN intervino suspendiendo la cautelar y ordenando que el gobierno porteño concretara la práctica en forma urgente. Unas semanas después renunció el director del Hospital Ramos Mejía, que había negado la práctica y la jueza involucrada fue denunciada por prevaricato por Rachid y Dominguez.
Más allá de este caso que llegó a los medios, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se están realizando abortos no punibles por las dos causales previstas en el CP. En el Hospital Argerich, por ejemplo se realizaron 31 desde junio del 2011 (allí se empezó a cumplir con el Código Penal sin necesidad del fallo de la CSJN, igual que en otras instituciones de salud), por las dos causales; el caso es público y fue presentado en el encuentro anual 2012 de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO). Y también en otros hospitales se están realizando intervenciones acorde al fallo de la CSJN. Un problema detectado por las y los profesionales intervinientes, al igual que en otras provincias, es la objeción de conciencia, en muchos casos planteada por ignorancia de la norma y de las implicancias, situación que podría revertirse si se implementan y amplían capacitaciones y sensibilizaciones sobre el tema.
El Poder Ejecutivo de la provincia emitió un protocolo, la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Abortos no Punibles, mediante resolución 93/12. Según la investigación Aborto No Punible: A nueve meses de ‘F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva’, ¿Qué obtuvimos y qué nos queda por obtener?, realizada por Mercedes Cavallo y Roberto Amette para la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), los puntos fuertes de este protocolo son: que la intervención del equipo interdisciplinario sea opcional; que se estipulan algunos supuestos de responsabilidad profesional; y que se provee asistencia psicológica.
Como aspectos restrictivos en relación al fallo de la CSJN señalan: que es confusa la regulación sobre el consentimiento informado de las mujeres menores de 18 años, obligando a la autorización de madres/padres y/o responsables y a dar participación a otros organismos del Estado en la decisión, lo cual vulnera la Convención de Derechos del Niño, la ley nacional 26.061 y otras normas concordantes; tampoco reconoce el consentimiento informado de las mujeres con discapacidad intelectual o psico-social; y no queda claro quién debe asegurar la práctica en caso de objeción de conciencia.
En relación a la implementación del protocolo, la Asociación Civil Portal de Belén (conservadora) interpuso en marzo del 2012 –apenas la CSJN emitió su fallo- un amparo solicitando que se ordene al Ministerio de Salud provincial la suspensión de la aplicación de la resolución ministerial 93/12. Un juez hizo lugar a la medida cautelar en abril de forma parcial: no la concedió para los casos previstos en el inciso 1 (causal salud) y sí en cambio para los vinculados a violación (inciso 2), sobre los que falló la CSJN. Esta medida cautelar fue apelada por el gobierno provincial y por La Asociación Civil Católicas por el derecho a Decidir (CDD) de Córdoba –también se presentó la ADC con un amicus curiae-, y está pendiente de resolución ante la Cámara 3ra Civil y Comercial.
Luego, el viernes 24 de agosto del 2012, el juez de primera instancia resolvió sobre la cuestión de fondo, sosteniendo que el aborto no punible es constitucional tanto en los casos de peligro para la salud integral de la mujer como en los casos de violación. Sin embargo, y en contradicción con lo dicho por la Corte –señalan Cavallo y Amette-, el juez dispuso que es necesaria la constatación de la violación y exhortó a la provincia a que se conformen equipos interdisciplinarios que verifiquen que el embarazo es producto de una violación. La resolución fue apelada por la provincia y por CDD.
Actualmente, hay sólo dos hospitales habilitados para realizar los ANP: el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología y el Hospital Nacional de Clínicas, aunque en verdad el segundo debería derivar al primero por razones estructurales. Sin embargo, no se realizó hasta la fecha ningún aborto no punible allí debido a la objeción de conciencia manifestada por el equipo de salud.
En abril del 2012, el Poder Ejecutivo de la provincia dictó una resolución de adhesión a la Guía Nacional, que reemplazó la adhesión que la provincia ya había dado a la Guía Nacional en su versión del 2007. A la vez, en la provincia existía, desde el 2010, un registro de personas objetoras de conciencia.
Según el análisis de Cavallo y Amette, la única objeción para hacer a este protocolo, en relación al fallo de la CSJN, es que sustituye el consentimiento informado de la mujer con discapacidad por el de su representante legal.
El Partido Demócrata Cristiano presentó una acción de amparo y medida cautelar contra la resolución provincial de adhesión a la Guía Nacional, pidiendo que se declare la inaplicabilidad de la misma por considerarla inconstitucional. El juzgado dictó una medida cautelar que ordenaba al gobierno que suspendiera la aplicación del protocolo; el gobierno provincial apeló y el 2 de noviembre del 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar al planteo del gobierno, revocando la sentencia de primera instancia. La causa actualmente está todavía en el juzgado hasta que se resuelva la situación de fondo, y ADC, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) presentaron amicus curiae en la misma.
En los hospitales provinciales se están realizando abortos no punibles, aunque en la mayor discreción para evitar la intromisión de sectores fundamentalistas. Y con una importante diversidad entre el norte de la provincia –más conservadora- y el sur más progresista. Tampoco hay hasta el momento una centralización de la información ni se lleva un registro sistemático.
En agosto del 2012 se realizó en el ámbito del Poder Ejecutivo una reunión para elaborar un protocolo provincial y mesas de trabajo con profesionales de la salud. Luego trascendió que el gobierno había aprobado la adhesión a la Guía Nacional, pero ni en un informe sobre el tema realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ni en la búsqueda realizada por COMUNICAR IGUALDAD fue posible acceder a la confirmación.
Por otra parte, en junio del 2012 la defensora oficial de El Calafate presentó un recurso de amparo para que el Poder Ejecutivo no aplique la Guía; si bien el mismo fue desestimado por la jueza interviniente, la defensora lo apeló y el proceso está en trámite.
En cuanto a la aplicación concreta, los equipos médicos se declararon íntegramente objetoras/es de conciencia, asesorados/as por el área jurídica del Consejo de Médicos de la provincia, que asegura que el fallo de la CSJN no es suficiente para garantizar que los equipos profesionales puedan realizar la práctica sin riesgo de denuncias. Se trata del mismo argumento utilizado por la defensora pública de El Calafate y la asesora legal del Hospital de Caleta Olivia.
La realización de abortos no punibles sigue avanzando en las provincias
Còrdoba, Santa Fé, Santa Cruz y CABA: judicializadas
Entre Ríos, Salta y La Pampa: los protocolos más conservadores.

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