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Timestamp: 2019-12-15 19:22:19+00:00

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Ley orgánica del poder judicial del estado de oaxaca - Página 7
Cuando además de las faltas, los servidores públicos hayan incurrido en hechos que puedan ser constitutivos de delitos, se pondrá en conocimiento del ministerio público para los efectos legales correspondientes.
Estas sanciones y las correspondientes a faltas al orden administrativo o laboral podrán aplicarse sin sujeción al orden establecido, en caso de reincidencia, la sanción se aumentará gradualmente, de existir daño patrimonial se impondrá su reparación.
Siempre que se presente una denuncia o queja en contra de un servidor público del Poder Judicial, el visitador que en turno corresponda, formará inmediatamente el expediente denominado instructivo de responsabilidad con expresión del lugar, día y hora en que se reciba la queja, a efecto de que concluya inexcusablemente por resolución dentro de un término no mayor de un año.
Las denuncias que se presenten por las faltas a la función pública encomendada en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial, se harán constar por escrito, dando inicio al instructivo para su debida tramitación; los escritos de denuncia deberán estar autorizados con la firma del denunciante al igual que cuando se trate de una comparecencia ante la visitaduría, así mismo la persona deberá señalar domicilio en el lugar del residencia de la visitaduría general; si falta el primer requisito no se dará trámite alguno a la denuncia, si falta el segundo las notificaciones se efectuaran por medio de cédula fijada en el tablero de avisos de la visitaduría.
También podrá iniciarse dicho procedimiento por acta levantada con motivo de las visitas practicadas a los órganos jurisdiccionales y administrativos por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de dichos servidores.
I. La denuncia o el acta por comparecencia contendrán, además de los requisitos señalados en los párrafos anteriores, lo siguiente:
a) El nombre y firma del denunciante, precisando su domicilio para efectos procesales;
b) El nombre y cargo del servidor público judicial a quien se le atribuyan los hechos y el órgano en el que preste sus servicios;
c) Expresará con claridad y precisión los hechos u omisiones que considere son la falta cometida en su agravio;
d) Los documentos en su caso, con los cuales justifique la denuncia o constituyan el motivo del acta, mismos que deberán exhibirse en ese mismo momento; y
e) El ofrecimiento de las pruebas que el denunciante estime servirán para justificar su dicho, debiendo acompañarlas de todos los elementos necesarios para su desahogo; sin este requisito no serán admitidas.
II. El procedimiento se instruirá en los términos siguientes:
a) Se iniciará con la denuncia o acta de comparecencia o de visita en la que se ofrecerán las pruebas respectivas, la cual se presentará el visitador que en turno corresponda, quien se encargará de la substanciación del instructivo de responsabilidad.
b) El visitador correrá traslado con la copia de la denuncia o el acta al probable infractor, para que dentro de cinco días hábiles siguientes al de la notificación rinda un informe por escrito, ofreciendo las pruebas que estime pertinentes, en términos de lo establecido en el inciso c) de la fracción I de este artículo.
c) Se citará al servidor público, y al denunciante, en su caso a una audiencia de pruebas y alegatos que se celebrará dentro de un plazo igual al que se refiere el inciso anterior, y en su caso se desahogarán las pruebas que hayan aportado.
d) El citatorio para la audiencia a que se refiere este inciso se comunicará en forma personal al servidor público encausado como al denunciante; siempre y cuando éstos residan en el lugar del juicio. En caso contrario, se le notificará mediante envío por correo certificado con acuse de recibo.
e) El responsable del trámite del instructivo de responsabilidad podrá llevar a cabo la práctica de cualquier diligencia probatoria, para el esclarecimiento de los hechos; concluido este remitirá el expediente en estado de resolución al visitador general para que resuelva conforme a derecho.
f) De no existir diligencias probatorias adicionales, el visitador general formulará su resolución de responsabilidad o de no responsabilidad, así como la sanción correspondiente, ello dentro de un plazo de diez días hábiles, ordenando su cumplimiento.
g) La resolución de responsabilidad dictada por visitador general, determinará la inhibición del servidor público en el conocimiento del asunto en el cual se originó la denuncia.
h) La resolución de responsabilidad deberá ser publicada en las lista de acuerdos del órgano respectivo y remitir una copia al expediente del servidor público.
i) El servidor público sancionado podrá interponer recurso de revisión ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro de los tres días siguientes a aquel en haya sido notificado, debiendo expresar en su escrito los agravios que estime se causan.
j) Las resoluciones que declaren que no ha lugar a aplicar sanción alguna son irrecurribles.
Las pruebas admisibles son las que se establecen en el reglamento respectivo.
El procedimiento para sancionar las faltas administrativas o laborales será el siguiente:
I. Se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a sus intereses convenga, por sí o por medio de un defensor.
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles.
II. Al concluir la audiencia o dentro de los ocho días siguientes, se resolverá sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, e impondrá al infractor en el primer caso la sanción o sanciones administrativas o laborales correspondientes. La resolución se notificará al interesado, a su jefe inmediato, al gestor administrativo en el caso de los tribunales especializados y al superior jerárquico, dentro de las setenta y dos horas siguientes.
III. Si de la audiencia se desprende que no existen elementos suficientes para resolver o se adviertan elementos que impliquen la configuración de otras causales de responsabilidad administrativa o laboral con cargo del presunto responsable o de responsabilidad de otras personas o servidores públicos, se podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias.
IV. Para el caso de que la resolución a que se refiere la fracción II de este artículo, no se dicte al concluir la audiencia, la visitaduría podrá determinar tratándose de servidores públicos, la suspensión temporal de los presuntos responsables respecto de sus cargos o comisiones, si así conviene, para la conducción o continuación de las investigaciones.
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior no prejuzga sobre la responsabilidad imputada. La determinación hará constar expresamente esta salvedad.
La suspensión temporal a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, suspenderá los efectos del acto que haya dado origen al empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio.
La suspensión cesará cuando así lo resuelva la autoridad instructora, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo.
Si los servidores suspendidos temporalmente, no resultaren responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron recibir durante el tiempo en que se hallaron suspendidos.
Se requerirá la autorización del Presidente del Consejo de la Judicatura y en su caso del Presidente del Tribunal Superior de Justicia para dicha suspensión, cuando el nombramiento del servidor público de que se trate hubiese sido realizado por dicho presidente.
Igualmente, se requerirá autorización del Presidente del Consejo de la Judicatura si dicho nombramiento requirió ratificación del Pleno del Consejo de la Judicatura, en términos de esta ley.
V. Si el servidor público sujeto al procedimiento disciplinario confesare su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar la resolución, a no ser que quien conozca del procedimiento disponga de la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión.
En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión del servidor público sujeto a procedimiento, se impondrá al mismo dos tercios de la sanción aplicable.
Quedará a juicio de la autoridad que resuelve disponer o no la suspensión temporal del servidor público.
Las citaciones y notificaciones que se deban realizar para la práctica del procedimiento disciplinario se comunicarán conforme a las reglas siguientes: el citatorio para la audiencia de ley a que se refiere la fracción I del artículo anterior se comunicará en forma personal al servidor público encausado; de la misma forma se realizará la notificación de la resolución del fondo del asunto, siempre y cuando el servidor público resida en el lugar del juicio. En caso contrario, se le notificará mediante envío por correo certificado con acuse de recibo.
Todas las demás notificaciones se sujetarán a lo dispuesto por la última parte del párrafo anterior de este artículo.
Asimismo se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen recabando las firmas de quienes participen o intervengan en ellas, haciéndose los apercibimientos en términos de ley a quienes declaren con falsedad ante autoridades competentes.
Las resoluciones y acuerdos durante el procedimiento al que se refiere el artículo anterior constarán· por escrito y se asentarán en el registro de la visitaduría.
Tienen acción para denunciar la comisión de faltas de los servidores públicos del Poder Judicial:
I. Las partes en el juicio en que se cometieren;
II. Los abogados patronos de los litigantes en los casos de responsabilidades provenientes de hechos u omisiones cometidas en el juicio que patrocinen, siempre que tengan cédula de profesional de la abogacía legalmente expedida y registrada por las autoridades competentes; y
III. El ministerio público en los negocios en que intervenga.
El derecho de las autoridades del Poder Judicial a sancionar las faltas prescribirá en dos años, en el supuesto de que la autoridad sancionadora desconozca la infracción o al infractor; si conoce ambos extremos, las faltas laborales y administrativas prescribirán en noventa días hábiles y las faltas a la función pública encomendada prescribirán en un año, contados éstos a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la falta y del probable infractor.
La prescripción se interrumpe al iniciarse el instructivo de responsabilidad en contra del probable infractor.
Las sanciones previstas en este título se impondrán tomando en cuenta las siguientes circunstancias:
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;
III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;
V. La antigüedad del servicio;
VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y
Los órganos encargados de imponer las sanciones por faltas de los servidores públicos del Poder Judicial, son los presidentes de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, la visitaduría general, la comisión de disciplina y el pleno del Consejo de la Judicatura.
N. DE E. EL DECRETO NÚMERO 1367, EXPEDIDO POR LA LXII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL P.O. DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015, MODIFICÓ DE FORMA SUSTANCIAL LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PRESENTE LIBRO.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
DEL TRIBUNAL ESPECIALIZADO.
Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas es un órgano especializado del Poder Judicial, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. Es la máxima autoridad jurisdiccional del Estado de Oaxaca en materia de fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos, combate a la corrupción y administrativa.
Las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal serán definitivas e inatacables en el orden local.
El recinto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas es inviolable. Toda fuerza pública tiene impedido el acceso, salvo con el correspondiente permiso del Presidente del Tribunal, bajo cuyo mando quedarán dichas fuerzas.
El Tribunal es competente para:
I. Conocer, sustanciar y resolver mediante juicio de inconformidad contra las controversias suscitadas por resoluciones que en materia de cuentas emita la Auditoría Superior del Estado;
II. Conocer, substanciar y resolver mediante juicio las resoluciones en materia de responsabilidad administrativa que emita la Auditoría o los Órganos de Control Interno de la Administración Pública;
III. Conocer, sustanciar, resolver en única instancia e imponer las sanciones en los procedimientos de los servidores públicos relacionados con responsabilidades administrativas graves y resarcitorias;
IV. Conocer, substanciar y resolver en los procedimientos relacionados con cualquier persona que haya cometido hechos de corrupción que no constituyan delitos, así como de aquellos que resulten beneficiados por los mismos, de igual forma, su participación en actos vinculados con responsabilidades administrativas graves;
V. Determinar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales;
VI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios a los que se refiere la fracción que antecede. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá decretarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública, siempre que se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos en que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves, en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva;
VII. Resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares. Así como las que se susciten entre los municipios entre sí o entre éstos y el Gobierno del Estado, como consecuencia de los convenios que se celebren para el ejercicio de funciones, de ejecución de obras o prestación de servicios públicos municipales conforme a la ley de la materia, y
VIII. Conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública Municipal, cuando no haya organismos o disposiciones de carácter municipal aprobadas por el Congreso del Estado que diriman dichas controversias.
El Tribunal, al resolver los procesos y procedimientos, garantizará que los actos y las resoluciones administrativas y de cuentas, se sujeten a los principios de imparcialidad, legalidad, igualdad, publicidad, audiencia, constitucionalidad, convencionalidad, presunción de inocencia, in dubio pro reo y pro persona.
En los casos que involucren personas, comunidades, municipios y pueblos indígenas y afromexicano, se observarán los sistemas normativos indígenas y las determinaciones de dichos pueblos.
La administración, vigilancia y disciplina en este Tribunal, corresponderá al Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Administración Vigilancia y Disciplina del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas.
La Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal propondrá al Pleno del Consejo de la Judicatura los Proyectos de Acuerdos Generales que sean necesarios para mejorar o hacer eficiente la administración del Tribunal.
La Coordinación de Asesores dependerá de la Comisión de Administración del Tribunal.
La Escuela Judicial tendrá a su cargo la capacitación y especialización del personal del Tribunal.
Estructura del Tribunal.
El Tribunal se integrará por:
b) La Sala Superior;
c) Las salas unitarias de primera instancia que podrán tener el carácter de salas especializadas o auxiliares; y
a) La Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina.
Los servidores públicos adscritos a los órganos, son:
b) Secretario General de Acuerdos;
c) Secretarios de Estudio y Cuenta;
d) Secretarios de Acuerdos;
e) Actuarios, y
f) Los servidores públicos y auxiliares técnicos necesarios.
La Sala Superior del Tribunal es la máxima autoridad del Tribunal, y se integrará por:
I. Cinco magistrados;
II. Secretario General de Acuerdos;
III. Secretarios de Estudio y cuenta;
V. Empleados y demás Funcionarios técnicos.
En la tramitación de los recursos de revisión, el Presidente de la Sala Superior actuará con el Secretario General de Acuerdos del Tribunal.
El presidente de la Sala Superior será el presidente del Tribunal.
Las resoluciones de la Sala Superior se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos y sus sesiones serán públicas, salvo en los casos que por disposición de la ley o determinación de la propia Sala sean privadas cuando se estime que se pudiera afectar el orden público. En caso de disenso de una resolución los magistrados podrán emitir su voto particular.
La Sala Superior tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar la autonomía e independencia del Tribunal;
II. Recibir y en su caso aceptar o rechazar, la renuncia al cargo de presidente del tribunal;
III. Designar o remover a propuesta del presidente a quien ocupe la Secretaria General de Acuerdos;
IV. Elegir al Presidente del Tribunal;
V. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia de Cuentas y las impugnaciones de resoluciones sancionatorias, que emita la Auditoría Superior del Estado;
VI. Conocer y calificar, en cada caso, los impedimentos o las excusas de los magistrados integrantes y de los magistrados unitarios;
VII. Tramitar y resolver en segunda instancia, de las determinaciones de las salas unitarias, en los casos previstos en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 146 de esta Ley;
VIII. Emitir los acuerdos que sean necesarios para la pronta y eficaz administración de justicia;
IX. Establecer, de acuerdo a su competencia, los criterios relevantes, en casos de obscuridad o ambigüedad de la ley;
X. Habilitar un recinto alterno para sesionar, cuando las condiciones de seguridad no lo permitan;
XI. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial;
XII. Aprobar su reglamento interno, y
XIII. Las demás que le conceda esta ley, el Reglamento Interno del Tribunal y otras disposiciones legales que resulten aplicables.
Las salas unitarias de primera instancia se integrarán por:
II. Secretarios de Acuerdos;
III. Actuarios, Oficiales Administrativos, y demás personal técnico y administrativo que el Consejo de la Judicatura autorice al respecto.
Las Salas unitarias conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y residencia que se determinen en el Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Comisión de Administración Vigilancia y Disciplina del Tribunal al Pleno del Consejo de la Judicatura, con base en las necesidades del servicio.
Dichas Salas observaran para su organización, integración y en su caso funcionamiento, lo dispuesto en el Reglamento Interior y las posibilidades presupuestales.
El Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria será propuesto por el magistrado unitario al Consejo de la Judicatura.
El magistrado unitario calificará las excusas o impedimentos que presente el Secretario de Acuerdos y comunicará al Consejo de la Judicatura del impedimento calificado de legal para que se proceda a designar al Secretario de Acuerdos que sustituirá al que se encuentre impedido.
En los casos de ausencia del magistrado de la Sala Unitaria por causa de fuerza mayor, el Consejo de la Judicatura podrá autorizar a un secretario de acuerdos para que resuelva los asuntos en ausencia del titular.
El magistrado unitario podrá:
I. Solicitar directamente, cuando así se requiera, el auxilio de la fuerza pública en su Sala; en este caso, dará aviso al presidente del Tribunal;
II. Autorizar el ingreso a su Sala, de toda fuerza pública, quedando esta fuerza bajo su mando directo, y
III. Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.
La Sala Superior residirá en la capital del estado o en la zona conurbada, y las salas unitarias de primera instancia tendrán la residencia y competencia territorial, que determine el Consejo de la Judicatura.
La Comisión de Administración se integra por el Presidente del Tribunal y dos consejeros de la Judicatura, en los términos previstos en esta Ley.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo ocho años, en los términos del periodo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pudiendo ser reelectos por un periodo igual; y podrán jubilarse en los términos del capítulo relativo a las jubilaciones para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
En los casos de retiro voluntario, o forzoso, o en el caso de fallecimiento del magistrado en activo, el Consejo de la Judicatura determinará la indemnización o pensión que le corresponda, atendiendo al periodo laborado.

References: resolución 
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 resolución 
 resolución 
in dubio
 resolución 
 artículo 146
 artículo 111