Source: http://www.gesproem.es/2011/02/el-requerimiento-notarial-para.html
Timestamp: 2019-12-14 16:28:47+00:00

Document:
El requerimiento notarial para recuperar el IVA de morosos - GesproeM - Gestión Profesional de Empresas
Home » Fiscal » El requerimiento notarial para recuperar el IVA de morosos
El requerimiento notarial para recuperar el IVA de morosos
V2753-10
Ley 37/1992 art. 80- Cuatro
1.- El artículo 80, apartado cuatro, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), según redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril (BOE de 13 de abril), de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, dispone lo siguiente:
No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año
2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto
Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses
2.- En relación con el concepto de “certificación expedida” recogido en el trascrito artículo 80, apartado cuatro, de la Ley 37/1992, el informe de fecha 21 de septiembre de 2010 de la Intervención General de la Administración del Estado, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, solicitado por este Centro Directivo, dice lo siguiente
“Dado que la finalidad de la “certificación” es permitir al sujeto pasivo del impuesto poder acreditar, sin tener que instar la reclamación judicial o el requerimiento notarial, la existencia de (…) un crédito exigible contra la Hacienda Pública, el documento (certificación) que se expida ha de asegurar la certeza de este hecho (…)
Respecto al contenido que ha de tener esta “certificación”, (…) del tenor literal del precepto (referido al artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, tras la modificación operada por el Real Decreto-Ley 6/2010), y en tanto no se dicte norma que pueda desarrollarlo, habrá que entender que el(los) documento(s) que hagan las veces de “certificación”, a los efectos del apartado Cuatro.4º del artículo 80 de la LIVA, será(n) aquel(los) en que quede acreditado el reconocimiento de la obligación exigible a favor del sujeto pasivo y su cuantía, y cuente con el informe del Interventor o Tesorero.”.
Por su parte, el órgano competente para expedir la certificación acreditativa del derecho de cobro a favor del sujeto pasivo será el que corresponda según las normas de organización y atribución de competencias de los distintos entes públicos
En cuanto al momento en que puede solicitarse la expedición de dicha certificación, teniendo en cuenta que acredita la existencia de un crédito exigible a favor del sujeto pasivo del que resulta deudor la Hacienda Pública, podrá reclamarse su emisión a partir de la fecha en que se tenga derecho al cobro de dicho crédito
3.- Por lo que se refiere a la falta de expedición del certificado de reconocimiento de deuda a que se refiere el apartado cuatro del artículo 80 de la Ley 37/1992 por parte del Ente público deudor una vez que el mismo se haya solicitado por el titular del crédito, los informes de fecha 29 de julio y de 16 de septiembre de 2010 de la Subdirección General de Tributos y de la Abogacía del Estado de Hacienda y Financiación Territorial, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, respectivamente, solicitados por este Centro Directivo, concluyen que en la medida en que la certificación administrativa a la que nos venimos refiriendo es un acto de la Administración que se limita a formular una declaración de conocimiento sobre unos hechos, concretamente de la existencia de una deuda, sin que pueda deducirse ningún otro efecto tal como la constitución o reconocimiento de un derecho o de una situación jurídica individualizada como ocurre con las resoluciones strictu sensu que ponen fin al procedimiento administrativo típico, la ausencia de su emisión por parte del órgano competente no es susceptible de producir los efectos propios del silencio administrativo cuya regulación se contiene en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
4.- No obstante lo anterior, puede ocurrir que el certificado al que se refiere la presente contestación haya sido solicitado en el plazo previsto para ello y que, sin embargo, su expedición realice cumplido el plazo legal previsto para la reducción de la base imponible.
En estas circunstancias, la posibilidad de proceder a la reducción de la base imponible conforme a lo dispuesto por el apartado cuatro del artículo 80 de la Ley 37/1992, no puede verse impedida por la inacción administrativa, no obstante la disposición del certificado sea imprescindible para realizar aquélla
Por lo tanto, cuando se solicite en el plazo previsto para ello el certificado del órgano competente, acorde con el informe del Interventor o Tesorero, en relación con créditos adeudados por Entes públicos, se entenderá que el plazo para la reducción de la base imponible a que se refiere el citado apartado cuatro del artículo 80, queda interrumpido hasta que se disponga del mismo.
En este sentido, el plazo de solicitud del certificado se extenderá desde el vencimiento de la deuda exigible pero no pagada hasta el final de los tres meses siguientes a que se refiere la condición 4ª del apartado cuatro del artículo 80 de la Ley 37/1992.

References: artículo 80
 artículo 121
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80