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Timestamp: 2019-01-20 13:49:47+00:00

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﻿ Sentencia 2007-00146 de mayo 19 de 2011
SENTENCIA 2007-00146 DE 19 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:DECLARACIÓN DE RENTA. NO ES PROCEDENTE INCLUIR RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL PERIODO GRAVABLE, POR INGRESOS RECIBIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARACIÓN DEL IMPUESTO, RETENCIÓN EN LA FUENTE
Sentencia 2007-00146 de mayo 19 de 2011
Rad.: 66001-23-31-000-2007-00146-01
Ref.: Número interno 17774
Actor: Renalmedica Ltda.
NIT: 800.199.994-2
Bogotá, D.C., diecinueve de mayo del dos mil once.
Se controvierte la legalidad de la liquidación oficial de revisión 160642006000012 del 20 de junio de 2006 y de la Resolución 160772007000007 del 14 de marzo de 2007, mediante las cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, determinó el impuesto de renta y complementarios del 2002 a cargo de la sociedad Renalmedica Ltda.
El Tribunal Administrativo de Risaralda anuló parcialmente los actos demandados, en cuanto desconocían retenciones en la fuente por $ 40.587.388 y $ 127.131.531, que suman $ 167.718.919, y mantuvo el desconocimiento de la partida que asciende a $ 47.294.320, correspondiente al “ajuste” a retenciones del Instituto de Seguros Sociales.
La demandada apeló la decisión de primera instancia y la demandante se adhirió al recurso, por lo que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la Sala resolverá sin limitaciones.
De la revisión de los actos acusados se advierte que la administración pretende modificar la declaración privada de renta del 2002, en cuanto encontró que el valor declarado por concepto de retención en la fuente por honorarios, comisiones y servicios, es superior al que está acreditado y que no es procedente incluir retenciones en la fuente practicadas en el período gravable, por ingresos recibidos en años anteriores.
La demandante ha insistido en que la contabilidad y la certificación del revisor fiscal, así como el dictamen pericial, son elementos de prueba suficientes para acceder al reconocimiento de la retención en la fuente declarada, y que como el Instituto de Seguros Sociales, en el 2002, practicó la retención a una tarifa superior a la utilizada por la empresa en el 2000 y 2001, para causar la retención, es procedente el ajuste de la diferencia, tal como lo hizo mediante nota crédito 815.
Debe la Sala resolver si está acreditado debidamente el valor de la retención en la fuente que la administración desconoció y que el contribuyente listó y discriminó así:
V/r certificado
V/r tomado por la compañía
3.603.673
7.988.898
4.385.225
Café Salud S.A.
8.389.946
14.185.816
5.795.870
7.127.104
10.960.140
4.407.575
4.096.893
18.496.440
14.399.547
Cajanal S.A.
8.773.051
7.766.135
172.723.031
347.148.882
174.425.851
$ 197.374.980
$ 412.388.219
$ 215.013.239
A. $ 40.587.388, por inconsistencias en el cruce de información con terceros, distintos al Instituto de Seguros Sociales;
B. $ 127.131.531, por concepto de retenciones causadas en el 2002, pero no certificadas por el Instituto de Seguros Sociales y,
C. $ 47.294.320, por ajuste en la tarifa, de retenciones practicadas por el Instituto de Seguros Sociales en el 2002, causadas por la actora en el 2000 y 2001.
Sea lo primero señalar que la retención en la fuente es un mecanismo para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo anticipado del impuesto, en los porcentajes fijados por el gobierno nacional, aplicados sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente. Su finalidad, según la normativa, es que, de manera gradual, y en lo posible, se recaude el impuesto en el mismo período en que se cause(10).
El estatuto tributario, en el artículo 373, dispone que los contribuyentes deducirán el valor del impuesto que les haya sido retenido del total del impuesto sobre la renta y complementarios y que la diferencia que resulte será pagada en la proporción y dentro de los términos ordinarios señalados para el pago de la liquidación privada.
El mismo estatuto, en el artículo 374, establece que el impuesto retenido será acreditado a cada contribuyente en la liquidación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente año gravable, con base en el certificado que le haya expedido el retenedor.
Conforme al artículo citado, es prueba idónea para demostrar la retención en la fuente practicada en determinado período gravable, el respectivo certificado o certificados que el agente retenedor haya expedido.
Al respecto, el ordenamiento legal prevé que son obligaciones a cargo del agente retenedor(11), efectuar la retención o percepción del tributo en los eventos en que por ley deba hacerlo, presentar la declaración y consignar los valores retenidos en los lugares y plazos que para el efecto fije el Gobierno y expedir los certificados correspondientes a quienes les practicó la retención; además, que el incumplimiento de estas obligaciones da lugar a la imposición de la sanción correspondiente(12).
Los certificados deben ser expedidos con los requisitos legales. Tratándose de conceptos de retención diferentes a los originados en la relación laboral, el artículo 381 del estatuto tributario prevé que el agente retenedor debe expedir un certificado anual con los siguientes datos:
“a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención.
No obstante, el beneficiario del pago puede solicitar al agente retenedor que le expida un certificado por cada acto u operación en la que le practique retención, el cual igualmente debe cumplir los requisitos señalados.
La misma norma establece que en los casos en que el agente retenedor no expida el certificado de retención, el contribuyente puede sustituir ese documento por “el original, copia o fotocopia auténtica de la factura o documento donde conste el pago”, pero siempre y cuando el documento sustitutivo contenga los datos que la norma exige para aquel.
1. La actuación cuestionada.
En el caso, la sociedad demandante, en la declaración de renta del 2002, restó del total del impuesto por concepto de retención en la fuente la suma de $ 491.126.000, de los cuales $ 489.980.000 correspondían a honorarios, comisiones y servicios(13).
La contribuyente presentó solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor que arrojó esta declaración(14). Previa verificación, el 12 de mayo de 2005, la administración suspendió el trámite y ordenó iniciar la investigación por el programa predevoluciones, pues en el análisis del expediente encontró los siguientes indicios de inexactitud:
“Respecto a las retenciones solicitadas y el ingreso base de retención se pudo establecer una diferencia de $ 1.705.897.000 de menor ingreso declarado frente al determinado como base de las retenciones solicitadas; esta diferencia fue confrontada con el tercero más representativo de los clientes con los cuales Renalmedica realizó transacciones, correspondiendo al Instituto de Seguros Sociales (...), frente al cual Renalmedica solicita retenciones por $ 347.148.882 de un ingreso base de $ 4.286.141.768 y que según la causación del ingreso del año 2002 solo asciende a $ 2.525.991.447.
“Teniendo en cuenta lo anterior es preciso concluir que la diferencia entre el ingreso declarado y el determinado como base de las retenciones solicitadas, radica en el Instituto de Seguros Sociales, en donde se refleja un mayor valor de ingreso base de $ 1.700.000.000, que una vez revisada la causación del mismo en el año 2002 se encontró que la diferencia tanto en ingresos como en retenciones obedece (a) ajustes realizados por Renalmedica por valor de $ 143.785.957 en retenciones por la aplicación en la causación de una tarifa de retención en la fuente por servicios del 4% cuando la tarifa realmente practicada en el momento del pago correspondió al 11% según nota contable 0815 de diciembre 31 de 2002, documento contable soportado con informe realizado por Renalmedica de las retenciones contabilizadas frente a los pagos abonados por el cliente.
De acuerdo al informe antes mencionado se logró determinar que la diferencia en las retenciones se originó por ingresos de abonos realizados correspondientes a facturas del período comprendido entre agosto del 2000 y julio del 2001.
Adjunto al informe reposa dentro del expediente copia de la Resolución 582 de diciembre 24 de 2002 expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en donde se cuantifica el valor total de los servicios facturados en el período agosto de 2000 a julio de 2001 por $ 2.477.950.680, sobre la cual se aprueba un pago por $ 877.161.291 y se objeta la diferencia por $ 1.600.789.383.
Es de anotar que el valor del pago arriba mencionado coincide con el valor del ingreso reportado en la información exógena año 2002 ($ 877.161.291) bajo el código 75 que corresponde a un ingreso para Renalmedica, y sobre el cual se generó una retención de $ 96.487.742 igualmente reportada bajo el código 72.
Finalmente se observa que del total de la retención practicada del Seguro Social a Renalmedica en el año 2002 por valor de $ 347.148.882 solo fue efectivamente causado por el tercero (Seguro Social) $ 96.487.742 y el excedente corresponde a retenciones por ingresos causados y no pagados en el período gravable investigado ascendiendo este a la suma de $ 250.661.140.
Con base en lo anteriormente analizado se realizó un comparativo con los clientes informantes en medios magnéticos de las transacciones realizadas con Renalmedica, donde se observa que las retenciones que le practicaron a la Empresa corresponden a lo efectivamente facturado, en tanto que la diferencia obedece a las liquidaciones de servicios y provisiones contables causadas en el año gravable 2002 por Renalmedica pero que fueron facturadas por RTS Colombia Ltda. (socio de la empresa)”(15).
En el proceso de determinación, con el requerimiento especial(16), la administración propuso modificar la liquidación privada de la contribuyente, específicamente el renglón “retenciones honorarios, comisiones y servicios año gravable 2002”, pues de la cifra declarada desconoció $ 215.362.000, que corresponden al “... valor de las retenciones no certificadas”, según el siguiente cuadro resumen:
V/r solicitado
4.096.894
14.399.546
Serv Terapia Renal Caldas
1.834.498
7.687.188
414.222.718
198.861.009
215.361.709
La anterior información la había obtenido la entidad oficial en la investigación previa, según consta en el acta de inspección tributaria(17), que hace parte de la actuación, conforme al inciso final del artículo 779 del estatuto tributario.
De la lectura del acta se advierte que fue objeto de análisis la información recaudada hasta ese momento, suministrada por la contribuyente directamente y a solicitud de los funcionarios en la visita practicada, y por terceros en respuesta a los requerimientos ordinarios de la entidad, e indica como indicios de inexactitud los siguientes:
“En la verificación de los ingresos declarados y el determinado como base de las retenciones solicitadas se hallaron diferencias que se originaron por ingresos de abonos realizados correspondientes a facturas del período comprendido entre agosto del año 2000 y julio de 2001.
“Adicionalmente en el análisis de los clientes informantes en medios magnéticos de las transacciones realizadas con Renalmedica Ltda., se pudo establecer que las retenciones que le practicaron a la sociedad corresponden a lo efectivamente facturado, en tanto que la diferencia obedece a las liquidaciones de servicios y provisiones contables causadas en el año 2002 por Renalmedica Ltda. pero que fueron facturadas por RTS (Unión Temporal RTS Red Nacional Servicios de Terapia Renal)”(18).
Nótese que la administración le informó a la contribuyente que la diferencia de la retención en la fuente a desconocer, posiblemente correspondía a:
1. ingresos de otros períodos; y
2. “liquidaciones de servicios y provisiones contables causadas en el año 2002 (...) pero que fueron facturadas por RTS (Unión Temporal RTS Red Nacional Servicios de Terapia Renal)”.
En la respuesta al requerimiento especial, la empresa sostuvo que lleva su contabilidad por el sistema de causación, y los libros, conforme a las normas legales, por lo que al expedir las facturas por la prestación de servicios, momento en que nace el derecho a exigir el pago, causó el ingreso y la retención correspondiente, que a su juicio es la que tiene derecho a abonar al impuesto del período y no solo las retenciones certificadas por el agente retenedor. Afirmó que la contabilidad constituye plena prueba de las retenciones causadas en el período.
En la liquidación de revisión, la administración mantuvo el desconocimiento de las retenciones en la fuente que confirmó y discriminó, así:
199.209.479
215.013.239
En este acto se advierte que como la contribuyente hizo énfasis en que llevaba la contabilidad por el sistema de causación, la entidad oficial precisó que el problema “no radica en el momento de la causación, [que] radica en la desproporción que existe entre la retención solicitada y los ingresos del período y que tales retenciones provienen (...) de un ajuste a la tarifa de retención, y que han sido solicitadas en su oportunidad, conforme a la causación que dice practicar y que en este caso provienen de ingresos de los años 2000 y 2001”.
Enseguida se refiere a la nota crédito 815 del 31 de diciembre de 2002 y a sus anexos para destacar que el ajuste corresponde a facturación de los años 2000 y 2001, que fue contabilizado en el 2002 en la cuenta 13551001 - retención por honorarios - Instituto de Seguros Sociales y como detalle “descuento por reteica”.
Y, de la respuesta del Instituto de Seguros Sociales al requerimiento ordinario señaló que este Instituto informó que “por operaciones realizadas en el año 2000 y 2001 y canceladas en el 2002, se practica retención en cuantía de $ 172.723.031” y agregó que, “Se debe mencionar que los ingresos facturados fueron de $ 3.295.890.647 de los cuales fueron rechazados $ 1.600.099.389”: Luego indicó otras operaciones contenidas en documentos aportados por la entidad, que muestran, frente a las cuentas de cobro de la contribuyente, que “existe una probabilidad bastante alta” de ser glosadas y que esto genera incertidumbre de “si el pago se va a realizar o no y en la misma medida si las retenciones imputables a tales ingresos se van (a) practicar o no”.
Precisó, además, que la contribuyente no aportó prueba de que las retenciones cuestionadas se practicaron, sino que se limitó a afirmar que están acreditadas en la contabilidad.
La actora, en el recurso de reconsideración, insistió en que las retenciones registradas en la contabilidad “sí son las causadas y que de forma excepcional se registró el ajuste al Instituto de Seguros Sociales con la nota de contabilidad 815, en razón a que la retención que practicó este en el pago (11%) fue superior a la causada en el 2000 (4%) y en el 2001 (6%)” y que no existe razón para que la entidad pierda ese dinero.
Agregó que “... con mucha frecuencia, podemos estar atendiendo un cliente directamente, en cuyo caso se encontrará la facturación al mismo, pero en otro período se puede estar atendido a través de un contrato de mandato con RTS Ltda., quien es la mandataria, y quien factura el servicio, encontrándose en nuestra contabilidad, no una factura (ya que la hace el mandatario) sino una liquidación de servicios, que da lugar también a que se cause una retención, pero que el cliente certificará a RTS Ltda.”(19).
La Administración no dio prosperidad al recurso y confirmó el acto liquidatorio.
Del anterior recuento se advierte que la administración desde el inicio de las investigaciones que dieron lugar al auto de suspensión de términos 681 del 12 de mayo de 2005, notificado personalmente a la contribuyente en la misma fecha, puso en conocimiento de la contribuyente los “indicios” de inexactitud que había detectado, y que luego, en el proceso administrativo de determinación, sirvieron para proponer la modificación a la declaración.
Tales “indicios” se concretaban en que parte de las retenciones en la fuente declaradas correspondían a facturación del 2000 y 2001 y, otra parte, a “liquidaciones de servicios y provisiones contables causadas en el año 2002 (...) pero que fueron facturadas por RTS (Unión Temporal RTS Red Nacional Servicios de Terapia Renal)”.
Estos hechos están demostrados en el expediente. En efecto, el demandante ha sostenido que mediante nota crédito 815 del 31 de diciembre de 2002 ajustó la retención en la fuente que por facturación al Instituto de Seguros Sociales había causado en el 2000 y 2001 a las tarifas del 4% y 6%, respectivamente, y que esa entidad, en el 2002, pagó y practicó la retención a la tarifa del 11%.
En los folios 51 a 77 del cuaderno 2 de pruebas obra la nota crédito 0815, en la que se relacionan las facturas emitidas desde agosto del 2000 a julio de 2001, el valor del servicio y de la retención causada por la empresa en esos períodos. También se observa que el Instituto de Seguros Sociales pago solo una parte de la facturación, sin embargo, la empresa hace el ajuste sobre el total.
En efecto, en la orden de pago 27294 de diciembre de 2002 del Instituto de Seguros Sociales(20) consta que el valor facturado en ese período ascendió a $ 2.477.950.680 y que de este objetó $ 1.600.789.389, por lo que la orden fue solo por $ 877.161.291(21), valor sobre el que retuvo el 11%, es decir, $ 96.487.742.
Sin embargo, la contribuyente ajustó la cuenta 13551001 - retención por honorarios - Instituto de Seguros Sociales en $ 143.782.062. Cifra que corresponde a la diferencia entre el valor de la retención que causó en el 2000 y 2001 por el total facturado al Instituto de Seguros Sociales a las tarifas del 4% y 6% y el valor de esa retención reliquidada a la tarifa del 11%(22).
La diferencia entre el valor ajustado por la demandante y el retenido efectivamente por el Instituto de Seguros Sociales es la suma de $ 47.294.320, que corresponde a la retención que mediante la mencionada nota contable pretende reclamar como pago anticipado del impuesto del 2002, que es, sin duda, de otros períodos y por ingresos que si bien fueron causados en el 2000 y 2001, aún a la fecha de corte del ejercicio del 2002 no habían sido reconocidos y pagados y, por ende, la retención no había sido practicada, por lo que no puede accederse a tal pretensión.
De otra parte, la contribuyente manifiesta que presta sus servicios a las distintas entidades directamente o como mandataria de RTS Ltda. Que, en el primer caso, la empresa factura directamente sus servicios y, en el segundo, la facturación está a cargo de la unión temporal.
Al respecto se destaca que obran en el expediente los siguientes documentos:
1. Acuerdo de conformación de la Unión Temporal “RTS Red Nacional Servicios de Terapia Renal(23)” para contratar con el Instituto de Seguros Sociales(24).
2. Contrato 0109 de 20 de marzo de 2002 suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y la Unión Temporal RTS Red Nacional Servicios de Terapia Renal(25).
3. Certificación del revisor fiscal(26), según la cual la retención causada por servicios prestados al Instituto de Seguros Sociales en el 2002 fue $ 45.863.073, por facturación directa y $ 106.551.395 por “facturación mandato” y por honorarios “ajustes años anteriores” $ 194.734.413.
4. La relación de retenciones causadas en el 2002 por servicios prestados a terceros diferentes al Instituto de Seguros Sociales(27), en la que por cada “cliente” distingue el valor correspondiente a “cartera directa” y “cartera mandato”, y al final discrimina el total, así:
Total retenciones causadas en cartera directa
$ 71.195.995
Total retenciones causadas en mandato
72.781.249
Total retenciones causadas año 2002
143.977.244
5. Certificado(28) suscrito por la contadora general de la sociedad RTS Ltda.(29) y la Unión Temporal Red Nacional de Servicios de Terapia Renal(30), de los ingresos netos facturados al Instituto de Seguros Sociales, en la ejecución del contrato 109, de prestación de servicios de salud.
6. Certificados suscritos por la contadora general de la sociedad RTS Ltda. y la Unión Temporal Red Nacional de Servicios de Terapia Renal, de los ingresos generados en la ejecución de los diferentes contratos de prestación de servicios de salud a Cajanal(31), Salud Total, Cafesalud, Servicio Occidental de Salud, Humana Vivir, entre otros(32).
7. En el dictamen pericial que obra en los folios 151 y siguientes del cuaderno 2 de pruebas, en los puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 que denomina “Análisis de las cuentas de los servicios realizados” con las empresas Humana Vivir, Cafesalud, SOS Servicio Occidental de Salud, Salud Total y Cajanal, la experta sostiene que parte de la retención en la fuente es de la facturación “cartera mandato”.
Esos elementos de prueba permiten inferir que la parte de la retención desconocida por la Administración y que está causada en la contabilidad de la contribuyente fiscalizada, es decir, de Renalmedica Ltda., identificada con el NIT 800.199.994-2, es de servicios facturados por la unión temporal, contribuyente distinta a la demandante.
Dado que las obligaciones tributarias de la unión temporal no son objeto de la presente controversia, no se hará pronunciamiento adicional.
No obstante, cabe aclarar que los miembros de la unión temporal son independientes y autónomos, por lo que no pueden confundirse las obligaciones tributarias de aquella con las de estos.
Es preciso advertir que conforme a la normativa, el agente retenedor tiene la obligación de certificar la retención en la fuente practicada al beneficiario del pago, por lo que si los servicios fueron facturados por la RTS Ltda., será a esta entidad a quien deba expedir el certificado correspondiente, o como se haya pactado en el contrato de prestación de servicios, que puede ser de acuerdo con la participación de sus miembros. Pero, se reitera, no es tema de este proceso.
Por otra parte, el revisor fiscal de la demandante, en la certificación allegada(33), se limitó a manifestar de manera general que los libros se llevan de acuerdo con las normas y principios generalmente aceptados, que están debidamente registrados, que los lleva por el sistema de causación y que los registros contables se soportan en documentos internos y externos; además, señala el valor de las retenciones causadas en la contabilidad del 2002.
Adicionalmente, se advierte que no en todos los casos la contabilidad es plena prueba, pues como en el que nos ocupa, se desvirtuó su valor probatorio, por lo que conforme con el artículo 374 del estatuto tributario, se tienen como anticipo del impuesto en el 2002 el valor de las retenciones certificadas por los agentes retenedores, tal como lo determinó la administración en los actos demandados.
Del análisis de los documentos citados se concluye que no le asiste razón a la demandante, pues, ni la contabilidad, ni el certificado del revisor fiscal, ni el dictamen pericial son elementos de prueba suficientes para aceptar como anticipo del impuesto del período en cuestión el monto de las retenciones en la fuente desconocidas por la administración.
Por el contrario, tales documentos, junto con los demás obrantes en el expediente, permiten concluir que la contribuyente no tiene derecho a restar del impuesto sobre la renta y complementarios las retenciones en la fuente objeto de discusión, sin que obre prueba que desvirtúe los actos administrativos acusados, por lo que no se comparte la decisión del tribunal y se revocará, para, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda.
1. Revócase la sentencia del 16 de abril de 2009 del Tribunal Administrativo de Risaralda, objeto de apelación.
3. Reconócese personería al doctor Pedro Enrique Sarmiento Pérez, como apoderado sustituto de la demandante, en los términos y para los efectos del memorial que obra a folio 191 del cuaderno principal.
(10) Estatuto tributario, artículos 365, 366 y 367.
(11) Estatuto tributario, artículos 375, 376, 377 y 382.
(12) Estatuto tributario, artículos 370, 634, 867-1, 640-1 y 667.
(13) Folio 2, c.a.
(14) Folio 1, c.a.
(15) Cfr. folios 498 y ss., c.a. 3.
(16) Folio 952, c.a.
(17) Folio 940, c.a.
(18) Hechos que sirvieron de fundamento para expedir el auto de suspensión de términos en el trámite de la solicitud de devolución y/o compensación (fl. 503, c.a.).
(19) V. folio 1070, c.a. 7.
(20) Folio 408, c.a.
(21) Monto reconocido por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 582 de 24 de diciembre de 2002 (fl. 405, c.a.).
(22) [$ 128.786.393 - $ 272.568.455 = $ 143.782.062].
(23) NIT 805.022.807-1 / cfr.: folio 189, c.a.
(24) Folio 670, c.a.
(25) Folio 190, c.a.
(26) Folios 25 a 34, cuaderno 2 de pruebas.
(27) Folios 35 a 50, cuaderno 2 de pruebas.
(28) Folio 92, cuaderno 2 de pruebas.
(29) NIT 805.011.262-0.
(30) NIT 805.022.807-1.
(31) Folio 114, cuaderno 2 de pruebas.
(32) Folio 116, cuaderno 2 de pruebas.
(33) Folios 22, cuaderno 2 de pruebas.

References: Resolución 
 artículo 357
 artículo 267
 artículo 373
 artículo 374
 artículo 381
 Resolución 
 artículo 779
 artículo 374
 Resolución