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Timestamp: 2018-09-25 03:50:16+00:00

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﻿ Sentencia T-40 de febrero 9 de 2016
SENTENCIA T-40 DE 09 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:ESTABILIDAD REFORZADA EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SE ACLARA QUE LA CORTE HA OTORGADO EL DERECHO, O BIEN DECLARANDO PREVIAMENTE LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO REALIDAD O, EN APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, CUANDO SE VISLUMBRA LA CONFIGURACIÓN DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE POR LA INACCIÓN DEL JUEZ DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA CALIDAD DE PERSONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y EL NEXO CAUSAL ENTRE EL DESPIDO Y LA CONDICIÓN DE SALUD DEL CONTRATISTA. AHORA BIEN, LA RELEVANCIA QUE TIENE EL DETERMINAR O NO LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO REALIDAD TIENE COMO CONSECUENCIA LAS ÓRDENES A IMPARTIR EN EL CASO CONCRETO, (I) SI SE DECLARA EL CONTRATO REALIDAD Y SE CONFIGURA UN DESPIDO EN RAZÓN DE LA DISCAPACIDAD, SE DEBERÁ ORDENAR EL REINTEGRO Y SE CONDENARÁ AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE 180 DÍAS DE SALARIOY (II) SI NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO LABORAL, ES NECESARIO PROBAR QUE: (A) LA SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA DEL ACCIONANTE REQUIERE LA ACTUACIÓN URGENTE DEL JUEZ DE TUTELA CON EL FIN DE EVITAR LA OCURRENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE Y (B) QUE SEA EVIDENTE QUE LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO FUE CONSECUENCIA DEL ESTADO DE SALUD DEL CONTRATISTACUMPLIDOS LOS REQUISITOS, EL JUEZ DE TUTELA PROFERIRÁ LAS ÓRDENES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA SUPERAR LA VULNERACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CONTRATO DE TRABAJO, ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DERECHO A LA ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR, ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR
Sentencia T-40 de febrero 9 de 2016
Ref.: Expediente T-5.168.539
Acción de tutela instaurada por Héctor Javier Guzmán Rincón contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—.
Magistrados de La Sala Tercera de Revisión: Gloria Stella Ortiz Delgado, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Alejandro Linares Cantillo.
El señor Héctor Javier Guzmán Rincón, interpuso acción de tutela contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada. La conducta que causa la vulneración es la no prórroga del contrato de prestación de servicios pactado con la accionada, desconociendo su condición de debilidad manifiesta por su estado de salud —paciente con fibrosis quística— y sin autorización de la autoridad competente.
2.1. A los 9 años de edad el ciudadano Héctor Javier Guzmán Rincón fue diagnosticado con fibrosis quística(1), enfermedad que según el actor es “crónica letal y de evolución progresiva hacia el deterioro, de carácter irreversible, sin posibilidad actual de rehabilitación, sin cura conocida y de pronóstico reservado”.
2.2. Desde el 1º de septiembre de 2012 hasta el 30 de abril de 2015, el accionante ejecutó cuatro contratos de prestación de servicios con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales(2), así:
Primer contrato: contrato de prestación de servicios profesionales Nº 506 de 2012 del 4 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente en el área física a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-—, en la proyección de conceptos técnicos de evaluación y seguimiento y de certificación de emisiones de prueba dinámica físico, tanto de uso propio como de comercialización en cumplimiento de la Resolución 910 de junio 5 de 2008, que reglamenta las emisiones para motocicletas, vehículos automóviles y de carga y la Resolución 2604 de 29 de diciembre de 2009, que reglamenta las emisiones para vehículos que serán incorporados al sistema de trasporte público de pasajeros y motocarros.
Valor del contrato: $ 17.680.000
Segundo contrato: contrato de prestación de servicios profesionales Nº 174 de 2013 del 21 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— en las actividades técnicas del área física, que se requiera para la expedición y seguimiento a permisos y trámites ambientales.
Valor del contrato: $ 60.012.000
Tercer contrato: contrato de prestación de servicios profesionales Nº 170 de 2014 del 14 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar las actividades técnicas de expedición y seguimiento a permisos y trámites ambientales competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—.
Valor del contrato: $ 51.000.000
Cuarto contrato: contrato de prestación de servicios profesionales Nº 186 de 2015 del 06 de enero de 2015 al 30 de abril de 2015.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la revisión y aprobación de las solicitudes presentadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— con respecto al certificado de emisiones por prueba dinámica.
Valor del contrato: $ 25.600.000
2.3 El actor manifestó que mensualmente solicitaba permisos a la entidad para asistir a las citas médicas de control de su enfermedad. Adicionalmente, en el mes de marzo de 2015 estuvo incapacitado por 3 días, lo que demuestra que la accionada —hace mención a la señora Claudia Victoria González Hernández— tenía conocimiento de su situación de salud y con motivo de esta no le renovó el contrato.
2.4 A la fecha de presentación de la acción de tutela —25 de junio de 2015— se encontraba desempleado, y por tanto, sin recursos económicos para responder por él y por la manutención de su mamá quien tiene 60 años de edad.
2.5 La enfermedad que padece es fibrosis quística, catalogada como huérfana, de difícil tratamiento y motivo del fallecimiento de dos de sus hermanas.
3. Respuesta de la entidad accionada y las vinculadas.
3.1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— solicitó negar la acción de tutela argumentando que:
3.1.2. La entidad no tenía conocimiento de la enfermedad del señor Héctor Guzmán. Negó que la subdirectora de instrumentos, permisos y trámites ambientales —Claudia Victoria González Hernández— conociera el estado de salud del accionante. En cuanto a los permisos para ir al médico, argumentó que, por tratarse de un contrato de prestación de servicios, el contratista no tenía la obligación de pedir permiso para ausentarse de sus labores.
3.1.5. Finalmente, adjuntó los contratos de prestación de servicios profesionales pactados con el accionante(3).
4.1. Primera instancia: Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, del 10 de julio de 2015(4).
4.3. Segunda instancia: Sentencia de la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, del 26 de agosto de 2015.
(vi) En el desarrollo del contrato ¿existió continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que facultara a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo? De ser afirmativa la respuesta, ¿en qué consistía dicha subordinación?
Segundo. Por secretaría general de esta corporación, OFÍCIESE a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, para que dentro del término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, informe:
(iv) En el desarrollo del contrato ¿existió continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que facultara a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo?
5.2. Héctor Javier Guzmán Rincón.
Rta. Del 11 de noviembre de 2012 al 5 de marzo de 2015, tuvo que acudir al médico en 39 ocasiones, en virtud de su diagnóstico de fibrosis quística —adjunta historia clínica—.
Rta. Fueron dos incapacidades: del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2014 y del 5 al 7 de marzo de 2015 —adjunta las incapacidades—.
Rta. Hasta diciembre de 2014, no exigían un horario específico, simplemente se exigía el cumplimiento de metas y tiempos en la entrega de los conceptos técnicos y revisiones solicitadas en los productos del contrato. A partir de enero de 2015, la ANLA exigió una disponibilidad horaria de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., por reuniones que la subdirectora programaba a las 7:00 a.m.
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241 numeral 9º— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 —artículos 31 a 36(5)—.
El señor Héctor Javier Guzmán Rincón, quien desde el año 2012 estuvo vinculado a través de varios contratos de prestación de servicios con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, interpuso acción de tutela contra dicha entidad por considerar vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia de la no renovación del contrato de prestación de servicios que tenía con la accionada, desconociendo su condición de salud —fibrosis quísticas— y sin autorización de la autoridad laboral competente. El actor pretende que el juez de tutela ordene su reintegro y el pago de la indemnización por despido sin el cumplimiento de requisitos legales.
3. Procedencia general de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
Por su parte, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prescribe que la procedencia de la acción de tutela deberá ser apreciada en concreto, considerando (a) su eficacia y (b) las circunstancias del accionante(6).
3.1.2.1. La primera implica declarar la improcedencia de la acción cuando en el ordenamiento está previsto un medio judicial idóneo y eficaz(7) para defenderse de una agresión iusfundamental. Al respecto la Corte considera que:
Para determinar la concurrencia de estas dos características, deben examinarse los planteamientos fácticos de cada caso y establecerse (i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela(8); (ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance(9); (iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración”(10).
“La Corte ha señalado que corresponde a quien solicita el amparo mostrar por qué la tutela es una medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado(11).
Al respecto, la Corte ha establecido que un perjuicio tendrá carácter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situación concreta, pueda demostrarse que(12): (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que “su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas”(13), de suerte que, de no frenarse la causa, el daño se generará prontamente(14). (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significación para el afectado. (iii) Se requiere de la adopción de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del daño ya que, de no tomarse, la generación del daño es inevitable”(15).
Es decir, ante la existencia de un mecanismo judicial idóneo y eficaz donde el ciudadano tenga la posibilidad de plantear la controversia, el interesado deberá demostrar cómo, en su caso, es completamente necesaria la intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un perjuicio irremediable(16), situación que de aprobarse por el juez hará procedente la acción de tutela como instrumento transitorio de amparo.
3.1.3.En síntesis, (i) cuando el ciudadano cuenta con otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces donde resolver las cuestiones planteadas y no se configura un perjuicio irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando el accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces, las órdenes del juez de tutela son definitivas; y (iii) excepcionalmente, cuando el afectado dispone de otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces pero la actuación del juez es necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá dar órdenes transitorias que brinden protección al derecho fundamental hasta tanto el juez ordinario o la autoridad competente se pronuncie sobre las pretensiones.
4. La estabilidad reforzada de las personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en las distintas opciones productivas o de generación de ingresos(17). Reiteración de jurisprudencia.
5.1.(Sic) Fundamentos constitucionales y legales de la protección reforzada.
“La jurisprudencia constitucional ha explicado que el principio de solidaridad, por regla general, debe ser objeto de desarrollo legislativo para que de este se deriven deberes concretos en cabeza de las autoridades. Sin embargo, también ha señalado que este principio puede generar obligaciones impuestas directamente por la Constitución frente a grupos vulnerables, precisamente por su relación con el principio de igualdad material”(18).
La Corte ha explicado que el principio de solidaridad indicando que se trata de “un deber, impuesto a toda persona (y a las autoridades estatales) por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”(19), http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-181-12.htm_ftn13 También ha manifestado la Corte que la solidaridad posee una estructura compleja que abarca, al menos, las siguientes dimensiones: “(i) [es] una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; (ii) un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; [y] (iii) un límite a los derechos propios”(20).
Por otro lado, en su artículo 26, prohibió el despido discriminatorio de personas con discapacidad, creando así una restricción constitucionalmente legítima a la libertad contractual del empleador, quien solo está facultado para terminar el vínculo después de solicitar una autorización a la Oficina del Trabajo, para que esta determine si existe una justa causa para la terminación del vínculo(21). La sanción en caso de presentarse el despido de una persona con discapacidad sin el citado permiso, es el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario.
En la Sentencia C-531 de 2000(22), la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la disposición considerando que el pago de la sanción no autoriza al empleador a despedir al discapacitado, un despido de esa naturaleza carece de efectos, siendo procedente por lo tanto, el reintegro del afectado, sin solución de continuidad en materia de salarios y prestaciones sociales.
5.1.1.1. En la Sentencia T-1210 de 2008(23), la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso de una ciudadana a quien, pese a encontrarse enferma(24), la alcaldía accionada no le prorrogó su contrato de prestación de servicios.
5.1.1.2. En la Sentencia T-490 de 2010(25), la Corte conoció de dos casos de despido. Uno de ellos, el relevante para el caso que esta Sala debe resolver, trató sobre una enfermera a quien no le fue renovado su contrato de prestación de servicios por padecer algunas “limitaciones físicas”(26) que requerían terapias constantes.
En síntesis, en esta sentencia, se otorgó la protección a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, pese a estar vinculada mediante contrato de prestación de servicios, al comprobarse que la no renovación fue consecuencia de la situación de salud del accionante(27). Por ende, ordenó a la entidad la renovación del contrato de prestación de servicios.
5.1.1.3. En la Sentencia T-292 de 2011(28), la Sala Novena de Revisión conoció el caso de una señora que consideró vulnerados sus derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital, debido a que la alcaldía accionada no le prorrogó el contrato de prestación de servicios a pesar de estar incapacitada.
La Sala planteó el siguiente problema jurídico: ¿la alcaldía municipal de la Dorada —Caldas— vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital de la señora Carmen Rosa López Pineda, al no permitirle continuar la relación laboral, durante la vigencia de la incapacidad laboral?
En esta providencia la Corte dio un giro a su jurisprudencia pues ahora consideró necesario determinar la existencia de un verdadero contrato de trabajo previo a la aplicación de las reglas sobre estabilidad laboral reforzada; a diferencia de las sentencias anteriores que consideraban que la estabilidad laboral reforzada era exigible en contratos de prestación de servicios(29).
5.1.1.4. En la Sentencia T-988 de 2012(30), la Sala Primera de Revisión se encargó de resolver el asunto de una persona de 78 años de edad, quien tenía una vinculación con un hospital a través de un contrato de prestación de servicios, el cual no fue renovado por su condición de salud.
La naturaleza del vínculo, sin embargo, posee importancia al momento de determinar el alcance del amparo, una vez constatada la violación al derecho a la estabilidad laboral reforzada pues, a manera de ilustración, resulta claro que la terminación de un vínculo de carácter laboral indefinido debe dar lugar al reintegro sin solución de continuidad y, en caso de hallarse plenamente comprobada la actitud discriminatoria del empleador, puede dar lugar a la condena al pago de la indemnización de 180 días de salario. A su turno, cuando la opción productiva es un contrato o una orden de prestación de servicios, el amparo se concreta en declarar la ineficacia de la terminación del mismo, y ordenar su renovación por un período igual al inicialmente pactado. Obviamente, si persiste el estado de debilidad manifiesta del actor por razones de salud, la terminación del nuevo contrato estará sometida a la existencia del permiso de la autoridad del trabajo”.
Para el caso concreto la Sala consideró que no era adecuado analizar la existencia de un contrato realidad, pues la edad del accionante —78 años—, ya había superado el umbral de los 65 años de retiro forzoso, por lo que se podría inferir que, en efecto, el hospital no podía vincularlo laboralmente, aunque sí podían las partes suscribir órdenes esporádicas de prestación de servicios, de acuerdo con las necesidades del servicio.
En este sentido, la Corte concluyó que la no declaración de un contrato realidad no constituía “un obstáculo para que la Sala otorgue la protección constitucional al derecho a la estabilidad reforzada del actor en su opción productiva y que, en atención a las circunstancias de vulnerabilidad que enfrenta, por razones de enfermedad, se dicten las órdenes adecuadas de protección”.
Del análisis de este precedente se puede concluir que: (i) la estabilidad laboral reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud aplica para cualquier opción productiva, bien sea laboral o civil; (ii) cuando el juez de tutela encuentra evidencia de que un contrato de prestación de servicios encubre una verdadera relación laboral, declarará el contrato realidad, ordenará el reintegro y condenará al pago de la indemnización de 180 días de salario; y (iii) cuando el juez de tutela no tiene los elementos suficientes para declarar la configuración del contrato laboral, pero (a) evidencia que las condiciones especiales del accionante —edad— requieren la actuación del juez constitucional y (b) determina que la no prórroga del contrato fue consecuencia del estado de salud del contratista; (c) adoptarán las medidas necesarias para que cese la vulneración.
“Esta corporación debe pronunciarse sobre la posible vulneración de los derechos a la vida digna, estabilidad laboral reforzada, y mínimo vital del accionante, por parte de centro hospital Divino Niño ESE, al haberle terminado su contrato de prestación de servicios, de manera abrupta y sin haber contado con autorización de la oficina de trabajo, encontrándose el actor discapacitado.
— El contrato de prestación de servicios con entidades del Estado y la declaración del contrato realidad por vía de tutela.
El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993(31), define el contrato de prestación de servicios, así:
En la Sentencia C-154 de 1997(32), la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la norma referida concluyendo que el contrato de prestación de servicios se celebra con el Estado cuando la función de la administración no puede ser ejercida por personal vinculado a la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados.
La Corte ha entendido que el contrato de prestación de servicios con el Estado debe cumplir siguientes características(33):
Más adelante, en la Sentencia C-614 de 2009(34), la Sala Plena concluyó que la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para que se desempeñen funciones de carácter indefinido, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. Así las cosas, la Corte fijó cinco criterios para determinar el concepto de permanencia de la función, a saber:
En conclusión, existirá una relación laboral o reglamentaria según el caso cuando: “i) se presten servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado”(35). Además de los tres elementos propios de las relaciones laborales, la permanencia en el empleo es un criterio determinante para reconocer si en un caso concreto se presenta una relación laboral.
Al respecto, recientemente la Sección Segunda - Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, conoció de un caso en el que un ciudadano pretendía el reconocimiento de un contrato realidad. En esa oportunidad la Sala consideró que para declarar la existencia de un contrato realidad es necesario acreditar los tres elementos propios de una relación de trabajo. A continuación se trascribe los partes relevantes que para el caso corresponden:
Hasta aquí se puede concluir que, es competencia de los jueces ordinarios(36) dentro del proceso correspondiente y con los elementos de prueba que consideren apropiados, determinar la configuración de los presupuestos mencionados para declarar la existencia de un contrato realidad, lo cual conlleva la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo. Sin embargo, cuando dicho mecanismo no es idóneo ni eficaz para el caso concreto, excepcionalmente, y en casos donde sea evidente la configuración de un verdadero contrato laboral, el juez de tutela puede declarar su existencia(37).
Esta excepción es procedente únicamente cuando existe certeza de la afectación del mínimo vital del accionante o de algún otro tipo de derecho fundamental(38), que involucre la posible configuración de un perjuicio irremediable.
5.2. Sujetos de protección constitucional: personas en condición de discapacidad o en debilidad manifiesta.
En lo relacionado con las personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, la Ley 361 de 1997(39) establece lo siguiente:
Reiteradamente(40), la Corte ha determinado que la protección constitucional aplica tanto para las personas que acreditan una discapacidad médicamente calificada por los órganos competentes, como a las personas que se hallan en condición de debilidad manifiesta por una condición de salud. Tan es así que en la Sentencia C-531 de 2000, la Corte al analizar la norma citada, estudió al sujeto de la disposición como “persona con una limitación física, sensorial o mental”, sin mencionar la necesidad de ser calificada como tal. Al respecto dijo:
Es necesario indicar que si bien esta ha sido la doctrina reiterada por la mayoría de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, algunos magistrados han salvado o aclarado su voto, dando un enfoque diferente a la estabilidad laboral reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta(41).
En dichos disentimientos se ha expuesto que es diferente la protección brindada a las personas discapacitadas —que se entienden calificadas—, a la protección otorgada a las personas en situación de debilidad manifiesta, quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su estado de salud. De esta manera, (i) la estabilidad reforzada del primer grupo se otorga en aplicación de la Ley 361 de 1997 y por tanto, ante el despido de una persona calificada como discapacitada sin la autorización de la autoridad laboral competente, procede el pago de la indemnización prevista en la Ley y el reintegro correspondiente. (ii) Respecto del segundo grupo, su protección no se desprende de la ley sino directamente de la Constitución, por ello, al comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta no es procedente el pago de una indemnización sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta que la sanción se genera por la presunción contenida en la ley(42).
Con todo, esta Sala asume la posición mayoritaria que considera que la Ley 361 de 1997, que desarrolla principios Constitucionales, le es aplicable a personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta bien sea porque su discapacidad haya sido calificada o porque su salud se encuentre afectada por una disminución física, sensorial o mental, sin que ello implique calificación(43).
La Sentencia T-77 de 2014, entre muchas otras, reiteró la Sentencia T-519 de 2003, estableciendo las siguientes reglas:
(i) La tutela no puede llegar al extremo de ser considerada el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo, en la medida en que no existe un derecho fundamental general a la estabilidad laboral. Sin embargo, en los casos en que la persona se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, la tutela puede llegar a ser procedente como mecanismo de protección(44), atendiendo las circunstancias particulares del caso.
(iii) Con todo, no es suficiente la simple presencia de una enfermedad o de una discapacidad en la persona, para que por vía de tutela se conceda la protección constitucional descrita. Para que la defensa por vía de tutela prospere, debe estar probado que la desvinculación fue consecuencia de esa particular condición de debilidad, es decir, con ocasión de embarazo, de la discapacidad, de la enfermedad, etc. En otras palabras, debe existir un nexo causal entre la condición que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculación laboral(45).
El señor Héctor Javier Guzmán Rincón, estuvo vinculado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, a través de varios contratos de prestación de servicios.
Desde el 1º de septiembre de 2012 hasta el 30 de abril de 2015, el accionante ejecutó cuatro contratos de prestación de servicios(46), así: (i) contrato de prestación de servicios profesionales Nº 506 de 2012 del 4 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012; (ii) contrato de prestación de servicios profesionales Nº 174 de 2013 del 21 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013; (iii) contrato de prestación de servicios profesionales Nº 170 de 2014 del 14 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014; y (iv) contrato de prestación de servicios profesionales Nº 186 de 2015 del 6 de enero de 2015 al 30 de abril de 2015.
6.2.1. En primer lugar, la enfermedad que padece el actor es de aquellas que la ley colombiana a denominadas huérfana(47).
La misma ley ordena al Ministerio de la Protección Social actualizar cada dos años la lista de las enfermedades huérfanas. De esta manera, en la Resolución 430 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social la fibrosis quística fue catalogada como enfermedad huérfana.
6.2.3. En tercer lugar, se demostró que en un poco más de dos años ha tenido que acudir a control médico en 39 oportunidades, e incapacitado en dos ocasiones; que el tratamiento de su enfermedad requiere medicación diaria y terapias constantes; que, según el actor, es una de las personas con más edad que padece esta enfermedad —generalmente pierden la vida a temprana edad—; todo esto refuerza el argumento de debilidad manifiesta en que se encuentra el actor frente a otros trabajadores.
6.2.4. Los dos hechos relatados, la amenaza a la vida del accionante y el hecho de ser uno de los pacientes con más edad, encuentran relación en el concepto psicológico que reposa en su historia clínica que señala: “se detecta marcada dificultad en el paciente en lo que se refiere a la planeación y proyección de futuro. Esta situación merma sus intenciones de relacionarse afectivamente con los otros, e incrementa su sentido de urgencia por la realización de proyectos cortos y de poco alcance. Al ahondar sobre esta situación, pareciera que se encuentra relacionada con la percepción de inestabilidad en tratamiento, ya que es uno de los pocos casos de esta enfermedad que sobrepasa los 30 años de edad, y que refiere que la institución y/o cuerpo médico tratante tampoco tiene claridad sobre el caso”.
6.2.6. Todo lo anterior, lleva a la Corte a considerar que si bien el señor Guzmán cuenta con mecanismos judiciales para su defensa, por su condición de salud, estos no pueden ser denominados eficaces. Así, someterlo a esperar que la justicia ordinaria resuelva de fondo la controversia planteada, haría nugatoria la protección efectiva de sus derechos constitucionales.
6.3. Estabilidad reforzada aplicada a contratos de prestación de servicios.
— La primera, señala que la estabilidad laboral reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud aplica a todas las alternativas productivas, incluyendo al contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, no es necesario declarar un contrato realidad y con solo demostrarse la discriminación, se debe ordenar reintegro y pago de indemnización.
— La segunda, considera necesario declarar la configuración de un contrato realidad para luego sí aplicar las reglas de protección reforzada. Probada la existencia del contrato laboral y la discriminación, se debe ordenar reintegro y pago de indemnización. En estricto sentido no es un caso de contrato de prestación de servicios.
— La tercera, indica que se debe estudiar la configuración de un contrato realidad, sin embargo, si no existen elementos probatorios que permitan verificar su configuración, también se debe evaluar la discriminación.
En este evento, la relevancia del vínculo se circunscribe a las órdenes que el juez de tutela debe proferir ante la actuación discriminatoria del empleador o del contratista. De esta manera, si se demuestra que el contrato de prestación de servicios oculta un verdadero contrato laboral, y probada la discriminación, las ordenes serán el reintegro y el pago de la indemnización contenida en la ley (vía 2ª). Contrario sensu, si no se configura un contrato de trabajo, pero se prueba la discriminación, la órdenes estarán dirigidas a buscar que cese la vulneración de derechos constitucionales de manera inmediata, lo que no implica reintegro y pago de salarios pues esta orden es propia del contrato de trabajo.
6.4. Configuración de un contrato realidad.
Como se mencionó en la parte considerativa de esta sentencia, para que se proceda a declarar la existencia real y efectiva de una relación laboral, deben mediar tres circunstancias específicas, a saber: (i) la actividad personal del trabajador, (ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y (iii) un salario como retribución del servicio.
6.4.3. Por otra parte, el accionante dice que hasta diciembre de 2014 no cumplía un horario —lo cual es un indicio de la no subordinación—, y que a partir de 2015 “tácitamente” lo han obligado a cumplir con un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. porque la subdirectora programa reuniones a las 7:00 a.m. “que exigían soporte técnico” del accionante. Como se reseñó en las consideraciones, la jurisprudencia ha determinado que no debe confundirse subordinación y dependencia con coordinación entre las partes contractuales para el cumplimiento de las obligaciones asignadas.
6.4.4. Si bien el accionante ha estado vinculado a la entidad por un poco más de dos años, lo cual en principio permitiría a la Corte desvirtuar la calidad de contrato de prestación de servicios al vínculo entre las partes —por el requisito de temporalidad(48)—; considera la Sala que este hecho es discutible, ya que durante dicho tiempo han sido ejecutados cuatro contratos de prestación de servicios, en algunos de ellos con objetos y funciones distintas(49).
Ahora bien, carecer de elementos probatorios suficientes para declarar la existencia de una verdadera relación laboral, no implica la inaplicación de la estabilidad reforzada de la que son destinatarias las personas en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud(50). Sin embargo, esta circunstancia obliga al juez a tener la certeza de encontrarse frente a un caso que evidentemente requiere la protección constitucional, pues en este escenario ya no se estaría dando aplicación a la reglamentación legal sino directamente a los principios constitucionales.
6.5. La Autoridad Nacional de Licencia Ambientales vulneró el derecho constitucional a la estabilidad reforzada del accionante – aplicación de las reglas jurisprudenciales.
(i) Hasta aquí podemos concluir que la acción de tutela no es un instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo y menos aun cuando su vínculo es un contrato de prestación de servicios, en la medida en que no existe un derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. Sin embargo, excepcionalmente, cuando la persona se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y atendiendo las circunstancias particulares del caso, la tutela puede llegar a ser procedente como mecanismo de protección(51).
Como tantas veces se ha dicho, en casos excepcionales la Corte ha aceptado la aplicación de la estabilidad reforzada para personas vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, al ser una protección que deviene de la Constitución y no de la ley —la ley solo regula contratos laborales— no es viable ordenar el pago de la indemnización con motivo de la probada discriminación, en estos eventos lo procedente es proferir las ordenes que correspondan para que se supere la vulneración.
(iii) Debe existir un nexo causal entre la condición que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculación laboral(52).
En materia probatoria la Corte ha establecido que los casos de los trabajadores que se encuentren en situación de vulnerabilidad por padecer algún tipo de limitación física que les impida ejercer sus actividades, “recae sobre el empleador una ‘presunción de despido sin justa causa’. Esto implica que se invierte la carga de la prueba y por tanto, el empleador debe demostrar que existen causales objetivas y razonables para que el vínculo laboral se haya quebrantado. En consecuencia, el empleador debe demostrar que el motivo del despido no fue la limitación física del empleado”.
— Si bien la accionada se defiende argumentando que por tratarse de un contrato de prestación de servicios, el accionante no tenía que pedir permisos para acudir al médico, o presentar las incapacidades, y por lo tanto nunca se enteraron de su enfermedad, lo cierto es que en los contratos de prestación de servicios profesionales Nº 170 de 2014 y Nº 186 de 2015, dentro de las obligaciones del contratista, en el numeral 13, de la cláusula segunda dice: “informar a la ANLA la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales”. Esta cláusula, aunque genérica, es un indicio de la necesidad que tenía el contratista de anunciar su estado de salud el cual, si bien no tiene un origen laboral, si incide en el desarrollo de sus funciones, pues como antes si dijo, requiere de cuidados constantes.
— Tan es así que durante la ejecución de los contratos el señor Guzmán tuvo que acudir en 39 ocasiones al médico: 11 de noviembre de 2012, 7 de diciembre de 2012, 12 de diciembre de 2012, 11 de enero de 2013, 12 de febrero de 2013, 4 de marzo de 2013, 18 de marzo de 2013, 24 de marzo de 2013, 3 de abril de 2013, 06 de junio de 2013, 12 de junio de 2013, 24 de julio de 2013, 14 de septiembre de 2013, 11 de octubre de 2013, 15 de octubre de 2013, 16 de octubre de 2013, 23 de octubre de 2013, 5 de noviembre de 2013, 28 de noviembre de 2013, 23 de diciembre de 2013, 14 de enero de 2014, 19 de febrero de 2014, 17 de marzo de 2014, 16 de abril de 2014, 07 de mayo de 2014, 15 de mayo de 2014, 06 de junio de 2014, 16 de junio de 2014, 7 de julio de 2014, 26 de agosto de 2014, 8 de septiembre de 2014, 14 de octubre de 2014, 17 de octubre de 2014, 22 de octubre de 2014, 5 de noviembre de 2014, 10 de diciembre de 2014, 7 de enero de 2015, 25 de febrero de 2015 y 5 de marzo de 2015.
— Adicionalmente, durante la ejecución de los contratos el accionante estuvo incapacitado en dos oportunidades: del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2014 y del 5 al 7 de marzo de 2015.
— Sumado a lo anterior, de los contratos se desprende que las actividades desarrolladas por el accionante debían desarrollarse en la misma entidad. De hecho, en respuesta a la prueba solicitada la entidad accionada dice que es necesaria la presencia del accionante en la ANLA, pues su herramienta de trabajo es un sistema de la entidad. Adicionalmente, porque debe asistir a las reuniones que lo requieran. En estas condiciones resulta por lo menos difícil admitir que el supervisor del contrato no se haya enterado de las 39 ausencias al trabajo y de las incapacidades del actor, una de ellas por 15 días.
— Por último, el actor asegura haber entregado los sustentos de sus citas médicas, sus incapacidades y los cuidados a los que debía someterse, a los coordinadores de área, dejando copia con una de las empleadas de la entidad, quien archivaba el documento, de los cuales no le daban una constancia de haberlo recibido.
Acorde con la manifestación de la ANLA, el objeto del contrato aún continúa, tan es así que actulmente otra persona está cumpliendo las funciones que antes ejecutaba el señor Guzmán. Adicionalmente, la misma entidad se contradice al decir que la contratación de esta persona se realizó teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que tenían en esa área, y posteriormente, luego de la incapacidad del accionante, decide, sin mayor justificación, no prorrogarle el contrato al accionante.
Teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, la protección no es absoluta, si la entidad accionada considera que existe una causal objetiva —diferente al simple cumplimiento del término del contrato— para no prorrogar el contrato suscrito con el accionante con ocasión de esta sentencia, deberá exponerle al señor Héctor Javier Guzmán, de manera escrita, una razón objetiva que justifique porque resuelve no prorrogar o acordar un nuevo contrato de prestación de servicios.
El señor Héctor Javier Guzmán Rincón, estuvo vinculado a través de contratos de prestación de servicios con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—. En el mes de abril de 2015 su contrato finalizó y la entidad no lo prorrogó, desconociendo su condición de sujeto de especial protección constitucional por su estado de salud —padece fibrosis quística— y sin autorización de la autoridad laboral competente.
3. Razón de la decisión
1. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia —Sala Laboral— el veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) que confirmó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, el diez (10) de julio de dos mil quince (2015), por medio de la cual se decidió negar el amparo invocado por el peticionario y, en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad reforzada del señor Héctor Javier Guzmán Rincón.
2. ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios con el señor Héctor Javier Guzmán Rincón en las mismas o superiores condiciones del contrato anterior. Una vez venza el término de duración de este nuevo contrato, y en caso de considerar que existe una causal objetiva —diferente al simple vencimiento del término del contrato— para no prorrogarlo, deberá exponerle al señor Héctor Javier Guzmán, de manera escrita, una razón objetiva que justifique la razón por la cual se resuelve no prorrogar o celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado
1 Ver historia clínica en los folios 11 al 14 del cuaderno 1.
2 Ver los contratos en los folios del 15 al 32 del cuaderno 1.
3 Ver folios 75 al 86 del cuaderno 1.
4 Ver folios 93 al 102 del cuaderno 1.
5 En Auto del quince (15) de octubre de 2015 la Sala de Selección de tutela Número Diez de la Corte Constitucional, dispuso la revisión de la providencia en cuestión y procedió a su reparto.
6 En la Sentencia T-414 de 1992 —magistrado ponente Ciro Angarita Barón—, esta corporación aclaró “que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela (…)”, de lo contrario “se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente.” Así las cosas, concluyó este tribunal “que “el otro medio de defensa judicial” a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata: de esta manera, la idoneidad del medio judicial puede determinarse, según la Corte lo ha indicado, examinando el objeto de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro medio de defensa judicial. Ver también la Sentencia T-580 de 2006 Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinoza.
7 La Corte ha sostenido que la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción. Ver, entre otras, las Sentencias T-580 de 2006 Magistrado ponente Manuel José Cepeda, T-972 de 2005 Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, T-068 de 2006 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil y SU-961 de 1999 Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
8 Ver las sentencias T-068 de 2006 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, T-822 de 2002 Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, T-384 de 1998 Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, y T-414 de 1992 Magistrado ponente Ciro Angarita Barón.
10 Ver las sentencias T-656 de 2006 Magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, T-435 de 2006 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
11 T-043/07, T-1068/00.
12 Ver Sentencias T-494 de 2006, SU-544 de 2001, T-142 de 1998 y T-225 de 1993.
13 Ver Sentencia T-456 de 2004.
14 Ver Sentencia T-234 de 1994.
15 Ver Sentencia T-211 de 2009.
16 Ver Sentencia T-225 de 1993.
17 Este término ha sido utilizado en las Sentencias T-988 de 2012 y T-901 de 2013.
18 Ver Sentencia T-988 de 2012 Magistrada Ponente María Victoria Calle.
19 Ver Sentencia C-464 de 2004 Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería.
20 Ver Sentencia C-803 de 2009 Magistrado ponente Nilson Pinilla Pinilla.
21 Ley 361 de 1997 (Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones). Artículo 26. No discriminación a persona en situación de discapacidad. ‘Artículo modificado por el artículo 137 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente’: En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo.
22 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
23 Magistrada Ponente Clara Inés Vargas.
24 Displasia del desarrollo de las caderas con luxación bilateral y fenómenos de osteoartritis degenerativa, más evidenciado en el lado derecho, donde observó el médico tratante importante pinzamiento de esclerosis subcondral.
25 Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
26 Fibromialgia.
27 El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva salvó parcialmente el voto, entre otras cosas, porque el resuelve “parece conceder una inamovilidad absoluta a ciertos trabajadores, desconociendo que el sentido de la protección reconocida por la Corte consiste en que los empleadores tienen la obligación legal y constitucional de proteger de manera especial a la población discapacitada y de obtener una autorización de las autoridades correspondientes del trabajo antes de llevar a cabo su despido, de suerte que se garanticen plenamente los derechos de los afectados. Esto es así tanto respecto de los contratos laborales como en los contratos de prestación de servicios en los que las condiciones de subordinación generan un ‘contrato realidad’” Llama la atención que en los renglones finales del párrafo, el magistrado sugiere que este tipo de estabilidad solo es procedente para contratos de prestación de servicios que encubran una verdadera relación laboral.
28 Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
29 El magistrado Mauricio González Cuervo salvó el voto, entre otras circunstancias, por considerar que no era función del juez de tutela determinar la existencia de un contrato realidad, pues la protección a la estabilidad reforzada de personas en condición de debilidad manifiesta procedía sin importar el tipo de relación contractual: “Siendo esto así, era suficiente con declarar infringido el derecho a la estabilidad laboral del trabajador en estado de debilidad manifiesta, tutelarlo y ordenar, por ejemplo, la renovación de la vinculación a través del contrato de prestación de servicios y el pago de honorarios, sin necesidad de hacer afirmaciones que ponen en duda el carácter subsidiario de la tutela y se encaminan a resolver conflictos de rango legal más que de carácter constitucional. Obrar en el sentido que se indicó, evitaría invadir la competencia de los jueces ordinarios, quienes a través de su labor son los llamados a declarar o no la existencia de una relación laboral”.
30 Magistrada ponente María Victoria Calle Correa.
31 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
32 M.P. Hernando Herrera Vergara.
33 Reiteración Sentencia T-253 de 2015, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
34 Con ocasión del estudio del artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
35 Citación de la Sentencia C-614 de 2009.
36 Ver Sentencia T-523 de 1998.
37 En la Sentencia T-500 de 2000, la Corte señaló que la denominación “contrato de prestación de servicios” no afecta la viabilidad de la tutela, si en realidad puede probarse una relación laboral.
38 Ver sentencia C-614 de 2009.
39 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.
40 En Sentencias T-1040 de 2001 y T-198 de 2006, la Corte sentó su posición sobre el ámbito personal de protección de esta garantía constitucional. Expresó, en esa oportunidad, al abordar el análisis del caso concreto: “La demandante en el presente caso no ha sido valorada como discapacitada. Sin embargo, sí estaba disminuida físicamente en el momento en que fue despedida, en la medida en que su afectación de la salud y la recuperación posterior a las intervenciones a las que fue sometida le impedían el desarrollo de las labores impuestas por su empleador. Es necesario determinar entonces si la situación de disminución física en que se encontraba la demandante debido a su afectación de salud y a su recuperación la hacen sujeto de una protección especial que implique el derecho al reintegro. (…) En el presente caso la empresa desatendió las órdenes médicas que contraindicaban la realización de determinadas labores físicas y, por el contrario, se empeñó en asignarle funciones contraindicadas, mientras el estado de salud de la demandante desmejoraba radicalmente. La Corte observa que a la demandante le fueron encargadas diversas labores que no se encontraba en capacidad de realizar. En primera medida, por su estado de salud, y en segunda medida, porque no fue adecuadamente capacitada para realizarlas. De hecho, fue despedida del último cargo que ocupó cuando llevaba sólo pocos días de labores. Por otra parte, pese a la orden médica de realizarle una valoración médica laboral a la demandante, y a que ella entregó dicha orden en la empresa, esta nunca se puso en contacto con la Aseguradora de Riesgos Profesionales, ni con alguna entidad para autorizarla.
41 Ver las aclaraciones y salvamentos de voto presentados por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez a las siguientes Sentencias: Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-302 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-773 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. María Victoria Calle Correa y A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-217 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-445 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Mauricio González Cuervo y A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-453 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo, S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), Sala Primera de Revisión, Sentencia T-837 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), y Sala Primera de Revisión, Sentencia T-405 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
42 Ver los salvamentos de voto presentados por el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo a las siguientes Sentencias: Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-166 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez y S.PV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-850 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo y S.P.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
43 Sin perjuicio de que la Sala Plena de esta Corporación, al pronunciarse sobre un caso similar, cambie su precedente.
44 Sentencia T-576 de 1998.
45 Sentencia T-826 de 1999.
46 Ver folios 15 al 32 del cuaderno 1.
47 Catalogada como tal en la Resolución 430 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección social.
48 i) Criterio funcional: implica que si la función contratada se refiere a aquellas que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, debe ejecutarse mediante un vínculo laboral.
49 Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente en el área física a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, en la proyección de conceptos técnicos de evaluación y seguimiento y de certificación de emisiones de prueba dinámica físico, tanto de uso propio como de comercialización en cumplimiento de la Resolución 910 de junio 5 de 2008, que reglamenta las emisiones para motocicletas, vehículos automóviles y de carga y la Resolución 2604 de 29 de diciembre de 2009, que reglamenta las emisiones para vehículos que serán incorporados al sistema de trasporte público de pasajeros y motocarros.
50 En la Sentencia T-988 de 2012, la Corte dijo: “Esa conclusión, por supuesto, no constituye un obstáculo para que la Sala otorgue la protección constitucional al derecho a la estabilidad reforzada del actor en su opción productiva y que, en atención a las circunstancias de vulnerabilidad que enfrenta, por razones de enfermedad, se dicten las órdenes adecuadas de protección”.
51 Sentencia T-576 de 1998.
52 Sentencia T-826 de 1999.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 26
 artículo 32
 Resolución 
 artículo 86
 Artículo 26
 artículo 137
 artículo 2
 Resolución 
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