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Timestamp: 2020-04-06 01:07:21+00:00

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Domingo H. Turner – Protagonistas Del Siglo XX Panameño
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Don Domingo H. Turner es un personaje surgido de las propias entrañas del pueblo panameño, que esculpió con letras de oro en el altar de la patria su paso por nuestra historia del siglo XX. Luchador social, jurista notable, político de casta noble, hombre de inteligencia excepcional y nacionalista tenaz, si bien ha sido el objeto de estudios parciales, requiere de un estudio profundo que permita la síntesis integral de su biografía política.
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Don Domingo H. Turner es un personaje surgido de las propias entrañas del pueblo panameño, que esculpió con letras de oro en el altar de la patria su paso por nuestra historia del siglo XX. Luchador social, jurista notable, político de casta noble, hombre de inteligencia excepcional y nacionalista tenaz, si bien ha sido el objeto de estudios parciales, requiere de un estudio profundo que permita la síntesis integral de su biografía política. Este ciudadano honrado, que legó una impronta irrepetible, fue uno de los casos sorprendentes en las décadas germinales de la república. En efecto, a pesar de que nació y se crio en un humilde hogar del interior del país, gracias a su educación liberal, su vigoroso talento, su perseverancia ilimitada, su fuerte carácter, su compromiso en el desarrollo de las clases obrera y campesina, y las causas de la democracia, así como a su defensa de la soberanía, se convirtió en un referente indiscutible del devenir nacional. Su concepción humana creía, con Federico Amiel, que todo ciudadano, en el estricto sentido de la palabra, debe conducirse siempre como si sus coterráneos fueran justos y la patria fuera agradecida; sí, como si la patria fuera agradecida, porque Turner el idealista político, el genitor de constituciones y códigos, el patriota incansable es, como expresó don Diógenes De la Rosa, “una de las figuras señeras en la lucha por la integridad e independencia de la nación panameña”.
Como abogado penalista descolló en el foro; como periodista combativo escribió páginas inolvidables en la prensa panameña; como ideólogo de izquierda es considerado el “zapador de las ideas sociales en Panamá”; como luchador social y organizador del pueblo dedicó sus mejores talentos a educar y organizar a los obreros y los campesinos; como político militante y audaz participó en la formación de colectividades políticas y en los episodios más arriesgados del irregular e inestable proceso de maduración del Estado republicano; como antifascista declarado fue combatiente en la tribuna, en la prensa y en las calles en contra del peligro que representaban para el mundo, para Panamá y para el Canal la amenaza hitleriana, las ideas mussolinianas y sus adláteres criollos; como patriota irreductible fue bienhechor de la esencia de la nacionalidad, en contra de las humillaciones y las acciones coloniales estadounidenses en perjuicio moral y material de la república, y del atraco a nuestro territorio, a consecuencia de la concertación del tratado Hay–Bunau-Varilla y su corolario la presencia militar yanqui.
Domingo H. Turner fue uno de los abogados penalistas más prestigiosos de la época, en la cual también se destacaban Carlos Laureano López, Julio Arjona Quintero, José Isaac Fábrega, Víctor Florencio Goytía, Fabián Velarde, Felipe Juan Escobar y Alejandro Tapia Escobar, entre otros. Sus relevantes intervenciones como acusador particular o abogado defensor en muchas de las audiencias públicas celebradas ante el Juzgado Superior de la República, emanadas de causas criminales muy polémicas, tuvieron eco nacional. El “joven criminalista y colega” Turner realizaba exposiciones claras, serenas, brillantes, oportunas y convincentes, “haciendo un estudio a la luz del criterio jurídico y a la luz de la conciencia del caso”, anotaba el diario El Tiempo (26 de noviembre de 1928). Turner “no concebía el ejercicio de su profesión en abstracto, como una actividad teórica, divorciada de la justicia social y de las realidades concretas. Entendía que la ley debe ser observada y aplicada, pero no a costa o con mengua de la equidad y la justicia. Por eso, en lugar de servirse de la práctica del Derecho para lograr ventajas y obtener bienes materiales […], escogió la senda áspera del combatiente social, de la defensa a ultranza de los postergados y desvalidos” (Dimas Lidio Pitty).
De ahí que no dudó ni un instante en poner sus servicios profesionales y su acción política a favor de la causa de los campesinos darienitas que se levantaron en un haz de voluntades contra la sociedad estadounidense Darien State Company, dirigida a reivindicar las tierras que esta empresa terrateniente usurpaba en una extensión descomunal de 149 176 hectáreas, que enclaustraba poblaciones enteras, así como en contra de los igualmente terratenientes Tomás Arias y Carlos Müller, asociados de la compañía. Su vocación por el Derecho, así como sus primeras nociones jurídicas, provenían de su estrecha relación con su abuelo materno, funcionario que ocupaba un importante puesto administrativo distrital, y quien entre sus funciones debía impartir justicia a los moradores de su jurisdicción. El niño Domingo H., hijo del súbdito británico James Henry Turner y de la panameña Rosa Pino, quien nació en Dos Ríos, distrito de Dolega, allá el 29 de abril de 1893, creció “bajo la protección y guía” de su abuelo Justo Rodríguez, alcalde de ese distrito, en donde cursó sus primeras letras, y Delmira Rodríguez, su madre de crianza. “Se cuenta que su abuelo lo mantenía a su lado a la hora de dictaminar sobre cuestiones legales, pues aunque poseía nociones de la ley, capacidad de discernimiento y sentido de justicia, el alcalde era analfabeto. Así que cuando debía aplicar una norma específica para zanjar una querella entre vecinos, sacaba de un cajón del pupitre un librote gordo, que era el Código Administrativo de Colombia, y le decía al nieto: “A ver, busque lo que dice allí sobre límites y cercas”.
El niño leía el artículo correspondiente. A continuación, el abuelo decía: “Ya oyeron: eso es lo que establece la ley”, emitía su fallo y así quedaba finiquitada la controversia sobre tierras, hurto, lesiones o lo que fuera” (Dimas Lidio Pitty). Ernesto Castillero R., en un bosquejo sobre este político de incidencia preeminente en el siglo XX —“liberal decidido, [que] defendía su credo con la pluma y la acción”— afirmó que al concluir el bachillerato en el Instituto Nacional, se trasladó fuera del país e hizo estudios de “Jurisprudencia en The Kent College of Law de Chicago, Estados Unidos, donde se tituló”.
El aprendizaje de los asuntos jurídicos fue de utilidad cuando hubo de afrontar un proceso penal en su contra, por el delito de homicidio a causa de un grave incidente ocasionado en las elecciones presidenciales de 1916, en las cuales competían el doctor Ramón M. Valdés, candidato apoyado por el presidente Belisario Porras, y Rodolfo Chiari, amparado por el expresidente Carlos A. Mendoza y otros insignes liberales, así como por la Convención Conservadora que adoptó su candidatura, pues consideró “sus ideas de Gobierno más propicias para desarrollar los ideales que sostiene el Partido Conservador” (La Prensa, 18 de marzo de 1916). En esa campaña electoral, Turner —discípulo político e “hijo espiritual” del doctor Mendoza— respaldó a Chiari y “fue atacado por varios elementos gobiernistas, uno de los cuales lo derribó de un planazo de su cabalgadura y ante el inminente ataque tuvo que desenfundar su arma y disparar contra el atacante que lo pretendía ultimar, acabando con la vida de su agresor” (Carlos Cuestas).
Nombró como su defensor al expresidente Pablo Arosemena, experimentado y ducho abogado, recordado por su acusación, siendo aún joven parlamentario en la Cámara de Representantes de Colombia, contra el presidente Tomás Cipriano de Mosquera. En la audiencia, que tuvo lugar en 1919, Turner en su autodefensa brilló con luz propia, de tal forma que el doctor Arosemena no tuvo que realizar mayor brío para el veredicto. Según Jorge Turner, Arosemena se limitó a expresar: “Después de escuchar a mi cliente poco tengo decir; solo deseo poner de manifiesto que hoy ha obtenido su título un nuevo abogado, positiva promesa del foro nacional”. El jurado de conciencia lo declaró inocente, porque sus miembros por unanimidad estimaron que había actuado en legítima defensa de su vida. “Ningún título de abogacía puede parangonarse con este diploma que le otorgara la vida, envuelto por tantos sinsabores y penalidades entre aletazos de gloria”. Fue escogido vocero, junto a la defensa del doctor Efraín Tejada Urriola, en el juicio seguido contra el joven Nicolás Sagel, debido al homicidio cometido en perjuicio del doctor Saturnino Perigault Barahona, gobernador de la provincia de Chiriquí.
Este hecho de sangre tuvo lugar a principios de 1920, en medio de un agrio conflicto de tierras en el oriente chiricano, entre la familia Sagel y el latifundista estadounidense William Gerald Chase, ocurrido en medio de la intervención militar del imperialismo estadounidense en Panamá, Colón y Chiriquí (so pretexto de que el doctor Ciro L. Urriola, encargado de la Presidencia de la República, había suspendido la elección de los Designados), y las presiones de Washington sobre el gobierno panameño para favorecer a su ciudadano. En la audiencia, celebrada en el Juzgado Superior de la República, con la asistencia de unas seiscientas personas, dice Cuestas que el vocero Turner relató “las tropelías de que fueron objeto familias enteras en Chiriquí durante la administración de Perigault, y de las que los Sagel eran un símbolo de resistencia a la imposición de los norteamericanos”. Esta defensa, “muy comentada en ese tiempo en los círculos judiciales del país”, fue determinante para que el veredicto unánime del jurado de conciencia resultara absolutorio (Diógenes De la Rosa). En 1925, Turner fue uno de los primeros panameños que logró alcanzar en la Corte Suprema de Justicia la idoneidad establecida por la Ley 55 de 17 de diciembre de 1924. Debió estudiar la carrera del Derecho y recibir su título, tal como lo reveló Castillero R., puesto que dicho título fue una exigencia legal instituida para autorizar el ejercicio profesional de la abogacía de los panameños que no tenían la idoneidad para ejercer las funciones de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Juez Superior de la República, Juez del Circuito o Juez Municipal en cabecera de Circuito.
Como el letrado no había ocupado ninguno de estos cargos, no me cabe la menor duda de que su licencia de abogado le fue concedida por la presentación del título correspondiente. Entre sus famosas causas penales también se rememora el juicio penal seguido contra Manuel Salvador Vargas, alcalde de Las Palmas (Veraguas), sindicado con Antonio Sanjur, miembro de la Policía Nacional, del homicidio perpetrado contra Federico Palacios, alto empleado del telégrafo en esta provincia “y persona ampliamente conocida en los círculos sociales y políticos”. Este hecho de sangre ocurrió el 5 de agosto de 1928, durante los comicios generales en las que resultó elegido el ingeniero Florencio Harmodio Arosemena, presidente de la república. En este juicio por homicidio y lesiones personales, impregnado de enorme carga política, que involucraba a miembros del Partido Liberal y en el que declararon Pablo Alvarado, Daniel Pinilla, César Alcedo, Arturo Amador García y Manuel Higinio Arosemena, mientras que Turner fue el acusador particular por la familia del occiso, el Fiscal fue el licenciado José Isaac Fábrega, la defensa estuvo a cargo del doctor Honorio González Guill y actuó de vocero de los encausados el doctor Alejandro Tapia Escobar.
El jurado de conciencia por el homicidio declaró inocente a Vargas y culpable a Sanjur. Ambos fueron declarados inocentes por el cargo de lesiones personales. Otro caso de cariz político fue el trascendente proceso penal que involucró a los hermanos José del Rosario, Basilio e Isidro Fuentes, sumariados por el homicidio de Gregorio Maltez, hijo de Martín Maltez, alcalde del distrito de Los Santos, tragedia ocurrida en La Villa, la madrugada del 13 de noviembre de 1928, en medio de las celebraciones del Primer Grito de Independencia de Panamá de España (años después la fecha de celebración se cambió para el 10 de noviembre). La muerte de Maltez sucedió tras disgustos y riñas anteriores, en las que hubo incluso encuentros a mano armada y se consideraba “el epílogo de una serie de viejas rencillas lugareñas avivadas por el calor de la última política” (El Tiempo, martes 13 de noviembre de 1928). José del Rosario Fuentes fue sobreseído por el Juez Superior de la República. Sus hermanos Basilio e Isidro Fuentes, autor y cooperador, respectivamente, fueron enjuiciados. En la sala de audiencias, “atestada de personas que están interesadas en seguir los alegatos, los cuales prometen ser brillantes por la calidad de los abogados que en ellos toman parte” y en la que desfilaron el exalcalde Maltez, Jacinto López y León, gobernador de Los Santos y otros testigos, se enfrentaron, ante el jurado de conciencia, el fiscal José Isaac Fábrega, el acusador particular Fabián Velarde y los defensores de los procesados, Domingo H. Turner y Efraín Tejada Urriola. El 3 de agosto de 1929, el jurado de conciencia absolvió a los acusados, veredicto que fue un “ruidoso triunfo” para estos dos “distinguidos abogados de nuestro foro”.
Periodista combativo y escritor atildado
Turner antes de abogado fue periodista, vocación cultivada con deleite desde su más temprana edad. Graduado al influjo de la escritura, del linotipo y de la rotativa, recorrió todos los niveles del oficio: reportero, cronista, corresponsal, editorialista, columnista, jefe de redacción y director. “Él formó parte de los más selectos del periodismo de su tiempo, al lado de Guillermo Andreve, José Dolores Moscote, César Saavedra Zárate, Jeptha B. Duncan, Abilio Bellido, Guillermo Colunje (Linotipo), Alberto González (Torpedo), Simón Elliet, Santiago Ludovico Benuzzi, Jesús González Escarpeta (Bradomín) y Diógenes De la Rosa” (Pardo, 1974). Su preceptor en estas lides fue el doctor Carlos A. Mendoza, “el caudillo que después de la independencia logró conducir al Liberalismo a las cumbres del Poder Público” (Turner). Así lo confesó en el discurso que pronunció en el centenario del nacimiento del expresidente Mendoza: “Maestro de periodistas dije, y es lo cierto.
Quien os habla tuvo el privilegio de ser su modesto discípulo en esta brillante faz del pensamiento. Recuerdo, con emocionante gratitud, que fue el gallardo doctor Mendoza quien dirigió mis primeros pasos a este respecto, suministrándome esqueletos de artículos, gacetillas, etc., que yo rellenaba y luego conducía ufano a la imprenta de los periódicos cuya savia y cuya luz él les suministraba copiosamente”. Sus primeras armas en el periodismo las blandió en 1911, en el Instituto Nacional, desde las páginas del periódico estudiantil El Taredo, o sea, El Taladro, publicación manuscrita que él fundó, con otros discentes, para divulgar con un tono satírico y humorístico las actividades y las preocupaciones estudiantiles en este centro de educación media, inaugurado dos años antes, al cual concurrió para estudiar de la mano del presidente José Domingo de Obaldía, su paisano y acudiente —gracias a la beca concedida por el doctor Eusebio A. Morales, Secretario de Instrucción Pública—, bajo la orientación magisterial de reputados docentes extranjeros (los Baxter, los Neumann, los Dexter, etc.) y nacionales (Justo A. Facio, Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote, Narciso Garay, Alfonso Preciado, etc.), quienes “formaron una pléyade de intelectuales que luego ocuparon los primeros puestos en la dirección de la república y que dieren lustre a la Nación y fama al ‘Nido de Águilas’, como se llamó al prestigioso colegio, ‘crisol de la unidad y de la grandeza de la República’” (Castillero R.).
También dirigió La Voz del Pueblo, periódico de naturaleza política ligado al liberalismo santanero, “cuyo foco de irradiación constante fue siempre el maestro de periodistas, de políticos y de caballeros […] el doctor Carlos Antonio Mendoza” (Turner). Su redacción se hallaba en la sede del sector liberal, que, comandado por Mendoza, propulsaba en las elecciones presidenciales de 1916 la candidatura opositora de Rodolfo Chiari, en contra del abanderado oficial, el doctor Valdés. Este último había surgido de la Sexta Convención Nacional del Partido Liberal, controlada por el sector adepto al doctor Porras —“estrella del liberalismo istmeño”, “mitad Mosquera, mitad Murillo” (Turner)—, entonces presidente de la república, en virtud de que “su actuación en el seno del Partido lo hace acreedor a tal distinción y cuyas capacidades morales y de estadista permiten confiar en que sabrá administrar con tino los intereses públicos, desarrollando desde el Gobierno el […] programa” diseñado por este Partido. Desde este combativo periódico, Turner se enfrentó denodadamente a La Prensa y al Diario de Panamá, que sostenían las aspiraciones del doctor Valdés, promoviendo por su parte los méritos políticos y las virtudes de Chiari. Luego dirigió el Diario Nacional entre 1919 y 1922, fundado con George Henry, con oficinas ubicadas en el Club Liberal Carlos A. Mendoza, que realizó una exitosa gestión periodística y política, con el respaldo del ulterior dueño de la imprenta, Francisco Arias Paredes.
Fiel a la “gloria institutora”, puso también el diario al servicio de los estudiantes del “Nido de Águilas”, quienes con la audacia que proporciona la juventud hacían denuncias en torno a la conducción de este plantel por parte de su rector, el doctor Octavio Méndez Pereira. En 1924 fundó y dirigió otro periódico: El Hombre Libre, en el que contó con la colaboración de Buenaventura Garcerán, Tomás Maytín, Gavino Sierra Gutiérrez y Diógenes De la Rosa, su discípulo del periodismo y luego compañero de luchas. Lo mismo fue con El Cristo del Pueblo. Ambos medios de comunicación impulsaron los anhelos presidenciales del general Manuel Quintero Villarreal. Además, en el curso de su prolongada vida prestó servicios en La Estrella de Panamá, Diario de Panamá, El Tiempo y El Pueblo. Publicó columnas de opinión en El Panamá América, y en el semanario Renovación. A finales de la década de 1920, fue editor de La Ley, revista mensual de Derecho, Legislación y Jurisprudencia, vinculada al Sindicato Nacional de Abogados y luego al Colegio Nacional de Abogados, del cual fue posteriormente primer secretario de la junta directiva. Además, fue editor de la revista Lotería, en compañía de Juan Antonio Susto, entre diciembre de 1955 hasta finales de 1960.
Domingo H. Turner fue uno de los organizadores de la Asociación de Periodistas de Panamá, cuyo primer presidente fue Guillermo Andreve, allá en noviembre de 1927, cuando el órgano ejecutivo le otorgó la personería jurídica respectiva. De tal organización, de la que fue presidente y fiscal, también formaron parte Samuel Lewis García de Paredes, Dámaso Botello, Gil Tapia Escobar, Tomás Gabriel Duque, Abilio Bellido, Diógenes De la Rosa, Cristóbal L. Segundo, Alberto González, Víctor Florencio Goytía, José Isaac Fábrega, Aníbal Ríos, Ricardo J. Alfaro, Octavio Méndez Pereira, Heliodoro Patiño y Nelson Rounsevell. Casi dos décadas más tarde contribuyó a la constitución del Sindicato de Periodistas de Panamá, en el que fue miembro activo, miembro honorario, presidente honorario, a más de ocupar “otras posiciones cimeras”. Como “miembro del Sindicato de Periodistas y activista de las lides informativas el Lic. Turner ocupó papel de vanguardia en la orientación ciudadana, con noble dedicación a la defensa de nuestra soberanía en el territorio panameño de la Zona del Canal”, reza la resolución la cual se lamenta su deceso y se le rinden honores póstumos. El periodista y escritor Domingo H. Turner decía con sinceridad en un acto público que prefería leer las cuartillas por él redactadas en vez de dejarse llevar “por los azares de una improvisación verbal, para la que carezco de dotes en lo absoluto”. Pero en verdad sus contemporáneos lo reconocieron no solo como periodista y escritor “analítico, pulcro y didáctico”, sino también como “orador vibrante y carismático” (Pardo, 1974).
En este último sentido, abonaba Diógenes De la Rosa que, a principios de la década de 1920, ya Turner tenía estatura de “líder nacional en decisivas reivindicaciones sociales y políticas”, y sus intervenciones en el parque de Santa Ana eran esperadas. “Para que la plaza se llenara […] solo había que tirar unas hojitas sueltas por los barrios populares que anunciaran: ‘Mitin en Santa Ana, hablará Turner’. Y la plaza era colmada desde muy tempranas horas de la noche”. Su obra escrita, que está diseminada en los diarios, los semanarios y las revistas nacionales, merece sinceramente publicarse en forma completa, tal como lo reclamaba Rodrigo Miró, al decir: “Son textos que constituyen hoy una legado indispensable para quienes intenten comprender la evolución política de la república y la naturaleza de sus problemas”. Igualmente, el doctor Jorge E. Illueca (2008), quien planteaba: “El mejor tributo a Turner, que es una obligación con la Patria, debe ser recopilar y publicar su obra dispersa, que es un legado político y cultural que en mucho enriquece el patriotismo espiritual de la nación panameña”. Sus discursos, sus ensayos, sus estudios y sus columnas de opinión, que permiten un acercamiento serio, desde una óptica distinta, para conocer mejor nuestro pasado, sus hombres y sus mujeres, entender cabalmente nuestro presente y proyectar apropiadamente los desafíos de nuestro futuro, tratan los más variados problemas nacionales: funcionamiento del Estado, administración pública, política económica y fiscal, Constituyente de 1904 y su obra, problema inquilinario, plan de un Gobierno de cuatro años, peligro fascista y Canal de Panamá, política y política de sector, mito de la historia, derechos panameños sobre el Canal, trabajadores panameños en la Zona del Canal, liberalismo y poder en 1910, organización del trabajo de la campaña política del Frente Popular Panameño, Constitución de 1946, y el caso de Hugo Neri, entre otros.
Así mismo, son de valor incalculables sus pinceladas sobre nuestros hombres públicos y sus circunstancias, a saber: Victoriano Lorenzo, “el indio inmolado”, “símbolo de la rebeldía popular”; doctor Belisario Porras, doctor Carlos A. Mendoza, general Manuel Quintero Villarreal, Francisco Arias Paredes, doctor Ricardo J. Alfaro, general Carlos Clement, Homero Ayala, Félix E. Oller, Ricardo Manuel Arias Espinosa, y Ernesto de la Guardia, entre otros.
Proyecto de Código del Trabajo
El diputado Domingo H. Turner, elegido por la provincia de Chiriquí en las elecciones de 1924, consecuente con su condición de dirigente del Sindicato General de los Trabajadores, en la Legislatura 1926-1927 presentó ante la Asamblea Nacional su Proyecto de Código del Trabajo. El Proyecto contenía normas derivadas de principios laborales basados en la obligación patronal de celebrar contratos de trabajo, la limitación de la jornada de trabajo, el pago del salario al trabajador, el beneficio de riesgos profesionales, la protección especial del trabajo de las mujeres y de los menores, los métodos de la conciliación y el arbitraje dirigidos a resolver los conflictos entre patronos y trabajadores, el derecho a declarar y ejecutar huelgas lícitas en defensa de los derechos de los trabajadores, el establecimiento del Departamento Nacional del Trabajo y la creación de los Consejos de Trabajo para concertar las partes en conflicto, en el marco de su actuación como tribunales de conciliación o de arbitraje forzoso en las querellas de orden social. En la exposición de motivos se aceptaba con honestidad que “Este Código no es ni podía ser obra original.
En legislación las tres cuartas partes del trabajo son de adaptación como que los principios en que se funda el derecho son universales, y la tendencia es siempre a asimilar lo mejor de las fórmulas existentes. Las legislaciones mejicana, uruguaya y argentina son las que han servido de base a la composición del Código. Natural que haya sido así, primero porque el conjunto es copioso y en punto a la doctrina científica no va a la zaga de las mejores legislaciones del mundo europeo, y segundo, porque siendo México, Uruguay y Argentina pueblos indohispánicos, de fisonomía racial idéntica y de principios y costumbres muy afines a las nuestras, bien se explica que sigamos su ejemplo, a efecto de evadir, hasta donde ello sea posible, exotismos perjudiciales”.
La Organización Internacional del Trabajo, entidad aneja a la Liga de las Naciones, por intercesión del doctor Octavio Méndez Pereira, ministro de Panamá en Francia y Gran Bretaña, realizó un estudio denominado “El Proyecto de Código del Trabajo presentado a la Asamblea Nacional de Panamá y la Legislación Internacional del Trabajo”. Sin perjuicio de que el estudio mostrara “separadamente, punto por punto, cómo el espíritu y la letra de cada artículo del Código de Trabajo interpreta fielmente el espíritu y la letra de la legislación internacional”, en las dos conclusiones generales se indicaba que “las medidas propuestas por el autor encaran las cuestiones más urgentes para la mejora de la vida del trabajador”, y que “todas las disposiciones sugeridas por este Código del Trabajo están en perfecto acuerdo con las convenciones y recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo”.
En 1926 este proyecto recibió el primer debate en la comisión respectiva de la Asamblea Nacional, conformada por los diputados, doctores Alfonso Correa García y Harmodio Arosemena Forte, y figuró en la agenda del segundo debate, ante el Pleno, en los primeros días de la segunda quincena de 1927, aunque nunca fue discutido. No estaban dadas las condiciones objetivas ni subjetivas para que el Órgano Legislativo adoptara un Código de Trabajo para la República de Panamá. No existía un movimiento sindical vigoroso que impulsara desde las calles tal excerta legal, ni era esa preocupación de los diputados liberales y conservadores que integraban este Órgano de Estado. Por el contrario, sus intereses y los de la clase que representaban se verían afectados; es más, la preocupación mayor a corto plazo de los legisladores se concentraba en el tratado sobre el Canal suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Panamá, que debían examinar, aprobar o rechazar, y el cual causó inusitada efervescencia ciudadana en contra de este pacto, mientras que la preocupación a mediano plazo giraba en torno a la candidatura presidencial, pues este año era de naturaleza preelectoral y ya se estaban barajando los nombres de los precandidatos.
Sobre el destino de este Proyecto, el Diario de Panamá, en junio de 1929, expresaba: “Hoy es letra muerta en los archivos de la cámara, índice mudo de un gesto reivindicativo de los derechos de la clase trabajadora, que le son caros al exdiputado chiricano y también de la indiferencia oficial, tanto menos excusable cuanto que es obligación de Panamá contraída en el pacto de Versalles decretar una legislación social moderna. El estudio (de la OIT) […] demuestra que el proyecto Turner no estaba lejos de llenar estas condiciones”. Pero la actividad legislativa del inquieto parlamentario no se restringió a dicho Proyecto.
Diógenes De la Rosa aseguraba que en las legislaturas de ese período 1924-1928 se caracterizó “por su clara posición de todo esfuerzo enderezado hacia el progreso político y social de la nación. Fue en la Asamblea un vocero legítimo de las penurias y aspiraciones populares, menester que adelantaba dentro de un pensamiento liberal en cuanto a la afirmación de las libertades y derechos democráticos, y social por su sentido y proyección”.
Convenio de 1926
El tratado suscrito entre plenipotenciarios de los Estados Unidos de América y la república de Panamá, el 28 de julio de 1926, tras dos años de negociaciones, destinado al restablecimiento de concesiones económicas y fiscales otorgadas a Panamá mediante el “Convenio Taft”, abrogado por los Estados Unidos, y a presuntamente aclarar algunos puntos del tratado Hay–Bunau-Varilla, generó una grave crisis política porque fue dado a conocer, en diciembre, primero en el exterior (Cuba y Costa Rica), antes que en el istmo y, lo fundamental, por las cláusulas onerosas para nuestro país. Los Estados Unidos en este acuerdo se comprometían a impedir la constitución de empresas en la Zona del Canal ajenas al funcionamiento del Canal; restringir la venta de mercancías y efectos a los empleados del Canal y del Ferrocarril y a buques; conceder el derecho a Panamá de importar mercancías por los puertos de la Zona y establecer aduanas; permitir el tránsito libre recíproco de mercancías entre Panamá y la Zona, pero Panamá conservaba el derecho de gravar con impuesto lo que se importara de los comisariatos y de los almacenes de depósito; conservar los caminos que quedaban bajo su jurisdicción; permitir a los panameños residentes en la Zona el derecho votar en las elecciones generales; permitir a Panamá la construcción de su propio Lazareto y Manicomio y de administrar sin intervención extraña el hospital Santo Tomás, etc.
No obstante, las ventajas para esa nación eran ostensibles: los Estados Unidos extendían su jurisdicción sanitaria de las aguas marítimas de los puertos de Panamá y Colón a otras partes de la república en la emergencia de alguna epidemia que el Gobierno de Panamá no pudiera dominar; tenían el derecho de instalar, mantener y operar para uso oficial las líneas de teléfono y telégrafo en las vías de comunicación construidas en Panamá; asumían la facultad de trazar las rutas aéreas por todo el territorio nacional, de otorgar licencias, conjuntamente con Panamá, para la operación de naves, y de inspeccionar tales naves; recibían el derecho de autorizar las licencias en Panamá para operar estaciones o aparatos radiográficos; se les concedían a perpetuidad el uso, la ocupación y el control de una porción de la isla de Manzanillo, donde está construida la ciudad de Colón, sus aguas y bahías adyacentes; tenían derecho a que Panamá cooperara en ese país en la protección y la defensa del Canal; por consiguiente, Panamá se consideraba en estado de guerra en cualquier conflicto armado en el que los Estados Unidos fueran beligerantes, entre otras.
El tratado, “la más que se había podido conseguir”, decían los negociadores, fue sometido a la consideración de la Asamblea Nacional el 15 de diciembre de 1926. “El presidente Chiari —dijo Turner— hizo un leve esfuerzo, bajo presión, para que la Asamblea Nacional lo aprobase, sin conseguirlo. Harmodio Arias y el que suscribe habían organizado en el seno del Cuerpo Legislativo una brava oposición que culminó con la repulsa del proyecto de 1926, que como coyunda completaba la Convención Hay–Bunau-Varilla”. En este sentido, el expresidente Jorge E. Illueca (2008) contó muchos años después que los diputados Harmodio Arias Madrid y Domingo H. Turner abanderaron en dicha Asamblea “las jornadas de defensa de la integridad nacional”, que culminaron con el rechazo del tratado Alfaro-Kellogg.
“Se conjuraron con este propósito dos grandes talentos: el jurídico del doctor Arias, avalado por su tesis doctoral sobre el canal de Panamá, y el político de Turner, quien con el apoyo del Sindicato General de los Trabajadores de la República y su ascendencia sobre los grupos humanos de la ciudad y del campo, fue el brazo de acción popular desarrollada para rechazar el ominoso instrumento”. La Sociedad Acción Comunal y el Sindicato General de los Trabajadores, por conducto de sus figuras más destacadas, encabezaron la lucha cívica contra el tratado en el seno de la sociedad panameña. El 4 de enero de 1927 este Sindicato General, bajo la conducción de Cristóbal L. Segundo, Carlos Sucre, Alberto L. Rodríguez, Eugenio Cossani y Diógenes De la Rosa, del Comité de Mítines, en conformidad con la Constitución Política de 1904, comunicaba al alcalde municipal de Panamá, Justo Pastor Paredes, que se realizaría tres días después una reunión publica en el parque de Santa Ana, “con el objeto exclusivo de manifestar ampliamente sus ideas y sentimientos adversos al tratado del Canal, pendiente de aprobación de la Asamblea Nacional”.
El Alcalde dispuso, mediante resolución, que tal acto era inconveniente para la tranquilidad pública y amenazó a los firmantes del memorial con una sanción de arresto, en caso de que procedieran conforme a sus propósitos. A tal fin puso la comunicación en conocimiento del Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Policía Nacional, con instrucciones terminantes de que “impida tal reunión por razones que en ocasiones anteriores se han dado y que se repiten por cuanto parece que no se quiere entenderlas”.
Semejante trato del alcalde recibió Acción Comunal que, mediante memorial de aquella fecha, suscrito por el licenciado Víctor Florencio Goytía, había solicitado autorización para celebrar una sesión plenaria pública en el parque de Santa Ana, porque anticipaba “funestas consecuencias”, pues “Dolorosas experiencias enseñan que nuestros mítines degeneran en actos de violencia, que nada solucionan y que acarrean en cambio desgracias de las que de las que siempre se culpa a los gobiernos, por lo que sus representantes deben imperiosamente evitar los extremos que a ellos conducen si tienen idea clara y precisa de sus responsabilidades como funcionarios públicos”. Interesante interpretación de la democracia liberal: democracia, justicia y libertad para los conmilitones; en cambio para los opositores: libertad de reunión coartada, tolete policial sobre sus cabezas y amenazas de cárcel.
En la sesión de la Asamblea Nacional, llevada a cabo el 6 de enero, el legislador Turner logró que se aprobara una resolución la cual ordenó citar al Secretario de Gobierno y Justicia, doctor Carlos L. López, para que contestara un cuestionario de cuatro preguntas, pues las resoluciones alcaldicias hacían nugatorios los derechos consagrados por la Constitución Nacional, con la excusa de garantizar el libre tránsito y estaban en contradicción con las manifestaciones de este Secretario, en el sentido de que el Poder Ejecutivo no tenía “la intención de reprimir las manifestaciones tendientes a conocer la opinión nacional por medio de todos sus órganos”. En el recinto legislativo, donde en el acto se apersonó, hubo un enfrentamiento dialéctico Turner-López, y el diputado logró que el Premier reafirmara su posición: no animaba al Gobierno el espíritu de “reprimir en forma alguna la libre emisión de la opinión pública; que es cuando se trata de actos sediciosos o de acusaciones indebidas, cuando este se cree llamado a repeler tales agresiones”.
Por último, ante preguntas incisivas y legítimas del diputado sobre la actitud del Alcalde capitalino, de la que fueron víctimas sus compañeros, los militantes del Sindicato General, el doctor López indicó:
“He dicho que el Gobierno no quiere ni desea reprimir las manifestaciones públicas, en contra ni en pro del tratado. Si algún funcionario se aparta de lo dispuesto en la Constitución tenemos el artículo 26 […]. Así es que aun cuando el poder Ejecutivo ordenara al alcalde del Distrito que hiciera la prohibición de la manifestación, no quedaba este eximido de responsabilidad”. Triunfo rotundo de la causa antitratado, gracias a la tenacidad de Turner. Y no hubo represión, prevaleció por fortuna el sentido liberal de la libertad. La libre discusión entre los partidarios y los opositores al tratado prosperó a lo largo y ancho del país. Un punto a favor del Gobierno del presidente Rodolfo Chiari, que debe reconocerse. Algún aprendizaje le había quedado de la experiencia inquilinaria del año 25, aplastada con la malhadada intervención estadounidense, cuya funestas consecuencias trajo consigo el saldo terrible de muertes, heridas y atropellos contra humildes trabajadores.
El 10 de enero comparecieron a la sede del Sindicato General de Trabajadores el diputado Turner y la licenciada Clara González para disertar sobre el tratado. El Heraldo, periódico porrista, adversario al Gobierno y al tratado, dirigido por Enrique A. Jiménez, informaba que “el numeroso público que invadía el recinto estaba ansioso de oír la palabra del diputado chiricano, quien, como es sabido, tiene formada su idea sobre el tratado en discusión. Es, según lo manifestó el orador, francamente adverso a él”.
Turner, quien planteaba la nulidad de dicho tratado a la luz de la Constitución, expuso “que la república no conseguía nada que efectivamente mejorara al actual estado de cosas, sino que, por el contrario, ponían al país en situación más difícil”. “Dijo que el lema de Panamá, debía ser ante todo: PAnAmá no cede, quizá evocando la frase que en Verdún hizo célebre al General Pétain, cuando afirmó ante la furia alemana que: no Pasarán.
El señor Turner fue muy aplaudido después que terminó”. El 11 de enero, el doctor Ricardo J. Alfaro, ministro de Panamá en Washington y el principal negociador del tratado, se reunió por cuatro horas en el salón Amarillo del Palacio de Gobierno, con legisladores de la comisión parlamentaria que estudiaba el pacto. El doctor Alfaro explicó el tratado de 1903 y lo comparó con el nuevo convenio suscrito. Asistieron a esta reunión informal el Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Horacio Alfaro, el presidente de la Asamblea Nacional, Héctor Conte Bermúdez, el presidente de la Comisión, Carlos Guevara, y los diputados Domingo H. Turner, Harmodio Arias Madrid, Enrique A. Jiménez, Octavio Vallarino y Jacinto López y León, entre otros.
El 19 de enero, a convocatoria del Sindicato General de Trabajadores, presidido por el licenciado Cristóbal L. Segundo, y ante una concurrencia de mil personas (la mayoría obreros), de ellas doscientas damas, se escuchó la conferencia pronunciada por el doctor Efraín Tejada Urriola, dirigente liberal colonense, quien concluyó que el tratado era “ilegal, injusto y hasta criminal”.
Luego el diputado Turner, “líder obrero y paladín de la campaña antitratadista”, hizo uso de la palabra y sugirió a los presentes que acudieran a las sesiones de la Asamblea Nacional para “que se exigiera que cada día hablara un representante del pueblo acerca de sus ideas sobre el tratado. ‘Vosotros tenéis derecho a hacer esa exigencia, puesto que fuisteis vosotros quienes nos elegisteis para representaros y defender vuestros intereses. Nosotros empeñamos nuestra palabra de honor de cumplir así vuestro mandato, y hoy más que nunca, hoy que una espada pende sobre la cabeza de la república, debemos dar cumplimiento a nuestra palabra dada, si somos hombres de honor, a costa de nuestras vidas’” (El Tiempo, jueves 20 de enero de 1927). El 25 de enero el Sindicato General de Trabajadores convocó a una gran Asamblea General, con la participación de algunos diputados, para aprobar una huelga de todos los trabajadores y empleados de la capital, de tal suerte que el mayor número de obreros, que hiciera “barra”, pudiera concurrir a la Cámara Legislativa el 27 de enero, nueva fecha límite, propuesta por el diputado Turner y aceptada por sus colegas, para que la Comisión de estudio al tratado entregara su informe al Pleno.
Pero en la sesión del 26 de enero se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición con una fórmula que no aprobaba ni rechazaba el convenio: se suspendía su consideración, “hasta tanto el Poder Ejecutivo haya tenido la oportunidad de gestionar, una vez más, lo conducente a conseguir soluciones que satisfagan plenamente las aspiraciones de la Nación”. Bajo las aprehensiones de la reacción ocurrida en los Estados Unidos tras el rechazo del Senado colombiano del tratado HerránHay, la redacción de este texto tuvo el cuidado de no hacerle un “desaire internacional” a ese país, lo que hubiera “implicado la improbación lisa y llana”. Su letra y su espíritu permitían a Panamá seguir gestionando ante Washington una solución satisfactoria a sus diferencias (Ricardo J. Alfaro).
En una carta del 11 de abril de 1940, dirigida al doctor Ricardo J. Alfaro, a pedido del destinatario, Turner recordaba que en el Club Unión se reunieron Alfaro, el doctor Eduardo Chiari, hermano del presidente de la república, otro de los negociadores y líder gobiernista en la Asamblea, el diputado Harmodio Arias M., y él, opositores al régimen, para concertar una especie de “armisticio”, en razón de que “la opinión pública se había caldeado al rojo vivo y era conveniente llegar en la Cámara a un entendimiento entre las fuerzas contendientes”. En los días previos, estos legisladores opositores, en inteligencia con los diputados coloneses Ezequiel Fernández Jaén, Dámaso Cervera y Alfonso Correa García, idearon esa fórmula “práctica e inteligente” “para defender los intereses del país”, y prestándole a su vez al Poder Ejecutivo la oportunidad “para que continúe defendiendo los intereses nacionales” (Correa García). El doctor Arias M., aportó un proyecto de resolución por él redactado, que fue modificado por el doctor Alfaro, “atenuando el sentido de algunas palabras y hasta el giro de alguna frase, sin atentar a su fondo”. Transcrito el proyecto a máquina por Turner, el doctor Chiari fue a la Presidencia y se lo entregó al primer mandatario, quien le agregó la frase “una vez más”. Acto seguido, el diputado Chiari lo llevó al Parlamento y Turner se encargó de recoger la firma de los diputados presentes y de someterlo a la consideración del pleno, que lo aprobó sin discusión y por unanimidad.
La epístola concluyó así:
Le manifiesto mi estimado doctor —a fuer de caballero y hombre leal— que, por lo menos durante la concertación del acto por el cual se le puso término a la consideración del tratado de 1926, en la Asamblea Nacional, ni usted ni el doctor Chiari, a nombre propio ni a nombre del Gobierno, expresaron opinión o ejecutaron acto que significara presión o siquiera intención de parte de los altos funcionarios administrativos y diplomáticos de la Nación, de supeditarse a la voluntad popular, radicada en el Cuerpo Legislativo, ni tampoco a los mejores intereses de la Patria, que todos, absolutamente todos, llevábamos muy adentro en el corazón, pese a las profundas diferencias que en materia de interpretación de las cláusulas del tratado, nos dividían. Considero que la mentada resolución merece ser calificada de providencial, pues dio lugar a que más tarde el doctor Harmodio Arias, uno de los concertadores de ella por parte de los opositores al tratado, ya convertido en presidente de la república, por golpe de azar, llamara precisamente a uno de los concertadores de la misma por parte del gobierno de don Rodolfo Chiari, negociador y signatario además del pacto de 1926, y al propio “premier” de ese gobierno, doctor Carlos L. López, para que iniciaran los dos y llevara hasta su conclusión el primero, a nombre de Panamá, la negociación de unos pactos que, si no satisfacen “plenamente” las aspiraciones de la Nación —como fue la mente de todos legisladores y hombres del gobierno de 1927— sí se atiende a la solución de muchas de sus demandas y se alivian situaciones que nos humillaban en el concierto de los pueblos libres de la tierra. Reconozco, desde luego, que mucho debemos en la consecución de este nuevo rol de vida a la política de buena vecindad que noblemente han practicado Franklin Delano Roosevelt y sus colaboradores en materia de relaciones internacionales, desde que advinieran al Poder, en los Estados Unidos de América, el 1° de enero de 1932.
El licenciado Domingo H. Turner conjugó la acción política con la acción sindical a favor de los derechos de los trabajadores. En su vida cotidiana bregó denodadamente en ambas esferas, y en unas ocasiones promovió la actividad sindical para que se alcanzaran objetivos políticos, y en otras, impulsó el quehacer político a los fines de que se consiguieran metas laborales. Aunque sus inicios en la política ocurrieron en las aulas del Instituto Nacional, a través del periódico estudiantil que regía, dedicado a taladrar las deficiencias del plantel y a recoger las inquietudes de sus condiscípulos, su bautizo de fuego en la política nacional tuvo lugar en las elecciones generales de 1912, cuando la competencia se desarrolló entre dos liberales: doctor Belisario Porras, contendiente de oposición, y Pedro Díaz, candidato del gobierno del doctor Pablo Arosemena, Primer Designado Encargado del Poder Ejecutivo. En el marco de las irregularidades habidas en ese proceso electoral, encaminadas a imponer el candidato oficial, en Dolega se enfrentaron, en el contexto de varios desórdenes derivados de la campaña, los seguidores porristas, entre los que se encontraba el joven Turner, y los partidarios gobiernistas, con resultado trágico: un muerto y varios heridos. A su retorno al suelo patrio, “después de concluir los estudios en Norteamérica”, se incorporó a la Asamblea Nacional en el puesto de relator, y cuatro años más tarde en el de secretario; también “hizo su estreno en las agitaciones que se suscitaron en el corazón de la democracia —parque de Santa Ana—, en los movimientos de los obreros, la lucha pro vivienda para los pobres, y las frecuentes diligencias políticas partidista” (Gutiérrez, 1981).
En 1916, ulteriormente a la fundación del Club Liberal Carlos A. Mendoza, organizado en ayuda a la candidatura de Rodolfo Chiari y durante el curso de la campaña electoral, surgió aquel incidente trágico en el que se vio envuelto. Superado este trance, fue elegido popularmente en 1918 para ocupar el cargo de concejal en el Concejo Municipal de Panamá. En esta corporación edilicia asimismo fue su secretario. Los líderes sindicales, entre los que estaban Luis Alejandro Víctor, Faustino Figueroa, Domingo H. Turner, Andrés Mojica, Enoch Adames, José María Blázquez de Pedro, Joaquín Beleño C., Juan B. Sosa, Abilio Bellido, Narciso Navas y Nicolás E. Casís, en representación de gremios que operaban en Panamá y en la Zona del Canal, instauraron en 1921 la Federación Obrera de la República de Panamá, la que en un país sin fábricas y, por lo tanto, sin obreros, en el sentido estricto de la palabra, “reconoce como obrero a toda persona del sexo masculino o femenino que como artesano, empleado, jornalero necesita obtener por medio del trabajo diario permanente lo necesario a su subsistencia y la de su familia”.
Turner confesaba que su génesis sindical emanaba del gremio Unión Obrera (entidad de artesanos limitada al esquema mutualista, filial de la American Federation Labor del estadounidense Samuel Gompers), “única casa social existente”, en la que “encontrábamos albergue los que sentíamos preocupación por las clases trabajadoras que, despedida en gran cantidad de los trabajos del recién construido el canal interoceánico, deambulaba por todas partes sin oficio ni beneficio”. En el mismo año que se organizó la Federación Obrera, se suscitó la invasión de tropas costarricenses a la región limítrofe de Coto, territorio panameño conforme al Laudo Loubet, desvirtuado este por el Fallo White, entonces en disputa entre ambos países.
Unas declaraciones infortunadas del presidente Porras (casado con una dama costarricense), encendieron al pueblo santanero que, con Turner a la cabeza, enfiló la manifestación hacia la Presidencia de la República, en donde le exigieron la renuncia al mandatario, quien rechazó tal demanda, con el argumento de que fue elegido por el pueblo de toda la república y no solo por el del barrio de Santa Ana. En estas expresiones populares, que degeneraron en desórdenes, Turner fue herido de bala en un brazo, por uno de los guardaespaldas del presidente, de modo que este miembro le quedó inutilizado permanentemente. Jorge Conte Porras cargaba la culpa del incidente a una conspiración preparada por el Departamento de Estado, “para debilitar la política nacionalista, tendiente a obtener la revisión de tratado del Canal y sobre todo en relación a la ocupación de bases militares en nuestro país”. En esta conspiración, un sargento puertorriqueño de nombre Ángel R. Blanco le informó a su amigo Turner de tales declaraciones periodísticas publicadas en La Estrella de Panamá, en el sentido de que no valía la pena que Costa Rica y Panamá se fueran a las armas por causa de unos arenales.
Al tenor de dicho autor, las palabras del presidente Porras fueron tergiversadas por el matutino La Estrella de Panamá y desmentidas de inmediato por el vespertino Diario de Panamá, pero el militar acantonado en la Zona del Canal deliberadamente informó mal a Turner, quien enardeció al pueblo. Sin embargo, Diógenes De la Rosa no concordaba con esa interpretación de los hechos, pues para él —actor y testigo presencial— la masa ciudadana irritada, en virtud de dichas declaraciones, se dirigió espontáneamente al parque de Santa Ana y en el mitin clamaba por marchar a la Presidencia. Domingo H. trató de disuadirla dado lo imprudente de la acción; a su juicio, lo conveniente era enviar una delegación al presidente que le hiciera conocer el desconcierto y la protesta popular, pero la gente insistió en la manifestación, por lo que se vio precisado a colocarse al frente.
En estas circunstancias, al igual que en el año anterior, cuando llevó a los manifestantes desde el parque de Santa Ana hasta el Club Unión para repudiar, incluso con una lluvia de piedras, ante el general John J. Pershing, héroe de la Primera Guerra Mundial, las pretensiones estadounidenses de ocupar y fortificar la Isla de Taboga, el dirigente popular cumplió con el rol que le correspondía: conductor de su pueblo en pro de la afirmación nacional. En dicho conflicto armado con Costa Rica, Turner en el Diario Nacional, con Francisco Arias Paredes, “Felipe Juan Escobar y otros periodistas rebeldes y patriotas, tronaban denunciado la invasión de Coto cuando el gobierno […], obstinándose en ocultar los hechos que ocurrían en la frontera oeste” (Ricardo A. Pardo). Además formó con el grado de capitán una unidad de combate, con el nombre de Batallón Tomas Herrera, el cual reclutó a un grupo de voluntarios, para la defensa de la patria agredida por los ticos, instigados por la United Fruit Company y otras compañías bananeras estadounidenses, protegidas del Departamento de Estado. Por otro lado, siguiendo con el entorno sindical, la Federación Obrera, ligada asimismo a la American Federation Labor, logró, a dos años de su fundación, una conquista cardinal enunciada en su programa cuando la Asamblea Nacional, compenetrada con la tenue política social del liberal presidente Belisario Porras, adoptó la Ley 16 de 26 de marzo de 1923, mediante la cual se crea la primera entidad oficial de protección y defensa de los trabajadores: la Oficina del Trabajo, bajo la dependencia de la Secretaría de Fomento y Obras Públicas, para que sirviera de “intermediario legal entre los empresarios o empleadores y los obreros o asociaciones obreras debidamente constituidas, con el fin de hacer cumplir las leyes y demás disposiciones relativas a los obreros […]”. El personal de la oficina lo nombraba el órgano ejecutivo de las ternas remitidas por la Federación Obrera.
Esta ley asimismo confirmaba la jornada de ocho horas diarias, indicaba el pago de las horas extraordinarias trabajadas con un recargo del veinticinco por ciento, y la indemnización por accidente de trabajo, así como la facultad de la oficina para sancionar al empleador en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales. Las distintas visiones políticas, ideológicas y sindicales causaron la división de la Federación Obrera. Desde su propia creación se fue perfilando una tendencia revolucionaria conocida como Grupo Comunista, confluencia de sectores anarcosindicalistas, comunistas y liberales de avanzada. Este grupo proclamaba la “franca lucha de clases”, tildaba de vieja falsedad “la armonía entre el capital y el trabajo”, se declaraba partidario del comunismo, “única solución del problema social que puede ser beneficiosa a todos los seres humanos sin distinciones de ninguna clase” y anunciaba que “La República Soviética Rusa” es “la mejor y única práctica de nuestro ideales”.
El anarcosindicalista español José María Blázquez de Pedro (deportado a Cuba durante la huelga inquilinaria de 1925) fue su “figura central” (Hernando Franco Muñoz), y además participaron en su configuración y su desarrollo Domingo H. Turner, Diógenes De la Rosa, Carlos Brower, Carlos M. Céspedes, Clara González y Cristóbal L. Segundo, así como Lola Collante, Pedro López P., Julia Palau de Gámez, Manuel Garrido C., entre otros. En la campaña electoral de 1924, en la cual los liberales se dividieron entre la candidatura del general Manuel Quintero Villarreal —héroe de la guerra de Coto, “Hombre de convicciones profundas” (Turner)— y la del oficialista Rodolfo Chiari, el dirigente sindical Turner fue postulado por la facción liberal de Quintero Villarreal, del que era su secretario político, candidato a diputado por Chiriquí, y sus comprovincianos lo beneficiaron con el voto elevándolo a una curul en la Asamblea Nacional para el cuatrienio 1924-1928.
Muchos de los elementos progresistas, el “ala izquierdista de la Unión Obrera” (Turner) —ante la connivencia de la Federación Obrera (“brazo sindical del sector porrista del liberalismo”, indicaba Diógenes De la Rosa) con el gobierno de Porras, y ante todo por su concepto del sindicalismo reformista— establecieron a finales de diciembre de 1924 el Sindicato General de Trabajadores, con el que se inició el sindicalismo revolucionario en Panamá, “el único de que vale la pena hablar”, que usa su instrumento más “importante para la lucha”: la huelga general; el otro, el “reformista es una especie de movimiento castrado que renuncia” a ella. Este Sindicato General, “que insertó en sus estatutos la lucha de clases y la acción directa”, fue constituido ante el evidente “rompimiento de los viejos con los jóvenes de la ‘Unión Obrera’”. La chispa: un saludo a la Revolución Rusa. “La lucha social, por lo tanto, asoma su disco reluciente en el ámbito nacional” (Turner). La filial del Sindicato General, la Junta de Inquilinos y Subsistencias, fue el motor de la huelga inquilinaria de 1925 (“huelga de no pago”), declarada ante el abuso del aumento del canon de arrendamiento impuesto a las capas populares por parte de los casatenientes de las ciudades de Panamá y Colón, en compensación por el aumento del impuesto de inmueble. El 10 de octubre de 1925 se produjo el “primer combate sindicalista en la luchas de clases de Panamá”.
Turner no pudo participar en este combate de los trabajadores porque estaba en Nueva York, pues en búsqueda de curación, graves problemas de salud lo obligaron a aceptar, con el permiso de su organización, una propuesta hecha por Tomás Gabriel Duque para que se encargara de la corresponsalía de La Estrella de Panamá en dicha ciudad. En la campaña política de 1928, en la que se enfrentaba el ingeniero Florencio Harmodio Arosemena al doctor Jorge E. Boyd, de la Coalición Porrista, sufrió de privación de la libertad producto de sus intervenciones públicas en contra del gobierno chiarista y su candidato Arosemena, pese a que suscribió una carta de prominentes miembros del Partido Liberal (Ricardo J. Alfaro, Guillermo Andreve, Francisco Arias Paredes, Tomás Gabriel Duque, Carlos L. López, Florencio Harmodio Arosemena, etc.), destinada al presidente Chiari, asegurando que apoyarían resueltamente al candidato postulado por la Convención Nacional (a lo que el presidente les contestó: “el candidato que proclame la Convención será también el mío”), y con esos propósitos auspició la reunión entre Quintero Villarreal, Arias Paredes, Arosemena y Andreve, precandidatos de mayor opción, para lograr el acuerdo que evitara la escisión del Partido, cuyos efectos fueron frustráneos.
La Convención Nacional del Partido Liberal eligió candidato a primer mandatario de la Nación al ingeniero Arosemena prácticamente de manera unánime, pues obtuvo el voto favorable de 69 de los 70 convencionales. Los discursos de Turner, que adversaron tal candidatura, calificados de “subversivos”, lo llevaron a la cárcel, junto al general Manuel Quintero Villarreal, exsecretario de Agricultura y Obras Públicas de Chiari; a los doctores Alejandro Tapia Escobar y Demetrio A. Porras, al licenciado Gil Tapia Escobar y al señor Juan B. Polo, acusados de que en “manifestación tumultuaria” estaban soliviantando a las masas populares para que llevasen a feliz término la revolución.
En otras palabras, de conformidad con la resolución de 23 de julio de 1928, dictada por el doctor José Francisco de la Ossa, Juez Superior de la República, las estaban “instigando e insinuando a tomar las armas contra el poder constituido y a fomentar una revolución, armada, procurando por este medio alterar el orden público”. Según el diario El Tiempo, del 25 de julio de 1928, la mayoría negó los cargos; sin embargo, el diputado Turner en su indagatoria sostuvo “que sí había pronunciado las palabras Intervención o Revolución”, “como tesis de carácter especulativo en el campo de las ideas, y que nunca tuvo el propósito de que fuera convertida en actos por los circunstantes ni en ese momento ni después”. El fallo relativo a la acción de hábeas corpus promovida con la ponencia del magistrado Dámaso Cervera, por mayoría de votos, declaró legal la detención. El magistrado Ezequiel Urrutia Díaz salvó su voto, pues al estimar que el Juez Superior carecía de competencia para adelantar la investigación, la detención preventiva devenía en ilegal. En este fallo, de 30 de julio de 1928, la Corte Suprema Justicia indicó que acorde a los testigos de cargo dos detectives de la Oficina de Investigaciones, los sindicados Quintero Villarreal, Turner y Tapia se dedicaron a “pronunciar discursos en los cuales se han expresado en términos injuriosos contra el Gobierno y han excitado a los partidarios a la rebelión”.
En el caso del diputado Turner, la Corte Suprema indicó que no solo “trató de ladrones y corruptos a todos los miembros del Gobierno”, sino que también “excitó al pueblo a la revuelta si no había intervención”. Dijo textualmente estas palabras: “Intervención o Revolución”. Vocablos estos que resultaban graves, si se toma en cuenta que tanto el expresidente Porras, como su candidato Jorge E. Boyd, estaban solicitando al Departamento de Estado la supervigilancia de las elecciones por “acusaciones de fraude y corrupción por parte del gobierno”, y para impedir la imposición del candidato chiarista, lo que, ante el retiro del oposicionista, a la postre sucedió (el resultado de los comicios arrojó el resultado siguiente: Arosemena, 41 599 votos; Boyd, 115 votos).
No hubo supervigilancia electoral foránea, en vista de la negativa de los Estados Unidos que, a través del secretario de Estado, Frank B. Kellogg, declaró: “las representaciones hechas y de los documentos presentados no han podido convencer al Departamento de Estado de que haya suficiente base para autorizar la intervención de EE. UU.” Ni tampoco se produjo la “revolución” en ese momento para derrocar al régimen de Chiari.
Estados Unidos, en la mencionada declaración, confiaba en que no surgieran las actividades revolucionarias, ante su rechazo de intervención, tal como lo pregonaba el partido de oposición, pero en caso de que prevaleciera lo contrario confiaba en que el gobierno panameño estaría en condiciones de preservar el orden público. “Si desafortunadamente no resulta así, EE. UU. se verá compelido a ejercer el poder que le conceden el tratado y la Constitución para mantener el orden” (El Tiempo, 28 de julio de 1928). Sin embargo, la chispa del quehacer revolucionario quedó en la mente ciudadana y se concretó el 2 de enero de 1931 cuando los militantes de Acción Comunal defenestraron al presidente Florencio Harmodio Arosemena. Pese a la amenaza norteña, no ocurrió la intervención estadounidense porque los “revolucionarios” se adocenaron a las indicaciones del Ministro de Estados Unidos en Panamá.
Finalmente, los implicados en el sumario, excarcelados bajo fianza, recibieron del Juez Sexto del Circuito de Panamá en el mes de abril de 1929 el sobreseimiento definitivo toda vez “que no hubo tal conato de revuelta, ni tal incitación a la rebelión contra los poderes constituidos” (El Tiempo, 11 de abril de 1929). Su conocimiento de la teoría marxista, sus inquietudes sociales, el paradigma de la Revolución Socialista Rusa de octubre de 1917, y estos acontecimientos políticos infortunados son factores que vincularon a Turner con el Partido Laborista Panameño, emprendido en 1927 y al Partido Comunista de Panamá, fundado en 1930, con ideas sociales alejadas de las individualistas, esencia del Partido Liberal.
La vinculación de Turner al Partido Laborista no fue orgánica. No he encontrado elementos de convicción que puedan afirmar lo contrario. Este partido fue constituido por el abogado Cristóbal L. Segundo, Eugenio Cossani, Diógenes De la Rosa, Samuel Casís y otros camaradas, “que militamos en el campo del socialismo marxista”, “convencidos de que la cuestión social solo tiene una solución verdadera y única: la apropiación por los trabajadores de todos los elementos de producción y de cambio para hacer de la riqueza una propiedad colectiva, destruyendo así la odiosa división de clases mediante la cual unos cuantos bellacos se convierten en dominadores y explotadores de la mayor porción del género humano” (Cristóbal L. Segundo).
Turner, según los documentos consultados, tenía relación con este partido a través de la Liga Antiimperialista, de la cual fue en Panamá su secretario general, conformada en el contexto de América Latina por Julio Antonio Mella, revolucionario cubano y cofundador del Partido Comunista de Cuba, asesinado en México por la tiranía de Gerardo Machado. La Liga, el Partido Laborista, la Federación de Obreros y Campesinos, el Sindicato General de Trabajadores, la Juventud Proletaria, el Sindicato Femenino y otras organizaciones sociales actuaban de consuno en varias acciones y actividades. Por ejemplo, el 7 de noviembre de 1929 saludaron el duodécimo aniversario de la Revolución Bolchevique, que es “la primera conquista decisiva de la revolución proletaria mundial contra la dominación capitalista y por la instauración del socialismo”, y anunciaron la formación de la sección correspondiente del Socorro Rojo Internacional en solidaridad con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 13 de octubre de 1929, Turner pronunció su discurso en el balcón de la sociedad “Hijos del Trabajo, con motivo de la peregrinación a la tumba de los mártires del 10 de octubre de 1925, o sea, de la jornada inquilinaria, en el que invitaba a los trabajadores para la lucha encauzada al triunfo definitivo del socialismo por vía de la revolución (que “es cambio, trasformación o movimiento”), incluso pacífica, sin pacto con la burguesía y sin concesión a las fuerzas del pasado.
Publicado en el El Mazo, “Semanario doctrinario y de combate, órgano central del Partido Laborista”, concluía: “Yo desespero, ¡camaradas!, porque llegue el momento de poder conducirlos al asalto. La divisa de Marx, ‘el poder político a la clase proletaria’ tiene que cumplirse aquí como en el resto del universo. Esa hora llegará, bendecida. Pero antes falta la preparación, falta la organización, falta la decisión. Falta, en una palabra, la conciencia de clase. Amanecido el sol de la conciencia plena de sus derechos en el alma proletaria, la felicidad completa de la humanidad será un hecho; la Libertad y la Justicia se enseñorearan del mundo por primera vez”. En esa dinámica, el 4 de abril de 1930 se fundó la organización de vanguardia proletaria. Turner, Segundo, De la Rosa, Carlos Brower, Eugenio Cossani, Samuel Casís, Calixto Bristán, Simón Vargas, Jacinto Chacón y otros erigieron el Partido Comunista de Panamá, en la línea de la I Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina, convocada por la iii Internacional Comunista (Comintern) y celebrada en Argentina el año anterior, que propuso crear partidos comunistas en los países donde no existían. Domingo H. Turner fue su primer secretario general, y Cristóbal L. Segundo le siguió en el puesto. “Existía el lema: ‘Cada Partido Comunista no es un partido nacional sino la sección del partido internacional de la clase proletaria’. Por lo tanto, el Programa del Partido Comunista era el programa universal por aplicar de la Tercera Internacional Comunista, y de los Congresos de esta, que se realizan a partir de la fundación del ‘Partido-sección’” (Del Vasto, 2002).
Más temprano que tarde aparecieron los problemas entre sus componentes. Turner fue acusado de beodez (ibíd.). Acusación falsa y ridícula. Enseguida abandonó el Partido. Otro comunista, Pablo Cordero, retrospectivamente atribuía este alejamiento a “las disensiones internas de la época”, encarnadas en la vieja y la nueva guardia. Diógenes De la Rosa veía las divergencias en el marco del conflicto Stalin-Trotsky, que se trasladó a Panamá. Del Vasto y Dimas Lidio Pitty convienen, mutatis mutandis, en que la ruptura obedeció a las discrepancias con los dirigentes de la Internacional Comunista en el Caribe, que orientaban al partido, a través de la figura del licenciado Cristóbal L. Segundo.
El propio Turner, en el discurso antes citado, había mostrado preocupación por “la tendencia liderista en nuestros movimientos”, en la que cada “unidad de las directivas pretende arreglar casa aparte”. “Cada cual se cree libre de hacer lo que mejor le parece, aun contra la ideología y de las tácticas convenidas universalmente como propias de nuestra causa”. “Esta tendencia liderista debe desaparecer del grupo dirigente, y cada individuo debe someterse al voto razonado de la mayoría”. Así pues, el primer secretario general no cesó en su membresía porque se entregó al imperialismo estadounidense, abjuró de la ideología marxista-leninista, traicionó al comunismo internacional o dio la espalda a su colectivo político; nada de eso, las ambiciones de liderazgo y el sectarismo, vicios reinantes en nuestro medio político y sindical, anudados a las imposiciones de los camaradas extranjeros fueron las causas reales de su separación.
El comunismo perdió al “Lenin de los obreros de la república” (Arango, 1932); mientras que el liberalismo recuperó a un dirigente pensante y un cuadro combativo; es decir, a un hombre de ideas libertarias con mucho contenido social y al mismo tiempo a un militante de acción. A partir de esa ruptura, Arango Valencia lo encasilló ideológicamente en la “izquierda democrática que es el liberalismo”. En ideas similares, varias décadas posteriores Ricardo A. Pardo, liberal renovador, lo catalogaba de “liberal de izquierda de la talla de Jorge Eliécer Gaitán y [Rafael] Uribe Uribe”, lo mismo que Leonidas Escobar, liberal gaitanista, quien lo consideró “un liberal de izquierda, de esos que le han dado a América Latina sus mejores conquistas sociales en este siglo [XX].”
Liberalismo renovador y frente popular
De aquí en adelante estuvo estrechamente ligado a Francisco Arias Paredes, con quien compartía amistad personal y política de vieja data, que venía desde los tiempos del viejo Partido Liberal, “cuando caído Mendoza y desorientadas sus huestes”, “Juntos montamos tribuna”, “para combatir a ese as, a esa estrella del liberalismo istmeño que fue Belisario Porras”; extendida esta amistad con el Partido Liberal Renovador —del cual fue “uno de sus ideólogos y fundadores” [Diógenes De la Rosa]— y el Partido Liberal Unificado hasta la muerte del denominado “Caballero de la Política” en julio de 1946, cuando presidía este último organismo. Por eso, en agosto de 1931 como secretario general del comité (Felipe Juan Escobar, Francisco Filós, Eduardo Navarro, Didacio Silvera, Carlos Sucre Calvo, etc.) que se formó para estos fines, fue propulsor de la candidatura presidencial de “Pancho” Arias, exsecretario de Relaciones Exteriores y secretario de Gobierno y Justicia, en contraposición a la del doctor Harmodio Arias Madrid, ministro en Washington y ex ministro encargado de la Presidencia.
Ambos eran entonces miembros del Partido Liberal Doctrinario, surgido después del golpe de Estado “revolucionario” del 2 de enero de 1931, de la mano del doctor Ricardo J. Alfaro, primer designado encargado del Poder Ejecutivo, de Domingo Díaz Arosemena, Enrique A. Jiménez, Alcibíades Arosemena, Manuel Quintero Villarreal, Alejandro Tapia Escobar y los dos Arias, aspirantes al solio presidencial, entre otro. Despejado el camino del doctor Harmodio Arias Madrid en la Convención del Partido Liberal Doctrinario, Arias Paredes y sus seguidores resolvieron la conformación del Partido Liberal Renovador, que lo postuló a la Presidencia de la República. Domingo H. Turner, Alfredo Alemán y Eduardo Navarro asumieron la dirección provisional del Partido, que agrupaba “a los mejores elementos del liberalismo y de Acción Comunal”.
Turner así mismo fungió de secretario general, “en categoría de miembro principal del Directorio Nacional, durante toda su vida de quince años” y reputaba al nuevo actor de la vida política de “moderno, socioliberal”, con “su mística, su caudillo, su estado mayor, su programa en perenne renovación, su prensa y sus hombres de pluma en actividad de lucha incesante contra la reacción y el fascismo y por la consolidación de la democracia efectiva y de una república firmemente arraigada en el trabajo, la justicia y la libertad”. El estado mayor del Partido Liberal Renovador lo integraban Domingo H. Turner, Efraín Tejada Urriola, José Navas, Carlos Sucre Calvo, Alfredo Alemán, Francisco Filós hijo, Víctor Florencio Goytía, J. J. Vallarino, Manuel Patiño, Felipe Juan Escobar, Alfredo Patiño, Félix E. Oller, Didacio Silvera, Homero Ayala, Carlos E. Mendoza, Harmodio y Florencio Arosemena Forte, José Daniel Crespo, Roberto Clement, José Guillermo Batalla y otros (Pardo, 1974). Uno de los muchos ataques lanzados en contra del “candidato renovador”, proveniente de un editorial del periódico El Panamá América, que defendía la candidatura de Arias Madrid (su primer director), consistía en poner en tela de duda el liberalismo de algunos elementos que lo rodeaban: Turner, Carlos Sucre Calvo, Ricardo A. Pardo, Alberto Luis Rodríguez, Efraín Tejada Urriola y “muchos otros que figuran en las filas “‘panchistas’”, alumnos del “agitador” José María Blázquez de Pedro, quien en Panamá “fundó escuela”. En las votaciones de 1932, “Pancho” Arias perdió ante Harmodio Arias Madrid, “El candidato de los pobres”, en un torneo calificado por observadores coetáneos y luego por estudiosos ulteriores de puro y limpio; sin embargo, en 1960, casi treinta años después, el ex secretario general del Partido Liberal Renovador, cuando ya había sucedido la Unificación Liberal y así también la nueva fragmentación liberal; cuando el Liberal Renovador estaba integrado a la Coalición Patriótica Nacional (obra del presidente José Remón Cantera) y esta iba en camino a su extinción, decía: “En 1932, tras el derrocamiento del ingeniero Arosemena, el doctor Ricardo Joaquín Alfaro, Encargado del Poder Ejecutivo, se declaró imparcial entre el doctor Harmodio Arias Madrid y don Francisco Arias Paredes, y aquel venció a este, mediante una modificación violenta en el personal del Jurado Nacional que le dio mayoría y base para manipular actas y votos a discreción.
El vencido le condenó este vicio de origen al vencedor, y el miembro del jurado que le dio la victoria a Arias Madrid fue después presidente de la república, con el apoyo de Arias Madrid y de la entonces Policía Nacional, que, por primera vez, militó en política como grupo de presión”. En ese ínterin, los problemas inquilinarios de 1925, que estaban represados, hicieron nuevamente eclosión en ese año de 1932, cuando a causa de los intentos alcistas de los propietarios de casas de alquiler se produjo la segunda huelga inquilinaria, dirigida por Cristóbal L. Segundo, Eliseo Echévez, Martín Niño, Feliciano Lara, etc., en pro de la rebaja de alquileres. En esta jornada popular, Domingo H. Turner y Diógenes De la Rosa elaboraron el proyecto de ley, presentado a la Asamblea Nacional por el diputado Demetrio A. Porras, que pasó a la comisión redactora encargada de armonizar los enfoques de las partes en pugna. Al final, tras discusiones, malestares sociales, debate político, disputa social, veto presidencia y negociación, el 15 de noviembre de 1932, durante el régimen del doctor Harmodio Arias, la cámara legislativa adoptó la primera ley de protección, aunque mediatizada, a los arrendatarios urbanos del país. El Partido Liberal Renovador se unió al Partido Liberal Doctrinario, al Partido Liberal Demócrata (de Enrique A. Jiménez), al Partido Socialista (dirigido por Demetrio A. Porras), al Partido Comunista y una fracción de Acción Comunal, para formar el Frente Popular, en la corriente de países europeos y americanos en donde se coaligó dicho frente en contra del fascismo, y en algunos, como por ejemplo Francia, España y Chile, alcanzó la victoria electoral.
En el caso panameño, el Frente Popular se preparó para los comicios de 1936 y con su candidato Domingo Díaz Arosemena dispuso enfrentarse al oficialista doctor Juan Demóstenes Arosemena (el candidato a batir, pues el doctor Belisario Porras, el ilustre caudillo liberal, en el ocaso de su gloria, proclamado por el Partido Liberal Unido, fue “candidato de acomodo”, conforme a la expresión de Turner), sostenido por los partidos Nacional Revolucionaria (organizado por Arnulfo Arias Madrid), Liberal Nacional (gobernado por Rodolfo Chiari) y el Conservador (regido por Víctor Manuel Alvarado).
La pugna presidencial de 1936 fue enconada. No hubo cuartel entre los bandos. Las elecciones del 7 de junio, en las que votaron cerca de 85 000 panameños, estuvieron reñidas y pletóricas de irregularidades. Por igual, los gobiernistas y los frentistas se consideraban vencedores. El Panamá América, que apoyaba al candidato oficial, informó que el doctor Juan Demóstenes Arosemena le había ganado a Domingo Díaz Arosemena en siete de las nueve provincias y en el total de votos; la ventaja final fue de 2005 votos. En la provincia de Veraguas Arosemena venció a Díaz por una diferencia de 3000 votos. En tanto, El Tiempo, diario de oposición, informaba de las irregularidades. He aquí algunos de sus titulares: “Están preparando grandes fraudes en Santiago de Veraguas” (8 de junio de 1936). “Un testigo de los fraudes de Veraguas también los denuncia” (12 de junio de 1936). “Violenta coacción se ejerció en Los Santos”. “En los distritos de Macaracas y Los Santos, hechos escandalosos” (12 de junio de 1936).
“El atropello en Bocas del Toro llegó al asesinato” (13 de junio de 1936). “Una verdadera cadena de abusos fue la actitud de las autoridades en Chiriquí”. “Compraron votos en Colón”. “El gobernador […] sistemáticamente entorpeció las gestiones y movimientos del Frente Popular y lo mismo hicieron las demás autoridades” (20 de junio de 1936). “Al descubierto las irregularidades de Veraguas” (27 de junio de 1936). Todo indica que el fraude, denominado “paquetazo”, en Veraguas determinó el resultado. En un principio el Jurado Nacional de Elecciones declaró a Díaz Arosemena presidente electo; pero velozmente el gobierno de Harmodio Arias Madrid, que invocaba el triunfo de su candidato, cambió la composición de dicho jurado y al día siguiente el proclamado vencedor fue el doctor Juan Demóstenes Arosemena por una diferencia a su favor de 1765 votos. (Arosemena: 41 747; Díaz Arosemena: 39 982 y Porras: 7927 votos). Espectáculo digno de la “patria boba”. En paralelo a este último suceso, en la noche del 5 de julio tuvo lugar un tiroteo entre miembros armados del Frente Popular y agentes de la Policía Nacional en un sitio identificado como la hacienda El Limón, en el distrito de La Chorrera. Así, Félix E. Oller, Domingo H. Turner, Raúl Acevedo, Roberto Clement, José M. Fernández, Alejandro Flores, Gilberto Calderón, Tomás Prado, Flavio Velásquez Jr., Vicente Petit, J. Baquerizo y otros frentistas en número que ascendía a cuarenta y uno se congregaron en el mencionado lugar, “a fin de llevar a cabo un movimiento armado contra el Gobierno constituido”, y “fueron sorprendidos por los agentes de la Policía que se trasladaron hasta allá para realizar su captura”. Algunos fueron detenidos; otros se escaparon; los menos buscaron refugio en la Zona del Canal. La Policía “ocupó allí armas de fuego, municiones y otros elementos bélicos”. Al tenor de las confesiones de los revolucionarios que fueron capturados, El Panamá América revelaba que había un “plan siniestro” más amplio, de tal suerte que el día 8 de dicho mes una “milicia revolucionaria” haría estallar “un movimiento sedicioso” en varios puntos del país, incluyendo la capital, que sería comandado —a la luz de la “lista manuscrita de puño y letra” de Turner, encontrada en el lugar de los hechos— por el mayor Félix E. Oller, el mayor Domingo H. Turner, el capitán Roberto Clement, el capitán Raúl R. Acevedo, el capitán Gilberto Calderón y el capitán Vicente Petit, a la vez que Francisco Arias Paredes vendría desde Costa Rica, en donde se hallaba, con armas y trescientos nicaragüenses para con toda esa embestida “tumbar al Gobierno” (versión esta desmentida por “Pancho” Arias).
Carlos Guevara, Juez Quinto del Circuito e instructor del sumario, el 21 de julio profirió auto mediante el cual decretó la detención provisional de los comandantes Oller, Turner, Clement, Acevedo, Calderón, Petit y de otros insurgentes como presuntos autores, cooperadores o auxiliadores del delito de subversión del orden público. Por otro lado, por falta de suficiente mérito legal para mantener tal detención, ordenó la libertad de varios de los rebeldes aprehendidos por las “autoridades de policía”. Curiosamente, el auto judicial indicaba que por separado se resolvería si procedía o no la detención de Ramón Arias F., Francisco Arias Paredes, Efraín Tejada Urriola, Ernesto Zubieta y Flavio Velásquez (padre), entre otros.
Las acciones de hábeas corpus presentadas por los detenidos no prosperaron. En tanto, el 19 de agosto, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por órdenes de la Oficina Ejecutiva de la Zona del Canal, la policía de ese territorio panameño sometido a limitaciones jurisdiccionales entregó a Domingo H. Turner, Roberto Clement y Raúl R. Acevedo, quienes se hallaban refugiados allí. Félix E. Oller solicitó el beneficio de la excarcelación y el juez Guevara se la negó porque el delito imputado de subversión del orden público comprendía la “excitación a la guerra civil y armamento ilegal de fuerza e intimidación pública”.
Sin embargo, impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia que, con el voto de los magistrados Manuel Herrera Lara, Erasmo Méndez y Darío Vallarino, resolvió el 17 de agosto que sí procedía la medida excarcelatoria, basada en que el recurrente y sus compañeros participaron en un “movimiento subversivo para impedir la renovación de los Poderes Públicos, alterando las prescripciones legales del resultado de las elecciones populares […], pues todos son afiliados al Partido Frente Popular que adversó la candidatura del doctor Juan Demóstenes Arosemena declarado electo presidente de la república […].” Y como “el hecho delictuoso es de orden político”, puede “el sindicado Oller ser excarcelado”, de acuerdo con el Código Judicial. Recibido en el juzgado el fallo de la Corte, el juez Guevara ordenó la libertad con fianza de Oller y de los demás detenidos.
Este sumario culminó cuando el presidente Harmodio Arias Madrid, dos días antes de concluir su mandato, o sea, el 28 de septiembre de ese mismo año, concedió indulto a las personas que en los dos últimos años habían estado sindicadas por delitos contra los poderes de la nación o enjuiciadas por delito electoral. El juez Guevara, en consecuencia, dictó auto de sobreseimiento definitivo en beneficio de setenta personas, confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, veinticuatro días después de la ceremonia de toma de posesión del presidente Arosemena, con otros líderes oposicionistas (José Daniel Crespo, Víctor Florencio Goytía, Alejandro Tapia Escobar, José S. Sosa, José Brouwer, Carlos E. Mendoza, Max Arosemena, etc.), fue Turner arrestado en casa de Goytía, so pretexto de que la Oficina de Investigaciones tenía informes sobre “una revolución [que] estallaría en Panamá”. Por eso el Juez Nocturno de Policía Gerardo Aldrete impartió la orden de allanamiento y arresto para los que se hallaran en la reunión. Allí estaba el expresidente Porras, quien insistió en que se lo llevaran preso junto a los otros líderes y dirigentes de los partidos Renovador, Doctrinario, Demócrata, Socialista y Acción Comunal; pero fue liberado inmediatamente.
Los demás —que alegaban como propósito de la reunión “acordar las bases de la trayectoria política del bloque liberal-socialista, de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes sobre el funcionamiento de los partidos políticos en el país”, en otras palabras, para determinar el futuro de la alianza— quedaron a órdenes del Secretario de Gobierno y Justicia (El Tiempo, 23 de octubre de 1936). En mayo de 1940, en plena competencia presidencial entre el doctor Arnulfo Arias Madrid —postulado por los partidos Nacional Revolucionario, Liberal Nacional, Conservador, Liberal Demócrata y Liberal Unido— y el doctor Ricardo J. Alfaro —propuesto por el Frente Popular, que sufrió la baja del Liberal Demócrata, los atropellos y la persecución del gobierno del doctor Augusto S. Boyd (reemplazo del doctor Arosemena quien falleció)—, estuvieron al orden del día. El doctor Alfaro se retiró por la falta de garantías para una elección libre y democrática y el doctor Arias Madrid ganó sin oposición por caudal inimaginable de 90 000 votos, según las cifras oficiales.
A los veinte días de realizada la pomposa ceremonia de juramentación del nuevo presidente, ocurrida el 1° de octubre de 1940, un grupo armado y con bombas de fabricación casera atacó el Cuartel de Policía de La Chorrera. Dos policías y uno de los rebeldes resultaron heridos. El 23 de octubre, Luis Carrasco, Juez Sexto del Circuito de Panamá, ordenó la detención provisional de Domingo H. Turner, Félix E. Oller, Pedro J. Icaza, Pablo Cordero, Ernesto Testa, Pablo Boza, Modesto Garrido, Moisés Cedeño y Rufino Rodríguez por este ataque armado, “que tiene todas las características de un atentado contra los Poderes de la Nación”. Por otro lado, decretó la libertad provisional de Francisco Arias Paredes, Homero Ayala, Marcos Sucre Calvo, Max Arosemena, Arturo Recuero y Victoriano Soto, quienes estaban en prisión.
Los jefes del conato revolucionario, Domingo H. Turner y Félix E. Oller, tras el ataque, recorrieron su odisea. De La Chorrera caminaron a La Chorrerita, de allí prosiguieron hasta Escobal, en donde abordaron una lancha que los transportó al Muelle de Gatún, en donde el capitán Germán Lemm y un piquete de policías los capturaron (La Estrella de Panamá, 27 de octubre de 1940). “Oller logró fugarse de la cárcel, mientras que Turner, durante el juicio, asumió una actitud valiente y revolucionaria, acusando al gobierno de Arnulfo Arias de ilegítimo, y declaró que la acción contra el cuartel de La Chorrera constituyó una protesta contra un régimen espurio que violaba los derechos constitucionales del pueblo panameño” (Pablo Cordero).
Antifascismo y servicio público
Desde la cárcel Modelo, el 1° de diciembre de 1940 Turner y Oller le dirigieron hasta los Estados Unidos una carta al doctor Ricardo J. Alfaro, explicándole la realidad política del país, la situación del Frente Popular y las acciones que debían adoptarse. Para ellos, el presidente Arnulfo Arias Madrid era “el dictadorzuelo”, el “Hitlerillo de Río Grande”. Adjunto a esta misiva, los detenidos políticos remitieron al doctor Alfaro un ensayo del propio Domingo H. Turner, intitulado “Un vecino peligroso para el Canal”, redactado el mes anterior, con diecisiete páginas escritas a máquina, en el cual su autor dirigía un ataque demoledor contra el presidente de la república, sus antecedentes, su ascenso al estrellato, su trayectoria, su entorno, su política y su Constitución panameñista.
En sus primeras nueve páginas, en otras palabras, retrataba “al hombre de cuerpo entero: su vocación, su educación, sus compromisos y su obra ideológica”. Luego, de la página diez a la diecisiete, echaba “una ojeada al panorama que se desarrolla en torno suyo”. Aquí denunciaba con pelos y señales al espionaje japonés, al espionaje italiano y al espionaje alemán en nuestro suelo, lo mismo que a sus principales personajes, con nombres y apellidos. En torno a la aparición del doctor Arnulfo Arias Madrid en la escena política indicaba:
La república de Panamá está dominada hoy por un nazifascismo larvado, que amenaza ser despótico y cruel en alto grado. Su figura central es un hombre de cuarenta años, perturbado, anormal. Formóse su infancia en medio campesino pequeñoburgués, y recibió educación secundaria y profesional médica en Chicago, en pleno imperio ‘gánster’. Por 1930, ingresó a “Acción Comunal”: organización patriótica, crudamente antiimperialista, que devino no política a consecuencia de la degeneración del Partido Liberal tradicionalista, bajo Belisario Porras y Rodolfo Chiari, y que se agudizó luego con el ingeniero Arosemena. Organizada en milicia de combate, Acción Comunal derrocó a este el 2 de enero de 1931.
Los postulados de Acción Comunal nunca fueron concretamente definidos, pudiendo deducirse de sus campañas globales que su ideología era de tipo social-patriota o social-nacionalista. Entre los dirigentes intelectuales de ella, a la sazón, figuraban Harmodio Arias, producto de la Cambridge conservadora, y José Pezet, jesuita escapado de Roma antes de profesar: estudiantes fervorosos ambos de Maquiavelo, de Ignacio de Loyola y de los Protocolos de Sion. Aconsejado por los dos, ingresó Arnulfo Arias a Acción Comunal, meses antes del pronunciamiento de enero, del cual, merced a astuta maniobra, se hizo pasar por ejecutor principal, y por el que mereció después el título de “Sánchez Cerro panameño”. (Sánchez Cerro fue un oscuro indio peruano que derrocó a Leguía; aquel y este enemigos capitales de la “Alianza Popular Revolucionaria Americana”, cuyo fundador y jefe es V. R. Haya de la Torre). Luego de una penumbra forzada, en la intendencia del Departamento de Sanidad, bajo la interinidad presidencial de Ricardo J. Alfaro, y ya presidente su hermano, Harmodio Arias, este lo destacó en Italia como ministro; allí trabó relaciones con il Duce; se inició en la teoría del Corporativismo de Estado y asimiló la técnica política totalitaria.
Sobre la creación del Partido Nacional Revolucionario, en aras de imponer la candidatura del doctor Arosemena, expuso:
Harmodio Arias impuso como sucesor suyo en la presidencia, en 1936, a Juan Demóstenes Arosemena. En el simulacro de elecciones que se perpetró para tal fin, tuvo parte destacada el pupilo de Il Duce. Fundó entonces, para apoyar a Arosemena, el llamado Partido Nacional Revolucionario, sumidero de todos los detritus de los partidos históricos en descomposición, y el cual desde aquella fecha es el partido eje de la política gubernativa panameña. Su jefe aparente, Arnulfo Arias; sus estructuradores e inspiradores, Harmodio Arias y el exmonje Pezet.
Sobre las andanzas de Arnulfo Arias Madrid y otros personajes panameños en Europa explicaba:
La administración Arosemena y Boyd, transitoria esta, tuvieron a nuestro personaje como Ministro de Panamá en Europa Central, a excepción de Alemania, donde fungió como tal el panameño germanizado hasta los huesos, Francisco Villalaz. Anudó relaciones entre este y Arnulfo Arias, Antonio Isaza, a la sazón cónsul de Panamá en Hamburgo y actual secretario privado y ninfa Egeria política de su Excelencia. A su vez, Villalaz, quien había frecuentado las aulas universitarias en común con Joachin von Ribbentropp, ministro de Relaciones Exteriores del iii Reich, lo introdujo a la amistad de este, que es como decir a la antesala del arca santa nazista. Superfluo es agregar otros detalles: desde ahí nuestro hombre quedó consagrado catecúmeno de la Orden hitlerista, con tareas esenciales a desarrollar en la Bizancio americana. Su misión “nazi-onalizadora” estaba determinada. Para realizarla, tendría el apoyo general de Der Führer y particular de la legación alemana y de la colonia Italiana en Panamá. Por lo pronto, una operación de introducción al istmo de judíos desplazados de Alemania —entre los cuales se deslizarían altos jerarcas del espionaje alemán para Panamá y la Zona del Canal— proporcionaría medios suficientes para comenzar a trabajar con buen suceso.
Con respecto al origen y las ideas de la candidatura arnulfista refirió:
El presidente Arosemena, unos meses antes de morir, y como intuyendo su fin trágico, logró formar una convención de empleados públicos, con los auspicios del Partido Nacional Revolucionario, y hacer votar la candidatura presidencial de su favorito, Arnulfo Arias, así como obtuvo que, por el soborno y otros medios no menos vituperables, los directores nacionales de otros partidos, cuyos mílites los habían abandonado, hicieron otro tanto. La candidatura de Arnulfo Arias nació, así, bajo el signo de la inicua imposición oficial. Sus fuerzas motoras fueron, más tarde, la propaganda estipendiada y el terrorismo desencadenado por el presidente Boyd —víctima él mismo de un proceso de intimidación—, la Policía Militarizada y las bandas de asalto, organizadas exprofeso. Llegado al país, en su discurso inaugural de campaña, el candidato oficial definió su ideario: “Un solo partido, un solo principio social, una sola doctrina: el panameñismo”. Un nacionalismo geológico, de aislamiento, de odios y persecuciones raciales y de todas clases; nada de superación nacional por el trabajo regulado y la asimilación de una cultura general. Después de un tiempo, definió también su política exterior: “Democracia y panamericanismo, pero no incondicional”, es decir, nada de entreguismo al yanqui, el que, a su juicio, se venía practicando en Panamá. Ya germinaba en su cerebro la idea promisoria que le inculcara Hitler, y de la cual hizo partícipes a varios de sus secuaces, poco después de su arribo a Capital: “El Canal debe ser de los panameños; Alemania lo rescatará para ellos”. Nada de condominio, sino incautación pura y simple. Oh, la lógica contradictoria del nazifascismo. A nombre de un imperialismo sanguinario y terrorista, pretende atacar uno sensiblemente atenuado por la política del Nuevo Trato y la regla de la Buena Vecindad.
En conexión con los atropellos durante la campaña electoral y las elecciones, escribió así:
El primer acto terrorista ejecutado en el curso del debate electoral de 1940, por las fuerzas Arnulfo fascistas, fue la destrucción de la manifestación organizada por el Frente Popular panameño para recibir a su candidato, el doctor Ricardo J. Alfaro. Todo sucedió conforme a la técnica nazifascista: actuaron en primer término los provocadores: empleados públicos, armados y embriagados ex professo; luego, el alcalde del distrito capital, disparando varias veces su revólver, dio la señal a la fuerza motorizada para que entrara en acción, con sus pistolas y ametralladoras; a esta siguió la caballería, debidamente provista de sables y carabinas, y, por fin, la infantería se encargó de rematar las bajas y hacer las detenciones. Al final de esta escena salvaje, en que 30 000 manifestantes —la congregación política más imponente que ha conocido la república— fueron desbandados, se quemó la efigie del candidato de oposición por oficiales de la Policía Nacional. He aquí bajo qué augurios se inició la campaña electoral de 1940. “No combato contra un candidato, ni contra un partido; combato contra un ejército”, hubo de exclamar, desesperado, en un alto de la lucha, el candidato del Frente Popular. La organización del terror hubo de culminar en la formación de las bandas de asalto, auténtico típico nazi, capitaneadas por el propio Ayudante de Campo del Presidente y dotadas de revólveres, puñaletes y otras armas por la Comandancia de la Policía. En realidad estas, las guardias de asalto y el espionaje dotado por el gobierno de los medios más ominosos para su ejercicio, constituyeron el trípode sobre el cual descansara la acción terrorista del célebre Partido Nacional Revolucionario. ¿Tiene esta técnica “panameñista” algo que pedirle a la técnica fascista o a la nazista? Las elecciones se consumaron tal como en la Italia fascista de 1930 y en la Alemania nazista de 1933: un solo partido, bajo la máscara de una confederación de partidos, atrapó mayoría y minoría en la Asamblea Nacional. El presidente ‘electo’ suministró la lista final de diputados, y el Jurado Nacional de Elecciones, dominado por Harmodio Arias, su presidente virtual, la declaró electa, incinerando todas las actas, registros y votos, para cubrir de tal guisa este horrendo atentado contra la democracia. El ciudadano Generoso Simons obtuvo dos veces y medio el cociente de votos necesarios para ser electo diputado, y el propio Arnulfo Arias lo eliminó diciéndole en su cara que hombres díscolos como él no eran convenientes en la Cámara. (Simons no era siquiera de la oposición).
En cuanto a los propósitos del presidente Arias Madrid, con su mayoría en la nueva Asamblea Nacional, dijo:
¿Qué se proponía el führer criollo con la formación de una asamblea, así compuesta y sobornada? Lo que hemos visto después y que bien se guardó de hacer público en el curso de la campaña electoral: barrer las instituciones básicas de la república, remplazar nuestra antigua constitución democrática por una moderna, formada según el patrón de su doctrina “panameñista”, modalidad indígena del nazifascismo internacional. La constitución misma de su gabinete, con conservadores todos de rancia estirpe, y presididos de hecho por el Rasputín de segunda mano, José Pezet, está pregonando a gritos que la reacción más violenta y proclive al terrorismo se ha enseñoreado en el poder, y que la ejercerá indefinida con la crueldad y el sadismo refinados, que son características de su ideología totalitaria.
Por último, sobre la Constitución Política de 1941 y el régimen que instauraba, emitía los juicios siguientes:
La Nueva Constitución “panameñista” preparada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea, en una discusión relámpago, tal como básicamente aquel la presentara, se distingue por los lineamientos siguientes: 1°. So pretexto de definir la nacionalidad y la ciudadanía y reglamentar la inmigración, establece una cruda discriminación racial contra africanos y asiáticos y a favor de otros elementos de los llamados de raza superior, que no se compadece con la heterogeneidad que este respecto distingue a la población panameña, ni con sus prácticas de libertad e igualdad inherentes a la sicología portuaria y a la posición geográfica del istmo, entre dos mares: punto de confluencia de todas las corrientes inmigratorias del mundo. 2°. Crea la intervención del Estado en la economía, que va desde la coordinación en las industrias separadamente y entre sí, hasta su completo monopolio, así como el de todos los arbitrios rentísticos; pero, desde luego, sin base en un plan que asegure su volcamiento en forma de trabajo remunerativo para las grandes masas de la población, pues ni siquiera se trata en el estatuto, de la organización o sindicación de ellas, sino con el fin ostensible de consolidar y robustecer el Estado, creando la alta clase gobernante parásita. Se desplaza al capitalismo privado, no en pro de los intereses de la nación o de la sociedad, sino de una casta privilegiada. Y 3°. Mediante un Ejecutivo absorbente, autocrático e irresponsable, se crea el súper-Estado, por encima del capital y el trabajo, y por encima de la nación misma. Por el precedente sentado para la reforma o sustitución de la Carta Magna —de que una misma Asamblea, legislativa, ordinaria, puede llevarla a cabo— el mandato dado al Ejecutivo o, más concretamente, al presidente de la república, quien con arreglo a la estructuración establecida mediatiza al Legislativo y al Judicial, es de plazo indefinido. Porque, así como hoy ahí dice seis años, una reforma perpetrada del mismo modo que la actual puede decir mañana diez, veinte o treinta. Y esto, precisamente —más que el texto mismo de la Nueva Constitución— es lo que le da a esta su modalidad inconfundible de nazifascista. Todas las instituciones de este tipo se caracterizan por su oportunismo, su inestabilidad; porque se formulan, interpretan y aplican con arreglo a las circunstancias o a las necesidades tácticas del momento. Arnulfo Arias y José Pezet no han hecho otra cosa que imitar a Pétain y a Pierre Laval, dictándole al pueblo “su” Constitución. Como aquellos, estos habían realizado ya, previamente, el trabajo de descomposición del medio social imperante, a fin de garantizarle éxito favorable a su empresa tiranizante. Y, como complemento de la farsa, para que nada faltase a la técnica nazipanameñista, se ha inventado ahora —contra todo procedimiento constitucional— la adopción de la Nueva Constitución por plebiscito: como Alemania en la Renania, en Austria, en los Sudeten, en Danzig; como en Panamá, para no ir más lejos, en las elecciones últimas, cuando el Partido Nazi-onal Revolucionario, obtuvo, él solo el 30% más del total de la población sufragante del istmo.
En carta de 1° de mayo de 1941, esta vez solo dirigida por Turner al doctor Alfaro, lo presumía al tanto de “la cadena de peripecias que siguieron a los desastres de Chiriquí y La Chorrera: procesos, cárcel, fianzas, el ojo de la Policía sobre nosotros día y noche, etc. Pese a esa situación, el pasado está en vías de liquidación y ya comenzamos a pensar en el inmediato futuro. No ha de haber tregua porque la lucha es a muerte: el nazifascismo o nosotros, that is the question”.
Tras la caída de Arnulfo Arias Madrid, ingresó al Ministerio de Salubridad y Obras Públicas en calidad de abogado y en la Segunda Convención Nacional Constituyente fue el secretario general. De acuerdo con Diógenes De la Rosa, delegado nacional por el Partido Socialista, “En las elecciones para la constituyente, modelo de libertad y honestidad, el voto en la provincia de Chiriquí no favoreció, por escasa diferencia respecto de sus competidores, la candidatura de Domingo H. Turner, postulado por el Partido Renovador. […]. Pero […] hubo una compensación. Fue electo por unanimidad Secretario General de la Constituyente y él supo imprimirle a sus responsabilidades mayor contenido”. “En la práctica él fue un verdadero y sobresaliente diputado constituyente.
Gracias a su participación se mejoró en varios aspectos el proyecto constitucional original, redactado por los doctores Moscote, Alfaro y Chiari. El pensamiento de Domingo está registrado en el texto de la Constitución de 1946, particularmente en el capítulo de los Derechos Sociales”. En la transmutación de la Constituyente en Asamblea Nacional ordinaria siguió en su rol de secretario general. En esa misma época, el veterano sindicalista volvió sobre sus fueros y formó parte del Comité Provisional de Organización Sindical (con Diógenes De la Rosa, Celso Nicolás Solano, Eliseo Echévez, Hugo Víctor, Luis Restrepo, Eligio Crespo y otros) que fundó la Federación Sindical de Trabajadores de la República, de filiación marxista, incorporada a la Confederación de Trabajadores de América Latina y a la Federación Sindical Mundial (Jorge Turner).
A la vez participó en la tercera Conferencia Americana del Trabajo, convocada por la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en México y en la cual Domingo H. fue presidente de la delegación panameña. En la década siguiente ocupó los cargos de secretario y consejero Legal del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, durante el régimen de transición, luego del asesinato del presidente Remón, gobernado por Ricardo Manuel Arias Espinosa, educado en las filas del Liberal Renovador. Asimismo, fue llamado a ocupar la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, entre 1956 y 1960, por su otro copartidario, el presidente Ernesto de la Guardia Jr., intelectual progresista, quien fue el presidente del Comité de Amigos de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, que, “con la entrada a ella de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dejó de ser interimperialista y de rapiña para convertirse en una de defensa y consolidación democráticas” (Domingo H. Turner).
No me equivoco en coincidir con el expresidente Jorge E. Illueca (2008), cuando calificó al licenciado Domingo H. Turner de “incansable defensor de la integridad nacional”. En efecto —con excepción de aquellos incidentes causados en la liza electoral de 1928, que involucró a la oposición cuyo temor fundado fue el uso de la aplanadora oficialista (“hasta el sol tiene manchas”, como bien dijo Turner a propósito del doctor Porras)— su vida fue consagrada no solo a la lucha en beneficio de los desposeídos, es decir, en pro de la soberanía popular, sino también a la cruzada por la integridad territorial y la soberanía nacional, a la afirmación de nuestros derechos en la Zona del Canal, a lograr la recuperación de todo su territorio cercenado por el enclave colonial, a reclamar un trato igualitario para los trabajadores panameños en la Zona del Canal, sujetos a la discriminación del sistema del Silver roll y Gold roll; en fin, a denunciar la nulidad del tratado Hay–Bunau-Varilla, entre otras acciones, en las que empeñó su vida, su integridad física y su salud. No bastaron sus esfuerzos en la décadas de 1910 y 1920 a favor de la afirmación de la nacionalidad panameña: en la década siguiente fue puntal con el doctor Juan Rivera Reyes, José Daniel Crespo, Narciso Garay, Publio A. Vásquez y otros distinguidos panameños de la Sociedad Panameña de Acción Internacional, que el 10 de agosto de 1933 remitió “una carta al pueblo de Estados Unidos que contenía un repertorio de quejas y de objetivos. En una de sus partes, sintetiza así el anhelo de los firmantes: ‘igualdad de tratamiento para todos los usuarios del Canal, neutralidad perpetua de la vía acuática, reconocimiento explícito de la soberanía panameña sobre el territorio concedido’.
Esta carta histórica llevaba la firma de cincuenta mil panameños” (Zúñiga, 2001). La Sociedad, dividida en comisiones, se dedicó al estudio sistemático del tratado Hay–Bunau-Varilla, a los fines de presentar reformas en el contexto de las negociaciones entabladas entre Panamá y los Estados Unidos por los presidentes Harmodio Arias Madrid y Franklin Delano Roosevelt. Los resultados, debidamente aprobados, se transmitían al presidente de Panamá luego de que Narciso Garay, primer presidente de la Sociedad, fuera nombrado en la Comisión Negociadora, gracias a su estudio exhaustivo inherente al origen de este tratado y a la interpretación torcida de los estadounidenses. Ocupó la Presidencia Rivera Reyes, y Turner, tras el análisis pertinente, presentó las conclusiones de su tema denominado “Los trabajadores panameños en la Zona del Canal”, el cual tuvo la oportunidad de entregarlo personalmente a Patrick Hurly, secretario de Guerra de los Estados Unidos, de visita en nuestro suelo.
En fecha que no he podido determinar, elaboró el ensayo con el título “Los tratados tienen que subordinarse a las constituciones”, el cual constituye el embrión del capítulo primero de su obra más importante, que tituló “Primer ensayo: historia y planteamiento”. La lectura comparativa de ambos textos da la impresión de que fue escrito poco después de la promulgación de la Constitución Política de 1946. La Sociedad Panameña de Acción Internacional “llevó su lucha contra el tratado de 1903 más allá de las simples críticas circunscritas a puntos aislados del mismo hacia la formación de una doctrina jurídica que le diera sólido sustento teórico a la brega política y diplomática contra el enclave colonial”.
“Este grupo hizo una fecundísima labor de análisis del tratado de 1903, conformando un cuerpo conceptual en que no solo se hizo la disección doctrinal del que Turner llamó Tratado Fatal!, sino que se concretaron fórmulas para su denuncia, revisión y abrogación” (Diógenes De la Rosa). Su libro Tratado fatal! (tres ensayos y una demanda) fue editado en México, en 1965, un año después de los trágicos y gloriosos sucesos del 9, 10 y 11 de enero de 1964, cuando los estudiantes y, en general, el pueblo llano de la capital y de Colón, con la consigna “¡Soberanía o muerte!”, se enfrentaron a pecho descubierto con los soldados de los Estados Unidos de América acantonados en la Zona del Canal, pertenecientes a la fuerza militar más poderosa del planeta. La Autoridad del Canal de Panamá, en 1999, a pocos meses de la reversión de este Canal a la república de Panamá y la salida de las tropas estadunidense de nuestro territorio, en virtud de los tratados Torrijos-Carter, realizó otra edición de este aleccionador texto, en un tomo que contiene al mismo tiempo “El pensamiento del general Omar Torrijos Herrera”, el gobernante panameño artífice de esta grande hazaña. En su primer ensayo, ya mencionado, su autor —quien avisa en la introducción su tesis principal: “la Convención del Canal Ístmico es inconstitucional y, por lo mismo, nula”— examina en forma concisa la historia de Panamá, desde la Colonia, pasando por la Unión a Colombia, hasta la Separación en 1903, el Gobierno Provisional, en nombramiento de Philippe Bunau-Varilla como agente confidencial de la nueva república, y la “negociación” y firma de la Convención del Canal Ístmico, la ratificación por decreto por parte de la Junta de Gobierno Provisional, la Constitución Política de 1904 y su omisión en aprobar o improbar tal tratado, el gobierno constitucional, el golpe de Estado de Acción Comunal (“revolución traicionada”) y la “contrarrevolución hitlerista [que] hizo estragos doctrinarios en Panamá”; el Acto Legislativo de 1941, la Constitución de 1946, las obligaciones del Poder Público, los organismos internacionales y los caminos abiertos después de los hechos del 9 de enero de 1964. Así, ante todo lo expuesto, “La negociación directa puede y debe concertarse después de que Panamá denuncie el tratado de 1903, por inconstitucional, ante la Asamblea Nacional y, por contrario al Derecho de Gentes, ante las Naciones Unidas”.
En su segundo ensayo: “Los vicios constitucionales del tratado de 1903”, hizo un paralelo entre el texto de cada uno de los artículos del tratado de 1903 y el de los artículos de las constituciones panameñas, especialmente con la de 1946, para demostrar que el instrumento internacional padecía de vicios insubsanables que causaban su nulidad absoluta. Aborda el autor adicionalmente las revisiones que tuvieron lugar con el tratado de 1936 (Arias-Roosevelt) y el tratado de 1955 (Remón-Eisenhower). En el tercer ensayo “Soberanía y jurisdicción”, trata un tema muy sensible para los panameños. En el tratado de 1903, celebrado por el francés Philippe Bunau-Varilla, aprobado y ratificado por la Junta Provisional de Gobierno, aprobado por pocos de los municipios del país (10 de 73), que nunca fue sometido a la Convención Nacional Constituyente de 1904 ni a las sucesivas asambleas nacionales, en su artículo iii, Panamá concedía a los Estados Unidos en la Zona del Canal todos los derechos, el poder y la autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercitarían si ellos fueran soberanos sobre este territorio, “con entera exclusión del ejercicio de tales derechos soberanos, poder y autoridad por la República de Panamá”. Por tanto, ante tal disposición y otras de igual naturaleza, se desarrollaron tesis de que Panamá retenía la soberanía titular y Estados Unidos ejercía la soberanía efectiva; o que Panamá era la dueña de la soberanía sobre la Zona y los Estados Unidos ejercían la jurisdicción. La interpretación de los Estados Unidos consistía en que el tratado les dio soberanía absoluta, dominio pleno y por ello jurisdicción. En consecuencia, gobernaban “soberanamente sobre la Zona del Canal” y disponían de ella “como un bien patrimonial suyo.
Hasta se han adueñado del río Chagres y nos venden su agua a precio usurario” (Turner). Es decir, la potencia norteña estableció una colonia en el centro de nuestro territorio, con gobierno, autoridades, jueces, cárceles, fuerza militar y comercio propio, entre otros. En todo caso, lo cierto es que de conformidad con el orden constitucional republicano, Panamá otorgó “a los Estados Unidos jurisdicción, limitada a los fines del Canal, sobre la zona en que está ubicado. No soberanía absoluta ni dominio pleno” (Turner). Pese que la Constitución de 1904 reconocía las limitaciones jurisdiccionales estipuladas por tratados públicos, en este caso, el tratado de 1903, conforme a Turner “Limitaciones jurisdiccionales significa, en este caso, lo que Eusebio A. Morales decía: un poder judicial restringido. No dictar ley suprema para la Zona del Canal desde el escritorio presidencial de la Casa Blanca, por medio de órdenes ejecutivas, impuestas por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos”. La demanda “El pueblo demanda ante la Asamblea Nacional”, el capítulo final, constituye el memorial por medio del cual el pueblo soberano de Panamá les hacía un serio planteamiento a los diputados de la Asamblea Nacional para que solicitaran al Órgano Ejecutivo el envío del ejemplar originario de la Convención del Canal Ístmico que se conserva en el Ministerio de Relaciones Exteriores; encomendaran el estudio de la Convención mencionada a la Comisión de Relaciones Exteriores, y resolvieran dentro de la situación creada con esta demanda. Jorge Turner, en el prólogo de esta “obra eminentemente jurídico-política”, concluye que las circunstancias llevaron a su padre “a ser casi siempre un hombre de acción, y ahora cierra un ciclo sentando doctrina.
El recio peleador, en total madurez, vive el más hermoso momento de su existencia obsesionado por la idea de dar todo el aporte que pueda a la causa de nuestra auténtica independencia”. Las doctrinas de este vigoroso libro fueron también expuestas por su autor en una demanda de inconstitucionalidad contra el tratado del Canal. La Corte Suprema de Justicia no falló el fondo del asunto con el argumento de que el Tribunal Constitucional no podía pronunciarse en torno a condiciones formadas mucho antes de la vigencia de la Constitución Política de 1946. A raíz del 9 de enero de 1964, “el apoyo de Turner a las reivindicaciones canaleras fortaleció decisivamente la posición panameña”. “La tesis desarrollada por Turner en esa obra es la misma que proclamó durante la campaña periodística que llevó a cabo en 1967 en favor del repudio de los Proyectos de tratados Johnson-Robles”. “La lucha tenaz de Turner, que lo hizo alternar con nobles compatriotas y enfrentarse a elementos subalternos, siempre en defensa de los contornos nacionales de la Patria, ha quedado plasmada para la posteridad en sus editoriales de La Estrella de Panamá, del Diario de Panamá y del Tiempo, así como en artículos, estudios, libros y alegatos” (Illueca, 2008). Un rasgo elocuente de su personalidad se observa cuando el gobierno del presidente Marco A. Robles confirió al gobernador de la Zona del Canal la Orden Vasco Núñez de Balboa.
Turner, quien había recibido con anterioridad esta condecoración, la devolvió con las locuciones siguientes: “Yo no puedo compartir honores con los verdugos de Panamá, y por ello abomino de todo lo que indique siquiera una leve comunión con ellos de carácter moral o material”. El curtido luchador Domingo H. Turner, quien aún creía en “una revolución democrática por ahora y social cuando la situación esté madura”, pues “la meta es el socialismo revolucionario, pero considero que por ahora lo hacedero es un nacionalismo auténtico”, poco antes de su fallecimiento, el 7 de febrero de 1972, escribió en una carta que estaba dándole vueltas en su cerebro “la idea de organizar un movimiento gigantesco de masas, para pedirle a la constituyente que, en uso de sus plenos poderes, recabe de la Cancillería el original de la Convención Hay–Bunau-Varilla para su aprobación e improbación, cosa que no han hecho ninguna de las Asambleas Nacionales reunidas después de la república; y la conveniencia de preparar inmediatamente un proyecto de ley de bases para la celebración de un tratado general de Amistad, Comercio, Navegación y Defensa con los Estados Unidos” (Carta a Julio Yao, 1993).
En este ensayo se ha brindado simplemente una semblanza de este patriota cuya vida no es una línea recta trazada al infinito, tal como es la vida de todo ser humano sellada por virtudes y defectos, éxitos y fracasos, inteligencias e incertidumbres. Sin embargo, en el balance histórico su presencia terrenal y su trayectoria fecunda están ubicadas en un sitial de honor en el santoral laico —tan lleno de figuras anodinas— de este pequeño terruño, en virtud de sus desvelos, sus sacrificios, sus aportes y sus energías en pro de la tutela del ser nacional y del engrandecimiento de país. De ahí que tenga validez absoluta la conclusión de Ricardo Arango Valencia (1932) en su opúsculo Figuras panameñas: “Cuando se escriba la historia de los hombres que mayormente contribuyeron con sus ideas y renunciaciones, a conquistar para los pueblos los ideales de felicidad […], Turner ocupará las primeras páginas de ese libro que no será de mucho volumen. Entonces su figura crecerá como la esperanza ante una luz en la oscuridad”.
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Esteban Huertas by: Guillermo Márquez Amado

References: resolución 
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 artículo 26
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