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Timestamp: 2018-08-21 13:30:35+00:00

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﻿ Sentencia C-332 de junio 4 de 2014
SENTENCIA C-332 DE 04 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:EXEQUIBLE EL ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA) Y SU LEY APROBATORIA (LEY 1665 DEL 2013). PARA EL ALTO TRIBUNAL, LA ADOPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO INTERNACIONAL SATISFACE LOS REQUISITOS DE FORMA, LA CALIDAD DE LA PERSONA QUE DEBIÓ SUSCRIBIRLO Y EL CUMPLIMIENTO DE PLENOS PODERES. IGUALMENTE, ADVIRTIÓ QUE LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN ADOPTAR CON ESTE ESTATUTO NO CONCIERNEN DIRECTA NI ESPECÍFICAMENTE A NINGUNA COMUNIDAD ÉTNICA, POR LO TANTO LA CONSULTA PREVIA NO ERA UN REQUISITO PREVIO PARA SU SUSCRIPCIÓN. LUEGO DE REVISAR EL TRÁMITE EN EL CONGRESO, CONCLUYÓ QUE EXISTIÓ UNANIMIDAD EN SU APROBACIÓN. Y FINALMENTE, LA CORTE SEÑALÓ QUE EL ESTATUTO LE PERMITE A COLOMBIA ACCEDER A LA AGENCIA IRENA, CON CONSECUENCIAS FAVORABLES PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, PERSONA JURÍDICA, APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY, RECURSOS NATURALES RENOVABLES, NORMAS INTERNACIONALES, CONSULTA PREVIA
Sentencia C-332 de junio 4 de 2014
Ref.: Expediente LAT-419
Revisión oficiosa de la Ley 1665 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.
Bogotá D.C., cuatro de junio de dos mil catorce.
EXTRACTOS: «1.1. Texto del acuerdo que se revisa y de su ley aprobatoria
Diario Oficial Nº. 48.853 de 16 de julio de 2013
J. En su primera sesión, la asamblea debatirá y, en su caso, aprobará las decisiones, proyectos de acuerdo, disposiciones y directrices elaborados por la comisión preparatoria, de conformidad con los procedimientos de voto dispuestos para el asunto respectivo en los apartados F a I del artículo IX.
D. El gobierno depositario remitirá ejemplares debidamente certificados del presente estatuto a los gobiernos de los Estados y a los órganos ejecutivos de las organizaciones intergubernamentales regionales de integración económica que lo hayan firmado o cuyo ingreso haya sido aprobado conforme al apartado B.2 del artículo VI.
A instancia de los respectivos signatarios, se fijarán textos auténticos del estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables, firmado el 26 de enero de 2009 en Bonn, incluida la presente declaración, también en las demás lenguas oficiales de las Naciones Unidas distintas del inglés, así como en la lengua del depositario(1) (2).
ART. 1º—Apruébase el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1665 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)” dado en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, es aprobatoria de un tratado público por lo que, tanto desde el punto de vista material como formal, esta corporación es competente para adelantar su estudio de constitucionalidad.
En efecto, según lo ha establecido reiterada jurisprudencia de esta corporación(1), el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, se caracteriza por ser:
De conformidad con la precitada norma, en cuanto al control que ejerce la Corte por vicios de procedimiento, este se dirige a examinar la validez de la representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento, así como a verificar el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria.
Por su parte, en cuanto al examen de fondo, este consiste en confrontar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y su ley aprobatoria, con la totalidad del texto constitucional, para de esta manera, determinar si se ajustan o no al ordenamiento superior.
2.2.1. Suscripción del convenio.
Según lo ha manifestado la Corte, el control formal de constitucionalidad de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, comprende, por regla general, la revisión de las facultades del representante del Estado Colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados de 1969 y los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.
En el presente caso, el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, fue suscrito el 1º de junio de 2010 por la entonces embajadora de la República de Colombia en Alemania, señora Victoriana Mejía Marulanda, quien, para el efecto, contaba con plenos poderes conferidos por el Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez y refrendados por el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde. Todo lo anterior, según constancia enviada a esta corporación, con los respectivos anexos, el 14 de agosto de 2013, por la coordinadora del grupo Interno de trabajo de tratados – Dirección de asuntos jurídicos internacionales, Alejandra Valencia Gartner(2).
Adicionalmente, se allegó a la Corte copia autentica de la “aprobación ejecutiva del 22 de agosto de 2011, por medio de la cual el señor Presidente de la República autorizó someter a consideración del Congreso de la República el ‘estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables’ hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009”(3), acto que contó con la firma de la Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. María Ángela Holguín Cuellar.
Con fundamento en estas disposiciones, entre otras, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural, el cual, en los términos de la Sentencia T-778 de 2005(4), tiene como finalidad “(...) que las comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios”. (Subrayado fuera de texto)
En este orden, ha dicho la Corte que el derecho a la libre determinación comprende el derecho de las comunidades étnicas a “(...) determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines”(5). Así, la consagración de este derecho, junto con el de otros de las comunidades étnicas, como se manifestó en la Sentencia C-030 de 2008, parte del reconocimiento del valor intrínseco de las comunidades étnicas como grupos diferenciados culturalmente.
En la Sentencia T-973 de 2009(6), la Corte precisó que el derecho a la autodeterminación comprende tres ámbitos de protección ligados a distintos factores de interacción:
“En el ámbito externo, el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas exige reconocer el derecho de tales grupos, a participar en las decisiones que los afectan. Ese reconocimiento supone que en las relaciones entre estos pueblos y el Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas juega un rol necesario en los términos previamente enunciados, para asegurar que las aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la administración. Por lo tanto, estos pueblos tienen el derecho a ser consultados previamente con relación a las decisiones que los afecten, en los términos que determine la Constitución y la ley. Un segundo ámbito de protección, también externo, tiene que ver con la participación política de estas comunidades, en la esfera de representación nacional en el Congreso. Así, las comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la circunscripción especial electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución (...).
Finalmente, existe un tercer ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas comunidades que es de orden interno, y que está relacionado con las formas de autogobierno y de autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los pueblos indígenas. Ello supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir su forma de gobierno (C.P. art. 330); (ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la Constitución y la ley. La autonomía política y jurídica, relacionada de este modo con una autogestión territorial, actúa así como un instrumento de reafirmación de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales, mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el autoreconocimiento de sus espacios de expresión colectiva”. (resaltado fuera de texto)
Así, se ha establecido la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades étnicas y un requisito de procedimiento que debe surtirse antes de un trámite legislativo en el que se adopten medidas que puedan afectarlas directamente. En este sentido, la Corte expresó en la Sentencia C-702 de 2010(7):
“La consulta debe efectuarse en un momento previo a la radicación del proyecto en el Congreso de la República, para que los resultados del proceso de participación incidan en el contenido de la iniciativa que se somete a consideración; no obstante, durante el trámite legislativo en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe”. (resaltado original)
Debe señalarse que la consulta previa solamente es necesaria en el caso de decisiones que conciernen directamente a una o varias comunidades étnicas. Sobre este punto, la Corte en la Sentencia C-030 de 2008(8) diferenció para efectos de participación entre decisiones que conciernen directamente o indirectamente a las comunidades étnicas:
“De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha previsto un deber de consulta”.
Ahora bien, a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto, por afectar directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalado que hay “afectación directa cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. De manera que procede la consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto sea positivo o negativo, aspecto este que debe ser, precisamente, objeto de la consulta”(9).
En relación con la consulta previa en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte ha sostenido que al realizar el control automático de constitucionalidad que le compete sobre instrumentos internacionales ratificados por Colombia, debe también verificar el cumplimiento del requisito de la consulta previa cuando se trate de normas que afectan directamente a las comunidades étnicas(10).
De esta manera, en la Sentencia C- 750 de 2008(11), al efectuar la revisión de constitucionalidad del “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006” y su ley aprobatoria 1143 del 4 de julio de 2007, la Corte concluyó que no se requería adelantar la consulta previa por cuanto sus disposiciones estaban contempladas de manera uniforme para la generalidad de los colombianos sin que afecten a las comunidades étnicas de manera específica y directa.
De igual forma, al estudiar el “Convenio básico de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001, esta corporación, en Sentencia C-027 de 2011(12), determinó que al no adoptarse medidas que conciernan directamente a ninguna comunidad étnica asentada en el territorio nacional, la consulta previa no era una requisito necesario.
Por su parte, la Sentencia C- 030 de 2008(13) reiteró que, en principio, las leyes, por su carácter general y abstracto, no generan una afectación directa de sus destinatarios, lo cual solo se materializa en la instancia aplicativa. Sin embargo, puede señalarse que hay afectación directa cuando la ley altere el status de la persona o la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o le otorga beneficios.
Recientemente, en la revisión oficiosa de la Ley 1458 del 2011 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio internacional de maderas tropicales’, 2006, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2007” la Sala Plena de esta corporación indicó que “aunque antes de la ratificación del Convenio internacional de maderas tropicales 2006 por el Congreso de la República no se requería de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, sí es obligatorio realizar dicha consulta en relación con las medidas legislativas y administrativas que se adopten en desarrollo de este instrumento internacional, así como con cada una de las acciones, planes, programas, proyectos u otras tareas emprendidas en el marco de la Organización internacional de las maderas tropicales, que puedan afectar de manera directa o específica a una o varias de tales comunidades, consulta que se debe cumplir siempre en forma previa a su implementación. Así lo ha establecido la Corte en varias oportunidades, con ocasión de la revisión de varios acuerdos bilaterales celebrados por Colombia en materia de libre comercio y cooperación técnica y científica (Sentencia C-615/09, C-608/10, C-915/10, C-187/11, entre otras)(14).
2.2.3. Trámite de aprobación del proyecto de ley en el Congreso de la República.
La Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, por lo que a estas les corresponde el previsto para las leyes ordinarias (C.P., artículos 157, 158, 160 y 165).
Por su parte, en virtud de lo previsto en el artículo 154 superior, la iniciación del procedimiento legislativo debe efectuarse en el Senado de la República, toda vez que la ley que aprueba un instrumento público se inscribe en la órbita de las relaciones internacionales. En efecto, de acuerdo con el inciso final del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado. (Subrayado fuera de texto)
“Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”(15).
2.2.3.1 Trámite en el Senado de la República.
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 26 de julio de 2012, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar y de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santa María.
El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso Nº 470 del 26 de julio de 2012(16), cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 Constitucional), y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1º del artículo 157 de la Carta Política).
La ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en forma favorable por el Senador designado Guillermo García Realpe. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 580 del 4 de septiembre de 2012(17).
El proyecto de Ley 36 de 2012 Senado, fue anunciado para primer debate en el Senado de la República el 11 de septiembre de 2012, tal como consta en el Acta Nº 07 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 37 del 11 de febrero de 2013(18), en los siguientes términos:
Siendo las 8:30 p.m., la presidencia levanta la sesión y convoca para el día jueves 18 de septiembre de 2012, a las 10:00 a.m.
Habiendo anunciado los proyectos, citamos para el martes 18 de septiembre de 2012, a las 10:00 a.m...”.
El proyecto fue discutido y aprobado en la sesión del día 18 de septiembre de 2012, según consta en el Acta Nº. 08 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº. 37 del 11 de febrero de 2013(19), conforme al siguiente texto:
El secretario, Diego Alejandro González González:
De acuerdo con las consideraciones expuestas, solicito a los honorables senadores, miembros de la Comisión Segunda Constitucional, dar primer debate al proyecto de ley número 36 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿estatuto de La Agencia Internacional de energías Renovables (Irena), hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009¿(sic). Atentamente, Guillermo García Realpe, senador de la República, ponente.
El secretario, Diego Alejandro González González, le informa:
El secretario, Diego Alejandro González, informa:
El secretario, Diego González González, da lectura al título del proyecto de ley 36/2012 Senado.
Título, por medio de la cual se aprueba el estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.
El secretario general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, mediante certificación del 12 de agosto de 2013(20), señaló que la proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer de que este fuera ley de la República, fueron aprobados mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, sin que se registraran “votos en contra o abstenciones”.
La ponencia positiva para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue presentada por los senadores Guillermo García Realpe y Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 702 del 16 de octubre de 2012(21).
El proyecto de ley fue anunciado para segundo debate en el Senado de la República el 17 de octubre de 2012, como consta en el Acta Nº 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 38 del 11 de febrero de 2013(22). El anuncio se realizó así:
Siendo las 8:30 p.m., la presidencia levanta la sesión y convoca para el día jueves 18 de octubre de 2012, a las 10:00 a.m.”
De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado(23), el proyecto fue aprobado a través del sistema de votación ordinaria, con un quórum deliberatorio y decisorio de 90 de 99 senadores, tal y como consta en el Acta Nº 23 del 23 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 898 del 7 de diciembre 2012(24).
2.2.3.1.5. Publicación del texto aprobado.
El texto definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 737 del 30 de octubre de 2012(25).
2.2.3.2. Trámite en la Cámara de Representantes.
Radicado el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el número 195 de 2012, fue repartido a la comisión segunda constitucional de la Cámara de Representantes, y se designó como ponente al representante Pedro Pablo Pérez Puerta. La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso Nº 210 del 17 de abril de 2013(26).
De conformidad con el texto del Acta Nº 01 del 24 de abril de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 454 del 27 de junio de 2013(27), el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los siguientes términos:
“La secretaria de la comisión segunda de la Cámara, Pilar Rodríguez Arias, da el anuncio de proyectos de ley:
Anuncio de proyectos de ley en sesiones conjuntas, hoy día 24 de abril de 2013, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo Nº 01 de 2003. Estos dos proyectos serán discutidos y votados en la próxima sesión de comisión:
1. Proyecto de Ley 195 de 2012 Cámara, 36 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables Irena ¿(sic), hecho en Boon, Alemania el 26 de enero de 2009.
El presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, representante Óscar de Jesús Marín Marín, convoca a sesión de la comisión segunda de la Cámara para el próximo martes 30 de abril a las 10:00 a.m”.
En efecto, la comisión segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 30 de abril de 2013, según consta en el Acta Nº 29 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 626 del 16 de agosto de 2013(28).
De acuerdo con certificación expedida por la secretaria general de la comisión segunda de la Cámara de Representantes del 20 de agosto de 2013(29), la aprobación se dio por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de 17 representantes a la Cámara.
“Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate, anunciados en sesión del 17 y 24 de abril de 2013.
Proyecto de ley Nº 195 de 2012 Cámara, 36 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.
Tiene el uso de la palabra el presidente de la comisión, Óscar de Jesús Marín:
Tiene el uso de la palabra la secretaria (e) Carmen Susana Arias Perdomo:
Le informo señor presidente que son tres artículos que tiene este proyecto, no reposa ninguna modificación y los artículos están publicados en la Gaceta Nº 210 del 2013.
¿por medio de la cual se aprueba el estatuto de La Agencia Internacional de Energías renovables, Irena, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero del 2009¿(sic).
Ha sido aprobado señor presidente”(30).
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 334 del 29 de mayo de 2013(31), con ponencia favorable del representante a la Cámara Pedro Pablo Pérez Puerta.
El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo en la sesión del 18 de junio de 2013, según consta en el Acta de Plenaria Nº 215 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso Nº 751 del 20 de septiembre de 2013(32). La trascripción del anuncio es la siguiente:
“Señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos para sesión del día de mañana 19 de junio de 2013.
Proyecto de ley Nº 195 de 2012 Cámara, 036 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009”.
En efecto, tal como consta en el Acta de Plenaria Nº 216 de la sesión del 19 de junio de 2013, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley por unanimidad en votación ordinaria con la asistencia de 159 representantes a la Cámara, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 757 del 23 de septiembre de 2013(33), según lo ratifica la certificación expedida(34) por el secretario general de la Cámara de Representantes del 20 de agosto de 2013.
La aprobación se realizó de la siguiente manera(35):
“Punto ocho. Proyecto de ley Nº 195 de 2012 Cámara, 36 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), hecho en Bonn Alemania el 26 enero 2009.
Dirección de la presidencia, Augusto Posada Sánchez:
Secretario Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
2.2.4. Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional.
2.3. Constitucionalidad del trámite dado a la ley 1665 de 2013.
La Corte observa que la aprobación ejecutiva del estatuto fue suscrita por el Presidente de la República el día 22 de agosto de 2011(36). Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República por parte de los ministros de Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, se realizó 26 de julio de 2012, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 470 de esa fecha(37).
Esta Corte constata que el proyecto de la ley fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva: el proyecto de ley fue publicado el 26 de julio de 2012(38) y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 4 de septiembre de 2012(39) (art. 157-1 C.P.).
2.3.3. Cumplimiento del primer inciso del artículo 160 superior.
Entre el primer y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 18 de septiembre de 2012(40), mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 23 de octubre de 2012(41); del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara ocurrió el 30 de abril de 2013 (42), y el segundo debate tuvo lugar el 19 de junio de 2013(43).
El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro debates, en comisiones y plenarias de ambas Cámaras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 superior. En cuanto a su discusión y aprobación, lo fue conforme al quórum y a las mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la Carta Política y el reglamento del Congreso. Así, su aprobación se dio mediante el sistema de votación ordinaria, en los términos fijados en las actas referenciadas en el acápite anterior y de conformidad con las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de las comisiones plenarias que reposan en el expediente.
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que aunque el artículo 133 constitucional prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, exceptuó los casos determinados por la ley (44). De esta manera, el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, estipula en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros”.
Por otra parte, se torna necesario precisar que las leyes aprobatorias de tratados internacionales se encuentran sometidas a los requisitos propios de las leyes ordinarias, por lo que para su aprobación se requiere de una mayoría simple. Al respecto, tal como lo ha señalado esta corporación(45), en este tipo de proyectos basta que se compruebe el apoyo unánime de la célula legislativa correspondiente, para evidenciar su aprobación, circunstancia que difiere de los proyectos de ley o acto legislativo que, por mandato constitucional, exigen una mayoría calificada, caso en el cual debe existir evidencia sobre el número de votos requeridos.
2.3.5. Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003(46), que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte que dicho requisito también se cumplió.
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes(47). Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”(48).
Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes requisitos(49):
En el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del Senado, el 11 de septiembre de 2012 (Acta Nº 07, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 37 del 11 de febrero de 2013), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día 18 de septiembre de 2012, sesión en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acta Nº 08, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 37 del 11 de febrero de 2013).
Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 17 de octubre de 2012 (Acta Nº 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 38 del 11 de febrero de 2013) para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día jueves 18 de octubre de 2012.
Sobre este punto, se advierte que el proyecto no se aprobó para la fecha en la que fue anunciada, es decir en la sesión del 18 de octubre de 2012, pero sí en la siguiente sesión plenaria, esto es el 23 de octubre de 2012, como lo demuestra el consecutivo de las actas, (Acta Nº 23, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 898 del 7 de diciembre de 2012).
De esta manera, observa la Corte que se dio cumplimiento a lo indicado por la jurisprudencia constitucional cuando señala “que la función del anuncio previo de que trata el artículo 160 C.P. no es el cumplimiento de una simple ritualidad, sino que está dirigida, entre otros objetivos, a permitir que los congresistas sean advertidos con antelación acerca de las iniciativas que serán sometidas a votación”(50), como en efecto se indica en este caso.
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró que el anuncio para primer debate se realizó el 24 de abril de 2013 (Acta Nº 01 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 454 del 27 de junio de 2013) para el 30 de abril de 2013, sesión en la que efectivamente se discutió y aprobó el proyecto (Acta Nº 29, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 626 del 16 de agosto de 2013).
Finalmente, en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se anunció el 18 de junio de 2013 (Acta Nº 215 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 751 del 20 de septiembre de 2013) para el 19 de junio de 2013, fecha en la que el proyecto fue aprobado (Acta Nº 216 del 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 757 del 23 de septiembre de 2013).
El artículo 162 de la Constitución Política señala que “Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”. (resaltado fuera de texto)
En consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1665 de 2013 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de 1992(51).
De manera preliminar, advierte la Corte que la regulación contenida en el estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), se refiere en su integridad a asuntos institucionales y administrativos de La Agencia, por lo que, la naturaleza de dichas normas no generan, en principio, debate alguno frente a su compatibilidad con la Carta Política. Lo anterior, por cuanto se trata de regulaciones usuales en la conformación de una persona jurídica internacional, que en su mayoría hacen referencia a asuntos procedimentales, así como a sus objetivos y funciones en el marco de la cooperación internacional entre sus miembros.
2.4.1.1. Disposiciones generales.
En el artículo 1º se establece la constitución de La Agencia y señala que esta se fundamenta en el principio de igualdad de todos sus miembros a nivel internacional para el desarrollo de sus actividades.
El artículo 2º define los objetivos de La Agencia, entre los cuales se encuentra el de promover la implantación generalizada y reforzada del uso sostenible de todas las formas de energía renovable. Así mismo, La Agencia tiene en cuenta las prioridades nacionales de los Estados y los beneficios derivados de un planteamiento combinado de energía renovable y medidas de eficiencia energética, además de la contribución de las energías renovables en la conservación del medio ambiente, al mitigar la presión ejercida sobre los recursos naturales, destacándose la contribución de las energías renovables a la conservación del medio ambiente al mitigar la presión ejercida sobre los recursos naturales y a reducir la reforestación, sobre todo en las regiones tropicales, la desertificación y la pérdida de biodiversidad; el abastecimiento de energía y su seguridad; al desarrollo regional, y la responsabilidad intergeneracional.
El artículo 3º define las energías renovables, entre las cuales se incluye: “la bioenergía; la energía geotérmica; la energía hidráulica; la energía marina, incluidas la energía obtenida de las mareas, de las olas y la energía térmica oceánica; la energía solar y al energía eólica”.
El artículo 4º describe las actividades que se buscan realizar en beneficio de sus miembros, tales como analizar y supervisar las políticas; servicios de asesoramiento; desempeño de sus actividades; promover la cooperación internacional de energías renovables y difundir la información y fomentar la toma de conciencia pública acerca de los beneficios que ofrecen las energías renovables, entre otras.
En el artículo 5º se refiere al programa de trabajo anual que preparará la secretaría, informará el consejo y aprobará la asamblea, precisando que La Agencia podrá llevar a cabo proyectos iniciados y financiados por sus miembros, siempre y cuando exista disponibilidad de recursos no económicos de La Agencia.
Las normas hasta aquí descritas son compatibles con la Constitución Política, en la medida en que versan sobre el establecimiento de una persona jurídica de derecho internacional, Irena, (Agencia Internacional de Energías Renovables), contemplada como una plataforma para el intercambio y desarrollo de los conocimientos acerca de las energías renovables. Igualmente, plantean disposiciones generales de La Agencia, así como sus objetivos y definición del tema tratado.
Así, se tiene que las energías tradicionales, también conocidas como combustibles fósiles, como lo son el carbón, el gas natural y el petróleo, se agotan con el tiempo y su consumo intensivo genera perjuicios tales como el cambio climático, la deforestación y desequilibrios geopolíticos y económicos(52).
En contraposición, las energías renovables están definidas como aquellas que son inagotables desde el punto de referencia del período de existencia de la humanidad. La materialización del concepto de renovable se refiere a “ritmos de consumo no superiores a los de producción o generación de manera natural”(53).
Observa la Corte que las disposiciones normativas del estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables se encuentran dirigidas a desarrollar desde el punto de vista económico y ecológico la utilización de energías renovables. Así, dentro de sus objetivos enumerados en el artículo 2º se encuentra la de contribuir “a la conservación del medio ambiente al mitigar la presión ejercida sobre los recursos naturales y reducir la deforestación, sobre todo en las regiones tropicales, la desertización y la pérdida de biodiversidad; a la protección del clima; al crecimiento económico y la cohesión social, incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible; el acceso al abastecimiento de energía y su seguridad, al desarrollo regional y a la responsabilidad intergeneracional”.
2.4.1.2. Estructura y funcionamiento.
En el artículo 6º consagra la adhesión de miembros a La Agencia y el ingreso de los mismos. Dentro del anterior contexto, el estatuto estará abierto a todos los miembros de Naciones Unidas, determinando que si se trata de una organización intergubernamental regional de integración económica, sus Estados miembros decidirán sobre sus respectivas responsabilidades en cuanto al cumplimiento de obligaciones que les imponga el estatuto.
El artículo 7º señala que los observadores podrán asistir a las reuniones, tales como las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales activas en el ámbito de energías renovables y signatarios que no hayan firmado el estatuto.
El artículo 8º establece los órganos principales de La Agencia, los cuales son la asamblea, el consejo y la secretaría. El artículo 9º indica todo lo concerniente a la composición y las funciones de la asamblea como órgano supremo de La Agencia. El artículo 10 hace referencia al consejo, el cual constará de no menos de 11 y no más de 21 representantes, que será equivalente a un tercio de los miembros de La Agencia. Igualmente, explica sus funciones y todo lo concerniente a este órgano de dependencia. Por su parte, el artículo 11 regula lo relativo a la secretaría, la cual asistirá al consejo y a sus órganos subsidiados en el ejercicio de sus funciones; desempeñará, así mismo, las demás actividades que le señale el estatuto, como las que delegue la asamblea o el consejo.
2.4.1.3. Presupuestos económicos.
2.4.1.4. Personalidad jurídica y relaciones con otras organizaciones.
2.4.1.5. Relaciones con otras organizaciones.
2.4.1.6. Modificaciones y retirada de La Agencia.
Esta previsión es usual en el derecho internacional público, por lo que no ofrece ningún reparo constitucional. En efecto, esta regla es necesaria para la aplicación del tratado internacional objeto de estudio. De igual manera, al prever el consentimiento de los Estados para las respectivas reformas o modificaciones, se hace compatible con los principios constitucionales que gobierna las relaciones internacionales del país.
En el artículo 16 hace referencia a la resolución de controversias que se puedan generar entre los miembros de La Agencia, las cuales se regirán de acuerdo con el aparte 1º del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
El artículo 17 precisa sobre la suspensión temporal de derechos, la cual se puede dar por mora en el pago de las contribuciones financieras a La Agencia.
No obstante, la Asamblea podrá permitir a esos miembros ejercer el derecho al voto, si llega al convencimiento de que el impago se debe a circunstancias ajenas a su control.
2.4.1.7. Disposiciones finales.
1. Declarar EXEQUIBLE el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1665 de 2013, “Por medio de la cual se aprueba el “estatuto de La Agencia Internacional de Energías Renovables”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.”
(1) Ver sentencias C-468 de 1997; C-376 de 1998; C-426 de 2000 y C-924 de 2000.
(2) Folio 69 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(3) Folios 70 y 71 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(5) Sentencia T-907 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(6) M.P. Mauricio González Cuervo.
(7) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(9) sentencias C-030 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-461 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-750 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-175 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras.
(10) Sentencias C-615 de 2009 y C-187 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(11) M.P. María Victoria Calle.
(14) LAT-371, Sentencia C-196 del 2012, M.P. María Victoria Calle.
(15) Sentencia C-334 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(16) Ver folios 4 a 22. del cuaderno de pruebas Nº 2.
(17) Ver folios 23 a 35 del cuaderno de pruebas Nº 2.
(18) Ver folio 20 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(19) Ver folios 24 a 26 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(20) Ver folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(21) Ver folios 37 a 48 del cuaderno de pruebas Nº 2.
(22) Ver folios 50 y 51 del cuaderno de pruebas Nº 2.
(23) Ver folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas Nº 2.
(24) Ver folios 52, 54 y 56 del cuaderno de pruebas Nº 2
(25) Ver folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas Nº 2.
(26) Ver folios 110 a 115 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(27) Ver folio 119 y siguientes del cuaderno de pruebas Nº 1.
(28) Ver folios 60 a 83 del cuaderno principal.
(29) Ver folio 106 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(30) Página 13 Gaceta del Congreso Nº 626 del 16 de agosto de 2013 (fls. 65 y 66 del cuaderno principal).
(31) Página 32 de la Gaceta del Congreso Nº 334 del 29 de mayo de 2013 (fl. 162 del cuaderno de pruebas Nº 1).
(32) Páginas 120 y 121 de la Gaceta del Congreso Nº 751 del 20 de septiembre de 2011 (fls. 62
del Cuaderno de pruebas Nº 3).
(33) Ver folios 70 y siguientes del cuaderno de pruebas Nº 3.
(34) Ver folio 74 del cuaderno de pruebas Nº. 1.
(35) Páginas 138 y 139 de la Gaceta del Congreso Nº 757 del 23 de septiembre de 2013 (folio 138 del cuaderno de pruebas Nº 3).
(36) Folios 70 y 71 del cuaderno de pruebas Nº 1.
(37) Ver folios 4 a 22 del cuaderno de pruebas Nº 2.
(38) Gaceta del Congreso Nº 470 del 26 de julio de 2012.
(39) Publicación de la ponencia para primer debate en la Gaceta del Congreso Nº 580 del 4 de septiembre de 2012.
(40) Según consta en el Acta Nº 08 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 37 del 11 de febrero 2013.
(41) Según consta en el Acta Nº 23 del 23 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 898 del 7 de diciembre de 2012.
(42) Según consta en el Acta Nº 29 del 30 de abril de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 626 del 16 de agosto de 2013.
(43) Según consta en el Acta de Plenaria Nº 216 de la sesión del 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 757 del 23 de septiembre de 2013.
(44) En la Sentencia C-1017 de 2012. M.P. Luis Guillermo Guerrero, al estudiar la constitucionalidad del literal a) del artículo 3 de la Ley 1431 de 2011 “Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política” señaló: “La votación ordinaria se utiliza en los casos señalados de forma expresa por la ley y se efectúa dando los Congresistas, con la mano, un golpe sobre el pupitre. Es obligación del respectivo secretario informar sobre el resultado de la votación, y en el evento de no pedirse verificación, se tendrá por exacto dicho informe. Este sistema de votación se preservó en el ordenamiento jurídico por razones de celeridad, pues la cantidad de determinaciones sometidas a la definición de los congresistas, harían excesivamente complejo y engorroso mantener la votación pública y nominal en todos los casos”.
(45) Sentencia C-360 de 2013.
(46) “Por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”.
(47) Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(48) Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(49) Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(50) Sentencia C-51 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(51) “Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.
(52) Ortega Rodríguez Mario. Energías Renovables. Página 13.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 157
 artículo 133
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 162
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 16
 resolución 
 artículo 33
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 133