Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632086.html
Timestamp: 2019-03-23 20:47:46+00:00

Document:
A.S. 86-2016
Auto Supremo N° 86/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.277/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 135 vta. a 137, interpuesto por Olga Durán Uribe, Administradora Regional Santa Cruz y Brenda Erika Siñani Rojas Abogada Regional Santa Cruz del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), Regional Santa Cruz, contra el Auto de Vista N° 123 de 4 de mayo de 2015, cursante de fs. 128 a 129 emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso sobre rehabilitación de rentas básicas de vejez instaurado por Walter Chávez Chávez, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 140 y vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de rehabilitación de rentas básicas de vejez interpuesto por Walter Chávez Chávez, la Comisión de Calificación de Rentas del Servicio Nacional del Servicio de Reparto, mediante Resolución N° 00010493 de 5 de noviembre de 2013 defs. 76 a 78 determinó;
Primero.- La suspensión definitiva de la Renta Única de Vejez, otorgada al asegurado Walter Chávez Chávez (mediante Resolución N° 013725 de fecha 7 de noviembre de 1997), en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de dicha resolución.
Segundo.- Revisión de renta y determinar el monto de lo indebidamente cobrado.
Tercero.- Por la unidad de asesoría legal, determina la recuperación de lo indebidamente cobrado por el Sr. Walter Chávez Chávez.
Ante esta determinación el asegurado interpuso recurso de reclamación de fs. 80 vta. a 82, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normas vigentes que rigen la materia.
En grado de apelación interpuesta por el asegurado de fs. 112 a 113, por Auto de Vista N° 123, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó totalmente la Resolución de la Comisión de Reclamaciones N° 785/14, y deliberando en el fondo se dispone que el SENASIR, procesa a la rehabilitación de la Renta de Vejez a favor del solicitante, desde la fecha de su suspensión. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO).
Esta resolución originó que los representantes nombrados del SENASIR, formulen recurso de casación en el fondo de fs. 135 vta. a 137, quienes luego de realizar el detalle de los antecedentes procesales, expresan lo siguiente:
Denuncian que uno de los medios idóneos y legalmente reconocidos para la verificación de datos referentes a partidas de nacimiento, defunción y matrimonios, son los establecidos por la Corte Nacional Electoral, en este entendido cursa de fs. 68 a 69, informe emitido por dicha institución donde se establece que Walter Chávez Chávez, se encuentra inscrito con la fecha de nacimiento 4 de octubre de 1947, motivo por el cual se le suspende la renta de vejez que venía percibiendo, siendo que a la fecha del corte el mismo contaba con 49 años de edad no pudiendo ser beneficiario de ninguna renta, consiguientemente, se le suspendió la misma, mediante Resolución N° 10493 de 5 de noviembre de 2013; con respecto a la ratificación y rectificación de partida de nacimiento presentado por el asegurado se tiene que el mismo inició dicho trámite el 23 de noviembre de 2013, días posteriores a la emisión de la resolución de suspensión de renta de vejez, por lo que dicho documento no debió tomarse en cuenta como legal para su valoración siendo que el trámite en el SENASIR tuvo su inicio el mes de mayo de 1997; por o que se tiene que no existió una correcta interpretación de la normativa, ni valoración de la documentación adjunta que hacen prueba que el mismo al momento de iniciar el trámite no contaba con la edad de 57 años sino con 49 años de edad, por lo que no es viable lo dispuesto en el auto de vista conforme establece el art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), aprobado por Resolución Secretaria! N° 10.0.0.087 de fecha 21 de julio de 1997.
Concluyen solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista N° 123/2015 de fecha 4 de mayo y sea previo las formalidades de rigor.
En el caso objeto de análisis, el representante de la institución recurrente cuestiona el fallo del tribunal ad quem, por revocar la Resolución N° 0001493, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de fs. 76 a 78 y revocar la Resolución N° 00010493, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas y revocar la Resolución N° 785/14, pronunciada por la Comisión de Reclamaciones, al disponer en el auto de vista la rehabilitación de la renta de vejez a favor del solictante, desde la fecha de suspensión de la misma; denunciando así, que no existió una correcta interpretación de la normativa, ni valoración de la documentación adjunta.
Al rspecto cabe señalar, que el art. 14 del Decreto Supremo (DS) N° 27543 de 31 de mayo de 2004, en sus capítulos II y III prevé el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, abarcando a la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, aspectos que la institución recurrente no tuvo en cuenta al momento de efectuar la acusación, no siendo en consecuencia evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, esté establecida sólo para trámites de rentas en curso de pago y adquisición, sino también corresponde su consideración en los trámites de Compensación de Cotizaciones.
En este contexto, el citado DS en su art. 14, al respecto señala: “ En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente DS, bajo presunción juris tantum.
Los documentos serán uno o más de los siguientes: finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planilla de haberes, partes de filiación y bajas de las Cajas de Salud respectivas...”. Concordante con su artículo 18 que dispone: "... Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del presente DS...” A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “...Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo”. Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el artículo 83 del MPRCPA, dispone claramente que cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.
Ahora bien, el ente gestor a fin de justificar la suspensión definitiva de la renta de vejez de asegurado, se basó en el informe N° 57/2010 de fecha 4 de mayo de 2010, cursante de fs. 68 a 69, donde se informó que el asegurado Walter Chavez Chavez, con fecha de inscripción de 10 de octubre de 1947 y la fecha de nacimiento 4 de octubre de 1947, informe emitido por Ever Cristián Cordero Melendres, Oficial Jurídico II de la Dirección Nacional de Registro Cívico de Santa Cruz de la Sierra, extremo ratificado mediante Informe Técnico SENASIR N° 1653/13 de 17 de septiembre de 2013, de fs. 74 75 de obrados.
Sin embargo, el titular de la renta, presentó de fs. 106 a 110 certificado de nacimiento y el testimonio del juicio ordinario de puro derecho sobre cancelación y ratificación, corrección de partida de nacimiento seguido por el asegurado contra la Dirección Departamental de Registro Cívico de Santa Cruz, valor probatorio que le otorgan los arts. 1287 y 1534 del Código Civil vigente a la fecha de presentación; quedando en definitiva establecida la fecha de nacimiento el 4 de noviembre de 1940, contando con 56 años a la fecha de corte en el sistema de reparto de abril de 1997; de donde se evidencia que el asegurado contaba con la edad para acceder al seguro de largo plazo de vejez, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor, al argumentar que el asegurado no cumplía con la edad mínima para ser beneficiario al seguro de vejez, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron correcta valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hubieran aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83; aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se avocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la irrenunciabilidad de los derechos.
Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta para los representantes del SENASIR a momento de suspender la renta de vejez al beneficiario, al ignorar que el año de nacimiento de ningún modo sufrió alguna modificación, al contrario de ratificó dentro del proceso administrativo, con toda la documentación que presentó el rentista, los cuales no fueron tomados en cuenta por el SENASIR, con el argumento que el asegurado no contaba con la edad para acceder al seguro de vejez, y con los requisitos de aportes; por esta razón, dicha suspensión es arbitraria e ¡legal por parte del SENASIR, los cuales han sido reparados por el tribunal se segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS); no siendo evidente que se haya transgredido y aplicado indebidamente las normas denunciadas por los representantes de la entidad recurrente.
En tal sentido, el art. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005 y el art. 2.b) de la Resolución Administrativa N° 044 de 18 de julio de 2001, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”; sin embargo en virtud a las previsiones contenidas en el art. 477 del RCSS, la suspensión de la renta de vejez procede cuando se comprobare que la decisión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas y el incumplimiento de los aportes requeridos por ley, situación que no sucedió en el caso de autos, por ello, el tribunal ad quem, al haber dispuesto en el Auto de Vista N° 123/2015, la revocatoria de la Resolución N° 785/14, pronunciada por la Comisión de Reclamaciones, disponiendo la rehabilitación de la renta de vejez en favor del asegurado, actuó adecuadamente, porque el error no se debió a datos o declaraciones fraudulentas, como exige el artículo citado precedentemente, sino a una mala aplicación de las normas por parte de los funcionarios del SENASIR; sin embargo, extralimitándose en sus atribuciones procedieron a suspender de forma definitiva la renta de vejez otorgada en favor del asegurado Walter Chávez Chávez, por no contar con la edad requerida para beneficiarse de esta prestación puesto que el error de cálculo provino de la institución del Servicio de Registro Civil (SERECI) y no así de parte del solicitante, facilitando solamente y de manera oportuna la documentación necesaria prevista en los arts. 4 de la Resolución Ministerial (RM) N° 1361 de 4 de diciembre de 1997 y 493 del RCSS, base sobre la cual se le calificó su renta; sino por errores de cálculo atribuibles a funcionarios del SENASIR; como se manifestó precedentemente, no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, que a título de resguardar los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia (que en realidad se trata de dineros de los asegurados), procedan injustamente a la suspensión definitiva de la renta de vejez del asegurado.
A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en la jurisdicción administrativa, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal; así los arts. 180.1 de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencía a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
De tal manera, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios plasmados en los arts. 35. I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.
En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se les niegue el derecho a los aportes que le corresponde al rentista Walter Chávez Chávez.
Bajo estas premisas, se concluye que las denuncias formuladas por la Institución recurrente en su acción extraordinaria devienen en infundadas, por cuanto no demostró la lesión, vulneración o violación de los artículos invocados en su recurso, por ello, corresponde resolverlo en la forma prevista por los artículos 271.2 y 273 del CPC, aplicables por disposición del art. 633 del RCSS.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 135 vta. a 137.
Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178 de 2 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.

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 Artículo 14
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