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Timestamp: 2020-05-26 08:51:47+00:00

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La economía social y solidaria en el desarrollo económico y humano del país
La economía social y solidaria (ESS) ha surgido históricamente en respuesta a los procesos de exclusión social y laboral de las personas llamadas despectivamente “ineficientes”, “obsoletas” o “no competitivas” por el capitalismo globalizado. Esa exclusión social ha sido efecto de una enfermiza concentración de la riqueza, de la generación mundial de desempleo[1], del empobrecimiento de los pueblos y de la desintegración de tejido social.
Tales procesos de exclusión han puesto más destacadamente en evidencia la conformación de un sector de la economía que muestra su desacuerdo con las formas y prácticas capitalistas; que se basa en el bienestar de todos y no en la acumulación de dinero y, por ello, ha fortalecido en la sociedad la presencia de formas diferentes de organización social para el trabajo y reafirmado actitudes y conductas contrarias a las del capitalismo, como las relacionadas con la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, la participación colectiva, la autogestión, procedimientos democráticos de decisión y administración, promoción del desarrollo humano y del desarrollo sustentable, compromiso por la recuperación del equilibrio de los ecosistemas, la búsqueda de efectos sinérgicos mediante el trabajo conjunto de uno con otro u otros, para un mismo fin. El sector social de la economía privilegia las actitudes y prácticas de socialización, las del “nosotros”, por sobre las actitudes y prácticas individualistas, las del “yo” solitario.
La economía social en México
En México, la existencia de un tercer sector de la economía es reconocida oficialmente desde el 3 de febrero de 1983, cuando, en el marco de la economía mixta, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto de reforma al artículo 25 constitucional para dejar sentado que:
“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.”
Se le ha llamado Sector Social de la Economía (SSE) y en la ley respectiva quedó conformado por los ejidos, las comunidades, las cooperativas, las organizaciones de los trabajadores, las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, por todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
En tal reforma, el Estado Mexicano se comprometió a “promover y fomentar el desarrollo de las empresas del SSE bajo criterios de equidad social y responsabilidad”[2], lo cual implicaba elaborar todo un marco normativo, además de la realización de una compleja tarea de modernización administrativa.
Pasaron 15 años para que el Ejecutivo continuara con la reforma constitucional de 1983 y presentara una iniciativa de ley reglamentaria. Así, en 1998, el pleno de la LVII legislatura de la Cámara de Diputados la aprobó y la remitió a la Cámara de Senadores donde durmió el sueño de los justos. Fue hasta cuatro legislaturas después, la LXI, que un senador de la República y dos diputados presentaron sus respectivos proyectos de Ley General de la Economía Social y Solidaria.
El proyecto del senador fue aprobado por ambas cámaras, pero vetado por el presidente Felipe Calderón, argumentando la existencia, entre otros, “de problemas de constitucionalidad”. Subsanadas las objeciones por la LXII legislatura, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF del 23 de mayo de 2012 la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de: 1)“Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la Actividad Económica del Sector de la Economía Social”; y 2) “Definir las Reglas para la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país”…
Con la Ley, “se crea (artículo 31) el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta Ley”. Entre otras, sus funciones consisten en “Instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía;… Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social;… Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del Sector…”
El INAES sustituye al Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)[3] que nació en respuesta a la necesidad de respaldar a organizaciones sociales con iniciativas de proyectos productivos que, dadas sus características, no son sujetas de crédito en la banca comercial. El objetivo del FONAES era “Impulsar el Trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesina, indígena y grupos de áreas urbanas del sector social” mediante los apoyos que la institución otorgaba.
Pero, ¿qué es o qué se entiende por economía social?
Nuestra ley no define el concepto. Dice quiénes la integran o forman, aunque sí señala (artículo 3) que… “funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan”…
No es nuestra culpa esa falla metodológica pero, como es verdaderamente importante saber qué se entiende por economía social, ayudémonos entonces con la definición que proporcionan otras instancias, como el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), principal referencia académica de estudios acerca de la economía social, con sede en la Universidad de Lieja, Bélgica.
El CIRIEC define a la economía social (ES) de la manera siguiente:
“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión; creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución de beneficios o excedentes entre los socios, así como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social –prosigue el CIRIEC-- agrupa también a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o financian.[4]
Advierto que, en esta definición, el CIRIEC llama empresas privadas también a las que en México y en América Latina conocemos como empresas del Sector Social de la Economía (SSE) o de propiedad colectiva, las que de suyo son entidades organizadas libremente por personas necesitadas, que coinciden en la búsqueda de objetivos y necesidades comunes, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, con distribución equitativa de los excedentes y donde la toma de decisiones es democrática bajo el principio “un socio, un voto”, sin considerar el número de aportaciones de cada socio al capital de la empresa. En las empresas de la economía social, el interés por el desarrollo humano y el comunitario está por encima del interés por el capital.
Junto con los ejidos, las organizaciones y empresas de los trabajadores y las comunidades, las cooperativas son parte de la economía social y solidaria. Veamos cómo México las define en la Ley General de Sociedades Cooperativas. La Ley dice textualmente, Artículo 2:
“La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de la solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución, y consumo de bienes y servicios.”
Por su parte, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), órgano de representación mundial del cooperativismo, fundada en Londres, Inglaterra, sin ánimo de lucro, en agosto de 1895, describe a la cooperativa en el artículo 5 de su reglamento. Éste dice:
“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta gestionada democráticamente”.
En el artículo 6, de ese mismo reglamento, al hablar de los valores que rigen al cooperativismo, estipula lo siguiente:
“Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, responsabilidad por los propios actos, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Conforme a la tradición de los fundadores (se refiere a los del cooperativismo), los miembros de las cooperativas creen en una serie de valores éticos, a saber, la honestidad, la apertura, la responsabilidad social y la preocupación por los demás.”
Volvamos a la Ley mexicana de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Séptimo párrafo del artículo 25 constitucional. Sobre los principios que habrán de tomar en cuenta los subsectores y organismos del sector social de la economía, en el artículo 9, menciona cuatro fundamentales:
“I. Autonomía e independencia del ámbito político y religioso; II. Régimen democrático participativo; III. Forma autogestionaria de trabajo; IV. Interés por la comunidad.”
Y en el artículo 10, enumera 13 valores que han de orientar la actuación de los organismos del sector de la economía social:
“I. Ayuda mutua; II. Democracia; III. Equidad; IV. Honestidad; V. Igualdad; VI. Justicia; VII. Pluralidad; VIII. Responsabilidad compartida; IX, Solidaridad; X. Subsidiariedad; XI. Transparencia; XII. Confianza; y XIII, Autogestión.”
La definición de la Universidad de Colombia
La Universidad Cooperativa de Colombia, en un documento de su autoría titulado ‘Cronología de la Economía Social’, define el tema como sigue:
“La economía social es aquella que hace énfasis en los intereses de la ma­yor parte de la sociedad y da importancia en los procesos de producción, distribución, consumo y acumulación al factor trabajo [por] sobre el factor ca­pital y a la propiedad de los trabajadores y propiedad comunitaria sobre la propiedad privada”. “La economía solidaria es una de las expresiones más depuradas de la economía social.”
¿Verdad –pregunto-- que en todas estas definiciones y referencias resaltan las analogías en la economía social y solidaria de los continentes --pues en todos son similares--, así como en cualquiera de sus formas de organización como las cooperativas?
Así ha sido siempre, desde que se tiene registro de las primeras cooperativas y mutualidades del siglo diecinueve. Hay sus razones para ello.
La economía social, un fenómeno mundial
Sólo para dar una idea del significado de la economía social, diré que en Francia ese fenómeno tiene una gran tradición y arraigo pues, como en toda Europa, integra en el sector a las mutualidades, las cooperativas, las asociaciones y a las fundaciones, todas estas formas de organización o apoyo social. En los países anglosajones, el concepto social economy está siendo aceptado, aunque los conceptos de “sector no lucrativo” y de “sector voluntario” tienen más tradición científica, aunque comprendan otras actividades además de las económicas.
El Comité Económico y Social Europeo, órgano consultivo de la Unión Europea fundado en 1957, que promovió desde sus inicios la concepción de economía social, publicó recientemente un informe sobre la economía social en Europa realizado también por el ya mencionado CIRIEC, donde se reconoce que “la economía social contribuye de manera significativa a la creación de empleo, al crecimiento sostenible y a una más justa distribución de la renta y de la riqueza.” En ese informe, se afirma que la economía social es “un sector capaz de combinar la rentabilidad con la inclusión social y los sistemas democráticos de gobernanza”… La economía social es incluyente; el capitalismo, excluyente.
En España, la economía social es asumida con gran seriedad. El sector se rige por la Ley 5/2011 de Economía Social, aprobada el 29 de marzo de ese año, ley que configura un marco jurídico incluyente de las cooperativas[5]; las empresas de trabajo asociado (modelo de empresa privada[6], autogestionada, promovida por algunos movimientos, teorías e ideologías); las empresas autogestionadas; las organizaciones no lucrativas y las asociaciones caritativas (es decir, las que auxilian y dan asistencia a los más necesitados); y, en general a las organizaciones no lucrativas (las que se financian mediante ayudas y donaciones de personas físicas, empresas e instituciones y organizaciones de todo tipo) y que tienen por objeto configurar una serie de medidas de protección y promoción de las empresas que la propia ley relaciona con la economía sustentable.
La Ley española define la economía social como el:
"Conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios como el de la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, con la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, la independencia respecto de los poderes públicos, entre otros, buscan el interés colectivo de sus integrantes y el interés general económico o social, o ambos.”
En ese país, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), constituida en 1992 por 30 organizaciones, todas ellas confederaciones, de ámbito local, autonómico y grupos empresariales específicos del sector, es la máxima institución representativa de la economía social. La CEPES es un agente económico y social de carácter intersectorial, portavoz único, integrador y vertebrador de la Economía Social ante la sociedad y los poderes públicos.
La CEPES defiende y “da visibilidad” a un modelo de empresa que basa su actividad en la primacía de las personas sobre el capital, bajo unas premisas fundamentales de transparencia y democracia en las decisiones empresariales, y donde los trabajadores son piezas clave para intentar el bien común y el social; y demuestra que la racionalidad económica y el progreso social son criterios compatibles, donde la solidaridad y la responsabilidad social son claves para alcanzar bienestar compartido. Entre varias otras ventajas, la ES restituye el tejido social tan dañado por la marginación, la desigualdad y las necesidades de subsistencia.
Mondragón Corporación Cooperativa merece mención aparte. Es una referencia mundial del trabajo en cooperación. Su origen y sede central están en el País Vasco, España. Se integra con 289 empresas y cooperativas, entre ellas 15 centros tecnológicos y cuenta con 80,321 trabajadores. Nació en abril de 1956. En 2012, tuvo ingresos por 13,699 millones de euros; sus activos suman 32,454 millones y su capital social es de 2,999 millones de euros.
Terminaré esta parte, informándoles que el conjunto de socios integrados en la CEPES representan:
145,299 millones de euros de facturación (10% del PIB) y 2’564,964 empleos directos e indirectos (1 de cada 6 trabajadores).
Casi 43,000 entidades empresariales. (Una de cada 17 empresas españolas (17,68%) pertenece a la Economía Social.
Más de 15’075,103 personas asociadas. (32,27% de la población, Uno de cada tres españoles está vinculado a una entidad de Economía Social).[7]
El límite del tiempo me impide ir con detalle sobre la economía social y solidaria en el mundo. Respecto de América sólo diré que Argentina, por ejemplo, ha ido saliendo de sus problemas fundamentalmente por el gran movimiento cooperativo que allá se ha suscitado. En Argentina ha habido varios Congresos Internacionales sobre la Economía Social y Solidaria. Allá hay una verdadera confianza en las potencialidades de esta economía alternativa. El conocimiento sobre el cooperativismo posibilitó la salvación de muchas empresas que al cerrar fueron tomadas por sus trabajadores para convertirlas en cooperativas de trabajo asociado. Gracias a esas cooperativas se salvaron miles de plazas de trabajo en ese país. Esfuerzos similares se realizan en Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, entre otros.
Respecto de la economía social y solidaria en Canadá, Julio Pineda Suárez, del Politécnico Grancolombiano, en Bogotá, Colombia, en estudio realizado por él mismo, afirma que el movimiento cooperativo en ese país es uno de los más pujantes en los últimos tiempos y “se puede proponer como un modelo de desarrollo socioeconómico en la era de la globalización”. Algunas cifras darán elocuencia a este aserto: de cada 10 canadienses por lo menos 4 están asociados a una cooperativa; esto es que 40% de la población canadiense se halla vinculada a las 9 mil empresas que forman el sistema cooperativo.
Según una información dada en “El cooperativismo en Estados Unidos”, un artículo de Ricardo César Bazán, técnico en cooperativismo, las cooperativas en ese país existen desde 1752. Al momento de su artículo, había 27,509 cooperativas (hoy son más de 29,000) de distintas ramas: agrarias, financieras, de vivienda, consumo, de servicios públicos; que se desenvuelven en rubros como: seguros, banca, fondos de inversión, energía, telecomunicaciones y agroindustrias. Por ejemplo, el sector cooperativo telefónico tiene más de 500 cooperativas con más de 5 millones de asociados.
Algo de historia de la economía social
Lo anterior nos indica que los principios y valores morales y éticos, que rigen en cualquiera de las empresas clasificadas en la economía social y solidaria en el mundo, son prácticamente los mismos; y es precisamente en esos principios y valores donde se halla lo valioso de la economía social y solidaria y por ellos mismos se le reconoce como un modo civilizado de vida, incluyente, que privilegia el trabajo y al ser humano por sobre el dinero y, por consiguiente, su administración y conducción son democráticas, justas y equitativas en la distribución de excedentes.
Pero, hagamos un paréntesis para cerciorarnos de que tampoco estamos ante conceptos recientes sino que han tenido un grado de madurez de siglos como todo lo que trasciende los tiempos en la historia.
Empecemos por recordar que Investigadores de los institutos de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional y de Economía Social y Derecho Cooperativo, ambos de la Universidad del País Vasco, España[8], señalan que la primera aparición de los conceptos Economía Social y Solidaria en estudios económicos se remonta al siglo XIX. Los atribuyen a autores de renombre en la historia como el economista y filósofo inglés John Stuart Mill (1806-1879) y el economista francés de la escuela de Lausana León Walras (1834-1910), quienes usaron los términos economía social y solidaria para designar a las organizaciones innovadoras que se iban creando como respuesta a los problemas sociales generados por la incipiente sociedad capitalista.[9] No olvidemos que entonces aparecía la propiedad privada como forma predominante en la producción en las ciudades y en el cultivo de la tierra.
Esas “organizaciones innovadoras” no eran más que las mutualidades, los sindicatos, las cooperativas (socialismo utópico) y otras asociaciones o corrientes de pensamiento como el socialismo, el anarquismo, que surgieron en respuesta a los fenómenos de exclusión social y económica suscitados por la Revolución Industrial que tuvo lugar entre finales del siglo XVIII y principios del XX, al transitar de una economía basada en el trabajo manual a otra dominada por la industria y la manufactura. Esos fenómenos han continuado incrementándose hasta nuestros días en la medida en que la inversión ha sido más especulativa, la industria se ha automatizado y robotizado, lo que ha puesto a las empresas en una mayor capacidad de prescindir de mano de obra en actividades productivas y de servicios.
Los principios y valores en que se sustenta la economía social y solidaria son igualmente de una muy antigua acuñación: por ejemplo, la Cronología de la economía solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia registra que Demócrito (460-370 a. de C.), el filósofo griego, destacó el papel fundamental de la ayuda mutua en su teoría sobre el desarrollo de la sociedad humana; que Sócrates (470-399 a de C.) planteó en su obra la tesis sobre “la autosuficiencia de las comunidades, con una vida elemental y sin lujos”; Platón (427-347 a. de C.), propuso en La República “una sociedad igualitaria y sin propiedad privada”; los Epicúreos (siglos IV a III a. de C.) “centraron su preocupación filosófica en los medios para alcanzar la felicidad humana, a través de una vida en comu­nidades autárquicas [autosuficientes], fundamentadas en la amistad y la solidaridad”.
Ya en la era de Cristo, entre los siglos I al IV, los primeros ideólogos del cristianismo fundamentaron su doctrina en “una vida comunitaria, regida por la ayuda mutua y la solidaridad, con exaltación del trabajo material”. Más tarde, en el siglo X, durante la Edad Media, “se inicia el auge de las llamadas guildas o gremios de artesanos y de las corporaciones de comerciantes, así como las llamadas hermandades, que se fundamentaban en la ayuda mutua y la solidaridad”; y Tomás Moro (1478-1535) en su Utopía presenta “un modelo de sociedad fundamentado en la igualdad, el trabajo y la democracia, sin propiedad privada”. Hoy, nadie duda de la gran influencia en los siglos posteriores de la obra intelectual de Tomás Moro.
Tampoco hay que olvidar a la masonería simbólica constituida en 1717 en la Gran Logia de Londres, conformada por hombres librepensadores, comprometidos con la solidaridad, la ayuda mutua y los principios liberales. La masonería simbólica jugaría un papel trascendental en todos los cambios políticos de los siglos XVIII y XIX; como no hay que olvidar a la Revolución Industrial (1765), que provocaría cambios profundos sociales y económicos “y abriría el camino para las organizaciones de traba­jadores, a través de cooperativas y sindicatos”.
Recordemos la Aldea Cooperativa de Robert Owen (1800), considerado el pionero del cooperativismo, así como la primera obra de Fourier (1808): La teoría de los cuatro movimientos, donde critica agudamente a la sociedad capitalista y a la llamada "civilización" como generadoras de toda suerte de injusticias e infortunios, a la vez que aboga por la asociación libre de los ciudadanos mediante los falansterios, que eran comunidades de trabajo; posteriormente, la fundación en Indiana, Estados Unidos, de La Comunidad Nueva Armonía, una aldea cooperativa, al igual que las centenares de tiendas cooperativas en Inglaterra, bajo la dinámica de un movimiento cooperativo nacional. En general, hay múltiples antecedentes tanto del cooperativismo como de la presencia de una economía social.
La falta de espacio, sólo me permite mencionar que de acuerdo con los usos, costumbres y hábitos de nuestros pueblos originarios todo se hacía –se hace hasta nuestros días-- mediante el trabajo en común, donde se ponían de manifiesto los valores de la solidaridad, ayuda mutua, reciprocidad, etcétera. Si preguntamos a un nahua para quién trabaja, contestará “trabajo para mi comunidad”, es ejemplar el sentido del nosotros y del de reciprocidad de los pueblos originarios y de la forma en que se conducen las comunidades que autogestionan su propio desarrollo.
Todos esos valores están presentes en sus culturas y tradiciones. En otra ocasión me referiré a ellos porque vale la pena recordar que son ejemplo de cómo privaba y priva el espíritu de colectividad en su modo y razón de ser.
Las primeras mutualidades, sindicatos y cooperativas
En México, las primeras mutualidades, sindicatos y cooperativas se fundaron en la segunda mitad del siglo XIX. Destacan, por ejemplo, la Sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja de Ahorros de Orizaba que, “ya en el año de 1839, puso en práctica la célebre norma establecida por La Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, Manchester, Inglaterra (norma escrita en 1844, año en que la cooperativa de consumo fue constituida y registrada legalmente en el Parlamento Inglés), de “un socio un voto, independientemente de sus aportaciones al capital social de la institución”[10].
En 1873, a 30 años del arranque histórico del movimiento de los Pioneros de Rochdale, nació en México la primera cooperativa de producción formada por sastres. Posteriormente, vinieron otras de carpinteros y sombrereros. En 1876, los obreros ferroviarios de la Estación Buenavista del Distrito Federal, constituyeron la primera sociedad cooperativa de consumo.[11]
Gracias a que el “Centro Mutuo Cooperativo de México”, cuyos miembros fueron decididos partidarios de don Francisco I. Madero, al terminar la Revolución Mexicana, el movimiento cooperativo obtuvo una oportunidad de avance entre 1911 y 1926 y el cooperativismo mexicano se impulsaba en su trayectoria. En 1927, Plutarco Elías Calles promulgó la primera ley cooperativa. Seis años después, en 1933, Pascual Ortiz Rubio promulgó la segunda ley cooperativa con la intención de mejorar el sentido social de la primera ley. En 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas, considerado el gran promotor del cooperativismo, decretó la Ley General de Sociedades Cooperativas, con la que se originó el desarrollo social, económico y político del entonces nuevo cooperativismo mexicano. Esta ley estuvo vigente hasta el año de 1994.
Todos conocen la historia del cooperativismo mexicano del siglo XX y, como en todo, se tienen opiniones positivas o negativas de él. En verdad, en cierto sentido tienen razón tanto quienes piensen bien como mal del cooperativismo pasado en México. Depende del enfoque en que lo quieran ver. Lo que es verdad es que el fomento del cooperativismo del siglo pasado tenía propósitos específicos del gobierno y de las organizaciones sindicales, como la Confederación de Trabajadores de México, que lo promovieron. La gran falla estuvo en que se organizaron cooperativas de toda índole a diestra y siniestra, con propósitos corporativos y políticos, sin que los cooperativistas asociados supieran qué era realmente el cooperativismo, ni cuál la filosofía que lo sustenta, la filosofía que le da una vida diferente y lo hace también un modo diferente de vida.
Por ejemplo, la cooperativa escolar, que busca finalidades eminentemente educativas, fue distorsionada desde el año de 1926 en que se instalaron las primeras en las escuelas de México. Los directores de las escuelas las convirtieron en “su negocio”, privando a los niños de la oport

References: artículo 25
 Artículo 25
 Artículo 2
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 10