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Timestamp: 2017-03-26 20:52:29+00:00

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mujer del mediterraneo: febrero 2017
Acerca de nosotras · lunes, 27 de febrero de 2017
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra
la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten
de conformidad con esta obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos; establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación
justos y eficaces; adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva
esta Convención. La aplicación y observancia del derecho de la mujer a
una vida libre de violencia requiere que se determine
cuándo la violencia contra las mujeres genera la
responsabilidad del Estado. Este artículo es clave para
tal efecto, al enumerar los deberes de los Estados para
mujeres, especialmente tomar medidas para que sus
agentes se abstengan de “cualquier acción o práctica”
de violencia contra las mujeres y de “actuar con
la debida diligencia” para prevenir tal violencia e
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres,
en caso de que ocurra. De este modo, el artículo es el referente convencional
para determinar la responsabilidad internacional del
Estado ante el incumplimiento de sus deberes, pues
el artículo 12 señala la posibilidad de presentación
y consideración de peticiones ante los órganos de
protección del Sistema Interamericano en virtud de
denuncias o quejas de violación del artículo 7. La responsabilidad internacional del Estado se
materializa ante su incumplimiento de los deberes
convencionales y parte de obligaciones generales
del Estado, que la Corte IDH, desde su más temprana
jurisprudencia, ha interpretado. La primera es la de
“respetar los derechos y libertades” reconocidos en
la Convención, y la segunda es la de “garantizar” el
libre y pleno ejercicio de esos derechos a toda persona
sujeta a su jurisdicción126.
El deber de respetar implica que el Estado y sus
agentes no violen los derechos humanos tutelados por
la Convención. Los Estados y sus agentes deben de
abstenerse de conductas violatorias. Abarca también,
bajo ciertas circunstancias, que terceros –particularesse
abstengan de violar los derechos humanos.
El deber de garantía implica el deber de los Estados
de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera
tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos127. Como consecuencia de esta obligación los Estados
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación
de los derechos humanos; procurando, además,
el restablecimiento, de ser posible, del derecho
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños
producidos por la violación de los derechos humanos.128
Conforme a la obligación de garantía, en materia de
derechos humanos, el Estado no puede limitarse a no
incurrir en conductas violatorias de los derechos, sino
que además debe emprender acciones positivas. Estas
acciones consisten en todas aquellas que resulten
necesarias para posibilitar que las personas sujetas a
su jurisdicción puedan ejercer y gozar de sus derechos
y libertades.129
De estas obligaciones generales de respetar y
garantizar los derechos –sin discriminación-, derivan
deberes especiales, determinables en función de las
particulares necesidades de protección del sujeto de
derecho, ya sea por su condición personal o por la
situación específica en que se encuentre.130 A partir de lo anterior, todo menoscabo a los derechos
humanos reconocidos en el artículo 7 de la Convención
de Belém do Pará que pueda ser atribuido, según
las reglas del Derecho Internacional, a la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, constituye
un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos por la misma
Convención. Es por ello que los Estados Parte deben
tomar las medidas que sean necesarias para hacer
efectiva la Convención, o en caso de que la mujer
haya sido objeto de violencia tenga acceso efectivo a
recursos para obtener medidas de protección, lograr la
sanción del responsable de la violencia y para buscar
resarcimiento o reparación del daño. https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
El derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda
forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación.
Tal cual analizamos en el artículo 3, la violencia de
género se basa en el preconcepto de inferioridad de
las mujeres que sustenta la cultura de desigualdad
y discriminación que rige nuestras sociedades. Esta
noción subyace a la impunidad e inhabilita a las
mujeres para desplegar todas sus capacidades y ejercer
plenamente sus derechos. El artículo 6 da contenido
al artículo 3 al señalar algunas implicancias de una
vida libre de violencia. El derecho a ser libre de toda forma de
discriminación: La discriminación contra la mujer ha
generado las condiciones propicias para la violencia
y se refleja en el desigual acceso de las mujeres al
ejercicio de sus derechos. Provee el escenario en
donde se reproduce y fomenta la violencia contra
ellas. Así, muchos de los delitos cometidos en contra
de las mujeres están influenciados por una cultura de
discriminación basada en género. Esto incide tanto
en los motivos como en la modalidad de los crímenes,
y en la respuesta de las autoridades frente a ellos.105 La CEDAW tiene por objeto promover la igualdad de jure
y de facto entre mujeres y hombres en el ejercicio de
sus derechos humanos y libertades fundamentales.106
Define en su artículo 1 la discriminación como “toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo,
que tenga por objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera”. Esta definición incluye actos que infligen daños
o sufrimientos de índole física, mental o sexual,
amenazas de cometer esos actos, coacción y otras
formas de privación de la libertad.107 En otras
palabras, es una definición de alcance amplio y
comprende la violencia contra las mujeres en todas
sus formas,108 pero igualmente los Estados deberán
tener en cuenta la forma concreta en que algunos
casos de discriminación por otros motivos afectan en
particular a la mujer.109
Pero más importante aún, la definición brinda el
marco indispensable para entender el vínculo entre
discriminación y violencia, toda vez que la violencia
contra las mujeres constituye discriminación. La
prohibición de la discriminación está en directa
relación con el derecho a la igualdad (consagrado
en el artículo 4 inc. f de la Convención de Belém do
Pará). En la actual etapa de la evolución del derecho
internacional, el principio fundamental de igualdad y
no discriminación ha ingresado en el dominio del jus
cogens.110 Sobre él descansa el andamiaje jurídico del
orden público nacional e internacional y permea todo
el ordenamiento jurídico.111 A efecto de que los Estados cumplan con la
Convención de Belém do Pará, específicamente con su
obligación de respetar el derecho de la mujer de ser
libre de toda forma de discriminación, deben tomar
medidas contra la discriminación. Los Estados tienen
la obligación de no introducir en su ordenamiento
jurídico regulaciones discriminatorios, eliminar las
regulaciones de carácter discriminatorio, combatir
las prácticas de este carácter y establecer normas y
otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva
igualdad ante la ley de todas las personas.112 Esto
implica revisar su legislación y sus prácticas y tomar
la iniciativa en la aplicación de todas las medidas
que sean necesarias para erradicar la discriminación
contra la mujer en todas las materias prohibiendo, por
ejemplo, la discriminación en todos los ámbitos de la
vida de las mujeres. Asimismo, deben erradicar o abstenerse de producir
normas, políticas y prácticas que tengan efectos
discriminatorios en las mujeres por la existencia
de estereotipos basados en género (discriminación
indirecta)113 y generar normas y adoptar las medidas
que sean necesarias para reconocer y asegurar
una efectiva igualdad de las mujeres ante la ley
(discriminación positiva). Ahora bien, la discriminación no se limita a los actos
cometidos por los gobiernos o en su nombre. En virtud
del derecho internacional y de pactos específicos
de derechos humanos, entre ellos la Convención de
Belém do Pará, los Estados serán responsables de
actos privados si no adoptan medidas con la diligencia
debida para impedir la violación de los derechos
humanos de las mujeres.114
El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre
de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos
de inferioridad o subordinación:
Los estereotipos de
género se refieren a la construcción social y cultural de
hombres y mujeres, en razón de sus diferentes funciones
físicas, biológicas, sexuales y sociales. Más ampliamente,
pueden pensarse como las “convenciones que sostienen
la práctica social del género”. Estereotipo de género es un
término general que se refiere a “un grupo estructurado
de creencias sobre los atributos personales de mujeres
y hombres”. Dichas creencias pueden implicar una
variedad de componentes incluyendo características de
la personalidad, comportamientos y roles, características
físicas y apariencia u ocupaciones y presunciones sobre
la orientación sexual. Un estereotipo personal refleja
las creencias propias de un individuo sobre un grupo
objeto o sobre el sujeto del estereotipo, mientras que
un estereotipo cultural o colectivo refleja una creencia
ampliamente compartida sobre un grupo objeto o sobre
el sujeto de un estereotipo. Los componentes de los
estereotipos de género evolucionan y varían de acuerdo
con los diferentes contextos.115 La estereotipación de género per se no es
necesariamente problemática, sino cuando opera para
ignorar las características, habilidades, necesidades,
deseos y circunstancias individuales, de forma tal que
se le niegan a las personas sus derechos y libertades
fundamentales y se crean jerarquías de género.116 Tratándose de mujeres la estereotipación de género ha
tenido efectos negativos, toda vez que su subordinación
está asociada a prácticas basadas en estereotipos
de género socialmente dominantes y socialmente
persistentes, condiciones que se agravan cuando los
estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente,
en políticas y prácticas, particularmente en el
razonamiento y el lenguaje de autoridades estatales.
Así, la creación y uso de estereotipos se convierte en
una de las causas y consecuencias de la violencia de
género en contra de las mujeres.117
En los sistemas patriarcales, los patrones estereotipados
de comportamiento y las prácticas sociales basadas en
conceptos de inferioridad de la mujer están presentes
en todos los campos sociales. Así por ejemplo,
cuando las mujeres víctimas de violencia acuden a las
instancias estatales de denuncia –policías o fiscalías
principalmente- se encuentran, generalmente, con
un ambiente de discriminación basado en el género.
La presencia de estereotipos y prejuicios que existen
entre operadores/as de justicia provoca que se le
otorgue poca veracidad a la versión de la víctima, se le
culpabilice, se justifiquen los hechos por su actitud o
el comportamiento de la víctima, o por sus relaciones
sentimentales anteriores, se cuestione la honra de la
mujer o se utilice un vocabulario sexista. También es
común que se le discrimine por su preferencia sexual,
por el color de su piel, por su etnia, por su origen,
por su bajo nivel escolar, o por su nacionalidad, entre
otros.118
Los estereotipos de género son incompatibles con
los Estados deben tomar medidas para erradicarlos.119 A esta obligación se refiere el artículo 6 de la
Convención Belém do Pará. Sin embargo, el Comité de
Expertas/as ha logrado constatar que los prejuicios de
género y la falta de sensibilidad de las funcionarias y
funcionarios públicos en el tema de género siguen
siendo obstáculos para que las normas para prevenir
y sancionar la violencia contra las mujeres sean
plenamente aplicadas.120 Para lograr que las mujeres sean valoradas y educadas
libres de estos estereotipos y prácticas discriminatorios,
acorde a lo estipulado por la Convención de Belén
do Pará, se requiere de una transformación cultural
profunda en todos los ámbitos de la sociedad. Deben
adoptarse todas las medidas apropiadas para educar
a la opinión pública y orientar las aspiraciones
nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y
la abolición de las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basadas en la idea de
la inferioridad de la mujer.121
La eliminación de un estereotipo de género presupone
que el Estado sea consciente de la existencia de dicho
estereotipo y de la forma en que opera en detrimento
de una mujer o de un subgrupo de mujeres. En los
casos en que un estereotipo opera sin ser detectado y
es reafirmado por el estatus quo, una medida necesaria
para su eliminación es tomar conciencia de su
existencia e identificar cómo perjudica a las mujeres.
Esto equivale a decir que hacer un diagnóstico de
los estereotipos como causantes de un daño social,
es una precondición para determinar su tratamiento.
El análisis legal y de derechos humanos puede ser
instrumental en la formulación del diagnóstico sobre
un estereotipo, el cual es un prerrequisito necesario
para su eliminación.122
Al ser la violencia contra las mujeres un problema
multidimensional que responde a la discriminación
estructural basada en estereotipos de género, debe
ser abordada efectivamente desde una perspectiva
intersectorial y las acciones esbozadas en los planes
nacionales deberán tener correlación con otros planes
sectoriales.123 Por tal motivo resultan trascendentales
los planes de acción o estrategias nacionales para
combatir los estereotipos y prevenir, sancionar o
erradicar la violencia contra las mujeres. Para el Comité de Expertas/as estos planes nacionales
de intervención en violencia contra las mujeres deben
contemplar todos los espacios donde ocurre la violencia,
las estrategias, aliados/as, áreas de intervención,
marco conceptual y plan operativo, entre otros. Las
políticas públicas sobre violencia contra las mujeres
deben ir de la mano con estos planes nacionales.
La relevancia de estas políticas estriba en que son
obligatorias para todas las entidades públicas, y en
que involucren a las organizaciones de la sociedad
civil, entidades privadas y demás actores.124
Igualmente, el Comité de Expertas/as señala la
obligación de los Estados de prever evaluaciones para
sus planes de acción o estrategias. La evaluación
de estos planes y programas es una herramienta
importante no solo para revisar sus resultados, sino
también para identificar sus fortalezas y debilidades y
enmendar posibles problemas en el futuro.125
Señoras y señores políticos: nos están asesinando y ustedes siguen sin inmutarse.
Señoras y señores políticos: nos están asesinando y ustedes siguen sin inmutarse. Quince mujeres en lo que va de año, entre ellas una menor, han sido las víctimas inocentes de la violencia machista, una violencia que debería hacerles pensar, recapacitar, reflexionar, golpear sus conciencias – adormecidas, acomodadas ante esta sangría que no cesa- para hacerles entender que tienen la obligación de actuar de forma contundente ante el más grave atentado contra los derechos humanos; derechos que, en el caso de las víctimas, los asesinos les han arrebatado
Estamos cansadas, sí, pero no vencidas. Cansadas de pedir, de rogar, de solicitar, de exigir. Cansadas de que ustedes, quienes dicen gobernar para nuestros intereses, nos ignoren. Cansadas de que ustedes, que dicen estar preocupados por sus ciudadanas, nos mientan. Cansadas de que ustedes, cómplices necesarios del patriarcado, se posicionen descaradamente a su favor. Cansadas, sí, pero no vencidas. Si echamos la vista atrás, podemos afirmar que la revolución más importante de la historia ha sido la revolución que ha tenido como protagonistas a las mujeres. . Desde el sufragismo, movimiento de reivindicación del derecho de las mujeres a ejercer el voto hasta nuestros días, han sido muchas, muchísimas, las batallas que han librado las mujeres para conseguir los avances de los que actualmente disfrutamos nosotras. Pequeños y grandes avances que, en algunos casos, han pagado con sus vidas. Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Clara Zetkín, Victoria Kent, Clara Campoamor, Amelia Valcárcel o Celia Amorós, entre otras, forman parte de una larga serie de mujeres que han luchado y luchan por nuestros derechos. Y nosotras no podemos permitir que esa lucha se detenga. Tenemos la obligación de continuarla a pesar de los numerosos ataques que, día sí y día también, venimos sufriendo por parte de quienes ejercen el más arcaico y demoledor machismo: los partidos políticos, las instituciones, la judicatura y los medios de comunicación
Y en esa lucha estamos. Desde el pasado 9 de febrero, un grupo de mujeres están en huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid, para mostrar su rechazo a la violencia machista y reivindicar, de forma urgente, un Pacto de Estado contra esa lacra que ha arrebatado la vida a quince mujeres en lo que va de año. Tengo que decir que, a día de hoy, ningún partido político se ha acercado hasta donde están estas mujeres, para brindarles apoyo o cubrir sus necesidades
Las asociaciones y plataformas convocantes de la huelga, han elaborado un manifiesto con 25 puntos que consideran claves para intentar erradicar la violencia machista. Entre esos puntos está, por ejemplo, la petición de que se contemple la figura del “feminicidio” (según la RAE asesinato de una mujer por razón de sexo) y que se reconozca a las víctimas de la violencia machista, como víctimas del terrorismo, con el fin de prestarles de ese modo, las mismas ayudas que a las víctimas del terrorismo de ETA. Al manifiesto pueden adherirse aquellas personas que lo deseen, firmando la petición “Cuestión de estado YA, contra el terrorismo machista”, en Change.org
Desde esta tribuna, quiero pediros a todas y a todos que firméis esta petición, para exigir al Gobierno y a los partidos políticos en la oposición, que actúen de forma urgente y se comprometan a tomar medidas efectivas para proteger las vidas de las víctimas de la violencia machista y de sus hijas e hijos
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales y contará con la total protección de
esos derechos consagrados en los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Los Estados Partes reconocen que
la violencia contra la mujer impide y anula el
ejercicio de esos derechos. El disfrute efectivo de los derechos humanos se
refiere tanto a los derechos civiles y políticos, como
a los económicos, sociales y culturales, dada la
interdependencia e integralidad de estos derechos. En
el Caso de Acevedo Buendía, la Corte IDH se refirió
a estas características, señalando que los derechos
civiles y políticos y los económicos, sociales y
culturales deben ser entendidos integralmente
como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y son
exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades
que resulten competentes para ello.95 El avance sustantivo de la Convención de Belém do Pará
a través de su artículo 5 es que prevé expresamente
que los derechos económicos, sociales y culturales de
las mujeres sean debidamente respetados y protegidos;
da el mismo valor jurídico a los derechos civiles y
políticos y a los derechos económicos, sociales y
culturales; y establece el compromiso político de los
Estados Parte de conceptuarlos como obligaciones
jurídicas. Todo ello tiene especial relevancia en un
contexto en el que las mujeres son particularmente
afectadas por la pobreza y están en real desventaja en
el ejercicio de tales derechos. De hecho, el Grupo de
Trabajo de la OEA creado para vigilar el cumplimiento del Protocolo de San Salvador ha identificado a las
mujeres como un sector social sujeto a una situación
de desigualdad estructural que condiciona y limita la
posibilidad del ejercicio de sus derechos sociales.96 La CIDH ha reiterado la necesidad de que los Estados
adopten medidas de forma pronta y sin dilación para
abordar los obstáculos y las barreras en el ejercicio,
respeto y garantía de los derechos económicos,
sociales y culturales de las mujeres. Los vacíos en
la protección en relación al acceso de las mujeres al
trabajo, a la educación, y a los recursos, entre otros,
tienen un efecto multiplicador en el ejercicio de sus
derechos humanos en general, y vulneran todos los
aspectos de su autonomía. Asimismo, el respeto
y garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales de las mujeres está estrechamente ligado
al ejercicio pleno de las mujeres de sus derechos
civiles y políticos.97 Para que las mujeres puedan participar en la vida política y
pública en igualdad de condiciones con los hombres, deben
poder ejercer todos sus derechos.98 A efecto de
que lleguen a ejercer progresivamente todos sus
derechos humanos (civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales), los Estados deben promover y
apoyar su empoderamiento mediante la educación, la
formación profesional, la capacitación jurídica básica
y el acceso a recursos productivos, lo que fomentará
su concienciación, su autoestima, su confianza en sí
mismas y su autosuficiencia. Asimismo, los Estados tienen la obligación de
garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres en condiciones de igualdad y libres de toda
Para garantizar y proteger los derechos humanos de
las mujeres, los Estados están obligados a “organizar
todo el aparato gubernamental y, en general, todas
las estructuras a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público de manera tal que sean
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos.”99
Si el ejercicio de los derechos humanos no estuviere
ya garantizado por disposiciones legislativas o de
otro carácter, los Estados tienen la obligación de
adoptar, con arreglo a sus procedimientos nacionales
las medidas legislativas u otras, que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos.100 Reiterada jurisprudencia de la Corte IDH ha señalado
que este deber de los Estados tiene dos vertientes:
por una parte, la supresión de las normas y prácticas
de cualquier naturaleza que violen las garantías
previstas en materia de derechos humanos, por
ejemplo, erradicar la práctica judicial y extrajudicial
de la conciliación en los casos de violencia contra
las mujeres. Por la otra, la expedición de normas y el
desarrollo de prácticas conducentes a la observancia
de dichas garantías,101 como la consideración de la
violencia sexual como tortura cuando es perpetrada
por funcionarios estatales
La Convención de Belém do Pará refuerza el compromiso
de los Estados y añade la responsabilidad estatal
frente a la ausencia de medidas de prevención de la
violencia y discriminación contra las mujeres. De este
modo, los Estados deben contar con un adecuado y
efectivo marco jurídico de protección, con políticas
de prevención y prácticas que permitan actuar de una
manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias
de violencia contra las mujeres.102 En palabras de la
Corte IDH: “Este deber general del Estado implica que
las medidas de derecho interno han de ser efectivas
(principio del effet utile), para lo cual el Estado debe
adaptar su actuación a la normativa de protección de
la Convención.”103
Es deber entonces de los órganos legislativos,
ejecutivos y judiciales analizar mediante un
escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas y
políticas públicas que establecen diferencias de trato
basadas en el sexo, o que puedan tener un impacto
discriminatorio en las mujeres en su aplicación.104 Aunque los Estados han avanzado en algunos aspectos
para el disfrute y protección de los derechos humanos de
las mujeres, subsisten las desigualdades entre mujeres
y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes
para que las mujeres vivan libres de violencia. Persiste
un patrón de impunidad en el procesamiento judicial y
en las actuaciones relacionadas con casos de violencia
#HuelgaDeHambre contra la violencia machista. #ConElMaltratoNoHayTrato
Hace un par de años, en el transcurso del partido entre la Ponferradina y el Betis, una parte de las gradas béticas mostraron su apoyo a Rubén Castro dedicándole los siguientes cánticos: “Rubén Castro alé, Ruben Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bién”. El jugador, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una fianza de 200. 000 euros, está acusado de varios delitos de malos tratos, coacciones y agresión sexual a su pareja
Hace poco más de un mes, en el trascurso del partido Osasuna-Sevilla, varios aficionados colocaron una pancarta con los colores sevillistas sobre los que destacaba la palabra “Gordo”. Hasta aquí nada anormal. Pero tras finalizar el partido, los aficionados sevillistas dedicaron la victoria de su equipo al “Prenda”, o sea, al “Gordo”, nombre con el que también es conocido uno de los acusados de la violación múltiple a una chica durante los sanfermines. Una acción que puede ser considerada apología de la violencia machista y que ha sido denunciada por varios colectivos feministas que solicitaron a la Fiscalía que actúe con la misma contundencia que ante otros delitos
Hace unas semanas, durante el partido que enfrentaba al Olimpíque de Lyon y al Lille, la afición pudo observar como en las gradas se desplegaban dos grandes pancartas. En una de ellas se podía ver la silueta de una mujer y la palabra “cocina” junto a una flecha que indicaba la salida. En la otra aparecía la silueta de un hombre y la palabra “estadio”, con una flecha que señalaba las gradas. (Se da la circunstancia de que el equipo femenino del Olimpique de Lyon es uno de los mejores de Europa y la Liga francesa de fútbol está presidida por una mujer) Nadie puede negar que de todos los deportes el que congrega más machistas por metro cuadrado es, con diferencia, el fútbol. Un deporte que parece despertar los más bajos instintos del ser humano y que es uno de los termómetros que mejor y con más nitidez mide el grado de intolerancia y machismo de nuestros compañeros varones. Insultos, amenazas, comentarios, gestos obscenos, agresiones….forman parte de un espectáculo en el que los violentos se convierten en protagonistas amparados en el anonimato que les ofrece la masa
Estos hechos, que en ningún caso son aislados, no pueden ni deben quedar impunes y los clubs deberían actuar con contundencia para erradicar este tipo de comportamientos en los estadios. El fútbol es un deporte que mueve masas, un fenómeno social que moviliza a cientos, miles de jóvenes que tienen en sus ídolos un referente a imitar; por eso es urgente que futbolistas, entrenadores y dirigentes se conciencien de la necesidad de poner en marcha medidas que ayuden a desterrar ese tipo de comportamientos
Quienes alientan; quienes consienten, quienes, con su silencio, favorecen que la violencia –verbal y/o física- se adueñe de los campos de fútbol, son cómplices de ella. Quienes la niegan y la minimizan, no merecen ser representantes de un deporte que debería servir como herramienta para fomentar los valores de solidaridad, respeto, tolerancia e igualdad entre las personas
https://es.sott.net/article/46874-Ojala-algun-dia-la-educacion-despierte-la-misma-pasion-que-el-futbol
http://cajondesastremisterioso.blogspot.com.es/2014/06/sueno-con-que-la-educacion-despierte-la.html
Derecho de acceder a funciones públicas y participar en los asuntos públicos El derecho de acceder a funciones públicas y
participar en los asuntos públicos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha destacado que la participación y representación
adecuada de las mujeres en todos los niveles
de gobierno es una condición necesaria para el
fortalecimiento de la democracia en las Américas.
Para ello, los Estados deben implementar medidas
para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres, incluidas las medidas
especiales de carácter temporal.91 De este modo,
los derechos políticos podrán ser ejercidos en forma
efectiva, respetando el principio de la igualdad y no
discriminación. Esto significa que la participación
efectiva de las mujeres en la vida política tiene una
relación directa con la lucha contra la discriminación
por condición de género. En igual sentido, se ha
pronunciado el Comité CEDAW al señalar que los
Estados Partes deben tener como finalidad acelerar la
participación en condiciones de igualdad de la mujer
en el ámbito político, económico, social, cultural y
civil, o en cualquier otro ámbito. El Comité considera
la aplicación de estas medidas no como excepción
a la regla de no discriminación sino como forma
de subrayar que las medidas especiales de carácter
temporal son parte de una estrategia necesaria de los
Estados Partes para lograr la igualdad sustantiva o
de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus
derechos humanos y libertades fundamentales.92
La inclusión de las mujeres en todas las esferas de
la política fortalece la democracia, ya que promueve
el pluralismo político mediante la integración de
las voces y demandas de las mujeres, las cuales
constituyen aproximadamente la mitad de la
población en las Américas. La CIDH además señala
que la participación de las mujeres en puestos de
poder y de decisión política puede tener un efecto
multiplicador para lograr la igualdad de derechos en
todos los ámbitos relevantes a la igualdad de género,
no sólo en el de la política.93
La CIDH también se ha referido a la importancia de las
medidas especiales de carácter temporal para alcanzar
la paridad tanto en los espacios de la vida pública
como privada. La paridad implica la participación y
representación igualitaria entre hombres y mujeres
en el proceso de toma de decisiones y es uno de los
principios democráticos en la región. La paridad es un
concepto cualitativo que supone la redistribución del
poder en el mercado de trabajo, la toma de decisiones
y la vida familiar. La paridad en el gobierno tiene como
propósito alcanzar una representación igualitaria de
género en el proceso de toma de decisión. También
está basada en la idea de que las mujeres tienen el
derecho de participar en las decisiones que impactan
el bienestar de la sociedad, no sólo como iguales, sino
como una mitad diferente con sus propios intereses y
necesidades.94
Derecho a la libertad de religión y creencias propias dentro de la ley El derecho a la libertad de religión y creencias
propias dentro de la ley A la luz de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos este derecho comprende la libertad de toda
mujer de conservar su religión o sus creencias, o de
cambiar de religión o creencias, así como la libertad de
profesar y divulgar su religión o creencias, individual
o colectivamente, tanto en público como en privado.
Además, ninguna mujer puede ser objeto de medidas
restrictivas que puedan menoscabar su libertad de
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar
ambas. La liberta de manifestar la propia religión y las propias
creencias está sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos o los derechos o libertades de los demás.90
El derecho a la libertad de asociación Este derecho implica que todas las personas tienen
derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales,
culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en
una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás88. Supone que cada persona
pueda determinar sin coacción alguna si desea o no
formar parte de la asociación. Se trata, pues, del
derecho fundamental de agruparse para la realización
común de un fin lícito sin presiones o intromisiones
que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad. En
otras palabras, el derecho de asociación comprende
un derecho y una libertad, a saber: el derecho a
formar asociaciones sin restricciones distintas a las
indicadas antes y la libertad de toda persona de no
ser compelida u obligada a asociarse.
Apoya y difunde .
Derecho a un recurso sencillo y rápido, que ampare a la mujer contra actos que violen sus derechos El derecho a un recurso sencillo y rápido ante
los tribunales competentes, que ampare a la
mujer contra actos que violen sus derechos Ello conlleva el deber integral del Estado de ofrecer
una protección judicial efectiva a mujeres víctimas
de violencia, en condiciones de igualdad y libre de
toda forma de discriminación. Para la Corte IDH, este
deber comporta cuatro obligaciones: la prevención,
la investigación, la sanción y la reparación de toda
violación de los derechos humanos, con el fin de
prevenir la impunidad.85 En casos de violencia contra las mujeres la
administración de justicia debe aplicarse con una
perspectiva de género, esto permitirá romper con la
forma tradicional de resolver los conflictos y el caso
se resolverá en forma diferente, con la lente de la
violencia contra las mujeres. De este modo, el deber de
investigar efectivamente tiene alcances adicionales. Los Estados deben remover todos los obstáculos y
mecanismos de hecho y de derecho que mantienen
suficientes a los testigos, autoridades judiciales,
fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares
de las víctimas, así como utilizar todas las medidas
a su alcance para diligenciar el proceso. Además,
los Estados deben demostrar que la investigación
no ha sido producto de la ejecución mecánica de
las formalidades procesales; por el contrario, que ha
sido realizada en forma inmediata, exhaustiva, seria
e imparcial, orientada a explorar todas las líneas de
investigación posibles que permitan la identificación
de los autores del delito para su juzgamiento y
sanción86 a fin de evitar la repetición de hechos
iguales o análogos. Tratándose de violencia de género, la investigación
debe emprender líneas específicas investigativas
sobre los patrones discriminatorios respectivos en la
zona; realizarse conforme a protocolos y manuales
que cumplan con los lineamientos relacionados
con la debida diligencia; proveer regularmente de
información a los familiares de las víctimas sobre los
avances en la investigación y darles pleno acceso
a los expedientes, y realizarse por funcionarios
altamente capacitados en casos similares y en
atención a víctimas de discriminación y violencia por
razón de género. También deberá asegurarse que los
distintos órganos que participen en el procedimiento
de investigación y los procesos judiciales cuenten
con los recursos humanos y materiales necesarios
para desempeñar las tareas de manera adecuada,
independiente e imparcial, y que las personas que
participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad. Adicionalmente, los
resultados de los procesos deberán ser públicamente
divulgados para que la sociedad conozca los hechos
objeto de investigación.87
El derecho a la igualdad ante la ley Los Estados tienen la obligación de no introducir en su
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias,
eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio,
combatir las prácticas de este carácter y establecer
normas y otras medidas que reconozcan y aseguren
la efectiva igualdad ante la ley.83 No obstante,
las diferencias de tratamiento en circunstancias
por lo demás similares, no necesariamente son
discriminatorias. Una distinción que se basa en
“criterios razonables y objetivos” podría servir un
interés legítimo del Estado. En realidad, podría ser
necesaria para hacer justicia o proteger a personas
que requieren la aplicación de medidas especiales
(discriminación positiva). Debe tratarse de una
distinción basada en criterios razonables y objetivos,
que persigue un propósito legítimo y donde se
emplean medios proporcionales al fin que se busca.84
Derecho a la dignidad y a la protección de la familia
El derecho a la dignidad y a la protección de la
familia La Corte IDH ha interpretado que el derecho a la
honra y a la dignidad se relaciona con la estima y
valía propia,80 y que el derecho a la familia es un
derecho tan básico que no se puede derogar aunque las
circunstancias sean extremas.81 Respecto al concepto
de familia, diversos órganos de derechos humanos
creados por tratados, han indicado que no existe un
modelo único de familia, por cuanto éste puede variar.
El Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de
“familia” en términos amplios. Así por ejemplo, en el
Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, el Tribunal reconoció
que un transexual, su pareja mujer y un niño pueden
configurar una familia.82 En cualquier caso, una
política pública dirigida a proteger la familia debe
también estar enfocada en que cualquier medida
implementada tiene que proteger los derechos a la
honra y a la intimidad de las niñas y las mujeres que
forman parte de esta familia, con especial atención a
aquellas políticas que garanticen su derecho a vivir en
un mundo libre de violencia y de manera especial, en
el ámbito doméstico.
"La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que consideró “ilícita y desleal” una publicidad de la compañía de las aerolíneas Ryanair, con el nombre “Tarifas al rojo vivo” y otra en la que se promocionaba la venta de un calendario en el que aparecían varias azafatas en bikini. Según consta en la sentencia “se trata de publicidad sexista, pues utiliza a la mujer como objeto de reclamo con una clara connotación sexual, discriminatoria y vejatoria” Ha quedado claro que las aerolíneas solo pretendían, con esta publicidad, vender más billetes; eso sí, utilizando para ello los cuerpos de las mujeres
Tres mujeres toman el sol, en topless, en una playa de Argentina. Un grupo de bañistas se sienten ofendidos por la escena y se ponen en contacto con la policía que se presenta en el lugar de los hechos conminando a las mujeres a que se tapen o las llevarán presas. Ellas se niegan. Se inicia una discusión entre ambos bandos y los agentes solicitan más presencia policial. Aparecen 20 agentes más y las mujeres son expulsadas de la playa. Las redes sociales se han hecho eco de estos hechos y las reacciones no se han hecho esperar. Cientos, miles de personas en todo el mundo han mostrado su apoyo a estas “atrevidas” mujeres. Ahora, el juez que lleva el caso les ha dado la razón, y concluye en su fallo que la Ley a la que apelaban los policías y algunos bañistas es inconstitucional
Pequeños pasos, grandes victorias que nos permiten avanzar en la consecución de una sociedad más igualitaria y en la que la tolerancia, el respeto y la libertad deben ser las normas bajo las que podamos convivir y relacionarnos
La noticia machista del día viene de la mano del Ayuntamiento de Salas (Asturias) que ha convocado el “II Concurso de piropos. San Valentín 2017”, con un diploma y una cena para dos personas, como premio
La publicidad (de la que he hablado anteriormente) los chistes y los piropos son algunos de los ejemplos de la desigualdad, la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres. Los piropos atentan contra nuestra libertad e identidad como personas, constituyen una forma de violencia que amenaza e invade nuestro espacio y nos convierte en un objeto al que se puede acceder libremente. Su uso es tan común y está tan naturalizado que resulta muy difícil de erradicar, pues está profundamente enraizado en una sociedad que lo acepta y valida como forma de halago y admiración hacia la mujer. Los piropos son el instrumento mediante el cual el hombre muestra su “masculinidad”, su condición de “macho dominante”, reforzando de ese modo el control sobre sus víctimas, las mujeres Por eso, que desde un Ayuntamiento -y además con fondos públicos- se promueva una actividad que fomenta actitudes machistas claramente reprobables resulta muy preocupante, ya que las instituciones tienen la obligación de impulsar y fomentar la igualdad como herramientas indispensables para la erradicación de comportamientos y actitudes que atentan contra nuestra libertad y nuestros derechos"
Aurora Valdés Suárez https://www.guioteca.com/rankings/las-20-principales-conductas-machistas-que-a-diario-sufrimos-las-chilenas/
Derecho de toda mujer a no ser sometida a torturas
El derecho de toda mujer a no ser sometida a
torturas Es importante relacionar la norma con la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura a
efecto de comprender que estamos frente a un acto de
tortura cuando el maltrato contra las mujeres cumple
con los siguientes requisitos: i) es intencional; ii)
causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii)
se comete con determinado fin o propósito. La Corte
IDH ha establecido que un acto de tortura puede ser
perpetrado tanto mediante actos de violencia física
como a través de actos que produzcan en la víctima
un sufrimiento psíquico o moral agudo.78 Con base
en lo anterior, la violación sexual puede constituir
tortura.79
El derecho a la libertad y seguridad personales No sólo comprende que ninguna mujer puede verse
privada de la libertad salvo por las causas, casos o
circunstancias expresamente tipificadas en la ley
(aspecto material), y con estricta sujeción a los
procedimientos objetivamente definidos en la misma
(aspecto formal);76 sino además, el derecho de
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y
social conforme a sus propias opciones y convicciones.
La libertad, definida así, es un derecho humano básico,
propio de los atributos de la persona. Encierra la
posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse
y escoger libremente las opciones y circunstancias
que le dan sentido a su existencia conforme a sus
propias opciones y convicciones.77
Derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral;
Este derecho implica que las mujeres deben ser
tratadas con respeto a su dignidad humana y no
deben ser sometidas a torturas, ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Para la Corte
IDH, la infracción del derecho a la integridad física y
psíquica de las personas es una clase de violación que
tiene diversas connotaciones de grado y que abarca
desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos
crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas
físicas y psíquicas varían de intensidad según los
factores endógenos y exógenos que deberán ser
demostrados en cada situación concreta.71 La CIDH ha reconocido la existencia de un estrecho
vínculo entre el derecho a la integridad personal y el
derecho a la salud, de tal modo que la provisión de
servicios adecuados y oportunos de salud es una de
las medidas principales para garantizar el derecho a
la integridad personal de las mujeres. Las entidades
de salud, públicas o privadas, son lugares en donde
las mujeres ejercen sus derechos económicos, sociales
y culturales a través de las Américas. Sin embargo,
muchas veces son también escenarios de riesgo para
ellas. En estas instituciones se manifiestan distintas
formas de violencia física, psicológica y sexual
con devastadoras consecuencias para la salud y el
bienestar de miles de mujeres de la región.72 Con estas consideraciones presentes, el Comité de
Expertas/as ha expresado que una forma de violencia
de género vinculada a la integridad y a la salud
de las mujeres se refiere a los derechos sexuales y
reproductivos,73 señalando que quienes más arriesgan y corren peligro son las mujeres más vulnerables:
mujeres empobrecidas, jóvenes, y mujeres de los
sectores rurales respecto a quienes el acceso a la salud
es un grave problema y deben recurrir a prácticas
insalubres y peligrosas.74 El derecho a la vida y el derecho a la integridad
personal revisten un carácter esencial, toda vez que
forman parte del núcleo inderogable al preverse que
no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro
público u otras amenazas.75
a. El primero y principal derecho tutelado es el derecho a la vida La Corte IDH ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él (obligación negativa). Además, deben adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.68 Por su parte, la Comisión Interamericana ha sostenido que la protección del derecho a la vida es un componente crítico del deber de debida diligencia de parte de los Estados para proteger a la mujer de actos de violencia. Esta obligación jurídica pertenece a todo la estructura estatal y comprende igualmente las obligaciones que puede tener el Estado para prevenir y responder a las acciones de actores no estatales y particulares.69
En razón del carácter fundamental del derecho a la
vida, no son admisibles enfoques restrictivos del
mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida
comprende, no sólo el derecho de todo ser humano
de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino
también el derecho a que no se le impida el acceso
a las condiciones que le garanticen una existencia
digna.70 https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
Estamos llegando al millón de páginas visitadas. Todo un reto superado, pese a lo importante de los temas que difundimos y la necesidad de que todas las mujeres del mundo seamos conscientes de nuestros derechos y las dificultades y retos que tenemos para hacerlos realidad.
Desde aquí insistimos en pediros vuestro apoyo. Tenemos un lenguaje común con millones y millones de mujeres cuyo esfuerzo conjunto necesitamos para avanzar. Los niveles de nuestros empoderamientos están en relación con nuestros entornos cuyas realidades varían desde las leyes escritas hasta las practicas de cada día. La ciudad más o menos española de Ceuta, por ejemplo, tiene unas problemáticas comunes de vida, para las mujeres pero ademas hay muchas vidas de mujeres en esta ciudad, como en cualquiera de otras ciudades, que se entrecruzan con otras diferencias. Las interseccionalidades que se añaden si eres emigrante, formas parte de un grupo indígena , tus recursos son limitados, eres familia monomarental... nos hacen un cuadro que requiere de apoyos en todos los niveles para hacer los derechos de cada una realidad y mover el mundo en una dirección adecuada.
Somos conscientes de que hay avances, pero menos de los deseados, por eso pedimos de vuestro compromiso trasformador para que en breve no solo celebremos los dos millones sino también cambios importantes más allá del neoliberalismo, y el "sálvese quien pueda" que ahora parece imperar. Somos las madres del mundo y nuestro avance supone el avance de todas y todos .
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento,
goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos comprenden,
entre otros: a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad
personales; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad
inherente a su persona y que se proteja a su
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley
y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante
los tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de profesar la religión
y las creencias propias dentro de la ley, y j. el derecho a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país y a participar en
los asuntos públicos, incluyendo la toma de
El artículo no sólo se refiere al disfrute y goce de los
derechos contenidos en la Convención de Belém do
Pará, sino que también abarca aquéllos distintos que
estén contenidos en otros instrumentos, sean estos
regionales o internacionales, lo que amplía el ámbito
de protección para las mujeres. https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf

References: artículo 12
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 5