Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920202.html
Timestamp: 2019-11-22 05:42:41+00:00

Document:
as201920202
Auto Supremo: 202/2019
Expediente: SC-105-18-S
Partes: Alexandre Hurtado Egüez c/ Lourdes Liliana Haquin Aguilar, Zoraida Gil
y presuntos propietarios.
Proceso: Usucapión y declaratoria de propiedad de mejoras.
VISTOS: Los recursos de casación planteados por Lourdes Liliana Haquin Aguilar (fs. 672 a 675 vta.) y Alexandre Hurtado Egüez (fs. 677 a 679), impugnando el Auto de Vista Nº 77/18, pronunciado el 23 de marzo de 2018, por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 665 a 667, dentro el proceso de usucapión y declaratoria de propiedad de mejoras seguido por Alexandre Hurtado Egüez contra Lourdes Liliana Haquin Aguilar, Zoraida Gil y presuntos propietarios; contestación al recurso de casación de fs. 682 a 683; la concesión de fs. 686; Auto Supremo de admisión Nº 757/2018-RA de 8 de agosto de 2018 cursante de fs. 693 a 695, y todo lo inherente;
1. Alexandre Hurtado Egüez planteó demanda ordinaria de usucapión y declaratoria de propiedad de mejoras contra Lourdes Liliana Haquin Aguilar, Zoraida Gil y presuntos propietarios, cursante de fs. 18 a 19, ampliada por memorial de fs. 26 a 27, siendo contestando de fs. 323 a 324 vta., por la demandante Lourdes L. Haquin Aguilar negando los argumentos y estableciendo que la misma fue ministrada en posesión judicialmente demostrando y acreditando así su derecho propietario, negando todas las falsedades vertidas por el demandante, tramitándose así el proceso hasta la emisión de la Sentencia.
2. El 3 de septiembre de 2011, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia declarando IMPROBADA la demanda principal y PROBADA EN PARTE la demanda reconvencional, ordenando no ha lugar la demanda de usucapión decenal o extraordinaria opuesta por el demandante, asimismo, ordenó la reivindicación y entrega del inmueble a favor de la propietaria Lourdes Liliana Haquin Aguilar y no dio lugar a los daños y perjuicios impetrados por la demandada.
3. Apelada la Sentencia por el demandante (fs. 458 a 460) y también por la demandada cursante de fs. 493 a 497, el 29 de marzo de 2012, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista ANULANDO OBRADOS hasta fs. 449 inclusive, debiendo el Juez dictar nueva Sentencia en apego al art. 190 del Código de Procedimiento Civil.
El 20 de noviembre de 2012, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 26 a 27 en cuanto a las mejoras realizadas y también PROBADA EN PARTE la demanda reconvencional de fs. 300 a 305, mereciendo la apelación de la parte demandante (fs. 493 a 497), así como también, promovió incidente de nulidad de obrados (fs. 500 a 501)
Ante la inactividad procesal el 19 de febrero de 2016, el Juez Séptimo Público Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso la EXTINCIÓN de la acción en cuanto al incidente de nulidad de obrados, ordenando el archivo de obrados, mismo que fue apelado por la parte demandada (fs. 509 a 517 vta.), así como por la parte demandante (fs.545 a 546 vta.) en fecha 6 de junio de 2014.
4. El 20 de septiembre de 2017, la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 038/2017 (fs. 650 a 651 vta.), respecto al conocimiento de la demanda incidental de nulidad ANULÓ el Auto de 24 de febrero de 2017, estableciendo que no procede recurso ulterior.
Asimismo, a fs. 658 cursa Auto Interlocutorio que estableció que el recurso de apelación fue concedido en el efecto suspensivo por Auto de 8 de julio de 2016, no existiendo contradicción porque tanto el proceso principal y la demanda incidental de obrados, son dos actos procesales muy distintos e independientes uno del otro, por tanto ordenó la remisión de todo el expediente al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
5. En atención a ello el 23 de marzo de 2018, la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, REVOCÓ en parte la Sentencia de 20 de noviembre de 2012, estableciendo que le corresponde aplicar los arts. 95, 96 y 97 del Código Civil, toda vez que el poseedor tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución, debiendo la sentencia guardar congruencia con la parte resolutiva en cuanto a que se ordene el pago de las mejoras introducidas que deberán ser calificadas en ejecución de sentencia.
Resolución que fue impugnada en casación, cuyos recursos se pasan a resolver.
CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.
Recurso de casación de Lourdes Liliana Haquin Aguilar.
Refirió que el Auto de Vista recurrido, estableció la aplicación de los arts. 95 y 97 del Código Civil en relación a que el poseedor tiene derecho a la indemnización de las mejoras útiles y necesarias existentes a tiempo de la restitución.
Al respecto el Tribunal de Alzada, no expuso ningún argumento o consideración sobre las mejoras introducidas respecto a que si ellas fueron construidas de buena o mala fe, resultando de vital importancia para la aplicación de los arts. 94, 95, 97 y 129 del Código Civil.
Siendo que el demandante inició dos procesos de usucapión anteriores donde estableció diferentes fechas contradictorias en el ingreso a la propiedad, se puede concluir que conocía que el inmueble no le pertenecía, por lo que las mejoras realizadas fueron de mala fe.
Por ello la resolución de alzada, resultó ser un premio por sus actos de mala fe.
Solicitó casar la resolución impugnada y se mantenga la sentencia de primera instancia.
Recurso de casación de Alexandre Hurtado Egüez.
Demandó infracción de las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil, puesto que el Auto de Vista recurrido arbitrariamente, pretende despojar al recurrente y a su familia, de su vivienda constituida, por cuanto omitió valorar que el presente proceso se encuentra afectado por la figura procesal de la extinción de la acción que cuenta con orden emanada por autoridad competente del archivo de obrados por Auto de 19 de febrero de 2016 y ratificado por Auto de Vista de 13 de septiembre de 2016.
Por ello el Auto de Vista de 24 de febrero de 2017, realizó una errónea interpretación del derecho aplicable al presente caso, pues incorrectamente, aplicó el art. 400.I del Código Procesal Civil, cuando lo correcto es que no continúe ningún trámite de ejecución de sentencia, en desconocimiento de que en el presente proceso, se operó la figura procesal de extinción de la acción aplicado como un medio extraordinario de conclusión del presente proceso, habiendo perdido competencia el juez A quo.
Solicitó revocar totalmente anulando obrados para que no continúe el proceso por extinción del mismo y se archive obrados.
El demandante refirió que el Auto de 24 de febrero del año 2017 se pronunció con pleno desconocimiento de que en el proceso se operó la figura procesal de la extinción de la acción y que al mismo tiempo el juez A quo ordenó el archivo de obrados.
En ese antecedente se aplicó el apartado décimo de las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil, la cual remite a la aplicación de los arts. 247, 248 y 249 del Código Procesal Civil, señalando que, los efectos de la figura procesal de la extinción de la acción, suponen la extinción del proceso y la eventual presentación de una nueva demanda por el actor.
Con base en ello, refirió que el Auto de Vista vulneró el art. 16.IV del Código Procesal Civil, por lo que al encontrarse extinguida la acción, no se tendría razón de interponer recurso de casación sobre el Auto de Vista de 23 de marzo de 2018.
DOCTRINA LEGAL APLICABLE.
III.1.- De las mejoras y ampliaciones.
El art. 97 del Código Civil, establece lo relativo a las Mejoras y Ampliaciones, señalando lo siguiente: “I. El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa; y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y del gasto, por una parte, y el aumento del valor por otra….”
Según Carlos Morales Guillen en su obra “CÓDIGO CIVIL” CONCORDADO Y ANOTADO, Cuarta Edición Tomo I señala al respecto que; toda la teoría de la indemnización gira alrededor de una idea cardinal; que el poseedor no padezca daño y que una justa indemnización repare el gasto hecho en beneficio de la conservación y el aprovechamiento útil de la cosa. Pero no pude considerarse justa la indemnización que atienda la restitución del dispendio de puro lujo y mero ornato en las mejoras llamadas voluptuarias que ni pueden justificarse por la necesidad, porque sin ellas la cosa subsiste, ni por la utilidad, porque lo que proporciona placer o deleite no se reputa útil jurídicamente hablando.
III.2.- De los principios que rigen las nulidades procesales.
El Auto Supremo Nº 495/2017 de 15 de mayo, se ha desarrollado sobre los principios que regentan las nulidades procesales, indicándose lo siguiente: “La Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorporó un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a los reclamos formales expuestos en el recurso, resulta pertinente transcribir a continuación las partes que regulan dicho régimen; así en su art. 16 establece lo siguiente:
I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.
II. “En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.
En correspondencia con lo normado por la Ley Nº 025, el Código Procesal Civil - Ley Nº 439 establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4, normas (art. 105 a 109 de la ley Nº 439) que además reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión, que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado (art. 180) entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez accesibilidad, y que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 al 109 del nuevo Código Procesal Civil).
Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia en su diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 329/2016 de 12 de abril ha orientado que: “Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nros. 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:
Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale"
Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes”.
Principios y disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los Jueces vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley 025, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista…”
III.3.- De la usucapión decenal o extraordinaria y sus requisitos.
Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la forma de adquirir la propiedad por usucapión decenal o extraordinaria, conforme el art. 138 del Código Civil y los requisitos que hacen procedente a dicha acción, emitió vasta jurisprudencia, para tal efecto se cita el contenido del Auto Supremo Nº 986/2015 de 28 de octubre, que sobre este modo de adquirir la propiedad señaló: “… La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillem, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa.
De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad”.
En ese sentido al tenor del art. 87 del Código Civil, se tiene que para la viabilidad de la usucapión se debe poseer el bien a usucapir, mediante actos que denoten la intención de tener sobre dicho bien, el derecho de propiedad u otro derecho real, así también una persona puede poseer por sí misma o mediante otra que pueda detentar dicho bien, detentación que podrían realizarla transitoriamente por ejemplo los inquilinos, ocupantes, anticresistas o usufructuarios, quiénes estarían poseyendo para el propietario que resulta ser el verdadero poseedor del inmueble, quien tiene el animus domini, requisitos que están ausentes en los detentadores o tolerados, ello de acuerdo al art. 90 del Código Civil que sostiene: “Los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para la posesión”.
Además de la posesión continuada por diez años, la misma debe ser ininterrumpida de forma pacífica, es decir que en ese lapso no hayan existido alteraciones ni reclamos del propietario o de otras personas, debiendo el poseedor demostrarla públicamente sin ocultarla al propietario ni a otras personas.
Refirió que el Auto de Vista recurrido estableció la aplicación de los arts. 95 y 97 del Código Civil en relación a que el poseedor tiene derecho a la indemnización de las mejoras útiles y necesarias existentes a tiempo de la restitución.
Al respecto el Tribunal de Alzada no expuso ningún argumento o consideración sobre las mejoras introducidas respecto a que si ellas fueron construidas de buena o mala fe, resultando de vital importancia para la aplicación de los arts. 94, 95, 97 y 129 del Código Civil.
Siendo que el demandante inició dos procesos de usucapión anteriores donde estableció diferentes fechas contradictorias en el ingreso a la propiedad, se puede concluir que el mismo conocía que el inmueble no le pertenecía, por lo que las mejoras realizadas fueron de mala fe, por ello la resolución de alzada resultó ser un premio por sus actos de mal fe.
El Auto de Vista Nº 77/18 de fs. 665 a 667, en este tema refirió que “…siendo que corresponde aplicar lo establecido por el Art. 95 y 97 del Código Civil, toda vez que el poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución, por consiguiente se tiene que se ha efectuado una incorrecta decisión de parte del Juez a quo, toda vez que al existir una pretensión clara y precisa la sentencia también en esa misma dimensión debe dar respuesta a esa pretensión sin que necesariamente esta deba ir más allá de lo pedido…”.
Al respecto el art. 97 del Código Civil determina que respecto a las mejoras y ampliaciones lo siguiente: “I. El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa; y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto, por una parte, y el aumento del valor, por otra. II. Las mejoras de mero recreo o suntuarias no son indemnizables, pero el poseedor que las hizo puede retirarlas restableciendo las cosas a su primitivo estado, a no ser que el reivindicante prefiera retenerla reembolsando el importe de los gastos”.
Entendiéndose que en el caso presente las mejoras realizadas por el demandante fueron de mala fe; sin embargo, ello no resulta ser obstáculo ni argumento válido para no reconocer las mejoras realizadas por el poseedor, mismas que necesariamente deben ser restituidas en base a lo que la norma señala: “… la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto por una parte, y el aumento de valor, por otra”, lo cual deberá ser determinado en ejecución de sentencia, no siendo por lo tanto un argumento válido para soslayar lo que la ley determina en este caso, por lo tanto el reclamo de la recurrente no es válido.
Demandó infracción de las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil, puesto que el Auto de Vista recurrido arbitrariamente pretende despojar al recurrente y a su familia, de su vivienda constituida, por cuanto omitió valorar que el presente proceso se encuentra afectado por la figura procesal de la extinción de la acción que cuenta con orden emanada por autoridad competente que ordenó el archivo de obrados por Auto de 19 de febrero de 2016 y ratificado por Auto de Vista de 13 de septiembre de 2016.
Por ello el Auto de Vista de 24 de febrero de 2017, realizó una errónea y por demás arbitraria interpretación del derecho aplicable al presente caso, pues incorrectamente aplicó el art. 400.I del Código Procesal Civil, cuando lo correcto es que no continúe ningún trámite de ejecución de sentencia, en desconocimiento de que en el presente proceso se operó la figura procesal de extinción de la acción aplicado como un medio extraordinario de conclusión del presente proceso, habiendo perdido competencia el juez A quo.
Al respecto corresponde referir que dicha figura de extinción únicamente fue tomada para el incidente de nulidad interpuesto por la demandante de fs. 500 a 501 y no para el recurso de apelación planteado por el mismo demandado hoy recurrente (fs. 493 a 497), ni para toda la acción tramitada tal extinción, tal como expresó el Auto de Vista Nº 038/2017 de 20 de septiembre de 2017, cursante de fs. 650 a 651 vta., resolución que no fue objetada en el debido momento por el demandado, por lo tanto la misma ha sido convalidada y no corresponde ya su análisis, puesto que en lo que toca al presente, el recurso de casación debe guardar relación con el Auto de Vista de 23 de marzo de 2018, siendo además que no fue un vicio procesal que hubiera generado indefensión en ninguna de las partes ni que tampoco haya transgredido el debid o proceso, por lo tanto su reclamo no corresponde ya en esta fase por ende es infundado.
Al efecto la presente Resolución está relacionada a realizar una determinación en relación al Auto de Vista Nº 77/2018 de 23 de marzo y no al Auto de Vista anterior, por lo tanto todos sus argumentos son infundados y no corresponden a esta fase.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 41 y 42.I núm.1 de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación planteados por Lourdes Liliana Haquin Aguilar y Alexandre Hurtado Eguez (fs. 672 a 675 vta. y 677 a 679 respectivamente), contra el Auto de Vista Nº 77/18, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas y costos por ser ambas partes recurrentes.

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