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Timestamp: 2019-07-22 05:35:09+00:00

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zl. Edad avanzada y protección urgente de derechos fundamentales | Pensamientos de Derecho Constitucional
La edad avanzada y la protección urgente de derechos fundamentales
La STC 828-2014.-PA/TC, caso Juana Herrera, en relación a una pensionista de 107 años de edad cuyo caso es resuelto por el Tribunal Constitucional, sin vista de la causa dada la condición personal de la demandante, nos plantea una interesante reflexión desde el rol de garante de los órganos jurisdiccionales respecto al deber especial de protección[2] que enuncian los derechos fundamentales.
La emisión de una decisión en sede constitucional conlleva implícito un deber especial de protección, figura que ha sido desarrollada jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional en el sentido interpretativo de un mandato específico para los jueces constitucionales frente a eventuales vulneraciones a la dimensiones objetiva y subjetiva de los derechos fundamentales.
En efecto, no podemos sustentar la existencia de un verdadero orden público constitucional si continuamente advertimos afectaciones repetidas, una y otra vez, a un mismo derecho fundamental. En dichos casos, el mandato jurisdiccional reclama una acción enérgica de los decisores judiciales a fin de aplicar el principio de interdicción de la arbitrariedad, mandato axiológico sustentado en nuestra Carta Fundamental.
Por consiguiente, si el Derecho representa en su sentido más lato un medio de control de las conductas sociales, debemos persuadirnos de que el Derecho Constitucional, por su condición especial de disciplina que aborda los derechos fundamentales, con mayor razón aún exige constituirse en un medio especial de protección de los derechos tutelados por la Carta Fundamental.
Ahora bien, ese enunciado de protección especial conlleva una acción tuitiva especial de los órganos de protección de los derechos fundamentales, a fin de compatibilizar el orden procedimental de estos derechos con una legislación que se adecúe a este medio de defensa. La experiencia peruana en materia constitucional ha discernido este deber con la dación de un Código Procesal Constitucional, expedido en el año 2004, el cual sigue la ruta de pensamiento del primer Código Procesal Constitucional de 1997 de Tucumán, Argentina; y en ese sentido, ha establecido reglas especiales de protección de los derechos fundamentales, en la noción base de que no basta un enunciado nominal, semántico y lato de la protección de los derechos de orden iusfundamental, sino que pone de relieve la necesidad de esbozo de un conjunto de reglas procesales que permitan ejercitar en forma real, tangible y objetiva, ese deber especial de protección de los derechos fundamentales.
Expresiones normativas de este tipo las advertimos, por ejemplo, en el artículo III[3] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual al precisar la exigencia al juez constitucional de adecuar las formas del proceso a los fines de los procesos constitucionales, instituye una clave de bóveda para entender la lógica particular de los procesos constitucionales. A este efecto, habrá que sacrificarse, en algunos casos, las formas procesales, reduciendo la rigurosidad del principio de congruencia procesal, a fin de obtener la mejor protección de un bien jurídico mayor, o en su caso de otro derecho fundamental que exige una protección urgente e inmediata y no puede recibir como respuesta la estricta observancia rigurosa de las formas procesales.
Este ejercicio de razonamiento no es sencillo. El profesor Monroy Gálvez[4] se opone a la aplicación del principio de autonomía procesal en salvaguarda de los valores del proceso. Considera, inclusive, que el término correcto debió ser “autonomía procedimental”, a fin de asignarle a esta institución de la autonomía procesal una clasificación distinta que no lesione los valores del proceso como tal.
Aceptada la observación del término en aras de no detenernos en un examen tan riguroso de lo que el Tribunal Constitucional Alemán[5] discernía respecto a la justificación del término más adecuado, nuestra orientación de examen es mucho mayor: casos como el que nos ocupa, en el cual se prescinde de la vista de la causa para ceñirse el Tribunal Constitucional a un examen directo de la pretensión dada la edad de la demandante, materializa el ejercicio de una potestad que resulta particular de un concepto de protección urgente de los derechos fundamentales y que halla su expresión más significativa en el sacrificio de las formas del proceso en aras de la protección, insistimos realmente urgente, de los derechos fundamentales.
Sin embargo, detengámonos brevemente en nuestra afirmación: sacrificio de las formas del proceso. Tal acepción nos podría conducir a indagar por la legitimidad del juez constitucional para efectos de abordar la cuestión de si realmente le corresponde ese rol.
Una primera observación es cuál es ese contexto de urgencia que le faculta a adoptar esa acción de sacrificio de las formas del proceso. Una respuesta tentativa a este respecto la encontramos en el artículo 25[6] de la Convención Americana de Derechos Humanos, referido a protección judicial, el cual exige la plasmación de un recurso sencillo y rápido para la defensa de los derechos fundamentales. En consecuencia, no podemos estimar compatible con la defensa del orden constitucional, una respuesta jurisdiccional lenta, parsimoniosa y de mora, respecto a la defensa de los derechos tutelados por la Constitución.
En un segundo orden de ideas, es pertinente recordar que el basamento peruano contenido en el artículo 22[7] del Código Procesal Constitucional, en relación a que prevalecen las sentencias constitucionales sobre las de jurisdicción ordinaria, enuncia un sentido material más amplio de esa protección que demandan ciertos derechos especialísimos como lo son los derechos fundamentales, los cuales al manifestar contenidos de juridicidad y de moralidad,[8] representan estos últimos, un énfasis marcado por una cuestión valorativo- axiológica de estos derechos especiales que reclaman un modo reforzado de atención de las pretensiones que abordan sus contenidos materiales.
En tercer lugar, es pertinente poner énfasis en la consideración especial de la justicia constitucional como medio de concreción de defensa de los principios, valores y directrices que enuncia nuestra Noma de Normas. Afirmamos esto por cuanto solo es recurrible una pretensión ante la justicia constitucional en caso que la justicia ordinaria no presente medios de defensa idóneos de un derecho fundamental, o bien si se ha producido un contexto de respuesta denegatoria.
Esta última cuestión no es menor pues debemos convenir en que si la justicia ordinaria, ámbito en el cual el Poder Judicial es el primer bastión de defensa de los derechos fundamentales, no brinda una respuesta adecuada desde su orden normativo de valores, a la demanda de protección urgente de un derecho fundamental, solo podremos acudir a la justicia constitucional en vía de excepción, y siempre que no haya existido una respuesta adecuada, justificada y compatible con el orden constitucional, desde el ángulo de respuesta de la justicia especial que demandan los derechos fundamentales.
Advertimos aquí la expresión sustantiva del principio de corrección funcional,[9] pues si los órganos constituidos trabajan adecuadamente en forma compatible con el rol que le asignan las leyes y la Constitución, pues no existe necesidad alguna de una función correctora de la justicia constitucional. En el ángulo opuesto de esta idea, si el Poder Judicial eventualmente no brindara una respuesta necesariamente compatible con el orden constitucional, pues solo en ese caso excepcional, extraordinario y muy particular, interviene la justicia constitucional. En términos más puntuales, aquello que funciona correctamente, no demanda función alguna de rectificación de la justicia constitucional.
Concurre aquí como idea adicional, el rol integrador de la justicia constitucional, en aras de llenar y colmar esos vacíos que la justicia ordinaria deja sin respuesta. Esto es, la situación de vacíos que genera la justicia ordinaria, solo en caso que tales vacíos o lagunas sean manifiestos, puede concretar la intervención de la justicia constitucional.
Centrémonos por un momento, respecto del caso que nos ocupa, en cuál habría sido la eventual respuesta de la justicia ordinaria frente el caso de la señora Herrera respecto a su proceso. O más aún, para no atribuirle un rol específico en clave distinta al Poder Judicial, cuál habría sido la materialización del principio de congruencia procesal respecto a la condición especial de edad de la demandante.
Creemos que no dudaríamos mucho de una respuesta bastante más formal en el sentido de que es necesaria e imprescindible la vista de la causa, pues ésa es una formalidad propia del proceso. Más aún, nuestro Código Procesal Constitucional,[10] en desarrollo de la propia regulación que desarrolla el Código Procesal Civil, considera esta una atingencia propia de orden procedimental.
La posición judicial podría conferir, más aún, un orden de prelación y preferencia al caso en específico en el sentido de que se asigne la fecha inmediata más próxima para la vista de la causa del proceso y sin embargo, no prescindiríamos, en términos regulares, de la fijación de la vista de la causa para la concreción de los fines del proceso en su ámbito de los valores que resguardan las realizaciones de las diligencias debidas a efectos de una concreción del debido proceso.
Y sin embargo, desde la posición asumida por el Tribunal Constitucional, es evidente que advertimos un sacrificio de la forma procesal en aras precisamente de la mejor protección de otro derecho fundamental, lo cual no es sino un ejercicio de ponderación que finalmente implica pesar derechos fundamentales a efectos de la más idónea protección de uno de ellos.
Efectuada estas precisiones, sin embargo, y a modo de pauta de auto regulación, propio de un ejercicio de auto corrección, o self restraint,[11] sí creemos en la necesidad de que el Tribunal Constitucional, al adoptar este tipo de decisiones, pueda brindar un ejercicio pedagógico dogmático de la justificación de la decisión adoptada. Sin duda ello contribuiría como mensaje de doble efecto para la justicia constitucional: de un lado, apreciaríamos un mensaje regulador para el resto de órganos jurisdiccionales constitucionales del país, pues habría un patrón de reglas, pautas y mensajes claros hacia el corpus iuris de jueces encargados de la protección de los derechos fundamentales; y de otro lado, asumiría el propio supremo intérprete de la Constitución, un rol regulador que le compete en función de la idea haberleana[12] de que existe una sociedad abierta de intérpretes de la Constitución, en la cual el Tribunal ejerce un rol de intérprete final, bajo un rango de última palabra en el debate,[13] y como tal, esa tarea demanda condiciones especiales por encima de las ya asignadas, de valoración, pacificación y ordenación.[14]
Desde esta posición, casos como el comentado no hacen sino expresar la necesidad de que las formas del proceso puedan ser compatibles con el orden especial que demandan los derechos fundamentales, siendo necesario siempre una tarea de especial justificación de este tipo de cuestiones a fin de que quede siempre determinado el contexto de prevalencia de un derecho fundamental sobre otro.
En esa perspectiva de análisis, pues tenemos aún mucho por trabajar por una mejor defensa de los derechos fundamentales, mas bajo una regla de activismo judicial restringido. Activismo pues el juez se encuentra comprometido con la defensa de los derechos fundamentales que reconoce el orden jurisdiccional, y restringido, pues se demanda un ejercicio de auto regulación que no puede ser excluido en el ámbito especial de la justicia constitucional. Son deberes que la historia contemporánea reclama de los jueces constitucionales.
Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 87. Marzo 2015. pp. 75-80
[2] STC 0858-2003-AA/TC Caso Eyler Torres del Águila
(…) debido al influjo de diversas teorías que han servido de base al constitucionalismo, y muy significativamente de las doctrinas pactistas, desde sus orígenes, el Estado moderno ha sido concebido como un ente artificial, una de cuyas tareas encomendadas ha sido, desde siempre, proteger los derechos fundamentales. Podría decirse, incluso, que se trata de su finalidad y deber principal, pues, en su versión moderna, el Estado ha sido instituido al servicio de los derechos fundamentales. El Estado, en efecto, tiene, en relación con los derechos fundamentales, un “deber especial de protección”.
Por cierto, este “deber especial de protección” del Estado no es sólo una cuestión teorética derivada de la existencia de una o más teorías sobre la legitimidad del Estado. Constitucionalmente sustenta la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. En efecto, como antes lo ha señalado este Tribunal, los derechos fundamentales no sólo tienen una dimensión subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos subjetivos], sino también una dimensión objetiva, puesto que los derechos fundamentales constituyen el orden material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento constitucional (cf. STC 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, entre otras).
[3] Código Procesal Constitucional. Artículo III.- Principios Procesales
(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales. (…)
[4] MONROY GALVEZ, Juan. La «autonomía procesal» y el Tribunal Constitucional: apuntes sobre una relación inventada. Revista Oficial del Poder Judicial 1/1 2007. p. 275.
[5] RODRÍGUEZ PATRÓN, Patricia, La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su derecho procesal. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21, Nº 62, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 129.
[6] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25. Protección Judicial
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.(…)
[7] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias
La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.(…)
[8] PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General .Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37
[9] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 45
[10] Código Procesal Constitucional. Artículo 53.- Trámite
En la resolución que admite la demanda, el Juez concederá al demandado el plazo de cinco días para que conteste. Dentro de cinco días de contestada la demanda, o de vencido el plazo para hacerlo, el Juez expedirá sentencia, salvo que se haya formulado solicitud de informe oral, en cuyo caso el plazo se computará a partir de la fecha de su realización
[11] CARPIZO, Jorge, El Tribunal Constitucional y sus límites. Lima, 2009. Ediciones legales. p. 57
[12] HABERLE, Peter. Métodos y principios de interpretación constitucional. un catálogo de problemas. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. p. 379-411.
[13] El Juez Jackson de la Corte Suprema de EE..UU. señalaba en el caso Brown v. Allen, 1953 (344 U. S. 443, 540) lo siguiente: “No tenemos la última palabra porque seamos infalibles, sino que somos infalibles porque tenemos la última palabra.”
[14] STC 0002-2005-PI/TC. Caso Ley 28374. F.J. 4 y 5
Funciones del proceso de inconstitucionalidad
De valoración: se produce en la medida en que la determinación de la constitucionalidad( o inconstitucionalidad de un dispositivo legal) se produce sobre la base de los valores que han sido reconocidos por la Constitución.
De pacificación: : Al declararse la inconstitucionalidad de un texto legal, se le elimina del ordenamiento jurídico para evitar eventuales incongruencias.
Ordenadora: Los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad vincularían a todos aquellos que deban aplicar las normas jurídicas.

References: artículo 25
 artículo 22
 Artículo 25
 Artículo 22
 Artículo 53
 resolución