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Timestamp: 2018-04-25 16:56:45+00:00

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SANCIÓN: 60 UIT. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 - PDF
SANCIÓN: 60 UIT. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala de Defensa de la Competencia Nº 2
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Jorge Maidana Macías
1 M-SC2-02/1B TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PROCEDENCIA : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DENUNCIANTES : ANA MILAGROS VIDAL CABELLO MONICA ROSARIO VIDAL CABELLO HUMBERTO VIDAL CABELLO DENUNCIADA : LA ESPERANZA DEL PERÚ S.A.C. CLÍNICA SAN BORJA MATERIA : IDONEIDAD DEL SERVICIO MEDIDAS CORRECTIVAS GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN MULTA ACTIVIDAD : SERVICIOS MÉDICOS SUMILLA: Se confirma la Resolución /CPC del 11 de marzo de 2009, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, en los extremos que declaró fundada la denuncia presentada por los señores Ana Milagros Vidal Cabello, Mónica Rosario Vidal Cabello y Humberto Vidal Cabello en contra de La Esperanza del Perú S.A.C. CLÍNICA SAN BORJA por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716. Adicionalmente, se declara la nulidad parcial de la Resolución /CPC en el extremo que omitió pronunciarse sobre la vinculación entre los defectos en la atención médica brindada al paciente y el deterioro de su estado de salud. Asimismo, se integra dicha resolución declarando fundado este extremo de la denuncia en contra de La Esperanza del Perú S.A.C. CLÍNICA SAN BORJA. Se ordena como medida correctiva que La Esperanza del Perú S.A.C. CLÍNICA SAN BORJA, devuelva a los denunciantes aquellos pagos que se encuentren relacionados con la intervención quirúrgica del 20 de abril de 2007 y asimismo, asuma los costos médicos de la recuperación del señor Lorgio Vidal hasta su total restablecimiento. Además, se confirman los extremos en que se sancionó a La Esperanza del Perú S.A.C. CLÍNICA SAN BORJA con una multa de 60 UIT, se le condenó al pago de costas y costos del procedimiento, y se le ordenó que reembolse a la autoridad administrativa el costo del peritaje ordenado de oficio, ascendente a S/ ,00. Finalmente, atendiendo a que el presente procedimiento es de importancia para proteger los derechos de los consumidores, la Sala considera pertinente solicitar al Consejo Directivo del INDECOPI que ordene la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano. SANCIÓN: 60 UIT
2 Lima, 29 de octubre de 2009 I ANTECEDENTES 1. El 26 de julio de 2007, los señores Ana Milagros Vidal Cabello, Mónica Rosario Vidal Cabello y Humberto Vidal Cabello (en adelante, los señores Vidal) denunciaron ante la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante, la Comisión) a La Esperanza del Perú S.A.C. 1 (en adelante, Clínica San Borja) por infracción del Decreto Legislativo 716 Ley de Protección al Consumidor, señalando lo siguiente: (i) (ii) El 17 de abril de 2007, su padre el señor Lorgio Vidal, acudió a la Clínica San Borja a fin de recibir atención de emergencia, luego de sufrir una caída que le produjo una fractura de cadera; su padre era un paciente de alto riesgo quirúrgico pues tenía antecedentes de diabetes mellitus, cardiopatía con dolor precordial, hipertensión arterial e infección urinaria; (iii) los exámenes practicados al señor Lorgio Vidal detectaron que padecía de infección urinaria y una enfermedad obstructiva vesicular. Por tal motivo, los médicos tratantes en anestesiología y endocrinología determinaron que no podía ser operado hasta después de haber transcurrido 72 horas, esto es, el 21 de abril de 2007; (iv) pese a dichas indicaciones, la operación del señor Lorgio Vidal fue adelantada para el 20 de abril de 2007, siendo que en el reporte operatorio no se registró la hora de inicio y finalización de misma; (v) durante la intervención quirúrgica, el paciente presentó bradicardia severa y posteriormente paro cardio respiratorio durante dos minutos, hasta que el cardiólogo acudió a la sala de operaciones e inició las maniobras de reanimación; (vi) la condición médica del señor Lorgio Vidal requería la elaboración de un adecuado estudio de riesgo anestesiológico, la presencia de un especialista en cardiología en la sala de operaciones y del aprovisionamiento de unidades de sangre para mantener estable la cantidad de hemoglobina del paciente. Sin embargo, la Clínica San Borja no adoptó dichas medidas de precaución; 1 Con RUC Domiciliada en Avenida Guardia Civil, Urbanización Córpac. Lima 2/22
3 (vii) la Historia Clínica no incluye los resultados del monitoreo intraoperatorio realizado al paciente, por lo que puede inferirse que los médicos encargados de la operación no realizaron dicho monitoreo; (viii) los anestésicos utilizados y las dosis de los mismos (50 mg. de Bupivacaina y 500 microgramos de Fentanest) fueron inadecuados para un paciente con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, contribuyendo de esta manera a que el paciente ingrese en estado de coma vegetativo; y, (ix) los defectos en el servicio médico brindado por la Clínica San Borja ocasionaron que su padre permaneciera en estado de coma vegetativo. Por tal motivo, solicitaron que dicho establecimiento asuma los costos de su tratamiento hasta su total recuperación. 2. En su defensa, la Clínica San Borja manifestó lo siguiente: (i) (ii) el 17 de abril de 2007, el señor Lorgio Vidal Villanueva sufrió una caída en su domicilio, dañándose la cadera izquierda, por lo cual fue trasladado al área de emergencias, en donde luego de ser evaluado se solicitó la intervención de un especialista en traumatología, acudiendo en dicha oportunidad el doctor Uribe; luego de obtener información de los familiares del señor Lorgio Vidal, examinar al paciente y revisar las radiografías ordenadas, el médico traumatólogo determinó que había sufrido una fractura intertrocantérica de fémur izquierdo, sugiriendo se realice una operación para reducir la fractura; (iii) el señor Lorgio Vidal fue revisado por médicos especialistas en cardiología, endocrinología y urología, ordenándose la colocación de una sonda Foley para tratar una enfermedad obstructiva vesical y la administración de antibióticos para combatir una infección urinaria; (iv) en el último tramo de la operación, el paciente presentó bradicardia severa, la misma que fue inmediatamente tratada como paro cardiaco, una vez que se logró estabilizar al señor Lorgio Vidal se continuó con la operación. Agregó que se realizaron los controles necesarios en el Arco en C y se envió a patología el material óseo, por tener apariencia de hueso enfermo; (v) el paciente fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica, donde se constató su estatus post reanimación cardio pulmonar y, posteriormente, se evidenció un posible daño difuso cerebral, por lo cual recibió ventilación mecánica y soporte integral; 3/22
4 (vi) de haberse prorrogado la intervención quirúrgica, el paciente hubiera presentado complicaciones como escaras, infección urinaria, congestión pulmonar y necrosis en el hueso de la cadera; (vii) si bien el señor Lorgio Vidal presentaba una fractura ligeramente desplazada, de sangrado moderado, que no necesitaba una transfusión, se solicitó una unidad de sangre a manera de previsión; (viii) el paro cardiaco que sufrió el señor Lorgio Vidal fue un hecho imprevisible que no tiene como causa la pérdida de sangre durante la intervención quirúrgica. Precisaron que los paros cardiacos se presentan por causas desconocidas, siendo el presente caso uno de ellos, más aún si se toma en cuenta que el paciente nunca había presentado problemas cardiacos; y, (ix) el hecho que en la Historia Clínica se señale que se aplicó al paciente una dosis de 500 microgramos de Fentanest era un error de tipeo. Sin embargo, en el negado caso que se le hubiera aplicado dicha dosis al paciente, esto no le generaría consecuencia negativa alguna. 3. Durante la tramitación del procedimiento, se incorporó al expediente la pericia médica elaborada por los doctores Jaime Cotos Reyes, Francisco Tarmeño Bernuy y Marco Alegre Romero. Posteriormente, a solicitud de los señores Vidal se realizó una ampliación de la pericia médica, a cargo de los mismos profesionales. 4. Mediante Resolución /CPC del 11 de marzo de 2009, la Comisión resolvió lo siguiente: (i) declarar fundada la denuncia por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, en los extremos referidos a: - la falta de un estudio de riesgo anestesiológico, a fin de evitar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de complicaciones que podrían presentarse durante la operación; - la operación fue adelantada, sin contar con la conformidad de los médicos tratantes que habían propuesto su suspensión hasta el día 21 de abril de 2007; - no se evidencia un adecuado monitoreo intraoperatorio de parte de los médicos responsables de la operación, pues la información de la Historia Clínica no está completa; y, - la dosis de anestesia aplicada por vía epidural no fue la adecuada. (ii) declarar infundada la denuncia por infracción del artículo 8º del Decreto 4/22
5 Legislativo 716, en los extremos referidos a: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - la obligación de contar con un médico cardiólogo durante la operación quirúrgica del señor Lorgio Vidal; - la idoneidad de la atención brindada al paciente durante el paro cardio respiratorio que sufrió; - las previsiones adoptadas para prevenir el sangrado y la baja de hemoglobina durante la operación practicada al señor Lorgio Vidal. (iii) declarar infundada la denuncia por infracción de los artículos 5º literal b) y 15º del Decreto Legislativo 716, en la medida que se verificó que el señor Lorgio Vidal suscribió un consentimiento informado sobre los riesgos de la operación quirúrgica; (iv) ordenar a la Clínica San Borja, como medida correctiva, que cumpla con efectuar la devolución del importe total que haya sido cancelado por los denunciantes y que estén vinculados estrictamente a la operación quirúrgica a la que fue sometido; y, (v) sancionar a la Clínica San Borja con una multa de 60 UIT y condenarla al pago de las costas y costos del procedimiento. 5. El 30 de abril de 2009, los señores Vidal apelaron la Resolución /CPC indicando que debería ordenarse como medida correctiva que la Clínica asuma los gastos del tratamiento del señor Lorgio Vidal hasta su total recuperación. 6. Por su parte, el 4 de mayo de 2009 la Clínica apeló la Resolución /CPC indicando que la Historia Clínica del paciente hace referencia a una complicación por bradicardia y al paro cardio respiratorio, situación que sólo se puede constatar al realizar un adecuado seguimiento intraoperatorio con equipos especializados. Agregó haber realizado una adecuada valoración del riesgo anestesiológico del paciente, siendo que no era necesario que la misma se consigne de manera detallada en la Historia Clínica. 7. El miércoles 23 de setiembre de 2009 se llevó a cabo la audiencia de informe oral solicitada por los señores Vidal, con la asistencia de ambas partes. II CUESTIONES EN DISCUSIÓN 8. Determinar lo siguiente: (i) Si corresponde confirmar la Resolución /CPC que declaró fundada la denuncia en contra de la Clínica San Borja por infracción del 5/22
6 artículo 8º del Decreto Legislativo 716, en los extremos referidos a: - La ausencia de un estudio de riesgo anestesiológico. - El adelanto injustificado de la fecha de operación. - La ausencia de monitoreo intraoperatorio. - La aplicación de una dosis inadecuada de anestesia. (ii) Si corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución /CPC por haber omitido pronunciarse sobre la relación de causalidad entre los defectos advertidos en el servicio médico prestado y el estado de coma del paciente. (iii) Si corresponde integrar este último extremo de la Resolución /CPC. (iv) Si corresponde otorgar la medida correctiva solicitada por los señores Vidal. III ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN III.1. La idoneidad del servicio 9. El artículo 8º del Decreto Legislativo establece la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación. 10. Dentro de estos alcances, el consumidor tiene la carga de probar la existencia del defecto alegado en el bien o servicio y, una vez acreditado, dicha carga probatoria se invierte sobre el proveedor, quien debe demostrar que no es responsable por el referido defecto. 11. Sin embargo, se verifican situaciones excepcionales en las que no es posible para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado en el bien o servicio contratado, atendiendo a circunstancias particulares que pueden presentarse durante la ejecución del acto de consumo y que deben ser 2 DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 8º.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. El proveedor se exonerará de responsabilidad únicamente si logra acreditar que existió una causa objetiva, justificada y no previsible para su actividad económica que califique como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del propio consumidor para no cumplir con lo ofrecido. La carga de la prueba de la idoneidad del bien o servicio corresponde al proveedor. 6/22
7 apreciadas por la autoridad administrativa caso por caso. En tales supuestos, es un imperativo flexibilizar la regla de la carga de la prueba, a fin de asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos de los consumidores y usuarios conforme a lo estipulado en la Constitución Política del Perú 3, de modo que dicha carga recaiga en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para satisfacerla El tratamiento de la carga de la prueba bajo ese criterio ha sido desarrollado a través de la teoría de las cargas probatorias dinámicas o favor probationis, mediante la cual se flexibiliza la carga de la prueba, trasladándola a quien posee mayores posibilidades de producirla. La teoría de las cargas probatorias dinámicas tiene como base los principios procesales de solidaridad y colaboración en materia probatoria. El principio de solidaridad establece que la carga de la prueba debe recaer sobre quien está en mejores condiciones de suministrarla; y, el principio de colaboración dispone que corresponde a ambas partes del conflicto producir las pruebas que estén en su poder o deban estarlo 5. 3 En relación con el "deber especial de protección" del Estado respecto de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 6.(...) en su versión moderna, el Estado ha sido instituido al servicio de los derechos fundamentales. El Estado, en efecto, tiene, en relación con los derechos fundamentales, un deber especial de protección. (...) Lo que significa, en primer lugar, que en el ordenamiento constitucional peruano todas las leyes, reglamentos y sus actos de aplicación, deben interpretarse y aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales (STC AA/TC). En ese sentido, los derechos constitucionales, en cuanto valores materiales del ordenamiento, tienen una pretensión de validez, de modo que tienen la propiedad de irradiarse y expandirse por todo el ordenamiento jurídico. (...) si sobre los derechos constitucionales, en su dimensión objetiva, sólo se proclamara un efecto de irradiación por el ordenamiento jurídico, pero no se obligara a los órganos estatales a protegerlos de las acechanzas de terceros, entonces su condición de valores materiales del ordenamiento quedaría desprovista de significado. (Subrayado añadido) 4 5 BULLARD, Alfredo. Cuando las Cosas Hablan: El res ipsa loquitur y la Carga de la Prueba en la Responsabilidad Civil. En: Themis, No.50, Debe considerarse que el principio de la carga de la prueba sólo opera en defecto de normas que precisen una carga de prueba diferente, y debe ser aplicado razonablemente para no conducirnos a resultados absurdos o contrarios a la lógica, tal como reconoce la doctrina. Así, de determinarse que existe una imposibilidad o seria limitación de que una de las partes pueda probar cómo ocurrió el accidente, debe evaluarse si existen reglas que invierten la carga de la prueba sobre aquella de las partes que está en control de la actividad causante del daño. Esborraz, Saieg y Hernández señalan al respecto: En esta línea evolutiva, sustentada en una visión solidarista del proceso, encontramos la teoría de las cargas probatorias dinámicas según la cuál, independientemente de la posición que ocupen las partes litigantes, la distribución de la carga probatoria recaerá en cabeza del actor o del demandado según fuere las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, todo lo cual da cuenta de un criterio elástico, no atado a preconceptos. Cita extraída del artículo de Alfredo Bullard, Cuando las Cosas Hablan: El res ipsa loquitur y la Carga de la Prueba en la Responsabilidad Civil del libro de: ESBORRAZ, David, Mónica SAEIG y Carlos HERNÁNDEZ. El impacto de la Doctrina de las Cargas Probatorias Dinámicas en la Teoría General del Contrato. En: Procedimiento Probatorio. Ed. Jurídica Panamericana. Santa Fe, P.97. 7/22
8 13. En ese sentido, Falcón señala que en los últimos tiempos se ha ido modificando el criterio (...) dando flexibilidad a la carga de la prueba, en función no ya de elementos previos objetivos, sino de determinar sobre quién pesan los esfuerzos de probar en función de las posibilidades que tenga de producir la prueba. El criterio tomó auge en los casos de responsabilidad médica (donde se tiende a desplazar la carga probatoria al profesional y no a la víctima o a sus parientes) (...) Así, el favor probationis o la teoría de las cargas probatorias dinámicas se inclina por poner la carga de la prueba sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo (...) Asimismo, Airasca manifiesta que La doctrina de las cargas probatorias dinámicas importa un desplazamiento del onus probandi según fueren las circunstancias del caso, recayendo en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producir las pruebas, más allá del emplazamiento como actos o demandado en el proceso (...) 7 concluyendo que esta teoría (...) debe emplearse necesariamente en todos aquellos casos en que por las particularidades del caso, de los hechos a probar, de la posición de las partes, del tipo de pruebas a producir, corresponda, porque de no hacerlo se llegaría a una sentencia injusta (...) En el Perú, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente AA/TC, señalando que si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva Lo anterior es consistente con el principio de verdad material y con lo previsto en el artículo 235º numeral 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, el cual prescribe que la autoridad que FALCÓN, Enrique. Tratado de la Prueba. Buenos Aires: Astrea, 2003, p AIRASCA, Ivana María. Reflexiones sobre la Doctrina de las Cargas Probatorias Dinámicas. En: Cargas Probatorias Dinámicas. Buenos Aires: Rubinza Culzoni, p.135. Ibidem., p En la misma Sentencia, el Tribunal Constitucional señala que: La doctrina de las cargas probatorias dinámicas interviene para responder a una concepción de un derecho dúctil y una concepción más dinámica del devenir del proceso, tal como amerita el supuesto planteado. Así, no correspondería al demandante la carga de la prueba del hecho (de índole negativo) sino que el demandado tendría la carga de probar el hecho positivo. 8/22
9 instruye el procedimiento debe realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad 10. III.2. Sobre la evaluación de riesgo anestesiológico 17. Los señores Vidal denunciaron que pese a la delicada situación médica de su padre, la Clínica San Borja omitió realizar un estudio de riesgo anestesiológico previo a la intervención quirúrgica del 20 de abril de La Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología 11 aprobada por Resolución Ministerial /MINSA indica lo siguiente: La evaluación pre-anestésica es obligatoria en todo paciente. El médico anestesiólogo realiza una evaluación integral del paciente, la que debe incluir: - Revisión de la historia clínica y exámenes auxiliares. - Examen clínico. - Valoración del riesgo anestésico-quirúrgico, así como la enfermedad de base. - El estado físico según la clasificación de la American Society of Anesthesiologist (ASA) y las pautas de manejo que considere pertinentes ( ) - Luego de la determinación del estado clínico del paciente se debe registrar en la historia clínica el plan de cuidados anestésico. Asimismo, la prescripción de la medicación pre-anestésica y otras que considere necesarias ( ) 19. De la norma técnica mencionada, se advierte que antes de autorizar el inicio de una operación, el médico anestesiólogo está obligado a realizar una evaluación integral del paciente, la cual debe incluir la valoración del riesgo anestésico-quirúrgico y su estado físico según la clasificación del ASA, así como un plan de cuidados anestésicos. 20. Sobre el particular, los peritos contratados de oficio por la Secretaría Técnica de la Comisión indican lo siguiente: 10 LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.- El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: ( ) 11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. ( ) Artículo Procedimiento sancionador. Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: ( ) 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 11 N.T. 030-MINSA/DGSP-V.01. 9/22
10 No existen evidencias en la historia clínica que al paciente Lorgio Vidal Villanueva se le haya realizado el estudio de su riesgo anestesiológico, ni que se haya formulado un plan anestésico, según lo indicado por las normas vigentes, esto se desprende del análisis de la historia clínica que no consigna la mencionada evaluación. 12 En los registros de la HC de la Clínica La Esperanza del Perú S.A.C. no hay evidencias, ni registros que al paciente Lorgio Vidal Villanueva, se le haya realizado el estudio de riesgos anestesiológico, ni que se le haya formulado un plan anestésico que es obligatorio para todos los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, según lo indicado por las normas vigentes, la mencionada evaluación pre-anestésica tiene por finalidad determinar el estado de salud del paciente e identificar los factores de riesgo para recibir anestesia, la no realización de dichos procedimientos puede incrementar el riesgo de complicaciones en la trans anestesia o post anestesia Como puede verse, las conclusiones del citado peritaje establecen que la Clínica San Borja no cumplió con su obligación de efectuar la evaluación de riesgo anestesiológico al paciente. 22. Por su parte, la Clínica San Borja alegó que los denunciantes no acreditaron la falta de un estudio de riesgo anestesiológico. Asimismo, cuestionaron los resultados del informe pericial alegando que si bien no existe un documento específico que haga referencia al estudio de riesgo anestesiológico, en la historia clínica existe evidencia que la tratante especialista evaluó al paciente antes del ingreso a cirugía. 23. A efectos de emitir un pronunciamiento respecto de los hechos controvertidos en el expediente, la Sala considera necesario determinar si corresponde aplicar al presente caso la teoría de las cargas probatorias dinámicas y, en consecuencia, imponer a la denunciada la obligación de acreditar que la imputación formulada por los denunciantes no le es atribuible. 24. Al respecto, la doctrina señala que (...) En materia profesional, el principio era que la víctima paciente corría con la carga probatoria, siendo para ella a veces imposible reunir las pruebas; el nuevo enfoque posibilita la inversión de la carga probatoria. 14. Asimismo, manifiesta que (...) en la práctica muchas veces esta difícil carga probatoria se convierte de facto en una Al respecto, ver foja 365 del Expediente. Al respecto, ver foja 512 del Expediente. CARBONE, Carlos Alberto. Cargas Probatorias Dinámicas: Una Mirada al Derecho Comparado y Novedosa Ampliación de su Campo de Acción. En: Cargas Probatorias Dinámicas. Rubinza Culzoni Editores. Buenos Aires. P /22
11 sustancial inmunidad de médicos y abogados negligentes. Por ello es que en la actualidad se ha operado un cambio general (...) que procura invertir la carga de la prueba facilitando el acceso a una indemnización por parte del paciente-cliente De otra parte, Pereira indica lo siguiente: (...) Los profesionales médicos asumen obligaciones de medios. Consecuentemente, ante el incumplimiento de la obligación principal (curar al paciente), se encuentra a cargo del paciente la carga de la prueba de la culpa profesional. (...) Dicha prueba de la culpa puede suponer un grave obstáculo para el paciente, lo que en definitiva redundaría en una suerte de inmunidad para dichos profesionales, transformándose en una prueba diabólica para el paciente, quien normalmente cuenta con escasos elementos de defensa de sus derechos Atendiendo a lo señalado en los puntos precedentes, la Sala considera que, en el caso objeto de controversia, debe aplicarse la teoría de las cargas probatorias dinámicas, pues resulta claro que la acreditación del defecto constituye una carga de imposible cumplimiento para los denunciantes. Por el contrario, es evidente que el único sujeto de la relación de consumo que se encontraba en la posibilidad de incorporar al expediente material probatorio que permita establecer de manera certera la realización o no de un adecuado estudio de riesgo anestesiológico era la Clínica San Borja, pues era ésta la que estaba a cargo de la atención del paciente y tenía acceso a la información respecto del estado en que se encontraba. 27. Con el objeto de probar la existencia de una evaluación de riesgo anestesiológico, la Clínica San Borja hizo referencia a la anotación efectuada por la doctora Manrique el día 19 de abril de 2008, la cual menciona expresamente: Paciente diabético. Con infección urinaria. Con estos antecedentes no puede entrar en cx. Por lo menos 48 a 72 horas. Es paciente de alto riesgo. Que después del acto quirúrgico se complica En opinión de la Sala, dicha anotación no es suficiente para sustentar que se realizó una evaluación anestesiológica del paciente, pues la indicación transcrita sólo hace referencia al tiempo de espera recomendado para la operación y una mera referencia a su estado general, sin consignar una evaluación concreta de su riesgo anestesiológico. En concordancia con ello, el peritaje ampliatorio elaborado de oficio ante los cuestionamientos de las partes, indica lo siguiente 18 : PEYRANO, Marcos L. La Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas en la Flamante Ley de Enjuiciamiento Civil Española (Ley 1/2000). En: Cargas Probatorias Dinámicas. Rubinza Culzoni Editores. Buenos Aires. P PEREIRA MARQUES, Silvina. La Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas en la Flamante Ley de Enjuiciamiento Civil Española (Ley 1/2000). En: Cargas Probatorias Dinámicas. Buenos Aires: Rubinza Culzoni Editores, p.485. Al respecto, ver foja 45 del Expediente. 18 Al respecto, ver foja 751 del Expediente. 11/22
12 Lo que consigna la médico anestesióloga es una valoración con respecto a la pertinencia del momento en que debía realizarse el acto quirúrgico debido al alto riesgo de que el paciente se complique después del acto quirúrgico, más no consigna una evaluación QUE ES OBLIGATORIA EN TODO PACIENTE, que consiste en una valoración de Riesgo Anestésico Quirúrgico; el estado físico según la clasificación de la American Society of Anesthesiologist (ASA) del paciente y las pautas de manejo que considere pertinentes, el período de ayuno de acuerdo al tipo de cirugía, no registra además en la historia clínica el plan de cuidados anestésicos, así como la prescripción de la medicación pre-anestésica razón por la que concluimos en el peritaje inicial que no existía evidencia en la historia clínica que al paciente se le haya realizado UN ESTUDIO DE RIESGO ANESTESIOLÓGICO, NI QUE SE LE HAYA FORMULADO UN PLAN ANESTÉSICO según lo indica la norma ( ) 29. En otro punto de su defensa, la Clínica San Borja manifestó que el Récord de Anestesia que obra en la historia clínica consigna información anestesiológica del paciente 19. Sin embargo, cabe desestimar dicho alegato, pues según lo dispuesto por la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología, la evaluación debe ser realizada en el consultorio de manera previa al inicio de la operación 20 y por el contrario, el Record de Anestesia es el documento donde se consigna lo ocurrido en sala de operaciones durante la intervención quirúrgica. 30. Toda vez que la Clínica San Borja no ha aportado medios probatorios suficientes que acrediten que realizó la evaluación anestesiológica del señor Lorgio Vidal, corresponde confirmar la Resolución /CPC que declaró fundado este extremo de la denuncia. III.3. Sobre la oportunidad de la intervención quirúrgica 31. En su denuncia, los señores Vidal manifestaron que la Clínica San Borja decidió adelantar la operación de su padre para el día 20 de abril de 2007, pese a que los médicos tratantes en endocrinología y anestesiología recomendaron que la misma se efectúe recién el 21 de abril de Dicho cargo fue corroborado con la pericia de oficio ordenada por la Secretaría Técnica de la Comisión, bajo los siguientes términos 21 : Al respecto, ver foja 879 del Expediente. NORMA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGÍA. RESOLUCIÓN MINISTERIAL /MINSA 6.- DEFINICIONES ( ) Evaluación Pre-anestésica: Evaluación clínica que permite, a través de la historia, examen clínico y exámenes auxiliares, determinar el estado de salud del paciente e identificar los factores de riesgo para recibir anestesia. Esta evaluación se realiza en el Consultorio de Anestesia, Hospitalización o en emergencia, según corresponda. 21 Al respecto, ver foja 366 del expediente. 12/22
13 El Paciente Señor Lorgio Vidal NO DEBIÓ SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE el día debido a que no había recibido la aprobación de parte del endocrinólogo y anestesióloga, quienes sugieren diferir en 48 a 72, para evitar complicaciones post quirúrgicas ( ) En la Clínica durante las atenciones que le brindaron al paciente Lorgio Vidal Villanueva para el tratamiento de su fractura de cadera no se tomaron en cuenta las indicaciones de los médicos endocrinólogo y anestesiólogo, que sugerían diferir la cirugía por 48 a 72 horas, según lo consignado en la historia clínica. 33. En efecto, conforme obra en la historia clínica, el 18 de abril de 2007, a las 22:40 horas, el médico endocrinólogo recomendó diferir la operación entre 48 y 72 horas para poder tratar los problemas en las vías urinarias que sufría el paciente 22. Asimismo, el 19 de abril de 2007, la médico anestesióloga determinó que la cirugía del señor Lorgio Vidal debía postergarse igualmente entre 48 a 72 horas De manera concordante, la Clínica San Borja reconoció que a solicitud de los especialistas en endocrinología y anestesiología, el día 19 de abril de 2007, el médico tratante doctor Uribe aceptó suspender la intervención quirúrgica del paciente entre 48 y 72 horas. 35. No obstante, la Clínica San Borja basa su defensa en el supuesto cambio de parecer de los médicos especialistas, quienes finalmente habrían autorizado que la cirugía se realice el 20 de abril de Sustenta su alegato en la indicación preoperatoria efectuada por el médico endocrinólogo en una segunda visita realizada el 19 de abril de y en la participación de la anestesióloga doctora Manrique durante la intervención. 36. De acuerdo con el artículo 29º de la Ley Ley General de Salud-, los actos médicos deben estar sustentados en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado 25. De ello, se desprende Al respecto, ver foja 28 del Expediente. Al respecto, ver foja 45 del Expediente. Al respecto, ver foja 30 del Expediente. LEY LEY GENERAL DE SALUD. Artículo 29º.- El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. La información mínima que debe contener la historia clínica se rige por el reglamento de la presente ley. El médico y el cirujano-dentista quedan obligados a proporcionar copia de la historia clínica al paciente en caso que éste o su representante lo solicite. El interesado asume el costo que supone el pedido. 13/22
14 que los diagnósticos y recomendaciones que se consignan en las historias clínicas deben tener un nivel mínimo de motivación. En caso contrario, dichos documentos pierden su eficacia como medio probatorio, pues no resulta posible conocer la valoración del médico tratante En el presente caso, la recomendación de los especialistas en endocrinología y anestesiología para diferir la operación entre 48 y 72 horas se encuentra debidamente sustentada en la historia clínica, en función a los antecedentes de diabetes y la infección urinaria que padecía el señor Lorgio Vidal. Por el contrario, en lo referente al adelanto de la operación indicado por la Clínica San Borja, no se consigna cuál fue la motivación de los especialistas para adoptar tal decisión. 38. En la medida que el insuficiente contenido de la historia clínica, impide que la autoridad administrativa pueda conocer las razones que determinaron el adelanto de la intervención quirúrgica del señor Lorgio Vidal, el medio probatorio ofrecido por la Clínica San Borja no resulta pertinente para acreditar la idoneidad de la decisión adoptada por la denunciada en ese sentido. A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que la decisión de adelantar de la operación puede deberse tanto a una reevaluación de los antecedentes del paciente, como a un acto de negligencia por parte de los galenos, siendo que la carga probatoria de la conducta lícita correspondía al proveedor denunciado, el cual no ha logrado sustentar documentalmente su decisión médica. 39. Por lo tanto, dado que la Clínica San Borja no ha acreditado que el adelanto de la operación del señor Lorgio Vidal se encontraba debidamente motivado y resultaba coherente con las indicaciones iniciales de los especialistas en endocrinología y anestesiología, corresponde confirmar la Resolución /CPC que declaró fundado este extremo de la denuncia. III.4. Sobre el monitoreo intraoperatorio 40. En este punto, los señores Vidal denunciaron que durante la cirugía, la Clínica San Borja no realizó el monitoreo intraoperatorio de los signos vitales de su padre. 41. El numeral 7.2. de la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología, dispone que el paciente debe tener monitoreo electrocardiográfico permanente desde el inicio de la anestesia, independientemente del tipo de anestesia empleada. 26 En efecto, de acuerdo con el médico legista Hugo Rodríguez Almada, citado por el Dr. Juan Luis Avendaño: el valor probatorio de la historia clínica radica en el momento en el que ha sido confeccionada. Por eso, en la mayoría de los casos la existencia de una historia clínica bien confeccionada servirá para descartar la pretendida malpraxis. (AVENDAÑO VALDEZ, JUAN LUIS. La prueba difícil. La culpa médica en: Libro Homenaje a Jorge Avendaño. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, pág.903.) 14/22
15 42. Sobre el particular, el peritaje contratado por la Secretaría Técnica de la Comisión indica lo siguiente: Los registros de los procedimientos anestesiológicos que le realizaron al paciente Lorgio Vidal Villanueva durante la intervención quirúrgica a la que fue sometido el día para la reducción cruenta de una osteosíntesis de fractura de Cadera Izquierda en lo referente al monitoreo transoperatorio están registrados parcialmente de acuerdo a lo que indican las normas vigentes, entre los datos registrados se encuentran Presión Arterial y Saturación de Oxigeno, no evidenciándose los registros de frecuencia cardiaca. En ese punto, es menester indicar que por norma todas las salas de operaciones cuentan con monitor multiparámetro el cual registra durante toda la intervención quirúrgica la frecuencia cardiaca, pulso, saturación de oxígeno y presión arterial, mediante este monitoreo electrónico es posible percatarse de la anormalidad de cualquiera de los parámetros que monitorea. 43. En su apelación, la Clínica San Borja negó el cargo imputado, manifestando que la sala donde se realizó la operación cuenta con un Monitor Cardiaco Multiparámetro de funcionamiento electrónico, el mismo que fue utilizado en otras cirugías practicadas el mismo día. Agregó, que las indicaciones en la historia clínica del señor Lorgio Vidal respecto a la bradicardia o al paro cardiaco demuestran el uso de dicho monitor. 44. Si bien la Clínica San Borja ha presentado una hoja membretada con la descripción de sus tres salas de operaciones y los equipos con que cuenta cada una de ellas 27, dicho documento no resulta suficiente para acreditar que el equipo de monitoreo cardiaco haya sido utilizado por el personal médico durante la intervención quirúrgica del señor Lorgio Vidal. Cabe agregar que las indicaciones puntuales respecto a un descenso en la frecuencia cardiaca y el paro cardio respiratorio no permiten establecer que el paciente fue monitoreado durante toda intervención quirúrgica, situación que debía ser demostrada por la Clínica San Borja. 45. Por lo tanto, dado que la Clínica San Borja no ha acreditado haber monitoreado la frecuencia cardiaca del señor Lorgio Vidal, corresponde confirmar la Resolución /CPC que declaró fundado este extremo de la denuncia. III.5. Sobre la dosis de anestesia aplicada 46. Los señores Vidal manifestaron que la Clínica San Borja aplicó al señor Lorgio Vidal una dosis inadecuada de anestesia. En concordancia con ello, el informe pericial elaborado de oficio, indica lo siguiente 28 : 27 Al respecto, ver foja 524 del Expediente. 15/22
16 El tipo de anestésicos utilizados durante la intervención quirúrgica del paciente Lorgio Vidal Villanueva fue el adecuado. En lo concerniente a la dosis de 500 microgramos de Fentanilo registrada en el reporte anestesiológico, no es la dosis adecuada por vía epidural. 47. Según la Clínica San Borja, la dosis de Fentanilo aplicada durante la cirugía fue de tan sólo 50 microgramos, siendo que por un error material se consignó una cifra distinta en la historia clínica. Añadió que la aplicación de una dosis mayor no resultaba razonable pues la cirugía de cadera requería del bloqueo motor, que se logra con la aplicación de dicha cantidad de anestesia. 48. En opinión de la Sala, la mera referencia a un error en el llenado de la historia clínica no resulta suficiente para sustentar los alegatos de defensa del establecimiento de salud. En efecto, la Clínica San Borja no ha cumplido con aportar los medios probatorios que acrediten fehacientemente que se aplicó una dosis de tan sólo 50 microgramos de Fentanilo al señor Lorgio Vidal. 49. En atención a lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución /CPC que declaró fundado este extremo de la denuncia. III.6. Sobre la nulidad parcial de la Resolución /CPC 50. De acuerdo con el principio de legalidad contemplado en la Ley Ley del Procedimiento Administrativo General-, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la Ley y al derecho, dentro del ámbito de sus competencias Lo anterior determina que las entidades públicas deben observar cada uno de los principios y disposiciones establecidas en las leyes al emitir actos administrativos, no pudiendo apartarse de su estricta aplicación. En caso contrario, incurrirán en la causal de nulidad prevista por el numeral 1) del artículo 10º de la Ley En concordancia con ello, el numeral 2 del artículo 230º de la Ley recoge el principio de debido procedimiento 31, según el cual durante la Al respecto, ver foja 366 del Expediente. LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 10º.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 16/22
17 tramitación de procedimientos sancionadores, las entidades de la Administración Pública deben sujetarse al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 53. El artículo 5.4 de la referida ley dispone que el acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas en el procedimiento 32. En ese sentido, la resolución debe ser congruente con las peticiones formuladas por el administrado, de tal modo que se decida sobre todas las pretensiones propuestas por éste En el presente caso, los señores Vidal denunciaron expresamente que los defectos en el servicio médico brindado por la Clínica San Borja ocasionaron que su padre se encuentre en estado de coma vegetativo. Sin embargo, la Comisión no emitió un pronunciamiento ya sea declarando fundada, infundada o improcedente la denuncia sobre este extremo. 55. En la medida que dicha situación infringe el principio de legalidad que orienta el procedimiento administrativo, la Sala considera que debe declararse la nulidad parcial de la Resolución /CPC. 56. No obstante ello, en aplicación del artículo 217º de la Ley y teniendo en cuenta que en el expediente obran elementos suficientes para emitir un pronunciamiento y que el establecimiento de salud ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa respecto a la imputación de cargos consistente en que los defectos en el servicio brindado habrían ocasionado LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: ( ) 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 5º.- Objeto o contenido del acto administrativo ( ) 4. El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor. LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 187º.- Contenido de la resolución ( ) En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 217º-.- Resolución ( ) Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 17/22
18 que el señor Lorgio Vidal permanezca en estado de coma, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el fondo de este extremo de la denuncia. III.7. Sobre el estado de salud del paciente luego de la operación 57. En el extremo referido a la causa del estado de coma vegetativo que padece el señor Lorgio Vidal, debe tenerse en consideración la teoría de la carga probatoria dinámica, la cual ha sido analizada profundamente en la presente resolución. 58. Según dicha teoría, el establecimiento de salud debe acreditar que los servicios médicos fueron brindados de manera idónea y que cualquier probable deterioro en el estado clínico del paciente se debe a factores ajenos a su responsabilidad. En concordancia con ello, la doctrina española sobre negligencia médica recoge la teoría del resultado desproporcionado, según la cual si se produce un resultado dañoso que normalmente no se produce más que cuando media una conducta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de acción Los peritos contratados de oficio por la Secretaría Técnica de la Comisión señalaron que los documentos actuados en el procedimiento no permitían establecer relación entre los errores advertidos en la atención médica brindada por la Clínica San Borja y el deterioro de salud del señor Lorgio Vidal 36. Sin embargo, la falta de información en el expediente de ninguna manera libera a la denunciada de acreditar la idoneidad del servicio médico, pues es justamente el establecimiento de salud quien al haber elaborado la historia clínica se encontraba en mejor posición de aportar los documentos que la liberen de responsabilidad. 60. Así pues, en condiciones normales no resulta esperable que una cirugía de reducción de cadera ocasione que el paciente sufra un paro cardio respiratorio ni que luego caiga en un estado de coma vegetativo. Por lo tanto, la aplicación de la teoría del resultado desproporcionado orienta a que la carga de la prueba sobre la ausencia de responsabilidad por el deterioro de la salud del señor Lorgio Vidal deba recaer en la Clínica San Borja. 61. Durante el procedimiento, la Clínica San Borja ha afirmado que el paro cardio respiratorio padecido por el paciente y su posterior estado de coma vegetativo constituyen una complicación fortuita, producida pese a su diligencia durante el tratamiento médico. No obstante, debe desestimarse 35 AVENDAÑO VALDEZ, Juan Luis. La prueba difícil: culpa médica, en: Libro Homenaje a Jorge Avendaño. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, 2004, pág Al respecto, ver foja 366 del Expediente. 18/22
19 dicho argumento en la medida que el citado evento fortuito no ha sido probado por la denunciada. 62. Pese a que corresponde a la denunciada acreditar que no existe vinculación entre el tratamiento médico y el deterioro de la salud del paciente, la Clínica San Borja no ha presentado medio probatorio alguno que la exonere de dicha responsabilidad. Por el contrario, en el presente caso se ha verificado que el establecimiento de salud cometió los siguientes errores durante la atención del señor Lorgio Vidal: (i) no efectuó un estudio de riesgo anestesiológico; (ii) adelantó injustificadamente la fecha de la operación; (iii) no realizó el monitorio intraoperatorio de la frecuencia cardiaca del paciente; y, (iv) aplicó una dosis inadecuada de anestesia. 63. En atención a que la Clínica San Borja no ha demostrado que el deterioro del estado de salud del paciente no le resulta imputable, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, en el extremo referido a la vinculación entre los defectos en el servicio médico brindado por el proveedor y el estado de salud actual del señor Lorgio Vidal. III.7. Sobre la medida correctiva ordenada 64. El artículo 42º del Decreto Legislativo 716 establece la facultad que tiene la Comisión para ordenar a los proveedores la imposición de medidas correctivas a favor de los consumidores 37. La finalidad de las medidas correctivas es revertir los efectos que la conducta infractora causó al consumidor o evitar que en el futuro, ésta se produzca nuevamente. 65. En la resolución apelada, la Comisión ordenó como medida correctiva que la Clínica San Borja efectúe la devolución del importe total que haya sido cancelado por los denunciantes y que esté vinculado estrictamente a la operación quirúrgica a la que fue sometido el señor Lorgio Vidal. 37 DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 42º.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas: ( ) d) Reposición y reparación de productos; e) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor; f) Que el proveedor cumpla lo ofrecido en una relación de consumo, siempre que dicho ofrecimiento conste por escrito en forma expresa; g) La devolución o extorno, por el proveedor, de las sumas de dinero pagadas por el consumidor cuando el producto entregado o servicio prestado no corresponda a lo que haya sido expresamente acordado por las partes; ( ) Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Los bienes o montos que sean objeto de medidas correctivas serán entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. ( ). 19/22
20 66. Los señores Vidal cuestionaron dicho mandato señalando que la conducta de la Clínica San Borja ha ocasionado que su padre se encuentre en estado de coma vegetativo y que se incurra en gastos de tratamiento para recuperar su salud, los que deben ser asumidos por la denunciada. 67. En la medida que en el presente caso, la Clínica San Borja no ha demostrado la ausencia de vinculación entre los defectos en el servicio médico brindado y el deterioro de la salud del paciente, la Sala considera que para revertir los efectos de la conducta infractora, se debe ordenar que la denunciada asuma también los costos del tratamiento para recuperar la salud del señor Lorgio Vidal. 68. Por lo tanto, corresponde revocar la medida correctiva ordenada por la Comisión y modificándola, ordenar que la Clínica San Borja devuelva a los señores Vidal aquellos pagos que se encuentren relacionados con la intervención quirúrgica del 20 de abril de 2007 y asimismo, asuma todos los gastos médicos de la recuperación del paciente hasta el total restablecimiento de su estado neurológico vegetativo. 69. Finalmente, dado que la denunciada no ha fundamentado su apelación respecto de la multa ascendente a 60 UIT, el mandato de reembolso de los S/ ,00 correspondientes al peritaje ordenado de oficio por la Comisión y la condena al pago de costas y costos del procedimiento, más allá de la alegada ausencia de infracción, corresponde confirmar dichos extremos por resultar accesorios al pronunciamiento sustantivo. III.8. La publicación de la presente resolución 70. Este colegiado no es ajeno a los retos que hoy en día enfrentan los órganos resolutivos a los que se les encomienda la función de administrar justicia, siendo uno de los principales el superar la inseguridad jurídica en las relaciones existentes entre los particulares y los operadores del derecho. 71. La Ley 27444, consagra en el Artículo IV de su Título Preliminar 38 el principio de predictibilidad, como uno de los pilares que inspiran el procedimiento administrativo. 38 LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 20/22
Laudo Arbitral expedido por el Árbitro Único doctor Sergio Calderón Rossi en el proceso seguido por el Instituto del Mar del Perú IMARPE- con It Storage E.I.R.L. sobre incumplimiento de contrato y otros

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 artículo 8
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 artículo 235
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 RESOLUCIÓN 
 artículo 29
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 artículo 10
 artículo 230
 Artículo 10
 artículo 5
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 artículo 217
 Artículo 5
 Artículo 187
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 artículo 42
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