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Timestamp: 2017-10-16 21:49:08+00:00

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Sentencia A.P. Valencia 294/2010 de 21 de junio. Comunidad de Propietarios. Reclamación de cantidad. Monitorio. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Valencia 294/2010 de 21 de junio
Comunidad de Propietarios: Juicio monitorio. Oposición, ya que no se debe cantidad alguna, se alega la falta de capacidad del litigante, sociedad civil que gestiona los elementos y servicios comunes de la urbanización, y que no hay bienes ni servicios comunes gestionados por los propietarios.
NIG: 46250-37-2-2010-0001308
Procedimiento: Recurso de apelación N.º 000220/2010- T -
Dimana del Juicio Verbal N.º 000410/2009
Del JUZGADO DE INSTANCIA 2 DE TORRENT(ANT. MIXTO 2)
Apelante/s: D. Carlos Daniel.
Procurador/es.- MARIA ELVIRA SANTACATALINA FERRER.
Apelado/s: COM. PROP. ASOCIACION DIRECCION000.
Procurador/es.- ESPERANZA ALONSO GIMENO.
SENTENCIA N.º 294/2010
En Valencia, a veintiuno de junio de dos mil diez.
Vistos por mí, ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA, Magistrado de la Sección Undécima de esta Audiencia Provincial, constituido en Tribunal Unipersonal en los autos de Juicio Verbal n.º 410/2009, promovidos por COM. PROP. ASOCIACION DIRECCION000 contra D. Carlos Daniel sobre "reclamación de cantidad", pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por D. Carlos Daniel, representado por el Procurador Dña. MARIA ELVIRA SANTACATALINA FERRER y asistido del Letrado Dña. NATIVIDAD RODRIGUEZ GARCIA contra COM. PROP. ASOCIACION DIRECCION000, representado por el Procurador Dña. ESPERANZA ALONSO GIMENO y asistido del Letrado D. ALBERTO BORONAT LLUCH.
El JUZGADO DE INSTANCIA 2 DE TORRENT(ANT. MIXTO 2), en fecha 24-11-09 en el Juicio Verbal n.º 410/2009 que se tiene dicho, dictó sentencia conteniendo el siguiente pronunciamiento: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sra Alonso en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Asociación de Propietarios DIRECCION000 Fase Cumbres, contra D Carlos Daniel, representado por el Procurador Sra Santacatalina, debo CONDENAR Y CONDENO al mismo a pagar a la actora la cantidad de 966 euros mas los intereses desde la interposición de la demanda y las costas del presente procedimiento."
Contra dicha sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal de D. Carlos Daniel, y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de oposición por la representación de COM. PROP. ASOCIACION DIRECCION000. Admitido el recurso de apelación y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se sustanciaron los trámites preceptivos del recurso ante esta segunda instancia, quedaron conclusas las actuaciones, señalandose a tal fin el día 19 de Mayo de 2.010.
No comparte el Tribunal los razonamientos de la resolución recurrida, que se contrapongan a los siguientes, y.
Recibidos los autos de Primera Instancia y durante la tramitación del rollo de apelación, al amparo del articulo 286 de la LEC., la parte apelante presentó diversos escritos alegando la concurrencia de hechos de nueva noticia, concretamente referidos al a acuerdo de la Delegación de Gobierno sobre la vigilancia privada solicitada por la subcomunidad "Fase Cumbres" del tenor de que " no concurren los requisitos exigidos por la legislación vigente". De esta petición se dio traslado a la contraparte que si bien no negó ese acuerdo de la Delegación de Gobierno matizó su alcance en el sentido de que la autorización la tenían en cuanto integrantes de la DIRECCION000, aportando el citado acuerdo de aquella. Esa contestación dio lugar a que la parte apelante aportase nuevo acuerdo de la misma Delegación de Gobierno en distinto sentido. Atendidos los numerosos escritos que sobre esta cuestión se han aportado en el rollo, se concluye en que no es necesaria la practica de prueba alguna ya que no se ha negado la autenticidad de las fotocopias aportadas, ni siquiera la realidad de los acuerdos en ellas recogidos, pues la discusión se ha centrado en si existe o no autorización por la Delegación de Gobierno. Sobre esta cuestión si bien no puede discutirse que es un hecho nuevo, a tenor de las fechas de las resoluciones aportadas; sin embargo, atendiendo que lo que se está reclamando es el importe por el impago de una serie de cuotas de los años 2007 y 2008, lo relevante no es tanto si con posterioridad se les concedió o no autorización para la seguridad privada, sino si el servicio se prestó y partiendo de ello obligación del demandado a abonar la parte de su importe que, dentro de las cuotas, le giró la actora.
Este procedimiento se inició por la demanda de monitorio en reclamación al demandado de la cantidad de 966 €., resultante de sumar 855 €., der las cuotas impagadas, mas 8.40 €., por gastos de notificación y 1.023,60 €., por recargo del tipo del 12%.
El demandado se opuso a esta pretensión del monitorio sosteniendo como motivos que: no se debe cantidad alguna, la falta de capacidad del litigante y que no hay bienes ni servicios comunes gestionados por los propietarios; ante esta oposición y por la cuantía de la pretensión se le dio al proceso el trámite del juicio verbal, en el que se dicto Sentencia estimado la demanda íntegramente al concluir que el demandado, en cuanto propietario de la parcela NUM000 y NUM001, debe contribuir a los gatos generados por la prestación de servicios comunes gestionados por la actora.
Ante esta resolución la representación de la parte demandada interpuso recurso de apelación en base a los siguientes motivos: 1.º) infracción de los artículos 812.2 en relación con el artículo 815 de la LEC., y con el artículo 21.2 de la LPH.; 2.º) infracción de los artículos 440.1.2, 339.3 y 217 de la LEC.; 3.º) infracción del articulo 6.4 del Código Civil, en relación con los artículos 3 a 6, 13, 13.2, 13.4 y 16.1 de la LPH., así como los artículos 443.3 y 6 a 10 de la LEC..
El primer motivo del recurso se ha articulado bajo el epígrafe "infracción de los artículos 812.2 en relación con el artículo 815 de la LEC y con el artículo 21.2 de la LPH.", sustentándolo en la exposición del motivo y concluyendo que: no que se había acompañado el documento que exige el articulo 21 de la LPH., ni se ha notificado a los demandados con arreglo al articulo 9 y por último las certificación de las deudas del artículo 812,2,2.º de la LEC., no cumple los requisitos exigidos, habida cuenta que se está certificando deudas de una Asociación distinta de la demandante.
Entiende este Tribunal Unipersonal que este motivo no puede ser objeto de examen en este recurso por extemporáneo, a tenor:
1.º) Del artículo 456 de la LEC., que solo permite en esta alzada el examen de aquellas pretensiones que fueron deducidas en primera Instancia.
2.º) Por otra parte, que habiéndose iniciado el procedimiento a través del monitorio el artículo 815.2 de la L.E.C., no permite que la oposición al mismo sea indeterminada o genérica, sino que el deudor debe de manera sucinta alegar los motivos por los que afirma no debe cantidad alguna o que le eximen de pago, siendo de significar que es precisamente esa oposición la que impone la convocatoria de las partes a juicio verbal o al emplazamiento al actor para la presentación de la correspondiente demanda de juicio ordinario, ello según cual sea la cuantía objeto de reclamación, por ello como ya tiene declarado la Sección Undécima (Ss. 8-5-02, 12-9-03, 20-2-06...), cuando el procedimiento a seguir en caso de oposición al monitorio sea el verbal, como acontece en el presente supuesto, el juicio declarativo subsiguiente se halla mediatizado tanto por la petición inicial como por la oposición frente a ella planteada, por cuanto no existe emplazamiento como en el juicio ordinario para plantear demanda, sino que directamente se cita a las partes a la vista del juicio verbal, adquiriendo especial relevancia tanto la petición inicial que será ratificada como demanda como las causas de oposición en su día alegadas, sin que en el acto de la vista puedan ser introducidas nuevas causas por el demandado pues ello comportaría la indefensión del actor que, ante los nuevos alegatos y la obligación de aportar a la vista la prueba de que intente valerse, se puede ver privado del derecho a aportar nuevos elementos probatorios tendentes a contrarrestar los novedosos hechos introducidos por el demando al debate procesal, con vulneración de los principios de efectiva contradicción y defensa. Es decir, del mismo modo que el peticionario del juicio monitorio en el acto del juicio verbal ulterior a la oposición del demandado se halla sujeto a las alegaciones vertidas en la petición inicial de aquél, el demandado se encuentra vinculado a los motivos de oposición anunciados frente a ella, habida cuenta que la introducción de nuevos motivos de oposición, como se ha indicado acarrea una patente conculcación de los principios de preclusión, contradicción y defensa, con la consiguiente indefensión de la parte actora, que de hecho se ve privada en el acto de la vista de poder contrarrestar tanto alegatoria como probatoriamente las nuevas cuestiones que en la misma se susciten.
Habiéndose atacado en el tercer motivo la legitimidad de la actora y en el segundo el importe de la deuda, para un mejor examen se estudiará en primer lugar el motivo tercero y en el fundamento de derecho siguiente el segundo.
En el tercer motivo bajo el epígrafe "infracción del articulo 6.4 del Código Civil en relación con los artículos 3 a 6, 13, 13.2, 13.4 y 16.1 de la LPH., así como los artículos 443.3 y 6 a 10 de la LEC.", se ha sostenido que: tras al dimisión de la Junta de la Fase DIRECCION000 se creo una sociedad civil a espaldas de los propietarios dejando de existir la fase DIRECCION000 por la propia voluntad de los propietarios, la actora es una simple asociación del civil que no representa a la subcomunidad, no hay bienes ni elementos comunes que solo a ellos afecten.
Entiende este Tribunal que su naturaleza societaria fue delimitada por la propia demandante en su demanda de monitorio al reconocerse como una sociedad civil que gestiona los elementos y servicios comunes de la Urbanización. Partiendo ello debe recordarse que el actual articulo 24 de la LPH., en la redacción dada tras la reforma operada en la Ley 8/1999 de 6 de abril, solo acepta la aplicación del régimen especial de propiedad horizontal a los llamados complejos inmobiliarios privados cuando se cumplen dos requisitos: por un lado que existan varias edificaciones y por otro que los titulares de aquellas a la vez sean copropietarios de otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios; en este sentido, ya el Tribunal Supremo, Sala 1.ª, S 28-5-2009, n.º 401/2009, rec. 1440/2004, explicó que: "En la actualidad, la actividad de las urbanizaciones privadas está regida por el artículo 24 de la Ley 8/1999, de 6 de abril EDL 1999/60873, que modificaba la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal EDL 1960/55, y denomina a dichas urbanizaciones como complejos inmobiliarios privados. Y es precisamente en defensa de los intereses generales y del régimen de propiedad horizontal, lo que autoriza a los propietarios, al amparo del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1.255 del Código Civil, a configurar un régimen jurídico adaptado a esa peculiar naturaleza de las urbanizaciones privadas, limitando las facultades dispositivas de sus integrantes mediante la redacción de unos Estatutos en los que se disciplinan los derechos y obligaciones de todos ellos, sin contravención alguna que pudiera afectar al contenido del derecho singular que asiste a cada uno, desde el momento en que van dirigidos a asegurar el mejor disfrute de los comuneros". Evidentemente en un primera aproximación este Tribunal observa que no estamos ante un complejo inmobiliario privado en el sentido indicado en el precepto anterior por cuanto:
1.º) Si acudimos a los estatutos de la Asociación actora constatamos que no se recogen en estos la copropiedad de sus miembros sobre elementos, ni sobre servicios comunes a cada uno de los propietarios de la parcelas, aunque en el articulo 8 se les considera automáticamente como miembros de ella por el mero hecho de ser propietarios de una parcela.
2.º) Por otro lado si acudimos al certificado registral, aportada junto con la demanda (f. 20 y 21), necesariamente debe concluirse que el demandado en cuanto propietario de las parcelas NUM000 y NUM001 de la DIRECCION000 no detenta la copropiedad de otros elementos inmobiliarios, como viales, etc..
Si de estas pruebas deducimos la inexistencia de elementos o bienes sobre los que el demandado detenten la copropiedad, la obligación a contribuir no puede nacer de la titularidad de de la parcela sino que deberá acudirse a titulo distinto. A estos efectos debe recordarse que la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial el 10 de diciembre de 2008, ya reconoció la obligación de un propietario al pago de los gastos no por la pertenencia a la asociación sino por "asumir los beneficios de ella". En concordancia con lo anterior, si atendemos a que en la demanda se está reclamando una deuda nacida de gastos comunes, la falta de la copropiedad de bien alguno se convierte en óbice para la prosperabilidad de aquella pretensión en base a este titulo y por tanto en la estimación de este motivo del recurso.
En el segundo motivo bajo el epígrafe de "infracción de los artículos 440.1.2 y 339.3 y 217 de la LEC.", se ha sostenido que: el demandante no ha justificado la existencia de la deuda pues se han aportado facturas de consumos eléctricos de agosto y septiembre de 2008 y marzo 2009 y de mantenimiento eléctrico y de seguridad privada, y por otro lado se aportan facturas de 2009 cuyas cuantías no se han reclamado en este procedimiento, así respecto al importe de la Seguridad privada se están reclamando por servicios que no se están recibiendo.
El examen de este motivo debe partir de la conclusión sostenida en el anterior fundamento, la que no puede llegar a simplificarse hasta el extremo de olvidar que el propietario de las parcelas, demandado, se aprovecha de los servicios que presta la Asociación en cuanto se encarga del mantenimiento de los elementos no privativos y de prestar servicios a favor de todos los propietarios, (extremo este puesto de manifiesto por la citada sentencia de la Sección Séptima), en este sentido recuérdese la Sentencia n.º 372/ 2002, de 23 de julio, dictada por la Sección Undécima, actuando también la demandante como actora en aquel, sobre que "... es la Asociación actora la que se encarga de gestionar la prestación de servicios tales como la limpieza y mantenimiento de las calles, alumbrado, recogida de basuras y vigilancia, entre otros, en la Urbanización en la que se enclava la propiedad de los demandados, perteneciente aquélla a tres términos municipales distintos, por no haber sido entregada la obra pública a los Ayuntamientos, sin perjuicio de las acciones que pudieran asistir a los diversos propietarios, si a su derecho conviene, para alcanzar el fin de terminación de la obra y entrega a las respectivas Corporaciones, procede reputar acreditado el enriquecimiento de los apelantes a costa del correlativo empobrecimiento de la apelada, y ello aun cuando no pertenezcan a dicha Asociación, al beneficiarse aquéllos de la gestión por ésta prestada....". Lo que nos lleva a coincidir con demandado en la media que se reclaman una serie de cuotas sin que conste el origen de las mismas siendo insuficiente sustentar su legitimación en que ha sido aprobadas por el órgano de la Asociación, pues si bien ello faculta a su reclamación, su properabilidad radica que se acredite que la deuda ha nacido de servicios prestados en beneficio del demandado. Y la cuantía que se reclama no está explicada, ni desglosada por conceptos, ni cuantificado el porcentaje de contribución, etc.. Pues aun aceptando que no puede protegerse al propietario de la parcela demandado que se aprovecha del los servicios comunes que presta la Asociación impagando la cantidad que aquella le gira, tampoco debe olvidarse que para la viabilidad de la pretensión de condena al amparo de la doctrina del "enriquecimiento injusto", conforme a lo dispuesto en el artículo 1.887 del Código Civil, pues en torno a este precepto nuestra Jurisprudencia ha desarrollado la institución del enriquecimiento torticero, de raíces iusnaturalistas de justicia y equidad, entendiendo que se da cuando paralelamente se produce un enriquecimiento de una parte y un empobrecimiento de otra sin causa que lo justifique. Proclamando que para que pueda hablarse de enriquecimiento injusto es necesaria la concurrencia de cinco elementos. A saber: 1.º) que nazca de un hecho jurídico lícito, prescindiendo de nociones de culpa o culpabilidad; 2.º) la adquisición de una ventaja patrimonial por parte del demandado, que puede producirse tanto por un aumento del patrimonio ("lucrum emergens"), como por una no disminución del mismo ("damnun cesans"); 3.º) un correlativo empobrecimiento acreditado del actor; 4.º) una conexión perfecta entre el enriquecimiento y el empobrecimiento por virtud del traspaso directo del patrimonio del actor al del demandado; 5.º) y, finalmente, una falta de causa o justificación, ausencia que no se da cuando el desequilibrio económico sea consecuencia de la existencia de un negocio jurídico válido y eficaz entre las partes o de una expresa disposición legal que lo autorice, o lo que es lo mismo, cuando lo obtenido se adquiere en virtud de un derecho. Y del documento liquidatorio de la deuda en relación con el acuerdo adoptado en la Junta, no resulta acreditado en qué cuantía se ha enriquecido el demandado que usa de determinados elementos patrimoniales del actor, el cual, además, le presta concretos servicios, ni el correlativo empobrecimiento del mismo. Y ello por cuanto no se acredita que servicios son usados por el demandado, carga probatoria que le viene impuesta por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al actor, lo que a falta de esa prueba determina la estimación de la apelación formulada por la parte demandada y lleva claramente a la desestimación de la demanda al no haber acreditado el demandante los hechos necesarios para concluir que ha nacido en el demandado la obligación de contribuir, al sostenimiento de los elementos de dicha que urbanización sobre los que no detenta derecho dominical alguno.
Por todo ello, procede estimar el recurso interpuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer a la demandante el pago de las costas devengas en la primera instancia y no hacer especial pronunciamiento en orden a las costas causadas en esta alzada.
Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Elvira Santa Catalina Ferrer en nombre y representación de don Carlos Daniel contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrent, el 24 de noviembre de 2009, en el Juicio Verbal seguido con el numero 410/2009.
Revocar dicha resolución, y en su lugar desestimar la demanda formulada por la representación de la Comunidad de Propietarios Asociación de Propietarios DIRECCION000 fase Cumbres, contra don Carlos Daniel, absolviéndole de las pretensiones deducidas contra él; con expresa condena a la actora de las costas de primera instancia.
Y no hacer especial pronunciamiento en orden a las costas devengadas en esta alzada.
Respecto al depósito constituido por el recurrente, de conformidad con la L.O. 1/09 de 3 de Noviembre en su Disposición Adicional Decimoquinta, ordinal 8.º, devuélvase al recurrente la totalidad del depósito.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 815
 artículo 21
 artículo 815
 artículo 21
 artículo 812
 artículo 456
 artículo 815
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 217