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Timestamp: 2020-08-05 08:22:07+00:00

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Test t 2 p e
T 2 P E
31. Entendemos por procedimiento administrativo: a. Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la administración Pública. b. El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. c. La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. d. El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.
32. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es: a. El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. b. La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. c. El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. d. La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.
33. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente: a. Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma. b. La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. c. La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
34. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común: a. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal. b. Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas. c. Son competencias exclusivas del Estado. d. La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.
35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. b. Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. c. Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. d. Las dos primeras opciones son correctas.
36. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: a. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de finidad dentro del segundo. b. El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. c. El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero. d. El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.
37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: a. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. c. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. d. En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.
38. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: a. En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. b. En el plazo de dos días de la presentación del escrito. c. En el mismo momento de la formulación de la recusación. d. En el día siguiente a la presentación del escrito.
39. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la ncapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. c. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. d. Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
40. Según el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación. d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.
41. Según el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición: a. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. b. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. c. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. d. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
42. Según el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. c. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. d. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.
43. Según el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: a. A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. c. A no presentar en ningún caso documentos originales. d. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.
44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: a. Directamente de oficio por la misma Administración. b. A petición de cualquier interesado. c. A petición de quien acredite un interés legítimo. d. Las dos primeras opciones son correctas.
45. Según el artículo 57 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: a. Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. b. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. c. Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. d. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: a. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. b. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. c. La denuncia de un particular. d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia.
47. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia: a. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. b. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. c. La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. d. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
48. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: a. De veinte días. b. De cinco días. c. De diez días. d. De tres días.
49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: a. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. b. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. c. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. d. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.
50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. d. A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.
51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: a. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. b. En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. c. En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. d. En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: a. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. b. Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. c. Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. d. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.
53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. b. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. c. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. d. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.
54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. b. En todo momento del procedimiento. c. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.
55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: a. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. b. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: a. No superior a treinta días ni inferior a diez. b. No superior a veinte días ni inferior a diez. c. No superior a quince días ni inferior a diez. d. No superior a treinta días ni inferior a veinte.
57. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: a. Facultativos y no vinculantes. b. Preceptivos y no vinculantes. c. Facultativos y vinculantes. d. Preceptivos y vinculantes.
58. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local: a. No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. b. Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. c. Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. d. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.

References: resolución 
 artículo 103
 artículo 105
 artículo 149
 artículo 23
 resolución 
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 53
 resolución 
 artículo 54
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 62
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 71
 artículo 73
 artículo 75
 resolución 
 artículo 75
 artículo 76
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 80
 resolución 
 Real Decreto