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Timestamp: 2020-02-24 07:29:58+00:00

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¿QUEDAN SUBSANADOS POR CADUCIDAD LOS ACUERDOS SOCIALES IMPUGNABLES POR HABERSE ACORDADO CONTRADICIENDO LA LEY O LOS ESTATUTOS SOCIALES? – LEXCREA
Publicada porAida Jorda Remírez	 27 julio, 2018 27 julio, 2018
Como es sabido, de los artículos 204 a 206 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) resulta que los defectos achacables a los actos societarios se dividen en 3 grupos: (i) los que por su escasa categoría no admiten impugnación; (ii) la categoría general de actos impugnables sujetos a caducidad; y (iii) la categoría excepcional de actos respecto a los que la acción tiene una vigencia permanente por afectar al orden público.
Centrándonos en el grupo (ii), actos impugnables sujetos a caducidad, como pueden ser, por ejemplo, la celebración de junta en lugar contrario a lo establecido en los estatutos sociales (175 LSC), que en una certificación no aparezca el texto íntegro de la convocatoria (artículo 6 RRM), que en la certificación de adopción de acuerdos no figure su fecha de expedición (97 RRM), etc., las personas legitimadas disponen de un año desde la adopción del acuerdo para impugnarlo, transcurrido el cual la acción caduca y el acuerdo deviene inimpugnable mediante esta vía.
Es necesario, antes de continuar, remarcar que la acción de nulidad a la que se refiere el artículo 204 LSC puede ejercitarse dentro del año a que se refiere el artículo 205 LSC. Es decir, desde que el legitimado para ello asistió a la junta general en que se adoptó el acuerdo impugnado, recibió el acta de la junta general o, en última instancia, el acuerdo devino oponible por su publicación en el BORME. En relación, el artículo 206.5 de la LSC dispone que “no podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno no lo hubiera hecho”. Así, el Tribunal Supremo en su sentencia 130/2017, de 27 de febrero matizó que el dies a quo es aquél en que el actor tiene efectivo conocimiento del acuerdo y de las circunstancias susceptibles de impugnación.
Retomando la cuestión principal, ¿significa ello que, transcurrido el año sin haber ejercitado acción de impugnación sobre el acuerdo, el mismo queda sanado mediante la caducidad de la acción, deviniendo válido, susceptible de desplegar todos sus efectos, inimpugnable e inscribible en el Registro Mercantil?
No. No puede sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad jurídica como si la tacha no existiese. El acto nulo continúa siéndolo, lo que impide su acceso al contenido del Registro Mercantil de conformidad con las reglas que rigen nuestro ordenamiento.
En relación, la resolución de la DGRN de fecha 31 de enero de 2018 expone que “es criterio reiterado que el registrador Mercantil debe calificar todos los extremos concernientes a la celebración de una junta general que redunden en la validez de la misma. Así ocurre, a modo de ejemplo, con los requisitos de la convocatoria (resolución 9 de febrero de 2012), persona legitimada para convocarla (resolución de 24 de enero de 2001), cómputo de plazo de celebración (resolución 10 de febrero de 1999), lugar de celebración (2 de octubre de 2003), quórum de asistencia (19 de mayo de 2006), etc.”. Ello pone de relieve que, si como consecuencia del incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, la convocatoria o los acuerdos en ella alcanzados resultaran viciados de nulidad, el registrador está obligado a rechazar la inscripción solicitada (18.2 del Código de Comercio).
De esta forma, ante la existencia de un acuerdo nulo por incumplimiento de la ley o de los estatutos sociales, el administrador está vinculado por su deber de diligencia, de acuerdo con el artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Consecuentemente, el administrador deberá llevar a cabo los actos precisos para que la junta general revoque o, en su caso, sustituya los acuerdos correspondientes para adecuarlos a la legalidad (artículo 204.2 en relación con el artículo 207.2 LSC.
Publicada porAida Jorda Remírez 27 julio, 2018 27 julio, 2018 Publicada enSociedades
Aida es abogada, ha formado parte de despachos de primer nivel iniciando su carrera en Ernst & Young, dando soporte en calidad de paralegal al departamento de Derecho Fiscal. Posteriormente ha colaborado en el departamento de Derecho Mercantil y Societario en el despacho de abogados Roca Junyent, S.L.P.	Ver más entradas

References: artículo 204
 artículo 205
 artículo 206
 resolución 
 artículo 225
 artículo 207