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Timestamp: 2020-08-13 00:27:07+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 060/08 de Corte Constitucional, 30 de Enero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476738
Ley 906 de 2004 articulo 101 (parcial). Se expide el codigo de procedimiento penal. Suspension y cancelacion de registros obtenidos fraudulentamente. Sentencia condenatoria. A su juicio, el demandante estima como vulnerados los articulos 13, 29 y 50 superiores, habida cuenta que la exigencia de un fallo condenatorio para que pueda ser cancelado el titulo, genera una situacion de desigualdad que afecta a algunas de las victimas de delitos que involucran la falsificacion de titulos de propiedad. De alli que indique igualmente el desconocimiento del derecho a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administracion de justicia, pues, de un lado, aquellas victimas de tales delitos no tendran las mismas posibilidades de lograr el pleno restablecimiento de sus derechos, ya que ello dependera del resultado del proceso penal; y, por otro lado, la norma comporta una restriccion a una de las finalidades del proceso penal, cual es, la reparacion a las victimas. Sobre la eventual afectacion del derecho a la igualdad. Sobre la afectacion al debido proceso, al acceso efectivo a la administracion de justicia, los derechos de las victimas y las funciones de la fiscalia general de la nacion. Doctrina constitucional sobre los derechos de las victimas. Esta corporacion arriba a la conclusion de que, si bien resulta razonable que solo al final del proceso se adopte una decision definitiva sobre la cancelacion de los titulos apocrifos, tambien es cierto que el hecho de que ello solo pueda ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, tal como lo exige el inciso 2º del articulo 101 de la ley 906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el acceso de las victimas a la administracion de justicia, pues al terminar el proceso penal de diferente manera, quedaria extinguido para ellas y concretamente para el legitimo titular, el poder dispositivo sobre los bienes a que tales titulos se refieren. Lo anterior, quebranta la posibilidad de acudir a un debido proceso y crea un obstaculo para el cumplimiento de algunas de las obligaciones que el texto superior le impone a la fiscalia general de la nacion para que vele eficientemente por los intereses de las victimas y contribuya a proteger y restablecer sus derechos. Conforme la anterior argumentacion, concluye esta corte que la palabra condenatoria resulta contraria al contenido de los postulados constitucionales, por lo cual debe declararse su inexequibilidad. Por otro lado, respecto de la expresion en la sentencia, que tambien hace parte del segmento normativo acusado, esta corporacion acoge parcialmente el planteamiento esbozado por el demandante, ya que, si bien se entiende que solo al termino del proceso penal puede existir certeza suficiente para justificar la definitiva cancelacion de los titulos fraudulentamente obtenidos, no es menos cierto que dicha certeza bien puede haberse generado como resultado del debate probatorio surtido durante el proceso, aun cuando este haya concluido, bien mediante sentencia absolutoria, bien por efecto de alguna otra decision de las que supone la imposibilidad de continuarlo, como aquellas que implican la extincion de la accion penal, entre otras. Asi las cosas, en virtud del desarrollo del principio de conservacion del derecho, se declarara la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que igualmente procedera la orden de cancelacion definitiva de los titulos apocrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal. En todo caso, se advierte que en cualquier evento en el cual, la cancelacion de los titulos apocrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decision solo podra tomarse en la medida en que, habiendose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradiccion de quienes resultaren afectados por la cancelacion, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, en consonancia con la aplicación del convencimiento mas alla de toda duda razonable, requisito cuyo rigor se mantiene, asi no se logre la identificacion, vinculacion y condena de la o las personas penalmente responsables. Inexequible la palabra condenatoria y exequible el resto de la expresion acusada contenida en el inciso 2º del articulo 101 de la ley 906 de 2004, en el entendido de que la cancelacion de los titulos y registros respectivos tambien se hara en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal.
Sentencia citada en: 78 sentencias, 4 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas
Sentencia C-060/8
CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE-Solicitud de la F.ía ante certeza de su carácter apócrifo de registros
La F.ía debe solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquellos.
En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión ''En la sentencia'', bajo el entendido de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal. Cuando dicha cancelación deba ordenarse en contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre al alcanzarse el convencimiento más allá de toda duda razonable sobre el carácter fraudulento de dichos títulos.
Demandante: L.E.G.D.
En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano L.E.G.D. solicitó ante esta corporación la declaratoria de inexequibilidad de la expresión ''En la sentencia condenatoria'' que hace parte del artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004, ''Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal''.
ARTÍCULO 101. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la F.ía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación para que se tomen las medidas correspondientes.''
De otra parte, la restricción implica que en algunos casos se verá frustrada una de las principales finalidades del proceso penal, como es la reparación a las víctimas, lo cual afecta el derecho de acceder a la administración de justicia, y con ello, la garantía del debido proceso de que trata el artículo 29 de la Constitución Política. De igual manera, se obstruye el cumplimiento de algunas de las funciones que competen a la F.ía General de la Nación, como son velar por la protección y la asistencia de las víctimas y procurar la reparación integral y el restablecimiento de sus derechos (num. 6° y 7° del artículo 250 constitucional).
El Director de Ordenamiento Jurídico de este Ministerio presentó un escrito en el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad del segmento normativo demandado, explicando que todos los códigos de procedimiento penal expedidos durante los últimos años Decreto 050 de 1987, Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000. contuvieron previsiones semejantes a la ahora demandada, aunque reconoce que no condicionaron de manera expresa la cancelación de los registros a la existencia de una sentencia condenatoria.
Sin embargo, analiza que en razón de la necesidad práctica de tener suficiente certeza de no afectar derechos de terceros al adoptar este tipo de decisiones, de manera uniforme la jurisprudencia entendió indispensable contar con la certeza que sólo una sentencia condenatoria ejecutoriada puede proveer Se refiere a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre 3 de 1987 (M.P.J.D.P., que declaró la exequibilidad del artículo 53 del Decreto 050 de 1987 y a la sentencia C-245 de 1993 de la Corte Constitucional (M.P.F.M.D., que bajo similares razonamientos declaró la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991.. Así las cosas, la norma aprobada en el año 2004 no hace otra cosa que recoger la ya entonces decantada postura jurisprudencial, tanto en la jurisdicción ordinaria como por parte de este tribunal constitucional.
Por lo anterior, considera que no son válidas las glosas de constitucionalidad formuladas por el actor, ya que en realidad no existe identidad de condiciones entre todas las víctimas de este tipo de ilícitos sino, por el contrario, hay una sustancial diferencia, consistente en que se haya logrado o no declarar responsabilidad penal, único escenario donde resulta razonable afectar los derechos de terceras personas, quienes deberán entonces soportar la correspondiente evicción. Bajo este razonamiento se infiere que tampoco podrían estimarse afectadas las garantías del debido proceso, ni asumir que se impide a la F.ía General de la Nación la posibilidad de velar y proteger los derechos de las víctimas, como se lo ordena el artículo 250 superior.
De cara a la norma demandada, el interviniente la compara con aquellas que en los códigos de 1991 y 2000 regularon el mismo tema Arts. 61 del Decreto 2700 de 1991 y 66 de la Ley 600 de 2000., resaltando que ambas exigían, aunque con distintas expresiones, la acreditación de la tipicidad penal, circunstancia que en la práctica es análoga a la planteada en la norma actualmente vigente y que es objeto de la demanda.
4.3. D.C.J. de la Universidad Santo Tomás
Adhiere a los argumentos del censor y los amplía, ahondando particularmente en lo relacionado con la eventual vulneración del derecho a la igualdad que se presentaría cuando algunas de las víctimas logran la reparación económica que resulta de la cancelación de los registros apócrifos y otras no. Resalta que la causa de la desigual consecuencia no es atribuible a ellas, sino al distinto resultado de la tarea investigativa que corresponde adelantar a la F.ía General de la Nación, por lo que resulta injusto trasladar a las víctimas los efectos de una situación sobre la cual no tienen control alguno.
4.4. De la F.ía General de la Nación
El F. General de la Nación presentó a consideración de la Corte un escrito en el que solicita declarar inexequible el aparte normativo demandado. Parte también de una consideración previa sobre los derechos de las víctimas y sobre el concepto de restablecimiento del derecho (art. 22), resaltando que ambas instituciones tienen actualmente un claro carácter constitucional. Anota que si bien el pleno restablecimiento de los derechos de las víctimas es un imperativo, el legislador fue consciente de las dificultades prácticas que restringen la posibilidad real de lograrlo, por lo que la ley lo ha desarrollado como un principio de optimización, que obliga a las autoridades judiciales a adoptar todas las medidas que puedan conducir a dicho restablecimiento, a efectos de lograr el mayor nivel de reparación posible. Advierte que esta Corte ha resaltado en varias oportunidades el carácter verdaderamente mandatorio de las normas que establecen medidas de restablecimiento del derecho de las víctimas.
Al respecto, el F. General asume que el propósito de la exigencia es garantizar la presunción de inocencia de las personas presuntamente responsables de la correspondiente infracción penal, finalidad que juzga claramente legítima e importante, pero a continuación señala que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, la adopción de medidas preventivas y cautelares no afecta la presunción de inocencia, por lo que mal podría considerarse que abstenerse de ordenar la cancelación de los registros hasta tanto exista sentencia condenatoria en firme, protege dicha garantía.
Mediante auto Nº 154 de junio 27 de 2007, la Sala Plena de esta corporación aceptó el impedimento que conjuntamente manifestaron el Procurador General y el Viceprocurador General de la Nación, por haber tomado parte activa en el trámite de redacción, estudio y aprobación del proyecto que vino a convertirse en la Ley 906 de 2004. Por ello, el Procurador General mediante resolución 0198 de agosto 1° de 2007 designó para rendir el concepto a la doctora C.I.D., Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, quien en escrito recibido en la Secretaría General de esta corporación el 28 de agosto de 2007 solicitó a la Corte declarar inexequible el precepto demandado.
La representante del Ministerio Público menciona los mismos antecedentes jurisprudenciales a que se refirió el representante del Ministerio del Interior y de Justicia Ver nota 2 de pie de página. y reconoce que las mencionadas sentencias plantearon que la cancelación ordenada en un momento anterior a la sentencia tendría un carácter provisional y sólo devendría irrevocable en caso de proferirse fallo condenatorio. Sin embargo, recalca que la naturaleza espuria del título puede establecerse materialmente con anterioridad a la sentencia y, en especial, aunque nunca llegue a comprobarse quién fue el autor de la adulteración, por lo que la orden de cancelación no debe estar necesariamente atada a la existencia de fallo condenatorio contra una persona determinada.
Respalda también las observaciones del demandante y de algunos otros intervinientes, en el sentido de que la imposibilidad de decretar la cancelación de los títulos si no existe sentencia condenatoria, impide a la F.ía General de la Nación cumplir cabalmente su misión de procurar el restablecimiento de los derechos de las víctimas, frente a cuyo concepto (art. 132 L. 906 de 2004) queda claro que la norma demandada no le protege adecuadamente sus intereses, al permitir la eficacia de títulos fraudulentamente obtenidos, pese a la existencia de certeza en el juez acerca de dicha ilicitud.
Con la expresión demandada, ''En la sentencia condenatoria'', empieza el segundo inciso del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, norma que regula la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. El artículo en mención hace parte del Capítulo III (Medidas cautelares) del Título II (Acción penal) del Libro I (Disposiciones generales) del Código de Procedimiento Penal expedido mediante dicha ley.
El inciso primero de dicho artículo prevé la posibilidad de que, por orden del juez de control de garantías, se suspenda el poder dispositivo sobre bienes sujetos a registro, cuando existan motivos fundados para inferir que el correspondiente título fue obtenido fraudulentamente. A continuación, el inciso segundo prevé la posibilidad de cancelación de esos mismos títulos ''cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida'', entendiéndose que el convencimiento que se exige es sobre la obtención fraudulenta del título, que en la anterior hipótesis se plantea como presupuesto de la suspensión del poder adquisitivo sobre los bienes en cuestión.
Así, por más que exista ''convencimiento más allá de toda duda razonable'' (palabra esta última excluida en otra preceptiva) sobre la obtención fraudulenta del respectivo título, la medida de cancelación no podrá tomarse sino al proferirse sentencia condenatoria, lo que plantea dos consecuencias principales: i) que en aquellos casos en que esa certeza surja en un momento procesal anterior a la sentencia, la cancelación definitiva no podrá ordenarse hasta que no se profiera aquélla; ii), que en el evento de terminar el proceso de manera definitiva en cualquier otra forma distinta al fallo condenatorio, será imposible lograr que se ordene la cancelación del título, con lo que este quedaría generando efectos, no obstante su carácter evidentemente espurio.
A partir de los cargos formulados por el actor, deberá la Corte resolver los siguientes asuntos, para adoptar la decisión que corresponda: i) si la exigencia de que haya fallo condenatorio para que pueda ser cancelado el título, genera una situación de desigualdad o discriminación, que afecte a algunas de las víctimas de delitos que han involucrado la falsificación de títulos de propiedad; ii) si esta restricción vulnera el derecho al debido proceso o la posibilidad de que las víctimas de la conducta punible accedan a la administración de justicia; iii) si el requisito que se viene comentando impide a la F.ía General de la Nación cumplir con algunas de las funciones que la Constitución le asigna, en relación con la protección de los intereses de las víctimas del delito.
Sostiene el demandante que la regla según la cual la cancelación de los títulos apócrifos sólo podrá disponerse ''en la sentencia condenatoria'' es violatoria del artículo 13 constitucional, al establecer diversas consecuencias en torno al restablecimiento de su derecho para personas que se encuentran en una misma situación, cual es la de haber sido víctimas de un delito en el que se adulteraron o falsificaron títulos de propiedad. El argumento es respaldado por varios de los intervinientes, quienes aducen que se traslada a las víctimas un riesgo que no pueden ellas controlar, el éxito de la investigación penal, sugiriendo además que éste depende enteramente de la actuación de la F.ía General de la Nación.
Ello es así por cuanto, de una parte y conforme con lo postulado por la jurisprudencia de esta corporación, la imposibilidad de modificar per se las situaciones que dan origen a la diferenciación, no es razón suficiente para considerar vulnerada la igualdad Cfr. a manera de ejemplo la sentencia C-093 de 2001 (M.P.A.M.C.) donde la Corte encontró exequible una diferenciación legal establecida a partir de la edad de los interesados.. Y de otra, porque el éxito o no de la acción penal que se promueva, no depende únicamente de la mayor o menor diligencia del ente acusador, sino además de un conjunto de factores inseparables que incluyen el alea propiamente dicha, la actuación del defensor del procesado y, sin duda, la acción desplegada por la propia víctima, a quien la ley procesal penal le reconoce amplias posibilidades de actuación a fin de que pueda contribuir al establecimiento de la responsabilidad penal del infractor y obtener el pleno restablecimiento de su derecho (Ley 906 de 2004, arts. 11 y 132 a 137, entre varios otros).
5) Sobre la afectación al debido proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos de las víctimas y las funciones de la F.ía General de la Nación
También alega que la expresión demandada impide el cumplimiento de algunas de las funciones que el artículo 250 de la Constitución Política le asigna a la F.ía General de la Nación, para velar equitativamente por los derechos e intereses de las víctimas de una conducta punible.
Posteriormente y sobre estas bases, la Corte examinará los cuestionamientos específicos del actor en torno al debido proceso y a las funciones de la F.ía en relación con las víctimas.
Durante los años recientes el papel de las víctimas dentro del proceso penal ha ganado creciente protagonismo, en desarrollo de una tendencia internacional El interés por el tema en el entorno internacional se ve reflejado, por ejemplo, en la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 40/34 de noviembre 29 de 1985, sobre ''Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder''. que se recoge y decanta en nuestro país dentro del contexto trazado por la Constitución Política de 1991 y los postulados fundamentales sobre Estado social de derecho. En desarrollo de lo anterior la Corte Constitucional ha delineado una sólida doctrina sobre el tema, que si bien se inicia incluso antes de la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2002 Cfr. sentencia C-1149 de 2001 (M.P.J.A.R.) en la que se declaró la inexequibilidad parcial de varias normas de la Ley 522 de 1999 relativas al papel de la parte civil dentro de la justicia penal militar., cobra especial relevancia a partir de su entrada en vigencia y de la gradual implantación del sistema acusatorio en que se inspira el más reciente Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), del cual hace parte la disposición cuya exequibilidad aquí se analiza.
En efecto, a partir de la rectificación doctrinal contenida en el fallo C-228 de 2002 (Ms. Ps. M.J.C.E. y E.M.L.R. el rol y las facultades de la parte civil en el proceso penal, frente a la doctrina contenida en la sentencia C-293 de 1995 (M.P.C.G.D.., la Corte ha sostenido que en virtud del principio de la dignidad humana, los derechos de las víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal, y no se agotan, como antaño se consideró, en la mera reparación económica de los perjuicios irrogados con la conducta punible. Por el contrario, como se ha resaltado, a esa reparación, que debe ser integral, se agregan la posibilidad de conocer la verdad acerca de lo sucedido y que se haga justicia, sancionando conforme a la ley a quien o quienes hayan cometido el delito. A estas conclusiones se ha llegado sin dejar de ponderar debidamente los derechos y garantías que en las distintas fases del proceso se reconocen al autor del comportamiento merecedor de sanción, la mayoría de los cuales tienen también rango constitucional.
Esos planteamientos han sido reiterados de manera consistente por esta corporación, en particular en las sentencias C-004 de 2003 (M.P.E.M.L., C-370 de 2006 (Ms. Ps. C., Córdoba, E., M., T. y V., C-454 de 2006 (M.P.J.C.T., C-575 y C-1033 de 2006 (en ambas M.P.Á.T.G.) y C-209 de 2007 (M.P.M.J.C.E., pudiendo leerse en la precitada C-454:
''Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.''
''ARTICULO 61. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro respectivo.''
''ARTICULO 66. En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.''
''En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.''
Posiblemente en esta misma línea, la norma más recientemente expedida agregó al ''convencimiento más allá de toda duda razonable'' la circunstancia de que esta decisión sólo podría adoptarse ''en la sentencia condenatoria''.
Pero este cambio normativo implica un inconstitucional retroceso en la protección de los auténticos titulares del derecho, que ha de ser restablecido por mandato de un principio rector del mismo Código de Procedimiento Penal (art. 22 L. 906 de 2004), el cual debe prevalecer y aplicarse obligatoriamente sobre cualquier otra disposición de tal Código (art. 26 ib.), ''para hacer cesar los efectos producidos por el delito'' y procurar que ''las cosas vuelvan al estado anterior'' a la perpetración criminosa, de modo que, si ello fuere posible, quede como si no se hubiere atentado contra el respectivo bien jurídico, lo cual debe realizarse ''INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL'' (no está en mayúsculas ni negrilla en el texto original).
Esa reforma cae también en la incongruencia. Las dos normas anteriores a la del fragmento demandado permitían (permiten, en las acciones penales que se continúan adelantando bajo la Ley 600 de 2000), adoptar esta decisión ''en cualquier momento de la actuación'' en que aparezca demostrada la tipicidad - los elementos objetivos - de la conducta punible, oportunidad que en el sistema procesal acusatorio no procedería, en contravía a lo que es su plausible avance en defensa de los derechos de las víctimas.
También pueden presentarse casos en los que exista ''convencimiento más allá de toda duda razonable'' sobre el carácter apócrifo del título de adquisición, pero ninguna información acerca de los posibles responsables de dicha adulteración, circunstancia en la cual no podrá procederse al archivo de las diligencias por parte de la F.ía, por cuanto esta situación no encuadra en los supuestos que para esta decisión prevé el artículo 79 de la misma Ley 906 de 2004. Por el contrario, el ente investigador debe continuar ejerciendo la acción penal a fin de poder determinar quiénes fueron los autores de dicha conducta punible, y mientras tanto, de acuerdo con lo establecido en los ya citados artículos 22 ibídem y 250.6 de la Constitución Política, deberá adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito, y de ser posible, que las cosas vuelvan al estado anterior, independientemente de la responsabilidad penal.
Así las cosas, no obstante que se hubiere arribado al ''convencimiento más allá de toda duda razonable'' sobre el carácter fraudulento del título en cuestión, la ocurrencia de cualquiera de las situaciones últimamente reseñadas traería como consecuencia la definitiva imposibilidad, pues no habrá fallo condenatorio, de obtener la cancelación del título apócrifo, necesaria para lograr el pleno restablecimiento del derecho de la víctima.
Es claro entonces que por efecto del requisito contenido en la expresión ''En la sentencia condenatoria'', el segundo inciso del artículo 101 parcialmente demandado puede dar lugar a situaciones en las que antijurídicamente se pierda por completo la posibilidad de que la víctima obtenga el pleno restablecimiento de su derecho, mediante la cancelación de los títulos y registros fraudulentamente obtenidos.
Al analizar medidas semejantes a ésta y teniendo en cuenta los alcances de la protección constitucional ''a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles'' (art. 58), la Corte ha resaltado Cfr. C-245 de 1993 (M.P.F.M.D.., tal como ahora reitera, la importancia de que los correctivos previstos en la ley para volver las cosas a su estado original y desvirtuar los derechos arrogados contrariando el orden jurídico, se apliquen de manera pronta y efectiva, de modo que se evite la continuación y/o la consumación de situaciones irregulares, así como la de los perjuicios que ellas injustamente causan.
Igualmente le asiste razón al actor, a la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales y a algunos intervinientes, en sus argumentos de que la expresión demandada impide que la F.ía General de la Nación cumpla a plenitud algunas de las obligaciones que la Constitución le asigna, en relación con la protección y restablecimiento de los derechos e intereses de las víctimas, particularmente las listadas en los numerales 6° y 7° del actual texto del artículo 250 superior.
En efecto, dado que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal, además dentro de los cánones de la justicia restaurativa, la F.ía debe, en ejercicio de las facultades antes indicadas, solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquéllos. Así, resulta inconstitucional que tal medida sólo pueda adoptarse en caso de proferirse una condena, puesto que ello provoca la improcedencia de dicha solicitud cuando quiera que el proceso concluya con un pronunciamiento distinto a aquélla.
Se desprende de lo analizado en páginas precedentes que si bien resulta razonable que sólo al final del proceso se adopte una decisión definitiva sobre la cancelación de los títulos apócrifos, el hecho de que ello sólo pueda ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, tal como lo exige el inciso 2° del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el acceso de las víctimas a la administración de justicia, pues al terminar el proceso penal de diferente manera, quedaría extinguido para ellas y concretamente para el legítimo titular, el poder dispositivo sobre los bienes a que tales títulos se refieren. Se quebranta así la garantía de acudir a un debido proceso que la Constitución Política reconoce y se crea un obstáculo para el cumplimiento de algunas de las obligaciones que el texto superior le impone a la F.ía General de la Nación para que vele eficientemente, como le es indefectible hacerlo, por los intereses de las víctimas y contribuya a proteger y restablecer sus derechos.
Por lo anterior, concluye la Corte que la palabra ''condenatoria'' resulta entonces contraria al contenido de varias normas constitucionales, como los artículos 29 (debido proceso), 229 (acceso a la administración de justicia) y 250 (funciones de la F.ía General de la Nación), por lo cual debe entonces declararse su inexequibilidad.
En lo que atañe a la expresión ''En la sentencia'', que también hace parte del segmento normativo acusado, la Corte acoge parcialmente el planteamiento del demandante y los coadyuvantes, así como el de los impugnadores. Ello por cuanto, si bien se entiende que sólo al término del proceso penal puede existir certeza suficiente para justificar la definitiva cancelación de los títulos fraudulentamente obtenidos, no es menos cierto que dicha certeza bien puede haberse generado como resultado del debate probatorio surtido durante el proceso, aun cuando éste haya concluido, bien mediante sentencia absolutoria, bien por efecto de alguna otra decisión de las que supone la imposibilidad de continuarlo, como aquellas que implican la extinción de la acción penal, y todas las demás a que la Corte tuvo oportunidad de referirse páginas atrás.
En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión ''En la sentencia'', bajo el entendido de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal.
En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el ''convencimiento más allá de toda duda razonable'' sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables.
Declarar INEXEQUIBLE la palabra ''condenatoria'' y EXEQUIBLE el resto de la expresión acusada contenida en el inciso 2° del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal.
En concepto de este magistrado sólo es inexequible la expresión ''condenatoria'' tal como se acogió en la parte resolutiva de esta sentencia. A este respecto, debo aclarar que el artículo 101 de la Ley 906 de 2004 se refiere a dos fenómenos distintos: uno, a la suspensión de los títulos o del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, que es una medida precautelativa, y otro, a la cancelación de los títulos y registros respectivos, cuando se pone punto final al proceso mediante una sentencia. Así las cosas, la inexequibilidad de la totalidad de la expresión demandada ''en la sentencia condenatoria'', le hubiera quitado la posibilidad de cancelación de los títulos al juez de conocimiento al momento de la sentencia. Sobre este tema, es de observar que lo normal es que el proceso penal termine con una sentencia y en ese momento procesal es cuando el juez debe decidir sobre los títulos de que trata la norma demandada, independientemente de si la sentencia es absolutoria o condenatoria.
De conformidad con lo anterior, considero necesario insistir en que la cancelación de títulos fraudulentos en la sentencia no es inconstitucional, y que lo único inconstitucional es la expresión ''condenatoria''. Así mismo, considero conveniente aclarar que la norma demandada parte del supuesto de que hay un delito unido a un título, de modo que la suerte final del título no se puede resolver sin que se solucionen los temas penales de manera definitiva. A este respecto, debo afirmar que la garantía de los derechos es para todos los sujetos procesales y tiene que ver con la igualdad de derechos de la persona imputada. Por esta razón, considero que en este caso no se trata sólo de la afectación de los derechos del que denuncia, sino también del denunciado. En este sentido, me permito afirmar que no se puede tener en cuenta sólo los derechos de las víctimas, olvidando los derechos del imputado. Por tanto, insisto en que la cancelación de títulos debe diferirse a una decisión final, independientemente de su sentido, tal y como lo prevé la norma demandada.
Debo reiterar por tanto, que comparto la bondad de la formula de fallo adoptada en esta sentencia, en cuanto se declara la inconstitucionalidad de la expresión ''condenatoria'', pues también en la sentencia absolutoria debería proceder la cancelación de los títulos fraudulentos, como quiera que el denunciado puede asistirle razón. Así mismo, me permito insistir en la bondad de la norma demandada, en cuanto permite la suspensión de la disposición de los bienes, como medida cautelar. En esta hipótesis, se valora cómo puede verse afectado el tercero.
Finalmente, para el suscrito magistrado es claro que en la presente demanda no se arguyó que no se pudiera hacer la cancelación de títulos en la sentencia, sino que sólo se pudiera hacer cuando se profiriera sentencia condenatoria, pues se deben considerar otras hipótesis, como el fallo absolutorio y otras formas de terminación del proceso, sin entrar al punto de la preclusión. Por tanto, debo reiterar aquí que lo que reguló el legislador mediante la norma demandada tiene pleno sentido jurídico y se encuentra ajustado a la Constitución, salvo la expresión ''condenatoria'', por cuanto esta norma busca evitar que se siga transfiriendo una propiedad viciada y afectar derechos de terceros buena fé, de manera que lo inconstitucional es haber dejado por fuera otro tipo de providencias.
Sentencia nº 11001-03-06-000-2015-00066-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 19 de Agosto de 2015

References: artículo 241
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 artículo 250
 artículo 53
 artículo 61
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 artículo 101
 artículo 13
 artículo 250
 Resolución 
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 artículo 79
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