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Sentencia del Tribunal Internacional para la aplicación de la justicia Restaurativa en El Salvador, patrocinado por IDHUCA
historiadelastelecomunicacionesen-100206191630-phpapp01
Arq. Armqndo Sol, vida y obras
Manual Acciones Frente Desaparicion y Desaparicon Forzada - Universidad Ibero Americana
El Popular 165
Decreto 758 Inconstitucional
2011-05-30 Auto Jesuitas - El Salvador-1
Dictamen 68a (5 Votos Para La Csj) (1)
PCDi[1]
SENTENCIA DEL PRIMER TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE EL SALVADOR.
Fecha de la resolución: 27 de Marzo de 2009
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL Presidente: Don José María Tomás, Magistrado del Reino de España y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia (España). • • Vicepresidenta: Doña Gloria Giralt de García Prieto, salvadoreña luchadora por la justicia. Jueces: Don Paulo Abrão Pires Jr., abogado y profesor de derecho, presidente de la Comisión de Amnistía (Brasil). Don Belisario dos Santos, ex Secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de Sao Paulo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (Brasil). Don Ricardo Iglesias, abogado, consultor en derechos humanos y miembro de la Asociación Americana de Juristas (El Salvador) Don José Ramón Juániz, abogado, presidente de Abogados del Mundo de Valencia, (España)
COLABORADORES DEL TRIBUNAL Secretario: Don Henry Paul Fino Solórzano Letrados de las Víctimas: Doña Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza 1
Don Pedro Antonio Martínez González Doña Ana María Joma Sales Don José Roberto Burgos Viale Doña Mirla Guadalupe Carbajal Orellana Doña Silvia Patricia Cuéllar Iraheta Relatores del Estado: Don Salvador Menéndez Leal Doña Astrid María Valencia
Expuso el P. Jon Sobrino S.J. la justificación del Tribunal Internacional en el ámbito del compromiso de la UCA con las victimas en los siguientes términos: En nombre del P. José María Tojeira, S.J., rector de la universidad, quiero dar la bienvenida a los participantes en la instalación del Tribunal de Justicia Restaurativa y a todos los asistentes, que, de una u otra forma, estarán presentes en el desarrollo de sus labores del 25 al 27 de marzo. Para llevarlas a cabo, la UCA y el Tribunal han elegido esta capilla, centro y corazón de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. En ella están enterrados seis jesuitas, todos ellos mártires por causa de la justicia. Dos de ellos, además, fueron muy activos en pensar y propiciar una justicia, que fuera ante todo humana, y que tuviera como centro de interés, por libre elección, a las víctimas. Con profundo humanismo defendieron su dignidad. Y en un exceso de utopía llegaron a reconocer en ellas la disposición a perdonar a los victimarios. Así asentaron las bases de una reconciliación firme y humana. El Padre Segundo
Montes lo hizo desde el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, que él fundó. El Padre Ignacio Ellacuría desde su reflexión filosófico-teológica sobre los derechos humanos y sobre las víctimas, a las que llamó “pueblo crucificado”.
Junto a estas seis tumbas se instala el tribunal. Detrás de los magistrados, en el retablo, hay una pintura de Monseñor Romero, artísticamente estilizado, apuntando al cielo. Y junto a las tumbas hay otra pintura suya con rostro real. Ese rostro miró a miles de víctimas salvadoreñas, y en él las víctimas vieron a su abogado defensor, abogado de oficio, por cierto, como en tiempo de la colonia, los obispos fueron defensores del indio por oficio. En las paredes del fondo hay catorce dibujos del vía crucis real del pueblo salvadoreño, durante los años de represión, los años setenta hasta 1981, y los años de guerra hasta 1992. En todos los cuadros han quedado dibujadas, escenas todas ellas de torturas reales, tal como nos lo contó el pintor Roberto Huezo, al donar los cuadros. Estamos, pues, en un lugar muy apto para que se instale un Tribunal de Justicia Restaurativa. El que sea una capilla para nada quita exigencia de rigor a los procedimientos. Más bien puede crear un ambiente propicio. A todos nos puede recordar que Jesús de Nazaret fue insigne abogado de las víctimas, se enfrentó con los victimarios por defenderlas, corrió todos los riesgos y acabó él mismo como víctima. Y recordamos también que, en Jesús, “el verdugo no triunfó sobre la víctima”. Para la UCA es un honor, dicho sin rutina alguna, el que se instale en esta universidad este Tribunal de Justicia Restaurativa. Y es también un compromiso a proseguir el trabajo en favor de los derechos de las víctimas. El Padre Tojeira, en la notificación a la comunidad universitaria, considera muy significativo que la instalación del Tribunal ocurra al comienzo de la celebración del XX Aniversario de la muerte martirial de nuestros ocho amigos y amigas. Y explica su significado con estas palabras: “Negada la justicia a tanta gente buena que fue simplemente masacrada y sepultada en el olvido por la ley de amnistía, creemos que nuestra sociedad tiene todavía la cuenta pendiente de llevar adelante el proceso de verdad, justicia,
reparación de las víctimas y reconciliación en el perdón del que hemos hablado desde hace tantos años. Un Tribunal de Justicia Restaurativa trata precisamente de dar esa compensación moral a las víctimas que nunca recibieron ni siquiera las gracias por despertar nuestra conciencia, nuestra legítima indignación y nuestro deseo de una paz con justicia. Y trata de señalar el camino de lo que debe ser una vía de reconciliación que no caiga en el absurdo “perdón y olvido” al que nos abocó la ley de amnistía”. A estas palabras sólo quisiera añadir tres breves reflexiones, teniendo en cuenta que victimas son tanto los inocentes que mueren la muerte rápida de la violencia, como los que mueren la muerte lenta de la injusta pobreza. La primera es una reflexión cuantitativa: el potencial universal de las labores de este Tribunal. En el mundo en que vivimos las víctimas no son excepción, sino que son inmensas mayorías, y como tales hay que tratarlas. Y sin embargo, se las ignora, se las condena a irrealidad, al imponerse alrededor de ellas el silencio y la insensibilidad. Ni siquiera se toma en serio su existencia. Lo que priva ante las víctimas es el silencio. Instituciones hay que elaboran listas de “las crisis humanitarias más olvidadas en los medios internacionales”. En el 2005, seguía estando a la cabeza la República Democrática del Congo: “millones de personas sometidas a una situación de penuria extrema y de violencia diaria, que se ha recrudecido en los últimos meses. Sin embargo pasan totalmente desapercibidas para el resto del mundo”. Cuando el silencio ya no es posible, sobre todo en las víctimas que mueren la muerte lenta por causa de de la injusticia pobreza, sobreviene el encubrimiento y maquillaje. El BM, FMI, OMC, hablan de “crisis alimentaria”, con lo cual se encubre que la muerte por hambre es “muerte por asesinato” y que la “crisis” es “fracaso de la humanidad”. Al maquillarla, se acepta y se comunica que la muerte por hambre, siendo no deseable, es inevitable. Es “lo normal”.
Si se ponen juntos silencio y encubrimiento, la aceptación de la coexistencia de epulón, el mundo de abundancia, y el pobre Lázaro, el mundo de pobreza, todo ello genera un ambiente de insensibilidad eficaz hacia las víctimas y su tragedia. J. B. Metz escribió hace años que se estaba generando y extendiendo en Europa y Norteamérica un “postmodernismo cotidiano de nuestros corazones que aparta a una lejanía sin rostro al llamado Tercer mundo”. El mundo de miseria no afecta al mundo de abundancia, pues éste lo “aparta” de sí. La conclusión es que este tribunal abordará un limitado número de casos, pero ante el silencio ambiental que se cierne sobre las víctimas se puede convertir en signo de un tribunal mayor que dé a conocer y juzgue “el caso” de millones de víctimas producidas por todo el mundo. La segunda es una reflexión cualitativa: hacer justicia como hacer valer lo más humano de los derechos humanos. Este tribunal impartirá justicia, pero a través de ello y más allá de ello, puede producir bienes sociales sumamente urgentes e importantes: generar conciencia colectiva de que las víctimas tienen dignidad, y que esa dignidad hay que respetarla y promoverla. Generar conciencia colectiva, también, de que hay que exigir verdad y mantenerse en ello, proclamando que el fundamento y las razones de la verdad no están en manos de políticos, ni del poder ejecutivo, ni del poder judicial. Las víctimas son el sacramento primordial de la verdad. Y son la máxima autoridad ante la que no hay apelación posible. La autoridad de las víctimas tiene prioridad sobre cualquier potestad en la sociedad civil y eclesiástica. Hay una gran esperanza de que el tribunal ayude a combatir la impunidad, y puede ayudar a la abolición de la injusta amnistía de 1993. Con todo, el fruto más humanizador y duradero será la superación del miedo, al permitir hablar a las víctimas con libertad, con dignidad, con creatividad. Y favorecer, incluso, que hablen con la mano tendida para conceder perdón y encaminar a la reconciliación. La tercera reflexión la hago pensando sobre todo en la UCA: defender los derechos de las víctimas es tarea de todos. En una universidad, todos, tanto 5
quienes tienen como instrumental la filosofía o la teología, la literatura o la historia, las ingenierías -las que llevan a ingeniárnoslas para vivir- o la economía, ciencia del oikos, del hogar, pueden y deben hacer valer lo humano, y especialmente cuando está oprimido y reprimido, violado. Trabajar por lo humano violado, no es pues patrimonio ni obligación sólo de una profesión, sino que, usando ese lenguaje, debe ser profesión de todos, y con características específicas. Es una vocación, es decir, respuesta a la llamada que no podemos ignorar: vivamos y trabajemos para ser todos humanos. Es devoción, pues debemos aplicarnos a la tarea con fervor en el trabajo y con veneración hacia las victimas -“los Cristos crucificados” de hoy, digamos en una capilla. Está transida de profecía, lo que garantiza la prioridad y autonomía propia de lo humano aun dentro de los cauces necesarios y legítimos de argumentación doctrinal y jurídica. Y está transida de utopía, manteniendo siempre esperanza, la de las víctimas: habrá lugar para lo bueno (eu-topía) para lo cual ahora no hay lugar (ou-topía). Ejemplo preclaro de esta tarea, profesión y vocación, con devoción, profecía y utopía, es Monseñor Romero. Para terminar permítanme una sencilla reflexión. Ante un tribunal siempre se pretende “ganar el caso”. En los casos que el tribunal va a juzgar esos días queremos que “ganen las víctimas”. Con ser esto tan absolutamente importante, quizás podemos añadir otros bienes que esperan las víctimas: ganar libertad en contra del miedo, ganar audacia en contra de la arrogancia y el poder, ganar esperanza en contra de la resignación. Todo ello será ganar en humanidad. Y a este Tribunal de Justicia Restaurativa las víctimas le estarán eternamente agradecidas.
OBJETO DEL TRIBUNAL
El Tribunal ha examinado diversos supuestos, introducidos por los abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (en adelante IDHUCA), sobre: 6
Uno.- JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ AVELAR, de ochenta y dos años de edad, periodista, con Documento Único de Identidad número 00259050-6.
Extracto de los hechos relatados El señor Ramírez Avelar fue capturado el quince de enero de mil novecientos
ochenta y uno cuando contaba con cincuenta y cuatro años de edad. Periodista, trabajaba con el periódico el Independiente y con API NEWS, Agencia de Prensa Independiente. Fue detenido por la Guardia Nacional (en adelante GN) y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (en adelante FAES). Fue víctima de torturas como la “capucha”,1 patadas en todo el cuerpo que le inflingían cinco hombres y tres mujeres, culatazos de fusil, lo tiraban al suelo y lo sometieron a “terrorismo psicológico”, acusándolo de comunicarse con la guerrilla y exigiéndole confesar la identidad de los autores de la colocación de una bomba que mató a un coronel del ejército. El señor Ramírez Avelar identificó ante el Tribunal al coronel Reynaldo López Nuila como el jefe de la Policía Nacional (en adelante PN), en cuyo acuartelamiento se produjeron los hechos en su perjuicio. b) Daños sufridos Desvío de las vértebras cervicales tres, cinco, seis y siete por golpes en su columna. Con el tiempo se le fue “desmoronando” y eso le afectó la pierna y el brazo derechos, aunque nunca le afectó su capacidad mental. Lo operaron cinco veces y quedó cuadrapléjico en silla de ruedas durante seis meses, siendo en la actualidad su deambulación muy deficiente y necesitada de apoyo; está imposibilitado de las funciones del brazo y la mano derecha. Permaneció 15 años
La “capucha”: se cubría con una pieza de plástico grueso toda la cabeza de la víctima y se cierra a la altura del cuello; a veces se colocaba cal dentro de la misma. Así se le golpeaba en el tórax y la espalda hasta dejarla sin respiración, ahogándose.
expatriado. No percibe pensión alguna. Permaneció secuestrado veintiocho días, preso hasta mayo de 1983 y quince años exiliado en Managua, Nicaragua.
Dos.- JOSÉ ARNULFO GRANDE MENJÍVAR, de setenta y un años de edad, técnico electricista, del domicilio de Olocuilta, departamento de La Paz, con Documento Único de Identidad número 00928600-1.
a) Extracto de los hechos relatados El señor Grande Menjívar, dirigente del Sindicato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (STECEL), fue detenido por la GN el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta a sus cuarenta y tres años de edad, junto a diecisiete compañeros más. Permaneció setenta y un días en la GN; sufrió tortura psicológica al amenazarlo en reiteradas ocasiones con fusilarlo y desaparecerlo si constituía agrupaciones o sindicatos; lo acusaban de ser terrorista, sublevado y revolucionario. También fue torturado físicamente con choques eléctricos en la ingle y los pies, golpes y “capucha“. De la GN fue trasladado al Centro Penitenciario en Santa Tecla; luego al Centro Penitenciario de Mariona, sufriendo allí los mismos vejámenes que en los dos lugares anteriores, hasta salir al exilio en mil novecientos ochenta y cuatro. Aportó dos reseñas de prensa del veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y tres.
b) Daños sufridos De tipo físico por los golpes recibidos. Pero también la desintegración familiar a raíz del exilio. Aunque la familia nuclear fue exiliada, la extensa quedó en El Salvador y tuvo que regresar al país. A raíz del exilio perdió su empleo en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (en adelante CEL) y no recibió indemnización por su tiempo de doce años de trabajo en esa institución. En la actualidad percibe una jubilación calculada sólo sobre los años de cotización anteriores a la detención. 8
Tres.- JOSÉ BLAS ESCAMILLA NAVARRETE, de noventa y ocho años de edad, empleado, originario de Moncagua, departamento de San Miguel y del domicilio de San Marcos, departamento de San Salvador,.
Extracto de los hechos relatados El señor Escamilla Navarrete laboró para el Instituto Salvadoreño de
aproximadamente setenta años de edad por agentes de la PN, el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y uno. Al tercer día de su captura, tras los golpes e interrogatorios reiterados para que diera información, recibió una patada que le estalló los testículos; por eso, fue operado para extirpárselos. Luego de doce días de hospitalización regresó a la PN, donde estuvo tres días más; luego, fue trasladado al Centro Penitenciario de Mariona donde siguió siendo sometido a las mismas prácticas de tortura.
Daños sufridos De tipo físico debido a la grave lesión física causada por las patadas recibidas
en sus genitales; además sufrió serios perjuicios sicológicos, no sólo por lo ocurrido dentro de los sitios donde lo tuvieron detenido sino también por la afectación de su autoestima debido al sentimiento de frustración que le causó la amputación de sus testículos. Nunca fue indemnizado por los daños sufridos ni por los dos años que permaneció detenido. B. CASOS DE EJECUCIÓN SUMARIA Uno.- LILIAM TEREZÓN PÉREZ, estudiante, hija de Julián Terezón Pérez y María Salomé Ramos, nació el catorce de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro en Ciudad Delgado, departamento de San Salvador.
Testigo: JULIÁN TEREZÓN PÉREZ, padre de la víctima: salvadoreño, de
ochenta y tres años de edad, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador.
Extracto de los hechos relatados En mil novecientos ochenta y uno, Liliam Terezón Pérez –de veintisiete
años– trabajaba en la unidad de salud materno-infantil en el Hospital Nacional de Metapán, departamento de Santa Ana, y residía como pupila en la casa de una familia de apellido Sanabria. El catorce de enero de ese año, Liliam se dirigía hacia su empleo cuando fue interceptada por miembros uniformados de la FAES, quienes se la llevaron con rumbo desconocido. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado con una bala en la nuca y el cráneo destrozado en la calle conocida como “Las Parejas” de Metapán; fue reconocida por la mamá de unos niños que ella atendía. La señora dio aviso al Hospital Nacional de Metapán y fueron las autoridades de dicho centro de salud quienes gestionaron su sepultura en aquella ciudad, sin avisar a la familia. Una semana después fueron informados los padres, por un ordenanza del mencionado Hospital. La Policía llegó al día siguiente al domicilio de Liliam y se llevó todos sus efectos personales.
Dos.- MANUEL DE JESÚS FRANCO RAMÍREZ y otros cinco compañeros dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. El señor Franco Ramírez, licenciado en Relaciones Internacionales, al momento de su ejecución era el encargado de Relaciones Internacionales del Frente Democrático Revolucionario (en adelante FDR).
Testigo: señora ROSA ERLINDA REVELO MAGAÑA, viuda de la víctima,
salvadoreña, de cincuenta y tres años de edad, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, quien actualmente se desempeña como maestra. 10
Aportó recortes de La Prensa Gráfica de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta; del Diario Latino de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y tres.
Extracto de los hechos relatados El veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta –entre las nueve y
treinta, y las once de la mañana– el señor Franco Ramírez, de treinta y cinco años de edad, se encontraba reunido en las instalaciones del Colegio Externado San José, en la ciudad de San Salvador, con los señores Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Enrique Escobar Barrera, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández, todos miembros del FDR. En esos momentos ingresaron a las instalaciones un número indeterminado de sujetos fuertemente armados y uniformados pertenecientes a la Policía de
Hacienda (en adelante PH), junto con otros vestidos de civil. A las víctimas les ataron sus manos, colocándoselas tras la espalda y les vendaron los ojos. Horas después sus cadáveres fueron encontrados en Asino, jurisdicción de Ilopango, departamento de San Salvador, con señales de estrangulamiento con alambre y arrancadas las uñas de los pies, cuatro lesiones de bala en el tórax. La denuncia se archivó, sin investigación, el ocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos. Varios testigos identificaron las armas y los vehículos utilizados como las de fuerzas policiales y militares. En la ceremonia del entierro en la Catedral de San Salvador hizo explosión una bomba junto a los féretros causando la destrucción de los mismos. La señora Revelo Magaña quedó viuda con cuatro hijos de diez, nueve y cinco años, y con otro de cinco meses de edad. No percibe pensión de viudez alguna por la muerte de su esposo; ha tenido que cambiar de domicilio en diecinueve ocasiones desde ocurridos los hechos, necesitó asistencia psiquiátrica en 1982 y un hijo de ambos se integró a la guerrilla a sus diez años para “vengar” la muerte de su padre. Sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas su visión. 11
C. CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA
Uno.- MIGUEL ÁNGEL TEREZÓN RAMOS, estudiante, hijo de Julián Terezón Pérez y María Salomé Ramos, nació el siete de mayo de mil novecientos cincuenta y seis en Ciudad Delgado, departamento de San Salvador.
a) Testigo: JULIÁN TEREZÓN PÉREZ, salvadoreño, de ochenta y dos años de edad, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador.
b) Extracto de los hechos relatados Durante mil novecientos setenta y nueve, el señor Terezón Ramos tenía veintitrés años, estudiaba Psicología en la Universidad de El Salvador y era propietario de la imprenta Atlántida. El diecinueve de julio de mil novecientos setenta y nueve, aproximadamente a las cinco de la tarde, se disponía a ingresar a su vehículo cuando unos sujetos vestidos de civil lo interceptaron y a la fuerza lo introdujeron en un microbús, trasladándolo con rumbo desconocido. Al día siguiente saquearon la imprenta Atlántida, llevándose toda la maquinaria y un vehículo. Una integrante del Comité de Madres comunicó a sus padres que ella le había visto y que éste le pidió, desde dentro de una bartolina de la PN, que les dijera que estaba detenido allí. Nada se sabe de la víctima desde entonces.
Dos y tres.- DORA RAMOS SURIO Y SANDRA MARGARITA RAMOS SURIO. La primera víctima, Dora, tenía veinticuatro años de edad al momento de su desaparición, estudiaba en la Universidad de El Salvador y pertenecía a la 12
Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS); tenía nueve meses de embarazo. La segunda víctima, Sandra, tenía veintidós años de edad al momento de su desaparición y ocho meses de embarazo.
Testigo: ESPERANZA CORTÉZ RAMOS, hermana de ambas víctimas, de
sesenta y cuatro años de edad, costurera, del domicilio de Zacatecoluca, Departamento de la Paz. Presentó copia de la denuncia en la Fiscalía General de la República de fecha trece de junio del dos mil siete y reseña de prensa del quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Extracto de los hechos relatados El veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y uno, miembros de la
FAES y de la PH privaron de su libertad a Sandra Margarita Ramos Surio y su compañero de vida, Juan Francisco Merino. Posteriormente le informaron que Sandra Margarita fue golpeada en el vehículo, llevada al cuartel militar de Zacatecoluca, departamento de La Paz, y que el hijo que llevaba en su vientre había nacido. Además se le informó que Juan Francisco Merino, había sido asesinado y su cadáver tirado en el desvío conocido como San Simón. La señora Cortéz Ramos presentó denuncia en la Fiscalía General de la República la desaparición y tortura de Sandra, el trece de junio del dos mil siete. A la fecha no se ha realizado ninguna diligencia. El veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y uno, la señora Cortéz Ramos fue informada que desde el veinte de julio de ese año su otra hermana – Dora Ramos Surio– no había llegado a su casa; la buscó en diferentes hospitales debido a su estado de embarazo y después fue informada que había sido vista en un camión de la Policía de Hacienda. A la fecha ignora su paradero y si nació el hijo que llevaba en su vientre. Ninguna noticia tiene del paradero de sus hermanas ni de sus hijos que estaban a punto de nacer, aunque existe la sospecha de que hayan sido dados en 13
adopción a militares. En mil novecientos ochenta mataron a su hermano y en mil novecientos ochenta y dos fue detenido, torturado y exiliado su esposo.
C. CASOS DE MASACRES
Uno.- MASACRE DEL RIO SUMPUL, ocurrida en el departamento de Chalatenango en mayo de mil novecientos ochenta, que produjo alrededor de trescientas víctimas mortales según la Comisión de la Verdad para El Salvador; según organizaciones de derechos humanos, fueron alrededor de ochocientas.
Testigos: MIRIAM AYALA, pobladora del caserío Los Ramírez en el cantón
Las Minas, departamento de Chalatenango; JULIO HERNÁNDEZ RIVERA, de treinta y siete años, habitante del barrio El Centro, municipio de Nueva Trinidad, departamento de Chalatenango. La señora Ayala y el señor Hernández Rivera son sobrevivientes de la masacre. Se presentó copia del expediente judicial 218/92, iniciado el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, cuya última actuación acordada y no cumplida se efectúo el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres.
Extracto de los hechos relatados El catorce de mayo de mil novecientos ochenta fuerzas combinadas de
infantería de la FAES, la GN y la Organización Democrática Nacionalista (en adelante ORDEN), con apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Armada y del ejército hondureño, específicamente el Doceavo Batallón de Infantería, tras destruir el único puente que cruzaba el río Sumpul rodearon, tirotearon y ejecutaron a un grupo aproximado de seiscientas personas desarmadas. Los victimarios arrancaban a los niños de los brazos de sus madres y los lanzaban al aire para insertarlos en los cuchillos de sus fusiles, llegando a cortarlos en pedazos. Las víctimas se 14
encontraban en la zona fronteriza de Honduras dividida por el río Sumpul, en el caserío Las Aradas, del cantón Yurique, municipio de Ojos de Agua, departamento de Chalatenango. La mayor parte de las perdonas asesinadas eran ancianas, mujeres embarazadas, bebés, niñas y niños. Muchas murieron ahogadas al intentar huir por el río, en “guinda”2 y otras fueron ejecutadas con un tiro de gracia en la nuca. Las que llegaron a Honduras fueron capturados por el ejército de ese país y devueltas al salvadoreño, que les ejecutó masivamente para después vigilar la zona durante varios días para evitar el entierro de los cadáveres.
Daños sufridos Las víctimas sobrevivientes de la masacre del Río Sumpul tienen daños
psicológicos y morales ocasionados por la violencia y han necesitado atención especializada por tal motivo. Miriam Ayala, que tenía doce años cuando ocurrieron los hechos, perdió a su padre y a su hermano mayor. Julio Hernández Rivera, que tenía siete años al momento de la masacre, perdió a sus padres y a trece familiares próximos. El 16 de enero habían matado en su presencia a uno de sus hermanos, cortándole la cabeza de tres machetazos y el 11 de marzo a su madre y a otros dos hermanos; el señor Hernández Rivera oyó decir a los ejecutores que no iban a dejar semilla de la familia.
Dos.- MASACRE DEL LLANO DE LA RAYA
Testigos: ANDRÉS HERNÁNDEZ RIVERA y JOSÉ FRANCISCO ALFARO,
de veintisiete y quince años de edad, respectivamente, cuando ocurrieron los hechos. Ambos, sobrevivientes de la masacre.
“Guindear” en El Salvador significa el acto de la población campesina huyendo de la FAES, cuerpos de seguridad y para militares durante la pasada guerra.
Extracto de los hechos relatados El 19 de junio de 1982, aproximadamente entre quinientas y ochocientas
personas vivían en el cantón Lomas de Angulo, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. En horas de la mañana fueron avisados que miembros de la FAES se dirigían al lugar donde residían para matarlos, por lo que salieron huyendo del lugar. Cuando iban corriendo todas las familias juntas, entraron al llano conocido como La Raya. Un soldado se paró en el medio del llano y luego entró una columna de soldados lanzando granadas y disparando. Las víctimas del ataque comenzaron a dispersarse, corriendo hacia diferentes direcciones; la mayoría no encontró por donde salir del lugar ya que estaban cercados por alambres de púas. Fueron ametralladas mujeres –algunas
embarazadas–, hombres, niñas y niños. Sólo entre quince y veinticinco personas sobrevivieron. La masacre duró cerca de tres horas. Se identificaron como autores de la misma a efectivos militares de la Quinta Brigada de Infantería y del Centro de Transmisiones de la Fuerza Armada, integrantes de las Defensas Civiles3 y de ORDEN.
Daños sufridos Entre los daños sufridos se encuentra la pérdida de las cientos de vidas de
personas indefensas no combatientes; en algunos de los sobrevivientes, daños físicos permanentes como es el caso del señor Hernández Rivera, único de siete hermanos que se salvó, quien perdió su brazo derecho por el estallido de una granada. El señor Hernández Rivera presenció el ametrallamiento de su hermana con sus cinco hijos, a quienes cortaron el cuello, y logró salir con vida tras permanecer escondido durante cuatro días sin más tratamiento y alimentación que el agua que iba encontrando.
Grupos de campesinos paramilitares.
Debe señalarse la desintegración de las familias al perder hijos, padres y otros parientes; también los daños psicológicos, más difíciles de identificar pero que han marcado y siguen marcando a las personas sobrevivientes –seis identificadas– y a sus familias.
POSICIÓN DEL ESTADO SALVADOREÑO
Tras la introducción de los hechos por los letrados representantes de las victimas, la intervención voluntaria de estas y sus respuestas a las preguntas de los miembros del Tribunal, se procedió a la exposición de las distintas justificaciones del Estado salvadoreño en cada uno de los casos. El rol de la relatoría del Estado salvadoreño en el marco de este Tribunal internacional para la de aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, se limita a la mera descripción de los justificativos expuestos en su oportunidad por representantes estatales con relación a las prácticas de desapariciones forzadas o involuntarias, torturas, ejecuciones sumarias o extrajudiciales y masacres realizadas por agentes que actuaron bajo su aquiescencia, aval o consentimiento. De ningún modo los relatores comparten, ni siquiera parcialmente, las explicaciones rendidas por el Estado. En primer lugar, cabe decir que a lo largo del conflicto armado interno de El Salvador –de 1980 a 1992– se sostuvo por parte de representantes
gubernamentales ante diversos foros nacionales e internacionales, que la condición de violencia abierta y generalizada en el país generó un clima propicio para la vulneración sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, se arguyó que el conflicto interno respondía a una lógica de la “guerra fría”; por consiguiente, se intentó definir que el conflicto interno era impuesto. Incluso, se retomó de la Declaración Conjunta Franco Mexicana de agosto de 1981 el hecho que El Salvador fue elevado a la categoría de frontera 17
ideológica, entre dos grandes bloques políticos que pretendían hegemonizar. Es decir, se rechazaba la idea-fuerza que fueron condiciones domésticas de orden estructural –exclusión social, marginalidad económica, fraude electoral y
represión– las que promovieron la violencia insurgente en el país. En este orden de ideas, el Estado salvadoreño intentaba aparecer ante la comunidad internacional como víctima de una agresión “comunista”, la cual buscaba socavar los fundamentos judeo-cristianos de la cultura occidental a la que se pertenece y pretendía imponer un sistema marxista. Esta visión dicotómica y maniquea comportó en la práctica la estructuración de un orden en el que se reconocieron dos bandos: los buenos y los malos. Los primeros, asociados a la postura estatal; los segundos, vinculados a las estructuras emergentes. El Estado salvadoreño actuó en consecuencia con esta visión. Un período que caracteriza adecuadamente la política de terror promovida desde el Estado es el lapso comprendido entre 1980 y 1983, en el que se dieron –a juicio del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas– cerca de un 75% de las violaciones masivas a los derechos humanos. A efecto de ilustrar el momento, cabe decir que en 1980 ocurrieron sucesos que conmovieron a la sociedad salvadoreña y al mundo: en febrero, escuadrones de la muerte asesinan al Procurador General de la República; en marzo, el entorno del mayor Roberto D’Aubuisson planifica la ejecución del arzobispo monseñor Óscar Arnulfo Romero; en noviembre, un operativo combinado de los cuerpos de seguridad ejecuta a los integrantes del Frente Democrático Revolucionario (FDR); a la siguiente semana, guardias nacionales ejecutan a cuatro religiosas de la Orden Maryknoll. Paralelamente, se llevan a cabo acciones de “tierra arrasada” con el apoyo del gobierno estadounidense de Ronald Reagan. Ante un cuadro como el descrito, el gobierno salvadoreño adujo que en el marco de la guerra interna se daban excesos y esporádicos abusos de poder. Sin embargo, eran acciones “aisladas” que de ninguna forma respondían a una política de Estado. 18
Particularmente, la visión oficial de las masacres estuvo impregnada de cinismo. No de era la razón de Estado, era el cinismo de Estado. Sólo así se explica el decir que las masacres –por ejemplo, El Despertar en 1979; La Quesera, en octubre de 1981; El Barrio, en abril de 1982; El Mozote, en diciembre de 1981 y otras– nunca se dieron o aceptar que, si bien ocurrieron, no fue en la dimensión que se denunció. Ante las primeras acusaciones realizadas contra el Estado de El Salvador, iniciando la década de 1980, la usual respuesta oficial era negar la existencia de las masacres o rechazar enfáticamente cualquier clase de acusación que involucrara a la Fuerza Armada. Tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Estado aseguró que la muerte de muchos civiles fue producto de fuego cruzado entre guerrilleros y soldados en diversos operativos militares. El Instituto de Medicina Legal, en ocasión a la masacre de El Mozote, señaló que realmente lo que ocurría era que ese lugar era un cementerio guerrillero, donde enterraban a los niños y niñas que la guerrilla incluía en sus filas. En el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de dicha masacre, el Estado argumentó que los hechos se suscitaron en el marco de un conflicto armado, por lo que su investigación presentó grandes dificultades. Por ejemplo: las zonas de investigación presuntamente estaban minadas, falta de peritos en antropología forense y falta de recursos del Órgano Judicial, ya que durante el conflicto la mayoría de presupuesto estatal era destinado a la defensa del país y a la reconstrucción de infraestructura que destruía la guerrilla. En declaraciones a medios de comunicación o a la comunidad internacional, el Estado alegó que algunas masacres habían sido denunciadas judicialmente muchos años después, lo que imposibilitaba encontrar algún registro. Por tanto, de las investigaciones realizadas no se podía identificar a sus responsables. También se ha sostenido que las pruebas resultantes de exhumaciones del 2000 y el 2001
determinante–
individualización de los que participaron en las masacres. En casos ventilados ante tribunales salvadoreños, algunas de las
resoluciones incluyeron argumentos como el hecho de no establecer que hayan sido miembros de la Fuerza Armada quienes participaran en las masacres, pues el uniforme verde olivo lo utilizaban tanto soldados como guerrilleros. Se alegaba también que no era prueba suficiente que testigos y ofendidos digan que los soldados decían que eran del ejército oficial, pues esa afirmación pudo haber sido hecha por miembros de los grupos “terroristas”. El anterior y el actual gobierno de la República de El Salvador –de 1999 al 2004 y del 2004 al 2009– han expuesto una postura en el sentido de eximirse ambos de responsabilidad de las masacres acaecidas en el marco del conflicto armado interno, entre 1980 y 1992, dado que se produjeron en otros períodos de gobierno. Esta tesis ha sido rechazada a nivel de Derecho internacional de los derechos humanos. También se alegó que la ley de amnistía se aplicaba a los casos y, por tanto, todos los imputados gozaban de su beneficio. La práctica de la tortura se asumió como un recurso válido. Se llegó al convencimiento entre los sectores de derecha que la aplicación de ciertos métodos no constituía, de ningún modo, vulneración de derechos ni garantías esenciales, dado que se justificaban por el fin último: la defensa del sistema. En la explicación de la praxis de la desaparición forzada o involuntaria el Estado salvadoreña llegó a niveles de cinismo inimaginables. En ese sentido, los cerca de ocho mil desaparecidos se justificaron afirmando que la mayoría o murieron en combate o eran bases sociales proclives a la guerrilla, y terminaron enrolándose en el ejercito insurgente. Una arista de las desapariciones lo constituyó la separación forzada de niños y niñas. El Estado estableció, como un componente de su estrategia
contrainsurgente, la separación de padres e hijos. Así se infiere de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 20
Hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz Vs. Estado de El Salvador. Empero, en este caso se sostuvo una frase lapidaria que refleja nítidamente el carácter antidemocrático y contra los derechos humanos del Estado salvadoreño: no es política ni costumbre pedir perdón. Señor presidente de este honorable Tribunal: Iniciaremos nuestra exposición final formulando un sincero reconocimiento a las víctimas que se han presentado en estos tres días. La máxima autoridad en la tierra, es la de quienes sufren lo que se ha dicho aquí. Por ello, debemos pronunciarnos desde el fondo de nuestros corazones manifestando que fue un verdadero honor y privilegio escucharles. El oírles es ya una forma de reivindicar a las víctimas. Esta relatoría no comparte ninguna de las justificaciones planteadas, porque no son argumentos del Estado sino meras evasivas que reflejan un patrón de maldad que, por cierto, nunca ha sido suficientemente medida. Meros subterfugios que caen en el absurdo y que revelan el cinismo de Estado, no la razón de Estado. En el país cerca de ochenta mil personas murieron en ocasión del conflicto armado; más de ocho mil desaparecieron de modo involuntario o forzado y cerca de un millón y medio de personas entre la población se vio forzada a emigrar. El Estado salvadoreño ha sostenido ante distintos foros internos e internacionales, tesis carentes de fundamentación y ha asumido ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanaos, posiciones que colisionan con elementales principios éticos y morales. Debemos consignar que la negación del Estado salvadoreño en el sentido que las prácticas de exterminio nunca se dieron, volvió a victimizar a la sociedad; además, aseverar que si se dieron las masacres, estas no fueron en la magnitud que se ha dicho, también la revictimiza; finalmente, el Estado dictó una ley de amnistía que se constituyó en un verdadero monumento a la impunidad.
Monumento que contrasta con el monumento a las víctimas del Parque Cuscatlán, el cual sí nos inspira al reencuentro y la reconciliación. Por último, debe señalarse al Tribunal que en El Salvador a las víctimas se les debe la verdad, la justicia y la reparación moral, social y jurídica. Mientras no se cumpla en estas tres cosas, no se puede hablar de un Estado democrático, ni tampoco humano. Deseamos cerrar la intervención de la Relatoría adhiriéndonos en parte a la propuesta esbozada por el señor presidente del Tribunal, en el sentido que se declare camposanto los lugares en que se dieron las masacres; aunque, más bien pensamos se deberían declarar tierra sagrada.
Antes de someter los casos examinados a la deliberación del Tribunal, fue examinado el perito experto en Psicología Social, Don Mauricio Gaborit, quien expuso las consecuencias perjudiciales para las víctimas, tanto por la trascendencia directa de los hechos como por las derivadas de la omisión de una respuesta por parte de las instituciones del Estado. El perito hizo dos aclaraciones iniciales. La primera: que sus palabras únicamente tienen su validez en la medida que se vean reflejadas en las historias relatadas en el Tribunal; por tanto, lo persuasivo de la descripción del daño psicosocial, del daño psicológico que acarrea a las victimas de la represión política, está más en la vida y los testimonios de las victimas que en cualquier cosa que pueda decir una persona que estudia el caso desde el punto de vista especial como el de la psicología. La segunda: que la experiencia de la violencia política, en concreto de la tortura y las desapariciones forzadas, son casos que no ocurrieron de forma aislada en el país sino que reflejaban una política de Estado; que no fueron excesos de ciertas personas a las que se les encomendaba el cuidado de la 22
población o que un celo mal entendido fue la causa de las masacres; arremeter directa y frontalmente contra el Estado de Derecho, fue fruto de políticas publicas y decisiones deliberadas para determinar el curso del conflicto bélico. Tras lo anterior, el perito se centró básicamente en dos aspectos de la represión y el impacto psicosocial de la guerra así como en sus dinámicas, fases y consecuencias individuales y colectivas. En primer lugar, se refirió a las personas que fueron sometidas a torturas y cuál es el impacto que experimentan en sus vidas. En segundo término, el perito abordó la situación de las y los familiares de de personas desaparecidas de manera forzada. Luego de su exposición, a preguntas de los integrantes y la integrante del Tribunal, el perito respondió sobre el impacto en niñas, niños y jóvenes que presenciaron masacres; la determinación de responsabilidades; las atenuantes y agravantes clínicas según la actitud del Estado frente a las víctimas; posibles responsabilidades de la sociedad; el esquema mental no del torturador sino ante el asesino que mata niños indefensos; qué pasa con los torturados, qué pasa con los que ordenaron esas desapariciones forzosas sobre todo si los tenemos incorporados a nuestra sociedad sin ninguna sanción, sin ningún tratamiento,
ostentando cargos públicos; cual es el daño en la persona cuando se le ocasiona una tortura psicología permanente, porque ese es otro estilo de maltratar a las personas; cómo priorizar las acciones reparatorias pero a su vez cómo seguir viviendo o cómo ofrecer a cada una de las victimas en su particular situación que sigan viviendo con dignidad sin esa ansiedad, sin esa duda permanente.
EL PETITORIO. 23
Las señoras letradas y los señores letrados del IDHUCA, procediendo en defensa de las víctimas, expusieron las peticiones que estimaron adecuadas para cada una de ellas, consistentes en que: a) Se declare la responsabilidad del Estado salvadoreño por las torturas de las que fueron víctimas José Francisco Ramírez Avelar, José Arnulfo Grande Menjívar y José Blas Escamilla Navarrete. b) Se declare la responsabilidad del Estado salvadoreño por la ejecución sumaria de Liliam Terezón Pérez, y Manuel de Jesús Franco Ramírez, además de la desaparición forzosa de Miguel Ángel Terezón Ramos. c) Se declare la responsabilidad del Estado salvadoreño por la ejecución de las masacres del rio Sumpul y llano de La Raya. d) Se declare la responsabilidad estatal en cuanto a la violación del derecho de acceso a la justicia en perjuicio de los y las familiares de todas las víctimas, de acuerdo a lo contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en los artículos 14 y 25 respectivamente. e) Se declare la persistencia de la obligación estatal de investigar los hechos, los cuales ocurrieron en perjuicio de las personas antes
mencionadas y sus familiares, así como de la obligación de repararles los daños sufridos tanto moral como pecuniariamente. f) Se ordene al Estado salvadoreño promover una iniciativa para que se conmemore el día de los presos políticos, en general, y el día de las víctimas de tortura, asumiendo los costos de la difusión –por todos los medios– de testimonios significativos que ilustren el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares. g) Se dé a conocer la verdad de lo que ocurrió a las víctimas de este país durante el conflicto interno, especialmente a través de programas de
educación básica que describan lo sucedido, como forma de garantizar la no repetición de los mismos hechos. h) Que se forme una comisión investigadora que retome lo actuado por la Comisión de la Verdad, creada bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), y que en un plazo razonable presente al Órgano Judicial –en coordinación con las autoridades del Ministerio Público– las acciones legales necesarias para interrumpir el actual estado de impunidad de la que gozan todos los victimarios de El Salvador. i) Se cree una pensión universal para todas las víctimas del conflicto, que les permita gozar por vez primera de sus derechos a la salud, a la seguridad social y a la vivienda, tras los incontables abusos de los que fueron víctimas durante el conflicto. j) Se cree la Fundación para la Verdad, bajo los auspicios del Estado salvadoreño y con participación de la sociedad civil, para que sea esta la encargada de repatriar los archivos de la Comisión de la Verdad y ponerlos a disposición de la sociedad salvadoreña, que sigue viendo postergado su derecho de conocer el contenido de los mismos.
VIII. POSICIÓN INSTITUCIONAL
Fue llamado por el Tribunal el Director del IDHUCA, Don Benjamín Cuellar, quien expuso y ratificó el compromiso de su institución con las víctimas: “Queridas victimas, familiares de víctimas, representantes de las víctimas, respetables relatores de las posiciones estatales, honorables integrantes del Tribunal y público en general: Quiero compartir con ustedes que en un programa de la Radio YSUCA, esta mañana, llamó Rosa y nos dijo a quienes estábamos en cabina y a la audiencia de la emisora lo siguiente: "¿Qué creen que mi corazón lo tengo bueno. Lo tengo 25
herido. Veintinueve años sin saber de mi hijo desaparecido. ¡Estamos esperando justicia!". Rosa es hermana de Gloria, la protagonista de "Colima" que –por cierto– fue otro éxito en el marco del Festival VERDAD 2009 “Amparo en el pueblo”, al haber logrado presentarse durante seis funciones –entre el miércoles 25 y el viernes 27 de abril– con la sala de exhibición completamente llena. Había público en los pasillos del cine y hasta se quedó gente sin poder entrar. Después de Rosa habló René y, entre otras cosas, nos dijo refiriéndose al desarrollo de este Tribunal: "Acá están hablando los muertos de la guerra". Entre tantas cosas que pasaron durante esos días, una que me agradó ocurrió con Jon Sobrino. Por cierto, Jon ha dicho: "Gracias". Así de simple, porque simplemente andaba y anda agradecido por lo que se está haciendo acá: se le dio su lugar, tantas veces negado, a víctimas y sobrevivientes. Eso es importante, muy importante, pero lo que quiero comentarles es lo que me señaló después de la segunda jornada del Tribunal, el jueves 26 de marzo. Me dijo: "Ahora que te conozco más". Imagínense la trascendencia de este evento para que, después de trabajar más de diecisiete años en la UCA, ahora me conozca "más". Luego me "sugirió" que me riera más, que me preocupara menos y que disfrutara un poco. En la noche me acordé y pensé que quizá ahora me conoce menos, porque de tres sólo le atinó a una. Yo me río bastante y disfruto mucho lo que hago; pero me preocupo demasiado para que se hagan y salgan bien las cosas que ofrecemos desde el IDHUCA, por sus destinatarios y destinatarias. Porque a esa gente, que muchas veces no tiene nada en qué ni nadie en quién ampararse, nos debemos cuando nos buscan y cuando no también. Para esa gente no vamos a trabajar con compasión y caridad, porque eso nos llevaría a tenerles lástima simplemente. Para esa gente tenemos que trabajar con pasión y solidaridad; porque sólo así la vamos a ver con amor, nos vamos a entregar para aliviar su dolor y vamos a acompañarla en su búsqueda de justicia. La pasión por las víctimas y la obediencia a estas, tienen que inspirar nuestro trabajo y tienen que mantenernos haciéndolo de la mejor manera posible. 26
Podemos cometer errores, pero debemos hacer todo lo necesario porque sean pocos y no dañen a quienes nos buscan con esperanza. La pasión por las víctimas y la obediencia a estas, nos demandan darle rienda suelta a la imaginación y dejar volar la creatividad para abrir juntos espacios de participación y vencer –también juntos– la impunidad que tanto daño les hace a ellas y a toda la sociedad. Por eso siempre repito lo que Hubert Lanssiers afirma con enorme conocimiento de causa: “El compromiso vital con las víctimas (…) es algo temible. Viviremos con ellas, soñaremos con ellas y con ellas nos despertaremos. Movilizarán nuestra creatividad y nuestra ternura, serán el foco incandescente de nuestra preocupación, nos chuparán la sangre y la energía, nos harán llorar y reír, estaremos poseídos como uno puede ser poseído por un espíritu. Mil veces las engendraremos, pero también seremos engendrados por ellas y viviremos mil vidas”. Sigan adelante víctimas y sobrevivientes para que el IDHUCA siga teniendo y manteniendo su razón de ser. Gracias al público presente y al público oyente. Gracias al Tribunal. Gracias Ricardo, gracias José Ramón, gracias José María, gracias Paulo, gracias Belisario... Y gracias a la querida y entrañable, generosa y sabia, Gloria. De su generosidad y sabiduría he aprendido muchas cosas. La más importante: que el que mata y queda impune, vuelve a matar. No permitamos que eso siga ocurriendo en nuestro país.
En representación de las víctimas tomó la palabra Don Julio Hernández Rivera, exponiendo sus concretas peticiones consistentes en: • • • Solicitud de perdón público. Declaración de un día nacional de las víctimas. Aclaración de la situación de los desaparecidos. 27
Incluir el conocimiento de la verdad en el sistema educativo y centros militares. Instalar un museo a la verdad y la justicia. Adquisición por el Estado de las tierras donde se produjeron masacres para poder celebrar la memoria de las víctimas, declarándolas campos santos o tierras sagradas.
Nominar calles y erigir monumentos en homenaje a las víctimas.
Finalmente, pidió la palabra Doña Rosa Erlinda Revelo Magaña, viuda de Manuel de Jesús Franco Ramírez, quien afirmó “ustedes fueron ‘el sol de mi medianoche’, tras años de silencio e impunidad.”
Uno.- Legitimación del Tribunal. El derecho a la verdad se reconoce en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un principio emergente de Derechos Humanos que tiene su origen en el derecho a la protección judicial y en el derecho a buscar y a obtener información. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una situación de violación de derechos humanos, el Estado debe garantizar el derecho a la protección judicial (Convención Americana Art. 25 con Art. 1), investigando el caso hasta el esclarecimiento de todas sus circunstancias. Son titulares de este derecho tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, así también como la sociedad en general, que tiene derecho al acceso a información esencial para el desarrollo del sistema democrático. La conjugación del derecho a la protección judicial y el derecho a la búsqueda de información fundamenta el derecho a la verdad. 28
Este Tribunal está provisto de fuerza moral, el mismo elemento con que se dotan otras iniciativas de defensa y promoción de defensa de derechos humanos. Esto no es una flaqueza sino mas bien su fortaleza. Está basado en los principios de solidaridad, el derecho a la verdad y en la historia de las víctimas, y uno de sus objetivos es dar visibilidad a esa historia. El otro es mantener la esperanza de que la historia no se termina con la violencia cometida ni siquiera con su denuncia. Hay que seguir denunciando lo ocurrido hasta obtener la investigación de los hechos, la responsabilización del Estado y de los perpetradores, con establecimiento de garantías de no repetición de esta clase de hechos, y con la reparación más amplia a las víctimas como individuos y como comunidades, de establecimiento y de condiciones. Reconocer a las víctimas el derecho a participar en la temporalidad (J. Sobrino). Las personas necesitan saber quienes son y eso sólo es posible reconstruyendo su historia. Las experiencias de injusticia son siempre experiencias de una falta de reconocimiento. Será mediante la dedicación emocional, el reconocimiento jurídico o la adhesión solidaria, pero existe necesidad de la primera, constatación de igualdad en el segundo y efectos de valoración social para la tercera; núcleo normativo de la concepción de justicia, frente al maltrato, la exclusión o la injuria. Se podría establecer la fundamentación jurídica de la legitimación del Tribunal, entre otras disposiciones, en los artículos 1, 28, y 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y en el artículo 32 de la Convención Americana de Derecho Humanos. La falta de avance en el tema de derechos humanos y el incumplimiento de derechos humanos reclamados por las víctimas ante este Tribunal no se puede justificar por obstáculos jurídicos, por la prescripción o por la amnistía. Afirmó Monseñor Romero en la homilía del 14-8-1977 “que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la Patria, al Ejercito, que se reconozcan quiénes son los criminales y que se de justa indemnización a las familias que queden desamparadas”. 29
La vigente Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz es el pretexto oficial para no llevar ante la justicia penal a los autores de graves violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Por eso, es preciso buscar mecanismos complementarios o alternativos como la justicia restaurativa. La misma se realiza con la participación activa de víctimas y comunidades, discutiendo los sucesos, ubicando sus causas y precisando las sanciones. Además, define como básico el arrepentimiento, la admisión de culpas y la reparación a las víctimas por parte de los perpetradores. Su propósito principal es restaurar –lo más que se pueda- las relaciones entre las personas ofendidas y sus ofensores, así como las de sus comunidades. Queremos seguir creyendo, con M. Luther King, que el banco de la justicia no está en quiebra.
Dos.- La protección de los derechos humanos en el derecho salvadoreño. La tradición constitucional salvadoreña ha reconocido a la persona humana como el origen y el fin del Estado y, por tanto, ha impuesto al Estado la obligación de proteger integralmente todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas por igual. Como consecuencia de esta obligación, la Carta Magna establece la responsabilidad del Estado por violación a los derechos constitucionales y el correspondiente derecho de las víctimas a hacer efectiva tal responsabilidad. Podría afirmarse sin temor a equivocarnos que la vida y la dignidad de los seres humanos también se descubren como un valor absoluto y superior a la soberanía del Estado. Por contra, el desprecio de los más pobres revela la corrupción de los sentimientos (A. Smith). El Salvador reconoció e integró a su derecho interno los más importantes tratados internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario desde antes del conflicto armado interno y de los hechos conocidos en este proceso. En conjunto, estos instrumentos internacionales constituían un sistema de protección de los derechos de las víctimas y una clara enumeración de 30
las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos y libertades fundamentales. Los hechos conocidos en este proceso significan un craso rompimiento al régimen constitucional y al régimen internacional de respeto y garantía de los derechos fundamentales. En el curso de este proceso se dijo que, en la época de los hechos, no existía en la legislación penal salvadoreña la tipificación de los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas. Sin embargo, en el Código Penal vigente en esos años existían hechos punibles que – con otro nombre – servían a los mismos
objetivos de protección contra la tortura y la desaparición forzada y una base legal suficiente para sancionar a los responsables. Por lo demás, la carencia de normas del derecho interno no es justificación para incumplir normas de carácter superior; para omitir la protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos; y para sancionar a los responsables de los más graves delitos de carácter internacional. El derecho tiene horror al vacío, pero mucho más a la irracionalidad, en feliz conclusión de Martín Pallín. Aunque a esa fecha no estaban vigentes las Convenciones contra la Tortura y contra las Desapariciones Forzadas de la OEA y de la ONU, lo cierto es que los tratados vigentes en la época de los hechos – en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – integraban expresamente la prohibición de la tortura y de las desapariciones forzadas y la consecuente obligación de prevenir, sancionar y erradicar tales prácticas aberrantes.
Tres.- Naturaleza de los crímenes presentados. Los crímenes relatados ante este Tribunal Internacional tienen la
característica de crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes están previstos como principios del Derecho Internacional, reconocidos por el artículo 6 del Estatuto del Tribunal de Nüremberg y en las sentencias de dicho Tribunal pronunciadas entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1º de agosto de 1946. A su vez fueron calificados 31
como crímenes de lesa humanidad los actos inhumanos cometidos en contra de las poblaciones civiles, la persecución por motivos políticos, el homicidio, el exterminio y la deportación entre otros. Esta definición de crímenes contra la humanidad fue ratificada a su vez por la Asamblea General de Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946, (Resolución nº 95). La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental: que estas conductas atentan en la forma más brutal contra las personas, negando su dignidad intrínseca como parte del género humano, afectándola en sus derechos más elementales como la vida, la integridad, la libertad, que constituyen los pilares sobre los que se constituye una sociedad civilizada y el propio Estado de Derecho. Los crímenes de lesa humanidad son “actos graves de violencia que perjudican al ser humano, atacando lo que le es más esencial: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud o su dignidad. Son actos inhumanos que, por su generalización y su gravedad, exceden los límites tolerables de la comunidad internacional, que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad trascienden igualmente al individuo, pues cuando se ataca a éste, se ataca y se niega a la humanidad. Así pues, lo que caracteriza esencialmente a los crímenes de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”(Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia. Caso Erdemovic. Decisión del 29 de noviembre de 1996) Ningún Gobierno u otro poder del Estado, especialmente el Judicial, pueden desconocer estos valores y principios que antes que estatales son humanos y que necesariamente se integran en el sistema de derecho interno, de ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de Julio de 1998, se entenderá por "crímenes de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Asesinato; Deportación o traslado forzoso de población; Encarcelación u otra privación grave de la libertad 32
física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; Desaparición forzada de personas; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. El Salvador es parte de la Carta de Naciones Unidas y así, a la época de la Resolución nº 95, El Salvador estaba comprometido con “el respeto a las obligaciones dimanantes de Tratados de otras fuentes del Derecho Internacional”. El Salvador, así como todos los que se registraron como miembros de las Naciones Unidas, declaró que cumpliría con sus obligaciones como miembro, lo que significa evitar sufrimiento a la humanidad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. En otras palabras, El Salvador ya estaba integrado en 1946 a un sistema jurídico que consideraba punibles los crímenes en contra de la paz, los crímenes de guerra y los crímenes en contra de la humanidad, bajo las leyes internacionales. El Salvador reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ya decidió que los crímenes en contra de la humanidad incluyen la comisión de actos deshumanos, perpetrados en un contexto de ataque sistemático o generalizado en contra de poblaciones civiles, así también afirmó la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad, que es una norma ius cogens y que la penalización de estos crímenes es obligatoria bajo el derecho internacional integral.
Cuatro.- Calificación de los hechos relatados al Tribunal
No hay dudas de que hubo en El Salvador, por los testimonios que tomó el tribunal, ataques generalizados y sistemáticos a poblaciones civiles, sin ninguna razón de derecho. Según la Comisión de la Verdad más de un 60% del total de casos en que se recibió denuncia, corresponden a ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones forzadas; y más del 20% incluyen torturas. El 85% de las denuncias son atribuidas a agentes del Estado o escuadrones de la muerte. Alrededor del 50% de las denuncias que analizó la Comisión de la Verdad se referían a hechos producidos en los años 1980 y 1981; y más del 20% en los años 1982 y 1983. En ese contexto, los asesinatos, los secuestros, las masacres, las torturas, las ejecuciones sumarias y otros actos de violencia gravísima tienen la característica y calidad de crímenes en contra de la humanidad, fueron consumados según este patrón sistemático y generalizado por agentes del Estado, por comandos de agentes del Estado o por omisión de agentes del Estado. Estos crímenes, como todos los crímenes en contra de la humanidad, deben ser investigados rigurosamente, con identificación, detención, extradición y punición de los responsables. Ello dimana de la obligación del Estado de El Salvador como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cinco.- Retroactividad y permanencia de la Ley Penal.
La retroactividad.- El asesinato y a la detención ilegal, en el caso, aunque no permitan la aplicación de un tipo penal contenido en un precepto posterior que no es más favorable ni autoricen por la misma razón una pena comprendida en límites de mayor extensión, pueden ser tenidos en cuenta para justificar su perseguibilidad universal.
La permanencia.- Debe traerse a colación la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDDHH) de fecha 22 de Marzo de 2001, que resuelve el 34
caso Streletz, Kessler y Krenz contra Alemania, que estudia, en particular los votos concurrentes, la sucesión de un régimen jurídico autoritario por otro basado en un Estado de Derecho democrático y la necesidad de aplicar de forma distinta las normas penales vigentes durante aquél. En este mismo sentido, la sentencia del TEDDHH de 10 de Mayo de 2001Chipre contra Turquía, reconoce que la inexistencia de disposición que permita contestar a la imposibilidad de recursos legales para oponerse a las injerencias en los derechos garantizados por la convención, permite la alegación posterior de ésta. Existen aparentes dificultades técnicas para la aplicación de los crímenes contra la humanidad a hechos anteriores a la vigencia de la Ley, como la inexistencia de tipificación, a que se une la dificultad que implica la inexistencia de una definición expresa de los mismos en convenios o tratados internacionales hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Razonamiento Jurídico cuarto) y sus antecedentes en los Estatutos de los tribunales ad hoc para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Esto no quiere decir que antes de estas normas internacionales no estuviera reconocida la existencia de esta clase de crímenes, como demuestran los Estatutos de los Tribunales de Nuremberg y Tokio y los Principios de Nuremberg aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero la existencia de estos crímenes se deduce generalmente del derecho consuetudinario y como parte del ius cogens. Pese a todo lo anterior, el contexto de ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población civil en el que se cometen determinados crímenes comunes, como los asesinatos, torturas, detenciones ilegales y otras, es válido para encuadrarlos en el ámbito de los crímenes contra la humanidad, aunque éstos no estuvieran tipificados como tales en el momento de la comisión de los hechos. Esto es, cabalmente, lo que ha sucedido en los hechos objeto de este proceso. Aunque los crímenes contra la humanidad no estaban vigentes como tales en el momento del comienzo de la ejecución de los mismos, ya entonces formaban parte del contexto en el que se cometieron los delitos en particular, que, aunque 35
estaban tipificados como tales hechos delictivos, no fueron cometidos como delitos aislados, sino como una parte de un plan de ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población civil. Tales hechos delictivos estaban ya descritos y penados en el Código Penal y, en consecuencia, los cometidos a partir de entonces forman parte, indudablemente, del delito permanente de detención ilegal sin dar razón del paradero. A estos delitos, debe, pues, añadirse el contexto de crímenes contra la humanidad en que fueron cometidos, dada su naturaleza sistemática y generalizada, pero la no vulneración del principio de irretroactividad penal deriva ante todo del hecho de que, al margen de ese contexto, ya eran conductas delictivas en el momento del comienzo de su ejecución, y siguen cometiéndose en la actualidad, dada su naturaleza de delitos permanentes. No será demasiado añadir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera crimen en contra de la humanidad la práctica de actos deshumanos, como el asesinato, la tortura, las ejecuciones sumarias extra-legales o arbitrarias, cometidos dentro de una practica sistemática resultante de un sistema político basado en el terror y la persecución (caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, 2006). Aparece muy clara la correspondencia de las situaciones.
Seis.- Prescripción de los hechos relatados Además de todo eso, merece que se recuerde la resolución de la ONU nº 2338 del 18 de diciembre de 1967, que declara la imprescriptibilidad de los crímenes en contra de la humanidad. La Corte Internacional de Derechos Humanos afirmó en muchos casos la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, (casos Barrios Altos vrs, Perú párrafo 41; Caso Almonacid Arellano v. Chile, párrafo 99). Este es un principio de derecho internacional consuetudinario, al que no se puede contraponer una limitación temporal. Afirmar lo contrario es autorizar que los muertos continúen en las cunetas en espera de que alguien les ampare.
La Cámara Federal Argentina, resumiendo la historia de la persecución de crímenes contra la humanidad, ha sostenido que “es evidente que la noción de crímenes contra la humanidad es indisociable de la necesidad de su persecución más allá de cualquier barrera temporal, y que se ha generado lo que podríamos llamar una «costumbre internacional» al respecto, a la que convergen las múltiples manifestaciones a través de las cuales el derecho internacional se exterioriza y desarrolla en el sentido considerado. Es por ello que se ha sostenido que «existen manifestaciones coincidentes que permiten sostener que la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales es un principio de derecho internacional generalmente reconocido»... Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando afirmó que «la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados requirente o requerido en el proceso de extradición, sino de los principios del ius cogens internacional» y que «en tales condiciones, no hay prescripción de los delitos de esa laya»” (Proceso contra Massera y otros) Además de todo, si estos crímenes en contra de la humanidad son normas de “jus cogens’, su penalización es obligatoria bajo la normativa del Derecho Internacional (Cf. Corte IDH, caso “Almonaci Arellano”)
Siete.- Legalidad internacional de las leyes de amnistía De otra parte, es importante afirmar que, bajo la normativa internacional, no se puede reconocer la validez de decretos de auto-amnistía. (Corte IDH, casos barrios altos v. Perú, párrafo 41). En el caso Almonacid Arellano, la Corte IDH decidió que no se puede conceder amnistía para crímenes de lesa humanidad y que las leyes de auto amnistía son, por si mismas, una infracción a la Comisión Interamericana y carece de efectos jurídicos, que no pueden constituir un obstáculo para la investigación de los hechos como los que se presentaron en este Tribunal, ni tampoco para la unificación de la punición de los responsables. La Corte Interamericana estableció en el caso Barrios Altos de Perú, en la sentencia de 14 de Marzo de 2001, que: « Son inadmisibles las disposiciones de 37
amnistía, las de prescripción y el establecimiento de leyes excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de Derechos Humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». En el caso Jesuitas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que la amnistía salvadoreña “elimina legalmente el derecho a la justicia establecido por los artículos 1(1), 8(1) y 25 de la Convención Americana, pues imposibilita una investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos, el procesamiento y sanción de todas aquellas personas involucradas y la reparación del daño causado. Con ello, como ya lo expresó la CIDH en relación con este decreto, "se desconocieron los derechos legítimos de reparación de los familiares de las víctimas, lo cual ciertamente no constituye una medida de reconciliación. En consecuencia, la Comisión reitera, con base en las consideraciones precedentes, que dadas las circunstancias, fines y efectos de la Ley de Amnistía General aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador mediante el Decreto 486 de 1993, dicho acto violó las obligaciones internacionales asumidas por el Estado al ratificar la Convención Americana, al permitir la figura de la "amnistía recíproca" (que no tuvo como paso previo un reconocimiento de responsabilidad) pese a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; su aplicación a crímenes de lesa humanidad; y la eliminación de la posibilidad de obtener una adecuada reparación integral, incluida la patrimonial, por el daño causado. Por ello, la CIDH concluye que el Estado ha violado el artículo 2 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1(1) del mismo instrumento internacional" Sanar las heridas exige el perdón por quienes tienen derecho a darlo, convirtiéndose en su mejor regalo, incluya o no el olvido, cuya respuesta solo la pueden dar quienes sufrieron la agresión o el perjuicio. Recordar con fidelidad la verdad de la historia no es un fin sino el principio de un proceso de reconciliación y 38
construcción de la paz, de liberación y minoración del dolor. Imposible resulta cicatrizar las heridas mientras la memoria colectiva permanezca en suspenso, pues un pueblo libre no se puede permitir olvidar las atrocidades del pasado y necesita buscar salidas para respetar la dignidad de la diferencia.
Ocho.- Derecho a la Reparación Integral La Asamblea General de Naciones Unidas en el Sexagésimo período de sesiones de 2005, sobre la base del Informe de la Tercera Comisión (A/60/509/Add. 1) de 19 de Abril de 2005, aprobó los Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones y, entre ellos, debe destacarse que: “22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad… b) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y la ayuda para recuperarlas, identificarlas y volver a inhumarlas según el deseo explícito o presunto de la víctima a las prácticas culturales de su familia y comunidad. c) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. ” Es decir, del análisis de estos principios se desprende con claridad que las víctimas de un hecho delictivo, que constituye una violación manifiesta de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario, según las normas internacionales que los recogen, tienen derecho a acceder a la justicia y que ésta les otorgue protección en la medida de lo posible, con una decisión que 39
establezca los hechos, en su caso los culpables, y que restablezca la dignidad de aquellos, precisamente a través de la acción judicial. Por tanto, optar por la no apertura del procedimiento o por su prescripción por paralización sería una instrumentalización negativa de la justicia. En efecto, iniciar y agotar la investigación de un delito que se sigue cometiendo al día de hoy y que nunca ha sido, hasta ahora, denunciado en sede judicial, no es más que cumplimiento estricto de la ley por encima del éxito o fracaso de la iniciativa y una forma de rehabilitación institucional, ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad. Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o de sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho a dirigirse contra el autor. El derecho a la reparación debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; comprender, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de satisfacción de alcance general, incluyendo la recuperación de las capacidades imprescindibles. a) Extensión: La integralidad de las reparaciones que los Estados están obligados a conceder a las víctimas de violaciones de los derechos humanos está reflejada en los principios de Joinet relativos al derecho a la reparación, los cuales ponen de presente que, en el derecho internacional contemporáneo, este derecho tiene una dimensión individual y otra colectiva. En su perspectiva individual, la reparación a que tiene derecho la víctima de una violación grave de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario asume las siguientes modalidades: (1)
restitución; (2) indemnización; (3) rehabilitación; (4) satisfacción; y (5) garantías de no repetición. b) Modalidades: Con respecto a las diversas formas que asumen las reparaciones individuales, los principios 16 a 25 de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos 40
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” (ONU, 2004a), originados en los trabajos de Theo van Boven y M. Cherif Bassiouni (van Boven, 1993; ONU, 1997; Bassiouni, 2000), recogen y desarrollan los estándares internacionales a que se sujeta cada una las modalidades de reparación individual de las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos. • Los Estados están obligados indemnizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en forma "apropiada y proporcional a la violación y a las circunstancias de cada caso" y a los perjuicios económicos derivados de la vulneración de que se trate, entre los cuales se destacan: el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos, el daño a la reputación o dignidad y los gastos incurridos por la víctima en materia de asistencia jurídica y servicios médicos. • En su dimensión colectiva, el derecho a la reparación determina la adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Acerca de las reparaciones colectivas, "las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas y erigir monumentos que facilitan el deber de recordar" (Joinet, 1997: párr. 42). No puede olvidarse que la necesidad de verdad y reconocimiento es incluso superior a la de reparación, pues advierte que la sociedad afronta sus pesadillas y acepta su responsabilidad, provocando cambios que previenen y evitan violencias futuras. No es posible ejercer la
ciudadanía en regímenes represivos (Nuusbaum). La negación del reconocimiento produce espacios y ofrece armas para la violencia. • Resulta imprescindible hacer una breve exposición de los argumentos que justifican una parte del pronunciamiento solicitado y concedido por este Tribunal. No puede olvidarse que la mayor parte, por no decir la totalidad de las personas que han depuesto ante este Tribunal, pertenecen al grupo de las personas sin nombre, esto es, los que viven "alrededor de" la verdad, la identidad, la salud, el conocimiento o la participación ciudadana, distantes por tanto de la libertad porque no se les reconoce la existencia. Se encuentran ajenos a toda posibilidad de justicia, tanto por la imposibilidad de acceder a las instituciones que deben atenderles, al menos hasta el presente, como por la radical negación de lo que parece razonable que les corresponde. Son personas que “no son”, máxima expresión de la radical pobreza, y respecto de quienes, muy especialmente, se hace imprescindible generar en las Instituciones internacionales, en el Estado, en la sociedad civil y en la conciencia ciudadana el mandato moral de dedicarse, pensar y diseñar para ellas, pues dedicarse a los más pobres es creer en las personas independientemente de sus recursos; pensar en los más pobres es incorporar en el discurso racional el eje de toda experiencia humana; y diseñar para los pobres parece una extraña utopía, que sin embargo se puede concretar en la realización puntual de ofertas de futuro. La respuesta indemnizatoria a las peticiones formuladas debe comprender desde luego la atribución o reconocimiento de aquéllos recursos que les permitan salir de esa vida "alrededor de"; así como la obtención de la libertad para llevar adelante los planes de vida que cada uno podría desear razonablemente, una vez que se ha advertido que
tienen excluida la posibilidad de ser "agentes" y han sido condenados a ser sólo "pacientes", según la terminología de Amartya Sen. En la reivindicación de las víctimas se concreta la petición en la indemnización a obtener reparaciones de carácter personal, que hacen referencia a las satisfacciones dinerarias vinculadas con el bienestar legítimo que les debiera corresponder; pero también a las
indemnizaciones de orden colectivo, que más bien hacen referencia al refuerzo de las capacidades para posibilitar el ejercicio de su proyecto personal de vida razonablemente deseado. Es por ello que no basta con un pronunciamiento de satisfacción económica, sino que a cada uno de los afectados le corresponde recibir aquellos instrumentos de
empoderamiento para que sean agentes de sus vidas, tanto en la búsqueda de felicidad como en las decisiones de la comunidad política, integrante del deber de la humanidad para erradicar la pobreza. Erradicar la pobreza implica liberar de la necesidad, pero añadir que hay que hacerlo tratando de empoderar a las personas para que sean agentes de sus vidas (libertad de agencia) y gobiernen los procesos por los que alcanzan sus metas (libertad de proceso); de suerte que puedan determinarse a actuar por móviles como el auto interés, la simpatía o el compromiso. Desde una perspectiva kantiana, optar por el compromiso no es una posibilidad más, sino una exigencia moral que brota del reconocimiento de seres absolutamente valiosos, que no tienen precio, sino dignidad, en expresión de Adela Cortina. Dentro de los funcionamientos básicos hay que distinguir los físicos elementales, como nutrición y salud, y logros sociales más complejos, donde A. Sen ubica la participación en la vida comunitaria y aparecer en público sin vergüenza, aspectos que hacen referencia a temas de agencia. Aunque a la mayor parte de las víctimas les robaron los sueños, este Tribunal constató que aún seguían persiguiendo la felicidad. 43
Concreciones: Este Tribunal ha podido constatar, como elemento común a todos los casos individuales denunciados, un grave déficit de protección social, cuando no la sobrevivencia en condiciones de miseria, en las victimas de las violaciones de los derechos humanos y sus familiares directos. Lo que añade al sufrimiento físico y psíquico de las mismas, la penalización adicional que deriva de la marginación y la exclusión social. Es la constante de vidas laborales rotas por la detención, muerte o desaparición forzada, y casi nunca reanudadas después de la represión; unida a la carencia generalizada de pensiones por incapacidad permanente, jubilación, viudedad y orfandad. Al mismo tiempo, la falta de infraestructuras básicas y de servicios públicos esenciales de educación, sanidad y vivienda, sigue siendo una realidad de grave injusticia en las comunidades arrasadas por las masacres colectivas analizadas. Por ultimo, la desprotección y exclusión social de las victimas siempre lleva asociado su destierro espiritual indefinido de una sociedad insolidaria y anestesiada por el miedo y la manipulación informativa. Consecuentemente, la dinámica encierro (detención)-entierro (muerte)- destierro (emigración), es el único camino para miles de jóvenes sin ninguna esperanza en El Salvador. Ante esta dramática realidad que hemos podido constatar, especialmente con la pruebas testificales practicadas, este Tribunal considera urgente y necesario reconocer a todas las víctimas de la persecución política y social ocurrida antes, durante y después de la guerra civil, el derecho a una reparación adecuada, efectiva y justa, restaurando a las mismas los derechos económicos y sociales con cargo a la administración del Estado. En todo caso, el reconocimiento de pensiones por incapacidad y muerte, en orden a la determinación de requisitos y beneficios, deberá equipararse a los supuestos derivados de la contingencia de accidentes de trabajo. Asimismo, serán necesarias nuevas disposiciones legales que establezcan beneficios económicos indemnizatorios por los años de detención ilegal, por los 44
daños físicos y psíquicos, por la muerte y desaparición de familiares directos de las víctimas denunciantes, y por la pérdida del derecho al ejercicio de un proyecto de vida. Y por ultimo, será necesario establecer por parte del Estado y la comunidad, la dotación de instrumentos de estímulo de la memoria colectiva, dirigidos a facilitar la reparación moral de las víctimas y a la rehabilitación de las comunidades exterminadas. Todo ello, en orden a conseguir una reparación integral que posibilite el otorgamiento del perdón por ellas y la reconciliación de toda la sociedad salvadoreña.
Nueve.- Recomendaciones La naturaleza y justificación de este Tribunal, los prioritarios intereses de las víctimas, las obligaciones legales y morales asumidas por el Estado salvadoreño, las expectativas y responsabilidad de la sociedad entera y la búsqueda de la paz, como objetivo fundamental compartido por todos los anteriores, han aconsejado al Tribunal a incluir, tras las decisiones sobre las cuestiones planteadas, un listado de “recomendaciones”, tanto al Estado y a sus legítimos representantes, como a las organizaciones y personas individuales de la sociedad salvadoreña, siempre en apoyo de las imprescindibles rutas que estima han de recorrerse para satisfacer el prioritario objetivo de la Nación que establece su Constitución, al compartir sin reservas con todos ellos que la legitimidad democrática sólo se alcanza con la protección de todos sus miembros sin excepción, tanto moral como real, en condiciones que alcancen y sean todos y cada uno reconocidos en su individual dignidad. Al final de la segunda guerra mundial, el Secretario de Estado de los EE.UU expresó: “La batalla por la paz debe ser librada en dos frentes. El primero, es el de la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para vivir sin temor; el segundo, el económico y social, en el cual la victoria significa conquistar la libertad
para vivir sin miseria. Solo la victoria en ambos frentes puede asegurar una paz duradera.”. En el informe del PNUD de 2005 se afirma: “extender las oportunidades para que la gente de los países pobres pueda vivir más tiempo y con mayor salud, para que sus hijos accedan a una educación digna y para que salgan de la pobreza no disminuirá el bienestar de los habitantes de los países ricos. Por el contrario, permitirá construir una prosperidad compartida y fortalecerá la seguridad colectiva”. En el mundo interconectado, un futuro fundado en la pobreza masiva en medio de la abundancia es económicamente ineficaz, políticamente inadmisible y socialmente explosivo.
Por todo lo expuesto, vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal ACUERDA:
1.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador por las torturas de las que fueron víctimas Francisco Ramírez Avelar, Arnulfo Grande y Blas Escamilla.
2.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador por la ejecución sumaria de Liliam Terezón Pérez y Manuel Franco, así como de los demás dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, señores Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Enrique Escobar Barrera, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández.
3.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador, por la desaparición forzosa de Miguel Ángel Terezón Ramos, Sandra Margarita Ramos Surio y Dora Ramos Surio y de los hijos de las que éstas estaban embarazadas al momento de su desaparición. 46
4.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador, del Ejército Nacional, la Guardia Nacional y la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) en las masacres del Río Sumpul y de la Raya.
5.- DECLARAR la obligación del Estado de El Salvador de proporcionar los nombres de los miembros de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional que participaron en dichas masacres.
6.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador por la violación del derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de los familiares de todas las víctimas afectadas en los supuestos presentados a este Tribunal, de acuerdo a lo contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en los Arts. 14 y 25 respectivamente.
7.- DECLARAR la persistencia de la obligación del Estado de El Salvador de investigar los hechos ocurridos, en perjuicio de las personas antes expresadas y sus familiares, destacando este tribunal especialmente la injustificada inactividad de la Fiscalía General de la Republica. Se deberá en este sentido, y en la medida que constituye un obstáculo para la investigación de la verdad, derogar la Ley de Amnistía.
8.- Respecto del señor Francisco Ramírez Avelar, DECLARAR su derecho a una reparación integral por todos los daños sufridos, que al menos deberá contener los siguientes aspectos: 1º. Derecho a obtener una pensión por incapacidad total, con efecto retroactivo al momento del hecho causante de la misma, en el marco de las normas
de Seguridad Social y por su condición de trabajador, periodista, que se vio frustrada por su detención ilegal. 2º. Derecho a una indemnización económica por el tiempo de detención ilegal. 3º. Derecho a una indemnización económica por los daños físicos, psíquicos y morales derivados de la represión, así como por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
9.- Respecto del señor Arnulfo Grande, DECLARAR su derecho a una reparación integral por todos los daños sufridos, que al menos deberá contener los siguientes aspectos: 1º. Derecho a la actualización de su pensión de jubilación, con arreglo a las rentas que le hubiera correspondido percibir hasta la edad necesaria para la misma, por su trabajo como empleado de CEL. 2º. Derecho a una indemnización económica por el tiempo de detención ilegal. 3º. Derecho a una indemnización económica por los daños físicos, psíquicos y morales derivados de la represión, así como por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
10.- Respecto del señor Blas Escamilla, DECLARAR su derecho a una reparación integral por todos los daños sufridos, que al menos deberá contener los siguientes aspectos: 1º. Derecho a una indemnización económica por el tiempo de detención ilegal. 2º. Derecho a una indemnización económica por los daños físicos, psíquicos y morales derivados de la represión. 3º. Derecho a una indemnización económica por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida. 48
11.- Respecto de la señora Rosa Erlinda Revelo Magaña, DECLARAR su derecho a una reparación integral por todos los daños sufridos, que al menos deberá contener los siguientes aspectos: 1º. Derecho a obtener una pensión por viudez por el asesinato de su esposo Manuel Franco, con efecto retroactivo al momento del hecho causante, en el marco de las normas de Seguridad Social y por su condición de trabajador de la Universidad de El Salvador. 2º. Derecho a una indemnización económica tanto para ella como a sus cuatro hijos por los daños físicos, psíquicos y morales derivados de la pérdida de su esposo y padre. 3º. Derecho a una indemnización económica por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
12.- Respecto del señor Julián Terezón y su nieta Liliam Beatriz Terezón, DECLARAR su derecho a una reparación indemnizatoria por todos los daños físicos, psíquicos y morales sufridos por la pérdida de sus familiares; así como el derecho a una indemnización económica a cada uno por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
13.- Respecto de la señora Esperanza Cortéz Ramos, DECLARAR su derecho a una reparación indemnizatoria por todos los daños físicos, psíquicos y morales sufridos por la pérdida de sus familiares; así como el derecho a una indemnización económica por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
14.- Respecto de la señora Miriam Ayala y todas las víctimas sobrevivientes, DECLARAR su derecho a una reparación indemnizatoria por todos los daños físicos, psíquicos y morales sufridos por la pérdida de sus familiares, en la Masacre de Las
Aradas; así como el derecho a una indemnización económica por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
15.- Respecto del señor Julio Hernández Rivera, DECLARAR su derecho a una reparación indemnizatoria por todos los daños físicos, psíquicos y morales sufridos por la pérdida de todos sus familiares en la Masacre de Las Aradas; así como el derecho a una indemnización económica por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
16.- Respecto del señor Andrés Hernández Rivera y todas las víctimas sobrevivientes, DECLARAR su derecho a una reparación indemnizatoria por todos los daños físicos, psíquicos y morales sufridos por la pérdida de todos sus familiares; así como a una pensión por incapacidad parcial como consecuencia de las lesiones sufridas que le provocaron la pérdida de un brazo en la Masacre del Llano de La Raya; así como el derecho a una indemnización económica por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
17.- Respecto del señor José Francisco Alfaro, DECLARAR su derecho a una reparación indemnizatoria por todos los daños físicos, psíquicos y morales sufridos por la pérdida de sus familiares en la Masacre del Llano de La Raya; así como el derecho a una indemnización económica por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
18.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador en la rehabilitación integral de las comunidades y pueblos arrasados por las Masacres de Las Aradas y del Llano La Raya, dotando a las mismas de servicios básicos de educación, salud y servicios sociales; así como de viviendas dignas para todos sus habitantes.
19.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador en la promoción de una iniciativa para que se conmemore el día de los presos políticos y en general de las víctimas, asumiendo los costos de difusión –por todos los medios- de testimonios significativos que ilustren el sufrimiento de las mismas y de sus familiares.
20.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador de dar a conocer la verdad de lo que ocurrió a las víctimas de este país durante el conflicto interno, especialmente a través de programas de educación básica que describan lo ocurrido, como forma de garantizar la no repetición de los mismos hechos, cuyos programas deberán extenderse a las Fuerzas Armadas y Academia de Policía.
21.- DECLARAR la responsabilidad del Estado de El Salvador de crear una Comisión Investigadora que retome lo actuado por la Comisión de la Verdad, creada bajo los auspicios de la ONU, y que en un plazo razonable sea capaz de presentar al órgano judicial, en coordinación con las autoridades del Ministerio Público, las acciones legales necesarias para interrumpir el actual estado de impunidad que sufren todos los victimarios de El Salvador.
22.- DECLARAR la obligación del Estado de El Salvador de establecer una pensión universal para todas las víctimas del conflicto, afectadas por secuelas físicas y psíquicas incapacitantes que no puedan acceder a las mismas por el sistema de seguridad social.
23.- DECLARAR la obligación del Estado de El Salvador de crear la Fundación para la Verdad, con participación de la sociedad civil; para que sea esta la encargada de repatriar los archivos de la Comisión de la Verdad, y los ponga a la disposición de la sociedad salvadoreña, que sigue viendo postergado su derecho de acceder a los mismos. 51
24.- DECLARAR la necesidad de que el Estado de El Salvador adquiera la propiedad de las tierras afectadas por todas las masacres sufridas en el territorio nacional durante la guerra civil, para facilitar el acceso a las mismas de todos los
ciudadanos y su declaración como campos santos o tierras sagradas.
25.- DECLARAR el derecho de las víctimas a la exhumación e identificación de sus familiares y a su posterior entierro en lugares que habrán de establecerse por las autoridades competentes y con conocimiento de los familiares de aquéllas.
26.- DECLARAR la obligación del Estado de El Salvador de crear museos y otros monumentos dedicados al fomento de la memoria colectiva relacionada con las víctimas de la guerra civil.
Sin perjuicio de las anteriores declaraciones, y del reconocimiento de otros derechos y de la adopción de otras medidas compatibles con la situación presentada, el Tribunal RECOMIENDA:
1. Que, a efecto de garantizar la no repetición de tan execrables hechos y fortalecer el sistema interno de protección de los derechos, en el ámbito normativo deberían integrarse al derecho interno importantes Tratados de derechos humanos que aún no han sido ratificados por el Estado de El Salvador, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Protocolo contra Facultativo la Mujer, de las la Convención contra Universal la e
Interamericana contra la Desaparición Forzada, la Convención sobre la 52
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, habrá de adecuarse la legislación interna a las obligaciones previstas por los Tratados internacionales de derechos humanos.
2. Que, en el cumplimiento del mismo objetivo, resultaría imprescindible fortalecer las instituciones vinculadas con la administración de justicia, la protección de los derechos de las víctimas y el control del uso de la fuerza por parte de autoridades públicas, a efecto de que se encuentren en condiciones de actuar eficazmente en la consecución de sus cometidos constitucionales y garanticen la no repetición de los crímenes conocidos por este Tribunal.
3. Que se presente un informe sobre el Estado de la Justicia Transicional en El Salvador al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
4. Que se establezcan mecanismos de reparación individual y colectiva sin necesidad de extensos y costosos procedimientos, a los que puedan acogerse todos aquellos que acrediten su condición de víctima de algún hecho contrario a la legislación y tratados nacionales e internacionales, sin descartar procedimientos de mediación que la faciliten, siempre que sean recíprocamente aceptados.
5. Que el Estado salvadoreño, a través de sus legítimos representantes, tendría que establecer los mecanismos para garantizar el derecho de acceso a toda documentación oficial, a través de la cual se permita conocer la verdad de lo ocurrido, las responsabilidades en que se hubiere incurrido y la identificación de las personas contra quienes dirigir las
reclamaciones, incluyendo la complementaria del propio Estado frente a las víctimas.
6. Reconocer el derecho de toda persona que hubiere sufrido actos contrarios a su dignidad, integridad o libertad a relatar, escribir y difundir por cualquier medio los acontecimientos que le afecten.
7. Asumir que la presente decisión y recomendaciones constituyen el primer acto reparatorio a que las víctimas aquí identificadas tenían derecho, perteneciente al ámbito de la humanización de las relaciones con el Estado.
representaciones diplomáticas extranjeras en El Salvador y ante todos los Organismos e Instituciones nacionales e Internacionales con competencia y sensibilidad en materia de Derechos Humanos.
9. Solicitar a todas las Organizaciones patrocinadoras y colaboradoras actuales y a quienes en lo sucesivo se adhieran a su razonabilidad y contenido a presentar esta Decisión y publicarla por todos los medios a su alcance, incluyendo su inserción en los portales y foros de Internet.
Dado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Antiguo Cuscatlán, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil nueve.
Henry Fino Solórzano Secretario
Javier Monroy Hernandez
Fraternidad Unitaria Salvadoreña
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References: artículo 32
 artículo 6
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1