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Timestamp: 2019-10-23 16:20:10+00:00

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﻿ SENTENCIA 17049 DE ENERO 30 DE 2002
SENTENCIA 17049 DE 30 DE ENERO DE 2002
CONTENIDO:PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. DEBE OCURRIR CON ANTELACIÓN AL HECHO CAUSANTE DE LA PRESTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRADORA DE PENSIONES, SEGURIDAD SOCIAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, PROCEDIMIENTO LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:364 DE ABRIL DE 2002, PÁG.757
Sentencia 17049 de enero 30 de 2002
PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
DEBE OCURRIR CON ANTELACIÓN AL HECHO CAUSANTE DE LA PRESTACIÓN
Ref.: Expediente Nº 17049
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil dos (2002).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la sociedad Branford Security Ltda. contra la sentencia del 30 de marzo de 2001 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio seguido por Diana Gómez Sepúlveda contra la empresa recurrente y la sociedad Administradora de Fondos se Pensiones y Cesantías S.A. “Protección S.A.”.
Diana Gómez Sepúlveda, en nombre propio y en representación de su hijo menor Jonatan Estid Rodríguez Gómez, demandó a las referidas sociedades con el fin de obtener el pago de la pensión de sobrevivientes, intereses de mora y corrección monetaria.
El fundamento de sus pretensiones se sintetiza así:
Convivió con el señor Jhon Carlos Rodríguez Hernández “hasta un año antes de su fallecimiento y procrearon al menor Jonatan Estid Rodríguez Gómez”. Para la fecha de su deceso (agosto 14 de 1999), Rodríguez Hernández trabajaba al servicio de la sociedad Branford Security Ltda., empresa a la cual se había vinculado el 12 de noviembre de 1998. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía “Protección S.A.”, a la que fue afiliado desde su vinculación a la empresa empleadora, negó la prestación en cuestión “con el argumento de no cumplir el requisito de las 26 semanas de cotización de acuerdo a la Ley 100 de 1993”. El finado había cotizado igualmente en varios períodos al ISS “desde 1995 hasta octubre de 1998” (fl. 1).
En la respuesta a la demanda, la empresa Branford Security Ltda. alegó que es a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. a quien le corresponde cubrir el pago de la reclamada pensión (fl. 48). Ésta, por su parte, afirmó haber negado la solicitud en cuestión por cuanto “al momento del fallecimiento el afiliado no era cotizante y no registraba las cotizaciones requeridas para generar el derecho ... ya que al momento de la muerte del señor Rodríguez Hernández, la empresa ... se encontraba en mora de los aportes ...”, los cuales vinieron a ser cancelados con posterioridad al siniestro. Arguyó que la única obligada al pago de la pretendida prestación económica no es otra que la empresa y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (fl. 65).
Conoció en primera instancia el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín que, en sentencia del 16 de febrero de 2001, condenó a la empresa Branford Security S.A. al pago de la reclamada pensión y absolvió a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. de todas las pretensiones demandadas (fl. 130).
Al desatar los recursos de apelación interpuestos por la demandante y por la empresa demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la anterior decisión “adicionándola en cuanto a los intereses moratorias, los cuales se reconocen a cargo de la sociedad condenada, y en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.
“Partiendo de la mora advertida y su solución posterior” y con el fin de determinar cuál de los demandados es el responsable del pago de la pretendida pensión de sobrevivientes, transcribió el ad quem los artículos 22 de la Ley 100 de 1993 y 39 del Decreto 1406 de 1994, que en su orden tratan de las obligaciones y deberes especiales del empleador, y destacó que en materia de seguridad social “las prestaciones que se conceden, llámense pensiones, indemnizaciones, auxilios, etc., están justificadas en riesgos o contingencias, es decir, en eventos futuros e inciertos que pueden menoscabar o menoscaban la capacidad económica de los distintos sujetos beneficiarios, y no en hechos cumplidos”. En este orden de ideas, advirtió que “cuando un empleador no cancela oportunamente las cotizaciones de un trabajador, y con mayor razón cuando no lo afilia, él y únicamente él, es el responsable de las distintas prestaciones que se causan, sin que sea viable inferir que esa obligación desaparece cuando se cumple tardía o extemporáneamente con el pago de las cotizaciones debidas, pues si así fuera, el carácter aleatorio de esta modalidad contractual desaparecería, para darle paso a otro, de naturaleza conmutativa, lo cual es inaceptable desde todo punto de vista”.
Por lo demás hizo referencia al inciso 2º del numeral 4º del artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, que permite efectuar el pago de las obligaciones en mora “siempre y cuando no hubiere tenido lagar el siniestro” que daría lugar al pago de la prestación correspondiente, para concluir que independientemente del comportamiento de las entidades gestoras o el que pueda asumir el empleador con posterioridad a la contingencia “la responsabilidad, en el presente caso, recae en cabeza de la sociedad Branford Security Ltda. y no de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.” (fl. 166).
Inconforme la empresa demandada con la anterior determinación, aspira a que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, “se ABSUELVA a la recurrente de todas (sic) los cargos formulados por los actores y se condene a la demandada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. a pagar a favor de la parte actora la pensión de sobrevivientes solicitada en la demanda”.
Con tal propósito formula un único cargo contra la sentencia del tribunal en el que, por vía directa, acusa la interpretación errónea de los artículos 10, 11, 13 y 22 a 24 de la Ley 100 de 1993; 2º y 28 del Decreto Reglamentario 692 de 1994; 11 y 13 del Decreto Reglamentario “1164” (sic) de 1994; 14 del Decreto Reglamentario 656 de 1994 y 53 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
Luego de advertir que “son hechos probados fehacientemente” que el trabajador fallecido se hallaba al servicio de la recurrente, que estaba afiliado por el empleador al sistema general de pensiones en la administradora Protección y que la empresa empleadora “pese a que estaba en mora al momento del fallecimiento del mismo (14 de agosto de 1999) ese mismo día se puso a paz y salvo con los aportes a la seguridad social”, y de transcribir, en su orden, las disposiciones que considera fueron erróneamente interpretadas por el tribunal, hace una breve referencia al desarrollo y objetivos del sistema pensional colombiano y destaca que “el régimen de la Ley 100, a diferencia de los anteriores, no deja la responsabilidad pensional en cabeza de los empleadores, ni aún en caso de mora o inexactitud en la cotización, pues no existe norma alguna que así lo determine”.
Considera que esa “exactamente es la ininteligencia del honorable tribunal ... que deduce una responsabilidad sin norma expresa que la consagre y desconoce el desarrollo histórico jurídico del modelo pensional colombiano”.
Afirma que no obstante esta corporación ya expresó el alcance de las normas en cuestión en sentencia de fecha 8 de junio de 2000, radicación 13724, “el tribunal se aparta en su análisis del querer de la norma y se dedica a determinar, como no debió hacerlo, la responsabilidad del empleador, que no existe legalmente”.
Alude igualmente a otros pronunciamientos que alega reiteran “la tesis ya planteada de no convertir al empleador en coasegurador de las prestaciones de la seguridad social” y resalta que el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, que el juzgador “utiliza indebidamente” para tratar de justificar su conclusión, “no obliga al empleador, sólo se limita a determinar que no se pueden efectuar las cotizaciones, pero en ninguna parte deja la responsabilidad en cabeza del empleador”.
Por último alega que se violaron igualmente “los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 y sus reglamentarios ya mencionados, que generan en cabeza del empleador la obligación de la cotización pero también en cabeza de las administradoras la obligación del cobro, con sanciones para el empleador, pero que nunca alcanzan la entidad de hacerlo responsable de las pensiones, tal como sí sucede por ejemplo en el régimen de riesgos profesionales”.
El opositor, a su turno, se remite a diversos pronunciamientos “precisamente adversos a la tesis planteada en el ataque” y expone sus consideraciones en torno a los alegatos contenidos en el cargo “para dejar en claro la verdad legal y jurídica que en cada uno de tales alegatos corresponde”.
1. Sea lo primero señalar que el alcance de la impugnación es imperfecto puesto que no indica qué se debe hacer en relación con la sentencia de primer grado, esto es, si revocarla, modificarla o confirmarla. Sin embargo la Sala excusa tal omisión ya que se puede entender lo aspirado sobre el particular por la parte recurrente al solicitar se la absuelva de todos los cargos formulados en su contra y se condene a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. al pago de la reclamada pensión de sobrevivientes.
2. Además, siendo la materia debatida una pensión de sobrevivientes era menester incluir en el ataque las normas que instituyen ese derecho reconocido por el tribunal, las cuales brillan por su ausencia.
3. De otra parte, no resulta muy claro que el tribunal hubiese sustentado su decisión en todas las disposiciones cuya interpretación errónea acusa la censura, particularmente en los artículos 10, 11, 13, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 y en aquellos otros cuestionados de los decretos 656, 692, 1161 de 1994, que no fueron mencionadas por el ad quem a propósito de concluir la responsabilidad de la empresa empleadora. No obstante, aún si se aceptara un sustento tácito en las mismas, en tanto hacen referencia a la mora del empleador en el pago de las cotizaciones a que está obligado y cuyas consecuencias se discuten en el sub judice, encuentra la Sala que la hermenéutica impartida por el tribunal es la que se aviene a los preceptos en cuestión.
4. Tal como lo aseveró el tribunal “no son hechos objeto de discusión, entre otros, los relativos al fallecimiento de John Carlos Rodríguez Hernández el día 14 de agosto de 1999, estando al servicio de Branford Security Ltda.; la condición de afiliado que tuvo al sistema general de pensiones en la Administración de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A., desde el 12 de noviembre de 1998 hasta el momento de su deceso; y que el empleador citado, para el 14 de agosto de 1999, se encontraba en mora en el pago de las cotizaciones correspondientes, cuya cancelación realizó con posterioridad...”. (Resalta la Corte). Como el cargo viene encaminado por el sendero de puro derecho, debe partirse del presupuesto inexorable consistente en la aceptación del impugnante de las citadas premisas fácticas.
5. Si bien es cierto que para efectos del reconocimiento de algunas prestaciones otorgadas por la seguridad social, por regla general de prolongado plazo de cotización, como las pensiones de vejez, esta corporación ha admitido la validez de cotizaciones extemporáneas, en los términos de los reglamentos del seguro social, siempre se ha hecho teniendo presente situaciones en curso, cuando el respectivo riesgo no se ha consumado.
Es que la seguridad social colombiana, mantiene la cobertura de contingencias en su acepción clásica, de acontecimientos futuros e inciertos, pero no solamente entendiendo por tales los que pueden producirse o no, sino también los de necesaria ocurrencia, pero con incertidumbre de fecha de acaecimiento como ocurre con la muerte.
Con la modificación introducida por la Ley 100 de 1993 se aminoró notoriamente el requisito de cotizaciones para acceder a la pensión de sobrevivientes, situándola en sólo 26 semanas sufragadas con antelación a los eventos indicados en el artículo 47 de esa normativa. De manera que ogaño más que otrora aparece menos comprensible que el responsable de la cotización espere que ocurra el deceso para ponerse al día con sus obligaciones con la seguridad social que tienen muy elevada significación social.
Y en este orden de ideas es incontestable que esa satisfacción cabal de los compromisos patronales de pago de cuotas debe operar con antelación al hecho causante de la prestación, que en el caso de la pensión de sobrevivientes es la muerte, puesto que si se admitiera el pago extemporáneo y ulterior al deceso del afiliado se desquiciarían los presupuestos ontológicos de la contingencia, y por ende de la seguridad social colombiana actual. Por ello debe insistirse en que si bien las empresas cuentan con mecanismos para enmendar sus omisiones o el incumplimiento de los compromisos con las entidades administradoras del sistema, la seguridad social no asume culpas patronales irremediables.
Ya la Corte se ha pronunciado al respecto, entre otras, en sentencias del 30 de agosto de 1994 (rad. 13818), reiterada el 29 de junio (rad. 15660) y el 25 de octubre (rad. 16368) de 2001, en los siguientes términos:
Como ese postulado resulta esencial para el equilibrio financiero del sistema y su consiguiente viabilidad depende del recibo oportuno de las cuotas correspondientes, existe mucho celo en la exigencia de esa obligación y así se muestra claramente en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, disposiciones en las cuales no sólo se enfatiza en la obligación de pagar oportunamente los aportes sino que se establece un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento. Los artículos 17 y 22 de la citada ley, señalan el derrotero inicial de ese deber y ubican en cabeza del empleador la mayor responsabilidad frente a su incumplimiento en los casos de relaciones laborales subordinadas...
... Frente a ello, como no puede concebirse la pérdida del derecho pensional reclamado por la incuria de la empleadora responsable del pago de las cotizaciones, resulta necesario ubicar la situación en la previsión legal correspondiente y sobre el particular el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, en forma concatenada con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 12 del Decreto 2665 de 1968, impone al empleador privado incumplido la obligación de responder por la pensión de sobrevivientes que se llegare a causar en el tiempo de desprotección de su trabajador.
Lo anterior significa que la obligada a responder por la prestación perseguida en este proceso es la Asociación de Copropietarios del Edificio Marina del Rey en su condición de empleadora del fallecido señor Luis Eduardo García Pérez, quien, como desafiliado del sistema general de pensiones para el momento de su fallecimiento, no pudo completar el mínimo de semanas de cotización exigidas por la ley dentro del año anterior a la muerte para generar, con su deceso, la pensión de sobrevivientes que persiguen los demandantes. No incide en lo anterior, la circunstancia de encontrarse el fallecido desvinculado laboralmente de la citada asociación para el momento de ocurrir su muerte, pues de todas maneras, de haber ésta cumplido con su obligación de cotizar, se hubiera consolidado el derecho perseguido que ahora se ve frustrado ante la entidad de seguridad social, por el incumplimiento de la que tuvo la condición de empleadora y, en tal condición, de responsable por el pago de las cuotas correspondientes, ahora necesarias para trasladar a Protección S.A. la obligación pensional debatida...”.
Y más recientemente, en sentencia del 1º de noviembre de 2001, al analizar un caso similar al sub examine, sostuvo la Sala:
“...la jurisprudencia de esta Sala ha definido que cuando un trabajador fallecido no alcanza a cotizar el número de semanas exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para que la entidad de seguridad social respectiva pueda reconocerle a sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes y tal situación sea imputable a la mora del empleador en el pago de las cotizaciones, es a este último a quien corresponde el reconocimiento y pago de tal prestación. (...).
De otro lado, en lo que respecta al pago de la empleadora y recepción por parte de la administradora de pensiones de las cotizaciones atrasadas, con posterioridad a la ocurrencia de la muerte del trabajador, y que el tribunal interpretó como si tuviese efectos liberatorios frente al empleador, es pertinente traer a colación lo dicho por la Corte en sentencia del 29 de junio del presente año (Rad. 15660):
“De otra parte, es claro que cuando Diego Luis Botero Jaramillo efectuó el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en el año de 1995 el riesgo para el cual fue asegurado su trabajador Álvaro Botero Rodríguez ya se había presentado, de tal manera que dichos aportes efectuados extemporáneamente no pueden producir el efecto de generar para el Instituto de Seguros Sociales la obligación de asumir el pago de prestaciones que dejaron de estar a su cargo por no haberse cumplido con las exigencias legales para cubrir el riesgo de muerte, pues, desde luego, el sistema integral de seguridad social en pensiones está concebido para asegurar riesgos y contingencias bajo el supuesto del pago oportuno de las cotizaciones establecidas por la ley para financiarlo.
“Admitir la posibilidad de que con el pago de cotizaciones realizado después de haberse presentado el riesgo o la contingencia respectiva, el sistema de seguridad social en pensiones deba otorgar las prestaciones señaladas en la ley, iría en contra de uno de los principios de la seguridad social como es el de la solidaridad y afectaría gravemente su estabilidad financiera, además de significar el absurdo de amparar riesgos ya presentados...”.
Los anteriores planteamientos, aplicables al caso que ahora se estudia, permiten concluir que no incurrió el tribunal en la interpretación errónea endilgada en el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de marzo de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio adelantado por Diana Gómez Sepúlveda contra la empresa Branford Security Ltda. y la sociedad Administradora de Fondos se Pensiones y Cesantías S.A. “Protección S.A.”.
José Roberto Herrera Vergara—Francisco Escobar Henríquez—Carlos Isaac Náder—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.
Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario.

References: artículo 141
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 47
 artículo 8
 artículo 31
 artículo 12
 artículo 46