Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-111-de-marzo-6-de-1997-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041647df034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-12 15:05:41+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-111 DE MARZO 6 DE 1997 UNIFICACION
CONTENIDO:LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, PESE A SU VINCULACIÓN CON LA DIGNIDAD HUMANA, LA VIDA, LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD , NO SON DE APLICACIÓN INMEDIATA, PUES NECESARIAMENTE REQUIEREN DE LA ACTIVA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR. POR CONSIGUIENTE, MAL PUEDE LA CORTE DISPONER QUE LE SEAN PRESTADOS UNOS SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES A QUIEN SOLICITA LA TUTELA PASANDO POR ENCIMA DE LO DISPUESTO EN LA LEY Y LOS REGLAMENTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEOS PÚBLICOS, PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS SOCIALES, ESTADO SOCIAL DE DERECHO, DERECHO A LA CULTURA, DERECHO SOCIAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL, JURISDICCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO, ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE SALUD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:305 DE MAYO DE 1997, PÁG.596
Ref.: Expediente T-107601
Santa Fe de Bogotá, D.C., marzo seis de mil novecientos noventa y siete.
En el proceso de tutela número T-107601, promovido por Celmira Waldo Valoyes contra la Caja Nacional de Previsión Social - seccional Chocó.
1. Celmira Waldo de Valoyes instauró acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social —seccional Chocó—, por considerar que la decisión de suspenderle el servicio médico que le prestaba desde hacía varios años vulnera, entre otros, sus derechos a la salud y a la vida.
La actora, de 64 años de edad, relata que trabajaba como auxiliar de servicios generales en la dirección ejecutiva de la junta administradora seccional del Chocó del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, cuando por medio de la Resolución 0002, del 8 de enero de 1987, fue declarada insubsistente. En la época de su retiro del servicio venía recibiendo tratamiento médico para la artritis que sufría, atención que había sido autorizada por la seccional de la Caja Nacional de Previsión.
Por medio de apoderado, interpuso acción de nulidad y de restablecimiento del derecho contra la resolución precitada, con el objeto de que se la reintegrara al cargo que desempeñaba, se le pagaran las prestaciones sociales que se le adeudaban y se le brindara asistencia médica “sin limitación alguna y por todo el tiempo que fuere necesario”.
En su sentencia del día 14 de febrero de 1992, el Tribunal Administrativo del Chocó denegó la solicitud de reintegro. Para resolver sobre las prestaciones sociales exigidas por la demandante, el tribunal reprodujo el siguiente aparte de la sentencia del Consejo de Estado sobre el Expediente 4516, de junio 5 de 1981, M.P. Ignacio Reyes Posada:
“La disposición del parágrafo del artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 no prohíbe a la administración desvincular del servicio a un empleado que se encuentra en estado de incapacidad por razones de enfermedad. Impone su retiro después de 180 días de incapacidad, pero si en este lapso se producen otros fenómenos como la culminación de una investigación administrativa, que imponga la sanción de destitución o razones del buen servicio demanden la insubsistencia, podrá proceder en tal forma la administración porque, antes del artículo 18 del Decreto 3135, está la facultad de libre nombramiento y remoción consagrada en normas constitucionales y legales, como es el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968 que permite remover libremente en cualquier momento por insubsistencia a una persona designada para ocupar un empleo del servicio civil que no pertenezca a una carrera, sin motivar la providencia.
“Cosa distinta es que en este evento el empleado o trabajador tenga derecho a la asistencia médica correspondiente, así como a la remuneraciones consagradas en el artículo 18 tantas veces citado”.
Con base en el texto transcrito y en atención a que la señora Waldo se encontraba en tratamiento médico, autorizado por la Caja Nacional de Previsión, en el momento en que había sido declarada insubsistente, el tribunal ordenó “el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales de la señora Celmira Waldo de Valoyes, y a la cual está obligada la Junta Administradora Seccional de Deportes del Chocó del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte ‘Coldeportes’, por conducto de la respectiva Caja de Previsión Social”.
“Es de anotar que las cajas de previsión social, solo tienen obligación de prestar sus servicios a su población protegida que son pensionados, afiliados, y beneficiarios”.
La actora —que señala que su salud se ha visto deteriorada en forma progresiva—estima que la dirección seccional de la caja violó con este proceder la obligación que tiene de proteger la salud y vida de las personas de la tercera edad. Además, manifiesta que esta decisión constituye un desacato de la orden impartida por el tribunal administrativo en la sentencia del año 1992, orden que debería ser interpretada de acuerdo con la petición de la demanda de entonces, que era la de que la prestación asistencial fuera brindada sin limitación alguna y por todo el tiempo necesario.
Solicita que se le tutelen sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, se declare la nulidad del referido Oficio 227 de 1994, por medio del cual se le suspendieron los servicios médicos, y se ordene que estos le sean reanudados en forma inmediata e ilimitada.
“En este lapso de tiempo, si nos atenemos a la disposición del artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 ya la Caja Nacional de Previsión del Chocó, ha debido solucionarle lo referente a la asistencia médica y los posibles auxilios por enfermedad. De la siguiente manera:
— Cancelándole las dos terceras partes del sueldo durante los primeros 90 días, y la mitad del mismo por 90 días siguientes. Amén de la asistencia médica necesaria en caso de enfermedad no profesional.
— En caso que la enfermedad continuara se llegaría a hacer evaluación de dicha enfermedad y su posible incapacidad.
“Por eso ordena la sentencia el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales y dado que la caja como otras instituciones entregan un pedido de reserva a las personas desvinculadas y el haberse vencido ostensiblemente, en ningún momento obliga al Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó a seguir prestando asistencia médica a la señora Celmira Waldo de Valoyes, pues su situación tanto jurídica y asistencial ha debido solucionarla la Caja de Previsión y además el fallo es claro y preciso en el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales como lo tenga determinado en este caso la Caja de Previsión.
“No está obligado el Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó a prestar asistencia a la señora Celmira Waldo de Valoyes de acuerdo al análisis que se desprende de la sentencia de febrero 14 de 1992 y la actual situación que ahora vive el Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó, pues el tiempo nos hace prever que si no está pensionada por enfermedad la citada señora, los derechos de asistencia médica hace tiempo se terminaron”.
A la pregunta del despacho acerca de si la artritis es una enfermedad degenerativa respondió que “Sí, porque produce deformidades a nivel de las articulaciones, lo cual conlleva a impotencia funcional e incapacidad funcional de las articulaciones, según el grado de evolución puede perder la capacidad laboral, si no se trata a tiempo”. Sostuvo, además, que aunque esta enfermedad no tiene consecuencias mortales, sí puede producir invalidez. Finalmente, expresó que no conocía el estado actual de la salud de la paciente.
Según el tribunal, la caja desconoció el mandato impartido por la sentencia del tribunal en 1992 y con ello vulneró el derecho a la vida de la actora. Considera que, si bien la referida sentencia no fue explícita al respecto, “las prestaciones asistenciales a que se refieren los artículos 14, 15 y 18 del Decreto 3135 de 1968 no son de optativo cumplimiento sino de obligatorio y sin limitación alguna y por el tiempo que fuere necesario, según se desprende del texto del artículo 9º del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del 3135 ya citado” (resaltado original). A continuación, transcribe el referido artículo 9º, el cual dispone:
“ART. 9º—Prestaciones. “En caso de incapacidad comprobada para trabajar motivada por enfermedad no profesional, los empleados públicos y los trabajadores oficiales tienen derecho a las siguientes prestaciones:
“a. Económica (...)
“b Asistencial, que consiste en la prestación de servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, de laboratorio y hospitalarios a que hubiere lugar sin limitación alguna y por el tiempo que fuere necesario”.
Por otro lado, no accede a la petición de la actora de declarar nulo el oficio de la caja que ordenó suspenderle el servicio médico, aún cuando ordena que aquella le siga brindando la prestación asistencial en la forma que establece la ley.
“Conocido (sic) dicho término se podrán continuar prestando los servicios médicos acordes con las necesidades de la afección cuando exista un diagnóstico favorable de curación por un lapso adicional de tres (3) meses de acuerdo con concepto médico de la subdirección médica, la división de salud ocupacional o el médico coordinador en las seccionales y agencias...”.
A continuación, expresa que los artículos 14, 15 y 18 del Decreto 3135 de 1968, que tratan sobre las prestaciones que las entidades de previsión deberán brindar a sus afiliados y sirvieron de sustento al fallo de tutela, no son aplicables al caso de la actora, puesto que ella ni está afiliada a la Caja Nacional de Previsión ni ostenta la calidad de empleada al servicio del Estado. Igualmente, precisa que la caja no está obligada a reconocerle a la actora prestaciones por concepto de invalidez, por cuanto “tampoco existió una invalidez comprobada que debe estar debidamente calificada por la división de salud de la Caja Nacional de Previsión Social, en este caso por la oficina de salud ocupacional de la seccional Chocó y avalada por la división de salud ocupacional de la oficina central”, todo de acuerdo con lo prescrito en los artículos 60 a 62 del Decreto 1848 de 1969.
El impugnante destaca que a partir del día 1º de marzo de 1996 la Caja Nacional de Previsión se rige por las normas relativas a las empresas promotoras de salud - EPS. Ello implica que ha de dar cumplimiento al artículo 209 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que “el no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho al plan de salud obligatorio. Por el período de suspensión, no se podrán causar deuda ni interés de ninguna clase”. Por consiguiente, concluye que “Cajanal EPS prestará los servicios médicos asistenciales a aquellos usuarios que estén pagando las cotizaciones según lo preceptuado en la norma anterior”.
“Una vez finalizada la relación laboral o el aporte correspondiente a la cotización en salud el trabajador y su familia gozarán del beneficio del plan obligatorio de salud hasta por cuatro (4) semanas contadas a partir de la fecha de desafiliación, siempre y cuando haya estado afiliado como mínimo los seis (6) meses anteriores a la desvinculación a la misma EPS”.
Asimismo, precisa que la misma Superintendencia Nacional de Salud manifestó en un concepto que “en estricta aplicación de la Ley 100 de 1993, sino (sic) hay cotización no hay lugar a la prestación de los servicios para las personas que se encuentren afiliadas al régimen contributivo”, y que Cajanal ofrece actualmente únicamente servicios dentro del régimen contributivo.
El director de la seccional de la Caja Nacional de Previsión concluye que la señora Waldo no tiene derecho a recibir los servicios de la Caja Nacional de Previsión, por cuanto no goza de una pensión de invalidez reconocida por autoridad competente, ni ha sido reintegrada como funcionaria a ninguna entidad estatal que reciba los servicios prestados a través de la Caja Nacional de Previsión. Asevera también que la caja sí cumplió a cabalidad el fallo del tribunal, del 14 de febrero de 1992, y que las condiciones en esta entidad han variado a partir de la conversión de la caja en una entidad promotora de salud, en el sentido de que actualmente solo son afiliadas a ella las personas “que coticen periódicamente ya como trabajadores activos, como personas pensionadas o como familiares de cualquiera de las dos anteriores”.
Finaliza con la afirmación de que “teniendo en cuenta que la señora Waldo de Valoyes no tiene en la actualidad la calidad de afiliada de esta institución, no se le podría prestar la atención médica asistencial, en razón a que Cajanal EPS no tiene rubro presupuestal para atender casos o tratamientos de personas que no sean usuarias de Cajanal EPS como en este caso. En razón de que esta entidad no es una institución de asistencia pública que recibe aportes del Estado y existe diferencias entre afiliados y vinculados al sistema general de seguridad social en salud y diferencia entre afiliados mediante el régimen contributivo y de afiliados mediante el régimen subsidiario, tal como lo consagra la Ley 100 de 1993 la Caja Nacional de Previsión Social EPS tampoco tiene rubro presupuestal para atender casos o tratamientos de personas que no sean usuarias de Cajanal EPS no pudiendo atender el caso de esta tutela que deberá hacer obligatoriamente en cumplimiento del fallo que se impugna, quedando frente a inconvenientes administrativos y presupuestales y frente a posible peculado a pesar de la orden judicial”.
Añade que dado el carácter subsidiario de la acción de tutela, esta “no puede tener la virtualidad de sustituir los recursos o acciones consagrados en la ley que proceden ante esta jurisdicción ni la de subsanar la incuria del afectado”.
Además, considera que “debe tenerse en cuenta que la actora no tiene la calidad de afiliada de la Cajanal Chocó y la afiliación es el presupuesto sine qua non para reclamar la prestación de los servicios médico asistenciales de cualquier entidad promotora de salud, calidad esta que tiene aquella a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
7. El día 31 de octubre, el Defensor del Pueblo presentó un escrito de insistencia ante esta corporación, en el que solicita seleccionar la tutela de la referencia. Contrario a lo expresado por el Consejo de Estado manifiesta que en este caso el recurso a otros mecanismos de defensa judicial “dificulta e incluso puede tornar nugatoria la protección de los derechos fundamentales”. Concluye que “es innegable la gravedad de la situación que afronta la accionante, lo que hace evidentes los perjuicios que deberá soportar como consecuencia de la conducta de la entidad accionada, y evidente, por lo tanto, la impostergabilidad de la adopción de medidas urgentes para la protección de sus derechos fundamentales vulnerados”.
1. La demandante, de 64 años de edad y quien sufre de artritis reumatoidea, considera que el acto administrativo expedido por la seccional Chocó de la Caja Nacional de Previsión —por medio del cual se le suspendieron los servicios médicos asistenciales que se le venían prestando— constituye un incumplimiento de la sentencia dictada en 1992 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en la cual se ordenó a la caja “el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales de la señora Celmira Waldo de Valoyes”. Expone que con el referido fallo se obligó a la caja a prestarle asistencia médica “sin limitación alguna y por todo el tiempo que fuere necesario”, tal como ella lo había solicitado en el escrito de demanda. Manifiesta, además, que con el referido acto administrativo se vulneró sus derechos a la salud y a la vida.
De otro lado, corresponde a las leyes organizar y regular los servicios y prestaciones económicas y sociales a cargo del Estado y, para el efecto, disponer los procedimientos que sean necesarios para acceder a los mismos y para defender los derechos de los titulares.
Dentro de cada ámbito prestacional, independientemente de su naturaleza y forma de funcionamiento, la ley debe desarrollar mecanismos de participación de los ciudadanos dirigidos a su control y fiscalización por parte de los ciudadanos.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 26
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 209