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Timestamp: 2019-10-14 09:04:18+00:00

Document:
ATC 129/2003, 28 de Abril de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 23865836
Ponente: Excms. Srs. Cachón Villar, Jiménez Sánchez y Gay Montalvo
Número de Recurso: 4234-2001
AUTO I Antecedentes
El día 23 de julio de 2001 tuvo entrada, en el Registro General del Tribunal Constitucional, demanda de amparo promovida por Don Javier Paricio Serrano contra la Sentencia número 127/1999 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el día 30 de enero de 1999 en el recurso 320/94, y contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2001, dictado en el recurso de casación número 4532/99, en el que se declara la inadmisión de los recursos de casación interpuestos contra aquella Sentencia.
Mediante resolución de 30 de septiembre de 1985, la Universidad Complutense de Madrid convocó concurso ordinario para provisión de dos plazas de Catedrático de Derecho Romano. A esa convocatoria concurrieron don Francisco Javier Paricio Serrano, don Armando José Torrent Ruiz y don Emilio Valiño del Río, entre otros. Practicado el sorteo, nombrados los miembros de la Comisión y constituida ésta el 20 de septiembre de 1986, se llevó a cabo el concurso siendo propuestos don Francisco Javier Paricio Serrano y don Armando José Torrent Ruiz.
Don Emilio Valiño del Río impugnó el acto de constitución de la Comisión, planteando recurso contencioso-administrativo que se siguió con el número 1932/87 ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este procedimiento se dictó la Sentencia 1/1992, el día 8 de enero de 1992, que anuló el acto de constitución de la Comisión de 20 de septiembre de 1986. Contra esta Sentencia se interpuso recurso de apelación, que se declaró indebidamente admitido por Auto de 10 de marzo de 1993 de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
En ejecución de la Sentencia referida se procedió a llevar a cabo el concurso, que se convocó en septiembre de 1985, constituyendo este procedimiento los antecedentes de las resoluciones que se recurren en amparo.
La Universidad Complutense de Madrid dictó resolución el 30 de abril de 1993 manteniendo provisionalmente en sus puestos y funciones a don Francisco Javier Paricio Serrano y a don Armando José Torrent Ruiz.
Se procedió a nuevo nombramiento de Comisión, contra la que se formularon recusaciones que fueron desestimadas, y se constituyó la Comisión el 10 de abril de 1993. Al concurso se presentaron don Francisco Javier Paricio Serrano, don Armando José Torrent Ruiz, don Manuel García Garrido y don Pelayo de la Rosa Díaz. La Comisión propuso a don Francisco Javier Paricio Serrano y a don Armando José Torrent Ruiz para la provisión de las dos plazas de Catedrático, con los votos del Presidente de la Comisión, Sr. Daza Martínez, y de dos de los Vocales, Sres. Murga Gener y Fernández Barreiro. Contra esta propuesta reclamó don Manuel García Garrido, siendo desestimada su reclamación por la Comisión de Reclamaciones el 2 de febrero de 1994. La Universidad Complutense de Madrid, mediante resolución de 8 de febrero de 1994, nombró Catedráticos a don Francisco Javier Paricio Serrano y a don Armando José Torrent Ruiz.
Don Manuel García Garrido interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria de 2 de febrero de 1994 de la Comisión de reclamaciones. El recurso se siguió con en número 320/94 ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En este procedimiento se dictó la Sentencia 127/1999, el día 30 de enero de 1999, en la que se estimó la existencia de enemistad manifiesta entre el Presidente de la Comisión, Sr. Daza Martínez, y el recurrente, don Manuel García Garrido, en atención a que el Sr. Daza Martínez había recusado en 1989 al Sr. García Garrido por enemistad manifiesta en un concurso al que concurrió, en el que el Presidente de la Comisión era el Sr. García Garrido, y, asimismo, con fundamento en que el Sr. García Garrido, en un procedimiento penal en que era querellante, había recusado en 1991 por enemistad manifiesta al Sr. Daza Martínez como perito propuesto por el querellado, recusación que fue estimada mediante el correspondiente Auto. También se estimó, en esta Sentencia, la existencia de amistad íntima entre los Vocales Sres. Murga Gener y Fernández Barreiro y don Francisco Javier Paricio Serrano, así como la existencia de interés por parte del Sr. Fernández Barreiro en que el Sr. Paricio Serrano fuese nombrado Catedrático, por ser coautores de un libro de texto de Derecho Romano. De todas formas, añade la Sentencia, "la sola estimación de la recusación del Presidente invalidaría el proceso selectivo, pues éste otorgó uno de los tres votos que obtuvieron los nombrados y que fue decisivo para obtener el mínimo necesario legal de tres votos a favor". En consecuencia, en la Sentencia se resuelve que "debemos anular y anulamos la citada resolución por ser contraria al ordenamiento jurídico dejando sin efecto los nombramientos de don Javier Paricio Serrano y de don Armando Torrent Ruiz, así como todas las actuaciones de la Comisión que juzgó el Concurso desde el incorrecto nombramiento de su Presidente y de los Vocales Sres. Fernández Barreiro y Murga Gener; y en su virtud, reponemos el procedimiento administrativo al trámite en que se produjo la infracción a fin de que previo nombramiento de una nueva Comisión de valoración (integrada en su totalidad por miembros distintos) se desarrolle el proceso de selección hasta su conclusión en legal forma". En la Sentencia se indicaba que contra ella cabía interponer recurso de casación preparándolo en el plazo de diez días.
En el plazo indicado don Francisco Javier Paricio Serrano preparó recurso de casación, manifestando "que este recurso de casación se interpondrá fundado en el motivo cuarto (infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional."
El Auto en que la Sección declaró tener por preparado el recurso de casación fue recurrido por don Manuel García Garrido en súplica, alegando tener 70 años y que se trata de una cuestión de personal, por lo que es aplicable el artículo 86.2 a) LRJCA 28/1999. Este recurso se desestimó por entender que el supuesto está incluido en la excepción que señala el mismo artículo, por afectar al nacimiento de una relación de servicios de funcionario de carrera como Catedrático.
Mediante escrito fechado el 3 de enero de 2000, don Javier Paricio Serrano interpuso recurso de casación contra la Sentencia 127/99 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este escrito, tras exponer los antecedentes y los requisitos generales, se extiende en la impugnabilidad en casación, argumentando sobre que se trata de una cuestión que afecta al nacimiento de la relación de servicio de funcionario, y formula dos motivos de casación: el primero por infracción del artículo 28.2 c) de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 6.11 del R.D. 1888/1984, contra la estimación de enemistad manifiesta entre los Sres. Daza Martínez y García Garrido; y el segundo por infracción del art. 20.2 c) LPA en relación con la amistad íntima entre el Sr. Paricio Serrano y los Sres. Fernández Barreiro y Murga Gener. No hace referencia al interés, afirmado por la Sentencia recurrida, del Sr. Fernández Barreiro en que el Sr. Paricio Serrano fuese nombrado Catedrático, ni hay ninguna referencia a la infracción de derechos fundamentales, ni como motivo de casación específico ni en la argumentación de los motivos que se incluyeron en el recurso.
El recurso de casación se tramitó con el núm. 4532/99 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que el día 5 de febrero de 2001 dictó providencia conforme al artículo 93.3 LRJCA poniendo de manifiesto las posibles causas de inadmisibilidad de tratarse de cuestión de personal art. 86.2 a) LRJCA y de incumplimiento del requisito establecido en el art. 89.2 LRJCA. En escrito presentado el 23 de febrero de 2001 don Javier Paricio Serrano mantiene que, aun cuando se trate de cuestiÃ³n de personal, se estÃ¡ en la excepciÃ³n de nacimiento de relaciÃ³n funcionarial, con referencia al derecho a la tutela judicial efectiva en su aspecto de acceso al recurso, que podrÃ­a resultar vulnerado si no se admite el recurso de casaciÃ³n; en cuanto a la segunda causa defiende que todas las normas que se han alegado y tratado en el proceso son de derecho estatal, por lo que un requisito formal no puede impedir el derecho fundamental de acceso al recurso, y entiende la providencia como trÃ¡mite de subsanaciÃ³n, y que, una vez interpuesto el recurso de casaciÃ³n, queda claro que todas las normas invocadas son estatales, lo que lleva a excluir la necesidad de cualquier juicio de relevancia.
Mediante Auto de 11 de junio de 2001 la SecciÃ³n Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acuerda declarar la inadmisibilidad del recurso de casaciÃ³n interpuesto. En el razonamiento jurÃ­dico segundo afirma que "la materia controvertida es cuestiÃ³n de personal", y que "no afecta al nacimiento de la relaciÃ³n de servicio de un funcionario de carrera, puesto que esa condiciÃ³n de funcionario de carrera ya existe al constituir un requisito del concurso examinado ..., pues el Sr. Paricio Serrano era entonces Profesor titular de Universidad y el Sr. Torrent Ruiz era ya CatedrÃ¡tico de Universidad", con cita de resoluciones anteriores en el mismo sentido, aÃ±adiendo que "la previa condiciÃ³n de Profesor titular del recurrente exigida en el art. 38 LO 11/1983, implica que el vÃ­nculo funcionarial era ya preexistente, teniendo en realidad el concurso el significado de una promociÃ³n, y no de una constituciÃ³n ex novo de la relaciÃ³n funcionarial, que es el supuesto al que se refiere la citada doctrina jurisprudencial, no aplicable en casos como el actual, en el que los concursantes son ya funcionarios", y recuerda que "la exclusiÃ³n de las cuestiones de personal es materia de orden pÃºblico cuyo examen y control corresponde en Ãºltimo tÃ©rmino a Ã©ste Tribunal, a tenor de lo establecido en el artÃ­culo 93.2 a) LRJCA." En el razonamiento jurÃ­dico tercero manifiesta que tambiÃ©n concurre la otra causa de inadmisiÃ³n "al no haberse justificado en los escritos de preparaciÃ³n que la infracciÃ³n de una norma estatal o comunitaria europea haya sido relevante y determinante del fallo de la Sentencia", precisando que en los escritos de preparaciÃ³n ni siquiera se mencionan la normas que se reputan infringidas, por lo que conforme a reiterada doctrina de la Sala, ha de apreciarse la existencia de esta causa de inadmisibilidad del recurso.
La demanda de amparo solicita la declaraciÃ³n de nulidad del Auto de 11 de junio de 2001 de la SecciÃ³n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por infringir el derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artÃ­culo 24.1 CE, en su aspecto de acceso a los recursos ordinarios establecidos por la ley, al hacer "una interpretaciÃ³n arbitraria y manifiestamente infundada del art. 86.2 y los arts. 86.4 y 89.1 y, consiguientemente, el artÃ­culo 93 in totum, todos de LJ". Cita la STC 220/2000, en su FJ 2, manifestando que su caso se acomoda al que se trataba en ella, y afirma la relevancia constitucional de la denegaciÃ³n de recursos "si se impide el acceso a las instancias supraordenadas con obstÃ¡culos indebidos o por denegaciÃ³n injustificada, no explicada o debida a un error patente imputable al Ã³rgano judicial". Seguidamente argumenta que se trata de un supuesto de nacimiento de la relaciÃ³n de servicio, y que el requisito del artÃ­culo 89.2 LJCA no es exigible en su caso, porque todas las normas que se adujeron en el proceso eran de carÃ¡cter estatal.
TambiÃ©n solicita la nulidad de la Sentencia nÃºm. 127/99 de la SecciÃ³n Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el dÃ­a 30 de enero de 1999, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivaciÃ³n y por motivaciÃ³n arbitraria e irracional, en relaciÃ³n con la apreciaciÃ³n de la enemistad manifiesta entre el Presidente de la ComisiÃ³n, Sr. Daza MartÃ­nez, y el Sr. GarcÃ­a Garrido, y con la apreciaciÃ³n de amistad Ã­ntima entre el Sr. Paricio Serrano y los Sres. Murga Gener y FernÃ¡ndez Barreiro, recogiendo los argumentos empleados en el recurso de casaciÃ³n y afirmando la repercusiÃ³n en el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos pÃºblicos.
Mediante providencia de 11 de febrero de 2002 la SecciÃ³n Cuarta de este Tribunal acordÃ³, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 de la Ley OrgÃ¡nica del Tribunal Constitucional, conceder a la parte demandante de amparo y al Ministerio PÃºblico el plazo comÃºn de diez dÃ­as para que formulasen alegaciones en relaciÃ³n con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c)].
La representaciÃ³n procesal de don Javier Paricio Serrano formulÃ³ alegaciones el dÃ­a 2 de marzo de 2002, insistiendo en la argumentaciÃ³n ya vertida en el escrito de demanda e interesando, en consecuencia, la admisiÃ³n a trÃ¡mite del recurso de amparo.
El Ministerio PÃºblico formulÃ³ alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el dÃ­a 8 de marzo de 2002 interesando la inadmisiÃ³n del presente recurso de amparo. Tras exponer la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos, razona que la consideraciÃ³n de si un determinado asunto de personal afecta o no al nacimiento o extinciÃ³n de la relaciÃ³n de servicio es cuestiÃ³n de legalidad ordinaria ajena al recurso de amparo, reduciÃ©ndose su significado a la mera discrepancia del actor con el criterio del Ã³rgano judicial, al cual no puede reprochÃ¡rsele arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente en su resoluciÃ³n. En segundo tÃ©rmino, recogiendo la doctrina sentada en el ATC 3/2000, entiende que tampoco vulnera el derecho invocado la apreciaciÃ³n por el Tribunal Supremo como insubsanable del requisito de que en el escrito de preparaciÃ³n del recurso de casaciÃ³n se cite la norma de carÃ¡cter estatal en cuya vulneraciÃ³n se habrÃ­a de fundar el recurso y de razonar su carÃ¡cter relevante y determinante en el fallo impugnado.
Por lo que se refiere a las vulneraciones de derechos fundamentales que se imputan a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal opone falta de invocaciÃ³n previa en la vÃ­a judicial [art. 44.1.c) LOTC], pues en el recurso de casaciÃ³n no se adujo la vulneraciÃ³n de derechos fundamentales. En cualquier caso, no se aprecia irrazonabilidad en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la apreciaciÃ³n de una enemistad manifiesta como causa de recusaciÃ³n del Presidente de la ComisiÃ³n de evaluaciÃ³n del proceso selectivo impugnado en la vÃ­a judicial, pues se basa en la acreditada recusaciÃ³n mutua en fechas prÃ³ximas, siendo este el motivo esencial por el que, segÃºn la propia Sentencia, se estimÃ³ el recurso contencioso-administrativo.
Finalmente, la aducida vulneraciÃ³n del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos pÃºblicos (art. 23.1 CE) la encuentra el Fiscal carente de fundamento, pues no se ha acreditado la existencia de una desigualdad entre el recurrente en amparo y otras personas concursantes, ni se aprecia la arbitrariedad y falta de razonabilidad de la Sentencia en que don Javier Paricio Serrano encuadra la pretendida lesiÃ³n del derecho fundamental contenido en el art. 23.2 CE, al que, por otra parte, no se ha referido en ningÃºn momento anterior al recurso de amparo que ahora interpone.
En el presente recurso de amparo se impugna el Auto del Tribunal Supremo que inadmitiÃ³ el recurso de casaciÃ³n deducido contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la propuesta de la ComisiÃ³n de valoraciÃ³n de una plaza de CatedrÃ¡tico de Derecho Romano de la Universidad Complutense de Madrid, asÃ­ como esta misma Sentencia.
Comenzaremos por analizar si el Auto del Tribunal Supremo por el que se inadmite el recurso de casaciÃ³n vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos. A tal efecto conviene recordar que el escrito de prepariciÃ³n del recurso de casaciÃ³n deducido contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en lo que ahora interesa, decÃ­a literalmente "que el recurso de casaciÃ³n se interpondrÃ¡ fundado en el motivo cuarto (infracciÃ³n de las normas del ordenamiento jurÃ­dico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate) del artÃ­culo 88 de la Ley Jurisdiccional". Pues bien, el Auto impugnado apreciÃ³ que tal escrito incumplÃ­a los requisitos establecidos para el escrito de preparaciÃ³n del recurso de casaciÃ³n en los arts. 86.4 y 89.2 de la Ley reguladora de la JurisdicciÃ³n contencioso-administrativa a la sazÃ³n vigente, segÃºn los cuales "las Sentencias que, siendo susceptibles de casaciÃ³n por aplicaciÃ³n de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sÃ³lo serÃ¡n recurribles en casaciÃ³n si el recurso pretende fundarse en infracciÃ³n de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala Sentenciadora", lo cual habrÃ¡ de justificarse en el escrito de preparaciÃ³n del recurso.
En estas condiciones no cabe sino aplicar la doctrina constante de este Tribunal (iniciada en los ATC 2/2000 y 3/2000, ambos de 10 de enero) segÃºn la cual, en supuestos como el que nos ocupa, la apreciaciÃ³n de esta causa de inadmisiÃ³n del recurso de casaciÃ³n no vulnera el derecho al acceso a los recursos integrado en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sin que tal conclusiÃ³n se vea alterada por el hecho de que en el momento de apreciarse la causa de inadmisiÃ³n el recurrente en casaciÃ³n hubiese formalizado ya el recurso y, por tanto, fuese posible conocer los motivos precisos en los que tal recurso se fundaba, pues la calificaciÃ³n del requisito estudiado como insubsanable ha sido considerada constitucionalmente lÃ­cita (STC 230/2001, de 26 de noviembre). En tal sentido resulta ilustrativa tambiÃ©n la STC 89/2002, de 22 de abril de 2002, a la que nos remitimos en evitaciÃ³n de innecesarias reiteraciones.
La conclusiÃ³n de que la inadmisiÃ³n del recurso de casaciÃ³n con fundamento en la causa acabada de estudiar no lesiona el derecho fundamental invocado hace innecesario el estudio de si la primera de las causas de inadmisiÃ³n (la irrecurribilidad de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia por tratarse de cuestiÃ³n de personal que no afecta al nacimiento o extinciÃ³n de la relaciÃ³n de servicio de los funcionarios de carrera) supera el canon de enjuiciamiento a que nos venimos refiriendo. Al mismo tiempo pone en evidencia que fue el incumplimiento de los requisitos legalmente previstos lo que impidiÃ³ al Tribunal Supremo pronunciarse sobre las vulneraciones de derechos fundamentales que puedan imputarse a la resoluciÃ³n del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia la demanda de amparo adolece, respecto de las quejas deducidas contra esta Ãºltima Sentencia, de falta de agotamiento de la vÃ­a judicial previa, pues, como venimos reiterando (Ãºltimamente en la STC 214/2002, de 11 de noviembre de 2002) "la exigencia de agotamiento de la vÃ­a judicial previa (art. 44.1.a LOTC) tiene por objeto preservar el carÃ¡cter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicciÃ³n constitucional se produzca per saltum, esto es, sin dar oportunidad a los Ã³rganos judiciales de pronunciarse, y, en definitiva, de remediar la lesiÃ³n que luego se invoca, pues son ellos quienes tienen encomendada en nuestro sistema constitucional la tutela general de los derechos y libertades (STC 61/1983, de 11 de julio, FJ 2). Por consiguiente el agotamiento de la vÃ­a judicial ordinaria se malogra cuando no se hace uso de los recursos que son razonablemente exigibles a la parte, y tambiÃ©n cuando, aun haciendo valer los recursos exigibles, el modo de su utilizaciÃ³n priva a los Ã³rganos judiciales de la efectiva posibilidad de reparar la vulneraciÃ³n del derecho fundamental (SSTC 85/1999, de 10 de mayo, FJ 5; 110/2001, de 7 de mayo, FJ 1). AsÃ­ pues la exigencia de agotar la vÃ­a judicial previa no es en modo alguno una formalidad cuya eficacia real pueda ser debilitada por una interpretaciÃ³n decididamente antiformalista del precepto que la contiene, sino que se trata de un elemento esencial en el sistema de articulaciÃ³n de la jurisdicciÃ³n constitucional con la jurisdicciÃ³n ordinaria, cuyo exacto cumplimiento resulta indispensable para preservar el Ã¡mbito que al Poder Judicial reserva la ConstituciÃ³n (art. 117.3 CE) y para no desnaturalizar tampoco la funciÃ³n jurisdiccional propia de este Tribunal como intÃ©rprete supremo de la ConstituciÃ³n (art. 1 LOTC; SSTC 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 128/2002, de 3 de junio, FJ 2)".
Para concluir con el anÃ¡lisis de los reproches efectuados a la resoluciÃ³n del Tribunal Superior de Justicia no puede desconocerse, tal como advierte el Ministerio PÃºblico, que en el escrito de interposiciÃ³n del recurso de casaciÃ³n no se contiene alegaciÃ³n alguna sobre vulneraciÃ³n de derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional. La impugnaciÃ³n casacional se desenvuelve en estrictos tÃ©rminos de legalidad ordinaria, negando que, atendidas las circunstancias del caso (esencialmente el reducido nÃºmero de quienes pueden aspirar a una cÃ¡tedra de la disciplina a que se hace referencia en el supuesto y el de quienes pueden formar parte de los Ã³rganos de selecciÃ³n), concurriese la causa de recusaciÃ³n que el Tribunal Superior de Justicia apreciÃ³ en su Sentencia estimatoria del recurso. En consecuencia, la falta de invocaciÃ³n del derecho fundamental en la vÃ­a judicial previa harÃ­a, si fuesen superables los obstÃ¡culos a que hemos aludido, que la demanda fuese igualmente inadmisible respecto de las vulneraciones imputadas a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con el art. 50.1 a) y c) de la Ley OrgÃ¡nica del Tribunal Constitucional, la SecciÃ³n
La inadmisiÃ³n de la demanda de amparo y el archivo de las actuaciones.
NotifÃ­quese a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal.
STS 177/1999, 27 de Febrero de 1999
SAP Valencia 46250370072007100274, 23 de Marzo de 2007
STSJ Galicia 1075/2011, 19 de Octubre de 2011
SAP Las Palmas 436/2005, 12 de Septiembre de 2005
STSJ País Vasco 201/2015, 27 de Enero de 2015

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 86
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 93