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Timestamp: 2018-11-15 21:53:18+00:00

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Derechos especiales de giro (DEG) – Turismo y Derecho
7 mayo, 2018 12 junio, 2018 gusfer	DEG, Derecho Especial de Giro, XDR
La tasa de interés del DEG constituye la base para calcular los intereses que se cobran a los países miembros que obtienen préstamos y los intereses que se pagan a los países miembros por el uso de sus recursos para la concesión de préstamos del FMI ordinarios (no concesionarios). La tasa es asimismo el interés que se paga a los países miembros por sus tenencias de DEG y que se les cobran por su asignación de DEG. La tasa de interés del DEG se determina semanalmentey se basa en el promedio ponderado de las tasas de interés representativas de los instrumentos de deuda a corto plazo en los mercados de dinero de las monedas que integran la cesta de valoración del DEG.
Asignaciones de DEG a los países miembros
En virtud de su Convenio Constitutivo (Artículo XV, Sección 1, y Artículo XVIII), el FMI puede asignar DEG a los países miembros en proporción a sus cuotas en el FMI. Dicha asignación ofrece a cada país miembro un activo de reserva internacional incondicional que no le implica costo alguno. El mecanismo de DEG se autofinancia y aplica cargos sobre las asignaciones, que posteriormente serán utilizados para pagar los intereses sobre las tenencias de DEG. Si un país miembro no utiliza sus tenencias de DEG, los cargos serán iguales a los intereses recibidos. Sin embargo, si las tenencias de DEG de un país miembro superan el nivel asignado, este devenga intereses sobre el excedente. A la inversa, si mantiene un nivel inferior al asignado paga intereses sobre el déficit. El Convenio Constitutivo también permite la cancelación de DEG, pero esa disposición no se ha empleado nunca.
El Convenio Constitutivo del FMI admite la posibilidad de autorizar que, además de los países miembros, sean autorizados como tenedores de derechos especiales de giro ciertos tipos de organismos oficiales como el BPI, el BCE y algunos bancos regionales de desarrollo. Un tenedor autorizado puede adquirir y utilizar DEG en transacciones y operaciones con otros tenedores autorizados y países miembros del FMI. El FMI no puede asignarse DEG a sí mismo ni asignárselos a tenedores autorizados.
Las asignaciones generales de DEG deben basarse en una necesidad mundial y a largo plazo de complementar los activos de reserva existentes. Las decisiones sobre asignaciones generales se toman por períodos básicos sucesivos de hasta cinco años (el último informe data de junio de 2016), aunque las asignaciones generales de DEG se han efectuado solo en tres ocasiones. La primera asignación, por un total de DEG 9.300 millones, se distribuyó en 1970-72; la segunda, por DEG 12.100 millones, se distribuyó en 1979–81; y la tercera, por DEG 161.200 millones, se efectuó el 28 de agosto de 2009.
Por otro lado, la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo entró en vigor el 10 de agosto de 2009 y contemplaba una asignación especial y extraordinaria de DEG 21.500 millones. El propósito de la Cuarta Enmienda era permitir que todos los países miembros del FMI participaran en el sistema de DEG de manera equitativa y corregir el hecho de que los países que ingresaron en el FMI después de 1981 —es decir, más de una quinta parte del total actual— nunca recibieron una asignación de DEG hasta 2009.
Tras la asignación especial y la general de 2009, el total acumulativo de DEG asignados ascendió a DEG 204.100 millones.
Compraventa de DEG
Los países miembros a menudo necesitan comprar DEG para cumplir con sus obligaciones ante el FMI, o pueden optar por venderlos para ajustar la composición de sus reservas. El FMI puede actuar como intermediario entre estos países y los tenedores autorizados para asegurar que los DEG se puedan canjear por monedas de libre uso. Durante más de dos décadas, el mercado de DEG funcionó mediante acuerdos de intercambio voluntarios, en virtud de los cuales un grupo de países miembros y un tenedor autorizado se ofrecían a comprar o vender DEG dentro de determinados límites establecidos en el marco de sus respectivos acuerdos. Después de las asignaciones de DEG de 2009, se ampliaron el número y el volumen de los acuerdos voluntarios para mantener la liquidez del mercado de DEG. El número de acuerdos de intercambio voluntario de DEG asciende en este momento a 32, incluidos 19 acuerdos nuevos desde la asignación de 2009.
Desde septiembre de 1987, las transacciones voluntarias han asegurado la liquidez de los DEG. Sin embargo, en caso de que no haya suficiente capacidad para acuerdos de intercambio voluntarios, el FMI puede activar el mecanismo de designación. mediante el cual designa a países miembros con una posición externa suficientemente sólida para comprar DEG a cambio de monedas de libre uso, hasta determinadas cantidades, a países miembros con una posición externa débil. Este mecanismo garantiza la liquidez y el carácter de activo de reserva de los DEG.
Indemnización en caso de muerte o lesiones de los pasajeros
1. Respecto del daño previsto en el artículo 21 que exceda de los 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, el transportista no podrá excluir ni limitar su responsabilidad.
2. El transportista no será responsable del daño previsto en el párrafo 1 del artículo en la medida en que exceda de 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, sí prueba que:
a) el daño no se debió a la negligencia u otra acción u omisión indebida del transportista o sus dependientes o agentes; o
b) el daño se debió únicamente a la negligencia u otra acción u omisión indebida de un tercero.
Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga
2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero, a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor de la entrega en el lugar de destino para el pasajero.
3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 17 derechos especiales de giro por kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al transportista al entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el expedidor.
4. En caso de destrucción, pérdida avería o retraso de una parte de la carga o de cualquier objeto que ella contenga, para determinar la suma que constituye el límite de responsabilidad del transportista solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto o de los bultos afectados. Sin embargo cuando la destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte el valor de otros bultos comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo, o si no se hubiera extendido ninguno de esos documentos, en la misma constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 4, para determinar el límite de responsabilidad se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos.
5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en el caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en ejercicio de sus funciones.
6. Los límites prescriptos en el artículo 21 y en este artículo no obstarán para que el tribunal acuerde además, de conformidad con su propia ley, una suma que corresponda a todo o parte de las costas y otros gastos de litigio en que haya incurrido el demandante, inclusive intereses. La disposición anterior no regirá cuando el importe de la indemnización acordada, con exclusión de las costas y otros gastos de litigio no exceda de la suma que el transportista haya ofrecido por escrito al demandante dentro de un período de seis meses contados a partir del hecho que causó el daño, o antes de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior.
Conversión de las unidades monetarias
1. Se considerará que las sumas mencionadas en derechos especiales de giro mencionadas en el presente Convenio se refieren a los derechos especiales de giro definidos por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de los mismos en las monedas nacionales, en el caso de procedimientos judiciales, se hará conforme al valor de dichas monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, en la moneda nacional de un Estado parte que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme al método de valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de un Estado parte que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará en la forma determinada por dicho Estado.
2. Sin embargo, los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional y cuya legislación no permita aplicar las disposiciones del, párrafo 1 de este artículo podrán declarar, en el momento de la ratificación o de la adhesión o ulteriormente, que el límite de responsabilidad prescripto en el artículo 21 se fija en la cantidad de 1.500.000 unidades monetarias por pasajero en los procedimientos judiciales seguidos en sus territorios; 62.500 unidades monetarias por pasajero con respecto al párrafo 1 del artículo 22; 15 unidades monetarias por pasajero con respecto al párrafo 2 del artículo 22 y 250 unidades por kilogramo con respecto al párrafo 3 del artículo 22. Esta unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de oro con ley de novecientas milésimas. Estas sumas podrán convertirse en la moneda nacional de que se trate en cifras redondas. La conversión de estas sumas en moneda nacional se efectuará conforme a la ley del Estado interesado.
3. El cálculo mencionado en la última oración del párrafo 1 de este artículo y el método de conversión mencionado en el párrafo 2 de este artículo se harán de forma tal que se expresen en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor real para las sumas de los artículos 21 y 22 que el que resultaría de la aplicación de las tres primeras oraciones del párrafo 1 de este artículo. Los Estados Partes comunicarán al Depositario el método para hacer el cálculo con arreglo al párrafo 1 de este artículo o los resultados de la conversión del párrafo 2 de este artículo, según sea el caso, al depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o de adhesión al mismo y cada vez que haya un cambio respecto a dicho método o a sus resultados.
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References: artículo 21
 artículo 4
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22