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Timestamp: 2020-01-18 20:52:27+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2001-24515
Documento BOE-A-2001-24515
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2001, páginas 49400 a 49425 (26 págs.)
https://www.boe.es/eli/es/lo/2001/12/21/6
El sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en los últimos veinticinco años ; cambios impulsados por la aceptación por parte de nuestras Universidades de los retos planteados por la generación y transmisión de los conocimientos científicos y tecnológicos. Nuestra sociedad confía hoy más que nunca en sus Universidades para afrontar nuevos retos, los derivados de la sociedad del conocimiento en los albores del presente siglo.
Desde esta perspectiva, se diseña la moderna arquitectura normativa que reclama el sistema universitario español para mejorar su calidad docente, investigadora y de gestión ; fomentar la movilidad de estudiantes y profesores ; profundizar en la creación y transmisión del conocimiento como eje de la actividad académica ; responder a los retos derivados tanto de la enseñanza superior no presencial a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como de la formación a lo largo de la vida, e integrarse competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo que se está comenzado a configurar.
Todos somos conscientes de que los cambios sociales operados en nuestra sociedad están estrechamente relacionados con los que tienen lugar en otros ámbitos de actividad. Así, la modernización del sistema económico impone exigencias cada vez más imperativas a los sectores que impulsan esa continua puesta al día ; y no podemos olvidar que la Universidad ocupa un lugar de privilegio en ese proceso de continua renovación, concretamente en los sectores vinculados al desarrollo cultural, científico y técnico. Es por esto por lo que nuestras Universidades necesitan incrementar de manera urgente su eficacia, eficiencia y responsabilidad, principios todos ellos centrales de la propia autonomía universitaria.
Estos nuevos escenarios y desafíos requieren nuevas formas de abordarlos y el sistema universitario español está en su mejor momento histórico para responder a un reto de enorme trascendencia: articular la sociedad del conocimiento en nuestro país ; con esta Ley se pretende dotar al sistema universitario de un marco normativo que estimule el dinamismo de la comunidad universitaria, y se pretende alcanzar una Universidad moderna que mejore su calidad, que sirva para generar bienestar y que, en función de unos mayores niveles de excelencia, influya positivamente en todos los ámbitos de la sociedad.
La Ley establece una nítida distinción entre las funciones de gobierno, representación, control y asesora miento, correspondiendo cada una de éstas a un órgano distinto en la estructura de la Universidad. Igualmente, se refuerzan los procesos ejecutivos de toma de decisiones por parte del Rector y del Consejo de Gobierno, y se establecen esquemas de coparticipación y corresponsabilidad entre sociedad y Universidad ; para ello, respetando la autonomía de las Universidades, se completan las competencias del Consejo Social para que pueda asumir la supervisión de todas las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios.
Una de las principales innovaciones de la Ley viene dada por la introducción en el sistema universitario de mecanismos externos de evaluación de su calidad, conforme a criterios objetivos y procedimientos transparentes. Para ello se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación que, de manera independiente, desarrollará la actividad evaluadora propia de sistemas universitarios avanzados y tan necesaria para medir el rendimiento del servicio público de la enseñanza superior y reforzar su calidad, transparencia, cooperación y competitividad. La Agencia evaluará tanto las enseñanzas como la actividad investigadora, docente y de gestión, así como los servicios y programas de las Universidades ; su trabajo proporcionará una información adecuada para la toma de decisiones, tanto a los estudiantes a la hora de elegir titulaciones o centros como a los profesores y a las Administraciones públicas al elaborar las políticas educativas que les corresponden.
La Ley realza la importancia presente, y sobre todo futura, que la investigación tiene como factor diferenciador y de calidad en el desarrollo competitivo de la Universidad ; y reconoce, al mismo tiempo, el positivo impacto de la actividad científica en la sociedad, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la creación de riqueza.
Así, la Ley establece un sistema de selección más abierto, competitivo y transparente, que mejorará la calidad a través de un proceso de habilitación que otorga prioridad a los méritos docentes e investigadores de los candidatos, garantiza la objetividad en las pruebas de selección del profesorado y respeta la autonomía de las
Universidades al establecer éstas los procedimientos de acceso a los cuerpos docentes, según su programación y necesidades, de los profesores que hayan sido habilitados.
Se da la máxima flexibilidad para que las Universidades puedan desarrollar su política de profesorado y planificar adecuadamente sus necesidades docentes e investigadoras ; en este sentido, se posibilita la contratación de hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento del total el porcentaje de profesores contratados, cuya regulación y régimen jurídico serán competencia de las Comunidades Autónomas, correspondiéndose así los instrumentos financieros de los que son responsables con los normativos que ahora asumen.
La infracción de lo previsto en los párrafos anteriores supondrá una modificación de las condiciones esenciales del reconocimiento o de la aprobación de la adscripción.
Artículo 8. Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas.
4. Mediante convenio, podrán adscribirse a Universidades públicas, como Institutos Universitarios de Inves tigación, instituciones o centros de investigación de carácter público o privado. La aprobación de la adscripción o, en su caso, desadscripción se hará por la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social o bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo y, en todo caso, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
2. Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios ; promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria, a cuyo fin podrá disponer de la oportuna información de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
2. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, el Secretario general y el Gerente, y un máximo de cincuenta miembros de la propia comunidad universitaria. De éstos, el 30 por ciento será designado por el Rector ; el 40 por ciento elegido por el Claustro, de entre sus miembros, reflejando la composición de los distintos sectores del mismo, y el 30 por ciento restante elegido o designado de entre Decanos de Facultad, Directores de Escuela y Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación, según establezcan los Estatutos. Además, serán miembros del Consejo de Gobierno, tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la propia comunidad universitaria.
1. El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Estará formado por el Rector, que lo presidirá, el Secretario general y el Gerente, y un máximo de trescientos miembros.
Le corresponde la elaboración de los Estatutos y las demás funciones que le atribuye la presente Ley.
2. El Claustro, con carácter extraordinario, podrá convocar elecciones a Rector a iniciativa de un tercio de sus miembros y con la aprobación de dos tercios.
La aprobación de la iniciativa llevará consigo la disolución del Claustro y el cese del Rector que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector. El procedimiento será establecido por los Estatutos.
1. El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos.
Le corresponden cuantas competencias no sean expresamente atribuidas a otros órganos.
3. El voto para la elección del Rector será ponderado, por sectores de la comunidad universitaria:
profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investigador, estudiantes, y personal de administración y servicios.
En todo caso, el voto conjunto de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios tendrá el valor de, al menos, el cincuenta y uno por ciento del total del voto a candidaturas válidamente emitido por la comunidad universitaria.
Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas y aplicadas las ponderaciones contempladas en este apartado y concretadas por los Estatutos.
Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos más apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones.
Los Decanos de Facultad y Directores de Escuela ostentan la representación de sus centros y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria de los mismos.
Serán elegidos, en los términos establecidos por los Estatutos, entre profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios adscritos al respectivo centro.
2. El Pleno, presidido por el Presidente del Consejo de Coordinación Universitaria o miembro del mismo en quien delegue, tendrá las siguientes funciones: elaborar el Reglamento del Consejo y elevarlo al Ministro de Educación, Cultura y Deporte para su aprobación por el Gobierno ; proponer, en su caso, las modificaciones a dicho Reglamento ; elaborar la memoria anual del Consejo, y aquellas otras que se determinen en su Reglamento.
2. Los objetivos señalados en el apartado anterior se cumplirán mediante la evaluación, certificación y acreditación de:
Artículo 39. La investigación, función de la Universidad.
La oferta de plazas se comunicará al Consejo de Coordinación Universitaria para su estudio y determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas, que será publicada en el "Boletín Oficial del Estado".
SECCIÓN 1.ª DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO
Los profesores ayudantes doctores serán contratados entre Doctores que, durante al menos dos años, no hayan tenido relación contractual, estatutaria o como becario en la Universidad de que se trate, y acrediten haber realizado durante ese período tareas docentes y/o investigadoras en centros no vinculados a la misma.
Desarrollarán tareas docentes y de investigación, con dedicación a tiempo completo, por un máximo de cuatro años improrrogables.
2. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión.
Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.
SECCIÓN 2.ª DEL PROFESORADO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente e investigadora.
Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias tendrán plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, también plena capacidad investigadora.
Artículo 57. Habilitación nacional.
2. La convocatoria de pruebas de habilitación será efectuada por el Consejo de Coordinación Universitaria y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Los concursos de acceso serán convocados por la Universidad y publicados en el "Boletín Oficial del Estado" y en el de la Comunidad Autónoma. Serán resueltos, en cada Universidad, por una Comisión constituida a tal efecto, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos.
Las Comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento. Los nombramientos, cuyo número no podrá exceder al de plazas convocadas a concurso, serán efectuados por el Rector, inscritos en el correspondiente Registro de Personal, publicados en el "Boletín Oficial del Estado" y en el de la Comunidad Autónoma, y comunicados al Consejo de Coordinación Universitaria.
1. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el marco general en el que habrán de impartirse en España enseñanzas conducentes a la obtención de títulos extranjeros de educación superior universitaria, así como las condiciones que habrán de reunir los centros que pretendan impartir tales enseñanzas.
En las directrices generales de los planes de estudios a que se refiere el apartado 1 del artículo 34, el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá las condiciones para el paso de un ciclo a otro de aquéllos en que se estructuran los estudios universitarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 y el apartado 2 del artículo 88, así como para el acceso a los distintos ciclos desde enseñanzas o titulaciones universitarias o no universitarias que hayan sido declaradas equivalentes a las universitarias a todos los efectos.
3. Las Comunidades Autónomas o los registros públicos dependientes de las mismas tendrán que dar traslado al Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas, de la inscripción de las Universidades privadas. En dicho Registro habrá de quedar constancia de la persona o personas, físicas o jurídicas, promotoras o que, en su caso, ostenten algún tipo de titularidad sobre la Universidad privada en cuanto persona jurídica, de los cambios que se efectúen en relación con las mismas, así como de las alteraciones que puedan producirse en la naturaleza y estructura de la Universidad privada en cuanto persona jurídica. Se presumirá el carácter de promotor o titular de quien figure como tal en el mencionado Registro.
Las Universidades en el desarrollo de la presente Ley tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en lo referente a la integración de estudiantes con discapacidades en la enseñanza universitaria, así como en los procesos de selección de personal al que se refiere la presente Ley.
Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen contratados en Universidades públicas como ayudantes, podrán permanecer en su misma situación hasta la extinción del contrato y de su eventual renovación, conforme a la legislación que les venía siendo aplicable.
A partir de ese momento, podrán vincularse a una Universidad pública en alguna de las categorías de personal contratado previstas en la presente Ley y conforme a lo establecido en ella, con exclusión de la de ayudante.
No obstante, en el caso de los ayudantes que estén en posesión del título de Doctor para ser contratados como profesor ayudante doctor no les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 50 sobre la desvinculación de la Universidad contratante durante dos años.
1. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen contratados en Universidades públicas como profesores asociados podrán permanecer en su misma situación, conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, hasta la finalización de sus actuales contratos.
No obstante, dichos contratos podrán serles renovados conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, sin que su permanencia en esta situación pueda pro longarse por más de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.
La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: apartado 1 del artículo 3, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 4, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 6, todos ellos del Título I ; los artículos 7, 8, 9 y 10 del capítulo I del Título II ; el capítulo I del Título III ; los Títulos IV y V; el artículo 36 del Título VI, el artículo 41 del Título VII, el apartado 4 del artículo 46 del Título VIII ; el capítulo I del Título IX; el Título X ; el Título XI; el Título XII (salvo el apartado 2 del artículo 85) ; el artículo 89 del Título XIII, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta (salvo el apartado 2), quinta, sexta, séptima, octava, décima, undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima sexta y vigésima séptima ; las disposiciones transitorias primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava ; y las disposiciones finales primera, segunda, tercera y quinta.
Fecha de entrada en vigor: 13/01/2002
Entrada en vigor: 13 de enero de 2002, con la salvedad indicada.
el art. 46.2, por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-16673).
el art. 81.3.b), por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2018-9268).
el art. 81, por Ley 3/2017, de 27 de junio (Ref. BOE-A-2017-7387).
SE DECLARA en la Cuestión 4528/2012, inconstitucional y nulo el párrafo 2 del art. 7 y los arts. 8.2 y 30 bis en la redacción dada por el art. 6 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, por Sentencia 26/2016, de 18 de febrero (Ref. BOE-A-2016-2907).
SE MODIFICA los arts. 62.2, 63 y 64, por Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-9801).
SE DECLARA en el Recurso 6084/2007, su DESESTIMACIÓN en relación con los arts. 27.1, 27 bis.1 a), 34, 35, 37, 56.2 y 62.3 y 4, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por Sentencia 176/2015, de 22 de julio (Ref. BOE-A-2015-9391).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre requisitos y procedimiento para homologación y equivalencia de determinados estudios extranjeros superiores: Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-12098).
el art. 32, por Ley 15/2014, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9467).
el art. 42.3, por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-12886).
en el Recurso 1788/2002, la pérdida del objeto en relación con los arts. 9.2, 35.6, 63.1 in fine y las disposiciones adicional 4.2 y transitoria 2 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 160/2013, de 26 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-11121).
en el Recurso 1777/2002, la pérdida del objeto en relación con los arts. 15.2 in fine, 51, 57 y concordantes, 58.3, 59.3, 63.1 in fine y las disposiciones adicional 4.2 y transitoria 2, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 159/2013, de 26 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-11120).
en el Recurso 1756/2002, la pérdida del objeto en relación con los arts. 9.2, 15.2, 20.3, 35.6, 63.1 y disposición adicional 4 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 158/2013, de 26 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-11119).
en el Recurso 1735/2002, la pérdida del objeto en relación a los arts.15.2 in fine y 51 y de la disposición adicional 4.2 párrafo 1 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 141/2013, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2013-8499).
en el Recurso 1810/2002, la pérdida del objeto en relación a los arts. 15.2 in fine, 35.6, 51 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 134/2013, de 6 de junio (Ref. BOE-A-2013-7210).
en el Recurso 1725/2002, la inconstitucionalidad del inciso indicado de la disposición adicional 4, la pérdida del objeto en relación a los arts. 9.2, 15.2, 27.1 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 131/2013, de 5 de junio (Ref. BOE-A-2013-7207).
en el Recurso 1671/2002, la pérdida del objeto en cuanto a lo indicado de los arts. 15, 51, 58 a 60, 62 a 66, disposición transitoria 2 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 223/2012, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-15757).
los arts. 7, 8.2, 30 bis, 68 y 81, por Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril (Ref. BOE-A-2012-5337).
con efectos de 2 de diciembre de 2011, los arts. 7, 8, 48, 57, 80, 82, 84, disposición adicional 10 y la rúbrica del título IV, y SE AÑADEN los arts. 30 bis, 30 ter y la sección III por Ley 14/2011, de 1 de junio (Ref. BOE-A-2011-9617).
aprobando el Estatuto del estudiante universitario: Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-20147).
con el art. 28, aprobando el Reglamento del Consejo de Universidades: Real Decreto 1677/2009, de 13 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-19439).
regulando las condiciones de acceso y procedimientos de admisión a universidades públicas: Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2008-18947).
SE DICTA EN RELACION, sobre contratación excepcional de profesores colaboradores: Real Decreto 989/2008, de 13 de junio (Ref. BOE-A-2008-11108).
con el art. 37, estableciendo la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18770).
con el art. 62, regulando los concursos de acceso a cuerpos docentes: Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2007-17582).
con el art. 57, estableciendo la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios: Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2007-17492).
SE DICTA EN RELACION, declarando la subsistencia transitoria de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria: Real Decreto 546/2007, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2007-8827).
SE MODIFICA determinados preceptos, AÑADE el art. 54 bis, el título XIV y las disposiciones adicionales 28 y 29 y DEJA SIN EFECTO los arts. 17, 51, 58, 63 y las disposiciones adicionales 17, 26 y transitoria 5, por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (Ref. BOE-A-2007-7786).
SE DECLARA en el Recurso 1762/2002, la extinción por desistimiento del recurrente en relación con determinados preceptos, por Auto de 1 de febrero de 2006 (Ref. BOE-A-2006-2962).
SE MODIFICA la disposición transitoria 5.1, por Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio (Ref. BOE-A-2005-9396).
con el art. 88.2, regulando los estudios oficiales de posgrado: Real Decreto 56/2005, de 21 de enero (Ref. BOE-A-2005-1256).
con el art. 88.2, estableciendo la estructura de las enseñanzas y los estudios de grado: Real Decreto 55/2005, de 21 de enero (Ref. BOE-A-2005-1255).
con el art. 36.2.b), sobre condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior: Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3949).
con el art. 48, regulando el régimen del profesorado contratado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: Real Decreto 50/2004, de 19 de enero (Ref. BOE-A-2004-1369).
con el art. 35, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial: Real Decreto 49/2004, de 19 de enero (Ref. BOE-A-2004-1303).
estableciendo la normativa básica para el acceso: Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1302).
con el art. 36.2.a), regulando equivalencia de títulos españoles: Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2003-19626).
con los arts. 87 y 88, estableciendo el sistema europeo de créditos y de calificaciones: Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2003-17643).
con los arts. 87 y 88, sobre expedición por las universidades del Suplemento Europeo al título: Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2003-17310).
regulando la prueba de acceso de los mayores de 25 años: Real Decreto 743/2003, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2003-13383).
con los arts. 50 a 52, sobre evaluación y certificación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, para la contratación de personal docente e investigador: Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre (Ref. BOE-A-2002-19804).
con el art. 57, sobre habilitación para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes: Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2002-15997).
la disposición adicional 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1984-17387).
en la forma indicada la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (Ref. BOE-A-1983-23432).
la Ley 8/1983, de 29 de junio (Ref. BOE-A-1983-18140).
el Decreto 2293/1973, de 17 de agosto (Ref. BOE-A-1973-1343).
el Decreto 2551/1972, de 21 de julio (Ref. BOE-A-1972-1374).
MODIFICA el art. 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril (Ref. BOE-A-1986-10499).

References: Artículo 8

Artículo 39

Artículo 57
 artículo 34
 artículo 37
 artículo 88
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 36
 artículo 41
 artículo 46
 artículo 85
 artículo 89
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