Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/185
Timestamp: 2019-12-07 06:56:09+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 57/1983
SENTENCIA 57/1983, de 28 de junio
ECLI:ES:TC:1983:57
En el conflicto positivo de competencia núm. 237/1982, planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por el Abogado don Manuel María Vicens i Matas, en relación con la Resolución de 27 de enero de 1982 emanada del Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda sobre competencias de la Administración del Estado para autorizar las operaciones de crédito a las Corporaciones locales. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ponente el Magistrado don Jerónimo Arozamena Sierra, quien expresa el parecer del Tribunal.
D) Bajo el epígrafe de la tutela financiera comienza diciendo el Abogado de la Generalidad que está fuera de toda duda que la concesión o denegación de la autorización para otorgar préstamos a las Corporaciones locales corresponde a la Generalidad de Cataluña, pero es que, además, en la específica materia financiera, el Estatuto de Autonomía se produce, si cabe, en su art. 48.1) con mucha mayor precisión, de suerte que ni siquiera es preciso efectuar esfuerzo interpretativo alguno, para constatar que la autorización dicha corresponde a la Generalidad de Cataluña. Recuerda que el sistema de autorizaciones o control de los actos de carácter económico de las Corporaciones locales han experimentado en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 31/1981 y de la Ley 40/1981 profundas modificaciones dado que en virtud de tales preceptos se suprimen diversas autorizaciones, controles o aprobaciones que venía ejerciendo la Administración del Estado en materia de personal, presupuestos y régimen financiero tributario de las Corporaciones locales. El nuevo sistema acentúa la autonomía en la decisión de las Corporaciones locales en materia económica financiera. Los preceptos citados no suprimen la tutela financiera en lo que concierne al crédito local por lo que según se infiere del Real Decreto de 29 de diciembre de 1981 por el que se establece en la tabla de derogaciones efectuadas por la nueva normativa sobre el régimen local los preceptos contenidos en el Decreto 3250/1976 quedan subsistentes. Añade el Abogado de la Generalidad que el Decreto 328/1980, de 11 de diciembre, declaró que quedaban asumidas por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña las competencias que la legislación vigente atribuye a la Administración Central del Estado en materia de tutela financiera sobre los entes locales en los términos establecidos en el art. 48.1 del Estatuto de Autonomía y esta disposición no sólo no ha sido objetada por el Estado sino que su contenido ha sido explícitamente respetado por éste, primero al dictar el Decreto-ley 31/1981, de 16 de enero, y explícitamente al promulgarse la Ley 40/1981, de 28 de octubre, en cuya disposición final 6.ª se afirma que «lo dispuesto en la presente Ley se entenderá sin perjuicio de las competencias y atribuciones que corresponden a las Comunidades Autónomas que en virtud de lo dispuesto en la Constitución y en sus respectivos Estatutos». Las autorizaciones a que se refieren los arts. 163 y 164 del Real Decreto 3250/1976, en cuanto a actos singulares de tutela financiera que, por su propia naturaleza sólo pueden llevarse a cabo en virtud de competencias de ejecución, corresponden a la Generalidad de Cataluña que los ejercerá cual si fuera el Estado, sujetándose a las directrices y orden económico contenidas en tales preceptos, y las modificaciones, alteraciones o ajustes de tipo coyuntural que el Estado, en méritos de lo preceptuado en ellos, pueda en lo sucesivo legítimamente establecer y lo que resulte de las normas de desarrollo legislativo o reglamentario que apruebe en su día la Comunidad Autónoma de Cataluña. Añade el Abogado de la Generalidad que con la tesis que sostiene el Gobierno el art. 48.1 del Estatuto Catalán quedaría totalmente vacío de contenido o lo que es lo mismo, suprimido y derogado, lo cual resulta jurídicamente inaceptable, pues si una ley no puede modificar el Estatuto sin observar el procedimiento contenido en sus arts. 56 y 57 con mayor razón no puede modificarlo o reformarlo una disposición o interpretación dimanante del Poder Ejecutivo. Se añade bajo este mismo epígrafe que en el supuesto de que se pretendiera que la tutela financiera incida en la política económica o monetaria en cuanto puede afectar a la economía general del país o la masa monetaria de circulación tendría que hacerse las siguientes observaciones: Primero. No cabe duda que al Estado le corresponde, en exclusividad, fijar las grandes líneas de la política económica y monetaria del país, pero ello se ha de efectuar dictando o estableciendo disposiciones de carácter general, señalando tales directrices, si estimara que las contenidas en el art. 163 del Real Decreto 3250/1976 son insuficientes. Segundo. Lo que no puede hacer el Estado en Cataluña es hacer dos cosas a la vez: establecer, ampliar o complementar las actuales bases de ordenación del crédito, y más concretamente las del crédito local, y a la vez, pretender aplicarlas concretamente, autorizando o denegando tal o cual crédito que pretenda obtener una entidad local, porque si ello fuera así, ya no se estaría moviendo en el ámbito de lo normativo básico, sino en el de la ejecución y la tutela financiera rectamente entendida se traduce en actos concretos de autorización o denegación y no en políticas o directrices generales a seguir por unos u otros. Tercero. En cualquier caso no pueden convertirse los núms. 11 y 13 del art. 149.1 de la Constitución en un cajón de sastre en el que quepa incluir cualquier acto de una Comunidad Autónoma, que de alguna manera, afecte a la economía. Se añade, por último bajo este epígrafe que no existe ninguna razón jurídicamente válida para sostener que la tutela financiera se limite a la aprobación de presupuestos, ordenación e imposición de exacciones y otras análogas. La distinta naturaleza jurídica entre crédito local y tutela financiera le parece al Abogado de la Generalidad inaceptable porque ésta última puede revestir, entre otras, la modalidad de tutela financiera de las operaciones de crédito local que es precisamente lo que regulan los arts. 163 y 165 del Real Decreto 3250/1976.
Type and record number Conflicto positivo de competencia 237-1982
Date of the decision 28/06/1983
Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra Resolución de 27 de enero de 1982, de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda, sobre la competencia de la Administración para autorizar operaciones de crédito a las Corporaciones Locales
Que a la instrucción o circular no le corresponda el carácter de norma y sí de directriz para los órganos estatales, y que tampoco constituya una resolución autorizativa de operaciones de crédito, no es un impedimento para que constituya presupuesto de un conflicto de competencia.
El deferir el planteamiento del conflicto a cada acto singular de ejercicio de la competencia controvertida o el apoyar en la pasividad respecto de actos singulares alguna consecuencia con argumentos próximos a la idea del acto consentido como impeditivo de impugnaciones ulteriores, no son razones para eludir el análisis de fondo.
Del análisis del Real Decreto 3250/1976 se advierte que en unos casos el recurso al endeudamiento presenta unas implicaciones competenciales que van más allá del limitado aspecto de la tutela sobre los entes locales, para incidir en el área de la política crediticia y del equilibrio económico, mientras que en otros lo que se destaca es, sobre todo, el aspecto local.
En la Sentencia de este Tribunal 4/1981 (fundamento 15 f) se consideró igualmente compatible con la autonomía municipal la fijación de unos límites al endeudamiento de los entes locales y el que las operaciones, cuando se superen estos límites, se sometan a autorización.
Junto al título competencial referente a la tutela sobre los Entes locales se hacen valer en este caso otros, como son el del art. 149.1.11.ª (ordenación del crédito), el del art. 149.1.13.ª (actividad económica) y lo que en el marco constitucional dispone el Estatuto de Autonomía de Cataluña respecto al régimen local (arts. 48.1 y 9.8) y a la ordenación del crédito (art. 10.4).
La cita del art. 148.1.2.ª de la C.E. y de la Sentencia 4/1981 no es válida invocación aquí para sostener que el ejercicio de las funciones de tutela sobre los entes locales requiere que la transferencia se autorice en la legislación sobre régimen local, porque el techo competencial, en el caso de Cataluña, no está limitado por el art. 148, sino por el art. 149.
Como en el art. 149.1.18.ª, se comprenden las bases de régimen local (en este extremo, la Sentencia 32/1981), sólo desde la reserva de lo básico podría configurarse un límite al contenido del art. 48.1 del Estatuto de Cataluña.
Cuando la Constitución utiliza el término base (así, en el art. 149.1.11.ª, 13.ª y 18.ª), está comprendiendo funciones normativas que aseguren, en lo que es menester, un común uniforme, unas reglas a partir de las cuales las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias en la materia puedan ejercerlas; pero estas competencias no se agotan con las propias legislativas, pues cuando la preservación de un tratamiento uniforme reclame el complemento reglamentario, y aun el ejecutivo, se justifica la reserva de estas competencias en la medida indispensable.
Ha de atribuirse a la autoridad que tiene la responsabilidad del equilibrio económico la competencia para autorizar o no una operación de crédito que supone superar el techo normal de endeudamiento. Desde esta estimativa son invocables los títulos competenciales del art. 149.1.11.ª y 13.ª
Base 34.2, ff. 1, 3, 5
Título III, ff. 3, 5
Artículo 148.1.2, f. 6
Artículo 149.1.11, ff. 1, 4, 7
Artículo 149.1.13, ff. 1, 4, 7
Artículo 48.1, ff. 2, 4, 6, 7
Ley 42/1980, de 1 de octubre. Presupuestos municipales y provinciales. Financiación de los Extraordinarios de Liquidación de Deudas
Competencias en materia de tutela financiera de Entes LocalesCompetencias en materia de tutela financiera de Entes Locales, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Deuda públicaDeuda pública, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tutela financiera de los Entes localesTutela financiera de los Entes locales, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Autorizaciones de operaciones de créditoAutorizaciones de operaciones de crédito, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Operaciones de crédito de los entes localesOperaciones de crédito de los entes locales, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 48