Source: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/78-09spAN.htm
Timestamp: 2017-12-18 10:54:42+00:00

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Comunicado de Prensa 78/09 ANEXO
SOBRE EL 137º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 137º período ordinario de sesiones del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009. La CIDH está integrada por Luz Patricia Mejía, Presidenta; Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Paolo Carozza, Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es Santiago A. Canton. La CIDH es el órgano principal de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de velar por la observancia de los derechos humanos en todos los Estados del continente.
Durante el 137º período de sesiones se celebraron 52 audiencias y 28 reuniones de trabajo. Asimismo, se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Estos informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las personas privadas de libertad y de la población LGBT, entre otros asuntos.
La CIDH valora muy positivamente que el Estado de El Salvador haya reconocido su responsabilidad internacional en el caso del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y en cuatro casos de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, y por su aceptación explícita del carácter vinculante de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Informes 37/00, 10/08, 90/06, 11/08 y 66/08).
El 4 de noviembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado en el Caso 12.330, Marcelino Gómez Paredes y Cristián Ariel Núñez, Paraguay, en la que las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo de solución amistosa el Estado paraguayo reconoció su responsabilidad internacional en el caso, que se refiere a la desaparición forzada, a principios de 1998, de Marcelino Gómez Paredes y Cristián Ariel Núñez, niños soldados reclutados ilegalmente para prestar servicio militar, quienes desaparecieron mientras se encontraban bajo la custodia del Ejército paraguayo. Entre otras cosas, el Estado se comprometió a continuar con la investigación de los hechos y sancionar a los responsables, así como presentar un proyecto de ley que adecue la legislación interna a los estándares de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Las partes agradecieron la permanente colaboración y seguimiento que la CIDH ha hecho del caso y solicitaron la aprobación del acuerdo de solución amistosa alcanzado, mediante la adopción del informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proceso de diálogo para una solución amistosa se había reanudado durante el 129° periodo de sesiones de la CIDH, después de una interrupción en 2003, año en que se aprobó el Informe de Admisibilidad N° 82/03.
El 4 de noviembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado en el Caso 12.306, Juan Carlos de la Torre, Argentina, en la que las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa. Mediante el acuerdo alcanzado, el Estado argentino se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los estándares internacionales que fueran exigibles en materia migratoria, en base a una agenda de trabajo acordada por las partes, la cual incluye: la reglamentación de la nueva Ley de Migraciones; un análisis pormenorizado de la legislación vigente en la materia (Nacional y provincial) a fin de impulsar la adecuación de aquella normativa que eventualmente contenga disposiciones que efectúen discriminaciones ilegítimas con base en la condición de extranjero de la persona o en su condición migratoria a los estándares internacionales y constitucionales en la materia. En ese sentido, las partes destacaron la aprobación del “Plan Nacional contra la Discriminación”, que incluye un capítulo específicamente dedicado a los migrantes y a los refugiados. Este proceso de solución amistosa se inició en el marco del 118º período de sesiones de la CIDH, y ha contribuido de manera decisiva a la derogación de la ley de migraciones por entonces vigente, conocida como “Ley Videla”, y a su sustitución por la ley 25.871, sancionada el 20 de enero de 2004; a la implementación de un mecanismo de consultas con distintas organizaciones a efectos del dictado de la reglamentación de la nueva norma; a la adopción de las medidas necesarias para la aprobación y posterior ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias; a la suspensión de las inspecciones migratorias y sus secuelas de retenciones, detenciones y expulsiones; al dictado del Decreto 836/04 que regla la normalización documentaria para todos los nativos del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Perú; y al dictado del Decreto 1169/04 con idéntico objetivo para las personas oriundas de todo otro Estado. Las partes expresaron su beneplácito por los resultados de este proceso de solución amistosa, que ratifica una vez más el alto valor y potencialidad del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y particularmente de la institución de la solución amistosa, como legítimo mecanismo de alerta temprana y para la instrumentación efectiva de medidas tendientes al mejoramiento institucional del Estado.
El 4 de noviembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado en el Caso 11.670, Menéndez Caride y otros, Argentina, conocido como el caso ANSES o caso de los jubilados, donde las partes firmaron un acuerdo. El caso fue presentado ante la CIDH a favor de jubilados y pensionados de Argentina, en virtud de que los juicios que habían iniciado a nivel interno por reajuste de haberes presentaban demoras en su sustanciación y/o en el cumplimiento de las sentencias. El objetivo principal del acuerdo es asegurar que las prácticas administrativas se ajusten a la legislación sobre seguridad previsional, la cual fue adoptada en el marco del caso. Respecto de este caso, la Comisión emitió el 19 de enero de 2001 un informe de admisibilidad (Informe N. 03/01). En octubre de 2003, en el marco del 118º período ordinario de sesiones de la CIDH se inició un proceso de diálogo entre las partes. El proceso de solución amistosa impulsado ante la CIDH contribuyó de manera decisiva a la reforma de la ley 24.463 sobre Seguridad Previsional, en septiembre de 2006. También colaboró para que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en su nueva integración, reestableciera la doctrina constitucional en materia de seguridad social y su interpretación compatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Las partes agradecieron la permanente colaboración y seguimiento que del caso ha hecho la Comisión y solicitaron la aprobación del acuerdo de solución amistosa alcanzado, mediante la adopción del informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 4 de noviembre de 2009 se celebró una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado del Caso 12.623 - Luis Rey Villagrán García, México (Informe 49/07). En dicha oportunidad, las partes informaron a la Comisión sobre la suscripción de un acuerdo conciliatorio el 3 de noviembre de 2009, celebrado con la intención de impulsar una solución amistosa para el caso de referencia. En razón de dicho acuerdo, el Estado asumió responsabilidades tales como la de gestionar el traslado de la presunta víctima –quien se encuentra privada de su libertad- a un centro de reinserción social de sentenciados mas cercano al lugar de residencia de su familia, y someter el expediente del caso a una Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado de Chiapas con la finalidad de que estudie y analice el procedimiento penal que se siguió en su contra, ajustándose a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Respecto a las medidas de reparación a ser adoptadas, indicaron que las mismas serán discutidas y acordadas de común acuerdo por ambas partes, y posteriormente notificadas a la CIDH. Finalmente, solicitaron que el referido acuerdo fuera homologado por la Comisión a través de un informe de solución amistosa y que, una vez que se de cumplimiento total del mismo, el caso se considere cerrado. Sin perjuicio de ello, manifestaron que, en caso de no respetarse dicho convenio, continuarían con la sustanciación del caso. En su Informe 49/07, la CIDH se pronunció sobre la admisibilidad de la denuncia presentada en razón de presuntas violaciones de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, como así también de los artículos 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, con base en las alegaciones sobre detención ilegal, condiciones de detención, y actos de tortura a los que habría sido sometida la presunta víctima, entre otras.
La CIDH observa que la desigualdad y la discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes. La discriminación contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los pobres, los inmigrantes y diversos grupos sobre la base de su orientación sexual, entre otros, es un problema grave en todos los países de la región. La Comisión insta a los Estados a adoptar medidas urgentes a fin de avanzar en forma decidida en la prevención y el combate de todas las formas de discriminación, así como en la eliminación de la pobreza, en especial la pobreza extrema.
La CIDH continúa observando con preocupación la frecuencia de los conflictos sociales y hechos de violencia asociados con disputas sobre las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Estas situaciones de conflicto, normalmente surgen porque los Estados no garantizan en forma debida la protección de los territorios indígenas ni les garantizan el derecho a participar en las decisiones sobre las actividades que afectan sus derechos.
Por otra parte, la Comisión ha observado con preocupación los hechos ocurridos en Ecuador en torno a una serie proyectos de ley y decretos presidenciales en ámbitos mineros, de recursos hídricos y asuntos religiosos sobre evangelización que afectan derechos los pueblos indígenas, sin que éstos hayan sido debidamente consultados. En este marco se produjeron una serie de movilizaciones en el país, donde varios indígenas resultaron heridos y murió un miembro del pueblo Shuar.
Asimismo, la Comisión manifiesta su preocupación por la situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Iniciativa para la Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA) y la situación de las comunidades indígenas Ngobe y otras en Panamá. Al respecto, la CIDH manifiesta su preocupación por información recibida en la que se observa que los Estados del hemisferio están faltando al deber de protección de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
La Comisión reitera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a realizar consulta previa libre e informada destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas por programas de desarrollo, proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios y medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La Comisión reitera además que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas comprende el deber positivo de los Estados de disponer mecanismos idóneos y eficaces a fin de obtener el consentimiento previo, libre e informado de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, antes de emprender actividades que impacten sus intereses o puedan afectar sus derechos sobre sus tierras, territorio o recursos naturales, así como de cualquier medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
En otro orden, la CIDH recibió durante estas sesiones a una delegación de alto nivel del Gobierno de Colombia, encabezada por el Vicepresidente Francisco Santos. Sin perjuicio de la información recibida, la CIDH considera de suma gravedad las actividades de inteligencia que fueron adelantadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) respecto de funcionarios judiciales, líderes políticos, defensores de derechos humanos y una Comisionada de la CIDH. La Comisión Interamericana espera que se adopten acciones concretas para que esta situación no se repita y para que se identifiquen y sancionen a los responsables.
En relación a Haití, el 4 de Noviembre de 2009 se realizó una reunión de trabajo sobre la situación de las personas detenidas en la estación policial Toussaint Louverture en Gonaïves. La CIDH fue informada por la Alianza de Gonaïves por el Desarrollo y por el Respeto de los Derechos Humanos (AGREDAH) que a pesar de que la Comisión otorgó medidas cautelares en junio de 2008 (MC 144-08), persisten las graves condiciones de detención en pequeñas celdas y la infraestructura inadecuada. En este sentido, la Comisión saluda el hecho de que la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) haya construido celdas separadas para los menores detenidos, pero expresa su preocupación sobre el hecho de que más de 300 personas están actualmente detenidas en la estación de policía Toussaint Louverture, que originalmente fue diseñada para 75 personas, lo cual resulta en condiciones inhumanas de detención. Las celdas no tienen luz natural, electricidad ni ventilación, el acceso a alimentación y agua es escaso, y no hay atención médica. La Comisión Interamericana insta al Estado de Haití a adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad y la integridad de todas las personas detenidas en Toussaint Louverture, y a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
En relación a Perú, la CIDH expresa su preocupación por la información recibida en una reunión de trabajo con las partes del Caso 12.191, Maria Mamérita Mestanza Chávez, que comprende a más de 200 mujeres víctimas de esterilización forzada, una práctica que habría afectado a 2074 mujeres en Perú. Según la información recibida, la Fiscalía a cargo de la investigación del caso resolvió el 26 de mayo declarar la prescripción del asunto y archivar la investigación. La decisión es recurrible ante el Fiscal Superior. En la misma reunión, el Estado peruano expresó que los plazos para iniciar procesos disciplinarios contra los médicos y otros funcionarios públicos responsables de las esterilizaciones y de la falta de investigación oportuna también se han extinguido. La CIDH expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de que este asunto quede en la impunidad y espera que se adopten las medidas necesarias para que se investigue y se sancione a los responsables.
En una audiencia realizada durante este período de sesiones, el Comisionado Carlos Castresana Fernández, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expuso sobre las actividades desarrolladas con el objeto de fortalecer el Estado de derecho; dotar a Guatemala de un sistema más eficiente que permita a los guatemaltecos disfrutar los derechos fundamentales que se les garantizan en la Constitución y en los instrumentos internacionales, todo en el contexto del cumplimiento por parte del Estado guatemalteco de la obligación de garantizar los derechos humanos, consagrada en el artículo 1 de la Convención Americana. En la oportunidad, el Comisionado Castresana solicitó a la CIDH que acompañe y dé seguimiento a los esfuerzos realizados por la CICIG, creada como un instrumento de derechos humanos, en la lucha contra la impunidad, en especial al fortalecimiento institucional en materia de justicia en Guatemala.
Asimismo, expuso sobre las principales líneas de trabajo de la CICIG: asistencia técnica, propuestas legislativas, inicio de acciones disciplinarias y ejercicio de acciones penales con el Ministerio Público. El Comisionado Castresana hizo referencia a la formación y capacitación de cuerpos policiales y al diseño de mejores prácticas orientadas al desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos en Guatemala. En particular, informó que una de las dificultades fundamentales es la falta de independencia e imparcialidad del Organismo Judicial y los problemas de implementación que presenta la Ley de Comisiones de Postulación, que regula la selección de las nóminas de candidatos a cargos públicos de relevancia. Las deficiencias del Organismo Judicial se verifican también en la renovación periódica de los cargos judiciales, la elección de candidatos a través de un proceso corporativo, las deficiencias en los estándares de selección y la falta de claridad para la identificación de criterios objetivos de idoneidad, entre otros.
La Comisión Interamericana ha monitoreado en forma permanente la situación de los derechos humanos en Guatemala y ha expresado en numerosas oportunidades su preocupación por la falta de capacidad del Estado guatemalteco de proveer un sistema de administración de justicia adecuado y eficiente, que garantice la existencia de un poder judicial independiente e imparcial. Así lo hizo en su Informe sobre Guatemala del año 2003 y en la visita de trabajo, realizada en junio de 2009. Más recientemente y reiterando las recomendaciones vertidas con anterioridad, la CIDH en octubre de 2009 hizo un llamado, en el contexto de la elección de los miembros de las Cortes de Apelaciones, a alcanzar una adecuada implementación del mecanismo establecido por la Ley de Comisiones de Postulación, que garantice la publicidad de los antecedentes y de los actos de selección en un proceso amplio e inclusivo, así como la efectiva participación y la fiscalización de la sociedad civil en todo el proceso, en el contexto de la elección de los miembros de las Cortes de Apelaciones. La CIDH insta a las autoridades guatemaltecas y a la sociedad civil a tener especial cuidado en los procesos de selección de la Fiscalía General y de la Corte de Constitucionalidad que se realizarán próximamente, que permitan la elección de candidatos idóneos que puedan desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad y que contribuyan activamente a la erradicación de las estructuras de impunidad en Guatemala.
En relación a Honduras, la CIDH considera que es indispensable restituir al Presidente Manuel Zelaya y restablecer el orden constitucional quebrantado con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos. La CIDH recibió información actualizada durante estas sesiones que indica que la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en ese país se deteriora día a día, en el contexto de otras violaciones a los derechos humanos desde el golpe de Estado. Se indicó que los defensores y defensoras de derechos que mantienen una actitud de denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades de facto son amenazados, hostigados, difamados y acusados públicamente. Agregaron que ha habido atentados contra sus viviendas y las de sus familiares, así como contra las sedes de organizaciones de derechos humanos. En particular, la CIDH tomó conocimiento que personas desconocidas vigilan la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y que funcionarios de COFADEH y sus familiares han recibido llamadas intimidatorias y han sido objeto de seguimientos. También se conoció que bombas lacrimógenas fueron lanzadas hacia adentro de la sede cuando había allí 127 personas, en momentos que se tomaban testimonios. Asimismo, la Presidenta de COFADEH habría sido acusada públicamente por el delito de traición a la Patria como consecuencia de la información que presentó en la audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en este período de sesiones. En estas circunstancias, la CIDH exhorta a las autoridades del gobierno de facto a garantizar la seguridad, vida e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular, del personal del COFADEH y sus familiares, como así también implementar las medidas necesarias para garantizar la inviolabilidad de las sedes de esa organización. Asimismo, la CIDH recuerda que en función de lo estipulado por el artículo 61 del Reglamento de la Comisión, el Estado “no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
Por otra parte, el 7 de octubre de 2009, el gobierno de facto de Honduras publicó en la Gaceta oficial el Acuerdo Ejecutivo número 124-2009, que instruye a “CONATEL y demás órganos competentes del Estado” para que procedan, “a efectos de proteger la seguridad nacional en función de los grandes intereses de la patria, los bienes, la integridad física y moral de la persona humana”, a “revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes” otorgados por CONATEL a los operadores de radio y televisión que “emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”. La CIDH observa con preocupación que este Decreto continúa vigente y que, como consecuencia de su aplicación, se habrían cancelado al menos tres programas de radio, afectando el derecho a la libertad de expresión de los habitantes de Honduras.
La CIDH reitera al gobierno de facto que debe garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras, especialmente en el marco del próximo proceso electoral, absteniéndose de implementar las prácticas que la CIDH constató y condenó durante su visita y con posterioridad a la misma, que resultan violatorias de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión y derecho de reunión, entre otros.
En otro orden, la CIDH decidió las fechas de los períodos de sesiones que tendrán lugar en 2010: el 138 será el 28 y 29 de enero; el 139 será del 15 al 26 de marzo; el 140 será del 12 al 16 de julio, y el 141 será del 20 de octubre al 5 de noviembre. Habrá audiencias y reuniones de trabajo en el 139 y el 141 períodos de sesiones. Además de las presentes sesiones, durante 2009 la CIDH celebró el 134 período de sesiones del 16 al 27 de marzo, el 135 del 3 al 8 de agosto, y el 136 del 7 al 8 de septiembre, en Argentina.
Entre el 2 y el 6 de noviembre se celebraron 52 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Las audiencias que tuvieron lugar en la Sala Padilha Vidal fueron transmitidas en vivo por Internet. Los videos de esas audiencias, así como grabaciones de audio de todas las audiencias públicas, están disponibles en la página de audiencias públicas de la CIDH, donde también se encuentran enlaces a las fotografías de alta definición tomadas en las audiencias. Queda autorizada la inclusión de enlaces a esos audios y videos en sitios web externos, a condición que se incluyan los créditos correspondientes a la OEA. La CIDH agradece a Primestream Corporation y a su presidente, Claudio Lisman, por proveer el ancho de banda necesario para transmitir los videos de las audiencias en alta calidad y para una amplia audiencia. Su generosa contribución ha permitido aumentar el número de computadoras que pueden conectarse simultáneamente a la transmisión, dando respuesta así al creciente interés por ver las audiencias desde todos los países de la región.
Asimismo, se realizaron dos de audiencias privadas, a petición de las organizaciones y personas que solicitaron su realización: Derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela e Institucionalidad democrática, grupos parapoliciales y cárceles en Venezuela.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, a cargo del Comisionado Sir Clare K. Roberts, continuó sus esfuerzos para promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas Afrodescendientes en la región. Durante este período, la Relatoría continuó asesorando a la Secretaría Ejecutiva en la evaluación de peticiones y solicitudes de medidas cautelares relativas a asuntos de discriminación racial y/o la situación de los Afrodescendientes en las Américas.
La Relatoría continuó brindando asistencia técnica al Grupo de Trabajo del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA que está encargado de hacer el borrador de un nuevo instrumento regional, la Convención Interamericana contra el Racismo y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.
Durante el 137° período de sesiones, en seguimiento a las Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la Visita del Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial a la República de Colombia, se llevó a cabo una audiencia sobre la situación de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas del Norte de Cauca.
El 28 y 29 de abril de 2009, la Relatoría participó en la audiencia pública del caso de Claudia Ivette Gonzalez y otras (Campo Algodonero) contra México, que se realizó en Chile. Este es el primer caso ante la Corte Interamericana que versa comprehensivamente sobre asuntos relacionados a los derechos de las mujeres. Los peticionarios del caso alegaron que el Estado mexicano cometió una serie de violaciones a los derechos humanos por irregularidades e inconsistencias en la investigación de la desaparición y muerte de tres mujeres en la localidad de Ciudad Juárez, México. Durante esta visita a Chile, la Relatoría dictó una conferencia sobre avances jurisprudenciales sobre los derechos de las mujeres en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales que tuvo lugar el 30 de abril, con la participación de representantes de la facultad de dicha institución y estudiantes de distintas disciplinas.
En el marco del proyecto sobre derechos reproductivos financiado por España, la Relatoría organizó el 6 de mayo de 2009 un tercer taller subregional para abordar el tema del acceso a la información en el ámbito reproductivo, desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello se contó con reconocidas expertas de la región en el tema y con la participación de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión de la CIDH.
En el marco de la visita a Bolivia la Relatoría participó en un taller el viernes 26 de junio de 2009 para dar seguimiento al acuerdo de solución amistosa en el caso de MZ v. Bolivia. El caso versa sobre la falta de debida diligencia de la administración de justicia en sancionar a su agresor sexual, en base a prejuicios discriminatorios de género. En el informe de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de MZ, protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, en particular respecto del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y a la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estos actos. Asimismo, el Estado se comprometió en el acuerdo a implementar medidas para evitar la repetición de estos hechos y capacitación a funcionarios y funcionarias de la administración de justicia. El objetivo del taller del viernes 26 de junio fue capacitar a funcionarios y funcionarias de todos los niveles del poder judicial sobre asuntos relacionados a la violencia y discriminación contra las mujeres. El taller contó con la participación de aproximadamente 250 representantes del gobierno, la administración de la justicia, la sociedad civil y agencias internacionales.
La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo del Comisionado Víctor Abramovich, continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de los pueblos indígenas y/o sus miembros. Además, continuó asesorando en audiencias públicas y privadas de casos que se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refieren a derechos de los pueblos indígenas.
Del 7 a 12 de junio de 2009, el Comisionado Víctor Abramovich, en su calidad de Relator para Guatemala y Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, encabezó una delegación de la CIDH que realizó una visita de trabajo a la República de Guatemala. La visita tuvo por objetivo observar y recabar información sobre la situación de derechos humanos, en particular la situación en que se encuentran las investigaciones y los juicios a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, la situación de derechos de los pueblos indígenas y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, durante la visita se realizaron reuniones de trabajo sobre implementación de las medidas cautelares y sobre los casos de Maurilia Coc Max y Otros (Masacre de Xaman), Angélica Jerónimo Juárez, Masacre de la Aldea Los Josefinos, Edgar Fernando García y Oscar David Hernández Quiroa. Finalmente, el 10 de junio, el Comisionado Abramovich realizó en Ciudad Guatemala la presentación del informe El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El 11 y 12 de junio de 2009, el Comisionado Víctor Abramovich y una delegación del la CIDH, en el marco de la visita de trabajo a la República de Guatemala, realizó una visita a la comunidad indígena de Río Negro y se trasladó a Pcoxom, Pacux y Rabinal, con la finalidad de conversar con familiares y sobrevivientes de las masacres que sufrieron los habitantes de Río Negro. Asimismo, se reunió con varias organizaciones de victimas del conflicto armado interno de la zona.
La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas está preparando un estudio regional sobre El deber de protección de los Estados al derecho de propiedad de los pueblos indígenas con énfasis en el derecho a la consulta y el consentimiento previo. Con el objeto de compartir experiencias y recibir insumos para el informe, la Relatoría realizó el 7 de junio de 2009, en Ciudad de Guatemala una reunión regional para América Central y México, que contó con la participación de destacados expertos y expertas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador y organismos internacionales. Con el objetivo de recabar insumos para el informe mencionado, sobre mejores prácticas, incluyendo legislación, jurisprudencia y políticas públicas, así como los obstáculos existentes sobre el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, la Relatoría preparó un cuestionario que fue enviado a los Estados el 7 de agosto de 2009 y divulgado ampliamente por correo electrónico a los pueblos indígenas, organizaciones indígenas y sociedad civil, además de ser colocado en la página web de la CIDH. Producto de este proceso, se han recibido importantes aportes que enriquecerán el informe. El estudio es elaborado por el abogado Luis Rodríguez-Piñero.
Los días 5 y 6 de octubre de 2009 el Relator participó en el seminario sobre Desafíos de la implementación en Chile del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), donde presentó una conferencia sobre Los derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano de derechos humanos. El seminario estuvo organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Consejo de Pueblos Atacameños, la Identidad Territorial Lafkenche, el Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, el Observatorio Ciudadano y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago. En la misma fecha el Relator dio una charla sobre el tema en la Universidad de Chile.
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo del Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, ha continuado con su trabajo de promoción y publicación de informes dirigidos a atender las diferentes formas de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en las Américas. En este sentido, conforme lo prevé el convenio de cooperación suscrito entre la CIDH y la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se llevaron a cabo visitas de trabajo y consultas subregionales a fin de recabar información sobre el tema de justicia juvenil en las Américas, para el informe que sobre esta materia está elaborando la CIDH.
Específicamente se realizaron dos consultas subregionales: una para los países de Centroamérica, República Dominicana y México, que se celebró en San José, Costa Rica, el 2 y 3 de marzo de 2009; y otra para países de la región andina y Brasil, que se celebró en Bogotá, Colombia, el 5 y 6 de marzo de 2009. Ambas consultas estuvieron referidas tanto a la temática seguridad ciudadana como justicia penal juvenil y derechos humanos.
La Relatoría condujo visitas al Caribe y se reunió con oficiales de gobierno y organizaciones no gubernamentales de los siguientes países: Suriname, Guyana, Trinidad y Tobago, Belice, Jamaica, Santa Lucia y Haití. Asimismo, se visitaron centros de detención para niños en todos estos países. Estas visitas tuvieron por objeto recolectar información para preparar el informe temático sobre justicia juvenil en las Américas. Por otra parte, se llevó a cabo una consulta subregional sobre justicia juvenil en el Caribe Oriental y las Bahamas en mayo, con la colaboración de la oficina subregional de UNICEF. En esta consulta, que contó con la presencia del Relator Pinheiro, participaron representantes de los gobiernos de Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, y San Vincente y las Grenadinas.
De agosto a octubre, la Relatoría ha continuado con las consultas regionales y de expertos dirigidas a proporcionar insumos para el informe sobre justicia penal juvenil y derechos humanos. El 31 de agosto se realizó la última consulta regional con 50 participantes de Estados Unidos y Canadá, en Washington DC. Por otra parte, el 29 de septiembre, en Montevideo, Uruguay y 23 de octubre, en Washington DC, se llevaron a cabo dos reuniones con expertos en materia de justicia penal juvenil en las Américas y el Caribe. Para tales reunión se presentó el índice del informe, el capitulo introductorio y las conclusiones referentes a cada uno de los capítulos.
La Relatoría sobre Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, a cargo del Comisionado Felipe González, continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de los migrantes y miembros de sus familias.
Asimismo, la Relatoría continúa con sus investigaciones sobre las condiciones de detención y el derecho al debido proceso de los inmigrantes en Estados Unidos. Del 20 al 24 de julio, una delegación de la Relatoría visitó dos refugios para menores de edad sin compañía adulta, un centro de detención para familias y tres centros de detención para adultos, y se reunió con varios representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relativos a la inmigración a Estados Unidos. La delegación, encabezada por el Relator, visitó el Refugio Southwest Key para Menores No Acompañados (Southwest Key Unaccompanied Minor Shelter - Phoenix, Arizona), El Centro de Servicios de Procesamiento de Florence (Florence Service Processing Center - Florence, Arizona), la Cárcel del Condado de Pinal (Pinal County Jail - Florence, Arizona), El Centro Residencial Familiar T. Don Hutto (T. Don Hutto Family Residential Center - Taylor, Texas), el Centro de Detención de Willacy (Willacy Detention Center - Raymondville, Texas), y el Centro IES para Menores No Acompañados (International Education Services IES Unaccompanied Minor Shelter - Los Fresnos, Texas). La delegación de la Relatoría también sostuvo reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de inmigración en Arizona y Texas. La Relatoría emitió sus observaciones preliminares sobre la visita el 28 de julio de 2009. El comunicado de prensa está disponible en el siguiente enlace: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/53-09sp.htm
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, a cargo del Comisionado Florentín Meléndez, continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de las personas privadas de libertad. La Relatoría continuó también con sus esfuerzos para promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en la región.
El 24 de abril de 2009 el Relator Meléndez y el abogado especialista de la Secretaría Ejecutiva Juan Pablo Albán realizaron una visita a la Penitenciaría Provincial de Mendoza y a la Granja Penal Gustavo André, de la Provincia de Mendoza, Argentina, con el fin de constatar el estado actual de dichos centros y el grado de cumplimiento de las Medidas Provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004. En esta diligencia se observó que a pesar de algunos adelantos realizados a partir de la orden de medidas provisionales, la situación que originó tales medidas sigue siendo esencialmente la misma.
El Relator también participó como conferencista en el seminario sobre derechos humanos para Jueces de Ejecución de la Pena de Argentina, celebrado en la Universidad Nacional de Mendoza. El Gobierno de Mendoza publicó en esa ocasión en edición de bolsillo los Principios y Buenas Prácticas sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH, el cual fue entregado a los jueces de ejecución de la pena y a funcionarios penitenciarios de Mendoza. La CIDH agradece este valioso aporte del Gobierno de Mendoza, ya que es la primera vez que estos principios se publican en el continente americano.
El Relator realizó otra visita a la República Oriental del Uruguay el 6, 7 y 8 de mayo, donde participó en el IV Congreso de Defensores Públicos del MERCOSUR, en el cual impartió una conferencia sobre los Principios y Buenas Prácticas sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. En Montevideo, el Relator visitó el Centro Nacional de Rehabilitación, el Complejo Carcelario Santiago Vásquez y la casa hogar Medio Camino, para mujeres. Durante la visita, el Relator sostuvo reuniones de trabajo con el Canciller de la República, la Ministra del Interior, el Director Nacional del Sistema Penitenciario, el Comisionado Parlamentario de Cárceles, el Director Nacional de la Defensa Pública, así como con funcionarios, agentes penitenciarios y personal técnico y profesional.
La Relatoría también trabajó en la actualización de la información contenida en su página Web y en la publicación, en papel y en la página de la CIDH en Internet, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en los cuatro idiomas oficiales de la OEA. Este documento fue adoptado por la CIDH a través de su Resolución 1/08 del 13 de marzo de 2008.
En octubre de 2009 la CIDH contrató al abogado Andrés Pizarro Sotomayor como especialista de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad.
Entre el 13 y 15 de abril de 2009, la Relatora Especial participó en el Foro Libertad de Expresión y Protección al Honor, organizado por la Defensoría del Pueblo, en Panamá. El 14 de abril de 2009, la Relatora realizó una conferencia magistral sobre Estándares Interamericanos en Materia de Libertad de Expresión: Logros y Desafíos.
Entre el 16 y el 22 de abril de 2009, la Relatora Especial realizó una visita académica a México, donde sostuvo reuniones con distintos actores vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y participó en seminarios. El 16 de abril, la Relatora Especial participó en el foro Libertad de Expresión, Procesos Democráticos y Derechos Humanos, organizado por Article XIX, la Universidad Autónoma de Ciudad de México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante su visita, mantuvo reuniones en la Ciudad de México con representantes de organizaciones no gubernamentales, legisladores, miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y con integrantes de los medios de comunicación. El 18 de abril de 2009, dictó un seminario dirigido a periodistas en la Universidad Iberoamericana, organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sobre el sistema interamericano y la libertad de expresión, con énfasis en el acceso a la información. El 20 de abril de 2009, la Relatoría Especial organizó un taller para periodistas en Oaxaca, referido a los mismos temas, en coordinación con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Al día siguiente, la abogada Alejandra Negrete representó a la Relatoría Especial en el Foro El Derecho a la Acceso a la Información: sistema interamericano, estándares internacionales y balance, organizado en conjunto con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Article XIX.
Entre el 23 y 24 de abril de 2009, la Relatoría Especial organizó una sesión especial sobre la libertad de expresión ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. En esta sesión, cuya inauguración estuvo a cargo de la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, participaron la Relatora Especial, Catalina Botero, y especialistas en temas de libertad de expresión.
El 29 de abril, la Relatora Especial participó en un seminario sobre acceso a la información que organizó la Embajada de Gran Bretaña en Colombia, y que se celebró en Bogotá.
El 4 de mayo, la Relatora Especial asistió a la reunión de Medio Año de la Asociación Internacional de Radiodifusión que se celebró en Washington, D.C., y a la que también asistió el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.
El 6 de mayo, la Relatora Especial brindó una exposición ante el Consejo Permanente en ocasión de que se realizara una conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El 12 de junio de 2009, la Relatora participó en el panel titulado Libertad de Expresión: un tema clave en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cual se desarrolló en el marco de IV Reunión anual sobre Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de American University.
El 24 de julio de 2009 la Relatora Especial dictó un seminario llamado Protección del periodismo de investigación dentro del sistema interamericano de Derechos Humanos en la Jolla, California, dirigido a periodistas de investigación. La actividad fue organizada en coordinación con el Institute of the Americas.
El 6 de agosto de 2009 la Relatora Especial realizó una capacitación sobre el mandato de la Relatoría y los estándares interamericanos sobre libertad de expresión a trece periodistas latinoamericanos que visitaron Washington invitados por el International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A solicitud del diario The Washington Post se realizó esta capacitación nuevamente a otro grupo de diez periodistas el 2 de octubre. El 29 de septiembre realizó otra capacitación a otro grupo de periodistas latinoamericanos invitados por el International Visitor Leadership Program.
Del 30 de agosto a 5 de septiembre de 2009 la Relatora Especial realizó una visita académica a Chile, en la que sostuvo reuniones y presentaciones con miembros de organizaciones de la sociedad civil tales como el Consejo de Transparencia de Chile, Corporación Humanas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Chile, Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de Chile, académicos de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente, el 1 de septiembre dictó un seminario sobre principios de radiodifusión en la Universidad Diego Portales y el 2 de septiembre un seminario sobre protección y fortalecimiento de la libertad de expresión en la Universidad de Chile y un seminario sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Estos seminarios académicos estuvieron dirigidos a estudiantes y profesores de derecho.
El 3 y 4 de septiembre de 2009 la Relatora estuvo con los Comisionados de la CIDH en Santiago, Chile, donde participó en las reuniones con autoridades de Gobierno y en los actos de conmemoración de los 50 años de la CIDH. Uno de ellos fue el Seminario organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, realizado el 4 de septiembre de 2009, en el que la Relatora desarrolló una conferencia sobre la CIDH y la protección de los derechos fundamentales, con particular énfasis en el derecho a la libertad de expresión.
Entre el 9 y el 12 de septiembre de 2009 la Relatora Especial estuvo en Argentina, en donde participó de las sesiones de la CIDH realizadas en este país por invitación del Gobierno. Allí participó en las actividades protocolares con representantes de las autoridades estatales, con miembros de la sociedad civil así como en las sesiones sustantivas de la Comisión. Durante la visita la Relatora participó en las actividades académicas sobre la difusión y alcances del sistema interamericano de derechos humanos, sobre la labor de la CIDH y, en particular, sobre el mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
La Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a cargo del Comisionado Paolo Carozza, ha observado durante este período diversas situaciones de preocupación en relación a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Entre ellas, los asesinatos a líderes indígenas y sindicales, las distintas manifestaciones de la criminalización de la protesta social en algunos países de la región y la interceptación de comunicaciones telefónicas a diferentes entidades, entre ellas organizaciones de derechos humanos, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia.
En la actualidad la Unidad se encuentra preparando el informe de seguimiento al Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, aprobado el 7 de marzo de 2006. Para ello, la Unidad envió cuestionarios a los Estados miembros a fines de 2008 y a la sociedad civil a principios de 2009, buscando recabar información sobre la implementación de las recomendaciones del informe de 2006 y sobre nuevos obstáculos a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos al ejercer su labor. Actualmente la Unidad está analizando las respuestas recibidas con el fin de incorporar la información al informe de seguimiento.
Asimismo, la Unidad de Defensores co-organizó junto con el FIDH y la OMCT la II reunión Inter-mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA durante los días 21 y 22 de octubre de 2009. Por la CIDH participaron el Comisionado Paolo Carozza, el Secretario Ejecutivo, Santiago Canton, y la abogada Angelita Baeyens, especialista que apoya a la Unidad. Asimismo, estuvo presente la Relatora Especial de Naciones Unidas para los defensores, Margaret Sekaggya, la Relatora Especial para los defensores y defensoras del Sistema Africano, Reine Alapini-Gansou, así como representantes de varias organizaciones de distintas regiones del mundo que se enfocan en la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Por último, la Unidad está realizando un proceso de actualización de su página Web para incluir y difundir las decisiones y resoluciones de la CIDH relacionadas con defensoras y defensores de derechos humanos, así como en crear su página en el idioma inglés.
La CIDH consideró durante sus sesiones el estado general de los casos y medidas provisionales que ha sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analizó los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal. La Comisión Interamericana ha sometido 132 casos contenciosos a conocimiento de la Corte. De ellos, diez se encuentran en espera de audiencia pública; cuatro en espera de sentencia; 103 en etapa de cumplimiento de sentencia y 16 se encuentran cerrados. Asimismo, hay 39 medidas provisionales activas.
Caso 11.552, Julia Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) v. Brasil.
Caso No. 12.599, Florencio Chitay Nech y Otros v. Guatemala.
Caso 12.580, Inés Fernández Ortega v. México.
Caso 12.529, Rainer Ibsen Cárdenas y José Ibsen Peña v. Bolivia.
Caso 12.449, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores v. México.
Caso 12.420, Comunidad Indígena Xákmok Kásek del pueblo Enxet-Lengua y sus miembros v. Paraguay.
Caso 12.579, Valentina Rosendo Cantú y Otra v. México.
Caso 12.549, Lysias Fleury y su familia v. Haití.
Caso 12.581, Jesús Tranquilino Vélez Loor v. Panamá.
Entre marzo y octubre del año 2009, la Comisión participó en las audiencias del LXXXIII y LXXXIV períodos ordinarios de sesiones de la Corte, celebrado en su sede, así como en los XXXVIII, XXXIX y XL períodos extraordinarios de sesiones, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana; Santiago, Chile y La Paz, Bolivia.
En dichos períodos de sesiones se realizaron audiencias públicas en los casos: Usón Ramírez (Venezuela), Anzualdo Castro (Perú), González y otras “Campo Algodonero” (México), Sétimo Garibaldi (Brasil), DaCosta Cadogan (Barbados), Barreto Leiva (Venezuela), Radilla Pacheco (México) y Masacre de las Dos Erres (Guatemala). Asimismo, se realizó una audiencia pública sobre Reparaciones y Costas en el Caso Salvador Chiriboga (Ecuador) y audiencias sobre implementación de medidas provisionales en el asunto de Haitianos y Dominicanos de Descendencia haitiana en República Dominicana (República Dominicana), en el asunto de Urso Branco (Brasil), así como una audiencia conjunta respecto de las cárceles de Venezuela que incluyó los siguientes asuntos: Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare), Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II.
Por otro lado, la Corte llevó a cabo una audiencia sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por Argentina (OC-21) en relación con la procedencia de la figura del juez ad hoc en casos contenciosos que no son entre Estados y la participación de jueces nacionales de casos en contra del país de su nacionalidad.
Asimismo, cabe destacar que desde el 134º Período de Sesiones se han realizado audiencias privadas sobre cumplimiento de sentencia en relación con los casos: Ivcher Bronstein (Perú), Blanco Romero y otros (Venezuela), Suárez Rosero (Ecuador), del Caracazo (Venezuela), Zambrano Vélez y otros (Ecuador), Niñas Yean y Bosico (República Dominicana), Trabajadores Cesados del Congreso (Perú), Herrera Ulloa (Costa Rica), Instituto de Reeducación del Menor (Paraguay), Retén de Catia (Venezuela), Mack Chang (Guatemala), Molina Theissen (Guatemala), Goiburú y otros (Paraguay) y Trujillo Oroza (Bolivia). Además, en el período extraordinario de sesiones celebrado en Bolivia, la Corte Interamericana realizó una audiencia pública de supervisión de cumplimiento en el caso de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa (Paraguay).
En particular, la CIDH agradece las contribuciones efectuadas en el año 2009 por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Canadá, Chile y Estados Unidos. También desea agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión: Corea, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Suecia y Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Universidad de Notre Dame. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.

References: artículo 49
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 61
 Resolución