Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/25330
Timestamp: 2020-01-26 23:21:31+00:00

Document:
Système HJ - Décision: AUTO 59/2017
AUTO 59/2017, de 24 de abril
ECLI:ES:TC:2017:59A
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de septiembre de 2016, la procuradora de los Tribunales, doña Matilde Marín Pérez, interpuso demanda de amparo conforme a lo previsto en el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en nombre y representación del Grupo Parlamentario de Podemos en el Parlamento de Canarias y de sus miembros, contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Canarias dictado el 20 de julio de 2016, y de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, dictado el 19 de julio de 2016. Los acuerdos impugnados inadmitían las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos en el curso de la tramitación de la proposición de ley para la modificación de los arts. 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
a) El 2 de octubre de 2015, ingresaba en el Parlamento Canario una iniciativa legislativa del Cabildo Insular de La Palma proponiendo la modificación de los arts. 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
La propuesta tenía por objetivo modificar el modelo territorial de desarrollo turístico previsto en la Ley 6/2002, abriendo la posibilidad de desarrollar establecimientos hoteleros de tamaño medio en zonas en que no era posible hacerlo con la regulación vigente, a través de la modificación de la ratio de superficie/plaza alojativa, situando la densidad de ocupación en 250 m2/plaza alojativa. La proposición de Ley incluía una exposición de motivos, y tres artículos, el primero destinado a modificar el artículo 4 b) 1 de la Ley canaria 6/2002, el segundo a incorporar tres nuevos apartados a ese mismo artículo 4, a los que nombra con las letras e), f) y g), y el tercero tendente a modificar el artículo 8.4 f) 3), siempre de la Ley 6/2002.
b) El 8 de octubre de 2015 la Mesa de la Cámara, en la que están representados el Grupo Parlamentario Socialista Canario, el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Popular, calificó la iniciativa legislativa admitiéndola a trámite. La tramitación siguió su curso, superándose las diligencias preceptivas sin dificultad (conformidad del Gobierno, debate de toma en consideración, solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, procedimiento de presentación de enmiendas a la totalidad, envío a la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad), hasta llegar a la apertura del trámite de presentación de enmiendas al articulado, en el que la totalidad de los grupos parlamentarios con presencia en la Asamblea, hicieron propuestas con distinto alcance. El Grupo Parlamentario Podemos, en concreto, presentó tres enmiendas: una de sustitución de la exposición de motivos de la proposición de ley, y dos de sustitución de los artículos primero, segundo y tercero de la proposición de ley, planteando una redacción alternativa para los arts. 4 y 8 de la Ley canaria 6/2002.
c) La Mesa del Parlamento de Canarias, en reunión celebrada el día 20 de julio de 2016, estimó la solicitud de reconsideración del Grupo Parlamentario Nueva Canarias y desestimó la del Grupo Podemos. La Mesa del Parlamento mantuvo la inadmisión a trámite de las tres enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos al entender que la finalidad de las enmiendas propuestas era la modificación de la proposición de ley “para volver a la redacción originaria de la Ley 6/2002, de 12 de junio”, objetivo que supondría neutralizar la iniciativa legislativa y por tanto conferiría a las enmiendas al articulado carácter de enmiendas a la totalidad, habiéndose presentado estas, en tal caso, con carácter extemporáneo.
3. El Grupo Parlamentario demandante considera que los dos acuerdos recurridos en amparo, tanto el de la Mesa de la Comisión inadmitiendo las enmiendas al articulado, como el de la Mesa del Parlamento desestimando la solicitud de reconsideración, vulneran el derecho a participar en asuntos públicos a través de los representantes elegidos democráticamente que contempla el art. 23.1 CE. Los argumentos que sustentan esta queja se articulan en torno a la afirmación de que los acuerdos objeto del recurso de amparo afectan de forma restrictiva al núcleo de la función representativa de los integrantes del grupo parlamentario que plantea las enmiendas, siendo esta una restricción sin base en el Reglamento de la Cámara, y que limita el derecho de enmienda como elemento definidor de la participación en la función legislativa del Parlamento.
4. Mediante providencia de 30 de enero de 2017, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando la concurrencia de especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto en la medida en que pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. La Sección acordó, asimismo, formar la oportuna pieza separada para la tramitación de la suspensión solicitada, dando traslado, mediante providencia de la misma fecha, al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente, por un plazo común de tres días, para la presentación de las alegaciones que estimasen pertinentes sobre dicha suspensión.
5. La representación procesal del Grupo Parlamentario Podemos del Parlamento de Canarias presentó escrito registrado el 7 de febrero de 2017, insistiendo en la solicitud de suspensión.
6. El Fiscal presentó escrito registrado el 15 de febrero de 2017 interesando la desestimación de la pretensión de suspensión.
1. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en su apartado 1, establece como regla general que la interposición de un recurso de amparo, se impugne el acto que se impugne, no suspenderá los efectos del acto administrativo, del acto parlamentario o de la resolución judicial rebatidos. No obstante, el apartado segundo del mismo artículo 56 LOTC, invocado en su demanda por el grupo parlamentario recurrente en amparo, prevé una excepción a dicha previsión general, admitiendo la suspensión del acto o resolución recurrido cuando su ejecución produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder su finalidad al amparo. Por tanto, la facultad suspensiva se sustenta en la “necesidad de asegurar la efectividad de la futura sentencia, esto es, de preservar la integridad del derecho fundamental cuya vulneración se denuncia” [ATC 190/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 a)].
Esa suspensión, en todo caso, no puede ocasionar ninguna perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona. Por tanto, la suspensión ha de ser tratada, en este contexto, como una medida de carácter excepcional y propia de la justicia constitucional cautelar, que ha de ser aplicada restrictivamente (por todos, ATC 117/2015, de 6 de julio, FJ 1).
Adicionalmente, el Tribunal viene exigiendo a quien solicita la adopción de la medida cautelar de suspensión del acto o resolución judicial recurrido que alegue, pruebe o, al menos, justifique —ofreciendo un principio razonable de prueba— la irreparabilidad o dificultad de la reparación de los perjuicios de seguirse la ejecución del acto impugnado, y ello con el objeto de mostrar que la ejecución del acto impugnado puede privar al recurso de su finalidad, provocando que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío y convirtiendo en meramente ilusorio y nominal el amparo [AATC 51/1989, de 30 de enero; 290/1995, de 23 de octubre; 370/1996, de 16 de diciembre; 283/1999, de 29 de noviembre; 90/2014, de 27 de marzo, FJ 1, o 190/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 a)].
Y precisamente para asegurar que quede preservada la finalidad de la adopción de la medida cautelar, se ha establecido que no resulta adecuada la suspensión de actos o resoluciones ya ejecutados, siendo posible la suspensión, exclusivamente, de la ejecución de un acto que se está produciendo o que podría producirse en el futuro. El Tribunal entiende que si el acto de los poderes públicos impugnado ya ha sido ejecutado plenamente, las vulneraciones denunciadas, de constatarse, ya se habrían producido y agotado (por todos (AATC 315/2003, de 1 de octubre, 94/2006, de 27 de marzo; 288/2007, de 18 de junio, y 190/2015, de 5 de noviembre) y los efectos de la estimación del amparo serían o meramente declarativos o de reparación del daño causado, pero nunca de evitación de dicho daño, que es el objetivo que debiera procurar la adopción de la medida cautelar de suspensión.
2. Como se ha señalado en los antecedentes, el recurso interpuesto por los demandantes, al amparo de las previsiones del art. 42 LOTC, tiene por objeto la impugnación de dos decisiones firmes sin valor de ley emanadas de dos órganos distintos de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dos decisiones que, al impedir la presentación de las enmiendas al articulado de una determinada norma, planteadas por el grupo parlamentario, habrían vulnerado, así lo denuncian los recurrentes, los derechos de los integrantes de este grupo a participar, con las garantías que asegura la observancia del art. 23.2 CE, en el procedimiento legislativo.
3. En relación con la petición formulada de que se suspendan los acuerdos parlamentarios impugnados y, con ello, la “entrada en vigor” de la ley resultante del procedimiento legislativo en el que aquéllos fueron dictados, resulta evidente, como señala el Ministerio Fiscal en sus alegaciones:
4. Dado que la única medida de suspensión solicitada por los recurrentes es la de suspender los efectos —y, con ello, la vigencia— de la disposición normativa con rango de ley que ya se encuentra en vigor, podemos señalar, sin necesidad de abordar ningún análisis adicional sobre los perjuicios que puede prevenir o producir tal medida, que la petición no puede ser atendida por los siguientes motivos:
Es evidente que una eventual estimación del amparo planteado no tendría el efecto reparador que pretenden los recurrentes, y que dicen querer asegurar con la solicitud de suspensión de la vigencia de la Ley canaria 2/2016. Aunque el Tribunal entendiese lesionado el derecho de enmienda, vinculado al derecho del art. 23.2 CE a través del ejercicio del ius in officium (en este sentido pueden citarse por todas la STC 119/2011, de 5 de julio, y la jurisprudencia allí reseñada), la eventual estimación del recurso de amparo no supondría la anulación de la norma tramitada y aprobada en el curso del procedimiento legislativo en que fueron rechazadas las enmiendas en cuestión, y dan prueba de ello los fallos de las Sentencias 119/2011, de 5 de julio, o 118/1995, de 17 de julio. Admitir tal posibilidad sería tanto como asumir la existencia de una suerte de amparo parlamentario indirecto contra leyes cuando el constituyente, de forma consciente, ha excluido esta posibilidad. La petición que se formula no tiene, pues, cabida en el ámbito del recurso de amparo.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 4931-2016
Fecha de resolución 24/04/2017
Artículo 56.1 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 1
Artículo 56.2 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 1
Ley del Parlamento de Canarias 2/2016, de 27 de septiembre. Modificación de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2002, de 12 de junio de medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma
Potestad de suspensión de actos de los poderes públicosPotestad de suspensión de actos de los poderes públicos, ff. 1, 2, 3, 4

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 56
 resolución 
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 resolución 
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Artículo 56

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