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Timestamp: 2019-09-23 13:58:02+00:00

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﻿ Sentencia 1998-01166 de febrero 20 de 2014
SENTENCIA 1998-01166 DE 20 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL- COMPENSACIÓN DE CULPAS. SE EVIDENCIA EL CASO, EN QUE LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS), INCUMPLE CON SUS OBLIGACIONES DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN CASO DE OBRAS, ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1397 DE 1994, LO QUE LO HACE RESPONSABLE DE UN SINIESTRO DE TRÁNSITO EN EL QUE FALLECE UN CIUDADANO Y SE CAUSAN DAÑOS MATERIALES. NO OBSTANTE, LA FALLA INMINENTE DE LA ENTIDAD QUE PRODUJO UN DAÑO ANTIJURÍDICO PARA UN ADMINISTRADO Y SU FAMILIA, SE ESTABLECE TAMBIÉN LA RESPONSABILIDAD DEL FALLECIDO AL CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, LO QUE GENERA LO QUE LA DOCTRINA DE LA RESPONSABILIDAD HA LLAMADO COMO “COMPENSACIÓN DE CULPAS”, QUE PERMITE EN EL CASO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL, LA REBAJA DE LA CONDENA POR LAS FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CLASES DE DAÑO PATRIMONIAL, CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, COMPENSACIÓN DE CULPA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN
Sentencia 1998-01166 de febrero 20 de 2014
Rad.: 250002326000199801166 01 (27.542)
Actor: María Cristina Marín Kuan y Otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías “Invías” y otro
Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación y la apelación adhesiva interpuestas por la parte demandante, la llamada en garantía “La Ganadera Compañía de Seguros S.A.” y la sociedad demandada “Concesión Sabana de Occidente S.A.”, contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por el Consejo de Estado.
En el presente caso la pretensión resarcitoria tiene que ver con la muerte del señor Javier Amido Rodríguez Cano, en hechos ocurridos el 27 de marzo de 1996, de donde la demanda debía presentarse hasta el día 28 de marzo de 1998 y, como lo fue el día 26 de marzo del mismo año, resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).
Debe señalarse que la llamada en garantía “Compañía de Seguros La Ganadera S.A.” apeló porque, en su criterio, la sentencia incurre en una contradicción, en cuanto al tiempo que se endilga a la víctima la causa del accidente, declara no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, fundadas en el hecho de esta, inconformidad a la que se adhirió en apelación la sociedad demandada Concesión Sabana de Occidente S.A.
No obstante, a juicio de la Sala, en el presente caso no le asiste razón a las recurrentes en cuanto aducen la incongruencia de la sentencia, por cuanto además de que el hecho de la víctima no constituye en estricto sentido una excepción, dado que no está encaminada a enervar las pretensiones de los actores, sino a oponerse a ellas, no es obligación del fallador declarar como probadas una excepción, cuando la misma no es la única razón en la que fundamentó su fallo para denegar las pretensiones.
Se encuentra debidamente acreditado que el señor Javier Amido Rodríguez Cano falleció el 27 de marzo de 1996, conforme indica su registro civil de defunción expedido por la Notaría 22 del Círculo de Bogotá, allegado al proceso por la parte demandante (fl. 2, cdno. 2), según el cual, la muerte fue consecuencia de “hipoxia”, así como la copia del protocolo de necropsia 01591-096, proveniente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Bogotá, en el que se consigna como conclusión “adulto de sexo masculino quien fallece en hipoxia y cuya causa de muerte está en estudio” (fls. 154 a 155, cdno. 2).
En este sentido, según la copia del informe realizado el 27 de marzo de 1996 por el comandante de la ruta Siberia de la División de la Policía de carreteras, estación Cundinamarca, “... a las 01:30 horas aproximadamente en la vía que de Bogotá conduce a Siberia, Kilómetro 4 + 460 metros, se volcó la camioneta marca Toyota, modelo 95, servicio particular, de placas chx-101, conducida por el señor Javier Armando Rodríguez quien resultó herido en el lugar de los hechos y posteriormente falleció en el CAMI de la Granja, donde se trasladó para asistencia médica” (fl. 11, cdno. 2).
Por tanto, dado que se encuentra demostrado el daño alegado por la parte actora, pasa la Sala a analizar si el mismo es imputable a las demandadas y, en consecuencia, a determinar si es menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
4. Imputación.
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(2).
Ahora bien, la jurisprudencia ha afirmado respecto de la conducción de vehículos automotores, que los daños causados con ocasión de dicha actividad generan responsabilidad, cuando se comprueba el daño, la violación de las normas cuyo acatamiento hubiera evitado la producción del hecho dañoso y el nexo de causalidad entre la actuación u omisión de la administración y los perjuicios ocasionados(3).
4.1. Marco jurídico(4).
Las características que deben tener las señales preventivas, esto es, las que tienen por objeto advertir al usuario de la vía sobre la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta, están definidas en el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte mediante Resolución 5246 del 2 de julio de 1985(5). En el capítulo I de dicho manual, se describe la señal SP-38, cuyo símbolo es un hombre con una pala, que advierte sobre trabajos en la vía. En el aparte respectivo, se indica: “Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un tramo de la vía sometido a trabajos de reconstrucción o conservación dentro de la calzada o zonas adyacentes”.
En el citado manual se establecen las especificaciones de diseño de las señales preventivas mediante una gráfica en la que se indica que su forma será cuadrada, colocada en diagonal, sus lados pueden oscilar entre 60 y 75 cm, fondo amarillo y el símbolo y la orla negros.
En cuanto a la ubicación de las señales, se prevé que todas “se colocarán al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito, en forma tal que el plano frontal de la señal y el eje de la vía formen un ángulo comprendido entre 85º y 90º, para que su visibilidad sea óptima al usuario” y que “[e]n caso de que la visibilidad al lado derecho no sea completa, debe colocarse una señal a la izquierda de la vía”. Además, las señales deben colocarse lateralmente, en la forma que allí mismo se indica, mediante una gráfica y, en zonas urbanas, su altura, medida desde su extremo inferior hasta la cota del borde de la acera, no será menor de 2 m, y la distancia de la señal, medida desde su extremo interior hasta el borde de la acera, no será menor de 30 cm.
Prevé, igualmente, la utilización de una señalización especial, para aquellos casos en que se realizan trabajos de construcción y conservación de carreteras. En cuanto a su función y carácter, se dispone en el capítulo III:
Este tipo de señalización es temporal, su instalación será anterior a la iniciación de las operaciones de construcción y conservación, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se eliminará cuando la calle o carretera esté en condiciones de recibir el tránsito” (se resalta) (sic).
Dispone que, en estos eventos, pueden usarse las señales preventivas descritas en la primera parte del manual, pero con un tamaño mayor; en efecto, la dimensión mínima del lado del cuadrado será de 90 cm y en cuanto al color, el fondo será anaranjado y el símbolo y la orla, negros. Establece, además, una señal especial (SP-101) para prevenir al usuario sobre la aproximación a un tramo de calle o carretera que se encuentre bajo condición de construcción, reconstrucción o conservación; se trata de un cuadrado, en el que hay un letrero en el que se lee: “vía en construcción 500 m”.
En el aparte correspondiente a “Señales varias”, se prevé, adicionalmente, el uso de barricadas, “conformadas por bandas o listones horizontales de longitud no superior a 3.00 m y ancho de 0.30 m, separadas por espacios iguales a sus anchos”, cuya altura debe tener un mínimo de 1.50 m. Allí mismo se establece que las bandas horizontales “se pintarán con franjas alternadas negras y anaranjadas reflectivas que formen un ángulo de 45º con la vertical” y que las barricadas “se colocarán normalmente al eje de la vía, obstruyendo la calzada totalmente, o los canales en los cuales no debe haber circulación de tránsito”. Se dispone también que, cuando la construcción de barricadas no sea posible, se podrán utilizar canecas pintadas con franjas alternadas reflectivas negras y anaranjadas de 0,20 m de ancho, y cuya altura no será inferior a 0,80 m.
Finalmente, debe resaltarse que en el capítulo III del manual, se establece, en relación con estas señales, en etapas de construcción y conservación de carreteras, que “deben ser reflectivas o estar convenientemente iluminadas, para garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad”. Además, en cuanto a su conservación, se prevé lo siguiente:
Ahora bien, mediante la Resolución 1397 de 1994, el director de la demandada Invías estableció “la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en calles y carreteras”, exigiendo que, como mínimo, deben ubicarse seis (6) señales temporales de aproximación a los frentes de trabajo (art. 1º) y cinco (5) señales temporales de aproximación a obstáculos y/o peligros sobre la vía (art. 2º); adicionalmente, dicho instrumento contempla que en el mismo sitio del frente de trabajo, obstáculo y/o peligro, se utilicen conos o canecas y barricadas(6), de manera temporal (art. 3º).
Es importante resaltar que estas últimas señales también aplican “cuando se trate de obstáculos sobre la berma, como gravas, cables, materiales, etc.” (art. 4º, parágrafo único) y que “[e]n todo frente de trabajo deberá regularse el tránsito de vehículos por intermedio de dos personas con sus respectivos chalecos reflectivos, colocadas una en cada lado del sitio” (art. 5º).
Incluso la resolución de que se trata exige que “[t]oda persona que cumpla con la misión de obras, estudios, inspección de la banca, ya sea de entidades de servicio públicos, contratistas o particulares debidamente autorizados, debe colocarse un chaleco de seguridad reflectivo de color naranja, durante el tiempo que permanezca en los trabajos” (art. 6º).
Para finalizar este acápite, resta advertir que las entidades contratantes están obligadas a exigir al contratista de obras públicas, a través del respectivo interventor, el cumplimiento de la señalización temporal so pena de multas (arts. 7º y 8º).
Ahora bien, en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, de acuerdo con los medios de prueba que a continuación se indican, particularmente con el “Informe de accidente”, suscrito por el comandante de la ruta Siberia de la División de la Policía de Carreteras, Estación Cundinamarca, la Sala encuentra que el señor Javier Amido Rodríguez Cano falleció el 27 de marzo de 1996 a las 02:00 a.m., como consecuencia del accidente de tránsito que ocurrió en la vía que de Bogotá conduce a Siberia, Kilómetro 4 + 460 m, cuando el señor Rodríguez Cano conducía una camioneta por el carril derecho de una vía de doble sentido.
Según el croquis elaborado por las autoridades de tránsito, en el momento del accidente en la vía por la que conducía la víctima se apreciaba una perforación de gran tamaño. De hecho, en el espacio del informe para “observaciones” se dejó constancia de que “el hueco donde cayó el vehículo es de 1,80 m aproximadamente de profundidad”. Adicionalmente, en el apartado de “Características de las vías” se precisó: “7.6 Estado: || en reparación || 7.8 iluminación: || sin || 7.10 visual disminuida por || avisos, vallas” (fl. 12, cdno. 2).
Determinadas las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, pasa la Sala a analizar si la administración y la víctima concurrieron en la producción del daño alegado en la demanda.
Según se acreditó con el contrato de concesión 447 de 1994 (fls. 17 a 51, cdno. 2), suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A., en el momento de los hechos, la última de las mencionadas, efectuaba sobre la carretera Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino - del tramo de carretera Santafé de Bogotá - La Vega, Ruta 54 - en el departamento de Cundinamarca, en que ocurrió el accidente, trabajos con el fin de realizar los estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, de construcción, operación y mantenimiento.
Como ya se indicó, en atención al documento elaborado por el comandante de la ruta Siberia de la División de la Policía de carreteras, estación Cundinamarca, sobre el carril derecho o superior pintado en el croquis, por donde se desplazaba el señor Rodriguez Cano existían tres señales de tránsito distinguidas como SP-60, SP-101, FIG-14, además de dos canecas con pintura reflectiva y cinta de peligro con mecheros. Sin embargo, la Sala encuentra las señales insuficientes para evitar el accidente de tránsito que segó la vida del señor Javier Amido Rodríguez Cano.
En efecto, el agente de policía José Alberto Guarín Gomez, uniformado que levantó el croquis referido, consignó como causas probables del accidente, “cod 301 ausencia total o parcial de señales (faltan canecas reflectivas, mecheros apagados), lo que permite entender que la señalización para evitar accidentes de tránsito en razón de trabajos y obras sobre la vía pública era defectuosa e insuficiente.
En contraste con la visión de los hechos reflejada en el croquis elaborado por la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, se tiene la prueba testimonial recaudada a petición de la demandada, Concesión Sabana de Occidente S.A., declaraciones acorde con las cuales el sitio de la obra contaba con señales suficientes y en la vía ningún obstáculo amenazaba a los usuarios.
Estos son los dichos de los declarantes en sus acápites más importantes.
Declaración del señor Ramiro Morales Guevara, quien fungía para la fecha de los hechos, como director de la obra de la empresa Pavimentos de Colombia (fls. 139 a 141, cdno. 2).
“Preguntado: usted recuerda como era la señalización existente en el sitio donde se presentó el accidente, descríbala. Contestó. Nosotros estábamos colindando con el sector de Aguilar, ellos tenían una excavación y si nos retiramos desde la excavación hacia el oriente me explico, bajando por la avenida calle 80 había señalización de prevención, las que pone uno normalmente en este tipo de vías que son alrededor de unas 15 señales preventivas al sitio donde está uno laborando mucho antes al sitio donde está haciendo uno la excavación. Luego más o menos a unos 20 o 25 metros antes de llegar al sitio de trabajo de excavación habían barricadas en madera, son unos elementos de 3 metros de ancho, luego seguían unas 2 o 3 canecas y al final justo antes de caer a la caja o hueco ya tenían unos arrumes de material. Además desde el rio Bogotá estábamos en obra que era el área de trabajo que yo manejaba teníamos todo tipo de señalización preventiva para advertir al usuario que estábamos ejecutando obras, esos son 3 o 4 kilómetros más o menos de recorrido desde el rio Bogotá a Cresta Roja, al sitio donde ocurrió el accidente. En las horas nocturnas se tenían mecheros o lumbres y la empresa de Aguilar tenía una persona avivando los mecheros para que mantuvieran prendidos no se el intervalo de tiempo ni hasta que hora estarían. Por supuesto los vehículos que iban bajando se encontraban con la señalización que le advertía el peligro y el desvío a mano izquierda para hacer un recorrido de doble flujo por una vía sin pavimentar y volver nuevamente a la calzada norte o sea, bajando.
“Preguntado. Infórmele al despacho si para la noche de los hechos y de acuerdo a la nubosidad existente era suficiente la señalización existente al momento del accidente. Contestó. Por supuesto que eran suficientes como comentaba anteriormente todo el corredor vial estaba señalizado desde el puente del rio Bogotá hasta donde ocurrió el accidente, teniendo en cuenta también que existían todas las señales preventivas de aproximación al sitio del accidente.
Declaración del señor Camilo Alberto Buritica Rocha, quien fungía para la fecha de los hechos, como Ingeniero Director de la obra de la empresa Aguilar y Compañía Limitada Construcciones (fls. 143 a 145, cdno. 2).
“Preguntado: describa el tipo de señalización existente en la obra que desarrollaba Aguilar y Cía. Ltda. Construcciones. Contestó. Se colocó la señalización que contractualmente exige para este tipo de obras el Instituto Nacional de Vías cada 500 metros a partir del río Bogotá en sentido oriente occidente se instalaron unas vallas donde se informaba al usuario de la vía que la vía estaba en construcción y se limitaba la velocidad a 40 kilómetros por hora máximo, adicionalmente, en los sitios de desvío un kilómetro antes del desvío con una señal informativa se le indicaba al usuario la existencia de un desvío a un kilómetro, así mismo 50 metros antes, 300 metros antes, 200 y 100 metros antes, adicionalmente señalización de no adelantar y a 150 metros y 300 metros límite de velocidad de 20 Kilómetros 50 metros antes del desvío se instalaban delineadores de curva, La señalización nocturna se instalaban barricadas de madera con señal de desvío detrás de las barricadas canecas con cinta reflectiva sobre las canecas mecheros, esta señalización se instalaba a 30 metros del sitio donde se estaban haciendo los trabajos y en el borde de la excavación se colocaba material tipo recebo.
“Preguntado. Destinaban ustedes algún tipo de trabajador para el mantenimiento de la señalización. Contestó. Siempre hubo personas encargadas del manejo permanente de la señalización tanto diurna como nocturna.
“Preguntado. Infórmele al despacho si usted sabe y le consta que para el día de los hechos la señalización que usted hace referencia e sus respuestas anteriores más específicamente entratándose de los mecheros para la hora de los hechos se encontraban encendidos. Contestó. La señalización de la obra y los mecheros en cualquier desvío que existieran a lo largo de la construcción eran permanentes día y noche desde su inicio hasta su terminación. Preguntado. De acuerdo con una de sus respuestas anteriores las causas probables del accidente: velocidad, niebla y lluvia, infórmele al despacho si esta lluvia puede o no apagar los mecheros. Contestó. La lluvia no apaga los mecheros además había una persona dedicada exclusivamente para que dichos mecheros permanecieran prendidos. Nocturno siempre permanecieron prendidos los mecheros. Dentro de las funciones mías era hacer visitas diarias a diferentes horas para verificar la señalización.
En la misma dirección probatoria encontramos el dictamen pericial rendido por los ingenieros Rafael Silva Valenzuela y Jaime Lopez Ríos, cuyo objeto estaba dirigido a reconstruir en lo posible las circunstancias existentes en el lugar de ocurrencia del accidente, la madrugada del 27 de marzo de 1996. Cabe resaltar que el dictamen pericial fue realizado con fundamento en el testimonio ilustrativo del ingeniero Camilo Alberto Buritica Rocha, quien, como se dijo anteriormente, se desempeñaba como ingeniero director de la obra de la empresa Aguilar y Compañía Limitada Construcciones.
En el mencionado documento se consignaron las siguientes consideraciones:
“Testimonio ilustrativo del ingeniero Camilo Andres Buritica.
El ingeniero Camilo Andres Buritica informa que personalmente tomó la fotografía aportada y que para la época de los hechos existía suficientemente señalización diurna y nocturna en el sitio, hacia el Occidente y también desde el Oriente así:
a. Desde antes del río Bogotá existían señalización reflectiva en fondo blanco y letras naranja, que decía: “Concesión Sabana de Occidente, vía en construcción, velocidad máxima 40 km/hora. Esta señalización se presentaba cada 500 metros
b. Un kilómetro antes del desvío “desvío a 1 km”.
c. 500 metros antes del desvío “500 m vía en construcción”.
d. 500 metros antes del desvío “desvío a 500 metros”.
e. 400 metros antes del desvío “desvió a 400 metros”.
f. 300 metros antes del desvío “desvió a 300 metros”.
g. 200 metros antes del desvío “desvió a 200 metros”.
h. 100 metros antes del desvío “desvió a 100 metros”.
i. Igualmente cada 100 metros: señal de: desvío.
k. Señal de “prohibido adelantar.
l. En el desvío: barrera de madera amarillo y negro.
Cintas señal peligro amarillo y negro.
Canecas con mecheros amarillo y negro (pintura reflectiva).
Finalmente 30 m al Occidente bordeando la excavación, había varios viajes de recebo. Además la vía hasta el desvío, se encontraba completamente pavimentada, con línea amarilla central divisoria.
El desvío se encontraba recebado y hacia el Occidente, empataba con la vía ya pavimentada.
Los mecheros sobre las canecas eran encendidos en horas de la noche”.
Ahora dada la discrepancia entre lo afirmado en los testimonios que vienen de relacionarse y la información reportada en el croquis elaborado por la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, acerca de la ausencia total o parcial de señales, la Sala dará prevalencia y plena credibilidad a la información reportada en el mencionado documento, toda vez que, además de ser emitido por una autoridad pública, el agente de policía José Alberto Guarín Gomez fue la primera persona en llegar al sitio del accidente y quien pudo percibir de manera directa las condiciones en que se encontraba el lugar de ocurrencia de los hechos.
Aunado a lo anterior, debe destacar la Sala que los referidos testigos reconocieron ser empleados de empresas asociadas a la sociedad demandada Concesión Sabana de Occidente S.A., y para la obra en ejecución, circunstancia que impone que sus testimonios deban ser analizados con una especial severidad, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(7), comoquiera que lo dicho por ellos, por estar ligados con la parte demandada por vínculos laborales, puede estar encaminado a favorecer sus intereses en relación con la posible condena que le pueda ser impuesta a las demandadas(8).
Lo mismo se predica del dictamen pericial obrante en el plenario, dado que el mismo no se fundamentó en las apreciaciones directas de los peritos designados para el efecto, sino que sus consideraciones estuvieron basadas en el testimonio ilustrativo del ingeniero Camilo Alberto Buritica Rocha, cuyo testimonio como se dijo, puede estar prevalido de circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad.
Así las cosas, es claro que al Invías, responsable directo de la “construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia”(9), le correspondía velar por la adecuada señalización de los trabajos que se efectuaban sobre la carretera en la que se accidentó el señor Rodríguez Cano, obligación que subsiste así contrate con un tercero la construcción de la obra pública sobre la vía(10).
Se conoce que la obra adelantada sobre la vía pública contaba apenas con tres (3) señales de tránsito, siendo que debía contar con mínimo seis (6), y a más que se trataba de una vía sin iluminación, no hacía presencia el personal exigido para regular el tránsito. Omisiones estas que imponen revocar la sentencia absolutoria para declarar la responsabilidad patrimonial de las demandadas, en el accidente que causó la muerte al señor Javier Amido Rodríguez.
Ahora bien, la Sala no pasa por alto que de acuerdo con el protocolo de necropsia, el señor Javier Amido Rodríguez, en el momento de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol. En efecto, así lo determinó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses, Regional Bogotá, en el que se determinó la presencia de alcohol etílico en 195.322 mg / 100 ml (fls. 154 a 155, cdno. 2).
Para la comprensión de los resultados toxicológicos trascritos, es preciso indicar que de conformidad con la Resolución 414 de 2002 “Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia”, proferida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la prueba de alcoholemia consiste en “la medición de la cantidad de etanol en sangre y se expresa en mg de etanol / 100 ml de sangre total”. En este sentido, el artículo 2 de la citada resolución dispone:
“La interpretación de los resultados de alcoholemia, independientemente del método empleado para su determinación, requiere la correlación con el estado de embriaguez alcohólica de una persona, así:
— Resultados menores a 40 mg de etanol / 100 ml de sangre total, se interpretan como estado de embriaguez negativo.
— Resultados entre 40 y 99 mg de etanol / 100 ml de sangre total, corresponden al primer grado de embriaguez.
— Resultados entre 100 y 149 mg de etanol / 100 ml de sangre total, corresponden al segundo grado de embriaguez.
— Resultados mayores o iguales a 150 mg de etanol /100 ml de sangre total, corresponden al tercer grado de embriaguez” (resaltado fuera del texto original).
En concordancia con la guía práctica para realizar el dictamen forense sobre embriaguez, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(11) [“e]n general puede aceptarse que niveles de alcoholemia entre 50 y 100 miligramos permitan sospechar la presencia de embriaguez. Cifras mayores de 100 miligramos por ciento de alcoholemia son conclusivas de embriaguez”(12).
Adicionalmente, en relación con los niveles de etanol en sangre y sus efectos sobre la capacidad de conducir, la Guía para el manejo de urgencias, elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(13), señala:
“• 50-75 mg%: efecto ansiolítico, sensación de relajación. Ligera incoordinación motora. Conducir comienza a ser peligroso.
• 75-100 mg%: tendencia subjetiva a la comunicación con los demás. Conducir definitivamente es peligroso.
• 100-150 mg%: cambio evidente del estado anímico y de la conducta. Descenso de la autocrítica. Ataxia incipiente(14) (resaltado fuera del texto original).
• 150-200 mg%: desinhibición, manifestación de los rasgos profundos de la personalidad: sociabilidad, agresividad, inhibición. Disartria, ataxia y alteraciones en el curso del pensamiento”(15) (resaltado fuera del texto).
Sobre la peligrosidad de conducir bajo los efectos del alcohol, en la sentencia de 10 de noviembre de 2005 (Exp. 19.376, C.P. Alier Hernández Enríquez), esta corporación señaló, respecto de la doctrina especializada que aborda el tema:
“Según Carlos Alberto Olano Valderrama(16), no está en buenas condiciones para conducir quien se halle en estado de embriaguez, por cuanto dicha circunstancia, así no alcance un nivel muy elevado, incide desfavorablemente en la prontitud de los reflejos y en la evaluación de las contingencias del tráfico, factores indispensables para la segura conducción.
El alcohol, incluso en dosis pequeñas, deprime los centros coordinadores del cerebro y retarda sensiblemente las reacciones normales del conductor experto. En consecuencia, a pesar de su lucidez mental aparente y de su habilidad en el volante, el conductor que ha ingerido bebidas embriagantes tarda mucho más de lo normal en actuar ante circunstancias imprevistas, lo que es causa constante de numerosos y graves accidentes de tránsito. Hecho que torna irresponsable conducir vehículos después de haber ingerido licor, es que los trastornos neuromusculares (como retardos en las reacciones sicomotoras, disminución de la atención y perturbación de los reflejos con alargamiento de tiempo de reacción), ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas de ebriedad, de modo que ni el conductor ni quienes lo acompañan se dan cuenta del trastorno hasta que irrumpe una circunstancia imprevista, que demanda decisión y reacción rápidas de parte del conductor, pero ya entonces las decisiones y reacciones rápidas son imposibles, porque hay alcohol en el organismo, así sea en pequeña cantidad”(17).
Así, dado el nivel de etanol en sangre que presentaba el señor Javier Amido Rodriguez Cano al momento de su deceso, la Sala concluye que: (i) la víctima infringió el Código Nacional de Tránsito vigente para la época en que ocurrieron los hechos (D. 1344/70), principalmente el artículo 181 que establece: “[s]erá sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: || (...) || 9. Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes. Además incurrirá en la suspensión de la licencia de conducción de seis (6) meses a un (1) año, e inmovilización del vehículo”(18); (ii) no previó los efectos peligrosos de conducir bajo el influjo del alcohol, sobre una vía en construcción, habiendo podido preverlos, o confió imprudentemente en poder evitarlos, lo que resulta a todas luces contrario al deber objetivo de cuidado y al comportamiento que exige la convivencia social; y (iii) si bien la conducción de un automotor es, de por sí, una actividad riesgosa, el actuar imprudente, negligente y temerario del señor Rodriguez Cano incrementó de manera reprochable dicho riesgo, al punto que puso en peligro la vida de los demás usuarios de la vía.
Visto lo anterior de manera concordante con la guía práctica para realizar el dictamen forense sobre embriaguez del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(19), los resultados superiores a 100 miligramos por ciento de alcoholemia permiten concluir un estado de embriaguez.
Adicionalmente, en relación con los niveles de etanol en la sangre y sus efectos sobre la capacidad de conducir, la Guía para el manejo de urgencias, elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(20), señala que cuando el resultado supera los 100% mg se presenta un cambio evidente del estado anímico y de la conducta, caracterizado entre otros por una incoordinación motora, conocida como ataxia incipiente(21).
Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala resulta claro que la víctima contribuyó a la realización del daño, violar las disposiciones de tránsito relacionadas con la conducción de vehículos en estado de embriaguez, especialmente aquella contenida en el artículo 181 del Decreto 1344 de 1970, según la cual había lugar a la imposición de multas para el conductor que condujera bajo los efectos del alcohol.
Contribución que tiene que ver, con haberse puesto en condiciones de indefensión frente al peligro que comporta conducir en una vía pública, intervenida por trabajos de movimiento de tierra y obstáculos sin señalización, siendo así, sin duda el actuar impudente, irresponsable y reprochable del conductor agravó el riesgo que de por sí se predica respecto de la conducción de vehículos, contribuyendo con ello a la consumación del daño que se imputa a la demandada.
En estas circunstancias, la Sala considera que la condena que se impondrá a las entidades demandadas deberá reducirse en un porcentaje del 70%, pues si bien, las fallas en la prestación del servicio de señalización vial imputables a las demandadas, fueron indudablemente la causa adecuada y eficiente del accidente de tránsito, la Sala no puede pasar por alto que la participación de la víctima fue determinante en la producción del daño.
Con respecto a la velocidad a la que transitaba el señor Rodríguez Cano, que las demandas alegan como excesiva y que para el a quo fue una de las causas determinantes del accidente de tránsito, debe decir la Sala que esta aseveración carece de un medio de prueba que la sustente, circunstancia que hace imposible a la Sala, ante la falta de certeza de este hecho, concluir que el vehículo en el que se transportaba la víctima se desplazaba por fuera de los límites legales de velocidad.
5. Relación contractual y llamamiento en garantía.
Por lo demás conviene resaltar que, conforme la copia remitida por el Invías, se conoce que la entidad demandada celebró con la Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A., el contrato 447 del 2 de agosto de 1994 (fls. 14 a 35, cdno. 2), con el objeto de ejecutar “los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción la operación y el mantenimiento de la carretera Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino, del tramo de carretera Santafé de Bogotá - La Vega - ruta 53”, durante un plazo de 190 meses, contados a partir de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
La Sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A solicitó se llamara en garantía a la Compañía de Seguros La Ganadera S.A., para lo cual aportó copia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual RC-0198. Conviene resaltar que el valor asegurado ascendió a $ 60.107.500 con vigencia desde el 2 de mayo de 1995 hasta el 2 de mayo de 1997.
No obstante lo anterior, en el plenario no se tienen los elementos de juicio necesarios para determinar que el frente de trabajo en el que se estrelló la camioneta conducida por el señor Javier Amido Rodríguez correspondía exactamente al de la ejecución de ese contrato.
Es que el sitio de la colisión, según se desprende del informe de tránsito realizado por la División de Policía de Carreteras, Estación Cundinamarca, fue puntualmente en la “en la vía que de Bogotá conduce a Siberia, kilómetro 4 + 460 metros”, no obstante, según se consigna en el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato de concesión 447 del 2 de agosto de 1994, que “el alcance básico de la construcción incluye las siguientes obras. 1. Estudios, diseño y construcción del nuevo Puente sobre el río Bogotá. 2. Diseño y reconstrucción de la calzada existente entre el k 4+500 y el k 11+000. 3. Construcción de nueva calzada entre el Puente el Cortijo y Puente Piedra (km 14+300). 4. Diseño y construcción de una nueva calzada de acceso a Bogotá en una longitud equivalente a la inversión de mil millones de pesos ($ 1000.000.000) de junio de 1994. 5. Rehabilitación de la calzada existente entre el km 0’000 y el km 31+000. 6. Diseño y construcción de las intersecciones a nivel en Uniabastos - Parque la Florida; cruce con la vía corta Siberia - Funza, cruce vía Puente Piedra - Madrid - Subachoque. 6. Iluminación de puntos críticos en una longitud de tres kilómetros. 7. Construcción de las obras de infraestructura para la operación del proyecto de acuerdo con lo indicado en el reglamento anexo al contrato.
Así las cosas, ante la incertidumbre que genera la diferencia entre los nombres de los sectores y los kilómetros indicados, se procederá a absolver al contratista, toda vez que no se recaudó prueba que permita imputarles la omisión que fuera causa eficiente del accidente.
Liberado el contratista, la compañía de seguros llamada en garantía, igualmente debe quedar absuelta, pues no se comprobó que el frente de trabajo, en el que se produjo la colisión, corresponde al que el contratista debía construir, mantener, rehabilitar o en el que debía acometer sus operaciones, de conformidad con el contrato de concesión 447 de 1994.
Con base en las pruebas practicadas dentro del trámite contencioso, se tiene acreditado que los señores Maria Cristina Rodríguez Kuan, Natalia, Laura Maria y Andrea Cristina Rodríguez Marín, Luz Mery Cano de Rodríguez, Elsa Maryoly y Ruth Estella Rodríguez Cano, eran respectivamente la esposa, las hijas, la madre y las hermanas del occiso Javier Amido Rodríguez Cano, acorde con los registros civiles allegados a la actuación, así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su esposo, padre hijo y hermano.
Ahora bien, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 1.000 gramos de oro para cada uno; empero, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala —sent., sep. 6/2001, Exp. 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado —caso de muerte del padre, hijo, cónyuge o compañero sentimental—, se reconoce una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por lo anterior es procedente que la Sala fije en s.m.m.l.v. la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(22), la cual está regida por los siguientes parámetros:
(i) La indemnización del perjuicio, que no se trata de restitución ni de reparación, se hace a título de compensación en cuanto “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(23); (ii) la tasación del perjuicio, por razón de su naturaleza inmaterial, se establece con fundamento en el criterio de la equidad; (iii) la determinación del monto deberá sustentarse en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(24).
En ese orden, la Sala reitera lo que se ha decidido en casos similares al de autos, y determina una indemnización de cien (100) s.m.m.l.v. para las señoras Maria Cristina Rodríguez Kuan (esposa), Natalia Rodríguez Marín, Laura María Rodriguez Marín, Andrea Cristina Rodríguez Marín (hijas) y Luz Mery Cano de Rodríguez (madre), y cincuenta (50) s.m.m.l.v. para las señoras Elsa Maryoly Rodríguez Cano y Ruth Estella Rodríguez Cano (hermanas) para compensarles el dolor y sufrimiento que se infiere padecieron con la muerte del señor Javier Amido Rodríguez Cano, sumas que se reducirán en el porcentaje indicado (70%), dado que el hecho de la víctima fue concausa de la producción del daño.
6.2 Perjuicios materiales.
En la demanda se solicitó el pago de seis millones doscientos setenta y cinco mil cuarenta y un pesos ($ 6.275.041), por concepto de los gastos funerarios en que tuvo que incurrir la señora Maria Cristina Rodríguez Kuan, como consecuencia de la muerte de su esposo, señor Javier Amido Rodríguez Cano.
Sobre el particular, en el folio (79) del cuaderno dos (2) del expediente, obra original de la certificación expedida por el Jefe de Créditos y Cobranzas del establecimiento de comercio “Funeraria Gaviria”, señor Jorge Alberto Duran, en virtud de la prueba solicitada por la parte demandante, en la cual se señala:
“Funeraria Gaviria Ltda., NIT 80067786-9. Hace constar que prestó el servicio funerario al señor Javier Rodríguez Cano (q.e.p.d.) el 27 de marzo 1996 registrado según factura B0001315, la cual reposa en nuestros archivos. Con un valor de:
Servicios de agencia 270.000
Sala 4 y 5 450.000
Caja provenzal 725.000
Impuestos de inhumación 28.518
Carroza 220.000
Iglesia San Juan Crisóstomo 45.000
Flores 45.000
Excedente medicina legal 35.000
Total 1.818.518
Contratados y cancelados previamente por Marin Kuan Maria Cristina”.
Así mismo obra a folio 78 del cuaderno 2, la relación de gastos emitida por el establecimiento de comercio Jardines de Paz, documento en el que se lee:
“Lote 13-09-118 2.250.000
Servicio de cementerio 250.000
Derechos de inhumación 250.000
Servicio de paz especial 140.000
Total 2.890.000
Es claro que los gastos exequiales en razón del fallecimiento de la víctima constituye un daño emergente que debe ser reparado, en la medida que se compruebe el pago realizado por ese concepto.
Con base en lo anterior, en atención a que está probado que la señora Maria Cristina Rodríguez Kuan, esposa de la víctima, pagó a los establecimientos de comercio “Funeraria Gaviria” y “Jardines de Paz”, por concepto de servicios exequiales, la suma global de cuatro millones setecientos ocho mil quinientos dieciocho pesos ($ 4.708.518), por la muerte de su esposo, el señor Javier Amido Rodríguez Cano, se accederá a la pretensión aludida así:
Rh = renta actualizada $ 4.708.518.
Ipc (f) = es el índice de precios al consumidor final, es decir, 114,53 que es el correspondiente a enero de 2014.
Ipc (i) = es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 34,00 que es el que correspondió al mes de marzo de 1996.
De esta manera, la Sala accederá a la pretensión aludida. Empero como el hecho de la víctima fue una concausa en la producción del daño, al valor total del daño emergente se restará el porcentaje de su participación (70%), por lo que el monto a reconocer será de once millones ciento dos mil quinientos cuarenta y seis pesos ($ 4.758.234,3).
Ahora bien, respecto de los perjuicios materiales la parte actora solicitó en el escrito de demanda se condenara a las entidades demandadas por los perjuicios materiales, específicamente por concepto de lucro cesante, a favor de los demandantes Maria Cristina Rodríguez Kuan e hijas, constituido por el total de los honorarios y demás emolumentos dejados de percibir por el abogado Javier Amido Rodríguez Cano desde la fecha de su muerte hasta la fecha de vida probable.
A juicio de la Sala, los perjuicios materiales deberán ser concedidos por cuanto si bien los documentos allegados al proceso no acreditan suficientemente la calidad de abogado, en oportunidades anteriores esta corporación ha acudido a la verificación en la página web del Registro Nacional de Abogados, con el fin de consultar allí su condición de profesional del derecho, por considerar que los datos allí consignados constituyen un hecho notorio.
En efecto, al verificar en el sistema del Registro Nacional de Abogados, aparece inscrito como tal el señor Javier Amido Rodríguez Cano, lo cual constituye prueba suficiente de su condición de profesional del derecho.
Ahora bien, en cuanto tiene que ver con el monto de los ingresos, la Sala advierte que si bien se recaudaron los testimonios que revelan que el señor Javier Amido Rodríguez Cano se desempeñaba como abogado, los declarantes no fueron consistentes en lo relativo al valor de los ingresos mensuales que el mismo percibía en el desempeño de su labor.
En efecto, en el acervo probatorio no obra prueba alguna que permita demostrar la cuantía de los honorarios que percibía como profesional independiente del derecho el abogado Javier Amido Rodríguez Cano. Pese a lo anterior, y dando continuidad al precedente reciente de la sección, “en aplicación del principio de reparación integral, establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, se reconocerá el lucro cesante solicitado pues la negación del reconocimiento del daño porque no se ha determinado el nivel de ingresos del afectado, resulta abiertamente contraria a la equidad, cuando está plenamente probado que el lesionado ejercía una actividad lucrativa lícita. En esa línea de pensamiento, la equidad constituye un instrumento útil para determinar la proporción o valoración de un daño cuando resultan insuficientes los datos que integran el proceso, sin que tenga la obligación el juez de arribar a conclusiones matemáticas específicas, ya que, son la sana crítica y el sentido común, articulados con la equidad como principio general del derecho, los instrumentos que permiten determinar o establecer resultados fundamentados en la experiencia, a efectos de, so pena de aplicar la ley, imponer conclusiones o decisiones injustas que no se acompasan con los principios y valores constitucionales(25)”(26).
La Sala al no encontrar en el proceso prueba alguna que permita la cuantificación del perjuicio material, por concepto de lucro cesante pedido, condenará en abstracto, y ordenará que el mismo sea liquidado por medio del incidente de liquidación de tales perjuicios, acorde con lo consagrado en el Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y atendiendo a los honorarios que se acredite percibía la víctima para la fecha de los hechos, o al promedio que devengaba un profesional del derecho que se dedicaba a la actividad litigiosa de forma independiente.
La indemnización se dividirá en dos períodos, uno consolidado, comprendido entre el 27 de marzo de 1996 y la fecha de la providencia que efectúe la liquidación, y otro futuro, comprendido entre el día siguiente a la fecha de dicha providencia y el último día de la vida probable del que moriría primero entre la víctima y su esposa.
En el mencionado incidente deberán ser allegadas las pruebas idóneas que den cuentan del quantum exacto de los ingresos percibidos por el señor Javier Amido Rodríguez Cano en su condición de litigante, tales como los contratos de prestación de servicios profesionales, recibos de pago u otro medio que permita inferir el pago de los referidos honorarios profesionales.
Al salario base de liquidación obtenido se le se adicionará un 25 por ciento por concepto de prestaciones sociales y, surtido dicho cálculo, se descontará el 25 por ciento que la víctima tendría que haber destinado a su propia subsistencia. El 75 por ciento restante se dividirá el 50 por ciento para la esposa y se liquidará hasta la edad probable de vida de quien moriría primero y el otro 50 por ciento se dividirá en partes iguales, entre las tres hijas y se liquidará hasta que cada una alcance los 25 años de edad, porque a partir de entonces se considera que las personas se independizan de su núcleo familiar.
El resultado del incidente deberá ser reducido en el porcentaje indicado (70%), en consideración a que el hecho de la víctima fue concausa de la producción del daño.
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento de este tipo en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 11 de febrero de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2. DECLARAR patrimonial responsables al Instituto Nacional de Vías “INVÍAS”, por los perjuicios materiales y morales que sufrieron las señoras María Cristina Rodríguez Kuan, Natalia Rodríguez Marín, Laura Maria Rodríguez Marín, Andrea Cristina Rodríguez Marín, Luz Mery Cano de Rodríguez, Elsa Maryoly Rodríguez Cano y Ruth Estella Rodríguez Cano, por el accidente de tránsito ocurrido el 27 de marzo de 1996, en el que falleció su esposo, padre, hijo y hermano, respectivamente, el señor Javier Amido Rodriguez Cano.
3. CONDENAR al Instituto Nacional de Vías INVÍAS a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:
1. A favor de la señora María Cristina Rodríguez Kuan, en calidad de esposa de la víctima, treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.
2. A favor de Natalia Rodríguez Marín, Laura Maria Rodríguez Marín y Andrea Cristina Rodríguez Marín, en calidad de hijas de la víctima, treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo, para cada una.
3. A favor de Luz Mery Cano de Rodríguez, en calidad de madre de la víctima, treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.
4. A favor de Elsa Maryoly Rodríguez Cano y Ruth Estella Rodríguez Cano, en calidad de hermanas de la víctima, cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo, para cada una.
4. CONDENAR al Instituto Nacional de Vías INVÍAS a pagar a la señora María Cristina Rodríguez Kuan, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro pesos con tres centavos ($ 4.758.234,3).
5. CONDENAR en abstracto al Instituto Nacional de Vías INVÍAS, a pagar, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, irrogados a las demandantes, María Cristina Rodríguez Kuan, Natalia Rodríguez Marín, Laura Maria Rodríguez Marín y Andrea Cristina Rodríguez Marín, los cuales serán liquidados mediante incidente de conformidad con los parámetros establecidos para ello en la parte motiva de la presente providencia.
6. Las demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
8. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.
(1) El 26 de marzo de 1998, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocido en segunda instancia por esta corporación era de $ 18.850.000 —CCA, arts. 129 y 132 subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 894.647.112.70, a favor de la señora María Cristina Marín Kuan, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
(3) Sobre el particular se puede consultar las sentencias de 9 de diciembre de 2011, Expediente 22211, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 23 de junio de 2010, Expediente 18376, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 9 de junio de 2010, Expediente 18078, C.P. M.P. Gladys Agudelo Ordóñez; de 26 de mayo de 2010, Expediente 17635, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez; de 18 de junio de 2008, Expediente 16518, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 10 de diciembre de 2005, Expediente 19968, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(4) Se reitera el análisis hecho en la sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expedientes 13232 y 15646, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(5) Adicionada y modificada mediante resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989 y 8171 del 9 de septiembre de 1987.
(6) Las especificaciones de los conos, canecas y barricadas, quedaron reguladas en los parágrafos del artículo 3 de dicha Resolución 1397.
(7) La mencionada disposición establece lo siguiente: “ART. 217.- Testigos sospechosos. Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
(8) Al respecto pueden consultarse las Sentencias de 11 de abril de 2012, Expediente 22.667 y de 9 de mayo de 2012, Expediente 24.137, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(9) Numeral 2º, artículo 54, Decreto 2171 de 1992.
(10) La jurisprudencia ha fijado el reiterado criterio según el cual “cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública, es como si la ejecutara directamente” (sent., oct. 3/85, Exp. 4556, M.P. Betancur Jaramillo).
(11) Sánchez Prada, María Dolores (1993), Bogotá.
(12) Pág. 9.
(13) Pinzón Iregui, María Clara (2009). “Capítulo XI intoxicación por etanol”, en Ministerio de la Protección Social, Guía Para el Manejo de Urgencias”, Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
(14) De acuerdo con la Guía para el manejo de urgencias (supra 14), ataxia significa la “incoordinación motora y aumento del polígono de sustentación”, lo que quiere decir que la persona que la padece en razón del alcohol ingerido “separa las piernas al caminar para poder mantener el equilibrio (marcha atáxica) y al estar de pie se tambalea” (pág. 1292).
(15) Pág. 1289.
(16) Olano Valderrama, Carlos Alberto (2003). Tratado técnico jurídico sobre accidentes de circulación, Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda., Sexta Edición, pág. 365.
(17) Arango Palacio, Mario (1974). Control de conductores alicorados, Medellín: Ministerio de Salud, pág. 2.
(18) Además, el artículo 109 del citado decreto, precisa: “[t]oda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o peatón, debe comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás, y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito”.
(19) Sánchez Prada, María Dolores (1993), Bogotá.
(20) Pinzón Iregui, María Clara (2009). “Capítulo XI Intoxicación por etanol”, en Ministerio de la Protección Social, Guía para el manejo de urgencias”, Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
(21) De acuerdo con la Guía para el manejo de urgencias (supra 14), ataxia significa la “incoordinación motora y aumento del polígono de sustentación”, lo que quiere decir que la persona que la padece en razón del alcohol ingerido “separa las piernas al caminar para poder mantener el equilibrio (marcha atáxica) y al estar de pie se tambalea” (pág. 1292).
(22) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent., jun. 16/94, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, rad. 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13232.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.
(25) “La equidad es justicia matizada; radica, pues, en una relación de justicia, cuyo deber atempera o cuyo derecho acomoda, en consideración a lo postulado por las circunstancias del caso, a causa del bien común o de las leyes generales que regulan las relaciones humanas. Lo equitativo es lo justo reforzado o atemperado. La equidad atempera el deber y acomoda el derecho”. Cf. Hervada, Javier “Introducción crítica al derecho natural”, Bogotá, Ed. Temis, 2000.
(26) Sentencia de 31 de enero de 2011. Expediente 17842, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 90
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 217
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 16
 artículo 267
 artículo 55
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 54
 artículo 109