Source: http://www.losgenoveses.net/Parte%20semanal/2006/infotrescientoscuarentaydos.html
Timestamp: 2020-05-31 19:03:58+00:00

Document:
www.losgenoveses.net : Las otras noticias PPopulares nº 342 . Del 13 al 19 de Mayo 06
( Del 13 AL 19 DE MAYO 2006 )
1. ACTITUD DEL PP ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA: RECHAZADA LA INICIATIVA DE RAJOY PARA UN REFERÉNDUM SOBRE LA UNIDAD DE ESPAÑA (17/05/06)
2. UNA PARTICIPANTE EN LA MANIFESTACIÓN DENUNCIA A LOS MILITANTES DEL PP POR INTENTAR AGREDIR A BONO (17 y 19/05/06)
3. ESTAFA EN LA INVERSIÓN FILATÉLICA: EL GOBIERNO DE AZNAR SUBVENCIONÓ A AFINSA CON MÁS DE 84.000 € Y EVITÓ QUE FUERAN INCLUIDA EN LA LEY 35/2003 16/05/06)
4.ESTAFA EN LA INVERSIÓN FILATÉLICA: ANA PASTOR ALERTÓ DOS VECES A RATO DEL INSUFICIENTE CONTROL DEL NEGOCIO DE SELLOS (18/05/06)
5.La juez notifica con siete meses de retraso su negativa a que declare Trillo por el Yak (16/05/06)
6. CATALUÑA: ACTITUD DEL PP ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA: PIQUÉ RETOMA SU DISCURSO DERECHISTA (16/05/06)
7. GALICIA: UNA DECENA DE ARRESTOS EN LA DIPUTACIÓN DE LUGO (PP) POR CORRUPCIÓN (19/05/06)
8. GALICIA: CRISIS DE GOBIERNO EN VIGO AL DESTITUIR CORINA PORRO (PP) A UNO DE SUS CONCEJALES (13/05/06)
9. ANDALUCÍA: EL PP DE CÁDIZ EXPULSA A LA MITAD DE SUS EDILES EN CHICLANA (19/05/06)
10. MADRID: AGUIRRE FINANCIA A LA ULTRADERECHA CUBANA (18/05/06)
11. MADRID: la hipocresía de aguirre: mientras contradice a gallardón para que no se talen árboles, ella tala 3.250 árboles para ampliar el metro (15/05/06)
12. MADRID: GALLARDÓN CEDE Y ELIMINA PARTE DE LOS PARQUÍMETROS DE MADRID (19/05/06)
13. MADRID: NUEVO LEMA DEL PP A SUS ALTOS CARGOS "SI BEBÉIS, POR DIOS, NO CONDUZCÁIS" (14/05/06)
14. COMUNIDAD VALENCIANA: LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PP EVITA IMPLICARSE EN LA DEFENSA DE ZAPLANA TRAS LA DENUNCIA SOCIALISTA (14/05/06)
15. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL INICIA LAS ACTUACIONES POR EL 'CASO TERRA MÍTICA' (17/05/06)
16. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA TRAMA EMPRESARIAL SE REPARTIÓ 10 MILLONES DE TERRA MÍTICA POR OBRAS NUNCA HECHAS (19/05/069
17. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS HIJOS DE FABRA DEBEN DAR CUENTAS DE SU PATRIMONIO ENTRE 1999 Y 2004 (16/05/06)
18. COMUNIDAD VALENCIANA: EL 80% DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN BENIDORM ESTÁ VINCULADO AL PP (16/05/06)
19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL DEL 'CASO ORIHUELA' IMPUTA LOS HECHOS AL ALCALDE DEL PP Y A LA JUNTA DE GOBIERNO (18/05/06)
20. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP DECIDE SUSPENDER DE MILITANCIA AL ALCALDE DE ORIHUELA TRAS SU IMPUTACIÓN POR CORRUPCIÓN (19/05/06)
21. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) COMPRÓ UNA FINCA Y VENDIÓ OTRA EN UN DÍA A LA MISMA PROMOTORA (17/05/06)
22. COMUNIDAD VALENCIANA: El juzgado descubre otro abono en una cuenta del alcalde de Torrevieja (PP) de 228.384 € (14/05/06)
23. ISLAS BALEARES: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA A NUEVE ALCALDES DEL PP POR EL "CASO SES SALINES" (16/05/06)
24. REGIÓN DE MURCIA: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RECLAMA EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PGOU DE MURCIA, GOBERNADA POR EL PP (15/05/06)
25. CASTILLA Y LEÓN: UNA DENUNCIA PONE AL PP VALLISOLETANO CONTRA LAS CUERDAS (17/05/06)
26. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: UNA FUNDACIÓN LIGADA AL PP INVESTIGADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS (17/05/06)
27. PRINCIPADO DE ASTURIAS: CORRUPCIÓN INMOBILIARIA Y COMISIONES BAJO CUERDA… (15/05/06)
La recogida de millones de firmas para que se convoque un referéndum sobre la unidad de España, que ha ocupado al PP durante el último semestre, se estrelló en el pleno del Congreso. El resto de los grupos rechazó y censuró la iniciativa del PP. Y todos, a excepción del PSOE, encargaron a portavoces adjuntos la réplica al líder de la oposición, Mariano Rajoy. Fue, como todas las proposiciones no de ley, un debate sin réplica. Rajoy, visiblemente enfadado, ofreció tras el debate una conferencia de prensa.
No se celebrará ningún referéndum en toda España para hacer la pregunta que quería el PP: "Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas". La petición del PP al Gobierno para que se celebrase ese referéndum tomó la forma de una proposición no de ley, que únicamente recabó los votos de los populares en el Congreso.
Mariano Rajoy arrancó sus siete minutos de intervención esgrimiendo "el aval de más de cuatro millones de españoles": las firmas recabadas durante estos meses por el PP para ese referéndum. Y, aunque ya sabía que tendría en contra el voto de todos los demás grupos, Rajoy afirmó: "No podemos siquiera imaginar que un Gobierno democrático se oponga. No sólo porque le costaría mucho encontrar razones para explicar tal rechazo sino porque derribaría todas sus proclamas sobre el diálogo y el deseo de escuchar la voz de los ciudadanos". El portavoz socialista, Diego López Garrido, le contestó que el PP "insta al Gobierno a preguntar a los españoles por una obviedad, que España es una nación". "Eso ocurre, porque el PP, desde que ganó las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero y las perdió Rajoy ha puesto todas sus energías en azuzar, en vez de promover la convivencia, la tolerancia y el respeto al pluralismo".
Rajoy dio por demostrado que "se están produciendo modificaciones que afectan a la nación, a la soberanía, a la unidad y a la igualdad de los españoles", y que los españoles "están inquietos" porque "ven que proliferan presuntas naciones y realidades nacionales de nueva planta". López Garrido le contestó: "Los españoles no están inquietos; el inquieto es usted".
Una ciudadana de Navarra que participó en la manifestación contra el terrorismo de enero de 2005 ha denunciado ante el juzgado número 4 de Pamplona que fue testigo de cómo los dos militantes del PP de las Rozas intentaron agredir al ex ministro de Defensa. Esta ciudadana, que vino a la manifestación con la asociación contra el terrorismo a la que pertenece, asegura que ya denunció lo ocurrido en su día ante los medios de comunicación. Dice que la sorpresa que le ha producido la condena a los policías que detuvieron a esos militantes del PP es lo que le ha llevado a interponer ahora una denuncia judicial. La SER tiene en su poder el texto de la denuncia presentada por esta mujer, quien prefiere guardar el anonimato.
El 22 de enero de 2005, la denunciante se encontraba en la manifestación, cuando vio el tumulto que se estaba formando en torno al ex ministro y a Rosa Diez. En su denuncia asegura literalmente que "los dos militantes del PP, Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios, intentaron agredir físicamente a José Bono, y que si no lo lograron fue porque yo y otras personas nos interpusimos entre ellos".
Señala también que "su actitud era de suma violencia", y que ella misma fue agredida e insultada. En la denuncia, presentada el pasado 10 de mayo en el juzgado nº 4 de Pamplona, dice además que arrebató y rompió el mástil de una bandera, que estaba siendo utilizado para agredir a Bono. Según señala además, en el intento de agresión participó una tercera persona que "estaba con ellos en la misma actitud".
La asociación contra el terrorismo a la que pertenece esta mujer, una asociación muy activa en Navarra que ha participado en todas las manifestaciones convocadas por la AVT, denunció lo ocurrido al día siguiente a través de su página web. Ella misma envió cartas a los medios de comunicación.
Y asegura que no hizo más en su día, porque creyó que las imágenes atestiguaban lo suficiente lo que había sucedido en la manifestación. Pero indica que la sorpresa que le ha producido ver que los militantes del PP no han sido juzgados, y sin embargo si han sido juzgados y condenados los policías que los detuvieron, le ha llevado a poner los hechos en conocimiento de un juez. Otros miembros de su asociación que también fueron testigos de los hechos se plantean interponer más denuncias en el mismo sentido.
Otros dos miembros de la plataforma Libertad Ya han presentado en Pamplona denuncias por "las agresiones" contra el ex ministro de Defensa José Bono durante la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrada en Madrid el 22 de enero de 2005. Las dos denuncias se suman a la presentada en el mismo sentido el 10 de mayo por una militante socialista y miembro de dicha plataforma. Los tres ya publicaron una carta a los ocho días de la protesta denunciando los "gritos, empujones, puñetazos" que llovieron sobre Bono. Además, al día siguiente de la marcha (a la que se habían adherido mediante un manifiesto), lanzaron un comunicado de rechazo "a las actitudes violentas y antidemocráticas que un reducido grupo de manifestantes mantuvo con el ministro de Defensa, señor Bono".
Las denuncias reproducen parcialmente los hechos relatados en la citada carta. El texto de la denuncia indica que ya desde el inicio de la marcha se olvidaron las consignas unitarias y se corearon gritos contra el PSOE. El grupo de Libertad Ya se situó en las proximidades del ministro, cuando ya era abucheado. "Pero enseguida comenzaron los zarandeos, insultos, intentos de agresión, empujones, hasta el punto de que alguien intentó romper una bandera en la cabeza del señor ministro", dice la denuncia. Uno de los denunciantes incluso llegó a parar físicamente la bandera y por eso en el texto se dice: "Que el señor Ramón podría identificar al que intentó agredir al ministro con el palo de la bandera y a los de su alrededor". El citado es Ramón Ibarrola, sin militancia política y también denunciante y firmante de la carta antedicha. En la foto de arriba se aprecia cómo Ibarrola, con polo blanco, sujeta el mástil de plástico de una bandera española que empuñan los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. La Audiencia de Madrid ha condenado a tres policías por la detención ilegal de estos dos militantes populares.
3. ESTAFA EN LA INVERSIÓN FILATÉLICA: EL GOBIERNO DE AZNAR SUBVENCIONÓ A AFINSA CON MÁS DE 84.000 € Y EVITÓ QUE FUERAN INCLUIDA EN LA LEY 35/2003 (16/05/06)
El Gobierno del PP de José María Aznar concedió a Afinsa subvenciones que superan los 84.000 € entre los años 1998 y 2003. Afinsa, junto a Forum Filatélico, está acusada de un presunto delito de estafa a decenas de miles de clientes. Asímismo, la Unión de Consumidores de España ha pedido explicaciones al PP sobre el motivo por el que excluyó en 2003 a ambas empresas del control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Respecto de las ayudas del Ejecutivo del PP, hay que indicar que se subvencionó en al menos cuatro ocasiones a Afinsa, y lo hizo en concepto de formación continuada y promoción del arte español. La primera de las ayudas aparece recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 19 de diciembre de 1998 y fue por importe de 7.200 €. En el BOE de 12 agosto del año 2000 se recoge una ayuda de 13.522 € concedida por la Dirección general de Bellas Artes. Además, el Estado ayudó en 2002 con algo más de 30.000 € por formación continuada. En el año 2003, por el mismo concepto, Afinsa recibió del INEM otros 33.000 €.
Pero aquí no queda la cosa: el portavoz de la Unión de Consumidores de España, Dacio Alonso, presidente de esta asociación en Asturias, indicó que el PP, con mayoría absoluta en el Congreso, "evitó a última" hora que empresas que vendían productos de bienes tangibles como sellos u obras de arte fueran incluidas en el Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva como entidades financieras. La enmienda fue presentada en el Senado "en el último momento".
Por todo ello, la Unión de Consumidores de España ha pedido explicaciones al PP sobre por qué cuando gobernaba en 2003 excluyó a empresas como Afinsa y Fórum Filatélico del control financiero del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El portavoz de la Unión de Consumidores de España, Dacio Alonso, presidente de esta asociación en Asturias, indicó en Oviedo que el PP, con mayoría absoluta en el Congreso, "evitó a última" hora que empresas que vendían productos de bienes tangibles como sellos u obras de arte fueran incluidas en el Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva como entidades financieras. Alonso señaló que "no digo que de ese hecho se deriven responsabilidades patrimoniales por parte del Estado, ya que no hay una ley que lo sustente, pero sí creo que hay una responsabilidad de naturaleza política", aseveró. "El PP debe explicar a las 350.000 familias que siendo responsable de esa Ley y cuando se conocía que estas empresas tenían una gran inseguridad jurídica, no provocó que fuesen consideradas instituciones financieras y su actividad productos financieros".
Argumentó que una de las razones que podrían explicar el comportamiento del PP es que "conocía que la Agencia Tributaria había abierto expedientes a estas empresas por irregularidades en sus impuestos y que, por ello, no quiso incluirlas como entidades financieras para evitar que el Estado se hiciera cargo de cualquier responsabilidad". Aseguró que podría haber "una razón más preocupante" y apuntó que quizá "pudo haber habido una presión por parte de estas empresas en el Parlamento para que no se las considerase como entidades financieras".
4. ESTAFA EN LA INVERSIÓN FILATÉLICA: ANA PASTOR ALERTÓ DOS VECES A RATO DEL INSUFICIENTE CONTROL DEL NEGOCIO DE SELLOS (18/05/06)
La ex ministra de Sanidad Ana Pastor dirigió a finales de 2003 dos cartas al Ministerio de Economía, a cargo del vicepresidente Rodrigo Rato, alertándole de que la regulación que se había hecho en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de empresas como Fórum Filatélico o Afinsa era sólo un primer paso y que era necesario completar esa regulación a través de medios y desarrollo jurídico. El actual ministro de Economía, el socialista Pedro Solbes, asegura que Rodrigo Rato no le avisó en el traspaso de poderes de que estaba pendiente un perfeccionamiento de esa regulación.
Ana Pastor escribió las cartas cuando el PP ya había cerrado el trabajo legislativo, en el último trimestre de 2003, en el que se incorporó, a través de una enmienda en el Senado, una disposición adicional que dejaba a las empresas de venta de bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades y otras) en la órbita del Ministerio de Sanidad y Consumo. Hasta entonces no había sobre esas actividades ningún tipo de regulación. El Ministerio de Economía mantenía su posición en el sentido de que no se trataba de inversiones financieras. Por tanto, dichas actividades seguirían fuera de la supervisión y control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España. Al establecerse por vez primera una regulación, se le adjudicaba el control a las "autoridades de consumo". Las empresas debían remitir a ellas cada año una copia de sus auditorias.
La entonces ministra Ana Pastor, según explicó a este periódico, asumió que la competencia sobre el control de esas empresas pasaba a su departamento, y en ese nuevo contexto planteó por carta al Ministerio de Economía que la Ley aprobada era un primer paso para regular ese sector y que resultaba ineludible completar esa regulación.
Según recordó la ex ministra, envió dos cartas al Ministerio de Economía. "Yo no tengo copia de esas cartas, pero recuerdo que fueron dos. En una de ellas, subrayaba la necesidad de contar con recursos para cumplir la misión de control; en la segunda, enfatizaba la necesidad de que se hiciera un desarrollo jurídico de la regulación ya que afectaba a un colectivo importante de consumidores", señaló. "El problema es que no se hizo posteriormente nada de todo esto. El nuevo Gobierno liquidó el asunto con un nuevo decreto sin tener en cuenta lo que era necesario hacer", añadió.
Pedro Solbes, sucesor de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía, ha declarado que al examinar durante el traspaso de poderes de la administración popular a la socialista, Rato no le advirtió de que estaba pendiente una regulación más exhaustiva de ese tipo de negocios.
5. La juez notifica con siete meses de retraso su negativa a que declare Trillo por el Yak (16/05/06)
La juez Teresa Palacios, que instruye el sumario por el accidente del avión Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, ha denegado la declaración como testigo del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa. La magistrada alega que el ex ministro "no intervino ni impartió instrucciones" sobre la errónea identificación de 30 cadáveres, todas las que hizo el equipo médico enviado por Defensa. La providencia ha sido notificada a las familias de las víctimas con siete meses de retraso: se firmó el 29 de septiembre de 2005 y se ha entregado el 26 de abril de 2006.
A punto de cumplirse el tercer aniversario del accidente del Yak-42, la investigación abierta por la Audiencia Nacional avanza con una lentitud exasperante para las familias de las víctimas. No es extraño, ya que la mayoría de las pruebas practicadas -incluida la declaración del cónsul español en Estambul - lo han sido por orden del tribunal, tras recurrir la negativa inicial de la juez instructora. Además, el pasado día 26 el Juzgado Central de Instrucción nº 3 remitió a los abogados de las familias de los militares fallecidos una resolución fechada siete meses antes, el 29 de septiembre de 2005, que, según la secretaria judicial, "no consta haber sido notificada a las partes". Dicha resolución no es otra que la negativa de la juez a que el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte declaren como testigos en la investigación abierta por la errónea identificación de 30 de los 62 cadáveres, lo que obligó a sus parientes a exhumar e intercambiar los cuerpos. En su resolución, la juez alega que la tarea de identificación ya fue explicada en el juzgado por quienes la realizaron, "con lo que no parece que quien ni la presenció ni menos aún la acometió venga a arrojar luz cuando tampoco consta en la causa documento, declaración u otro elemento probatorio que exprese que las personas desplazadas a Turquía recibieran órdenes precisas o concretas o ni siquiera de otra índole relativas a cómo habrían de desarrollar su labor, de ahí que no se entienda útil ni necesaria la testifical propuesta de quien no intervino ni impartió instrucciones".
Las afirmaciones de la juez Palacios contradicen las declaraciones que hizo el propio Trillo ante la Comisión de Defensa del Congreso el 4 de junio de 2003, según consta en acta: "En el tanatorio de Trabzon di las instrucciones necesarias a la delegación médica y al general Beltrán para que ultimasen el proceso de identificación de los restos y tramitasen con urgencia el regreso a España de todos ellos, para lo que se habilitaron los necesarios aviones militares". La fecha de la resolución de la juez Palacios (29 de septiembre de 2005) evidencia que ésta no ha tenido en cuenta el escrito de ampliación presentado por la defensa de las familias, el 5 de octubre de 2005. En ese escrito añadía, a los argumentos anteriormente expuestos, el testimonio público del propio Trillo a través de su libro Memoria de Entreguerras. Hay párrafos del libro que contradicen lo afirmado por el ministerio de Defensa tras el siniestro: que no hubo problemas en el trabajo con los forenses turcos y que no se tomaron muestras para determinar el ADN.
La resolución de la juez ha sido recurrida por los abogados de las familias, que no entienden por qué se niega a tomar declaración, ni siquiera como testigos, a personas "que tuvieron un conocimiento y actuación directa en los hechos denunciados".
6. CATALUÑA: ACTITUD DEL PP ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA, PIQUÉ RETOMA SU DISCURSO DERECHISTA (16/05/06)
Josep Piqué, conocido por su moderación en las filas del PP, que lo llevó incluso a llevar la contraria del discurso oficial de los populares en Génova sobre el Estatuto catalán, ha vuelto a las sendas derechistas. Han quedado atrás esos días donde el presidente del PP en Cataluña pedía renovación en las caras del partido refiriéndose tanto al número dos. Ángel Acebes, como el portavoz en el Parlamento, Eduardo Zaplana. Piqué había sido la voz discordante en las filas del PP, especialmente en relación a la reforma del Estatut. Así, el pasado mes de enero, llegó a asegurar que el pacto alcanzado entre el Gobierno y CiU sobre el Estatut recogía algunas reivindicaciones del PP y que la inclusión del término "nacionalidad" en el artículo es "exactamente" la fórmula que su partido había propuesto.
Otro de los puntos con los que la dirección nacional no ha estado de acuerdo con él ha sido su intención de no hacer una política excesivamente beligerante con el Estatut. Sus discrepancias llegaron a tal punto que incluso quiso dimitir y abandonar el partido, una situación que fue salvada in extremis por Mariano Rajoy, quien le convenció de que no lo hiciera.
Sin embargo, todo ha cambiado en las últimas semanas. Incluso le ha perdonado el periodista de la COPE, Federico Jiménez Losantos, quien, en los últimos tiempos había mantenido una postura de acoso y derribo contra el líder catalán. Entrevistado en su programa de la radio de los obispos, el líder de los populares en Cataluña, sobre su nueva posición sobre el Estatut. Allí confesó a Losantos que la reforma catalana es un "bodrio desde el punto de vista jurídico". Piqué también habló de él como el "texto de sólo unos cuantos", pues en cada paso tiene "un apoyo inferior".
Una muestra más de este cambio en el discurso de Piqué se evidenció en sus elogios hacia Acebes y Zaplana. En declaraciones también en la COPE, Piqué no concibe un "Dream Team" del PP sin Acebes y Zaplana. Para él, un equipo estrella bajo el mando de Mariano Rajoy estaría conformado por "el secretario general, Acebes, los portavoces Zaplana, Pío García Escudero y Jaime Mayor, y cualquier presidente autonómico". Sin embargo, hace unos meses había dicho que Ángel Acebes, secretario general del PP, y Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Parlamento, "son personajes políticos de gran valor, pero que se les identifica con una determinada etapa muy concreta que nos conecta con el pasado". Estas declaraciones de Piqué en su día sobre Acebes y Zaplana, llevó al número dos del PP, a pedirle que "no contribuya a la estrategia del PSOE para crear división en el seno de los populares".
La plácida vida provinciana de Lugo vivió una profunda convulsión cuando agentes de la policía irrumpieron en la Diputación y comenzaron una cadena de detenciones que incluye a una decena de personas, funcionarios y personal de empresas prestación de servicios técnicos. También efectuaron registros en el propio palacio provincial y en una empresa de ingeniería. La fiscalía les imputa delitos de prevaricación y fraude en la adjudicación de obras. El PSOE ya había denunciado hace más de un año la existencia de vínculos familiares entre algunos de los funcionarios y los propietarios de las empresas. La operación policial de se enmarca dentro del cerco político y judicial que afronta en los últimos tiempos el otrora todopoderoso barón del PP de Lugo, Francisco Cacharro, presidente de la Diputación desde 1983 y senador desde 1977. La nueva dirección del PP gallego, liderada por Alberto Núñez Feijoo, se dispone a jubilarlo como titular de la Diputación en las elecciones del próximo año.
Paralelamente, Cacharro dice ser víctima de una campaña de persecución por parte del fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Izaguirre, que fue quien le entregó personalmente la orden de registro de varias oficinas. "Sobre este tema no voy a hablar, pregúntele al fiscal o en la sede del PSOE", declaró Cacharro.
El Concello de Vigo vuelve a ser escenario de una crisis. La alcaldesa, Corina Porro, destituyó a José Manuel Iglesias como concejal de Servicios y miembro de la junta local de gobierno. Lo acusó de haber generado alarma social después de que el edil advirtiese, en el transcurso de un pleno, sobre la necesidad de acometer una serie de obras para garantizar la potabilidad del agua que se suministrará a la ciudadanía a medio plazo. La situación deja al ejecutivo municipal del PP con 9 concejales en una corporación de 27 ediles. El equipo de Porro ya actúa en minoría desde diciembre del 2003, cuando PSOE y BNG rompieron su coalición de gobierno. Los socialistas tienen 8 ediles, los nacionalistas 7 y el Partido Galeguista 2.
La alcaldesa, que le comunicó su decisión por teléfono a media tarde, dijo desconocer si Iglesias se pasará al grupo mixto o renunciará a su acta de concejal. El afectado estuvo ilocalizable desde que se dio a conocer la noticia. Porro calificó de "error grave" la intervención de Iglesias en el pleno extraordinario que se celebró por la mañana en el Ayuntamiento. En la sesión se debatía un plan de inversiones para las parroquias cuando el concejal de Servicios tomó la palabra y explicó que, a su juicio, se estaba hablando poco de un asunto de verdad capital. El edil del PP dijo que el crecimiento urbanístico que experimentará la ciudad en los próximos años (el Plan General prevé una capacidad para 138.000 nuevas viviendas y 100.000 habitantes más) exige adaptar a la normativa europea las dos estaciones de tratamiento existentes y crear un nueva. Y añadió que, por honestidad, debía advertir a los ciudadanos de que "pueden recibir agua sin tratar" si no se acometen las inversiones necesarias.
En ese momento, el portavoz del Bloque, Xabier Toba, pidió a Corina Porro que suspendiese el pleno ante la gravedad de lo que se estaba planteando. Y la alcaldesa, con evidente enfado, pues el plan de parroquias es su proyecto estrella para lo que resta de mandato, así lo hizo. A partir de ese momento, la tensión fue en aumento. Porro convocó a los técnicos de Medio Ambiente, Vías y Obras y del Laboratorio y, luego, a los grupos políticos, para demostrar que no existían motivos de alarma y que ya se están planificando obras con antelación suficiente. Iglesias dio una rueda de prensa a las 14 horas para "aclarar" lo que había dicho y reconoció que pudo estar "desafortunado". Posteriormente, Porro anunció su destitución.
El comité ejecutivo provincial del PP de Cádiz ha abierto expediente de expulsión a tres de los seis concejales que el partido tiene en el Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por el PSOE. Son Rosario Mateo, portavoz del grupo municipal, Rafael Manzorro y Beatriz Berdugo. El PP los expulsa "para garantizar la unidad y el mejor equipo" después de que estos ediles hayan expresado públicamente su malestar con el actual presidente local del partido, Nicolás Aragón, a quien respalda la dirección provincial.
La decisión del comité ejecutivo provincial llega tras la propuesta aprobada en el anterior y polémico comité local, donde se acordó abrir expediente a estos tres ediles. Destaca la presencia en la lista de Mateo, ex parlamentaria autonómica quien, además, fue la candidata en las pasadas elecciones. El presidente local del PP les había acusado a los tres de "tener una actitud política negativa" que, en su opinión, "perjudicaba los intereses electorales" de su formación. .
Nicolás Aragón aseguró que la salida de los tres concejales es "lo mejor para el partido", a pesar de que el PP se quedará con la mitad de sus representantes en el Ayuntamiento de Chiclana. "Hemos tendido muchos puentes pero no ha sido posible el entendimiento. No es agradable pero esto es la política".
Beatriz Verdugo, advirtió de que continuará como edil en el Ayuntamiento. "Es donde me han puesto los chiclaneros y no como ellos que sólo buscan el ordeno y mando". Verdugo insistió en la falta de fundamento del expediente, porque ninguno de los tres concejales, según su versión, ha ido en contra del partido. La concejal cree que Nicolás Aragón "busca una venganza".
Según la nota de prensa divulgada por Cuba Solidaridad, un movimiento de solidaridad con Cuba que aglutina a ONGs, asociaciones y comités, a través de su página web, se han destinado 239.100 euros de los Fondos de ayuda al desarrollo de la Comunidad de Madrid, correspondientes a 2005, a la Fundación Hispano Cubana (FHC). Esta Fundación, fue fundada en 1996 por el diputado del PP, Guillermo Gortázar, y se la relaciona con la Fundación Cubano Americana de Miami, que a lo largo de más de cuatro décadas ha planeado y ejecutado toda clase de acciones tendentes a la desestabilización del Gobierno de Fidel Castro.
La concesión de esta subvención se ha publicado en el Boletín Oficial número 45 del 22 de febrero de 2006 de la Comunidad de Madrid. En el se detalla que se trata de una subvención concedida para tres años (2005, 2006, y 2007) y lleva como título "Desarrollo cívico y formativo en libertad". En la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) queda explicado que la subvención se concede para "la financiación de programas y proyectos de cooperación al desarrollo".
La ONG Cuba Solidaridad considera que estos fondos se están utilizando para "fortalecer la democracia en la isla", por lo que los recursos "no se están destinados a la cooperación al desarrollo del pueblo cubano, sino para ejercer de lobby político contra el Gobierno de Fidel Castro". El propio secretario general de la FHC, Javier Martínez-Corbalán, confirmó estos términos, al declarar a elplural.com que "estos recursos se destinan a apoyar la libertad, la democracia y los derechos humanos en la Isla".
El apoyo financiero de la Comunidad de Madrid a la contrarrevolución cubana quedó plasmado en la visita que hizo su presidenta, Esperanza Aguirre, a Miami el pasado mes de abril. La ONG cubana, denuncia que entonces se reunió con miembros de la extrema derecha. Cuba Solidaridad afirma que no es la primera vez que los gobiernos autonómicos ligados al PP financian a esta organización "ligada a la extrema derecha cubana". Denuncian, por ejemplo, que en diciembre de 2000 la Generalitat de Valenciaa, gobernada por el PP, donó 156.000 euros a FHC. En 2004 la Fundación Hispano Cubana también recibió de la Comunidad de Madrid para el mismo programa "Desarrollo cívico y formativo en libertad" la suma de 150.000 euros, publicado en BOCM de 2 de junio, 2004.
Según fuentes de la Comunidad de Madrid, los concursos para dar subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo son abiertos y se otorgan a las entidades que cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley española. Por lo que dicen que no tiene ningún indicio de que no se inviertan en la cooperación al desarrollo de la isla, y que desconocen que los fondos donados a la Fundación puedan tener relación alguna con grupos de la extrema derecha cubana.
Fuentes diplomáticas cubanas en España, declararon que la FHC se ha revelado "como un grupo que colabora con las organizaciones que pretenden derrocar el gobierno de Fidel Castro, como la Fundación Nacional Cubano Americana, de Miami". Asimismo, indican que la FHC no cuenta con la autorización del gobierno cubano de llevar a cabo ningún programa de desarrollo en la Isla. Por lo que no se explican "cómo se les subvencionan proyectos de cooperación al desarrollo en Cuba si no pueden ejecutarlos".
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se ha solidarizado con la causa de Carmen Cervera y el Museo Thyssen para librar de la tala a 690 árboles de los paseos del Prado, Recoletos y calles del entorno. Asegura que, mientras ella gobierne, esa tala no se producirá, y lamenta no haber hecho nada para evitar los daños a otros 20.000 árboles afectados por las obras de la M-30. Sin embargo, la ampliación del metro que realiza el Gobierno de Aguirre ha supuesto, sólo en la capital, la tala de 3.250 árboles y el trasplante de otros 1.470 en tres años.
Los últimos afectados por los trabajos de ampliación de la red de metro son 16 ejemplares (10 olmos, cuatro tuyas, un pino y un olivo) que la empresa que ejecuta las obras de la línea 3 deberá talar o trasplantar en el tramo entre Legazpi y San Cristóbal de los Ángeles, según figura en un informe firmado por el jefe de obra. Son árboles de porte considerable, con troncos de entre 78 y 150 centímetros de perímetro y entre 10 y 80 años. Pero hay muchos más: hasta la fecha, esas mismas obras de la línea 3 se han llevado por delante 785 árboles (más de medio millar talados y el resto trasplantados); la extensión del metro a la Alameda de Osuna ha afectado a 391 ejemplares (310 de ellos, talados); en Carabanchel han sido talados o trasplantados 755 árboles, y en dos tramos distintos de Metronorte, 546, según figura en las peticiones de tala y trasplante realizadas por las empresas ante el Ayuntamiento. Más de 1.200 de los 3.250 ejemplares apeados lo fueron sin contar con la preceptiva autorización del Consistorio, según fuentes municipales.
En esa relación de zonas verdes afectadas no se incluye el bosque que circunda el tramo Quijorna-Navas del Rey de la carretera de los pantanos (M-501), tramo que el Gobierno regional quiere convertir en autovía. Eso implica duplicar el ancho de la carretera, lo que previsiblemente obligará a retirar decenas de árboles de distintas especies. El pasado noviembre ya fueron talados 500 pinos, encinas y enebros "centenarios", según las asociaciones ecologistas, en el municipio de Pelayos de la Presa, donde la Consejería de Transportes ha construido una variante de la M-501 para rodear el pueblo.
Aquella tala provocó la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que elaboró un informe y lo elevó a la Fiscalía de Medio Ambiente por si estimaba pertinente actuar. La Comunidad alegó que las obras contaban con la preceptiva declaración de impacto ambiental y que, para compensar, sólo en esa zona iban a ser plantados 25.000 árboles.
Después de tres meses vaticinando que los vecinos opuestos a los parquímetros acabarían convencidos de las bondades del servicio, Alberto Ruiz-Gallardón se rindió a la evidencia y dio marcha atrás. El alcalde anunció que las 993 plazas azules (para visitantes) implantadas el pasado marzo en los cascos históricos de Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral serán eliminadas; quedarán, eso sí, las 2.283 plazas verdes (para residentes), que representaban el 70% del total de plazas reguladas con parquímetros en esos barrios. Además, Ruiz-Gallardón renunciará a seguir extendiendo la red de parquímetros en un hipotético segundo mandato salvo que exista una petición expresa "y mayoritaria" de los vecinos.
"El Ayuntamiento no debe tener una posición maximalista", sentenció el alcalde, acompañado del concejal de Movilidad, Pedro Calvo. Ambos mantuvieron una reunión el pasado lunes con 11 asociaciones de vecinos opuestas a la extensión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), y ya entonces les ofrecieron "flexibilizar" el sistema eliminando las plazas azules. Los vecinos respondieron que sólo aceptan la retirada total de los parquímetros.
Segundo caso en una semana de dimisión de un cargo público por conducir ebrio. El concejal de Empleo y Desarrollo Económico de Coslada, Jesús Aguilar Fuentes (PP), ha sido denunciado por la Policía Local del municipio por conducir con una tasa de alcoholemia tres veces superior a la legal. Además, el edil insultó y amenazó a la conductora con la que chocó. La afectada le ha denunciado por los hechos, al igual que los dos agentes que intervinieron, ya que les menospreció en la vía pública. Aguilar dimitió de su cargo.
Los hechos ocurrieron cuando el edil conducía su vehículo por el casco urbano de Coslada y colisionó con otro auto conducido por una mujer de 29 años. Aguilar, lejos de bajar en una actitud conciliadora y con ganas de evitar problemas, descendió del vehículo y empezó a insultar a la conductora. "Inútil" y "mujer tenías que ser" fueron algunas de las palabras que le dirigió, entre otros improperios degradantes, según fuentes del caso.
El concejal llegó a empujar levemente en los hombros a la mujer, por lo que ésta llamó a su marido, agente del Cuerpo Nacional de Policía, quién acudió al lugar del accidente. En ese momento apareció en la escena el escolta y conductor del alcalde de Coslada, Raúl López Vaquero (PP). A los pocos minutos llegaron dos agentes locales, a los que Aguilar recibió diciéndoles que él era la autoridad y que aquellos tenían que ponerse firmes. Añadió que les daría la documentación suya y del vehículo cuando lo considerara conveniente, siempre según fuentes policiales.
Los agentes les pidieron la documentación y, a petición del marido de la conductora, ambos fueron sometidos a la prueba de alcoholemia. Ya en ese momento, Aguilar dio un resultado positivo: 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, cuando la tasa máxima permitida es de 0,25. Ante estos resultados, los agentes inmovilizaron el vehículo y lo trasladaron a las dependencias de la Policía Local para instruir el atestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Entonces llegó el concejal de Personal y Régimen Interior, Francisco Javier Becerra Redondo, que se hizo cargo del vehículo de su compañero de partido para evitar que se lo llevara la grúa al depósito municipal y evitar el pago de las tasas.
Los agentes hicieron otra segunda prueba con un etilómetro y dio en esta ocasión una tasa aún mayor de alcohol: 0,72, por lo que le fueron abiertas diligencias administrativas. Los agentes también le acusaron de abuso de autoridad y mandaron un escrito al juzgado de guardia.
La conductora y su esposo acudieron a la sede de la Policía Local. Comentaron que acababan de denunciarle por insultos y amenazas. Después de que se le pasara la embriaguez, Aguilar quedó libre. El hecho motivó que el concejal presentara al mediodía de la dimisión de su cargo.
El caso del concejal de Coslada es el segundo ocurrido esta semana y que afecta a un cargo público. El director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sanz Pinacho, dimitió después de que el se saltara un semáforo en rojo y estuviera a punto de chocar con un vehículo de la Policía Municipal. Conducía con una tasa de alcoholemia que triplicaba la permitida.
La dirección regional del PP, que preside Francisco Camps, ha evitado implicarse más allá de lo estrictamente necesario en la defensa de Eduardo Zaplana tras la denuncia socialista en la que se relaciona al portavoz del PP en el Congreso con el cobro de comisiones en Terra Mítica. La secretaria regional, Adela Pedrosa, eludió dar respaldo a Zaplana y se limitó a señalar que todo era "una caza de brujas". El vicesecretario Ricardo Costa emitió por la tarde un comunicado más duro exigiendo disculpas al PSOE después de que las dos consejeras zaplanistas saliesen en defensa del portavoz.
La número dos del PP valenciano, Adela Pedrosa, no quiso entrar en consideraciones sobre la denuncia socialista que implica a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de obras en Terra Mítica. Pedrosa se limitó a señalar: "Esto es una caza de brujas. No voy a añadir nada más". "El portavoz [Zaplana] ya dijo todo lo que tenía que decir", sentenció.
Posteriormente, Zaplana tomó la sede regional del PP en Valencia para defenderse de la denuncia presentada por los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa. Denuncia en la que se aporta la grabación de una conversación con dos contratistas de Terra Mítica que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones. Allí llegó arropado por buena parte de sus partidarios.
El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, que esperaba a Zaplana para atenderle en lo que necesitase se vio desbordado por la situación. "Ricardo, tenemos que hablar, vamos al despacho", le conminó el portavoz popular que entró con todo su séquito antes de comparecer ante los medios de comunicación minutos más tarde. La última comparecencia pública de Zaplana en la sede valenciana del PP se produjo coincidiendo con el primer aniversario del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando todos los cabezas de lista populares -el portavoz fue cabeza de lista por Valencia en 2004- ofrecieron su propia valoración política. Ya entonces se produjo un incidente al vetar Zaplana la presencia de Ricardo Costa en la rueda de prensa.
Solo las dos consejeras zaplanistas del Consell que preside Francisco Camps las que madrugaron para defender la figura del portavoz en el Congreso. La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel y la consejera de Cooperación, Gema Amor, fueron los únicos miembros del Consell que se han pronunciado hasta ahora- obligó al vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, a emitir un comunicado más duro contra el PSOE y a defender explícitamente a Zaplana. En su escrito, Costa reclamó a Pla que "de forma inmediata pida disculpas a todo el PP y a Zaplana".
La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha iniciado las actuaciones derivadas de la denuncia de dos diputados socialistas en las que se implica al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en el supuesto cobro de comisiones por las obras del parque Terra Mítica. La fiscalía ha convocado para a los diputados del PSPV-PSOE Antoni Such y José Camarasa para que ratifiquen la denuncia presentada en la que se incluyen las conversaciones grabadas con dos empresarios que involucran a Zaplana en el supuesto cobro de comisiones por las obras de Terra Mítica. Estos empresarios, Antonio Moreno y José Herrero, están incluidos en la denuncia presentada por la Agencia Tributaria por una supuesta trama de facturas falsas relacionada con el parque de atracciones de Benidorm.
Zaplana manifestó que confía en que el fiscal jefe del TSJCV, Ricard Cabedo, no le abra ninguna diligencia "por mucho que algunos estén empeñados en darles todas las vueltas que quieran y en manipular la realidad y la verdad".
En el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el presidente Mariano Rajoy, aseguró que las acusaciones a Zaplana son "mentira" y una "cortina de humo" para evitar que se hable de los temas que perjudican al Gobierno. "Me parece que esto es de una enorme gravedad", sentenció Rajoy, que criticó a los diputados socialistas por grabar una conversación y utilizar esta como "arma arrojadiza". Todo el PP cerró filas en torno a su portavoz en el Congreso y arremetió contra el Gobierno y el PSOE, pero evitó criticar a los empresarios que involucran a Zaplana.
Una trama de 18 empresas cobró 10 millones € de Terra Mítica, la empresa sostenida en parte con fondos públicos de la Generalitat valenciana (20%), por obras nunca hechas, informes nunca elaborados y material jamás entregado, todo ello sustentado en facturas falsas. Así lo mantiene el informe de la Agencia Tributaria, que destapa también un fraude fiscal de las empresas afectadas de 4,4 millones de euros. En ese informe se ha basado la fiscalía para denunciar a las empresas implicadas. Las revelaciones de la Agencia Tributaria figuran en la denuncia de la fiscalía presentada el pasado 12 de mayo.
En la trama denunciada por la Agencia Tributaria figuran los empresarios Antonio Moreno y José García, que en una conversación grabada por dos diputados socialistas valenciano implican a Zaplana en el supuesto cobro de comisiones. La reconstrucción hecha por la Agencia Tributaria del fraude millonario detectado en el proyecto Terra Mítica señala una trama de empresas que cobraron al menos 10 millones € por facturas falsas correspondientes a trabajos, servicios, material o mano de obra nunca entregada.
En el primer nivel de la trama se situaba un grupo de empresas que tenían "escasa actividad" o estaban "inactivas". Estas empresas mantenían una estructura insuficiente para realizar los trabajos por los que facturaban o se dedicaban a actividades distintas de las facturadas. Estas firmas, que emitían facturas falsas, o bien no declaraban ni IVA ni impuesto de sociedades, o bien hinchaban los gastos para no declarar por la mayor facturación. En el segundo nivel, otro grupo de empresas recibían estas facturas falsas y, a su vez, emitían otras facturas falsas que remitían a un tercer grupo de empresas que, a su vez, facturaban a Terra Mítica y a Excavaciones Escoto.
Terra Mítica pagaba así por trabajos nunca hechos o material no entregado en relación con obras de jardinería y riego y mantenimiento. Gran parte del dinero pagado por Terra Mítica acababa, según la investigación de la Agencia Tributaria, "mediante el sistema del endoso de pagarés", en la empresa Desarrollo Gran Vía SL. Cuando la Agencia Tributaria investigó las cuentas corrientes de esta empresa comprobó que durante los años 2000 y 2001 había ingresado 17,8 millones de euros mientras que había declarado a Hacienda una facturación de sólo 7,5 millones de euros. Cuando la Agencia Tributaria quiso investigar el destino de esos 10,3 millones de euros de diferencia se encontró con que de las cuentas corrientes de la empresa Desarrollo Gran Vía, una persona, siempre la misma, sacaba fondos en efectivo sin conocer el destino que daba a los mismos.
La Agencia Tributaria explica los 10 millones de euros de diferencia entre lo que Desarrollo Gran Vía declaraba y lo que recibía en sus cuentas corrientes en que esta empresa "actuaba como recaudador, en bastantes ocasiones, de los fondos que encubrían operaciones inexistentes, para luego, vía retiradas frecuentes en efectivo de importes elevados destinar el dinero a fines ocultos". La Agencia Tributaria mantiene en su informe que las evidencias de facturación falsa son muy numerosas.
Estas anomalías, que la Agencia Tributaria califica como delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documento mercantil, afectaron a las arcas de Terra Mítica, una sociedad controlada por una mayoría que formaban la Generalitat Valenciana (20%), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (20%) y Bancaja (20%). El coste final del parque temático se disparó hasta los 370 millones de euros (100 millones más de lo previsto).
La Fiscalía de Valencia presentó su primera denuncia contra Terra Mítica a finales de noviembre de 2005, tras la investigación de la Agencia Tributaria. De la causa se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia; pero la Audiencia de Valencia en febrero de este año consideró que no se había cumplido el trámite audiencia previa a algunas empresas denunciadas y anuló todo lo actuado respecto del delito fiscal, llegando a archivar todo el expediente el pasado 12 de mayo.
En la trama de empresas que defraudaban al fisco figuran relacionados el entonces cuñado de Eduardo Zaplana y director de contratación de Terra Mítica, Justo Valverde, que autorizó los pagos de trabajos que, supuestamente, no se realizaron. Terra Mítica alega que desconoce si los trabajos pagados se hicieron con trabajadores de las contratas, de subcontratas o por otro medio, pero insiste en que se hicieron.
"Su derecho a la intimidad queda incólume". La Audiencia de Castellón ha desestimado el recurso de los cuatro hijos del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, para que la investigación a la que están siendo sometidos sus padres no les alcanzara. Por ello habrán de dar explicaciones de sus cuentas y su patrimonio entre 1999 y 2004.
Fabra y su esposa están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. El presidente del PP provincial está acusado, además, de un fraude fiscal. El auto reitera los argumentos que el tribunal esgrimió en su día ya que, cuando se trata de delitos contra la Hacienda Pública, su complejidad "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos". Además, la Audiencia sostiene que en el caso de la familia Fabra-Fernández, el vínculo "también es empresarial o societario".
El PSPV de Benidorm reveló que el 80 % de las personas que han obtenido una de las 41 nuevas plazas de funcionario convocadas por el Ayuntamiento tienen relación directa con el PP. El portavoz socialista, Agustín Navarro, ofreció los nombres de doce personas con vinculación familiar con altos cargos entre los que figura Daniel Valverde Zaplana, sobrino del portavoz Eduardo Zaplana, que además es hijo del que fuera máximo responsable de finanzas de Terra Mítica, Justo Valverde, nuevo auxiliar administrativo en el consistorio. En el listado también figura la sobrina del actual alcalde, Manuel Pérez Fenoll, dos sobrinos de su antecesor, Vicente Pérez Devesa, y hermanos e hijos de varios concejales. El concejal de Juventud, Manuel Galiana, que ya compartía su lugar de trabajo con su esposa y su padre ha visto ahora incorporado a la casa a su hermano Manuel.
Entre los admitidos figura un concejal popular del vecino municipio de Relleu, José Luis Sellés García. La lista en poder del PSPV vincula a 35 admitidos con el PP, aunque Navarro solo hizo público el nombre de los doce casos considerados "más graves" para demostrar la "falta de ética" del PP. El líder del PSPV lamentó "la desfachatez" del Gobierno que llega a crear plazas para "maridos y esposas de cargos de confianza del partido, miembros de la ejecutiva local y familiares de militantes", en lo que calificó como "el mayor escándalo en recursos humanos vivido en democracia en Benidorm".
Agustín Navarro dijo que aunque el proceso de oposiciones se ajuste a la legalidad, y "no dudo de la capacidad de estas personas, ni de su derecho" a ocupar una plaza pública alertó de que "parece que ser familiar o militante del PP sea un plus a la hora de obtener trabajo". Las pruebas se han realizado los últimos meses con el objetivo de cubrir varias plazas en varios departamentos, y a ellas se han presentado 601 aspirantes.
Desde el Gobierno local su portavoz y concejal de Recursos Humanos, Antonio Pérez, calificó como un "contrasentido" esta denuncia. "No pueden decir que las pruebas se han desarrollado dentro de la legalidad y al mismo tiempo acusarnos de enchufismo. El tribunal es un organismo autónomo que se configura para cada selección, en el que sólo el 40% está formado por políticos", explicó. "Si no denuncian al tribunal ante la justicia quedarán en evidencia", añadió. El concejal del PP calificó de "montaje" los datos, ya que sólo se han ofrecido 12 nombres, "porque no hay más", y el proceso sigue abierto.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en su escrito inicial del pasado 14 marzo por irregularidades en el Ayuntamiento de Orihuela derivadas de la gestión urbanística y contable del Consistorio imputa los supuestos hechos delictivos "al alcalde, a los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento, a promotores y empresarios, sin perjuicio de la procedente ampliación de responsabilidades si de la instrucción así de desprende", según recoge, en el apartado de fundamentos de derecho, el auto de la titular del Juzgado número 4 de Orihuela.
La magistrada, Lydia María Paloma Montaño, acaba de dictar el primer auto de envergadura del denominado caso Orihuela. La resolución de la juez admite la propuesta del ministerio público de desglosar la denuncia general en 16 causas. La principal va dirigida contra el alcalde, José Manuel Medina, del PP, a raíz del uso del primer edil de bienes -un chalé y dos lujosos turismos-. La instrucción de esta causa la dirigirá la magistrada Paloma Montaño, y las 15 secundarias las ha trasladado al Decanato para su reparto entre el resto de oficinas judiciales. "Las diligencias de investigación necesarias pasan por tomar declaración al denunciado José Manuel Medina Cañizares [el alcalde] como imputado en un delito relativo a la ordenación del territorio en las presentes diligencias previas", precisa el auto de la juez.
En este sumario, la juez ha aceptado la personación de los promotores Joaquín Grau Pomares -dueño del chalé y del Rolls Royce que usa el alcalde- y José Antonio Rodríguez Belmonte, adjudicatario de un ilegal, según el fiscal, plan urbanístico en la costa de Orihuela.
El auto de la magistrada relata las irregularidades a las que se refiere el ministerio fiscal en su escrito, consistentes básicamente en: "La emisión de facturas falsas, e irregularidades en contrataciones con determinadas empresas; apropiación de las recaudaciones de entradas de actuaciones artísticas; subvenciones concedidas sin justificar a la junta directiva de la asociación de Moros y Cristianos; concesiones de anticipos a cuenta a algunos concejales sin acuerdo previo del órgano competente; cambio del presupuesto en la Glorieta Gabriel Miró aumentándolo en 5 millones de euros, irregularidades en la contratación del asesor de personal por incompatibilidad manifiesta; pagos de salarios extras a una empresa no incluido en el contrato vigente; irregularidades en la compra de viviendas en el casco antiguo de Orihuela; y abusos urbanísticos".
La dirección nacional del PP ha solicitado al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, que pida la suspensión temporal de militancia a raíz de su imputación por una juez por un supuesto delito de ordenación del territorio. En el caso de que el primer edil oriolano no acceda de manera voluntaria a la propuesta de la cúpula conservadora, será el comité nacional de garantías del partido, que preside el ex ministro Federico Trillo, el que tome una decisión.
José Manuel Medina, alineado con el bando del PP valenciano que lidera el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha expresado en reiteradas ocasiones que cuenta con el respaldo de la dirección regional del partido que preside el propio Camps. Mientras, fuentes próximas al sector contrario, los afines al actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados Eduardo Zaplana, expresaron su sorpresa con la iniciativa de la dirección nacional del PP de suspender de militancia al primer edil oriolano. En el supuesto de que Medina sea dado de baja del PP, será el primer cargo público de los conservadores valenciano imputado en procesos judiciales obligado a dejar la formación. El primer cargo en esa situación es el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
El portavoz del grupo municipal del PSPV en Torrevieja, Manuel Vera, destapó, a raíz de la lectura y análisis de las correspondientes escrituras, que el mismo día que el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, vendió una finca de Almoradí a la empresa Edén del Mar, SL, esta adquirió otra en San Miguel de Salinas al propio regidor. Además, la finca que Edén del Mar vendió al alcalde en San Miguel de Salinas fue adquirida por esta empresa "solo 18 días antes" de formalizar la operación de venta al dirigente popular.
El juzgado número 4 de Torrevieja ha descubierto una nueva cuenta bancaria del alcalde del municipio. El PSPV exige a Hernández Mateo que explique el origen del dinero, que se suma a otros ingresos bancarios de 512.137 €. Un nuevo documento en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado número 4 de Torrevieja refleja que una cuenta bancaria del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, registró unos abonos desde el 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1999 por un valor de 228.384 €.
Estos abonos se unen a los ya conocidos ingresados en la misma cuenta bancaria de la CAM entre 2000 y 2005 por un total de 512.137 € (85.212.500 pesetas) cuyo origen no ha trascendido. El alcalde de Torrevieja ha mantenido hasta el momento un total silencio sobre la procedencia del dinero asegurando que sólo dará explicaciones ante el juez en caso de que sea llamado de nuevo a declarar. Los datos económicos citados figuran en el expediente de diligencias previas número 3416/2005 en el que se imputa al alcalde de los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por las operaciones de compra-venta de las fincas en Almoradí que adquirió por por 180.000 €, y vendió 28 meses después por 5.409.188 € a la mercantil Eden del Mar con intereses urbanísticos en Torrevieja. Esta empresa vendió a la vez a Hernández Mateo una finca en San Miguel de Salinas.
Los ingresos en la cuenta de Mateo en la CAM, mediante 89 cheques y con cantidades nunca iguales, según expuso el viernes el portavoz adjunto del PSPV-PSOE , Manuel Vera, se produjeron al margen de sus retribuciones como político -bien como alcalde o como diputado autonómico- por lo que "debe dar explicaciones ya; creo que es el momento". Hernández Mateo declaró ante la titular del juzgado número 4 el 28 de octubre de 2005 que sus únicos ingresos desde que tomó posesión como alcalde eran por su actividad política, la proveniente de los productos que "vende como fruto de la finca" y la venta familiar de una propiedad. Vera denunció también que en la declaración jurada municipal de bienes del alcalde de Torrevieja no figuran estos abonos y cantidades, y además señala que sólo posee una sola cuenta con un saldo de unos cuatro millones de pesetas.
"Afirmo con rotundidad que no es la única cuenta del alcalde y que hay muchas, como una en La Caixa donde cobra los pagarés por la venta de la finca de Almoradí o la del antiguo banco de Crédito y Ahorro", señaló Manolo Vera.
El ex alcalde Vidal consiguió el interés general para su vivienda y sus cuadras gracias a que los ayuntamientos certificaron la exhibición de los caballistas en sus municipios El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, ha abierto diligencias previas por el "caso ses Salines", el escándalo político destapado el pasado verano y en que están imputados judicialmente nueve alcaldes y dos tenientes de alcalde del PP, por haber emitido diferentes certificados y documentos presuntamente falsos que serían utilizados por el entonces alcalde saliner, Sebastià Vidal, también del PP, para pedir un interés general al Consell de Mallorca para legalizar su vivienda y unas cuadras ilegales construidas en suelo rústico.
El fiscal remitió el pasado 28 de abril un escrito al Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, el cual instruye la causa por la querella presentada por un particular contra estos altos cargos municipales, en el que le requiere que solicite a los ayuntamientos implicados (Santanyí, Llucmajor, Lloret, Felanitx, sa Pobla, Inca, Santa Margalida, ses Salines, Selva, Montuïri y Campos) "una certificación para el fedatario oficial de cada ayuntamiento en que se haga constar qué particulares o datos tiene aquel ayuntamiento sobre la Agrupació de Cavallistes de ses Salines", así como "que se certifique la existencia o no de actuaciones de caballistas que siendo de ses Salines actuaran en los mencionados municipios aunque no utilizaran el nombre de la agrupación".
Hay que recordar que el pasado 3 de agosto Ultima Hora desveló que los responsables de estos ayuntamientos avalaron un interés general solicitado por Vidal para que su vivienda se convirtiera en la sede de esta agrupación. Y lo hicieron certificando que la Agrupació de Cavallistes de ses Salines había actuado en sus municipios desde el año 1996, cuando realmente no se constituyó hasta el año 2001. Un mes después de destapado el escándalo, dimitió el alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, mientras que los otros alcaldes del Partido Popular implicados en el caso se defendieron asegurando que desconocían el objetivo del ex alcalde saliner. De momento han prestado declaración en Palma el mismo Sebastià Vidal; el teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y el celador municipasaliner, Sebastià Escales. Este mes empezarán en la comarca de Inca.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha reclamado a la Comunidad Autónoma el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia dentro de las actuaciones abiertas tras el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos. El recurso contencioso-administrativo de los arquitectos fue presentado contra el acuerdo de la Comunidad Autónoma que dio el visto bueno a la modificación efectuada por el Ayuntamiento de Murcia.
A juicio de estos profesionales, estas variaciones introducidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) podrían favorecer la especulación urbanística. Fuentes judiciales indicaron a EFE que cuando se reciba el expediente se dará traslado del mismo al Colegio de Arquitectos para que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas, lo mismo que podrá hacer la Comunidad Autónoma en defensa del mantenimiento de la resolución contra la que se recurre. En la presentación de recurso, el Colegio solicitó que hasta tanto la Sala entre en el fondo del asunto y resuelva su reclamación se proceda por la misma a ordenar la suspensión cautelar del acuerdo.
La Junta de Castilla y León ha anunciado la suspensión de la recalificación de 335.000 m2 de suelo industrial para construir 3.410 pisos en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Este pueblo ha sido calificado como la "Marbella de Castilla". La medida llega después de que un juez ordenase la investigación de la mencionada recalificación. Algo que propiciaba un pelotazo de 180 millones €. Una vez más, el partido presidido por Mariano Rajoy se ve envuelto en un entramado urbanístico en el que uno de sus concejales ha visto ampliado su patrimonio hasta alcanzar cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial.
La Junta de Castilla y León anunció la suspensión de esta recalificación hace dos días por "razones de interés supranacional", según informa Zancada. La Comisión Territorial de Urbanismo había aprobado la recalificación en noviembre de 2005. De esta forma, el PP ha tenido que rectificar por la polémica suscitada y las investigaciones judiciales iniciadas por el juez José María Crespo. El alcalde de Arroyo, el popular José Manuel Méndez Freijo, firmó un convenio urbanístico con la constructora gallega Mahía para la recalificación de unos terrenos donde edificar los mencionados pisos. Algo por lo que el magistrado número 1 de Valladolid ordenó abrir diligencias previas para aclarar si se ha cometido un delito.
La representante de la constructora, Iluminada Miguel Fernández, había trabajado durante cuatro años en una empresa de máquinas recreativas, Recreativos Dema, porpiedad del alcalde. Miguel Fernández dejó esta empresa el 21 de mayo de 2002 para trabajar en Mahía. Por tanto, "el alcalde pactó con su ex empleada el que el pueblo se quedase prácticamente sin suelo industrial", concluye Zancada. Además, es hija de Dionisio Miguel Recio; presidente del Club de Balonmano de Valladolid, concejal del Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial por el PP y número 3 del mismo partido a nivel provincial. A su vez, su padre también fue uno de los componentes del consejo de administración de la empresa municipal de suelo y vivienda de Arroyo de la Encomienda (Emuva) durante 15 meses.
El alcalde de Arroyo y Miguel Hernández negociaron un convenio en el que se recogía el pago al Ayuntamiento de 13 millones de € por la recalificación. Algo a lo que se habían opuesto tanto el PSOE como IU. Ambos partidos calificaron esta operación de "auténtico pelotazo". Por otra parte, el PSOE también ha denunciado irregularidades en el plan SAU-13, donde se ha incrementado el número de viviendas en al menos un 30 % y el suelo comercial ha aumentado un 270 %.
A la par, el rápido crecimiento urbanístico de Arroyo ha acompañado al incremento patrimonial de algunos de sus concejales. Por ejemplo, Francisco Javier Cruz Sánchez, un técnico de mantenimiento en la empresa de mermelada Helios y concejal de Vías y Obras del PP, es propietario junto a su mujer, trabajadora de servicio doméstico, de cinco viviendas. La familia del concejal del PP vive en un chalé unifamiliar de tres plantas con garaje edificado en un terreno de 300 m2. Dicha casa fue comprada en julio de 2002 por algo más de 150.000 € y está hipotecada en Caja Rural por el importe de 192.000.
Mientras, Tomás Villanueva, presidente del PP de Valladolid, ha asegurado recientemente que "el PSOE no gana limpiamente las elecciones". Para Soraya Rodríguez, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, esta declaración ha sido intento de "intoxicar y crispar la vida política para tapar los verdaderos problemas que tiene le PP en Valladolid por las presuntas irregularidades urbanísticas de Arroyo". Rodríguez concluye que "manifestaciones como éstas vienen a corroborar que el PP está muy nervioso ante un posible resultado electoral adverso en las próximas elecciones municipales y autonómicas".
Ante la contundencia de las conclusiones del informe de fiscalización sobre la gestión de las ayudas públicas concedidas por el Gobierno de Navarra a la Fundación Humanismo y Democracia, el presidente de la Cámara de Comptos, Luis Muñoz Garde, anunciaba en el Parlamento que 4 de los 6 expedientes investigados ya han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para iniciar, si así se estima oportuno, el procedimiento de exigencia de devolución de las subvenciones. Con esta decisión, Comptos abre una segunda vía judicial en el denominado 'caso De León' después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra remitiera a su homónima de Madrid (TSJM) los mismos expedientes que había recibido a su vez de manos del Gobierno de Navarra. El traslado a Madrid de la investigación se justificó porque el desvío de dinero a entidades interpuestas (hasta 4, todas en manos de un mismo empresario, Gonzalo Ruiz) se habría localizado en la capital del Estado.
En total, y actualizadas ya las cuentas, a la fundación ligada al PP (y dirigida por el delegado foral en Madrid, Ricardo De León, hasta enero de 2005) se le reclaman 460.622 € a los que habría que sumar los 124.381,78 € que Humanismo y Democracia ya ha reintegrado. En total suponen 583.000 €, el 76,3% del total del dinero entregado a esta fundación en los 6 expedientes revisados y fechados entre 2002 y 2004.
El dictamen de Comptos es concluyente al confirmar las bases de desvío de fondos que justificaron las denuncias que cursaron los funcionarios del servicio de inspección de Bienestar Social al detectar en la gestión de estos fondos indicios de hasta tres delitos: cohecho, fraude y falsificación de documento público. Por este escándalo y de forma escalonada debieron dejar su cargo dos altos cargos del Gobierno foral vinculados a UPN (el propio Ricardo De León Egüés, que cesó el 4 de julio de 2005 como delegado del Gobierno foral en Madrid, y José Luis Alli Fernández, ex director gerente del INBS, cesado el 27 de febrero) y otros dos cargos de libre designación nombrados por el Ejecutivo de Sanz (Luis Ciriza Arístegui, cesado el 27 de julio como director del Servicio de Promoción de Empleo, y Joaquín García Guajardo, ex director del servicio de Inversiones en Servicios Sociales, que dejó el cargo el 25 de marzo). En el caso de De León, como responsable de HyD, habría firmado los cheques que permitieron el desvío de dinero a las fundaciones de Gonzalo Ruiz quien, a su vez, habría pagado dietas y viajes al caribe a los otros 3.Luis Muñoz constató la existencia de los desvíos de capital, reclamó al Gobierno de Navarra un mayor control sobre este tipo de ayudas y exigió un uso escrupulosamente correcto" de los fondos.
Regino González Canteli, el intermediario que entregó a la Federación Socialista Asturiana (FSA) la cinta que grabó al senador del Partido Popular Javier Sopeña para garantizar el cobro de los 22 millones de pesetas --132.000 €-- que asegura que le adeuda por las comisiones que había pedido por su mediación en la compra de una finca en Puerto de Vega (Navia) mantiene que sus contactos con el político popular se remontan al menos a "un año antes" de que se cerrara la operación, que calcula que culminó "en agosto del 2005". El comisionista sostiene que "avisé y requeteavisé" al senador de que su único interés era recibir "lo que era mío, que eran unas comisiones totalmente legales, aunque ellos hablaran de pagar en b ", pero reconoce que cuando se dio cuenta de que no le devolvía las llamadas telefónicas y sólo le daba largas a través de mensajes en su móvil decidió ponerlas en circulación. Para ello contactó con el alcalde de Laviana, José Marciano Barreñada, quien le facilitó una reunión con el secretario de organización de la FSA, Jesús Gutiérrez.
Una vez que se iba a efectuar el acto de entrega de la cinta ante un notario de Oviedo, Canteli trasladó al dirigente socialista una lista de peticiones, entre las que reclamaba desde un arreglo de un camino a una toma de agua para una vivienda, pero ante su negativa a acceder a las mismas, se echó atrás. Su conversación con Gutiérrez también quedó registrada en otra cinta. "Jamás se me pasó por la cabeza poner las cintas en funcionamiento. Si me pagaran lo que me deben, no habría pasado esto", asevera Canteli, que se siente igual de defraudado con el PP que con el PSOE ya que mantiene que Gutiérrez, sin su consentimiento, las divulgó tras su remisión a la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación
Regino González Canteli explica que el senador popular fue quien contactó con él porque estaba interesado en adquirir unos terrenos en la zona occidental asturiana que, según le indicó, iban destinados a una sociedad participada por el presidente de la patronal de la construcción, Serafín Abilio Martínez, al que él no conocía de referencias, pero del que Sopeña le decía que "era el hombre más poderoso de Asturias".
"Yo tuve tres reuniones con Sopeña. Tengo además toda la documentación, con todos los papeles de las fincas, y además las grabaciones para probar que no digo ninguna mentira. El era el que me nombraba socios bastante importantes de Abilio. No soy un chantajista, pero lo hice porque no me pagaban los 22 millones. No quería este escándalo", expone.
Canteli justifica la comisión que reclama en el dinero que estaba pactado con Sopeña a cambio de "pasar la documentación de las fincas". El senador contactó con Canteli a través "de otra persona" y la primera vez que se vieron fue en Navia. "Me dijo: oye tú no sabes de algo que se venda por ahí? y yo me enteré de eso de Puerto de Vega y se lo ofrecí a cambio de una comisión que ahora no paga", ratifica.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución