Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Peru716.00sp.htm
Timestamp: 2017-03-28 13:42:04+00:00

Document:
Perú Petición 716/00 - Rafael Correa Díaz
PETICIÓN 716-00
I. RESUMEN 1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) de fecha 6 de octubre de 2000 por María Elena Rojas Pesantes, (en adelante la “peticionaria”), se denunció que el Estado del Perú (en adelante “Perú”, el “Estado” o el “Estado peruano”) violó, en perjuicio de Rafael Díaz Correa, (en adelante la “víctima”), ciertos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), al detenerlo, torturarlo y causar su muerte por miembros de la Policía Nacional, la noche del 24 de mayo de 2000 en el poblado de Chuquibamba Cajabamba departamento de Cajamarca. Hechos que fueron deficientemente investigados no obstante la denuncia que a la presunta víctima le habrían inflingido torturas. 2. El Estado peruano efectuó su defensa, alegó diversos argumentos sobre la denuncia de la peticionaria, y señaló que la muerte de Rafael Correa Díaz se trató de un hecho fortuito, por lo cual el Ministerio Público no formalizó denuncia penal y dispuso el archivo definitivo de las diligencias. 3. En este Informe, la Comisión concluye que la petición es admisible respecto a las alegadas violaciones al derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 4, 5, 8 y 25, en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana, así como a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura artículo 8,
en perjuicio de Rafael Correa Díaz y resuelve notificar a las partes, hacer público el presente informe e incluirlo en el Informe Anual.
21. Con fecha de 11 de agosto de 2000, el Fiscal Provincial de Cajabamba, mediante Resolución Nº 48-2000, decretó el archivo definitivo al considerar que el diagnóstico presuntivo de la muerte de Rafael Correa Díaz, fue de muerte accidental por asfixia por sumersión, a causa de la imprudencia temeraria del occiso, descartándose la posible intervención de terceras personas. 22. Contra tal decisión, María Elena Rojas Pesantes, interpuso recurso de queja al considerar que no se había aclarado la muerte de su cónyuge en debida forma por las irregularidades en la práctica de las diligencias médico forenses y no recibirse otras declaraciones de testigos que podrían dar luces sobre los hechos. La Fiscalía Superior Especializada de Cajamarca, mediante resolución de 11 de septiembre de 2000, declaró la insubsistencia de la resolución recurrida y ordenó la ampliación de la investigación. 23. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el 21 de septiembre de 2000 presentó ante la Fiscal de la Nación denuncia penal por los delitos de tortura y homicidio calificado por el asesinato de Rafael Correa Díaz, contra el Capitán Cristóbal Fernández Rojas, el Suboficial de Primera César Quiroz Garma, el Suboficial de Segunda Segundo Ilma Chapoñan y el Suboficial Técnico de Segunda César Orellano Olazábal, miembros de la Delegación Policíal de Chuquibamba, Cajabamba, Cajamarca. En la misma solicitaron se designara un Fiscal
Ad-Hoc para la investigación, en atención a las personas presuntamente involucradas en los hechos como la falta de imparcialidad del Fiscal instructor.
ratione materiae, ratione personae y ratione temporis de la Comisión 26. La Comisión es competente para examinar la materia objeto de esta denuncia, que se refiere a supuestas violaciones de derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) de este tratado internacional, así como a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 27. La peticionara se encuentra facultada por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición
33. De otro lado, el Estado no disputó al momento de dar respuesta al traslado de la apertura a trámite, la primera comunicación que se le dirigía, el agotamiento de los recursos internos. Por lo tanto, la CIDH observa que al momento de entrar a estudiar la admisibilidad, ya se encontraban agotados los recursos internos disponibles, siendo el proceso penal por su naturaleza
la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario[7].
2. Plazo de presentación 34. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión considera que dicho término, está intrínsecamente vinculado al agotamiento de los recursos internos,
que como se observó con anterioridad, fueron agotados con posterioridad a la presentación de la denuncia ante la CIDH[8].
1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana y de la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 8.
[4] Prueba de criminalística, médico forense que consiste en la sumersión del tejido pulmonar en agua para establecer si la asfixia fue por causa ahogamiento. [5]
Corte IDH, Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 31 de enero de 1996, párrafo 40; Caso Castillo Petruzzi, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de septiembre de 1998, párrafo 56; Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi,
Sentencia del 1° de febrero de 2000, párrafo 54 a 56. [6] CIDH, Trabajadores Cesados del Congreso de la República. Perú, cit. Párr. 46.
Id. Cita 6. Párr. 23.

References: artículo 1
 artículo 8
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 8