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Timestamp: 2019-02-19 09:53:16+00:00

Document:
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo, Versión 05-11-2010
Capítulo Segundo. de la Eficacia y Efectividad del Acto Administrativo
Capítulo Tercero. de los Impedimentos, Excusas y Recusaciones
Capítulo Cuarto. del Procedimiento y Sus Formalidades
Capítulo Quinto. de los Plazos, Términos y Notificaciones
Título Cuarto. de los Actos de Verificación
Publicada en el numero extraordinario del periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el 5 de noviembre de 2010.
(en vigor a partir del 06 de noviembre de 2010) decreto número: 335
Las disposiciones de la presente ley son de orden publico e interés social y tiene por objeto regular los actos y procedimientos administrativos de la administración publica del Estado de Quintana Roo. En lo relativo a las entidades paraestatales, solo será aplicable esta ley, cuando se trate de actos de autoridad provenientes de los organismos descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares.
Se exceptúan de la aplicación de esta ley los actos y procedimientos administrativos relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, laboral, la actuación del ministerio publico, seguridad publica, participación ciudadana, notarial, de la investigación y determinación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y de los procesos licitatorios y de adquisición de bienes y servicios.
Este ordenamiento no será aplicable a los procedimientos para el otorgamiento o revalidación de licencias, patentes y concesiones que a la administración publica del Estado de Quintana Roo, en atención a sus facultades y atribuciones, que (sic) le corresponda autorizar.
Las disposiciones contenidas en la presente ley, tampoco serán aplicables a los órganos públicos autónomos del estado.
I. Acto administrativo: a la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de la administración publica centralizada y de los organismos descentralizados de la administración publica paraestatal del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar, reconocer, declarar o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés general;
II. Administración pública del Estado de Quintana Roo: a las dependencias y órganos desconcentrados que integran a la administración publica centralizada y organismos descentralizados de la administración publica paraestatal del Estado de Quintana Roo, en los términos de la ley orgánica de la administración publica del Estado de Quintana Roo;
III. Afirmativa ficta: a la figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que resuelve lo solicitado por el particular, en sentido afirmativo;
IV. Anulabilidad: al reconocimiento del órgano competente, en el sentido de que un acto administrativo no cumple con los requisitos de validez que se establecen en esta ley u otros ordenamientos jurídicos; y que es subsanable por la autoridad competente al cumplirse con dichos requisitos;
V. Autoridad: a la persona que dispone de la fuerza publica, en virtud de circunstancias legales o de hecho;
VI. Autoridad competente: los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y de los organismos descentralizados de la administración publica del Estado de Quintana Roo facultada por los ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo;
IX. Formalidades: principios esenciales del procedimiento administrativo, relativos a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad, que deben observarse para que los interésados obtengan una decisión apegada a derecho;
X. Incidente: cuestiones que surgen dentro del procedimiento administrativo, que no se refieren al negocio o asunto principal, sino a la validez del proceso en si mismo;
XI. Interesado: particular que tiene un interés legítimo respecto de un acto o procedimiento administrativo, por ostentar un derecho legalmente tutelado;
XII. Interés legítimo: derecho de los particulares para activar la actuación publica administrativa en defensa del interés publico y la protección del orden jurídico;
XIII. Interés jurídico: derecho subjetivo de los particulares derivado del orden jurídico, que le confiere facultades o potestades especificas expresadas en actos administrativos, tales como concesiones, autorizaciones, permisos, licencias, registros y declaraciónes;
XIV. Ley: ley de procedimiento administrativo del Estado de Quintana Roo;
XV. Ley orgánica: ley orgánica de la administración publica del Estado de Quintana Roo;
XVI. Ley de responsabilidades: ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Quintana Roo;
XVII. Negativa ficta: figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular, en sentido negativo;
XVIII. Normas: leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otras disposiciones administrativas de carácter general, que rijan en el Estado de Quintana Roo;
XIX. Nulidad: declaración emanada del órgano competente, en el sentido de que un acto administrativo no cumple con los elementos de validez que se establecen en esta ley y que por lo tanto no genera efectos jurídicos;
XX. Procedimiento administrativo: conjunto de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y persiguen un interés general;
XXI. Procedimiento de lesividad: al procedimiento incoado por las autoridades administrativas, ante la sala constitucional y administrativa del tribunal superior de justicia del Estado de Quintana Roo, solicitando la declaración de nulidad de resoluciónes administrativas favorables a los particulares, por considerar que lesionan a la administración publica o el interés publico;
XXII. Resolución administrativa: acto administrativo que pone fin a un procedimiento, de manera expresa o presunta en caso del silencio de la autoridad competente, que decide todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interésados o previstas por las normas;
XXIII. Resolución interlocutoria: resolución que se dicta dentro del procedimiento administrativo para resolver algún incidente;
XXIV. Revocación: acto administrativo emitido por autoridad competente por virtud del cual se retira y extingue a otro que nació valido y eficaz, que tendrá efectos solo para el futuro, el cual es emitido por causas supervenientes de oportunidad e interés publico previstos en los ordenamientos jurídicos que modifican las condiciones iniciales en que fue expedido el original; y
XXV. Sala: a la sala constitucional y administrativa del tribunal superior de justicia del poder judicial del Estado de Quintana Roo.
Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas en lo que no se opongan a la presente ley, y en lo no previsto en dichas leyes, se aplicaran supletoriamente las disposiciónes de este ordenamiento.
En lo relativo a las disposiciónes del recurso de revisión y a las visitas de verificación la presente ley es sustitutoria, a pesar de lo que en contrario dispongan los diversos ordenamientos jurídicos que rigen a la administración publica del Estado de Quintana Roo.
El código civil y el código de procedimientos civiles, ambos para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se aplicaran supletoriamente en todo lo no previsto en la presente ley.
Para la resolución de controversias y aplicación de las normas, estas se interpretaran conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, los principios generales del derecho y los establecidos en el siguiente articulo.
El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por los principios de economía, celeridad, igualdad, eficacia, legalidad, transparencia, imparcialidad, información, publicidad y buena fe.
Son elementos de validez del acto administrativo los siguientes:
I. Ser expedidos por autoridad competente, a través del servidor publico facultado para tal efecto;
Tratándose de órganos colegiados, deberán reunir las formalidades de la ley correspondiente para emitirlo;
II. Constar por escrito y contener la autoridad de la que emane, el nombre del servidor publico, el cargo que ocupa y la firma autógrafa del mismo, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;
III. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables; las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. Deben hacerse constar estas circunstancias al principio del acto administrativo;
IV. Que sea expedido sin que en la manifestación de la voluntad de la autoridad competente, expresada a través del servidor publico facultado para ello, medie dolo, mala fe, violencia y/o error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto;
V. Que su objeto sea lícito y posible de hecho y que se encuentre previsto por el ordenamiento jurídico aplicable y preciso por cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar;
VI. Cumplir con la finalidad de interés publico regulado por las normas en que se concreta; y
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones contenidas en los ordenamientos aplicables y, en su defecto, por lo dispuesto en esta ley.
En el caso de la afirmativa ficta, contar con la certificación correspondiente o con el acuse de recibo de la solicitud de dicha certificación que contenga el sello de la dependencia, órganos desconcentrados u organismos descentralizado (sic) de la administración publica del Estado de Quintana Roo. Esto ultimo únicamente será valido cuando con el mismo se acredite que ha transcurrido el plazo que tiene la autoridad correspondiente para emitir la certificación sin que lo haya hecho o sin que la haya notificado al peticionario.
Son requisitos de validez, del acto administrativo, los siguientes:
I. Señalar lugar y fecha de su emisión;
II. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia especifica de identificación del expediente, documento o nombre completo de la persona;
III. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas;
IV. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, se expresara la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;
V. En el caso de actos administrativos que, por su contenido, tengan que ser notificados personalmente, estos deberán contener expresamente tal circunstancia;
VI. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención del termino con el que se cuenta para interponer el recurso de revisión, el momento en el que surte efectos la notificación y la autoridad u oficina ante quien puede presentarlo; y
VII. Señalar en forma precisa el lugar o lugares en que deberá practicarse el acto administrativo, salvo cuando se trate de actos que por su naturaleza no requieran de que tal circunstancia se especifique.
de la Eficacia y Efectividad del Acto Administrativo
Todo acto administrativo será valido mientras no haya sido declarado invalidó por la autoridad competente sea esta administrativa, jurisdiccional o judicial, en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables.
Todo acto administrativo valido será eficaz, ejecutivo y exigible desde el momento mismo en que surta efectos la notificación realizada de conformidad con las disposiciones de esta ley.
El acto administrativo valido es ejecutivo cuando, el ordenamiento jurídico aplicable, reconoce a la administración publica del Estado de Quintana Roo la facultad de obtener su cumplimiento mediante el uso de medios de ejecución forzosa.
También será valido, eficaz, ejecutivo y exigible el acto administrativo sobre el que se actualice la afirmativa ficta conforme a las disposiciones legales que rigen a la administración publica estatal y, en su defecto, por las de la presente ley.
Si el acto administrativo requiere de la aprobación de órganos o autoridades distintos del que lo emita, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, no tendrá eficacia sino hasta en tanto aquella se produzca.
Se exceptuaran de lo dispuesto en el articulo anterior, los siguientes actos administrativos:
I. Los que otorguen un beneficio, permiso o autorización al interesado, en cuyo caso el cumplimiento será exigible a partir de la fecha que se emita, de la certificación de su configuración tratándose de su afirmativa ficta o de aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; y
II. Los actos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia, en los términos de esta ley y demás disposiciones normativas aplicables; en este supuesto, dichos actos serán exigibles desde la fecha en que los expida la administración publica del Estado de Quintana Roo.

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