Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/33160/ley-56-2003-de-16-de-diciembre-de-empleo
Timestamp: 2018-06-19 08:32:08+00:00

Document:
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo
LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO (BOE DEL 17)
Título Preliminar. De la política de empleo (Arts. 1 a 4)
Capítulo único. Normas generales (Arts. 1 a 4)
Art. 1. Definición de la política de empleo
Art. 2. Objetivos generales de la política de empleo
Art. 4 ter. Plan Anual de Política de Empleo
Título I. El Sistema Nacional de Empleo (Arts. 5 a 19)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 5 a 9)
Art. 5. Concepto del Sistema Nacional de Empleo
Art. 6. Fines del Sistema Nacional de Empleo
Art. 7. Órganos del Sistema Nacional de Empleo
Art. 8. Principios de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo
Art. 9. Funciones del Sistema Nacional de Empleo
Capítulo II. El Servicio Público de Empleo Estatal (Arts. 10 a 16)
Art. 10. Concepto del Servicio Público de Empleo Estatal
Art. 11. Naturaleza y régimen jurídico del Servicio Público de Empleo Estatal
Art. 12. Organización del Servicio Público de Empleo Estatal
Art. 13. Competencias del Servicio Público de Empleo Estatal
Art. 14. Presupuestación de fondos de empleo de ámbito nacional
Art. 15. Políticas activas cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea
Art. 16. Órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional
Capítulo III. Los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas (Arts. 17 a 19)
Art. 17. Concepto y competencias de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas
Art. 18. Organización de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas
Art. 19. Financiación autonómica de las políticas activas de empleo
Título I bis. Servicios a la ciudadanía prestados por los Servicios Públicos de Empleo (Arts. 19 bis a 19 octies)
Capítulo I. Personas y empresas usuarias de los servicios (Arts. 19 bis a 19 quinquies)
Art. 19 bis. Personas y empresas usuarias de los servicios
Art. 19 ter. Catálogo de servicios a la ciudadanía de los Servicios Públicos de Empleo
Art. 19 quáter. Contenido del catálogo de servicios
Art. 19 quinquies. Actualización del catálogo de servicios a la ciudadanía
Capítulo II. «Artículo 19 octies. Colectivos prioritarios.—1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Empleo, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con défic
Art. 19 sexies. Enfoque personalizado de los servicios
Art. 19 septies. Itinerario individual y personalizado de empleo
Art. 19 octies. Colectivos prioritarios
Título II. Instrumentos de la política de empleo (Arts. 20 a 28)
Capítulo I. La intermediación laboral (Arts. 20 a 22 bis)
Art. 20. Concepto de la intermediación laboral
Art. 21. Agentes de la intermediación laboral a efectos del Sistema Nacional de Empleo
Art. 21.bis. Agencias de colocación
Art. 22. Principios básicos de la intermediación laboral
Art. 22 bis. Discriminación en el acceso al empleo
Art. 23. Concepto de políticas activas de empleo (Arts. 23 a 26)
Art. 24. Principios generales de las políticas activas de empleo
Art. 25. Identificación y ámbitos de las políticas activas de empleo
Art. 26. Formación profesional para el empleo
Capítulo III. La coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo (Arts. 27 y 28)
Art. 27. La inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo
Art. 28. Cooperación y colaboración entre los servicios públicos de empleo que gestionan las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de protección económica frente al desempleo
Segunda. Empresas de trabajo temporal
Tercera. Colaboración en materia de información con los servicios públicos de empleo
Cuarta. Programas financiados con cargo a la reserva de crédito cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma
Quinta. Plan integral de empleo de Canarias
Sexta. Distribución competencial en las iniciativas de formación financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Séptima. Consulta a los Consejos del Trabajo Autónomo y para el Fomento de la Economía Social
Octava. Participación de las Comunidades Autónomas en la incentivación del empleo indefinido
Novena. Consideración de vícitmas del terrorismo a efectos de políticas activas de empleo
Primera. Entidades que colaboran en la gestión del empleo con los servicios públicos de empleo
Segunda. Gestión de políticas activas por el Servicio Público de Empleo Estatal
Tercera. Gestión de políticas activas de empleo del colectivo de mujeres
Única. Derogación normativa por la presente Ley
Segunda. Habilitación reglamentaria para la aplicación y desarrollo de la presente Ley
Tercera. Recursos del Sistema Nacional de Empleo
Cuarta. Convenios de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas para la financiación de gastos compartidos, correspondientes a la gestión estatal de prestaciones por desempleo que no impliquen la ampliación de coste efectivo traspasado a las comunidades autónomas
Según establece la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero (BOE del 19), , la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales citada en esta Ley, pasa a denominarse Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
(IL 6139/2003)
Efectivamente, en primer término, la evolución del mercado de trabajo en el largo período de tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Básica de Empleo ha visto cómo se producían situaciones de pérdida de puestos de trabajo, con expulsión del mismo de los colectivos más sensibles, a la vez que aumentaba la dificultad de su acceso al empleo, el desempleo y las tasas de temporalidad en la contratación, acentuándose los desequilibrios territoriales.
Por último, la globalización de la economía y el progreso de integración europea ya no permiten pensar y actuar sólo en clave nacional. La estrategia de coordinación de políticas iniciada en la Unión Europea —política económica, a través de las Grandes Orientaciones de Política Económica, y política de empleo, a través de las Directrices de Empleo y los Planes nacionales de acción para el empleo, en coordinación con la estrategia de inclusión social— obliga al Estado español a establecer objetivos cuantificados de actuación con desempleados, toda vez que la Unión Europea vincula la distribución de fondos europeos (Fondo Social Europeo) al logro de dichos objetivos, lo que necesariamente obliga al establecimiento de mecanismos que hagan posible su cumplimiento.
En este contexto, esta ley tiene por objetivo incrementar la eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la Cumbre de Barcelona. Ello se traduce en ofrecer a los desempleados, bajo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, transparencia, gratuidad, efectividad y calidad en la prestación de servicios, una atención preventiva y personalizada por los servicios públicos de empleo, con especial atención a los colectivos desfavorecidos, entre los cuales las personas con discapacidad ocupan un lugar preferente. Las políticas de empleo deben funcionar como instrumentos incentivadores para la incorporación efectiva de los desempleados al mercado de trabajo, estimulando la búsqueda activa de empleo y la movilidad geográfica y funcional.
Desde una perspectiva de armonización del nuevo modelo con la actual distribución de competencias constitucionales entre el Estado y las comunidades autónomas, en materia de política de empleo, los objetivos se centran en asegurar la cooperación y coordinación entre las Administraciones implicadas de modo que se logre la máxima efectividad movilizando y optimizando todos los recursos disponibles. El instrumento nuclear para conseguir tal finalidad es el Sistema Nacional de Empleo, considerado éste como un conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, que tiene como finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo en los términos acordados en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa. Dicho Sistema está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de las comunidades autónomas. Sus órganos son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Sus instrumentos, el Plan nacional de acción para el empleo, el Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo y el Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo. La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en dicho sistema, así como en los Servicios Públicos de Empleo Estatal y de las comunidades autónomas, además de ser necesaria en un modelo constitucional como el español y respetuosa con nuestros compromisos internacionales, aporta, finalmente, mayores garantías de cohesión y éxito al proyecto.
Artículo 1. Definición.—Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución, la política de empleo es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo.
Artículo 2. Objetivos de la política de empleo.— Son objetivos generales de la política de empleo:
VIGENTE DE 6 DE ENERO DE 2004 A 19 DE FEBRERO DE 2011.
Artículo 2. Objetivos de la política de empleo.—Son objetivos generales de la política de empleo:
Artículo 3. Planificación y ejecución de la política de empleo.—1. En el ámbito de competencia estatal corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el marco de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la coordinación de la política de empleo.
3. Los Planes nacionales de acción para el empleo se elaborarán por el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación de las comunidades autónomas, y se definirán de acuerdo con la Estrategia Europea de Empleo, configurándose como un instrumento esencial de planificación de la política de empleo. Asimismo se contará con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Las medidas contenidas en los Planes nacionales de acción para el empleo estarán coordinadas e integradas con el resto de políticas de origen estatal y de la Unión Europea y, especialmente, con las establecidas en los Planes de integración social, con las que deberán guardar la coherencia necesaria para garantizar su máxima efectividad.
Artículo 4. La dimensión local de la política de empleo.— Las políticas de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberán tener en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.
Artículo 4. La dimensión local de la política de empleo.—De acuerdo con lo establecido en la Estrategia Europea de Empleo, las políticas de empleo en su diseño y modelo de gestión deberán tener en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.
Artículo 4 bis. Estrategia Española de Empleo.—1. En el ejercicio de las competencias definidas en el artículo 3.1, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, aprobará la Estrategia Española de Empleo, que se elaborará en colaboración con las Comunidades Autónomas y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se informará por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y se someterá a consulta e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
Artículo 4 ter. Plan Anual de Política de Empleo.—1. El Plan Anual de Política de Empleo concretará, con carácter anual, los objetivos de la Estrategia Española de Empleo a alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se utilizarán para conocer el grado de cumplimiento de los mismos.
Artículo 5. Concepto.—Se entiende por Sistema Nacional de Empleo el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. El Sistema Nacional de Empleo está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas.
Artículo 6. Fines.— 1. El Sistema Nacional de Empleo deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes fines:
Artículo 6. Fines.—1. El Sistema Nacional de Empleo deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes fines:
Artículo 7. Órganos del Sistema Nacional de Empleo.— 1. Los órganos del Sistema Nacional de Empleo son:
Artículo 7. Órganos del Sistema Nacional de Empleo.—1. Los órganos del Sistema Nacional de Empleo son:
a) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que es el instrumento general de colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas en materia de política de empleo y especialmente en la elaboración de los Planes nacionales de acción para el empleo. Asimismo le corresponde la aprobación del Programa anual de trabajo del sistema nacional de empleo.
Artículo 7 bis. Instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo.—La coordinación del Sistema Nacional de Empleo se llevará a cabo principalmente a través de los siguientes instrumentos:
Artículo 8. Principios de organización y funcionamiento.— La organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo se basará en los siguientes principios:
VIGENTE DE 6 DE ENERO DE 2004 A 23 DE FEBRERO DE 2013.
Artículo 8. Principios de organización y funcionamiento.—La organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo se basará en los siguientes principios:
Artículo 9. Funciones del Sistema Nacional de Empleo.— 1. Aplicar y concretar la Estrategia Española de Empleo, a través del Plan Anual de Política de Empleo.
Artículo 9. Funciones del Sistema Nacional de Empleo.—1. Aplicar la Estrategia Europea de Empleo, en el marco de sus competencias, a través de los Planes nacionales de acción para el empleo.
Artículo 10. Concepto.—El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo autónomo de la Administración General del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, en el marco de lo establecido en esta ley.
Artículo 11. Naturaleza y régimen jurídico.—El Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo autónomo de los previstos en el capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de su titular.
Artículo 12. Organización.—El Servicio Público de Empleo Estatal se articula en torno a una estructura central y a una estructura periférica, para el cumplimiento de sus competencias. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán, de forma tripartita y paritaria, en sus órganos correspondientes.
Artículo 13. Competencias.— El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:
1. Acciones y medidas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma, cuando éstas exijan la movilidad geográfica de las personas desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN FINAL TERCERA DEL REAL DECRETO-LEY 1/2011, DE 11 DE FEBRERO (BOE DEL 12). MODIFICACIÓN DEL NÚMERO 4.º DE LA LETRA E).
VIGENTE DE 13 DE FEBRERO DE 2011 A 19 DE FEBRERO DE 2011.
Artículo 13. Competencias.—El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:
4.º Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de los mismos, así como idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios.
VIGENTE DE 6 DE ENERO DE 2004 A 12 DE FEBRERO DE 2011.
Artículo 14. Presupuestación de fondos de empleo de ámbito nacional.— 1. El Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, tiene las competencias en materia de fondos de empleo de ámbito nacional, que figurarán en su presupuesto debidamente identificados y desagregados. Dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión a las comunidades autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecido en la normativa presupuestaria, cuando correspondan a programas cuya gestión ha sido transferida.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 16 DEL REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO (BOE DEL 23). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3 Y RENUMERA EL 4.
VIGENTE DE 24 DE FEBRERO DE 2013 A 27 DE JULIO DE 2013.
Artículo 14. Presupuestación de fondos de empleo de ámbito nacional.—1. El Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, tiene las competencias en materia de fondos de empleo de ámbito nacional, que figurarán en su presupuesto debidamente identificados y desagregados. Dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión a las comunidades autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecido en la normativa presupuestaria, cuando correspondan a programas cuya gestión ha sido transferida.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 5 DEL REAL DECRETO-LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO (BOE DEL 19). MODIFICACIÓN DE LOS APARTADOS 2 Y 3.
VIGENTE DE 20 DE FEBRERO DE 2011 A 23 DE FEBRERO DE 2013.
Artículo 15. Políticas activas cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea.—1. En la distribución de los fondos a gestionar por las comunidades autónomas a los que se refiere el artículo anterior, según el procedimiento previsto en la Ley General Presupuestaria, se identificarán los programas cofinanciados por los fondos de la Unión Europea.
Artículo 16. Órganos de seguimiento y control de los fondos.—1. Son órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional:
Artículo 17. Concepto y competencias.— 1. Se entiende por Servicio Público de Empleo de las comunidades autónomas los órganos o entidades de las mismas a los que dichas Administraciones encomienden, en sus respectivos ámbitos territoriales, el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la intermediación laboral, según lo establecido en el artículo 20 y siguientes de esta Ley, y de las políticas activas de empleo, a las que se refieren los artículos 23 y siguientes de esta misma disposición.
Artículo 17. Concepto y competencias.—1. Se entiende por Servicio Público de Empleo de las comunidades autónomas los órganos o entidades de las mismas a los que dichas Administraciones encomienden, en sus respectivos ámbitos territoriales, el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la intermediación laboral, según lo establecido en el artículo 20 y siguientes de esta Ley, y de las políticas activas de empleo, a las que se refieren los artículos 23 y siguientes de esta misma disposición.
Artículo 18. Organización.—Los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, en función de su capacidad de autoorganización, se dotarán de los órganos de dirección y estructura para prestación del servicio al ciudadano.
Artículo 19. Financiación autonómica de las políticas activas de empleo.—Las políticas activas desarrolladas en las comunidades autónomas y cuya financiación no corresponda al Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso las complementarias de las del Servicio Público Estatal, se financiarán, en su caso, con las correspondientes partidas que los presupuestos de la comunidad autónoma establezcan, así como con la participación en los fondos procedentes de la Unión Europea.
Servicios a la ciudadanía prestados por los Servicios Públicos de Empleo
Artículo 19 bis. Personas y empresas usuarias de los servicios.—1. Los Servicios Públicos de Empleo prestarán servicios a las personas desempleadas, a las personas ocupadas y a las empresas. Estos servicios se definen en un catálogo.
Artículo 19 ter. Catálogo de servicios a la ciudadanía de los Servicios Públicos de Empleo.—1. El catálogo de servicios a la ciudadanía de los Servicios Públicos de Empleo tiene por objeto garantizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a un servicio público y gratuito de empleo, y la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo, constituyendo un compromiso de los Servicios Públicos de Empleo con las personas y empresas usuarias de los mismos.
Artículo 19 quáter. Contenido del catálogo de servicios.— 1. Servicios destinados a las personas desempleadas:
1.1. Diagnóstico individualizado sobre el perfil, las necesidades y expectativas de la persona desempleada mediante entrevistas personalizadas, para poder encontrar un empleo.
1.2. Información y gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea, así como información sobre el mercado de trabajo, y los incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación y el apoyo a las iniciativas emprendedoras, con especial atención a las fórmulas de autoempleo, de trabajo autónomo o de economía social.
1.3. Diseño, elaboración y realización de un itinerario individual y personalizado de empleo que podrá incluir servicios de orientación e información para el empleo y el autoempleo, de mejora de su cualificación profesional y de su empleabilidad, y contactos con las empresas, entidades y organismos públicos para facilitar su inserción laboral.
1.4. Oferta de acciones de formación profesional para el empleo, con acreditación oficial a través del Repertorio de Certificados de Profesionalidad cuando estén vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones, así como la promoción de prácticas no laborales de la formación realizada.
1.5. Evaluación y, en su caso, reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la acreditación oficial de su cualificación.
1.6. Información, reconocimiento y pago de las prestaciones y subsidios por desempleo, impulsando y desarrollando su gestión por medios electrónicos.
2.1. Diagnóstico individualizado sobre el perfil, las necesidades y expectativas de la persona ocupada mediante entrevistas personalizadas para poder mantener el empleo o acceder a uno nuevo.
2.2. Orientación e información sobre empleo, autoempleo y mercado de trabajo, incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación, el mantenimiento del empleo y el apoyo a las iniciativas emprendedoras, así como medidas para la mejora de su cualificación profesional.
2.3. Información y gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea.
2.4. Oferta de acciones de formación profesional para el empleo, con acreditación oficial a través del Repertorio de Certificados de Profesionalidad cuando están vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones, que favorezca la promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras y su derecho a la formación a lo largo de toda la vida, con especial atención a los supuestos de riesgo de pérdida del empleo.
2.5. Evaluación y, en su caso, reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la acreditación oficial de su cualificación.
3.1. Tratamiento de sus ofertas de empleo, incluyendo su difusión en el marco del Sistema Nacional de Empleo y a través de portales de empleo, preselección y envío de candidaturas, así como la colaboración en las entrevistas y/o procesos selectivos de difícil cobertura.
3.2. Información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo, medidas de fomento de empleo, acceso y tramitación de las mismas, modalidades y normas de contratación, diseño de planes formativos y ayudas para la formación de las personas trabajadoras.
3.3. Comunicación telemática de la contratación laboral y de las altas, períodos de actividad y certificados de empresa a través del portal del Sistema Nacional de Empleo.
3.4. Información, asesoramiento y tutorización para la creación, gestión y funcionamiento de empresas, por parte de emprendedores, trabajadores autónomos y otras empresas de la economía social.
— REDACCIÓN ORIGINARIA POR EL REAL DECRETO LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO (BOE DEL 19).
VIGENTE DE 20 DE FEBRERO DE 2011 A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Artículo 19 quáter. Contenido del catálogo de servicios.—1. Servicios destinados a las personas desempleadas:
1.2. Información y gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea, así como información sobre el mercado de trabajo, y los incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación y el apoyo a las iniciativas emprendedoras.
Artículo 19 quinquies. Actualización del catálogo de servicios a la ciudadanía.—El catálogo de servicios a la ciudadanía se actualizará mediante orden del titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Artículo 19 sexies. Enfoque personalizado de los servicios.—1. El acceso de las personas desempleadas a los Servicios Públicos de Empleo se efectuará mediante su inscripción y recogida de datos en una entrevista inicial que conllevará una valoración de los servicios que requiere para su inserción laboral. De acuerdo con ello, y en colaboración con las personas desempleadas, se determinará, si procede, el comienzo de un itinerario individual y personalizado de empleo en función del perfil profesional, necesidades y expectativas de la persona, junto a la situación del mercado de trabajo y a criterios vinculados con la percepción de prestaciones, la pertenencia a colectivos definidos como prioritarios y aquellos que se determinen en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
Artículo 19 septies. Itinerario individual y personalizado de empleo.—1. El itinerario individual y personalizado de empleo contemplará, a partir de una entrevista de diagnóstico individualizada, las acciones del catálogo de servicios, y servicios específicos, que ofrece el Servicio Público de Empleo a la persona demandante de empleo, acordes a sus necesidades, sus requerimientos y al objetivo a conseguir.
Artículo 19 octies. Colectivos prioritarios.— 1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Empleo, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería, u otros que se puedan determinar, en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
Artículo 26. Colectivos prioritarios.—1. El Gobierno y las comunidades autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, mujeres, parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería.
Artículo 20. Concepto.— 1. La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
Este artículo 20 ha sido redactado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
VIGENTE DE 6 DE ENERO DE 2004 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Artículo 20. Concepto.—La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
Artículo 21. Agentes de la intermediación.—A efectos del Sistema Nacional de Empleo, la intermediación en el mercado de trabajo se realizará a través de:
Artículo 21 bis. Agencias de colocación.— 1. A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por agencias de colocación aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de intermediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, bien como colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la selección de personal.
Este artículo 21 bis ha sido añadido, salvo las excepciones hechas, por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, si bien, sobre su aplicación a las agencias de colocación, deben consultarse sus disposiciones finales tercera y cuarta.
Véase el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, sobre agencias de colocación.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 1 DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO (BOE DEL 11). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 2.
VIGENTE DE 12 DE FEBRERO DE 2012 A 7 DE JULIO DE 2012.
Artículo 21 bis. Agencias de colocación.—1. A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por agencias de colocación aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de intermediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, bien como colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la selección de personal.
— REDACCIÓN ORIGINARIA POR LA LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE (BOE DEL 18).
VIGENTE DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A 11 DE FEBRERO DE 2012.
Artículo 22. Principios básicos de la intermediación laboral.— 1. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación, así como las acciones de intermediación que puedan realizar otras entidades colaboradoras de aquéllos, se prestarán de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación, garantizándose la plena transparencia en el funcionamiento de los mismos.
Este artículo 22 ha sido redactado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, si bien, sobre su aplicación a las agencias de colocación, deben consultarse sus disposiciones finales tercera y cuarta.
Artículo 22. Principios básicos de la intermediación de los servicios públicos de empleo.—1. Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la intermediación laboral, si bien podrán establecer con otras entidades convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación de demandantes de empleo.
Artículo 22 bis. Discriminación en el acceso al empleo.— 1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación en la gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el acceso al empleo.
Este artículo 22 bis ha sido redactado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, si bien, sobre su aplicación a las agencias de colocación, véanse sus disposiciones finales tercera y cuarta.
— REDACCIÓN ORIGINARIA POR LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO (BOE DEL 23).
VIGENTE DE 24 DE MARZO DE 2007 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Artículo 22 bis. Discriminación en el acceso al empleo.—1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación sin fines lucrativos, en la gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para evitar la discriminación en el acceso al empleo.
Artículo 23. Concepto de políticas activas de empleo.— 1. Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
Este apartado 3 ha sido redactado por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero (BOE del 19), de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE (BOE DEL 18). INCORPORACIÓN DEL APARTADO 3.
VIGENTE DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A 19 DE FEBRERO DE 2011.
Artículo 23. Concepto de políticas activas de empleo.—1. Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.
Artículo 24. Principios generales de las políticas activas de empleo.— 1. En el diseño y ejecución de las políticas activas de empleo han de estar presentes los siguientes principios generales:
Artículo 24. El enfoque preventivo de las políticas activas de empleo.—1. De acuerdo con las directrices derivadas de la Estrategia Europea de Empleo, en las que se establece el tratamiento preventivo de las situaciones de paro de larga duración y a tenor de la normativa reguladora de los fondos estructurales de la Unión Europea, los servicios públicos de empleo orientarán su gestión para facilitar nuevas oportunidades de incorporación al empleo a los desempleados antes de que éstos pasen a una situación de paro de larga duración.
Artículo 25. Identificación y ámbitos de las políticas activas de empleo.— 1. El conjunto de acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo cubrirán los siguientes ámbitos:
El Gobierno garantizará en la Estrategia Española de Empleo la igualdad de oportunidades para las personas con disca-pacidad en el acceso y el mantenimiento en el empleo.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO (BOE DEL 11). MODIFICACIÓN DE LA LETRA F) DEL APARTADO 1.
Artículo 25. Identificación y ámbitos de las políticas activas de empleo.—1. El conjunto de acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo cubrirán los siguientes ámbitos:
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 1 DEL REAL DECRETO-LEY 14/2011, DE 16 DE SEPTIEMBRE (BOE DEL 20). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1.F).
VIGENTE DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A 11 DE FEBRERO DE 2012.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 11 DEL REAL DECRETO LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO (BOE DEL 19). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
Artículo 25. Clasificación.—1. Los programas y medidas que integren las políticas activas de empleo se orientarán y se ordenarán por su correspondiente norma reguladora, mediante actuaciones que persigan los siguientes objetivos:
f) Promover la creación de actividad que genereempleo.
Artículo 26. Formación profesional para el empleo.— 1. El subsistema de formación profesional para el empleo está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a sus necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. Dicho subsistema, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con sus principios, fines y objetivos y en especial:
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO (BOE DEL 11). MODIFICACIÓN DE LA LETRA C). AÑADIDO EL APARTADO 10.
Artículo 26. Formación profesional para el empleo.—1. El subsistema de formación profesional para el empleo está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a sus necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. Dicho subsistema, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con sus principios, fines y objetivos y en especial:
c) La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de los centros y entidades de formación debidamente acreditados en el diseño y planificación del subsistema de formación profesional para el empleo.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 12 DEL REAL DECRETO-LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO (BOE DEL 19). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 20 DE FEBRERO DE 2011 A 11 DE FEBRERO DE 2012.
Artículo 26. Formación profesional para el empleo. 1. El subsistema de formación profesional para el empleo está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a sus necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. Dicho subsistema, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con sus principios, fines y objetivos y en especial:
Artículo 26. Colectivos prioritarios. 1. El Gobierno y las comunidades autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, mujeres, parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería.
Artículo 27. La inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo.— 1. Los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, conforme a lo establecido en el artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio público de empleo, lo que implicará la suscripción ante el mismo del compromiso de actividad, y deberán cumplir las exigencias de dicho compromiso, que quedarán recogidas en el documento de renovación de la demanda.
4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal para su ejecución por éste.
Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento de la obligación de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de Empleo Estatal en el momento en que se produzcan o conozcan. Dicha comunicación podrá realizarse por medios electrónicos y será documento suficiente para que el Servicio Público de Empleo Estatal inicie el procedimiento sancionador que corresponda.
Este apartado 4 ha sido redactado por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto (BOE del 3), para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
Este artículo 27 ha sido redactado, salvo la excepción hecha, por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, si bien, sobre su aplicación a las agencias de colocación, véanse sus disposiciones finales tercera y cuarta.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO (BOE DEL 14) MODIFICACIÓN DEL APARTADO 4.
VIGENTE DE 15 DE JULIO DE 2012 A 3 DE AGOSTO DE 2013.
Artículo 27. La inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo1. Los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, conforme a lo establecido en el artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio público de empleo, lo que implicará la suscripción ante el mismo del compromiso de actividad, y deberán cumplir las exigencias de dicho compromiso, que quedarán recogidas en el documento de renovación de la demanda.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE (BOE DEL 18). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A 14 DE JULIO DE 2012.
Artículo 27. La inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo.—1. Los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, conforme a lo establecido en el artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio público de empleo, lo que implicará la suscripción ante el mismo del compromiso de actividad, y deberán cumplir las exigencias de dicho compromiso, que quedarán recogidas en el documento de renovación de la demanda.
Este artículo 27 ha sido redactado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, si bien, sobre su aplicación a las agencias de colocación, véanse sus disposiciones finales tercera y cuarta.
Artículo 27. La inscripción de los beneficiarios de prestaciones como demandantes de empleo y su participación en las políticas activas de empleo.—1. Los solicitantes y perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio público de empleo.
Artículo 28. Cooperación y colaboración entre los servicios públicos de empleo que gestionan las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de protección económica frente al desempleo.— 1. Las Administraciones y los organismos públicos que tengan atribuidas la competencia de la gestión del empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal deberán cooperar y colaborar en el ejercicio de sus competencias garantizando la coordinación de las distintas actuaciones de intermediación e inserción laboral y las de solicitud, reconocimiento y percepción de las prestaciones por desempleo, a través de los acuerdos que se adopten en Conferencia Sectorial y de los convenios de colaboración que se alcancen, en aplicación de lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Este apartado 1 ha sido redactado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Artículo 28. Cooperación y colaboración entre los servicios públicos de empleo que gestionan las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de protección económica frente al desempleo.—1. Las Administraciones y los organismos públicos que tengan atribuidas la competencia de la gestión del empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal deberán cooperar y colaborar en el ejercicio de sus competencias garantizando la coordinación de las distintas actuaciones de intermediación e inserción laboral y las de solicitud, reconocimiento y percepción de las prestaciones por desempleo, a través de los acuerdos que se adopten en Conferencia Sectorial y de los convenios de colaboración que se alcancen, en aplicación de lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional primera. Identificación del Servicio Público de Empleo Estatal.—El Instituto Nacional de Empleo pasa a denominarse Servicio Público de Empleo Estatal, conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario, patrimonial y de personal, así como la misma personalidad jurídica y naturaleza de organismo autónomo de la Administración General del Estado, con las peculiaridades previstas en esta ley.
Disposición adicional segunda. Empresas de trabajo temporal.— Las empresas de trabajo temporal ajustarán su acti-vidad a lo establecido en la normativa reguladora de las mismas.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 1 DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO (BOE DEL 11). MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Disposición adicional segunda. Empresas de trabajo temporal.—Las empresas de trabajo temporal ajustarán su actividad a lo establecido en la normativa reguladora de las mismas. No obstante, cuando actúen como agencias de colocación deberán ajustarse a lo establecido en esta ley y sus disposiciones de desarrollo, incluida la obligación de garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios.
VIGENTE DE 6 DE ENERO DE 2004 A 11 DE FEBRERO DE 2012.
Disposición adicional segunda. Empresas de trabajo temporal.—Las empresas de trabajo temporal ajustarán su actividad a lo establecido en la normativa reguladora de las mismas.
Disposición adicional tercera. Colaboración en materia de información con los servicios públicos de empleo.—Todos los organismos y entidades de carácter público y privado estarán obligados a facilitar al Servicio Público de Empleo Estatal y a los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas cuantos datos les sean solicitados en relación con el cumplimiento de los fines que les son propios, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Disposición adicional cuarta.—Los programas financiados con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos, cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma sin que implique la movilidad geográfica de los desempleados a trabajadores participantes en los mismos, podrán ser gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal cuando precisen una coordinación unificada y previo acuerdo entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas en las que vayan a ejecutarse los citados programas.
Disposición adicional quinta. Plan integral de empleo de Canarias.—Considerando la situación económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y por el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea y, respecto de las ayudas de los fondos estructurales, por el artículo 3.1 del Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en orden a incrementar el empleo en su territorio, el Estado podrá participar en la financiación de un Plan integral de empleo que se dotará, de forma diferenciada, en el estado de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, para su gestión directa por dicha comunidad autónoma, no integrado en la reserva de crédito a que se refiere el artículo 13.e) de esta Ley y que será independiente de la asignación de los fondos de empleo de ámbito nacional, regulados en el artículo 14 que le corresponda.
Disposición adicional sexta. Distribución competencial en las iniciativas de formación financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.—Dentro del Sistema Nacional de Empleo, corresponde a la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal o de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas con convenio en esta materia, la realización de las actividades de evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de formación financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que se aplican a las empresas que tengan sus centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la evaluación, seguimiento y control que puedan realizar los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas en los centros de trabajo en su ámbito territorial.
Esta disposición adicional sexta ha sido añadida por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo..
Disposición adicional séptima. Consulta a los Consejos del Trabajo Autónomo y para el Fomento de la Economía Social.—En la elaboración de la Estrategia Española de Empleo y del Plan Anual de Política de Empleo, y en relación con las actuaciones de promoción del trabajo autónomo y de la economía social, se consultará a los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social.
Disposición adicional octava. Participación de las Comunidades Autónomas en la incentivación del empleo indefinido.—En el marco de los convenios que se suscriban entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas podrán adoptarse los correspondientes acuerdos de traspaso para la participación en la gestión de las bonificaciones de las cuotas sociales a la contratación indefinida, respecto de los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo radicados en su Comunidad Autónoma, así como respecto de los trabajadores y trabajadoras autónomos radicados en ella.
Disposición adicional novena. Consideración de vícitmas del terrorismo a efectos de políticas activas de empleo.—A los efectos de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 25, se considerarán víctimas del terrorismo las personas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Disposición transitoria primera. Entidades que colaboran en la gestión del empleo.—Las entidades que a la entrada en vigor de esta ley colaborasen con los servicios públicos de empleo mantendrán tal condición de acuerdo con la normativa en virtud de la cual se estableció la colaboración, en tanto no se desarrolle reglamentariamente un nuevo régimen de colaboración con los servicios públicos de empleo. Esta regulación establecerá los requisitos mínimos de las entidades para colaborar en la gestión, sin perjuicio del desarrollo que en cada comunidad autónoma pueda hacerse de la misma.
Disposición transitoria segunda. Gestión de políticas activas por el Servicio Público de Empleo Estatal.—El Servicio Público de Empleo Estatal gestionará las políticas activas de empleo relativas a la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, fomento de empleo en el ámbito estatal, formación profesional y continua, mientras la gestión de la misma no haya sido objeto de transferencia a las comunidades autónomas.
Disposición transitoria tercera.—En tanto subsistan las actuales tasas de ocupación y de paro respecto de la población activa femenina, los poderes públicos deberán organizar la gestión de las políticas activas de tal forma que el colectivo femenino se beneficie de la aplicación de tales políticas en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de los desempleados.
Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley y, expresamente, los artículos vigentes de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo.
Disposición final primera. Títulos competenciales.—Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en los apartados 1.1.ª, 1.7.ª y 1.17 del artículo 149 de la Constitución. El artículo 13.e) de esta Ley se dicta al amparo de lo que establece el artículo 149.1.13 de la Constitución.
Disposición final tercera. Recursos del Sistema Nacional de Empleo.—Con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Empleo, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque los servicios de empleo creados en esta ley estén dotados con el personal que en cada momento resulte necesario para el desempeño de las funciones que la ley le encomienda.
Disposición final cuarta. Convenios de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas para la financiación de gastos compartidos, correspondientes a la gestión estatal de prestaciones por desempleo que no impliquen la ampliación del coste efectivo traspasado a las comunidades autónomas.—De conformidad con los principios propugnados en esta ley sobre cooperación y colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal financiará, con cargo a su presupuesto, los gastos compartidos que eventualmente puedan producirse en la red de oficinas de empleo de titularidad traspasada a las comunidades autónomas, imputables a la prestación de servicios del personal gestor de las prestaciones por desempleo.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4
 artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 14
 ARTÍCULO 16

Artículo 14
 ARTÍCULO 5

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 20

Artículo 17
 artículo 20

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19
 REAL DECRETO 

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 26

Artículo 20
 artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 21
 artículo 20
 artículo 21
 Real Decreto 
 ARTÍCULO 1

Artículo 21
 artículo 20

Artículo 22
 artículo 22

Artículo 22

Artículo 22
 artículo 22

Artículo 22
in fine

Artículo 23
 ARTÍCULO 14

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 25
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 11
 REAL DECRETO 

Artículo 25

Artículo 26
 ARTÍCULO 2

Artículo 26
 ARTÍCULO 12

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 231
 Real Decreto 
 artículo 231
 artículo 27
 ARTÍCULO 14

Artículo 27
 artículo 231
 Real Decreto 
 ARTÍCULO 14

Artículo 27
 artículo 231
 Real Decreto 
 artículo 27

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 28
 ARTÍCULO 1
 artículo 138
 artículo 299
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 34
 artículo 149
 artículo 13
 artículo 149