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Timestamp: 2019-01-22 04:43:48+00:00

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﻿ SENTENCIA C-437 DE JULIO 13 DE 2017
SENTENCIA C-437 DE 13 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:CONTROL AUTOMÁTICO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA EXENCIÓN AL PAGO DE LA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. SE TRATA, EN SUMA, DE EXIMIR A LOS VARONES DAMNIFICADOS POR EL DESASTRE NATURAL OBLIGADOS A DEFINIR SU SITUACIÓN MILITAR DEL CUMPLIMIENTO DE DEBERES QUE EN CONDICIONES DE NORMALIDAD SE EXIGEN A TODAS LAS PERSONAS SOBRE LAS QUE PESA ESA OBLIGACIÓN. LA EXENCIÓN PRETENDE FACILITARLES LA SUPERACIÓN DE ALGUNAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL DESASTRE, PROCURÁNDOLES EL GOCE DE DERECHOS, TALES COMO EL TRABAJO, CUYO EJERCICIO SE VERÍA DIFICULTADO SI LA OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR Y DE DEMOSTRAR SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIERA DEL MISMO MODO COMO SE EXIGE A QUIENES NO FUERON AFECTADOS POR LOS HECHOS QUE ORIGINARON LA DECLARACIÓN DEL ESTADO EXCEPCIONAL. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE RESUELVE DECLARAR EXEQUIBLE EL DECRETO 687 DE 2017.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, SERVICIO MILITAR, DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR, DESASTRE NATURAL, VÍCTIMA DE DESASTRE NATURAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:556 DE ABRIL DE 2018, PÁG.788
Sentencia C-437 de julio 13 de 2017
Ref.: Exp. RE-225
Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 687 de 2017, “Por el cual se adoptan medidas para definir la situación militar, se hace una exención al pago de la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones”.
«EXTRACTOS: II. Texto del decreto objeto de revisión
“Decreto 687 de 2017
“Por el cual se adoptan medidas para definir la situación militar, se hace una exención al pago de la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones”.
Que en dicho decreto se señaló que “dadas las consecuencias desfavorables que se derivan de no definir la situación militar de los varones afectados por la avalancha, el Gobierno Nacional considera necesario adoptar medidas que permitan establecer exenciones para el pago de la cuota de compensación militar, el costo de la elaboración y duplicado del documento y la condonación de las multas impuestas a los infractores que no han cumplido su obligación de definir su situación militar, y que se encontraren radicados en el municipio de Mocoa al momento de la tragedia”.
Que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1184 de 2008, “la cuota de compensación militar, es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual que debe pagar al tesoro nacional el inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de 1993 o normas que la modifiquen o adicionen”.
Que el artículo 6º de la misma ley, consagra los casos en los que se está exento del pago de la cuota de compensación militar, cuyo sustento jurídico se deriva en que “benefician a personas que se encuentran en situación desaventajada ya sea en razón de: (i) su vulnerabilidad socioeconómica; (ii) presentar limitaciones físicas, síquicas o neurosensoriales de carácter grave, incapacitante y permanente; (iii) su condición indígena; (iv) adaptabilidad de jóvenes que se encuentren bajo el cuidado y protección por parte del ICBF” (Sent. C-586/2014).
Que en la misma sentencia la Corte reconoció que “en definitiva, el goce efectivo de los derechos al trabajo (C.N., art. 25), a elegir profesión u oficio (C.N., art. 26), a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (C.N., art. 40, num. 7º) y a la educación (C.N., art. 67), queda en entredicho para quienes carecen de recursos económicos para sufragar el pago de la cuota de compensación militar”.
Que según lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 48 de 1993, la tarjeta de reservista “es el documento con el que se comprueba haber definido la situación militar”, cuyo costo está determinado por el artículo 9º de la Ley 1184 de 2008.
“ART. 1º—Campo de aplicación. Para determinar los beneficiarios de las medidas adoptadas en el presente decreto, se tendrán en cuenta las bases de datos de los hombres damnificados del desastre natural originado por circunstancias ambientales imprevistas y de magnitud inusitada en el municipio de Mocoa, el pasado 31 de marzo de 2017, que para tal efecto adopte la unidad de gestión del riesgo.
“ART. 2º—Definición de la situación militar. Durante el término seis (6) meses, contado a partir de la publicación del presente decreto, podrá definirse la situación militar y aceptar solicitudes de exención y/o aplazamiento, con fundamento en la calidad de damnificados del desastre natural a que se refiere el este decreto.
PAR.—Los beneficios consagrados en el presente artículo se aplicarán a todas las víctimas del desastre natural, sean beneficiarios o no de la Ley 1780 de 2016.
“ART. 3º—Exención del pago de cuota de compensación militar, de la sanción por no inscripción y de la expedición de la tarjeta de reservista. Quedan exentos del pago de la cuota de compensación militar y del costo de la expedición de la tarjeta de reservista, quienes además de cumplir la condición del artículo 1º del presente decreto, hayan sido eximidos del ingreso a filas y sean mayores de edad hasta los cincuenta (50) años o cumplan la mayoría de edad durante el estado de emergencia.
PAR. 1º—A los hombres que acrediten la condición establecida en el artículo 1º del presente decreto les serán condonadas las infracciones y sanciones que se generan en el proceso de definición de la situación militar.
PAR. 2º—Las autoridades del servicio de reclutamiento y movilización dispondrán lo necesario para que las personas beneficiadas con esta medida puedan hacer el trámite de forma presencial en las instalaciones militares habilitadas para ello, en el municipio de Mocoa o en su actual lugar de residencia.
“ART. 4º—Entrega de duplicado de la tarjeta de reservista. En el evento en el que las personas calificadas como beneficiarias de las medidas adoptadas en el presente decreto, en los términos señalados en el artículo 1º, hayan extraviado su tarjeta de reservista, se les deberá entregar su duplicado sin ningún costo.
“ART. 5º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Maria Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones Exteriores
Fabián Gonzalo Marín Cortés, Viceministro de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho
Clara Eugenia López Obregón, Ministra de Trabajo
Sandra Victoria Howard Taylor, Viceministra de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargada de las funciones del despacho de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo
Yaneth Giha Tovar, Ministra de Educación Nacional
Luis Gilberto Murillo Urruria, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Elsa Margarita Noguera De la Espriella, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio
Jorge Eduardo Rojas Giraldo, Ministro de Transporte
Mariana Garcés Córdoba, Ministra de Cultura”.
La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la exequibilidad de los decretos dictados en desarrollo de las facultades propias de del estado de emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 215 (par.) y 241 numeral 7º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991.
7.2. El asunto bajo revisión.
Pues bien, en el presente caso, mediante Decreto 601 de 6 de abril de 2017, el Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa, a fin de responder a la situación generada por la creciente de varias quebradas y ríos el 31 de marzo del año en curso, cuando se produjo una “avalancha que acabó con la vida de 290 personas, dejó heridas a 332 más, afectó 1.518 familias y produjo la desaparición de aproximadamente 200 habitantes, según reporte general 001 del 4 de abril de 2017 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.
7.3. Los requisitos formales.
En cuanto a los requisitos de forma, los decretos expedidos en razón de un estado de excepción deben cumplir cuatro: (i) haber sido dictados en desarrollo del estado de emergencia previamente declarado, (ii) llevar las firmas del Presidente de la República y de los ministros del despacho, (iii) haber sido expedido dentro del término de vigencia del respectivo estado de excepción, y (iv) contar con una motivación explícita que dé cuenta de las razones y causas justificativas de su expedición(22).
7.4. El Decreto 687 de 2017 y las medidas especiales en relación con el servicio militar.
Conforme se desprende de lo hasta aquí expuesto, tales beneficios tienen directa relación con la obligación de prestar el servicio militar que el artículo 216 de la Constitución prevé, al señalar que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, de donde se deriva el incuestionable “carácter personal del servicio militar, al punto de constituir uno de los ejemplos destacados de las denominadas relaciones de especial sujeción, por cuya virtud se establece un fuerte vínculo entre la administración pública y el ciudadano que, en aras de un específico motivo de interés general, soporta la limitación de alguno de sus derechos fundamentales y la ampliación de sus obligaciones”(23).
Según lo ha indicado la Corte, en razón de su mencionado carácter personal, la prestación del servicio militar impone ciertos comportamientos que inciden sobre el proyecto de vida del incorporado a filas, “cuya situación difiere de la correspondiente al común de las personas”, ya que, por ejemplo, “su derecho a la libertad personal sufre limitaciones”, mientras que “la esfera de sus deberes experimenta un sensible aumento”, lo cual debe ocurrir en concordancia “con las previsiones constitucionales y legales que delimiten la respectiva prestación”(24).
Esta Corporación ha precisado que aun cuando la prestación exigida a la persona como consecuencia de la exención, “debe cumplirse en lugar del servicio militar, no se confunde con este, ni tiene que compartir o conservar su índole personal” y, tratándose de la cuota de compensación, la definición de la situación militar del inscrito que no ingrese a filas se logra merced al pago de una prestación “eminentemente pecuniaria”, no sujeta a “las condiciones propias del servicio militar”, porque la exención implica una sustitución de la obligación originaria, de la que se es liberado “en las condiciones que la ley disponga”(25).
En el anotado sentido, la Corte ha puntualizado que “resultar eximido o estar exento significa ser librado o liberarse de cargas u obligaciones”, liberación que es compensada mediante el pago de la cuota, lo cual implica la obtención de un beneficio, pues “la no prestación del servicio bajo banderas se traduce en una ventaja para el eximido, en cuanto tiene la posibilidad de dedicarse inmediatamente al desarrollo de labores productivas o a continuar con el siguiente estadio de su proceso educativo”(26), a lo cual la Corte, en ocasión posterior, agregó que “la no prestación del servicio militar se traduce en otro beneficio tangible que consiste en la reducción de un riesgo de afectación de la integridad personal”(27).
En su oportunidad la Corte aclaró que aun cuando quien paga la cuota no queda sometido a la relación de especial sujeción que genera el servicio en filas y tiene la posibilidad de dedicarse a la actividad que libremente escoja, tal beneficio no deriva del pago de la cuota, ya que la obligación de cancelar esta prestación pecuniaria, “surge como consecuencia de la exención del servicio”, que supone la previa inscripción y el hecho de ser clasificado, condiciones estas independientes de la exclusiva voluntad del obligado a prestar el servicio militar, por lo que el pago de la cuota de compensación “no obedece al simple deseo de evadir el ingreso a filas o al solo hecho de tener la posibilidad de redimir económicamente la prestación del servicio militar”(28).
Así las cosas, “el beneficio que obtiene el eximido “no es la consecuencia directa del pago de una suma de dinero”, sino “el resultado de haberse configurado alguna de las causales que, al eximir al inscrito de prestar el servicio, le otorgan la condición adicional de clasificado” y lo hacen sujeto pasivo de la cuota de compensación militar que esta Corte ha catalogado como tributo sui generis, difícilmente clasificable en las categorías tradicionales en cuanto involucra “la idea de un beneficio obtenido por el particular que, para compensar ese beneficio, es obligado a efectuar un pago” que el Estado puede exigir “al sujeto colocado en una específica situación normativamente señalada”(29).
Sin embargo, el artículo 6º de la Ley 1184 de 2008 establece algunas causales de exoneración de la cuota de compensación militar en beneficio de personas en situación de desventaja a causa de vulnerabilidad socioeconómica, de limitaciones físicas, síquicas o neurosensoriales graves, incapacitantes o permanentes, de la condición de indígena y del desacuartelamiento de soldados con base en el tercer examen médico. En el caso de las personas socioeconómicamente vulnerables la identificación de los exentos del pago se sirve del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios, Sisbén, de manera que los destinatarios son los clasificados en los niveles 1, 2 y 3, causal esta que el artículo 188 de la Ley 1450 de 2011 extendió a los menores de 25 años exentos o inhábiles para prestar el servicio militar y a los mayores de 25 años, siempre que estén vinculados a la red de protección social para la superación de la pobreza extrema o al registro único de población desplazada, en cuyo caso, fuera de la exoneración del pago de la cuota de compensación militar, también se encuentran exentos del pago de los costos de elaboración de la libreta militar(30).
Nótese que a las exenciones del pago de la cuota de compensación militar subyacen importantes razones de equidad tributaria e igualdad material que la Corte Constitucional tuvo en cuenta al examinar la constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, oportunidad en la cual encontró que el legislador incurrió en omisión legislativa de carácter relativo al dejar de eximir del pago de la cuota de compensación militar a los jóvenes bajo el cuidado y la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(31).
En esa oportunidad la Corte estimó que la inclusión de los mencionados jóvenes dentro del grupo de exentos del pago de la cuota de compensación militar reparaba una desigualdad injustificada que afectaba a estos adolescentes en medio de los cambios físicos, sicológicos, emocionales y sociales propios del período de transición entre la niñez y la adultez, cambios que debían afrontar “sin contar con una red de apoyo claramente definida y sin los recursos que les permitan solventar de manera autónoma las nuevas obligaciones y responsabilidades que trae consigo la mayoría de edad”, obligaciones entre las que se encuentra la de definir la situación militar y, “en caso de resultar exentos de la prestación del servicio militar, asumir el pago de la cuota de compensación”, pese a carecer de capacidad contributiva y de recursos propios(32).
De conformidad con el régimen aplicable, la Corte concluye que “del pago de la cuota de compensación militar se encuentran excluidas las personas en condiciones de debilidad económica, de manera que no se produce la afectación de aquellos grupos de la población para los cuales la reducción de los ingresos puede tener el mayor impacto en lo relativo a la satisfacción de sus necesidades personales, familiares o domésticas”(33).
En los considerandos del Decreto 687 de 2017 fue consignado que la Ley 48 de 1993 “consagra las causales en las que se está exento de prestar el servicio militar, con la obligación de inscribirse y de pagar cuota de compensación militar”, siendo del caso anotar que, de acuerdo con la jurisprudencia, esta regla adoptada por el legislador es susceptible de ser modificada mediante decreto expedido al amparo del estado de excepción, en cuanto ostenta la misma jerarquía normativa(34).
7.5. El control material.
7.5.1. Los requisitos materiales.
Para resolver sobre este aspecto es importante tener en cuenta que “el examen de conexidad apunta a determinar la correspondencia entre los hechos y motivaciones invocados por el Gobierno Nacional en el texto del decreto mediante el cual se declara el estado de excepción, así como la fundamentación y las medidas adoptadas por el respectivo decreto legislativo, cuya finalidad debe apuntar única y exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”(35).
“2. Presupuesto valorativo.
“Que, por otro lado, según los primeros reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, hombres entre 17 y los 50 años de edad, que sufrieron los efectos de la avalancha, estarían obligados a definir su situación militar o estarían próximos a tener que hacerlo, lo que dificulta su vinculación laboral, dado que la situación militar incide en i) la posibilidad de ser objeto de sanción; ii) en el pago de la cuota de compensación militar; iii) en la posibilidad de celebrar contratos con entidades públicas y privadas; iv) en la posibilidad de ingresar a la carrera administrativa; v) en la posibilidad de tomar posesión de cargos públicos y vi) en la posibilidad de vincularse laboralmente y que las empresas que contraten sin el cumplimiento de ese requisito sean sancionadas. Por ello resulta necesario adoptar medidas especiales de orden legal que permitan integrarlos a la fuerza laboral de la ciudad.
“3. Justificación de la declaratoria del estado de excepción.
“b) Mercado laboral y proyectos sociales.
Conviene precisar que la conexidad material debe ser tanto externa como interna. La primera consiste “en la verificación acerca de la relación entre la medida y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción”, en tanto que la segunda se refiere “a que las medidas adoptadas estén intrínsecamente vinculadas con las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente”(36).
En algunas ocasiones “la conexidad interna y externa están estrechamente relacionadas”(37), como sucede en el presente caso, ya que la expresa mención que sobre los efectos negativos que la exigencia de la definición de la situación militar o del pago de la cuota de compensación tendría en los varones afectados por la calamidad aparece en los considerandos del decreto declaratorio del estado de emergencia y ese dato ha sido retomado en la motivación del Decreto 687 de 2017 de un modo tal que es posible apreciar, con facilidad, su conexidad externa con la necesidad de impedir la extensión de los efectos de la emergencia en materia de desempleo y, simultáneamente la conexidad interna que, con total claridad, surge de un simple cotejo entre las consideraciones del decreto ahora revisado y las medidas específicas que concretan lo anunciado desde la propia declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica.
7.5.1.2. En estrecha relación con el requisito de conexidad se encuentra el de finalidad(38), de conformidad con el cual la Corte debe determinar si el objetivo buscado con la medida está relacionado con la superación de la crisis que dio lugar a la declaratoria de emergencia y/o a impedir la extensión de sus efectos”(39). Respecto de la crisis que origina el estado excepcional, de especial interés resulta anotar que, con frecuencia, está integrado por múltiples y diversas facetas que, al confluir, generan las condiciones que ameritan la declaración de la emergencia en cuyo desarrollo, sin embargo, el Gobierno Nacional puede atender por separado cada uno de los aspectos involucrados en la situación crítica.
Así por ejemplo, al decidir sobre un decreto dictado en desarrollo de un estado de emergencia, la Corte estimó que sus dos artículos tenían “como única finalidad contribuir a la solución específica de un hecho puntual que hace parte de la crisis general que trata de conjurar el Gobierno Nacional mediante el estado de excepción”(40) y, en otra oportunidad, encontró que el respectivo decreto respondía a “la necesidad de conjurar la crisis y evitar la expansión de sus efectos, específicamente en lo que toca con este decreto, en el sector del mercado laboral y de la empleabilidad”(41). Lo propio acontece en lo atinente a la definición de la situación militar y a la cuota de compensación, materia respecto de la cual la Corte ya ha indicado que contribuye “a la solución de un específico aspecto, entre aquellos que componen la situación fáctica que dio lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica”(42).
7.5.1.3. En la jurisprudencia constitucional se ha explicado que el juicio de necesidad “apunta a determinar si la medida adoptada es necesaria para conjurar los hechos que dieron lugar al estado de emergencia o a limitar sus efectos” y, adicionalmente, se ha señalado que comprende dos facetas, una fáctica y otra jurídica. La primera de las enunciadas facetas conduce a apreciar “si el presidente incurrió en error manifiesto en la apreciación de la necesidad de la medida”, de modo que esta podría carecer “de toda vocación de utilidad para superar el estado de emergencia y/o evitar la extensión de los efectos de los hechos que la motivaron”, y la segunda faceta, también denominada juicio de subsidiariedad, se relaciona “con la evaluación acerca de la existencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional”(43).
Tratándose de una relación entre medios y fines que debe establecerse a propósito de un estado de emergencia económica, social y ecológica, la finalidad constitucional que se persigue tiene su fundamento en el artículo 215 de la Constitución y en la declaración del mencionado estado de excepción(44), que en esta ocasión tiene su causa en la avalancha ocurrida entre el 31 de marzo y el 1º de abril de este año en municipio de Mocoa, desastre que afectó gravemente la vida y la integridad de las personas, sus derechos fundamentales, el ámbito económico y social en el que desenvolvían su existencia y, desde luego, el mercado laboral, la empleabilidad y, en términos generales, las condiciones de vida, situación que debe ser atendida con eficiencia para procurar el restablecimiento de las condiciones de empleabilidad, la generación de ingreso y el mejoramiento de las condiciones de vida.
Conforme lo indicó la Corte en oportunidad precedente y en relación con medias similares a las que ahora son objeto de consideración, las ventajas son “sin duda mayores a los costos o sacrificios que la sociedad asume al implementar las medidas contenidas en este decreto”, pues consistiendo tales sacrificios o costos, “principalmente, en un menor ingreso tributario por concepto de las cuotas de compensación dejadas de cancelar y en el costo no recuperado de expedición de las tarjetas de reservista”, ellos no generan “un grave detrimento” del erario(45).
7.5.1.5. El requisito de motivación de incompatibilidad tiene especial relación con el de necesidad en su vertiente jurídica(46) y apunta a verificar si el Gobierno Nacional expuso las razones por las cuales el régimen ordinario impide ofrecer una solución integral o rápida al problema que se enfrenta mediante las medidas excepcionales adoptadas(47).
Así las cosas, la aplicación de la legislación ordinaria acarrearía dificultades adicionales a los varones damnificados por el desbordamiento de las quebradas y los ríos en el municipio de Mocoa y, conforme lo manifestó el Gobierno Nacional, ni siquiera los beneficios que, en determinadas circunstancias, otorga la Ley 1780 de 2016 aportan “una solución integral para definir la situación militar de los afectados con el desastre natural”, luego es claro que el régimen ordinario impone “barreras administrativas que no permiten ofrecer una solución integral y rápida a la necesidad de atención social”(48).
En este orden de ideas, las medidas ordinarias sobre la definición de la situación militar son razonables en tiempos de normalidad, pero ante una emergencia como la que tuvo lugar en Mocoa, resultan insuficientes para el logro de los objetivos que se pretenden alcanzar en beneficio de los varones obligados a definir su situación militar y damnificados por la avalancha, “en cuanto la necesidad de presentar la tarjeta de reservista, la que, a su turno acredita el cumplimiento de la obligación de definir la situación militar, implica para tales personas un importante obstáculo para el ejercicio de algunos de sus derechos, y más específicamente del derecho al trabajo”, dificultad “que puede ser removida mediante el uso de las facultades propias del estado de emergencia económica”(49).
7.5.1.6. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción, el requisito de no discriminación le impone a la Corte Constitucional el deber de verificar “que la medida no imponga tratos diferenciales injustificados entre las personas, especialmente por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica y otros criterios sospechosos definidos en la jurisprudencia constitucional o el derecho internacional”(50).
Conforme lo precisó la Corte en otra oportunidad, “existe entonces una diferencia en el terreno fáctico, que justifica también el trato normativo diferenciado” que, además, puede ser establecido en decretos dictados en desarrollo de un estado de emergencia, pues “resulta válido que el Gobierno Nacional, que durante los estados de excepción asume en forma así mismo excepcional y temporal el rol de legislador, pueda modificar, ampliar o restringir tal catálogo de situaciones, en cuanto lo considere útil y necesario, como parte de las medidas con las que pretende afrontar la situación excepcional sobrevenida”(51).
De otra parte, al centrar la atención sobre el grupo de personas que son destinatarias de las medidas contempladas en el Decreto 687 de 2017, la Corporación reitera que es clara la aplicación de tales beneficios “a todas las personas que se encuentren en las hipótesis previstas en sus disposiciones”, por lo que tampoco en este sector las medidas son discriminatorias, ya que “apuntan a garantizar la protección que se prodiga al grupo poblacional” conformado por los varones que se encuentren “en las especiales situaciones de apremio descritas en los considerandos de este decreto”(52).
De conformidad con lo anotado, “es así mismo notorio que todas las personas que se encuentren en tal situación podrán acceder a los beneficios descritos, sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”(53), de donde se desprende que también por este aspecto está acreditado el requisito de no discriminación, debiéndose anotar, finalmente, que la referencia a los varones encuentra su justificación en la forma como ha sido establecida la obligación de definir la situación militar y de prestar el servicio correspondiente.
(22) Cfr. Sentencias C-742 y C-701 de 2015.
(23) Sentencia C-621 de 2007.
(27) Sentencia C-388 de 2016.
(28) Sentencia C-621 de 2007.
(29) Ibídem. Sobre el carácter tributario de la cuota de compensación militar también puede verse la Sentencia C-600 de 2015.
(30) Al respecto se puede consultar la Sentencia C-388 de 2016.
(31) Sentencia C-586 de 2014.
(33) Sentencia C-388 de 2016.
(34) Cfr. Sentencia C-672 de 2015.
(35) Cfr. Sentencia C-671 de 2015.
(36) Sentencia C-723 de 2015.
(38) Sentencia C-724 de 2015.
(39) Sentencia C-732 de 2015.
(40) Sentencia C-700 de 2015.
(41) Sentencia C-724 de 2015.
(42) Sentencia C-672 de 2015.
(43) Sentencia C-723 de 2015.
(44) Sentencia C-724 de 2015.
(45) Sentencia C-672 de 2015.
(46) Sentencia C-723 de 2015.
(47) Sentencia C-701 de 2015.
(48) Sentencia C-700 de 2015.
(49) Sentencia C-672 de 2015.
(50) Sentencia C-742 de 2015.
(51) Sentencia C-672 de 2015.

References: artículo 1
 artículo 6
 artículo 30
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 216
sui generis
 artículo 6
 artículo 188
 artículo 6
 artículo 215
 artículo 14