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Timestamp: 2018-09-22 04:09:13+00:00

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SENTENCIA 2008-00349 DE 23 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA POR VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL. EL COMPORTAMIENTO IMPRUDENTE DE LA DEMANDANTE EN SU CALIDAD DE FISIOTERAPEUTA, AL HABER FACILITADO DIFERENTE DATOS DE SUS PACIENTES A SU COMPAÑERO PERMANENTE, COMO CÉDULA Y NOMBRES DE ESTOS, FUE LO QUE GENERÓ LA IMPOSICIÓN EN SU MOMENTO DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONSISTENTE EN DETENCIÓN DOMICILIARIA. DE ESTA MANERA, EL HECHO IMPRUDENTE DE LA DEMANDANTE AL HABER REVELADO INFORMACIÓN PERSONAL DE SUS PACIENTES, LA CUAL ESTÁ SALVAGUARDAD EN EL SECRETO PROFESIONAL, Y SUS DEBERES COMO FISIOTERAPEUTA ES LO QUE GENERÓ LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTADCON RELACIÓN AL DEBER DE CONDUCTA QUE EL ORDENAMIENTO LEGAL LE EXIGÍA A LA DEMANDANTE EN SU CALIDAD DE FISIOTERAPEUTA FRENTE A LA INFORMACIÓN PERSONAL OTORGADA POR SUS PACIENTES, AL CUAL HACE PARTE DE LA HISTORIA CLÍNICA DE CADA UNA DE ELLAS, ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 2, 45 Y 48 DE LA LEY 528 DE 1998, LOS PRINCIPIOS Y DEBERES CON QUE EL PROFESIONAL EN ESTA ÁREA DE LA SALUD ESTÁ SUJETO A CUMPLIR FRENTE A SUS USUARIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CULPA DE LA VÍCTIMA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL, SECRETO PROFESIONAL
Sentencia 2008-00349 de octubre 23 de 2017
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
Rad.: 190012331000200800349 01 (45.836)
Actor: J. P. C. B. y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes J. P. C. B., en su condición de privada de la libertad, y su núcleo familiar, J. D. V. C. (hijo), D. A. B. P. y S. A. C. G. (padres), C. M. G. L. (abuela), S. E., R. A. C. B. e I. D. C. G. (hermanos), y S. E. C. V. y N. A. C. F. (sobrinos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(15), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(16). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(17).
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(18).
En el caso concreto, la Sala observa que a la demandante le fue precluida la investigación mediante providencia que quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2007(19) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 24 de octubre de 2008, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(20).
En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(22).
También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(23).
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”.(24)
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(25)-(26) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(27).
En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(28).
Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(29).
Solicita el apoderado de la parte demandante, se modifique la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que se debían conceder los perjuicios materiales por concepto de daño emergente, así como, se debía aumentar el monto del lucro cesante y el perjuicio inmaterial por concepto de daño moral de la señora J. P. C. B. y de su hijo, el menor J. D. V. C.
Por su parte, la defensa de la demandada Fiscalía General de la Nación solicitó se revoque en su totalidad el fallo del a quo, al considerar que la actuación de la Fiscalía estuvo acorde al ordenamiento jurídico, por lo que no se puede afirmar que su representada haya incurrido en una falla del servicio. De igual manera, cuestionó al fallador de primera instancia al no haber valorado la actitud “insulsa” con que actuó la hoy accionante frente a la investigación, lo que en su criterio configuraría la culpa exclusiva de la víctima como causal que exonera de responsabilidad al Estado.
Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar o modificar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo.
De esta manera, se tiene demostrado que la señora J. P. C. B. fue capturada y vinculada a la investigación penal por el delito de lavado de activos, el día 16 de junio de 2006 y recluida en el centro carcelario de reclusión de mujeres del Buen Pastor, en cumplimiento de una boleta de encarcelación expedida por la Fiscalía Primera Especializada Comisionada de Cali, Valle, lo anterior, según constancia emitida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de Santander de Quilichao, Cauca, de fecha 18 de octubre de 2007(30) y de la lectura de los antecedentes referidos en providencia del 6 de agosto de 2007(31) de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán.
Que posteriormente y luego de escuchada en indagatoria, la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán mediante proveído del 30 de junio de 2006, definió situación jurídica de la entonces procesada, imponiéndole medida de aseguramiento de detención domiciliaria(32).
De igual forma, se tiene demostrado que por medio de interlocutorio del 30 de enero de 2007(33), la mencionada Fiscalía decidió precluir toda investigación penal que se seguía en contra de la hoy accionante y a otros, por el delito ya mencionado de lavado de activos, al dar aplicación del principio de in dubio pro reo a su favor, toda vez que no se logró corroborar que los nombres de los pacientes supuestamente suministrados por ella a su compañero permanente hayan participaron en las actividades ilícitas que este ejercía; de igual manera, dicha decisión fue confirmada a través de auto del 6 de agosto de 2007(34) por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, Cauca.
Ahora bien, la Sala analizará la conducta de la actora con base al problema jurídico planteado, en el que se determinará si la accionante actuó con dolo o culpa grave dentro de los hechos por los cuales fue investigada penalmente, y en el que se deberá decidir si se revoca, se confirma la sentencia de primera instancia.
Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que en proveído del 30 de enero de 2007, la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán(35) al realizar el análisis de la conducta desplegada por la señora J. P., concluyó que se debía precluir la investigación a su favor, al no haberse demostrado su participación en la organización delictual; no obstante, el ente persecutor consideró que las exculpaciones dadas por esta frente a los indicios que dieron pie al inicio de la investigación, no eran de recibo. Al respecto manifestó:
“(...) Ahora bien, si bien es cierto que J. P. (sic) C. B. fue afectada con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual fue sustituida por la de detención domiciliaria, como coautora responsable del delito de lavado de activos, al encontrar el Fiscal Instructor que en esos momentos había indicios graves que comprometían su responsabilidad que se señalaba que participaba de las actividades ilícitas de su cónyuge J. D. V. al encubrirlo prestando su consultorio con los nombres de pacientes que por allí pasaban en consulta, facilitándole cédulas, también lo es que a esta altura procesal han perdido peso esas sindicaciones como quiera que no se demostró que dichos pacientes estuvieran involucrados en el cobro de los giros recibidos desde E.E.U.U: en cuanto a las actividades realizadas a solicitud de su esposo J. D., ésta bien pudo realizarlas pero como no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, lo que hace pensar de que bien pudo estar apoyando a su esposo en esas actividades guardo (sic) el secreto familiar, aunque no logra convencer al despacho en su exculpativas (sic) tan infantiles como que debía estar pendiente de las cédulas de sus pacientes para encontrar caras bonitas en aras de complacer a su esposo el sindicado J. D. V. M., al contrario ninguna mujer sería tan insulsa de permitir que su esposo esté mirando mujeres bonitas.
Estas circunstancias al amparo del secreto familiar que le asiste de delatar a su esposo, como tampoco durante la instrucción se corroboró si realmente sus pacientes participaron en esas actividades ilícitas que ejercitaba su esposo, hacen dudar y no logran colmar las exigencias que pregona el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal lo que permite favorecerla a la altura de la calificación con la preclusión de la investigación a su favor (...)” (Negrilla y Subrayado fuera de texto).
En ese mismo sentido y dentro de la referida providencia, el ente instructor al referirse al alegato presentado por la defensa de la hoy accionante, insistió en no compartir las exculpaciones ofrecidas por este, y advirtió que si se declara la preclusión de la investigación a favor de la investigada era porque de las pruebas recopiladas en la investigación penal no se logró establecer su participación en la organización ilegal, así:
“(...) El doctor A. M. M. solicita para su defendida J. P. C. B. la preclusión de la investigación, con base en que la señora no ha sido mencionada por el informante como la esposa del presunto cabecilla de la organización, J. D. V. M. ni tampoco de las interceptaciones se pudo extraer su participación en la organización, solamente se extrajo las bromas que entre los esposos solían hacer con las pacientes del consultorio de J. P. como cuando atiende a una mujer bonita o fea su esposo le pide los datos para supuestamente enamorarse o burlarse, hecho que entre parejas comúnmente, se conoce como tomarse del pelo.
El despacho le responde que en parte tiene razón al solicitar la preclusión de la investigación por las motivaciones que el despacho ha presentado para hacerla acreedora de la revocatoria, pero no comparte en su totalidad las exculpativas dadas por los esposos y coadyuvada por su defensor, pues si bien esta servidora no conoce las costumbres de esta región, en el resto del país no es común que una esposa le esté buscando mujeres bonitas para que su esposo las enamore, ni feas para que se burle, lo que la favorece en esta investigación es la duda al no corroborarse los señalamientos que comprometían su consultorio con las actividades ilícitas que ejercitó J. D. V. M. (...)”(36)(Negrilla y Subrayado fuera de texto).
Todo lo anterior le revela a la Sala que el comportamiento imprudente de la señora C. B. en su calidad de fisioterapeuta, al haber facilitado diferentes datos de sus pacientes a su compañero permanente, como cédulas y nombres de estos, sumado a que debido a la modalidad delictual por la que se le investigaba, esto es, el giro de dinero de origen ilegal desde los Estados Unidos de Norte América, fue lo que generó que la imposición en su momento de la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria decretada en su contra por la Fiscalía General de la Nación haya tenido que ser soportada por aquella, culpa que no puede pretender usar a su favor en detrimento del patrimonio económico de la Nación.
De allí que, la Sala al estudiar la conducta de la hoy demandante frente a la decisión inicial de la Fiscalía General de la Nación de impulsar una investigación e imponer medida de aseguramiento en su contra, encuentra que esta obedeció a como se expresó anteriormente, a que la demandante le aportó a su compañero permanente los datos personales de diferentes pacientes que concurrían a su consultorio de fisioterapia, como sus números de cédulas, a sabiendas de sus andanzas, pues no se puede dejar de lado que con anterioridad a los hechos, el señor Villamil Medina había sido requerido en extradición mediante “acusación sustitutiva No. S2-05-Cr-965, dictada el 9 de marzo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”, para que respondiera por los “delitos federales de narcotráfico”, y de quien finalmente se decidió mediante resolución de acusación dictada el 30 de enero de 2007 proferida por la Fiscalía General Colombiana y confirmada en proveído del 6 de agosto de 2007.
Entonces, el hecho imprudente de la demandante al violar el secreto profesional, acción que no fue controvertida por la defensa de la hoy demandante en el proceso penal, sino por el contrario fue ratificada por ésta en los alegatos de conclusión, fue la que dio origen a la investigación penal que se inició en su contra, tal y como se desprende de la providencia de fecha 30 de enero de 2007 por medio de la cual se precluyó la investigación.
Ahora bien, con relación al deber de conducta que el ordenamiento legal le exigía a la señora J. P. en su calidad de fisioterapeuta frente a la información personal otorgada por sus pacientes, la cual hace parte de la historia clínica de cada una de ellas, los artículos 2º, 45 y 48 de la Ley 528 de 1999, establecieron los principios y deberes con que el profesional en esta área de la salud está sujeto a cumplir frente a sus usuarios, así:
“(...) ART. 2º—De la declaración de principios. Los principios de carácter universal que informan el desarrollo, alcance e interpretación de las normas reglamentarias del ejercicio de la profesión de fisioterapia en Colombia y sirven de fundamento a las disposiciones sobre ética en esta materia, son los siguientes:
f) La relación entre el fisioterapeuta y los usuarios de sus servicios se inspira en un compromiso de mutua lealtad, autenticidad y responsabilidad que debe estar garantizado por adecuada información, privacidad, confidencialidad y consentimiento previo a la acción profesional por parte de aquellos. La atención personalizada y humanizada constituye un deber ético permanente;
(...) ART. 45.—La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud o enfermedad de un usuario. Es un documento privado, y al igual que los demás registros fisioterapéuticos, sometido a reserva; únicamente puede ser conocida por terceros, ajenos a la intervención profesionales, en los casos previstos por la ley y cuando medie autorización del usuario o, en defecto suyo, de sus familiares o responsables.
ART. 48.—Es deber del fisioterapeuta guardar el secreto profesional del cual forman parte los contenidos de los registros clínicos y otros, así como los de los certificados que expida en relación con las personas a quienes preste sus servicios y, en general, todo aquello que haya visto, oído o comprendido por razón de su ejercicio profesional. (...)” (Negrilla y Subrayado fuera de texto).
Es así como, la Subsección concluye que si bien la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán al momento de precluir la investigación consideró que no se probó con certeza que la actuación de la señora J. P. C. B. haya sido de forma dolosa y antijurídica en el delito de lavado de activos como presunta coautora, y que por tanto, se debía declarar su absolución dando aplicación al principio de “in dubio pro reo”, lo cierto es, que desde el punto de vista administrativo lo anteriormente expuesto hace inferir que la hoy demandante actuó de manera gravemente culposa, pues fue imprudente al haber revelado información personal de sus pacientes, la cual está salvaguardada en el secreto profesional, y en sus deberes como fisioterapeuta, tal y como se vio en párrafos anteriores en virtud de la Ley 528 de 1999, así como no haber velado por el cumplimiento de su derecho constitucional al buen nombre establecido en el artículo 15 de la Carta Magna.
De manera que, frente a la justificación dada dentro del trámite del proceso penal en el que sostuvo que la información dada sobre las personas que concurrían a su consultorio obedeció a que acostumbran con su compañero permanente a burlarse de las mujeres feas o enamorar a las bonitas, para la Sala estas exculpaciones si bien no tuvieron importancia en materia penal, si son relevantes en el ámbito administrativo, pues dicha justificación denota el actuar claramente imprudente de la accionante y la determinación del ente investigador de iniciar una investigación en su contra.
De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, pues el comportamiento desplegado por la señora C. B. provocó que se iniciara una investigación en su contra para poder determinar si realmente con su proceder esta había participado en el delito de lavado de activos como coautora junto con su compañero permanente el señor J. D. V. M., especialmente en la modalidad denominada como “pitufeo” en la política criminal de los hechos.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán, en ejercicio de sus funciones y en aplicación del arbitrio judicial considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para endilgar responsabilidad penal a la investigada por el delito de lavado de activos, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.
En conclusión se revocará, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca de fecha 27 de julio de 2012, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones antes expuestas.
REVOCAR la sentencia proferida el 27 de julio de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, por los fundamentos expuestos en esta providencia, la cual quedará así:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuesta en la parte considerativa de esta providencia.
Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Ponente, aclaración de voto—Guillermo Sánchez Luque, Aclaración de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas».
15 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).
16 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.
17 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.
18 Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.
19 De conformidad a lo establecido por los artículos 178, 179 y 187 de la Ley 600 de 2000.
21 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, pág. 174.
22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, Exp. 10923.
23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Exp. 15989.
24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.
25 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.
26 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
27 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.
28 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.
30 Fl. 57 del cdno. 1.
31 Fls. 42-43 del cdno. 1.
32 Fl. 43 del cdno. 1.
33 Fls. 33-40 del cdno. 1.
34 Fls. 41-56 del cdno. 1.
35 Fls. 33-40 del cdno. 1.
36 Fl. 38 del cdno. 1.

References: artículo 21
 artículo 143
 artículo 136
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
in dubio
 artículo 397
 resolución 
in dubio
 artículo 15
 artículo 70
 artículo 2
 artículo 414
 artículo 414