Source: https://www.scribd.com/document/126916361/Sentencia-Supremo-Huelga-Seguridad-Privada
Timestamp: 2018-12-17 15:59:00+00:00

Document:
Fecha de Sentencia: 28/01/2013 RECURSO CASACION Recurso Núm.: 5081/2011 DERECHOS FUNDAMENTALES Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria Votación: 23/01/2013
Procedencia: AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 5 Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián Escrito por: MTP Nota:
Resolución de 23 de septiembre de 2010, del Secretario de Estado de Seguridad, por la que se determina el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los servicios declarados esenciales durante el desarrollo de la huelga general convocada en el ámbito nacional para el día 29 de septiembre de 2010. Motivación insuficiente porque no se explican las razones por las que se fijan los porcentajes establecidos. Tampoco es válida la justificación del carácter esencial de la seguridad privada en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de las Administraciones Públicas.
RECURSO CASACION Num.: 5081/2011 Votación: 23/01/2013 Ponente Excmo. Sr. D.: Pablo Lucas Murillo de la Cueva Secretaría Sr./Sra.: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: SÉPTIMA
Excmos. Sres.: Presidente: D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez Magistrados: D. Nicolás Maurandi Guillén D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva D. José Díaz Delgado D. Vicente Conde Martín de Hijas
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Enero de dos mil trece. Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 5081/2011, sobre derechos fundamentales, interpuesto por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FeS-UGT), representada por la procuradora doña Marta Sanagujas Guisado, contra la sentencia dictada el 8 de junio de 2011 1
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso nº 27/2010, sobre resolución de 23 de septiembre de 2010, del Secretario de Estado de Seguridad, por la que se determina el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los servicios declarados esenciales durante el desarrollo de la huelga general convocada en el ámbito nacional para el día 29 de septiembre de 2010. Se ha personado, como recurrida, la ADMINISTRACIÓN, representada por el Abogado del Estado. Ha comparecido el MINISTERIO FISCAL.
PRIMERO.- En el recurso nº 27/2010, seguido en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, el 8 de junio de 2011 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Que estimando en parte el recurso especial para la protección de los derechos fundamentales nº 27/10 interpuesto por la representación procesal de la Federación de Servicios de la UGT contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 23 de septiembre de 2010, por la que se determina el porcentaje de personal de seguridad privada adscrito a los servicios declarados esenciales durante el desarrollo de la huelga general de ámbito estatal convocada para el día 29 de septiembre de 2010, declaramos la nulidad de pleno derecho del apartado primero en cuanto declara el carácter obligatorio, durante el desarrollo de la huelga convocada, de los servicios de seguridad privada existentes en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la Administración Pública, en la forma determinada en el apartado 5, por vulneración del derecho de huelga. Sin costas".
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia prepararon recurso de casación la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (APROSER), el 2 ABOGADO DEL ESTADO y la
FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FeS-UGT), que la Sala de instancia tuvo por preparados por providencia de 19 de septiembre de 2011, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo. TERCERO.- Por escrito presentado el 26 de octubre de 2011, la procuradora doña Marta Sanagujas Guisado, en representación de FeS-UGT, interpuso el recurso anunciado y, después de exponer los motivos que estimó pertinentes, pidió a la Sala que
"(...) previos los trámites legales, dicte en su día Sentencia en la que casando aquélla, la anule, y por tanto se declare la nulidad de la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de fecha 23 de Septiembre de 2010".
Por Otrosí, solicitó que "en el momento procesal oportuno se acuerde declarar el procedimiento concluso para sentencia, sin necesidad de vista". CUARTO.- Por decreto de 28 de noviembre de 2011, la secretaria de la Sección Primera de esta Sala acordó la procedencia de declarar desiertos los recursos de casación preparados por APROSER y por la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y, recurrida dicha resolución por la primera, el día 8 de marzo de 2012, previo traslado a las partes para alegaciones, se dictó auto desestimando el referido recurso y acordando no haber lugar a tener por interpuesto recurso de casación por la citada recurrente a través del escrito de preparación de 26 de diciembre de 2011. QUINTO.- Admitido a trámite el recurso interpuesto por FeS-UGT, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima. Recibidas, y visto el estado en que se encontraban, se convalidaron las practicadas denegando, por no ser procedente, la tramitación del recurso de casación para unificación de doctrina formulado por APROSER y dando traslado a las partes recurridas y al Ministerio Fiscal para que formularan su oposición. SEXTO.- El Abogado del Estado, evacuando el traslado conferido por diligencia de ordenación de 20 de junio de 2012, se opuso al recurso por escrito presentado el 20 de julio siguiente, en el que interesó a la Sala que lo inadmita o, subsidiariamente, lo desestime y confirme la sentencia recurrida imponiendo las costas causadas a la parte recurrente. 3
Por su parte, el Fiscal, con fundamento en las consideraciones expuestas en su escrito de 25 de julio de 2012, solicitó a la Sala que proceda a dictar sentencia declarando HABER LUGAR parcialmente al recurso de casación deducido con los siguientes pronunciamientos:
"1.- Proceder a la estimación del recurso en lo que se refiere a los motivos segundo y tercero del escrito de interposición, por entender vulnerados los derechos de huelga y a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y de fondo sobre la pretensión ejercitada del sindicato recurrente.
2.- En consecuencia, proceder a casar y dejar sin efecto la sentencia de 8 de junio de 2011, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional.
3.- Del mismo modo, proceder a la estimación del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Sindicato recurrente declarando la nulidad de la resolución de 23 de septiembre de 2010 del Secretario de Estado de Seguridad por reputarse contraria al derecho fundamental de huelga reconocido en el artículo 28.2 CE.
4.- Proceder a la desestimación del recurso en lo que se refiere al primero de los motivos de casación".
SÉPTIMO.- Mediante providencia de 28 de noviembre de 2012 se señaló para votación y fallo el día 23 de los corrientes en que han tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Magistrado de la Sala.
PRIMERO.- La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FeS-UGT) impugnó por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales la resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 23 de septiembre de 2010, por la que se determina el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los servicios 4
declarados esenciales durante el desarrollo de la huelga general de ámbito estatal convocada para el 29 de septiembre de 2010. En su demanda sostuvo que infringía el derecho a la huelga que reconoce el artículo 28.2 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que lo han interpretado porque no justificaba el carácter esencial del servicio que prestan los vigilantes en los hospitales, Juzgados y Tribunales y en dependencias de las Administraciones Públicas y porque no motivaba los porcentajes del personal adscrito a los servicios que debían mantenerse, los cuales tachaba de desproporcionados. La sentencia, resume el contenido de la resolución recurrida y, en particular, da cuenta de que considera obligatorios, por esenciales, los servicios de vigilancia y protección de personas y bienes por la amenaza terrorista y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública para afrontarla con la consiguiente necesidad de contar con servicios integrados en seguridad privada. Protección de personas e infraestructuras críticas (como las de transporte, energía, salud, información y telecomunicaciones, alimentación y finanzas) más necesaria durante la huelga general por el posible agravamiento de los riesgos de comisión de delitos en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y por la mayor probabilidad de acciones terroristas en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la Administración Pública. Recoge, también, la sentencia los criterios que menciona la resolución para determinar el alcance de los servicios mínimos que impone: la mayor vigilancia que considera precisa en caso de huelga general para que su desarrollo se realice pacíficamente y no se altere la convivencia social en los lugares objeto de protección y, por otra parte, la necesidad de fijar un mínimo de personal en aquellos lugares que cuenten con un número reducido de vigilantes o con bajo porcentaje de servicios mínimos. Y señala que, desde estas premisas, la resolución declara el carácter obligatorio de los servicios de seguridad privada existentes en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la Administración Pública y fija porcentajes que van desde el 100% al 25%, según las actividades e instalaciones a que se refieran los servicios en el bien entendido de que, en todo caso, deberá haber como mínimo un vigilante de seguridad.
Después de recordar el artículo 28.2 de la Constitución, el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, y el artículo 2 del Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de huelga, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en sus sentencias 26/1981, 51/1986, 53/1986, 27/1989, 43/1990, 123/1990 y 8/1992, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y trae de ellas la noción de servicios esenciales: "aquellas actividades industriales y mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida en comunidad" o los que satisfacen bienes e intereses de esa naturaleza, como los derechos fundamentales y los bienes constitucionalmente protegidos. Y evoca las exigencias que, en punto a la motivación, debe cumplir la resolución que se dicte para mantener tales servicios esenciales. A partir de ahí, dice la Sala de la Audiencia Nacional que, si bien "en el presente caso, es cierto que la resolución impugnada contiene un conjunto de apreciaciones acerca del concepto "servicios esenciales", sin embargo,
"(...) no justifica la determinación del carácter obligatorio, durante el desarrollo de la huelga convocada, de los servicios de seguridad privada existentes en hospitales, Juzgados, Tribunales y dependencias de la Administración pública, en la forma determinada en el apartado 5, sin más datos o razones que la de considerar que se trata de servicios esenciales --que no lo son a tenor de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 524/02-- y que pueden ver, durante la huelga, incrementado el riesgo de ser objeto de acciones terroristas".
"Por su propia naturaleza, la huelga presupone anormalidad en el servicio que se presta, es decir, como ha señalado el intérprete de la Constitución, la huelga "no puede significar en principio el funcionamiento normal del servicio", pues para que produzcan los objetivos deseados por quienes la llevan a cabo es preciso que mantenga capacidad de presión suficiente, incidiendo en el servicio que se presta perturbándolo hasta límites que se encuentren dentro de lo razonable".
"(...) en opinión de la Sala la resolución cuestionada, en cuanto se refiere a la disposición primera, es decir al declarar el carácter obligatorio, durante el desarrollo de la huelga convocada, de los servicios de seguridad privada existentes en hospitales, Juzgados y tribunales y dependencias de las Administraciones Públicas contiene una justificación que no satisface el canon de motivación exigido constitucionalmente, en cuanto nos encontramos ante el ejercicio de un derecho fundamental consagrado en la Ley suprema respecto del que no pueden utilizarse motivaciones que no permitan inferir cuales son los elementos valorados para la determinación de los servicios mínimos y el carácter esencial de éstos, sin que la Administración haya probado la justificación de sus criterios limitativos, ya que en casos como el presente no son aplicables las reglas generales sobre la atribución de la carga de la prueba ( STC 43/1990), razón por la que procede estimar el presente argumento sin entrar a determinar si la fijación del 25% de servicios mínimos del apartado 5 es o no desproporcionada".
En cambio, sobre la alegación de falta de proporcionalidad de los servicios mínimos establecidos y, con la salvedad apuntada, indica la dificultad de definir el punto de equilibrio entre el interés general de la comunidad y el derecho de los trabajadores, recuerda los derechos y bienes a los que responden los servicios de seguridad privada, para lo que se apoya en la exposición de motivos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y dice que su prestación no permite vacíos para añadir que, afectando la huelga a la totalidad de empresas de seguridad privada que operan en España
"es evidente el riesgo que para la sociedad en general comporta (...), haciéndose preciso, como contempla la resolución recurrida, "fijar unos porcentajes de servicios mínimos superiores a los que correspondería en relación con una huelga específica o de ámbito mas reducido"".
Por eso, concluye así:
"La Sala ponderando todas aquellas circunstancias antes expuestas que aseguren la prestación de trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos y libertades en relación con el derecho fundamental de huelga, considera que no se produce en la actuación administrativa fijadora de los servicios mínimos una limitación que rebase el contenido esencial del derecho de huelga, de forma tal que este devenga impracticable o se le obstruya más allá de lo razonable, por su carácter abusivo y desproporcionado.
Por todo ello procede declarar la nulidad parcial de la resolución impugnada, en lo que se refiere al apartado primero".
SEGUNDO.- UGT ha interpuesto tres motivos de casación contra esta sentencia. El primero invoca el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción y los otros dos el apartado d). Consisten en lo que resumimos a continuación. (1º) Afirma la recurrente que no es congruente porque de las dos cuestiones suscitadas por la demanda, la falta de motivación de la calificación como esenciales de los servicios y la falta de motivación de los porcentajes, solamente responde parcialmente a la primera y no aborda la segunda. Por tanto, infringe, dice FeS-UGT, el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción. (2º) Además, sostiene que la sentencia vulnera el artículo 28.2 de la Constitución, la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la motivación pues no ofrece una justificación de los porcentajes ni explica los procedimientos o criterios seguidos para establecerlos. Por eso, menoscaba el derecho fundamental a la huelga. (3º) Por último, dice FeS-UGT que la sentencia incurre en una nueva vulneración del artículo 28.2 de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el principio de proporcionalidad. Observa al respecto que la resolución recurrida imponía unos servicios del 85% del personal en actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en la de transporte y distribución. O sea los propios de un día corriente. Y que lo mismo sucede con el 75% del personal en centrales nucleares, petroquímicas, suministros de agua, gas y electricidad y centrales de alarma, que en días festivos son atendidos por menos empleados. Por otra parte, considera que la obligación de mantener, al menos, un vigilante de seguridad en todos los servicios significa privar del derecho a la huelga a los trabajadores afectados, lo mismo que sucede con la exigencia del 100% del personal de protección de personas a propósito de la cual observa que, en circunstancias muy distintas de actividad de la banda terrorista ETA, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró que unos servicios mínimos de esa entidad vulneran el derecho a la huelga por no ser proporcionados ya que no cabe apreciar que la 8
huelga ponga inexorablemente en peligro la vida de los destinatarios del servicio. TERCERO.- El Abogado del Estado se ha opuesto a estos motivos de casación. A su entender, el recurso es inadmisible. La razón por la que padecería ese defecto estriba en la doctrina de la Sala según la cual no cabe invocar en un mismo motivo, subsidiaria o alternativamente, el amparo de dos supuestos diferentes del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción. Esto sucede aquí porque FeS-UGT ha sostenido la falta de motivación de la sentencia por sus apartados c) y d). Por otro lado, dice que no es comprensible el primer motivo porque la sentencia sí razona sobre la proporcionalidad de los servicios fijados. Subsidiariamente, aduce el Abogado del Estado que procede desestimar el recurso de casación porque carece de fundamento. De acuerdo con la jurisprudencia, explica, es evidente que la resolución impugnada tenía motivación suficiente y no parece posible dudar de su proporcionalidad ni de su compatibilidad con el derecho a la huelga. CUARTO.- El Ministerio Fiscal propugna la desestimación del primer motivo y la estimación de los otros dos con la consiguiente anulación de la sentencia y el pleno acogimiento del recurso contencioso-administrativo. Así, señala que la sentencia es congruente con las pretensiones de las partes y da respuesta a los dos extremos planteados por la demanda aunque sobre la proporcionalidad de los porcentajes, a la cual se refiere expresamente, sus argumentos no sean, para la recurrente, razonables, extremo sobre el que versa el segundo motivo. En cambio, los otros dos motivos, que analiza conjuntamente dada su interrelación, deben prosperar porque ni la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad ni la sentencia aportan una motivación razonada y razonable acorde con la que exige la jurisprudencia. Esa insuficiencia se debe, continúa el escrito del Ministerio Fiscal, a que solamente hay una argumentación genérica y lineal, sin matices, para la fijación de servicios mínimos tan dispares como los de protección de personas, objetos de valor o peligrosos, instalaciones energéticas o servicios de transporte. Además, establece, en algunos casos, el 100% que impide en la 9
práctica el derecho de huelga cuando se da la circunstancia de que en el País Vasco, donde el riesgo que pueden sufrir las personalidades protegidas es mayor, la autoridad gubernativa competente estableció unos servicios del 50%. Añade el Ministerio Fiscal que en otras actividades los elevados porcentajes -al menos del 75%-- no van acompañados de una justificación razonada e individualizada para cada una. QUINTO.- El recurso de casación no está aquejado de la causa de inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado. No se trata de que FeSUGT haya planteado la misma cuestión por dos cauces diferentes a la vez sino que suscita cuestiones distintas. Una, la que es objeto del primer motivo, se refiere al cumplimiento de las reglas que regulan la sentencia: denuncia la ausencia de respuesta a una de las pretensiones, la relacionada con los porcentajes. El segundo, en cambio, se refiere, no a la forma, sino al fondo: la insuficiencia de la motivación ofrecida por la sentencia. Procede, por tanto, rechazar la causa de inadmisibilidad. SEXTO.- Hemos de coincidir con el Ministerio Fiscal: la sentencia no es incongruente pero carece, como la resolución recurrida, de la motivación imprescindible. No es incongruente porque da respuesta a los dos puntos o cuestiones esenciales planteadas por FeS-UGT. De un lado la justificación de la declaración como servicio esencial de las actividades de protección desempeñadas por el personal de seguridad privada y, de otro, la justificación y proporcionalidad de los porcentajes de los servicios mínimos que debían mantenerse durante la jornada de huelga. Por lo que hace a lo primero, la sentencia encuentra justificada esa calificación excepto en lo relativo a la protección de hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la Administración Pública. En cuanto a lo segundo, entiende que el carácter general de la huelga y la relevancia de los bienes y derechos protegidos son razones bastantes para considerar que no son abusivos ni desproporcionados. La motivación ofrecida por la resolución impugnada y la que ofrece la sentencia dando por buena aquélla no son, sin embargo, coherentes con la que exige la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las mismas sentencias citadas por la de instancia y en otras 10
muchas, entre ellas las de 23 de enero de 2012 (casación 1417/2010), de 27 de septiembre de 2010 (casación 5339/2007) y de 13 de octubre de 2008 (casación 1833/2006) y las que citan, que de forma reiterada requieren, para que pueda considerarse justificada la limitación del derecho fundamental a la huelga, una explicación en la resolución que se dicte para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, una motivación, de la esencialidad de dichos servicios y, también, de la entidad de los mínimos que deben respetarse. Motivación que ha de hacerse en concreto, es decir a la vista de las particulares circunstancias que concurren en la singular convocatoria de que se trate de manera que no sirve la que sea genérica e indeterminada y, por tanto, desentendida del contexto específico de la huelga de que se trate. Concreción que debe observarse, igualmente, en la definición del porcentaje o del número de trabajadores afectados por el mantenimiento de los servicios considerados imprescindibles. Esto significa, en casos como el presente en los que se acude a porcentajes que debe explicarse por qué se señala uno determinado y no otro distinto. Es decir, por qué el 25%, el 50% o el 75% y no, por ejemplo, el 30%, el 45% o el 70. Explicación siempre imprescindible cualquiera que sea el que se establezca porque siempre implicará una limitación al ejercicio del derecho fundamental a la huelga. Y, si se elevan al 75% o, no digamos, al 100% que significa, no ya una limitación, sino la imposibilidad de ejercer ese derecho, la necesidad de la explicación se hace, si cabe, aún más imprescindible. Por estas razones, la sentencia de 3 de marzo de 2008 (casación 5583/2004) confirmó la de instancia que declaró nula una resolución del Ministerio del Interior que establecía los servicios mínimos a mantener durante una huelga de escoltas privados de seguridad, precisamente, porque los porcentajes en que los cifraba --semejantes a los previstos en este caso-- solamente venían justificados con consideraciones genéricas. Y otro tanto hizo la sentencia de 11 de octubre de 2012 (casación 4987/2011) respecto de los fijados, entre otros ámbitos, para el de la seguridad privada. Pues bien, frente a esas exigencias claramente requeridas por la jurisprudencia, la sentencia se limita a dar por buenas unas apreciaciones absolutamente generales e indeterminadas que hacen abstracción de las circunstancias específicas de la huelga en cada uno de los sectores de actividad en los que intervienen los trabajadores de la seguridad privada, de 11
las alternativas existentes y de los particulares riesgos presentes. Confirmación que hace la sentencia, además, valiéndose de argumentos de la misma naturaleza que los utilizados por la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad y, por lo tanto, insuficientes. En consecuencia, tal como propugna el Ministerio Fiscal, procede acoger estos dos motivos de casación y anular la sentencia impugnada. Y, de acuerdo con el artículo 95.2 d) de la Ley de la Jurisdicción, se impone la plena estimación del recurso contencioso-administrativo porque, además de la falta de justificación de la esencialidad de los servicios en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la Administración Pública, correctamente apreciada por la Audiencia Nacional, la carencia de motivación de los porcentajes mencionados determina la nulidad de la resolución. SÉPTIMO.- A tenor de lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción no hacemos imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación. En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,
FALLAMOS (1º) Que ha lugar al recurso de casación nº 5081/2011, interpuesto por la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores contra la sentencia dictada el 8 de junio de 2011, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que anulamos. (2º) Que estimamos su recurso nº 27/2010 y declaramos nula la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 23 de septiembre de 2010 por la que se determina el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a servicios declarados esenciales durante el desarrollo de la huelga general de ambito estatal convocada para el día 29 de septiembre de 2010. (3º) Que no hacemos imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación.
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