Source: http://andradeveloz.com/blog.php?idio=esp&idSubCap=272
Timestamp: 2017-10-17 06:06:57+00:00

Document:
El 20 de marzo de 2017, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución denominada: “Reglas para el Trámite de la Acción de Nulidad de Laudo Arbitral”. Con la mencionada resolución, se buscó definir un procedimiento claro para tramitar la acción de nulidad en contra de laudos arbitrales, prevista en el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el cual dispone:
“…Del laudo arbitral podrá interponerse ante el árbitro o tribunal arbitral, acción de nulidad para ante el respectivo presidente de la corte superior de justicia, en el término de diez días contado desde la fecha que éste se ejecutorió. Presentada la acción de nulidad, el árbitro o tribunal arbitral dentro del término de tres días, remitirán el proceso al presidente de la corte superior de justicia, quien resolverá la acción de nulidad dentro del término de treinta días contados desde la fecha que avocó conocimiento de la causa. La acción de nulidad presentada fuera del término señalado, se tendrá por no interpuesta y no se la aceptará a trámite…”
Con esta resolución se deja de lado la acalorada discusión, sobre si procede o no recursos ordinarios o extraordinarios en contra de la sentencia que dicte el Presidente de la Corte Provincial, ya que esta establece lo siguiente:
“Art. 4.- De la sentencia que dicte la o el Presidente de la Corte Provincial, no habrá recurso alguno, salvo los recursos horizontales de aclaración o ampliación.”
Sin embargo, no está claro si cabe una Acción Extraordinaria de Protección en contra de la sentencia dictada en estos procesos. La Corte Constitucional, en oportunidades anteriores, ha manifestado la procedencia de esta acción constitucional, incluso, frente al mismo laudo arbitral para la protección de derechos garantizados en la Carta Magna.
Dejando de lado a esta interrogante, es preciso analizar si el artículo 4, antes citado de la resolución, es un triunfo para el arbitraje o no. Por un lado, es claro que tanto desde el punto de vista de las partes como desde el de la sociedad en general, no es sano perpetuar los conflictos; por lo tanto, se busca una solución definitiva a las controversias. En este sentido, la resolución en cuestión, sin duda, busca acelerar el trámite de la acción de nulidad.
Por otro lado, causa incertidumbre el hecho de que se deje en manos del Presidente de la Corte Provincial el destino de una decisión (laudo arbitral), ya que este podría ser quedar sin efecto. Sobre todo considerando que un laudo arbitral es el resultado de un procedimiento costoso, que ha sido resuelto por árbitros especializados, casi siempre nombrados por las partes, y que, en la mayoría de casos es complejo, con un sinnúmero de pruebas y documentos. Al respecto, existen muchas jurisdicciones donde las decisiones sobre la nulidad de un laudo arbitral pueden ser revisadas, esto ha generado que las sentencias más relevantes en el campo arbitral, hayan sido emitidas por los órganos judiciales de más alta jerarquía en dichas jurisdicciones.
Por lo expuesto, al menos queda la duda si esta celeridad sacrificará la práctica arbitral y la calidad de las decisiones. Lo que está claro es que el solo hecho de que la Corte Nacional haya emitido una resolución en temas de arbitraje es una buena noticia. Esperamos que junto con esta vengan otras iniciativas que busquen capacitar a los Presidentes de las Cortes Provinciales en este tema.
Ver:http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones_obligatorias/2017/17-08%20Nulidad%20laudo%20arbitral.pdf

References: resolución 
 artículo 31
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 resolución