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Timestamp: 2020-08-06 22:29:46+00:00

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Sentencia de Tutela nº 676/02 de Corte Constitucional, 21 de Agosto de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618870
Acción de tutela instaurada por J.H.M. contra C.E.P.S.
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto del año dos mil dos (2002).
La S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín y del Tribunal Superior - S. de Decisión Penal de Medellín, en el trámite de la acción de tutela iniciada por el señor J.H.M. en calidad de Agente Oficioso de su esposa L.A.T.G. contra C.E.P.S.
El señor J.H.M. en calidad de agente oficioso de su esposa L.A.T.G. interpuso acción de tutela contra COOMEVA E.P.S, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a la vida, en razón a que ésta se niega a autorizar los diferentes tratamientos médicos que requiere con urgencia para salvar su vida.
Se encuentra afiliado a Coomeva E.P.S. como cotizante dependiente, incluyendo dentro de su Sistema de Seguridad Social a su esposa L.A.T. en calidad de beneficiaria. Indica el demandante que el 12 de enero de 2002, su esposa de 32 años de edad, ingresó a la Clínica Las Américas de Medellín con el fin de realizarse una cirugía plástica de aumento de senos, lipectomía abdominal y lipoinyección glútea; después de efectuada la cirugía se le presentaron complicaciones como trombosis arterial, isquemia severa e insuficiencia renal, estando en peligro la integridad de sus miembros inferiores (uno de los cuales ya fue amputado desde la cadera y en el otro se le amputaron parcialmente los dos dedos), su sistema respiratorio y riñones, razón por la cual el Dr. D.L.S. -J. de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Américas, le ordenó la práctica de un tratamiento de Hemodiálisis y Recuperación vascular.
La E.P.S. demandada negó la autorización de los tratamientos requeridos por ella, argumentando que los mismos son consecuencia de una cirugía plástica, los que están por fuera de la cobertura del P.O.S., conforme al artículo 10 del Decreto 806 de 1998, que excluye de dicho plan aquellos tratamientos que sean considerados como cosméticos o suntuarios, o sean el resultado de complicaciones de estos tratamientos o procedimientos, no siendo su obligación asumir los costos que se generen, por lo cual la Clínica Las Américas le ha prestado la atención requerida pero, le ha exigido para brindarle la atención médica que con urgencia requiere su esposa, la firma de títulos valores en blanco como respaldo y algunos anticipos en efectivo, teniendo que hacer enormes esfuerzos para poder asumirlos, ya que son personas de escasos y limitados ingresos y recursos económicos y con una responsabilidad familiar que amerita su cabal cumplimiento, resultándole imposible y desproporcionado cubrir los enormes costos médicos que ha generado la atención de su esposa a favor de la Clínica, superando los doscientos millones de pesos ($200.000.000.00) y la que seguirá necesitando en un futuro.
La E.P.S. demandada en oficio dirigido al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito y Tribunal Superior - S. de Decisión Penal de Medellín, reconoce que la señora L.A.T.G., es afiliada en calidad de beneficiaria de su esposo, pero solicitó desestimar las pretensiones del demandante al indicar que al requerir el servicio de asistencia médica por complicaciones surgidas a raíz de una cirugía estética la misma le fue negada por mandato legal, citando al efecto el artículo 10 del Decreto 806 de 1998 y el artículo 18 de la Resolución 5261 de 1994, normatividad que contiene el denominado Plan Obligatorio de Salud, que en guarda de los principios de equidad y eficiencia del P.O.S. tiene limitaciones y exclusiones enunciadas en la ley 100 de 1993, como lo son todas aquellas cirugías de carácter estético y las complicaciones generadas como consecuencia de su realización. Lo anterior tiene como fin, evitar que dineros del Sistema se desvíen a atender necesidades particulares generadas en asuntos netamente suntuarios, presumiendo que si una persona costea en su totalidad un tratamiento estético, está en capacidad de asumir las posibles complicaciones que de él se deriven, por lo cual no esta en la obligación legal de atender a la paciente, a quien le corresponde directamente o a su cónyuge sufragar los gastos médicos derivados de tal procedimiento.
DECISIONES OBJETO DE REVISION.-
En primera instancia, conoció del presente caso el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, quien en sentencia de enero 25 de 2002, negó el amparo solicitado, al considerar que en el presente caso no procede el amparo tutelar, si se tiene en cuenta que C.E.P.S. nunca ha pretendido negar la atención en el servicio de salud que le asiste a la S.L.A.T.G., sino que debido a una intervención quirúrgica de orden estético, de la cual nunca se solicitó autorización a dicha institución, por cuanto no estaba cubierta por el POS, las consecuencias que en el caso sub-examine la tienen en un estado critico de salud tampoco lo están, dejando en evidencia que no resulta obligatorio para la entidad demandada la autorización de los procedimientos que ahora requiere la paciente. A juicio de la instancia, no encuentra conculcado el derecho a la salud, ya que se le esta prestando por medio de los diferentes galenos de la Clínica Las Américas la debida asistencia médica que ha requerido, sin suspenderla razón por la cual no se ha puesto en inminente peligro su existencia. Por último considera que respecto de los anticipos y pagarés que se le han hecho firmar al accionante por parte del centro asistencial, no es la vía de tutela el mecanismo idóneo para pretender el reconocimiento o pago de sumas de dinero y más aún existiendo mecanismos judiciales para tales efectos.
DE la segunda instancia conoció el Tribunal Superior de Medellín, por medio de su S. de Decisión Penal, en sentencia de febrero 18 de 2002, confirmando en su integridad el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, por las mismas razones expuestas por el a quo.
PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.-
A folio 5 a 9, copia de la Historia Clínica de la señora L.A.T., donde constan los tratamientos médicos que se le realizaron, después del post-operatorio desde el 12 hasta el 15 de enero del 2002, certificado por el D.L.E.T..
A folio 11, copia de los carnés de afiliación a COOMEVA E.P.S. y de las cédulas de ciudadanía del demandante y de su esposa.
A folio 10, copia de la orden de la Dra. F.L. dirigida a la E.P.S., para que autorice la realización de las tres Hemodialisis a la señora L.A.T..
A folio 52, Resumen de la Historia Clínica de L.A.T.G., del 12 al 30 de enero del 2002, firmada por el Médico Coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Américas, doctor D.L.S..
A folio 55, copia de la Sentencia T- 572 de 1999, donde se le reconocen a una señora los derechos a la dignidad, integridad física, moral y psicológica, ordenando al demandado a que le brinde la atención médica derivada de las complicaciones surgidas por una cirugía de Mamas.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y por la asignación del caso por la S. de Selección.
Corresponde a esta S. estudiar y analizar si el hecho de que el artículo 10 del Decreto 806 de 1998 y el artículo 18 de la Resolución 5261 de 1994, que exime a las E.P.S. de la obligación de autorizar y asumir económicamente las intervenciones quirúrgicas y procedimientos médicos que se deriven como consecuencia de las complicaciones derivadas de una operación de orden estético, suntuario y cosmético, justifica el que la entidad prestadora del servicio se abstenga de realizarlo; y si existe vulneración al derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida que amerite su protección a través de la presente acción de tutela.
Del derecho a la salud y la regulación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS).
El juez constitucional antes de inaplicar la legislación que regula las exclusiones y limitaciones del Plan Obligatorio de Salud, debe verificar si se presentan las condiciones que han sido determinadas por la jurisprudencia constitucional Ver, entre otras, sentencias SU-111 de 1997, SU-480 de 1997, T-236 de 1998, T-283 de 1998, T-560 de 1998 y T-409 de 2000., para que proceda el amparo por vía de tutela, dichos requisitos son:
1) Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado Corte Constitucional, S.P., sentencia SU-111 de 1997, M.P.E.C.M.;
La S. considera del caso entrar a estudiar y analizar cada uno de los requisitos que ésta Corporación ha señalado como necesarios para proteger el derecho a la salud, en los eventos No contemplados en el POS, para el caso particular los derivados de complicaciones por una cirugía estética practicada a la paciente L.A.T., para lo cual se confrontan los hechos y pruebas que obran en el expediente objeto de revisión, observando que:
1) En relación con el primer requisito consistente en: "Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado Corte Constitucional, S.P., sentencia SU-111 de 1997, M.P.E.C.M..", se tiene que no se cumple dado que a folio 20 del expediente obra prueba en el sentido de que a la señora L.A.T. no se le ha negado la atención requerida, pues el J. de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Américas de Medellín informó al Juez de Primera Instancia, que "todos los procedimientos, curaciones, tratamientos y cirugías se han realizado y se siguen realizando en su momento debido, de acuerdo a la pertinencia médica de las patologías de base", a la mencionada señora.
Por lo tanto, los tratamientos y procedimientos médicos requeridos por la señora T. como consecuencia de las complicaciones originadas en una cirugía estética y excluidos del POS, no constituyen amenaza ni vulneración efectiva a los derechos fundamentales a la vida o integridad personal de la misma, en razón a que estos se le vienen prestando y suministrando en su debida oportunidad y acorde a las prescripciones médicas por la Clínica Las Américas de Medellín.
A más de lo anterior, en el presente caso la S. observa que las actividades y procedimientos médicos requeridos por la señora L.A.T.G. en su calidad de beneficiaria del régimen contributivo al cual se encuentra afiliado su cónyuge, se han derivado de las consecuencias o complicaciones de una cirugía estética a la que se sometió libre y voluntariamente y excluidas del Plan Obligatorio de Salud.
Finalmente, considera la S. del caso precisar que en las oportunidades en que ésta Corporación ha protegido el derecho a la salud en conexidad con otros derechos fundamentales, como en el caso de algunas mujeres que se les diagnosticó "HIPERTROFIA MAMARIA" y por tanto, requerían de una intervención quirúrgica denominada "MAMOPLASTIA REDUCTORA", cuya práctica era negada por las entidades de salud a las cuales se encontraban afiliadas, con el argumento de que dicha cirugía era considerada como estética, se protegió el derecho y se concedió el amparo vía tutela por esta Corporación, dado que se encontraba demostrado dentro de los expedientes respectivos: 1) Que la cirugía había sido prescrita u ordenada por el médico de la entidad de salud respectiva y, 2) Que dicha cirugía no tenía finalidades estéticas sino de recuperación de la salud, dado que la sintomatología que presentaban las actoras de las respectivas acciones de tutela, tales como dolores de espalda, lumbares y de columna, comprometían realmente su salud.
En sentencia T 102 de 1998, M.P.D.B.C., se expresó:
En la sentencia SU-111/97. M.P.E.C.M., la S.P. de la Corporación dijo:
También se reitera lo señalado en Sentencia T - 461 de 2001, M.P.D.M.G.M.C., así:
"4. Reiteración de la jurisprudencia sobre mamoplastia reductora de carácter funcional
Existe precedente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la orden de tutela para practicar la cirugía de mamoplastia reductora cuando está plenamente demostrado que ésta no tiene un carácter estético sino que esta destinada a poner fin a dolores o afecciones dorsales Sentencias T-102 de 1998, Magistrado Ponente: A.B.C.. T-119 de 2000, Magistrado Ponente: J.G.H.G., T-471 de 2000, Magistrado Ponente: A.T.G.. T 1251 de 2000, Magistrado Ponente: A.M...
"En primer término, es importante aclarar que, en vista de que los recursos de los que dispone el sistema de seguridad social son escasos, es lógico y razonable que el ordenamiento, para lograr su buena administración y hacer realidad los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad e integralidad, destinando los fondos a objetivos verdaderamente prioritarios o indispensables, haya excluido del Plan Obligatorio ciertos tratamientos, como por ejemplo el de las cirugías estéticas o cosméticas, cuya falta, además, no afecta derechos fundamentales de quien los solicita y puede prescindir de ellos sin consecuencias negativas para su salud.
No obstante, en cada caso particular deberá establecerse por las entidades encargadas de prestar los correspondientes servicios y por el juez constitucional -cuando el asunto es llevado ante su estrado- si la intervención quirúrgica que requiere el afiliado o beneficiario tiene realmente el carácter estético o cosmético, o si, por el contrario, a pesar de su apariencia, guarda relación con un imperativo de salud considerado sustancialmente, pues habrá eventos en los que el tratamiento haya sido ordenado por los especialistas, no por razones de belleza o presentación externa, sino con el objetivo primario de curar una dolencia, aunque secundariamente pueda repercutir en la mejora de los aludidos aspectos corporales." (Sentencia T-119/00 M.P.J.G.H.)".
Por lo tanto y como se ha podido verificar la situación, condiciones y circunstancias particulares de la protección vía tutela para los casos de "mamoplastia reductora" difiere considerablemente del caso en comento, por lo cual no le es aplicable la jurisprudencia constitucional citada por el actor, la cual no constituye un precedente como se afirma en sus argumentos y no cabe por tanto, reiterarla.
En consecuencia, la S. confirmará los fallos proferidos por los Despachos Judiciales de instancia, mediante los cuales se negó la acción de tutela interpuesta.
V.D..-
Primero.- Confirmar los fallos proferidos por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín y del Tribunal Superior - S. de Decisión Penal de Medellín, mediante los cuales se negó el amparo solicitado a favor de la señora ESPERANZA CASTAÑEDA CARVAJAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Que el H. Magistrado doctor M.J.C.E., no firma la presente sentencia, por encontrarse con permiso debidamente autorizado.
Acción de tutela de J.H.M. contra Coomeva E.P.S.
La S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en uso de sus competencias constitucionales y legales y
Que en sentencia T-676 de 2002 de esta S., se resolvió:
"Primero. Confirmar los fallos proferidos pro el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín y del Tribunal Superior -S. de Decisión Penal de Medellín, mediante los cuales se negó el amparo solicitado a favor de la señora ESPERANZA CASTAÑEDA CARVAJAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia".
Por error, esta sala no se refirió a la parte actora en el sentido de que la solicitud de tutela fue presentada por el señor J.H.M. en calidad de agente oficioso de su esposa L.A.T.G..
En consecuencia, esta S. de Revisión,
"Primero. Confirmar los fallos proferidos pro el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín y del Tribunal Superior -S. de Decisión Penal de Medellín, mediante los cuales se negó el amparo solicitado por el señor J.H.M. en calidad de agente oficioso de su esposa LUZ A.T.G., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia".

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 18
 Resolución