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Timestamp: 2017-01-23 20:22:36+00:00

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Revista Colproba by omar can - issuu
EDICIÓN XXXIII - AÑO XV - JUNIO DE 2011
“No podemos rescatar cual es el derecho más
atendible, cada uno debe reclamar en la órbita
de su actuación pero sin perjudicar a los demás.”
Dr. Gerardo Salas, Presidente del Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
1° Jornadas Internacionales de Derecho Civil en La
Pcia. De Bs. As.- I Congreso Europeo Americano de
Derecho Civil “ en homenaje a los maestros Henri,
León & Jean Mazeaud”.
Entrevista al Ministro de Trabajo de la provincia de
Buenos Aires - Dr. Oscar Antonio Cuartango
“Deseo que el trabajo siga siendo el eje de las
políticas activas de gobierno, porque es un
regulador social y la principal herramienta
de inclusión social”.
Informe “Nuevo Sistema de Promoción y Protección
de los Derechos de niños y adolescentes”.
Comenzó a funcionar el Colegio de Abogados
de Moreno - General Rodríguez.
Paros en la Justicia - Informe “Tras dos meses
de paro se resolvió el conflicto de los
empleados judiciales”
Congreso Europeo Americano en nuestra ciudad.
“La sociedad y el Derecho, un debate mundial
en La Plata”. Fuente www.diarioeldia.com.ar
Semblanza al Dr. Aldo Cammisi.
Dr. Juan Mario Gersenobitz
Jornada de reflexión del Consejo Superior
Nuevo Impuesto a la transmisión gratuita de bienes
Otro revés para el sistema ARBAnet
“No podemos rescatar cual es el
derecho más atendible, cada uno debe
reclamar en la órbita de su actuación
pero sin perjudicar a los demás.”
Los paros en la Justicia no son novedosos, podríamos
decir que anualmente asistimos a los reclamos que realizan los empleados judiciales, en procura de mejoras
en sus ingresos y en otras condiciones laborales.La primera cuestión que se plantea es la falta de autonomía del Poder Judicial pues siendo la Suprema
Corte Provincial quien ejerce las facultades de organización así como el poder disciplinario, no puede
fijar salarios ni decidir por sí en un conflicto como el
que se presenta. Hemos señalado en reiteradas oportunidades que se torna en una imperiosa necesidad,
la autonomía del Poder Judicial para fijar su presupuesto y ejecutarlo en forma completa.Sabemos que siendo la Suprema Corte la que administra este poder no cuenta con la autonomía
presupuestaria para disponer el régimen salarial.
Por ello si bien hay tres partes que deben sentarse
a lograr una solución a los problemas que aparecen recurrentemente, el máximo Tribunal no tiene
el manejo real para lograr los cambios necesarios
que permitan salir del conflicto.
Cabe reflexionar también sobre el rol del abogado
ante la paralización de la Justicia ya que es quien
sufre de manera directa sus consecuencias. Por un
lado se le impide el normal ejercicio de su tarea en
los tribunales siendo que es quien lleva adelante las
peticiones de los justiciables y por el otro es quien
atiende a los clientes en su estudio y debe explicar las
razones de las demoras en la resolución de sus asuntos, lesionándose sus intereses. Se encuentra así ante
una doble dificultad, la primera para acceder a la Justicia y desempeñar su tarea y la segunda por la atención directa del justiciable que lo interpela ante la
urgencia de sus legítimos reclamos.
El Colegio ha señalado que el abogado es un convidado de piedra en este conflicto y ante los últimos
sucesos que paralizaron por muchos días la labor tribunalicia, hemos reclamado a los involucrados se respete el derecho constitucional de acceso irrestricto a
la Justicia, más allá de la legitimidad del reclamo salarial y las peticiones en torno a las mejoras en la calidad de vida de los empleados de justicia, ya que es
un anhelo compartido por todos.
El problema se presenta cuando colisionan los derechos de cada uno œes más justo el reclamo por
mejoras salariales que plantea el empleado o es
más atendible el derecho del ciudadano que busca
justicia, o el del abogado que ve coartado su derecho a trabajar y percibir sus ingresos para su subsistencia?; œes más legítimo el derecho del
transeúnte a circular libremente o de quien reclama coartando el derecho del resto de los ciudadanos ? porque cuando se corta una calle o una
autopista, hay gente que sufre las consecuencias
de una disputa que le es totalmente ajena. Evidentemente no podemos hacer prevalecer un derecho por sobre los demás y se hace claro que
cada uno debe reclamar en la órbita de su actuación pero sin perjudicar a los demás.
Asistimos en estos tiempos a una desnaturalización
en los reclamos, hasta hace un tiempo las medidas de
fuerza se llevaban adelante haciendo sentir sus consecuencias a los empleadores o frente a quienes podían
tomar las decisiones, se manifestaba el reclamo de varias maneras y en el caso de los paros, resignado parte
del salario al sostener en el tiempo la huelga, para que
se advierta la justicia del reclamo que obliga a sacrificios importantes en pos de la protesta, trazando una
similitud extrema en una huelga de hambre, se privan
de comer como elemento de presión.
La desnaturalización se advierte cuando los justos reclamos se convierten en injustos e ilegítimos y eso sucede
cuando se impide el acceso a la justicia, cuando se bloquea por la fuerza la entrada a las dependencias de los
tribunales de justicia tanto a los ciudadanos, como a los
abogados y a los propios empleados que no adhiriéndose a la huelga pretenden concurrir a sus puestos de
trabajo, cuando se producen agresiones a operadores
del derecho, cuando se amenazan a abogados con promesas de represalias que se tomarán en el futuro,
cuando se realizan amenazas de quema de expedientes
judiciales sin reparar en el daño a los justiciables; con
esas actitudes se desvirtúa la legitimidad de la protesta
y se bastardea el ejercicio de un derecho fundamental.
“Deseo que el trabajo siga siendo
el eje de las políticas activas
de gobierno, porque es un regulador
social y la principal herramienta
de inclusión social”
Oscar Antonio Cuartango es Ministro de Trabajo
de la provincia de Buenos Aires y ocupa ese
cargo desde que Daniel Scioli asumió como gobernador en diciembre del año 2007. Ensenadense de origen y platense por adopción,
Cuartango se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y se colegió en el CALP;
mientras ejerció la profesión, se dedicó siempre
al Derecho del Trabajo, específicamente al asesoramiento de organizaciones sindicales. El ministro realizó una descripción sobre los puntos
salientes de su gestión y los desafíos que enfrenta cotidianamente estando al frente de la
cartera de trabajo provincial.
La descentralización es uno de los ejes centrales
de su gestión œCómo es la situación actual de las
delegaciones y cómo es su funcionamiento?
(IPS), con lo cual estamos haciendo una doble descentralización: la de la actividad del Ministerio propiamente dicha y la atención del IPS. A esto se
suma que en muchas delegaciones agregamos,
mediante un convenio con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), máquinas de
auto-consulta; de modo que más de veinte delegaciones funcionan como pequeños centros de
atención laboral-previsional nacional y provincial.
Al mismo tiempo creamos, acercándonos a la población, subdelegaciones y nuevas delegaciones en
diferentes distritos, lo que hace que en este momento entre todas sumen noventa centros de
Bueno, lo cierto es que la descentralización y la regionalización son dos ejes políticos que ha propuesto Daniel Scioli como base de sus acciones de
gobierno, línea que nosotros hemos seguido,
adoptado los mismos ejes desde el primer día de
gestión en este Ministerio. Cuando asumí existían
cuarenta y seis delegaciones y para fortalecerlas
incorporamos en muchas de ellas –casi en la mitadbocas de atención del Instituto de Previsión Social
atención descentralizada. Esto quiere decir que nos
resta muy poco para llegar a cubrir los ciento
treinta y cuatro municipios actualmente existentes, a
los que probablemente se sume otro si finalmente
se crea el municipio de Lezama independizándose
de Chascomús. De modo que hemos generado una
importante descentralización ya que el número de
delegaciones prácticamente dobla la cantidad que
existía cuando comenzó esta gestión. A su vez, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de la
Nación y con los municipios en materia de empleo,
casi todos los municipios en territorio bonaerense tienen un área dedicada a producción y empleo, lo que
permite trabajar con los gobiernos locales que son
los conocen profundamente la problemática particular y regional.
œPodría describir brevemente la función del Ministerio en la homologación de los acuerdos por
cobro de salarios e indemnizaciones por despido?
Bueno, ese es un tema que les interesa mucho a
los abogados. Nuestras delegaciones regionales homologan los convenios que se celebran entre el trabajador y el empleador, teniendo presente que
haya una justa composición de derecho. Por una
cuestión formal, en las anteriores gestiones no se
homologaban los acuerdos cuando se daban situaciones de trabajo no registrado, es decir, „en
negro‰. Nosotros para ampliar el alcance de la actividad del Ministerio, sacamos una Resolución autorizando la homologación de esos convenios, a
condición de que se comunicara la situación de trabajo no registrado a la ANSES y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); que es lo
mismo que se hace en el ámbito judicial. Es decir,
cuando en el Poder Judicial, en el Tribunal de Trabajo, se llega a un acuerdo y hay un trabajador
„en negro‰, existiendo una justa composición de
derecho, el Tribunal homologa ese acuerdo y lo
que hace es notificar la irregularidad registral a la
Autoridad de Aplicación que en este caso son la
ANSES y la AFIP.
Nosotros trasladamos ese criterio y lo estamos aplicando, con lo cual le facilitamos a los trabajadores
y obviamente en el caso de que sean representados por profesionales, a los abogados, la posibilidad de que la homologación se efectúe en nuestro
ámbito. A su vez, de esta manera contribuimos a
disminuir la litigiosidad en los Tribunales de Trabajo; en mi experiencia en el ejercicio de la profesión, cuando no lo homologaban desde el
Ministerio de Trabajo, iniciaba un juicio y celebraba el convenio en sede judicial. Asumimos una
realidad existente y adecuamos nuestro comportamiento a esa realidad; del mismo modo, ante un
pedido de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia; hemos autorizado a que
cuando se puedan pactar honorarios profesionales
en los acuerdos celebrados ante el Ministerio de
Trabajo, con la condición de que sean a cargo del
empleador, no del trabajador. En ese caso también que haya que cumplir la Ley arancelaria y los
aportes correspondientes para justificar el principio de solidaridad en el que se sustenta el régimen
previsional de los abogados de la provincia de Buenos Aires.
œCómo es la situación en la provincia en cuanto al
Antes de empezar a hablar de este tema quiero
destacar que la incumbencia de nuestro Ministerio
es exclusivamente el trabajo infantil en relación de
dependencia, es decir para terceros, ese es el que
podemos combatir, no así las situaciones de trabajo a nivel familiar que se da en algunos casos, o
la mendicidad como se ve en algunas esquinas y
semáforos. En este punto es importante destacar
que dependiente de este Ministerio existe la Comisión provincial para la prevención y erradicación
del trabajo infantil (COPRETI) y tiene representación de todas las organizaciones sindicales y de
todas las áreas de gobierno que de una u otra manera tengan que ver con la niñez; como los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social por
En realidad el trabajo infantil tiene dos ingredientes: uno es el ingrediente cultural que viene de sectores muy desposeídos, en el caso de la
comunidad boliviana, suele ser muy común que
Para fortalecer a las delegaciones incorporamos en muchas de ellas, bocas de atención del IPS
y máquinas de auto-consulta de la ANSES, de modo que funcionan como pequeños centros
de atención laboral-previsional nacional y provincial
trabajen en las quintas fruti hortícolas, hay un componente cultural relacionado a los niños que trabajan. Pero también hay un ingrediente de
explotación que es el del empleador y de ninguna
manera el ingrediente cultural del más débil debe
ser usado para justificar el aprovechamiento del
Hemos hecho procedimientos muy fuertes, muy intensos, logrando resultados satisfactorios en el sur
de la provincia, Villarino, Carmen de Patagones,
donde se siembre mucha cebolla y hay un movimiento migratorio muy importante durante la
época de la cosecha que es en febrero. En este contexto y en coordinación con el Ministerio de Trabajo de la Nación hemos puesto jardines rurales
para que puedan dejar a los chicos mientras trabajan en la cosecha, quitando así cualquier tipo de
justificación como que no hay dónde ni con quién
dejar a los niños mientras los padres trabajan.
Obviamente recién estamos dando los primeros
pasos, con excelentes resultados, podemos decir
que en esa zona del sur de la provincia, casi hemos
erradicado el trabajo infantil. Siempre se detectan
algunos casos y la verdad que es muy difícil de
identificar y además de cuantificar porque se caracterizan por la clandestinidad.
En cuanto al trabajo infantil uno de los sectores
más complicados es el trabajo rural, hemos hecho
algunos procedimientos que tuvieron mucha repercusión mediática en la zona de noreste de la pro-
vincia, San Pedro, San Nicolás, Ramallo, donde detectamos en empresas importantes dedicadas a la
producción de semillas de maíz, trabajo en condiciones de reducción a servidumbre, sobre todo en
lo que se llama la „desfloración‰ del maíz. Ese es un
trabajo que se hace manualmente, descubrimos
que reclutaban gente en las provincias del norte,
como Santiago del Estero y Tucumán, los iban llevando, primero por Córdoba y Santa Fé, donde la
desfloración se realiza primero por una cuestión climática y luego iban bajando hacia el sur, dónde
tarda un poco más en florecer el maíz. Se está llevando a cabo una investigación a cargo del Juez
Federal de San Nicolás, Villafuerte Ruzo sobre esta
organización donde podría llegar a configurarse el
delito federal de trata de personas, además de trabajo infantil, si bien no en grandes cantidades,
pero sí se registraron algunos casos.
De cualquier manera la situación ha ido evolucionando favorablemente, no hemos conseguido
erradicar el trabajo infantil, no podemos decir que
estamos en un punto óptimo pero sí que vamos
œQué opinión le merece el extenso conflicto de los
empleados judiciales y los dos meses de paro en la
Justicia bonaerense?
Creo que los sesenta días de paro en la Justicia fueron innecesarios, se podrían haber evitado ya que
Durante gestiones anteriores el Ministerio no homologaba acuerdos en situaciones de trabajo
“en negro”. Para ampliar el alcance de la actividad de este área, autorizamos, mediante una resolución,
la homologación de eso convenios, a condición de que se comunicara la situación
de trabajo no registrado a la ANSES y a la AFIP.
Creo que los sesenta días de paro en la Justicia fueron innecesarios, se podrían haber evitado
ya que siempre estuvimos abiertos a una instancia de diálogo y de negociación, al mismo tiempo
no podemos desconocer que hay una situación político-sindical muy particular
siempre estuvimos abiertos a una instancia de diálogo y de negociación, quizás hubo errores de
todos en el manejo de la situación y al mismo
tiempo no podemos desconocer que hay una situación político-sindical muy particular. No voy a
abrir juicio porque no quiero meterme en la insti-
tucionalidad de las organizaciones sindicales pero
es un dato de la realidad que esa situación existe
y que eso también contribuyó a dificultar la resolución del conflicto.
En cuanto a las paritarias, por ejemplo, hay dos o
tres puntos sobre los que existen desacuerdos
En lo personal, como abogado y como ministro, y el gobierno de la provincia, a través de Daniel Scioli,
estamos convencidos de la idoneidad de la herramienta de la negociación colectiva para canalizar
las relaciones laborales del sector público con sus empleados
entre la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA); en este sentido el Dr. De Lázzari
propuso que en los aspectos en los que no haya
consenso, se deje constancia de lo que opina cada
parte y se eleven a la Legislatura; porque en definitiva quienes tendrían que saldar diferencias son
los legisladores en función del principio de división
de Poderes. Incluso nada garantiza que el proyecto
que se pueda llegar a consensuar a nivel político
entre el Ejecutivo provincial; el Poder Judicial y la
AJB, sea aprobado en la Legislatura tal cual se presenta, ya que es una facultad soberana de los legisladores la de introducirle modificaciones que a
criterio de ellos sean convenientes. Esta me parece
una solución práctica, de profundo sentido común
y creo que de transitar ese camino, se podrá en
pocos meses elevar a la Legislatura un proyecto de
Ley con todos los consensos logrados y con esas
pocas disidencias o diferencias que perduren.
En lo personal yo como abogado y como ministro,
y el gobierno de la provincia, a través de Daniel
Scioli, estamos convencidos de la idoneidad de la
herramienta de la negociación colectiva para canalizar las relaciones laborales del sector público con
sus empleados. Prueba de ello y de que no es una
mera declamación, durante la gestión de Scioli se
creó en el Ministerio de trabajo una Subsecretaría
de Negociación Colectiva del Sector Público, dán-
dole institucionalidad. Además, más allá de la dureza del conflicto de este sector que precisamente
no tiene una Ley de Negociación Colectiva; nótese
que el resto de la administración pública que sí
cuenta con ese tipo de Ley, ha cerrado sus acuerdos satisfactoriamente; por eso yo estimo que nos
ha quedado este último bolsón de conflictividad
con el área de los empleados judiciales, que seguramente se resuelva en un futuro cercano.
Tomando como ejemplo los docentes, durante la
gestión de Scioli las clases han empezado puntualmente todos los años, sin conflicto, y yo creo que
eso deriva de la comprensión y la buena voluntad
de las organizaciones sindicales que los representan y también del compromiso del Estado con el
tema, haciendo que se transite el camino de la negociación colectiva.
Si tuviera que pensar en un deseo para el futuro
œCuál sería?
Bueno⁄lo que deseo realmente es que el trabajo
continúe siendo el eje de las políticas activas del
gobierno, porque es un regulador social y hay que
recrear la cultura del trabajo porque es la principal
herramienta de inclusión social. En nuestro país
hemos vivido una crisis muy grande y creo que
hasta la inseguridad es producto de que se descalificó al trabajo y se lo convirtió en una mercancía.
En el combate del trabajo infantil, la incumbencia del Ministerio es exclusivamente en el trabajo
en relación de dependencia, es decir para terceros, no así las situaciones de trabajo
a nivel familiar que se da en algunos casos
de los Derechos de niños y adolescentes
La problemática de los menores es uno de los
temas más graves para el cual durante mucho
tiempo no se han encontrado soluciones efectivas
ni definitivas, prueba de esto es que previo a las
modificaciones recientes, la legislación al respecto
databa, en el ámbito nacional, de 1919 y en el provincial de 1983, ambas normas aplican la lógica
tutelar y el sistema de patronato.
El principio en sí mismo del concepto de “minoridad” implica una toma de posición respecto de los
problemas de la infancia y expresa, al mismo
tiempo, el espíritu de un paradigma de pensamiento que está comenzando a cambiar. En este
marco se inscribe la puesta en marcha del Sistema
de Promoción y Protección Integral de los Derechos
de niños y adolescentes en la provincia de Buenos
Aires, que a través de un nuevo marco normativo,
promueve la desjudicialización y desinstitucionalización de los niños en riesgo y busca soluciones
integrales desde una mirada transdisciplinaria.
A la cabeza de este proceso en el territorio bonaerense están la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del niño y su
complementarias 13.634 y 13.645 (Fuero de Familia y de responsabilidad penal juvenil) que suponen
un enorme cambio en las relaciones jurídicas, institucionales y sociales de la comunidad en lo relativo
a la infancia y la adolescencia. Al mismo tiempo,
reorganizan las responsabilidades políticas de los
distintos actores, reasignando competencias de distintos niveles y poderes del Estado y apuntan fundamentalmente a generar nuevas prácticas
institucionales y representaciones de ciudadanos y
La nueva Ley 13.298 deroga la conocida como Ley
de Patronato (NÀ 10.067/83) y marca una diferencia conceptual profunda al dejar de considerar a
los niños como „objetos de tutela‰ y concebirlos
como „sujetos de derecho‰, en concordancia con lo
previsto en la Convención sobre los Derechos del
Niño, ratificada por la Argentina en 1990 y jerarquizada a nivel constitucional en 1994.
Los marcos jurídico-legales se han ido adecuando a
los cambios culturales y sociales y reformándose de
acuerdo a las investigaciones de distintas disciplinas
que han generado cambios en los paradigmas de
pensamiento de cada época.
En este punto es importante destacar que antes de
la „Modernidad‰ y aproximadamente hasta el siglo
XVIII, el niño era considerado como un adulto pequeño, con todo lo que ello implicaba. El cambio se
introdujo, sobre todo, a partir del concepto de
„mayoría de edad‰ y todo lo que ello conlleva en
relación a los derechos y obligaciones. Antes de
este cambio de paradigma, el trabajo infantil no
sólo no era ilegal sino que tampoco estaba mal
visto socialmente y algo similar sucedía con el matrimonio, la sexualidad, y la responsabilidad ante
la Ley (imputabilidad).
Un breve recorrido histórico sobre la normativa de
nuestro país en el campo de la infancia deja en evidencia como las distintas concepciones sobre la
problemática de niños y adolescentes se han reflejado en el campo de las leyes:
1779 - Virreinato del Río de la Plata:
se crea la Casa de Niños Expósitos (ex Casa Cuna)
1902- Ley N° 4.144 “Ley de Residencia “
(Presidencia de Roca)
1919- Ley N° 10.903 “Ley Agote”
1934- Creación del 1° Tribunal de Menores
1980- Decreto Ley N° 22.278 – Modif. 22.803
1983- Decreto Ley N° 10.067 Ley del Patronato
del Menor (provincia de Buenos Aires)
Durante mucho tiempo no se han encontrado soluciones para la problemática de los menores:
previo a las modificaciones recientes, la legislación al respecto databa de 1919 en el ámbito nacional
y 1983 en el provincial, ambas normas aplican la lógica tutelar y el sistema de patronato
Sancionada en 1919, la Ley Nacional de Patronato
de Menores fue la primera norma de su tipo en
América Latina y consolidó la intervención del Estado en la vida de los niños desamparados tanto
económica como moralmente. En la provincia de
Buenos Aires, la misma lógica tutelar dio origen al
Decreto Ley 10.067 que data del año 1983. Este
régimen convirtió, cualquier problema social de los
chicos en una cuestión judicial, pero se considera
que a partir de la implementación de este nuevo
marco normativo, se está produciendo una delicada transición en la que las políticas públicas priman sobre los tribunales de Menores.
Este cambio de enfoque se refleja en las nuevas
leyes, y acompaña las modificaciones ocurridas en
la realidad socio-cultural desde principios del siglo
XX hasta la actualidad. Al mismo tiempo implica,
no sólo un cambio en la concepción de la problemática infantil, sino nuevas maneras de operar
sobre ella por parte del Estado y sus dependencias.
El sistema de Promoción y Protección integral de
los derechos de los niños es un conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las
políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinados a asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños, así
como establecer los medios a través de los cuales se
asegure el efectivo goce de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, Constitución
de la provincia de Buenos Aires., la CDN y demás tratados de DDHH.‰(Art. 14 Ley 13.298)
El nuevo marco normativo en el campo de infancia
de la provincia de Buenos Aires se basa en:
•La Convención Internacional de Derechos del
•La Ley Nacional de Infancia 26.061 y Decretos Reglamentarios
•La Ley Provincial de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños 13.298 y Decretos Reglamentarios
•La Ley de la Responsabilidad Penal Juvenil 13.634
•Las Disposiciones Ministeriales (166/07, 171/07
Y 172/07)
•Los lineamientos procedimentales de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia
•La Ley de Violencia Familiar 12.569/01
DE LA LŁGICA TUTELAR DEL PATRONATO
A LA PROTECCIŁN INTEGRAL
Promulgada en Enero de 2005 (Decreto 66/05) y reglamentada mediante el Decreto NÀ 300 en Marzo
del mismo año, la Ley NÀ 13.298 se inscribe en el
marco de un proceso de regionalización y descentralización propuesto por el gobernador Daniel Scioli
como una política macro a aplicarse en los distintos
ministerios y dependencias del Estado provincial.
En ese sentido, la nueva norma establece como
autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia de Buenos Aires, y crea la Co-
misión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, cuya misión es coordinar las políticas y optimizar los recursos del
Estado provincial, para asegurar el goce pleno de
los derechos del niño, que funcionará a convocatoria del Presidente: la autoridad de aplicación.
A su vez, prevé que la Comisión Interministerial esté
integrada por los Ministerios de Gobierno, Justicia,
Seguridad, Producción, Salud, Trabajo, Dirección General de Cultura y Educación, así como las Secretarías
de Derechos Humanos, de Deportes y Turismo.
También se establece la creación de un Observatorio
Social integrado por representantes de la sociedad
civil, la Iglesia Católica y otras Iglesias que cuenten con
instituciones de promoción y protección de la niñez y
la familia que se desempeñarán „Ad honorem‰.
El Observatorio Social tiene como función el monitoreo y evaluación de los programas y acciones de
la promoción y protección de los derechos del
niño, y especialmente:
a) Con relación a la evaluación de los indicadores
para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en la Ley.
b) Con relación a los programas que asignen financiamiento para servicios de atención directa a los
niños, respecto de su implementación y resultados.
c) Mediante la propuesta de modificaciones y nuevas medidas para una mejor efectivización de las
políticas públicas de la niñez.
d) A través de la presentación de un informe trimestral sobre el seguimiento y control de las políticas públicas.
Bajo el precepto de descentralización, la nueva Ley
invita a los municipios a promover la desconcentración de las acciones de promoción, protección y
restablecimiento de derechos en el ámbito municipal, con participación activa de las organizaciones
no gubernamentales de atención a la niñez. Dicho
proceso consiste en atribuir facultades de decisión
a algunos órganos de la administración que, aún
así, siguen sometidos a los poderes jerárquicos de
sus superiores. Crea la figura del Servicio Local de
Promoción y Protección de Derechos (SLPPD) como
instancia originaria municipal donde se reciben y
abordan situaciones de vulneración de derechos en
los menores de 18 años: violencia intrafamiliar,
abuso sexual, abandono, situación de calle, adicciones y otras patologías vinculadas a situaciones
de riesgo social de origen.
La reglamentación de la norma (Decreto 300/05),
establece la creación de los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos (SZPPD), unidades
dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia, que ofician de organismos
de aplicación con competencia territorial delimitada
por dicho organismo, coincidente con las Regiones
Educativas establecidas por la Dirección General de
(Cf. Resol. MDH 166). Esta iniciativa nace de la necesidad de garantizar por parte de la autoridad central–el Ministerio de Desarrollo Social- la
responsabilidad provincial de la implementación de
la Ley; responsables últimos de garantizar en territorio la correcta implementación del Sistema.
Los Servicios locales son unidades técnico-operativas con una o más sedes, compuestos por un
equipo de al menos un Trabajador Social, una Psicólogo, un Abogado y un Médico. Tienen como
propósitos principales los de facilitar al niño que
tenga amenazados o violados sus derechos el acceso a programas alternativos a la separación del
hogar, a través de las medidas disponibles en su
comunidad. Los Programas de Promoción de Derechos incluyen el de identificación: obtención de
partidas de nacimiento y provisión de DNI; la formación y capacitación a instituciones de infancia;
programas recreativos y culturales; becas y subsidios para familias en situación de vulnerabilidad y
fortalecimiento de vínculos familiares comunitarios
y revinculación si fuera necesario.
Por su parte, los Servicios Zonales son veinticinco
instancias descentralizadas de la Subsecretaría de
Niñez y Adolescencia de la provincia, con ubicación territorial coincidente con la regionalización
educativa y cada uno de ellos está compuesto por
equipos técnicos profesionales transdiciplinarios.
Entre sus funciones se encuentran las de coordinar
y supervisar los Servicios Locales, funcionar como
instancia superadora de resolución de conflictos
una vez agotada la instancia local. Así como tam-
bién las de actuar como un Servicio Local cuando
no exista el mismo; realizar informes mensuales y
DE OBJETOS DE TUTELA A SUJETOS DE DERECHO:
LA GUARDA INSTITUCIONAL COMO ÐLTIMA INSTANCIA
Esta nueva norma promueve un proceso de rediseño de las políticas públicas de infancia para
hacer programas que apunten al fortalecimiento
familiar en pos de que los niños puedan permanecer en su ámbito. Este enfoque supone un cambio
fundamental respecto de la derogada „Ley de Patronato‰, que otorgaba facultades a los jueces
para disponer de cualquier niño que hubiera cometido o sido víctima de una contravención o de-
lito, o se encontrara "material o moralmente abandonado", para entregarlo a "una persona honesta, o a
un establecimiento de beneficencia privado o público,
o a un reformatorio público de menores", según expresaba el texto original de la Ley.
En este nuevo estado de cosas, cada Servicio Local
puede ejercer acciones de apoyo y ayuda específica a
aquellos niños y familias que atraviesan situaciones críticas a nivel social, jurídico y económico. Esto en miras
de fortalecer a los adultos para que ejerzan su función
de protectores de los derechos de los niños y adolescentes, otorgar becas para reestablecer derechos violados por motivos económicos pero sin separar a los
niños de su ámbito familiar. En casos más extremos
vulneración de Derechos, el Servicio Local debe localizar y atender las necesidades de niños que hayan sido
separados por algún motivo de su grupo de origen.
Para aquellos que hayan sido víctimas de violencia u
otras situaciones conflictivas, es responsable de proporcionarles asistencia directa, cuidado y rehabilitación. Las medidas que dispone el Servicio Local
cuando se produce amenaza o violación a los Derechos del Niño no pueden implicar privación de libertad, se mantendrán mientras dure la amenaza que
les dio origen y deberán ser revisadas periódicamente
Esta nueva norma propone un proceso de desinstitucionalización de modo que aún cuando la amenaza o violación proviene del grupo familiar, el
Servicio Local debe instrumentar la permanencia
temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud. De este
modo se establece que toda medida que se disponga tendrá como finalidad el mantenimiento de
la vida del niño en el seno de su familia de origen,
o con sus responsables, representantes o personas
a las que adhiera afectivamente, siempre que no
afecte el interés superior del niño.
Este es uno de los puntos más polémicos, tal es así
que el Artículo 33 y el inciso h del Artículo 35 de la
Ley 13.298 han sido modificados posteriormente a
través de la Ley 13.634 quedando redactado de la
„Con carácter excepcional y provisional la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud, con
comunicación de lo resuelto, dentro de las veinticuatro (24) horas, al Asesor de Incapaces y al Juez de Familia competente. El Juez de Familia, con citación y
audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida en el plazo de setenta y
dos (72) horas. La observancia de la notificación es
considerada deber del funcionario público a cargo. Su
incumplimiento traerá aparejadas las sanciones disciplinarias y penales correspondientes.‰
A su vez, lo subrayado se encuentra observado por el
Decreto de Promulgación NÀ 44/07 de la Ley 13634.
Que se establezca la institucionalización como una
medida excepcional implica la construcción de un
nuevo modelo que privilegia las garantías jurídicas y el
protagonismo de los verdaderos actores: los jóvenes,
la familia y la comunidad con un fuerte anclaje en las
políticas públicas y su correlato de responsabilidades
políticas. Esta nueva mirada de alguna manera propone que las instituciones de abrigo sean vistas como
herramientas cuya utilidad se define en el marco de
una estrategia, no como la estrategia en sí y no para
„regularizar‰ situaciones de hecho.
La puesta en marcha del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de niños
y adolescentes en la provincia de Buenos Aires promueve la desjudicialización y desinstitucionalización
de los niños en riesgo y busca soluciones integrales desde una mirada transdisciplinaria
Paradigma de Promoción y Protección
SUJETO de DERECHOS (Ciudadano)
* Niño al que se le atribuye el estatuto de OBJETO.
* Objeto de intervención del Estado.
NO es titular de DERECHOS
* El Estado interviene, a través del Patronato “dispone”.Excluye familia
* Predominio del Poder Judicial en las
situaciones de los menores de edad
* Niño como Sujeto de Derechos
* Prioridad de la NIÑEZ en las Políticas Sociales (Básicas Universales)
* Familia: agente social fundamental
* Valoración de la comunidad y de
La nueva Ley 13.298 deroga la conocida como Ley de Patronato (Nº 10.067/83)
y marca una diferencia conceptual profunda al dejar de considerar a los niños como
“objetos de tutela” y concebirlos como “sujetos de derecho”
SOLUCIONES INTEGRALES: HACIA EL CAMBIO CULTURAL
Adoptar un enfoque de derechos es considerar a
los niños y adolescentes como titulares de derechos
que deben ser garantizados, lo que conlleva necesariamente transformaciones en los modos de intervención de las instituciones vinculadas con el
campo de la niñez y adolescencia.
Ahora bien, claro está que un cambio normativo
no sólo debe estar acompañado de un cambio de
abordaje en la práctica, sino que también necesita
una readecuación social y cultural; que al mismo
tiempo no pierda de vista que en medio de la situación hay personas, y esas personas son niños.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social provincial aproximadamente unos 50 mil niños y adolescentes son abordados anualmente en todo el
territorio bonaerense por este Sistema de Promoción y Protección, a través de equipos interdisciplinarios que trabajan tanto en la instancia local
como zonal. Para las situaciones que requieren tratamientos específicos, medidas de protección especial o de abrigo, la provincia posee 12 mil plazas
en setecientas instituciones oficiales y privadas, de
acuerdo a diferentes modalidades y dispositivos
que incluyen hogares diurnos, convivenciales, comunidades terapéuticas, clínicas psiquiátricas y centros para discapacitados.
Al mismo tiempo desde la Red de Hogares y Centros de Día de la provincia de Buenos Aires
(RedBA) señalan que se encuentran en una situación económica complicada motivo por el que cien
Hogares tuvieron que cerrar sus puertas en todo
el territorio bonaerense durante los últimos cuatro
años. De la misma manera, el interrogante que
surge es qué hacer en la actualidad con todos los
niños que se encuentran en instituciones conviven-
ciales y no pueden regresar a sus casas por situaciones de riesgo. El problema principal que expresan
los directores de los Hogares es que si bien el cambio normativo propone una visión integral y más
humanista no resuelve los problemas cotidianos de
En tanto se parte de la idea de que las políticas sociales para la infancia y la adolescencia son normativas, también son un campo de disputa para la
interpretación de necesidades, tanto política (quiénes pueden proponer interpretaciones) como simbólica (qué necesidades aparecen como evidentes
y legítimas para un conjunto social).
Sin dudas se trata de un desafío sin precedentes
que requiere de un proceso de deconstrucción de
un sistema inscripto en la lógica tutelar y de coconstrucción de un nuevo modelo; y al mismo
tiempo que se espera con paciencia que se operativicen las modificaciones en el sistema, hay miles
de niños que siguen necesitando resolver las urgencias del día a día.
Este enfoque supone un cambio fundamental respecto a la “Ley de Patronato” que otorgaba
facultades a los jueces para disponer de cualquier niño que hubiera cometido o sido víctima
de una contravención o delito, la nueva norma promueve el fortalecimiento familiar en pos
de que los niños puedan permanecer en su ámbito
de Moreno - General Rodríguez
Tras la aprobación del Consejo Superior del Colegio
de Abogados de la provincia y la Asamblea Constitutiva realizada el 24 de mayo, el 1 de junio asumieron las autoridades del nuevo Colegio
Departamental. El acto se desarrolló en el Teatro
Leopoldo Marechal de la ciudad de Moreno, al que
asistieron autoridades municipales y provinciales,
legisladores provinciales, miembros del Poder Judicial, presidentes de los Colegios de Abogados de
La Plata, Mercedes, Bahía Blanca, Quilmes y
Morón; de la Caja de previsión social y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Tras la conformación de este nuevo Departamento Judicial a través de la Ley 13.601 promulgada el 19 de diciembre de 2006; el proceso
fundacional de su correspondiente Colegio de
Abogados atravesó las diversas instancias administrativas de acuerdo a lo establecido por el Título
II de la Ley 5.177 (Arts. 15 y siguientes). Por resolución del 21 de Octubre de 2010, el Consejo Superior
del COLPROBA aprobó la designación del Dr. Pablo
Ayale, presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, como Delegado Formador del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. En aquella
oportunidad se pasó revista a los antecedentes de
creación de nuevos Colegios, como de las perspectivas del panorama judicial en dicha zona, destacándose la existencia de seiscientos abogados radicados
en ese Departamento Judicial. En tanto, el 26 de Octubre en la sede del Colegio de La Matanza, el Dr.
Ayale firmó el acta de apertura del nuevo Colegio Departamental y se procedió a la formación del primer
padrón de matriculados.
La Resolución NÀ 024/11 del COLPROBA aprobó
el informe del Dr. Ayale, delegado organizador del
nuevo Colegio de Moreno-Gral. Rodríguez, al contarse con 126 abogados inscriptos y determinó el
15 de abril como fecha para el cierre del padrón
de matriculados, con vistas a la asamblea constitutiva. Al mismo tiempo, estableció un acortamiento
de los mandatos iniciales, a fin de que coincidan
con el vencimiento que se opera en los demás Co-
legios, en lo que concierne a la renovación bianual.
Finalmente instó a tener en cuenta la propuesta
formulada por el Colegio de Mercedes, cediendo
en comodato a la nueva institución un inmueble
que actualmente alquila en la localidad de Moreno, a fin de que allí comience a funcionar el
La última Resolución del COLPROBA al respecto
fue la NÀ 034/11, que aprobó la convocatoria a
elecciones y Asamblea General Ordinaria de
acuerdo a lo informado por el Dr. Pablo Edgardo
Ayale. De esta manera, el Delegado Organizador
del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, en cumplimiento del cronograma y las directivas aprobadas por el Colegio de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires, convocó a la correspondiente elección de autoridades y a la realización de la Asamblea Constitutiva. Los actos se
celebraron el pasado 24 de mayo, en la sede de la
Asociación de Abogados de Moreno, sito en Martínez Melo 312 de dicha localidad. Concurrieron a
votar por la lista de unidad NÀ 24, denominada
"Asociación de Abogados de Moreno" y bajo el
lema "Pensamiento y Acción", setenta y cuatro de
los ciento cuatro colegas habilitados para emitir su
voto. En la Asamblea, presidida por los Dres. Daniel Baraglia y Horacio Alberto Vero, se proclamaron las autoridades y se definieron por sorteo las
duraciones de los cargos de los vocales y de los integrantes del Tribunal de Disciplina.
SREIDER, Eduardo Gabriel.
SANTINELLI, Cristina Ethel.
DI LAURA, Ana Rita.
CAMPION, Carlos Roberto.
BILELLO RESTIFO, Fernando Aaron.
TABOADA DE ERPEN, Julia María.
CARNEVALI, Mauricio Alfredo.
RODRIGUEZ, Ricardo Benito.
LOMBARDI, Micaela Elisa.
GALEAZZI, Mario Bernardo.
NAPOLETANO, Alfonso Salvador.
VENTRICELLI, Pedro Miguel.
NAPOLETANO, Verónica Clelia.
OYARZABAL, María Laura.
CROOME, María Virginia.
TAPIA, Claudio Ezequiel.
ROMANO, Pastora Graciela.
Titulares Tribunal de Disciplina
ARGENTINO, Marcelo Vicente.
ITURBURU, Juan Alejandro.
BELLOMO, Gabriel Roberto.
COPES, Mirta Nidia.
FALCO, Domingo Fernando.
Suplentes Tribunal de Disciplina
ERPEN, Miguel Ángel.
OSORIO, Mirta Norma.
ENCINA, Isidro Rolando.
GALARZA, Rosana Mariela.
Marco normativo para la creación de nuevos
Colegios de Abogados Departamentales
dor ejerciere su actividad en más de un Departamento Judicial, pertenecerá al Colegio
de aquél donde tenga, además, su domicilio real. En todos los casos los actos profesionales serán juzgados por el Colegio de
Art.15: En cada Departamento Judicial fun- Abogados que correspondiere al Departacionará un Colegio de Abogados para los mento Judicial donde se produjese.
objetos de interés general que se especifican en la presente ley.
Los actos cumplidos ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la ProvinArt.16: Cada Colegio tendrá su asiento en cia de Buenos Aires y la Caja de Previsión
el lugar donde funcionan los Tribunales a Social para Abogados, serán juzgados por
que corresponda; se designará con el adi- el Colegio Departamental a cuya matrícula
tamento del Departamento Judicial respec- pertenezca el profesional involucrado.
tivo y serán sus miembros los abogados que
ejerzan la profesión en el mismo.
Art. 18: Los Colegios de Abogados Departamentales funcionarán con el carácter, deArt 17: No se admitirá la inscripción de un rechos y obligaciones de las personas
abogado en más de un (1) Colegio Depar- jurídicas de derecho público no estatal, para
tamental. Cuando un abogado o procura- el mejor cumplimiento de sus fines.
T¸TULO II. DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS
CAP¸TULO I. COMPETENCIA, PERSONER¸A
Tras dos meses de paro
de los empleados judiciales
El reclamo salarial llevado adelante por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) había comenzado en el mes de marzo e incluyó paros,
movilizaciones, cortes de ruta, toma de edificios
y agresiones. El conflicto que dificultó en sobremanera la prestación del servicio de Justicia en
detrimento de los justiciables y de la labor profesional, se extendió durante más de sesenta de
días en los que fracasaron las negociaciones.
Ante esta situación, el Colegio de Abogados de
la provincia de Buenos Aires, en representación
de los dieciocho Colegios Departamentales, se
reunió con el titular de la Suprema Corte y con
la Procuradora General de la misma, y manifestó
públicamente su preocupación por el irregular
funcionamiento del Poder Judicial y por los agravios dirigidos a profesionales del Derecho y las
instituciones que los representan.
La gravedad de la situación derivó en la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA) que debió convocar a
las dos partes a una audiencia conciliatoria. En
este ámbito, el Ejecutivo provincial y el gremio finalmente acordaron un aumento salarial del 22
por ciento para los cargos más altos del escalafón
(a partir de la categoría 14) y del 27 por ciento
para los más bajos, en ambos casos retroactivos al
1À de marzo. La nueva oferta fue debatida por
asambleas en las dieciocho Departamentales, de
las cuales doce (Bahía Blanca, Azul, Dolores, Junín,
La Matanza, Mar del Plata, Mercedes, Necochea,
Pergamino, San Isidro, San Martín y Trenque Lauquen) aceptaron la propuesta y seis la rechazaron
(La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San
Nicolás y Zárate-Campana).
De la reunión en la Suprema Corte, participaron
todos los ministros del alto tribunal encabezados
por su titular Eduardo Pettigiani, la procuradora
María del Carmen Falbo, los ministros Ricardo
Casal (Justicia y Seguridad) y Oscar Cuartango
(Trabajo) y la conducción del gremio liderada por
Hugo Blasco.
En el acta de acuerdo, además del compromiso de
modificar el Decreto 208 del pasado 7 de abril,
para que quede plasmado el aumento, se convino
la conformación de una comisión entre la Corte y
el sindicato para intentar acordar un proyecto de
Ley de paritarias. A este ámbito el gremio llevará
su viejo reclamo de retomar el régimen porcentual, un mecanismo que engancha, en distintos niveles, los sueldos de los empleados a los de los
El eje del conflicto se dio en torno al monto del
aumento ya que, mientras la AJB pretendía una
suba del 26 por ciento que alcanzara a todos los
agentes, el Ejecutivo realizó una primera oferta
que cumplía con el aumento del 26 por ciento
para las categorías más bajas pero era del 21 por
ciento para las más altas. Desde Gobernación sostenían que con la recategorización, quienes ocupan los peldaños más altos del escalafón
obtendrían mejoras superiores al 30 por ciento.
Durante estos dos meses, además de las negociaciones frustradas y el endurecimiento del conflicto
que por momentos pareció no tener salida, se registraron situaciones de violencia, amenazas y
agravios hacia abogados y hacia el público general,
impidiéndose el ingreso a los edificios donde funcionan organismos jurisdiccionales.
Finalmente, tras una extensa protesta, tristemente
cargada de agresiones e impedimentos en el acceso a la Justicia, la AJB aceptó la mejora propuesta por el Ejecutivo y en un contexto de tensión
donde fue necesaria la mediación de la Suprema
Corte. No sólo les fue concedido el aumento y la
recategorización, sino que tampoco se les descontarán los días de paro.
POSICIŁN Y ACCIONES DEL COLPROBA
Durante el tiempo que se extendió el conflicto, el
Colproba realizó numerosas gestiones para exigir
la normalización del funcionamiento de los Tribunales argumentando que no debía limitarse únicamente a la realización de audiencias o la recepción
de escritos urgentes, ya que los magistrados y funcionarios son los responsables de garantizar ese normal
funcionamiento, que implica también el libre acceso
a los edificios y oficinas correspondientes.
El presidente del Colegio, Gerardo Salas, destacó
que "es impensable que con la paralización del
Poder Judicial se le esté denegando justicia a 15
millones de bonaerenses y conculcando el derecho
a trabajar a 50.000 profesionales que deben llevar
el sustento diario a sus hogares".
Desde el Colegio también se repudiaron las agresiones o agravios sufridos por los Colegios Departamentales de Morón, Lomas de Zamora, Quilmes
y Mar del Plata, generados ante el reclamo de los
abogados para que, más allá de las medidas del
personal, se mantuviera el acceso a la Justicia en
cumplimiento de la garantía del artículo 15 de la
El repudio se extendió a las graves alusiones realizadas hacia los Colegios, Directivos y Abogados,
llegando al empleo de fórmulas que hacían alusión
a la triste época de la dictadura y a la figura de los
desaparecidos, en represalia por el sólo reclamo
de que se garantice el acceso a los organismos de
justiciables y abogados.
Ante el endurecimiento del conflicto y las agresiones reiteradas, el comunicado emitido por el Colproba el 15 de abril decía textualmente:
„Es absolutamente legítimo el derecho a reclamar
por mejoras en las condiciones de trabajo y la
huelga es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, pero es igualmente legítimo el derecho de otros ciudadanos (quienes requieren el
derecho de Justicia) y de otros trabajadores (los
abogados) para que se les permita, con las limitaciones que puedan generar las legítimas protestas
de los trabajadores judiciales, acceder al servicio
de Justicia. (⁄)
Se ha llegado incluso a la advertencia -que puede
constituir delito-, de represalias contra los abogados
en el futuro, cuando normalizado el servicio debamos presentar escritos, realizar peticiones, pedir notificaciones, etc. y sean ellos, los huelguistas,
quienes deban atender esas peticiones de justicia.
Exigimos por ello que cesen los actos de violencia,
amenazas, intimidaciones y agravios y declaramos
que no cejaremos en nuestro reclamo para que se
garantice el libre acceso a la justicia para todos los
justiciables y abogados.‰
En dicho marco el Colegio también interpuso una
Acción de Amparo, radicada ante el Juzgado de
Primera Instancia Civil y Comercial NÀ 27 de la ciudad de La Plata, fundada en la omisión arbitraria
e inconstitucional del Estado provincial que no asegura el cumplimiento normal del servicio de Justicia. En la acción, se recuerda que las medidas de
fuerza adoptadas no pueden ser obstáculo de la
responsabilidad que incumbe a los jueces de los
distintos fueros, quienes deben dar continuidad
del servicio de Justicia y su prestación eficaz.
Otra de las acciones llevadas adelante por el Colproba fue la publicación de una solicitada en los
diarios "El Día‰ y „La Nación" resaltando que el
conflicto dejaba a 15 millones de personas sin Justicia y exigiendo al Poder Ejecutivo provincial, la
Suprema Corte, la Asociación Judicial Bonaerense
y a Magistrados y funcionarios la pronta solución
En las reuniones realizadas en la SCJBA el Colegio
realizó varios pedidos, entre ellos la actualización
del Jus Arancelario, conforme los aumentos establecidos para magistrados y la suspensión del Art.
8 de la Acordada 2579 (texto Ac. 3253) que establece que „cuando la suma depositada no fuera
dada en pago, deberá consentirse el auto por las
partes‰. Esto con el objetivo de acortar ese plazo
mientras durara el conflicto causante de la paralización del servicio de Justicia, para posibilitar que el
abogado con honorarios regulados no tuviera que
aguardar dicho consentimiento, aunque la suma depositada no hubiere sido dada en pago.
Finalmente, la Corte dispuso la suspensión de
términos procesales en todos los días hábiles
abril y los primeros días de mayo, que en la práctica significa que en esas jornadas no corren los
plazos para la presentación de escritos y también
instrumentó la actualización del valor del Jus
A su vez, con fecha del 4 de mayo la SCJBA publicó
la acordada NÀ 3544 en la que –derogando la NÀ
3517- fijó el nuevo valor del Jus en 155 pesos, retroactivo al 1À de marzo de 2011. En el mismo sentido, se publicó la NÀ 3545, que deroga la acordada
NÀ 3514 y fija, también con vigencia desde el 1À de
marzo de 2011, la remuneración a la que aluden
los Arts. 266(Cómputo en caso de aciertos) y 267
(Monto en caso de quiebra liquidada) de la Ley
24.522 en la suma de 10.636,31 pesos. Y aplicable
a partir del 1À de julio, cuando entra en vigencia el
aumento en concepto de gastos funcionales, en la
suma de 10.881,77 pesos.
Se realizó una Jornada de reflexión
Con la organización del Colproba, el evento se llevó
a cabo durante los días 31 de marzo y 1ro de abril
en Sierra de la Ventana y contó con la participación
de todos los presidentes de los Colegios de Abogados Departamentales de la provincia de Buenos
Aires. Estas Jornadas son utilizadas por el Colegio
para tratar diversas temáticas, que por su importancia, merecen una observación y un análisis
mucho más profundo que el que puede darse en
una reunión ordinaria. En esta oportunidad los
temas programados fueron el funcionamiento del
Poder Judicial; el rol de la Colegiación; la educación
legal y la habilitación profesional. Por fuera del temario establecido se realizó una reivindicación de
la memoria del Dr. Guillermo O. Nano ante una infortunada nota publicada en „Tiempo Argentino‰.
Entre los Consejeros asistentes se encontraban: el presidente, Gerardo Rafael Salas (Bahía Blanca); el vicepresidente 1À: Bienvenido Rodríguez Basalo
(Quilmes), el vicepresidente 2À: Fernando Román
González (Mar del Plata); el secretario: Pedro Martín
Augé (La Plata); el tesorero: Carlos A. Borelli (Necochea); el prosecretario: Adrián Rubén Lamacchia (Dolores); protesorero: Jorge Eduardo Barberis (Morón).
También estuvieron presentes los Dres. David Emilio Cordeviola (Azul); Sergio Daniel Avalle (Junín);
Daniel Baraglia (La Matanza); Diego Alejandro
Molea (Lomas de Zamora); Horacio Alberto Vero
(Mercedes); Guillermo Sergio Aiello (Pergamino);
Antonio Edgardo Carabio (San Isidro); Marcos
Darío Vilaplana (San Martín); José Luis LaSalle (San
Nicolás); Ramón Faustino Pérez (Trenque Lauquen); Marcela Nussbaum (Zárate-Campana).
Se trabajó sobre aspectos específicos de los tres
puntos planteados en el temario; en relación al
funcionamiento del Poder Judicial se profundizó
sobre el diagnóstico, el trabajo de los abogados y se
definió una estrategia a seguir por el Colegio de la
provincia. En cuanto al rol de la Colegiación se debatió sobre el control de los organismos y las cuestiones
de financiamiento. Por último, se trató también el
tema de la educación legal y la habilitación profesional, con especial referencia al pronunciamiento efectuado por el organismo en su oportunidad.
Luego del análisis del temario y sus pormenores se trabajó con el objeto de sentar bases para implementar
una estrategia institucional inmediata y progresiva.
Al margen del programa de la Jornada hubo consenso para reivindicar la personalidad del Dr.
Nano, con motivo de una publicación periodística
que pretendió desvirtuar la actuación del distinguido colega durante el período en que estuvo al
frente de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA).
En tal sentido, con la colaboración del Dr. Vero,
que introdujo el tema y de la Secretaría Institucional, que aportó documentación, se redactó la
Reivindicación de la memoria del Dr. Guillermo
O. Nano. „De cara al futuro‰
Ante la publicación aparecida en el diario „Tiempo
Argentino‰, en su edición del día domingo 27 de
marzo, bajo el título „Complicidad de la corporación nacional de abogados por el genocidio‰; el
Colegio de Abogados de la provincia no puede silenciar la indignación y fundamentalmente, el profundo sentimiento de tristeza que genera el tenor
del artículo mencionado.
Y decimos esto porque la Colegiación de los abogados, desde su mismo origen, ha dado perma-
nentes y sólidas muestras de haber sostenido a ultranza el Estado de Derecho, las instituciones de la
República, el sistema democrático, la independencia del Poder Judicial y la defensa de los derechos,
libertades y garantías del ser humano.
Existen en nuestros archivos y en la memoria colectiva, a lo largo y ancho de la Patria, innumerables
pruebas y testimonios de todo cuanto se ha hecho
en la búsqueda y sostenimiento de tan altos ideales, los que desde siempre y para siempre han sido,
son y serán el norte de la abogacía organizada.
En este contexto, indigna que se intente mancillar
la memoria de aquellos dirigentes que desde la incertidumbre, la soledad y el amateurismo, debieron enfrentarse a una de las épocas más oscuras y
sangrientas que registra nuestra historia.
La pretensión de echar tierra sobre la personalidad
del Dr. Nano, quien a lo largo de más de una década integró y presidió sucesivamente los Colegios
de Abogados de San Isidro y de San Martín, queda
desvirtuada por el peso de una trayectoria que
contribuyó decididamente al progreso de la colegiación legal y al sostenimiento de los ideales nacidos hace mucho más de medio siglo.
Recuérdase que, en el mes de diciembre de 1973,
como culminación de ese digno esfuerzo, fue ungido presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a cuyo frente se mantuvo
durante dos períodos, luego de haber sido reelecto
en diciembre de 1975.
Le correspondió desempeñarse en el ámbito nacional en una época caracterizada por el crecimiento
de la violencia en sus formas más dramáticas y
aberrantes, frente al quebrantamiento del régimen
constitucional, con una ola de atentados y enfrentamientos armados, que obligó a dicha Federación
a condenar los ataques perpetrados contra abogados en todo el país (Ver „Un foro para la República. Historia de la FACA‰ por Alejandro
Damiánovich, págs. 432/443; y „Homenaje a la
FACA en sus setenta años al servicio del derecho y
la libertad‰, La Plata, 1993, pág. 7).
La Comisión de Defensa del abogado, presidida
precisamente por el propio Dr. Nano, realizó nu-
merosas gestiones a favor de colegas detenidos, en
virtud del estado de sitio, por el sólo ejercicio de
su profesión, como surge de numerosas actas de
la aludida Federación, lo que motivó el 19 de abril
de 1975, una contundente declaración condenatoria por parte de su Junta de Gobierno.
Por ello, causa profunda tristeza que, en algunos
casos, las que armas que se utilicen no sean otras
que las que nos han llevado al desencuentro y los
momentos amargos que, una y otra vez, nos han
postergado como pueblo y como Nación.
Las nuevas generaciones no habrán de tener futuro sin tolerancia, pluralismo y diálogo sincero,
veraz, objetivo. La paz y el mañana no se alcanzarán de otro modo. Con nuestro pasado y nuestros
hombres, y con las armas de siempre, desde la abogacía organizada, seguiremos trabajando por la
justicia, la inclusión, la paz y la libertad, para que
cada habitante de este bendito suelo pueda proyectar un país del tamaño de sus sueños.
Por el Dr. Mariano Federico Anna
Nuevo impuesto a la transmisión
Con la sanción de la Ley 14.044, publicada el
16/10/2009, se introdujo el título IV Bis al Código Fiscal, mediante el cual se instaura el nuevo Impuesto a
la Transmisión Gratuita de Bienes. Asimismo, con fecha
de publicación del 7 de febrero, la Agencia de Recaudación de la provincia lo reglamentó mediante su re-
solución Normativa 91/2010. Sin pretender agotar
todas las particularidades al analizar su implementación, se tratará de brindar un somero panorama de
los puntos más útiles y necesarios -y quizás conflictivos-, de manera de poder exponer un panorama general de su funcionamiento y aplicación.
Este nuevo tributo grava
a todo aumento de riqueza, que se configure
una transmisión o acto
de esa naturaleza, que
comprenda o afecte uno
o más bienes situados en
la provincia y/o beneficie
a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma. Sin perjuicio de
ello, no estarán alcanzados por el Impuesto a la
Transmisión Gratuita de Bienes, los enriquecimientos patrimoniales a título gratuito cuyos montos
totales no superen la suma que establezca anualmente la Ley Impositiva.
herencias; los legados; las donaciones; los anticipos
de herencia; cualquier otro hecho que implique un
Por otro lado, de tratarse de donaciones, legados
o anticipos de herencia, los mismos se encuentran
siempre gravados, no obstante estos sean compensatorios, retributivos o con cargo.
OBJETO DEL IMPUESTO Y PRESUNCIONES
Como se lo mencionó precedentemente, el impuesto alcanza a todo aumento de riqueza derivado de una transmisión de bienes o cosas, a título
gratuito. El matiz concerniente a gravar el „aumento de riqueza‰ dado al tributo se relaciona no
por una determinación contable de cuándo la modificación patrimonial derivada de una transmisión
deja algún rédito al beneficiario, sino porque permite deducir del valor recibido algunas cargas,
deudas y gravámenes que puedan afectar al beneficio a obtenerse.
El Código Fiscal, en ciertos casos, presume salvo
prueba en contrario, que se encuentran gravados
por este impuesto, ciertos actos que en principio
no se muestran como meras transmisiones gratuitas. Estos casos son:
- Transmisiones a título oneroso de inmuebles a
quienes llegaren a ser herederos o legatarios del
causante dentro de los tres (3) años de producidas
si fuesen directas, o de cinco (5) años si se hicieren
en forma indirecta por interpósitas personas;
- Transmisiones a título oneroso en favor de herederos forzosos del enajenante o de los cónyuges
de aquéllos, siempre que al tiempo de la transmisión subsistiere la sociedad conyugal o quedaren
- Transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos del cónyuge del enajenante, o de los
cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de la
transmisión subsistieren las respectivas sociedades
conyugales o quedaren descendientes;
- Transferencias a título oneroso en favor de una
sociedad integrada, total o parcialmente, por descendientes (incluidos los hijos adoptivos) del transmitente o de su cónyuge, o por los cónyuges de
aquéllos, siempre que con respecto a ellos subsistieren al tiempo de la transmisión las sociedades conyugales o quedaren descendientes;
- Compras efectuadas a nombre de descendientes
o hijos adoptivos menores de edad;
- Constitución, ampliación, modificación y disolución de sociedades entre ascendientes y descendientes, incluidos padres e hijos adoptivos, o los
cónyuges de los mencionados. Si el descendiente
o hijo adoptivo, o los cónyuges de éstos fueren al
tiempo de la transmisión mayores de edad y la
sociedad resultare continuadora de una de hecho
anterior, la presunción sólo jugará por la mitad
Como se aprecia, si bien el Código aclara que se
admite prueba en contrario, verdaderamente no
existe en estos supuestos posibilidad de que „se
pruebe algo en contrario‰. Tal el ejemplo de las
compras efectuada a nombre de los descendientes
(compras de padres a hijos). En este caso no hay
prueba en contrario alguna que producir, se trata
directamente de un acto a título oneroso (compra)
que se hace en favor de otra persona, y que la ley
pretende asimilarlo a un acto a título gratuito para
aplicarle el tributo. Esto puede provocar planteos
de inconstitucionalidad concretos, dado que la irrazonabilidad de la norma, y el apartamiento del objeto del impuesto (actos de transmisión a título
gratuito) es notoria.
En estas cuestiones es fundamental tener en
cuenta el principio de que nadie está obligado a
hacer aquello que la ley no manda (Art. 18 de la
Constitución Nacional), y por lo tanto, el poder
acomodar sus negocios de manera que le resulte
menos gravosa es un derecho que a todo ciudadano se le debe respetar .
Respecto de los bienes que conforman la transmisión, de acuerdo a su naturaleza, la ley presume
que integran dicho acto los siguientes:
- Las cuentas o depósitos a la orden del causante,
que estuvieren a nombre de su cónyuge, del heredero o legatario;
- Las cuentas o depósitos a nombre u orden conjunta, recíprocamente o indistinta del causante o
de su cónyuge con herederos forzosos;
- Los importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de los sesenta (60) días anteriores al
deceso que excedan el monto que fije anualmente
la Ley Impositiva mientras no se justifique razonablemente el destino que se les hubiera dado;
- Las extracciones de dinero efectuadas en el lapso
establecido en el inciso anterior y que excedan el
importe consignado en el mismo, de cuentas del
causante o de su cónyuge, o a nombre u orden
conjunta, recíproca o indistinta de éstos entre sí o
de éstos y de sus herederos forzosos;
- Los títulos, acciones o valores al portador que a la
fecha de fallecimiento se encuentren en poder de los
herederos o legatarios cuando, dentro de los seis (6)
meses precedentes al deceso, el causante los hubiere
adquirido o realizado operaciones con ellos de cualquier naturaleza, percibido sus intereses o dividendos, o aquéllos hubieran figurado a su nombre en
las asambleas de la sociedad o en otras operaciones;
- Las enajenaciones a título oneroso efectuadas
dentro del año anterior al del deceso del transmitente, en favor de los herederos por ley o por voluntad de testador;
- Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del deceso del transmitente,
si dentro de los cinco (5) años de su fallecimiento los
bienes se incorporaren al patrimonio de los llamados
a heredarse por ley o por voluntad de testador;
- Los créditos constituidos o cedidos por el causante a favor de sus sucesores, legatarios o personas interpuestas, dentro de los seis (6) meses
precedentes al fallecimiento.
Siendo el hecho imponible la transmisión a título gratuito -que derive en un aumento de riqueza en el be-
neficiario-, el momento en que se produce la imposición
y da nacimiento a la obligación tributaria resulta ser la
de la configuración de dicho acto. Esto estará dado por
el cumplimiento de todos los extremos necesarios para
que se perfeccione el acto de transmisión de que se
trate (entre vivos o mortis causae).
Para el caso de las transmisiones mortis causae,
dicho momento estará delimitado con la muerte
del causante, conforme lo estipula el Art. 3282 del
Código Civil. La misma conclusión es la que se infiere de los propios preceptos del impuesto,
puesto que dispone que para las vocaciones hereditarias y la situación del legatario de cuota se evaluarán al momento de la muerte del causante.
Por otro lado, para las transmisiones entre vivos, el
momento estará dado cuando se reúnan todas las
condiciones para que se perfeccione el acto de que
se trate, y esto debe comprender las respectivas
manifestaciones de voluntades que sean necesarias para la formación y exteriorización del negocio jurídico de que se trate.
Este principio es receptado por el impuesto en su
estructuración, al disponerse que se configurará el
- Tratándose de herencias o legados, en la fecha
del deceso del causante.
- En las donaciones, en la fecha de aceptación.
- En los demás casos, en la fecha de celebración de
los actos que le sirvieron de causa, salvo tratándose de seguros, en el que se considerará la fecha
de percepción del monto asegurado.
De acuerdo a la ley, corresponde deducir del haber
transmitido los siguientes conceptos:
- Las deudas dejadas por el causante al día de su
-Los gastos de sepelio del causante hasta un máximo que fije la Ley Impositiva .
Por otro lado, permite directamente excluir los siguiente items:
-Los créditos incobrables, en la medida de su incobrabilidad y sin perjuicio de su posterior cómputo y
reliquidación del impuesto en caso de recuperación;
-Los créditos y bienes litigiosos, hasta que se liqui-
dare el pleito, dando garantía suficiente por el importe del impuesto correspondiente hasta esa
-Las donaciones o legados sujetos a condición suspensiva, hasta que se cumpliere la condición o venciere el plazo para ello, dando garantía suficiente
por el importe del impuesto correspondiente;
-Los legados, para los herederos;
-Los cargos, para los beneficiarios a ellos sujetos;
-El valor del servicio recompensado, para las donaciones o legados remuneratorios;
SUJETOS ALCANZADOS POR EL IMPUESTO
El impuesto grava tanto a personas físicas como jurídicas. Al respecto se encarga de realizar las siguientes precisiones para aclarar que resultarán
deudores del tributo cuando:
- Se encuentren domiciliadas en la provincia;
- Encontrándose domiciliadas fuera de la provincia
de Buenos Aires, el enriquecimiento patrimonial
provenga de una transmisión gratuita de bienes
existentes en el territorio de la provincia.
Cabe aclarar que en el caso de los domiciliados en
la provincia, el impuesto recaerá sobre la totalidad
de los bienes transmitidos. Pero en el caso de las
personas domiciliadas fuera de la provincia, solo
estará alcanzado el enriquecimiento producido por
los bienes transmitidos que se encuentren ubicados
Si bien cada contribuyente responde por el impuesto
derivado de su propio enriquecimiento, la ley establece
que en aquellos casos en que persista la indivisión de los
bienes, todos los beneficiarios responderán en forma
solidaria y mancomunada, por la obligación total, y
hasta la concurrencia de su beneficio.
El Código dispone que se encuentran exentos los siguientes actos y sujetos:
-Las transmisiones a favor del Estado Nacional, los
estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos
descentralizados o autárquicos, y las donaciones,
subsidios y subvenciones efectuadas por los mismos, salvo que realicen actos de comercio con la
venta de bienes o prestación de servicios a terceros
-Los bienes donados o legados que reciban las instituciones religiosas, de beneficencia, culturales, científicas, de salud pública o asistencia social gratuitas y de
bien público, con personería jurídica, siempre que los
mismos se destinaren a los fines de su creación, en
ningún caso se distribuyeran, directa ni indirectamente entre sus socios o asociados y no obtuvieran
sus recursos, en forma parcial o total, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares.
-La transmisión de obras de arte y de objetos de
valor histórico, científico o cultural, siempre que
por disposición del transmitente debieren destinarse a exhibición pública o a fines de enseñanza
-La transmisión de colecciones de libros, diarios, revistas y demás publicaciones periódicas.
-La transmisión por causa de muerte del „bien de
familia‰, cuando se produjere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 de la Ley N°
14.394 y siempre que no se lo desafecte antes de
cumplidos cinco (5) años contados desde operada
-La transmisión por causa de muerte a favor del
cónyuge, ascendientes y/o descendientes, incluidos hijos adoptivos o los cónyuges de los mencionados, del bien inmueble urbano destinado
totalmente a vivienda del causante o su familia,
siempre que sea única propiedad y la valuación fiscal del inmueble no exceda el monto que fije la
Ley Impositiva .
-La transmisión por causa de muerte de una empresa, cualquiera sea su forma de organización, incluidas las explotaciones unipersonales, cuyos
ingresos totales facturados obtenidos en el período fiscal anterior no excedan el monto establecido en la Ley Impositiva, cuando se produjere a
favor del cónyuge, ascendientes y/o descendientes, incluidos hijos adoptivos, o los cónyuges de los
mencionados, y los mismos mantengan la explotación efectiva de la misma durante los cinco (5)
años siguientes al fallecimiento del causante, excepto que falleciese el adquirente dentro de este
plazo. En caso contrario los mismos deberán pagar
el impuesto reliquidado por los años que falten
para gozar de la exención .
Asimismo, es importante tener en cuenta que de
acuerdo al Art. 73 de la Ley 14.200 (Impositiva 2011),
se establece en $ 50.000 el monto total que no estará
alcanzado por el impuesto, el que se elevará a $
200.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuges.
AL¸CUOTA APLICABLE
La alícuota se aplicará sobre la totalidad de los
bienes transmitidos (beneficiarios domiciliados en
la provincia) o solo sobre aquellos bienes que se
encuentren ubicados en la provincia (beneficiarios
domiciliados fuera de la provincia).
Por otro lado, se permitirá computar como créditos,
aquellos montos abonados por gravámenes similares
en otras jurisdicciones provinciales, hasta el incremento de la obligación a ingresar que surja de incorporar los bienes situados fuera de la provincia.
Es de destacar que en el enriquecimiento obtenido
a título gratuito proveniente de transmisiones sucesivas o simultáneas efectuadas por un mismo
transmitente a una misma persona en un plazo de
cinco años, contados a partir de la primera transmisión, la alícuota se determinará de acuerdo al
monto total del enriquecimiento. El reajuste se
efectuará a medida que se realicen aquéllas, considerando lo pagado como pago a cuenta sobre el
total que corresponda en definitiva.
Las alícuotas a aplicarse varían del 4% hasta casi el
22%, dependiendo del grado de parentesco con el
causante y del monto del enriquecimiento derivado
de la transmisión, de acuerdo al siguiente cuadro:
PLAZOS PARA EL PAGO Y MODO DE INGRESO
Sin perjuicio de que la obligación tributaria nace
en el momento mismo en que se reúnen los recaudos necesarios para que se configure la transmisión
de los bienes, de acuerdo a la ley, el impuesto deberá ingresarse en los siguientes términos:
-En los enriquecimientos producidos por actos
entre vivos: hasta vencidos quince (15) días de producido el hecho imponible;
-En los enriquecimientos producidos por causa de
muerte: hasta vencidos veinticuatro (24) meses de
producido el hecho imponible;
-En los casos de ausencia con presunción de fallecimiento: hasta vencidos veinticuatro (24) meses de la
declaración; no se considerará que existe nuevo enriquecimiento a título gratuito si el presunto heredero
falleciere antes de obtener posesión definitiva.
En los casos de indivisión hereditaria previstos en la
Ley N° 14.394, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires acordará plazos especiales
para el ingreso del impuesto, con fianza o sin ella,
dentro de los límites establecidos en dicha ley.
Con referencia al momento del pago, la ley se encarga de establecer una serie de medidas a los efectos de compeler al pago voluntario del impuesto. A
estos fines dispone que: el pago del impuesto deberá ser previo o simultáneo a todo acto de disposición, por parte del beneficiario, de los bienes que
integraren su enriquecimiento a título gratuito.
-Los jueces, funcionarios y escribanos públicos deberán exigir la justificación del pago del impuesto
o, en su defecto, la intervención y conformidad de
la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires para la entrega, transferencia, inscripción
u otorgamiento de posesión de bienes afectados
por este gravamen.
En especial, sin intervención y conformidad de la
Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos
Aires no se podrá dar curso a los actos siguientes:
-Los escribanos no expedirán testimonios de declaratorias de herederos, hijuelas ni de escrituras de
donación u otros actos jurídicos que tuvieren por
efecto el hecho imponible de este impuesto;
-Los registros respectivos no inscribirán declaratorias de herederos, testamentos o transferencias de
bienes u otros actos que tuvieren el mismo efecto
previsto en el inciso precedente;
-El archivo de los tribunales no recibirá expedientes
sucesorios para archivar.
-Las reparticiones oficiales no autorizarán entregas
o extracciones de bienes ni transferencias de derechos comprendidos en el enriquecimiento gravado
por este impuesto;
- Las instituciones bancarias y demás personas de
existencia visible o ideal no podrán entregar o
transferir bienes afectados por el impuesto.
No obstante lo dispuesto precedentemente, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires
podrá autorizar la disposición de bienes determinados, aceptando pagos provisorios a cuenta del impuesto que en definitiva correspondiere y/o garantías
adecuadas que las circunstancias requieran, practicando en su caso al efecto liquidaciones provisorias.
El ingreso del impuesto estará a cargo del contribuyente, quien deberá cumplir con esta carga mediante la confección y presentación de una
declaración jurada. A estos efectos, el sujeto deberá ingresar al sitio Web de la Agencia, y mediante la aplicación informática que se pondrá a
disposición, completar el formulario R-550G („declaración jurada determinativa del tributo‰). El incumplimiento de este deber hará pasible al sujeto
de las penalidades previstas en los Arts. 52 y ss. del
Para realizar el procedimiento anteriormente detallado, los sujetos deberán contar con una Clave
de Identificación Tributaria (password) asociada a
su CUIT/CUIL/CDI, por lo que de no contarse con
una, se deberá gestionar la misma, con carácter
previo, ante la ARBA.
Los escribanos públicos titulares, como así también
los adscriptos y suplentes, que autoricen actos, contratos u operaciones entre vivos alcanzados por el
Impuesto deberán exigir del sujeto obligado al
pago del tributo, la acreditación del envío de la correspondiente declaración jurada y, de corresponder, del pago del tributo, dejando constancia de
ello en la escritura respectiva. Este deber formal
deberá observarse aún en aquellos casos en que
no corresponda el pago del tributo.
Los jueces intervinientes en actuaciones judiciales
en cuyo marco se verifiquen incrementos patrimoniales a título gratuito, deberán exigir del interesado la acreditación de la presentación de la
declaración jurada y de corresponder, del pago del
tributo y/o disponer la intervención y conformidad
de la ARBA, previo a ordenar entregas, transferencias, inscripciones registrales u otorgamientos de
posesión de bienes vinculados al gravamen.
La normativa prevé que la ARBA podrá gestionar la
intervención de un representante fiscal en estas actuaciones, lo que juntamente con la opción de remitir
las actuaciones a la Agencia, aparejará una posible
demora injustificada en el trámite procesal ordinario.
ción impositiva, cuando por cualquier razón de
hecho o de derecho, los procesos sucesorios que debieron abrirse ante los Tribunales de la provincia de
Buenos Aires por aplicación del artículo 90 inciso 7)
del Código Civil, lo hayan sido en otra jurisdicción.
Tampoco correrán dichos plazos cuando en los documentos que instrumenten las transmisiones gratuitas
entre vivos, el domicilio real del beneficiario en la
provincia haya sido omitido o sustituido por otro.
En estos casos, los plazos de prescripción contemplados en el ART¸CULO 131 del Código Fiscal comenzarán a correr a partir del 1À de enero del año
siguiente al de la correcta apertura de los procesos
sucesorios ante los Tribunales competentes de la provincia de Buenos Aires o de la correcta mención del
domicilio del beneficiario, de manera respectiva.
EXTINCIŁN DE OBLIGACIONES PREVIAS ADEUDADAS
NORMAS SOBRE PRESCRIPCIŁN
El ITGB previó normas especiales en lo que respecta
al régimen general de prescripción de los tributos
establecido por los Arts. 131 y ss. del Código Fiscal.
Al respecto, se establece que no correrán los plazos de prescripción de las facultades de determina-
1 Esto es ya doctrina básica en la tributación, que se viera plasmada en
un principio por la Suprema Corte de
Justicia de los Estados Unidos de
América, en el famoso caso „Gregory vs. Helvering‰, donde sostuvo
que „...no puede ponerse en duda el
derecho de los contribuyentes a reducir el pago de sus impuestos o a
eludirlo enteramente, por medio de
lo que la ley permita...‰ („...The legal
right of a taxpayer to decrease the
amount of what otherwise would be
by means which the law permits,
Al respecto, una muy importante previsión fue introducida por el Art. 78 de la ley 14.200, por
cuanto dispuso la extinción de pleno derecho de
las deudas devengadas hasta el 31 de diciembre
de 2010 inclusive, por la aplicación del impuesto a
cannot be doubted...‰. U.S. Supreme
Court, „GREGORY v. HELVERING‰,
293 U.S. 465 (1935)).
Esto fue recogido por nuestra Corte
quien con similitud ha establecido
que „no es reprensible el esfuerzo
honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal‰ (
Fallos 241:210).
Queda entonces claro que la opción
de realizar o no el presupuesto de
hecho de un tributo, o de realizar
uno u otro de los hechos imponibles
tipificados en las distintas leyes tribu-
tarias, está abierta a todos los ciudadanos.
2 De acuerdo a la Ley Impositiva
2011, se permite deducir como gastos de sepelio hasta la suma de $
3 La Ley Impositiva 2011 hay fijado
este monto en la suma de $ 100.000.
4 La Ley Impositiva 2011 hay fijado
este monto en la suma de $
30.000.000, y en $ 5.000.000 para el
caso de empresas que al momento
de operarse la transmisión no tengan más de un año desde el inicio de
Con fecha 18 de febrero de 2011, se ha resuelto
de manera favorable para el Colegio de Abogados
de la provincia de Buenos Aires, la cuestión introducida por el Fisco provincial para que se declare
abstracta la pretensión articulada en el juicio iniciado contra el sistema ARBANet.
El Fisco perseguía que se declare abstracta la cuestión introducida, terminando con el proceso y dejando sin efecto la medida cautelar dispuesta por
el Juez interviniente a favor de este Colegio y sus
Recordamos que en el mes de diciembre del pasado año, este Colegio fue notificado del traslado
conferido por el Magistrado interviniente en el
mencionado juicio, en el cual se nos puso en consideración el pedido efectuado por Fiscalía de Estado para que la cuestión se declare abstracta.
sino que asimismo, fallos dictados por las Cámaras
de Mar del Plata (Fumaroni) y San Nicolás (Pettovello) han sido favorables con el sistema ARBANet.
Así dada la cuestión, el Juez interviniente resolvió
rechazar el pedido de la demandada, sosteniendo
que „...de las constancias obrantes en la causa observo que asiste razón al accionante, toda vez que
la Resolución N° 62/09 no ha reemplazado el régimen de la 111/08, sino que la modificó en algunos
aspectos.- Por otra parte, advierto que resulta prematura la petición formulada por la Fiscalía de Estado, en atención al estado procesal de las
actuaciones, en las cuales aún no se ha efectuado
el traslado previsto en el art. 32 del CCA...‰.
DE MANERA RESUMIDA, LOS ARGUMENTOS SOBRE
LOS QUE SE BASABA EL PEDIDO DE FISCAL¸A
DE ESTADO ERAN LOS SIGUIENTES:
• Argumentaban que la Res. Normativa 111/08,
que es objeto de anulación en el juicio, no se encuentra más vigente, dado que ha sido modificada
por la R.N. 62/09 que rige a partir de septiembre
de 2009 la cual no ha sido impugnada en el plazo
establecido por el art. 18 inc. B del CPCA;
• Sostenían que los meses en que tuvo vigencia la
R.N. 111/08 (en el 2008 y 2009) integran un período fiscal vencido, por lo cual los anticipos que debieron ingresarse bajo este régimen han perdido
individualidad, al quedar subsumidos a esta altura
en la obligación de pago del impuesto anual.
• Por último, manifiestaban que no solo es favorable a su postura la doctrina de la CSJN que ha resuelto que ante la derogación de las normas
impugnadas, impide continuar con cualquier juicio,
institucional entre el Consejo Superior
Provincia de Buenos Aires y el
Entre el CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE
AIRES (en adelante el “CONSEJO SUPERIOR DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES”), con domicilio en calle 14
N°747 de de la ciudad de La Plata, representado
en este acto por el Vicepresidente, Dr. Bienvenido
Rodríguez Basalo por una parte, y el Consejo de
la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires
(en adelante el "CONSEJO"), con domicilio en
Diagonal 79 N° 910, de la ciudad de La Plata,
representado en este acto por el Vicepresidente
DR. Guillermo Sergio Aiello, por la otra, acuerdan
celebrar el presente Convenio Marco, destacando
que el presente acuerdo emana de su mutuo interés en impulsar el desarrollo de la cooperación
cultural, educativa y comunitaria entre sus respectivas instituciones a través de proyectos, publicaciones y programas de interés común en el
área de investigación, formación y capacitación.
El presente Convenio estará sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de cooperación para:
a) La ejecución conjunta o coordinada de proyectos de investigación en áreas de mutuo interés;
b) La formación y perfeccionamiento de los recursos humanos;
c) El intercambio de información científica y técnica;
d) El desarrollo de recursos informáticos específicos para operadores judiciales y aspirantes a la magistratura.
Coordinación que estará integrada por un Funcionario designado por el „CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES‰ y por un representante que designe
el „CONSEJO‰.
SEGUNDA: Con el fin de programar y supervisar las
actividades que deriven de la aplicación del presente
Convenio, las partes acuerdan crear una Unidad de
TERCERA: Los distintos campos de cooperación y
desarrollo de actividades, al igual que los términos,
condiciones y procedimientos de ejecución de
cada uno de los proyectos convenidos, serán establecidos mediante acuerdos específicos entre las
partes. Los mismos podrán ser instrumentados, en
cada caso, bajo la forma de Protocolos y/o Anexos
adicionales al presente, que serán suscriptos por
quienes designen el „CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES‰ y el "CONSEJO".
CUARTA: Para el cumplimiento de los objetivos, el
„CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES‰ y el "CONSEJO"
se comprometen a brindar, en la medida de sus posibilidades, los recursos humanos, materiales y de infraestructura que resulten necesarios para el
QUINTA: Las partes convienen que los recursos que
cada una de ellas afecte y destine a los fines del
presente acuerdo, continuarán perteneciendo a
sus respectivos patrimonios.
SEXTA: Las partes intercambiarán, cuando una de
ellas lo requiera, los datos, observaciones e informaciones y documentos - que no revistan carácter
reservado - y que obren en su poder en tanto sean
necesarios y guarden relación directa con el objeto
y desarrollo de las tareas que los organismos realicen conjuntamente.
NOVENA: Los trabajos y/o investigaciones realizadas por ambas partes en el marco del presente
Convenio serán de propiedad intelectual de las mismas, las que convendrán, en cada caso, el uso que
pudiera realizar cada una de ellas, respecto de la
DÉCIMA: El presente acuerdo tendrá una duración
de tres (3) años y se considerará automáticamente
prorrogado por períodos similares, salvo si alguna
de las partes hace explícita su voluntad de dejarlo
sin efecto. En este último caso deberá comunicar
su decisión con una anticipación de por lo menos
treinta (30) días con relación a la fecha de vencimiento. En caso de incumplimiento total o parcial,
o para el supuesto de considerarlo necesario y conveniente a sus intereses, las partes se reservan el
derecho de denunciar el presente Convenio con un
aviso previo a la otra parte de treinta (30) días dejando a salvo los compromisos mutuos establecidos
en los acuerdos específicos que de él se deriven.
SEPTIMA: Este convenio no limita el derecho de las
partes a la formalización de acuerdos similares con
otras instituciones, organismos públicos o privados,
interesadas en fines análogos.
UNDÉCIMA: A los fines que pudieran corresponder, las partes fijan domicilios en los indicados precedentemente. Asimismo, cualquier discrepancia
que se suscitare en la ejecución o interpretación
del presente Convenio, será resuelta de común
acuerdo entre las partes mediante acta que se labrará al efecto.
OCTAVA: Los personas que intervengan en la realización de estudios, proyectos, publicaciones y
demás documentos que se produzcan en el marco
de este acuerdo, no podrán hacer uso por sí mismos de esos elementos ni darlos a publicidad.
De conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de
un mismo tenor en la ciudad de La Plata, a los 25
días del mes de Abril de dos mil once.
Se realizaron las Jornadas
Internacionales de Derecho Civil
en la provincia y el 1º Congreso
Europeo Americano de Derecho Civil
“En homenaje a los maestros Henri,
León & Jean Mazeaud”
Los encuentros se desarrollaron durante los días
18, 19 y 20 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá
de la ciudad de La Plata. El evento académico de
la colegiación bonaerense fue declarado de interés
provincial, legislativo y académico y estuvo presidido por los Dres. Marcelo J. López Mesa y Félix
Fue organizado por la Fundación CIJUSO; el Colegio de Abogados de la provincia, la Asociación
Iberoamericana de Derecho Privado y la Caja de
Previsión Social para Abogados de la provincia. Se
desarrollaron distintos paneles temáticos en los
que disertaron prestigiosos académicos y los principales referentes del Derecho Civil tanto del ámbito nacional como internacional.
En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el
intendente de la ciudad Dr. Pablo Bruera, el subsecretario de Justicia y Seguridad, Carlos Enrique Cervellini; y los presidentes de las distintas
instituciones: el titular del COLPROBA, Dr. Gerardo
Salas; y de la Caja de Previsión para Abogados, Dr.
Jorge Frega. Asistieron también la presidente de
la Fundación CIJUSO, Dra. Marcela Nussbaum; los
Dres. Félix Trigo Represa y Marcelo López Mesa,
que presidieron el Congreso, además de autorida-
des colegiales provinciales y nacionales.
El Dr. Jorge Frega dio inicio formal al acto y expresó sentirse honrado ante un evento „que ha
sido jerarquizado con la presencia de destacados
panelistas que lo distinguen con su intervención
académica y con la participación masiva de quienes hoy colman este recinto.‰ Agregando además,
que constituye un desafío de la abogacía organizada „intentar avanzar sobre temas del Derecho
Civil, convencernos de que el Derecho es una herramienta eficaz para el logro de una sociedad
más justa, una organización política adecuada, la
local, la de la provincia, nuestro país y América
toda, tratando de hermanarnos asimismo con el
Continente Europeo, con la gratitud de contar
además con gente tan estudiosa e ilustre.‰
Además, el Dr. Frega concluyó que es la abogacía
quien todos los días debe afrontar nuevos desafíos, el espacio donde se prepara y discute para
encontrar la solución a los problemas nuevos que
va presentando el ejercicio profesional.
Por último, agradeció a todos los que hacen su
aporte y alentó a que ello siga ocurriendo para
que „sea el comienzo de algo que vaya creciendo
cada vez más, no abandonando este esfuerzo creciente desde la labor conjunta, para crecer desde
lo académico y para encontrar nuevas soluciones
a los nuevos problemas‰.
Seguidamente el Subsecretario Cervellini, hizo entrega de una distinción al Dr. Trigo Represas en
nombre del gobernador y del ministro de Justicia y
Para finalizar, el intendente municipal de La Plata,
Pablo Bruera subrayó que: „los eventos académicos
son parte constitutiva de nuestra ciudad, nacida
como prenda de unión nacional y que tiene como
pilar fundamental a su Universidad, contando con
más de 100 mil estudiantes que la palpitan día a
día, lo que le da su particularidad y la distingue‰;
y se manifestó agradecido de que haya sido elegida sede de un evento académico de trascendencia internacional.
Al término de la segunda jornada se llevó a cabo
un acto de homenaje al maestro Denis Mazeaud
(profesor de la Université Panthéon-Assas, París,
Francia) que estuvo a cargo de la Dra. Marcela
Nussbaum, presidente del CIJUSO. La Dra. Nussbaum agradeció la participación y colaboración
prestada por los co-organizadores y manifestó su
gran satisfacción por trabajar con los Dres. Félix
Trigo Represas y Marcelo López Mesa „quienes
han jerarquizado el Congreso y han posibilitado la
reunión de tan prestigiosos juristas de nivel nacional e internacional‰.
Continuó su presentación explicando la naturaleza de
las funciones de la Fundación CIJUSO, brazo académico del Colegio de Abogados provincial, encargándose de la investigación y de brindar capacitación
permanente y de excelencia a la abogacía bonaerense.
Para finalizar expresó: „Nos merecíamos un evento
de esta jerarquía que deseamos repetir anualmente, porque creemos que la abogacía de la provincia de Buenos. Aires, con más de 50 mil
miembros activos, es una de las más importantes
del país y que los abogados y los jueces en un trabajo conjunto podemos lograr la Justicia que todos
también merecemos, una Justicia de excelencia.‰
A continuación se realizó un homenaje al Dr. Trigo Re-
presas por su aporte en la construcción del Derecho argentino y al maestro Denis Mazeaud por participar en
el evento académico „con la humildad de los grandes‰.
La jornada finalizó con una conferencia magistral,
del genial jurista francés sobre "La responsabilidad
civil en el derecho francés actual: reformas producidas y reformas pendientes".
PANELES TEM˘TICOS
I. El principio general de la buena fe y sus derivaciones
(doctrina de los actos propios, principio de la confianza
legítima, retraso desleal, doctrina de la apariencia).
Expositores: Marcelo López Mesa, Mariana Bernal
Fandiño (Colombia), Carlos Ignacio Jaramillo (Colombia), Mario Castillo Freyre (Perú) Moderadores:
Roberto Pagés Lloveras y Martín Granero
II. Supuestos particulares de la responsabilidad Civil I.
Expositores: Carlos Gustavo Vallespinos, Gabriel Stiglitz, Daniel Moeremans, Lorenzo Mezzasoma (Italia)
Moderador: Nelson Cevallos
III. Contratos civiles y comerciales: principales aspectos de interés y nuevas realidades.
Expositores: Juan Carlos Palmero, Héctor Alegría,
Julio Rivera, Gustavo Ordoqui Castilla (Uruguay)
Moderador: Dr. Jorge O. Frega
IV. Contratos: aspectos de interés en el derecho nacional y comparado actual y reformulación de la
Expositores: Jorge Mosset Iturraspe, Eduardo Gregorini
Clusellas, José Antonio Moreno Ruffinelli (Paraguay)
Moderador: Dr. Bruno Santi
Expositores: Mario Luis Vivas, Manuel Cornet, Emilio Ibarlucía
Moderador: Gastón Sohaner
VI. Nuevas reformas legislativas en materia de persona y familia (Leyes de matrimonios de personas
de un mismo género, de mayoría de edad anticipada, de derechos de los pacientes, etc.)
Expositores: Graciela Medina, Zulema Wilde, Jorge
Berbere Delgado
Moderadora: Dra. María Fernanda Vázquez
VII. El Derecho del Consumidor y su incidencia en
un nuevo orden contractual.
Expositores: Antonio Pinto Monteiro (Portugal),
Lidia Garrido Cordobera, Rubén S. Stiglitz
Moderador: Julián E. Jalil
VIII. El proceso y su rol de acompañamiento de la
legislación de fondo. El proceso como ariete o
como freno de los cambios.
Expositores: Ramiro Rosales Cuello y Roberto Omar Berizonce
Moderadora: Laura Andrea Moro
Presentación del „Tratado de la responsabilidad
civil‰ de Félix A. Trigo Represas y Marcelo J. López
Mesa, 2… Edición, Editorial La Ley, 2011.
Homenaje. Conferencia a cargo del maestro Denis
Mazeaud (Profesor de la Université PanthéonAssas, París, Francia)
Tema: "La responsabilidad civil en el derecho francés
actual: reformas producidas y reformas pendientes".
IX. Incumbencias y responsabilidad de los profesionales y administradores.
Expositores: Carlos Montoya Ortega (Colombia),
Noemí Rempel y Pedro Di Lella
Moderador: Dr. Fernando J. J. Varela
X. Responsabilidad del Estado I.
Expositores: Pablo Perrino, Carlos Vallefin, Pedro
José Jorge Coviello, Joaquín Da Rocha
Moderadora: Dra. Graciela E. Santaliestra
XI. Supuestos particulares de responsabilidad civil II.
Expositores: Horacio Granero, Félix Trigo Represas,
Laura Gázquez Serrano (España), Jorge Horacio Alterini
Moderadores: Romina Lozano y Fernando Ghisini
XII. Responsabilidad del Estado II.
Expositores: Daniel Fernando Soria, Tomás Hutchinson,
Pedro Aberastury y Domingo Bello Janeiro (España)
Moderadores: Luis Osvaldo Arellano, Francisco Schiavone
XIII. Derecho de Obligaciones.
Expositores: Ramón Daniel Pizarro, Rubén Compagnucci de Caso y Arturo Solarte Rodríguez (Colombia)
Moderadora: Stella Maris Schiuma
Congreso Europeo Americano en nuestra ciudad
La sociedad y el Derecho,
un debate mundial en La Plata
"La vida demuestra las dificultades que tiene el
Derecho para captar sus transformaciones y adaptarse. En rigor, el destino del Derecho es hacer
frente a problemas nuevos con normas superadas.
Por eso, cuando el conflicto se torna grave se hace
necesaria una reforma. El problema es que a veces
la modificación se demora y entonces es tarea de
los jueces aplicar las normas interpretándolas y
adecuándolas a la realidad. Cuando asumió Patricio Aylwin la presidencia de Chile, un ministro le
planteó su preocupación porque iban a tener que
gobernar con leyes creadas durante la dictadura
de Pinochet. 'Sí, pero las vamos a interpretar con
otros criterios', respondió el mandatario".
Así evaluó Marcelo López Mesa, presidente de la
Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el
proceso de actualización que exigen las normas de
ese ámbito frente a los usos, costumbres y cambios
culturales de las sociedades. Fue durante una visita
a EL DIA, junto a Denis Mazeaud, profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad de París II
y uno de los más respetados civilistas del mundo;
Mariana Bernal Fandiño, profesora de la Universidad Javeriana de Colombia; y Gerardo Salas, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia.
Los cuatro participan del Congreso Europeo Americano de Derecho Civil que se desarrolla en nuestra ciudad. En homenaje a los maestros Henri,
León y Jean Mazeaud, las deliberaciones se desarrollan en el Coliseo Podestá con disertaciones de
prestigiosos académicos y referentes en la materia
tanto del ámbito nacional como internacional.
QUIEN CAMBIA A QUIEN
Coinciden los especialistas en que el Derecho Civil
es el que más se desactualiza frente a la evolución
de la sociedad, aunque destacan, haciendo pie en
la anécdota de Aylwin, que, si bien "no es lo mejor,
hay una forma de devolverle cierta flexibilidad a
la norma por la interpretación".
Señalan que en Francia se está trabajando en una
reforma muy profunda del Código Civil y López
Mesa considera que en nuestro país esa normativa
"también tendría que ser cambiada, pero espero
que no se cometa el error en que han incurrido an-
"La gente desconoce cómo el Derecho Civil incide en su vida", destacan especialistas que visitaron EL DIA
teriores proyectos, no sancionados, que apuntaron
directamente a dinamitar el Código, porque tampoco se pueden tirar 130 años de evolución y empezar de cero. No se construye un país sin
estabilidad legal".
En definitiva, œel Derecho cambia a la sociedad o la
sociedad cambia al Derecho? Para Bernal Fandiño,
"sucede un poco las dos cosas, porque está claro
que la gente impulsa reformas, pero hay cuestiones en las que el Derecho se tiene que preguntar
hacia dónde queremos ir y desde la respuesta,
guiar a la sociedad"; una postura que comparte
López Mesa, que cita a un jurista italiano que dice
que "el Derecho no sirve como dique pero sí puede
servir como cauce".
"EL DERECHO ES UN MERCADO"
Para Mazeaud, uno de los factores que hacen necesaria la actualización de los Códigos Civiles es la
globalización, porque este proceso "crea una competencia entre los sistemas jurídicos internos, en
particular entre el sistema anglosajón y el atado a
la tradición romanista como el que rige en Francia
y en América latina, porque al fin y al cabo el Derecho es un mercado, de modo que hay que ser
más competitivo".
"Existe una competencia feroz entre estos dos sistemas, que son muy diferentes no sólo en lo jurídico sino también en cuanto a la ideología y la
política que está detrás de ellos. Mientras el anglosajón busca más la eficacia del Derecho en el sentido económico, el románico se fija más en
principios y valores. Y en este momento hay países
como Vietnam y los de Europa del Este que están
reconfigurando su Derecho y viendo las normativas
de otros, en un contexto que funciona casi como
una licitación, donde se busca la mejor oferta,
como en cualquier mercado", explica el catedrático
francés. Y López Mesa agrega que "hay una tendencia muy fuerte de Estados Unidos y de sus empresas con intereses en otros países, por imponer el
sistema del Commonwealth, porque es el Derecho
con el que trabajan, el que comprenden y el que
les conviene, en el que la lógica económica tiene
una función que nosotros jamás le admitiríamos".
EL DERECHO PENAL, LA ESTRELLA
Mientras tanto, œla sociedad tiene conciencia de la
gravitación y la importancia que tiene el Derecho
Civil en sus vidas?
"La gente vive su vida despreocupadamente hasta
que colisiona con el Derecho por algún asunto puntual", dice López Mesa. Y Mazeaud desafía: "si Ud.
tiene dos noticias, una sobre la reforma del Código
Civil y otro del Penal, cuál pondría en la primera
página?". Subraya que "la gente percibe cómo incide el Derecho Penal en sus vidas, más en este
tiempo que existe tanta preocupación con la seguridad". Y remata: "El Derecho Civil es la vida y el Derecho Penal es la muerte. Mientras uno regula las
relaciones habituales en el transcurrir de la cotidianeidad, el otro interviene en las tragedias. Y, como
dicho un refrán francés, nadie habla del tren que
llega a tiempo. El Derecho Civil es el tren que llega
tiempo y el Penal, el que llega tarde".
“El Derecho Civil es la vida, regula las relaciones comunes, y el Derecho Penal es la muerte, la tragedia”
Historia del Colegio de
Abogados de La Plata
Lo que en la actualidad es el Colegio de Abogados
platense tuvo su origen el 25 de septiembre de
1920, cuando se fundó el “Centro de Diplomados
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Plata”. Esta organización de Abogados tomó la iniciativa de crear el Primer Colegio
de Abogados de La Plata, en una asamblea realizada
el 10 de julio de 1924, presidida por el Dr. José Tulio
Bacigalup Vértiz. Se formó entonces una comisión
integrada además por los Dres. Luis R. Burgos, Pedro
Sáenz, Enrique V. Galli y Alfredo Vampa, quienes
constituyeron provisoriamente la entidad, el 11 de
julio de 1924, proveyéndole de estructura definitiva
el 5 de septiembre del mismo año.
En este último acto se aprobaron los Estatutos y se
designó el primer Directorio, así compuesto: Dr.
Enrique E. Rivarola (presidente); Dr. Washington
Ocampo (vicepresidente luego reemplazado por
el Dr. Manuel F. Escobar); los secretarios fueron
Enrique V. Galli y Elías Casas Peralta, suplidos posteriormente por los Dres. Hipólito Zapata y Héctor
Lupano. En tanto, los vocales fueron los Dres. José
Tulio Bacigalup Vértiz, Vicente Montoro, José
Serra y Joaquín Serra. Asimismo, los delegados a la
fueron David Lascano y Amílcar A. Mercader.
Cabe destacar que cuando se sancionó la Ley
5.177 en 1947, existían en el territorio bonaerense
seis departamentos judiciales: Capital (ahora La
Plata), Centro (Mercedes), Sud (Dolores), Costa
Sud (Bahía Blanca), Sud Oeste (Azul) y Norte (San
Nicolás). A cada uno de ellos correspondió, conforme al Art. 15 de dicha Ley, un Colegio de Abogados, aunque en realidad se trataba de
entidades que ya venían funcionando en los respectivos foros, y bregando incansablemente por
la oficialización de los Colegios.
El Colegio platense intervino en la Primera Conferencia Nacional de Abogados, realizada en Capital Federal entre el 17 y el 22 de noviembre de 1924, estando
representado por los Dres. Enrique E. Rivarola y Julio
Sánchez Viamonte. Cabe resaltar que en dicha Conferencia de aprobó un iniciativa del Dr. Emilio Reviriego subrayando que „es de absoluta necesidad la
organización de los Colegios de Abogados, por
medio de leyes que les otorguen el gobierno de matrícula y el ejercicio de la potestad disciplinaria‰.
Desde su creación y durante muchos años, el Colegio de La Plata bregó por la obtención de una Ley
que oficializara la colegiación, y con su esfuerzo
contribuyó al progreso y mejoramiento de la administración de Justicia y legislación en general.
Aquella declaración en la Conferencia Nacional de
Abogados, verdaderamente precursora, había
sido motivo de proyectos legislativos en la provincia de Buenos Aires, tales como el presentado por
el Dr. Nicolás Avellaneda en 1910; el anteproyecto
elevado al Ministerio de Gobierno en mayo de
1911 por los Dres. Salvador de la Colina y Rodolfo
Rivarola. Estos últimos, convocados por el Poder
Ejecutivo para estudiar el proyecto de „Organización y atribuciones de la Administración de Justicia‰ preparado por el Dr. Avellaneda, redactaron
su propio proyecto que en el Título IV (arts. 120 y
131) reglaba la intervención de los abogados en
los juicios y le confería a los Colegios facultades disciplinarias similares a las dispuestas por el Art. 28
de la Ley 5.177.
LA ASOCIACIŁN DE ABOGADOS DE LA PLATA
Fundada el 24 de septiembre de 1940 por un
grupo de distinguidos abogados platenses, la Asociación nació con propósitos concordantes con los
fines de la actual legislación, realizando una notable acción a favor de la unidad y solidaridad de los
abogados. Adoptó los estatutos de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires y se formó el Primer
Consejo Directivo, cuyas autoridades fueron, como
presidente: Dr. Julio P. Aramburú; vice Dr. Pedro
Sáenz; miembros titulares: Dres. Amílcar A. Mercader; Pedro A. Verde Tello; Víctor Roberts Alcorta;
Tomás S. Ide; Gregorio Lascano; Félix Trigo Viera;
José Ernesto Rozas; Juan D. Ramírez Gronda; José
M. González Abad y Raúl S. Caro Betelú. Los vocales suplentes: Osvaldo Rebullida; Augusto Mario
Arana; Juan Carlos Monti; Ricardo Cucchi Lagrava;
Rodolfo A. Nápoli y Ricardo E. La Rosa.
La comisión provisoria convocó a elecciones y como
primera medida se emitió un „Boletín Oficial‰, precursor de „Acción Forense‰ publicación a través de
la que la Asociación realizó una intensa y fecunda
campaña por la colegiación legal.
Tanto el Colegio como la Asociación trabajaron en
forma mancomunada, uniendo esfuerzos en Pro de la
obtención del objetivo común hasta el 20 de enero de
1944, en que por decreto 543, de corta duración, se
oficializaron los Colegios de Abogados de la provincia.
Sin embrago el logro no duró mucho: un fallo de la
Suprema Corte de Justicia del 9 de octubre de 1945
determinó que „la intervención federal no ha podido dictar válidamente los decretos 543 y 5245
sobre creación y reglamentación de los Colegios de
Abogados, pues no puede sustituirse a la Legislatura, a quien la Constitución en su Art. 32, acuerda
la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales, no encuadrando
esa reglamentación entre las medidas relacionadas
directa y esencialmente con el cumplimiento del fin
político de la Intervención, que no es otro que el
de la revolución, ni es indispensable para mantener
el funcionamiento del Estado intervenido‰.
Aún así, este pronunciamiento no desalentó a los
miembros del foro y restablecida la normalidad institucional, se procuró que la Legislatura sancionara
un instrumento normativo en igual sentido. Así se
formó una comisión integrada por los Dres. Félix
A. Collado (Mercedes); Juan Luciano (San Nicolás)
y César Bustos, Pedro Sáenz y Juan Ramírez
Gronda de La Plata.
La comisión trabajó sobre la base del proyecto que
siendo legislador, presentara el Dr. Bustos en 1942.
Sobrevino así, la sanción de la Ley 5.177, el 28 de
octubre de 1947, siendo presidente del Senado
Juan B. Machado y titular de la Cámara de Diputados Roberto Cursack. Comunicada la Ley al Poder
Ejecutivo, se promulgó el 6 del mismo año, con la
firma del gobernador Coronel Domingo Mercante
y refrenda del ministro de gobierno, Dr. Héctor
UN QUIEBRE EN LA HISTORIA: LA COLEGIACIŁN POR LEY
El primer presidente de la institución, una vez reconocida la colegiación legal fue el Dr. Enrique V.
Galli, quien estuvo al frente del Colegio entre 1948
y 1955, durante momentos difíciles para la democracia y el ejercicio del Derecho. Durante su gestión se encaró la organización de la Biblioteca
prevista en el Art. 19 Inc. 4À de la Ley 5.177, que
en la actualidad lleva su nombre. En aquel momento inicial, el Consejo Directivo determinó formarla con el material bibliográfico necesario para
que quienes atendieran el consultorio Jurídico Gratuito tuvieran los elementos de consulta necesarios, para poder llevar adelante la labor diaria.
El Dr. Galli fue un personaje estelar del mundo del
Derecho, formador de conductas de abogados
que se desempeñó notablemente en muchas
áreas: fue profesor, Juez de la Corte, tratadista,
político, diplomático, escritor, periodista e historiador. Ante su fallecimiento en 1958, el Consejo
Directivo organizó un homenaje en su memoria,
que consistió en el descubrimiento de una placa
recordatoria en la necrópolis local, que lleva inscriptas estas palabras: "Maestro de la Conducta y
del Derecho, vive en la fecunda actualidad de sus
Una de las peores situaciones que atravesó el Colegio, sucedió en febrero del año 1979, bajo la presidencia del Dr. Carlos Acevedo, cuando el edificio
sufrió un importante incendio que afectó las instalaciones y generó pérdidas materiales. Después del
siniestro, el Salón de Actos quedó totalmente destruido, y el Salón Comedor padeció de daños considerables, la Biblioteca „Enrique V. Galli‰ sufrió
deterioros y la pérdida de material bibliográfico
de imposible o casi imposible reposición. Pese a la
situación, las actividades del Colegio prosiguieron,
con las limitaciones generadas por los daños en el
edificio y las pérdidas sufridas y se comenzó un inmediato proceso de reconstrucción. De este
modo, el servicio de Biblioteca quedó rehabilitado
el día de la inauguración de las obras el 29 de
agosto de 1980, ya durante la presidencia del Dr.
Enrique Pedro Basla. Durante los dos años siguientes la Biblioteca recibió donaciones de las principales revistas de doctrina y jurisprudencia, la Ley,
Jurisprudencia Argentina, Contabilidad Moderna,
etc. Asimismo, incorporó la biblioteca que perteneciera a don Manuel Ossorio y Florit, motivo por el
que, a modo de homenaje al destacado jurista, se
puso su nombre a la Sala de Lectura.
Otro acontecimiento importante de esos tiempos
fue la adquisición de la Casa de Campo en el año
1981, también bajo la presidencia del Dr. Basla,
un predio ubicado en el centro de lo que fuera el
antiguo casco de la estancia „El Rincón‰ de Saint.
Instalaciones que en la actualidad cuentan con diversos espacio de ocio y entretenimiento, canchas
de deportes, piletas, parillas y juegos para niños.
Al mismo tiempo, la reconstrucción del edificio, en
sus sectores del subsuelo, planta baja y primer
piso, ingresó en su etapa final en el año 1982, permitiendo la rehabilitación total de los ámbitos
afectados por el incendio. Las tareas, estudios y
tratativas fueron realizados por el Consejo Directivo, Mesa Directiva y miembros de la Comisión de
Reconstrucción, haciendo un importante esfuerzo
para rehabilitar y modernizar la sede colegial.
Otro hito en la historia del Colegio fue la creación
de una Sede del CALP en la Capital Federal, desarrollada en dos etapas durante las presidencias
de los Dres. Alejandro Larrechart y ˘lvaro García
Orsi, con el fin de brindar mejor atención a aque-
1948-1955. Enrique V. Galli
1955-1960. Félix A. Trigo Viera
1960- 1964. Ceferino P. Merbilhaa
1964- 1968. Alfredo N. Galletti
1968- 1972. Gualberto H. Mostajo
1972- 1976. Jorge E. Ure
1976- 1980. Carlos L. Acevedo
1980- 1984. Enrique P. Basla
1984-1988. Juan Pedro Augé
1988- 1992. Alejandro C. Larrechart
1992- 1996. Juan Carlos Simoncelli
1996- 2000. Álvaro García Orsi
2000-2004. Carlos A. Andreucci
2004- 2011. Pedro M. Augé
llos matriculados que por actividades relacionadas
al ejercicio profesional, están radicados en la Capital y en muchos casos con estudios permanentes
en esa ciudad. Esta sede fue reformada y reinaugurada en el año 2001, durante el mandato del Dr.
Carlos Andreucci. Año en el que se completó también la disposición actual del edificio de calle 13,
cuando se inauguró el local para la Biblioteca en el
subsuelo, destacado por su diseño de avanzada,
amplitud y comodidad tanto en la Sala de Lectores
como en el lugar de atención al público.
LA ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
El Dr. Pedro Martín Augé ha ocupado la presidencia desde el año 2004 hasta la fecha; en la actualidad, el Colegio trabaja fuertemente no sólo en la
relación con los matriculados sino también con la
Durante los últimos años, muchos servicios se han
informatizado y desde la página Web se brinda colaboración para la diaria tarea del profesional,
desde los distintos sectores habilitados para ello,
(Mesa de Entradas, Información y Publicaciones,
etc.), como así también, para apoyarlo desde los
espacios institucionales creados con el objeto de
promover la formación académica (˘rea Académica, Biblioteca, Ateneo de Formación Profesional)
y contribuir en la tarea de contralor y defensa de
la legalidad y dignidad profesional (˘rea Disciplinaria y Tribunal de Disciplina).
En cuanto al Servicio a la Comunidad, el CALP
cuenta con el Consultorio Jurídico Gratuito, el Centro de Mediación, el Tribunal Arbitral y la Consultoría Jurídica Gratuita del Niño y del Joven.
También ocupan un lugar importante la cultura y
el esparcimiento; ofertas de las que forman parte
la mencionada Casa de campo con sus instalaciones, la colonia de vacaciones para niños, el Coro y
el Grupo de teatro del CALP.
Sumado a esto, el Colegio tiene una diversa
agenda cultural que incluye recitales con música
de todos los géneros, presentación de libros, conferencias desarrolladas por destacados exponentes
de la literatura, del pensamiento y de la cultura en
general. Han pasado por su auditorio Rodolfo Mederos, Juanjo Domínguez, Atilio Borón, Felipe
Pigna, Osvaldo Bayer, Abelardo Castillo, Mempo
Giardinelli, Norberto Galasso, Guillermo Martínez y
Alberto Laiseca, entre otros.
En el ámbito de la Plástica, son frecuentes las exposiciones individuales o colectivas, en la social y es especialmente destacable la realización, en conjunto
con la Asociación de Artistas Plásticos de la provincia
de Buenos Aires, de la Bienal Emilio Pettoruti en la
que participan artistas plásticos de todo el país.
Conferencia Nacional de Abogados, antecedentes y versión taquigráfica, Pág. 206.
„La Ley‰, tomo 40, Pág. 801.
Por Juan Mario Gersenobitz
Al Dr. Aldo Cammisi
Buenos Aires, 1° de febrero de 2011.
Amigos Presidente, Consejeros e integrantes
del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen
Pueden imaginar ustedes el dolor con el que escribo. Pero enterado ayer, al regresar, por los
mensajes telefónicos que me dejaran tanto Ramón Pérez como Guillermo Larrubia ·que mucho agradezco·, no pensé en la muerte del doctor Cammisi, sino en las muchas razones de vida que compartíamos con Aldo desde la puesta en funcionamiento del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que
El mismo ahínco y pasión que signara su militancia política lo puso también para lograr el número mínimo necesario de integrantes que habilitara la apertura del Colegio de Abogados, convenciendo a muchos de sus colegas amigos de otros lugares a inscribirse en Trenque Lauquen.
Así nació nuestro Colegio, cuya sede inicial fue la de Oro 20, domicilio y Estudio de Aldo, primer presidente del mismo.
Otra de las cosas compartidas que no puedo dejar de recordar fue la postura que asumió en
tiempos de la dictadura militar, cuando propuso que fuese el Colegio quien, institucionalmente, patrocine a los familiares de desaparecidos en la jurisdicción, en los hábeas corpus que se plantearan. Y así
se hizo. No siempre todo el Consejo suscribía el recurso, pero la firma de Aldo nunca faltó.
En lo personal, si llegué a presidir los Colegios de Abogados de Trenque Lauquen y de la Provincia de Buenos Aires, fue por un gesto de grandeza de Aldo. A él no le gustaba viajar a las reuniones
del Colegio de Provincia, razón por la que, de acuerdo a la ley 5177, yo lo reemplazaba como vicepresidente. Entre 1984 y 1986, la conducción del Colegio de la Provincia no satisfizo las expectativas de los
restantes colegios, la mayoría de cuyos presidentes, a fines de 1985, quiso proponerme para la elección
de mayo de 1986, pero existía una imposibilidad legal ya que no era presidente. Esto llega a conocimiento de Aldo a través del doctor Kenny, nuestro director entonces en la Caja de Previsión, donde ello
había trascendido. De inmediato Aldo me llama para decirme que renunciaba, que yo quedaba como
presidente en ejercicio y candidato a presidente de Trenque Lauquen en las elecciones de mayo de
1986, por lo que ya no existían obstáculos para la eventual presidencia del Colegio de la Provincia. Y ·
genio y figura·, él mismo se encargó de llamar a los restantes Colegios para hacer saber la nueva situación y velar para que la posibilidad se transformara en realidad.
Podría extenderme mucho más, pero creo que bastan estos trazos gruesos para apreciar la
personalidad de Aldo Horacio Cammisi. Diría que fue un político de raza y de otros tiempos, que cuando
accedió a cargos públicos fue para servir a los demás y no para usufructuar ni aprovecharse de la función. Y esos principios, insitos en su espíritu, lo impulsaron a superar las dificultades que obstaban al
nacimiento del Colegio de Abogados, que es una institución que tiene como objetivo el bien común.
Y si el pequeño grupo de los abogados de entonces fueron teóricamente los fundadores, uno solo
fue el impulsor: Aldo Horacio Cammisi, el consejero de los jóvenes abogados y el autor de demandas o contestaciones que daba gusto leer porque eran piezas jurídicas de las cuales muchos aprendíamos y no sólo derecho, ya que litigar con él era recibir una permanente lección de ética en el ejercicio profesional.
Quería transmitir estos recuerdos a los amigos dirigentes del Colegio, a los colegiados si correspondiere, a quienes conocieron al doctor Aldo Horacio Cammisi y a los que no, porque gran parte de
la vida de Aldo, de sus ideas e inquietudes, están grabadas en ese Colegio de Abogados de Trenque
Lauquen desde su etapa fundacional.
Difundir, defender y garantizar los principios de la colegiación legal, será el mejor homenaje a
la memoria de Aldo.
JUAN MARIO GERSENOBITZ, ABOGADO
Edicion Nro 33. Junio 2011

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 33
 Artículo 35
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 36
 artículo 90
 Resolución