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Timestamp: 2018-11-18 10:40:41+00:00

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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS MIEMBROS DE LA CEPPAD Y CEPAD – Blog de Ricardo Ayala Gordillo
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS MIEMBROS DE LA CEPPAD Y CEPAD
Posted on julio 21, 2010 septiembre 22, 2012 by ricardoayalagordillo
Recientemente, dí respuesta a Juan Carlos, a dilecto colega del Cuzco, remitiendo en parte a uno de nuestros artículos publicados, cuya interrogante fue :
“Mi pregunta radica que tipo de responsabilidad cometen los miembro de una comisión si estos emiten un informe imponiendo una sanción a un administrado sin que existan pruebas de los hechos investigados y asi mismo que delitos se ha cometido”
Apreciado Juan Carlos :
“…Quienes tienen la privilegiada función de hacer lo que algunos colegas o administrados gustan llamar “justicia administrativa” en su condición de miembros de la CPPAD o CEPAD son o funcionarios o servidores públicos sujetos a las mismas normas que ellos aplican a quienes califican o denuncian y por ende, en caso de proceder como refieres, de afrontar también en esa eventualidad de ser denunciados y si es el caso procesados por las faltas administrativas, e ilícitos penales o civiles que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones, por acción o por omisión.
“No es inusual el reclamo formulado contra los abusos cometidos por los miembros CEPAD y de la CPPAD, como en algunas otras ocasiones también se han denunciados a los Auditores de los OCI cuando apartándose o abusando de sus funciones por actos propios o encargos de instancias superiores emiten informes en términos como los que expones”.
“Probablemente con mayor versación y autoridad puedas apreciar cuanto sostengo de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el caso de magistrados destituídos como fue el caso del Dr. Jorge Miguel Alarcón Meléndez cuyo texto íntegro lo puedes ver en el portal del TC o bien en mi artículo “JURISPRUDENCIA DEL TC SOBRE EL PROCESO ADIMINISTRATIVO DISCIPLINARIO”
” Parte de dicho extracto y texto gloso:
“los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez”.
“La sentencia que reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros, lo relacionado a :
•Abusos por parte de la administración pública
•Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva
•Aplicación del silencio administrativo negativo
•Afectación al debido proceso
• Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.
“De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión, al estar previsto en la Ley, si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC”…
A escasos días de emitida nuestra opinión absolviendo lo consultado por nuestro colega del Cuzco, coincidentemente, nos encontramos con un puntual reforzamiento a nuestra posición recogida en norma, por parte de uno de los principales Gobiernos Regionales, que acaso con el énfasis propio que caracteriza a nuestros amigos arequipeños, ha enfatizado la responsabilidad administrativa y penal que con sus acciones u omisiones, pudieran verse incursos los funcionarios o servidores públicos miembros de la CPPAD, que por la delicada y especializada función especializada de calificar las denuncias administrativas y cuando corresponda, pronunciarse por la responsabilidad administrativa disciplinaria y proponer la sanción o absolución de quienes ante ellos son sujetos de procesos administrativos disciplinarios.
Así se advierte de la Cuarta Disposición complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional Nº 114-Arequipa con la cual se Aprueba el Código Regional de Procedimientos administrativos disciplinarios publicada en las páginas Nº 422525 y 422526 de las Normas Legales de El Diario Oficial El Peruano de Hoy 20 de julio del 2010, cuya lectura, propicia su aleccionadora atención, cuyos presupuestos nos limitamos a separar con carácter ilustrativo :
“Cuarta.- Responsabilidad Administrativa y Penal
De verificarse la inasistencia de uno o mas de los miembros (titulares o suplentes) a las reuniones de los o sesiones de trabajo de la correspondiente Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario,
o si se verificase el incumplimiento de las disposiciones reguladas en el Decreto Legislativo Nº 276 y/o el Decreto Supremos Nº 005-90-PCM;
o si uno de los integrantes de la comisión o la comisión en su conjunto incurre en falta administrativa disciplinaria;
corresponderá al Ejecutivo Regional iniciar las acciones administrativas pertinentes de conformidad con lo regulado pen la Ley 27815 / Ley del Código de Etica de la Función Pública y, el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM / Reglamento de la Ley del Código de Etica de la Función Pública,
y si fuera el caso, las acciones de responsabilidad penal.”
Los fundamentos que sostienen esta posición son claramente precisados desde el primer considerando y están orientados a preservar de actos como el que justamente consultó Juan Carlos del Cuzco:
“Que, los Procedimientos Administrativos Disciplinarios deben garantizar a los funcionarios, empleados y servidores públicos del Gobierno Regional, los derechos de defensa y de debido procedimiento
Que, el ejercicio de la potestad sancionadora a través del procedimiento y acto disciplinario tiene por objetivo esencial la : cautela del servicio público,
De las actividades y/o proyectos a cargo,
De los bienes y recursos tutelados del Estado ;
Y del interés público.
Que, corresponde al Gobierno Regional de Arequipa organizar el Régimen Administrativo Disciplinario sobre la base secuencial de dos fases administrativas:
a) El ejercicio de la potestad Disciplinaria, en primera instancia, a cargo de las Unidades de Función Disciplinaria y las respectivas Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios; y ,
b) La Función de Tutela Administrativa, en segunda, instancia a cargo del Tribunal Administrativo Regional, que tendrá a su cargo el control jurídico administrativo de los procedimientos y los actos disciplinarios aplicados.
En cuyo propósito, ordena:
Art. 1º Aprobar el Código Regional del Procedimiento Administrativo Disciplinarios;
Art. 2º Crea el Tribunal Administrativo Regional
Art. 3º Dispone la entrada en vigencia el 30 de agosto del 2010
Disponiendo en tanto:
1º La suspensión de los plazos de procesos y procedimientos,
2º Conforman Comisiones CPPAD dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles
3º Remisión de Expedientes a las Gerencias o Jefaturas donde tuvieron origen precisando:
i) Número de folios del Expediente
ii) Estado administrativo actual del proceso disciplinario.
Interesante norma dada en el ejercicio del control anterior por parte de la adminstración pública.
Quedamos atentos a conocer el contenido integral de la norma aprobada y augurar el mas ecuánime empleo de las atribuciones delegadas.
22 de setiembre 2012
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8 comentarios en “RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LOS MIEMBROS DE LA CEPPAD Y CEPAD”
pedro julio saldarriaga nuñez
agosto 30, 2010 en 10:14 pm
Estimado Dr. Ayala, que plazo o tiempo considera implicitamente debe tener una Comisión para evaluar si destituye o no a un servidor publico que se le aplico condena penal suspendida en el Año 2005. Tener presente que el Titular de la Entidad tomo conocimiento el año 2007; asimismo, a la Comisión se le encargó evaluar desde el 9AGO.2009. La condena penal fue de dos años suspendida a 1 año de conducta.
agosto 30, 2010 en 10:17 pm
Dr. Ayala, deboagregar que a la fecha la Comisión encargada de evaluar no se pronuncia.
Como puedes apreciar de los normas y articulos aplicables:
D Leg, 276
DESTITUCIÓN AUTOMÁTICA: CONDENA PENAL PRIVATIVA –DELITO DOLOSO
Artículo 29°.- La condena penal privativa de la libertad por delito doloso cometido por un servidor público lleva consigo la destitución automática.
CONDENA PENAL: DESTITUCIÓN AUTOMÁTICA
Artículo 161º.- La condena penal consentida y ejecutoriada privativa de la libertad por delito doloso, acarrea destitución automática. En el caso de condena condicional, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios evalúa si el servidor puede seguir prestando servicios, siempre y cuando el delito no esté relacionado con las funciones asignadas, ni afecte a la Administración Pública.
La Ley no establece plazo.
Nada justifica que la CPPAD se pronuncie con inmediatez.
Lo preponderante aquí es que la CPPAD sólo podrá emitir opinión si es que el delito por el cual ha sido condenado el servidor o funcionario NO guarda relación con la función asignada.
Dicho de otro modo y apreciando resoluciones de otras diversas entidades, el titular de la entidad procederá a destituir automáticamente sin necesidad de requerir la opinión previa de la CPPAD SI es que el delito por el cual el funcionario o servidor fue condenado guarda relación con la función asignada y afecta a la administración pública.
A manera de ejemplos :
El servidor fedatario que fue condenado por delito contra la fé pública.
El chofer que fue condenado por exposición a peligro
El administrador que fue condenado por colusión, etc.
Lo anterior no exime de responsabilidad administrativa y acaso hasta civil por demora por parte de los miembros de la CPPAD, tanto mas cuando si se verificase que, su falta de oportuno pronunciamiento podría eventualmente exponer a riesgo o haber dado a eventual reincidencia, por parte del condenado.
En todo caso, nada impediría la ponderación del principio de inmediatez a la luz de una real enmienda de su conducta.
marzo 5, 2012 en 4:09 am
Estimado doctor ayala que pasaria si los hechos corresponden a otra entidad y no a la que esta trabajando?
marzo 5, 2012 en 4:28 am
Trato de entenderte, te refieres si los ilícitos penales fueron cometidos en otra entidad diferente a la que hoy trabaja el servidor infractor? La respuesta sería que para este propósito la Administración Pública es una sola, al menos en Perú y en tal contexto lo que podría ocurrir es que, los agraviados podrían remitir los actuados al actual empleador a efectos que apliquen la Ley al infractor.
Gracias por escribir y difundirel blog
junio 5, 2013 en 5:45 pm
Dr. Ayala:
Un familiar fue destituido luego de que fuera condenado penalmente, su pena no ha sido efectiva sino suspendida, y si bien es en agravio de la administración pública no fueron en el desempeño de sus funciones, mi pregunta es en este caso no correspondia a la Comisión evaluar si el srvidor podria continuar prestando servicios.
Si los hechos son como dices, deberían apelar esa sanción, previo estudio de los hechos por parte de abogado.

References: resolución 
 artículo 99
 artículo 11
 resolución 

Artículo 29

Artículo 161