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Timestamp: 2019-10-22 01:42:14+00:00

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﻿ Sentencia T-601 de agosto 30 de 2013
SENTENCIA T-601 DE 30 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:PARA LA CRISIS DE DESCONGESTIÓN JUDICIAL QUE SE PRESENTA, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DEBE ADOPTAR LAS ÓRDENES QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN, LAS CUALES, NO DEBEN CONFUNDIRSE CON LAS ADECUACIONES ESPECÍFICAS QUE REQUIERE UN MAGISTRADO EN ESPECIALES CONDICIONES PARA EJERCER SUS FUNCIONES. ES NECESARIO, QUE SE DIFERENCIEN LAS MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN QUE PROCEDEN FRENTE A LA CRISIS QUE ATRAVIESA UN TRIBUNAL, Y DE OTRO LADO, LAS DECISIONES QUE DEBEN ADOPTARSE A FAVOR DE UN TRABAJADOR EN CONDICIONES ESPECIALES. POR TANTO, AUNQUE LAS RESTRICCIONES LABORALES PROTEJAN EL DERECHO A LA SALUD, DICHAS MEDIDAS DEBEN SER PROPORCIONALES FRENTE A LA REALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE OTRAS GARANTÍAS COMO EL TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTRADO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DERECHO A LA SALUD, DERECHO LABORAL, DESCONGESTIÓN DE LA JUSTICIA, DESCONGESTIÓN DEL JUZGADO, MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN DEL JUZGADO
Sentencia T-601 de agosto 30 de 2013
Ref.: Expediente T-3.829.164
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside—, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
1.1.1. Hechos relatados por la accionante:
1.1.1.1. La actora refiere que el 1º de marzo de 2007, tomó posesión en el cargo de magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, y que en ese mismo año un retinólogo de la EPS a la cual se encuentra afiliada le diagnosticó una enfermedad en ambos ojos denominada “degeneración macular”. En virtud de lo anterior, cuenta, se encuentra en tratamiento, tal y como se evidencia de la historia clínica que aporta con la solicitud de amparo, de la cual destaca el informe rendido por su oftalmólogo en donde consta que presenta “membrana neovascular coroidea en ambos ojos”.
1.1.1.2. Indica que durante el año 2012, el médico laboral de la EPS Salud Total presentó a su empleador dos solicitudes de restricción laboral que éste debía tener en cuenta frente al trabajo que desempeñaba en el cargo de magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. La primera medida de restricción que emitió el médico laboral el 5 de enero de 2012, consistió en que se le debía disminuir a la accionante el reparto de expedientes en un 50%, asegurando que con ello la paciente podría realizar sus actividades normalmente y sin deterioro de su salud visual. La segunda medida emitida el 25 de junio de 2012 consistió en la suspensión del reparto de expedientes. El médico justificó esta última restricción en el diagnóstico de “degeneración macular en ambos ojos” que tiene la actora, y explicó que con esta medida, la paciente podría cumplir con la sustanciación de los procesos pendientes y una vez finalizara con dicha tarea, se le podría realizar el reparto de expedientes de forma gradual.
1.1.1.3. Afirma que las dos restricciones laborales fueron atendidas en su totalidad y, adicional a ello, la Vicepresidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia remitió copia de las recomendaciones laborales a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se incluyera “…en el concepto que sobre creación de cargo de magistrados (as) y descongestión para la citada Sala Penal fuera elevada ante la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, UDAE, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura…”(1).
1.1.1.4. Posteriormente, señala, el Acuerdo NPSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, “Por el cual se adopta una medida de descongestión para un despacho de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia” dejó sin efecto la segunda medida de restricción laboral en su numeral tercero, en los siguientes términos: “…Reparto. A partir de la fecha, el despacho de la magistrada objeto de descongestión ingresará al reparto normal de procesos…”(2). Cuenta la actora que contra la anterior decisión instauró recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente.
1.1.1.5. En virtud de lo expuesto, considera, se revocó de manera unilateral y sin motivación alguna el acto administrativo proferido por la Vicepresidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, actuación que califica de arbitraria y que atenta contra la realización de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al debido proceso.
2.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
La vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sostuvo que lo expuesto en el Oficio CSJA-SA12-2639 del 17 de julio de 2012 dirigido a la coordinadora de la oficina judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia-Chocó, no constituye en modo alguno una orden, en el sentido de que deba darse cumplimiento a la restricción laboral como lo manifestó la accionante, sino que es una comunicación mediante la cual se dio traslado de una recomendación médico laboral expedida por la EPS Salud Total.
En particular, considera que la decisión del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de crear un cargo de auxiliar judicial en el despacho de la peticionaria con el fin de colaborarle en el ejercicio de su función como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, a través del Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, es un acto que realiza los principios constitucionales de legalidad y justicia.
2.2. Colmena.
Igualmente, recuerda que existe un procedimiento legalmente consagrado para determinar el origen de una enfermedad, según el cual el origen de una enfermedad debe ser calificado por la EPS de afiliación al trabajador y/o administradora de riesgos laborales. Señala que en caso que la EPS califique la enfermedad o el accidente como de origen profesional, debe remitir el caso debidamente soportado a la administradora de riesgos laborales y, si llegare a presentarse controversia sobre la calificación realizada, deberá acudirse a la junta de calificación de invalidez para que dirima la controversia sobre el origen.
2.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En virtud de lo anterior, cuenta, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, a través del cual se creó de manera transitoria en su despacho el cargo de auxiliar grado 1, cuyas funciones están reglamentadas en el artículo 2º del mismo acuerdo y que están enfocadas a proteger el derecho a la salud de la magistrada.
Finalmente, sostiene que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar la suspensión de ejecución de un acto administrativo, como el Acuerdo NPSAA12-9714, pues para el efecto, la accionante puede ejercer el medio de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo, trámite dentro del cual puede solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo cuestionado.
2.4. Magistrados Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
2.5. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia.
2.5.1. El 11 de enero de 2012, la peticionaria presentó las recomendaciones médico laborales al área de salud ocupacional y ésta procedió a darles trámite agotando previamente los protocolos previstos en el sistema integrado de gestión de la calidad, incluyendo el acompañamiento a la funcionaria en el aspecto emocional.
2.5.2. Posteriormente, se remitió la recomendación emitida por el médico laboral de la EPS Salud Total, relacionada con la disminución del 50% del reparto de expedientes a la funcionaria, ante la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, sin que hubiera emitido respuesta por escrito.
2.5.3. Luego, remitió la anterior recomendación ante la presidencia del Tribunal Superior de Antioquia sin que hubiese recibido respuesta alguna, como también ante la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Esta última corporación respondió mediante oficio del 18 de enero de 2012 que no tenía competencia para hacer efectivas las recomendaciones de salud ocupacional.
2.5.4. Mediante comunicación interna del 24 de enero de 2012, el director ejecutivo seccional instruyó a las coordinadoras de la oficina judicial de Medellín y del grupo de mantenimiento y soporte tecnológico, vinculadas a la dirección seccional, sobre la reducción del 50% del reparto correspondiente al despacho de la magistrada Nancy Ávila de Miranda, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1016 de 1989, la Ley 776 de 2002 y el Decreto-Ley 1295 de 1994. Esta decisión fue comunicada a la presidencia de la Sala Penal de la corporación.
2.5.5. A través del Oficio 08-465 del 26 de enero de 2012, le comunicó al médico laboral de la EPS Salud Total que había procedido a atender su recomendación temporalmente hasta tanto se recibiera de su parte la aclaración acerca del tiempo en que debía mantenerse la misma, teniendo en cuenta que la jornada laboral se extiende hasta 8 horas, sin que haya emitido respuesta alguna en este sentido. A la vez, mediante oficios 10-147 del 28 de mayo de 2012 y 10-4753 del 12 de junio de 2012, se envió a la EPS, solicitud de evaluación y estudio de origen de la enfermedad que tiene la actora pero no ha respondido a la fecha.
2.5.6. El 4 de junio de 2012, el área de salud ocupacional de la dirección seccional remitió a la funcionaria a valoración por parte del médico laboralista adscrito a Comfama dentro del convenio Rama Judicial, con el fin de recibir de su parte otras recomendaciones, cuyo resultado fue que se debe disminuir el reparto en un 30% de expedientes de manera definitiva.
2.5.7. Mediante Oficio 10-5435 del 5 de julio de 2012, remitió a la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura las nuevas recomendaciones laborales que emitió la EPS Salud Total, en el sentido de suspender todo el reparto de expedientes a la magistrada.
2.5.8. Actualmente, la peticionaria recibe acompañamiento sicológico a través del convenio Comfama-Rama Judicial.
2.5.9. Por lo expuesto, considera que el área de salud ocupacional de la dirección de administración judicial ha sido diligente y por tanto, la solicitud de amparo debe ser declarada improcedente.
2.6. Salud Total EPS.
3.1. Decisión de Primera Instancia —Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín—.
Para iniciar, recuerda que en principio la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para controvertir actos administrativos de contenido particular y concreto, como el Acuerdo PSAA12-9714 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, pues para ello se encuentra consagrada la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a no ser que se acuda a esta acción para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, lo cual no se encuentra acreditado en el caso particular de la actora.
Agrega que si un trabajador no puede cumplir con sus funciones por su estado de salud mental o físico, y requiere apartarse de su trabajo temporalmente porque fue incapacitado por su médico, debe aceptarse esta situación “…y hasta buscar dicha determinación…”(3) por parte de la entidad de seguridad social. Al paso que cuestiona, por qué si la restricción laboral consiste en la suspensión total del reparto, no se otorga una incapacidad laboral para proteger el derecho a la salud de la accionante.
Por otra parte, frente a la afirmación de la actora en el sentido de que se vulneró su derecho al debido proceso porque la entidad accionada no motivó la revocatoria de la medida de restricción tomada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín, Sala Administrativa, considera que tal y como lo indicó el Consejo Seccional de la Judicatura, el acuerdo no revoca ninguna decisión administrativa anterior, toda vez que tal y como se pudo constatar, esta entidad lo que dirigió fue un oficio a la coordinadora de la oficina judicial informándole acerca de la restricción laboral recomendada por el médico tratante de la accionante, por lo cual, el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PSAA12-9714 buscó regular temporalmente una situación particular de uno de sus trabajadores, es decir, proteger el derecho a la salud de la tutelante sin desconocer las condiciones de sus demás compañeros, a través de la creación del cargo de auxiliar judicial 1.
Adicionalmente, la Dra. María Eugenia Osorio, suscribe el Oficio CSJA-SA12-2632 del 16 de julio de 2012, dirigido a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, UDAE, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, remitiendo copia de la recomendación expedida por el médico laboral de la EPS Salud Total, ´a fin de que se incluya en el concepto que sobre creación de cargo de magistrados (as) y descongestión para la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia elevamos ante la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, UDAE, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura´. Se pregunta entonces la razón por la cual en el Acuerdo N.PSAA12-9714 del tres (03) de octubre de dos mil doce (2012), proferido por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se adoptan las medidas contenidas en los numerales 1º y 2º de la parte resolutiva? Cómo llega a conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura la existencia de la restricción laboral proferida por el médico laboral, de la EPS para salvaguardar mi salud, sino fue por el medio antes anunciado?...”.
3.3. Decisión de segunda instancia —Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia—.
4. Pruebas y documentos.
4.1. En el expediente obran, entre otras, las siguientes pruebas:
4.1.1. Fotocopia de la historia clínica de la actora
4.1.2. Fotocopia del informe del retinólogo Juan Gonzalo Mejía Martínez en donde le diagnostica a la actora “degeneración macular”.
4.1.3. Fotocopia del informe de restricción laboral emitido el 5 de enero de 2012, referente a la disminución del reparto a la actora en un 50%.
4.1.4. Fotocopia de la comunicación interna emitida por el director ejecutivo del Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín, dirigida a la coordinadora de la oficina judicial y a la coordinadora del grupo de mantenimiento y soporte tecnológico, emitida el 24 de enero de 2011.
4.1.5. Fotocopia del informe de restricción laboral emitido el 25 de junio de 2012, relativo a la suspensión del reparto de procesos.
4.1.6. Fotocopia del oficio que remitió la magistrada María Eugenia Osorio Cadavid, el 16 de julio de 2012, a la directora del UDAE del Consejo Superior de la Judicatura para allegar la recomendación médico laboral anteriormente referida.
4.1.7. Fotocopia del oficio que dirigió la vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el 17 de julio de 2012, a través del cual le informó a la coordinadora de la oficina judicial acerca de la recomendación de restricción laboral emitida el 25 de junio de 2012 sobre la suspensión de reparto a la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
4.1.8. Fotocopia del Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012 “Por el cual se adopta una medida de descongestión para un despacho de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia”
4.1.9. Fotocopia del recurso de reposición presentado por la actora en contra del anterior acuerdo, el 8 de octubre de 2012, a través del cual solicita revocar las decisiones que en éste se adoptaron, para que en su lugar, las autoridades laborales sean quienes decidan acerca de la idoneidad de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura dirigidas a proteger su derecho a la salud.
4.1.10. Respuesta al derecho de petición instaurado por la peticionaria, el 22 de octubre de 2012.
4.1.11. Fotocopia del informe de estadística del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2012 que evidencia la gestión adelantada por el despacho de la peticionaria.
4.1.12. Fotocopia de la sentencia emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 5 de junio de 2008.
4.2. Actuaciones de la Corte Constitucional: pruebas decretadas por la Sala.
4.2.1. Solicitó al doctor Jairo León Rodríguez L., médico laboral de Salud Total EPS, que respondiera una serie de cuestionamientos acerca del estado de salud actual de la peticionaria, así como también explicara las particularidades del diagnóstico de “degeneración macular en ambos ojos” y las consecuencias a futuro en la capacidad visual de la accionante, entre otras preguntas.
4.2.2. Ofició a la EPS Salud Total de Medellín, para que (i) remitiera copia de la historia clínica de Nancy Ávila de Miranda, (ii) informara acerca de las prestaciones médicas y asistenciales suministradas por la entidad para atenderla, (iii) emitiera un concepto acerca de la medida adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura a favor de la actora y, (iv) enviara a la junta de calificación de invalidez de Antioquia la historia clínica de la accionante para que determinara su pérdida de capacidad laboral.
4.2.3. Ofició a la junta de calificación de invalidez de Antioquia para que calificara el origen y porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de la accionante.
4.2.4. Ofició al oftalmólogo que le diagnosticó a la peticionaria “degeneración macular en ambos ojos” para que le informara al despacho del magistrado sustanciador (i) cuál es el estado de salud actual de la magistrada Ávila de Miranda y si en razón a dicho diagnóstico requiere de incapacidad médica, (ii) cuál es el tiempo aproximado diario que puede destinar a las labores de lectura y digitación y si esta actividad compromete su estado de salud. Además, también se le pidió que emitiera su concepto frente a la medida adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura a favor de la actora, en el sentido de designarle un auxiliar judicial a su despacho para que desempeñara funciones de lectura y digitación.
4.2.5. Ofició al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, para que informarán (i) cuáles son las medidas o herramientas con que cuentan para responder a las necesidades de los trabajadores de la rama judicial que presentan una disminución de su capacidad visual, parcial o total, con el fin de garantizar el desarrollo de sus labores, y (ii) cuáles son las medidas o herramientas con las que cuentan para garantizar el acceso de la población en situación de discapacidad a los cargos públicos de la Rama Judicial.
4.2.6. Finalmente, invitó al grupo de investigación de Derechos Humanos y DIH “De las Casas” de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, al programa de acción por la igualdad y la inclusión social —PAIIS— de la Universidad de los Andes, al director de la maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo de investigación en Derechos Humanos y a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, al Instituto Nacional Para Ciegos (INCI) y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad —Dejusticia—, con el fin de que, si lo consideraban pertinente, emitieran un concepto técnico sobre la demanda.
4.3. Informes e intervenciones.
4.3.1. Médico laboral Salud Total EPS.
Finalmente, anexa un oficio dirigido a la Comisión Laboral del Fondo de Pensiones —Colpensiones— solicitándole que califique la pérdida de capacidad laboral de Nancy Ávila de Miranda por presentar una patología de pronóstico no favorable.
4.3.2. Oftalmólogo tratante.
El oftalmólogo Juan Gonzalo Mejía Martínez, señaló que en general la peticionaria puede ejercer su trabajo en condiciones normales pero con restricciones, específicamente en la lectura y en la digitación debido a la pérdida de agudeza visual leve a moderada en su ojo derecho. Por otra parte, sostuvo, también puede existir un componente de estrés emocional que puede conducir al padecimiento de una “coroidopatía serosa central”.
4.3.3. Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa-Unidad de Administración de Carrera Judicial.
4.3.4. Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa-Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
Por parte de la unidad de recursos humanos de la dirección ejecutiva de administración judicial, una vez conoció el caso, solicitó a la comisión laboral de la EPS Salud Total mediante Oficio DEAJRH13-2322 del 1º de abril de 2013, recomendaciones médico laborales específicas de especialista en oftalmología validadas por la comisión laboral de la EPS Salud Total y cumplir el procedimiento de pérdida de capacidad laboral por el carácter irreversible, progresivo y limitante de su patología´”.
4.3.5. Universidad Nacional de Colombia.
La coordinadora académica de la maestría en discapacidad e inclusión social, manifestó que, a su parecer, una vez se defina por parte de la junta de calificación de invalidez el grado de discapacidad de la servidora judicial deben realizarse los “ajustes razonables” con el fin de que pueda continuar desempeñándose como magistrada, para el caso particular, considera que además de un asistente sería pertinente que implementaran el uso de lector de pantalla, tipo Jaws, para facilitar el cumplimiento de su labor como servidora judicial. Estas medidas protegerían su salud visual y su seguridad en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1346 de 2009, artículo 27, numeral b).
4.3.6. Universidad del Rosario.
El grupo de investigación en derechos humanos de la facultad de jurisprudencia, sostiene que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) es aplicable al caso de la accionante. En particular, hace referencia al artículo 6º de la convención, en el cual se hace alusión al mayor grado de discriminación al que se pueden ver sometidas las niñas y mujeres en situación de discapacidad por cuestiones de género. Agrega que, aproximadamente, la mitad de las personas con discapacidad en el mundo son mujeres, lo cual las ubica en una situación de desventaja frente a quienes no tienen discapacidad, ya sean mujeres u hombres.
4.3.7. Instituto Nacional para Ciegos —INCI—.
Teniendo en cuenta lo expuesto, expone que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, puede recurrir a la asesoría y asistencia técnica del Instituto Nacional para Ciegos —INCI— con el propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones antes anotadas.
4.3.8. Salud Total EPS.
“…frente a la solicitud de precisar la evolución de la enfermedad de la usuaria, así como del tratamiento integral por ella requerido, debemos manifestarle…que esta información nuestra entidad se encuentra impedida para suministrarla, toda vez que deberá ser el oftalmólogo-retinólogo tratante, quien establezca todas las líneas de tratamiento utilizadas y la respuesta de la paciente a todas ellas. Igualmente, será él quien precise cuál es el tratamiento adecuado y óptimo para la paciente, entre otras cosas, porque su atención se realiza de manera particular o en su defecto a través de plan complementario de salud el cual es costeado por la usuaria misma…”.
“…nuestra entidad debe abstenerse de emitir dicho concepto toda vez que el mismo, deberán emitirlo los especialistas tratantes que han conocido el curso de la enfermedad de la usuaria y que determinarán las condiciones visuales de la misma y nos atenemos a las recomendaciones dadas por ellos. Esto es, médico oftalmólogo- retinólogo y médico laboral...”.
5.2.1. El derecho al trabajo y la discapacidad.
5.2.1.1. Breve contextualización acerca de la transformación del concepto de discapacidad.
Con la anterior perspectiva hay un cambio de paradigma en la forma cómo debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente social a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este modelo, la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y estigmatización. Además, las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. En su modo más puro, quienes defienden este modelo sostienen que la discapacidad es una construcción social (de hecho esta afirmación es hecha en el plan de acción para la discapacidad de la Unión Europea de 2003) y, por tanto, que la sociedad debe adaptarse para responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Este modelo se concretó en la Declaración para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de julio de 1996, inspirada en las Reglas Estándar de las Naciones Unidas para la equidad de oportunidades de las personas con discapacidad. En este instrumento se afirma que la forma como la sociedad está organizada sirve a la exclusión de las personas con discapacidad y hace un llamado al diálogo cívico con organizaciones no gubernamentales que abogan por los derechos de estas personas(4).
Por tanto, no puede desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un impacto positivo o negativo en la manera de asumir y entender la discapacidad, pues “los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental del entorno social, es decir, que la discapacidad no es únicamente un problema individual. Esto significa que un medio social negativo y poco auspiciador puede convertir la discapacidad en invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con una discapacidad”(5).
En particular, una de las condiciones negativas que contribuyen a la exclusión de las personas con discapacidades es la no adaptación del ambiente físico(6) a las necesidades de esta población, es decir, el entorno físico está concebido para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual corresponde al imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar, las potencialidades que cada uno debe tener(7), etc. Al respecto, esta corporación ha afirmado lo siguiente:
“En el curso de la historia, las personas discapacitadas han sido tradicional y silenciosamente marginadas. A través del tiempo, las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto completamente habilitado. La educación, la recreación, el transporte, los lugares y los medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de la felicidad, se fundan en la idea de una persona que se encuentra en pleno ejercicio de todas sus capacidades físicas y mentales. Quien empieza a decaer o simplemente sufre una dolencia que le impide vincularse, en igualdad de condiciones, a los procesos sociales —económicos, artísticos, urbanos—, se ve abocado a un proceso difuso de exclusión y marginación, que aumenta exponencialmente la carga que debe soportar”(8).
De lo anterior puede colegirse que el ambiente físico tiene una gran importancia en términos de inclusión/exclusión social para cada ser humano según su proyecto de vida. Es decir, la relación persona-ambiente juega un papel fundamental para el desarrollo del ser humano y la posibilidad de llevar a cabo sus aspiraciones más profundas. Por consiguiente, es necesario que los estados y las sociedades reconozcan la importancia de que el entorno responda a las necesidades de todas las personas, teniendo en cuenta a aquellas con diferentes tipos de discapacidades para lograr su integración social y garantizar plenamente el ejercicio de todos sus derechos.
El fin de ello es la realización de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo con su temperamento y su carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás personas y del orden público”(9).
Acerca de la protección constitucional del derecho a la libre locomoción, “la jurisprudencia de esta corporación ha promovido la aplicación de las normas constitucionales y legales que reconocen la protección especial que el Estado debe brindar a las personas discapacitadas y ha garantizado su acceso, en igualdad de condiciones, al espacio público y las instalaciones y edificios abiertos al público”(10).
5.2.1.2. El derecho fundamental al trabajo, en particular, su alcance frente a las personas que se encuentran en alguna circunstancia de discapacidad.
5.2.2.1.1. Normativa nacional.
En consonancia con estos mandatos constitucionales, la Ley 361 de 1997 establece en su artículo 4º la obligación ineludible del Estado de poner a disposición de la población en situación de discapacidad todos los recursos necesarios para su protección. Entre los objetivos de tal amparo se encuentra la integración laboral, cuyo alcance ha sido definido por esta corporación, al entender que implica la ubicación laboral acorde con sus condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334), para todos aquellos que se encuentren en edad de trabajar(11).
No obstante, es importante aclarar que la protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad no sólo incluye la garantía de los medios de subsistencia sino también la posibilidad real, como el resto de personas, de desarrollar al máximo todas sus potencialidades y lograr una plena integración social(12).
5.2.2.1.2. Normativa internacional.
Para iniciar, es importante hacer alusión a la Observación General 18, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acerca del contenido del derecho al trabajo. En este respecto, el Comité señaló que el ejercicio laboral supone la existencia de los siguientes elementos:
(ii) Accesibilidad: el mercado laboral debe ser accesible a toda persona, cuyo contenido implica, en primer lugar, la prohibición de toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo, en razón al sexo, estado de salud, discapacidad, o de otra naturaleza, con la intención o que tenga el efecto de oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones o hacerlo imposible; en segundo lugar, la accesibilidad física como una dimensión del acceso al trabajo, de conformidad con lo establecido en el párrafo 22 de la Observación General 5 sobre las personas con discapacidad y; en tercer lugar, la accesibilidad a la información sobre los medios para obtener el acceso al trabajo.
A su vez, el artículo 2º de esta convención establece una serie de definiciones dentro las cuales se resaltan, por su pertinencia para el caso, dos: diseño universal y ajustes razonables. Con respecto a la primera, dicho instrumento señala que por diseño universal “se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El ´diseño universal´ no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”. Respecto al segundo concepto, preceptúa que por ajustes razonables “se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En relación con el estado de vulnerabilidad por cuestiones de género, el artículo 6º de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, evidencia que la mujer además de encontrarse en situación de vulnerabilidad por razones de género, dicho grado de indefensión también se acentúa cuando se encuentra en alguna circunstancia de discapacidad. Por ello, en el numeral 2º de este precepto se hace un llamado a los Estados para que tomen todas las medidas pertinentes en orden a asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales.
De otro lado, el literal b) del artículo 7º del Protocolo de San Salvador, consagra como uno de los contenidos del derecho al trabajo el relativo a que la persona cuente con la oportunidad de seguir su vocación y dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas.
5.2.2. La prohibición de no discriminación establecida en el artículo 13, y la consecuente obligación de desarrollar acciones afirmativas a favor de las personas en circunstancia de discapacidad.
En la actualidad existe un debate acerca de las dimensiones de la justicia social como lo son la justicia distributiva y de reconocimiento. En particular, la justicia de reconocimiento (i) acepta la diferencia y valora la diversidad; (ii) construye la individualidad a partir del reconocimiento del otro como igual pero diferente de sí mismo (fenomenología de la conciencia); (iii) interpreta las injusticias como culturales, por ejemplo la invisibilización a la que han sido sometidas poblaciones que gozan de una estima y un prestigio menor respecto de otros grupos sociales (estatus); (iv) promueve la creación de patrones que expresen la igualdad, el respeto por las personas excluidas socialmente y su reconocimiento como plenos sujetos de derechos; y (v) cuestiona actitudes culturales de indiferencia(13).
En punto al importante cometido que se busca alcanzar a través del despliegue de acciones afirmativas por parte del Estado frente a las personas en situación de discapacidad, esta corporación ha referido que “el fin perseguido a través de las medidas de diferenciación positiva es el de contrarrestar —equilibrar— los efectos negativos que generan las discapacidades en punto a la participación de los discapacitados en las distintas actividades que se desarrollan en la sociedad”(14) (resaltado fuera de texto)
Se reitera que el contenido del artículo 13 de la Constitución Política busca la realización de una justicia material para todas las personas. En consecuencia, la especial protección constitucional que se otorga a diferentes personas o grupos en estado de vulnerabilidad, como es el caso de aquéllos ciudadanos con diferentes discapacidades, no es un favor que les otorga el Estado o un acto de caridad sino que es un deber constitucional (arts. 13, 47, 54, 68). Al respecto, esta corporación ha sido enfática en sostener que:
“…el trato favorable no constituye un privilegio arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”(15) (resaltado fuera de texto).
Sin embargo, el deber de trato especial no significa que las personas en situación de discapacidad se encuentren relevadas de sus deberes y obligaciones constitucionales como cualquier otro ciudadano(16).
Específicamente, en el caso de las personas en situación de discapacidad, esta corporación ha referido que pueden constituir actos de discriminación contra esta población: “la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad(17)”(18) (resaltado fuera de texto).
El acto discriminatorio puede originarse en una acción deliberada o un resultado no previsto, lo cual en todo caso “(…) implica la violación del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable”(19) (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, para que un trato diferente esté justificado esta corporación ha encontrado que deben observarse los siguientes parámetros: “primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; y tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada”(20).
Los actos discriminatorios pueden originarse en el lenguaje de las normas o en las prácticas de las instituciones o de la sociedad que de manera injustificada llegan a constituirse en una forma de vida y son aceptados con naturalidad, lo cual conlleva que las personas que sufren este tipo de exclusión tengan que soportar cargas infundadas desde el punto de vista moral y/o jurídico(21).
A la luz de las consideraciones precedentes, la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de las personas en situación de discapacidad puede devenir no sólo por acción sino también por la omisión de acciones afirmativas de que son titulares(22) lo cual mantiene la estructura de exclusión social e invisibilidad a la que han sido sometidas históricamente, y que obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales(23).
“La existencia de una discriminación por omisión de trato más favorable supone que el juez verifique en la práctica diversos extremos: (1) un acto —jurídico o de hecho— de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas con limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades de los discapacitados”(24).
6.1.1. En el año 2007, la actora se posesionó como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, y en ese mismo período el retinólogo de su EPS le diagnosticó “degeneración macular en ambos ojos” (fl. 19, cdno. ppal.).
6.1.2. Posteriormente, en el año 2012, el médico laboral adscrito a su EPS emitió dos restricciones laborales, la primera el 5 de enero, referente a la disminución del reparto en un 50%, y la segunda el 25 de junio, consistente en la suspensión del reparto de expedientes. Las dos medidas tuvieron sustento en la dificultad para la visión y la disminución de agudeza con fatiga visual de la accionante (fls. 23 y 25, cdno. ppal.).
6.1.3. La vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante oficio CSJA-SA12-2633 del 16 de julio de 2012, le informó a la peticionaria que “…mediante Oficio CSJA-SA12-2632 (16-07-12) se remitió copia de la recomendación expedida por el médico laboral de la EPS Salud Total que adjuntó, a fin de que se incluya en el concepto que sobre creación de cargo de magistrados (as) y descongestión para la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia elevamos ante la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, UDAE, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura…” (fl. 27, cdno. ppal.).
6.1.4. También se encuentra acreditado que la vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, mediante Oficio CSJA-SA12-2639 del 17 de julio de 2012, le envío a la coordinadora de la oficina judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial Antioquia-Chocó, copia de la recomendación médico laboral emitida el 25 de junio de 2012 relativa a la suspensión del reparto de procesos a la peticionaria para lo pertinente (fl. 26, cdno. ppal.).
6.1.5. Igualmente, consta dentro del plenario copia del Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, a través del cual se creó transitoriamente un cargo de auxiliar judicial 1 en el despacho de la actora, para que cumpliera con labores de lectura y digitación, desde el 4 de octubre de 2011 hasta el 19 de diciembre de 2012. Así mismo, se evidencia que en el artículo 3º de este acuerdo se dispuso que el despacho de la magistrada ingresara al reparto normal de procesos a partir de la fecha.
6.1.6. Por su parte, el médico laboral de la EPS Salud Total sostiene que no es necesario emitir incapacidad alguna porque (i) la pérdida de capacidad visual de la actora se encuentra principalmente en su ojo izquierdo, es decir, la actora no tiene una incapacidad continua que le impida el desarrollo de sus labores; y aclara que (ii) las restricciones laborales no implican la expedición de incapacidades médicas, pues su objetivo es lograr que la persona realice sus actividades normalmente.
6.2. Examen de la procedencia de la acción de tutela.
6.2.1. La accionante solicita (i) dejar sin efecto el numeral tercero del Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, el cual consagra que “…A partir de la fecha, el despacho de la magistrada objeto de descongestión ingresará al reparto normal de procesos…” y en su lugar, se protejan sus derechos a la salud, a la vida digna y al debido proceso y; (ii) ordenar a la entidad accionada que dé cumplimiento al acto administrativo proferido por la vicepresidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante el cual ordenó la ejecución de la medida de restricción laboral consistente en la suspensión del reparto de expedientes.
6.2.2. Para iniciar, es importante recordar que la Corte Constitucional ha establecido como regla general la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos ordinarios que garanticen efectivamente la defensa de los derechos fundamentales invocados.
6.2.3. A la luz de lo expuesto, esta Sala debe analizar si la comunicación que firmó la vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia es un acto administrativo, con el fin de determinar si la actora puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar el amparo de sus derechos.
Al respecto, se observa que la comunicación emitida el 17 de julio de 2012, se trata de un oficio que la vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia remitió a la coordinadora de la oficina judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia-Chocó, mediante el cual le envía la copia de la medida relativa a la suspensión del reparto que adoptó el médico de la EPS.
En este orden de ideas, del contenido del Oficio CSJA-SA12-2639 no puede derivarse la consecuencia que le otorga la actora, en el sentido de que el Acuerdo NPSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012 revoca de manera unilateral y sin motivación alguna un acto administrativo que consagró la medida de restricción laboral a su favor. Esta afirmación no es cierta porque el Oficio CSJA-SA12-2639 no es un acto administrativo, sino que se trata de una comunicación que puso en conocimiento la medida emitida a favor de la actora por el médico laboral de la EPS, con el fin de que su situación fuera tenida en cuenta por la autoridad competente y también se considerara como sustento de las decisiones relativas a la grave crisis de congestión que enfrenta la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
Por otro lado, frente al Acuerdo NPSAA12-9714, aunque es susceptible de ser atacado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se torna en un mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados, por lo menos, por dos razones: (i) ante la demora en su resolución y (ii) porque además su análisis estaría circunscrito al análisis de la legalidad del acto administrativo y no a resolver cuestiones sobre la vulneración de las garantías superiores de la actora.
6.2.4. Ahora bien, frente a la vulneración del derecho a la igualdad que alega la peticionaria, quien sostiene que no se aplicó un criterio diferenciado que tomara en consideración su pérdida de capacidad visual, esta Sala observa que tampoco existen mecanismos de defensa judicial para solicitar la protección invocada.
6.2.5. Agregado a lo anterior, la Sala evidencia que la accionante se encuentra en situación de vulnerabilidad (i) por su pérdida de capacidad visual y (ii) por cuestiones de género.
6.2.6. En consecuencia, ante la inexistencia de otros mecanismos ordinarios que garanticen efectivamente la defensa de los derechos invocados, la situación de vulnerabilidad de la actora, y por tratarse de un asunto de relevancia constitucional, la acción de tutela se abre paso como el mecanismo idóneo para invocar el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.
6.3. Análisis de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
6.3.1. La señora Nancy Ávila de Miranda considera que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vulneró sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, al desconocer la medida de restricción que emitió el médico laboral de su EPS sobre la suspensión del reparto de expedientes a su despacho y, en cambio, designarle un auxiliar judicial con funciones de lectura y digitación como fórmula de descongestión.
6.3.2. Con respecto a la protección del derecho a la salud de la peticionaria, esta Sala evidencia, por un lado, que el médico laboral de la EPS Salud Total emitió una restricción laboral el 25 de junio de 2012 relativa a la suspensión del reparto de expedientes, cuyo fin es que la magistrada Ávila de Miranda pueda superar el atraso que presenta su despacho originado por la alta carga laboral que tiene la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, como también por las dificultades que presenta la actora para leer y digitar, en razón a su pérdida de capacidad visual y, de otro lado, que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012 mediante el cual adoptó una medida de descongestión para el despacho de la accionante consistente en la designación de un auxiliar judicial con funciones de lectura y digitación, para proteger su derecho a la salud, y como consecuencia de ello, decidió, contrario a lo dispuesto por el médico laboral, ingresar a su despacho en el reparto normal de procesos para garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Bajo la anterior perspectiva, se vislumbra que el objetivo principal de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se centró fundamentalmente en buscar una salida a la congestión particular del despacho de la actora —lo cual sin duda, está ligado con su derecho a la salud— pero no responde a las necesidades particulares de la magistrada en razón a la discapacidad visual que presenta. Aunque la entidad accionada sostiene que se trata de una pérdida de capacidad visual que puede corregirse, según el diagnóstico allegado al expediente los síntomas son de carácter degenerativo, progresivo e irreversible.
6.3.3. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, en la actualidad la discapacidad es abordada desde el modelo social, esto es, partiendo de la base de que es una realidad(25). En particular, uno de los tipos de discapacidad más común de las personas en edad de trabajar (15-59 años) es la visual, que incluye a la población que no puede ver aún utilizando gafas(26).
En el caso concreto, se encuentra acreditado que la accionante cuenta en la actualidad con 51 años de edad; presenta una discapacidad visual bajo el diagnóstico de “degeneración macular en ambos ojos”, la cual tiene el carácter de progresiva y degenerativa; tiene una larga trayectoria al servicio del Estado (27 años)(27); accedió desde el año 2007 al cargo de magistrada del Tribunal Superior de Antioquia, luego de superar un concurso público de méritos y; el médico laboral y el oftalmólogo consideran que su diagnóstico no le impide ejercer las funciones que le exigen su cargo, pero con algunas restricciones de lectura y digitación.
Sin embargo, de las pruebas obrantes en el plenario puede colegirse que el Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con una política para responder a las necesidades de los trabajadores de la rama judicial que presentan una disminución de su capacidad visual, parcial o total, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus labores(28). Así se vislumbra de la información contenida en los oficios allegados en sede de revisión, en donde la entidad accionada se limitó a explicar que en el formulario de inscripción para participar en el concurso público de méritos de la rama judicial, se encuentra un ítem en el que la persona puede especificar si tiene o no algún tipo de discapacidad, lo cual no responde a la pregunta de cuáles son las medidas específicas con que cuenta el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar el acceso y el ejercicio del derecho al trabajo de quienes se encuentran en dicha circunstancia, ni tampoco de quienes ya se encuentran en el sistema de carrera judicial y que en ejecución de sus labores puedan llegar a encontrarse en dicha situación.
6.3.4. En consecuencia, independientemente del resultado de la valoración por la junta de calificación de invalidez sobre la pérdida de capacidad laboral de la actora —ya que se encuentra acreditado que la peticionaria puede desempeñar con idoneidad y competencia sus funciones, pero que en razón al entorno físico y cultural excluyente que la rodea no ha tenido la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos— dictará las siguientes órdenes:
6.3.4.1. Inmediatas.
6.3.4.1.1. Como una medida provisional, confirmará parcialmente la orden emitida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el Consejo Superior de la Judicatura debe prorrogar la medida adoptada en el Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, designándole al despacho de la actora un auxiliar judicial que cumpla con labores de lectura y digitación, mientras se realizan los ajustes razonables en su entorno físico, que le permita ejercer plenamente su derecho al trabajo y empleo, con autonomía y libertad. Para el efecto, el reparto deberá realizarse de forma gradual, de acuerdo con las prescripciones que para el efecto emita el médico laboral y el oftalmólogo tratante.
6.3.4.1.2. Ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que incluya dentro del programa de formación y capacitación TIC, que tiene como propósito incrementar los niveles de incorporación, adaptación e integración de estas tecnologías en la Rama Judicial, las necesidades de los funcionarios y empleados judiciales del país que aspiren a acceder al sistema de carrera judicial como de aquéllos que se encuentran en situación de discapacidad visual, total y/o parcial.
6.3.4.1.3. Ordenará a la EPS Salud Total que le brinde un proceso de rehabilitación integral a la accionante en lo atinente a su salud física, sicológica y emocional, con el fin de que la actora pueda asumir su circunstancia y logre alcanzar la independencia y autonomía necesarias para el desarrollo de sus funciones como servidora judicial.
6.3.4.1.4. Instará al Consejo Superior de la Judicatura para que adelante una campaña de sensibilización dirigida a los servidores públicos y personal administrativo que labora en el Tribunal Superior de Antioquia, con el fin de generar un mayor compromiso y comprensión de las circunstancias en las que viven las personas con diferentes discapacidades.
6.3.4.2. Mediano y largo plazo.
6.3.4.2.1. Ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que la magistrada Nancy Ávila de Miranda cuente con la tecnología especializada que le permita acceder de manera autónoma e independiente a los documentos que manipule diariamente para el cumplimiento de su labor. Para el efecto, dispondrá que debe asesorarse técnicamente del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
6.3.4.2.2. Ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que la magistrada Nancy Ávila de Miranda pueda acceder a la información contenida en los expedientes y demás documentos en formatos para ser leídos a través de la tecnología especializada puesta a su disposición, e igualmente dispondrá que debe buscar asesoría técnica en el Instituto Nacional para Ciegos INCI.
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia emitida el cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, tuteló el derecho a la salud de la accionante.
2. ADICIONAR la sentencia proferida el cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para TUTELAR los derechos fundamentales de la actora al trabajo y empleo, e igualdad, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Como una medida provisional, confirmará parcialmente la orden emitida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que, a partir de la notificación del presente fallo de tutela, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogue la medida adoptada en el Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, por el término de seis (6) meses, designándole al despacho de la actora un auxiliar judicial que cumpla con labores de lectura y digitación, mientras se realizan los ajustes razonables en su entorno físico, que le permitan ejercer plenamente su derecho al trabajo y empleo con autonomía y libertad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Para el efecto, el reparto deberá realizarse de forma gradual, de acuerdo con las prescripciones que emita el médico laboral y el oftalmólogo tratante, las cuales deberán entregarse al empleador.
4. ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dentro del término máximo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela, la magistrada Nancy Ávila de Miranda cuente con la tecnología especializada que le permita acceder de manera autónoma e independiente a los documentos que manipule diariamente para el desarrollo de sus labores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, en particular, el numeral 6.3.3. Con el fin de dar cumplimiento a la presente orden, deberá recurrir a la asesoría y asistencia técnica del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
5. ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dentro del término de un (1) año, contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela, la magistrada Nancy Ávila de Miranda pueda acceder a la información contenida en los expedientes y demás documentos en formatos para ser leídos a través de la tecnología especializada puesta a su disposición de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, en particular, el numeral 6.3.3. Con el fin de dar cumplimiento a la presente orden, deberá recurrir a la asesoría y asistencia técnica del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
6. ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, a partir de la notificación del presente fallo de tutela, incluya dentro del programa de formación y capacitación TIC, que tiene como propósito incrementar los niveles de incorporación, adaptación e integración de estas tecnologías en la Rama Judicial, las necesidades de los funcionarios y empleados judiciales del país que aspiren a acceder al sistema de carrera judicial como de aquéllos servidores judiciales en situación de discapacidad visual, total y/o parcial.
7. ORDENAR a la EPS Salud Total que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela, inicie de inmediato el trámite tendiente a brindarle un proceso de rehabilitación integral a la accionante en lo atinente a su salud física, sicológica y emocional, con el fin de que pueda asumir su circunstancia y logre alcanzar la independencia y autonomía necesarias para el desarrollo de sus funciones como servidora judicial.
8. INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura para que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela, adelante una campaña de sensibilización dirigida a los servidores públicos y personal administrativo que laboran en el Tribunal Superior de Antioquia, con el fin de generar un mayor compromiso y comprensión de las circunstancias en las que viven las personas con diferentes discapacidades.
9. EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, para que verifique la implementación de las leyes de integración social de las personas en situación de discapacidad y de la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de esta población, específicamente, en lo atinente al derecho al trabajo y empleo en los cargos públicos.
10. COMUNICAR la presente decisión al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al INCI para que, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
(1) Folio 28, cuaderno principal.
(2) Folio 29, cuaderno principal.
(3) Ver folio 155, cuaderno principal.
(4) Corte Constitucional, Sentencia T-974 del 30 de noviembre de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(5) Corte Constitucional, Sentencia T-207 del 12 de abril de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(6) Acerca de la noción de ambiente físico, el arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Javier Peinado Pontón, señaló: “(…) Cuando ustedes se refieren al ambiente físico, nosotros lo llamamos paisaje o naturaleza. En términos de geografía equivale a todo el mundo natural, el entorno natural e intervenido y el entorno físico; y este entorno físico tiene significado, tiene razón de ser para los humanos en la medida en que está ocupado; la significación se la da la vida social y la cultura” Tomado de Peinado Pontón, Javier, “Hábitat y Discapacidad” en “Discapacidad e Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 287.
(7) Es importante hacer una nota sobre la noción de discapacidad y especialmente subrayar que todos los seres humanos estamos avocados a convivir con esta circunstancia: “(…) En este sentido me he dado cuenta de que la discapacidad, como la enfermedad, es connatural a la condición humana. O sea que, inevitablemente el desarrollo de una persona avanza hacia la pérdida de su capacidad para intervenir laboralmente, para operar con autonomía en los ámbitos en que se mueve. Insisto, la independencia ocupacional, el autocuidado, la asunción de las responsabilidades que se tienen a nivel familiar y toda suerte de participaciones sociales, con el tiempo se van perdiendo (…)” Tomado de Guerrero Juan, “Discapacidad, discapacitados y expertos” en “Discapacidad e Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 82.
(8) Corte Constitucional, Sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(9) Corte Constitucional, Sentencia T-594 del 15 de diciembre de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(11) Sentencia C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(12) Corte Constitucional, Sentencia T-770 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(13) Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación” en Revista de Trabajo, número 6, año 4, agosto-diciembre, 2006, págs. 83-99.
(14) Corte Constitucional, Sentencia T-207 del 12 de abril de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(15) Corte Constitucional, Sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(17) Ver las Sentencia T-288 de 1995 y T-378 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(18) Corte Constitucional, Sentencia C-401 del 20 de mayo de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(20) Corte Constitucional, Sentencia T-117 del 13 de febrero de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(22) Sobre el acto discriminatorio por omisión del deber de trato especial pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-378 de 1997, C-381 de 2005, T-068 de 2006, T-1248 de 2008, C-640 de 2009.
(24) Corte Constitucional, Sentencia T-288 del 5 de julio de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(25) “En ese sentido, la discapacidad va más allá de un problema de salud individual y, por tanto, afecta al individuo en relación con su familia y en su integración social. En la práctica, no necesariamente es una desventaja; es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que genera tal condición (Ministerio de la Protección Social, 2008). En efecto, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto social…” tomado de Discapacidad y Derecho al Trabajo, César Rodríguez Garavito y Laura Rico Gutiérrez de Piñeres (Coords.), ediciones Uniandes, 2009.
(27) Folio 6, cdno. ppal.
(28) En este sentido, mediante los oficios allegados en sede de revisión se limitó a explicar que en el formulario de inscripción para participar en el concurso público de méritos de la rama judicial, se encuentra un ítem en el que la persona puede especificar si tiene o no algún tipo de discapacidad, lo cual no responde a la pregunta de cuáles son las medidas específicas con que cuenta el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar el acceso y el ejercicio del derecho al trabajo de quienes se encuentran en dicha circunstancia, ni tampoco de quienes ya se encuentran en el sistema de carrera judicial y que en ejecución de sus labores puedan llegar a encontrarse en dicha situación.

References: artículo 2
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 3
 resolución