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Timestamp: 2019-02-16 07:44:30+00:00

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﻿ AUTO 2015-00086/54269 DE JUNIO 1 DE 2018
AUTO 2015-00086 DE 01 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:SI LA NORMA QUE CONSAGRA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO HA SIDO DEROGADA, ELLA SE APLICA RESPECTO DE LAS PETICIONES EN RELACIÓN CON LAS CUALES EL TÉRMINO DE LA AUTORIDAD PARA RESPONDER HUBIERA EMPEZADO A CORRER EN VIGENCIA DE LA MISMA. SE RESUELVE LA SOLICITUD DE LA PARTE ACTORA DIRIGIDA A LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL ACTO O DECISIÓN FICTA PRODUCTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Y DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO, COMO RESULTADO DE UNA PETICIÓN ELEVADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA, LAS NORMAS PROCESALES, COMO SUCEDE CON EL CASO DEL ACTO FICTO PRODUCTO DE LA OMISIÓN DE RESPUESTA A LA SOLICITUD QUE SE PROMUEVE EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ENTRAN A REGIR DE INMEDIATO EXCEPTO CUANDO LOS TÉRMINOS HUBIEREN EMPEZADO A CORRER O CUANDO LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS YA ESTUVIEREN INICIADAS Y NO SE HUBIEREN TERMINADO AL EXPEDIRSE LA NUEVA LEY. ASÍ, TRATÁNDOSE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDOS EN VIGENCIA DEL DECRETO 1275 DE 1970 Y QUE ESTUVIERAN ORIENTADOS HACIA LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO DE LA EXPLOTACIÓN DE UNA MINA O LA CAUSAL JUSTIFICATIVA DE LA SUSPENSIÓN, PODÍA RESULTAR APLICABLE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO DEL ARTÍCULO 19 DE DICHO DECRETO, SIEMPRE Y CUANDO EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES QUE TENÍA EL MINISTERIO DE MINAS PARA RESPONDER LA SOLICITUD RESPECTIVA HUBIERA EMPEZADO A CORRER EN VIGENCIA DE AQUEL. ASÍ LAS COSAS, UNA VEZ DEROGADO EL DECRETO 1275 DE 1970 POR EL ARTÍCULO 307 DEL DECRETO 2477 DE 1986, LAS SOLICITUDES QUE DE ALLÍ EN ADELANTE SE PRESENTARAN Y QUE ESTUVIERAN ORIENTADAS HACIA LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO DE LA EXPLOTACIÓN DE UNA MINA, YA NO ESTABAN COBIJADAS POR EL ARTÍCULO 19. EN ESE SENTIDO, EL HECHO DE QUE LA RESPUESTA DE UNA AUTORIDAD A UNA PETICIÓN SE FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 28 DEL CPACA, SIN QUE ESTA PETICIÓN HUBIERA SIDO UNA CONSULTA, CONLLEVA QUE SE OMITA UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO QUE BUSCA NO COMPROMETER A DICHA AUTORIDAD CON UNA DECISIÓN DEFINITIVA, SEA AFIRMATIVA O NEGATIVA. TUVO RAZÓN LA DEMANDADA CUANDO EXPRESÓ QUE LA PETICIÓN HABÍA SIDO DECIDIDA, PUESTO QUE LA RESPUESTA DADA POR EL MINISTERIO, AL HABER INDICADO EXPRESAMENTE QUE TENÍA EL ALCANCE DE UN CONCEPTO, REHUYÓ UNA DECISIÓN DEFINITIVA. POR ELLO, FRENTE A LA REFERIDA OMISIÓN DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD RESULTAN APLICABLES LAS REGLAS QUE DISCIPLINAN LA GENERALIDAD DE LOS SILENCIOS ADMINISTRATIVOS Y QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 83 DEL CPACA. EN CONCLUSIÓN, LA PETICIÓN ELEVADA POR LA DEMANDADA NO TUVO DE PARTE DEL MINISTERIO UNA RESPUESTA DE FONDO, LO QUE DIO LUGAR A LA CONFIGURACIÓN DE UN ACTO FICTO NEGATIVO, POR TRATARSE DE UNA PETICIÓN PRESENTADA EN VIGENCIA DEL CPACA. SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SILENCIO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MEDIDAS CAUTELARES, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, EXPLOTACIÓN DE MINAS
Auto 2015-00086/54269 de junio 1 de 2018
Rad.: 11001-03-26-000-2015-00086-00(54269)
Demandado: Pacific Mines S.A.S.
Temas: Actos administrativos - Silencio administrativo positivo - si la norma que lo consagra ha sido derogada, ella se aplica respecto de las peticiones en relación con las cuales el término de la autoridad para responder hubiera empezado a correr en vigencia de la misma - Derecho de petición de consulta - Si la petición tiene un propósito distinto a la consulta, la respuesta de la autoridad a través de conceptos configura una omisión de respuesta.
Bogotá, D. C., primero de junio de dos mil dieciocho.
Procede este despacho a resolver la solicitud de la parte actora dirigida a la suspensión de los efectos jurídicos del acto o decisión ficta producto del silencio administrativo positivo y de carácter particular y concreto, como resultado de la petición elevada el 3 de junio de 2014 por el representante legal de la sociedad demandada, la cual, junto con la declaración juramentada de no haberle sido notificada ninguna respuesta, fue protocolizada a través de la Escritura Pública Nº 2772 de 4 de diciembre de 2014 de la Notaría 52 de Bogotá.
1.1. Trámite.
En el escrito de demanda presentado el 27 de mayo de 2015(1), la parte actora solicitó la suspensión de los efectos del presunto acto ficto positivo, con fundamento en el tercer inciso del artículo 97 del CPACA, petición que fue rechazada, en auto de este despacho de 20 de noviembre de 2015(2), por no haberse cumplido con la carga establecida en el artículo 229 del CPACA, consistente en la debida sustentación de la medida cautelar.
El 28 de junio de 2016 tuvo lugar la audiencia inicial(3), la cual fue suspendida como consecuencia del recurso de súplica interpuesto por la parte demandada contra la decisión del despacho que había desestimado la excepción de “falta de agotamiento del requisito de la conciliación extrajudicial”. La decisión anterior fue confirmada por la Sala de la Subsección A mediante auto de 24 de mayo de 2017(4).
Posteriormente, en escrito presentado el 12 de agosto de 2016(5), la parte actora volvió a solicitar que se decretara como medida cautelar la suspensión de los efectos jurídicos del acto ficto antedicho, solicitud cuyo traslado fue descorrido por la sociedad demandante mediante escrito presentado el 21 de julio de 2017(6), adicionado el 24 de agosto de la misma anualidad(7).
1.2. Fundamentos del escrito de solicitud de la medida cautelar.
La parte actora advirtió que no puede entenderse configurado el silencio administrativo en el presente caso, dado que la petición de Pacific Mines S.A.S. de 19 de mayo de 2014, con Radicado Nº 2014035084, correspondía a la misma solicitud que aquella ya había presentado, de manera reiterada, desde el 1º de febrero de 2011, y que el Ministerio de Minas y Energía había respondido oportunamente desde el 3 de marzo de ese mismo año.
En orden a justificar la inexistencia del silencio administrativo positivo, la parte actora invocó una decisión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida en el marco de una acción de cumplimiento promovida por la Asociación Red Nacional de Veedurías Red Nacional, en la que dicha corporación judicial expresó que, si bien el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970 estableció que una vez transcurridos 4 meses desde la solicitud del interesado sin que el ministerio resolviera sobre la misma, quedaba demostrado el hecho de la explotación, la norma no hizo ningún reconocimiento del derecho a la propiedad privada.
Agregó que la Escritura Pública Nº 2772 del 4 de diciembre de 2014 de la Notaría 52 de Bogotá, a través de la cual la parte demandada protocolizó el silencio administrativo positivo, se encuentra falsamente motivada, aseveración que fundamentó, de una parte, en que dicho documento aludió a un precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, sin aportar ninguna referencia útil para identificarlo y corroborar si efectivamente el mismo permitía fundamentar el silencio administrativo positivo; y, de otro lado, en que el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970, sobre el que se cimentó dicho silencio, había sido expresamente derogado por el artículo 307 del Decreto 2477 de 1986.
Abordó también preliminarmente tres (3) causales de nulidad del acto ficto positivo y explicó que la sociedad demandada incurrió en incompetencia al otorgarse un título minero en beneficio propio, aduciendo la supuesta configuración del silencio administrativo positivo; igualmente, arguyó que el acto ficto fue expedido en forma irregular y con falsa motivación, por haberse malinterpretado las normas en las que supuestamente aquel se fundó, y que, además, el mismo obedeció a motivaciones falsas y fraudulentas.
Añadió que el acto en cuestión carecía de presunción de legalidad, dado que esta solo se predica respecto de los actos de la administración y que la parte demandada no ostenta dicha calidad.
Solicitó también que se diera aplicación al principio de precaución, en orden a impedir la exploración y explotación minera en el área reconocida mediante el título contenido en el acto demandado, situación que, a juicio de la parte actora, podría ocasionar un daño ambiental irreparable e irreversible, cuyas consecuencias resultaban imposibles de anticipar.
Advirtió que sería más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, dado que lo primero implicaría que se tolere que un particular se otorgue a sí mismo un título minero amparado en forma subrepticia bajo el supuesto amparo de un derecho, desconociéndose así el dominio que tiene el Estado sobre los recursos no renovables y el subsuelo.
1.3. Fundamentos del escrito que descorrió el traslado de la solicitud de medida cautelar y del escrito que lo adicionó.
El apoderado de la sociedad demandada anotó que la respuesta del Ministerio de Minas y Energía a la petición de aquella no fue una decisión de fondo que la respondiera, sino una observación que tenía la connotación propia de un concepto.
Además, frente al cuestionamiento de la parte actora, en el sentido de que la petición estuvo falsamente sustentada, defendió la motivación del acto ficto indicando que el fundamento expreso de dicha petición fue el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970.
Al aludir a las conclusiones de la providencia de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, referida por la parte actora, indicó que desde el año 1969 la sociedad demandada venía solicitando a las entidades gubernamentales el reconocimiento del derecho a la propiedad privada, para lo cual invocó la protocolización de otro silencio positivo ante la Notaría del municipio de Santander de Quilichao.
Añadió que las normas cuyo cumplimiento se exige para formular la solicitud de los derechos del registro de propiedad privada fueron efectivamente satisfechas, para lo cual invocó una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia en la que, según afirmó la parte demandada, le fueron avaladas todas las pruebas presentadas.
Finalmente, advirtió que había informado a la Alcaldía y a las autoridades municipales del área circundante que suspendía voluntariamente la explotación, lo cual demostraba que en ningún momento esta se había realizado. En relación con esto último, en el segundo escrito anexó documentos en los que indicó que se encontraba acreditado que, por voluntad propia, había determinado no explotar y que había oficiado al Ministerio de Minas y Energía para que este procediera de conformidad.
Por tratarse de un proceso de única instancia(8), la decisión que resuelva(9) la solicitud de medidas cautelares elevada por la parte actora corresponde a una decisión cuya competencia funcional atañe a la suscrita ponente.
2.2. Requisitos de las medidas cautelares.
En primer lugar, en relación con la solicitud de medida cautelar incorporada en la demanda, que ya fue rechazada en una ocasión por este despacho, y la solicitud que en esta oportunidad se analizará, es preciso indicar que no hay lugar a la aplicación del inciso final del artículo 233(10) del CPACA, teniendo en cuenta que dicho inciso se predica respecto de solicitudes que habiendo sido estudiadas de fondo, se niegan, caso distinto a lo que aconteció en este proceso, en el que hubo un rechazo de plano.
El artículo 231(11) del CPACA supedita la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo, de una parte, a que el acto demandado viole las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, violación que debe surgir del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Además, la misma disposición establece que, cuando además de la nulidad se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, debe probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
2.3. Análisis de fondo.
2.3.1. La naturaleza de lo que se demanda y cuyos efectos son objeto de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada.
Este primer acápite introductorio es necesario en la medida en que, tal y como se explicará en esta providencia, la omisión del Ministerio de Minas y Energía en decidir la solicitud de Pacific Mines S.A.S. se encuentra sometida a las reglas de la generalidad de los silencios administrativos contenidas en el artículo 83(12) del CPACA, hecho que, por sí mismo, despojaría de sentido jurídico y lógico a la solicitud de medida cautelar impetrada por la parte actora.
En orden a sustentar la aseveración precedente, se hace necesario el análisis, no solo de las normas del CPACA a las que se sometió la petición de Pacific Mines S.A.S., radicada ante el Ministerio de Minas y Energía el 3 de junio de 2014 [2014035084], sino también al alcance del artículo 19(13) del Decreto 1275 de 1970, invocado en la Escritura Pública Nº 2772 del 4 de diciembre de 2014 de la Notaría 52 de Bogotá, como fundamento del silencio administrativo positivo alegado por la parte demandada.
En ese sentido, el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970, en vigencia de la Ley 20 de 1969, estableció un evento de silencio administrativo positivo en el contexto del procedimiento que debían adelantar los titulares de derechos sobre minas, hasta el 22 de junio de 1973, en caso de que pretendieran evitar que estos se extinguieran a favor de la Nación.
Dado que la comprensión del artículo en cuestión exige previamente entender los alcances de la regulación constitucional y legal implicada, la cual, tanto en ese entonces como en la actualidad, disciplina con similar orientación la titularidad de la propiedad del subsuelo y los recursos naturales no renovables, así como también los derechos adquiridos de particulares, se estima conveniente hacer una referencia, en lo estrictamente necesario, a dicha regulación.
2.3.1.1. Consideraciones generales en torno a la propiedad minera y los derechos adquiridos de particulares.
De acuerdo con la Corte Constitucional(14), el principio general, en vigencia de los ordenamientos constitucionales de 1886 y 1991, es que todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la “Nación” (1886) o al “Estado” (1991)(15) en forma inalienable e imprescriptible, lo cual entraña la posibilidad de explorarlos y explotarlos directa o indirectamente o reservarlos en forma temporal por razones de interés público.
Como regla especial –y por ello excepcional–, la propiedad minera en cabeza de particulares es reconocida también en el ordenamiento jurídico, tanto bajo el régimen de los artículos 102(16) y 332(17) de la Constitución de 1991, como también a la luz del artículo 202(18) de la Constitución de 1886(19), en cuya vigencia se expidió la Ley 20 de 1969.
Lo anterior se explica de una manera más ilustrativa desde la perspectiva de la propiedad inmueble, la cual, en términos de la Corte Constitucional(20), se desarticula en propiedad superficiaria y en subsuelo; es precisamente el subsuelo el elemento de la propiedad inmueble que pertenece al Estado, al igual que “los recursos no renovables”(21), con independencia de que estos se encuentren en la superficie o en dicho subsuelo y sin perjuicio de la propiedad privada constituida en virtud de derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a leyes preexistentes.
Así las cosas, dicho principio general referido a la propiedad sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables, en el marco de la Constitución de 1991, responde a ciertas ópticas del concepto “territorio”: de una parte, la del “Territorio objeto”, la que, según lo ha indicado esta corporación(22), atañe al “dominio eminente”, es decir, a las prerrogativas que tiene el Estado respecto de aquel y los bienes públicos que forman parte de él; y, de otro lado, la del “Territorio límite”, la cual consiste en el ámbito espacial para el ejercicio de la soberanía, y, por tanto, para la denominada territorialidad de la ley.
En el marco de lo precedente, según la jurisprudencia constitucional(23), la Ley 20 de 1969 no podía regular condiciones constitutivas distintas a las excepciones estatuidas por el artículo 202 de la Constitución de 1886, reconocidas también en el artículo 332 de la Constitución de 1991. Precisamente, la Sección Tercera de esta corporación(24) ha indicado que el artículo 1º(25) de la Ley 20 de 1969 ratificó el artículo 202 de la Constitución Nacional y aclaró que los derechos constituidos a 0favor de terceros solo comprenden las “situaciones jurídicas concretas y específicas”.
En ese sentido, las excepciones a la propiedad pública sobre el subsuelo tienen origen en situaciones jurídicas individualizadas y concretas reconocidas por normas anteriores o preexistentes a la Constitución de 1886, aspecto en el que la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia indicó que “(...) pertenecen al Estado las minas que con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1886 no habían sido descubiertas, encuéntrense en terrenos baldíos o en terrenos de propiedad particular, y las que se hallen en terrenos de propiedad privada adjudicados o enajenados por la Nación con posterioridad a 1873; al dueño del suelo las situadas y descubiertas en terrenos salidos del dominio del Estado durante el período de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de Colombia, antes de 1873, y las que posteriormente han sido atribuidas al dueño del suelo por regulaciones especiales, y en general, a los particulares, las que han sido objeto de enajenación o concesión administrativa, con arreglo a las prescripciones de la legislación minera”(26) (subrayado fuera del texto).
Con una orientación similar a la precedente, esta corporación(27) acogió de antaño la tesis según la cual, la regla especial contenida en la Ley 20 de 1969 en relación con los derechos constituidos a favor de terceros sobre el subsuelo se predica frente a yacimientos descubiertos al momento de la expedición de dicha ley, sin que esta hubiera convalidado situaciones jurídicas ni derechos anteriores que fueran discordantes con esa comprensión.
Lo precedente encuentra respaldo adicional si se considera que la Ley 97 de 1993 interpretó con autoridad(28) los artículos 1º y 13 de la Ley 20 de 1969, al definir técnicamente el “elemento fáctico”, así como también el objeto del “elemento jurídico”, incorporados en la sintaxis de dichas disposiciones(29). En efecto, la Ley 97 de 1993 estableció, de una parte, que los “derechos constituidos a favor de terceros” correspondían a las “situaciones jurídica subjetivas y concretas”, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hubieran descubierto uno o varios de los referidos yacimientos a más tardar el 22 de diciembre de 1969 –fecha en que se expidió la Ley 20 de 1969–; y, de otro lado, que debía colegirse la existencia de un yacimiento descubierto cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se hubiera logrado el hallazgo de la roca en la cual se encontraran acumulados los hidrocarburos y que se comportara como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.
Ahora bien, un elemento que no debe perderse de vista en el estudio del régimen especial de los derechos constituidos a favor de terceros sobre el subsuelo nacional, corresponde al cumplimiento de ciertas condiciones para la conservación de dichos derechos. Así, en presencia de situaciones jurídicas individuales constitutivas de derechos, el incumplimiento de las exigencias legales que supeditan la “continuidad”(30) de los mismos configura el supuesto de hecho que acarrea su extinción(31), consecuencia que constituye una de las varias expresiones constitucionales de la “extinción de dominio” y que en el caso de la propiedad minera está fundada en el incumplimiento de la función social(32).
De allí que, tratándose de los derechos de propiedad de particulares sobre las minas, a partir de la Constitución de 1886, el legislador ordinario y extraordinario ha reconocido, en cada oportunidad sucesiva en la que ha regulado la materia, la pervivencia de dichos derechos, siempre y cuando, además de encontrarse satisfechas las condiciones concernientes con su titularidad, se cumplan los requisitos que sucesivamente cada regulación ha dispuesto para su continuidad o conservación.
Un ejemplo que ilustra precisamente lo anterior es el Código de Minas vigente, contenido en la Ley 685 de 2001(33), el cual, además de ratificar la extinción de derechos cuyos titulares, en vigencia de la Ley 20 de 1969 y en el Decreto-Ley 2655 de 1988(34), no hubieran cumplido las condiciones para conservarlos (derechos que por haberse configurado el supuesto de hecho de normas anteriores se consideran extinguidos), reguló también las condiciones de continuidad de los derechos de propiedad sobre el suelo y subsuelo mineros o sobres las minas, que hubieren sido reconocidos y conservados en los términos y condiciones establecidos en la Ley 20 de 1969, el Decreto-Ley 2655 de 1988 y la Ley 97 de 1993 (derechos que continúan y se conservan en cabeza de los particulares titulares mientras no se configure el supuesto de hecho que en vigencia de la Ley 685 de 2001 acarrea su extinción).
Finalmente, cabe advertir que, según lo ha indicado la Corte Constitucional(35), dado que la titularidad de derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes desafían la situación de dominio eminente del Estado, la carga de su prueba corresponde al interesado en desplazar en su beneficio una parte de la riqueza minera, punto en el que dicha corporación ha agregado que “(...) la ausencia de prueba, su insuficiencia o la falta de diligencia del particular en acreditar su existencia de conformidad con los dictados del derecho objetivo, no suponen una transferencia del bien de la esfera privada a la pública sino la reafirmación del dominio eminente del Estado sobre el subsuelo y sus recursos que como titular originario no habrá sufrido mengua en ese caso”.
2.3.1.2. La decisión ficta positiva en el marco del procedimiento administrativo consagrado en la Ley 20 de 1969 y reglamentado por el Decreto 1275 de 1970, procedimiento instituido para que el particular titular de derechos sobre minas acreditara el inicio de la explotación o la suspensión por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
Según se expuso anteriormente, en desarrollo del artículo 202 de la Constitución de 1886, el legislador colombiano hizo depender el reconocimiento de los derechos adquiridos de particulares sobre minas no solo de la existencia de un título válido (elemento jurídico) vinculado a yacimientos descubiertos (elemento fáctico) sino también de que el titular respectivo cumpliera con ciertos requisitos en caso de que pretendiera conservar sus derechos y evitar así la configuración del supuesto de hecho que acarreaba su extinción a favor de la Nación.
En relación con los requisitos que influyen en la continuidad de los derechos de particulares respecto de minas, el artículo 3º de la Ley 20 de 1969 estableció:
“Artículo 3º. Los derechos que tengan los particulares sobre minas adquiridas por adjudicación, redención a perpetuidad, accesión, merced, remate, prescripción o por cualquiera otra causa semejante, se extinguen a favor de la Nación, salvo fuerza mayor o caso fortuito;
b) Si la explotación, una vez iniciada, se suspende por más de un año”.
Precisamente, en vigencia del artículo 3º(36) transcrito, el legislador hizo depender la continuidad de los derechos de particulares del hecho consistente en la explotación económica de la mina respectiva y distinguió el alcance de esa limitación si, para el momento de sancionada dicha ley, la mina estaba o no siendo explotada. En ambos casos, el artículo en cuestión dejó a salvo que, por motivos(37) de fuerza mayor o caso fortuito, el particular no pudiera iniciar o continuar con la explotación de la mina.
Así las cosas, de una parte, si para la fecha en que fue sancionada la Ley 20 de 1969, la mina no estaba siendo explotada, se le concedía al particular titular de derechos sobre ella un plazo máximo de tres (3) años, contados desde el día siguiente a dicha fecha(38) para que iniciara la explotación de la mina. Sobre este punto, el legislador estableció, además, lo que debía acontecer para que se entendiera que el particular había iniciado la explotación de la mina(39).
De otro lado, si para la fecha en que fue sancionada la Ley 20 de 1969 el particular titular de derechos sobre la mina la estaba explotando o iniciaba su explotación dentro del indicado plazo de tres (3) años, tenía el deber de no suspenderla por más de un (1) año, término este que el artículo 8º del Decreto 1275 de 1970 dispuso que podía ser continuo o discontinuo.
En lo concerniente con el procedimiento o trámite para la concreción de lo expuesto en este acápite, el artículo 5º de la Ley 20 de 1969 determinó que tanto el inicio de la explotación de la mina como también la causa de la fuerza mayor o caso fortuito que justificara la suspensión por más de un (1) año o el no haber iniciado la explotación en el plazo antedicho de tres (3) años, debían ser acreditados ante el entonces “Ministerio de Minas y Petróleos” por el particular titular de derechos sobre una mina que estuviera interesado en conservarlos, trámite que le correspondía promover durante el “correspondiente plazo” o “dentro de los seis meses siguientes”. En el caso del inicio de la explotación de las minas, el artículo 9º del Decreto 1275 de 1970 señaló que dicho supuesto de hecho debía demostrarse antes del 22 de junio de 1973.
Asimismo, el Decreto 1275 de 1970 enlistó las pruebas necesarias(40) para la acreditación que se comenta, las cuales se hicieron depender del tipo o clase de título del que surgían los derechos de los particulares sobre minas que, en términos del artículo 3º de la Ley 20 de 1969, hubieran sido adquiridas por adjudicación, redención a perpetuidad, accesión, merced, remate, prescripción o por cualquiera otra causa semejante(41). Dentro de ese contexto, el artículo 12 del Decreto 1275 de 1970 estableció que tales pruebas agregadas al respectivo “memorial petitorio” debían presentarse, personalmente, por el interesado o su representante ante el Secretario General del entonces “Ministerio de Minas y Petróleos” o ante el respectivo Alcalde Municipal.
En este punto debe resaltarse que el artículo 5º de la Ley 20 de 1969 estableció que al otrora “Ministerio de Minas y Petróleos” le correspondía resolver, mediante providencia motivada, si el particular titular de derechos sobre minas, interesado en conservarlos, había demostrado o no el hecho de la explotación o la causal justificativa de la suspensión. Es precisamente en el marco del artículo anterior que se logra explicar el contenido del artículo 19 del Decreto 1275 de 1970, en el que se apoya precisamente el presunto silencio administrativo positivo que protocolizó Pacific Mines S.A.S., disposición a cuyo tenor:
“Artículo 19. En los casos contemplados en los artículos anteriores, se entenderá que se ha demostrado el hecho de la explotación o la causa justificativa de la suspensión, cuando dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la solicitud del interesado el ministerio no haya resuelto nada al respecto”.
La articulación de las normas hasta aquí expuestas muestra cómo el silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970 versaba únicamente sobre la acreditación del hecho de la explotación o la causal justificativa de la suspensión, silencio cuya configuración, por sí misma, no tenía ninguna aptitud frente a los derechos de dominio sobre la propiedad minera. En efecto, si de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 20 de 1969, el entonces “Ministerio de Minas y Petróleos” debía resolver si el particular titular de derechos sobre minas, interesado en conservarlos, había demostrado o no el hecho de la explotación o la causal justificativa de la suspensión, ello significa que la omisión a ese deber configuraba el silencio administrativo positivo únicamente en lo que, de acuerdo con dicha disposición, le correspondía resolver a esa autoridad, comprensión esta que coincide con la expresada por la Sección Tercera(42) y la doctrina(43).
En ese sentido, una eventual decisión ficta sobre la demostración del hecho de la explotación o la causal justificativa de la suspensión podía resultar inane si el particular que había promovido el trámite ante el otrora “Ministerio de Minas y Petróleos” no contaba con un título válido que cumpliera con los elementos jurídico fácticos incorporados en la Ley 20 de 1969, a los que ya se ha hecho referencia antes en esta providencia. Tales elementos no se entendían demostrados ni eran objeto del silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970.
Si bien la Sección Tercera(44) infirió, en un caso particular, que la configuración del referido silencio reafirmaba el derecho de propiedad de los demandantes, lo hizo sobre la base de que se encontraba efectivamente acreditado el derecho preexistente, lo cual dista de entender que la decisión ficta que disciplina el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970 verse sobre elementos distintos al del inicio de la explotación o la causal justificativa de la suspensión.
Finalmente, centrándonos en lo que strictu sensu se ha indicado que sí era objeto del silencio administrativo positivo, adviértase que, si bien el artículo 12 del Decreto 1275 de 1970 permitió que la presentación de los documentos que demostraran el hecho de la explotación o la causal justificativa de la suspensión se hiciera ante el entonces “Ministerio de Minas y Petróleos” o ante la respectiva Alcaldía Municipal, el acto ficto se predicaba únicamente respecto del primero, a cuyo cargo estaba la responsabilidad de dar oportuna respuesta a las solicitudes que se le remitían directamente o a través de la segunda.
Si dicha presentación la hacía el interesado ante la Alcaldía Municipal, era esta la responsable de remitir al otrora “Ministerio de Minas y Petróleos” la documentación correspondiente, de manera que si no lo hacía, esa entidad del orden territorial asumía las consecuencias del caso, pero no por ello era dable entender configurada la omisión de respuesta de dicho ministerio que diera lugar al silencio administrativo positivo del Decreto 1275 de 1970.
2.3.1.3. El silencio administrativo positivo del artículo 19 del Decreto 1275 de 1970 resultaba aplicable a las solicitudes que fueron promovidas en vigencia de esa norma.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional(45), las normas procesales, como sucede con el caso del acto ficto producto de la omisión de respuesta a la solicitud que se promueve en el marco de un procedimiento administrativo, entran a regir de inmediato excepto cuando los términos hubieren empezado a correr o cuando las actuaciones y diligencias ya estuvieren iniciadas y no se hubieren terminado al expedirse la nueva ley(46).
La excepción en cuestión se enmarca, según la misma corporación, en el concepto de “ultractividad”, de acuerdo con el cual, una norma derogada puede ser aplicada después de que ha perdido su vigencia frente a la derogatoria expresa o tácita de la misma, regulando hechos que ocurrieron con posterioridad a su derogatoria.
Lo anterior supone que, tratándose de los procedimientos administrativos promovidos en vigencia del Decreto 1275 de 1970 y que estuvieran orientados hacia la demostración del hecho de la explotación de una mina o la causal justificativa de la suspensión, podía resultar aplicable el silencio administrativo positivo del artículo 19 de dicho decreto, siempre y cuando el término de cuatro (4) meses que tenía el otrora “Ministerio de Minas y Petróleos” para responder la solicitud respectiva hubiera empezado a correr en vigencia de aquel.
Así las cosas, una vez derogado el Decreto 1275 de 1970 por el artículo 307 del Decreto 2477 de 1986(47), las solicitudes que de allí en adelante se presentaran y que estuvieran orientadas hacia la demostración del hecho de la explotación de una mina o la causal justificativa de la suspensión, ya no estaban cobijadas por el artículo 19 del primero de dichos decretos.
2.3.1.4. La omisión de respuesta del Ministerio de Minas y Energía al contestar las peticiones de Pacific Mines S.A.S. a través de conceptos de la Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad y la decisión ficta negativa producto de dicha omisión.
Considera el despacho importante destacar la siguiente relación de comunicaciones y oficios cruzados entre la sociedad Pacific Mines S.A.S. y el Ministerio de Minas y Energía, que concernieron con los derechos que la parte demandada reclamó ante dicha entidad:
Peticiones de Pacific Mines S.A.S. Respuestas del Ministerio de Minas y Energía
Petición de 1º de febrero de 2011 con Radicado 2011004600 Oficio de la Oficina Asesora Jurídica de 3 de marzo de 2011 con Radicado 2011011002
Petición de 20 de diciembre de 2011 con Radicado 2011070419 Oficio de la Oficina Asesora Jurídica de 2 de marzo de 2012 con Radicado 2012011811
Este mismo oficio fue reproducido en otro de 14 de marzo de 2012 con Radicado 2012014406
Petición de 13 de abril de 2012 con Radicado 2012020144 Oficio de la Oficina Asesora Jurídica de 30 de abril de 2012 con Radicado 2012023189
Petición de 5 de agosto de 2013 con Radicado 2013048180 complementada por las siguientes comunicaciones posteriores:
• 1º de octubre de 2013 con Radicado 2013061217
• 22 de octubre de 2013 con Radicado 2013066636
• 24 de octubre de 2013 con Radicado 2013067133
Oficio de la Oficina Asesora Jurídica de 5 de diciembre de 2013 con Radicado 2013076984
Petición de 3 de junio de 2014 con Radicado 2014035084, la que junto con la declaración juramentada de no haber recibido respuesta a la misma fue protocolizada en la Escritura Pública Nº 2772 en la Notaría 52 de Bogotá No tuvo respuesta
De la relación anterior, para los efectos del presente estudio resultan importantes las dos últimas comunicaciones elevadas por Pacific Mines S.A.S. que están relacionadas con lo demandado en el presente proceso.
En efecto, en la petición que Pacific Mines S.A.S. dirigió al Ministerio de Minas y Energía de fecha 3 de junio de 2014, con Radicado 2014035084, aquella indicó (se transcribe de forma literal, incluidos los eventuales errores):
“Asunto: Pacific Mines S.A.S.
“En relación a la solicitud de reconocimiento de propiedad privada presentada ante el Ministerio de Minas y Energía bajo el número de Radicación 2013 048180 del 05-08-2013 y teniendo en cuenta que presentamos una tutela ante la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán bajo el número de Radicación 19001-22-13-000-2014-00014-00 y el resultado de la cual la impugnamos ante la Corte Suprema de Justicia bajo el Radicado 19001-22-13-000-2014-00014-01 y en su decisión confirma la sentencia impugnada, no sin hacer resaltar que como gestores nos dolemos por la determinación emitida por el Ministerio de Minas y Energía sobre la negativade reconocernos la propiedad privada sobre nuestros predios denominados Santa María, la Esperanza y San Luis y en concordancia a lo establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo donde la Corte nos reconoce que allegamos todos los elementos demostrativos y expusimos los argumentos suficientes para solicitar la pretensión y el derecho que sea reconocida esta solicitud al amparo de la constitución y las leyes de nuestro país.
Si la pretensión por vía de las tutelas ha sido resuelta en una forma ‘INVIABLE’ no obstante se nos da la razón a que tenemos el derecho a nuestra reclamación de hacer valer los derechos por los cauces ordinarios para lo cual invocamos al ministerio que estudie nuevamente nuestra solicitud teniendo en cuenta que nunca ha sido resuelta de fondo y solamente recibimos una respuesta bajo el número 2013076984 de diciembre 5 del 2013 y el ministerio nos contesta, fuera de los términos de ley y aclara que no es una respuesta a nuestra solicitud y que solamente rinde un concepto. Nos vemos abocados a que se determine satisfactoriamente nuestra petición ya que toda la documentación que reposa en los archivos del ministerio y que se le aportó el tribunal de Popayán y por ende a la corte suprema de justicia nos da el pleno derecho a que nuestra solicitud sea resuelta afirmativamente de acuerdo a la constitución y las leyes de nuestro país” (subrayado fuera del texto).
La petición anterior de Pacific Mines S.A.S. invocó expresamente una solicitud que ya había sido dirigida por la misma sociedad al Ministerio de Minas y Energía, la cual, revisado el cuadro antes referenciado, corresponde a la de fecha 5 de agosto de 2013, con Radicado 2013048180 –complementada con tres (3) comunicaciones adicionales–, en la que aquella, con base en unos fundamentos fácticos y normativos que allí mismo expuso, pretendió (se transcribe de forma literal, incluidos los eventuales errores):
“1) Que se proceda a elaborar Acto Administrativo por medio del cual se DECLARE que la Sociedad Colombiana PACIFIC MINES S.A.S., con Nit Nº 900.404.215-6, representada legalmente señor LUIS CARLOS CARMONA SOTO, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía número 70.506.826, quien por medio de Poder General otorgado mediante Escritura Púbica Nº 1.664 del 05 de abril de 2013 de la Notaría 25 del Círculo de Medellín, nombró al señor GUILLERMO GUTIÉRREZ RESTREPO, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía Nº 70.562.784, como Apoderado General de la mencionada Sociedad; Mantiene la Propiedad Privada de todos los minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo en la zona de YURUMANGUI(48) Municipio de Guapi Departamento del Cauca, derivados de la Cédula Real Expedida el 12 de Diciembre de 1743, confirmada el 17 de Octubre de 1753; prevalida como título de propiedad territorial y minera mediante Escritura Pública Nº 153 del 05 de Febrero de 1897 de la Notaría Segunda de Bogotá, y comprendida dentro de los siguientes linderos.
2) Que como consecuencia de la anterior declaración se proceda con el registro minero del Acto Administrativa que declara la Propiedad Privada de todos los minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo en la zona de YURUMANGUI Municipio de guapi Departamento del, Cauca, del Título Minero Nº 62 del 25 de Agosto de 1764.
“(...)” (subrayado del texto y negrilla fuera de este)
Esta petición precedente fue respondida mediante oficio emanado de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía el 5 de diciembre de 2013, con Radicado 2013076984, en el que aquel, con base en unos fundamentos fácticos y normativos que allí mismo expuso, concluyó (se transcribe de forma literal, incluidos los eventuales errores):
“Me refiero a sus comunicaciones radicadas en este ministerio bajo los números 2013048180, 2013061217, 2013066636 y 2013067133, en relación con la demostración de la procedencia del Reconocimiento de Propiedad Privada a favor de Pacific Mines S.A.S.
“2. Conclusión
“Por regla general, las minas pertenecen a la Nación, por excepción, pertenecen a los particulares cuando con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, obtuvieron un título específico de adjudicación minera o de hidrocarburos.
“Sin embargo, no solo bastaba obtener antes del 22 de diciembre de 1969 la propiedad de los recursos naturales no renovables, sino que además debía iniciarse las actividades de explotación de los mismos en los plazos señalados por la normatividad vigente para la época y presentar la documentación que demostrara la iniciación oportuna de dichas actividades, ante el Ministerio de Minas y Energía o ante la alcaldía respectiva quien debía remitirlos al Ministerio, antes del 22 de junio de 1973.
“Así las cosas, como se evidencia en la documentación adjunta a su petición, al no haberse solicitado en el tiempo previsto para ello el reconocimiento de propiedad privada sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables yacentes en el mismo, ante el Ministerio de Minas y Energía para que éste se pronunciara, manteniendo o no la propiedad del particular, el derecho se extinguió a favor de la Nación, como lo señala el artículo 4º del Decreto 2655 de 1988.
“En este mismo orden de ideas y habida consideración que usted menciona que la acreditación de documentación conforme lo establece la Ley 20 de 1969, la realizó ante la gobernación del Cauca, observa esta oficina que dicha entidad no la remitió a este ministerio toda vez que no obra constancia del envío como tampoco de su recibo; en consecuencia, no podía este ministerio, competente para la época, realizar el reconocimiento de una propiedad privada sobre la cual no tuvo conocimiento.
“Por lo tanto, y en atención a los plazos perentorios dispuestos por la Ley 20 de 1969 y el Decreto Reglamentario 1275 de 1970, no es esta la oportunidad legal para solicitar este reconocimiento y para que el ministerio se pronuncie respecto del mismo, en el marco de su competencia funcional administrativa.
“Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Ley 20 de 1969, a excepción de los artículos 1º y 3º, fue derogada expresamente por el Decreto-Ley 2655 de 1988, lo cual imposibilita la resolución conforme su requerimiento, por el hecho de que a la fecha se carece de fundamento legal y por ende no existe motivación para que se dé un pronunciamiento por parle de este ministerio.
“Esperamos de esta manera haber dado respuesta a su solicitud, y consideramos importante precisar que este concepto se rinde bajo el apremio de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (subrayado fuera del texto)
Con base en lo anterior, se observa que la petición de Pacific Mines S.A.S., de fecha 5 de agosto de 2013, invocada en la petición de 3 de junio de 2014, no fue decidida por el oficio de 5 de diciembre de 2013 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, por las siguientes razones:
El artículo 28(49) del CPACA establece:
“Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.
La invocación del artículo 28 transcrito en la respuesta dada por una autoridad a una petición que se le eleva supondría necesariamente que esta fue realizada en ejercicio del derecho a formular consultas. Cuando ello no es así, es decir, si esa misma disposición se invoca por la autoridad frente a una petición que persigue un propósito distinto a la consulta, dicha petición debe entenderse como no respondida.
En este punto es preciso recordar que, copiosamente, la Corte Constitucional(50) ha indicado que la efectividad y el respeto por el derecho de petición se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular, según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz. En efecto, dicha corporación ha indicado “(...) la respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido, desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco tiene la seguridad de que ella sea fallida”.
En ese sentido, el hecho de que la respuesta de una autoridad a una petición se fundamente en el artículo 28 del CPACA, sin que esta petición hubiera sido una consulta, conlleva que se omita un pronunciamiento de fondo que busca no comprometer a dicha autoridad con una decisión definitiva, sea afirmativa o negativa.
De acuerdo con la Corte Constitucional(51), los conceptos no configuran, en principio, decisiones administrativas, pues no se orientan a afectar la esfera jurídica de los administrados, esto es, no generan deberes u obligaciones ni otorgan derechos y, en el evento de que el concepto se emita a solicitud de un interesado, este tiene la opción de acogerlo o no acogerlo.
Tuvo razón Pacific Mines S.A.S. cuando en la petición de 3 de junio de 2014 expresó que la petición de 5 de agosto de 2013 no había sido decidida, puesto que la respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, al haber indicado expresamente que tenía el alcance de un concepto, rehuyó una decisión definitiva.
Por ello y, de conformidad con lo que se anticipó antes en esta misma providencia, frente a la referida omisión de respuesta del Ministerio de Minas y Energía resultan aplicables las reglas que disciplinan la generalidad de los silencios administrativos y que se encuentran contenidas en el artículo 83(52) del CPACA.
Si bien el silencio negativo del artículo 83 del CPACA se considera como un verdadero acto que solo cumple sus efectos al momento en que el particular lo esgrime contra la administración, la circunstancia de que en el presente caso se encuentre trabada la litis permite deducir que la parte demandada, al contestar la demanda, hizo efectiva la consecuencia legal respecto a la omisión de la parte demandante a dar una respuesta de fondo a la petición de aquella, “(...) para que pueda obrar de conformidad en defensa de los intereses particulares o generales que lo animan”(53).
En conclusión, la petición elevada por Pacific Mines S.A.S. no tuvo de parte del Ministerio de Minas y Energía una respuesta de fondo, lo que dio lugar a la configuración de un acto ficto negativo, por tratarse de una petición presentada en vigencia del CPACA.
2.3.2. La confrontación del acto demandado con las normas superiores invocadas como violadas.
Teniendo en cuenta que la omisión de respuesta a la petición de 3 de junio de 2014, con Radicado 2014035084, produjo una decisión ficta negativa y no una positiva, no observa el despacho que la misma viole ninguna norma del ordenamiento jurídico.
En otras palabras, si la pretensión fundamental de la petición en cuestión consistió en que el Ministerio de Minas y Energía declarara que la sociedad Pacific Mines S.A.S. “Mantiene la Propiedad Privada de todos los minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo en la zona de YURUMANGUI Municipio de Guapi Departamento del Cauca, derivados de la Cédula Real Expedida el 12 de Diciembre de 1743, confirmada el 17 de Octubre de 1753; prevalida como título de propiedad territorial y minera mediante Escritura Pública Nº 153 del 05 de Febrero de 1897 de la Notaria Segunda de Bogotá (...)”, la negativa a dicha petición, aun cuando fuera el producto del silencio administrativo negativo, se ajustó a las normas que rigen la propiedad minera.
Es preciso recordar que para la fecha en que se elevó la petición en cuestión –3 de junio de 2014–, de conformidad con la Ley 685 de 2001, los derechos de particulares sobre la propiedad minera exigían no solo que se acreditara ante el Ministerio de Minas y Energía la validez del título originario en el que se fundamentaba el derecho adquirido del interesado, sino también el cumplimiento de los requisitos para la continuidad de dichos derechos y que fueron establecidos en vigencia de las distintas normas que han sido expedidas desde la Ley 20 de 1969 –reglamentada por los decretos 1275 de 1970 y 2477 de 1986–, principalmente el Decreto-Ley 2655 de 1988(54) y la vigente Ley 685 de 2001(55).
El establecimiento de tales requisitos para la continuidad de los derechos de particulares sobre minas adquiridas con base en un título válido, en vigencia de la Constitución de 1991, concreta una limitación legítima que atiende a la función social de la propiedad, contexto dentro del cual la Corte Constitucional(56) ha indicado que “Trátese del ‘módulo privado’ o del ‘módulo público’ de la propiedad, en el plano constitucional y en la tradición histórica, la regulación de las condiciones de ejercicio y extinción de los derechos es y ha sido siempre materia legislativa ordinariamente contenida en los diferentes códigos, expedidos directamente por el Congreso o por el Ejecutivo en desarrollo de precisas facultades extraordinarias. En este caso(57), la causal de extinción se predica de los títulos privados y, con mayor razón, de aquellos derivados del Estado, como son las licencias, permisos, concesiones y otros contratos, por definición y en razón de su fuente de nacimiento, restringibles y extinguibles”.
Así, en cuanto concierne con la continuidad de los derechos sobre minas, los títulos solo podían conservar su validez, en vigencia de cada una de las normas antes referenciadas, si el interesado satisfacía oportunamente las cargas o deberes legales correspondientes, de lo contrario, se configuraba el supuesto de hecho que acarreaba su extinción. En este punto, vale la pena volver a reiterar lo expresado por la Corte Constitucional(58), para quien “(...) la ausencia de prueba, su insuficiencia o la falta de diligencia del particular en acreditar su existencia de conformidad con los dictados del derecho objetivo, no suponen una transferencia del bien de la esfera privada a la pública sino la reafirmación del dominio eminente del Estado sobre el subsuelo y sus recursos que como titular originario no habrá sufrido mengua en ese caso”.
Lo anterior es suficiente para mostrar cómo en el presente caso la decisión ficta negativa producto de la omisión de respuesta a la petición de 3 de junio de 2014 no transgrede la regla general de la propiedad minera que en vigencia de la Constitución de 1991 erige al Estado como propietario del subsuelo y los recursos naturales no renovables.
Teniendo en cuenta que no prospera el primer requisito de las medidas cautelares, consistente en que el acto confrontado transgreda las normas que se invocan como violadas, no resulta necesario ocuparse del segundo requisito atinente a la prueba sumaria del perjuicio.
1. Negar la medida cautelar solicitada por los motivos señalados en esta providencia.
2. En firme esta providencia, DEVUELVASE el proceso al despacho para fijar fecha y hora para reanudar la audiencia inicial.
1 Folios 6-25, c. 1. La demanda fue inadmitida inicialmente para que fuera readecuada a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 29-45 y 47-67, c. 1).
2 Folios 77-87, c. 1.
3 Folios 182-184, c. 1.
4 Folios 193-195, c. 1.
5 Folios 2-12, c. 2 (medidas cautelares).
6 Folios 16-18, c. 1.
7 Folios 21-22, c. 1.
8 La competencia para conocer del presente proceso en única instancia deviene del artículo 295 de la Ley 685/01, norma que de acuerdo con la posición unificada de la Sección Tercera no fue suprimida ni modificada por el CPACA. En efecto, en el auto de 13-Feb-14 [Exp. 11001-03-26-000-2013-00127-00(48521) M. P. Enrique Gil Botero], la Sala Plena de la Sección Tercera sostuvo que “... la ley 1437 de 2011 es una normativa ordinaria general y posterior que: i) al no suprimir o modificar formalmente (expresa o tácitamente) la anterior (Código de Minas), ii) al no contener disposiciones incompatibles con la ley 685 de 2001, y iii) al guardar silencio sobre el tema correspondiente a la competencia en materia minera, no modificó, subrogó, ni derogó la ley ordinaria especial y previa, es decir, se insiste, la ley 685 de 2001, actual Código de Minas.
“Por lo tanto, si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o cualquier otro distinto del de controversias contractuales que se promuevan y relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y donde una de las partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los preceptos contenidos en la ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula la materia, máxime que la ley 1437 de 2011, que es posterior, guardó silencio sobre este tópico en particular, aunado al hecho que no es posible concluir, desde ningún punto de vista –ya que no existe norma o fundamento que así lo afirme– que la legislación posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma posterior deroga en todos los eventos a la anterior”.
9 La primera parte del artículo 125 del CPACA establece “Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia...”, disposición de la que se colige cómo, en los procesos de única instancia, tanto la decisión que decreta como la que niega medidas cautelares atañen al Magistrado Ponente, la primera, dado que si bien corresponde a la excepción contenida en el numeral 2º del artículo 243 del CPACA (“2. El que decrete una medida cautelar...”), por tratarse precisamente de un proceso de única instancia, la decisión no compete a la sala sino al ponente y, la segunda, por cuanto sigue la regla general del artículo 125 del CPACA, según la cual, es competencia del Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite.
10 “Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
“Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso” (subrayado fuera del texto).
11 “Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
12 “CPACA. Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
“En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.
“La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda”.
13 “Decreto 1275/70. Artículo 19. En los casos contemplados en los artículos anteriores, se entenderá que se ha demostrado el hecho de la explotación o la causa justificativa de la suspensión, cuando dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la solicitud del interesado el ministerio no haya resuelto nada al respecto”.
14 C-216/93. M. P. José Gregorio Hernández Galindo y C-424/94. M. P. Fabio Morón Díaz.
15 La Corte Constitucional en las sentencias T-445/16. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-221. M. P. Alejandro Martínez Caballero indicó que, dado que la Constitución de 1886 se refirió a la Nación como propietaria del subsuelo (art. 202) y que la Constitución de 1991 hizo lo propio frente al Estado (art. 332), el artículo 332 de esta última debía entenderse inclusivo de todas las entidades territoriales, aseveración que fundamentó en que el Estado como ente abstracto representa a todos los colombianos y a los distintos niveles territoriales. Ello, sin perjuicio de que en otras oportunidades, como en la Sentencia C-628/03. M. P. Jaime Araújo Rentería, la misma corporación indicó que la diferencia entre Nación y Estado resulta irrelevante, de suerte que la palabra Nación deba tomarse como equivalente de la palabra Estado para los efectos de la propiedad del subsuelo y los recursos no renovables.
16 “Constitución de 1991. Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”.
17 “Constitución de 1991. Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
18 “Constitución de 1886. Artículo 202. Pertenecen a la República de Colombia.
“2. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación a título de indemnización;
“3. Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas”.
19 La Sección Tercera del Consejo de Estado, en una sentencia hito de 4-Mar-94 [Exp. 7120]. M. P. Daniel Suárez Hernández, acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-424/94. M. P. Fabio Morón Díaz, en relación con la tendencia presente en la regulación del régimen de propiedad del subsuelo, realizó una recopilación de antecedentes normativos, incluyendo en estos los de origen español que influenciaron en esa materia el ordenamiento jurídico nacional hasta la Constitución de 1858, así como también los de origen local que incluyeron todos los antecedentes hasta la Constitución de 1886, normativa a partir de la cual la tendencia de dicho régimen no ha variado.
En efecto, con base en la recopilación referida, esta corporación advirtió en la sentencia en cuestión que, a partir de la vigencia de la Constitución de 1886, reorganizadora del Estado como República Unitaria, de una parte, se eliminó el criterio que desde la Constitución de 1858 había permitido que cierto tipo de minas pertenecieran al dueño del suelo y, de otro lado, volvió a implantarse el criterio del “dominio eminente” en el que el Estado es el propietario del subsuelo, no solo respecto de las minas que pertenecían a los entonces Estados Soberanos, sino también de las cobijadas por la reserva federal hasta ese momento vigente.
Lo anterior, sin perjuicio de que el artículo 202 de la Constitución de 1886 reconoció los derechos constituidos a favor de terceros sobre toda clase de minas, en relación con los cuales, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 12-Jun-1913, sostuvo, de una parte, que tales derechos son los referentes a las minas denunciadas, tituladas y explotadas (situaciones jurídicas individuales) de acuerdo con las leyes anteriores a la expedición de dicha norma; y, de otro lado, que excluidos esos derechos, todas las minas son propiedad del Estado.
No sobra agregar que distintas normas legales sucesivas, posteriores a la Constitución de 1886, reafirmaron y desarrollaron en vigencia de esta el contenido de su artículo 202, entre ellas la Ley 20/69.
Dicha sentencia hito ha sido reafirmada en varios de los asuntos estudiados sobre el terna, por las subsecciones de la S3 de esta corporación, entre otros, los fallos de: [sB] 29-Mar-12 [Exp. 20001-23-31-000-1999-00229-01 (19269)]. M. P. Ruth Stella Correo Palacio; 22-Nov-12 [Exp. 05001-23-24-000-1996-00568-01(21867)]. M. P. Danilo Rojas Betancourth; 29-Ago-14 [Exp. 11001-03-26-000-1991-07118-01(7118)]. M. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; y [sC] 22-Oct-15 [Exp. 19001-23-31-000-2007-00555-01(48061)]. M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
20 C-006193. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
21 Según lo ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia C-221-97. M. P. Alejandro Martínez Caballero, el concepto de recursos naturales no renovables es de naturaleza técnica y proviene de la ecología y la economía, aunque en general los mismos se caractericen por existir en cantidades limitadas y no estar sujetos a una renovación periódica por procesos naturales. En esta misma oportunidad se reconocieron los desacuerdos que se presentan entre los especialistas en relación con el criterio acerca de si algunos recursos naturales se entienden o no parte de dicho concepto, como sucede, por ejemplo, con el suelo.
22 SPCA. Fallo de 29-Oct-96 [Exp. S404]. M. P. Daniel Suárez Hernández. En relación con el alcance del concepto de “dominio eminente”, en este fallo se acogieron las consideraciones de la sentencia de la misma corporación de 16-Dic-43 [Exp. 1216]. M. P. Diógenes Sepúlveda Mejía, en la que se había indicado que respecto de los yacimientos de hidrocarburos, el Estado “No necesita ejercer actos de posesión material sobre ellos, porque siendo su dueño, con carácter de reserva nacional, potencialmente es su legítimo poseedor”.
23 C-424/94. M. P. Fabio Morón Díaz y C-346/95. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
24 CE. S3. Fallo de 4-Mar-94 [Exp. 7120]. M. P. Daniel Suárez Hernández.
25 “Ley 20/69. Artículo 1º. Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos”.
26 CSJ. SNG. Fallo de 29-Ago-63. M. P. Carlos Peláez Trujillo. La tesis sobre las situaciones jurídicas individuales desarrollada en esta sentencia fue acogida por el CE en los fallos de [83] 4-Mar-94 [Exp. 7120] y [SPCA] 29-Oct-96 [Exp. S404], ambos con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández.
27 CE. Fallos de [S3] 4-Mar-94 [Exp. 7120] y [SPCA] 29-Oct-96 [Exp. S404], ambos con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández. La tesis acogida en estos fallos anteriores correspondió al salvamento de voto del Magistrado Humberto Mora Osejo al concepto de la SCSC de 11-Jul-88 [Exp. 187]. M. P. Jaime Paredes Tamayo. En el mismo sentido, la providencia de [SPCA] 25-Oct-95] Exp. S-452. M. P. Nubia González Cerón, en la que se indicó “(...) si las situaciones jurídicas y subjetivas antes de la expedición de la ley no estaban debidamente perfeccionadas, esto es, no estaban vinculadas a yacimientos descubiertos, no tenían el carácter de derechos adquiridos”.
28 De acuerdo con la Corte Constitucional, la definición que hizo la Ley 97/93 de los elementos jurídico y fácticos de los artículos 1º y 13 de la Ley 20/69 ejemplifica el carácter retrospectivo de las normas interpretativas “(...) que al fundirse con las leyes que interpretan, tienen sus elementos una vigencia desde el término de ésta, sin perjuicio de las situaciones definidas en el término comprendido entre la expedición de una y otra ley”. C-424/94. M. P. Fabio Morón Díaz y C-346/95. M. P. Carlos Gaviria Díaz y CSJ. SCC. Fallos de 19-Dic-60 y 14-Jul-46.
29 Según la Corte Constitucional, el artículo 1º de la Ley 20/69, al referirse a los derechos constituidos a favor de terceros, exigió que estos correspondieran a situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas (elemento jurídico) y vinculadas a yacimientos descubiertos –incluidos los de hidrocarburos, según el artículo 13 de la misma ley– (elemento fáctico).
30 C-424/94. M. P. Pablo Marón Díaz y C-346/95. M. P. Carlos Gaviria Díaz. De conformidad con la Corte Constitucional, la propiedad de particulares sobre el subsuelo está supeditada no solo a que la misma haya sido conferida por el Estado sino también al cumplimiento de las exigencias legales para la continuidad de dicho derecho de dominio.
31 En la Sentencia C-216/93. M. P. José Gregorio Hernández Galindo indicó que, a la luz del artículo 29 de la Constitución de 1991, la operancia del supuesto de hecho consagrado en el artículo 3º de la Ley 20/69, que configura la extinción de dominio de particulares respecto de minas, requería de una providencia que lo reconociera y declarara.
32 La extinción de dominio en el contexto de la Ley 20 de 1969 ha sido abordada en las sentencias C-216/93. M. P. José Gregorio Hernández Galindo y C-740/03. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
33 “Artículo 29. Extinción de derechos. Los derechos de propiedad de los particulares sobre el suelo y subsuelo mineros o sobre las minas que hubieren sido reconocidos y conservados en los términos, condiciones y modalidades establecidas en la Ley 20 de 1969, el Decreto 2655 de 1988 y la Ley 97 de 1993, se considerarán extinguidos si los interesados suspenden la exploración o explotación por más de doce (12) meses continuos, sin causa justificada constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor. La demostración de dicha causa deberá ser presentada por el interesado a requerimiento de la autoridad minera, en cualquier tiempo y en el plazo que ésta le señale.
“En todo caso la providencia que declare la extinción será motivada y contra ella procederá el recurso de reposición”.
34 “Ley 685/01. Artículo 304. Extinción de derechos. Para todos los efectos se entiende que en ningún caso por las disposiciones de este código, se reviven o restituyen los derechos de los particulares sobre las minas y canteras, que se extinguieron por aplicación de los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 20 de 1969 y 4º y 5º del Decreto 2655 de 1988”.
35 C-006/93. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
36 El artículo 325 del Decreto-Ley 2655/88 incluyó una cláusula derogatoria general de varias normas, entre otras, la Ley 20/69, esta última en relación con la cual dicho decreto indicó que dejaba a salvo los artículos 1º y 13. No obstante, dado que algunas normas del decreto en cuestión ratificaron algunos artículos de la Ley 20/69, como sucedió en efecto con el artículo 3º de esta, la Corte Constitucional indicó en la Sentencia C-216/93 [M. P. José Gregorio Hernández Galindo] que los mismos no podían entenderse derogados por el Decreto-Ley 2655/88, aunque no hubieran sido exceptuados de la cláusula antedicha.
37 “Decreto 1575/70. Artículo 15. Constituyen motivos de fuerza mayor o caso fortuito los que las leyes consideren como tales, lo mismo que aquellas circunstancias de carácter nacional o internacional que, en concepto del ministerio, hagan ostensiblemente antieconómicas las operaciones mineras de que se trate. Para tales efectos se tendrán en cuenta los costos de producción, las posibilidades de disminuirlos, las condiciones técnicas de los trabajos que se adelanten, la organización de la empresa, los precios internos y externos, el valor y las mayores o menores dificultades del transporte y en general, todos aquellos factores que tengan incidencia en los rendimientos del negocio minero.
“Cuando concurran las circunstancias de que trata el inciso anterior, el ministerio así lo declarará a solicitud del interesado”.
38 El literal a) del artículo 8º del Decreto 1275/70 enunció esta hipótesis así: “a) Si los titulares del derecho no hubieren iniciado la explotación económica de las minas respectivas antes del 22 de diciembre de 1972, y” (subrayado fuera del texto). Es decir, el decreto dispuso que el plazo de tres (3) años corrió desde el 23 de diciembre de 1969 hasta el 22 de diciembre de 1972.
39 “Ley 20/69. Artículo 4º. Cuando las maquinarias y equipos oportunamente instalados para la explotación de varias demarcaciones mineras tengan capacidad comprobada ante el ministerio para explotar técnicamente las reservas de todas ellas en un término máximo de 50 años se entenderá, para los efectos del ordinal a) del artículo anterior, que en cada una se ha iniciado en tiempo la explotación económica” (subrayado fuera del texto).
40 Decreto 1275/70, arts. 9º, 10 y 11.
41 El artículo 8º del Decreto 1275/70 amplió las distintas clases de títulos, incluyendo: adjudicación, redención a perpetuidad, accesión del subsuelo al suelo o de otra clase distinta, por merced, compraventa, sucesión, prescripción, remate, adjudicación de baldíos o por cualquier otra causa, título o modo que, de conformidad con la legislación de la época respectiva, otorgue privilegios o derechos sobre las minas o sobre el subsuelo.
42 “F) Interpretada la conducta de ambas partes, a la luz de la ley y el derecho, la Sala encuentra que las pretensiones de la parte actora tienen vocación de prosperidad, con apoyo en lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970. En este, como se recordó en otro aparte de esta providencia, se estableció que el Ministerio de Minas y Petróleos estaba en la obligación de resolver la solicitud hecha ‘por los interesados en un término de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de aquella, pues de lo contrario se entendería “QUE SE HA DEMOSTRADO EL HECHO DE LA EXPLOTACIÓN O LA CAUSA JUSTIFICATIVA DE LA SUSPENSION’.
“La Sala hace suya la anterior perspectiva jurídica, y, por lo mismo concluye que en el caso en comento los demandantes tienen a su favor un verdadero acto administrativo en virtud del cual se definió por la administración ‘EL HECHO DE LA EXPLOTACIÓN O LA CAUSA JUSTIFICATIVA DE LA SUSPENSIÓN, como reza el artículo 19 del Decreto 1275 de 1970”. CE. S3. Fallo de 20-Feb-92 [Exp. 3517]. M. P. Julio César Uribe Acosta.
43 “Producido el silencio positivo, sus efectos son los mismos que los que se derivarían de una resolución expresa. Con el silencio positivo no se adquiere más que por una resolución expresa, pero tampoco menos”. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. 16ª Edición. Civitas-Thomson Reuters. Navarra, 2013. p. 651. T. I.
44 Silencio que a la sazón se producía de pleno derecho, porque la ley no traía las exigencias que con posterioridad impuso el Decreto 01 de 1984.
“Para la sala, todo lo precedente está acorde con la jurisprudencia de la corporación expuesta en casos prácticamente idénticos. Así, en su sentencia de febrero 20 de 1992 dictada por esta misma sala (Proc. 3517, Francisco Eladio Gómez - Ministerio de Minas, Consejero Ponente: Julio César Uribe Acosta), que tiene en lo fundamental supuestos fácticos similares (petición en la misma fecha para probar la explotación de unas minas; exigencia de requisitos por la administración casi tres años después; resolución de contenido idéntico de la misma fecha de la aquí impugnada para dejar sin efectos el silencio y reafirmar la propiedad de la Nación, etc., etc.), se hicieron afirmaciones que aquí se prohíjan de nuevo, como respaldo adicional de la decisión que se tomará.
“En este orden de ideas, se observa que:
“a) Los demandantes satisficieron las exigencias de la Ley 20 de 1969 y del dec. 1275 del 70, con lo cual impidieron que la propiedad de sus minas adquiridas por adjudicación se extinguiera a favor de la Nación.
“b) La administración, una vez producido el silencio que le permitía dar por probado el hecho de la explotación de las minas con anterioridad al 22 de junio de 1973, debió dictar la resolución correspondiente, reafirmando así el derecho de propiedad que tenían los demandantes; derecho preexistente que se acreditó en la forma establecida en la ley (ver documentación adjunta con la petición del 22 de junio de 1973, Cdno # 7).
“c) Igualmente la administración debió ordenar el registro de esos derechos, ya que los de adjudicación acreditados por los interesados, perfeccionados conforme al código adoptado por la Ley 38 de 1887, son títulos mineros en los términos del art. 16 del actual código de minas (dec. 2656 de 1988).
“d) El Ministerio no podía desconocer ese acto ficto de silencio sin violar la ley, porque no se dieron en el caso subjudice las condiciones señaladas en la ley para su revocatoria; condiciones que a la sazón estaban contempladas en el art. 24 del dec. 2733 de 1959 y hoy, con mayor precisión, en los arts. 41 y 69 del c.c.a. en armonía con el 73 del mismo código. No puede olvidarse que ese acto ficto creó una situación jurídica individual a favor de los interesados, no revocable, en principio, por la propia administración”. CE. S3. Fallo de 5-Jun-97 [Exp. 7618]. M. P. Carlos Betancur Jaramillo (subrayado fuera del texto).
45 C-450/96. M. P. Hernando Herrera Vergara.
46 “Ley 153/1887. Artículo 40. Modificado por el artículo 624 del CGP. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
47 “por el cual se reglamentan las leyes 60 de 1967, 20 de 1969 y 61 de 1979 y se dictan otras disposiciones”.
48 Folios 477-481, c. 4 (pruebas). En la Escritura Pública Nº 2640 de 15-May-96 de la Notaría 9 de Cali se indicó “En la ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los quince (15) días del mes de MAYO de mil novecientos noventa y seis (1996) al despacho de la notaría Novena del Círculo de Cali (...) compareció con minuta escrita, el señor JOSE WILMAR AGUIRRE CHAPARRO, colombiano, mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador de la c.c. #14'944.029 expedida en Cali, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, hábil para contratar y obligarse, y dijo:
PRIMERO. Que en esta escritura obra en nombre y representación del sr. LEOPOLDO DUSSAN ARROYO, quien se identifica con la c.c. #17'033.497 expedida en Bogotá, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, y de la sociedad AGROMINAS DE YURUMANGUI, NAYA Y CAJAMBRE LTDA. constituida por escritura Nº 2539 del 2 de noviembre de 1984 de la Notaría Once de Bogotá, registrada el 9 de octubre de 1985, bajo el Nº 178241 del libro IX, calidad que acredita con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se protocoliza con esta escritura y según poder conferido por los mismos y que se anexan a la presente escritura.
SEGUNDO. Que en tal carácter y condición, manifestó lo siguiente: Que por escrituras públicas Nos. 2249 de fecha 6 de septiembre de 1983 de la Notaría Segunda de Popayán, 2539 de fecha 2 de noviembre de 1984 de la Notaría once de Bogotá y escritura 2547 de fecha 14 de mayo de 1996 de la Notaría Novena del Círculo de Cali, todas registradas al folio de matrícula inmobiliaria Nº 372-0008.311 de la Oficina de Registro de II.PP. de Buenaventura, adquirieron un predio rural denominado AGROMINAS DEL YURUMANGUI, NAYA Y CAJAMBRE, ubicado en Yurumangui, Naya y Cajambre, Municipio de Buenaventura, con fecha catastral Nº 00-002-0010-0008-000, con un área total de ciento sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho hectáreas (164.868 mts), de forma triangular, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas especiales (...)
TERCERO. Que por el presente público instrumento procede a hacer la DIVISIÓN MATERIAL del predio, quedando de la siguiente manera: - - - - ‘PREDIO A- se denominará ‘SANTA MARIA’ (...) ‘PREDIO ‘B’, se denominará ‘LA ESPERANZA’ (...) PREDIO ‘C’ se denominará ‘SAN LUIS’ (...).
49 Es preciso recordar que la Ley 1765/15 sustituyó el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades - Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades - Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011.
50 C-206/97. M. P. José Gregorio Hernández Galindo, C-T-149/13. M. P. Luis Guillermo Guerrero, entre muchas otras.
51 C-487/96. M. P. Antonio Barrera Carbonell y C-543/05. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
52 “CPACA. Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
53 C-304/99. M. P. José Gregorio Hernández Galindo y C-339/96. M. P. Julio César Ortiz Gutiérrez.
54 En el Decreto-Ley 2655/88 se consagraron algunos requisitos que incidían en la conservación de los derechos de particulares sobre minas, entre los que cabe referirse a los siguientes:
“D.L. 2655/88. Artículo 5º. Extinción de derechos particulares. Los derechos de los particulares sobre el suelo o el subsuelo minero o sobre minas, a título de adjudicación, redención a perpetuidad, accesión a la propiedad superficiaria, merced, remate, prescripción o por cualquier otra causa semejante, se extinguieron en favor de la Nación por el acaecimiento de las condiciones y el vencimiento de los plazos señalados en los artículos 3º, 4º y 5º, de la Ley 20 de 1969. En consecuencia, las disposiciones del presente código no reviven, amplían ni restituyen dichas condiciones y plazos, ni convalidan en ningún caso, los mencionados extinguidos derechos.
“Los derechos de los particulares sobre las minas mencionadas en el inciso anterior que hubieren conservado su validez por iniciar y mantener la explotación económica en los términos del artículo 3º, de la Ley 20 de 1969, se extinguen en favor de la Nación si suspenden dicha explotación sin causa justificada, tal como se previó en el literal b) de dicho artículo” (subrayado fuera del texto).
“Artículo 296. Registro de títulos anteriores. Dentro del término de un (1) año contado a partir de la vigencia de este código, los títulos mineros anteriores deberán inscribirse so pena de declararse su extinción ipso jure” (subrayado fuera del texto).
55 “Ley 685/01. Artículo 29. Extinción de derechos. Los derechos de propiedad de los particulares sobre el suelo y subsuelo mineros o sobre las minas que hubieren sido reconocidos y conservados en los términos, condiciones y modalidades establecidas en la Ley 20 de 1969, el Decreto 2655 de 1988 y la Ley 97 de 1993, se considerarán extinguidos si los interesados suspenden la exploración o explotación por más de doce (12) meses continuos, sin causa justificada constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor. La demostración de dicha causa deberá ser presentada por el interesado a requerimiento de la autoridad minera, en cualquier tiempo y en el plazo que ésta le señale.
“Ley 685/01. Artículo 304. Extinción de derechos. Para todos los efectos se entiende que en ningún caso por las disposiciones de este código, se reviven o restituyen los derechos de los particulares sobre las minas y canteras, que se extinguieron por aplicación de los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 20 de 1969 y 4º y 5º del Decreto 2655 de 1988”.
56 C-006/93. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
57 En referencia al numeral 10 del artículo 1º de la Ley 57 de 1987 que revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para la expedición de un Código de Minas y que compendió, entre otros, aspectos tales como “10. Regular las condiciones extintivas de los derechos que a cualquier título hayan obtenido los particulares, o empresas u organismos públicos sobre los yacimientos, depósitos minerales y minas”.
58 C-006/93. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

References: ARTÍCULO 19
 ARTÍCULO 307
 ARTÍCULO 19
 ARTÍCULO 28
 ARTÍCULO 83
 artículo 97
 artículo 229
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 307
 artículo 19
 artículo 233
 artículo 231
 artículo 83
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 202
 artículo 202
 artículo 332
 artículo 1
 artículo 202
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 artículo 3
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 artículo 8
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 19
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 artículo 19
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 artículo 307
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 artículo 138
 artículo 4
 resolución 
 artículo 28
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 artículo 83
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 artículo 295
 artículo 125
 artículo 243
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 Artículo 19
 artículo 332
 Artículo 102
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 artículo 325
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 artículo 8
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 artículo 19
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