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Timestamp: 2020-08-08 17:08:06+00:00

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SEMINARIO SOBRE ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA - AO
Este trabajo que hoy sale a la luz, es el resultado de un Seminario que se llevó a cabo durante cuatro semanas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en el que intenté explicar de la manera más simple y didáctica algunos aspectos históricos de nuestro endeudamiento externo.
El trabajo no tiene pretensiones eruditas, y es nada más que una contribución para divulgar los antecedentes de una Deuda que ha sido una constante en nuestra historia, sirviendo, casi sin excepción para condicionar nuestro desarrollo económico y subordinarlo a las decisiones que se implementaban desde el exterior.
En la transcripción del Seminario, he suprimido repeticiones innecesarias y algunas menciones anecdóticas que no me parecieron relevantes. Efectué algunas correcciones que me parecieron indispensables y agregué datos que resultaban pertinentes para hacer más clara la comprensión del trabajo, incluyendo al final una bibliografía sumaria que puede ser de utilidad.
Debo hacer presente que, si bien muchas de mis interpretaciones pueden ser objeto de obvia controversia, los datos y los hechos consignados responden a fuentes documentales de inobjetable autenticidad.
Agradezco muy especialmente a María Rosa Corbella, Graciela Fernández Melgar y Edith Pologna, el arduo trabajo de desgravar estas clases y al Foro Argentino de la Deuda Externa, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, la generosidad y el esfuerzo que permitieron esta publicación.
Buenos Aires, mayo 18 de 2001
Hay una especie de modelo de historiador técnico, objetivo y profesionalizado que surge de los ámbitos académicos y limitado a los estrechos márgenes de un espacio donde están ausentes el compromiso y la reflexión crítica. Si bien esta imagen puede parecer en principio correcta, creo que se parte de un equívoco, que es el de suponer que la corporación académica, no tiene una predilección muy concreta por ciertos parámetros ideológicos y se mantiene en formas supuestamente asépticas de hacer la historia. Creo, por el contrario, que existen objetivos muy claros en cuanto a las formas de investigación, reflexión y creación, que parten de criterios políticos muy definidos, donde la verdadera investigación no siempre está presente y solo se muestran hechos y situaciones que coincidan con un esquema básico trazado con anterioridad.
Hay un vínculo histórico que une a los que hoy algunos teóricos llaman "realismo periférico" con aquellas viejas ideas, que sobre la base de lo inevitable de ciertas relaciones de poder subordinaban las decisiones soberanas de la Nación, a modelos impuestos desde afuera, y donde la independencia política era una simple fachada para ocultar una evidente subordinación económica. La historiografía tradicional a través de una hermenéutica, con ciertos visos de objetividad, nos dio una visión maniquea de hechos y personajes, teorizando en forma insistente sobre determinados valores que estaban representados únicamente por ese grupo escogido de personalidades con la que aquella se sentía identificada. Todo lo que se opusiera a ese esquema de historia dominante, donde solo se hablaba de individualidades y las clases populares siempre estaban ausentes, era mostrado como un subproducto marginal ajeno al enfoque cientificista del que se hacía gala.
También es importante tener en cuenta, que la historia fue escrita desde Mitre para acá, por los grupos dominantes, que, ejerciendo una suerte de magisterio inapelable, aunque cuestionado a través del tiempo, tuvo una notable influencia en los ámbitos académicos y universitarios que no pudieron despegarse de esa autoridad que parecía venir desde el fondo de la historia.
Una de las formas más evidentes de esa manipulación del pasado ha sido el método de investigación que se utilizara, con las consecuentes maneras de exponer determinados temas, conformando lo que Collingwood llamaba con exactitud "la historia de tijeras y engrudo", mediante la cual se le dio determinada categoría a ciertas "autoridades" cuyas explicaciones y argumentos fueron repetidos, reinterpretados y copiados con diversa fortuna, pero con indiscutible eficacia para la construcción que se pretendía. En los grandes temas, y coherente con esa forma de mostrar el pasado, se eligieron los testimonios parea dar una apariencia científica que sirviera de sostén erudito, y se ocultaron o destruyeron todas las evidencias que no coincidieran con ese modelo. Hubo, pues, una selectiva utilización de las diversas fuentes con el propósito abogadil de demostrar la exactitud de una u otra tesis, pero no para recrear con autenticidad un proceso histórico. A esa historia tradicional que conocemos, ha sucedido una nueva corriente, que con una supuesta apariencia de objetividad y profesionalismo reconoce la misma falencia que aquella en cuanto a que sus presupuestos básicos resultan idénticos, al pretender mostrar los hechos desde una mera crónica exterior, sin ir a las causas ocultas, a las razones profundas que nunca están a la vista y necesitan de una indagación creativa, de una reflexión rigurosa que nos muestre una realidad alejada de la superficialidad y la complacencia con los viejos modelos.
Tampoco podemos hablar que tales obras sean el resultado de un pensar creativo, sino que son muchas veces subproductos estructurados con una clara intencionalidad política, que permiten una lectura sin demasiadas complicaciones, y donde una simple cronología de hechos expuestos con mayor o menor habilidad son presentados como obras históricas. Además, asistimos en los últimos tiempos a una proliferación de trabajos monográficos, gestados en los ambientes universitarios, y en algunas instituciones que se ocupan de este quehacer, que se refieren a hechos carentes de la menor relevancia, y son simples ejercicios de erudición estéril, mientras que aspectos fundamentales de nuestro pasado siguen sin aclararse, o se repiten las mismas y venerables versiones oficiales, con alguna que otra modificación circunstancial.
El pensamiento histórico es siempre reflexión, y no un rejunte adocenado de testimonios elegidos cuidadosamente para obtener un resultado preestablecido con anterioridad. Si bien la tarea erudita resulta importante para el análisis de los hechos, es una parte que debe ser utilizada mediante ese pensamiento que nos lleve a esa interrogación de la que hablaba Marc Bloch; porque muchas veces los testimonios por si solos nada nos dicen, y es preciso preguntarles, inquirir en ellos para obtener respuestas adecuadas, o explicaciones posibles. Por otra parte, los criterios positivistas, hoy camuflados bajo un aura de imparcialidad y rigurosidad científica no sirven para comprender el pasado, y mucho menos para hacer una recreación reflexiva sobre él. Collingwood, describiendo esa modalidad decía: "Ha sido necesario luchar a brazo partido con lo que podría llamarse concepción positivista, o mejor dicho malentendido positivista de la historia; como el estudio de acontecimientos sucesivos que yacen en un pasado muerto, acontecimientos que habría que comprender de la misma manera como el hombre de ciencia comprende acontecimientos naturales, clasificándolos y estableciendo relaciones entre las clases así definidas. Este error no solo es endémico en el pensamiento moderno filosófico sobre la historia, sino que es también un peligro constante para el pensar histórico mismo. Mientras los historiadores cedan a él descuidarán la tarea que le es propia: penetrar en el pensamiento de los agentes cuyos actos estudian y se contentarán con determinar lo exterior de esos actos, lo que en esos actos puede estudiarse estadísticamente. La investigación estadística es para el historiador un buen sirviente, pero un mal amo. De nada aprovecha hacer generalizaciones estadísticas a menos que con ellas se pueda descubrir el pensamiento que hay tras los hechos acerca de los cuales se generaliza.
Pero no es materia de este trabajo meterme en las honduras de la reflexión filosófica sobre los modos de hacer la historia, sino en plantear algunas cuestiones importantes que deben tenerse en cuenta para conocer cómo se construyen ciertas versiones del pasado, y así poder estar alerta para no aceptar sin cuestionamientos, todo aquello que se limite a una descripción superficial e interesada de la realidad.
En el tema de la deuda externa argentina, y en la problemática generada en torno a sus consecuencias hay una considerable distancia entre lo consignado en los repertorios oficiales, en los que abrevan muchos distinguidos economistas y las contundentes evidencias que surgen de los testimonios y documentos de una causa penal, que deben servir para reflexionar sobre las particularidades con las que debemos manejarnos en el curso de cualquier trabajo de investigación, teniendo muy en cuenta que no siempre los papeles que se guardan en los archivos públicos, sirven para comprender situaciones y esclarecer hechos, que por su propia naturaleza sus protagonistas quisieron ocultar. Hay que tener presente que si muchas veces en cuestiones menores se tejieron frondosas redes de presiones e intrigas para encubrir realidades que no convenía mostrar, no deberá extrañarnos que, en asuntos de mayor importancia, y donde se manejaron grandes intereses, se echara mano a todo tipo de recursos para ocultar la verdad. Tampoco deberá sorprendernos la escasez de elementos de juicio que nos permitan introducirnos en determinados temas, muchos de ellos considerados como verdaderos tabúes por la investigación histórica, debiendo tenerse en cuenta que todavía hay bastantes secretos que nadie ha tenido la intención de revelar, y una resistencia tenaz a mostrar la realidad tal cual fue, prefiriéndose nuevas o poco novedosas versiones de una misma cuestión, a profundizar en temas de real significación que aún hoy se encuentran pendientes de su esclarecimiento.
Hace ya muchos años, que a través del trabajo en archivos del país y del extranjero pude recoger cierta experiencia sobre cómo se ha manejado la documentación, y sobre la posibilidad de encontrar o no materiales para los temas tabú que siguen sin investigarse. En los archivos oficiales, los papeles a veces no existen, y si en otros casos pueden encontrarse algunos elementos valiosos, ello debe ser materia de una búsqueda exhaustiva, necesitándose recorrer nuevamente los mismos legajos que otros historiadores ya vieron, pero que curiosamente se olvidaron de registrar. Hay hechos que no pueden tocarse con profundidad, y aún cuando algo se ha avanzado, todavía sobreviven muchas viejas leyendas, que mediante una habilidosa presentación que les da cierto aire de novedad, son acogidas con gran beneplácito por la corporación académica y las grandes editoriales, y donde siempre está ausente el aporte sustancial al conocimiento de las grandes cuestiones del pasado. Por supuesto, que también hay una total falta de reflexión sobre la participación popular en la construcción de la historia, como si toda ella fuera nada más que el resultado de la acción de un escogido grupo de iluminados, y donde se excluye a los verdaderos protagonistas.
Y creo que debo hacer algunas precisiones que responden al objeto de este trabajo. ¿Por qué? Pues porque cuando se leen libros de historia económica, generalmente los encuentra llenos de estadísticas, y cifras que muchas veces no se entienden demasiado que quieren decir. Además, hay una recurrencia a manejar cifras oficiales, que muchas veces no responden a la realidad, y la deuda externa actual es un ejemplo de todo ello. Las cifras del Banco Central y del Ministerio de Economía refieren un determinado índice del crecimiento de esta deuda, pero no el trasfondo de la misma, como se generó, cuáles fueron las circunstancias que la determinaron. También hay que tener en cuenta que hay montones de papeles que han desaparecido de los archivos.
Un caso concreto que puedo señalar a través del resultado de mi propia investigación, es el Archivo del Banco de la nación. Allí se destruyó la documentación anterior a 1990, y fueron incineradas las carpetas de los grandes deudores del Banco de la primera mitad del siglo pasado. A mí me sorprende que en muchos trabajos se manejen datos y cifras que surgen de otros datos y otras cifras, pero la documentación que los justifica no está. Lo del Banco de la Nación es sorprendente, y el argumento pueril fue que no había espacio físico para guardar tales documentos. Afortunadamente lo que no se pudo destruir por la legislación sobre la materia fueron los libros de Actas del Directorio y los libros auxiliares, pero aún, así, hay libros reservados, que se han perdido, sin que puede saberse la razón de tal extravío, aunque sospechas hay muchas y podríamos mostrar algunos indicios para comenzar una investigación. Otro caso son los papeles del Dr. Carlos Saavedra Lamas, Ministro de Relaciones Exteriores desde 1932 a 1938, cuyo archivo fue rescatado de la destrucción, y que resulta fundamental para estudiar las relaciones exteriores de nuestro país, y algunos hechos de política económica, además de una gran variedad de asuntos de toda índole. En el Archivo de la Cancillería, sobre ese período, no hay documentos comprometedores, solo aquellos que se pueden mostrar.
Por eso creo que tiene una indudable actualidad lo que escribiera Raúl Scalabrini Ortiz, hace más de cincuenta años: "Cuatro siglos hacen ya que la sangre europea fue injertada en tierra americana. Tres siglos por lo menos, que hay inteligencias americanas nacidas en América y alimentadas con sentimientos americanos, pero los documentos que narran la intimidad de la vida que esos hombres convivieron, no se encontrará, sino ocasionalmente en ninguna parte. Razas enteras fueron exterminadas, las praderas se poblaron. Las selvas vírgenes se explotaron y muchas se talaron criminalmente para siempre. La llamada civilización entró a sangre y fuego o en lentas tropas de carretas cantoras. El aborigen fue sustituido por inmigrantes. Estos eran hechos enormes, objetivos, claros. La inteligencia americana nada vio, nada oyó, nada supo. Los americanos con facultades escribían tragedias al modo griego o disputaban sobre los exactos términos de las últimas doctrinas europeas. El hecho americano pasaba ignorado para todos. No tenía relatores, menos aún podía tener intérpretes y todavía menos conductores instruidos en los problemas que debían encarar. América no estaba aislada. Fuerzas terriblemente gigantes, astutas y codiciosas nos rodeaban. Sabían amenazar y tentar, intimidar y sobornar simultáneamente. El imperialismo económico encontró aquí campo franco" terminaba: " Lo que nos rodea es falso e irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. Volver a la realidad es el imperativo inexcusable. Para ello es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable que querer saber exactamente como somos" Algo de estos es lo que me propongo mostrar. "El interés de la deuda cuando es exorbitante y absorbe la mitad de las entradas del tesoro, es el peor y más desastroso enemigo público. Es más temible que un conquistador poderoso con sus ejércitos y escuadras; es el aliado natural del conquistador extranjero…La América del Sur emancipada de España, gime bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolivar le dieron su independencia, los imitadores modernos de esos modelos la han puesto bajo el yugo de Londres"
LOS EMPRESTITOS DEL SIGLO XIX
Las primeras tentativas de endeudamiento externo se producen en 1818. Hay en ese año algún intento a través de hábiles banqueros que ya andaban por Buenos Aires, pero su concreción se produce en 1822, cuando empiezan las conversaciones con los banqueros británicos para conseguir un empréstito para instalar un puerto, crear un Banco Nacional y otras actividades que estaban proyectadas. El 1 de julio de 1824, siendo gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez y Ministro de Hacienda Bernardino Rivadavia, se firma en Londres el empréstito con la casa Baring Brothers, por la suma de 1.000.000 de libras esterlinas, equivalente a 5.000.000 millones de pesos fuertes.
La operación se pactó al 70%, es decir que solo se recibirían 700.000 libras. Pero ocurre que los banqueros descontaron 130.000 en concepto de dos anualidades adelantadas, siendo la suma efectiva a remesar a Buenos Aires de 570.000. Los que intervinieron en la operación fueron Félix Castro, Braulio Costa y John Parish Robertson, que negociaron con Baring. Hay algunas discusiones sobre cómo se efectuó la remesa de los fondos, y si el pacto suponía la entrega en oro metálico. Lo cierto es que solo llegaron al Río de la Plata 96.613 libras en oro, y el resto en letras de cambio contra comerciantes ingleses y otros vernáculos que supuestamente debían pagarlas. Los intermediarios de la operación, negociaron los títulos en Londres al 85%, es decir que se quedaron con una ganancia de 120.000 libras.
La garantía del empréstito fueron las tierras de la provincia de Buenos Aires, y cuando Rivadavia fue Presidente en 1826, elevó esa garantía a la totalidad de la tierra pública de la Nación. Después de transcurrido los años retenidos en concepto de intereses adelantados, no pudieron pagarse los intereses, y debió recurrirse a la venta de dos barcos para afrontar el pago de las obligaciones. Rosas se enfrentó con una deuda que ya era cuantiosa, y trató de demorar los pagos, aún cuando las presiones se hicieron cada vez más intensas. En 1842, un representante de los banqueros, trató de llegar a un acuerdo y entonces Rosas ordenó a su ministro en Londres, Dr. Manuel Moreno, que explorara la posibilidad de entregar las Islas Malvinas a cambio de la cancelación de la deuda, previo reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. La negociación no prosperó, y a pesar de los dos bloqueos que soportó el gobierno de Buenos Aires, y a las difíciles condiciones de la administración solo se les pagaron unas sumas insignificantes, alrededor de 10.000 libras. Recién en 1857, el Dr. Norberto de la Riestra, firmó en Londres el 28 de octubre de 1857 un acuerdo, contrayendo nuevas obligaciones, y renegociando la deuda en su totalidad. A esa fecha los intereses vencidos importaban la suma de 1.641.000 libras, y la deuda en su totalidad era de 2.457.155 libras. Todos los gobiernos posteriores continuaron pagando, y refinanciando la deuda, hasta que se canceló definitivamente en 1903.
La suma total pagada según todos los autores que se ocuparon del tema: Scalabrini Ortiz, Fitte, Rosa, Vedoya, fue de 23.734.766 pesos fuertes, es decir alrededor de 4.800.000 libras, pero aquí creo que también hay un equívoco, porque todos los autores abrevan el en informe del Dr. Agote quien en 1881, estimó lo que se había pagado y lo que quedaba por pagar, pero como la deuda se canceló como dijera en 1903, a través de nuevas refinanciaciones, creo personalmente y debe ser materia de investigación el monto real que costó este singular empréstito, piedra angular del endeudamiento argentino.
Si bien estas cifras hoy no resultan demasiado significativas, si se las compara con la que a diario vemos en cuanto a las obligaciones externas, para su época fueron cuantiosas, y condicionaron la política de sucesivos gobiernos que se vieron entrampados en una deuda, en su mayor parte fraudulenta, cuyos verdaderos artífices fueron argentinos que sirvieron los planes de expansión financiera de la city británica. Naturalmente que esta no fue una cuestión improvisada o accidental, sino que respondía a una política de Gran Bretaña con los países americanos. Hubo en la misma época más de 10 empréstitos, con condiciones similares, y las consecuencias fueron iguales.
Debe tenerse en cuenta que después del fracaso de las expediciones militares de 1806 y 1807, se intentó una forma más sutil pero más efectiva de dominación. La Argentina era una presa demasiado codiciada para ser independiente. Como decía Canning a Lord Granville en una célebre carta: "Los hechos están ejecutados, la cuña está impelida. Hispanoamérica es libre y si nosotros sentamos rectamente nuestros negocios ella será inglesa". Así como político genial que era, incentivó todos los procesos de libertad de las provincias del Virreinato del Río de la Plata, de Venezuela, Colombia, etc., porque la independencia de España, debía significar el sometimiento a Gran Bretaña, a su poder económico que se extendía sin escrúpulos por todo el continente. Hay una carta de Canning al Duque de Wellington del 8 de noviembre de 1|822 donde decía " cada día estoy más convencido que en el presente estado de la península española y en nuestro propio país, las cosas y los asuntos de la América Meridional valen infinitamente más para nosotros que las de Europa, y que, si ahora no aprovechamos, corremos el riesgo de perder una ocasión que pudiera no repetirse. Por supuesto que la ayuda prestada a través del dinero y de influencias políticas no tenía el propósito de ayudar a los procesos independentistas, sino por el contrario manejar toda la economía, monopolizando la totalidad del comercio. Se cambió la violencia de las expediciones militares buscando otras formas de dominación, y a través del sistema de librecambio, empezaron los grandes desequilibrios, de los que nunca pudimos salir.
Desde ese primer empréstito hasta la terminación de la Presidencia de Roca se contrajeron 13 empréstitos externos
Fecha valor nominal ($ F) colocación resultado
27/5/1865 12.600.000 72% 9.072.000
19/2/1869 5.000.000 88% 4.400.000
27/8/1873 10.000.000 89% 8.905.000
5/8/1879 30.800.000 88% 27.104.000
2/10/1880 12.350.000 82% 10.127.000
5/9/ 1881 4.000.000 90% 3.600.000
28/10/1881 4.000.000 80% 3.200.000
14/1/1882 8.000.000 85% 6.800.000
12/10/1882 8.500.000 85% 7.225.000
27/10/1882 20.000.000 85% 17.000.000
25/10/1883 30.000.000 81% 24.300.000
21/10/1885 42.000.000 80% 33.600.000
9/10/1886 20.000.000 80% 16.000.000
Total 207.250.000 171.333.000
Diferencia: 35.917.000
Es decir que en 20 años la utilidad de los prestamistas solo en la suscripción de los empréstitos fue de 35.917.000 pesos fuertes, lo que resultan no solo sumas exorbitantes, sino reveladoras del real sentido económico de tales colocaciones. A estas cifras usurarias hay que sumar los intereses, las comisiones, y demás malabarismos técnicos que siempre operan en perjuicio de los deudores.
Tales préstamos siempre fueron considerados normales, aunque fueran lesivos para la economía nacional, y cuando los pagos se hacían exigibles, y los recursos no resultaban suficientes, no se vacilaba en realizar cualquier sacrificio, que siempre iba en beneficio de los acreedores. No en vano decía el Presidente Avellaneda: " La República puede estar dividida hondamente en partidos interiores, pero no tiene sino un honor y un crédito como solo tiene un nombre y una bandera. Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed para responder a los compromisos de la fe pública ante los mercados extranjeros".
Al llegar Juárez Celman al gobierno, la deuda siguió creciendo y las aventuras especulativas determinaron que la economía argentina llegara a un estado de crisis, que produjo la revolución radical, y la caída del gobierno, haciéndose cargo de la Presidencia el Dr. Carlos Pellegrini. Pero antes de tomar la decisión de afrontar las responsabilidades del poder, consultó a un grupo de banqueros, a quienes les pidió 50 millones de pesos, para enfrentar la inminente quiebra del Banco Nacional, del Banco Hipotecario, y del Municipal. Cuando se asegura la provisión de esos fondos, recién se considera presidente. Esos fondos, no se utilizaron para el destino requerido, sino que fueron girados inmediatamente a Londres para evitar la gran crisis de la banca Baring que estaba semiquebrada, debido a inversiones no solo realizadas en nuestro país sino a negocios realizados en otras partes. Por supuesto que el gobierno no podía dejar desprotegidos a tan fieles súbditos, y fue así que el Banco de Inglaterra corrió en auxilio de Baring, y junto a los banqueros Roschild realizó una reconversión de la empresa, que canceló parte de sus obligaciones con el dinero enviado por el Presidente argentino.
En 1893, el Ministro de Hacienda Dr. Juan José Romero, dio instrucciones al embajador en Gran Bretaña Luis Domínguez para un arreglo de la deuda. Le decía "pagar las deudas con más deudas es caminar en derechura hacia la bancarrota. Y es por eso, que se pidió que durante diez años se suspendiera el pago de las amortizaciones, pagándose intereses sobre los capitales adeudados, en un 2% inferior a lo que se tributaba hasta ese entonces.
La situación al terminar el siglo no podía ser más comprometida. La deuda externa de la Nación era de 884.222.743 pesos m/n. Los ferrocarriles eran ingleses, los bancos más importantes eran ingleses, la industria la manejaban los ingleses, los empréstitos los otorgaban ellos casi exclusivamente. Como infelizmente diría años después el Vicepresidente Roca: "desde el punto de vista económico somos una parte integrante del imperio británico". Además, todos los recursos estaban afectados a las garantías y a los pagos de los cuantiosos empréstitos que se habían celebrado, y sobre los cuales no existía una pormenorizada verificación del empleo de los fondos, ni la forma en que se habían hecho efectivos, sino solo cifras que se dieron por buenas, dadas por los banqueros y que servirían para que las obligaciones crecieran cada día más. Es tan cierto esto, que el propio Carlos Pellegrini decía en el Senado de la Nación en 1901: " Hoy la Nación no solo tiene afectada su deuda exterior, el servicio de renta de la Aduana, sino que tiene dadas en prenda sus propiedades; no puede disponer libremente ni de sus ferrocarriles, ni de sus cloacas, ni de sus aguas corrientes, ni de la tierra de su puerto, ni del puerto mismo, porque todo está afectado a los acreedores extranjeros".
LOS EMPRESTITOS DE SIGLO XX
Los comienzos del siglo, no muestran demasiadas variaciones en el endeudamiento externo que se mantiene en valores con cierto equilibrio, porque se siguen pagando puntualmente y se remesan al exterior las amortizaciones comprometidas. El gobierno del Dr. Quintana y el posterior de Figueroa Alcorta, si bien no presentan alteraciones significativas, disminuyen los montos, debido a la amortización del capital, que siempre responde a los mismos agentes financieros.
El General Enrique Mosconi que se hace cargo de la Dirección de la empresa, lleva a cabo una admirable y eficiente administración y sienta las bases de lo que va a ser una de las petroleras más importantes, y simultáneamente empieza una lucha con dos colosos de la explotación de hidrocarburos: la Royal Dutch de capitales ingleses y holandeses, y la Standart Oil de propiedad de Rockefeller.
Vuelto Irigoyen al poder, y condicionado no solo por la situación económica, sino por las fuerzas políticas que pugnaban a su alrededor, controlando a través de un senado opositor los propósitos del gobierno no es mucho lo que pudo hacer, pero respecto a la política petrolera, además de continuar con el fortalecimiento de YPF, impulsó un proyecto de ley para nacionalizar la totalidad de las reservas de petróleo, el que aunque aprobado por la Cámara de Diputados, nunca fue resuelto por el Senado, controlado por la oposición conservadora. Ese gran pecado del presidente de defender la política petrolera autónoma del país, sería uno de los factores fundamentales de su derrocamiento.
En 1927-28 la Standart Oil de Nueva Jersey consigue un millón de hectáreas para cateo en la provincia de Salta. No las obtienen directamente, sino que a través de ciertos personajes de la tradicional sociedad salteña convertidos en testaferros de la compañía, se apoderan de una enorme extensión, y la transfieren con posterioridad. para que la operación se disimulara y no se corrieran riesgos. Esa verdadera apropiación fue anulada con posterioridad, debido a los graves vicios que presentaba.
Cae Irigoyen en circunstancias que son conocidas de sobra, y el tema del petróleo vuelve a tomar una relevancia inusitada, porque para el capital extranjero resultaba un verdadero despropósito que existiera una empresa que, a comienzos del año 1930, era el décimo productor mundial de ese combustible. Además, y según cálculos efectuados por irreprochables técnicos desde 1926 hasta 1934 YPF, le ahorró al país la suma de 1.052.000.000 de pesos que hubiera debido girar al exterior si el petróleo hubiera sido explotado por compañías extranjeras. Y así comienza una lucha entre la Royal Dutch-Shell y la Standart para obtener la preeminencia en la explotación de los hidrocarburos, debiendo esta última abandonar el país, debido a la política probritánica, que va a continuar, luego del breve y nefasto gobierno de Uriburu.
En 1932 asume la presidencia de la República el Gral. Agustín P. Justo, con un nuevo proyecto económico distinto al de Irigoyen, y retomando de alguna manera la gran tradición conservadora respecto al capital extranjero. En 1933, y debido a las presiones ejercidas por Gran Bretaña se firma el desgraciadamente célebre Tratado Roca-Runciman, por medio del cual accedimos a todas las pretensiones que se nos impusieron a cambio de que cuando ellos lo considerasen necesario, nos comprarían determinados cupos de las carnes destinadas a la exportación. Como no podía ser de otra manera, por el art. 2º del tratado, se establecía que la suma de las exportaciones se destinaría "al pago del servicio de la deuda pública externa argentina", pero, además, y según señalara Scalabrini Ortiz, había algunas cláusulas secretas, que nunca se dieron a conocer. Lisandro de la Torre pulverizando las razones de los defensores del Tratado dijo en el Senado: " En estas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a sus dominios semejante humillación… Inglaterra tiene por esas comunidades de su imperio más respeto que por el gobierno argentino".
Nunca pudieron encontrarse las pruebas, pero algunos papeles que nunca fueron publicados, y que fueron confiados a mi custodia, confirmarían que tales acuerdos secretos realmente existieron. Uno de esos documentos es una carta confidencial reservada que envía Sir Eugene Millington Drake, Encargado de Negocios de Gran Bretaña en nuestro país al Dr. Carlos Saavedra Lamas, Ministro de Relaciones Exteriores, donde le dice que apure de inmediato en el Congreso la Ley de Coordinación de los Transportes, y que quede bien claro que los intereses británicos deben quedar bien consolidados en esa ley. En otra nota también le pide, o podríamos decir le exige que en las próximas licitaciones se prefiera a las empresas de capital británico.
En 1935 se creó el Banco Central como un organismo mixto controlado en un 50% nominalmente por el estado nacional, y el otro 50% por bancos extranjeros. La idea teórica, era que el Banco al no estar sometido a la órbita del gobierno, sus decisiones no iban a estar sujetas a los vaivenes políticos que pudieran ocurrir. Que las decisiones en ese Banco se tomaban en Gran Bretaña, lo da el hecho que un político argentino, el Dr. Manuel Fresco, que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, se enteró en Londres a través de Mister Follet Holt, directivo de los ferrocarriles ingleses quien iba a ser el gerente, y quienes ocuparían los cargos directivos, cuando nada se sabía en Buenos Aires. Fresco se asombró, pero eso no podía resultar extraño, porque el banco fue estructurado en Europa, y Sir Otto Niemayer, director del Banco de Inglaterra, viajó a Buenos Aires, para entregar el proyecto y discutir su instrumentación En 1935, todos los activos del estado y la deuda que manejaba el Banco de la Nación pasaron al nuevo Banco, que, aunque en manos extranjeras, comienza a ser el nuevo agente financiero de la República. Cuando se efectúa la transferencia se hace constar, entre otras operaciones que en ese año se ha pagado al gobierno de Gran Bretaña la suma de Pesos 66.682.902 en concepto de intereses de la deuda con ese país, y la suma de Pesos 28.636.363.63 en concepto de cancelación de un préstamo de la Casa Baring.
La política bancaria es otro tema que se encuentra pendiente de una investigación, y en forma especial las operaciones del Banco de la Nación. En una investigación que llevé a cabo por un tema relacionado con la neutralidad en la guerra del Chaco, revisé los libros de actas del Directorio del banco y me llamó la atención que en los años revisados (1932 a 1935), el 80% de los préstamos que daba el banco no iban a los pequeños productores, a los agricultores, al desarrollo de los pueblos de las provincias, donde el Banco tenía una enorme red de sucursales, sino a un amplio espectro de otras operaciones que iban desde la construcción de viviendas suntuarias como la de Matías Errazuriz (hoy Museo nacional de Arte Decorativo, hasta la especulaciones económicas de Alfredo Fortabat, que en 1934 le debía al Banco la suma de Pesos 12.500.000, pasando por una larga lista de nombres, que financiaban sus actividades improductivas con la plata del estado. Fortabat nunca devolvió lo que le prestaron, y el banco debió ejecutarlo, a través de un juicio manejado muy morosamente, donde se liquidaron algunos campos, pero la mayor parte de la deuda quedó impaga.
Otro ejemplo realmente paradigmático del manejo bancario del régimen conservador, es el Ingenio San Martín de Tabacal, de Robustiano Patrón Costas, prominente hombre del régimen, que fue construido con préstamos del Banco de la Nación, aunque las operaciones figuraban a nombre de sus socios. Pero la historia oficial, falseando deliberadamente la verdad, nos muestra otra cosa, y si se consultan las publicaciones del banco, especialmente las dedicadas a la celebración de sus 50 y 75 años puede verse como se expone la política crediticia de la institución como destinada a favorecer a los sectores productivos de menores recursos, cuando la realidad es muy otra. Un historiador muy serio como el Dr. Ricardo Ortiz, en su Historia de la Economía Argentina, indica que la mayor parte de los préstamos fueron a la gran industria ganadera, pero nada más, porque evidententemente no consultó los libros del directorio, y no pudo ver que ese era solo un aspecto de las operaciones que se hacían. Yo después de analizar esos tres años me quedé con algunas dudas razonables, porque no podía creer en tanta discrecionalidad, me parecía demasiado. Tratando de indagar sobre otras fuentes vinculadas a ese tema, me encontré con una obra muy rara, impresa por el Congreso nacional, que se titula " Investigación sobre el Banco de la Nación. Al leer ese libro, me di cuenta que me había quedado corto en mis primeras impresiones. Ese trabajo era el resultado de una investigación efectuada por el Dr. Juan B. Justo en el Senado, en 1926, donde hace una radiografía del Banco desde 1901 hasta 1926, documentando como había sido la política crediticia Esa investigación, como la actual de la deuda externa, no prosperó y fue archivada... Nadie le llevó el apunte en ese año, ni después. Presentó pruebas, pero en esos documentos estaban involucrados ministros, senadores, diputados. Era investigar al régimen, y por supuesto las posibilidades de llegar a alguna conclusión eran inexistentes... Hoy nadie se acuerda de esas conclusiones.
Otro hecho que tiene que ver específicamente con nuestro endeudamiento, demuestra la habilidad de los acreedores, y la canallería de nuestros gobernantes, tiene que ver con la conversión de la deuda pública externa de la Provincia de Buenos Aires. Intervinieron el Dr. Pedro Groppo, como Ministro de Hacienda del Gobernador Díaz, y los banqueros Bemberg. La conversión se hizo sobre cinco empréstitos con vencimiento el último de ellos en el año 1955, donde a través de un procedimiento de refinanciación de las deudas, el estado provincial tuvo un perjuicio de 503.000.000 de pesos, además de haberse pagado a Bemberg, la suma de 12.500.000 dólares en concepto, de gastos, sellados y comisiones. Si bien el Banco de la Provincia de Buenos Aires, era el natural agente financiero del estado provincial, se prefirió a una banca extranjera para realizar las operaciones. Este hecho fue denunciado por José Luis Torres –un patriota injustamente olvidado- en su obra "Algunas Maneras de Vender la Patria", aunque nadie se atrevió a desnudar los mecanismos de la operación. Recurrió a legisladores amigos, pero nadie quiso hacerse cargo de efectuar la denuncia, y todo quedó en el olvido. Años después el Instituto de Finanzas Argentinas de la facultad de Ciencias Económicas de la universidad de Buenos Aires, hizo un análisis de la conversión y llegó a la misma cifra que había denunciado Torres. Curiosamente esa conversión y el negociado consiguiente no figura en ninguno de los libros de historia económica en los que se trata el período, y lo más significativo es que los detalles de la conversión no figuran en los tres tomos de la Memoria del Ministerio de Hacienda de la Provincia. Estas son cifras concretas, datos objetivos. Saque el lector sus propias conclusiones.
Otra de las modalidades para usufructuar el esfuerzo del ahorro de los argentinos, fueron las operaciones de redescuento que hacía el banco de la Nación antes de 1935, cuando manejaba la totalidad de las finanzas del estado. El Banco otorgaba generosos redescuentos, por cifras que iban desde 1.000.000 de pesos en los casos más pequeños hasta sumas que excedían los 40.000.000, bancos extranjeros, que realizaban grandes inversiones, y después refinanciaban sus obligaciones, a través de nuevas operaciones de similar contenido, a tasas menores, a las que prestaban con el dinero del Estado. Esas operaciones tampoco han sido materia de ninguna investigación ni de ningún análisis, y accedimos a muchas de ellas, a través de la búsqueda de documentos para otra cuestión histórica.
Durante este gobierno que señala el comienzo de la llamada "década infame", empiezan a movilizarse las cuantiosas inversiones de los Estados Unidos, y la presión constante de sus diplomáticos, que quieren sumar a la Argentina a su esfera de influencia. Cuando se realiza la Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933, la Delegación de los Estados Unidos presidida por el Secretario de Estado Cordell Hull, lleva un proyecto para panamericanizar la legislación y tratar de crear un órgano consultivo liderado por su país, para mediar en los conflictos que puedan plantearse. Como primera medida, se pretende que la Argentina, ratifique cinco pactos internacionales sobre solución de conflictos. Se hacen algunas negociaciones con el canciller Saavedra Lamas, y se llega a un acuerdo, mediante el cual la Argentina apoyará las pretensiones de Estados Unidos, más allá de cierta retórica verbal, donde se enjuician algunas de sus posiciones.
Precisamente en esa conferencia, y debido al estado de insolvencia financiera de los países americanos, el Delegado de Méjico, Dr. Puig Casauranc, presenta un proyecto de moratoria general de las deudas, al que se opone Estados Unidos. Ante el compromiso asumido por lHull de firmar el pacto antibélico de procedencia argentina, nuestro país se opone a la moratoria, sosteniendo la inviabilidad de tal propuesta y la necesidad de honrar las deudas. Las relaciones con Estados Unidos parecen que pueden encaminarse y es así que se convoca a la Conferencia Interamericana de Consolidación de Paz que se realizará en Buenos Aires en diciembre de 1936.
Meses antes de la fecha convenida el Secretario de Estado de estados Unidos, Cordell Hull, envía al Embajador argentino en Washington, Felipe Espil, una carta confidencial reservada, acompañándole el proyecto, de lo que años después sería el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La idea trasmitida por Espil al canciller Saavedra Lamas, era que la Argentina lo presentara como suyo en la Conferencia, y Estados Unidos lo apoyaría. Como el ministro no comulgaba con los propósitos norteamericanos, sino que entendía que los países de Europa eran nuestros aliados naturales, no respondió la nota, y esperó hasta que se realizara la Conferencia.
Roosevelt, llegó el 6 de diciembre a Buenos Aires, en el acorazado Indianápolis, y después de los homenajes de rigor, dejó el país, quedándose la delegación norteamericana, encabezada por el secretario Hull. Allí Saavedra Lamas se opuso a todas las pretensiones de hegemonía norteamericana, y esto sorprendió a Hull, que no esperaba esa reacción. La zancadilla sufrida por el estadounidense, lo hizo volver a su país, con su proyecto frustrado, y con una furia descomunal, contra el gobierno argentino. En sus memorias publicadas años después, Hull sostiene que la Argentina era intratable, un país intolerable, y que a los argentinos no había manera de encauzarlos en lo que era el proyecto político de Estados Unidos. En 1938, la Argentina se vuelve a oponer a los proyectos norteamericanos en la Conferencia de Lima. La influencia británica era considerable, y después del alejamiento de la Standart Oil, Gran Bretaña utilizó gran cantidad de recursos para no perder una influencia que era cada vez más declinante.
Cuando se produce la segunda guerra mundial, Estados Unidos necesitaba que nuestro país abandonara su posición neutral. Políticamente era importante que la Argentina asumiera una conducta frontal de enfrentamiento a las potencias del eje. Ese era el aspecto visible formal, pero la realidad era la instalación de bases militares en el Atlántico y en el Río de la Plata, que conservarían después de la contienda, y les servirían como avanzada militar en esta parte del continente a la que nunca habían tenido acceso. En junio de 1940, el Embajador de los Estados Unidos, presenta una nota confidencial a la cancillería, preguntando cual sería la actitud del gobierno argentino en el caso de una agresión de Alemania a su país, y si se podía contar con colaboración militar. La respuesta no es demasiado clara, pero se preserva la tradicional política argentina de neutralidad en un conflicto en el que no teníamos parte y tampoco podía afectarnos, y ello no porque hubiera una posición pro nazi, sino porque era una vieja postura diplomática que había tenido su más definido expositor al presidente Yrigoyen. Unos meses después llegan dos militares estadounidenses, en una misión confidencial a los fines de conversar con militares argentinos sobre la posibilidad que fuera planteada anteriormente. Traían un dossier donde hablaban de una supuesta agresión alemana a la República Oriental de Uruguay, y eso significaba ponerse a las puertas de una agresión a la Argentina. Querían saber cuál sería la reacción en ese caso, y si se podía contar con colaboración militar, y contribuir al establecimiento de bases para operaciones. El Gral. Marquez, Ministro de Guerra dio una opinión favorable al pedido, pero el Almirante León Scasso, que era el Ministro de Marina, envío un informe al canciller José María Cantilo, oponiéndose completamente al establecimiento de las bases pedidas, y en un análisis admirable, hace una verdadera radiografía de la política norteamericana, de su actitud imperialista, de sus proyectos reales, y se refiere a como a través del tiempo se ha apoderado de una gran cantidad de países americanos. Indica que la instalación de las bases militares supone, que nunca las abandone, convirtiéndose en un innegable centro de poder en nuestro espacio marítimo, y que el supuesto ataque al Uruguay es un pretexto, porque la realidad demuestra que, si ese país fuera atacado, la Argentina no va a necesitar que le digan lo que tiene que hacer, puesto que reaccionaría en su ayuda por un elemental principio de solidaridad americana.
Para los Estados Unidos la posición argentina es cada vez más intolerable, y a medida que la guerra Europea y la intervención norteamericana se hace más presente, las presiones sobre el gobierno son cada vez mayores. Circulan las imputaciones de nazismo contra el gobierno de Castillo, y especialmente contra los militares que sostienen enfáticamente la posición de neutralidad.
Mientras las clases obreras registran enormes niveles de exclusión social, y la pobreza se acentúa con caracteres cada vez más dramáticos, que llevan a un deterioro físico de la población, que se encuentra subalimentada; la corrupción política y administrativa, las especulaciones fraudulentas de la clase política, y una falta de rumbo definido a cuanto, a tener un verdadero proyecto nacional, el ejército conspira para acabar con ese estado de cosas. Además de enfrentar las prácticas corruptas de los dirigentes, tiene en su propio seno la comprobación del estado miserable del pueblo, al ver los problemas físicos que presentan las clases que se incorporan año tras año.
Se produce la revolución del 4 de junio de 1943, donde empieza a sobresalir la figura de Perón a través de su actuación en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde se ocupa de atender los reclamos de los más carenciados. Luego asume la Presidencia de la República, y traza un nuevo proyecto económico mediante el cual se impulsarán grandes transformaciones: La nacionalización del Banco Central, de los ferrocarriles, de las empresas de gas y teléfonos, son instrumentos de una nueva política que va a poner en manos del país el manejo de los resortes fundamentales de su economía. Todo este proceso, producirá escozor en los Estados Unidos, que ya han sustituido a Inglaterra en la influencia continental.
En 1946 la deuda de Estado Unidos e Inglaterra con la Argentina era de 2.000 y 3.500 millones de dólares respectivamente. Esa suma a valores de hoy exceden los 50.000 millones. Ambos países se negaron apagar no sólo los créditos sino los intereses respectivos. A través de trabajosas negociaciones se consiguió que nuestro país pudiera comprar en Estados Unidos, haciendo uso de las libras bloqueadas en Gran Bretaña. Aprovechando tal situación, se produjeron importantes importaciones en esa nueva política de reactivación. Cuando se pretendió hacer uso de las libras, Gran Bretaña decretó la inconvertibilidad de su moneda, y entonces la Argentina se convirtió en deudor de Estado Unidos, al no poder hacer uso del dinero bloqueado. Perón celebró nuevos arreglos, poniendo a disposición el gobierno norteamericano parte de las divisas existentes y se pudieron cancelar las obligaciones. Pero hay más sobre la habilidad de nuestros prestamistas: como en la década del treinta, los pagos por las importaciones, eran depositados en una cuenta que nuestro país tenía en el Banco de Inglaterra, y se convertían en oro cuando nuestro país necesitaba hacer uso de ellos, esas libras que quedaban en Gran Bretaña eran nominalmente nuestras. Ello dio lugar a la emisión de unos bonos de congelación para evitar la emisión de moneda. Dichos bonos que emitía el gobierno devengaban un interés que la Argentina debía pagar. Debido a ello Miguel Miranda, Ministro de Hacienda durante la primera presidencia de Perón dijo en una reunión del Consejo Económico y Social: "Sobre el dinero bloqueado el país no cobraba un solo centavo de interés, pero para disimular su emisión se emitían bonos de congelación y se pagaba interés. Yo he sacado como consecuencia que los ingleses con gran habilidad, nos cobraban interés por el dinero que nos debían".
Sin lugar a dudas que la investigación sobre la época de Perón todavía está en los umbrales, y lo que se conoce son enfoques muy parcializados, que van desde encendidos ditirambos y apologías carentes de todo rigor crítico, hasta versiones que solo enfatizan los aspectos negativos del peronismo y no han penetrado en el fenómeno histórico que representó en esos años. Hubo muchas dificultades, presiones de todo tipo para entorpecer la marcha del gobierno, Importaciones esenciales para el desarrollo industrial fueron cortadas de raíz, no hubo la menor posibilidad de contar con algunos insumos básicos que se necesitaban. Hubo que hacer algunas concesiones y la de la Chade es una de ellas. La Chade era un consorcio internacional que manejaba la electricidad. Tenía un contrato con fecha determinada de vencimiento, operada la cual todos los bienes de la compañía pasaban a poder del estado. El Contrato fue prorrogado por 50 años más por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, después de haber coimeado a los concejales radicales y conservadores, quienes sin ningún escrúpulo se complicaron en la maniobra. Cuando se produjo la revolución del 43, se creó una comisión investigadora que presidió el Coronel Matías Rodríguez Conde. A través de esa pesquisa se individualizaron todos los personajes que intervinieron en el negociado, no solo los representantes políticos, sino los abogados, economistas, contadores y consultores, además de otros funcionarios que se complicaron en el fraude. Se encontraron desde las cuentas corrientes hasta las cajas de seguridad en los bancos, y los bienes que compraron con el dinero espúreo. Esa investigación, que se convirtió en una radiografía del régimen fue archivada por Perón, sin que se tuviera noticias públicas de ella hasta que fue reimpresa por la Editorial Universitaria de Buenos Aires en 1942. Este es un tema que debería profundizarse y que presenta aspectos no muy claros. Hay algo que es evidente y es la fuerte presión del capital extranjero que se había apoderado de los resortes fundamentales de la economía. Uno de los directivos de la Chade, el Ingeniero René Brossens era amigo de Perón, y cuando estaba preso en Martín García, le envió a Eva una carta donde le dice que ante cualquier dificultad recurra a él que "es un buen amigo" La carta fue publicada por Felix Luna en el 45. Cuando este autor entrevistó a Perón en Madrid le preguntó por el tema, y según cuenta, Perón le respondió que efectivamente Brossens era su amigo, y que no era culpable, porque los que se dejaron coimear fueron los políticos que intervinieron, y que la Chade no tuvo otra alternativa, para continuar con la prestación del servicio eléctrico. Explicación muy simplista por no decir insostenible, pero que da cuenta de la presión que ejercían estos holdings. Cabe aquí una digresión. La Chade era simplemente una subsidiaria de Sofina, consorcio internacional en el que había representantes de la banca judía, la banca española, el gran consejo Fascista, banqueros alemanes, es decir una increíble mixtura de capitales quienes carecían de cualquier prejuicio ideológico a la hora de hacer negocios.
En esa suerte de bloqueo efectuado por Estados Unidos, uno de cuyos inspiradores fue el Embajador Spruille Braden, las consecuencias fueron muy serias para nuestra economía, pero la voluntad política de los que estaban al frente del gobierno, pudo más que las presiones recibidas y a pesar de todo se empezó un proceso de industrialización creciente, mientras el estado soberano tenía por primera vez en décadas poder de decisión autónomo.
En el año 1952, el bajo crecimiento de la economía, sumado a problemas en el sector agrícola y a problemas estructurales que todavía no se habían podido superar llevó a Perón a tomar una serie de medidas y a vislumbrar la posibilidad de recurrir a los Estados Unidos para que colaborara en la reactivación del país. Llegó al país en esa época Milton Eisenhower, hermano del presidente norteamericano, con el que se realizaron conversaciones para analizar diversos proyectos de inversión.
Es en esos años, cuando deben acentuarse las importaciones de petróleo, porque el que extraía YPF, no resultaba suficiente para abastecer las necesidades del mercado interno. En 1954, se realizan conversaciones con representantes de la Estándar Oil de California para efectuar inversiones en Comodoro Rivadavia. El Ministro de Industrias, Dr. Orlando Santos, firmó una carta intención con la compañía petrolífera estableciéndose un área de explotación de poco más de 45.000 kilómetros cuadrados, donde se construirían aeropuertos, caminos, verdaderas ciudades, y toda la infraestructura necesaria para llevar adelante una obra de tal magnitud. El contrato fue arduamente discutido en su momento, porque se sostenía que era volver a la vieja política de sometimiento, y resultó célebre la conferencia que pronunció el Dr. Adolfo Silenzi de Stagni, Profesor titular de Derecho Agrario y Minero en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde impugnó las cláusulas del contrato, sosteniendo que era un verdadero escándalo que llevaba a la enajenación de nuestro petróleo. Su clase fue mimeografiada y distribuida clandestinamente, y se formaron ciertos movimientos de opinión respecto al tema, mientras la Argentina vivía momentos extremadamente difíciles por los enfrentamientos políticos entre el gobierno y una oposición que crecía cada día más.
Sería una ingenuidad suponer que Perón iba a tirar por la borda toda una política sostenida hasta ese momento. Efectivamente el proyecto era algo muy serio, pero lo que no se dice es que fue enviado al Congreso para que se realizara una discusión amplia, y tal debate la diera un arma para modificar algunos términos del contrato. Se precisaba de una inversión importante, y ésta era una gran oportunidad. No puede desconocerse, que el Congreso era incondicional a las decisiones y a los proyectos del presidente. Si hubiera querido que se aprobara tal cual había sido redactado, hubiera ordenado que se votara sin discusión, y no se hizo así.
Se produce la revolución de 1955, y las nuevas autoridades le encargan al Dr. Raúl Prebisch, celebrado economista, que redactara un informe sobre la situación argentina. Las conclusiones de este fueron dramáticas, pero producto no solo del desconocimiento de lo que realmente ocurría sino de una imposición de las autoridades revolucionarias para justificar buena parte del proceso en el que se habían involucrado. Al poco tiempo de conocerse dicho informe Arturo Jauretche en páginas luminosas, desnudó una a una las falencias del informe y puso en descubierto su inconsistencia. Pero ya la situación era irreversible, y las influencias extranjeras volvían a hacerse presente en la Argentina. Así se decide la incorporación del país al Fondo Monetario Internacional, y los convenios bilaterales que se habían firmado, se empiezan a renegociar con los países que se nuclean en torno al llamado Club de París.
En el gobierno revolucionario aparece por primera vez un personaje destinado a ser un símbolo de los mercados y de su proyecto de país: el Ingeniero Alvaro Alsogaray, que fue Ministro de Industria durante la presidencia de Aramburu, y que luego implementaría un plan económico durante la presidencia de Frondizi, siendo Embajador en los Estados Unidos durante la presidencia de Onganía. La mejor descripción de la persona de Alsogaray que conozco la hizo Aramburu en unas confidencias publicadas hace algunos años. En ella cuenta como debió echar al célebre ingeniero, su forma particular de ver la cosa pública y hacer negocios en función del poder ministerial del que gozaba. El proyecto de país que Alsogaray proponía era achicar al estado, y aumentar el poder privado, para que controlara todos los resortes de la economía.
Con la presidencia de Frondizi se empieza la explotación intensiva de los recursos petroleros, a través de contratos que en su momento fueron impugnados y declarados nulos, por los graves vicios de procedimiento. En ese momento el endeudamiento externo no era demasiado significativo y su crecimiento obedecía en general a las reales necesidades de financiamiento. En 1961 la deuda era de 11.606139.000 de pesos moneda nacional y al finalizar la década había crecido ocho veces, llegando a los 80.000.000.000. Si bien no podemos decir que nuestra política era independiente de las decisiones de los centros de poder, todavía estábamos muy lejos de lo que vendría después.
Durante la administración del Dr. Illia, se efectúa una política con cierto orden, y se anulan los contratos. Aunque puede decirse que la libertad política es plena, la marginación de las masas populares sigue siendo una evidencia, mientras el país se debate en una quietud, que no resulta auspiciosa, y provoca la injustificable intervención militar de Onganía en un proceso, donde la economía sigue un derrotero que condiciona las decisiones soberanas del país, que no atina a salir de esos círculos que están manejados invariablemente por los mercados financieros Durante ese proceso militar, se produce el negociado de Aluar, mediante el cual se entrega la producción de aluminio a un conjunto de aventureros que hicieron un gran negocio a expensas de los recursos del estado, y como sucede siempre en la Argentina, encontraron la posibilidad de tener representantes que siguieron ocupando cargos en los sucesivos gobiernos, y tuvieron en consecuencia una impunidad total para los cargos que desarrollaban. José Gelbard, que intervino abiertamente en este tema fue ministro de economía del primer gobierno peronista en 1973.
En Aluar se produce uno de los primeros casos de cuantioso endeudamiento privado que será asumido por el Estado. Gelbard, durante el gobierno de Cámpora.
movilizó las estructuras políticas y realizó cambios económicos, con los que se empezó a gestar el gran proyecto de las transnacionales que estamos soportando. Es una ingenuidad, por no decir un verdadero despropósito, indicar que la Argentina en 1973 al 76 vivió un régimen democrático, con una economía que funcionaba, porque no es verdad. En esos años se gestaron en realidad las causas que llevarían al sangriento golpe militar de 1976, que, utilizando el pretexto de las deficiencias del régimen peronista, vino a instalar no solo una dictadura, sino las bases y los cimientos de la definitiva extranjerización de nuestra economía.
Cuando se produce el golpe militar, el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, integrante del Consejo Asesor del Chase Manhattan Bank, prominente directivo de Acindar y de la Italo, elabora su proyecto económico, y como una de las primeras medidas de gobierno, se modifica el art. 1 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, que establecía la improrrogabilidad de la competencia jurisdiccional de la Argentina a favor de jueces extranjeros, es decir que cualquier convenio o contrato que firmara el país, se declinaba la competencia de nuestro tribunales. Martínez de Hoz, según sus expresiones, y las obras que publicara con posterioridad a su pasó por la función pública pretendía hacer un país moderno, con una economía productiva y altamente competitiva, con empresas sanas, proyectos realizables, a través del marco de orden y tranquilidad que iban a asegurar las fuerzas armadas, con lo que se llevaría a la Argentina a ocupar el lugar que tuvo -según él- a principios de siglo.
En todo ese proceso histórico, donde está la génesis de nuestro endeudamiento actual, se cae en el error de ir solamente a los efectos cuantitativos, a los esquemas numéricos, a los déficits de los presupuestos, y a las alternativas de la cuenta de regulación monetaria, y no se va al origen de cómo se construyó esa deuda.
Las reservas del Banco Central eran exiguas cuando cayó Isabel Perón, y la deuda ascendía alrededor de los 7.500 millones de dólares, pero después tales reservas empezaron a crecer, como una forma de demostrar la solidez del sistema., y la posibilidad de afrontar cualquier contingencia. Las divisas empezaran a crecer a través de los malabarismos financieros, y a los falaces asientos contables, donde se endeudaban las empresas públicas, pero solo ficticiamente pues el dinero iba a engrosar las arcas del Banco Central para sostener una política monetaria que giraba en torno a una tabla de actualización del dólar. En muchos casos, nos habían prestado a una tasa del 8% anual, y ese mismo dinero que habíamos recibido de un banco extranjero era represtado a ese banco a una tasa inferior. Contablemente había algunos esquemas que aparentemente funcionaban, pero el endeudamiento crecía cada vez más.
Como un ejemplo de cómo ciertos economistas manejan algunos números que reflejen adecuadamente algunas de sus teorías. Hay un documento que hemos consultado, en el que se establece que en 1983 se envió al exterior- en concepto de intereses de la deuda y algunas amortizaciones la suma de. 11.500 millones de dólares. Cuando se analizan las cifras del informe se puede comprobar que no se había pagado esa suma, sino una cantidad mayor. El autor del informe, que es uno de los más reconocidos economistas de la City financiera indica que si bien la Argentina había pagado más de 17.000 millones de dólares, 6.195 millones le habían sido suministrados por el Club de París, el FMI y un conjunto de bancos, en consecuencia, el pago que debió afrontarse era el indicado. Lo que no decía el economista en su análisis es que esos 6.000. era nueva deuda que se iba a sumar al que ulteriormente se debía devolver. Son por supuesto ficciones numéricas que pretenden decir lo que no es real y confundir a los poco avisados, y son los mecanismos intelectuales que se utilizan para ocultar las maniobras financieras que se realizan.
Así se endeudaron la Comisión Nacional de Energía Atómica, Agua y Energía, YPF, Aerolíneas Argentinas, y una larga lista de empresas públicas más importantes, con matices verdaderamente escandalosos. Pero debemos consignar que era un endeudamiento nominal, porque los dólares iban a parar al Banco Central en todos los casos. Las empresas eran prestatarias del crédito externo, pero no eran usuarias ni usufructuarias de dicho crédito. Hubo casos como el de Agua y Energía, que fue obligada a cancelar un préstamo que tenía con el Banco de la Nación, con dinero proveniente de un préstamo sindicado que le otorgara el Lloyds Bank, por 120.000.000 de dólares. Es decir que, en vez de estar obligada la empresa con un banco nacional, se la endeudaba con un banco extranjero.
Un caso paradigmático es el de YPF, porque era una empresa simbólica construida sin un centavo de capital extranjero. El general Mosconi, hizo con la extracción del petróleo una de las empresas más importantes del mundo, que tuvo que pelear en la década del 20 y principios de la del 30 con la Stándart Oil, lo que llevó a Mosconi a escribir su libro "YPF contra la Standart Oil", publicación casi inhallable y que pocos conocen. Apelando a esas ficciones tan caras al denominado hoy stablishment, Mosconi tiene un monumento, es homenajeado de vez en cuando, pero se ha desconocido su proyecto de política petrolera, hasta que se logró finalmente su desaparición como empresa argentina.
Durante la dictadura militar, se empezó a endeudarla irresponsablemente, además de fijar precios a los combustibles que no respondían a los costos de explotación. En la causa penal, a la que más adelante me voy a referir hay registradas respecto a YPF 427 operaciones de endeudamiento, que servirían como base para la futura enajenación de la empresa. Muchos de esos contratos fueron convalidados por el Dr. José Luis Machinea, que era gerente de Finanzas.
Públicas del Banco Central, cargo técnico, pero con poder de decisión, además que tenía el deber elemental en todo funcionario público de observar cualquier acto irregular que fuera sometido a su verificación.
Para todos los contratos que celebraban las empresas públicas era obligatorio el dictamen del Procurador del Tesoro, pero tampoco esta formalidad se cumplía, porque, los prestamistas extranjeros redactaban la opinión que debía sostener el Procurador, enviaban el télex al estudio Klein Mairal, y de allí iba el texto a la Procuración, donde era simplemente pasado en el papel oficial y enviado a la empresa. Es decir que el banco que acordaba el crédito, también dictaba la opinión oficial argentina para conformarlo. En la causa penal están algunas de las explicaciones del Dr. Machinea, que pretendiendo desligarse de toda responsabilidad, remite cualquier explicación al Dr. Enrique Folcini. Por supuesto que Machinea conocía perfectamente la estructura organizativa y la carta orgánica del Banco Central, y no puede suponerse que haya procedido como lo hizo, sin tener conciencia que estaba transgrediendo normas expresas de la institución donde prestaba servicios. Lamentablemente esos funcionarios que estuvieron en el banco durante la dictadura militar, siguieron manejando las finanzas y operando en puestos claves de la conducción económica hasta el día de hoy.
Algunos economistas hablan de estos temas en un tono genérico, manejando aspectos de la teoría económica, o refiriéndose a ella en sus aspectos cuantitativos, o marcando los graves desequilibrios financieros en su instrumentación. También se habla de algunas causas como la fuga de capitales, los autopréstamos, y un manejo deficiente de la economía, pero en casi ningún caso de hace una mención a los responsables, y no se mencionan cuestiones que son de fondo como la forma de operar que hubo durante la dictadura, y los subsiguientes gobiernos democráticos, con el FMI, y los bancos acreedores.
Respecto a la relación con el FMI, existe una circunstancia muy poco mencionada y es el hecho que esta institución monitoreó siempre el endeudamiento externo, a través de funcionarios que tenían oficina permanente en el Banco Central, y verificaban todas las operaciones de crédito que se efectuaban. En las operaciones de endeudamiento el Fondo Monetario se aseguraba que las empresas estuvieran encuadradas dentro de un marco legal, y que, ante cualquier problema de orden jurídico, el Estado no tuviera opciones para ningún cuestionamiento, porque evidentemente los jueces extranjeros, pactados en todas las operaciones no iban a resolver ningún conflicto a favor de la Argentina. Hay un aspecto con relación al endeudamiento privado que tiene varias vertientes: una de ellas se refiere a las infracciones a la ley penal cambiaria, por divisas que nunca entraron al país; la otra son los avales otorgados por el estado a determinadas empresas, y los denominados seguros de cambio, por medio de los cuales se subsidió en más de un cincuenta por cierto a las empresas privadas del país, a través de un mecanismo financiero, antecedente de la definitiva estatización de la deuda privada que hiciera el Dr. José Luis Machinea en 1985, como Presidente del Banco Central.
Hace unas pocas semanas pudimos observar como las presiones de los mercados casi producen una debacle política, que obligó al Presidente a cambiar a dos Ministros de Economía, y efectuar un nuevo plan de recortes presupuestarios, para aliviar el crónico déficit fiscal, que obedece estructuralmente al peso de la deuda que se acentúa cada vez más.
La concepción que tienen las empresas de lo que debe ser el país está claramente explicitado en un libro publicado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas en 1992, llamado "Plan para una Economía de Mercado, donde un grupo selecto de economistas liderado por los Dres. López Murphy y Artana,y financiados por el Banco de Galicia, Loma Negra, Pérez Companc, Nobleza Piccardo, Repsol, etc. plantean un nuevo diseño de país, con una educación casi totalmente privatizada, con una argentina con salarios del orden de los 70 pesos mensuales, y una estructura industrial menos costosa a través no solo de la flexibilización laboral, sino la reducción del costo laboral. Ese viejo proyecto instalado en sus bases en 1976, sufrió muchas modificaciones, pero el espíritu de los empresarios siempre lo ha tenido como un objetivo, y han hechos considerables esfuerzos para llegar a concretarlo. El poder de que disponen es considerable, y han conservado no solo sus privilegios a través de los años, sino que atravesaron toda la etapa de instauración de la democracia sin que nadie se atreviera a enjuiciarlos. Los militares de la dictadura fueron sometidos a proceso y condenados, pero los autores intelectuales, y los responsables del endeudamiento económico, no pasaron sino muy esporádicamente por los tribunales.
Cuando asume el Dr. Raúl Alfonsín, en el discurso pronunciado el 10 de diciembre de 1983, plantea que no se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo, y se va a realizar una investigación para establecer cuál es la deuda lícita y la ilícita. El 10 de enero del año siguiente el Dr. Martín Anzoátegui, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, envía un oficio al Congreso de la Nación, en la causa "Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la Administración Pública", manifestando que el tema de la investigación de la deuda, excede las posibilidades del Juzgado, y que siendo el Parlamento, el que por mandato constitucional, tiene la facultad de arreglar la deuda pública, debe intervenir para llegar a un esclarecimiento definitivo del tema. Al poco tiempo de ingresado el oficio los diputados Adán Pedrini y Miguel de Unamuno presentan un proyecto de creación de una comisión investigadora de la deuda, y a pesar de la resistencia se trató sobre tablas la iniciativa.
En agotadoras y extenuantes sesiones, hablaron los diputados de todos los bloques, muchos de los cuales siguen actuando hoy en el Congreso de la nación. El Dr. Raúl Baglini, presidente de la Comisión de Presupuesto y hacienda, se opuso a la comisión, y por supuesto a la posibilidad del no pago de la deuda, sosteniendo que eso produciría una catástrofe económica de consecuencias imprevisibles. No se podrían contar con el 80% de las drogas para medicamentos, los insumos importados serían cortados de raíz, y las represalias de los acreedores, no podrían superarse. Recuerdo que algunos diputados como Federico Storani plantaron que la deuda era inmoral, como el diputado Moreau, y otros pudiendo dar una larga lista de los intervinientes. Alvaro Alsogaray sostuvo que la deuda "no era moral ni inmoral, era deuda, y que lo grave es la forma en que fue contraída". El peronismo que apoyó la iniciativa al carecer de la fuerza suficiente no pudo imponer el proyecto que fue rechazado por bloque radical. Pero en ese debate hubo una circunstancia muy interesante y fue la presencia del Ministro de Economía Dr. Bernardo Grinspun, una figura lamentablemente olvidada, porque es la única que pretendió enfrentarse al FMI, y que además fue al Congreso a hablar de la realidad de la deuda, dando instrucciones precisas al Dr. Enrique García Vázquez para investigar la deuda privada. Grinspun habló de las presiones de los acreedores, de que la Argentina debía pagar tasas superiores al 7% sobre lo que pagaban otros países. Desnudó las actitudes de los banqueros, y dio algunas explicaciones de lo que había sido el endeudamiento, y las ideas del gobierno sobre esa materia. Su gestión no duró más que poco más de un año y fue reemplazado, por alguien más dócil a las pretensiones del exterior.
Consecuente con el propósito planteado originalmente por el Dr. Alfonsin, el Congreso de la Nación dictó la ley 23.062, donde se establecía que carecían de validez jurídica las normas y los actos administrativos emanados de las autoridades de facto, surgidas de un acto de rebelión" rechazándose la gestión financiera del gobierno militar mediante la ley 23.854, en cuyo art. 1 se prescribía: "recházanse las cuentas de inversión presentadas por el Poder Ejecutivo nacional correspondiente a los ejercicios de los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, y 1983" Esas normas estaban inspiradas ciertamente en la ley 224 del 29 de septiembre de 1859 que establecía que "la Confederación Argentina desde la instalación de un gobierno constitucional no reconoce derecho a indemnizaciones a favor de nacionales o extranjeros sino por perjuicios causados por las autoridades legítimas del país; y en la ley 73 del 6 de noviembre de 1863 que indicaba que la autoridad nacional "liquidará la deuda legítimamente contraída por el gobierno de la Confederación Argentinas…No se comprenderán en la liquidación los daños y perjuicios causados por autoridad no constituida legítimamente y aún estándolo si provienen de actos ilícitos" y "aquellos en cuyo contrato hubo dolo, causa torpe, lesión enorme y otro vicio cualquiera".
A pesar de la existencia de las leyes citadas, se llevó a cabo una investigación que, omitiendo la consideración de la deuda pública, se limitó exclusivamente a la verificación de la deuda privada. Así el 5 de julio de 1984, el directorio del Banco Central presidido por el Dr. Enrique García Vázquez, dictó l circular Nº 340 mediante la cual se disponía la conformación de un cuerpo de investigadores que tendría a su cargo el análisis de las declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de octubre de 1983. La división de la deuda en legítima e ilegítima, debía basarse en una serie de parámetros que se establecieron con precisión. La deuda a verificar alcanzaba en 1983 a la suma de 17.000 millones de dólares, dividida en varios segmentos. La investigación se limitó al 50% de la deuda financiera, eliminándose del análisis la deuda comercial.
a. Anomalías en las concertaciones de seguros de cambio.
b. Autopréstamos (ejemplos: Fíat, Suchard, Renault Argentina, Selva Oíl, etc.)
c. Endeudamientos producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron (Ejemplo: Cementos NOA)
d. Aportes de capital disfrazados de préstamos financieros
e. Sobrefacturación y abultamiento de la deuda (Ejemplos: Parques Interama, Cogasco S.A.
Es importante insistir que ese cuerpo de inspectores no contaba nada más que con su buena voluntad para una tarea harto compleja, teniendo serios obstáculos con los directivos de las empresas investigadas, con sus abogados y sus contadores, quienes trataron sistemáticamente de entorpecer el trabajo. Al respecto y como testimonio de ciertas conductas empresariales resulta relevante el testimonio presentado en el Juzgado Federal No 2, por uno de los inspectores del banco, en el marco de la nueva investigación de la deuda que actualmente se encuentra en trámite. En su declaración, algunas de cuyas partes extracto afirma entre otras precisiones que "personalmente investigó la deuda de Cargill S.A., Papel de Tucumán, Cia. De Perforaciones Río Colorado S.A., Textil Castelar… detectó irregularidades en el endeudamiento externo, que daban lugar a darlas de baja de los registros de la deuda externa" agrega que: " Con respecto a Parques Interama, no se pudo concretar la investigación por no poder localizarse la documentación respaldatoria, que hubo que incluir la deuda en los registros sin haberse localizado la documentación respaldatoria, pues sino peligraba el acuerdo con el Club de París… que con el supervisor Verdi no pudieron verificar la autenticidad de la deuda y que sin embargo debió ser conformada por otras instancias del banco central, a efectos de ser incluida en la referida negociación". Luego agrega que de las reuniones e informes de los grupos de trabajo se "detectaron en otras empresas irregularidades atento a las pautas de la resolución No 340, en las empresas Selva Oil (petróleo) Renault S.A. Cogasco S.A. Pérez Companc, Suchard S.A. cementos NOA, etc. Y que con posterioridad a l989 no fueron dadas de baja de los registros de la deuda. En lo que respecta a la auditoría llevada a cabo en la firma Cargill dice que "las presiones y las intimaciones que le hicieron, pretendiendo obligarlo a firmar ciertos documentos que no aceptó" Finaliza su testimonio diciendo que respecto a la empresa Cogasco, que era el principal deudor privado en 1983 con obligaciones por 918 millones de dólares "se habrían simulado, a través de falsas facturaciones, gastos del órden de centenares de millones de dólares, y que el procedimiento habría consistido en tomar préstamos del exterior con seguro de cambio –que implicaba la responsabilidad ulterior del estado- y que la aplicación de dichos fondos provenientes del exterior se simulaba a través del abultamiento de gastos".
Dado el cariz que tomaba la investigación, que ponía en claro las maniobras defraudatorias que se habían realizado, los inspectores tuvieron encontronazos y discrepancias con los funcionarios que tenían a su cargo la decisión final sobre los resultados de la tarea, quienes tenían criterios distintos sobre la ilicitud. A estos no les interesaba en modo alguno llegar a la verdad de los hechos, sino encubrir a través de su poder de decisión todas las maniobras que se fueron detectando, llevando a una vía muerta los resultados de las comprobaciones efectuadas.
Para evitar que se pusiera en descubierto la forma en que se utilizó la cobertura del estado en especulaciones económicas de diversa factura, se produjo el informe 480/161 del 6 de diciembre de 1986, mediante el cual se modifican los alances de la circular 340, dejando reducida la investigación a averiguar el ingreso o no de los fondos, obviando las disposiciones de la ley penal cambiaria. Hubieron otros trámites para terminar con la investigación. ¿Cómo terminó todo el tramiterío destinado a liquidar las evidencias del fraude? Pues utilizando el eufemismo "complementar" los puntos ib y lc de la resolución 340, se la reinterpreta y se liquida de un plumazo su efectividad a través de una nueva resolución firmada por los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, quedando registrada como resolución No 298 de junio de 1988 del Directorio del Banco Central. A partir de esta última norma, los inspectores ya nada pudieron hacer.
Esta investigación, con auditorías llevadas a cabo con extrema prolijidad y donde se detectaron los ilícitos fue archivada y destinada a algún depósito de papeles viejos y aquellos esforzados contadores, luego de limitarse a realizar simples verificaciones carentes de importancia en algunas empresas, fueron finalmente incorporados al Banco, y destinados a distintas dependencias, alejándolos de cualquier sector que tuviera que ver con el control de la deuda.
Como el Banco Central carecía de registros adecuados sobre el endeudamiento privado, y tenía serias deficiencias en sus registros sobre el endeudamiento público, la administración del Presidente Menem, años después requirió el concurso de los bancos acreedores, quienes establecieron las cifras de lo que correspondía pagar, los intereses punitorios y moratorios y toda aquella cuestión que pudiera surgir con los acreedores. Es decir que se puso en manos de los llamados "mercados" la administración de la deuda privada, además de que durante mucho tiempo su gobierno también confió a esos "mercados" la administración de la deuda pública.
De tal manera que siendo Ministro de Economía el Dr. Domingo Cavallo, se le quitó al Banco Central el manejo de la deuda privada, y se la otorgó al City Bank, como agente de cierre, designando como bancos agentes para las tareas de reconciliación de la deuda a J.P. Morgan, Banque Nationale de París, The Royal Bank Of Canada, Bank Of New York, Crédit Lyonnais, Midland Bank y Chemical Investment Bank. Como tampoco se confiaba en la eficiencia de la estructura del banco Central, y debido a que este no contaba con los registros de intereses y tenía deficiencias en la información estadística se contrató a la consultora internacional Price-Waterhouse, quien fue la que determinó los totales de cada contrato, sobre la base de lo que le informaban los propios acreedores. En resumen, que quedó cerrada toda posibilidad que se llegara a establecer la verosimilitud de las deudas que los acreedores exigían, al otorgarse a estos la facultad de establecer los montos y los intereses con prescindencia de mostrar los fundamentos de sus reclamos.
Después de la apresurada renuncia de Alfonsín, fracasados los intentos para que la economía fuera manejada por el grupo Bunge y Born, y fallida la corta experiencia del "contador sin visión política" como algunos llamaron a Antonio Erman González, apareció nuevamente el Dr. Domingo Cavallo, con un curriculum universitario bastante frondoso, y su experiencia en la función pública durante la dictadura. Ya era prominente miembro de la Fundación Mediterránea, había disfrutado de suculentas becas que le permitieron perfeccionarse en los estados Unidos. Sus trabajos los había realizado gracias al dinero suministrado desde el exterior, y a los aportes de algunos destacados empresarios argentinos, muchos de ellos deudores privados. Cavallo, continuando con el proyecto que no había podido implementar en 1982, efectúa la reforma financiera, consigue la aprobación de la ley de convertibilidad, y además obtiene la aprobación de la ley 24.156, mediante la cual se crea la Oficina del Crédito Público Nacional, destinada a la refinanciación de las obligaciones con el exterior, y la constitución de nuevos préstamos que obligaran a la Nación. En 1992 se contrata a J.P. Morgan para que prepare el plan financiero del gobierno, y se perfeccionan todos los instrumentos legales destinados a impedir que en algún momento se pudiera cuestionar la deuda externa. La Argentina se acoge al Plan Brady, donde se vuelven a refinanciar las obligaciones externas, y se crea una deuda llamada "nueva" que va a ser manejada por los bancos, aún cuando la propaganda interesada habla de miles de acreedores, diseminados por todas partes. Según las estimaciones de Cavallo, realizadas en ese año 1992, después de obtenerse el dinero previsto en las privatizaciones, la deuda disminuiría notablemente, y tendría una evolución decreciente, llegando en el año 2000 a los 60.000 millones de dólares.
Se hicieron las privatizaciones que constituyeron un gran negocio para los financistas y empresarios del exterior. Se privatizaron por cifras irrisorias empresas de la magnitud de Aerolíneas, Gas del estado, YPF, los servicios eléctricos. Los pagos se hicieron con papeles depreciados de la deuda, y en algunos casos con fondos provenientes de las mismas empresas. El caso de Aerolíneas es emblemático como también lo es el de la ex Entel. El proceso se concretó en su totalidad. No quedó una sola empresa pública en manos del Estado, y la deuda siguió avanzando. En este momento debemos suponer que existen proyectos para entregar tierras en la Patagonia, en la Pampa húmeda, se piensa también en la privatización de la Lotería nacional, y de los sistemas de cobro de la AFIP. El sistema jubilatorio está sobreviviendo penosamente, y los manejos financieros de la AFJP están a la vista, además de haber sustraído a la administración pública una considerable masa de dinero en beneficio de un reducido grupo de particulares. Es decir que el poder de decisión en la economía está en su totalidad en manos de los grandes grupos financieros, que se han apoderado del 80 por ciento del sistema bancario, de la mayor parte de las grandes empresas industriales, quedando un esqueleto deficiente de lo que supo ser la industria argentina.
Cuando Gran Bretaña nos invadió en 1806 y 1807 y no pudo concretar su aventura militar, tuvo conciencia que el manejo de la economía era como ya señalé un recurso más efectivo y menos riesgoso, por eso Canning dijo su célebre frase "América libre, pero sujeta a nuestra influencia" Lo dijo en 1822 y se cumplió escrupulosamente hasta 1940. Entonces empezaron los intentos de los Estados Unidos, que se vieron frustrados por la política de Perón, y solo pudieron ponerse en marcha recién a partir de 1955, lográndose su más eficaz consolidación a partir de 1976.
Se debe tener conciencia que, a los poderes transnacionales, y a los organismos multilaterales de crédito no les interesa que esté un militar en el poder, Alfonsín, Menem o de la Rúa, sino controlar el poder a través de eficaces personeros que los representan siempre, y que se suceden unos a otros de manera invariable desde hace más de 20 años. Algunos pocos ejemplos resultarán más que suficientes: El Dr. Machinea fue Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura, Presidente del mismo en 1985, y Ministro de Economía desde 1999 hasta hace dos meses. El Dr. Domingo Cavallo, fue funcionario del Ministerio del Interior durante la dictadura y presidente del Banco Central durante algunos meses en 1982, y actualmente a sido convocado para salvar al país. Otro personaje que es un paradigma de la continuidad en el poder, es el Dr. Daniel Marx. Apareció como Director del Banco Central en 1985, fue luego representante financiero del gobierno en el exterior, encargándose invariablemente de las negociaciones externas. Intervino en el Plan Brady, luego fue empleado de Brady, y estuvo ausente algún tiempo en Estados Unidos. Volvió hace unos años a seguir negociando la deuda, y durante el actual gobierno, como Secretario de Finanzas de la Nación sobrevivió a dos abruptos cambios del gabinete económico, y continúa ahora su proficua labor ante los organismos internacionales, preparando un megacanje, que elevará a límites intolerables la deuda.
Al asumir Menen en 1989, la deuda externa, llegaba a los 63.000 de dólares, habiéndose aumentado en los últimos años, por la mora en el pago de las obligaciones, cuando dejó el poder la deuda total era de más de 190.000 millones, y la estructura productiva de carácter nacional fue prácticamente aniquilada, en un desguace sin precedentes. Los niveles de pobreza y subalimentación han crecido de manera considerable, la subocupación registra índices elevados y su crecimiento pareciera indetenible, la precarización del empleo es un concepto habitual en el pueblo. El nivel de vida de las clases medias ha llegado a niveles inéditos de deterioro. También cayó la tasa de inversión, la productividad y el producto por habitante. Algunas cifras, que demuestran la perversidad del proceso iniciado en 1976[ el salario real base 100 en 1975 descendió vertiginosamente a fines de 1976 a 66% y en el año 1993 al 49%. En 1974 el porcentaje de hogares que no llegaban a comprar los bienes que componen la canasta familiar era del 4%, en 1992 del 20%. Entre 1976 y 1992 la cantidad de hogares que no podían acceder a consumos mínimos se elevó en un 600%.
A partir de 1976 hubo una gran redistribución de la riqueza, que se acentuó decisivamente durante la gestión de Menem. En efecto la participación del sector más rico del país (10%) creció desmesuradamente; la clase media (50%) disminuyó sensiblemente su poder adquisitivo, y el 30% más pobre acentuó sus niveles de pauperización. Las empresas transnacionales participaban en el comercio exterior en 1989 en un 40 y actualmente su participación excede el 70%; en el comercio minorista de comestibles esa diferencia es de 45% en el 89 y 75% ahora. En 1989 el control de los grupos transnacionales en el sistema bancario era del 14%, y actualmente es mayor al 70%. La participación de los asalariados en la renta nacional que llegó a los niveles más altos durante la presidencia de Perón (49%) era en 1989 del 30% y actualmente llega escasamente al 18%. Como podrá verse una verdadera transformación económica, como la llama el Ex Presidente, pero que no ha servido para beneficiar a la Nación y a su pueblo, sino para transferir la más formidable cantidad de recursos disponibles a favor de los capitales internacionales.
Estoy hablando de hechos medibles y puntuales, aunque no confió demasiado en ciertos números oficiales, que no siempre responden a la realidad que se observa todos los días en la calle, debido a lo cual supongo que muchas de las cifras consignadas pueden arrojar resultados más dramáticos. Pero esta transnacionalización de la economía, no fue algo accidental sino una concepción política que se llevó a cabo, con plena conciencia de lo que hacía. Y es tan cierto lo que digo, que uno de los teóricos del régimen menemista, el Dr. Jorge Castro, planteó en una reunión de la Asociación de Bancos de la República Argentina, realizada en el año 1997, que la transnacionalización de las empresas argentinas era un imperativo que no se podía demorar, porque era la única forma posible para que la Argentina se insertara en el mundo.
También en esta infausta época, se recurrió en diversas oportunidades a renunciar a la inmunidad soberana del estado en las operaciones de deuda con el exterior, sometiéndose a la Nación a la Jurisdicción de tribunales extranjeros. El 15 de septiembre de 1992, se firmó el decreto No 1712, en cuyo art. 5 se renuncia a oponer la inmunidad soberana y se autoriza a prorrogar la jurisdicción en los tribunales del exterior, en los contratos de crédito externo que se suscriban. El 8 de octubre de 1992 a través de la resolución No 1169, el Ministro de Economía autoriza a la Secretaría de Hacienda a que establezca la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales con asiento en Nueva York , de los Tribunales de Londres-Inglaterra y otros tribunales en forma amplia para eventuales procesos de ejecución de sentencia., También con el mismo propósito el Dr. Carlos F. Ruckauf, como Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo, firmó el Decreto Nº 363, el 1 de abril de 1998, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Economía Y Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Hacienda, a incluir en las operaciones de crédito público la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Londres, Francfort, Madrid, Ginebra, Lausana y Nueva York. Además, se declinó la defensa a oponer la inmunidad soberana de la Nación en toda la documentación que se suscribiera con los acreedores.
En la investigación desarrollada en la causa Nº 14.467, que tramitó por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, a cargo del Dr. Jorge Ballestero, por la Secretaría No 4, se dictó en el mes de julio del año pasado, una sentencia poniendo fin a la investigación. Como lo había hecho anteriormente Anzoátegui Ballestero, envía un oficio al Congreso Nacional, con copia de la sentencia, y poniendo a disposición del mismo el expediente judicial con sus voluminosos anexos, para que el Parlamento tome la intervención que le corresponde. Se ha presentado un proyecto para la creación de una comisión bicameral y vanos han sido hasta ahora los esfuerzos de los diputados Mario Cafiero y José María Díaz Bancalari, para que tal iniciativa sea tratada. Los legisladores como hace quince años, se niegan a tratar la cuestión para no irritar a los mercados, y así se han convertidos en cómplices de una ignominia, que resulta intolerable para el pueblo, y que la conciencia nacional no puede ya tolerar. Es posible que, si existiera la posibilidad de un debate, el inefable diputado Baglini, vuelva a reiterar su célebre teorema, repitiendo frases como " los que hablan del no pago de la deuda, lo hacen en relación con sus posibilidades de gobierno, es decir que cuanto más lejos del poder están, observan una posición más radicalizada, y cuando se acercan se vuelven más prudentes" Yo diría más complacientes con el poder del dinero.
El Juez envió hace diez meses su fallo, y hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Se habrá podido advertir que hace unos meses, cuando el Dr. Alfonsín se refirió a la suspensión posible del pago de los intereses de la deuda, la reacción de los mercados fue instantánea, y se predijo una catástrofe económica. En esas advertencias apocalípticas que se hacen, deben evaluarse algunos discursos, donde se sostiene que "no podemos pagar" como si debiéramos hacerlo, y lo que no se dice es que no tenemos que pagar lo que no debemos. Y no debemos pagar, lo que ha sido producto de un fraude pergeñado por los grupos financieros para lograr el nivel de deuda que tenemos, y así poder controlar los recursos de la Nación.
En el último informe del Ministerio de Economía, donde se detallan los componentes de la deuda pública, y se tratan todas las obligaciones del sector externo, se consigna que el país debe pagar en concepto de intereses y amortizaciones, una suma de 18.000 millones de dólares. Según las últimas estimaciones, la transferencia de fondos al exterior para el pago de los servicios será de 22.000 millones para el año en curso. En lo que hace a los próximos años, las estimaciones aproximadas que se manejaban en el Ministerio de Economía eran de 14.066 millones para el año 2002, 10.235 millones para el año 2003, 10.178 para el año 2004, y en el 2005 y siguientes más 45.000 millones. Pero esas cifras han quedado totalmente desactualizadas, y que, aparecidas en año pasado, ya no guardan ninguna relación con la realidad porque las nuevas refinanciaciones, los canjes de bonos, y el blindaje, han aumentado el endeudamiento ha cantidades sustancialmente distintas. De acuerdo a las últimas estimaciones los vencimientos de este año son del orden de los 14.872 millones de dólares en concepto de capital, y 9.045 millones por intereses lo que hacen un total de 23.917 millones para el año en curso.
El Dr. Raúl Cuello, en un trabajo aparecido en el mes de marzo en la revista "VALORES" de la Sociedad Industrial editada por la Universidad Católica Argentina, da como valor de la deuda externa total a esta fecha la suma de 223.500 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que las cifras de intereses consignadas más arriba, respondían a un endeudamiento global total de 140.000 según las estimaciones del Ministerio de Economía, los montos actuales que exceden en los 80.000 millones a aquella, definen por si solos que los montos de intereses y amortizaciones han variado. Resulta impensable suponer que esas cifras se van a pagar, porque no existe la más mínima posibilidad de hacerlo. Pero por otra parte a los acreedores les interesa que sigamos pagando intereses a perpetuidad, y amortizaciones periódicas. Esto no es una cuestión nueva, y responde quizás a una forma estructural de lo que significa el endeudamiento. Ya lo decía el Dr. Martínez de Hoz, cuando respondía los interrogatorios de la Comisión Investigadora de la privatización de la Ítalo: "el capital no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses" Y esas cuantiosas sumas determinan que ante la imposibilidad de hacerlo por la situación deficitaria de la economía se sigan entregando activo, y sometiendo nuestro poder de decisión a los dictados de los organismos multilaterales de crédito.
El que con más realismo ha planteado esta cuestión es el Dr. Carlos Escudé, distinguido politólogo, es asesor del canciller Di Tella, y asiduo visitante de los claustros de Gran Bretaña y Estados Unidos, además de habitual recipiendario de suculentas becas que financian sus desbordes intelectuales, quien ha establecido que debemos seguir el criterio del "realismo periférico" planteando que nos guste o no Estados Unidos es quien dicta nuestra política, establece como debe ser nuestra estructura económica, el que determina cual debe ser nuestra capacidad militar, y el que nos dicta nuestras leyes geopolíticas. Esta franca exposición de la realidad que vivimos, parece no ser advertida por una parte de la clase política, mientras la otra que comparte tales supuestos se hace la distraída, declamando sobre los beneficios de la democracia.
Ese pensamiento obedece a un modelo de país, que ya tiene, en su versión actual 25 años de existencia, más allá de algunas variables superficiales que han observado los dos partidos que han ejercido en poder después de la finalización de la dictadura. No es que Machinea, López Murphy o Cavallo estén equivocados o no en sus diagnósticos. Ellos están convencidos que estas políticas son las únicas viables, y trabajan con ahínco para profundizar el modelo. Una educación privatizada, una jubilación en manos de financistas, los bancos en poder de los acreedores extranjeros, la estructura industrial básica en manos de capitales del exterior, y un Estado reducido a algo insignificante que se limite a manejar formalmente el país, son algunas de las líneas que se manejan y que no deben cambiarse en aras de hacer un país moderno.
Si se consulta la bibliografía económica de los últimos veinticinco años, se leen detenidamente los informes y las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina, podrá observarse que el esquema económico es el mismo, con simples variaciones de coyuntura. Y las soluciones propuestas siempre son las mismas: más ajustes, más privatizaciones, privilegiando las acreencias de los acreedores que siguen exigiendo cada día más.
Muy a pesar de los juegos de prestidigitación del actual Ministro de Economía, la realidad es que, ha llegado el momento de jugar la teoría completa, y terminar con el poco poder de decisión nacional que aún queda. Hace muy pocos días el Dr. Rudiger Dornbusch, profesor estrella del Massachusetts Institute of Technology y gurú del establishment financiero, en un informe distribuido a los principales centros económicos del mundo decía con toda claridad: "Una cuestión central de la Argentina es la quiebra del gobierno. La respuesta no es solo una reprogramación de la deuda externa y de la deuda pública en general. Con ella tiene que venir una formidable reforma fiscal que incluya la relación entre la Nación y las provincias. Es un error buscar algo de plata en Washington o en Europa para realizar otro escape agónico. Llegó la hora de jugar la crisis completa. Y conseguir todos los ajustes drásticos que tienen que hacerse a esta altura. ¿Quién duda que un 3º por ciento de la caída de salarios es parte de la historia? Pero no es solo una caída de salarios. Hay mucho más que necesita ser puesto en el campo de batalla, desde la reducción de la deuda hasta la reforma fiscal. Para tener éxito, la Argentina necesita un significativo y duradero aumento en la tasa de ahorro nacional. Una privatización de lo que todavía queda en manos del estado…" Las mismas recetas, los mismos planteos de siempre, la misma insolencia del poder.
Otro punto que resulta necesario tener en cuenta, y wnbre eH que tengo una vaga teoría, pero no tengo la respuesta, y sobre el que se debe reflexionar, es sobre ciertos planteos efectuados por distinguidos economistas, como los Dres. Conesa, Basualdo, Calcagno y algunos otros, que cuando se refieren a la deuda externa, manejan conceptos exclusivamente teóricos, y los hechos que narran están siempre referidos a cuestiones técnicas que tienen que ver con el crecimiento de la deuda, el manejo deficiente de la economía, la extranjerización de las empresas, pero en ningún caso hablan en detalle de los responsables, y de cómo se produjo el endeudamiento, ignorando olímpicamente no ya la investigación efectuada en la justicia federal, a la que ni siquiera mencionan de pasada, sino a otras investigaciones que se hicieron, que establecieron con precisión los mecanismos de construcción de la deuda. Generalmente se quedan en los resultados, y manejan algunas cifras, que como bien saben los economistas, pueden ser ubicadas de acuerdo a la conveniencia de cada uno, pudiendo entrarse en bizantinas discusiones sobre teoría económica. Hay una absoluta falta de claridad en la explicación de los negocios que hicieron las empresas privadas para que el estado asumiera el endeudamiento que fabricaron, y muchos tecnicismos, pero poca claridad histórica, en los antecedentes de cómo se conformó la deuda pública.
Dadas las actuales condiciones en que se desenvuelve la economía, la actual discusión sobre el canje de deuda, los riesgos de un default, la suba del riesgo país y la constante amenaza de los mercados, parecería que hay un consenso general de que el tema de la deuda, aunque se ha instalado de una manera distinta en los medios, es y sigue siendo un tema tabú. Se habla del volumen alcanzado por las obligaciones externas, pero nada se dice sobre cómo se gestó, o de la ilicitud de gran parte de las operaciones. Los discursos, las notas que vemos a diario, las expresiones públicas de la mayor parte de los economistas, parten de la concepción fatalista de que hay que pagarla. Es algo que no puede revertirse de ninguna manera, y es por eso que las discusiones solo se refieren a la inevitabilidad de su cumplimiento.
El tema no es fácil, y si bien presenta muchas complejidades, pueda abordarse, si se apartan los viejos preconceptos económicos que condicionan todo acercamiento a su problemática. Resulta obvio que cuando se contrae una deuda, ello supone que se la debe pagar, pero lo que no se dice, que lo que no se debe, no genera obligación alguna de ningún tipo, lo que resulta una cuestión muy elemental. Además, hay una cantidad de situaciones que muchas veces relativizan la cuestión de los pagos de una deuda. En nuestra legislación, el artículo 1198 del Código Civil, establece que, en un contrato bilateral, cuando una de las partes por hechos o circunstancias imprevisibles que hicieran demasiada onerosa la obligación, no pueda cumplirla, podrá solicitar una revisión del mismo, y en caso contrario pedir su resolución. No existe razón alguna, para que este argumento que tiene que ver con nuestra ley de fondo, no pueda servir para cuestionar las sumas que se nos exigen. Otro argumento que proviene de viejas concepciones doctrinarias es el principio sic rebus stantibus, que establece que cuando se han modificado las condiciones originales del contrato, se puede pedir la revisión del mismo, o liberarse de sus obligaciones Como bien se conoce, las tasas de interés de los préstamos, que ahora se reclaman fueron alteradas unilateralmente, lo que ha traído un crecimiento desmesurado de las deudas. Y existen fallos donde se reconocieron esos cambios de situaciones como el dictado en el caso de Francia vs. Italia, por zonas territoriales de la Alta Saboya en 1932, o los argumentos que utilizara el Presidente de los EE.UU. Franklin D. Roosevelt para suspender la participación de su país en Una Convención Internacional.
Un eminente jurista argentino, comentando hace unos meses el fallo sobre la deuda, decía que hay algo que " en la Argentina y en otros países del continente se ha estado eludiendo interesadamente, y es la peculiarísima entidad jurídica del presunto deudor. El Estado nacional en virtud de su fin, el bien público o bien común tiene un rango superior al de cualquier otra persona en el ámbito de la sociedad humana. Esta superioridad deriva de la índole de su finalidad, que está constituida por el bien más alto, el bien supremo, el que desplaza y subordina a todos los otros bienes en la comunidad. El servicio del público, el servicio a la totalidad de los ciudadanos, al común de la población, no es equiparable, pues a ningún fin en particular por respetable que parezca, mucho menos a los lucros privados de las sociedades comerciales prestamistas, es decir a los bancos. Dicho de otro modo, en la deuda pública hay un esencial desnivel. Acreedor y deudor no están en el mismo plano, ni tienen la misma entidad, ni las mismas potestades. De aquí deriva lo que se ha tratado de disimular todos estos años. El Estado es una entidad soberana y una de las condiciones propias de toda soberanía reside en que ningún procedimiento ejecutorio puede ser iniciado ni cumplido contra ella, porque estos comprometerían su existencia misma y harían desaparecer la independencia y la acción del gobierno respectivo" El Dr. Salvador M. Lozada planteaba así la condición particular que tiene el Estado frente a los mercados. Además de estas precisiones actuales tenemos los antecedentes de las doctrinas Calvo y Drago, recogidas y ampliadas por eminentes juristas como Feraud Giraud, que fuera miembro honorario del Instituto de Derecho Internacional y presidente honorario de la Corte de Casación de Francia, o el Dr. Pasquale Fiori, miembro titular del referido Instituto y eminente profesor de la Universidad de Nápoles, que en el siglo pasado nos legaron una doctrina que urge actualizar en beneficio de nuestros, pueblos.
Para terminar con estos antecedentes doctrinarios, es fundamental referirse al Profesor Alexander Nahum Sacks que fuera ministro del Zar de Rusia, y profesor de derecho en París quien publicó dos trabajos fundamentales caracterizando a la deuda ilegítima como deuda odiosa, y sosteniendo que una deuda odiosa es legítimo no pagarla. La obra de Sacks va al fondo de la cuestión de este tipo de compromisos internacionales. Decía: "Si un poder despótico contrae una deuda, no por las necesidades o el interés de su pueblo ni el estado, sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate esta deuda es odiosa e ilegítima para la población de todo el Estado" Sostenía Sacks que ese tipo de deudas no era obligatorio para la Nación, era una deuda del régimen que la contrajo, una deuda personal de ese poder. Agregaba que " La razón por la cual estas deudas ilegítimas no pueden ser consideradas una carga sobre el territorio del Estado, es que no cumplen con una de las condiciones que determinan la legitimidad de la deuda de un Estado, a saber: que las deudas de un estado y los fondos que de ella provienen deben ser utilizados para las necesidades e intereses del estado. Las deudas odiosas, contraídas y utilizadas para fines que a sabiendas de los acreedores son contrarias al interés de la Nación no comprometen a esta última, excepto en la medida en que ha obtenido beneficios de esa deuda. Los acreedores han cometido un acto hostil en relación con el pueblo y no pueden, por lo tanto, pretender que una Nación liberada de ese poder despótico asuma las deudas odiosas, las cuales son deudas personales de aquel poder" El profesor Sacks estableció con meridiana claridad una doctrina, que como luego veremos fue aplicada por los Estados Unidos.
Desde el Derecho Internacional se han efectuado aportes significativos en los últimos tiempos, para encontrar soluciones que permitan encuadrar el problema en una perspectiva distinta. Sin ser exhaustivos podríamos señalar la tesis sustentada por el Dr. Kunibert Raffer de la Universidad de Viena, quien planteara la posibilidad de crear un procedimiento de insolvencia similar al utilizado en los Estados Unidos, las exhaustivas investigaciones del Dr. Pierangelo Catalano, distinguido jurista de la Universidad de Roma, que recogiendo antecedentes académicos y parlamentarios sobre esta cuestión, ha efectuado una severa condena al aspecto usurario e infamante de la deuda, basado en esa maquinación fraudulenta de los acreedores, que ya condenaba el Derecho Romano, y especialmente el Código de Justiniano, y que por supuesto condena la doctrina católica. Otro distinguido jurista italiano el Profesor Sandro Schipani, ha planteado con singular rigorismo la necesidad de manejar otro encuadramiento de la deuda, debiéndose considerar la responsabilidad de los intervinientes, el dolo y la licitud de los contratos. También habla de la prohibición de capitalizar los intereses. En esencia, el Dr. Schipani que en Europa se ha vuelto a orientar el derecho hacia los fundamentos de una ética sustancial, superando la ética formal, propia de otro siglo También es muy importante la doctrina sustentada por el Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, que sostuviera en 1989 la necesidad de pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la ilicitud de la modificación unilateral de las tasas de interés.
Existen algunos antecedentes históricos que pueden ilustrar con mucha claridad, como en otras épocas el repudio de la deuda, no trajo en ningún caso resultados catastróficos, ni los países que se negaron a pagar fueron siempre objeto de medidas coercitivas. Quizás el antecedente más viejo que viene a la memoria sea el repudio de la deuda externa de Méjico, por parte del Presidente Juárez en 1861, quién desconoció la totalidad de las obligaciones externas contraídas por el Emperador Maximiliano con Gran Bretaña, EE.UU. Francia y España. A pesar de las presiones que recibió la deuda nunca fue pagada. Es cierto que recibió el apoyo del gobierno norteamericano, pero se enfrentó a los acreedores europeos, mostrando que no tenía ninguna posibilidad de afrontar las obligaciones contraídas. Después de la guerra de secesión, los EE.UU. repudiaron la deuda de los estados del Sur, contraída con Francia y Gran Bretaña, y se estableció a través de la enmienda 14 de la Constitución Federal que toda obligación debía ser instrumentada por ley, y si no lo era, resultaba nula.
En 1918, después de la revolución de octubre el Soviet repudió la deuda contraída por los zares con EE.UU. e Inglaterra, que importaba la suma de 11.300 millones de dólares. La deuda fue repudiada, y a pesar del desconocimiento de la misma los EE.UU. siguieron comerciando con la Rusia soviética y en 1925 en su principal exportador, además del segundo inversor en bienes de capital. A EE.UU. no le interesó la naturaleza del régimen ni el repudio de la deuda, sino los buenos negocios que podía seguir haciendo en un mercado tan importante. La relación con los británicos fue diferente, pero de todas maneras la deuda se arregló con ellos recién en 1986, mientras que los norteamericanos no cobraron nunca los créditos de hace un siglo. Estos repudios no significaron en ningún caso ni represalias política, ni económicas, y se continuaron realizando operaciones de intercambio comercial.
Después de la primera Guerra mundial, la deuda aliada con los EE. UU: alcanzaba a los 11.750 millones de dólares, y Alemania en virtud de las estipulaciones del Tratado de Versalles debía a los aliados más de 33.000 de dólares. En 1920, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos que se reclamaban Gran Bretaña solicitó a los EE.UU. una reprogramación de los mismos diciendo textualmente que"" Ese dinero lo necesita el Imperio Inglés para comprar trigo y productos porcinos para alimentar a su población" Les resultaba inaceptable pagar la deuda a costa del hambre del pueblo. EE.UU. aceptó esa posición, en el convencimiento que no se podía someter a un pueblo al hambre para el pago de una deuda, por más legítima que ella fuera.
Cuando se analizó el problema de la deuda de Alemania y los estados de Europa con EE.UU., se creó una Comisión de Deudas de Guerra que fue analizando los préstamos y reprogramándolos, porque no solo no podía pagar Alemania, sino que tampoco lo podía hacer Francia ni Gran Bretaña, ni Italia. Se estableció, entonces un Comité Conjunto parta ver si ese no pago obedecía a circunstancias reales de la economía. A través de rigurosos análisis, se pudo establecer la falta de toda posibilidad del pago. Si este se producía iba a resultar imposible el desarrollo económico de Europa. En un momento se estableció una cifra que llegaba al 2% del total de la deuda a pagar por cada año, porque Gran Bretaña no podía ir más allá con sus recursos. Ante la reticencia de los EE.UU. la Comisión Conjunta de Consolidación de Deudas de Guerra dictaminó que "Aún cuando deba preservarse el principio de la integridad de las obligaciones internacionales, es incontrovertible que no se puede exigir a un país que pague a otros gobiernos sumas que excedan su capacidad de pago. Tampoco requiere del principio de la capacidad de pago que el deudor extranjero pague hasta el límite de su capacidad actual o futura. Debe permitirse mantener y mejorar su situación económica, equilibrar su presupuesto y dar una base sólida a sus finanzas y su moneda, así como mantener y en lo posible mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. A causa de tal resolución, el Secretario del Tesoro de los EE.UU. M. Mellows, refrendando el dictamen de esa Comisión, pronunció un célebre discurso el 31 de enero de 1938, cuando ya se había condonado la totalidad de la deuda. Dijo: Ninguna Nación, salvo por la presión de la opinión pública y su propia necesidad de crédito puede ser obligada a pagar una deuda a otro país. La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una Nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible para que el Deudor tenga la posibilidad de pagar y el acreedor pueda recibir algo. Es indispensable que el arreglo sea justo para ambos países, pero no sobre el sufrimiento económico de su pueblo. Queremos insistir en que las cláusulas imposibles están propiciando, en última instancia, que los países repudien en forma completa la deuda." El plan Dans, elaborado en esos años decía que un país solo puede pagar sus deudas internacionales si dispone en su presupuesto de un suficiente exceso de ingresos sobre los gastos y a su vez un exceso de exportaciones sobre las importaciones.
En 1932, cuando estaba a punto de condonarse la deuda europea el Presidente de los EE. UU: Herbert Hoover dijo: estoy seguro que el pueblo norteamericano no tiene deseo alguno de tratar de extraer sumas que excedan la capacidad de pago de los pueblos deudores".
Después de la guerra de la independencia de Cuba, al finalizar el conflicto EE. UU tomó a este país como un protectorado de hecho. El Gobierno de España ante la pérdida de una de las últimas de sus colonias exigió el pago inmediato de la deuda externa cubana, y EE.UU. rechazó ese pago, sosteniendo que esa deuda, era un peso impuesto al pueblo de Cuba sin su consentimiento y por la fuerza de las armas, y fue uno de los principales males que se le ocasionaron. Agregaban que ese endeudamiento fue empleado en forma contraria a los intereses de esa Nación, entendiéndose que quienes otorgaron los créditos desde un comienzo asumieron los riesgos de la inversión. La misma garantía nacional de los créditos, además que demuestra por un lado el carácter nacional de la deuda, por el otro proclama el notorio riesgo que tuvo la deuda en su origen.
Costa Rica repudió la deuda contraída por la dictadura de Tinoco con el Royal Bank Of. Canada. Debido a eso Gran Bretaña sometió a litigio internacional a ese país, y fue nombrado árbitro de la cuestión el Presidente de la Corte Suprema de los EE.UU. M. Taft, quien analizó el reclamo de los acreedores ingleses, y desestimó la demanda, diciendo que cualquier banco acreedor en el caso del reclamo de una deuda debe fundamentar su demanda en el suministro real de los fondos enviados al gobierno legítimo, y el banco no había podido justificar tal extremo, debido al carácter ilegal de la dictadura.
También los EE.UU. repudiaron y nunca pagaron la deuda contraída con España cuando la independencia, y así podríamos seguir acumulando testimonios de no pago, como también antecedentes jurídicos y doctrinarios que servirían como antecedente para justificar una posición en tal sentido por parte del Estado. Pero además hay otra serie de elementos que son realmente de extraordinaria importancia, y que tienen que ver con una adecuada fundamentación, porque hablar simplemente de no pago, o de repudio de deuda, parece más bien un slogan vacío de contenido y no una actitud seria y responsable ante un problema del de la magnitud que nos ocupa.
Hay también una respetada tradición jurídica que nos habla de la corresponsabilidad de los actos, o de lo que también es llamada culpa concurrente, ante los hechos dañosos, y ese es también uno de los elementos importantes a tener en cuenta de los que tampoco se habla. En 1987, cuando se discutía el tema de la deuda, la Comisión de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, aprobó una resolución donde se merituaba la corresponsabilidad de los acreedores, en una resolución aprobada por 131 votos a favor y solo el voto de los Estados Unidos en contra.
Hace muy poco tiempo accedí a un informe donde se analiza la forma en que se efectuaron muchos préstamos, no solo a la Argentina, sino a otros países, que demuestra la liviandad de los acreedores y la perversidad en el procedimiento empleado, y que lleva a la reflexión de que existía un deliberado propósito de provocar endeudamientos irresponsables, que no se pudieran pagar, y de tal manera generar un tributo permanente, que se incrementara a través del tiempo. Algunos ejemplos de lo que digo son la Central Nuclear de Bataan, en Filipinas, construida en los años 80 y que ha causado una deuda que llega hoy a los 23.000 de dólares. Se construyó sobre una falla tectónica y por sus rajaduras no puede generar electricidad. La fábrica de papel de Santiago de cao en el Perú que no pudo funcionar por no tener suficiente agua, o el inconcluso tren eléctrico de Lima; la refinería de estaño de Karachipampa, Bolivia, la cual por estar ubicada a 4000 metros de altura no tiene suficiente oxígeno para operar; la procesadora de basura para Guayaquil que nunca se instaló; la acería ACEPAR en Paraguay, que no funciona desde su culminación hace 16 años, o la imprenta del Ministerio de Educación de Quito, instalada en 1991 a más de 12 años de haber sido comprada, cuando el país de origen la República Democrática Alemana no existía, y que no funciona.
Todas esas obras fueron realizadas por empresas transnacionales, previos estudios de factibilidad realizadas por consultoras del mismo origen y financiadas por bancos asociados que indudablemente conocían el destino de la inversión, además de contar en muchos casos con la fiscalización de los organismos multilaterales de crédito. Como puede verse esta cuestión de la ilicitud y la corresponsabilidad no solo afecta a la Argentina, sino que es un problema del tercer mundo. Pero existen algunas cuestiones por demás significativas que evidencian que tales prestamos fueron estructurados en un principio para el conocido reciclaje de petrodólares, y luego se fue perfeccionando el objetivo de someter a determinadas regiones y convertirlas en tributarias del nuevo sistema financiero. Debe recordarse que la mayor parte del origen de los préstamos, parte de convenios celebrados con gobiernos ilegítimos y con altos índices de corrupción, y que en ciertos casos excepcionales donde algunos funcionarios honestos del Banco Mundial, advirtieron que los fondos se estaban desviando, reciclando a otras inversiones o depositando en cuentas privadas de los funcionarios en los bancos suizos, no solo no se tomó ninguna medida, sino que se siguieron suministrando generosos créditos. Un ejemplo de estas situaciones, es el de Blumenthal, que fue nombrado veedor en el Zaire por el FMI, y en un informe elevado a las autoridades, explicó la enorme corrupción del régimen, manifestando que no podía continuar en su función porque no tenía posibilidades administrativas de hacerlo cumpliendo con las normas legales. Después de ese informe el Banco Mundial volvió a suministrar nuevos créditos al gobierno. De la deuda Nigeriana, de más de 40.000 de dólares, ninguno de los fondos prestados fue utilizado en beneficio de su población. Estos son solo algunos ejemplos de esa corresponsabilidad de la que he venido hablando, y que en nuestro país ha funcionado adecuadamente.
Otro de los aspectos a considerar, es plantear la cuestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la denegación de justicia que supone desconocer la investigación efectuada por el Juzgado Federal No 2, llegando eventualmente ante la Corte Interamericana en salvaguarda de los derechos de nuestro pueblo, que siguen siendo avasallados por el gobierno, quien no reconoce ninguna limitación en su accionar, y tiene como objetivo esencial "honrar la deuda" aunque para ello deba sacrificar sin vacilaciones a la Nación toda.
Finalmente, y para terminar con el enunciado de estas posibilidades de no pago, habría que realizar un trabajo exhaustivo sobre las consecuencias reales de una actitud semejante, porque resulta obvio, que hay que prevenir las reacciones de los acreedores. Hace ya muchos años el embajador Thomas Enders, Secretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado, realizó un ensayo, para determinar que ocurriría si los países latinoamericanos repudiaran su deuda en conjunto, y cada uno de ellos en forma particular, y si la pagaran parcialmente o recurrieran a una moratoria unilateral. Los resultados a los que llegó en caso de que el repudio se hiciera en bloque, fueron que EE.UU. perdería más de 200.000 empleos y 77.000 de dólares al año. Ese estudio fue hecho en 1982, y si las cifras se extrapolaran a estos días los resultados serían mucho más graves para ellos. También llegó a la conclusión que del bloque de países solo la Argentina y Venezuela estaba en condiciones de hacerlo sin correr mayores riesgos, y que esa moratoria era lo que más les convenía.
También se debe observar, que actitudes soberanas como las que comento traerían serias consecuencias al sistema financiero internacional, debido a lo cual siempre se buscan otras alternativas, que significan hacer crecer los préstamos, aunque sea nominalmente. Cuando el Ministro de Economía de México, Silva Hertzog, se comunicó con el gobierno norteamericano para informar que no se podía cumplir con los compromisos de la deuda en la década del 80, EE.UU. no ejerció ningún tipo de presión, ni recurrió a ningún bloqueo, ni los acreedores recurrieron a medidas extremas. No hubo otra alternativa que ir en auxilio del país, reprogramar la deuda, e inyectar más de 8.000 millones de dólares de dinero fresco para evitar un colapso que hubiera afectado al mundo entero. Méjico lo hizo porque carecía de alternativas, y pudo salir a costa de seguir afectando la economía de su pueblo. Pero esto señala una evidencia, y es que, ante planteo realistas, las respuestas de los grupos financieros también son realistas, y conocen perfectamente las consecuencias que les puede acarrear que una Nación se plante frente a sus exigencias, y recupere el control de su economía. Hubo algunos intentos de acuerdo entre varios países para coordinar una acción común como la Declaración de Acapulco del 29 de noviembre de 1987, emitida por 6 presidentes, y el pronunciamiento de los países africanos reunidos en Addis Abeba el 1 de diciembre del mismo año, pero no pasaron de la mera retórica y no tuvieron ninguna consecuencia práctica, más allá de un simple enunciado de buenas intenciones.
Pero también se debe considerar que el no pago de la deuda, no puede ser un hecho aislado, porque carecería no solo de sentido sino de efectividad, y las consecuencias serían irreparables, sino que tiene que formar parte de un gran proyecto nacional, donde ese no pago sea parte de una estrategia diferente, y donde ese sometimiento del que hablaba pueda ser cambiado de raíz. Resulta imposible dentro del esquema en el que estamos hablar del no pago de la deuda, seguir con la convertibilidad, afectar el crédito público, y seguir enganchado a las decisiones que se toman desde los centros de poder. Hay que tener en cuenta que ante una actitud soberana podrían ocurrir muchas cosas: desde el bloqueo de cuentas bancarias en el exterior, el embargo de las reservas de oro y divisas, hasta el corte de suministros fundamentales para nuestra economía, y debe tenerse debida conciencia de todo lo que esto debe significar estando dispuesto a asumirlo en aras de recuperar el control de lo que se ha perdido.
Otras de las cuestiones, a tener en cuenta y de las que tanto se habla es de los depósitos de argentinos en el exterior que exceden los 110.000 millones de dólares, que no se dicen de quienes son y se toman como una circunstancia natural. Debemos suponer que no pertenecen a jubilados, ni a pequeños ahorristas, y si con seguridad a los grandes grupos empresarios que viven presionando a los gobiernos, o a los célebres "mercados" de los que siempre se habla con un respeto reverencial. Y si decimos mercados debemos decir bancos, y si decimos bancos debemos señalar a aquellos que fueron deudores privados, y que transfirieran mediante maniobras delictivas sus obligaciones al Estado, con la complicidad de los funcionarios del momento. Es preciso tener en cuenta que hoy nos encontramos que se ha asumido una verdadera ficción jurídica a través de las manipulaciones de consultoras, abogados y contadores, que han determinado que la Nación deba asumir la deuda de Renault con su casa matriz, del City Bank de Buenos Aires, con su controlante el City Corp., de Fiat, con sus dueños en el exterior. Entonces, si no es algo fácil hablar del no pago de la deuda, si resulta sencillo rastrear y plantear todos los antecedentes concretos que lo justificarían.
Yendo a la responsabilidad que le cabe al FMI, en la constitución de la deuda, es necesario tener en cuenta que siempre tuvo conocimiento de cómo se gestó, y por eso su responsabilidad es aún mayor. No es que sus autoridades se encuentran con una deuda inmanejable que apareció de pronto, sino de préstamos que fue siguiendo día a día desde el 24 de marzo de 1976 hasta hoy. En el Banco Central, el FMI tiene una delegación permanente, que ejerce una suerte de control sobre las operaciones. Hoy se sabe que el Sr. Gilbert Terrier es quien lo representa, pero en otros momentos tuvieron otros funcionarios que daban cuenta de todo lo que se hacía. Las misiones que llegan de EE.UU. simplemente vienen a implementar los reiterados planes de ajuste, porque los informes los tienen invariablemente al día. No solo a través del funcionario de turno que tienen en el Banco Central, sino a través de las propias autoridades económicas.
El tema jurídico al que me vengo refiriendo no es una cuestión menor, porque tiene la fuerza suficiente para plantear esta cuestión dentro de los marcos legales en los que se manejan los propios acreedores, que utilizan todos los recursos de esta índole para justificar sus exacciones, y es hora de terminar con ello. Hace cierto tiempo el Tribunal Constitucional de Gran Bretaña resolvió que, en el caso de la deuda de Ruanda, ella había contraída por un gobierno ilegítimo, era ilícita en su esencia, y debía ser repudiada, y ese fallo como tantos otros que recoge la historia y la tradición jurídica deben servirnos como elementos insustituibles para esta lucha en la defensa de nuestros derechos.
También es cierto, que las presiones de los mercados, muchas veces resultan asfixiantes, y las amenazas ante la eventualidad del no pago asumen formas diversas, en las que un nutrido coro de perduelis alertan sobre las consecuencias aterradoras que ello podría significar, debido a lo cual se pierde la serenidad, se confunden las situaciones, se oscurece la realidad; empero ante esa fabricada estrategia, cuyos resultados se conocen habitualmente, se debe oponer un planteo serio, responsable, alejado del discurso politiquero de cualquier signo, porque existen más que suficientes argumentos para hacerlo, y la razón está del lado de los que deben. Sobre esto no queda ya ninguna duda.
Entiendo que urge discutir una posición de no pago en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones no gubernamentales, y en todos aquellos espacios donde sea posible debatir el tema, para así forzar al Estado a que asuma una conducta distinta, o por lo menos que tenga enfrente a la gran mayoría del pueblo con un proyecto distinto y no dispuesto a convalidar las mismas políticas de sometimiento llevadas a cabo hasta ahora. No es el momento de los discursos vacíos, sino de las explicaciones contundentes, y las posiciones firmes. No se puede decir simplemente que "no hay que pagar la deuda". Si se debe decir que solo se pagará lo que se deba, previo un exhaustivo análisis de cada suma que se reclame en cuanto a su licitud, repudiando todo reclamo carente de justificación alguna, y además plantear que se está dispuesto a asumir las consecuencias de lo que pueda ocurrir, porque sabemos que resulta imposible, que la situación se vuelva más difícil de la que estamos transitando.
También es necesario tener en cuenta que ningún integrante de la clase política opositora, ni aún los más radicalizados de la izquierda, hacen este planteo. Solo se limitan a simples enunciados partidistas y sectarios absolutamente ineficientes, o se refugian en un activismo, carente de alternativas. Y la experiencia indica, que los enunciados altisonantes, y ciertas movilizaciones muy acotadas mueven a risa a los mercados, que saben que son simples expresiones ocasionales que carecen de fuerza real, y están desprovistas de fundamentos serios, aún cuando sean indudable expresión de una situación de injusticia que se quiere remediar.
Los economistas, son profundos ignorantes de la historia, y es por eso, que sus abstracciones numéricas los condicionan de manera irreversible. El que puede penetrar en los hechos del pasado, y recoge algunos antecedentes muy significativos, sabe que, ante un planteo concreto de un país soberano, el acreedor evalúa las consecuencias de sus desmedidos reclamos, y si le conviene seguir negociando o no a riesgo de perderlo todo. El dinero que sale de la Argentina y se transfiere al exterior es realmente cuantioso, adquiriendo las características de un verdadero saqueo. Ante el caso de una moratoria unilateral, existiría la posibilidad de que -como lo dijera antes- se incautaran los fondos que existen en el exterior, lo que no representaría un gran problema, porque esos 120.000 millones de dólares, han sido sustraídos al circuito de producción, y no generan rédito alguno a la Nación. Pero simultáneamente se podría realizar una incautación de todos los activos de las empresas transnacionales, que representan un capital verdaderamente enorme, y buscar mercados alternativos, que sustituyan a aquellos que nos tuvieran como eternos tributarios. Esta es una discusión que debemos realizar, y donde no existe una solución única, sino distintas posibilidades que deben mensurarse a través del análisis serio y la reflexión.
Es necesario, que se tenga plena conciencia, de que hay una continuidad estructural en el tema del endeudamiento externo argentino, que ha sido perfeccionado en los últimos tiempos a través de las diversas formas de la ingeniería financiera. Para ello se han utilizado a una serie de personajes, verdaderos responsables del fraude, que con algunos cambios han permanecido como funcionarios, como consultores o de otra manera al frente de las finanzas públicas en forma ininterrumpida desde 1976 hasta ahora, y de tal manera han podido consolidar un poder que pareciera inatacable y que es preciso destruir sin contemplaciones.
En lo que respecta a esa artificiosa diferenciación de deuda vieja y deuda nueva, y que esta última está repartida en miles de acreedores que carecen de eventual responsabilidad en los orígenes de la misma, y que ya no son los gobiernos ni las grandes corporaciones los que poseen los títulos, debido a lo cual no es posible un repudio que perjudicaría el crédito de la Argentina, ante tenedores "inocentes" ,creo que se trata de un sofisma, que solo pueden creer los incautos, y representa una falta de respeto a la inteligencia, hacer manifestaciones en tal sentido que no se compadecen con la realidad. Lo cierto es que los títulos a los que se hace referencia están administrados por las grandes corporaciones financieras, quienes conocen perfectamente su origen espúreo. Además, todos los problemas que tienen que ver con los acreedores son manejados invariablemente por ese triángulo que componen el FMI y el Banco Mundial, por un lado, los gobiernos que integran el Club de París por el otro, y los bancos acreedores en el tercer segmento. No se puede negociar con los bancos sin la conformidad del FMI, y no se puede llegar a ningún acuerdo con esta institución, si no se cuenta con la previa conformidad de los bancos, y lo mismo ocurre con el Club de París. Es decir que esos miles de acreedores fantasmas, tienen representantes visibles, que han conocido desde siempre como fue el origen del endeudamiento.
Como un llamado importante para considerar la iniquidad de una situación el Episcopado de los Estados Unidos, elaboró un documento después de años de discusiones, de los cuales extractamos algunos párrafos, por la contundencia de los argumentos, y la claridad con la que han reclamado por una solución a este problema. Decían los obispos en 1990 que: El hecho trágico es el de que, al tratar de pagar sus deudas, los países más necesitados están sacrificando su futuro y la vida de millones de ciudadanos para contribuir capital a los países más ricos mediante el servicio de la deuda y el pago de la deuda…. La miseria cada vez más profunda de las víctimas es oscurecida por una avalancha de datos estadísticos y por la complejidad de las soluciones propuestas. Un fin de nuestra reflexión es dar una faz humana a la realidad y denunciar la injusticia que encubre las cifras, los informes y las propuestas: lo que los obispos latinoamericanos nos describieron como "un aro de hierro alrededor del cuello de nuestro pueblo… Porqué han de soportar los pobres de los países deudores, que no tuvieron ninguna parte en la decisión de acumular la deuda y que han recibido tan poco o ningún beneficio de ella, el peso mayor de su reembolso?…las propuestas estadounidenses sobre la deuda no han respondido en forma adecuada a la urgencia o magnitud del problema. Han estados concebidas más en interés del sistema financiero internacional que en el interés de los pobres…muchos afirman que es claro que los pobres del mundo en desarrollo no tuvieron voz en decidir sobre la acumulación de la deuda y recogieron poco o ningún beneficio del dinero prestado, su interés debería predominar y el servicio de la deuda no debería atenderse en absoluto. El argumento no es simplemente un caso político/económico/ real de que la deuda no puede pagarse; es una afirmación moral que no debería pagarse… Cuando los costos sociales minan la dignidad personal, ocasionando hambre, falta de vivienda, enfermedad y muerte, los principios de la justicia apuntan no hacia el reembolso por los deudores sino hacia la remisión de la deuda…Nuestros obispos hermanos nos recuerdan una y otra vez que muchas personas, seres humanos creados a imagen de Dios, especialmente los más vulnerables, las mujeres y los niños, están muriendo literalmente debido a las exigencias de la deuda y esto es intolerable…" Estas luminosas palabras muy diferentes a las tibias expresiones de nuestros obispos, también plantean el problema desde una dimensión no económica, sino desde los principios elementales de la justicia, y de la ley moral, que los prestamistas han desconocido siempre.
EL JUICIO CONTRA LA DEUDA
Para terminar con este esbozo sobre el endeudamiento, me parece oportuno comentar algunos aspectos de la sentencia dictada por el Juez en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo del Juzgado No 2, Dr. Jorge Ballestero, en la causa 14.467, del Registro de la Secretaría No 4, caratulada "Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la Administración Pública" esta sentencia ha tenido una gran circulación en internet, y se la ha difundido en todos aquellos lugares no comprometidos con el pensamiento único, y debido a eso, creo oportuno hacer algunas reflexiones sobre cómo se llevó adelante el proceso, para evitar confusiones, o encontrarse en su lectura con algunas cuestiones que no se entiendan con claridad. En primer lugar, debo decir que, de acuerdo a las constancias de la causa, la sentencia debería haber sido distinta, pero las indudables presiones a que están sometidos los magistrados, deben haber obrado como un factor limitante en el desarrollo de las consideraciones y en su conclusión final. Llamarla sentencia, creo que es algo impropio, porque es simplemente una resolución judicial que pone fin a un proceso, pero que no resuelve nada.
Una sentencia, es la resolución de un litigio, una expresión de la razonabilidad de un reclamo, o el reconocimiento del derecho de un litigante. En este caso, la mal llamada sentencia, es una simple recopilación de antecedentes, documentos, pericias, declaraciones, testimonios, y la indagatoria prestada por el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz. Si se hace un análisis puntual de la misma podrá verse que no se encuentra ningún análisis exhaustivo sobre hechos o prueban que se incorporaran. Los ilícitos denunciados por algunos peritos no fueron investigados, siendo la obligación de cualquier magistrado de efectuar de oficio la investigación de un delito de acción público, y cuando se dio intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, esta nada hizo, a excepción de la labor que llevara a cabo el Fiscal Dr. Ricardo Molinas, que fue interrumpida con su separación del cargo.
La enorme cantidad de denuncias acumuladas en la causa terminaron en nada. El procesamiento de Martínez de Hoz fue consecuencia de las pruebas que se fueron acumulando, pero dada la morosidad con la que se desenvolvió el proceso, se dictó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. El mero transcurso del tiempo obró a favor del ex ministro, cuyo accionar quedó en la impunidad más absoluta.
Cuando se llevó adelante la investigación, se nombraron a una gran cantidad de peritos, muchos de los cuales llevaron a cabo una meritoria labor. Después se produjeron deserciones, por la complejidad de la causa, y terminaron siendo cinco; tres de ellos pertenecientes al Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional y los otros dos peritos, designados por el Juzgado: los Dres. Alberto Tandurella y Sabatino Forino, ambos profesores titulares de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los 25 expertos que fueron nombrados originalmente, de alto nivel académico provenían no solo de la Facultad nombrada, sino de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Entre las conclusiones básicas de los peritajes pueden señalarse las siguientes:
1.	El acrecentamiento de la deuda externa del país, pública y privada entre 1976 y 1982 fue excesivo y perjudicial. Carece de Justificación económica, financiera y administrativa.
2.	Existe responsabilidad del Ministro Martínez de Hoz y de sus sucesores hasta el 31 de diciembre de 1982, por las operaciones que determinaron el endeudamiento público y por haber promovido el endeudamiento del sector privado. Entran en esa responsabilidad el ex Presidente del banco central y sus sucesores hasta el 31 de diciembre de 1982.
3.	Las consecuencias actuales y futuras del crecimiento de la deuda externa del país son extremadamente perniciosas, los servicios de la deuda no pueden pagarse y las responsabilidades, aunque puedan ahora hacerse efectivas, han dañado el prestigio del país, su vida política e institucional, el orden jurídico, el sistema y la estructura económica, la paz social y la tradición histórica de la República. La transgresión al art. 67 inc. 3º y 6º de la Constitución Nacional asume entonces suma gravedad.
4.	Pueden considerarse probadas, en cuanto dependen de los resultados del examen pericial, las denuncias que obran en la causa, en relación con lo que ha sido objeto de estudio de la misma. Ha habido impericia, negligencia, y una actitud indiferente a toda crítica. Si ello configura o no el marco necesario para la tipificación de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, es materia que no entra a nuestra competencia.
Después de los rigurosos exámenes periciales, que se extractan y transcriben en la sentencia, están las declaraciones de los funcionarios actuantes, y de una gran variedad de documentos que tienen que ver con el endeudamiento, pero aún cuando las conductas señaladas pueden tipificar la comisión de diversos delitos, el Juez, se limitó a enunciarlas sin abrir juicios en ningún caso hasta las conclusiones finales en las que habla de que el país fue puesto de rodillas frente a los acreedores extranjeros. Por esos motivos que se trata de una resolución meramente declarativa, en la que se manifiesta una clara imposibilidad de investigar hasta el final y señalar responsables, porque entiende que esa es una labor del Congreso de la Nación. Debido a ello, es que envió al Parlamento un oficio, adjuntando copia en disco del fallo, y poniendo a disposición los 23 cuerpos de la causa. Recibido el oficio, transitó por los distintos vericuetos de las oficinas legislativas, sin que se adoptara resolución alguna. El Diputado Mario Cafiero, realizó a partir del mes de agosto del año pasado una intensa labor de difusión de las conclusiones del Juez, planteando la necesidad de crear la comisión investigadora sin tener hasta la fecha ningún resultado.
Resulta evidente que aún teniendo una gran cantidad de falencias la resolución del juez, constituye un verdadero hito dentro de la jurisprudencia, porque es la primera vez en el mundo entero, que la deuda externa se somete a una investigación judicial, mediante la cual se muestran los mecanismos fraudulentos que se emplearon para constituirla, y constituye una herramienta de significativa trascendencia, para enfrentar la cuestión no con planteos teóricos, sino con acciones contundentes, que sirvan para impedir la continuación de ese fraude.. Como claramente señalaba, la Dra. Patricia Adams, reconocida autoridad mundial en deudas odiosas " El Fallo de la Corte Federal de la Argentina sobre la ilegitimidad de las deudas contraídas durante el período dictatorial es importante. Las implicaciones de ese fallo se extienden más allá de las fronteras argentinas y envía un mensaje claro a los ciudadanos de todos los países altamente endeudados que los acreedores internacionales fueron responsables de asegurar que ese dinero prestado fuera usado para los intereses y necesidades del estado. Si los acreedores no ejercitan este cometido, sus reclamos a la ciudadanía carecen de legitimidad. En este aspecto el fallo judicial argentino ha servido de precedente importante para la resolución de la crisis global de la deuda".
¿Cuál es la importancia de un procedimiento judicial, y la enorme diferencia que existe con las acciones que se realizaran en otras partes a través de coloquios, reuniones, foros, tribunales populares y otras expresiones legítimas para considerar el tema? Es una pregunta que debe hacerse, para establecer la real valoración de este fallo.
Al efectuarse un planteo jurídico, se establecieron las bases sólidas de un reclamo que continúa no solo en los tribunales, sino que puede continuar en los organismos que aplican el derecho internacional, si el gobierno se negara a aceptar las conclusiones del fallo y proceder en consecuencia.
Una sentencia judicial sienta un valioso precedente para enfrentar a los acreedores, que no pueden exigir, aquello que se ha comprobado carece de legitimidad, y obliga a un gobierno a proceder de acuerdo con lo dictaminado por la magistratura judicial. Por supuesto puede no hacerlo ante las presiones que ejerzan los bancos y los organismos multilaterales de crédito, y en rigor el fallo ha sido desconocido tácitamente, porque el mismo se refiere al período de la dictadura militar, aunque esa época es donde se constituye la deuda que se ha seguido refinanciando. Pero existe una nueva causa, que se encuentra en pleno trámite, donde se investiga la deuda hasta ahora, y las conclusiones a que arribe el juez serán de acatamiento obligatorio. Si se desconoce el fallo, cualquier ciudadano, que indudablemente se verá afectado por la violación de la ley expresa, estará habilitado para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso, esa instancia legal resulta obligatoria para nuestro gobierno a la luz de las prescripciones del Pacto de San José de Costa Rica, y no existe posibilidad que sean violadas impunemente.
Estas cuestiones que planteo, tienen que ver con la lucha por el derecho como quería Ihering, y no es un ejercicio sin destino o la utópica expresión de un idealista de gabinete, sino que se nos muestra como una alternativa válida, para romper con la esclavitud de la deuda a través de mecanismos jurídicos de indudable efectividad, que podrán revelar los entretelones de esa gran trampa.
Y ya que hablamos de esa nueva causa, vamos a hacer una breve reseña de los antecedentes de la misma: Por resolución de la Excelentísima Cámara del Fuero Federal y por razones de conexidad se acumuló a la causa 14.467, una denuncia presentada por Alejandro Olmos en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8 a cargo del Dr. Jorge Urso. El Juzgado Federal Nº 2, en razón de que los hechos denunciados son posteriores a 1983, por razones de practicidad y de economía procesal, dado el alto grado de avance de la causa principal, decidió formar causa por separado bajo el Nº 17.718, caratulada "Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la Administración Pública" a esta causa nueva, que se encuentra en pleno trámite se le anexó otra causa, tramitada en el año 1991, por ante el Juzgado en Lo Penal Económico, a cargo del Dr. Miguel García Reynoso, donde se investigaban infracciones a la ley penal cambiaria. Después de realizada una breve investigación, se entendió que esta causa tenía indudablemente conexidad con la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal Nº 2. La Fiscal interviniente, emitió un dictamen el 21 de julio de 1991, en el que decía que " Atento a las manifestaciones de los gerentes del banco Central, es obvio que l materia investigada es una defraudación al Fisco. El Banco Central señala nada más que la existencia de treinta y nueve sumarios, lo que no es proporcional con los miles de implicados que aparecen en las investigaciones realizadas. Ello demuestra que el banco no ha arbitrado los medios para controlar las divisas" En agosto de ese mismo año, Juez García Reynoso se declaró incompetente, y manifestó en su resolución: A través de la investigación de personal especializado de la Dirección Nacional de Aduanas y del Banco de la Nación Argentina, se detectaron cientos de casos de violaciones a las normas del art. 1 del régimen penal cambiario, cuya investigación y juzgamiento corresponde al banco Central que no la ejecutó. Con respecto a la Deuda externa, se ha comprobado que un volumen del relevamiento que se expuso no tiene un correlato con los indicadores que expresan un aumento de la actividad económica, por una inversión productiva en esas condiciones. Para decirlo de otra manera, el dinero que se prestó al país no se ve en la calle. El problema para obtener datos confiables sobre el ingreso de divisas y la posterior fuga de capitales consiste en que nuestro país fueron desmontados paulatinamente todos los organismos destinados al control de este tipo de movimientos, y es así que la autoridad monetaria llegó a ignorar el volumen de las divisas que se encontraban pendientes de ingreso" El Juez concluye afirmando que" se habría cometido el delito previsto por el art. 148 del Código Penal" considerando que el directorio del Banco Central es penalmente responsable de las violaciones al código citado.
En esta nueva causa que se encuentra en pleno trámite de investigación se ha podido determinar:
a. Que todos los créditos solicitados por el gobierno argentino al FMI y al banco Mundial, y a bancos privados del exterior, han sido al solo efecto de refinanciar la deuda cuya ilicitud fuera declarada.
b. Que el plan financiero argentino del año 1992, consecuencia de la convertibilidad de la moneda, fue instrumentado por J.P. Morgan y no por el gobierno nacional.
c. Que la deuda pública de la Nación fue administrada durante algunos años por el City Bank, que lideraba un grupo de bancos extranjeros.
d. Que la deuda privada, que fuera asumida por el estado, fue también administrada por un Comité de Bancos liderados por el City Bank, e integrado por el Bank Of America, The Bank of Tokyo, The Chase Manhattan Bank, Chemical Banking Corporation, Credit Lyonnais, Credit Suisse, Dresdner Bank, Lloyds Bank, Midland Bank, Morgan Guaranty Trust, The Royal Bank Of Canada, The Sanwa Bank, quienes establecieron los importes exactos de la deuda privada y la forma en que la misma sería pagada, todo ello con la anuencia del FMI, del banco Mundial y el banco Interamericano de Desarrollo.
e. Que, a los efectos de efectuar los trabajos de consultorías para la conciliación de la deuda, se contrató también a una firma extranjera Price Waterhouse and. Cooper, en desmedro de los órganos del estado.
f. Que la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central, que demostró la ilegitimidad la de deuda privada, fue desestimada por las autoridades del Banco, teniendo principal responsabilidad uno de sus directores, el Dr. Daniel Marx, actual viceministro de Economía de la Nación.
El Dr. Pierangelo Catalano, distinguido jurista de la Universidad de Roma, ha señalado con lucidez que la deuda externa "es la esclavitud del tercer milenio", y creo que esa esclavitud que nos somete, responde a una clara ideología con viejas raíces en el pensamiento occidental, que pretende imponernos el capital globalizado, siendo un eficaz instrumento de dominación como puede advertirse a través de los ejemplos mostrados en estas páginas no demasiado ordenadas, que confirman esa incontestable evidencia.
Es necesario observar que todo el proceso de endeudamiento no es algo que comenzara solamente hace veinticinco años, sino que por el contrario arranca desde los albores de nuestra vida independiente, habiéndose convertido en un fenómeno verdaderamente estructural, debiendo exceptuar muy contados períodos en los que no tuvimos que afrontar los planteos extorsivos de los acreedores externos.
Si la responsabilidad que tienen en la constitución de la deuda, los prestamistas es más que notoria, se debe reconocer que ellos evaluaron las posibilidades de obtener cuantiosos réditos de sus inversiones, careciendo de todo escrúpulo para sobornar y corromper a todos aquellos que, con una indudable vocación de sirvientes, trabajaron con eficiencia para cumplir con los mandatos de sus amos. Estos perduelis modernos, no se limitaron a ejercer la representación de los mercados financieros, trabajando activamente a favor del capital transnacional, sino que llegaron a ejercer las más altas funciones en la estructura del estado, convirtiendo a este en un ente tributario de maniobras especulativas y fraudulentas.
Resulta muy interesante e ilustrativo realizar el análisis económico del proceso de endeudamiento, sus diferentes variables, las distintas contingencias derivadas de políticas interdependientes, los desequilibrios presupuestarios, las cuentas de inversión, el déficit fiscal, el sistema tributario inequitativo, pero también urge identificar con precisión a los autores, estableciendo el nivel de participación y compromiso de cada uno, y no hacer referencias genéricas a tal o cual funcionario o régimen político, porque de tal manera se diluyen las responsabilidades efectivas, y entonces todo se reduce a señalar conductas equivocadas, a las que siempre se puede llegar a justificar.
Hay una nutrida elite de funcionarios que desde hace más de 25 años se han alternado en el manejo de la gestión pública y en la fundamentación teórica de ciertas políticas, observando una rigurosa fidelidad a las pautas económicas que se estructuran en el exterior. Mientras esos grupos, que muchas veces parecen enfrentados, por criterios diferentes, pero cuyo objetivo es el mismo nos sean barridos de la administración del Estado, y sometidos al enjuiciamiento que corresponda, no existe la menor posibilidad de que la Nación empiece a transitar un camino diferente.
La bibliografía sobre la historia económica argentina, es muy extensa, y en el trabajo del Dr. Mario Rapoport, que citamos se incluye un extenso apéndice en tal sentido. Pero como una sumaria orientación para indagar en algunos temas, incluimos los títulos que siguen:
Agote, Pedro. Informe del Presidente del Crédito Público Nacional. Ed. Kraf. Bs.As. 1888.
Calcagno, Alfredo Eric. La Perversa Deuda Externa Argentina. Ed. Legasa, B.As. 1985
Cisneros Andrés, Y Escudé Carlos, Historia General de las Relaciones exteriores de la República Argentina, 14 volúmenes, Grupo Editor Latinoamericano. Bs. As. 1999
Díaz Alejandro, Carlos F. Ensayos sobre la Historia Económica Argentina. Amorrortu Editores. Bs. As. 1983
Ferns, Henry S. Gran Bretaña y la Argentina en el Siglo XIX, Ed. Solar Hachette, Bs. As. 1966
Fitte, Ernesto, Historia de un Empréstito, Emece, 1962
García Vizcaíno, José, La Deuda Pública Nacional, Ed. Eudeba, 1972
Olmos, Alejandro, Todo lo que Ud. Quería saber sobre la Deuda Externa. Ed. De los Argentinos, Bs. As. 1989
Scalabrini Ortiz, Raúl, Política Británica en el Río de la Plata, Ed. Plus Ultra, 1986
Torres, José Luis, La Década Infame, Bs. As. 1973
Torres, José Luis, Algunas maneras de vender la Patria, Bs. As. 1973
Vedoya, Juan Carlos, La Verdad sobre el Empréstito Baring. Ed. Plus Ultra, Bs. As. 1971
Vitali Luis, Historia de la Deuda Externa Latinoamericana, y entretelones del endeudamiento argentino. Ed. Sudamericana Planeta, Bs. As. 1986

References: resolución 
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 artículo 1198
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