Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531162.html
Timestamp: 2019-03-23 12:34:04+00:00

Document:
as201531162
Auto Supremo No 162
Expediente: 500/2010-S
Demandante: Domy Amparo Rodríguez Dueñas
Demandado: Universidad Técnica de Oruro
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos de fs. 555 vta., y fs. 570 a 572 vta., por David Emilio Ismael Rojas en su condición de Rector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y Domy Amparo Rodríguez Dueñas respectivamente ambos contra el Auto de Vista Nº 05/2010 de 19 de enero de fs. 541 a 544 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Domy Amparo Rodríguez Dueñas contra la UTO, la respuesta al recurso de fs. 575 vta., y el Auto Nº 50/2010 de 2 de septiembre de fs. 576 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso; y,
Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segunda del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, dictó la Sentencia Nº 004/2009 el 11 de febrero de fs. 467 a 470 vta., declarando probada en parte la demanda, en lo referente al pago de salarios por los meses de marzo, abril y mayo de 2007, por la docencia a tiempo completo y por la docencia a tiempo horario por el mes de Mayo de 2007 e improbada respecto al pago del desahucio e indemnización, aguinaldo y multa por incumplimiento, sin costas. Determinado que el Rector de la UTO, cancele a la demandante el monto total de Bs.22.280,46.- (veintidós mil doscientos ochenta 46/100 bolivianos) la suma que deberá ser cancelada dentro de tercero día de ejecutoriada la presente resolución, bajo alternativa de ley, sin perjuicio de darse aplicación al Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.
En grado de apelación, recurso deducido por la actora de fs. 483 a 485, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº 05/2010 de 19 de enero de fs. 541 a 544 vta., confirmando en parte la Sentencia apelada respecto a los sueldos devengados y revocó la parte que se refiere a la aplicación del DS Nº 28699, señalando que el pago ordenado de Bs. 22.280,46.- se refiere a sueldos devengados no a los beneficios sociales. modificando la liquidación practicada por la Juez de primera instancia, disponiendo que la UTO a través de su representante dentro del tercero día de ejecutoriada dicha resolución, cancele a la demandante la suma de Bs. 96.403,03.- (noventa y seis mil cuatrocientos tres 03/100 bolivianos) por concepto de sueldo, indemnización por 10 años (dos quinquenios), aguinaldo gestión 2007 en duodécimas, recargo según Ley de 18 de diciembre de 1944 y sueldos devengados de marzo, abril y mayo del 2007 y mayo del 2007 a tiempo horario. Sin costas.
Los recursos de casación interpuestos de fs. 555 vta., y fs. 570 a 572 vta., por David Emilio Ismael Rojas en su condición de Rector de la Universidad Técnica de UTO y Domy Amparo Rodríguez Dueñas respectivamente, quienes señalaron:
II.1. Recurso de casación interpuesto por David Emilio Ismael Rojas Rector de la UTO
Acusó error en la liquidación practicada por el Tribunal de apelación, porque el Auto de Vista de fs. 541 a 544 vta. (líneas 2 al 8) señaló que para practicar nueva liquidación de beneficios sociales debía considerar los tres últimos sueldos de marzo, abril y mayo de 2007 que corresponden a Bs. 6.842,14.- suma equivocada, ya que las papeletas de pago de fs. 99 y 100, demuestran que el haber mensual de la actora fue de Bs. 5.935,50 en enero y febrero de 2007 y Bs. 743,50 en marzo de la misma gestión, además de no haber demostrado que cobró ese salario en abril y mayo de 2007, por lo que los de instancia incurrieron en error al consignar un monto de dinero que no corresponde.
En la fase de producción de la prueba de descargo la UTO, demostró de fs. 146 y 147 que la actora percibió sueldos de Bs. 743,50.- en marzo, Bs. 1.815.- en abril y 896,50 en mayo de 2007 que merecen fe probatoria y no fueron desvirtuados por ésta, prueba corroborada por la inspección de visu de fs. 141 en la que se exhibió la planilla de sueldos y de asistencia de los meses de marzo, abril y mayo de fs. 252 a 369, firmadas por la actora como docente a tiempo horario, más no como docente a tiempo completo. Es evidente la consolidación de los quinquenios, pero para su liquidación deben considerarse los tres últimos sueldos percibidos por la actora: Bs. 743,50 por marzo, Bs. 1.815,- por abril y 896,50 por mayo de 2007.
II.1.1. Petitorio
Concluyó su recurso solicitando a la Sala Social de la Corte Suprema de Justicia case parcialmente el Auto de Vista y en consecuencia practique nueva liquidación de quinquenios consolidados, tomando en cuenta los últimos tres sueldos de acuerdo a la prueba literal de cargo que cursa a fs. 100 y de descargo de fs. 145, 146 y 147, previas las formalidades de rigor, sin costas procesales en aplicación del art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO).
II.2. Recurso de casación interpuesto por Domy Amparo Rodríguez Dueñas
El Auto de Vista Nº 05/2010 de 19 de enero, pese a restituirle la indemnización de diez años desconoció el tiempo de servicios en la UTO de 14 años, 10 meses y 22 días, determinado la pérdida de su último quinquenio, derecho adquirido acumulable, realizando al efecto una interpretación indebida del art. 2 del Decreto Supremo (DS) Nº 11478 de 16 de mayo de 1974, pues en su caso no se dieron las causales de retiro establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario de la Ley General de Trabajo (DR-LGT), al contrario fue objeto de retiro forzoso e injusto el 31 de mayo de 2007; argumenta que no existe base para la pérdida de su último quinquenio y que la determinación es una flagrante vulneración de sus derechos que debe ser enmendada en casación.
Señala que la misma resolución, violando e interpretando indebidamente el DS Nº 28699, revocó su derecho a percibir la multa del 30% al pago de sus sueldos devengados, justificando su determinación en el hecho de que la norma se refiere sólo a los beneficios sociales cuando engloba la totalidad de los derechos sociales, entre los que se encuentran los sueldos devengados, correspondiendo enmendar también este error, aplicando correctamente la disposición citada.
Refiere que la resolución impugnada también vulneró e interpretó erróneamente los arts. 13 de la LGT y 8 DR-LGT al establecer que no le correspondía el pago del desahucio porque -dice- no probó de manera convincente el retiro intempestivo, lo que es falso, ya que a fs. 101 y 102 cursa prueba documental de cargo que acredita tal extremo además que la Resolución Administrativa (RA) Nº 152/2007 de 12 de julio de la Oficina del Trabajo, concluyó en la existencia de un despido injustificado, correspondiéndole el pago del desahucio.
Finalizó su recurso solicitando que la Corte Suprema de Justicia repare el agravió que sufrió casando en parte el Auto de Vista Nº 05/2010 de 19 de enero y, con carácter de reposición de los derechos omitidos, dé lugar al pago de indemnización no sólo de dos quinquenios sino de 14 años, 10 meses y 22 días, el pago del desahucio por el retiro forzoso y la multa del 30% de la totalidad de sus derechos sociales por vencimiento del plazo.
De los fundamentos de los recursos, puede establecerse que éstos impugnan el Auto de Vista 05/2010 de 19 de enero, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, de fs. 541 a 544 vta., por lo siguiente: a) La UTO, observó error en la liquidación que consideró el promedio de los últimos sueldos (marzo, abril y mayo de 2007), en la suma de Bs. 6.842,14 pues las papeletas de pago de fs. 99 y 100 demuestran que su haber mensual en enero y febrero fue de Bs. 5.935,50 y marzo Bs. 743,50; tampoco demostró que hubiera cobrado ese salario en abril y mayo de 2007, al contrario, la documental de fs. 146 y 147 demuestra que la actora percibió en marzo Bs. 743,50 en abril Bs. 1.815,- y en mayo Bs. 896,50 de cuyo promedio debe establecerse el salario indemnizable; b) Por su parte, la actora reclamó que la resolución desconoció el tiempo de servicios en la UTO de 14 años, 10 meses y 22 días, realizando una indebida interpretación del art. 2 del DS Nº 11478 de 16 de mayo de 1974, al no haberse dado los motivos de retiro establecidos en los arts. 16 LGT y 9 DR-LGT, siendo objeto de retiro forzoso el 31 de mayo de 2007, no existiendo base para la pérdida de su último quinquenio; asimismo revocó su derecho a percibir el pago de la multa del 30% en una indebida interpretación del DS Nº 28699 y desconoció su derecho al pago del desahucio, vulnerando la previsión contenida en los arts. 13 de la LGT y 8 DR-LGT sosteniendo que no probó de manera convincente su retiro intempestivo, sin considerar que la documental de fs. 101 y 102 prueba el mismo además de que la RA Nº 152/2007 de 12 de julio, concluyó en la existencia de un despido injustificado, correspondiendo también el pago del desahucio.
Sobre el recurso de casación interpuesto por la UTO
Como se ha señalado líneas arriba la UTO observó el sueldo promedio indemnizable considerado por el Tribunal de apelación.
Respecto a la determinación del sueldo promedio indemnizable, el art. 19 de la LGT establece que para el cálculo de la indemnización, se debe tomar en cuenta el promedio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses, importe que debe liquidarse del total ganado, en el que se deben incluir el sueldo básico, las bonificaciones legales y en general todas las remuneraciones sin exclusión alguna, siempre que reúnan carácter de regularidad, dada la naturaleza del trabajo que se trate, la controversia versa sobre el promedio salarial de la actora por los tres (3) últimos meses de trabajo, que el Ad quem determinó en la suma de Bs. 6.842,14.
Al efecto conforme los datos del proceso la actora trabajó en la UTO con carácter de regularidad desde julio de 1992 hasta el 31 de mayo de 2007, siendo el último cargo que desempeñó el de Directora a.i. del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UTO (14 años, 10 meses y 21 días).
Respecto a la problemática traída a casación la actora presentó papeletas de pago de varios años trabajados, entre ellas, las papeletas de pago como Directora del Instituto de Investigaciones por los meses de enero y febrero de 2007, por lo que en el proceso entre los varios aspectos demandados solicitó el pago de sus sueldos devengados correspondientes a marzo, abril y mayo de 2007 como Directora de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, reclamo declarado probado por el Juez a quo que dispuso el pago de los sueldos devengados por tiempo completo: Gestión 2007, marzo Bs. 6.842,14 abril Bs. 6.842,14 y mayo Bs. 6.842,14 hecho no impugnado por la parte demandada y asumido por el Tribunal de apelación como un hecho reconocido consideró esos tres sueldos para la determinación del salario promedio indemnizable, con lo que dio correcta aplicación al art. 19 de la LGT, no advirtiendo esta sala el error que acusa la Universidad demandada.
Sobre el recurso de casación interpuesto por la actora Domy Amparo Rodríguez Dueñas.
Sobre el reclamo de que el Auto de Vista desconoció el tiempo de servicios en la UTO de 14 años, 10 meses y 22 días, realizando una indebida interpretación del art. 2 del DS Nº 11478, porque no se dieron los motivos de retiro establecidos en los arts. 16 LGT y 9 DR-LGT, al contrario fue objeto de retiro forzoso el 31 de mayo de 2007, no existiendo base para la pérdida de su último quinquenio.
Al respecto es importante iniciar el análisis del motivo de casación teniendo en cuenta que el Tribunal de apelación, considerando lo dispuesto por los arts. 1 y 2 del DS Nº 11478 concluyó lo siguiente: “ …en lo referente a que la demandante hubiese sido retirada intempestivamente debe dejarse establecido que ese hecho no se halla claramente probado, por lo que su alejamiento de las labores se considera haber sido voluntario, hecho que le priva de la percepción de desahucio e indemnización correspondiente a los últimos cuatro años, 10 meses y 22 días, por determinarlo así la ley citada”.
Conforme lo glosado entendemos que el fundamento para que el Tribunal de apelación no hubiera considerado para el pago de la indemnización por todos los años trabajados por la actora está amparado en el hecho de la misma se hubiera retirado de manera voluntaria, interpretando al efecto indebidamente el art. 2 del DS Nº 11478 así como los arts. 16 de la LGT y 9 DR-LGT.
Para el efecto requerimos hacer una interpretación histórica y contextualizada de las normas referidas al pago de la indemnización y el retiro voluntario partiremos en ese cometido de la parte in fine del art. 13 de la LGT que precisaba: “Si el empleado tuviere más de 15 años de servicios y el obrero más de ocho años, percibirán la indicada indemnización aunque se retirasen voluntariamente.”
Texto modificado sólo en cuanto al tiempo de consolidación del derecho al pago de la indemnización, mediante Ley de 8 de diciembre de 1942, con el siguiente contenido: “Si el empleado tuviere más de 15 años de servicios y el obrero más de ocho años, percibirán la indicada indemnización aunque se retirasen voluntariamente.”, que a su vez fue modificado por Ley de 21 de diciembre de 1948 que señala “Si el empleado u obrero tuviera más de 8 años de servicios percibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente”.
Por otro lado, el art. 2 de la Ley de 23 de noviembre de 1944 al derogar los art. 16.d) y f) de la LGT, precisó que la sanción de pérdida de indemnización por tiempo de servicios por retiro voluntario quedó derogado, de donde se infiere que ante un retiro voluntario subsiste la obligación del empleador de cancelarle la indemnización por tiempo de servicios.
El art. 1 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, precisa que “…se considera retiro voluntario el que tiene lugar cuando el trabajador notifica al patrono, verbalmente o por escrito y con los plazos establecidos por el art. 12 de la LGT, la rescisión del contrato individual de trabajo”;
En su art. 3 aclara: “Sin embargo de la definición contenida en el artículo 1º del presente Decreto, el patrono y el trabajador podrán acordar válidamente el pago de la indemnización por tiempo de servicios, manteniendo en sus efectos el contrato de trabajo con un nuevo cómputo del tiempo de servicios”.
En su art. 4, señala: “De conformidad al artículo 2º de la Ley de 21 de diciembre de 1948, que reforma el artículo 13 de la Ley General del Trabajo, el pago de la indemnización por tiempo de servicios, en caso de retiro voluntario, sólo será exigible después de ocho años de servicios continuos prestados a un mismo patrono”.
Luego, el art. 1 del DS Nº 11478, al modificar el art. 2 de la Ley de 21 de diciembre de 1948, precisa que: “Si el trabajador tuviera cinco o más años continuos de servicios cumplidos, recibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente. Cualquier contratación posterior de los trabajadores que se acogen a este beneficio sólo procederá previo acuerdo de ambas partes”.
En su art. 2, agrega “Los derechos adquiridos por los trabajadores cada cinco años si no se acogen al retiro voluntario, serán acumulados, o sea que la pérdida de sus beneficios sociales en aplicación de las causales señaladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento, sólo se aplicará al quinquenio vigente sin afectar a los anteriores”.
Por último, se tiene establecido mediante DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que su objeto es el de “garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”.
De la interpretación histórica y contextualizada de la normativa, no es difícil concluir que su finalidad no es otra que evitar que el trabajador pierda su derecho a la indemnización por tiempo de servicios, en ese entendido el Tribunal de Apelación no ha considerado el desarrollo normativo para su correcta aplicación determinando ilegalmente la pérdida de cuatro años, diez meses y 22 días de indemnización al disponer el pago de dos quinquenios consolidados, siendo lo correcto en aplicación de las normas glosadas considerar a los efectos del pago de la indemnización los 14 años, 10 meses y 22 días trabajados.
En cuanto al pago del desahucio y la multa del 30%, debe hacerse énfasis que en cuanto al no pago del desahucio determinada por el Tribunal de apelación se ampara en el retiro voluntario de la actora, lo que no es evidente, puesto que si los de instancia concluyeron que la relación laboral era indefinida, para su disolución era necesaria la concurrencia de una de las causales legales de despido o la otorgación del preaviso de ley, lo que en el caso no aconteció, pues de obrados se tiene que la UTO mediante Resolución Nº 28/2007 de 17 de mayo, aprobó la Convocatoria a Examen de Suficiencia para el cargo de Investigaciones “Ciencias del Habitat” de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para la gestión académica 2007, que fue de conocimiento de la actora porque impugnó la misma, sin mayor resultado, pues el ganador de la convocatoria fue posesionado el 1 de junio de 2007, situación que demuestra la inexistencia del preaviso de ley conforme a las exigencias de la normativa laboral con 90 días de anticipación, por lo que corresponde también el pago del desahucio.
En cuanto al pago de la multa del 30%, debe tenerse presente que el art. 9 del DS. Nº 28699, dispone: "I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV's, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor."
Dicha norma tiene aplicación general, pues no distinguiendo notoriamente las causales de la desvinculación laboral (despido indirecto, retiro voluntario, etc.), si lo hace el DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009, que en su art. 1 determina como su objeto el “…garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”. Complementando lo anterior la Resolución Ministerial (RM) Nº 447 de 8 de julio de 2009, que reglamenta al DS Nº 0110, el art. 1.III de esta norma manifiesta que “En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagara el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFVs, más la multa del treinta por ciento (30 %) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.
El desarrollo normativo, no retrotrae o limita los efectos dispuestos en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que si bien no implementa sustanciales y nuevas figuras, incorpora en la práctica una sanción sobre el impago en el plazo estipulado.
Esa medida, más allá de un postulado teórico, conlleva un fin práctico, que es el alentar el pago oportuno de los beneficios y derechos que correspondan ante la pérdida de sustento por parte del trabajador, procurando evitar dilaciones que afecten de modo objetivo no sólo a la subsistencia del trabajador cesante, sino a la familia o personas que dependan de éste. Además el texto del art. 9 DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, no prevé distinción ni discriminación sobre lo que debe incluirse en el finiquito a ser realizado acontecida la desvinculación laboral, la frase “el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan” acredita tal aseveración. En esa línea de comprensión, no dispone el pago del 30% de la multa ante un interpretación sesgada apartada de su objeto y alcance es un despropósito que nada tiene que ver con la naturaleza protectiva de la por la Constitución y las normas especiales que regulan la relación laboral.
Por todo lo expuesto, se concluye que es evidente la violación de las normas acusadas, por lo que corresponde aplicar el arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC), con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Supremo Tribunal de Justicia, con la atribución prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista impugnado y, deliberando en el fondo, declara PROBADA en parte la demanda en cuyo mérito, dispone que el empleador cancele a favor de la demandante, la suma total de Bs. 123.049,63, conforme a la siguiente liquidación:
Promedio salarial : Bs. 6.842,14
Desahucio : Bs. 20.526,42
Indemnización: 14 a, 10 m. y 22d. : Bs. 74.540,95
Aguinaldo duod. 2007 : Bs. 2.850,90
Recargo (Ley de 18/12/1944) : Bs. 2.850,90
Marzo 2007 : Bs. 6.842,14
Abril 2007 : Bs. 6.842,14
Mayo 2007 : Bs. 6.842,14
Mayo 2007 (docencia a tiempo horario) : Bs. 1.754,04
Total : Bs. 123.049,63
Suma sobre la que deberá calcularse y pagarse más la multa del 30% determinada por el art. 9 del DS Nº 28699.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 16
 Resolución 
 Resolución