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Timestamp: 2019-03-20 11:18:27+00:00

Document:
A.S. 284-2015-RRC-L
AUTO SUPREMO Nº 284/2015-RRC-L
Sucre, 08 de junio de 2015
Expediente : La Paz 26/2010
Parte Acusadora : Oscar Mauricio Daza Monroy
Parte Imputada : Benjamín Tomás Aquino Choque
Por memorial presentado el 11 de enero de 2010, cursante de fs. 710 a 713, Benjamín Tomás Aquino Choque, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 788/09 de 25 de noviembre 2009, de fs. 690 a 693, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Oscar Mauricio Daza Monroy en representación legal de Susana Elizabeth Badani de Céspedes contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de la Posesión y Usurpación agravada, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 355 del Código Penal (CP), respectivamente.
Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 02/2009 de 14 de abril (fs. 632 a 634 vta.), la Jueza Cuarta de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Benjamín Tomás Aquino Choque, autor de los delitos de Despojo y Perturbación de la Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, imponiéndole la pena de cuatro años a cumplir en el Panóptico de San Pedro, más el pago de costas y daño civil ocasionado. Por otra parte, lo absolvió del delito de Usurpación agravada, prevista en el art. 355 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Benjamín Tomás Aquino Choque, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 666 a 668 vta.), resuelto por Auto de Vista 788/09 de 25 de noviembre de 2009 (fs. 690 a 693), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que dispuso declarar improcedente el recurso formulado, confirmando en consecuencia la Sentencia apelada, que motivó la interposición del recurso casacional que es objeto de examen de fondo.
I.1.1. Del Motivo del recurso.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 152/2015-RA-L de 10 de abril (fs. 729 a 731), se extraen los motivos a ser analizados en la presente resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis de fondo.
El recurrente denuncia la errónea aplicación de la Ley adjetiva prevista en el inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), refiriendo que entre los delitos acusados se encuentra el de Usurpación agravada, mismo que corresponde a un delito de acción pública y que no podía ser tramitado junto a delitos de acción privada (Despojo y Perturbación de la Posesión); sin embargo, de manera contradictoria en el Auto de Vista recurrido se hubiese manifestado que el tipo penal de Usurpación agravada no se trata de una acción penal pública, por no ser un tipo penal independiente; sino, simplemente agrava la pena del delito de Despojo. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 309 de 25 de agosto de 2006, respecto al cual señala que habría resuelto una situación similar.
El recurrente pide revocar el Auto de Vista 788/09 de 25 de noviembre de 2009, ordenándose la reposición del juicio por Jueces y Tribunales competentes.
Conforme el Auto de admisión 152/2015-RA-L de 10 de abril, el análisis de fondo de la presente Resolución, se circunscribirá a la verificación de la denuncia de contradicción en la que habría incurrido el Auto de Vista impugnado respecto al Auto Supremo 309 de 25 de agosto de 2006, único motivo admitido en cumplimiento a los requisitos expuestos en el Auto admisorio.
El Juzgado Cuarto de Sentencia Penal Ordinario del Distrito Judicial de La Paz, con base en la acusación particular y prueba producida en audiencia de juicio oral, asumió convicción respecto a la existencia de los hechos denunciados y la participación del imputado, hora recurrente, Tomás Benjamín Aquino Choque, subsumiendo la conducta del prenombrado en la descripción contenida en los arts. 351 y 353 del CP, (Despojo y Perturbación de Posesión respectivamente), sancionándolo con la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión, más al pago de costas y daño civil ocasionado.
En cuanto a la figura descrita en el art. 355 de CP (Usurpación Agravada), al no ser suficientes las pruebas aportadas para generar convicción en la juzgadora, respecto a la responsabilidad del imputado, declaró su absolución.
II.2. Apelación restringida.
En cuanto al motivo a ser analizado en el presente fallo, se tiene que el recurrente acusó “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY ADJETIVA” (sic), señalando que la causal de apelación se halla prevista en el inc. 1) del art. 360 del CPP, alegando que se formuló acusación en su contra por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Usurpación Agravada, tipos penales descritos en los arts. 351, 353 y 355 del CP, que corresponden a acción penal privada (los dos primeros) y pública (el tercero), y que al haberse tramitado el proceso por dichos tipos penales, se vulneró el debido proceso y su derecho a la defensa. Fundamentó su recurso como sigue:
Que la Juzgadora de mérito era competente, conforme prevé el art. 53 del CPP, para sustanciar procesos de acción penal privada (art. 20 del CPP), así como delitos de acción penal pública cuya sanción privativa de libertad no exceda de cuatro años.
Que el art. 20 del CPP, establece cuales son los tipos penales de acción penal privada –dentro de los que se encuentran los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión- estableciendo que los demás delitos son de acción penal pública, sobre los cuales el Ministerio Público tiene competencia.
Que el art. 18 del CPP, establece que la acción penal será ejercida de forma exclusiva por la víctima, no pudiendo ser parte el Fiscal.
Que la juzgadora, al haber admitido la acusación por delitos de acción penal privada y pública, vulneró el principio del debido proceso y su derecho a la defensa, porque no se le permitió ejercer su defensa de manera adecuada, por estar sometido a estos dos tipos de procesos; toda vez, que la usurpación Agravada, conforme a la última parte del art. 20 del CPP, es de acción penal pública, siendo el titular el Ministerio Público a quien se le coartó el derecho de accionar, aún de oficio, un delito que se supone es de interés colectivo.
Que no pueden coexistir en un solo proceso delitos de acción penal privada y pública, por la naturaleza de la acción.
Que los argumentos precedentes, fueron planteados en la audiencia realizada el 27 de noviembre de 2007, que fueron rechazados por Resolución de 21 de febrero de 2008; fallo respecto al cual –dijo- hizo reserva de apelación.
Con todos esos argumentos solicitó al Tribunal de alzada, reponer obrados hasta el vicio más antiguo, que considera es el “Auto de Acusación para que el nuevo juez sustancie el proceso aplicando las normas del debido proceso.” (sic).
II.3.Auto de Vista impugnado.
En cuanto al motivo precedente, el Tribunal de alzada, en el segundo CONSIDERANDO, punto “2” del Auto de Vista manifestó que la denuncia no resultaba evidente; toda vez, que la acción se admitió por los delitos de acción penal privada de Despojo y Perturbación de Posesión previstos en los arts. 351 y 353 del CP; y, que la Usurpación Agravada no es un tipo penal independiente con propios elementos constitutivos; sino, agrava la sanción a los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión; que además se debe tomar en cuenta que el incidente de “procedimiento defectuoso” promovido por el imputado, ya fue resuelto declarándoselo improbado, por Resolución 08/2008 de 21 de febrero, debidamente motivada.
III. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO
Conforme se tiene del Auto de admisión del recurso, corresponde la verificación de la denuncia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 309 de 25 de agosto de 2006, que fue invocado en calidad de precedente contradictorio; consiguientemente toca su análisis, a objeto de establecer la existencia de situación fáctica análoga que permita verificar la presencia de contradicción o no a los efectos señalados en el art. 419 relacionado con el art. 420 -ambos- del CPP; sin embargo, por su importancia, corresponde puntualizar brevemente aspectos inherentes al precedente contradictorio.
III.1.El precedente contradictorio.
De conformidad a lo establecido por el art. 416 del CPP, el recurso de casación es un medio de impugnación de carácter restrictivo; pues, procede únicamente contra Autos de Vista que sean contrarios a otras resoluciones precedentes, emitidas por Tribunales análogos (similares en grado y materia) o por una Sala Penal del máximo Tribunal de Justicia del país, cuyos supuestos fácticos sean similares. La precitada norma, de modo explicativo, establece lo que se debe entender por contradicción a los efectos de la impugnación casacional; por ello, cuando en cumplimiento a lo establecido en el art. 417 del CPP, quien recurra en casación, invoque precedente contradictorio, además de hacerlo en el momento procesal oportuno y explicar la manera en que conforme su criterio incurrió en contradicción el Auto de Vista respecto al fallo invocado (requisitos formales), debe tener el cuidado de que dicha Resolución hubiere emergido del análisis de una temática similar a la que se impugna; pues por lógica, únicamente a partir de dos situaciones similares, se puede establecer que una de ellas resulte contraria a la otra en una de las formas explicitadas en el precitado art. 416, que señala que existirá contradicción cuando ante una situación de hecho similar o análogo al que se dilucida, el sentido jurídico que se le asigna el Auto de Vista impugnado no coincida con el del precedente, sea por: i) haberse aplicado normas distintas, o; ii) una misma norma con diverso alcance o interpretación. Únicamente cumplida una de las condiciones anteriores, se puede aplicar el segundo párrafo del art. 419 del Código de Procedimiento Penal.
Se debe tener presente que el Tribunal de casación, tiene como función esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, a los fines de cumplir con su labor uniformadora y creadora de jurisprudencia, cuyo carácter vinculante, obliga a los Tribunales inferiores en grado, a seguir los lineamientos trazados por este máximo Tribunal de justicia; por lo que, la impugnación casatoria, al ser de naturaleza restrictiva, no constituye una instancia más del proceso; por lo que, no es posible a través de este recurso, rever cuestiones de hecho suscitadas en la tramitación del juicio; sino, ejercer control respecto a la forma en que el Auto de Vista realizó su labor en alzada, constituyéndose así en el último filtro de la labor jurisdiccional ordinaria, frente a posibles error en los que hubieren podido incurrir los operadores de justicia, en la correcta aplicación de la norma.
Sobre lo señalado precedentemente, existe amplia línea doctrinal emanada, tanto por la extinta Corte Suprema de Justicia, como por este Tribunal, entre ellas la establecida en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto -que a su vez cita otros fallos- y señala: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP (…) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).
De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.
Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: ‘El art. 416 del CPP, instituye que: ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema’, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: ‘Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida’.
En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: ‘…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación’, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.
La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.
Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: ‘Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance’. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: ‘Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar’.
De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.
III.2.Comprobación del precedente contradictorio vinculado al análisis del caso en concreto.
El Auto Supremo 309 de 25 de agosto de 2006, tiene como base fáctica (en lo atinente al motivo en análisis), la denuncia por violación a la garantía constitucional del debido proceso, por haber declarado el Tribunal de alzada la procedencia de la excepción de incompetencia, inhibiéndose de resolver las excepciones de prejudicialidad y falta de acción opuestas de forma conjunta con la primera; que ante la falta de resolución la parte agraviada planteó incidente de nulidad ante el juzgador de mérito, que fue rechazado en función al art. 345 del CPP; que el rechazo del incidente de nulidad, impidió al recurrente usar como medio legítimo de defensa, las excepciones que no fueron resueltas conforme al último párrafo del art. 315 del CPP, violándose también su derecho a la defensa.
Ante la constatación de la denuncia, el Tribunal casacional estableció, que efectivamente el Tribunal de alzada resolvió únicamente la excepción de incompetencia del juzgador de mérito respecto al tipo penal de Daño Calificado, declarando la competencia respecto a los demás delitos de acción penal privada; que el juzgador, al haber proseguido el juicio sin dictar nuevo Auto de Apertura de Juicio Oral, estableciendo los hechos que debían ser sometidos a juicio, violó el derecho a la defensa del imputado, ya que con la competencia establecida por los de alzada, impidió plantear excepciones de falta de acción y prejudicialidad al imputado, aspecto que no habría sido observado por los de alzada; emitiendo en consecuencia doctrinal legal aplicable, señalando que, conforme los hechos descritos precedentemente, correspondía al Juez de mérito dictar nuevo Auto de Apertura de Juicio Oral, a efectos de establecer las bases fácticas respecto a los hechos que correspondían a los delitos de acción penal privada; por lo que, al no actuar así, violó el derecho a la defensa y al debido proceso del recurrente.
Con base en lo precedente, examinado el caso de autos, se verifica que la situación fáctica difiere completamente del asunto analizado y resuelto en el precedente invocado como contradictorio, pues emerge de la resolución de la excepción de incompetencia, declarada probada en apelación incidental, que obligaba al Tribunal de mérito a dictar nuevo Auto Inicial de la Instrucción por los delitos de acción privada respecto a los cuales se reconoció su competencia, y al no hacerlo vulneró el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso del imputado, ya que con ello se impidió el uso de otros medios de defensa como son las excepciones que no fueron resueltas en impugnación incidental y que posteriormente no se le permitieron, pese a haberse aclarado la competencia del juzgador de mérito, incurriendo así en defecto absoluto insubsanable. Esos fueron los fundamentos del Tribunal de casación para dejar sin efecto el Auto de Vista; resultando incorrecto lo manifestado por el recurrente en la impugnación casacional en análisis respecto al precedente; en sentido de que indicó que se habría anulado el Auto de Vista, al haberse tramitado simultáneamente un delito de acción penal privada y otro de acción penal pública, que bajo la filosofía del Tribunal de apelación, el Daño Calificado, debía ser considerado como delito de acción penal privada por ser una agravante del daño simple; argumento apócrifo, con el que pretendió establecer una situación fáctica similar a la analizada en el caso de autos, en el que denuncia errónea aplicación de la norma “adjetiva” (sic), descrita en el art. 370 inc. 1) del CPP, por haberse tramitado delitos de acción penal privada y pública de forma conjunta por el Juez de Sentencia; por lo manifestado se hace evidente la falta de situación fáctica similar que permita a este Tribunal cumplir con su labor de contraste y posterior unificación de jurisprudencia respecto al precedente invocado.
Pese al error en la invocación de precedente, se advierte que el recurrente denuncia vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso, porque se tramitaron ante el Juez de Sentencia, los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Usurpación Agravada, considerando que este último tipo penal corresponde a un delito de acción penal pública –respecto al cual carecía de competencia el juzgador de mérito- por no estar descrito en el art. 20 del CPP; por lo que, su juzgamiento por este ilícito ante autoridad incompetente, le habría impedido ejercer una defensa adecuada, impidiendo también al Ministerio Público la investigación, aun de oficio, por dicho delito.
Ante la denuncia precedente, corresponde verificar si el tipo penal previsto por el art. 355 del CP, es un delito de acción penal privada o pública; por lo que, es menester precisar que el tipo penal es una descripción abstracta que realiza el legislador, de ciertas conductas humanas censurables penalmente y por ende punibles; dichas conductas, tienen características propias, éstas constituyen los elementos específicos que conforman cada tipo penal y los hacen unos diferentes de otros. Ahora bien, una conducta resulta típica, cuando se adecúa a todas las acciones o elementos descritos en algún tipo penal. En cuanto al tipo penal, existen múltiples clasificaciones realizadas por estudiosos doctrinarios en la materia, con base a determinados criterios como el bien jurídico tutelado, su contenido, la concreción de descripción legal, en relación al sujeto activo, a su estructura, etc., lo que permite comprender a cada uno de ellos y su función en la normativa penal sustantiva.
Dentro de la clasificación de los tipos penales, por su relación con el caso en examen, es menester hacer referencia a la clasificación por su estructura, en la que se encuentran los tipos penales básicos, especiales y subordinados. Son tipos: i) básicos o fundamentales, los que describen conductas lesivas elementales y las consecuencias jurídicas, cuya vulneración no requieren de condiciones excepcionales o especiales; sino, con una acción simple daña un bien jurídico, sin referencia ni sujeción a otros tipos penales (Homicidio – art. 251 del CP); ii) especiales, los que a partir de un tipo penal básico o fundamental, surgen subtipos o subespecies, que con autonomía propia, describen conductas o modifican los requisitos del tipo penal básico; por lo cual, funcionan de forma independiente, por contener una descripción completa (Homicidio Piadoso –art. 257 del CP) , y; iii) subordinados, complementados o derivados, que a diferencia de los anteriores, al añadir el legislador ciertas condiciones o elementos que cualifican alguno de los elementos del tipo penal básico o especial, ya sea la conducta, los sujetos o el objeto, no son autónomos, ya que dependen para su apelación del tipo penal básico. Estos tipos penales, pueden agravar (tipo penal agravado) o atenuar (tipo penal privilegiado) las consecuencias jurídicas, descritas en el tipo penal del que derivan. En la legislación nacional se regulan algunos tipos penales subordinados o derivados, como los previstos en los arts. 215, 220, 310, 316, 349, 355, 359 del CP.
Conforme lo señalado precedentemente, se establece que el delito de Usurpación agravada, es un tipo penal derivado-agravado; toda vez, que añade circunstancias agravantes a los arts. 351, 352, 353 y 354 del CP, a los cuales se subordina para su justificación y aplicación; por lo que, por sí mismo no establece conductas lesivas; sino, con base en las descritas en los tipos penales precitados, agrava en un tercio la sanción, cuando dichas conductas son realizadas por varias personas o con armas; por cuanto, no es posible afirmar que la Usurpación Agravada es un delito de acción penal pública o privada, pues justamente esa acción deriva del tipo penal fundamental o básico al que deberá ser aplicado. Por lo señalado, al advertirse que el Tribunal de alzada correctamente asumió que la usurpación agravada no es un tipo penal independiente, se establece que el recurso casacional examinado, carece de fundamento legal que haga válida la pretensión del recurrente; no evidenciándose la vulneración del debido proceso ni del derecho a la defensa.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Benjamín Tomás Aquino Choque.

References: Resolución 
 Resolución 
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e contrario
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