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Timestamp: 2018-10-15 13:18:26+00:00

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Amparo en revisióN 173/2012 quejoso: ponente: ministro josé ramón cossío díaz secretario: jorge jiménez jiménez - Página 3
Del análisis realizado al esquema propuesto se concluye que en términos de elementos de regulación normativa cualquiera de los ordenamientos invocados propende a otorgar protección al derecho de acceso a la información27, en virtud de que establecen componentes esenciales mínimos que lo conforman y que guardan similitud (acceso a la información como regla general y restricciones como excepción), lo que permite un trato e interpretación homogéneos para efectos de servir como parámetros de validez y cumplir con las obligaciones estatales en este rubro.
Sin embargo, si se analiza con detenimiento, es el artículo 6 de la Constitución el parámetro de regularidad que permite otorgar mayor protección al derecho de acceso a la información, en atención a que tanto cuantitativa como cualitativamente contiene mayores elementos normativos para tal fin. Esto es, el precepto constitucional señalado a diferencia de lo previsto en los referidos instrumentos internacionales, establece el derecho de acceso a la información de manera autónoma y no derivada de otros derechos –como el de libertad de expresión y protección de datos–, como lo hacen los instrumentos internacionales en cita.
Lo antes expuesto, no implica vaciar de contenido el artículo 1 constitucional, sino por el contrario, atender al mismo, pues se elige el estándar de contraste normativo que regule con mayores elementos y de mejor forma el derecho de acceso a la información.
De esa forma, entonces, tal y como lo realizó el juez de distrito, el parámetro normativo para analizar la validez de los preceptos reclamados es el artículo 6, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los elementos cuantitativos y cualitativos permiten alcanzar la mayor protección al momento de su interpretación.
Así, al derivar el presente recurso de revisión de un medio de control constitucional (amparo) perteneciente al sistema concentrado28, el artículo 6 constitucional es el parámetro idóneo para llevar a cabo el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. En este sentido es aplicable la tesis aislada P. LXVIII/2011 (9a.)29.
Ahora, las razones manifestadas por el juez federal no resultan acordes con las distintas pautas metodológicas para ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio señaladas por el Pleno de este Tribunal Constitucional en la tesis aislada P. LXIX/2011(9a.)30, en virtud de que traen como resultado que a partir de una interpretación conforme31 al principio pro persona de los preceptos reclamados no se reconozca su apego a la Ley Fundamental en algunas de sus porciones normativas32.
El derecho humano o fundamental de acceso a la información tiene una naturaleza dual o bifronte, pues, por una parte, es un derecho individual y, por otra, es un derecho social, tal y como lo ha reconocido el Pleno de esta Suprema Corte en la jurisprudencia P./J. 54/200833.
En cuanto a dicho derecho deben tenerse presentes las consideraciones sustentas por esta Primera Sala al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 168/2011, en sesión de treinta de noviembre de dos mil once.
En el citado precedente se sostuvo, en síntesis, el contenido esencial del derecho de acceso a la información y la regla general, de conformidad con la fracción I del artículo 6 constitucional, consistente en que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.
Asimismo, se precisó que la fracción III de dicho artículo complementa el referido mandato constitucional al señalar que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Para la efectiva tutela de este derecho, la fracción IV precisa que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
La posición preferencial del derecho de acceso a la información frente a los intereses que pretenden limitarlo, así como su operatividad por regla general frente a las limitaciones que excepcionalmente se establezcan en la ley, ha sido reconocida por la Segunda Sala en la tesis aislada 2a. LXXXVIII/201034.
Entrando en materia y por lo que se refiere a la litis de este recurso, esta Sala ha sostenido en el referido asunto que el mismo artículo 6 constitucional establece como límites del derecho a la información: 1. el interés público y, 2. la vida privada y los datos personales.
Así, entonces, no existen derechos humanos o fundamentales absolutos, pues el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución prevé que pueden restringirse o suspenderse en ciertas condiciones y con determinados requisitos.
En esa misma vertiente, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos35 (en adelante CADH), establece que las restricciones permitidas a los derechos y libertades no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dicten en razón del interés general y de acuerdo al propósito para el cual han sido establecidas.
Sin embargo la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven ¿como elementos que el juez constitucional debe tomar en consideración para declararlas válidas.
Sobre las restricciones a los derechos humanos36, la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados permite concluir que los requisitos para considerarlas válidas son:
a) Que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público37, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisito formal)38; y b) Que cumplan con los requisitos de un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias, que persigan un interés o finalidad legítima, que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales)39. A este respecto son aplicables las jurisprudencias 1a./J.55/200640 y 1a./J. 2/201241.
Ahora, como se adelantó, el principio pro persona no sólo opera como criterio de interpretación para alcanzar la mayor protección de los derechos humanos que se aduzcan violados, sino también lo hace en los casos de restricciones a éstos, buscando la interpretación más acotada cuando se trata de analizar dichas restricciones. O en otras palabras, el mencionado principio tiene dos facetas, una positiva consistente en alcanzar la mayor protección y una negativa tendente a delimitar la restricción al derecho humano en la mayor medida posible, siempre y cuando se cumplan con los principios de legalidad y proporcionalidad.
En ese marco de referencia iusfundamental, el derecho de acceso a la información encuentra restricciones tanto en la Constitución Mexicana como en la CADH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo que sigue PIDCP). En dichas fuentes de Derecho se prevé que el aludido derecho tiene entre otras restricciones, la relativa al interés general o público.
En efecto, en el artículo 6, fracciones I y II, de la Constitución Mexicana se establece, por una parte, que toda la información pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes y; por otra, que la información relativa a la vida privada y datos personales está protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Asimismo, en el diverso numeral 13, 2, inciso b), de la CADH, dispone que el ejercicio del derecho de acceso a la información se sujeta a la no afectación del orden público. En similar sentido, el artículo 19, 3, inciso b), del PIDCP, establece que dicho derecho se encuentra limitado por el orden público.
Desarrollado lo expuesto, y en aras de verificar si se satisfacen los estándares de contraste antes señalados, en primer lugar, la regulación de las distintas restricciones al aludido derecho se establecen en diversos ordenamientos formal y materialmente legislativos, entre ellos, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Código Federal de Procedimientos Penales. Así, pues, se satisface el requisito formal exigido para considerarlas válidas.
Por lo que hace a los requisitos materiales de las restricciones al derecho de acceso a la información, el Pleno de esta Suprema Corte ha reconocido que su ejercicio se encuentra limitado tanto por los intereses nacionales y de la sociedad, como por los derechos de terceros, como se concluye de la tesis P. LX/200042.
Por tratarse de restricciones al derecho de acceso a la información, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de “información confidencial” y el de “información reservada”.
En la especie, para proteger el interés general o público –principio reconocido como uno de los límites constitucionalmente válidos para restringir el derecho de acceso a la información pública y que utilizó el juez federal para validar la constitucionalidad de los preceptos reclamados–, los artículos 13 y 14 de la Ley establecieron como criterio de clasificación el de “información reservada”.
El primero de los preceptos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda, entre otros casos: causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado.
Con un enfoque más preciso que descriptivo, el segundo artículo mencionado contiene un catálogo ya no genérico sino específico de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada, entre otros, el referente a las averiguaciones previas.
La ley citada enunció en su artículo 14, supuestos que si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.
Tal es el caso de las averiguaciones previas, las cuales se consideran “información reservada”, tanto desde una perspectiva genérica como desde un punto de vista específico. En cuanto al enfoque genérico, la fracción V del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, considera que debe clasificarse como información reservada aquella que pueda “causar un serio perjuicio […] a la persecución de delitos [y a] la impartición de justicia”; con un enfoque específico, la fracción III del artículo 14 de la Ley señala expresamente que las averiguaciones previas serán consideradas como información reservada.
En ese sentido, el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales –impugnado por el recurrente quejoso– establece que sólo tendrán acceso al expediente de averiguación previa determinados sujetos y todo lo que esté relacionado con ésta, es estrictamente reservado; previendo sanciones a los servidores públicos que quebranten dicha reserva o proporcionen copia de su contenido.
El Pleno de este Tribunal Constitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, justificó constitucionalmente la reserva de las averiguaciones previas –prevista en el artículo 5, fracción V, inciso c, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República–, al considerar que no era inconstitucional la facultad de la Procuraduría General de la República de abstenerse de entregar información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre que se pusieran en riesgo: a) investigaciones en curso y b) la seguridad de las personas.
A ese respecto, el Pleno consideró que dichos supuestos coinciden esencialmente con los previstos en las fracciones I y II del artículo 6 constitucional, los cuales admiten excepciones al acceso a la información pública para proteger el interés general o público o la vida privada y datos personales, situación que no hace más que confirmar la regla general aquí desarrollada.
Ciertamente, y en segundo lugar, es momento de comprobar si las restricciones al derecho de acceso a la información previstas en los numerales reclamados, cumplen con los requisitos materiales para considerarlas válidas. Esto es, debe analizarse si son necesarias, cuál es el interés o finalidad legítima que persiguen y si superan un test de proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto al primer requisito, consistente en la necesidad de la restricción al derecho humano o fundamental, es útil traer a colación lo sustentado por la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH en adelante) al respecto, en la medida en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo que sigue CIDH) al emitir la opinión consultiva OC-5/85, relativa a la Colegiación Obligatoria de Periodistas, solicitada por el Gobierno de Costa Rica, acudió a lo resuelto por aquélla con relación a la interpretación de tal requisito, siendo dicho criterio orientador para acotar la restricción al derecho humano que se analiza, de conformidad con el principio pro persona y en los términos de la tesis aislada P. LXVI/2011 (9a.)43, aplicada contrario sensu.
En el párrafo 46 de la referida opinión consultiva, la CIDH citó el caso The Sunday Times contra el Reino Unido, sentencia de 26 abril de 1979, serie A, número 30, párrafos números 59 y 62, de la CEDH, cuando dentro de los primeros pronunciamientos de ésta al respecto –si no es que el primero– fue con motivo del caso Handyside contra el Reino Unido –como incluso se reconoce en el primer precedente mencionado–, sentencia de siete de diciembre de mil novecientos setenta y seis, serie A, número 24, párrafo 48, en donde interpretó la frase del artículo 10. 244 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, relativa a que el derecho de acceso a la información puede ser sometido a ciertas restricciones previstas en la Ley que constituyan “medidas necesarias en una sociedad democrática” para, entre otros supuestos, prevenir el delito45.
Con base en el criterio del caso Handyside –reiterado en el diverso The Sunday Times– la CIDH en la opinión consultiva de mérito concluyó:
46. Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que "necesarias", sin ser sinónimo de "indispensables", implica la "existencia de una necesidad social imperiosa" y que para que una restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar que sea "útil", "razonable" u "oportuna". (Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36). Esta conclusión, que es igualmente aplicable a la Convención Americana, sugiere que la "necesidad" y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. (The Sunday Times case, supra, párr. no. 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26).
Siguiendo los estándares internacionales señalados, la restricción al derecho humano de acceso a la información pública debe justificarse en razón de la existencia de una “necesidad social imperiosa”46 que esté orientada a satisfacer el “interés público imperativo”47.
En el caso de los preceptos tildados de inconstitucionales, ¿cuál es la “necesidad social imperiosa” que justifica la restricción a dicho derecho? La respuesta a este cuestionamiento reside –nada más y nada menos– en el objetivo colectivo del Estado de prevenir, investigar, perseguir y castigar los delitos cometidos en la sociedad.
Cierto, en cualquier forma de organización estatal moderna la importancia de mantener el orden social, y en específico por lo que a las conductas criminales se refiere, es una condición de existencia de la vida e integridad física del ser humano, pues sin él no podrían desarrollarse éstas. A su vez también resulta ser una condición de posibilidad para ejercer los demás derechos humanos, en especial, la dignidad humana como fundamento de éstos. Precisamente para salvaguardar este valor superior, cuando se cometen acciones u omisiones contrarias a los bienes que la sociedad considera valiosos y dignos de tutela, es necesario que el Estado adopte medidas al respecto previendo como delitos tales conductas en las leyes penales.
En ese sentido, por regla general se encomienda a la autoridad estatal –no a los particulares– la prevención, investigación, persecución y castigo de tales conductas contrarias a los bienes que jurídicamente se consideran valiosos por la sociedad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 17, 21 y 102, apartado A, establece, en lo que importa al caso, los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva; la facultad del Ministerio Público de investigar los delitos y ejercer acción penal ante los tribunales, así como la organización de dicha autoridad, los requisitos para ser titular de la misma y las funciones que desempeña.
Dentro de las funciones que desempeña el Ministerio Público ciertamente adquiere una importancia mayúscula la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos, la solicitud de órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscando y presentando pruebas que acrediten su responsabilidad, además de pugnar porque los juicios se resuelvan de manera pronta y expedita, solicitando la aplicación de las penas a la autoridad judicial, entre otras.
En cuanto a dicha temática, el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis aislada P. LXIII/201048 sostuvo que el derecho de acceso a la justicia está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los delitos.
Precisó el Pleno que esa obligación de investigar y perseguir los actos delictuosos debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares afectados o de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales.
Ello es así, porque en el respeto a los derechos humanos, particularmente los relativos a la vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas.
Consecuentemente, la “necesidad social imperiosa” orientada a prevenir, investigar, perseguir y castigar los delitos cometidos en la sociedad por parte del Estado mexicano, a través del Ministerio Público, satisface un “interés público imperativo” que justifica la restricción al derecho de acceso a la información respecto a la clasificación de reservada de la contenida en las averiguaciones previas.
Pero, ¿en qué consiste ese “interés público imperativo” que justifica la restricción al invocado derecho humano y que además se exige como requisito material para considerarla válida?
El interés público o general es un concepto jurídico indeterminado49 pero determinable que ha sido motivo de pronunciamiento jurisprudencial por parte de esta Suprema Corte y que se identifica –principalmente– con los intereses de la colectividad.
La estimación del interés público debe ser determinada y acatada –al igual que la obligación prevista en el artículo 1, párrafo tercero, constitucional– por todas las autoridades del Estado mexicano, es decir, legislativas, ejecutivas y judiciales. En el caso de estas últimas, y de los jueces constitucionales en específico, particular relevancia adquiere cuando se dota de contenido dicho concepto en cada caso concreto puesto a su consideración.
La averiguación previa como procedimiento para la investigación y persecución de los delitos se ha considerado por esta Suprema Corte como una función de orden público que per se no transgrede derecho humano alguno, sino restringe éstos en aras de cumplir con aquella obligación constitucional ineludible encomendada a las autoridades50.
Así, el interés o finalidad legítima perseguida con la restricción al derecho de mérito a partir del establecimiento de los preceptos reclamados, responde al interés general o público que tiene la sociedad a través del Estado de investigar y perseguir los delitos. Por tal razón, el carácter de imperativo de este interés deviene evidente.
Además, otro interés o finalidad que debe tomarse en consideración es el relativo a la protección de la vida privada y datos personales de los individuos (artículo 6, fracción II, constitucional) que han sido objeto de una conducta antijurídica que requiere ser investigada, perseguida y sancionada.
En efecto, la razón de ser o propósito de la averiguación previa a la consignación a los tribunales, como un procedimiento en el que se realizan las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público resuelva si ejerce o no la acción penal (artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Penales), consiste en que dicha autoridad del Estado mexicano tiene la encomienda constitucional de investigar y perseguir los delitos y ser el representante social para tal efecto. Es decir, el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal.
La averiguación previa comprende desde el conocimiento de la notitia criminis (a través de la denuncia o querella respectiva) con la cual inicia propiamente dicho procedimiento, hasta la resolución del ejercicio de la acción penal (consignación) o, en su caso de no ejercicio (acuerdo de archivo, reserva o suspensión).
En tal procedimiento, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público cuenta con una serie de facultades y obligaciones para cumplir con el propósito constitucional de investigar y perseguir los delitos, además de solicitar la aplicación de las penas respectivas51.
Con base en lo anterior, esta Suprema Corte ha reconocido jurisprudencialmente que el Ministerio Público es el encargado del ejercicio de la acción penal, la cual tiene un carácter eminentemente público del que deriva su principal característica, la irrevocabilidad de la misma52.
Por lo antes señalado se concluye que en el caso también se satisface el requisito material para validar la restricción al derecho humano que se analiza, consistente en que con su establecimiento se persiga un interés o finalidad legítima que se justifica en los términos de los artículos 1, 17, 21 y 102, apartado A, de la Constitución y 30 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en los que se establecen las posibilidades de restricción de los derechos humanos, el derecho de acceso a la justicia, la facultad del Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos, solicitando la aplicación de las penas respectivas, buscando siempre el interés general de la sociedad y del Estado para el cual fue creada y establecida la restricción de mérito.
Ello es así, en la medida en que dentro de las posibilidades fácticas y normativas al alcance del legislador, la inclusión de dicha restricción –reserva de la información, documentación, objetos y cosas contenidas en las averiguaciones previas– para conseguir la referida finalidad –investigar, perseguir y solicitar se castiguen los delitos, así como proteger la vida privada y datos personales de los individuos que hayan sido objeto de éstos–, propende a cumplir con los referidos postulados constitucionales y convencionales.
Ahora, para justificar el interés o finalidad legítima perseguida con los preceptos reclamados, consistente en mantener el interés general o público y la protección de la vida privada y datos personales de los individuos que han sido objeto de un delito, desde la perspectiva de otro de los requisitos exigidos para ello, relativo a la razonabilidad de su plasmación legal, es útil –aunque no determinante para reconocer su validez, no obstante se trate de derechos humanos en los que el Tribunal Constitucional puede justificar su limitación o restricción aun en ausencia de razones en los casos de hechos notorios53 o que se aparte de las expresadas en la exposición respectiva54– acudir a los motivos que manifestó el legislador al implementar los preceptos normativos reclamados en aras de restringir el derecho de acceso a la información.
Para tal efecto, debe tenerse en consideración una cuestión metodológica previa, consistente en que por tratarse de un derecho humano, el escrutinio de los motivos o razones expuestos por el legislador para establecer restricciones a su ejercicio, será de carácter estricto o intenso, en virtud de que –se reitera– la existencia de más o menos motivos o razones para ello no trae como resultado, en automático, una declaración de invalidez55. Al respecto también son aplicables las jurisprudencias 1a./J. 84/200656 y P./J. 28/201157.
Es decir, se le exigirá al legislador ordinario una motivación reforzada de las razones que tuvo en cuenta para establecer la restricción al derecho humano de que se trata, en el caso, el derecho de acceso a la información pública. En tal sentido es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 120/200958.
El legislador al establecer en el Código Federal de Procedimientos Penales que la información contenida en la averiguación previa –todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados– es estrictamente reservada, buscó complementar la obligatoriedad de secrecía en los procesos penales –en razón del interés público que reside en ellos–, garantizando que sólo los interesados o las partes en el proceso tengan acceso al contenido de las actuaciones procesales, salvaguardando, como agregado, toda la información, documentos, objetos y cosas que estén relacionadas con el proceso; además previó la obligación del Ministerio Público de no dar ninguna información una vez que se haya ejercitado la acción penal59.
Adicionalmente, estableció la seguridad de la reserva de información en los casos del derecho a la información pública, en donde únicamente se podrá proporcionar en los supuestos de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, y con las condicionantes de tiempo en relación a los plazos de la prescripción de los delitos60.
Asimismo, estableció sanciones administrativas o penales a los servidores públicos que quebranten la reserva de información en la indagatoria61.
En el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la primera de las tres iniciativas que conforman la exposición de motivos que la originaron, se aludió a que “[l]as excepciones o restricciones al ejercicio del derecho, se definen bajo la premisa de que existe información cuyo acceso puede ser limitado, pero siempre para beneficio de la ciudadanía y no para su perjuicio”. Además, se hizo referencia al principio de ámbito limitado de las excepciones a dicho derecho, estableciéndolas con claridad y en forma restringida en la ley, justificando la denegación de información cuando el perjuicio que cause la revelación sea mayor que el interés público en divulgar la información62.
En la segunda iniciativa presentada al respecto63, se señaló con relación a las restricciones y limitaciones al derecho de acceso a la información, lo siguiente:
Un tercer principio de la Ley corresponde a la delimitación de la información reservada o confidencial. En efecto, el derecho de acceso a la información, como todo derecho, encuentra algunos límites. Sin embargo, éstos no pueden ser discrecionales, sino que deben estar señalados de manera expresa y específica en la Ley.
Para la elaboración del catálogo de materias reservadas se tomó en cuenta con especial cuidado la experiencia internacional. Es posible afirmar que, en todos los casos, las excepciones previstas en la Ley corresponden a los estándares internacionales comúnmente aceptados en la materia y están siempre justificados por un equilibrio entre el derecho a la información y la protección del interés público.
Adicionalmente, debe hacerse notar que, en el caso de los supuestos de reserva que se establecen en la iniciativa, no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, por ejemplo seguridad nacional o seguridad pública, sino que es necesario además que exista un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente la conducta de una de las funciones del Estado o bien poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona.
Por otro lado, es necesario reconocer que algunos de los conceptos de reserva pueden prestarse a una interpretación amplia. Tal es el caso, por ejemplo, de los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional. Al respecto es pertinente advertir que, por un lado, no existe ninguna definición universalmente aceptada, lo que existen son criterios generales en el ámbito del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional, sobre los cuales se lleva a cabo cualquier interpretación, especialmente la que realiza el órgano encargado de aplicar la Ley. Por otro lado, y este es un punto central, estos conceptos no se aplican en el vacío jurídico y por ello en su interpretación deberá considerarse la legislación vigente en la materia, que permite darles un contenido determinado. Sin embargo, para dar mayor seguridad jurídica a los particulares y orientar la interpretación el concepto de seguridad nacional se incluyó una definición que incorpora los criterios generalmente aceptados en la materia.
Otro aspecto que debe señalarse en materia de información reservada es que la Ley reconoce como confidencial a toda aquella información que una legislación específica considere como tal. Con ello se pretendió no caer en el error de intentar derogar de una sola vez todas las disposiciones vigentes en la materia, sino permitir que la autoridad legislativa, caso por caso, pueda examinar y valorar la existencia de intereses legítimos que sean lo suficientemente importantes como para limitar el acceso a cierta información.
La reserva de información que plantea la Ley no supone un valor absoluto. Por ello, se establece con toda claridad que el periodo de reserva podrá ser hasta de 20 años, y sólo susceptible de ampliarse en casos excepcionales debidamente justificados. Esto quiere decir que los órganos competentes podrán clasificar la información por un periodo razonable para salvaguardar el interés protegido, pero que una vez agotado este periodo de reserva, o bien las causas que le dieron origen, la información será desclasificada y pasará al dominio público.
Adicionalmente, la información reservada deberá ser clasificada y custodiada de manera tal que se garantice su conservación y se impida su destrucción.
En otras palabras, la información reservada tiene un estatus especial en un doble sentido. Si bien por un lado se reserva del dominio público por un tiempo determinado, por otro se asegura su conservación bajo un régimen especial. Con ello se garantiza de nuevo el equilibrio entre ciertos intereses legítimos del Estado y el derecho a la información.
Como último principio, y como parte del objeto de la Ley, se señala la protección de datos personales. Existe una clara relación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, no porque se trate forzosamente de dos realidades contrapuestas, sino porque la regulación de ambas debe ser complementaria. En efecto, la publicidad de la información debe respetar el derecho de privacidad que corresponde a los datos personales de cualquier individuo. Para lograr la correcta armonía entre uno y otro derecho, deben especificarse lo más posible sus alcances.
(Énfasis y subrayado añadidos)
Finalmente, en la última iniciativa formulada también se mencionó lo relativo a la información reservada64, estableciendo restricciones de acceso en contenido y tiempo, considerando como tal, entre otros supuestos, la relacionada con la procuración de justicia en la persecución de algún delito. Sumado a que los tiempos de clasificación de la información no deberían de exceder de diez años, pudiendo en cualquier caso ampliarse el periodo cuando así lo amerite el caso.
Dentro del proceso legislativo de la ley señalada, también debe tomarse en consideración el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados65, en donde se tuvieron en cuenta las propuestas de las tres iniciativas mencionadas y respecto a la estructura de la ley se manifestó lo siguiente:
Recapitulando lo expuesto, en síntesis, los motivos manifestados por el legislador para establecer la restricción contenida en los preceptos reclamados son:

References: artículo 6
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 1
 resolución