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Timestamp: 2017-07-23 20:35:54+00:00

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TÍTULO PRELIMINAR .............................................................................................
DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES ....................................................
De los españoles y los extranjeros............................................
Derechos y libertades................................................................
Sec. 1.ª
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas ...
Sec. 2.ª
De los derechos y deberes de los ciudadanos .........................
De los principios rectores de la política social y económica .....
De la suspensión de los derechos y libertades ........................
DE LA CORONA........................................................................................................................
DE LAS CORTES GENERALES ............................................................................................
De las Cámaras .........................................................................
De la elaboración de las leyes ...................................................
De los Tratados Internacionales ................................................
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN ..................................................................
DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES............
DEL PODER JUDICIAL ...........................................................................................................
ECONOMÍA Y HACIENDA ......................................................................................................
TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ....................................................................... 37
Cap. I. Principios generales .......................................................................... 37
Cap. II. De la Administración Local ............................................................... 38
Cap. III. De las Comunidades Autónomas ........................................................ 38
TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ........................................................................................................... 46
TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL ................................................................................................ 48
DISPOSICIONES ADICIONALES ........................................................................................................................................ 48
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ...................................................................................................................................... 49
DISPOSICIÓN DEROGATORIA .......................................................................................................................................... 51
DISPOSICIÓN FINAL ............................................................................................................................................................ 51
DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, ATODOS LOS QUE LA PRESEN­TE VIEREN Y ENTENDIEREN,
SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATI­FICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la inte­gran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Consti­tución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradicio­nes, lenguas e instituciones.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacífi­cas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamien­to jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La forma política del Estado español es la Monarquía parla­mentaria.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalida­des y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y pro­tección.
La bandera de España está formada por tres franjas horizonta­les, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bande­ra de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
La capital del Estado es la villa de Madrid. Artículo 6.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instru­mento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitu­ción y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la sobe­ranía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Cons­titución y al resto del ordenamiento jurídico.
Corresponde a los poderes públicos promover las condicio­nes para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las dis­posiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdic­ción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de confor­midad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tra­tados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratifica­dos por España.
Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionali­dad.
El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recí­proco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionali­dad de origen.
Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Artículo 13.
Solamente los españoles serán titulares de los derechos reco­nocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reci­procidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un trata­do o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Artículo 15.
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tra­tos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiem­pos de guerra.
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifesta­ciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, reli­gión o creencias.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públi­cos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estric­tamente necesario para la realización de las averiguaciones tenden­tes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
Toda persona detenida debe ser informada de forma inmedia­ta, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razo­nes de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garanti­za la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejerci­cio de sus derechos.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limita­do por motivos políticos o ideológicos.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y téc­nica.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cual­quier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, graba­ciones y otros medios de información en virtud de resolución judi­cial.
En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de altera­ción del orden público, con peligro para personas o bienes.
Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipifica­dos como delito son ilegales.
Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo debe­rán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter para­militar.
Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igual­dad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intere­ses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefen­sión.
Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeter­minado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omi­siones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de pri­sión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fun­damentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expre­samente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguri­dad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Adminis­tración civil y de las organizaciones profesionales.
Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la liber­tad de enseñanza.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la per­sonalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la edu­cación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos interven­drán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley esta­blezca.
Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el siste­ma educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institu­tos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindica­tos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindica­tos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este dere­cho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimien­to de los servicios esenciales de la comunidad.
La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regu­lará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudien­do imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimo­niales de carácter público con arreglo a la ley.
Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apar­tados 2 y 4 del artículo 22.
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a tra­vés del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacer­se discriminación por razón de sexo.
Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan estable­cer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
De los principios rectores de la política social y económica Artículo 39.
Los poderes públicos aseguran la protección social, económi­ca y jurídica de la familia.
Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección inte­gral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesa­rio, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones perió­dicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguri­dad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los dere­chos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pú­blica a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente ade­cuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conser­varlo.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la cali­dad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la partici­pación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Los poderes públicos realizaran una política de previsión, trata­miento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sen­soriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecua­das y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específi­cos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumi­dores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mis­mos.
Los poderes públicos promoverán la información y la educa­ción de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de pro­ductos comerciales.
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, aparta­do 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los tér­minos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de decla­ración de estado de excepción.
Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendi­dos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como viola­ción de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y perma­nencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las institucio­nes, asume la más alta representación del Estado español en las rela­ciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresa­mente la Constitución y las leyes.
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabi­lidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.
1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía históri‑
ca. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las pos­teriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se pro­duzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Coro­na por sí y sus descendientes.
Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolve­rán por una ley orgánica.
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir fun­ciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suce­der en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Coro­na, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcan­ce la mayoría de edad.
Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regen­cia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre; mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los car­gos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciu­dadanos y de las Comunidades Autónomas.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar eleccio­nes en los términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Consti­tución.
d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos pre­vistos en la Constitución.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distin­ciones con arreglo a las leyes.
El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acre­ditados ante él.
Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de confor­midad con la Constitución y las leyes.
Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Genera­les, declarar la guerra y hacer la paz.
El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad glo­bal para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libre­mente la misma.
Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Esta­do, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamen­te, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convoca­toria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, direc­to y secreto, en los términos que establezca la ley.
La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribu­yendo los demás en proporción a la población.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebra­ción de las elecciones.
En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efec­tos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menor­ca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
Las Comunidades Autónomas designarán además un Sena­dor y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territo­rio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mis­mas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordina­rios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segun­do, de febrero a junio.
Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayo­ría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artícu­los 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Con­greso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras con­juntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vin­culantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judicia­les, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comuni­cado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumpli­miento de esta obligación.
Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colecti­vas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compues­ta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los gru­pos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presi­dente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputacio­nes Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la consti­tución de las nuevas Cortes Generales.
Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanen­te dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuer­do en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgáni­cas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potes­tad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos lega­les en uno solo.
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeter­minado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades dis­tintas del propio Gobierno.
Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcan­ce de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicio­nales de control.
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y liberta­des de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convo­cado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o dero­gación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solici­tar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogati­va de gracia.
Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de moti­vos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los pro­yectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los tér­minos regulados por el artículo 87.
Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Con­greso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Consti­tución.
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de trata­dos por los que se atribuya a una organización o institución interna­cional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resolu­ciones emanadas de los organismos internacionales o supranaciona­les titulares de la cesión.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o deroga­ción de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
La celebración de un tratado internacional que contenga esti­pulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tri­bunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradic­ción.
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamien­to interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modifica­das o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresiden­tes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que esta­blezca la ley.
El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las fun­ciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la compe­tencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cual­quier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miem­bros del Gobierno.
Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confian­za para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la con­fianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miem­bros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal delTribunal Supremo.
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con someti­miento pleno a la ley y al Derecho.
La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindica­ción, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la impar­cialidad en el ejercicio de sus funciones.
Una ley orgánica determinará las funciones, principios bási­cos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el proce­dimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros admi­nistrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Esta­do, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del inte­resado.
Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legali­dad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
Los particulares, en los términos establecidos por la ley, ten­drán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cual­quiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobier­no. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cues­tión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de polí­tica general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcu­rran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presenta­rá su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos pre­vistos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.
No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, aparta­do 5.
Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excep­ción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser pro­rrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autoriza­ción del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efec­tos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobier­no. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y con­diciones.
No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presen­te artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán inte­rrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere algu­na de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, inde‑
pendientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendi­dos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proce­sos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusiva­mente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas esta­blezcan.
El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organiza­ción y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requeri­da por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Los daños causados por error judicial, así como los que sean con­secuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justi­cia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, confor­me a la Ley.
La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que forma­rán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
El Consejo General del poder judicial es el órgano de gobier­no del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particu­lar en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miem­bros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, ele­gidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competen­cia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispues­to en materia de garantías constitucionales.
El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomenda­das a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justi­cia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órga­nos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legali­dad e imparcialidad.
El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a pro­puesta del Gobierno, oído el Consejo General del poder judicial.
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determi­ne, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descu­brimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sis­tema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magis­trados y Fiscales.
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total indepen­dencia de los mismos.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acor­dar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
La ley establecerá las formas de participación de los interesa­dos en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públi­cos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bie­nestar general.
Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También estable­cerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la pro­piedad de los medios de producción.
Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarro­llo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultu­ra, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económi­ca general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comu­nidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindi­catos y otras organizaciones profesionales, empresariales y econó­micas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.
La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalie­nabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desa­fectación.
Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar terri­torial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
La potestad originaria para establecer los tributos correspon­de exclusivamente al Estado, mediante ley.
Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado debe­rá establecerse en virtud de ley.
Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligacio­nes financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.
Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector públi­co estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fisca­les que afecten a los tributos del Estado.
El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputa­dos los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáti­camente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobier­no podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modifi­carlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Una ley orgánica regulará la composición, organización y fun­ciones del Tribunal de Cuentas.
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas enti­dades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
El Estado garantiza la realización efectiva del principio de soli­daridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunida­des Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios eco­nómicos o sociales.
Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligacio­nes en cualquier parte del territorio del Estado.
Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indi­rectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administra­ción corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, direc­to y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las con­diciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división terri­torial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
En los archipiélagos, las islas tendrán además su administra­ción propia en forma de Cabildos o Consejos.
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corpo­raciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos pro­pios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autó­nomas.
En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con caracterís­ticas históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autóno­mas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Esta­tutos.
La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y
a las dos terceras partes de los municipios cuya población represen­te, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Cor­poraciones locales interesadas.
3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reite­rarse pasados cinco años.
a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuan­do su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y térmi­nos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mis­mas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunica­ción a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la auto­rización de las Cortes Generales.
El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compues­ta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las pro­vincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatu­tos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autóno­ma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios corres­pondientes a las mismas.
1.o Organización de sus instituciones de autogobierno.
2.o Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
3.o Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4.o Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
6.o Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7.o La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8.o Los montes y aprovechamientos forestales.
9.o La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10.o Los proyectos, construcción y explotación de los aprovecha­mientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11.o La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12.o Ferias interiores.
13.o El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autó­noma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
14.o La artesanía.
15.o Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
16.o Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autó­noma.
17.o El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18.o Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territo­rial.
19.o Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20.o Asistencia social.
21.o Sanidad e higiene.
22.o La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Esta­tutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.
2.o Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.o Relaciones internacionales. 4.o Defensa y Fuerzas Armadas. 5.o Administración de Justicia. 6.o Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación pro‑
cesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7.o Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órga­nos de las Comunidades Autónomas.
8.o Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modifica­ción y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, rela­ciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordena­ción de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligacio­nes contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este últi­mo caso, a las normas de derecho foral o especial.
9.o Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10.o Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.o Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.
12.o Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13.o Bases y coordinación de la planificación general de la activi­dad económica.
14.o Hacienda general y Deuda del Estado.
15.o Fomento y coordinación general de la investigación científi­ca y técnica.
16.o Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sani­dad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
17.o Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comuni­dades Autónomas.
18.o Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunida­des Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19.o Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20.o Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuer­tos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transpor­te aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
22.o La legislación, ordenación y concesión de recursos y apro­vechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
23.o Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24.o Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
25.o Bases del régimen minero y energético.
26.o Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27.o Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
28.o Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
29.o Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de crea­ción de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que dispon­ga una ley orgánica.
30.o Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homo­logación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumpli­miento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
31.o Estadística para fines estatales.
32.o Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cul­tura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunida­des Autónomas.
El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autó­nomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a mate­ria de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean suscepti­bles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corres­ponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provin­cias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electo­ral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante refe­réndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.
En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedi­miento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:
1.o El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territo­rial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente pro­yecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
2.o Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parla­mentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para deter­minar de común acuerdo su formulación definitiva.
3.o Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será some­tido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendi­das en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
4.o Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos validamente emitidos, será elevado a las Cor‑
tes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo san­cionará y lo promulgará como ley.
5.o De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2.º de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyec­to de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias com­prendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.
En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refie­re el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegu­re, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nom­brado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Con­sejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judi­cial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Esta­tutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organiza­ción de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de con­formidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y den­tro de la unidad e independencia de éste.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas ins­tancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.
Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatu­tos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatu­tos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autó­nomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionali­dad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la admi­nistración autónoma y sus normas reglamentarias.
Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina­rá, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la pro­tección del mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado ante­rior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financie­ra para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidari­dad entre todos los españoles.
Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liqui­dación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán consti­tuidos por:
a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recar­gos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territo‑
rio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.
En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volu­men de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públi­cos fundamentales en todo el territorio español.
Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterrito­riales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comu­nidades Autónomas y provincias, en su caso.
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nom­brados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nom­brados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, fun­cionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos polí­ticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán independien­tes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territo­rio español y es competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposicio­nes normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionali­dad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la juris­prudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y liberta­des referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comu­nidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presi­dente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Sena­dores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autó­nomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el bole­tín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigen­cia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitu­cional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aproba­dos por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayo­ría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sec­ción 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del prin­cipio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Auto­nomía.
La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de
esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.
En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgáni­ca del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
En los territorios dotados de un régimen provisional de autono­mía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciati­va que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Pro­vinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.
Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativa­mente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superio­res, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elabo­rado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.
La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corpora­ciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del ar­tículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la cele­bración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.
1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Con­sejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la ini­ciativa corresponde al Organo Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la vali­dez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Organo Foral competente sea ratificada por referéndum expresamen­te convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos validos emitidos.
2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral compe­tente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunida­des Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miem­bros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgáni­ca, en los términos previstos en el artículo 144.
Cuando se remitieran a la Comisión de Constitución del Congreso varios proyectos de estatuto, se dictaminarán por el orden de entra­da en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del pro­yecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.
a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatu­tos de autonomía aprobados conforme a esta Constitución.
b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el ar­tículo 143.
c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le recono­ce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asu­mirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y compe­tencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.
A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulga­ción de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada pro­mulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.
Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumi­rá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el ar­tículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo esta­blecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.
En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el ar­tículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las nor­mas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará direc­tamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1
del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.
A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional, se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos desig­nados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del poder judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos gru­pos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.
En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se con­sidera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opon­gan a lo establecido en esta Constitución.
Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará tam­bién en las demás lenguas de España.
MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORI­DADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.
EL PRESIDENTE EL PRESIDENTE DEL CONGRESO EL PRESIDENTE
DE LAS CORTES DE LOS DIPUTADOS DEL SENADO
Antonio Fernando Antonio
Hernández Gil Álvarez de Miranda y Torres Fontán Pérez

References: Artículo 6
 Artículo 13
 artículo 23
 Artículo 15
 resolución 
 artículo 22
 Artículo 39
 artículo 14
 artículo 30
 artículo 37
 artículo 17
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 73
 artículo 87
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 143
 artículo 149
 artículo 27
 artículo 148
 artículo 143
 artículo 123
 artículo 53
 artículo 12
 artículo 143
 artículo 148
 artículo 151
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 144
 artículo 151
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 101
 artículo 70
 artículo 69
 artículo 159