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Timestamp: 2018-06-23 00:19:03+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1995-5542
Documento BOE-A-1995-5542
«BOE» núm. 52, de 2 de marzo de 1995, páginas 7237 a 7246 (10 págs.)
c) Elevar al Ministro de Justicia e interior las propuestas de autorización de permanencia acordadas en el ámbito del artículo 17.2, sobre efectos de la resolución denegatoria, de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
d) Proponer la documentación que se expedirá a los solicitantes de asilo, a los refugiados reconocidos y a aquellos a quienes se autorice a permanecer en España por razones humanitarias o de interés público conforme al artículo 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, sobre efectos de la resolución denegatoria.
h) Proponer al Ministro de Justicia e Interior, cuando proceda, la aplicación del régimen de desplazados previsto en el apartado 6 de la disposición adicional primera del presente Reglamento.
g) Someter a dicha Comisión las propuestas de autorización de permanencia previstas en el artículo 17.2, sobre efectos de la resolución denegatoria, de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en el marco del procedimiento de inadmisión a trámite, como previsto en el apartado 3.c) del artículo 2.
1. Los solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud, y siempre que carezcan de medios económicos, podrán beneficiarse de servicios sociales, educativos y sanitarios prestados por las Administraciones públicas competentes, dentro de sus medios y disponibilidades presupuestarias.
3. Las solicitudes formuladas por familias monoparentales, ancianos, minusválidos y otros grupos vulnerables de población serán consideradas conforme a las directrices contenidas en las recomendaciones internacionales que se ocupan de homologar el tratamiento a estos grupos de población desplazada o refugiada. Estos colectivos podrán ser asistidos desde el momento de la presentación de la solicitud en los términos previstos en la normativa estatal o autonómica.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, al inadmitir a trámite una solicitud de asilo en frontera, el Ministro de Justicia e Interior, en aplicación del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, podrá autorizar la entrada del extranjero y su permanencia en territorio español por un período no inferior a seis meses.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el solicitante de asilo inadmitido reuniera los requisitos necesarios para permanecer en España con arreglo a la legislación general de extranjería, o si se considerara que existen razones humanitarias o de interés público conforme al artículo 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, el Ministro de Justicia e Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar la permanencia en España del solicitante, en los términos previstos en el artículo 31.3 del presente Reglamento, por un período no inferior a seis meses.
Si el refugiado careciese de trabajo o medios económicos para atender a sus necesidades y a las de su familia, podrá beneficiarse de lo previsto en el artículo 15 de este Reglamento y de los programas generales o especiales que se establezcan con la finalidad de facilitar su integración.
3. Cuando por razones humanitarias o de interés público se justifique la autorización de permanencia en España del solicitante, la denegación de asilo irá acompañada de un acuerdo en este sentido conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. La resolución denegatoria de asilo deberá especificar el estatuto que se acuerde otorgar conforme a la normativa vigente de extranjería, que será propuesto por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio al Ministro de Justicia e Interior.
Asimismo, podrá recomendar su acogida al estatuto de desplazado conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.
1. El Gobierno, por razones humanitarias o a consecuencia de un acuerdo o compromiso internacional, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá acoger en España grupos de personas desplazadas que, a consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país de origen o no puedan permanecer en el mismo. Se les dispensará protección en los términos de la presente disposición adicional hasta tanto se resuelva el conflicto, o existan condiciones favorables al retorno, o voluntariamente decidan trasladarse a un tercer país.
2. La operación de acogida se coordinará por los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior y de Asuntos Sociales, pudiendo solicitarse la colaboración de cualquier otro Departamento, así como de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales interesadas. Para la gestión en territorio nacional de las citadas operaciones se podrá solicitar la participación del resto de las Administraciones públicas.
3. Los desplazados a que se refiere esta disposición adicional podrán beneficiarse de los programas de acogida e integración previstos para los refugiados en los términos acordados por la CIAR. En todo caso, tendrán derecho a los beneficios sociales previstos en los artículos 15 y 30 del presente Reglamento.
4. Serán documentados por permisos de residencia, renovables anualmente, previo informe de la CIAR, que valorará periódicamente si existen condiciones favorables al retorno de los interesados en los términos del artículo 37.2 y 3 del presente Reglamento. Si transcurridos tres años desde la entrada en España no se hubiera modificado la situación que originó la huida del país de origen, podrá extenderse la validez de los permisos de residencia por períodos más amplios, según se determine en función de las previsiones de resolución del conflicto. La autoridad competente podrá autorizar a trabajar a los titulares de estos permisos de residencia según lo previsto en la normativa de extranjería.
5. Los desplazados tendrán derecho a la protección indicada en el artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados durante el tiempo que mantengan esta situación. Asimismo, cualquier persona miembro de un grupo al que se haya autorizado a residir en España bajo un programa para desplazados podrá, en su calidad de extranjero, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo, que desarrolla el presente Reglamento.
6. Cuando el Ministro de Justicia e Interior, no obstante haber denegado o inadmitido a trámite una solicitud de asilo, haya autorizado, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo, la permanencia en España del extranjero por proceder de una zona que se halle en situación de conflicto o disturbio grave de carácter político, étnico o religioso, se aplicará al interesado la regulación prevista en la presente disposición adicional.
1. Cuando, a consecuencia de un conflicto o disturbio grave de carácter político, étnico o religioso, se acerquen a las fronteras españolas o entren en territorio español un número de personas ante el que las previsiones de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo, y las del presente Reglamento resultarán insuficientes, los servicios de protección civil del Ministerio de Justicia e Interior coordinarán las a actuaciones necesarias para atender sus necesidades humanas inmediatas, en especial alimentación, alojamiento y atención médica.
2. Transcurrida la fase de emergencia, la Oficina de Asilo y Refugio, en cooperación con protección civil y las instituciones públicas y privadas que estime pertinentes, efectuará la inscripción de los afectados y evaluará la situación del colectivo en función de las circunstancias personales de sus componentes.
3. El informe que resulte de esta valoración irá acompañado de propuestas en el marco de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo, y será sometido por el titular de la Oficina de Asilo y Refugio a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio para su análisis y aprobación.
4. La propuesta final que resulte de estas actuaciones podrá contener medidas a corto, medio o largo plazo referentes al colectivo en cuestión, y se elevará al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia e Interior, que adoptará la decisión que estime oportuna.
Fecha de disposición: 10/02/1995
Fecha de publicación: 02/03/1995
Entrada en vigor: 3 de marzo de 1995.
SE MODIFICA los arts. 2, 3, 15, 22, 23, 30 y 31, por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-323).
SE DEROGA las disposiciones adicionales 1 y 2 y se modifican los arts. 2.3, 3, 22.2, 23.2 y 31, por Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2003-19714).
los arts. 2 y 3, por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2001-14166).
los arts. 2.3.c) y d), 3.g) y 31.3, por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2001-14165).
SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el Estatuto básico de los centros de acogida de refugiados del IMSERSO: Resolución de 6 de julio de 1998 (Ref. BOE-A-1998-19104).
DEROGA Reglamento aprobado por Real Decreto 511/1985, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-1985-6293).
DESARROLLA la Ley 5/1984, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-1984-7250).
Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre (Ref. BOE-A-1991-25972).

References: artículo 17
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 31
 artículo 15
 artículo 17
 resolución 
 artículo 37
 resolución 
 artículo 33
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 

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