Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4829
Timestamp: 2020-01-28 20:11:47+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 54/2003
SENTENCIA 54/2003, de 24 de marzo
ECLI:ES:TC:2003:54
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 11 de febrero de 2000, don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad Teresa Aranda Comunicaciones, S.A. (TACSA), interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
2. En la demanda de amparo se recoge la relación de antecedentes fácticos que, a continuación, sucintamente, se extracta:
a) Por mal aparcamiento de un vehículo del que es titular la entidad demandante de amparo se emitió una notificación de denuncia para que identificase a su conductor. El requerimiento de identificación se efectuó por correo certificado con acuse de recibo los días 15 de enero, por primera vez, y 23 de enero, por segunda vez, de 1998 en la calle Puerto Rico, núm. 2 (Madrid), con el resultado de ser desconocida en dicho domicilio la recurrente en amparo. Seguidamente se notificó por edictos publicados en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" núm. 50, de 28 de febrero de 1998.
b) En fecha 27 de marzo de 1998 se incoó a la demandante de amparo expediente sancionador por multa de 50.000 pesetas por la falta de identificación del conductor, notificándose por igual conducto en el domicilio anteriormente indicado y con el mismo resultado, procediéndose seguidamente a su notificación por edictos publicados en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" núm. 119, de 21 de mayo de 1998.
c) El día 12 de junio de 1998 se dictó la resolución sancionadora, que se intentó notificar los días 2 y 30 de junio por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio ya mencionado y con idéntico resultado, procediéndose seguidamente a su notificación por edictos publicados en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" núm. 181, de 1 de agosto de 1998.
d) Doña Teresa Aranda, Administradora única de la entidad demandante de amparo, tuvo conocimiento a finales de mayo de 1999, al recoger la correspondencia en el buzón de su domicilio particular de la calle Carandolet, 10, B (Madrid), de un requerimiento de pago de siete multas de tráfico en vía ejecutiva dirigido a la entidad recurrente en amparo.
e) El día 2 de junio de 1999 el Letrado de la entidad recurrente en amparo compareció ante el departamento de multas del Área de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Madrid solicitando la vista del expediente, lo que se le denegó en ese momento y se pospuso hasta el día 20 de junio de 1999.
f) Doña Teresa Aranda, mediante escrito presentado en el Excmo. Ayuntamiento de Madrid el día 15 de junio de 1999, facultó a don José Jiménez Díaz para que se personase en dicho Ayuntamiento, al objeto de que le facilitasen los acuses de recibo de las multas que se le reclamaban a la entidad demandante de amparo.
g) Al objeto de evitar que transcurriera el plazo de interposición del recurso, y sin tener conocimiento del expediente sancionador, la entidad demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución dictada por el Concejal Delegado del Área de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, como delegado del Alcalde, en el expediente sancionador 70558932-8, por la que se le impuso una multa de 45.000 pesetas por incumplir el deber de identificar al conductor del vehículo.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la vulneración del derecho a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE) como consecuencia de la falta de información sobre la acusación formulada, lo que coloca al ciudadano en una evidente situación de indefensión en el expediente administrativo sancionador, así como la del derecho a ejercitar el recurso contencioso- administrativo que la Ley otorga a quien ha sido sancionado por un acto administrativo.
a) En este sentido se aduce, en primer término, que la entidad demandante de amparo tuvo un primer domicilio social, fijado en la escritura de constitución en la calle Puerto Rico núm. 2 (Madrid), donde se dirigieron las notificaciones referidas para identificar al conductor del vehículo infractor, la incoación del expediente sancionador por falta de identificación de dicho conductor y la resolución sancionadora recaída finalmente en el expediente.
b) Hasta el momento en que fue requerida de pago en vía ejecutiva, a la entidad demandante de amparo no se le había notificado la denuncia y con ella el requerimiento de identificación del conductor infractor, de modo que, si desconocía que se la requería para identificar al conductor, difícilmente podía cumplir con esa obligación legal. Tampoco se le notificó a la sociedad y a su administradora única la incoación del expediente sancionador, la propuesta de sanción, el plazo para formular alegaciones y proponer prueba, ni, en fin, la resolución sancionadora recaída en el expediente.
c) La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo aquí recurrida admite expresamente que las notificaciones relativas a la identificación de conductor infractor y al expediente sancionador se realizaron en el anterior domicilio social de la entidad recurrente en amparo. De lo que se infiere que estima nulas tales notificaciones, porque el Ayuntamiento conocía su actual domicilio social y el de su administradora. No obstante rechaza la tutela solicitada al entender que la entidad sancionada "se personó en el expediente administrativo" y que de esta forma sanó las nulidades que pudiera haber, ya que "al realizar un acto que supone conocimiento de las anteriores resoluciones hay que entender que se dan por notificadas y convalidadas esas notificaciones defectuosas".
Así pues, y frente lo que se afirma en la Sentencia, la demandante de amparo no se ha dado por notificada respecto al decreto sancionador, sino que alega todo lo contrario, es decir, que al no haberse notificado debidamente ese acto y los anteriores existe nulidad con evidente indefensión. Tampoco es válido el argumento de que al interponer el recurso contencioso- administrativo contra la resolución sancionadora "se está dando por notificada y dando virtualmente eficacia a la notificación interdictal". Esta afirmación es una tautología, ya que si no se recurre el acto sancionador se ejecuta la multa impuesta, y si se recurre el órgano judicial estima que con la interposición del recurso se ha sanado la nulidad de origen.
4. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de octubre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que tuvieran por pertinentes, con las aportaciones documentales que procediesen, en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo [art. 50.1 c) LOTC].
La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de junio de 2002, acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 22 de Madrid y por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal, con vista de las actuaciones recibidas, un nuevo plazo de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que tuviesen por conveniente en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo [art. 50.1 c) LOTC].
5. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de diciembre de 2002, acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de diez días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que tuvieran por conveniente sobre la suspensión solicitada.
6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 30 de enero de 2003, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador de los Tribunales don Luis Fernando Granados Bravo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, y se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, pudieran presentar las alegaciones que tuviesen por convenientes.
7. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 20 de febrero de 2003, en el que interesó la estimación de la demanda de amparo, con base en la argumentación que, a continuación, seguidamente se extracta:
8. La representación procesal de la entidad recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 21 de febrero de 2003, en el que reiteró, sucintamente, y dio por reproducidas las efectuadas en el escrito de demanda.
9. La representación procesal del Excmo. Ayuntamiento de Madrid evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 26 de febrero de 2003, en el que interesó la desestimación de la demanda de amparo por no concurrir ninguna vulneración de la Ley Fundamental, en virtud de los propios fundamentos de Derecho que se desprenden de la Sentencia recurrida y que se dan por reproducidos.
10. Por providencia de 20 de marzo de 2003, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 24 de marzo siguiente.
1. La presente demanda de amparo se dirige formalmente contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid, de 17 de enero de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad recurrente en amparo contra la resolución dictada por el Concejal del Área del Ayuntamiento de Madrid, por delegación del Alcalde, en el expediente administrativo sancionador núm. 70558932-8, en la que se le impuso una multa de 45.000 pesetas por incumplir el deber de identificar al conductor de un vehículo infractor propiedad de la solicitante de amparo.
2. La entidad demandante de amparo considera que han resultado vulnerados sus derechos a ser informada de la acusación y a la defensa (art. 24.2 CE), al no haber sido emplazada personalmente, sino mediante edictos, en el procedimiento administrativo sancionador, a pesar de que su actual domicilio social figura en el Registro Mercantil y de que era conocido por el Ayuntamiento de Madrid, como pone de relieve que se dirigiera a dicho domicilio la providencia de apremio, momento en el que por vez primera tuvo conocimiento, a través de su administradora única, del expediente sancionador que le había sido incoado. Sostiene que tal actuación administrativa le ha colocado en una evidente situación de indefensión, al impedirle cumplir la obligación legal de identificar al conductor del vehículo infractor, conocer el expediente sancionador instruido como consecuencia del incumplimiento de la mencionada obligación y formular alegaciones y proponer prueba en el mismo.
3. Una adecuada respuesta a la queja expuesta por la entidad demandante de amparo ha de partir de la reiterada doctrina de este Tribunal, desde la STC 18/1981, de 8 de junio (FJ 2), que ha declarado, no sólo la aplicabilidad a las sanciones administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE, considerando que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, sino que también ha proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE, no mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto. Ello, como se ha afirmado en la STC 120/1996, de 8 de julio (FJ 5), "constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad sancionadora de la Administración en el Estado social y democrático de Derecho".
4. La aplicación de la doctrina constitucional expuesta ha de conducir en este caso, como sostiene el Ministerio Fiscal, al otorgamiento del amparo solicitado.
1º Declarar vulnerados los derechos de la recurrente a la defensa y a ser informada de la acusación (art. 24.2 CE).
2º Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la Resolución dictada por el Delegado del Área de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, por delegación del Alcalde, en el expediente sancionador núm. 70558932-8, así como la de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid, de 17 de enero de 2000, recaída en el procedimiento abreviado núm. 15/99.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 727-2000
Fecha de resolución 24/03/2003
Promovido por Teresa Aranda Comunicaciones, S.A., frente a la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimó su demanda contra el Ayuntamiento sobre multa por no identificar al conductor de un vehículo mal aparcado
La Administración, al no emplazar personalmente a la demandante de amparo en el procedimiento administrativo sancionador pese a tener conocimiento, o, al menos, evidente posibilidad de adquirirlo, del verdadero domicilio de aquélla, no ha actuado con la diligencia que le era exigible y ha generado a la recurrente en amparo, una situación de indefensión constitucionalmente relevante [FJ 4].
Al haberse impuesto a la entidad recurrente en amparo una sanción sin procedimiento contradictorio alguno, la Administración ha vulnerado el art. 24 CE (STC 291/2000) [FJ 4].
Necesidad de que la Administración emplace a todos los interesados siempre que ello sea factible, por ser conocidos e identificables a partir de los datos que se deduzcan u obren en el expediente administrativo (STC 291/2000) [FJ 3].
Doctrina sobre la extensión de las garantías del art. 24 CE al procedimiento administrativo sancionador (SSTC 120/1996, 177/2002) [FFJJ 3 y 4].
El recurso de amparo debe entenderse formulado por el cauce del art. 43 LOTC, y no por el previsto en el art. 44 LOTC, ya que las infracciones constitucionales que se denuncian se imputan directamente a las resoluciones recaídas en el procedimiento administrativo sancionador y sólo indirectamente, en la medida en que no las ha reparado, a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo [FJ 1].
El restablecimiento a la demandante de amparo en sus derecho fundamentales ha de conducir a extender también la declaración de nulidad a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo [FJ 4].
Artículo 25.1, f.3
Garantías constitucionalesGarantías constitucionales, ff. 3, 4
Emplazamiento de sociedades inscritas en el Registro MercantilEmplazamiento de sociedades inscritas en el Registro Mercantil, f. 4

References: resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
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Artículo 25