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Timestamp: 2018-06-24 22:23:47+00:00

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Decreto 296/2015, de 20 de noviembre, por el que se determina el procedimiento para la justificación y abono de las subvenciones relativas a los expedientes del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio, cuya gestión compete a la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud del Acuerdo de 12 de junio de 2014, de entrega de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura así como la financiación de los mismos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 296/2015, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA LA JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS SUBVENCIONES RELATIVAS A LOS EXPEDIENTES DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL AFECTADOS POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚMERO 150/2012, DE 5 DE JULIO, CUYA GESTIÓN COMPETE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE 12 DE JUNIO DE 2014, DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA ASÍ COMO LA FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS (DOE 228 DE 26)
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (en adelante FEESL) nació como sucesor directo del Fondo Estatal de Inversión Local (en adelante FEIL), creado mediante Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, para hacer frente a la situación de crisis económica y al proceso de destrucción de empleo sufrido por el país. El FEIL estaba inscrito en el Plan Español para el estímulo de la Economía y el Empleo –Plan E– y por su parte, el FEESL, se encuadraba dentro de la Estrategia del Gobierno para avanzar hacia una economía más sostenible, contemplando por un lado la Financiación de Proyectos de Inversión (artículos del 9 al 17 del Real Decreto-ley) y por otra parte la financiación de gastos corrientes de actuaciones de interés social (artículos del 18 al 21).
La disposición final tercera del Real Decreto-ley 13/2009 señaló que, en el plazo de una semana desde su entrada en vigor, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial habría de dictar una Resolución en la que se estableciese el modelo para la presentación de solicitudes, así como las condiciones para su tramitación. La Resolución que desarrolló el Real Decreto-ley se aprobó el 2 de noviembre de 2009 por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. En la misma, se precisaron las condiciones para la tramitación de los recursos librados con cargo al fondo.
El 23 de julio de 2010 fue interpuesto por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña recurso de inconstitucionalidad 5985/2010, ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, solicitando su nulidad por el menoscabo de las competencias autonómicas previstas en el artículo 114.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña ( RCL 1979, 3029 ) en relación con otros preceptos estatuarios.
Por tanto, la atribución general de la gestión del FEESL devino contraria al orden constitucional de distribución de competencias, ya que, como norma general, debe ser la Comunidad Autónoma la que establezca el procedimiento de gestión, control y resolución de las solicitudes que se presenten (Fundamento jurídico 10 de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 36/2012, de 15 de marzo) puesto que es doctrina reiterada de ese Tribunal que: «las normas procedimentales ratione materiae deben ser dictadas por las Comunidades Autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común» (Fundamento jurídico 8 de la STC 36/2012, de 15 de marzo y Fundamento jurídico 9 de la STC 89/2012, de 7 de mayo.
La STC 150/2012, de 5 de julio, concluyó que «el Real Decreto no se limita a prever el establecimiento de las ayudas, las clases de estas ayudas, su cuantía máxima, el objeto o finalidad de las mismas, los requisitos de las Entidades locales solicitantes y los criterios esenciales para la concesión, sino que además prevé que el Estado asuma las funciones ejecutivas y la gestión centralizada de las mismas, lo que no resulta acorde al orden constitucional de distribución de competencias en relación a la facultad de gasto del Estado en materia de subvenciones y que ha sido claramente delimitado por una consolidada jurisprudencia constitucional, cuyas líneas esenciales –fijadas en la STC 13/1992, de 6 de febrero – han sido recordadas por este Tribunal en su STC 89/2012, de 7 de mayo (...). Por ello, la sola decisión de contribuir a la financiación de determinadas actividades no autoriza al Estado para invadir competencias que ratione materiae corresponden a las Comunidades Autónomas, de modo que tal decisión habrá de articularse respetando en todo caso las competencias autonómicas, lo que significa que la legitimidad constitucional del otorgamiento de subvenciones estatales, así como su régimen normativo y de gestión, está condicionada al dato de que el Estado posea competencias para ello en la materia de que se trate (STC 188/1989, de 16 de noviembre, Fundamento Jurídico 3)».
La estipulación segunda del citado acuerdo, régimen de gestión de los expedientes, dispone que:
«Realizadas las actuaciones indicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, de conformidad con la propia normativa de la Comunidad Autónoma y en atención a los preceptos vigentes del Real Decreto-ley 13/2009, los órganos correspondientes de la Junta de Extremadura, culminarán la gestión de los expedientes remitidos en los siguientes términos:
f. Y a realizar cualquier otra situación relacionada con los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de los municipios del ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma».
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Presidencia de la Junta de Extremadura, del Consejero de Economía e Infraestructuras, del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, de la Consejera de Educación y Empleo y de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su sesión de 20 de noviembre de 2015, dispongo:
El presente decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la justificación y el abono de las subvenciones a los municipios que resultaron beneficiarios en virtud del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, cuyos expedientes fueron traspasados a la Comunidad Autónoma en virtud del Acuerdo de entrega de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura de los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio, así como la financiación de los mismos, cuyos datos figuran en el Anexo I del presente decreto.
Artículo 2. Régimen jurídico para la justificación de las subvenciones
Artículo 4. Justificación de las subvenciones y última remesa de fondos
Artículo 5. Pérdida del derecho de cobro y reintegro
Artículo 6. Control
Disposición transitoria única. Régimen de los actos realizados con anterioridad a la asunción e la competencia por la Comunidad Autónoma

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 114
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6