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CUESTION DE COMPETENCIA. RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO. ACCION CONTENCIOSA. | Estudio Longhi & Cia.
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septiembre 29, 2010 Sebastián D. Longhi	Deja un comentario Go to comments
Por otra parte, considera innecesario el tránsito previo por la instancia administrativa, en tanto ha sido la comuna la que ha promovido la determinación administrativa de la deuda y la que promovió la ejecución fiscal contra la actora, y que la promoción de la demanda administrativa de repetición solamente es necesaria cuando el pago ha sido realizado en forma espontánea por el contribuyente, y no en supuestos como el presente, en el que el pago ha sido efectuado a requerimiento del Fisco.-LEER FALLO COMPLETO-
Agrega finalmente que el hecho de que el demandado sea un Municipio o que la pretensión se refiera a la repetición de tributos no puede impedir la promoción de un juicio de repetición en los términos del art. 551 del C.P.C.C..
II. La resolución del 7—IX—05, en los aspectos aquí recurridos, hizo lugar al pedido de reconversión de la acción declarativa de certeza, mas no en la demanda de repetición prevista en el art. 551 del C.P.C.C. —como requiriera el representante de la empresa actora— sino en la acción contencioso administrativa prevista en el Título I de la ley 12.008, ello por cuanto la materia en debate corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa (arts. 1 y 2 inc. 5º de la ley 12.008 —texto según ley 13.101), ordenando asimismo que acreditara el cumplimiento de la demanda de repetición prevista en el art. 64 de la Ordenanza Fiscal Nº 13.766 de la Municipalidad de La Matanza.
III. Como podrá advertirse, los cuestionamientos de la recurrente se vinculan, por una parte, con la competencia material del Tribunal en causas de contenido tributario y, por otra, a la exigencia de uno de los requisitos de admisibilidad propios del proceso contencioso administrativo, cual es el reclamo previo en materia de repetición de impuestos. IV. 1. En tanto que el análisis de las cuestiones debatidas se encuentran concatenadas entre sí, resulta menester analizar previamente la pretensa incompetencia material de este Tribunal.
2. Encontrándose vigente la ley 2.961, este Tribunal excluía de la competencia contencioso administrativa —que por mandato constitucional tenía asignada— la repetición de aquellos tributos abonados a consecuencia de un juicio de ejecución promovido por el Fisco, como resulta ser la presente causa.
Dicha postura surgió en dos antiguos fallos del Tribunal, dictados en las causas B. 22.931 “Compañía Argentina de Navegación N. Mihanovich”, sent. del 7—XII—37 (Ac. y Sent. Serie 16, vol I, pág 120), y B. 22.002 “Compañía Sansinea de Carnes Congeladas”, sent. del 7—XII—37 (Ac. y Sent. Serie 16, vol I, pág 120). La Corte sostuvo allí que cuando el pago del contribuyente se verificó en un juicio ejecutivo o de apremio, no existe decisión administrativa alguna para ser impugnada y, por ende, no correspondía a la competencia contencioso administrativa que el Tribunal tenía atribuida.
En consonancia con dichos pronunciamientos, el art. 4 de la ley 2.961 (en la redacción dada por la ley de presupuesto para 1933) que calificaba como acción contencioso administrativa la acción para repetir las sumas indebidamente pagadas en concepto de impuesto, fue interpretado en el sentido que procede la demanda contencioso administrativa si mediante ella se persigue repetir una suma pagada administrativamente en concepto de impuestos y se invoca para ello una disposición administrativa preexistente (causa B. 26.517, “Unzué de Leloir”, Ac. y Sent. serie 17ª., T. VIII, pág. 199); en cambio la acción era civil y debía ser juzgada por los tribunales ordinarios si la cantidad que se pretende repetir ha sido pagada en juicio (causa B. 26.361, “Traverso”, Ac. y Sent., serie 17ª., T. IX, pág. 5; serie 18ª., T. II, pág. 66), criterios éstos que fueron reiterados por la Suprema Corte con posterioridad (Ac. 15.766 “Castelar”, sent. del 1-XII-69, Ac. y Sent. 1970—II—90; Ac. 28.672 “Establecimiento Modelo Terrabusi”, sent. del 4—II—80, Ac. y Sent. 1980—II—610).
3. Más allá de su acierto o error, es claro que en la actualidad la citada jurisprudencia ya no resulta aplicable, dado que a partir de la reforma de la Constitución de la Provincia de 1994 y de la vigencia del nuevo Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, mod. por la ley 13.101; conf. doctr. causa B. 64.996, “Delbés”, res. del 4-II-2004) se ha configurado un nuevo esquema sobre la materia.
El artículo 1º de la citada codificación reproduce el texto del art. 166 de la Constitución provincial, a modo de cláusula general de la materia contencioso administrativa, agregando una expresa presunción de desempeño realizado en el ejercicio de funciones administrativas cuando mediare actividad de los órganos de los municipios. Luego, en el artículo 2º inciso 5, el Código considera expresamente como casos incluidos en la materia las controversias relacionadas con la aplicación de tributos provinciales o municipales.
De allí que tratándose la presente de una causa tributaria local, y no siendo uno de los supuestos en que el legislador ha previsto en modo claro la competencia de los jueces en lo civil y comercial o de paz (art. 3 decreto-ley 9122/78 –texto según ley 13.101-), resulta competente para entender en esta litis la jurisdicción contencioso administrativa (art. 2º inc. 5, C.P.C. y A.), tal como fue dispuesto en la resolución del 7—IX—05, aquí cuestionada, por lo que corresponde rechazar el recurso de reposición en este punto.
V. Atento lo señalado en el acápite anterior, corresponde analizar si, como plantea el recurrente, es impropio en la especie exigir la acreditación del previo reclamo de repetición del tributo en sede municipal.
1. Como es sabido, el ejercicio de la potestad tributaria de las comunas (art. 193, inc. 2 Const. Pcial; 26, 29, 32 y concs. dec. ley 6769/58 y sus reformas) habitualmente comprende el gravamen por inspección de seguridad, salubridad e higiene a industrias, comercios o actividades equiparables. (conf. causas I. 1.243, “Empresa Hípica Argentina”, sent. del 6-X-88, Ac. y Sent. 1988—III—354; I. 1.286, “Papelera Juan V.F. Serra S.A.C.I.F.”, sent. del 18-VI-91, Ac. y Sent. 1991—II—296; I. 1.992, “Aguas Argentinas S.A.”, sent. del 7—III—05; B. 58.119, “Pharmaka S.A.”, sent. del 5—X—05).
En uso de tales potestades, la Municipalidad de La Matanza ha dictado normas reguladores en orden a la repetición de los tributos locales. La Ordenanza 13.766, entre otras determinaciones, instituye un reclamo ante el Departamento Ejecutivo a los fines de la repetición de “…tasas, derechos y demás contribuciones, recargos, intereses o multas accesorias a esas obligaciones” a ejercerse por los contribuyentes o responsables cuando se considere que ha mediado un pago “indebido o sin causa” (art. 64, Ord. cit.). Ese mismo precepto establece que la promoción del señalado reclamo es condición previa al inicio de la acción judicial correspondiente.
2. Ahora bien, en vista de las particulares circunstancias de la causa, que dan cuenta de un planteamiento expreso de la actora y una posición contraria del Municipio en el ámbito administrativo frente a la extensión que éste atribuye al tributo sobre el que ha versado el conflicto, y dado lo expuesto en el escrito en tratamiento sobre el particular, cabe concluir que imponer en autos el condicionamiento previsto en el artículo 64 ya citado transformaría la aplicabilidad del reclamo administrativo previo a la repetición judicial del gravamen en una carga ritual excesiva o inútil (art. 14 inc. 1 ap. b, C.P.C. y A.).
Esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de precisar que en el proceso administrativo “…supuesta la efectiva configuración de un caso (art. 166, in fine Const. Pcial.), para cuya ocurrencia en ocasiones puede ser menester la articulación de un pedimento ante la entidad administrativa, el tránsito por vías administrativas —ora la reclamación ante la autoridad ora el procedimiento recursivo en la misma sede— ha de tener cabida, como excepción a la directa demandabilidad estatal, en aquellas hipótesis expresamente requeridas por un enunciado normativo de rango legal; regulación de la cual la carga de acudir ante la administración ha de ser una expresa y razonable consecuencia, a fin de no contrariar el principio de accesibilidad irrestricta a la jurisdicción (art. 15 Const. Pcial.)” (cfr. causa B. 64.553, “Gaineddu”, res. del 23—IV—03).
En función de los principios consagrados en dicho precedente, asiste razón al recurrente en cuanto plantea la impropiedad de obligar en la especia el reclamo administrativo previsto en la referida ordenanza municipal, en tanto ello obstaculizaría en modo irrazonable el acceso efecto a la presente actuación judicial.
Hacer lugar parcialmente al recurso de reposición interpuesto (art. 53 de la ley 12.008, texto según ley 13.101), ordenando la continuidad del proceso sin necesidad de la previa acreditación de un reclamo administrativo de repetición ante el Municipio demandado (arts. 15 y 166, Const. Pcial.; 14 inc. 1 ap. “b”, de la ley 12.008 —texto según ley 13.101).
FDO. SO.HI.GE.KO.DL.
Reg. 57
PLAN DE ACCION MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS. CONTRATO DE TRABAJO. INTERPOSITA PERSONA. FALTA DE PRESUPUESTOS.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 resolución 
 artículo 64
in fine