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ENTORNO LEGAL Y FISCAL DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES | Asesores fiscales
ENTORNO LEGAL Y FISCAL DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
Publicado por APG ASESORES FISCALES el 31 marzo, 2016
“La Ley sólo puede prohibir las acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por la Ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que aquella no ordena.” Declaración de los Derecho del Hombre y del Ciudadano. 1789
Es de sobra conocida una de las reglas naturales que versa sobre “todo aquello que inicia, tiene un final, la materia mercantil no es ajena a dicha máxima, en consecuencia las sociedades mercantiles, que por causas diversas cesan operaciones, deben acordar su disolución y posterior liquidación.
La doctrina señala que la disolución puede ser parcial o definitiva; para efectos del presente artículo nos referiremos en forma exclusiva a la disolución cuyo objetivo es culminar en la liquidación. En ese tenor, la Ley General de Sociedades Mercantiles enlista diversas hipótesis por las cuales los contratos societarios se extinguen, a saber.
Las Sociedades Se Disuelven:
Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad:
Por haberse consumado el objeto social;
Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece;
Porque las partes de interés se reúnan en una sola persona;
A mayor abundamiento, de una interpretación armónica que se haga a lo estatuido en el artículo 232 de la Ley de la materia, tenemos que la existencia de las causales de disolución debe ser comprobada por parte de la sociedad y proceder a su inscripción ante el Registro Público correspondiente, excepción hecha de la causal prevista en el inciso a) del citado artículo.
En ese orden de ideas, si en la especie tiene verificativo una causal de disolución y la sociedad de trato no hace la mencionada inscripción, la ley faculta a cualquier interesado para ocurrir ante la autoridad judicial a fin de que ésta ordene el registro de la disolución. Del mismo modo, si se llevó a cabo la referida inscripción sin que a juicio de un interesado exista la causal de disolución, la ley lo habilita para comparecer ante la autoridad judicial dentro del término de 30 días siguientes a la fecha de inscripción, para demandar la cancelación de ésta.
Ahora bien, por lo que hace a la causal de disolución prevista en el inciso a), es de hacer notar que la misma no requiere ser comprobada, toda vez que aquella operará de facto al haber transcurrido el término establecido para la duración de la sociedad, por así haberlo previsto los socios en los estatutos. Sobre este punto es importante señalar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de diciembre del 2011, entre otros, se reformó la fracción IV del artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para que la duración de las sociedades pueda ser indefinida si así lo acuerdan los socios.
Si bien es cierto que las hipótesis de disolución previamente señaladas son comunes a las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, cooperativas, en nombre colectivo, en comandita simple y en comandita por acciones; no debe pasar inadvertido que la ley en análisis prevé causas de disolución adicionales para las tres últimas sociedades; es decir, en nombre colectivo, en comandita simple y en comandita por acciones.
En efecto, la Ley de la materia contempla que dichas sociedades además se disolverán por la muerte, incapacidad, exclusión, retiro o porque el contrato social se rescinda respecto de un socio. Para que estas causas de disolución no sean operantes se deberá insertar pacto en contrario dentro de los estatutos de la sociedad, a falta de este, dichas causas de disolución serán procedentes. Así, en caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos, cuando éstos manifiesten su consentimiento; de lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de dos meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado.
Considerando que en la especie las sociedades mercantiles con mayor postulación lo son las de Responsabilidad Limitada y la Anónima; la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus capítulos respectivos establece que el acuerdo de disolución se hará mediante asamblea de socios, (responsabilidad limitada) y mediante asamblea extraordinaria (anómina).
Así las cosas, el orden del día de la asamblea de trato deberá contener como mínimo los siguientes puntos:
Conveniencia O Necesidad De Disolver La Sociedad,
La revocación de los cargos de Administrador, Consejo de administración y comisario o miembro del consejo de vigilancia según el tipo de sociedad de que se trate.
Designación de liquidador o liquidadores.
Asuntos Generales. Designación de delegado.
Es trascendente puntualizar que en términos generales el acuerdo de disolución no tiene como consecuencia la pérdida de la personalidad jurídica de la persona moral; sin embargo, sí tiene como efecto la modificación del objeto social, el cual se limitará a finiquitar las obligaciones existentes a la fecha de disolución para proceder a la liquidación.
En términos generales, la liquidación tiene por objeto concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeude a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes sociales y practicar el reparto del haber y patrimonio social entre los socios (en su caso).Los administradores de la sociedad cesan en sus funciones al ser sustituidos por el o los liquidadores que se designen.
Ahora bien, ante una eventual liquidación de una sociedad, terceros relacionados con ella, como es el caso de proveedores, acreedores y autoridades fiscales, están en aptitud de deducir sus pretensiones.
Efectivamente, el artículo 243 de la Ley en comento, en relación con su diverso numeral 9, establece la obligación de darle publicidad al proceso de liquidación, para tal efecto se publicará por tres veces en el Periódico Oficial en la entidad federativa en la que tenga su domicilio la sociedad, con intervalos de diez días. Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente, podrán oponerse al proyecto de liquidación ante la autoridad judicial, desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad, hasta cinco días después de la última publicación.
De lo anterior es dable concluir que todo aquel tercero que tenga interés a deducir dentro del procedimiento de liquidación y no manifieste oposición alguna dentro del término señalado, perderá toda posibilidad de ejercer acción alguna con posterioridad.
Sobre el particular, se pronuncia la siguiente tesis: SOCIEDADES LIQUIDADAS. NO PUEDEN FINCARSE CREDITOS FISCALES A SU CARGO. Del contenido de los artículos 2o., 229, 240, 242, 243, 244 y 246 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 20 y 21 del Código Fiscal de la Federación y 2980 del Código Civil, se desprende que cuando una sociedad es disuelta y entra en liquidación, el fisco, como acreedor, tiene el derecho de cobrar los créditos que tenga, en la forma que legalmente proceda y a oponerse a los acuerdos que se tomen para distribuir los bienes de la sociedad en liquidación, dentro de los cinco días siguientes a la última publicación que al respecto se haga en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad. Pero transcurrido ese término, liquidada la sociedad y cancelada su inscripción, dicha sociedad deja de existir como persona moral y, por ende, como posible sujeto de créditos fiscales, suponiendo, claro está, que no siga subsistiendo de facto como agrupación económica diversa de sus miembros. Y en consecuencia, una vez cancelada la inscripción de una sociedad al haberse concluido su liquidación, ya no pueden fincarse ni formularse a su cargo créditos fiscales, ni serle notificados, ni requerirla para su pago.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión Fiscal RF-605/70. (355/64). Maderas y Productos Tropicales, S. de R. L. 20 de abril de 1971 Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco
Una vez que se hayan liquidado los pasivos, se convocará a la asamblea de accionistas con el objeto de hacer de su conocimiento el balance anual de liquidación, asimismo, el o los liquidadores rendirán un informe sobre todos las gestiones realizadas y se pondrá a disposición de los socios el proyecto de reembolso de su haber social.
El procedimiento de liquidación culmina con la cancelación de la inscripción del contrato social, con lo cual la sociedad queda extinguida.
Una vez que las sociedades entran en liquidación, además del entorno legal corporativo, resulta de suma importancia el ámbito fiscal. Al respecto, la legislación fiscal es omisa de varias hipótesis que pudieran llegar a presentarse en el procedimiento de extinción. Por lo anterior, en el presente artículo nos abocaremos a señalar algunos aspectos que ocupan un vacío en la legislación fiscal.
Así las cosas, el Artículo 11 del Código Tributario Federal establece lo que debe entenderse por ejercicio fiscal, llámese regular, irregular o bien de liquidación, bajo el tenor literal siguiente:
Artículo 11. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1o. de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate.
En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. (..)
En ese orden de ideas, una vez que se han liquidado las obligaciones con terceros; los socios están en aptitud de recibir el reembolso de su haber patrimonial y de esa forma extinguir el vínculo legal que tenían con la sociedad; sin embargo, cabe preguntar ¿qué pasa cuando ya no existe numerario y los bienes susceptibles de venta no sean de fácil realización?
Ante la hipótesis anterior y en virtud de no tener opción, el socio se ve obligado a aceptar los bienes como dación en pago y con ello es probable que se genere un impuesto por ingresos. Dicha circunstancia dependerá de los saldos que guarden las cuentas de capital de aportación actualizado (CUCA) y la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), así como del procedimiento previsto en el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativo a la reducción de capital.
Otra contingencia que encuentra una empresa en liquidación, tiene lugar cuando en el mismo año calendario se consuma la liquidación; es decir, tendrá un ejercicio irregular por cuanto hace al espacio temporal previo a la liquidación y otro ejercicio por el tiempo que dure el procedimiento de liquidación. En tal supuesto deberá presentar dos declaraciones normales en el mismo año calendario, el inconveniente que se presenta es que los programas informáticos diseñados por el Servicio de Administración Tributaria solo aceptan una declaración normal.
Cabe el mismo cuestionamiento cuando se presenta el dictamen relativo al ejercicio irregular, ¿Cómo presentarlo en el SIPRED si el programa del ejercicio en curso es aplicable respecto del ejercicio anterior?
Ahora bien, dentro de entre los trámites a realizar ante el Servicio de Administración Tributaria, existen dos de vital importancia: a) el aviso de inicio de liquidación y b) aviso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes.
Por lo que hace al aviso de inicio de liquidación, este deberá presentarse dentro del mes siguiente a la fecha en que se presente la declaración del ejercicio que concluyó anticipadamente (ejercicio irregular previo a la liquidación) de conformidad con lo previsto por el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación y por los artículos 25 fracción XIV, y 26 fracción VII del Reglamento del Código Tributario Federal.
En cuanto al aviso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, en términos de lo dispuesto por la fracción XI del numeral 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, aquel deberá presentarse de manera conjunta con la declaración final de la liquidación.
Por todo lo anterior, si bien los pasos antes mencionados pueden ser objeto de un estudio de mayor profundidad y efecto, es importante que las empresas tengan presente un panorama sistemático de las circunstancias de una disolución y liquidación, ya que no sólo debe tenerse en mente un acuerdo de asamblea para estimar agotadas las obligaciones de la entidad económica; por el contrario, eso sólo será el comienzo del procedimiento de extinción de una sociedad.
L.C. L.D. y E.F. Roberto Valenzuela Lozano, Abogado Postulante, socio de MBR Fiscal, S.C. Roberto.valenzuela@mbrfiscal.com
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References: artículo 232
 artículo 6
 artículo 243
 Artículo 11

Artículo 11
 artículo 79
 artículo 11