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Timestamp: 2018-04-21 11:35:47+00:00

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#91 · 21/Dic/2016, 11:50
Con el debido respeto, sobre la sentencia a doña Rita Maestre
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, junto a las fotos que le hicieron durante el "asalto" a la capilla universitaria. EP/Confilegal.
El viernes 16 de diciembre conocí, como todos los españoles, la sentencia dictada por la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocaba la condena a doña Rita Maestre por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, dictada por un juzgado de lo Penal.
Como ciudadana que tiene a gala respetar todas las ideologías y formas de pensar, y como católica practicante, me he sentido desamparada: siempre he manifestado profundo respeto a las creencias, y a la falta de ellas, de cualquier persona, pero reconozco que también solicito respeto para las mías.
Cuando las personas creyentes -profesemos la religión que profesemos-, acudimos a nuestra iglesia, mezquita o sinagoga, aspiramos a que ese momento de recogimiento y encuentro con nuestro Dios sea íntimo, pacífico y sosegado.
Pero si un grupo invade, profana, ese espacio de recogimiento, con gritos y actitudes ofensivas, tejiendo burdas rimas de rosarios con ovarios, se viola mi derecho a la libertad de culto, reconocido en la Constitución.
Recordemos que un grupo de unas 20 o 30 personas entraron en una capilla, en la que se encontraban rezando un grupo de feligreses y un capellán, con el torso desnudo y profiriendo gritos ofensivos contra la Iglesia, sus dogmas y el Papa.
La sentencia reconoce que este acto puede ser valorado como claramente irrespetuoso en cuanto que se considere altera el silencio y el respeto exigible en el interior de una capilla donde en ese momento varios feligreses se encontraban orando.
Pero finaliza el párrafo añadiendo que el componente de profanación exigible por el tipo, a nuestro juicio no concurre.
Está claro que nos encontramos ante la percepción de un mismo hecho tan subjetiva, que ese componente de profanación concurría a juicio del fiscal y del juez de lo Penal, pero no concurre a juicio de los magistrados de la Audiencia.
Éstos han considerado que la Sra. Maestre, y sus 20 o 30 acompañantes en la entrada en la capilla, no tenían intención de ofender a los feligreses, motivo por el que les absuelve.
Como prueba, afirman que no tocaron el sagrario, no alteraron la disposición del altar (según algún testigo, se movió el mantel que lo cubre, sin llegar a caer), no accedieron a ningún elemento de la capilla, no llevaron a cabo actos obscenos ni grotescos (un beso difícilmente puede ser calificado de tal) y salieron a continuación.
Esto es, para entendernos, se podría hablar, quizás, de un acto de profanación virtual o gestual, pero no de un acto físico de profanación, pues no llegaron a entrar directamente en contacto con ningún objeto sagrado.
Actos: ¿No pueden ser considerados como una profanación?
Empujaron al capellán cuando trataba de impedirles su entrada al templo, iban con el torso desnudo, gritaban frases como arderéis como en el 36 (clamorosa falta de rigor histórico, puesto que la quema de iglesias y conventos en España tuvo lugar el año 31), o el Papa no nos deja comernos las almejas.
¿Estos son actos de profanación virtual?, y ¿se hace sin intención de ofender? ¿qué otra intención podía pesar en su ánimo entonces?
Pese a estas circunstancias, la sentencia absolutoria entiende que estos hechos no pueden ser considerados como una profanación clara, directa, evidente y física.
En concreto, y en relación con la entrada con el torso desnudo en la capilla, considera la sala que el hecho de que en la costumbre más tradicional desnudarse ante el público, y mucho más si ello ocurre dentro de un templo, pueda interpretarse como una falta de consideración y de respeto, la inadecuada vestimenta o ciertos gestos inapropiados no pueden constituir un acto de profanación por sí mismos.
En una sociedad democrática avanzada como la nuestra, prosigue la resolución, que dos jóvenes se desnuden no debe ya escandalizar a nadie, como tampoco el hecho de que algunos de ellos se besen sí. Estamos habituados a que activistas del grupo Femen lleven a cabo actos de protesta de esta naturaleza.
Vale, en una playa, pero ¿¿en una iglesia???
En este punto, hemos de recordar que el Tribunal Supremo declaró en abril del 2015 ser conforme a derecho la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona que prohibía el nudismo y el ir en bañador o similar por las calles, en concreto con el torso desnudo, ratificando expresamente el punto tercero del artículo 74 de la Ordenanza, donde se especifica que tras varias advertencias se puede llegar a denunciar el caso, si se persiste en la desnudez.
¿Barcelona no es una sociedad democrática avanzada?
Además, ¿qué sucedería si esos jóvenes entraran desnudos a besarse en la sala de un juzgado? ¿y si además, lo hicieran cantando rimas ofensivas para sus señorías?
Estamos viendo cómo en Cataluña están siendo detenidos, por orden de la Audiencia Nacional, personas que no han acudido a su citación por quemar la Constitución y fotos del Rey ¿quemar fotos del Rey y hojas de la Constitución es delito y gritar desnudos contra el Vaticano poder clitoriano dentro de una iglesia, no?
Espero que esta absolución no sea acogida como una carta blanca por vándalos que empiecen, a partir de ahora, a invadir iglesias o sinagogas (las mezquitas no están en peligro, ya que estos profanadores saben que se juegan la vida al hacerlo), pero desde luego, ha sentado un muy peligroso precedente.
Yo respeto la falta de creencias religiosas de la señora Maestre y sus amigos, su opinión sobre si debe haber o no una capilla en la Universidad Complutense; pero el ejercicio de su libertad de expresión a la hora de manifestar su agnosticismo y sus opiniones ha colisionado frontalmente con mi libertad de culto.
Ellos debieron expresar sus opiniones en el foro adecuado, el rectorado o un juzgado, pero no en el seno de una capilla, ofendiendo los sentimientos de todos los creyentes; mi criterio jurídico siempre con el máximo respeto-, mi percepción de los hechos acaecidos, diverge del de los magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, y coincide con el de la fiscalía y juzgado Penal: hubo profanación, e intencionalidad clara en la ofensa.
Agradezco a Confilegal la oportunidad de ejercer mi derecho a expresar mi opinión en este sensible asunto en este medio, en el que habitualmente escribo sobe derecho de familia.
#92 · 01/Ene/2017, 13:01
La testamentaria los documentos involucrados con la ejecución o pago de una herencia.
Cuando una persona fallece sus directos allegados tienen que hacer una testamentaría de las cuentas bancarias que tuviera para conocer su importe y liquidarlas. El Banco de España recomienda a las entidades financieras actuar diligentemente en esos trámites y en las formalidades de la liquidación de las cuentas bancarias de los fallecidos para no perjudicar a ningún heredero.
En muchos casos, los herederos contratan a un abogado para que se encargue de esos trámites. El letrado comunica al Banco el fallecimiento (deceso, en lenguaje especializado), presentando el consiguiente certificado de defunción expedido por el Registro Civil, y la entidad bloquea automáticamente la cuenta en cuestión.
En esa misma gestión solicitamos al banco un certificado con el saldo de la cuenta en ese momento, explica Jesús Garzón, de Garzón Abogados, conocedor en profundidad de este tipo de trámites. Por lo general, te lo suelen dar en una semana. Como mucho 15 días.
Con ese documento después el abogado se va a la notaría en cuestión, y junto con el resto de los documentos sobre los bienes, se procede a resolver el testamento.
Sin embargo, Garzón ha venido detectando últimamente, al menos en tres bancos -Bankia, Novobanco y Liberbank-, que le piden que firme un encargo profesional para el propio banco tramite el llamado expediente de testamentaría.
Pero eso es precisamente lo que hacemos nosotros, los abogados. Y no sólo eso. Te piden una provisión de fondos de 70 u 80 euros. Y no tardan 7 o 15 días. La cosa se prolonga 3, 4 y hasta 6 meses, con lo que el banco sigue disponiendo del dinero del fallecido, revela el abogado.
Te dicen abiertamente que es obligatorio y eso no es cierto. No hay ninguna Ley que obligue a ello, que lo imponga. Es claramente ilegal. Ellos lo saben y nosotros también. Por eso, cuando se lo recuerdas y te muestras firme en tus planteamientos, te hacen la gestión como tiene y debe de ser, añade.
A nosotros nos lo han intentado hacer varias veces. Lo que nos preocupa es que también se lo hagan a otros ciudadanos, que hayan optado por hacer personalmente ellos las gestiones. Por eso, estamos contando nuestra experiencia. Para que a nadie ningún banco le de gato por liebre. El certificado del saldo es gratuito. No están obligados a contratar al banco para hacer la testamentaría. Así de claro, advierte Garzón.
Bankia y Novobanco dicen no haber dado instrucciones
A la vista de las afirmaciones del abogado, Confilegal se ha puesto en contacto con las tres entidades bancarias.
Sólo Lieberbank no ha contestado.
Bankia asegura que no existe ni se ha dado instrucción alguna a sus oficinas para que a los clientes que acudan a solicitar un certificado de saldo ligado al fallecimiento de una persona allegada se les induzca a firmar un impreso por el que se le encarga al banco los trámites de la testamentaría.
Emitir un certificado de saldos es una obligación que tiene la entidad frente al heredero que quiere conocer las posiciones de su familiar fallecido. En caso de que, además, los familiares quieran que se les tramite el expediente de testamentaria, sí que se les cobraría una comisión por los gastos que ocasiona el estudio jurídico de toda la documentación para permitir que los herederos dispongan de los fondos. Lo que incluye esta comisión es el estudio jurídico y pormenorizado de diversos documentos, tales como los certificados de defunción y del registro de actos de últimas voluntades relativos al causante, así como copia autorizada del último testamento o del auto de declaración judicial de herederos abintestato, o acta de notoriedad tramitada por Notario, según sea el caso. En todo caso, siempre sería previo consentimiento del cliente y, como te decía, sin que en Bankia exista instrucción alguna para animar al usuario a realizar estos trámites, dicen en el correo electrónico de contestación.
Novobanco, por su parte, dice que no existe comunicación expresa por parte de la Dirección. Simplemente aplicamos los procesos normales en la prestación de servicios que como es normal tienen un coste formal y publico asociado.
Se facilitan los certificados solicitados por los interesados que tienen el coste publicado en libro de tarifas y posteriormente se tramita la testamentaria después de la adjudicación cobrándose tarifa según libro tarifas. Tofo ello con comunicación previa del coste según ley trasparencia, concluyen.
#93 · 02/Ene/2017, 09:20 · Editado por BOIRA_A
Redacción | lunes, 2 de enero de 2017, 08:44
Los hijos apartados no tienen derecho a la herencia ni a la legítima. Y no hace falta, por parte de los padres, expresar motivo alguno, sino que simplemente los aparta o no los menciona en su testamento. No mencionarlos implica que han sido apartados. En este caso, además, el hijo apartado no tendrá derecho a recurrir la decisión.
En el caso de los hijos únicos, la nueva ley vasca no permite el apartamiento. Es decir, a esta persona le correspondería legítimamente un tercio de la herencia y, si los padres quisieran desheredarlo, deberían acudir a los supuestos que recoge el Código Civil.
Los notarios con lo que más se encuentran son que los padres hace años que no tienen contacto con sus hijos o nietos, bien porque se han ido a vivir a otra parte o bien porque han tenido algún problema y se han distanciado. Los padres también apartan a los hijos que sufren alcoholismo, drogadicción, ludopatía y problemas similares. No quieren dejarles dinero porque saben que se lo gastarán en esto.
Las notarías vascas también están recibiendo numerosas llamadas de vecinos de otras Comunidades que quieren empadronarse para acogerse a la ley. Vecinos de Aragón, Cantabria, La Rioja o Castilla y León para solicitar información.
En principio, empadronarse es suficiente para acogerse a la ley, pero debe también haber un cambio de vecindad, de hecho si alguien se empadrona y no vive ahí, es fácil demostrarlo y quedaría sin efecto el poder acogerse a la ley vasca.
#94 · 06/Ene/2017, 21:28
06/01/2017Redaccion
En España no tenemos un verdadero poder judicial, y es hora ya de decirlo, con toda claridad. El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, y los jueces independientes disfrutan de su independencia, pero en juzgados unipersonales, donde las posibilidades de molestar son mínimas. Los ascensos se realizan por criterios ideológicos y/o afiliación a determinadas asociaciones judiciales que son el brazo de los partidos políticos correspondientes-, y el Consejo General del Poder Judicial es una entelequia, que nos cuesta carísima de mantener, y cuyos miembros viven no ya como canónigos, sino como obispos (de los de antes), y representan a los partidos políticos que les han nombrado en la administración de justicia.
Por no hablar de los jueces por el cuarto turno, es decir a dedo, elegidos con criterios de amistad, afinidades políticas, etc., pero muy escasamente por méritos profesionales. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero hablo de la regla general.
Y para muestra dos casos: recientemente he tenido que formular sendas demandas ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en procedimientos abreviados, es decir que comienzan con la presentación de la demanda, y únicamente se recaba el expediente administrativo y se cita a las partes para el juicio verbal correspondiente. En uno de los casos la citación es a tres años y medio de la presentación de la demanda, y en el otro a cuatro años vista
¿Ésta es la Justicia que tenemos? ¿Qué le importará al justiciable la Sentencia que se dicte a los cinco años de haber comenzado el pleito, en el hipotético supuesto de que la Administración no recurra en apelación y fácilmente tarde un par de años más en resolverse el asunto? Por no hablar de la ejecución, que ya es para echarse a llorar, al quedar totalmente en manos de la Administración condenada su realización. Y, por supuesto, sin que se derive responsabilidad alguna hacia el político o funcionario autor de la tropelía, que seguramente ya ni siquiera estará ocupando el cargo correspondiente. ¡Faltaría más! Somos un país regido por personas irresponsables, jurídicamente hablando, y así nos va.
En resumen, tenemos una administración de justicia que no nos merecemos. Y no olvidemos que como decía el Conde de Romanones en su Breviario de Política Experimental: No hacer justicia a tiempo debiera considerarse como grave delito. Tales son los estragos que produce. Porque omitir la justicia es confirmar la injusticia. En lo individual y en lo social.
#95 · 02/Feb/2017, 17:33
Jueces que recortan los derechos de los ciudadanos
01/02/2017Redaccion
La Constitución vigente consagra el principio democrático de separación de poderes, estableciendo la existencia de un denominado Poder Judicial, en sus arts. 117 a 127, aunque luego le rebaja la categoría a una simple Administración de Justicia, que es lo que es, en la práctica.
Al estar ese supuesto Poder Judicial intervenido y controlado por los partidos políticos, a través de la colonización de su máximo órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, una Fiscalía a las órdenes del Ministerio de Justicia, y una Administración de la Administración de Justicia, es decir, los medios personales y materiales en los niveles administrativos, en manos de las autonomías, en la práctica la proclama constitucional se ha quedado en nada.
A ello contribuye también la extracción social de los jueces y fiscales, procedentes en su mayor parte de la clase media, con una particular visión de la justicia y de la realidad social, que no se acomoda muchas veces con el sentir popular y social.
Y no preconizo, ni mucho menos, un uso alternativo del Derecho, pero sí una aplicación con arreglo a la realidad social, tal y como pregona el Título Preliminar del Código Civil, creo recordar: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Estamos asistiendo en estos días a la publicación de una serie de Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dejan las Sentencias de nuestros juzgados y tribunales a la altura del betún.
Y que también ponen a los notarios y registradores de la propiedad españoles en una difícil situación, pues parece fuera de toda duda que sólo se han preocupado por lucrarse económicamente, pero no por proteger los derechos de los ciudadanos, frente a una utilización abusiva del derecho, de los contratos leoninos redactados por los abogados de los bancos y demás usureros financieros, en definitiva, que nuestro sistema jurídico adolece de grandes defectos, y que parece no le interesan nada los derechos de las personas a los que teóricamente debería proteger
Para muestra de como es nuestro sistema judicial, voy a poner un ejemplo, que es anecdótico, pero que puede elevarse a categoría, pues es lo que sucede siempre o casi siempre.
Hace poco, tomando café con un abogado y un procurador, me decía el abogado, y la verdad es que me dio mucha pena, que a él la justicia se la traía al pairo, vamos que le daba exactamente igual. Que él sólo velaba por los intereses de su cliente, y que para ello utilizaba todas las triquiñuelas posibles. Con esta forma de pensar, ¿cómo no vamos a estar desacreditados socialmente los abogados?
En 1983, creo recordar, se promulgó una ley orgánica reguladora del derecho de rectificación, que permitía evitar los abusos en la publicación y difusión de noticias e informaciones falsas o erróneas.
A través de un procedimiento muy simple, sin necesidad de abogado ni procurador, una persona podía pedir al medir la supresión o modificación de una información equivocada o inveraz, y si el periódico se negaba a rectificar, podía acudirse al juzgado utilizando el juicio verbal, que era un proceso totalmente de palabra, como el antiguo juicio de faltas, por ejemplo.
El año 2000 se promulga la nueva ley de enjuiciamiento civil, que deroga veintitantas leyes anteriores, pero no la ley anteriormente citada, por lo cual debe entenderse que está en vigor. (No hay falta ser una lumbrera jurídica para pensar así, vamos, creo yo).
Un señor acude al derecho de rectificación, y como él es abogado, pues firma la demanda como abogado, utilizando los servicios de un compañero de carrera procurador, que por razones de amistad no le cobra nada por representarle. En otras palabras, en este procedimiento específico, el abogado y el procurador son un lujo, no una necesidad, y por lo tanto es indebido pretender cobrar los honorarios de estos profesionales la parte que quiere acudir con ellos al juicio (Así lo entiendo yo, y la mejor doctrina sobre la materia, que no es mucha, la verdad, pues la mayoría de los jurisconsultos sólo andan por caminos trillados).
Pues bien, al desestimarse la demanda en primera instancia, la jueza correspondiente le impone las costas, a pesar de tratarse de un litigio sin contenido económico alguno, y en el que únicamente se ventilaba la rectificación de una información gravosa para este señor, pues además estaba colgada permanentemente en Internet.
Dice la jueza, que evidentemente desconoce la reciente jurisprudencia sobre la materia, que se le había pasado el plazo para ejercitar el derecho, pero lo cierto es que existen varias Sentencias del Tribunal Supremo diciendo que al tratarse de portales informáticos, en cualquier momento puede ejercerse el derecho, ya que el daño se hace siempre que la noticia siga colgada en la web. Pero eso a la jueza le da igual. ¡Seguramente esto no venía explicado en los apuntes de su oposición, y la ley de 1983 tampoco contempla esta situación particular, pues en aquella época la informática era casi desconocida, por lo menos en España! Y aquí paz y después gloria.
La Audiencia Provincial correspondiente confirma ese criterio, y el abogado defensor toma buena nota, y presenta sus cuentas del Gran Capitán, con un coste del pleito de casi 3.000 (tres mil euros), ya que valora la pretensión en 6.000 euros, que es el importe máximo por el que puede acudirse al juicio verbal. Dice que aplica los criterios en materia de honorarios del Colegio de Abogados respectivo Criterios que son totalmente ilegales, o alégales, y así lo ha venido a determinar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, al dictar sendas resoluciones imponiendo multas de 500.000 euros a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá, por la existencia de tales criterios.
Y ello con independencia de que en este procedimiento especial, la utilización de abogado y procurador es un lujo, no una necesidad, puesto que el pleito no requiere ni abogado ni procurador, como muy claramente dice la ley del derecho de rectificación. Parece evidente que los lujos se los debe de pagar cada uno
Esta minuta va a ser enviada a la citada CNMC para que pueda pronunciarse al respecto, y actuar contra los criterios en que se basa. Veremos como termina el asunto, pero presiento que no muy bien para el Colegio correspondiente
Pero eso al abogado en cuestión le da igual. El va a lo suyo, que es rebañar el máximo dinero posible, aunque la persona condenada tenga más razón que un santo.
Se recurren ambas tasaciones de costas, la del juzgado y la de la audiencia, por indebidas, y obviamente se confirman, copiando literalmente las cuentas del Gran Capitán presentadas. (Por cierto que el Procurador pretende cobrar casi mil euros, por el gran trabajo de recibir y enviar en su ordenador los traslados de la demanda, contestación a la misma, sentencia, recurso de apelación y resolución de la audiencia, con dos cojones).
Y no solamente se confirman, sino que la Audiencia dicta un Auto denunciando a su vez al abogado del litigante, diciendo que en su recurso le había faltado al respecto a la Secretaria Judicial (ahora Letrada de la Administración de Justicia), al decir que había aprobado unos derechos del Procurador totalmente excesivos, lo que es fácilmente constatable revisando el Arancel del año 2003.
La Ley de Enjuiciamiento Civil permite a los juzgados y tribunales fijar libremente el coste estimado de los honorarios de los abogados (no así en el caso de los procuradores, sujetos a un Arancel), pero como a esa jueza y a esa audiencia les da lo mismo ocho que ochenta, pasan de todo total, igual van a cobrar a fin de mes-, y además ellos no han aprobado una oposición para tener que pensar en la justicia, sino para aplicar manu militari el Derecho vigente, imponen las máximas costas posibles, no sin antes condenar también en costas por todos los incidentes o recursos planteados ¡Que no hemos aprobado una oposición para que este tio nos de tanto mal!
¿Justicia a la española? No, ni mucho menos. En realidad cualquier semejanza entre estas sentencias y resoluciones judiciales y la verdadera justicia es algo similar a lo que se dice en las novelas: cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.
En otras palabras, muchos jueces españoles, una buena parte de los jueces españoles, no solamente no protegen los derechos de los ciudadanos, sino que los restringen y reducen todo lo que pueden (De ahí que los justiciables tengamos que acudir a instancias europeas a buscar la justicia que en España sólo se dispensa en cuentagotas).
#96 · 03/Feb/2017, 20:50
En nuestro país, «Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho», así queda claramente establecido en el Artículo 1.1. Código Civil. Sin embargo, también existen lo que se denominan fuentes indirectas del derecho y aquí entrarían la jurisprudencia y la doctrina.
La principal diferencia estriba en que la jurisprudencia son desiciones emanadas por un tribunal superior que sirven como base para un caso similar, mientras que la doctrina son las opiniones y medios que utilizan los juristas en sus argumentos (como libros, la Constitución, las leyes, etc). Eso sí, ambas tienen por función velar por la correcta interpretación de las leyes.
El término jurisprudencia deriva del vocablo latino juris derecho, prudentia sabiduría. Se trata de un conjunto de decisiones que, en materia determinada, se encuentran consagradas por las decisiones de los tribunales.
Se puede entender en tres sentidos: Como sinónimo de ciencia del derecho (o como día Ulpiano La ciencia de lo justo y de lo injusto), como conjunto de sentencias o fallos dictados por los jueces u órganos jurisdiccionales y como el conjunto de sentencias dictadas sobre un mismo punto con el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho en los casos que la realidad presenta a los jueces.
En este sentido, se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo que se repite en más de una resolución. En cambio no son jurisprudencia las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales o por los Tribunales unipersonales.
Aunque es evidente que la jurisprudencia no aparece entre las fuentes del Derecho que enumera el artículo 1.1 del Código Civil, sí completa y perfecciona el ordenamiento jurídico, en el que se instala con vocación de permanencia, hasta el punto de que el artículo 95.1.4 de la Ley de la Jurisdicción y el 88.1.d) de la actual Ley 29/1998, de 13 de julio, equiparan la infracción de las normas del ordenamiento jurídico con las de la jurisprudencia que fuera aplicable para resolver las cuestiones objeto del debate.
#97 · 03/Feb/2017, 22:13
#98 · 17/Feb/2017, 19:33 · Editado por BOIRA_A
La herencia de papá y mamá ya no será tan fácil de conseguir
En el País Vasco se puede desheredar a un hijo sin más requisitos.
En Navarra, por su parte, quien hace el testamento tiene libertad absoluta para disponer de sus bienes. No tienen que dejar nada a sus hijos si no quiere ni dar explicaciones al respecto.
Tradicionalmente, los hijos sabían que muy mal se tenían que poner las cosas para que un padre consiguiera desheradarlos. Casi en la totalidad de los casos se llevaban al menos dos tercios de la herencia. Sin embargo, ahora van a tener que empezar a ponerse las pilas: la legítima está de capa caída en España.
Así, la Ley 5/2015 de 25 de junio de Derecho Civil vasco, al contrario de lo que establece el Derecho común, aplicable a la casi totalidad del territorio nacional, en el que para desheredar a un hijo se requiere que se cumpla alguno de los supuestos que exige la Ley, este derecho foral incorpora el principio de libertad civil, en virtud del cual se puede desheredar a un hijo sin más requisitos.
En Aragón, el Código del Derecho Foral establece que el causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión". No obstante, debe respetar la legítima del 50% y los generales del principio 'standum est chartae'. Es decir, marca un límite inferior al del Código Civil, que suma entre legítima y mejora un 66%.
Por otro lado, en Cataluña se mantiene la legítima baja la cuantía al 25% del caudal hereditario. Otro tanto ocurre en Galicia, donde la herencia forzosa se limita al 25% del patrimonio.
Por último, en Baleares, la legislación va por islas. En Mallorca y Menorca, se reparte de forma obligatoria un tercio de la herencia si son cuatro hijos o menos. Si son cinco o más, la legítima será del 50% de la herencia. En Ibiza y Formentera, la legítima asciende al 50% de la herencia.
No obstante, la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones permitirá a los españoles elegir la ley de sucesiones del país de la UE que más le convenga.
Motivos para excluir del testamento a los herederos
Según explica Legálitas, la desheredación es el acto por el cual el testador excluye, expresamente y por alguna de las causas recogidas en la ley, a alguno de los herederos legitimarios de la parte de la herencia que le corresponde conforme determina la ley.
Son causas generales de desheredación, aplicables a cualquiera que tuviera derechos como legitimario sobre la herencia. El legitimario es la persona con relación de parentesco con el causante (fallecido) a la que la ley reserva necesariamente una parte de los bienes de su herencia, independientemente de la voluntad del fallecido.
Son causas generales de desheredacion:
Son causas específicas para desheredar a hijos y descendientes:
Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente de cuya herencia se trata.
Son causas específicas para desheredar a padres y ascendientes:
Son causas específicas para desheredar al cónyuge:
La desheredación produce la pérdida de derechos del desheredado sobre la legítima, aunque los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar, conservando los derechos de herederos forzosos respecto a ella. Si el desheredado negara la causa recogida en el testamento, corresponderá a los herederos con prueba de la misma.
Si fuera una desheredación injusta, en la que la causa no ha sido mencionada por el testador o no quedado suficientemente probada, se anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado, pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.
En caso de producirse reconciliación entre el testador y el desheredado, ésta priva al testador de la posibilidad de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha
#99 · 19/Feb/2017, 01:52
En la recta final del juicio, el Tribunal lidió con la discordancia característica que es Nóos. Porque en la exposición de los informes finales hubo quienes refutaron rotundamente la existencia de cualquier tipo delictivo y quienes confesaron. Dentro del último grupo se incluyen los hermanos Tejeiro, cuñados de Diego Torres, que han abanderado la ruptura familiar de turno y según el abogado del exsocio de Urdangarin "han confesado un delito que no han cometido".
Entre los que se reconocen infractores figuran el expresidente balear, Jaume Matas, -que admitió que dio orden de contratar a Nóos- y parte de su equipo de Gobierno autonómico. Mientras, han apostado por su inocencia hasta el último segundo el resto de los acusados, incluyendo a los dos principales sospechosos, Urdangarin y Torres, y a doña Cristina.
El fiscal Horrach, vestido de abogado defensor de Cristina de Borbón, cargó contra quienes han considerado culpable a su protegida bajo el planteamiento de que cualquiera de sus conductas portaba delito: "Todo crimen". También contra el instructor de la causa en Palma, el juez Castro, a quien ha acusado de fabricar un "andamiaje sobre conjeturas y sospechas de gran calado y aplauso mediático" para sentar en el banquillo a la infanta. Manos Limpias ha redundado en que la hermana del Rey "sabía y supo muy bien lo que hacía desde el primer momento".
El abogado de Torres barnizó su interpretación en esta obra con una ácida diatriba contra las acusaciones: "los únicos que han convertido este asunto en una ceremonia para la distracción del vecindario son quienes proyectan su torpeza probatoria que ha devenido en legendaria". La defensa de Urdangarin, en el papel de poli bueno, apeló al sentimiento patrio de su patrocinado y a la vulneración de su esfera íntima y la de su familia.
Nadie tuvo nada más que decirle a Samantha Romero y a las magistradas del Tribunal en el trámite de última palabra. Ni la infanta, cuyo abogado Pau Molins pidió una sentencia que confirmara "que el derecho todavía no ha muerto, que se puede seguir confiando en la independencia de la Justicia y, sobre todo, que ésta se aplica en igualdad para todos".
#100 · 02/Mar/2017, 20:44
La reticencia a hablar de todo lo que conlleva el final de la vida en nuestra sociedad es una de las razones que explicaría que tan sólo tres de cada mil personas hayan formalizado testamento vital en nuestro país (también conocido comovoluntades anticipadasoinstrucciones previas).
El testamento vital (living will), cuyo antecedente normativo lo encontramos en el Convenio relativo a los derechos humanos y biomedicina celebrado en Oviedo en 1997, viene regulado en la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre,básica reguladora de laautonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínicay desarrollado también por lascomunidades autónomas.
Elartículo 11de la citadaley 41/2002dispone: Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresar personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo
Por tanto, se trata de un documento en donde la persona capaz y consciente manifiesta anticipadamente una voluntad acerca delos tratamientos y cuidadosque quiere que le sean aplicados para el caso de sufrir unaccidente o situación de enfermedad irreversible y en la que no le sea posible expresar su consentimiento libremente (ej.: no aplicación de determinados tratamientos, retirada del tubo de respiración para no alargar artificialmente la vida)
Podría parecer que estas voluntades anticipadas van de la mano de laeutanasia activa,pero nada tienen que ver. La eutanasia activa es el auxilio al suicido de un paciente que de forma expresa , seria e inequívoca manifiesta su deseo de morir ante una enfermedad grave terminal, en cambio en el testamento vital el paciente no está solicitando morir, sino que expresa su voluntad de no ser tratado de cierta forma ante esa enfermedad terminal.
No debemos confundir tampoco el testamento vital con el testamento en sede de derecho sucesoriodel que estamos acostumbrados a oír. Frente a aquél que tiene que ver con implicaciones patrimoniales y que entra en vigor mortis causa, una vez que la persona fallece, el testamento vital está referido a voluntades sanitarias y tiene la peculiaridad que entra en vigor estando la persona viva pero en situación de irreversibilidad en la que no puede manifestar libremente su voluntad.Con respecto alcontenidode dicho documento, no existe ningún modelo de testamento vital a nivel estatal, sino que han sido algunas comunidades autónomas, como Madrid, las que han propuesto modelos y en las que el paciente, siempre con el asesoramiento de su médico podrá disponer todo lo que quiere y lo que no de forma más o menos concreta en función de la situación de salud en la que se encuentre. Es más, en el propio documento podrá también dar otras instrucciones como por ejemplo si quiere donar todos sus órganos, donde quiere recibir los últimos cuidados o la asistencia espiritual que quiere recibir conforme a sus creencias, entre otros.
Estas instrucciones serán vinculantes en la medida en que lo que solicite el paciente sea razonable y se halle dentro de los límites legales. Así de esta forma dispone el artículo11.3:No serán aplicables las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas.
En cuanto a laforma, la voluntad ha de hacerse porescritoy en cuanto a su otorgamiento podrá hacerse o bien antenotarioo antetres testigos mayores de edad ycon plenacapacidaden función de lo que se disponga para cada comunidad autónoma.
Esto ha supuesto un avance importante en el ámbito de la sanidad, si tenemos en cuenta que hemos pasado de una medicina paternalistaen donde el médico decidía en todo caso que tratamientos aplicar al paciente a una situación en donde laautonomía delpacientey suconsentimiento informadopriman en todo caso. Es por ello qué resulta interesante que los ciudadanos conozcamos las herramientas que ponen a nuestra disposición nuestras leyes, en este caso concreto, para gestionar las decisiones acerca de los últimos momentos de nuestra vida.

References: artículo 74
 resolución 
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 95
 artículo11