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La publicidad jurídica como herramienta de acceso a la justicia
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Susana Fernández Saavedra
1 Universidad de San Andrés Departamento de Derecho Carrera de Abogacía La publicidad jurídica como herramienta de acceso a la justicia Autora: Manuela Laguzzi Legajo: Mentor: Martín F. Böhmer Victoria, Agosto 20142 Agradezco a mi mentor, Martín Böhmer, cuyos trabajos y clases inspiraron esta tesis, y a Ignacio Anselmi y Lucas de Nardo por sus sugerencias y ayuda. 13 Índice Introducción......pág. 3 Plan de trabajo pág. 7 El principio de igualdad pág. 8 Abogados igualadores......pág. 9 El acceso a la justicia en Argentina pág. 11 Información y publicidad pág. 16 Las dos lógicas detrás de la abogacía pág. 20 La publicidad jurídica según las dos lógicas pág. 22 Argumentos a favor y en contra de la publicidad jurídica pág. 24 La regulación publicitaria en Argentina......pág. 26 La publicidad jurídica en el Derecho Comparado.... pág. 32 Conclusión pág. 39 Bibliografía..pág. 41 24 Introducción El artículo 16 de Constitución Nacional afirma que todos sus habitantes son iguales ante la ley, pero este principio se vuelve un simple ideal cuando no se acompaña con los medios que garanticen efectivamente su implementación. Una de las herramientas igualadoras más fuertes son los abogados. Dado que las personas cuentan con una educación y habilidades retóricas diferentes, son los abogados quienes se encargan de equiparar estas desigualdades en el ámbito judicial. Ellos son el nexo entre cada individuo y la justicia. Pero qué ocurre cuando estos igualadores son percibidos negativamente, con desconfianza, o directamente fuera de alcance por sus elevados precios? "Cobran demasiado por sus servicios, ( ) atienden mejor cuanto más se les paga, ( ) demoran las cosas para sacarle más plata a la gente" 1, son concepciones comunes que la gente tiene con respecto a los abogados. Es lo que el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia llama limitaciones psicológicas 2, y que representa uno de los principales obstáculos del acceso a la justicia. Uno de los factores que alimentan esta concepción es la falta de información. Comúnmente, se considera que son tres las principales fuentes de información: las experiencias personales, la reputación y la publicidad. Las experiencias personales son costosas en dinero y en tiempo; suelen ser escasas y no permiten la comparación con otros servicios, necesaria para tomar una decisión informada. 1 Carlos A. Lista y Silvana Begala, Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia: condicionamientos objetivos y subjetivos, Biblioteca CLACSO Anuario no , Ed. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UNC (2001): 412, disponible en 2 Consejo Empresario Argentino, Colegio de Abogados y Fores, Justicia y desarrollo económico, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, (1999): 208, disponible en 35 El problema con la reputación es que no todos tienen el mismo acceso a ella; las personas de bajos recursos suelen tener menos fuentes de información sobre reputación. La publicidad, por último, consiste en un mensaje que se transmite a un gran número de personas a la vez. No requiere de esfuerzo, tiempo o dinero por parte del usuario, y le permite comparar distintos servicios sin la necesidad de probarlos personalmente. De las fuentes mencionadas, esta última es la que tiene mayor alcance. Debemos preguntarnos, entonces, si puede tratarse de una herramienta útil para facilitar el acceso a la justicia. Nuestra legislación tiene fuertes limitaciones publicitarias, que impiden por ejemplo informar abiertamente datos del abogado, sus clientes, o los precios de los servicios jurídicos. De todas las restricciones, la ausencia del costo del servicio sea quizás el factor más influyente para los usuarios. Ante la incertidumbre de cuánto cuesta un abogado, muchos asumen que es demasiado costoso o que serán embaucados y deciden no contratar sus servicios. Por otro lado, al no ser públicas las tarifas, los abogados tienen un amplio margen para cobrar lo que deseen, e incluso montos diferenciales según el cliente. Esto es, en parte, consecuencia de leyes tarifarias imprecisas que intentan establecer límites (tanto máximos como mínimos) pero no parecen lograrlo exitosamente. La publicidad podría, entonces, generar una competencia de precios entre los abogados, lo que traería aparejada su disminución. La transparencia con respecto a los precios de los servicios brindaría a los potenciales usuarios una mayor confianza a la hora de contratar y evitaría la arbitrariedad por parte de los abogados. Sin embargo, el precio no es el único elemento útil. Hay que destacar también que cualquier otra información que se brinde al público sobre el abogado les permitiría apreciar en mayor medida su calidad como profesional. Datos como la cantidad de casos fallados a su favor 3, nombres de clientes, años de experiencia, pueden ser decisivos para inclinarse por uno u otro profesional. 3 Si bien el resultado de un fallo no necesariamente revela la capacidad de un abogado, es un factor que puede resultar relevante para los potenciales clientes. 46 Al ahondar en el porqué de esta legislación restrictiva, descubrimos que existen dos lógicas por las que se puede optar al establecer la normativa de un sistema jurídico. Nos referiremos a éstas como la lógica de mercado y la lógica corporativista. La lógica de mercado reside en dejar la profesión librada a las leyes económicas del mercado. Esto implica competencia, publicidad, lucro, transparencia de información, reglas de oferta y demanda, leyes de defensa al consumidor. La lógica de corporación, en cambio, consiste en abstraer a la profesión de las reglas anteriores por considerarse a la abogacía como una función socialmente valiosa, que vincula los intereses particulares de cada individuo con los intereses públicos. Para ser capaz de cumplir esta tarea, el abogado debe ser una figura inmaculada. Debe preservar por lo tanto una imagen digna, enaltecida, y tener una conducta intachable. Es por eso que se necesitan ciertas prerrogativas, tales como la autorregulación y el monopolio de la profesión. Al analizar los Códigos de Ética y las distintas leyes, comprendemos que la normativa ética de nuestro país responde mayormente a la lógica corporativista. Se propugnan el honor y la dignidad profesional 4, la accesoriedad del espíritu de lucro 5, el decoro en la atención de la clientela 6 y una publicidad reducida a avisar la dirección de su estudio, sus nombres, títulos científicos y horas de atención al público 7. Sin embargo, en la práctica profesional no todos los abogados cumplen estos mandatos. La realidad es que muchos profesionales se manejan con una mentalidad de mercado: priorizan el lucro y quien más paga suele obtener al mejor abogado. Hay abogados que a la hora de cobrar, aumentan las horas, exageran gastos o se aprovechan de la inexperiencia de sus clientes. Algunos ni siquiera aceptan casos que saben que no serán muy redituables. La falta de transparencia termina afectando a los sectores con menos recursos, que no cuentan con los contactos y las referencias necesarias para acceder a un buen 4 Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Art. 2 5 Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Art. 4 6 Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Art Código de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Art. 18 57 asesoramiento legal. En consecuencia, en la práctica tenemos muchos casos que caen dentro de la lógica de mercado, y que por encontrarse ocultos detrás de un Código que defiende otra lógica, no cuentan con la protección adecuada. Este trabajo pondrá en tela de juicio la elección de una normativa tan restringida en el ámbito publicitario. La idea detrás de la regulación actual es que no se puede vender la justicia y que el abogado no ofrece un servicio común. Se busca además evitar la competencia entre los abogados, ya que se apunta a una fraternidad entre ellos. Si bien estos argumentos son válidos cuando los ubicamos en el momento en que surgen los Códigos de Ética, las restricciones publicitarias responden a una tradición de larga data que, incluso en los Colegios de Abogados, se está comenzando a replantear: ( ) es necesario propender a un esquema publicitario más amplio que el actual, pero aunado a un estricto control del sistema por parte de la colegiación 8. El objetivo de este trabajo es demostrar que los aspectos positivos de la publicidad superan a los negativos, y que puede constituir una herramienta útil para el acceso a la justicia. Con unos pocos recaudos, además, se podría realizar publicidad y conservar a la vez la dignidad profesional. 8 I Jornadas Tribunales de Disciplina de la Provincia de Buenos Aires Necochea8 Plan de trabajo En primer lugar se desarrollará brevemente el principio de igualdad, centrándonos en la figura del abogado como herramienta igualadora y su rol fundamental en el acceso a la justicia. En segundo lugar, se trazará un panorama general sobre el acceso a la justicia en Argentina, destacando las dificultades de ciertos sectores para alcanzarlo y los motivos por los que ocurre. Se hará hincapié en la falta de transparencia y la asimetría de información existentes en la profesión abogadil, analizando en este punto las distintas fuentes de información. Se resaltará la importancia de la publicidad como herramienta de difusión. Ante el interrogante de por qué no se utiliza la publicidad en el ámbito jurídico, se planteará la existencia de dos lógicas a través de las cuales se puede ver a la profesión del abogado: una lógica de mercado y una lógica de corporación. Se describirá brevemente cada una. A continuación nos centraremos en la publicidad jurídica. Se explicará cómo es la regulación de la publicidad según cada una de estas lógicas, sirviéndonos para ello de ejemplos concretos de derecho comparado. Se presentarán argumentos a favor y en contra de cada una, abarcando temas tales como la imagen, la tradición, la asimetría de información, la transparencia de información, entre otros. Luego se explicará cómo es la regulación en los Códigos y leyes de ética profesional en Argentina, ubicándola dentro de una de las lógicas y describiendo el impacto que tiene en la práctica. Finalmente, se propondrán posibles cambios en la regulación publicitaria actual tendientes a una mayor liberalización publicitaria. 79 El Principio de Igualdad Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 9, consagra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. A su vez, el artículo 16 de nuestra Constitución afirma que todos sus habitantes son iguales ante la ley. Estos artículos, al igual que muchos otros, hacen referencia al llamado principio de igualdad. Este principio es quizás uno de los más conocidos y hay una extensa doctrina y jurisprudencia que lo analiza, y sin embargo es vulnerado con regularidad. Hay distintas interpretaciones de este principio y discusiones sobre lo que debe entenderse por el término igualdad. El significado más aceptado es el que consagra que igualdad es igual trato en condiciones iguales. Es decir que debe otorgársele un trato igual a los individuos que se encuentren en la misma situación jurídica o en condiciones idénticas. Es cuando los sujetos se hallan en condiciones dispares que se complejiza la aplicación del principio. Para alcanzar la igualdad, es el Estado quien debe proveer mecanismos que permitan efectivizarla. Por lo tanto, cuando una persona se encuentra en una circunstancia de inferioridad, ya sea económica, física o mental, el Estado debe intervenir y utilizar medidas que ayuden a nivelar dicha situación. Un caso común de inferioridad es el de los sectores de bajos recursos. Estos grupos suelen tener dificultades económicas e intelectuales, entendiendo a estas últimas como una falta de educación y de información en determinados aspectos. El ejemplo que nos concierne para este trabajo es la falta de conocimientos necesarios para desenvolverse en el ámbito jurídico. Si bien es cierto que gran parte de la población no es conocedora de aspectos legales, esto no resulta un problema gracias a la existencia de los abogados. Ellos son piezas fundamentales y necesarias en un proceso, dado que traducen las problemáticas individuales en asuntos de relevancia jurídica. La desigualdad, entonces, se da cuando ciertas personas no pueden acceder a los servicios de un abogado. Es por este motivo que todas las personas tienen el derecho a contar con un abogado cuando lo necesiten, y el Estado debe brindarlo cuando no puedan costearlo. 9 Art. 1 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 810 Abogados igualadores A la hora de entrar al sistema judicial, los ciudadanos se enfrentan con herramientas desiguales dado que no conocen en la misma medida lo que manda el derecho positivo, ni tienen el mismo conocimiento de todos los hechos relevantes, tienen prejuicios no contestados, no saben articular los argumentos de forma igualmente persuasiva, etc. Es justamente porque tienen conocimientos y capacidades retóricas desiguales por lo que necesitan representantes, los abogados, que les brinden las armas con la cuales librar la batalla deliberativa en forma equilibrada 10. Dado que las personas suelen carecer de las habilidades y los conocimientos legales necesarios, es el abogado quien pone en funcionamiento el sistema judicial. Tal es así que sin la figura de un letrado patrocinante, no se puede acceder a la justicia. Su rol es el de mediador entre los individuos y la justicia, sirviendo como conector entre uno y otro. El abogado es, en definitiva, un cerrajero : conoce las palabras clave y la forma de hacer los escritos judiciales, permitiendo la puesta en marcha del proceso judicial 11. Hay quienes no cuentan con los recursos necesarios para contratar a un profesional. Estas personas, por lo tanto, no tienen la llave para poner en marcha el proceso judicial. La realidad indica que no sólo las capacidades retóricas de las personas son dispares, sino también las económicas, razón por la cual el Estado debe 10 Martín Böhmer, Igualadores y traductores. La Ética del Abogado en una Democracia Constitucional, en Villarreal, Marta y Courtis, Christian (coord.), Enseñanza clínica del derecho. Una alternativa a los métodos tradicionales de formación de abogados (México D.F: Sans Serif Editores, 2007), Mariano Fernández Valle y Diego Freedman, Los abogados, como herramienta de equidad, Diario Clarín (2005), disponible en htm 911 proveer excelentes abogados a los sectores de bajos ingresos que no puedan costearlos 12. En la práctica, sin embargo, este mecanismo parece ser insuficiente, dado que una parte importante de la población no accede al asesoramiento de un profesional. Teniendo en cuenta que la función de los abogados es igualar a las personas ante la Justicia, su calidad es un aspecto a considerar. Para garantizar igualdad entre los individuos, no basta con proveer abogados para todos, sino que debe existir además cierta homogeneidad en la calidad retórica de los profesionales. De esta manera, se logra que no sean los mejores argumentadores los que ganen sino los mejores argumentos. De existir grandes desigualdades en la calidad de los profesionales, los mejores abogados cobrarían una tarifa más alta, lo cual traería dos consecuencias no deseables. O limitaría el acceso sólo a aquellas personas con los recursos suficientes, o provocaría que el dinero asegurase un buen resultado. En ambos escenarios, son los individuos con menos recursos los que salen perjudicados. Es necesario, entonces, asegurar un estándar cualitativo lo más parejo posible. Esta tarea depende, en un primer lugar, de las Facultades de Derecho, que deben tener un nivel de exigencia suficiente para que los graduados cuenten con una calidad mínima asegurada. En segundo lugar, son los Colegios de Abogados quienes deben controlar que se mantenga este nivel durante el ejercicio de la profesión. El monopolio de la profesión de los abogados se justifica entonces por esta necesidad de igualar a los ciudadanos a la hora de adentrarse en la Justicia. De no existir cierto control sobre los abogados, ya sea respecto a su calidad o de su disponibilidad ante los clientes, se correría el riesgo de que sólo quienes más pagan obtengan justicia. Pero si el monopolio no es ejercido de manera igualitaria, se pierde su esencia. (E)l proceso deliberativo en el que consiste el derecho debe estar abierto a todos, bajo las 12 Mariano Fernández Valle y Diego Freedman, Los abogados, como herramienta de equidad, Diario Clarín (2005), disponible en htm 1012 mismas condiciones de calidad y accesibilidad, y por lo tanto el servicio de los abogados debe ser prestado en esas condiciones 13. Actualmente, en nuestro país, el monopolio de la abogacía no está logrando cumplir su objetivo igualador. El acceso a la justicia está, en gran medida, restringido a quienes pueden costearlo, dejando fuera a los sectores de bajos recursos. A continuación analizaremos esta situación e intentaremos dilucidar sus motivos. El acceso a la justicia en Argentina El acceso a la justicia es la posibilidad de hacer uso, como ciudadano, de los mecanismos y estructuras del sistema judicial del estado para la defensa de los derechos legales 14. Es decir que, cuando una persona ve vulnerado un derecho, debe tener la posibilidad de acceder tanto a un asesor legal como al sistema judicial para que le sea reparado ese derecho. Se debe destacar que el acceso no se limita al mero hecho de alcanzar la instancia judicial, ya que comienza a partir de ese momento un proceso que se prolonga en el tiempo y en el que también deben mantenerse las circunstancias de igualdad. Si bien este derecho existe formalmente, su puesta en práctica resulta problemática. Debido a las desigualdades de recursos, no todos cuentan con las mismas posibilidades de acceso. Un proceso judicial implica dinero, y es por eso que quienes no 13 Martín Böhmer, Igualadores y traductores. La Ética del Abogado en una Democracia Constitucional, en Villarreal, Marta y Courtis, Christian (coord.); Enseñanza clínica del derecho. Una alternativa a los métodos tradicionales de formación de abogados (México D.F: Sans Serif Editores, 2007), Carlos A. Lista y Silvana Begala, Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia: condicionamientos objetivos y subjetivos, Biblioteca CLACSO Anuario no , Ed. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UNC, (2001): 407, disponible en 1113 pueden cubrir los costos tienen el derecho de recibir asistencia gratuita y de ser eximidos de ciertos gastos burocráticos. (H)ay una diferencia fundamental entre reconocer la igualdad formal de todos los ciudadanos ante la ley estableciendo la aplicación uniforme de las normas que (de acuerdo con una ficción del derecho) se reputa conocida por todos, y establecer la obligación del Estado de proveer la asistencia jurídica con el objeto de asegurar que todos los habitantes conozcan sus derechos y puedan accionar los mecanismos institucionales existentes para asegurar su debido ejercicio 15. El acceso debe entonces ser universal. No sólo son inadmisibles las restricciones por motivos económicos, sino también por cuestiones de género, raza, religión, o cualquier otro tipo de discriminación. Este punto no se debe limitar a un comportamiento pasivo (un no hacer, es decir a un no impedir el acceso) sino que debe ir más allá y, a través de distintos mecanismos, facilitar dicho acceso activamente. Relacionado con el punto anterior está el carácter igualitario del acceso a la justicia. Esto implica que las instituciones del sistema de justicia deben estar presentes en todo el territorio del país de forma tal que no obligue a un habitante a esfuerzos desproporcionados para acercarse a una casa de justicia 16. La distancia geográfica no debe convertirse en un impedimento a la hora de acceder a la justicia. Trasladarse implica costos tanto en tiempo como en dinero, y para algunas personas esto puede ser decisivo a la hora de adentrarse en un proceso. Irónicamente, son los sectores marginales los que suelen encontrarse más alejados de las instituciones judiciales y oficinas de abogados, siendo éstos quienes menos pueden afrontar los costos de traslado. 15 Haydee Birgin y Natalia Gherardi, El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental: retos y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres en Etchegoyen, Aldo (Coord.). Mujer y Acceso a la justicia (Buenos Aires: El Mono Armado. 1era edición, 2008), Sandra Elena, Alejandra González Rodríguez y Santiago del Carril, El Acceso a la Justicia en América Latina, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (2005), 4, disponible en &titulo2=acceso%20a%20la%20justicia 1214 Si bien existen mecanismos tendientes a facilitar el acceso a la justicia, tales como clínicas jurídicas, casas de justicia, fiscalías descentralizadas, defensorías, por nombrar algunos, éstos no parecen cumplir exitosamente con su propósito. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó en 2004 un estudio sobre necesidades jurídicas insatisfechas en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires 17. Los resultados de esta investigación mostraron que un 98,55% de las necesidades jurídicas de los residentes de esta zona quedan insatisfechas. Esto implica que sólo un porcentaje mínimo accede a la justicia, y el caso de Moreno es sólo un ejemplo de los muchos que se dan en Argentina. Del estudio surgió, además, que (l)as personas que no acceden a un abogado representan 86,75% de los que no inician un proceso, mientras que las personas que acceden a un abogado, pero igual no inician un proceso representan 13,25% 18. Es decir que, en la mayoría de los casos, quienes cuentan con un abogado se adentran en el sistema judicial. La falta de asesoramiento jurídico parecería entonces ser la principal dificultad. Dado que la cantidad de abogados en el país no es el problema (abogacía es una de las carreras con mayor número de graduados 19 ), analizaremos si uno de los motivos de este alejamiento entre abogados y público es una falla en la comunicación hacia estos últimos. 17 Disponible en 18 Diego Freedman, La relevancia de las investigaciones de Necesidades Jurídicas Insatisfechas (NJI), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Políticas Públicas/Recomendación nº45 (2007), Según datos ofrecidos por el Ministerio de Educación de la Nación, ingresantes se inscribieron en todo el país para comenzar sus estudios de Abogacía en Tanto en instituciones privadas como públicas. Con algunos números más o menos de nuevos estudiantes, esa profesión encabezó el listado año a año hasta el 2012 con alumnos (Leticia Martínez, Diario Perfil 29/06/2014, disponible en Argentina html ). 1315 El acceso a la justicia debe ser libre. Esto significa una información previa en el potencial usuario acerca de cuáles son sus derechos y cómo debe defenderlos 20. Actualmente la información previa con la que se cuenta es, cuanto menos, escasa. Hay carencias cognitivas con respecto a los derechos y una falta de difusión de los mecanismos tendientes a protegerlos. La publicidad de los abogados no abunda y la información con la que se cuenta no resulta muy útil para tomar una decisión. Es alarmante la ignorancia en la que muchas personas viven con respecto a sus derechos. Una investigación realizada por Carlos A. Lista y Silvana Begala en la ciudad de Córdoba mostró que la mayoría de los pertenecientes a sectores de bajos recursos (a)utoperciben que conocen poco o nada sobre sus propios derechos y sobre los medios para hacerlos valer y protegerlos 21. Es decir que no sólo muchos individuos desconocen el camino a seguir cuando les es vulnerado un derecho, sino que directamente desconocen cuándo está siendo violado. Carecen de una conciencia de la protección que les es debida. A veces la gente no recibe los servicios legales que necesita, ya sea porque no están al tanto de dichos servicios, no entienden cómo pueden beneficiarse de esos servicios o no entienden cómo obtenerlos. Por lo tanto, es también responsabilidad de la profesión legal informar al público sobre la disponibilidad de servicios legales y cómo obtenerlos y usarlos. 22 El estudio reveló otros resultados, también preocupantes. Los sectores de bajos recursos, en su amplia mayoría perciben que los trámites y procedimientos judiciales necesarios para asegurar sus derechos son complicados, caros y engorrosos 23. Existe entre ellos un alto grado de desconfianza con respecto a los abogados, quienes sienten "cobran demasiado por sus servicios ( ), atienden mejor cuanto más se les paga ( ), arreglan con la otra parte y perjudican a su cliente ( ) y demoran las cosas para sacarle 20 Elena, González Rodríguez y del Carril, El Acceso a la Justicia en América Latina, Carlos A. Lista y Silvana Begala, Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia: condicionamientos objetivos y subjetivos, Biblioteca CLACSO Anuario no , Ed. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UNC, (2001): 8, disponible en 22 ABA Aspirational Goals for Lawyer Advertising 23 Lista y Begala, Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia, 8. 1416 más plata a la gente" 24. Opinan también que la ley y la justicia benefician y protegen a algunos pocos y que discriminan a los pobres 25. Ante este panorama, lo que estas personas hacen es alejarse del sistema judicial porque se sienten ajenas a éste. Muchas de estas percepciones no tienen motivos fundados sino que son limitaciones psicológicas 26, consistentes en una falta de confianza en la Justicia y su capacidad de resolver conflictos. Este prejuicio es muy negativo porque provoca un distanciamiento del sistema sin siquiera haber tenido experiencias en las cuales basarse. Según un estudio del FORES, los fundamentos de la falta de confianza son los siguientes: (i) (ii) (iii) la percepción del sistema legal como un mundo ajeno a su realidad, que cuenta con un conjunto de valores propio y muy distinto al de las instituciones formales. ignorancia acerca de sus derechos y cómo canalizarlos; incomprensión al momento de recurrir a dichos mecanismos, y ello retroalimenta el punto (i) 27. Esto nos muestra que hay un problema de raíz, ya que la gente no sabe cuáles son sus derechos y mucho menos conoce la existencia de los mecanismos de acceso disponibles. Hasta ahora, los intentos de reforma judicial se han realizado de arriba hacia abajo, es decir, desde perspectivas destinadas a mejorar el funcionamiento y el rendimiento del sistema de administración de justicia sin contemplar las diferentes problemáticas de las personas que no pueden acceder a él. Gran parte de la demanda de justicia es desconocida y los cambios institucionales no se orientaron hasta el momento 24 Lista y Begala, Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia, Lista y Begala, Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia, Consejo Empresario Argentino, Colegio de Abogados y Fores, Justicia y desarrollo económico, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Buenos Aires, (1999): 208, disponible en 27 Elena, Sandra, González Rodríguez, Alejandra y del Carril, Santiago, El Acceso a la Justicia en América Latina, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (2005): 7-8, disponible en &titulo2=acceso%20a%20la%20justicia 1517 a ponerla al descubierto 28. Es hora, entonces, de buscar otras soluciones, tendientes a aumentar la información disponible al público. Información y publicidad El artículo 4º de la Ley defensa del consumidor establece que (q)uienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos 29. Dado que los abogados brindan un servicio, debemos preguntarnos por qué no quedan comprendidos por esta ley y este artículo. La regulación publicitaria actual, si bien veraz, no es ni detallada, ni eficaz, ni suficiente. Es cierto que el servicio que ofrecen no es como cualquier otro, dado que lo que está en juego es la justicia. Pero siendo un asunto de tanta importancia, los potenciales usuarios deberían contar con toda la información posible para tomar una decisión informada. Cuando se contrata a un abogado, se está depositando en sus manos el destino de un derecho. Hay que ser, por lo tanto, muy cuidadoso en la elección del profesional. Esto resulta difícil dada la disponibilidad de información actual. Las fuentes de información En forma general, se puede decir que son tres las fuentes de información con las que puede contar un individuo a la hora de tomar una decisión: conocimientos personales, reputación y publicidad Diego Freedman, La relevancia de las investigaciones de Necesidades Jurídicas Insatisfechas (NJI), Ley de Defensa del Consumidor, art. 4º 30 Geoffrey C. Hazard Jr., Russell Pearce, Jeffrey Stempel, Why Lawyers should be allowed to advertise: A Market Analysis of Legal Services, Yale Law School, Faculty Scholarship Series. Paper 2398 (1983), 12 y sig. 1618 Los conocimientos personales son aquellos que las personas recaban de sus propias experiencias. Son los más confiables, dado que nadie es mejor juez que uno mismo de sus apreciaciones personales. El problema de esta fuente es que se necesita más que la información extraída de una o algunas pocas experiencias personales; la mejor decisión requiere además la capacidad para comparar con otros servicios. Un individuo debería experimentar muchas situaciones, lo que es imposible por los costos temporales y dinerarios que se requieren. La reputación consiste básicamente en conocimientos personales de otros, que comparten sus experiencias. Suelen provenir de amigos o familiares, por lo que cuentan con cierto grado de confianza. Otro aspecto positivo es que no requieren esfuerzos (tiempo o dinero) por parte de quien recibe la información. Sin embargo, las recomendaciones nunca tendrán el mismo peso ni el mismo nivel de convencimiento que las vivencias personales. El problema de la reputación es que no todos tienen el mismo acceso a ésta, lo cual deriva en una inequidad a la hora de contratar los servicios jurídicos. Las personas de bajos recursos suelen tener menos fuentes de información sobre reputación. Por último, la publicidad consiste en un mensaje que el productor o vendedor transmite a un gran número de personas a la vez. Ésta permite que el usuario compare distintos servicios sin la necesidad de probarlos personalmente. Obviamente la publicidad tiene defectos, principalmente por el hecho de que la fuente de la que surge la información es subjetiva y busca su beneficio particular. Sin embargo, es la fuente que tiene más alcance. La publicidad jurídica La publicidad es una herramienta de divulgación, cuyo principal fin es el de atraer clientes para que consuman un producto o un servicio. La publicidad de los abogados, específicamente, consiste en la difusión de los servicios jurídicos brindados por el profesional. Dado que en nuestra Constitución se consagra el derecho a trabajar 31, entendemos que implica reconocer concomitantemente en un acto de coherencia 31 Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita ( ) 1719 normológica el derecho a arbitrar los medios necesarios para lograr un ejercicio eficaz del comercio y la industria, siempre dentro del marco de lo lícito y razonable 32. La publicidad, especialmente para aquellas personas que brindan servicios, es una parte fundamental del trabajo dado que es el modo que tienen para atraer clientes. Pero esta es sólo una cara de la moneda, ya que la publicidad beneficia también a los consumidores brindándoles la información necesaria para realizar su elección. En nuestro país, los abogados encuentran este derecho fuertemente restringido. Es bien sabido que una limitación ética impide a los abogados publicitar sus servicios como ocurre en otras profesiones, lo que hace ingresar a muchos en una especie de trampa mortal que dificulta, por un lado, para ellos, la captación de clientes, y por el otro, para los potenciales usuarios, el conocimiento de los servicios 33. Pero la ética profesional no debe perder de vista que la publicidad es un derecho de todo profesional o comerciante. ( ) una correcta regulación de la publicidad abogadil debe partir del principio de la libertad publicitaria 34. Problemas derivados de la falta de información Uno de los principales problemas de la falta de información es que produce asimetría de información. Ésta se da cuando en una transacción, una de las partes, en este caso el consumidor, no posee la misma información sobre el servicio que la otra parte. Esto lo posiciona en una situación de desventaja frente al proveedor, que tendrá una mayor libertad a la hora de fijar los precios y menos presión en el nivel de calidad ofrecido. La situación descripta es aún más compleja en el caso de los servicios jurídicos, dado que se trata de bienes de confianza. Estos bienes no permiten una valoración por parte del consumidor, dado que es el proveedor quien establece las necesidades de éste. 32 Adrian Oscar Morea, Implicancia ética de la publicidad de los abogados, El Derecho. Diario de Doctrina y Jurisprudencia - Nº62 (2013). 33 Consejo Empresario Argentino, Colegio de Abogados y Fores, Justicia y desarrollo económico, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Buenos Aires, (1999), disponible en 34 Morea, Implicancia ética de la publicidad de los abogados. 1820 Los consumidores resultan incapaces de determinar, por una parte, cuánto del bien se requiere y, por otra, si el servicio entregado fue o no correcto 35. Esto es así ya que los abogados realizan diversas tareas según el caso, y los usuarios suelen ignorar las particularidades de la profesión. Nos encontramos, por lo tanto, ante un problema de principal-agente, siendo el consumidor el principal y el abogado el agente. Frente a la ignorancia de los consumidores sobre el servicio que les ofrecen, los abogados pueden aprovecharse y realizar servicios innecesarios, o directamente inventar gastos para aumentar su facturación. Esto ocurre porque las partes tienen intereses distintos. El cliente, por un lado, quiere obtener el mejor servicio al menor precio posible. El abogado, por el otro, quiere una buena paga realizando el menor esfuerzo posible. Hay que destacar que los abogados no pueden cobrar lo que les plazca con absoluta libertad, dado que existen leyes que regulan los honorarios de los abogados. De forma general, se puede decir que son dos los mecanismos para fijarlos. En primer lugar, existen honorarios mínimos, usados en casos de servicios genéricos como divorcios, tenencias, o en las consultas, entre otros. En segundo lugar, hay un rango de porcentajes mínimos y máximos que se usa en casos cuantificables económicamente. Por ejemplo, deudas, sucesiones, escrituras, daños y perjuicios. Ambos tienen falencias. El problema con el mecanismo de honorarios mínimos es que no se establece un tope, permitiendo a los abogados cobrar lo que deseen; el problema con el mecanismo de porcentajes es que incita a los abogados a seleccionar los casos según la suma. Como se puede observar, las pautas son amplias y dan lugar a arbitrariedades por parte de los profesionales, más aun teniendo en cuenta que muchas personas las desconocen. No deberían ser, por lo tanto, el único mecanismo regulador de precios. La publicidad permitiría a los consumidores disminuir los costos de identificación de los abogados, pudiendo comparar con mayor facilidad los servicios que ofrece cada uno. Los abogados se verían entonces obligados a competir entre ellos, provocando una disminución de precios. 35 Ínigo de la Maza Gazmuri, La tradicional dignidad de la profesión: abogados y publicidad en Chile, Revista Derecho y Humanidades Nº10 (2004),21 Habiendo identificado las consecuencias que trae aparejada la falta de información y los beneficios de la publicidad como fuente informativa, resta analizar el porqué de las restricciones publicitarias en el ámbito jurídico. Las dos lógicas detrás de la abogacía A la hora de diseñar los límites y la normativa de la profesión de los abogados, se puede optar por dos caminos diferentes. Se puede seguir una lógica de mercado, por un lado, o seguir una lógica corporativista, por el otro. La Lógica de mercado La lógica de mercado consiste, como su nombre lo indica, en dejar la profesión librada a la economía de mercado. El mercado ideal, para este modelo, es en el que hay competencia perfecta. En éste los oferentes y demandantes realizan intercambios económicos voluntarios, sin estar sometidos a regulaciones de autoridad alguna. Bajo esta lógica los abogados, como oferentes de un servicio jurídico, son entonces agentes libres como cualquier otro dentro del mercado. Para que la competencia sea perfecta, deben darse ciertas condiciones. En primer lugar, no debe haber barreras de entrada para los oferentes. De esta forma se evita que se generen monopolios o carteles, incompatibles con este modelo. En el caso de la abogacía, la única barrera debe estar dada por las facultades de Derecho, que garantizan un estándar de calidad retórica. En segundo lugar, los productos y servicios deben contar con sustitutos perfectos, de modo que el consumidor pueda comprar a uno u otro oferente indistintamente. Esto implica, para el caso de los abogados, que no haya diferencias radicales en la calidad de los abogados (idealmente, todos los profesionales deberían contar con el mismo nivel). Actualmente, se asocia a los mejores estudios y a los 2022 mejores abogados con precios muy elevados. De haber una igualdad cualitativa entre profesionales, se lograría asegurar a todos los usuarios un buen servicio, y no sólo a aquéllos que pueden pagar más. Se lograría, además, limitar la arbitrariedad en la fijación de tarifas, ya que si un abogado cobrara mucho más que el resto, los consumidores dejarían de contratarlo. En tercer lugar, los consumidores deben contar con información suficiente (precios, características, sustitutos, cualquier dato útil). Sólo de esta forma pueden tomar una decisión fundada y racional, pudiendo comparar las diferentes opciones. En la práctica, sin embargo, no existen los mercados perfectos. Es por eso que se crean normativas tendientes a corregir las fallas, tales como la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia. Bajo la lógica de mercado, la profesión de los abogados queda comprendida por estas normas. Bajo esta lógica, si bien los abogados sirven a la justicia, tienen una finalidad primordialmente de lucro. Como cualquier proveedor de servicios, buscan atraer clientes, y para hacerlo utilizan la publicidad. La Lógica corporativista La lógica corporativista se basa en la creencia de que la abogacía es una profesión que, dadas sus características, amerita reglas diferenciadas. El abogado es un servidor de la justicia. Él traduce los intereses de las personas a intereses generales, y al hacerlo funciona como igualador. Dado que no todos tienen las mismas capacidades retóricas, en vez de dejar en manos de cada individuo la defensa de sus derechos, son los abogados quienes se ocupan de esta labor. Es entonces para asegurar un ejercicio igualitario del derecho que se crea un monopolio de la profesión legal. Para evitar que los abogados abusen de este monopolio, se establecen normas que reglamentan su actividad. Hay, por ejemplo, leyes que regulan el cobro de honorarios, y una serie de Códigos de Ética que delimitan el comportamiento que se espera del profesional. Éste debe presentarse como una figura inmaculada; debe preservar una imagen digna, enaltecida, y tener una conducta intachable tanto en su vida profesional como en su vida personal. Debe también actuar con decoro, entendiendo a 2123 éste como el respeto hacia cierta forma en el modo de hacer las cosas. La abogacía es una profesión que debe estar revestida de solemnidad, la cual se ve menoscabada si no se procede con dignidad. Para esta lógica, el objetivo principal de la profesión es servir a la justicia. Los abogados no deben actuar movidos por el lucro, sino que debe ser un mero accesorio. Como consecuencia, no aplican las reglas de mercado como ocurre con otros servicios. Los abogados no deben competir entre sí, ni usar medios inadecuados para captar clientela. La publicidad está restringida porque se considera que puede afectar la imagen profesional. La publicidad según las dos lógicas Bajo la lógica de mercado, los servicios jurídicos se publicitan como cualquier otro servicio o producto. Los abogados ofrecen un servicio, y al igual que cualquier comerciante, se sirven de la publicidad para atraer clientes. Cualquier tipo de información está permitida, siempre y cuando no sea ni falsa ni engañosa. No hay restricciones en cuanto al estilo, pudiéndose usar libremente colores, fotografías u otros elementos llamativos. Básicamente, en los países que defienden esta lógica, los anuncios de servicios legales son de similar forma que los de productos de consumo 36. Se pueden ver anuncios en diarios, televisión, carteles, o cualquier otro medio publicitario. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de comerciales son de locales gastronómicos, venta de autos ( ), y de abogados Matías Werner, Lawyers for sale, Diario Judicial, , disponible en 37 Werner, Lawyers for sale 22 24 Bajo la lógica corporativista, en cambio, dado que la profesión jurídica es un monopolio y tiene reglas propias, la publicidad debe respetar una normativa diferente. Suele estar fuertemente restringida, o puede incluso estar prohibida. Se cree que la publicidad genera una imagen negativa cuando se trata de asuntos jurídicos. Un servicio jurídico no puede ser ofrecido como cualquier producto de consumo masivo, porque le quita seriedad a la defensa de la justicia. Es por eso que la publicidad debe reducirse a los datos mínimos e indispensables del abogado o el estudio. Una publicidad permitida por normas basadas en esta lógica sería, por ejemplo, la siguiente: Como se puede observar, aparecen sólo los datos básicos y la presentación es discreta y austera. El objetivo es que lo que realmente se visualice sea el texto del 23 Mostrar más
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