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Del pan a los libros, pasando por los periódicos y las prótesis: productos que pagan el 4% de IVA. expansion.com 07/06/ PDF
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Rocío Bustos Salazar
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2 Consultas Tributarias Plazo para realizar la modificación de la base imponible de los créditos impagados y reclamación judicial. CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 11/04/2013 (V ) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: La entidad consultante, con un volumen de operaciones en 2011 inferior a ,04 euros, viene realizando trámites para la recuperación del Impuesto sobre el Valor Añadido en determinados créditos impagados cuyos destinatarios son empresarios o profesionales. CUESTIÓN PLANTEADA: 1º.- Plazo para realizar la modificación de la base imponible de los créditos impagados. 2º.- Si la reclamación judicial debe realizarse antes de los 6 o 12 meses necesariamente o es posible realizarla durante el plazo adicional de 3 meses durante el que se puede modificar la base imponible. 3º.- Si, a lo largo del proceso judicial se produce algún cobro parcial como pago a cuenta del saldo pendiente con un deudor, sería adecuado imputar dicho cobro a las facturas más antiguas de las cuales ya se ha recuperado el IVA, aunque existan facturas posteriores sobre las que todavía no se ha modificado la base imponible. En caso de respuesta positiva, si ello afectaría a la recuperación del IVA de las citadas facturas posteriores. CONTESTACION-COMPLETA: 1.- Los supuestos establecidos legalmente para la modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de impago de la contraprestación por el destinatario, se contienen en el artículo 80, apartados tres, cuatro y cinco de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre). En relación con el supuesto a que se refiere la consulta, los apartados cuatro y cinco del artículo 80 de dicha Ley, en su redacción en vigente en el momento de formularse dicha consulta, establecían lo siguiente: Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones: 1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de ,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses. 2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto. 3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos. Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía. La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (2 of 15) [11/06/ :17:36]
3 refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de ,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses. Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.. Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes: a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada. b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada. c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado cinco de esta ley. d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos. Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta ley para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto. 2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla. 3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha. 4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, segundo párrafo de esta ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública. Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 2.- Por su parte, el artículo 24 del Reglamento del Impuesto aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 31 de diciembre) declara que: 1. En los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura o documento sustitutivo en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercu-tida, en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de las cuotas que deba deducir el destinatario de la operación estarán condicionadas a la expedición y remisión del documento que rectifique al anteriormente expedido. 2. La modificación de la base imponible cuando se dicte auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto, así como en los demás casos en que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables, se ajustará a las normas que se establecen a continuación: a) Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el acreedor en tiempo y forma. file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (3 of 15) [11/06/ :17:36]
4 2. El acreedor tendrá que comunicar a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible practicada, y hará constar que dicha modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla, en los términos previstos en el artículo 80 de la Ley del Impuesto. A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos: La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de expedición de las correspondientes facturas rectificadas. En el supuesto de concurso, la copia del auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones cuya base imponible se modifica o la certificación del Registro Mercantil, en su caso, acreditativa de aquél. En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o mediante requerimiento notarial. En el caso de créditos adeudados por Entes públicos, el certificado expedido por el órgano competente del Ente público deudor a que se refiere la condición 4.ª del apartado cuatro del artículo 80 de la Ley del Impuesto. b) En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de empresario o profesional, deberá comunicar a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal la circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta obligación no impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor, siempre que se cumplan los requisitos señalados en el párrafo a). Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las facturas rectificativas de las operaciones el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. Cuando el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional, la Administración tributaria podrá requerirle la aportación de las facturas rectificativas que le envíe el acreedor. c) La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera efectuado previamente. 3.- A la vista de esta regulación y según los datos que se desprenden de la consulta formulada, este Centro Directivo le informa de que el plazo para llevar a cabo la modificación de la base imponible, siendo la entidad acreedora consultante una empresa de reducida dimensión (volumen de operaciones inferior a ,04 euros), es el previsto en el citado artículo 80.Cuatro, condición 1ª, tercer párrafo, de la Ley 37/1992, esto es, en el período de los tres meses desde la finalización del plazo de 6 meses posterior al devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Por tanto, no procederá la modificación de la base imponible por créditos incobrables fuera del citado plazo legal. 4.- En relación con el momento en que puede realizarse la preceptiva reclamación judicial al deudor, hay que tener en cuenta que, uno de los requisitos necesarios para considerar un crédito total o parcialmente incobrable a efectos de la reducción de la base imponible del Impuesto, siempre que no se trate de créditos adeudados por entes públicos, es que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante resolución judicial al deudor o, en su caso, requerimiento notarial al mismo. A los efectos de considerar cuándo el acreedor ha instado el cobro de los créditos mediante reclamación judicial, hay que entender, según doctrina reiterada de este Centro directivo, que ello se ha producido cuando se haya planteado la correspondiente demanda judicial, siempre y cuando sea admitida a trámite. En relación con el momento en que puede realizarse dicha reclamación, a efectos de poder realizar la correspondiente modificación de la base imponible y, dado que el mencionado artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992 no dice nada al respecto, aquella podrá realizarse en cualquier momento anterior al cumplimiento del plazo fijado en el punto 3 anterior (9 meses desde el devengo), condicionado siempre a que ello permita el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el citado artículo 80.Cuatro y en el artículo 24 del Reglamento del Impuesto. En todo caso, si bien, la reclamación judicial es un requisito previo a la modificación de la base imponible, dicha modificación, solo procederá realizarla en el plazo legal antes mencionado, esto es, transcurridos 6 meses desde el devengo del impuesto y hasta los tres meses posteriores a dicha fecha. 5.- En cuanto a la cuestión relativa a los cobros parciales durante el proceso judicial, este Centro Directivo le informa lo siguiente: 1º.- El último párrafo del artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992 establece que en caso de desistimiento de la reclamación file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (4 of 15) [11/06/ :17:36]
5 judicial por parte del sujeto pasivo o de alcanzarse un acuerdo de cobro tras el requerimiento notarial, se deberá modificar la base imponible nuevamente al alza. La finalidad pretendida al establecer de nuevo la elevación de la base imponible particularmente en el supuesto de desistimiento de la reclamación judicial es que el sujeto pasivo (acreedor) haga todo lo posible por intentar cobrar el crédito en cuestión, de modo que lo reclame judicialmente o, en su caso, notarialmente, y no se aparte del procedimiento o requerimiento, con la intención de llegar hasta el final del mismo. Con ello se ha querido evitar que el sujeto pasivo interpusiese demanda judicial para instar el cobro del crédito o requiriese dicho cobro por vía notarial con la única finalidad de reducir la base imponible del Impuesto y no con el fin de obtener el propio cobro del crédito toda vez que, en ese caso, la interposición de demanda judicial o el requerimiento notarial quedarían reducidos al mero cumplimiento formal del requisito establecido en la Ley del Impuesto. Por consiguiente, conforme a lo prevenido en el artículo 80, apartado cuatro, de la Ley 37/1992, si el sujeto pasivo quiere tener derecho a la reducción de la base imponible, en caso de concurrencia de créditos incobrables, es necesario que continúe con el procedimiento judicial o requerimiento notarial. 2º.- Resultaría aceptable imputar los cobros realizados a las facturas más antiguas del mismo deudor (criterio FIFO). En este caso, a su vez, habría que determinar si con respecto a aquéllas se ha modificado o no la base imponible conforme al artículo 80 citado. Así: a) Si hubiera sido rectificada la base imponible por declaración de crédito incobrable con sujeción a los requisitos y plazos señalados en los apartados anteriores de esta contestación, aquélla (la base imponible) no deberá rectificarse al alza aunque la entidad consultante obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, siempre que no haya desistido en la reclamación judicial o notarial del crédito incobrable. No obstante lo anterior, procederá modificar la base imponible al alza si los cobros de determinadas cantidades con el deudor del crédito incobrable se realizan en el marco de un acuerdo de cobro de los créditos impagados alcanzado con el mismo. Por su parte, en relación con la factura impagada del mismo deudor cuya base imponible todavía no haya sido modificada, la entidad consultante podrá, en su caso, con sujeción a los requisitos y plazos señalados en los apartados anteriores, acogerse al procedimiento de rectificación de la base imponible previsto en el artículo 80 de la Ley 37/1992. b) Si no se hubiera modificado la base imponible de las facturas más antiguas, estaríamos en el supuesto de un pago parcial anterior a la citada modificación, por tanto, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha, según lo que previene el artículo 80. Cinco.3ª de la Ley 37/1992 antes citado. 6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Obligación de expedir factura en operaciones Exentas. Posibilidad de denunciar ante la DGT el negarse a la referida expedición. CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 01/04/2013 (V ) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: El consultante plantea su consulta a la vista del artículo 2 del Real Decreto 1619/2012, que indica la obligatoriedad de emitir factura en el caso de pagos anticipados, y del artículo 3 del mismo Reglamento, que aclara que determinadas operaciones pueden estar exentas del Impuesto pero no de la obligatoriedad de expedir factura. CUESTIÓN PLANTEADA: Obligación de una clínica de expedir factura por un pago anticipado en relación con una prestación de servicios de rehabilitación en régimen ambulatorio. En caso de negarse la clínica a la expedición, posibilidad de denunciar el hecho ante esta Dirección General. CONTESTACION-COMPLETA: 1.- La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) establece en su artículo 20, apartado uno, determinados supuestos de exención en operaciones interiores. En concreto, establece en sus ordinales 2º y file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (5 of 15) [11/06/ :17:36]
6 3º: ( ). Uno. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones: 2º. Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por Entidades de Derecho público o por Entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados. Se considerarán directamente relacionados con las de hospitalización y asistencia sanitaria las prestaciones de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanitario y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos de hospitalización y asistencia sanitaria. La exención no se extiende a las operaciones siguientes: número. a) La entrega de medicamentos para ser consumidos fuera de los establecimientos mencionados en el primer párrafo de este b) Los servicios de alimentación y alojamiento prestados a personas distintas de los destinatarios de los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y de sus acompañantes. c) Los servicios veterinarios. d) Los arrendamientos de bienes efectuados por las Entidades a que se refiere el presente número. 3º. La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios. A efectos de este Impuesto, tendrán la condición de profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los Psicólogos, Logopedas y Ópticos, diplomados en Centros oficiales o reconocidos por la Administración. La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluso las de análisis clínicos y exploraciones radiológicas.. Esta Dirección General, en relación con la interpretación que debe darse al artículo 20, apartado uno, número 3º de la Ley 37/1992, ha señalado en reiteradas consultas (por todas, consulta vinculante V , de 12 de febrero de 2010) lo siguiente: A tales efectos se considerarán servicios de: a) Diagnóstico: los prestados con el fin de determinar la calificación o el carácter peculiar de una enfermedad o, en su caso, la ausencia de la misma. b) Prevención: los prestados anticipadamente para evitar enfermedades o el riesgo de las mismas. c) Tratamiento: servicios prestados para curar enfermedades.". Dicho precepto condiciona pues la aplicación de la exención a la concurrencia de los dos siguientes requisitos: - Un requisito de carácter objetivo, que se refiere a la naturaleza de los propios servicios que se prestan: deben ser servicios de asistencia a personas físicas que consistan en prestaciones de asistencia médica, quirúrgica o sanitaria relativas al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades en los términos indicados. - Un requisito de carácter subjetivo, que se refiere a la condición que deben tener quienes prestan los mencionados servicios: los servicios deben ser prestados por un profesional médico o sanitario. A tales efectos, la Ley define expresamente quienes tienen la condición de profesionales médicos o médicos o sanitarios: "los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los psicólogos, logopedas y ópticos diplomados en Centros oficiales o reconocidos por la Administración". Por tanto, estarán exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativa al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades en los términos expuestos anteriormente, prestados materialmente por profesionales médicos o sanitarios (entre los que se hallan los fisioterapeutas) según el ordenamiento jurídico, aunque dichos profesionales actúen por medio de una sociedad mercantil y, ésta, a su vez, facture dichos servicios al destinatario de los mismos. En este sentido, la Resolución de la Dirección General de Tributos de 29 de abril de (Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo de señala: "los servicios de rehabilitación prestados por fisioterapeutas están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, por tratarse de servicios de asistencia a personas físicas en el ejercicio de una profesión sanitaria.". Por otra parte, y de acuerdo con los criterios de este Centro Directivo, no estarán exentos los servicios consistentes en la file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (6 of 15) [11/06/ :17:36]
7 realización de métodos fisioterapéuticos tendentes al adelgazamiento de las personas, masajes estéticos, etc., prestados al margen o con independencia de un tratamiento médico. 2.- El Real Decreto 1619/12, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE de 1 de diciembre) establece en su artículo 2: Artículo 2. Obligación de expedir factura. 1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, en los términos establecidos en reste Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido. También deberá expedirse factura y copia de ésta por los pagos recibidos con anterioridad a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que deba asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior, a excepción de las entregas de bienes exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Impuesto.. De acuerdo con este precepto, los pagos anticipados dan lugar a la obligación de expedir factura por parte del empresario o profesional que realiza la entrega de bienes o prestación de servicios a la que se refieren dichos pagos. Por su parte, el artículo 3 del mismo Real Decreto señala: Artículo 3. Excepciones a la obligación de expedir factura. 1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 2 del artículo 2 de este Reglamento, por las operaciones siguientes: a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de su ley reguladora, con excepción de las operaciones a que se refiere el apartado 2 siguiente. No obstante, la expedición de factura será obligatoria en las operaciones exentas de este Impuesto de acuerdo con el artículo 20.Uno.2º, 3º, 4º, 5º, 15º, 20º, 21º, 22º, 24 y 25º de la Ley del Impuesto.º. Así pues, las operaciones exentas en virtud del artículo 20.Uno.3º de la Ley del Impuesto dan lugar a la obligación de expedir factura por parte del prestador. 3.- A la vista de todo lo anterior, cabe concluir que la clínica a la que se refiere el escrito de consulta tiene la obligación de expedir factura por los pagos anticipados correspondientes a las prestaciones de servicios de rehabilitación en régimen ambulatorio. En caso de incumplimiento de esta obligación, el destinatario de dichos servicios podrá presentar una reclamación económicoadministrativa ante el Tribunal Económico Administrativo correspondiente, en virtud de lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 1619/12: Artículo 24. Resolución de controversias en materia de facturación. Se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la interposición de la correspondiente reclamación económicoadministrativa, las controversias que puedan producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas y demás documentos a que se refiere este Reglamento, cuando estén motivadas por hechos o cuestiones de derecho de dicha naturaleza Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Comentarios file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (7 of 15) [11/06/ :17:36]
8 Plazo para realizar la modificación de la base imponible de los créditos impagados y reclamación judicial. CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 11/04/2013 (V ) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: La entidad consultante, con un volumen de operaciones en 2011 inferior a ,04 euros, viene realizando trámites para la recuperación del Impuesto sobre el Valor Añadido en determinados créditos impagados cuyos destinatarios son empresarios o profesionales. CUESTIÓN PLANTEADA: 1º.- Plazo para realizar la modificación de la base imponible de los créditos impagados. 2º.- Si la reclamación judicial debe realizarse antes de los 6 o 12 meses necesariamente o es posible realizarla durante el plazo adicional de 3 meses durante el que se puede modificar la base imponible. 3º.- Si, a lo largo del proceso judicial se produce algún cobro parcial como pago a cuenta del saldo pendiente con un deudor, sería adecuado imputar dicho cobro a las facturas más antiguas de las cuales ya se ha recuperado el IVA, aunque existan facturas posteriores sobre las que todavía no se ha modificado la base imponible. En caso de respuesta positiva, si ello afectaría a la recuperación del IVA de las citadas facturas posteriores. CONTESTACION-COMPLETA: 1.- Los supuestos establecidos legalmente para la modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de impago de la contraprestación por el destinatario, se contienen en el artículo 80, apartados tres, cuatro y cinco de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre). En relación con el supuesto a que se refiere la consulta, los apartados cuatro y cinco del artículo 80 de dicha Ley, en su redacción en vigente en el momento de formularse dicha consulta, establecían lo siguiente: Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones: 1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año. Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de ,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses. 2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto. 3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos. Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía. La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente. file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (8 of 15) [11/06/ :17:36]
9 Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de ,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses. Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.. Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes: a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada. b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada. c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado cinco de esta ley. d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos. Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta ley para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto. 2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla. 3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha. 4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, segundo párrafo de esta ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública. Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 2.- Por su parte, el artículo 24 del Reglamento del Impuesto aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 31 de diciembre) declara que: 1. En los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura o documento sustitutivo en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercu-tida, en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de las cuotas que deba deducir el destinatario de la operación estarán condicionadas a la expedición y remisión del documento que rectifique al anteriormente expedido. 2. La modificación de la base imponible cuando se dicte auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto, así como en los demás casos en que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables, se ajustará a las normas que se establecen a continuación: a) Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el acreedor en tiempo y forma. 2. El acreedor tendrá que comunicar a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW/...os/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (9 of 15) [11/06/ :17:36]
10 modificación de la base imponible practicada, y hará constar que dicha modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla, en los términos previstos en el artículo 80 de la Ley del Impuesto. A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos: La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de expedición de las correspondientes facturas rectificadas. En el supuesto de concurso, la copia del auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones cuya base imponible se modifica o la certificación del Registro Mercantil, en su caso, acreditativa de aquél. En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o mediante requerimiento notarial. En el caso de créditos adeudados por Entes públicos, el certificado expedido por el órgano competente del Ente público deudor a que se refiere la condición 4.ª del apartado cuatro del artículo 80 de la Ley del Impuesto. b) En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de empresario o profesional, deberá comunicar a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal la circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta obligación no impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor, siempre que se cumplan los requisitos señalados en el párrafo a). Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las facturas rectificativas de las operaciones el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. Cuando el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional, la Administración tributaria podrá requerirle la aportación de las facturas rectificativas que le envíe el acreedor. c) La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera efectuado previamente. 3.- A la vista de esta regulación y según los datos que se desprenden de la consulta formulada, este Centro Directivo le informa de que el plazo para llevar a cabo la modificación de la base imponible, siendo la entidad acreedora consultante una empresa de reducida dimensión (volumen de operaciones inferior a ,04 euros), es el previsto en el citado artículo 80.Cuatro, condición 1ª, tercer párrafo, de la Ley 37/1992, esto es, en el período de los tres meses desde la finalización del plazo de 6 meses posterior al devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Por tanto, no procederá la modificación de la base imponible por créditos incobrables fuera del citado plazo legal. 4.- En relación con el momento en que puede realizarse la preceptiva reclamación judicial al deudor, hay que tener en cuenta que, uno de los requisitos necesarios para considerar un crédito total o parcialmente incobrable a efectos de la reducción de la base imponible del Impuesto, siempre que no se trate de créditos adeudados por entes públicos, es que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante resolución judicial al deudor o, en su caso, requerimiento notarial al mismo. A los efectos de considerar cuándo el acreedor ha instado el cobro de los créditos mediante reclamación judicial, hay que entender, según doctrina reiterada de este Centro directivo, que ello se ha producido cuando se haya planteado la correspondiente demanda judicial, siempre y cuando sea admitida a trámite. En relación con el momento en que puede realizarse dicha reclamación, a efectos de poder realizar la correspondiente modificación de la base imponible y, dado que el mencionado artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992 no dice nada al respecto, aquella podrá realizarse en cualquier momento anterior al cumplimiento del plazo fijado en el punto 3 anterior (9 meses desde el devengo), condicionado siempre a que ello permita el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el citado artículo 80.Cuatro y en el artículo 24 del Reglamento del Impuesto. En todo caso, si bien, la reclamación judicial es un requisito previo a la modificación de la base imponible, dicha modificación, solo procederá realizarla en el plazo legal antes mencionado, esto es, transcurridos 6 meses desde el devengo del impuesto y hasta los tres meses posteriores a dicha fecha. 5.- En cuanto a la cuestión relativa a los cobros parciales durante el proceso judicial, este Centro Directivo le informa lo siguiente: 1º.- El último párrafo del artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992 establece que en caso de desistimiento de la reclamación judicial por parte del sujeto pasivo o de alcanzarse un acuerdo de cobro tras el requerimiento notarial, se deberá modificar la base imponible nuevamente al alza. file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW...s/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (10 of 15) [11/06/ :17:36]
11 La finalidad pretendida al establecer de nuevo la elevación de la base imponible particularmente en el supuesto de desistimiento de la reclamación judicial es que el sujeto pasivo (acreedor) haga todo lo posible por intentar cobrar el crédito en cuestión, de modo que lo reclame judicialmente o, en su caso, notarialmente, y no se aparte del procedimiento o requerimiento, con la intención de llegar hasta el final del mismo. Con ello se ha querido evitar que el sujeto pasivo interpusiese demanda judicial para instar el cobro del crédito o requiriese dicho cobro por vía notarial con la única finalidad de reducir la base imponible del Impuesto y no con el fin de obtener el propio cobro del crédito toda vez que, en ese caso, la interposición de demanda judicial o el requerimiento notarial quedarían reducidos al mero cumplimiento formal del requisito establecido en la Ley del Impuesto. Por consiguiente, conforme a lo prevenido en el artículo 80, apartado cuatro, de la Ley 37/1992, si el sujeto pasivo quiere tener derecho a la reducción de la base imponible, en caso de concurrencia de créditos incobrables, es necesario que continúe con el procedimiento judicial o requerimiento notarial. 2º.- Resultaría aceptable imputar los cobros realizados a las facturas más antiguas del mismo deudor (criterio FIFO). En este caso, a su vez, habría que determinar si con respecto a aquéllas se ha modificado o no la base imponible conforme al artículo 80 citado. Así: a) Si hubiera sido rectificada la base imponible por declaración de crédito incobrable con sujeción a los requisitos y plazos señalados en los apartados anteriores de esta contestación, aquélla (la base imponible) no deberá rectificarse al alza aunque la entidad consultante obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, siempre que no haya desistido en la reclamación judicial o notarial del crédito incobrable. No obstante lo anterior, procederá modificar la base imponible al alza si los cobros de determinadas cantidades con el deudor del crédito incobrable se realizan en el marco de un acuerdo de cobro de los créditos impagados alcanzado con el mismo. Por su parte, en relación con la factura impagada del mismo deudor cuya base imponible todavía no haya sido modificada, la entidad consultante podrá, en su caso, con sujeción a los requisitos y plazos señalados en los apartados anteriores, acogerse al procedimiento de rectificación de la base imponible previsto en el artículo 80 de la Ley 37/1992. b) Si no se hubiera modificado la base imponible de las facturas más antiguas, estaríamos en el supuesto de un pago parcial anterior a la citada modificación, por tanto, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha, según lo que previene el artículo 80. Cinco.3ª de la Ley 37/1992 antes citado. 6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Procedimiento de Devolución según la normativa propia de cada Tributo Ahora que estamos inmersos en la Campaña de Renta 2012, vamos a dedicar este Comentario a analizar el Procedimiento de devolución según la normativa propia de cada tributo, que se encuadra en la LGT dentro de los Procedimientos de Gestión de Tributos. Características generales La Administración no inicia el procedimiento, el cual se inicia por la presentación por el contribuyente, de una autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. La Administración Tributaria debe efectuar la devolución que proceda de acuerdo con la normativa de cada tributo (ART-24-LGT), es decir, se procederá a la devolución de las cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación de la normativa propia de cada tributo (ART-31-LGT). Se trata de aquellos supuestos en los que no existe ingreso indebido previo, pero el obligado tributario tiene derecho a la devolución de ciertas cantidades derivadas de la técnica propia de aplicación del tributo. Devoluciones pueden producirse tanto en el IVA y en IRPF como en SOCIEDADES; por lo que habrá que estar a la normativa propia de cada tributo. El ART-122-RGTO establece dos supuestos distintos en los que se puede producir la devolución en atención al origen de la misma: 1) Las devoluciones generadas por el hecho de que el obligado tributario ha ingresado en exceso, pero de forma debida, como consecuencia de la aplicación de la legislación propia de cada tributo. 2) La existencia de abonos a cuenta que la Administración realiza como anticipos de deducciones a practicar sobre el Tributo. (El único file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW...s/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (11 of 15) [11/06/ :17:36]
12 caso previsto es la Deducción por Maternidad: si se percibe como anticipo no se minora de la cuota diferencia. Su abono anticipado se solicita con la presentación del modelo 140 (Art. 83 de la LIRPF). Plazo de Devolución La devolución se ha de efectuar en el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo, que en todo caso no puede superar los 6 MESES. El plazo comienza a contarse desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación, conforme al ART-125- LGT, salvo en el caso de autoliquidaciones extemporáneas, en el que se computa a partir del momento en el que se presente dicha autoliquidación (siempre que no haya prescrito el derecho a solicitar la devolución derivada de la normativa propia del tributo de que se trate). En caso de solicitudes o comunicaciones el plazo que para la devolución será el fijado por la normativa propia de cada tributo sin que sea superior a 6 MESES, el plazo para la práctica de la devolución comienza desde la presentación de la solicitud o desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la comunicación de datos (ART-126-LGT). Interés de demora Si por causa imputable a la Administración tributaria no se hubiera ordenado el pago de la devolución en el plazo aludido, ésta debe abonar el correspondiente interés de demora sin necesidad que el interesado lo solicite. El ART-125-RGTO del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria establece que los intereses de demora devengados a favor del obligado tributario que la base sobre la que se calcularán tendrá como límite el importe de la devolución solicitada. Tramitación del procedimiento de devolución Recibida la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos, la Administración, realizará un examen de carácter formal. El examen tiene por objeto verificar que no existan errores materiales o formales a partir de la documentación aportada por el contribuyente, así como que no existan discrepancias con los datos o antecedentes que obren en poder de la Administración. Si todo es correcto automáticamente se reconoce la devolución. Si no existen errores formales se procederá sin más trámite a reconocer la devolución. En caso de defecto formal o error aritmético o otra circunstancia que lo justifique se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección. La Administración podrá, para comprobar la devolución solicitada, realizar requerimientos al obligado tributario cuando la autoliquidación, solicitud o comunicación presentada no reúna los requisitos o no se aporten los documentos exigidos por la norma aplicable. En este caso estaríamos ante la subsanación de devolución al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Terminación del procedimiento El procedimiento de devolución, según el ART-127-LGT, termina por: Acuerdo de reconocimiento de la devolución solicitada. Ello tiene lugar cuando el importe de la devolución solicitada por el obligado tributario coincide con el importe que reconozca la Administración. Según el ART-125-RGTO no es necesario realizar la notificación formal del acuerdo; el mismo se entiende notificado por la recepción de la transferencia bancaria o, en su caso, del cheque. Ahora bien, en el supuesto en los que la devolución aún reconocida no se ejecuta efectivamente por haber sido retenida cautelarmente por la Administración, sí debe notificarse el acuerdo de devolución junto con la adopción de la medida cautelar. El reconocimiento de la devolución solicitada no impide la posterior comprobación de la obligación tributaria a través del correspondiente procedimiento de comprobación e investigación. Caducidad, cuando se haya producido la paralización del expediente por causa imputable al obligado tributario, conforme al apartado 3 del ART-104-LGT. El vencimiento del plazo máximo establecido en la normativa de cada tributo para la devolución sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario la Administración le advertirá, que transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo. file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW...s/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (12 of 15) [11/06/ :17:36]
13 NOTA: La Dirección General De Tributos, matizó en resolución de 19/09/2005 que transcurrido el plazo de 6 meses sin que se haya practicado la devolución solicitada o acordada la devolución que la Administración considere procedentes, el obligado tributario adquiere un crédito frente a la Administración tributaria por el importe de la devolución solicitada inicialmente, con independencia de las ulteriores liquidaciones que puedan practicarse. Inicio de un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección. Es necesario que la comunicación de inicio de los citados procedimientos sea anterior al final del plazo establecido para la terminación del procedimiento de devolución, pues si no éste habría caducado y estaríamos a los efectos del incumplimiento de plazos en relación con la solicitud de devolución. Si iniciado cualquiera de los procedimientos anteriores, la Administración acuerda la devolución conforme al ART-125-RGTO, deberá satisfacer intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 31.2 LGT, es decir, se devengarán desde la finalización del plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo para la devolución, y en todo caso el plazo de 6 meses, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución, sin contar las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. Departamento Jurídico de Supercontable.com La información utilizada en la redacción de este Comentario es una cortesía de la página Supercontable.com y del Programa ASESOR DE RECURSOS. Artículos Así es el mecanismo corrector de las pensiones que proponen los sabios. Un coeficiente ajustará las cuantías de las nuevas pensiones a la esperanza de vida Todas las prestaciones (existentes y futuras) se actualizarán en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Raquel Pascual (cincodias.com) Los doce expertos nombrados por el Gobierno para diseñar una propuesta de factor de sostenibilidad de las pensiones están terminando su informe esta mañana. Según su propuesta mayoritaria -previsiblemente podría haber dos votos contrarios y alguna precisión particular- este mecanismo automático de corrector del gasto en pensiones tendrá dos componentes: Factor de equidad intergeneracional (FEI): Actúa frente al riesgo demográfico Consistirá en un coeficiente que se aplicará en el momento de calcular la primera pensión de los nuevos jubilados, según este informe, y que pondrá en relación la cuantía inicial de la prestación con la esperanza de vida del perceptor. Según los cálculos elaborados por estos expertos, este factor tendrá un efecto gradual y de aplicarse en idénticas condiciones las nuevas prestaciones podrían recortarse en el entorno de un 5% cada diez años. No obstante, los sabios precisan que este coeficiente asegura que el sistema no ofrezca retornos muy disntinos a las personas que entran en él con esperanzas de vida distintas (y donde el sistema les paga pensiones durante espacios de tiempo muy diferentes). Es más, añaden que si las bases de cotización crecen por encima de un umbral, no tiene por qué conllevar disminución de la cuantía de la pensión en términos reales. En cualquier caso, sugieren que la ley incluya una cláusula suelo, que impida la disminución nominal de las pensiones actuales. De aplicarse esta fórmula las prestaciones que resultaran recortadas se compensarían con los recursos del Fondo de Reserva de las pensiones, según su propuesta. Proponen que la aplicación de este componente del factor sea inmediata (2014) o más tarde (a partir de 2019). Factor de revalorización anual: Actúa frente a las crisis económicas y/o los desequilibrios entre cotizantes y pensionistas Se trata de un nuevo indicador -que sustituirá al actual IPC de noviembre- para actualizar la cuantía de todas las pensiones (las ya extistentes y de las nuevas que surjan cada año). Recomiendan que su aplicación sea inmediata. Pero también podría retrasarse. Se basará en la aplicación de una fórmula matemática que ponga en relación los ingresos del sistema (evolución del número de cotizantes; de la base media de cotización, que refleja los salarios médios de los afiliados; además de otras transferencias o ingresos) file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW...s/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (13 of 15) [11/06/ :17:36]
14 con los gastos contributivos (número de pensiones y su cuantía media). Esta relación, advierten los expertos, es sensible al comportamiento de la tasa de paro; de actividad y empleo; la de dependencia (ratio entre cotizantes y pensionistas); al volumen de inmigración; a la productividad o a los tipos de cotización. Según su fórmula se podrá modular el ritmo de ajuste, de forma que se utilizarán periodos de tiempo de varios anteriores y proyecciones de ejercicios posteriores para la actualización. Otras conclusiones Los firmantes de este documento sugieren que ambos factores pueden modularse incluso mutuamente para que la pensión media no sufra vaivenes fruto de las variables que intervendrán en los cambios. Además, los sabios se defienden de antemano de las posibles futuras críticas que les acusen de proponer un recorte de las pensiones, justificando que este factor de sostenibilidad no se diseña para bajar las prestaciones, sino para asegurar su pago. Advierten de los riesgos demográficos sobre el sistema y precisan que el factor pone en evidencia qué desequilibrios del sistema pueden afectar a su capacidad de pago; e insisten en varias ocasiones que la decisión de cómo corregirlos sigue siendo una decisión política. Es más, hacen hincapié en que esta propuesta no es vinculante y que está en manos de los grupos parlamentarios el diseño final del factor de sostenibilidad. Tiene éxito el contrato de emprendedores? Suponen alrededor del 7% de todos los nuevos contratos fijos que se firman cada mes Solo el 44% de este tipo de contratos se ha acogido ya a bonificaciones. Raquel Pascual (cincodias.com) Los responsables del Ministerio de Empleo se felicitan allí donde van del éxito que, en su opinión, está teniendo el nuevo contrato fijo de emprendedores, que se creó en la reforma laboral, en febrero de Desde entonces, o bien la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o su secretaria de Estado, Engracia Hidalgo han ido desgranando públicamente mes a mes el número de nuevos contratos de este tipo (ya que no salían en las estadísticas). Y por eso, más allá de las percepciones políticas o empresariales, las cifras son las más certeras para evaluar su éxito. El último dato fue aportado el martes pasado. Desde febrero de 2012 hasta el 31 de mayo se han firmado casi en total. Esto hace una media de unos al mes Son muchos o pocos? Pues si se tiene en cuenta que cada mes se registran entre y contratos indefinidos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, parece que la cifra no es muy elevada, ya que suponen aproximadamente el 7% del total de contrataciones fijas cada mes. Es más, si se compara el peso de estos contratos sobre el total de la contratación (incluidos los temporales que suelen rozar el millón al mes), su presencia sería prácticamente simbólica. Esta modalidad tenía varias peculiaridades. Para empezar, solo las empresas de menos de 50 trabajadores pueden hacerlos. Y solo se pueden suscribirse con desempleados. Eso podría limitar el universo de potenciales beneficiarios, pero teniendo encuenta que más del 90% de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores y que según los datos oficiales hay 6,2 millones de desempleados, tampoco parece que los requisitos de este contrato sean los causantes de su limitado éxito. Además, el contrato de emprendedores cuenta con dos tipos de bonificaciones que son incluso acumulables. Por un lado lleva aparejada una deducción fiscal de euros por el primer trabajador contratado por la empresa menor de 30 años. Y una deducción fiscal del 50% de una parte de la prestación por desempleo del parado contratado. Además, tiene rebajas en la cotización a la Seguridad Social de durante tres años de entre y euros al año si el contratado tiene entre 16 y 30 años;y de entre y euros si el trabajador es mayor de 45 años. Tampoco parece que estas ayudas estén incentivando lo suficiente los contratos de emprendedores. Ayer se supo que no llegan a la mitad los contratos de este tipo que se acogen a los incentivos. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno realizada al portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, entre febrero de 2012 y marzo de 2013 se habían realizado file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW...s/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (14 of 15) [11/06/ :17:36]
15 contratos de emprendedores, de los cuales el 44% (41.921) tenían algún tipo de bonificación. En concreto, de los incentivos fiscales solo se han beneficiado contratos, según estos datos. Desde Empleo recuerdan que muchos de estos contratos no pueden bonificarse porque se hacen a trabajadores de entre 30 y 45 años. Y porque muchos empresarios esperan para cobrar las ayudas porque si el contrato no dura más de tres años la ley les obliga a devolverlas. Despido durante la prueba Pero la parte más polémica de este contrato en sus inicios, fue sin duda su periodo de prueba de un año de duración, durante el cual el trabajador puede ser despedido de forma gratuita. Esta condición está actualmente recurrida al Tribunal Constitucional. Sin embargo, uno de los éxitos de este contrato más valorado por Empleo es que según su primera evaluación el 64% de estos contratos siguen vivos tras el año de prueba. Un porcentaje similar al resto de contratos fijos y muy superior al de los temporales que solo perviven más de un año en el 7% de los casos, asegura Hidalgo RCR Proyectos de Software Tlf.: Fax: file:///z /WEB%20SUPERCONTABLE%2010/WWW...s/BOLETIN_SUPERCONTABLE_24_2013_PDF.htm (15 of 15) [11/06/ :17:36]

References: artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 79
 artículo 80
 artículo 114
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 80
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 80
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 resolución 
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 artículo 89
 artículo 2
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 artículo 20
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 Resolución 
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 artículo 164
 artículo 25
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 artículo 121
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 artículo 79
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 artículo 114
 artículo 24
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 artículo 13
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 artículo 89
 artículo 71
 resolución 
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 Artículo 31