Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831209.html
Timestamp: 2019-11-22 05:32:04+00:00

Document:
as201831209
Auto Supremo Nº 209
Expediente : 082/2017
Demandante : Freddy Villca Mayta.
Demandado : Corporación del Seguro Social Militar.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por la Corporación del Seguro Social Militar representada legalmente por el Cnel. DAEN Roberto René Alarcón Loza cursante a fs. 112 a 114 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 199/2016-SSA-I de fecha 03 de noviembre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto Supremo No 82-A de 13 de Marzo de 2017 a fs. 127 a 127 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso; y:
Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales seguido por Freddy Villca Mayta en contra de la Corporación del Seguro Social Militar; la Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 239/2015 de fecha 11 de diciembre, cursante a fs. 83 a 85, declarando probada en parte la demanda, determinando que la Corporación del Seguro Social Militar cancele a favor del actor conforme al siguiente detalle: Indemnización y multa de 30 % en la suma total de Bs. 39.391,31 (treinta y nueve mil trescientos noventa y uno 31/100 Bolivianos), monto que debería ser actualizado en ejecución del fallo conforme el D.S. Nº 28699.
Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 87 a 89, por la Corporación del Seguro Social Militar representada legalmente por el Cnel. DAEN Roberto René Alarcón Loza, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 199/2016-SSA-I de fecha 03 de noviembre, cursante a fs. 106 a 106 vta., que confirma la sentencia apelada No 239/2015 de fecha 11 de diciembre.
Ante la determinación del Auto de Vista, la Corporación del Seguro Social Militar representada legalmente por el Cnel. DAEN Roberto René Alarcón Loza, interpone recurso de casación en el fondo, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto N° 08/17 de fecha 11 de Enero, concediendo el recurso.
Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene errónea e incorrecta aplicación de la ley, bajo los siguientes argumentos:
1.- El recurrente alega que la sentencia de primera instancia, no tomó en cuenta, que el actor no era funcionario de planta de la institución, ya que el mismo prestó sus servicios en la modalidad de contrato de trabajo eventual, en donde en la cláusula primera del referido contrato se establece que la Fuerzas Armadas de la Nación, se encuentran exentas de la aplicación de los principios y normas laborales de la Ley General del Trabajo, por lo cual no le correspondía el pago de beneficios sociales al actor, conforme al art. 1 de la LGT, ya que la Corporación del Seguro Social Militar, es una institución pública de conformidad con el art. 6 de la Ley Nº 11901 y por consiguiente la situación del actor se encuentra amparada por los arts. 3 y 4 de la Ley 2027.
En esa misma línea, precisa, que existe un cálculo sobre el tiempo de servicios por demás oficioso, por cuanto se aumentó el mismo, figurando 9 años, 11 meses y 2 días, no obstante de la revisión de obrados se establece con meridiana claridad que el demandante prestó sus servicios por un lapso de tiempo de 9 años, 2 meses y 11 días, existiendo una falla de nueves meses aproximadamente, cálculo que va en contra de la economía de la institución a la cual representa.
2.- Por otra parte, indica el recurrente, que conforme cursa en el memorial de demanda, el actor manifestó que presentó su renuncia voluntaria, la misma que fue aceptada, no existiendo en ningún momento un retiro intempestivo o forzoso en contra del mismo; por lo cual no le correspondía la cancelación del desahucio ni indemnización, conforme establece el art. 9 Inc. f) del RLGT, que establece que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando el trabajador incurra en retiro voluntario.
3.- Por último, el recurrente indica que en lo referente a la sanción del 30 % que establece el art. 9 del D.S. Nº 28699; esta sanción solo es procedente cuando existe un despido intempestivo e injustificado, sin embargo en el caso en concreto el actor renunció voluntariamente, por lo cual no corresponde su cancelación.
El recurrente cita y transcribe los art. 122 y 245 de la CPE, art. 18 de la Ley Nº 1405, la Ley Nº 2104, art. 2 de la Ley Nº 07375, no obstante de ello, no se observa fundamento casacional expuesto en la transcripción de dichos preceptos jurídicos.
En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE el Auto de Vista recurrido y declare improbada la demanda.
La parte demandante contesta el recurso interpuesto e indica que no obstante que el recurrente alega que la controversia que los enfrenta tendría un carácter civil, el demandado debió de manera oportuna interponer la excepción de incompetencia al momento de contestar la demanda, sin embargo conforme cursa en obrados, en el mismo fue declarado rebelde, sin contestar la demanda.
En ese contexto, indica que el art. 5 del D.S. Nº 28699, establece que las contrataciones civiles que enmascaren relaciones laborales no tienen efecto alguno, primando la realidad sobre la relación aparente; es así que en el desarrollo del proceso y muy a pesar del art. 66 y 150 del CPT, su persona demostró con pruebas suficientes los requisitos de una relación laboral.
Indica el actor, que el recurrente alega que la supuesta incompetencia, que no fue reclamada de manera oportuna, la cual está referida a que COSSMIL al ser una institución pública descentralizada supuestamente dependiente del Ministerio de Defensa, no puede hacer efectivo el pago de beneficios sociales a ninguno de sus trabajadores, por cuanto todos los trabajadores serian funcionarios públicos, con este argumento la entidad demandada pretende desconocer su responsabilidad, situación que se desvirtúa por la Ley 11901, invocada por la parte demandada, debiendo considerarse el art. 2 del Decreto Ley Nº 07375 de fecha 05 de noviembre de 1965, que establece que se consideran funcionarios públicos a todas aquellas personas investidas de un cargo público creado por ley y remunerado por fondos del Estado, sin embargo en el transcurso del proceso, nunca se demostró que ley ha creado su cargo o por lo menos de conformidad a lo previsto por el art. 5 de la Ley 2027 en cuál de los cinco incisos de tipos de servidores públicos se encuentra, sin considerar que el art. 3.IV del Estatuto del Funcionario Público establece que los servidores públicos dependientes de la Fuerza Armadas, Policía Nacional, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, están solamente sujetos al capítulo III del título II y al título V de dicho Estatuto.
Agrega, que en COSSMIL existe un reglamento interno de personal, el cual se pretende ignorar el cual, en su inciso e) reconoce beneficios sociales de acuerdo a la Ley General del Trabajo, y determinaciones conexas.
Por ultimo solicita que se considere el DS Nº 0110, el cual reconoce a la indemnización como un derecho adquirido; y que la aplicación de la multa del 30 % está totalmente explicada por el AS Nº 532 de fecha 29 de agosto de 2013.
En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que declare IMPROCEDENTE E INFUNDADO el recurso interpuesto y sea con costas.
El principio de primacía de la realidad, en materia laboral.
En materia laboral rige el principio de la primacía de la realidad, en cuya virtud, para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores se debe tomar en cuenta, lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente; en cumplimiento a lo prescrito por el art. 4.I.d) del DS Nº 28699.
La indemnización, su desarrollo normativo y progresivo.
El art. 13 de la Ley General del Trabajo (modificado por el Decreto Supremo Nº 0110 de 1 de mayo de 2009), dispone: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses trabajados descontando los tres primeros meses que se reputan de prueba, excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado que no sufrirán ningún descuento de tiempo. Se reputa como periodo de prueba sólo al que corresponde al inicial de los primeros tres meses, mas no a los subsiguientes que resulten en virtud de renovación o prórroga.
Si el trabajador tuviera más de noventa (90) días de trabajo continuo, recibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente. Cualquiera contratación posterior de los trabajadores que se acoge a éste beneficio solo procederá previo acuerdo de ambas partes”.
Por otra parte el art. 16 de la normativa citada, establece: “No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales: a) Perjuicio material causado con intención en los Instrumentos de trabajo; b) Revelación de secretos industriales; c) Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial; e) Incumplimiento total o parcial del convenio; g) Robo o hurto por el trabajador” (los incs. d y f del referido artículo se encuentran derogados por Ley de 23 de noviembre de 1944), norma concordante con el art. 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo.
La aplicación del art. 9 del D.S. Nº 28699, en caso de retiro voluntario.
El art. 9.I de DS Nº 28699 de fecha 1º de mayo de 2006, establece que: "En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.” Mientras que el parágrafo II prevé: "En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor".
Es en ese sentido, cabe señalar que, el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su artículo 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos, mas no en razón de las causas de la desvinculación laboral.
A ello, resulta pertinente enfatizar que la normativa en mención, respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo -sin causal justificada-, más no cuando ocurría un retiro indirecto o voluntario, apreciación que resultaba indebida, toda vez que el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito en razón a la oportunidad en que el pago de dicho finiquito debe realizarse; es decir, que en esencia no hace excepción en caso de un despido indirecto, directo o voluntario. Una interpretación contraria no tendría más mérito que a título de renuncia voluntaria, el empleador postergue el pago de los derechos laborales de manera indefinida, lo que no resulta jurídica ni moralmente admisible en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
Es así que, regulando esta situación y en virtud a los principios protectivos del trabajador que rigen en materia laboral, tal cual se señaló precedentemente, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30 %, también procede en los casos de retiro voluntario, disponiendo para ello en su artículo 1º: “(RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda-UFV’s, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.
En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una errónea e incorrecta aplicación de la ley; en merito a ello, se tiene lo siguiente:
1.- Al respecto, revisados los antecedentes procesales, se evidencia que el reclamo en el recurso de casación en el fondo, referente a la competencia de la judicatura laboral, no es evidente; toda vez que, en el caso de autos, conforme los documentos de fs. 46 a 49, consistentes en dos contratos de trabajo eventual como auxiliar de enfermería en la Agencia Regional COSSMIL Cochabamba, se establece que el demandante desempeñó dichas funciones, desde el 10 de enero de 2005 hasta 05 de abril de 2005 en una primera oportunidad y posteriormente desde 10 de abril de 2005 hasta 07 de julio de 2005, contratos en los que se denotan que entre el actor y la institución de COSSMIL, existió relación laboral, con las características esenciales de dependencia, subordinación, trabajo a cuenta ajena, percibiendo una remuneración o salario mensual conforme determina el art. 2 de la LGT y el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993; es más, a fs. 6 de obrados, cursa el memorándum Nº 762/2005 emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, Corporación del Seguro Social Militar, Dirección Nacional de RR. HH, de fecha 10 de junio de 2005, donde se evidencia que el ahora demandante a partir de 1º de junio de 2005, fue designado como auxiliar de enfermería en la Agencia Regional Cochabamba, asignándole el ítem 865, prestando sus servicios de forma indefinida en la entidad demandada desde el 1º de Junio de 2005, es decir incluso antes que feneciera el segundo contrato de trabajo, coligiéndose que trabajo, por un tiempo de 9 años, 11 meses y 2 días; periodo que se computa desde el 10 de enero de 2005 (fecha del primer contrato) hasta el 12 de noviembre de 2014, en donde el actor presentó su renuncia voluntaria, la misma que fue aceptada mediante memorándum Nº 1515/2014 de fecha 02 de diciembre de 2014, conforme cursa a fs. 8 de obrados, hechos que demuestran la existencia de una relación laboral, bajo los lineamientos de la Ley General del Trabajo y demás normas laborales, concurriendo las características previstas por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, entre ellos; a) subordinación y dependencia b) pago de un salario c) prestación de servicios por cuenta ajena; además cumple con los principios estipulados en su propia norma interna de COSSMIL; es decir del (Reglamento interno del personal de COSSMIL), que en su art. 11. e) señala sobre derechos básicos y dispone; “beneficios sociales de acuerdo a la Ley General del Trabajo”, como se podrá evidenciar el actor se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo y disposiciones conexas y, no como erradamente señala la entidad demandada que correspondería a materia o ámbito civil.
A mayor abundamiento, y sobre la acusación que el demandante estuviera inmerso en la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 (Estatuto del Funcionario Público), de la revisión de obrados se evidencia que dichos extremos no fueron demostrados o probados dentro el término probatorio del proceso, que determine la calidad del servidor público de acuerdo al art. 5 de la norma antes citada. Al respecto el art. 6 del Decreto Ley (DL) Nº 11901 de 21 de octubre de 1974, señala expresamente: Crease la COSSMIL, como institución pública descentralizada con personería jurídica autónoma técnica, administrativa y patrimonio propio e independiente, extremo desvirtuado por su propia norma interna.
Bajo estos parámetros, se concluye que los tribunales de instancia obraron conforme a derecho y en virtud a la competencia y atribución que determinaba el art. 73.4) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en actual vigencia.
2.- En relación al beneficio social de indemnización, el cual según el recurrente no procedería, al haberse demostrado que el actor renuncio voluntariamente; en el caso de análisis, no podemos perder de vista que la indemnización reconocida como beneficio social, constituye un derecho adquirido que ha evolucionado de manera progresiva en el tiempo a favor del trabajador, como pasamos a ver; así el art. 9.d) del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), dejaba sin lugar a desahucio ni indemnización, cuando existiese en el trabajador “f) Retiro voluntario del trabajador, antes de los términos fijados en el artículo 13 de la ley o en el del contrato”. Esta causal fue expresamente derogada por disposición de la Ley de 23 de noviembre de 1944, por lo tanto, aún de darse materialmente esta causal, la misma no puede fundar el no pago de los beneficios sociales señalados por ley; no obstante, debe también estar expresado que, a pesar de esa derogación, dicha causal fue restituida con el D.S. Nº 11478 de 16 de mayo de 1974 que establece en su art. 1: “Si el trabajador tuviera cinco o más años continuos de servicios cumplidos, recibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente. Cualquier contratación posterior de los trabajadores que se acogen a este beneficio sólo procederá previo acuerdo de ambas partes", en igual sentido su art. 2 dispone: “Los derechos adquiridos por los trabajadores cada cinco años, si no se acogen al retiro voluntario, serán acumulados, o sea que la pérdida de sus beneficios sociales en aplicación de las causales señaladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento, sólo se aplicará al quinquenio vigente sin afectar a los anteriores”. De lo anterior se concluye que si un trabajador se retiraba voluntariamente pasados los 5 años de trabajo continuo recibía su indemnización, entendiéndose que si se retiraba voluntariamente antes de cumplir esos 5 años no recibía la indemnización; normativa sustantiva que hoy también se encuentra ampliamente superada por el D.S. Nº 110 de 1° de mayo de 2009, que establece respecto al retiro voluntario, que aquel empleado que haya cumplido más de 90 días de trabajo continuo tiene derecho al beneficio de indemnización aunque se retire voluntariamente, por lo que se concluye que, aún la vigencia de dicha norma, ésta ya no se encuentra con la sanción de la pérdida de los beneficios sociales de desahucio e indemnización, como originalmente señalaba el artículo anotado de la legislación laboral.
Por lo tanto, en el caso presente, podemos establecer que para el legislador, resulta indiferente que el trabajador sea despedido de manera intempestiva o renuncie de manera voluntaria al trabajo que cumplía, para la procedencia del pago de la indemnización, por lo cual este Tribunal considera que el Juez de Instancia y Tribunal de Apelación, actuaron de manera correcta; por cuanto conforme ya se tiene fundamentado, para el pago del beneficio de indemnización, el único requisito que impone la norma citada, es que las trabajadoras y trabajadores hayan cumplido 90 días de trabajo continuo, siendo irrelevante –una vez más- la forma de conclusión de la relación laboral, siendo esta forma de razonar, la interpretación más favorable que permite efectivizar de mejor manera el derecho reclamado por el actor.
No corresponde a este Tribunal, realizar pronunciamiento alguno en relación al beneficio social del desahucio, por cuanto si bien el mismo es observado por el recurrente en el recurso de casación, dicho beneficios no fue condenado en sentencia.
3.- En relación a la multa del 30 % impuesta conforme al art. 9 del DS Nº 28699, la cual, conforme al argumento expuesto por el recurrente, no procedería al haberse demostrado el retiro voluntario del actor. Esta problemática, ya fue abordada y resuelta por la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, que establece que la multa del 30 %, también procede en los casos de retiro voluntario, conforme lo impone el artículo 1 de la citada normativa.
En el caso de autos se observa, que en fecha 12 de noviembre de 2014 mediante nota dirigida al Jefe de Enfermería – Hospital Militar Central y recepcionada la misma fecha, el actor formuló su renuncia voluntaria, conforme cursa a fs. 7 de obrados; la misma que fue aceptada mediante memorándum Nº 1515/2014 de fecha 02 de diciembre de 2014 cursante a fs. 8 de obrados, en merito a ello, se concluye que al haber el actor formulado renuncia voluntaria, la entidad demandada tenía el plazo perentorio de 15 días calendario, para cancelar los beneficios sociales a favor del actor, los cuales emergían de la relación laboral establecida en el proceso, al no hacerlo dentro el plazo señalado, se establece que fue correcta la multa establecida en sentencia, más aun si se observa que el actor de manera oportuna solicito la cancelación de dichos beneficios sociales conforme se establece a fs. 51 de obrados.
Bajo estos parámetros se concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, por carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la Corporación del Seguro Social Militar representada legalmente por el Cnel. DAEN Roberto René Alarcón Loza, contra el Auto de Vista Nº 199/2016 –SSA-I de fecha 03 de noviembre, pronunciado por la pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

References: artículo 9
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 16
 Resolución 
 artículo 1