Source: https://mujeressinmiedo.blogspot.com/2009/01/
Timestamp: 2020-07-02 11:50:01+00:00

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MUJERES SIN MIEDO: 01.09
Censura PRODH aval de Peña Nieto en torturas de Atenco
MEXICO, D. F., 30 de enero (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de irresponsables las declaraciones del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el sentido de legitimar el uso de la fuerza en San Salvador Atenco durante los sucesos de mayo de 2006.
En vísperas de la culminación de la investigación de la SCJN sobre el caso Atenco, Peña Nieto declaró ayer que "el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo" y añadió que "fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado".
En un comunicado, el Prodh lamentó lo dicho por el funcionario mexiquense. Aseguró que ese tipo de afirmaciones alejan de lo exigible en un gobernante verdaderamente comprometido con la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El organismo no gubernamental sostuvo que las expresiones del mandatario mexiquense lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Dijo que lo mismo puede decirse de otros asertos formulados por funcionarios del Estado de México, que pretenden restar importancia al inminente pronunciamiento de la SCJN.
"Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente los derechos humanos, las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos de menor jerarquía", subrayó el Prodh.
Por ello, reiteró su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco cumpliendo a cabalidad lo ordenado por el artículo 97 de la Constitución, atendiendo a que si cuenta con esa facultad sui generis es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como en este caso.
Para el Prodh, la resolución de la Corte podría contribuir a revertir la impunidad en el caso Atenco.Más aún, representa la oportunidad de examinar deficiencias estructurales en las instituciones de seguridad pública y de justicia mismas que afectan especialmente a las mujeres. Como se recordará, el 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones Texco y Atenco, en el Estado de México, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes.
En los operativos participaron elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos: privaciones arbitrarias a la vida, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales, que en su momento fueron ampliamente documentados por organizaciones civiles como este Centro de Derechos Humanos y corroboradas posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Para el Prodh, lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del estado.
Igualmente, las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco resultaron paradigmáticas de las particulares afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha estado en ocasión de comprobar lo anterior en el acompañamiento que brinda a las mujeres que valientemente denunciaron tortura inclusive, la violación sexual, cometida en su contra por policías. Pese a la gravedad de los hechos, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral. Por el contrario, se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
■ Todos los señalados, incluido Peña Nieto, deben someterse a su dictado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede contribuir a revertir la impunidad de que gozan las autoridades de los tres niveles de gobierno luego de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, señaló el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
A unos días de que el pleno del máximo tribunal del país analice el caso para acreditar si hubo transgresiones a las garantías fundamentales durante esos hechos, la organización civil consideró que dada la “trascendencia” de la resolución, todos los servidores públicos que han sido señalados como responsables de los abusos, incluido el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, deben someterse de manera “inedudible” al dictado de los ministros.
Subrayó que al discutir el caso a fondo, la SCJN “podrá realizar señalamientos precisos sobre los responsables, de acuerdo con la cadena de mandos, es decir, podrá establecer las responsabilidades en que incurrieron no sólo los agentes que participaron en el operativo, sino los altos funcionarios a quienes se encontraban subordinados y que por su acción u omisión permitieron graves violaciones a los derechos humanos”.
El Centro Prodh destacó que la resolución no constituirá un deslinde de responsabilidad penal o administrativa, pero puede significar un “contundente señalamiento de responsabilidad política que, al determinarse jurídicamente por el más alto tribunal de la República, debe dar pie a ulteriores investigaciones y procedimientos”
Por ello, consideró que si bien la facultad constitucional de la Corte para realizar investigaciones tiene limitaciones sui generis, no puede dejarse de lado la trascendencia del inminente pronunciamiento. “Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente las garantías fundamentales, las resoluciones de la SCJN, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos”.
La ONG subrayó que la discusión en ese órgano judicial “representa una oportunidad de examinar las deficiencias estructurales de seguridad pública y justicia, mismas que afectan de manera especial a las mujeres”, pues la mayoría de las detenidas durante el operativo denunciaron haber sido objeto de torturas y abusos sexuales por los policías.
“Lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado”. El Centro Prodh agregó que pese a la gravedad de las violaciones a las garantías fundamentales –documentadas por organismos nacionales y extranjeros– y aun cuando “ha transcurrido en exceso un tiempo razonable”, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral y, por el contrario, se ha sancionado penalmente “con notoria desproporción” a integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
Defendió Peña uso de la fuerza en San Salvador Atenco
La toma de Atenco fue perpetrada desde la casa del papá del actual diputado local por Texcoco Francisco Vázquez Rodríguez.
Toluca, Estado de México. (Texcoco Mass Media).- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que las autoridades federales, estatales y municipales ejercieron un uso legítimo de la fuerza durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.
De acuerdo con el dictamen que analizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto el mandatario mexiquense como el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son responsables de los excesos de autoridad cometidos en aquellos operativos.
Al consultar al gobernador al respecto, afirmó que las autoridades mexiquenses esperarán el resolutivo que deberá ser dado a conocer los primeros días de febrero.
Al respecto dijo: “yo sobre ese tema sería muy puntual. Primero, estaremos muy atentos a conocer el resolutivo que la Corte tenga el 9 de febrero, como ha planteado será la fecha en que resuelva este asunto; estaremos muy atentos, seremos absolutamente respetuosos de la determinación que tomen y nosotros hemos, por supuesto, esgrimido algunas consideraciones respecto de lo que fue en uso de la facultad que tiene el gobernador y las otras autoridades que participamos, de haber hecho uso legítimo de la fuerza pública para el reestablecimiento del orden y de la paz en esa zona del estado. Al final de cuentas seremos absolutamente respetuosos de la determinación que tenga la Corte, del resolutivo que emita y que, bueno, pues puede eventualmente orientar las acciones que en ese tema en particular hemos venido llevando acabo”.
El predictamen de la Corte señala al mandatario mexiquense y al titular de la PGR como responsables de las acciones policíacas ejecutadas de manera "excesiva, desproporcionada, ineficiente, no profesional e indolente" contra ambulantes y activistas en mayo de 2006.
En la lista de funcionarios responsables de estos excesos y violaciones a los derechos humanos también aparecen el secretario de Gobierno mexiquense, Víctor Humberto Benítez Treviño, así como el ex Procurador estatal, Abel Villicaña Estrada.
La toma de San Salvador Atenco fue perpetrada la noche del 3 de mayo en la casa del papá del actual diputado local por Texcoco, Francisco Vázquez Rodríguez, por Peña Nieto y Miguel Angel Yunes, entonces subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Pobladores de Atenco esperan que estos funcionarios respondan ante la justicia por los cargos que han sido acusados, por tanto aguardan el resolutivo de la Corte.
Con información de diversos medios electrónicos.
Recuerda que el proyecto de sentencia de la Corte es coincidente con la recomendación hecha.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, dijo esperar que ahora sí haya justicia en el caso de violación de garantías en San Salvador Atenco, en el cual se señala como funcionarios responsables al ahora Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. "El proyecto que han presentado en la Corte es coincidente con las recomendaciones de nuestra Comisión, ojalá que ahora sí se haga justicia", manifestó Soberanes.
REFORMA publicó que de acuerdo con el proyecto de sentencia que discutirá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el operativo policiaco en San Salvador Atenco del 4 de mayo de 2006 se ejecutó de forma excesiva, desproporcionada, deficiente, improfesional e indolente.
El Ombudsman recordó que se emitieron recomendaciones al entonces Secretario de Seguridad Pública y ahora Procurador, Eduardo Medina Mora, al Gobernador mexiquense y al Instituto Nacional de Migración (INM).Medina Mora, dijo, no aceptó la recomendación, pero el Gobierno del Estado de México y el INM sí lo hicieron, y por lo tanto, la cumplieron.
"Ahora esperamos que a los culpables se les castigue y a las víctimas se les indemnice", declaró Soberanes en entrevista, antes de presentar su informe anual de labores ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.El titular de la CNDH añadió que de no cumplirse la resolución que emita la Corte sobre el caso de Atenco, el País seguirá viviendo al margen del Estado de Derecho.
Soberanes también dijo que anoche la PGR le informó que se negaba a aceptar la recomendación sobre el accidente en la mina de Pasta de Conchos, en la cual la CNDH le pide una investigación a los funcionarios federales que fueron omisos en la investigación del siniestro y el rescate de los cuerpos.
Con esta respuesta, añadió, la PGR se ha convertido en la excepción de las dependencias federales, pues ya es una costumbre no aceptar ningún tipo de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.En su informe ante los legisladores, el presidente de la CNDH lamentó la negativa de algunas autoridades a aceptar sus recomendaciones, pues ello en nada contribuye a combatir la impunidad y se abre la puerta para que otros sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno.
Junto con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, configuraron violaciones a los derechos humanos de pobladores de esa comunidad mexiquense
El actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares; el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, son señalados como responsables de violentar los derechos humanos de pobladores de San Salvador Atenco.
De acuerdo al proyecto de dictamen que analizan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Atenco, estos servidores públicos se valieron de la fuerza pública “excesiva, desproporcionad, ineficiente, improfesional e indolente” al perseguir a ambulantes y activistas de esa comunidad el pasado tres de mayo del 2006.
Estos funcionarios tendrían responsabilidad en estos hechos. Miguel Ángel Yunes Linares se desempeñaba en ese entonces como coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; y Medina Mora como secretario de Seguridad Pública.
El caso Atenco será discutido por los ministros de la SCJN en días próximos. De acuerdo al documento preliminar del análisis, esos funcionarios ejercieron decisiones que configuraron violaciones a los derechos humanos.
"Las agresiones perpetradas resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro país y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en el futuro próximo".
A Felipe Álvarez y Juan Carlos, de América del Valle
Hasta esta orilla ha llegado la noticia de la partida de dos de nuestros seres queridos: tu hermana, Felipe, y tu abuelita, Juan Carlos. Sé que a distancia mis palabras se pueden esparcir con el viento y que en medio de esta tormenta que atravesamos, el dolor que causa una pérdida es difícil que encuentre consuelo. Lo sé, lo sabemos. Sin embargo, no serán las celdas infames ni el exilio lo que nos impida abrazarnos y acompañarnos, así como en la lucha también en nuestro dolor. Mas pensemos en su fuerza y esperanza, que seguro no les faltó; abracemos su ejemplo de dignidad y resistencia, de cariño y amor. Con la frente en alto, fuerza, mucha fuerza, por ellas y por la vida que no será en vano.
¡Presos políticos, libertad! ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha! Estoy con ustedes, compañeros, y también con sus familias.
América del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
A la Otra Campaña en general:
Les escribimos desde el plantón Molino de Flores, para solicitar su apoyo.
Las necesidad más urgentes del plantón son de despensa, en meses pasados recibimos el apoyo con despensa que nos permitio mantener hasta este momento las necesidades del plantón cubiertas.
Sin embargo hoy se necesita los siguiente productos:
Latas (verduras, Atún, chiles, frijoles, etc.)
Cajeta (no demasiada)
Esperamos puedan apoyarnos con estas necesidades.
Alto al hostigamieto contra las Comunidades Autónomas Zapatistas!!
Sube la SCJN a Internet texto sobre violaciones en Atenco
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Guillermo I. Ortiz Mayagoitia determinó subir a Internet el proyecto de dictamen sobre las violaciones a las garantías individuales ocurridas en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México.
En víspera de que el documento, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, sea repartido a los integrantes del pleno, a fin de que el próximo 9 de febrero se inicie la discusión pública del asunto, Ortiz Mayagoitia consideró que como medida para favorecer la “transparencia” y siguiendo el lema de que el año 2009 la Corte busca estar cercana “a la sociedad”, lo mejor es dar la mayor difusión posible al texto.
Se espera que el dictamen sea subido a la página web del máximo tribunal una vez que los ministros tengan en sus manos el material.
Será la tercera ocasión en que la Corte sube a Internet un proyecto, antes de su discusión pública. La primera fue con el proyecto de la ley Televisa, y la segunda, cuando los ministros analizaron la constitucionalidad de las reformas legales que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación.
En los tres casos, comentaron fuentes judiciales, los ministros consideraron que, dado lo controvertido de los asuntos, lo mejor era difundir el contenido de los proyectos para que junto a la transmisión por televisíon de las sesiones públicas se proyectara a la sociedad la idea de que la discusión y dictamen de los asuntos se hizo con estricto apego a derecho.
ACCIÓN URGENTE - Represalias contra Héctor Galindo preso de Atenco
Felipe.calderon@presidencia.gob.mxU;
secretario@segob.gob.mxU;
correo@cndh.org.mx;
mmontesdeoca@segob.gob.mxU;
tb-petitions@ohchr.orgU;
Appeals@fidh-omct.orgU;
gmarengo@amnesty.org;
derechoshumanos@ssp.gob.mxU;
Piden castigo para mandos medios de seguridad del Edomex, involucrados en la zacapela de 2006
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un protocolo para el uso de la fuerza pública, como parte central de su resolución en torno del caso de San Salvador Atenco, Estado de México.
El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño y que mañana, a más tardar, repartirá entre el resto de los ministros, señala criterios sobre los límites aceptables de la actuación policiaca ante disturbios sociales, que incluyen el respeto a los derechos fundamentales como la integridad.
El proyecto, de más 900 cuartillas, divide en 10 puntos el análisis jurídico de los hechos ocurridos 3 y 4 de mayo de 2006. Al analizar si hubo violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Atenco, finca responsabilidades contra mandos medios de los cuerpos policiacos que participaron en los enfrentamientos.
Ante la trascendencia del caso —toda vez que por primera vez en la historia la SCJN emitirá un protocolo sobre el uso de la fuerza policiaca—, se busca que todos los ministros participen en la discusión y, por lo tanto, lo enlistarán para la sesión del 9 de febrero, aunque de manera previa difundirán en internet una versión pública que omite los nombres de los presuntos responsables.
El proyecto que el ministro Gudiño someterá a consideración del pleno de la Corte fue elaborado a partir del informe que entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo y Alejandro Sergio González, responsables de investigar los hechos y reconstruir la historia del caso, en 13 tomos con cinco mil 428 hojas.
En el informe, del cual se presentó un resumen en la sesión pública del 13 de marzo de 2008, los magistrados afirmaron que policías “sin control alguno” agredieron a manifestantes.
Mencionaron que el operativo del 4 de mayo de 2006, a cargo de dos mil 500 policías, fue planeado la noche anterior por mandos federales y estatales “del más alto nivel”, y narraron hechos que parecen llevar a la conclusión de que sí hubo violación grave de garantías.
“Varios elementos policiales, sin control alguno, agredieron violentamente a muchos manifestantes, que aparentemente no oponían resistencia alguna”, dijo González.
Revisarán participación de funcionarios en caso Atenco
Hasta el momento se desconoce cuál fue la conclusión a la que llegó el ministro Gudiño
La SCJN, someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionarios
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionarios, entre los que se encuentran el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en los enfrentamientos que se registraron en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, para decidir si incurrieron en violaciones graves a las garantías de la población.
Con base en los resultados de una investigación que encabezaron dos magistrados, en la que se tomó la declaración del gobernador y del procurador, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se dio a la tarea de deslindar las responsabilidades de cada uno de los servidores públicos y de plasmar sus conclusiones en un proyecto de sentencia que se espera les entregue a sus compañeros de la Corte en esta semana.
Hasta el momento se desconoce cuál fue la conclusión a la que llegó el ministro Gudiño.
Pero su proyecto partió del informe que le entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, quienes tuvieron a su cargo la comisión que se encargó de investigar los hechos y que reconstruyó la historia del caso en 13 tomos, con un total de cinco mil 428 hojas.
En dicho informe, del cual se presentó una síntesis ante el pleno de la Corte el 13 de marzo de 2008, se reportó, sin emitir algún tipo de calificativo, que se comprobó que durante el operativo varios policías agredieron violentamente a personas que no oponían ninguna resistencia, ingresaron a domicilios particulares sin órdenes de ingreso y trasladaron a los detenidos entre charcos de sangre.
En dicho informe preliminar se recuerda que el conflicto inició el 3 de mayo de 2006 porque a un grupo de vendedores de flores, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no se les permitió instalarse en el mercado de Texcoco.Y que el problema escaló a lo largo del día hasta llegar a enfrentamientos con la Policía local, al bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de Atenco, y a la retención de 18 elementos de los cuerpos de seguridad.
“Por la noche --se detalla en el informe--, de ese 3 de mayo, se dio una reunión en la que se ordenó un nuevo operativo, que según las autoridades tendría lugar al día siguiente con la finalidad de desbloquear la carretera, rescatar a los policías retenidos y reestablecer el orden y la paz social en San Salvador Atenco”. (El Universal)
ATENCO EN CIFRAS
2 jóvenes perdieron la vida durante los hechos. Uno a consecuencia de disparo de arma de fuego, y otro por una lesión craneoencefálica.
209 personas fueron detenidas en los dos días.
9 resultaron ilesos, el resto presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo.
27 de los detenidos requirieron atención hospitalaria y cinco tuvieron fracturas.
Preguntas que responderá la Corte
Por acuerdo de los 11 ministros de la Corte, la investigación se fijó como meta responder a las siguientes preguntas:
Primero, “¿si derivado de los enfrentamientos entre policías, locales y federales, y habitantes del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, acontecidos el 3 y 4 de mayo de 2006, se registraron violaciones graves a las garantías individuales?”
Segundo, “¿por qué se dieron esas violaciones?”.
Y, tercero, “¿si alguien las ordenó, si obedeció a una estrategia estatal, o al rebasamiento de la situación, y a la deficiente capacitación de los policías?
México D.F., 8 de enero de 2009
• Se entrega carta al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con más de 400 firmas de apoyo a presos políticos de Atenco• Se espera que la próxima semana se discuta el último recurso legal para continuar el camino hacia su libertad
La defensa legal y familiares de Jesús Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, entregamos el miércoles 7 de enero de 2009 ante la oficialía de partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, documento con 424 firmas de ciudadanas y ciudadanos así como de organizaciones nacionales e internacionales en el que se solicita la revisión minuciosa y exhaustiva de la situación de ambos presos políticos pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México, detenidos durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en aquella comunidad.
La carta de apoyo puede ser firmada durante enero de 2009 Aquí
Mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

References: artículo 97
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