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Timestamp: 2020-08-04 15:45:18+00:00

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Genero y Criminilaizacion Drogas | Criminología | Derecho penal
Genero y Criminilaizacion Drogas
MaríaAlejandraMacsotay
SalvaSalva Genero y Criminilaizacion Drogas per dopo
La Criminologia en La Modern Id Ad y en La Postmodern Id Ad
EL Pensamiento Criminologico I
Recensión crítica tamarit.doc
Tesis La Víctima en El Sistema Acusatorio y Su Participación en El
Tres Enfoques Necesarios
e 000004214
Resumen Grupo 1 Criminologia
Criminologia y Derecho Penal
Positivismo y Beccaria
TRABAJO DE ULISES RIBAS.docx
Qué es la criminología.docx
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Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Centro de Estudios de Post grado Especialización: Ciencias Penales y Criminológicas
GÉNERO Y CRIMINALIZACIÓN POR DELITOS RELATIVOS A LAS DROGAS
Trabajo especial presentado para optar al Título de Especialista En Ciencias Penales y Criminológicas
Autora: Abg. María J. Guerra C.I. 5.529.431 Tutora: Prof. Dra. Elsie Rosales
pp. INDICE………………………………………………………… ………… ………ii LISTA DE CUADROS…………… ………… ………………… ……………….iv LISTA DE GRÁFICOS……………………………………………………… …….v LISTA DE TABLAS…………………………………………………………… … ix AGRADECIMIENTO………………………………………………………… … xii DEDICATORIA……………………………………………………………… ….xiv
…xv
I EL PROBLEMA………………………………………………….……….………5
1.1 Planteamiento del problema……………………… ……………….… 5
1.2 Objetivos de la Investigación…………………………………………. 14 1.2.1 Objetivo General……………………………………… 14 1.2.2 Objetivos Específicos…………………………………… … 14
1.3 Justificación de la Investigación…… ……………………………15 II MARCO TEÓRICO……………………………………………………… 18
2.1 Antecedentes de la Investigación…………………………….…… 18
2.2 Marco jurídico………………………………………………….……26 2.2.1 Reseña Histórica…………………………………………… 26
2.2.2 Regulación actual………………………………………
2.2.2.1 Constitucional….……………………… …………….29
2.2.2.2 Legal…………………………………….………… 32
2.2.2.2.1Ley contra la Delincuencia Organizada……
2.2.3 Lesa Humanidad………………………… ………………………36
2.2.4 Derecho Penal del Enemigo………………………………46
2.3 Teorías de la Criminalidad Femenina…………… …………………53
2.4 Perspectiva de Género………………………….…………………… 62
Situación de la Mujer Venezolana……………………………… ….67
2.6 Criminalidad Femenina en Materia de Drogas………………… ….72
….76
2.8 El Instituto Nacional de Orientación Femenina de los Teques. 89
3.1 Tipo de Investigación…………………………………………… ……98
2.7 Proceso de Criminalización……………………………………
III MARCO METODOLÓGICO…………………………………………
3.2 Diseño de la Investigación……………………………………… … 99
3.3 Sistema de Variables………………………………………………. 100
3.3.1 Definición y Operacionalización de Variables………….… 101
3.4 Población……………………………………………………………… 101
3.5 Muestra……………………………………………………………
3.6 Técnica de Instrumento de Recolección de Datos
3.7 Validez……………………………………………………………….…103
4.1 RESULTADOS…………………………………………………… ……107
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………215
IV ANÁLISIS DE LOS DATOS………………………………………………
5.1 Conclusiones…………………………………….………………….… 215
5.2. Recomendaciones………………………………………………….….225 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………….…….230
ANEXOS…………………………………………………………………….….…238
1. Población Reclusa Total discriminada por sexo (2000 al 2009)………
2. Población Reclusa femenina distribuida por penales (2008-2009)… ….91
3. Población penal distribuida por delitos y sexo (2003)………………….…88
4. Detenciones por delitos de drogas (CONACUID 1990-1999)………
5. Detenciones por delitos de drogas (ONA 2000-2008)…………………
6. Detenciones femeninas realizadas por C.I.C.P.C……………………
6a. año 2004……………………………………………………….……
6b. año 2005……………………………………………………… …………83
6c. año 2006………………………………………………………… ………84 6d. año 2007………………………………………………………… ………85
6e. año 2008……………………………………………………………
7. Población reclusa del INOF……………………………………….……… 93
7a. Drogas y delito común………………………………………… ….………
8. Población reclusa del INOF, según Nacionalidad………………………
9. Población reclusa del INOF, según la edad……………………………… 95
10. Población reclusa del INOF, según años de condena……………….…
11. Población reclusa del INOF, reincidencia………………………………….97
12Población reclusa del INOF, según delitos calificados en este centro….96
13Definición de variables……………………………………
14 Operacionalización de variables………………………………
1. Distribución de respuestas por edad……………………………….…….108
2. Distribución de respuestas por estado civil…………………………… 113
3. Distribución de respuestas por nacionalidad…………………
4. Distribución de respuestas por país de origen………………… ……….116
5. Distribución de respuestas por ocupación……………………… …… 119
6. Distribución de respuestas por otras ocupaciones…………… ……… 120
7. Distribución de respuestas por grado de instrucción…………… …… 124
8. Distribución de respuestas por estudios en el penal…………….…… 125
9. Distribución de respuestas por qué estudia en el Penal……….………126
10. Distribución de respuestas por otros estudios…………………….…… 126
11. Distribución de respuestas por vivienda propia………………….………127
12. Distribución de respuestas por si no tiene vivienda propia señale.… 127
13. Distribución de respuestas por tipo de vivienda……………………… 128
14. Distribución de respuestas por otro tipo de vivienda…………… … 128
15. Distribución de respuestas por lugar donde vive…………………….… 129
16. Distribución de respuestas por otros, lugar donde vive……………… 129
17. Distribución de respuestas por empleo antes de la detención…….… 130
18. Distribución de respuestas por si dijo si, señale………………….…… 131
19. Distribución de respuestas por ingreso mensual……………………… 131
20. Distribución de respuestas por donde obtenía los ingresos, si no trabajaba…………………………………………………………………… 133
21. Distribución de respuestas por otros ingresos………………………….133
22. Distribución de respuestas por número de hijos……………….…… ….134
23. Distribución de respuestas por edad de los hijos………………… ……135
24. Distribución de respuestas por hijos en el penal………………………
Distribución de respuestas por quién los cuida………………… ………137
26. Distribución de respuestas por otros a cargo de los hijos………………137
27. Distribución de respuestas por conformación de la familia…………….138
28. Distribución de respuestas por pareja actual…………………….…
29. Distribución de respuestas por pareja antes de la detención……… 139 30. Distribución de respuestas por viven los padres……………….….…141
31. Distribución
de respuestas por apoyo familiar………………….….…141
con los padres antes de la
detención…………………………………………………….……………….143
32. Distribución de
33. Distribución de respuestas por relación actual con los padres
34. Distribución de respuestas por relación con los hijos antes de la detención
35. Distribución de respuestas por relación con los hijos actual
36. Distribución de respuestas por relación con la pareja antes de la detención
37. Distribución de respuestas por relación con la pareja actual
38. Distribución de respuestas por
ha sido maltratada
39. Distribución de respuestas por, por quién ha sido maltratada
40. Distribución de respuestas por otros que maltratan
41. Distribución de respuestas por situaciones en que se ha encontrado
42. Distribución de respuestas por otras situaciones
43. Distribución de respuestas por actividad recreativa
deportiva antes de la detención
44. Distribución de respuestas por cuál actividad
45. Distribución de respuestas por actividad recreativa
deportiva en el penal
46. Distribución de respuestas por qué actividad en el penal
47. Distribución de respuestas por frecuencia de la actividad
Distribución de respuestas por condena anterior por delitos de
drogas………………………………………………………………………
49. Distribución de respuestas por proceso o condena por delitos de drogas en la familia
50. Distribución de respuestas por qué miembros de la familia
51. Distribución de respuestas por proceso o condena de la pareja
52. Distribución de respuestas por proceso o condena de los hijos
53. Distribución de respuestas por si respondió afirmativo, fue por delitos de drogas
54. Distribución de respuestas por cuál delito de drogas fue detenida
55. Distribución de respuestas por otros delitos
56. Distribución de respuestas por quién realizó la detención
57. Distribución de respuestas por lugar de la detención
58. Distribución de respuestas por otros, en lugar de detención
59. Distribución de respuestas por se encontraba
sola al ser detenida………………………………………………………….178
60. Distribución de respuestas por con quién se encontraba
61. Distribución de respuestas por otros con quién se encontraba
62. Distribución de respuestas por tiempo del proceso
63. Distribución de respuestas por beneficios en el proceso
64. Distribución de respuestas por cuál beneficio procesal
65. Distribución de respuestas por años de condena
66. Distribución de respuestas por beneficios durante la condena
67. Distribución de respuestas por qué beneficio en condena
68. Distribución de respuestas por participación en programas de redención
69. Distribución de respuestas por años de pena cumplidos
70. Distribución de respuestas por participación en el delito
71. Distribución de respuestas por otros en participación
72. Distribución de respuestas por como realizaba la actividad
73. Distribución de respuestas por otras formas de realizar la actividad
74. Distribución de respuestas por qué actividades realizaba
75. Distribución de respuestas por otra forma de actividades ………… 206
76. Distribución de respuestas por lugar de la actividad
77. Distribución de respuestas por otro lugar de actividad
78. Distribución de respuestas por sabía que era delito
79. Distribución de respuestas por quién la visita
80. Distribución de respuestas por frecuencia de la visita
81. Distribución de respuestas por realiza trabajo remunerado en el
penal…………………………………………………………………………212
82. Distribución de respuestas por cómo obtiene los ingresos
GRÁFICOS DE RESPUESTAS MULTIPLES
1. Distribución por respuestas múltiples en edad de los
2. Distribución por respuestas múltiples en quién los cuida
3. Distribución por respuestas múltiples en quién la maltrata
4. Distribución por respuestas múltiples en situaciones
5. Distribución por respuestas múltiples en que miembro de la familia ha sido procesado o condenado por delitos de drogas
6. Distribución por respuestas múltiples en por cuál delito fue detenida…… 162
7. Distribución por respuestas múltiples en con quién
se encontraba cuando fue detenida
8. Distribución por respuestas múltiples en que actividades realizaba en el delito
9. Distribución por respuestas múltiples en lugar de la actividad
10. Distribución por respuestas múltiples en quién la visita
LISTA DE TABLAS Tablas de Contingencia
1. Ocupación recodificada y delito recodificado 2
2. Delito recodificado y nacionalidad recodificada
3. Delito recodificado, nacionalidad recodificada y edad recodificada
4. Delito recodificado 2, nacionalidad recodificada y edad recodificada
5. Ocupación recodificada y delito recodificado
6. Delito recodificado 2 y actividad recodificada
7. Ocupación recodificada y lugar de actividad recodificada
8. Nacionalidad recodificada y quién la visita recodificado
9. Delito recodificado 2 y lugar de actividad recodificada
9a. Delito recodificado 3 y lugar de actividad
10. Estaba sola en la detención recodificado y Participación en el delito
11. Estaba sola recodificado y lugar de actividad recodificado
12. Nacionalidad recodificada y apoyo familiar
13. Ingreso recodificado y nacionalidad recodificada
14. Pareja actual recodificada y pareja anterior recodificada
15. Actividad recodificada y lugar de actividad recodificada
16. Años de condena recodificado y participación en programas de redención
17. Estado civil recodificado y edad recodificada
18. Estado civil recodificado y pareja actual recodificado
19. Estado civil recodificado y pareja anterior recodificado
20. Actividad recreativa o deportiva antes de la detención y en el penal
21. Años de condena recodificado y beneficios durante la condena
Años de condena recodificado 2 y participación en programas de
23. Quién la visita recodificado 2 y trabajo remunerado en el centro de
redención de pena……………………………………
24. Años de condena recodificado 3 y nacionalidad recodificada
1. Edad de los hijos y con quien se encontraba al momento de la detención
2. Quién la detuvo, lugar de la detención y delito
3. Nacionalidad y grado de instrucción
4. Edad de la interna y nacionalidad recodificada
5. Tiempo del proceso y años de condena
5a.Tiempo del proceso y años de condenare codificada
6. Años de condena, beneficios en condena y pena cumplida
7. Delito recodificado 3 y actividad recodificada
8. Años de condena recodificada con tiempo del proceso recodificado
9. Lugar donde vive y delito recodificado 3
10. Condena anterior y nacionalidad
11. Quién realizó la detención y delito recodificado 3
12. Quién realizó la detención y quién la maltrata recodificado
13. Lugar de detención y ocupación
14. Delito y tiempo del proceso recodificado
15. Años de condena y delito
16. Beneficio en condena y delito
17. Delito recodificado 3 y participación en el delito
18. Participación en el delito y como realizaba la actividad delictiva
19. Como realizaba la actividad y delito
20. Delito recodificado 3 y actividad recodificada
21. Trabajo remunerado en el penal y como obtiene los ingresos en el penal
22. Relación de pareja antes de la detención y posee pareja actual
23. Edad de los hijos recodificado 2, proceso o condena de los hijos y si fue por delitos de drogas
- Primeramente agradezco a DIOS porque en el camino, sé que siempre me ha llevado en brazos.
- A las dos alas que impulsan siempre mi vuelo, mis hijos: TONY y GIOVANNA.
- A mi familia, quiénes siempre me apoyan y colaboran para que mis metas se hagan realidad: mis padres, hermanos(as), tíos, primos, sobrinos, y especialmente a mi tía EDILIA quién en este camino, muchas veces fue la madre de mis hijos.
- A mi tutora, la DRA. ELSIE ROSALES, por su apoyo y confianza, quién a pesar de sus múltiples ocupaciones nunca me abandonó y estuvo dispuesta para llevar este trabajo hasta el final.
- Mi infinito agradecimiento por su colaboración y apoyo para la realización de este trabajo a: LISBETH, por la información suministrada; a mi colega SILVIO CASTELLANOS por sus consejos e instrucciones en estadística; a los profesores MIGUEL PADRON Y AMAIA URDANIBIA, quiénes me asesoraron en la corrección del instrumento.
- A mi amiga, Lic. YAJAIRA NIÑO, por su apoyo incondicional; al inspector de la división de Drogas del CICPC, ANTONIO ALVAREZ, por sus valiosos aportes; al personal del INOF, especialmente a la directora de custodia, a las custodias, a la encargada de la dirección de cultura, a la criminóloga del servicio social del internado OLIVARI OBANDO, a CAROLINA ALCÁNTARA de la coordinación de
régimen; a INDIRA del departamento de estadísticas; a la directora de personal RUTH VEGAS, y a la directora del internado ISABEL GONZALEZ, quiénes con su valiosa colaboración hicieron posible la aplicación del instrumento.
- A mis amigas, las profesoras NELSA VIVAS, ESTHER GALICIA Y DALIA ZAMBRANO, por sus consejos y aportes metodológicos.
- Al profesor MILTON SALAZAR quien con su paciencia y pedagogía, me enseñó el manejo de las herramientas estadísticas,
- Y especialmente a las MUJERES RECLUSAS del INOF, sin ellas no hubiese sido posible tanto esfuerzo.
A la Universidad Central de Venezuela, mi casa, que tanto me ha dado.
A mis hijos y mi familia por compartir siempre mis esfuerzos.
apoyarlo
“Nosotros sentimos que lo que estamos haciendo, es sólo una gota en el océano. Pero el océano no estaría tan lleno si no existiera esa gota”
“Tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes cuando nuestra igualdad nos descaracteriza. De allí la necesidad de una igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia que no produzca, alimente o reproduzca las desigualdades”
Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Centro de estudios de Postgrado Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas
Autora: Abg. María J. Guerra O. Tutora: Dra. Elsie Rosales Fecha: Marzo 2011
La mujer en los últimos tiempos, se ha convertido en protagonista en todos los aspectos de la vida social, económica política y productiva, en el ámbito nacional e internacional, empero, de la misma manera, la han convertido las instancias del control social formal desde lo penal en protagonista igualmente de la criminalización por delitos de drogas, especialmente en América Latina, lo demuestra así las cifras de detenciones procesos y condenas de mujeres por estos delitos. Su especial condición las hace presa fácil no sólo de ser atrapadas en el negocio ilícito de las drogas, sino para ser criminalizadas, por lo que son doblemente victimizadas. Es la misma política de siempre en materia de drogas, una guerra sin cuartel que no deja de apuntar hacia los mismos de siempre, los más débiles del Sistema. La mujer se convirtió en el eslabón más débil del negocio ilícito de las drogas, y no por eso la menos perseguida, no por ello la más protegida o estudiada, por el contrario, es y será por años, la ¨ invisible ¨ del Sistema. El mismo que por mandato importado encendió sus baterías hacia el enemigo de turno ¨ El Narcotraficante ¨, dejando en el camino las cárceles venezolanas llenas de pequeñas poseedoras, consumidoras, buhoneras y detalistas, no así de grandes traficantes. La mujer, por sus especiales condiciones sociales, educativas, culturales, afectivas, económicas, se encuentra permanentemente en riesgo de ser captada por organizaciones de la droga y por particulares, muchas veces obligada a entrar bajo amenaza, pero su mayor vulnerabilidad es frente al sistema penal: es apresada más veces de lo que se piensa, por encontrarse en el hogar en el momento del allanamiento, por su condición de ama de casa; o pagando culpas que corresponden a sus parejas, padres, hijos o hermanos, bien porque desconocían que estos realizaban la actividad delictiva o porque son incapaces de delatarlos (al ser detenidas en los allanamientos, se les asume culpables, se invierte la carga de la prueba, además que la Ley no discrimina grados de participación); cuando son procesadas se les niega cualquier medida sustitutiva a la privación de libertad y comienza el calvario del proceso; condenadas deben cumplir su pena en centros de reclusión pensados para hombres e inmersa en un sistema penitenciario que profundiza la desigualdad; es el drama de nuestros países, la mujer incursa en delitos de drogas es el enemigo de turno.
Descriptores: Mujer y Delitos de Drogas; Criminalización de la Mujer; Factores de Riesgo para la Criminalización
Es indudable el papel protagónico que ocupa la mujer en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos del mundo, pero no es menos cierto la participación cada vez mayor de la mujer en las actividades delictivas, especialmente relacionadas con delitos de drogas, sus especiales condiciones de esposa, madre e hija a través de múltiples factores sociales, afectivos y especialmente jurídicos, la colocan permanentemente en riesgo frente a la criminalidad pero especialmente a ser criminalizada por el sistema penal.
Y es así porque esta criminalidad de la mujer, que aunque ocupa sólo el 6 por ciento aproximadamente con respecto a la criminalidad masculina, aproximadamente entre 60 y 70 por ciento es por delitos de drogas.
Se enfrenta así un sector femenino de la población en su vida diaria con condiciones que la hacen presa fácil del negocio ilícito: baja escolaridad, dificultades para ingresar al mercado laboral estable, hogares donde ellas son las que proveen a sus hijos, padres y hasta a familiares de lo necesario para vivir; además proceden muchas veces de hogares donde son maltratadas o abandonadas, maltrato este que continúa cuando se unen a las parejas, en muchos casos conviven con parejas, hermanos, hijos y hasta padres involucrados en el negocio ilícito de las drogas, por lo que son involucradas o por ellos o por los cuerpos policiales al encontrarlas en los allanamientos.
A esta realidad se suma la política en materia de drogas, que responde a lineamientos importados que no reflejan la realidad de nuestros países, y que va dirigida al enemigo que hay que perseguir con mano dura “el Narcotraficante”, logrando en la práctica condenar a el último eslabón, a los
pequeños detallistas, comerciantes menores, a las llamadas mulas, a los consumidores y pequeños tenedores y que ha significado una justicia- si se puede llamar justicia- muy cruel a los involucrados en estos delitos, negando todo tipo de derechos y violentando principios y garantías procesales y penales; cuando vemos las cifras de detención femenina por delitos de drogas no podemos menos que concluir que en este aspecto la mujer es el enemigo de turno, a la que va dirigida toda la política represiva del estado en esta materia, desde las leyes, jurisprudencia, la practica policial y judicial hasta el sistema penitenciario.
En todos estos niveles la mujer ha sido discriminada y victimizada, siempre se ha ocultado esta cara femenina de la criminalidad, y esto ha traído como consecuencia que no ha sido creado el sistema penal tomando en cuenta su especial condición, por el contrario se han profundizado las desigualdades en todos los sub- sistemas, es por lo que los especialistas en el tema hablan de la “invisibilización de la mujer” en el sistema penal.
Todas estas consideraciones fueron las inquietudes de este trabajo, hacer visible a la mujer que ha sido procesada o condenada por delitos de drogas, estudiar de cerca cuáles son los factores que la ponen en riesgo de ser criminalizadas por estos delitos, visto que es el primer delito en el que ellas se ven involucradas, desarrollando en el mismo de una manera clara y sencilla todo lo relacionado con este proceso: la normativa, la jurisprudencia, las tendencias doctrinarias en esta materia, las condiciones socioeconómicas de la mujer en nuestro país, las características de esta criminalidad, las teorías criminológicas que la han sustentado ,entre otras.
Hemos estructurado así el presente trabajo en cinco capítulos, de la siguiente manera:
En el capítulo I se explica el planteamiento del problema incluyendo las interrogantes que nos hemos planteado, los objetivos propuestos, y lo que nos ha motivado para la realización del mismo, justificando porqué se considera importante y relevante ubicar estos factores para investigaciones futuras, para la sensibilización de las instancias correspondientes sobre la problemática de la mujer involucrada en estos delitos, para la adopción posterior de medidas con perspectiva de género.
En el capítulo II presentamos los aspectos principales de carácter teórico que se relaciona con drogas así como con la criminalidad y criminalización femenina y que nos han servido para la argumentación teórica de este trabajo.
Presentamos primeramente los antecedentes de la investigación, donde explicaremos los trabajos más recientes en esta área, que nos dieron aportes importantes para afianzar nuestro trabajo.
El marco jurídico, donde haremos primeramente una breve referencia histórica de la legislaciones antidrogas, para Luego desarrollar la regulación actual: constitucional, legal, así como el tratamiento de estos delitos como de Lesa Humanidad por la jurisprudencia patria, y el llamado Derecho Penal del Enemigo, su tratamiento doctrinal y su relación con la materia de drogas, y la ley de delincuencia organizada que contiene algunas regulaciones referentes a esta materia.
Hacemos referencia a las Teorías que han tratado de explicar la criminalidad femenina desde la perspectiva biológica, psicológica y social hasta las teorías feministas de liberación de la mujer, así como la teoría de las oportunidades y la necesidad económica. Otras teorías tratan de explicar
la criminalidad femenina partiendo de la situación de la mujer en la sociedad, las relaciones de poder. etc.
Las nuevas teorías que miran a las especiales condiciones de discriminación de la mujer en la normativa jurídica, en la educación, trabajo y en la vida económica y social, teorías estas que inician el estudio de la criminalidad femenina con una perspectiva de género.
Venezuela, para después entrar a considerar las características de la
criminalidad y criminalización femenina en estos delitos.
igualmente, cuál es la situación
Asimismo, se hará referencia al proceso de criminalización y cómo ocurre principalmente en esta área y finalmente se hace una descripción del Internado Judicial de Los Teques, que es el centro escogido para la aplicación del instrumento.
El capítulo III desarrolla el marco metodológico en el que se indica el tipo de investigación y diseño de la misma, el sistema, definición y operacionalización de las variables a considerar; la población y muestra, y la técnica de instrumento de recolección de datos.
El capítulo IV presenta el análisis de los datos obtenidos una vez aplicado el instrumento y el resultado de los mismos.
Seguidamente el capítulo V recoge las conclusiones y algunas sugerencias respecto a lo que pudimos encontrar y corroborar de las ideas plasmadas en el desarrollo del tema, y finalmente se señalan las referencias bibliográficas y los anexos.
Este trabajo pertenece a la línea de Investigación de Sistemas Penales. El problema de la mujer que entra en conflicto con la ley ha sido poco estudiado y sistematizado, así lo demuestran los escasos estudios que existen en esta área (Del Olmo, 1998), la criminalidad (manifestación concreta del delito en un espacio y tiempo determinado) y la criminalización (cuando es el Estado quien a través de sus instancias del control, específicamente del sistema penal, selecciona y castiga conductas y personas) femenina se ha constituido así en un aspecto ignorado de la criminología tradicional o positivista, porque se ha dedicado a explicar y analizar la misma desde la perspectiva del hombre, lo que ha traído como consecuencia discriminación, vulnerabilidad e invisibilización de la mujer en el sistema de justicia penal.
Sin embargo en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo y como indica Anthony (2007), se ha ido cambiando el pensamiento penal y criminológico y en esta materia hoy día se cuenta con múltiples trabajos sobre ambos aspectos, pero no es suficiente, es necesario incorporar la perspectiva de género, para provocar un cambio en el paradigma penal y criminológico.
Tradicionalmente hasta los años setenta, la mujer había sido considerada delincuente en aquellos hechos relacionados con su papel reproductivo:
infanticidio, aborto, prostitución. Este perfil fue modificándose significativamente siendo los delitos que con mayor frecuencia cometían las
mujeres los delitos contra la propiedad: robos, fraudes, hurtos, ocupando los delitos violentos porcentajes muy bajos (entre 1 y 2 % aproximadamente), a partir de los años ochenta aproximadamente esto fue variando, situándose en 7 por ciento esta delincuencia, lo que implica un aumento considerable, y con relación a los delitos de drogas la mujer comenzó a tener mayor protagonismo.
En las últimas décadas el comercio de las drogas se ha convertido en un gran negocio a nivel mundial, por las grandes ganancias que ha generado, pero a su vez, como nos señala Rosales(1998), el establecimiento de controles penales cada vez mayores contra el comercio de drogas ilegales es precisamente por la obtención de ganancias exorbitantes sin contrapartida productiva; en cuanto a las ganancias por lavado Caparros Eduardo (1998) y Hernández Quintero (2002) señalan que ascienden los activos por “lavados” anualmente a 300 mil millones de dólares, agrega Hernández al citar a Ziegler ( 2002), que los lavados e invertidos, según técnicos con conocimiento exacto de los circuitos financieros y fiscales del mundo entero, permiten unos beneficios producto de la droga entre 300 y 500 mil millones de dólares anuales.
La mujer no ha escapado de participar en este proceso, pero no como el gran negocio, sino que ha encontrado otra fuente de ingresos para la satisfacción de sus necesidades económicas y las de su familia, aunque ilegal, sustitutivo del trabajo legal mal remunerado, o bien por no tener acceso al mercado laboral lícito, o para salir del mercado laboral informal inestable, es decir, se hace así vulnerable a ser captada para el negocio; la mujer entra en él , como un trabajo más, muchas veces, desconociendo que es ilícito, tal es el caso de las mujeres pertenecientes a etnias
originarias(Tineo,1997).
Así, a partir de la década de los 80 se ha apreciado un significativo aumento a nivel mundial -no sólo en los países de producción y tránsito, sino en los de mayor consumo de drogas por parte de la población femenina en el sistema penitenciario relacionadas con estos delitos.
En Venezuela preocupa que en los últimos años la situación sea la misma. De acuerdo con especialistas en la materia, este aumento considerable de mujeres reclusas, está relacionado con el creciente fenómeno del tráfico y consumo de drogas (aunque también extensivo a la población masculina), señalando entre las posibles causas las especiales condiciones socio-económicas de la mujer, sin olvidar el otro aspecto del problema como son: los cambios legislativos en esta materia, así como las prácticas y decisiones judiciales en los últimos años, es decir, está relacionado no sólo con la criminalidad sino de manera especial con los procesos de criminalización del fenómeno que han afectado de manera particular a las mujeres (De Olmo, 1998). En este sentido se dirige nuestro estudio.
Así tenemos, a los fines de corroborar lo antes expuesto, algunas investigaciones realizadas sobre la población reclusa femenina en Venezuela: se destaca el trabajo de Sabino (1989) en estudio realizado (1972-1986) en el Instituto Nacional de Orientación Femenina de los Teques en 250 internas y el Centro de Reorientación para el Trabajo Artesanal del Paraíso con 122 internas, los porcentajes de mujeres recluidas por drogas eran de 62,4 y 51,6 por ciento respectivamente, para un total ponderado de 58,9 por ciento.
Asimismo, Del Olmo (1987) estudio exploratorio en Caracas 51 por ciento de mujeres del anexo femenino de La Planta, estaban por esos delitos
y para la misma fecha en el 43 por ciento de la población del INOF estaban
por delitos de tráfico y tenencia; por otra parte, en el año 1991, según informe
del Ministerio Publico 73,4 por ciento de todas las mujeres reclusas del país estaban por estos delitos; para 1996 (Del Olmo) destaca que en el anexo femenino de la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso al lograr obtener información sobre 32 reclusas el 38,7 por ciento se encontraba
por delitos relacionados con drogas ; Aya Ramírez(1997) realizó estudio en el INOF resaltando que de las mujeres que se encontraban privadas de libertad ocupaban el primer lugar los delitos de drogas para un 44 por ciento; en el mismo año, Tineo Audelina(1997) realizó un estudio de la Mujer Wayuú en la cárcel de Maracaibo encontrando que de 66 reclusas Wayuú (35,29%) y de ellas 62 internas (93,93%) estaban recluidas por éstos delitos; de la misma manera Aponte(2002) en trabajo sobre las reclusas en el anexo femenino de
la cárcel de Maracaibo pudo constatar que el 90 por ciento de ellas, habían
sido condenadas o se encontraban procesadas por tráfico, ocultamiento y tenencia de estupefacientes, y de ese 90 por ciento, la casi totalidad eran indígenas integrantes de la etnia Wayuú.
En investigación exploratoria nuestra (2004) con datos obtenidos del Ministerio de Interior y Justicia de la Dirección Nacional de Prisiones, de la población reclusa total (2003) la femenina conformada por 1032, de las cuales 732 estaban recluidas por estos delitos (344 procesadas, 388 penadas) para un porcentaje de un 70,9 por ciento encontrándose la mayor población recluida en el INOF (241 reclusas en total).
A pesar de la gran represión en materia de drogas(Borrego y Rosales, 1992) lo que ha quedado plasmado en las leyes referentes a la materia , en
las campañas de ataques contra las mismas y que en la práctica se ha traducido en que son por este delito los que entran en su mayoría al sistema penal, especialmente podemos observar el lugar cada vez mayor que ocupa la mujer en este proceso, sin embargo a pesar de esta realidad, las referencias y estudios han sido enfocados principalmente desde la perspectiva del consumo y las consecuencias para el núcleo familiar ,o por su relación con la prostitución; de la misma manera ha sido reflejado el problema desde la perspectiva de las organizaciones, los operativos, las agencias de control del consumo, así como por la afectación de las relaciones bilaterales y multilaterales entre los países, especialmente en lo que se refiere al lavado de dinero (Anthony, 2007).
Este abordaje es explicable, porque siempre se ha considerado que el campo del delito es propio del sexo masculino, ya que desde la perspectiva del hombre se han realizado los estudios de criminalidad, generalizando los resultados, y la mujer se ha hecho así “invisible” (Anthony, 1998).
A pesar que tradicionalmente se han encontrado diferencias en los procesos de criminalización entre ambos sexos, en el caso específico de este tipo de delitos, se observa un aumento considerable de criminalización femenina, lo cual ha sido corroborado especialmente por el elevado número de mujeres acusadas y enjuiciadas en el continente por participar en estos delitos, la delincuencia femenina ha cambiado así en América Latina especialmente en países andinos y limítrofes.
En Venezuela la proporción de mujeres que ingresa al sistema penal por estos delitos es mayor que el número de hombres, por ejemplo, según el censo penitenciario del 97, el 49 por ciento de la población reclusa femenina estaba por drogas frente a un 8,4 por ciento de hombres; para el año 2003
se pudo constatar que la mayor concentración de la población reclusa por estos delitos era la femenina, mientras que en la población masculina se tiene robo en todas sus modalidades, homicidios y lesiones, y en tercer lugar delitos relacionados con drogas (datos de la Dirección Nacional de Prisiones).
Esta inquietud surge así, al considerar que la delincuencia femenina en los últimos años en el país ha ido aumentando, presentándose la mayor concentración de mujeres detenidas, procesadas y condenadas por este delito, verificándose además que no ha sido estudiado en profundidad; se pregunta ¿porqué si los índices de reclusión femenina en el país, representan aproximadamente entre el 5% y el 6% (datos de la dirección de prisiones) de la población reclusa total, porqué un porcentaje tan alto en delitos relacionados con drogas?.
Estas manifestaciones de criminalidad femenina en Venezuela se han tratado de explicar en los últimos años, con base en el incremento en los niveles de pobreza crítica, el creciente desarrollo de la economía informal controlada en gran parte por el sector femenino, aumento del desempleo y el subempleo donde las mujeres son mayoritarias; hogares matricentrados donde la necesidad económica para la mujer es mayor por su condición de madre y jefa del hogar; relaciones de dependencia afectiva, siendo acusada de complicidad, encubrimiento, o simplemente asumiendo culpas para proteger a sus parejas, hijos o hermanos.
En este proceso de criminalización femenina uno de los elementos fundamentales que se cree interviene, viene dado por la aplicación del control por las instancias formales para el control social, donde el derecho penal es altamente formalizado, pero además, no podemos obviar la llamada
“Guerra contra las drogas”, tal como lo ha expuesto la literatura especializada, que ha traído consigo una política prohibicionista, altamente represiva, traduciéndose en la aprobación de leyes, violatorias de principios fundamentales tanto penales como procesales, desproporcionados, dirigidos hacia una población minoritaria, de la cual la mujer no ha sido la excepción.
Las instancias formales encargadas de este proceso , entendidas desde la encargada de formar la ley (legislativo) en esta materia se caracterizan por penas muy altas, restricción de beneficios procesales, violación de principios fundamentales como el de progresividad, culpabilidad, lesión de bienes jurídicos etc.; así como una gran represión y selectividad en las encargadas de su aplicación (policías, tribunales), que en la práctica se caracterizó principalmente entre otras cosas, por el aumento de juicios en esta materia, en su mayoría contra consumidores -ya que los casos de consumo eran procesados enmascarados como de tenencia- y contra pequeños comerciantes o distribuidores menores.
Además, que no se distinguía en los procesados según el tipo, cantidad, peso o pureza de lo incautado, lo que trajo como consecuencia que no influía en la calificación del delito ni en la graduación de la pena, consiguiéndose así condenatorias por tráfico, por cantidades ínfimas (Borrego y Rosales, 1992; Rosales, 1991 y 1998), en este proceso la mujer en los últimos años ha sido una de las mas vulnerables, como lo demuestran las cifras de detención y procesamiento de las mismas. (Dirección Nacional de Prisiones 2003).
Recientemente fue aprobada la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias estupefacientes y Psicotrópicas (2005), que aunque trata de aplicar penas más cortas, no escapa de ser igualmente represiva, sin obviar la tendencia actual en Venezuela, de declarar estos delitos como de
“Lesa humanidad” con todas las consecuencias sustantivas, procesales y para los derechos humanos que esto trae consigo tales como: no prescripción, negación de beneficios en el proceso, y de cualquier otra medida, pero especialmente en la etapa de ejecución de las penas (Malaguera,2004; Galeano,2005)
El Sistema Penal en América Latina, ha obedecido a la llamada “GUERRA CONTRA EL ENEMIGO” en este caso “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”, que se ha traducido en la implementación de legislaciones inquisitivas, altamente represivas, con grandes campañas de represión, violación a los derechos humanos, violación de normas procesales fundamentales, flexibilización o desaparición de principios y garantías, entre otras, lamentablemente Venezuela se ha incluido en esta guerra, lo que la doctrina ha denominado “Derecho Penal del Enemigo”.
Todos los autores que tratan el tema coinciden en que este derecho surge para la emergencia asimilándose a la excepción, siendo la criminalidad organizada la que justifica su aplicación, la lucha del Estado contra ataques diferentes a la criminalidad común, especialmente guerra, terrorismo, tráfico de drogas, lavado de capitales, y que justifica la aplicación de un derecho penal y procesal penal también diferente: irrespeto de los principios básicos del derecho penal y procesal penal, así como el irrespeto de los derechos humanos; en materia de drogas, a raíz de la política represiva en esta área, este derecho de excepción se permitió sin limite alguno, y se convirtieron así en normas penales para enemigos, en este caso los llamados “Narcotraficantes”.
Ahora no se aumentan las penas, incluso hasta se tienen penas más bajas, como ocurrió con la ley orgánica contra el tráfico ilícito y el consumo
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sino que a la figura delictual se le agrega que no se concede beneficios o medidas alternativas, o se declaran “lesa humanidad”, traduciéndose en la misma represión, y aumento de criminalización por éste delito, lo que bien llama Rosales (2007) legislaciones bélicas.
En este sentido, se ha tenido un gran avance en el respeto a las garantías y a los derechos humanos que se violaban a diario en los tribunales al negar a los procesados y condenados por estos delitos, las medidas alternas a la prosecución del proceso y cualquier otra medida a la que tuvieran derecho. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió la aplicación del último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas entre otros,, que prohibía los “beneficios” procesales para todas las conductas típicas enunciadas en esos artículos, hasta el pronunciamiento de la definitiva, sin embargo habría que evaluar su aplicación en la práctica.
Se ha visto como lo relativo a materia de drogas obedece a toda una política a nivel mundial, desde la formación de la ley hasta su aplicación, por eso más allá de buscar la causa de la criminalidad femenina que ha sido explicada desde diferentes ámbitos: biológico, social, económico, nuestro interés es fundamentalmente el proceso de criminalización en materia de drogas, por considerar que en la delincuencia femenina este proceso es determinante para explicar porque las cárceles venezolanas están llenas principalmente por mujeres incursas en este delito, la perspectiva en este trabajo es crítica.
El objeto de este estudio por lo tanto se orienta a identificar y categorizar los factores que hacen vulnerable a la mujer para la criminalización por delitos relacionados con drogas, así como en el proceso de criminalización de las mismas en la población del INOF; no se pretende buscar causas, que como se señaló, han sido explicadas por la criminología tradicional desde diferentes teorías, se pretende buscar con este estudio factores de vulnerabilidad presentes en el interior de la mujer y en su entorno social, familiar, afectivo, y externos a ellas en el sistema de aplicación de justicia, que la condicionan frente a este tipo de delitos en particular.
Nos preguntamos ¿cuáles son los elementos que la hacen vulnerable, para ser captadas por las organizaciones de la industria de las drogas?, pero que a su vez la coloca principalmente en riesgo de ser captadas por las agencias de control social formal y por eso ¿cuáles son los indicadores que hacen a la mujer vulnerable frente el sistema penal, colocándola en riesgo de criminalización por delitos relacionados con drogas? ¿Cómo será el perfil socio-jurídico de la mujer venezolana reclusa en el INOF por delitos relacionados con drogas?
femenina en delitos de drogas por el sistema penal venezolano.
- Identificar los factores que influyen en la criminalización femenina por delitos de drogas en las reclusas del INOF.
- Determinar un perfil socio-jurídico de la población femenina recluida en el INOF, incursa en estos delitos
Surge la inquietud al cursar la cátedra de Criminología y Derecho Penal Colateral en materia de Drogas, al constatar que la delincuencia femenina relacionada con estos delitos en Venezuela, ha ido incrementando, presentándose para el año 2003 que el porcentaje de reclusas era aproximadamente de 70,90 por ciento sólo en estos delitos; a pesar que las estadísticas de los últimos años muestren un descenso en las detenciones, por ejemplo, para el año 2006 fueron detenidas 187 mujeres, para el 2007 ocurre nuevamente un incremento son detenidas 525 (datos de la Organización Nacional Antidrogas, cuadro No. 5), el mayor número de mujeres detenidas, y el de las procesadas y condenadas de las cárceles son por éste delito, existiendo muy pocos estudios al respecto, por lo que esta investigación, ayudará entre otros aspectos, a obtener datos que permitirán conocer la situación actual de la mujer en conflicto con la ley, especialmente detenciones, procesamiento y condenas femeninas relacionados con el delito de drogas a nivel nacional y su comparación con otros delitos.
Los estudios que se han realizado al respecto han buscado principalmente tratar de explicar la criminalidad femenina con las teorías criminológicas tradicionales, este estudio pretende indagar en el proceso de criminalización por delitos de drogas, por lo que consideramos que puede contribuir un aporte importante a las investigaciones futuras.
Se pretende igualmente hacer un examen de esa población reclusa femenina venezolana, especialmente las del INOF. Tratando de identificar algunos indicadores que las hacen vulnerables en ésta área, como serían los
factores sociales, económicos, culturales, afectivos y jurídicos. Sin dejar de tomar en cuenta en nuestro estudio las instancias del control social formal:
ley altamente represiva (ley anterior, cuya aplicación pudo haber influido en el aumento de esta población reclusa femenina), selectividad del sistema penal, vulnerabilidad ante el sistema de aplicación de justicia, impacto de la aplicación de la nueva ley, el proceso de criminalización de estas reclusas desde la detención hasta condena, beneficios, etc.
Con el análisis descriptivo de los datos obtenidos en esta investigación se trazó como uno de los objetivos la elaboración de un perfil socio-jurídico de la mujer reclusa venezolana, que indudablemente contribuirá con estudios posteriores.
De manera que es relevante este estudio entre otras cosas, además de los aportes para futuras investigaciones, porque ayudará a la comprensión de la criminalidad femenina en estos delitos en nuestro país, pero fundamentalmente permitirá conocer la criminalización femenina por estos delitos que redundará en futuros programas que influyan en su prevención, reducción, revisión legislativa, así como al desarrollo de la perspectiva de género en las mismas.
Aunque se está consciente de las limitaciones que puedan presentarse en esta investigación por el estudio directo en el centro de reclusión, especialmente por el desconocimiento de si se puede obtener la colaboración de las reclusas para la aplicación del instrumento y la obtención de los datos, se cree que el esfuerzo realizado en este trabajo servirá como punto de apoyo, para mejoras en futuros estudios que profundicen el problema planteado.
Los resultados obtenidos en esta investigación podrán contribuir a la sensibilización de las instancias respectivas y a la “visibilización” de la mujer reclusa venezolana desde una perspectiva de género para la implementación de políticas públicas, preventivas, educativas y de asistencia a estas mujeres.
Entre los antecedentes de la investigación que se está realizando, sobre
la criminalidad y criminalización femenina relacionada con drogas, se pueden
mencionar las siguientes investigaciones:
Aponte Sánchez, Elida (1999). Las mujeres reclusas en la cárcel
nacional de Maracaibo. Resultados del proyecto de investigación “Los
operadores(as) de la justicia penal en Venezuela, una visión de género”, y
del trabajo de investigación: “Derechos y garantías Constitucionales con
visión de género”. Investigadora responsable, ejecutados por los estudios de
género, sección antropología jurídica del Instituto de Filosofía del Derecho
“Dr. J. M.6 Delgado O.” de la Universidad del Zulia.
De los resultados de estas investigaciones se pueden extraer las
siguientes conclusiones de interés en cuanto a las reclusas de la cárcel de
Las mujeres, sólo constituyen el 4,5 por ciento de la población carcelaria
del país, la mayoría de escasos recursos económicos, indígenas, extranjeras
y analfabetas.
En el anexo femenino de la cárcel de Maracaibo, el 90 por ciento de la
población reclusa, ha sido condenada o se encuentra procesada por tráfico,
ocultamiento, tenencia o posesión de estupefacientes, el 10 % restante por
delitos contra las personas y la propiedad; de ese 90 % la casi totalidad son
indígenas integrantes de la etnia wayuú, muchas de ellas procesadas y
condenadas sin haber sido oídas, pues no hablan castellano, ni les fue
promovido un traductor, por lo que se les conculcó flagrantemente el ejercicio del derecho a la defensa.
El 30 por ciento son extranjeras, la mayoría colombianas; la situación de las mujeres extranjeras, es particularmente discriminatoria, pues regularmente no tienen familia en el país y carecen de recursos económicos para su defensa.
Para 1999, el anexo, estaba altamente congestionado, permaneciendo algunas mujeres procesadas encarceladas, a pesar de haber cumplido el tiempo máximo en el caso de una condena, y con un excedente en el tiempo de hasta cinco años.
La investigación arrojó que las mujeres reclusas, pierden casi por regla a sus familias, y aunque se encontró un número elevado que tenían pareja (cónyuge o concubino), antes de la reclusión, durante los días de visita familiar, dos veces a la semana, se pudo constatar muy poca presencia de hombres; estos optan por abandonar a su pareja, lo que conlleva también la desintegración de la familia, lo cual se agrava porque a las mujeres se les prohíbe el derecho a la visita conyugal que permite a la pareja tener relaciones sexuales, en contraste con la libertad que en el mismo sentido se le proporciona a los hombres recluidos en la misma cárcel, sin ningún tipo de control.
Si tienen hijos, sólo pueden mantenerlos consigo hasta los tres años de edad.
Son víctimas de violencia institucional tanto física como psicológica, desde el mismo momento en que es imputada por la comisión de un hecho punible; pero la mayoría de las veces en el momento de la detención por
parte de la policía, y en su mayoría provienen de hogares, donde también son víctimas de violencia.
Esta investigación arrojó que las mujeres reclusas en la cárcel de Maracaibo se encuentran en cuanto a procesados-condenados en una proporción de 10 a 1 con respecto a los hombres, es decir, por cada 10 hombres 1 mujer.
De igual manera, las reclusas denunciaron que existe una evidente discriminación con relación al acceso y obtención de los beneficios procesales y las medidas sustitutivas de la privación de libertad, contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes especiales, en comparación con los hombres; asimismo, que los hombres tienen más libertades, como el ejercicio de la sexualidad, del deporte, la práctica de oficios que le permiten en ciertos casos el mantenimiento, o la contribución al mantenimiento de su familia, y mayor facilidad para el acceso a los beneficios procesales como los destacamentos de trabajo.
Guerra P. Mery (1999), Estudio de investigación denominado “El Tráfico y consumo de drogas como agentes alteradores de las relaciones sociales (estudio de casos) en el Instituto Nacional de Orientación Femenina de los Teques” presentado para obtener el título de sociólogo en la Universidad Central de Venezuela, en Abril 1999, realizó una investigación de tipo descriptiva, mediante el estudio de casos de los años 1997-1999, para la descripción del tráfico y consumo de drogas en el INOF, y como éste altera las relaciones sociales en este tipo de institución.
Se hizo la investigación mediante el estudio de tres casos durante dos (2) años, de mujeres consumidoras de drogas; para la fecha se encontraban
recluidas 300 mujeres por diferentes delitos, el más común resultó el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
En esta investigación se encontró entre otras cosas de interés, las siguientes:
En el primer caso, estaba condenada a 15 años de prisión por el delito de tráfico, de los cuales había cumplido 3 años. Traficaba la droga para ayudar a su pareja (concubino), que era el dueño del negocio ilícito. Antes de entrar al penal la droga para ella era un negocio, no consumía, comenzó a consumir en el penal y en éste también traficaba.
procesada por el delito de hurto, no
consumía drogas antes de entrar al penal, no trafica dentro del penal, sólo
En el segundo caso, un (1) año
En el tercer caso, 3 años procesada por delito de tráfico de drogas, pertenecía a una organización internacional del tráfico, y transportaba drogas principalmente en España y Portugal, fue detenida transportando 11 kilos de cocaína a Galicia, consumía drogas desde hace 8 años y liderizaba el tráfico de drogas dentro del penal.
Otras conclusiones relevantes de esta investigación: se consigue el mismo tráfico de drogas que ocurre en la calle, en el INOF. Entran entre 6 y 7 kilos de drogas al penal de diversos tipos, especialmente bazuco, perico, crack y marihuana, y algunas preparan el crack dentro de la institución; participan en el tráfico, según testimonio de las reclusas, visitas, vigilantes o custodias, guardias y la dirección.
Salazar Teresa (2005-2006), Trabajo de Investigación denominado “Análisis sobre la Delincuencia Femenina por Drogas. Centro Penitenciario los Andes Mérida Venezuela”. Trabajo de ascenso realizado para optar a profesora asociado de la Universidad de los Andes, aprobado en Noviembre de 2006.
Investigación de campo descriptiva e inferencial, realizada durante 2005-2006, acerca de las características demográficas, familiares y socio- económicas de la mujer que incurre en delitos de drogas y la motivación para cometer el delito, que estaban recluidas en el Centro Penitenciario de la Región Andina en Mérida. Venezuela.
Estos aspectos se abordaron mediante un censo, se obtuvo contrastes significativos en relación al delito y las variables: ingreso, núcleo familiar y con quien vivió durante la niñez. De 37 mujeres internas 2005-2006, 32 mujeres aceptaron participar y fueron entrevistadas.
En el análisis descriptivo se encuentra que en la mayoría de los casos tenía como modalidad de delito, distribución(6,31%), transporte (46,9%) de las cuales 3 eran mulas (vagina y estómago), tenencia (21% ) y ocultamiento (25%), la mayoría en su hogar, luego enseres personales y en la maleta; el 50 por ciento cometió el delito sola y el 46,9 por ciento en compañía de amigos, familiares y conocidos; Incurrieron en el delito por necesidad económica 46,9 por ciento; 25,7 por ciento era de su pareja o familiar, para comprar drogas 15,6 por ciento, le sembraron 6,3 por ciento y no cometió delito 6,3 por ciento; el 50 por ciento de las reclusas tenían educación secundaria completa o incompleta; el 31,3 por ciento son empleadas privadas; se observa también que el 65,6 por ciento no tienen ingreso; el 70,4 por ciento cambia de empleo varias veces; 40,6 por ciento tienen más de 36 años; 53,1 por ciento eran solteras; 75 por ciento venezolanas con
educación secundaria completa-incompleta; 28,1 por ciento se dedicaban a oficios del hogar o a la economía informal, 31,3 por ciento vivían solas o con sus hijos ; el 62,5 por ciento tenía más de un hijo; el 84,4 por ciento cometió el delito en el área urbana; la mayoría proceden de hogares desestructurados, el 81,3 por ciento no presentan antecedentes judiciales, el 62,5 por ciento manifestó que no volverá a cometer el delito.
Esta investigación concluye entre otras cosas, que la mujer soltera desde la óptica criminológica y económica es más vulnerable, debido a que tienen mayor riesgo, por carecer de apoyo económico, afectivo o familiar, debiendo ellas llevar la carga económica. La desestructuración de la familia y el consecuente empobrecimiento, parece ser un factor que favorece el abandono de estudios, excluidas de la educación, que las limitará para ingresar o permanecer en un empleo digno, la falta adecuada de instrucción, formación y oportunidades en el ámbito laboral empujan a estas mujeres a encontrar en la delincuencia (en el tráfico de drogas), el dinero necesario para subsistir y subsidiar su drogo-dependencia.
Monteverde Cary (2006), Trabajo de investigación denominado “La participación de la Mujer Venezolana en los Delitos de Tráfico y Distribución de Drogas”, presentado para optar al título de Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Central de Venezuela.
Investigación descriptiva que obtuvo como conclusión entre otras , que los factores que llevan a la mujer a participar en los delitos de tráfico, distribución y posesión de drogas, se encuentran íntimamente vinculados con el deterioro político, económico y social, así como la crisis que vive Venezuela, especialmente por los altos índices de empobrecimiento y desempleo.
Con relación a los postulados de algunas teorías criminológicas no existe una sola que pueda explicar de manera satisfactoria los factores o causas que inciden en la participación de la mujer en estos delitos debido a la complejidad del tema y a que son múltiples los factores que inciden. Igualmente concluye que la legislación en la materia es altamente criminalizante y sancionatoria.
En cuanto al análisis de los datos aportados por la Comisión Nacional contra el uso indebido de drogas (CONACUID), análisis de las estadísticas, pudo constatar que a pesar de la disminución del número de aprehensiones de mujeres en este delito, no implica necesariamente la disminución del delito sino un posible cambio de estrategias, evidenciando con este estudio la participación de la mujer venezolana en los delitos de drogas como un problema real de mucho peso.
Estas investigaciones nos proporcionan información valiosa, encontrándose datos muy interesantes que pueden ser comparados con los obtenidos en esta investigación al hacer el análisis descriptivo de los mismos; en primer lugar, la mayoría de las reclusas se encuentran por delitos relacionados con drogas, lo que se evidencia en todas las investigaciones citadas; segundo, porque puede constatarse la especial condición de la mujer ante el sistema penal, cómo son violentadas desde que son imputadas o detenidas, muchas veces sin poder ejercer su derecho a la defensa.
La discriminación que sufren con respecto al género masculino en cuanto a condiciones de cumplimiento de pena, beneficios y medidas procesales, la vulnerabilidad por su condición de mujer que se traduce, en perdida de su familia, pareja e hijos; al evidenciar que las mujeres en la cárcel, seguirán desempeñando labores propias de su sexo; al describir cuáles son los delitos relacionados con drogas en que se ve incursa la mujer
mayormente, y que incluso puede continuar realizando dentro de la institución, como nos refiere el estudio de casos; en tercer lugar, al hacer visible que son varios los factores que intervienen en la criminalidad y criminalización femenina por estos delitos, mostrando que el problema es complejo y debe ser estudiado en profundidad; además, se presentan como una constante ciertas condiciones socio-económicas en las mujeres reclusas por lo que especial atención debemos tener en el estudio de las reclusas de Mérida realizado por Salazar (2005-2006) en el que se presentan una serie de indicadores sociales, familiares-afectivos y económicos que permiten la conclusión a la investigadora de la vulnerabilidad de la mujer y expresa los factores de riesgo, y aunque en este estudio los analizaremos desde otra perspectiva serán de gran importancia a considerar en el estudio planteado en el INOF.
2.2.1 Reseña Histórica
La legislación en materia de drogas en los países de América Latina ha respondido a los lineamientos de los organismos Internacionales, que a su vez han respondido a las campañas de lucha y represión contra las mismas.
La llamada “guerra contra las drogas”, término introducido por primera vez por el presidente Norteamericano Richard Nixon (1978), y que en el año 1982 el presidente Ronald Reagan declara como objetivo urgente de seguridad nacional en su programa de interdicción, erradicación y persecución de los traficantes, convirtiendo así un problema interno de ellos como nuestro, considerando así a los países productores de América Latina como la “amenaza”.
Esta “Guerra” se sustentó primero a través del discurso médico- jurídico, con expresiones como ¨ Sustancia nociva, peligrosa, que crea dependencia ¨, y es vista así la droga como un problema de salud pública, lo cual sirvió para la criminalización, y en segundo lugar, a través de un esquema económico-político, que la identifica con la crisis económico y política: con señalamientos como: “Narcotráfico penetra las instituciones corrompiéndolas ó desestabilizador económico”, por el dinero sucio, y “político” , porque representa un peligro para las democracias, trasladando así el problema de salud pública a un problema de seguridad nacional e internacional, propiciando la globalización del control penal en esta materia, con la idea que son delitos Internacionales (Escobar,1990).
Estas organizaciones internacionales, establecían a través de los convenios, las directrices en materia de drogas que debían seguir los países
que suscribían los mismos, para ser incorporados a su legislación interna desarrollando las leyes correspondientes. Ya en los convenios se establecían las definiciones, los tipos penales, conductas punibles, clasificación de las sustancias ilícitas, las sanciones y medidas, para el caso del consumo.
En Venezuela la legislación en materia de drogas ha evolucionado desde la regulación en el Código Penal, específicamente en el artículo 367 antes de la Ley de 1984 conocida como Ley Orgánica sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (LOSEP ), cuyos antecedentes normativos lo tenemos en la Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobada el 30 de Mayo de 1961, en Nueva York, y su Protocolo de modificación de 1972,en Ginebra; y por el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, firmado el 21 de Febrero de 1971 en Viena, Austria.
Así, esta Ley (LOSEP), entra en vigencia el 17 de Julio de 1984, y luego de la Convención de Viena de 1988, se dan las pautas y en Venezuela se modifica la LOSEP el 30 de Septiembre de 1993, para tipificar el delito de legitimación de capitales y crear un capitulo de prevención, control y fiscalización contra la legitimación de capitales, compromiso adquirido como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas del 19 de Diciembre de 1988, ratificada por Ley Aprobatoria el 21 de Junio de 1991.
Por otra parte, la LOSEP se caracterizaba entre otras cosas, por ser altamente represiva: por su excesiva penalidad y el uso de penas accesorias, con escalas penales altas o mínimos altísimos que dificultaba a los jueces cuantificar la pena de acuerdo a la culpabilidad, lo que trajo además la violación del principio de proporcionalidad, quebrantamiento de la legalidad a través de la tipicidad, determinación, taxatividad, mediante formulas con tipos
abiertos, utilización exagerada de tipos compuestos (varias conductas) y de sub-tipos, mediante la multiplicación de verbos, que en su afán de penalizarlo todo generaban confusión para la interpretación y la adecuación típica y muchas de esas conductas, son en sí mismas actos preparatorios, tentativas o participación y son equiparados a los efectos de la punibilidad, o lo que es lo mismo que decir que hay en esta Ley inadecuada equiparación a todas las fases del iter-criminis, de la consumación y las formas inacabadas del delito y del concurso de personas en el delito, como nos indica en Borrego y Rosales
Otra de las características resaltantes de esta Ley es la dudosa existencia de bien jurídico, o su lesión es oscura o lejana, así como la consagración de tipos de peligro abstracto donde no hay una clara relación entre conducta y lesión al bien jurídico protegido, sólo existe una presunción de lesión o puesta en peligro de salud pública, una clara característica del derecho penal autoritario como nos expone Zaffaroni (1996), donde pasa a segundo término la lesión al bien jurídico y cobra importancia prioritaria la detectación del enemigo.
Igualmente esta Ley se caracterizó por la existencia de procedimientos especiales (hasta la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal), así como la criminalización abierta de consumidores y usuarios, enmascarada o disimulada mediante la aplicación a los mismos de medidas de seguridad consistentes en tratamientos de rehabilitación bajo internamiento indefinidas; tratamiento privilegiado del delator entre otras (Rosales, 1998).
Como se puede constatar, esta Ley obedece a los lineamientos de todas las legislaciones antidrogas como es el uso del derecho penal máximo, caracterizado entre otras cosas, por la proliferación legislativa en la materia,
así como por la extensión de la red punitiva que consiste en el aumento de los tipos penales, aumento de las sustancias prohibidas y de los insumos para producirlas, intensificación y mayor participación de las diferentes agencias estatales en la represión; violación de los derechos humanos, garantías constitucionales y reglas del derecho penal, verbigracia limitación de los beneficios de libertad, de las medidas, violación del in dubio Pro reo, principio de legalidad, de culpabilidad, de proporcionalidad, en fin la subordinación de los principios del derecho penal a sus intereses, y que trajo como consecuencia en la realidad al aplicar esta ley altamente criminalizante, como puede verse en Rosales(1998) que se llenaron las cárceles venezolanas por este delito.
2.2.2 Regulación Actual
2.2.2.1 Constitucional:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) contempla dentro de su normativa, algunas regulaciones que tienen que ver directamente con el delito de drogas, así tiene:
se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes
sino en los casos permitidos en esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ¨ (nuestro el subrayado)
Este artículo trata de la confiscación de bienes, que es una pena accesoria excepcional, que consiste en la privación a una persona natural o jurídica, de sus bienes, para pasar al Fisco Nacional, sin resarcimiento económico alguno, norma ésta que abre una puerta muy peligrosa para el abuso y la arbitrariedad, porque entre otras cosas, puede afectar a terceros vulnerando el principio de intrascendencia de la pena, y por la forma que se realiza en la práctica y que se señalará Infra.
Se puede evidenciar igualmente, la utilización de tipo abierto al establecer cualquier otra actividad vinculada al tráfico, que como señala Galeano (2005) parafraseando a Beccaría, esta situación deja abierta la compuerta de las interpretaciones.
ART. 271 En ningún caso podrá ser negada la extradición de extranjeros o extranjeras, responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada Internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes, asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con tales delitos.
El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral, breve, respetándose el debido proceso, estando facultado la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil. (Subrayado nuestro).
Esta norma trata de varios aspectos importantes, relacionados con el caso de estudio, en primer lugar hace referencia a la extradición de los extranjeros que en todo caso debe ser otorgada al país requirente por los delitos de drogas y deslegitimación de capitales entre otros (suponemos que respetando los principios que rigen la materia de extradición), no así los nacionales, la Constitución de la RBV (Ob.cit.) lo prohíbe expresamente en su artículo 69; consagra igualmente ésta norma la imprescriptibilidad de esos delitos, lo que se traduce en la persecución eterna de los autores de los mismos, vulnerando los principios consagrados en la misma Constitución (debido proceso, justicia rápida y expedita, seguridad jurídica, igualdad) bajo la premisa de evitar la “impunidad” ya que son considerados delitos graves.
Se puede apreciar como nuevamente se hace referencia a la confiscación de los bienes provenientes de estos delitos, para la cual no está establecido el procedimiento para la misma en ninguna normativa, y que en la práctica puede acarrear injusticias e irregularidades, porque cabe preguntarse: ¿Quién decide cuáles bienes son de procedencia ilícita, y bajo que parámetros?
En la práctica según testimonio de un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas, la misma se realiza de la siguiente manera: decomiso de la droga y de los bienes por parte de los organismos aprehensores al realizar el procedimiento (CICPC, Guardia Nacional, etc. ); éstos los ponen a la orden del Ministerio Público, quién solicita al juez medida de aseguramiento de los mismos, si el juez la otorga, los bienes pasan al órgano de administración descentralizada (Organización Nacional Antidrogas) en calidad de depositario; Si hay sentencia definitivamente firme estos bienes pasan a la Hacienda Nacional (confiscados).
Se puede ver como está establecido constitucionalmente la confiscación de los bienes provenientes de las actividades del negocio ilícito de las drogas; en el país se puede apreciar la alta cifra de condenas por delitos de drogas, especialmente en el sector femenino, pero igualmente se trata de pequeños comerciantes y distribuidores en su mayoría, por lo que sería interesante estudiar como ha sido la aplicación de esta norma constitucional en la práctica, lo que escapa de los alcances de este trabajo.
2.2.2.2 Legal
La Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOTYCSEP, 2005) es la ley que regula la materia actualmente, comenzó su vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial número 5789 Extraordinario de fecha 26 de Octubre del 2005.
Esta ley con respecto a la anterior, presentó algunas innovaciones a saber:
- Presenta definiciones como estrategia para facilitar el aprendizaje de la ley
- División de los delitos en tres clases: 1.-Delitos de delincuencia organizada, donde están los de tráfico ilícito de drogas lato sensu, que son imprescriptibles en concordancia con el artículo 271 de la Constitución; 2.- Los delitos comunes, como la posesión, instigación, incitación al consumo y los delitos contra la administración de justicia; 3.- Delitos militares, como el consumo del centinela y la intoxicación de aguas y víveres; estos como los comunes si prescriben.
- Se crea la pena accesoria de confiscación para estar en concordancia con el artículo 271 de la Constitución.
- Se concede en todo caso la extradición del extranjero y la no extradición del nacional para estar en concordancia con la Constitución (Ob.cit.)
- Se crea un procedimiento nuevo para el consumidor (no penal); se aplican medidas de seguridad (no penal), las cuales no proceden si se somete voluntariamente al tratamiento.
- Se incorporan otras sustancias con fines preventivos (alcohol, tabaco, chimó)
- Principio de prioridad absoluta en la protección de niños, niñas y adolescentes.
- Consideración especial para jornaleros y asalariados en las zonas de siembra
- Programas preventivos para la mujer (artículo 87).
- Se rebajaron las penas. Pero se mantiene el delito de tráfico como delito grave
- Se rebajan las penas de jueces y fiscales.
- No se rebajan las penas de los delitos militares y se aumentan las de los financistas.
- Se crean los tipos de desvío de químicos controlados.
- Se imponen penas menores a las llamadas ¨ mulas ¨
- Se crea un procedimiento especial para la destrucción de las sustancias que se refiere la ley y a cual funcionario le corresponde.
- Se crean normas para la identificación de las sustancias incautadas y determinar si son psicotrópicos o estupefacientes.
- Obligatoria concordancia con la ley contra la delincuencia organizada.
- En el caso de conspiración se aplicará la pena de este delito más la del delito de drogas cometido.
- El delito de legitimación de capitales se eliminó y se incluyó en la ley contra la delincuencia organizada.
Estos son a grandes rasgos los cambios de la legislación en materia de drogas, y que a pesar que vemos algunas de las iniciativas de ésta ley que podríamos calificar como positivas, como por ejemplo la rebaja de las penas, trato especial para los indígenas, mujer, niñas, niños y adolescentes, y que pudieran ser ampliadas, desarrolladas y reguladas, sin embargo nos encontramos con una Ley que repite los lineamientos que ya referimos en la LOSEP, multiplicidad de verbos típicos, penalización de actos preparatorios, equiparación de los diversos participes en el delito, violación de derechos humanos mediante la prohibición expresa de beneficios, medidas, imprescriptibilidad para ciertos delitos etc.
Indudablemente que habría que hacer un estudio para evaluar el impacto de ésta nueva ley desde su vigencia, y sus consecuencias en la administración de justicia en cuanto a detenciones, procesamiento, condenas, así como a las confiscaciones de los bienes de las personas incursas en estos delitos, principalmente como ha sido el impacto en el sector femenino, y aunque escapa de los fines de este trabajo, se cree posible en el mismo hacer un acercamiento, porque podrá compararse las cifras de las investigaciones bajo la vigencia de la LOSEP y los de este trabajo bajo la vigencia de la actual, así como la comparación de las estadísticas de los organismos oficiales
2.2.2.2.1 Ley Orgánica contra la delincuencia organizada
No se puede dejar de tomar en cuenta esta ley (LODO), la cual fue publicada en Gaceta Oficial No.38.281, el día 27 de Septiembre del 2005; entre otras cosas, primero: porque incluye a los delitos relacionados con drogas como delitos de delincuencia organizada( Art.16 numeral 1) lo que trae como consecuencia agravación punitiva y más excepcionalidad; segundo: tipifica el delito de legitimación de capitales( Arts. 4 y 5), que fue
extraído de la ley de drogas; tercero: se establece el principio de oportunidad, también llamado principio de delación para estos delitos(Art.29); cuarto:
establece y regula las entregas vigiladas y controladas, así como las operaciones encubiertas y simuladas en esta materia (Arts. Del 32 al 40)., recurriendo así a figuras no precisamente legales, justificadas para perseguir al enemigo y brindar seguridad, en este sentido refiere Romero (2009), el Estado se vale de figuras de “dudosa legitimidad” ,las que se justifican -por la idea de la excepción- para acorralar al enemigo en una lucha sin tregua.
Esta ley que a todas luces, responde a la política de siempre de hacer nuestros, problemas que no lo son, como el caso de las drogas, en la que está enmarcada la lucha o guerra contra las drogas, el terrorismo y ahora el crimen organizado, y que Rosales describe como globalización del control penal, que más que aclarar el panorama ya confuso, porque no se tiene claro que es delincuencia organizada, lo que ha traído es más confusión a nuestra realidad jurídica, donde a partir de ella, casi cualquier delito puede ser delincuencia organizada (el ejemplo más claro de esta afirmación lo tenemos en la propia ley)
Nos ilustra muy bien Romero (2009) cuando señala: “la agenda mundial, sigue siendo planificada en función de intereses que justifican y legitiman la excepcionalidad y que en los últimos tiempos tiene tres nombres: Drogas, terrorismo y crimen organizado”.
Este mismo autor describe acertadamente, las características de la delincuencia organizada como dimensión del derecho penal de enemigos: i) Amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir se traslada la importancia del hecho producido hacia el hecho que se va a producir, se criminaliza anticipadamente antes de la afectación al bien jurídico, por ejemplo se penaliza la sola pertenencia a la asociación, la creación de organizaciones
criminales, la producción de narcóticos por bandas organizadas; ii) desproporción de las penas con respecto a ese adelantamiento, es decir, las penas no se reducen en proporción al adelantamiento, por ejemplo las penas del delito de legitimación de capitales, aumento por el solo hecho de la organización, igual pena para el que siembra que para el que trafica; iii) desconocimiento de garantías procesales, verbigracia prisión preventiva
siempre o casi siempre porque los delitos tienen penas iguales o superiores a
.251 del COPP), en muchos casos hasta incomunicación, no
10 años ( Art.
se permiten medidas alternativas, intervención de las comunicaciones, agentes encubiertos y las investigaciones secretas.
Cada vez que se quiere restringir derechos y perseguir enemigos se echa mano de este tipo de legislaciones, que se separan de un derecho penal de garantías y se acercan o superponen con un derecho penal contra o de enemigos (al que se hará referencia más adelante), es decir, es el claro tránsito de la legislación de derechos a una legislación contra o de lucha que implica precisamente desconocimiento del derecho con la excepcionalidad como fundamento, nos señala al respecto Romero (Ob. Cit.), la misma Ley se delata en su titulo “Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada” (resaltado nuestro).
2.2.3 Lesa Humanidad
La necesidad de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad, se recogió por primera vez en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, establecido el 8 de agosto 1945 por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Rusia y respondió al deseo de los aliados de juzgar no sólo los que habían cometido crímenes de guerra en el sentido tradicional del término, sino otros tipos de crímenes que no quedaban comprendidos en ese concepto, como aquellos en que la víctima fuera
apátrida o tuviera la misma nacionalidad del criminal. Posteriormente se incorporó también en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio del 19 de Enero de 1946.
En la resolución 995 del Concejo de Seguridad de la 0NU del 8 de noviembre de 1994, se le asigna potestad jurisdiccional para enjuiciar a los responsables de los crímenes que “hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad, políticas, étnicas, raciales o religiosas”.
Se tiene así que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de Julio de 1998, en vigor el 12 de Abril del 2002 señala: “Se entenderá por crimen de lesa humanidad…cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
El 7 de junio del año 2000 Venezuela ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que implica que se le otorgó potestad a dicha Corte para Investigar, juzgar y sancionar a los responsables por éstos delitos. El 1 de Julio del 2002 entra en vigencia la Corte Penal Internacional, pudiendo conocer desde ese momento los crímenes de su competencia.
Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo: por crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad se entienden, a los efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos graves, cuando reúnan dos requisitos: “la comisión par parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (subrayado nuestro).
El ataque generalizado quiere decir que los actos se dirijan contra una
multiplicidad de victimas.
Por ataque “contra una población civil” se entiende una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 de la norma ejusdem, contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización; al referirse a una población civil se entiende que se trata de los no combatientes independientemente que sean de la misma nacionalidad del responsable, apátridas o que tengan una nacionalidad diferente.
A que los actos inhumanos se cometan en forma sistemática, quiere
decir que lo son aquéllos cometidos por parte de un plan o política preconcebidos, excluyéndose los actos cometidos al azar. Dicho plan o política pueden estar dirigidos por gobiernos o por cualquier organización o grupo.
Refiere Rodríguez (2005):
Que se habla de crímenes de lesa humanidad, porque con ellos se agravia u ofende la humanidad, entendiéndose esta como ¨ naturaleza humana ¨, esto es, como la dignidad de la persona, lo que es sencillo constatar al analizar los elementos que caracterizan a tales crímenes, ya que se atenta de la manera más grave contra el carácter de persona como valor esencial, y no como medio, que ha de respetarse a todo individuo, conmoviéndose asimismo a todo el género humano.
Los actos inhumanos prohibidos por el
Estatuto de la Corte Penal
(artículo 7) y la definición que da de ellos son los siguientes:
a- Asesinatos: privación de la vida a una persona inocente concreta. b- Exterminio: privación de la vida a un grupo de personas inocentes comprendiendo la imposición intencional de penosas condiciones de vida, y la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras acciones, encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población. El exterminio está estrechamente relacionado con el
Genocidio; Ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas. Ahora bien, el exterminio se da en caso en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes o cuando se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros. c- Esclavitud: ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de alguno de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. d- Deportación o traslado forzoso de población: desplazamiento de las personas afectadas por expulsión y otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el Derecho Internacional. e- Tortura: provocación intencional de dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.
f- Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
g- Respecto al “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. h- Persecución de un grupo o de una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos
fundamentales en contravención al derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. i- Desaparición Forzada de personas: aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o de una organización política o con su autorización apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de la libertad o a dar informe sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la Ley por un período prolongado. j- El crimen de Apartheid: actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 de la norma, cometidos en el contexto de un régimen Institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de ese régimen. k- Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Los delitos de lesa humanidad como se puede ver, imponen condiciones indispensables para su existencia, no pueden ser actos aislados, se trata de delitos de máxima gravedad que deben ser cometidos de forma repetida y masiva con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo humano determinado generalmente por razones de raza, cultura, religión, nacionalidad o convicción política, pero además esta norma citada supra, presenta la lista de las conductas tipificadas como tales.
Es importante resaltar que en nuestro país no se ha adoptado su implementación en ninguna normativa interna.
La CONSTITUCIÓN de la República se refiere a los mismos en:
ART.-29: El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. (Subrayado nuestro)
ART.-271: (Omisis)……No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes…….(Omisis) (nuestro el Subrayado).
En reiteradas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, como en la del 28 de Marzo del 2000 por la Sala de Casación Penal, así como en la del 4 de Abril del 2001 de la misma sala, se ha declarado al delito de tráfico ilícito de estupefacientes como delito de lesa humanidad, de la misma manera en la sentencia 1185 del 06-06-2002 de la Sala Constitucional, en Ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, bajo los siguientes términos:
Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos, y los delitos por crímenes de guerra quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considere que procede la privación de la libertad del imputado. Cuando se compara el artículo 271 Constitucional con el trascrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma que fue mencionada, reconoce como imprescriptibles a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de Estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, tiene que considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 Constitucional, como un delito de lesa humanidad y así se declara . Los delitos de lesa humanidad se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, que están constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en la Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; La Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, Convención de Viena de 1988 .
Esta investigadora considera que esta decisión del máximo tribunal, realiza una interpretación analógica incorrecta además que no permitida en el derecho penal, al equiparar los delitos de drogas con los de Lesa humanidad basándose en una característica común de ambos, como lo es la imprescriptibilidad infiriendo de la misma la correspondencia entre uno y otro, es decir, con esta decisión que parte de la premisa, que si los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y los delitos de drogas son imprescriptibles, entonces los delitos de drogas son delitos de lesa humanidad nos lleva el interprete a un sofisma, es decir, si parte de una premisa falsa, la conclusión es errónea; sumado a lo anterior, se considera igualmente, que los mismos no son delitos de lesa humanidad, primero, porque no son delitos de máxima gravedad contra la humanidad, porque no se encuadran dentro del concepto de los que se consideran como tal, ni se encuentran en la lista del Estatuto de Roma, además porque no hay ninguna normativa interna que los tipifique.
Las decisiones de la Sala Constitucional en este sentido, como señala Galeano (2005), han avalado las decisiones de la Sala Penal, y se supone que la Sala Constitucional le compete la correcta interpretación de la Constitución y sus decisiones son vinculantes, este autor con respecto al tema refiere:
No se puede calificar de manera arbitraria a un delito ordinario como de lesa humanidad, sin que cumpla con las exigencias del derecho internacional, como ocurre con la calificación de algunos delitos de drogas, cuando los mismos no reúnen tales características… Con argumentos vagos, contradictorios e incongruentes esta sentencia trata de justificar una calificación jurídica que en ningún momento le da la Constitución a los delitos de narcotráfico.
En este sentido se concuerda con el voto salvado de la Magistrada Rosa Mármol de León (sentencia numero 464, Sala de Casación Penal 02-08-
Los delitos de drogas no constituyen delito de Lesa Humanidad, uno de los argumentos que sustenta
criterio, deriva de lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma el cual describe cuáles son
actos que deben ser considerados ¨ Crimen de Lesa Humanidad.
En este sentido observamos que en efecto, los delitos relativos al tráfico ilícito de Estupefacientes no se encuentran en dicho artículo, así como tampoco en las conductas tipificadas en el literal k (otros actos inhumanos que causen, intencionalmente…); del mismo modo, tal aseveración no puede ser un criterio que derive de la interpretación del artículo 271 de la Constitución de la República, por establecer dicha norma la imprescriptibilidad del Tráfico de Estupefacientes
En cuanto al literal K, efectivamente constituye un tipo abierto, que pudiera conllevar a interpretaciones arbitrarias, pero se debe tomar en cuenta que esa conducta que encuadre en el mismo debe cumplir con los requisitos para que encuadre en el tipo, es decir, ataque generalizado y sistemático de una población civil.
En el mismo sentido se comparte igualmente la opinión de Rodríguez (Ob. Cit.) al respecto, quién señala:
El narcotráfico no puede considerarse tal, puesto que no cumple los requisitos de esta modalidad de los crímenes de lesa humanidad, al no causar un sufrimiento grave que se derive de la acción u omisión realizada, ni tener una gravedad similar a la de los demás actos calificados como tales crímenes, de modo que la concepción del comercio ilegal de narcóticos como crimen de lesa humanidad resulta a todas luces inadmisible.
Bien ilustrativa resulta además la opinión de Malaguera (2004) cuando señala:
Ni el delito de tráfico de estupefacientes, ni los demás delitos previstos en la LOSEP, constituyen delitos de lesa humanidad, dado que no integran el catálogo de crímenes de lesa humanidad, norma ésta que debe interpretarse en concordancia con el artículo 22 del mismo Estatuto, que desarrolla el principio de legalidad penal que rige para ese ámbito propio del Derecho Penal Internacional. De igual manera, el encabezamiento del párrafo 1 del referido artículo 7, es indicativo de la nota diferenciadora de los crímenes o delitos de lesa humanidad, con respecto a los crímenes de guerra y los delitos comunes previstos en los diferentes códigos o leyes penales, cual es el elemento normativo que implica una valoración de la conducta punible que en el contexto del ERCPI debe realizarse como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra una población civil y con conocimiento del mismo, todo lo cual configura y define la dogmática propia de los crímenes o delitos de lesa humanidad.
Es de hacer notar, como ya se señaló, que no hay en la legislación interna ninguna normativa que tipifique a estos delitos y como expresa Borrego (2006), la persecución de los delitos como el genocidio o lesa humanidad no es posible considerarlos como actos que pueda conocer y juzgar la jurisdicción Venezolana debido a que a pesar de la obligación internacional, no se ha dado la reforma legislativa para tipificar estas
conductas desvaloradas internacionalmente, pero si puede manifestarse la justicia internacional ya que Venezuela suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, con respecto a lo anterior señala Modolell (2006), que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció al respecto en un recurso de interpretación del artículo 29 de la CRBV por solicitud del Fiscal General de la nación, en la conclusión No. 7 en los siguientes términos:
7.-La responsabilidad penal en las causas por delitos de lesa humanidad (delitos comunes) se determinará según lo disponen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional suscrito por Venezuela, en cuanto a la parte sustantiva; y el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la parte adjetiva.
Por lo que nos indica este autor, que se acepta la aplicación directa de las tipificaciones contenidas en el estatuto, sin hacer referencia al código penal, y en la parte adjetiva la aplicación del código orgánico procesal penal, considerando así, como una simple declaración, pues, por la inexistencia de un sistema de penas en el estatuto compatible con el sistema de penas del código penal, y su vinculación al principio de legalidad, torna inaplicable esta consideración del Tribunal Supremo de Justicia (Ob.cit.).
¿Qué ha significado en la práctica, una vez que los delitos de drogas fuesen considerados como delitos de lesa humanidad?
Nos parece que describe muy bien las consecuencias, Malaguera (Ob.cit.) cuando expresa que sólo ha servido para negar derechos fundamentales en la fase de ejecución de penas, en lo concerniente al régimen progresivo, y además desvirtuar la naturaleza de las medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial privativa de libertad, constituyendo así el encarcelamiento preventivo la prioridad cuando se trata de estos delitos, de manera que siempre debe decretarse la privación de
libertad, haciéndolos no excarcelables, señalando para justificar esta situación que las medidas cautelares sustitutivas conllevan a situaciones de impunidad (desvirtuando sus fines), lo que implica que en el juzgamiento de estos delitos se anticipa la pena, mediante el decreto de prisión preventiva.
De la misma manera este autor expresa acertadamente, que no puede asociarse, las medidas de régimen progresivo (destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, redención de pena por el trabajo y el estudio) así como otras medidas como suspensión condicional del proceso y de la ejecución de la pena, como que generan ¨ impunidad ¨ (entendida como ausencia de pena, no punibilidad, o ausencia de castigo), por tres razones principalmente: 1) porque a los penados a los que se les concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cumplen la pena fuera del centro, sometiéndose a un régimen de prueba que implica una serie de restricciones a sus derechos; 2) los penados que obtienen cualquiera de sus derechos dentro de la progresividad (son derechos, no beneficios y así lo acepta la doctrina especializada mayoritaria) como son: régimen abierto, destacamento de trabajo, libertad condicional, entre otros, tienen que haber cumplido un mínimo de pena establecido en la ley, la cual seguirán cumpliendo a través de un régimen de semi-libertad o libertad vigilada; 3) y por último, los que redimen pena por trabajo y estudio, también deben cumplir parte de la pena.
Es por lo que se puede ver con claridad como esta declaración de estos delitos como de “lesa humanidad” ha violentado en primer lugar el principio de legalidad puesto que con una interpretación arbitraria se calificó de tal a estos delitos y se convirtió así en fuente de violación a los derechos procesales y penales fundamentales , al no permitir a los acusados por los mismos, ni el juzgamiento en libertad, ni medidas alternas a la prosecución del proceso, ni los derechos que les corresponden por ley en la progresividad
del régimen penitenciario, ni beneficios, ni ninguna otra medida, entre otras cosas, por lo que esta decisión ha hecho que la aplicación de justicia en esta materia, sea más criminalizante de lo que normalmente ocurría con la aplicación de la ley, lo que ha afectado indudablemente de manera especial al sector femenino, si se toma en cuenta que es el primer delito en que incurren las mujeres.
2.2.4 Derecho Penal del Enemigo
Este es un concepto que enfrenta el derecho penal del enemigo al derecho penal del ciudadano, aunque, compartimos lo expresado por Rosales(2007) cuando señala que el primero no es derecho y el segundo es una redundancia, parafraseando a Cancio Meliá citado por la misma autora:
“Derecho Penal del Ciudadano es un pleonasmo y Derecho Penal del Enemigo una contradicción en los términos”, y que este Derecho sería aplicable en los casos de crímenes por parte de los enemigos de la sociedad, verbigracia, terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada; este derecho del enemigo sigue unas reglas diferentes del derecho penal tradicional, caracterizado especialmente por ser más riguroso y menos respetuoso de principios y garantías esenciales frente al considerado “Enemigo”.
El derecho penal del ciudadano ve al infractor como persona, y están presentes los principios bien jurídico, principio del acto o del hecho, prevención, proporcionalidad de la pena, principio de legalidad, dignidad humana, derecho penal mínimo, cumplimiento de garantías procesales, en fin, entran en juego como dice Silva Sánchez citado por Belity (2005), de modo decisivo valores y principios garantísticos y no meras necesidades sistémicas; mientras que para el derecho penal del enemigo el infractor es visto como un enemigo de la sociedad, y como cita el autor mencionado,
están ausentes de él valores y principios y aparecen como decisivos los criterios de estabilización del Sistema.
Este concepto viene de Jakobs (1985-1999), pero según Silva Sánchez citado por Belity (Ob.cit.), no es nuevo, sino que fue dado a conocer por Von Liszt , cuando se refería a las medidas de seguridad para los delincuentes imputables peligrosos que atentaban contra el orden social; según Gracia Martín(2005) con Kant, cuando considera que el hombre en estado de naturaleza es un enemigo lo cual es suficiente para justificar la hostilidad contra él, aunque no haya realizado una lesión de hecho, y que el hombre que atenta contra la seguridad de la mayoría es un enemigo; con Hobbes quien refiere “Los enemigos son individuos que se encuentran en estado de naturaleza en el cual la característica más sobresaliente expresándolo con terminología moderna, sería la falta de seguridad cognitiva” (Belity, 0b.cit.); para Hobbes, quién no acepte las normas, quién queda fuera del contrato social puede ser eliminado sin injusticia; para otros en Rousseau quien considera que el ciudadano que delinque deja de ser tal y se convierte en enemigo y la conservación del Estado es incompatible con la del enemigo.
Como se señaló, en esta época es introducido por Jakobs, en una primera oportunidad para 1985 lo elabora para los tipos económicos y los de puesta en riesgo, manifestando la necesidad de separar en caso excepcional al derecho penal del enemigo del derecho penal de los ciudadanos, con el fin de conservar el Estado Liberal, lo que constituye según Romero(2009) el primer momento de jakobs en el que describe al tal derecho de enemigos como excepcional para la emergencia sin asumirlo abiertamente (del no, según este autor), tesis que en aquél momento no tuvo mayor trascendencia; y en una segunda fase en 1999 para los delitos graves contra bienes jurídicos individuales, para los que plantea “Flexibilización de garantías”, que trajo como consecuencia una fuerte reacción crítica,
principalmente por la diferenciación que el autor propone del derecho penal del ciudadano dirigido a personas y el derecho penal del enemigo destinado
a las no personas, necesario según él para combatir por ejemplo al
terrorismo (Víquez, 2007). Señala esta autora que el derecho penal del enemigo en Jakobs tiene varios atributos, primero la conducta del sujeto activo constituye un peligro; segundo, por lo que la función manifiesta de la
pena es la eliminación de ese peligro, se traslada así el derecho penal del hecho al derecho penal de autor, se castiga al individuo no por lo que hizo,
sino por lo que es; y un tercer atributo que es la separación entre el derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo y no solapado éste dentro
Aquí según Romero (Ob.cit.), ya estamos en el segundo momento en Jakobs, comienza a distinguir la persona en sentido normativo y el enemigo que carece de capacidad cognitiva, hasta llegar a su tercer momento en el que ya identifica al enemigo con el terrorista y justifica el mismo sobre la base de la peligrosidad de tal enemigo y la seguridad de los ciudadanos, según palabras de Jakobs citado por Romero: “El derecho penal dirigido específicamente contra el terrorista tiene más bien el cometido de garantizar seguridad que el de mantener la vigencia del ordenamiento jurídico”.
Martín Fraga citado por Belity (Ob.cit.), el derecho penal del
enemigo presenta tres elementos característicos:
1. En las regulaciones que le son propias, se verifica un marcado adelantamiento de punibilidad. En estas normas el punto de referencia no es ya el hecho cometido, sino el hecho futuro. 2. Nos dice Gracia Martín (2005) en este punto, que los tipos penales anticipan la punibilidad a actos que sólo tienen carácter de preparatorios, como por ejemplo, se criminalizan comportamientos de
mera colaboración con bandas u organizaciones terroristas, apología de las infracciones de terrorismo o de sus autores.
3. Las penas previstas son elevadas de modo desproporcionado con relación al hecho cometido, suele tratarse de conductas bien alejadas al resultado lesivo, tal como tradicionalmente lo concebimos, incluso que ni siquiera implica la creación de un riesgo no permitido.
4. Al respecto señala Gracia Martín (Ob.cit.) como ejemplo, la punibilidad de actos preparatorios sin rebaja de pena con respecto a los hechos consumados o intentados, la pertenencia del autor a una organización se toma en cuenta para establecer agravaciones desproporcionadas.
5. Existe una flexibilización de ciertas garantías del proceso penal que incluso pueden llegar a ser suprimidas.-.
6. Este derecho penal ve al trasgresor no como persona sino como enemigo que no acepta el orden social, la función del derecho penal es la protección de la norma y el fin de la pena es la lucha para la eliminación del enemigo.
Para Jakobs, citado por Riquert y Palacios (2003):
El enemigo es un ciudadano que por su posición, forma de vida o quizás por su pertenencia a una organización, ha abandonado el derecho, no de forma incidental sino duradera. Por lo que no garantiza la mínima seguridad cognitiva, déficit que expresa a través de su conducta, que lleva a la conclusión que al encontrarse palmariamente fuera del sistema, no tiene derecho a gozar de todos los beneficios como si fuera una persona, siendo el enemigo una no persona.
Señala al respecto Modolell (Ob.cit.), que Jakobs realiza la distinción entre la “persona”, entidad titular de derechos y deberes capaz de emitir actos con significado en la sociedad, y el “enemigo”, individuo que representa una simple fuente de peligro contra la cual hay que defenderse.
Esta es una tendencia, no es una teoría jurídica como tal, tendencia antidemocrática y cargada de autoritarismo; para otros es una postura teórica o una construcción teórica (Riquert, y Palacios, Ob.cit.), que
desconoce el verdadero papel del derecho penal como muro de contención, como controlador y limitador del ius puniendi del Estado. Se puede expresar en los siguientes términos: Yo Estado te protejo eficazmente contra los criminales más peligrosos, tú ciudadano me cedes tus derechos o renuncias
a ellos; ocurre como refiere Víquez (Ob.cit.),
Se origina en un estado de inseguridad, y la población cede- convencido por una nueva política criminal- su derecho a la Libertad a cambio del Derecho a la Seguridad, el Estado se encarga de identificar el peligro y la población se solidariza generándose una reacción masiva en contra del enemigo, donde se justifican las medidas represivas en el nombre de la seguridad.
Este derecho penal-si es que puede llamarse derecho- se hace latente principalmente en materia de terrorismo, de delincuencia organizada y en materia de drogas (la famosa trilogía) en el llamado ¨ Narcotráfico ¨, como consecuencia de la globalización del control penal, caracterizada en este ámbito por la aplicación de una justicia-si es que se le puede llamar justicia- altamente represiva y violatoria de los derechos humanos y de principios básicos y esenciales en materia penal y procesal penal, que ya hemos hecho referencia, , y que ha sido ampliamente tratado en Borrego y Rosales (1992).
Esta tendencia tiene diversas acepciones y otras que conducen a el, tenemos así el derecho penal autoritario, derecho penal máximo, derecho penal del enemigo o del terrorista como lo llama Rosales(2007), la expansión del derecho penal de Silva Sánchez que caracteriza la política criminal de las sociedades post-industriales, y como refiere Cancio Meliá (2003), el derecho penal simbólico donde el derecho penal es un instrumento para producir tranquilidad, mediante la promulgación de normas destinadas a no
ser aplicadas, el derecho penal punitivista que consiste en la introducción de normas penales nuevas, con la intención de promover su efectiva aplicación
o el endurecimiento de las penas para normas ya existentes, y que para este
autor, ambos mantienen, dicho en sus palabras una relación fraternal dando
como resultado de esa unión el derecho penal del enemigo, y como dice él mismo, el concepto de derecho Penal del Enemigo, sólo puede ser
concebido como instrumento para identificar precisamente al penal”.
Todos los autores coinciden que este derecho penal surge para la
emergencia, asimilándose a la excepción, siendo la criminalidad organizada
la que justifica su aplicación, la lucha del Estado contra ataques diferentes a
los de la criminalidad común, especialmente guerra, terrorismo, tráfico de drogas, lavado de capitales, y que justifica la aplicación de un derecho Penal
y Procesal Penal también diferente: irrespeto de los principios básicos del
derecho Penal y Procesal Penal, sin garantías, e irrespetando los derechos
humanos, como señala Silva Sánchez citado por Cancio (Ob.cit.) es la regulación jurídica de la exclusión de los enemigos.
Indica en el mismo sentido Zaffaroni (2005) que este derecho para la emergencia amenaza a la supervivencia de la sociedad, porque se corre el riesgo al limitar garantías procesales de poner a todos los ciudadanos en peligro de ser indebidamente procesados y hasta condenados, al tipificar por ejemplo actos preparatorios equívocos, se conmina con pena a todos por conductas que en la mayoría de los casos son inofensivas, verbigracia, comprar un precursor para pintar la casa o abonar el jardín, y al limitar garantías y derechos de todos los habitantes se compagina más con un Estado absoluto que con un Estado de derecho.
En el área de drogas tema objeto de este trabajo, se puede constatar características típicas de este derecho del enemigo, verbigracia, agravación punitiva de los tipos tradicionales, endurecimiento de las penas, introducción frecuente de nuevos tipos y nuevas sanciones, criminalización de múltiples y nuevas conductas, reducción y muchas veces desaparición de garantías penales y procesales, adelantamiento de la punibilidad caracterizado por penalización de actos claramente preparatorios, penas desproporcionadas
que se manifiestan especialmente en la equiparación al autor, a los efectos de la pena de los diferentes partícipes en el delito, así como la equiparación a la consumación a las diferentes fases del iter criminis, criminalización por pertenencia a organizaciones, entre otras, y que ha convertido a las legislaciones antidrogas en criminalizantes y a la administración de justicia en esta materia como un verdadero exclusor de los enemigos de la sociedad identificándolos primeramente como consumidores y luego como narcotraficantes a los que hay que eliminar, donde la mujer en las últimas décadas ha adquirido protagonismo en la criminalización con respecto a esta materia convirtiéndose así por tanto en el “enemigo” de turno.
Es indudable que un derecho penal como este no tiene cabida en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia como el nuestro y como refiere Zaffaroni (Ob.cit.):
La admisión jurídica del concepto de enemigo, es en el derecho que no es estrictamente de guerra, es lógica e históricamente, el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del estado de derecho, porque sus instituciones limitantes y controladoras, pasan a ser un obstáculo para la eficacia eliminatoria.
Nos advierte igualmente este autor (Ob.cit.), que es imposible la incorporación del concepto de enemigo en el derecho penal, salvo que se pretenda el aniquilamiento del Estado de derecho y su reemplazo por el Estado absolutista y totalitario, bien señala Modolell (Ob.cit.), cuando dice que no se puede racionalizar el uso del derecho penal al margen del Estado de Derecho; por lo que se piensa que todo derecho penal debe responder a los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y en todos los tratados de derechos humanos ratificados por la República, así como en todo el ordenamiento jurídico en general, porque como indica Rosales (2004): “democracia, estado constitucional y garantía de los derechos humanos, se constituyen en cristales de un único prisma”, por el cual se debe traspasar cualquier norma penal, sin distinción en su aplicación entre ciudadanos y enemigos, porque se corre el riesgo de ver a cualquier
ciudadano en un momento determinado por la conveniencia política de ese momento, como el enemigo de turno.
2.3 Teorías que explican la Criminalidad Femenina
La criminalidad femenina ha sido explicada a través de los tiempos siempre desde una perspectiva del hombre y por el hombre con la consecuente ausencia de teorías que permitan profundizar en su estudio, porque siempre fue abordada como un apéndice de la criminalidad masculina.
En un primer momento en lo que podríamos llamar una criminología “tradicional o positivista”, se trató de dar explicación con un enfoque etiológicamente puro, considerándose la criminalidad como el resultado de características individuales, enfocándose en aspectos biológicos, psicológicos y sociales.
En estas teorías se define a la mujer desde el punto de vista de su sexualidad, y es precisamente su condición de mujer lo que la lleva a la criminalidad, por su naturaleza, pasividad, su particular psicología; estereotipando a la delincuente femenina como inadecuadas y “anormales”, considerando que hay mujeres buenas que son “normales” y las malas que son “anormales”, a las primeras hay que protegerlas y a las segundas hay que castigarlas (del olmo, 1998).
La mujer normal es vista como la que tiene actitudes reservadas, dedicada al hogar y dominada por el hombre. Esta criminología clásica se basaba en los criterios de normalidad y anormalidad, y el delito es considerado como formas de actuar salidos de lo normal, de lo que es aceptado generalmente o de lo establecido en la Ley; estás teorías clásicas
crean estereotipos de la mujer criminal en las cuales ella es una viciada por sus tendencias sexuales incontrolables.
Desde la perspectiva biológica, la mujer delincuente sería pues viriloide, para Lombroso (1893) la delincuente femenina tenía un cráneo viril, exceso de pelos en el cuerpo y su capacidad cerebral sería más parecida a la del hombre (De Castro, 1982). Lombroso en su obra de la mujer criminal caracterizaba a la criminal potencial, como de estatura baja, pelo oscuro y características masculinas, considerándolas como más fuertes que los hombres y creía que podían soportar el dolor de una mejor manera, por lo que consideraba que la cárcel no era de mayor utilidad para ellas. Igualmente Lombroso y Ferrero, citados por Olmos(1998), sostienen, que la prostitución es el estado natural de regresión para la mujer, y cualquier mujer criminal no es natural, asemejándose al hombre, sin instintos maternales y con estigmas viriles, así mismo estos autores sostienen que la mujer muestra menores signos de degeneración que el hombre porque está menos desarrollada:
Hemos visto que las mujeres tienen muchos rasgos en común con los niños, que su sentido moral es deficiente, que son resentidas, celosas, e inclinadas a venganza de crueldad refinada. En casos comunes estos defectos se neutralizan con la compasión, la maternidad, la ausencia de pasión, la maternales están ausentes y en su lugar se desatan fuertes pasiones frialdad sexual, la tendencia al orden y una inteligencia subdesarrollada…. Pero cuando la compasión y los sentimientos…es claro que lo inocuo semi-criminal presente en la mujer normal debe transformarse en una criminal nata más terrible que cualquier hombre
Para la escuela Psicoanalítica, según Klein, citado por De Castro( Ob.cit.), la mujer superaría su frustración de no tener pene, adquiriendo masculinidad simbólicamente a través de la agresividad, la mujer delincuente trataría de ser hombre; Esta escuela fundamenta la criminalidad de la mujer en la tesis de la “envidia del pene”, afirmando que dicha envidia lleva a la mujer a tener un complejo de inferioridad que trata de compensar siendo narcisista y exhibicionista, el delito femenino para ellos era una sublimación del deseo del pene( Pérez, Pinzón y Pérez , Castro, 2005). Indican estos autores que por su parte W. I. Thomas, justificaba el crimen femenino en los
deseos de diversión y nuevas experiencias, ya que las mujeres se sienten constreñidas por la monogamia y su energía sexual reprimida es desatada en actos criminales.
Dentro de este grupo de la criminología tradicional, se tiene también a Otto Pollack (1950) citado por Del Olmo (Ob.cit.), que en su libro de la “criminalidad femenina”, construye su tesis en tres argumentos básicos: en primer lugar, en la naturaleza misma de las mujeres, a quienes considera instigadoras, más que ejecutoras de la actividad criminal, las mujeres para este autor, son inherentemente tramposas por razones fisiológicas, que reduce al acto sexual. Considera que las mujeres son más capaces de manipulación, acostumbradas a ser escurridizas, pasivas y sin pasión. En segundo lugar, los roles que desempeña la mujer, le dan mayor oportunidad de camuflar o esconder su criminalidad en su condición de sirvientas, enfermeras, maestras y amas de casa, y como tercer elemento para formular su tesis habla del “Principio de caballerosidad”, presente en el sistema penal y evidenciado por la tendencia de la policía a no querer detener mujeres y a los jueces a no condenarlas. “Es parte de nuestra cultura que la mujer debe ser protegida por el hombre” refiere.
Para Pollack (Ob.cit.), la mujer criminal era engañosa, deshonesta, revanchista y carente de emociones, en su obra se asociaba la criminalidad femenina no con maldad, sino con enfermedad, las mujeres tendían a ser cleptómanas y ninfómanas.
El aspecto más inquietante de Pollack (1961) se refiere a su correlación entre la emancipación femenina y la conducta criminal que plantea en los siguientes términos:
Uno de los fenómenos característicos de nuestro tiempo es el progreso de la mujer hacia alcanzar la igualdad con el hombre. Esto plantea la interesante interrogante de si asumir en consecuencia de ese
desarrollo, que la criminalidad femenina cambiará su naturaleza, masculinizándose con lo cual dejará de ser camuflada.
Estas interrogantes serían la base para las teorías liberalistas (en los años 60), las cuales intentan establecer la conexión entre la criminalidad femenina y el movimiento de liberación de la mujer, caracterizándose por una crítica a las teorías tradicionales, partiendo de la preocupación por el incremento de la criminalidad de la mujer a la que no podían dar explicación por patologías inherentes a su naturaleza como se venia sosteniendo, sino por el cambio subjetivo sufrido por la mujer a raíz del movimiento de liberación femenina y que se traduce en abandono a su pasividad, expansión de oportunidades ocupacionales, entre otras. (De Olmo, 1998).
Luego de estas visiones de las teorías tradicionales, las nuevas teorías tampoco superaron los prejuicios de género, Las teorías del desorden social encuentran las causas de la criminalidad en el entorno ambiental o sub- cultural de valores criminales.
Según Thraster citado por Pinzón (Ob.cit.), consideraba que las mujeres cometían menos crímenes porque eran vigiladas por los hombres, y fue esta teoría del control Patriarcal la que sirvió de fundamento para la teoría del control-poder que explica las diferencias de género en la criminalidad por las relaciones de poder y control en el hogar (Pérez, Pinzón y Pérez, Castro
Las teorías de la Tensión entre ellas la de la Asociación Diferencial, refieren que las comunidades están dotadas de una serie de valores que pueden variar desde convencionales hasta criminales, se opta por la criminalidad en situaciones de oportunidad , que se deja de hacer cuando se consiguen obstáculos, y que cuando el hombre escoge en esa situación por la criminalidad se le considera normal, pero si es la mujer, se le considera
débil ante la situación, en otros casos, está teoría considera que la mujer actúa siempre como ayudante o facilitadora del delito.
Comienzan una serie de trabajos realizados por mujeres criminólogas, por ejemplo Freda Adler citada por Del Olmo(Ob.cit.), quién sostiene que la creciente participación de la mujer en la criminalidad se debe al cambio que ésta ha experimentado, el cual se manifiesta en que la mujer dejó su pasividad para volverse más despierta y agresiva y por lo tanto asume una conducta que se parece cada vez más a la del hombre, surge así una mujer más dura y liberada, capaz de cometer crímenes violentos y por lo tanto “no femeninos”, a la que califica como la nueva mujer criminal, sosteniendo a su vez, que las niñas y mujeres están más dispuestas a desafiar las restricciones y roles sociales tradicionales, lo cual las somete a una serie de presiones que incrementan su criminalidad.
Esta tesis de la masculinización fue criticada desde diferentes puntos de vista, ya que los estudios posteriores que han examinado la relación entre la conducta criminal y las actitudes de rol para establecer esta conexión entre masculinidad y criminalidad, no tienen base empírica, y por otra parte la tendencia al incremento de crímenes violentos cometidos por mujeres, con el análisis de las detenciones, es un mito, no una realidad.
La criminóloga Rita Simón citada por Del Olmo (Ob.cit.), al analizar la creciente participación de la mujer en la fuerza de trabajo, plantea su tesis de “la Oportunidad”, señalando que a medida que la mujer ingresa en ocupaciones anteriormente masculinas, se expone a oportunidades que anteriormente sólo se le presentaban al hombre, aumentando la criminalidad femenina por esa expansión de oportunidades ocupacionales de la mujer. Considera esta teoría que el movimiento de liberación femenina también ha traído como consecuencia un cambio por parte del sistema penal en el
tratamiento hacia la mujer, que pasa de un tratamiento de “caballerosidad”¨ hacia un tratamiento igualitario e incluso más represivo o severo con relación al hombre criminal.
A esta teoría de la oportunidad se le criticó, debido a que los factores que normalmente influyen en el hombre para cometer delitos, no necesariamente tienen que ser iguales en la mujer, ya que intervienen otras variables, tanto en el proceso de socialización y/o control social que son diferentes para ambos sexos.
Surge así como cuestionamiento a esta teoría lo que se denomina la “Tesis de la Necesidad Económica”, que destaca la importancia de las condiciones de pobreza, las estructuras y culturas que se originan de la misma pobreza como tendencia más relevante para la criminalidad, y por lo tanto la necesidad de estudiar las relaciones entre la criminalidad femenina y las oportunidades para el trabajo legítimo, que puedan competir con las oportunidades para el trabajo ilegal, convirtiéndose así en esta tesis, la “Feminización de la Pobreza” la tendencia social más relevante para la criminalidad femenina, son las teorías feministas con una perspectiva de género, donde la mujer deja de ser objeto del conocimiento para convertirse en sujeto del conocimiento.
Dentro de las teorías, una de las más reciente y relevante que ha explicado la criminalidad femenina a partir de los años 70, cuando comienza un incremento de mujeres procesadas y condenadas a prisión, según las estadísticas encontradas en los trabajos realizados al respecto, es la que empieza a dar explicación mediante la teoría de la necesidad económica, puesto que a medida que progresa la emancipación de la mujer, tiene que satisfacer sus propias necesidades y las de su familia, y otra teoría es la de las oportunidades económicas que sostiene que una mayor participación de
la mujer en las Instituciones económicas ejerce una fuerte influencia sobre su elección de una conducta delictiva.
A finales de los años 90, se ha tratado de explicar esta criminalidad en las relaciones de poder, se tiene así, la teoría de la “creencia en el Poder" de Dougherty, citado por Olmos (Ob.cit.), la cual se trata de una perspectiva innovadora que pretende suministrar un contexto para comprender la criminalidad femenina; de acuerdo a la misma, los efectos interactivos en la estructura de las sociedades patriarcales, crean un contexto de opresión que impacta directamente en la vida de la mujer, y dentro de esta dinámica de opresión la mujer desarrolla una matriz específica de creencias sobre ella misma, sobre su poder y sobre la legitimidad del orden patriarcal, por lo que para comprender la criminalidad femenina se debe determinar con precisión como las mujeres a nivel individual se definen a sí mismas, como definen sus situaciones y como experimentan subjetivamente la opresión y las relaciones de poder.
Todos estos aportes teóricos han hecho visible la criminalidad femenina, se ha reconocido la importancia de la mujer en la criminalidad, han incrementado los estudios y trabajos sobre el tema, y sobre todo se ha incorporado la noción de género en la criminología, intentando observar y estudiar la realidad del delito desde esta perspectiva, que trate de dar explicaciones desde lo femenino como una construcción social y cultural así como en los sistemas de administración de justicia.
Sin embargo en los países de América Latina, lo predominante para explicar está criminalidad, no es la liberación femenina, ni el acceso a las oportunidades económicas, o la necesidad económica o lar relaciones de poder, ni ninguna otra teoría por si sola, por lo que resulta insuficiente
explicar las recientes manifestaciones de criminalidad femenina con una de las teorías antes señaladas.
Considerando las características de la socialización de la mujer y sus oportunidades como tal, ésta se encuentra dentro del grupo vulnerable, no solo por la discriminación que ha sufrido en la normativa jurídica, en la educación, en el trabajo, la salud y la vida económica y social, sino por su condición de madre (en la mayoría de los casos desempeña ambos roles madre-padre); así como porque son mayoría en las categorías de desempleo y sub-empleo, por carecer de recursos para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, por su escasa preparación, educativa, entre otros indicadores, por lo que podemos inferir que todas estas condiciones las hace vulnerables a las organizaciones de la industria de la droga o los pequeños grupos de comerciantes, las hace presa fácil, y al mismo tiempo las hace igualmente vulnerables para ser “Seleccionadas” y “Criminalizadas” por el sistema penal,
La vulnerabilidad se manifiesta como un conjunto de factores en interacción, que convergen en un grupo humano particular. Tiene como resultado, diversos grados de incapacidad para responder ante la presencia de un riesgo determinado y sus causas son tanto internas como externas al grupo. Los grupos vulnerables son aquellos individuos que se encuentran en situaciones de riesgo, inseguridad o indefensión y son propensos a desestabilizar su posición actual en lo social, económico, político y cultural (Pece R. 2001).
Nos dice este autor, que para la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, consideran como personas con riesgo de exclusión a los desempleados, los trabajadores sin calificación, las familias monoparentales, ancianos, los inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas,
refugiados, y que además existe un sector de la población que acumula factores de vulnerabilidad, como un bajo nivel educativo, formación profesional obsoleta para el mercado laboral y el empleo entre otras.
Dentro de las variables de vulnerabilidad, tenemos, la edad, la jefatura de hogar, sobre todo la femenina, hogares en condición de pobreza, número de miembros del hogar económicamente activos, entre otros.
Se asume en este trabajo la tesis de Zaffaroni (2000) cuando sostiene:
….errados pensamientos humanistas que afirman que son causa del delito la pobreza, la
deficiente educación etc. Cuando en realidad éstas son, junto al propio Sistema Penal,
factores condicionantes de los ilícitos, pero sobre todo de la sectores.
criminalización de esos
En este sentido dirigimos este estudio, porque se pretende con este trabajo identificar los factores de vulnerabilidad de la mujer para ser criminalizada por el sistema penal en estos delitos, se entiende que todos esos indicadores sociales, económicos, educativos, afectivos y hasta jurídicos, son elementos de riesgo para el delito, y no causa como se han presentado desde las diferentes teorías criminológicas, porque habría que preguntarse entonces, porqué no todas las mujeres que se encuentran en condición de pobreza, desempleadas, con bajo nivel educativo, abandonadas, con varios hijos a su cuidado, e incluso con familias delictivas, no se ven incursas en el delito.
Desde la criminología, siempre se ha tratado de explicar la criminalidad femenina con el esquema tradicional de factores bio-psico-sociales, y como señala Zaffaroni (1988): “más que causas del delito son causas de la criminalización en el caso individual y el sistema penal se encarga de acentuarlas cuando no de crearlas” , es lo que él llama vulnerabilidad individual al sistema penal, porque frente a la presencia de factores sociales, afectivos, culturales y económicos negativos se presentan en riesgo frente al
sistema penal, según su opinión se comprueba por el alto número de criminalización en América Latina en las clases subalternas o sumergidas económicamente.
Vemos así cada vez mayor número de mujeres criminalizadas por delitos de drogas, y el sistema penal en esta área se ha encargado de crear y profundizar la criminalización desde la formación de la ley que como se ha señalado es altamente represiva, hasta su aplicación, que en el caso de las mujeres ha sido por demás discriminatorio, porque parafraseando a Zaffaroni, el sistema penal es perverso, y esa perversidad alcanza a los más vulnerables.
2.4 Perspectiva de género
Género, para la sociología es identidad generada por el rol social de las personas. Se refiere a las conductas de identificación sexual asociada a miembros de una sociedad. Los roles de género varían según la cultura, las diferencias son causadas por la socialización, la ideología, las instituciones, entre otras.
La perspectiva de género es un enfoque que incorpora el concepto de género, el cual se refiere a todas las diferencias existentes entre hombres y mujeres que se deben a prácticas sociales y culturales.
Género es una categoría relacional que identifica roles socialmente construidos y relacionados entre hombres y mujeres. Ser hombre o mujer son procesos de aprendizaje surgidos de patrones socialmente establecidos y fortalecidos a través de normas, pero también a través de coacción, los roles de género se modifican en el tiempo reflejando cambios en las estructuras de poder y en la normativa de los sistemas sociales”.( Banco Mundial).(Encarta 2007)
Género es por lo tanto, distinto al termino sexo que expresa las diferencias biológicas y anatómicas. Hace hincapié en unas relaciones desiguales con el espacio según las personas sean hombres o mujeres, esa
diferencia no se debe a motivos biológicos sino culturales, por ejemplo, los movimientos migratorios no afectan por igual a hombres que a mujeres; el mercado de trabajo no tiene las mismas características para unos y otros, la criminalidad no es igual, como tampoco lo es el proceso de criminalización, el impacto de la prisión, entre otras.
En este sentido nos señala Facio (2004):
El concepto de género alude tanto al conjunto de características y comportamientos, como a los roles, funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología, estructuras e instituciones patriarcales. Este concepto sin embargo no es abstracto, ni universal, en tanto se concreta en cada sociedad de acuerdo a contextos espaciales y temporales a la vez que se redefinen constantemente a la luz de otras realidades como la de clase, etnia, edad, nacionalidad, habilidad, etc. De allí que las formas en que se nos revelan los géneros en cada sociedad o grupo humano y las relaciones que se dan entre estos, varían atendiendo a los factores de la realidad que concursan con ellos.
El enfoque de la perspectiva de género es heredado de las corrientes feministas y movimientos por igualdad de oportunidades de la segunda mitad del siglo XX, que no sólo abogan por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, sino también por la ruptura de estereotipos que mantienen la desigualdad social porque perpetúan comportamientos discriminatorios, tales como trabajos específicos para hombres, que no se corresponden con el papel de la mujer en la sociedad actual.
Esta perspectiva de género, incorpora un nuevo enfoque, otras esferas de análisis basados sobre todo en los aspectos socio-económicos. El diferente papel que la mujer tiene en las sociedades obedecería a aspectos económicos, pero sobre todo a cuestiones sociales y hasta religiosas. Incorpora análisis relacionados con el mercado de trabajo, con el uso diario del espacio, del tiempo, roles familiares, diferencias de edad, diferencias entre el medio rural y urbano, entre otros (Geografía del Género .Encarta
Pero sobre todo ésta debe ser vista como nos indica Facio (Ob.cit.):
Las perspectivas de género, pretenden poner las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en el centro de cualquier análisis e interpretación de la realidad; son pues, aquellos que visibilizan los distintos efectos de la construcción social de los géneros. Ponen al descubierto como el hombre y lo masculino son el referente de la mayoría de las explicaciones de la realidad, en detrimento de las mujeres y de los valores asociados con lo femenino y sugieren nuevas formas de construir los géneros que no estén basadas en la discriminación.
Como refiere Pérez Pinzón (2005),
uno de los grandes alcances de la lucha feminista ha sido la aceptación de la preeminencia del concepto de género sobre el de sexo, No se refiere solo a la diferencia biológica-genética, fisiológica- entre hombres y mujeres, sino además- y principalmente- a los valores, creencias y funciones que una cultura atribuye a cada sexo y que por ende son adoptadas como normales.
Asimismo, señala este autor, que en esta visión de género, se considera que la criminalidad de la mujer y el rol de género en la misma, ha sido “desatendido” por las criminologías clásicas y modernas y que esta visión se ha caracterizado, más que por exponer las causas de la criminalidad femenina por realizar fuertes críticas a los presupuestos epistemológicos de la tradición criminológica y a los estereotipos de género que predominan tanto en la teoría como en la práctica de la justicia.
Por otra parte, esta noción de género, ha facilitado la redefinición de conceptos al cuestionarlos y ha enriquecido los paradigmas de la criminología (Romero, 2003), según esta autora la mujer ha sido subordinada en este ámbito, citando a Bavestrillo y Cortes, refiere que esta subordinación se manifiesta principalmente en tres áreas:
1. Generación del conocimiento que considera como válido para ambos sexos, el conocimiento sobre los varones y que ha provocado la “invisibilización” de las mujeres en el sistema penal.
2. La inserción femenina en el ámbito delictivo, parece ejercerse también en los roles subalternos (trayendo como consecuencia también discriminación de la mujer).
3. Las condiciones de reclusión que no propician una reinserción social verdadera y que refuerzan en cambio, los roles tradicionales.
Todos los estudios criminológicos han sido realizados desde el hombre, la mujer se convirtió así en un apéndice de la criminología, por eso la mayoría de los autores coinciden que fue así la mujer olvidada en la criminología tradicional, al respecto indica Zaffaroni (1992), que dentro de este planteamiento la mujer ocupaba un lugar totalmente secundario y apareció así como excluida del poder punitivo usándose como razonamiento para explicarlo, que la mujer delinque menos, que si hay menos mujeres en la cárcel es porque cometen menos delitos ,ocultando de esta manera la discriminación, y con toda razón afirma “siempre que se omite algún aspecto en el poder punitivo, esta omisión es sospechosa… porque el poder punitivo es perverso”; al omitir y hacer invisible a la mujer en el sistema penal, se ocultó de esta manera la discriminación con que tradicionalmente ha sido tratada.
Nos señala al respecto Larrauri (2002), que se ha mantenido invisible a la mujer en primer lugar desde la misma norma cuando dice: “el que…”, porque son dotadas de contenido desde una perspectiva masculina, luego desde las penas, que no toman en cuenta sus específicas condiciones y situaciones, así como desde el sistema penitenciario diseñado para hombres, donde sus necesidades se privilegian frente a las de las mujeres, trayendo así como consecuencia según Romero (2003) una doble marginación, la primera, porque son desiguales, y mientras se apliquen sanciones en igualdad de condiciones a quienes no son iguales, se profundizará y reproducirá la discriminación; y la segunda porque cumplen condena en situaciones diferentes.
El sistema penal se ha convertido para las mujeres, en un ámbito especialmente discriminador y opresivo, lo que se manifiesta claramente en la desigualdad en el tratamiento penitenciario diseñado para hombres, donde no se presta atención a las problemáticas especificas de la mujeres caracterizado entre otras cosas, por hacinamiento, ausencia de penales femeninos donde la mayoría son anexos, ausencia o escaso sistema de atención medica, prohibición de visitas intimas en casi todos los establecimientos lo que trae consecuencias negativas para el mantenimiento de su relación de pareja, y en los casos donde son permitidas es previo control prenatal, poco acceso a actividades recreativas, educativas, formativas y de rehabilitación, poco acceso a las actividades y programas laborales, no existen en su mayoría guarderías para los hijos de las reclusas, desatención de las relaciones de estas con sus hijos y las permanencia con ellas en el penal, violencia dentro de las cárceles manifestada en agresiones físicas y hasta sexuales, poco o escaso acceso a los beneficios, características estas que están presentes en todos los sistemas penitenciarios de la región, incluyendo a Venezuela, y que ponen de manifiesto, que deben ser estudiadas las especiales condiciones de la mujer, para ser tratadas desde sus necesidades.
Es necesario, sí, un cambio de paradigma en este sentido, para hacer visible a la mujer en el sistema penal, desde la formación de la ley hasta su aplicación, pero no propiciando la desigualdad que tanto se ha criticado, convirtiendo entonces al género masculino en el discriminado; se cree conveniente, sin duda, la incorporación de la visión de género en la criminología, para evitar la discriminación del sector femenino, sin embargo, que significa para esta investigadora el estudio con perspectiva de genero de la criminalidad y criminalización femenina, que deben estudiarse estos procesos en ambos géneros, luego se comparan, se contrastan, se analiza como un problema determinado afecta a ambos, mujeres y hombres, y
buscar cuál sería la política más apta para lograr un equilibrio entre el sector femenino y el masculino, tomando en consideración las necesidades de cada género, lo que sólo se puede lograr desde ellas, conociéndolas, visibilizándolas; y siempre teniendo como norte la racionalización del poder punitivo del Estado, para la elaboración, aplicación, control y evaluación de políticas que no propicien o acrecienten la discriminación sino por el contrario, en lo posible su eliminación.
En este sentido la LOCTICEP establece en el artículo 87 que el Estado prestará la atención a la mujer desde la perspectiva de género, aun cuando se considera un avance, se quedó ahí, solo un avance, no se ha hecho nada al respecto.
2.5 Situación de la mujer en Venezuela
Antes de señalar la situación de la mujer venezolana desde el punto de vista socio económico, y comprender la importancia y relación con la investigación planteada, es necesario hacer algunas consideraciones previas.
Refiere Carranza (2005) que la sociología criminal ha verificado entre otras cosas lo siguiente:
a- Que a mayor población joven, es igual a más delito, en cualquier país del mundo.
Más ocio de la población joven, se traduce en más delito.
Mayor desempleo, más delito.
d- Más inequidad o desigualdad en la distribución del ingreso, es equivalente a más delito.
e- Menos consumo per. cápita es equivalente a más delito contra la propiedad.
f- Mayor concentración urbana, más delito.
g- Menor puntaje en el índice de desarrollo humano es igual a más delito y viceversa. h- Y finalmente, que existe una correlación inversa que se refiere no a la criminalidad, sino a la criminalización y a la selectividad del Sistema de Justicia Penal de la siguiente manera: mientras la
posición es más baja en la escala de clases o en la escala de poder, es mayor la probabilidad de resultar seleccionado y criminalizado; inversamente, si la posición es más alta en la escala de clases o la escala de poder, es mayor la posibilidad de evadir la acción de la justicia.
Se puede observar como en las relaciones entre estas diversas variables con la criminalidad que presenta la sociología y que han sido ampliamente estudiadas, en América Latina se constata que es una realidad (al comparar las estadísticas), la población mayor en estos países oscila entre los 0 y los 39 años presentándose entre estos grupos etarios los mayores índices de criminalidad, elevados índices de deserción en todos los niveles de escolaridad, deserción del grupo familiar, altas tasas de desempleo o subempleo, distribución desigual de la riqueza y de todos los beneficios del desarrollo sobre todo en los países de medianos y bajos ingresos, concentración Urbana por migración de la población hacia las grandes ciudades lo que trae como consecuencia hacinamiento, desempleo, desocupación, marginalidad, poco o ningún acceso a los servicios esenciales, etc.
Es bien sabido que población y desarrollo económico, son dos caras de una misma moneda, así, el rápido crecimiento de la población dificulta en
cualquier país la implementación de políticas públicas de educación, sanidad, vivienda, empleo, entre otros. En Latinoamérica todavía persisten graves problemas: desigualdad en el reparto de la riqueza, inestabilidad financiera y monetaria, enorme dependencia del exterior, entre otras, que repercuten directamente dificultando así la implementación de las mismas; Venezuela no escapa de esta realidad.
En el índice de desarrollo humano (IDH), elaborado por las Naciones Unidas (programas para el desarrollo), que consiste en avances promedios en función de:
- Vida larga y saludable (según esperanza de vida al nacer)
- Educación (medida por tasa de alfabetización, matriculación, enseñanza primaria, secundaria y terciaria)
Nivel de vida digno (medido por el producto interno bruto per. cápita (PBI). Venezuela alcanzó en los últimos años las siguientes posiciones:
(Desarrollo Humano medio de 0.500 a 0.799)
Para 1975
ocupando posición 58
Para 1990
ocupando posición 63
ocupando posición 77
Se puede ver un aumento considerable en el índice de desarrollo pero la posición que ocupa Venezuela nos ubica en aquellos de medianos y bajos ingresos, y aunque los índices de pobreza, analfabetismo, y desempleo han ido disminuyendo, en el país las condiciones socio- económicas no han variado considerablemente (ver cifras).
Según el Informe Sombra presentado al Comité de seguimiento de la aplicación de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2005) las tasas de desempleo para el 2003 eran de 17,6 por ciento para los hombres y de 23 por ciento para las mujeres, encontrándose la economía informal en un 53 por ciento; para el año 2006 el estimado de población era de 25.730.435 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional del 1,38 por ciento, con un estimado de 29 h por Km. 2; para el mismo año (datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas); las tasas de alfabetización femenina era de 93,8 por ciento y la masculina del 94,2 por ciento; para el año 2007 en el primer semestre, la tasa de desocupación femenina era del 10,4 por ciento, en comparación con la masculina que era del 8,7 por ciento; el índice de pobreza para el 2007 era de 33,07 por ciento y de pobreza extrema de 9,45 por ciento.
En Venezuela, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, la composición de la familia ha cambiado, se ha desestructurado, a partir de los años 70 el prototipo familiar lo compone las familias monoparenterales (padre o madre solo a cargo de los hijos), especialmente madres solas a cargo de los hijos, para el 2001 existían según las estadísticas de la ONE, 1.544.378 hogares cuya jefa era la mujer, aproximadamente el 3 por ciento, como consecuencia del divorcio, abandono, madres solteras, lo que ha traído consigo la modificación del rol de la mujer en la sociedad; según encuestas realizadas en hogares por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) , para el año 2002, la jefatura de hogares pobres en manos de mujeres está en más del 70 por ciento
Al examinar las cifras presentadas, podemos encontrar por consiguiente, madres jefas del hogar que presentaban los peores indicadores de analfabetismo, desempleo, sub empleo o sin oficio conocido, así como la pobreza, que afecta en mayor parte al sector femenino, lo que se ha llamado
la “Feminización de la Pobreza”; muchos hogares se encuentran en situación
de pobreza o de pobreza crítica, que carecen de ingresos suficientes o muy
por debajo de la media, para acceder a los niveles mínimos de atención medica, vivienda, alimento, vestido y educación, hogares que tienen como cabeza de familia a la mujer.
Históricamente, este grupo viene conformado por personas mayores, discapacitados, madres solteras y miembros de algunas minorías; estos hogares son los que muestran mayores limitaciones para superar la marginalidad social.
Toda esta situación que según los entendidos en la materia, tiene que ver con la crisis del país, producto de los ajustes económicos, tiene efectos importantes en las mujeres, la mayoría madres al cuidado de los hijos, con familias numerosas, y convertida sin querer en cabeza de familia, en situación muchas veces de desempleo o con salarios insuficientes, o dedicadas a la economía informal, excluidas de beneficios sociales, bajo nivel educativo que se traduce en formación escasa que conlleva a su vez a menos oportunidades para conseguir un trabajo estable y bien remunerado.
No obstante, hoy día, las mujeres tienen mayor acceso a la educación
universitaria, a cargos públicos y a oportunidades de negocio y empleo, pero
a pesar de que en los últimos años cada vez más mujeres se incorporan a
las actividades productivas con el desarrollo de los centros Urbanos y las políticas educativas y sociales, es también una realidad que no se puede desconocer, que la mujer se ha incorporado de la misma manera a las actividades ilegales, a las empresas delictivas, como tampoco se debe ignorar que su situación económica y social no ha cambiado mucho en los últimos años, el trabajo asalariado es cada vez más informal, más flexible, sin protección social y como señala sanchos (2006), las mujeres son cada
vez más las principales proveedoras de los hogares, y esta condición las hace presa fácil del negocio ilícito de las drogas.
Nos señala esta misma autora que desde 1977 no se ha logrado parar la pobreza en América Latina, la misma sigue creciendo levemente y la indigencia y las mujeres son mayoría en los hogares pobres de todos los países de la región.
Siguen siendo jefas de hogar, pero además deben buscar los medios para subsistir, se recargan, y esto repercute en la inserción en el mercado de trabajo, en su participación en la vida de la comunidad, en la vida política, disminuyendo o desapareciendo su tiempo para la recreación y el descanso.
Estas condiciones sociales y económicas, así como sus particulares características afectivas y familiares, parecieran indicar que colocan en riesgo a la mujer para ingresar así en el negocio ilícito de las drogas, en busca de una mejor forma de vida para ella, sus hijos y su familia, condiciones estas, que siguen siendo una constante en las mujeres del continente, y que al tomar parte en un negocio ilegal, las coloca por lo tanto en riesgo de ingresar al sistema penal.
2.6 Criminalidad femenina en delitos de drogas
Es importante apreciar, como se evidencia a nivel mundial en las últimas tres décadas, en relación al sistema penal, un cambio fundamental: el incremento de mujeres detenidas, procesadas y condenadas por delitos relacionados con drogas, con el consecuente impacto significativo en la población reclusa en las últimas décadas, así como en la sociedad. (Del Olmo, 1998).
La escasa investigación en esta área ha determinado que son los únicos delitos, que en proporciones similares de hombres y mujeres reciben sentencias condenatorias pero en el caso de las mujeres tienden a ser más largas lo que parece indicar que lo importante en la actualidad no es la criminalidad de la mujer, sino la tendencia a la criminalización de la mujer, que es el Sistema Penal el que la lleva a prisión por delitos relacionados con drogas.
La población penal femenina está en su mayoría conformada por estos delitos, pertenecientes generalmente al sector más pobre de la población, mujeres jefas del hogar, generalmente jóvenes o adultas jóvenes, de bajo nivel de escolaridad, madres solteras o abandonadas por sus parejas, con varios hijos que dependen de ellas, generalmente desempleadas o amas de casa (según las investigaciones realizadas en esta área).
En estas investigaciones sobre la delincuencia femenina (tanto nacionales como en otras regiones latinoamericanas referidas en este trabajo), se han encontrado las siguientes características:
- Sólo se ve incursa en ciertas conductas relacionadas con el delito:
producción, micro-tráfico, tenencia y transporte entre países.
- Cuando se dedica a la distribución, es en los niveles más bajos, como minorista.
- Cuando es acusada de ocultamiento, generalmente la droga es conseguida en su hogar, hay casos que son detenidas y procesadas por haberse encontrado droga en su casa (por su condición de amas de casa), en la mayoría de los casos pertenecientes a sus parejas o hijos.
- No hay organización de mujeres que dirijan este negocio, ni se encuentran líderes entre ellas. No tienen papel relevante dentro del
comercio de drogas. Su papel es secundario, con escasa participación en las ganancias
- Siempre o casi siempre trabajan con sus parejas, padres, hermanos o hijos u otro familiar cercano, o caen por encubrirlos.
- Se involucran generalmente en el transporte y comercio de pequeñas
- cantidades (micro-traficantes), comúnmente llamadas ¨mulas¨ (transportadoras de pequeñas cantidades adosadas o dentro de su cuerpo); refiere Sotillo, citado por Salazar (2007) que las llamadas mulas, se prestan para el transporte de pasta básica o cocaína pura, recurriendo a los procedimientos más inverosímiles, verbigracia dediles en los intestinos, con un alto riesgo para su vida.
- Las traficantes, por lo general son madres jefas de hogar, que deben satisfaces las necesidades económicas de su familia, así como en el caso de las ¨mulas¨ también conocidas como ¨burreras¨, que son reclutadas al detectar su estado de necesidad, y se le acercan muchas veces ofreciéndoles ayuda, y una vez endeudadas, éste que las contactó les facilita los viajes para el transporte de la droga, pagándoles cantidades ínfimas en consideración a las grandes ganancias producto del ¨ negocio ¨; se les considera prescindibles, siendo muchas veces denunciadas por quiénes las contratan
- Constituyen generalmente el último eslabón de la cadena a la que son enganchadas contando con su necesidad económica o su pobreza, lo que igualmente las hace más vulnerables a ser captadas por las agencias de control formal.
- Casi nunca son consumidoras.
- En otros casos, por ejemplo en países productores, realizan actividades de índole doméstica: cocina, limpieza, suministro de alimentos, lavado de enseres y de la ropa etc.
- En los países de producción, la mujer andina es utilizada para el cultivo de marihuana y coca, en actividades clandestinas de producción.
- En aquellos países donde se elabora la droga, la mujer es empleada para desempeñar los trabajos más duros, en Bolivia por ejemplo la mujer campesina es contratada como ¨pisadora¨, lo que le produce heridas sangrantes en sus extremidades, sin contar con los maltratos físicos y sexuales que sufren por parte de la policía que las detiene.
- Cuando las ¨ mulas ¨ son detenidas en el extranjero, sufren todo tipo de vejación, dificultad y limitaciones en su defensa durante el proceso judicial; son condenadas a muchos años de prisión aisladas, desorientadas por el desconocimiento del idioma, sin contacto con sus familiares y doblemente discriminadas en su condición de latinas.
La mujer en todo caso se enfrenta a un mayor riesgo de ser definida como criminal y consecuentemente criminalizada, nos encontramos ante sujetos vulnerables, y regularmente el sistema penal y sus agencias de control tienden a capturar, procesar y sentenciar a las personas más vulnerables.
Como es sabido la pena trasciende al criminalizado, y en el caso de la mujer, trasciende a su hogar, desestructurándolo, a sus hijos que quedan abandonados, a su familia que siente vergüenza y la abandona, es pues como refiere Aponte (2002): “A la sanción legal, le sigue una sanción moral solo por el hecho de ser mujer infractora. Se les sanciona por haber delinquido y por ser mujer, por haber roto el modelo de mujer buena que la sociedad espera”. El hombre por el contrario tiene a la mujer cuidando de el de sus hijos y esperándolo cuando salga.
En este trabajo no sólo se pretende conocer los factores de riesgo de la criminalización, sino comprender ese proceso, de la misma manera conocer y comprender cuales son las características de esa criminalidad por estos delitos en la población reclusa del INOF, por lo que se realizará un perfil socio- jurídico para tales fines.
2.7 Proceso de Criminalización
El Estado a través de sus agencias que conforman el sistema penal son las encargadas del ejercicio institucionalizado del ius puniendi, el cual ejercen seleccionando un grupo para someterlos mediante coacción a una pena, es lo que se conoce como criminalización. Es decir, como refiere De Castro (1982) el sistema penal es un instrumento para la neutralización y el sometimiento al conjunto de valores establecidos: “La Ley no es más que una herramienta entre otras del control social”.
Este proceso selectivo, se activa de dos maneras diferentes denominadas criminalización primaria y secundaria, y en dos esferas, una estrictamente legal porque se criminalizan conductas y la otra fáctica, porque se criminalizan individuos y comportamientos desviados. La Criminalización primaria es el acto o sanción de una Ley, que normalmente está referida a conductas o actos, o lo que es lo mismo, es la etapa de la formación de la ley, y es ejercida por las agencias legislativas o ejecutivas. La criminalización secundaria es ya la incriminación y la punición de ciertas personas concretas y es ejercida por la policía, jueces, agentes penitenciarios, es decir, la etapa de la aplicación de la Ley.
Este proceso de criminalización tanto primario como secundario es Selectivo porque sus instancias deciden qué se protege y como se protege, y aunque está selección a nivel primario es más solapada no por eso no existe, y en este proceso de selección siempre intervienen los “empresarios morales” (término introducido por Birbeck, en 1972 y que éste atribuye al sociólogo Howard Becker ,1971) y que están conformados por los medios de comunicación, los políticos, intelectuales, factores de poder, entre otros, los que por medio de sus campañas hacen notorio un hecho, como señala Zaffaroni (2000), sin ellos las agencias políticas no sancionan una nueva Ley penal y tampoco las agencias secundarias comienzan a seleccionar a nuevas categorías de personas.
A nivel secundario, la policía es principalmente quién realiza la selección, ya que las agencias judiciales deciden los casos que han sido previamente seleccionados por la policía, y el poder penitenciario recibe las personas que han sido incriminadas y penalizadas por las agencias anteriores. Se dice así que el sistema penal es selectivo, porque valga la redundancia, selecciona conforme a estereotipos, y siempre se nutre de las clases más carenciales estigmatizándolos, lo que para Zaffaroni (1990) constituye una arbitrariedad selectiva y que se orienta siempre hacia los más vulnerables del sistema, aquellos que por su pertenencia a una clase, grupo, estrato social o minoría, así como por el grado de peligro o riesgo en que la persona se coloca en razón de su comportamiento particular, como también por encajar en un estereotipo, para este autor, vulnerables son los susceptibles de ser alcanzados por el sistema penal, pero también son los seleccionados por el sistema penal a raíz de su correspondencia con un estereotipo criminal.
Dentro de las funciones de esta selectividad del sistema, lo cual se evidencia muy claro en materia de drogas, es la eficacia, es mostrar cómo se
imponen las penas, exhibiendo de esta manera confianza en el poder, por ejemplo seleccionando los menos importantes en el eslabón del tráfico de drogas, realizando detenciones, procesos y condenas a los mismos, para dar la impresión de eficacia en la lucha o guerra contra las drogas. Este ejercicio de poder punitivo es programado, para señalar la supuesta capacidad operativa del sistema, también funciona seleccionando “casos más importantes o más graves”.
En el nivel primario a través de las agencias legislativas se traduce en aumento de tipificaciones, mediante el “Arbitro Selectivo”, trayendo como consecuencia mayor poder controlador, y en la criminalización secundaria lo que llama Zaffaroni (1990) “Prisionización”, es decir, se llenan las cárceles con las personas de menos poder y más vulnerables.
¿Cómo ha sido este proceso en el sistema de justicia penal en materia de drogas?
Los años noventa marcaron a nivel mundial una tendencia hacia la globalización de los mecanismos de control, manifestándose claramente en materia de drogas. En el caso de la criminalización primaria se desarrollo a nivel normativo con la aprobación de la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes y Psicotrópicos (1988) adoptada como ley en Venezuela en 1991, está ley con un alto poder criminalizador aumentó considerablemente la población reclusa en el país por casos de drogas, entre 1983 y 1991 los procesados por drogas se incrementaron en 190 por ciento( Ministerio de Justicia 1987) incluso sobre la población penal femenina que tradicionalmente había sido sustraída significativamente de la persecución penal (Del Olmo, 1992).
En el marco de la Convención de Viena para la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psicotrópicos, Venezuela actualizó su legislación mediante reforma en 1993, la cual expandió los tipos penales incluyendo la legitimación de capitales, presentándose esta nueva legislación más represiva y violatoria de los principios de proporcionalidad y debida defensa, que la de los países que presionaron para su aprobación (Gabaldon 1996).
Después de la aprobación de la LOSEP nos refiere Rosales (1998), que en el ámbito policial la represión en materia de drogas fue particularmente importante, ya que la política oficial en esta materia era altamente represiva, la actividad de esta agencia se agudizaba principalmente en los sectores sociales más vulnerables, donde la policía actuaba de oficio, mediante allanamientos o pesquisas de transeúntes en zonas populares o por la llamada noticia criminis propiciadas por una llamada telefónica que activaba el seguimiento o conducía a allanamientos.
En esta agencia se introducían las causas que entraban al sistema penal, bien sea por denuncia, notitia criminis o por la actividad policial.
En la actividad policial entre 1987-1990 el porcentaje de casos conocidos por drogas era de 2,5 por ciento, siendo para 1991-1994 de 4,6 por ciento ubicando a los casos por drogas entre tercer o cuarto lugar aproximadamente; el porcentaje promedio desde el 83 al 94 de las detenciones por drogas era casi el 12 por ciento y triplica el porcentaje de casos conocidos, nos indica Rosales (Ob.cit.),
Que esto se debe a que la policía al practicar un ¨ cacheo ´ personal o al allanar una morada o establecimiento se lleva detenida a todas las personas acompañantes o que estén presentes en el hogar o en el vehículo allanado, dependiendo de la vulnerabilidad de los aprehendidos y de la importancia del caso.
Refiere esta autora que en los casos que entraban a la policía por captura, se confundían los casos por tenencia con los de consumo, porque
se capturaban generalmente a personas con pocos gramos de la sustancia,
lo que ocurría en el 75 por ciento de los casos del total, y los que se conocían
por tráfico, eran casos menores o de distribución a pequeña escala, entrando aquí los conocidos “buhoneros de la droga” y las “mulas”.
El 52 por ciento de los casos que entraban a la policía eran concluidos.
A partir de 1993 con la reforma de la ley, la policía podía decidir si entraba un
caso o no al sistema judicial, porque podía desestimar la denuncia o la noticia criminis, para el 94 el porcentaje de casos concluidos por la policía era de aproximadamente el 11 por ciento y el de casos que entró al sistema judicial fue de 7 por ciento, lo que demuestra que un pequeño porcentaje de asuntos concluidos policialmente no ingresaron al sistema judicial, los detenidos por drogas ocupaban el tercer lugar, los juicios por la misma materia el cuarto lugar. (Rosales, Ob.cit.).
Señala así mismo que una vez aprobada la ley (LOSEP) el 84 por ciento de los casos que entraban al poder judicial eran por el delito de tenencia, 5 por ciento por tráfico y 9 por consumo y los juicios por drogas presentaban entre otras las siguientes características: recae la represión principalmente en detentadores, consumidores y distribuidores menores, porque el 97 por ciento de los casos se refiere a éstos y solo un 3 por ciento al tráfico; muchos de los casos de consumo fueron procesados como tenencia o mero porte; así la tenencia conformaba el mayor número de casos porque en la práctica actuaba como una forma residual del trafico, es decir, cuando no se tenían suficientes evidencias para imputar tráfico se juzgaba por tenencia, pero a su vez el mayor número de casos juzgados por tenencia, eran por montos pequeños, que pudieran ser equivalentes a dosis de consumo o aprovisionamiento, tomando en cuenta que antes de la reforma del 93 de la LOSEP, no había ninguna referencia en la ley en cuanto a la
cantidad, lo que trajo como consecuencia calificación judicial de porte por cantidades insignificantes.
De la misma manera refiere, que cuando se trata del tipo y cantidad de sustancia, en la práctica se reducía a la represión de marihuana, cocaína y bazuco, y no se distinguía en la ley según peso, pureza o cantidad de lo incautado, por la equiparación que hacía la misma ley de todas las conductas, de todas las etapas del iter-criminis y de todos los partícipes, lo que trajo como consecuencia en la práctica, que esto no influía en la calificación del delito ni en la graduación de las penas, por lo que podíamos encontrar condenas por tráfico, por grandes alijos, pero mayormente por cantidades mínimas.
Vemos entonces, como las cantidades que dan origen a los juicios por comercio van desde 40 gramos a 21 kilos en el caso de la cocaína, para la marihuana ocurría algo similar (200, 6, 1 kilos), y en el bazuco encontramos condenas por tráfico por algunos pitillos. Vemos así hacia donde se dirige la operatividad del sistema judicial, hacia los pequeños comerciantes, los distribuidores en pequeña y mediana escala, los simples detentadores y los consumidores, lo que trajo como consecuencia la cogestión de los tribunales.
Esto ha ido modificándose paulatinamente, y aunque puede percibirse en las cifras de detenciones por tráfico y posesión (datos de la ONA): para 1999 ocurrieron 3957 detenciones por posesión y 1472 por tráfico (sigue el impacto de la ley en la tenencia o posesión), pero para el año 2003 tenemos 800 detenciones por posesión y 1337 por tráfico, pero sustancialmente la situación es la misma: la operatividad es hacia los pequeños y medianos distribuidores.
Este proceso ha impactado de manera especial a las mujeres, si revisamos las detenciones practicadas por los cuerpos de seguridad del Estado discriminadas por sexo desde 1990 al 2008 (Datos suministrados por la ONA) el mayor número de detenciones femeninas por estos delitos, se encuentra entre los años 90 al 98 (ver cuadros 4 y 5),
CUADRO No.
DETENCIONES PRACTICADAS POR DELITOS DE DROGAS
DESCRIMINADAS SEGÚN SEXO: Años1190-1999
AÑOS/
Fuente:Datos de CONACUID
DISCRIMINADAS POR SEXO: Años 2000 al 2008
FUENTE: datos de la ONA
Los primeros años del impacto de la aplicación de la LOSEP, el mayor número ocurre en el año 1992 (1901 mujeres), luego a partir del año 2000 comienza a disminuir considerablemente hasta el 2006 donde se realiza el menor número (187 mujeres); a partir del año 2007 comienza un repunte,
lográndose 525 detenciones femeninas, lo que se ha mantenido en aumento si tomamos en cuenta que las cifras desde Enero-Julio 2008 reportaban 475 detenciones femeninas. En las detenciones realizadas por CICPC (datos de este cuerpo) por ejemplo podemos ver que las detenciones femeninas entre 2004 al 2008 ocupan entre el 18 y 21 por ciento entre las zonas populares en su mayoría por posesión de marihuana, crack o cocaína (ver cuadros 6ª, 6b, 6c, 6d y 6e)
CUADRO No. 6a.
DETENCIONES FEMENINAS C.I.C.P.C AÑO 2004
Av.Casanova
Plza.Venez
C.Universit
Prado María
Nota:De 100 detenidos, 21 mujeres(21%)
Fuente: elaboración propia de datos del CICPC
CUADRO No. 6b.
DETENCIONES FEMENINAS C.I.C.P.C (Año 2005)
Perez Carreñ
T.La Bander
Nota:De 101 detenidos, 8 mujeres(7.9%)
Fuente: elaboración propia de datos del CICPC.
CUADRO No. 6c.
DETENCIONES FEMENINAS C.I.C.P.C (Año 2006)
EDO.CIVIL
Av.Lecuna
Av.FF.AA.
Nva.Granada
Pque.Central
Mte.Piedad
Sta.T del Tuy
Av.Baralt
Nota:De 128 detenciones, 21 femeninas(16.40%)
CUADRO No. 6d.
DETENCIONES FEMENINAS C.IC.P.C (AÑO 2007)
Pza.Sta.Tere
Paseo Varg
Pque.Carabo
Psje Capitol

References: artículo 367
in dubio
 artículo 69
 artículo 271
 artículo 271
 resolución 
 artículo 271
 artículo 271
 artículo 7
 artículo 271
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 87