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Timestamp: 2019-12-06 11:25:49+00:00

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¿Qué pasa si los procedimientos de responsabilidad administrativa no son resueltos en tiempo? | Derecho Administrativo explicado fácil
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Al resolver la contradicción de tesis 361/2016, en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por votación dividida, decidió que en los procedimientos de responsabilidad administrativa no existen consecuencias a pesar de que no se resuelvan dentro del plazo legal, puedes ver la versión taquigráfica aquí.
El ponente (ministro Pérez Dayán) estableció la contradicción de tesis en los siguientes puntos:
…la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no se establezca una consecuencia jurídica cuando la autoridad sancionadora no dicte la resolución correspondiente dentro del plazo legal de cuarenta y cinco días, ni su respectiva ampliación — previa justificación—, actualiza o no la figura de la caducidad de las facultades punitivas de la autoridad y, por consecuencia, si esta disposición interpretada en un determinado sentido puede o no ser inconstitucional…
Por lo que la propuesta del proyecto es en el siguiente sentido:
“…el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no viola los principios de igualdad y certeza jurídica al no establecer una consecuencia concreta a la omisión de la autoridad de resolver en el plazo establecido para tal efecto, esto es, que la figura de la caducidad no opera en este procedimiento y que ésta no se puede dar por aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es todo, señor Ministro Presidente…”
La discusión fue nutrida, los temas que más tocaron los diversos ministros están relacionados sobre la diferencia entre caducidad y prescripción.
La mayoría votó por considerar que los procedimientos de responsabilidad administrativa no caducan a pesar de que se resuelvan fuera de los plazos previstos por la norma que los regula o lo que es lo mismo, no existe consecuencia si un procedimiento se falla fuera del plazo legal los argumentos en favor de esta conclusión básicamente fueron en el sentido de que:
Los plazos establecidos en las legislaciones para efectos de resolución no son fatales; los únicos plazos fatales para efectos de resolución son los constitucionales.
Si nos pusiéramos en el estricto plan de declarar ilegales o declarar la nulidad de todas las resoluciones que no se emitieran en los plazos establecidos en las leyes adjetivas correspondientes, pues creo que no tendríamos ninguna resolución válida, porque normalmente, por cargas de trabajo, por situaciones probatorias, por una serie de circunstancia no se dictan en los plazos correspondientes, y esto lo vemos todos los días.
Es verdad que no se está respetando el plazo de cuarenta y cinco ni el otro plazo de cuarenta y cinco; pero esto no hace ilegal la resolución, porque la ley está estableciendo plazos para que esto –de alguna manera– pueda o no realizarse dentro de las facultades de la autoridad.
Porque se pasa el tiempo, no se sanciona a nadie ─qué fabuloso─, creo que eso no puede ser porque entonces estamos realmente estableciendo situaciones que violentan el orden publico, porque la regulación de estas conductas y su sanción es ─precisamente─ para preservarlo.
Los argumentos de los ministros que votaron en contra del proyecto fueron:
El único fundamento que se da para que no opere la caducidad es que la ley no lo contempla, pero no se está considerando la posibilidad de la supletoriedad de la norma.
Se dice en el proyecto que los asuntos de responsabilidad quedarían sin resolver, pero esto mismo pasaría en los casos en que opere la prescripción.
La autoridad dentro de cuarenta y cinco días tiene que resolver, al no resolver, la consecuencia es la caducidad.
¿Qué pasa si no se respeta el plazo? Pues se viola totalmente el procedimiento y no se está respetando el principio de legalidad; no hay que caducar las instancias, no hay que ir a ningún otro procedimiento.
Hay un procedimiento reglado, con plazos muy específicos, no entendería por qué el legislador establece estos plazos si pueden o no excederse o cumplirse,
No hay que recurrir a ninguna de las dos figuras [caducidad o prescripción]; el acto emitido fuera de los plazos que establece la ley, sobre todo en un procedimiento privativo, en un procedimiento sancionatorio es ilegal, está establecido por la Constitución en el artículo 16.
Finalmente, por mayoría de 6 votos contra 5, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los procedimientos de responsabilidad no caducan y que no existen consecuencias legales si la autoridad no resuelve un procedimiento de responsabilidad en los plazos que establece la Ley.
Esta resolución mayoritaria viola los Derechos Humanos establecidos por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aquí la mayoría de los ministros se inclinó por proteger las facultades del órgano sancionador sobre los Derechos Humanos del particular implicado, lo que infringe la obligación de los ministros de analizar los temas de Derechos Humanos con base en una interpretación pro persona.
Y, tienen razón cuando dicen que no sería correcto absolver de faltas administrativas a una persona, sólo porque los encargados de sancionar hubieran tenido pereza de resolver en tiempo; pero para nuestro Estado Constitucional de Derecho, sería mejor, capacitar, elegir correctamente, exigir legalidad, a tales funcionarios, antes de darles permiso para resolver el día que amanezcan de buenas y con suficiente energía para cumplir con las obligaciones, por las cuales se les pagan sueldos elevados.
Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiende a proteger a los funcionarios ineptos antes de exigir que se cumplan las leyes. También resolver fuera del plazo legal es una falta administrativa (incluso está tipificado como delito), puede ser más grave esta falta que la que está involucrada en el procedimiento administrativo cuya resolución demoró indebidamente.
Entonces, lo correcto es que, ni se perdonen faltas administrativas por negligencia, pereza o descuido de quien debía resolver, ni tampoco se dé permiso a los encargados de sancionar de ser perezosos o ineptos. Las normas legales nos deben dar certidumbre, el funcionario sometido a procedimiento debe tener la certeza de cuando se resolverá su caso y quien resuelve el procedimiento debe otorgar esa certidumbre (que previó el propio legislador al establecer un plazo), so pena de que: 1. Su resolución sea ilegal y por tanto nula, y 2. Que él mismo incurra en responsabilidad administrativa y penal.
Respeto a los Derechos Humanos, recordemos que el artículo 1º constitucional, en su segundo y tercer párrafo, establece:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley
Estas porciones normativas prevén dos métodos obligatorios para interpretación de normas, la interpretación conforme y la pro persona.
La interpretación conforme, en su definición minimalista podemos decir que las normas (cuando se discutan temas de Derechos Humanos) deben interpretarse de acuerdo a la Constitución y los Tratados Internacionales que prevén esos derechos.
La interpretación pro persona obliga a las autoridades jurisdiccionales a interpretar la norma de la manera que más beneficie a la persona, si la norma otorga derechos su interpretación debe ser extensiva buscando la mayor protección y si restringe derechos, su interpretación debe buscar el menor alcance posible de sus efectos.
También, en el Estado Mexicano se han reconocido como obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que otorguen mayores derechos a las personas, conforme a la jurisprudencia 21/2014 del mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta obligatoriedad claro que también incumbe a la SCJN.
En ese tenor, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió el entuerto, esto es, si caducan o no los procedimientos de responsabilidad o la consecuencia de resolverlos fuera del plazo legal.
Al respecto interpretó el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: “…1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”
En el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, entre otras resoluciones, la Corte Internacional encontró que se violentó el plazo razonable y que ello es suficiente para considerar que se violaron derechos humanos de los peticionarios, obligando a su resarcimiento que consiste en la invalidez de las resoluciones sancionadoras.
En especifico consideró que el Estado de Venezuela estableció en la norma el plazo razonable (90 días) y que desacatarla implica la violación de los Derechos Humanos, textualmente dijo:
158. El representante alegó que el recurso jerárquico “debió decidirse dentro de […] 90 días”, sin embargo, demoró diez meses. La Comisión “se abstuvo de pronunciarse, por […] razones de insuficiencia de cargo y prueba”. El Estado no presentó alegatos sobre este tema.
159. El TSJ demoró 9 meses y 26 días para resolver el recurso jerárquico, cuando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 91 señala que “el recurso jerárquico, deberá ser decidido en los noventa (90) días siguientes a su presentación”.
160. La Corte resalta que ha sido el legislador venezolano quien determinó que el plazo establecido en la ley es el que corresponde respetar para un asunto como el que se analiza y, por tanto, es de esperarse que las autoridades internas cumplan con dicho plazo. En el presente caso, Venezuela no ha ofrecido ninguna explicación que indique las razones por las que el TSJ demoró más de nueve meses en resolver el asunto.
161. En virtud de lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, en consonancia con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz y Rocha.
Respecto del Plazo Razonable, la CoIDH ha establecido también que este derecho está estrechamente vinculado con el acceso a la justicia, puesto que parte de su contenido «implica que la solución de la controversia se produzca en un tiempo razonable». Más aún, una demora prolongada del proceso constituye por si misma una violación de las garantías judiciales
(Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2003, párrafo 209; Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafo 114; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de septiembre de 2005, párrafo 216; Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de marzo de 2005, párrafo 66; entre otros).
También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha precisado en otras sentencias que la carga de trabajo en ningún caso justifica una demora en la impartición de justicia dentro del plazo razonable. En el mismo caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, entre otras resoluciones, la Corte Interamericana, sostuvo que: “…el alto número de causas pendientes ante un tribunal no justifica por sí solo que se afecte el derecho del individuo a obtener en un plazo razonable una decisión…”
Entonces, el tema ya estaba resuelto: exceder el plazo legal (que debe entenderse como plazo razonable) viola el Derecho Humano de acceso a la justicia en su vertiente plazo razonable, por lo que la contradicción de tesis debió resolverse en ese mismo sentido, como lo propuso el ministro Laynez, entre otros.
A pesar de la decisión alcanzada en la contradicción de tesis, un particular afectado puede acudir a las instancias internacionales de Derechos Humanos y tendrá una solución como la que ya vimos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humano, pero se podría evitar que el particular tuviera que peregrinar en el extranjero y también se podría evitar la responsabilidad internacional del Estado Mexicano, si en sede nacional los ministros obligaran a los funcionarios públicos a cumplir con las normas.
Finalmente, me preocupa si el ministro presidente Luis María Aguilar estaba impedido o no para votar en este asunto, porque también preside al Consejo de la Judicatura Federal y éste casi siempre resuelve extemporáneamente los procedimientos de responsabilidad administrativa.
En el supuesto de que el ministro Aguilar se hubiera declarado impedido ¿cuál hubiera sido la votación?, recordemos que en este caso quedó 6-5 (el ministro Aguilar estuvo entre la mayoría) y que quien hubiera actuado como presidente en funciones tendría voto de calidad.

References: artículo 21
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 91
 artículo 8
 artículo 1