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Timestamp: 2020-08-09 20:58:57+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 085/19 de Corte Constitucional, 27 de Febrero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 798535661
Demandante: B.S.A.H.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano B.S.A.H. demandó el artículo 1045 del Código Civil.
A través de Auto del 06 de octubre de 2017 el despacho de la Magistrada ponente inadmitió la demanda por considerar que la carga argumentativa planteada por el actor no cumplía la totalidad de los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia para que se configurara al menos un cargo de inconstitucionalidad. Posteriormente, el 12 de octubre de 2017 el accionante radicó escrito de corrección de la demanda.
El 31 de octubre de 2017 la magistrada sustanciadora dispuso admitir la demanda, por considerar que luego de analizar el escrito de corrección la misma reunía los requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. Corrió traslado al P. General de la Nación y comunicó del inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, así como al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.
Al mismo tiempo, invitó a participar en el presente juicio a los profesores J.R.S., C.D.V., H.A.T., C.G.G., a las facultades de derecho de las siguientes universidades: Universidad de los Andes, Universidad La Gran Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Cali, al Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a la Asociación Internacional de Derecho de Familia, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
A través de Auto del 06 de octubre de 2017 el despacho de la magistrada sustanciadora inadmitió la demanda por considerar que la carga argumentativa planteada por el actor no cumplía la totalidad de los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia para que se configurara al menos un cargo de inconstitucionalidad. En concreto, señaló que la demanda no lograba exponer de manera precisa el objeto de la violación como requisito esencial para que esta fuera admitida. Para la magistrada, no resultaban del todo claras las razones por las cuales era equiparable, para efectos de definir la vocación legal hereditaria de una persona, la calidad de hijo biológico o adoptivo con la de hijo de crianza, especialmente tratándose de un asunto relativo al estado civil de las personas en el que está fundamentado el ordenamiento sucesoral. En su opinión no era viable concluir que de la garantía de justicia material en casos concretos para los hijos de crianza se pudiera desprender que hubiera existido una modificación en la definición de las reglas para definir el estado civil de las personas. Ni tampoco era posible considerar a partir de esto, que la filiación legal tuviera, de manera general, una nueva fuente de configuración para efectos de adquirir la calidad de heredero.
La jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Dra. J.R.P., solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada, con base en las siguientes consideraciones:
(…) es claro que la protección constitucional a la familia no se restringe a aquellas conformadas en virtud de vínculos jurídicos o de consanguinidad exclusivamente, sino también a las que surgen de facto o llamadas familias de crianza, atendiendo a un concepto sustancial y no formal de familia, en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y respeto mutuos van consolidando núcleos familiares de hecho, que el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de derechos y prerrogativas a quienes integran tales familias.
El jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, Dr. E.M.P.A., solicitó se declare la exequibilidad de la norma acusada en tanto que la misma se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico y es coherente frente a un juicio constitucional como el actual.
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, L.K.F.C., solicitó a la Corte Constitucional se declare la exequibilidad de la expresión “hijos” contenida en el artículo 1045 del Código Civil, hasta tanto no se regule esta materia por parte del Congreso de la República.
"[L]a determinación de quiénes son llamados a suceder cuando no hay testamento, corresponde al legislador y no al juez a quien está encomendada la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Ello es así, por varias razones. // La primera, que el derecho a suceder por causa de muerte está consagrado por la ley, y no por la Constitución. Si se repasa la Constitución, no se encontrará que consagre el derecho de suceder por causa de muerte en ninguna de sus normas. Aspecto es éste que deja al legislador, para que en su sabiduría lo establezca si esa es su voluntad, y lo reglamente como a bien tenga (…)” .
“Para el caso de las familias de crianza, no hay una regulación legal que establezca el trámite y la autoridad competente para determinar la existencia de este tipo de núcleos, lo cual trae como consecuencia inevitable, que los casos en los que se solicite el reconocimiento de la calidad de herederos para integrantes de familias de crianza terminen siendo fallados por las autoridades judiciales, debiendo estas realizar el análisis de todas y cada una de las circunstancias que rodean los diferentes casos con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos fijados por la Corte Constitucional”.
El Dr. J.R.S. solicitó negar la solicitud de exequibilidad condicionada deprecada por el actor con base en los siguientes argumentos:
“La vocación hereditaria tiene como fuente la ley y se expresa a través del estatus de hijo extramatrimonial, matrimonial o adoptivo, y no tiene como fuente el amor o el afecto que una persona pueda sentir por otra , de tal forma que este no puede tener per se los mismos efectos de la vocación hereditaria” .
Profesor H.A.T.
El Dr. H.A.T. señaló que no había lugar a acoger la pretensión de declarar condicionalmente exequible el artículo 1045 del Código Civil, esbozando los siguientes argumentos:
“(…) La protección constitucional de la familia, también se proyecta a las conformadas por padres e hijos de crianza, esto es, las que surgen no por lazos de consanguinidad vínculos jurídicos, sino por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección”.
Los "hijos de crianza" generan unas obligaciones para quienes les dieron protección, lo que correlativamente implicaría el ejercicio de ciertas prerrogativas para éstos, al menos de corregir moderadamente su conducta. Pero esos derechos y obligaciones no se originan en una relación filial, sino que son consecuencia de los principios de corresponsabilidad y de solidaridad familiar que se predican en esta clase de situaciones de hecho, que definen expresamente los artículos 10, 39 y 67 del Código de la Infancia y la Adolescencia. (…)
El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal designó al doctor J.A.G., quien a su vez solicitó se declare exequible el artículo 1045 del Código Civil.
El doctor N.G.M. en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicitó declarar la exequibilidad de la norma acusada. Entre los argumentos esgrimidos en su solicitud, expuso los siguientes:
Esa diferencia de situaciones es la que conlleva a que, si bien los hijos de crianza han logrado tener unas circunstancias de protección especiales, esa protección nunca se ha hecho extensiva al estado civil, razón fundamental para que los hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos se encuentren en el primer orden hereditario, situación que los hijos de crianza hasta el momento no tienen por voluntad del legislador, y no lo tendrán hasta cuando este último, en razón de su libertad configurativa, considere que se amerita modificar el estado civil, y en consecuencia, tenerlos en el primer orden hereditario.”
El señor Decano de la facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Dr. B.D.G., solicitó la declaración de la exequibilidad condicionada de la norma demandada por los siguientes motivos:
Para dar inicio a su intervención se remite al artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de hacer relevancia a la protección especial que esta debe tener por ser el núcleo fundamental de la sociedad. Igualmente, esta protección no debe predicarse únicamente de aquellas familias que se estructuran sobre vínculos, naturales, religiosos y/o legales sino que también se extiende a las relaciones que cumplen funciones básicas de familia , por tal motivo los vínculos derivados de la crianza son de igual forma protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano, en tanto debe entenderse a la familia desde un punto de vista sustancial, más no uno formal.
“En relación con los hijos en las distintas estructuras familiares, en la misma sentencia puntualizó la Corte: en materia de filiación rige un principio absoluto de igualdad, porque, en relación con los hijos, no cabe aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación o discriminación, en razón de su origen matrimonial o no matrimonial, igualdad absoluta que no existe en la protección de las diferentes uniones convencionales (…)”
“Las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la realidad, toda vez que, en materia de familia, los vínculos entre sus miembros se han extendido más allá de los meramente jurídicos o existentes por consanguinidad por lo que resulta inaplazable el reconocimiento legal de los derechos a la igualdad y protección de la familia, no desde un ámbito exclusivo del concepto de familia, esto es, vínculos jurídicos o de consanguinidad , sino que también debe la legislación extender esa protección a aquellas familias denominadas de crianza o de hecho (…), las cuales consisten en una realidad que no puede ser desconocida por el derecho”.
El Semillero de Investigación de Derecho de Familia bajo la coordinación de la Dra. F.J.V. emitió concepto en el que solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada con base en los siguientes argumentos:
“(…) Cuentan con hijos con los que no siempre se comparte un parentesco, o reconocimiento jurídico que cree el vínculo familiar, pero que por razones de facto han constituido una unidad de vida. Estas familias de crianza de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se desarrollan bajo presupuestos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia, principalmente económica que se crean entre sus miembros y “surgen bajo circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho y que por lo tanto, son susceptibles de crear consecuencias jurídicas tanto en derechos como en deberes”.
“De esta forma, el ordenamiento jurídico reconoce en su legislación que la relación paterno-filial no solo se constituye por medio de vínculos consanguíneos, sino que puede derivarse de lazos estrechos y sólidos entre personas que no necesariamente comparten un código genético. En consecuencia, brinda los medios jurídicos para que, siempre que se acrediten los dos criterios mencionados anteriormente, se realice por parte de los padres de crianza la adopción formal de los hijos de crianza. Así, no existirá motivo alguno por el cual no se reconozca la voluntad del causante de reconocer a la persona que antes era un hijo de crianza en el primer orden hereditario, pues a partir de la adopción se consolida un hijo adoptivo” .
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-292 de 2016, consideró que imponer la adopción es coaccionar a “renunciar a la filiación con la familia de su padre biológico ya fallecido, como condición para reconocer el vínculo afectivo y emocional que se ha llevado de manera natural (…) durante los años de convivencia” , razón por la cual la institución de la adopción se torna insuficiente para adjudicarle todos los derechos y obligaciones a un hijo de crianza.
La directora de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario, Dra. C.D.V., solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del artículo 1045 del Código Civil. La intervención dijo al respecto lo siguiente:
“Sobre el interés superior del niño, es fundamental recordar que a pesar de que el ordenamiento jurídico reconoce y protege los lazos de crianza que surjan, prioriza el establecimiento de un vínculo estable con los niños con quienes no exista una relación de consanguinidad, a través de la institución de la adopción, puesto que por medio de este mecanismo el Estado tiene la oportunidad y el deber de verificar si la nueva familia es garante de derechos e impide que los niños, las niñas y los adolescentes sean "rotados de mano en mano" en detrimento de sus intereses.”
Respecto de la adopción, se remiten a la sentencia C- 477 de 1997, donde se precisa que “El fin de la adopción no es solamente la transmisión del apellido y del patrimonio, sino el establecimiento de una verdadera familia, como la que existe entre los unidos por lazos de sangre, con todos los derechos y deberes que ello comporta”. Por tal motivo, la Constitución y la ley han hecho de la adopción el mecanismo más idóneo para garantizar plenamente los derechos de un menor de edad abandonado que es acogido por una familia con la cual no tiene vínculos de sangre, de tal forma que sea tratado en condiciones de igualdad en relación con los hijos procreados y que se desarrolle armónicamente en el seno de la familia y en esa medida se solicita sea declarada la constitucionalidad condicionada del artículo 1045 del Código Civil.
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía- Asofondos
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía- Asofondos, por medio de su representante legal C.E.R.G., intervino en esta demanda con el fin de que sea declarada la exequibilidad de la norma demandada. Dicha solicitud la realiza con base en los siguientes argumentos:
En conclusión afirma que pese a que la Corte Constitucional ha admitido la prevalencia de la familia de crianza sobre la biológica, existe una presunción constitucional a favor de la familia biológica la cual únicamente se desvirtúa “Con argumentos poderosos sobre su ineptitud para asegurar el bienestar del niño o sobre la existencia de riesgos peligros concretos para el desarrollo de éste” . Es por tal motivo que, si el padre biológico está en la capacidad de cuidar y proteger a su hijo, la presunción a favor del padre biológico debe prevalecer y la solidaridad o colaboración económica que reciba un menor de otra persona, bien tenga con esta un vínculo de consanguineidad o no, no desplaza al padre biológico de sus obligaciones y solo tendrá efectos con la declaración judicial que ponga fin a otros vínculos legales. Este fallo no solo produce efectos entre las partes sino frente a terceros y se inscribe en el registro civil, demostrándose de esta manera que no se dejó al azar la situación de los hijos de crianza tal como se estableció en la demanda.
En cuanto a la figura de los hijos de crianza, se ha dicho que la misma es de origen jurisprudencial y a través de los pronunciamientos de la Corte Constitucional se destaca el reconocimiento de la tipología familiar de familia de crianza y además se ha enfatizado en la igualdad de trato entre estos hijos con los biológicos y adoptivos , pero ello no conduce a la constitución de un vínculo filiatorio y equiparar esta categoría con los hijos legalmente reconocidos en Colombia, pues ello implicaría una conceptualización abstracta, imprecisa y generadora de una inseguridad jurídica en la medida en que la identidad del hijo, padre y madre son realidades referidas a mucho más que a la realización de un rol, pues corresponden a una identidad de origen no solo práctico sino de fundamento antropológico.
Alteración sobre la patria potestad.
Alteración sobre la filiación.
Alteración sobre los deberes y obligaciones paterno filiales.
Alteración sobre los órdenes hereditarios.
El P. General de la Nación, F.C.F., solicitó a la Corte Constitucional inhibirse de proferir fallo de fondo, dado que se está en presencia de una omisión legislativa absoluta por las siguientes razones:
Continúa su intervención indicando que en el caso de la omisión legislativa relativa, la jurisprudencia ha señalado que “De manera excepcional, el silencio del legislador puede ser objeto de control jurisdiccional por vía de la acción pública de inconstitucionalidad. No obstante, no ocurre lo mismo en el caso de una omisión legislativa absoluta, para cuyo conocimiento la corte no es competente.” Es así como en el presente caso si bien el accionante censura una norma por haber excluido un grupo de ciudadanos de los efectos que deberían estar incluidos (hijos de crianza), lo que materialmente alega es la inexistencia absoluta de dicha categoría en la legislación, y como consecuencia, su exclusión de los efectos de la disposición acusada en concreto. Es por eso que si se quisiera hacer una extensión analógica de los efectos de la norma a los hijos de crianza, no se podría aplicar dicha remisión, pues no se encontraría el catálogo normativo que permita establecer quiénes son los hijos de crianza beneficiados por aquella.
A continuación la Corte abordará como cuestiones preliminares, la vigencia de la norma demandada, y atendiendo la solicitud del señor P. General de la Nación, realizará el análisis correspondiente a la aptitud del cargo. Con base en lo anterior se pronunciará sobre la competencia de la Corporación para pronunciarse de fondo respecto del problema jurídico planteado.
3.1.2. En relación con este asunto la Corte Constitucional ha señalado que los fenómenos de derogatoria y subrogación de las normas jurídicas tienen relevancia en tanto generan efectos sobre la vigencia de las mismas y por lo tanto afectan la competencia del juez constitucional para estudiarlas.
La Corporación ha dispuesto que el elemento fundamental para establecer la procedencia del juicio de constitucionalidad es que las normas demandadas se encuentren vigentes. La vigencia de una norma es el presupuesto de la competencia de la Corte, por lo que la verificación de la misma del texto legal constituye una etapa previa ineludible de ese control .
Por regla general, una disposición normativa entra en vigencia desde su respectiva promulgación. A partir de allí comienza a producir efectos jurídicos. A su vez, un texto normativo pierde vigencia en aquellos eventos en los cuales ha sido derogado. Esa derogatoria puede ser expresa, tácita o integral. Es expresa cuando una norma explícitamente y de manera formal establece que deroga otra u otras normas anteriores. Por el contario, la derogatoria es tácita en aquellos supuestos en los cuales la norma expedida resulta incompatible con una anterior. Por su parte, la derogatoria es integral cuando el legislador regula de manera completa la materia a la cual se refiera la norma anterior, de modo que, aunque no existe contradicción entre ella y el nuevo régimen, su contenido queda enteramente subsumido en las reglas que esta instaura.
Según lo prescrito en el artículo 72 del Código Civil, la derogatoria tácita deja vigente en las leyes anteriores todo aquello que no pugne con las disposiciones de la nueva ley. De este modo, a diferencia de lo que ocurre con la derogatoria expresa, la derogatoria tácita sí hace necesaria la interpretación de ambas leyes, con el objeto de determinar cuál es la que rige la materia, o si la derogatoria es total o parcial .
3.1.3. De otra parte, la Corte ha considerado la subrogación como una modalidad de la derogatoria y la ha definido como la sustitución de una norma por otra posterior de igual jerarquía y similar o idéntico contenido, que se diferencia de la derogatoria tácita, en cuanto esta última contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley anterior.
Así las cosas de conformidad con el ordenamiento civil colombiano en las sucesiones forzosas o intestadas el derecho de representación de los llamados a ellas se rige por la ley bajo la cual se hubiere verificado su apertura.
3.2.	La Corte no es competente para decidir sobre la constitucionalidad del texto demandado cuando se trata de una omisión legislativa absoluta
3.2.1.	El Ministerio Público estima que la Corte Constitucional carece de competencia para conocer la presente demanda pues a su juicio el demandante solicita la subsanación de una omisión legislativa absoluta y no de una omisión legislativa relativa. A efectos de verificar la competencia de la Corte Constitucional para el presente asunto, la Sala revisará inicialmente su postura jurisprudencial respecto de omisiones legislativas, para luego analizar si en este caso el estudio sobre la constitucionalidad resulta viable en relación con los planteamientos del actor.
3.2.2.	Este Tribunal de forma reiterada y pacífica ha establecido que en determinadas situaciones, el legislador puede desconocer la Constitución Política por omisión cuando no regula los asuntos sobre los que tiene una obligación de hacer específica y concreta impuesta por el Constituyente. De tal forma que ese silencio puede ser objeto de control jurisdiccional a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Por el contrario, ha sostenido que la Corte no es competente para conocer sobre omisiones legislativas absolutas .
3.2.3.	La Corte ha distinguido entre las omisiones legislativas absolutas y las omisiones legislativas relativas. Ha señalado que en las primeras existe una falta de desarrollo total de un determinado precepto constitucional; mientras que, en las segundas, el legislador excluye de un enunciado normativo un ingrediente, consecuencia o condición que, a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permite concluir que su consagración resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos previstos en la Constitución. Esto significa que, por virtud de la actuación del legislador, se prescinde de una exigencia derivada de la Carta, cuya falta de soporte textual genera un problema de constitucionalidad.
3.2.4.	En ese sentido la labor del juez constitucional es la de hacer cumplir una exigencia derivada del texto constitucional, cuya falta de previsión genera una norma implícita de exclusión que desconoce un deber predeterminado del legislador impuesto por la Constitución. Este límite marca la legitimidad del papel reconstructivo a cargo de la Corte, pues su rol no consiste en cuestionar las razones de conveniencia que tenga el legislador para prescindir en el ámbito concreto de una regulación legal, de una determinada materia, ya sea de forma total o parcial, sino que se concreta en defender la integridad y supremacía de la Constitución.
3.2.5.	Así entonces, mientras en las omisiones absolutas, no se ha producido ninguna disposición legal en relación con una determinada materia, en las omisiones relativas, por el contrario, sí existe un desarrollo legal vigente, pero imperfecto, por la ausencia de un aspecto normativo específico en relación con el cual existe el deber constitucional de adoptar medidas legislativas. Para esta Corporación, tan solo es procedente el juicio de inconstitucionalidad respecto de omisiones relativas, pues en los casos de ausencia total de regulación no concurre un referente normativo que se pueda confrontar con la Constitución.
3.2.6.	Las omisiones legislativas relativas pueden presentarse de distinta manera, ya sea:“(i) cuando expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero excluye expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una condición o un elemento esencial exigido por la Constitución” .
3.2.7.	Asimismo, la Corte ha establecido una serie de requisitos que debe satisfacer una demanda de acción pública de inconstitucionalidad cuyo cargo sea la omisión legislativa relativa . Aunque esa lista de condiciones o requisitos de la demanda no ha sido uniforme en la jurisprudencia constitucional, en la reciente Sentencia C-010 de 2018, la Corte retomó los establecidos por la Sentencia C-833 de 2013 que, in extenso, son los siguientes:
3.2.8.	En el presente caso la Sala constata que existe una norma sobre la cual se predica una presunta omisión, esto es el artículo 1045 del Código Civil, subrogado por el artículo 1º de la Ley 1934 de 2018. Esta disposición establece que “los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal”. Como lo señala el demandante, la norma no incluye a los hijos de crianza dentro del primer orden hereditario.
3.2.9.	No obstante lo anterior, los hijos de crianza son una categoría de sujetos que ha sido creada por la jurisprudencia constitucional dentro del concepto de familia de crianza, que bajo circunstancias muy particulares surge a partir de vínculos de afecto, solidaridad y respeto entre personas que no tienen un vínculo de parentesco civil o consanguíneo. Aunque dicha relación ha sido protegida por la Corte Constitucional en casos excepcionales, dando alcance a los principios de interés superior del niño, prohibición de discriminación por el origen familiar, el principio de solidaridad y corresponsabilidad de las familias extensas quienes, tomando el lugar de los padres, asumen el cuidado de los niños, en opinión de la Sala Plena, no son una categoría de sujetos comparable con aquellos incluidos en la norma demandada.
3.2.10.	Así mismo lo expresó la Sala en la sentencia C-359 de 2017 en donde consideró que “(…) el reconocimiento de protección de las llamadas familias de crianza y a otro tipo relaciones familiares que también puedan surgir de situaciones de facto basadas en lazos de afecto, ayuda mutua, respeto, socorro y solidaridad, es en principio, atribuible a la jurisprudencia, y, en ese ámbito, no se acredita (…) la existencia de una norma constitucional que imponga al legislador un mandato concreto para su reconocimiento. (…).
3.2.11.	En esa oportunidad la Sala Plena estimó no solo que la demanda era inepta porque no cumplía los requisitos de especificidad y suficiencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, sino además señaló que no contenía un cargo debidamente estructurado por omisión legislativa relativa y que lo que pretendía el demandante era acusar una omisión legislativa absoluta, que salía de la competencia del juez constitucional, dada la potestad de configuración normativa que tiene el Congreso de la República.
3.2.12.	En el presente asunto el demandante señala que la disposición acusada excluye de sus consecuencias jurídicas a un grupo de personas (hijos de crianza) que en su opinión son asimilables a los que están incluidos en la norma (los hijos por consanguinidad o adoptivos). Sin embargo, para la Sala Plena la Corte no es competente para analizar si la exclusión alegada en la demanda genera una desigualdad negativa que carece de justificación a la luz de los postulados constitucionales, pues no se erige como una omisión relativa inconstitucional sino como una omisión legislativa absoluta.
3.2.13.	En ese sentido, no es posible extender los efectos normativos que la legislación civil establece para las familias consanguínea y adoptiva a las familias de crianza puesto que no son categorías análogas. La configuración de esta última, no depende de elementos generales y abstractos establecidos en la ley, sino de circunstancias muy particulares que solo se pueden identificar caso a caso y para los que no existe una regulación legislativa que sea subsanable por omisión. De esta forma lo que materialmente existe es una omisión legislativa absoluta, frente a la cual la Corte Constitucional no tiene competencia.
3.2.14.	Ciertamente, no se ha planteado en el ordenamiento jurídico colombiano una regulación concreta para la familia de crianza. Su reconocimiento y protección se ha dado caso a caso en el ejercicio del control concreto de constitucionalidad. Esta labor que no se puede confundir con la labor que despliega esta Corporación en sede de control abstracto de constitucionalidad, porque en el primer caso se juzgan casos concretos, mientras que en el segundo, la Corte se limita a armonizar un texto legal con los mandatos previstos en la Constitución. En el control abstracto de constitucionalidad el juez no hace una aproximación específica a casos concretos sino que compara la norma acusada con la Constitución.
3.2.15.	El reconocimiento que esta Corporación le ha otorgado a la familia de crianza no ha llegado a definir los efectos jurídicos que tiene sobre la filiación y el parentesco de las personas que hacen parte de ella. En otras palabras, y en la medida que es una tarea que compete exclusivamente al legislador, no ha establecido en términos generales la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de los hijos y padres de crianza como sí ocurre en las relaciones parentales que surgen a partir de vínculos de consanguinidad o por adopción.
3.2.16.	La crianza no es un hecho que la ley haya previsto como fuente de filiación. Los hijos y padres de crianza carecen de mecanismos legales que acrediten su condición jurídica en calidad de padres e hijos. El mecanismo particular que la ley ha establecido para acreditar relaciones entre padres e hijos que no tienen un vínculo de consanguinidad es el trámite de adopción. Ésta se declara a través de sentencia judicial y tiene el efecto directo en el registro del estado civil de los hijos adoptivos. Tal como lo ha establecido el legislador, la adopción es principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno – filial entre personas que no la tienen por naturaleza. La adopción ha sido establecida principalmente como un mecanismo de protección a la infancia abandonada mediante su incorporación definitiva a una familia estable.
3.2.17.	De allí que el legislador haya consagrado no solo presunciones legales para la adecuada protección de los derechos de hijos y padres, sino también los recursos judiciales idóneos y efectivos para reconocer la calidad de hijo o para hacer exigibles los derechos que se desprenden de las relaciones parentales, y para que estas sean oponibles a terceros.
3.2.18.	Es evidente que en la legislación no existe la familia de crianza, de la cual se derivaría una relación de filiación, de manera que lo que se solicita no es la subsanación de una omisión legislativa relativa sino de una omisión legislativa absoluta, ante la cual la Corte Constitucional no tiene competencia. En consecuencia, lo procedente era la inhibición para emitir un fallo de fondo.
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el cargo formulado contra el artículo 1045 (Parcial) del Código Civil por el ciudadano B.S.A.H..

References: artículo 1045
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 1045
 artículo 1045
 artículo 1045
 artículo 42
 artículo 1045
 artículo 1045
 artículo 72
 artículo 1045
 artículo 1
 artículo 1045