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Timestamp: 2013-05-24 19:45:20+00:00

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Instituto Roche | Comentarios de actualidad | La Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2012 de 16 de febrero resuelve el conflicto de competencia interpuesto por la Comunidad de Madrid en relaci�n con la regulaci�n de los bancos de c�lulas y tejidos para su uso en humanos
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La Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2012 de 16 de febrero resuelve el conflicto de competencia interpuesto por la Comunidad de Madrid en relaci�n con la regulaci�n de los bancos de c�lulas y tejidos para su uso en humanos	Pilar Nicol�s	La Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2012 de 16 de febrero resuelve el conflicto de competencia interpuesto por la Comunidad de Madrid en relaci�n con la regulaci�n de los bancos de células y tejidos para su uso en humanos. El TD decide que el Estado no ha invadido competencias de las Comunidades Aut�nomas, puesto que el contenido del RD responde a la necesidad de garantizar en todo el territorio del Estado la calidad y la seguridad de la actividad que regula. Por otra parte, la impugnaci�n de la prohibici�n de �nimo de lucro de los establecimientos es desestimada por no adecuarse al cauce del conflicto positivo de competencias, sino fundamentarse en una indirecta limitaci�n del derecho de libertad de empresaEn el a�o 2007 la Comunidad Aut�noma de Madrid, promovi� un conflicto positivo de competencia contra el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donaci�n, la obtenci�n, la evaluaci�n, el procesamiento, la preservaci�n, el almacenamiento y la distribuci�n de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinaci�n y funcionamiento para su uso en humanos. Un conflicto positivo de competencia es un procedimiento a través del cual se resuelven las controversias competenciales entre el Estado y las Comunidades Aut�nomas.La Comunidad de Madrid plantea el conflicto argumentando que el Estado ha ejercido sus competencias en materia de sanidad de tal forma que ha impedido que la Comunidad pueda ejercer las suyas: si bien el Estado tiene competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y coordinaci�n general de la sanidad y legislaci�n sobre productos farmacéuticos (149.1.16 CE), la Comunidad de Madrid tiene atribuidas las competencias de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecuci�n en materia de sanidad e higiene y coordinaci�n hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.Los motivos concretos que se esgrimieron por parte de la Comunidad de Madrid y la respuesta del TC a cada uno de ellos se resumen a continuaci�n:1. El Estado ha fijado la normativa b�sica en materia de utilizaci�n de células y tejidos humanos, que es objeto de reserva de ley, mediante un reglamento que carece de habilitaci�n y fundamento en una norma legal.Esta no se admite por razones procesales. La Comunidad de Madrid no present� este argumento en el requerimiento al Gobierno de la Naci�n, que es preceptivo realizar con car�cter previo a la demanda ante el TC, y cuyo objetivo es poder evitar un enfrentamiento constitucional a través de una resoluci�n negociada entre la Comunidad Aut�noma y el Estado.2. La regulaci�n tiene un car�cter excesivamente exhaustivo, minucioso y detallado. Por esta raz�n las Comunidades Aut�nomas no tienen margen de maniobra ni para adoptar pol�ticas propias en la materia, ni tan siquiera para complementar la normativa estatal para adaptarla a sus peculiaridades. Se invade por tanto las competencias auton�micas de desarrollo legislativo y ejecuci�n de la normativa b�sica. Se pretende la anulaci�n del RD en su totalidad.Esta pretensi�n no se admite esta puesto que se basa en una aseveraci�n genérica, sin la exigible fundamentaci�n y precisi�n.3. Los preceptos concretos enumerados como m�ximos exponentes de invasi�n competencial son los siguientes:- El art. 35.4, que detalla el régimen de las inspecciones que deben realizar las Comunidades Aut�nomas (�el intervalo entre dos inspecciones regulares ser� de dos a�os�).- Los arts. 14.2 y 26.2, que detallan los plazos de validez de las autorizaciones (de dos a cuatro a�os) con periodos que difieren de los Establecidos por la Comunidad de Madrid para todos los centros sanitarios (cinco a�os). Esto afecta contraviene el esp�ritu del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorizaci�n de centros, servicios y establecimientos sanitarios, que se�ala, por ejemplo, en su art. 3.2, que ser� la Comunidad Aut�noma la que establezca la periodicidad de la renovaci�n de las autorizaciones- El art. 35.6, que al prever que la inspecci�n no s�lo afectar� a los establecimientos de tejidos sino también a todos aquellos terceros con los que existan relaciones contractuales, implica un gran cambio en el �mbito y planteamiento de los programas de inspecci�n.- El art. 3.5, que establece que las actividades de los establecimientos de tejidos no tendr�n car�cter lucrativo, que indirectamente est� limitando la capacidad de libre empresa establecida en el art. 38 CE.- Los arts. 26.4 y 30.2; 13, 25 y 28, que establecen un sistema de informaci�n que inciden en las competencias ejecutivas propias de la Comunidad Aut�noma al exigirse una doble comunicaci�n a la Organizaci�n Nacional de Trasplantes, en tiempo real, de las autorizaciones de los centros o unidades de aplicaci�n por parte de dos unidades diferentes de las Comunidades Aut�nomas.Por estas razones, se solita que si no se anula el RD en su totalidad, subsidiariamente, se declaren nulos los art�culos 3.5, 13, 14.2, 25, 26.2, 26.4, 28, 30.2, 35.4 y 35.6.El TC desestima esta pretensiones por las siguientes razones:- �La fijaci�n por la norma estatal de una periodicidad en las inspecciones es una norma de seguridad que trata de establecer un criterio com�n de control o de evaluaci�n de la eficacia en todo el Estado con la finalidad de garantizar que los establecimientos de tejidos autorizados cumplen los requisitos del Real Decreto 1301/2006 y aplican las medidas de control de calidad exigidas en él. En consecuencia, en la medida en que el art. 35.4 contiene una regla de coordinaci�n general en materia sanitaria no incurre en infracci�n del orden constitucional de distribuci�n de competencias�.- Aunque el Real Decreto 1277/2003, establece en general que las autorizaciones ser�n renovadas, en su caso, con la periodicidad que determine cada Comunidad Aut�noma, en algunos supuestos se exige a los mismos una autorizaci�n espec�fica para realizar determinadas actividades. Éste es el caso de los centros que regula el RD objeto del conflicto de competencias. El fijar un determinado contenido a la autorizaci�n, como es en este caso el per�odo m�nimo y m�ximo de vigencia de la misma, confirma un m�nimo com�n normativo para todo el territorio nacional, por lo que la norma debe configurarse como b�sica. �La fijaci�n de un plazo de validez a la autorizaci�n no constituye una norma procedimental o de ejecuci�n competencia de la Comunidad Aut�noma sino una norma b�sica que responde a la necesidad de garantizar en todo el territorio del Estado la calidad y la seguridad de los tejidos y células�.- La obligaci�n establecida en el RD de extender la inspecci�n a quienes celebren contratos con los establecimientos sanitarios para desarrollar una actividad que influya o pueda influir en la calidad y en la seguridad de los tejidos, as� como la indicaci�n de unas condiciones m�nimas que debe cumplir dicha inspecci�n, no invade el �mbito competencial de la Comunidad Aut�noma. �La determinaci�n del �mbito objetivo y subjetivo de la actuaci�n inspectora constituye un elemento normativo b�sico cuya fijaci�n compete al Estado, pues se trata de fijar un �mbito com�n en materia de inspecci�n a partir del cual cada Comunidad Aut�noma podr� desarrollar sus propias competencias�.- La impugnaci�n del art�culo 3.5, que establece que las actividades de los establecimientos de tejidos no tendr�n car�cter lucrativo es desestimada por no adecuarse al cauce del conflicto positivo de competencias. Ya que se demanda una indirecta limitaci�n del derecho de libertad de empresa establecido en el art. 38 CE, no se trata de �una verdadera reivindicaci�n de competencias ocasionada por una previa invasi�n de atribuciones propias�, ni tampoco se cuestiona la posibilidad de ejercicio de las competencias auton�micas o un efectivo menoscabo de las mismas a causa de interferencias indebidas�.(No obstante, se reproducen los argumentos del Abogado del Estado, que recuerda que �el principio de gratuidad y car�cter no lucrativo responde a lo establecido en la Directiva 2004/23/CE y que dicho principio aparece también recogido, entre otras, en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracci�n y trasplante de �rganos y en el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, sobre hemodonaci�n, centros y servicios de transfusi�n�).- Los reproches de la Comunidad de Madrid se dirigen a los circuitos de suministro de informaci�n, ya que �el Real Decreto 1301/2006 impone deberes de suministro de informaci�n a la Organizaci�n Nacional de Trasplantes por parte de la autoridad sanitaria competente de las Comunidades Aut�nomas (art. 26.4) y por parte de las unidades de coordinaci�n de trasplantes de la Comunidad Aut�noma (art. 30.2). Asimismo los centros y unidades autorizados para la obtenci�n de células y tejidos (art. 13) deber�n facilitar la informaci�n requerida a la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Aut�noma, que a su vez la remitir� a la unidad de coordinaci�n de trasplantes y, por su parte, los centros y unidades autorizados para la aplicaci�n en humanos de células o tejidos humanos (art. 28) deber�n facilitar la informaci�n correspondiente a la autoridad sanitaria competente de las Comunidades Aut�nomas y a las unidades de coordinaci�n de trasplantes�. A juicio del TC, �la fijaci�n por la norma estatal de un sistema de informaci�n como el descrito responde a la necesidad de establecer mecanismos de informaci�n coordinados entre los distintos �rganos con competencia en la materia, pues s�lo as� la Organizaci�n Nacional de Trasplantes puede cumplir con su funci�n de coordinar las actividades de donaci�n, extracci�n, preservaci�n, distribuci�n y trasplante de �rganos, tejidos y células en el conjunto del sistema sanitario espa�ol�. Se trata por tanto de una �manifestaci�n de la funci�n de coordinaci�n constitucionalmente atribuida al Estado en materia sanitaria�. �Que el que el sistema de informaci�n previsto (concluye la sentencia) pueda plantear eventuales problemas de funcionamiento, es una cuesti�n ajena al proceso conflictual que, en consecuencia, debe ser rechazada�.	Enviar a un amigo	Imprimir	Buscador
Secci�n dirigida por:
Pilar Nicol�s
Doctora en Derechopor la Universidad de Deusto
Profesor de Derecho Penalde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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