Source: http://capturavidas.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-29 10:45:22+00:00

Document:
capturavidas: febrero 2013
Festival en beneficio para la Asociación de Madres y Familiares de detenidos-desaparecidos Uruguay
25 de febrero 2013 Plaza Libertad protesta por la resolución de la Suprema Corte de Justicia
concentración en la plaza Libertad por la resolución de la suprema corte de justicia de que los delitos cometidos durante el proceso cívico-militar en las décadas 60-70 hasta el 80 quedarán impunes definitivamente. Publicado por
En el 2009 hubiera bastado conque los candidatos Mujica y Astori mostraran
la papeleta y dijeran “yo voto rosado” para que se alcanzaran los votos
necesarios para anular la ley de caducidad. Ese gesto los indisponía con los
capitales extranjeros, las fuerzas armadas y los EEUU, por eso no lo hicieron y
prefieron el discurso del Olvido y el Perdón.
Desde el 1 de marzo del 2005 hubo mayorías palramentarias para anular la
ley de Caducidad pero la conducción del Frente amplio no quiso hacerlo. Después
vino el episodio de Víctor Semproni que se prestó a incinerarse para salvar el
caudal electoral de muchos “tapados” que hubieran querido hacer lo mismo.
Finalmente se aprobó la tibia ley de imprescriptibilidad, tan tibia que la
jueza Mariana mota consideró innecesario aplicarla. Los parlamentarios del
Frente Amplio han dado más de mil vueltas para quedar bien con el poder y con
Sin embargo no se dieron cuenta que la atmósfera de olvido y perdón
habilitaba para que los fascistas de la Suprema Corte iniciaran una escalada en
defensa del terrorismo de Estado y removieran a la jueza Mariana Mota. Así como
miles nos indignamos y muchos estuvimos en el pasaje de los Derecho Humanos, el
gobierno de Mujica podía haber apoyado al canciller Luis Almagro en su crítica
a los ministros de la corte. El propio Mujica podría haber dicho “qué feo lo
que hizo la Corte”, pero nó, tanto él como Huidobro estaban contentos con la
inmunda maniobra de los jueces y salió a atacar a los manifestantes. Sin ningún
tipo de vergüenza la primera dama no quiso faltar a la cita de los que le
pegaban a Mota e indirectamente a la lucha por Verdad y Justicia
Ahora, al declarar inconstitucional la tibieza de la ley de imprescriptibilidad,
la Corte embreta al gobierno y a los parlamentarios desde la extrema derecha:
¿está o no dispuestos a perdonar y olvidar los crímenes de lesa humanidad?
Los del MPP se rasgan las vestiduras y quieren quedar bien con todos. Ya no
pueden hacer mucho más equilibrio. Fracasó la estrategia del abrazo con las
culebras... se fue Saravia y Semproni son muy venenosos. Hay otros peores que
no han mostrado los colmillos todavía. Se dan cuenta de que pierden votos por
todos lados y, como es habitual, Lucía Topolansky sale a hablar de juicio
político y otras pavadas en todos los medios. Tiene un rostro de piedra. Si
están tan decididos a tomar todos los caminos legales (¡no vayan a hacer nada
ilegal, por favor!). PROPONGAN ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD DE UNA VEZ POR
TODAS. Así crean un hecho político que obligue a definirse a favor y en
contra de la impunidad. ¿Qué excusa les queda ahora o son unos charlabaratas de
feria (sin alusión alguna)? ¡Vamos señores pongan un poco de coraje sobre la
mesa! Es la única forma de recuperar unos gramos de la dignidad perdida.
Por supuesto siempre tiene un camino alternativo... Huidobro es la
vanguardia y se los señala: agacharse bien hasta el piso para abrazarse con las
culebras uniformadas de verde y azul.
Los votantes y la militancia emepepista decide: con la Verdad y Justicia o
con la Impunidad del terrorismo de Estado, no caben medias tintas ni como te
digo una cosa te digo la otra.
Creemos que hay que acompañar a Madres y Familiares pero sin callarse ni
una sílaba y sin entregar a los verseros de siempre el campo de la consciencia
popular. El lunes 25 iremos a la Plaza Libertad a decir nuestras verdades y a
exigir a ese parlamento desprestigiado que anule la ley de caducidad.
La SCJ
cierra definitivamente investigaciones por derechos humanos
HABRÁ JUSTICIA, SOLO QUEDAN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Suprema Corte de Injusticia acaba de declarar
inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad.
Al parecer, el argumento central sería la no retroactividad
de la ley penal.
Sin embargo, no hay duda que las violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado
y sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de
izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el
delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman
en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible.
Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación
de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial, que ya eran
delito en la jurisprudencia internacional en Tratados que habían sido
Corte se referirá en su resolución a lo consagrado en el
Pacto de San José de Costa Rica:“Nadie puede ser condenado por acciones u
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
Lo que no tiene en cuenta la SCI (Suprema corte de Injusticia), es que el
derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del
artículo 11 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que
“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede
que el delito no esté aún tipificado en el derecho nacional (interno), pero si
está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito
puede y debe ser condenado.
En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan
cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 –
XXIV), la Asamblea
General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento
importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la
paz y la seguridad internacionales”.
Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están
obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en
de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de
legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento
vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de
buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de
fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones
Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”. Por cierto, el Pacto internacional sobre derechos humanos
ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en
Paradojalmente, el país que hoy preside el Comité de Derechos
(Uruguay), no tiene en cuenta estas cuestiones dentro de su propio territorio.
Paradojalmente, en el país que hoy preside el Comité de
(Uruguay), los ciudadanos no podrán acceder a la justicia en esa materia en su
propio país (que algunos vuelven a calificar como la Suiza de América), y no
tendrán otro camino que recurrir a tribunales internacionales, porque en su
patria la justicia les está vedada.
tienen un plazo de 45 días. SCJ postergó para mañana decidir si concurre al Parlamento
El Parlamento aguarda una respuesta de la Corte
Por 5 votos contra 4, la invitación a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al Parlamento fue aprobada ayer en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. El presidente de la corporación, Jorge Ruibal Pino, estimó que hoy podrían definir si asisten o no a la Comisión, y responderían por escrito.
Fiscal que actuará en los hechos de la suprema corte de justicia.
Informe de prensa. SEMANARIO
VOCES. publicado a la‎(s)‎ 15/09/2012
veníamos pastoreando desde hace tiempo pero como en lo últimos tiempos ha sido
muy mediático íbamos postergando el encuentro. Pero no es fácil evitarlo. Este
es un hombre de acción y no dudó en llamarnos para decir que no entendía,
porque ningún medio de izquierda lo entrevistaba, como quien dice nos mojó la
oreja. Hijo y sobrino de dos generales del proceso, es independiente políticamente
hablando y no duda en decir lo que piensa. Charlatán, polémico, con gran
sentido del humor, incisivo y con los pies en la tierra, esa es la impresión
que nos dejo la charla con este fiscal de menores. Por Jorge Lauro,
Hoenir Sarthou y Alfredo Garcia / Fotos Rodrigo López.
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Un “bozal” para Zubía
17, 2012 Escribe Carlos Lemos
“La culpa la tiene la prensa”, dicen los
licenciados de distintas disciplinas cuando se crea alarma pública en torno a
un caso que, lógicamente, conmueve a la sociedad.
A ninguno de ellos, que repiten el mismo
discurso cada vez que truena la comunidad, se les ocurre apuntar en la
dirección correcta. Por falta de masa crítica o por miedo.
Además de algunos actores sociales, que se
regodean cuando ven correr sangre para llevar agua a sus molinos, hay un
personaje nefasto y se llama Gustavo Zubía, nada menos que el fiscal.
Este administrador de justicia que pasa las tres
cuartas partes de su tiempo parloteando y gritando cada vez que se le acerca un
micrófono fue el responsable de una informacion errónea, entre varias.
En voz alta, y erizado, adjudicó al asesino de La Pasiva la frase: “primero
se dispara para que te respeten”. Todos los medios de prensa lo tomaron como
palabra santa, hasta que un juez sensato lo desmintió.
Pero Zubía, además de fomentar la alarma
pública, tiene un criterio que muchas veces asombra a los propios jueces.
Este miércoles le pidió al juez que le quitara
las prendas que vestía al adolescente de 17 años que asesinó al empleado de La Pasiva, Gastón Hernández.
Al momento de declarar el adolescente vestía
unos championes Nike blancos con dorado y un equipo deportivo de la misma
La incautación de estos bienes se trataba, según
Zubía, de una medida inédita que buscaba quitar el “prestigio” que en el
mundillo de los menores infractores suelen tener los homicidas.
Zubía pidió la confiscación de estos bienes como
medida de escarmiento, bajo el entendido de que el joven los había comprado con
el dinero robado del local de comidas.
El juez Hugo Morales escuchó el alegato del
representante del Ministerio Publico y luego de un pronunciado silencio lo miró
y le dijo “no”.
El no del juez fue gélido. No podía ser de otra
manera, en virtud de que el fiscal no cumplió con su cometido a cabalidad.
En rigor, Zubía tenía que haber solicitado el
cierre de todos los locales de los shoppings que venden las ropas de marca,
además del procesamiento de sus dueños, de los importadores y de los creativos
de las empresas publicitarias, entre otros.
Zubía es un ser extraño. A contrapelo de todos
los fiscales, dio todo su apoyo al Fiscal de Corte Jorge Díaz por haber
removido al fiscal Perciaballe sin razón alguna.
O quizá no sea tan extraño su comportamiento y
tenga como Díaz una impresionante necesidad de poder, cosa peligrosa para una
comunidad sacudida por la violencia.
La libertad es libre, “Causa Abierta” no pide un
bozal para Zubía con el fin de que no hable más. Por el contrario, la idea es
que siga gruñendo sin hacer tanto daño.
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Yo estuve en la suprema corte de justicia ese día, como
también estuve junto a miles de uruguayos enfrentando y resistiendo el golpe de
estado en nuestro país. Yo como miles de uruguayos recibimos como castigo la
tortura, la cárcel y otros el exilio. Y lo más triste y deleznable fue el resultado de personas
asesinadas y desaparecidas durante el régimen cívico-militar que ensombreció
nuestra historia. Un pueblo sojuzgado durante casi doce años; a las botas militares y civiles
cómplices, que nos condenaron a la
miseria y persecuciones constantes: Merece respeto
Muchas décadas llevamos buscando a nuestros desaparecidos,
que fueron escondidos, enterrados en predios militares. La constante memoria, y ejercicio de aunar voluntades
por verdad y justicia que una sociedad
necesita, solo se logra a través de la
justicia. Y la jueza Mariana Mota está siendo sometida a una
persecución, incalificable por la
suprema corte de justicia por la razón de tener la mayoría de causas entradas a
su juzgado relacionada con delitos de
lesa humanidad cometidas por los agentes
del estado uruguayo.
La verdad sigue siendo mutilada, obstaculizada y el deber
ético y moral de todo aquel que se precie de ser un buen uruguayo, debería reforzar las filas frente a esta embestida que solo busca la criminalización de la
libertad de expresión. Martha Passeggi.
ADHESIONES DEL EXTERIOR SOBRE TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA
SCBC ( México 15-02-2013 Prensa Frente Amplio / Cdp) COMITÉ
DE BASE DEL FRENTE AMPLIO EN MÉXICO "GRAL. VÍCTOR LICANDRO".
Presidenta del Frente Amplio de Uruguay
Compañera Mónica Xavier
comunicamos que nos solidarizamos con la Jueza Mota y apoyamos todas las manifestaciones
de las organizaciones en defensa de los derechos humanos en Uruguay y del
PIT-CNT, así como esperamos que el Frente Amplio emita una declaración en la
que deje en claro su desacuerdo, más allá del derecho que le asiste a la SCJ (Art. 99 de la Ley 15.750) de tomar dicha
decisión, sin ofrecer ningún tipo de explicación.
Además nos declaramos en estado de alerta respecto
de la próxima decisión que respecto de la Ley 18.831, deberá expedirse la Suprema Corte; en el
entendido de que no admitiremos ningún tipo de retroceso antidemocrático, que
abra algún camino para la impunidad en beneficio de personeros de la dictadura.
El Secretariado del Comité de Base del Frente
Amplio de Uruguay en México,“General Víctor
Hacemos de su conocimiento, la profunda indignación
de nuestro Comité por la decisión de la Suprema Corte de
Justicia del Uruguay, de trasladar -sin fundamento alguno- a la Jueza Mariana Mota
del Juzgado Penal al Civil. El verdadero fundamento no explicitado, es el de
impedir que continúe con las investigaciones complejas y transparentes a las
que nos tiene acostumbrados dicha Jueza, respecto de los crímenes del período
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.
142 internos 3242 y 3243
Nacional de Derechos Humanos sobre administración de justicia
1. La Institución Nacional
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) realiza esta declaración
en cumplimiento de sus cometidos y facultades establecidos por la Ley No. 18.446, de
24/12/2008.
2. La mencionada norma
fijó la competencia de la INDDHH,
que se extiende a todos los Poderes y organismos públicos (Art. 5) y su
cometido esencial es la defensa, promoción y protección en toda su extensión de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y el Derecho internacional (Art.1).
Asimismo, la INDDHH
es competente para “promover la adopción de las medidas que se consideren
adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e
institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados
con los derechos humanos en los que el Estado sea parte” (Art. 4).
3. La INDDHH comparte que el
sistema judicial es esencial para la protección de los derechos y libertades
fundamentales, así como para asegurar el derecho de toda persona de ser oída y
juzgada por un tribunal imparcial e independiente, que pueda realizar los
deberes de su cargo con las adecuadas garantías institucionales y funcionales.
El sistema judicial es garantía fundamental del estado de derecho, un
contrapeso clave en el sistema democrático y un contralor eficaz para que los
actos de los demás poderes del Estado respeten los derechos humanos y las
libertades fundamentales1.
4. Para la INDDHH los esfuerzos
realizados por la sociedad uruguaya para fortalecer el estado de derecho y
consolidar la democracia han sido ingentes y constantes en estos últimos
treinta años. Entre esos esfuerzos, es reconocida la larga lucha de víctimas,
familiares y organizaciones sociales, sindicales y religiosas por la verdad y
la justicia en relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos que
tuvieron lugar en el país durante el terrorismo de estado. En los últimos años
hubo algunos avances innegables en la materia. Sin embargo, para la INDDHH, ese proceso da
muestras de haber comenzado lenta, pero constantemente, a detenerse. En otras
palabras, el freno le ha ganado al impulso.
5. Recientemente,
víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos han propuesto la
creación de unidades especiales para
Internacional de Juristas, Principios internacionales sobre Independencia y
Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales. Guía Profesionales N. 1,
Ginebra 2007.
investigación de las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante el
terrorismo de estado, así como también la creación de juzgados y fiscalías
especializadas en esa materia. Al respecto no ha habido avance alguno.
6. Nuestro país ha
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia del
24/02/2011, caso Gelman c/ Uruguay). Es la primera sentencia contra el Estado
uruguayo desde que se instaló el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, y le impone a nuestro país la obligación de investigar con
celeridad las denuncias por violaciones a los derechos humanos; no obstaculizar
dichas investigaciones y llevarlas adelante por profesionales debidamente
Corte Interamericana está implementando un seguimiento
permanente a la forma en que Uruguay cumple o no los diferentes aspectos de esa
7. En los últimos
días, la Suprema Corte
de Justicia (en el marco de sus actuales facultades) dispuso el traslado a un
Juzgado Civil de la
Jueza Mariana Mota, una de las magistradas de la órbita penal
que estaba a cargo de la mayor parte de las causas donde se investigan
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado.
La información sobre las causas del traslado de la Dra. Mota nunca fueron
comunicadas con claridad por parte de la Suprema Corte de
Justicia, de forma tal que toda la ciudadanía tuviera pleno conocimiento de
cuales fueron las motivaciones de la decisión sobre el traslado. El artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene como fin velar
por la adecuada administración de la justicia y garantizar la independencia de
jueces y magistrados. Y en tal sentido, el requisito de independencia
comprende, “[…] el procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de
los jueces, y las garantías en relación con su seguridad en el cargo […] las
condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en
sus funciones y la independencia efectiva del Poder Judicial respecto a la
injerencia política por los Poderes Ejecutivo y Legislativo”2.
8. El traslado de la Dra. Mota genera el
riesgo de que las causas a su cargo por violaciones a los derechos humanos
durante el terrorismo de estado pudieran no avanzar con la necesaria celeridad
de una pronta y eficiente administración de justicia. Naciones Unidas recuerda
que “Un importante componente de la imparcialidad es la garantía de un juicio
en un tiempo razonable. Las demoras en los procesos penales no pueden justificarse
por la complejidad del caso o con el comportamiento de las partes. Cuando las
demoras son basadas en la falta de recursos o falta de
2 CCPR/C/GC/32,
Comité de Derechos Humanos, Observación General N. 32. “Artículo 14. El derecho
a un juicio imparcial y la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”,
párrafo 26.
financiación, deben
proveerse recursos complementarios para la administración de justicia”3.
9. La Dra. Mota es una Jueza
que se ha especializado en la materia penal, y más concretamente en
investigaciones por violaciones a los derechos humanos. No parece que se
aprovechen bien los recursos técnico-profesionales del país si, luego de tantos
años de especialización, se la destina a otro juzgado, de una materia
absolutamente diferente. Lamentablemente algo similar sucedió hace poco tiempo,
cuando el Fiscal Letrado del Crimen Organizado, Dr. Ricardo Perciballe,
especializado en una materia tan delicada, fue trasladado a una Fiscalía Civil.
10. Más allá de las
derivaciones que estos hechos han tenido nivel internacional, la INDDHH entiende que es
necesario comenzar a construir en el país una agenda que logre los mayores
acuerdos y consensos para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho y sus
instituciones. Muchas medidas (que requerirán oportunamente su traducción a
reformas de normas de diferente jerarquía), pueden ayudar a modernizar nuestro
sistema institucional; a optimizarlo; a generar más compromiso, más ciudadanía
y más confianza. Un poder judicial en plena conformidad con las normas
contenidas en los instrumentos internacionales, es esencial para la plena
realización de los derechos humanos y resulta indispensable para el
fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible.4
11. La INDDHH considera que es
necesario que es necesario comenzar a trabajar a la mayor brevedad sobre una
agenda que incluya, entre otras medidas, (a) la creación del Consejo Superior
de la Magistratura5; (b) la creación del
Tribunal Superior Constitucional6; (c) la reforma del
Unidas. Resoluciones 50/181 de 22 de diciembre de 1995, 48/137 de 20 de
diciembre de 1993 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas “Los derechos humanos
en la administración de justicia”.
50/181 de 22 de diciembre de 1995, 48/137 de 20 de diciembre de 1993 “Los
derechos humanos en la administración de justicia:
libere a la Suprema
Corte de Justicia de sus complejas funciones administrativas
para poder dedicarse exclusivamente al ejercicio de la función jurisdiccional.
Muchos países (incluso de la región) han incorporado ese consejo (integrado por
representantes de los jueces; los abogados; las Facultades de Derecho y los
funcionarios judiciales, entre otros). El Consejo Superior de la Magistratura tendría
la función de asegurar la carrera judicial (convocatoria, selección,
capacitación, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario de los magistrados).
También de su especialización, para que cada materia cuente con magistrados
calificados para el mejor conocimiento de los asuntos sobre los que debe
Tribunal, al igual que en otros países, conocería en todos
aquellos asuntos vinculados con la declaración de inconstitucionalidad de las
leyes, liberando también a la
Suprema Corte de Justicia de esta compleja tarea, teniendo en
cuenta el sinnúmero de materias que debe atender.
Fiscal7;
(d) la definitiva sanción del nuevo Código del Proceso Penal8.
12. Estas medidas
propuestas van en la dirección señalada por los organismos internacionales
especializados en materia de derechos humanos. Se reconoce por parte del Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas que una de las maneras de garantizar la
independencia del poder judicial es mediante el establecimiento de un sistema
claro y transparente en relación a los nombramientos y ascensos de los
magistrados. El Comité de Derechos Humanos enfatizó que la movilidad de los
jueces no puede quedar librada a la discrecionalidad de las autoridades, pues
podría exponer a los jueces y comprometer su independencia e imparcialidad. De
igual manera la
Relatoría Especial sobre la Independencia de los
Magistrados y Abogados, ha enfatizado que los ascensos y traslados deben ser
adoptados por un órgano independiente; estar basados en disposiciones claras y
transparentes; recabarse el consentimiento del juez; y debe ser siempre pasible
de revisión. Asimismo ha recomendado el establecimiento de cuerpos
independientes que, basados en criterios objetivos, decidan los ascensos
establecidos en la carrera de la judicatura.
13. En concreto: las
normas internacionales en materia de independencia del Poder Judicial
establecen una serie de estándares para los nombramientos y la permanencia en
el cargo, y las mismas enfatizan en que “una de las prácticas que afectan la
independencia o imparcialidad del Poder Judicial es el sistema de ascensos o
movilidad. Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura establecen
que los criterios deben ser objetivos9. En la misma
dirección se pronuncia el Estatuto del Juez Iberoamericano, cuando establece
que la estabilidad en el cargo es una garantía esencial de la independencia
judicial y las decisiones de ascenso deben estar basadas en los mismos
criterios objetivos que para la designación, y deben ser el resultado de un
procedimiento transparente y equitativo10. Esa es la
orientación de los principios y guías sobre independencia de la administración
Asegurando también, como mínimo, el correcto funcionamiento de la carrera
profesional de los Magistrados Fiscales (convocatoria, selección, capacitación,
especialización por materia, régimen de ascensos y traslados y régimen
Esta medida viene dilatándose desde hace años sin motivos que lo justifiquen.
Dentro de esta reforma, es esencial la participación de las víctimas de los
delitos (de acuerdo a la fórmula que pueda determinarse atendiendo al derecho
comparado) de forma tal de que reciban un tratamiento digno; información; y
capacidad de participar en un proceso donde son sus intereses personales los
que primeramente están en juego.
A/HRC/11/41. Informe del Relatora Especial sobre la Independencia de los
magistrados y abogados, Leandro Despoy. Ver similares informes temáticos de la Relatoría en:
www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Issues.aspx.
10 Estatuto
del Juez Iberoamericano, Articulo17.
Montevideo, 18 de
Los y las abajo
firmantes somos ciudadanos y ciudadanas de la República Oriental
del Uruguay que expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de los
últimos días. En especial por las versiones de prensa sobre un posible
Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad
de la ley 18.831. Esto sería una nueva y trágica burla a los acuerdos
internacionales y a los justos reclamos que durante años hemos sostenido miles
Dicha ley fue la que restituyó a nuestra sociedad el derecho al accionar de la
justicia y la real independencia del Poder Judicial, luego de 25 años de
sometimiento de su accionar en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante el terrorismo de estado al Poder Ejecutivo de turno.
El intempestivo traslado de la
Jueza Mariana Mota, reconocida profesional de larga
trayectoria, que venía desarrollando la investigación judicial de unas 50
causas de delitos del terrorismo de Estado, ha provocado malestar y
desconfianza en la ciudadanía. Ese traslado no fue solicitado por la magistrada
y es público que no estaba de acuerdo con el mismo.
La decisión de la SCJ
redunda en un nuevo e injustificable rezago de procesos judiciales que han sido
paralizados por décadas.
El respeto y la garantía de no sanción, remoción injustificada o arbitraria de
jueces es la garantía de una actuación independiente de la justicia. Es allí
donde reside la real independencia del Poder Judicial y no en las eventuales
cinco personas, que por acuerdos políticos, se constituyen en ministros de la SCJ.
Consideramos que la sombra de la declaración de
inconstitucionalidad de la ley 18.831, representa un episodio significativo y
representativo de las tantas amenazas y trabas sostenidas desde la restauración
democrática. Se siguen acumulando los obstáculos burocráticos, las carencias de
procesos claros y de oficinas especializadas para el acompañamiento las
víctimas denunciantes de crímenes terribles, se perpetúa la vulnerabilidad del
Estado democrático en la escasa trasparencia de los procesos judiciales.
¿Podremos como sociedad romper el largo destino de impunidad, silencio y
complicidad que nos legó la dictadura?
¿Seremos capaces de construir y fortalecer los mecanismos que desarrollen un
Poder Judicial eficaz y transparente?
¿Será necesaria la remoción de los actuales ministros de la SCJ el único camino para que
estos avances sean posibles?
Por una real independencia de jueces y fiscales. Por una democracia construida
Colectivo de denunciantes octubre de 2011
http://www.peticiones24.com/ciudadanos_y_ciudadanas_en_defensa_de_la_justicia
En una nota titulada “Febrero Amargo”, Zabalza:
“No los voto más”
“No contribuyo más a la
demagogia con la que se junta votos a lo bobo”, dijo el ex tupamaro, quien
criticó a Mujica, por su vínculo “con el imperio”, y a la Suprema Corte
El extupamaro Jorge Zabalza criticó
al presidente José Mujica por el relacionamiento del gobierno con EEUU y
también cuestionó el traslado de la jueza Mariana Mota por parte de la Suprema Corte de
En una nota titulada “Febrero
Amargo”, que circula por las redes sociales, Zabalza expresa: “No los voto más.
No contribuyo más a la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”.
El extupamaro repasa dos acontecimientos
ocurridos en este mes. “Jueves 14 de febrero de 2013. Instituto Militar de
Armas y Especialidades (Camino Maldonado, km. 14). Se estrenó el galpón donado
por el Comando Sur al Ministerio de Defensa del Uruguay. Su elevado costo,
430.000 dólares, abre la sospecha que la construcción es multiuso, que hoy
sirve para conservar colchones y frazadas y mañana podría albergar uniformados
con boinas azules. De hecho la intencionalidad ulterior de la “acción cívica”
de las fuerzas armadas de los EEUU ha sido harto denunciada por los compañeros
don Víctor Licandro y don Pedro Aguerre (padre). La oyeron hasta los más
sordos”, escribió en el incio de su texto.
Luego hizo referencia a Diego Cánepa,
“el verborrágico prosecretario de presidencia”, según lo define, quien al ser
entrevistado por La Diaria
dijo: “Nuestra opinión de la historia de los Estados Unidos en América Latina
es muy clara, no se modifica. Pero eso no tiene nada que ver con las
responsabilidades institucionales del gobierno y la nueva etapa que se vive.
Tenemos una relación adulta de mutua confianza. Y es importante tener un buen
vínculo. Uno no puede tapar el sol con una mano y creer que Estados Unidos no
cumple un rol relevante. Hoy sigue siendo el jugador más importante del
“¿EEUU ya levantó el bloqueo contra
el pueblo cubano?, ¿ya dejó de torturar inocentes en Guantánamo?, ¿de qué nueva
etapa me habla?, ¿está loco o se hace? La relación de mutua confianza con el
imperialismo es más bien adúltera que adulta señor Cánepa... al establecerla se
está engañando el compromiso histórico con las luchas antiimperialistas que ha
dado el pueblo frenteamplista”, expresó Zabalza.
Luego agrega: “En cambio, Julissa
Reynoso, dominicana que mucho mérito debe haber hecho para llegar a embajadora
de los EEUU, no oculta con palabrerío el contenido real de los hechos y se la
oyó decir (según La Diaria)
somos “socios y cómplices”. Entiéndase bien: EEUU y Uruguay socios y cómplices.
¿Socios en Haití y el Congo?, ¿socios en las camionetas que patrullan en
Montevideo con uniformes estadounidenses?, ¿en la instrucción dada por los
SEALS? ¿Y en qué somos cómplices, podría decirnos, por favor, señora
embajadora?”.
“El gobierno de Mujica y Huidobro”
“Está claro que el gobierno de Mujica
y Huidobro confía en la generosidad de quienes practican el asesinato con
drones en todo el mundo y avanzan a paso redoblado hacia la concreción de los
“acuerdos estratégicos” con el Pentágono. Está también claro que disfrazan su
postura intentando desvirtuar resistencias en el movimiento social y el Frente
Amplio”, señaló Zabalza.
“Cuando pasea sus reales por el
mundo, en especial por Venezuela porque a Cuba no va, Mujica pretende conservar
la imagen antimperialista sugerida por su pasado guerrillero y hace discursos
que despiertan aplausos entre quienes no conocen el permanente antagonismo
entre sus dichos y sus hechos”, agrega la columna del extupamaro.
“Esto compromete al Uruguay cada vez
más estrechamente con la estrategia de los EEUU para América Latina y van
dejando en evidencia la futilidad de los discursos de Mujica. Por supuesto que
siempre habrá ingenuos en el mundo pero también existen quienes leen la
realidad con ojos críticos y, poco a poco, van separando la paja del trigo”.
“Mini golpe a la justicia”
El otro hecho que repasa Zabalza en
su columna trata sobre el cambio de la jueza Mariana Mota desde la justicia
penal a la civil
“Viernes 15 de febrero del 2013.
Edificio de la Suprema
Corte de Justicia del Uruguay, ubicada en el llamado “Pasaje
de los Derechos Humanos”, paradoja que despierta tanta indignación como sus
decisiones. Rodeada por la protesta pacífica de poco más de mil personas y por
el repudio del movimiento social, de la militancia frenteamplista y de
conocidos intelectuales, los ministros de la Corte dieron un “mini golpe a la justicia” al
decir de Daniel Viglietti”, escribió.
“La remoción de la jueza Mariana Mota
coloca a la Corte
en la trinchera del terrorismo de Estado y, por consiguiente, la asocia con los
criminales que torturaron, violaron, secuestraron niños, asesinaron y
desaparecieron a más de doscientas personas. Los encabezados por Ruibal Pino
asumen la vanguardia intelectual de los futuros golpistas, tal cual hizo Hamlet
Reyes, abogado, profesor, presidente de la Corte en los años ’70, quién no sólo apoyó a los
que derrumbaron las instituciones democráticas sino que presidió su remedo de
parlamento, el llamado Consejo de Estado”, agregó Zabalza.
Almagro, “honrosa excepción”
El extupamaro expresó que “hacer
carrera como magistrado no es obstáculo para ser portador de ideas fascistas y
manifestarlas en concreto en cada sentencia o intervención pública”. “En este
caso, la “purga express” a la jueza Mota cuenta con el consentimiento del
gobierno de Mujica, con la honrosa excepción del canciller Luis Almagro, quien
luego deberá concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
rendir cuenta sobre el in-cumplimiento de la “sentencia Gelman””, escribió
Zabalza.
En el final de la nota, señaló que
“en dos días, dos hechos contundentes, que no admiten matices del tipo “como te
digo una cosa te digo la otra””. “Exigen definiciones claras: se aceptan las
relaciones espúreas con el imperialismo o se defiende la independencia del
Uruguay; se acepta la arbitraria decisión de la Corte que favorece la
impunidad de los criminales o se lucha de alguna manera por descubrir la Verdad y hacer la Justicia”, sostuvo.
Tabaré y EEUU
“Está claro que la candidatura de
Tabaré Vázquez representa la profundización de la asociación con los EEUU y con
los mandos de las impunes fuerzas armadas. Más de lo peor que se viene
haciendo. Nadie podrá decir “yo no lo sabía”, “me defraudaron”... no, ahora
está claro cuál es el proyecto político”, advirtió Zabalza.
“La contradicción entre ser o no ser
un país bananero interroga todas y todos, a las organizaciones sociales, a los
partidos con intenciones de ser la izquierda del Frente Amplio y a toda la
militancia política en general. De ellos depende que seamos o no dignos
herederos de quienes dieron la vida por la justicia social, por la liberación
nacional y lucharon a muerte contra la criminal represión del pachecato y de la
dictadura cívico-militar. En lo personal no los voto más, no contribuyo más a
la demagogia con la que se junta votos a lo bobo”, concluyó.
nos condenan a la impunidad estos señores.
Según informó hoy el diario El Observador, citando
fuentes de la corporación, la mayoría de los ministros de la SCJ creen que los artículos 1
y 2 son inconstitucionales, porque la ley penal no puede aplicarse
retroactivamante.
SCJ determinó que los crímenes cometidos contra detenidos
durante dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad. Con este cambio
en la jurisprudencia los delitos deberían haber prescripto en noviembre de ese
Sin embargo, desde el Parlamento se impulsó la ley
interpretativa de la caducidad, por la cual las Justicia continúa investigando
crímenes cometidos en la dictadura. Además, el Poder Ejecutivo, mediante un
decreto revocó los anteriores creados en otros gobiernos, que incluían decenas
de casos dentro de la ley de caducidad y por lo tanto no se podía realizar una
En medio de este debate jurídico, se suma la sentencia de
Interamericana de Derechos Humanos. En ella se establece que
se debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y debe ser dejada sin
efecto. En los hechos esto significa que se debe dejar sin efecto la ley de
Uno de los ministros, señaló que más allá de la posición
mayoritaria no se puede decir que sea un caso cerrado.
Festival de murgas en el Velódromo Publicado por
La Suprema Corte de Justicia denunció penalmente la ocupación de su sede, SCJ denunció penalmente la ocupación
Suprema Corte de Justicia denunció penalmente la
ocupación de su sede, por entender que con ella se intentó impedir un acto
judicial. El caso está ahora en manos de la jueza Gabriela Merialdo.
La Suprema Corte de Justicia resolvió este
jueves denunciar penalmente la ocupación de su sede, por entender que se trató,
con ella, de impedir un acto judicial, explicó el vocero del Poder Judicial,
Raúl Oxandabarat a Subrayado.
"Fue la ocupación de un edificio público y
por ello se solicitó a la policía el desalojo", dijo el funcionario. El
caso recayó en jurisdicción de la magistrada Gabriela Merialdo, que recibirá
imágenes y fotografías de los incidentes, con el fin de que tome las medidas
Montevideo Portal Publicado por
Pronunciamiento de CEJIL y WOLA sobre el traslado de Mariana Mota. Se ruega su mayor difusión.
de CEJIL y WOLA sobre el traslado de Mariana Mota. Se ruega su mayor difusión.
http://www.wola.org/es/news/uruguay_debe_superar_impunidad
Difundirlo es sembrar Memoria. Así durante 5 años encabecé mis notas, difundiendo todo lo relacionado a la lucha popular sobre este tema. El año pasado, en varias de ellas venía-veníamos en conjunto
llamando la atención sobre la culminación de una etapa. Etapa llena de obstáculos y traiciones. De logros y victorias también. El álbum fotógrafico lo encabecé -Día histórico en la
suprema corte de justicia-
Estar detrás de la cámara siendo fotógrafa y protagonista
implica controlar, filtrar, mirar
arremeter, y mantener los sentimientos a flor de piel en
forma permanente. Parte del trabajo en algunos momentos lo pierdo, a es
profeso- para poder desagotar la bronca, y por que no, la alegría de la lucha. Hoy fue histórico!
Decenas de personas concurrieron, permanecieron y gritaron con
toda la fuerza; su apoyo a la jueza
Mariana Mota y su inquietante desenlace. Porque… a no engañarse es el fin de una etapa. Etapa larga, fatigosa, dolorosa y por momentos de pequeñas
alegrías. Logros que solo lo obtienen, las fuerzas populares, organizadas, ante
la injusticia, ante la represión, ante la falta de libertades. Durante el proceso cívico-miliar, que duró casi doce años,
hubo dignidad en la lucha, hubo entrega, hubo coraje.
Hubo resistencia constante y callada cuando fue necesario, y
en otros momentos Rompió el muro del miedo y marchó por las calles. Esa resistencia sembró la memoria que hoy cultivamos, para
que no se muera para que genere nuevas
rebeldías. La Memoria
guarda los nombres de los genocidas, uno a uno. La Memoria
guarda los nombres de civiles cómplices de ayer y de hoy. La crónica de los hechos del día de hoy, lo verán en la televisión, en los medios escritos.
Ahora en estas líneas solo leerán un punto de vista. Templar los corazones, porque una nueva etapa se abrió,
dónde nos exige estar,
alertas, unidos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

artículo 11
 resolución 
 artículo 14