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Matias Benedetto (PÁG. 5)
Carlos Viñas-Valle (PÁG. 21)
Adolfo Lujan (PÁG. 31)
Agência de Notícias do Acre (PÁG. 45)
Instituto Centro de Vida (ICV) (PÁG. 45)
El Rojo Mosca (Aranguren) (PÁG. 75)
El papel director de la Troika: BCE, FMI y Comisión Europea
Desarrollo económico en centro y periferia
Fiscalidad y déficit: la camisa de fuerza de la arquitectura neoliberal
El problema de la deuda. Deuda ilegítima
2. Una democracia real
3. Por una Europa Laica
4. Por una Europa libre del fascismo. Memoria democrática
5. Migraciones: por una Europa social y con derechos
Una educación pública de calidad para la igualdad
I+D+i. Converger hacia una Europa de iguales
Contra la pobreza y la desigualdad social agravadas por la crisis económica
Vivienda y ciudad sostenible
2. Transportes e infraestructuras
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1. Otra política agraria comunitaria
2. Atender a los sectores en crisis
Demandas feministas en Europa
Derechos políticos y democracia paritaria
Erradicación de la violencia de género y la exclusión social
1. Igualdad LGTBI
Derechos del sector cultural
Cultura como servicio público universal
Unión basada en la diversidad cultural
1. Por una sociedad de la información justa y solidaria
Solidaridad y cooperación: bases para un internacionalismo de izquierda
Paz y desarme: es la hora de la política y no de la violencia
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Estamos ante una crisis de la propia configuración de la UE y de un modelo insostenible e incoherente de crecimiento
económico. La crisis es el resultado de políticas aplicadas desde hace años y consensuadas por todos los gobiernos europeos al servicio de las élites dominantes. Es una crisis profunda del sistema capitalista, con una fuerte incidencia en
la UE y en España, cuyas soluciones desde el neoliberalismo agravan y legitiman la desigualdad social. Si no resolvemos
sus causas durará como mínimo una década, será mucho más grave y acabará en un nuevo orden social muy perjudicial
para la amplia mayoría de la población.
La hegemonía del neoliberalismo, como programa que condensa los intereses de las clases dominantes, ha entrado en
crisis junto con el sistema económico capitalista. A pesar de que los postulados ideológicos del proyecto neoliberal han
sido desprestigiados, el proyecto en su conjunto ha logrado instrumentalizar la crisis y se fortalece en las instituciones
económicas y políticas de toda la Unión Europea, mediante la imposición de gobiernos tecnócratas y serviles.
No podemos ver al neoliberalismo como un fenómeno ideológico al que se le pueda disputar la hegemonía sólo en el ámbito de las ideas. Al contrario, estamos asistiendo a una nueva reestructuración de las clases sociales en el seno de las
economías nacionales, en comparación con la etapa fordista, y también en el espacio de la economía política mundial.
La UE realmente existente no es una articulación solidaria de las economías nacionales, ni menos aún la construcción de una Europa social, sino un tablero de juego diseñado por los grandes capitales europeos para fortalecer
su posición en todo el mundo. Han sido los grandes capitales financieros los que han dominado el reciente proceso de construcción europea, diseñando una arquitectura institucional que combina la globalización financiera
y productiva con el acantonamiento de la política fiscal y laboral. El resultado de este proceso ha sido doble: en
primer lugar se ha reestructurado el peso del capital financiero sobre el capital productivo y de ambos sobre el
trabajo. En segundo lugar se ha establecido un marco de competencia fiscal y laboral entre países, a nivel europeo e internacional, que presiona a la baja los salarios y la participación salarial en la renta. Ello ha debilitado
el poder de negociación de las organizaciones sindicales y producido grandes transformaciones productivas en
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 5
las economías nacionales, con la pérdida de peso de los salarios en la economía, en beneficio de las ganancias
empresariales. Este hecho tiene consecuencias políticas y económicas en la medida que es el reflejo de la lucha
de clases y el factor que explica la pérdida de peso de la demanda interna o el incremento del endeudamiento
en las economías europeas.
En España estas transformaciones productivas toman forma en la desindustrialización (la “reconversión” del primer gobierno del PSOE y el desmantelamiento industrial) y en la expansión de relaciones laborales precarias.
Desde su inserción en la UE, España ha acentuado su rol de economía periférica y dependiente respecto a un
centro económico y político situado en países como Alemania y Francia. Esta dependencia provoca una mayor
debilidad estructural de la economía y la hace vulnerable a la competencia exterior, que ya no es la de los años de
posguerra - unos pocos países disfrutaban de un capitalismo industrial- sino que se caracteriza por la existencia
de muchos y nuevos actores con gran capacidad competitiva. En ese contexto el lugar de la economía española
en la división internacional del trabajo queda a merced de la propia dinámica del libre mercado. Y dado el natural
retraso de una economía capitalista como la española, el resultado es una desafección ciudadana ante las instituciones políticas, al ver cómo se permiten la deslocalización industrial y de libertad de capitales con la única
finalidad de conseguir más rentabilidad.
No puede abordarse el papel de la economía española en la UE sin tener presente estas consideraciones sobre el capitalismo mundial, muy desarrollado y con rasgos globales de sobreproducción. La crisis del capitalismo español no es sino
la manifestación de la falta de espacios de rentabilidad económica para el capital, y el propósito del proyecto neoliberal
es recomponer esos espacios mediante un proceso de empobrecimiento y mayor explotación laboral. Cabe destacar
que las políticas de austeridad impuestas en Europa se diferencian radicalmente de las aplicadas en EEEUU o en Japón,
con un alto componente expansivo.
Esta crisis es el resultado del proyecto de integración regional defendido por los partidos mayoritarios europeos. Un
proyecto neoliberal que desde Maastricht hasta el Tratado de Estabilidad Presupuestaria, concretó un golpe de Estado
encomendando a la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo, imponiendo políticas
derivadas del Consenso de Bruselas, adaptación del Consenso de Washington en Europa.
La recomposición de la tasa de ganancia del capital mediante planes de ajuste (reformas estructurales que dinamitan
las anteriores instituciones políticas y económicas heredadas del Pacto Social de Posguerra) por otras que faciliten la
movilidad y ganancia del capital. Estas reformas estructurales tienen un doble ámbito de actuación; el espacio económico, en el que se busca incidir sobre el mercado de trabajo y los servicios públicos, y por otro, el espacio político, en
el que se procede a un proceso deconstituyente que consagra el carácter antidemocrático y facilita las reformas económicas, blindadas en lo político con reformas que dificultan las alternativas de poder de opciones de transformación
profunda en la sociedad.
La soberanía nacional se desplaza desde las Constituciones Nacionales hacia institucionales como la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional –la Troika-. Ese nuevo escenario facilita la aprobación,
con la complacencia de los gobiernos nacionales, de reformas estructurales de ámbito económico. Las reformas del
mercado de trabajo no han tenido otro objetivo que reducir el poder de negociación de los sindicatos, para lograr una
mayor moderación salarial que eleve la ganancia empresarial. Las reformas en la gestión de los servicios públicos está
siendo un proceso de acumulación por desposesión, en el que aumenta el mercado del capital privado en espacios ajenos al negocio privado. Aún estamos en una fase incipiente de estos desarrollos propulsados por el proyecto neoliberal.
Con el Tratado de Maastricht España aceptó unas duras condiciones que acentuaron la desindustrialización. La industria española, cada vez más incapaz de competir, hizo pivotar su crecimiento sobre sectores como el de la construcción.
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IU fue la única fuerza política española del Parlamento Europeo que tomó posición contra este Tratado y ha denunciado
las consecuencias de esas políticas neoliberales.
Las características de la economía española quedaron condicionadas por su modelo de inserción en la UE: Son las
condiciones económicas y de competencia que España aceptó (en conexión con los intereses de la oligarquía), las que
determinaron el modelo productivo y su progresiva desindustrialización. La duda era cuál sería el sector que pudiera
proporcionar rentabilidad suficiente para poder mantener tasas de crecimiento que crearan empleo. Se acentuaron
los mercados del turismo y la construcción, y la especialización de las entidades financieras en dichos sectores. La
construcción se convirtió en un sector atractivo para el capital español y al extranjero. Los fondos europeos para infraestructuras y la creación de una burbuja inmobiliaria que parecía no explotar nunca, hicieron de la construcción un sitio
deseable en el que invertir y obtener beneficios. Todo ello destapa las “miserias” del desarrollo capitalista español y un
Desgraciadamente la crisis económica ha servido para ahondar en el proyecto neoliberal. La crisis ha sido interpretada
desde las instituciones europeas como un problema de deuda pública y de “excesivos privilegios de los trabajadores”,
lo que ha justificado la vuelta de tuerca neoliberal. Por ello los programas neoliberales de la UE, especialmente el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento (PEC), se han fortalecido con nuevas regulaciones. Aquel pacto se basada en el mantenimiento de niveles inferiores al 3% en el déficit público y al 60% en la deuda pública en términos del PIB. Y en esta línea
en 2010 se aprobó el Nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, el cual implicaba la necesidad de que
las legislaciones nacionales incluyeran el compromiso explícito con la estabilidad presupuestaria.
En el 2011, la reforma constitucional del Artículo 135, pactada por PP y PSOE, y que establecía el concepto de “estabilidad presupuestaria” y la prioridad del pago de la deuda y sus intereses, fue la expresión política del consenso entre
PSOE y PP para hacer pivotar el proyecto europeo sobre este dogma neoliberal que asfixia y recorta al modelo social.
En 2011 el Parlamento Europeo aprobó el Six-Pack, un paquete legislativo centrado en la consolidación fiscal y en medidas que aseguren la competitividad de las economías europeas. Todos los fondos acumulados se ponen a disposición
de los países que soliciten la ayuda financiera pero siempre a cambio de un duro plan de ajuste que teóricamente garantizará la estabilidad de las finanzas públicas. Estos planes de ajuste se caracterizan por exigir la consolidación fiscal
(reducción de la deuda pública, reducción del gasto público e incremento de los impuestos indirectos),el control de la
inflación, reformas en el mercado de trabajo (reducción salarios públicos, reducción poder sindicatos, reducción prestaciones por desempleo) y reformas sociales (fragmentación educación, elevación edad jubilación, etc.). Son idénticos
a los fracasados planes de ajuste aplicados en América Latina en los 80 y 90.
Estas políticas de ajuste empujan a las economías periféricas a un cambio del modelo de crecimiento que requiere un cambio
del modelo de sociedad. La destrucción de las conquistas sociales es indispensable para que el proyecto neoliberal para conveierta nuestras economías en estructuras competitivas en el capitalismo globalizado. Esta senda política amenaza a Europa
del Sur con una gran depresión que ya se nota en forma de alto desempleo, incremento de la miseria y la desigualdad.
Las economías han podido escapar de la crisis a través de un modelo con dos caras, especialmente visibles en la UE
como manifestación de la división internacional del trabajo. Algunos países aprovecharon la menor participación salarial y otras circunstancias (como los diferenciales de inflación) para lograr beneficios por las exportaciones (modelo
export-led) mientras que otros países recurrieron al crédito para compensar la caída salarial y mantener una economía
dirigida por la demanda interna (modelo debt-led). El resultado es un modelo de crecimiento de la economía mundial
construido sobre importantes e insostenibles desequilibrios. Los países con un modelo de crecimiento export-led acumulan flujos de capital que prestan a los países que tienen un modelo de crecimiento debt-led, de modo que el sistema
en su conjunto se sostiene sobre esas relaciones. En la zona euro existe equilibrio comercial, lo que permite ver una
réplica a escala de lo que sucede en la economía mundial.
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Nuestra desindustrialización y pérdida de peso de la agricultura es inherente a nuestra inserción en ese modelo, que nos
atribuye turismo y construcción. Por eso, el cambio de modelo productivo no puede realizarse sin un cambio político.
Mientras este no se produzca, no cambiará el modelo productivo.
La contradicción centro/periferia tiene un contenido de clase en el que las oligarquías europeas se coaligan. Los trabajadores alemanes son nuestros aliados y no son parte de ese centro. Hay que recordar que la evolución de la UE está ligada al
capitalismo global, en el que tiene un papel fundamental EE.UU., tan determinante para nosotros como Alemania o la CE.
La interpretación neoliberal de la crisis obedece al intento de salvar al capitalismo periférico mediante su reestructuración interna, profundizando su dependencia y dando de un mayor rol del libre mercado. El diseño de la arquitectura
europea implicaba tal tendencia y si hasta ahora no había sido explícita era por la existencia de mecanismos como el
endeudamiento, que ocultaron la naturaleza de la distribución internacional del trabajo en la UE.
Lo que hay la UE son modelos de crecimiento simbióticos entre países del centro y países de la periferia . Mientras
los países del centro basan su crecimiento en la exportación de bienes y servicios, los países de la periferia lo basan en
la demanda interna y el endeudamiento privado. Estas son dinámicas que se han propulsado tras la llegada del euro,
lo que revela que la propia arquitectura de la UE profundiza los desequilibrios comerciales y estructurales entre las
economías dominantes, del centro, y las economías dependientes, de la periferia. La división internacional del trabajo
se acentúa bajo el proyecto neoliberal. Asistimos a una pugna en el seno de Europa entre ricos y pobres y en el seno de
cada uno de los Estados europeos.
3. FISCALIDAD Y DÉFICIT: LA CAMISA DE FUERZA
DE LA ARQUITECTURA NEOLIBERAL
El gobierno del PP, como lo fue el del PSOE, es un gobierno vasallo que se limita a obedecer el dictado de la Troika,
asumiendo su estrategia económica. El PSOE con sus políticas social liberales fue estrechando cada vez más su espacio
de intervención política en lo social y en lo económico hasta aceptar la modificación del art. 135 de la Constitución.
Esa estrategia es ideológica persigue recomponer un orden social a partir del empobrecimiento de la mayoría de la población y en beneficio de minorías vinculadas a la propiedad del capital financiero y el gran capital productivo. Asistimos
a una recomposición de las clases sociales en nuestro país que genera creciente desigualdad, con una parte de la clase
trabajadora por debajo del umbral de la pobreza y la desaparición de las capas medias.
Los neoliberales dicen que la austeridad y las reformas estructurales son necesarias para recuperar el crecimiento
económico y el empleo. Sus recetas se estructuran en 3 ejes: consolidación presupuestaria, confianza en los mercados
internacionales de deuda y reestructuración de los fundamentos económicos. Pero es imposible que los países periféricos puedan pagar su deuda (pública y privada), estas políticas no solo no resuelven la crisis sino que la agravan. El
discurso de la troika es falso, pero sirve de excusa a su objetivo: recuperar la tasa de ganancia mediante la devaluación
interna (reducción de salarios directos e indirectos).
La Ley Orgánica de “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, fue un desarrollo del art. 135 e institucionaliza el déficit cero. Habla de crecimiento económico y creación de empleo, no es útil para esos propósitos. El objetivo
es dar confianza a los inversores a través del control del gasto público y la deuda pública. Esta ley, como Maastricht y la
configuración económica de la UE, encorseta las finanzas públicas y las deja sin margen de maniobra. Por la dinámica
económica y el rol del Estado como prestamista de último recurso, el Estado es quien absorbe la mayoría de los costes
de la crisis. Por eso la deuda pública se dispara después de la crisis y no antes, porque es el instrumento para socializar
las pérdidas y absorber entre todos el impacto de la crisis. El Estado incrementa deuda pública por intentar salir de la
crisis (planes de estímulo) y por los rescates a entidades financieras y otras empresas privadas. Se transfieren rentas
desde lo público a lo privado y riesgos desde lo privado a lo público.
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Ambos fenómenos son una palanca de destrucción del Estado del Bienestar. Con un Estado absorbiendo los costes de la
crisis y un encorsetamiento de las finanzas públicas la única forma que les queda a los gobiernos es recortar y recortar.
Hasta el punto que la propia ley orgánica reconoce que “se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el
capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la constitución“.
En el 2000 la deuda pública española fue del 59,4% del PIB, a comienzos de 2014 es el 95% y en los Presupuestos 2014
se estima que llegará al 98,9%. En 2014 el Gobierno necesitará 243.800 millones para refinanciar la deuda y pagaremos 36.590 millones en intereses. Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y
económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación
de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Pero sí cabe reconocer que
en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente
injusto. Al menos en dos formas:
1. Mientras el BCE pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente
ilimitada, los Estados tienen que recurrir a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión
económica –con sus implicaciones en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación,
derivada de las fallas de la construcción europea, lleva a la creación de espacios de arbitraje que los bancos han
aprovechado. Las entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados.
2. Gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha sido para salvar el sistema financiero. El Estado se endeuda
no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real, sino para prestar el dinero en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no coinciden con los de los ciudadanos. Informes independientes dicen que el total de este endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones sólo entre 2008 y 2010.
Gran parte de las emisiones de deuda pública se han suscrito a través de estos mecanismos, produciéndose un ilegítimo
rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón IU considera que es posible calificar gran parte de los
contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional.
Los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran que es posible realizar estas medidas y que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico. En un contexto de recesión es previsible que la capacidad de ingreso
del Estado siga mermándose hasta el hacer insostenible el crecimiento de la deuda pública. Hay datos que apuntan a
esta dificultad creciente. Entre 2011 y 2010 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como
consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según
Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento revela el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de
la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse a
políticas de reactivación económica. Se confirma así la creciente limitación de la democracia, asumiendo la Troika y los
oligopolios el papel de decisores de los asuntos públicos.
La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento
público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse
con más austeridad, como ilustra el caso griego, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero
que supone la deuda pública. La deuda ilegítima no se paga. Y la deuda contraída para ayudar al sector financiero debe
cobrarse a este sector estableciendo planes concretos y medibles de cobro.
Hoy la suma de la deuda pública y privada supera en España los 4 billones de euros, más de cuatro veces el PIB. La situación de otros países europeos es similar. Las obligaciones que genera el pago de la deuda hacen disminuir la demanda interna y descender los precios. Esto explica que los intentos del BCE por aumentar la masa monetaria danto créditos
a bajo interés a la banca no estén dando resultado en la economía real. Son necesarias otras medidas de saneamiento
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financiero: la reestructuración del sistema, la democratización y nacionalización de las entidades solventes y la reestructuración tanto de la deuda pública como privada.
Todo ello debe acompañarse de una política expansiva por parte del BCE y por un nuevo diseño de la UE y permitir el
acceso de los estados a la financiación del BCE y hacer posible la mutualización de la deuda mediante emisión de euro
bonos garantizados por el BCE.
Consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de
títulos para poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. El objetivo de la auditoría, que da de ser
trasparente y controlada por la ciudadanía, es identificar la deuda odiosa y rechazar su pago, de acuerdo con el derecho
Finalmente, consideramos un aspecto imprescindible de cualquier política la derogación del artículo 135 bis de la
Constitución y de la Ley de estabilidad presupuestaria.
El mensaje es claro: hay que romper con la troika y con la arquitectura europea del proyecto neoliberal. Eso implica
reconocer la imposibilidad de articular un proyecto alternativo en el marco de la actual UE. Y existen mimbres: estas
agresiones sociales sin precedentes en Europa desde 1945 están generando miles de movilizaciones de los trabajadores, jóvenes sin trabajo, pensionistas, profesionales de servicios públicos, huelgas generales para reclamar el fin de los
Por primera vez en la historia de la democracia española, las personas llegan a la conclusión que hoy pertenecer a la
UE perjudica más que beneficia. Si añadimos que también hoy las personas quebrarían con su voto al bipartidismo, responsable de esa orientación neoliberal del proyecto europeo, podríamos deducir que se dan condiciones para que una
fuerza como Izquierda Unida, la única de carácter estatal que denunció las consecuencias antisociales del Tratado de
Maastricht, y los sucesivos Tratados, pueda popularizar en mejores condiciones la necesidad de poner fin a la política
neoliberal de la UE y el actual Consenso de Bruselas. Las políticas neoliberales son consustanciales a la UE, poner fin a
las mismas es una herramienta fundamental para superar la estructura de la actual UE.
Los principios que han de guiar la Europa alternativa son el pleno empleo, la reducción de las edad de jubilación y las
horas semanales de trabajo, la cohesión social y territorial de los pueblos europeos, la adopción de criterios garantistas
de convergencia en materia de salarios, empleo y protección social junto a cláusulas de no regresividad en materia de
políticas y derechos sociales que favorezcan la reconstrucción de un sistema europeo de servicios públicos de calidad.
Todo esto debe sustituir el núcleo central del actual proyecto neoliberal basado en la desregulación.
Frente a la desregulación del mercado necesitamos contraponer la intervención pública y democrática de la economía
con la adopción de una fiscalidad europea altamente progresiva basada en las transacciones financieras y las grandes
fortunas, en el rescate de sectores estratégicos privatizados como la energía, el transporte, la gestión del agua, parte
del sector financiero, la siderurgia, que permita la creación de Consorcios Públicos Europeos que orienten la actividad
económica hacia la creación de empleo y la igualdad.
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Los planes de ajuste deterioran las condiciones de vida de los trabajadores, y conducen a un modelo de sociedad altamente explosivo que abre la puerta al fascismo. Por eso, hay que articular un importante bloque político y social en el
que se integren todos los sectores sociales que tienen como objetivo frenar el intenso proceso de regresión social que
impone el neoliberalismo. Ello implica reconocer que las estructuras productivas han cambiado y que en consecuencia
las formas de lucha necesariamente también lo han hecho. El creciente rol de los movimientos sociales, en tanto que
referencia de lucha para cada vez más sectores de la población, ha de tenerse muy presente a la hora de constituir,
junto al movimiento sindical, el bloque político y social tanto a nivel nacional como internacional.
Trabajaremos en el Parlamento Europeo para que las instituciones europeas que forman parte de la troika (Comisión y
BCE) no puedan imponer medidas de recorte y austeridad en el gasto en servicios públicos.
Las medidas de “austeridad” han fracasado en combatir el desempleo, por lo que es urgente reconducir la política económica y adoptar políticas de estímulo económico. Apostamos por la adopción de un plan de emergencia para combatir
el desempleo, y el establecimiento de las bases para una Estrategia Europea de Inversiones que aumente la capacidad
de financiación para inversiones. El objetivo es la creación de empleo digno y modificar la estructura productiva de los
países miembros a fin de que todos presenten estructuras productivas diversificadas y de alta productividad con un
control productivo de carácter tecnológico. Esta política expansiva no puede ignorar el impacto medioambiental del
proceso de crecimiento económico, y debe atender a una reconfiguración productiva de principios ecológicos.
Es necesario recuperar el papel de los servicios públicos de empleo y suprimir las ETT. Los servicios públicos deben
ser el único intermediador entre demandantes de empleo y empresas. Deben potenciarse los servicios de orientación
laboral y profesional y ponerse en pie una Formación Profesional remunerada para parados.
El primer objetivo debe ser la creación de empleo, pero no de cualquier tipo. Deben ser empleos dignos, de acuerdo a
los estándares de la OIT: generar un ingreso adecuado, seguridad laboral y protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad de opinión, participación en las decisiones
que afectan sus vidas, e igualdad de trato para mujeres y hombres. Se trata de evitar el empleo precario que domina el
mercado laboral de la mayor parte de los países europeos.
− Creación de una política europea contra el dumping social y laboral, financiada por la UE y orientada a la formación de trabajadores y empresarios y a la inspección, mediante el refuerzo de las Inspecciones de Trabajo y del
papel de los sindicatos.
− Planteamos un nuevo sistema de sanciones más duras para los incumplimientos empresariales en materia salarial, de contratación y de Seguridad Social.
− Nos oponemos a la aplicación de la Directiva Bolkestein.
− Rechazamos la Directiva Europea sobre jornada laboral que permite la flexibilidad total.
− Exigimos garantizar el derecho de las personas migrantes a trabajar allá donde vivan dentro de la UE.
− Rechazamos los conceptos, incluidos en la llamada Estrategia de Lisboa, de flexiseguridad y empleabilidad
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La participación salarial en la renta nacional tiene que crecer recuperando el peso perdido Ello se puede hacer coordinando políticas salariales y entrando de lleno en la determinación salarial fortaleciendo la centralidad de la negociación
laboral. Apostamos por una política de coordinación salarial a nivel europeo que vincule el crecimiento salarial a la
− Directiva sobre salario mínimo europeo que lo fije en el 60% del salario medio, con un mecanismo de revalorización que asegure mejoras progresivas del poder de compra.
− Directiva Europea establecerá el marco de aplicación de un Sistema de Rentas Básicas garantizadas en los países
de la UE que asegure que toda persona pueda contar con los recursos mínimos para una vida digna.
La actividad productiva ha de estar orientada a satisfacer las necesidades colectivas y mantener una sociedad cohesionada y equitativa, de tal forma que además de un incremento salarial se han de imponer topes salariales en el sector
público y en el sector privado.
El papel de la negociación colectiva es clave para fortalecer el peso de la participación salarial y facilitar condiciones
económicas justas para todos los trabajadores. Ello aseguraría un elemento sólido de demanda interna que fomente el
crecimiento económico. Hay que desarrollar normativa laboral para incrementar la participación de los trabajadores
en la toma de decisiones de las empresas, especialmente en las grandes y mediante procedimientos de cogestión, ya
existentes en algunos países europeos.
Fortalecimiento del sindicalismo europeo
Es decisivo apoyar a los sindicatos europeos y de la CES, trabajando por aplicar su estrategia “Dimensión Social de la
UE” y las propuestas por el crecimiento sostenible y el empleo.
− Potenciar el papel de interlocución de los Comités creados para la defensa de las condiciones de vida y trabajo
(Comité de Empleo y Comité de Protección Social, entre otros).
− Incluir a las pequeñas y micro empresas en la aplicación de las Directivas Protectoras (especialmente las que se
refieren al derecho a la salud de los trabajadores)
− Legitimación del los sindicatos europeos por parte del Parlamento ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, al fin de interponer recursos ante el mismo sobre normas nacionales que incumplan convenios, directivas o normas europeas
− Apoyo al plan sindical sobre “El empleo en la UE y situación Social” de Octubre de 2013
− En coherencia con lo anterior, procede la abolición de las reformas laborales recientes. Ya no tendrían cabida en
el ordenamiento jurídico europeo reformas laborales que fomenten la precariedad laboral y la flexibilidad como
instrumentos de creación de empleo.
− El Parlamento Europeo debe adoptar disposiciones para acabar con las presiones de la Comisión y otros organismos a los países miembros para que reduzcan salarios y desregulen las relaciones laborales.
− Debe avanzarse en la convergencia en la regulación del mercado laboral y la negociación colectiva en la UE, en
decisiones sobre la igualdad retributiva, laboral y de carreta profesional entre hombres y mujeres y en la homogenización de ciertos derechos laborales, como los permisos por paternidad y maternidad.
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Debemos incrementar la productividad en los países periféricos, pero no mediante recortes salariales y pérdidas de empleo, sino a través de las mejoras tecnológicas, la formación de los trabajadores, el incremento de la inversión en I+D+i y
la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Para ello es necesario un programa de transferencias
fiscales y programas de inversión pública que tengan como objetivo la reorientación del modelo productivo. Asimismo,
las subidas salariales y las mejoras en las formas de organización dentro de cada empresa permiten incrementar la
motivación laboral y, por ende, la productividad.
Nos pronunciamos por una UE en la que las personas tomen decisiones informadas con respecto a bienes y servicios
seguros y sostenibles y en la que se garanticen los derechos de los consumidores. Su protección se debe vertebrar en
torno al derecho de información y educación, seguridad y soberanía alimentaria, así como seguridad e higiene en todos
los bienes y servicios, la participación ciudadana y el respeto al medio ambiente. Hay que mejorar la participación de
los consumidores y sus organizaciones representativa y que nuestros derechos como consumidores sean respaldados
y protegidos por las corporaciones, gobiernos y órganos de decisión internacionales. Los ejes de los derechos que defendemos son:
Derecho a la seguridad: ser protegido/a contra productos, procesos de producción y servicios peligrosos para la salud
o la vida. Con mayor trasparencia en la información sobre riesgos y garantía de que producen un mínimo impacto sobre
las condiciones sociales y ecológicas, tanto por parte del productor como de los consumidores en la UE.
Derecho a ser informado/a: acceder a los datos necesarios para poder hacer elecciones informadas y ser protegido/a
contra publicidad y etiquetados engañosos.
Derecho a la reparación: recibir resoluciones justas por demandas justas, incluyendo la compensación por bienes mal
hechos o servicios satisfactorios y la indemnización en casos de daños colectivos. Derecho a la educación como consumidores. Proponemos:
− Aumento y mejora de los mecanismos de control de los compromisos asumidas por los Estados y desarrollo de
instrumentos para la resolución extrajudicial de conflictos y el refuerzo de los procedimientos administrativos
sancionadores y resarcitorios en beneficio del consumidor.
− Fomentar el Consumo local y penalización de la deslocalización de empresas.
− Aplicar una trazabilidad rigurosa de los alimentos, especialmente de los clones y sus derivados.
− Abordar la extensión del período de garantía y abordar el problema de la obsolescencia programada.
− Revisar el reglamento de Cooperación para la Protección del Consumidor y mejorar la Directiva sobre Malas
− Mayor protagonismo de las organizaciones de consumidores ante el Parlamento Europeo, asegurando su intervención en los comités de trabajo del PE en asuntos relativos a los derechos de los consumidores.
No cabe llevar a buen puerto las líneas anteriores sin financiación suficiente. Además del papel del BCE, las instituciones europeas han de contar con fondos suficientes para hacer frente a la coyuntura económica y a los programas
económicos de medio y largo plazo. El actual presupuesto se antoja ridículo para cualquiera de estos propósitos. A la par
que se logra la democracia en el seno de la UE es urgente consolidar que dichos recursos han de destinarse a programas
para crear un escudo social que proteja del desempleo a las regiones más pobres.
− Es preciso destinar, al menos, el 3% del PIB en crecimiento sostenible y creación de Empleo e incluir el Fondo
Social Europeo entre los Fondos Estructurales.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 13
− Hay que considerar la financiación por parte de la UE de la utilización de espacios y recursos públicos para la
creación de empleo en servicios de interés general.
El avance histórico de la productividad tiene que repercutir positivamente en las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos europeos, de tal forma que la economía ha de quedar subordinada a los principios sociales de sostenibilidad,
trabajo digno, equidad y democracia. Además, la cantidad de ciudadanos desempleados es mucho más elevada de lo
que el sistema puede absorber en el corto plazo a través de cualquier política de estímulos, con lo que procede repensar asimismo el tiempo de trabajo diario. En consecuencia apostamos por la reducción de la jornada laboral paralela al
crecimiento de la productividad. Es urgente poner a la economía al servicio de las personas, de modo que un reparto
del trabajo se hace imprescindible para mantener el pleno empleo en el marco de un nuevo modelo de producción y
consumo. Un reparto del trabajo que se haga sobre la base de un incremento de la participación salarial en la renta, esto
es, manteniendo sueldos y reduciendo los márgenes de ganancias empresariales. Por tanto, proponemos:
− La limitación por una Directiva Europea de la jornada normal de trabajo a 35 horas en cómputo semanal, sin reducción de salario, y la adopción de medidas eficaces para limitar la realización de horas extraordinarias.
− Complementariamente es necesaria la armonización y racionalización de los horarios laborales y la jornada de trabajo, que en España sería la adopción del huso horario de Greenwich y el cumplimiento real del Plan Concilia 2005 y
la Resolución de Adm. Públicas que establece el término de la jornada de trabajo habitual a las 18:00 horas.
Así como toda normativa que establezca el principio de consolidación fiscal como único criterio para guiar la política económica dentro de la U. El objetivo principal de las instituciones europeas ha de ser la creación de puestos de trabajo, y eso
es incompatible con la camisa de fuerzas que imponen los tratados y normativa jurídica desarrollada en los últimos años.
La UE debe responder a las personas, a sus derechos sociales y al respeto de las libertades públicas, y no a los mercados
y los capitales. Resulta imprescindible una fiscalidad suficiente, sostenible y justa, garante de la estabilidad presupuestaria. Apostamos por la convergencia fiscal que comprenda impuestos directos, indirectos, especiales, también los del
capital y sociedades y por una creciente unificación de la gestión fiscal que configure un espacio tributario integrado y
optimice información, inspección, recaudación y lucha contra el fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida mediante mecanismos de cooperación reforzados.
− Proponemos avanzar en la creación de un Impuesto de Sociedades a nivel europeo, que evite la competitividad
fiscal y el establecimiento de aranceles especiales que penalicen el incumplimiento en la producción de bienes
y servicios de los derechos laborales, medio ambientales y las resoluciones de la ONU sobre derechos humanos.
La arquitectura europea ha sido diseñada de forma que se ha tolerado y promovido el fraude fiscal, la competencia
fiscal entre países miembros y la existencia de los paraísos fiscales, así como la reducción de la imposición efectiva
sobre las empresas y las rentas del capital y, al contrario, el incremento de los impuestos sobre las rentas salariales.
Se han venido favoreciendo incrementos en los impuestos indirectos, de naturaleza regresiva, mientras los impuestos
de naturaleza progresiva y los que gravan las rentas empresariales y financieras, así como los correspondientes a las
grandes fortunas, han ido disminuyendo. La utilización de estos instrumentos ha debilitado la capacidad fiscal de los
Estados para hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos y ha provocado un incremento de la desigualdad
14 | PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014
El desarrollo de la política fiscal comunitaria se asentará sobre los principios de suficiencia, progresividad, armonización
y lucha contra el fraude y la economía sumergida, con un mayor peso de los impuestos directos que de los indirectos, y
mayor imposición a las rentas del capital sobre las del trabajo, favoreciendo el incremento de la participación salarial en
la renta en todos los países miembros. Reducción de los impuestos indirectos.
− Es precisa una nueva regulación europea de los instrumentos de inversión colectiva, como las SICAV, de forma
que sea imposible su utilización como fórmulas de elusión fiscal. En concreto, la participación individual de cada
socio no debería ser inferior al 5% del capital.
− En la fiscalidad de los autónomos es preciso limitar la utilización del sistema de módulos y organizar las bases
imponibles sobre la base de los beneficios reales. Otra cosa son las cotizaciones a la Seguridad Social, que por su
propia naturaleza no pueden tener un tratamiento como si fueran impuestos.
− Prohibición de todas las transferencias monetarias con territorios jurídicos considerados paraísos fiscales por los
organismos internacionales. Llamamos a la creación de una lista de tales territorios jurídicos a partir de criterios
− Eliminación de cualquier tipo de paraíso fiscal en el territorio de la UE.
− Las regulaciones europeas que aseguren la libre competencia, excluirán cualquier medida para excluir de los
procedimientos de licitación a las empresas que operen en paraísos fiscales.
− La creación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras se hace necesario para desincentivar las actividades especulativas, y para recaudar complementos que tengan como fin la inversión en creación de trabajo digno.
− Establecimiento de una fiscalidad verde que no sólo tenga objetivos recaudatorios sino que sirva para desincentivar cualquier modelo de negocio con implicaciones negativas sobre el medio ambiente. No se trata de que pueda
contaminar quien pueda pagar sino que la contaminación no pueda ser rentable.
Aspiramos a construir espacios de integración financiera autosuficientes y que tengan prohibidas no sólo las transferencias con paraísos fiscales sino que se caractericen por una estricta regulación financiera. El objetivo ha de ser garantizar
la subordinación de las finanzas con respecto a la economía productiva y a su control democrático. Para facilitar este
propósito y evitar la fuga de capitales en los espacios de integración financiera es imprescindible establecer controles
al libre movimiento de capitales.
− El nivel de deuda pública, tras la socialización de deudas acometida por el proyecto neoliberal, es tan elevada
que es imposible pensar en su posible pago. Es necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública
que establezca los criterios para una reestructuración de la deuda que libere del lastre de los intereses al Estado.
Gran parte de la carga fiscal que tiene que soportar un Estado ahora mismo es debida a los procesos especulativos que
han existido alrededor de la deuda pública, y la mejor forma de hacer pagar los costes de la crisis a los especuladores
es precisamente dejar de pagar los títulos de deuda adquiridos en dichos procesos. Actualmente la dinámica de endeudamiento público lleva a una espiral peligrosa que amenaza con destruir las conquistas sociales, mientras enriquece
injustamente a una minoría de la población. Desactivar ese chantaje es posible si se cancelan los contratos asumidos
con los inversores financieros, que son fundamentalmente grandes bancos y grandes fortunas. El coste de ver cómo se
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 15
cierran los mercados financieros puede ser compensado con la reforma fiscal y con el hecho obvio de que los mercados
volverán a prestar en el medio plazo en un entorno de y de mutualización de la deuda desde el BCE.
El establecimiento de una cámara de compensación monetaria europea para las transacciones comerciales, a fin de
que se introduzcan incentivos adecuados para evitar excesivos déficits o superávits comerciales en los países miembros de la zona euro. Esos fondos habrían de servir para contribuir a la corrección de la desigualdad entre estructuras
productivas. Este mecanismo sería transitorio en la medida que se produzca un avance en la convergencia fiscal y presupuestaria en el marco de la eurozona.
− Prohibición de operaciones con derivados de crédito o credit default swap vinculadas a la deuda pública, así
como de todas las operaciones financieras al descubierto. La llamada ingeniería financiera no puede servir para
el enriquecimiento de unos pocos sino que debe facilitar el desarrollo de los programas de inversión productiva
y trabajo digno.
− Deben quedar prohibidas las operaciones con futuros sobre las materias primas a entidades que no puedan identificarse como productores o compradores de esas materias primas.
La solución a largo plazo vendrá de un nuevo papel del BCE como prestamista de último recurso, una sólida banca pública y una regulación estricta de los mercados financieros.
Un nuevo papel para el BCE
Los bancos centrales han sido sustraídos de la voluntad popular para realizar unas políticas monetarias favorables a las
grandes empresas, especialmente financieras, y contrarias a los trabajadores. La base del programa económico debe
ser la política monetaria del banco emisor. El BCE debe ser un instrumento al servicio de los trabajadores, y no puede
mantener su estatus actual, cuyos objetivos deben ser modificados para que puedan prestar directamente a los Estados
miembros. Las diferentes economías nacionales deben tener el respaldo de un banco central para que puedan poner en
marcha políticas a favor de los trabajadores, y que funcione como prestamista de última instancia.
El BCE tiene que hacer suyos los objetivos de esta Unión Europea alternativa, y renunciar al control de la inflación como
único objetivo económico. En su nuevo papel, el BCE debe quedar bajo control del Parlamento Europeo, que supervisará
su actividad y nombrará su dirección.
Las políticas actuales de facilitar liquidez exclusivamente a la banca privada a muy bajo coste debe ser corregida. Esta
intermediación sólo beneficia al sector financiero privado y no está teniendo reflejo en la economía productiva. La utilización de la deuda soberana como garantía de avales o de otros préstamos debe ser penalizada.
La nacionalización proporcional del sistema financiero debe ser la condición necesaria para recibir ayudas del sector
público. Además, debe ser una decisión que no tenga marcha atrás, esto es, que esté prohibida su privatización posterior. La existencia de banca pública es un requisito para poder garantizar que el crédito fluye hacia los sectores productivos que van a pilotar el modelo de desarrollo alternativo.
16 | PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014
− Hay que sustituir el criterio de la rentabilidad por un criterio social que establezca las prioridades de desarrollo
económico. El control de las entidades financieras ha de ser democrático y la Banca Pública no realizará operaciones especulativas.
− Avanzar hacia una unión bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una banca pública europea cuyo
objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté separada de la
actividad de inversión.
− Reforzar la regulación de los mercados de valores a nivel europeo. Prohibición de comercialización de productos
financieros complejos. Potenciación de los derechos de los pequeños accionistas y de sus asociaciones.
− Recuperar para la UE la ley Glass-Steagall, de forma que los representantes de la banca no puedan formar parte
de los Consejos de Administración de las empresas industriales, comerciales o de servicios.
El endeudamiento privado es uno de los escollos fundamentales que enfrenta cualquier política expansiva, pero además
es uno de los factores que agravan la situación de las familias y de las empresas. Por eso es necesario poner en marcha:
− Programas de reestructuración de la deuda privada, administrados por los gobiernos nacionales pero financiados
a nivel europeo, que faciliten el desendeudamiento familiar y puedan estimular el consumo en pequeñas y medianas empresas. Los criterios de tales programas han de estar basados en la justicia social, de modo que han de
atender a la renta y riqueza de las familias afectadas.
− Un amplio programa de reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias, con las quitas que sean socialmente necesarias.
− Los procesos de reestructuración de la deuda de empresas deberían ser controlados en el caso de refinanciación
para evitar distorsiones en el uso de los créditos ICO.
La necesidad de corregir los desequilibrios comerciales y las disparidades en las estructuras productivas pasan por
poner en marcha un proceso de reindustrialización en Europa mediante una estrategia de desarrollo auto sostenible y
de equilibrio entre industria y ecología, con un esfuerzo especial en las economías del sur de Europa
La política industrial europea debe integrar los sectores tradicionales (minería, siderurgia, naval, etc.) como los emergentes, con un adecuado nivel de inversión e I+D+i. Proceso que ha de ir acompañado de la creación de instrumentos
monetarios de compensación y reequilibrios internos en términos comerciales y de la creación de una unidad de cuenta
internacional para estimular el desarrollo económico. Con estos mecanismos es posible transformar la lógica de la competencia y el ajuste en el de la cooperación, la complementariedad y la redistribución.
El impulso del proceso de industrialización deberá orbitar sobre dos elementos: el tipo de industria (atenderá a criterios
de demanda) que deberá basarse en sectores sostenibles y la participación de los trabajadores y trabajadoras en la
propiedad y gestión de las mismas.
− Hay que tener en cuenta modelos más locales, que eviten excesivo uso del transporte y que estén orientados a la
satisfacción de los mercados más próximos.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 17
− En cuanto a la minería, el cierre de las explotaciones y el fin de las ayudas, fue fijado para 2018 desde la única
perspectiva del mercado. IU demanda la continuidad de las ayudas más allá de 2018 y un mix energético que tenga en cuenta al sector. Deben impulsarse las nuevas tecnologías que permiten utilizar el carbón con un adecuado
− El sector naval debe contar con un sistema de ayudas en el marco de la UE que evite la concentración de la actividad en sólo unos pocos países.
− La siderurgia europea debe ser potenciada ligando las ayudas al empleo y exigiendo un tiempo de permanencia
más elevado. La UE debe dar respuesta al dumping social penalizando las importaciones de países donde no se
respeten los derechos y la seguridad de los trabajadores.
Nacionalización y control democrático de las grandes empresas productivas e instituciones de servicios
La crisis ecológica y la necesidad de iniciar un proceso de redistribución del poder conllevan aceptar la urgencia de
nacionalizar y controlar democráticamente las grandes empresas productivas de aquellos sectores considerados estratégicos, tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la energía y la banca.
Garantizar la titularidad pública en sectores como energía, infraestructuras, pensiones, educación y salud, junto a un
parque público de viviendas suficiente para asegurar el derecho constitucional. Todos los servicios declarados de primera necesidad deben ser 100% públicos.
Política de apoyo a la economía social, que incluiyan la aprobación de nuevas directivas que tengan en cuenta sus
condiciones específicas. Se trata de desarrollar el cooperativismo, las sociedades laborales, facilitar la propiedad por
los trabajadores de empresas sometidas a concurso de acreedores, empresas e instituciones sin ánimo de lucro, etc.
Este apoyo debe ser económico, fiscal y crediticio. Así mismo es preciso apoyo a los colectivos sin ánimo de lucro que
impulsen modos cooperativos de financiación y redes de empresas que potencien la economía alternativa y solidaria.
Regiones en declive
La política económica de la UE debe considerar especialmente la situación de las regiones en declive, en muchos casos
como consecuencia de las políticas de desindustrialización, austeridad o energéticas de la propia UE.
Como ejemplo, está Corredor del Henares en Madrid, que a consecuencia de la deslocalización es, una de las zonas
más deprimidas de España, con más de 50.000 desempleados. Los 17 municipios del Corredor aprobaron una declaración de Zona de Preferente Reindustrialización, que reclaman de las instituciones de la UE. Ellos y los agentes sociales
entienden imprescindible disponer de lo recursos para la captación de inversiones, la promoción del Corredor como un
espacio de implantación económica en el ámbito nacional e internacional, la homologación de recursos y procedimientos, la elaboración y coordinación de planes de consolidación y continuidad de sectores económicos maduros cuya presencia es muy relevante en el tejido empresarial del Corredor (químico-farmacéutico, automoción,...), la coordinación
de un catálogo de formación de acuerdo con las necesidades de los nuevos sectores, etc.
Otro ejemplo evidente es la situación de las zonas mineras como, por ejemplo, Asturias, donde se ha perdido el 30% del
Los territorios ultraperiféricos presentan características concretas que se traducen en una posición de desventaja pues confluyen
diversos factores que condicionan el desarrollo social y político; aspectos geográficos como la insularidad, lejanía del
continente, condiciones orográficas y climáticas; o sociales como problemas demográficos, dependencia económica
18 | PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014
de un número reducido de productos, los más altos índices de paro de la UE. Estos elementos constituyen un hándicap en
el proceso de convergencia por lo que son consideradas de forma especial por la UE.
Una de esas regiones es Islas Canarias, por lo que la UE se fomenta y trabaja con medidas económicas y fiscales en estos
territorios que en teoría deben favorecer un desarrollo económico y social equiparable al resto del continente. Pero estas medidas, como el actual Régimen Económico y Fiscal canario, no han hecho más que favorecer beneficios fiscales de las grandes
multinacionales, potenciar el beneficio de una burguesía especulativa y el expolio de estos territorios y de sus recursos
naturales sin ningún tipo de control ni medidas rectificadoras.
Actualmente el régimen económico y fiscal de Canarias se encuentra en fase de negociación entre el Estado Español y
la Unión Europea, con la perspectiva de incidir más en la especulación, en la ausencia de control y en la nula repercusión
de los beneficios en la sociedad. La derecha europea en connivencia con la socialdemocracia del continente, al servicio
de la troika, fomentan con sus propuestas que se generen en estos territorios auténticos paraísos fiscales. En concreto
con Canarias, el Partido Popular, tiene la clara intención de crearla en un paraíso fiscal como alternativa a la actual crisis,
pagando la clase trabajadora una factura de más miseria, más especulación, más expolio.
Es por ello que proponemos una alternativa que se base en:
− Políticas que generen las condiciones para un desarrollo político y social que reduzca la desigualdad social, y con
respecto al continente.
− Desarrollo de una política de transportes y comunicación que supere las dificultades endémicas de estos
territorios que dificulta el acceso a la movilidad y la comunicación con el resto de Europa.
Creación de Oficinas de la UE en las Ciudades Autónomas, la reestructuración a fondo del sistema fiscal aduanero y
de los impuestos específicos. Consideramos necesario el control del tráfico comercial en ambas fronteras, y el acondicionamiento de las fronteras de forma que el trato a los inmigrantes de cualquier tipo esté amparado por protocolos de
dignidad y respeto de los Derechos Humanos y los medios técnicos utilizados sean los adecuados para garantizar ese
respeto y la profesionalidad de las actuaciones.
Nos oponemos radicalmente al Tratado de Libre Comercio Transatlántico con USA y Canadá. Este acuerdo, que afectará a cada economía nacional y a todos los sectores económicos, incluidos los más estratégicos, destruirá las economías
europeas y echará por la borda los derechos de los trabajadores así como los restos del Estado del Bienestar, junto a los
avances en normas medioambientales y de salud alimentaria.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 19
La salida antisocial, autoritaria y corrupta de la crisis que tratan de imponernos tiene como objetivo construir un nuevo
orden social, económico e institucional que consolide el dominio del capital acabando con todas las conquistas de más
de 150 años de luchas de la clase obrera y movimientos populares y hacer irreversible el neoliberalismo en la Unión
Europea. Este es el núcleo de las políticas de austeridad, este es el objetivo del entramado económico que se inicia en
el Tratado de Maastricht y termina con lo que llamamos la economía del Euro.
Hoy en Europa las políticas de austeridad buscan una vuelta de tuerca más: el Pacto del Euro, la reforma de la
Constitución, el control de los presupuestos por la troika y llegado el caso, la imposición de gobiernos tecnócratas. Las
instituciones de la UE están deslegitimadas para una mayoría de sus ciudadanos. La UE no tiene futuro, no es sostenible
en su actual estructura jurídico-política y con las actuales relaciones políticas y de poder en su seno.
El caso más extremo de procedimiento no democrático son los Memorandums (MOU). Los mandatos de las instituciones que integran la troika no están sujetos a procedimiento de control democrático. No existen actas públicas de las
reuniones de la Comisión o el BCE en las que hubieran podido sido debatidos y aprobados los MOU. No hay posibilidad
de decisión democrática ni de control. Así no cabe ni debate ni recurso alguno. Cuando las condiciones son impuestas a
los Estados y votadas en sus parlamentos nacionales se hace con la “pistola en la nuca”: “o lo aceptas todo o quiebras”.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 21
Pero el MOU del rescate bancario español ni siquiera se votó en el Congreso, Gran parte de sus cláusulas fueron transferidas al decreto-ley del 2º gran recorte del Gobierno que procuró ocultar el origen de las decisiones.
La respuesta conservadora a la crisis europea ha puesto en cuestión el propio proyecto político europeo. Es completamente insostenible que la UE imponga a sus Estados, especialmente a los económicamente más débiles, una tan fuerte
combinación de políticas erróneas y socialmente injustas que además son adoptadas e implementadas por procedimientos no democráticos.
UE perjudica más que beneficia. Asistimos a la reestructuración de las clases sociales en el seno de las economías
nacionales y también en el espacio de la economía política mundial. El proyecto neoliberal se presenta así como una
contrarevolución que trata de asestar golpes de gracia a las conquistas sociales y económicas alcanzadas mediante la
lucha social en el marco de los Estados Nacionales constituidos tras la II Guerra Mundial. Y para lograr tales objetivos
el proyecto neoliberal se está sirviendo del marco institucional que él mismo ha ido diseñando en las últimas décadas y
que encuentra su cristalización más pura en la Unión Europea. La actual crisis ha puesto al desnudo la cara oculta del
Las reformas estructurales tienen un doble ámbito de actuación. Por un lado el espacio económico, en el que se busca
incidir sobre el mercado de trabajo y los servicios públicos, y por otro lado el espacio político, en el que se procede a
un proceso deconstituyente que consagra el carácter antidemocrático y facilita la puesta en marcha de las reformas
económicas, a las que se pretende blindar en lo político, con reformas institucionales que dificulten las alternativas
de poder de opciones de transformación en la sociedad. Este proceso deconstituyente hunde sus raíces en el mismo
proceso de construcción de la UE. Durante décadas se ha ido delegando la capacidad efectiva de tomar decisiones
sobre aspectos determinantes del funcionamiento de las economías, en instituciones supranacionales muy alejadas de
los trabajadores. Este proceso ha ido acompañado de la desmembración interna de las estructuras democráticas que
vertebran los Estados (democracia local, ayuntamientos, negociación colectiva…). De este modo la soberanía nacional
efectiva se desplazaba desde las Constituciones Nacionales hacia formas institucionales de nuevo rol tales como la
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional –la troika-.
En esta situación proclamamos que la única salida aceptable es una ruptura de la Europa del Euro que suponga un
avance en la socialización y democratización de las relaciones de producción en el marco de una integración europea
solidaria y social. Una integración que tiene que ser democrática. Una democracia no formal, sino real, que definimos
con las palabras de Oskar Lafontaine:
“Nosotros, la Izquierda, entendemos por democracia un orden social en el que priman los intereses de la
mayoría. Una definición muy sencilla, que parte del movimiento mismo: define a la democracia a partir
de sus resultados, no de su forma.Por desgracia, estamos acostumbrados a definir las cosas a partir
de su forma: para este caso, que cada tanto tiempo vamos a las urnas. No, la democracia tiene que ser
definida por sus resultados. En una sociedad en la que los salarios reales caen desde hace años, en que
las pensiones se reducen desde hace años, en que las prestaciones sociales se recortan desde hace
años, no gobierna ninguna democracia según la hemos definido, porque la democracia se define por sus
resultados y no sólo por las formas”.
Así entendida, una democracia europea no es posible en el marco de los actuales Tratados.
Nuestro compromiso es desalojar del poder a las políticas neoliberales, disputarles el poder para acabar con su actual hegemonía política, cultural, ideológica e institucional. Construir un Bloque Social y Político para enfrentar esas
políticas y articular respuestas, para quejunto a los partidos europeos que integran el Partido de la Izquierda Europea
y el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, no sólo impedir el desarrollo de
las políticas impuestas por la Troika, sino cuestionar el actual proyecto de la UE y defender un modelo alternativo
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de integración regional sobre la base del interés general, con un modelo de producción sostenible, participado, con
financiación pública, que garantice la creación de empleo de calidad, la defensa de salarios dignos, la reducción de la
jornada laboral, la cohesión social y territorial, con servicios públicos gratuitos y universales que garanticen el bienestar
y la paz, todo ello para la construcción de una integración democrática y social
No será posible un proyecto alternativo si no se inicia un verdadero proceso constituyente, una refundación de la UE y
de las instituciones del sistema político español, sirviendo todo ello para articular democráticamente el poder popular.
Este proceso constituyente supondría como mínimo la convocatoria de una Asamblea Constituyente Europea elegida
por sufragio universal para determinar una arquitectura democrática de las instituciones europeas. El objetivo es construir una Europa social y ecológicamente sostenible que acabe con el actual Tratado de Estabilidad, con el principio de
la desregulación del mercado, con la moneda única sin Tesoro Público Europeo, con el Banco Central como entidad no
controlada democráticamente y sin posibilidad de convertirse en una verdadera Reserva Federal Europea.
Nuestra propuesta es abrir un gran debate público para que los pueblos europeos decidan qué tipo de integración regional desean y sobre qué bases políticas, económicas y sociales. No será posible el tipo de cambio que defendemos
en la UE si no somos capaces de hacer partícipes a la mayoría de los pueblos europeos de la idea de que es posible otra
Europa que se construya sobre la base de la derrota democrática de los autores y diseñadores de esta, para comenzar
a construir la Europa social y democrática. Y nos corresponde a nosotras y nosotros, desde España, contribuir a esa
derrota con el máximo apoyo popular posible.
Mientras avanzamos hacia ese proceso Constituyente, proponemos algunas medidas de democratización:
− Modificar el reglamento de las Iniciativas Ciudadanas Europeas para que se tramiten a través del Parlamento
Europeo y no a través de la Comisión. Incorporar la posibilidad de que se vote en referéndum una iniciativa una
vez alcanzados unos apoyos mínimos.
− Referéndum de ratificación de los Tratados Internacionales y de Libre Comercio.
− Promover desde la UE la democratización de todas las instituciones de los estados miembros, empezando por la
− Estricta regulación de los grupos de interés y de presión que trabajan en el entorno del Parlamento Europeo.
− Creación de una carta de derechos de participación de los ciudadanos europeos en la gestión pública.
− Creación de un Organismo Europeo autónomo, dependiente de un Tribunal Europeo también autónomo que investigue la corrupción y que amplíe la actual OLAF (Oficina Europea Antifraude) que se limita a los fraudes en el
uso de los Fondos Europeos.
− Más poder al Parlamento Europeo, al ser la única estructura elegida democráticamente por la ciudadanía europea.
Ante la improbabilidad de un cambio en la correlación de fuerzas en el ámbito europeo de forma inmediata, o de una
hipotética implosión en la Unión Europea, es necesario pensar en alternativas de integración regional distintas a las
actuales. Así, por las compartidas condiciones estructurales entre las economías del mediterráneo es necesario comenzar a articular nuevas fuerzas y proyectos políticos transfronterizos que garanticen relaciones comerciales justas y
solidarias. Estas alianzas dentro de la Unión Europea pueden servir para fortalecer la oposición al proyecto neoliberal, y
fuera de la Unión Europea pueden ser el punto de inicio de verdaderos proyectos alternativos en el ámbito institucional
Compartimos con Alexis Tsipras que “el objetivo estratégico es el de contribuir al desarrollo de un diálogo sustantivo
con todas las fuerzas progresistas de la izquierda de Europa para crear de forma conjunta una línea efectiva de resistencia contra las élites neoliberales y una propuesta positiva de salida que permitirá la más amplia alianza de las fuerzas
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 23
populares. Especialmente en los países del sur de Europa que se enfrentan a dificultades grandes y comunes, un diálogo
franco entre las fuerzas progresistas y de la izquierda y la más amplia alianza de los pueblos es una condición indispensable para el ensanchamiento de las grietas políticas de la austeridad, para la salida de la recesión y para el impulso de
las reformas que establecerán la democracia, y la cooperación equivalente, en Europa”.
Carta Europea de Poderes Locales
Elaboración de una Carta Europea de poderes Locales que priorice el trato a los ayuntamientos por parte de la UE.
Somos conscientes que las reformas, como la Ley de Reforma de la Administración Local impuesta por el PP obedece
a las exigencias de recortes y de minimización del Estado exigidos por la Troika.
Queremos fortalecer de las libertades individuales y los derechos y las políticas sociales y derechos para todos los que
viven en la UE. La Carta de Derechos Fundamentales debe ser en marco legal obligatorio aparte de desarrollarse y mejorar más aún. La UE debe adherirse a la Carta Europea de Derechos Humanos.
La UE ha de promover y proteger los derechos de las personas ahora discriminadas por razón de raza, nacionalidad,
orientación sexual, identidad de género, religión, ideología, discapacidad y edad. Exigimos respeto a los derechos de
las minorías y una acción persistente contra el racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, el chauvinismo, fascismo,
anticomunismo, homofobia y cualquier otra forma de discriminación.
− Solicitamos una declaración formal y expresa de la laicidad en todos los países de la UE
− Defendemos la supresión de la financiación religiosa, directa o indirecta, con fondos europeos a cualquier institución religiosa. Retirada de símbolos religiosos en todos los edificios públicos o privados en el ejercicio de prestación de servicios públicos.
− Reivindicamos la laicidad en la escuela pública y el fortalecimiento de una Europa laica cuyos valores sean la
libertad de conciencia, la igualdad entre los ciudadanos, al margen de sus convicciones religiosas. Y así mismo,
la autonomía de juicio, cultivada gracias a una educación pública y laica, depositaria de la cultura universal. La
práctica religiosa debe ser libre, pero circunscrita al estricto ámbito de lo privado.
− IU se posiciona a favor del reconocimiento del derecho a una muerte digna.
− IU se suma a los esfuerzos desarrollados por movimientos sociales laicistas en pro de un Carta Europea por la Laicidad.
2. POR UNA EUROPA LIBRE DE FASCISMOS. MEMORIA DEMOCRÁTICA
En la Europa que queremos no caben los fascismos. IU se compromete a luchar firmemente contra el ascenso del fascismo en la UE y contra sus expresiones políticas y exigiremos de la UE el reconocimiento de los derechos de las víctimas
y familiares del fascismo en relación con la preservación de la Memoria democrática en la UE. Para ello proponemos:
24 | PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014
− Equiparación del régimen franquista con los de extrema derecha que se desarrollaron en Europa y que fueron
derrotados tras la II Guerra Mundial.
− Investigación sobre las desapariciones forzadas en los países de la UE que así no lo hayan hecho, como es el caso
− Regulación para asegurar la aplicación de la normativa internacional, en todos los países miembros, en cuanto a
DDHH de víctimas y familiares. Invalidez de las normativas nacionales que pudieran aplicarse en todos los casos.
− Desarrollo de políticas institucionales en relación con los valores democráticos y contra el avance de la ideología
fascista que vuelven a organizarse y avanzar en Europa.
− Lucha cultural, educativa, política y social contra el revisionismo histórico.
− Elaboración de un Convenio Europeo de Memoria Democrática
3. MIGRACIONES: POR UNA EUROPA SOCIAL Y CON DERECHOS
I. POLÍTICAS DE MIGRACIÓN
Las políticas de la UE reflejan un contraste entre un discurso basado en derechos humanos y la realidad de una Europa
fortaleza que blinda sus fronteras, usa mano de obra barata, recorta derechos e impone un modelo represivo muy poco
acorde a los principios proclamados.
El envejecimiento de la población y caída de la natalidad en la UE hace imprescindible la incorporación de trabajadores
de países terceros para el desarrollo económico. La UE reitera su voluntad de integración de los que contribuyen a cubrir
estas necesidades e incrementar la cooperación al desarrollo de los países de origen como contrapartida. Pero la mayoría de medidas van en dirección contraria, enfocadas al estricto control de sus fronteras y a un duro sistema sancionador
con la expulsión y la privación de libertad de los “irregulares” (Directiva de Retorno o Directiva de la Vergüenza) en lo
que llaman “lucha contra la inmigración ilegal”.
Así, el FRONTEX (Agencia de la UE para el control de fronteras) recibe cada vez más fondos, desarrollando actuaciones que han merecido numerosas críticas y una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por realizar de
Los derechos de la población migrante (15 millones en la UE) no han avanzado: restricciones a la libertad de movimiento
y a la participación política. Lo peor es el avance de la xenofobia y el racismo, reflejado con el avance electoral de la extrema derecha y en la violencia ejercida en las calles ante una impunidad que no se entendería sin el soterrado racismo
institucional. En España destaca la exclusión del sistema sanitario de aquellas personas en situación irregular
La crisis económica agrava la estigmatización hacia la población migrante, les hace aparecer como responsable de
la falta de servicios públicos y la disminución de puestos de trabajo. En el caso de los extranjeros no comunitarios, la
pérdida de empleo no sólo supone no tener un medio de vida, sino la exclusión de ciudadanía y residencia. Ello revierte
en dos escenarios: inmigrantes con posibilidades retornan a sus países; o los que permanen en nuestro país en una
situación de exclusión y vulnerabilidad. Para los comunitarios, el derecho de residencia está limitado a los que tienen
un contrato de trabajo. Estos obstáculos son contrarios a los derechos consagrados en los Tratados de la UE, que establecen que los ciudadanos de la UE tienen derecho a no sufrir discriminación por motivos de nacionalidad y a circular y
residir libremente en la UE. El Tratado de Maastricht definió la ciudadanía de la UE y concedió un conjunto de derechos
con independencia de que ejercieran o no una actividad económica.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 25
Respecto a las políticas de Asilo, Europa ha contribuido a la crisis del derecho de asilo con una UE cada vez más sorda
a las peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con una armonización a la baja de
los sistemas de acogida. Es una vergüenza que ante algunos conflictos (Ej. Siria) la UE se preocupara más por amparar
discursos belicistas que por contribuir en la atención humanitaria. Para avanzar en un compromiso real con las personas
refugiadas y el respeto a la Convención de Ginebra, IU defiende en materia de Asilo:
− Aplicar la normativa de Asilo de manera uniforme por todos los estados miembros para evitar tratos desiguales
− Sancionar a los países que violen los principios de la protección internacional, como la devolución mediante la ejecución de expulsiones masivas, la privación de derechos básicos o la permisividad oficial con un clima de violencia.
− Garantizar el acceso a la protección internacional.
− Programa de reasentamiento de personas refugiadas de acuerdo con los requerimientos del ACNUR.
En materia de políticas de migración y asilo nos proponemos:
− Rechazar las políticas que no tengan en cuenta los derechos de los y las migrantes consagrados en Declaraciones,
Convenios y Tratados Internacionales. Ratificación de la Convención Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias.
− Exigir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, dentro y fuera de la UE, sobre la base de la no
criminalización ni privación de libertad de las personas migrantes, por estar en situación administrativa irregular.
Derogación de la Directiva de la Vergüenza.
− Garantía de defensa y el control judicial pleno de las expulsiones o retornos, así como la prohibición de las expulsiones colectivas con la sanción a sus responsables.
− Modificación de la Directiva de Reagrupación Familiar que haga efectivo este derecho.
− Normas para el tratamiento de los Menores Extranjeros No Acompañados que respeten la Convención
− Garantía de asistencia sanitaria universal de las personas que residan en la UE.
− Medidas contra la trata de seres humanos que protejan y no penalicen a las víctimas.
− Extender los derechos de ciudadanía a los residentes no comunitarios y especialmente el derecho de sufragio
activo y pasivo, en igualdad con los comunitarios. El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado la importancia
constitucional de la ciudadanía de la UE. El término “ciudadano” puede referirse a cualquier persona que resida
en la UE, independientemente de su nacionalidad.
− Abolición de la deuda externa a los países empobrecidos y que la cooperación y ayuda al desarrollo no estén ligadas a acuerdos de readmisión obligatorios ni a intereses comerciales de los países cooperantes.
− Sanciones a aquellos países que teniendo acuerdos con la UE, restringen la libre circulación de las personas
comunitarias (Ej.: Suiza).
− Abogamos por el derecho al trabajo y a los derechos sociales de los inmigrantes que residen en la UE.
− Defendemos una política de inmigración común e integradora, que incluya un compromiso con el asilo y la protección internacional, prohibiendo las prácticas restrictivas de los Estados miembros y fomentando instrumentos
comunes de solidaridad.
26 | PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014
Queremos una Europa solidaria y abierta a la inmigración. Estamos contra la Europa fortaleza que impone sus intereses
a países empobrecidos mientras rechaza a las víctimas de su expolio. Queremos una política común de Asilo que desarrolle la Convención de Ginebra, para que Europa sea tierra de acogida para los que huyen de persecuciones políticas,
ideológicas, religiosas, sexuales, con especial atención a las niñas y niños que demandan protección.
II. TRABAJADORES EUROPEOS DESPLAZADOS A OTRO ESTADO MIEMBRO
Hay más de un millón de españoles viviendo en Europa, migración incrementada con la crisis. El flujo migratorio lleva
varios años invirtiéndose. Un goteo constante crea una oleada migratoria que esparce a la generación más preparada
de la historia de nuestro país. La emigración no es un fenómeno nuevo en España, pero parecía olvidado. Es una lacra
para la sociedad que exporta lo mejor de su ciudadanía, en la que ha invertido dinero y esfuerzo. También emigran hacia
la UE inmigrantes de otros países que habían hecho su vida en España.
Con el Tratado de Maastricht y la libre circulación de trabajadores, los desplazados pasaron de ser considerados emigrantes a ser casos de movilidad profesional; de ser «emigrantes» a “trabajadores intracomunitarios”. Pero cuando se
habla de movilidad exterior o espíritu aventurero se miente, son exilios en situaciones duras o desesperadas. La migración intraeuropea requiere debates, políticas y financiación centrados en la resolución de los problemas en materia
cultural, social y política. La libre circulación de trabajadores es una de las 4 libertades fundamentales en las que se
basa el mercado único. El artículo 45 del TFUE consagra el derecho de los ciudadanos de la UE a desplazarse a otro
Estado miembro por motivos de trabajo. IU pide que se eliminen las discrepancias entre los derechos que tienen los
trabajadores migrantes sobre el papel y su ejercicio en la práctica, con medidas como:
− Supresión de las condiciones de contratación diferentes a los nacionales del estado de llegada, como la condición
de nacionalidad para el acceso a puestos de trabajo o diferencias de remuneración o perspectivas profesionales;
− Eliminar el criterio de residencia para que se admitan algunas ventajas sociales y fiscales;
− Requisitos lingüísticos excesivos;
− Tener en cuenta los años trabajados en un empleo similar en otros em al calcular la antigüedad de un empleado
del sector público y las ventajas asociadas.
− Normativa común de homologación de títulos que evite la arbitrariedad de usar a jóvenes diplomados para trabajos no remunerados, al exigirles “prácticas” obligatorias como requisito para homologar su diploma.
En materia cultural debemos avanzar para que los Estados faciliten a los emigrantes intracomunitarios escolarizar a sus
hijas e hijos con fórmulas que integren el aprendizaje del idioma y de la cultura de origen. Reforzar el aprendizaje del idioma
y aspectos funcionales del país de acogida para los adultos y reconocer este tiempo de formación como tiempo laboral.
*Subsidios de desempleo
En materia social, que los derechos adquiridos por los trabajadores en los países donde trabajan computen a efectos
de subsidios de desempleo o de jubilaciones. El Derecho de la UE garantiza que los desempleados que tienen derecho
a prestaciones y que van a otro país de la UE, sigan recibiendo dichas prestaciones en su país de origen durante un
periodo de 3 meses. Pero en el Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre coordinación sistemas de seguridad social, se
dispone que las instituciones podrán prorrogar dicho periodo hasta los 6 meses. Apoyamos la propuesta de revisar este
Reglamento a fin de prorrogar la exportación de las prestaciones por desempleo por un periodo superior. Además, la
situación de alejamiento familiar requiere acciones concretas para facilitar el reencuentro periódico entre familiares.
Los trabajadores migrantes o sus descendientes son discriminados a la hora de votar o ser elegidos en comicios de ámbito local, regional o estatal en los Estados miembros. La plena participación de los ciudadanos en la vida democrática
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 27
es la esencia de la ciudadanía de la UE consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales. Deben suprimirse los
obstáculos derecho de voto de los ciudadanos de la UE. Por ello, defendemos la supresión del voto rogado instaurado
por la última reforma de la ley electoral española avalada por PP y PSOE porqueniega el derecho de voto a los emigrantes españoles en las elecciones municipales y dificulta el ejercicio en las elecciones legislativas y autonómicas, ya
que instaura el sistema del voto rogado que obliga a cada elector a solicitar expresamente, y en plazos de tiempo muy
reducidos, el envío de la correspondiente documentación electoral. La Constitución establece que el Estado facilitara
el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera de España y la Ley del Estatuto de los
Ciudadanos Españoles en el Exterior precisa que los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores
y elegibles, en todos los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el España. IU denuncia
que la actual LOREG no garantiza el derecho a voto de la ciudadanía en condiciones de igualdad, ya que perjudica a los
españoles que se están fuera del territorio nacional.
*Reducción de la burocracia que afecta a los trabajadores migrantes
Hay obstáculos administrativos a la libre circulación que afectan a los documentos de identidad expedidos por el país de
origen y que a menudo no pueden utilizarse en operaciones en otros países de la UE. Los ciudadanos de la UE que viven
en otro EM tienen dificultades para renovar sus DNI o pasaportes. Desde IU se impulsará la introducción de documentos
europeos uniformes cuando proceda y reclamando que se agilicen los trámites administrativos.
*Cualificaciones
Los trabajadores migrantes tienen problemas de reconocimiento de títulos, cualificaciones y competencias profesionales; hay que reformar el sistema de reconocimiento para que sea rápido y flexible, sobre todo en los títulos no universitarios y los cursos de servicios de empleo.
La Directiva 2011/24/UE establece los derechos de los pacientes a tener acceso transfronterizo a un tratamiento seguro
y de buena calidad. Los ciudadanos comunitarios tienen derecho a recibir asistencia que resulte necesaria o todas las
prestaciones de enfermedad en un Estado miembro que no es aquel en que está asegurado. La condición es que la persona esté asegurada. España cuenta con un sistema de salud universal, sin embargo, el PP ha incluido una modificación
que supone la exclusión del sistema sanitario de las personas desempleadas que hayan agotado la prestación y los subsidios por desempleo y que se ausenten de España más de 90 días en un año. Todo aquel que reúna estas condiciones
será considerado «no residente» y, si regresa, ya no gozará del derecho a la atención sanitaria.
IU denuncia esta modificación como un atentado contra el derecho a la libre circulación. De prosperar, IU reclamará
la ampliación de la validez de la tarjeta sanitaria europea hasta que obtengan el acceso a la sanidad de dicho país por
Los españoles que residen fuera se enfrentan a problemas fiscales por la falta de cooperación entre las autoridades
tributarias. Hay obstáculos administrativos para solicitar la devolución de impuestos adeudados en otros países o por
sistemas tributarios contradictorios, que pueden dar lugar a que una misma renta sea objeto de doble imposición por
parta de dos EM. IU apoyamos que todas las legislaciones de todos los EM se atengan a la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia y que esos ciudadanos no sufran cargas administrativas innecesarias.
III. LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
La crisis es un caldo de cultivo para la consolidación de movimientos fascistas en muchos países de la UE que han venido
articulando su discurso sobre el odio y el rechazo al “otro”, al diferente: en este esquema, la población extranjera aparece como la víctima propiciatoria sobre la que descargar las frustraciones sociales que no se canalizan políticamente.
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Dese la UE se deben dotar medios para campañas efectivas de información y sensibilización por sectores sociales y por
ámbitos de intervención (jóvenes, trabajadores, funcionarios públicos….) que faciliten la pedagogía social y ayuden a
presentar a la inmigración como un factor normal de cualquier sociedad del siglo XXI.
Plantear una “TOLERANCIA 0” con grupo o colectivos con discursos discriminatorios o xenófobos y que pongan en
cuestión la igualdad de derechos entre los seres humanos. Proponemos eliminar cualquier ayuda o subvención de la UE
a estos grupos o colectivos, incluyendo a las fuerzas políticas con discurso racista y/o xenófobo.
Reivindicamos la cultura antifascista como dique contra expresiones, actitudes o posicionamientos que justifiquen la
discriminación, por cualquier factor, entre los seres humanos en el ámbito de la UE.
Nos comprometemos a impulsar la mejora en las condicones de vida y la plena ciudadanía de las personas gitanas, algo
que parecen olvidar algunos estados de la UE.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 29
La educación es un derecho humano fundamental y un pilar básico de las sociedades, porque favorece la emancipación
y la cooperación de los pueblos y contribuye a que toda la ciudadanía sea más libre, más crítica y con menos desigualdades. Por eso entendemos que la educación debe ser uno de los principales criterios de convergencia en la construcción
de una Europa igualitaria, democrática, solidaria y respetuosa e integradora de la diversidad.
Defendemos una educación pública europea de calidad: gratuita, igualitaria, coeducativa, laica, personalizada, participativa, equitativa, solidaria, saludable, integral, intercultural, inclusiva y democrática, por ser la educación pública
la única que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades; promueve la participación democrática de los sectores
implicados en el proceso educativo, incluido el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje; respeta la libertad
de conciencia y de creencias; atiende a la diversidad del alumnado y se compromete con el interés común y el servicio
público, al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico de las escuelas privadas.
La escuela pública debe ser, en todos los Estados, un lugar de encuentro entre las culturas que coexisten en una sociedad multicultural, como premisa del auténtico desarrollo de una educación para la paz, en igualdad de géneros y
IU, como parte del Partido de la Izquierda Europea (PIE), debe convertirse en la fuerza referente que aglutine estas aspiraciones y que, junto con el resto de la mayoría social progresista que busca un cambio de sistema, luche para conseguir
en toda Europa una Educación Pública y gratuita que, desde la primera infancia hasta la universidad, que:
1. Luche contra la lógica del mercado. Una educación que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 31
2. Integre los distintos ámbitos del saber, que ayude a nuestros jóvenes a desarrollar el espíritu crítico y aprovechar
los logros científicos, sociales y políticos más brillantes de las pasadas generaciones.
3. Promueva valores de paz, solidaridad y cooperación armoniosa entre países y personas. Una educación que
tiene como objetivo el desarrollo de la libertad de pensamiento, la creatividad, la emancipación individual y la
4. Ofrece a toda la ciudadanía saberes fundamentales, así como la oportunidad de familiarizarse con las formas más
elaboradas de un conocimiento mudable que les ayude a desarrollarse como personas y construir un mundo más
justo y mejor.
Para avanzar en el modelo educativo que defendemos, hacemos las siguientes propuestas:
Carta de Derechos Europeos sobre Educación que asegure el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de
igualdad en todos los países de la UE, que incluya una declaración expresa contra todo tipo de adoctrinamiento religioso en el ámbito escolar y la prohibición de los símbolos religiosos en los espacios públicos educativos.
Establecer una cuantía mínima de inversión pública en educación (en torno al 7% del PIB) en todos los sistemas
educativos europeos, y constitución de un fondo de cohesión educativo que corrija los desequilibrios y desigualdades
− Instaurar una red única, planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública en todos los países
de la UE, que atienda la demanda educativa en todas las etapas y modalidades y cuente con los recursos y servicios necesarios y que cubra la totalidad de los territorios. Reducir progresivamente la financiación pública a
los centros con gestión privada hasta que ésta desaparezca totalmente, garantizando que el dinero público esté
destinado únicamente a la educación pública. Para asegurar una red pública suficiente se expropiarán los centros
privados construidos en suelo público.
− Supresión de financiación pública a la enseñanza privada, y de manera inmediata a las escuelas de ideario religioso o que discriminen por razón de sexo, de orientación sexual, u otras condiciones de índole personal, social
− Creación del Consejo Escolar Europeo, como órgano de participación democrática de la comunidad educativa de
la UE, que analice, proponga medidas y coordine el sistema educativo europeo.
− Establecer para toda la UE el período obligatorio de escolarización, con una duración de al menos trece años para
la enseñanza básica común, y una permanencia en el sistema educativo hasta los 18 años que incluya diversas
vías formativas, incluidas las que permitan simultanear estudio y prácticas laborales retribuidas antes de la incorporación plena a un puesto de trabajo remunerado.
− Homologación de la educación infantil que garantice su carácter plenamente educativo (no asistencial), con la
educación obligatoria de 3 a 6 años, en aquellos países que no garantizan la conciliación de la vida familiar, y la
creación de plazas de titularidad y gestión pública directa suficientes de 0 a 3 año.
− Reducción de la ratio en todos los Estados: 10 estudiantes por aula en educación infantil y 20 como máximo en
las enseñanzas obligatorias, para poder desarrollar una enseñanza realmente personalizada, que pueda atender
a la diversidad de ritmos de aprendizaje, características personales y situaciones socioculturales y añadiendo el
personal de apoyo necesario para garantizar que todo el alumnado progrese.
− Gratuidad del material didáctico, incluidos libros y recursos del profesorado y del alumnado, para garantizar la
gratuidad real de la educación obligatoria.
− Desarrollo de un sistema integral de becas y ayudas al estudio y gratuidad de los comedores escolares y de transporte escolar en zonas rurales, en todos los pasies de la UE.
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− Trabajar por el éxito escolar y social de todas y de todos, impulsando cambios curriculares, metodológicos y organizativos que motiven al alumnado, contemplen los distintos ritmos de aprendizaje y sean capaces de apasionarles por el descubrimiento y el aprendizaje. Eliminación de los programas denominados de calidad y excelencia
educativa de inspiración neoliberal.
− Plan de choque contra el abandono escolar prematuro en aquellos países con altos índices de fracaso escolar,
dirigido a compensar desigualdades de origen social o cultural en aquellas zonas de los diferentes Estados de la
UE, impulsando cambios curriculares, metodológicos y organizativos que permitan dar respuesta a la diversidad
e incorporando nuevos perfiles profesionales en la escuela: de educación social y de trabajo social, de mediación
intercultural, agentes de igualdad, etc., que apoyen la tarea educativa.
− Fomento de los programas de intercambio en Educación Secundaria, tanto en la modalidad de Formación
Profesional como de Bachillerato.
− Que los sistemas educativos de los países de la UE incluyan “Educación en Democracia y Derechos Humanos”
como tema transversal y como materia específica en algunas etapas.
− Defensa del derecho a la educación de los y las españolas residentes en el exterior, asegurando su igualdad de
oportunidades y el acceso a la educación permanente.
− Impulso a la educación en lengua y cultura española, incluyendo las lenguas cooficiales, de los hijos e hijas de emigrantes. Para ello se recuperarán las clases presenciales que los últimos gobiernos han recortado arbitrariamente.
− Homologación de la formación inicial para la función docente, de modo que facilite el intercambio y la movilidad, y
requiera una titulación equivalente de al menos 4 años de formación universitaria para cualquiera de las etapas educativas, formándose preferentemente en modelos simultáneos, donde se estudian al mismo tiempo los contenidos
científicos y docentes. Y un periodo de al menos dos años de formación retribuida en los centros, con una adecuada
transición entre la formación y el mundo laboral, que incluya la supervisión de profesorado experimentado, un apoyo
graduado en las responsabilidades docentes y una evaluación que certifique el dominio de la profesión.
− Inclusión de un análisis crítico de género en los planes de estudios de los países de la Unión Europea como un
principio que debe impregnar todo el currículo.
− Garantizar la democracia en la gestión de los centros educativos, en la que participe activamente toda la comunidad educativa.
− Integración y homologación europea de la Formación Profesional, Ocupacional y Permanente cuya articulación
esté coordinada en un Consejo Europeo de la FP.
− Desarrollo de la educación de personas adultas en los establecimientos penitenciarios.
− Extensión y recursos suficientes para la formación permanente del profesorado europeo y otros profesionales
de la educación fomentando los intercambios pedagógicos y culturales entre estos profesionales de los distintos
− Destino del 0,7% de los presupuestos de educación a proyectos educativos de cooperación en países
En consonancia con estas propuestas rechazamos las propuestas y medidas neoliberales, en nuestro país, de la LOMCE
(reforzada con la presión de informes como los de PISA, ligados a intereses empresariales), por ser segregadoras, elitistas, acríticas, homogeneizadoras, adoctrinadoras, privatizadoras y centralizadoras, y que obedecen a los intereses de
las clases poderosas que solo necesiten mano de obra precaria y barata y rechazan una población preparada para avanzar educativa y culturalmente, para contribuir así al progreso social, político y productivo de sociedades democráticas.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 33
Esta situación, nos ha llevado a iniciar una campaña de oposición a la LOMCE hasta la INSUMISIÓN, oposición necesaria en el ámbito europeo para impedir el avance de estas políticas injustas.
La construcción social europea ha de basarse en una convergencia que garantice los derechos sociales de toda la
población, también en la educación superior, pero ésta no puede limitarse a una homologación formal de los niveles
de titulación superior y a una unidad de medida de los estudios superiores, sino que requiere una efectiva dotación de
recursos que la haga posible.
La educación es un derecho universal. Se tiene que garantizar la dimensión social del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), de modo que todo estudiante pueda completar todos sus estudios superiores sin obstáculos relacionados con su origen socioeconómico.
La educación superior debe orientarse a potenciar el desarrollo personal y profesional de las personas, y su contribución a una sociedad justa, sostenible y democrática. Defendemos la renovación pedagógica necesaria para promover
un aprendizaje más activo del estudiantado que permita estimular su capacidad de crítica, investigación e innovación.
Las Universidades europeas han de desempeñar su papel esencial en la formación cultural, científica y profesional sin
subordinarse a la lógica del mercado y promoviendo una cooperación no competitiva con Universidades de todo el
mundo, mediante la financiación pública necesaria. Por todo ello:
− Hay que revertir los procesos de privatización y subordinación de la Universidad al mercado, amparados en el
Proceso de Bolonia y el principio de competitividad propugnado en el mismo, rechazando la apropiación privativa de la investigación financiada con fondos públicos. El “Plan Bolonia” no funciona. Los sistemas universitarios
nacionales reproducen las clases sociales y hay una catástrofe financiera causada por la tendencia a adoptar
medidas de recortes y de austeridad en todos los Estados.
− Defendemos una transformación profunda de la Universidad Europea, entendida como servicio público que
garantice el derecho a la educación superior abierto a la ciudadanía, que no busque la “competitividad”, sino la
calidad y la cooperación y donde se recuperen las ciencias humanas como fuente de desarrollo del pensamiento
crítico frente al fomento de los estudios de carácter mercantilista.
− Abogamos por la gratuidad de la educación superior en todos sus ciclos. Nos oponemos a la subida de los precios
de los estudios universitarios. Exigimos un sistema de becas-salario que posibilite la dedicación a los estudios sin
− Apostamos por un programa Erasmus que garantice la igualdad de oportunidades y potencie la movilidad de
estudiantes a universidades europeas. Aumentar la dotación de las becas de los programas de movilidad a estudiantes, para hacerlas accesibles a todas las clases sociales. Adecuar la cuantía de la beca al país de destino.
Aumentar las plazas para la participación en estos programas de alumnado becado de países no comunitarios.
− Exigimos financiación pública suficiente para acometer las transformaciones pedagógicas y curriculares necesarias, y para garantizar un sistema de becas-salario y ayudas al estudio que asegure que todo estudiante pueda
completar todos los estudios universitarios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Para ello se
requiere incrementar los fondos destinados a las universidades públicas hasta alcanzar el 2% del PIB.
− Rechazamos toda pretensión de mercantilizar la educación superior, ya sea haciendo descansar su financiación
en las “aportaciones” de empresas privadas, o mediante la apropiación privada de los recursos públicos, a través
de mecanismos como las “spin-off” (transferencia de investigación financiada con fondos públicos a empresas
privadas), estableciendo mecanismos para que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de titularidad y
dominio público, de pública disponibilidad, de uso no militar.
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− Proponemos la representación democrática de los sectores universitarios en los órganos de gobierno de las
Universidades europeas, reequilibrando su representación, incrementando el peso del estudiantado y propiciando una gestión de que responda a objetivos formativos y no mercantilistas.
− Apoyamos los movimientos de estudiantes y trabajadores en defensa de una Universidad pública, democrática y
al servicio de las necesidades sociales en toda la UE.
La Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) son ámbitos fundamentales para un desarrollo social y ecológicamente sostenible. Las políticas comunitarias de I+D+i deben ser herramientas para fomentar el
desarrollo equilibrado del conjunto de los países europeos y para su cohesión social.
El balance actual es contradictorio: si en investigación e innovación se dio inicialmente un impulso al amparo del
Programa Marco de Investigación, actualmente se están aplicando recortes en I+D+i que están estrangulando el sistema científico. Se está produciendo un franco retroceso en el fortalecimiento de la base de conocimiento en que se apoya
la UR: el nivel de inversión en educación sigue siendo demasiado bajo; el aprovechamiento de las oportunidades de
aprendizaje permanente es limitado; y sigue siendo alto (especialmente en los países del sur) el número de jóvenes que
abandonan sus estudios sin cualificación alguna, o con cualificaciones elementales. En algunos países como España el
exilio profesional se ha convertido en una salida para una generación de jóvenes con excelente formación.
El programa Horizonte 2020 cuenta con el mayor presupuesto dedicado a I+D+i en la historia de la UE y concentra
todos los instrumentos dedicados a formación e investigación. Sin embargo, sus estructuras de gestión, evaluación y
decisión, tuteladas por los países centrales y por los grandes consorcios, son inútiles para hacer realidad el objetivo de
la Estrategia de Lisboa de alcanzar una inversión media del 3% del PIB dedicado a I+D. Las prioridades en este ámbito
pasan por aumentar la inversión en conocimiento, reforzando los campos de la investigación, la innovación, la educación y la formación permanente. Para ello IU plantea las siguientes propuestas:
− Apoyo a la creación de redes y centros europeos de calidad en investigación y educación, mejorando la dimensión
europea del aprendizaje permanente con el reconocimiento de cualificaciones y aptitudes; creando títulos, certificados y diplomas europeos públicos; y estableciendo normas mínimas comunes de calidad y seguridad ambiental en la educación y la formación. Desarrollo y homogeneización de las carreras profesionales del personal de la
investigación facilitando la movilidad.
− Garantizar el carácter público del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, rechazando
su apropiación privada. Los resultados de la investigación científica y tecnológica subvencionada con fondos
públicos, deben ser de libre utilización y difusión, así como también aquellas que afecten a necesidades básicas
(como medicamentos, etc.).
− Prioridad en la investigación y aplicación de tecnologías que mejoren el empleo en función de la relación innovación/volumen-calidad del empleo generado. Promoción de la investigación orientada a las necesidades sociales:
protección del medio ambiente, energías renovables y limpias, salud laboral y ambiental.
− Recuperación de los criterios de cooperación frente al de competitividad en la política tecnológica e industrial
− Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente y la salud pública.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 35
− Democratización de la planificación, priorización y gestión de los programas de I+D, que se basará en criterios
de rentabilidad social. Crear condiciones para que aumente la inversión en investigación, pero manteniendo niveles elevados de financiación pública en campos prioritarios. Limitación del papel de los grupos industriales en la
orientación de la política tecnológica. Garantizar la ausencia de conflictos de interés de los miembros de organismos de la UE, particularmente en la evaluación de productos precomercialización.
− Modificación de las estructuras de gestión, evaluación y decisión en todos los instrumentos del programa
Horizonte 2020 para hacerlos más democráticos y abiertos, , que facilite el acceso a la financiación a los países
o regiones menos desarrolladas.
− Inclusión de la cohesión como criterio relevante para las propuestas de investigación, destacando las que pueden resolver problemas en las regiones menos desarrolladas.
− Aplicación del principio de precaución en la evaluación de los programas europeos, especialmente en
Biotecnología, Medio Ambiente, telecomunicaciones y Energía. Prohibir la investigación y uso de compuestos
químicos que dañen el medioambiente. La legislación comunitaria deberá obligar a la industria a probar la inocuidad de sus producto, garantizándola antes de su comercialización.
− Recuperación y fomento de la investigación en temas socioeconómicos, con especial énfasis en estudios de marginación y exclusión social, emigración, discriminación, consecuencias sociales del paro y de la precariedad laboral y de la exposición a tóxicos.
− Establecimiento de un presupuesto mínimo dedicado a temas socioeconómicos en cada instrumento del programa.
Línea de financiación para proyectos de investigación que respondan a las demandas de las organizaciones sociales.
− Generación de Políticas integradas de participación en proyectos europeos y nacionales. Redistribución del esfuerzo investigador que integre las demandas en I+D de todos los países miembros. La asignación de recursos
a estas políticas facilitará alcanzar el objetivo del 3% del PIB en I+D y ayudará a reducir la brecha entre países.
− Fomento de conferencias de consenso y de la participación ciudadana en las decisiones tecnológicas: financiación, seguridad, uso y aplicación de las tecnologías generadas.
− Cooperación científica y tecnológica con los países del Tercer Mundo.
− Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar. Aprobación de una Ley Europea de Objeción Científica que legalice la oposición de los científicos a trabajar
en programas de “Defensa” Militar.
− Ampliar el marco de la regulación europea respecto a la limitación de estudios con animales, promoviendo alternativas éticas y limitando estrictamente el estudio a aquellos campos de probada rentabilidad social, fundamentalmente dentro de la investigación médica, en los que no exista alternativa.
− IU propone elaborar un programa-marco europeo en políticas educativas y de I+D+i, basado en los principios
básicos de: una educación pública, democrática y laica de calidad; un sistema científico-técnico que sustente
un desarrollo social y ecológicamente sostenible; un modelo que contribuya a la extensión de la cultura científica
independiente indispensable para elegir y decidir el modelo social en que queremos vivir.
“Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse del atención sanitaria en las
condiciones establecidas por la legislaciones y practicas nacionales. Al definirse y ejecutarse en todas las
políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud.”
36 | PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014
En relación a este derecho se está impulsando la Carta de Derecho a la Salud de los ciudadanos y ciudadanas de la UE,
evaluando la legislación comunitaria, los sistemas sanitarios y el derecho a la protección de la salud. Un derecho amenazado por la privatización de los sistemas públicos de salud, la exclusión sanitaria, los repagos en las prestaciones y
Desde las anteriores elecciones europeas, la salud de la población europea ha empeorado notablemente al disminuir
sus recursos y sus ingresos, aumentando las cifras de ciudadanos en paro y golpeando esta situación a la población
más vulnerable Cada vez más ciudadanos están en riesgo de exclusión social, lo que ha hecho aumentar los problemas
de salud mental. La precariedad económica trae como consecuencia malnutrición o desnutrición que afectan más a la
población infantil. Las condiciones sociales son los principales determinantes de la salud y esta se deteriora al tiempo
que la crisis recae sobre la clase trabajadora.
Aumentan las necesidades de salud de la población y la desprotección de colectivos vulnerables, con privatizaciones
que se une a recortes y precarización de servicios y profesionales, repagos que penalizan al que más enferma, el deterioro de las condiciones en salud laboral y la desintegración de los sistemas sanitarios y sociosanitarios. Por todo ello,
desde IU defendemos:
− Concepto integral de salud, no sólo como ausencia de enfermedad, sino como bienestar físico, psíquico y social,
que debe reflejarse en la política de salud. Salud es aquella manera de vivir autónoma, integra y armónica con uno
y con el medio social y ambiental, solidaria y feliz.
− Derecho a la protección de la salud. Todo residente en la UE tiene derecho a una atención integral y multidisciplinar de la salud, centrada en la Atención Primaria y en la prevención y promoción de la salud dentro de un
modelo integrado, eficiente y con financiación, provisión y gestión totalmente públicas. Debe garantizarse una
− Participación ciudadana informada y real, la ciudadanía como “titular” del sistema público de salud, no como
simples usuarios, ni aun menos como “clientes”.
− La equidad en salud y la equidad en el acceso a la atención sanitaria, luchando contra las desigualdades tanto
entre los estados miembros como dentro de los mismos.
− Rechazo de los sistemas de copago o repago, ya que paga más el que más enferma, no el que más tiene y es
sabido que, precisamente, enferman más los que menos tienen.
− La salud mental, la atención a la drogodependencia, la atención sociosanitaria y la atención a sectores vulnerables deben ser reforzados, garantizando una atención multidisciplinar.
− Adecuada cobertura de las plantillas en condiciones laborales justas
− Una política farmacéutica y de tecnologías sanitarias fundamentada en las necesidades de salud, no en las necesidades de los mercados, con criterios de calidad y eficiencia.
La actual UE somete los servicios de salud a las leyes del mercado transformando los centros públicos en negocios de
salud. La reforma de los sistemas de salud va dirigida a la mercantilización, a fomentar la competencia y la privatización
de los servicios, transfiriendo las actividades rentables al sector privado. Subordina los servicios sanitarios a la lógica de
la economía liberal ofreciéndolos como mercados rentables a los capitales privados.
Ante esto, la Unión Europea debería garantizar:
− Cobertura sanitaria universal, global, gratuita, con financiación, provisión y gestión públicas. El derecho a la
protección de la salud independientemente de la situación laboral o administrativa, incluyendo la asistencia sanitaria, la salud pública y la atención sociosanitaria.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 37
− Estructuras sanitarias públicas con recursos financieros, materiales y humanos suficientes, priorizando la atención primaria de salud. La legislación europea debe “blindar” los servicios públicos de salud impidiendo su desmantelamiento y estableciendo una cuantía mínima de gasto sanitario público no inferior al 9% del PIB
− Un sistema de información sanitaria común y homogéneo que garantice el conocimiento de la situación de salud
de sus ciudadanos y los resultados de los servicios y políticas sanitarias.
− La participación y control social en el sistema sanitario y las políticas de salud.
− La equidad y racionalidad de las políticas de salud que garantizasen el acceso a una atención sanitaria de calidad. Dotación de fondos garantes de la equidad en el acceso a los servicios sanitarios con implementación de
recursos para los sectores sociales más vulnerables.
− Coordinación de las políticas sanitarias de los países de la UE para que ofrezcan una atención sanitaria de calidad en toda Europa.
− Refuerzo de las políticas de salud pública que promuevan un medio ambiente físico y social saludable y sin riesgo,
planificando eliminación de contaminantes y reforzando los estudios epidemiológicos de salud ambiental, laboral, y desigualdades en salud.
− Refuerzo de las políticas de seguridad alimentaria
− Investigación de salud orientada a resolver los principales problemas de salud, fomentando el apoyo a la investigación en enfermedades raras. Incremento de fondos para a la investigación.
− Estrategia de formación de personal sanitario común y homogéneo que evite desigualdades económicas y asistenciales en los diferentes países
− Racionalizar de la política farmacéutica y de uso de tecnologías sanitarias. Proponemos la creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública europea. Abogamos por la eliminación de patentes privadas y por el fomento de uso de medicamentos genéricos y empleo de monodosis.
− Refuerzo de los servicios de salud mental con un enfoque bio-psico-social de la enfermedad. Reforzar los dispositivos socio-sanitarios y rehabilitadores, con ayudas para mantener a los pacientes con enfermedades más
severas en su entorno social y familiar.
− Atención al derecho a la salud sexual y reproductiva de toda la ciudadanía con cobertura pública, en anticoncepción, prevención de embarazos no deseados e interrupción voluntaria del embarazo. Reproducción asistida.
− Derecho a la muerte digna y a los cuidados paliativos dentro del sistema sanitario público, homogeneizando criterios y legislación y con respeto a la voluntad de los pacientes
− Apoyo a sectores vulnerables. Garantizar el tratamiento y atención de las personas con VIH, potenciar la investigación pública en el desarrollo de fármacos y terapias respecto al VIH/sida y un pacto social que evite la
discriminación asociada. Garantizar el acceso a la alimentación de las personas con necesidades nutricionales
− Apostamos por la derogación de la Directiva 2011/24/UE (relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza) y su sustitución por una legislación que, garantizando los derechos de
los ciudadanos/as de la UE, prohíba que se puedan pagar prestaciones en centros privados con fondos públicos,
evitando que se pueda establecer un mercado sanitario en el ámbito de la UE.
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5. CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL AGRAVADAS
La quiebra del modelo social europeo, especialmente en la llamada Europa de los 15, ha sufrido un deterioro radical como
consecuencia del avance de las políticas neoliberales y de la crisis financiera, produciendo un retroceso profundo del
Estado del Bienestar. Las condiciones económicas impuestas por la Troica no permiten afrontar las necesidades sociales
con políticas públicas eficaces que supongan un cambio de rumbo para que los ciudadanos gocen de protección social.
Cualquier formulación de políticas sociales en Europa implica un giro en las medidas de austeridad y requiere un concepto más flexible del gasto público en relación con la sostenibilidad de los servicios básicos para la población. En este
contexto, apuntamos las siguientes líneas de actuación:
I. LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO RESPONSABILIDAD PÚBLICA
− Los derechos sociales básicos deben estar garantizados en todos los estados miembros como derechos subjetivos,
exigibles por los ciudadanos ante las administraciones públicas.
− Los servicios y prestaciones sociales tendrán como soporte un sistema público de atención, con una red adecuada que permita cubrir en pie de igualdad la diversidad territorial y funcional de la población con una equidad
básica para todos los ciudadanos.
− Desde la red pública se aplicará una intervención social adecuada a las necesidades sociales de la población
en general y destinada a la inclusión de las personas con especiales dificultades, utilizando la integración como
método y la normalización como objetivo.
− Como base jurídica de esa política, se articulará una Carta de Derechos Sociales para los ciudadanos de la UE,
como desarrollo específico de la Carta de Derechos Fundamentales.
− Las políticas presupuestarias asegurarán la dotación suficiente en los países miembros para dar cobertura económica a los derechos subjetivos reconocidos en la nueva Carta de Derechos sociales, impulsando fondos europeos
II. PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
La UE de nuevo debe fomentar la implementación de planes de choque contra la pobreza y la exclusión social en cada
país, creando un Fondo comunitario para la complementariedad de los mismos. Tales planes han de alcanzar, al menos,
niveles básicos de cobertura como, pobreza infantil, personas sin techo, hogares sin ingresos mínimos, desempleados
sin prestaciones, personas con diversidad funcional sin empleo o prestaciones básicas, madres solas paradas, víctimas
de violencia de género sin recursos, inmigrantes sin papeles, personas mayores y personas víctimas de abusos en el
III. LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL Y CON CARÁCTER NO CONDICIONADO COMO HORIZONTE
Entendemos que la mejor forma de evitar acudir periódicamente a soluciones coyunturales de emergencia, siempre
tardías e insuficientes, como los planes de choque citados, sería dar cauce a un nuevo sistema que garantice el derecho
universal a una renta básica ciudadana que cubra la subsistencia de toda la población y el acceso a los bienes indispensables para una vida digna.
Sería fundamental que desde la UE se fijara una Directiva conducente a la implantación de este modelo en todos los
Estados miembros. No obstante, en tanto no se adopta una fórmula comunitaria compartida e incluso reforzada con fondos de cohesión europeos, se impulse desde el Parlamento Europeo un marco de criterios adecuados para desarrollar
en los países con mayor nivel de pobreza, mecanismos de garantía de ingresos mínimos que contribuyan a satisfacer
las necesidades primarias y vayan unidas a programas de incorporación social que favorezcan la no cronificación de las
situaciones de carencia graves.
IV. PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA
Además de la lucha contra la pobreza infantil, resulta fundamental avanzar en la especificación de un régimen jurídico
común y en el desarrollo de un sistema de protección fundamentado en el respeto de los derechos de la infancia y en
la promoción de la igualdad, especialmente en educación. Disponemos de un marco legal común, a la Convención de
Naciones Unidas, de sus 3 protocolos adicionales, y de la Carta Europea de los Derechos del Niño y de la Niña. No obstante, es urgente avanzar en políticas prácticas más coherentes con este marco, implementando medios profesionales
y dispositivos de atención. Se fomentarán en toda la UE políticas sociales dirigidas a niños, niñas y adolescentes como
sujetos sociales activos, al objeto de que participen en la vida social como protagonistas y sean respetados y considerados como ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y en la atención de sus necesidades.
V. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
La esperanza de vida es un logro de nuestra sociedad, pero su incidencia debe obligar a un nivel de atención coherente
con la calidad de vida alcanzado. Ello requiere un sistema de protección específico que encauce la prestación de cuidados y dispositivos de apoyo suficientes para la demanda que la situación de dependencia exige. Se hace preciso que se
establezcan legislaciones consecuentes con el grado de envejecimiento y con medidas sociales y económicas acordes
con su caso. La creación de un Observatorio de la UE sobre Dependencia, además de aprovechar el cúmulo de datos
procedente de Eurostart, facilitaría la ejecución de políticas armonizadas y eficientes en un campo tan decisivo.
El desarrollo de programas de autonomía personal permite la inclusión social de personas con diversidad funcional. No
solo ha de atenderse a la dependencia pasiva, sino que dicho Observatorio contemplará acciones positivas para superar la dependencia. En este aspecto, la generalización de la figura del asistente personal para grandes situaciones de
diversidad funcional es un medio preferente y prioritario a extender.
VI. INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Desde la UE se impulsarán las políticas públicas de atención a la diversidad funcional tomando como referencia la
Convención Internacional de Derechos de la ONU, fomentando su accesibilidad, para que se garantice su movilidad en
edificios, medio urbano, transportes, etc. Y asimismo, el acceso a la información. La inclusión educativa del alumnado
con diversidad funcional será objeto de apoyo adecuado. El empleo ordinario, o en su caso, protegido es fundamental
para asegurar la autonomía personal y la independencia económica mediante medidas de inserción laboral fijadas por
ley y de obligado cumplimiento para empresas y administraciones. Sus condiciones de trabajo serán equiparables a los
demás trabajadores y con las adaptaciones pertinentes para el desempeño de sus funciones profesionales.
Se velará por la participación democrática de las personas con diversidad funcional tanto en sus organizaciones como
en sus derechos de ciudadanía. El movimiento social de la diversidad funcional ejercerá su papel correspondiente sin
emular la actividad de los lobbies, ni sustituir a las administraciones públicas, ni coartar los derechos individuales de
Los cuidados y atención sociosanitaria a mayores y personas con diversidad funcional deben ser garantizados de manera universal. De especial protección serán las mujeres con diversidad funcional por su doble condición de afectadas
por las desigualdades sociales.
40 | PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014
6. VIVIENDA Y CIUDAD SOSTENIBLE
Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 continúa generando en los pueblos del sur de Europa consecuencias atroces para las personas y el territorio. La estafa hipotecaria producida por decenios de políticas neoliberales
en España y Europa está generando una vulneración sistemática de derechos fundamentales, con su cara más dramática en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento de las familias. Estos años han demostrado que dejar el
derecho a la vivienda al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, no supone una actividad económica
sostenible ni generadora de empleo estable, sino un negocio depredador, especulativo y voraz. En el Estado español,
desde 2007, se han producido más de medio millón de desahucios hipotecarios en España, sin contar los desahucios
por alquiler. Necesitamos apostar por un modelo de ciudad y de territorio más sostenibles.
I. LA VIVIENDA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE DEBE SER GARANTIZADO Y PROTEGIDO POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
España tiene 3’5 millones de viviendas deshabitadas. Debemos garantizar la función social vivienda, garantizando el
acceso en alquiler de esas viviendas desde el control público y el interés general. Las viviendas no son mercancía para
engrosar los balances bancarios, las viviendas deben dar habitación. Los poderes públicos deben ocuparse de la adversa situación creada por la falta de vivienda, y hacer frente a la desocupación de viviendas que contraviene la función
social de la propiedad, así como la utilización inadecuada del espacio urbano, estableciendo un despilfarro del territorio, y una vulneración de derechos.
− El parque de viviendas públicas debe tener consideración de Servicio Público, tan importante como la educación
o la sanidad. El parque de viviendas públicas deben contar con protección suficiente, ir dirigido a las personas
expulsadas del mercado inmobiliario que no pueden acceder a una vivienda digna. La vivienda pública, como
servicio público, no puede venderse ni privatizarse.
− Prohibición de que las administraciones públicas desahucien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento podrá ser expulsada de las viviendas públicas.
− Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler,
de forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeudamiento para el acceso de crédito hipotecario.
− Establecer una bolsa de viviendas bajo control público que estén destinados a dar habitación a quienes han sido
expulsados de su vivienda. Las viviendas públicas o las protegidas no podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.
II. LA LUCHA CONTRA LOS DESAHUCIOS, EL FRAUDE FINANCIERO Y LA QUITA HIPOTECARIA
− Reformar las leyes estatales adoptando las medidas de la ILP para la Proposición de ley de regulación de la dación
− Modificar la ley de protección al consumidor hipotecario, prohibiendo las cláusulas suelo y todas las cláusulas
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 41
− Crear la Oficina del Defensor de las familias endeudadas, de forma que se reestructuren los préstamos hipotecarios mediante una negociación. España debe abordar la quita hipotecaria. La burbuja inmobiliaria hizo que
los precios medios de la vivienda aumentaran un 149%. Fueron los bancos españoles quienes aprovecharon esa
situación de inflación inmobiliaria desmedida para obtener una revalorización artificial de sus activos, sobreestimaron la solvencia de sus deudores, tasaron temerariamente al alza, determinaron las cuotas y los intereses,
junto a los vencimientos y todo lo demás.
III. LA DIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA
Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la especulación de la construcción a la rehabilitación, que genera
3 veces más puestos de trabajo directos que la construcción de obra nueva. España tiene un porcentaje de inversión en
Rehabilitación con respecto a todo el sector de la construcción del 28%, frente a una media europea del 41% y al de
Alemania, donde la rehabilitación de vivienda alcanza el 56%.
IV. EL DERECHO A LA CIUDAD, ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDADANÍA. CIUDAD COMO DERECHO A LA VIVIENDA, A LA MOVILIDAD
Y AL ESPACIO PÚBLICO
Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una vivienda digna a los sectores poblacionales más afectados por la
crisis – parque público, bolsas de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densificar la ciudad y apostar por
un modelo territorial más sostenible.
Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone del tejido residencial, de un tejido conectivo -el espacio público- y
de lugares neurálgicos -los equipamientos- donde se materializan las relaciones humanas. Ciudades para las personas,
en detrimento del coche.
Modelo de Ciudad sostenible, porque frente a los despilfarros ambientales, sociales, culturales y económicos, que ha
significado la burbuja inmobiliaria, apostamos por un territorio de verdad más sostenible, por una ciudad compacta en
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barriadas.
V. DISOLUCIÓN DE HERRAMIENTAS PENSADAS PARA GARANTIZAR LA TASA DE GANANCIA DE LA OLIGARQUÍA A COSTA DEL EXPOLIO
− Disolución de la SAREB (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria). La constitución del llamado Banco Malo, que contiene activos tóxicos de la banca, esto es suelo y viviendas, atesora casi
100.000 millones de euros en activos y su objetivo es sanear los balances de las entidades financieras. En el horizonte, la venta de los mismos en un plazo de 15 años. La medida del SAREB supone transferir deuda privada al
sector público, directamente o avalada con préstamos con alto riesgo de ser fallidos, por lo que los perjudicados
serán los contribuyentes que deberán hacer frente, a través de dos vías: mediante los impuestos, y con recortes
− SOCIMIS, (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), que busca la inversión de fondos extranjeros e institucional en el mercado inmobiliario y que tributarán al 0%. Privilegios inaceptables para los grandes
grupos económicos que especulan con este bien de primera necesidad. No son más que las SICAV inmobiliarias,
reducto de las grandes fortunas que buscan importantes desgravaciones fiscales, elementos fundamentales para
la construcción de la segunda burbuja inmobiliaria, ahora desde el alquiler, y herramienta de la gestión privatizadora del parque de viviendas deshabitado.
− Derogación de la Ley de flexibilización del mercado del alquiler, que precariza y perjudica a las inquilinas e inquilinos, favoreciendo a los grandes propietarios y acaparadores de viviendas vacías.
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− Frente a la liberalización del derecho a la vivienda del PP y la troika con políticas como las que contempla la Ley
de flexibilización del mercado del alquiler, más acción pública que garantice el interés general, políticas proactivas que fomenten la movilización de viviendas vacías, incentivos a particulares para que pongan sus viviendas en
alquiler, garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
− Frente a la privatización de la gestión de las viviendas vacías con las SOCIMIS, puesta en marcha de una agencia
pública del alquiler, intervención democrática en el mercado inmobiliario para garantizar el derecho de acceso a
− Frente a la privatización del parque público de viviendas y la lapidación de viviendas sociales, puesta en valor
del parque público de viviendas como un servicio público de primer orden que debe dignificarse, contar con más
inversión pública y ampliarse.
− Frente a los desahucios, reestructurar la deuda familiar hipotecaria, mediante la quita, o las necesarias modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil para establecer una “segunda oportunidad” a quienes pueden perderlo
todo, incluso su vivienda, medidas como el de la expropiación del uso de la vivienda.
Defendemos un modelo de justicia como servicio público garantizado a nivel de la Unión Europea, y para ello
− Mejorar el acceso directo de los ciudadanos al TJUE, abriendo canales de defensa de los intereses de las personas
que ahora solo se pueden ejercitar de forma indirecta a través de solicitud al juez para que eleve el asunto al TJUE.
− Garantía de acceso gratuito a todas las personas que viven en la UE, incluyendo todas las instancias judiciales. En
ningún caso podrá generarse indefensión por falta de asesoramiento y asistencia legal gratuita a las personas que
carezcan de los recursos suficientes.
− Derogar las reformas legislativas regresivas de la UE que recortan derechos fundamentales y libertades de los
ciudadanos bajo la retórica de la seguridad y la lucha contra el terrorismo.
− Derogar las “listas de terroristas” de la UE toda vez que no han sido elaboradas atendiendo a criterios judiciales
sino por mera decisión política que no ha respetado el derecho al debido proceso y a la defensa, clasificando
como terroristas a organizaciones y movimientos de liberación nacional en claro menoscabo de las políticas exteriores de la UE e invalidando a esta para intervenir en tareas de mediación internacional para la resolución de
conflictos internos. El mismo Nelson Mandela estuvo incluido en la lista de terroristas hasta el año 2000.
− Rechazo de los principios mercantilistas del derecho comunitario y de la doctrina del Tribunal Europeo de Justicia
consistente en la aplicación del “principio de país de origen”. La consecuencia del mismo es la aplicación de la
legislación del país del empresario y no del trabajador buscando evadir la aplicación de convenios colectivos y
demás legislación laboral más favorable para el trabajador.
− Protección del principio de justicia universal a nivel europeo.
− Reforzar la legitimidad de sindicatos y movimientos sociales para la defensa de los derechos e intereses a que
representan en el ámbito de la Unión Europea.
− Control y elección de los miembros del Tribunal de Justicia por el Parlamento Europeo.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 43
− Protección de los principios y derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tutela de estos derechos a nivel europeo.
− Implantación de la Oficina Judicial Europea con el fin de asesorar e informar a los ciudadanos/as respecto a los
derechos y trámites para hacer más accesible la justicia en la UE.
− Ampliar competencias del Defensor del Pueblo Europeo para que puedan realizar investigaciones sobre vulneración de derechos fundamentales amparados en la Declaración de Derechos Fundamentales del Tratado de
Lisboa. El Defensor del Pueblo sobre pueda abrir diligencias relativas al mal funcionamiento de las instituciones.
− Creación de un Relator de Derechos Humanos en la Unión Europea.
− Ampliar la Carta de Derechos Sociales y Laborales de la Unión Europea para que se vinculante jurídicamente.
Actualmente no tiene ninguna vinculación jurídica.
− Directiva sobre Asistencia Jurídica Gratuita Europea.
− Directiva sobre Participación, consulta y negociación colectiva de los trabajadores en la Unión Europea.
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Para IU las cuestiones sociales, económicas y medioambientales están ligadas. Es necesario reorientar nuestras formas
de vida, de producción, distribución y consumo. Exigimos acuerdos máximos en las normas ambientales de la UE así
como la garantía de contribuir a salvar la biodiversidad para las generaciones venideras. La solidaridad en el tiempo,
con las generaciones que nos seguirán, y en el espacio, sin generar deudas a otros territorios, debe ser un mandato en
las políticas ambientales..
Proponemos la reforma ecológica de la contabilidad superando el principio de que “quien contamina paga”: la UE puede y debe establecer las leyes y directivas europeas que garanticen que no se produzca la contaminación, persiguiendo
penalmente y no sólo económicamente a los culpables. Tanto las Fiscalías de Medioambiente en los países de la UE
como el Tribunal de Derechos Humanos tiene amplia legislación sobre este tema y constituyen herramientas útiles.
Asimismo, hemos de tomar en consideración tanto el coste de extracción como el coste de reposición de los recursos
naturales e incluir la “huella ecológica”, o huella de deterioro ecológico, para facilitar el control de la evolución positiva
o negativa de la sostenibilidad.
IU apuesta por una Economía sostenible. Hemos de a trabajar un marco básico de economía sostenible, que tenga entre
sus retos el de poner en pie una economía que atienda a los límites biofísicos del planeta. Ello implicará la introducción
de otro tipo de “contabilidades” que trasciendan las de carácter especulativo y generador de plusvalías, midiendo los
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 45
flujos de materiales y energía con el fin de minimizar su acción sobre la biosfera. Se tiene que poner fin al mito del crecimiento como objetivo y sustituirlo por el de satisfacción de las necesidades que habrán de ceñirse a las disponibilidades
materiales y energéticas del entorno.
Este modelo de desarrollo económico ha de ser social, económica y ambientalmente sostenible y esto pasa por impulsar
distintos sectores, alejándonos del monocultivo del sector servicios, definiendo la intervención pública en los sectores
estratégicos: agroalimentario-energético-industrial, del sector cuidados, de las nuevas tecnologías, etc.
Hemos de empezar a construir un modelo de desarrollo que socialice la toma de decisiones, implicando a las comunidades en el diseño y puesta en marcha de propuestas de desarrollo económico sin comprometer los recursos de las
generaciones venideras ni generar dinámicas de empobrecimiento de otras partes del mundo.
La inversión ha de planificarse de manera que sirva para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y temporal,
de la misma manera que incluya la democratización en el uso de los recursos y los medios de producción.
El modelo económico basado en la especulación y el consumismo trae perjuicios ambientales, de salud, sociales y económicos, no dudando en lanzar injustas y costosas guerras, con el objetivo de someter a un saqueo brutal de recursos
humanos y naturales a los países del Sur.
En la U.E. hemos superado nuestro límite de huella ecológica, estamos consumiendo varias veces las posibilidades
de renovación natural de nuestro territorio. Se traspasa esta huella ecológica a los países del tercer mundo, de varias
formas: explotación de recursos mineros, agrícolas, compra de terrenos, cementerio de desechos tóxicos. Tenemos la
obligación de reflexionar y proponer un modelo totalmente diferente de desarrollo, que pasen por una nueva agenda de
política ambiental con los objetivos siguientes:
Las políticas actuales de la UE en materia territorial se basan en la Agenda Territorial Europea 2020 cuyos principios y
objetivos pretenden reforzar la Política de Cohesión de la UE, añadiendo la dimensión territorial a las ya vigentes dimensiones social y económica y buscando coordinar las componentes territoriales de las distintas políticas sectoriales. Pero
no tiene carácter normativo aunque formula directrices y recomendaciones. Para alcanzar los objetivos de la Estrategia
Europea 2020 define 6 prioridades:
1. Promover un desarrollo territorial policéntrico y equilibrado
2. Fomentar el desarrollo integrado en las ciudades, las regiones rurales y zonas específicas
3. Conseguir la integración territorial en regiones funcionales transfronterizas e internacionales
4. Asegurar la competitividad global de las regiones sobre la base de fuertes economías locales
5. Mejorar la conectividad territorial para los individuos, comunidades y empresas
6. Asegurar la gestión y la conexión de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de las regiones
Este documento no garantiza ni la cohesión territorial ni la social ni preserva el patrimonio al no ser vinculante. Hasta
ahora el territorio ha sido el soporte de la actividad económica, tanto de la productiva como de las infraestructuras, existiendo en el mejor de los casos una regulación que pueda limitar el mal uso de aquél. El territorio se ha convertido en un
bien económico más, y no como el lugar donde se desarrolla la vida, tanto la de especie humana como otras del reino vegetal y animal, al tiempo que el modelo elegido se ha decantado por la producción intensiva, tanto en la industria como
en la agricultura, y la apuesta por la urbanización difusa, necesitada de un alto consumo de energía, de infraestructuras
y de sistemas múltiples de transporte, en el que el privado es altamente excesivo. Un sistema que ha hecho prevalecer
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los diseños territoriales realizados desde una perspectiva urbana que ha tenido como consecuencia la dependencia del
espacio rural respecto del urbano.
Debería entenderse el territorio como el espacio físico compuesto por ecosistemas urbanos, rurales y naturales que
generan interrelaciones económicas, sociales y culturales entre sí. Debería buscarse un modelo territorial integral que
compatibilice actividades y usos de los tres sistemas de forma equilibrada formado por una red polinuclear de ciudades,
un campo con predominancia de explotaciones extensivas y un medio natural con aprovechamientos sostenibles. Este
modelo debe construirse sobre las siguientes premisas:
− Democratización de la ordenación del territorio que tenga como eje fundamental la ciudadanía, su desarrollo
político y personal (educación, vivienda, sanidad, cultura, ocio) siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad
− Elaboración de una Directiva Marco del Territorio, relativa a la ordenación del territorio y el urbanismo, que genere una red de ciudades medias y evite la concentración en grandes aglomeraciones urbanas insostenibles.
− Planificación política del territorio, con participación social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios e implemente las políticas para garantizar un desarrollo social justo y sostenible.
Impulsaremos una Directiva Marco sobre la Protección del Litoral y de la Plataforma Continental.
− Nuestra premisa define la ciudad como espacio de relación, de encuentro entre las personas, con barrios multifuncionales y sostenibles en lo social y en lo ambiental. Debe garantizarse el acceso a una vivienda digna, sin
derrochar más recursos naturales, territoriales y paisajísticos que los necesarios y oponiéndonos al crecimiento
desordenado con criterios economicistas.
− El campo debe preservar los saberes y técnicas tradicionales que mantenga la diversidad agropecuaria sin renunciar a nuevas tecnologías que mejoren los procesos productivos. Las explotaciones extensivas deben prevalecer
sobre las intensivas.
− El medio natural no puede refugiarse en áreas que se comporten como compartimentos estancos. este medio
debe estar conectado mediante corredores ecológicos.
A esta visión del territorio habría que añadir su consideración como paisaje. El paisaje es la unión de los aspectos
geoecológicos y culturales del territorio, algo que queda definido en el Convenio Europeo del Paisaje de 2000 en el que
se aboga por preservar la riqueza física y humana que atesoran los paisajes de las regiones europeas.
El paisaje no solo es una realidad física, es el lugar donde se proyecta y donde se representa la cultura de la gente que
lo habita, es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza. En cambio las transformaciones aceleradas
y agresivas del territorio han generado una degradación continuada del paisaje tanto en sus aspectos ecológicos –pérdida de biodiversidad, contaminación de acuíferos, entre otros- como culturales –pérdida de la percepción identitariaprovocando su banalización y uniformidad.
En esta realidad física se plasma la planificación y la ordenación del territorio. En España la deficiente planificación
territorial ha deteriorado los elementos identificadores de paisajes de alto valor ecológico o cultural. TLos cambios en
la legislación, como la Ley de Costas, favorecen intereses privados antes que fomentar la preservación de ámbitos paisajísticos únicos.
Es necesario vincular paisaje y territorio. El Convenio del Paisaje fue ratificado por España en 2007, promulgándose a
raíz de él en algunas CCAA leyes que fomentan el inventario, catalogación, protección y puesta en valor de paisajes,
pero no existe una ley estatal sirva de referencia a las administraciones autonómicas. Por ello IU aboga por:
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 47
− Directiva Europea sobre Ordenación del Territorio, que base la OT las realidades locales y regionales y que impulse la interconexión de las políticas territoriales, que contemple los elementos conceptuales sociales y ambientales como los metodológicos de la ATE más innovadores y que haga de la participación ciudadana una herramienta
básica para la construcción de un nuevo modelo territorial basado en la riqueza social y en la diversidad ambiental
− Directiva Europea sobre el Paisaje que recogiendo aspectos tratados en el Convenio Europeo del Paisaje reúna
de distintas normativas sectoriales europeas y que pueda servir, mediante su transposición, a la promulgación de
una Ley del Paisaje a nivel estatal.
− Creación de una Red de paisajes europeos al estilo de la Red Natura 2000.
2. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS
Los servicios e las infraestructuras para el transporte han de basarse en que la función del transporte es crear accesibilidad que facilite alcanzar los bienes, servicios y contactos con las demás personas. El transporte ha de alcanzar la
máxima accesibilidad con la mínima movilidad. El sistema de transporte ha de tener carácter universal y ser público,
garantizando el servicio a todas las personas, independientemente de su situación geográfica, poder adquisitivo, género
o edad. IU promueve el transporte sostenible con los modos a pie, en bicicleta y en tren como columna vertebral del
sistema multimodal e integral de transporte:
Multimodal: que todos los modos y medios de transporte tienen algún cometido en el conjunto del sistema. A pie, en
bicicleta y en tren normal, como modos fundamentales, y el automóvil, moto, camión, autobús, avión, tren de alta velocidad, como modos complementarios, priorizando de manera contundente los transportes colectivos.
Integral: que el sistema ha de coordinar todos los modos de forma que los complementarios sirvan para reforzar a los
fundamentales, y que las tarifas y los horarios generen coherencia, disponibilidad, fiabilidad y calidad de transporte.
La vertebración del territorio y entre Estados, regiones y comunidades se fundamentará en una red de transporte público y colectivo y en el desarrollo y del ferrocarril normal.
− Directiva sobre accesibilidad urbana sostenible para disminuir la necesidad de movilidad, o lo que es lo mismo,
tener en cuenta las necesidades de desplazamientos y transporte a la hora del diseño de ciudad y territorio.
− Proponemos el fomento de sistemas de transporte más limpios y seguros, invirtiendo en los transportes públicos
− Ferrocarril
IU apuesta por el ferrocarril como el sistema de transporte terrestre fundamental en las grandes y medias distancias, ya
que es el sistema de transporte más eficiente desde el punto de vista energético. Además, una parte importante de la infraestructura ferroviaria ya realizada debería ser optimizada, poniéndola en funcionamiento de nuevo, evitando el impacto de nuevas infraestructuras. Un buen ejemplo sería la reapertura del túnel ferroviario del Canfranc en el Pirineo Central.
− La gestión pública de las redes existentes y de sus futuros desarrollos, devolviendo al sistema su unidad de gestión y derogando, por tanto, la Directiva 440/1991 que sentó las bases de los procesos de privatización que se
están llevando a cabo en España (con la Ley del Sector Ferroviario) y en el resto de los países de la UE.
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References: Artículo 135
 artículo 135
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 45
 resolución