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Timestamp: 2019-01-18 09:58:07+00:00

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﻿ SENTENCIA 2007-00143 DE NOVIEMBRE 18 DE 2013
SENTENCIA 2007-00143 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. EL ARTÍCULO 94 DE ESTA NORMA REGULA LOS PRESUPUESTOS PARA LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y LA CONSTITUCIÓN EN MORA. VÍA RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECIDIÓ UN PROCESO ORDINARIO DE RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME EN UNA COMPRAVENTA, SE ACUSÓ LA VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 640 DEL 2001 Y LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1954 DEL CÓDIGO CIVIL, NORMAS QUE ESTABLECEN LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O DE LA CADUCIDAD EN RELACIÓN CON LAS CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN DERECHO, ASÍ COMO EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME, LA CUAL ES DE CUATRO AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO. LA SALA CIVIL NO CASÓ LA SENTENCIA, PUES EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 640 NO PERMITE DEDUCIR QUE LA CONCILIACIÓN OSTENTE LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR CIVILMENTE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD, SINO SOLO LA SUSPENSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:LESIÓN ENORME, LESIÓN ENORME EN LA COMPRAVENTA, CONCILIACIÓN PROCESAL, EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN, FORMALIDADES DE LA CONCILIACIÓ, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Discutida y aprobada en Sala de 12 de noviembre de 2013.
1. Los demandantes solicitaron decretar la rescisión por lesión enorme de la compraventa suscrita con su contraparte, formalizada en la escritura pública nº 2896 de 25 de noviembre de 2002, otorgada en la Notaría Cuarenta del Círculo de la capital de la República.
Subsidiariamente, pidieron que, según lo dispuesto en el artículo 1948 del Código Civil, se condene a la convocada a pagarles el noventa por ciento (90%) del precio real del inmueble, esto es, dos mil ciento cuarenta y seis millones doscientos ochenta mil doscientos pesos ($2.146.280.200), incluyendo las mejoras, equipos y servidumbres petroleras, con el respectivo ajuste por inflación e intereses que se causen (fl. 61 del cdno. 1).
2. La causa petendi se resume así (fls. 62 a 64 ib.):
a) Con el mencionado instrumento, los accionantes enajenaron a la citada persona jurídica, por doscientos millones de pesos ($200.000.000), los derechos de posesión del terreno Los Arrayanes, ubicado en la vereda Rubiales del municipio de Puerto Gaitán, constituido por los lotes A y B, junto con las mejoras, construcciones y demás inmuebles por adhesión y destinación allí existentes.
b) Esa cantidad es muy inferior al cincuenta por ciento (50%) del justo precio, tasado en dos mil seiscientos seis millones novecientos setenta y ocho mil pesos ($2.606.978.000), de acuerdo con el avalúo de la Lonja Inmobiliaria de Villavicencio, la medición del área y la valoración de las servidumbres petroleras.
c) En la negociación no se incluyó ni canceló el monto real de los prenombrados gravámenes, no obstante su preexistencia de más de ocho años, el carácter imperativo que tienen por mandato del Código de Minas, y que generan un “plus valor y/o valorización” que debió retribuirse por la adquirente.
d) El área declarada del predio en la escritura pública de compraventa es inferior, en 1.181,25 hectáreas, a la que verdaderamente le corresponde, circunstancia que hace aún más notorio el desequilibrio económico.
e) La conciliación extrajudicial entre los litigantes se adelantó entre el 22 de noviembre y el 14 de marzo de 2007, fecha esta última en la que se declaró fallida, de lo que se dejó constancia en el acta registrada el 16 de marzo siguiente.
f) El término prescriptivo estuvo “suspendido”, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, “hasta tres (3) días hábiles siguientes al registro del certificado”, completados el 22 de marzo de 2007, por lo que la acción en cuestión deviene oportuna atendiendo la fecha del acuerdo censurado.
2. La convocada se opuso a las pretensiones y adujo como defensas de fondo la “improcedencia de la acción”, “falta de valor probatorio del avalúo comercial y medición del predio aportado por la actora” y “prescripción de la acción”; esta última formulada también como excepción previa, junto con las de “ineptitud de demanda por indebida acumulación de pretensiones y falta de requisitos formales” (fls. 1 a 5 del cdno. 2).
3. El juzgado de conocimiento profirió sentencia anticipada el 10 de junio de 2011, en la que declaró probada la prescripción alegada y, en consecuencia, terminó el proceso.
4. El 9 de marzo de 2012, el Tribunal confirmó esa decisión al desatar la alzada propuesta por Jorge Obed Restrepo Maillane (fls. 15 a 27 del cdno. 4).
1. Los presupuestos procesales aparecen acreditados y no se advierte irregularidad que invalide lo actuado.
2. Contrario a lo señalado por la parte recurrente, la norma que regula las excepciones que aquí se formularon como previas es el artículo 6º de la Ley 1395 de 2010, por estar vigente para cuando se surtió el enteramiento de la admisión del escrito introductor.
En efecto, tal legislación entró en vigor el 12 de julio de dicho año, y disciplina las situaciones jurídicas vigentes para ese momento, entre ellas, la que es objeto de estudio.
Además, la normatividad adjetiva es de aplicación general inmediata, sin perjuicio de los actos procesales cumplidos de conformidad con la legislación anterior, lo que emerge del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual: “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. Y se ratifica con el precepto 38 ibídem que establece que todo contrato está regido por la preceptiva vigente al tiempo de su celebración, directriz de la que se exceptúan “las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato”.
Siguiendo esa orientación, adicionalmente, el estatuto procesal civil dispone en el artículo 699 que “en los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación”.
3. El contrato materia de debate fue protocolizado mediante la escritura pública 2896 de 25 de noviembre de 2002, mientras que la demanda se introdujo a reparto el 22 de marzo de 2007; es decir, que entre una y otra fecha transcurrieron cuatro años, tres meses y veintiocho días, operando así el fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 1954 del Código Civil, que establece que la acción rescisoria por lesión enorme expira en un cuatrienio.
4. La celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial no tuvo la virtualidad de interrumpir sino de suspender por tres meses el término de prescripción.
Así las cosas, si a los cuatro años que se cumplían el 25 de noviembre de 2006, se le suma el respectivo trimestre, el plazo para intentarla vencía el 26 de febrero de 2007, pero como el escrito genitor se radicó el 22 de marzo ulterior, “la acción ya se encontraba prescrita”.
Ciertamente, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 dispone, por un lado, que con la petición de acuerdo extrajudicial en derecho se “suspende” el recorrido de la prescripción o de la caducidad, según el caso; y, por el otro, consagra los momentos a tener en cuenta para su reanudación, a saber: “i) cuando el acta de conciliación se haya registrado, ii) cuando se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la misma norma, y iii) cuando se venza el término de tres (3) meses a que se ha hecho referencia”, pero acotando que se debe tenerse en cuenta el término que primero acaezca.
Quiere ello decir que si la audiencia se efectuó más allá de “los tres meses” previstos en el ordenamiento, ese será el tiempo de la “suspensión”, ya que la norma claramente señala “lo que ocurra primero”, circunstancia que debió ser prevista por la demandante.
2. El precepto 21 ibídem consagra que “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
Esa exigencia efectivamente se atendió en la Ley 640 de 2001, al punto que la misma corporación indicó, en su fallo C-1195 de 2001, que “este requisito [que la petición de conciliación interrumpe la prescripción de la acción] fue recogido expresamente en el artículo [...] Esta disposición, sobre la cual la Corte no emite juicio constitucional alguno, autoriza por una sola vez y de manera perentoria, la suspensión del término de prescripción o de caducidad, no prorrogable ni siquiera en el evento en que las partes decidan por mutuo acuerdo posponer la celebración de la audiencia en un período de tres meses, con lo cual se elimina la posibilidad de que las partes se aprovechen de este mecanismo para impedir la prescripción o la caducidad de la acción”.
2. El Tribunal confirmó la sentencia anticipada del a- quo, que declaró probada la excepción de prescripción, planteada como previa, al haberse formulado la demanda el 22 de marzo de 2007, esto es, transcurridos más de cuatro años desde la fecha del contrato, aun teniendo en cuenta los tres meses de suspensión del término extintivo por virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.
6. El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 regula los efectos jurídicos que tiene el acto de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador, señalando, puntualmente, que “...suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
Descubrir el sentido y efectos de ese precepto constituye la esencia del debate planteado frente a la decisión del ad-quem, así como del recurso de casación propuesto por uno de los demandantes.
De ese modo, se ajustó el derecho a las demandas planteadas por el desarrollo económico, y se instituyó un pensamiento jurídico soportado en los principios de la lealtad, fides, y de la equidad, aequitas, sin que fuera menester una gran cooperación del legislativo, sino únicamente la praxis judicial (Kunkel, Wolfang. Historia del Derecho Romano. Ariel, página 108).
Don Andrés Bello se apartó en ese aspecto de dicha obra, pues, incluyó en su Código Civil reglas dedicadas a la “Interpretación de la ley” en general, que en la versión adoptada en Colombia están, básicamente, en los artículos 25 a 32, y que corresponden a pautas de aplicación de ley al caso concreto, propias de los métodos gramatical (27, inc. 1º, 28 y 29), histórico (27, inc. 2º), lógico (27, inciso 2º y 31) y sistemático (30).
Otros en cambio exponen que una detallada lectura del precepto ilustra que la “claridad” proviene no propiamente de las palabras de las que se valió el legislador, sino del sentido, contenido o alcance que el mismo pueda tener (ratio legis), deducción afincada, además, en un dato histórico: Andrés Bello tomó el criterio gramatical del artículo 13 del Código Civil de Louisiana de 1825: “Cuando una ley es clara y libre de toda ambigüedad, su tenor no puede ser desconocido, bajo el pretexto de buscar su espíritu”, y adrede lo modificó para dejarlo así: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” (Ducci Claro, Carlos. Interpretación Jurídica en General y en la Dogmática Chilena. Editorial Jurídica de Chile, pág. 91 a 193).
Este último es, precisamente, el entendimiento que la Corte le ha dado recientemente al método de interpretación gramatical, al decir que “el sentido y alcance de la norma se mide por su intención y no por las palabras con que ella se exterioriza”; agregando que “[ajunque en algunas ocasiones la redacción misma del precepto de que se trate refiere de manera explícita la finalidad que va envuelta en la ley (ratio legis); ello no ocurre todas las veces, por lo que a menudo es preciso indagar por esa intención a la luz de las reglas de interpretación previstas en la ley civil o, en su defecto, se determinará su sentido genuino “del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación”, esto es según el significado que adquiera la norma dentro del contexto del sistema jurídico; y a partir de los dictados de la equidad natural. (C.C. art. 32)” (sentencia de casación de 14 de diciembre de 2012, exp. 00058-01).
O, como otrora enseñó la Sala: “Sabido es que todo texto normativo, cualquiera que sea el grado de claridad semántica del mismo, tiene por definición un alcance objetivo y limitado en cuya determinación racional desempeñan papel preponderante, tanto la fórmula literal en que aquél tiene expresión, primer factor este sin duda de singular importancia al tenor del artículo 27 del Código Civil, así como también el espíritu y finalidad que explican la consagración de dicho precepto por el legislador (...). En ese orden de ideas, la búsqueda del espíritu y la finalidad de la norma que guarde justa correspondencia con las exigencias de cada caso en particular, no puede quedarse en el escueto señalamiento de la intención de la ley o del legislador al adoptar dicha norma, utilizando para el efecto instrumentos gramaticales o de simple lógica formal de acuerdo a métodos por los que propugnó la escuela exegética francesa durante el siglo XIX. Se trata, por el contrario, de prohijar una perspectiva hermenéutica integral de mayor profundidad que en cada momento histórico asegure la interpretación científica y sana de las leyes, lo que de suyo supone poner en práctica, con prudente sentido de juridicidad, un procedimiento intelectual que sin desestimar a la ligera ninguno de los criterios de investigación conocidos (lit., contextual, histórico, sociológico y sistemático), tienda a obtener un resultado que sea acorde, tanto con los datos ideológicos, morales y económicos que ofrece la realidad social al tiempo en que el precepto ha de ser aplicado, como con los dictados de la equidad cual lo impone hoy en día el art. 230 de la C.N. (...)”. Sentencia de 8 de junio de 1999. Exp. 5127.
Esa diferencia es explicada por Mazeaud y Chabas así: “El curso normal del término se puede ver entorpecido por algunos incidentes que interrumpen o que solamente suspenden la prescripción [...J La interrupción acaba con la prescripción al borrar retroactivamente todo el tiempo transcurrido, de forma que si después de la interrupción, la prescripción vuelve a comenzar, el tiempo anterior no se cuenta. Por el contrario, la suspensión de la prescripción es una simple detención del tiempo en el decurso del término; no borra el tiempo pasado; mientras obra la causa de la suspensión, el término no corre; pero en cuanto cesa dicha causa, la prescripción retoma la cuenta donde quedó; al tiempo nuevo se suma el anterior” (citados por Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones, 2ª Edición. Pág. 839).
Y en la doctrina Colombiana, Valencia Zea hace el contraste en la siguiente forma: “La interrupción es el fenómeno en virtud del cual se pierde el tiempo hábil que había corrido para extinguirse una obligación. Puede ser natural o civil”; mientras que en la suspensión “se le cuenta al deudor el tiempo anterior a ella, si hubo alguno” (Derecho Civil. Tomo III de las Obligaciones. Temis. Octava Edición. Pág. 468).
En efecto, en el informe para el primer debate en el Senado, la ponente propuso un artículo intitulado “Suspensión de caducidad”, del siguiente contenido: “El término de prescripción, o el de caducidad, según el caso, no correrá desde el recibo de la solicitud hasta por un plazo que no exceda de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad o el de prescripción se entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria” (Gaceta Judicial 562 de 1999, pág. 13).
En la segunda oportunidad en la que se acudió a la plenaria de esa misma Corporación, se hizo una modificación al artículo que resaltó, una vez más, la clara intención de conferirle consecuencias suspensivas a la petición conciliatoria. El precepto se llevó así: “El término de caducidad o el de prescripción de la acción de la acción, según el caso, no correrá desde el recibo de la solicitud, hasta por un plazo que no exceda de sesenta días. Para este efecto, el plazo de caducidad o el de prescripción se entenderá adicionado por el de duración de la etapa de conciliación” (Gaceta Judicial 218 de 2000, pág.).
En la Cámara, la exposición de motivos no relieva nada diferente en lo relativo a los efectos de la petición de conciliación. Allí se dijo: “el pliego regula lo relacionado con la suspensión de prescripción o de caducidad, según el caso, una vez presentada la solicitud de conciliación extrajudicial, señalándose que opera por una sola vez y por el término de tres meses. Con esta norma se eliminaron los inconvenientes que se han venido presentando cuando las partes solicitan extrajudicialmente más de una audiencia de conciliación, con el convencimiento que con cada solicitud operaba la suspensión de la prescripción o caducidad y conllevando a que posteriormente la misma fuera declarada en estrados judiciales. De la misma forma se aclara que vencido el término de tres meses establecido para la suspensión de la caducidad o prescripción, estos empezarán nuevamente a operar así no haya concluido la etapa conciliatoria” (Gaceta Judicial 451 de 2000).
13. Es evidente, entonces, de acuerdo con las motivaciones precedentes, que el Tribunal interpretó adecuadamente el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, al concluir con arreglo a su texto, sus antecedentes fidedignos, el sistema jurídico y la finalidad y alcance de la norma, que en el caso de este proceso la conciliación extrajudicial en derecho que intentaron las partes “suspendió” el término de prescripción por el término de tres meses, y que sumado el mismo al tiempo transcurrido entre el acto impugnado y la petición conciliatoria, para la fecha de la demanda, 22 de marzo de 2007, la acción ya había fenecido por correr “cuatro años (4) y veinticuatro (24) días, superándose así los límites consignados en el citado artículo 1954 del Código Civil”.
14. El cargo, por consiguiente, no prospera.

References: ARTÍCULO 94
 ARTÍCULO 21
 ARTÍCULO 1954
 ARTÍCULO 21
 artículo 1948
 artículo 21
 artículo 6
 artículo 40
 artículo 699
 artículo 1954
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 27
 artículo 21
 artículo 1954