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Timestamp: 2016-05-25 18:47:09+00:00

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Ius Civile La regulación de la mediación familiar en el ámbito autonómico
Gloria Sánchez Castrillo Editora (Área Derecho Privado)
Thomson Reuters El Preámbulo de la Ley 5/2012, de 6 de julio [RCL 2012\947], de mediación en asuntos civiles y mercantiles señala que una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja. Y añade,
“En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia.La presente Ley se circunscribe estrictamente al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias”. Son muchas las Comunidades Autónomas que han dictado sus leyes sobre mediación.
En Aragón, el ámbito de aplicación de la mediación familiar tenía su fundamento en que el objeto de la Ley 2/2010, de 26 de mayo [LARG 2010\253], de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres era el de regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, entendiendo, por tanto, que la mediación familiar debía comprender únicamente los conflictos familiares referidos a rupturas de parejas con hijos menores de edad. La corriente internacional actual, al igual que están haciendo numerosas Comunidades Autónomas, apuesta por una extensión de la aplicación de la mediación familiar a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares, considerando el objeto de la mediación de forma amplia, y así lo contempla la Ley 9/2011, de 24 de marzo [LARG 2011\134], de mediación familiar de Aragón. En Asturias, la Ley 3/2007, de 23 de marzo [LPAS 2007\117], recuerda que corresponde también a esta Ley establecer el grado de intervención de la Administración del Principado de Asturias en relación con la mediación familiar; esta intervención se materializa, en primer lugar, a través del Centro de Mediación Familiar como órgano desconcentrado de la Consejería competente en materia de bienestar social, que asume, entre otras, funciones de promoción de la mediación, de gestión del Registro de Mediadores Familiares y de calificación de la formación, y en segundo término, la Administración autonómica también interviene a través de la mediación familiar gratuita, asumiendo los costes que de la misma se deriven.
En las Islas Baleares, la Ley 14/2010, de 9 de diciembre [LIB 2010\299] opta por un ámbito de aplicación amplio que incluye no sólo los conflictos originados en las situaciones de ruptura de pareja -tanto si se trata de matrimonios como de parejas de hecho- sino también otras circunstancias conflictivas que se pueden producir en el medio familiar. Cabe destacar la creación del Servicio de Mediación Familiar de las Illes Balears, del Registro de Mediadores y del Registro de Centros de Mediación de Colegios Profesionales y de Entidades Públicas o Privadas. En Canarias, la Ley 15/2003, de 8 de abril [LCAN 2003\173], establece la mediación como un sistema voluntario y extendido a cualquier conflicto que pueda surgir entre cónyuges, parejas de hecho, entre padres e hijos o entre hijos, y, en general, entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o aquellos que surjan entre personas adoptadas y sus familiares biológicos o adoptivos. Por otra parte, esta Ley no crea, aunque tampoco excluye, el establecimiento de algún órgano público de mediación; en cambio, sí contempla la posibilidad de que los ciudadanos con pocos recursos puedan acceder a estos servicios mediante el establecimiento de un mecanismo similar al establecido en nuestro país para acceder a la justicia gratuita o turno de oficio. En Castilla-La Mancha, la Ley 1/2015, de 12 de febrero [LCLM 2015\35] tiene por objeto integrar, en una única norma, los distintos ámbitos sociales y familiares de la mediación, concibiéndola para ello con carácter amplio y general, como un método de resolución extrajudicial de conflictos entre sujetos de Derecho. De esta forma, esta nueva ley pretende establecer un servicio social especializado en mediación social, que dé respuesta a conflictos no sólo de carácter familiar, sino también de carácter social. Por ello se hace necesaria la inclusión de otros conflictos que trascienden de la esfera estrictamente familiar, como son los que se producen entre los miembros de la comunidad escolar, los que pueden surgir en el ámbito sanitario o los que puedan originarse entre los responsables de las instituciones y personas usuarias de las mismas. Asimismo se introducen, en títulos diferenciados, otros ámbitos susceptibles de intervención, como son la mediación en la búsqueda de orígenes de las personas adoptadas y la mediación para la conciliación y reparación del daño, en el ámbito de la responsabilidad penal de los menores. En Castilla y León, la Ley 1/2006, de 6 de abril [LCyL 2006\228] parte de un concepto amplio de los conflictos familiares, en los que no sólo están comprendidos los relativos a los matrimonios o uniones de hecho, sino cualquier otro que se produzca entre parientes con capacidad de obrar, conflictos en los que el procedimiento de mediación sirva para prevenir o simplificar un litigio judicial. Todo ello teniendo en cuenta la protección de los intereses de los menores, de las personas con discapacidad y de las personas mayores dependientes. Con el fin de promover la libertad e igualdad de las personas para acudir a un procedimiento de mediación, éste deberá instarse por todas las partes de común acuerdo ante el correspondiente profesional mediador o, en el caso de la mediación gratuita, ante la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares. Con ello, la Ley pretende evitar que la mediación pueda estar viciada en el origen por la falta de interés en acceder a ella de una de las partes en conflicto.
En Galicia, advertida la demostrada utilidad de la mediación como medio de recomposición ágil y flexible de discordias, principalmente provenientes de supuestos de separación y divorcio, consistente en la intervención de un tercero, ajeno a las partes en conflicto y experto en la materia, para ofrecerles, en el mayor grado de imparcialidad, propuestas de solución a sus desavenencias, se llega al convencimiento de la necesidad de proceder a regular la misma, en norma con rango de Ley. Se dicta así la Ley 4/2001, de 31 de mayo [LG 2001\206], basada en la consideración principal de esta institución como un mecanismo calificado de ayuda, de entre los ofrecidos por los poderes públicos gallegos en virtud de la competencia que en materia de asistencia social tiene asumida la Comunidad Autónoma, para la protección de la familia, y en particular para la protección de los intereses superiores de los niños y las niñas y del bienestar de los mismos, filosofía acorde con los principios contemplados en la Ley 3/1997, de 9 de junio (LG 1997, 226), gallega de la familia, la infancia y la adolescencia. En efecto, al limitarse su función a proporcionar auxilio y apoyo a la negociación entre las partes, su actuación se materializará en la simple mediación conciliadora o, en su caso, en propuestas de solución a aceptar, o no, libremente por los sujetos en conflicto; de ello se deduce que esta institución participa, en realidad, de las características técnicas de la mediación y la conciliación. En País Vasco, la Ley 1/2008, de 8 de febrero [LPV 2008\63] opta por un ámbito de aplicación amplio que se extiende más allá de los conflictos originados en las situaciones de ruptura de pareja -ya se trate de matrimonios o de parejas de hecho-, pudiéndose aplicar a otras circunstancias conflictivas que pueden darse en el medio familiar. Así, contempla entre las situaciones a las que puede extenderse la aplicación de la mediación familiar los conflictos entre progenitores y sus hijos e hijas, los conflictos surgidos entre la familia biológica y la familia de acogida, los conflictos por razón de alimentos entre parientes, los conflictos surgidos cuando los progenitores y progenitoras impidan a los abuelos y abuelas mantener relaciones normalizadas con sus nietos y nietas, los conflictos existentes entre las familias por causa de herencias o sucesiones o derivados de negocios familiares, o los originados en grupos convivenciales según lo definido en esta Ley, entre otros.
Resolución extrajudicial de conflictos	Comentarios relativos al Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional
Después de que haya transcurrido ya más de una década desde que comencé a tramitar Exequaturs en España, -tanto de sentencias como de escrituras de divorcio extranjeras-, no puedo dejar de realizar los siguientes comentarios sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que hemos tenido conocimiento que fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 4 de julio de 2014.
El procedimiento de exequatur se regula en los artículos 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, -que continúan vigentes a estos efectos-, de conformidad con la Disposición Derogatoria de la vigente Ley procesal del año 2000, que establece, expresamente, que los citados artículos continuarán en vigor “hasta que se apruebe la Ley sobre Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.”
El legislador del año 2000 tenía en mente que la normativa que regulara en el futuro el reconocimiento de sentencias extranjeras sería modificada por una nueva Ley relativa a la Cooperación Jurídica Internacional.
En el momento actual, quince años después, nos encontramos con la aprobación del Anteproyecto de Ley que, presumiblemente, salvo que se introduzcan modificaciones, se convertirá en la Ley sobre Cooperación Jurídica Internacional que pasará a regular el procedimiento de exequatur en España, quedando derogados los artículos 951 y siguientes de la antigua LEC de 1881.
El concepto de Exequatur
Cabe destacar que, por primera vez, se hace referencia en el texto del Anteproyecto al término “exequatur”, que es una expresión que, desde siempre, desde el Derecho Romano, se ha utilizado en la práctica forense, pero que jamás se había recogido en el cuerpo de la Ley. Además no sólo se hace referencia a este término sino que, además, se define expresamente como “el procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución”.
Por primera vez se engloban dentro de la definición de exequatur estos dos conceptos, no siempre bien definidos, por un lado, el reconocimiento, y por otro, su ejecución. Además se menciona que estas dos acciones se podrán acumular en el escrito de demanda, se podrá pedir tanto el reconocimiento como la ejecución de la sentencia extranjera.
Asimismo, por primera vez, se pone de manifiesto que no sólo se podrán reconocer sentencias extranjeras sino que también “todo acuerdo aprobado por un órgano jurisdiccional de un Estado”. Además se podrá reconocer “cualquier documento formalizado o registrado oficialmente”. De lo que se deduce que se permitirá el reconocimiento de escrituras notariales, y de convenios reguladores de divorcio homologados por una autoridad judicial, algo que, por otro lado, ya se permite en la actualidad.
Procedimiento de Homologación en España
El Anteproyecto de Ley define de forma pormenorizada el procedimiento de exequatur sin realizar ningún cambio sustancial ni procedimental con respecto a la normativa actual.
No podemos dejar de mencionar en este punto que, en nuestra opinión, cuando se trata de homologar una sentencia extranjera de divorcio de común acuerdo carece de sentido la obligación de notificar a la otra parte la solicitud de exequatur.
Ya nos hemos pronunciado en otros artículos sobre este particular, y no podemos dejar de hacerlo de nuevo al escribir estas líneas.
Entendemos, en efecto, que cuando se trata de homologar una sentencia dictada en el seno de un procedimiento civil contencioso conviene notificar a la otra parte la solicitud de exequatur para que la parte a la que pueda afectar la sentencia en otro país manifieste lo que a su derecho convenga, nos parece completamente razonable.
No obstante lo anterior, cuando se trata de homologar en España una sentencia de divorcio de común acuerdo no parece razonable que se tenga que notificar la solicitud de exequatur al ex cónyuge, porque quien estaba de acuerdo con el divorcio en el extranjero también lo estará en nuestro país. No llegamos a entender qué puede argumentar una persona física para oponerse a algo con lo que estuvo conforme en cualquier otra parte del Planeta. A nuestro juicio no es necesario que se tenga que notificar a la contraparte porque por experiencia sabemos que la otra parte (que no ha solicitado el exequatur) nunca se opone, y no sólo eso, sino que ni siquiera se persona nunca en el procedimiento.
Por ello, lo reiteramos, una vez más: la notificación a la contraparte es innecesaria, no es razonable, y supone, en definitiva, que en la práctica el procedimiento se demora varios meses, e incluso, en ocasiones, queda paralizado sine die, porque no se localiza al ex marido o a la ex mujer que pueden tener su domicilio en cualquier país lejano, en el que las comisiones rogatorias no se tramitan con mucha agilidad.
Observamos, asimismo, que el legislador regula minuciosamente el procedimiento y lo convierte, ahora sí, en un procedimiento contradictorio clásico, en el que una de las partes formaliza demanda frente a otra, y además la demanda deberá ajustarse a los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como novedad procedimental, la parte que no solicita el exequatur podrá formular escrito de oposición impugnando, de este modo, los motivos por los que el demandante estime que procede el reconocimiento.
En la regulación actual se dice que se deberá “oir” a la contraparte, ahora se dice directamente que la contraparte podrá formular escrito de oposición.
Hasta ahora algunos autores habían defendido que el procedimiento de exequatur no es un procedimiento estrictamente contradictorio, sino que, por el contrario, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es más, algunos autores mantienen la idea de que realmente no se trata de una demanda de exequatur, sino que, en puridad, debemos hablar de una solicitud de exequatur. Debo confesar que yo también he sido siempre de esta opinión. Nunca he entendido el procedimiento de exequatur como un procedimiento contencioso, porque no se formula ninguna pretensión contra un tercero, no se le reprocha nada a nadie; en mi opinión no cabe hablar de demandado, porque no le estamos pidiendo nada a nadie, tan sólo pedimos que si una sentencia tiene validez jurídica en un tercer país solicitamos que también la tenga en el nuestro, pero nada más.
Si además queremos que esa sentencia se cumpla en nuestro país deberemos solicitar la ejecución, pero insisto en que no estamos iniciando ninguna pretensión frente a un tercero.
No obstante lo anterior, el legislador actual mantiene la estructura básica de un procedimiento contencioso, en el que existe una demanda, un demandante y un demandado, algo que, en mi opinión, no es correcto. Debería configurarse como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que lo que se formula es una solicitud, en concreto, una solicitud de reconocimiento, y en su caso, de ejecución.
El Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional no ofrece ninguna novedad sustancial en lo que se refiere al procedimiento de exequatur en España. La nueva ley no supondrá ningún cambio en el procedimiento, en nuestra opinión, la nueva ley debería agilizar, modernizar y perfeccionar el procedimiento.
Cabe destacar que el anteproyecto aborda otras muchas cuestiones que no se han comentado en este artículo porque tan sólo nos hemos referido al procedimiento de homologación y ejecución de sentencias extranjeras.
Como conclusión debemos manifestar de nuevo que ésta podría haber sido una buena ocasión para eliminar la necesidad de notificación del exequatur a la contraparte cuando se trate de homologar en España sentencias de divorcio de común acuerdo. Además, el procedimiento debería ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, más sencillo y no articularlo como un procedimiento contradictorio en sentido clásico.
Estos comentarios han sido realizados bajo el convencimiento que cuanto más perfectas sean nuestras leyes más perfecta será también la Administración de la Justicia en España.
Proceso Civil	¿Tiene la legítima los días contados?
El 17 de agosto de 2015 entrará plenamente en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Sucesiones, que introducirá importantes cambios en la herencia y en el derecho legitimario del Viejo Continente. El texto legal permitirá a los ciudadanos elegir la ley de sucesiones del estado dela Unión Europea que más les interese, siempre y cuando hayan residido en el mismo. Aprovechando la inminencia de estos cambios, asociaciones y expertos jurídicos han solicitado al Ministerio de Justicia de nuestro país, así como a los integrantes de la Comisiónde Justicia del Congreso de los Diputados, una modificación legislativa para suprimir la figura jurídica de “la legítima”, institución anacrónica que coarta la libertad de testamento, a juicio de los proponentes. Qué es la legítima
La cuantía de la legítima varía en función del territorio en el que se resida y del número de herederos que concurran a la herencia. De esta forma, pueden distinguirse tres tipos: legítima de cónyuge viudo, de hijos y descendientes y de padres y ascendientes. El Código Civil, aplicable en la mayor parte del territorio nacional, establece que la legítima de hijos y descendientes equivale a las 2/3 partes del caudal y de esa cantidad, al menos 1/3, debe distribuirse a partes iguales entre los hijos y estirpes de premuertos. La legítima de padres y ascendientes llega a la mitad de la herencia, salvo que concurra cónyuge viudo.
Orígenes y situación actual El origen de la legítima viene de antiguo, ya el Código Civil de 1889 recogía esta institución importada del derecho germánico. Es obvio que el contexto histórico de entonces poco tiene que ver con el actual y la obligación ha quedado desfasada y obsoleta. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la esperanza de vida en el siglo XIX no iba más allá de los cincuenta años y los miembros de una familia solían residir juntos, en explotaciones agrícolas y ganaderas y en las que todos (padres e hijos) contribuían al patrimonio familiar de manera conjunta.
En la actualidad, las cosas son muy distintas y parecen poco lógicas estas obligaciones a la hora de realizar un testamento. Con el actual Código Civil en la mano, el testador sólo puede “librarse” de la legítima desheredando a los legitimarios. Pero dicha solución no es sencilla, pues sólo puede efectuarse en casos extremos (cuando el hijo intente matar al padre, abandonarlo, negarle el alimento etc.) y deben demostrarse tales circunstancias. Sin embargo, también existen voces que apoyan la continuidad de la legítima como herramienta de protección familiar y de la consanguinidad en casos de tragedias o infortunios, por ejemplo.
Relaciones paterno-filiales	La prueba biológica en las demandas de paternidad
Proceso Civil, Relaciones paterno-filiales	Estrasburgo ordena la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada
Relaciones paterno-filiales	Campamentos de verano: ¿debo consultarlo con mi expareja?
Relaciones paterno-filiales	Hablemos de la última doctrina del Tribunal Supremo sobre la pensión compensatoria
Editora (Area de Derecho Privado)
Hoy me gustaría plantear un tema que sin duda ha causado muchos pronunciamientos en los tribunales y que es una de las cuestiones más preocupantes para los ex cónyuges tras un proceso de divorcio. Se trata de la pensión compensatoria, tan frecuentemente objeto de discusiones y conflictos dentro y fuera de los tribunales.
La pensión compensatoria a diferencia de la pensión por alimentos, parte del presupuesto de la existencia de una situación de desequilibrio económico de uno de los cónyuges. Responde a una concepción indemnizatoria, que lo que persigue es resarcir el daño, que consiste en una situación de desequilibrio económico en perjuicio de uno de los cónyuges, que queda en peor situación económica que el otro tras la separación o divorcio.
¿Puede tratarse de una pensión permanente, perpetua e imperecedera que no pueda ser objeto de modificación o incluso, llegado el caso, de extinción?, ¿Toda modificación en las circunstancias causantes de la pensión provocaría un cambio?, ¿Y lo acordado por las partes en convenio regulador?. Leer más…
Matrimonio	Reclamación de gastos de comunidad en casos de inmuebles en pro indiviso
Eva Hernández Guillén Editora (Área Derecho Privado)
Recientemente se ha planteado en mi Comunidad de vecinos una inquietud que me gustaría trasladar. Estoy segura que en más de una ocasión los vecinos de un bloque de viviendas habrán sufrido una situación parecida y considero interesante detenerse un poco en el tema. La contribución por los vecinos a los gastos ocasionados por la instalación de un ascensor.
Hablamos de la instalación de un ascensor, extiéndanlo ustedes a cualquier necesidad, mejora o arreglo que tenga lugar en un elemento común.
En cuanto a las obligaciones de los propietarios ante los gastos generales, el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 nos habla de las obligaciones de cada propietario, el apartado 1 letra e señala: “Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”.
¿Qué sucede en el caso de que uno de los pisos de la comunidad pertenezca pro indiviso a dos o más personas? Pongamos el caso de un matrimonio propietario de una vivienda, que se divorcia. Uno de los propietarios paga su cuota correspondiente (el 50 %) pero advierte que solo va a pagar su cuota, que el resto la reclamen al otro propietario del inmueble. ¿Contra quién “puede” dirigirse la Comunidad? Leer más…
Propiedad	Autismo y régimen de visitas
Relaciones paterno-filiales	Costas procesales en los incidentes de medidas cautelares
El proceso de medidas cautelares presenta un problema de interpretación en cuanto a la posible imposición de costas procesales. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la posibilidad de condena en costas en estos procedimientos en tres situaciones:
1ª) Desestimación de la medida cautelar planteada por el demandante, previa vista judicial para la audiencia de ambos litigantes (736 LEC).
En este caso nos encontramos con el supuesto previsto en los artículos 734 y 735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que supone que se tendrá que celebrar una vista judicial en la que participarán tanto el demandante como el demandado. Será el juez, después de escuchar a las partes litigantes, el que tiene que decidir si concurren las circunstancias o requisitos para adoptar la medida solicitada por el demandante.
En caso de que la resolución judicial desestime la medida cautelar planteada, el artículo 736 de la LEC nos remite al artículo 394 del mismo texto legal en cuanto a costas procesales derivadas de ese incidente de medidas. Es por ello, y de conformidad con el principio de vencimiento objetivo (art. 394LEC), por lo que si el juez no considera que se han acreditado por la parte demandante los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar planteada, impondrá a ésta las costas procesales derivadas del incidente de medidas que ella misma ha promovido.
2ª) Alzamiento de la medida adoptada sin audiencia del demandado (art. 741.2 LEC).
Es posible y así lo prevé la ley procesal civil en su artículo 733, que la medida sea adoptada sin oír al demandante cuando existan razones de urgencia o que la audiencia previa a la adopción de la medida pueda comprometer la finalidad de la misma. En estos casos, el demando al que afecta la medida cautelar podrá oponerse en el plazo de 20 días desde la notificación del auto que acuerda la medida.
En supuesto de que el demandado se oponga se celebrará una audiencia para oír a las partes, es decir, se seguirán los mismos trámites que en el supuesto anterior con la diferencia de que aquí se discutirá el mantenimiento de la medida cautelar o el alzamiento de la misma debido a que no concurren los requisitos para su mantenimiento.
Es en el caso en el que juez, después de escuchar a las parte en la audiencia, decida acordar el alzamiento de la medida cautelar cuando impondrá las costas procesales a la parte demandante tal y como prevé el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3º) Desestimación de la oposición al auto por la que se acordó la medida cautelar sin audiencia del demandado (741 LEC).
En este caso nos encontramos en el mismo supuesto que el caso anterior, con la diferencia de que aquí el juez mantiene la medida cautelar acordada inaudita parte. Y es en el mismo artículo que el supuesto anterior, es decir, en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en donde se prevé la condena en costas para el demandado que se ha opuesto a medida solicitada y acordada por el Juez y que después de haber sido escuchado en la audiencia (734 LEC) ha visto rechazadas sus pretensiones.
Hasta aquí no existe ningún problema sobre los criterios que debe seguir el juez a la hora de imponer las costas procesales derivadas de los incidentes de medidas cautelares. La situación conflictiva en cuanto a las costas en estos procedimientos se produce en si cabría imponer las costas al demandado frente al que se ha acordado una medida cautelar después de haber sido escuchado y frente a la que se ha opuesto (supuesto de los artículos 734 y 735 de la LEC). Nuestra ley procesal civil no prevé la condena en costas para estos casos, y es precisamente en esta falta de regulación donde surgen las diversas opiniones jurisprudenciales.
Podemos encontrar en la jurisprudencia menor dos posiciones enfrentadas entre sí. Por un lado están los tribunales que consideran que aunque la ley no prevé la condena en costas para estos casos, lo consideran un mero vacío legal justificando la aplicación del régimen previsto en el 736 y 741 o las disposiciones generales del artículo 394 LEC y el principio de vencimiento objetivo. Es por lo que estos tribunales, consideran que se debe condenar en costas al demandado que se ha opuesto a la adopción de la medida en la audiencia y no se ha estimado su oposición.
En este sentido se han manifestado distintos tribunales como así podemos apreciar en resoluciones como por ejemplo: Auto de la Audiencia Provincial de Córdoba (Secc. 3ª) de 24 de enero de 2006, Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 5ª) de 13 de julio de 2007, Auto de la Audiencia Provincial de Castellón (Secc. 3ª) de 19 de noviembre de 2007, Auto de la Audiencia Provincial de Zamora (Secc. 1ª) de 4 de octubre de 2007 y Auto de la Audiencia Provincial de Baleares (Secc. 5ª) de 11 de junio de 2008.
Sin embargo, otros tribunales consideran que la falta de previsión legal para la condena del demandado no se trata de un vacío legal, sino que considera que así lo quiso el legislador al distinguir diversos regímenes en cuanto a la imposición de las costas procesales en los incidentes de medidas cautelares.
Esta posición doctrinal es defendida por diversos tribunales, y como ejemplo de ello véanse las siguientes resoluciones: Autos de la Audiencia Provincial Asturias (7ª) de 3/6/2005 y 30/11/2007 , de A Coruña 8/4/2008, Almería (1ª) de 10/5/2007 , Tarragona (1ª) de 14/6/2007 y ( 3ª) de 30/6/2008 , Cáceres (1ª) de 22/6/2007 , Granada (3ª) de 4/4/2008 , Rioja (1ª) de 15/2/2008 , Barcelona (1ª) de 02/6/2008 , Madrid (11ª) de 30/5/2008 , ( 21ª) de 3/6/2008 , ( 25ª) de 17/7/2008 , y junta de unificación de criterios de las Secciones Civiles de Madrid de 4/10/2007 , Burgos (3ª) de 5/6/2008 , Las Palmas (3ª) de 26/6/2008 y por último pero no por ello menos importante debido a que es muy ilustrativo el Auto de la AP de Barcelona de 2 de junio de 2008.
No soy quién para opinar sobre qué criterio es el correcto, sin embargo permítaseme expresar que desde mi humilde punto de vista la posición más acorde con los principios de seguridad jurídica y de justicia, es la que considera que no cabría imponer costas al demandado en los incidentes de medidas cautelares del artículo 734 y 735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello se debe a que estamos en sede de medidas cautelares donde no se hace un análisis sobre el fondo del asunto, sino que el juez realiza una apreciación conforme a los primeros datos sin tener a su disposición todas las pruebas que permitirán un análisis sobre el fondo.
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