Source: http://esquivel-zubiri.blogspot.com/p/proyecto-de-codigo-ambiental.html
Timestamp: 2018-07-22 22:15:10+00:00

Document:
La presente iniciativa popular tiene su fundamento el artículo 46 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y numerales 39, 40 y 41 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Una Iniciativa Popular es una figura reciente en el derecho constitucional. Existe en países de Europa: España, Suiza, Hungría, Lituania; en América, se encuentra Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia; la iniciativa popular permite que la ciudadanía, pueda presentar ante sus respectivos congresos iniciativas de ley, requiriéndoles únicamente, la iniciativa de ley, así como el aval de firmas de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
El proceso de recolección de firmas, fue un trabajo arduo, tomando en cuenta la poca cultura en la democracia participativa de quienes habitamos en esta gran Ciudad, el desconocimiento de la sociedad en conocer otras modalidades de ejercer la democracia, así como la ausencia de una política pública que fomente la participación ciudadana, fueron sin duda alguna, uno de los obstáculos que el Comité Promotor del Código Ambiental encontró durante el trayecto de compilación de firmas.
Haber recabado las firmas y haber convencido a la ciudadanía a sumarse el proyecto con su firma; implicó un ejercicio participativo, que el día de hoy, presentamos a esta Soberanía.
La expresión “Código”, genera algunas indicaciones, que resultan necesarias explicarlas en el presente documento. En la tradición jurídica, la escuela exegética del derecho nacida a consecuencia de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pretendió unificar y sintetizar todo el derecho existente, a través de una ley sistematizada, ordenada, compilada, sintetizada, al que denominaron Código; movimiento jurídico intelectual gestado en Francia, que realizó los primeras leyes “codificadas”, las más conocidas de ellas, el Código Civil y el Código Penal entre otros.
Sin embargo, la expresión Código, es un término de la teoría de la comunicación, que tiene que ver con la información, concretamente, con la forma en que se comunica o se transmite algún dato o mensaje.
En el caso concreto, Código Ambiental no es una compilación de leyes ambientales o ecológicas, ordenadas, sistematizadas y compiladas en una sóal ley; sino que se trata de una ley sencilla que contempla los principios éticos ambientales de un nuevo pacto político , no más de 250 artículos, que establecen un nuevo pacto entre gobierno y sociedad civil, para la constitución de un gobierno biocrático; que declara los principios de democracia, derechos humanos, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, biodiversidad y respeto a la vida entre otros, en un lenguaje llano, que permita a cualquier ciudadano, entender en un lenguaje claro, sencillo, no técnico ni sofisticado, cuales son sus principales derechos y obligaciones respecto al medio ambiente.
La “Codificación” que se propone, implica necesariamente, transmitir los principios normativos a través de proposiciones que contengan los distintos comportamientos humanos que deben asumir los seres humanos con sus semejantes los seres vivos y el medio ambiente; así como señalar cuales son las permisiones, prohibiciones y obligaciones de las personas físicas, morales, autoridades, contenidos en diversos ordenamientos legales que regulan la actuación de la Ciudad de México; principios que deberán ser transmitidos a través de enunciados normativos de fácil interpretación, plasmados en una ley sencilla, menos técnica y sofisticada; por eso la presente iniciativa no sustituye de ninguna forma a los ordenamientos ecológicos que existen sobre la materia, sino que precisamente, aprehende sus principios, para poderlos sintetizar en oraciones normativas y con ello conformar un texto legal de fácil lectura, que permitirá a los habitantes del Valle de México, conocer en forma específica cuáles son sus derechos y obligaciones ambientales respecto a tópicos ambientales concretos, como el agua, el suelo, el aire, los residuos sólidos, el espacio público, la movilidad, el cambio climático, entre otros.
Así pues la inserción del Código Ambiental en el ordenamiento jurídico actual, no contradice las disposiciones normativas ya reguladas, sino que redunda en ellas, al exponerlos en un solo documento legal, sin que ello implique, alguna contradicción normativa con otras disposiciones jurídicas del orden legal.
3. El Gobierno de la Ciudad de México y su política ambiental.
El Gobierno de la Ciudad de México ha mostrado su amplía disposición por reivindicar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, plasmados en distintos ordenamientos legales.
La Ciudad de México, caracterizada por su amplió marco jurídico de libertades civiles, ha mostrado también su vocación por reconocer los derechos de la Ciudad, muestra de ellos, fue la suscripción de la Carta de la Ciudad de México, la cual tuvo como origen el Foro Social Mundial llevado a cabo en esta ciudad capital, en enero del 2008. Documento en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como dependencias de la administración pública del Distrito Federal, haciendo posible que en V Foro Urbano Mundial convocado por Hábitat-Naciones Unidas y el Ministerio de las Ciudades de Brasil, llevada a cabo en marzo del 2010, se presentará el proyecto de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.
Asimismo, conforme a los distintos instrumentos que regulan la administración pública ambiental, se han emitido diversos planes que contienen las políticas públicas en materia ambiental que ha llevado a cabo el Gobierno del Distrito Federal, como lo es el caso del denominado “Plan Verde de la Ciudad de México”, el cual establece las estrategias y acciones para lograr en el mediano plazo de los quince años, el desarrollo sustentable de la Ciudad, sin comprometer el patrimonio natural que la hace viable.
Por lo expuesto, se propone el siguiente proyecto:
CÓDIGO AMBIENTAL DEL VALLE DE MÉXICO.
Artículo 1.2.13.- Toda persona tiene derecho desde el momento en que nace, a gozar de todas sus libertades y dignidades, así como también, de hacer efectivos sus derechos de educación, salud física y bienestar espiritual, a fin de poder a ejercer toda su potencial humano, que le permita vivir en igualdad de oportunidades, su desarrollo humano, erradicando cualquier vestigio de pobreza que pueda restringir y interrumpir, su proyecto de vida.
Artículo 1.2.14.- Toda persona que realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause.
2.La frecuencia de incendios forestales
3.Intensificación de los procesos forestales
Artículo 1.6.6.- El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, es el organismo descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, encargado de determinar, instrumentar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en materia ambiental.
Aunado a sus atribuciones previstas en la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, será el vinculo entre la comunidad académica y empresarial, con las diferentes entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para buscar las mejores soluciones científicas y tecnológicas a los problemas ambientales que aquejan a la Ciudad Capital.
Artículo 1.6.13.- Previo a la celebración de cualquier contrato de obra pública que celebren las Dependencias, los Órganos Desconcentrados y/o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán efectuarse estudios previos a fin de determinar el impacto ambiental, así como las características ambientales donde se planea efectuar los trabajos.
Artículo 1.6.14.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal, estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que puede causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental, impacto urbano y los referentes a la materia de protección civil, previstos en las leyes de la materia.
Artículo 2.1.5.- Toda persona tiene derecho a formar parte de una comunidad.
Artículo 2.1.6.- Las comunidades tendrán derecho, dentro del marco de respeto a los derechos humanos, a su conciencia colectiva y sentimiento de pertenencia común, a manifestar libremente sus comportamientos, símbolos, valores y creencias.
Artículo 2.1.9.- Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a tener una forma propia o comunitaria para vestir, actuar, gesticular o tener tatuajes o perforaciones, sin que ello sea motivo de nulidad o menoscabo del reconocimiento y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, así como de igualdad de las personas.
Artículo 2.1.10.- Toda persona es libre para expresar y manifestar libremente su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol, edad, discapacidad, condición jurídica, social, económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual y/o estado civil; sin que ello sea motivo de discriminación, negación, distinción, exclusión, menoscabo o restricción de sus derechos humanos.
Artículo 2.1.12.- Toda mujer tiene derecho a vivir libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino.
Artículo 2.1.13.- Toda persona tiene derecho a migrar y obtener transformaciones positivas en su proyecto de vida y desarrollo humano. A evitar las desigualdades, inequidades y a la discriminación.
Artículo 2.1.18.- Toda persona tiene derecho acceder acceder al uso de una computadora con conexión a internet y su capacidad para utilizar los recursos existentes en internet en su beneficio.
Artículo 2.1.19.- Toda persona tiene derecho de adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para integrarse activamente a la Ciudad Digital y del Conocimiento.
Artículo 2.1.20.- Toda persona tiene derecho acceder a libros y a publicaciones periódicas, ya sea mediante un lenguaje común, o en sus interpretaciones en sistema braille, audiolibros, o cualquier otra que atienda el acceso a las personas con capacidades diferentes.
Artículo 2.2.9.- Nadie podrá organizar o participar en peleas de animales.
Artículo 2.2.10.- Toda persona que posea animales, debe tomar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores o la presencia de plagas que ocasionen molestias a los vecinos.
Articulo 2.2.13.- En las Unidades habitaciones condominales, ni en aquellas viviendas que compartan espacios en común, se podrán tener animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los condóminos. En todos los casos, los condóminos, poseedores, serán absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal.
El Estado, el sector privado y la sociedad civil aseguraran la sanidad animal y la salud pública.
Artículo 2.3.8.- En lo no previsto en el presente ordenamiento, se estará a lo sujeto por la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Artículo 2.5.3.- En viviendas y en todo tipo de unidades habitacionales, no se podrán realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo casos de fuerza mayor o por disposición legal.
Artículo 2.5.4.- Toda persona tiene derecho a no inhalar involuntariamente el humo de la combustión del tabaco o de la cannabis sativa.
Artículo 2.6.4.- Toda persona física o moral, tiene la obligación de separar, reducir y evitar la generación de residuos sólidos.
Artículo 2.6.5.- Toda persona tiene la obligación de barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y mantener limpios de residuos sólidos los frentes de sus viviendas o establecimientos industriales o mercantiles, así como los terrenos de su propiedad que no tengan construcción, a efecto de evitar contaminación o molestias a los vecinos.
Artículo 2.6.6.- Toda persona tiene la obligación de fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, así como cumplir con las disposiciones especificas, criterios, normas y recomendaciones técnicas.
Artículo 2.6.7.- Toda persona tiene la obligación de almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la recolección.
Artículo 2.6.8.- Ninguna persona puede arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, y en general en sitios no autorizados, residuos sólidos de cualquier especie.
Articulo 2.6.9.- Ninguna persona podrá depositar animales muertos, residuos sólidos que despidan olores desagradables o aquellos provenientes de la construcción en los contenedores instalados en la vía pública para el arrojo temporal de residuos ´solidos de los transeúntes.
Artículo 2.6.10.- Nadie puede quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, cualquier tipo de residuos sólidos.
Artículo 2.6.11.- Queda prohibido pepenar residuos solidos de los recipientes instalados en la vía pública y dentro de los sitios de disposición final y sus alrededores.
Artículo 2.6.12.- Se prohíben la instalación de contenedores de residuos sólidos en lugares no autorizados, así como fomentar o crear basureros clandestinos.
Artículo 2.6.16.- No se podrá diluir o mezclar residuos sólidos o industriales peligrosos en cualquier líquido y su vertimiento al sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o sin cubierta vegetal.
Artículo 2.6.17.- Ningún establecimiento mercantil podrá entregar a sus consumidores a título gratuito u oneroso, con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plásticos que no se encuentren sujetos a los criterios y normas para la producción y consumo sustentable.
Artículo 2.6.19.- Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y encargados de inmuebles en construcción o demolición, son responsables solidarios en caso de provocarse la diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos, así como su mezcla con otros residuos ya sean de tipo orgánico o peligrosos.
Artículo 2.6.20.- El frente de las construcciones o inmuebles en demolición deberán mantenerse en completa limpieza, quedando prohibido almacenar escombros y materiales en la vía pública.
Artículo 2.6.21.- Los responsables deberán transportar los escombros en vehículos adecuados que eviten su dispersión durante el transporte a los sitios que determine la Secretaría de Obras y Servicios.
Artículo 2.7.5.- Los centros comerciales y las asociaciones religiosas promoverán el uso del espacio público, así como el uso social, comercial y cultural que quieran destinar en forma gratuita u onerosa a los particulares.
Artículo 2.7.6.- En consecuencia, el Estado promoverá que el espacio público administrado por los sectores público, privado y social, se encuentren en condiciones dignas y saludables; así también emprenderá las acciones administrativas necesarias a fin de garantizar en cada Unidad Territorial, Barrio, Pueblo, Comunidad, la existencia de por lo menos un espacio público.
Artículo 2.7.11.- Queda prohibido colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier elemento propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente.
Artículo 2.7.12.- Ninguna persona podrá arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de las personas o que despidan olores desagradables.
TITULO OCTAVO.-
Artículo 2.8.12.- Nadie podrá impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de transito, la movilidad o la acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello.
Artículo 2.8.13.- Queda prohibido cubrir, borrar, pintar o alterar los letreros, señales, números de placas, que identifiquen las vialidades.
Artículo 2.10.8.- Ninguna persona podrá dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes.
Artículo 2.10.9.- En viviendas y condominios, no se podrá decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores desentonando la estructura estética o arquitectónica del condominio o de las aceras, calles o avenidas.
Artículo 3.2.1.- El derecho de petición es el acto mediante el cual cualquier ciudadano, solicita en forma genérica a la autoridad, la exigibilidad de alguno de los derechos previstos en el presente Código.
Artículo 3.2.2.- Los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal respetaran el ejercicio del derecho de petición que por causas ambientales o por derechos previstos en el presente Código, formulen los ciudadanos, siempre que ésta se formule por escrito en forma impresa o en vía electrónica, de manera pacífica y respetuosa.
Artículo 3.2.6.- Si la autoridad al tener conocimiento de la problemática ambiental, advierte que los hechos que se le exponga, no pueda atenderlo dada la magnitud de éste y la imposibilidad física o presupuestal, deberá dar cuenta de ello al ciudadano, informándole sobre las políticas públicas implementadas para la mitigación del daño.
Artículo 3.2.7.- Las peticiones ambientales que formulen los ciudadanos, en la que denuncien faltas al presente Código, se consideraran ciertos los hechos, salvo prueba en contario. La autoridad tendrá en todo tiempo la carga de efectuar el control y la verificación correspondiente.
Artículo 3.2.8.- Si la petición advirtiera alguna queja o denuncia en contra de algún sujeto contaminante, se actuará conforme a los ordenamientos legales y autoridades correspondientes.
i) Informe ejecutivo sobre las acciones tendientes a la conservación, restauración y mejoramiento del paisaje.
Artículo 3.3.5.- En lo no previsto en el presente Código, se estará a lo prescrito a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Artículo 3.2.3.- La acción en los términos del presente Código, puede tener por objeto, pretensiones de carácter: declarativo, constitutivo, de cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer, así como de condena.
Artículo 3.2.4.- A falta de disposición expresa, se estará a lo previsto por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Dicha interpretación evitará una aplicación incompatible con los derechos colectivos o individuales difusos.
Artículo 3.2.5.- Las acciones de intereses difusos, son aquellas interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que origino perjuicios individuales por dichas personas, en este caso, la personas afectadas no son determinadas por los daños ocasionados. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad y se ejercitarán solamente para obtener el reconocimiento y el pago de una indemnización de los perjuicios.
Artículo 3.2.6.- Las acciones colectivas son aquellas acciones interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que origino perjuicios a dichas personas, las cuales son determinadas o fácilmente determinables.
Artículo 3.2.2.- Las acciones colectivas, pueden ser promovidas por los miembros de un grupo, por la procuraduría ambiental o cualquier otro ente público, o por organismos de la sociedad civil organizada.
Artículo 3.2.3. Toda acción colectiva debe contar con la difusión necesaria, a efecto de que los miembros del grupo que promueven, puedan tener la opción de ingresar, permanecer o salir del grupo accionante, así como de manifestar libremente su consentimiento para entrar o no al litigio.
Artículo 3.2.5.-. El Órgano Jurisdiccional en competencia ambiental empleara las medidas necesarias, para que el consentimiento recabado, sea en todo momento público, transparente, confiable y válido.
Artículo 3.2.6.- En toda acción colectiva se dará vista al Ministerio Público.
Artículo 3.2.7.- La intervención del Ministerio Público tiene como principal objetivo, la defensa de la legalidad, garantizar la adecuada representación de los intereses de los miembros ausentes del grupo, así como velar la administración de los depósitos a cuenta que el sujeto contaminante, realice a los participantes de la acción colectiva.

References: artículo 46

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3