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Timestamp: 2020-01-24 13:50:16+00:00

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Filósofo colombiano afirma que América Latina atraviesa una crisis de identidad cultural.
La globalización es un proceso que ha permitido la interconexión de cada uno de los rincones del mundo, generando intercambios de conocimientos, creencias y costumbres. Preservar y mantener manifestaciones culturales individuales y conjuntas en un mundo cargado de tendencias es una labor que debe realizarse en cada uno de los países, especialmente en los que componen la región de América Latina y El Caribe. Francisco Giraldo Gutiérrez, doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana con sede en Medellín – Colombia, expone los lineamientos de la identidad en el contexto de la globalización.
Giraldo Gutiérrez refiere que, desde sus inicios, las comunidades antiguas (al igual que las contemporáneas), se han consolidado y perpetuado en el tiempo desde referentes comunes y su capacidad de preservar las prácticas culturales, políticas, ideológicas, ambientales y religiosas.
“La identidad y la memoria son los ejes dinamizadores de toda práctica cultural, del desarrollo socioeconómico, del ejercicio del poder, de la práctica de una ideología y de las creencias religiosas”, expone Francisco Giraldo, quien participó en el IV Congreso de Educación 2015 – ‘EducaAcción: Una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa’, organizado por la Universidad César Vallejo – UCV Chiclayo.
“América Latina, el Caribe y Sudamérica en general no han logrado establecer los referentes mínimos de identidad como pueblo, así como tampoco han consolidado sus hitos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales y religiosos. Los dos siglos de historia independentista atraviesan una crisis de identidad y de memoria de nuestros pueblos originarios”, advierte Giraldo Gutiérrez.
Es así como Francisco Giraldo señala que la región ha olvidado que como pueblo somos una unidad desde la diferencia. “Vemos entonces cómo se torna urgente la tarea de renovar los elementos identitarios de los ciudadanos latinoamericanos, fomentarlos y afianzarlos con miras a consolidar un sistema de referentes estructurales centrados desde unos mínimos de identidad y memoria en nuestros pueblos, donde la inclusión, la tolerancia, la ciudadanía, la valoración y el respeto por la diferencia sean los principios rectores de dicha renovación”.
Subraya que los términos de cultura y de educación intercultural son los ejes conceptuales para poner en contexto las situaciones asimétricas de relaciones culturales en América Latina. “El propósito es evidenciar cómo dichas asimetrías impiden afianzar y liderar un sistema de referentes mínimos que hagan posible la reivindicación cultural, social y política de los países latinoamericanos en el escenario globalizado”, añade.
Los conceptos de identidad, memoria, cultura e interculturalidad tienen como punto de partida, diferentes interrogantes, según menciona el especialista.
“¿Se asiste el día de hoy a una crisis de identidad cultural en los países de América Latina y El Caribe? América Latina y El Caribe hoy son la base del iceberg para superar la crisis que vive un mundo globalizado y en ese sentido es el momento de redefinir los elementos identitarios mínimos que posibiliten consolidar el proyecto político de unidad que nos inspiró hace 200 años”, comenta Giraldo Gutiérrez.
DEFINIENDO GLOBALIZACIÓN
El doctor en Filosofía comenta que uno de los temas que más agota discusiones, investigaciones y escritos es la globalización. “Este es el punto de partida obligado de un sinnúmero de reflexiones hoy en día. Para unos significa la homogeneización particularmente por la inclusión de todas las naciones al modelo neoliberal, mientras que otros consideran que es la ocasión de reaccionar y defender la propia identidad a favor de las particularidades culturales”, indica.
En razón de Zigmunt Bauman, Giraldo Gutiérrez sostiene que la globalización significa que todos dependemos unos de otros. “Las distancias importan poco ahora, lo que sucede en un lugar puede tener consecuencias mundiales. Situaciones como las del efecto mariposa y el efecto cascada sirven para evidenciar la invisibilidad y fragilidad de las fronteras identitarias en estos tiempos”, aclara.
Para el mismo autor, el proceso de globalización significa que esa red de dependencias, elementos componentes del proceso, vista en sentido amplio, llega a los más remotos lugares del planeta, “pero sería muy prematuro hablar de una sociedad global o de una cultura global, y más aún de una política o un derecho global”.
“Sobre estos últimos aspectos se centra el desacuerdo. De un lado, es claro que cada sociedad tiene su particularidad de normas, leyes y condiciones de vida; lo que sí es un principio global es que todos, indistintamente del tipo de sociedad en todos los gobiernos, deben generar las condiciones y modos para que sus habitantes tengan unos mínimos de calidad de vida y que esta sea digna”, acota Francisco Giraldo.
Refiere que las sociedades funcionan en red, como sistemas y sub sistemas naturales, artificiales, mixtos, abiertos y cerrados en los que sus integrantes actúan conjuntamente respondiendo a sus necesidades. “La globalización en los medios masivos ha dado lugar a una gran industria cultural que crea estereotipos, vende falazmente ideales de belleza, moda y modelos de vida que una persona en sus distintos escenarios reales nunca va a ver y, por lo mismo, nunca va a alcanzar”, sentencia el especialista.
“Esta dimensión cultural no es la única, Bauman considera que podríamos pensar en los sistemas sociales como una totalidad que coordinaba y adaptaba todos los aspectos de la existencia humana a través de mecanismos económicos, poder político y patrones culturales. Sin embargo, aquello que se solía coordinar al nivel de una misma totalidad ha sido separado y situado en niveles radicalmente diferentes. Las tecnologías de la información y de la comunicación, así como la apertura y posibilidad de una sociedad del conocimiento han hecho posibles que esta concepción llegue y se afiance”, señala Giraldo Gutiérrez.
Expone que la globalización implica grados crecientes de interdependencia en todos los niveles de la vida y entre todas las sociedades del planeta, lo cual produce una transnacionalización inédita de los procesos históricos.
“La globalización es el pretexto para identificar los elementos de memoria e identitarios de los países de América Latina y El Caribe. Este propósito parte por reconocer que la globalización tiene que darme un tipo de ser humano muy diferente, uno que se integra psicológicamente a los mercados, pasando de la economía de mercado a la sociedad de mercado, donde todo lo que hace se desarrolla en función del dinero y su precio (la tasa de interés)”, explica Francisco Giraldo.
Señala que, de haber una crítica, esta no debe realizarse a la globalización en sí misma, sino contra el hecho que este proceso no tiene límites. “Su exceso es totalmente trasgresor de todas las bases de la sociedad y usurpador de todos los medios y recursos naturales, al igual que inquisidor e impositivo en sistemas económicos y opresor en los sistemas políticos que han construido y consolidado todas las naciones”, sostiene el especialista.
Francisco Giraldo menciona que desde tiempos remotos se han presentado niveles y modos de pensar, de hacer, de sentir y vivir muy diversos. “Esa diversidad de prácticas en modo individual o colectivo es lo que ha permitido establecer y fortalecer niveles de relaciones, así como conformar lazos comunicantes que en conjunto representan la identidad de una comunidad, región, país o continente”, señala.
Continúa explicando que las prácticas individualistas enriquecen y fortalecen lo colectivo, y que la identidad y la memoria, como práctica social y cultural, se transmiten de forma natural de generación en generación.
“La identidad de una comunidad no solo requiere ser practicada, también requiere ser preservada. Si bien al realizar una práctica cultural se está preservando la misma, este trabajo debe desarrollarse de forma permanente; es a esto a lo que yo llamo memoria”, aduce el doctor en Filosofía.
Añade que la expresión cultural de origen étnico o demográfico es la base de la diversidad cultural que se encuentra en las distintas regiones de América Latina. “La alquimia de nuestra región es rica y diversa, las capacidades y actitudes específicas del hombre no se transmiten por la herencia biológica, sino que se forman durante la vida en el proceso de asociación de la cultura creada por las generaciones anteriores. Por ello, todas las gentes contemporáneas, independientemente de su pertenencia, poseen condiciones que permiten el progreso”, describe Giraldo Gutiérrez.
“La cultura es una práctica individual y colectiva en sentido amplio, que se materializa y legitima en interacción con los otros, marcando hitos que son registrados como hechos históricos. La experiencia social e histórica de la humanidad se concentra en forma de fenómenos exteriores del mundo. El mundo de la industria, la ciencia y el arte expresa la verdadera naturaleza del hombre, el resultado de su formación histórica”, refiere Francisco Giraldo.
Finaliza mencionando que el hombre ha creado sistemas de comunicación requeridos para dar cuenta de experiencias pasadas, sistematizar las prácticas presentes, y visualizar y proyectar escenarios futuros.
“Consecuente con esto, se reconoce que los procesos de desarrollo histórico de las capacidades humanas no se dan simplemente al hombre a causa de los fenómenos objetivos de la cultura material y espiritual, sino que se hayan solamente en esos fenómenos”, concluye el especialista.
En el Perú existen 47 lenguas y 19 familias lingüísticas. En un país donde la inclusión se ha vuelto una tarea de Estado, permitir que las comunidades tengan acceso a información primordial en su lengua originaria se convierte en un proceso que requiere de la formación de especialistas en el rubro de la traducción y la interpretación. ¿Se está desarrollando esto de la manera adecuada? Si bien se ha avanzado en comparación a la década pasada, se debe evaluar la calidad del proceso de traducción y el desarrollo de buenas prácticas que permitan una adecuada inclusión lingüística.
¿Qué significan las buenas prácticas en la inclusión lingüística? Rosa Luna García, doctora en Educación y magíster en Terminología por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), la define como el conjunto de medidas tomadas por un gobierno para garantizar la equidad lingüística y cultural de su país, en el marco de un proyecto de planificación lingüística nacional.
“Se podría acotar que ese proyecto no lo tenemos en el Perú, tendríamos que construirlo”, señala.
Resalta que el peruano difícilmente reconoce más de dos o tres lenguas nativas, siendo el quechua y aimara las más recordadas. “Luego se acabaron las lenguas, las de procedencia amazónica son completamente desconocidas para la mayoría de peruanos, y esta es una obligación a nivel de país: construir una identidad lingüística desde la escuela”, menciona la especialista, quien participó en el IV Congreso Internacional de Educación “EducaAcción: Una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa’, organizado por la Universidad César Vallejo – UCV Chiclayo.
Rosa Luna menciona que la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura cumple una labor capital, centrándose en asegurar que el país pueda avanzar en la implementación de lo estipulado en la Ley de Lenguas, “por ello los intérpretes y traductores son los garantes del cumplimiento de los derechos lingüísticos”.
Esta responsabilidad recae sobre los intérpretes y traductores, a pesar que para su formación solo cuenten de tres semanas para cursos básicos y una para la especialización, detalla Luna García.
“Uno de los objetivos (que continúa siendo) de esta dirección es desarrollar capacitaciones a intérpretes de lenguas indígenas para procesos de consulta previa y para servicios públicos como justicia, salud, desarrollo y promoción”, describe la especialista.
Refiere, asimismo, que otro de los objetivos es mantener y realizar la actualización de los registros de intérprete de lenguas originarias. “Veinte lenguas ya cuentan con alfabetos oficiales, se ha hecho un avance importante, cuatro lo tendrán este año y cinco están en proceso. Pero son en total 47. Aún falta mucho pan por rebanar al respecto”, explica.
“¿Cómo traducir e interpretar adecuadamente si no se cuenta con una herramienta tan básica como es la ortografía y la gramática, que son los elementos fundamentales? Un traductor occidental no conseguiría hacer traducciones sin contar con estas herramientas”, subraya Rosa Luna.
Otros de los proyectos del Ministerio de Educación – MINEDU, es 22 Días. “También se han desarrollado 11 manuales de escritura y cinco gramáticas pedagógicas”, añade.
La licenciada en Traducción (especialidad en inglés e italiano), por la Universidad Ricardo Palma, defiende los derechos lingüísticos, los cuales reconocen la libertad de todas las personas a usar su lengua materna en todos los espacios sociales.
“Esto supone un gran problema en el contexto peruano. Los hablantes de lenguas originarias indígenas reclaman que únicamente pueden usar su lengua en el ámbito familiar y con suerte en el educativo”, describe Luna García.
La doctora en Educación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFÉ, menciona que la lengua funciona como puerta o vehículo de sus derechos, “de aquí que es tan importante la traducción de la Ley de Lenguas, algo que también ha asumido el ministerio como responsabilidad”.
Pero, ¿cuáles son estos derechos? La especialista indica que entre ellos se encuentra el derecho a no ser maltratado o rechazado por usar una lengua diferente al castellano, en un espacio público o privado. “Muchas veces los profesores se mofan de alumnos que hablan el castellano-andino, o delatan su procedencia hablando un castellano-amazónico, generando que sus compañeros se burlen por el uso de estos dialectos. Los profesores no ponen mucho énfasis para resolver esta falta de equidad”.
Refiere también que la actitud de las personas indígenas en ocasiones no corresponde al deseo que tienen por desarrollar su lengua. “¿Cómo te vas a interesar por una lengua a la que le faltan palabras, que no cuenta con los términos recientes y que les permita comunicarse en todos los ámbitos? Hay que otorgar nombres a estas palabras a partir de los principios de cada lengua, pero esto supone conocer a profundidad las mismas”, detalla Rosa Luna.
Explica que muchos de ellos reconocen abiertamente que no son bilingües coordinados, pero que sus lenguas no las conocen en profundidad. “Tenemos el derecho a recibir educación en nuestra lengua materna y de esta forma preservar el lenguaje de estas comunidades”, añade Luna García.
A partir del dictado de ocho cursos consecutivos referentes a la formación de traductores e intérpretes, la especialista presenta un diagnóstico.
Actualmente existe una base de datos originarios del Perú, para educación intercultural bilingüe. Este documento es muy interesante puesto que abarca temas que todo peruano debe saber sobre las lenguas originarias peruanas y sus hablantes.
Asimismo, comenta sobre las intenciones de desarrollar un Instituto Peruano de Lenguas Indígenas. “Contamos también con el programa Voces Vivas para la recuperación de las lenguas, el programa Estado Multilingüe, programa Lenguas y Cultura para Todos, campaña ‘Perú: país de muchas lenguas’. Pero, ¿cómo se difunde esto?, ¿en qué niveles? Gestión participativa de la política lingüística, mesas temáticas sobre la situación de las lenguas indígenas y otros medios de difusión se requieren”, subraya.
Entre otros esfuerzos del Estado por reforzar la inclusión lingüística en el servicio público se encuentra el manual de usuario en quechua, manuales para el empleo en quechua -chanca, palabras claves para el servicio de salud en lenguas como Ashaninca, Shipibo y demás. “Diferentes tipos de quechua como: el Cusco Collao y el quechua Chanca, que es la variedad de Ayacucho”, enumera Rosa Luna.
“Hemos incursionado en las redes sociales, hay un grupo en Facebook (La traducción de lenguas originarias peruanas), el cual dirijo a raíz de la experiencia que tuve dictando cursos de lenguas originarias. ¿Qué se hace en este grupo? Se publican noticias relacionadas con la traducción de estas lenguas, pero no solo del Perú, sino también de países como México, Chile, Brasil y similares”, cuenta la especialista en lingüística.
¿Quién decide lo que se traduce y lo que no? “Existen varias interrogantes en relación al proceso de traducción. Según las respuestas obtenidas por parte de los encuestados la traducción se concentra en textos educativos y de divulgación, escritos religiosos por excelencia, textos musicales y jurídico administrativos, literatura oral y textos especializados”, señala Luna García.
Menciona que, en el contexto religioso, La Biblia es el de mayor flujo, ya que prácticamente ha sido traducida a la mayoría de las lenguas peruanas. “Creo que solo faltan dos o tres de ellas”, indica.
“En el caso de las novelas para personas bilingües de niveles subordinados, tenemos que El Principito, El Quijote de la Mancha, obras de García Márquez y Vargas Llosa son los principales. ¿Por qué no ser más trascendentes? Temas que permitan elevar la calidad de los pueblos en vez de apostar por algo que este mismo hablante va a poder leer de forma directa”, propone Rosa Luna.
“Puede más el protagonismo y el afán de quienes traducen estas piezas que el verdadero impacto que se busca en la sociedad”, advierte.
Comenta que por interés del propio ministerio se ha desarrollado la traducción del reglamento de la Ley 2975, Ley de Derecho a la Consulta Previa. “Siempre se va privilegiando aquellas lenguas que presentan mayor protagonismo y con hablantes que cuentan con mayores grados de bilingüismo y que han desarrollado habilidades de traducción e interpretación”, describe la docente de la Universidad Ricardo Palma.
Rescata, asimismo, el hecho que la Declaración de los Derechos Humanos haya sido traducida a 38 lenguas.
“Hay que hacer una crítica también al proceso de traducción, puesto que quienes se supone deben leer estos escritos no lograrán entender lo que dice en su lengua nativa si no ejecutamos la actividad de la forma adecuada. No hay un control de calidad, no se revisan los textos y entonces a veces puede más el afán de mostrar que se está traduciendo mucho y que se forman muchos traductores, pero en realidad no lo están haciendo de forma técnica y profesional”, sentencia Rosa Luna.
La especialista finaliza recomendado un trabajo más meticuloso, puesto que lo peor que se puede hacer es desacreditar a todo el grupo de traductores e intérpretes. “Hay que trabajar por mejorar el producto para no perjudicar a las comunidades que se rigen de estos documentos”, finaliza.
FISCALÍA NO SUBSANA IMPUTACIÓN EN SU CONTRA: OVIEDO SOLICITA A JUZGADO EXCLUSIÓN EN CASO TUM&Aacut
La defensa legal de Edwin Oviedo Picchotito solicitó al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria que este sea excluido del caso Tumán, en el que se le investiga por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, robo agravado, homicidio calificado, tenencia ilegal de armas y colusión. El requerimiento fue formulado luego que venciera el plazo de cinco días que dio el juez Shiling Castañeda Salazar para que el Ministerio Público, representado por el fiscal Sergio Zapara Orozco, precisara la imputación necesaria contra el también presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
José Carlos Isla Montaño, abogado de Oviedo, señala que ha realizado el pedido de exclusión de investigación conforme a ley, pues el Séptimo Juzgado Penal de Investigación, a cargo del magistrado Shilling Castañeda, admitió la tutela de derechos planteada por la defensa con la finalidad que se subsane la imputación en contra del empresario azucarero, pues al no haberse respetado el principio de imputación necesaria se configura la vulneración flagrante al derecho a la defensa y al debido proceso, por incluir a su patrocinado en una investigación sin establecer cuál es la participación o la conducta que sea pasible de ser objeto de sanción penal.
“El plazo se venció el miércoles 21 de octubre y la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, a cargo de Zapata Orozco, hizo caso omiso al mandato de tutela de derechos, por lo que corresponde que, en ejercicio del derecho de defensa y habilitándose la medida correctiva correspondiente, se disponga la exclusión del señor Edwin Oviedo Picchotito de la investigación fiscal preliminar que tiene relación con el expediente del rubro. Ello, al amparo de los derechos fundamentales de debido proceso y de defensa que le asisten y son reconocidos por el artículo 139º numerales 13 y 14 de la Constitución Política del Estado; en aplicación de los dispuesto por los artículos IX del Título Preliminar; estando al artículo 8ª numeral 2 literal “b” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y atendiendo a la imprecisión y vaguedad en la imputación formulada por el Ministerio Público”, detalla Isla Montaño.
Conforme a la resolución emitida por el juez, tras la audiencia de tutela de derecho del 13 de octubre pasado, se dispuso que el fiscal Sergio Zapata, dentro del plazo de cinco días hábiles, subsane la imputación en contra de Oviedo Picchotito, invocando para ello los Acuerdos Plenarios N° 4-2010 y 02-2012, considerando que la Tutela de Derechos es un mecanismo eficaz, tendiente al restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados, que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción –ya consumada- de los derechos que asiste al imputado, siendo un mecanismo o instrumento procesal que se constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de habeas corpus. “Cabe detenerse aquí para establecer la importancia de este mecanismo procesal, como protector de los derechos constitucionales de aquellos a quienes se imputa la comisión de un delito, violentándose estos, como ha sucedido en el caso de mi patrocinado”, indica el abogado.
Este anota que dentro de los derechos de los que goza el imputado se encuentra el del principio de imputación necesaria, a que el juez ha hecho mención, fundándose en el acuerdo plenario 2-2012, que establece como garantía sustantiva de defensa procesal la comunicación detallada de la imputación formulada en su contra. Se señala igualmente la viabilidad de acudir a la tutela de derechos cuando no existe respuesta por parte del Ministerio Público frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados, de modo palmario, de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo.
Isla Montaño refiere que dejar claro esto se hace necesario a efectos de establecer que hasta la fecha el Ministerio no ha dado cumplimiento a la disposición judicial, lo que evidencia no solo “la falta de respeto a la autoridad judicial, sino además el rechazo fáctico a un mandato de respeto a una garantía de orden constitucional. En estos casos, ¿cuál debería ser el proceder siguiente?”, se pregunta la defensa.
El defensor de Oviedo cuestiona si puede haber resistencia del Ministerio Público a cumplir una orden judicial y hay algún remedio procesal a ello. “Se sabe que el supremo intérprete de la Constitución ha establecido en casos vinculados al Código de Procedimientos Penales, la anulación del auto apertorio de instrucción. En el caso que nos ocupa, la medida correcta es la exclusión de mi patrocinado como imputado de la investigación preliminar llevada adelante, debiendo, en todo caso, considerársele como testigo”, arguye Carlos Isla.
Sin embargo, en el escrito presentado por la defensa de Oviedo se señala que probablemente el Ministerio Público pretenda argumentar la existencia de un recurso de apelación contra el mandato judicial; empero, frente a ello, afirma expresamente que, conforme lo establece el artículo 418 en su inciso 1, solo tendrá efecto suspensivo el recurso de apelación contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia.
“En el presente caso la resolución emitida por el juez que declara fundada la tutela de derechos no es un auto que ponga fin a la instancia, por lo tanto, el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público no puede ni debe ser concebido con efecto suspensivo. Pensar lo contrario, es resolver en contra del texto expreso de la ley que configura prevaricato”, indica, Isla Montaño.
Finalmente, Isla Montaño precisa que de no acatarse al mandato judicial, como así ha sucedido, corresponde al juez emitir la resolución correspondiente, esto es, la exclusión del proceso de investigación preliminar que se le sigue a Oviedo Picchotito.
ADVIERTE RAÚL VALENCIA: �POR FALTA DE LIDERAZGO SEGUIREMOS ENFRENTANDO UN DESARROLLO DÉBIL�
El Instituto Peruano de Economía – IPE ha publicado los resultados del Índice de Competitividad Regional 2015 con el que evidencia los avances y retrocesos alcanzados en el último año por las 24 regiones del país, según indicadores en los que se ha evaluado el comportamiento público y privado. El documento busca analizar y dar a conocer la realidad económica y social de las regiones.
Se han evaluado aspectos como el entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones, que a la vez agrupan a un total de 47 subindicadores, en los cuales Lambayeque refleja un panorama variable, en muchos casos interesante y destacado, y en otros preocupante. De acuerdo al Índice de Competitividad Regional 2015, Lambayeque se ubica en el noveno lugar, puesto en que también se ubicó en el 2014. En años anteriores la región se encontraba dentro de las cinco más competitivas del país.
Delante de Lambayeque se han posicionado: Lima, con el primer lugar, Moquegua, Arequipa, Ica, Tacna, Madre de Dios, Tumbes y Cusco.
LOGROS TIBIOS
“Si se observa el mapa de competitividad de los años 2008 y 2010, evidentemente se ve que estuvimos ubicados en una mejor posición a la que ocupamos hoy en día. Sin embargo, en los dos o tres últimos años el nivel de competitividad regional no ha sufrido una variación, nos encontramos en el noveno lugar de las 24 regiones del país. Se han presentado mejoras en algunos sectores regionales como es el caso del entorno económico, que mide básicamente los avances en las condiciones para invertir en Lambayeque, algo en lo que relativamente hemos mejorado”, menciona el economista Raúl Valencia Medina, delegado del Consejo Regional de Lambayeque, además de director general de la Universidad César Vallejo Chiclayo.
La autoridad destaca, por ejemplo, que respecto a Salud Lambayeque se ubica en el quinto puesto a nivel nacional y en el cuarto puesto en el subindicador de esperanza de vida al nacer. En el aspecto en el que la región ocupa el primer puesto es en mortalidad infantil, con el registro de 13 fallecidos por cada mil niños entre cero y cinco años, mientras regiones como La Libertad, Piura y Cajamarca reportan entre 17 y 34 muertes en ese rango de edad.
Hay también mejoras respecto a la desnutrición crónica con un 10.2 % entre los niños de cero a cinco años; en el incremento de la cobertura hospitalaria (cuatro lugar a nivel nacional), y registro de partos institucionales, es decir en un establecimiento de salud (94.50 %).
“Los números no mienten, nos muestran una realidad. Sucede que este índice global de competitividad mide algunos otros indicadores donde evidentemente otras regiones se encuentran en mejores condiciones si las comparamos con Lambayeque, una mejor predisposición a mostrar su economía y desarrollar de mejor forma aspectos como educación, salud y confianza para un mejor entorno económico. El hecho de que en la región la inversión privada no ha podido desarrollarse al igual que otras regiones ha generado un desfase que nos ubica en el noveno puesto a nivel de promedio”, reflexiona Valencia Medina.
El resultado más desalentador para Lambayeque es indudablemente el referido a la medición de la institucionalidad. Este año la región se ubica en la última de las 24 ubicaciones, evidenciando un severo problema que repercute directamente en el crecimiento socio económico.
“El tema de instituciones no hay que verlo únicamente desde la perspectiva del gobierno regional, sino también a nivel provincial y distrital; se debe incluir a los colegios profesionales, instituciones del sector privado como son las cámaras de comercio y todos aquellos gremios empresariales que velan por los intereses del sector privado. Esto nos muestra que existe una total desarticulación a nivel institucional y eso nos está pasando la factura. Naturalmente por la falta de institucionalidad, de concertación y liderazgo de las autoridades políticas de la región seguiremos enfrentando un desarrollo débil y conformándonos con pequeños avances, cuando evidentemente podríamos estar en mejores condiciones que en años anteriores”, precisa el académico.
“Las personas que ejercen función pública tienen el deber de tener la información relevante para orientar el desarrollo de la localidad o de las regiones. No podemos hacer gobierno con los ojos vendados, y creo que estos estudios que estamos revisando nos enseñan que debemos estar muy cerca de la academia. Por lo tanto, yo particularmente quisiera llamar la atención a los alcaldes provinciales y distritales, al gobernador regional, al consejero regional para que puedan darse la oportunidad de un baño de información actualizada sobre el desempeño del tema económico, del tema social, institucional, educativo, de salud e infraestructura; pero no únicamente viendo lo que nosotros estamos haciendo, sino fundamentalmente con un análisis comparativo, un benchmarking que va a ser el mejor termómetro para saber si nuestro trabajo está añadiendo valor y en qué medida, y cómo nosotros somos parte del atraso que lideramos”, enfatiza el consejero delegado.
Respecto a Infraestructura, el IPE ubica a Lambayeque en el sexto puesto, pero en cuanto a Entorno Económico la ubicación es aún más baja. Actualmente la región ocupa el décimo lugar en el país.
En Educación se le otorga a Lambayeque el séptimo lugar y el 18 en relación al aspecto Laboral, siendo superada por regiones como Tumbes y Loreto.
“El mensaje de empleo que saca el informe nos refleja dos cosas: el alto grado de informalidad y de subempleo que enfrenta la Población Económicamente Activa – PEA. En Lambayeque hay un conjunto muy importante de personas que ha estudiado una carrera profesional, pero que al mismo tiempo no ejerce ella. Por otro lado, la falta de un mayor grado de inversión desde el sector privado, recordemos que la base económica de nuestra región por el nivel de empleabilidad que se cuenta para la población radica en el sector comercio y la agricultura. La agricultura genera en no más del 25 % empleo de calidad, el gran porcentaje de empleo está en la pequeña y en la micro agricultura, que son de subsistencia, que no tienen la posibilidad de entrar a competir al mercado internacional, lo que naturalmente se ve agravado por el exceso de regulación de las normas laborales, que hace mucho más difícil la empleabilidad formal”, señala Valencia Medina.
Considera que una manera de buscarle soluciones de fuerza a la informalidad es que desde el gobierno nacional se atienda la necesidad de regular de mejor manera los aspectos que encarecen la fuerza de trabajo, volviéndola menos competitiva. “En el próximo Congreso de la República, ya con nuevos actores, esperemos que las normas y las leyes laborales se puedan revisar y civilizar un poco más de lo que están, porque de lo contrario se encarece la empleabilidad formal de un trabajador”, indica.
El Producto Bruto Interno – PBI Real de Lambayeque asciende a 10 mil 274 millones de soles, menos de la mitad de lo que acumulan Arequipa y Cusco; y por debajo de lo que reportan La Libertad, Áncash, Piura, Ica, Cajamarca y Junín. Por otro lado, el Presupuesto Público Per Cápita de lo que invierte el Estado por ciudadano en Lambayeque es de dos mil 518 soles al año; ubicándose la región en el último puesto a nivel nacional.
“Lo que pasa es que la inversión per cápita del sector público nos ubica también en una posición muy complicada. Debo ser honesto en decir que el Estado va a invertir en aquellas regiones de donde obtiene mejores niveles de recaudación tributaria, hay una relación umbilical entre recaudación tributaria e inversión pública. Creo que esto es la ratificación de lo que venimos evaluando. Dentro del enfoque de competitividad en el tema económico estamos en el puesto diez, lo cual sí nos debe de preocupar. Esto tiene que ver con las cosas que hemos venido revisando, porque recordemos que si no hay inversión no hay posibilidades de tributación y si no hay esto no tenemos posibilidades de inversión pública”, explica el economista.
Raúl Valencia refiere que es el momento de poner en la agenda de la economía regional y de sus actores la posibilidad de revisar el tema de la inversión minera en Lambayeque, pues solo el proyecto Cañariaco representa dos mil 600 millones de dólares para la región: mil 200 millones en la fase de construcción (dos años), y mil 400 millones de dólares en la fase de explotación.
“Esto significaría una revolución económica en nuestra región; por lo tanto, no sería nada raro que dentro de tres o cuatro años el más grande proyecto minero que tiene Lambayeque nos permita ubicarnos en los primeros cinco lugares”, señala, reconociendo que hay necesidad de decisión en el nivel político por alentar las inversiones, aun cuando se sabe que no es competencia del gobierno regional la entrega de concesiones.
“No contamos con la posibilidad de tener realmente ese nivel de acción. Si no lo tiene el consejo regional, que es el ente político donde hay la voluntad absoluta de promover la inversión minera (dentro de una minería responsable), el gobernador regional tiene las mismas limitaciones. El tema minero está manejado de forma directa por el ejecutivo, por el ministerio del sector, el cual lo tiene totalmente concentrado. Sin embargo, esto no significa no poder motivar y promover”, asevera.
CORRUPCIÓN Y SERVICIOS
De acuerdo al estudio solo el 89.7 % de los hogares en Lambayeque tiene cobertura de agua potable y solo el 72.6 % de desagüe, ubicándose la región en los puestos ocho y seis respectivamente de los referidos indicadores. Esta realidad resulta hasta cierto punto paradójica considerando que fue Lambayeque la región que más presupuesto recibió entre el 2008 y el 2011, durante el gobierno aprista (más de 650 millones de soles), para la ejecución de obras de saneamiento básico a través del programa Agua para Todos.
A decir de Valencia Medina si Lambayeque exhibe hoy estos resultados es por la presencia de la corrupción en el manejo de los recursos públicos.
“Todo esto nos pasa la factura hoy en día, porque cuando hablamos de descentralización económica vemos que eso es un bonito mensaje en el papel, pero que en la práctica es cero. Esto se debe a que todos los procesos de deterioro ético y moral en los que ejercen política y toman decisiones han llegado a un nivel tan alto de corrupción, cosa que se da no solamente en Lambayeque sino en todo el país. Miremos lo que está pasando a puertas del Fenómeno El Niño, el ejecutivo a través de los ministerios de Agricultura y Vivienda han manejado y concentrado todos los proyectos de inversión. El resultado es que no se ha cubierto más allá del 25 % de las necesidades de inversión que requería Lambayeque para afrontar el fenómeno. La corrupción sigue siendo un punto medular en la agenda de la política peruana. Para esto requerimos de una reforma muy profunda, que debería de normarse un perfil para poder acceder al más alto nivel que es el Congreso”, indica.
Otro indicador negativo para la región es el de Ejecución de la Inversión Pública. En este rubro Lambayeque se ubica en el último lugar a nivel país con un 62 %, que incluye los presupuestos destinados desde el gobierno nacional y los administrados por el gobierno regional y los gobiernos locales.
Lambayeque también tiene una de las tasas más altas de desempleo juvenil (11.4 % de la PEA), en tanto el 79.2 % de la Población Económicamente Activa trabaja de manera informal. En relación a Analfabetismo, el estudio evidencia que aún el 6.4 % de la población regional no sabe leer ni escribir y tampoco tiene capacidad lógico – matemática.
Precisamente sobre esto último es que la Universidad César Vallejo – Chiclayo ha suscrito un convenio con Rinsa Inc y la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque para la ejecución del proyecto de erradicación del analfabetismo al 2018, tiempo en el que se espera beneficiar a más de 80 mil 681 habitantes.
“El proyecto de erradicación del analfabetismo nace como una inquietud política personal, la hemos internalizado en la universidad, la hemos socializado a nivel del gobierno regional y la hemos traducido a la Gerencia Regional de Educación. Hemos convocado a expertos en cooperación internacional y están junto a nosotros trabajando. Tenemos un financiamiento de 15 millones de soles para el cual estamos culminando con el proyecto de factibilidad, que es lo único que esperan los cooperantes internacionales. La fuente de financiamiento será USAID”, explica.
Finalmente, señala que para revertir los indicadores negativos que actualmente desplazan a Lambayeque en el Índice de Competitividad Regional es necesaria la voluntad política de las autoridades en los distintos niveles de gobierno.
“Necesitamos una voluntad que en verdad vaya más allá de los intereses de grupo, de los intereses de persona. Eso es lo que aún no logramos superar, es la peor barrera que enfrenta Lambayeque. Estoy convencido en que si los lambayecanos deseamos ver a nuestra región en mejores niveles de competitividad tenemos que deponer los intereses de grupo e incluso de cada institución en particular, es necesario lograr niveles verdaderos de concertación y articulación, hacerle frente a la corrupción y asumir compromisos. Lambayeque necesita liderazgo, no hay liderazgo, guste o no guste, esa es la verdad y ahí tienen una responsabilidad directa las autoridades desde el gobernados regional hasta los alcaldes distritales”, asevera.

References: artículo 139
 artículo 8
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 artículo 418
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