Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2014_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-27 12:30:19+00:00

Document:
El Yo Acuso Argentino: mayo 2014
Capítulo 710 - A la época de la Década del 70 no se aplicaban a los CANI las normas consuetudinarias que desde hace pocos años sí se aplican. Niño guerrillero
“El criterio del
efectivo” implica la atribución
al Estado de responsabilidad en los casos donde
no hay una orden concreta y caben diferentes grados de sujeción al Estado. El alcance de la noción de
control generó una controvertida “hermenéutica” que ha sido objeto de sucesivas
interpretaciones. La Resolución 2625 (XXV) de la AG, del
24 de octubre de 1970, “Declaración relativa
a los principios de Derecho Internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, establece el: “principio de que los Estados, en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. Destacamos que
la citada resolución data del 24 de octubre de 1970, época en que era público y
notorio, que se pregonaba en la América Latina por parte de los sectores
afines, que el tirano Fidel Castro no iba a detenerse hasta convertir a la
Cordillera de los Andes, en una suerte de nueva Sierra Maestra. De allí un paso
para concluir sin demasiado esfuerzo, que el aludido abastecía la logística de
los irregulares, que iban a derribar los gobiernos que no compartieran su
siniestra ideología. Tales propósitos no aparecen, no son comentados en su
etiología, en las diversas resoluciones judiciales que valoran las conductas de
los imputados de violaciones de los derechos humanos. De allí el mote de
“justicia tuerta”, que le es endilgado a los diversos tribunales, que se ocupan
de investigar lo que sucedió. Estas investigaciones pecan por la absoluta falta
de imparcialidad, de los encargados de administrar justicia, en cada caso
relacionado con estos episodios. Sostienen que es viable adoptar en la
Argentina, las normas internacionales relacionadas con los derechos humanos,
aunque ellas no hayan sido incorporadas al derecho interno de nuestro país. Para algunos, basta que para la época en que
sucedieron los eventos, tales normas surgieran del derecho consuetudinario
internacional, con lo que no colisionaban con el Principio de Legalidad.
Empero, para la
mayoría de los jueces, por convicción o por pasión, deben aplicarse las normas
internacionales que favorecen a los imputados, cuando ellos vestían el uniforme
militar, más no cuando quienes son imputados de delitos internacionales,
integraron las sanguinarias formaciones guerrilleras. Esos jueces no tienen en
cuenta las Resoluciones de la ONU, que eventualmente favorecen a los otrora represores, confesando de tal
suerte, en forma elíptica, sus aviesas intenciones de sancionar sea como sea,
al “culpable”.
El ejemplo que estamos brindando, o sea la
resolución de la ONU que comentamos, nos sigue señalando: “(…) en los párrafos
8 y 9 añade el deber de todo Estado
de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el
territorio de otro Estado. Así como también la abstención de todo Estado de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado, o de consentir actividades organizadas dentro de su
territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando dichos actos impliquen el recurrir a la amenaza
o al uso de la
fuerza”.” El
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en
un estudio sobre la práctica internacional de los Estados en materia de DIH, registró las normas
consuetudinarias aplicables en este ámbito e
identificó en la Norma No. 149 el carácter consuetudinario de la responsabilidad de un
Estado por las violaciones al DI que le son imputables, cometidas tanto en conflictos armados internacionales como en
conflictos armados sin carácter internacional.
un Estado puede ser responsable por los actos de personas o grupos que no sean
sus órganos ni estén facultados, en virtud del derecho interno a ejercer
prerrogativas del poder público, si esas personas o grupos actúan de hecho
siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o control (Henckaerts, J., Doswald-Beck, L., 2007,
603).Todo hecho internacionalmente
ilícito del Estado genera su responsabilidad
internacional (CDI, 2001, 43). En el
DI la responsabilidad es objetiva y se configura por la violación de una
obligación internacional atribuida al Estado sin que sea relevante la falta
(dolo o culpa) del sujeto infractor o la comisión de un daño material al sujeto
lesionado (que interesa al modo y cuantía de la reparación, (Remiro Brotons,
2007, 745). “El comportamiento calificado como internacionalmente ilícito, primero, resulta atribuible al
Para el DI, el Estado es una persona jurídica con plena capacidad (CDI, 2001,
49). La
calificación de un hecho ilícito
internacional se hace con independencia de su calificación como lícito según el derecho interno del Estado. El principio
general en materia de RI es que el comportamiento de particulares o entidades
no es atribuible al Estado. El único comportamiento atribuido al Estado en el
plano internacional es el de sus órganos de gobierno o de otros que hayan
actuado bajo su dirección o control o por instigación de esos órganos, es
decir, como agentes (CDI, 2009)6 del Estado (CDI, 2001, 64). Sin embargo, existen circunstancias bajo las cuales ese comportamiento
resulta atribuible el Estado sobre la base
de una relación de hecho específica entre la persona o la entidad que observa el
comportamiento y el Estado. La imputación
de crímenes cometidos por miembros de grupos
armados organizados, que asumen
el carácter de órganos de facto, a un Estado que los apoya a los fines
del establecimiento de la RI de ese Estado y de la calificación del conflicto (Verri,
2008, 46) conforme al DIH, se planteó en la jurisprudencia de tribunales
internacionales (Sassoli y Bouvier, 2006, 59). El artículo 811 del Proyecto sobre Responsabilidad del Estado refiere al comportamiento de agentes de facto, es decir, las personas o grupos de personas que actúan de
hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de un Estado. Esta norma ha
sido verificada por la práctica de los Estados y ha sido recogida por la CDI de la
jurisprudencia de la CIJ. La jurisprudencia estableció que tales comportamientos resultan atribuibles al Estado, si éste dirigió o controló de modo específico la
operación en la que se cometió el acto contrario al DI.” “Todo Estado que haya proporcionado instrucciones concretas o haya ejercido el control sobre un grupo puede asumir,
de hecho, la responsabilidad por el
comportamiento de dichas personas o grupos de personas. En cada caso
deben evaluarse los hechos, en particular, los concernientes a la relación
entre las instrucciones que se han dado o la dirección y el control ejercido y
el comportamiento específico denunciado (CDI, 2001, 97). El artículo 8 subraya que los conceptos de
“instrucción, dirección y control” son disyuntivos; basta con que se pruebe
cualquiera de ellos. Al mismo tiempo, señala que debe existir una relación entre
las instrucciones, la dirección o el control y el comportamiento que presuntamente
constituye un hecho internacionalmente ilícito” (CDI, 2001, 97).
(http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/R0005A004_0005_investigacion.pdf). Publicado por
A la época de la Década del 70 no se aplicaban a los CANI las normas consuetudinarias que desde hace pocos años sí se aplican.
Capítulo 709 - Donde hablamos de la incertidumbre en la regulación de los conflictos armados, tanto los CAI como los CANI. (continuación)
El Protocolo adicional II, por ejemplo, no contiene una deﬁnición de personas
civiles o de población civil,
aunque estos términos se utilizan en varias disposiciones. En tratados
posteriores, aplicables
en conﬂictos armados no internacionales, también se emplean los
términos de «personas
civiles» y «población civil» sin definirlos. Otro aspecto de
incertidumbre que afecta la regulación de
los conﬂictos armados, tanto internacionales
como no internacionales, es la ausencia de
una deﬁnición precisa de la expresión «participación directa en las hostilidades». Es indiscutible que la protección contra los ataques se pierde
cuando una persona civil emplea armas y otros medios para cometer actos de
violencia contra las fuerzas humanas o
materiales del enemigo. Pero también existe una práctica
considerable que da escasa o ninguna orientación sobre la interpretación de la
expresión «participación directa», al establecer, por ejemplo, que debe hacerse una evaluación caso por caso, o
al repetir simplemente la norma general de
participación directa en las hostilidades hace
que las personas civiles pierdan la protección contra los ataques. Una cuestión
asociada a ésta es la de cómo calificar a una persona en caso de duda. Habida
cuenta de estas incertidumbres, el CICR está procurando aclarar la noción de
participación directa por medio de una serie de reuniones de expertos, que
comenzaron en 2003.”. Permítasenos acotar que, en 2003, subsistía la duda al
respecto. Como la conducta de los militares o miembros de las fuerzas de
seguridad, a quienes se les imputa haber violado la ley, podría ser calificada
de una forma u otra, conforme la solución que se haya encontrado al respecto, debemos resaltar que este tema,
fundamental, podríamos calificarlo como la otra cara de la moneda. Conforme la
solución que se encuentre, los resultados repercutirán, qué duda cabe, sobre la
calificación de las conductas que se les enrostran a las partes. Otra cuestión
aún pendiente es el alcance exacto y el ámbito de aplicación del principio de
proporcionalidad en el ataque. “A pesar de que el estudio demostró que este principio cuenta con un respaldo generalizado, no aclara más que lo hace el derecho convencional acerca de cómo hacer compatible la ventaja militar y las pérdidas civiles incidentales. (…) Numerosas
cuestiones relacionadas con la conducción de las hostilidades están reguladas por
el Reglamento de La Haya. Si desde hace mucho tiempo se
considera este reglamento como consuetudinario en los conﬂictos armados
internacionales, ahora también se aceptan algunas de sus normas como consuetudinarias en los conﬂictos armados no
Por ejemplo, las antiguas normas de
derecho internacional consuetudinario que prohíben (1) la destrucción o la
apropiación de los bienes del enemigo, a menos que lo exija la necesidad
militar, así como (2) el pillaje, se aplican también a los conﬂictos armados no
internacionales. Se entiende por pillaje la apropiación forzosa de bienes
privados del enemigo para un uso personal o privado. Ninguna de estas dos prohibiciones afecta a
la práctica consuetudinaria de adueñarse, como botín de guerra, del material militar
perteneciente al adversario.” (Estudio sobre el
derecho internacional humanitario consuetudinario: una contribución a la
comprensión y al respeto del derecho de los conﬂictos armados Jean-Marie
Henckaerts – Revista del CICR) Resulta harto interesante,
el caso de los agentes de facto extranjeros. Tal afirmación nos obliga a remontarnos
a la época de la denominada Guerra Fría. Recuerde el lector que, para esa
época, se registró el recrudecimiento de un fenómeno, que afectó no solo a la
Argentina o a los países del Cono Sur, sino a otras naciones con cierta
importancia estratégica y militar. Hemos padecido los argentinos, los intentos
repelidos de fuerzas irregulares a las que animaba la ideología marxista
leninista radicalizada. Ocioso es comentar tales eventos, sin enfatizar las
conexiones que unían a dichos grupos facciosos con su metrópoli ideológica, ora
Moscú, ora Pekín, ora Cuba. Se ha afirmado, por parte de ciertos
investigadores: “El tema refiere a las condiciones bajo las cuales un grupo armado que combate contra las
fuerzas armadas gubernamentales puede ser considerado como agente de facto de
un Estado extranjero. La atribución de
responsabilidad internacional (RI) por el comportamiento de agentes de facto está codificada en el artículo 8 del
Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos
Internacionalmente Ilícitos”. Descuento que el amable lector, cuando
dé comienzo a la lectura de esta nota, lo primero que tendrá en cuenta es la “ayuda”
de todo tipo, sobre todo en logística y en armas, prestada “espontáneamente” en cada ocasión que se le
presentaba, por el tirano dictador Fidel Castro. “La responsabilidad comprende
el conjunto de reglas secundarias que regulan las consecuencias de conductas
lesivas a lo prescripto en las normas primarias –que establecen derechos y
obligaciones individuales-. Tradicionalmente el Estado ha sido considerado como el único
sujeto de la relación: el Estado perjudicado. En el año 2002, la Asamblea General (AG) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 56/83, tomó nota del Proyecto de artículos sobre
por Hechos Internacionalmente Ilícitos (Proyecto sobre Responsabilidad del Estado), elaborado por la Comisión
de Derecho Internacional (CDI) y lo señaló a la atención de los gobiernos con la aclaración de que tal resolución
se adoptaba sin perjuicio de su aprobación o la adopción de otro tipo de
medidas en el futuro.” “El artículo 8 del Proyecto sobre
Responsabilidad del Estado, en lo relativo al comportamiento de personas o grupos de
personas que actúan bajo el “control” de un Estado, codifica una
norma de atribución de carácter consuetudinario. La interpretación
noción de “control”, en el contexto
de la fragmentación del DI y las dificultades derivadas de su diversificación y
expansión, generó un tipo de conflicto normativo: el de la relación entre la ley general y una interpretación particular de la normativa general (CDI, 2006, 32). El
tema cuenta con una importante base de análisis a partir de los asuntos
sometidos a la Corte Internacional de Justicia (CID, Personal Diplomático y
Consular de los Estados Unidos en Teherán, 1980; las Actividades Militares y
Paramilitares en y contra Nicaragua, 1986 y la Aplicación de la Convención para la
Prevención y la Sanción del crimen de Genocidio, 2007) y del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY, el asunto Prosecutor c. Tadic, de
1999). La jurisprudencia determinó como criterios de atribución de RI: orden
concreta, encargo específico, control efectivo e instrucciones específicas.” Publicado por
Donde hablamos de la incertidumbre en la regulación de los conflictos armados,
tanto los CAI como los CANI.
Capítulo 708 - Las lagunas en la regulación de la conducción de las hostilidades pueden en un CANI, ser salvadas aplicando el derecho consuetudinario. (continuación)
El término "prisionero de guerra" se refiere a un estatuto especial
que el Tercer Convenio de Ginebra confiere a los soldados enemigos capturados ("combatientes") exclusivamente en los conflictos armados internacionales. Los prisioneros de
guerra no pueden ser enjuiciados por actos que son lícitos en el marco del DIH (por ejemplo, haber atacado a las
fuerzas del enemigo). En
contraste, en un conflicto
armado no internacional, el DIH no impide el
enjuiciamiento de los combatientes rebeldes capturados por el mero hecho de haber tomado las armas, aunque sí alienta a los gobiernos a otorgar las amnistías más amplias posibles al final del conflicto armado, salvo para las
personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o condenadas por tal motivo. Como se señala en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el mero hecho de que un grupo armado –sea que se lo denomine "grupo criminal", "grupo de combatientes por la libertad", "terroristas" o de otro modo– sea parte en un
conflicto armado no le confiere un
estatuto particular en el marco del DIH. No obstante, ese hecho sí crea obligaciones
jurídicas para el grupo armado, así como para
cualquier otra parte en un conflicto armado; en particular, le impone la obligación de
garantizar que sus miembros
respeten el DIH en todo momento. Pero, la aplicación del
DIH no afecta la soberanía del Estado ni el derecho del gobierno de suprimir una rebelión mediante la fuerza armada y enjuiciar a los insurgentes de conformidad con el derecho nacional. El único objetivo
del DIH es minimizar los
sufrimientos durante los
conflictos armados. Sus normas reglamentan sólo la forma en que se
libran los enfrentamientos, no su causa. Con respecto a los
conflictos armados internos en particular, el
DIH impone obligaciones a cada parte sin tener en cuenta la legitimidad de
quienes participan en las
hostilidades, aspecto que es regido por otros ordenamientos jurídicos. A fin de cumplir su
cometido humanitario en una situación de violencia, el CICR evalúa si esa situación constituye o no
un conflicto armado. Esto le permite
remitirse a las normas aplicables en su
diálogo con las partes involucradas en la situación de violencia. Aunque la clasificación jurídica de una situación
de violencia efectuada por el CICR no es vinculante para los Estados,
el mandato especial conferido al CICR en el marco de los Convenios de Ginebra y
su papel histórico en el desarrollo del DIH otorga a sus determinaciones un peso particular, que los Estados deben tener en cuenta de buena fe”. El profesor Jean-Marie Henckaerts,
nos ilustra con relación a un estudio que realizó sobre el DIH Consuetudinario,
que pasamos a entregar a nuestros lectores. El estudio surge del CICR, y
consecuentemente, dado el origen del mismo es indudable que las conclusiones a
las que se arriba son de suma importancia para el tema aludido. Destaca el
distinguido y brillante especialista, en su parte pertinente: (…). “Sin embargo,
más signiﬁcativa del derecho internacional
consuetudinario a la regulación de los conﬂictos
armados internos es que va más allá de las disposiciones del
Protocolo adicional II. En efecto, la práctica ha
creado un número considerable de normas consuetudinarias que son más detalladas que
las a menudo rudimentarias disposiciones del
Protocolo adicional II y, por consiguiente, ha
llenado importantes lagunas en la regulación de
los conﬂictos internos. Por ejemplo, el
Protocolo adicional II sólo regula de manera rudimentaria la conducción de las
hostilidades. El artículo 13 dispone que «no serán objeto de
ataque la población civil como tal, ni las personas civiles (...) salvo si
participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación».
Protocolo adicional I, el Protocolo
adicional II no contiene normas y definiciones especíﬁcas sobre los principios de distinción y de proporcionalidad.
Sin embargo, las lagunas en la
regulación de la conducción de las hostilidades que establece el Protocolo
las ha colmado, en gran medida, la práctica de los Estados, que ha dado lugar a la
creación de normas paralelas a las del Protocolo adicional I pero que son
aplicables, como derecho consuetudinario, a los conﬂictos armados no internacionales. Esta
preceptiva abarca los principios fundamentales referentes a la conducción de
las hostilidades e incluye normas sobre personas y bienes expresamente
protegidos y métodos bélicos específicos (…) A
diferencia del Protocolo adicional I, el
Protocolo adicional II no contiene disposiciones especíﬁcas que exijan que se respete y proteja al personal y los bienes de las organizaciones que prestan ayuda
humanitaria, que obliguen a las partes en
conﬂicto a permitir y facilitar el paso
rápido y sin trabas del socorro humanitario en
favor de la población civil necesitada y que
garanticen la libertad de movimiento del personal humanitario autorizado, aunque puede argüirse que tales exigencias están
implícitas en el artículo 18 (2) del Protocolo. Estos requisitos han
cristalizado, de todos modos, en el derecho internacional consuetudinario aplicable tanto a los conﬂictos armados internacionales como a los no internacionales como resultado de una práctica extensa, representativa y poco
menos que uniforme al respecto. (…) El estudio también reveló numerosos ámbitos en que la
práctica aún no está clara. Por ejemplo, si bien los términos «combatientes» y «personas civiles» están
claramente definidos en los conﬂictos
armados internacionales , en los conﬂictos no internacionales la práctica es ambigua en lo
que respecta a si, para los efectos de la
conducción de las hostilidades, los miembros
de los grupos armados de oposición se consideran miembros de las fuerzas
armadas o personas civiles. En particular, no está claro si los miembros de grupos
armados de oposición
son civiles que pierden su protección contra los ataques cuando participan
directamente en las hostilidades
o si pueden ser atacados como tales. Esta falta de claridad también se halla en el derecho
convencional. Publicado por
Las lagunas en la regulación de la conducción de las hostilidades en un CANI pueden ser salvadas aplicando el derecho consuetudinario.
Capítulo 707 - Las partes en conflictos armados no internacionales deben, como mínimo, respetar las normas establecidas en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y las reglas del derecho internacional humanitario consuetudinario (continuación)
el caso de los atacantes al Cuartel Militar de La Tablada, la justicia de nuestro país, los condenó por delitos federales, no internacionales. Actuó aplicando lisa y llanamente el derecho de
los Derechos Humanos. Obvió aplicar, como sí lo hizo oportunamente la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos, las normas conocidas
como Derecho Internacional Humanitario o sea el derecho de los conflictos armados. Pasó por alto la
Argentina que los Estados y las demás partes
en un conflicto armado tienen la obligación “de
respetar y hacer respetar el Derecho Internacional humanitario (DIH) en toda
circunstancia. Deben utilizar su
influencia para prevenir y poner
fin a las infracciones del DIH y
abstenerse de alentar la comisión de infracciones por otras partes. (…). Con demasiada frecuencia, las personas
civiles son blanco de ataques, son utilizadas como escudos o sufren la
destrucción de sus medios de supervivencia (agua, alimentos y viviendas).
Quienes más sufren son las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables. Estos
hechos demuestran a las claras la necesidad de que el derecho
internacional humanitario se aplique con mayor rigor y eficacia, a
fin de preservar la vida y la dignidad humanas. Esta responsabilidad incumbe a todos
los Estados y a las otras partes que intervengan en un conflicto armado. El
CICR está convencido de que el respeto y la efectiva implementación del DIH son
esenciales en los conflictos armados contemporáneos, se trate de guerras tradicionales entre
Estados o de conflictos armados internos de carácter no
internacional, cuyo
número crece día a día. El problema de preservar la vida y la
dignidad humanas en estas situaciones no se origina en la falta
de normas sobre la reglamentación de la guerra, sino al hecho de que no se
las respeta. Por esta
razón, el CICR se esfuerza constantemente por fortalecer el cumplimiento de la
ley, empezando por la obligación primaria, que
el artículo 1 de los Convenios de Ginebra impone a todos los Estados y a las
otras partes en un conflicto armado, de respetar y hacer
respetar el DIH.” (http://www.icrc.org/spa/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl/respect-ihl/overview-respect-for-ihl.htm)
podemos dejar de poner de resalto, una vez más, que el Comité Internacional de la Cruz Roja es considerado el "guardián" de
los Convenios de Ginebra y de los otros tratados que conforman el derecho
internacional humanitario. Sin embargo, no
puede actuar como policía ni como juez. Esas funciones incumben a los gobiernos, es decir, a las partes en los tratados internacionales que tienen la obligación de prevenir y poner fin a las
infracciones del DIH. También
se les exige castigar
lo que se conoce como "infracciones graves" del DIH o crímenes de
guerra. De lo
expresado precedentemente se desprende, sin lugar a dudas, que
el Estado Argentino tiene
la obligación de revocar los actos de clemencia, favorables a los atacantes del
cuartel, que oportunamente han emanado
del gobierno, e instruir la causa criminal correspondiente a fin de esclarecer los delitos
internacionales, que surgen de la causa ordinaria, que
se le imputan a ellos como integrantes del grupo subversivo que ha atacado al cuartel
militar, sede del Regimiento
de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano y del Escuadrón
de Exploración de Caballería Blindado 1, so pena de no hacerlo, de ser sometidos a la Justicia con mayúscula, los funcionarios públicos que incumplan
con tales obligaciones. El
10 de diciembre de 2012 fue publicada en la Revista de la Cruz Roja
Internacional, una entrevista a una funcionaria del CICR, Kathleen Lawand, jefa saliente de la unidad
del CICR que presta asesoramiento acerca del derecho aplicable en los
conflictos armados. Se le interrogó sobre en qué momento la violencia se
transforma en conflicto armado y cual es
diferencia para las personas que participan o sufren sus efectos. Se estimaba
que la distinción es de suma importancia, ya que el modo en que se caracteriza a la situación, determina el
derecho aplicable. Nos señala dicha publicación que “En un conflicto armado no
internacional (también denominado
conflicto interno), se aplica el derecho internacional humanitario. El objetivo de
esta rama del derecho es limitar los
métodos y medios de guerra y proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Cuando en un país
estalla la violencia colectiva, el CICR utiliza ciertos criterios jurídicos bien establecidos para evaluar si esa violencia puede caracterizarse
o no como conflicto armado. Esa caracterización le permite al
CICR recordar a las partes en el conflicto sus obligaciones jurídicas. Entre
los ejemplos recientes de conflictos armados no internacionales figuran las
hostilidades que estallaron en el norte de Malí a principios de 2012 entre
grupos armados y las fuerzas armadas de Malí, y los enfrentamientos que tienen
lugar en Siria entre los grupos armados y las fuerzas gubernamentales sirias. Señala la entrevistada: “Entre las normas que deben
respetar las partes en un conflicto armado al conducir las hostilidades figuran la prohibición de efectuar ataques directos
contra civiles y ataques indiscriminados; la
obligación de respetar el principio de
proporcionalidad en los ataques; y la obligación
de tomar todas las precauciones factibles a fin de evitar en la mayor medida posible las víctimas civiles.
conflicto armado no internacional (o
"interno") se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas
gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo. En contraste con los conflictos armados internacionales,
en los que se enfrentan las fuerzas armadas de los Estados, en un conflicto armado no internacional al menos una de las partes que se enfrentan es un grupo armado no estatal. La existencia de un conflicto
armado no internacional da lugar a la aplicación
del derecho internacional humanitario (DIH), también conocido como derecho
de los conflictos armados, que impone
limitaciones a la forma en que las partes pueden llevar adelante las
hostilidades y protege a todas las personas
afectadas por el conflicto. El DIH impone iguales obligaciones a ambas partes en el
conflicto, aunque no confiere ningún estatuto
jurídico a los grupos de oposición armados que
participan en las hostilidades.” Con relación a los
criterios usuales que determinan la existencia de un conflicto armado, expresó
la entrevistada: “En
el DIH se exige la presencia de dos condiciones para determinar la existencia de un conflicto armado no internacional: los grupos armados deben tener un nivel mínimo de organización y los enfrentamientos armados deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad. El cumplimiento de estos criterios se determina caso por caso, ponderando una serie de indicadores fácticos. El nivel de intensidad de la violencia se determina en función
de indicadores tales como la duración y la
gravedad de los choques armados, el
tipo de fuerzas gubernamentales que participan, el número de combatientes y de tropas, los
tipos de armas que se utilizan, el número de
víctimas y la medida del daño
causado por las hostilidades. El nivel de organización del grupo armado se evalúa analizando factores como
la existencia de una cadena de mando, la capacidad de transmitir y hacer cumplir las órdenes, la capacidad de planificar y desplegar operaciones militares coordinadas y la capacidad de reclutar, entrenar y
equipar a nuevos
combatientes. Cabe señalar que la motivación de un
grupo armado no se considera un
factor pertinente. Los conflictos armados no
internacionales han de distinguirse
de las formas de violencia colectiva de menor nivel, como los disturbios civiles, los motines, los
actos de terrorismo aislados u otros actos de
violencia esporádicos. A la pregunta sobre cuál
es la diferencia entre un conflicto armado no internacional y una "guerra
civil", dijo la entrevistada que “No existe una verdadera diferencia. El
término "guerra civil" no tiene un significado jurídico como tal. Algunos lo utilizan para referirse a un conflicto armado no internacional. En el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra (denominado "común"
porque su texto es idéntico en los cuatro Convenios de Ginebra) no se utiliza el término "guerra civil", sino que se hace referencia a "conflictos armados de índole no internacional". Por lo general, el CICR evita utilizar el
término "guerra civil" cuando se comunica con las partes en un conflicto
armado o en sus comunicaciones
públicas. Se
refiere en cambio a los conflictos armados "no internacionales" o "internos", puesto que
estas expresiones reflejan los términos utilizados en el artículo 3 común.
Al preguntársele sobre que tratados y normas
internacionales deben respetar las partes en un CANI, respondió: “Las partes en conflictos armados no
internacionales deben, como mínimo,
respetar las normas establecidas en el artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra y las reglas del
derecho internacional humanitario consuetudinario. Estas normas garantizan un trato humano para todas las personas que se hallan en poder del
enemigo y exigen que las
personas heridas en las hostilidades, incluidos
los combatientes enemigos heridos, sean recogidas y atendidas sin discriminación alguna. El estallido de un
conflicto armado tiene importantes
efectos en las obligaciones jurídicas
de quienes participan en las hostilidades, sobre todo con respecto al uso de la fuerza. En efecto, el DIH permite aplicar contra los
objetivos lícitos un nivel de fuerza mucho mayor (aunque dentro de límites estrictos cuya finalidad
es proteger a los civiles), que el permitido
en situaciones de violencia diferentes de los conflictos armados. Algunas de las normas que las partes en un conflicto armado deben
respetar durante las hostilidades son
las siguientes: la prohibición de
realizar ataques directos contra los civiles;
la prohibición de efectuar ataques indiscriminados; la obligación de respetar el principio de
proporcionalidad en los ataques; y la obligación de tomar todas las precauciones factibles al planificar y ejecutar las operaciones militares para evitar en la mayor medida posible causar víctimas en la población civil.”. Las
partes en un CANI, como señala la entrevistada, deben respetar como mínimo las
normas establecidas en el art. 3 común de los Convenios de Ginebra y las reglas del derecho internacional humanitario
consuetudinario, enumerando las actividades bélicas prohibidas a los
contendientes. De las constancias de la
causa, que hemos tenido a la vista, podemos afirmar sin hesitación alguna que
los imputados habrían cometido todas las infracciones graves que se enumeran:
por ejemplo atacar directamente a civiles, atacar indiscriminadamente, no tomar
las precauciones del caso para evitar en la medida de lo posible causar
víctimas en la población civil, etc. Eventualmente se subordina la conducta
imputada, a los delitos de lesa humanidad y crimen de guerra. Añade la entrevistada: Cada una de las
partes en un conflicto armado está obligada a respetar y hacer que las personas bajo sus órdenes, o
bajo su dirección y control, respeten el DIH. Cabe destacar que cada parte debe respetar el DIH aunque su adversario
no lo haga; en otras palabras, la obligación de respetar el
DIH no
depende de la reciprocidad. En lo que respecta a las infracciones graves del DIH que se cometen en
los conflictos armados no internacionales –también denominadas crímenes de guerra–, los Estados deben someter a juicio penal a las personas sospechosas de haber cometido esas infracciones. En determinadas circunstancias, los presuntos criminales de guerra pueden ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional.
Deseo poner de relieve que el CICR, en
consonancia con su estatuto especial en el marco del derecho internacional y
como organización humanitaria neutral e independiente, no participa en modo alguno en la investigación
de crímenes de guerra ni en el enjuiciamiento de los presuntos criminales de
guerra, dado que esta
responsabilidad incumbe exclusivamente a los Estados. (…)". Publicado por

References: Resolución 
 resolución 

resolución 
 artículo 811
 artículo 8
 artículo 8
 Resolución 
 resolución

 artículo 8
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3