Source: https://mercantil.cat/las-sociedades-de-capital/separacion-y-exclusion-de-socios/
Timestamp: 2019-04-24 11:50:28+00:00

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Separación y exclusión de socios | mercantil.cat
La LSC regula en el título IX la separación y la exclusión de socios. La separación es un derecho del socio que le permite abandonar la sociedad cuando concurren determinadas circunstancias que pueden resultarle perjudiciales. La exclusión (expulsión), sin embargo, es una sanción de la sociedad al socio que ha incumplido determinadas obligaciones que le incumben.
Las causas legales de separación son:
e) Transformación de la sociedad y traslado de domicilio al extranjero en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
f) Además, en las SRL, los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales.
El derecho de separación corresponde a los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo, incluidos los socios sin voto (art. 346 LSC). Los estatutos pueden establecer otras causas de separación (art. 347.1 LSC). Los acuerdos que den lugar al derecho de separación se publican en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las anónimas cuando todas las acciones sean nominativas, los administradores pueden sustituir la publicación por una comunicación escrita a cada uno de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo. El derecho de separación se ha de ejercitar por escrito en el plazo de un mes a contar desde la publicación de dicho acuerdo en el BORME o desde la recepción de la comunicación (art. 348 LSC).
También se les reconoce el derecho de separación a partir del 5.º ejercicio, a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, a los socios que hayan votado a favor de la distribución de los beneficios sociales en el supuesto de que la junta general no acuerde la distribución como dividendo, al menos, de un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.
El plazo para el ejercicio de este derecho es de un mes a contar desde la fecha de celebración de la junta general. Este régimen no se aplica a las sociedades cotizadas (art. 348 bis). La aplicación de esta causa de separación ha sido sus-pendida hasta el 31 de diciembre de 2016 por la disposición final primera del Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre y por la disposición final 1.2 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo.
No ampara un acuerdo de separación, la expresión en el orden del día relativo a la dis-lución y liquidación de la sociedad (RDGRN 10.10.1995).
2. Separación por sustitución del objeto social. Diferencia
“Aun así, con razón se ha indicado que ─al margen de los supuestos patológicos de las modificaciones estatutarias diseñadas para eludir el derecho de separación del socio disidente, mediante el expediente de mantener en los estatutos el objeto social originario para dar la falsa apariencia de una mera adición objetiva─ la sustitución no tiene que ser calificada desde una visión absoluta ─de acuerdo con la cual solo sería admisible el derecho de separación cuando aquella fuera total, es decir, con reemplazo en el texto estatutario de una actividad por otra─, sino relativa, atendiendo como razón identificadora del objeto social a la sustancia de este, que permite definirlo como tipo, poniéndola en relación con el fin de la norma, que no es otra que la de respetar la voluntad del socio que ingresó en una sociedad que explotaba un determinado negocio, admitiendo que condicione su permanencia a la de la finalidad objetiva que fue la base de su relación con aquella. No habrá, pues, sustitución cuando la modificación, por adición o supresión, resulte intrascendente desde aquel punto de vista, y menos en los casos de mera concreción o especificación de las actividades descritas en los estatutos, a los cuales se ha referido en numerosas ocasiones la DGRN ─resoluciones de 17 de febrero 1992, 8 de junio de 1992, 18 de agosto de 1993 y 11 de noviembre de 1993… ─, pero sí cuando se produzca una mutación de los presupuestos objetivamente determinantes de la adhe-sión del socio a la sociedad, como consecuencia de una transformación sustancial del objeto de esta que lo convierta en una realidad jurídica o económica diferente: caso de la eliminación de actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias, o de la adición de otras que, por su importancia económica, tengan que dar lugar al hecho de que una parte importante del patrimonio social tenga un destino diferente del previsto en los estatutos… A la luz de esta doctrina, el motivo único del recurso de casación tiene que ser estimado. En efecto, B, S. L. ha sido una sociedad exclusivamente dedicada a la fabricación y a la venta consiguiente de productos derivados del chocolate. Y, por virtud de la modificación estatutaria a que se refiere la demanda, pasará a dedicarse, por sí mis-ma o por medio de otras sociedades, a las explotaciones hortofrutícolas y a las actividades extractivas pesqueras, así como a vender tanto aquellos productos como estos. Es cierto que la mayoría ha decidido mantener en el nuevo texto las actividades que integraban el objeto social según la inicial redacción de los estatutos, pero la escasa significación de estas, en el conjunto previsto de la actuación de la sociedad, resulta del informe de los administradores ─llevado a las actuaciones como instrumento de interpretación de la reforma─, según el cual el objeto social originario se había quedado pequeño y, además, estaba sometido a las indeseables tensiones políticas y económicas de la zona, lo que da idea de que su destino no superará un papel meramente residual” (STS 30.06.2010).
Estas ideas se suscriben y copian por la STS 10.03.2011, que añade “A esto, en la medida en que facilita la identificación de lo que se tiene que entender por “objeto social”, añadiremos que la toma de participaciones en otras sociedades no comporta necesaria-mente actuación fuera del objeto, puesto que se tienen que atender las circunstancias del caso y, como afirma la resolución de la DGRN de 16 de marzo de 1990, “Crear filiales o tomar participación en otras sociedades que tengan el mismo objeto social constituye, cuando así se ha previsto específicamente, una modalidad indiscutible de ejercicio del objeto “. (…) De las indicadas premisas hay que deducir: 1) Que en aquellos supuestos en los que la sociedad procede a tomar participaciones o realizar simples “inversiones de participación” en sociedades del mismo sector en que actúa la inversor, en este caso no hay sustitución de empresa, constituyendo simples actas de ejecución de la actividad (…),
2) Por el contrario, cuando la previsión estatutaria es hacer “directamente, la distribución de energía eléctrica”, la sustitución de la explotación directa por la indirecta, mediante la creación de un grupo de empresas con unidad de dirección, sujetando la dominada a la dirección de la dominante, supone una “sustitución de la actividad” de la sociedad aunque el negocio se desarrolle en el mismo sector de la industria o del comercio y, a la postre, la “sustitución del objeto”, con alteración de las bases determinantes en su mo-mento del affectio societatis, puesto que al no alterar la estructura propia la “sociedad isla”, sustituir la “explotación directa” de una actividad industrial por la “explotación de acciones y participaciones” sociales de hecho supone la pérdida de poder del socio que no participa en la gestión sin ninguna contrapartida, quitándole la posibilidad de impugnar los acuerdos anulables de la participada por falta de legitimación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 117.2 de la LSA ─hoy 206.2 LSC─ al no tener la condición de socio de la dominada, y comporta la sustitución de reglas del juego que afectan a condiciones esenciales determinantes de la adquisición de la condición de socio. (…). En el presente caso en el que a pesar de tratarse de una sociedad anónima, la desinversión de los socios minoritarios está dificultada por tratarse de una sociedad cerrada, la modificación esta-tutaria constituye una sustitución o reemplazo del objeto social, como lo evidencia el “traslado de la rama de actividad de distribución de energía eléctrica a una nueva sociedad “, transformando una sociedad industrial en una sociedad holding que de la explotación de una actividad industrial pasa a administrar acciones o participaciones, sin que a esto sea obstáculo para que la participada trabaje en el mismo sector del mercado, sobre todo cuando la singularidad de la actividad es determinante de su sumisión a un control, que se trata de eludir precisamente mediante una alteración estatutaria, la trascendencia permite calificar razonablemente de “sustitución del objeto” que no se ve difuminada por la existencia de un objeto plural de escasa incidencia real en la actividad de la sociedad “.
“A través de la suscripción de acciones en el momento fundacional por una sociedad o su participación mediante compra en otras sociedades, se puede llegar a modificar inme-diatamente el objeto social de la sociedad operante, cuando la nueva creada en la que participe tiene un objeto social diferente o ajeno al de la primera, con vulneración del principio según el cual toda modificación del objeto social tiene que ser acordada en junta general y, sobre todo, porque se privaría al socio disidente de ejercitar el derecho de separación” (RDGRN 18.05.1986 que admite, así, que no existe esta modificación implícita si la participación o la cuantía de la inversión es proporcionalmente pequeña, o siempre que se obtengan éxitos análogos a los de la sociedad inversora).
3. Sustitución del objeto social en caso de fusión
No pueden considerarse las modificaciones estatutarias, incluida la del objeto social, co-mo acuerdos independientes del de fusión –que por su parte no se condiciona a la identidad o similitud de objetos sociales de las sociedades implicadas─, de forma que eliminado el derecho de separación en los casos de la fusión, no se puede invocar la normativa relativa a la sustitución del objeto por la circunstancia de la disparidad de objetos sociales entre la sociedad absorbente y la absorbida (RDGRN 8.11.1995).
4. Causas estatutarias de separación
Es válida la cláusula estatutaria, de acuerdo con la cual, pasados tres años desde el naci-miento de la sociedad, cualquier socio puede separarse de la misma sin tener que alegar o probar justa causa, facultad que se justifica por la duración indefinida de la sociedad y las limitaciones a la transmisión de participaciones. En este caso la sociedad operará tal y como se establece para los casos de tanteo, adquiriendo las participaciones y reduciendo el capital en proporción más adelante (STS 3.05.2002). En el mismo sentido de admitir la validez de la cláusula estatutaria en la que se reconoce al socio un derecho de separación ad nutum, es decir, sin necesidad de alegar causa, SSTS de 15 de noviembre de 2011 y 14 de marzo de 2013. De acuerdo con la RDGRN 2.11.2010 se puede pactar un “derecho de salida” por el cual la sociedad esté obligada a adquirir del socio que se lo pida a un precio prefijado. A pesar de no ser un derecho de separación (con el derecho a la cuota que se regula en la LSC), el efecto práctico es similar.
5. Ejercicio del derecho de separación
La STS 23.01.2006, que contiene muy amplios y fundamentados razonamientos a propósito del derecho de separación, señala que no puede impedirse el ejercicio del derecho de separación, dejando sin efecto el acuerdo de modificación de estatutos que lo justificó.
En cuanto a la exclusión de socios, los estatutos, con el consentimiento de todos los socios, pueden incorporar determinadas causas o modificarlas o suprimir las existentes con anterioridad (art. 351 LSC). Además, para la sociedad de responsabilidad limitada se prevé la exclusión en el caso de que un socio incumpla voluntariamente la obligación de llevar a cabo prestaciones accesorias, o que un socio administrador infrinja la prohibición de competencia o sea condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad por los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta ley o a los estatutos, o hechos sin la diligencia debida (art. 350 LSC).
1. Potestad de las asociaciones para establecer su régimen de expulsión: matices en las sociedades mercantiles
“En esta decisión, este Tribunal declaró, en lo que aquí importa, que el derecho de asocia-ción reconocido en el art. 22 CE comprende no solo el derecho a asociarse, «sino también el de establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo». Potestad de organización que se extiende con toda evidencia «a regular en los estatutos las causas y los procedimientos de expulsión de los socios», puesto que ingresan en una asociación, se entiende que conocen y aceptan en bloque las normas estatutarias, a las que quedan sometidos; normas que pueden prever, como causa de expulsión del socio, una conducta que la propia asociación valore como lesiva para los intereses sociales. Y si bien las aso-ciaciones no forman «una zona exenta al control judicial» los tribunales, como todos los poderes públicos, «tienen que respetar el derecho de autoorganización» de aquellas. De forma que si se impugna ante los órganos judiciales la expulsión de un socio, por causa prevista en los estatutos de la asociación, los tribunales tendrán que aplicar en primer término, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a la ley, estos estatutos; y aunque en este caso el control judicial siga existiendo, su alcance no consiste «en que el juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino al comprobar si existió una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomaran la decisión correspondiente »(STC 218/1988, fundamento jurídico 1.º). b) En relación con esta doctrina también se ha declarado, por un lado, que el derecho reconocido en el art. 22 CE se refiere a un género, las asociaciones, «dentro del cual se pueden dar modalidades específicas» [STC 67/1985, fundamento jurídico 3.º c)]. Y así se ha dicho que el derecho de asociación «solo podrá invocarse en aquellos casos en los que realmente apareciera vulnerado el conteni-do de este derecho», puesto que en el caso de las sociedades mercantiles, y en particular, en las sociedades de capitales, predominan, frente a las relaciones derivadas de la unión de personas, las nacidas de la unión de capitales, por lo cual, sin excluir la posibilidad que en ciertos casos pueda producirse una lesión del derecho de asociación respecto a este tipo de sociedades «es necesario plantear en cada supuesto si el derecho que se trata y que se entiende lesionado es efectivamente de naturaleza asociativa »[STC 23/1987, fundamento jurídico 6.º] (STC 21.03.1994). La RDGRN 30.03.1999 también reconoció la posibilidad que tiene el socio expulsado de acudir a los tribunales para determinar lo acertado de la expulsión.
2. Exclusión para hacer competencia a la sociedad
“La resolución del motivo exige tener en cuenta el régimen dual que la Ley de Responsa-bilidad Limitada establece ante los casos de actuaciones competenciales no autorizadas. (…) Se aplica la sanción de manera general al administrador, ya sea socio o no, pues, con-forme al artículo 58-2, para ostentar el cargo de administrador no se requiere la condición de ser socio. Quién es simple administrador deja por lo tanto de pertenecer a la sociedad y en el caso de socio-administrador, mantiene su posición de socio, pero esta decisión no le blinda respecto a los efectos derivados de la prohibición de competencias que la Ley establece, toda vez que queda sujeto a las responsabilidades consecuentes en las que haya incurrido. (…) No se trata de decisiones incompatibles ni excluyentes y menos que el artículo 65 elimine del todo la aplicación del artículo 98, puesto que este juega tanto si se hubiera decretado el cese del administrador, como si no, y tiene que aplicar al socio-administrador que haya infringido la prohibición de competencia, que es lo que aquí ha pasado y resultó bastante demostrado, conteniendo una decisión más grave, como es la de exclusión de la compañía, que se justifica por la deslealtad social intensa que representa llevar a cabo actuaciones competenciales con el objeto social (STS 26.01.2006).
No se puede excluir a varios socios por una misma causa en un acuerdo único de la junta (STS 9.07.2007 y en el mismo sentido DGRN 16.10.2000).
Tanto la separación como la exclusión requieren la reducción del capital social en la cuantía correspondiente y el abono al socio separado o excluido del valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones. A falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de las participaciones so-ciales o de las acciones, o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, serán valoradas por un experto independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración (art. 353.1 tras la redacción dada por la disposición final 4.15 de la Ley 22/2015, de 20 de julio). Si las acciones cotizasen en un mercado secundario oficial, el valor de reembolso será el del precio medio de cotización del último trimestre (art. 353.2 LSC).
1. Valoración de las acciones y participaciones
No es válida la valoración de las participaciones acordadas unilateralmente por la sociedad (RDGRN 15.10.2003). Y no cabe una disposición estatutaria que sea contraria a aque-llo que dispone la ley (RDGRN 28.07.2009). Dado que los efectos de la exclusión operan desde la firmeza de la sentencia, también hay que referir a ese momento la valoración de las participaciones del socio excluido (STS de 27 de mayo de 2013).
“A pesar de que en la valoración de acciones y participaciones para determinadas finalidades cabe una “actualización negativa” de los paquetes minoritarios, cuando el adqui-rente se coloca en una posición alejada de la gestión y del control de la sociedad, no cabe este descuento en los casos de separación de socios en los que el precepto impone la adquisición forzosa a valor real, de modo que sobran primas de control y descuentos por minoría, puesto que de lo contrario se penalizaría al socio que se separa y que sufriría un detrimento de su patrimonio, perdiendo en gran parte el mecanismo de separación de su función de tutela de la minoría para repercutir en beneficio directo de la sociedad al adquirir sus participaciones por un precio inferior a su valor, e indirecto de los que permanecieran vinculados” (STS 28.02.2011).
“Hay que exigir la manifestación de los administradores o liquidadores de la sociedad de la que se ha reembolsado el valor de las participaciones del socio separado o excluido o consignado su importe, a nombre del interesado, en entidad de crédito del término municipal en el que radique el domicilio social, acompañando documento acreditativo de la consignación” (RDGRN 28.07.2009).
3. Escritura pública de reducción de capital social
La inscripción del acuerdo de exclusión no requiere la acreditación de la valoración y re-embolso de las participaciones (RDGRN 16.10.2000). Es suficiente con inscribir la reduc-ción del capital social, con indicación del socio excluido o separado (RDGRN 26.02.2002).

References: resolución 
 artículo 117
 resolución 
 artículo 58
 artículo 65
 artículo 98