Source: http://bazica.org/informe-final-sobre-ecuador.html
Timestamp: 2019-06-16 00:58:27+00:00

Document:
Informe final sobre ecuador
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-IV/doc.78/12
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE ECUADOR AL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
“CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ”
El Informe que presentamos a continuación, ha sido elaborado tomando como norte los lineamientos proporcionados por la Coordinación del CEVI. En su contenido se analiza las respuestas efectuadas al Cuestionario de la Segunda Ronda del MESCEVI, en 2010, por la autoridad competente del Ecuador. Posteriormente, hemos incorporado los comentarios al Informe Preliminar, sobre la evaluación de la implementación de Ecuador de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém Do Pará (MESECVI), efectuada al Informe Preliminar, el cuestionario contiene informaciones sobre legislación, planes nacionales, acceso a la justicia, presupuesto, información y estadísticas.
Siguiendo las indicaciones se ha elaborador Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convenciinstitucitencias, o anali una reseña de las respuestas y algunos señalamientos que son necesarios tomar en cuenta, para que el análisis corresponda a los requerimientos de la Convención Belém Do Pará.
La República de Ecuador recorre la vía del perfeccionamiento de su Estado Nación por lo que se colige de la información suministrada, que existen iniciativas para incorporar frecuentemente mejoras para ampliar y profundizar su marco legislativo, de la misma forma que paulatinamente se adecua la estructura organizativa gubernamental, incorporando nuevas comisiones, y divisiones para el desarrollo de programas donde se extienda la aplicación de las normas contra la violencia más allá del ámbito doméstico.
Agradecemos a CLADEM Ecuador y Roció Nasimba et. al. por el Informe elaborado para esta tarea, y a la Autoridad Competente y a las acciones del Estado Ecuatoriano para avanzar en el cumplimiento de la Convención Belém Do Pará.
Seguidamente los avances generales y algunos desafíos que enfrenta el Estado.
La elaboración del nuevo Código de Garantías Penales con la participación del Mecanismo Nacional de Género y los diferentes sectores de la sociedad civil.
Creación de Juzgados de violencia contra la mujer y la familia, de contravenciones y los de familia, mujer, niñez y adolescencia que intervendrán en la investigación y sanción de hechos que atentan contra la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres.
Aprobación de Garantías Penales que establezca los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres.
Existen avances en la aplicación de manuales para la erradicación de la explotación sexual comercia, entre ellos el Manual de Responsabilidad Social, la Guía Operativa Por un Turismo Sostenible que busca prevenir y erradicar la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, asociadas a viajes y truismo en el Ecuador, vinculando al sector empresarial del país, así como el camino a recorrer para activar el sistema de protección en el Ecuador.
La Legislación señala la competencia de los jueces y juezas de Violencia contra la Mujer y la Familia; en cada distrito, tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de violencia, habrá el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer y la familia que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia. Serán competentes para: conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
La Constitución Política de Ecuador en el Título II sobre Derechos a la Libertad, Art.66, numeral 3, señala: “El derecho a la integridad personal, que incluye a) la integridad física, psíquica, moral y sexual; b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado”. Igualmente se compromete a sancionar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres. El Estado tiene como tarea compatibilizar las leyes y códigos existentes con las nuevas normas y principios que establece la Constitución.
El Código Orgánico de la Función Judicial aprobado en el año 2009, crea órganos de justicia especializada (los juzgados de violencia contra la mujer y la familia) son juzgados de contravenciones y de familia, juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia. Se crearon por la ley, queda pendiente su implementación por parte del Estado.
Las normas constitucionales en materia educativa marcan un hito en relación a la incorporación del enfoque de genero y la erradicación de la violencia de genero constituyéndose a su vez en gran desafío su transversalización en el sistema educativo.
A la vez, se encuentra en vigencia el Acuerdo Ministerial 3393, que establece el procedimiento para la atención y sanción de los delitos sexuales en el ámbito educativo y que hace relación fundamentalmente a los procedimientos administrativos que deben seguirse, para la sanción y la destitución del docente en los casos que amerite. Establece los derechos de las víctimas de delitos sexuales en el área educativa, los procedimientos y mecanismos que deben cumplir el personal docente, personal técnico administrativo, autoridades y demás integrantes de la comunidad educativa, en relación al conocimiento de delitos sexuales en el sistema educativo.
2. PLANES NACIONALES:
En el aporte correspondiente a Planes, el Gobierno evoluciona del Plan de Igualdad de Oportunidades al Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra mujeres niños, niñas y adolescentes. El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra mujeres, niñas-niños y adolescentes, que fue establecido mediante Decreto Ejecutivo desde 2007, como política fundamental para avanzar en la vigencia del derecho a una vida libre de violencia. Incluye mecanismos de coordinación interinstitucional con todos los niveles del Estado. Sus ejes estratégicos son: transformación de patrones socio culturales, sistema de protección integral, acceso a la justicia, sistema de registro y desarrollo institución. Su ejecución está a cargo de cinco (5) ministerios. Como política transversal que cruza la gestión intersectorial de varios ministerios y consejos, no tiene un período fijo de duración. Su ejecución está implementada a través de los ejes estratégicos, donde según competencias cada instancia pública asume su rol y presupuesta sus acciones para la consecuencia de los objetivos. Este esfuerzo planificador debe acompañarse con las respectivas asignaciones presupuestarias, de tal manera que se viabilice las decisiones de atenuar los niveles de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres.
La aprobación del Plan Nacional de Erradicación de la Trata, el Tráfico y la Explotación Sexual, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, cuya responsabilidad recae en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Se ha aprobado además, el Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo y el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor.
Los mencionados planes se encuentran en procesos de ejecución, el logro de metas constituyen los principales retos del gobierno, aunque no se informa del avance de los mismos.
3. ACCESO A LA JUSTICIA:
Se informa que existen 34 Comisarías de la Mujer, pero es necesario cubrir todo el país, especialmente el área rural.
Al analizar la situación sobre los servicios especializados brindados por el Estado Ecuatoriano, se necesita mayor apoyo presupuestario, ya que la cantidad existente no satisface las demandas crecientes de la población.
En cuanto a los desafíos, queda aún pendiente al Estado la unificación del Sistema de Estadística de Género, que incluya a las dependencias de: Justicia, Salud, Educación.
A pesar de que la Constitución indica que la Convención de Belém Do Pará se debe aplicar directa e inmediatamente en las decisiones judiciales, los juzgados y fiscalías no se remiten a la Convención y a los Instrumentos convencionales de los Derechos Humanos en sus sentencias y dictámenes, sólo aplican el Código Penal Ecuatoriano.
En tema de presupuesto no fue posible contar con los cuadros presupuestarios del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia lo que no permite completar el análisis requerido, para estimar los avances en la aplicación de la legislación, en materia de ejecución de programas y proyectos, para erradicar la violencia contra las mujeres.
5. INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA:
Se reconoce el esfuerzo para producir información estadística desagregada sobre violencia de género de la Comisión Especial Interinstitucional que labora en la Encuesta sobre Violencia contra las Mujeres y del Instituto Nacional de Estadística y Censo; pero es conveniente enfatizar algunos señalamientos realizados por especialista del Ecuador: “Hasta hoy, no se ha logrado tener información consolidada a nivel nacional sobre las personas que acuden a las comisarías de la mujer y la familia, de manera que permita determinar su perfil, compararlos por regiones, provincias, o analizar su evolución en el tiempo” (estudio realizado por CEPLAES 56, citado por G. Camacho y N. Jácome, Mapeo de las Comisarías de la Mujer y la Familia. Año 2008).
En Ecuador se aprueba la Constitución Política en el año 2008, en su Título II sobre Derechos, Capítulo I: Principio de Aplicación de los Derechos, Artículo 10 “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación por parte de los Servidores Públicos”.Igualmente El artículo 424 Inc. 2 “ señala que los tratado Internacionales que han sido ratificados por el Estado que reconozcan derechos mas favorables a los establecidos el la carta magna, prevalecen sobre cual quier otra norma jurídica o acto del poder público. “
Por lo anteriormente expuesto la Convención Belém Do Pará debe ser aplicada de manera directa por mandato constitucional.
En el año 1995, se incorporaron principios de la Convención en la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, antes de la aprobación de la norma constitucional
Constitucionalmente se reconoce y garantiza una vida libre de violencia, no obstante la legislación existente no contempla definiciones que incluyan violencia contra las mujeres, sólo la violencia intrafamiliar contenida en la Ley 103 de 1995 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, que en su artículo 6 establece normas dirigidas a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer y la familia contenidas en los instrumentos internacionales.
En relación a la existencia de disposiciones civiles, penales, o administrativas que prevengan sanciones y erradiquen las diversas formas de violencia, sea física, sicológica, sexual o patrimonial, la información enviada, sólo consigna las disposiciones constitucionales referentes a víctimas de violencia doméstica, sexual, y adultos mayores; se prohíbe toda formas de discriminación, es decir el articulado garantiza la integridad psíquica, moral y sexual. Entre estás disposiciones se encuentran el Art. 35 sobre víctimas de violencia doméstica como grupo de atención prioritaria; art38 Protección y atención por violencia contra adultas/os mayores; Art. 66 Garantía al derecho a la integridad física, psíquica moral y sexual; Art. 347 Erradicación de la violencia como responsabilidad del Estado.
Adicionalmente algunas reformas legislativas introducidas al Código Penal en al año 2005, tipifican los delitos de tratas de personas, la explotación sexual de niñas y adolescentes, pornografía infantil y el turismo sexual.
La Constitución también establece que el Estado se hace responsable de reparar las violaciones de los derechos de los particulares y la seguridad de las víctimas, Art, 11 y 78. A su vez, el Código Penal aprobado en Enero de 1971 tipifica delito de lesiones, homicidio y asesinato.
Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia. Aprobada en Diciembre de 1995, es una ley en materia contravencional que atiende casos de violencia en la que se generan violencia física, psicológica y sexual, explicita la garantía al derecho a la integridad física psíquica moral o sexual.
El Reglamento a la Ley 103 ya citada define específicamente los tipos de violencia, sea física, psicológica, y sexual.
Se exige el cumplimiento de las normas indistintamente para los perpetradores sean particulares o agentes del Estado, no se reconoce fuero especial. Sin embargo, la legislación no establece una norma específica que, señales a los agentes del Estado como perpetradores de violencia contra la mujer.
Mediante la Ley 205-2, se tipifica en el Código Penal el Delito de Trata de Personas, acogiéndose así a los términos del Protocolo de Palermo. “Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro. Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos.”
Consideramos conveniente, tomar en consideración el Informe de Situación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en cuanto al tratamiento legal por el ordenamiento jurídico Ecuatoriano al tema de trata. En la constitución existen disposiciones para la Prevención (Art.66); en el Código Penal disposiciones de Sanción (Art. 29,30)
En relación a disposiciones para la prevención y sanción de la prostitución forzada de acuerdo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, existen vacíos en la legislación en el tema para prevenir o sancionar la prostitución. Se menciona que la prostitución en el país no se considera ilegal. La única referencia tiene relación con niños y niñas en el Código de niños, niñas y la Adolescentes, situación que contraviene los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará.
En el ámbito laboral la Constitución en su artículo 331 indica “el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.
Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo”. Además, la Ley 205, en su Artículo 13, se sanciona el acoso o acto de violencia con prisión de 6 meses a 2 años, si el acoso sexual se comete en contra de personas menores de edad, se sanciona con prisión de dos a cuatro años.
En el Ministerio de Salud Pública y en las instituciones del Estado se aplica la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Registro Oficial No.294 de fecha 6 de octubre de 2010 y su Reglamento. En su régimen disciplinario, artículo 43 establece las siguientes sanciones: Amonestación verbal, Amonestación escrita, Sanción pecuniaria administrativa, Suspensión temporal sin goce remunerativo y; destitución.
En el ámbito educación, se encuentra en vigencia el Acuerdo Ministerial 3393, que establece el procedimiento para la atención y sanción de los delitos sexuales en el ámbito educativo y que hace relación fundamentalmente a los procedimientos administrativos que deben seguirse, para la sanción y la destitución del docente en los casos que amerite.
El delito específico de la violencia sexual dentro del matrimonio y la unión de hecho, no se encuentra tipificada en la Legislación Ecuatoriana, sólo se hace mención del anteproyecto del Código Orgánico de Garantía Penal hasta la fecha no se informa sobre otras iniciativas o medidas al respecto.
El uso de métodos de conciliación, mediación, o cualquier otro tipo que busque la solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, se dispone en el Código Orgánico de la Función Judicial recientemente aprobado en el año 2009, “dispone la inaplicabilidad de caución mediación, arbitraje o fuero especial para los casos de violencia intrafamiliar”.
En la pregunta sobre disposiciones que tipifiquen el femicidio como delito, no existen disposiciones al respecto en Ecuador. Tampoco hay referencia de que se incluya en el Código Penal, priva la necesidad de legislar para dar cumplimiento a los artículos 1, 3, y 4 de la Convención Belém Do Pará.
En cuanto a la Legislación Nacional que tipifique como delito la violencia contra las mujeres provenientes del Estado se hace referencia al Artículo 66 de la Constitución Política, numeral 3, c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes; Numeral 29, los Derechos de Libertad.
En el ámbito educativo la Constitución (Art. 26, 28, 347.6) establece, en cuanto a la incorporación del enfoque de género y la erradicación de la violencia de género lo siguiente: la educación se centra en el ser humano y garantizará su desarrollo, será obligatoria, participativa …incluyente, diversa…impulsará la equidad de género ...laica en todos sus niveles…impartirá educación para ciudadanía, sexualidad y ambiente……erradicará toda forma de violencia.
En el Código Penal Art. (602.44).- Atentado a la integridad sexual y reproductiva de persona protegida.- Será sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, lesione o afecte la integridad sexual o reproductiva de persona protegida. Este delito comprende la violencia y las demás conductas que según este Código afecten la integridad sexual o reproductiva. Art. 30 num.10 y Art. 37; Art.114 punto 8, Art.602.40 se establece que la tortura y trato crueles, inhumanos en la persona protegida es sancionada de 12 a 16 años en el desarrollo de un conflicto armado.
No existen disposiciones que sancione la violencia contra las mujeres cometida en los hospitales, centros educativos, centros de privación de libertad y otras instituciones del Estado.
En la respuesta del cuestionario se hace alusión a las normas constitucionales y la Ley Orgánica de Salud (2006) que garantizan la protección de los derechos sexuales y reproductivos incorporando concepciones avanzadas en materia de derechos humanos, bioética e interculturalidad, además se incluye la Ley relativa a la profilaxis para VIH, SIDA.
No existen disposiciones que tipifiquen como violencia, la obstétrica. No se sanciona a las/los funcionarios/as y profesionales que impiden a las mujeres atender adecuadamente su salud sexual y reproductiva.
El aborto por violación y el aborto terapéutico se encuentras despenalizados bajo ciertas restricciones establecidas en el Código Penal Art. 447 num.1 y 2. La legislación no sanciona la esterilización forzada. Sí existen disposiciones que garantizan el libre acceso a los anticonceptivos de emergencia en la Ley Orgánica de Salud bajo ciertas restricciones Art. 62 y 68.
Le Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH, SIDA garantiza el tratamiento de personas afectadas por SIDA Art.1, 5, 8.
El ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla principios y medidas de garantía tanto a nivel constitucional como legal. En los casos de violencia obstétrica en los casos de la atención brindada por los funcionarios a las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva y la esterilización forzada al igual que las restricciones en cuanto a la despenalización del aborto por violación desconociendo los artículos 2,4, y 8 de la Convención Belém Do Pará.
Sobre el tema que corresponde a las prácticas de campañas nacionales de divulgación, sobre los Derechos de las Mujeres y en especial a la Convención Belém Do Pará, en Ecuador se puso en marcha la Campaña Nacional “Reacciona Ecuador el Machismo es Violencia” que constituye una acción del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra la niñez, adolescencia y mujeres, pero que no constituye un plan sistemático con proyecciones al menos a mediano plazo.
El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra mujeres, niñas-niños y adolescentes, que fue establecido mediante Decreto Ejecutivo desde 2007, su ejecución está a cargo de cinco (5) ministerios: Salud, Educación, Gobierno, Justicia e Inclusión Económica y Social. Este plan abarca los siguientes ejes:
Transformación de patrones socio-culturales,
Sistema de Protección Integral,
Sistema de Registro,
Institucionalización para el Ejercicio de Derechos.
No se provee información sobre la evaluación o cumplimiento de este plan, ni los períodos en que realizan esas evaluaciones.
El tema de violencia contra las mujeres, de acuerdo a la información suministrada, está presente en los diferentes planes: Plan Nacional de Erradicación de la Trata, El Tráfico y la Explotación Sexual, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres (2007). -Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo y el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor. –Plan Nacional de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
En el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra la niñez, adolescencia y mujeres, se ha cumplido con capacitación a personal de: 11 hospitales de las seis provincias de la región del Litoral. Esta formación se ha extendido a miembros de la Policía Nacional y Judicial, jueces, fiscales, comisarías de la mujer, comisarios(as) nacionales, tenencias políticas.
A 32,439 maestras y maestros de Educación Básica y Bachilleratos de 15 provincias. A 279 Defensorías Comunitarias y a más de 70 operadores de justicia.
Estas acciones de capacitación son diversas, están dirigidas a funcionarios públicos que desempeñan sus funciones en diferentes ámbitos. Se carece de información sobre si están insertas en un plan de formación, sus períodos e intensidad de las acciones.
En cuanto a la promoción de la participación de la sociedad civil, por parte del Estado, se ha desarrollado los artículos 95 y 100 de la constitución, a través de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas aprobado en octubre de 2010, mandata a todas las instituciones que forman parte del sistema de planificación del desarrollo y finanzas públicas a coordinar los mecanismos que garanticen la participación ciudadana. No se menciona planes ni ejecución de proyectos conjuntos entre la sociedad civil y el Estado.
En la Campaña Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia, se trabajó con agencias de comunicación que comprendieron el concepto total de la campaña llevaron a cabo las producciones en todos los canales de TV locales. No se especifica si existen acuerdos.
La Ley Orgánica de la Función Judicial creó nuevas instancias para la recepción de denuncias de violencia intrafamiliar, pero aún no se han concretado, lo que dificulta aún el acceso a la justicia. Existen 34 comisarías de la mujer y la familia que reciben denuncias. 24 intendencias de policía, comisarías nacionales de policía en algunos puntos de los cantones del país. Faltan aún comisarías de la Mujer y la Familia en algunas de las provincias. El Código Orgánico de Garantías Penales aún es un proyecto. Por tanto el derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva no se encuentra del todo garantizado por el Estado.
El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, se encuentra realizando un proceso de acompañamiento para el traspaso de las Comisarías a la Función Judicial, a través de un nuevo modelo de gestión.
Desde el año 1994 las comisarías de la mujer y la familia funcionan con personal capacitado (abogado(as), psicólogos(as) y trabajadoras sociales) para dar atención a las mujeres víctimas de violencia. No se cuenta con cifras específicas, pero se destaca que dentro del Plan Nacional para Erradicar la Violencia de Género en Ecuador, se está brindando un apoyo presupuestario para las casas de acogidas a la mujer víctima de violencia. La incorporación de defensores públicos en los centros de equidad y justicia.
No se cuenta con respuesta sobre espacios de privacidad, servicios legales gratuitos, intérpretes en los idiomas indígenas y sobre la confidencialidad y protección a las víctimas y a sus familiares. Se menciona que el Sistema Nacional de asistencia a víctimas testigos y otros participantes en los procesos, “establece medidas de protección y asistencia exclusivamente para víctimas de delitos penales”
Como medida de protección a víctimas y testigos, la Fiscalía General del Estado se encarga de manejar un presupuesto para el Sistema Nacional de Protección a Asistencia a Víctimas y Testigos que asciende a 1.121.378.73 para el año 2010.
No se informa sobre evaluaciones y estudios sobre los períodos para otorgar medidas de protección. Se menciona protección policial comunitaria; personas con protección policial permanente y protección no judicial, pero no se indica el sexo de las personas. Sin embargo, existe un sistema de registro nacional de la Dirección Nacional del Género del Ministerio de Gobierno que contiene datos de las Comisarías de la Mujer y la Familia.
No se cuenta con protocolos específicos de atención para las mujeres, niñas y adolescentes afectadas por violencia en el idioma oficial ni en el de los pueblos indígenas, destinado para policía ni fiscalías. El Ministerio de Salud Pública ha desarrollado normas de atención a víctimas de violencia de género y delitos sexuales y protocolos de atención a víctimas de violencia de género. Existen unidades operativos en diversas provincias y en comunidades indígenas, montubias y afro descendientes, en la cuales se están aplicando las normas de atención.
No hay uso generalizado de la Convención Belém Do Pará y de los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos en las sentencias y dictámenes de los jueces y fiscales, quienes aplican exclusivamente el Código Penal Ecuatoriano, por tanto, no se toma en cuenta el Art. 7 numeral 7 y Art. 8 numeral c de la Convención.
No se presenta información que hace referencia a esta pregunta. No existen estudios específicos sobre los temas - Art. 8 incisos c) y h) de la Convención.
En el año 2008, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), asume la obligación de trabajar en el tema de fortalecimiento de Centros de Atención y Protección a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y explotación sexual. En el año 2008, se capacitaron a 84 personas de los equipos técnicos de las casas de acogidas y centros de atención con una inversión de $554.000 dólares. Se capacitó a los funcionarios en abordaje y metodología de atención integral en 30 centros de atención y protección a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual del Litoral y Austro.
Durante el año 2009, se han atendido 8,000 mujeres en los centros de atención y en las casas de acogida 1,000 mujeres con sus hijos e hijas, distribuidas en 5 casas, a las cuales se les dio fortalecimiento técnico y a 12 centros de atención ubicadas en cantones de Guayaquil Esmeraldas, Portoviejo, Sucre, Cuenca, Gualaceo, Santa Cruz y Loja. En los dos años arriba señalados, de acuerdo al informe han aumentado las casas de acogidas al igual que centros de atención. Las fuentes de financiamiento provienen del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Existe un Sistema Nacional de Protección a Víctimas y testigos que trabaja con una red de instituciones públicas y en su mayoría privadas o de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo brinda asesoría jurídica gratuita en las 24 provincias del país. Existen líneas telefónicas gratuitas de atención y también en las fiscalías. No obstante la demanda del servicio no se encuentra del todo cubierta.
Dentro de la ejecución del Plan de Violencia de Género se realizan acciones por parte de las instituciones encargadas tales como conferencias mensuales participación en proyectos conjuntos, elaboración de material informativo que son iniciativas importantes, pero que no cubren las necesidades de difusión de los servicios a que pueden acudir las mujeres víctimas de violencia.
Existe vacío en la información. No se conoce evaluaciones en los servicios existentes.
En el Plan Nacional para Erradicación de la Violencia de Género contra la niñez, adolescencia y mujeres, solo se señalan en los tres (3) últimos años el presupuesto para los programas de violencia contra las mujeres:
2008 – 1.676.831,00
2009 – 7.613.415,76
2010 – 2.720.825,10
La información solicitada, no permite establecer el monto total de la asignación presupuestaria para la atención de la violencia intrafamiliar, por lo que se hace imposible asignar el monto asignado en relación al presupuesto nacional. De la información presentada se deduce que gran parte de los fondos de se invierte en el fortalecimiento y equipamiento de comisarías, pero que no se destina directamente a un plan de prevención y protección de la vida de las mujeres.
Los cuadros presupuestarios del Plan, Anexo No. 1, no fueron localizados en línea.
VI. INFORMACION Y ESTADISTICAS
Para las Preguntas No.31, 32 y 33 no se presentaron respuestas. Al respecto se indica que la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mujeres realiza una investigación sobre Femicidio. No existen encuestas, solamente propuestas metodológicas.
La falta de la información sobre investigaciones y estadísticas de parte de instancias del Estado, cuyas funciones se relacionan estudios para prevenir la violencia en las mujeres y de información sobre los recursos asignados en el presupuesto, evidencian la falta de cumplimiento del Estado de los compromisos hacia la convención en sus artículos 7,8,y 9.
Excepto el Módulo de Unificación de Recepción de noticias del delito, de la Policía Nacional y la Fiscalía, no se cuenta con información.
De acuerdo a la información suministrada de las denuncias, en las Comisarías de Mujeres, en lo que se refiere a las demandas en caso de violencia, el 87.5% son de mujeres en los últimos cuatro (4) años.
En el año 2009, el 63% de las demandas en caso de violencia intrafamiliar, fueron de mujeres. De un total de 72,000 denuncias, hubo un 83% de sentencias condenatorias, sin embargo esta información no está desagregada por sexo.
Sólo se provee información del año 2007 en relación a 24,913 defunciones de mujeres, del cual 231 se consideran femicidio.
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en su calidad de ente coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN), ha conformado una comisión especial interinstitucional de género que trabaja en una Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres que será levantada en el presente año según el cronograma establecido; cuyo objetivo es el de “Generar datos y producir información estadística sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de los distintos tipos de violencia de género (física, psicológica, sexual) que sufren o han sufrido las mujeres, tanto en el ámbito público (escolar, laboral y social) como en el privado (hogar, familia, relación de pareja); sobre el conocimiento o búsqueda de servicios e instancias de justicia para enfrentar la violencia; y sus percepciones sobre la respuesta institucional”.
Se agradece el esfuerzo realizado por la autoridad competente y las acciones del Estado Ecuatoriano para avanzar en el cumplimiento de la Convención Belém Do Pará.
OBSERVACIONES FINALES DEL GOBIERNO DE ECUADOR
http://scm.oas.org/pdfs/2012/CIM03210-A.pdf

References: Artículo 10
 artículo 424
 artículo 6
in fine
 artículo 331
 Artículo 13
 artículo 43
 Artículo 66