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Timestamp: 2018-08-15 03:19:18+00:00

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SUJETOS DEL AMPARO PowerPoint Presentation
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SUJETOS DEL AMPARO - PowerPoint PPT Presentation
SUJETOS DEL AMPARO. 2014. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES. EN EL PROCESO DE AMPARO INTERVIENEN DIVERSOS SUJETOS:. LAS PARTES LOS JUZGADORES TERCEROS. LAS PARTES. PARTES EN EL AMPARO. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL . Art. 5. EQUILIBRADOR. AUTORIDAD RESPONSABLE ________________
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EN EL PROCESO DE AMPARO INTERVIENEN DIVERSOS SUJETOS:
¿PARTICULAR
PARTICULAR RESPONSABLE.
Es el titular de la acción de amparo. Puede ser una persona física, mayor o menor de edad, nacional o extranjera; persona moral nacional o extranjera; persona moral oficial.
El término de quejoso o agraviado figuró desde el amparo colonial y en nuestra regulación a partir de la ley de 1882 se le conoció como quejoso o parte agraviada.
Un sector de la doctrina ha pretendido diferenciar entre quejoso o agraviado, aduciendo, que el primero es quien presenta la demanda ante el juzgador federal, mientras que el segundo es quien recibe el perjuicio en su ámbito de derechos. Tal diferencia no ha tenido eco ni en la doctrina ni en la jurisprudencia.
CLASES DE QUEJOSOS
Los quejosos personas físicas
Toda persona física que se considera agraviada, en sus derechos subjetivos o en sus intereses legítimos, (art. 5°, fracción I, L.A.) por un acto de autoridad puede figurar como quejoso en el amparo. Incluso los menores de edad y demás incapaces pueden tener tal calidad.
En el supuesto de incapacidad la representación corresponde a quien ejerza la patria potestad o tutela. (Arts. 482-491. C. Civ. Fed.).
Si el representante se halla ausente, se ignore quién sea, o se negare a promover, el menor de edad puede interponer la demanda y el juez le nombra un “representante especial” para que intervenga en juicio. (Art. 8°L.A.). ¿Tutor dativo? (Art. 495 C. Civ. Federal).
Si el menor ha cumplido catorce años podrá hacer él la designación del representante. (Art. 8°). Al alcanzar la mayoría de edad goza de plena capacidad para comparecer a juicio.
Los extranjeros pueden promover aún cuando se encuentren fuera de territorio nacional, incluso por tercero.
En especial, la Ley de Amparo:
Se equipara absurdamente a los menores de edad y sujetos a interdicción con las personas “discapacitadas” y se establece el concepto de “familiar cercano”, como aquellas personas que se prefieren para ser representantes especiales. (Art. 8º.) (Ver tesis 2005848; 168530.)
Se permite a las autoridades responsables ser representadas o sustituidas conforme a leyes y reglamentos. (Art. 9º.)
Hay un tratamiento especial para el Ejecutivo Federal (¡a través de acuerdos!) y el Legislativo (¡conforme a las normas que ellos mismos se den!). (Art. 9º.)
Se prevé como representación convencional la del apoderado… pero no del mandatario. (Art. 6º.)
Los autorizados del quejoso y el tercero interesado pueden realizar todos los actos de defensa. Sólo se exige título para los autorizados en materia civil, mercantil o administrativa… y laboral si se trata del patrón… (Art. 12). ¿Y los arts. 533, 533 bis, 692 de la LFT?
En demandas colectivas con interés legítimo, la acumulación se pedirá: ¡al Consejo de la Judicatura Federal! (Art. 13º.).
Para efectos de presentación de la demanda, por cualquier persona, se agregan, relación con la anterior Ley, como actos graves en material penal: la expulsión, la proscripción, la extradición y la desaparición forzada de personas (Art. 15.)
Se establece un trámite especial para la “desaparición forzada de personas” (art. 15, in fine). Ver la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, N.Y. (2006), 2011: en especial art. 2, ¿qué es?
Ver tesis 180,653; 180,652; 181,148; 181,147.
Se ordenaría la suspensión del acto reclamado: ¿se suspendería la desaparición?
Los quejosos personas morales
Pueden ser de dos tipos: nacionales y extranjeras; privadas y de derecho público u oficiales.
Las personas morales privadas pueden pedir amparo por medio de su representante legal o apoderado. (Art. 6º.)
Durante el siglo XVIII Rodolfo Reyes se opuso a que se reconocieran las entonces “garantías individuales” a las personas morales. Sin embargo, desde la L.A. de 1919 se admitió la promoción como quejosos.
Las personas morales oficiales (ahora enunciadas como Federación, Estados, Distrito Federal, municipios o “cualquier persona moral pública”) por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables (representación orgánica),cuando el acto u omisión reclamados afecte su patrimonio, en un plano de igualdad con los particulares. (Art. 7º.)
La base de su actuación es que se desempeñan como sujetos de derecho privado para proteger derechos que, como gobernados, les asisten frente a las autoridades, siempre que no se trate de los llamados derechos públicos.
Para cierto sector de la doctrina, las corporaciones públicas no deberían ser quejosas. Sin embargo en la práctica se ha demostrado su utilidad. Y por el contrario, deberían flexibilizarse los requisitos para la procedencia de este tipo de amparos.
La facultad de promover como quejosos, fue establecida en la L.A. de 1919 y fue en la L.A. de 1936 cuando se previó el requisito de que se afectaran intereses patrimoniales.
El Proyecto de la Suprema Corte de 2001 defendió en su “Exposición de motivos”, la teoría de la doble personalidad del Estado y la conveniencia de eliminar el requisito de afectación patrimonial.
Se cambia la denominación de “personas morales oficiales” por la enunciación ociosa, por demás, de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral… (Art. 7º.).
Bastaría la simple enunciación de “personas morales” oficiales de conformidad con el art. 25 del Código Civil Federal.
La protección es sobre “derechos humanos”. De acuerdo con el art. 6° de la L.A. procede la protección de “personas morales”.
El art. 1, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano…”. Pero en diversas sentencias la autodenominada y autoproclamada Corte Interamericana de Derechos Humanos (diseñada y alimentada por los EEUUA, en la que no participa) ha resuelto varios casos en los que las personas morales sí están protegidas en un “conjunto importante de derechos humanos” (ver en especial los numerales 22 a 31).
Los TCC han tenido criterios erráticos: registro 2004275 y 2003341 vs. 2003025 y 2003029).
para los efectos del amparo
“ CON INDEPENDENCIA DE SU
NATURALEZA FORMAL”
EN USO DEL
CONCRETAS /
O BIEN, OMITA
UNILATERAL Y OBLIGATORIA;
EN UN PLANO DE SUPRA A
AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS
La Ley de Amparo define de manera mixta lo que es la autoridad:
“Son partes en el juicio de amparo: …La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.”
Independencia de la naturaleza formal. Lo que implica que debe atenderse exclusivamente a la naturaleza del acto reclamado, sin perjuicio del carácter formal de la autoridad responsable. Es decir, que no puede determinarse a priori el carácter de la autoridad responsable. (Véase la tesis 2005486).
Dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar. No define qué es la autoridad responsable, sino lo que pueda hacer. No es más que una simple reedición del artículo 11 de la anterior Ley de Amparo.
Modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Retoma el criterio establecido en 1997 por el entonces Ministro Juventino Víctor Castro, para abandonar el criterio de fuerza pública: “AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.” (Registro 199459). En un plano de supra a subordinación (diversas tesis).
U omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Pretende ser acorde con el artículo 103 constitucional, relativo a los actos u omisiones que violen los derechos humanos y las garantías para su protección.
Podría ser éste un debate superado, pues fue tema de análisis desde el siglo XIX mexicano.
Su definición es uno de los problemas más complejos de la materia.
No obstante, podríamos decir que: Es la parte procesal que se integra por la persona física o moral perteneciente a la Federación, los estados o los municipios, que con facultades o sin ellas, en uso del poder público, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en perjuicio de los gobernados.
Es parte procesal. Así lo reconoce la ley, sin embargo algún sector de la doctrina y el foro admiten tal calidad sólo en amparo indirecto. Por ejemplo Fix-Zamudio afirma que en amparo directo es sólo un juzgador cuya resolución ha sido recurrida. Por tanto, es una parte artificial.
Puede ser una persona física o moral. En este sentido, puede tratarse de personas morales o de personas físicas (funcionarios o empleados).
Pueden pertenecer a cualquiera de los tres niveles de gobierno. Federación, Estados, municipios y órganos autónomos.
Con facultades o sin ellas. El acto puede ser realizado por autoridad en uso de facultades previstas en alguna norma (autoridades de derecho) o por aquellas que no tengan facultades previstas en disposición legal (autoridades de hecho), o no existan conforme a ésta. El precedente estableció con claridad en 1935 en el caso de Julia Campos, contra el secretario particular del presidente de la República.
En uso del poder público. Cuando actúan con imperium(es decir facultad de mando y correlativo deber y obediencia) y con el carácter incondicionado, esto es que está en la circunstancia inmediata de afectar a los particulares.
De manera unilateral y obligatoria crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas. Con lo que excluye la bilateralidad espontánea.
El gobernado debe de resentir un agravio en su ámbito jurídico. Una condición esencial que caracteriza a la autoridad para los efectos del amparo es que su actuación cause un agravio personal, directo y con realidad modal temporal.
Los orígenes del concepto se hallan en el derecho administrativo.
El amparo elaboró su propio concepto a raíz del promovido en 1918 por Marcolfo F. Torres, contra el mayor Canuto Ortega ante un juez de primera instancia en Sahuaripa, Sonora. El juez federal de Nogales negó el amparo considerando que Canuto Ortega no era autoridad para los efectos del amparo. No obstante, en 1919 la Suprema Corte otorgó el amparo y fijó la tesis: AUTORIDADES. QUIÉNES LO SON.
Esto dejó fuera de la protección constitucional a diversas autoridades que argumentaban carecer de fuerza pública.
Además, en el ínterin, quedaron fuera los organismos descentralizados, a los que por tener personalidad y patrimonio propios se les consideró como una persona distinta del Estado.
Pero en 1974, al resolverse un asunto en contra del IMSS se fijó la tesis: SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO DEL, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD.
Más tarde, en 1988, el IMSS sostuvo en el recurso de revisión 20/88 no tener el carácter de autoridad responsable. El criterio no prosperó y dio pauta para incluir a todos los organismos descentralizados: ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AÚN CUANDO TIENEN PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SON PARTE DE LA FEDERACIÓN, Y SUS BIENES INTEGRAN EL PATRIMONIO NACIONAL.
En 1997, el entonces ministro de la SCJN, Juventino V. Castro, propuso interrumpir el criterio de Marcolfo F. Torres para ampliar el concepto de autoridad para los efectos del amparo: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.
La L.A. señala es lo que puede hacer la autoridad; como ordenadora o como ejecutora.
No siempre existe autoridad ordenadora y ejecutora.
Por lo común la inexistencia de los atribuidos a la ordenadora hace que se tengan por inexistentes los de la ejecutora, pues no se puede ejecutar lo que no existe.
Por el contrario, la inexistencia de los actos de la ejecutora no conlleva necesariamente la inexistencia de los de la ordenadora.
Es relevante la identificación de la ordenadora. Si el quejoso la invocó erróneamente como ejecutora, el juzgador debe subsanar el error del demandante.
Si el quejoso es omiso en señalar a la ejecutora, en principio, y sujeto al estudio de cada caso, ello es irrelevante para la ejecución de la sentencia de amparo, pues la potestad de ésta debe comprender a todas aquéllas que deben intervenir para restituir al agraviado.
AUTORIDAD. GENERALIDADES
NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO
SÍ ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO
El acto de autoridad: acto reclamado
El acto de autoridad puede consistir básicamente en un hacer (actos positivos) en un no hacer (actos negativos) y en una probabilidad de hacer (actos futuros inminentes).
En el siglo XIX en el amparo de Álvarez Rul y Miranda e Iturbe contra actos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el juez de Distrito que conoció del caso consideró que era absurdo que la omisión de la autoridad diera lugar al amparo, puesto que éste sólo procedía contra actos o leyes de autoridad.
Implican un hacer o
Existe materia para estudiar
el fondo del amparo
Se refieren a un no
En apariencia son negativos,
pero en realidad son positivos
Negativos con
Se refieren a impedir la
el fondo del amparo si hay
Son los que evidencian
En la demanda de
Existe materia para
Ley o acto que de cada
autoridad se reclame
(108, Ley de
Sentencia definitiva, laudo
o resolución que hubiere puesto
fin al juicio (175
Ley de Amparo)
* En la tesis 1ª. CXC/2007, la Primera Sala de la SCJN, diferenció entre actos negativos y omisivos.
físicas y morales,
actuando en el marco del
No existe materia para
estudiar el fondo del
emiten el acto
Actos de autoridad ¿y
de particulares?
Actos consumados de
modo reparable
Se han realizado, pero
es posible la restitución
modo irreparable
no es posible la resti-
De manera expresa o
Actos derivados de
Consecuencia de uno
consentido, expresa o
Los que ya se llevaron
Actos presentes
Actos futuros e
Los que no se han llevado a cabo
y no existe prueba o posibilidad
de que se vayan a producir
Actos existentes
Los reconocidos por la autoridad
responsable o probados por el
Actos presuntivamente
Los que se desprenden de
omisiones en los informes de la
Los negados por la autoridad
y no probados por el quejoso
Los que existen y
permanecen inalterados
estudiar el fondo del amparo
Los que tuvieron existencia,
pero que han quedado sin efectos
perfeccionan en un
Actos de tracto
Los que no se agotan en un
solo momento, sino son una
pluralidad de actos
EL PARTICULAR RESPONSABLE
En Ley de Amparo se incluye a ciertos particulares:
“Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”. (Art. 5, fr. II).
No hay previsión constitucional al respecto, sólo en ley.
“Equivalente” significa “que es igual a otra en eficacia”. Y lo “equivalente” a un acto de autoridad sería otro acto de autoridad.
Si la “función” se halla en “norma general”, entonces debería referirse a los concesionados (art. 28 C)… ¿o se refieren a…?
Resultaría el absurdo de que hubiera actos del Estado (tesis 163,211) que no sean de autoridad y actos de particulares que serían “de autoridad”.
PARTICULARES AUTORIDAD RESPONSABLE EN AMPARO
En amparo contra particulares se admite en forma amplia en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En forma restringida o limitada en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras.
En América Latina y, en especial, en Argentina, se toma como emblemático el caso de Samuel Kot ante la Corte Suprema de la Nación Argentina.
En Europa es conocido el caso de Erich Lüth ante el Tribunal Constitucional alemán.
En México, la Constitución, artículo 107, fracción I, no lo prevé. Sí, en cambio, los artículos 1°, 5º, fracción I, último párrafo, 9°, último párrafo, por lo que podría decirse que…
En todo caso, deben tenerse presentes: el caso de la comunidad indígena Hñähñu de San Idelfonso (Estado de Hidalgo) contra Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (queja 23/2014; Segunda Sala) y, en especial, el AD 2013 (CFE).
En ocasiones, aún cuando comparezca, sus manifestaciones no son tomadas en cuenta: TERCERO PERJUDICADO. SUS ALEGATOS NO SON PARTE ESENCIAL DE LA LITIS DE AMPARO.
Clases de tercero interesado
QUIEN HAYA GESTIONADO EL ACTO RECLAMADO
O TENGA INTERÉS EN QUE SUBSISTA
LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO O DEL
LA VÍCTIMA DEL DELITO U OFENDIDO. QUIEN
TENGA DERECHO A LA REPARACIÓN DEL
DAÑO O A LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EL INDICIADO O PROCESADO RESPECTO
DEL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE
EL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA
PENAL Y NO SEA AUTORIDAD
De esta forma, conforme a la Ley de Amparo tienen el carácter de tercero interesado:
La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista (similar a 5°, III, c, de la anterior L.A.).
La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso (similar a 5°, III, a, de la anterior L.A.).
La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directaesa reparación o responsabilidad (similar a 5°, III, b, de la anterior L.A.).
El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público (consecuencia de 10, III y 20, VII, C.). ¿Y el 107, fracción VII?
El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.(Resulta excesivo. ¿Es el 22 y la Ley Federal de Extinción de Dominio?).
¿Y qué sucede tratándose de interés legítimo?
¿Es lo mismo respecto de amparo contra particulares?
Literalmente, un tercero es un sujeto ajeno a la controversia. “Interesado” es el participio pasado de “interesar”. Lo anterior equivaldría a una persona ajena a la controversia que ha sido dañada como resultado del mismo y que le asiste un derecho propio que defender en amparo. ¿?, ¿?,¿?
A partir de la reforma constitucional se le denomina malamente: tercero interesado. Esto es incorrecto porque no es tercero.
Al definírsele como el sujeto que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, y por tanto opuesto al quejoso, debería tener sólo el carácter de codemandado.
Históricamente aparece hacia 1869 conforme a un criterio de José María Lozano en el que propone que la SCJN debía, por equidad, dar el carácter de parte a quien pudiera ser afectada la resolución de amparo, dándole la oportunidad de alegar y probar. Su denominación anterior proviene de la L.A. de 1908 donde sin darle la calidad de parte se le consideró “tercero perjudicado”. Es en la L.A. de 1919 cuando asume su calidad de parte.
La función del tercero interesado
Su razón de ser es su oposición jurídica a las pretensiones del quejoso y su interés con la autoridad responsable.
No siempre existe en el amparo.
La L.A. hace una lista de los supuesto en que puede presentarse. Sin embargo, esa lista es sólo enunciativa y no limitativa: TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. (Registro 185, 629).
Siempre que exista es necesario emplazarlo, incluso con edictos. Si el quejoso no recoge los edictos, procede sobreseer.
Su falta de emplazamiento da lugar a nulidades.
TERCERO INTERESADO EN AMPARO
TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO
Referencias al Ministerio Público
PARTE EQUILIBRADORA
MINISTERIO PÚBLICO EN AMPARO
EL JUZGADOR DE AMPARO
UNITARIOS DE
11 ministros/ 7 ministros
PRIMERA: CIVIL
5 ministros /
3 magistrados en cada uno
(COMPETENCIA AUXILIAR)
LOS JUZGADORES EN AMPARO
LA COMPETENCIA DE ESOS JUZGADORES SE ENCUENTRA DISPERSA EN:
LA C.P.E.U.M .
LA L.A.
LA L.O.P.J.F.
ACUERDO GENERAL 5/2013, DEL PLENO DE LA S.C.J.N.
SIN EMBARGO, DE MANERA MUY GENERAL…
SCJN. (integrada por 11 ministros). Puede actuar en Pleno (compuesto de 11 ministros, uno de los cuales es su presidente) y en Salas (formadas por cinco ministros), de conformidad con lo siguiente:
LOS TCC (integrados por 3 magistrados). Su competencia comprende:
LOS TUC (integrados por un solo magistrado). Conocen de la primera instancia del amparo indirecto contra actos de otros TUC, que no constituyan sentencia definitiva.
JUZGADO DE DISTRITO. (compuesto de un solo juez). Es competente en cuanto a la primera instancia de amparo indirecto y el recurso de queja.
LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. En la práctica desempeñan la denominada competencia auxiliar, lo que permite que ante ellos se realicen algunos actos procesales básicos (como recibir la demanda de amparo y otorgar la suspensión provisional), a condición de que en el lugar que deba presentarse la demandad no resida juez de Distrito.
Existen otros sujetos auxiliares del proceso como:
Los testigos (art. 119 L.A.)
Los peritos (art. 120 L.A.)
Cualquier servidor público (art. 121 L.A.)
Cualquier autoridad (art. 193, párrafo segundo, L.A.)
Cualquier particular (art. 149 L.A.)
Obstáculos a superar Y cuestiones a debatir -De la emergencia planetaria a la construcción de un futuro sostenible. obstáculos a superar y cuestiones a debatir. cima- universidad de granada, junio 2007 amparo vilches y daniel gil. ¿qué

References: in fine
 artículo 11
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 artículo 107
 resolución