Source: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=30/01655/2018/00/0/1&q=s%3D1%26rn%3D%26ra%3D%26fd%3D%26fh%3D%26u%3D%26n%3D%26p%3D%26c1%3D%26c2%3D%26c3%3D%26tc%3D1%26tr%3D%26tp%3Dirpf%26tf%3D%26c%3D2%26pg%3D3
Timestamp: 2020-07-05 22:11:54+00:00

Document:
Criterio 1 de 1 de la resolución: 30/01655/2018/00/00
Unidad resolutoria: TEAR de Murcia
IRPF. Declaración conjunta. Existencia de un miembro de la unidad familiar incapacitado judicialmente. Manifestación de la voluntad viciada.
Con carácter general, la declaración del IRPF se presenta de forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar pueden optar por declarar de forma conjunta, opción de tributación conjunta que debe ser ejercida por todos los miembros de la unidad familiar.
En el caso analizado, dada la situación de incapacidad judicial de la esposa declarada mediante sentencia de 2010, se ha de ser especialmente cauteloso en relación a la manifestación de voluntad de ésta. Por ello, entiende el TEAR, que, aun no existiendo manifestación expresa en contra de la tributación conjunta con el cónyuge hasta un momento posterior al plazo de declaración, la voluntad manifestada mediante la presentación telemática de la declaración, según modalidad de tributación conjunta, se encontraría viciada dada la oposición manifestada posteriormente, puesto que se ha probado que no residía en el mismo domicilio que el cónyuge.
Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Región de Murcia
Órgano Unipersonal
PROCEDIMIENTO: 30-01655-2018
RECLAMANTE: Axy... - NIF ...
En Murcia , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento abreviado.
El día 23/03/2018 tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación, interpuesta en 07/03/2018 contra contra liquidación provisional dictada por la Administración de la AEAT en Murcia por el concepto IRPF, ejercicio 2011, número A30... por un importe de 1.755,61 euros (1.732,30 euros de cuota y 23,31 euros de intereses de demora). Dicha liquidación fue notificada en fecha 22/02/2018.
La Oficina Gestora había iniciado, como consecuencia de Resolución del TEAR 30/02360/2016, procedimiento de comprobación limitada mediante notificación de propuesta de liquidación en la que se señalaba que el alcance del procedimiento consistía en comprobar la situación familiar declarada, así como la opción de tributación.
Dicho fallo señalaba:
"En consecuencia, procede anular el acto impugnado, retrotrayendo las actuaciones para que se practique nueva propuesta de liquidación y trámite de alegaciones, tras la puesta de manifiesto al obligado tributario de todos los elementos de prueba que obren en poder de la Administración".
Posteriormente se dicta resolución con liquidación provisional haciendo constar, como hechos y fundamentos de derecho, los siguientes:
"En contestación al trámite de audiencia de IRPF 2011 presenta alegaciones con fecha de entrada en registro de 29 de diciembre de 2017, en las que manifiesta que es incuestionable que dicho ejercicio está prescrito. Habiéndose iniciado el procedimiento, dentro del plazo establecido (4 años desde la finalización para la presentación de la declaración, la renta de 2011 finaliza el plazo de presentación el 30 de junio de 2012, luego prescribiría cuatro años después, el 30 de junio de 2016) con la notificación del requerimiento el 4 de febrero de 2016, firmando el acuse de recibo Bxz..., notificación hecha dentro del plazo establecido, se interrumpe el plazo de prescripción. En cuanto a las alegaciones donde manifiesta que su declaración es conjunta, para que la misma sea conjunta, han de manifestarlo expresamente ambos cónyuges, no basta con que uno de los dos cónyuges lo manifieste, en este caso, la persona que tiene la patria potestad de su cónyuge, ha manifestado mediante escrito, su no otorgamiento para que la declaración sea conjunta.
Se procede a practicar Liquidación Provisional, regularizando su situación tributaria confirmando la Propuesta notificada el 19 de diciembre de 2017:
- La reducción practicada por tributación conjunta es incorrecta, según lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley del Impuesto.
- Se modifica el mínimo por discapacidad por no ajustarse a lo establecido en el artículo 60 y 61 de la Ley del Impuesto.
- Errores aritméticos o diferencias de cálculo detectados en determinadas partidas de su declaración.
- El importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable general es incorrecto, según establece el artículo 56.2 de la Ley del Impuesto.
- Se ha ejercido incorrectamente la opción de tributación individual o conjunta, de acuerdo con los artículos 82 y 83 de la Ley del Impuesto.
- No convivir con cónyuge el cual está tutelada por su madre.
En la Administración obra la siguiente documentación: Sentencia: .../2010, JDO. PRIMERA INSTANCIA N ... DE MURCIA de ... de 2010, según el FALLO de la misma, Czw..., "es totalmente incapaz para gobernarse por sí misma y administrar su persona y bienes, así como para testar", recayendo la patria potestad en Dña. Dwq... También obra en poder de la Administración, escrito presentado por esta última, manifestando su no otorgamiento para que usted tribute de manera conjunta, ya que ella no ha dado su conformidad, a la vez que acompaña certificado de empadronamiento en el que aparecen empadronadas en el mismo domicilio Dwq... y Czw...".
En el propio escrito de interposición el interesado manifiesta, en síntesis, que la liquidación, que se notifica en diciembre de 2017 está prescrita, que puede tributar de forma conjunta ya que no es hasta enero de 2016 cuando se le comunica la voluntad de la tutora de su esposa de no hacer la declaración de forma conjunta y desde ese momento así se hace por lo que dicha voluntad no puede ser tenida en cuenta para las declaraciones anteriores a dicha fecha.
Este Tribunal es competente, actuando como órgano unipersonal, para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT.
La adecuación a Derecho del acto impugnado.
La presente resolución que se impugna, resulta de la propuesta dictada en ejecución del fallo dictado por este mismo Tribunal, que corresponde a la reclamación nº 30/02360/2016, de fecha 14-9-2017.
El artículo 241 ter de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, según redacción dada por Ley 34/2015, de 21 de septiembre, dispone en relación con la ejecución de resoluciones económico-administrativas que:
"1. Los actos de ejecución de las resoluciones económico-administrativas se ajustarán exactamente a los pronunciamientos de aquéllas.
3. Será competente para conocer de este recurso el órgano del Tribunal que hubiera dictado la resolución que se ejecuta. La resolución dictada podrá establecer los términos concretos en que haya de procederse para dar debido cumplimiento al fallo. 4. El plazo de interposición de este recurso será de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. 5. La tramitación de este recurso se efectuará a través del procedimiento abreviado, salvo en el supuesto específico en que la resolución económico-administrativa hubiera ordenado la retroacción de actuaciones, en cuyo caso se seguirá por el procedimiento abreviado o general que proceda según la cuantía de la reclamación inicial. El procedimiento aplicable determinará el plazo en el que haya de ser resuelto el recurso. 6. En ningún caso se admitirá la suspensión del acto recurrido cuando no se planteen cuestiones nuevas respecto a la resolución económico-administrativa que se ejecuta. 7. No cabrá la interposición de recurso de reposición con carácter previo al recurso contra la ejecución. 8. El Tribunal declarará la inadmisibilidad del recurso contra la ejecución respecto de aquellas cuestiones que se planteen sobre temas ya decididos por la resolución que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser planteados en la reclamación cuya resolución se ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 239.4 de esta Ley."
De otro lado, el artículo 66 del RD 520/2005, de 13 de mayo señala, con carácter general para todos los procedimientos de revisión la obligación de ejecutar en sus propios términos todos los actos resolutorios de los citados procedimientos, salvo que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto inicialmente impugnado y dicha suspensión se mantuviera en otras instancias; al mismo tiempo establece que la interposición del recurso de alzada ordinario por órganos de la Administración no impedirá la ejecución de las resoluciones, salvo en los supuestos de suspensión
CUARTO.- Según el artículo 239.3 de la ley 58/2003, General Tributaria, "la resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.
Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. No se exigirán intereses de demora desde que la Administración incumpla el plazo de un mes."
Por otro lado dispone el artículo 66.4 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa: " No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo del asunto, la resolución ordenará la retroacción de las actuaciones, se anularán todos los actos posteriores que traigan su causa en el anulado y, en su caso, se devolverán las garantías o las cantidades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora."
Según lo dispuesto en el fallo cuya ejecución se recurre, la Oficina Gestora ha debido retrotraer las actuaciónes al momento en el que se dicta la propuesta de liquidación. La retroacción de actuaciones supone situar éstas en el "momento en que se produjo el defecto formal", tal como dispone el artículo 239.3 de la LGT, lo que implica volver al mismo procedimiento inicial para desarrollarlo y concluirlo en debida forma. Consecuentemente, si el efecto propio de la retroacción es situar el procedimiento de que se trate en el mismo momento en que se cometió el vicio que la motiva, las actuaciones a realizar deben finalizar en el plazo que restase de aquel procedimiento. Deberán tenerse en cuenta, además, las disposiciones del artículo 66 del RGRVA. Todo ello de acuerdo con la Resolución del TEAC 04203/2014.
Por lo tanto, en los casos de resoluciones económico-administrativas que estiman en parte, sin entrar a conocer del fondo del asunto y sin ordenar la práctica de otra liquidación en sustitución de la que se anula, acordando la retroacción de actuaciones, el órgano de aplicación de los tributos debe, en primer lugar, dictar y notificar los actos de ejecución de la resolución del recurso o reclamación económico-administrativa -actos que se circunscriben a anular la liquidación impugnada, a ordenar la retroacción, a devolver las garantías o importes ingresados y a anular, si existen, los actos posteriores que traigan su causa del anulado- en el plazo máximo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. Y una vez que se ha procedido así, el procedimiento reabierto por la orden de retroacción dada por la resolución, debe continuar hasta su terminación (esto es, hasta la notificación de la liquidación), disponiendo para ello el órgano de aplicación de los tributos del plazo que restase del procedimiento cuya liquidación se anula, que es el resultante de deducir del plazo máximo legal de duración del procedimiento el tiempo transcurrido hasta el momento al que se retrotrae el procedimiento, que es el momento en que se cometió el vicio.
Visto lo anteriormente expuesto, con carácter previo al tratamiento de las cuestiones materiales suscitadas , es preciso resolver sobre la posible caducidad del procedimiento de comprobación limitada al que puso fin la liquidación dictada como resultado de la ejecución del fallo dictado por este Tribunal, por constituir dicha caducidad una cuestión de orden público de obligado pronunciamiento previo y que, consecuentemente, este Tribunal debe valorar de oficio, tal y como ya ha dejado sentado el TEAC en Resolución de fecha 27 de Septiembre de 2012 R.G.: 2975/2012 y según resulta de la propia dicción del artículo 104.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
El procedimiento de comprobación limitada tiene su terminación de acuerdo con el artículo 139 de la Ley 58/2003, General Tributaria entre otras causas: Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de esta ley sin que se haya notificado resolución expresa, sin que ello impida que la Administración Tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción."
Por remisión, el artículo 104, referido a los plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa, en lo que aquí interesa, establece:
"1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario".
Analizado el expediente, del mismo se desprende que desde el inicio del procedimiento , realizado el 4-2-2016, hasta la propuesta de liquidación provisional ,que se notifica el 18-2-2016 y desde la fecha en que se comunicó el fallo a la oficina gestora el 14-12-2017, y se notificó la resolución tras la pertinente propuesta, el 22-2-2018, se constata que no se ha excedido la oficina gestora del plazo de los 6 meses previstos para la comprobación limitada, por lo que el procedimiento no ha caducado e interrumpe la prescripción, de acuerdo con los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003 General Tributaria , y ésta no se ha producido.
En el presente caso, el plazo de cuatro años comenzará a contarse el día 2/7/2012 (día en que finaliza el plazo reglamentario para presentar la declaración por IRPF del ejercicio 2011) finalizando, por tanto, el plazo de prescripción, el 2/7/2016. Dado que la Oficina Gestora notifica el requerimiento iniciando el procedimiento de comprobación del IRPF del ejercicio 2011 el día 4/2/2016, en esta fecha se interrumpe la prescripción, iniciándose a partir de aquí el cómputo de un nuevo plazo de cuatro años que finalizaría el día 4/2/2020 , además de que se dicta la nueva propuesta en ejecución de fallo y se notifica la resolución, que es objeto de la presente reclamación, en el plazo previsto por la norma , interrumpiéndose a su vez la prescripción por la interposición de dicha reclamación.
Una vez dicho lo anterior, y respecto a la cuestión de fondo, cabe señalar que el artículo 82 de la Ley 35/2006, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone:
Con carácter general, la declaración del IRPF se presenta de forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar pue­den optar, si así lo desean, por declarar de forma conjunta, lo que significa que la opción por la tributación conjunta debe ser ejercida por todos los miembros de la unidad familiar.
En el presente caso, dada la situación de incapacidad judicial de la esposa del interesado declarada en Sentencia de 2010, se ha de ser especialmente cauteloso en cuanto a la manifestación de la voluntad de la misma. Es por ello que resulta razonable pensar, a la vista de los datos obrantes en el expediente, que, aún no existiendo una manifestación expresa en contra, la voluntad manifestada mediante la presentación telemática de la declaración conjunta del ejercicio 2011, se encontraría viciada por la situación de incapacidad de la esposa. En consecuencia, no puede acogerse la pretensión del interesado, confirmándose el acto impugnado.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 84
 artículo 60
 artículo 56
 Real Decreto 
 artículo 239
 resolución 
 artículo 241
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 239
 artículo 66
 artículo 239
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 66
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 239
 artículo 66
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 104
 artículo 139
 artículo 104
 resolución 
 artículo 104
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 82