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Informe sobre España de los inspectores de europeos - Información del Bajo Miño, Educación, Economía...
Informe sobre España de los inspectores de europeos
Indalecio Díaz Martínez, 01/04/2013
En la sesión número 24 del Congreso de Autoridades Locales y Regionales celebrado en Estrasburgo los días 19 al 21 de marzo de 2013 se presentó un informe bajo el título “La democracia local y regional en España” elaborado por los inspectores Marc COOLS de Bélgica, Leen VERBEEK de Holanda y el controlador experto Francesco MERLONI de Italia y la secretaria del Congreso Stéphanie POIREL. En dicha sesión los inspectores o inspectores de la Comisión Europea dan cuenta de los trabajos de inspección llevados a cabo en España y que recogen en un documento de 48 páginas.
El documento consta de una introducción a modo de resumen, seguida de 248 ítems explicativos y 24 conclusiones de la observación a modo de recomendaciones al gobierno español. Aquí se recoge solamente una traducción aproximada del resumen y las conclusiones, dado lo prolijo del resto del documento, pero al final de la página se puede descargar el documento completo en inglés.
Este informe sobre la situación de la democracia local y regional en España sigue la Recomendación 121 (2002) y las dos visitas de control se llevaron a cabo del 5 al 8 de junio 2012 y el 14 de enero de 2013. Los inspectores están satisfechos que España cumpla generalmente sus obligaciones con respecto a la Carta Europea y valoran mucho su incorporación a la legislación española, lo que favorece su interpretación legal por los tribunales. Ellos también muestran su satisfacción por la relación de trabajo regular entre el Gobierno Central y el FEMP, así como el reconocimiento por Ley de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la administración pública en 2012, que sirve para reducir las transferencias de recursos públicos y reforzar la capacidad de las administraciones públicas para controlar sus propios gastos. Sin embargo, los inspectores se quejan de la superposición de competencias entre varios niveles del gobierno, que tiene como resultado una pérdida de recursos financieros para las autoridades locales y regionales, la ineficacia de las normas y medidas con respecto a la autonomía fiscal de los municipios, una situación que obliga a administración local a depender del Estado y de las transferencias regionales, y la gran disparidad en los salarios de los representantes locales elegidos y la reducción de las concesiones de los diputados de los parlamentos regionales.
Los inspectores aconsejan que las autoridades españolas tomen medidas concretas para eliminar la duplicación de competencias entre niveles distintos del gobierno y asegurar que cada transferencia de poderes a la administración local sea garantizada con los recursos financieros adecuados, estimule la autonomía fiscal de los municipios, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la situación financiera de la administración local. Los inspectores también aconsejan una revisión de la legislación para fijar un umbral mínimo y máximo para remunerar a los representantes locales elegidos de acuerdo con las provisión de fondos del Presupuesto y, con el mismo espíritu, para proporcionar la norma de remuneración para los miembros de los parlamentos de las Comunidad Autónomas, lo que permitirá que realicen sus deberes apropiadamente. Por último, ellos recomiendan a las autoridad españolas firmar y ratificar el Protocolo Adicional al Fletamento europeo de Autogobierno Local tomar parte en a la derecha los asuntos de una administración local en el futuro próximo.
La crisis actual que reina en Europa ha obligado a España a limpiar su sector financiero.
Esta reorganización y la reducción en el gasto público han tenido a veces consecuencias severas para los ciudadanos.
Para conseguir el equilibrio financiero y también mejorar la eficacia de los servicios públicos, las autoridad españolas han decidido iniciar un procedimiento de reforma global de administración municipal.
Este informe se ha centrado en dos áreas importantes:
El cumplimiento de España de deuda que derivan de la Carta y el impacto de la crisis financiera en autogobierno local en España.
La Carta, siendo un tratado internacional, tiene el efecto obligatorio de adaptar una ley doméstica del país a su provisión de fondos.
También obtiene la posición de una fuente de la ley, cuyas previsiones son directamente aplicables.
La Carta ha sido utilizada con frecuencia como una autoridad interpretativa por los tribunales.
Consideran el alcance de auto-gobierno local como plano en el Artículo 4 de la Carta, y a la luz del precedente, el desafío de centro para cualquier plan de reforma permanece el asunto de las "competencias impropias" de un lado, y en la superposición de competencias en el otro.
Un diputado andaluz dijo a los inspectores que la provisión de fondos para los servicios de las "competencias impropias" de los municipios españoles se estima en 10.000 millones de euros al año, es decir 25% del gasto municipal total en promedio.
La variedad de iniciativa que han sido lanzadas en los niveles locales, regional y nacionales es de darles la bienvenida, aunque revelen, al mismo tiempo, la urgencia del problema de superponerse competencias, que llevan a una pérdida agravada de 32.300 millones de euros por año.
Progreso positivo ha sido hecho por medio de la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de Administración Públicas, que está basada en una participación extensa regional y la administración local en el proceso decisorio.
Según el 2012 informe del "Base en el Progreso y la Democracia
También con respecto a la subsidiaridad como consagró el Artículo 4, párrafo 3 de la Carta, los inspectores proponen esperar y ver la ejecución efectiva de innovación recientes que se centran en la posición de las comunidades autónomas en la respectiva reglamentación de las comunidades autónomas.
Los inspectores constatan que existe consulta y colaboración con las autoridades locales y regionales y es constante y regular la relación entre el gobierno central y el FEMP.
Los inspectores concluyen que el Artículo 4 no es completamente respetado, especialmente en la delegación de competencias a los municipios, a pesar del claro objetivo de la autoridad nacional de actuar en conformidad con el principio de la subsidiaridad.
Los inspectores dan por seguro la ejecución de la reforma propuesta en este campo.
Cuando se considera el Artículo 5 de la Carta, la administración local parece ser consultada formalmente en proyectos para cambiar las fronteras locales.
La situación del recursos humano en el nivel local está de acuerdo con las provisión de fondos de Artículo 6 de la Carta.
Con respecto al Artículo 7 de la Carta, la delegación fue informada que los salarios de los representantes elegidos varían enormemente en España.
Según información proporcionada por varios interlocutores, hay un espacio grande entre los respectivos sueldos de la mayoría de los alcaldes en el nivel nacional.
Varias medidas están en vías de establecer un reglamento para la remuneración de los alcaldes con el objetivo de determinar un equilibrio entre los salarios de los alcaldes o un techo (el límite máximo) por lo tanto.
Los inspectores proponen a las autoridades nacionales a continuar reformas en esta dirección, teniendo en cuenta los criterios objetivo (población, situación financiera de municipios) considerando una retribución semejante para todos representantes locales y regionales elegidos y para asegurar un máximo de transparencia en la administración local.
Los inspectores también aconsejan establecer un límite mínimo para la remuneración de alcaldes para garantizar la compensación financiera apropiada y en el mismo espíritu, para proporcionar normas de remuneración para los miembros de los parlamentos de las Comunidad Autónomas, que permitirá que actúen sus desarrollen apropiadamente.
Las provisión de fondos generales en la legislación española presente en el sistema de supervisión llevado a cabo por los niveles superiores del gobierno en la administración local está en conformidad con Artículo 8 de la Carta.
Sin embargo existe un riesgo específico de reducción de autonomía local como considera la supervisión financiera del gobierno central.
El tema de recursos financiero de administración local (Artículo 9) es otra área esencial de foco, especialmente en vista de la crisis económica reciente.
En esta consideración, uno acoge bien las últimas medidas del gobierno, que fueron apuntadas al apoyar financieramente a las administraciones locales.
Un ejemplo positivo en este contexto es la cantidad de liquidez asignada por anticipación para 2013, que es 7,1% más alto que la cantidad que se asignó en 2012 a la administración local, con un retorno esperado dentro de diez años.
No obstante, los esfuerzos deben ser hechos, para reemplazar el impuesto económico municipal sobre actividades por otro tipo de impuesto que lograría un nivel semejante de ingresos, como fue aconsejado en respuesta a la última visita de control.
Ningunas medidas específicas han sido todavía acordadas para garantizar a los gobiernos municipales un nivel semejante de ingresos.
En general, las provisión de fondos de Artículo 9 son respetados formalmente pero, en el respeto de párrafos 1, 2, 3 y 5, subrayan los inspectores que la forma importante de ingreso para municipios todavía viene de las transferencias, otorgadas por las regiones y más importante el Estado, que en subvención de hecho 63,5% de todas las transferencias, y esta situación no pueden estar de acuerdo con las previsiones de la Carta.
Cuando se considera el Artículo 10, las asociaciones existentes, a saber el FEMP, FAMSI, y su cooperación activa con las autoridades centrales son un ejemplo de práctica buena y dirigen a los inspectores a concluir que España está en conformidad plena con las previsiones del Artículo 10.
Además, la administración municipal es un elemento constitucional en España, que es protegido por aparatos legales y procesales.
El concepto de la protección corriente, puso en la práctica por tribunal administrativos, así como la protección proporcionada por el aparato específico de "el conflicto en la defensa de autonomía local" que desarrolló desde la última enmienda del Acto Constitucional de Tribunal en 1999, permite efectivamente que administración local proteja su autonomía.
Los inspectores por tanto concluyen que España está también en conformidad plena con Artículo 11 de de la Carta.
Con respecto al derecho de tomar parte en actividades públicas en el nivel local, la nota de los inspectores dice que España tiene las prácticas buenas en este sentido.
Sin embargo, todavía no ha firmado el Protocolo Adicional a la Carta Europea de Autogobierno Local.
Como parece estar en conformidad de facto con el Protocolo Adicional, los inspectores instan a las autoridades nacionales a la firma y la ratificación por el Congreso de este documento en el futuro próximo.
En lo que concierne a la democracia regional, una reevaluación del progreso desde la última visita no se hizo el esfuerzo suficiente para una reforma de gran alcance del Senado para permitir una representación más justa de los intereses de las comunidades autónomas en el nivel nacional.
A la luz de la situación política generalmente estancada, los inspectores han observado no sólo una necesidad para el cambio constitucional sino también una voluntad pública para reformar el Senado.
Los inspectores también notan la gran variedad de documento escrito para cooperación que ha sido desarrollada entre el gobierno nacional y los ejecutivos autónomos de las comunidades (las Conferencias de Presidentes, las Conferencias Sectorial (el Consejo de la Norma Fiscal y Financiera) de algún modo, pero no completamente, compensa esos espacios, y con lo cual cumple indirectamente las recomendación anteriores.
Cuando considera el impacto de la crisis financiera en España, la situación actual del presupuesto nacional y la necesidad de una norma severa de control presupuestario no sólo viene (como en otros países como Italia o Grecia) de un incremento del total de deuda pública (todos los niveles del gobierno incluido), pero también de una fuente específica: la crisis en el sector de bienes raíces.
Es claro que la situación actual de España incluye los problemas estructurales que justifican una reorganización territorial completa.
De hecho, los inspectores subrayan que la necesidad urgente de dirigir la crisis económica no debe evitar la preparación y el análisis cuidadoso de la posibilidad y la viabilidad de llevar a cabo ciertas reformas, y especialmente la necesidad de cuantificar y anticipar ningún efecto negativo de tales reformas.
Los inspectores han tomado nota de dos asuntos importante que el sistema español confronta a cada nivel
, a saber que la corrupción política causa creciente preocupación pública y que algunas regiones y las administraciones municipales han sucumbido a prácticas irracionales de gasto con la construcción de proyectos faraónicos, grandes salarios para algunos políticos locales y regionales, etc.
Mientras los planes de reforma del sistema de administración local han estado en el punto muerto desde 2007-2008, amplias discusiones han tenido lugar para simplificar el sistema, en función de una redistribución correcta de responsabilidades pública entre los varios niveles del gobierno, y también en función de quitar cuerpos e instituciones redundantes establecidas antiguamente.
Con respecto a simplificación en la distribución de poderes, los inspectores sugieren que el gobierno español y el legislador creen un sistema financiero que puede garantizar completamente (en el nivel nacional y regional) para que cada municipio se autofinancie completamente y se le deleguen responsabilidades y al mismo tiempo se cree un sistema de equiparación para transferir recursos del municipio más rico al más pobre.
Para proteger los organismos públicos y las instituciones, el refuerzo de las diputaciones podría ser considerado como un interesante alternativo a una fusión de los municipios más pequeños.
Mantener las comarcas parece bastante contradictorio con el objetivo de proteger totalmente el sistema administrativo local, y crea una cierta superposición de administración local semejante con el mismo sistema indirecto de elección.
Por consiguiente, los inspectores dan la bienvenida a la tentativa para simplificar el sistema administrativo que es apuntado a reforzar la democracia local.
En esta perspectiva, la reducción progresiva de cuerpos indirectamente responsable para los ciudadanos entra en la dirección correcta.
Debido al legado de su historia y circunstancias específicas, España tiene un sistema institucional complejo que proporciona un grado grande de autonomía a sus 17 Comunidad Autónomas.
Es un país muy democrático y sumamente descentralizado.
Los inspectores han seguido los desarrollos recientes en el sistema institucional regional con gran atención.
Han tomado nota de los fuertes movimientos de independencia en algunas regiones.

References: Artículo 4
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 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 10
 Artículo 11