Source: http://www.argenpress.info/2014_09_01_archive.html
Timestamp: 2017-08-21 06:27:28+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 09/01/14
Ciertamente, las múltiples trabas y ataques que sufriría cualquier experiencia revolucionaria tendrían que provenir, obviamente, de parte de los sectores dominantes y conservadores desplazados del poder. Lo duro y lo decepcionante es que esto lo protagonicen aquellos que, de una u otra manera, ocupan cargos de gobierno y de dirección política cuando lo lógico es que cada uno de ellos debería contribuir efectivamente con el avance revolucionario y la construcción socialista de una nueva sociedad.
De persistir tal situación, la experiencia revolucionaria correría el riesgo de ser secuestrada por el reformismo que, en este caso, es lo mismo que la contrarrevolución, suscitándose entonces la paradoja de ver reformistas reconociéndose a sí mismos como personas de primera mientras que a los revolucionarios (sobre todo, a aquellos con una formación político-ideológica forjada a través del estudio y la lucha permanentes) se les ve y confina a un segundo plano, desestimando de antemano sus posibles aportes en la misión de transformar radicalmente el modelo de sociedad y Estado actualmente imperante, diseñado éste según los intereses capitalistas.
Por ello, al suscitarse una situación propiamente revolucionaria, con signos evidentes de querer construir realmente una nueva sociedad bajo los ideales socialistas en nuestra América, afloran en lo inmediato las contradicciones, las debilidades y las inconsistencias ideológicas, siendo todas ellas producto del tipo de cultura heredado, por lo que muchas veces el hecho revolucionario sólo se refleja en el discurso, mas no en la práctica. Indudablemente, tal circunstancia ocasiona un choque de visiones e intereses que termina por confundir a los sectores populares, dada su escasa o nula conciencia político-ideológica que los lleva a preferir a quienes le aseguren (aunque luego incumplan) la satisfacción de alguna pronta necesidad material, cuestión que acaba por brindarle oportunidades al bando contrarrevolucionario, cuando el compromiso debiera ser trascender la vieja práctica política burguesa y sus reglas de juego mediante un programa de contenido revolucionario, en articulación con los niveles de organización y de conciencia alcanzados por los sectores populares, manteniéndose en el tiempo y sirviendo de brújula para la acción revolucionaria permanente, lo que evitaría el reformismo y haría posible, en consecuencia, el surgimiento de una sociedad socialista de nuevo tipo.
Pero, sin dudas, la más cruda manifestación de rechazo popular contra el ordenamiento existente en la nación es que el 79% de los encuestados se mostró insatisfecho con el "sistema político". El destacado periodista y escritor marxista estadounidense Zoltan Zigedy, al analizar estos datos, destaca que ello muestra la desconexión entre los sentimientos y deseos de las masas, de una parte, y las acciones y opiniones de los políticos y sus lacayos de los medios de comunicación, de la otra. “El sistema político no respeta ni refleja la voluntad popular y eso equivale a decir que el país no funciona democráticamente, lo que indica que en Estados Unidos tenemos lo que a los medios les ha dado por calificar de "Estado fallido".
Quizás nada expone tanto esta hipocresía como la trágica destrucción de Irak. Durante dos décadas, con un incontrolado impulso por dominar todas las reservas de petróleo en el Medio Oriente e intolerantes ante cualquier régimen que manifieste siquiera un asomo de rebeldía, las sucesivas administraciones de Estados Unidos han invadido, bombardeado, ocupado, aterrorizado económicamente y reavivado las animosidades étnicas y religiosas, … y todo ello en nombre del fomento de la “democracia”. Como resultado, un estado que era estable y viable ha pasado a ser lo que ahora se califica de una democracia “fallida”. La palabra "democracia" tuvo alguna vez una significación importante para los estadounidenses. Había una relación –no muy fuerte, pero la había- de ella con la voluntad y los intereses colectivos de la mayoría del pueblo, las masas. Nadie con raciocinio pensaba que la democracia era perfecta, completa o absoluta, pero muchos se forjaban esperanzas, a partir de promesas electorales, de lograr un gobierno democrático e instituciones democráticas.
“La democracia heredada de los revolucionarios de las colonias sirvió a los intereses de la burguesía, pero dejó agrietada la puerta para algunas reformas democráticas acordes a los intereses de las masas (aunque la puerta se ha cerrado de golpe cada vez que ha surgido el peligro de un cambio verdaderamente democrático)”, advierte ZZ. Pero hoy, en los Estados Unidos, la palabra "democracia" se utiliza para falsear, engañar y oprimir; sirve para enmascarar a un régimen oligárquico que emplea fuerzas tipo Gestapo para la vigilancia de la ciudadanía.
Zoltan Zigedy propone que, en Estados Unidos, la palabra “democracia”, al igual que la palabra "terrorista", sean retiradas del uso cotidiano hasta que gente sensata, con un compromiso de principios con el sentir popular, puedan contrarrestar su difamación. Tal vez la palabra “democracia" deba salvaguardarse en un estante hasta que surja un movimiento verdaderamente merecedor de ese calificativo.
La burla por parte de la justicia y el periodismo con el juicio secreto oral y público de Cavallo por el megacanje.
Argentina padece en estos días una notable burla por parte de la justicia argentina y el periodismo argentino. A la par que el grupo CLARIN, La Nación, y PERFIL escrachan a Boudou (que bien merecido lo tiene) por que trató de afanarse unos millones con Ciccone Calcográfica, se dio comienzo en forma secreta el juicio penal oral y público contra el ex ministro Domingo Cavallo por el megacanje, sin que el periodismo procurara darle una mínima cobertura a este caso.
Como revelamos con Mario Cafiero en el libro editado en el 2002 “La Argentina robada – El corralito, los bancos, y el vaciamiento del sistema financiero argentino”, el megacanje fue parte de una feroz maniobra de mucho mayor alcance. Que tuvo por objeto salvar a la gran banca norteamericana tenedora de bonos argentinos, del default que avizoraban. Y que se precipitó apenas rematada esa maniobra, ya que ella lo que hizo fue acelerarlo, con la extracción del país de u$s 30 mil millones, hundiéndolo en la catástrofe del año 2001. La mayor crisis de nuestra historia, junto con la de 1890, en la que se dieron situaciones con un enorme parecido.
El índice de tendenciosidad lo encabeza CLARIN, con una proporción 69 veces superior de cobertura del caso Boudou respecto el caso Cavallo. Lo sigue PERFIL, con una cobertura 51 veces idem. Con la particularidad que tanto este diario como CLARIN, han llegado a dedicar hasta un cuarto de su sección principal a la cobertura del caso Boudou, saturando así al receptor. Lo que en término de comunicación para construir el acontecimiento puede tornarse contraproducente. A la par que la cobertura de caso Cavallo era reducida a proporciones minúsculas.
Le sigue LA NACION con una proporción de cobertura 40 veces mayor del caso Boudou respecto el caso Cavallo. Mientras que Pagina 12, por razones inversas, solo fue de 7 veces. Al respecto La Biblia dice en uno de sus Proverbios, “el mensajero infiel solo acarrea desgracias, y el mensajero fiel trae la salud”. Lamentablemente lo primero es lo que ocurre en Argentina, y las desgracias están a la vista.
- La Argentina zombi (I) Hace lo que dice el FMI sin recibir órdenes de este El no-convenio con el Club de París
La única deuda es con el pueblo: El pueblo debe saber de qué se trata
La Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes comunes, continúa su tarea de de militancia y difusión de los argumentos para que cese la pérdida de soberanía que implica ser pagadores seriales de una deuda que no ha sido auditada. Patria es no pagar la deuda ilegítima.
A continuación, transcribimos la declaración de la Asamblea que, vale la pena recordar, ya llevó adelante una medida de acción pública el 14 de agosto en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y una concentración y acto frente al Congreso Nacional el 21.
"Los abajo firmantes, integrantes de la ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACION DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES nos dirigimos a toda la población para compartir nuestra mirada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la deuda pública.
• Suspensión inmediata del pago de la toda Deuda Pública hasta no determinar la legitimidad de los reclamos de los acreedores.
• Rechazar el fallo del juez Griesa y de cualquier otro tribunal extranjero, en relación con la deuda del Estado Nacional.
• Exigir a los Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Nación que, con carácter urgente, tomen la decisión de suspender cualquier pago hasta tanto se investigue de manera participativa e integral, sobre la base de las investigaciones judiciales ya realizadas y en curso, la legitimidad de la deuda externa pública y privada originada bajo la última dictadura militar y de los gobiernos constitucionales posteriores, incluyendo el “blindaje”, el “megacanje” y todas las reestructuraciones. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias). La investigación debe ser hecha a través de una Comisión de Auditoría con amplia participación popular semejante, por ejemplo, a la que fuera designada por el gobierno del Ecuador.
• A partir de los resultados de las auditorías que concluya la Comisión de Auditoría, y con las evidencias demostradas en materia de ilegitimidad e ilegalidad, modificar el esquema de pagos anulando todos aquellos pagos originados por deuda ilegítima por usuraria, fraudulenta u odiosa, contraída o reconocida mediante actos ilícitos. Sanción de los responsables y reparación de los daños.
• Requerir la asistencia de la comunidad internacional en el reclamo de la República Argentina para que se sancione la co-responsabilidad de los prestamistas que suscribieron, con las autoridades de facto, los contratos originales, en particular ante la eventualidad de tener que reparar a los tenedores de buena fe de la deuda reestructurada, si los hubiera.
• Iniciar las acciones necesarias a fin de modificar todos los contratos de la deuda subsistentes, designando como agente de pago de la deuda del Estado Nacional al Banco Central de la República Argentina o al Banco Nación, pasando todos los bonos con legislación extranjera a legislación local y, consecuentemente, estableciendo como nuevo domicilio de pago la CRYL (Central de Registración y Liquidación de Endeudamiento Público del BCRA).
• Dar de baja la contratación del estudio de los abogados estadounidenses Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por resultar inadmisible que defienda los intereses de la República Argentina el mismo estudio de abogados que asesora al Citybank, al Bank of America, al Deutsche Bank y a HSBC, entre otros. Los intereses del Estado Nacional deben ser defendidos por la Procuración del Tesoro de la Nación, y si fuera imprescindible contratar un estudio de algún foro local en el exterior, éste debe ser absolutamente independiente de los intereses de nuestros demandantes.
• Solicitar a la justicia nacional y al parlamento que declaren la inconstitucionalidad de cualquier acto administrativo o contrato que implique el reconocimiento de la jurisdicción de jueces extranjeros en materia de deuda pública. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias)
• Someter las políticas de endeudamiento al respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, priorizando la transformación del modelo productivo sobre esa base, no los intereses de los prestamistas y cobradores seriales.
• Denunciar los llamados “tratados bilaterales de protección de inversiones” que son los que, en general, habilitan la intervención de jueces o de tribunales extranjeros, aparte de otras renuncias a la soberanía nacional, y establecer que la República Argentina deje de formar parte del CIADI. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias)
• Establecer una contribución fiscal de emergencia, pagadera en divisas, sobre quienes fugaron capitales en la última década (más de u$90.000 millones) y sobre quienes detentan activos en el exterior (más de u$200.000 millones). La recaudación de esta contribución especial se podrá aplicar, total o parcialmente, al pago de aquella parte de la deuda que resulte legítima, si la hubiera. En ningún caso la deuda que no ha resultado en beneficio del pueblo, debe pagarse a costa del sacrificio de su bienestar o de su consumo presente o futuro.
Para finalizar, queremos reiterar nuestra convocatoria al debate y a la movilización. Estamos convencidos de que solo con la participación activa de los hombres y mujeres de la patria, la juventud, nuestros mayores, los pueblos originarios, todos y todas, en este debate y en las acciones que, como consecuencia del mismo, puedan surgir, será posible encontrar el camino".
Personalidades: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Pablo Micheli, Secretario General de la CTA; Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Víctor De Gennaro, Diputado Nacional Unidad Popular; Claudio Lozano, Diputado Nacional Unidad Popular; Alcira Argumedo, Diputada Nacional Proyecto Sur; Gustavo Vera, Diputado CABA; Pablo Bergel, Diputado CABA; Alejandro Bodart, Diputado CABA del MST Nueva Izquierda; Julio Fuentes, Secretario General ATE; Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto CTA; Hugo Godoy, Secretario General Adjunto ATE; Juan CArlos Giuliani, Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de CONADU Histórica; Marta Maffei, Diputada Nacional mc; Fabio Basteiro, Unidad Popular CABA; Víctor Mendibíl, Encuentro Sindical Nuestra América; Liliana Parada, Diputada Nacional mc; Carlos Custer, Ex Embajador Argentino en El Vaticano; Ángel Furlan, Federación Luterana Mundial; Laura García Tuñon, Directora General Coordinación Comunitaria CABA; Jorge Cardelli, Corriente Nacional Emancipación Sur; Maristella Svampa, Socióloga/Novelista; Vilma Ripoll, Dirigente Nacional del MST Nueva Izquierda; Beverly Keene, Diálogo 2000; Alberto Pérez Porto; Alejandro González Connío; Alejandro Cabrera Britos, Delegado General ATE SENASA Martínez; Andrés Figueroa Cornejo, Periodista; Aurora Tumanischwili Penelón, de FeTERA Flores; Blanca Dieguez; Carina Maloberti, Consejo Directivo Nacional–ATE-CTA; Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FeTERA; Carlos Loza, Junta Interna Asociación General de Puertos; Cristina Pfluger; Eduardo Espinosa, ATE Ministerio de Desarrollo Humano Provincia de Buenos Aires; Elvira Ochoa de Zuazola; Ester Yapur; Francisco J. Cantamutto, FLACSO México; Gonzalo Moyano; Guillermo López, de FeTERA Flores; Herman Schiller, Periodista y Conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”; Javier Rodríguez Pardo, Periodista, Red Nacional de Acción Ecologista/RENACE; Javier Souza Casadinho, Coordinador Regional RAPAL; Juan José González, Docente Universitario Comahue y Asesor Económico Cooperativa Fasinpat Ltda (Ex Zanón); Jorge Sara; Manuel Hermida, Secretario Adjunto CTA Río Negro; Marcelo López, Militante de DDHH de La Matanza; Maria Eugenia Lanusse; María Rosa González, Comunicadora Social; Mariano Pasi; Mario Mazzitelli; Marta Speroni, Militante Internacionalista por los DDHH; Olga Morales, Fotógrafa documentalista, Miembro de Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez); Oscar Fernández; Patricio País Garay; Raúl Brunel; Roberto Rabello; Sebastián Berelejis; Susana Aguad, Abogada y Escritora; Susana Merino; Susana Rearte, Coordinadora en defensa del Patrimonio Público y de la Soberanía; Tomas Devoto.
Organizaciones: Central de Trabajadores de la Argentina, sus regionales y sus organizaciones adheridas; ATTAC-Argentina; Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén); Agrupación Político-Sindical Tolo Arce; Camino de los Libres; Casa De La Memoria (Rosario); Casita de los Ninxs Augusto Conte VillaXXI Barracas; Centro de Estudios Alejandro Olmos (CEAO); Colectivo por la Igualdad; Convocatoria por la Liberación Nacional y Social; Frente Sindical: Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata, Neuquén); Agrupación Político Sindical Tolo Arce; Centro Cultural Alejandro Olmos; Convocatoria Almirante Brown; Convocatoria Matanza; Convocatoria Capital Federal; Convocatoria Comunidad Campesina Tartagal–Salta; Biblioteca Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro; Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA); Corriente Nacional Emancipación Sur; Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina; Encuentro por la Unidad Latinoamericana; Equipo Legislativo Verdealsur-Bloque Verde Alameda, Legislatura CABA; Federación Judicial Argentina; Frente Vecinal Esquel (Chubut); Frente de lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina; Foro Patriótico y Popular; Foro Argentino De La Deuda Externa; Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada; Fundación La Alameda; Fundación Servicio Paz y Justicia SERPAJ; Juventud del Pueblo por la Liberación; La Olla TV; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Movimiento Emancipador; MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores)- Nueva Izquierda; MST Teresa Vive (Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive"); Centro Social y Cultural "El Plumerillo" en el Movimiento Emancipador; Movimiento Popular Patria Grande; Movimiento Peronista Auténtico; Movimiento Por un Pueblo Libre; Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS); Partido Comunista Revolucionario; Partido del Trabajo y el Pueblo; Partido Social de la Ciudad; Partido Socialista Auténtico; PRO ECO Grupo Ecologista; Programa de Incidencia sobre Deuda Externa y Justicia Ecológica de la Federación Luterana Mundial; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires (en Corriente Nacional Emancipación Sur); Revista Habitantes; Fundación Servicio Paz y Justicia SERPAJ; UEJN–Judiciales; Unidad Popular Nacional.
Alcira Argumedo: “El DNU CONICET, busca eliminar la autonomía de la ciencia”
La Diputada Nacional por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, aclaró los motivos de su rechazo al Decreto 810 del 29 de mayo de 2014 que elimina la prohibición de subsidios para compra de equipamiento complejo y para la construcción del CONICET. Este Decreto de Necesidad y Urgencia se votó de manera afirmativa en la sesión de Diputados el pasado miércoles.
Para Argumedo, el problema del DNU se puede visibilizar en dos niveles: por una parte, el tema de los becarios; por otra, elimina la prohibición de recibir subsidios para instrumental de complejidad y construcción de edificios.
“Esto significa que corporaciones o fundaciones que dependen de ellas, están habilitadas para construir y equipar laboratorios o similares, que obviamente les permitirán incidir con bastante fortaleza en la orientación de las investigaciones que allí se realicen”, expresó la Diputada.
Argumedo sostiene que está situación “conlleva una subordinación de las investigaciones científicas a las demandas de esos auspiciantes y la posibilidad de meter una cuña que divida a investigadores ricos de investigadores pobres, según se sometan o no a tales orientaciones. De este modo, supone entregarles atados de pies y manos a la investigación científica y al pensamiento autónomo”.
Agregó que “no es casual que dos diputadas del Frente para la Victoria vinculadas con la investigación científica, se hayan negado a votar afirmativamente con su bloque: su abstención es una manifestación crítica muy fuerte, porque obviamente no podían votar negativo con la oposición”.
En su intervención en recinto, Argumedo había expresado que los que validen este DNU “van a ser responsables de eliminar la autonomía de la ciencia y el pensamiento nacional, porque estos sectores –estoy hablando de la Fundación Ford, Monsanto, etcétera? tienen la capacidad de comprar conciencias e imponer una división entre investigadores: es la gestación de aquello que ha sido criticado por las mejores tradiciones populares del país, como el radicalismo yrigoyenista y el peronismo: lo que se ha dado en llamar “el coloniaje mental”.
José Rigane: “Vamos a seguir reclamando por las cuestiones que nos afectan”
Daniel Temperoni - Aldo del Cul (RADIO BRISAS DE MAR DEL PLATA)
José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA Nacional, fue entrevistado por el Paro Nacional que la Central llevó adelante en unidad de acción con la CGT de Hugo Moyano y la CGT Azul y Blanca y un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas.
¿Qué evaluación hacen de la medida de fuerza?
Estamos contentos por el nivel de adhesión, inclusive por el nivel en cuanto a calidad. Porque la construcción de un paro requiere convencer, persuadir y sobre todo, es una construcción que lleva tiempo; y en esta oportunidad, en este sentido, se ha ido creciendo. Uno lo va confirmando porque cada vez el sujeto consciente es el que va primando a la hora de tomar la decisión.
En ese sentido, esta medida está en función del estado de situación actual y, sobre todo, es la reiteración de los paros que venimos realizando desde hace más 3 años y medio. Lamentablemente, no tenemos respuesta ni tampoco tenemos un ámbito donde podamos discutir los planteos que venimos proponiendo para hacer modificaciones y cambios a una realidad que es adversa para el conjunto de los trabajadores, los sectores populares y que se vivencia cada día más o se profundiza cada día más.
¿Qué es lo que se puede esperar a partir de ahora?
Precisamente, este paro se ha llevado a cabo a partir de la posición tomada por el Gobierno mediante una negativa permanente a los reclamos y a las necesidades planteadas.
Por otro lado, se desarrollaba la medida de fuerza y el gobierno desconocía absolutamente la dimensión del mismo. Hay funcionarios que se niegan a la posibilidad de tener en cuenta lo que se viene planteando. O sea que continúa una situación, que no es la mejor y que nos lleva a pensar que si no hay respuesta, no hay ámbito de diálogo, y si se va a seguir negando de manera tozuda la realidad, seguramente vamos a tener que mantener un lineamiento de trabajo para seguir realizando iniciativas que nos permitan continuar reclamando por las cuestiones que nos afectan.
El resultado, ¿pudo haber variado de la medida de fuerza global si la UTA hubiera adherido?
Sin lugar a dudas. Usted sabe que también hubiese variado si los que no adhirieron, lo hubieran hecho; si en lugar de cinco centrales, hubiera una sola.
Es cierto que si uno mira el panorama nacional, ha sido dispar. Pero también nadie puede negar que la respuesta positiva, producto de la convocatoria, tenía sentido, tenía fundamento. Tampoco creemos nosotros que se vaya a modificar la realidad de un día para el otro porque nosotros realicemos una medida de fuerza. A lo que aspiramos es a que el gobierno modifique su postura y sea capaz de sentarse con los que no piensan igual.
¿Se sintió más en Capital Federal y alrededores y a lo mejor en Rosario, más que en el interior del país?
Hubo disparidad, sí. En Santiago del Estero, con un gobierno que actúa fielmente con el proyecto nacional, el paro no tuvo el desarrollo y la incidencia que precisamente tuvo, por ejemplo, en Mendoza. También tiene que ver con el modelo productivo y el desarrollo de los sectores en esas provincias. Tenemos un modelo productivo que está muy reprimarizado, que está muy vinculado a todo lo que tenga que ver la soja, la mega minería y no con el desarrollo industrial. Eso tiene incidencia absolutamente directa en relación a la situación del paro. Las respuestas son más dispares y no tan generosas como sucede cuando hay desarrollo organizativo del conjunto de los trabajadores. Por eso no es casualidad que en este caso, el 70% de las empresas no tengan posibilidad de elegir delegados o existan situaciones en el Gran Buenos Aires donde parece que hay conjunción entre gobierno y empresas para poner límites al desarrollo de representaciones gremiales de base.
Finalmente, Rigane ¿Habrá plenario de la CTA en los próximos días para evaluar el paro y definir alguna medida de fuerza en septiembre?
Sí, seguramente hacemos una reunión de la Conducción nacional con todos los secretarios generales de todas las provincias y todos los gremios nacionales, con representación nacional y regional y estaremos haciendo una evaluación de esta iniciativa y también analizando lo hecho.
Como usted dice para evaluar cómo proseguir si se mantiene esta decisión que, primariamente, aparece como que no va a haber respuesta a los planteos que se vienen realizando. Nosotros estamos seriamente preocupados. Los primeros 6 meses de 2014, de acuerdo a los análisis de la CTA, que devienen de los datos oficiales, hay una pérdida de 404 mil puestos de trabajo, y un incremento de la desocupación importante, casi de un punto. La verdad que es un tema que preocupa porque siempre la desocupación actúa como una ley no escrita pero que impone condiciones a la hora de hablar de los derechos de los trabajadores, a la hora de hablar de salarios y de poder adquisitivo.
Marcelo Ramal - Gabriel Solano (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)
En los sindicatos que resolvieron no parar, el activismo impuso la huelga en fábricas estratégicas. El Sutna de San Fernando paró con mandato de las asambleas realizadas en FATE, donde el paro fue total. También lo fue en las grandes plantas gráficas dirigidas por el clasismo. Aún por decisiones ´preventivas´ de sus patronales, la huelga paralizó a automotrices como VW e incluso Lear. El estratégico Cordón de San Lorenzo, en Santa Fe, se sumó masivamente a la huelga. Entre la clase obrera petrolera del sur, el paro fue total. A pesar del carnereaje de último momento de la UTA, en líneas fundamentales los chóferes se sumaron al paro, bajo el impulso de sus direcciones combativas. Lo mismo ocurrió en el subte, donde el 80% de sus trabajadores pararon y se debió apelar a la acción de los supervisores para mover las formaciones.
Ese enorme impasse político de la burocracia le da al clasismo y a la izquierda todo un campo de desarrollo, que habrá que transitar a partir de ahora. El agravamiento de la crisis económica hará que las luchas se tiendan a generalizar. La política de la burocracia sindical de ´soltar presión´ mediante paros aislados encontrará límites muy claros. La extensión de los despidos o suspensiones colocará con más fuerza que nunca la necesidad de respuestas de conjunto, que le den cabida a todas las fracciones de la clase obrera –ocupados, desocupados, precarizados. Otro tanto ocurrirá con el planteo de la reapertura de las paritarias, que se ha puesto a la orden del día para muchísimos sindicatos debido a que los acuerdos salariales firmados en el pasado han quedado por debajo de la inflación.
Argentina: Ajuste, despidos y suspensiones, los motivos de la adhesión al paro
Gastón Ramírez (PUNTO DE DESEQUILIBRIO)
El deterioro del empleo, es indiscutible, y en el paro la bronca de los trabajadores se hizo expresar. Nosotros, la izquierda contamos con fuentes de primera mano de esta preocupación y malestar, por estar en los conflictos defendiendo a los despedidos y suspendidos. También de la inacción de las conducciones sindicales burocráticas (de los gremios oficialistas pero también de la oposición), que dejan pasar los ajustes que necesitan los empresarios a cambio de garantizarse la preservación de sus intereses y negocios. Por esto, presentamos hace meses con nuestros diputados, Cristhian Castillo, en legislatura de Prov. Buenos Aires y Nicolás del Caño en el Congreso (Frente de Izquierda de los Trabajadores), proyectos de prohibición de los despidos y suspensiones. Que los funcionarios y empresarios quieran negar los despidos, es problema suyo.
La clase trabajadora empieza a marcar un rumbo de cómo defender el empleo, con el paro y los piquetes, y en caso de cierre, con la ocupación y puesta a producir bajo su gestión.
puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar
Argentina: Los detenidos de Concordia y la misión de cuidar el agua
Tirso Fiorotto (UNO)
Descubriendo Entre Ríos: Reflexiones en torno de la responsabilidad de los jueces. La acción de los manifestantes que trataron de frenar unos camiones generó interrogantes en el plano del Derecho, el ambiente, la energía, el consumismo, y los acuerdos del Mercosur.
Los problemas que puedan afectar al paisaje, y en el paisaje al ser humano, deben analizarse de modo integral, sin descuidar aspectos históricos, económicos (sociales), ambientales, culturales, en fin.
Si esos problemas ponen en riego nada menos que el agua, o por lo menos dejan dudas que llaman a la precaución, y a los derechos precautorios, los gobernantes están obligados a extremar las medidas para informarse, divulgar los datos que obtengan y estimar si están enmarcados en los acuerdos internacionales o los violentan.
El caso de los detenidos en Concordia por frenar camiones que van a explorar el subsuelo de modo peligroso en cercanías del río Uruguay se relaciona con el agua y con la energía, claro está. Pero ya hay suficientes estudios en el mundo sobre la necesidad de moderar el uso de energías, y cambiar las fuentes de provisión, para no cometer las locuras de destruir un territorio, con efectos dañinos quizá irreparables por siglos.
De modo que los manifestantes pusieron en cuestión la falta de información, el sistema de exploración y explotación no convencional, el incumplimiento de un Acuerdo reciente entre los países del Mercosur, y también repudiaron el sistema consumista que cada vez exige más y más energía, con una voracidad que ataca al ambiente.
Veamos esto: el 19 de noviembre de 2012 se sancionó en la Argentina la Ley 26.780, promulgada mediante el decreto 2218/2012.
La ley aprueba el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní celebrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (naciones que comparten una reserva de agua subterránea en un área superior al millón de km2) en el marco de la XXXIX reunión del Mercosur, realizada en la ciudad de San Juan (Argentina), el 2 de agosto de 2010.
Exactamente cuatro años después de la firma de ese Acuerdo, en este mes de agosto de 2014, la Gendarmería argentina detuvo a militantes entrerrianos que pedían en la ruta que los países cumplieran ese Acuerdo.
Diez años antes se había lanzado el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, PSAG.
Se trata de una herramienta de supuesto apoyo a los gobiernos para la gestión del acuífero (véase que ya tiene un sesgo productivista, se habilita la explotación), con acciones en los campos de la geología, hidrogeología, geofísica, geoquímica, isotopía, modelación matemática, sistemas de información geográfica, geotermia, sociología, difusión, educación, marcos legislativo e institucional, entre otros.
A través de esta nueva legislación, le Ley Nº 26.780 publicada el 23 de noviembre de 2012 en el Boletín Oficial de la Argentina los países se comprometieron a usar el recurso en forma racional, sustentable y equitativa, e intercambiar información técnica sobre estudios, actividades y obras que se encaren, en función del aprovechamiento de este recurso hídrico estratégico, y crearon una Comisión responsable de coordinar la cooperación entre las partes integrantes del Sistema Acuífero Guaraní.
Uno puede debatir el texto firmado, pero lo cierto es que se trata de un Acuerdo vigente, y de algún modo, dentro de su visión economicista, no deja de moderar los efectos de la explotación, con algunas exigencias.
¿Qué están pidiendo, entonces, los entrerrianos que se manifiestan ante anuncios de exploraciones para la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica en la zona?
Según nuestra interpretación, solicitan piden que el gobierno del Uruguay informe a los vecinos sobre sus planes de uso del subsuelo en cercanías del acuífero, que el gobierno de la Argentina pida informes sobre las tareas que comprometen el Sistema Acuífero Guaraní, que tanto el Uruguay como la Argentina informen a los pueblos sobre los planes de exploración y explotación del subsuelo por métodos no convencionales y que ambos gobiernos informen acerca de las implicancias de esos estudios y proyectos sobre el paisaje, el agua superficial y el agua profunda.
También piden que los gobiernos y los pueblos de los cuatro países involucrados (no sólo la Argentina y Uruguay) sean debidamente informados, y que ante la insistencia sobre algún tipo de explotación, se creen ámbitos adecuados para la difusión y el debate, y para la obtención de la debida licencia social.
Dicho sea de paso, ese derecho a la licencia social fue analizado en forma pormenorizada por el estudioso Américo Schvartzman en la obra Deliberación o dependencia”, publicada por editorial Prometeo. Su inquietud parte de los reclamos de Gualeguaychú contra UPM Botnia.
Monitoreo del acuífero
La Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Hídrico Federal (Cohife) de la Argentina ejecuta el Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas de la Argentina. En ese marco encara acciones de monitoreo del acuífero Guaraní en las provincias argentinas involucradas.
También existe el Sistema de Información común en los cuatro países del Sistema Acuífero Guaraní (Sisag), y se admiten actividades técnicas en el área del Proyecto Piloto Concordia (Argentina)-Salto (Uruguay). ¿No tienen derecho, las organizaciones sociales, a conocer los resultados de ese monitoreo y todo lo que implica el acuífero y la puesta en riesgo del sistema?
¿De qué trata el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní que fue firmado el 2 de agosto de 2010 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay?
Dice que los países están “animados por el espíritu de cooperación y de integración”, y que tienen “el propósito de ampliar el alcance de sus acciones concertadas para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos transfronterizos del Sistema Acuífero Guaraní”.
Tiene presente “los principios sobre protección de los recursos naturales y la responsabilidad soberana de los Estados en lo que se refiere a su aprovechamiento racional”.
Sostiene que los gobiernos son “conscientes de la responsabilidad de promover el desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones presentes y futuras y nombra todas las cumbres sobre desarrollo sustentables habidas y por haber.
Dice que están “motivados por el deseo de ampliar los niveles de cooperación respecto a un mayor conocimiento científico sobre el Sistema Acuífero Guaraní y a la gestión responsable de sus recursos hídricos”, y valora los resultados del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní.
Puede leerse en el artículo 3 del Acuerdo: “Las partes ejercen en sus respectivos territorios el derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y utilizarán dichos recursos sobre la base de criterios de uso racional y sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás Partes ni al medio ambiente”.
Y bien, las organizaciones sociales de Entre Ríos se preguntan cómo se compadecen estos compromisos con la idea de explotar hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.
Veamos el Artículo 4: “Las partes promoverán la conservación y la protección ambiental del Sistema Acuífero Guaraní de manera de asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos hídricos”. Artículo 5: “Cuando las Partes se propongan emprender estudios, actividades u obras relacionadas con las partes del Sistema Acuífero Guaraní que se encuentren localizadas en sus respectivos territorios y que puedan tener efectos más allá de sus respectivas fronteras deberán actuar de conformidad con los principios y normas de derecho internacional aplicables”.
La responsabilidad de los gobiernos es clara, y el Acuerdo está recién salido del horno, no hay manera de ignorarlo.
Artículo 6: “las Partes que realicen actividades u obras de aprovechamiento y explotación del recurso hídrico del Sistema Acuífero Guaraní en sus respectivos territorios, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios sensibles a las otras Partes o al medio ambiente”. Artículo 7: “cuando se cause perjuicio sensible a otra u otras Partes o al medio ambiente, la parte cuyo uso lo cause deberá adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el perjuicio”.
Según el artículo 8 del Acuerdo, las partes “procederán al intercambio adecuado de información técnica sobre estudios, actividades y obras que contemplen el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní”.
Las organizaciones sociales de Entre Ríos se preguntan entonces qué información han intercambiado los gobiernos sobre los trabajos previstos en el subsuelo, y en el caso de que esa información esté, dónde puede consultarse porque son informaciones públicas que los pueblos tienen derecho a conocer.
Pero veamos más, observemos cómo el Acuerdo es reiterativo en cuanto a la transparencia y la información: Artículo 9: “cada parte (cada país) deberá informar a las otras partes de todas las actividades y obras a que se refiere el Artículo anterior que se proponga ejecutar o autorizar en su territorio que puedan tener efectos en el Sistema Acuífero Guaraní más allá de sus fronteras. La información irá acompañada de los datos técnicos disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los efectos ambientales, para que las Partes a las que se haga llegar la información puedan evaluar los posibles efectos de dichas actividades y obras”.
Como se ve, el Acuerdo es taxativo. Información con datos técnicos y estudios de impacto. Hay algo más. “La parte que considere que una actividad u obra, a que se refiere el Artículo 8, que se proponga autorizar o ejecutar otra Parte, puede, a su juicio, ocasionarle un perjuicio sensible, podrá solicitar a esa Parte que le transmita los datos técnicos disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los efectos ambientales”.
La Argentina tiene que pedir explicaciones a Uruguay. Así de sencillo. No hay modo de interpretar otra cosa.
Luego se lee: “cada parte facilitará los datos y la información adecuada que le sean requeridos por otra u otras partes con respecto a actividades y obras proyectadas en su respectivo territorio y que puedan tener efectos más allá de sus fronteras”.
Ahora la pregunta, ¿no están incumpliendo los gobiernos de las provincias argentinas del litoral, y de la Argentina, su obligación de pedir informes? ¿O es que ya saben que la fractura hidráulica no afectará el acuífero? En ese caso, ¿por qué existen, entonces, tantos informes sobre los efectos dañinos de la fractura hidráulica en las napas superficiales y profundas donde se practica, en el mundo?
No vamos a enumerar todos los artículo, pero este Acuerdo de los cuatro países deja bien esclarecidos los pasos para pedir información, estudiarla, difundir sus conclusiones, buscar soluciones equitativas, es decir: nadie actúa sobre el Acuífero Guaraní en forma inconsulta, se trata de un bien común protegido.
El Acuerdo dice que la parte que proporciona la información “no ejecutará ni permitirá la ejecución de actividades u obras proyectadas, siempre que la parte receptora le demuestre prima facie que estas actividades u obras proyectadas le causarán un perjuicio sensible en su espacio territorial o su medio ambiente. En este caso, la parte que pretende realizar las actividades u obras se abstendrá de iniciar o de seguirlas mientras duran las consultas y negociaciones que deberán concluirse dentro del plazo máximo de seis meses”.
Eso demuestra que los gobiernos tienen el derecho y el deber de informar y ser informados, y luego hacer públicos los resultados.
El artículo 14 dice: “las partes cooperarán en la identificación de áreas críticas, especialmente en zonas fronterizas que demanden medidas de tratamiento específico”.
La cosa es clara, los asambleístas que pidieron información en la ruta y fueron detenidos por la Gendarmería argentina tienen razón. Los gobiernos están incumpliendo con un acuerdo esencial. El Acuerdo marca incluso los procedimientos arbitrales, en caso de no haber coincidencias.
Las organizaciones deben ser informadas cabalmente de las actividades y los informes que tiene la Comisión integrada por los cuatro países para coordinar la cooperación sobre el acuífero Guaraní.
Hoy no sabemos con certeza si a cuatro años de la firma del Acuerdo, se ha constituido esa Comisión, quiénes la componen y cuáles son sus trabajos, porque lo que salta a la vista es una ausencia de coordinación y cooperación.
Pero este es sólo un aspecto del problema, el cumplimento o no de un Acuerdo rengo.
Con su acción en la ruta, los manifestantes llaman a algo más: a hablar de la energía, de la energía para qué, del paisaje, del agua, de los seres humanos en ese paisaje, de los límites de la humanidad que en algunos estamentos parece dispuesta a arrasar, sin pensar en los derechos de sus compañeros de ruta, y de los que vendrán. ¿Tendrán en cuenta los jueces y fiscales la tremenda responsabilidad que les toca ante estos vecinos que se esfuerzan de tantos modos para generar conciencia en nosotros? ¿Sabrán premiarlos?.
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References: artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5

Artículo 6
 Artículo 7
 artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 8
 artículo 14