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Bogotá, D. C., primero (1º) de noviembre de dos mil once (2011).
Aprobada en sala de cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011)
Ref: Exp. 5000131100012006-00092-01
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Maritza Prieto Martínez frente a la sentencia de 25 de agosto de 2009, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso de impugnación de la paternidad promovido por ella en contra de Julio César Prieto Ramírez, Carlos Andrés Prieto Ramírez, José Armando Prieto Ramírez y Luisa Fernanda Prieto Ramírez, todos ellos menores de edad y representados por su madre Alix Ramírez Castellanos.
La demandante solicitó declarar que Julio César Prieto Ramírez, Carlos Andrés Prieto Ramírez, José Armando Prieto Ramírez y Luisa Fernanda Prieto Ramírez, concebidos por Alix Ramírez Castellanos, no son hijos de José Manuel Prieto Mora (q.e.p.d.), ordenando su inscripción en el registro civil de nacimiento de cada uno, para los efectos a que haya lugar.
La causa petendi admite el siguiente compendio (folios 1 a 5):
Es hija de José Manuel Prieto Mora, quien murió en Villavicencio el 20 de octubre de 2005, siendo fruto de unión marital que sostuvo durante 35 años con Betulia Martín (sic), también difunta, y de la cual nacieron sus hermanos Rubiela, Manuel y Álvaro, este último ya fallecido.
Con posterioridad al deceso de su progenitora, el citado Prieto Mora mantuvo bajo el mismo techo a la empleada Alix Ramírez “al parecer esporádicamente como compañera permanente”, dándose cuenta al adelantar gestiones para la sucesión de aquel que había reconocido como hijos a Julio César, Carlos Andrés, José Armando y Luisa Fernanda Prieto Ramírez, por un hecho humanitario.
Dichos menores fueron producto de aventuras sentimentales de la madre con otros hombres, además de la imposibilidad física de quien se adjudicó la paternidad para engendrar, por la enfermedad diabética que ostentó en vida durante los últimos 25 años.
La admisión del libelo fue notificada en legal forma a la representante de los demandados, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones y en su defensa formuló la excepción que denominó “Prescripción de la acción de los herederos para reclamar la ilegitimidad de los hijos del fallecido art. 221 CC”.
El Juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia mediante providencia en la que declaró sin fundamento la excepción de prescripción propuesta y probada la de caducidad de la acción, por lo que negó las pretensiones; decisión que, apelada, fue objeto de confirmación por el superior.
Inició con que la legitimación para impugnar está reservada a dos grupos de personas, uno conformado por los ascendientes de quien reconoce y el otro por quienes sin tener tal calidad tienen un interés actual para ello, computándose diferente el término de caducidad ya que, mientras para los primeros comienza a correr desde que tuvieron conocimiento, para los últimos es desde que tuvieron el interés actual y pudieron hacer valer el derecho, lo que se debe hacer dentro de los sesenta (60) días siguientes a dicha situación, en virtud a lo establecido en el artículo 248 del Código Civil y la sentencia C-310 de 2004.
Resaltó que la impugnante acreditó ser hija del causante José Manuel Prieto Mora, por lo que podía ejercer la acción.
Expuso como argumento del apelante que el sentenciador de primera instancia, para declarar la “caducidad”, se basó en un término legal derogado, cuando debió aplicar la Ley 1060 de 2006, modificatoria de la norma precitada, que lo amplió a ciento cuarenta (140) días, además de que dicha excepción no fue propuesta.
Razonó que al presente caso no es aplicable la anterior reforma, de conformidad con los criterios hermenéuticos generales de irretroactividad previstos en la Ley 153 de 1887, en vista de que el fallecimiento de Prieto Mora ocurrió el 20 de octubre de 2005, esto es de manera previa a su expedición y con posterioridad a la declaratoria de inexequible de la palabra “trescientos” en el inciso final del referido artículo 248, por lo que “los interesados en incoar la acción de impugnación diferente a los ascendientes tienen un plazo de 60 días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés o pudieron hacer valer su derecho”.
Advirtió que no se encuentra plenamente demostrado el surgimiento del interés el 11 de enero de 2006, al enterarse del reconocimiento, ya que de algunas declaraciones rendidas se estableció que era sabedora de la situación de los menores y la cercanía con su padre, lo que se refuerza con el hecho de que en trámite ejecutivo de Ismael Bastos Rojas contra la sucesión de Manuel Prieto Mora, en auto del 29 de noviembre de 2005, se dispuso notificarles la existencia del crédito, de lo que se concluye que era de público conocimiento, por lo que el plazo de sesenta (60) días con que contaba para impugnar comenzó a correr desde el deceso de su progenitor el 20 de octubre de 2005.
Encontró que la “excepción de caducidad” se formuló como previa, tal como lo permite el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, señalando el juzgado al resolverla que la misma se decidiría en la sentencia, además de que podía ser declarada de oficio.
Concluyó con que el término para impugnar la paternidad le había caducado a la demandante al incoar el libelo, por lo que debía confirmar la sentencia apelada.
De los tres cargos que en ella se plantearon, el segundo y el tercero fueron inadmitidos, de ahí que el análisis de la Corte se circunscriba al primero.
Con fundamento en numeral 1° del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación directa del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006.
La inaplicación por el Tribunal se fundamentó en que la demanda se presentó en febrero de 2006 y aquella se promulgó en julio del mismo año, por lo que al “carecer de efectos retroactivos y visto linimarmente (sic) la fecha de fallecimiento de José Manuel Prieto Mora, el proceso se gobierna bajo lo reglado en el artículo 248 del Código Civil, sujeto a la inexequibilidad que declarara la Corte Constitucional en sentencia C-310 de 2004”.
La caducidad persigue la imposibilidad de acudir a la jurisdicción como sanción en la mora para ejercer las acciones y al ser norma procesal, por ende de obligatorio cumplimiento, la limitación temporal establecida es de aplicación inmediata.
La ley 1060 de 2006 aumentó el término de caducidad para impugnar la paternidad de sesenta (60) a ciento cuarenta (140) días y “si bien, de manera expresa no estableció retroactividad, de su lectura integral ella emerge de manera tácita” al contemplar en el parágrafo del artículo 14 un período transitorio, “aún anulando la institución de la cosa juzgada”, que permitió una nueva oportunidad de accionar a quienes les había fenecido.
Al quebrarse la “cosa juzgada material” podría entonces modificarse el estado del proceso, ya que la finalidad de la preceptiva es impedir que caduquen las acciones, por lo que la interpretación del ad quem fue meramente literal y sin acudir a la teleología de la norma, pasando por alto el período transitorio, sin advertir que al ser la caducidad de orden público y admitirse la formulación de nuevas demandas, “nada impide que para definir el asunto se aplique la nueva ley, porque en últimas ese es el deseo del legislador…”.
En apoyo a sus manifestaciones cita sentencia de 29 de julio de 2009 de esta Corporación, en la cual se analizó similar situación respecto a los efectos del parágrafo transitorio para concluir que “[e]ste precepto constituye la consagración de un derecho adicional en pro de las personas que formularon demanda de impugnación de la paternidad o de la maternidad y se les haya decidido de manera adversa por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción.(…) Analizado literalmente el texto mencionado, tendría que concluirse que en este caso, la prerrogativa prevista en la referida normatividad no podría ser empleada por el accionante, toda vez que no se cumpliría el requisito de que tuviera decisión adversa con apoyo en tal figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico el término rehabilitado ya estaría fenecido. (…) La situación no puede ser analizada de tal modo en este caso, puesto que el parágrafo transitorio tiene que extenderse en un escenario lógico y racional, lo que impide que su aplicación sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de análisis y estudio de las condiciones particulares que rodean el problema en concreto”, ratio decidendi que se convierte en el estandarte fundamental para su prosperidad.
La demandante solicitó declarar que los accionados no son hijos de José Manuel Prieto Mora y, en consecuencia, se hagan las correcciones necesarias en sus registros civiles de nacimiento.
El ad quem confirmó la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones del escrito introductor, bajo el entendido de que el interés surgió el 20 de octubre de 2005, fecha en que falleció su padre, por lo que para el 22 de febrero de 2006, calenda en que se presentó la demanda, ya habían transcurrido los 60 días que para el efecto contemplaba el artículo 248 del Código Civil, en la forma consignada para la época del deceso y en consideración al pronunciamiento de inexequibilidad hecho por la Corte Constitucional en la sentencia C-310 del 31 de marzo de 2004.
La censura centra su ataque a la inaplicación del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, que contempló la posibilidad de promover nuevas acciones de impugnación dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su entrada en vigencia, en los casos en que habiéndose impugnado la paternidad hubieran tenido decisión adversa en virtud a la caducidad, estipulación que a su criterio debió ser tenida en cuenta para el presente asunto, el cual se encontraba en trámite al momento de su expedición, teniendo en cuenta su vigencia de manera inmediata.
En el plenario se encuentran debidamente acreditadas las siguientes circunstancias que tienen incidencia en la decisión que se está adoptando:
Que Maritza Prieto Martínez es hija de José Manuel Prieto Mora (folio 8), fallecido el 20 de octubre de 2005 (folio 189) y quien en vida reconoció como descendientes suyos a Julio César Prieto Ramírez, Carlos Andrés Prieto Ramírez, José Armando Prieto Ramírez y Luisa Fernanda Prieto Ramírez (folios 9, 10, 11 y 26).
Que la demanda fue interpuesta el 22 de febrero de 2006 (folio 12) y durante el trámite respectivo se expidió la Ley 1060 de 2006, publicada en Diario Oficial No. 46.341 de 26 de julio de dicho año, fecha a partir de la cual entró en vigencia.
Que la accionada excepcionó “prescripción de la acción de los herederos para reclamar la ilegitimidad de los hijos del fallecido Art. 221 C.C.” y propuso como previa la de “caducidad”, esta última cuya resolución difirió el a-quo para la sentencia, que profirió el 25 de febrero de 2009.
Que dentro de la actuación se practicaron estudios de paternidad e identificación con base en el análisis de marcadores STR a partir del ADN de las muestras correspondientes al presunto padre, los demandados y la madre de estos, arrojando como resultado paternidad incompatible con relación a Carlos Andrés y Julio Cesar Prieto Ramírez, pero compatible respecto a Jose Armando y Luisa Fernanda Prieto Ramírez, con una probabilidad acumulada de “99.999997591%” y “99.999997330%”, respectivamente (folios 60 a 71).
Cuando se escoge como motivo de censura la violación directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptación integra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, esto es, obviando cualquier discusión sobre aspectos probatorios o la valoración y alcance de los medios de convicción obrantes, debiéndose limitar la formulación del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas materiales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en asumirles efectos para situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se concluye de las mismas un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea.
La Corte ha precisado que la “violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta” (sentencia N° 285 de 17 de noviembre de 2005 exp. 7567).
El punto medular a esclarecer en este caso corresponde a si era aplicable la reactivación legal del plazo para proponer acción de impugnación, no obstante haberse configurado la caducidad, situación que fue obviada por el ad quem con amparo en la irretroactividad de la ley, sentir que entraña una vulneración de las norma señalada como sustancial y deriva en la prosperidad del cargo, como se pasa a exponer.
En línea de principio la ley no es retroactiva, pues ello, por mandato del constituyente, cercenaría la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a la ley, regla que como cualquier otra tiene sus excepciones. La particularidad la puntualiza la propia constitución, tratándose de casos en los que esté presente la “utilidad pública o el interés social” (artículo 58), en donde sí es factible que los preceptos regulen situaciones pasadas, aún las ya consolidadas.
Así lo ha pregonado la jurisprudencia de esta Corporación, al exponer que “[l]a ley, por lo general, no es retroactiva, pues se expide para que rija en el futuro, y por tal razón el legislador no puede establecerla para situaciones pretéritas, comprensivas de derechos adquiridos bajo el imperio de una norma anterior, como quiera que ‘Evidentemente, el desarrollo de la libertad civil habría de sufrir grave daño, si el ciudadano, al obrar según y conforme a la ley para adquirir derechos, pudiera temer que otra ley posterior le privase de los que legítimamente adquirió’ (Pascuale Fiore, De la Retroactividad e Interpretación de las leyes, pág. 28) (…) Precisamente por eso, el Consejo de Estado, al decidir demanda relativa a la aplicación del Decreto 1070 de 1956, sostuvo en sentencia de 15 de mayo de 1961 que ‘...en el derecho positivo colombiano el principio de la irretroactividad de la ley no es de carácter absoluto, ni tiene el mismo valor con respecto a las distintas clases de ley, pues, por ejemplo, cuando éstas son expedidas 'por motivos de utilidad pública o interés social' o sea cuando interesan más a la sociedad que al individuo, cuando se inspiran más en el interés general que en el de los individuos, cuando se dicten 'por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública', tienen efecto general inmediato, aunque restrinjan derechos amparados por la ley anterior, porque el interés privado debe ceder al interés público o social" (sentencia de 29 de mayo de 1997, exp. 4845).
La acción de impugnación corresponde a la oportunidad establecida para refutar la paternidad o maternidad, presentando tres vertientes: la que se dirige para desvirtuar la presunción contemplada en el artículo 214 del Código Civil, en virtud del cual los nacidos durante la vigencia de un vínculo de pareja debidamente constituido se presumen como hijos de la misma; la “impugnación de reconocimiento”, cuando se pretende desconocer la manifestación voluntaria de quien acepta ser padre, sin que medie relación con ánimo de permanencia; y cuando se repele la maternidad por corresponder a un falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero.
Para los últimos dos supuestos hay que tener en cuenta que la Ley 75 de 1968, en su artículo 5º establece que “[e]l reconocimiento sólo podrá ser impugnado por las personas, en los términos, y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil”, advirtiendo que, en su texto original, el inciso final de la primera de las citadas contemplaba que “[n]o serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquellos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”.
Teniendo en cuenta que, como lo infiere el sentido común, el acto de “reconocimiento” en los términos del artículo 1º de la precitada ley lleva implícita la aceptación de haber sostenido relaciones sexuales para la época de la concepción, entre la madre y quien radica en si la calidad de padre, el reclamo debe ceñirse a desvirtuar tal acerto, razón que delimita el hecho de que sólo se legitimen para reclamar a quienes tengan un interés actual, presumiendo de entrada que lo tienen los ascendientes de quien unilateralmente asumió tal responsabilidad.
En tal sentido la Corte expuso que “como el reconocimiento de la paternidad por cualquiera de los medios señalados en el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, implica confesión de la existencia de relaciones sexuales entre el reconociente y la madre del reconocido por la época en que se presume la concepción de éste, su impugnación debe dirigirse a desvirtuar que el reconocido no ha podido tener por padre a quien realizó el reconocimiento. Por esto, el artículo 248, in fine, del Código Civil, legitima para impugnar el reconocimiento únicamente a los que ‘prueben un interés actual en ello’, así como a los ‘ascendientes legítimos’ del padre o madre que reconoce, los primeros dentro de los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron el ‘interés actual’, y éstos en los sesenta días siguientes, contados desde que tuvieron conocimiento del reconocimiento. Desde luego que la expresión ‘ascendientes legítimos’ no debe entenderse referida a la familia originada en el matrimonio, sino a cualquier ascendiente, natural o legítimo, en consideración a que conforme a la Constitución Política, ambas familias se encuentran en el mismo plano de igualdad, así no se haya decidido sobre su exequibilidad. (…) Según lo expuesto, la legitimación para impugnar el reconocimiento se reserva a dos grupos de personas, uno conformado por los ascendientes del padre reconociente, y otro integrado por quienes sin ser ascendientes tienen “un interés actual en ello”. Por lo demás, el ‘interés actual’ para la prosperidad de la pretensión de impugnación, en los términos como está concebida la norma, no está vinculado a ambos grupos de personas, como bien se colige de la forma como se computa el término de caducidad con respecto a unos y otros, pues mientras que para el primero este corre desde el instante en que ‘tuvieron conocimiento’ del reconocimiento, para el segundo el mojón de partida lo determina la ‘fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho’. (…) Claro está que si el interés es un presupuesto que concierne a toda legitimación por vía de principio general, lo expuesto a propósito de la norma en comentario no significa que de los ascendientes esté ausente el interés en relación con la pretensión impugnativa. Otra cosa es que ese interés lo suponga la propia ley, en tanto se entiende implícito, dado que el reconocimiento de un hijo es una cuestión moral que incumbe a toda la familia y que eventualmente puede afectar el honor y aún la misma tranquilidad del núcleo. De ahí que tratándose del grupo de extraños, con el fin de salvaguardar los bienes familiares que han quedado identificados, la ley exija, como ocurre con la mayoría de las pretensiones, un ‘interés actual’, amén de concreto, mensurable a partir de un juicio de utilidad, pues de no ser así la paz y el sosiego de la familia quedarían expuestos al arbitrio de cualquier persona” (sentencia de 16 de septiembre de 2003, exp. C-7609).
Es de advertir que por medio de sentencia C-310 del 31 de marzo de 2004, emanada de la Corte Constitucional, se declaró inexequible el término “trescientos” del aludido artículo 248 del Código Civil y el aparte “aquellos en los ( ) días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho” exequible “en el entendido que será el mismo plazo de sesenta días consagrado en este artículo y en el 221 del Código Civil”.
Consecuentemente, en los términos del conjunto regulativo expuesto, el acto voluntario de “reconocimiento” únicamente puede ser repelido por los ascendientes de quien lo hizo o por las personas que acrediten un “interés actual”, quedando incluidos entre ellos sus descendientes por obvias razones sucesorales, pero con una limitación en el tiempo que, para la época de presentación de la demanda y ante la unificación dispuesta, estaba en sesenta (60) días a considerar de acuerdo a la calidad aducida así: a los primeros les es computable desde que tuvieron conocimiento de la legitimación y a los segundos con posterioridad al surgimiento de la causal de su reclamo.
Teniendo en cuenta lo expuesto, no existiría reclamo a los cálculos realizados por el ad quem al proferir decisión de segunda instancia, en virtud de los cuales si el interés de la demandante surgió cuando falleció su padre, el 20 de octubre de 2005, lo que ha sido tema pacífico en las diferentes impugnaciones elevadas, al momento de presentarse la demanda, el 22 de febrero de 2006, ya se encontraba configurada la caducidad declarada de oficio por haberse superado el término de sesenta (60) días concedido para el efecto, en vista de que ambos eventos ocurrieron con posterioridad a la sentencia C-310-04, que lo disminuyó.
Empero, no puede pasarse por alto que por medio de la Ley 1060 del 26 de julio de 2006 se introdujeron modificaciones a las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad, modificando en su artículo 11 el referido 248, cuya principal reforma fue incrementar en su inciso final el plazo concedido para accionar en los siguientes términos: “No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad”.
De otro lado, en el parágrafo transitorio del artículo 14 se determinó que “Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse caducada la acción, podrán interponerla nuevamente y por una sola vez, con sujeción a lo previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 5º de la presente ley”.
Este último precepto constituye, según palabras de la propia Corte, “la consagración de un derecho adicional en pro de las personas que formularon demanda de impugnación de la paternidad o de la maternidad y se les haya decidido de manera adversa con apoyo en la figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico, el término rehabilitado ya estaría fenecido” (sentencia de 29 de julio de 2009, exp. 00451-01).
Su aplicación, sin duda, conlleva la remoción de situaciones consolidadas en el pasado, como son las concernientes a procesos de impugnación de la paternidad, que la jurisdicción había desestimado por no satisfacerse los términos de caducidad; esto es, que con evidente carácter retroactivo, el legislador estimó como oportuno dejar a un lado la figura de la cosa juzgada, para en su lugar dar una nueva posibilidad a las “personas” que opugnaron sin éxito, todo, en aras de darle prevalencia a los resultados arrojados por la prueba científica, mismos que no ameritarían que alguien respondiera “por alimentos de hijos que no son y en forma injustificable” (Gaceta del Congreso No. 591, pág. 2).
El aludido “derecho adicional”, como tuvo la oportunidad de nominarlo la Corte, se extiende a “las personas que hayan impugnado la paternidad”, sin que sea preciso entrar en digresiones sobre quienes son ellas, pues, por sabido se tiene que el artículo 27 del Código Civil indica como pauta esencial de interpretación que “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá a pretexto de consultar su espíritu”.
En punto a la aplicación del canon para procesos iniciados antes de su entrada en vigor, y sin sentencia definitoria de caducidad, la Sala expresó, con una hermenéutica apegada al criterio lógico, y por ende, alejada del rigor de la gramática, lo siguiente: “Analizado literalmente el texto mencionado, tendría que concluirse que en este caso, la prerrogativa prevista en la referida normatividad no podría ser empleada por el accionante, toda vez que no se cumpliría el requisito de que tuviera decisión adversa con apoyo en tal figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico el término rehabilitado ya estaría fenecido. (…) La situación no puede ser analizada de tal modo en este caso, puesto que el parágrafo transitorio tiene que extenderse en un escenario lógico y racional, lo que impide que su aplicación sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de análisis y estudio de las condiciones particulares que rodean el problema en concreto. (…) Aquí la demanda de impugnación se presentó en 1998, mucho antes de que se expidiera la Ley 1060 de 2006 que consagró la posibilidad descrita, hasta el punto de que apenas en la fecha de hoy (la de esta sentencia), se está decidiendo la discusión planteada por el demandante frente a los reparos que viene formulando desde aquélla época respecto de la paternidad que expresamente reconoció frente a las menores accionadas. (…) La demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo no puede acarrearle la pérdida de sus derechos ni alternativas legales, mucho más cuando no ha sido por hechos imputables a su dejadez o abandono, sino por el funcionamiento interno del aparato judicial y, como si lo anterior fuera poco, por la actitud abiertamente dilatoria y obstaculizadora que observó en el curso de la instrucción la progenitora y representante legal de sus supuestas hijas, quien siempre eludió la práctica de la prueba genética. (…) Por consiguiente, en aras de una solución acorde con la voluntad del legislador y armonizando la situación específica de quien, como acá ocurre, por no habérsele decidido la controversia antes de que se agotara el término complementario otorgado por el legislador en la ley referida no tuvo posibilidad cierta de ajustar su comportamiento a dichos lineamientos legales, deberá analizarse el problema como si dicho tiempo adicional todavía no estuviera corriendo, y además, atendiendo el contenido de la “prueba genética” que es categórica en el sentido de concluir que frente a dicho menor se presenta la exclusión o incompatibilidad de la paternidad. (...) Consecuentemente, no puede declararse próspera respecto a la aludida parte contradictora, la caducidad alegada…” (sentencia de 29 de julio de 2009, exp. 2002-00451-01).
En el sub-exámine, la demanda fue presentada el 22 de febrero de 2006, y la sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones se produjo el 25 de febrero de 2009; quiero esto significar que al Tribunal correspondía, en atención al genuino entendimiento del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, elucidado por esta Corte en el fallo atrás citado, prescindir del tema relacionado con la caducidad, porque la demandante, en verdad y en estricta lógica, no contaría con otro escenario para reclamar el ejercicio del “derecho adicional” consagrado en la referida norma, muy a pesar de que introdujo su pretensión antes de la vigencia de la referida ley, y de que el a-quo vertió su fallo sólo tres años después, con el agravante de que el mismo, teniendo la posibilidad de definir la “caducidad” como defensa previa, el 14 de noviembre de 2006 postergó su resolución para “la sentencia”.
En conclusión, la transgresión de la norma sustancial se presenta porque el sentenciador dejó de aplicar el precepto que jurídicamente subsumía el litigio, basado en un criterio general de irretroactividad de la ley, con olvido de la específica situación que regulaba el prenombrado parágrafo del artículo 14 ibídem.
No hay duda que se encuentran reunidos los presupuestos procesales, y no existe vicio alguno en la tramitación.
La legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva es indiscutible, pues en el proceso se demostró que la accionante es hija del fallecido José Manuel Prieto Mora y los demandados a su vez fueron reconocidos por éste último.
Desestimada como fue la excepción de prescripción propuesta, sin que fuera punto materia de reclamo por los intervinientes y en vista de los planteamientos de la parte inicial de la presente decisión, debe entrarse a analizar la procedencia o no de las pretensiones elevadas.
Conforme se dejó expuesto con anterioridad y de conformidad con los artículos 5º de la Ley 75 de 1968 y 248 del Código Civil, los únicos legitimados para impugnar el reconocimiento de la paternidad a la luz de dichas estipulaciones son los ascendientes de quien lo hace y las demás personas que demuestren tener un interés actual en ello, calidad esta última que se encuentra establecida plenamente para este caso en cabeza de Maritza Prieto Martínez, quien acreditó su vocación hereditaria dentro de la causa mortuoria de quien en vida aceptó la calidad de padre de aquellos contra quienes se dirige el reclamo.
Se reitera que para el presente caso no se hace necesario establecer si la instauración del proceso se hizo antes de que se configurara el término de caducidad contemplado en la ley, resultando la promotora beneficiada con el parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 1060 del 26 de julio de 2006 al disponer que “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse caducada la acción, podrán interponerla nuevamente y por una sola vez, con sujeción a lo previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 5° de la presente ley”, que corresponde a la contemplación de un derecho adicional en pro de las personas que formularon demanda de impugnación de la paternidad o de la maternidad y se les haya decidido de manera adversa por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción.
En vista de la interpretación lógica a que alude la parte inicial de esta providencia, no se puede pasar por alto el que si bien no existía fallo adverso al momento de presentarse el libelo, conforme lo exige la normativa reseñada, sí se había puesto ya en marcha por fuera del tiempo, lo que acarrearía tales efectos, habiéndose practicado prueba científica con los resultados dispares que más adelante se expondrán, postulados suficientes para tener en cuenta la habilitación que por una sola vez confirió la nueva regulación, por lo que no procedía la declaratoria de oficio de la excepción.
Según el numeral primero del artículo 248 del Código Civil, la prosperidad de la acción de impugnación del reconocimiento pende de la prueba inequívoca y fehaciente de que los convocados no han podido tener por padre a quien se señala por tal, partiendo de la base de que la sola manifestación de éste corresponde a una confesión del trato íntimo sostenido con su progenitora.
Las partes actuantes, en el desarrollo de la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, acordaron que “la prueba testimonial sólo se concrete a probar la fecha en que la demandante se enteró que los menores posiblemente no eran sus hermanos y que sea la prueba de ADN la que determine o desvirtúe el vínculo biológico que existía entre los menores demandados y el señor José Manuel Prieto Mora” comprometiéndose la actora a asumir su costo, para lo cual se escogió a Servicios Médicos Yunis Turbay Cia. S. en C. Instituto de Genética (folio 44), entidad ante la cual se practicaron, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 721 de 2001, sendos exámenes científicos a los demandados, mediante la técnica de análisis de marcadores STR de la huella genética “DNA finger print”; determinándose que, a partir de las muestras de ADN tomadas a los restos óseos del causante, así como a los presuntos hijos y la madre de estos, “la paternidad del señor José Manuel Prieto Mora”:
Es incompatible respecto de Carlos Andrés Prieto Ramírez y Julio César Prieto Ramírez (folios 60 y 63).
Frente a José Armando Prieto Ramírez y Luisa Fernanda Prieto Ramírez “no se excluye”, a partir de “los sistemas genéticos analizados”, con una probabilidad acumulada de “99.999997591%” y “99.999997330%”, respectivamente (folio 66 y 69).
La fuerza de convicción de las anteriores pruebas, en cuanto excluyeron la paternidad de Prieto Mora respecto de Carlos Andrés y Julio César Prieto Ramírez, es incontrovertible, puesto que como lo tiene definido la jurisprudencia, “(…) en la investigación de la paternidad, el juzgador en la actualidad tiene a su alcance valiosos instrumentos derivados de los avances científicos que le permiten reconstruir la verdad histórica, esto es la paternidad biológica; por supuesto, que si las pruebas genéticas permiten no sólo excluir sino incluir con grado cercano a la certeza la paternidad de un demandado resulta patente su relevancia en la definición de esta especie de litigios, obviamente, sin dejar de lado las causales de paternidad que contempla el artículo 6º de la Ley 75 de 1968 (…) Sobre la prueba sanguínea la Corte, en sentencia del 19 de febrero de 2002, puntualizó `que la misma ha permitido formular ‘leyes y cuadros de paternidades posibles e imposibles, según la hemoclasificación conocida del hijo, la madre y el presunto padre’, y es que cuando es positiva no tiene por sí sola la ‘virtualidad de ubicar en el tiempo el trato sexual’, pero cuando el resultado es negativo, sí resulta eficaz para la exclusión de paternidad; es decir que, como lo reiteró esta Corporación, refiriéndose concretamente a esa especie de examen ‘el resultado de la prueba no señala paternidad, sino que la descarta’. En decisión anterior también sostuvo que `el resultado de grupos sanguíneos, no excluye la posibilidad de que una persona es el padre un niño, ello no puede resolverse en la tesis de que tal resultado sea prueba científica de la paternidad de aquella. Sin duda lo científico de la prueba es tan solo su carácter negativo o excluyente, o como recientemente se reiteró: el resultado de la prueba no señala paternidad, sino que la descarta” (sentencia de 30 de agosto de 2006, exp. 7157, reiterada el 29 de julio de 2009, exp. 00451-01).
En lo que se relaciona con los dictámenes genéticos que arrojaron como resultado la paternidad compatible de José Manuel Prieto Mora con José Armando y Luisa Fernanda Prieto Ramírez, ellos merecen total credibilidad por la seriedad de su metodología, análisis y conclusiones, y por provenir de una institución acreditada dentro de los parámetros de la ley 721 de 2001, máxime cuando quien formuló el reclamo convino en aceptar como vinculante su resultado y la objeción que frente a estos se intentó plantear finalmente no se tramitó ante la falta de firma que la respaldara (folio 92).
Igualmente, las declaraciones recogidas a Víctor Manuel Prieto Herrera, Lastenia Díaz Mora, Pedro Luis Prieto Hoyos, Heliodoro Mora Vargas y Alix Ramírez, ni por asomo resquebrajan las deducciones de la probanza técnica, dado que en ellas los deponentes se dedicaron a absolver cuestionamientos relativos a la fecha en la que la demandante se enteró que los demandados no eran sus hermanos, tema que se contraía a la configuración de la excepción de caducidad propuesta, lo que, como quedó señalado, se superó con la expedición de la Ley 1060 de 2006.
En consecuencia, se impone la revocatoria de la sentencia apelada, para en su lugar acceder a las pretensiones frente a Carlos Andrés y Julio Cesar Prieto Ramírez, y negarlas en lo tocante con José Armando y Luisa Fernanda Prieto Ramírez.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil que establece la “condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y dados los resultados de la actuación, la demandante pagará las de ambas instancias a favor de los menores José Armando y Luisa Fernanda Prieto Ramírez, quienes salieron indemnes y lo propio harán Carlos Andrés y Julio Cesar Prieto Ramírez, ante el resultado que les es adverso.
En virtud a la misma preceptiva se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia de conformidad con los lineamientos de los acuerdos 1887 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura que las contempla en “hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 25 de agosto de 2009, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario de la referencia, y en sede de instancia,
REVOCAR en su integridad el fallo de primera instancia dictado el 25 de febrero de 2009 por el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, dentro del ordinario del que da cuenta esta providencia, para en su defecto
Primero: Desestimar las excepciones propuestas.
Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda frente a José Armando y Luisa Fernanda Prieto Ramírez.
Tercero: Declarar que Carlos Andrés y Julio Cesar Prieto Ramírez no son hijos del causante José Manuel Prieto Mora, y como consecuencia se dispone oficiar a la Notaría respectiva para la modificación de los registros civiles de nacimiento.
Cuarto: Condenar en costas en ambas instancias así:
A cargo de Maritza Prieto Martínez y a favor de los menores José Armando y Luisa Fernanda Prieto Ramírez, fijando las agencias en ésta en la suma de dos millones de pesos ($2’000.000).
A cargo de Carlos Andrés y Julio Cesar Prieto Ramírez y a favor de Maritza Prieto Martínez, señalando las agencias de segundo grado en la suma de dos millones de pesos ($2’000.000).
Liquídense en su momento por la Secretaría.
Sin costas en casación, ante la prosperidad del recurso. En su oportunidad, vuelva el proceso al despacho de origen.

References: artículo 248
 artículo 248
 artículo 97
 artículo 368
 artículo 14
 artículo 248
 artículo 14
 artículo 248
 artículo 14
 resolución 
 artículo 368
 artículo 214
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 248
in fine
 artículo 248
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 27
 artículo 14
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 248
 artículo 101
 artículo 6
 artículo 392