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Timestamp: 2020-02-25 10:42:01+00:00

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02931-2017-AA | Caso de ley | Pensión
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Juan Mancilla Palpa contra la resolución de fojas 226, de fecha 8 de mayo de 2017, expedida por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
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EXP. N.002931-2017-PA/TC
DAVID JUAN MANCILLA PALPA
En Lima, a los 1 O días del mes de julio de 2019, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narváez, Ramos Núñez, y
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Juan Mancilla Palpa
contra la resolución de fojas 226, de fecha 8 de mayo de 2017, expedida por la Sala Civil
de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la
El recurrente interpone demanda de amparo contra Rímac Seguros y Reaseguros
con el objeto de que cumpla con otorgarle pensión de invalidez por enfermedad
profesional conforme a la Ley 26790, con el pago de las pensiones devengadas y los
intereses legales correspondientes.
La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente.
Expresa que el actor ha sorprendido al órgano jurisdiccional con un examen médico
practicado por una comisión médica sin facultades para evaluar enfermedades médicas.
El Sexto Juzgado Civil de la Provincia de Huancayo, con fecha 8 de febrero de
2017, declaró fundada la demanda, por considerar que con los documentos adjuntados el
demandante ha demostrado el nexo de causalidad entre las enfermedades que padece y
las labores realizadas. Asimismo, con el dictamen de comisión médica de fojas 3, acredita
que presenta 56% de menoscabo ocasionado por las enfermedades profesionales de
neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral, de manera que reúne los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez solicitada.
La Sala superior revisora, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda
con el argumento de que no es posible concluir si durante la relación laboral el
demandante estuvo expuesto a riesgos para su salud que pudieron haberle ocasionado de
las enfermedades que padece. La Sala advierte que para dilucidar la pretensión del
recurrente se requiere de un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, la cual no
está prevista en el proceso de amparo.
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EXP. N.0 02931-2017-PA/TC
1. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez
2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, son susceptibles
de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de
invalidez por enfermedad profesional, a pesar de cumplirse los requisitos legales.
3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama,
porque si ello es así se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad
4. Este Tribunal en la STC 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, ha
precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del
Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y
5. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los procesos de amparo referidos
al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o de una
pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente
podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión
Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una
EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.
6. Debe señalarse que el Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 26790, publicada
el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria
que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley 18846, serían
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la
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EXP. N.º 02931-2017-PA/TC
7. Por Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, se aprobaron
las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, cuyo artículo
3 define enfermedad profesional como todo estado patológico permanente o temporal
que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que
desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.
8. El actor ha presentado el Informe de Comisión Médica de Incapacidad del Hospital
Base II Paseo EsSalud, de fecha 1 O de diciembre de 2008 (f. 3), en el que se determina
que adolece de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial con 56% de menoscabo
global. Asimismo, de fojas 169 a 171 obra la historia clínica del demandante.
9. A fojas 167 obra el Oficio 354-RAPA-EsSalud-2016 de fecha 5 de octubre de 2016,
remitido por el director de la Red Asistencial Paseo de EsSalud, el cual adjunta copia
fedateada de todo el expediente del actor existente en los archivos de la comisión
evaluadora. Allí se señala que los médicos que suscribieron el dictamen médico han
- sido nombrados por la Dirección de la institución de acuerdo con las normas vigentes.
1 O. La parte emplazada ha formulado diversos cuestionamientos contra la comisión
evaluadora que expidió el informe médico de fecha 1 O de diciembre de 2008
presentado por el actor para acreditar las enfermedades profesionales que padece. Sin
embargo, dado que no se advierte en autos la configuración de alguno de los supuestos
previstos en la Regla Sustancial 2, contenida en el fundamento 25 de la sentencia
emitida en el Expediente 00799-2014-P A/TC, la cual, con carácter de precedente,
establece reglas relativas al valor probatorio de los informes médicos emitidos por el
Ministerio de Salud y EsSalud, dichos cuestionamientos no enervan el valor
probatorio del referido informe médico.
11. Respecto a las labores realizadas por el demandante, se advierte del certificado de
trabajo que expide Doe Run Perú (f. 2) que laboró como operario, oficial, cuidador,
fogonero y operador desde el 7 de mayo de 1980 hasta el 5 de julio de 2013, por más
de treinta años en el departamento de fundición- refinería, planta arsénico, y fundición
-refinería de circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya.
12. Como ha sido mencionado, a efectos de determinar si una enfermedad es producto de
la actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación causa-efecto entre las
condiciones de trabajo y la enfermedad.
13. En lo que respecta a la enfermedad de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial,
cabe mencionar que al haber laborado el demandantecomo operario, oficial y
fogonero en el departamento de fundición-refinería, planta arsénico, y fundición-
refinería de circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya por más de
treinta años expuesto a ruidos constantes y polvos minerales, así como a los riesgos
de toxicidad e insalubridad, le resulta de aplicación el precedente de la sentencia
2513-2007-PA/TC señalado en el fundamento 4 supra.
14. El artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA define la invalidez permanente
parcial como la disminución de la capacidad para el trabajo en una proporción igual
o superior al 50 % pero inferior a los 2/3 (66.66 %), razón por la cual corresponde una
pensión de invalidez vitalicia mensual equivalente al 50 % de la remuneración
mensual del asegurado, igual al promedio de las remuneraciones asegurables de los
12 meses anteriores al siniestro, entendiéndose como tal al accidente o enfermedad
profesional sufrida por el asegurado.
15. En consecuencia, advirtiéndose de autos que el demandante durante su actividad
laboral se encontraba dentro del ámbito de protección legal de la Ley 26790, le
corresponde gozar de la prestación estipulada por esta norma sustitutoria del Decreto
Ley 18846 y percibir una pensión de invalidez permanente parcial conforme al
artículo 18.2.1. indicado, equivalente al 50 % de su remuneración mensual, en
atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de la
neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial.
6. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la
contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que
acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva
justamente del mal que aqueja al demandante; y es a partir del 1 O de diciembre de
2008 que se debe abonar la pensión de invalidez.
17. Cabe recordar que el artículo 19 de la Ley 26790 establece que en el caso de
otorgamiento de las pensiones de invalidez temporal o permanente, así como d~)
sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales de los afiliados, podrá la entidad empleadora contratar
libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. En el
presente caso, corresponde a la aseguradora demandada Rímac Seguros y Reaseguros
asumir el pago de la pensión de invalidez del actor contratado en el SCTR (f. 149).
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18. Respecto a los intereses legales, este Tribunal ha sentado precedente en la sentencia
dictada en el Expediente 05430-2006-P A/TC puntualizando que el pago de dicho
concepto debe efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del Código
Civil y conforme a lo dispuesto en el fundamento 20 del auto recaído en el Expediente
2214-2014-P A/TC, que constituye doctrina jurisprudencial,
19. En cuanto al pago de los costos procesales de conformidad con el artículo 56 del
Código Procesal Constitucional, la. entidad demandada debe asumir los costos
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia.
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho
2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la vulneración, ordena a Rímac Seguros y
Reaseguros otorgar al actor la pensión de invalidez por enfermedad profesional con
arreglo a la Ley 26790, sus normas complementarias y conexas, desde el 1 O de
diciembre de 2008, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, y con el
abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales.
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1 PONENTE ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 1
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo
3
 artículo 18

artículo 18
 artículo 19
 artículo 1246
 artículo 56