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14 abril, 2014 /0 Comentarios/en Derecho Fiscal, Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados Español /por Arantxa Pinto Paniagua
FIJADA DOCTRINA SOBRE LA BASE IMPONIBLE EN DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA Y DIVISIÓN HORIZONTAL: Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013
13 mayo, 2013 /0 Comentarios/en Derecho Fiscal, Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
La sentencia objeto del presente comentario supone el punto final a una de las cuestiones más controvertidas relacionadas con la fiscalidad inmobiliaria en sentido amplio.
El problema suscitado era tan sencillo como la determinación de la base imponible de la cuota gradual de la modalidad de Documentos Notariales del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en negocios tales como la declaración de obra nueva o la división horizontal.
Con carácter general, el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, TRLITPAJD) establece que la base imponible será el valor declarado, “sin perjuicio de la comprobación administrativa”.
El ITP-AJD, como es sabido, se trata de un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, las cuales han usado y abusado el procedimiento de comprobación de valores regulado en el artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT).
En concreto, el artículo 134 de la LGT habilitaba a la Administración a utilizar los medios previstos en el artículo 57 del citado texto legal, entre los que se encontraba el dictamen de peritos de la Administración o el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.
Como consecuencia de lo anterior, en las escrituras de declaración de obra nueva o de división horizontal, la Administración inició procedimientos de comprobación de valores tomando en muchas ocasiones como valor el asignado para la tasación de fincas que, tal y como la experiencia nos ha demostrado, poco o nada tenía que ver con el valor real.
El nudo gordiano de lo discutido se hallaba en determinar si la base imponible de esos dos negocios jurídicos típicos del tráfico inmobiliario debe atender al valor real del inmueble o al coste de ejecución de la obra, en un sentido más cercano al de la base imponible del ICIO.
Ante la existencia de jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia disonante en la materia, el Tribunal Supremo ha resuelto finalmente en sentencia de 11 de abril de 2013 el recurso de casación para la unificación de doctrina, fijando la siguiente doctrina:
“El valor real de lo edificado no puede conducir a la valoración del inmueble como resultado final de la obra nueva; no es eso lo que se ha de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, conceptos ambos (coste de ejecución frente a valor del inmueble terminado) que no tiene por qué coincidir, pues por ejemplo en la valoración del inmueble pueden influir factores como la localización del mismo o su uso que no tienen por qué afectar al coste de ejecución.
Está fuera de discusión que lo que se valora no es una transmisión patrimonial sino un documento notarial, (…). Se trata de un negocio jurídico distinto del traslativo, diríase que de menor entidad y, por lo mismo, merecedor de una tributación más benigna que de si un negocio traslativo de dominio se tratara. En caso contrario, si la base imponible en la declaración de obra nueva absorbiera el beneficio que se espera obtener de la venta de un inmueble en el mercado y que debe ir incorporado al valor real del inmueble en esa operación concreta se terminaría por gravar dos veces la misma manifestación de riqueza”.
Una vez fijada la doctrina y la interpretación queda expedita la vía para la rectificación de aquellas autoliquidaciones efectuadas sobre hechos imponibles no prescritos de declaraciones de obra nueva o división horizontales.
13 junio, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Fiscal, Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados Español /por María Sanz Amasene
Uno de los artículos que más controversia suscita en el ámbito fiscal es el artículo 108 de le Ley de Mercado de Valores (LMV). Si bien, la finalidad del precepto no es otra que la de evitar la elusión fiscal en la transmisión de bienes inmuebles mediante fórmulas de interposición societaria, las deficiencias en la actual redacción del precepto han hecho que hasta la fecha esta norma sea de aplicación automática sin analizar la finalidad de las propias operaciones.
Como regla general, la transmisión de valores se encuentra exenta tanto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). No obstante, el artículo 108.2 de la LMV, como norma antiabuso, grava por ITP las transmisiones de participaciones societarias cuando más del 50% del activo de la sociedad esté constituido por bienes inmuebles situados en territorio español y, como consecuencia de dicha transmisión, el adquirente obtiene el control del patrimonio de la entidad.
Desde sus orígenes, el precepto se ha caracterizado por su baja calidad técnica y, si bien la Ley 36/2006 de Prevención del Fraude modificó el artículo con el objeto de mejorar su contenido, son numerosas las dudas que a día de hoy siguen surgiendo en torno a su aplicación.
Una de las cuestiones que más controversia generaba en la anterior redacción, era si la valoración de los inmuebles y el resto de activos debía realizarse según el valor neto contable al que se encontraban registrados en el balance de la sociedad o, por el contrario, por su valor real. Con la nueva redacción dicho debate queda esclarecido, ya que, “para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de los bienes se sustituirán por sus respectivos valores reales”.
No obstante lo anterior, la nueva redacción del precepto no abordó la duda que surgía en torno a los activos intangibles no contabilizados por la entidad, como por ejemplo el fondo de comercio, ya que, surge la duda de si este tipo de activos no contabilizados han de tenerse en cuenta para el computo.
Hasta la fecha, tanto los Tribunales como la Dirección General de Tributos, han llevado a cabo una interpretación restrictiva del precepto sin tener en cuenta su naturaleza antielusoria. En virtud de este artículo, se ha gravado todo tipo de operaciones con independencia de que se trate de la transmisión de una empresa en funcionamiento o una sociedad económicamente activa.
Así, la transmisión mayoritaria de acciones o participaciones de sociedades que desarrollan ciertas actividades que precisan grandes inversiones en inmuebles como hostelería, centros comerciales, etc… ha ido aparejada a la aplicación del precepto aun no existiendo ánimo elusorio en la operación. Así, entre otras, la Dirección General de Tributos en la contestación de 27 de diciembre de 2010 (Consulta Vinculante V2811-10), realizando una interpretación literal del precepto, establece que, a la hora de sustituir el valor neto contable por el valor real de los activos, han de tenerse en cuenta únicamente los activos registrados en el balance de la sociedad.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 17 de noviembre de 2010, resolviendo un recurso de casación para la unificación de la doctrina, ha dado un giro importante en torno a la interpretación del artículo 108 de la LMV. La importancia de la sentencia no solo radica en que resuelve que hay que tener en cuenta el valor del inmovilizado inmaterial no contabilizado en la empresa cuyas participaciones se transmiten, sino también, en la interpretación finalista que lleva a cabo del propio artículo 108 de la LMV atendiendo a su espíritu y finalidad.
Y es que, en la sentencia en cuestión, se analiza la transmisión de las participaciones de una entidad que se dedica a la explotación de una estación de servicio. El Alto Tribunal considera que ha de analizarse la operación en su conjunto, ya que, entiende que lo que se transmiten son participaciones de una sociedad en funcionamiento con terrenos, instalaciones e incluso concesiones administrativas que, si bien no se encuentran contabilizadas en su activo, deben de tenerse en cuenta a efectos del artículo 108 de la LMV.
En esta línea está también, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 28 de marzo de 2007. En ella se analizaba la transmisión de participaciones de una sociedad dedicada a la explotación hotelera. La Sentencia estableció que, a la hora de computar el valor real de los activos, había que tener en cuenta el valor de los contratos de arrendamiento del negocio hotelero no contabilizados por la sociedad, pero incluidos en el precio satisfecho por las participaciones sociales.
Con independencia del halo de iluminación que supone la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2010, que va resultar esencial a la hora de interpretar la redacción del artículo 108 de la LMV, consideramos que queda un largo recorrido en relación al conflictivo precepto.
La aplicación desproporcionada del precepto en operaciones sin ánimo elusorio y su ambigua redacción, en cuestiones tales como el inmovilizado no contabilizado por las sociedades, nos llevan a exigir una nueva redacción más clara y concisa del artículo, ya que, en la actual situación, la seguridad jurídica de los contribuyentes no se encuentra garantizada.

References: artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 57
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108