Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r1-ca-l14-2010.t6.html
Timestamp: 2018-02-22 03:19:21+00:00

Document:
Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia. TÍTULO VI. Infracciones y sanciones
Artículo 156 Infracciones y sujetos responsables
1. Son infracciones administrativas de la presente ley las acciones o las omisiones en materia de atención y protección de los niños o los adolescentes tipificadas y sancionadas por este capítulo.
2. La responsabilidad por las infracciones tipificadas por este capítulo corresponde a las personas físicas o jurídicas a las que son imputables las actuaciones constitutivas de infracción.
4. Las infracciones determinadas en este capítulo que también estén tipificadas en la normativa sectorial específica decaen en favor de estas. A tal efecto, debe trasladarse la denuncia o las actuaciones de oficio llevadas a cabo a la administración competente. En cualquier caso, el régimen sancionador que se aplica a los prestadores públicos y privados de servicios de comunicación audiovisual, y en general a los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2005, es el establecido por dicha ley, y es aplicado por el Consejo del Audiovisual de Cataluña.
Artículo 157 Infracciones leves
Son infracciones leves en el ámbito de la presente ley, las siguientes acciones u omisiones:
a) Emitir informes sociales o psicológicos destinados a integrar expedientes para la tramitación de adopciones internacionales no autorizados por el órgano competente en materia de protección de niños o adolescentes desamparados.
b) Incumplir la normativa de aplicación de los derechos de los niños y los adolescentes, si no se derivan perjuicios graves para ellos.
c) No gestionar, los progenitores, los tutores o los guardadores del niño o el adolescente en período de escolarización obligatoria, la correspondiente plaza escolar sin causa que lo justifique.
d) No procurar, los progenitores, los tutores o los guardadores de un niño o adolescente en período de escolarización obligatoria, que este asista al centro escolar cuando dispone de plaza y sin causa que lo justifique.
e) Ofrecer, vender, alquilar, difundir por cualquier medio a los niños o adolescentes, o hacer exposición pública, de modo que queden libremente a su alcance, publicaciones, objetos, materiales audiovisuales, juegos informáticos o materiales de cualquier naturaleza que inciten a la violencia y a actividades delictivas o a cualquier tipo de discriminación, o que tengan un contenido pornográfico o inciten al consumo de sustancias o a la comisión de actuaciones que generen adicciones perjudiciales para la salud de niños y adolescentes, o que les sean perjudiciales, o que inciten a tener actitudes o conductas que vulneren los derechos y los principios reconocidos en la Constitución o en el Estatuto. La responsabilidad de estas acciones corresponde a los titulares de los establecimientos y, si procede, a las personas físicas infractoras.
f) Proyectar material audiovisual de cualquier tipo en lugares públicos o en espectáculos accesibles a los niños o adolescentes con los contenidos descritos en el apartado e.
g) Incumplir, los responsables de los establecimientos de alojamiento, la obligación establecida por el artículo 73.
h) Incumplir, los progenitores, tutores o guardadores del niño o adolescente, durante la tramitación de un expediente de desamparo, la obligación establecida por el artículo 106.4 de comparecer en la sede administrativa en la que se les convoque, cuando no constituya una infracción grave. Letra h) del artículo 157 introducida por artículo 129 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
Artículo 158 Infracciones graves
Constituyen infracciones graves en el ámbito de la presente ley, las siguientes acciones u omisiones:
b) Cometer las infracciones tipificadas como leves por el artículo 157 si el incumplimiento o los perjuicios causados a los derechos de los niños o los adolescentes son graves o afectan a una pluralidad de estos derechos.
c) Intervenir, los centros sanitarios, los profesionales de la sanidad, de los servicios sociales o del derecho, o cualquier persona física o jurídica, en funciones de mediación para el acogimiento o la adopción de un niño o adolescente sin la habilitación del departamento competente en materia de atención y protección a la infancia.
d) Recibir un niño o adolescente ajeno a la familia receptora con la intención de adoptarlo posteriormente, cuando en la entrega del niño o el adolescente no ha intervenido el organismo competente en materia de atención y protección a la infancia.
e) Impedir, los progenitores, los tutores o los guardadores de un niño o adolescente en período de escolarización obligatoria, que este asista al centro escolar cuando dispone de plaza y sin causa que lo justifique.
f) No informar, las personas que por razón de su profesión tienen conocimiento de ello, al organismo competente en materia de atención y protección a la infancia o cualquier otra autoridad o, si procede, a la familia, del hecho de que un niño o adolescente está extraviado, se encuentra en situación de riesgo o de desamparo, o ha huido del hogar, cuando hay posibilidades reales para actuar y cuando el hecho de omitirlo supone, de forma notoria, la prolongación de la situación de desprotección.
g) Incumplir las resoluciones administrativas dictadas por el órgano competente en materia de protección de los niños y los adolescentes.
h) Incumplir el deber de confidencialidad respecto de los datos de los niños y los adolescentes, y vulnerar el carácter reservado de las actuaciones en materia de acogimiento y de adopción.
i) Incumplir, los medios de comunicación social que tienen difusión en el territorio de Cataluña, no sometidos a la legislación de la comunicación audiovisual, lo dispuesto por el artículo 64. La responsabilidad de estas acciones corresponde a los medios de comunicación infractores.
j) Emitir o difundir publicidad que contravenga a las prohibiciones o a los principios establecidos por el artículo 59. La responsabilidad de estas acciones corresponde a los medios que la emiten o la difunden.
k) Utilizar menores en la publicidad de forma que se contravenga a lo establecido por el artículo 60. La responsabilidad de esta acción corresponde al anunciante y a los medios que la emiten o la difunden.
l) Difundir datos personales de los niños o los adolescentes por los medios de comunicación.
m) Incumplir, una entidad o institución colaboradora en el ámbito de la adopción o el acogimiento, las directrices establecidas por el organismo competente y sus obligaciones, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.
n) Causar daños directamente o indirectamente al patrimonio y a los bienes de la Generalidad debido a una conducta dolosa o negligente por parte de una entidad colaboradora de adopción internacional.
o) Recibir, una entidad colaboradora de adopción internacional, cantidades económicas por encima de las estipuladas por contrato o por conceptos no previstos en el mismo, sin autorización del organismo competente.
p) Incumplir, los ciudadanos que tienen conocimiento de la situación de desamparo en la que se encuentra un niño o adolescente, el deber de comunicación establecido por el artículo 100.1, cuando no constituya una infracción muy grave. Letra p) del artículo 158 introducida por artículo 130 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
q) Incumplir, alguno de los progenitores o alguna de las personas que ejercen la tutoría o la guarda del niño o adolescente, durante la tramitación de un expediente de desamparo, la obligación establecida por el artículo 106.4 de comparecer en la sede administrativa en la que se les convoque cuando el incumplimiento comporte o pueda comportar un peligro grave o muy grave para la integridad física o psíquica del menor o la menor de edad. Letra q) del artículo 158 introducida por artículo 130 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
r) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de las medidas de protección acordadas por la entidad pública competente en materia de desamparo, cuando no constituya una infracción muy grave. Letra r) del artículo 158 introducida por artículo 130 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
s) Incumplir, los padres, tutores o guardadores de un menor, los requerimientos de la entidad u organismo que debe elaborar o enviar informes de seguimiento postadoptivo o de seguimiento de otras medidas protectoras previas a la adopción, en la forma y el tiempo determinados por la legislación aplicable, o bien obstaculizar la actuación de la entidad u organismo en relación con la elaboración o el envío de los informes mencionados. Letra s) del artículo 158 introducida por artículo 130 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
Artículo 159 Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves en el ámbito de la presente ley, las siguientes acciones u omisiones:
b) Cometer las infracciones tipificadas como graves por el artículo 158 si de ellos se derivan perjuicios para los derechos de los niños o los adolescentes de reparación difícil o imposible.
c) Intervenir, las personas físicas o jurídicas, en funciones de mediación para el acogimiento o la adopción mediante precio o engaño o con peligro manifiesto para la integridad física o psíquica del niño o el adolescente.
d) Recibir un niño o adolescente ajeno a la familia receptora con la intención de adoptarlo posteriormente, cuando en la entrega del niño o el adolescente no ha intervenido el departamento competente en materia de atención y protección a la infancia, y la familia receptora ha convenido un precio o ha causado engaño con peligro manifiesto para la integridad física o psíquica del niño o el adolescente.
e) Ejercer, cualquier persona o entidad, funciones o actividades para las que no ha sido acreditada, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, y obtener de ello un lucro indebido o causar un perjuicio grave a un niño o adolescente.
f) Efectuar, una entidad colaboradora de adopción internacional, la asignación de un niño o adolescente conociendo su condición de no adoptabilidad de acuerdo con la normativa de su país de origen o las normas o convenios internacionales en la materia.
g) Incumplir, los ciudadanos que tienen conocimiento de la situación de desamparo en la que se encuentra un niño o adolescente, el deber de comunicación establecido por el artículo 100.1, cuando el incumplimiento comporte o pueda comportar un peligro grave o muy grave para la integridad física o psíquica del menor o la menor de edad. Letra g) del artículo 159 introducida por artículo 131 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
h) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de las medidas de protección acordadas por la entidad pública competente en materia de desamparo cuando la situación comporte o pueda comportar un peligro grave o muy grave para la integridad física o psíquica del menor o la menor de edad. Letra h) del artículo 159 introducida por artículo 131 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
Artículo 160 Reincidencia
Existe reincidencia cuando la persona responsable de la infracción ha sido sancionada mediante una resolución administrativa firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza, en el plazo de un año en el caso de faltas leves, de tres años en el caso de faltas graves y de cinco años en el caso de las muy graves, a contar desde la notificación de la resolución.
Artículo 161 Sanciones en el ámbito de la presente ley
1. Las infracciones tipificadas por el capítulo I de este título, en el ámbito de aplicación de la presente ley, se sancionan del siguiente modo:
a) Las infracciones leves se sancionan con una amonestación por escrito o una multa de hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionan con una multa de 3.001 euros a 90.000 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de 90.001 euros a 600.000 euros.
Número 1 del artículo 161 reordenado, se corresponde con el anterior párrafo único, por artículo 132 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
2. En los supuestos a los que se refieren los apartados b, c, d y h del artículo 157; los apartados a, b, d, e, p, q y r del artículo 158, y los apartados a, b, g y h del artículo 159, el órgano competente para sancionar puede sustituir, con el consentimiento del presunto infractor o infractora, las sanciones económicas establecidas por el apartado anterior por las medidas educativas o sociales que se determinen por reglamento, teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos por el artículo 163.1.
Número 2 del artículo 161 introducido por artículo 132 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
Artículo 162 Acumulación de sanciones
Si el responsable de una infracción es un medio de comunicación social o un medio publicitario, puede acumularse como sanción la difusión pública de la resolución sancionadora por el mismo medio sancionado en las condiciones que fije la autoridad sancionadora.
Artículo 163 Graduación de las sanciones
1. Las autoridades competentes, para concretar las sanciones que es procedente imponer y para establecer la graduación de la cuantía de las multas, deben guardar la adecuación pertinente entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción o las sanciones aplicadas, y considerar especialmente los siguientes criterios:
b) Los perjuicios físicos, morales y materiales causados, y la situación de riesgo creada o mantenida hacia las personas o los bienes.
d) La reiteración o la reincidencia de las infracciones.
2. Si el beneficio económico que resulta de una infracción tipificada por la presente ley es superior a la sanción pecuniaria que le corresponde, esta puede incrementarse con la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
Artículo 164 Órganos sancionadores
1. Los ayuntamientos y los consejos comarcales ejercen la potestad sancionadora en las materias propias de su competencia, de acuerdo con la distribución establecida por la presente ley. La determinación del órgano sancionador específico debe hacerse de conformidad con la normativa propia de los ayuntamientos y los consejos.
2. El Gobierno y el Consejo del Audiovisual de Cataluña ejercen la potestad sancionadora en las materias atribuidas a su competencia de acuerdo con la presente ley. El Gobierno debe determinar por reglamento el órgano o los órganos competentes para la incoación, la tramitación y la resolución de los expedientes sancionadores que se incoen en virtud de la presente ley cuando la infracción se produzca en su ámbito competencial.
Artículo 165 Procedimiento sancionador
1. Los órganos competentes para la incoación, la tramitación y la resolución de los expedientes sancionadores incoados por la comisión de infracciones tipificadas en el capítulo I de este título deben seguir el procedimiento establecido por la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo sancionador.
2. Si, una vez resuelto el procedimiento sancionador, se derivan responsabilidades administrativas para los padres, los tutores o los guardadores, deben ponerse en conocimiento de la Fiscalía al efecto de las posibles responsabilidades civiles.
3. En el caso de infracciones graves o muy graves, la autoridad que resuelve el expediente puede acordar, por razones de ejemplaridad y en previsión de futuras conductas infractoras, la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de las sanciones graves o muy graves impuestas, una vez han adquirido firmeza. Esta publicidad debe hacer referencia a los nombres o los apellidos, a la denominación o la razón social de las personas naturales o jurídicas responsables, y a la clase y la naturaleza de las infracciones.
Artículo 166 Destinación de las sanciones
Las administraciones públicas actuantes deben destinar, en el ámbito de sus competencias, los ingresos derivados de la imposición de las sanciones establecidas por la presente ley a la atención y la protección de los niños y los adolescentes.
Artículo 167 Prescripción de las infracciones y de las sanciones
1. Las infracciones tipificadas por este título prescriben, si son muy graves, al cabo de cinco años; si son graves, al cabo de tres años, y si son leves, al cabo de un año, en todos los casos a contar desde la fecha de comisión de la infracción.
2. A pesar de lo establecido por el apartado 1, en cuanto a las infracciones establecidas por las letras c y d de los artículos 158 y 159, el plazo se computa desde el día siguiente al día en que el niño o el adolescente alcanza la mayoría de edad.
3. Las sanciones prescriben en los plazos establecidos en el procedimiento sancionador de aplicación en los ámbitos de competencia de la Administración de la Generalidad.
Primera Recursos financieros y económicos
1. La Administración de la Generalidad tiene la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para dar adecuado cumplimiento a la ordenación y la provisión de las acciones y los servicios establecidos por la presente ley.
2. La Administración de la Generalidad debe impulsar la firma de convenios con los entes locales y las organizaciones de iniciativa social. Los convenios deben promover planes, recursos o servicios preventivos y comunitarios innovadores para los niños y los adolescentes; servicios residenciales y de acogimiento en consideración a la situación y las necesidades de los niños y los adolescentes de su territorio, y programas de información, atención, acompañamiento y asesoramiento psicológico y jurídico en caso de maltrato infantil.
Segunda Instituciones colaboradoras de integración familiar
1. Son instituciones colaboradoras de integración familiar los organismos de las entidades locales, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas u otras entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y acreditadas por el organismo competente, en cuyos estatutos o reglas figura como finalidad la protección de menores, y disponen de la organización y la estructura suficientes y de los equipos técnicos pluridisciplinares necesarios para cumplir esta función.
2. Las instituciones colaboradoras tienen por objeto llevar a cabo las tareas de integración familiar relativas al acogimiento familiar y la adopción que se establezcan reglamentariamente y deben someterse a las directrices, la inspección y el control del organismo competente. Ninguna otra persona o entidad puede intervenir en tareas de integración familiar.
Tercera Sistema de información y gestión en infancia y adolescencia
La Generalidad, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, debe dotar progresivamente el sistema de información y gestión en infancia y adolescencia, creado por el artículo 25, de la infraestructura necesaria para que se pueda desarrollar como sistema de información para la tramitación, comunicación e información de los entes públicos y las administraciones que desarrollen sus funciones en materia de protección de menores, así como adaptarse a las exigencias del sistema de información social al que se refiere el artículo 42 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.
Cuarta Nivel de objetivos de las prestaciones garantizadas en la Cartera de servicios sociales
Los municipios y los entes locales supramunicipales deben poder planificar y prever por cada área de población mínima de cincuenta mil habitantes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 23, un mínimo de veinte plazas en el ámbito de los servicios residenciales y de acogida para niños y adolescentes en situación de desamparo. Estas previsiones deben tenerse en cuenta en los planes de actuación local, conjuntamente con la programación de los servicios preventivos de situaciones de riesgo establecidos por el artículo 104 para las situaciones de riesgo.
Quinta Informes periódicos de valoración y análisis desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia
El Gobierno, mediante el departamento competente en infancia y adolescencia, debe elaborar, cada dos años y con un criterio de transversalidad, un informe de valoración y de análisis desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia, del conjunto de la producción normativa aprobada por el Gobierno y por los distintos departamentos, así como del grado de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidad sobre los derecho del niño. Las conclusiones de dicho informe deben presentarse en el Parlamento.
Sexta Investigación sobre maltratos infantiles y creación de un centro de investigación especializado
1. El Gobierno debe impulsar la investigación sobre el maltrato infantil, y la formación y capacitación de los profesionales en contacto con este tipo de maltrato.
2. Para alcanzar el objetivo establecido por el apartado 1 se crea un centro especializado dedicado a la investigación sobre el maltrato infantil, que debe adoptar la denominación que determine el Gobierno. La composición, el funcionamiento y las competencias de dicho centro deben establecerse reglamentariamente.
Séptima Afectación de las prestaciones o pensiones
El importe de las prestaciones o pensiones de las que son beneficiarios los niños o los adolescentes que están bajo medidas de tutela o guarda a cargo de la entidad tutelar queda afectado a subvenir los gastos derivados de la atención del servicio público que reciben.
Disposición adicional séptima redactada por el artículo 213 de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo). Téngase en cuenta que, conforme lo dispuesto en la letra c) de la disposición final séptima, la citada modificación es aplicable a partir de la aprobación de la correspondiente disposición reglamentaria.
Octava Procedimientos de valoración de personas o familias solicitantes de acogimiento familiar o de adopción
1. El procedimiento de formación y valoración psicosocial de las personas o las familias que se ofrecen a acoger un niño debe llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por reglamento, y tiene una duración máxima de seis meses. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución, se entiende que la solicitud ha sido desestimada.
2. El procedimiento de formación y valoración psicosocial de las personas o de las familias que se ofrecen a adoptar un niño debe llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por reglamento, y tiene una duración máxima de ocho meses. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución, se entiende que la solicitud ha sido desestimada.
Disposición adicional octava introducida por artículo 134 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
Primera Evaluación de resultados y de impacto
1. Las administraciones públicas responsables deben diseñar su planificación de modo que los programas nuevos y los servicios dirigidos a la atención social de los niños y adolescentes, parcialmente o totalmente financiados por fondos públicos, incluyan la evaluación de resultados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20.
2. Si las características de los objetivos o la magnitud de los fondos públicos implicados en un programa o servicio son suficientemente relevantes socialmente, el Gobierno puede exigir también la inclusión de una evaluación del impacto social.
3. La evaluación de resultados debe irse incluyendo, en la medida de lo posible, en todos los programas y servicios dirigidos a los niños y a los adolescentes que ya estén en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente ley.
4. El Gobierno debe realizar una evaluación del impacto de la presente ley al cabo de cuatro años de su entrada en vigor.
Segunda Mapa de recursos y servicios para la prevención y protección de los niños y los adolescentes
En el plazo de dos años desde la aprobación de la presente ley, el departamento competente en materia de infancia debe presentar el mapa de recursos y servicios para la prevención y protección de los niños y los adolescentes al que se refiere el artículo 23, que debe formar parte del mapa de servicios sociales de Cataluña.
Tercera Integración de la Comisión interdepartamental de coordinación de las actuaciones de la Administración de la Generalidad dirigidas a los niños y a los adolescentes con discapacidades o riesgo de tenerlas en las mesas territoriales de infancia
La Comisión interdepartamental de coordinación de las actuaciones de la Administración de la Generalidad dirigidas a los niños y a los adolescentes con discapacidad o riesgo de tenerlas sigue ejerciendo sus funciones y sus comités deben integrarse en las mesas territoriales de infancia, una vez se hayan constituido.
Cuarta Plazos de impugnación o revisión de resoluciones de desamparo
Los plazos para impugnar o revisar las resoluciones administrativas dictadas en los procedimientos a los que se refieren los artículos 115, 123 deben computarse desde el momento de la entrada en vigor de la presente ley si han sido dictadas antes de la aprobación de la misma.
1. Quedan derogadas la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción; la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción; y la Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social.
L 37/1991 de 30 Dic. CA Cataluña (protección de los menores desamparados y de la adopción) L 8/1995 de 27 Jul. CA Cataluña (atención y protección de niños y adolescentes y modificación de la L 37/1991 de 30 Dic., protección de los menores desamparados y de la adopción) L 8/2002 de 27 May. CA Cataluña (modificación L 37/1991 de 30 Dic., sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social)
2. Quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo establecido por la presente ley, sin perjuicio de la vigencia de las disposiciones reglamentarias que las desarrollan, siempre que no contradigan la presente ley.
Se faculta al Gobierno y a los consejeros competentes en los ámbitos correspondientes para que dicten las disposiciones necesarias para desarrollar y ejecutar, respectivamente, la presente ley, y para que adopten las medidas pertinentes con la misma finalidad.
Véase D. [CATALUÑA] 230/2013, 1 octubre, de régimen sancionador en materia de infancia y adolescencia, en el ámbito competencial de la Administración de la Generalidad de Cataluña («D.O.G.C.» 3 octubre).
Segunda Modificación de la Ley 13/2006
1. Se modifica el artículo 22 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 22 Prestación por el acogimiento de menores de edad tutelados por la Generalidad
7. El importe de la prestación regulada por este artículo, establecido por la Ley de presupuestos, debe ser revisada como mínimo en la misma proporción que el índice de renta de suficiencia regulado por la presente ley.»
2. Se añade uno nuevo artículo, el 22 bis, a la Ley 13/2006, con el siguiente texto:
«Artículo 22 bis Prestación para menores de edad en situación de riesgo
c) Llegar a la mayoría de edad o ver reconocida la emancipación.»
Véase la disposición final cuarta de la presente Ley.
Tercera Modificación de la Ley 13/1997 y de la denominación del Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción
Disposición final tercera derogada por artículo 133 de la Ley [CATALUÑA] 10/2011, 29 diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011
La presente ley entra en vigor al cabo de un mes de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, salvo la modificación de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, establecida por la disposición final segunda, que entra en vigor el 1 de enero de 2011.

References: Artículo 156

Artículo 157
 artículo 73
 artículo 106
 artículo 157
 artículo 129

Artículo 158
 artículo 157
 artículo 64
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 100
 artículo 158
 artículo 130
 artículo 106
 artículo 158
 artículo 130
 artículo 158
 artículo 130
 artículo 158
 artículo 130

Artículo 159
 artículo 158
 artículo 100
 artículo 159
 artículo 131
 artículo 159
 artículo 131

Artículo 160
 resolución 

Artículo 161
 artículo 161
 artículo 132
 artículo 157
 artículo 158
 artículo 159
 artículo 163
 artículo 161
 artículo 132

Artículo 162
 resolución 

Artículo 163

Artículo 164
 resolución 

Artículo 165
 resolución 

Artículo 166

Artículo 167
 artículo 25
 artículo 42
 artículo 23
 artículo 104
 artículo 213
 artículo 134
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 133