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Timestamp: 2019-05-21 05:34:52+00:00

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Foro 10-08-2017 Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
La cuestión que se somete a consideración de los integrantes d...
En efecto, el “ius variandi” que la Administración ejerce con cierta habitualidad en relación al planeamiento urbanístico chocaría con el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución –EDL 1978/3879 si el solicitante de una licencia pudiera ver resuelta su solicitud conforme a la normativa no vigente en el momento de la solicitud. Esto ha planteado importantes problemas en torno a los supuestos en que la Administración retrasa el otorgamiento expreso de una licencia solicitada, y durante el lapso de tiempo de ese retraso se produce una modificación efectiva del planeamiento aplicable.
No se nos oculta que el dilema que se nos plantea tiene puntos de contacto mu...
No se nos oculta que el dilema que se nos plantea tiene puntos de contacto muy intensos o estrechos con la inveterada doctrina del Tribunal Supremo a propósito del art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales –EDL 1955/46 (por todas, ver la STS 3ª5ª, de 30 de abril de 2010, casación 1567/2006 -EDJ 2010/71322-).
Considero que habría que buscar una exégesis del precepto reglamentario autonómico que permitiese –en supuestos como el de “autos” estar al planeamiento vigente en el momento de la solicitud de licencia para el caso de ser menos favorable para el particular la ordenación urbanística vigente en el momento del dictado del acto resolutorio.
Con mayor razón si tenemos en cuenta que toda solicitud de licencia lleva implícito el deseo o cuando menos la expectativa de conocer o de ver confirmado el único régimen urbanístico asequible en esos momentos, que no es otro que el vigente en la fecha de ingreso de la solicitud -con el correspondiente proyecto o memoria en el registro municipal de documentos.
Nunca –y esta es una opinión particular de la forma en que lo habría hecho la reglamentación autonómica que nos ha sido puesta como ejemplo.
En relación con el régimen jurídico aplicable a las licencias urbanística...
En relación con el régimen jurídico aplicable a las licencias urbanísticas el Tribunal Supremo ha venido siguiendo un criterio constante desde la sentencia de 15 de abril de 1981 -EDJ 1981/7107 que se aproxima al mantenido por la regulación autonómica controvertida, conforme a la cual las licencias deberán otorgarse de conformidad con la ordenación vigente en el momento de la resolución de la solicitud o con la que lo esté en la fecha en la que concluya el plazo máximo de resolución y notificación.
Se nos propone en esta ocasión un interesante problema de derecho transitori...
Numerosas sentencias afirman, en relación con la normativa aplicable para resolver el otorgamiento o la denegación de una licencia, que u0022si a la entrada en vigor de una nueva ordenación no han transcurrido tres meses a partir de la solicitud de las licencias, será́ esta nueva normativa la aplicable para resolver tal solicitud; y si hubiese transcurrido ya aquel plazo, procederá́ la aplicación de la normativa vigente al tiempo de la petición de licencia; este plazo de tres meses se ha establecido en razón a los criterios que la Ley de Procedimiento Administrativo, vigente a la sazón, mantiene en aplicación de sus artículos 61.1 y 94.1 -EDL 1992/17271 en el silencio administrativo negativou0022 (por todas, STS 728/1998 –EDJ 1992/1359-).
Para los casos en que pueda influir la diferente carga de trabajo de los técnicos encargados de los expedientes, sería posible acordar una ampliación de los plazos prevista en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común –EDL 2015/166690-, u0022si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercerou0022 y en el artículo 23 de la misma norma, u0022cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponiblesu0022.
Hay que recordar que tampoco se pueden adquirir por silencio administrativo licencias urbanísticas contrarias al ordenamiento jurídico, según el artículo 11.3 del TRLS-15 –EDL 2015/188203-. En definitiva, estamos ante situaciones previsibles y con una solución específica en la normativa general, así que el trato desigual no está justificado.
A fin de dar adecuada respuesta a las preguntas que se nos plantean en el pre...
Cuando el derecho estatal de suelo y el derecho urbanístico autonómico era ...
Pero cuando la inestabilidad temporal en los tiempos presentes es la regla, tanto del derecho estatal –legal y reglamentario como del derecho autonómico urbanístico –legal, reglamentario y de planeamiento en sus diversas clases resulta que el problema se acentúa exponencialmente.
Y se centra el caso de ese modo ya que si es así en el ínterin del plazo para resolver y notificar cabe perfectamente incurrir en una medida cautelar urbanística en defensa del nuevo planeamiento -en su caso para estudio, por la aprobación inicial, entre otros casos y hasta en la suspensión del otorgamiento de titulaciones habilitantes en sede de gestión urbanística. Y ello es espectacular verdaderamente ya que en esos casos no son los meses a tener en cuenta sino los años y la certeza de que en su caso pueda tener que irse a dos o tres ordenamientos futuribles es ya verdaderamente una lotería urbanística cierta. Y ordenamientos que pueden ser, si se nos permite la expresión, más expansivos o más restrictivos en aprovechamientos urbanísticos.
Quizá la doctrina que se estableció en su momento con ocasión de una estabilidad normativa buscada por todos y con ocasión además de examinar las relaciones entre solicitante de la licencia y la administración –pero quizá dejando en mal lugar al tercero o vecino que se veía abandonado y seguramente sin reacción posible a la pronta respuesta de la administración en plazo con la aplicación de un ordenamiento o de la disfuncional respuesta extemporánea de la administración que hacía aplicable el otro y anterior ordenamiento podría evolucionar a posicionamientos de mayor seguridad jurídica y fuera de la complejidad y sorpresa que no es sino terreno abonado en sede de más y más pleitos.
La problemática de las figuras próximas y cercanas a los denominados certificados de aprovechamiento urbanístico también son dignas de comentario cuando para las mismas se establece, ni más ni menos, la aplicación de un ordenamiento de la fecha de su solicitud –fijo y distinto al de la titulación habilitante urbanística y precisamente todo ello se adorna con la nada baladí concreción que ese aprovechamiento u ordenamiento va a resultar aplicable a la titulación habilitante que se pretenda en el futuro y a una distancia que normalmente se fija en varios meses, congelando de alguna forma ese régimen urbanístico, y sobre todo cuando el adorno llega a situar el caso de forma inmune a las suspensiones de titulación en defensa del nuevo planeamiento y de su gestión.
Otra cosa en que, en concreto y en el devenir de la actuación o dejación de actuación de una administración o de varias concurrentes en el caso, se pueda observar, si así se prueba, patentes y manifiestos casos de agravio comparativo cuando a determinada/s solicitud/es de titulación habilitante –autorización, licencia, comunicación, entre otros supuestos se obtiene la misma hasta en el mismo día o el siguiente aplicando temporalmente el ordenamiento de esa ubicación temporal y a otra determinada/s solicitud/es de titulación habilitante en plazo y con todas las incidencias de su razón se la hace recaer en un ordenamiento posterior con lo que ello supone de poder materializar mayores o menores aprovechamientos.

References: artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 23
 artículo 11