Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-III/2013/as201311418L.html
Timestamp: 2019-03-21 00:03:39+00:00

Document:
as201311418L
AUTO SUPREMO Nº418/2013
Expediente: 50/09 Chuquisaca
Parte imputada: Sonia Fernández Coca y Sabino Montaño Laime (Declarado
Delito: Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y
Confabulación (arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley del
Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley N° 1008))
El Recurso de Casación planteado por el Dr. Moisés Palma Salazar, en su calidad de Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, en representación del Ministerio Público de fs. 191 a 197, presentado el 5 de septiembre de 2009, impugnando el Auto de Vista N° 193 de 3 de agosto de 2009 cursante de fs. 174 a 186 de obrados, pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sonia Fernández Coca y Sabino Montaño Laime (Declarado Rebelde), por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley N° 1008), los antecedentes, y;
Con base a la Acusación Fiscal, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal de Sentencia N° 2 de la ciudad de Sucre, del Distrito Judicial de Chuquisaca, mediante Sentencia Nº 6 de 24 de abril de 2009, de fs. 111 a 117 vta., resolvió declarar a Sonia Fernández Coca:
1.- Autora del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley N° 1008), porque la prueba aportada en juicio fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de la imputada en la comisión del delito atribuido, por lo que en sujeción del art. 365 del Código de Procedimiento Penal se le condenó a la pena privativa de libertad de trece años (13) de presidio y 300 días multa cuantificables a Bs. 2.- por día (art. 29 del Código Penal) lo que hace un total de Bs. 600.- de multa; la pena de presidio se cumplirá en la Cárcel Pública de “San Roque” y finalizará el 22 de marzo del año 2021, debiendo la condenada pagar las costas del proceso a calificarse en ejecución de Sentencia.
2.- En lo referente al delito de Asociación Delictuosa y Confabulación, previsto y sancionado por el art. 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley N° 1008), se la Absuelve a Sonia Fernández Coca, toda vez que la prueba aportada en juicio no ha sido suficiente para generar en el Tribunal la convicción respecto de la responsabilidad de la imputada con relación a este delito, por lo que existiendo duda razonable y en aplicación del principio de Indubio Pro Reo en sujeción al art. 363 num. 2) del Código de Procedimiento Penal se la absolvió de dicho ilícito.
3.- Se dispuso la confiscación de $us. 300.- Dólares Americanos, que fueran secuestrados a la imputada, así como el celular plomo con azul marca Nokia modelo 1500V, IMEI 011278/00/503712/1 mismos que ya se encuentran en poder de DIRCABI.
Que, ante esta Sentencia, Sonia Fernández Coca de fs. 131 a 145 vta., interpuso Recursos de Apelación Restringida, mismos que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 3 de agosto de 2009 (fs. 174 a 186), la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dictó Auto de Vista N° 193/09, declarando Improcedentes los motivos identificados como I.a) y I.b) relacionados a los Autos N° 32/2009 y 33/2009 de 21 de abril; Improcedentes los motivos identificados como II.A y II.C relativos s defectos de la Sentencia; y, Procedente el motivo identificado como II.B, en cuyo mérito y en aplicación del art. 413 último párrafo del Código de Procedimiento Penal, Anuló parcialmente la Sentencia confutada, en los puntos 5 y 6 (Fundamentación Jurídica de la Pena), y en las determinaciones emergentes de estas, de la parte Resolutiva; debiendo tenerse todas ellas por sustituidas en los términos que contiene el presente Auto de Vista al resolver el motivo II.B; es decir, que el quantum de la pena será de 10 años de presidio a cumplir en la Cárcel Pública de “San Roque” de la ciudad de Sucre y mil días multa de Bs. 2.- por día, quedando en lo demás incólume la Resolución A quo.
Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, el Dr. Moisés Palma Salazar, en su calidad de Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, en representación del Ministerio Público, mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2009 (fs. 191 a 197), Interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado de acuerdo a los siguientes argumentos:
I.- Haciendo una relación de los antecedentes del caso; invocó y transcribió la parte pertinente del Auto Supremo Nº 448 de 4 de noviembre de 2005, el mismo que corresponde a que el Estado a través de sus Instituciones como el Poder Judicial, entre otros, asume ante la comunidad Nacional e Internacional la obligación de combatir a los crímenes contenidos en la Ley Nº 1008 y una forma es imponiendo penas ejemplificadoras, asimismo transcribe la doctrina legal referida a las imposición de las penas.
Por otro lado, invocó y transcribió la doctrina legal del Auto Supremo Nº 639 de 20 de octubre 2004, el mismo que es referido a la aplicación del art. 420 del Código de Procedimiento Penal.
II.- El Tribunal de Alzada al declarar procedente el motivo de apelación de la acusada Sonia Fernández Coca señaló que hubiera existido en la Sentencia la concurrencia de inobservancia y errónea aplicación de la Ley Sustantiva y lo hiciera respecto del art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, realizándolo de manera genérica por lo que dijo que debe prevalecer la norma específica, así lo hubiera manifestado el Auto de Vista en el renglón 26 de la página 23.
El Auto de Vista impugnado es contradictorio al Auto Supremo Nº 594 de 26 de noviembre de 2003 -transcribiendo la parte pertinente- del cual en su contenido refiere: “la agravante de volúmenes mayores de droga incautada, no hecha sus raíces solo para el delito de tráfico incurso en la sanción del art. 48 de la Ley Nº 1008”. También transcribió su doctrina legal aplicable señalando: “la circunstancia de la agravante contenida en el segundo periodo del art. 48 de la Nº 1008 enlazadas en las especificadas en el numeral 2) del art. 38 del Código Penal, no es ajena en su estimación para otros tipos penales, si de suyo está comprobada la existencia de volúmenes mayores en la siembra, fabricación, transporte, tráfico, comercialización y otros, tanto de alcaloides en estado base o cristalizado, como en el uso de precursores químicos”, de lo que señaló que la jurisprudencia del Supremo Tribunal ha seguido esta línea en materia sancionadora cuando concurre el presupuesto de “volúmenes mayores” de droga o sustancias controladas incautadas; de ahí que la doctrina legal aplicada no viene a ser si no una valiosa confirmación para los Jueces y Tribunales de la República la apliquen en forma obligatoria, en los términos dispuestos en el segundo periodo del art. 420 de la Ley Procesal Penal, más aún en este caso que el Auto de Vista omitió aplicar la agravante contendida en las disposiciones mencionadas, por lo que resulta el argumento del Auto de Vista falso que no exista agravante en el caso del delito de transporte de sustancias controladas, porque como se vio en el precedente contradictorio invocado describe claramente lo contrario, porque el Tribunal de alzada solo tomo en cuenta la media entre 8 y 12 años de reclusión, sin tomar en cuenta la agravante, al respecto invoca y transcribe un fragmento del Auto Supremo mencionado: “resulta imperioso que el Juez o Tribunal al tiempo de fijar la pena, compulse la agravante contenida en el numeral 2) del art. 38 del Código Penal, vale decir que un cargamento de más de 152.300 gramos de cocaína en sus consecuencias y efectos perniciosos a la salud de la población, no es equiparable a aquel que transporta por encargo cantidades pequeñas; esto equivale a sostener que toda droga en volúmenes mayores, importa haber realizado tareas previas de compra, conservación, estocamiento y seguridad para no ser descubierto”
También el Auto de Vista es contradictorio a este Auto Supremo invocado como precedente contradictorio porque el Auto de Vista señaló que no acreditó el almacenamiento, de los más de 22 Kilos de cocaína, cuando de manera contradictoria el precedente contradictorio establece, que el verbo rectore se tiene por comprobado cuando se tratan de cantidades que dieron lugar necesariamente a tareas previas de compra, conservación, estocamiento (sinónimo de almacenamiento) y seguridad para no ser descubierto.
Asimismo invocó el Auto Supremo Nº 130 de 10 de marzo de 2003 del cual señaló: “la droga importa de hecho gravedad inminente a la salud de la población, sustancialmente ese peligro de dimensión, significa también que el autor tuvo que realizar con anterioridad a su descubrimiento las operaciones de compra, acopio, por lo cual es correcta la calificación del incriminado como delito de tráfico consumado”.
Invocó el Auto Supremo Nº 645 de 21 de octubre de 2004, del cual señaló la contradicción con el Auto de Vista toda vez que el mismo se refiere al verbo rector de posesión dolosa, por lo que se acreditaría el delito de Tráfico de Sustancias Controladas.
Auto Supremo Nº 70 de 9 de febrero de 2004 del cual afirma: “…se entiende por tráfico a toda conducta contemplada en la definición del inc. m) del art. 33, como todo acto dirigido o emergente de las acciones entre otros de poseer dolosamente sustancias controladas”
Refirió, que para que se configure el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, basta comprobar un solo elemento o verbo de los trece descritos en el inc. m) del art. 33 dela Ley Nº 1008, a ese fin mencionó como precedente contradictorio el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2001 pronunciado por la Sal Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el mismo sentido invocó los Autos Supremos Nº 485 de 29 de septiembre de 2003 y Nº 130 de 11 de mayo de 2005 y Auto Supremo Nº 91 de 28 de marzo 2006, que refieren: “…los tipos penales incursos en el art. Art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley Nº 1008, se encuentran expresados en los siguientes verbos nucleares: producir, fabricar, poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de las presente Ley o de las otras normas jurídicas”; siendo que la ejecución de una de estas acciones, es de carácter formal y no resultado.
El Auto de Vista en su página 17 señaló que el Tribunal de Sentencia no habría motivado o existiría fundamentación insuficiente para aplicar 13 años de presidio, lo que correspondía al Tribunal de Apelación era concluir que el Aquo ha incurrido en violación del art. 38 del Código Penal por falta de fundamentación de las circunstancias extrañadas, que constituyen defecto absoluto (por violación al debido proceso, derecho de la defensa, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva) y defecto de la Sentencia contenido en el art. 169 num. 3) y 370 num. 1) y anular el juicio y ordenar la reposición del juicio con la finalidad de recepcionar la prueba pertinente para la fijación legal de la pena, en base a ello dictar una nueva Sentencia, así lo manifestó el Tribual de Alzada en un caso similar mediante Auto de Vista Nº 236 de 7 de octubre de 2008.
Finalmente, invocó como precedente contradictorio el Auto de Vista sin número de 8 de enero de 2007 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba porque en un caso similar por transportar 16 Kilos de cocaína le condenan a la pena de 17 años y 6 meses de presidió , por lo que la contradicción del Auto de Vista radica en que el monto que llevaba consigo la imputada era de 22 Kilos, cantidad superior a la del precedente, sin embargo el Tribunal de Alzada subsumió su conducta de la imputada a la del transporte de sustancias controladas.
Auto supremo Nº 448 de 4 de noviembre de 2005
Auto Supremo Nº 639 de 20 de octubre 2004
Auto Supremo Nº 594 de 25 de noviembre de 2003
Auto Supremo Nº 130 de 10 de marzo de 2003
Auto Supremo Nº 645 de 21 de octubre de 2004
Auto Supremo Nº 70 de 9 de febrero de 2004
Auto de Vista de 29 de diciembre de 2001
Auto Supremo Nº 485 de 29 de septiembre de 2003
Auto Supremo Nº 130 de 11 de mayo de 2005
Auto Supremo Nº 91 de 28 de marzo 2006
Auto de Vista Nº 236 de 7 de octubre de 2008.
Auto de Vista sin número de 8 de enero de 2007 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba
Solicitó se conceda su recurso a objeto de que la Excma. Corte Suprema de justicia en una de las Salas Penales, previa valoración de los antecedentes declare fundado su recurso, dejando sin efecto el fallo que motivo el presente recurso de a efectos de que se pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida.
Que, de conformidad al Auto Supremo Nº 395 de 26 de agosto de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de Casación para ingresar al análisis y consideración del Auto de Vista recurrido, la invocación de los precedentes contradictorios en su Recurso de Casación a fin de establecer la posible contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al momento de emitir la Resolución objeto de análisis y la posible existencia de defectos absolutos, al respecto se tiene que:
El recurrente invocó como precedentes contradictorios:
Respecto de los Autos de Vista invocados como precedentes contradictorios en su Recurso de Casación, se debe dejar claramente establecido, que, de los mismos no se tiene constancia oficial de que dicho fallo se encuentre ejecutoriado; por consiguiente, pasible de modificación, pues respecto a este punto la Corte Suprema ha establecido en el Auto Supremo Nº 211 de 4 de abril de 2004 dispuso en su Doctrina Legal Aplicable “Tan marcada y evidente es la incompatibilidad para determinar si verdaderamente existe contradicción entre los precedentes y el A.V. de fs. 375-377 objeto del recurso de casación, que a esto se suma la duda de que los Autos de Vista invocados como precedentes a fs. 378-379 y 381-384 de obrados, se hallan debidamente ejecutoriados, en los términos que previene el art. 126 de la Ley N° 1970, concordante con el art. 515 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, qué validez podría tener una resolución judicial susceptible de modificación por recursos ulteriores, si ésta es ofrecida como precedente?; el entendimiento doctrinario y sentido interpretativo del tercer periodo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, radica en buscar la uniformidad de la jurisprudencia y en tal virtud el presupuesto indispensable es que dichos precedentes invocados por los recurrentes en casación, estén debidamente ejecutoriados, lo que supone del tribunal la exigencia del requisito, y con mayor sigilo si se invocan como precedentes Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito del país en sus Salas Penales”, conforme lo señalado supra, para que se considere un Auto de Vista como precedente contradictorio deberá acreditarse su ejecutoria aspecto que no se advierte en el caso de Autos.
Con relación a los Autos Supremos:
Auto Supremo Nº 448 de 4 de noviembre de 2005, el mismo no es contradictorio al Auto de Vista impugnado, toda vez que es emergente de la tramitación con el Código de Procedimiento de 1972, por tanto no tiene los alcances del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, por otro lado se debe tener en cuenta que el mismo fue anulado por la Resolución Nº 165/2006 de 14 de agosto pronunciada por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca y confirmado por la Sentencia Constitucional Nº 0839/2007-R de 11 de diciembre.
Auto Supremo Nº 639 de 20 de octubre 2004, no se advierte contradicción con el Auto de Vista toda vez que la temática tratada en el presente caso es referida a los delitos de Tráfico y Transporte de Sustancias Controladas y no así como señala este precedente, que trata de que no existe tentativa en los delitos comprendidos en la Ley Nº 1008, además respecto del incumplimiento a la doctrina legal establecida en el A.S. N° 417, de 19 de agosto de 2003, el cual sentó línea justamente respecto de la inexistencia de la tentativa en este tipo de delitos.
Auto Supremo Nº 130 de 10 de marzo de 2003, el mismo se trata de un Auto Supremo emergente de la tramitación con el Código de Procedimiento Penal de 1972, por tanto no tiene los alcances del art. 420 del Código de Procedimiento Penal actual, además su forma de Resolución es por declarar Infundado el recurso planteado, por tanto no se advierte contradicción con el Auto de Vista impugnado.
Auto Supremo Nº 645 de 21 de octubre de 2004, Auto Supremo Nº 70 de 9 de febrero de 2004 y Auto Supremo Nº 130 de 11 de mayo de 2005, los mismos no entran en contradicción con el Auto de Vista impugnado, toda vez que la forma de resolución de los mismos es Infundado, por tanto carece de la calidad otorgada por el art. 420 del Código de Procedimiento Penal.
Auto Supremo Nº 485 de 29 de septiembre de 2003, del mismo no advierte contradicción con el Auto de Vista impugnado, toda vez que el mismo es emergente de la tramitación con el Código de Procedimiento de 1972, por tanto no tiene los alcances del art. 420 del Código de Procedimiento Penal
Respecto de los siguientes precedentes contradictorios se tiene:
Auto Supremo Nº 91 de 28 de marzo 2006, contradice al Auto de Vista impugnado en su doctrina legal aplicable: “…Que los tipos penales incursos en el artículo 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley Nº 1008, se encuentra expresados en los siguientes verbos nucleares: "producir, fabricar, poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas"; la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultados”.
Con la finalidad de contrastar los fundamentos expuestos mediante doctrina legal aplicable con relación al Auto de Vista impugnado se tiene que la referida Resolución del Tribunal de Alzada basó su determinación apoyada en el Auto Supremo Nº 178 de 17 de mayo de 2006, del cual empleó su doctrina legal aplicable la misma que es: “…que el tipo penal de tráfico de sustancias controladas incurso en el artículo 48 de la Ley Nº 1008 que se complementa con otra norma que se encuentra en el artículo 33 inciso m) de la cita Ley; completada la norma, la misma tiene carácter general y en su inciso m) refiere una serie de conductas, entre ellas la acción de transportar sustancias controladas; mientras que, la norma particular insertada en el artículo 55 de la referida Ley señala también transporte de sustancias controladas especificando sus elementos constitutivos como la ilicitud del acto de transportar y el dolo, vale decir, el conocimiento de la sustancia controlada que está trasladando o transportando, delito que tiene carácter formal y no de resultado.
Que, en cuanto a la aplicación de la norma general o particular y tratándose de tipos penales que regulan conductas ilícitas, es preferible aplicar la norma específica para no vulnerar el principio de legalidad, por cuanto ésta es la que precisa sin ambigüedades al hecho ilícito; mientras que la norma general no da certeza sobre la conducta prohibida y esa imprecisión vulnera el principio de legalidad penal sustantiva.
Que toda cuestión de puro derecho que sea motivo de apelación restringida abre la competencia del Tribunal de Apelación, siempre y cuando no sea necesaria la comprobación de hechos o valoración de prueba que corresponde a la competencia del Juez o Tribunal de Sentencia; razón por el que el control jurisdiccional del Tribunal de Apelación se circunscribe a dos ámbitos: 1) cuando evidencie defectos absolutos y/o defectos de sentencia que requiera nuevo juicio y 2) cuando los asuntos de puro derecho no requieran nueva sustanciación del juicio debe resolverlos directamente”.
En consecuencia, los fundamentos expuestos en el precedente contradictorio invocado (Auto Supremo Nº 91 de 28 de marzo 2006) sería anterior al Auto Supremo Nº 178 de 17 de mayo de 2006, el mismo que fuera sustento legal para la determinación del Auto de Vista impugnado, solo con relación a la calificación del tipo penal.
Al respecto se debe tener en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia, tiene la potestad de modificar por medio de una nueva resolución la doctrina legal que con motivo de otro recurso de casación hubiere establecido, conforme dispone la segunda parte del artículo 420 de la Ley 1970, de ahí que la jurisprudencia si bien sienta doctrina sobre alguna institución o algún punto no aclarado por el Código, no constituye de ninguna manera, fuente productora de derecho procesal penal, sino que se traduce en criterios teleológicos del sentido y alcance de la ley sobre un caso particular, que como se dijo, la misma puede modificar la doctrina sentada en resoluciones anteriores, por tanto no se advierte contradicción respecto de lo cuestionado con este precedente contradictorio (Auto Supremo Nº 91 de 28 de marzo 2006).
Con relación al Auto Supremo Nº 594 de 26 de noviembre de 2003, en su Doctrina legal aplicable contradice al Auto de Vista impugnado: “Ahora bien, como la descripción indeterminada del art. 33 inc. m) de la L. N° 1008, involucra a las demás conductas antijurídicas, entre ellas el transporte de sustancias controladas previsto en el art. 55 de la Ley Especial, la circunstancia de la agravante contenida en el segundo periodo del art. 48 de la Ley referida, enlazada a las especificadas en el numeral 2) del art. 38 del Código Penal, no es ajena en su estimación para otros tipos penales, si de suyo está comprobada la existencia de volúmenes mayores en la siembra, fabricación, transporte, tráfico, comercialización y otros, tanto de alcaloides en estado base o cristalizado como en el uso de precursores químicos.
La jurisprudencia del Supremo Tribunal ha seguido esta línea en materia sancionadora, cuando concurre el presupuesto de "volúmenes mayores" de droga o sustancias controladas incautadas; de ahí que la Doctrina Legal Aplicada no viene a ser sino una valiosa confirmación para que los jueces y tribunales de la república la apliquen en forma obligatoria, en los términos dispuestos por el segundo periodo del art. 420 de la Ley Procesal Penal; máxime si el Tribunal de alzada a tiempo de pronunciar el Auto de Vista de 13 de mayo de 2003 de fs. 179-187, objeto de impugnación por el Fiscal de Materia, ha omitido aplicar la agravante contenida en las disposiciones legales arriba mencionadas”.
En ese sentido, contrastado con el Auto de Vista recurrido se tiene que la pena que se le impone a la imputada es de 10 años de presidio, por tener en su posesión 22.918 gramos de cocaína, aspecto que el Tribunal de Alzada fundamentó señalando: “corresponde afirmar la inconcurrencia de atenuantes especiales ni generales en el caso de la acusada, ni el ilícito atribuido prevé agravante alguna, por lo que la determinación el quantum de la pena a la media entre los límites mínimo y máximo previstos por Ley, respetando los principios de legalidad y proporcionalidad que la rigen”, de lo manifestado se advierte afirmación de que este caso no admitió agravante alguna, contradiciendo con lo manifestado en el presente Auto Supremo.
Del Auto Supremo invocado como precedente contradictorio, se debe tener en cuenta que la descripción indeterminada prevista en el art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), involucra a las demás conductas antijurídicas, entre ellas el transporte de sustancias controladas previsto en el art. 55 de la Ley Especial, así como la circunstancia de la agravante contenida en el segundo periodo del art. 48 de la Ley referida, enlazada a las especificadas en el numeral 2) del art. 38 del Código Penal, señalando que no es no es ajena en su estimación para otros tipos penales, si de suyo está comprobada la existencia de volúmenes mayores en la siembra, fabricación, transporte, tráfico, comercialización, compra, conservación, estocamiento y seguridad para no ser descubierto, tanto de alcaloides en estado base o cristalizado como en el uso de precursores químicos.
De lo expuesto evidenciando contradicción entre el precedente invocado y el Auto de Vista, amerita en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, y establecer la siguiente:
Entre las atribuciones conferidas por la norma a los Jueces y Tribunales de Sentencia están los relativos a la determinación de la pena, en cuya virtud, a través del Recurso de Apelación Restringida no corresponde ingresar a discutir su mayor o menor rigurosidad, cuando la imposición de la sanción penal ha sido ejercida respetando el tipo de pena prevista en la norma penal sustantiva y dentro de la escala que la misma norma penal permite. Esto, sin embargo, no obsta que los Tribunales de Apelación en aplicación del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, puedan corregir la Sentencia en cuanto a la aplicación de la pena, cuando a pesar de haberse aplicado la sanción penal prevista en el tipo y en el marco de la escala legal prevista, el Juez o Tribunal de juicio se limitó a aplicar la sanción penal prevista en el tipo en inobservancia de otras normas penales de carácter sustantivo que también resultan aplicables al caso concreto y sean determinantes para la fijación de la pena, pues esta omisión puede ser también considerada como inobservancia o errónea aplicación de la Ley penal sustantiva pero además en caso de aplicarse la excepcionalidad de modificación de una pena esta debe contener los suficientes fundamentos de orden legal y constitucional que permitan cumplir con el fin establecido respecto de una pena.
Que el Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre todas las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal.
La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme al art. 419 del Código de Procedimiento Penal, respecto del recurso de casación planteado por el Dr. Moisés Palma Salazar, en su calidad de Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, en representación del Ministerio Público DEJAR SIN EFECTO el Auto de Vista Nº 193 de 3 de agosto de 2009, disponiendo que la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Chuquisaca, sin espera de turno, previo sorteo emita nueva Resolución conforme a la Doctrina Legal Aplicable.
En aplicación del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase por Secretaría copia del presente Auto Supremo a todas las Cortes Superiores del País (ahora Tribunales Departamentales de Justicia), para que por intermedio de cada Presidente se haga conocer a los Jueces Penales del Distrito Judicial respectivo la presente Resolución.
Libro Tomas de Razón 418/2013

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