Source: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2007-14794
Timestamp: 2013-05-25 16:01:59+00:00

Document:
Publicado en: «BOE» núm. 185, de 3 de agosto de 2007, páginas 50 a 60 (11 págs.)
Referencia: BOE-T-2007-14794
3. De la excepción formulada se dio traslado a la sociedad actora, que contestó en tiempo y forma, recibiéndose el incidente a prueba y practicándose la misma. Tramitado el incidente y con suspensión del término para su resolución, el Juzgado de Primera instancia núm. 46 de Madrid, por providencia de 18 de junio de 1998, acordó, conforme a lo dispuesto en el art. 35.2 LOTC, oír a las partes y al Ministerio Fiscal «para que en el plazo común e improrrogable de diez días, puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad».
b) Razona seguidamente el Juzgado proponente de la cuestión que la anterior Ley 22/1987, de 31 de noviembre, de propiedad intelectual, establecía en su art. 132 que «Las entidades legalmente constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta o en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura, que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Estas entidades no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se establece». Previsión a la que añadía el art. 135 que «Las entidades de gestión una vez autorizadas estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios Estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales». Por su parte, el art. 145 (actual art. 150), del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en su apartado primero reproduce el art. 135 de la Ley de propiedad intelectual de 1987, pero añade un segundo apartado, objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, del siguiente tenor literal: «A los efectos establecidos en el art. 503 de la Ley de enjuiciamiento civil, la entidad de gestión estará obligada a aportar al proceso copia de sus Estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente».
Ya con anterioridad a la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril -continúa el Juzgado proponente- parte de la doctrina, así como diversas Audiencias Provinciales, venían sosteniendo que la legitimación reconocida a las entidades de gestión en el art. 135 de la Ley de 1987 constituía un supuesto de legitimación indirecta o por sustitución de intereses difusos que en la práctica suponía la inaplicación del art. 503.2 LEC (1881) y la inversión de la carga de la prueba. Tal interpretación fue plasmada en el párrafo segundo del art. 145 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, precepto cuya constitucionalidad no se cuestiona en cuanto a su contenido (pues esta regulación «es la única que asegura una protección realmente eficaz de unos derechos tan difícilmente materializables como los de propiedad intelectual», afirma el Juzgado proponente), sino exclusivamente por razones formales, al entender el Juzgado proponente que el Gobierno puede haber rebasado los límites de la delegación legislativa.
En este sentido -continúa el Juzgado proponente-, en la exposición de motivos del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se explica que la autorización otorgada al Gobierno por la disposición final segunda de la Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CE, del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, tenía por objeto la elaboración de un texto que refundiese las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando los textos que hubieran de ser refundidos, siendo el alcance temporal de esta habilitación legislativa el relativo a las disposiciones legales vigentes a 30 de junio de 1996.
Pues bien, el art. 135 de la Ley de propiedad intelectual de 1987 reconocía a las entidades de gestión legitimación para actuar en nombre de sus asociados, pero en modo alguno establecía la presunción de que los derechos ejercitados, por el hecho de ejercerse, estaban encomendados a la gestión de la asociación ejerciente ni en ninguna de las normas que son objeto de refundición se contiene una previsión de tal tenor. Cierto es que del art. 135 resultaba efectivamente un régimen de legitimación ex lege por sustitución, que permite a las entidades de gestión autorizadas «ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales», pero presumir, como se hace en el actual art. 150 (antes 145) del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que el derecho ejercitado está confiado a la entidad de gestión, con la correlativa inversión de la carga de la prueba, limitándose además los medios de oposición de la parte contraria, supone ir más allá de lo previsto en la Ley de propiedad intelectual de 1987, constituyendo tal regulación una auténtica innovación.
Por lo expuesto -concluye el Juzgado proponente- «se estima que el actual artículo 150, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, precepto aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo, puede ser contrario al artículo 82 así como a los artículos 9.3 y 66.2 de la Constitución, por lo que procede el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional».
6. Mediante providencia de 15 de septiembre de 1999 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones, conforme dispone el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. También se acordó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado», publicación que tuvo lugar con fecha 24 de septiembre de 1999.
Comienza por destacar el Abogado del Estado que el Juzgado que promueve la cuestión dice suscitar ésta inicialmente en relación con el art. 145 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, pero que debe entenderse referida al actual art. 150, renumerado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo. Sin embargo, este desplazamiento automático de una a otra norma no resulta irrelevante, como se da por supuesto en el Auto de planteamiento de la cuestión, dado que la misma se contrae a un pretendido exceso en la actividad refundidora derivada de una delegación legislativa (ultra vires), exceso que nunca podría imputarse a la Ley 5/1998, emanada directamente del poder legislativo. Esta Ley ha modificado el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, dando nueva redacción a alguno de sus preceptos e introduciendo otros nuevos, y asimismo ha reordenado numéricamente -como consecuencia de la introducción de nuevos preceptos- otros preceptos de su articulado, entre ellos el art. 145, manteniendo su redacción inicial. Sin embargo, de ese diverso alcance innovador no cabe inferir un distinto rango en la jerarquía de fuentes, por cuanto lo decisivo en la teoría de las normas es su conexión con la fuente o poder del que emanan y no sus contenidos materiales, como ya destacara la STC 61/1997, FJ 4 a). Del mismo modo, el hecho de que un determinado texto legal mantenga su denominación primitiva tras una modificación parcial de su articulado es una cuestión semántica que atiende a razones de oportunidad, siendo lo relevante la voluntad del órgano que lo aprueba. Por ello, cuando el art. 6.4 de la Ley 5/1998 establece que el nuevo art. 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual tenga la misma redacción que el anterior art. 145, esa norma ya no es imputable a una refundición del poder ejecutivo en virtud de una delegación precedente, sino a la voluntad del propio poder legislativo, puesto que es éste quien manda observarla, aunque sea por vía de remisión: no redacta de nuevo el precepto, sino que asume su contenido con la redacción que ya tenía en virtud del texto refundido de 1996. En suma, a partir de la Ley 5/1998 el precepto cuestionado ha experimentado un desplazamiento no simplemente numérico, sino también en la relación de fuentes, por obra de la voluntad directa e inmediata de las Cortes Generales, de suerte que su rango ha dejado de ser el de un texto refundido para ser el de una ley, lo que determina que la duda de constitucionalidad que se expresa en el Auto de planteamiento de la cuestión carezca de fundamento.
Pero es más, aunque lo que se cuestiona es simplemente la constitucionalidad del precepto por razones formales, esto es, por un supuesto exceso en la actividad refundidora, reproche que debe quedar descartado por las razones antes expresadas, debe tenerse en cuenta que desde un punto de vista material el Auto de planteamiento de la cuestión señala la existencia de una corriente jurisprudencial y doctrinal que había interpretado el art. 135 de la Ley 22/1987, de propiedad intelectual, en el mismo sentido que luego se recogería expresamente en la redacción del párrafo segundo del art. 145 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual de 1996, añadiendo el Auto que tal interpretación «es la única que asegura una protección realmente eficaz de unos derechos tan difícilmente materializables como los de la propiedad intelectual». Realmente en esta observación -afirma el Abogado del Estado- está implícito un reconocimiento de la constitucionalidad del propio precepto cuestionado: si la finalidad general de la Ley, y en particular de los preceptos relativos a la gestión colectiva de los derechos, es la protección de la propiedad intelectual, difícilmente podrá llegarse a una censura de una norma que se califica como único medio realmente eficaz de asegurar esa protección. En efecto, en el texto refundido no cabe ver -al margen de que la literalidad de sus expresiones puedan o no encontrarse en el texto legal- desviación alguna en el espíritu y finalidad de los preceptos, si estos se juzgan como único medio de alcanzar los objetivos precisos marcados por el legislador; pues bien, en aquellos casos en los que una interpretación judicial generalizada de un texto legal determinado es acogida en un ulterior texto refundido no parece que pueda hablarse de verdadera innovación, sino de aclaración, armonización o regularización en los términos previstos en el art. 82.5 CE.
El texto del art. 135 de la Ley de propiedad intelectual de 1987 («las entidades de gestión una vez autorizadas estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales»), idéntico al del primer párrafo del art. 145 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual de 1996 (luego convertido en art. 150 por la Ley 5/1998), debe ponerse en conexión con la explícita referencia que se contiene tanto en la exposición de motivos de la ley como en diversos preceptos de la misma a la «gestión colectiva» o a las «entidades de gestión colectiva». Estas expresiones son bien reveladoras de la propia singularidad de la legitimación procesal reconocida a estas entidades; el que esta legitimación no responde simplemente al esquema común de representación o sustitución procesal lo muestra no tanto la redacción cuanto la existencia misma del propio precepto, de todo punto innecesario si se interpreta como alusivo a la posibilidad de que determinados derechos puedan hacerse valer en juicio por personas distintas de sus titulares mediante la justificación del poder otorgado, pues tal posibilidad ya aparecía reconocida por la regulación de la representación en nuestro Derecho sustantivo.
Bien puede interpretarse que la redacción del texto legal de 1987 quiso encajarse en el ámbito del art. 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), esto es, mediante el reconocimiento de que las entidades de gestión aludidas en el precepto pasan a tener reconocida por la propia Ley un título directo y propio de legitimación que les faculta para el ejercicio de acciones administrativas o judiciales, al margen de la exteriorización precisa de una relación representativa con los titulares de los derechos reconocidos en la Ley. Los «derechos confiados a su gestión» a que el precepto alude no serían sólo los que por una disposición voluntaria hubieran resignado a su favor los titulares materiales de los derechos, sino los intereses colectivos -también de relevancia pública-inherentes a la protección en abstracto de los derechos de propiedad intelectual confiados por la ley. Se trataría de un «régimen de representación ex lege por sustitución», como expresamente reconoce el Auto de planteamiento de la cuestión en su fundamento jurídico 6, régimen en el que no importarían tanto los apoderamientos singulares como la directa determinación de la ley, sustituyendo, o cuando menos yuxtaponiendo, a la legitimación individual y común una forma de legitimación para la defensa de intereses colectivos.
El texto refundido de 1996 habría pretendido armonizar esta forma de protección colectiva con las facultades dispositivas del propietario, intereses legítimos ambos que no por presumiblemente convergentes podrían dejar de acusar eventuales contradicciones en su ejercicio, limitando para ello el alcance de esta «sustitución ex lege» y aproximándola a las formas clásicas de representación. Para ello habría dejado reducido el efecto sustitutorio a una modesta cuestión procesal: la entidad de gestión colectiva no tendría que demostrar otra cosa -y ello en el limitado marco del art. 503 LEC 1881, es decir, en el aspecto temporal de la presentación de documentos en juicio- que la aptitud estatutaria y la autorización administrativa. Hasta aquí regiría un criterio de legitimación propio de los intereses colectivos según el art. 7.3 LOPJ, en perfecta coherencia con el sentido último del texto legal.
En definitiva, la redacción originariamente añadida por el texto refundido de 1996 en el segundo párrafo del art. 145 -haciendo abstracción de su ulterior confirmación por la Ley 5/1998- no habría ampliado el alcance de la legitimación de las entidades de gestión colectiva, sino que más bien lo habría reducido respecto del criterio colectivo de legitimación establecido en el art. 7.3 LOPJ, en el que desembocaba de manera natural el art. 137 de la Ley de 1987. El texto refundido de 1996, armonizando los intereses individuales del propietario con los intereses colectivos sancionados en la norma refundida, habría dejado reducida a una modesta presunción iuris tantum lo que en el art. 137 de la Ley de 1987 podría haberse identificado como una legitimación directa e incondicionada basada en el reconocimiento de unos intereses colectivos difusos. El texto refundido de 1996 habría, pues, armonizado dos clases de preceptos explícitos en la Ley, que en cuanto tal armonización resulta plenamente justificada a la luz del art. 82.5 CE: de una parte, el reconocimiento de una especialísima legitimación de las entidades de gestión colectiva para la defensa de unos intereses múltiples, dispersos y necesitados de modos colectivos de protección; de otra, el reconocimiento de estos mismos intereses como derechos de propiedad y como tales conectados a una titularidad personal.
En cuanto al fondo del asunto, señala el Fiscal General del Estado que una primera acotación sobre los preceptos constitucionales alegados en el Auto de planteamiento como sustento de la cuestión de inconstitucionalidad conduce a descartar los arts. 9.3 y 66.2 CE, pues su mención debe considerarse como meramente retórica y carente de sustantividad propia, toda vez que las argumentaciones incorporadas al Auto de planteamiento se refieren exclusivamente al problema del exceso en la delegación legislativa hecha por las Cortes Generales al Gobierno para refundir los textos legales que tuvieran por objeto la propiedad intelectual, lo que nos sitúa en el marco del también invocado art. 82 CE. Ahora bien, de las dos posibilidades de delegación legislativa previstas en el art. 82 CE se trata aquí de un supuesto de refundición de textos legales y no de articulación, lo que condiciona el soporte habilitante, ley ordinaria en el primer caso y ley de bases en el segundo (art. 82.2 CE). Por otra parte, el art. 82.5 CE distingue dos modalidades de autorización a la refundición: mera formulación de un texto único o regularización, aclaración y armonización de los textos legales que han de ser refundidos. A esta segunda modalidad, que transfiere al texto refundido algo más que la función mecánica de copiar textos, permitiendo la agregación de normas que respondan a alguna o algunas de las tres finalidades señaladas responde la autorización legislativa que dio lugar al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, cuyo art. 145 contiene un primer párrafo que reproduce fielmente el antiguo art. 135 de la Ley de propiedad intelectual de 1987 («Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales»), agregando un segundo párrafo («A los efectos establecidos en el art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la entidad de gestión estará obligada a aportar al proceso copia de sus estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración convenida»), párrafo éste que constituye el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, por estimar el Juzgado proponente que podría incurrir en un exceso de la delegación legislativa, vulnerador del art. 82 CE.
En este sentido, el propósito del texto refundido de 1996 en el precepto cuestionado respondería a una pretensión de aclaración, por la confusión generalizada entre las Audiencias Provinciales en torno a los documentos que con la demanda han de presentarse por las entidades de gestión autorizadas en supuestos tan específicos como los atinentes a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, toda vez que el término de «legitimación» del texto legal anterior (art. 135 de la Ley 22/1987), reproducido en el párrafo primero (no cuestionado) del art. 145 del texto refundido de 1996, podría dar lugar a la innecesariedad de presentar documentos por parte del actor acreditativos de su legitimación para comparecer en juicio, obligándole para acreditarla la presentación de la copia de sus estatutos (que prueban su dedicación al tipo de negocios defendidos atinentes a la propiedad intelectual), así como la certificación acreditativa de la autorización administrativa (o sea, de su previo control administrativo). Estos datos se hallaban como exigencia en la Ley 22/1987, y la novedad aclarativa del texto refundido de 1996 se refiere únicamente a la necesidad de que sean acreditados ante el Juez, pues no otra cosa se desprende de un precepto de puro corte procedimental como lo es el art. 503 LEC 1881, bajo la rúbrica de «presentación de documentos». Hasta aquí no se observa, por tanto, exceso en la delegación legislativa, sino cumplimiento del mandato de aclaración de la ley delegante.
Se subraya, sin embargo, por el Auto de planteamiento el exceso en la refundición en lo que califica como inversión de la carga de la prueba en orden a la legitimación, que quebraría la regla general de la LEC en cuanto a la necesidad de que el actor debe, en todo proceso, presentar los documentos que acrediten la representación de los derechos que ejerce, la que en este caso se presume para la sociedad de gestión, obligando al demandado a introducir esta cuestión en el debate como excepción procesal. Pues es bien, lo cierto es que la interpretación del precepto cuestionado no puede ni debe desvincularse de la totalidad del artículo, en su configuración inicial conforme a la antigua Ley de propiedad intelectual de 1987. Efectivamente, el legislador quiso ya en el año 1987 conferir un carácter especial a la legitimación de las entidades de gestión en los procesos sobre propiedad intelectual. No es casual que ya en el texto de 1987 se hablara de «legitimación» en un sentido técnico-jurídico y que la misma se concibiera por ministerio de la ley una vez que las sociedades de gestión demostraran por medio de sus estatutos que tenían encomendada la tutela de los derechos de propiedad intelectual y que el poder público había verificado el adecuado control de dichas sociedades mediante la correspondiente autorización administrativa.
11. Por escrito fechado el 5 de junio de 2007, el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez comunicó a la Presidenta de este Tribunal su propósito de abstenerse en el debate y votación de la resolución de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entender que concurre en su persona la causa de abstención 13.ª del art. 219 LOPJ, como consecuencia de haber desempeñado el cargo de Vicepresidente de la Comisión Mixta creada por el Real Decreto 287/1989, de 21 de marzo, por el que se desarrolló el art. 25 de la Ley 22/1987, de propiedad intelectual. Señala en su escrito que mediante dicha Comisión Mixta se puso en marcha el mecanismo de la remuneración por copia privada y su administración a través de las entidades de gestión a que se refiere la cuestión de inconstitucionalidad. Añade que habiendo sido nombrado por Orden del Ministro de Cultura de 21 de septiembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre de 1989) desempeñó el cargo hasta su renuncia al mismo por haber sido designado Magistrado del Tribunal Supremo, renuncia hecha pública por Orden del Ministro de Cultura de 15 de marzo de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril de 1991).
Teniendo en cuenta lo expuesto, y de acuerdo con la doctrina constitucional referenciada, ha de concluirse que el requisito de la previa audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal acerca de la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad (art. 35.2 LOTC) no fue cumplido correctamente por el Juzgado proponente de la cuestión, pues en la providencia de apertura del trámite se omite cualquier mención al precepto legal cuestionado y a los preceptos constitucionales que se consideran por aquél vulnerados, sin que, a falta de la cita concreta de los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados, se identifique tampoco mínimamente la duda de constitucionalidad que albergaba el Juzgado, por lo que no cabe entender que esta exigencia se cumple por la remisión «tácita» al escrito de una de las partes en el proceso (en el presente caso el escrito de contestación a la demanda de la sociedad demandada, que interesaba del Juzgado el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del art. 145 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, por ultra vires), conforme hemos tenido ocasión de señalar en reiteradas ocasiones (por todos, AATC 199/2001, de 4 de julio, FJ 2; 72/2002, de 23 de abril, FJ 2; 238/2002, de 26 de noviembre, FJ 2; y 2/2003, de 14 de enero, FJ 2).
Al respecto debe recordarse que es doctrina reiterada de este Tribunal que el juicio de relevancia constituye uno de los requisitos esenciales de toda cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto a su través se garantiza el control concreto de la constitucionalidad de la ley, impidiendo que el órgano judicial convierta dicho control en abstracto, pues para realizar este tipo de control carece aquél de legitimación. Dicho juicio de relevancia ha sido definido por este Tribunal como «el esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la validez de la norma cuestionada» (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1, y AATC 93/1999, de 13 de abril, FJ 3, y 21/2001, de 31 de enero, FJ 1, por todos) y constituye «una de las condiciones esenciales para la admisión de la cuestión, pues, en la medida que garantiza una interrelación necesaria (STC 28/1997, de 13 de febrero, FJ 3) entre el fallo del proceso a quo y la validez de la norma cuestionada, asegura la realización efectiva del antedicho control concreto de la constitucionalidad de la Ley» (STC 64/2003, de 27 de marzo, FJ 5; AATC 24/2003, de 28 de enero, FJ 3; 25/2003, de 28 de enero, FJ 3; y 206/2005, de 10 de mayo, FJ 3, entre otros).
Y es que, en efecto, la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, procede, por razones de eficacia y economía legislativa, como señala en su exposición de motivos, a incorporar directamente dicha Directiva en el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, lo que determina que la Ley 5/1998, de 6 de marzo, haya dado nueva redacción a alguno de los preceptos del citado texto refundido, introducido otros nuevos, y asimismo -como consecuencia de la introducción de esos nuevos preceptos para la incorporación de la referida Directiva- haya reordenado numéricamente otros preceptos del articulado del texto refundido, entre ellos el art. 145 que pasa a ser art. 150, bien que manteniendo su redacción inicial.
Ante todo ha de precisarse, como hemos señalado anteriormente, que dicho precepto (que pasó a ser art. 150 en virtud de la Ley 5/1998, de 6 de marzo), contenía dos incisos con sendas reglas distintas, habiendo sido anulado el segundo inciso (por ultra vires y por omisión del dictamen del Consejo General del Poder Judicial) por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2000 (cuyo fallo fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 74, de 27 de marzo de 2000), pronunciamiento reiterado en otras Sentencias de la misma Sala del siguiente 10 de febrero de 2000 (ATC 21/2001, de 30 de enero, FJ 2), por lo que carece de sentido que nos pronunciemos aquí sobre un inciso que ya ha sido anulado y expulsado, por tanto, del ordenamiento jurídico.
Conviene recordar que la autorización al Gobierno contenida en la disposición final segunda de la Ley 27/1995, de 11 de octubre, para elaborar un texto que refundiese las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual no se circunscribía a la mera formulación de un texto único, sino que incluía la facultad, conforme al art. 82.5 CE, de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que hubieran de ser refundidos. Ha de reconocerse en esta línea que, si bien es verdad que de los dos supuestos de delegación legislativa que distingue el art. 82.2 CE, el de la refundición de varios textos legales en uno solo (art. 82.5 CE), y el supuesto de Ley de bases para la formulación de un texto articulado (art. 82.4 CE), éste último, «que se enmarca con frecuencia en un proceso de reforma legislativa» (STC 205/1993, de 17 de junio, FJ 3), supone un mayor margen para la actuación del Gobierno, pero no es menos cierto que la labor refundidora que el Legislador encomienda al Gobierno aporta también un contenido innovador, sin el cual carecería de sentido la delegación legislativa. De este modo, el texto refundido, que sustituye a partir de su entrada en vigor a las disposiciones legales refundidas, las cuales quedan derogadas y dejan de ser aplicables desde ese momento, supone siempre un juicio de fondo sobre la interpretación sistemática de los preceptos refundidos, sobre todo en el segundo tipo de refundición prevista en el art. 82.5 CE, es decir, el que incluye la facultad «de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos», pues ello permite al Gobierno, como hemos dicho en la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 16, la explicitación de normas complementarias a las que son objeto de la refundición, con el fin de colmar lagunas, y en todo caso le habilita para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas en la regulación precedente, para lograr así que el texto refundido resulte coherente y sistemático.
En definitiva, el precepto legal cuestionado aclara el sentido y alcance del citado art. 135 de la Ley de propiedad intelectual de 1987 («las entidades de gestión una vez autorizadas estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales») y, en consecuencia, el Gobierno no se ha extralimitado en el ejercicio de la delegación legislativa, pues la labor refundidora permite, incluso, como ya advertíamos, «introducir normas adicionales y complementarias a las que son objeto estrictamente de la refundición, siempre que sea necesario colmar lagunas, precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia y sistemática del único texto refundido» (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 16).
Fecha de disposici�n: 04/07/2007
Fecha de publicaci�n: 03/08/2007
DICTADA en la CUESTI�N 1780/1999 (Ref. BOE-A-1999-19190).
DECLARA la INADMISI�N de la misma en relaci�n con el art. 150.2 de la LEY de la Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril (Ref. BOE-A-1996-8930).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 150
 Real Decreto 
 artículo 82
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO