Source: http://normas.diprargentina.com/2007/09/
Timestamp: 2019-07-21 15:25:18+00:00

Document:
Normas DIPr: septiembre 2007
Acuerdo con la República del Perú sobre protección de inversiones
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú, denominados en adelante las "Partes Contratantes";
Con el deseo de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos países;
Reconociendo que la promoción y la protección de tales inversiones mediante un convenio pueden servir de estímulo a la iniciativa económica privada y a incrementar la prosperidad en ambas naciones.
1. El término "inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con este Convenio. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:
b) Acciones, cuotas societarias y cualquier otro tipo de participación en sociedades o "joint ventures";
d) Derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, conocimientos, procedimientos tecnológicos y derechos de llave;
c) Toda persona jurídica establecida de conformidad con la legislación de cualquier país que esté efectivamente controlada por personas físicas o jurídicas de la otra Parte Contratante.
3. El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión realizada de conformidad con este Convenio, tales como utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.
4. El término "territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres y marítimos, las zonas marinas y submarinas, en las cuales las Partes Contratantes ejercen derechos soberanos y jurisdicción, conforme a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.
1. Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y las admitirá de conformidad con sus leyes y reglamentaciones.
2. Las inversiones realizadas por inversores de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esta última gozarán de la plena protección de este Convenio.
3. Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición, a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
ARTICULO 3 - Tratamiento nacional y cláusula de la Nación más favorecida
1. Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, les acordará un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o de inversores de terceros Estados, considerando el que sea más favorable para las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 1., el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerda a inversores de un tercer Estado como consecuencia de su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común o acuerdo regional similar.
3. Las disposiciones del párrafo 1. de este artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas.
ARTÍCULO 4 - Expropiaciones
1. Las inversiones de inversores de una de las Partes Contratantes gozarán de plena protección y seguridad jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante.
2. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones que se encuentran en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de seguridad nacional o utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva.
3. El monto de dicha compensación corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, comprenderá intereses desde la fecha de la expropiación a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible.
4. La expropiación o medida equivalente, el monto de la indemnización, así como cualquier otra cuestión relacionada podrán ser revisadas en un procedimiento judicial ordinario de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante donde se adoptó la medida.
ARTÍCULO 5 - Compensación por pérdidas
Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado. Los pagos que resulten serán libremente transferibles.
ARTÍCULO 6 - Transferencias
1. Cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión y en particular aunque no exclusivamente de:
a) El capital de la inversión y de las reinversiones, así como las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones;
c) Los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el artículo 1, párrafo 1., c), así como sus intereses.
d) El producto de una venta, o liquidación total o parcial de una inversión;
e) Las compensaciones o resarcimientos previsto en los arts. 4 y 5;
f) Los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que estén autorizados a trabajar en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante.
ARTÍCULO 7 - Subrogación
1. Si una Parte Contratante o una agencia designada por ésta realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro que hubiera contratado en relación a una inversión contra riesgos no comerciales, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación en favor de aquella Parte Contratante o su agencia respecto de cualquier derecho o título del inversor. La Parte Contratante o su agencia estará autorizada, dentro de los límites de la subrogación, a ejercer los mismos derechos que el inversor hubiera estado autorizado a ejercer. Para la transferencia de los pagos en virtud de los derechos subrogados regirá mutatis mutandis el art. 6 de este Convenio.
2. En el caso de una subrogación tal como se define en el párrafo 1. de este artículo, el inversor no interpondrá ningún reclamo a menos que esté autorizado a hacerlo por la Parte Contratante o su agencia.
ARTÍCULO 8 - Aplicación del convenio
1. El presente Convenio se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, pero las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a ninguna controversia, reclamo o diferendo que haya surgido con anterioridad a su entrada en vigor.
2. Las disposiciones del presente Convenio continuarán siendo plenamente aplicables aún en los casos previstos por el art. 63 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969.
ARTÍCULO 9 - Aplicación de otras normas
Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente Convenio o si un acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, contienen normas ya sean generales o específicas que otorguen a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente Convenio, dichas normas prevalecerán sobre el presente Convenio en la medida que sean más favorables.
ARTICULO 10 - Solución de controversias entre un inversor y la parte contratante receptora de la inversión
1. Toda controversia relativa a las disposiciones del presente Convenio entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas.
- A los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión o,
- Al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el párrafo 3.
Una vez que un inversor haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante involucrada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.
- Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C. I. A. D. I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente Convenio haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del mecanismo complementario del C. I. A. D. I. para la administración de procedimientos de conciliación, de arbitraje o de investigación.
- Aun tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C. N. U. D. M. I.).
4. El tribunal arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Convenio, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión, así como también a los principios del derecho internacional en la materia.
5. Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante los ejecutará de conformidad con su legislación.
ARTICULO 11 - Solución de controversias entre las Partes Contratantes
1. Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Convenio serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática.
2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo de seis meses contado a partir del comienzo de las negociaciones, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral.
3. Dicho tribunal arbitral será constituido para cada caso particular de la siguiente manera. Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado presidente del tribunal. El presidente será nombrado en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la designación de los otros dos miembros.
4. Si dentro de los plazos previstos en el párrafo 3. de este artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el Presidente fuera nacional de una de las Partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallase impedido de desempeñar dicha función, se invitará al Vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuera nacional de alguna de las Partes Contratantes, o si se hallase también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.
5. El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su miembro del tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados en principio por partes iguales por las Partes Contratantes. No obstante, el tribunal arbitral podrá determinar en su decisión que una mayor proporción de los gastos sea sufragada por una de las dos Partes Contratantes, y este laudo será obligatorio para ambas Partes Contratantes. El tribunal determinará su propio procedimiento.
6. Ninguna de las Partes Contratantes ofrecerá protección diplomática o se acogerá a una demanda internacional por un diferendo que uno de sus inversores y la otra Parte Contratante hayan presentado a un tribunal internacional arbitral o a un tribunal nacional competente del Estado receptor de la inversión, tal como lo dispone el art. 10 de este Convenio, a menos que la otra Parte Contratante no cumpla con el laudo o la sentencia.
1. El presente Convenio entrará en vigor treinta días a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se notifiquen por escrito que han cumplido los respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Convenio. Su validez será indefinida y sólo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes cumplidos los primeros diez años de su entrada en vigor. La denuncia surtirá efectos doce meses después que una de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de darlo por terminado.
2. Con relación a aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que la notificación de terminación de este Convenio se haga efectiva, las disposiciones de los arts. 1 a 11 continuarán en vigencia por un período de 15 años a partir de esa fecha.
Hecho en Lima, el 10 de noviembre de 1994, en dos ejemplares originales en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En el acto de la firma del Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, los abajo firmantes han convenido además, las disposiciones siguientes, que constituyen parte integrante del presente Convenio:
Ad. art. 1º, párr. 2., c) -- La Parte Contratante en cuyo territorio las inversiones tienen lugar puede solicitar la prueba del contrato invocado por los inversores de la otra Parte Contratante. Cualquiera de los siguientes hechos, entre otros, pueden ser considerados como evidencia del control:
i) Un porcentaje de participación directa o indirecta en el capital de una persona jurídica que permita un control efectivo tal como, en particular, una participación en el capital superior a la mitad;
ii) La posesión directa o indirecta de la cantidad de votos que permita tener una posición determinante en los órganos societarios o influir de manera decisiva en el funcionamiento de la persona jurídica.
Ad. art. 3º - Las disposiciones del párrafo 1. de este artículo no serán tampoco interpretadas en el sentido de extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscriptos entre la República Argentina con Italia el 10 de diciembre de 1987 y con España el 3 de junio de 1988.
Ad. art. 8º - En lo que concierne a la República Argentina, las disposiciones de este Convenio no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de la otra Parte Contratante, si tales personas a la fecha de la inversión han estado domiciliadas desde hace más de dos años en la República Argentina, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.
Acuerdo con Malasia sobre protección de inversiones
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE MALASIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCAS DE INVERSIONES
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Malasia, denominados en adelante las "partes Contratantes".
Con el deseo de expandir y profundizar la cooperación económica e industrial sobre bases duraderas y, en particular, de crear condiciones favorables para las inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;
Reconociendo la necesidad de proteger a las inversiones de los inversores de ambas partes Contratantes y de estimular el flujo de inversiones y la iniciativa económica individual con el objetivo de la prosperidad de ambas partes Contratantes:
a) "Inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:
i) La propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda;
ii) Acciones, valores y obligaciones de sociedades o intereses en la propiedad de tales sociedades;
iii) Títulos de crédito o derechos a prestaciones que tengan un valor financiero: los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén directamente vinculados a una inversión específica;
iv) Derechos de propiedad intelectual e industrial incluyendo derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, secretos comerciales, procedimientos técnicos, know-how y valor llave;
v) Concesiones económicas conferidas por ley o por contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales;
b) "Ganancias" designa la suma producida por una inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, incluye utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.
c) "Inversor" designa:
ii) Toda persona jurídica, incluyendo compañías, organizaciones, corporaciones, joint-ventures, asociaciones o empresa constituida o incorporada en alguna otra forma de conformidad con la ley vigente en cualquiera de las partes Contratantes y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante;
d) "Territorio" designa:
i) Con respecto a Malasia, todo el territorio nacional comprendiendo la Federación de Malasia, el mar territorial, su suelo, subsuelo y espacio aéreo;
ii) Con respecto a la República Argentina, el territorio nacional así como el mar territorial y las zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional, sobre el cual la Parte Contratante concernida pueda, de conformidad con el derecho internacional, ejercer derechos soberanos o jurisdicción;
e) "Moneda de uso corriente" significa cualquier moneda que sea ampliamente usada para hacer pagos en transacciones internacionales y ampliamente comerciable en los mercados internacionales de cambio.
2. i) Las disposiciones de este acuerdo no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión, han estado domiciliadas desde hace más de dos años en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.
ii) Ninguna modificación de la forma jurídica según la cual los activos hayan sido invertidos o reinvertidos afectará su calificación de inversiones, siempre que tal modificación no sea contraria a la aprobación asegurada respecto de los activos originalmente invertidos en caso de que esta última existiera.
1. Cada Parte Contratante promoverá y creará, dentro del marco de sus políticas nacionales, condiciones favorables para que inversores de la otra Parte Contratante inviertan capital en su territorio, y admitirá tales inversiones conforme a su derecho de ejercer los poderes conferidos por sus leyes y reglamentaciones.
2. Las inversiones de inversores de cada Parte Contratante recibirán en todo momento un tratamiento justo y equitativo y gozarán de plena protección legal y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante.
3. Ninguna de las partes Contratantes perjudicará la gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones o la adquisición de bienes y servicios o la venta de su producción a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
1. Las inversiones de inversores de cada Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo, y no menos favorable que el acordado a las inversiones de inversores de cualquier tercer Estado.
2. Las disposiciones de este acuerdo relativas a la garantía del tratamiento no menos favorable que el acordado a las inversiones de inversores de cualquier tercer Estado no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento preferencia o privilegio resultante de:
a) Cualquier existente o futura unión aduanera o zona de libre comercio o mercado común o unión monetaria o acuerdo internacional similar u otras formas de cooperación regional de las cuales cada Parte Contratante es o pueda ser miembro; o la adopción de un acuerdo delineado para conducir a la formación o extensión de tal unión o área;
b) Cualquier acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas o cualquier legislación doméstica relativa total o parcialmente a dichas cuestiones.
c) Los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscriptos entre la República Argentina con la República Italia el 10 de diciembre de 1987 y con el Reino de España el 3 de junio de 1988.
Ninguna de las partes Contratantes tomará medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida que tenga efecto equivalente a la nacionalización o expropiación contra inversiones de un inversor de la otra Parte Contratante, excepto bajo las siguientes condiciones:
a) Las medidas sean tomadas por un propósito legal y bajo el debido proceso legal;
c) Las medidas sean acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha compensación corresponderá al valor de mercado que las inversiones afectadas tenían inmediatamente antes de que la medida de desposesión se hiciera pública, y será libremente transferible en moneda de uso corriente para la Parte Contratante. Cualquier demora irrazonable en el pago de la compensación comprenderá un interés apropiado a una tasa comercial razonable de acuerdo a lo acordado por ambas partes o a una tasa prescripta por la ley.
Los inversores de una Parte Contratante que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante debido a guerra u otro conflicto armado, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado.
ARTICULO 6 - Repatriación de las inversiones
1. Cada Parte Contratante permitirá a los inversores de la otra Parte Contratante la transferencia sin demora en cualquier moneda de uso corriente de:
a) El capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de una inversión;
b) Ganancias, beneficios, utilidades, intereses, dividendos, regalías, aranceles por asistencia técnica y consultoría y otros ingresos corrientes resultantes de cualquier inversión de los inversores de la otra Parte Contratante;
c) Los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el art 1, párrafo (1), (a), (iii);
d) El producido de una liquidación total o parcial de una inversión realizada por inversores de la otra Parte Contratante;
e) Las compensaciones previstas en el art. 4;
f) Los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que hayan obtenido una autorización para trabajar en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante.
2. Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda de uso corriente, al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transferencia, conforme con los procedimientos establecidos por la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, los cuales no podrán implicar un rechazo, suspensión o desnaturalización de tal transferencia.
3. Sin restringir la generalidad de las disposiciones del art. 3, las partes Contratantes se comprometen a acordar a las transferencias referidas en el párrafo 1 de este artículo un tratamiento tan favorable como el acordado a las transferencias originadas de las inversiones realizadas por inversores de cualquier tercer Estado.
4. Las transferencias estarán sujetas al derecho de cada Parte Contratante de ejercer poderes equitativos y de buena fe conferidos por sus leyes y reglamentaciones al tiempo de realizar la inversión tanto como las nuevas leyes y reglamentaciones subsiguientes, que provean que ningún inversor estará en una posición menos favorable que al tiempo del comienzo de la inversión.
ARTICULO 7 - Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante
1. Cualquier controversia relativa a las disposiciones del presente acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas.
2. Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis (6) meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, podrá ser sometida, a pedido del inversor.
- O bien al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el aparta. 3.
- A un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C. N. U. D. M. I.).
5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará de conformidad con su legislación.
1. Las controversias que surgieren entre las partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente acuerdo serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática.
2. Si una controversia entre las partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo de seis (6) meses contados a partir del comienzo de las negociaciones, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las partes Contratantes a un tribunal arbitral.
3. Dicho tribunal arbitral será constituido para cada caso particular de la siguiente manera. Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobación de ambas partes Contratantes, será nombrado presidente del tribunal. El presidente será nombrado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la designación de los otros dos miembros.
4. Si dentro de los plazos previstos en el apart. (3) de este artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el presidente fuere nacional de una de las partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallare impedido de desempeñar dicha función, se invitará al vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el vicepresidente fuere nacional de alguna de las partes Contratantes, o si se hallare también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.
ARTICULO 9 - Subrogación
Si una Parte Contratante realizara un pago a cualquiera de sus inversores en virtud de una garantía que hubiere contratado en relación a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá, sin perjuicio de los derechos de la primera Parte Contratante previstos en el art. 7, la transferencia de cualquier derecho o título de tal inversor a la primera Parte Contratante y la validez de la subrogación de la primera Parte Contratante a cualquier derecho o titulo.
ARTICULO 10 - Aplicación a las inversiones
El presente acuerdo se aplicará a las inversiones de inversores de cada Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante realizadas de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones tanto antes como después de la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el presente acuerdo no será aplicable a las divergencias o controversias que hubieren surgido con anterioridad a su entrada en vigor.
ARTICULO 11 - Otras reglas
1. Si una materia está simultáneamente regida tanto por el presente Acuerdo como por otro acuerdo internacional del cual ambas partes Contratantes sean partes, ninguna disposición del presente acuerdo impedirá que cualquiera de las partes Contratantes o cualquiera de sus inversores que posean inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante puedan tomar ventaja de cualesquiera reglas más favorables al caso.
2. Si el tratamiento a ser acordado por una Parte Contratante a los inversores de la otra Parte Contratante en conformidad con sus leyes y reglamentaciones u otras disposiciones específicas de contratos es más favorable que el acordado por el presente acuerdo, se otorgará dicho tratamiento más favorable.
1. El presente acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la última fecha en la cual los Gobiernos de las partes Contratantes se hayan notificado mutuamente que han cumplimentado los respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este acuerdo. La última fecha se referirá a la fecha en la cual se haya enviado la última carta de notificación.
2. Este acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez (10) años, y permanecerá en vigor a menos que sea terminado en conformidad con el párrafo 3 de este artículo.
3. Cada Parte Contratante puede, dando un (1) año de notificación escrita a la otra Parte Contratante, terminar este acuerdo al finalizar el período inicial de diez (10) años o en cualquier tiempo posterior.
4. Con respecto a las inversiones realizadas o adquiridas antes de la fecha de terminación de este acuerdo, las disposiciones de todos los restantes artículos de este acuerdo continuarán en vigor por un período de diez años desde tal fecha de terminación.
En fe lo cual, los abajo firmantes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.
Hecho en Kuala Lumpur, el 6 de septiembre de 1994, en dos ejemplares originales, en los idiomas español, malayo e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. No obstante, en caso de divergencia, prevalecerá el texto inglés.
Acuerdo con la República Portuguesa sobre protección de inversiones
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES
La República Argentina y la República Portuguesa, denominados en adelante las "Partes Contratantes";
Reconociendo que la promoción y la protección de tales inversiones sobre la base de un acuerdo contribuirá a estimular la iniciativa económica individual e incrementará la prosperidad en ambos países;
Convencidos de que la solidaridad y amistad existente podrá ser fortalecida a través del desarrollo de las relaciones económicas, en particular a través de la intensificación de los flujos de inversión entre los dos países;
1. El término "inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de bienes invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta última incluyendo en particular, aunque no exclusivamente:
a. La propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales y derechos análogos, tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda;
b. Acciones, cuotas societarias, y cualquier otro tipo de participación en sociedades;
c. Títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico cuando estén directamente relacionados con una inversión determinada;
d. Derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, knowhow y valor llave;
e. Concesiones conferidas por ley o por contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, exploración o explotación de recursos naturales.
Ninguna modificación en la forma jurídica según la cual los bienes hayan sido invertidos o reinvertidos afectará su calificación de inversión de conformidad con el presente acuerdo.
b. Toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante.
3. El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión en un determinado período, tales como utilidades, dividendos, intereses, regalías, pagos debidos a título de asistencia técnica o de gestión y otros ingresos derivados de una inversión.
4. La expresión "liquidación de la inversión" designa la cesación de las inversiones realizadas en los términos y condiciones impuestos por la legislación vigente en el territorio de la Parte Contratante en que la inversión fue realizada.
5. El término "territorio" designa el territorio terrestre de cada Parte Contratante, así como la zona marítima de cada Parte Contratante, de aquí en más definida como zona económica exclusiva y plataforma continental que se extienda más allá del límite de las aguas territoriales de cada Parte Contratante y sobre las cuales éstas tienen o puedan tener derechos soberanos o jurisdicción, de conformidad con su legislación y con el derecho internacional.
ARTICULO 2 - Promoción y admisión de inversiones
1. Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones que inversores de la otra Parte Contratante realicen en su territorio, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
2. Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, concederá plena protección legal a tales inversiones y les acordará un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o de inversores de terceros Estados.
3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (2. de este artículo, el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerda a inversiones de inversores de un tercer Estado como consecuencia:
a. De una unión aduanera, zona de libre comercio, mercado común o acuerdo económico regional;
b. De un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas.
1. Las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no podrán ser expropiadas, nacionalizadas o sujetas a otras medidas con efectos equivalentes a la expropiación o nacionalización (en adelante "expropiación". a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
- Que las medidas sean tomadas por motivos de utilidad pública,
- Que sean adoptadas según el debido proceso legal,
- Que no sean discriminatorias, y
- Que sean acompañadas por disposiciones que prevean el pago de una indemnización adecuada, efectiva y sin demora.
La indemnización deberá corresponder al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, deberá comprender intereses a una tasa comercial normal desde la fecha de la expropiación, y deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible.
2. Los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones hayan sido objeto de expropiación total o parcial tendrán derecho a que las autoridades judiciales o administrativas competentes de la otra Parte Contratante examinen su caso con prontitud a los fines de determinar si la expropiación y la indemnización correspondiente se ajustan a las disposiciones del presente acuerdo y a los principios del derecho internacional.
3. Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado. Los pagos que resultaren deberán ser libremente transferibles.
1. Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de las inversiones y ganancias, y en particular, aunque no exclusivamente de:
a. El capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones;
b. Las ganancias tal como se encuentran definidas en el art. 1º, párrafo (3);
c. Las sumas necesarias para el reembolso de los préstamos directamente relacionados con una inversión determinada;
d. El producido de una venta o liquidación total o parcial de una inversión;
e. Las compensaciones previstas en el art. 4º;
f. Cualquier pago que deba ser efectuado con relación a la subrogación prevista en el art. 6º;
g. Los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que hayan obtenido una autorización para trabajar en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante.
1. Si una Parte Contratante o una de sus agencias realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía otorgada con relación a una inversión realizada en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última reconocerá la validez de la subrogación en favor de aquella Parte Contratante o una de sus agencias respecto de cualquier derecho o título del inversor. La Parte Contratante o una de sus agencias estará autorizada, dentro de los límites de la subrogación, a ejercer los mismos derechos que el titular originario.
2. En el caso de una subrogación tal como se define en el párrafo (1) de este artículo, el inversor no interpondrá ningún reclamo a menos que esté autorizado a hacerlo por la Parte Contratante o su agencia.
ARTICULO 7 - Solución de controversias entre las Partes Contratantes
4. Si dentro de los plazos previstos en el apartado (3) de este artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el presidente fuere nacional de una de las Partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallare impedido de desempeñar dicha función, se invitará al vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si éste fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, o si se hallare también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.
ARTICULO 8 - Solución de controversias entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante
1. Toda controversia relativa a las disposiciones del presente acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas.
Al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el párrafo (3).
b) A un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C. N. U. D. M. I.)
Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente acuerdo o si un acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante contienen normas, ya sean generales o específicas que otorguen a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente acuerdo, aquellas norma prevalecerán sobre éste en la medida que sean más favorables.
ARTICULO 10 - Aplicación del acuerdo
El presente acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante y de conformidad con sus leyes y reglamentaciones, pero no se aplicará a ninguna controversia, reclamo o diferendo que haya surgido con anterioridad a su entrada en vigor.
ARTICULO 11 - Consultas entre las Partes Contratantes
Cualquiera de las Partes Contratantes puede proponer a la otra Parte Contratante que se hagan consultas sobre todo asunto relativo a la interpretación o aplicación del presente acuerdo. La otra Parte Contratante otorgará una especial consideración a la propuesta, creando las condiciones adecuadas para que esta consulta se realice en lugar y fecha a acordar por vía diplomática.
1. El presente acuerdo entrará en vigor treinta días después de la última de las notificaciones por las cuales las Partes Contratantes se comuniquen haber cumplido sus respectivos requisitos constitucionales necesarios para la entrada en vigor de este acuerdo.
2. El presente acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez años y será renovado tácitamente por períodos sucesivos de cinco años.
3. El presente acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes mediante notificación por escrito efectuada un año antes de la fecha de su expiración.
4. En caso de denuncia, las disposiciones previstas en los arts. 1º a 11 del presente acuerdo seguirán aplicándose por un período de quince años a las inversiones realizadas antes de la notificación de su denuncia.
Hecho el 6-X-1994, en Lisboa en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En ocasión de la firma del acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República Argentina y la República Portuguesa, los plenipotenciarios abajo firmantes acordaron además las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del referido acuerdo:
1. Con referencia al art. 1º, párrafo (2) a):
El presente acuerdo no se aplicará a las inversiones realizadas en el territorio de la República Argentina por personas físicas que sean nacionales de la República Portuguesa, si tales personas, a la fecha de la inversión, han estado domiciliadas desde hace más de dos años en la República Argentina, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en territorio argentino desde el exterior.
2. Con referencia al art. 2º:
Las inversiones de inversores de una Parte Contratante ya establecidas en el territorio de la otra Parte Contratante serán consideradas como nuevas y deberán hacerse de acuerdo con las leyes y reglamentaciones que regulen su admisión, cuando se realizaren en otros sectores o actividades económicas.
3. Con referencia al art. 3º, párrafo (2):
a) Las Partes Contratantes consideran que las disposiciones de este artículo no perjudican el derecho de cada Parte Contratante de aplicar sus normas fiscales.
b) Las Partes Contratantes no interpretarán este párrafo en el sentido de extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscriptos entre la República Argentina y la República de Italia el 10 de diciembre de 1987 y el Reino de España el 3 de junio de 1988.
4. Con referencia al art. 5º, párrafo (2):
Las Partes Contratantes consideran que una transferencia fue realizada sin demora cuando la misma haya sido efectuada dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las respectivas formalidades. El plazo será contado a partir del día en que la debida demanda, acompañada de los necesarios documentos, haya sido presentada, no pudiendo en ningún caso exceder los dos meses.
Acuerdo con la República de Croacia sobre protección de inversiones
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCAS DE INVERSIONES
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Croacia, denominados en adelante las "Partes Contratantes";
1. El término "inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:
d) Derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, knowhow y valor llave;
3. Las disposiciones de este acuerdo no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión, han estado domiciliadas desde hace más de dos años en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.
4. El término "ganancia" designa todas las sumas producidas por una inversión, tales como utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.
5. El término "territorio" designa el territorio nacional de cada Parte Contratante, incluyendo aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional, sobre el cual la Parte Contratante concernida pueda, de conformidad con el derecho internacional, ejercer derechos soberanos o jurisdicción.
1. Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
3. Sin perjuicio de las disposiciones del párr. (2) de este artículo, el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerda a inversores de un tercer Estado como consecuencia de su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, o acuerdo regional.
4. Las disposiciones del párr. (2) de este artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas.
5. Las disposiciones del párr. (2) de este artículo no serán tampoco interpretadas en el sentido de extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscriptos entre la República Argentina con la República Italia el 10 de diciembre de 1987 y con el Reino de España el 3 de junio de 1988.
1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones que se encuentran en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha compensación corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, comprenderá intereses desde la fecha de la expropiación a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible.
2. Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado.
c) Los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el art. 1, párr. (1), (c);
f) Las compensaciones previstas en el art. 4.
1. Si una Parte Contratante o una de sus agencias realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro que hubiere contratado en relación a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación en favor de aquella Parte Contratante o una de sus agencias respecto de cualquier derecho o título del inversor. La Parte Contratante o una de sus agencias estará autorizada, dentro de los límites de la subrogación, a ejercer los mismos derechos que el inversor hubiera estado autorizado a ejercer.
2. En el caso de una subrogación tal como se define en el párr. (1) de este artículo, el inversor no interpondrá ningún reclamo a menos que esté autorizado a hacerlo por la Parte Contratante o su agencia.
2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo de seis meses contado a partir del comienzo de las negociaciones, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes a un tribunal arbitral.
O bien al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el aparta. (3).
Al Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "convenio sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre estados y nacionales de otros Estado", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente acuerdo haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del mecanismo complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, de arbitraje o de investigación;
2. Con relación a aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que la notificación de terminación de este acuerdo se haga efectiva, las disposiciones de los arts. 1 a 10 continuarán en vigencia por un período de 15 años a partir de esa fecha.
Hecho en Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1994 en dos ejemplares originales, en los idiomas español, croata e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. No obstante, en caso de divergencia, prevalecerá el texto inglés.

References: ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 artículo 1

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9