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Timestamp: 2020-07-05 22:35:23+00:00

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Sentencia nº Rol 2861 de Tribunal Constitucional, 17 de Agosto de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 580898142
S., diecisiete de agosto de dos mil quince.
Que, con fecha 6 de julio del año en curso, el abogado C.W.C., en representación judicial de K.C.A.C.S., ha requerido a esta M. la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso final del artículo 226 de la Ley N° 20.720, “Ley que sustituye el régimen concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo”, para que surta efectos en el PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE REORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA DEUDORA TRANSPORTES TAMARUGAL LTDA., caratulado “TRANSPORTES TAMARUGAL LTDA.”, que se tramita actualmente ante el Juzgado de Letras de Colina, Rol N° C-1339-2015;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, de la Constitución, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.
A su turno, el inciso decimoprimero del mismo precepto de la Carta Fundamental señala: “En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.”;
Que la normativa constitucional aludida precedentemente se complementa con la que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que en su artículo 84 establece:
1. Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado;
2. Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva;
3. Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada;
4. Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal;
5. Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto, y
6. Cuando carezca de fundamento plausible.
La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.
Que el Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad deducido en la Primera S. de esta M., la que por resolución de fecha 15 de julio pasado, escrita a fojas 398 y siguientes, lo admitió a trámite y, posteriormente, con fecha 5 de agosto en curso, procedió a citar a las partes a audiencia para escuchar alegatos sobre la admisibilidad del mismo, oportunidad en que se escuchó a los abogados que se anunciaron para alegar y que figuran en el respectivo certificado que rola en autos;
Que esta S. ha logrado formarse convicción en orden a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, al concurrir en la especie las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta M., esto es, que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución de la gestión pendiente y por carecer el requerimiento de fundamento plausible, respectivamente, por lo que será declarado inadmisible;
Que, en cuanto a la primera causal de inadmisibilidad, cabe consignar que el carácter decisivo que debe tener el precepto impugnado supone que el juez de la instancia lo deba considerar para resolver alguno de los asuntos o materias que le han sido sometidos a su conocimiento. Así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de esta M. al señalar que el que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un asunto supone que este Tribunal debe efectuar “un análisis para determinar si de los antecedentes allegados al requerimiento puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna, para decidir la gestión.” (R.N.°s 668, 809, 1225, 1493, 1780 y 2193) (énfasis agregado);
Que, en efecto, atendido el carácter concreto del control que ejerce esta M. al pronunciarse sobre la acción de inaplicabilidad, la determinación del rol decisivo de la norma impugnada se debe establecer luego de efectuado un análisis de la gestión pendiente y de los antecedentes allegados al requerimiento, los que deben permitir arribar a la conclusión de que el juez habrá necesariamente de acudir a la aplicación de la norma legal impugnada para decidir alguna cuestión que le esté actualmente sometida a su resolución, lo que tiene trascendencia, ya que de no ser así la eventual declaración de inaplicabilidad de una norma no decisiva podría carecer de efectos en la práctica;
Que, del examen del requerimiento interpuesto y, en especial, de la sentencia dictada respecto de las impugnaciones de los créditos, agregada a fojas 965 y siguientes y a fojas 1087 y siguientes, se desprende que concurre la causal del numeral 5° del artículo 84 de la ley orgánica de este Tribunal, en cuanto a que la norma impugnada no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución de la gestión judicial invocada, desde el momento que la jueza de la causa procedió a resolver las impugnaciones deducidas en contra de la acreencia verificada por la parte requirente desestimando la aplicación del precepto cuya constitucionalidad se cuestiona en autos al procedimiento de reorganización -disposición que había sido invocada por algunos de los impugnantes como fundamento de la objeción del crédito- (considerandos 31° y 35°);
Que, a mayor abundamiento, cabe considerar que en el considerando vigésimo tercero de la referida sentencia, la jueza razonó en el sentido de que, a su juicio, todo lo que se refiera a la terminación de un contrato de arrendamiento, de leasing y a la procedencia de las multas o de cualquier otro tipo de sanción que las partes hayan podido acordar, corresponde que sea establecido en un juicio, acorde al procedimiento pertinente, siendo la sentencia el título que habilita para verificar el crédito, no...
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References: artículo 226
 artículo 93
 resolución 
 artículo 84
 resolución 
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 artículo 84
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