Source: http://fboiso.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-30 20:26:49+00:00

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PUNTO CERO: mayo 2010
- El desarrollo de las funciones de Policía Judicial por las Policías Locales en municipios rurales y la coordinación con la Guardia Civil.Destinatarios
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14.00 h. Clausura y entrega de diplomasLocalización
CÓMO SERÁ LA CIUDAD EN 2020 Los expertos predicen que, en un futuro próximo, el aspecto de nuestras ciudades cambiará radicalmente. Se apostará por una construcción vertical, con edificios más altos, donde los lugares de ocio, el trabajo o la escuela estén más próximos al domicilio. El transporte público será el medio más utilizado por su eficacia y rentabilidad. Las ciudades, en definitiva, serán más verdes, más accesibles y menos ruidosas.
SEÑALES: CREEMOS QUE SABEMOS ¿Está seguro de que conoce el significado de todas las señales de tráfico? La mayoría creemos conocerlas, pero no es así: la mitad de las indicaciones son desconocidas para los conductores. Le proponemos que se ponga a prueba.
IMPULSO A LAS CARRETERASLa construcción y conservación de carreteras recibirán un importante impulso gracias al Plan Extraordinario de Infraestructuras, que cuenta con la colaboración público-privada. Y esto sin comprometer la estabilidad presupuestaria y con el objetivo de reactivar la economía y el empleo.
LA MUERTE DE UN MENOR SIN CINTURÓN ¿UN HOMICIDIO? Cuando un padre o un adulto lleva a un menor sin cinturón o sistema de retención infantil puede ser responsable de las consecuencias en caso de accidente de tráfico. Así lo han planteado los fiscales de seguridad vial que abren un nuevo debate sobre la responsabilidad.
SORIA PONE EN MARCHA SU PLAN DE EDUCACIÓN VIALSoria ha sido la primera ciudad en poner en marcha el Plan de Seguridad Vial Urbana que apoya técnica y económicamente la Dirección General de Tráfico. El objetivo es reducir la siniestralidad en las zonas urbanas.
REPOSACABEZAS: NO PROGRESAN ADECUADAMENTESólo el 35% de los coches que pasaron las pruebas EuroNCAP en 2009 equipan reposacabezas que protegen adecuadamente a los ocupantes en caso de impacto, mientras que un 8% fue calificado como malo. Según Centro Zaragoza, una de cada cuatro lesiones se produce como consecuencia de un accidente por alcance y el 75% de estas lesiones daña el cuello.
CAMBIA LA LEY DE SEGURIDAD VIAL Con el fin de mejorar la seguridad de la circulación, se ha reformado la Ley de Tráfico. Por ejemplo, se actualizan las infracciones y se reducen, de 27 a 20, las que restan puntos; cambia la tabla de sanciones por velocidad; y se introduce el procedimiento sancionador abreviado que permite un 50% de descuento. Además, se podrán recibir las notificaciones por e-mail o en el móvil y si el cartero no consigue entregar la multa, bastará con que se publique en la web de la DGT.
CONTROL INTELIGENTELa videovigilancia urbana se está convirtiendo en una solución eficaz para velar por la seguridad de conductores y peatones. Si va a pasar un semáforo en rojo o circular por un carril bus, recuérdelo: puede que le estén observando.
TÚNELES DE VIENTO: DOMADORES DEL AIRELos túneles de viento son gigantescos ventiladores cuyo objetivo es reducir la resistencia al aire de los coches y, con ello, su consumo. Nacieron de la mano de la aviación, pronto empezaron a utilizarse en F1 y hoy, todos los nuevos modelos pasan por sus instalaciones.
ILUMINAR EL PELIGROEl refuerzo luminoso en las señales de tráfico es un extra efectivo que aumenta la seguridad en puntos conflictivos y da tiempo al conductor para reaccionar.
UNA DÉCADA SIN ALCOHOLLa iniciativa de Cerveceros de España contra el consumo de alcohol al volante, “La carretera te pide SIN”, cumple una década con la concesión de la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial de la DGT en reconocimiento a su labor de concienciación.
LAS MOTOS TAMBIÉN SE ENCHUFANLas motos eléctricas no contaminan, no hacen ruido y consumen muy poco, pero tienen poca autonomía, son más caras y pueden tardar hasta cuatro horas en recargarse. Su presencia es aun muy escasa, pero su futuro es esperanzador: las dos ruedas son esenciales para la movilidad del mañana.
CONDUCTORES PROFESIONALES: NUEVOS RETOSJunto con unas mayores exigencias psicofísicas, se plantean otras en el campo de la información y la formación, como el uso del cinturón y los peligros de la fatiga o el alcohol, para los conductores profesionales, que manejan vehículos de gran tonelaje y transportan un gran número de personas. LORENZO SILVA: “Tengo todos mis puntos. Toco madera” Escritor de éxito, con libros premiados y llevados al cine, y grandes aportaciones en el género negro, Lorenzo Silva acaba de publicar su última novela. Defensor del cinturón de seguridad, no entiende que algunos no se lo pongan, cuida que sus hijos vayan en sus sillitas y se enorgullece de tener todos los puntos de su permiso.
Con el objetivo de hacer más fácil y sencilla la relación de los ciudadanos con la Administración, la Dirección General de Tráfico, a través de su página web www.dgt.es pone a disposición de los ciudadanos la Jefatura Virtual donde el interesado podrá realizar muchas de las gestiones que tienen que ver con trámites y multas. Así, con un solo clic el ciudadano puede identificar al conductor responsable de una infracción; pagar una multa; darse de alta para recibir notificaciones a través del correo electrónico o del teléfono móvil, presentar escritos en un procedimiento sancionador o consultar su saldo de puntos, trámites que se irán ampliando progresivamente para hacer de la Administración un órgano más cercano y sencillo al ciudadano.NUEVO BOLETIN
El pasado 21 de mayo se publicó en el BOE 124, la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Esta nueva ley tiene carácter de Orgánica, salvo los artículos 19 a 47, ambos inclusive, así como las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, el apartado segundo de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y séptima, es decir, tendrán rango orgánico el título preliminar y el título I en su conjunto, así como cinco artículos del título II, por recoger aspectos básicos del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución.
Hay que recordar también como novedad, que esta norma será aplicable a los Cuerpos de Policía Local en virtud de lo manifestado en la Disposición Adicional Sexta. Novedad que no es tal para los cuerpos de policía local de Andalucía, por cuanto la Ley de Coordinación de la Policía Local de 2001 de esta comunidad ya preveía que el régimen disciplinario aplicable a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local es el establecido para el Cuerpo Nacional de Policía. Un lector de este blog preguntaba, acertadamente, si se había incluido o no la prohibición de beber alcohol estando de servicio, tal y como había anunciado el Ministro del Interior, y ello me ha llevado a tratar de encontrar una respuesta adecuada, cuya contestación, por su importancia, excede el ámbito de un simple comentario.
Lo primero que habrá que plantearse será la delimitación del término “embriagarse”. Según el Diccionario de la Rae, embriagarse significaría el causarse a uno mismo un estado de turbación pasajera de la capacidad para ejecutar algo mediante la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, o bien, el propio estado de intoxicación por alcohol. Si entendemos el término “embriagarse” como un proceso, habría que admitir una prohibición implícita de consumo de alcohol estando de servicio (tolerancia cero). Pero si lo entendemos como un estado, el siguiente problema sería determinar el grado de embriaguez que sería necesario alcanzar para que pueda ser sancionado, porque es evidente que consumir, por ejemplo, una caña de cerveza no podría ser considerado como tal. El primer supuesto podría ser descartado, dado que si se hubiera querido prohibir el consumo se habría prohibido taxativamente de la misma forma que se ha hecho con el resto de sustancias.
Si ponemos en conexión las normas administrativas que regulan la conducción de vehículos, con la norma de la que hablamos, llegaremos a la conclusión de que las distintas tasas reguladas en la norma administrativa solo serían aplicables cuando el agente de servicio, además, tenga que conducir o conduzca vehículos de servicio público (vehículos policiales). En este caso la tasa máxima a aplicar sería de 0,30 gramos de alcohol por litro de sangre o de 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Pero esta tasa únicamente podría ser tenida en cuenta en relación a la conducción y no podría integrar la infracción disciplinaria del artículo 7.l), dado que esa tasa o niveles ligeramente superiores no implican necesariamente una influencia del alcohol en el comportamiento. Para apreciar la infracción disciplinaria, el grado de alcohol tendrá que afectar y alterar la capacidad del agente y tendrá que hacerlo de forma “manifiesta”, con signos somáticos externos y con un comportamiento característico derivado o resultante de la ingesta de alcohol o de las demás sustancias citadas en la norma, de forma análoga a como es tenido en cuenta en el ámbito penal. Por influencia habría que entender, por tanto, lo que afecta a algo, en este caso, de forma negativa a las condiciones físicas y psíquicas que han de ser exigibles a un agente de policía mientras desempeña su función. De la nueva regulación desaparece la nota de la “habitualidad”, que solo se tendrá en cuenta en la infracción grave regulada en el articulo 8.p), donde se establece que constituye infracción grave el embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio, cuando tales circunstancias tengan carácter habitual o afecten a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. Y define la “habitualidad” como aquellos casos en los que estuvieren acreditados tres o más episodios de embriaguez o consumo de las sustancias referidas en un periodo de un año.
Qué esEn desarrollo del artículo 119 de la Constitución Española, es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, etc. El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, en líneas generales, las siguientes prestaciones: Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso. Asistencia de Abogado al detenido o preso. Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. Exención del pago de depósitos para la interposición de recursos. Asistencia pericial gratuita en el proceso. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales. Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales. Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil. Quién puede solicitarlo/presentarloEn general pueden solicitarlo aquellos ciudadanos que, estando inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o pretendiendo iniciarlo, carezcan de recursos económicos suficientes para litigar. Se considerará que existe insuficiencia económica cuando las personas físicas acrediten que los recursos e ingresos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del IPREM, vigente en el momento de efectuar la solicitud. Para acceder a este reconocimiento, las personas jurídicas deberán contar con una base imponible en el Impuesto de Sociedades inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual. En cualquiera de los casos, se tendrán en cuenta otros signos externos que manifiesten la real capacidad económica del solicitante. Existen excepciones para las personas físicas en función de discapacidades y/u otras condiciones familiares que permiten superar los límites de ingresos anteriormente citados. (Actualmente, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional decímonovena de la LPGE para 2010, durante el presente año 2010, el IPREM es de 7.455,14 euros anuales).
Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Las siguientes personas jurídicas, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar: Asociaciones de utilidad pública. Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente. En el orden jurisdiccional social: los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social. En el orden jurisdiccional penal: tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español. En el orden contencioso - administrativo: los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjería, (incluida vía administrativa previa). Información adicionalRequisitos para poder solicitar el beneficio de justicia gratuita Personas físicas:
1.- a) Que los recursos e ingresos económicos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar no superen el doble del IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud. b) Que, aun superando el doble del IPREM, los recursos no excedan del cuádruplo del IPREM y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, atendiendo a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, minusvalía, obligaciones económicas, costes derivados de la iniciación del proceso u otras circunstancias y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, decida conceder excepcionalmente el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 2.- Que se litigue en defensa de derechos e intereses propios.
Personas jurídicas: Que se trate de Asociaciones declaradas de Utilidad Pública o de Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente. Que su base imponible en el Impuesto sobre Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual. Solicitud presencialPara solicitar el beneficio de justicia gratuita es necesario que el interesado cumplimente un impreso normalizado de solicitud, que se puede obtener en esta página web imprimiendo los anexos del R.D. 1455/2005, para la defensa y representación letrada de la mujer victima de la violencia de genero y del R.D. 996/2003 para la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita y para el procedimiento especial de enjuiciamiento rápido, junto a la documentación citada en el mismo, que acredite la insuficiencia de recursos para litigar. Los impresos también se facilitarán en: Los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados. Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Las dependencias judiciales. Solicitud por internetEl Consejo General de la Abogacía Española pone a disposición de los ciudadanos un portal web Justicia GratuitaEste enlace se abre en una nueva pantalla desde le cual es posible cumplimentar el formulario de solicitud de justicia gratuita o comprobar si se cumplen los requisitos económicos exigidos para beneficiarse del derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otras funcionalidades, si bien siempre es necesario presentar la documentación y la solicitud del modo que se indica a continuación. Lugar de presentación de la solicitudLas solicitudes de asistencia jurídica gratuita, junto con la correspondiente documentación, se presentarán ante los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se hubiera iniciado. Datos requeridos para iniciar la tramitación Nombre y Apellidos. Número de DNI. Lugar y medio preferente a efectos de notificaciones. Fecha de la solicitud. Datos personales del cónyuge. Identificación de los familiares que convivan con el olicitante. Datos acreditativos de la situación económica del interesado y su unidad familiar (ingresos, propiedades...). Circunstancias personales y familiares (estado de salud, obligaciones económicas...). Pretensión que se quiere hacer valer ante los tribunales y fase procesal en que se encuentra. Identificación de la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere. Documentación a presentar No todos los documentos que se relacionan a continuación son necesarios en todos los casos, sino que habrá que atender a cada caso, en función de la situación propia de cada solicitante y de las circunstancias que haya alegado en su solicitud, que serán las que deberá acreditar documentalmente. En todo caso, a continuación se facilita una lista aproximada de qué documentación puede ser necesario aportar en cada caso: Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante. Certificado de liquidación del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio (de toda la unidad familiar). Certificado de liquidación del Impuesto sobre Sociedades (en el caso de personas jurídicas). Fotocopia de la declaración de utilidad publica o de la inscripción en el Registro de Fundaciones (en el caso de personas jurídicas). Fotocopia del permiso de circulación o certificado de la Jefatura Provincial de Trafico (sólo en caso de delitos contra la seguridad del trafico). Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio. Fotocopia del libro de familia. Certificado de empadronamiento. Certificado de empresa de conceptos salariales. Certificado del INEM de periodo de desempleo y percepción de subsidios. Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual, o, en su caso, copia del recibo mensual. Fotocopias de títulos de propiedad de bienes inmuebles. Certificado de valores. Otros (cualquier documento que sirva para acreditar los datos alegados). Procedimiento Una vez presentada la solicitud, los servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados examinarán la documentación presentada y, si aprecian que es insuficiente o que en la solicitud existen deficiencias, concederán al interesado un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de los defectos. Analizada la solicitud, y subsanados en su caso los defectos advertidos, el Colegio de Abogados ha de resolver si el solicitante reúne los requisitos necesarios: Si el Colegio de Abogados estima que el solicitante cumple los requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita, procederá en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la recepción de la solicitud o desde la subsanación de los defectos, a la designación provisional de Abogado, y lo comunicará en el mismo momento al Colegio de Procuradores para que, dentro de los 3 días siguientes, se designe Procurador si su intervención fuera preceptiva. Si, por el contrario, el Colegio de Abogados estima que el solicitante no cumple los requisitos necesarios, o que la pretensión de la solicitud carece de fundamento, comunicará al solicitante en un plazo de 5 días que no ha efectuado el nombramiento provisional de Abogado y, al mismo tiempo, trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que ésta resuelva. Cuando el Colegio de Abogados, en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos advertidos, no haya emitido decisión alguna respecto a la designación provisional de Abogado, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente. Cuando corresponda resolver sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, ésta, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, dictará resolución que reconozca o deniegue el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el plazo máximo de 30 días, a contar desde la recepción del expediente completo. Si estima la solicitud, establecerá en la resolución cuáles de las prestaciones que integran el derecho son de aplicación al solicitante. La resolución estimatoria del derecho implicará la confirmación de las designaciones de Abogado y, en su caso, de Procurador, efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales. En el supuesto de que dichas designaciones no se hubieran producido, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita requerirá inmediatamente de los colegios el nombramiento de Abogado y Procurador, este último cuando fuera necesario. Si desestima la solicitud, las designaciones realizadas previamente por los Colegios profesionales quedarán sin efecto y, por tanto, el solicitante habrá de designar Abogado y Procurador que elija él mismo. Si no dicta resolución en el plazo de 30 días desde la recepción del expediente completo, la solicitud se entenderá estimada, por lo que: Si el Colegio de Abogados hubiera designado Abogado de forma provisional, la designación quedará confirmada, así como, en su caso, la de Procurador. Si el Colegio no hubiera adoptado decisión alguna sobre la designación, en ese caso, a solicitud del interesado, el Juez o Tribunal que conozca del proceso (o el juez decano competente si la solicitud se realizó antes de la iniciación del proceso), procederá a requerir de los Colegios profesionales la designación de Abogado y, en su caso, de Procurador. Las resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica gratuita que reconozcan o denieguen el derecho podrán ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentará en la Secretaría de la correspondiente Comisión, en el plazo de 5 días. Será competente para resolver la impugnación el Juzgado o Tribunal que esté conociendo del litigio o, si aún no se ha iniciado el proceso, el órgano judicial a quien correspondería conocer, sin que exista posibilidad de recurso posterior. Para recabar más información y solicitudes de reconocimiento diríjase a los Servicios de Orientación Jurídica de los distintos Colegios de Abogados de España o al Consejo General de la Abogacía Española. Blogalaxia Tags: Policia+Local Volver a la página principal
FUENTE: PRSEGURIDAD VIAL Blogalaxia Tags: Policia+Local Volver a la página principal
Se establecen cuantías fijas para las sanciones: hasta 100 euros para las leves, 200 euros para las graves y 500 euros para las muy graves
Se eleva del 30% al 50% el descuento por pronto pago de las sanciones y se crea un procedimiento sancionador abreviado
Se unifican en todo el territorio las sanciones por exceso de velocidad que serán aplicables por todas las Administraciones
Se simplifica el cuadro de infracciones que detraen puntos con el fin de sancionar únicamente a las graves y muy graves
Se amplia de uno a cuatro años el plazo de prescripción de las sanciones pecuniarias
“Cambiamos para mejorar”, es el mensaje de la campaña informativa
La nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial entra en vigor el próximo 25 de mayo e introduce numerosos cambios para los más de veinticinco millones de conductores censados en España.
La nueva Ley es un reflejo de los cambios que se han ido produciendo en la sociedad y una demanda de los ciudadanos. La puesta en marcha en julio de 2006 del sistema de Permiso por Puntos ha supuesto, por una parte, un cambio de conducta entre los conductores que se ha visto reflejado en una reducción significativa de la mortalidad en las carreteras y por otra la necesidad de llevar a cabo un reforma integral del procedimiento sancionador – elemento básico y fundamental en la política de Seguridad vial- de modo que sea más eficaz, más justo y sencillo para el ciudadano.
Por este motivo y para atender al carácter masivo de las infracciones de tráfico (15 millones de expedientes sancionadores al año en España, de los cuales 11 millones corresponden a los ayuntamientos) se crea un procedimiento especial, diferente del procedimiento general establecido para el resto de sanciones administrativas, donde se tiene en cuenta las especialidades del Tráfico.
El objetivo principal de esta reforma de la Ley es mejorar la seguridad en las carreteras, evitando la impunidad de aquellos conductores que constantemente incumplen las normas. Para ello, la Ley reduce el plazo entre infracción y sanción con el fin de dotar al procedimiento sancionador de un carácter pedagógico y eficaz y reduce también la litigiosidad por motivos de forma, no de fondo, teniendo en cuenta que el 95% de las alegaciones y recursos presentados por los infractores se resuelven a favor de la Administración. Diferentes experiencias realizadas en países de nuestro entorno como Francia o Portugal, ponen de manifiesto que una adecuada gestión del procedimiento sancionador influye de modo directo en la reducción del número de víctimas por accidente.
La creación de un procedimiento abreviado,
La terminación de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte del infractor.
El diseño de un nuevo protocolo de notificaciones en donde se incluyen los nuevos sistemas telemáticos de comunicación (correo electrónico, móvil…)
Si el conductor no está de acuerdo con la sanción o la considera injusta, puede alegar. Pero los conductores que se quieran acoger al procedimiento abreviado disponen de un plazo de 20 días naturales, desde el día siguiente a la notificación de la infracción, para pagar la sanción, obteniendo un 50% de reducción en el importe de la misma. Acogerse a este tipo de procedimiento, supone dar por concluido el proceso sancionador y renunciar a formular alegaciones.
NOTA DE PRENSA DE LA D.G.T. Blogalaxia Tags: Policia+Local Volver a la página principal
Hola, hace cosa de un mes salí de casa con unos amigos sobre las dos de la mañana, íbamos de juerga y levantando la voz un poco, sobre todo yo, entonces apareció la policía, amigos míos se dieron la vuelta porque es una zona donde hay gente haciendo botellón, por miedo, nosotros íbamos caminando., ya que lo hicimos en mi casa, uno de los policías se dirigió a mi y me pidió la documentación cosa que me sentó fatal, ya que no había hecho nada y le pedí su nº de placa y me dijo que cuando le diera el DNI y le dije que al contrario, que me facilitara primero su numero, ya vinieron mas policías y les dije lo mismo hasta que perdí la razón. Me veía totalmente frustrado, no había hecho nada, me paran habiendo gente corriendo y haciendo botellón y entonces perdí los papeles por completo y empecé a insultarles y a decirles que les iba meter un puro, todo por los nervios.
Mas tarde aparecieron más policías y actué lo mismo, que me facilitaran el nº de placa y todos se negaron, uno de ellos me echó el humo de un cigarro en la cara, me enfade aun más y comencé a insultarles de nuevo y entonces intentaron ponerme las esposas a lo que no me negué, pero no me leyeron los derechos que creo que es obligatorio y entonces facilite el DNI pero ellos no me dieron el nº de placa.
Pensé que no me iban a denunciar porque pensaba que si lo hacían tendrían que hacerte firmar la denuncia como cuando es por psicotrópicos y según tengo entendido tendrían que habérmelo dado a firmar, lo que si les oí es qué le ponemos y decían unos números que me figure artículos penales o de ellos, pero no sabia que hacer.
El jueves recogí la citación para un juicio de faltas y no se que hacer ni que decir, os agradecería que me aconsejárais y si sería conveniente pedir perdón en el juicio.
Tampoco es motivo para no identificarse el que los agentes no le den el número profesional y entablar por ello una absurda disputa en la que sin duda siempre resultará perjudicado. Respecto a esto le diré que existen otros medios para identificar a los policías, para empezar suele ser visible su número, ya que lo llevan en el pecho, si no es así coja usted el número de matrícula del coche oficial y anote día y hora. En todo caso considero absurda esa obsesión por identificarles, ya que era usted quien estaba infrigiendo reiteradamente.
Mire usted debe compreder que no se puede debatir con los agentes sobre las normas, simplemente usted está siendo objeto de la aplicación de esas normas, y si no está conforme recurra, pero no ante ellos,... hombre.
Carta publicada por una madre preocupada por la seguridad: Sr. Alcalde, no pretendo robarle demasiado tiempo pero me gustaría que me ayudara a reflexionar sobre una idea que tengo fijada desde el viernes día 29 de mayo de 2009.
Esta memoria recoge la actividad desplegada por la Fiscalía en materia de seguridad vial durante el último año, en el que se ha consolidado la red de Fiscales Delegados de Seguridad Vial que con su esfuerzo y dedicación han conseguido que la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 15/2007 haya funcionado satisfactoriamente.
El efecto disuasorio de la norma penal se ha convertido en una de las claves del éxito de la política de seguridad vial en el último lustro, sin por ello olvidar el trabajo que se ha realizado en otros ámbitos igualmente importantes, como el de la educación vial. Será en él donde deberemos concentrar nuestros esfuerzos en los próximos años, si queremos mantener la tendencia iniciada en nuestro país en el año 2003. El Ministerio Fiscal mantiene su compromiso con la seguridad vial y seguirá trabajando con esfuerzo y dedicación para consolidar dicha tendencia.Bartolomé VargasFiscal de Sala de Seguridad Vial
Para bajar la Memoria 09 del Fiscal de Sala de Seguridad vial, pincha en el siguiente enlace:
MEMORIA 09 DEL FISCAL DE SALA DE SEGURIDAD VIAL

References: artículo 104
 artículo 7
 artículo 119
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