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Timestamp: 2019-12-11 17:01:21+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 171, de 31/05/2005
Año 2005 VIII Legislatura
Comisiones. Núm. 171
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA
Dictaminar las siguientes Proposiciones de ley:
-- Por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil (antes denominada Proposición de Ley por la que se modifica la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil). (Número de expediente 622/000003).
-- Orgánica de modificación del Código Penal. (Número de expediente 624/000005).
-- Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. (Número de expediente 624/000006).
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión.
El letrado está procediendo --como sus señorías pueden observar-- a comprobar su asistencia y el quórum requerido puesto que tenemos que votar.
Como cuestión previa y antes de abordar el orden del día, quiero poner en conocimiento de la comisión que a lo largo de la semana se han producido altas y bajas --no sustituciones, sino altas y bajas-- que afectan a las ponencias que están en curso. Concretamente, ha sido dado de baja el señor Quintana González y de alta la señora López Aulestia; también ha sido dado de baja en la comisión el señor
Zubia y ha sido dada de alta doña Elena Etxegoyen. Por tanto, los consideramos incorporados a las ponencias correspondientes.
-- POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, DEL REGISTRO CIVIL (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, DEL REGISTRO CIVIL) (622/000003).
La señora PRESIDENTA: Pasamos sin más al primer punto del orden del día, que es el dictamen de la proposición de ley por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.
A esta proposición de ley se han presentado tres enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular. Recuerdo a sus señorías que la enmienda número 2 se refiere a la exposición de motivos; la enmienda número 3 al artículo único y la enmienda número 1 a la inclusión de una nueva disposición final, que sería la segunda.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, va a hacer uso de la palabra la señora Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos.
El Grupo Parlamentario Popular va a seguir defendiendo las enmiendas tal y como las había presentado desde el principio, pero debo hacer una aclaración por un error de transcripción que se ha producido: donde dice disposición final segunda debe decir disposición adicional única.
Sintetizaré la defensa de las tres enmiendas en un solo turno, conjugando de la mejor manera posible lo establecido, por una parte, en el artículo 149.8 de la Constitución Española, donde el Estado se hace competente de manera exclusiva en lo que se refiere a ordenamiento de registros, y, por otra, en el artículo 3, donde se establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y donde se reconocen también las otras lenguas de acuerdo con lo que se desarrolle en sus estatutos de autonomía. El Grupo Parlamentario Popular va a seguir manteniendo la necesidad --en favor del plurilingüismo-- de que los asientos en el registro se establezcan en las dos lenguas, y lo hacemos de la misma manera que lo hacía el Grupo Parlamentario Socialista a través de su portavoz el señor Marín Rite --no así el portavoz socialista en el Congreso, pero como digo en la misma dinámica que lo hacía él--. Por lo tanto, defendemos el plurilingüismo pero sobre la base de seguir manteniendo las dos lenguas.
Turno en contra de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Sáenz.
El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señora presidenta. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Estamos ante una proposición de ley en la que se han hecho esfuerzos por parte de los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo. Se mantienen tres enmiendas, las tres del Grupo Parlamentario Popular, y voy a pasar argumentar los criterios objeto de nuestro rechazo.
La enmienda número 2 propone una redacción alternativa del último párrafo de la exposición de motivos, que pretende ser coherente --según dice-- con el resto de las enmiendas de dicho grupo. Nuestro grupo entiende que debe rechazarse por partir de un modelo de doble inscripción que plantea problemas en cuanto a la prevalencia del asiento practicado en dos lenguas y que resulta incompatible con el criterio de seguridad que debe inspirar --a nuestro entender-- toda regulación sobre el Registro Civil.
La enmienda número 3 se refiere al artículo único. Esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular propone una redacción distinta para el nuevo párrafo que la proposición de ley pretende incorporar al artículo 23 de la Ley del Registro Civil a fin de prever que la redacción de sus asientos se efectúe siempre en castellano, posibilitando que se redacte además en las lenguas autonómicas oficiales. Entendemos que también debe ser rechazada por las razones manifestadas en relación con la enmienda anterior y además por cuanto en nada entorpece el funcionamiento del Registro Civil el hecho de que determinados asientos se redacten en la lengua propia de la respectiva comunidad autónoma, dado el derecho de los interesados de poder solicitar certificaciones en el idioma oficial que consideren pertinente. Al mismo tiempo, cabe subrayar que el texto propuesto es defectuoso porque no tiene en cuenta las diferentes legislaciones en materia del uso de la lengua propia de las diferentes comunidades autónomas, además de crear una laguna al no haber previsto la relación entre los diferentes asientos practicados.
Por último, la enmienda número uno a la disposición final segunda --hoy se aclara que debe decir disposición adicional única--, pretende la modificación de la disposición final segunda de la proposición, con el objeto de prever que las hojas, impresos o sellos del Registro Civil se distribuyan tanto en castellano como en la lengua propia de la comunidad donde radique el registro. Nuestro rechazo se fundamenta en el presupuesto falso de que impresos, sellos y sistemas informáticos solo serán distribuidos en una lengua, cuando el texto propuesto, mejorado con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, parte en todo caso de la existencia de la distribución de estos elementos tanto en castellano como en la lengua propia de la comunidad autónoma donde radique el registro.
A continuación, pasamos al turno de portavoces, de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra la señora López Aulestia, por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo no ha presentado ninguna enmienda.
Simplemente, y al objeto de fijar nuestra posición, votaremos en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora senadora.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Badia.
Intervengo para decir que, evidentemente, no hemos presentado ninguna enmienda, pues fue nuestro grupo parlamentario quien presentó esta proposición de ley en el Senado y, por lo tanto, entendemos que es una propuesta perfectamente delimitada.
De todas formas, me gustaría señalar cuáles son las razones por las que vamos a votar en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se trata fundamentalmente de tres cuestiones vitales. En primer lugar, por seguridad jurídica, pues no podemos duplicar los asientos. En segundo lugar, porque se podría interpretar como una imposición del bilingüismo y no como una opción del bilingüismo. Y, finalmente, por una cuestión práctica, para lo que pondré un ejemplo que entenderemos todos: si uno se llama Jordi, no podemos pretender que también se llame Jorge. Por lo tanto, no podemos aceptar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA; Gracias, señor senador.
Intervengo para señalar lo evidente, que tampoco hemos presentado ninguna enmienda, y para explicar por qué vamos a votar en contra de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Participo del discurso y de la argumentación que ha elaborado mi compañero del Grupo Parlamentario de CIU, porque, como él, entiendo que en materia de cooficialidad lingüística llevamos a nuestras espaldas una experiencia de más de 25 años que, en ocasiones, señorías, parece que nos ha servido de bien poco, al menos cuando se trata de reconocer plenamente dicha realidad. Hay comunidades autónomas con lengua propia que gozan de oficialidad al mismo nivel que el castellano, realidad que no cabe contradecir. De manera que, en justa correspondencia con dicha realidad, no procede, según entiende mi grupo y esta portavoz, apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, en la medida en que continúan subrayando de alguna manera la prevalencia del castellano en todo caso sobre la otra lengua de la comunidad autónoma.
En consecuencia, votaremos negativamente las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero manifestar que estas enmiendas no son aceptables, pues, una vez más, se pretende no reconocer plenamente la lengua catalana en toda su dimensión. De la misma manera que han subrayado los portavoces anteriores, es necesario dar pleno reconocimiento jurídico a la lengua catalana. Por lo tanto, nos parece totalmente injustificado el doble asiento. De hecho, el redactado actual que proviene del Congreso de los Diputados es un redactado de mínimos, mientras que para el Grupo Parlamentario Popular parece ser un redactado de máximos. Además, esta proposición de ley procede en parte del Parlamento de Cataluña, pues fue el Grupo Parlamentario de CIU quien la presentó en el registro del Senado, pero que contó también con el acuerdo unánime del Parlamento de Cataluña.
Por lo tanto, nos vamos a oponer a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
¿Desea el Grupo Parlamentario Socialista hacer uso de la palabra?
El señor PÉREZ SÁENZ: Este portavoz entiende que con los argumentos exhibidos a la hora de rechazar cada una de las tres enmiendas es suficiente. Teniendo en cuenta que mi intervención es previa a la de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quiero decir que, aunque entendiendo alguno de los argumentos expuestos por dicho grupo, especialmente cuando están intentando defender determinados principios, es el concepto de seguridad jurídica el que fundamenta nuestro rechazo a sus enmiendas. Creo, además, que el criterio que quiere defender el Grupo Parlamentario Popular se defiende también sin la aceptación de sus enmiendas.
Por lo tanto, y para poder llegar a un acuerdo en esta proposición no de ley, les propondría que retiraran las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pérez Sáenz.
Cierra el turno de portavoces la señora Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: El Grupo Parlamentario Popular se va a ratificar en sus enmiendas, pues llevamos muchos años con el mismo discurso, defendiendo la lengua castellana, pero también las lenguas de cada una de las comunidades autónomas, tal y como desarrollan sus estatutos. En esa defensa del plurilingüismo, de la cooficialidad,
pero también en coherencia con nuestro propio discurso, vamos a seguir manteniendo la necesidad de que las dos lenguas, la castellana y la que se establezca en la comunidad autónoma correspondiente, aparezcan en los registros. Consideramos que esta propuesta no pone en peligro la seguridad jurídica; todo lo contrario. Creemos que la seguridad jurídica está garantizada y ratificamos la no prevalencia de una lengua sobre otra, pero sí la igualdad de ambas. Por lo tanto, mantenemos que sean las dos lenguas las que aparezcan en el registro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández.
Al no haber informe de ponencia, procedemos a votar las enmiendas.
Votamos las enmiendas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.
La señora PRESIDENTA: Señorías, procede que volvamos a repetir la votación de las enmiendas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.; en contra.
La señora PRESIDENTA: Procede que volvamos a votar.
Tercera y última votación de las enmiendas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Se entienden desechadas las enmiendas.
Por lo tanto, procede efectuar la votación de la proposición de ley sin que conste ninguna de las enmiendas, tal y como ha venido a esta comisión.
Les recuerdo que el texto de la proposición consta de una exposición de motivos, un artículo único, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición final.
Por tanto, votamos la proposición de ley por la que se modifica el artículo 23 de la Ley del Registro Civil.
La señora PRESIDENTA: Señorías, volvemos a repetir la votación.
La señora PRESIDENTA: Señorías, procedemos a votar por última vez la proposición de ley.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se ha vuelto a producir el empate y, por tanto, vamos a actuar de la misma manera que si esta circunstancia se hubiera producido en el debate en el Pleno, manteniendo el texto remitido por el Congreso de los Diputados y, por tanto, será el Pleno el que en última instancia resolverá debidamente.
-- ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL (624/000005).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al debate del dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal.
A esta proposición de ley orgánica se ha presentado una propuesta de veto y siete enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia se reunió el 25 de mayo y emitió un informe por el que se acordaba diferir al debate en esta comisión el pronunciamiento sobre la propuesta de veto y las enmiendas presentadas, manteniéndose por mayoría el texto en los términos en que fue aprobado por el Congreso de los Diputados.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Gutiérrez, para la defensa del veto.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente porque ya hemos hablado mucho sobre esta ley durante el proceso de reforma del Código Penal, en el año 2003.
Para mi grupo parlamentario son evidentes las razones que avalan la propuesta de veto por cuanto la ley que estamos debatiendo, pura y simplemente, deroga la reforma de la Ley del Código Penal que se debatió en diciembre de 2003 en esta Cámara y, en definitiva, en las Cortes Generales. Insisto en que las razones son evidentes porque entiendo que responde a la propia historia legislativa y, además, es una historia muy reciente.
En aquel instante, y me estoy refiriendo a diciembre de 2003, el Gobierno del Partido Popular instó la ley de reforma del Código Penal con base en dos motivos: por una parte, se pretendía dar respuesta a la sinrazón de un clima de ataques directos al modelo de Estado, a sus instituciones y a la propia división de poderes del Estado; y, por otra, en el contexto de la lucha antiterrorista --y, concretamente, del Pacto Antiterrorista--, ajustarlo a la Ley de Partidos Políticos, configurando la ayuda económica a banda armada como delito de colaboración con entidad terrorista.
Señorías, éstas eran las razones que llevaron al Grupo Parlamentario Popular a reformar el Código Penal en diciembre de 2003.
Además de estas razones de fondo, había una razón de oportunidad política: estábamos al final de la legislatura y habían sido convocadas las elecciones generales, de manera que se iba a producir un período bastante dilatado de
transición de una legislatura a otra, lo que impediría legislar a estas Cámaras. Por eso se tramitó de una forma determinada, que no voy a entrar a discutir porque, en todo caso, era y es constitucional, tal y como avalaron los dictámenes de los letrados de la Cámara.
Habrá quien piense que se podría haber hecho mejor, regular o peor pero, en todo caso, se ha hecho de forma lícita y reitero que existían razones de oportunidad que hicieron necesario llevar a cabo esta reforma en diciembre de 2003, dado que en enero se disolvieron las Cámaras para la convocatoria de elecciones generales. Éste es el quid de la cuestión, tanto para el senador que les habla como para el grupo parlamentario al que representa.
Hoy debatimos una ley que lo único que propone es derogar lo que significó en su momento, en diciembre de 2003, la reforma del Código Penal, y dado que los motivos a los que he aludido se mantienen hoy absolutamente en vigor, es evidente que mi grupo parlamentario tiene que plantear una propuesta de veto integral a dicha ley.
Voy a justificar brevemente este veto porque creo que este debate debe producirse en el Pleno de la Cámara, dado que no procede de un proyecto de ley sino de una proposición de ley, que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. No obstante, quiero señalar que hay dos líneas jurídicas que permitieron acometer la reforma en su momento y que versaron, por una parte, sobre los artículos 506 bis y 521 bis y, por otra, sobre el artículo 576 bis, del propio Código Penal.
El artículo 506 bis, en relación con el artículo 521 bis, lo único que pretendía era individualizar y concretar determinadas conductas de las autoridades administrativas con respecto a la referencia genérica que se contempla en el artículo 506 y que --no perdamos la referencia--, está integrado en el capítulo de aquello que pueda constituir delito contra las instituciones del Estado y, más importante aún, contra la llamada división de poderes. Desde este punto de vista, se consideró --tal y como señala el artículo 506 bis--, que toda autoridad administrativa que sea manifiestamente incompetente y se arrogue algún tipo de atribuciones para la realización de alguna convocatoria electoral o consulta popular a través de referéndum, es evidente que deberá tener un reproche social que, en nuestra opinión, debe ser penal. Esto significa, ni más ni menos, concretar aquello que genéricamente pudiera plantearse con relación al artículo 506. Quiero señalar que es función del legislador la elaboración de leyes claras, precisas, concretas y que, en ningún caso, se puedan dejar a la interpretación judicial porque cuanta mayor es la flexibilidad en la interpretación judicial, mayor puede ser la arbitrariedad, que no es discrecionalidad.
Por lo tanto, nuestra función es precisamente acomodar las conductas o supuestos de hecho no a la generalidad sino a la concreción para que la interpretación sea lo más uniforme en todo el Estado español. Esto es lo que se pretendía, frente a una conducta que, en aquel momento, estaba vigente --era «vox populi» en el Estado español--, que entendemos que todavía hoy no se ha erradicado y, en consecuencia, cabe la posibilidad de penarlo. No identificado con ninguna autoridad administrativa en concreto, sino con cualquier autoridad administrativa de una comunidad autónoma, de una alcaldía o de cualquier otra si convoca elecciones o consultas populares saltándose el camino lógico y concreto de la propia Constitución Española, que no es ni más ni menos que dicha función o competencia queda reservada única y exclusivamente al Congreso de los Diputados, que es quien toma la decisión, en concreto con respecto al referéndum, decisión que versa sobre la soberanía del pueblo español y que el presidente del Gobierno, de forma imperativa, tiene que proponer, y el Rey, de forma imperativa, debe convocar. Pero la competencia es función propia del Congreso, y en el Congreso radica precisamente la soberanía popular como institución legislativa por excelencia. Cualquier intrusión que pueda realizarse por una autoridad administrativa lo que está es dirigiendo un misil a la línea de flotación de la división de poderes del Estado, y eso, a nuestro modo de ver, tiene un reproche penal que es el que se configuraba a tenor de los artículos 506 bis y 521 bis como clarificación de lo que pudiera representar el criterio genérico del artículo 506.
El artículo 576 bis responde al segundo de los motivos que al inicio de este discurso había mantenido. Hay una lucha antiterrorista planteada desde las instituciones del Estado, que se fraguó básicamente y después de muchos años en el llamado Pacto por las libertades y contra el terrorismo, que suscribieron los dos partidos mayoritarios en las dos Cámaras y que está abierto a que lo pudiera suscribir cualquiera de los partidos minoritarios. En esta lucha se fue caminando hacia la posible destrucción o arrinconamiento de las bandas terroristas, y una de las funciones más importantes que se desarrolló desde el punto de vista legislativo fue la Ley de Partidos Políticos, a través de la cual podemos ilegalizar partidos que colaboren o que operen en el entorno de una banda terrorista. Si esto es así desde el punto de vista de la financiación y la colaboración con banda armada, el Estado de Derecho debe tomar todas las medidas y utilizar todos los instrumentos necesarios para ahogar o asfixiar financieramente a todo aquello que pueda representar una banda terrorista. Evidentemente, la colaboración económica con banda terrorista podía quedar perfectamente clara en el ámbito de las instituciones delictivas del Código Penal en la lucha contra el terrorismo, pero necesitamos concretar cuando el sujeto activo es una autoridad administrativa y cuando el dinero procede de fondos públicos, algo que no estaba perfectamente detallado en el ámbito del Código Penal y que podía someterse de nuevo a interpretaciones de dicho Código Penal por la Administración de Justicia.
La individualización, basada fundamentalmente en la autoridad administrativa que con el dinero público subvenciona a aquellos partidos políticos y grupos parlamentarios que previamente han sido declarados ilegales, no por el Legislativo, no por el Ejecutivo, sino precisamente por los tribunales de Justicia al amparo de la Ley de Partidos Políticos, constituye un tipo penal que obedece al mayor de los reproches sociales, y era lo que de alguna manera se plasmaba en el artículo 576 bis, que hoy, a través de esta nueva ley, quieren derogar de lo que es el campo penal.
No me voy a extender más. Creo que es preciso hacerlo de forma clara y concreta. Reitero que dejaremos el debate para el Pleno, visto lo que ha sido la proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios, pero repito, las razones son las que eran, no han cambiado en el contexto español, lo único que intenta el veto es que no modifiquemos la literalidad del Código Penal tal como está, ya que con la reforma de diciembre de 2003 se aclaró, se individualizó y se agravaron las penas.
Son temas lo suficientemente importantes porque, por una parte, van directamente contra las instituciones y la división de poderes del Estado español, y por otra, pueden conculcar lo que ha significado una trayectoria en la lucha contra el terrorismo, que ha sido tan eficaz en los últimos años en España.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.
No me resulta ingrato escuchar las intervenciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tanto en esta materia como en otras porque me parece un jurista riguroso, se lo he dicho a él en privado, lo digo en público y lo mantengo. Sin embargo, sé que un hombre de las cualidades jurídicas de don Carlos, en una materia como ésta lo podría hacer infinitamente mejor porque tiene suficientes recursos teóricos, técnicos y jurídicos para ello. Difícilmente se puede defender esto.
Yo comprendo que de una manera inteligente, cosa que aplaudo, ha querido rehuir el procedimiento de elaboración de esta Ley Orgánica; lo entiendo.
Si tuviese que jugar su función habría hecho lo mismo, en la medida de lo posible no hablar de cómo se ha elaborado esta ley. Aprovechar la reforma de un solo artículo de la Ley de Arbitraje para reformar no sólo una ley orgánica sino lo que en términos clásicos algún autor califica como una constitución negativa, el Código Penal, me parece que es demasiado desproporcionado, porque además no es un artículo cualquiera, sino que se trata de los artículos 506 bis, 512 bis y 576 bis.
Si se plantease que el Estado está indefenso y no puede abordar estos asuntos con ningún otro recurso jurídico, bien en sede administrativa o bien en sede penal, se podría entender este abuso en la técnica legislativa, pero no era esa la situación que vivía el país, primero porque los asuntos políticos se tienen que resolver en términos políticos y los asuntos criminales se tienen que resolver en términos criminales.
Mezclar la velocidad con el tocino es mala técnica legislativa, es mala técnica para abordar los asuntos y es mala técnica para reformar el Código Penal. Decía un querido profesor, que hasta que se jubiló era el número uno de la carrera judicial, don Rafael Mendizábal, que una de las razones por las que tantas personas vivimos del Derecho es porque ésta es una ciencia valorativa y, como tal, son admisibles tantos y tantos argumentos. Pues bien, en términos formales yo creo que no hay ningún procesalista en toda España que acepte que es bueno reformar el Código Penal de la forma en como se ha reformado en estos tres artículos. No conozco a ningún autor de todas las corrientes doctrinales que defienda que es bueno hacer esto en técnica legislativa, en puridad técnica, eso en primer lugar.
En segundo lugar, no conozco a ningún penalista de ninguna corriente que diga que es bueno reformar el Código Penal a la chita callando, a tontas y a locas, casi, no digo que con alevosía pero sí con nocturnidad. En el Senado, mientras se reformaba un sólo artículo, el 8, exactamente su letra g), de la Ley de Arbitraje, al mismo tiempo se modificaban tres artículos del Código Penal.
Quiero hacer una pequeña alusión a un asunto estrictamente técnico --y no he hecho ninguna alusión a otras cuestiones por considerar que no proceden--: la proporcionalidad. En el Derecho Administrativo vigente, y también en el que estaba vigente en el año 2003, hay medios y técnicas suficientes dentro del ámbito del procedimiento sancionador para abordar algunas de estas prácticas. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, en sede criminal o penal le sugiero los artículos 472.3, 473 y 477 para abordar estos supuestos, estos tipos ilícitos en los que se preveía incorporar la pena, la suspensión de funciones o la prevaricación; son figuras perfectamente reconducibles. Plantear el abordaje de estos asuntos desde el Código Penal es una gran torpeza en términos políticos, es un gran error en términos procesales, es un gran error en términos de técnica legislativa y es una barbaridad en términos penales.
No me quiero extender con más expresiones de esta naturaleza. Creo, sinceramente, que no procede el veto. Usted hacía alusión a dejar el asunto para el Pleno, yo incluso preferiría en el Pleno no hacer un excesivo alarde en esta materia, porque no creo que prestigie al Senado el que se reforme el Código Penal de la forma en que se hizo. Es como lo pienso y, dado que soy un ser libre, así lo manifiesto. Si piensa que digo porque está en el guión, no es así, lo digo desde la absoluta convicción de que así no se hacen las cosas para reformar las leyes ni para reformar el Código Penal. Observe usted qué angustia y qué inseguridad jurídica se crearía en todos los operadores jurídicos si ahora, para saber cómo está regulada la Ley de Arrendamientos Urbanos tenemos que conocer las últimas disposiciones finales de la Ley de Trasplantes de Órganos, o al revés. Genera tal incertidumbre en el tráfico jurídico que me parece una barbaridad; es un manual de cómo no hay que hacer las cosas en materia de técnica legislativa y en reformas del Código Penal.
Por esa razón, nuestro grupo mantiene la posición que hemos defendido en el Congreso de los Diputados.
Procede el turno de portavoces. Tiene la palabra la señora López Aulestia, por el Grupo Parlamentario Mixto.
Nosotros siempre hemos estado en contra de la modificación del Código Penal que acometió en su momento el Partido Popular. Esta proposición de ley nos parece muy oportuna y, por lo tanto, votaremos en contra del veto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Badia i Chancho.
El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente, no estamos de acuerdo con el veto ni con las enmiendas.
Entendemos que esta es una discusión filosófica. En su momento la reforma correspondía puntualmente a un debate de orden político y electoral y, además, estamos convencidos de que la modificación de una ley orgánica ha de ser fruto del consenso o, por lo menos, de un amplio debate e intento de diálogo. Consideramos que esta no fue una vía óptima para modificar una ley orgánica y no podemos estar de acuerdo con los posicionamientos del veto ni de las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la señora Etxegoyen.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a la hora de defender su veto, ha señalado al comienzo de su intervención algo así como que los motivos que se aludieron entonces para ellos siguen vigentes hoy, de manera que fundamentan la presentación del veto que él ha defendido.
Sensu contrario, tengo que decir exactamente lo mismo: aquellos argumentos que entonces defendió el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para manifestar su postura contraria a la modificación del Código Penal, cuya derogación hoy se pretende, siguen vigentes hoy. En consecuencia, seguimos considerando que dichas modificaciones supusieron en su momento la conculcación de principios básicos que informan un Estado de Derecho que se precie: el principio de proporcionalidad, el principio de intervención mínima del Derecho Penal, el principio de seguridad jurídica y otros muchos.
En definitiva, vamos a votar a favor de que dicha reforma sea derogada y, en consecuencia, cómo no, en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a votar en contra del veto y de las enmiendas sin perderme en una digresión jurídica, pues es evidente que estamos ante una cuestión política.
En ese sentido, ha dado perfectamente en el clavo don Arcadio Díaz Tejera cuando ha señalado que los asuntos políticos hay que resolverlos en términos políticos. Incluso voy a ir un poco más lejos en mi argumentación, pues habida cuenta que nosotros defendemos y definimos a Cataluña como nación y que consideramos que tiene el derecho a la autodeterminación --extremos ambos que esperamos que con una y otra formulación figuren en el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña actual--, evidentemente no podíamos estar de acuerdo con estas reformas que se impusieron por esta extraña vía --digo extraña porque considero que no era la más correcta-- y nos alegra especialmente votar a favor de esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal.
Debatiremos esta cuestión en el Pleno y, por lo tanto, no voy a alargar mi intervención en este momento.
En turno de portavoces, ¿hace uso de la palabra el señor Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) En consecuencia, cierra el turno de portavoces el señor Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular.
Estamos donde estamos, y tampoco me disgusta estar donde estamos porque de lo que han hablado todos los grupos parlamentarios ha sido de la forma y no del fondo. Si bien sé que con algunos no están de acuerdo, con otros puedo deducir --como ahora veremos-- que están de acuerdo y por lo menos hemos ganado algo. Es decir, por lo menos no han atacado el fondo, que en la reforma de una ley quizá es lo más importante.
Con ello, yo, que de alguna manera he estudiado el Derecho procesal durante muchos años, no es que quiera decir que las formas no tienen que respetarse, no lo voy a decir. He señalado que la reforma podía haber sido buena, mala o regular desde el punto de vista formal; que había unas razones de oportunidad que yo he querido apuntar, pero que se hizo bajo la estricta legalidad, bajo la estricta licitud constitucional, o al menos así lo pensamos al amparo de los dictámenes de los letrados de la Cámara, quienes conocen con más detenimiento el Derecho Constitucional.
En todo caso, es cierto que ustedes lo criticaron en diciembre de 2003 --porque lo vivimos en esta Cámara-- en aras de la búsqueda de la puridad formal. Señorías, visto lo visto, al cabo de un año exactamente se tramita en esta Cámara la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, visto lo visto, en aquella reforma, en la que no hay un informe del Consejo General del Poder Judicial, en la que hay dos Consejos de Ministros, en la que se lleva en lectura única sin ningún tipo de consenso, repito, visto lo visto, no podemos admitir ninguna crítica en relación con la puridad de las formas que ustedes puedan realizar
frente a aquello que hicimos nosotros en octubre o diciembre de 2003.
Porque, señorías, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial vista aquí en diciembre de 2003 es para nota.
Desde este punto de vista, no quiero entrar en este debate --si ustedes quieren lo hacemos, no me importa--, pero sí me halaga porque no han entrado ustedes en el fondo y, en lo poco que han entrado o en lo poco que puedo yo intuir que ustedes piensan, retrotrayéndome a lo que fue el discurso en diciembre de 2003, hay una clara contradicción, porque por parte del PNV --y quiero recordar los argumentos que en su momento expuso su portavoz en aquel Pleno-- se advertía que no hay un encaje penal, que la conducta no es absolutamente penal. Es lo único que puedo intuir, que lo llevan sólo y exclusivamente al terreno político. A veces los políticos podemos hacer cosas que la gente de la calle no puede hacer, como puede ser atacar las instituciones del Estado, que es un delito para los que no son políticos pero para nosotros a lo mejor no y, eso, en principio, no es bueno en aras de una suprema igualdad ante la Constitución. Sin embargo, para el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista parece ser que sí es delito o por lo menos hay instrumentos en el Código Penal que permiten perseguir lo que pueda conllevar una conducta de este tipo. Usted me ha hablado de algunos, si quiere yo le hablo de más, porque ustedes hablaron de más: usurpación de funciones, malversación de caudales, prevaricación, etcétera. Desde luego, podemos rebatirlos uno a uno: no es prevaricación; organícelo usted como quiera.
No es malversación de caudales; organícelo usted como quiera. No hay una usurpación de funciones. Es un delito distinto porque es un delito contra las instituciones del Estado y contra la división de poderes. Lo veremos en el Pleno, como he señalado, pero no es un delito de ese tipo. Es un delito que genéricamente condena el artículo 506 y, además, con muchos matices, que necesita de una interpretación individualizada, y eso es lo que se hizo, porque es el fondo lo que no ha sido criticado.
Además, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, si usted dice que hay otros instrumentos penales para llevar a cabo el reproche de esta conducta, ¿cómo puede --y después lo veremos en las enmiendas-- concebirse la exposición de motivos de la proposición de ley donde dice que no debe haber reproche penal? O hay reproche penal --sea por donde sea-- o no lo hay --yo considero que debe haber reproche penal--, pero no me lleve usted a la contradicción porque entonces podríamos entrar en una discusión absolutamente absurda.
Entiendo --como he indicado-- que había unos motivos concretos y éstos se mantienen. La reforma en el fondo es perfecta, es pulcra, debe hacerse, estamos en un contexto muy determinado, yo no lo he individualizado ni con el País Vasco ni con ningún otro territorio porque, como ustedes saben, las leyes son generales y no individuales. Por eso, nuestro grupo sostiene el veto, que no es ni más ni menos que sostener lo que en su momento se introdujo en el Senado y en el Congreso --con mayoría en esta Cámara--, repito, en la reforma de diciembre de 2003.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto.
La señora PRESIDENTA: Al no haberse alcanzado 13 votos, tal como establece el Reglamento, queda rechazado.
Pasamos al debate de las siete enmiendas presentadas a esta proposición de ley, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Gutiérrez.
En este caso voy a ser todavía más breve de lo que lo he sido en mi anterior intervención, a fin de defender más ampliamente nuestras enmiendas en el Pleno.
Las números 2, 3, 4 y 5 se refieren a los artículos afectados por esta reforma del Código Penal, que he defendido desde un punto de vista más político durante el debate de nuestra propuesta de veto. E insisto en que esos argumentos se deben llevar al Pleno de la Cámara, con la solemnidad que ello conlleva, aunque sólo sea por el hecho de que todos los grupos parlamentarios han firmado una proposición de ley.
Y me voy a referir ahora a las otras dos enmiendas, para que desde estos momentos hasta el Pleno sus señorías puedan reflexionar sobre los argumentos que voy a dar. La primera es la número 1, que se presenta a la exposición de motivos. En ésta se dice literalmente que las conductas a que se refieren los artículos afectados por la reforma no tienen suficiente entidad como para merecer el reproche penal. Pues bien, puedo admitir que esas conductas no queden configuradas en los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis, pero podrían obtener el reproche penal con una interpretación judicial en el marco genérico de las denominadas conductas contra la división de poderes y en el capítulo de los delitos contra el terrorismo. En consecuencia, aunque se eliminen esos artículos, que nosotros introdujimos para mayor claridad en el Código Penal, se podría establecer que al menos esas conductas se puedan perseguir desde la fiscalía o el juzgado y puedan conllevar un reproche penal, de las características que éste fuera, y con mayor o menor agravación de la pena; en principio eso me da igual, siempre que pueda haber un instrumento penal.
Y es que, si tras aquella reforma, ahora se derogan los artículos citados -sería la contrarreforma-- y se establece que para ese tipo de conductas no habrá reproche penal, ya no cabrá interpretación alguna, ya no existirá la más mínima posibilidad para ello. Por tanto, supriman esos artículos, pero supriman también la exposición de motivos con el fin de que no se establezca lisa y llanamente que en esos casos no habrá reproche penal; porque a lo mejor debe haberlo, y a lo mejor se produce una contradicción en el encuadre general del Código Penal. Creo que eso es importante, porque cuando algo no se sabe, se puede interpretar, pero cuando algo se establece y posteriormente se suprime,
ya no cabe interpretación alguna. Les pido que reflexionen sobre ello para que desde ahora hasta el debate en Pleno, por lo menos los senadores del Grupo Socialista --quizá otros grupos tengan más claro que no debe existir reproche penal para ese tipo de conductas-- piensen en lo que he dicho.
En cuanto a la enmienda número 7, hay que decir que existen instrumentos administrativos que pueden llevar a que se declare la nulidad de determinadas actuaciones, como convocatorios de referéndums para consultas populares o elecciones, o incluso la nulidad de la subvención otorgada por la autoridad pública y con dinero público a un grupo parlamentario o partido político disuelto al amparo de lo dispuesto en la ley. Ciertamente, en último extremo quizá esa actuación se pueda llevar al Tribunal Constitucional, o por el camino propio de una nulidad administrativa, que al final terminará en la Sala Tercera del Tribunal Supremo o en la jurisdicción contencioso--administrativa. Pero, ya sea en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo, el único camino de la Administración de Justicia es el requerimiento para que cese una determinada actuación. Desde la Administración de Justicia no existe más vehículo administrativo que provocar un requerimiento para que haya un cumplimiento. ¿Y qué pasa cuando no hay cumplimiento? Tiene que haber una serie de resortes que obliguen imperativamente a cumplir lo que establece la Administración de Justicia o el Tribunal Constitucional. Y entendemos que es muy importante resaltar lo que puede significar la desobediencia a los requerimientos por parte de la Administración de Justicia o del Tribunal Constitucional. Y en este caso no se trata de un reproche penal a la actuación originaria, sino del reproche penal que se origina por la desobediencia a un requerimiento que, ni más ni menos, puede provenir del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.
En definitiva, eso es lo que proponen nuestras enmiendas números 1 y 7, en el caso de que ustedes sigan adelante con la derogación pura y simple de los artículos que se introdujeron en la reforma del Código Penal de diciembre de 2003. Vuelvo a insistir en que reflexionen hasta el momento del Pleno sobre esas dos cuestiones. Piensen que a lo mejor el camino administrativo no tiene fin; por tanto, dénle ese fin mediante el requerimiento para el cumplimiento de unas resoluciones judiciales que estoy seguro que en esta sala todos pensamos que se van a cumplir. Pero también hay que pensar en lo que hacer si eso no ocurre. Quizá en ese caso haya que acudir al reproche penal. Demos, pues, entidad a esos artículos relativos a la desobediencia del Código Penal, actualmente en vigor.
Para turno en contra tiene la palabra el senador Díaz.
Aunque podría volver a incidir en las consideraciones formales y materiales antes expresadas, por respeto a la dinámica de la comisión me limitaré exclusivamente a hacer un par de manifestaciones.
En primer lugar, en nuestra opinión alguno de los comportamientos descritos no debe comportar un reproche penal; reproche, sí, pero no penal. Y es que pensamos que es erróneo el argumento de que el conjunto del ordenamiento jurídico está indefenso ante esos comportamientos, porque existen mecanismos en el Estado de Derecho para responder a ellos.
Sin embargo, la respuesta más adecuada, la más proporcional entre ese hacer y el reproche de la comunidad a esa actividad no tiene que ser necesariamente la prisión. Entendemos que esa no es la mejor manera de abordar el problema. Por ello, el reproche debe estar graduado en función del tipo de actividad. Como digo, algunas de esas actuaciones no merecen el reproche penal, sino un reproche en términos jurídicos generales. Y para ello existen mecanismos, como las medidas cautelares, las medidas provisionales o la intervención de los tribunales de justicia. Antes se ha argumentado que no hay respuesta ante ese tipo de actuaciones. Pues bien, ahí están la Ley 30/92 y la reforma de la Ley 4/1999 que prevén mecanismos para que ello se pueda hacer con rapidez. Otra cosa es que no se excite la intervención del órgano jurisdiccional en una tutela pronta y eficaz de un derecho, de un interés legítimo, como es el funcionamiento general de nuestro sistema institucional. Repito, pues, que hay mecanismos adecuados para eso.
Por tanto, nuestro planteamiento es que no es adecuado dar la naturaleza de reproche criminal, planteando el ingreso en prisión de quien hace ese tipo de convocatoria. Y voy a poner un ejemplo. En Fuerteventura hay un ayuntamiento, Puerto del Rosario, para otros canarios conocido como Puerto Cabra --si estuviera aquí el portavoz de Coalición Canaria estoy seguro de que subrayaría esta afirmación--, que ha pedido celebrar un referéndum para un planeamiento urbanístico. No se dieron cuenta de que eso no se podía hacer y que hay otros mecanismos previstos para ello.
¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos? ¿El Estado va a reprimir esa conducta y meter en prisión al alcalde o al secretario general de ese ayuntamiento por no haber advertido que había otros mecanismos? En absoluto. Se trata, repito, de estudiar la naturaleza de ese acto y su intención, para saber cuál es el reproche proporcional a ese tipo de comportamiento.
Hay un principio liberal clásico, completamente consolidado tras años de trabajo de muchos analistas, que es el principio de intervención mínima, según el cual el ingreso en prisión se produciría cuando no existiera otra manera de reaccionar ante un comportamiento. Pero ante asuntos de otra naturaleza debe darse la respuesta proporcionada. Y no estoy aludiendo ahora al artículo 25 de la Constitución, que establece que el único fin de la pena es la reeducación y la reinserción social, porque es de todos conocido. Pero, sinceramente, creemos que la medida de prisión ante ese tipo de comportamientos no es adecuada.
Le respondo en concreto a esas dos consideraciones: Primero. Insisto en que hay algunos comportamientos que no merecen el reproche penal siguiendo el principio clásico de intervención mínima --jurisprudencia del Constitucional «ad nauseam» en este sentido debido a la repetición permanente de ese tipo de consideraciones--. Segundo.
Sí hay reproche para otros comportamientos tal y como se prevé en el Código Penal, pero también está el ordenamiento jurídico administrativo; es decir, hay mecanismos fluidos y ágiles para dar una respuesta precisa. Cosa distinta es la realidad actual del servicio público en la jurisdicción contencioso--administrativa en determinados ámbitos.
Pero usted sabe que, en supuestos de esa naturaleza, el trámite no es el del orden de llegada de los asuntos a los órganos de lo contencioso-administrativo, sino en función de la naturaleza de los mismos.
Por todas estas razones subrayo la posición que ha mantenido y mantiene en la actualidad el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Díaz.
Procede a continuación abrir un turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora López Aulestia.
Para disipar dudas quisiera manifestar que en su momento estuvimos en contra de la reforma llevada a cabo por el Partido Popular tanto en el fondo como en la forma.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha subrayado que dicha reforma se hizo dentro de la más estricta legalidad. Espero que ahora, y dentro de esa estricta legalidad, esos artículos del Código Penal sean derogados, motivo éste por el que votaremos en contra de estas enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora López Aulestia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Badia.
Intervengo únicamente para manifestar que damos por reproducido lo dicho en nuestra anterior intervención.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Badia.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
En coherencia con nuestra postura en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular votaremos también en contra de sus enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Bofill.
Para ser breve simplemente me ratifico en lo manifestado anteriormente.
Votaremos en contra de estas enmiendas ya que entendemos que el caso considerado no debe ser objeto de reproche penal.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bofill.
¿Señor Díaz, desea usted añadir algo más en este turno de portavoces.? (Pausa.) Para cerrar el turno tiene la palabra el señor Gutiérrez.
Señora López Aulestia, ya intuía que el suyo era uno de los grupos que estaban en contra del fondo de la reforma, y por tanto, no me ha dicho nada nuevo en ese aspecto. Pero por lo menos ha manifestado usted que la reforma era legal. Algo hemos avanzado en ese sentido, porque es la primera vez que se sostiene esa postura. Yo no voy a cuestionar la legalidad de esta reforma y me parece fantástico que ambas hayan sido legales, aunque no en cuanto a su contenido.
Señor Díaz Tejera, no hay paralelismo entre reproche penal y prisión. Si usted quiere, podemos discutir si la pena es de tres o de cinco años, si es de uno a tres años o si no hay que llegar a prisión. Eso yo no lo sé, y quizá por ahí podríamos empezar a negociar para que los dos grupos mayoritarios llegáramos a un acuerdo. Pero lo que sucede es que el artículo 506 bis) arranca del criterio general recogido en el artículo 506 que, como usted sabe, plantea una prisión de uno a tres años. Y ése era el encaje que se podía hacer en el supuesto genérico de que se planteara antes de la reforma, y aunque dudoso, genérico y ambiguo, quizá los jueces lo podrían utilizar. Así pues, no hablemos de paralelismo entre prisión y reproche penal.
En cuanto a las medidas cautelares, éstas también se pueden utilizar, pero ¿y si no se cumplen? ¿No deberíamos entonces ir a la figura de desobediencia en caso de utilizar los criterios administrativos, tal y como usted plantea? Y si llegamos a la desobediencia, ¿por qué no individualizamos ese tipo respecto de estas conductas atípicas o irregulares que desde el punto de vista administrativo, como usted dice, sí son reprochables por ser nulas en sí mismas? ¿Por qué no vamos a la enmienda 7 que no hace daño a nadie, pues se limita a corroborar, individualizar y clarificar lo que podría ser una desobediencia ni más ni menos que a los tribunales de Justicia y al Tribunal Constitucional? Ahí no hacemos ningún daño.
Por último debo decir que no voy a juzgar igual la conducta de un alcalde que no sabe que no puede convocar un referéndum y que posteriormente se da cuenta de ello, entre otras cosas, porque hablamos de un tipo delictivo que necesita que haya dolo directo y aquí no lo hay. Cuando no hay dolo, no hay reproche penal. Pero de lo que estamos hablando es de cuando se anuncia, se dice y se amenaza --dicho entre comillas-- que se va a hacer un referéndum. Entonces sí estamos ante un dolo directo al trasgredir la norma constitucional invadiendo una competencia que ni siquiera corresponde al presidente del Gobierno, sino a las
Cortes Generales. Si en el País Vasco se quiere convocar un referéndum para lo que sea, que se haga, pero por el camino adecuado. Que se remita al Congreso de los Diputados y que sea éste el que lo convoque.
Estamos ante un problema de soberanía nacional. El pueblo español es el único que tiene la posibilidad de convocar una consulta popular o unas elecciones. Así pues, hágase el referéndum en el País Vasco, en Cataluña o en Menorca, pero hágase por el camino adecuado, es decir, mediante su aprobación en el Congreso de los Diputados, porque, de lo contrario, ello lleva aparejado un reproche que este grupo considera es un reproche penal muy serio y muy grave, pero, insisto, siempre que haya dolo directo y no como sucede en esa anécdota que podría producirse en cualquier parte del territorio español.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Gutiérrez.
A continuación procede votar el informe de la ponencia, que lo hay, aunque, como bien saben, es muy singular. Sólo en el caso de que éste fuera rechazado procederíamos a votar las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Habiéndose producido un empate por 12 votos a favor y 12 votos en contra, procede repetir la votación.
La señora PRESIDENTA: Habiéndose producido nuevamente un empate por 12 votos a favor y 12 votos en contra, procede votar por última vez.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el informe de la ponencia.
A continuación votamos las enmiendas números 1 a 7 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Habiéndose producido un empate por 12 votos a favor y 12 votos en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, procede repetir la votación.
La señora PRESIDENTA: Habiéndose producido nuevamente un empate por 12 votos a favor y 12 votos en contra de las enmiendas, procede votar las mismas por tercera y última vez.
La señora PRESIDENTA: Manteníendose el empate, quedan rechazadas las enmiendas. Por tanto, rechazamos el informe de la ponencia y las enmiendas y se mantiene el texto del Congreso de los Diputados, que pasará a su debate en Pleno. Señorías, estamos creando doctrina.
(Risas.) Antes de pasar al punto tercero del orden del día, necesitamos designar quién va a presentar los dictámenes de la comisión ante el Pleno, es decir, el primero, la proposición de ley de reforma del Registro Civil y, el segundo, la proposición de ley de la ley orgánica de modificación del Código Penal.
La señora VINDEL LÓPEZ: La señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Con gusto acepto el encargo. (El señor Vicepresidente, Pérez Sáez, ocupa la Presidencia.)
-- ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE LA PRÁCTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (624/000006).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Pasamos al dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina.
A esta proposición de ley orgánica se han presentado cinco enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: dos, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; dos, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y una del Grupo Parlamentario Popular. La ponencia se reunió el día 25 de mayo y emitió informe, en el que se acordaba diferir el debate en comisión el pronunciamiento sobre las enmiendas presentadas a esta proposición de ley, manteniéndose el texto en los mismos términos en que fue aprobado por el Congreso de los Diputados.
Me comunica el letrado que hay una transaccional entre la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la número 3 del Grupo Parlamentario Popular y la 5 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Si les parece bien, en primer lugar, procederemos al debate de las enmiendas que no están afectadas por esta transaccional y, posteriormente, entraremos en las otras.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, señor Badia, para defender la enmienda número 4.
La enmienda número 4 hace referencia al problema de la vacatio de la ley una vez se haya aprobado. Una vacatio de seis meses no tiene necesidad alguna, en tanto en cuanto eso establecería un período de impunidad muy concreto. Lo que hay que hacer, tal y como defiende la enmienda, es que la ley orgánica entre en vigor al día siguiente de su publicación y, por lo tanto, ésa es nuestra propuesta, totalmente lógica ya que lo que hace es solucionar el tema desde el mismo momento en que por parte de las Cortes Generales se apruebe la ley que estamos debatiendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Muchas gracias, señoría.
Para defender la enmienda número 2, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La enmienda número 2 es idéntica a la 4 o viceversa. Evidentemente compartimos los argumentos que ahora mismo ha defendido nuestro compañero--portavoz de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, por ello, sólo voy a decir dos palabras para ahondar en lo mismo.
No encontramos explicación alguna más allá del mero equívoco al texto del proyecto de ley, tal y como se nos ha presentado. De ahí que hayamos presentado esta enmienda. Respecto a la «vacatio legis» de seis meses, que se establece en su disposición final segunda para entrar en vigor la ley, no entendemos ni el porqué ni el para qué de la misma. Ni el dispositivo judicial ni el policial se ven compelidos a maniobra alguna de adecuación a la nueva realidad de tipificación penal que se persigue con la presente iniciativa legislativa; se instalan los nuevos tipos penales y punto. Pero yo diría más, como ha dicho nuestro compañero del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, parece una puerta abierta a la comisión de este tipo de conductas, anunciando que, si se produce en el plazo de seis meses inmediatamente posteriores a la aprobación de la ley, que no se preocupen, que no hay persecución ni castigo alguno, o sea que, si lo quieren hacer bien, haganlo rápido y para mayor facilidad debemos que tener en cuenta que tenemos los meses de verano de 2005 de por medio.
No tiene justificación, como decía, técnica ni jurídica de tipo alguno.
De ahí que pretendemos eliminar dicha posibilidad, en el bien entendido que de lo contrario flaco favor haríamos además al objetivo que decimos pretender con esta iniciativa legislativa, que no es otro que la total erradicación de conductas aberrantes contra los derechos y la dignidad de las niñas y mujeres, flaco favor si seguimos manteniendo ese riesgo, aun cuando sea --y lo pongo entre comillas-- de tan sólo seis meses.
En turno en contra, tiene la palabra la señora Martínez García.
La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Es una gran satisfacción aclararle las dudas que tiene a la señora Etxegoyen, al tiempo que proponer una transacción, que espero pueda ser aceptada por la ponencia y podamos sustanciar a lo largo de esta tarde.
La «vacatio legis» que tiene esta proposición de ley en este momento obedece a una enmienda precisamente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en el tiempo en que esta proposición de ley fue tomada en consideración, previamente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados. O sea, estamos hablando de abril de 2004 y también de diciembre de 2004, cuando se está sustanciando de forma paralela la ley de medida Integral contra la violencia de género. Por tanto, esta vacatio legis obedecía a una norma de seguridad jurisdiccional y para hacer posible que entra en vigor al mismo tiempo el procedimiento que sobre violencia de género preveíamos en la propia ley que estábamos entonces sustanciando en el Senado.
Lo cierto y verdad es que esta ley ha venido al Senado en esta fecha y, por tanto, evidentemente no tiene sentido alguno que se mantenga esa «vacatio legis», pero no sólo en los términos en que contempla la enmienda, sino de forma total.
Por tanto, yo lo que propongo es una transaccional que diga que la presente ley orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Todo lo demás queda suprimido porque, como bien saben sus señorías, los títulos IV y V de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género van a entrar en vigor a finales de este mes y, por tanto, al mismo tiempo que esta ley. Por consiguiente, propongo dicha transacción, que va más allá de lo que se pretende en la enmienda.
Teniendo una transaccional presentada y teniendo en cuenta también que pertenece, según las firmas, a la mayoría de la ponencia, les rogaría que me señalaran el nombre del senador o senadora que va a intervenir para explicar esta enmienda transaccional. (El señor Conde Bajén: Salanueva Murguialday, Amelia.) Tiene la palabra la señora Salanueva.
La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, puesto que es una ley, en principio, sencilla, una proposición de ley que concita respecto al fondo la posición unánime de todos los grupos parlamentarios,
sin embargo, es cierto que en la forma no todos hemos manifestado las mismas opiniones.
Nosotros hemos compartido el objetivo pretendido por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que presentó esta proposición de ley, para perseguir extraterritorialmente la mutilación genital femenina. El propio Consejo General del Poder Judicial ya solicitó la persecución de estas acciones como delito de justicia universal y, como he dicho, compartimos la aplicación de ese principio.
Durante el Gobierno del Partido Popular se dieron pasos en la reforma del artículo 149 del Código Penal, donde se consideró por primera vez la mutilación genital femenina como un delito de lesiones graves, que fue un avance importante; pero se producía una situación en la exposición de motivos, que ya denuncio CiU, por la que personas que residían en este país, para eludir la responsabilidad penal, aprovechaban los períodos estivales de vacaciones para viajar con sus hijas a sus países de origen y proceder en ese momento a la mutilación de las mismas.
Este hecho debe tener consecuencias penales y este es el sentido y el objeto de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Todos manifestamos, al menos mi grupo parlamentario, nuestra posición favorable a la retirada de una enmienda en el debate de la Ley sobre la violencia de género, con el consenso de apoyar una proposición específica, que es lo que se está haciendo en estos momentos; sin embargo, ese consenso no se ha visto reflejado en el texto concreto.
Nosotros entendemos que las personas que deben ser perseguidas deben tener su residencia en España, de manera legal o ilegal, lo que también ha sido una aportación en los diferentes trámites en el Congreso y en el Senado; parece que el Partido Socialista no compartía esa posición, pero nosotros manteníamos una importante sintonía en cuanto a la filosofía planteada tanto por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En cualquier caso, con la redacción exacta de los dos partidos a los que me acabo de referir, CiU y PNV, la última frase, por la que se decía «siempre que el delito fuese cometido durante el periodo de residencia en este país», podía producir, una situación y unos problemas de prueba importantes.
En esta cuestión fundamental que ya se hayan dado pasos para la persecución extraterritorial, y tenemos la obligación de facilitar todo lo posible que nadie pueda eludir la acción de la Justicia y no debemos poner problemas de pruebas.
Es el único sentido de la enmienda transaccional y , como ya he dicho, manteníamos una importante sintonía con las enmiendas, que también hubiéramos apoyado, pero pienso que la redacción queda mucho mejor tal y como se ha presentado esta tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Gracias, señora Salanueva.
Posiblemente, usted también podría ampliar la explicación en cuanto a la postura que se va a mantener en relación con la propuesta de transacción realizada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la disposición final segunda.
La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Con mucho gusto, señor presidente.
Quiero manifestar que nuestro grupo parlamentario iba a apoyar también las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto de la supresión de los seis meses de «vacatio legis» y la propuesta transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, que no es una posición contraria, sino favorable a la esencia de las enmiendas.
Por tanto, me parece correcta y contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
¿Los grupos parlamentarios que mantienen las enmiendas se conforman también con la enmienda transaccional? (Pausa.--La señora Etexegoyen Gaztelumendi y el señor Badia i Chancho piden la palabra.) Tiene la palabra su señoría.
Es evidente que si hemos firmado la enmienda transaccional es porque compartimos su literalidad.
Respecto a la posibilidad de transaccionar en los términos anunciados por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es evidente que también, puesto que se parece mucho más a nuestra iniciativa que la defendida por parte del texto original. Está claro que sí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.
El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Quiero sumarme a las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Tiene la palabra la senadora Martínez García.
La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Si me lo permite, antes de que nos reunamos en ponencia, me gustaría compartir con el resto de la comisión la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta enmienda transaccional, y también anunciar en qué medida este grupo está de acuerdo con su contenido, que es parcial, de entrada.
En este sentido, además de ratificar la enmienda transaccional y agradecer la aceptación que espero tenga lugar en ponencia, quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista
no ha firmado esa transacción, aunque tendremos tiempo de abundar en ella, porque entiendo que tanto la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, como la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Popular y la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió establecen, en mi opinión, unas condiciones limitativas del foro de jurisdicción universal que determina el apartado 4 del artículo 23.
El texto que presenta la ponencia, que ha sido el remitido por la comisión, es más amplio y establece menos condiciones, dentro de que la referencia al hecho de que los extranjeros residan en España ya supone una limitación que, quiero advertir a sus señorías, no contempla ninguno de los distintos apartados del apartado 4 del mencionado artículo 23.
Esto no es baladí. Como ustedes bien saben, entra en juego la figura de extradición y las condiciones singulares de los distintos convenios recientemente suscritos. Por eso entendíamos que el texto, con esa limitación al hecho de que los extranjeros y españoles estén en territorio nacional, supone una matización y una limitación a la orientación que deba el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con el apartado 4 del artículo 23, pero deseábamos mantener la distinción del resto de apartados de dicho artículo.
Los apartados 2 y 3 están regulando supuestos de jurisdicción extraterritorial, pero hay algo más; junto con la extraterritorialidad, en este supuesto se da, de forma singular, y por ello queríamos también singularizarlo, el hecho de que son varios los convenios y acuerdos internacionales que amparan la legitimidad de la propia jurisdicción española de perseguir este delito, no sólo porque esté delimitado así en su Código Penal, como ocurrió el año 2003, con la reforma impulsada por el Gobierno Popular, sino también por esa condena y legitimación, como he dicho, que le dan los convenios internacionales.
No comprendemos que, no habiendo limitaciones en los demás, se admitía aquí una matización, y teniendo como tenemos la regulación del Código Penal y teniendo como tenemos suscritos varios convenios internacionales --que no es el momento de enumerar uno por uno-- por qué se debe limitar a que estas personas residan legal o ilegalmente en España.
Por otra parte, quiero manifestar la satisfacción por la incorporación del término «femenina» a la mutilación genital. Sorprendía que siendo precisamente una proposición de ley orgánica regulada especialmente para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, todas las enmiendas presentadas fueran a quitar ese carácter femenino.
Entiendo que es coetáneo al hecho de que esta proposición de ley orgánica fuera presentada por Convergència i Unió en su momento como repulsa y no se contemplara en la reforma del Código Penal, y es cierto que ni en el apartado 1, ni siquiera en el 2 del artículo 149 de este Código Penal, se delimite el género de la mutilación.
Pero, entendiendo que todo tipo de mutilación, según los convenios internacionales, deba ser perseguida por los tribunales españoles, antiguo apartado g), ahora nuevo apartado h), me parece correcto que se regule de forma singular este tipo de delito, que ha sido lo que nos ha unido a lo largo de toda la tramitación, no sólo en esta proposición de ley orgánica sino también a lo largo de toda la tramitación de la Ley de medidas integrales contra la violencia de género, donde conseguimos un acuerdo unánime.
Estamos de acuerdo en suprimir la «vacatio legis» y, por tanto, con parte de esta transaccional en la que se incorpora el término de que la mutilación perseguible de forma extraterritorial, bajo este principio de justicia universal, sea la femenina. Pero todavía nos mostramos contrarios --y espero que de aquí al 14 de junio, cuando se celebre el correspondiente Pleno, logre convencerles y viceversa-- porque los términos en que viene la proposición de ley orgánica del Congreso de los Diputados es más comprensiva de la verdadera finalidad de persecución, como interés legítimo amparado en nuestra norma punitiva pero también con el interés legítimo de un Estado soberano, que ha suscrito acuerdos y convenios internacionales y que quiere perseguir ese delito con independencia de la nacionalidad de quien comete una aberración como la que contiene estos hechos delictivos, simplemente teniendo ocasión de que esté en territorio nacional.
Reitero que el resto de los apartados del artículo 23.4 no tienen ningún tipo de limitación. Lo único que comparte con el resto de supuestos del apartado 4 del artículo 23 es, precisamente, que se aplique el apartado c) del artículo 2, que exige que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiera cumplido en parte, se tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. Insisto en que, salvo este precepto del artículo 23 en su apartado 2, que comparten todos los supuestos del 4, no entiendo por qué debemos limitar con la residencia legal o ilegal --ambos supuestos figuran en las dos enmiendas-- cuando nos encontramos, evidentemente, ante un fuero universal de atribución de jurisdicción a los tribunales españoles que le confiere, como al resto del supuesto, el apartado 4 del artículo 23.
No sé si avanzaremos algo en la ponencia, señor presidente, pero espero que podamos hacerlo hasta que se sustancie el Pleno del día 14. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Gracias, señora Martínez.
Antes de someter a votación el texto del informe de la ponencia, vamos a conceder un turno de portavoces.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora López Aulestia.
La señora LÓPEZ AULESTIA: Muchas gracias, señor presidente.
No puedo opinar acerca de la transaccional porque ni siquiera la he visto, pero estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho.
Desde luego, la vacatio no nos parecía justificada ni entendíamos el porqué de ese plazo excesivamente largo de 6 meses. Estábamos dispuestos a apoyar cualquier enmienda
que redujera ese plazo y, por tanto, apoyaremos esa iniciativa.
En relación con el otro tema, parece ser que la controversia se centra en la frase que dice: «... siempre que los responsables se encuentren en España». Me atrevo a proponer que se suprima esa frase y quede el delito tipificado en los mismos términos que los demás, tal y como aparece en todos los apartados.
En cualquier caso, propiciaremos el mayor consenso y, a ser posible, la unanimidad en la aprobación de esta ley. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Badia.
Evidentemente, queremos celebrar la unanimidad respecto a la supresión de la «vacatio legis».
Respecto al segundo punto, entiendo que filosóficamente estamos todos de acuerdo y lamento que, evidentemente, no podamos llegar a un acuerdo al respecto.
De todas formas y aunque sólo sea de pasada, he de decir que en la exposición de motivos se habla de arraigo, que es algo más que encontrarse ocasionalmente. Por lo tanto, deberíamos encontrar entre todos una solución antes del debate plenario para lograr la unanimidad en un asunto tan importante como éste. No obstante, entiendo que filosóficamente y en lo que supone la modificación de la ley que vamos a aprobar supone un gran avance en un tema tan importante como éste.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra doña Elena Etxegoyen.
Intervengo para reflejar nuestra satisfacción por la unanimidad conseguida en cuanto a la enmienda que se refiere a la «vacatio legis».
Respecto a la otra enmienda y la transaccional que hemos suscrito algunos de los grupos de esta comisión, simplemente quiero hacer un par de puntualizaciones a algunas cosas que ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la calificación de genital femenina, simplemente quiero señalar que no había ningún tipo de finalidad, ni oscura ni diáfana, en ese sentido. Fue un «lapsus calami», se nos olvidó. Fue un error.
Evidentemente, estamos hablando de la ley de mutilación genital femenina y faltaba ese calificativo. Bien está que se corrija, pero no había ningún otro tipo de consideración más allá de esto.
Respecto a sus manifestaciones, tengo que decirle que comparto básicamente todo lo que ha dicho pero no participo del final de su exposición, de la conclusión. Considero que el texto de la enmienda inicialmente presentada por nosotros, así como de la transaccional que la ha modificado con la eliminación de la última coma hasta el punto final, participa mucho mejor y dota de mayor y mejor contenido a la finalidad que ha defendido en su intervención la señora Martínez. Sinceramente, así lo entiendo.
Es evidente, además, al igual que ha señalado nuestro compañero de CiU, que la exposición de motivos habla de arraigo, y lo dice expresa y literalmente. A la luz de la redacción de la exposición de motivos de la ley, no nos parece lógico que aparezca luego en el texto original un artículo 23.4 que señala la competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos criminales cometidos por nacionales o extranjeros fuera de nuestras fronteras, y dice en su apartado g): «Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.» No cabe equiparar, ni intelectual ni jurídicamente, la noción de arraigo, que entiendo que conlleva a su vez la de permanencia o estabilidad en la estancia, con la de encontrarse --y lo pongo entre comillas, si es que tal expresión tiene cabida en el texto que nos ocupa-- como noción jurídica. Creo que ha sido un lapsus del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de aceptar en el Congreso esta redacción.
En todo caso, este «siempre que se encuentren en España» se extiende y abarca a todo tipo de estadía en territorio nacional; es decir, no sólo en la permanente, que evidentemente está incluida, sino que cabe incluir, como se ha dicho con anterioridad, el mero tránsito o la parada esporádica o accidental de extranjeros en nuestro país. Existe, en definitiva --y no quiero buscar ninguna finalidad--, una evidente contradicción, a nuestro entender, entre lo que dice la exposición de motivos y lo que establece el texto original del artículo 23.4.g).
Por eso, invocando --y me atrevo a hacerlo-- la virtualidad de orientar al operador jurídico, que reconocemos en toda exposición de motivos de toda ley, y para evitar contradicciones que pudieran darse a la hora de aplicar este tipo penal, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta esta enmienda número 1 y apoya la transaccional.
Estoy convencida de que filosóficamente, como decía nuestro compañero de CiU, estamos todos en la misma onda y espero que, si no hoy antes del Pleno, reconsideremos este tema y podamos aprobar un texto por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Muchas gracias, señora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill Abelló.
El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que el único que puede proclamar la unanimidad en este momento soy yo, porque hasta ahora no se me había preguntado qué opinaba sobre el tema de la «vacatio legis». (Risas.) Pero ahora expreso
mi satisfacción por la unanimidad conseguida. En todo caso, estamos de acuerdo, como ya había manifestado fuera de esta comisión.
Respecto a la transaccional, considero que mejora claramente la enmienda, aunque no sé si la he entendido bien. Creo que queda de la siguiente manera: «Los relativos a la mutilación genital femenina cuando sean cometidos por personas que residan legal o ilegalmente en España.» He oído hablar mucho de lapsus, pero lo que verdaderamente me lo parece es hacer referencia a residencia ilegal. (La señora Vindel López: A mí también. Es una barbaridad.) Es decir, si aquí estamos para perfeccionar las leyes, creo que habría que darle otro redactado porque éste no me parece adecuado.
Por otro lado, el artículo que estamos discutiendo está pensado justamente para perseguir delitos que tienen de alguna manera un carácter excepcional. Hay un cierto principio de universalidad en la persecución de estos delitos y, en este sentido, me parece mejor hablar de «siempre que los responsables se encuentren en España». No obstante, también estoy de acuerdo con lo que ha manifestado la senadora López Aulestia porque en realidad este tipo de delitos se va a perseguir por parte de la jurisdicción española siempre que se encuentren los delincuentes en territorio español y, en caso contrario, no se podrá hacer. En ese sentido quizá sí que se podría suprimir simplemente este punto.
A mí lo que no me parece adecuada es la redacción que hace referencia a personas que residan legal o ilegalmente en España, y no estoy a favor de la misma. Ya tendremos ocasión de comentarlo posteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Gracias, señor Bofill.
Es exactamente así como figura en la transaccional que ha recibido este presidente.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Antonia Martínez García.
Creo que la voluntad del legislador es el primer criterio de interpretación que suelen aplicar los juristas. No voy a calificarlo ni de bueno ni de malo. Tal vez repasando la intención del legislador a lo largo de la tramitación de esta proposición de ley orgánica podemos llegar a algunas conclusiones.
El término «arraigo» empleado en la exposición de motivos sin duda obedece a un lapsus, y voy a decir por qué. Toda la exposición de motivos es consecuencia de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, sustituyendo así la exposición de motivos que acompañó el proponente de la iniciativa, Convergència i Unió, que hacía referencia al hecho de no haber sido aceptada una enmienda que presentó en tal sentido cuando se modificó el artículo 149 del Código Penal. No parecía ésta una exposición de motivos acorde con la finalidad de la ley, el debate y el acuerdo alcanzado en torno a la persecución de este delito, que todos decíamos que había que hacerlo y de forma rápida, y se sustituyó una exposición de motivos por otra a través de una enmienda, pero creo que sin pensar mucho, porque realmente, tal y como está, no le encuentro mucha trascendencia jurídica. En cualquier caso, sí nos encontramos con una exposición de motivos tal vez no muy afortunada, y, por ejemplo, hecho en falta más sustancia internacional, una redacción de verdad de los convenios y tratados que obligan a España. Para mí sería fatal que intentáramos salvar un lapsus o un error cometiendo más errores.
Lo cierto y verdad es que en el apartado 4 del artículo 23, que va más allá de los dos supuestos anteriores de extraterritorialidad, hay una voluntad y un nexo entre la propia soberanía penal de los tribunales españoles y el nexo que los une a acuerdos internacionales y a la persecución de delitos que tienen una protección internacional más allá de las fronteras, con una doble legitimidad.
Me parece bien que maticemos lo que no matizan los demás apartados, que ya sí es una especialidad, porque me parece acorde con la doctrina que existe en estos momentos tanto en alguna sentencia del Tribunal Supremo, habida en algunos supuestos de todos muy conocidos en relación con delitos de genocidio, como en el informe que elaboró el Consejo General del Poder Judicial cuando informó el proyecto de ratificación del Convenio de Roma en el que el propio tribunal dice que en el futuro habrá que matizar algunos de los contenidos de este apartado para hacer compatible la jurisdicción extraterritorial y universal de nuestros tribunales con el Tribunal Internacional. Por eso a mi grupo y a mí nos parecía bien hacer ya esta matización como un adelanto de lo que en el futuro pueda hacerse de una forma más precisa.
¿Pero por qué mantengo que es mejor la nomenclatura que viene del Congreso? Porque entiendo que cuanto menos distingamos, más capacidad de actuación tiene un tribunal cuya jurisdicción estamos declarando universal, y me parece que el hecho de que conste en los términos en que se encuentra en la ley, donde dice que se encuentre en España, es más acorde con la capacidad que estamos reconociendo a la jurisdicción española al tiempo que omitimos esa distinción entre residentes legales e ilegales por cuya experiencia de erradicación estamos pasando en este país de una forma muy reciente. A mí tampoco me parece correcto que en un texto legal con rango orgánico aparezca como categoría jurídica la residencia ilegal. Me parece más correcto y más comprensivo para el tribunal el texto que figura aquí. Pero ya he dicho al principio que no pretendo agotar con esto la discusión.
Apoyamos absolutamente que se concrete la conducta delictiva en cuanto a mutilación femenina, y que seguiremos debatiendo de aquí al Pleno para intentar convencer o mejorar. Tal vez podríamos llegar a una enmienda in voce eliminando la palabra «arraigo» del preámbulo, que es la que realmente entorpece y no aporta nada a esta proposición de ley orgánica.
Ésa es mi opinión sincera.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Gracias, señora Martínez García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Amelia Salanueva.
Voy a ser muy breve, porque no parece que vayamos a ser capaces de ponernos de acuerdo esta tarde sobre un asunto que concita tanto acuerdo, aunque manifiesto que la intención de nuestro grupo parlamentario es llegar a lograr el mejor texto.
Agradezco sin duda alguna la sinceridad de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque lo que no le puedo admitir es que diga que no carguemos con más errores esta tarde el texto que nos viene del Congreso, pues ella misma ha reconocido que los errores vienen de su grupo, porque la exposición de motivos en la que se habla del arraigo trae causa de la exposición de motivos de la proposición inicial, que es de CiU, pero que era su enmienda. Haber presentado otra. Es que no les entiendo. Si luego en la parte dispositiva del texto ustedes hacen hincapié, no en la no residencia sino en el hecho de que se encuentre en España, y en la parte expositiva, en la exposición de motivos, siguen insistiendo en el arraigo, pues aclárense, pero creo que los demás lo tenemos bastante más claro, y los errores, por tanto, vienen de su grupo parlamentario y no del nuestro.
Insisto en que a nosotros nos parece fundamental, aunque estamos dispuestos a hablar, que se persiga este tipo de delitos entre las personas que residan en España. No nos parece serio, ni desde el punto de vista de la técnica jurídica ni desde el punto de vista doctrinal, hablar de las personas que se encuentren o que les pille de paso, lo ha expuesto muy bien la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y no me voy a extender sobre ello, pero es algo que nosotros no compartimos. Otra cuestión será ver, como ha propuesto la señora López Aulestia, si hacemos simplemente una mención, como viene en el resto de los apartados del artículo 23, a que uno de los delitos que hay que perseguir sea el de la mutilación genital femenina, y no añadir más. Pues igual es una opción. Puede ser una salida. Nosotros, en principio, no cerramos las puertas y lo hablaremos, pero lo que está claro es que existe una situación fundamental que debe contemplarse, que es la de arraigo, que significa una permanencia, una estancia, una residencia en España.
En cuanto al hecho de legal o ilegal, también podemos compartir la supresión de que figure legal o ilegalmente. Es una situación de hecho que podría figurar perfectamente en un texto legal, pero también podríamos estar dispuestos a suprimirlo, y todo tiene una razón de ser.
La propuesta inicial, de la que trae causa el debate que estamos manteniendo en estos momentos, hablaba de residencia legal. Después de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Justicia gratuita, se consideró que no era posible referirse solo a la residencia legal sino que hubo que incorporar que también se refería a las personas que de manera ilegal residían en España. En nuestra moción primigenia ni siquiera figuraba eso. Decíamos: los que residan en España; y estamos dispuestos a suprimir lo de legal o ilegal, porque es cierto que puede que no tenga ningún sentido.
Por lo tanto, tenemos las puertas abiertas, pero hay una cuestión fundamental y de fondo que es la de la permanencia y la residencia.
Nosotros estamos de acuerdo con la residencia en España, y no solo para el que se encuentre de paso de manera circunstancial.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Señorías, vamos a votar el texto dedel informe de la ponencia con la inclusión de la enmienda transaccional que modifica el apartado g) del punto cuarto del artículo único del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Queda aprobado.
Seguidamente votamos el resto del informe de la Ponencia, que es el texto remitido más la enmienda transaccional presentada por doña Antonia Martínez García.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez Sáenz): Se aprueba por unanimidad.
Una vez dictaminada la proposición de ley, queda por designar a la persona que la presentará en el Pleno del Senado. (La señora Martínez García: El vicepresidente segundo.) El encargado de su presentación será el vicepresidente segundo, don Carlos Gutiérrez.
Eran las dieciocho horas y veinticinco minutos.

References: artículo 23
 ARTÍCULO 23
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 artículo 149
 artículo 3
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 artículo 576
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