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Invitación a la sociedad civil a sumarse a la Campaña Alto a la guerra contra Ostula.
Published July 1, 2011	DENUNCIA Leave a Comment
Tags: América Latina, Autonomía, Autonomía indígena, Autonomy, Derechos Humanos, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Human Rights, indigenous peoples, indigenous resistance, indigenous rights, La Otra Campaña, Latin America, Latinoamérica, México, Michoacán, MOVIMIENTO NACIONAL POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD, Ostula, PUEBLO, pueblos indígenas, Resistance, RESISTENCIA, resistencia indígena, Santa María Ostula, Xayakalan
Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la Campaña ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA exigiendo a los gobiernos Estatal y Federal:
¡Castigo a los culpables de la represión en contra de Santa María Ostula!XAYAKALAN, COMUNIDAD DE OSTULA, MICHOACAN, A 29 DE JUNIO DE 2011.
Comunicado sobre medidas cautelares de la CIDH a favor de Ostula, Michoacán.
Published October 2, 2010	DENUNCIA Leave a Comment
Tags: Autonomy, CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunidades indígenas, Derechos Humanos, Indígenas, indígenas nahuas, Michoacán, Nahua, Ostula, PUEBLO, pueblos indígenas, pueblos indígenas de México, Resistance, resistencia indígena, Santa María Ostula
Por este medio reciban un afectuoso saludo de parte de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, y nos dirigimos respetuosamente a ustedes para hacer de su conocimiento que el día 21 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la recomendación de medidas cautelares MC- 264-10, a favor de los comuneros y autoridades de Santa María Ostula en la costa Nahua de Michoacán, ante el asecho, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas perpetradas por grupos paramilitares, después de la histórica recuperación de tierras invadidas efectuada por la comunidad el 29 de junio de 2009.
Francisco de Asís Manuel, es Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, secuestrado- desaparecido el 20 de abril de 2010 a manos de un comando que portaba igualmente armas de grueso calibre. De ambos se desconoce su paradero.
A partir de esa fecha se registraron una serie de asesinatos, y asedio por grupos paramilitares que han generado terror en las comunidades nahuas de la costa:El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.
El Tribunal Unitario Agrario No. XXXVIII con sede en la ciudad de Colima, en el cual se desahoga el juicio agrario, ordenó reconstruir el polígono comunal debido a las notorias y documentadas inconsistencias técnicas del Plano Definitivo que delimita la propiedad comunal. Mismas que en 1958 debieron corregirse de fondo, acción que omitió en su momento la autoridad agraria. Violando con ello la responsabilidad que el Estado Mexicano adquiere al ser firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 13 y 14.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradi cionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Es urgente la implementación de mecanismos que garanticen la posesión legal del territorio ancestral de la comunidad mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER), en el que la SRA otorgue una “indemnización” económica a los supuestos pequeños propietarios de La Placita y contribuir con ello a mitigar la violencia.
Resulta relevante la implementación de medidas cautelares ordenada por la CIDH, toda vez que a pesar de que los actos de violencia han sido perpetrados por grupos ajenos a los órganos Estatales, se solicita al gobierno mexicano que informe del paradero de los desaparecidos e implemente medidas para garantizar su vida e integridad física.
Dado que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la costa nahua, es urgente el reconocimiento y respeto a las policías comunitarias de Ostula, Coire y Pómaro para que puedan desempeñar sus legítimas funciones de manera legal y se evite la criminalización de dichos mecanismos autónomos, respaldados también por los lineamientos constitucionales, así como los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Sin mas por el momento agradecemos la atención al presente comunicado y quedamos atentos de cualquier duda o aclaración pertinente.
Ostula, autonomía bajo asedio narcoparamilitar.
Published September 26, 2010	NOTICIAS - НОВОСТИ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - 新闻 - NOUVELLES - NEWS - ニュース Leave a Comment
Tags: Aquila, Autonomy, El Coire, Guardia Comunal, Indígenas, indígenas nahuas, Maquilí, México, Michoacán, movimientos indígenas, narcoparamilitar, Ostula, paramilitar, Pómaro, policía comunitaria, PUEBLO, pueblos indígenas, pueblos indígenas de México, Resistance, RESISTENCIA, resistencia indígena, Santa María Ostula, Xayacalan
Nahuas de la costa de Michoacán crean la Guardia Comunal para enfrentar paramilitares que asedian sus montes. “No nos levantamos en armas contra el gobierno –aclaran–; ejercemos el derecho que como pueblo indígena tenemos de defender nuestro territorio y nuestra comunidad”. Desde que decidieron construir su autonomía y recuperar sus tierras, cuentan 12 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas, entre ellas la del presidente de Bienes Comunales. En busca de los líderes indígenas, caravanas con decenas de hombres pertrechados con AK-47, fornituras y pasamontañas recorren la carretera federal y las brechas que comunican Ostula. “Los narcos hacen labores de contrainsurgencia”, denuncian los comuneros Xayacalan, Xayacalan, Michoacán. El estrépito de las olas en la playa se confunde con la algarabía de decenas de niños que corren tras un balón. Como un solo rumor, un solo bullicio, el viento trae la algazara y el estruendo del mar hasta la choza donde autoridades agrarias y civiles de Ostula hacen el recuento de su lucha. Hay victorias, pero también sacrificios y pérdidas irreparables. Saben que aún no han ganado su tierra ni la paz. “Pero ya ganamos la organización; pase lo que pase, la autonomía va a continuar”, aseguran.
Uno a uno, líderes de esta comunidad han sido asesinados o desaparecidos de manera forzada: en poco más de un año, Ostula cuenta 12 ejecutados y cuatro levantados. En todos los casos, las agresiones han sido cometidas por grupos de mestizos armados con AK-47 y AR-15. Según la ley vigente en México, todos los fusiles de asalto son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; pero los temibles AK-47 son tan populares entre los grupos del crimen organizado que en este país han sido rebautizados como cuernos de chivo.
Mientras sus padres organizan la resistencia, niños de todas las encargaturas de la comunidad de Ostula juegan futbol en la playa. Los pocos que usan zapatos son conminados a dejarlos fuera de la “cancha” para no estar en ventaja frente a la mayoría descalza. Han improvisado las porterías con bejucos. Por momentos, deben recuperar de las olas el balón de plástico. Ríen despreocupados en una zona que hasta antes de la llegada de la Guardia Comunal y Policía Comunitaria había sido lugar de enfrentamientos y asesinatos. El “lugar de los danzantes con máscara” (significado del topónimo Xayacalan) es la única encargatura de la comunidad de Ostula –e incluso de la costa de Michoacán– libre de delincuencia.
Fuera de este paraje recolonizado por los nahuas, los levantones y las ejecuciones se suceden sin que autoridad alguna contenga a los grupos de hombres armados que recorren los poblados y rancherías de la comunidad en resistencia.
Ahí vienen los narcoparamilitares
La desaparición forzada más reciente se cometió la noche del 29 de junio pasado, unas horas después de que la víctima hubiera acudido a la encargatura de Xayacalan a la celebración de la recuperación de la comunidad de Ostula de más de 1 mil 300 hectáreas que se encontraban en poder de “pequeños propietarios”. Alrededor de las 10 de la noche, un grupo de 11 hombres armadoslevantó de su casa a Máximo Magno Valladares, en la serrana encargatura de El Potrero, de la que es representante.
Mes y medio antes, el 20 de abril de 2010, un grupo de 22 hombres había sitiado la casa de Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales –la máxima representación agraria de la comunidad ante las autoridades mestizas–. Armados con AK-47, los asaltantes secuestraron al líder de la comunidad de Ostula. No han pedido rescate. Desde entonces, nada se sabe del indígena nahua.
“En esta lucha, muchos vamos a morir; y no quiero que se pongan tristes, porque nuestros hijos y nietos verán el fruto de nuestro sacrificio y sabrán cómo se defienden las tierras comunales”, había dicho Francisco de Asís Manuel en una asamblea comunitaria, algunos días antes de su desaparición forzada. Esas palabras, reproducidas en mantas y carteles, cuelgan en la encargatura de Xayacalan, el epicentro actual de la lucha de la comunidad de Ostula.
A sus 60 años, todos le llamaban Panchito. Pero los hombres mestizos que lo sacaron de su casa el 20 de abril pasado le vociferaban ¡Paco! Llegaron a la encargatura de La Palma Sola en una camioneta con redilas. Pasaban de las 23:30. Le gritaban que saliera, que lo traerían de vuelta en unas horas.
Como la familia no abrió, ocho individuos armados derribaron las puertas. El resto permaneció alrededor del domicilio. Golpearon a los tres hombres y dos mujeres que encontraron al interior de la casa. Preguntaron por armas. Sin que lo pudieran acreditar, dijeron ir “de parte de Mario Álvarez (López) y de Lico (Federico González)”.
El primero fue presidente municipal de Aquila de 2005 a 2007 y es la principal figura del Partido Revolucionario Institucional en la región. El segundo es un supuesto ganadero. Ambos viven en La Placita, la comunidad de “pequeños propietarios” y ejidatarios que disputan más de 1 mil 300 hectáreas a la comunidad de Ostula. Entre las tierras recuperadas por los indígenas nahuas, se encuentran 300 hectáreas que había cercado Mario Álvarez y otras 30 que había ocupado Federico González.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales fue el tercer desaparecido de manera forzada. Antes de él, el 22 de febrero pasado, habían sido levantados los comuneros Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles. Ambos, destacados activistas de la comunidad en lucha por la tierra. Un grupo armado los sacó de la fonda donde almorzaban, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán.
Además de las cuatro desapariciones forzadas, grupos armados han asesinado a 12 comuneros de Ostula desde que esta comunidad instauró su Policía Comunitaria y Guardia Tradicional, y con ellas recuperó 1 mil 300 hectáreas de tierras que les marcan sus títulos primordiales.
Los ejecutados (incluidos dos comuneros de El Coire), hasta la primera mitad de julio, eran Diego Ramírez Domínguez; Simón Pineda Verdía y Simón Pineda, hijo; Erik Nemecio Domínguez; Quintín Réyez; Froylán Medina Álvarez, y Demetrio Álvarez.
Destaca el caso del profesor Diego Ramírez Domínguez, quien además de comunero, uno de los principales interlocutores de la comunidad con las autoridades mestizas y con las organizaciones sociales solidarias con Ostula, era coordinador de la comisión para la recuperación de las tierras invadidas. Fue asesinado el 26 de julio de 2008. Su cuerpo fue encontrado destrozado precisamente en el paraje de Xayacalan, territorio que originó el conflicto de Ostula con los “pequeños propietarios”.
Sin embargo, en las últimas semanas las agresiones contra la comunidad se han intensificado. El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.
Pero los grupos armados no sólo cometen asesinatos y levantones contra la comunidad en resistencia. También realizan incursiones de manera intempestiva en las calles y parajes de la comunidad. El 7 de mayo pasado, más de 150 personas, armadas con AK-47 y perfectamente pertrechadas, ingresaron a la comunidad de Ostula a repartir “propaganda”. Después tomaron la carretera federal y llegaron a la vecina comunidad El Coire –la cual, junto con la de Pomaro, ambas nahuas, son solidarias de la lucha de Ostula–. Ahí intentaron asesinar al suplente del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de El Coire, Valentín Álvarez Medina.
—Acababa de salir de mi casa. Me encontraba en un lugar donde rentan computadoras porque quería revisar mi correo. Yo los vi pasar, pero no me imaginé que iban a mi casa. Mi esposa tampoco estaba en la casa, pues había salido a la tienda. Los pistoleros llegaron y torturaron a mis hijos. Les preguntaban por mí y les ponían los cuernos de chivo en sus cabecitas y en sus pechos.
—Cuántos años tienen tus hijos.
—Uno, nueve años; otro, seis, y otro, cuatro –dice el joven líder nahua, quien por las amenazas debió exiliarse de la región.
Como líder de El Coire, detuvo la entrada del Programa de Certificación de Bienes Comunales en su comunidad y, en apoyo a la de Ostula, encabezó a un grupo de la Policía Comunitaria.
El mensaje impreso que los pistoleros dejaron en las comunidades nahuas el 7 de mayo pasado fue: “Nosotros somos a los que ustedes llaman ‘los de La Placita’. Queremos deslindarnos de hechos que también a nosotros nos indignan, como el secuestro de su comisariado (Francisco de Asís, por quien no se ha pedido rescate). Nuestra lucha no es por la tierra sino por el territorio. Queremos protegerlos de nuevos ataques por parte de otros grupos”.
El grupo salió de nuevo a la carretera federal sin que fuera “detectado” por ninguna de las corporaciones policiacas y castrenses desplegadas en la zona. Los comuneros de Ostula afirman que los agresores eran de La Placita, poblado mestizo vecino donde vive la mayoría de los “pequeños propietarios” con los que mantienen la disputa de las tierras.
El 27 de agosto pasado, “el cártel” regresó. Entraron ostentando sus AK-47 hasta la tenencia o cabecera de Santa María Ostula. Dijeron que llevaban flores a la virgen. Ni siquiera se cubrieron el rostro. Llegaron en seis camionetas. Algunos pobladores realizaron llamadas a los cuarteles de la Marina, pero “nunca nadie llegó; y luego agarraron la carretera federal sin que fueran detenidos por alguien”, se quejan los nahuas.
José Guadalupe de Asís Alejo, hijo del presidente de Bienes Comunales desaparecido, señala: “Lo que quieren es que aflojemos en la lucha. Pero no vamos a aflojar, así nos maten a más. Lo que está pasando ahorita es muy delicado. No tenemos representante agrario y el gobierno se está encajando. Pero la comunidad está en pie de lucha”.
Ahí vienen los marinos… y la DEA
Y es que las incursiones armadas a las encargaturas y tenencia de Ostula no sólo son obra de los grupos armados ilegales, sino de las corporaciones policiacas y militares del Estado mexicano. Tres días antes de la incursión de los paramilitares, el 4 de mayo de 2010, en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal, alrededor de 900 efectivos cercaron la tenencia de Santa María Ostula. Los uniformados dijeron buscar armas. No las encontraron y no hubo detenidos.
No fue la primera vez que fuerzas castrenses intentaran “desarmar” a los nahuas. A mediados de julio de 2009, alrededor de 11 efectivos de la Marina Armada de México ingresaron intempestivamente a la encargatura de Xayacalan y desarmaron a ocho integrantes de la Guardia Comunal que defiende esas tierras. Cuando los marinos intentaban salir, se encontraron rodeados por más de 200 integrantes de la misma Guardia y de la Policía Comunitaria de Ostula. Las negociaciones duraron poco más de media hora.
“El camino de salida es libre, almirante; pero regresen lo que nos quitaron. Si no, no hay salida; nosotros nunca hemos agredido a nadie; lo que hacemos es defender a nuestra gente y nuestras tierras”, habría dicho el entonces encargado de la seguridad en Xayacalan, J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, un aguerrido comunero de 73 años de edad. Los marinos tuvieron que devolver las armas que, dicen los nahuas, son herramientas de trabajo y escopetas de calibre 22.
Camisola desabotonada y remangada, huaraches de tres agujeros (“no aguanto los zapatos”), sombrero de palma, campesino resuelto, J Trinidad fue de los primeros impulsores en la comunidad de la reactivación de la Policía Comunitaria y de la Guardia Comunal. Encabezó la recuperación de las tierras de Xayacalan, donde ya se encontraban los “pequeños propietarios” lotificando decenas de hectáreas de playa y de monte selvático.
—¿La “J”, don Trinidad, es de José o de Juan?
—No, así me llamo. Ése es mi primer nombre, “J” –explica con seriedad–. No sé qué pasaría: si mi padre me quería poner un José o un Juan, pues ya no se le hizo. Siempre he sido J Trinidad; así dice mi acta (de nacimiento)… ¡Imagínese! ¡Y luego me llega un papel del gobierno donde me dice: “C J”! –señala, festivo, antes de romper en risas.
Pero los marinos también realizan “censos” entre los campesinos. A cada encargatura llegan a preguntar el número de hombres, mujeres, niños, tiendas, herramientas de trabajo. “Sólo unos cuantos despistados de una encargatura les han contestado; y eso porque nos agarraron descuidados. Ya se resolvió en la asamblea que no les vamos a decir nada”, señala la voz cascada de J Trinidad.
El pasado 2 de agosto, los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, de la encargatura El Dúin, y Arnoldo Robles Luna, de la tenencia de Ostula, fueron detenidos por efectivos de la Armada. El comunicado 197/2010 de la Secretaría de Marina dice que los campesinos fueron detenidos en la carretera federal costera cuando viajaban en una camioneta tipo pick up y luego de que ignoraran el alto que les marcaron los marinos. El boletín de prensa agrega que a los campesinos se les aseguraron dos AK-47, un revólver 38 súper, diversos cargadores y municiones, y “pantalones tipo militar”.
Los habitantes de Ostula refieren una versión distinta. Señalan que Ramírez Cirino y Robles Luna fueron detenidos en sus domicilios sin que existieran órdenes de aprehensión. Aseguran que los efectivos castrenses registraron sus casas y que al primero les sustrajeron 6 mil pesos. Además, que los marinos les sembraron las armas. También señalan que esos domicilios no fueron los únicos allanados: que de la casa de Semeí Verdía sustrajeron 12 mil pesos, aunque al campesino no lo detuvieron, pues no lo hallaron en su domicilio. Agregan que los marinos eran acompañados de “personas extranjeras que usaban chalecos que decían DEA”.
La Marina Armada de México, a través de la X Zona Naval Militar con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, ha anunciado la construcción de tres cuarteles en la costa nahua: en Maruata, La Placita y La Tupitina; además, se construirán dos aeropistas: una en Caleta de Campos y otra en Maruata.
Dividir a la comunidad
En los últimos operativos y en los recorridos por las encargaturas, los marinos dicen a quienes quieran escucharlos que la persona que los está “denunciando” es Trinidad Verdía Zepeda, jefe de Tenencia Municipal, una de las máximas autoridades de la comunidad. Los campesinos consideran que la difamación es parte de la estrategia “contrainsurgente” que se aplica sobre Ostula. El objetivo sería sembrar división en una comunidad que expulsó a todos los partidos políticos y que por consenso reactivó la Policía Comunitaria y la Guardia Comunal.
El líder de 28 años de edad también ha tenido que salir de la comunidad y ha debido mantenerse oculto por las amenazas que pesan en su contra.
—No me agüito; no me preocupo por mí. Yo sé que la vida no la tenemos comprada –dice, mientras entrelaza las manos. Baja el tono de su voz y agrega pausadamente:
—No tengo miedo; lo que sí tengo es coraje, rabia, tristeza. Eso siento. No nos hacen justicia a los indígenas. Pero miedo, ya no. Ya sabemos que no somos inmortales, que a cada santo se le llega su día. Pa’ qué tener miedo, si una vez te va a tocar y ya ni modo.
Llama a los grupos armados que los acosan a que los dejen en paz.
—No sabemos por qué se está metiendo el narcotráfico. A nosotros no nos interesa la droga. Nos interesan nuestras tierras y nuestra gente. Tal vez con nuestra organización de autonomía y recuperación de tierras los afectamos en algo; pero nuestro problema eran los pequeños propietarios nada más. No teníamos ni idea que se iban a meter los narcos.
Ostula, autonomía histórica
Formalmente, Ostula pertenece al municipio de Aquila. Sin embargo, la comunidad nahua ha mantenido formas de gobierno y estructuras propias que le han permitido vivir con relativa autonomía desde la Colonia. Junto con las también comunidades de Pomaro y El Coire, se ha resistido por siglos a la expropiación de sus tierras. En el siglo XIX, fue un dique en la región a las leyes de desamortización, las cuales sí terminaron con la vecina comunidad indígena de Maquilí: la tierra comunal fue privatizada y los indígenas que se opusieron fueron exterminados.
Actualmente, la comunidad de Ostula está integrada por una tenencia o cabecera (Santa María Ostula) y 22 encargaturas o poblados dependientes. Se trata de un territorio de aproximadamente 20 kilómetros de playa y 24 mil hectáreas de sierra de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas: playas apacibles y montes húmedos y abigarrados.
La máxima autoridad es la Asamblea General de Gobierno, compuesta por los más de 585 comuneros enlistados en el padrón y por los hijos de éstos, es decir, por prácticamente todos los mayores de edad: alrededor de 2 mil personas. Mediante esta asamblea, designan a sus autoridades agrarias, civiles y religiosas.
Los cargos de las autoridades agrarias son: Comisariado de Bienes Comunales (presidente, secretario y tesorero) y Consejo de Vigilancia (presidente, secretario y tesorero). Los de las civiles son un jefe de Tenencia (o cabecera) y 22 jefes de encargaturas (o poblados). Las autoridades religiosas son cuatro jueces tradicionales, quienes se encargan del culto. A la reunión de los tres tipos de autoridades más delegados de cada encargatura y los mayores de la comunidad (en total 144 integrantes) se le llama Consejo Comunal.
La Policía Comunitaria fue nombrada por la Asamblea Comunitaria. Está integrada por 400 habitantes de las 23 encargaturas y la tenencia. La Guardia
Comunal está compuesta por 150 personas y es parte de la propia Policía Comunitaria.
Desde el 29 de junio de 2009, la comunidad de Ostula ocupa casi la totalidad de lo que indican sus títulos primordiales, cuando mediante su Guardia Comunal y Policía Comunitaria ocupó el paraje de Xayacalan y montes circundantes: 1 mil 300 hectáreas que ya lotificaban y vendían grupos de mestizos avecindados en el poblado La Placita.
En la costa de Michoacán, sólo existía la propiedad comunal, la de los pueblos nahuas de Pomaro, El Coire, Ostula, Maquilí y Aquila. El conflicto con los “pequeños propietarios” se sembró en 1911, cuando un embate contra la propiedad de los pueblos indígenas acabó con la comunidad de Maquilí. Las tierras de esta comunidad se privatizaron y con ello dieron origen a cinco “pequeñas propiedades” y, más tarde, a un ejido de mestizos en la región. Ahora son estos propietarios quienes disputan parte de las tierras de Ostula y reclaman más hectáreas para sí.
En 1953, el Departamento Agrario (antecedente de la actual Secretaría de la Reforma Agraria) inició los trabajos técnicos para titular las tierras de la comunidad de Ostula. El reconocimiento de las tierras sería total. Sin embargo, de manera abrupta, se cancelaron esos trabajos. Tres años después se realizaron nuevas “mediciones” y el gobierno “reconoció” cinco pequeñas propiedades dentro del polígono comunal que marcan los títulos primordiales de Ostula, a la que sólo se le reconocieron 19 mil 24 hectáreas.
—La resolución se hizo de manera deficiente: las distancias, los rumbos, las medidas en general que contiene la resolución, y que también están contenidas en el acta de posesión y deslinde, y en el plano definitivo, no coinciden con la realidad. Al momento en que se intenta realizar una medición de campo con los datos de esta resolución, es imposible construir un plano –explica el abogado Carlos González García, representante de la comunidad de Ostula ante los tribunales agrarios.
El defensor agrega: “Si intentamos reconstruir el plano de la comunidad con esos datos y partimos del Océano Pacífico, toda la parte de la sierra queda fuera. Y si intentamos reconstruir el plano iniciando por la parte Norte de la montaña, toda la costa queda fuera de la resolución. Sobre la base de esta resolución defectuosa, los ‘pequeños propietarios’ y las personas a su sueldo fueron invadiendo las tierras de comunidad”.
Pero no fue todo. Luego de que las autoridades cercenaran tierras de la comunidad de Ostula para entregárselas a los “pequeños propietarios”, los particulares siguieron ampliándose. Más de 1 mil hectáreas ocuparon de facto en los años siguientes. Y el conflicto siguió creciendo, pues los primeros cinco “pequeños propietarios” vendieron las tierras recién ocupadas a otros particulares. Para justificar la posesión, explotaron las tierras: cultivaron palmeras y tamarindo.
Carlos González destaca que, cuando la comunidad decidió recuperar sus tierras el 29 de junio de 2009, sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial y no hasta donde señalan sus títulos primordiales
—Aun cuando sabe que los títulos primordiales le otorgan la propiedad hasta el paraje Las Majaguas, la comunidad de Ostula sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial, es decir, hasta La Cananguancera o Estación 149. Lo anterior con el objetivo de que el problema no escale, no se haga mayor.
Las tierras que la comunidad recuperó no sólo estaban en posesión de los pequeños propietarios, sino también de un ejido: La Placita. En 1967, el gobierno federal había “dotado” de tierras a los mestizos asentados en la costa michoacana.
Hasta el momento, y luego de las movilizaciones de la comunidad de Ostula, el Tribunal Superior Agrario ha ordenado al Tribunal Unitario Agrario, con sede en Colima, realizar un nuevo plano.
—Adicionalmente a este trámite judicial que se lleva en los tribunales agrarios, se inició un proceso conciliatorio ante la Secretaría de la Reforma Agraria para intentar que, a través del Cosomer (Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural), el gobierno federal entregue una especie de indemnización a los pequeños propietarios. De ese modo, el juicio ya no continuaría –explica el abogado Carlos González García.
Los nahuas no entienden por qué puede haber alguien que les dispute las tierras de las cuales conservan los títulos primordiales. Voz ronca y apagada, Magdaleno Jerónimo Reyes manotea sobre los planos de la comunidad.
—No es mentira lo que nosotros decimos. A’i está el plano. Y nosotros vamos a reconocer hasta‘onde diga el plano. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Nosotros estamos cuidando. Y nuestros hijos van a estar cuidando –termina casi en grito el campesino de 67 años.
El Manifiesto de Ostula
A principios de junio de 2009, los ejidatarios y los “pequeños propietarios” de La Placita ya habían ingresado al predio de Xayacalan y habían comenzado a regalar lotes a quienes quisieran unírseles contra la comunidad de Ostula. Al sentirse engañados por los gobiernos federal y estatal y despojados por los pudientes de La Placita, “el coraje y la rabia” fueron más grandes que el miedo.
Así, en asamblea decidieron nombrar a la Policía Comunitaria y a la Guardia Comunal. Y acordaron recuperar sus tierras. El 14 de junio de 2009, en la XXV Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, nueve comunidades nahuas, siete purépechas, cuatro wixaritari, cuatro rarámuri, una hñahñü, una binnizá, una coca, una tzeltal y una nu’saavi respaldaron la decisión de la comunidad de Ostula y emitieron un manifiesto.
En el documento, los pueblos indios firmantes desconocieron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes federales que atentan contra la propiedad comunal. Y señalaron que sólo reconocían como Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México a los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Andrés Larráizar (o Sakamchén de los Pobres, como le llaman los tzotziles).
“Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, no se vende: con la vida se defiende.
“Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación, por la vía de los hechos, de las tierras que les pertenecen. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos los pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña a estar alertas y en permanente comunicación.”
Además, los mismos pueblos emitieron el Manifiesto por el derecho a la autodefensa. En el documento se señala: “Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus o naciones, así como las comunidades que los integran tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios”.
—En la Asamblea, decidimos que cero partidos políticos. Un día antes de que recuperáramos las tierras, reafirmamos que nada de partidos políticos, que ya no los íbamos a volver a aceptar. Y es que, además, no los necesitamos. Al contrario, nos dimos cuenta que si los hubiéramos aceptado, ellos nos hubieran desbaratado todo –dice Trinidad Verdía Zepeda.
Agrega: “No necesitamos partidos; todos somos la comunidad de Ostula. Así cambiamos la historia de Ostula y sacamos a nuestras autoridades por unanimidad”.
Evaristo Domínguez Ramos, integrante del Consejo Comunal dice que, junto con los partidos, se fue el miedo.
—Antes sí teníamos miedo. Por eso no nos decidíamos a recuperar las tierras. Ahorita ya se nos acabó el miedo, aunque estén desapareciendo a nuestros compañeros. Por miedo, le creíamos al gobierno. Pero cuando ya el engaño fue mucho y vimos que la razón se la dio a los invasores, pues como que el miedo se transformó en coraje. Nos armamos de valor y vinimos a recuperar las tierras.
A decir de los comuneros, el intento de “despojo” de tierras contra los nahuas de Ostula podría deberse a que la comunidad está en contra del plan turístico que impulsan los gobiernos federal y estatal. El objetivo es detonar la inversión extranjera en la zona y construir una autopista que vincule los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
—Los “pequeños propietarios” de La Placita ya han dicho que si ellos se quedan con la tierra, no habrá problema para el desarrollo turístico. Mientras, las comunidades de Ostula, El Coire y Pomaro representan un obstáculo para el gran capital. Las comunidades indígenas no van a vender los más de 100 kilómetros de playas que poseen entre las tres.
El Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán fue presentado en febrero de 2006. Está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entre las “debilidades” que señala el documento ejecutivo del proyecto, se encuentran “los procesos de toma de decisión lentos en las comunidades nahuas” y el “bajo nivel educativo general y poca capacitación específicamente turística”.
La luz se ha disipado por completo. Los planos del territorio de Ostula, extendidos en una mesa desvencijada, son repasados una y otra vez –lámpara de pilas en mano– por los campesinos nahuas.
Magdaleno Jerónimo Reyes, de 67 años, casi grita para hacerse escuchar. Aparta su sombrero de palma con una mano; con la otra sostiene un cigarrillo.
—No es mentira lo que decimos. Vea. Fíjese en el plano. Sobre el plano nos vamos a ir. Y hasta donde dice el plano, hasta ahí vamos a reconocer. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Los estamos cuidando nosotros. Y los hijos lo van a seguir cuidando.
Los hombres de la Guardia Comunal
Con tranquilidad, los integrantes de la Guardia Comunal caminan los linderos que se han dispuesto defender. Con seriedad, asumen su tarea. Quienes se encuentran en la playa, por momentos se distraen con los cientos de cangrejos que corretean de una zanja a otra. Quienes en el monte ahuyentan el sopor mascando hojas de guayabo. Algunos cuelgan hamacas para turnarse en la velada.
Mayoritariamente, jóvenes de entre 17 y 32 años siempre están atentos a los consejos y órdenes de los viejos. Rostros bronceados, camisolas desabotonadas, difícilmente se les ve sonreír:
—Debemos llevar el orden; que no se salgan de control las cosas. Estamos para que no haya violencia y para que no se le falte el respeto a ninguno de los de la comunidad y de los visitantes –dice Pedro, de 32 años y quien se encuentra a cargo de la Guardia Comunal en Xayacalan.
Ningún asomo de titubeo entre las decenas de muchachos con morral al hombro.
—Estamos en resistencia para que nuestros hijos tengan un futuro mejor –explica Óscar, de 26 años, y que proviene de la encargatura La Palma Sola.
—Han sido atacados. ¿Sientes algún temor? –se le pregunta.
—Hay un poco de temor; pero qué le va a hacer uno. Seguramente nos va a tocar algún día. Así que no hay que agüitarse; hay que echarle pa’ delante. Sí vamos a recuperar las tierras, primero dios; vamos bien; nomás hay que permanecer unidos.
Están conscientes de que el verdadero riesgo comienza cuando salen de Xayacalan, solos, rumbo a sus encargaturas.
—Pero todo vale la pena –ataja Pedro–. Y, como encargado del orden, le puedo decir que estamos para servir a la comunidad y a cualquier persona que venga con buenas intenciones. Y cuando alguien venga con malas intenciones, procederemos con nuestro deber… Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
La comisión por la defensa de bienes comunales de Ostula en Michoacán, denuncia represión.
Published August 24, 2010	DENUNCIA Leave a Comment
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Sobre el movimiento indígena y las autonomías en México.
Tags: Acuerdos de San Andrés, América Latina, APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Autonomía, Autonomía indígena, Autonomy, Chiapas, comunidad nahua, comunidades indígenas, Copala, Derechos Humanos, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, Guerrero, Human Rights, Indígenas, Indigenous communities, Indigenous culture, indigenous movements, indigenous peoples, indigenous resistance, indigenous rights, JBG, JUNTA DE BUEN GOBIERNO, México, Michoacán, movimiento indígena, Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, Organizaciones indígenas, Ostula, policía comunitaria, PUEBLO, pueblos indígenas, pueblos indígenas de México, Resistance, RESISTENCIA, resistencia indígena, San Juan Copala, Santa María Ostula, Triqui, ZAPATISTA
¿Qué pasó con el movimiento indígena a partir de 2001,luego de que los poderes políticos del país convalidaran la fallida reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones indígenas se retiraron de la escena política nacional, dejando en claro tanto su rechazo a la reforma, que calificaron de burla y traición a los Acuerdos de San Andrés, como la voluntad de seguir luchando por su legítimo derecho a la autodeterminación y autonomía. Como parte de esa lucha, acordaron construir “autonomías de hecho” en sus comunidades, municipios y regiones. Esta posición la han sostenido hasta hoy.
La construcción de autonomías de hecho significa una acción de rebeldía frente a la injusticia derivada del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Éstos representaban un primer paso en la corrección de la estructura de la sociedad nacional, que excluye a los pueblos indígenas y los priva de sus derechos humanos elementales y en tanto pueblos. Los actores políticos que refrendaron la reforma constitucional conservaron intacta la estructura nacional y, con ello, reafirmaron las relaciones de opresión del Estado y la nación hacia los pueblos indígenas, supeditándolos, más que nunca, a la voluntad de los gobiernos federal, estatal y aun municipal. El trasfondo de tal maquinación era afianzar la embestida del capitalismo global en los territorios indígenas.
I. El EZLN, “sin pedirle permiso al mal gobierno para gobernar en nuestro territorio”, avanzó en la concreción de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), formados después de 1994, así como en la organización de nuevas estructuras de gobierno en cada una las cinco regiones autónomas reconocidas por los zapatistas: las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Éstas tomaron posesión el 8 de agosto de 2003. La sede de las JBG son los llamados Caracoles. A partir de este valioso sistema articulado de autogobierno (comunal, municipal y regional), los zapatistas han tratado de organizar sus propios medios de salud, educación, alimentación, impartición de justicia, etcétera.
Los zapatistas conciben su experiencia autonómica como una demostración para ellos mismos y para los demásde la capacidad de los pueblos de organizarse y autogobernarse, así como de darse una forma de gobierno colectivo basada en principios (mandar obedeciendo, revocación del mandato, etcétera), valores y prioridades diferentes a los que sostienen los “malos gobiernos”. Sin embargo, advierten las serias dificultades para sostener sus autonomías dentro de un sistema económico, político e ideológico (nacional y global) adverso. De ahí que en la valoración de las autonomías zapatistas es preciso tomar en cuenta que las JBG y los consejos autónomos municipales han funcionado en condiciones hostiles y precarias, siempre bajo amenaza, hostigamiento y presión por parte de los aparatos del Estado, del poder económico local, nacional y trasnacionales. Por ello, como veremos adelante, el programa político de los zapatistas no se limita a construir espacios de autonomía en las comunidades y regiones donde tienen presencia.
Otra experiencia significativa de construcción de autonomías de hecho es el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, conocido como la Policía Comunitaria. Ésta nació a finales de 1995, a partir de un proceso de articulación entre comunidades en torno a la organización de un sistema de seguridad propio –la policía comunitaria– que después incluyó el de justicia. En este proceso, las comunidades crearon una estructura regional compuesta por dos instituciones jurídicas autónomas: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, que es la máxima autoridad de la CRAC. Hasta ahora se han integrado a esta organización autónoma regional alrededor de 80 comunidades pertenecientes a distintos pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos.
Los actores de este ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad, la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes por parte del ejército y de la policía estatal.
Otras declaraciones públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.
En el primer caso, una resolución presidencial de la década de los 60s separó arbitrariamente a la comunidad wixárika (huichol) de Bancos de San Hipólito de su vínculo ancestral con Tateikie-San Andrés Cohamiata, ubicada en Jalisco, y la anexó a la comunidad vecina de San Lucas de Jalpa, Durango, al tiempo que cercenó una parte de sus tierras ancestrales. En 2002, el consejo de ancianos y la asamblea de comuneros wixárika de Bancos decidieron recuperar sus tierras y ejercer su autonomía en los hechos. Para ello, interpusieron en el tribunal agrario una demanda de nulidad de la resolución presidencial en noviembre de 2002 y declararon a Bancos como Comunidad Autónoma Wixárika. Esta declaración implicó el desconocimiento de las autoridades agrarias de San Lucas (a las que habían quedado sujetas injustamente) y el nombramiento de sus propias autoridades agrarias. Con estas acciones iniciaron un proceso de organización y reconstrucción de su comunidad y gobierno autónomos (este último formado por un cuerpo de autoridades civiles, agrarias y tradicionales).
Al año siguiente, en 2003, decidieron tomar posesión de su territorio boscoso en disputa, y para resguardarlo instalaron nuevos centros de población –la Mesa de la Torrecilla (Buenos Aires), Las Carreras y Mesa Alteña–, los mismos que fueron devastados por las tormentas de febrero de 2010. Para rehabilitar estos poblados, resolvieron aprovechar los más de mil pinos derrumbados por las tormentas y hacer trabajos de limpieza forestal para evitar que los árboles caídos se convirtieran en fuente de plagas y enfermedades o en combustible para incendios. Después de solicitar en varias ocasiones y obtener el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el “grupo autónomo de análisis territorial y ecología” de la Comunidad Autónoma Wixárika inició los trabajos de cubicación de la madera. La comunidad también ha previsto “presentar un plan de reforestación integral en la zona afectada”. Pero el hostigamiento de los caciques de San Lucas ha dificultado las tareas. El 11 de agosto de 2009 el Tribunal Superior Agrario emitió su sentencia a favor de Bancos, esto es, anuló la resolución presidencial, aunque “únicamente en lo que respecta a la superficie en conflicto (diez mil 720 hectárea)”, por considerar que hubo violaciones en el procedimiento agrario, en perjuicio del “núcleo agrario de Bancos”, y dispuso que se procediera a la confirmación y titulación de ese territorio a Bancos.
En el caso de la comunidad de Ostula, los comuneros decidieron ejercer sus derechos territoriales mediante la recuperación pacífica de unas mil hectáreas de tierras reclamadas del paraje la Canahuancera, luego de varios intentos de hacerse del lugar y de negociaciones con las autoridades estatales que se comprometían a resolver el conflicto y asegurar sus derechos agrarios, sin hacerlo efectivo. A finales de junio de 2009, cuando cientos de personas de Ostula, hombres y mujeres de todas las edades, se acercaron al paraje para tomar posesión fueron recibidos a balazos por personas que pretenden apropiarse de sus tierras. Al día siguiente, los nahuas de Ostula lograron tomar el paraje con la nutrida participación de personas de las otras dos comunidades nahuas de Michoacán: El Caire y Pómaro. Para asegurar las tierras recuperadas, instalaron un campamento y erigieron en pocos días un nuevo poblado en la Canahuancera, que renombraron Xayakalan, su nombre original. La confluencia de las policías comunitarias de Ostula, El Caire y Pómaro fue clave en la toma del paraje, así como en el cuidado de la “seguridad de las personas” apostadas tanto en el campamento como en los nuevos poblados, y en el resguardo de las tierras recuperadas.
Un hecho novedoso en esta lucha es la actuación articulada de las tres comunidades en tanto pueblo nahua. Esta unidad se ha tratado de reforzar con la creación del Comité de Defensa del Pueblo Nahua de la Costa Sierra de Michoacán. Esto tiene una explicación económica y política. Primero, porque empresas multinacionales están fuertemente interesadas en hacerse de las tierras de las tres comunidades, dado el gran potencial minero y turístico que poseen. Segundo, porque con la acción unida pueden conjuntar esfuerzos en la defensa de su territorio. Cabe destacar que la reunificación de las comunidades en tanto pueblo es parte fundamental del proceso autonómico. Se trata de la reconstitución de los pueblos fragmentados en el proceso histórico de dominación. Una de las políticas de dominación del Estado hacia los pueblos indígenas, y a la que recurren persistentemente tanto el gobierno central, como los locales y estatales, es la de provocar y sostener la segmentación de los pueblos en múltiples comunidades separadas y enfrentadas entre sí. Por consiguiente, la rearticulación de las comunidades en tanto pueblo forma parte de la batalla por la autonomía y contra las relaciones de dominación.
En uno de los primeros comunicados del Comité de Defensa del Pueblo Nahua, del 12 de marzo de 2010, las comunidades nahuas de Michoacán exigieron conjuntamente a los gobiernos federal y estatal que garantizaran definitivamente la tenencia jurídica de las tierras recuperadas “a favor de Ostula”, que cuenta con títulos de propiedad de 1802 y 1803, así como el reconocimiento del “funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Caire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana”. Las policías comunitarias son consideradas parte de su autonomía, para el resguardo del “territorio y la vida de las comunidades”, pero también un instrumento de autodefensa contra las incursiones de grupos que quieren despojarlos de sus tierras.
El Municipio Autónomo San Juan Copala es otra referencia emblemática en la construcción de autonomías de hecho. San Juan Copala ha sido históricamente el centro político, económico y religioso de las comunidades triquis de la región baja. En 1826 esta región obtuvo la categoría de municipio, teniendo como cabecera a San Juan Copala. Pero en 1948 el gobierno de Oaxaca suprimió este municipio y creó otros para favorecer y apuntalar a los grupos de poder regional. A partir de esa fecha, San Juan Copala fue convertido en agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca y, en general, el territorio y las comunidades integrantes de la región triqui baja se repartieron entre los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla de Guerrero. De esta manera, los triquis quedaron separados y sometidos económica y políticamente a las cabeceras de los nuevos municipios, sedes del poder caciquil mestizo. Las comunidades triquis solicitaron en varias ocasiones que se les restituyera su municipio, sin conseguirlo.
Según relatos de los autonomistas, un grupo de triquis que había participado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, y que venía del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, preocupados por los pasos que debían dar después de esa experiencia, inició un proceso de consultas a autoridades tradicionales y con miembros de otras organizaciones sociales triquis. De ahí surgió la idea de construir un municipio autónomo. Esta propuesta fue discutida en asambleas, barrios y rancherías, de lo que resultó el acuerdo de declarar a San Juan Copala Municipio Autónomo. En enero de 2007, se realizó la ceremonia de confirmación de las autoridades municipales autónomas, elegidas entre las comunidades que se incorporaron a este proceso autonómico. Los triquis que participan en su construcción consideran que la autonomía puede ser la “manera pacífica de alcanzar la paz en su territorio” y un medio para superar las fuertes divisiones políticas internas entre las distintas organizaciones triquis surgidas en las décadas recientes: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el MULT-Independiente y la Unión de Bienestar Social Triqui, (Ubisort).
Para restablecer los vínculos entre las comunidades triquis de la región baja (injustamente divididas en distintas jurisdicciones municipales) estimaron necesario declarar el municipio autónomo San Juan Copala (autorestituyendo su categoría de municipio, suprimida arbitrariamente en 1948) y construir “un gobierno triqui”, de modo que puedan gobernarse por ellos mismos y crear sus “propios proyectos de desarrollo en convivencia, salud, educación, cultura”, sin tener que depender de los gobiernos municipales conformados por mestizos, “que no saben gobernar”. De hecho, esta dependencia es una de las causas del conflicto violento que se vive en la región. Por ello, evalúan que con la construcción de su municipio autónomo se liberan de la opresión y de la explotación de los caciques mestizos de los municipios a los que quedaron sujetos. También se liberan de las artimañas de las autoridades municipales para privar a las comunidades y agencias municipales triquis de la entrega de los recursos públicos que por ley les corresponden, así como del uso faccioso y corrupto que hacen de dichos recursos para apuntalar su poder caciquil y dividir al pueblo triqui. Los autonomistas consideran que con su municipio autónomo los recursos públicos “bajarían” a todas sus comunidades, eliminando así una de las fuentes de conflicto. En suma, la declaración del municipio autónomo significa para sus autores la reorganización del territorio y de las comunidades de la región triqui baja, así como la instauración de sus propias formas de gobierno y de decisión colectiva. Con todo ello, esperan poner fin a tanta violencia.
En todos los casos de construcción de autonomías de hecho mencionados, los pueblos están enfrentando el asedio y la agresión de grupos paramilitares, de elementos del ejército y de policías de todo tipo. Hay denuncias de presencia de grupos paramilitares en Chiapas, Oaxaca y en la Costa de Michoacán, y se sabe que estos grupos no pueden funcionar si no es con la protección del gobierno y con el financiamiento de grupos de poder político y económico. Sin embargo, la violencia se ha extendido a todas partes del país. En realidad, el verdadero culpable de esta violencia es el capitalismo. Detrás de la presencia del ejército y de los grupos paramilitares están las empresas mineras, turísticas, inmobiliarias, agroindustriales, carreteras, etcétera, esperando que los cuerpos represivos hagan su trabajo de debilitamiento de las resistencias para poder entrar a hacer grandes negocios.
II. Las declaraciones de autonomías de hecho no se han generalizado en todos los pueblos indígenas del país, salvo los casos mencionados. Lo que no quiere decir que la autonomía no esté en el horizonte político y en las luchas que están realizando todos ellos. De cualquier manera, la mayoría de los pueblos indígenas están enfrascados en fuertes resistencias locales y regionales frente a las viejas y nuevas formas de explotación y despojo de sus bienes colectivos (tierras, territorios, bosques, agua, biodiversidad, saberes), que llevan a cabo caciques, latifundistas y empresas nacionales y multinacionales con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Actualmente destacan las luchas indígenas contra las múltiples y originales formas de invasión del capitalismo multinacional en sus territorios y comunidades. Son luchas puntuales y locales contra la minería a cielo abierto; contra la construcción de presas y parques eólicos; contra los transgénicos y en defensa de las semillas autóctonas; contra la biopiratería y la privatización de sus conocimientos colectivos; contra la mercantilización del agua; contra el despojo de sus tierras colectivas para grandes desarrollos turísticos, urbanísticos, comerciales y carreteros; contra la destrucción de los bosques comunales; contra los tratados de libre comercio de alimentos y la consecuente eliminación de los sistemas de producción agrícola nativos, y, en fin, contra la comercialización, la privatización y la “empresarialización” de la tierra, de la naturaleza, de la cultura, de la memoria y del conocimiento. Algunas de estas luchas locales se articulan en movimientos nacionales o en redes, según la esfera de penetración del capital en sus respectivos territorios, con el propósito de unificar las resistencias dispersas en la geografía nacional (como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos o la Red Mexicana de Afectados por la Minería). En algunos casos, establecen lazos solidarios con movimientos y redes de otros países que enfrentan afectaciones similares.
En la Declaración de Xayakalan, los representantes de varios pueblos indígenas del país, reunidos en la Asamblea Extraordinaria del Congreso Nacional Indígena, realizada en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en agosto de 2009, manifestaron que “este capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que no se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios (…) Hoy como ayer nuestros pueblos, naciones, tribus y comunidades enfrentamos en todo el continente la violencia sistemática, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados”.
En 2008, en el marco de la celebración del quinto aniversario de las JBG, el teniente coronel insurgente Moisés recordó que en los primeros días de 1994 el gobierno calificó a los zapatistas de transgresores de la ley. Admitió perspicazmente que era cierto y que seguirían transgrediéndola, porque “es una ley protectora de todas las agresiones que hace el mal gobierno, de todas las violaciones que hace el mal gobierno. No protege a los millones de pobres en México, del campo y de la ciudad. Es una ley que está a beneficio de sus intereses de ellos (…) neoliberales”. Con estas palabras, Moisés deja ver la falsedad de la neutralidad de la ley porque beneficia a unos cuantos (los capitalistas y neoliberales) y desprotege y excluye a millones (los pobres de la ciudad y del campo). El punto es que la exigencia de respeto a la ley significa la obediencia a una forma de derecho estatal que implica determinadas relaciones socioeconómicas (capitalistas). Por tanto, respetar la ley implica aceptar tales relaciones, que producen y reproducen la desigualdad y la injusticia. Para los beneficiarios de la ley, no importa si ésta es injusta, sino que sea respetada. Para los excluidos y explotados, en cambio, respetar la ley implica dejarse explotar, despojar y excluir. Y si se resisten a todo ello son considerados transgresores. Así, todas las injusticias y las violaciones se cometen al amparo de la ley.
En consecuencia, cuando el insurgente Moisés afirmaba que los zapatistas seguirían transgrediendo la ley, estaba diciendo que seguirían rebelándose contra la explotación, la exclusión, la injusticia. Además, revirtió la acusación: “esa ley injusta es la que transgrede al pueblo”. Y apeló a otra ley por conquistar: “Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Que ellos la decidirán cómo es la ley que quieren. Para eso, compañeros, compañeras, tenemos que luchar.”
Antropóloga y profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/maiz.html
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 artículo 39
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