Source: http://www.envio.org.ni/articulo/5552
Timestamp: 2018-12-14 10:50:02+00:00

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Revista Envío - Ejército de Nicaragua: ¿espectador o cómplice?
¿No es extraño que el Ejército de Nicaragua no haya hecho ninguna alusión al “golpe de Estado” del que habla la propaganda oficial? El silencio del Ejército, ¿no lo hace cómplice de la política de terror del régimen? ¿Está cumpliendo el Ejército con la Constitución y con su propia Ley? ¿Será el boicot a sus dineros “empapados en sangre” lo que lo harán reaccionar? Son tantas las preguntas…
Desde que derogó la polémica reforma al INSS y aceptó dialogar para tratar de resolver la crisis, el 22 de abril, cinco días después de iniciada la inédita rebelión cívica y pacífica, el gobierno Ortega-Murillo sabía que estaba acorralado. No tenía nada que ofrecer en el diálogo para solucionar la crisis que habían provocado ambos. Llegaron a la instalación del Diálogo Nacional con un desproporcionado despliegue de seguridad, incluyendo dos helicópteros de la Fuerza Aérea del Ejército, y con las manos vacías, ya manchadas de sangre.
Los primeros momentos del Diálogo Nacional se desarrollaron entre la intransigencia del gobierno y la firmeza de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El 23 de mayo, sólo una semana después de haber sido instalado, se suspendió temporalmente por esa tensión.
“ES LA RUTA PARA UN GOLPE DE ESTADO”
El 23 de abril, cuando cientos de miles de nicaragüenses participaban en la primera de las multitudinarias marchas pacíficas de autoconvocados que hemos visto en Managua, aparecieron en voceros del régimen las primeras referencias a que lo sucedido era un “golpe de Estado blando”, un “aterrizaje suave” (soft landing). Un mes después, el 23 de mayo, justo el día en que se suspendió el diálogo, la narrativa oficial cambió de lo “blando” a lo “duro”.
El Canciller de Ortega, quien encabezaba la delegación del gobierno en el Diálogo Nacional, afirmó que la agenda presentada ese día por los obispos de la Conferencia Episcopal, en su labor de mediadores y testigos del diálogo, era “una agenda que, al verla en su forma concentrada, nos lleva a un solo punto: es el diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua”.
Pero la agenda lo que proponía eran los mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral justo y transparente, teniendo en cuenta que para lograr eso era preciso una reforma parcial de la Constitución Política para adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas del Caribe. La agenda incluía otras reformas concurrentes.
LA VERSIÓN RETÓRICA DEL “INTENTO DEL GOLPE DE ESTADO”
A partir de ese momento, la retórica del “intento de golpe de Estado” se extendió como reguero de pólvora de boca en boca de los funcionarios del régimen.
Aunque esa versión no tenía sustento, en su desesperación por deslegitimar y criminalizar las protestas cívicas y pacíficas de los autoconvocados, que continuaban siendo masivas, el régimen Ortega-Murillo recurrió al primer expediente que encontró, el más fácil para victimizarse, pero el más desatinado porque en rigor un golpe de Estado es una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que buscan apoderarse del gobierno de un Estado, expresando así falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional del gobierno al que se le da el “golpe”.
Lo dicho por el Canciller, por orden del régimen, fue un grave desliz político y conceptual porque un “cambio de gobierno” por la vía constitucional no es sinónimo de “golpe de Estado” y los miles de autoconvocados que reclamaban en las calles de todo el país no eran militares ni rebeldes que pretendían apoderarse del gobierno por medios violentos. El carácter de la rebelión ciudadana desarmada es, sin lugar a dudas, el mayor mentís a la narrativa oficial del golpe de Estado.
Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Centroamérica, declaró en Managua, en conferencia de prensa el 29 de agosto, que desde el inicio de la crisis el gobierno Ortega-Murillo le había planteado que lo ocurrido en Nicaragua era un intento de golpe de Estado que buscaba romper el orden constitucional. “Lo que nosotros le dijimos al gobierno -dijo Fernández Maldonado- es que si ésa es la visión, que nos den acceso a la información y a los lugares que la ratifiquen y si encontramos que efectivamente los hechos sostienen esa visión, lo haremos público. Pero no nos han respondido a ninguna de las solicitudes de información y no nos han permitido ir a ninguno de los lugares que propusimos”.
Agregó que la información oficial a la que había tenido acceso la Misión “no apoya la visión del golpe de Estado”. Al día siguiente, descubierto en la falsedad de su narrativa y sin más argumento que la fuerza y el abuso del poder, el régimen ordenó la expulsión del país de la Misión de Naciones Unidas.
¿DÓNDE ESTABA EL EJÉRCITO
CUANDO SE FRAGUABA EL GOLPE DE ESTADO?
Asumamos que hubo el intento de golpe de Estado, que según Ortega, en una de sus entrevistas internacionales del mes de agosto, se venía urdiendo desde que él regresó al poder en 2007. Asumamos también, como lo ha reiterado Ortega en esas entrevistas, que quienes estaban detrás de esa conspiración eran “las fuerzas extremistas de Estados Unidos asentadas en la Florida”, teniendo como ejecutores a “fuerzas clandestinas armadas convertidas en instrumento de muerte del golpe de la derecha”.
Asumiendo esto es obligado peguntarse por qué Ortega esperó once años para denunciar esa trama golpista. Y más aún, ¿dónde estaban y qué hacían cuando ya se sabía de la conspiración el Ejército y la Dirección de Información para la Defensa (DID), su órgano “especializado de información estratégica de Estado? ¿No hacían nada? ¿Cómo es posible que en el comunicado y las dos notas de prensa publicadas por el Ejército después de los acontecimientos de abril no hacen siquiera la más mínima referencia a esa “intentona de golpe de Estado”.
En cualquier país del mundo un intento de golpe de Estado es descubierto por sus órganos de inteligencia y, una vez conocido, se encienden las alarmas de seguridad para neutralizar la conjura y capturar a los conjurados. ¿Por qué en Nicaragua no fue así? ¿El Ejército no supo o no pudo descubrir a tiempo la amenaza que se cernía sobre su Jefe Supremo, Daniel Ortega, y quien lo descubrió fue el Canciller cuando escuchó a los obispos…? ¿Es tan ineficiente la DID? ¿Se guardó el Ejército la información de la conjura con fines inconfesables? Por cualquier lado desde el que se mire, la versión oficial del golpe de Estado resulta inverosímil.
La actitud del Ejército ante lo que realmente ocurrió, una rebelión cívica, nos lleva a reflexionar cómo llegó la institución armada a abril de 2018. ¿Llegaron cómo espectadores o cómo cómplices? Para contestar es necesario recordar algo de historia.
1990: UN PROCESO INÉDITO Y ESPERANZADOR
Después de la derrota del FSLN en las elecciones de febrero de 1990, el Ejército de Nicaragua inició un inédito y esperanzador proceso de reconversión. El objetivo: sentar las bases de su profesionalización e institucionalización para sobrevivir en un escenario adverso y harto complicado.
Era un proceso inédito porque, de ser durante más de una década el ejército de un partido, el FSLN, se convertiría en la institución militar de la nación y de todos los nicaragüenses. Inédito también porque sería la primera vez en su historia que Nicaragua tendría un ejército no sometido a los intereses de grupos de poder ni de partido político alguno. También fue un proceso esperanzador porque con este cambio el Ejército reconocía y aceptaba la supremacía de la autoridad civil legítimamente constituida y esto apuntalaba significativamente el difícil proceso de construcción de la institucionalidad democrática en el país que inicio en 1990.
El primer paso en este proceso comenzó incluso antes de la derrota electoral del FSLN, con la reforma de julio de 1986 a la Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares, en la que se abandonaban los grados obtenidos por los militares en sus años como guerrilleros y se establecía una escala jerárquica como la existente en todos los ejércitos profesionales del mundo.
Un segundo paso se dio ya en 1990 con la ruptura formal de los nexos del Ejército con el FSLN mediante la renuncia de sus principales jefes y oficiales a los cargos que ejercían en la burocracia partidaria, cumpliendo así con lo estipulado en los Acuerdos de Transición de marzo de 1990. El tiempo demostraría que estos dos pasos no pasaron de ser simples formalidades. Era imposible que sólo por esa “renuncia” se despojarían los militares de su lealtad política al partido que había sido la matriz en la que se habían desarrollado. En sus fundadores, en sus jefes y en la alta oficialidad nunca desapareció el “corazoncito rojinegro”.
El tercer paso fue la edificación del andamiaje jurídico de la institución militar, cuyo pilar fundamental es la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, de septiembre de 1994, en la que se cambió el nombre de la institución: de llamarse Ejército Popular Sandinista (EPS) pasó a llamarse Ejército de Nicaragua. Años después hubo más leyes, las relativas a justicia militar, entre otras.
Hasta finales de 2006, el Ejército de Nicaragua gozó de un gran reconocimiento nacional y con justa razón, fue un referente de primera línea a nivel regional y hemisférico. Su rol en la transición política de los años 90, del autoritarismo a la democracia, del régimen de Daniel Ortega al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro fue clave, especialmente en el escenario altamente polarizado de los primeros años, cuando el gobierno estaba sometido a intensas presiones desestabilizadoras, tanto de los políticos radicales de la UNO, de los sectores más conservadores del Congreso de Estados Unidos y de los extremistas del FSLN, cuyo líder, Daniel Ortega, decidió “gobernar desde abajo”.
2010: SE DILAPIDA TODO LO LOGRADO
Durante los dos gobiernos legítimamente electos que siguieron al de doña Violeta, el Ejército continuó jugando un papel clave en el azaroso proceso de construcción de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Sin embargo, ya con Daniel Ortega de nuevo en el gobierno, su emprendimiento de involución autoritaria frustró la esperanza.
Todavía más, a partir de 2010, cuando Ortega nombró a Julio César Avilés como nuevo comandante en jefe del Ejército. A partir de entonces, la institución comenzó a dilapidar todo lo que hasta entonces había logrado y entró en un proceso de acelerada desinstitucionalización.
Dos semanas después de la reforma parcial de la Constitución en enero de 2014, se reformó la Ley 181, dándole al Ejército mayores niveles de autonomía funcional y una casi total autonomía institucional. Ya para entonces era más que evidente la identificación del general Avilés con el proyecto político continuista de Ortega, en el que los intereses corporativos del Ejército, administrados por el Instituto de Previsión Social Militar, y los intereses personales de la cúpula militar -generales y coroneles- se fundieron con los del consorcio Ortega-Murillo.
Desde el mismo día de su regreso al gobierno, Ortega nunca ha desaprovechado oportunidad para recordarles a los militares en sus actos oficiales su “origen sandinista”, aunque no como uno de los valores de su identidad militar original, sino para asegurarse su lealtad política, más bien su lealtad personal, a su proyecto político dinástico.
ABRIL 2018: IMPASIBLES ANTE LA MASACRE
Desde el 18 de abril el Ejército de Nicaragua ha permanecido aparentemente impasible ante la crisis política y humanitaria que vive Nicaragua.
La represión desatada por la Policía y las bandas de paramilitares ha dejado más de medio millar de asesinados, más de 4 mil heridos, más de 1,500 desaparecidos, cientos de capturados ilegalmente, secuestrados, torturados, más de 500 presos políticos y unos 400 procesados judicialmente bajo cargos infundados de terrorismo y crimen organizado.
Muchos se han preguntado y se preguntan a qué se debe la indiferencia de los uniformados, mientras que sectores de la población y algunos actores políticos han demandado la intervención del Ejército para desarmar a las bandas de paramilitares que, en conjunto con la Policía o con su anuencia, han asesinado, secuestrado y capturado a quienes demandan libertad, justicia y democracia.
En realidad, la impavidez del Ejército es aparente. Aunque sin intervenir directamente en la crisis, el sólo hecho de callar ante la represión y el genocidio les convierte en cómplices silenciosos del régimen.
Apenas contamos con tres declaraciones del Ejército en estos meses de crisis política y humanitaria: una nota de prensa del 21 de abril, un comunicado del 12 de mayo y otra nota de prensa del 30 de mayo. Han sido las tres únicas veces en las que los militares han salido fugazmente de la ostra de sigilo en la que se han encerrado.
TRES MENSAJES “NEUTRALES”
El 21 de abril, inmediatamente después de iniciada la masacre, la nota, titulada “Posición del Ejército ante la situación del país”, los militares decían haberse “llenado de dolor y luto”. Se sumaban y respaldaban “la decisión de buscar una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor”. Y rechazaban “las manipulaciones de información desarrolladas sobre el quehacer del Ejército de Nicaragua”, sin especificar cuáles eran esas “manipulaciones”.
En el comunicado del 12 de mayo, casi un mes después de que la Policía y los paramilitares habían desatado su orgía de sangre inocente y de represión criminal y cuatro días antes de instalarse el Diálogo Nacional, continuaban con el estilo neutral de la nota anterior. Se solidarizaban “con las familias que han perdido a seres queridos y con los que de una forma u otra han sido afectados por todos los hechos de violencia” asegurando que apoyaban “los esfuerzos para esclarecer estos hechos y para que se proceda conforme la ley”. El diálogo, señalaban, “es la única ruta que evitará afectaciones irreversibles a nuestro pueblo, a nuestra economía, al desarrollo nacional y a nuestra seguridad”. Respaldaban “la labor de mediación y testigo del diálogo que encabeza su Eminencia Cardenal Leopoldo Brenes”. Y advertían que “la actual situación nos está arrastrando a la división de la familia nicaragüense desde campañas que fomentan el odio” sin señalar quienes lo fomentaban.
La nota de prensa del 30 de mayo, publicada después de que francotiradores apostados en las instalaciones del Estadio Nacional dispararon contra la multitudinaria marcha del Día de la Madres en Managua, asesinando a ocho jóvenes autoconvocados frente a la Universidad Centroamericana (UCA), día en que hubo otros tres asesinados en Chinandega, uno en Masaya y cuatro en Estelí, tres ciudades en donde se realizaban marchas similares a la de la capital, sin contar las decenas de heridos que hubo ese día, es un texto exculpatorio en relación a un vídeo que circuló en las redes sociales en el que aparecían camionetas con personas armadas entrando y saliendo de las instalaciones del Hospital Militar. El Ejército, decía la nota, “reitera su rechazo a todo tipo de manipulación de información falsa, que a través de diferentes medios se divulga para tergiversar actuaciones de nuestra institución”, asegurando que no aceptarían jamás informaciones calumniosas. Y afirmaban: “El Ejército de Nicaragua tiene control absoluto de sus Fuerzas y Medios”.
Después de estas tres comunicaciones, el Ejército ha guardado un absoluto silencio sobre la masacre. Silencio mientras se desarrollaban las sangrientas “operaciones limpieza”, mientras se consolidaba la versión oficial del “golpe de Estado”, mientras las cárceles del país se llenaban de “golpistas” y “terroristas”, mientras el país se sumía en una situación crítica y de cada vez más incierta salida.
ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO MILITAR
El mutismo de los uniformados ante la crisis política que vive Nicaragua desde abril debe analizarse desde tres dimensiones: la jurídica, la política y la de orden financiero.
La dimensión jurídica desde la que valorar el silencio del Ejército parte de tener en cuenta los preceptos constitucionales y lo que establece la Ley 855, Código Militar, reformado en enero de 2014.
Existe una incoherencia entre el mandato constitucional y lo que prescribe la ley en lo relativo a la intervención del Ejército en misiones de seguridad pública y orden interior. Por un lado, el artículo 92 de la Constitución establece: “Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”. Este artículo constitucional establece una clara restricción a los militares, pues permite que actúen “sólo en casos excepcionales” y ante “graves desórdenes internos” y por orden del Presidente de la República. Pero lo que sucede en Nicaragua es un caso excepcional y quienes han provocado los graves desórdenes internos han sido la Policía y los paramilitares. En todo caso, no sería en apoyo a la Policía, sino para desarmar a policías y paramilitares por igual que tendría que intervenir el Ejército. Sin embargo, ¿cómo pensar que Ortega ordenaría al Ejército intervenir para neutralizar a los pilares que lo mantienen en el poder?
A contrapelo de lo que prescribe la Constitución, el artículo 2 de la Ley 855 establece que una de las veinte funciones del Ejército es “disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación”.
Así que mientras la Constitución condiciona la intervención del Ejército, la Ley 855 no lo hace y les deja manos libres para intervenir sin necesidad de una orden del Presidente. Esta incongruencia la aprovecha el Ejército, sin decirlo expresamente y por clara conveniencia, ya que la Constitución está sobre cualquier ley ordinaria. A pesar de ello, dada la sangre derramada en nuestro país, cabe preguntarse por qué el Ejército no cumple lo que su propia Ley le ordena.
LA LIMITADA AUTORIDAD POLÍTICA DE AVILÉS
La dimensión política que explica el mutismo del Ejército es muy clara. Es más que evidente que el actual comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, no tiene la autoridad política ni el talante personal para golpearle la mesa a los Ortega-Murillo, como sí lo hicieron a los mandatarios de turno, a cada uno en su oportunidad y por razones diferentes, quienes antecedieron a Avilés.
Avilés es uno más de los fundadores del Ejército Popular Sandinista. Sin embargo, su nivel de ascendencia política es absolutamente inferior a la de los generales que le precedieron: Humberto Ortega, Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Halleslevens.
Avilés asumió la comandancia del Ejército en febrero de 2010 por un período de cinco años, hasta febrero de 2015. Pero, por su sumisión a la pareja presidencial, Ortega le “premió” extendiendo su período por cinco años más, hasta febrero de 2020.
DINERO “EMPAPADO EN SANGRE”
La tercera dimensión que nos permite valorar el silencio de la institución castrense es poco conocida por la ciudadanía, salvo por especialistas y quizás algunos sectores políticamente informados. Se trata de los millonarios recursos del Ejército, que administra, por cierto muy eficientemente, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Una auditoría de la firma Deloitte & Touche constató que en 2002 el IPSM tenía un capital de 29.5 millones de dólares, cantidad que en 2009 se había incrementado y era ya de 72.3 millones. En 2012 esos fondos podrían haber aumentado hasta 100 millones de dólares y el 40% de ellos estaban invertidos en bonos en Estados Unidos, administrados por las firmas de inversión Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates. Sin necesidad de hacer una complicada operación de matemáticas financieras, podemos imaginarnos a cuánto pueden ascender esos recursos del IPSM hoy, seis años después.
Conociendo todo esto, nicaragüenses en Estados Unidos iniciaron una campaña para que estas firmas de inversión dejen de administrar el fondo de pensiones del Ejército de Nicaragua, denunciando que es dinero manchado con la sangre de los nicaragüenses asesinados por el régimen Ortega-Murillo. “Debemos hacerles saber -afirman en una carta dirigida a los gerentes generales de las firmas de inversión- que están sentados sobre dinero empapado en la sangre de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, para que puedan romper su relación con el régimen asesino de Daniel Ortega y sus benefactores en el Ejército”.
¿ESTARÁN DISPUESTOS A MALBARATAR SUS MILLONES?
El Ejército sabe muy bien que, de involucrarse abiertamente en la sangrienta represión del régimen Ortega-Murillo, los fondos que ha invertido en Estados Unidos, serían automáticamente congelados y eso tendría un impacto demoledor para la institución. Prácticamente, el Ejército no tendría cómo cubrir sus obligaciones con los oficiales que han pasado y pasarán a retiro ni podría mantener los beneficios adicionales que brinda a los suyos. Esto explica, en parte, no sólo el silencio de los militares, también su no abierta participación en la crisis y en la represión.
A inicios de septiembre, en declaraciones a una cadena televisiva estadounidense, el senador republicano Marco Rubio advirtió a los militares nicaragüenses que de participar en la represión habría “consecuencias” Y especificó una: “Los retiros de los militares nicaragüenses están invertidos en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eso va a ser congelado”. Suficiente amenaza para guardar al menos las apariencias…
Hay más. A través del IPSM, el Ejército de Nicaragua es uno de los principales accionistas del Banco de Finanzas (BDF), uno de los cuatro bancos de Nicaragua calificados negativamente a fines de agosto por Fitch Group, líder global en servicios de información financiera y en calificaciones crediticias, lo que ya ha puesto en riesgo los intereses financieros de los uniformados, pues en caso de una quiebra los accionistas serán los primeros afectados. A medida que la crisis económica provocada por la crisis política desencadenada por la pareja Ortega-Murillo se profundice, el riesgo será cada vez mayor.
Esto debería haber disparado ya las alarmas y la alerta roja entre las autoridades militares. Sin embargo, no se conoce qué previsiones estarán tomando o ya han tomado. Hay razones de peso suficientes para que los militares adviertan a Ortega y a Murillo que los está llevando al despeñadero. Pero aun así han cerrado filas con ellos. ¿Estarán dispuestos a malbaratar sus millonarios recursos dejando desamparados y en la ruina a los oficiales que cotizan al IPSM?
UN EJÉRCITO A LA MEDIDA
DE DANIEL ORTEGA Y ROSARIO MURILLO
El artículo 93 de la Constitución Política define al Ejército como “una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”. Y el artículo 94 prescribe: “Los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional no podrán desarrollar actividades político–partidistas”.
En la realidad, estos preceptos constitucionales han sido convertidos por Ortega y Murillo en papel mojado. Hay hechos, aparentemente irrelevantes pero que en realidad no lo son, que lo demuestran. Por ejemplo, hasta antes de 2007 las celebraciones de los aniversarios del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval se realizaban, como corresponde, en sus unidades militares, usualmente por la mañana y bajo los procedimientos del Protocolo Militar.
Eso cambió cuando Ortega regresó al gobierno. La Secretaria de Comunicación y Ciudadanía, y luego Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo monopolizó las celebraciones de los militares, que comenzaron a realizarse fuera de las unidades militares y al final de la tarde.
El Protocolo Militar, usualmente sobrio, fue reemplazado por los estilos de Murillo: toneladas de flores y la bandera nacional, la azul y blanco, avasallada por la bandera roja y negra del FSLN. Celebraciones de carácter nacional fueron convertidas en mítines partidarios con el consentimiento de las autoridades militares, en abierta violación a lo establecido en el artículo 94 de la Constitución. A pesar de eso, los uniformados nunca han parecido sentirse incómodos, más bien parecen satisfechos.
Con estos actos se envía un mensaje nada subliminal: “El Ejército está con el gobierno, el Ejército apoya al gobierno”. Con la arraigada tradición militarista que existe en el imaginario colectivo de los nicaragüenses ese mensaje fácilmente cala en la población, dándole al régimen una privilegiada posición de poder, el poder de los fusiles, el poder en el que hoy se sustenta el régimen Ortega-Murillo.
¿QUÉ RECIBEN A CAMBIO LOS MILITARES?
¿Qué recibe el Ejército a cambio de su apoyo al régimen bicéfalo? Aparentemente nada, sólo promesas de modernización de sus medios aéreos y navales, ya vetustos y en estado más que precario.
Primeramente, Ortega trató encontrar en la Rusia de Vladimir Putin medios modernos, pero el gobierno del ex-agente de la KGB no estaba ni está en condiciones de donaciones tan generosas como las que recibía Nicaragua de la desaparecida URSS en los años 80. Ortega sólo negoció con un astillero ruso la compra de seis medios de superficie, cuatro patrulleras y dos innecesarias misileras. Un general despistado habló de adquirir aviones de guerra Mig-29 con la peregrina idea de combatir al narcotráfico… También se escuchó que se adquiriría una flotilla de aeronaves rusas Yak-130, un avión de entrenamiento y combate, de poca o nula utilidad en la interdicción de aeronaves del narcotráfico internacional.
Al final, el Ejército tuvo que conformarse con que Rusia le donara tanques T-72 B1, que eran material de descarte de las fuerzas armadas rusas y que para Nicaragua solo significan un gasto mayor, porque hay que darles mantenimiento aun cuando sólo sirvan para exhibirlos en desfiles militares. En esa situación, de la nada apareció después algo inesperado: el gobierno anunció que había contratado con la empresa holandesa B.V. Schepswerf Damen Gorinchem la compra de dos patrulleras Damen Stan Patrol 4207 valoradas en 14 millones de dólares. Pero sin mayores explicaciones, y a pesar de que la Asamblea Nacional aprobó el préstamo correspondiente para pagar las dos patrulleras, no han llegado aún a los puertos del país.
EL EJÉRCITO TOLERA A LOS PARAMILITARES
Si el Ejército sólo recibe promesas incumplidas a cambio de su apoyo al régimen Ortega-Murillo, ¿por qué guarda silencio ante la criminal represión desatada por la pareja gobernante? Lo único que se puede pensar es que quizás estén defendiendo, además de sus intereses corporativos y financieros, los intereses personales de la cúpula militar, que pudieran estar coludidos con los de Ortega, Murillo y su círculo más cercano.
Aparentemente, no hay otra explicación porque si algo es cierto es que su relación no está cimentada en coincidencias ideológicas ni políticas como en la década revolucionaria. Ahora las coincidencias son esencialmente utilitarias, de muto beneficio financiero.
Puede que sea cierto que el Ejército tenga “control absoluto de sus Fuerza y Medios”, como aseguró en la nota del 30 de mayo, pero la realidad es que los militares han permitido, de buena gana o no, que la Policía y los paramilitares les arrebatasen el monopolio legítimo de la Fuerza y les hayan convertido en menos que actores de reparto en la tragedia nacional. La Constitución Política reconoce la existencia de dos únicas instituciones armadas en Nicaragua, una militar, el Ejército, y otra de naturaleza civil, la Policía.
Pretendiendo contener y neutralizar la inesperada y masiva rebelión cívica y pacífica de los autoconvocados, Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrieron a la Policía y a bandas de paramilitares, organizadas desde la Vicepresidencia de la República en coordinación con las 135 alcaldías con autoridades del FSLN y a nivel territorial, por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que Murillo controla.
PARAMILITARES: UN CUERPO ARMADO
Las bandas de paramilitares están conformadas por ex-policías y ex-militares, por policías de línea que por las noches visten de civil, por trabajadores de las alcaldías, por una cantidad no determinada de los más de 800 presos que purgaban penas, incluso mayores, que fueron liberados por orden de Ortega, por desmovilizados del Servicio Militar, por pandilleros desmovilizados y/o activos y por jóvenes en situación de riesgo social, además de por pequeños narcotraficantes de droga dedicados al narcomenudeo. Sus mandos se distribuyen entre miembros de la Asociación de Militares Retirados (AMIR), antiguos miembros de las Tropas Especiales del Ministerio del Interior (MINT), conocidas como Tropas Pablo Úbeda (TPU), miembros activos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía y oficiales de la Policía con experiencia militar.
A pesar de que es prácticamente imposible establecer la cantidad exacta de sus efectivos, sí es importante señalar que esas bandas de paramilitares constituyen una auténtica fuerza irregular con capacidad militar, que se movilizan en un formato cuasi militar, pero que no responden a los mandos oficiales de las fuerzas de seguridad, en este caso de la Policía.
En las fotografías y vídeos que circulan por las redes sociales es posible identificar las armas de guerra que utilizan, entre ellas fusiles de asalto AK-47, FAL y AR15, escopetas calibre 12, carabinas M1, pistolas y revólveres.
Si la Carta Magna expresamente establece que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución” y las bandas de paramilitares son un tercer cuerpo armado, ¿a quién corresponde cumplir con este precepto constitucional? La Carta Magna señala que es al Presidente de la República. Pero si él no lo hace, ¿quién debe hacerlo entonces? La respuesta a esta interrogante está en la misma Constitución y en la Ley 855 o “Ley del Ejército”. La Constitución señala en su artículo 95 que “el Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia”.
La Ley 855 prescribe en su artículo 2 que una de las funciones del Ejército es “disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que ponga en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación”.
EL EJÉRCITO NO CUMPLE
NI CON LA CONSTITUCIÓN NI CON SU LEY
Es más que evidente que los paramilitares, en tanto cuerpo armado ilegal, constituyen una grave amenaza a la seguridad y defensa nacionales y sus actividades ilícitas ponen en riesgo la existencia del Estado, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación. Ese artículo no condiciona ni restringe la intervención del Ejército para controlar y neutralizar a ese “tercer cuerpo armado” organizado, armado y financiado por la pareja gobernante.
En consecuencia, si el Ejército no dispone de sus fuerzas y medios para combatirlo es sencillamente porque no están dispuestos a cumplir con lo que la ley les ordena, apuntalando así al régimen Ortega-Murillo en contra de la voluntad de la gran mayoría de nicaragüenses que reclaman justicia y democracia y que demandan que ambos se vayan.
Los militares violan también la Constitución porque al no desarmar a los paramilitares queda claro que no se rigen por la Constitución, ni la respetan ni la obedecen. Así, si bien el Ejército tiene legitimidad de origen, por su silencio cómplice no tiene legitimidad de desempeño.
Evidencia de ello es la poca o ninguna confianza que la mayoría de los nicaragüenses tiene hoy en el Ejército y la opinión desfavorable que del general Julio César Avilés, comandante en jefe de la institución militar, tienen los nicaragüenses, de acuerdo con la encuesta de opinión de CID Gallup de septiembre de 2018.

References: artículo 92
 artículo 2
 artículo 93
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 95
 artículo 2