Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/penal/tipicidad-prestaciones-economicas-Codigo-Penal_12_1210185001.html
Timestamp: 2018-06-24 20:19:38+00:00

Document:
Dª Olga Álvarez Peña
El abandono de familia es un delito contra «las relaciones familiares», que consiste en el incumplimiento de deberes asistenciales y que implica la vulneración de los derechos a recibir determinadas prestaciones de carácter económico. No se castiga la simple vulneración de las expectativas de recibir esas prestaciones que se incumplen, sino la posibilidad de causar un riesgo -potencial o concreto- para bienes jurídicos personales cuyo mantenimiento depende del cumplimiento de los bienes familiares. Se trata de un enunciado punitivo que nace ante la insatisfacción social por el deficiente funcionamiento del sistema de ejecución de la jurisdicción civil.
Ahora bien, no toda obligación de pago queda protegida por la norma penal, aunque se haya reconocido por el Juez Civil el derecho a su cobro (como por ejemplo no estaría incluido el importe resultante de la liquidación de gananciales), solo se incluye la prestación económica relacionada en el apartado b), necesarias para el sustento del cónyuge o hijos. Estas prestaciones económicas se circunscriben, en los procesos conyugales, a las relativas a la contribución de las cargas del matrimonio (arts. 90 y 103-3.° del CC -EDL 1889/1-), los alimentos para los hijos en sentido amplio o (arts. 90,93 y 154 del Código Civil -EDL 1889/1-), que habrán de incluir lo necesario para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación y formación integral y la llamada pensión compensatoria (arts. 90 y 97 del CC -EDL 1889/1). La pensión por desequilibrio puede ser sustituida por alguna de las prestaciones a que se refiere el artículo 99 del Código Civi l-EDL 1889/1- y el incumplimiento tanto de aquella como de éstas englobaría el tipo del impago de pensiones, máxime teniendo en cuenta que el párrafo 2.° del artículo 227 permite considerar como tal el incumplimiento de cualquier otra prestación establecida de forma conjunta o única.
El artículo 227.1 CP -EDL 1995/16398- castiga como delito el impago de cualquier tipo de prestación económica establecida por resolución judicial firme en procesos de separación matrimonial, divorcio, nulidad, filiación o alimentos en favor de los hijos, bien directamente o a través de la aprobación del oportuno convenido regulador. Sin embargo, el Código Penal exige que se trate de una prestación “en favor del cónyuge o de los hijos”, por lo que quedan excluidas las prestaciones que tengan una finalidad distinta.
En sentido contrario se pronuncia la SAP de Madrid (sec.6ª, número 187/2017, de 23 de marzo -EDJ 2017/68279-) en la que se afirma, en relación con el impago de la mitad de la cuota de amortización de una hipoteca que grava el domicilio familiar, que “el establecimiento de tal obligación en la resolución judicial obedeció al fin de garantizar el adecuado alojamiento del hijo común, ya que tal medida se solicitó de mutuo acuerdo, renunciando la cónyuge a la reclamación de pensión compensatoria de tal forma, que la prestación económica se acordó en interés del hijo y en el contexto del acuerdo económico alcanzado entre los cónyuges, y por lo tanto no se trata de un mero incumplimiento de la obligación civil de levantamiento de las cargas del matrimonio”. En la misma dirección la SAP Madrid 792/2015 (sec.17ª, de 30 de octubre) -EDJ 2015/271093- sostiene que “la configuración del tipo penal delimita la conducta de dejar de pagar cualquier tipo de prestación económica y, por lo tanto, no solamente el impago de la pensión alimenticia a favor de sus hijas, sino también de cualquier otro tipo de obligación o prestación económica establecida en resolución judicial en supuestos de separación legal, divorcio, por lo que en tal concepto de prestaciones económicas deben incluirse los gastos de hipoteca y empleada de hogar”. Las SSAP Madrid (sec. 30ª, 820/2016, de 28 de noviembre -EDJ 2016/242029- y sec.23ª, 31/2016, de 19 de enero -EDJ 2016/8973-), consideran esta obligación prestación en favor del cónyuge y de los hijos porque ninguna de las partes se opuso a este pronunciamiento y no se cuestionó de oficio.
Los argumentos para sostener esta posición son los siguientes: a) El artículo 227.1 CP -EDL 1995/16398- no limita la protección a la prestación de alimentos sino a toda prestación establecida en favor de los hijos y del cónyuge; b) Las distintas disposiciones económicas de las resoluciones recaídas en procesos matrimoniales suelen partir de un equilibrio entre las distintas prestaciones, de forma que las cuantías de cada partida se fijan por relación de unas con otras, en función de la capacidad económica de los cónyuges, por lo que el impago de una de ellas incide en ese equilibrio y, por ende, en la situación económica del cónyuge que no deja de pagar su prestación o de los hijos; c) En el caso de la hipoteca sobre la vivienda familiar, su pago satisface las necesidades de alimentos dado la prestación alimenticia comprende los gastos de habitación (art. 142 CC -EDL 1889/1-), debiéndose añadir que, por lo general, la concreta pensión de alimentos habrá sido fijada descontando el valor del pago de la hipoteca porque, en otro caso, la pensión de alimentos debería comprender el gasto de vivienda; d) A mayor abundamiento no ofrece duda que la fijación de una distribución en el pago de la hipoteca entre los cónyuges conlleva una garantía de permanencia en la vivienda familiar que, por lo general, supone un claro beneficio para los hijos y para el cónyuge que permanece con ellos, al mantener inalterado su régimen de vida pese al proceso judicial; e) No obstante lo anterior, estimo que no son típicos aquellos casos en que la distribución del gasto hipotecario se refiera a matrimonios o parejas sin hijos comunes y en los que la distribución del gasto no responda a una situación de necesidad del otro cónyuge.
Al respecto, algunos pronunciamientos de distintas Audiencias Provinciales han venido considerando, por ejemplo, que el impago de cuotas del préstamo hipotecario que constituyó el domicilio familiar y ha sido asignado a uno de los cónyuges o a los hijos comunes, constituye una infracción penal prevista en el art. 227 CP -EDL 1995/16398- (por ejemplo, sentencias de la AP de Cádiz –sección 3ª- de 19-4-2017 y de la AP de Barcelona –sección 6ª- de 16-1-2017).
Se nos plantea la cuestión de si la conducta típica del art. 227.1 del CP -EDL 1995/16398- es el incumplimiento de cualquier prestación económica o si, por el contrario cabe analizar la naturaleza y características de la prestación que se incumple.

References: artículo 99
 artículo 227
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 resolución 
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