Source: https://www.scribd.com/document/335309449/Decreto-Legislativo-N%C2%BA-1281
Timestamp: 2017-01-17 15:48:29+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEl Peruano / Jueves 29 de diciembre de 2016NORMAS LEGALES
presupuestal, sujeto a un cronograma a ser aprobado
por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas
y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a
propuesta de éste último.
En tanto la Sunass implemente progresivamente las
nuevas competencias y funciones antes mencionadas, que
le corresponden como organismo regulador en virtud de lo
establecido en la presente Ley, los prestadores de servicios
y las demás entidades con competencias en materia de
saneamiento en pequeñas ciudades y en el ámbito rural,
continúan ejerciendo las funciones asignadas por la Ley
N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la
Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento, en cuanto les corresponda.
modificaciones presupuestarias que considere necesarias
a nivel funcional programático, para lo cual se exceptúa de
las limitaciones establecidas en el literal c) del numeral 41.1
del artículo 41 y del artículo 80 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y sus modificatorias y de lo establecido en
el artículo 12 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017. La exoneración al
referido artículo 12 no demandará recursos adicionales al
SEXTA.- Implementación para la selección de
Operadores de Gestión
En tanto se implementa lo establecido en el Capítulo III
del Título VII de la presente Ley, el Comité de Inversiones
en Construcción y Saneamiento asume las funciones
correspondientes al desarrollo del procedimiento de selección
de Operadores de Gestión para las empresas prestadoras que
se encuentren incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio.
1. La Ley N° 26338, Ley General de Servicios de
2. Ley N° 30045, Ley de Modernización de los
Servicios de Saneamiento, excepto el artículo 3.
SÉPTIMA.- Saneamiento financiero y sostenibilidad
de las empresas prestadoras de servicios de
en coordinación con los sectores competentes promueven
la aprobación de una propuesta normativa que establezca
medidas destinadas al saneamiento financiero y sostenibilidad
de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
OCTAVA.- Transferencias del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento al OTASS y a
la Sunass
y Saneamiento, en su calidad de Ente rector, a
aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional para el año Fiscal 2017, con cargo a sus recursos
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a
favor del OTASS y la Sunass, mediante Decreto Supremo,
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a pedido de este
último para el financiamiento de acciones correspondientes a
la política sectorial, así como la implementación de la presente
Ley en el año Fiscal 2017. La presente disposición se
financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin demandar
Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
autorizadas en el párrafo precedente, se aprueban mediante
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía
y Finanzas y del ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, a propuesta de éste último. Para efectos de lo
establecido en el presente artículo, exceptúase al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento de las limitaciones
establecidas en el artículo 80 de la Ley N° 28411, Ley General
NOVENA.- Formulación y ejecución de proyectos
de inversión en agua y saneamiento en el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAL
Saneamiento se encuentra facultado para formular,
ejecutar y supervisar proyectos de inversión en agua y
saneamiento, financiados con recursos públicos y otros
provenientes de la cooperación internacional, en el ámbito
de responsabilidad de SEDAPAL, orientado al cierre de la
brecha de infraestructura en agua y saneamiento.
Para tal efecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento gestiona la creación de la Unidad ejecutora
“Agua para Lima y callao”, conforme a lo establecido en el
artículo 58 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, encargada de formular,
ejecutar y supervisar los proyectos de inversión antes
mencionados, en coordinación con SEDAPAL a través de
la creación del Programa correspondiente.
Con respecto al financiamiento, autorícese al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento a efectuar las
La derogatoria a que se refiere la presente disposición
no se contrapone con lo dispuesto en el segundo párrafo
de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de
Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días
calendario, en materia de reactivación económica y
Petroperú S.A.;
Que, en este sentido el literal b) del numeral 2 del
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad
de legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de
“optimizar los procedimientos de extradición y traslado de
condenados”;
Que, la extradición y el traslado de personas
condenadas, se encuentran actualmente regulados en el
libro VII del Decreto Legislativo N° 957, Código Procesal
Penal, vigente desde el 1 de julio de 2006;
Que, dado el tiempo transcurrido y, a la luz del
desarrollo de la jurisprudencia nacional, así como de los
estándares del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, resulta necesaria su actualización, la misma
que debe permitir mejorar los procesos, optimizando la
garantía de los derechos de las personas sometidas a
extradición o traslado;
numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo
QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
DE EXTRADICIONES Y TRASLADO DE
modificar el libro VII del Decreto Legislativo N° 957,
Código Procesal Penal, a fin de optimizar el procedimiento
de extradiciones y traslado de personas condenadas.
Artículo 2. Modificación de diversos artículos del
Modifícanse los artículos 511, 512, 517, 518, 521, 522,
523, 525, 526, 527, 540, 541, 542, 543 y 544 del Código
Procesal Penal en los siguientes términos:
“Artículo 511 Actos de Cooperación Judicial
Internacional.1. Los actos de cooperación judicial internacional,
sin perjuicio de lo que dispongan los Tratados, son los
b) Notificación de resoluciones y sentencias, así como
de testigos y peritos a fin de que presenten testimonio;
c) Recepción de las declaraciones del imputado,
testigos, peritos y otras personas;
d) Exhibición y remisión de documentos judiciales o
copia de ellos;
h) Práctica de bloqueos de cuentas, embargos,
incautaciones o secuestro de bienes delictivos,
inmovilización de activos, registros domiciliarios,
allanamientos, control de comunicaciones, identificación
o ubicación del producto de los bienes o los instrumentos
de la comisión de un delito, y de las demás medidas
limitativas de derechos;
j) Traslado temporal de detenidos sujetos a un proceso
penal o de condenados, cuando su comparecencia como
testigo sea necesaria, así como de personas que se
encuentran en libertad;
2. La Cooperación Judicial Internacional también
comprenderá los actos de asistencia establecidos en el
Estatuto de la Corte Penal Internacional y desarrollados
“Artículo 512 Autoridad Central.1. La Fiscalía de la Nación es la Autoridad Central
en materia de cooperación jurídica internacional, quien,
cuando así lo permitan los tratados, se comunica de
manera directa con las Autoridades Centrales extranjeras.
2. Corresponde a la Autoridad Central, con el apoyo
del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando así
corresponda, gestionar y realizar el seguimiento de las
solicitudes de cooperación jurídica internacional, cautelar
los plazos y absolver consultas formuladas por las
3. La Autoridad Central recibe y verifica la presentación
y otorgamiento de las garantías diplomáticas solicitadas
por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo; asimismo,
realiza el seguimiento del cumplimiento de las garantías
ofrecidas por el Estado peruano o el Estado requirente.
4. La Autoridad Central coadyuva con las autoridades
nacionales competentes para verificar el cumplimiento del
ordenamiento jurídico internacional y el derecho nacional,
en materia de cooperación jurídica internacional.
5. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores
brindar el apoyo necesario a la Fiscalía de la Nación
como Autoridad Central en sus relaciones con los demás
países y órganos internacionales, así como intervenir en la
tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen
las autoridades nacionales. De igual manera, si así lo
disponen los Tratados, recibir y poner a disposición de la
Autoridad Central las solicitudes de cooperación Jurídica
internacional que presentan las autoridades extranjeras.”
“Artículo 517 Rechazo de la extradición.1. No procede la extradición si el hecho materia del
proceso no constituya delito tanto en el Estado requirente
como en el Perú, y si en ambas legislaciones no tenga
prevista una pena privativa de libertad igual o mayor
a los dos años. Si se requiere una extradición por varios
delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición
para que proceda respecto de los restantes delitos.
a) Si el Estado solicitante no tuviera jurisdicción o
competencia para juzgar el delito;
b) Si el extraditado ya hubiera sido absuelto,
condenado, indultado, amnistiado o sujeto a otro derecho
de gracia equivalente;
c) Si hubiera transcurrido el término de la prescripción
del delito o de la pena, conforme a la ley nacional o del
Estado requirente; siempre que no sobrepase el término
de la legislación peruana;
d) Si el extraditado hubiere de responder en el Estado
requirente ante tribunal de excepción o el proceso al que se
le va a someter no cumple las exigencias internacionales
del debido proceso;
e) Si el delito fuere exclusivamente militar, contra la
religión, político o conexo con él, de prensa, o de opinión.
La circunstancia de que la víctima del hecho punible de
que se trata ejerciera funciones públicas, no justifica
por sí sola que dicho delito sea calificado como político.
Tampoco politiza el hecho de que el extraditado ejerciere
funciones políticas. De igual manera están fuera de la
consideración de delitos políticos, los actos de terrorismo,
los delitos contra la humanidad y los delitos respecto
de los cuales el Perú hubiera asumido una obligación
f) Si el delito es perseguible a instancia de parte y si se
trata de una falta; y,
g) Si el delito fuere tributario, salvo que se cometa por
una declaración intencionalmente falsa, o por una omisión
intencional, con el objeto de ocultar ingresos provenientes
de cualquier otro delito.
a) La demanda de extradición motivada por una
infracción de derecho común ha sido presentada con
el fin de perseguir o de castigar a un individuo por
consideraciones de raza, religión, nacionalidad o de
opiniones políticas o que la situación del extraditado se
exponga a agravarse por una u otra de estas razones;
b) Existan especiales razones de soberanía nacional,
seguridad u orden público u otros intereses esenciales del
Perú, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido;
c) El Estado requirente no diere seguridades de que
se computará el tiempo de privación de libertad que
demande el trámite de extradición, así como el tiempo que
el extraditado hubiese sufrido en el curso del proceso que
motivó el requerimiento.
d) El delito por el que se solicita la extradición tuviere
pena de muerte en el Estado requirente y éste no diere
extradición.1. La demanda de extradición debe contener:
a) Una descripción del hecho punible, con mención
expresa de la fecha, lugar y circunstancias de su comisión
y sobre la identificación de la víctima, así como la
tipificación legal que corresponda al hecho punible;
b) Una explicación tanto del fundamento de la
competencia del Estado requirente, cuanto de los motivos
por los cuales no se ha extinguido la acción penal o la
c) Copias autenticadas de las resoluciones judiciales
que dispusieron el procesamiento y, en su caso, el
enjuiciamiento del extraditado o la sentencia condenatoria
firme dictada cuando el extraditado se encontraba
presente, así como la que ordenó su detención y/o lo
declaró reo ausente o contumaz;
d) Texto de las normas penales y procesales aplicables
al caso, según lo dispuesto en el literal anterior;
e) Todos los datos conocidos que identifiquen al
reclamado, tales como nombre y apellido, sobrenombres,
nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión
u ocupación, señas particulares, fotografías e impresiones
digitales, y la información que se tenga acerca de su
domicilio o paradero en territorio nacional.
2. En todos los casos, con o sin tratado, la demanda
de extradición debe contener la prueba necesaria que
establezca indicios suficientes de la comisión del hecho
delictuoso y de la participación del reclamado en dichos
3. Si la demanda de extradición no estuviera
debidamente instruida o completa, la Autoridad Central
a instancia del órgano jurisdiccional y en coordinación
con el Ministerio de Relaciones Exteriores pedirá al
Estado requirente corrija o complete la solicitud y la
“Artículo 521 Inicio del procedimiento
extradición.El procedimiento de extradición pasiva se inicia:
1. Con la demanda de extradición presentada por
la autoridad del Estado requirente a la Fiscalía de la
Nación, la que deriva el pedido al juez de investigación
preparatoria competente para que se disponga la
detención del reclamado;
2. Con la detención del reclamado por mandato
judicial a mérito de una solicitud de detención preventiva
con fines de extradición; o,
3. Con la detención del reclamado por existir en
su contra una orden de captura internacional emitida
a través de la INTERPOL, en cuyo caso conoce del
proceso el juez penal de turno del lugar donde se
produjo la detención.”
“Artículo 522 Decisión y ejecución de la extradición
1. La decisión de la extradición se resuelve mediante
Resolución Suprema con aprobación del Consejo de
Ministros la que se comunica a la Fiscalía de la Nación y
al Estado requirente por la vía diplomática e INTERPOL.
En la comunicación al Estado requirente se consignan
las condiciones que se hayan establecido al momento de
conceder la extradición.
2. Decidida definitivamente la demanda de extradición,
el Estado peruano no dará curso a ningún nuevo pedido
de extradición por el mismo Estado requirente basado
en el mismo hecho, salvo que la denegación se funde
en defectos de forma. Otro Estado que se considere
competente podrá intentarla por el mismo hecho si
la denegación al primer Estado se sustentó en la
incompetencia de dicho Estado para entender el delito
3. El Estado requirente deberá efectuar el traslado
del reclamado en el plazo de treinta días, contados
a partir de la comunicación oficial. La Fiscalía de la
Nación, atendiendo a la solicitud del Estado requirente,
cuando éste se viera imposibilitado de realizar el traslado
oportunamente, podrá conceder un plazo adicional de
quince días. A su vencimiento, el extraditado será puesto
inmediatamente en libertad y el Estado requirente no
podrá reiterar la demanda de extradición.
4. Los gastos de transporte internacional del
extraditado y de los documentos y bienes incautados,
corren a cargo del Estado requirente.”
“Artículo 523 Detención Preventiva con fines de
extradición.1. La detención preventiva con fines de extradición de
una persona reclamada por las autoridades extranjeras
a. Haya sido solicitada formalmente por la autoridad
central del país interesado;
b. La persona reclamada haya sido ubicada dentro
del territorio nacional y se encuentre con requerimiento
de captura internacional a través la Organización
Internacional de la Policía Criminal-INTERPOL.
2. La solicitud formal de la detención es remitida a la
Fiscalía de la Nación por intermedio de la autoridad central
del Estado requirente, o por conducto de la INTERPOL.
En casos de urgencia, la solicitud de la detención puede
presentarse por cualquier medio, inclusive telegráfico,
telefónico, radiográfico o electrónico. La solicitud formal
a) El nombre de la persona reclamada, con sus datos
de identidad personal y las circunstancias que permitan
b) La fecha, lugar de comisión y tipificación del hecho
c) Si el requerido fuese un imputado, indicación de la
pena conminada para el hecho perpetrado; y, si fuera un
d) La invocación de la existencia de la orden judicial
de detención o de prisión, y de ausencia o contumacia
e) El compromiso del Estado solicitante a presentar el
pedido formal de extradición.
3. La Fiscalía de la Nación remite la solicitud de
detención con fines de extradición dentro de las 24 horas
al juez de investigación preparatoria competente, con
aviso al fiscal provincial que corresponda.
4. Conforme al artículo 521, el juez puede dictar el
mandato de detención preventiva o la medida coercitiva
personal que determine, siempre que el hecho que se
repute delictivo también lo sea en el Perú y tenga prevista
una pena privativa de la libertad igual o mayor a los dos
años. Si se invoca la comisión de varios delitos, basta que
uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda
respecto de los restantes delitos. La decisión que emita es
notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación
y a la oficina local de la INTERPOL.
5. La detención cesa si se comprobase que el detenido
no es la persona reclamada, o no se haya presentado la
demanda formal de extradición en el plazo de sesenta
6. El reclamado que sea liberado porque no se presentó
a tiempo la demanda de extradición puede ser nuevamente
detenido una vez recibida la demanda formal de extradición.
7. En el caso del inciso b) del numeral 1) del presente
artículo, la Policía Nacional procede a la intervención y
conducción del requerido en forma inmediata, poniéndolo
a disposición del juez competente del lugar de la
intervención y comunicando tal hecho al fiscal provincial,
a la Fiscalía de la Nación y al funcionario diplomático o
consular del país requirente.”
“Artículo 525 Ámbito e Iniciación.1. El fiscal o el agraviado puede requerir al juez que
conoce del proceso penal la extradición de una persona
procesada o condenada que se encuentre en otro Estado.
2. El pedido de extradición procede cuando el delito
que se persigue tiene una sanción igual o mayor a dos
años de pena privativa de la libertad o si el reclamado
tiene por cumplir una pena no menor a un año al momento
de presentarse la solicitud; siempre que no sea posible
utilizar otros mecanismos tecnológicos y de comunicación
para la comparecencia a juicio del reclamado, atendiendo
a la gravedad del hecho delictivo o a las condiciones
especiales del reclamado.
3. Para dar curso al procedimiento de extradición
activa, el juez que conoce del proceso penal debe
pronunciarse sobre el pedido de extradición. La resolución
de requerimiento de extradición activa debe precisar los
hechos objeto de imputación, su calificación legal, la
conminación penal, los indicios suficientes que vinculen al
reclamado como autor o partícipe en los hechos delictivos
imputados, y, en su caso, la declaración de ausencia o
contumacia, así como la orden de detención con fines de
extradición. La resolución desestimatoria es apelable ante
la Sala Penal Superior, que resuelve previa audiencia con
citación e intervención de las partes que concurran al acto
en el plazo de cinco días.”
“Artículo 526. Procedimiento.1. El juez, luego de emitir la resolución respectiva,
forma el cuaderno de extradición conteniendo, en lo
pertinente, la documentación señalada en los numerales
1) y 2) del artículo 518, así como la que acredita que el
reclamado ha sido ubicado en el país requerido, además
de la justificación y los elementos de prueba conforme a
los tratados y la legislación interna del Estado requerido.
2. El cuaderno es remitido a la Sala Penal de la Corte
Suprema, la que decide atendiendo al cumplimiento de
los plazos establecidos en los tratados de extradición o
los que hubiera establecido el Estado requerido. Si la Sala
declara procedente el pedido de extradición, el cuaderno
se remite dentro de las 24 horas al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Si se declara improcedente, se
devuelve lo actuado al órgano jurisdiccional requirente.
3. El Poder Ejecutivo se pronuncia mediante
Resolución Suprema aprobada en Consejo de Ministros,
previo informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y
4. Emitida la Resolución Suprema se dispone la
traducción del cuaderno de extradición, de ser el caso.
La presentación formal de la extradición corresponde a
la Fiscalía de la Nación con el concurso del Ministerio de
5. Una vez presentada la solicitud de extradición ante
el Estado requerido, corresponde a la Autoridad Central
hacer el seguimiento de la solicitud hasta que se obtenga
respuesta y supervisar su ejecución según las condiciones
que hubiese establecido el Estado requerido.”
“Artículo 527 Detención Preventiva con fines de
extradición.1. En casos de urgencia, y especialmente cuando haya
peligro de fuga, el juez Penal puede solicitar al Estado
requerido, por intermedio de la Autoridad Central, dictar
mandato de detención preventiva con fines de extradición.
2. El mandato de detención preventiva también puede
solicitarse conjuntamente con la demanda formal de
extradición.”
“Artículo 540 Bases y requisitos.1. Las sentencias de la justicia penal nacional que
imponen penas privativas de libertad o medidas de
seguridad privativas de libertad a nacionales de otro país
pueden ser cumplidas en el país de origen de la persona
condenada o en el que acredite arraigo. Asimismo, las
sentencias de la justicia penal extranjera que impongan
penas y medidas de seguridad privativas de libertad a
peruanos pueden ser cumplidas en el Perú.
2. Corresponde decidir el traslado activo o pasivo
de personas condenadas al Poder Ejecutivo, mediante
Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas.
3. La ejecución de la pena se cumplirá de acuerdo a
las normas de ejecución o del régimen penitenciario del
Estado de cumplimiento.”
“Artículo 541 Jurisdicción del Perú sobre la
condena impuesta.1. El Perú, cuando acepte el traslado del condenado
extranjero, mantiene jurisdicción sobre la condena impuesta
y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o
modificación de las sentencias dictadas por sus órganos
judiciales. También retiene la facultad de indultar o conceder
amnistía o redimir la pena a la persona condenada.
2. La Fiscalía de la Nación, en coordinación con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acepta las
decisiones que sobre estos extremos adopte el Estado
extranjero, previas consultas y coordinaciones.”
“Artículo 542 Condiciones para el traslado y el
cumplimiento de condenas.1. El traslado de la persona condenada es posible, si
a) Que el hecho que origina la solicitud sea punible en
ambos Estados;
b) Que el reo no haya sido declarado culpable de un
delito exclusivamente militar;
c) Que la parte de la condena por cumplirse al
momento de presentar la solicitud, sea por lo menos
de seis (06) meses. Excepcionalmente, las autoridades
centrales pueden convenir el traslado aunque la duración
de la condena por cumplirse sea inferior;
e) Que las otras disposiciones de la sentencia, hayan sido
satisfechas o garantizadas, especialmente tratándose de
multa, reparación civil y demás consecuencias accesorias. e.1) Excepcionalmente, el condenado que solicita
su traslado al extranjero, puede requerir al juez
penal competente que reduzca o le exonere el pago
de la reparación civil y multas, acreditando razones
humanitarias debidamente fundadas o carecer de medios
económicos suficientes, previo informe socio-económico
del funcionario competente del Instituto Nacional
Penitenciario que corrobore dicha situación. En el caso
de reparaciones civiles solidarias, el beneficio se extiende
a los demás condenados extranjeros que soliciten su
traslado y se encuentren en la misma condición. e.2) El condenado puede solicitar la reducción o
exoneración con fines de traslado desde el momento que
la sentencia de condena quede firme. La solicitud se pone
en conocimiento del actor civil. Luego de recibir el informe
socio-económico del Instituto Nacional Penitenciario y
siempre que no exista oposición, el juez resuelve en un
plazo de cinco (05) días.
e.3) El actor civil puede interponer recurso de
apelación contra el auto que aprueba la exoneración o
reducción de la reparación civil.
f) Que no exista contra el solicitante proceso penal
2. La persona condenada puede cumplir su condena
en un país distinto al de su nacionalidad, siempre que
demuestre arraigo, previa aceptación del Estado de
“Artículo 543. Trámite para disponer el traslado de
extranjero condenado en el Perú.1. La Autoridad central forma el cuaderno de traslado
a) La solicitud expresa de la persona condenada o su
c) Copia de la sentencia de condena y la resolución
que la declara firme, y la norma legal del Estado de
d) Copia de la resolución judicial que acredita
la cancelación del pago de la reparación civil o su
exoneración si fuera el caso;
e) Los informes correspondientes del Instituto Nacional
f) Documento que acredite que la persona condenada
no registre proceso penal pendiente; y,
2. Formado el cuaderno, la Autoridad Central lo remite
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para la
decisión final del Poder Ejecutivo.
3. La ejecución del traslado corresponde al Instituto
Nacional Penitenciario.”
“Artículo 544 Trámite cuando el Perú solicita el
traslado del nacional.1. El nacional condenado en el extranjero o su
representante pueden solicitar su traslado ante las
autoridades del Estado de condena, ante el Consulado
peruano más cercano a su lugar de detención o ante la
Fiscalía de la Nación.
2. La Autoridad central forma el cuaderno de traslado
condena; y,
3. Formado el cuaderno, la Autoridad Central lo remite
4. La ejecución del traslado corresponde al Instituto
Artículo 3.- Incorporación de los artículos al
Incorpóranse los artículos 521-A, 521-B, 521-C, 523A, 523-B, 544-A
detención con fines de extradición.1. Una vez detenido el reclamado, dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas o en el término de la distancia debe
ser puesto a disposición del juzgado competente con
comunicación a la Fiscalía de la Nación, fiscal provincial
y el funcionario diplomático y/o consular del Estado
2. El juez, dentro de las setenta y dos (72) horas,
realiza una audiencia de control de la detención con
la participación del reclamado, su defensor, el fiscal
competente y el representante que acredite la Misión
Diplomática. Durante la audiencia, el reclamado es
informado sobre los motivos de su detención, los derechos
que le asisten y la posibilidad de acogerse a la extradición
simplificada conforme al artículo 523-A. La audiencia se
3. El juez resuelve en audiencia la medida de coerción
personal que corresponda al caso. De dictarse detención
preventiva con fines de extradición, ésta no puede
extenderse más allá del plazo razonable.
4. Contra el auto de detención preventiva con fines de
extradición procede el recurso de apelación, que puede
ser interpuesto en el plazo de tres (3) días de notificada
la decisión.”
“Artículo 521-B Recepción y calificación de la
demanda.1. En el supuesto de los numerales 2) y 3) del artículo
521, el Estado requirente debe presentar la demanda de
extradición en un plazo no mayor a sesenta (60) días. Con
la presentación de la demanda al Ministerio de Relaciones
Exteriores se suspende el plazo antes señalado. De no
presentarse la demanda de extradición dentro del plazo
establecido, se dispone la inmediata libertad del reclamado.
2. La Fiscalía de la Nación remite la demanda de
extradición al juez que conoce del procedimiento para
que califique la demanda. Si advierte que ésta adolece
de algún requisito coordina con la Fiscalía de la Nación
para que en un plazo no mayor de treinta (30) días de
notificado el Estado requirente corrija o complete la
3. Subsanada la demanda, el juez competente
remite el cuaderno a la Sala Penal de la Corte Suprema
adjuntando un informe ilustrativo en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas.”
“Artículo 521-C Audiencia ante la Corte Suprema.1. Recibido el cuaderno, la Sala Penal, en un plazo
no mayor de quince (15) días, realiza la audiencia de
extradición con citación del reclamado, su defensor, el
fiscal supremo y los demás intervinientes apersonados.
La audiencia se instala con los que asistan y tiene carácter
de inaplazable.
2. La Sala Penal escucha a los sujetos procesales,
quienes pueden presentar pruebas, cuestionar o apoyar
las que aparezcan en el expediente de extradición,
alegar la pertinencia o la impertinencia, formal o
material, de la demanda de extradición, o cuanto motivo
a favor de sus pretensiones. La audiencia se inicia con
la precisión de las causales de extradición, el detalle
del contenido de la demanda de extradición y la glosa
de documentos y elementos de prueba acompañados.
Luego el reclamado, si así lo considera conveniente,
declara al respecto y se somete al interrogatorio de
las partes. A continuación alegan las partes por su
orden y, finalmente, el imputado tiene derecho a la
última palabra. Concluido el debate, la Sala Penal
se pronuncia declarando procedente o improcedente
el pedido de extradición emitiendo su decisión en la
misma audiencia. Excepcionalmente, cuando resulte
necesario, la Sala puede celebrar audiencias utilizando
los medios tecnológicos más apropiados, como la
videoconferencia u otros.
3. El cuaderno de extradición, es remitido al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de
cinco (05) días, para la decisión final del Poder Ejecutivo.”
voluntaria.El reclamado en cualquier estado del procedimiento de
extradición puede dar su consentimiento libre y expreso a
ser extraditado por el delito materia del pedido, no siendo
necesario recibir la demanda de extradición. En ese caso,
la autoridad que conozca de la detención preventiva o del
pedido de extradición da por concluido el procedimiento.
La Sala Penal de la Corte Suprema, sin trámite alguno,
dicta la resolución consultiva que corresponda a la
extradición; en caso de ser favorable, remite los actuados
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los
fines de Ley.”
“Artículo 523-B Entrega diferida y temporal.Cuando la persona reclamada es procesada o está
cumpliendo condena en el Perú, por hechos distintos a los
que motivan la solicitud de extradición, el Estado peruano
puede aplazar la entrega de la persona reclamada hasta
que concluyan las actuaciones procesales o termine de
cumplir su condena. Si el delito hubiera sido cometido
con posterioridad al delito que motiva la extradición, el
reclamado puede ser entregado siempre que el delito
cometido en territorio nacional, sea sancionable con una
pena menor.
Si fuera concedida la extradición de una persona
que esté cumpliendo condena en el Perú, ésta podrá
ser entregada temporalmente al Estado requirente para
que sea sometida a proceso. La persona entregada
es mantenida bajo custodia en el estado requirente y
será devuelta al Perú después de la terminación de su
proceso, o cuando ya no sea necesaria su presencia.”
“Artículo 544-A Ejecución de la condena en el
Estado peruano.1. Ejecutado el traslado de un nacional, la Fiscalía de la
Nación remite el cuaderno de traslado al juez competente,
a quien corresponde adecuar a la normatividad penal
nacional el tipo penal previsto en la sentencia impuesta
por la autoridad extranjera. Es competente el juez penal
del lugar donde el nacional se encuentre cumpliendo
2. Adecuada la sentencia extranjera, el juez remite
copia de la resolución de adecuación al Registro Central
de Condenas del Poder Judicial y al Registro Penitenciario
del Instituto Nacional Penitenciario, para su inscripción y
cumplimiento conforme a la normatividad nacional.”
Las instituciones participantes del proceso de
extradición, coadyuvan para el correcto cumplimiento
de la presente norma, debiendo elaborar para el efecto
protocolos de actuación interinstitucional.
Los gastos que demande la aplicación de la presente
norma se ejecutan con cargo a los presupuestos
institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar
Las demandas de extradición presentadas ante
la Corte Suprema con anterioridad a la vigencia de la
presente norma, continúan rigiéndose por la Ley anterior.
Las solicitudes que a la fecha no han sido presentadas
ante la Corte Suprema son adecuadas al proceso previsto
Las solicitudes de traslado de personas condenadas
que se encuentren pendientes de resolución definitiva del
Poder Judicial, son remitidas a la Autoridad Central en un
plazo no mayor a treinta (30) días, para su adecuación a
La Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la
Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos deben adoptar las
acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a las
El Congreso de la República, por Ley Nº 30506 ha
delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar
saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., por un
plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley
N° 30506, establece que la delegación comprende la
facultad de legislar en materia de reactivación económica
y formalización, entre otros, a fin de emitir normas que
regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas,
comerciales y prestación de servicios sociales en los tres
Que, es necesario modificar parcialmente e incorporar
dos (02) artículos en la Ley N° 29623, Ley que promueve
el financiamiento a través de la factura comercial; así
como ampliar el plazo para acogerse al Fondo de Garantía
Empresarial - FOGEM, creado por el Decreto de Urgencia
N° 024-2009 y sus modificatorias, a efectos de facilitar el
desarrollo de las actividades económicas y comerciales
de la micro, pequeña y mediana empresa, y mejorar las
condiciones y acceso al financiamiento a favor de dichas
unidades económicas;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas en el literal h) del numeral 1 del
artículo 2 de la Ley N° 30506;
LEY Nº 29623, LEY QUE PROMUEVE EL
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA FACTURA
COMERCIAL Y QUE AMPLÍA EL PLAZO DE
ACOGIMIENTO AL FONDO DE GARANTÍA
EMPRESARIAL - FOGEM
modificar el quinto párrafo del artículo 2, los artículos
3 y 3-A, el literal c) del artículo 4, los artículos 6 y 7, el
primer párrafo del artículo 8 y el artículo 9 de la Ley N°
29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la
Factura Comercial; incorporar los artículos 9-A y 9-B a la
misma Ley; así como ampliar el plazo de acogimiento al
Fondo de Garantía Empresarial - FOGEM.
Artículo 2.- Modificación del quinto párrafo del
artículo 2, los artículos 3 y 3-A, el literal c) del artículo
4, los artículos 6 y 7, el primer párrafo del artículo 8 y
el artículo 9 de la Ley N° 29623, Ley que promueve el
financiamiento a través de la Factura Comercial
Modifícase el quinto párrafo del artículo 2, los artículos
29623, Ley que promueve el financiamiento a través de
la Factura Comercial, los cuales quedan redactados de la
La Factura Negociable es un título valor a la orden
transferible por endoso o un valor representado y transferible
mediante anotación en cuenta en una Institución de
Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), de acuerdo
a la ley de la materia. Dicha transferencia mediante anotación
en cuenta producirá los mismos efectos que el endoso a
que se refiere el Título Cuarto de la Sección Segunda de la
Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores. Para efectos de su
anotación en cuenta, la Factura Negociable que se origine en
un comprobante de pago impreso y/o importado, debe contar
con la constancia de presentación de la Factura Negociable
a que se refiere el literal g) del artículo 3.
“Artículo 3.- Contenido de la Factura Negociable
originada en un comprobante de pago impreso y/o
La Factura Negociable, además de la información
requerida por la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT) para la factura
comercial o el recibo por honorarios, debe contener, como
mínimo, la información indicada en los literales a), b), c),
d), e), f) y h) de éste artículo, y contar con la constancia de
presentación indicada en el literal g), según lo señalado a
b) Firma y domicilio del proveedor de bienes o
servicios, a cuya orden se entiende emitida.
c) Domicilio real o domicilio fiscal del adquirente del
bien o usuario del servicio, a cuyo cargo se emite.
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