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Timestamp: 2019-12-16 05:38:26+00:00

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Panorama Colectivo – 12-11-2009 | La Colectiva Radio
Panorama Colectivo – 12-11-2009
Falta agua, pero no para las mineras
Judicialización de la resistencia en Catamarca
Bolivia: Una ley para combatir mensajes que naturalizan la prostitución
Una ley y muchas complicidades
¿Adiós a la UCEP?
Macri y la PRO – Discriminación
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Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara, Jujuy hicieron público un comunicado en el que expresan la alarmante situación en torno del uso del agua y de la supuesta “responsabilidad” de los pobladores en el uso de dicho recurso, mientras el gobierno provincial continúa otorgando permisos a las empresas mineras que utilizan millones de litros de agua para llevar adelante su negocio.
Ante la grave situación de sequía que gran parte del país está atravesando, los vecinos autoconvocados de Tilcara hicieron pública su preocupación frente al gobierno provincial que, según las declaraciones publicadas en el comunicado, parece haber sido “tomado por sorpresa” por el problema de la falta de agua en la región.
Cabe aclarar que desde hace algunos años, la minería “tradicional”, es decir aquella que buscaba minerales bajo socavones, fue abandonada por un nuevo tipo de minería, el cual se desarrolla a cielo abierto. Así, las rocas de los cerros son dinamitadas para luego ser separadas y sometidas a un proceso químico en el que son utilizados miles de litros de agua por minuto, que son mezclados junto a sustancias altamente contaminantes, como el cianuro y el ácido sulfúrico.
A partir de la mega minería a cielo abierto, todos los recursos naturales de las zonas aledañas a estas empresas, resultan altamente contaminados, lo cual pone en riesgo la vida de los lugareños, la flora y faunas locales y, como consecuencia de ellos, afecta gravemente el desarrollo sustentable de las familias que habitan las zonas mineras.
Urbano Cardozo, integrante de Vecinos Autoconvocados por la vida de Andalgalá, fuedetenido el 19 de octubre en momentos en que , junto a otros vecinos, paaba un camión de La Alumbrera, al resistirse a liberar el paso del vehículo.
Intervino policía provincial y la policía Minera de Catamarca. La intención de los vecinos era inspeccionar el camión que presumiblemente contenía residuos tóxicos provinientes de un escape del mineraloducto de la minera.
El 11 de noviembre, Urbano fue notificado por la Fiscal de una causa penal den su contra. La denuncia fue realizada por la policía Minera de Catamarca. En comunicación con La Colectiva, Cardozo dijo al respecto:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia, expondrá ante sus pares, un proyecto de ley que prohíbe la promoción de la prostitución y la pornografía por cualquier medio de comunicación y difusión, medida en la que también serán incluidas la telefonía celular y los sitios de Internet.
De convertirse en Ley, ésta afectará a medios de comunicación radiales y escritos, así como también a las emisoras de televisión, y empresas de telefonía celular e Internet. En todos los casos, se prohibirá la publicación de imágenes de mujeres que sean utilizadas para promover servicios sexuales.
Asimismo, el proyecto de ley prevé incorporar al Código Penal una sanción de entre 4 a 8 años de prisión, para aquellos sobre los que se demuestre la culpabilidad por la emisión de mensajes que promuevan negocios ligados a la prostitución, pornografía y proxenetismo, pena que podrá duplicarse en caso de tratarse de avisos que utilicen la figura de menores de edad.
Según sus impulsores, el objetivo de la sanción de dicha ley es la protección de la dignidad de las mujeres, quienes, mediante la naturalización de este tipo de mensajes, son reducidas a la cosificación, al trato como mero objeto sexual.
Familiares de víctimas de la represión policial, organismos de derechos humanos y organizaciones solidarias se movilizaron, el martes pasado, por el centro de Quilmes para reclamar contra la criminalización de la juventud y la pobreza.
La marcha contra “la criminalización de la juventud y el gatillo fácil”, se realizó durante la misma jornada en que se cumplieron cinco años desde el día en que el ex policía, José Salmo, fuera absuelto luego de ser acusado de haber baleado a la joven Carla Lacorte.
Recordemos que, a causa de los disparos recibidos, la joven sufrió graves heridas que la dejaron incapacitada para volver a caminar.
Diferentes agrupaciones sociales en lucha contra la violencia sexual y la trata de personas, adhirieron al comunicado difundido por la asociación La Alameda, en el que se exige a los funcionarios públicos, el pleno cumplimiento de la Resolución de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien ordenó que todos los fiscales que estén investigando causas de trata de personas o delitos conexos de explotación sexual, insten el cierre de los locales involucrados.
De esta manera, la Resolución busca hacer cumplir la ley 12.331 y a sancionar la explotación de la prostitución por cuenta ajena, haya trata o no. Sin embargo, los distintos sectores sociales que se sumaron al comunicado, alertan que un sector de la justicia e incluso de ejecutivos provinciales pretende autorizar la existencia de casas de prostitución y embate contra la ley 12.331.
Cabe recordar que el artículo 15 de la Ley 12.331, prohíbe, en todo el país, “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”, mientras que el artículo 17 establece multas y condenas de prisión para aquellos que regenteen un local de esas características.
Sin embargo, desde el comunicado se informa que “la resolución del 19 de agosto pasado de la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital (…) declaró inconstitucional el artículo 17 de la ley 12.331, de profilaxis de las enfermedades venéreas (…) por violar la privacidad de los proxenetas”.
A partir de este escenario, se invita a todas y todos aquellos interesados a concurrir el viernes 27 de noviembre a las 18 horas (lugar a designar) a fin de preparar una denuncia y una movilización a la Procuración General de la Nación con el objetivo de demandar el cierre masivo de las casas de prostitución en base a las instrucciones dadas por el mismo procurador semanas atrás.
A una semana de que el Juez Roberto Gallardo limitara el accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), tras las graves denuncias que diversos grupos sociales y de defensa de los Derechos Humanos presentaron contra dicho organismo, el ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, decidió desactivar dicha unidad y transferir a los empleados a otra área.
La decisión del ministro Piccardo fue adoptada luego de las reiteradas denuncias que el organismo recibió a causa del violento accionar de dicha unidad con aquellas personas –en su mayoría familias indigentes- a quienes se desalojaba por “invadir el espacio público”.
Si bien fueron numerosas las denuncias ante la Justicia a causa del accionar de la UCEP, fue a partir del violento desalojo de una mujer embarazada de cinco meses, quien a causa de recibir golpes y manoseos por parte del grupo paraestatal, debió ser internada por un desplazamiento de placenta.
Según informó la Agencia Walsh, “a partir de ahora, todas las tareas de atención a personas en situación de calle dependerán del Ministerio de Desarrollo Social por medio del programa Buenos Aires Presente, del cual la Justicia sospecha que fueron extraídos datos sobre la ubicación de las personas desposeídas para que resultaran hostigadas y maltratadas por la patota”.
Integrantes de la Red por los Derechos de las Personas con discapacidad (REDI) presentaron hoy ante el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un petitorio destinado a solicitar el veto de la ley 3230, que posterga por un año el cumplimiento del cupo laboral destinado a personas con discapacidad.
La ley 3230, posterga por un año más el cumplimiento del cupo laboral destinado a Personas con discapacidad dentro de la Administración Pública y empresas concesionarias de servicios públicos, cupo laboral que ha sido incumplido por las sucesivas administraciones públicas de los últimos años.
Pese al marco legal existente en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, presente tanto en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Legislatura de la ciudad prorrogó por un año el plazo de cumplimiento del marco en vigencia.
Es por este motivo que diferentes asociaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, nucleadas bajo REDI, calificaron e accionar de la Legislatura porteña como “una violación flagrante del derecho adquirido por las personas con discapacidad a acceder a un puesto de trabajo” lo cual “evidencia un profundo desconocimiento de la temática de discapacidad y empleo”.
El texto del petitorio informa, además, que el 90% de las personas que tiene algún tipo de discapacidad en el país, no accede a un empleo, lo cual demuestra que las políticas de promoción e integración de dicho sector, lejos están de plasmarse en acciones concretas que combatan las distintas formas de discriminación hacia aquellos que conviven con algún tipo de discapacidad.
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References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 17
 resolución 
 artículo 17
 artículo 43
 artículo 75