Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/57259
Timestamp: 2019-09-21 05:28:32+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-28/57259
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A SUSPENDER LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL HASTA QUE SE CONCLUYAN LOS PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE ELECCIONES.
El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral a suspender la actualización del Padrón Electoral hasta que se concluyan los periodos extraordinarios de elecciones al tenor de los siguientes:
La certeza y la legalidad jurídica son principios que, interrelacionados con los derechos políticos-electorales, determinan la vía idónea para la construcción y consolidación del Estado democrático. El derecho electoral, debe garantizar las formas legales con las cuales se da certeza a los procesos electorales; ya que éstas, concretizan los mecanismos y herramientas encomiadas a salvaguardar la voluntad soberana.
Los procesos electorales, ya sean locales o federales, se encuentran constreñidos a los lineamientos establecidos por sus ordenamientos jurídicos correspondientes. La norma electoral, determina los supuestos jurídicos que, bajo un mínimo vital, garantiza la adecuada operatividad y materialización de las contiendas electorales, las cuales tiene como intención y objeto último, el recabar la voluntad soberana de la ciudadanía. Es por ello, que el derecho electoral vigente, ya sea en el ámbito federal o local, tendrá como función imperativa, desarrollar y determinar a conciencia: los sujetos, acciones, herramientas, conceptos y principios jurídicos necesarios para la legitimación de los procesos electorales en aras de la plena garantía de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica en cuanto a la voluntad soberana.
La organización de los procesos electorales es competencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos electorales. Por disposición constitucional establecida en el artículo 41, fracción V, Apartado B, es de la plena correspondencia del INE, la elaboración y aprobación del padrón electoral así como la elaboración de la lista nacional de electores. La Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, establece en su Libro Cuarto, Título Primero, las disposiciones normativas con las que habrá de regularse el procedimiento del registro federal de electores, a través de la conformación y actualización de padrón electoral, el cual se encuentra vigilado por la actuación directa del Registro Federal de Electores.
La Reforma Político Electoral recién aprobada por el Congreso de la Unión, generó un cambio de gran relevancia el marco normativo mediante el cual se regula la vida democrática de nuestro país. Las modificaciones a la Constitución Federal y expedición de leyes reglamentarias en esta materia, representan un avance significativo para nuestra democracia. Se dio la aprobación de un marco jurídico innovador que garantiza una mayor competencia electoral, promueve un gobierno eficaz, responsable y de resultados, consolida la vida democrática, el equilibrio entre poderes y la equidad de género.
Bajo estas nuevas reglas, el Pasado 7 de Junio del año en curso, se llevó a cabo en nuestro país la jornada electoral del proceso electoral 2014-2015. Mediante dicho proceso, los ciudadanos sufragaron para la renovación de la Cámara de Diputados, así como de diversas Gubernaturas, Alcaldías y Congresos Locales en diferentes entidades del país.
Es importante destacar que la Jornada Electoral no se ve finalizada con el cómputo y conteo de los votos, ya que existen diferentes instancias a las cuales los diversos actores de la contienda pueden acudir con la finalidad de presentar recursos para los casos en los cuales consideren que se han llevado acciones que rompan con los principios de certeza, neutralidad y legalidad.
Esta etapa jurisdiccional es de vital importancia pues las determinaciones efectuadas pueden generar incluso, la repetición de una contienda electoral en la que se considere que las faltas cometidas en beneficio de un candidato alteren de manera relevante el resultado de dicha elección.
En días próximos se definirá la fecha en la cual habrán de efectuarse estos comicios extraordinarios y es de suma importancia que se busque la realización de los mismos en condiciones semejantes a las que fue realizado el proceso electoral que busca reponerse.
En este sentido, es importante destacar el papel del padrón electoral, el cual es una herramienta jurídico-electoral sofisticada que cumple con las garantías de legalidad y certidumbre; al determinar, bajo criterios de imparcialidad, el grueso de la población que tendrá la facultad de sufragar en los procesos electorales correspondientes. Las complejas acciones encaminadas a conformar, actualizar y validar el padrón electoral, tienen como objeto principal, legitimar la veracidad y libre decisión de las y los ciudadanos, salvaguardando en todo momento el derecho al voto.
Con base en el padrón electoral, la Dirección de Ejecutiva del Registro Federal de Electores, expide la credencial para votar, mediante los procesos de su actualización, según lo determina el artículo 138 de la LGIPE, que a la letra dice:
“1. A fin de actualizar el Padrón Electoral, el Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará anualmente, a partir del día 1o. de septiembre y hasta el 15 de diciembre siguiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a que se refieren los dos párrafos siguientes
3. Durante el periodo de actualización también deberán acudir a las oficinas los ciudadanos incorporados en el Padrón Electoral que:
a) No hubieren notificado su cambio de domicilio;
b) Hubieren extraviado su credencial para votar, y
c) Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabilitados.
Aunado a lo anterior, el artículo de 139 de la LGIPE, determina lo siguiente:
1. Los Ciudadanos podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral, en periodos distintos a los de actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día 30 de noviembre del año previo de la elección federal ordinaria.
Del análisis de las anteriores disposiciones normativas transcritas, podemos observar la manera en que el padrón electoral realiza su actualización para posteriormente elaborar las listas nominales que habrán de contener los registros electorales correspondientes a cada distrito y sección electoral; facultando a todas aquellas personas que hayan dado aviso de cambio de domicilio y que se les haya entregado su credencial para votar, la emisión de su sufragio en el nuevo domicilio y sección electoral que hayan ostentado ante la oficina del Instituto correspondiente. A efecto de llevar a cabo el aviso de cambio de domicilio, el artículo 142 de la LGIPE, nos dice que:
1. Dentro de los treinta días siguientes a su cambio de domicilio, los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, deberán dar el aviso correspondiente ante la oficina del Instituto más cercana a su nuevo domicilio.
2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá exhibir y entregar la credencial para votar correspondiente a su domicilio anterior, o aportar los datos de la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle su nueva credencial para votar. Las credenciales sustituidas por el procedimiento anterior serán destruidas de inmediato.
El aviso de cambio de domicilio por parte de las y los ciudadanos tiene por objeto, el que pueden acceder a la toma de decisiones públicas y a la elección de sus representantes populares, determinados por el área geográfica correspondiente a su actual domicilio. Este es uno de los principios democráticos sobre los cuales se fundamenta la voluntad soberana y los derechos políticos electorales en nuestro país, por ello es imperativo verificar que su implementación sea la adecuada.
La actualización del padrón electoral y la posterior conformación de las listas nominales, son mecanismos con los cuales se regula y vigila de forma adecuada el sufragio ciudadano. Para ello, es menester que el Consejo General de Instituto Nacional Electoral declare como válidos el padrón electoral y la lista nominal de electores, posterior a dirimir las manifestaciones hechas por los partidos políticos.
Pese a todo lo anterior, existen conductas antijurídicas al marco legal-electoral que tratan de obtener ventaja de los mecanismos de conformación, actualización y validación del padrón electoral y de la lista nominal electoral como por ejemplo: el solicitar un cambio de domicilio en las oficinas del Instituto cuando está situación no se ha verificado en la realidad, da como consecuencia la actualización de la figura típica descrita en el artículo anterior.
A esta práctica se le ha denominado coloquialmente como turismo electoral, conducta que si bien hace mella en la vida democrática del país, puede ser aún más contundente y preponderante en la convocación de elecciones extraordinarias por causa de las nulidades decretada por los órganos jurisdiccionales.
Se tiene conocimiento de que en procesos electorales pasados [*], se ha registrado un número considerables de ciudadanos que notifican a la autoridad electoral un nuevo domicilio en entidades en las cuales se llevará cabo una elección,con la finalidad de alterar el Registro Federal de Electores, acción que se encuentra prevista en el Código Penal Federal [*] y se sanciona con hasta doscientos días de multa y prisión de 3 a 7 años:
Artículo 411. Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.
Al ser declarada nula una elección, deberá ser expedida la convocatoria a elecciones extraordinarias, la cual, deberá de cumplir con las formalidades y derechos que prevé la LEGIPE. Ante tal situación, puede existir el riesgo de que, en los distritos electorales en donde se haya decretado la nulidad, se constituyan hechos relativos al turismo electoral; toda vez que es un terreno fértil para aumentar o disminuir el padrón electoral a través de proporcionar información falsa a las oficinas de Instituto, o bien promoviendo la baja de electores en dicho padrón con la finalidad de inhibir o coartar el voto, vulnerando así a las disposiciones legales en materia electoral.
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral a suspender la actualización del Padrón Electoral hasta que se concluyan los periodos extraordinarios de elecciones, salvo en los casos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en los que la resolución del Tribunal Electoral les otorga a los electores el “derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos”.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que en las próximas elecciones extraordinarias, utilice el mismo Padrón Electoral con el que se llevaron a cabo las elecciones del Ciclo Electoral 2014-2015.
[*]Una funcionaria delayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, fue detenida como presunta responsable de promoveren enero de 2010 la movilización de 440 personas para apoyar a un candidato en Veracruz. A cambio, Díaz Flores les ofreció la entrega de despensas, cobertores y diversas cantidades de dinero en efectivo, las que oscilaban entre los 200 y 320 pesos.
Las investigaciones de la FEPADE establecieron que la sospechosa contrató 11 autobuses de pasajeros, para realizar el viaje a Veracruz en los primeros días de febrero de 2010, partiendo de Cuernavaca. Visto en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/19/1040847
[*]http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s

References: artículo 276
 artículo 41
 artículo 138
 artículo 142

Artículo 411
 resolución