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Timestamp: 2018-08-19 17:15:24+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 648 DE 2007
RESOLUCIÓN 648 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL RECAUDO DE CARTERA DE LAS OBLIGACIONES DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
RESOLUCIÓN 648 DE 2007
“Por la cual se expide el reglamento interno del recaudo de cartera de las obligaciones de competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública”.
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las consagradas en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006; y los artículos 1º, 2º y 6º del Decreto 4473 de diciembre 15 de 2006, y
Que conforme a los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el tesoro público, tal como lo establece el artículo 1º de la Ley 1066 de 2006;
Que mediante la Ley 1066 de 2006 se ordenó al Gobierno Nacional determinar las condiciones para implementar los reglamentos internos de recaudo de cartera de cada entidad facultada para ejercer la jurisdicción coactiva, teniendo en cuenta que deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario para hacer efectivas las obligaciones exigibles a favor de la administración;
Que el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 estableció que debe expedirse el reglamento interno de recaudo de cartera a través de normatividad de carácter general por parte del representante legal de la entidad pública;
Que de acuerdo con los principios que deben regir la administración pública, se deben formular las directrices para la efectividad del proceso de cobro coactivo en la entidad, de acuerdo con la ley y su reglamentación;
Definición, naturaleza y competencia
ART. 1º—Definición. La jurisdicción coactiva es la facultad de la administración de cobrar directamente las obligaciones o deudas a su favor representadas en títulos ejecutivos, sin que medie intervención judicial.
ART. 2º—Título ejecutivo. Documento público o privado, emanado de las partes o por decisión judicial, en el cual debe constar una obligación de manera clara, expresa y exigible, a cargo del deudor y a favor de la administración.
ART. 3º—Naturaleza. El proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza administrativa, por cuanto su objetivo es hacer efectiva la orden dictada por la administración de cobro de una obligación fiscal.
ART. 5º—Funcionario competente. Es competente, para adelantar el trámite de recaudo de la cartera de competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública en las etapas persuasiva y coactiva el representante legal de la entidad, el cual podrá delegarlo en el funcionario que de acuerdo a la estructura de la entidad tenga las funciones de cobro.
ART. 6º—Definición. Constituye la oportunidad en la cual la entidad de derecho público ejecutora invita al deudor a cancelar sus obligaciones previamente al inicio del proceso de cobro por jurisdicción coactiva, con el fin de evitar el trámite administrativo de cobro, los costos que conlleva esta acción y, en general, solucionar el conflicto de una manera consensual y beneficiosa para las partes.
ART. 7º—Medios utilizados. El cobro persuasivo podrá realizarse a través de los siguientes mecanismos: Llamada telefónica, correo electrónico e invitación formal.
ART. 8º—Término. El término para desarrollar la etapa de cobro persuasivo será de 2 meses, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de recibo del título por parte de la oficina ejecutora.
ART. 9º—Investigación de bienes. Agotada la vía persuasiva, sin que el ejecutado haya cancelado la obligación, el funcionario ejecutor, en aras de establecer la ubicación y solvencia del deudor, oficiará a las entidades públicas y privadas, que considere pertinentes, a fin de que informen el domicilio del deudor y la mayor información que tengan sobre los bienes que posea el ejecutado.
ART. 10.—Medidas cautelares. Se procederá a dictar las medidas cautelares reguladas por las disposiciones del Código del Procedimiento Civil, artículos 513 y siguientes.
ART. 11.—Oportunidad para decretarlas. Estas medidas pueden ser decretadas en cualquier etapa del proceso, previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, mediante auto de cúmplase, el cual no se notifica y deben ser comunicadas a la oficina pertinente a fin de que procedan de conformidad con lo decretado por la oficina ejecutora.
ART. 12.—Límite y reducción del embargo. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes, estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.
Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la oficina ejecutora dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el deudor.
En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas, no existe límite de inembargabilidad.
No serán susceptibles de medidas cautelares los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable.
ART. 13.—Definición. Constituye la oportunidad en la cual la entidad ejecutora utiliza los medios coercitivos para satisfacer las obligaciones exigibles a favor de la administración, una vez agotada la etapa persuasiva y siempre y cuando el título ejecutivo reúna los requisitos para ser exigido coactivamente.
ART. 14.—Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes, compuestas por el capital más los intereses respectivos y/o por las sanciones e indexaciones a que haya lugar.
ART. 15.—Notificaciones. El mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los deudores solidarios. Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad no invalida la notificación efectuada.
ART. 20.—Excepciones probadas. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones. Cuando la excepción probada lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes.
ART. 22.—Recurso contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el funcionario competente que falle las excepciones, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma.
ART. 23.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.
ART. 24.—Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno.
ART. 25.—Gastos en el procedimiento administrativo coactivo. En el procedimiento administrativo de cobro, el deudor deberá cancelar, además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito.
ART. 26.—Levantamiento medidas cautelares. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción administrativa se ordenará levantarlas.
ART. 27.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato, por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa o por el inicio del proceso de reorganización.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa o por el inicio del proceso de reorganización. El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:
— El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa cuando este interviene en el proceso.
ART. 28.—Solicitud. El deudor de una acreencia a favor de la entidad o del tesoro nacional podrá solicitar, en cualquier momento del proceso de cobro, facilidades para el pago de la obligación exigible. Dicha solicitud deberá contener, entre otros datos, el plazo solicitado, la periodicidad de las cuotas, la descripción de la garantía ofrecida y la denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero que a su nombre garantice suficientemente la deuda a satisfacción de la entidad.
ART. 29.—Garantías. Cuando el término solicitado para el acuerdo de pago sea superior a un (1) año, se deberá exigir previamente una garantía de las establecidas en el Código Civil, Código de Comercio y estatuto tributario nacional, legalmente constituida, que cubra el valor de la obligación adeudada más las posibles costas que resulten del proceso, si hubiere lugar a ellas. Si es inferior a un (1) año, se exigirá al deudor una relación detallada de bienes de su propiedad, o de un tercero que a su nombre garantice suficientemente la deuda a satisfacción de la entidad, con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad.
ART. 30.—Criterios para el otorgamiento. Se concederá a las facilidades de pagos de las acreencias de la entidad, siguiendo como único criterio la cuantía de la obligación, así:
b) Menor cuantía: obligaciones desde 15 smmlv hasta 90 smmlv hasta 42 meses de plazo; y c) Mayor cuantía: obligaciones superiores a 90 smmlv, hasta 60 meses de plazo.
ART. 31.—Condiciones para el otorgamiento. La entidad previo al otorgamiento de la facilidad de pago deberá adelantar un estudio de las garantías ofrecidas y de la capacidad de pago del deudor, que le permita establecer la conveniencia o no de aceptar el acuerdo.
ART. 32.—Acuerdo. En cualquier etapa del proceso administrativo de cobro, el funcionario competente, para ejercer la jurisdicción coactiva, podrá suscribir el acuerdo de pago solicitado, junto con el deudor y/o el tercero que a su nombre garantice suficientemente la deuda a satisfacción de la entidad, previa autorización del comité de normalización de cartera del Departamento Administrativo de la Función Pública.
ART. 33.—Efectos. El acto que concede las facilidades de pago de las obligaciones surte efectos a partir del acto administrativo por medio del cual se comunica la aprobación de la garantía ofrecida, la suspensión del proceso de cobro y, si es pertinente, el levantamiento de las medidas cautelares, siempre que las garantías respalden suficientemente la obligación; de lo contrario, las medidas se mantendrán hasta el pago total de la obligación.
ART. 34.—Incumplimiento. Cuando el deudor incumpla el pago de alguna cuota por no cancelar en la respectiva fecha de vencimiento las obligaciones surgidas con posterioridad al otorgamiento de la facilidad de pago, se declarará mediante acto administrativo el incumplimiento del acuerdo de pago, el cual deja sin vigencia el plazo concedido y en el evento en que se hayan otorgado garantías, ordenará hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto o para el caso de aquellas facilidades de pago que se otorgaron con base en una relación detallada de bienes, se ordenará el embargo, secuestro y avalúo de los bienes denunciados por el deudor, para su posterior remate.
En todo caso, se deberá reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos; con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el boletín de deudores morosos del Estado.
ART. 35.—Competencia. El representante legal de la entidad podrá en cualquier tiempo, declarar mediante resolución motivada, la remisibilidad de las obligaciones sin respaldo económico, bien sea a cargo de personas fallecidas o de obligaciones con más de cinco años de antigüedad sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor.
ART. 36.—Requisitos. Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos para ser declarada la remisibilidad de la obligación cobrada:
Obligaciones con antigüedad de cinco o más años, sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor. Son remisibles las obligaciones que, no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su recaudo, estén sin respaldo económico alguno, bien sea por no existir bienes embargados o garantía alguna que respalde su pago, porque se haya realizado investigación de bienes que concluya con resultados negativos que demuestren la no existencia de los mismos, porque no se tenga noticia del deudor y no haya sido posible su ubicación y cuando la deuda tenga una anterioridad, a partir de su exigibilidad, mayor o igual a cinco años.
Se entenderá que no se tiene noticia del deudor cuando no haya sido posible su localización. Tratándose de personas jurídicas, además de lo anterior, el no localizarlas en la dirección del domicilio principal, de sus sucursales y agencias, o cuando en los últimos tres años no haya renovado su matrícula mercantil, cuando haya vencido el término de duración de la sociedad o cuando se tenga constancia sobre su liquidación.
ART. 37.—Efectos. El acto administrativo que declare la remisión de obligaciones ordenará suprimir, de la contabilidad y demás registros de la entidad, las deudas e igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo coactivo si lo hubiere, o el archivo del expediente si no se hubiere notificado el mandamiento de pago.
ART. 38.—Clasificación. Con el fin de orientar la gestión de recaudo y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, se podrá clasificar la cartera en obligaciones recaudables o de difícil recaudo, en atención a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor; para este efecto se deberán tener en cuenta los siguientes criterios.
Criterio en cuanto a la naturaleza de la obligación:
— Disciplinaria
— Multas y sanciones
— Reintegros
— Cheques fiscales o títulos valores.
Condiciones particulares del deudor. Estos criterios están referidos a la naturaleza jurídica del deudor y al comportamiento del deudor respecto de la obligación.
— Persona jurídica de derecho público
— Persona jurídica de derecho privado
b) En razón del comportamiento del deudor.
— Voluntad de pago. Corresponde al deudor que solicita facilidades de pago.
— Reportados. Corresponde al deudor que se encuentra reportado en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación.
ART. 39.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

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RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 artículo 209
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