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Las Participaciones Preferentes Trabajo Fin de Máster. Máster de Acceso a la Abogacía
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Mario Suárez Castillo
1 Las Participaciones Preferentes Trabajo Fin de Máster. Máster de Acceso a la Abogacía Marzo 2015 Dirigido por: Pedro Valentín De Pablo Contreras Catedrático Derecho Civil de la Universidad de La Rioja
2 RESUMEN Las Participaciones Preferentes La mala praxis en la comercialización de productos financieros, y en concreto, de las participaciones preferentes, ha llevado a la pérdida del capital invertido. Los preferentistas acuden al Derecho en búsqueda de soluciones que les permitan desvincularse del contrato. En nuestro ordenamiento jurídico existen varias vías, aunque si bien es cierto, son dos las más frecuentes. Por un lado, podemos acudir a la apreciación de vicios en el consentimiento prestado en el momento de la compra, que conlleva la anulabilidad del contrato, y por otro lado, cabe la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones de la entidad de suministrar la información necesaria. A lo largo de este trabajo se realiza un estudio del concepto de las participaciones preferentes y cómo ha sido su comercialización, haciendo especial hincapié en la determinación de la información que las entidades bancarias debían haber proporcionado a cada cliente, y si tal información efectivamente se suministró. La información suministrada en el proceso de comercialización constituye el eje sobre el que gira toda la interpretación que han venido haciendo nuestros tribunales para apreciar la posible existencia de vicios del consentimiento, o en su caso, la posible resolución del contrato por no haber cumplido con los deberes exigidos de información. ABSTRACT The malpractice in the marketing of financial products, specifically, in preference shares, has led to the loss of invested capital. The investors resort to law looking for solutions that allow them to opt out of the contract. In our legal system there are several ways, but if it is true, are two frequently. On one hand, we can go to the appreciation of flaws in the consent given at the time of purchase, which entails the nullity of the contract, and secondly, it is possible to terminate the contract for breach of the obligations of the entity provides the necessary information. Throughout this research is studied the concept of preference shares and how it has been marketed, with particular emphasis on determining the information that banks should provide each customer, and if such information was supplied effectively. The information provided in the marketing process is the axis on which the whole interpretation by our courts has come to appreciate the possible existence of defects of consent, or the possible termination of contract for failure to comply with duties required information. 2
3 ÍNDICE ABREVIATURAS.. 4 INTRODUCCIÓN.. 5 I. LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y SU COMERCIALIZACIÓN 1.- Análisis de las PPR Concepto y naturaleza de las PPR Comercialización en España Normativa aplicable.. 14 II. EL DEBER DE INFORMACIÓN 1.- El deber de información en la contratación de PPR El deber de información desde la perspectiva de los consumidores La carga probatoria del deber de información.. 23 III. EL CONTRATO Y SU POSIBLE INVALIDEZ O INEFICACIA 1.- Invalidez del contrato 28 a.- El error como vicio del consentimiento 30 b.- El dolo como vicio de la voluntad 34 c.- Posible caducidad de la acción Ineficacia: incumplimiento del deber de información.. 41 CONCLUSIONES.. 44 BIBLIOGRAFÍA
4 ABREVIATURAS AIAF: Asociación de Intermediarios de Activos Financieros ART: Artículo CE: Constitución Española CC: Código Civil CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores JPI: Juzgado de Primera Instancia LCGC: Ley de Condiciones Generales de la Contratación LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil LMV: Ley del Mercado de Valores MIFID: Markets in Financial Instruments Directive PPR: Participaciones Preferentes RD: Real Decreto SAP: Sentencia Audiencia Provincial SJPI: Sentencia Juzgado de Primera Instancia STS: Sentencia Tribunal Supremo TRLGDCU: Texto Refundido Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. UE: Unión Europea 4
5 INTRODUCCIÓN La comercialización incontrolada de participaciones preferentes ha sido uno de los problemas económicos y sociales con mayor repercusión en los últimos años. La razón de tal emisión masiva se debe a que los bancos y cajas, en un momento de crisis como era en el que nos encontrábamos, necesitaban procurarse mecanismos de financiación eficaces que les permitiera sanear sus balances, y con las participaciones preferentes conseguían que el pasivo de los depósitos de sus clientes se convirtiera en activo propio, que en su mayoría eran pequeños ahorradores que creyeron estar depositando sus ahorros de manera segura y con disponibilidad inmediata. Hay que advertir que las participaciones preferentes no son por sí mismas antijurídicas, sino que son las circunstancias que rodearon su comercialización, las que representan el origen del problema. Así, aunque no todos los casos son iguales, sí que se puede afirmar que una mayoría de los afectados era imposible que comprendiera qué estaban contratando, y para ello basta con analizar sus conocimientos financieros y la trayectoria de sus inversiones. Así las cosas, con el presente estudio se trata de ofrecer una respuesta a las numerosas cuestiones surgidas en torno a esta cuestión, efectuando una aproximación al problema de las preferentes desde la perspectiva de las posibles acciones civiles que podría ejercitar el inversor frente a la entidad emisora o comercializadora de este producto financiero. En primer lugar, se estudia el concepto, la naturaleza y la esencia de las participaciones preferentes, que aún hoy en día sigue siendo discutida, al encontrarse a medio camino entre la acción y la deuda. Seguidamente se lleva a cabo una recopilación de las circunstancias que rodearon su comercialización, para terminar con la normativa que hace referencia a este producto financiero. En segundo lugar, se trabaja el deber de información y la importancia que ésta tiene en este contrato. A continuación, se realiza un análisis de la información desde la 5
6 perspectiva de los consumidores, destacando el desequilibrio existente entre las partes contratantes; a la vez que se analiza la naturaleza de las relaciones entre la entidad comercializadora del producto y los inversores. En tercer lugar, se profundiza en la figura de los vicios del consentimiento, explicando en profundidad las particularidades de los diferentes tipos de vicios, como son el error, que recae sobre las cualidades del producto (el riesgo o perpetuidad), y el dolo o la intimidación, que rodea los motivos que llevaron a los contratantes a adquirir este producto financiero. En el último apartado se estudia la respuesta que los tribunales han ofrecido a este problema, posibilitando resolver o anular los contratos de adquisición de preferentes. En la anulabilidad, hay que apreciar la existencia de un vicio del consentimiento, y en la resolución del contrato, el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. A modo de conclusión, se pone de manifiesto una reflexión acerca del modo de actuar de los preferentistas, que a pesar de no poderse generalizar, en algunos supuestos se trata de una actitud que claramente puede tildarse de interesada, ya que mientras recibían las altas rentabilidades, no se plantearon la posibilidad de que existieran condiciones desconocidas en la contratación, y que en el momento en el que estos resultados se convirtieron en negativos, consideraron que no debían asumir tales consecuencias del negocio, por existir irregularidades en el momento de su contratación. Por ello, han de deslindarse dos supuestos; los inversores que creyeron estar contratando una especie de depósito a plazo fijo con disponibilidad inmediata; y aquellos que conocían las características de las PPR y aun así, decidieron contratarlo por la alta rentabilidad que generaba. De manera que para hacer valer sus pretensiones ante los Juzgados y Tribunales, deberán probar que hubo falta de información que les llevó a ignorar la verdadera naturaleza del producto. 6
7 I. LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y SU COMERCIALIZACIÓN 1.- Análisis de las participaciones preferentes. En primer lugar, y antes de entrar a conocer en qué consisten las participaciones preferentes, conviene reflexionar en torno al análisis 1 que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en adelante CNMV, realizaron de las mismas antes de la crisis y que ponen de manifiesto que los supervisores financieros eran perfectamente conscientes de lo inadecuado que resultaba comercializar participaciones preferentes entre inversores minoristas. Así, el Banco de España alertaba en su tercer informe de estabilidad financiera de de su preocupación por el peso creciente de las participaciones preferentes en los recursos propios básicos de algunas entidades, así como por la forma en la que, en determinados casos, se comercializan entre la clientela minorista tradicional. Esta alerta se justificaba dado que algunas participaciones preferentes no se han dirigido al mercado institucional, sino que se han comercializado entre la clientela minorista (con menor capacidad de valoración del riesgo asociado al instrumento), que su liquidez en el mercado secundario es muy escasa, y puesto que ofrecen una rentabilidad poco acorde con el riesgo asumido, las entidades podrían estar incurriendo en riesgo de reputación. De esta manera, el Banco de España describía la complejidad del producto, destacaba su escasa rentabilidad y sus elevados riesgos, y alertaba del problema que podía originar una comercialización inadecuada entre clientes minoristas. 1 ZUNZUNEGUI Fernando. Caracterización de las Participaciones preferentes. Revista de Derecho del Mercado Financiero. Madrid BANCO DE ESPAÑA Estabilidad financiera, nº 3, noviembre de 2002, pág. 41. (vid. en nciera/02/fic/estfin03.pdf). 7
8 En el mismo sentido, el estudio de la CNMV de Las Participaciones Preferentes reconoce que las participaciones preferentes por su características financieras (perpetuidad, amortizables anticipadamente a voluntad del emisor y tener un estatus por detrás de la deuda subordinada en la prelación de créditos) no son instrumentos financieros de fácil valoración, especialmente para el pequeño inversor. 2.- Concepto, naturaleza y características. Ofrecer una definición precisa de las participaciones preferentes, en adelante PPR 4, resulta muy complicado, ya que no existe una definición unánime que cuente con la precisión y claridad necesaria. En algunas de las definiciones consultadas, se enumeran sus características, y en otras se limitan a establecer las diferencias con otros productos financieros con los que guardan cierta similitud. Así, según la definición ofrecida por el Banco de España 5, nos encontramos ante un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho de amortizarlas a partir de los cinco años, previa su autorización del supervisor. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores 6, en adelante CNMV, organismo rector de las bolsas de valores españolas, las PPR son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad pero también pérdidas en el capital invertido. Con independencia de su carácter perpetuo, el emisor, tratándose de una entidad de crédito, suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del Banco de España. 3 CNMV Participaciones Preferentes: rentabilidad de las emisiones, nº 24, julio de 2007, pág. 49. (vid. en 4 El acrónimo de PPR se utiliza en el presente trabajo para hacer referencia a las participaciones preferentes. Es la nomenclatura avalada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
9 VILLACORTA HERNÁNDEZ 7 considera que los conceptos que ofrecen estos organismos no son satisfactorios por no tener carácter definitorio, por lo que trata de ofrecer una definición alternativa que muestre la verdadera naturaleza del producto, basándose en la idea de que las PPR son una agrupación de instrumentos financieros incluidos dentro de los híbridos de capital. De esta manera, obtiene una definición mercantil, que no incide en aspectos contables como hace la CNMV. La definición que propone dicho autor 8 es que las PPR son instrumentos financieros híbridos de capital sin la calificación jurídica de acciones o participaciones sociales. Así, esta definición concuerda con la concepción generalizada del mercado de que las PPR son emisiones similares a las acciones y participaciones sociales, pero sin la calificación jurídica de éstas. En este mismo sentido, FERNANDEZ DEL POZO 9, se refiere a las preferentes como un instrumento financiero de naturaleza híbrida, a medio camino entre las acciones y las obligaciones, al afirmar que nos encontramos ante una clase de financiación tertium genus, tipificada por el Legislador entre los dos modelos típicos de financiación permanente de la empresa, y no asimilable a ninguno de ellos. La conceptualización de las PPR como híbridos de capital, tiene gran acogida en la doctrina, y ello supone una forma de financiación que combina características del capital y de la deuda. De manera que originalmente era deuda, pero posteriormente, al ser utilizado como si fuese capital, se convierte en un instrumento mixto. En definitiva, las PPR están a caballo entre la renta fija y la renta variable. De esta opinión son GÓMEZ ARELLANO 10 que las concibe como una especie de acciones sin voto, y ALONSO ESPINOSA 11 que las califica como una acción 7 VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Naturaleza contable de las participaciones preferentes, Técnica Contable, nº 7343, Julio Editorial CISS, pág. 2 y ss. 8 VILLACORTA HERNÁNDEZ. Op. cit.., pág FERNANDEZ DEL POZO: Las participaciones preferentes, BIB 2005/1812 Monografías (Civitas). Ed. Aranzadi, marzo de 2005, pág GÓMEZ ARELLANO, A., «Las participaciones preferentes. Naturaleza y régimen fiscal» Revista ESINE, Centro de estudios técnicos empresariales, año 2009, pág. 8. (vid. en 9
10 cautiva y sin voto. Sin embargo, DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 12 se distancia de esta línea que resalta su carácter híbrido, cuestionándolo en la medida en que, pese a la existencia de flujos de rendimiento prefijados, ante una situación de dificultad económica del emisor, termina por prevalecer su condición de instrumento de capital. Dentro de las PPR es posible realizar una clasificación diferenciando entre las PPR emitidas de forma directa y las emitidas de forma indirecta. Según VILLACORTA HERNÁNDEZ 13, las PPR emitidas de forma directa son instrumentos financieros híbridos de capital sin la consideración jurídica de acciones que son emitidas por empresas en el mismo mercado en el que actúan los inversores a los que se dirigen. Mientras que las PPR emitidas de forma indirecta, tampoco tienen la consideración jurídica de acciones pero utilizan filiales que operan en mercados diferentes al de los destinatarios. Éstas, por lo general, son emitidas en paraísos fiscales de influencia anglosajona. A nuestro juicio, para comprender la verdadera naturaleza de este producto financiero es preciso destacar las principales características de las PPR: a) Son valores emitidos por una sociedad, pero que no confieren participación en su capital social ni derechos políticos. Los titulares de participaciones preferentes no disponen de ninguna participación o derecho político en la empresa, ni ningún tipo de preferencia, ya que en caso de quiebra se sitúan por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados, siendo los penúltimos en cobrar. b) Ostenta carácter perpetuo y su rentabilidad no está garantizada. El titular no podrá solicitar en ningún caso la restitución de su valor nominal, es decir, no podrá recuperar la inversión salvo en los casos en que el emisor lo autorice. c) Pueden ser amortizadas por la entidad de crédito a partir de los cinco años, previa autorización del Banco de España. 11 ALONSO ESPINOSA F.J., «Participaciones preferentes y clientes minoristas de entidades de crédito», Diario La Ley,7 Jun. 2012, nº 7875, Sección doctrina, pág DOMINGUEZ MARTÍNEZ J.M., Las participaciones preferentes: ascenso, auge y declive, Cuadernos de información económica, nov-dic, 2012, nº 231, pág VILLACORTA HERNÁNDEZ M.A. Op. cit., pág
11 d) Se trata de un producto complejo y de riesgo elevado, de tal forma que puede generar tanto beneficios como pérdidas. La retribución pactada como pago de intereses se condiciona a la obtención de beneficios o reservas distribuibles en la sociedad emisora. e) No cotizan en bolsa, sino que se negocian en un mercado secundario organizado. La única forma de recobrar la inversión es la venta de las participaciones a inversores que entrarán como sustitutos en la titularidad de la participación, que no es reintegrada por la entidad. f) Su liquidez es limitada, no siendo siempre fácil recuperar el capital. Su venta debe realizarse en un mercado secundario, mercado de renta fija descentralizado y en ningún caso se garantiza, ni que se vaya a encontrar comprador, ni tampoco la recuperación del importe total invertido. g) En caso de insolvencia del deudor, los titulares de las mismas son los últimos en la prelación de créditos. Sus tenedores son los últimos inversores en cobrar, sólo por delante de los accionistas o cuota-partícipes. Además, en caso de quiebra de la entidad financiera emisora, no están garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, ya que no se consideran depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito. De esta manera, MÉNDEZ TOJO 14 concluye que estamos en presencia de un producto híbrido entre la renta fija y la variable, ya que no son deuda exigible y además considera que no se pueden considerar acciones, puesto que no otorgan derechos políticos. De modo que hay que considerar que se trata de un producto complejo, que requiere de unos conocimientos técnicos y una información detallada. A modo de síntesis, el Cuadro 1 ofrece una comparativa de las características básicas de las principales categorías de instrumentos financieros, a la vez que refleja cómo combina características de la renta fija y de las acciones. 14 MÉNDEZ TOJO, Ramón. Doctrina jurisprudencial sobre la nulidad de los contratos de adquisición de participaciones preferentes. Diario La Ley, 22 noviembre 2012, nº 7970, sección dossier. 11
12 A la vista de estas características, todas ellas negativas, el único dato positivo que es posible destacar, es que se trata de un producto altamente rentable en contexto de estabilidad. Ello nos lleva a reflexionar sobre el nombre en cuestión de las participaciones preferentes, ya que cabría pensar que se trata de un producto financiero que otorga un tipo de privilegio, mientras que conlleva todo lo contrario, asumir las pérdidas de la entidad emisora. En este sentido, ALONSO ESPINOSA ha criticado duramente la denominación de este producto, ya que considera que es un ejemplo de despropósito legal porque es una denominación engañosa por sí misma e inductora a confusión. 3.- Comercialización en España. Las PPR no son un producto nuevo, tienen su origen en 1998, produciéndose las importantes admisiones de títulos al mercado español de renta fija privada AIAF durante los años 1999 a 2004 y muy especialmente en 2009, lo que lo convierte en un problema actual con raíces lejanas. Sin embargo, no ha sido hasta la crisis económica 12
13 iniciada en 2007, cuando se han dejado ver los estragos que han causado, pues hay que recordar que las arriesgadas características de las PPR, no las convierten en un instrumento dañino per se, ya que en un contexto de estabilidad y solidez, son productos muy rentables. El motivo de que hayan aparecido estas consecuencias tiene su razón de ser en las circunstancias que rodearon su puesta a disposición 15 de los clientes. Así, con motivo de la necesidad de las entidades financieras de incrementar sus recursos financieros durante los años de la crisis, decidieron comercializar de forma masiva las participaciones preferentes, convirtiendo así en recursos propios los depósitos de los clientes que figuraban en el pasivo. De esta forma, se colocaron miles de PPR entre inversores minoristas, personas sin formación financiera y de perfil conservador, aprovechando la confianza de la que disponían por ser el banco de toda la vida. En general, los clientes confiaron en lo que su banco les recomendó, sin ser en la mayoría de los casos, plenamente conscientes de los riesgos que ello conllevaba. Mientras que los destinatarios de las PPR originales, eran grandes empresas con un gran volumen de capital, quienes podían asumir riesgos y afrontar los resultados negativos. La normativa vigente 16 exigía que en la formalización de esta inversión con clientes minoristas, se realizara un test de conveniencia a través del cual se pretendía conocer la experiencia inversora del cliente y si tenía conocimientos suficientes para comprender las características y riesgos que se asumían mediante la contratación de las PPR; y un test de idoneidad que permitía clasificar el perfil del inversor con relación a determinados niveles de riesgo y en su caso, advertir de la no conveniencia según el resultado de éste. 15 DE VIVERO DE PORRAS, Carmen. Comercialización a minoristas de participaciones preferentes, instrumentos de deuda convertibles y financiaciones subordinadas computables como recursos propios, en Reclamaciones frente a la comercialización de las participaciones preferentes, SANJUÁN Y MUÑOZ, E. y LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M., Ed. Bosch, Barcelona, 2013, pág. 352 y ss; FERNÁNDEZ BENAVIDES Miguel. Participaciones preferentes: aproximación al problema y primeras respuestas de la jurisprudencia civil. Revista Cesco de Derecho de Consumo, 2012, nº 4, estudios y consultas, págs. 28 y ss. 16 Tanto la normativa MIFID aplicable desde diciembre de 2007, como la normativa anterior que incorporaba un Código General de Conducta. 13
14 Sin embargo, existieron una serie de deficiencias en el proceso de comercialización que hicieron que el control preventivo deviniera inútil. Es por ello que ALONSO ESPINOSA 17 resalta que son dos los elementos fundamentales que han presidido la colocación de las PPR. Por un lado, la técnica de colocación de los valores que, en mayor medida ha sido directa y personal hacia los clientes minoristas de la entidad de crédito, a iniciativa de ésta y mediante empleo de su personal y oficinas; y por otro, la condición predominante de clientes minoristas de sus suscriptores, quienes, en general, mantenían una relación de confianza con el personal de la entidad de crédito emisora, confianza de la cual puede haberse abusado en no pocos casos o, al menos, puede haber quedado sorprendida la buena fe de tales clientes al quedar transformados en financiadores de riesgos quizá sin pretenderlo. En definitiva, lo que ha tenido lugar durante los últimos años en la comercialización de las PPR es un cambio en el destinatario de las emisiones, pasándose a comercializar con clientes minoristas, a pesar de la calificación de las PPR como productos complejos. Esta idea la recogió el Defensor del Pueblo 18, señalando que los inversores institucionales dejaron de mostrar interés por la compra de este tipo de productos, y es por ello por lo que las entidades de crédito incrementaron la comercialización entre minoristas. 4.- Normativa aplicable. Existen dos tipos de normativa en materia de las PPR, por un lado, la que regula el producto financiero como tal, y por otro, la referente a la comercialización de las PPR. 17 ALONSO ESPINOSA F.J., op. cit., pág. 1; ZUNZUNEGUI PASTOR, Fernando. Informe sobre la comercialización de participaciones preferentes entre clientela minorista. Elaborado para el Defensor del Pueblo, Madrid, enero DEFENSOR DEL PUEBLO Estudio sobre Participaciones Preferentes, Marzo 2013, pág. 20 (vid. en _Preferentes.pdf). 14
15 Las PPR como producto financiero aparecen reguladas en el artículo 7 de la Ley 13/1985 de 25 de mayo 19, en el que se establece que las PPR constituyen recursos propios de las entidades de crédito. Mediante la Ley 19/2003, de 4 de julio 20, se incorporó la disposición adicional segunda a la ley de coeficientes de inversión, determinando las condiciones para admitir como recursos propios de las entidades de crédito a los que denomina instrumentos de capital híbridos. Y por último, el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero 21, introdujo significativas modificaciones en la regulación de los recursos propios de las entidades de crédito. Por otro lado, la principal norma que regula la actividad comercializadora de las entidades oferentes de las PPR es la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en adelante LMV, es aplicable en virtud de la precisión que el artículo 2.h) realiza. El objeto de esta norma, tal y como establece el artículo 1, es la regulación de los sistemas de negociación de instrumentos financieros y establece los principios de su organización y funcionamiento, así como las normas relativas a los instrumentos financieros objeto de su regulación y a los emisores de esos instrumentos. Sin embargo, este objeto se ha visto ampliado a la conducta de quienes interviniesen en este mercado, mediante la imposición de deberes de conducta a quienes los ofrecieran. En esta norma se distinguen dos etapas diferenciadas, la primera comienza con la entrada en vigor del RD 629/1993, de 3 de mayo sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, y la segunda, comienza con la entrada en vigor de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que derogó el RD antes citado. Con el RD de 1993 se concretó un código de conducta de obligado cumplimiento en el que se enumeraban los principios que debían regir la conducta de los oferentes de productos financieros, presidiendo los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia. A su vez, destacó la importancia de que los bancos 19 Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, introdujo la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y modificada por el art.1.10 de la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se transpone a nuestro Derecho la Directiva 2009/111/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de Ley 19/2003, de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. 21 Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. 15
16 suministraran a la clientela toda la información de una manera clara, correcta, precisa y suficiente basada en criterios objetivos. Mientras que mediante la Ley 47/2007, se transpuso a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/39 CE 22, conocida como MIFID, con el objetivo de combatir las deficiencias en la emisión de PPR y de reforzar la protección de la clientela a través del incremento y mejor definición de los deberes a cargo de las entidades financieras. Así, con la nueva regulación se profundizó en la protección a la clientela, a través del incremento y mayor precisión de las obligaciones de las entidades financieras en cuanto a mejorar los niveles de información que deben suministrar a los inversores. En este sentido, el art.63.1.g) LMV incluye entre los servicios de inversión el asesoramiento, entendiendo por tal la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de los servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. Por el contrario, no incluye las recomendaciones genéricas de carácter comercial. Entre esas normas de conducta que se impusieron a las entidades de crédito, destaca la obligación de clasificación de los clientes en función de sus conocimientos financieros, y así, el art.78 bis LMV introdujo la distinción entre clientes profesionales y minoristas, al objeto de imponer a las entidades unos deberes de conducta diversos en función de cada clase de cliente. El art.79 LMV dispone que las entidades que prestan servicios de inversión se tienen que comportar con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales inversiones como si fueran propias. Y por último, el art. 79 bis reguló de modo exhaustivo los deberes precontractuales de información frente al cliente no profesional en la fase previa a la celebración del contrato, debiendo asegurarse de los conocimientos, experiencia financiera y objetivos perseguidos por el cliente, mediante una evaluación de conveniencia o idoneidad. Esto es, deberían dirigirse a la naturaleza 22 Directiva 2004/39 CE, sobre mercados de Instrumentos Financieros, desarrollada por medio del RD 217/2008, de 15 de febrero sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las entidades que prestan servicios de inversión. 16
17 del cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a prestar y al tipo de producto o transacción previstos, incluyendo la complejidad y los riesgos inherentes 23. También la reciente Ley 9/2012 de 14 de noviembre 24, en su disposición adicional decimotercera ha introducido algunas limitaciones para la comercialización entre clientes o inversores minoristas de nuevas emisiones de PPR, exigiendo el cumplimiento de dos requisitos específicos adicionales. Por último, y como preceptos que aunque en menor medida, rodean la comercialización de las participaciones preferentes, encontramos las disposiciones de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, ya que en el ámbito financiero el contenido de los contratos se encuentra predeterminado por el oferente e incluido en condiciones generales. Además, en cuanto a que el inversor suele tener la consideración de consumidor o usuario, son aplicables las cláusulas del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En conclusión, y como aduce ZUNZUNEGUI 25, el marco legal se basa en la transparencia y en la adecuación del producto al perfil del cliente. Sin embargo, las terribles repercusiones que hoy en día conocemos, se habrían evitado de haberse aplicado el marco legal correctamente y suprimiendo la comercialización de PPR entre inversores minoristas por ser un producto inadecuado para sus intereses. 23 PRATS ALBENTOSA L. Participaciones preferentes: productos para profesionales en manos de consumidores. Diario La Ley, 22 de noviembre de 2012, nº 7970, sección tribuna. 24 Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 25 ZUNZUNEGUI F., Op, cit., pág
18 II. EL DEBER DE INFORMACIÓN 1.- El deber de información en la contratación de PPR. FERNANDO GOMÁ 26 explica que leer un contrato de este tipo de productos financieros es tarea ardua, y ello por una serie de motivos; a) por la intrínseca dificultad del propio negocio, b) por la deficiente redacción del texto, c) por la existencia de términos o conceptos negociales que no se explican en el propio contrato, o de datos que se concretan a posteriori. Por ello, parece razonable que estar en disposición de una correcta información en el momento de la celebración del contrato, es esencial para que se conforme correctamente el proceso volitivo del negocio jurídico. Así, dicho autor afirma que el consumidor financiero necesita una información adecuada, que no es sinónimo de abundante, sino de precisa y comprensible. Motivo por el que se ha avanzado mucho en el terreno del derecho a la información del inversor de productos financieros. Sin embargo, la cuestión que cabe plantearse es la siguiente, cómo se sabe si el cliente conoce el alcance y efectos de las PPR que va a contratar? A esta pregunta CHAVES RIVAS 27, propone que sean los notarios los que controlen la existencia de una adecuada información acerca de las consecuencias del contrato, puesto que la intervención notarial no solo confiere a lo documentado fehaciencia en cuanto a los sujetos, fecha, o a las manifestaciones realizadas, sino que realiza un control de la legalidad del contenido además de controlar la existencia de una adecuada información acerca de las consecuencias del contrato. Por todo ello, se garantiza el respeto de los derechos básicos de los consumidores y usuarios de prestación del consentimiento libre e informado, además de que su redacción sea clara y precisa, sin términos oscuros ni ambiguos. 26 GOMÁ, LANZÓN F. La necesidad del cliente financiero de una información adecuada. Revista Consumo. Escritura Pública. 2012, nº 77, pág CHAVES RIVAS, Antonio. Instrumentación y formalidades en la emisión de participaciones preferentes. Derecho de información. Reclamaciones frente a la comercialización de las participaciones preferentes. Bosch, Barcelona, 2013, pág
19 Esta línea argumentativa cobra mayor importancia en los supuestos que se desarrollan en el ámbito financiero, puesto que la cultura financiera de los ciudadanos en España no es excesiva, y esto unido al interés especial que tiene la propia entidad financiera en alguno de los productos por los beneficios que le pueda reportar, pone de relieve la necesidad de proyectar la información más allá del momento previa a la celebración del contrato. La importancia de la información para prestar un consentimiento informado y libre la han dejado patente nuestros tribunales, como es el caso de la SAP de Asturias en sentencia de 27 de enero de 2010, en la que expone cómo el derecho a la información en el sistema bancario y a la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema bancario como tutelar los sujetos que intervienen en él, principalmente, a través tanto de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, como en la fase contractual, mediante la documentación exigible. En los últimos años se ha avanzado mucho, destacando el hincapié que ha hecho la normativa en este deber de información, y en concreto la Directiva MIFID, que según ALONSO ESPINOSA 28, confirma la insuficiencia de la información reglada, y pone de manifiesto la necesidad de articular un sistema que implique a las entidades prestadoras de servicios de inversión, dando especial relevancia a los principios de transparencia, claridad, cuidado y deber de dar a la clientela la información necesaria de una forma clara, precisa, correcta y suficiente. Estos principios, junto con la necesidad de clasificar a los clientes 29, en inversores minoristas o inversores profesionales, en función de sus conocimientos financieros previos a la perfección del contrato, han supuesto un esfuerzo de conocimiento de los clientes, una segmentación en función de su perfil de riesgo y una 28 ALONSO ESPINOSA, F. op. cit., pág Inversores minoristas son todos aquellos clientes que no puedan incluirse en la definición que se cita a continuación de clientes profesionales o contrapartes elegibles. Los inversores profesionales son aquellos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos. (Art.78 bis LMV) 19
20 formación de una red comercial para adecuar los productos y servicios ofrecidos a las características particulares de cada uno de los clientes. De modo que según PRATS ALBENTOSA 30, la entidad bancaria debe atender: a) en primer lugar, a los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con los que esté familiarizado el cliente; b) además, a la naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente sobre instrumentos financieros y el período durante el que se hayan realizado; c) por último, al nivel de estudios, la profesión actual, y en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten relevantes. Por ello, la entidad financiera ha de suministrar al cliente una información completa, clara, precisa y comprensible para que entienda el producto que va a contratar y así valorar si satisface sus necesidades. Además, de este deber se pueden diferenciar dos aspectos 31 : uno negativo que consiste en abstenerse de dar información errónea, y uno positivo que supone transmitir toda la información exigible. Sin embargo, para adecuar esta información a sus conocimientos, ya el art. 4 del código de conducta del RD 629/1993, establecía la obligación de proporcionar toda la información de la que dispusieran y que pudiera ser relevante para la adopción de la inversión, haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, y por otro lado, la necesidad de realizar unos test a los clientes para conocer la adecuación del perfil del cliente al producto ofrecido. En concreto, el test de conveniencia ha de hacerse cuando se preste un servicio de inversión, y el test de idoneidad, cuando el servicio sea de asesoramiento. Así pues, el deber de información tiene un papel fundamental en la contratación de las PPR, ya que nos permite saber si el inversor habría o no contratado si se hubiese informado correctamente. De este modo se pone de manifiesto la relación de causalidad existente entre la obligación de información y la formación del consentimiento. Por ello, cabe afirmar que la información es el arma de que dispone el inversor para hacer frente 30 PRATS ALBENTOSA L., Op. cit.; Pág ZURILLA CARIÑANA, Mª Ángeles. El derecho de información del consumidor en los contratos con consumidores y usuarios. Centro de Estudios de Consumo (vid. en /comentarios/8.pdf). 20
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References: resolución 
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 artículo 7
 artículo 2
 artículo 1
 Real Decreto 
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