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Timestamp: 2019-07-18 11:36:07+00:00

Document:
STS 985/2018, 28 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 752864117
Número de Recurso: 3902/2016
Número de Resolución: 985/2018
SALARIOS DE TRAMITACIÓN. AUTO DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA. El Auto de aclaración de una sentencia no es más que una prolongación de la misma, la subsanación de una omisión o de un defecto de expresión o de un error material, y por ello forma unidad indisoluble con la sentencia que aclara, la cual no puede considerarse, en puridad, correctamente emitida hasta que dicha aclaración ha sido satisfecha. Por ello, los salarios de tramitación deben extenderse hasta la notificación del Auto aclaratorio de la sentencia. Y ello puede ocurrir incluso si la aclaración es denegada, siempre que no se haya demandado la misma con voluntad dilatoria, es decir, que no concurra un fraude procesal. Se estima en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina.
Con fecha 2 de mayo de 2016, el Juzgado de lo Social nº 5 de San Sebastián, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:
- Se desestima las demandas de despido, resolución de contrato de trabajo y de reclamación de cantidad frente al demandado José.
- Se desestima la demanda reconvencional formulada por José frente al demandante."
En el hecho probado 1º de la sentencia, indicar que el contrato de arrendamiento se suscribió por el representante de la propiedad Plácido.
En el hecho probado 2º aclarar que la expresión correcta de parte de ese hecho es como sigue: "...el cambio de titularidad del bar Vizcaya se realiza sin extinción de los contratos de trabajo de los operarios de la empresa...".
En el hecho probado 3º, a las cantidades adeudadas que allí se señalan se debe de añadir la correspondiente al mes de noviembre de 2015, por importe de 2.586,47 euros.
En el apartado 1º del fallo de la sentencia se aclara que se condena al demandado al abono de la cantidad de 13.659,65 euros, más el 10% de dicha suma desde la fecha de devengo de la misma."
Contra la anterior sentencia, la representación letrada de D. Isaac formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictó sentencia en fecha 27 de septiembre de 2016, en la que consta el siguiente fallo:
Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la representación procesal de D. Isaac interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 6 de abril de 2016, rcud. 3645/2014 para el primer motivo del recurso; con la dictada por la Sala de lo Social del TSJ del Principado de Asturias de fecha 6 de junio de 2014, rec. suplicación 1096/2014 para el segundo motivo, y la dictada por esta Sala de lo Social del TS, de fecha 17 de febrero de 2014, rcud. 444/2013 para el tercer motivo del recurso.
Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de considerar procedente el recurso. Se señaló para la votación y fallo el día 20 de noviembre de 2018, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.
1.- La cuestión que se plantea consiste en determinar : a) Si a efectos de determinar el importe de los salarios dejados de percibir ha de tenerse en cuenta como límite la fecha de la sentencia, o la del auto de aclaración que en su caso se dicte en relación a aquella; b) Si la existencia de un contrato de arrendamiento de negocio entre dos empresarios, permaneciendo el trabajador vinculado con el segundo, implica en todo caso la responsabilidad solidaria de ambos en la exigencia de responsabilidades por incumplimiento de sus obligaciones laborales por parte exclusivamente del arrendatario; c) y por último, si cabe en suplicación rechazar la revisión del relato de hechos probados si la Sala los considera intrascendentes.
- La sentencia de instancia había estimado la demanda del trabajador frente a Landelino, y declaró improcedente el despido, condenando a la demandada a optar entre la readmisión del demandante o el abono de la indemnización de 123.218,88 euros, y asimismo, estimó la demanda frente Landelino condenando al demandado a que abone al demandante la suma de 11.073,18 € más el 10% de dicha suma desde la fecha del devengo de la misma. Se desestiman las demandas de despido, resolución de contrato de trabajo y de reclamación de cantidad frente al demandado José y la reconvencional formulada por José frente al demandante.
Constan acreditados los siguientes datos de interés: a) El demandante prestaba servicios desde agosto de 1984, primero para la empresa Arturo Narvaiza Ochoa, y a partir del 1 de diciembre de 2014 por cambio en la titularidad de el negocio, del Sr. José al Sr. Landelino, para este último. La categoría del demandante es la de encargado general; b) El 30 de noviembre de 2014 se resolvió el contrato de arrendamiento del inmueble en el que se desarrollaba el negocio (Bar Vizcaya) suscrito entre su propietario y el demandado Sr. José, celebrándose también un contrato de cesión de mercancías y asunción de obligaciones entre el Sr. Landelino y el Sr. José, el 1 de diciembre de 2014 y contrato de arrendamiento de garaje y trasteros entre las mismas partes. El 15 de noviembre de 2014 el demandado Sr. José comunicó al demandante que el 1 de diciembre siguiente cambiaba la titularidad a favor de Landelino y que el nuevo empresario se subrogaba en la posición del anterior; c) La licencia del establecimiento ha seguido constando a nombre del Sr. José hasta el 29 de diciembre de 2015 en que solicitaron el cambio en el Ayuntamiento. El codemandado Sr. José no adeuda al demandante ninguna cantidad correspondiente a el ejercicio de el año 2014; se adeudan al demandante cantidades correspondientes a la paga de verano de 2015, salarios de septiembre, octubre, noviembre y 5 días de diciembre de 2015, así como la paga de navidad de ese año, 11 días festivos no disfrutados, por un importe total de 13.659,65 euros y se alegan retrasos en el abono de salario no superiores a los 9 a 11 días; d) El 5 de diciembre de 2015 el demandado Sr. Landelino, remite al trabajador carta de despido disciplinario, impugnando el demandante este despido mediante demanda que se ha acumulado a este proceso.
- Formulado recurso de suplicación por el trabajador, la Sala de lo Social del TSJ País Vasco lo estima en parte, declarando la extinción de su contrato y su derecho a percibir la correspondiente indemnización, y en cuanto a momento final de devengo de salarios de tramitación, manifiesta que procede estimar la pretensión de abono de los salarios hasta la fecha de la sentencia, porque el despido del 5 de diciembre de 2015 se declaró improcedente y al no constar en las actuaciones que la empresa hubiera ejercitado en plazo su opción por la indemnización, se entiende que optó por la readmisión, extendiéndose los salarios desde el 5 de diciembre de 2015 hasta la sentencia de instancia, de 2 de mayo de 2016 , por haberlo pedido así la parte actora, pero no, aunque también lo solicitó, hasta la fecha del auto de aclaración, porque nada tenía que ver lo aclarado con este extremo.
- Por el demandante se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la referida sentencia, articulando tres motivos de recurso en los términos que se dirá.
1.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". Así lo manifiestan numerosísimas sentencias, como las de 31 de enero de 2017 (rcud 2147/2015), 30 de marzo de 2017 (rcud 3212/2015), 31 de mayo de 2017 (rcud 1280/2015) y 5 de julio de 2017 (rcud 2734/2015)
- En el caso, recurre el demandante en casación para la unificación de doctrina, articulando tres motivos de recurso que coinciden con tres pretensiones ya formuladas en su recurso de suplicación:
La referencial argumenta en este caso que se ha acudido a las previsiones del despido objetivo como norma de cobertura para evitar la aplicación de la norma de sucesión de empresa, para evitar las consecuencias laborales de una transmisión, constituyendo ello un supuesto de fraude de ley a pesar de que la gasolinera hubiere dejado de expender carburantes cuando se produjo el despido, porque tal circunstancia había venido propiciada por la negativa de Repsol de continuar con el suministro de carburante y su voluntad de no subrogarse en los contratos de los trabajadores que prestaban servicios en la estación de servicio. La arrendataria acudió a la fórmula del despido objetivo con el fin de evitar la penalización derivada de la aplicación de la cláusula quinta del contrato -que imponía al arrendatario la cancelación de las relaciones laborales existentes al tiempo de la extinción del contrato-, cláusula que la referencial considera fraudulenta, y por ello nula, por lo que finalmente no puede impedir la aplicación del art.44 ET al tratarse de una unidad económica autónoma susceptible de ser explotada económicamente; conduciendo todo ello a la declaración de responsabilidad de las dos empresas directamente implicadas en la transmisión del centro de trabajo con infracción de las previsiones contenidas en aquel precepto legal.
La finalidad y fundamento de esta exigencia de análisis pormenorizado o relación precisa o circunstanciada de la contradicción alegada es la garantía de defensa procesal de la parte recurrida, de suerte que ésta pueda apreciar con claridad los términos de un debate que dista mucho de ser simple, al consistir en la comparación de sentencias en la integridad de sus elementos. El análisis o argumento de contradicción ha de consistir, no ya y no sólo en un examen de las doctrinas en que se apoyan las sentencias comparadas, lo que podría corresponder también a la argumentación de infracción legal, sino, sobre todo, de una comparación de las controversias concretas objeto de enjuiciamiento. La comparación de las controversias comporta normalmente un examen individualizado y pormenorizado de los hechos, los fundamentos, pretensiones y decisiones de las sentencias comparadas, dependiendo el detalle exigible de la argumentación del grado de complejidad y casuismo de la cuestión planteada. El análisis de la contradicción de sentencias exige, en su caso, expresar por qué no son relevantes para el correspondiente juicio de contradicción aquellas diferencias entre las sentencias comparadas que en una primera aproximación puedan plantear dudas sobre la concurrencia de este requisito. Así lo ha venido entendiendo esta Sala, entre otras, por citar las más recientes, en SSTS de 24/09/2012 (R. 3643/2011), 25/11/2013 (R. 2797/2012), 24/02/2014 (R. 732/2013).
En todo caso, la estimación o desestimación de los motivos de un recurso de suplicación, en que se pretende la revisión de los hechos declarados probados en la resolución de instancia, con base en el art. 193.1 LRJS [antes 191-b) LPL], depende de los hechos que se pretenden rectificar o adicionar y de los específicos documentos o pericias en que tal revisión se apoye, así como el vigor probatorio de estos en relación con esos hechos (sin que sea admisible la prueba testifical). Por ello, es sumamente difícil que se produzca contradicción entre sentencias sobre este punto o cuestión; siendo indiscutible que cuando no hay proximidad de ningún tipo entre tales hechos, ni entre los medios probatorios de las respectivas revisiones no puede apreciarse, en absoluto, la concurrencia de contradicción (Autos de 15-6-2015 (R. 45/2015) y 27-4-2011 (2178/2010)].
En definitiva, procede entrar en el examen del motivo primero de recurso, único respecto al que se ha admitido el recurso.
"En el presente caso, por lo que respecta a si concurre o no el supuesto determinante del nacimiento de la obligación del Estado de abonar los salarios reclamados, se ha de responder afirmativamente en cuanto que la fecha final que debe ser considerada es la del auto de aclaración y no la data de la sentencia. Téngase presente que tal y como señalaba el Auto del Tribunal Supremo de 7.1.2000 el artículo 407 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que "en los casos en que se pida aclaración de una sentencia conforme a lo prevenido en el art. 363, el término para interponer el recurso que proceda contra la misma Sentencia se contará desde la notificación del auto en que se haga o deniegue la aclaración". Y dicho auto, además, se hacía eco de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 32/1996 cuando decía: "... el Auto de aclaración -o rectificación- que se regula en el art. 267 LOPJ está llamado a integrarse en la resolución originaria con la que se viene a formar un todo, hasta el punto de que los plazos para recurrirla se computan precisamente desde la notificación del Auto de aclaración - y hoy de rectificación- ( art. 407 LECiv ). La doctrina constitucional viene destacando, en esta línea, la naturaleza "puramente accesoria" del Auto de aclaración ( STC 142/1992 )..." (en la misma línea, las SSTC 38/1990 , 73/1991 y 31/1992 . De otro lado, no puede calificarse de extemporánea tal alegación por el hecho de que la parte demandante no lo hubiera aducido hasta el acto del juicio y no en su demanda puesto que no se trata de un dato fáctico sino de la aplicación de preceptos legales a partir de datos incontrovertidos, cuales son las fechas en que se sucedieron las actuaciones procesales relevantes a los presentes efectos".
Por cuanto antecede, y de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación en parte (respecto al motivo primero) del recurso de casación para la unificación de doctrina, revocando en parte la sentencia recurrida, en el único sentido de fijar los salarios dejados de percibir desde el 5 de diciembre de 2015 hasta la fecha de la notificación del auto de aclaración de la sentencia de instancia de 18 de mayo de 2016, manteniendo inalterados los restantes pronunciamientos que contiene. Sin pronunciamiento sobre las costas ( art. 235 LRJS).
- Estimar en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Dña. Mª Juncal López Aranjuelo, en nombre y representación de D. Isaac, frente a la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso de suplicación número 1738/2016, interpuesto por el mismo frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de San Sebastián, en autos 721/2015, seguidos a instancia de D. Isaac, contra D. José, D. Landelino y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL sobre Extinción de contrato, reclamación por daños y perjuicios y Despido.
- Casar y revocar en parte dicha resolución, en el único sentido de fijar los salarios dejados de percibir desde el 5 de diciembre de 2015 hasta la fecha de la notificación del auto de aclaración de la sentencia de instancia de 18 de mayo de 2016, manteniendo inalterados los restantes pronunciamientos que contiene.
STS 1116/97, 11 de Diciembre de 1997
SAP Vizcaya 212/2012, 16 de Mayo de 2012

References: resolución 
 resolución 
 artículo 219
 resolución 
 resolución 
 artículo 407
 resolución