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Timestamp: 2017-06-27 08:51:09+00:00

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[Sentencia C-335/10]- Constitucionalidad contra el artículo 26 de la ley 1121 de 2006- normas para la prevención y sanción de la financiación del terrorismo
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Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil diez (2010) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jairo Ardila Espinosa demanda en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, “por la cual se dictan normas para la prevención, detección investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, por considerar que el precepto mencionado vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución.
2. La demanda. A juicio del actor la disposición demandada vulnera el principio de igualdad y debido proceso.
Respecto de la vulneración al debido proceso afirma el actor que “al prohibirse los preacuerdos no ha –sic- posibilidad de establecer ni el delito ni las consecuencias, que también le son propias a la figura del allanamiento a cargos, el procesado tiene derecho a renunciar a un juicio dentro del marco de la ley 906 de 2004, pero no lo puede hacer porque la ley 1121 de 2006 le prohíbe hacerlo o le impide su intervención ya que no tiene descuento alguno debiendo entonces agotarse todas y cada una de las etapas del proceso penal, que no es el esquema del debido proceso penal de ley 906, se viólale debido proceso art. 29” –folio 26-. De la misma forma, para el actor constituye una vulneración al debido proceso “al no permitir que sea el juez de garantías quien establezca la necesidad de la imposición de las medidas de aseguramiento y la sustitución del mismo, porque la ley de manera objetiva le impone una obligación y no una carga argumentativa al funcionario que por efecto de la misma Constitución está destinado a resolver el asunto en justicia” –folio 26-. Son estas las razones que sustentan la acusación del actor.
Posteriormente el concepto cita in extenso la sentencia C-762 de 2002, que sirve para sustentar la conclusión final en el sentido de encontrar sin fundamentos los cargos de inconstitucionalidad 2. Intervención de la Fiscalía General de la Nación
El concepto del Ministerio Público encuentra que, no obstante la poca claridad del escrito de corrección de la demanda, en virtud del principio pro actione es viable extraer dos cargos de constitucionalidad que se enunciar de la siguiente forma:
i.	Desconocimiento del principio de igualdad.
ii.	Vulneración del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
En segundo lugar considera que no es dable que las personas que afectan derechos de sus conciudadanos argumenten la protección de los mimos derechos que ellos arrebatan a otros –folio 77-.
i.	La violación del principio de igualdad, que se presenta en virtud de una discriminación respecto de los otros delitos juzgados bajo el procedimiento previsto en la ley 906 de 2004, por cuanto las conductas incluidas en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006 recibirían un tratamiento procesal diferente a los demás delitos juzgados bajo el marco establecido por el Código de Procedimiento Penal de 2004; y
ii.	La violación del derecho al debido proceso, por cuanto “al prohibirse los preacuerdos no ha –sic- posibilidad de establecer ni el delito ni las consecuencias, que también le son propias a la figura del allanamiento a cargos, el procesado tiene derecho a renunciar a un juicio dentro del marco de la ley 906 de 2004, pero no lo puede hacer porque la ley 1121 de 2006 le prohíbe hacerlo o le impide su intervención ya que no tiene descuento alguno debiendo entonces agotarse todas y cada una de las etapas del proceso penal, que no es el esquema del debido proceso penal de ley 906, se viólale debido proceso art. 29”
Respecto de la acusación por violación del artículo 29 de la Constitución observa la Sala que la misma no contiene un verdadero cargo, puesto que no se plantea una contradicción cierta y específica entre el precepto legal y la disposición constitucional presuntamente desconocida. En efecto, el contenido que se desprende del artículo 29 consagra las garantías esenciales que deben respetarse a las partes involucradas en una disputa jurídica, no importando cuál sea el específico régimen procesal que rige la disputa; es decir, el contenido del debido proceso, tal y como lo consagra el artículo 29 de la Constitución, es exigible de todos los regímenes procedimentales previstos por las distintas jurisdicciones. Contrario sensu, el contenido del debido proceso no se restringe o no se predica únicamente del procedimiento penal acusatorio. Esto lo confirma el hecho que al introducirse el sistema penal acusatorio por medio del acto legislativo 03 de 2002, la Constitución no sufrió ningún cambio en relación con el artículo 29 –el cual tiene idéntico contenido desde 1991-, pues el mismo resultaba compatible tanto con el nuevo régimen procesal que se quería implantar, como con el sistema inquisitivo, vigente hasta ese momento.
Esta razón es la que lleva a la Sala a concluir que en el presente caso la acusación hecha respecto del artículo 29 carece de especificidad y de certeza, por cuanto no se encuentra relación entre el sentido que se deriva de la disposición legal y el precepto constitucional señalado como objeto de vulneración y, en consecuencia, que en la acción interpuesta no se presenta cargo respecto de la vulneración del debido proceso, tal y como lo consagra el artículo 29 de la Constitución. Recuerda la Sala que respecto de las acusaciones en acciones de inconstitucionalidad se ha dicho que “las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda ” . Por lo antes dicho, y ante la inexistencia de cargo por vulneración del derecho al debido proceso –art. 29 Constitución Nacional-, la Sala hará referencia únicamente al cargo que acusa el precepto acusado de vulnerar el derecho de igualdad.
En efecto, aunque el actor presenta múltiples consideraciones respecto del principio de igualdad que no constituyen cargo alguno, plantea que con la exclusión de subrogados penales “se hace un trato desigualitario a los procesados por delitos de que trata la ley a –sic- no permitir más allá de factores objetivos la sustitución de la medida de aseguramiento y la sustitución de la prisión domiciliaria, violando la Constitución en el art. 13 y 29 C:N.” –folio 25-. Por lo antes expuesto, en esta ocasión la Sala encuentra que existe cosa juzgada respecto del cargo propuesto contra el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, resuelto en la sentencia C-073 de 2010 en la que se declaró su exequibilidad, y en la que, respecto del derecho de igualdad, se expresó
“Como se ha explicado, de manera reiterada , la Corte ha considerado que el legislador puede limitar la concesión de beneficios penales, en función de la gravedad de las conductas delictivas que busca combatir. De allí que se hayan declaradas ajustadas a la Constitución diversas medidas encaminadas a endurecer el sistema procesal penal, muy semejantes, por lo demás, a las establecidas en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.
‘Respecto del cargo, la Corte observa lo siguiente: la disposición acusada en esta ocasión prevé que cuando se cometan delitos dolosos de homicidio o lesiones personales, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no procederán los beneficios administrativos para el procesado, salvo los beneficios por colaboración, cuando la misma sea efectiva. ‘El demandante afirma que a dicha disposición le son aplicables las consideraciones hechas en la Sentencia C-1112 de 2000 y transcribe el aparte que considera aplicable.
‘No obstante, leídos la disposición estudiada por la Sentencia C-1112 de 2000, así como el texto de la providencia, esta Corte tiene en claro que la discusión que tuvo lugar en la citada providencia no sirve de sustento al punto aquí planteado. ‘En efecto, en dicha ocasión, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 228 de 1995 que prohibía la acumulación de rebajas de pena por más de la mitad de la sanción en casos de contravenciones especiales. La Corte consideró que dicha prohibición era inconstitucional en tanto la misma no aplicaba en caso de delitos. Las reflexiones de la Corte se dirigieron a deslegitimar la severidad de trato que el legislador dio a las contravenciones respecto de los delitos y a considerar que tal desequilibrio conllevaba vulneración de principios como el debido proceso, la dignidad y la igualdad. Finalmente, la Corte advierte que la imposibilidad de acumular rebajas de pena atenta contra la resocialización del contraventor.
‘Ahora bien, el demandante sostiene, sin argumento adicional, que la negativa de reconocimiento de beneficios administrativos impide resocializar y reeducar al delincuente. Esta acusación no tiene fundamento jurídico independiente al de la cita jurisprudencial y no desarrolla de manera completa el cargo de inconstitucionalidad, por lo que la Sala considera que, respecto del mismo, la acusación no cumple con la exigencia de suficiencia exigida por la jurisprudencia constitucional. ‘En efecto, la Corte Constitucional ha dicho en su jurisprudencia que los cargos de inconstitucionalidad, además de otras consideraciones de orden sustantivo, deben ser suficientes, esto es, deben exponer de manera completa en qué consiste la violación constitucional, de manera que el juez constitucional abrigue una duda mínima sobre la ilegitimidad del precepto acusado. (…)
‘En el caso concreto, el demandante no elabora con sentido completo el cargo de inconstitucionalidad, pues además de que se basa en una sentencia que sólo tangencialmente es pertinente a la discusión aquí presentada, se limita a decir que la eliminación de los beneficios administrativos –sin establecer cuáles son éstos- impide la resocialización de la pena. No existe ninguna justificación en la demanda que haga referencia a cuáles de dichos beneficios son indispensables para la resocialización del reo y de por qué su eliminación impide que se cumpla con el papel de reivindicación social. ‘Así las cosas, la Sala considera que el cargo formulado contra la norma es sustancialmente inepto y no habilita a la Corporación para emitir un pronunciamiento de fondo a su respecto. De cualquier manera, no dar explicación alguna acerca de por qué la negativa de reconocimiento de beneficios administrativos involucra la violación del derecho a la resocialización del individuo se traduce, simplemente, en falta de formulación del cargo de inconstitucionalidad. ‘La Sala debe precisar que no es función del control de constitucionalidad que la Corte elabore de oficio los cargos por violación de las normas constitucionales, ya que es una carga del demandante plantear en qué sentido y en qué condiciones se da la violación del principio constitucional defendido.’
“Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa al momento de diseñar el proceso penal, y por ende, de conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al juez constitucional determinar qué comportamiento delictual merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, más severo que otro, decisión que, en un Estado Social y Democrático de Derecho, pertenece al legislador quien, atendiendo a consideraciones ético-políticas y de oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de ejecutarlas . En efecto, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional. ‘En el caso concreto, la demandante sólo alega la violación al derecho a la igualdad tratando de establecer una comparación entre diversos delitos, sin contar con el segundo elemento que configura el margen de discrecionalidad del legislador, tal y como se ha explicado. Por tal razón, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar.” En consideración a que existe identidad en el cargo por vulneración del principio de igualdad por parte del artículo 26 de la ley 1121 de 2006, y el mismo es íntegramente analizado en la sentencia C-073 de 2010 –que declaró exequible por el cargo estudiado el artículo 26 de la ley 1121 de 2006-, en la presente ocasión la Sala Plena ordenará estarse a los resuelto en la providencia mencionada. En este orden de ideas, la Corte considera que el cargo de inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad, no está llamado a prosperar.

References: artículo 26
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 artículo 241
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 artículo 29
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 artículo 26
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 artículo 37
 artículo 26
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