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Timestamp: 2020-02-28 22:12:47+00:00

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* Es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de su facultad propia y que tiene por objeto facilidad la exacta Observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo
* Es un acto unilateral de voluntad que establece normas jurídicas generales y obligatorias para regular situaciones impersonales, abstractas u objetivas, que generalmente emana del Poder Ejecutivo, pero puede provenir de órganos que actúan dentro de su órbita, o de los que pertenecen a los otros poderes del Estado, siempre que ésta facultades les haya sido especialmente atribuida.
*Colección de órdenes y reglas impuestas por autoridad competente.
*Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio.
Dentro de las ideas de relacionar el concepto de reglamento con el de la ley, se ha sostenido que entre ambos existe una profunda diferencia, porque la ley se expide en el ejercicio de una soberanía más radical, más absoluta, mientras que el reglamento se expide en virtud de una competencia mas limitada.
Concepto: Los denominamos en plural porque de lo contrario parecería que hay uno solo. Cierto que el más conocido es el que expide el Presidente de la Republica, pero también los hacen el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los gobernadores de los estados, los presidentes de los municipios y hasta los organismos descentralizados y desconcentrados federales y locales.
Se pueden establecer dos categorías de reglamentos: a) privados y b) públicos.
Privados: Son los expedidos por asociaciones o sociedades de particulares que rigen o regulan la vida de los socios o asociados como sucede en clubes deportivos, de caza, pesca, futbol, golf o en las academias de danza, literatura, medicina, investigación científica o en las agrupaciones de profesionales, artistas, religiosos, en donde hay un estatuto o reglamento que previene cuales son sus derechos y cuales sus obligaciones, además de sanciones en caso de que se incurra en violaciones al propio reglamento. Se fijan en el los órganos de dirección, vigilancia, sanción; se prevé la periodicidad de reunión de los socios, sus responsabilidades, y en especial el objeto y fines del organismo privado.
De esta manera, el reglamento privado se convierte en un acto cuya obligatoriedad se circunscribe el ámbito de los socios o asociados, pero se le llama reglamento. Es un acto fruto de la voluntad de los socios fundadores, al que se someten por voluntad propia los fundadores, al que se someten por voluntad propia los socios no fundadores. Pero la vida de estos organismos privados no sólo rigen por cánones de derecho privado; la ley o el reglamento administrativos suelen imponerle reglas de conducta.
Interesa o debe interesar al Estado el comportamiento y acciones de tales organismos, que con frecuencia trascienden socialmente.
Públicos: El clásico es el que expide el Presidente de la República, con base en la fracción I del artículo 89 constitucional; es el reglamento administrativo federal, prolífico y de continuo quehacer para el juicio de amparo.
Del Poder Ejecutivo o de cualquier otro órgano público, el reglamento es un acto general, abstracto, obligatorio y coercible que provee a la aplicación de la ley del órgano legislativo. Si se aplican los dos criterios, formal y material, que sirven para determinar la naturaleza administrativa, jurisdiccional o legislativa de los actos del Estado, el reglamento será formalmente -órgano público de donde proviene- acto administrativo si lo expide el Ejecutivo; jurisdiccional si viene del Judicial y legislativo si lo hacen las cámaras legislativas. Es ley el reglamento, materialmente -según la naturaleza intrínseca del acto y no del órgano-, pues reúne las características o elementos esenciales de la ley: generalidad, abstracción, obligatoriedad y coercibilidad.
Objeto: El papel que desempeña el reglamento administrativo federal, que expide el Ejecutivo federal, se precisa en el texto de la fracción I del 89, que reza: “Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. El texto transcrito no habla de reglamentos, pero la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia son unánimes al interpretarlo cuando se refiere a “ejecutar las leyes”; aquí, sostienen, está la facultad del presidente para emitir reglamentos. En la práctica así sucede, sin discusión. Desde su origen, en consecuencia, siempre se ha establecido que el presidente es el único que puede expedir reglamentos y para una sola cosa: para ejecutar las leyes del Congreso de la Unión o sea para facilitar su aplicación. Esta es la función que cumple el reglamento: hacer posible la aplicación concreta de la ley. El reglamento del Presidente siempre se subordina al texto de la ley. O sea, no hay reglamento sin ley, porque el expedido por el presidente de la República, según el precepto transcrito, no tiene otro fin que hacer factible la aplicación de la ley: ese es su objetivo específico.
Jerarquía: Es indiscutible, el reglamento no puede rebasar el contenido de una ley creando situaciones que ésta no recoge. Cuando se produce un reglamento se tiene perfectamente delimitado el terreno en el que se puede trabajar y construir, y ese terreno acotado es el contenido mismo de la ley. El reglamento no puede prever mandatos que rebasen el contenido natural de la ley; está subordinado siempre el texto de la ley.
Área: Deriva de la sola lectura de la fracción I, que el reglamento provee sólo en la esfera administrativa de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, es decir, se trata de reglamentos que expide el presidente en tanto provean que sólo en el ámbito de la administración pública puede hacerlo. Dicha fracción da al Presidente el poder constitucional de dictar reglamentos de las leyes del Congreso para facilitar su aplicación, pero únicamente de leyes referentes al área administrativa del Poder Ejecutivo.
Discrecional: Está claro que la Constitución no obliga al Presidente de la República a expedir el reglamento; aun cuando exista una ley, no hay precepto que así lo provenga; lo puede emitir si así lo decide, porque es un poder discrecional. Queda a su juicio dictar el reglamento, al margen de que la ley del Congreso lo necesite o no, para hacer posible o fácil su aplicación. No existe procedimiento constitucional para obligar o presionar al presidente a que lo haga. La expedición de los reglamentos siempre ha sido atribución discrecional del presidente.
Esta discrecionalidad deja a veces de ser absoluta. La ley, así sucede frecuentemente, puede condicionar su aplicación total o en alguna de sus partes o capítulos o un solo mandato a la expedición del reglamento por el presidente, si éste no lo hace aquella ley toda o en alguna de sus partes o de sus preceptos no se puede aplicar ni somete a nadie; tendrá sólo una existencia y una vigencia formales.
El Congreso de la Unión suele supeditar, en texto expreso en su ley, la eficacia o ejecución de esta última a un acto posterior del Ejecutivo federal, como lo es el reglamento. Si el Ejecutivo no lo expide, la ley no produce efectos; aun en este supuesto, no existe en la Constitución procedimiento alguno para obligar al presidente a que dicte el reglamento; impera la discrecionalidad.
Artículos transitorios: Es un capítulo obligado, aunque sea el último siempre; es la inveterada vestidura formal de los ordenamientos generales. Además, en la práctica legislativa, es importante denotarlo, son esenciales, son ellos, nada menos, los que fijan la fecha de vigencia de la Constitución o de la ley. Sin este precepto no hay ley.
Tiempo: Es importante destacar que muchas leyes del Congreso de la Unión no se pueden llevar a la práctica en algunos de sus artículos o capítulos si no existe el reglamento. Son casos en que las formulas que utiliza la ley son muy genéricas. Cuando una ley prevé una obligación para los particulares, por ejemplo, y la autoridad administrativa no puede presionarlos para que la cumplan, se hace necesario el reglamento para que lo indique. Sólo por la vía juicio de amparo se puede impedir que se aplique semejante ley, pues nadie está obligado a lo imposible. Más bien el Presidente se ve presionado, por conveniencia práctica, a expedir el reglamento, sobre todo si fue el iniciador de la ley. Pero el Presidente tiene la libertad de valorar su necesidad y decidir finalmente el tiempo de su expedición. No todas las leyes requieren de reglamento para poder ser aplicadas.
Regula la actividad interna de las entidades y unidades administrativas que de ellas depende; por ejemplo, el reglamento Interior del Congreso de la Unión y de cada una de sus Cámaras.
Los reglamentos administrativos, se dividen en los siguientes tipos:
��Reglamentos ejecutivos, de ejecución o subordinados;
Son emitidos por el Poder Ejecutivo u otro órgano estatal en ejercicio de sus facultades constitucionales, corresponden a la manifestación típica de la potestad reglamentaria.
Para ser válidos deben estar refrendados por los Secretarios de Despacho competentes en la materia conforme a la dispuesto en la Constitución.
��Reglamentos autorizados o de integración;
Contemplan, interpretan e integran, al precisar circunstancialmente, el principio jurídico general contenido en una ley.
No derivan de la facultad constitucional reglamentaria para completar una ley, de las llamadas “leyes en blanco”o “leyes marco”.
Como ejemplo, las reglas de carácter general que emiten las entidades supervisoras de los concesionarios de servicios públicos; reglas de carácter general en materia tributaria (misceláneas fiscales); cuotas compensatorias del comercio exterior; el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y las normas oficiales mexicana.
��Reglamentos delegados;
Se originan en la voluntad del legislador que atribuye a algún órgano estatal o de la Administración Pública, una cierta potestad para regular una determinada materia.
��Reglamentos autónomos o independientes
No emanan de una ley, los dictan órganos estatales o de la Administración Pública en virtud de poderes constitucionales propios que regulan aspectos.
Se originan en la zona de reserva que la Constitución garantiza al Poder Ejecutivo o a otros órganos estatales.
��Reglamento de necesidad o urgencia.
Los dicta el Ejecutivo por causas graves y urgentes para atender las necesidades públicas y regulando materias que corresponden al órgano legislativo.
En México, la facultad reglamentaria, tradicionalmente, se ha apoyado en lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución del 1857.
A partir de 1824 en todas las Constituciones se reconoció siempre en forma expresa que el Presidente de la República tenía la facultad de dictar reglamentos.
Es la capacidad de la AUTORIDAD para dictar normas secundarias que permitan especificar la ley, de tal forma que sea fácil y certeramente aplicable.
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FACULTAD REGLAMENTARIA
Reserva de ley, (es una reacción al poder ilimitado del monarca).
Subordinación jerárquica a la misma.
Principio de jerarquía normativa no puede rebasar o ir más allá del contenido de ésta.
El reglamento y las reglas generales administrativas son, ambas, normas generales abstractas y permanentes, el primero puede imponer obligaciones a los particulares y las segundas, sólo a quienes forman parte de la estructura administrativa interna.
1.6.- SUS DIFERENCIAS CON LAS LEYES REGLAMENTARIAS, LOS DECRETOS, CIRCULARES Y ACUERDOS ADMINISTRATIVOS, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIÓN.
POR EL ÓRGANO QUE LA EMITE: La ley proviene del Legislativo y el reglamento del Ejecutivo.
POR LA FORMA DE SU CREACIÓN: La Ley sigue el procedimiento del artículo 72 de la Constitución; y para emitir un reglamento los únicos requisitos formales para su validez son, en su caso, el refrendo ministerial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
POR JERARQUIA: La ley es superior al reglamento.
La ley tiene una situación de primacía formal.
Existe una primacía material o de contenido de ley respecto del reglamento.
Primacía objetiva o de ámbito.
La ley tiene una posición de primacía directiva respecto del reglamento, al tener plena determinación vinculante respecto del contenido del reglamento y los términos formales de su vigencia.
No puede haber reglamento sin ley, pero ésta sí puede existir, pese, aunque nunca se reglamente.
Si una ley se abroga o se deroga, sus reglamentos siguen la misma suerte (salvo disposición expresa en la reforma de la ley).
Como una consecuencia derivada de la autoridad formal de las leyes, se encuentra la de la clasificación de las mismas por razón del Poder que en ellas intervienen y del procedimiento para su formación y/o modificación. Desde este punto de vista, se pueden agrupar en dos categorías: las leyes constitucionales y las leyes ordinarias, comunes o secundarias.
Las leyes constitucionales son las que emanan del Poder Legislativo Constituyente, después de un procedimiento laborioso y complicado que se determina en el art. 135 constitucional.
Las leyes ordinarias, comunes o secundarias; emanan del Poder Legislativo ordinario, que al efecto sigue un procedimiento más sencillo que el previsto para la ley constitucional.
En México, el Poder Legislativo ordinario o constituido, está formado por el Congreso General, está formado por el Congreso General, compuesto por la Cámara de Diputados y por la de Senadores (Art. 50 constitucional), y el procedimiento para la elaboración de las leyes se limita a la aprobación del proyecto por las dos Cámaras (Art. 72 de la Constitución).
Se ha pretendido que además de leyes constitucionales y leyes ordinarias, existen otras categorías, como las leyes orgánicas o reglamentarias y de leyes que emanan de la Constitución.
Respecto de las leyes orgánicas y de las reglamentarias podemos afirmar que desde el punto de vista formal no existe ninguna diferencia que las separe de las ordinarias, ya que al igual que éstas, son elaboradas por el Poder Legislativo constituido siguiendo el procedimiento normal consagrado en el art. 72 constitucional. Por este concepto las leyes llamadas orgánicas y las reglamentarias tienen la misma autoridad formal que las leyes ordinarias, sin que haya razón para darles preeminencia sobre estas últimas.
Se entiende por acuerdo la resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados. Convenio entre dos o más partes.
Concreta referencia a ellos hace el artículo 92 de la Constitución; en este se previene la necesidad del refrendo o aprobación de los secretarios y jefes de departamento de Estado a cuya materia corresponda, a fin de que sean obedecidos o tengan validez jurídica, como lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su art. 13. “Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado o el Jefe del Departamento Administrativo respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías o Departamentos, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.
Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación.”
Son GENERALES los decretos o acuerdos del presidente porque revisten las características propias de una ley, pues se dirigen a un número determinado de personas; comprenden situaciones genéricas, dicho de otro modo, no referidas a casos concretos. Son obligatorios, pues su incumplimiento da origen a una sanción y además son coercibles, ya que se pueden imponer coactivamente su acatamiento.
Pero pueden ser INDIVIDUALES, pues su expedición se hace para personas o situaciones determinadas y precisas.
Por medio de decretos o acuerdos generales el presidente crea organismo descentralizados o desconcentrados, otorga estímulos o subsidios a contribuyentes, se establecen las bases para el pago de aguinaldo de burócratas, se prevé la organización y funcionamiento de organismos desconcentrados, etc. Son incontables los decretos y acuerdos de índole individual.
Todos estos decretos o acuerdos, generales o particulares, para ser obligatorios deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación (art. 4, Ley Federal de Procedimiento Administrativo). Las leyes y reglamentos suelen precisar qué decretos o acuerdos individuales deben publicarse, y de no hacerlo no tendrán obligatoriedad alguna. Los de naturaleza general siempre deben publicarse para ser obligatorios.
Disposiciones reglamentarias son los decretos y acuerdos generales, y dentro de tal denominación no deben incluirse los reglamentos que tienen una función muy específica, prevista en la fracción I del artículo 89 constitucional.
Es de larga tradición la existencia de circulares en la administración pública federal. Son actos jurídicos de carácter individual o general que realizan los titulares de las secretarias de Estado o funcionarios de segundo o tercer nivel inferior. No existe en la constitución norma que señale qué funcionarios pueden expedirlas y en qué campos. Tampoco existe la ley que lo prevenga.
Nacen espontáneamente cuando la administración las necesita. No es obligatorio que se emitan, pues no existe ley que las imponga. Tal vez se dé el caso de que una ley ordene su emisión, pero es raro. Pertenece a la discrecionalidad casi absoluta del funcionario su realización. Nadie discute su existencia jurídica y menos su necesidad, es una herramienta utilísima para la administración, con ella se da luz, claridad, a los textos de la aplicación de tales ordenamientos de mayor rango y propicia la flexibilidad en la vida interna de la administración.
Si partimos de su misma existencia, las circulares se clasifican en: INDIVIDUALES y GENERALES, INTERNAS y EXTERNAS. Así cuna circular puede ser una resolución administrativa que se ocupe de uno o varios individuos o de una situación individual, o bien crea una norma general o abstracta que la haga ley, desde el punto de vista material. No será fácil separar siempre las dos clases de circulares, pues a menudo se sitúan en la frontera. Para el funcionario existirá la duda frecuente sobre qué clase de circular debe dictar para atender o solucionar un caso administrativo.
Por su contenido la circular puede ser INTERNA o EXTERNA, es decir, la primera se ocupa del quehacer privado de la administración, y puede ser a la vez individual o general, y la segunda se sitúa en la relación necesaria entre la administración y los particulares; la primera trasciende a las dos esferas, pública y privada, y la segunda es casi siempre general.
Una de las plagas que azotan a la administración pública federal son los convenios administrativos; su celebración cunde por todos los ámbitos en forma alarmante. Son actos jurídicos bilaterales llevados a cabo fundamentalmente entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados; más concretamente, entre el Ejecutivo federal -a través de los secretarios de Estado- y los gobernadores. Su fuerza jurídica normativa se impone no sólo a quienes los celebran, sino también a los particulares que no participaron.
Es tan arrolladora la federalización o centralización en el poder federal de los campos administrativos, que hace materialmente imposible que los órganos administrativos federales puedan con eficacia atender a todos, dispersos como están en todo el territorio nacional. Papel de simples espectadores asumen las autoridades estatales y municipales ante fenómenos o situaciones que se producen en sus ámbitos, sin poder intervenir por no ser competentes. Para superar esta realidad, en lugar de desfederalizar ciertos campos o hacerlos auténticamente concurrentes, el poder federal recurre a la celebración de convenios que hacen posible aquella intervención.
AUTORIZACIÓN, LICENCIA O PERMISO
Es un acto administrativo por el cual se levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio de un derecho de un particular.
Así es, pues, que la autorización, la licencia y el permiso constituyen actos que condicionan para un particular el ejercicio de algunos de sus derechos. La doctrina ha subrayado los caracteres de la autorización contraponiéndolos a los de la concesión, porque ésta se emplea para aquellos casos en los que no hay ningún derecho previo del particular a la materia que es objeto de la concesión, en que ninguna facultad le corresponde, en que ninguna actividad puede desarrollar si no es virtud de la propia concesión que es la que crea directamente tales derechos o facultades.
Esta distinción es fácilmente apreciable en el ejemplo más comúnmente usado: el de la licencia de construcción y el de la concesión minera. Mientras que en el primer caso el propietario por razón misma de su derecho de propiedad tiene la facultad de elevar en su terreno una construcción y sólo se restringe el ejercicio de esa facultad hasta el momento en que la licencia se otorga; en el segundo caso el que obtiene una concesión no tiene antes de ella ningún derecho, ni siquiera limitado, a la explotación de la mina.
En nuestra legislación no existe tan precisa distinción entre las dos instituciones que nos ocupan, pues en ocasiones se llama permiso a lo que, según la doctrina, es una verdadera concesión (permisos de caza, de pesca, entre otros), o bien se llama concesión a lo que no es más que una autorización o bien se llama permisos o concesiones indistintamente a actos que tienen el mismo contenido y los mismos efectos jurídicos. (Leyes de Vías Generales de Comunicación y de Bienes Nacionales).
Concepto de Decreto.
Decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que tengan competencia.
Disposición de carácter legislativo que, sin ser sometida al órgano adecuado, se promulga por el poder ejecutivo, en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente, previamente determinada.
Concepto de permiso.
Licencia o consentimiento para hacer o decir algo.
Período durante el cual alguien está autorizado para dejar su trabajo u otras obligaciones.
Indique que diferencia existe entre Ley y Reglamento.
Las diferencias pueden ser: Por el órgano que la emite, por la forma de su creación y por su jerarquía.
Concepto de Autorización.
Acto de una autoridad por el cual se permite a alguien una actuación en otro caso prohibida. Documento en que se hace constar este acto.
Sobre que Preceptos Fundamentales Regula la Ley de Delitos de Imprenta.
Los ataques a la vida privada, ataques a la moral y ataques al orden o a la paz pública.
Indique cuales son considerados como Delitos de Imprenta.
(Art. 9 Ley de Delitos de Imprenta)
Indique el concepto Genérico de Reglamento.
Es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de su facultad propia y que tiene por objeto facilidad la exacta Observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo.
Indique que entiende por Reglamento de Autoridad.
Es el que regula la actividad interna de las entidades y unidades administrativas que de ellas depende.
Indique que se entiende por Reglamento Administrativo.
Es un acto unilateral de voluntad que establece normas jurídicas generales y obligatorias para regular situaciones impersonales, abstractas u objetivas, que generalmente emana del Poder Ejecutivo, pero puede provenir de órganos que actúan dentro de su órbita, o de los que pertenecen a los otros poderes del Estado, siempre que ésta facultades les haya sido especialmente atribuida.
¿Qué entiende por facultad reglamentaria?
11 Concepto de Acuerdo Administrativo
2.1.- LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA. LEY S DELITOS DE IMPRENTA.pdf
Publicación Original: 12 de Abril de 1917
No. de Reformas: 0
Última Actualización: Ninguna
La Ley sobre Delitos de Imprenta no es inconstitucional a pesar de que haya entrado en vigor antes de la Constitución Federal de 1917 y, por lo tanto, no viola la libertad de prensa, resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Consecuentemente, dicha legislación no contraviene expresamente con la Carta Magna, de acuerdo con jurisprudencia de este Alto Tribunal. Lo anterior lo resolvieron los ministros de la Primera Sala de la SCJN, al fallar el amparo directo en revisión, en el que el quejoso impugnó el artículo 1º. de la Ley sobre Delitos de Imprenta, al argumentar que reduce y altera los límites de la garantía de libertad de prensa, además de ser inconstitucional por el hecho de haber entrado en vigor antes que la Constitución Federal de 1917.
Al respecto, los ministros puntualizaron que el artículo 1º de la Ley sobre Delitos de Imprenta, al proteger el honor y reputación de una persona de cualquier manifestación o expresión, esto es, de la libertad de expresión de otro sujeto, no excede el límite del respeto a la vida privada, establecido en el artículo 7º constitucional.
Durante la sesión de la Primera Sala, los ministros señalaron que por vida privada se entiende aquella parte de la vida humana que se desarrolla a la vista de pocos o que constituye la vida personal y particular.
Es decir, es el ámbito privado reservado para la propia persona del que quedan excluidos los demás, a reserva de la voluntad de cada individuo de compartir dicho ámbito.
De lo anterior deriva el derecho fundamental a la vida privada y a la intimidad, que consiste en que los individuos no pueden ser molestados por persona o entidad alguna respecto a su vida privada. Por este motivo, la Primera Sala del Alto Tribunal determinó que el derecho de expresión, aun cuando es un derecho fundamental y protegido constitucionalmente en la Carta Magna, no es ilimitado, y es en los propios artículos 6º y 7º en donde se establecen los límites a tal libertad; esto es, la moral, los derechos de tercero, el respeto a la vida privada y la paz pública.
Así, cuando se afecta el honor de una persona con una expresión, se afecta su vida privada, por lo que al protegerse el honor y reputación de una persona, se protege su vida privada, pues tales factores son parte integrante de la misma.
Los ministros establecieron que el honor y la intimidad es parte del derecho a la vida privada. Ello, en virtud de que la intimidad se constituye con los extremos personales de la vida y del entorno familiar. En tanto, aclararon que el honor es el aprecio y estima que una persona recibe en la sociedad en que vive, el cual se vincula directamente con la dignidad y, por tanto, con su vida privada, pues de afectar ese aprecio o estima, ésta no sólo tendrá un impacto estrictamente social, sino también en la vida privada.
2.2.- LEY DE EXPROPIACIÓN.LEY DE EXPROPIACION.pdf
Publicación Original: 25 de Noviembre de 1936
No. de Reformas: 4
Última Actualización: 05 de Junio de 2009
Aparecidas en el Diario Oficial de la Federación el:
30-XII-1949
22-XII-1993
04-XII-1997
05-VI-2009
Fecha de Publicación Aclaración:
11-II-1998
Art. 1º (DOF 05 de Junio de 2009)
(DOF 05 de Junio de 2009)
XI.-La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida;
2.3.- LEY GENERAL DE POBLACIÓN.LEY GENERAL DE POBLACION.pdf
Publicación Original: 07 de Enero de 1974
No. de Reformas: 11
Última Actualización: 17 de Abril de 2009
22-VII-1992
08-XI-1996
04-I-1999
21-VII-2008
17-IV-2009
26-XII-1990
17-VII-1990
31-XII-1981
31-XII-1979
03-I-1975
31-XII-1974
2.4.- LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS.LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS.pdf
Publicación Original: 31 de Diciembre de 1947
Esta Ley prohíbe en todo el territorio nacional, los juegos de azar y los juegos con apuestas.
Permite: el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes; así como los sorteos. Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta Ley. Asimismo en sus artículos 12, 13 y 14 establece las sanciones correspondientes a quienes violen esta Ley.
REGLAMENTO DE LA LEY FED DE JUEGOS Y SORTEOS.pdf
Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos medien apuestas, así como del sorteo en todas sus modalidades, con excepción de los sorteos que celebre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Que incluye la siguiente descripción:
Sorteo: Actividad en la que los poseedores o titulares de un boleto mediante la selección previa de un número, combinación de números o cualquier otro símbolo, obtienen el derecho a participar, ya sea de manera gratuita o mediante un pago, en un procedimiento previamente estipulado y aprobado por la Secretaría, conforme al cual se determina al azar un número, combinación de números, símbolo o símbolos que generan uno o varios ganadores de un premio.
2.5.- LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA.LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA.pdf
Publicación Original: 29 de Diciembre de 1992
Última Actualización: 26 Enero de 2006
07-V-1996
05-I-1999
30-XII-2002
26-I-2006
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Diciembre de 1949.
Modificada el 27 de noviembre de 1952.
El objeto de esta Ley es promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional.
Abrogada por la Ley Federal Cinematográfica publicada el 12 de Diciembre de 1992.
2.6.- LEY ELECTORAL FEDERAL.ANALISIS LEY FEDERAL ELECTORAL.doc
Publicada en el D.O.F.
En esta ley se introduce un control más detallado y sistemático de los partidos políticos, como su Constitución, registro, derechos y obligaciones, sus prerrogativas y la propaganda electoral. En materia de organismos electorales, se conservan los de la ley anterior (Ley Federal Electoral del 4/Dic/1951). Se establece un recurso de reclamación ante el comité distrital para aquellos ciudadanos a quienes se les hubiera negado su registro y en contra de esa resolución denegatoria se podía acudir en queja ante la Comisión Federal Electoral. También se podía impugnar las modificaciones a la lista nominal de electores. La negativa de registro de una candidatura podía impugnarla el partido político solicitante para que fuera resuelta por el superior jerárquico.
2.7.- LEY DE SECRETARÍAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO.
Abrogada por la LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.pdf
Publicación Original: 29 de Diciembre de 1976
No. de Reformas: 34
02-VI-2006
01-X-2007
28-XI-2008
04-V-2006
24-IV-2006
08-XII-2005
10-VI-2005
21-V-2003
18-V-1999
30-XI-2000
13-III-2002
15-V-1996
19-XII-1995
28-XII-1994
25-V-1992
26-XII -1985
14-V-1986
24-XII-1986
04-I-1989
22-VII-1991
21- II -1992
21-I-1985
30-XII-1983
29-XII-1982
04-I-1982
31-XII -1980
08-XII-1978
Fecha de Publicación Fe de Erratas:
02-II-1977
18-IV-1984
16-V-1996
2.8.- LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION.pdf
Publicación Original: 19 de Enero de 1960
No. de Reformas: 8
Última Actualización: 11 de Abril de 2006
11-IV-2006
27-I-1970
10-XI-1980
11-I-1982
13-I-1986
Es de orden público y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión.
En su artículo 1º asienta que corresponde a la Nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible.
2.9.- LEY FEDERAL DE TURISMO. (Abrogada D.O.F. 17/Junio/2009**).
Publicación Original: 31 de Diciembre de 1992
No. de Reformas: 2
Última Actualización: 06 de Junio de 2000
19-V-1999
06-VI-2000
**Abrogada por la Ley General de Turismo en el D.OF. Del 17 de Junio de 2009.
LEY GENERAL DE TURISMO.pdf
Esta Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo.
2.10.- LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.pdf
Publicación Original: 20 de Mayo de 2004
No. de Reformas 1
Última Actualización: 31 de Agosto de 2007
Aparecidas en el Diario Oficial de la Federación el: 31-VIII-2007
2.11.- LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.
LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION.pdf
Publicación Original: 19 de Febrero de 1940
No. de Reformas: 42
07-XI-1996
22-XII-1995
07-VI-1995
12-V-1995
21-I-1988
15-VI-1992
04-I-1994
19-XI-1986
15-XII-1975
29-XII-1975
31-XII-1976
27-XII-1982
23-XII-1974
30-XII-1972
19-I-1960
05-I-1951
23-I-1950
07-VII-1944
10-VIII-1944
21-II-1945
14-III-1946
09-I-1948
31-XII-1948
13-III-1943
09-I-1942
20-VIII-1941
03-VII-1941
17-VI-1940
11-V-1950
2.12.- LEY DE AGUAS DE PROPIEDAD NACIONAL.
LEY DE AGUAS NACIONALES.pdf
Publicación Original: 01 de Diciembre de 1992
29-IV-2004
15-II-1993
2.13.- LEY DE PESCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.LEY DE PESCA.pdf
(Abrogada DOF 24 de Julio de 2007 por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.pdf)
Era de orden público, Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a los recursos naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua. Tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento y administración.
Publicación Original: 25 de Junio de 1992
Última Actualización: 08 de Enero de 2001
08-I-2001
2.14.- LEY DE PUERTOS LIBRES MEXICANOS.LEY DE PUERTOS.pdf
Publicación Original: 19 de Julio de 1993
Es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios.
2.15.- LEY DE INSPECCIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS PÚBLICAS.LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.pdf
2.16.- LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. LEY ORGANICA DE LA EDUCACION PUBLICA.docx Publicación original D.O.F. 23 de enero de 1942
Derogada por la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN publicada el 13 de julio de 1993.
Publicación Original: 13 de Julio de 1993
No. de Reformas: 18
22-VI-2009
17-VI-2008
02-XI-2007
22-VI-2006
13-III-2003
10-XII-2004
04-I-2005
29-VII-1993
Regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.
La presente Ley abroga la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1945; la Ley que Establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional de Educación para Adultos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975.
Y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
2.17.- CÓDIGO ADUANERO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LEY ADUANERA.pdf
Publicación Original: 15 de Diciembre de 1995
No. de Reformas: 10
Última Actualización: 02 de Febrero de 2006
02-II-2006
23-I-2006
30-XII-1996
31-XII-1998
31-XII-2000
01-I-2002
Fecha de Publicación Actualización de Cantidades:
01-III-2002
28-IV-2003
04-IV-2005
10-IV-2006
09-V-2007
09-V-2008
Regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.
Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados.
2.18.- CÓDIGO SANITARIO.
Publicación Original: 07 de Febrero de 1984
No. de Reformas: 44
Última Actualización: 30 de Diciembre de 2009
20-VIII-2009
05-I-2009
11-VI-2009
14-VII-2008
30-V-2008
19-VI-2007
14-II-2006
25-V-2006
26-VI-2006
19-IX-2006
12-I-2006
26-XII-2005
07-VI-2005
25-VI-2003
30-VI-2003
19-I-2004
02-VI-2004
05-XI-2004
19-VI-2003
13-VI-2003
05-I-2001
31-V-2000
27-V-1987
23-XII-1987
14-VI-1991
09-VII-1996
07-V-1997
26-V-2000
06-IX-1984
23-VII-1986
18-II-1988
12-VII-1981
Reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
2.19.- LEY DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL OBLIGATORIO.LEY DEL SERVICIO MILITAR.pdf
Publicación Original: 11 de Septiembre de 1940
Última Actualización: 23 de Enero de 1998
25-XI-1942
18-VIII-1944
25-X-1944
23-I-1998
Establece de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.
En caso de guerra internacional, el Servicio Militar también será obligatorio para los extranjeros, nacionales de los países cobeligerantes (beligerante: potencia, estado o grupo que está en guerra o que esta de pare de alguno de los contendientes) de México, que residan en la República.
El Servicio Militar Nacional se constituye en un instrumento eficaz del que dispone la Nación, que integrado a las Fuerzas Armadas, coadyuva en la seguridad y defensa de la Patria, así como a la realización de tareas cívicas y sociales que tienden al desarrollo del País, conformando con sus efectivos una sociedad confiable y comprometida en la consecución de los objetivos nacionales, todas ellas, establecidas como misiones a las Fuerzas Armadas tipificadas en sus respectivas Leyes Orgánicas, pero también contribuye a mantener reservas de calidad para una posible movilización de las reservas humanas para hacer frente a algún conflicto de carácter interno o externo, acorde con lo anterior, un plan de movilización involucraría necesariamente a todos los habitantes útiles de nuestra nación, con el fin de crear un instrumento castrense eficiente, tomando como base la profunda vocación de solidaridad de todos los mexicanos.
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR.pdf
2.20.- LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FED P EL EJERCICIO FISCAL 2010.pdf
Publicación Original: 07 de Diciembre de 2009
Estipula el gasto neto previsto para el año en curso, así como que la interpretación de dicho Presupuesto, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2.21.- LEY DE INGRESOS.LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION P EL EJERC FISCAL 2010.pdf
Se publica en el mes de diciembre del año inmediato interior a que entra en vigor.
Estima los ingresos que percibirá la federación para el año en que se decreta, en los conceptos y las cantidades estimadas.
2.22.- LEY ORGÁNICA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. Abrogada por la:
LEY DEL SERVICIO DE TESORERIA DE LA FEDERACION.pdf
Publicación Original: 31 de Diciembre de 1985
Última Actualización: 01 de Octubre de 2007
17-XI-1995
29-V-1998
2.23.- LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA DE LA FEDERACIÓN.
Abrogada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre de 2000, por la LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN a la vez abrogada por la LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FED.pdf
Publicación Original: 29 de Mayo de 2009
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.
2.24.- LEY MONETARIA.LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.pdf
Establece que la unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el peso, con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente, así como cuales son las únicas monedas circulantes.
Publicación Original: 27 de Julio de 1931
No. de Reformas: 38
Última Actualización: 11 de Mayo de 2004
11-V-2004
09-IX-1993
08-XII-1992
22-VI-1992
23-VII-1990
05-I-1990
09-XI-1987
07-I-1980
28-XII-1981
22-XII-1983
24-XII-1984
08-I-1986
07-V-1986
31-XII-1973
30-XII-1969
30-XII-1963
15-IX-1955
27-IX-1945
19-IX-1947
31-XII-1947
24-XI-1950
30-XII-1950
31-XII-1942
29-XII-1938
31-VIII-1936
06-V-1936
10-III-1932
23-II-1933
22-III-1933
06-III-1935
27-IV-1935
25-V-1935
14-IV-1932
29-IV-1935
07-I-1943
21-X-1957
23-III-1982
26-VI-1992
29-07-1931
2.25.- LEY DEL AHORRO NACIONAL.LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS.pdf
Publicación Original: 01 de Junio de 2001
No. de Reformas: 3
Última Actualización: 01 de Agosto de 2005
24-VI-2002
23-II-2005
01-VIII-2005
Rige al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
2.26.- LEY DE FOMENTO DE INDUSTRIAS NUEVAS Y NECESARIAS.
2.27.- LEY DE INSPECCIÓN DE ADQUISICIONES. REGLAMENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE INSPECCION DE ADQUISICIONES QUE CREA EL CONSEJO COMPETENTE, PARA CONOCER LAS INCONFORMIDAD DE LOS PROVEEDORES DEL GOBIERNO FEDERAL
2.28.- LEY PARA EL CONTROL, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL.
2.29.- LEY DEL REGISTRO FEDERAL DE AUTOMÓVILES. LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS.pdf
Publicación Original: 02 de Junio de 1998
Tiene por objeto crear y regular el Registro Nacional de Vehículos y la regulación de para su inscripción. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.
2.30.- LEY DE TERRENOS BALDÍOS Y NACIONALES, DEMASÍAS Y EXCEDENCIAS.
2.31.- LEY SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. LEY FED S MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS ARTISTICOS E HISTORICOS.pdf
Publicación Original: 06 de Mayo de 1972
Estipula que el objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones de orden público. Así como que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
Decreta que la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
2.32.- REGLAMENTO DE COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES.
Reglamento Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Diciembre de 1999 y Abrogado en el Diario Oficial de la Federación 26 de Enero de 2004 y a su vez abrogado por el REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE ADMON Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES.pdf
Publicación Original: 02 de Septiembre de 2004
Última Actualización: 24 de Agosto de 2009
24-VIII-2009
Mediante este Reglamento se crea el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, para el ejercicio de las atribuciones que a esta Dependencia del Ejecutivo Federal le confieren la Ley General de Bienes Nacionales y demás leyes, reglamentos y ordenamientos jurídicos de carácter federal, en materia de avalúos, justipreciaciones de rentas; de inventario, registro y catastro de inmuebles federales y de los pertenecientes a entidades paraestatales, así como de administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales competencia de la propia Secretaría.
2.33.- LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27.
LEY REGLAMENTARIA DEL ART 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO.pdf
Publicación Original: 29 de Noviembre de 1958
No. de Reformas: 6
Última Actualización: 28 de Noviembre de 2008
30-XII-1977
11-V-1995
13-XI-1996
31-XII-1958
Establece que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan de él.
LEY REGLAMENTARIA DEL ART 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR.pdf
Publicación Original: 04 de Febrero de 1985
No. de Reformas: 1
La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y regula la exploración, la explotación y el beneficio de minerales radiactivos, así como el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la investigación de la ciencia y técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado con la misma.
2.34.- LEY ORGÁNICA DEL ARTÍCULO 28*.
ABROGADA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 24 DE DICIEMBRE DE 1992.
Publicación Original: 24 de Diciembre de 1992
28-VI-2006
Esta ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.
(DOF 28 de Junio de 2006)
2.35.- LEY SOBRE ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONÓMICA.*
Publicada en el D.O.F. del 30 de Diciembre de 1950.
* Abrogada por la Ley Federal de Competencia Económica publicada el 24 de Diciembre de 1992.
Ver punto 2.34
2.36.- LEY DE INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN. *
Publicada en el D.O.F. del 13 de Mayo de 1941.
2.37.- LEY GENERAL DE NORMAS PESOS Y MEDIDAS.
- Ley de Pesas y Medidas 1928
- Ley de Normas Industriales 1945
- Ley General de Normas y de Pesas y Medidas	07/Abril/1961
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización 1992
Esta ley pretende establecer normas técnicas para procesos y productos, y metrología para control de calidad. Existe dispersión de esfuerzos y omisión de sectores de capital importancia para el desarrollo industrial futuro. Muchas normas vigentes han sido adopciones casi literales de normas extranjeras. El estado asume una actitud pasiva homologando las normas que le presentan las empresas. Están en vigor aproximadamente 2,500 normas técnicas específicas.
Las normas son especificaciones con carácter oficial que han sido elaboradas por los gobiernos e instituciones de cada país, así como los organismos internacionales, en todos aquellos aspectos considerados necesarios para la protección del consumidor; sin embargo, aún existen muchas características de productos que no han sido normalizados y son por lo tanto sujetos a especificación por parte de los productores.
2.38.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.pdf
Publicación Original: 27 de Junio de 1991
Última Actualización: 06 de Enero de 2010
06-I-2010
25-I-2006
02-VIII-1994
25-X-1996
26-XII-1997
17-V-1999
26-I-2004
16-VI-2005
(DOF 25 de Enero de 2006)
2.39.- LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA.pdf
Publicación Original: 22 de Diciembre de 1975
No. de Reformas: 5
Última Actualización: 22 de Diciembre de 1993
21-XII-1983
31-XII-1986
27-XII-1989
23-XII-1992
Estipula que corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Asimismo, en su artículo 2 establece que todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público.
2.40.- LEY FEDERAL DE ESTADÍSTICA.LEY DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.pdf
Publicada el 30 de diciembre de 1980
Reformas (1) 12 de diciembre de 1983
Es de orden público e interés social y sus disposiciones rigen a la información estadística y geográfica del país que son elementos consustanciales de la soberanía nacional, y a la utilización que de la informática se requiera para los fines de aquéllas en las dependencias y entidades de la administración pública federal.
2.41.- LEY DE TIERRAS OCIOSAS. (EXISTE UNA PARA CADA ESTADO)
2.42.- LEY DE EDUCACIÓN AGRÍCOLA. LEY_DE_EDUCACION_AGRICOLA.docx
Publicada en el Diario Oficial de 6 de julio de l946.
Las disposiciones de esta ley son de observancia en toda la República, y obligan:
I.- Dentro de sus respectivas competencias, a la Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal y a las instituciones o establecimientos que en cualquiera forma dependan de los mismos, en sus actividades, al servicio de la educación agrícola;”
II.- A los particulares que desarrollen públicamente actividades de educación agrícola, en las formas previstas por esta ley, y
III.- A las personas a quienes en cualquiera forma esta ley imponga deberes especiales relacionados con la educación agrícola.
2.43.- LEY DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y AGUA.
2.44.- LEY DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS.
*Ley de Asociaciones Ganaderas, derogada el 6/ENERO/1999 por la LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS.pdf
Publicación Original: 06 de Enero de 1999
Es de interés público y de observancia general en todo el país. Tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, que se integren para la protección de los intereses de sus miembros; así como los criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos.
La aplicación e interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en este ordenamiento corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
LEY DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS.pdf
Publicación Original: 27 de Agosto de 1932
Última Actualización: 12 de Mayo de 1936
12-V-1936
01-IX-1932
Se expide para fijar las bases de la organización y del funcionamiento de las Cámaras Agrícolas existentes.
2.45.- LEY FORESTAL.LEY FORESTAL.pdf
Publicación Original: 22 de Diciembre de 1992
Última Actualización: 31 de Diciembre de 2001
31-XII-2001
La política forestal y las normas y medidas que se observarán en la regulación y fomento de las actividades forestales deberán sujetarse a los principios, criterios y disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que resulten aplicables.
2.46.- LEY FEDERAL DE CAZA.LEY FEDERAL DE CAZA.docx
Publicada en el D.O.F. del 5 de Enero de 1952.
Tiene por objeto orientar y garantizar la conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre que subsiste libremente en el territorio nacional, regulando su aprovechamiento.
2.47.- LEY SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN COOPERACIÓN CON LOS ESTADOS.*
Publicada en el D.O.F. del 8 de abril de 1934.
*Abrogada por la LEY DE CAMNOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.pdf en su artículo 2º de Transitorios.
Publicación Original: 22 de Diciembre de 1993
2.48.- REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y OBRAS PARA FINES DE PUBLICIDAD EN LAS CARRETERAS NACIONALES.
2.49.- LEY DE RIEGOS.
2.50.- LEY FEDERAL DE INGENIERÍA SANITARIA.
2.51.- LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 4º Y 5º CONSTITUCIONAL RELATIVOS AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.
LEY REGLAMENTARIA DEL ART 5 CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DF.pdf
Publicada el 26 de mayo de 1945.
Regula y establece que es y el modo en que se tramita el Titulo profesional así como las instituciones autorizadas para expedirlo.
2.52.- LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
2.53.- LEY QUE CREA EL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS.
2.54.- LEY QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL ANALFABETISMO.
2.55.- LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.pdf
Publicación Original: 31 de Diciembre de 1946
Última Actualización: 11 de Diciembre de 1950
11-XII-1950
Establece que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la Secretaría de Educación Pública y tendrá las finalidades siguientes:
Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento de la finalidad a que se contrae el presente inciso, se creará un Consejo Técnico Pedagógico como órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la presidencia de su director se integrara con representantes de las dependencias técnicas correspondientes de la Secretaría de Educación Pública y con representantes de las dependencias también técnicas del propio Instituto.
2.56.- LEY QUE ESTABLECE EL PREMIO NACIONAL DE ARTES Y CIENCIAS.
2.57.- LEY FEDERAL SOBRE DERECHO DE AUTOR.
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.pdf
Publicación Original: 24 de Diciembre de 1996
Última Actualización: 23 de Julio de 2003
19-V-1997
23-VII-2003
Reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.
2.58.- LEYES REGLAMENTARIAS DE LAS SECRETARÍAS.
2.59.- REGLAMENTOS DE ESTAS LEYES Y LAS QUE SE MENCIONAN EN EL LISTADO.
El sostenimiento de la organización y funcionamiento del Estado, implica necesariamente gastos que debe procurarse recaudar, los recursos indispensables. La actividad financiera del estado, está íntimamente vinculada con el desarrollo de las funciones públicas por su propia actividad que desempeña y esto se encuentra dentro de la competencia del poder administrativo y estos recursos los obtiene de:
Los impuestos, son considerados por el código fiscal como a las prestaciones en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y morales para los gastos públicos. Los derechos son considerados como las contraprestaciones establecidas por el poder público en pago de un servicio. Los productos son los ingresos que persigue la federación.
Por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o de la explotación de sus bienes patrimoniales como son los aprovechamientos derivados de recargos, las multas y los demás ingresos de derecho público no clasificables como impuestos, derechos o productos.
Los financiamientos provienen de la contratación de créditos en empréstitos o préstamos derivados de:
La celebración de actos jurídicos iguales a los mencionados y todos los pasivos creados por esas cooperaciones, constituye la deuda pública estatal.
La ley determina que el presupuesto de egresos de la federación es el que aprueba la cámara de diputados a iniciativa del ejecutivo, que comienza su periodo a partir del 01 de Enero de cada año por vigencia de un año para las actividades como son: las obras, los servicios públicos, que corresponden al poder legislativo, al poder judicial a la presidencia de la republica, a las secretarias de estado, a los departamentos administrativos a la procuraduría general de la republica, a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos que deberán estar incluidos en dicho presupuesto (ley de presupuesto, contabilidad y gasto público, publicada en el Diario Oficial del año de 1976 el día 31 de Diciembre).
La ley del gasto público comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión financiera, pago de pasivos, deuda pública, basándose en los planes nacionales de desarrollo económico y social.
LA UNIVERSALIDAD.- Consiste en que todas las erogaciones y gastos públicos deben ser considerados como lo establece el artículo 126 constitucional que dice: “no puede hacerse ningún gasto que no esté autorizado en el presupuesto”.
LA UNIDAD.- Significa que solamente haya un solo presupuesto y no varios siendo dicha unidad exigible por ser la forma que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones del poder público, lo cual constituye una garantía de orden en el cumplimiento de ellas. Esta regla está establecida en el mismo artículo 126 constitucional que previene que un gasto no solo puede aprobarse en el presupuesto sino también en una ley posterior. La ley ejecutiva asigna los recursos que se obtengan en exceso de lo previsto en el mismo presupuesto.
Las única excepción que la constitución admite es la consignada en el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional:”no podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter con el mismo presupuesto, solamente las que emplearan los secretarios por acuerdo escrito por el presidente de la republica”.
Una consecuencia de la regla de especialidad del presupuesto es la prohibición de transferir de partidas, es decir de la paliación de un crédito señalado expresamente. Sin embargo el artículo 25 de la ley autoriza al ejecutivo a hacer los tras pasos de prácticas cuando sea necesario.
ANUALIDAD.- Es una regla que precede a la formación del presupuesto, y que su autorización implica que tiene duración por el termino de un año, de tal que las prevenciones que contienen deben referirse a las necesidades que dentro del propio año sea necesario satisfacer. Esta regla del presupuesto se encuentra en la fracción IV del artículo 74 constitucional.
La cámara de diputados no puede conceder al ejecutivo una autorización permanente para hacer erogaciones, esta debe renovarse cada año. La anualidad forzosa de la autorización presupuestal, consiste en que el poder público no puede contraer compromisos de desembolsos que se extiendan a un periodo mayor desde la vigencia del presupuesto que rige en la época en que se celebra el compromiso, pues si el presupuesto del año siguiente omite la autorización para el gasto este no podrá ejecutarse por la administración ni demandarse por el particular.
Ninguna autoridad solo en casos excepcionales y debidamente justificados la secretaría de programación y presupuesto, podrá autorizar que se celebre contrato de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole que rebasen las asignaciones presupuéstales aprobadas para el año pero en estos casos los compromisos excedentes no cubiertos quedaran sujetos para su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes, si en el presupuesto del año en vigor no hay partida para cumplir un adeudo en contra del estado debe tomarse dicho adeudo para incluirlo en el presupuesto de ingresos del año siguiente a fin de pagarlo.
La ejecución de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos se lleva a cabo por la Secretaria de Hacienda y crédito Público y por la tesorería de la federación.
En caso de que no se satisfaga el crédito fiscal, las oficinas recaudadoras administrativas proceden después del emplazamiento y requerimiento del pago al embargo y remate de los bienes del producto derivado de la obligación fiscal esto constituye el procedimiento administrativo de ejecución.
Este procedimiento de apremio está contemplado en nuestra legislación llamado la facultad económica coactiva que muchos tratadistas lo han llamado violatorios de los artículos 12, 16,17 y 22 constitucionales.
¿Que regula la Ley de expropiación?
Establece las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.
Indique que entiende por expropiación.
Privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes.
Explique que regula la Ley de población.
Dentro de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, indique diferencia y requisitos para ambos.
Sorteo es la actividad en la que los poseedores o titulares de un boleto mediante la selección previa de un número, combinación de números o cualquier otro símbolo, obtienen el derecho a participar, ya sea de manera gratuita o mediante un pago, en un procedimiento previamente estipulado y aprobado por la Secretaría, conforme al cual se determina al azar un número, combinación de números, símbolo o símbolos que generan uno o varios ganadores de un premio.
Sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, indique su importancia y las secretarias que interactúan.
Estipula que el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previos concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos de esa ley.
Asimismo, en el artículo 5 establece que la radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:
Para los efectos y supervisión del artículo anterior intervienen las siguientes Secretarías:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Art. 9)
Secretaría de Gobernación (Art. 10)
Secretaría de Educación Pública (Art. 11)
Secretaría de Salubridad y Asistencia (Art. 12)
Instituto Federal Electoral (Art. 12-A)
Indique sobre que regula la Ley Orgánica de la Educación Pública y su basamento Jurídico.
Sobre la impartición de la educación por parte del Estado y los particulares.
Su fundamento legal es el Art. 3, fracción VIII constitucional.
¿Qué entiende por Educación Pública?
Es la que otorga el Estado de manera obligatoria para el nivel de preescolar, primaria y secundaria (art. 4 de la Ley Gral. de Educación), Laica (art. 5) y gratuita (art. 6).
Indique la importancia y trascendencia de la Ley Aduanera.
Señale tipos de regímenes aduaneros, así como su temporalidad.
Artículo 90 Ley Aduanera
(DOF 30 de Diciembre de 2002)
En Materia de Salud, cual es su Ley Reglamentaria.
¿Qué entiende por servicio militar y cuál es su Ley Reglamentaria?
Es el instrumento del que dispone la Nación que coadyuva en la seguridad y defensa de la Patria, así como a la realización de tareas cívicas y sociales que tienden al desarrollo del País. Contribuye a mantener reservas de calidad para una posible movilización de las reservas humanas para hacer frente a algún conflicto de carácter interno o externo.
La Ley que lo reglamenta es la Ley del Servicio Militar
Indique si existe el servicio militar para mujeres.
La participación en el servicio militar de las mujeres es de manera voluntaria.
En qué Ley se regulan los ingresos y egresos de la federación.
¿Qué entiende por contaduría y sobre que regula?
Regula sobre los ingresos y egresos de la federación.
Existe alguna Ley que regule el Registro Vehicular.
Si, en la Ley del Registro Nacional de Vehículos.
Importancia y trascendencia de la Ley Electoral.
Indique en qué consiste el Proceso Contencioso Administrativo.
Se define como un medio que tiene el gobernado para que un acto administrativo sea revisado por una autoridad diferente a la que lo ha emitido, a efecto que se determine la legalidad del mismo y consecuentemente la validez o invalidez del propio acto impugnado.
3.1.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
3.2.- EL CONTROL JURISDICCIONAL FEDERAL Y ESTATAL.
3.3.- AL AMPARO ADMINISTRATIVO.
3.4.- MARCO JURIDICO CONSTITUCIONAL.
3.5.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
3.6.- LA EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD
Al hacer el estudio de los derechos de orden administrativo de que disfrutan los particulares señalamos como una categoría de ellos los derechos de los administrados a la legalidad de los actos de la Administración, es decir, consideramos que los administrados tienen el poder de exigir a la Administración que se sujete en su funcionamiento a las normas legales establecidas al efecto, y que, en consecuencia, los actos que realice se verifiquen por los órganos competentes, de acuerdo con las formalidades legales, por los motivos que fijen las leyes, con el contenido que éstas señalen y persiguiendo el fin que las mismas indiquen.
Es decir, el derecho a la legalidad se descompone en una serie de derechos, como son el derecho a la competencia, el derecho a la forma, el derecho al motivo, el derecho al fin prescrito por la ley. Esos diversos derechos del administrado necesitan protegerse en forma de dar a su titular los medios legales para obtener la reparación debida en caso de violación, es decir, para lograr el retiro, la reforma o la anulación del acto lesivo. Para conseguir ese propósito existe una gran diversidad de sistemas en los Estados contemporáneos. Dentro de ellos existen medios indirectos y medios directos para proteger los derechos de los particulares a la legalidad administrativa. Los medios indirectos consisten, principalmente, en las garantías que presta un buen régimen de organización administrativa. La regularidad de la marcha de ésta, su eficiencia, el control que las autoridades superiores tienen sobre las que les están subordinadas. En una palabra, la autotutela que la Administración desarrolla en su propio seno, constituyen indudablemente elementos de protección de los derechos de los administrados. Estos medios están destinados directamente a garantizar la eficiencia de la Administración y sólo por efecto reflejo representan una garantía para el particular.
Por el contrario, existen otros medios directos que sí están destinados en forma inmediata a satisfacer el interés privado, de manera tal, que la autoridad ante la cual se hacen valer, está legalmente obligada a intervenir y a examinar nuevamente, en cuanto a su legalidad o a su oportunidad, la actuación de que el particular se queja. Esos medios directos que la ley establece para la protección de los derechos de los particulares se pueden clasificar, según las autoridades que deben intervenir, en remedios o recursos administrativos y en recursos o acciones judiciales.
El recurso administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.
Como elementos característicos del recurso administrativo pueden señalarse los siguientes:
La fijación en la ley de las autoridades administrativas ante quienes debe presentarse
La fijación de un plazo dentro del cual deba interponerse el recurso.
Los requisitos de forma y elementos que deben incluirse en el escrito de interposición del recurso.
La fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso, especificación de pruebas, etc.
La obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo.
El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, establece:
“Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación.”
La revocación solo procede contra resoluciones definitivas en las que se determinen contribuciones omitidas o accesorios; dicten las autoridades aduaneras; nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Al mismo tiempo se dispone que el afectado puede optar por interponer el recurso de revocación o por promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal.
La actividad administrativa realiza dentro de su esfera la finalidad principal del Estado, que es la de dar satisfacción al interés general por medio de la policía que comprende las medidas necesarias para salvaguardar el orden público, o sea, la tranquilidad, seguridad y salubridad públicas; por medio de intervenciones tendientes a regular y fomentar la actividad de los particulares; por medio de los servicios públicos que otorguen prestaciones para satisfacer las necesidades colectivas y por la gestión directa en la vida económica, cultural y asistencial.
Ahora bien, como esas actividades se realizan en forma de función administrativa y como esta consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales, es necesario hacer, aunque sea en forma somera, la caracterización de los actos administrativos más importantes.
Los criterios que se usaran para esa caracterización serán:
a) el de la naturaleza misma de los actos
b) el de las voluntades que intervienen en su formación
c) el de la relación que dichas voluntades guardan con la ley
d) el del radio de aplicación del acto
e) el de su contenido y efectos jurídicos
Los elementos que constituyen el acto jurídico administrativo son:
d) el motivo
e) el fin
f) la forma
Asimismo, el art. 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cita:
“Son elementos y requisitos del acto administrativo:
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.”
Cuando el acto administrativo se ha perfeccionado por haber llenado todos los elementos y requisitos para su formación, adquiere fuerza obligatoria y goza de una presunción de legitimidad que significa que debe tenerse por válido mientras no llegue a declararse por autoridad competente su invalidez.
El acto administrativo perfecto produce sus efectos a partir del momento en que se ha quedado formado y una vez que se cumplan ciertos requisitos que las leyes pueden establecer para que el propio acto sea conocido, tales como los relativos a la notificación mediante comunicación personal, o mediante publicación en algunas de las formas que las mismas leyes disponen.
Una vez que ha reunido todos sus elementos, el acto administrativo produce efectos y se lleva a cabo o se ejecuta. La ejecución, se refiere a su cumplimiento a respetar todos sus efectos de conformidad con la legislación respectiva, es decir, a su cumplimiento conforme a lo mandado por el mismo documento que lo contiene. En esa virtud, la ejecución puede hacerse voluntariamente por los particulares destinatarios o forzosamente mediante el empleo de la fuerza pública a cargo del estado.
La ejecutividad significa la facultad que tiene la administración pública para hacerlos cumplir y respetarlos. Podemos señalar como medios para ejecutar los actos administrativos a los siguientes;
1. - La acción administrativa sobre los bienes de las personas, por ejemplo; el decomiso, la requisición, la clausura de negocios o establecimientos y el embargo.
2. - La acción administrativa sobre la persona efectuada de una obligación de hacer, ejemplo; servicio militar obligatorio, la vacunación obligatoria, ciertos servicios públicos de carácter social, etcétera.
3. - La ejecución subsidiaria de terceros, que pueden ser realizados por sujetos distintos del obligado, como la demolición de construcciones, o los terceros que asumen responsabilidad solidaria con el deudor principal de un tributo.
4. - Ocupación, entrega o modalidades de un bien determinado, por ejemplo; la requisición por necesidad pública.
5. - La aplicación de sanciones administrativas, como la multa y el decomiso de bienes.
6. - Apremio del régimen de policía, por ejemplo; el arresto hasta por 36 horas.
7. - El lanzamiento administrativo establecido en la ley para el desalojo de los bienes del estado.
8. - El uso de la fuerza pública para hacer respetar una determinación administrativa.
La vida jurídica del acto administrativo desaparece, se pierde o se extingue por diversas razones. Normal es que desaparezca por su cumplimiento. Por ejemplo, el requerimiento de pago de un impuesto desaparece cuando el contribuyente lo cumple y lo paga. Frente a la ley, el acto administrativo puede resultar anormal o irregular y por este motivo dejar de existir jurídicamente o perder toda validez jurídica. Cuando esta situación se presenta, la ley previene distintos medios o formas para lograr su extinción; son principalmente: inexistencia, nulidad, revocación y caducidad.
Inexistencia: Como todo acto jurídico, el administrativo, tiene elementos esenciales y la falta de alguno origina su inexistencia jurídica, no produce efectos jurídicos. Acreditada la inexistencia de uno de los elementos esencial, el tribunal dictará sentencia declarando la nulidad del acto que no reconoce legalidad alguna a cualquier efecto de tal acto.
Nulidad: Se dice nulidad si el acto lo emite la autoridad con dolo, con base en errores de hecho o de derecho, con violencia o lesión. El acto existe jurídicamente, pero en forma irregular por alguno de esos motivos; entonces carecerá de validez, los efectos que produjo se declaran nulos, se destruyen retroactivamente desde que nació el acto. Nulidad absoluta es si el acto se dicta por la autoridad con violación de la ley que aplica. Nulidad de pleno derecho si el acto se pronuncia en contra de lo que prohíbe la ley.
Revocación: Es un acto administrativo que priva der efectos jurídicos a otro plenamente válido por razones de conveniencia u oportunidad, o a otro acto por ilegalidad. Son numerosos los casos en que un acto administrativo ya perdió toda razón práctica para subsistir. Cuando por ejemplo se decreta una veda para la caza de determinados animales o para la pesca de ciertas especies, una vez que desaparecen los motivos biológicos o económicos que provocaron la veda ésta ya no tiene por qué seguir vigentes y conviene su revocación. La revocación también obedece a supuestos de ilegalidad del acto revocado, descubierta por la misma administración (hipótesis de autocontrol de legalidad), o denunciada por los particulares mediante instancias legales, como es el recurso administrativo.
Caducidad: Para el derecho administrativo la caducidad es un acto administrativo que declara extinguido el derecho de un particular nacido al amparo de otro acto de la misma índole, por el no ejercicio de ese derecho en el tiempo que marca el acto o la ley. Se sanciona jurídicamente la negligencia de quien no ejerce sus derechos. Algo distinta es la caducidad en materia fiscal. Aquí se sanciona a las autoridades fiscales por no ejercer a tiempo sus facultades para determinar las contribuciones omitidas o para imponer sanciones por infracción a las disposiciones fiscales (Art. 67 CFF).
El Recuso de lo contencioso administrativo se define como un medio que tiene el gobernado para que un acto administrativo sea revisado por una autoridad diferente a la que lo ha emitido, a efecto que se determine la legalidad del mismo y consecuentemente la validez o invalidez del propio acto impugnado.
I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;
II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación;
VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del poder ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal;
Las resoluciones del tribunal tendrán el carácter de acuerdos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Los acuerdos son las determinaciones de trámite. Son sentencias interlocutorias las que ponen fin al juicio o recurso, sin decidir la cuestión principal. Las sentencias definitivas son las que resuelven el juicio o recurso en lo principal.
Cuando haya necesidad de impugnar actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, la demanda podrá presentarse por cualquier persona, a nombre del actor, en forma escrita o verbal. El magistrado dictará las medidas necesarias para que, en su caso, el personal de la sala documente la demanda verbal y que el actor la ratifique con posterioridad a su admisión.
En los casos en que no sea posible que el magistrado del conocimiento subsane algún requisito formal de la demanda o que no se adjunten los documentos respectivos, el magistrado de la sala regional requerirá al actor, para que aclare, corrija y complete la demanda o exhiba los documentos aludidos, en un plazo de tres días, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, se desechará de plano la demanda o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, según el supuesto de que se trate.
Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la sala regional competente la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades demandadas para su cumplimiento.
II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión;
Vencido este término, el magistrado ponente formulará el proyecto de resolución y dará cuenta del mismo a la sección de la sala superior en un plazo de cinco días.
Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. Cuando las secciones de la sala superior entre sí o las salas regionales sustenten tesis contradictorias, cualquiera de las que intervinieron en los asuntos en que esas tesis hubieran sido sustentadas, podrá denunciar la contradicción ante el pleno de la sala superior. El presidente del Tribunal formulará la ponencia respectiva, a fin de decidir si efectivamente existe la contradicción y, en su caso, cuál será el criterio que como jurisprudencia adopte la propia sala. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en los juicios en que fueron pronunciadas.
Competencia, es el conjunto de facultades con que la ley en general inviste a cada una de las autoridades encargadas de desempeñar una determinada función estatal. En otras palabras, es la limitación normativa a la función administrativa, legislativa y jurisdiccional.
Competencia jurisdiccional, se traduce en aquel conjunto de facultades específicas con que jurídicamente están investidas las autoridades encargadas de desempeñar la función jurisdiccional estatal abstracta.
La función jurisdiccional es un elemento de existencia necesaria, previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla.
Art. 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal:
“El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:
VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción
XII.- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.”
Art. 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal:
Los tribunales unitarios de circuito conocerán:
Los tribunales unitarios de circuito tendrán la facultad a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante ellos
En el año de 1936 se operó un serio cambio en nuestra legislación positiva al expedirse, el 27 de agosto, la Ley de Justicia Fiscal, creando el Tribunal Fiscal de la Federación destinado a conocer el contencioso-fiscal, y al establecerse en el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 5 de noviembre de 1938, el Tribunal de Arbitraje. La estructura, competencia y funcionamiento del Tribunal Fiscal fueron posteriormente materia de la Ley Orgánica de dicho Tribunal (DOF 19/01/1967) separada del Código Fiscal donde anteriormente se incluía, derogada por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (DOF 06 de Diciembre de 2007). Tal separación obedeció a que se consideró que era preferible una ley especial susceptible de más fácil modificación a medida que lo fuera requiriendo la marcha de la Administración Pública.
De acuerdo al artículo 1º de la Ley de Amparo el objeto del juicio de amparo es: Resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por leyes o actos de autoridad que invadan la esfera de la autoridad federal. Su fundamento legal lo establecen los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ley reconoce 2 tipos de Juicio de Amparo:
ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO.
Actor.- Es el gobernado afectado en su esfera jurídica por el acto de autoridad, al ejercitar la acción de amparo adquiere la condición de quejoso.
Tribunal ante quien se promueve.- tribunal federal.
Demandado.- autoridad responsable que emite el acto (acto reclamado).
Causa remota.- Es la garantía individual o del gobernado de que es titular el quejoso, que ha sido violada por la autoridad responsable.
Causa próxima o petendi.- es el acto de autoridad que se reclama en la demanda o acto reclamado.
Objeto de la acción.- que el tribunal declare la nulidad del acto reclamado, restituyéndolo en el pleno goce de la garantía individual violada y regresando las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías art. 80 LA. Restablecer el estado de derecho y hacer imperante el orden constitucional.
Una de ellas es la parte agraviada, autoridad o autoridades responsables, posible tercero perjudicado y Ministerio Público. La primera es la solicitante del Amparo o quejoso, la afectada por la ley o actos de autoridad inconstitucionales; la autoridad responsable es la demanda contra quien se promueve el juicio; tercero perjudicado se llama a la persona o personas que tienen interés en la que subsistencia de la ley o acto que se combate y el Ministerio Público actúa como representante de la sociedad y el Ministerio Público actúa como representante de la sociedad, vigilando el correcto desarrollo en el juicio.
TÉRMINOS PARA INTERPONER EL AMPARO.
La Regla General es de 15 días, Art. 21 LA: “El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.”
Las excepciones o especiales son, las señaladas por el artículo 22 LA:
III.- Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior.
No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.”
La revisión; los recursos proceden en el Amparo indirecto contra actos o resoluciones de los Jueces de Distrito y se tramita ante los tribunales Colegiados y el H. Suprema Corte de Justicia:
Materia del recurso ante la Suprema Corte de Justicia
Condiciones para interponer el recurso de revisión
- El único que permite la ley para tener por no interpuesto el recurso, es cuando el quejoso o la autoridad responsable, no exhibe copias simples del escrito de revisión.
¿Qué entiende por Recursos Administrativos y señale cuáles son?
Constituye un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.
Indique los elementos del Acto Administrativo.
Señale efectos y ejecución del Acto Administrativo.
La ejecución se refiere a su cumplimiento a respetar todos sus efectos de conformidad con la legislación respectiva, es decir, a su cumplimiento conforme a lo mandado por el mismo documento que lo contiene. En esa virtud, la ejecución puede hacerse voluntariamente por los particulares destinatarios o forzosamente mediante el empleo de la fuerza pública a cargo del estado.
Señale los medios de extinción del Acto Administrativo.
La inexistencia, nulidad, revocación y caducidad.
¿Qué tipo de asuntos se ventilan en el extinto Tribunal Fiscal de la Federación?
Asuntos relacionados con lo contencioso-fiscal.
¿Existen Tribunales en materia Contenciosa y Administrativa?, y ¿de quien dependen?
Indique la diferencia entre Coerción y Coacción.
Tipos de coerción: Legal, internacional, control de recursos básicos y escasos, y monopolios.
Los tipos de coacción son en la Teoría del Poder, en el Derecho Penal y en el Derecho Civil.
Diga cuál es el concepto de Amparo Administrativo y cuál es su estructura.
El amparo esta estatuido por nuestra Constitución, para ser tramitado cuando los derechos asegurados por la esta Ley no fueren respetados por alguna autoridad.
Su estructura: La parte agraviada, autoridad o autoridades responsables, posible tercero perjudicado y Ministerio Público.
Explique cuáles son los Procedimientos Especiales.
Recurso de revisión, queja y reclamación.
Cuantas modalidades hay de Expropiación.
De ocupación temporal o de limitación de dominio. (Art. 4º Ley de Expropiación.)
Diga el concepto de Expropiación
http://www.realidadjuridica.uabc.mx/realidad/files/procesal.doc
http://223.53.196.155/Autonormaweb/home.htm
http://www.legatek.com/
http://www. Sep.gob.mx/Wb/Sep1/Sep1_IX_
http://www.todoelderecho.com/Apuntes
http://www.masapuntes.com
http://www.elrincondelvago.com.mx
Reglamentación AdminstrativaConceptoDiferencias entre Reglamento y LeyDecretos y AcuerdosLeyes AdministrativasProceso Contecioso AdministrativoRecursosControl JurisdicionalProcedimientos EspecialesExpropiación

References: artículo 89
 artículo 89
 artículo 72
 resolución 
 artículo 92
 artículo 89
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 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
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 artículo 1
 Artículo 27
 Artículo 4
 artículo 5
 ARTÍCULO 27
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 ARTÍCULO 28
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 artículo 2
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 artículo 126
 artículo 74
 artículo 25
 artículo 74
 artículo 5

Artículo 90
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 artículo 116
 resolución 
 resolución 
 artículo 107
 artículo 11
 artículo 1
 resolución 
 artículo 22