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Timestamp: 2018-04-25 06:25:10+00:00

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El Justo Reclamo: 01/27/08
El consorcio televisivo que preside Emilio Azcárraga Jean vuelve a mover sus piezas para impedir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dé el aval para que Telmex se convierta en proveedor de contenidos vía televisión por cable y de servicios convergentes de telefonía e internet –el llamado triple play. Ante el temor de que el dueño del Grupo Carso les coma el mandado, Televisa le echó encima a las empresas de televisión por cable… La batalla por el control del mercado de las telecomunicaciones comienza a cobrar fuerza.En vísperas de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunciara el cambio de título de concesión de Teléfonos de México, en septiembre de 2006, Emilio Azcárraga Jean y varios ejecutivos de Televisa acudieron a la dependencia para exigir airadamente que el gobierno de Vicente Fox evitara que Carlos Slim, exsocio y acreedor del consorcio televisivo, se transformara en su principal competidor.El revire del magnate del Grupo Carso fue inmediato. En privado aseguró que él nunca cabildeó en contra de la Ley Televisa; por el contrario, insistió, Azcárraga Jean sí afectó los intereses de Telmex, al vetar el Acuerdo de Convergencia impulsado desde la SCT.Televisa operó a través del entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien entró en la disputa y ordenó que Telmex pagara una contraprestación para que el título, de 1990, le permitiera al consorcio de la telefonía entrar al mercado del triple play (audio, video e internet).Desde ese momento, la guerra soterrada entre ambos gigantes de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos se ha ido transformando en una batalla abierta. En esta confrontación, cada uno de los grupos le apuesta a la debilidad de los organismos reguladores –Cofetel y SCT– y a utilizar a sus principales aliados para “ganar tiempo” y evitar que Telmex se convierta en el nuevo proveedor de contenidos vía televisión por cable y de servicios convergentes de telefonía e internet.El negocio en juego es impresionante. El sector de telecomunicaciones generará inversiones anuales de entre 18 mil y 20 mil millones de dólares y es el único que ha crecido ocho veces más que el Producto Interno Bruto, pero el costo de los servicios de telecomunicaciones en México es uno de los más caros del mundo: cada familia mexicana invierte 45 dólares mensuales, en promedio, en telefonía, televisión restringida o internet, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).El último capítulo de esta pugna se registró la semana pasada. La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), dirigida por Alejandro Puente, publicó un desplegado el lunes 21 en el que acusó a Telmex de dominar el 91% del mercado de telefonía fija local y de bloquear a sus competidores.En su alegato, esta cámara, afín a los intereses de Televisa, acusó abiertamente a Telmex de “incumplir múltiples obligaciones establecidas por el título de concesión que dio forma a su privatización” y de obstaculizar mejores servicios a más bajo precio.“Telmex pretende ahora incursionar en nuevos mercados bajo este esquema viciado… Sabemos de gestiones que Telmex pretende concretar con el gobierno federal para modificar su título de concesión, a fin de eliminar la prohibición de ofrecer sus servicios de televisión, limitación acordada en la compra-venta de la empresa, en 1990”, decía el desplegado.Ante la inminencia del cambio de título de concesión de Telmex, previsto originalmente para el primer trimestre de 2008, la Canitec le solicitó al gobierno de la República que “revisara integralmente” dicho título para evitar vicios y obligar al cumplimiento de sus obligaciones; “emitir las declaraciones de dominancia de Telmex y de Telcel”; “expedir regulación específica sobre bases no discriminatorias”, y “cumplir estrictamente con el marco jurídico aplicable”.Consultado por Proceso, Arturo Elías Ayub, vocero del corporativo, calificó de “ridículos” los términos del desplegado y acusó a la Canitec de querer “mantener su monopolio regional del cable a base de una serie de mentiras”.“Le tienen miedo a la posibilidad de que un jugador grande se incorpore al mercado de triple play. No quieren que los consumidores tengan más opciones, y seguramente cuando Telmex entre a competir le aseguro que los precios van a reducirse en el mercado de video”, afirma Elías Ayub.
–Los cableros acusan a Telmex de incumplir con los acuerdos de interconexión y de realizar prácticas anticompetitivas…
–El costo de la interconexión es de cero. Nosotros hemos firmado acuerdos de interconexión con las 18 empresas más grandes como Megacable, Cablemás y Cablevisión, y hemos cumplido con todos los plazos que nos puso la Comisión Federal de Competencia (CFC).El funcionario de Telmex se refería a las condiciones que la comisión estableció el 31 de octubre de 2005, un año antes de que se diera a conocer el Acuerdo de Convergencia, para evitar prácticas monopólicas por parte del corporativo que domina más de 90% de la telefonía fija y posee la red de cable más extensa del país para avanzar en el triple play.En esa ocasión, Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, afirmó que debe permitirse el cambio de título de concesión de Telmex, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: implementar un programa de portabilidad numérica de telefonía; que la empresa de Slim facilite el acceso de interconexión de otras redes de la competencia; y garantizar la interoperabilidad plena de las redes de telefonía local con todos los competidores.“Se considera necesario establecer un período máximo de espera de dos años”, estableció el organismo responsable de promover la competencia, y también advirtió que era necesario aplicar otras medidas como licitar la banda de frecuencias para el servicio de internet inalámbrico o wimax.
Cableros al ataque
En respuesta a las críticas de Elías Ayub, el presidente de la Canitec, Alejandro Puente, negó que las empresas cableras fueran monopolios regionales y señaló que “Telmex se quiere convertir en autoridad” y no ha permitido una “competencia sana”.“No pedimos que no entren a prestar servicios de televisión, lo que pedimos es que Telmex entre con reglas claras, que se reconozca que son una empresa dominante y que necesita una regulación especial”, afirmó el dirigente de la Canitec, que agrupa a 200 empresas que operan televisión por cable. Según el propio Puente, las ventas de la empresa más grande afiliada a la Canitec representan sólo 1.5% del volumen de ventas de Telmex-Telcel.En rueda de prensa, Puente advirtió que interpondrán ante la CFC una solicitud de investigación para determinar la dominancia de Telmex y consideró que no se le debe cambiar el título de concesión en el primer trimestre de 2008, tal como se había anunciado a principios de este año.Para el doctor Alejandro Ibarra Yunes, especialista en telecomunicaciones de Monterrey, el desplegado de la Canitec busca “ganar tiempo, para abrir la discusión”.“Creo que es positivo que la Canitec ventile su posición, pero lo que no veo realmente es una discusión legislativa ni un verdadero compromiso por parte de las autoridades (SCT y Cofetel) a favor del mercado”, afirmó Ibarra.Entrevistado por Proceso, Ibarra advierte que ni la SCT ni la Cofetel han dicho nada sobre el plazo para cambiar el título de concesión de Telmex, y “no está muy claro si este cambio no derivará en una mayor dominancia”, por parte del gigante de telecomunicaciones, poseedor de 94% de las casi 17 millones de líneas telefónicas fijas en México y de 78% de las 48 millones de líneas de telefonía móvil.“Son cuatro los objetivos que deben buscarse: menor precio, mayor calidad, más volumen de penetración y neutralidad tecnológica”, destaca el especialista.Director del doctorado en administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Ibarra insiste que la autoridad reguladora ha sido bastante débil frente a este debate y que para lograr estos cuatro objetivos no se puede tener un mercado concentrado ni en telefonía ni en televisión abierta (donde Televisa es dominante) ni en radio. “Debe existir mayor facilidad para nuevos competidores”, sentencia.Hasta el momento, ni la SCT ni la Cofetel se han pronunciado claramente sobre los dos puntos del debate: la fecha para el cambio de título de concesión y la regulación clara que impida una mayor dominancia y prácticas monopólicas.El titular de la SCT, Luis Téllez, aseguró vagamente el 23 de enero que será la secretaría, junto con la CFC y con la Cofetel, las que “determinarán cuáles son las condiciones que Telmex debe cumplir para el cambio de título de concesión para ofrecer a sus clientes el servicio de video”.A título personal, el comisionado de Cofetel, Eduardo Ruiz Vega, afirmó que no se podrá cambiar el título de Telmex hasta que cumpla con las condiciones del Acuerdo de Convergencia y que falta que la autoridad emita un Plan Técnico de Interconexión, independiente a los 18 acuerdos de interconexión que ha firmado Telmex.A Ruiz Vega se le identifica como uno de los comisionados más cercanos a las posiciones e intereses de Televisa.En contraposición, su colega Gerardo González Abarca, más cercano a Telmex, afirmó que menos de la mitad de los 598 concesionarios de telecomunicaciones en México, incluyendo a las cableras, cumplen totalmente con las condiciones a las que se les obliga en su título de concesión.Le reprochó a la SCT que no presupuestara los recursos necesarios para que en 2008 la Cofetel pudiera inspeccionar y verificar a los concesionarios. González Abarca admitió que existen fallas en la coordinación entre SCT y Cofetel.
El consumidor y los servicios más caros
La idea de que sea el consumidor final el principal beneficiario aún es lejana ante los altos precios de los servicios de telecomunicaciones en México. Según la Profeco, cada familia gasta en promedio 470 pesos mensuales en alguno de los servicios (telefonía fija o móvil, televisión restringida y servicios de internet).La Canitec y las principales empresas que compiten con Telmex (Alestra, Telefónica, Axtel, Iusacell, Nextel, Unefon, Maxcom, Marcatel) le han reprochado a la compañía sus altas tarifas en telefonía. El desplegado de la Canitec mencionó, por ejemplo, que el impacto de las telecomunicaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor es de 4%, superior al de la electricidad y la gasolina, “consecuencia directa de las altas tarifas de Telmex-Telcel”.Telmex, por su parte, respondió que los precios de los operadores de televisión restringida son de los más caros: un promedio de más de 30 dólares mensuales, frente a un mercado internacional que está en sólo 15 dólares en promedio.De acuerdo con una lista de precios, del 14 al 18 de enero, en plazas como Guadalajara, Megacable ofrece servicios por 350 pesos, frente a 369 pesos de Telecable; en Monterrey, Multimedios tiene un servicio de 330 pesos; en Morelia, Telecable da uno de los servicios más caros: 424 pesos; mientras que en Tijuana, Cablemás ofrece los más baratos con 125 pesos. Esta misma compañía ofrece un servicio por 299 pesos en el Estado de México y 305 pesos en las ciudades de Cuernavaca y de Acapulco.El volumen de consumidores de televisión restringida es de 4.5 millones de personas, que pueden duplicarse con la entrada de un competidor como Telmex. De acuerdo con la SCT, 2.8 millones de estos consumidores tienen televisión por cable, 1 millón 100 mil de televisión vía satélite y apenas 680 mil de televisión microondas.El acceso a internet y a la banda ancha es uno de los servicios con mayores iniquidades. De acuerdo con la Profeco, los costos de conexión a internet fluctúan entre 86.25 a 687 pesos al mes, dependiendo del tipo de conexión. El “Dial up”, de menor costo, es de 86 a 217 pesos, mientras que el de banda ancha varía entre 299 a 687 pesos.La contratación de internet por cable varía entre los 99 y los 352 pesos mensuales, mientras que la conexión inalámbrica tiene un costo menor de entre 286 y 574 pesos.De todos los servicios, el de telefonía celular con tarjetas de prepago es el más caro. El 92% de los usuarios utiliza este sistema y pagan hasta 123%, según un estudio de la Profeco. La compañía más cara es Iusacell. Los usuarios pueden llegar a pagar en prepago 834 pesos, 123% más que una renta mensual. En el caso de Telcel, por prepago el usuario paga 522 pesos, 102% más que el servicio más barato, que es el Virus de 258 pesos. Movistar, de Telefónica, cuesta 463 pesos en prepago frente a 343 pesos de la renta mensual. l
La Iglesia avanza… para atrás
Con el misal de Pío V, y de espaldas a los fieles, en los principales santuarios y catedrales de México empiezan a impartirse las misas en latín dispuestas por el Papa Benedicto XVI. Gozosos, los obispos y sacerdotes tradicionalistas mexicanos sacan de sus baúles los ostentosos ropajes y reliquias que les permitirán dar un salto de hasta 14 siglos… para atrás… Por instrucciones del Papa Benedicto XVI, y de espaldas a la feligresía, el Episcopado Mexicano ya volvió a imponer las misas en latín, que habían caído en desuso desde los años sesenta con las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II que dieron prioridad a las celebraciones realizadas en la lengua de cada país.Por lo pronto, en los principales santuarios y catedrales del país –como la Basílica de Guadalupe y la Catedral de la Ciudad de México– estos viejos rituales del siglo XVI empiezan a ser organizados por Una Voce, un movimiento de laicos tradicionalistas que ya edita misales en latín y se prepara para impartir cursos en esa lengua.Una Voce cuenta con el apoyo de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que instauró el cismático arzobispo francés Marcel Lefebvre y que desde hace tiempo opera en México de manera soterrada, sólo que los nuevos lineamientos ultraconservadores del Papa la han revigorizado. El dirigente en México de Una Voce, Felipe Alanís, un regiomontano de 30 años de edad, explica entusiasmado:“Nuestra función es promover las misas en latín a nivel nacional. En eso coincidimos con los miembros de la Fraternidad de San Pío X en México, con quienes llevamos una relación de respeto mutuo. Ellos son sacerdotes y nosotros somos una organización de laicos que opera en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida.”
–¿Cuál ha sido la respuesta del Episcopado Mexicano al trabajo de Una Voce?
–¡De apoyo total! Los obispos nos ayudan por obediencia al Papa Benedicto XVI, quien les pidió impulsar las misas en latín a través de un Motu Proprio que expidió el año pasado. Antes de oficiar cualquier misa, obviamente que primero le pedimos un templo al obispo del lugar y luego buscamos al sacerdote celebrante. También nos encargamos de conseguir los ornamentos tradicionales para esas misas.
–¿Roma y el Episcopado Mexicano están reivindicando la figura de Lefebvre?
–Bueno, después del Concilio Vaticano II, monseñor Lefebvre luchó para que no desaparecieran las misas en latín. Tuvo el mérito histórico de defender nuestro rico patrimonio litúrgico. Pero lo que hoy se reivindica es, más bien, nuestro derecho a tener esas misas tradicionales. El 7 de julio del año pasado, Benedicto XVI expidió el Motu Proprio Summorum Pontificum, mediante el cual suprimió los permisos que se necesitaban para celebrar la llamada misa tridentina (instaurada en el siglo XVI, en el Concilio de Trento) y que la habían convertido en una rareza. Ahí, el Papa indica que ahora “el sacerdote no necesita ningún permiso, ni de la sede apostólica ni de su ordinario (obispo)”. Y a estas misas hoy pueden “ser admitidos” los fieles “que lo pidan voluntariamente”. De ahí que en México –uno de los países de más fuerte raigambre católica– la jerarquía haya empezado de inmediato a celebrar misas en latín. Comenta Felipe Alanís: “Estoy muy sorprendido, pues en pocos meses ya se ofician estas misas en la Basílica de Guadalupe, en la Catedral Metropolitana y en el templo de La Profesa de la Ciudad de México. Lo mismo en la arquidiócesis de Monterrey y en la diócesis de Torreón. Son los lugares de los que tenemos conocimiento porque nosotros participamos, pero puede haber más, ya que cada diócesis es autónoma”.
“Sacerdotes en desacuerdo”
Por lo pronto, para el próximo 13 de febrero se anuncia una magna misa tridentina en la catedral de Torreón, una de las diócesis donde más ha prendido el furor lefebvrista. Será todo un espectáculo litúrgico musicalizado con cantos gregorianos. El sacerdote Ricardo Valenzuela, asesor de la Comisión de Pastoral Litúrgica del Episcopado y cabeza de la comisión correspondiente en la arquidiócesis de México, vislumbra así el futuro inmediato:“Estas misas, supongo, también empezarán a darse muy pronto en otras diócesis y arquidiócesis de gran tradición. Pienso, por ejemplo, en las de Guadalajara, Puebla, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Mérida o Tijuana. Tardarán más en llegar a las circunscripciones eclesiásticas que están en la sierra o donde se hablan lenguas indígenas, pues nuestra geografía celebrativa es muy variada.”El perito del Episcopado señala que existen tres tipos de celebraciones en latín: la de Pío V, que es la antigua, y las de Juan XXIII y Paulo VI, que son reformas de aquélla.
–¿Estas misas eran poco comunes antes de las recientes disposiciones del Papa?
–Eran algo extraordinario. Ni siquiera en los seminarios solían darse. Recuerdo que, a finales de los noventa, propuse que hubiera misas en latín en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México. Mis compañeros sacerdotes me respondieron extrañados: “¿Y por qué en latín?”. Dentro del clero hay distintas posturas. Algunos sacerdotes están de acuerdo con esas misas y otros no.
–¿Es el latín una lengua muerta?
–No, de ninguna manera. Los documentos oficiales de la Iglesia están en latín, lengua que se sigue hablando en el Vaticano. Ahí hay universidades donde las discusiones se dan en un perfecto latín, y sus estudiantes tienen que recurrir a textos en latín. Además, en los congresos eclesiásticos internacionales, donde los participantes hablan distintos idiomas, se usa el latín para comunicarse. A mí, en lo personal, me ha sacado de muchísimos problemas. “Por desgracia, en los años setenta y ochenta, esas dramáticas décadas que siguieron al Concilio Vaticano II, se minimizó en los seminarios el estudio del latín; de cinco años de estudio, se llegó a bajar hasta dos. Esto provocó un gran retroceso que ahora se está subsanando. De modo que el regreso al latín no es por romanticismo, sino por cuestiones prácticas y culturales.”
–Usted habla del clero, pero el laico común, ¿qué ventajas obtiene de la misa en latín?
–Mire, en el fondo de todo está la unidad. De lo que se trata es de reforzar nuestros vínculos al momento de la celebración. El latín es el lenguaje universal que une a los católicos. En esa lengua tenemos una rica herencia litúrgica; hay que aprovecharla entonces.
–¿Pero el uso del latín no se presta a cuestiones elitistas, de discriminación?
–Bueno, hay el riesgo de que se den este tipo de membresías, o de que se diga que es una especie de reconquista. Pero hay que verlo como un nuevo momento cultural, así como puede resultar útil hablar inglés o francés. Y aclaro que estas misas no son totalmente en latín, pues las lecturas del Nuevo Testamento siguen siendo en lengua vernácula, precisamente para que los fieles las comprendan. Además, éstos no necesitan saber latín para rezar en esa lengua el Padre Nuestro u otras oraciones. Con un doctorado en liturgia en el Instituto de San Anselmo, en Roma, ceremoniero de la Catedral Metropolitana y profesor de la materia en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México, el asesor Valenzuela señala que el Episcopado Mexicano acaba de aprobar un misal en latín para usarse a nivel nacional.“En su última asamblea plenaria, realizada en noviembre, los obispos acordaron poner en uso un misal para marzo de este año. Fue una postura que se sometió a votación; de 98 obispos, 93 votaron a favor. Ahorita ese misal se está revisando palabra por palabra para luego editarse”, dice.
–¿Se recuperarán también los ornamentos tradicionales?
–Debe atenderse la dignidad ornamental, pero sin caer en lo barroco o rebuscado. Se habían dejado muchas cosas a la improvisación, como cubrir los altares con manteles de distintos colores. ¡No! El mantel debe ser blanco porque ese color representa el misterio pascual, que se celebra en el altar.“Inclusive, los movimientos del sacerdote se descuidaron muchísimo. Caray, si estamos ante lo sagrado, la gestualidad debe ser estética. La vida está llena de ritos y protocolos. Hasta para rasurarse hay un ritual. Si yo invito a una persona respetable a comer a mi casa, pues no le voy a decir: ‘Sácate un sándwich del refri’. Aquí se trata de dignificar el ritual de la misa.”
Para el sacerdote Pedro Rodríguez Ocampo, quien cada lunes oficia en latín en la Basílica de Guadalupe, los cantos gregorianos también se pondrán en boga: “El Papa quiere que retomemos estos cantos, que se usaban mucho en los monasterios medievales. En México, se analizará el tema durante el próximo congreso de música litúrgica”.
–¿Qué vestimentas tradicionales empiezan a recuperar en sus misas?
–¡Ah!, vestimentas muy bellas que ya habían caído en desuso: como el manípulo, una prenda alargada que llevamos en los puños; o el amito, que es una capa corta. La estola nosotros la llevamos ahora cruzada, a la usanza de las viejas misas preconciliares...
–Suena muy aristocrático…
–Pues no, es sobre todo la clase media la que asiste a nuestras celebraciones. También mucha gente del pueblo. Y para mi sorpresa, muchísimos jóvenes. En fin, son personas que quieren vivir su fe con seriedad.Roberto Velásquez, historiador del archivo secreto vaticano, indica que también se desempolvarán los añejos libros litúrgicos: los salterios, temporales, graduales, breviarios, sacramentarios y evangelarios.“Son libros de salmos, oraciones y cantos que se ilustraban con opulencia. Datan desde el siglo VII. De manera que daremos un salto de 14 siglos atrás”, dice el investigador.Fervoroso promotor de estas misas, el padre Rodríguez Ocampo tiene charlas con algunos obispos para saber de sus posturas. Dice:“El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, de niño vivió intensamente estas celebraciones. Ahora planea abrir en su arquidiócesis lo que nosotros llamamos un templo personal, dedicado exclusivamente a las misas en latín. Mientras que el obispo de Torreón, José Guadalupe Galván, quedó entusiasmado con el ambiente litúrgico tradicional que se vive en Roma; de ahí que me haya permitido oficiar en su diócesis y esté promoviendo una gran ceremonia en su catedral. “El arzobispo emérito de Hermosillo, monseñor Carlos Quintero Arce, quien es capellán personal del actor Mel Gibson, también es un convencido tradicionalista. Y Emilio Berlié, arzobispo de Yucatán, siempre me dice: ‘Échele ganas, padre, échele ganas, yo soy muy amigo de monseñor Darío Castrillón Hoyos’, refiriéndose al encargado del Vaticano de dialogar con los lefebvristas.”
–¿Se dará la reconciliación del Vaticano con esta corriente cismática?
–Sí. Creo que pronto se dará la reinserción plena a la Fraternidad de San Pío X, que era mal vista por Roma antes de la llegada de Benedicto XVI, quien seguramente levantará la excomunión a los obispos que fueron ordenados por Lefebvre. Aquí en México hay sacerdotes lefebvristas que tienen sus respectivas parroquias llamadas prioratos, donde llevan años oficiando sólo en latín. Continúan en su línea: menos sociología y más vida espiritual. En efecto, encabezados por el religioso Mario Trejo, los sacerdotes lefebvristas
–quienes se negaron a hablar con Proceso– celebran sus misas en templos de la Ciudad de México y de los estados de Morelos, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Colima y Chihuahua.Tienen su sede nacional en la Capilla de Guadalupe, ubicada en la calle de Miguel Schultz número 91, en la colonia San Rafael del Distrito Federal.Dice Ricardo Valenzuela: “Ellos ofician en latín con el misal de Pío V y de espaldas al pueblo. Lefebvre creía que con el Concilio Vaticano II se desacralizaba la misa. Vino la ruptura con Roma. Ahora intentamos atraer a sus seguidores”.En tanto, Felipe Alanís comenta que Una Voce abona el terreno para que, en México, se viva el pleno retorno al culto tridentino:“Tenemos la obligación moral de trasmitir a nuestros hijos el legado de nuestros padres. La fe no es algo que se invente al capricho de los tiempos. Por lo pronto, ya editamos misales bilingües y empezaremos por dar a los fieles clases de latín básico, a nivel de rezos. Celebraremos más misas, realizaremos peregrinaciones, reforzaremos vínculos con las organizaciones tradicionalistas…”
Defenderemos el petróleo
Los mexicanos defenderemos el petróleo, aunque Mouriño y Calderón ambicionen la reforma energética: AMLO
* El presidente legítimo de México expresa que si es necesario vamos a parar al país para defender este bien de la Nación * La derecha panista que usurpó la Presidencia pretende concretar la desnacionalización de la industria petrolera, señala, Andrés Manuel López Obrador *Con una industria petrolera bien administrada, los mexicanos estamos en la posibilidad de convertirnos en una potencia energética, asegura * López Obrador concluye su gira de trabajo por 24 de los 33 municipios que tiene Morelos
Juan Camilo Mouriño, representante de empresas españolas, y Felipe Calderón “se sienten envalentonados y andan muy encarrerados” con la llamada reforma energética, pero los mexicanos no daremos un paso atrás en la defensa el petróleo, “aunque nos tachen de revoltosos y si es necesario vamos a parar al país”, expresó Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que la derecha panista que usurpó la Presidencia sigue al pie de la letra las recetas y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que son contrarias al interés de la mayoría de los mexicanos, como son la reforma a la Ley del ISSSTE y la fiscal. Ahora, pretende concretar la desnacionalización de la industria petrolera y los mexicanos ya estamos preparados para movilizarnos y salir en defensa del patrimonio de la Nación.
El presidente legítimo de México destacó que Mouriño y Calderón promovieron desde la Secretaría de Energía la entrega de concesiones para la instalación en nuestro país de plantas de generación de energía eléctrica, en las cuales tienen negocios la familia del ahora secretario de Gobernación.
En el cuarto día de recorrido de trabajo por 24 de los 33 municipios de Morelos, aseguró que Felipe Calderón es un presidente pelele de los potentados que buscan conservar y acrecentar sus privilegios, pero nunca dan la cara a la gente y entre ellos citó al banquero Roberto Hernández.
En Axochiapan, López Obrador precisó que la minoría rapaz no tiene el mínimo interés por la economía y el bienestar familiar, como quedó de manifiesto con los aumentos a los precios de las gasolinas, que desataron una escalada de precios.
Luego, en Tepalcingo de Hidalgo, subrayó que ese grupo que se cree dueño de México pretende quedarse con Petróleos Mexicanos y advirtió que el país no tendría posibilidad de salir adelante y seríamos esclavos en nuestra propia tierra, si permitimos la entrega del petróleo a particulares nacionales o extranjeros.
Con una industria petrolera bien administrada, aseguró, los mexicanos estamos en la posibilidad de convertirnos en una potencia energética y en una Nación industrializada. Sin lugar a dudas, el petróleo es el mejor negocio del mundo y por esa razón lo ambiciona el capital privado extranjero, aclaró.
Ante los habitantes de Axochiapan, Tepalcingo de Hidalgo, Jonacatepec, Jantetelco, afirmó que la derecha panista y sus aliados, entre ellos los priistas, “no han podido ni podrán destruirnos a los millones de mexicanos que luchamos por una transformación auténtica del país, ni sus instituciones”.
En Jantetelco y Ayala –cuna del agrarismo— puntualizó que el cambio “sí se va a dar por las buenas, por la vía pacífica, pero con una revolución de las conciencias”.
En la asamblea informativa con el pueblo de Jantetelco, López Obrador afirmó que Calderón y los panistas de arriba son unos auténticos bandidos, que no tienen llenadera, y no les interesa que haya paz social en nuestro país.
Con los constantes aumentos de precios a los artículos de consumo generalizado, como la tortilla, “están atentando contra la paz social y no se ha presentado un estallido social por las válvulas de escape, entre ellas el fenómeno migratorio, la economía informal y porque los mexicanos queremos vivir en paz, sin violencia”, enfatizó.
En Ayala, López Obrador estuvo acompañado por Emiliano Zapata Sandoval, nieto del general Emiliano Zapata. En entrevista, el hijo del Nicolás Zapata –hijo mayor de Emiliano Zapata— respaldó el movimiento de transformación de México y de defensa del petróleo.
Durante la gira que realizó por 24 municipios del estado, Andrés Manuel López Obrador recorrió un total de mil 418 kilómetros de carretera.
Posted by Seb Tal at 11:31 p.m. No hay comentarios.:
Transparencia en negro
Transparencia. "Amenaza a la intimidad"
Foto: etzel espinoza
Característica de la política de los gobiernos del PAN en materia de transparencia es literalmente lo contrario: su opacidad y, por ende, su inutilidad. Ésta queda de manifiesto, sobre todo, en casos en los que está de por medio información clave para conocer el comportamiento ético de funcionarios o entidades públicas. Proceso decidió solicitar, vía la Ley Federal de Transparencia, copias de las declaraciones patrimoniales de algunos expresidentes priistas. La Secretaría de la Función Pública atendió nuestra petición y nos envió las versiones “públicas”: decenas y decenas de hojas cubiertas de negro…Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes priistas –como otros documentos del antiguo régimen– siguen a salvo del escrutinio público gracias a leyes y dependencias con la marca del Partido Acción Nacional, en particular la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).Peor aún: esta última, la SFP, cobra por versiones “públicas” de las declaraciones patrimoniales que son, muchas de ellas, fojas tachoneadas de arriba abajo en negro y que, por supuesto, no contienen información alguna, excepto, quizá, para algún decodificador de manchas de ese color.El 2 de octubre del año pasado, Proceso solicitó a la Unidad de Enlace de la SFP las declaraciones patrimoniales de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, correspondientes a los años en que fungieron como presidentes de la República.Como suele ocurrir con la mayoría de las dependencias a las que se les requiere información, la respuesta llegó en el plazo límite el 30 de noviembre. De entrada, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Función Pública informa que, “realizada una búsqueda exhaustiva en el Registro de Servidores Públicos… no se localizaron declaraciones patrimoniales presentadas por los CC. Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo”. Luego, afirma que la búsqueda “confirmó la inexistencia” de dichas declaraciones.En cambio, en el Registro se localizaron las declaraciones de De la Madrid, Salinas y Zedillo, pero en los tres casos, dice la SFP, “no se cuenta con la autorización de la publicación de sus datos patrimoniales”.No obstante, la dependencia “pone a disposición del solicitante la versión pública de las mismas, las cuales constan en 424 fojas”, pero aclara que se omitirán las partes y secciones de información confidencial, ya que, dice, amenazan la “intimidad” de los exfuncionarios:“Son datos personales, inherentes a personas físicas identificadas, los cuales, de publicitarse, podrían causarles un daño, al no garantizarles la protección de sus derechos, en caso de transmitirse y/o auto-rizarse el acceso a la información relativa a su intimidad y vida privada.”Los datos “íntimos” que se omitirán, puntualiza la respuesta, son: Registro Federal de Contribuyentes, CURP, domicilio y teléfono particulares, remuneración anual o mensual neta del declarante por su cargo público, otros ingresos anuales o mensuales, ingreso anual o mensual del cónyuge y/o dependientes económicos, bienes inmuebles del declarante, cónyuge o dependientes económicos (tipo de operación, tipo de bien, ubicación, superficie de terreno y construcción, forma de operación, fecha de operación, valor de operación), bienes muebles del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos (tipo de operación, tipo de bien, forma de operación, fecha de operación, valor de operación).Tampoco se verán en las versiones “públicas” las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, cónyuge/o dependientes económicos (tipo de inversión, número de cuenta o contrato, ubicación de la inversión, monto o saldo), gravámenes o adeudos del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos (tipo de gravamen o adeudo, número de cuenta o contrato, ubicación del adeudo, fecha del otorgamiento, monto original, saldo insoluto, monto de los pagos, uso o destino); datos del cónyuge y/o dependientes económicos (nombre, edad, sexo, parentesco, domicilio).La justificación de los datos omitidos se encontró en la Ley Federal de Transparencia, presumida por el gobierno de Vicente Fox como si fuera una maravilla y que, muy en el estilo priista, abre la puerta a información clave y a la vez la protege, considerándola como confidencial cuando se trata de datos personales, pues su difusión requiere del consentimiento del titular de los mismos, “hipótesis que se actualiza en el caso de las declaraciones patrimoniales que nos ocupan”.Queda claro que las solicitudes de divulgación de declaraciones patrimoniales no pasan las barreras legales de la SFP y del propio Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), donde se debate mucho pero al final no se abren los candados. En 2006, por ejemplo, se le pidieron a la SFP copias simples de 15 declaraciones patrimoniales de cuatro funcionarios de Pemex, una sola de las cuales era de carácter público. La solicitante impugnó ante el IFAI que se les diera carácter de “confidencial” a 14 declaraciones. El comisionado ponente del instituto, Alonso Lujambio Irazábal, se regodeó detallando las bases jurídicas de la confidencialidad de los datos patrimoniales:En principio, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial en marzo de 2002, establece en su artículo 40 que se llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de “público” y en el que se inscribirán, entre otros datos, la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos…Inmediatamente después, la misma ley coloca un cerrojo: “la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.Lujambio, comisionado presidente del IFAI, en su ponencia de 2006 aludió al artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia, el cual dispone que “cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o a documentos que contengan información confidencial y el Comité considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la información correspondiente. El silencio del particular será considerado como una negativa”.Siguiendo esa línea, Lujambio “estimaba” que la solicitud de consentimiento a la que alude el citado artículo se da por cumplida en el caso de las declaraciones patrimoniales, “al momento en que el servidor público que corresponde especifica si lo otorga o no en el propio documento”.Y remacha: “Por lo tanto, para este caso concreto en el que se solicita la declaración patrimonial… no procede que este Instituto instruya a la dependencia para que solicite el consentimiento del titular de la información patrimonial, toda vez que tal como se ha señalado, dicho consentimiento es requerido y determinado en el propio formato de la declaración patrimonial.”O sea, en pocas palabras, ¿para qué pedir lo que ya negaron?
Confidencialidad “de facto”
Lujambio se ocupaba después de otro extraño artículo de la Ley Federal de Transparencia que define como datos personales “la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otras, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva, familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad”.Citaba además los Lineamientos de Protección de Datos Personales, aprobados por unanimidad por el pleno del IFAI en julio de 2005 y publicados en el Diario Oficial el 30 de septiembre del mismo año. En la parte relativa a la transmisión de datos personales, los “lineamientos” se ciñen a otras normas-candado y disponen que esa transmisión se puede realizar cuando “así lo prevea de manera expresa una disposición legal y medie el consentimiento expreso de los titulares”.El consentimiento para la transmisión de datos “deberá otorgarse por escrito incluyendo la firma autógrafa y la copia de identificación oficial, o bien a través de un medio de autenticación. En su caso, las dependencias y entidades deberán cumplir con las disposiciones aplicables en materia de certificados digitales y/o firmas electrónicas”. Comedidamente, se dispone que “el servidor público encargado de recabar el consentimiento del titular de los datos… deberá entregar a éste, en forma previa a cada transmisión, la información suficiente acerca de las implicaciones de otorgar, de ser el caso, su consentimiento”.El comisionado ponente subrayaba –o hacía hincapié, según su decir– en que los datos personales “corresponden a cualquier persona y, sin importar su condición, su función como servidor público o las labores que desempeñe, tiene derecho a conservar la confidencialidad de sus datos personales. Es decir, no se está frente al ámbito público referente al sueldo, las funciones que desempeña o la rendición de cuentas respecto del ejercicio de su encargo, sino que se está frente a aspectos de la vida privada de los servidores públicos como individuos”.De ahí, pasaba a inferencias extravagantes: “Es decir, el patrimonio es parte del ámbito de la vida personal de cualquier servidor público, como también lo es su vida familiar afectiva, su ideología o sus creencias religiosas. Más aún, en las declaraciones patrimoniales se incluye información sobre el destino que decide dar una persona a sus ingresos, con lo que pueden conocerse sus decisiones personales, cuestión que atañe únicamente a su vida privada. En virtud de lo anterior, el hecho de que una persona se desempeñe en el ámbito laboral como servidor público no implica que renuncie o deba renunciar al derecho que tiene cualquier individuo a la protección de su intimidad.”En otras palabras: en tanto es una persona, un servidor público tiene derecho a la confidencialidad de sus datos personales. Sus ingresos y bienes son datos personales que forman parte de su intimidad, por lo que son equiparables a sus creencias religiosas, ideas políticas o preferencias sexuales. Conocer los ingresos de un funcionario puede ser la llave de acceso a su vida privada. Por todo lo anterior, sólo deberían conocerse las declaraciones patrimoniales de servidores públicos que no sean personas, sino entidades colectivas o no humanas.No toda la información que contienen las declaraciones patrimoniales es confidencial, aclara el IFAI en la resolución citada. Se puede tener acceso a información que, por modestia, los servidores públicos suelen mantener en secreto, como sus datos curriculares, sus funciones, reconocimiento con motivo de sus empleos, cargos o comisiones… Para ello, el IFAI dice que “procede” que la dependencia oriente al solicitante a la consulta del Registro de Servidores Públicos, donde encontrará todos esos datos (aparentemente) impersonales.El propio IFAI no es un modelo de congruencia. Sólo dos de cinco comisionados han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, Alonso Gómez Robledo y Juan Pablo Guerrero Amparán. María Marván Laborde no dio razones para mantener en reserva su declaración. En octubre último, Jacqueline Peschard afirmó que se encontraba protegida debido a que había recibido una herencia. El comisionado presidente, Lujambio, dijo que la ley no lo obligaba a hacer pública su declaración ni –para acabar pronto– a dar explicaciones.
Basura documental
La SFP puso a disposición de Proceso 424 fojas y notificó, el 5 de diciembre, el costo por las copias simples: 212 pesos (50 centavos por foja), más 39.50 pesos por el envío por correo certificado. El legajo llegó el jueves 17 de enero, integrado por 146 fojas negras con un pequeño recuadro en blanco con la leyenda Se elimina todo el documento. Fundamento: Art. 18 de la LFRAIPG. Motivación: Datos confidenciales. 3 fojas con información irrelevante. Y el resto, 275 fojas, con información tachada en gran parte, aunque en los casos de De la Madrid y Salinas se dejan al descubierto datos sugerentes sobre sus ingresos y gastos. Extrañamente, la SFP remite también declaraciones que no se le solicitaron, igualmente con tachaduras, del tiempo en que De la Madrid, Salinas y Zedillo ocuparon cargos previos a la Presidencia y posteriores (en el caso del primero).Las declaraciones de Echeverría y López Portillo no fueron localizadas por los sabuesos de la Secretaría de la Función Pública, porque quizá no están en los archivos de esta dependencia, que ni siquiera existía en los sexenios de ambos. Para justificar su bandera de “renovación moral”, De la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en enero de 1983, que en su versión actual es la SFP. Hasta esa fecha, la declaración patrimonial se presentaba ante la Oficina de Registro de Manifestación de Bienes de la Procuraduría General de la República, que, se supone, debió remitir los expedientes relativos a la nueva dependencia, aunque, más probablemente, los desapareció o los envió a otro limbo burocrático. En cualquier caso, ni la SFP ni el IFAI se tomaron la molestia de averiguar qué pasó y notificarlo.En su declaración inicial, en diciembre de 1982 y ante la PGR, De la Madrid manifestó tener siete inversiones, de monto y tipo que aparecen tachados, lo mismo que los bienes inmuebles, de los que sólo se puede saber que anotó tres, más tantos de su cónyuge y/o dependientes. En su declaración de 1984 es posible leer, a contraluz, que manifiesta también siete inversiones y/o cuentas bancarias, tres de ellas en Banco Internacional, una en Banco Mexicano Somex, otra en Banco Nacional de México y una más, en Acciones Bursátiles Somex. Anota además una caja de seguridad en el Banco Mexicano Somex.En la declaración correspondiente a su primer año de gobierno, 1989, Salinas anotó que él y su cónyuge/o dependientes tuvieron ingresos por casi todos los conceptos: sueldos, rentas, intereses, donaciones, herencias, préstamos, venta de bienes inmuebles, venta de bienes muebles y semovientes y venta de valores. Se puede saber también que utilizaron parte de sus recursos en pagos de adeudos, adquisición de bienes inmuebles y muebles, “adquisición y variación neta de cuentas bancarias, ahorro, valores, acciones y otras inversiones” y en un rubro enigmático: “otros gastos de manutención”.La declaración final de Salinas, relativa a 1994, permite saber que manifestó poseer seis bienes inmuebles, cuya ubicación, costo y fecha de adquisición aparecen tachados. Sucede lo mismo con los 21 bienes inmuebles de su cónyuge/y o dependientes. Según su declaración, Salinas salió de la Presidencia con sólo dos cuentas bancarias…Zedillo llegó a la Presidencia con apenas cinco cuentas bancarias y/o inversiones, dos adeudos y tres bienes inmuebles, de todo lo cual se tacharon montos y tipos. Las demás declaraciones de su sexenio son poco interesantes y sólo llama la atención que la última fue recibida por el primer contralor panista, Francisco Barrio, impulsor de la ley que, al final, sólo sirvió para reforzar la secrecía sobre los servidores públicos y la impunidad de la corrupción.La secrecía sobre los datos patrimoniales de los funcionarios públicos alienta la corrupción, señala en entrevista el comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero. “No tengo ninguna duda que la transparencia sobre la evolución patrimonial es un elemento que actúa directamente contra la corrupción, ciertamente no la elimina pero sí la inhibe. Los principales actores de la corrupción –no los únicos, por supuesto– somos los funcionarios públicos y, por lo tanto, somos los más obligados a ser transparentes. La divulgación de datos patrimoniales debe ser obligatoria”, sostiene.En agosto pasado, Guerrero presentó una propuesta para reformar la Ley Federal de Transparencia. En su iniciativa, afirma que “que toda la información relativa a la autoridad gubernamental, los bienes y recursos públicos es de naturaleza pública y los particulares tendrán acceso a la misma”. Propone además que los datos personales se clasifiquen en sensibles y no sensibles; los primeros serían aquellos referidos al estado de salud y las preferencias ideológicas, emocionales y morales, en tanto que los sensibles abarcarían, entre otros datos, la información patrimonial.
AMLO: Mouriño usó la Sener para favorecer a sus familiares
El secretario de Gobernación y Calderón están "encarrerados" con la reforma energética, dijo.
México, DF. Al concluir su gira por los 24 municipios del estado de Morelos, Andrés Manuel López Obrador manifestó que Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y Felipe Calderón, al seguir las políticas del Fondo Monetario Internacional, están muy "encarrerados" con la reforma energética.
El "presidente legítimo" acusó también a Mouriño Terrazo y al Presidente de promover desde la Secretaría de Energía la entrega de concesiones para la instalación en México de plantas de generación de energía eléctrica, "en las cuales tienen negocios la familia del ahora secretario de Gobernación".
Ante ello, el político tabasqueño dijo que "los mexicanos no daremos un paso atrás en la defensa el petróleo, aunque nos tachen de revoltosos nos movilizaremos" e insistió en que si es necesario "pararemos al país”.
En Axochiapan, López Obrador precisó que el gobierno tiene el mínimo interés por la economía y el bienestar familiar, como quedó de manifiesto con los aumentos a los precios de las gasolinas, que desataron una escalada de precios.
Luego, en Tepalcingo de Hidalgo, advirtió que de concretarse la pretensión del gobierno de quedarse con Petróleos Mexicanos el país no tiene posibilidades de salir adelante: "seríamos esclavos en nuestra propia tierra, si permitimos la entrega del petróleo a particulares nacionales o extranjeros".
Aseguró que con una industria petrolera bien administrada, los mexicanos estamos en la posibilidad de convertirnos en una potencia energética y en una nación industrializada. Sin lugar a dudas, el petróleo es el mejor negocio del mundo y por esa razón lo ambiciona el capital privado extranjero, aclaró.
Por eso, subrayó que la derecha panista y sus aliados, entre ellos los priistas, “no han podido ni podrán destruirnos a los millones de mexicanos que luchamos por una transformación auténtica del país, ni sus instituciones”.
Boletín Informativo ISA núm 329
I. En defensa del petróleo, preparados para entrar en acción y desatar el movimiento de resistencia civil pacífica: López Obrador
II. Calderón va por todo, por Manuel Aguilar Mora
EN DEFENSA DEL PETRÓLEO, PREPARADOS PARA ENTRAR EN ACCIÓN Y DESATAR EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA: LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador informó que convocará al pueblo de México para entrar en acción y desatar el movimiento de resistencia civil pacífica, “en el momento en que el gobierno espurio de Felipe Calderón envié al Congreso la llamada reforma energética. Los mexicanos no permitiremos que el gobierno usurpador, con la complicidad del PRI y del PAN, despoje al pueblo de su riqueza petrolera, para entregarla al capital privado nacional o extranjero, advirtió.
Al iniciar una gira de trabajo de cuatro días por 24 municipios de los 33 de Morelos, el presidente legítimo de México alertó al pueblo de la entidad sobre el intento de Calderón de depositar Petróleos Mexicanos en manos de particulares, que implicaría un retroceso a tiempos del Porfiriato y, en consecuencia, quedaría hipotecado el futuro de millones de ciudadanos.
En las asambleas informativas que sostuvo con los habitantes de Coatlán del Río, Tetecala de las Reformas, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec, López Obrador mencionó por sus nombres a los siete candidatos a ocupar el sitio de traidores a la Patria, por ser los principales promotores de la desnacionalización del sector petrolero. Citó primero “al presidente pelele, Felipe Calderón Hinojosa”. Después nombró a Juan Camilo Mouriño, Santiago Creel Miranda, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Francisco Labastida Ochoa y Jesús Reyes Heroles.
Ante los ciudadanos de Tetecala y Mazatepec subrayó que “sería el acabose y no habría posibilidad de salir adelante, si permitimos que se entregue el petróleo a manos de particulares”.
Recordó también que el general Lázaro Cárdenas del Río expropió hace 70 años la industria petrolera, para beneficio de todos los mexicanos, en particular de la clase pobre, “pero la clase tecnócrata, que mal gobierna al país desde más de 25 años, no ha invertido un solo centavo en el sector y ahora tiene la firme intención de privatizarlo, en respuesta a fuertes presiones que recibe de empresas extranjeras”, aclaró.
“Con las alzas a los precios de las gasolinas —explicó— el gobierno ilegítimo de Calderón pretende captar recursos por 8 mil millones de pesos anuales; sin embargo, la cantidad se obtendría con la eliminación de los privilegios y beneficios que recibe la casta privilegiada, que es la burocracia panista de primer nivel”. De esta manera, propuso quitar la partida de 5 mil millones de pesos para gastos médicos privados y el rubro, también de 5 mil millones de pesos, del fondo de ahorros.
En México el año conmemorativo del 40 aniversario del heroico Movimiento Estudiantil-Popular de 1968, desgraciadamente conocido en el mundo ante todo por su trágico final con motivo de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, se ha iniciado con anuncios muy evidentes de confrontaciones sociales entre el gobierno reaccionario y proimperialista del segundo presidente del PAN, Felipe Calderón, y el amplio movimiento de masas trabajadoras y populares que terca y firmemente vienen resistiendo los planes de los capitalistas “nacionales” de convertir a México en una colonia anexada al vecino del Norte.
Decisiones fundamentales tomadas en los primeros días del año por el presidente impuesto por el escandaloso fraude del 2 de julio de 2006 confirman las tendencias de un curso político desnacionalizador y de entrega cruda e incondicional que los gobiernos neoliberales vienen aplicando desde hace más de 25 años. Al parecer, este año se darán acontecimientos decisivos de esta confrontación histórica que ha definido la lucha de clases de México en dicho periodo.
Precisamente en los primeros días del nuevo año se han registrado acontecimientos que subrayan la profundización de una tendencia cada vez más agresiva y de preparación de grandes ataques a las conquistas populares. Así, las consecuencias de la descomposición del régimen y su confrontación con la resistencia popular se agravarán.
Dos procesos destacaron con mucho en los días iniciales de enero de 2008. En primer lugar, una serie de actos que señalan una mayor demostración de cerrazón del gobierno de Calderón. Aquí, el despido de Carmen Aristegui de la XEW radio, una notable periodista crítica de acciones represivas del gobierno, cuyo programa en dicha radiodifusora se había convertido en uno de los más escuchados del país, es ominosamente sintomático de la política de censura y domesticación completa de los medios de difusión a la propaganda gubernamental que impone el gobierno derechista. En este acto de represión de la libertad de expresión de los medios de comunicación de masas, Calderón, cuya antipatía hacia la mencionada periodista ya era ampliamente conocida, contó con la complicidad de los dueños de la estación radiofónica: Televisa y el grupo transnacional de origen español PRISA (editor del diario El País y propietario de empresas del más variado rango, en especial de un enorme emporio editorial que publica millones de libros en España y América Latina, ante todo debido a sus conexiones gubernamentales). Ante el escándalo mediático provocado por el caso, Televisa anunció públicamente que el despido de Aristegui no era de su responsabilidad, achacándole toda ella a su socio, el grupo PRISA. Extraña sociedad en que no existe acuerdo de los integrantes.
Dentro de este proceso podemos incluir los cambios gubernamentales con los que se inició el año. De ellos, por supuesto, el emblemático y más significativo es el que tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación en donde Juan Camilo Mouriño, un íntimo colaborador de Calderón, sustituyó al incapaz y represor Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco cuyo único merecimiento en realidad era el haber sido quien destapó a Calderón como candidato presidencial del PAN en su rancho. La llegada a la primera escena de la política nacional del joven (tiene 36 años) hijo de uno de los más ricos propietarios de gasolineras del país y de empresas energéticas, de origen español y notorio prestanombres del ex presidente Fox, es una señal más que inequívoca de los planes privatizadores de Pemex, la CFE y la compañía LyFC, crudamente demostrados con esta nominación. El nuevo secretario tiene el agravante de que su nacionalidad mexicana está en entredicho y sólo se basa en declaraciones de que su madre fue mexicana y que el día de su nacimiento en Madrid, España, fue registrado en el consulado mexicano de la ciudad. Un auténtico escándalo que sólo los insensibles y descaradamente proimperialistas políticos panistas que hoy gobiernan el país se hubieran atrevido a realizar.
Ciertamente que la proverbial torpeza política de Ramírez Acuña había sido más que demostrada en el año en que ocupó la vieja casona de Bucareli en la Ciudad de México, la cual en la mayor parte del tiempo de su estancia se mantuvo rodeada por legiones de granaderos que la “protegían” de las manifestaciones de protestas de maestros, campesinos y pueblo en general. Mouriño, cuyas vinculaciones con el reaccionario y derechista Partido Popular español han salido a flote, no es menos partidario de una política férrea y antipopular que el crudo ranchero que ha sustituido. Su acervo es su mayor cercanía con Calderón y sus vinculaciones con las transnacionales españolas que están en la primera fila de los postores que esperan ansiosos la completa privatización de Pemex.
Mouriño tiene la tarea de lograr el acuerdo con el PRI y con los que en el PRD están dispuestos a colaborar con las contrarreformas fundamentales que los capitalistas nacionales y extranjeros exigen al gobierno: la energética y la laboral fundamentalmente. En el PRI está ya acordada mayoritariamente la entrega de parte de Pemex a los capitales privados. En el PRD está latente una división que Mouriño tiene el encargo de acelerar. Igualmente, con los líderes sindicales será necesario llegar a un acuerdo que las posturas cavernícolas de su antecesor impedían.
A la cerrazón reaccionaria que se da en el gobierno federal panista corresponde del lado opuesto una revitalización de la resistencia popular. Éste es el otro proceso que ha destacado rápidamente apenas entrado el año. Dos grandes expresiones de este malestar popular que se manifiestan en movilizaciones y huelgas son las del movimiento campesino y la de los trabajadores mineros.
En este año está calendarizada la desregulación completa de la economía agropecuaria en el clausulado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante más de diez años se ha venido preparando esta desregulación total con los resultados terribles que se conocen: miseria atroz, desempleo creciente, emigración millonaria a las ciudades y a Estados Unidos de la población del campo mexicano (¡más de tres millones durante el sexenio foxista!). “El campo no aguanta más”, “Sin maíz no hay país, ni tampoco sin frijol” son los emblemas de un movimiento heterogéneo en el que incluso participan líderes venales, pero que el descontento y la urgencia y emergencia de la situación en que encuentran sus vidas obligan a las fuerzas campesinas a movilizarse. Lo que está en juego es, ni más ni menos, su existencia misma. Diversas iniciativas de diferentes organizaciones están preparándose y se desarrollan desde hoy. Destaca, por ejemplo, la marcha campesina en defensa de la soberanía y contra el TLC que partió hace unos días desde la frontera en Ciudad Juárez hacia la Ciudad de México para participar en la gran manifestación que se prepara para el 31 de enero.
El otro gran movimiento que ha despuntado es el de los trabajadores, ejemplificado por su sector minero. Desde 2006, el conflicto de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM) con el gobierno de Fox, que obligó a su líder Napoleón Gómez Urrutia, a refugiarse en Estados Unidos, inició un proceso de radicalización de los sectores más combativos. En enero, iniciada con el ejemplo de los mineros de Cananea, Sonora, más diez mil mineros en toda la república, del norte y centro del país, realizaron una huelga parcial que cimbra a las burocracias del sindicato y de la Secretaría del Trabajo y que representa un difícil reto para Calderón y su nuevo secretario de Gobernación.
La manifestación del 31 de enero anunciada por diversas organizaciones, destacadamente por el bloque que agrupa las fuerzas que han venido luchando desde 1999 contra la privatización de la industria energética (¡el petróleo y la electricidad!), en donde el Sindicato Mexicano de Electricistas es protagonista central, se ha visto reforzado con la posición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que convoca igualmente a una movilización popular conjunta para impedir la privatización total de Pemex.
AMLO, en sus innumerables y constantes mítines que viene organizando en su campaña de denuncia del gobierno impostor de Calderón por toda la República, ha expresado en declaraciones fulminantes su absoluta oposición a los planes oficiales ya bien preparados de votar en el Congreso las contrarreformas que “legalicen” las mencionadas privatizaciones. Señaló como “traidores a la patria”, además de a Calderón y su impuesto Mouriño, a los líderes del Congreso, Santiago Creel, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, y al presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, el encargado de presentar el proyecto privatizador para su aprobación por el PRIAN, como se llama popularmente a la coalición de facto que integran el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión cuando se trata de poner en práctica las políticas propuestas por el FMI, el BM y el propio gobierno de Estados Unidos.
También prometió, textualmente, “movilizar a todo el pueblo de México” contra la ominosa privatización de la industria energética que se anuncia. 2008, un año de conmemoraciones históricas, incluye el 70 aniversario de la nacionalización de la industria petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Para ese día conmemorativo se preparan cientos, miles de organizaciones de todo el país para manifestarse contra los planes del gobierno panista, aliado con el PRI. AMLO ha convocado a una movilización gigantesca para ese día, que se propone adelantar si la alianza de Calderón y el PRI intentan aprobar su ley privatizadora antes del 18 de marzo.
La tradición populista de la Revolución Mexicana que determinó la política del país durante todo el siglo XX se niega a morir. La traición del PRI a su propia trayectoria y la soberbia y arrogante postura de los tecnócratas y burócratas gobernantes panistas que, obedientes e insensibles, aplican a ciegas y cada vez más recurriendo sólo a la represión los dictados de las finanzas imperialistas, han polarizado las posturas en la vida política nacional.
Ciertamente, el ejemplo más notable de esta supervivencia populista es el propio AMLO y el heterogéneo movimiento que encabeza. Esta contradicción evidente está vigente y es la causa de la gran confusión ideológica prevaleciente en el momento actual, confusión que se agrega al desastre de la izquierda política tradicional. AMLO es un dirigente que viene del PRI, al cual abandonó después de 1988, o sea, participó todavía como priista en el año del quiebre histórico de este partido. Posteriormente, integrado al PRD (que se fundó en 1989), destacó cada vez más hasta convertirse en el líder que opacó y desbancó al así considerado dirigente histórico y “moral”, Cuauhtémoc Cárdenas. Desde 2003, AMLO se convirtió en la figura política más importante del país después del presidente, precisamente como depositario y encarnación de esa tradición rota brutalmente por los neoliberales desde los años ochenta.
Los principales dirigentes del bloque que apoya a AMLO, centrado en el PRD, el llamado Frente Amplio Progresista, son en su abrumadora mayoría antiguos y conspicuos priistas. Esta situación, en la que AMLO se desenvuelve naturalmente, es indudablemente el factor negativo definitorio de una contradicción que estallará irremediablemente. Sólo un amplio, intransigente y decidido movimiento del pueblo mexicano contra la política del imperialismo y sus socios nacionales podrá conseguir el triunfo. Para ello, esta dirección actual de antiguos priistas no sólo es por completo inadecuada, lleva en su seno la semilla de la traición.
AMLO ha designado como líder del bloque FAP a Porfirio Muñoz Ledo, un viejo político que lleva cincuenta años participando en el estira-y-afloja de las cúpulas gobernantes federales. Muñoz Ledo ha sido de todo: funcionario burocrático, secretario de Estado con los presidentes Echeverría y López Portillo, presidente del PRI, embajador en la ONU y en la Unión Europea, fundador del PRD, diputado y senador por este partido y, antes de aliarse con AMLO, había sido jefe del proyecto de “Reforma del Estado” y embajador del gobierno de Fox. ¿Será posible que este personaje pueda ser el dirigente, sólo inferior a AMLO, del movimiento popular que se anuncia? Obviamente que no.
La contradicción está allí y estallará. La decisión de AMLO, pues él es quien determinó que Muñoz Ledo fuera el coordinador del bloque del FAP, se inserta en esta contradicción. En uno de los mítines multitudinarios en el Zócalo de la Ciudad de México de la movilización contra el fraude de 2006, se constató el repudio a Muñoz Ledo, sonoro y escandaloso, de cientos de miles de asistentes cuando éste tomó la palabra. AMLO, quien lo había invitado al micrófono, debió también retirarlo ante la protesta multitudinaria.
Es en este ambiente contradictorio en el que van surgiendo nuevas protestas, se consolidan otros procesos anteriores y se gesta en la población de la nación un descontento cada vez mayor, en donde actúan los grupos socialistas y revolucionarios, promoviendo su programa y tejiendo su organización, programa y organización democrática, independiente e internacionalista, cuya presencia será fundamental para garantizar el éxito de las luchas que se avecinan en México.
Presidente Chávez alerta ante la escalada en contra de Venezuela con bases en Washington y Bogotá
Prensa Presidencial (27.01.08) Al leer la columna de este domingo del periodista Eleazar Díaz Rangel, publicada en el diario Últimas Noticias, donde se reseña la declaración del almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien durante su estadía en Colombia señala que Venezuela es una amenaza para la región; el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, reiteró que el mundo debe estar alerta porque el imperio no ahorrará esfuerzos para tratar de frenar la unidad que se está instaurando entre los pueblos de América.
El mandatario nacional indicó que esta ofensiva no se detendrá, y por ende considera necesario analizar y “tomar conciencia de lo que esto significa. El jefe de las fuerzas militares del imperio mundial vino a Colombia para declarar sobre la amenaza venezolana”.
“Durante los siglos XIX y XX el imperio logró frenar la unidad, pero en esta ocasión es una obligación vencer, el fracaso no es una opción”, dijo el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien se encuentra acompañado por su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la transmisión del programa dominical “Aló Presidente”, en su edición número 302, realizada en Caicara de Maturín, municipio Cedeño del estado Monagas.
Continuando con la lectura del escrito donde Mullen señala también que “el rearme de la zona es culpa de Chávez”, y le reitera el apoyo militar a Colombia, dijo que estas amenazas es por la preocupación que siente el imperio por la apertura de los caminos hacia la igualdad y la justicia social. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), es un ejemplo tangible de estas alamedas, puntualizó.
Sobre este tema, el dignatario de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó su esperanza de que el pueblo colombiano frene esta escalada que se viene desatando en contra de la nación venezolana y los pueblos latinoamericanos, y aseguró que “tocar a Venezuela es incendiar a la región, tocar a Venezuela es tocar a América Latina y el Caribe. Nadie se va a quedar quieto”.
El presidente Chávez compartió esta expresión y añadió que tocar a Bolivia, Nicaragua o Cuba, también es tocar a Venezuela. Se trata de retomar el concepto de la unión.
Guerra a muerte contra la especulación y el acaparamiento
Ante una denuncia de acaparamiento para crear un aparente ambiente de desabastecimiento de productos en el mercado, con la finalidad de ocasionar zozobra en la población venezolana e inestabilidad en el país, el Destacamento 77 de la Guardia Nacional, apegado a la norma, envió una comisión integrada por personal de tropa a mando de un oficial para confirmar la información de la escasez del producto en los anaqueles de los mercados.
Una vez verificada la información, inmediatamente la comisión se trasladó a los depósitos de Empresas Polar, donde se encontraba acaparado el producto, para sacarlo de nuevo al mercado, informó el G/B (GNB) Francisco Ortega Castillo, jefe del Comando Regional Nº 7.
Por tal acción en pro del bienestar del pueblo venezolano, el presidente Chávez felicitó al comandante del Destacamento 77, Tte. Cnel. (GNB) Raúl Alfonso Paredes, e instó a seguir afianzando la “guerra a muerte contra la especulación, el hampa y el contrabando, que nos hacen mucho daño”.
Además pidió un aplauso de reconocimiento para la Fuerza Armada Nacional (FAN), sus componentes y para la Reserva Territorial por las labores que viene realizando conjuntamente con el pueblo venezolano para consolidar la Revolución Bolivariana.
La Fuerza Armada está dando la batalla por dentro contra los enemigos de la Revolución. Una Fuerza Armada revolucionaria, acotó el jefe de Estado, al momento de recordar que en Nicaragua se encontraba instalado el ejército de los yanquis hasta que el ejército guerrillero los desplazó y formó el nuevo ejército popular y sandinista.
Posted by Sique at 6:04 p.m. No hay comentarios.:
El TLC, ¿beneficio a los consumidores?
"Que el fraude electoral jamás se olvide"
Entre los cada vez más escasos defensores del TLCAN, entre ellos el nefasto invasor de la residencia presidencial de Los Pinos, circula la idea de argumentar que el referido tratado ha generado un enorme beneficio para los consumidores, particularmente en lo que atañe a la disponibilidad de una muy amplia gama de alternativas de consumo, en competencia y a menor costo. Me imagino que han de establecer la comparación con la circunstancia que prevalecía anteriormente en el marco de la economía cerrada y la protección contra la competencia externa, durante cuya vigencia el consumidor mexicano se veía constreñido a comprar lo producido en el país, de baja calidad relativa y altos precios.
Bueno, pues sí, en efecto, hoy vemos en los anaqueles de las tiendas departamentales una gran variedad de marcas y orígenes; en las calles vemos rodar automóviles de marcas que ya no puede uno identificar, fabricados en cualquier lugar del mundo. No estoy seguro de que tan baratos resulten ser los bienes importados, probablemente la comparación resulte afirmativa. Luego entonces, parece que ciertamente los consumidores resultaron beneficiados por el TLCAN, por lo menos hasta antes del actual régimen en que todo se ha encarecido.
Ahora bien, si se profundiza el análisis, resulta que eso que llaman "consumidores" es tan solo una parte menor de la población, si acaso un 20% y con tendencia a la reducción. El restante 80% no califica como beneficiario de la apertura comercial, sino como quienes resultan perjudicados. Son quienes, en las ciudades perdieron el empleo o lo mantienen en condiciones precarias o en la informalidad, o los campesinos cuyo producto no tiene precio suficiente en el mercado, lo que significa no tener ingresos. Para ellos, los anaqueles repletos de magníficos productos, sólo significan la frustración de no poderlos comprar. Para ellos el libre comercio significó el cierre de la fábrica y la pérdida del empleo. Para los economistas se trata de un fenómeno de distribución negativa de la riqueza. Para ellos, los del 80%, se trata de un fenómeno de hambre e insatisfacción. Ante tal realidad, el TLC ha resultado un total fracaso.
Visto desde la óptica del consumo, el libre comercio constituye una trampa perversa de múltiples facetas. Desde luego, la más inmediata de sus repercusiones es el desmantelamiento de la planta productiva nacional, particularmente cuando se practica entre economías tan asimétricas como las que se observan entre México y sus dos socios en el TLCAN, con la correspondiente secuela de desempleo y empobrecimiento de la población.
Una faceta de extrema gravedad tramposa, es que mediante el libre comercio se imponen formas culturales ajenas a nuestra realidad y a nuestra dotación de recursos. Quiero recordar a la inefable Josefina Vázquez Mota, actual Secretaria de Educación Pública y anterior Secretaria de Desarrollo Social, quien se vanaglorió por el hecho de que en las tiendas del sistema DICONSA, que supuestamente atiende a la población marginada, se observó una reducción de la demanda de maíz y frijol, en tanto que la venta de sopas instantáneas registró un aumento considerable, lo que para ella significó un avance cultural por el contenido vitamínico adicionado en tales sopas. En su ignorancia, o en su perversidad, no considera que las referidas sopas instantáneas son importadas de California y que las vitaminas que contiene sólo son en compensación por la pérdida de dichos nutrientes en el proceso de elaboración industrial. Si la educación nacional es conducida con tal tipo de criterio, tendremos que aprender a cantar el himno de los yanquis.
En esta misma tónica, el régimen se ha convertido en promotor de los grandes almacenes de autoservicio, dominados por las transnacionales Wal Mart y Costco, con quienes pacta ofertas temporales de bajos precios para los artículos de la canasta básica. Ahora los spots de la presidencia recomiendan a la población que compre en tales establecimientos y que denuncie a la tortillería que venda a precios más altos. Se trata de eliminar al pequeño y mediano comercio para continuar entregando el escaso poder de consumo de los mexicanos a favor de los intereses de las grandes empresas extranjeras. Llueve sobre mojado, la crisis de precios y de empobrecimiento se pretende resolver con más desempleo y pobreza.
Ante la certeza de la recesión de la economía mundial, sin duda provocada por la misma globalización, al gobierno usurpador no se le ocurre otra receta que seguir el mismo camino al despeñadero. Más libre comercio, más inversiones foráneas, más sacrificios en aras de la competitividad, más entrega de los recursos naturales, más reformas enajenantes. Incluso presume ante los accionistas del Grupo Santander, la fortaleza de la economía mexicana y su particular afición a las situaciones de alto riesgo; se exhibe como capaz para sortear las adversidades, poniendo como ejemplo sus "triunfos" para ser candidato del PAN y luego presidente de la república. Olvida el espurio que en ambos casos se valió de trampas y fraudes, los que no podrá aplicar para vencer en la operación de la economía. Los miles de spots mentirosos podrán convencer a los miles de incautos, pero los verdaderos actores económicos ni los ven ni los creerían, en caso de escucharlos.
Nos espera un año verdaderamente peligroso para los intereses del país, pero aún más peligroso es que su conducción formal esté en manos de un apostador tramposo.
Narcotráfico: guerra equívoca del calderonismo
En las primeras semanas de este año hemos apreciado en forma apretada rasgos y características de una administración gubernamental de contenido neoliberal, cuya política de múltiples maneras se encuentra impregnada de su ilegitimidad de origen, imposible de ocultar a pesar de los ingentes esfuerzos mediáticos que realizan aliados y subordinados.
El despertar del 2008 nos recibió a los mexicanos con un, si no inaudito sí preocupante, recrudecimiento de la violencia del narcotráfico, al que el gobierno espurio dice que le está ganando la guerra pero que en palabras del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos José Luis Soberanes, personaje que no puede ser calificado de crítico del calderonismo, se encuentra fuera de control.
Los intensos enfrentamientos entre el Ejército y policías con sicarios fuertemente armados, los decomisos de armamento y el allanamiento de centros de operación y entrenamiento muestran, más que derrotas del crimen organizado, el poderío económico, militar, organizativo y operativo que no puede ser entendido si se pretende ignorar sus vínculos con el poder político y económico nacional y estadounidense.
En el periodo de la globalización capitalista el narcotráfico es un ejemplo de un negocio, oscuro y criminal, que traspasa fronteras: los enervantes se siembran, producen y procesan en países del subdesarrollo (sin dejar de lado que también se producen en los países desarrollados), se trafica por múltiples rutas que incluyen diversos territorios, se consume principalmente en mercados de alto poder adquisitivo (Estados Unidos es el consumidor número uno, aunque desgraciadamente va en aumento en países como el nuestro) y las estratosféricas ganancias se lavan a través de intrincadas redes financieras multinacionales.
Es claro que así como a México entran cientos de toneladas de contrabando de diversas mercancías, las armas cada vez más modernas que utiliza el crimen organizado se introducen al país y circulan por las carreteras con la complicidad de agentes aduanales y policías municipales, estatales y federales.
La captura de Alfredo Beltrán, sin obviar su limitada relevancia, no golpea esencialmente la estructura tejida por el narcotráfico, en este caso la llamada Federación de la que forma parte el Chapo Guzmán, quien se convirtió en una leyenda más en el imaginario popular a partir de su "fuga" de la prisión de alta seguridad ubicada en Puente Grande, Jalisco, conocida desde entonces como Puerta Grande.
A pesar de que muchas voces de la sociedad civil demandan que el Ejército regrese a los cuarteles y que sean los cuerpos policiacos los que se hagan cargo del combate al crimen organizado, el gobierno espurio publica un decreto en el que anuncia que se mantendrán las tareas castrenses de combate al crimen organizado y al narcotráfico al menos hasta el 2012.
En la lógica gubernamental, que pone énfasis en la fuerza como estrategia para enfrentar al narcotráfico, el Ejército no puede ser retirado de las calles, al contrario, ante la incapacidad y la corrupción de las policías municipales y estatales debe reforzarse su papel, con lo que además de contradecir el papel constitucional de las fuerzas armadas las coloca al alcance del poder corruptor del crimen organizado que, por cierto, en parte nutre sus filas con soldados desertores (más de cien mil durante el foxismo y 17 mil en lo que va de la administración espuria).
Dado que el gobierno federal no cuenta con una concepción y programa integrales para enfrentar este flagelo de profundas raíces económicas, políticas y sociales que rebasan las fronteras nacionales, está llevando a cabo una guerra equívoca de resultados imprevisibles que puede derivar en una ampliación de la descomposición del régimen y de la sociedad en su conjunto.
Así como Calderón reacciona como un general que se lanza a la batalla contra el narcotráfico sin identificar plenamente al enemigo, sus características, poder de fuego y aliados, en el terreno de la economía ante los graves problemas que anuncian la desaceleración y probable recesión estadounidense, cierra los ojos y balbucea frases de optimismo tomadas de cualquier libro de superación personal.
En todo caso para los neoliberales que gobiernan este país desde hace cinco sexenios, mientras los índices macroeconómicos (inflación -por cierto la maquillada cifra oficial encubre las alzas de precios en los productos de la canasta básica-, déficit fiscal, tasas de interés, reserva de divisas) se mantengan estables no importa que se incremente el desempleo y el subempleo, que caiga el salario real, que el campo profundice su crisis expulsando a millones de campesinos, por sólo mencionar algunos de los efectos de la crisis que nos amenaza.
En tanto el gobierno espurio y sus aliado del PRI y del PAN se preparan para acelerar la privatización de Petróleos Mexicanos a partir de aprobar modificaciones a leyes secundarias durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados que inicia en febrero, funcionarios del sector financiero dicen que en caso de que la economía se vea afectada por los problemas económicos del vecino del Norte, los superaremos gracias a los excedentes petroleros.
Así, además de representar la principal fuente de recursos fiscales del Estado, el petróleo es el principal instrumento para paliar efectos de posibles crisis económicas. Cabe preguntarse: ¿qué sucederá cuando la renta petrolera se encuentre en manos privadas, las transnacionales se comportarán con criterio social y pondrán sus ganancias al servicio de la nación? La respuesta es obvia y no hace falta plasmarla en estas líneas.
Empresa arrendadora, beneficiada en el sexenio foxista por PEMEX
MEXICO, D.F., 26 de enero (LA JORNADA).- La empresa arrendadora Ocean Mexicana, vinculada los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún fue beneficiada por el gobierno de Vicente Fox Quesada, a través de Petróleos Mexicanos, con millonarias adjudicaciones que no fueron fundadas ni motivadas bajos las mejores condiciones de economía, imparcialidad y honradez, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La empresa arrendadora Ocean Mexicana, vinculada los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún fue beneficiada por el gobierno de Fox a través de Petróleos Mexicanos, con millonarias adjudicaciones que no fueron fundadas ni motivadas bajos las mejores condiciones de economía, imparcialidad y honradez.
El órgano fiscalizador ordenó a la paraestatal solventar el daño al erario por un monto de 66 millones 275 mil pesos.
Petróleos Mexicanos benefició a ese consorcio al otorgarle contratos millonarios, desoyendo incluso, posturas económicas mas bajas de una filial de la paraestatal con prestigio internacional en servicios de arrendamiento.
Durante la gestión de Luis Ramírez Corzo, su coordinador de asesores, Juan Marco Issa, operó la provechosa adjudicación de contratos de arrendamiento de buques tanque a Ocean Mexicana, lo que le valió con el tiempo ser nombrado como presidente del grupo empresarial que aglutina las empresas Blue Marine, SUBTEC y la misma Ocean, sostuvo el presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados José Manuel del Río Virgen.
En el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, la ASF estableció que en análisis de los ochos contratos del procedimiento de adjudicación directa, derivado de dos licitaciones públicas declaradas desiertas por 348 millones 707 mil pesos:
"Se detectó que en los contratos adjudicados a la empresa arrendadora Ocean Mexicana, números 4500155808-4500171600 del buquetanque Torm Asia por un importe de 63 millones 92 mil pesos y 12 millones 618 mil pesos, respectivamente, y 4500176478, por 24 millones 742 mil pesos del buquetanque Akrotir (antes denominado Torm Asia), se observó que las adjudicaciones no fueron fundadas ni motivadas bajo las mejores condiciones para el Estado (economía, imparcialidad y honradez).
"En incumplimiento de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política y el 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en virtud de que la entidad fiscalizada (PEMEX) no aclaró con documentación la adjudicación de dichos contratos al asignarlos a un precio de 38 mil 500 dólares por día, sin considerar la cotización de PMI, Trading LTD, empresa filial a PEMEX Refinación, que cotizó 15 mil dólares por día".
Es decir, se otorgaron las ofertas más altas en precio por 23 mil dólares por día, y por lo tanto al 31 de diciembre del año 2005, Petróleos Mexicanos pagó por los contratos citados un monto en exceso, respecto de la propuesta más baja de 66 millones 275 mil pesos.
Y es que PMI, Trading Ltd., que es una filial de PEMEX, con un notable prestigio internacional en servicios de arrendamiento y contratación de buquetanques, ofertó el mejor precio de mercado -de acuerdo con un análisis elaborado por la firma internacional Mallory Jones Linch Flyn and Associates- al ofrecer los servicios de su buquetanque Libra que con anterioridad ya había sido contratado por la paraestatal.
"No obstante dichas características, la adjudicación no se llevó acabo de acuerdo con lo estipulado en el numeral cuatro del Dictamen de Justificación de las razones para Ejercer la Acción de Excepción a la Licitación Pública, que a la letra dice: la adjudicación será considerado el criterio de costo beneficio al proveedor, cuya oferta ofrezca el mayor beneficio para PEMEX Refinación, en cuanto al costo de barriles transportados, resultado de evaluar los costos por consumo de combustible durante el ciclo operativo y la capacidad efectiva de carga ofertada en barriles naturales".
De tal forma la ASF, con fundamento en el artículo 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, "presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 66 millones 275 mil pesos, en virtud de que PEMEX Refinación asignó a la empresa arrendadora Ocean Mexicana los contratos marítimos (cuyo numero se cita arriba) con la cotización más alta por 38 mil 500 dólares por día, en lugar de la propuesta de la filial PMI, Trading Ltd. que cotizó a 15 mil dólares por día...el pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que proceden con la finalidad de que Pemex Refinación proceda a solventarlo".
A pesar de esa conclusión, la Secretaría de la Función Pública la contradijo y se pronunció contra la posibilidad de que la subsidiaria de PEMEX fuera beneficiaria de los contratos de arrendamiento, no obstante el menor monto de recursos que cobraba por el servicio diario.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, en su salida leguleya, refiere que la contratación de PMI estaría fuera de del ámbito de la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:
"Es de considerar que la ser PMI una entidad paraestatal, las contracciones que realice PEMEX Refinación con PMI, se ubicaría (sic) en el supuesto de excepción previsto en el artículo 1, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones y 3 de su reglamento, es decir, que dichas contrataciones no se encuentran sujetas al ámbito de dichos ordenamientos, siempre y cuando PMI en su carácter de proveedor cuente con la capacidad, por si misma para cumplir con el objetivo del contrato y no requiera contratar con terceros para el cumplimiento de sus obligaciones, un porcentaje superior al cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato".
En la revisión emprendida por la ASF, contrario a la resolución de la Secretaría de la Función Pública, se manifiesta que PMI, con anterioridad, había prestado servicios similares a PEMEX Refinación.
* Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa busca una consulta nacional sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y obligar al gobierno calderonista a atender sus demandas / Ante el desdén oficial, advierte que el movimiento de inconformidad social continuará con nuevas formas de lucha
MEXICO, D.F., 26 de enero (LA JORNADA).- Los integrantes del Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa anunciaron que el gobierno de Chihuahua se comprometió formalmente a suscribir antes de que concluya el mes la Proclama de la Marcha (documento que presentaron hace nueve días) y la administración de Reyes Baeza valora interponer una controversia constitucional contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), similar al que suscribirá la gobernadora de Zacatecas, Amalia García.
Previo a su arribo a la ciudad de León, Guanajuato, adelantaron que el movimiento campesino que brota en las calles del país ya no pretende alcanzar sólo la renegociación del apartado agropecuario del tratado sino que trabajan en la realización de un referéndum nacional para obligar al gobierno calderonista a atender sus demandas.
Dado el desdén oficial, dijeron que los participantes de la marcha y diversos frentes del país trabajan en lograr la reactivación del agro nacional como la puesta en marcha de programas de reservas estratégicas de granos, contra el hambre y la desnutrición y uno ambicioso de garantías que asegure a la gente del campo acceso a créditos y financiamientos rurales.
Precisaron que esto tendrá lugar luego de la gran movilización del 31 de este mes, porque "el movimiento de inconformidad social" continuará de forma independiente y ya busca nuevas formas de lucha, como "la paralización de las secretarías de Estado vinculadas con el sector agropecuario".
Destacaron además que a nueve días de haber emprendido su andar de dos mil kilómetros hacia la capital del país, las muestras de solidaridad nacional e internacional fluyen de manera constante y directa.
Además de los apoyos alimenticios y energéticos que la población les proporciona a su paso por la región norte del país, destacaron las adhesiones que reciben de productores internacionales, como el de Vía Campesina --que es una de las mayor coaliciones rurales del mundo-- que podrían enviar una representación para estar presente en el acto principal del 31 de este mes, fecha en la que las agrupaciones mexicanas pretenden realizar una concentración y cerrar oficinas gubernamentales.
En su traslado hacia la capital del país, para participar en la Gran Marcha Nacional, los participantes de la caravana de tractores exhortaron al Congreso de la Unión a que suscriba la proclama e informaron que están a la espera de que los mandatarios de Durango, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, confirmen su adhesión con el movimiento campesino del país.
Precisaron que dado el compromiso social que han señalado tener en sus administraciones los gobernadores del estado de México, Enrique Peña, y del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, los participantes de la caravana nacional no habrán de batallar para que éstos interpongan una controversia constitucional contra el acuerdo comercial que impulsó en el país --de manera unilateral-en 1994 el ex presidente Carlos Salinas de Gortari con sus pares de Estados Unidos y Canadá.
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References: artículo 40
 artículo 41
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 artículo 16
 artículo 1
 resolución