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Timestamp: 2019-05-21 07:48:21+00:00

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 8
NUEVO SISTEMA PARA CALIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES. OFICIOS
ALCANCES SOBRE PROYECTO DE INSTITUCIONALIDAD CULTURAL
REFLEXIONES SOBRE PROBIDAD Y RESPONSABILIDAD EN DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES HORVATH Y PROKURICA, MEDIANTE LA CUAL, INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY Nº 19.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, EN MATERIA DE ADMISIBILIDAD DE LAS INDICACIONES (3109)
Sesión 8ª, en miércoles 30 de octubre de 2002
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS..................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea Consejo Nacional de Cultura y Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (2286-04) (se aprueba en general)......................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre calificación de producción cinematográfica (2675-04) (se aprueba su informe)................
Encuentro de orquestas juveniles (observaciones del señor Muñoz Barra)....
Alcances sobre proyecto de institucionalidad cultural (observaciones del señor Ríos).....
Reflexiones sobre probidad y responsabilidad en denuncias de irregularidades (observaciones del señor Viera-Gallo)............................................
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de Gobierno , de Educación y de Justicia, y el señor Asesor Cultural de la Presidencia de la República .
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 23 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 5ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 6ª, ordinaria, en 15 y 16 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la asignación de recursos para ejecutar diversas obras de desarrollo en las localidades de La Junta, Puyuhuapi y Lago Verde, Undécima Región, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, relativo al problema que aqueja a la localidad de cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, marginada del Programa de Agua Potable de Magallanes.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, sobre la creación de tribunales laborales en la Tercera Región.
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a la mantención de los caminos rurales de las provincias de Linares y Cauquenes, Séptima Región;
Con el segundo contesta un oficio enviado a Su Excelencia el Presidente de la República , en nombre del Senador señor Sabag, acerca del envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en una moción del señor Senador, declarada inadmisible, sobre modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Caminos, y
Con el tercero remite una nómina de los oficios enviados por esa Cartera de Estado, en septiembre de este año, en respuesta a consultas sobre materias propias de su competencia.
Del señor Director del Servicio Electoral, por medio del cual remite un ejemplar de la IV Edición de la obra "Partidos Políticos", editada por el servicio a su cargo.
Del señor Alcalde de la Municipalidad de Paine , con el que remite un extracto del proyecto "Aeródromo San Gregorio", que se ejecutaría en terrenos localizados en las comunas de Buin y Paine, Región Metropolitana.
De los Senadores señores Horvath y Prokurica, mediante la cual inician un proyecto de ley sobre modificación de los artículos 24 y 25 de la ley Nº 19.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de admisibilidad de indicaciones (Boletín Nº 3.109-07).
Señor Presidente , pido recabar el acuerdo de la Sala para que el proyecto que se encuentra en el número 3 del Orden del Día, sobre creación del Consejo Nacional de Cultura y del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, sea tratado en primer lugar. Su urgencia fue calificada de "simple", la cual vence el 1º de noviembre.
Por consiguiente, ruego al señor Presidente solicitar el acuerdo de la Sala para que tal iniciativa sea tratada de inmediato, ya que la discusión es general.
Efectivamente, el plazo para la discusión general de la iniciativa vence el 1º de noviembre.
Como no podemos discutir todavía el proyecto signado con el número 1 del Orden del Día, por no haber llegado su informe, yo propondría un procedimiento.
Ante el hecho de que un señor Senador no daría su acuerdo para acceder a lo requerido, quiero entregar la siguiente información: la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación del Senado. Hubo dos aprensiones manifestadas por igual número de señores Senadores, que quedaron consignadas y que serán consideradas por el Ejecutivo. De manera que subrayo que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad en la Comisión. Sólo pido que sea tratado en primer lugar de la tabla de hoy, por cuanto -como dije- el plazo para su discusión general vence el 1º de noviembre.
Los Comités Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia y Socialista han solicitado modificar la tabla de esta sesión. De acuerdo con el artículo 94 del Reglamento, por acuerdo de Comités que representen las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, aquélla puede alterarse.
Entonces, propongo la siguiente fórmula, a fin de evitar la votación de la sugerencia: tratar primero el proyecto signado con el número 3 del Orden del Día, estableciendo como hora de término del debate las 17:30, instante en que se iniciaría la votación.
En seguida, procederíamos a analizar y despachar la iniciativa signada con el número 2.
Señor Presidente , el proyecto del número 2 del Orden del Día fue aprobado por unanimidad en la Comisión. De modo que, tal vez, podría tratarse como de fácil despacho.
Lo trataremos y despacharemos en la sesión de hoy, después de que se despache el del número 3.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, informado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con urgencia calificada de "simple".
Sesión 16ª, en 30 de julio de 2002 (se aprueba en general y queda habilitado).
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología deja constancia en su informe de haber discutido la iniciativa solamente en general, de conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Los principales objetivos del proyecto en análisis son, sucintamente, los siguientes:
1.- Corregir la fragmentación y dispersión de la institucionalidad cultural pública, y superar la insuficiencia de recursos del FONDART, la debilidad de su respaldo jurídico y sus limitaciones en cuanto a líneas de asignación de los recursos que administra.
2.- Alcanzar mejores niveles de desarrollo, auténticamente humanos, en lo tocante a la creación, acceso y goce de bienes simbólicos que provienen del arte y la cultura del país.
3.- Establecer el Consejo Nacional de Cultura, como el diseño orgánico más apropiado para la institucionalidad cultural pública chilena.
4.- Consultar la participación ciudadana en forma institucionalizada en los diversos ámbitos de la toma de decisiones, y fortalecer la regionalización y la descentralización, buscando articular los niveles nacional, regional y local, y
5.- Concentrarse en los ámbitos culturales que por urgencia política y de gestión pública sean priorizados por Su Excelencia el Presidente de la República .
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Educación, Honorables señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra, Vega y Viera-Gallo.
Las opiniones y fundamentación de los votos de los Honorables señores Senadores se consignan en las páginas 46 a 49 del informe, y el texto de la iniciativa que la Comisión propone a la Sala aprobar en general consta en las páginas 50 a 69.
Cabe destacar finalmente que, según lo expresado en el informe, los artículos 1º a 6º; 8º; 10 a 13; 16 a 19; 21 y 22; 34 a 39, y el artículo 2º transitorio, son normas de carácter orgánico constitucional y requieren, en consecuencia, para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Antes de dar la palabra al Honorable señor Foxley, hago presente a la Sala que hay 8 Senadores inscritos.
Para cumplir con la hora fijada para la votación del proyecto, propongo que cada uno intervenga por un máximo de 7 minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Foxley.
Presidente , en verdad estoy un poco confundido, porque ya hubo una sesión del Senado en que se discutió este mismo proyecto. Cada uno de nosotros intervino sobre el tema. Como en la práctica fue aprobado por unanimidad, no veo para qué repetir el procedimiento. Como además entiendo que corresponde la discusión general, ¿por qué no reiteramos el acuerdo anterior y evitamos un nuevo debate?
Efectivamente, señor Senador , hubo una especie de despacho en general de la iniciativa, porque el trámite dado fue excepcional por el hecho de que ella no había sido aprobada en la Cámara de Diputados.
Pero me veo obligado a cumplir con el trámite de discusión general del proyecto. No puedo modificar esto, salvo que exista acuerdo unánime al respecto.
Señor Presidente , dado que la iniciativa requiere quórum especial de aprobación y no obstante el debate que vamos a tener, quiero solicitar por su intermedio autorización de la Sala para que se abra la votación de inmediato, de manera que si los señores Senadores tienen otros compromisos en las Comisiones, puedan depositar su preferencia en la Mesa desde ya.
No veo inconveniente, siempre que quede número suficiente en la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo. Terminada su intervención, daré paso a la lista de inscritos.
Señor Presidente, suscribo plenamente el planteamiento del Senador señor Foxley.
No quería intervenir al respecto, pues siempre he sostenido que el proyecto está mal tramitado, criterio distinto al sustentado por el señor Presidente . Considero que el trámite de aprobación general ya se cumplió. Así se operó en una oportunidad anterior con otra iniciativa en la cual hubo el mismo tipo de problema; pero no es el criterio suyo, señor Presidente , ni el de la Comisión de Educación. Así que no me queda sino dejar constancia del hecho.
¿En relación con el procedimiento?
Tiene la palabra el Senador Foxley.
Formalmente, pido a Su Señoría recabar la unanimidad de la Sala para dar por aprobado el proyecto, ya que tuvimos una muy larga discusión a su respecto, en la cual todos intervinimos.
¿Habría acuerdo para proceder en los términos propuestos?
Por no haber unanimidad, procederé a otorgar la palabra de acuerdo con el orden de los inscritos.
¿Me permite, señor Presidente , para plantear un asunto reglamentario?
Lo afirmado por el Senador señor Foxley no es algo que, a mi juicio, podamos pasar por alto en forma desaprensiva.
Lo que entendí en la sesión en que tratamos la materia fue que, por lo sucedido en la Cámara, la decisión del Senado fue habilitar el proyecto para que continuara su tramitación, sin que ocurriese lo que reglamentariamente correspondía.
Eso lo sostuvo la Presidencia y fue lo que se aprobó.
Respaldo la interpretación de la Mesa, pero no puedo dejar de plantearlo, para que la situación no quede como quien dice en la nebulosa, pues el planteamiento que corresponde no es, con todo respeto, el del Senador señor Foxley. Porque en ese instante los señores Parlamentarios no se pronunciaron respecto del proyecto en general, sino acerca de una circunstancia de tipo constitucional.
Los señores Senadores dispondrán de seis minutos.
En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
En razón del breve tiempo asignado, quiero señalar que el proyecto, originalmente, proponía crear la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. Posteriormente, recuerdo a Sus Señorías que, en octubre del año 2000, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva en la Cámara de Diputados, con un texto nuevo que crea y regula el Consejo Nacional de la Cultura.
La iniciativa despachada por esa rama legislativa consta de 39 artículos permanentes y 6 transitorios.
¿Qué propone la normativa en estudio? En síntesis, crea el Consejo Nacional de Cultura como servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por medio del Ministerio de Educación.
Las funciones del Consejo son ejercidas por un órgano directivo superior, de carácter colegiado, que consigna la participación de representantes del Estado y de la sociedad civil. El Presidente del mismo tiene rango de Ministro , lo cual le permite relacionarse en condiciones de paridad con los demás miembros del Gabinete.
En materia de desconcentración regional del Consejo, se contemplan Consejos Regionales de Cultura.
El Ejecutivo pretende que la institucionalidad cultural se corresponda con los deberes del Estado en la materia y con instrumentos de asignación de recursos enfocados a la participación cultural ciudadana, a la creación y difusión artística y al cuidado del patrimonio cultural.
Para estos efectos, el Gobierno hace presente que la institucionalidad cultural actual es fragmentaria y dispersa, porque se reparte en múltiples organismos que no tienen una misma dependencia, generando descoordinación, ya que hay duplicación de esfuerzos y daño potencial a la transversalidad de ciertos temas culturales, insuficiencia de programas de trabajo conjunto entre organismos y difusa visibilidad de la representación nacional e internacional que el Gobierno debe tener en asuntos culturales.
De hecho, en la actualidad existen los siguientes órganos, a los que se refiere el proyecto: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación; Departamento de Cultura de la Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno; Consejo de Monumentos Nacionales; Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores; Consejo Nacional del Libro y la Lectura; Comité Calificador de Donaciones Culturales Privadas, y Consejo de Calificación Cinematográfica. Otros, como ProChile, en la Cancillería, y la Comisión Nemesio Antúnez, en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, llevan a cabo tareas culturales específicas ligadas a labores ministeriales de naturaleza técnica y, por lo mismo, específicas.
El proyecto crea, además, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, administrado por el Consejo, cuyo objeto es financiar total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones.
Sus líneas de asignación de recursos son: fomento de las artes, desarrollo cultural regional, conservación y difusión del patrimonio cultural, desarrollo cultural de pueblos originarios, desarrollo de industrias culturales, y becas.
En la actualidad, en materia de recursos directamente enfocados a creadores y artistas, se dispone sólo de dos tipos de fondos, a saber: el de Desarrollo de las Artes (FONDART), y el Nacional del Libro y la Lectura. El primero encuentra su respaldo jurídico en una glosa de la Ley de Presupuestos a la Partida del Ministerio de Educación; el segundo tiene su fundamento en la Ley de Fomento del Libro y la Lectura.
La Comisión propone la aprobación en general de la iniciativa por la unanimidad de sus cinco integrantes.
En la discusión de la misma se señaló que es de gran importancia para el país, lo que ha generado muchas expectativas en el mundo cultural. En este contexto, y en consideración a las diversas opiniones expresadas en las audiencias públicas efectuadas por la Comisión, los miembros concordaron en que para el estudio del segundo informe debe haber un plazo razonable para la presentación y análisis de las indicaciones que sean necesarias para su despacho. Y, muy prudente y respetuosamente, podríamos sugerir una fecha no más allá del 20 de noviembre.
Se estimó que la iniciativa subsana un grave vacío en materia cultural, fomentando institucionalmente el desarrollo de la cultura en nuestro país.
La Comisión que presido concordó con las líneas directrices del proyecto, en orden a estatuir una institucionalidad cultural, crear un fondo que apoye con recursos materiales el desarrollo cultural, velando además por una presencia equilibrada en todo el país de las iniciativas que se promuevan y conciten un apoyo amplio, más allá de las observaciones puntuales que pueden efectuarse en su discusión particular.
Cabe precisar que el Honorable señor Viera-Gallo realizó algunas observaciones puntuales al proyecto; y que el Senador señor Larraín , no obstante aprobar la idea de legislar, hizo prevenciones y diversas anotaciones, que constan en el cuerpo del informe, y cuya receptividad por parte del Ejecutivo fue -diría- positiva.
Es todo cuanto puedo informar, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación, que estudió esta interesante iniciativa.
La tiene el Senador señor Silva.
Señor Presidente , dadas las explicaciones del señor Presidente de la Comisión de Educación , omitiré las motivaciones del proyecto, y simplemente me referiré a por qué, a nuestro juicio, corresponde que aprobemos en general la idea de legislar.
Durante su tramitación, muchos han señalado que el país no necesita institucionalidad cultural, que la cultura es hija de la libertad y que cualquier intento por establecer un proyecto de tal naturaleza está destinado al dirigismo cultural, parecido al del fascismo, el nazismo, o incluso, el estalinismo.
Estas afirmaciones alarmantes nos parecen muy lejanas a la realidad. A ellas replicamos preguntándonos por qué el Estado debe tener institucionalidad cultural.
El Estado -al igual como ocurre con la salud, la educación o la seguridad de las personas- tiene deberes para con la cultura, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política, así como en los tratados y pactos suscritos por Chile relacionados con la categoría o generación de derechos fundamentales denominada "derechos económicos, sociales y culturales".
Tales deberes tienen que ver con el estímulo a la creación, producción y difusión artísticas; con el cuidado y desarrollo del patrimonio cultural del país, y con el acceso y participación de todos los ciudadanos en la vida cultural de la nación.
Para bien cumplir sus obligaciones con la cultura, el Estado debe contar con una institucionalidad cultural pública, es decir, disponer de todos esos componentes que -según ha sido señalado in illo témpore- forman parte de la institucionalidad cultural de un país. De modo que, para garantizar precisamente la libertad a la creación artística, debe fundar una institucionalidad.
La cultura es la base material y espiritual del desarrollo; es ella la que ordena la economía y no al revés. Y, como tantas veces se ha dicho, nadie se enamora de una tasa de crecimiento.
Señor Presidente , para terminar, no puedo dejar de reproducir brevemente el pensamiento de nuestros jóvenes, reflejado en las conclusiones a que llegaron en un seminario sobre "Principios Orientadores del Estado para el siglo XXI", que tuve el honor de realizar en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Respecto del tema de la cultura, concluyeron lo siguiente: "Queremos la cultura como desarrollo y expresión de la comunidad, para que actúe como base del capital social, entregando a la sociedad una ética y orientación de acuerdo a sus propios juicios y valores, creando lo que hoy se conoce como tercer sector de la economía. Las políticas culturales deberían ser intersectoriales y estar integradas con las demás políticas públicas y con el proceso de modernización del Estado.".
Por último, en atención a que el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, aprobaré la idea de legislar, reservándome el derecho a formular indicaciones, especialmente en orden a la estructura ideada para la llamada "organización diseñadora de la cultura", tal como se prevé. Ella, a nuestro juicio, presenta algunas motivaciones que justificarían la sugerencia de enmiendas, en particular acerca de instituciones concebidas como dependientes y que hoy son servicios del Estado, y otras de la misma índole.
En consecuencia, votaré favorablemente el proyecto.
Antes de proseguir con el debate, solicito la autorización para que pueda ingresar a la Sala, junto con la señora Ministra de Educación , el Asesor Cultural de la Presidencia de la República y ex rector de universidad, señor Agustín Squella.
Su Señoría está inscrito al final de la lista. Antes figuran siete señores Senadores.
¡Pido la palabra, señor Presidente !
Su Señoría debe pedir una interrupción para intervenir.
Quiero referirme a la absurda hora de cierre del tema, porque no se puede hacer un debate "marmicoc" sobre la cultura.
Me gustaría una discusión amplia, libre y no creo que estemos dando un buen ejemplo al cerrarla antes de tiempo.
Solicito que se reconsidere...
¡No le he dado la palabra, señor Senador! Le reitero que la tiene el Honorable señor Ríos.
Quiero recordarle que se trata de un acuerdo de la Sala y que ningún Senador de su Comité lo representó. Si no, la Mesa lo habría considerado y hubiésemos llegado a otra solución. Se registró unanimidad.
Pienso que el planteamiento del Honorable señor Larraín es atendible, señor Presidente . El debate es muy importante y trascendente, por lo que ruego a la Mesa revisar después otra alternativa.
Señor Presidente , Honorables colegas: cuando hablamos de cultura, sin duda nos referimos a una de las acciones sociales en que el hombre participa en forma más plena y completa. Ello no solamente involucra a las artes, sino también a todas las expresiones religiosas y las manifestaciones propias de la institucionalidad que rigen la sociedad.
También es muy importante la geografía de los pueblos. En Sociología, se sostiene que el carácter de un pueblo lo conforma, en un alto porcentaje, la geografía que lo rodea. Esta situación, que termina manifestándose en nuestro país a través de una rica diversidad, debido a las características de su territorio, asimismo tan variadas, obligó a la institucionalidad a crear, en un primer paso en el proceso de apoyo cultural, una fórmula en la que hombres y mujeres pueden participar con toda su expresión espiritual, con sus acciones de carácter material y social a lo largo de Chile. Por esta razón, en algún momento de la historia -y con mayor fuerza más adelante, con la constitución de los gobiernos regionales y comunales- nace la institucionalidad regionalizadora.
Cuando se plantea en un documento que Chile se halla en deuda con la cultura, lo está básicamente con las artes. Porque, respecto de la expresión propia de la organización de la nación, el país cuenta con una estructura que corresponde a sus aspectos culturales predominantes y que representan las distintas características sociales de la población.
La cultura, según el estudio en que se fundamentó posteriormente el proyecto, "abarca la historia e idiosincrasia de un pueblo, sus raíces, sus valores, sus diversas formas de representación, los factores de identidad que lo constituyen como Nación. Entre otras cosas, se expresa en un patrimonio y en la creación artística en sus diversas manifestaciones.".
Dichas expresiones del arte constituyen un elemento más, importante y trascendente. ¡Quién sabe si es lo que más puede identificarse con la expresión "cultura" conocida por la globalidad de nuestro pueblo!
Lo que se crea, entonces, es algo ya existente en la institucionalidad. En efecto, hay un Ministerio de Educación, con un departamento de cultura, dirigido por un hombre admirable, muy inteligente y capaz; hay municipalidades, con sus respectivas áreas de cultura -he conocido la inversión realizada en esta materia por ellas, la cual asciende a una cifra bastante elevada, de varios miles de millones de pesos-; hay organismos ligados a las municipalidades, con entrega de recursos a través de la Ley de Presupuestos, como son las corporaciones municipales de Santiago y otras. En fin, se lleva a cabo una acción de carácter artístico-cultural que obviamente presenta debilidades y que se pretende desarrollar en mejor forma.
Ése es nuestro pueblo. Se ubica en asentamientos que abarcan dos mundos definidos: el rural y el urbano. El primero de ellos, en los desiertos o en el sur, con hielos, con nieve. El segundo elemento que forma parte de la cultura, el urbanismo, representa, a su vez, en los asentamientos humanos propios de las ciudades, quizás uno de los aspectos más trascendentes de la representación propia de la cultura. En cualquier lugar del mundo es la suma de todos los valores culturales de una sociedad que desea asentarse en un lugar determinado, vivir, desarrollar su existencia y la de la familia y los hijos, y permitir la participación en todo lo que puede entregar.
En esos asentamientos está la familia, donde se consolida el carácter señalado anteriormente como aquel conjunto de cualidades o circunstancias propias de un país, de una persona, de una sociedad.
En la familia se manifiestan cuatro elementos más, que componen la cultura en Chile.
Al respecto, cabe hacer notar que, según el último censo, nuestro país es básicamente cristiano, o sea, con cultura, principios y valores cristianos.
Por otra parte, es una cultura gregaria. Pocos países del mundo tienen una organización y una estructura social más rica que la chilena. Un sociólogo inglés decía en 1977 que le impresionaba caminar por las calles de las ciudades y pueblos de Chile y encontrarse con que cada una de las personas con las cuales conversó había sido presidente de algo en alguna ocasión. En nuestro país, nadie muere sin haber sido presidente de alguna entidad. Ello indica la tremenda capacidad social de nuestro pueblo, lo cual forma parte de su cultura. Hoy día, a lo menos funcionan cerca de 10 mil ó 12 mil organizaciones sociales en Chile. Por lo tanto, habría igual número de presidentes en actividad y otros tantos secretarios, tesoreros, directores, vicepresidentes, en fin, lo que representa una cultura admirable, no conocida en el resto de los pueblos.
Chile también es un país que ha definido, desde el punto de vista de la educación, una cultura muy clara y profunda, con cuatro niveles: el parvulario, el básico, el medio y el superior. Esto representa una estructura que permite a todos los hombres y mujeres considerar caminos comunes.
Cuando vemos en la sociedad las diferencias producto de nuestra geografía y nos impresiona que haya un solo gran pueblo, es porque la educación ha jugado un papel trascendental a partir del Gobierno de Manuel Montt, que estableció una estructura única a lo largo de Chile, creando formas culturales comunes, sin las separaciones producto de las diferencias de tierra tan grandes, que representan los aspectos sociológicos del país.
Señor Presidente, he completado un tercio de mi intervención. Ruego que me disculpen los señores Senadores por no terminarla.
Señor Presidente , debido a la falta de tiempo, no podré aludir a aspectos importantes del proyecto. Sin embargo, me referiré a algunas observaciones que planteé en la Comisión y que a la señora Ministra de Educación le han parecido atendibles.
En primer lugar, debo señalar que existe preocupación en el sentido de que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Calificación Cinematográfica no dependerán del nuevo organismo de la cultura, sino que sólo se relacionarán con éste, que tendrá la facultad de coordinación.
Evidentemente, el objetivo del proyecto, como dice el mensaje del Presidente de la República , es "corregir la fragmentación y dispersión de la institucionalidad cultural pública". A mi juicio, sería verdaderamente lamentable que este propósito no se cumpliera. Temo que ello sea así por el hecho de que la DIBAM, principal organismo de cultura hoy día, en cuanto a personal, recursos e infraestructura de bibliotecas y museos, quede simplemente en un plano de coordinación.
Además, hay que tener en cuenta que los artículos 2º y 6º de la iniciativa aluden a la creación de una división de patrimonio en el Consejo. Ello, en mi opinión, significaría duplicar hechos y funciones, sumado a la circunstancia de que la DIBAM quede, como quien dijera, en forma autónoma. Esta última cuenta con 700 funcionarios, y considero que debería ser la columna vertebral del nuevo organismo.
Lo mismo vale para el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Calificación Cinematográfica.
La idea en el proyecto propuesto por la Comisión nombrada en su momento por el Presidente Frei Ruiz-Tagle era que esas entidades pasaran a formar parte integrante del Consejo y que se creara una división de patrimonio como sustitutiva de la DIBAM y en la que culminara el proceso de modernización de ese organismo.
Sin embargo, me parece que dicha solución es, quizás, demasiado ambiciosa. Por eso, me conformaría con una más modesta: que tales entidades pasaran a formar parte, a depender o a quedar bajo la supervigilancia del Consejo Nacional de Cultura, conservando su organización y su estatuto legal básico. Pero que no sean coordinadas por él y sigan dependiendo del Ministerio de Educación, porque eso podría crear una situación de autonomía que no es conveniente.
Un segundo punto se refiere a que deberíamos aprovechar esta ocasión para generar alguna institucionalidad más permanente y rigurosa respecto de nuestras áreas arqueológicas. Sobre el particular, pongo como ejemplo la cultura rapa nui.
Destaco ese caso porque constituye un paradigma de la extraña regulación existente. Se trata de sitios de eminente y prioritario interés arqueológico administrados por la CONAF, a título de parque nacional. Tal vez, son manejados muy bien desde el punto de vista ambiental, pero es claro que el énfasis no está puesto necesariamente en la preservación de los bienes culturales, que son patrimonio de la humanidad.
Lo anterior se repite en otros casos en el territorio nacional.
Por lo tanto, me parece que debería buscarse alguna fórmula para que el organismo de que se trata tenga una legislación o un mandato más claro en lo referente no sólo a la conservación genérica del patrimonio, sino también, y en forma especial, de las áreas arqueológicas, que son patrimonio de la humanidad.
Aprovecho la oportunidad para decir que un proyecto presentado por el ex Senador don Sergio Bitar , que iba en la línea de lo que estoy indicando, en orden a preservar de mejor manera los bienes culturales y sancionar a quienes los lesionan, fue aprobado por el Senado, pero está pendiente en la Cámara de Diputados, así como también la aprobación de la Convención de la UNESCO sobre estas materias.
Como tercer punto, cabe señalar que se faculta al Presidente de la República para fijar las plantas del Consejo, lo que, a mi juicio, no es procedente, porque, según la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ésa es una materia de ley orgánica constitucional y no se pueden delegar atribuciones en el Primer Mandatario cuando se trata de normativas de ese carácter. En este sentido, el Senado siempre ha considerado que en todo proyecto de esta índole debería figurar una planta, aunque fuera esquemática, para que el organismo correspondiente pueda funcionar.
Por lo tanto, esperamos que el Gobierno presente como indicación una planta básica, que no rigidice ni haga burocrático al Consejo Nacional de Cultura pero que le dé una estructura mínima, lo cual deberá ser sancionado por la Cámara Alta.
Del mismo modo, habría que perfeccionar la forma de traspaso de los funcionarios pertenecientes a las entidades que se fusionan y que van a este nuevo organismo.
Por último, me parece muy importante la autorización para que el Consejo participe en la creación de una corporación de derecho privado que pueda actuar con mayor libertad en el campo de la cultura y de la que deberían formar parte el Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) y la Orquesta de Cámara de Chile.
Ahora bien, me preocupa que ello sólo esté previsto para Santiago. Lo lógico sería crear una corporación en cada Región, o bien, que aquella que se contempla pudiera extender sus actividades a las demás regiones. De esta forma se resolvería el problema.
Por último, señor Presidente , en cuanto al financiamiento, lo único que espero es más generosidad por parte del Gobierno.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por el valor del proyecto de ley en estudio, pues permite poner en discusión el tema de la cultura.
También me parece digno de destacar el hecho de que el Senado apruebe la iniciativa -como espero que ocurrirá-, después del trámite problemático en la Cámara de Diputados y de la forma como se ha debido discutir el tema ahora, en cuanto a si se realiza un debate más serio, más largo y más profundo, o se efectúa un despacho rápido.
A mi juicio, la importancia del proyecto radica en que constituye una alerta respecto de una situación que, querámoslo o no, existe hoy día en Chile y en muchas partes del mundo. En efecto, hay una minusvalencia de la cultura como elemento central en el desarrollo de las sociedades contemporáneas y nuestro país no está ajeno a ella. A veces, se tiende a asimilarla simplemente a la nueva información o la instrucción, en circunstancias de que, aun cuando medie una íntima relación y realización recíproca, no son lo mismo, según lo que debe entenderse.
Estoy conteste en que los problemas surgidos en la tramitación del proyecto, que han estado presentes en el Senado, han impedido el desarrollo de un debate largo, profundo, documentado y propositivo sobre la cultura, más allá del punto específico tratado por la normativa, que simplemente constituye un instrumento -indispensable pero sólo un instrumento- para buscar la manera de enfrentar un asunto que nunca hemos profundizado.
En esta Corporación ha habido discusiones extremadamente serias, profundas y extensas respecto de temas éticos, morales y tanto de antigua como de reciente aparición. Ése ha sido el caso, por ejemplo, de los relativos a la fertilización asistida y al trasplante. Era mi deseo haber sostenido un debate similar en lo referente a la cultura, el cual nos hace mucha falta.
Estoy consciente, también, de que el ritmo brutal de nuestra sociedad y el privilegio del "tener" -entre comillas- sobre el "ser", personal y societario, es algo que conspira contra el valor privilegiado que, a mi juicio, debe merecernos la cultura, como alma máter de nuestro quehacer.
En esa perspectiva, el hombre económico reemplaza hoy al hombre pensante, el "homo faber" sustituye al "homo sapiens", y los asuntos culturales son en verdad situados en una segunda categoría o cambiados por una visión puramente informativa. Con ello se corre el peligro de hacer imposibles las viejas definiciones de cultura, que, al final, es la memoria ancestral del hombre o las sociedades y la capacidad de armonizar sus fines últimos con los medios e instrumentos, en la visión de Ortega y Gasset y de tantos otros filósofos.
Creo, por ello, que buena parte de la crisis de nuestro comportamiento nace de ese desplazamiento de los objetivos por buscar. Y por eso, también, considero valioso que pongamos de relieve el significado que tiene el proyecto en discusión más allá de su texto, que es perfectible en sus trámites posteriores.
En tal virtud, votaré favorablemente, y con entusiasmo, por la señal concreta que la iniciativa contiene en un aspecto que parece rara avis en Chile y en tantos otros países. Sin embargo, deseo plantear algunas cuestiones generales acerca de su contenido.
La primera se refiere a algo que ya no es modificable y que habría considerado un nivel superior como solución a la preocupación pública sobre el punto. Hubiera preferido tener un Ministerio de Cultura, institución que en naciones a las que aspiramos imitar ha dado un resultado útil y de largo alcance, más aún si buscamos la fórmula intermedia de rango ministerial, donde el Presidente del Consejo de Cultura tiene una jerarquía similar a la de los demás Ministros. No fue así, pero al menos se logró un avance importante. Se me dirá que eso involucra mayor burocracia. No obstante, por la experiencia de Chile en otros ámbitos, el peligro de burocratización es, en definitiva, sólo un elemento que depende del valor que atribuyamos a los asuntos que debemos enfrentar.
Hoy nos duelen los problemas vinculados con el niño (al respecto, esta tarde trataremos dos o tres proyectos). Se nos ha venido el mundo encima con lo que está pasando en nuestra sociedad. Cabe preguntarse, entonces, cuánto más habríamos avanzado, cuánto podríamos haber evitado si hubiéramos aceptado las propuestas, de hace ya muchos años, tendientes a crear instancias coordinadoras de carácter público con mayor nivel.
Teniendo en cuenta esa experiencia, la cultura bien merecía, a mi juicio, la creación de un Ministerio como tal. Mas, la iniciativa actual es lo posible; constituye un avance; la determinación corresponde al Ejecutivo , y -como dije- la apoyaré con entusiasmo.
La segunda cuestión tiene que ver con una materia que no es fácil y que deberemos analizar con mayor tranquilidad más adelante: la representatividad del Consejo Nacional de Cultura y de los Consejos Regionales.
Además, deberemos estudiar la asignación racional de los recursos necesarios en las distintas áreas, con el objeto de evitar que cada año haya una suerte de discusión desgarradora sobre cuánto destinar al Fondo que se crea, cuánto a los objetivos nacionales y cuánto a los regionales, pues ello sería una lamentable reedición de lo que queremos mejorar.
En virtud de lo expuesto, aprobaré la idea de legislar, en la esperanza de que la ley en proyecto sea un instrumento que ayude a hacer del afán cultural un objetivo principal en el desarrollo del país y no sólo una preocupación segundona, mirada casi como algo obsolescente o una tarea folclórica.
Señor Presidente , me alegra que en definitiva estemos avanzando en esta iniciativa legal, que, como se señaló, tuvo hace algún tiempo serias dificultades que, por supuesto, provocaron inquietud en artistas, autores y personalidades vinculadas al mundo de la cultura.
Lo que hemos hecho durante la tramitación del proyecto es, fundamentalmente, optar por un modelo de desarrollo cultural del país, que comparto.
Existen dos maneras de desarrollar la cultura de los pueblos. Una consiste en destinar fondos a través de los distintos Ministerios y que las organizaciones públicas y privadas concursen para obtenerlos, sin que haya una institucionalidad propiamente tal. Esta modalidad resulta razonable en naciones con alto grado de evolución cultural, el que es fomentado habitualmente a todo nivel en sus distintas localidades.
En Chile, la situación es diferente. El desarrollo de la cultura es bastante precario. Los artistas y autores, particularmente en Regiones (aunque tal vez ocurra también en muchas zonas de Santiago), enfrentan serias dificultades para encontrar apoyos, auspicios o incentivos que les permitan expresar su talento. La verdad es que los talentos artísticos se abren paso a codazos -en el buen sentido de la palabra- para tener la oportunidad de darse a conocer y destacar.
El modelo que escogimos es la existencia de un Consejo Nacional de Cultura. El problema radica en que se precisa actuar con mucho cuidado para que no sea un fracaso.
En mi concepto, todo cuanto signifique perfeccionar esa instancia refuerza la idea de contar con un organismo que verdaderamente fomente el desarrollo de la cultura y de las artes. El país lo necesita. Es increíble la cantidad de dificultades que enfrentan numerosos artistas y autores de localidades pequeñas -he conocido de cerca la realidad de la Región de La Araucanía- por las escasas posibilidades de desenvolvimiento cultural.
Un ente de esa índole es también indispensable para mantener las costumbres y tradiciones que nos identifican y definen como chilenos. Lo digo porque en un mundo globalizado resulta esencial conservar la identidad de los pueblos, lo que hoy cuesta bastante.
Asimismo, posibilitará a los artistas desarrollar su creatividad. Y en eso hay que ser bastante tolerante. La creatividad de un artista está siempre al límite de desbordar lo tradicionalmente aceptable. Pero eso forma parte de la evolución de la cultura y de las artes.
Señor Presidente , los puntos que a mi entender deben perfeccionarse se relacionan, en primer término, con la composición del Directorio del Consejo Nacional. Del total de 11 integrantes, 9 serán nombrados por el Presidente de la República : algunos, directamente; otros, sobre la base de ternas que se le presentarán; incluso, dos con participación del Senado.
Aspirar a la existencia de un Consejo despolitizado, ajeno a la contingencia, no significa negarle la posibilidad de que fije políticas -con mayúscula- sobre la cultura, sino evitar que se sienta absolutamente atraído por la adopción de decisiones del gusto del Gobierno de turno, porque esto sería nefasto para el desarrollo cultural.
Realmente, creo que hay un exceso de participación del Ejecutivo. Atendida la estructura propuesta para el Directorio, tiendo más bien a pensar que se trata de una especie de Consejo de Cultura del Gobierno más que de un Consejo de Cultura del Estado.
Por lo tanto, pienso que se requiere mayor autonomía para la designación del Directorio del Consejo , con fuerte participación de personas vinculadas al mundo de la cultura y de las artes, sin una influencia exorbitante del Ejecutivo. Porque hoy existe un Gobierno de la Concertación; mañana podría ser uno de la Alianza por Chile. Pero esto resulta indiferente. Lo importante es que sea un organismo estable y que se halle por sobre las influencias políticas.
Al respecto, debo señalar que la experiencia de CHILEDEPORTES -entidad encargada de fomentar actividades físicas recreativas- en algunas comunas ha sido desastrosa. Las nominaciones se hicieron con claro criterio político.
En verdad, no me gustaría que un esfuerzo tan relevante como el que implica este proyecto se viera frustrado porque no tuvimos la precaución de evitar que hoy unos y mañana otros ejercieran influencias indebidas en un área tan sensible como la de la cultura.
En cuanto a los Consejos Regionales, ¡ni hablar! El intendente será el dueño del Consejo, ya que nombrará prácticamente a todos sus integrantes. Me parece exagerado. No veo razón para ello. Por tanto, formularemos indicaciones con el objeto de fijar mecanismos que permitan designar a los miembros de dichos Consejos en forma más autónoma y posibiliten mayor presencia de las distintas entidades y organizaciones culturales, evitando así la influencia tan directa y fuerte de las autoridades del Gobierno de turno.
Por supuesto, hago mía la sugerencia que en su momento planteó el Senador señor Valdés acerca de los consejos provinciales. Pienso que es correcta la idea -seguramente Su Señoría la expondrá más adelante- de que existan consejos provinciales y no regionales. La organización del país en esta materia sigue mucho más la lógica provincial que la regional.
Me referiré en seguida a la transparencia en la asignación de los recursos.
Sobre el particular, creo que será necesario perfeccionar las normas pertinentes, para que las asignaciones se efectúen con criterio absolutamente profesional. Y digo "profesional" en el sentido de que las decisiones se adopten, no sobre la base de factores ligados a influencias o pitutos, sino en función de la calidad de la obra que postule a ser financiada por el Fondo Nacional o por el Fondo Regional correspondiente.
En el texto sugerido advierto un retroceso respecto del aprobado por la Cámara de Diputados. Obviamente, Santiago y otras grandes ciudades pueden tener expresiones culturales más evolucionadas. Empero, estimo que debemos establecer un porcentaje que permita descentralizar los recursos a fin de que las Regiones obtengan una mayor asignación. Hay pequeñas localidades a las que, en la práctica, no les va a llegar un peso para que sus artistas y hombres de la cultura puedan desarrollar las actividades que les competen.
Siento que aquí no hay un verdadero esfuerzo descentralizador y regionalizador. Algo se ha avanzado, pero se retrocede respecto de lo aprobado en la Cámara Baja.
En síntesis, creo que éste es un buen proyecto. Tenemos una estupenda oportunidad para perfeccionarlo, sacarlo adelante y enfocarlo con visión de Estado. Y, por cierto, en todo ese proceso va a contar con nuestro apoyo, que parte hoy con la aprobación de la idea de legislar.
Señor Presidente , concuerdo con el señor Senador que me antecedió en que éste es un gran proyecto. Por supuesto, se trata del comienzo de los comienzos. Porque el problema está en la relación histórica entre el arte y la ciencia, que desde siempre ha sido en el mundo occidental factor decisivo de nuestro desarrollo, de nuestro perfeccionamiento como sociedad.
Temo que el diagnóstico actual de la cultura en Chile, por la falta de un modelo de mejoramiento y orientación, sea poco alentador, a pesar de que tenemos excelentes niveles de prestigio mundial. Por tanto, me parece urgente tomar medidas de carácter estratégico, de Estado, similares a las que se impulsaron, por ejemplo, en el caso del desarrollo industrial de la década de los 40 durante el siglo pasado. Porque al crear cultura y perfeccionarla estamos generando un efecto positivo en el espíritu humano, que es el reverso de la medalla, el reverso de lo material, lo que determina los límites a que puede ir cada cual en la comunidad.
Estoy de acuerdo con este proyecto, que -como dije- considero esencial. Sin embargo, mientras intentamos legislar para fomentar la cultura en Chile, los programas de estudio de la educación básica, por ejemplo, han reducido al mínimo la música y las artes plásticas como asignaturas, disminuyendo sus horas, abreviando sus contenidos, fusionándolas con otras expresiones para dar lugar a la Educación Artística, lo cual es una generalidad ineficiente a la luz del propósito perseguido mediante la iniciativa en debate.
Sin la enseñanza específica de esas manifestaciones del arte, los colegios caminan hacia una educación demasiado materialista, hoy día inconveniente, que hace perder el sentido último de nuestra existencia y de la vida en sociedad. Justamente estas vitales ausencias, entre otras cosas, son el origen de la droga, el alcoholismo, la pornografía y muchos otros comportamientos extremos que finalmente debilitan a nuestra juventud, problema que hemos tenido la oportunidad de analizar en este Senado.
Por esa razón, creo muy adecuado que el artículo 3º, número 5), considere entre las funciones del Consejo Nacional de Cultura la de vincular permanentemente el sistema educativo formal en todos sus niveles con estas exigencias culturales presentes, que son dinámicas y que se ven afectadas de manera constante por la globalización y la modernización. Es un peligro continuo que tenemos para las integraciones regionales y mundiales.
Empero, el tipo de organización que se establece en el artículo 4º no me parece el más flexible y consecuente con los modelos de la administración actual. Comprendo muy bien que en una institucionalidad de esta naturaleza debe contarse con una componente importante relacionada con la representatividad; pero el exceso de autoridades y comités diluye la dinámica requerida y, sobre todo, las responsabilidades, agotando la energía de los verdaderos actores que deben participar en estos complejos sistemas.
Dentro del tema organizacional -ya lo mencionó un señor Senador que me antecedió-, me parece ambigua la relación que existirá entre el nuevo Consejo Nacional de Cultura y las organizaciones señaladas en el artículo 34 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; Consejo de Monumentos Nacionales, y Consejo de Calificación Cinematográfica), ya que, al establecer él la política, planes y programas, inevitablemente se generarán conflictos de autoridad que podemos evitar perfeccionando y especificando mejor las dependencias y funciones.
Con respecto al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, estimo que hay mucha consecuencia con recientes cuestionamientos a las asignaciones del caso, pues se establecen eficientes mecanismos de certificación de calidad de las obras y proyectos que el Estado de Chile financia, para lo cual existirán un reglamento y criterios de evaluación y selección, de acuerdo a los artículos 31, 32 y 33.
Existe, no obstante, un punto más crítico, relacionado con la equidad en la asignación de fondos a nivel regional. Por ejemplo, en el Presupuesto del 2002 (Partida 09, Ítem 95, Glosa 14) se asignaron al FONDART 4 mil 500 millones de pesos, de los cuales 2 mil 300 millones fueron destinados a proyectos culturales de Regiones. Es decir, un santiaguino tuvo 900 pesos para proyectos culturales, mientras que un habitante de otras Regiones dispuso tan sólo de 230, lo cual resulta inconsecuente con el propósito de esta iniciativa y del Fondo en comento.
Es muy complejo establecer variables de discriminación positiva para el acceso a este tipo de fondos. El factor cantidad de habitantes, por ejemplo, otorgaría equidad entre la Región Metropolitana y el resto de las Regiones, pero no favorecería, entre otras, a la Undécima. En este caso deberíamos crear un sistema compensatorio, similar al empleado en las municipalidades, con el Fondo de Desarrollo Regional.
Tampoco se aborda, en el tema del fomento a la cultura, la posibilidad de otorgar beneficios o franquicias aduaneras a los autores o artistas, principalmente para la importación de equipos y materiales esenciales para competir en el ámbito internacional.
Otros mecanismos factibles de implementar son los fondos concursables para proyectos presentados por las universidades o centros culturales a fin de ampliar su cobertura, previniendo el integrismo cultural derivado de políticas estatales restringidas.
Señor Presidente, al igual que el resto de los Senadores, mi exposición queda inconclusa.
Termino señalando una vez más que el proyecto es importante. Estamos incentivando algo que realmente tiene mucho que dar en el futuro: nuestro mundo interior.
El que sabe escuchar sabe entender, y el que sabe entender sabe dialogar.
Señor Presidente , éste es un mal proyecto -digámoslo con claridad-, porque, sencillamente, establece que en Chile habrá una cultura dirigida.
Estamos viendo cómo algunas personas se molestan porque uno opina: es un ejemplo de que no tenemos cultura.
Por esa razón -insisto-, éste es un mal proyecto. El problema fundamental estriba en que el Estado va a dirigir la cultura nacional. Y la va a dirigir porque se le subordina, en un papel de coordinación, una serie de organismos que hoy día están insertos en el Ministerio de Educación, en el de Relaciones Exteriores, en fin.
Ello, además, asegura una confusión. En efecto, el Presidente del Consejo Nacional de Cultura tendrá el rango de Ministro de Estado . Luego, estamos en presencia de un segundo aspecto: aquí hay un Ministerio de la Cultura encubierto. A eso se va, sin la menor duda. Y seguramente en los próximos años vamos a ver un proyecto de ley destinado a cambiar el nombre "Consejo Nacional de Cultura" por "Ministerio de la Cultura".
El referido Consejo va a coordinar lo concerniente a políticas, planes, programas y acciones de organismos que, en la línea administrativa, no están bajo su conducción y dependen de otro Ministerio. Es decir, el caos y el desorden. Por ende, a la larga existirá la impresión de que se sigue votando dinero y se continúa en una anarquía descomunal.
Otro aspecto preocupante se vincula con la contribución de los privados -sean personas o empresas- a la cultura conforme a la "Ley Valdés".
Creo que el problema está mal enfocado. Una cosa es que el Estado tenga elementos que dependan de una organización sencilla, flexible -por ejemplo, el ballet nacional, la ópera nacional, la orquesta sinfónica nacional, que son manifestaciones superiores del Estado en cuanto a la cultura-, y otra, que distribuya riquezas a diferentes artistas, a distintos creadores, en Santiago y en las demás Regiones.
¿Qué sucede si a ese respecto no existe competencia?
Cuando el Estado crea esos organismos, hace que se compita contra los privados, los particulares.
Luego, a mi entender, estamos ante un mal proyecto. La solución consiste en perfeccionar a fondo la "Ley Valdés", dándole mayor flexibilidad, sencillez y efecto, lo cual se traduciría en competencia y ésta, a su vez, en calidad artística. Porque la apreciación de la calidad artística -qué es bueno y qué no lo es- no la da el Estado, sino el público, que acepta o rechaza una obra.
La iniciativa, en mi opinión, genera efectos sumamente complicados. Me parece que el dirigismo cultural -del cual ya hemos tenido varios ejemplos- no es positivo. Y aunque se diga que el proyecto no apunta en tal dirección, ese peligro está presente en sus normas.
Somos un país con una economía bastante baja. Para mí, la mejor forma de incentivar la cultura es retomar la senda del crecimiento, aumentando nuestro producto interno bruto, creando más riqueza, porque por esa vía vamos a lograr mayores posibilidades para la cultura, de manera que los artistas tengan un medio apto para la venta de sus obras. En esas condiciones, su aceptación en la gente va a depender de la calidad de su trabajo.
Insisto: estamos en presencia de un muy mal proyecto, que incurre en un error administrativo gravísimo al promover un choque permanente entre el Directorio del Consejo Nacional de Cultura y las autoridades que tienen bajo su dependencia directa a los organismos que aquél va a coordinar.
--Manifestaciones en tribunas.
¡Ésa es la mejor demostración de la cultura que tenemos, señor Presidente!
Le pido al público que se encuentra en tribunas respeto por todas las opiniones.
Señor Presidente , por primera vez el Senado trata con cierta rapidez el tema de la cultura, el que, por su complejidad, merece mayor atención.
Conozco bien la iniciativa porque participé, nombrado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , en la comisión que preparó el texto preliminar, con una institucionalidad cultural similar a la del proyecto en debate, el cual, después de ser entregado al Primer Mandatario , sufrió ligeras modificaciones; pasó a la Cámara de Diputados y, luego de un largo y casi agónico proceso, se encuentra ante nuestra presencia para su consideración.
Como aquí se ha dicho, la función del Consejo será, básicamente, de coordinación. Si se tratara de una entidad con facultades directivas, la rechazaría, porque pienso que nadie debe dirigir la cultura, concepto tan difícil de definir. Unamuno dijo que es la ventana a través de la cual los pueblos miran al mundo. Otros sostienen que es la forma en que los seres humanos se relacionan. O sea, prácticamente no es posible cuantificarla ni precisarla, aunque, en definitiva, podría decirse que es el espacio donde las sociedades se mueven, donde la nación adquiere su real dimensión y donde no se dan fenómenos económicos propiamente tales, como el lucro, ni expresiones que no provengan del espíritu o el intelecto. Es difícil, por tanto, definirla.
A diferencia del Honorable señor Ríos -lamentablemente, no se encuentra en la Sala en estos momentos-, creo que el nivel de la cultura chilena no guarda relación con el grado de desarrollo que el país ha experimentado en otras áreas, tal como lo demuestra un estudio realizado sobre el tema por el PNUD, de las Naciones Unidas, que yo recomiendo leer...
..., porque es notable.
¡Me parece que la opinión de Su Señoría, aunque respetable, no es absolutamente neutral...!
¡Evitemos los diálogos, señores Senadores..!
Sólo estaba haciendo un comentario a raíz del juicio emitido por la Honorable señora Carmen Frei .
El hecho es que tal estudio -premiado internacionalmente por ser el mejor que se ha efectuado entre los países miembros de la ONU- comprueba que Chile padece una pobreza cultural extraordinaria.
Cuando se consulta a nuestros compatriotas su opinión sobre "lo chileno", la mayoría no lo sabe definir, lo cual es la peor degradación que puede sufrir un pueblo desde el punto de vista de su propia identidad. A veces se responde que "las empanadas", y cosas así, pero no hay, realmente, una valorización del ser nacional. A mí me parece que la función del Consejo debe ser la de coordinar los esfuerzos -y no la de dirigirlos- para que la concepción de lo chileno se eleve a su más alta expresión y no sea vulgarizada y minimizada limitándola a las empanadas y a las ramadas que se realizan para el 18 de septiembre.
Esto tiene particular relevancia a propósito de la globalización, que necesariamente acarrea una disminución del poder de los Estados que debe ser contrarrestada con un aumento del valor de las nacionalidades. Lo que hoy sostiene a los países no es tanto el concepto de Estado como el de nación, radicado en valores históricos, valores creativos, valores vinculados con la geografía, con el clima. No me voy a extender sobre el punto, respecto del cual existe bastante literatura.
Pues bien, desde el punto de vista del control, no creo que el Consejo implique riesgo, porque sólo va a coordinar esfuerzos que actualmente se encuentran dispersos y a distribuir de manera adecuada un fondo que hoy no existe. Pero no podrá coordinar todo, porque a veces la coordinación constituye una forma de controlar y disminuir la iniciativa de las personas.
Espero que el organismo cuente sólo con el personal estrictamente necesario, pues la burocracia, en todas partes del mundo, liquida las mejores intenciones.
Creo que algunas entidades deben conservar determinado grado de autonomía, como la Universidad de Chile -cuna de los esfuerzos artísticos y culturales del país-, que tiene una orquesta, un teatro, un museo y la única facultad de bellas artes importante. La Pontificia Universidad Católica cuenta con otra, pero aquélla reviste una cierta identidad con la nación.
Concuerdo con el Senador señor Viera-Gallo en cuanto a la necesidad de mantener la DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) y otros organismos.
Pienso que hace falta modificar algunos aspectos, tal como lo planteó el Honorable señor Espina. Uno de ellos apunta a no radicar los Consejos de Cultura a nivel de Regiones, que son artilugios de la Administración que no corresponden a la realidad del país ni a la manera en que éste estuvo dividido históricamente, por siglos, esto es, en provincias. No veo cómo pueda ser dirigida la cultura de San Felipe desde Valparaíso ; ni la de Chiloé o Valdivia desde Puerto Montt ; o la de Chillán, que posee una dignidad histórica, desde Concepción. Estimo que los Consejos Regionales deberían ser reemplazados por Consejos Provinciales.
Al mismo tiempo, con pleno respeto por la señora Ministra que se encuentra presente, considero necesario eliminar la participación en el Consejo Nacional de Cultura de los titulares de Educación y de Relaciones Exteriores, porque tienen muy poco tiempo para asistir a reuniones y porque, en realidad, al ser funcionarios de muy alto rango, disminuyen la importancia del Presidente del organismo, que sólo tendrá rango de Ministro . Mi impresión es que deberían estar presentes a través de delegados, pues los Secretarios de Estado no tienen que ocuparse de asuntos que, si bien pertenecen a su ámbito, no les corresponden.
Por el poco tiempo de que dispongo, las observaciones restantes las plantearé por medio de una o varias indicaciones respecto de las cuales ya conversé con algunos Ministros y un grupo de Senadores.
Para finalizar, deseo dejar aclarado en forma explícita que la coordinación no significa subordinar el funcionamiento del Comité Calificador de Donaciones Privadas, cuya importancia reside en que lo presidirá el titular del Consejo Nacional de Cultura y estará integrado por representantes del sector privado. Este último, que ha aportado más de 19 mil millones de pesos desde que rige la ley respectiva, no puede estar subordinado a un aparato estatal.
Es necesario aclarar estos puntos porque, a mi modo de ver, son importantes.
He dicho, señor Presidente
Señor Presidente , el Honorable señor Muñoz Barra me ha solicitado una interrupción, la cual concedo con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , según entiendo, este proyecto requiere de 27 votos favorables para ser aprobado.
Tenemos presente esa circunstancia, señor Senador.
Continúa con la palabra el Honorable señor Gazmuri.
Señor Presidente , en una sesión anterior llevamos a efecto un debate bastante amplio sobre esta materia y para el cual dispusimos del tiempo necesario. Se discutió el acuerdo del Senado que habilitó el trámite del proyecto después del grave tropiezo que éste encontró en la Cámara de Diputados. En mi caso, como expuse allí la fundamentación general sobre la iniciativa, no la quiero repetir, y me limitaré a formular dos afirmaciones.
En primer lugar, no estamos aquí, como dijo un señor Senador, aprobando un proyecto para que se dirija la cultura en el país. Ése no es el sentido que se persigue. No corresponde a las funciones que estamos entregando al Consejo Nacional y no representa en absoluto el espíritu del legislador. Menos aún el nuestro. Estamos conformando una estructura pública con el objeto de apoyar el desarrollo de la cultura y de las artes. ¿A cuál desarrollo me refiero? Al que se da pluralmente en la sociedad, lo que constituye un punto central. Aquí, desde el comienzo, debe quedar suficientemente claro que se trata de crear una estructura pública para apoyar el desarrollo de la cultura y de las artes. El concepto principal es que tal desarrollo es un bien público que debe ser apoyado por el Estado. Dicho de otro modo, es un bien público que en la sociedad -sobre todo en una como la nuestra, donde la economía funciona con criterios de mercado- ese desarrollo no se produce de manera espontánea. Por eso, debe existir una política de apoyo a esas manifestaciones y a la conservación del patrimonio cultural de la nación.
En tal sentido, me parece que están muy bien logrados los objetivos de esa institucionalidad en el artículo 3º del proyecto, porque se trata no sólo de apoyar el desarrollo de la cultura, sino también de propender a su difusión, que equivale a regionalizar la cultura; de establecer vínculos con el sistema educativo formal -que es la gran producción y que, por constituir uno de los principales instrumentos de desarrollo de la cultura, debe estar relacionado con el Consejo-; de fomentar la capacidad de gestión cultural y, en fin, de impulsar el desarrollo de la industria cultural en el país.
No hay que llamarse a equívocos. No se trata de dirigir, sino de apoyar. Y esto es primordial porque lo que debe apoyarse son las expresiones culturales que nacen y se desarrollan en la sociedad. Hemos sostenido un debate nacional al respecto, pues se trata de temas delicados. Se ha pretendido censurar, por ejemplo, decisiones de organismos públicos por respaldar determinadas producciones artísticas que no han gustado a cierta gente. Están en su derecho. Pero el Estado tiene que apoyar pluralmente lo que la sociedad produce en materia de arte y de cultura.
En segundo lugar, señor Presidente , comparto el criterio expresado aquí por el Senador señor Viera Gallo en el sentido de que, si efectivamente queremos lograr una estructura cultural que coordine las funciones de apoyo y promoción de la cultura y de preservación del patrimonio estatal, debemos vincular tal estructura pública al conjunto de las instituciones que hoy día el Estado mantiene en este ámbito, entre ellas la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos que, sin duda, es de suma importancia. En lo que toca a la censura cinematográfica, espero su término en el país.
Desde el punto de vista de las políticas de apoyo a la cultura y a la preservación del patrimonio, convendría preocuparnos en la discusión particular de incluir a todos los organismos del Estado que tienen que ver con esta materia. Espero que en ese trámite tal aspecto del proyecto en estudio sea perfeccionado.
Por cierto, voy a votar favorablemente la idea de legislar.
Señor Presidente , lamento que el debate se esté desarrollando en esta forma, porque pareciera que lo único que importa es despachar rápidamente la iniciativa. Uno tiene la impresión de que no existe interés en definir bien su contenido. Hasta la fecha no hemos tenido oportunidad - tampoco en la presente sesión- de llevar a efecto una discusión sobre el aspecto cultural. Lo deploro y lo hago presente.
Es importante hacerlo, señor Presidente , porque comparto la idea de que Chile está en deuda con la cultura. No hay un verdadero compromiso al respecto, y mientras menos debatamos las ideas y no nos pongamos a trabajar para lograrlo, más difícil será saldar la deuda. No basta con despachar iniciativas de ley si ellas no reflejan realmente lo que la gente quiere, o lo que sus autoridades piensan que debe hacerse. ¿Y por qué? Porque la cultura es un asunto extremadamente delicado, de enorme complejidad. En ella, ciertamente, se escuda la valoración que tiene un pueblo de sí mismo. Están ahí sus sueños, sus anhelos y las prioridades respecto de la forma de vida que quiere alcanzar. Por lo tanto, cuando el Estado busca comprometerse con la cultura, no enfrenta una tarea menor, sino un esfuerzo que requiere, por lo mismo, un espacio importante de trabajo y, sobre todo, un espíritu de libertad extraordinariamente amplio.
Al definir la acción del Estado o la de algunos organismos de la Administración Pública, como lo hace este proyecto, es preciso cautelar debidamente que se cumpla el objetivo que se ha tenido en vista. Y no estoy tan cierto de que eso se haya logrado en esta iniciativa, y pienso que debemos trabajarla mucho más aún. Espero que el debate en particular a que habremos de someterla en la Comisión lo permita, pero no puedo menos que dejar planteadas aquí algunas de nuestras inquietudes.
La primera dice relación al organismo llamado a dirigir esta nueva institucionalidad: el Consejo Nacional de la Cultura. Éste, por su composición, no ofrece plenas garantías en cuanto a no estar al servicio del gobierno de turno. Se habla de que no se quiere un proyecto dirigista; no se quiere cultura oficial. ¡Por cierto! Pero en los hechos, cuando de once miembros, diez - no nueve, como alguien dijo- son nombrados directa o indirectamente por el Presidente de la República , surge un riesgo. Hay la posibilidad de que hoy, mañana o pasado, algún gobierno (el que fuere) pueda utilizar mal ese aparato. Y creo que ello le haría un grave daño. Si queremos rescatar, priorizar y potenciar la cultura, debemos conformar una institucionalidad que esté por encima de los vaivenes políticos de turno. Tanto más cuanto que hemos escuchado en la Comisión a mucha gente, a numerosos organismos cuyas principales intervenciones han estado dirigidas precisamente a esta materia. En las actas de la Comisión, Sus Señorías podrán ver la cantidad de observaciones de distinta naturaleza que se hicieron sobre este punto. Aquí estamos resolviendo mal un problema.
Tampoco lo estamos haciendo bien cuando pensamos en la regionalización. El organismo regional queda, en definitiva, con la misma injerencia que a nivel nacional tiene el Presidente , en manos del Intendente. Obviamente, se reproduce a ese nivel un mal esquema; y eso no es descentralizar. El Intendente es el representante del Presidente en la región; no lo es de ésta. En este sentido, pienso que no hay consulta con organismos regionales, como el CORE, como los municipios. No hay proposición alguna que asegure que la región va a estar vivamente representada ahí, y sólo se dependerá de la capacidad del Intendente para interpretar o no a sus habitantes.
Por otro lado, si bien hay déficit en la actividad cultural a nivel nacional, éste es mayor en regiones. Y tanto del informe del PNUD como del monto de la asignación de recursos que distintos Senadores han aludido, se desprende que las regiones están extremadamente postergadas. No hay espacios para desarrollar actividades culturales, ni siquiera lugares físicos, infraestructura, equipamiento. Los jóvenes no disponen de verdaderas oportunidades. Se pierden muchas vocaciones artísticas porque no hay dónde canalizarlas. En Santiago, aunque se pierdan, las hay todavía, y la cultura florece de alguna manera. Pero en el resto del país eso se logrará con muchas dificultades.
Este proyecto no garantiza que los recursos y prioridades se vayan también a desarrollar armónicamente a lo largo de todo el país.
Finalmente, dada la escasez de tiempo, me referiré a un tercer punto, relacionado con la estructura interna de la entidad. Creo, como lo hemos conversado, que un organismo que se aboque a la cultura no puede replicar la estructura de un servicio público tradicional. No puede tratarse de un ministerio de la cultura, de un servicio público de la cultura. Debe ser un ente en donde el mundo de la cultura y la gente de buen criterio pueda preocuparse de ver cómo allegar recursos, estimular, fomentar, abrir caminos para que se pueda desenvolver la actividad cultural. Y no descansar en la burocracia, en oficinas, en papeleos y en trámites, que al final reducirán los fondos destinados a la cultura y, al mismo tiempo, dificultarán que ésta sea la que quiere la gente.
Sobre el particular, señor Presidente , tenemos una serie de prevenciones. Incluso, se contempla una delegación de facultades al Presidente de la República , lo que, tratándose de una ley orgánica constitucional, es contrario a la Carta Fundamental. No se pueden delegar facultades en materia de ley orgánica constitucional, como lo hace el artículo primero transitorio de esta normativa. Pero, aparte de ello, genera todavía una inquietud de burocracia.
¿Queremos crear aquí un servicio público con estatuto administrativo? No. Debería ser un cuerpo ágil, con poca gente, que esté comprometido con la cultura y apoye a los distintos actores, gestores, productores, etcétera, involucrados en la actividad misma de la cultura.
Ésas son las inquietudes principales que tenemos frente a esta materia. Hay muchas otras que, por el escaso tiempo de que dispongo, no puedo hacer presentes.
¿Por qué, sin embargo, vamos a votar a favor de esta iniciativa? No sólo por la necesidad de avanzar en el tema, porque aquí tenemos una oportunidad de hacerlo, sino también porque existe un compromiso de los Secretarios de Estado que representaron al Gobierno en la discusión anterior. Tanto la Ministra señora Mariana Aylwin como los Ministros señores Heraldo Muñoz y Mario Fernández , en su momento, se comprometieron en un documento a que trabajaríamos en la línea que estamos señalando aquí.
Para terminar, recuerdo que, entre otras cosas, los Ministros se comprometieron "a cautelar la independencia del Consejo y a evitar que las designaciones correspondan a cupos políticos.", y a que aquél se integre "por personalidades culturales de relevante trayectoria y méritos personales", "en cuya proposición intervendrá la comunidad cultural y en su designación lo hará la institucionalidad pública de la nación".
Respecto del tema de la descentralización, el compromiso "garantiza el desarrollo cultural equitativo de todas las regiones y provincias del país".
Finalmente, en cuanto a la estructura interna de la entidad, el documento señala que "el Consejo establecerá su propia estructura interna, con el fin de dar flexibilidad a su gestión y de conseguir eficacia en el cumplimiento de sus funciones.".
Creo, señor Presidente , que si conseguimos esas finalidades y realmente colocamos a la cultura como tema prioritario en el país, estaremos haciendo un gran avance. Pero al aprobar este proyecto tal cual está hoy no estamos dando ese paso con certeza, con seguridad. Pienso que el mundo cultural merece todavía más del Senado. Estamos en deuda, y mientras no despachemos una normativa en forma, que considere éstas y muchas otras inquietudes -cuestión que será tarea de la Comisión-, estimo que todavía nos podrán cobrar ese compromiso.
Habiendo llegado la hora de votar, comenzarán fundamentando su voto los dos inscritos restantes, Senadores señores Cordero y Horvath.
Señor Presidente, las instituciones, en cualquier orden de actividades, son estructuras de ordenamiento neutrales; de tal manera que su dirección y manejo es lo que traduce en definitiva su real accionar y, por consiguiente, los resultados y consecuencias de esa actividad.
Lamentablemente, existen instituciones que son más vulnerables a una orientación sesgada, tendenciosa e irresponsable. Esta fragilidad es característica de aquellas organizaciones que, arrogándose la representación de la cultura nacional, disponen del erario para financiar casas de vidrio, seudoesculturas formadas con guano y plumas de animales, obras que atentan contra el patrimonio histórico nacional, denigrando la figura de sus héroes, y otras variadas manifestaciones de diverso grado de mediocridad que se presentan ante la comunidad nacional con el respaldo del Estado y del Gobierno.
Es cierto que este proyecto de ley creará una institución más ordenada y sólida. Es cierto también que se la proveerá de un patrimonio y de financiamiento más estable. Es cierto que se mejorará la provisión de recursos. Pero, ¿destinados a qué? ¿A cuál cultura? ¿La cultura de la batucada?
Formulo estas interrogantes porque no considero legítimo destinar fondos a actividades que no son en absoluto representativas de la cultura nacional. ¿Por qué todos los chilenos debemos financiar esas casas de vidrio? Sin embargo, una orquesta de jóvenes músicos santiaguinos debió mendigar, recurriendo a la caridad de particulares y empresas para poder financiar su viaje a Alemania, en donde, por mérito de su gran calidad interpretativa, producto de una larga, perseverante y esforzada preparación, sus integrantes fueron seleccionados para demostrar su talento en un festival de música de ese país.
Esto es sólo un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo con el pretendido fomento y desarrollo de la cultura.
Por desgracia, sin importar cómo se organicen los recursos para estos fines, son los criterios y orientaciones que se utilicen para su distribución los que deben cambiar. Existe una exagerada identificación del concepto de cultura con las actividades de vanguardia o experimentales, lo que ha conducido a respaldar actividades de dudosa calidad artística. Por otra parte, existe una clara orientación política de las expresiones auspiciadas y financiadas con estos fondos, lo que la comunidad percibe con sorna en algunas ocasiones y con franco rechazo en otras, ya que se ven burladas sus múltiples y urgentes necesidades por la destinación de fondos públicos a obras impresentables.
Por otro lado, debo hacer presente que ningún otro sector del quehacer nacional considera que es obligación del resto financiarle sus proyectos y actividades. El fomento y desarrollo de la cultura debería estar orientado a mejorar la preparación de los artistas, a dar acceso a las artes a aquellos sectores de menores recursos, tanto en su difusión como en su enseñanza, así como al fomento de su apreciación en la población escolar; pero los montajes artísticos deben atraer al público por sus propios méritos. Éste es el que en definitiva tiene la última palabra en la apreciación de las manifestaciones culturales.
Por otra parte, durante el debate del proyecto se han pronunciado vehementes discursos que constituyen verdaderos homenajes a figuras del ámbito artístico, como es el caso del músico Víctor Jara , a quien reconozco sus méritos artísticos y su aporte a la cultura nacional.
Por mi parte, me voy a referir a un hombre mártir, carabinero y eximio músico del Orfeón Nacional, el sargento 2º Carlos Arturo González Valenzuela , de quien nadie dijo nada. El suboficial González había ingresado a Carabineros en abril de 1981 y ocupaba los puestos de segunda flauta traversa y ejecutante del flautín en el Orfeón Nacional. Su obsesión y pasión era la música. Poseía para este arte una sensibilidad y talento especiales y, en búsqueda de la perfección, tomaba clases particulares y dedicaba horas de ensayo y también sus horas de descanso a practicar incansablemente.
Naturalmente, su esfuerzo, dedicación y talento dieron sus frutos a través de una trayectoria ascendente que lo condujo a actuar como solista en varias ocasiones, como ocurrió en un homenaje al director Víctor Tevah , siendo ovacionado largamente por el público, de pie, el que premió así sus emotivas interpretaciones instrumentales. En su especialidad artística era el mejor de Chile. Pero de él nadie dijo nada. No hay una calle, no hay un estadio, ni siquiera un monolito. Sólo su lápida lleva su nombre. Pregunto: ¿acaso su arte no es cultura?
Una fría madrugada del 20 de mayo de 1988, el sargento 2º Carlos Arturo González Valenzuela se levantó más temprano de lo acostumbrado. Ese día el Orfeón Nacional tenía un intenso programa de actividades en homenaje a las Glorias Navales y a la Armada Nacional. Con este fin, dejó su hogar y caminó en dirección al paradero de buses, llevando bajo su brazo la flauta traversa. Se detuvo en la intersección de la avenida Pedro Aguirre Cerda con el paso sobre nivel de avenida General Velásquez ; aún no amanecía totalmente. Cinco minutos más tarde, tres terroristas se le acercaron y lo asesinaron. Mataron a un hombre que era parte de la cultura y del arte.
Esta historia, que es una historia olvidada, terminó en la forma que se aprecia en la fotografía que me he tomado la libertad de entregarles, la que fue publicada hace algunos días por el diario "El Mercurio", pero no en recuerdo del mártir, sino que, con ocasión de su fallecimiento, un sacerdote aparece piadosamente otorgando la bendición "post mortem" al músico de Carabineros que yace sin vida.
Este hombre fue un eximio artista. Era esposo y padre de dos hijas; no representaba amenaza alguna para nadie. Su talento y sensibilidad fueron un regalo para quienes tuvimos la fortuna de escucharlo. Es un mártir injustamente olvidado, quizás a causa del verde uniforme que llevaba, lo que al fin le costó la vida.
Estoy cierto, señor Presidente, de que este proyecto se va a aprobar. Nadie puede estar en contra del fomento y desarrollo de la cultura. Vuestros electores os lo demandarían. Creo que es bueno que se apruebe.
Pero, en homenaje a este carabinero, Carlos Arturo González Valenzuela , en honor a su memoria, a su talento y a su vida, voto que no.
Señor Presidente , en verdad, cinco minutos resultan un tiempo mínimo para desarrollar mi intervención con el fin de señalar la importancia que reviste la cultura como parte esencial de un pueblo, de la creatividad, de la vida y, más aún, de su expresión y diversidad.
Centrándose en el proyecto mismo, obviamente, conviene asegurar que el esfuerzo de más de ocho organizaciones vinculadas a la cultura en el país y muchas otras instancias, tenga una coordinación, un eje conductor a través de un Consejo de la Cultura y también de un Fondo de Desarrollo Cultural.
En el texto original sometido a nuestra consideración por parte del Gobierno se modificaron aspectos de bastante importancia. Sin embargo, a nuestro juicio, todavía es insuficiente. No voy a repetir los argumentos que se han esgrimido, en el sentido de que prácticamente todo el Consejo y el Fondo son dirigidos por autoridades políticas de turno. Y, si bien en su esencia algunas ramas se configuran desde las mismas organizaciones del arte y de las universidades, creemos que, así y todo, el Directorio del Consejo, integrado por once miembros, debe ser más permanente, más diverso y menos vinculado al mundo político de turno, sea cual fuere éste.
Ahora, dentro de lo insuficiente, a nuestro juicio, lo más relevante se refiere a las regiones. Éstas, las provincias, las distintas localidades de Chile son justamente la gran fuente de diversidad, y no enfrentan a la Región Metropolitana o a las ciudades mayores. Me parece que justamente se contrarrestan y más bien señalan una suerte de dialéctica positiva. Es bueno que exista esa expresión cultural y se fomente en su máxima diversidad en ambos sectores. Sin embargo, en el proyecto en análisis dicho aspecto carece del más mínimo equilibrio. Ello obedece también a ciertos planteamientos que se nos han hecho llegar al Congreso Nacional, formulados por algunos personeros que no conocen la realidad de las regiones, pese a que la mayor cantidad de artistas, en todos los ámbitos de la cultura chilena y en una perspectiva histórica, proviene justamente de provincias y regiones.
Tengo en mis manos una declaración pública de personalidades del país como don Claudio Di Girolamo y doña Nivia Palma en la que señalan lo siguiente: "Es de conocimiento público que las regiones presentan niveles de desarrollo cultural diverso, por ende necesidades y capacidades distintas. ¿Cómo aseguraremos una cantidad suficiente de evaluadores calificados y un grupo de postulantes en cada disciplina artística o actividad cultural? ¿Cómo podrá el joven pianista de Vilcún postular a una Beca para estudios en un Conservatorio en Santiago si no existen músicos en su región para evaluar sus capacidades, potencialidades e importancia del proceso de formación que desea llevar adelante? ¿Por quién será evaluado un cineasta en la Región de Aysén si allí no existen otros cineastas o críticos de cine, menos productores audiovisuales? Por favor, seamos claros.".
En verdad, ése no es el tema. No se trata de que en Vilcún o en Aisén o en una provincia del altiplano exista un jurado suficiente. La idea es que ellos mismos generen su oportunidad y sean, desde luego, asistidos por el Consejo, por el resto de los artistas y de las instancias culturales del país.
Sin embargo, si analizamos la iniciativa, se podrá apreciar claramente que ello no queda expresado en el texto. Por ejemplo, se establece que el Directorio resolverá la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. En cuanto a las becas, se señala que los jurados que se designen conforme al numeral correspondiente deberán estar integrados, a lo menos, por 40 por ciento de personas provenientes de regiones diferentes de la Metropolitana. O sea, automáticamente Santiago se está asegurando una mayoría en esta área. En el Título II, Del Fomento de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Cultural, se deja al Presupuesto nacional la distribución anual de los recursos del Fondo y la forma como éstos se asignarán a cada una de las regiones del país.
En realidad, esos criterios no pueden estar sometidos a un avatar continuo, sino que deben quedar garantizados en la ley.
Nos parece que el proyecto es una necesidad muy sentida, no sólo por los artistas, sino por las comunidades de nuestro país, por lo que en la discusión particular formularemos las indicaciones correspondientes.
Señor Presidente , ante todo, me parece que el proyecto en análisis está equivocado de título, porque por su contenido y las explicaciones que hemos escuchado debería llamarse "Creación de Consejo Nacional de las Artes". Lo que hay que fomentar son las artes, lo cual se hace a través de la competencia.
Parece lógico que el Estado tenga un ballet nacional, una ópera nacional (de la cual carece), un teatro nacional, pero no es posible incentivar las artes a través de una selección que dista mucho de obedecer a cánones normales. El único que puede evaluar al artista es el público, que le acepta sus obras o las rechaza. Considero que si se aprueba la iniciativa y se avanza en los términos en que se encuentra redactada estaríamos en presencia de una cultura dirigida, algo que es imposible aceptar.
En tal virtud, creo que la denominación debería ser "Consejo Nacional de Artes", porque la cultura es muy superior al concepto "arte"; involucra muchos otros aspectos. Ello ya se ha explicado y quiero reiterarlo.
Por lo tanto, el hablar de una coordinación de la cultura nacional, en mi opinión, constituye un exceso que va más allá de cualquier atribución. Es pasar a llevar el cuerpo y el alma de los chilenos en materia de imaginación, de sensibilidad. Eso, yo lo rechazo.
Creo que la mejor forma de contribuir al desarrollo de las artes es lograr que el país se encamine rápidamente a un alto y sostenido crecimiento. El producto interno bruto que se vaya generando año a año tendrá, lógicamente, una distribución de beneficios y, en la medida en que haya mejor nivel económico, existirá interés en adquirir obras de arte. Y la aceptación o rechazo de ellas es el mejor premio al artista. Pero el hecho de que exista un organismo como el propuesto, además de hacer entrar en conflicto, desde el punto de vista de la administración, a las autoridades de los servicios con el propio Director del Consejo Nacional, producirá algo que es sumamente complicado hoy día: exceso de burocracia y de personal, y generará costos que agravarán más todavía la sensación de que los recursos no se emplean correctamente.
Como tercer punto, deseo señalar -es bueno decirlo- que el FONDART existe no por ley de la República, sino que se originó a través de una glosa. En efecto, en 1992 se creó en una glosa de la Ley de Presupuestos, en la Partida del Ministerio de Educación.
Reitero: su existencia es sólo mediante una glosa y, en consecuencia, el FONDART no se creó por ley, situación que, a mi juicio, merece un estudio desde el punto de vista de la administración del Estado.
Si hablamos de cultura, de este concepto más amplio que señala el texto pero que no corresponde a su contenido, debemos hacer presente que la educación es la que finalmente dará una sensibilidad, una apreciación por las manifestaciones artísticas, y a través de ella podrá haber una población entendida, sensible, que valore la creación, independientemente de que ésta provenga del artista a, b, o c.
Por las razones expuestas, voto en contra.
Ésta es una manifestación profunda de la incultura del público asistente en las tribunas, señor Presidente .
Pido a Su Señoría que no se dirija ni provoque a quienes se hallan en las tribunas.
Señor Presidente , reitero lo que dijimos en el debate previo, cuando el proyecto en análisis fue sometido al conocimiento del Senado para que éste permitiera su continuidad: en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, anuncio nuestro pronunciamiento favorable, y hago mío lo señalado por el Senador señor Valdés en esta sesión.
Señor Presidente , me alegro mucho de que, en esta ocasión, se haya hablado de diversidad, y de que un señor Senador nos recordara que un integrante de la orquesta de Carabineros fue asesinado por terroristas. Me parece muy bien tal recuerdo; pero estimo que no es necesario traer de nuevo a la memoria que en Chile hubo terrorismo y que Víctor Jara , por ejemplo, también fuera fue víctima de él.
En consecuencia, estimo adecuado que empecemos a ejercitar la diversidad y que asumamos que el terrorismo es una cuestión que debemos erradicar definitivamente de nuestra vida, de la convivencia de los chilenos, porque aquélla es lo que realmente hace posible que crezcamos desde el punto de vista cultural.
Por eso, la institucionalidad cultural que estamos generando en esta oportunidad es un paso trascendente en el camino de la diversidad. Y si algo caracteriza la cultura es exactamente la diversidad, la posibilidad de todos de optar por lo diferente.
Considero muy importante que al concretarse hoy la creación del Consejo Nacional de Cultura y del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural tengamos presente que en Chile existen diversas expresiones culturales y que debemos respetarlas todas, aunque no nos agraden. Tal vez no nos satisfaga la obra de teatro "Prat", pero tiene el derecho a ser exhibida en cualquier lugar. Es posible igualmente que no nos gusten ciertas obras pictóricas, pero a ellas les asiste el mismo derecho. Ésa es la diversidad; ésa es la cultura. De lo contrario, siempre tendremos algún mecanismo de censura, de discriminación cultural. Ninguno de nosotros ni institución del Estado estamos en condiciones de discriminar o dejar fuera de la consideración artística obras de carácter cultural o espiritual de un pueblo.
Por esa razón, es bueno lo que estamos haciendo. Nos debe llenar de orgullo el hecho de que en Chile, después de 50 años desde que se comenzó a discutir sobre la institucionalidad cultural -la primera fue en 1952-, tengamos la posibilidad de materializar esa aspiración. Es bueno para el Senado y para el Congreso Nacional que aprobemos este proyecto, el cual nos enorgullece por dar un paso muy significativo en el desarrollo espiritual de Chile.
Señor Presidente , estoy bastante extrañado por el reproche formulado por el Senador señor Cordero, en cuanto a que no se nombrara al carabinero que mencionó; pero nadie lo ha excluido por afanes discriminatorios, sino por desconocimiento. Es decir, nunca antes se había oído hablar de esa persona, que bien pudiera haber tenido muchos méritos.
Carabineros de Chile debió haber difundido más la noble figura de tal policía, sobre todo cuando el Honorable señor Cordero dirigía la Institución.
Señor Presidente , escuché con mucha atención a dos de los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.
Uno de ellos señaló que un profesor inglés sostuvo que en Chile todos habían sido presidente de algo. Lo citó como una curiosidad nuestra.
Otra de las muchas cosas curiosas nuestras es que todos somos aficionados a creer que basta con dictar una ley para que los problemas se terminen.
Se han dictado más de 40 mil leyes; unas con números y otras sin ellos: decretos con fuerza de ley, decretos leyes y los cuerpos legales promulgados desde la Patria Vieja hasta fines del siglo XIX. ¡Si las leyes resolvieran todo, nuestro país sería el más feliz del mundo!
Otro señor Senador mencionó que teníamos mala fama por nuestra cultura actual. ¡Qué cierto es! ¡Cómo no tener mala fama si la educación básica, media y superior es mediocre! ¡Cómo no tener mala fama si no dominamos el castellano! Utilizamos un vocabulario mínimo; incluso en el ámbito parlamentario recurrimos a las muletillas.
Las muletillas son para el lenguaje lo que las muletas para la cojera. Y cuando escucho en la Sala una trenza de "digamos", "no es cierto", "cómo se llama" y el horrible "de que", he tenido que aguantar las ganas de decir: "Señor Presidente, dígale que hable bien o que se calle".
¡Éste ha sido un desahogo!
Estoy de acuerdo con el proyecto y ojalá su aprobación nos ayude. Espero también que pronto cambiemos la norma educacional.
Señor Presidente , una de las definiciones más simples y sencillas de cultura dice que ella es la forma de vida de una sociedad.
En nuestro medio, durante un largo período, dominaron el terror y el autoritarismo. Hoy hemos podido apreciar algunos resabios de aquella época triste; sin embargo, ellos constituyen la diversidad que estamos dispuestos a defender.
Ojalá la creación de esta institucionalidad cultural estimule el desarrollo artístico y haga florecer miles de iniciativas que a lo largo del país no han podido tener expresión, muchas veces, por falta de apoyo económico.
Es de esperar que los censores que a diario surgen para reprimir esas expresiones culturales comprendan que vivir en una sociedad democrática implica establecer como valores esenciales, y por sobre todas las cosas, la tolerancia y el respeto al pensamiento ajeno.
Señor Presidente , debido a las expresiones vertidas recién por quien me antecedió en el uso de la palabra, solicito a dicho señor Senador que, por favor, ya que ha sido tan elocuente respecto de los censores, recomiende a las autoridades del Ministerio de Salud que respeten la opinión de los médicos y pueda ser exhibido en los establecimientos hospitalarios del país un video que la contenía. Ese video fue censurado por las actuales autoridades para impedir que se conociera el pensamiento del Colegio Médico sobre la reforma al sistema de salud.
Ello sólo a modo de comentario.
Asimismo, me gustaría que transcurrido un año de aplicación de esta futura ley, el Senado evaluara lo sucedido en ese lapso con la institución que ahora se crea. Ojalá tengamos avances y no ocurra lo que con justificada razón recordó el Senador señor Zurita , en el sentido de que estamos tapados de leyes y de que se avanza muy poco.
Señor Presidente , la creación artística es, probablemente, la actividad humana más distante de las funciones que en rigor corresponden a un Estado subsidiario.
El informe señala textualmente en su "Resumen Ejecutivo " que uno de los objetivos del Consejo Nacional de Cultura es: "Concentrarse en los ámbitos culturales que por urgencia política y de gestión pública sean priorizados por el Presidente de la República .".
Me parece que el proyecto está al margen de las competencias legítimas del Estado y también que es completamente inútil en cuanto a garantizar una producción artística de mayor claridad y calidad en nuestro país.
En consecuencia, voto que no.
Señor Presidente , entregaré mi voto favorable por tratarse de una votación en general, reservando mis observaciones respecto de dos temas que me parecen muy importantes para el debate en particular. El primero se refiere a la existencia de un excesivo centralismo en el nombramiento de los integrantes del Consejo; y el segundo, a la necesidad de cautelar adecuadamente que los recursos del fondo que se crea se distribuyan lo más racional y equitativamente posible, favoreciendo el desarrollo de las regiones. Creo que en este último aspecto debe haber una discriminación positiva, de manera que aquéllas tengan mayor potencialidad y se les posibilite acceder a la cultura, al arte y a todas las manifestaciones que permitan cultivar la armonía.
Señor Presidente , me pronunciaré favorablemente, porque, a mi juicio, estamos en presencia de una legislación necesaria para el país, por cuanto la cultura es fundamental en la acción del Estado. Esto, por sí solo, hace suficiente el apoyo a la iniciativa, que estimamos de gran interés e importancia para los artistas nacionales.
Sin embargo, en la discusión en particular debemos tener especial cuidado para resaltar ciertos aspectos que dicen relación, por ejemplo, a reforzar el propósito de apoyo a la cultura y a la difusión de la misma, y por ningún motivo de dirigirla. Y hay que poner especial atención en resguardar un valor que, por lo demás, en la discusión de esta tarde ha sido ampliamente compartido por todas las bancadas.
En esa misma línea, las indicaciones tendrán que evitar que el Consejo, el Directorio y las demás autoridades de que trata el proyecto signifiquen una frondosa burocracia que, en definitiva, consuma los correspondientes recursos. Porque el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural debe dedicarse a los artistas y no a los funcionarios que lo administren. En consecuencia, reitero que debe tenerse especial cuidado en el establecimiento de las limitaciones, a fin de que el aparato burocrático que se crea sea el estrictamente indispensable y que todos los recursos -que siempre son escasos e insuficientes- se destinen al objetivo de la iniciativa.
Por otra parte, también debemos tener en cuenta que el proyecto no recoge adecuadamente la situación de las regiones. Éstas -especialmente la que represento, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena- están ávidas de cultura. Cada vez que existe un espectáculo cultural, con artistas, orquestas, obras de ópera o de teatro, existe gran recepción y extraordinario interés.
Nosotros queremos que se acentúen los proyectos para que las regiones tengan acceso a ese tipo de actividades, en particular las más apartadas, que carecen de la posibilidad de disfrutar de espectáculos de calidad por estar alejadas del centro del país. Del mismo modo, deseamos evitar que los valores artísticos de las regiones se pierdan por su lejanía, falta de medios o por otras circunstancias.
No olvidemos que un importante número de personas vienen a radicarse al centro del país, atraídas, precisamente, por los espectáculos culturales que se dan en la Capital y no en regiones.
A través del fondo que se crea, debemos contribuir a que las regiones cuenten con el apoyo cultural necesario para desarrollarse integralmente.
Por último, creemos que en las indicaciones que se presenten debemos tener especial cuidado en que el Consejo realmente administre y sustente los distintos fondos parciales de apoyo a la cultura, sobre todo cuando en distintas leyes se han dado recursos para instituciones u organismos que administran fondos culturales. Debemos tener claramente dispuesta la mirada en tales indicaciones para que, en definitiva, no se dispersen los escasos recursos y que el control de ellos se centre en el Consejo Nacional de Cultura que, obviamente, debe ser un organismo que no dependa del Gobierno de turno y actúe con la mayor independencia posible, porque el objetivo del proyecto en debate es apoyar y difundir la cultura.
Señor Presidente , como recordó el Senador señor Valdés , en 1997 se formó una comisión asesora en materia cultural. De allí surgió un proyecto de ley que ingresó al Parlamento en 1998.
Varios señores Senadores han dicho que ha habido poco tiempo para estudiar la iniciativa, en circunstancias de que la enviada por el Presidente Lagos recoge muchas de las ideas de esa comisión asesora.
Por lo tanto, si ya llevamos casi cinco años en el afán de legislar sobre la materia, estimo que es tiempo de crear de una vez por todas la institucionalidad cultural que el país necesita.
Muchas veces escuchamos criticas al Parlamento y a otras instituciones nacionales; y, en mi opinión, ello sucede porque el despacho de muchas iniciativas legales, como la que nos ocupa, demora mucho tiempo en el Congreso. De modo que ahora -reitero- ha llegado el momento de hacerlo.
No me voy a referir en esta oportunidad a cuanto significa la cultura, ni a su importancia, ni a las definiciones de la UNESCO, porque forman parte del mensaje. Sin embargo, quiero reseñar lo que sucede en los países en que no se ha desarrollado tal institucionalidad, que en el caso nuestro se encuentra consignada en la Carta Fundamental.
Cuando no hay una organización administrativa, legislativa y tributaria en materia educacional, artística y cultural, se retrasa el desarrollo de la nación. De manera que es obligación del Estado promover su organización. Y al plantearlo así no queremos decir que sea el Estado quien la dirija, sino que éste dé el espacio, cree la institucionalidad y las normas para el desarrollo cultural, en el amplio sentido del concepto, y no sólo de las obras artísticas. Porque siempre que hablamos de ella pensamos solamente en obras artísticas. El desarrollo de la cultura de un país va mucho más allá. Por tal motivo, pienso que ha llegado el momento de que, de una vez por todas, tengamos esa institucionalidad cultural.
Voto que sí, esperando que a la brevedad se despache en particular la iniciativa.
--Se aprueba en general el proyecto (41 votos contra 2).
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones el 20 de noviembre, a las 12.
La señora AYLWIN ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , junto con valorar la aprobación del proyecto de institucionalidad cultural, quiero señalar que, en mi concepto, el Senado ha recogido una antigua aspiración de la sociedad chilena en cuanto a contar con una institucionalidad que posibilite el desarrollo cultural del país. No cabe duda de que es un tema difícil. Por algo hace 50 años que se viene planteando, sin que hubiese nunca prosperado.
Aquí se han señalado aspectos importantes, como el de que todos aspiramos a que se cautele la libertad de creación y de expresión, máxime cuando abominamos de una cultura dirigida.
También, los señores Senadores han manifestado preocupación en cuanto a que no exista una cultura de elite y han dado a conocer su inquietud respecto a cómo se desarrollará aquélla en las regiones.
En ese contexto, deseo hacer presente que el proyecto tramitado al Senado presenta modificaciones importantes, recogidas después de que se habilitara para seguir su trámite en la Cámara de Diputados. Tales enmiendas se refieren a la composición del Consejo y al equilibrio territorial o regional. Fueron aprobadas en la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad.
Queremos que la iniciativa tenga la mayor legitimidad. En esa perspectiva, recogeremos los aportes e inquietudes de Sus Señorías durante la discusión particular y así despacharla con todo el respaldo posible.
Solicito que el número 2 del Orden del Día, el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley sobre calificación de la producción cinematográfica, aprobado unánimemente por la Comisión, se vote ahora.
Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley sobre calificación de la producción cinematográfica, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2675-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En trámite de Comisión Mixta, sesión 23ª, en 21 de agosto de 2002.
Constitución y Educación, unidas, sesión 25ª, en 22 de enero de 2002.
Constitución y Educación, unidas (segundo), sesión 12ª, en 9 de julio de 2002.
Hacienda, sesión 12ª, en 9 de julio de 2002.
Mixta, sesión 8ª, en 30 de octubre de 2002.
Sesiones 27ª, en 23 de enero de 2002 (se aprueba en general); 13ª, en 10 de julio de 2002 (se despacha en particular).
La controversia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo, por la Honorable Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de las modificaciones introducidas por el Senado.
El informe de la Comisión Mixta consigna la proposición destinada a resolver las diferencias producidas.
Cabe hacer presente que los acuerdos de la Comisión Mixta fueron adoptados por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobando el texto despachado por el Senado en el segundo trámite constitucional, con algunas excepciones. Ellas son:
a) La referida al concepto de "contenido pornográfico" que se contempla en la letra d) del artículo 2º.
b) La relativa a la no inclusión como miembro del Consejo de Calificación Cinematográfica de un egresado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
c) La pena aplicable a la producción de material pornográfico, que se eleva de reclusión menor en cualesquiera de sus grados a reclusión menor en sus grados medio a máximo, y
d) La tocante al otorgamiento de patentes para salas de cine destinadas a la exhibición de producciones pornográficas, por la mayoría del Concejo Municipal.
La Secretaría ha elaborado un comparado dividido en tres columnas que consignan el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite y el texto de la proposición de la Comisión Mixta.
Corresponde destacar que la aprobación del informe de la Comisión Mixta requiere del voto conforme de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, de 27 señores Senadores.
Finalmente, cabe informar que la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta en sesión celebrada el día de ayer.
En discusión el informe
--Se aprueba unánimemente el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia de que emitieron voto favorable 31 señores Senadores.
Tiene la palabra el Ministro señor Heraldo Muñoz.
El señor MUÑOZ ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Señor Presidente , ésta es una tarde verdaderamente histórica. Quizás el contexto no sea el más adecuado, cosa que lamento. Al aprobar el proyecto, el Senado de la República ha puesto fin a la censura en nuestro país. Y ése es un paso histórico para hacer realidad las libertades de expresión y de creación consagradas en la Carta.
A partir de esta normativa, será posible ver numerosas películas prohibidas desde el año 1974, que suman más de mil. Y podremos cumplir, además, con los pactos internacionales que hemos suscrito. Porque se debe tener presente que nos obligan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no sólo eso: también un fallo de la Corte Interamericana respecto, justamente, de la no exhibición del film "La Última Tentación de Cristo", de Martin Scorsese. De modo tal que debemos sentirnos orgullosos del paso que estamos dando.
El Ejecutivo agradece al Congreso en general, y al Senado en particular por este avance importantísimo, que nos va a poner a tono con las normas internacionales y, más aún, hará realidad las libertades de expresión y de creación en el país.
De acuerdo con la facultad reglamentaria de la Mesa, los proyectos que figuran en el cuarto, quinto y sexto lugares de la tabla se tratarán en Fácil Despacho en la próxima sesión ordinaria.
Señor Presidente , pido que el último de ellos, que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, atinente a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, sea sacado de la tabla y enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Tal fue el acuerdo que adoptamos en la Comisión. Hablé con su titular, quien, desgraciadamente, no se encuentra en la Sala.
En este momento no hay quórum suficiente para tomar acuerdos, señor Senador.
Entonces, solicito que la Secretaría lo anote como petición del Comité Demócrata Cristiano.
En la próxima sesión, llegado el momento del Fácil Despacho, puede Su Señoría formular su petición.
En este momento ha llegado a la Mesa un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, iniciado en moción de los Honorables señora Matthei y señor Orpis, sobre modificación de la ley Nº 19.620, en materia de adopción de menores y de competencia de los respectivos juzgados. (Boletín Nº 3.022-07).
A Su Excelencia el Presidente de la República , solicitándole VISITA A COMUNAS DE ARAUCANÍA NORTE.
Al señor Contralor General de la República y al señor Ministro de Hacienda , acerca de CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN 2002.
Al señor Ministro de Justicia , respecto de FUNCIONAMIENTO CONJUNTO DE TRIBUNAL DE GARANTÍA Y JUZGADO DE LETRAS y FINANCIAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DE ANGOL.
Al señor Ministro de Agricultura , en cuanto a PLANTEAMIENTO DE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES SIN TIERRA "ESPERANZA CAMPESINA".
Al señor General Director de Carabineros de Chile , atinente a RESPUESTA A SOLICITUD DE REVISIÓN DE MEDIDA DE ELIMINACIÓN.
Al señor Subsecretario del Interior , tocante a OCUPACIÓN DE PREDIO "EL TEMO" (Novena Región).
Al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , relativo a COMISIÓN POR SOBREGIRO NO PACTADO.
Al señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones , concerniente a DESAFILIACIÓN DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM EN CASO QUE INDICA.
A la señora Superintendente de Seguridad Social , en cuanto a SOLICITUD DE DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN DE EXONERADO POLÍTICO.
Al señor Intendente de la Novena Región , sobre PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA SECTOR AGUA SANTA (Novena Región) y SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE PARA COMITÉ DE TIJERAL (Novena Región).
Al señor Intendente de la Novena Región y al señor Alcalde de Angol , acerca de MEDIDAS CONTRA CESANTÍA EN ANGOL.
Al señor Intendente de la Novena Región y al señor Alcalde de Victoria , en cuanto a PROGRAMAS DE EMPLEO MUNICIPAL PARA SELVA OSCURA (Novena Región).
Al señor Contralor Regional de la Araucanía , relativo a DENUNCIAS DE CONCEJALES DE RENAICO.
A la señora Fiscal Regional del Ministerio Público en la Novena Región, al señor Jefe de la Novena Zona de Carabineros y al señor Alcalde de Collipulli , sobre INCREMENTO DE DELINCUENCIA EN COLLIPULLI.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Novena Región , en cuanto a PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ESCUELA E-77, LOS SAUCES, BIBLIOTECA DE AULA PARA ESCUELA F-288, LAUTARO, y BONO DE RECONOCIMIENTO DE DOCENTES DE ESCUELA F-322.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región , acerca de PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BUCHACURA, PAGO POR EXPROPIACIÓN PARA ASFALTADO DE CAMINO LUMACO-TRAIGUÉN, PASARELAS PEATONALES EN CRUCE MININCO Y COLLIPULLI Y GARITAS EN RUTA 5, y PLANTA DE AGUA POTABLE RURAL DE TIJERAL.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Novena Región , atinente a CALIFICACIÓN DE ANGOL COMO COMUNA NO POBRE RESPECTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS y MÉDICO GENERAL DE ZONA PARA CONSULTORIO DE LOS SAUCES.
Al señor Director Regional del FOSIS Araucanía , en cuanto a POSTULACIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE VICTORIA.
Al señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte , tocante a DEUDA Y DÉFICIT MENSUAL DE HOSPITALES DEPENDIENTES y NÓMINA DE MÉDICOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITAL DE VICTORIA.
A los señores Alcaldes de Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal , Independencia, Renca, Quilicura, Colina, Lampa, Batuco, San Felipe y Los Andes, solicitando NÓMINA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE INDICA.
Al señor Alcalde de Purén , relativo a PENSIONES ASISTENCIALES DE VEJEZ E INVALIDEZ Y SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR DE PERSONAS QUE INDICA.
Al señor Alcalde de Renaico , respecto de INVESTIGADOR EN SUMARIO QUE SEÑALA Y DENUNCIA DE ILÍCITOS, ALCALDES SUBROGANTES EN 2001 Y 2002 y DECRETOS ALCALDICIOS PARA CONCESIÓN DE TERMINAL DE BUSES.
Al señor Alcalde de Angol , acerca de CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR EMPRESAS.
Al señor Alcalde de Curacautín , concerniente a ALCANTARILLADO PARA MALALCAHUELLO y ANEGAMIENTO EN CALLE DE POBLACIÓN "PABLO NERUDA".
Al señor Alcalde de Collipulli , en cuanto a PENSIONES ASISTENCIALES PARA PERSONAS QUE INDICA.
Al señor Alcalde de Victoria , sobre RECHAZO DE POSTULACIÓN A VIVIENDA BÁSICA EN CASO QUE SEÑALA.
Al señor Administrador Zonal de la Novena Región de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., acerca de ELECTRICIDAD PARA SECTORES RURALES DE SELVA OSCURA, VICTORIA.
Al señor Jefe Provincial de la Corporación Nacional Forestal de Malleco , tocante a PLANES DE EMPLEO.
Al señor Rector de la Universidad de la Frontera , relacionado con TITULACIÓN DE EGRESADA QUE INDICA, todos de la Décima Región.
A Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, atinente a DESPIDOS EN CORREOS DE CHILE Y REPERCUSIONES EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Superintendente de Valores y Seguros, acerca de AUMENTO DE ÓRDENES DE NO PAGO DE CHEQUES.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente de la Sexta Región , concerniente a PROYECTOS DE ASOCIACIÓN DE CANALES DE RIBERA SUR DEL CACHAPOAL.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente de la Décima Región , acerca de INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO PARA 2003 DE MEJORAMIENTO DE RUTA U-72, TRAMO HUILMA-RIACHUELO. (Décima Región).
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 1, el cual no hará uso de su tiempo.
Tampoco utilizará el suyo el Comité Institucionales 2.
En el tiempo del Comité Mixto (Partido por la Democracia), tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , el pasado viernes 20 de octubre tuve el privilegio de asistir a la inauguración del Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles, celebrado en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
Se habla mucho de la juventud. Por eso, considero oportuno plantear en esta hora de Incidentes una faceta de ella.
Para quienes estábamos allí, fue una actividad que nos embargó de emoción por la belleza de las interpretaciones y el virtuosismo demostrado por los jóvenes músicos, que ejecutaron una selección de obras del repertorio clásico.
Hay veces en que escuchamos opiniones severas sobre la juventud, olvidándonos de nuestras propias complejidades cuando atravesábamos los años de la adolescencia buscando y fortaleciendo nuestra identidad frente al mundo.
Las imágenes que más se difunden de los jóvenes son sus protestas en la vía pública, sus vestimentas exóticas para el gusto más conservador, las cabelleras largas en los hombres, las carencias del código comunicacional que emplean, la utilización en algunos sectores, a veces, de la droga, el alcohol, etcétera. Pero no existe mayor difusión de los valores reales que tiene nuestra juventud y su legítima búsqueda de mejores alternativas para nuestro mundo.
¿Qué importan el pelo largo y las barbas, o las nuevas combinaciones de colores en el vestuario informal, o los aros en las orejas de los varones, si los jóvenes son capaces de pensar sobre sí mismos y su entorno, de abrigar sentimientos excelsos y de producir belleza a través de la música?
Sabemos que un sector de la juventud es adicto a las drogas, entre ellas el alcohol, pero también lo son los adultos. Sabemos que un sector de la juventud marcha por el camino del delito, pero también lo hacen los adultos.
Estas debilidades, que es necesario corregir, no son privativas ni representativas de la juventud: están vinculadas a redes organizacionales mayoritariamente dirigidas por adultos, que reclutan a los jóvenes para el tráfico de estupefacientes o los persuaden en favor del consumo de drogas o para otro tipo de prácticas reñidas con la salud física y mental y con la ética.
No quiero decir con ello que estos últimos carecen de responsabilidad frente a esos hechos, sino que los problemas que enfrentan deben ubicarse en un contexto social y cultural que excede el ámbito de la juventud y del cual somos muchos los sectores responsables.
Nuestros jóvenes también tienen rasgos altamente positivos, y pienso que en esta categoría se ubica la gran mayoría de ellos. Pero para que tales rasgos se expresen es importante crear ciertas condiciones favorables, tarea que nos corresponde a los adultos, sea que se trate de padres, educadores, políticos o empresarios.
En este sentido, debemos destacar a los dos conjuntos orquestales que participaron en el concierto mencionado. Me refiero a la Orquesta Filarmónica Juvenil Concordia, creada por el Colegio Luterano del mismo nombre, de Valparaíso, compuesta de 35 niños y jóvenes de edades que fluctúan entre 12 y 23 años, y a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, fundada en 1992 por el maestro Fernando Rosas , destacado músico, quien hoy día cuenta con una jubilación de 85 mil pesos. Este último conjunto está integrado por 90 jóvenes, de edades que van de los 14 a los 25 años, quienes provienen de todas las regiones del país.
Ambas agrupaciones fortalecieron nuestra fe en los jóvenes. La Orquesta Filarmónica Juvenil Concordia nos deleitó con interpretaciones de "La Tempestad", de Smith, y el Concierto en Fa Mayor, de Pepusch. Por su parte, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil nos hizo escuchar la obertura de la ópera "Los Maestros Cantores", de Wagner, y el cuarto movimiento de la Sinfonía Nº 5, de Tchaikovsky.
Fue emocionante vivir la experiencia de aquel concierto, razón por la cual me hice el firme propósito de intervenir en esta hora de Incidentes para señalarlo.
La música tiene la particularidad de ser un arte que transcurre a través de la sucesión de notas, ritmos y armonías, referidas o no a un relato. Es como la vida en su secuencia de instantes, con la connotación de que la música nos deja una experiencia rica en emociones que remueven sentimientos profundos en un marco de belleza y excelsitud. Ése fue el efecto en quienes fuimos auditores.
Pero, si pensamos en el esfuerzo que existe detrás de los jóvenes integrantes de estas orquestas -es decir, la disciplina del ensayo permanente; el rigor del manejo técnico de cada instrumento, que obliga a una práctica diaria; el alcanzar el dominio de la música y del instrumento, como arte dirigido a los sentidos, para transmitir belleza, reflexión profunda y una nueva forma de conocer-, cabe concluir que todo ello necesita una voluntad férrea, disciplina de trabajo, amor por el arte, en el mejor sentido, y mucha inversión de tiempo. Lo anterior es absolutamente contrario al ocio improductivo, que quita valor al ser humano, particularmente a la juventud.
Ser músico joven, señor Presidente y Honorables colegas, es una tarea ardua, digna de admiración y respeto.
Hago esta intervención como Presidente de la Comisión de Educación del Senado , porque me parece de justicia felicitar a estos jóvenes y a quienes los dirigen, y destacarlos como un ejemplo digno de elogio y de ser imitado en una sociedad con tendencia al negativismo. La actividad musical a que se entregan les ayuda a alcanzar una más elevada comprensión de la vida y complementa y mejora la cotidianeidad de sus roles de estudiantes, de hijos y de amigos de otros jóvenes y adultos.
Es positivo saber que existen muchas otras iniciativas de esta índole en nuestro país, las que, aun careciendo de recursos, han podido concretarse en más de 34 orquestas juveniles de música clásica.
¡Bienvenida la nueva institucionalidad cultural que hoy aprobó el Senado!
Entre las citadas, cabe mencionar las orquestas juveniles e infantiles de Antofagasta, de la Quinta Región, de San Fernando, del Liceo de Música de Copiapó, del Valle del Elqui, de la Universidad de Talca, de Contulmo, de Talagante, de Rengo, de la Universidad de Magallanes, de la Escuela Moderna de Música, la Sinfónica Infantil Juan Sebastián Bach de Valdivia, la de Santa Cruz, la de Curanilahue, la de Coihaique, la de la Universidad Austral de Chile, la de Temuco y la Orquesta Filarmónica Juvenil de La Serena, heredera del espíritu del maestro Jorge Peña .
Los señores Senadores pueden observar cómo estas iniciativas han surgido por la buena voluntad y el esfuerzo de hombres de distintos lugares de nuestro territorio. Algunas son localidades pequeñas, pero grandes en el aporte a la cultura y al desarrollo espiritual y artístico de nuestra juventud.
Por lo anterior, solicito oficiar un mensaje de reconocimiento y felicitación a las organizaciones musicales que participaron en el Tercer Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, realizado en la Quinta Región, y pido respetuosamente que también se acompañe la modesta intervención del Senador que habla.
Los Comités Demócrata Cristiano y Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
Señor Presidente , en la sesión de hoy hemos discutido sobre temas culturales. El Senador señor Muñoz Barra agregó importantes antecedentes y puso ejemplos muy hermosos.
Sin embargo, quiero insistir en algunos puntos sobre los cuales debemos tener conciencia. Porque, cuando se emiten afirmaciones en cuanto a que Chile está en deuda con la cultura, uno podría pensar que la destrucción de los conceptos propios de ella ha sido el objetivo de toda la institucionalidad que ha existido durante casi dos siglos en el país. Y eso no es así.
Las deudas con relación a la cultura se refieren fundamentalmente a una parte de ella: las artes. En ese ámbito, creo que Chile sí está en deuda.
En una intervención anterior señalé que los elementos que sostienen las funciones o actividades propias de la cultura radican en aspectos históricos, en la idiosincrasia del pueblo, en sus raíces, en sus valores, en sus diversas formas de representación, en los factores de identidad que lo constituyen como nación y se expresan en el patrimonio y la creación artística de sus diversas manifestaciones.
Por eso, entender la institucionalidad chilena desde el punto de vista de los gobiernos verticales -nacional, regional y comunal- es simplemente apuntar a la defensa del patrimonio y los valores de la nación. Y estos últimos constituyen las expresiones de su cultura.
Sostener que es indispensable un Consejo Nacional de Cultura porque en el país no existe cultura significa desconocer las características propias de nuestra sociedad y que representan una forma de vida -social, económica, con raíces históricas y religiosas- que permite afirmar, en definitiva, lo contrario.
Muchos podrán aseverar que amplios estratos carecen de cultura. Y, en mi opinión, eso es verdad. Es el caso, por ejemplo, de las personas que rayan muros en las calles, que no cuidan del aseo, o de tantas acciones que provocan un daño en la convivencia social. Los problemas más graves que socavan la cultura son aquellos que atentan contra la convivencia social, la paz, la armonía y la forma de vivir de los seres humanos.
Por ello, avanzando en el proceso de la preocupación por la cultura, hice referencia a los asentamientos humanos, radicados en dos áreas muy bien definidas: el mundo rural, con muchas manifestaciones étnicas, y el urbano, en el cual, existiendo también estas últimas, termina confundiéndose todo en una vida muy intensa, que se desarrolla en las calles, las oficinas, los lugares de trabajo, las industrias, etcétera. Ahí surge un elemento que forma parte esencial de la cultura: el urbanismo, ubicado en el centro de lo que representan las expresiones cultural y artística.
Un buen urbanista -en Chile son pocos, e incluso, pienso que, habiéndose aprobado el considerar a esos especialistas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los alcaldes han tenido inconvenientes para hallarlos- es la suma de los aspectos propios de la sociedad que vive en un asentamiento urbano. De ahí surgen áreas técnicas y bien definidas del urbanismo, como la arquitectura, el paisajismo, la hoy denominada "ingeniería de tránsito" y tantas otras envueltas en la vida social del mundo urbano.
Dentro de los asentamientos humanos se comprende el conjunto de pequeños conglomerados constituidos por las familias, en donde más se manifiesta el carácter, es decir, el cúmulo de cualidades o circunstancias propias de una sociedad. Existe un carácter definido en las etnias, las naciones. Hablamos del "carácter" de una cosa determinada, de una sociedad determinada o de personas determinadas. Y, en el ámbito natural de la familia, los grandes responsables de la extensión de la cultura, sin duda, son los propios padres, cuya tendencia es a extender las peculiaridades de ese carácter.
En Chile, dentro de la manifestación de la familia aparecen varios elementos dignos de tener presentes.
Está primero el fundamento religioso. Chile es un país esencialmente cristiano.
Tenemos en seguida el fundamento gregario. Manifestaba yo que ponía en duda que existiesen otras sociedades en el mundo con tanta organización social como Chile; nuestra situación al respecto es admirable.
También se hallan los aspectos propios de la nación; el concepto de nacionalidad, por ejemplo. Y hay un definido afecto por la historia de nuestro país.
Otro elemento es la educación. En Chile, ésta se extiende a 23 años, en términos reales. Estos 23 años ligado a las aulas, considerando que se jubila laboralmente a los 65 años, representan algo más que un tercio del período de la vida de una persona. Por tal motivo, la influencia de la educación en materias culturales resulta fundamental y va más allá de un Consejo Nacional de Cultura.
Finalmente está la persona -nosotros: el hombre, la mujer-, de donde se originan diversas expresiones culturales. Y una de ellas es el arte, que nos preocupa mucho y que en el fondo constituye el sentido de la normativa legal es estudio.
El arte es la manifestación de la actividad humana donde se entrega una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
Pero también se manifiestan en la persona los aspectos sociales: el desarrollo social; el objetivo de alcanzar metas en la vida, de tener una presencia en la sociedad. Y ahí surgen los líderes sociales y deportivos; las diversas expresiones culturales o artísticas; el trabajo; la búsqueda para estar presente a través de los movimientos gremiales, de la acción sindical del servicio público, en fin.
Ahora bien, el de la cultura es, en definitiva, un proyecto de las artes. Y hay que apoyarlo. Porque la institucionalidad chilena se ha encargado claramente de ir estableciendo en cada una de las manifestaciones culturales normas que permitan enriquecer aquéllas.
Es cierto que una expresión cultural está en las etnias. Y dictamos una normativa, relacionada con la CONADI, que pone especial énfasis sobre el particular.
Es cierto que la manifestación cultural en torno a los aspectos religiosos es fundamental. Y dictamos la llamada "Ley de Cultos".
Es cierto que el deporte es una expresión en la convivencia social. Y dictamos la ley que creó Chiledeportes.
Es cierto, en definitiva, que cada una de las áreas se encuentra claramente establecida, menos el arte. No existen, señor Presidente , normas que fortalezcan el arte. En esta manifestación lingüística, sonora o plástica, que tiene expresiones en las distintas formas artísticas, no hay apoyo visible. Y por eso hemos respaldado la iniciativa legal en comento.
Se ha señalado que la cultura es una manifestación de la historia, de la idiosincrasia, en fin. Y en el informe respectivo se dice que hay que cuidarla porque puede existir un malentendido concepto de globalización, que puede terminar con los aspectos propios de nuestra cultura.
Estoy absolutamente de acuerdo. Pero no sólo el arte se opondrá a la globalización, sino toda manifestación cultural. Por tanto, cuando se habla del Consejo Nacional de Cultura, uno de alguna forma está pensando, desde la profundidad de lo que ello significa, en un organismo que cuide a Chile entero, porque toda manifestación social es una expresión cultural.
El proyecto mismo (y conviniendo -así al menos lo creo- en que se trata de una manifestación fundamentalmente de las artes que, como señalé, no es la única expresión de la cultura) contiene aspectos que quisiera destacar para lo que será nuestro debate.
Creo que las iniciativas, cuando tienen una cantidad enorme de artículos, se transforman en reglamentos. Es el caso del proyecto de ley sobre la materia, que discutiremos en particular. Ya entenderá el señor Presidente de la Comisión -se encuentra aquí presente- la cantidad de indicaciones que haré llegar en su momento.
A modo de ejemplo, cito el número 1) del artículo 3º, que incluye entre las funciones del Consejo las de "Estudiar, adoptar, poner en ejecución, evaluar y renovar políticas culturales, así como planes y programas del mismo carácter, con el fin de dar cumplimiento a su objeto de apoyar el desarrollo de la cultura y las artes, y de conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural de la Nación.". O sea, basta este numeral para que el Consejo tenga la totalidad de las atribuciones que, en el sentido profundo de su gestión y presencia, le permitirán actuar.
Sin embargo, más adelante -y los Diputados usualmente se equivocan mucho en estas cosas-, el número 13) dice que el Consejo también va a tener la responsabilidad de administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.
Señor Presidente , en Chile no existe ningún consejo -ni lo habrá nunca- que tenga capacidad de administrar. Cuando los consejos administran, todo el concepto de eficiencia en la administración se va al tacho. Administrar ese Fondo será un problema de los ejecutivos del Consejo que se crea, y éste sólo fijará políticas y establecerá normas para que se manejen adecuadamente los recursos. Y lo mismo vale para la administración del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.
En consecuencia, estamos frente a un proyecto interesante, que ejerce atractivo en nuestro país. Hay muchos buenos ejemplos que debemos imitar de los lugares donde las manifestaciones del arte ocupan los primeros sitiales. Empero, señor Presidente, deseo advertir sobre algo que no se dijo y que yo no pude exponer por razones de tiempo.
En mis largos años como legislador, pocas veces viví la experiencia de audiencias como las habidas en el antiguo edificio del Congreso Nacional, en Santiago, con motivo de este proyecto de ley.
La iniciativa llevaba muchos años de estudio en la Cámara de Diputados, hasta que finalmente, con un apretón del Senado -para usar una expresión criolla-, aquélla la aprobó y la hizo llegar a nuestras manos.
La Comisión de Educación -no soy miembro de ella, pero he participado en sus sesiones- se preocupó de recibir opiniones. Así, se escuchó a muchas personas. Conocimos alrededor de cincuenta pareceres, todos los cuales estaban en contra de parte importante del articulado. Nadie manifestó satisfacción por la forma como el proyecto venía de la Cámara Baja.
Yo pregunto, señor Presidente , cómo es posible que ocurra un hecho así. Es cierto que de pronto surgen grupos interesados en que se dé más importancia a algo o, simplemente, en que se fortalezca más su trabajo, independiente de lo que ocurra en las demás actividades. Pero en este caso hubo gran cantidad de indicaciones profundas, que fueron presentadas por distintos personeros, varios de ellos muy conocidos por la opinión pública y de probada capacidad cultural. Prácticamente, se modifica casi en 180 grados el proyecto de ley y se nos llama a sostener, entre otras cosas, el alejamiento rápido y absoluto de cualquier tinte partidario que actúe al interior del Consejo en comento. Finalmente, hubo una especie de opinión unánime en el sentido de que dicho organismo estuviera integrado por pocos miembros y contara con atribuciones muy generales, evitando todo un conjunto de funciones -especialmente en el ámbito de la administración- que, en definitiva, permiten suponer que la Cámara de Diputados quiso más bien establecer un reglamento de acciones y detalles que terminaban por complicar lo que pretende ser el gran desarrollo de las artes en nuestro país.
He estudiado muy a fondo el proyecto -me interesa mucho el tema; me siento bastante ligado a la actividad de que trata-, y en los próximos días haré llegar las indicaciones pertinentes.
Creo que la normativa no debería tener más de cinco o seis artículos que abordaran los aspectos más de fondo: la creación del Consejo, la primera atribución y la responsabilidad en la administración. El resto pertenece íntegramente al área reglamentaria, parte de la cual corresponderá al Presidente de la República , y otra muy importante, a todo lo vinculado con la organización del Consejo.
Señor Presidente , termino señalando que aprobamos un proyecto de ley que crea, en estricto rigor, el consejo nacional de las artes -eso es lo real-, lo cual nos permite suponer que frente a ese hecho pondremos todo nuestro empeño, pero en el nivel que corresponde, en los objetivos planteados y en el área donde Chile está debilitado.
Señor Presidente , se produce gran perplejidad en la opinión pública cuando un organismo de tanto prestigio como Transparency International anuncia que Chile no es un país corrupto y tiene altos índices de probidad -el primer lugar en América Latina- y simultáneamente hay, por una parte, informaciones, acusaciones y denuncias que involucran en ese aspecto a Parlamentarios y a un ex Subsecretario de Estado , y por otra, procesos criminales contra oficiales del Ejército por vinculaciones con el narcotráfico y contra miembros de la Iglesia Católica por actos reñidos con la moral.
Ante tal cuadro, la ciudadanía queda confundida, pues por un lado se hace la afirmación general de que nuestro país está en buen pie en esa materia, y por otro, la prensa la sacude y golpea todos los días con noticias que parecen indicarle lo contrario.
Ante todo, es importante que la gente distinga una cosa de la otra. Chile tiene un buen estándar de probidad pública y privada. Y ése es un bien que debemos preservar. Por eso, cuando se detectan irregularidades graves, es lógico que se denuncien, que salgan a la luz pública y que se busque la sanción correspondiente.
Ahora bien, cabe tener presente que durante este período democrático hemos perfeccionado las normas legales destinadas a castigar tales conductas. Dictamos la Ley de Probidad Administrativa -modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, que, entre otras cosas, permite a los ciudadanos acceder a la información de cualquier acto de la Administración. Además, precisa los deberes de los funcionarios públicos. Desgraciadamente, no pudimos incluir una norma en virtud de la cual se impidiera a los empleados de un órgano fiscalizador, a poco de renunciar al cargo o de concluir su función, aparecer representando a alguna empresa privada que hubiera estado sometida a su fiscalización. Y se ha dado el caso, lamentablemente.
Asimismo, modificamos el Código Penal en todo lo referido a los delitos contra la probidad. Y eso se logró con el respaldo de Parlamentarios de todas las bancadas. Es importante recordarlo. Ahora veremos cómo los jueces aplican la nueva legislación. Pero, por desgracia, no obtuvimos votos suficientes para sancionar el enriquecimiento ilícito, materia que figuraba en el proyecto primitivo.
Falta, pues, reforzar esa reforma legal con nuevas normas. Mencionaré dos o tres, a modo ejemplar.
Una: el establecimiento del defensor del ciudadano. Sería importante, porque el organismo pertinente fiscalizaría la probidad, la calidad de los servicios públicos, la rectitud con que éstos se entregan a la población.
Dos: la modernización de la Contraloría General de la República. Hace años duerme en el Congreso una iniciativa de ley sobre esta materia. Aprobamos, sí, un proyecto más breve, que aumenta las facultades fiscalizadoras de ese organismo y legaliza las auditorías que realiza. Empero, ello es insuficiente. Necesitamos un ente contralor más eficaz, con más funcionarios y mayores recursos.
Junto con la reforma procesal penal, creamos el Ministerio Público, que, a través de sus fiscales en las Regiones donde ya funciona, está llamado también a perseguir todos los delitos, inclusive los que atentan contra la probidad.
Dentro de ese cuadro, ante la lluvia de denuncias de todo tipo contra parlamentarios, funcionarios públicos, empresarios, estimo indispensable, por la experiencia de haber vivido en un país donde hechos como los comentados provocaron consecuencias muy profundas (no me pronunciaré sobre si fueron favorables o desfavorables), tener en consideración ciertas normas de conducta.
Recogí esa experiencia en Italia, donde los jueces de Milán, a través de la denominada "Operación manos limpias", hicieron una verdadera razia en las dirigencias política y empresarial del país precisamente en nombre de la probidad pública. Y tuvieron fundadas razones para ello, porque los niveles de corrupción eran muy altos. Pero eso ocasionó enormes trastornos políticos, que cambiaron la faz de la república. Tanto así, que se hablaba de una nueva república, surgida después de esa operación judicial.
Entonces, señor Presidente, recordaré algunos principios que a mi juicio importa tener en cuenta en estos casos.
En primer término, es necesario evaluar la denuncia en su mérito y no presentarla de manera grandilocuente, pues al final se incurre en exageración. No se trata de sobrerreaccionar, pero tampoco, por cierto, de dejar de enfrentar el problema. Cada denuncia debe ser evaluada en su mérito.
Al respecto, el reciente dictamen de la Contraloría de la Región del Biobío ante denuncias contra la administración del Gobierno Regional es una buena prueba de que cada cosa debería ser evaluada en su propio mérito, porque, al final, las irregularidades cometidas son, en mi concepto, de poca entidad -con esto no pretendo sacar el bulto al problema, sino exponerlo en su exacta dimensión- y no ponen en tela de juicio la honestidad del Intendente o la de quienes dirigen el Gobierno Regional.
Segunda norma de conducta: debe respetarse la presunción de inocencia, pues de lo contrario se puede montar una forma muy simple de ajustar cuentas políticas -en el sentido más lato del término- con cualquier hombre o mujer que actúe en la vida pública, sea en el sector privado o en el estatal; es decir, basta hacer una denuncia, que la prensa la magnifique, que algún juez intervenga, y la persona ya está condenada.
¿Quién recuerda, por ejemplo, que el Intendente de la Quinta Región don Hardy Knittel, al que se destituyó por acusaciones de delitos contra la probidad, fue declarado inocente? Él pagó por una acción que no cometió. Sin embargo, la declaración de su inocencia no tuvo la misma fuerza que la de las acusaciones.
Por lo tanto, junto con denunciar cuando existen fundadas razones para pensar que hay una irregularidad grave, debe respetarse el derecho del acusado a su defensa. Y para eso tienen que funcionar las instituciones.
Tercera norma de conducta: no puede pretenderse sacar ventajas político-partidistas de las denuncias. Porque si hoy un grupo saca ventaja respecto de otro, mañana éste cobrará revancha, y así sucesivamente.
Por desgracia, esta norma no la cumplen ni la Oposición ni el Gobierno. Por ejemplo, no me explico el motivo por el cual tres Diputados de la Unión Demócrata Independiente presentaron esta tarde una querella contra Jaime Tohá , Intendente de la Región del Biobío . Porque -como manifesté- las irregularidades constatadas por la Contraloría son menores. Y a quienquiera que lea los antecedentes le salta a la vista que ahí no hay ni la sombra de un delito, ni siquiera de aquello que se suele llamar "malversación impropia".
¡Y quién no lee la prensa con preocupación cuando se dice que algunas de las denuncias en que se ven involucrados Parlamentarios oficialistas se deberían a rivalidades internas de los partidos de la coalición gobernante! Hoy día, uno; mañana, el otro.
Entonces, señor Presidente , si las denuncias tienen por objeto, no tanto clarificar los hechos y sancionar eventuales responsabilidades, sino obtener alguna ventaja en la lucha por el poder, vamos por mal camino. Que no quepa la menor duda: vamos por muy mal camino.
Por último, algo que el Presidente de la República ha manifestado en forma reiterada: que las instituciones cumplan su cometido. Y aquí tienen gran responsabilidad la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, las Policías, el Poder Judicial , el Ministerio Público.
Respecto de la Cámara de Diputados, se ha formado una Comisión Investigadora sobre el llamado "Caso Coimas". Ésta sólo tendría competencia para analizar un aspecto de dicho caso, porque esa rama del Congreso sólo puede fiscalizar actos de Gobierno, y lo único que podría ver es lo referido al ex Subsecretario señor Tombolini . Pero si la Comisión extralimita sus funciones y se transforma en una especie de fiscal colectivo, de tribunal popular, que pretende esclarecer qué pasó en la reunión sostenida en tal hotel entre ciertos Diputados y un empresario; entonces, ella, y las instituciones en general, irán más allá de lo que sus normas o estatutos básicos les permiten.
Espero que no lo haga el Diputado señor Longton , quien presidirá dicha Comisión y que tiene una enorme responsabilidad, y pueda contribuir a esclarecer los hechos. Pero para ello debe moverse en el ámbito propio de sus funciones, aspecto muy importante porque la Cámara de Diputados es una Cámara política, en cuyo seno pueden reflejarse muchas de las rivalidades partidistas a las cuales hice referencia con anterioridad.
¿Cuál es el objetivo de denunciar estos hechos?
Obviamente, que no pasen inadvertidos, que los responsables no consigan los propósitos que perseguían, ya sea enriquecimiento ilícito, obtener prebendas o escalar en el poder público, y que sean sancionados. Ciertamente se trata de objetivos necesarios y nobles, pero junto con ello es muy importante que los juicios, denuncias o investigaciones de la Contraloría sirvan para reafirmar en la ciudadanía la adhesión a los valores de probidad y de rectitud que debieran servir de norte a la actividad política como servicio público.
Flaco favor se haría a la vida política, a la democracia y a la propia probidad, si el conjunto de denuncias que la prensa publica diariamente provocara que el ciudadano perdiera confianza en las instituciones, en sus representantes, en la política, en la actividad del mundo de los negocios, o en todo ello, y quedara -como quien dice- reducido al puro ámbito de su vida privada o familiar. Porque en ese momento, frente al vacío de valores democráticos en la conciencia ciudadana, cualquiera aventura populista o autoritaria: civil, militar, o de otro tipo, es posible, como lo demuestra hasta la saciedad la historia moderna y contemporánea de nuestra América Latina.
Por eso, la prensa, todos aquellos más directamente involucrados en las investigaciones de estos hechos y los que se ven afectados como colectividades, deben de actuar de modo tal que, junto con esclarecerlos y sancionar eventuales responsabilidades, se reafirme la confianza ciudadana en instituciones sólidas que funcionan y que, además -como señalé al comienzo de mi intervención-, el mundo internacional juzga como instituciones que se atienen a la probidad. Chile no es corrupto, en el país hay un alto índice de probidad. No desconozcamos estos hechos.
Recientemente se publicó una entrevista muy interesante en la sección Economía y Negocios del diario El Mercurio a Luis Bates , ex Presidente del Consejo de Defensa del Estado (entidad ocupada precisamente de estos temas), donde él coloca el problema en su justa dimensión.
Por eso, esta intervención no pretende otra cosa que hacer una reflexión en el sentido de las propias palabras del señor Luis Bates.
Por haberse cumplido su propósito, se levanta la sesión.
Transcurridos doce años desde la instalación del Congreso Nacional, el 11 de marzo de 1990, estimamos que ha llegado el momento de revisar dos disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional cuya aplicación, durante más de una década, ha dejado en evidencia la necesidad de innovar en las materias por ellas reguladas.
En primer término, no referiremos a las dificultades que presenta la decisión de la llamada cuestión de admisibilidad de las indicaciones, por aplicación del actual texto del artículo 25, y, en segundo lugar, a la prohibición de que las proposiciones de los parlamentarios declaradas inadmisibles por afectar materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sean puestas en conocimiento del Jefe del Estado para solicitar su estudio o patrocinio, establecida en su artículo 24.
I.	LA CUESTIÓN DE ADMISIBILIDAD.-
Desde de instalación del Congreso Nacional e iniciarse la tramitación de los primeros proyectos de ley, se suscitaron dudas y se debatió sobre el real sentido y alcance de las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que regulan los casos y el procedimiento para declarar inadmisibles las indicaciones formuladas a una iniciativa, durante su discusión general. El artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional presenta lo que se ha considerado una incongruencia o falta de analogía en lo tocante a la cuestión de admisibilidad de las indicaciones, por una parte, faculta al Presidente de una Comisión para declarar admisible una indicación y, por otra, faculta al Presidente del Senado o a la Sala, para revocar la decisión de la Comisión y declararla inadmisible, sin embargo, en el caso contrario, esto es cuando se ha declarado la inadmisibilidad en la Comisión, se ha estimado que no es posible a la Sala revisar esa decisión.
Ello ha sido consecuencia de la interpretación que se impuso en el Senado, la que significa que cuando una indicación ha sido declarada inadmisible en la respectiva Comisión, dicha declaración no puede ser revisada por la Sala, de manera que el criterio del Presidente de la Comisión o de la mayoría de ésta, que puede estar formada por dos senadores, se impone irrevocablemente con relación a una determinada indicación, que no podrá ser renovada en la Sala ni podrá el Senado admitirla a tramitación, aún cuando una mayoría sustancial e incluso la unanimidad del Senado, considerara que, con un mayor estudio, dicha indicación debe ser declarada admisible y puede, en consecuencia, ser debatida a fin de que la Corporación se pronuncie sobre ella en su propio mérito.
Como se verá, las normas constitucionales y orgánicas en juego ya han sido antes objeto de estudio y debate al interior de le Corporación, sin que hasta ahora se haya adoptado una resolución definitiva.
En efecto, entre las normas relativas a la Formación de la Ley, la Constitución Política de la República establece, en el inciso primero de su artículo 66, lo siguiente: “Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.”.
Los artículos 24 y 25 de la ley Nº 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, regulan los casos y forma de declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de las indicaciones que se formulen a los proyectos.
El artículo 24 establece cuáles indicaciones son admisibles y cuáles inadmisibles
Reitera en su inciso primero que “Sólo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.”.
En su inciso segundo, dispone que “No podrán admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o de empresas de que sea dueño o en que tenga participación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a tales gastos.”.
Por último, su inciso tercero señala lo siguiente:
“En la tramitación de proyectos de ley los miembros del Congreso Nacional no podrán formular indicación que afecte en ninguna forma materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento. No obstante, se admitirán las indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que haya propuesto el Presidente de la República.”.
"Artículo 25.- Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de declarar inadmisibles las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, la sala o comisión, en su caso, podrá reconsiderar dicha inadmisibilidad.
La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el presidente de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la corporación, en cualquier momento de la discusión del proyecto.
La declaración de admisibilidad hecha en las comisiones no obsta a la facultad del presidente de la Cámara respectiva para hacer la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones o para consultar a la sala, en su caso.".
Como se ha dicho, a raíz del debate que la interpretación de estas normas provocó desde la instalación del Congreso Nacional, el 11 de marzo de 1990, y especialmente debido a que a muchos Senadores parecía que no era equilibrado ni aceptable que el Senado no pudiese entrar a conocer de una indicación declarada inadmisible por el Presidente de una de sus Comisiones o por la mayoría de sus integrantes, la Sala optó por consultar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, acerca de la debida inteligencia del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en armonía con el artículo 101 del Reglamento (actualmente artículo 118), particularmente en lo concerniente a la facultad del Presidente del Senado para declarar la admisibilidad o la inadmisibilidad de indicaciones previamente declaradas inadmisibles por los Presidentes de las Comisiones.
Mediante Informe de fecha 24 de marzo de 1992 (Boletín Nº S 76-10), la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, evacuó consulta.
Señalaba la Comisión en dicha ocasión que, luego de analizar detenidamente el asunto sometido a su consideración, había llegado a la conclusión de que indudablemente el Presidente, y la Corporación, tienen atribución para declarar inadmisible una indicación declarada admisible en Comisión, pero estimó que respecto de la situación inversa existen argumentos tanto para considerar que el Senado tiene facultad para revertir las declaraciones de inadmisibilidad de indicaciones hechas en Comisiones, como para estimar que no la tiene.
Indicó la Comisión que las principales razones para sostener que ni la Sala ni el Presidente tienen atribuciones para reconsiderar la declaración de inadmisibilidad de una indicación efectuada en Comisiones, son las siguientes:
1.-	Del tenor literal del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se desprende claramente que el Presidente o la Sala del Senado solamente tienen la facultad de declarar inadmisible una indicación que ha sido declarada admisible en Comisión, pero no la de declarar admisible una indicación ya declarada inadmisible en Comisión;
2.-	En el artículo 32 de la misma ley, que se refiere a las observaciones que el Presidente de la República formule a un proyecto de ley o de reforma constitucional, el legislador adopta un criterio similar, en cuanto a permitir solamente la revisión de la declaración de admisibilidad, pero no la de inadmisibilidad. En efecto, el referido precepto establece, en primer término, que sólo serán admitidas aquéllas que señala y agrega, enseguida, que "corresponderá al Presidente de la Cámara de origen la facultad de declarar la inadmisibilidad de tales observaciones cuando no cumplan con lo prescrito en el inciso anterior", señalando que "el hecho de haberse estimado admisibles las observaciones en la Cámara de origen no obsta a la facultad del Presidente de la Cámara revisora para declarar su inadmisibilidad";
3.-	El cuidadoso y coherente tratamiento dado a estas materias en los citados preceptos de la ley Nº 18.918 no permiten suponer que cuando el legislador ha utilizado los términos “admisibilidad” o "inadmisibilidad" ha querido referirse, en forma general, a la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación, toda vez que ellos se encuentran contenidos en el mismo cuerpo legal, e incluso en el mismo artículo, y han sido empleados en sentidos claramente diferenciados para regular situaciones distintas.
En efecto, en el inciso primero del artículo 25 se establece expresamente que la Sala o la Comisión, según el caso, pueden reconsiderar la declaración de inadmisibilidad hecha por su Presidente, pero no otorga tal facultad respecto de aquellas indicaciones que han sido declaradas admisibles o cuya inadmisibilidad ha sido rechazada.
Los incisos tercero y cuarto, en cambio, facultan, por una parte, al Presidente del Senado y al de la Cámara de Diputados para declarar la inadmisibilidad de indicaciones estimadas admisibles en Comisiones y, por otra, a los Presidentes de las Comisiones para hacer igual declaración, aun cuando el Presidente de la Corporación respectiva no haya declarado la inadmisibilidad de alguna indicación durante la discusión general.
En similar sentido, como ya se ha expresado, el artículo 32 de la mencionada ley regula lo relativo a las observaciones del Presidente de la República;
4.-	Uno de los principales objetivos, en materia legislativa, de la Constitución Política de 1980 fue establecer los resguardos necesarios para precaver la posibilidad de que pudieren convertirse en ley disposiciones contrarias a la Carta Fundamental. Para ello, consultó diversos mecanismos, tales como, por ejemplo, el control preventivo de constitucionalidad de determinadas leyes por parte del Tribunal Constitucional, la posibilidad de recurrir al mismo Tribunal cuando surgieren dudas de constitucionalidad durante la tramitación de un proyecto de ley o de reforma constitucional, y la sanción de cesación en el cargo que establecía tanto para los parlamentarios que fueran autores, como para los que, ejerciendo el cargo de Presidente de la respectiva Corporación o Comisión, admitieran a votación mociones o indicaciones manifiestamente contrarias a la Constitución, disposición esta última derogada en la reforma constitucional de fecha 17 de agosto de 1989;
5.-	Lo anteriormente expuesto permite apreciar que la norma del artículo 25 de la ley Nº 18.918 no sólo es clara en su texto, sino que, además, guarda plena armonía con el propósito del constituyente ya señalado, lo que resulta lógico si se tiene en consideración que éste es el mismo que, en ejercicio de sus facultades legislativas, dictó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En efecto, el sistema establecido en el artículo 25, tantas veces citado, para resolver las cuestiones de admisibilidad o inadmisibilidad de las indicaciones, consiste, en síntesis, en que la declaración de inadmisibilidad hecha por el Presidente del Senado o de una Comisión, sólo puede ser reconsiderada por la respectiva Sala o Comisión, quedando a firme si ello no ocurre; mientras que la declaración de admisibilidad es siempre revisable en instancias posteriores del proceso legislativo.
Consignaba a continuación la Comisión en su Informe de 1992, que algunos de los argumentos que existen para considerar que el Senado tiene la facultad, en la oportunidad en que el procedimiento establecido para la tramitación de las leyes lo permita, de reconsiderar las declaraciones de inadmisibilidad de indicaciones efectuadas en Comisiones, son los que a continuación se indican:
a)	En nuestro ordenamiento jurídico, las atribuciones que se confieren al Congreso Nacional en materia legislativa están radicadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, que son los órganos depositarios de la voluntad popular;
b)	Las Comisiones son órganos internos de trabajo, establecidos por el Senado para hacer más eficiente y expedito el estudio de las diversas materias de competencia de esta Corporación, por lo que sus acuerdos sólo tienen el carácter de proposiciones, correspondiéndole a la Sala la adopción de una resolución definitiva sobre las mismas;
c)	No es posible admitir que una Comisión integrada por cinco Senadores pueda imponer en forma absoluta su criterio a la Corporación, pues ello significaría impedir la legítima expresión de la voluntad del Senado, que se manifiesta en la Sala;
d)	En las distintas Comisiones pueden existir mayorías que representen diversas tendencias, situación que en la práctica es de ordinaria ocurrencia, por lo que no parece aceptable que una determinada Comisión pueda resolver la inadmisibilidad de una indicación, sin que el Senado tenga facultad para reconsiderar tal decisión, toda vez que ello podría, eventualmente, facilitar la utilización de prácticas de obstrucción parlamentaria por parte de sectores minoritarios de la Corporación que tuvieren mayoría en algunas Comisiones;
e)	En concordancia con lo precedentemente expuesto, sólo cabe interpretar el inciso final del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional -que concede al Presidente del Senado la facultad de declarar inadmisibles indicaciones declaradas admisibles en Comisiones- en el sentido de que la intención del legislador fue otorgarle tal facultad respecto de la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación, cualquiera haya sido la resolución adoptada sobre el particular en Comisiones, y
f)	La circunstancia de que el mencionado inciso final del artículo 25 no aluda explícitamente a la posibilidad de que el Presidente de la Corporación reconsidere una declaración de inadmisibilidad hecha en Comisiones no significa que el legislador haya tenido la intención de excluirla, sino que se debe a que tal situación sólo puede presentarse excepcionalmente, en caso de renovación de indicaciones, materia que es propia de regulación reglamentaria.
En dicha ocasión, en atención a las consideraciones arriba anotadas, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por unanimidad, prefirió no entregar a la Sala un dictamen, sino someter directamente a la consideración del Senado las dos posiciones planteadas, sin pronunciarse en favor de una u otra.
Sin perjuicio ello, la Comisión acordó, asimismo, hacer presente a la Sala su opinión unánime en el sentido de que la Sala del Senado -en su calidad de autoridad máxima de la Corporación- debe tener la facultad de reconsiderar las declaraciones de inadmisibilidad de indicaciones hechas en Comisiones, por lo que sugirió la conveniencia de modificar el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en caso de que la Sala lo estimara necesario, con el objeto de otorgarle expresamente la referida facultad.
En sesión de 31 de marzo de 1992 la Sala del Senado tomó conocimiento del referido informe y acordó, por unanimidad, ratificar un Acuerdo de los Comités que, acogiendo el criterio de la Comisión en el sentido de que el Senado tiene la Facultad para revertir las declaraciones de inadmisibilidad de indicaciones hechas en las Comisiones, por lo que debía modificarse la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional a fin de hacer expresa dicha facultad, propuso encomendar a la misma Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la redacción de una moción que diera origen a un proyecto de ley modificatorio del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en el sentido indicado y, asimismo, una proposición de modificación la norma reglamentaria que le es correlativa.
Cumpliendo el encargo de la Sala, la Comisión confeccionó los proyectos encomendados, de los que se dio cuenta en sesión de 8 de abril de 1992.
El fundamento de dicha iniciativa es que la Sala es la autoridad máxima de la Corporación, toda vez que en ella se manifiesta la voluntad del Senado, mientras que las Comisiones son órganos internos de trabajo establecidos para hacer más eficiente y expedito el estudio de las diversas materias de competencia del Senado, por lo que sus acuerdos sólo tienen el carácter de proposiciones, correspondiéndole a la Sala la adopción de las resoluciones definitivas sobre las mismas.
Asimismo, se señaló que nada parece justificar que una materia tan trascendente como lo es la declaración de inadmisibilidad de indicaciones quede al margen de este principio general, pues ello significaría aceptar que una Comisión integrada por cinco senadores pueda imponer en forma absoluta su criterio a la Corporación, lo que no parece razonable.
El proyecto propuesto en dicha ocasión por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Boletín S 81-09, no avanzó en su tramitación y, finalmente, en sesión de 13 de junio de 2001, se procedió a su archivo. Sin embargo, creemos que no sólo no ha perdido su validez, sino que existe la necesidad de que el Senado se pronuncie sobre una proposición en tal sentido.
Por ello, la presente Moción reitera el criterio propuesto en aquella ocasión por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, proponiendo la respectiva modificación legal.
II.	PROHIBICIÓN DE PONER EN CONOCIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.
Como señaláramos, el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece cuáles indicaciones son admisibles y cuáles inadmisibles.
En su inciso primero reitera el mandato del artículo 66 de la Carta Fundamental, en el sentido de que “Sólo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.”.
Su inciso segundo dispone que “No podrán admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o de empresas de que sea dueño o en que tenga participación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a tales gastos.”.
Por último, su inciso tercero establece que “En la tramitación de proyectos de ley los miembros del Congreso Nacional no podrán formular indicación que afecte en ninguna forma materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento. No obstante, se admitirán las indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que haya propuesto el Presidente de la República.”.
Es indudable que el Constituyente buscó evitar de diversas formas que se convirtieran en preceptos legales normas contrarias a la Constitución, para lo que, entre otros mecanismos, estableció restricciones a la admisibilidad de las indicaciones y la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, llegando al extremo de establecer como causal de cesación en el cargo tanto para los parlamentarios que fueran autores, como para los que, ejerciendo el cargo de Presidente de la respectiva Corporación o Comisión, admitieran a votación mociones o indicaciones manifiestamente contrarias a la Constitución, disposición que fue suprimida en la reforma constitucional de 17 de agosto de 1989.
Dentro de tales mecanismos, cuya existencia ha demostrado su efectividad, se incluye sin embargo una prohibición que no resulta completamente justificada y que la agilidad que demanda la práctica legislativa aconseja remover. Nos referimos a la prohibición establecida en el inciso tercero del artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que, además de prohibir a los parlamentarios formular indicaciones que afecten en cualquier forma materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República, prohibe que puedan hacerlo para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento, lo que obliga a recurrir a otros medios más engorrosos y lentos, o a medios informales, para poner en conocimiento del Jefe de Estado una proposición o sugerencia destinada a mejorar o perfeccionar una iniciativa legal, en materias de su iniciativa exclusiva. Esta prohibición inhibe transparentar y fomentar buenas sugerencias o ideas que puedan hacer los parlamentarios oportunamente al Poder Ejecutivo. Ello ha significado, además, que tal prohibición tenga escasa aplicación en la práctica.
Nada justifica, a nuestro juicio, la necesidad de mantener la señalada prohibición, que no impide el hecho que pretendió evitar, sino que hace más lento o informal el trabajo legislativo, por lo que se hace aconsejable suprimirla.
Por las consideraciones expuestas creemos necesario introducir enmiendas en el sentido señalado a los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. De aprobarse nuestra proposición, deberá procederse con posterioridad a la modificación de las respectivas normas reglamentarias.
En atención a lo expresado, tenemos el honor de proponer al Honorable Senado la siguiente
AHK/MVP
ASEGURA TRATAMIENTO DE ADMISIBILIDAD DE INDICACIONES
DE LEY POR LAS SALAS DEL CONGRESO
Artículo único.-	Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional:
1)	En la primera parte del inciso tercero del artículo 24, suprímese la frase que expresa “ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento.”, pasando la coma (,) que la precede a ser punto seguido (.).
2)	Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:
"Artículo 25.- Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de resolver la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante la sala o comisión, en su caso, podrá reconsiderar la resolución de su presidente.
La circunstancia de que no se haya planteado la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación durante la discusión general en la sala, no obsta a la facultad del presidente de la comisión para hacer la declaración correspondiente o para consultar a la comisión en caso de duda.
Una vez resuelta por la sala, o su presidente, la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación, ella no podrá ser revisada en comisiones.
La cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de indicaciones resuelta en comisiones no obsta a la facultad del presidente de la Cámara respectiva para hacer la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de tales indicaciones o para consultar a la sala, en su caso.”.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador

References: artículo 94
 artículo 36
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 34
 artículo 3
 artículo 2
e contrario
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 24
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 resolución 
 artículo 66
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 artículo 101
 artículo 118
 artículo 25
 artículo 32
 artículo 25
 artículo 32
 artículo 25
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 resolución 
 artículo 25
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 artículo 24
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 resolución