Source: http://www.envio.org.ni/articulo/5451
Timestamp: 2018-03-17 18:17:26+00:00

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Revista Envío - Los dilemas de este “otro tiempo”
Es ya “otro tiempo” en la geopolítica mundial. También lo es en América Latina. También lo es para la Madre Tierra que habla con las destructivas señales del cambio climático al daño que le hemos hecho los seres humanos. También es “otro tiempo” para Nicaragua.
La gira del Secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson por América Latina en el mes de febrero, visitando cinco países aliados, es la primera clara señal de que el gobierno Trump ha decidido incidir en todo el sur del continente y no sólo se interesará por el fronterizo México, como algunos opinaron.
Las contundentes advertencias de Tillerson cuestionando, tanto la creciente presencia económica de China en América Latina como los avances de Rusia en varios países del continente, son evidencias de que, además del proyecto “America first” de Donald Trump, está en marcha una versión 2.0 de la vieja doctrina Monroe “América para los americanos”. Quedan atrás los ocho años del gobierno de Obama, con su “soft power”. ¿Cómo responderá el gobierno de Nicaragua a este “otro tiempo”, como ellos mismos lo han llamado?
EN LA MIRA EL ARCO DEL ORINOCO
Rex Tillerson es un exitoso empresario petrolero, con 40 años en la Exxon Mobile, diez años al frente de esta empresa, la quinta mayor del mundo, hasta que en 2016 Donald Trump lo llamó a ocupar el cargo de Secretario de Estado. Estados Unidos es el país del mundo que más petróleo consume: más de 20 millones de barriles diarios, más que China. Mucho de ese combustible alimenta el gigantesco aparato militar estadounidense, el que hoy busca neutralizar Rusia con sus nuevas e imponentes armas nucleares. La Exxon Mobile ha tenido varias derrotas legales con la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, litigios que Tillerson conoció de cerca. Por todo esto y mucho más, el Secretario de Estado mira el mundo enfocándolo con lentes cuidadosamente graduados por estas realidades.
En los cinco países que visitó (México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica) siempre habló de petróleo. Y siempre mencionó a Venezuela, que tiene en el Arco del Orinoco las reservas de petróleo más grandes del mundo, también enormes cantidades de reservas de minerales estratégicos para las nuevas tecnologías. Hoy los está aprovechando China en grandes volúmenes y Washington los tiene en la mira.
ESTADOS UNIDOS: “UN SOCIO MULTIDIMENSIONAL”
Antes de iniciar su gira (2-7 de febrero), Tillerson dio una conferencia en la Universidad de Texas, en donde estudió ingeniería civil.
Centró sus palabras en los tres objetivos de la política exterior de la administración Trump: “crecimiento económico, seguridad y gobernabilidad democrática”, enfatizando la relación entre los tres: A mayor prosperidad económica mayor seguridad y a mayor democracia mayor prosperidad.
Para lograr esos tres objetivos Estados Unidos considera “prioritaria a América Latina por motivos que no tienen que ver sencillamente con nuestra proximidad geográfica” y por eso ha decidido retomar su influencia en el subcontinente.
Tillerson presentó a Estados Unidos como el “socio multidimensional” de América Latina porque su influencia abarca con capacidad muchas dimensiones: es económica, política, social y cultural.
Por su parte, América Latina debe entender que “no necesita de nuevas potencias imperiales”, como calificó Tillerson a esos otros socios, que son China y Rusia.
ESTADOS UNIDOS TIENE UN ENFOQUE “HOLÍSTICO”
En los años de Obama creció aceleradamente la presencia china en América Latina. Las principales exportaciones de los países de América del Sur iban hacia China y las manufacturas chinas inundaron los mercados de todos nuestros países.
El proyectado tren bioceánico, que iniciando en Sao Paulo uniría el Atlántico con el Pacífico, un megaproyecto que sería la pieza clave en el comercio de China con América Latina, contaba ya con unos 150 proyectos complementarios de infraestructura finalizados y tenía otros 400 en ejecución.
La inversión china en estos y otros proyectos ha sumado decenas de miles de millones de dólares. Pero, después de la gira de Tillerson, y al poder de su voz, Brasil, la mayor economía de la región, suspendió el inicio del tren bioceánico.
Tillerson afirmó que el plan de Estados Unidos para el continente es “holístico”. Seguramente hay que interpretar esta palabra, cada vez más de moda, como la decisión de Washington de retomar tanto su influencia geopolítica como su influencia geoeconómica en América Latina.
Y para ello, su voluntad de replegar el poder económico chino en la región. Para ello, le resulta estratégico contar con un gobierno aliado en Venezuela. De ahí que en su gira el tema del cambio de gobierno en Venezuela estuviera tan presente.
YA HAY INTERLOCUTOR
El gobierno de Nicaragua ha argumentado, desde que comenzaron las presiones de Estados Unidos, que no tiene un claro interlocutor en Washington para decidir qué hacer. Así justifica su proceder.
En los días en que Tillerson viajaba, la política exterior de Trump hacia América Latina se definió todavía más cuando finalmente, y después de mantener vacante ese puesto durante más de un año, Trump nominó a quien ocupará en el Departamento de Estado el cargo de Secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental.
Se trata de Kimberly Breier, quien fue analista de la CIA, es experta en México, ha trabajado en varios países de América del Sur y conoce bien el idioma español.
Aunque ni la gira de Tillerson ni este esperado nombramiento disuelven las densas incertidumbres que han caracterizado y pueden seguir caracterizando a la administración Trump, es desde estos nuevos datos que hay que analizar, o al menos imaginar, cómo se le está complicando cada vez más el escenario al gobierno de Daniel Ortega y cuál será su apuesta para enfrentar los dilemas que se le presentan.
LA “POTENCIA IMPERIAL” CHINA NO ESTÁ AQUÍ
A diferencia de lo que sucede en casi todo el resto de América del Sur, y en nuestra región en Costa Rica y Panamá, “la potencia imperial” china no está presente en Nicaragua.
Desde el fin de la Revolución en 1990, y desde entonces, los sucesivos gobiernos de Nicaragua, incluido el de Ortega, mantienen relaciones con Taiwan y no con China continental.
Del gobierno de Taiwan los gobiernos de Nicaragua han recibido abundantes recursos para diferentes programas sociales y para importantes proyectos de infraestructura.
Nicaragua tiene también un tratado de libre comercio con Taiwan. No es previsible que abandone a este generoso “padrino”. La “injerencia económica estatal de China en la región para empujarla dentro de su órbita”-en palabras de Tillerson- no existe ni parece existirá en Nicaragua.
Algo que sí nos queda claro escuchando el enfoque “holístico” presentado por Tillerson es que el Canal Interoceánico que Ortega presentó como el “camino hacia la tierra prometida”, nunca será una realidad, aunque no lo quiera reconocer y siga destinando millones del presupuesto para la Autoridad del Gran Canal.
Lo único concreto que queda de ese megaengaño es el reto de anular la ley que le dio en concesión ese megaproyecto al empresario chino Wang Jing.
ALIADOS DE LA RUSIA DE PUTIN
La “potencia imperial” que sí tiene una “alarmante presencia cada vez mayor” en Nicaragua es la Rusia de Putin.
Tillerson señaló que Moscú “sigue vendiendo armas y equipos militares a regímenes hostiles que no comparten ni respetan valores democráticos”. Esos regímenes son Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, aunque Tillerson nunca mencionó ni a Bolivia ni a Nicaragua ni en su discurso en su alma máter ni en su gira.
Rusia y Nicaragua firmaron en 2015 un acuerdo para instalar una estación terrestre para el Sistema Global de Navegación por Satélite (Glonass), el equivalente ruso del sistema GPS estadounidense. A fines de octubre de 2017 fue inaugurado en Managua el Centro de Capacitación Antinarcóticos Rusia-Nicaragua.
Diseñado como un centro regional para capacitar en la lucha contra el narcotráfico, en la inauguración se anunció que esta estructura de varios pisos, tendrá “estatus de filial del Ministerio del Interior de Rusia”.
Rusia envía anualmente a Nicaragua a 500 de sus militares para brindar entrenamiento al Ejército de Nicaragua.
¿POR QUÉ ESTA RE-MILITARIZACIÓN?
En octubre de 2016 Envío publicó un extenso texto del experto en seguridad Roberto Cajina analizando con preocupación la llegada al país de armamento ruso: varios tanques -se habló de que llegarían 50-, 4 lanchas patrulleras, 2 lanchas coheteras, aviones de combate en cantidad no determinada...
En su análisis, Cajina planteó preguntas que hasta hoy no han tenido respuesta. “¿Se trata de una operación de compra-venta, de una donación o de una combinación de ambas? ¿Se ha negociado un préstamo con alguna institución financiera rusa? ¿En qué condiciones? Y la principal: ¿Por qué el gobierno de Daniel Ortega ha remili¬ta¬rizado el país con armas letales rusas?”
Sean cuales sean las respuestas, Nicaragua es vista hoy en Washington como un país aliado de la Rusia de Putin, y eso ha sido señalado una y otra vez por quienes en el gobierno de Estados Unidos tienen al gobierno de Daniel Ortega en el radar.
“UN MUNDO INÉDITO,OTRO TIEMPO”
Nicaragua sigue en el radar de Washington por sus relaciones con Rusia y por sus estrechos vínculos con Venezuela. También por sus fraudes electorales y su antidemocrático modelo de gobierno.
Aunque Tillerson se refirió a los “muchos que viven todavía en nuestro hemisferio bajo gobiernos tiránicos”, en su gira se refirió sólo a Cuba y especialmente a Venezuela, instando a todas las naciones a decidir entre “apoyar al pueblo venezolano o respaldar la dictadura de Maduro”.
Cuando se escuchó este llamado a optar, Ortega guardaba todavía silencio ante el dilema de cómo responder a Estados Unidos por otro grave problema. Hacía apenas mes y medio el Presidente del Poder Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, uno de sus aliados claves en la organización de fraudes electorales, había sido incluido en la lista de corruptos mundiales que hace el Departamento de Estado, valiéndose de la Ley Global Magnitsky, que convierte a los señalados en parias financieros con dificultades en medio mundo.
En gira estaba Tillerson por unos países pidiendo decisiones, cuando el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza -esposo de una hija de Chávez- iniciaba otra gira, para pedir solidaridad con Venezuela. Antes de visitar Nicaragua estuvo en Cuba y Belice. Su gira continuó por varios países de África.
En Managua, Arreaza encontró la solidaridad que buscaba y que daba por descontado. El gobierno de Ortega le debe tanto al de la Venezuela chavista que el dilema que exige la decisión planteada por Tillerson es una auténtica encrucijada.
Ese día, al despedir a Arreaza, apareció en la voz oficial el nuevo concepto del “otro tiempo” en el que vive hoy el ALBA de Chávez, en el que vive hoy el gobierno de Nicaragua. “Estamos frente a desafíos y a un mundo inédito y tenemos el gran reto de forjar las victorias de este otro tiempo”.
EL DILEMA DE RIVAS Y LA “REFORMA DE ORTEGA”
Después de enviar a Washington la señal de un claro respaldo a Venezuela era urgente para Ortega dar alguna señal en el caso de Roberto Rivas, al que el Presidente no se ha referido nunca públicamente. Anunciada la sanción contra Rivas el 21 de diciembre de 2017, el magistrado tampoco ha vuelto a aparecer en público desde entonces.
El semanario “Confidencial” publicó que cuando fue sancionado, Rivas estaba de vacaciones en España con su esposa y sus tres hijos. Y con su familia regresó a Nicaragua el 5 de enero viajando en un lujoso jet privado que realizó el vuelo Madrid-Managua a un costo de 130 mil euros.
La pregunta que muchos se hacían en Nicaragua desde diciembre era si Rivas renunciaría a su cargo o si sería Ortega el que se vería obligado a destituir de la presidencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) a uno de sus principales aliados. Otra pregunta era si alguna de las instituciones nicaragüenses -Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero- iniciaría una investigación para rechazar o justificar la sanción impuesta a Rivas desde la Oficina para Control de Activos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La “respuesta” a estas preguntas la dio Ortega el 7 de febrero. El mandatario envió de urgencia a la Asamblea Nacional una “reforma” a la ley electoral, cuyo único contenido era suprimirle a Rivas todas las responsabilidades legales y administrativas que le corresponden por presidir el CSE, trasladándoselas al Vicepresidente, pero manteniendo a Rivas como presidente, con salario de 5 mil dólares, inmunidad y todos los muchos privilegios del cargo.
UN “ESTADO SINVERGÜENZA”
La decisión de Ortega resultó una sorpresa extremadamente polémica a nivel nacional. Desde sus aliados del sector privado se percibió claramente la preocupación, como lo reveló el editorial de “El Nuevo Diario” del 19 de febrero, insistiendo en el deber de que Rivas renuncie a su cargo.
Algunos analistas vieron en esta decisión de Ortega su obligación de proteger a un aliado que sabe mucho . Otros vieron la elemental urgencia que Ortega tenía de hacer ese cambio porque operativamente Rivas no podía realizar ni el más sencillo trámite institucional ni siquiera era válida su firma en un cheque.
Visiblemente indignado, el periodista Carlos Fernando Chamorro dijo en su programa de televisión que con la “reforma” del 7 de febrero Ortega había consumado la degeneración del Estado, convirtiéndolo en un “Estado sinvergüenza”.
Otros creen que Ortega no iba a “entregar” a Rivas sin recibir ninguna señal a cambio de Estados Unidos y pragmáticamente, optó por un camino inconstitucional, pues la ley electoral tiene rango constitucional y no puede ser reformada “de urgencia” sin una consulta amplia y en un plazo de tiempo determinado. Otros consideran que Ortega no podía aparecer ante sus bases cediendo ante una presión de Estados Unidos. Otros creen que Ortega espera que en abril de 2019 se le venza a Rivas su período como magistrado electoral para apartarlo definitivamente del CSE.
Lo que quedó claro a todo el mundo que, aunque Ortega llamó a su decisión “reforma electoral”, separar a Rivas de sus funciones no constituye, ni de lejos, ninguna reforma al colapsado sistema electoral. El Vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell, quien preside ahora el Poder Electoral, ha sido siempre un aliado incondicional de Ortega.
La reacción de mayor peso para medir la importancia de haber resuelto el dilema de forma tan pragmática fueron las palabras de la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu.
Aunque reconoció que la decisión le correspondía al gobierno, “es una lástima -dijo- que no hayan aprovechado la oportunidad para hacer los cambios necesarios. Fue una oportunidad perdida”.
EL DILEMA DE ORTEGA EN LA OEA
Otra oportunidad para enviar una señal a Estados Unidos que lo coloque en una mejor posición ante las presiones de Washington se le presentó a Ortega cuando, después de la gira latinoamericana de Tillerson, el Consejo Permanente de la OEA convocó una sesión en Washington para discutir una resolución sobre Venezuela exigiendo a Nicolás Maduro cancelar las adelantadas elecciones presidenciales y celebrarlas con máximas garantías.
Para entonces, los gobiernos de México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay anunciaron que no reconocerían los resultados de esas elecciones si no cumplían con ciertos requisitos. También plantearon suspender a Venezuela del Mercosur y retirarle a Maduro la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima el 13 y 14 de abril.
En vísperas de la reunión de la OEA la embajada de Estados Unidos en Managua publicó un comunicado: “Esta es una oportunidad para que Nicaragua reafirme su compromiso de promover y defender la democracia de conformidad con la Carta Democrática Interamericana… Urgimos a todos los países, incluyendo a Nicaragua, a apoyar la realización de elecciones libres y justas en Venezuela, que incluyan la plena participación de los partidos políticos y líderes políticos, un calendario electoral adecuado, observación internacional creíble y una autoridad electoral independiente”.
También la nueva presidenta de AMCHAM (Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense), María Nelly Rivas, declaró que esperaba que el gobierno de Nicaragua se sumara a la presión por elecciones libres en Venezuela. “Es importante -dijo al diario “La Prensa”- que se considere la posición de Estados Unidos. No podemos obviar que en un mundo globalizado las decisiones políticas que se toman tiene repercusiones más allá de nuestras fronteras”.
Sobre el significado de la elección de Rivas al frente de AMCHAM, en el momento crítico por el que atraviesan las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos, y sobre algunas perspectivas del sector privado ante estas tensiones habla el economista Mario Arana en páginas siguientes.
El 23 de febrero se celebró en la sede de la OEA en Washington la sesión extraordinaria para debatir una resolución presentada por varios países, que “exhorta al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”. Hacía diez meses que la OEA no tocaba la crisis de Venezuela en una sesión como ésta.
19 países apoyaron la resolución (Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Perú) 5 países votaron en contra (Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas) y hubo 8 abstenciones (Ecuador, El Salvador, Haití, República Dominicana, Belice, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y Nicaragua).
Las abstenciones contribuyeron al apoyo mayoritario a la resolución contra Venezuela.
ABSTENCIÓN Y RESPALDO
La abstención de Nicaragua causó sorpresa en nuestro país. Sin embargo no pudo interpretarse como un rechazo al contenido de la resolución porque, en un ir y venir confuso, después de abstenerse, el representante de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, visiblemente nervioso y escuchando un mensaje que le llegaba desde Managua, dijo al pleno: “Nicaragua quiere expresar de manera categórica, quiere dejar claramente sentado, su rechazo total a la convocatoria y a la resolución presentada, por lo que desconoce todo lo que se ha actuado y no participa de la votación, ya que no reconoce la legitimidad de la misma”.
Inmediatamente, en su alocución diaria por las radios y televisoras oficiales se escuchó la posición oficial del gobierno, dándole otro giro al sentido que inicialmente tuvo la abstención.
Nicaragua ratificaba “su invariable e incondicional respaldo al Gobierno Bolivariano de Venezuela, al Presidente Nicolás Maduro y al pueblo bolivariano, en su defensa de sus instituciones, su legislación y sus decisiones propias, soberanas e independientes” y “rechaza categóricamente todas las declaraciones y resoluciones injerencistas promovidas y emitidas contra el gobierno y el pueblo venezolano… Nuestro gobierno no ha respaldado ni respalda, ese Consejo, su agenda o la declaración allí presentadas, por considerarlos ilegítimos e ilegales y violatorios del Derecho Internacional”.
¿PRAGMATISMO, CAUTELA?
Al igual que con la “reforma” del 7 de febrero la abstención con que Ortega resolvió el dilema de su posición en la OEA, fue objeto de los más variados análisis.
Unos consideraron que Ortega quiso mandar a Washington la señal de que tomaba distancia de Venezuela por simple táctica. Otros analizaron que la ambigua posición de Ortega había sido fruto de “compadre hablado” con Maduro, una estrategia para reservarse Nicaragua, con cierta neutralidad, para otros momentos críticos que vivirá Maduro, en los que poder jugar un papel más decisivo: la Cumbre de Lima o una eventual reanudación de diálogos entre gobierno y oposición, en los que ya Nicaragua actuó como garante y mediador.
Otros vieron en la ambigua decisión de abstenerse, para expresar inmediatamente un incondicional respaldo a Maduro, la cautela con la que Ortega mira las sanciones de Estados Unidos que siguen en el horizonte: la Nica Act en el Senado y la posibilidad de que aparezcan más nombres en las listas de la ley Magnitsky…
También en esta ocasión la embajadora Laura Dogu dio su interpretación -la de Washington- cuando señaló que, aunque Nicaragua decidió abstenerse, “ha mandado y compartido palabras fuertes contra las actividades en la OEA. Entonces, siguen apoyando al gobierno de Venezuela en este contexto”.
Ortega, que tan reducidas salidas de su casa hace en Nicaragua, viajó a Venezuela a la 15 Cumbre del ALBA el 5 de marzo, evento en que se recordaron los cinco años de la muerte de Chávez, un acontecimiento que marcó el inicio de “otro tiempo” en América Latina. Sólo los Presidentes de Cuba, Bolivia y Nicaragua llegaron. “Aquí están los leales”: así los recibió Maduro.
Nunca Ortega había estado en una posición tan difícil. Le conviene estar “pecho a tierra” mientras el cerco se estrecha.
No son sólo las presiones de Estados Unidos. También es “otro tiempo” económico el que se ha iniciado en Nicaragua con el fin de la cooperación petrolera venezolana. Y con el inicio de un tiempo de “vacas flacas”, el gobierno está obligado a pagar el costo político de algunos cambios, que afectarán tanto a “los pobres del mundo” como a los “aliados del modelo de alianzas, diálogo y consenso público-privado”.
Urgido por la falta de fondos, este mes el gobierno se vio obligado a reducir escalonadamente, de 2018 a 2022 el subsidio de la tarifa eléctrica, que se ha mantenido por doce años para los consumidores de menos energía. Obligado también a eliminarlo a los jubilados. No le quedó más remedio. Lo justificaron con acceder a un crédito del BID para hacer reformas en el sistema eléctrico y atender a una recomendación del FMI. La realidad es otra: las finanzas públicas van mal.
La cúpula empresarial recibió bien la noticia. “El 60% de la población paga la energía más barata de toda Centro¬américa (con los subsidios) y el otro 40% (los empresarios) pagan la energía más cara de toda América Latina. Queremos que los subsidiados se reduzcan al 20% y que paguemos el precio más alto, pero sólo de Centroamérica”. Fue ésa la valoración que hizo de la medida César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua.
Críticos del recorte del subsidio, como el especialista en temas energéticos, Fernando Bárcenas, señalaron que “la reducción en cinco años de los subsidios en porcentajes establecidos caprichosamente no tiene otro objetivo que adormecer el impacto sobre la población más vulnerable y evitar un costo político fulminante”.
Bárcenas reclamó una “explicación técnica” de la gradualidad de la medida y calcula que en los cinco años en que se irá reduciendo el subsidio anualmente, la población más pobre habrá entregado 102 millones de dólares al sector energético -hoy en manos del grupo en el poder-, más 5 millones 100 mil dólares por el deslizamiento diario que tiene la moneda nacional, el córdoba, frente al dólar.
Habrá que hacer más recortes costosos políticamente. Aunque no lo admite, el gobierno está financieramente con el agua al cuello. En febrero, y al término de la evaluación periódica que hace a la economía de Nicaragua, una misión del Fondo Monetario volvió a reiterar la urgencia de encontrar “soluciones que vayan a la raíz del problema” en la Seguridad Social para garantizar su solvencia más allá de 2019.
Proponen prolongar en unos años la edad de jubilación, incrementar el número de semanas cotizadas, ajustar la fórmula de cálculo de nuevas pensiones, mejorar la administración de la institución…
La misión hizo un estudio de los efectos de cada una de las medidas propuestas. El gobierno se resiste a decidir qué hacer y elude un diálogo abierto e inclusivo sobre un tema que afecta a todos.
Extender en cinco años la edad de jubilación, aplicando la medida en forma selectiva -no a todos los trabajos- es lo que ocurrirá probablemente este año. El representante del FMI, Fernando Delgado, lo justificó afirmando que “es algo muy positivo que Nicaragua goce de una esperanza de vida que está al nivel de países industrializados”.
Además de la desigualdad geográfica y social de este indicador, un gran problema en el país es la escasa fuerza laboral que está asegurada. Por un la¬do, la informalidad -8 de cada 10 nicaragüenses con empleos informales- y por otro, la cada vez más extendida tercerización (subcontratación), por la que quienes consiguen trabajo reciben salario, pero no son asegurados. En el ramo de la construcción se conoce de grandes empresas, privilegiadas por el gobierno, a las que les otorga licitaciones, permitiéndoles operar en un esquema de subcontratación para no pagar seguro a los trabajadores.
ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS URGENTES
La misión del Fondo Monetario Internacional volvió igualmente a reiterar que deben eliminarse las exenciones y exoneraciones fiscales, afirmando que a “a quien más benefician es a quienes más tienen”.
Desde 2015 el FMI señaló que si se eliminaran estos privilegios fiscales el incremento de los ingresos fiscales podría llegar al 6%-6.5% el PIB. La cúpula empresarial se ha resistido consistentemente a renunciar a estos privilegios aduciendo que de ellos depende la competitividad de varias actividades económicas.
Menos de un mes después de la visita de la misión del Fondo, llegó al país el director del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, con un mensaje similar.
La visita representó una mayor presión sobre el gobierno, por el cargo del personaje y por los contenidos del mensaje: “Hay un deterioro en la fianzas públicas… Es necesario un plan fiscal de mediano plazo… Hay que ir cerrando exenciones y regímenes especiales de los que abusan ciertos sectores… Hay que trabajar en instituciones que garanticen que sean sostenibles los hechos económicos favorables que vimos en los últimos años... Hay que garantizar instituciones que funcionen independientemente de quién esté en el poder…”
¿CÓMO HACER SOBREVIVIR ESTE PODER HASTA 2021?
¿Cuál es la apuesta del gobierno ante los dilemas de este “otro tiempo”?
Ya parecen estar claros de que han entrado en una etapa que tal vez comparan con el “período especial” en el que entró el gobierno de Cuba después de la caída del muro de Berlín y ahora, el objetivo estratégico del equipo en el poder, la prioridad, es la sobrevivencia de su proyecto.
Están claros ya que atrás quedó la fase de megaproyectos como la refinería “El Supremo Sueño de Bolívar” o el Canal Interoceánico. Atrás también los generosos petrodólares venezolanos con los que financiaron programas sociales que mantenían cohesionada a su clientela política.
A Daniel Ortega, un sobreviviente del naufragio de la “Marea Rosa” en América Latina (ver más sobre esto en páginas siguientes de este mismo número), no le queda más remedio que ajustar el “modelo cristiano, socialista y solidario” a un único objetivo: garantizar sobrevivencia a su proyecto de poder en las elecciones presidenciales de 2021.
LA PRIORIDAD ES FINANCIERA
Así las cosas, apuestan a hacerle al modelo los ajustes políticos y financieros necesarios, pero a distintos ritmos. La prioridad es lo financiero. Las finanzas públicas están muy deterioradas por el cese de la cooperación petrolera venezolana y por la crisis financiera en la Seguridad Social.
La reforma política la pospondrán tanto tiempo como sea posible porque 2021 lo ven aún muy lejano.
En ese sentido, ¿qué les importa más, la Nica Act o la Ley Magnitsky? De momento, confían en que el cabildeo en Washington frenará la aprobación de la Nica Act en el Senado. Y es de esperar que si otros funcionarios del gobierno aparecen en la lista de la Magnitsky veremos respuestas similares de protección a los señalados. Eso no cambiará el orden de prioridades.
Las priorizadas reformas a las deterioradas finanzas públicas se han acelerado en 2018, pero ya habían iniciado en 2016, cuando el gobierno empezó a trasladar los programas sociales financiados por la cooperación venezolana al presupuesto nacional. El bono solidario y el subsidio al transporte colectivo de Managua han sido quizás los programas de mayor envergadura ya financiados con los recursos del Estado.
Más recientemente, el gobierno ha trasladado al presupuesto el pago de la deuda de las instituciones públicas con Caruna y/o Albanisa. Suprimir los subsidios a los consumidores de energía entra en esta agenda prio¬ri¬za¬da de sanear finanzas y el gobierno ya anuncia que tiene lista una propuesta para reestructurar el sistema de pensiones y otra para modificar las exoneraciones fiscales que benefician al sector empresarial.
¿CÓMO SOBREVIVIRÁ NICARAGUA?
Queda sobre la mesa un dato fundamental para que la prioridad de devolver salud a las finanzas públicas sea una realidad: ¿cómo se pagará la deuda petrolera contraída con Venezuela? Siempre se nos dijo que era una deuda “privada”… pero sabemos que ya ha comenzado a convertirse en deuda “pública”. Y la pagaremos todos.
Y ese es el mayor dilema colectivo: ¿Qué precio tendrá que pagar Nicaragua, todos en Nicaragua, los más débiles de Nicaragua, cuando este “otro tiempo” concluya? ¿En 2021?

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