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Newmont Mining Corporation | CELENDIN LIBRE
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Posts etiquetados ‘Newmont Mining Corporation’
Publicado: 30 septiembre, 2015 en NOTICIAS
Etiquetas:abuso policial, Banco Mundial, IFC, Minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation, PIC, Proyecto Conga - Minas Conga, USA
Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).
Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos
Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto
Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com
Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.
“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.
Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.
“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.
El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.
Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.
La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.
Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302
Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com
Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.
Pobladores toman instalaciones de Yanacocha por incumplimiento de acuerdos para el uso del agua
Publicado: 14 mayo, 2015 en NOTICIAS
Etiquetas:Banco Mundial, Cajamarca, IFC, Minera Yanacocha, minería, Newmont Mining Corporation
Por: Wilfredo Cholán
Pobladores de Quishuar-Aliso Colorado ingresaron a la zona del tajo La Quinua Sur de Minera Yanacocha, para expresar su indignación, pues los manantiales que dotaban de agua a la quebrada Encajón se encuentran totalmente secos, debido a las actividades de dicha compañía. Asimismo, exigieron el cumplimiento de compromisos previamente asumidos por ella, como la construcción e implementación de una planta procesadora de productos lácteos en el caserío Aliso Colorado y la ampliación de la electrificación de Quishuar Corral. Además, demandaron que se priorice y dé oportunidad a la empresa comunal MC El Aliso, en los trabajos de manejo de agua, remoción de tierras y otros.
Los manifestantes tuvieron enfrentamientos con los efectivos de la Policía Nacional, quienes procedieron a desalojarlos utilizando bombas lacrimógenas. Según la empresa, algunos de ellos detuvieron ilegalmente a un grupo de trabajadores de una perforadora, dentro de la zona de operaciones de Yanacocha, donde también cortaron las llantas de una camioneta, rompieron a pedradas las lunas de un bus de la empresa San Francisco y lanzaron piedras a la Policía. Por su parte, los pobladores sostienen que fueron los efectivos de la Policía quienes iniciaron y provocaron los incidentes.
Francisco Rojas, presidente del canal de regadío de Quishuar, detalló a Noticias SER: “Hemos sido aproximadamente 350 los pobladores de Quishuar que hemos tomado las instalaciones de Yanacocha, pues tenemos una resolución administrativa bajo la modalidad “licencia de uso de agua”, del 2003, que nos otorga permiso para tomar 23 litros del recurso por segundo, de fuentes naturales de la quebrada Encajón. El problema es que, en la actualidad, tales fuentes naturales ya han sido secadas por las operaciones mineras. Nosotros venimos reclamando desde el 2008 por la desaparición de nuestras aguas, pero hasta el momento no nos dan respuesta ni solución alguna. Lo más indignante es que en la última carta nos dicen que no nos han afectado en la calidad ni en la cantidad de agua”, sostuvo, indignado.
Asimismo, el dirigente informó que también exigen que se cumplan los acuerdos pactados en diversas reuniones que tuvieron con Yanacocha, hace años atrás: “Ellos quieren deslindar las responsabilidades que tienen como empresa. En reunión, exigiremos que se cumplan los acuerdos”, refirió.
Por su parte, Juan Chilón, teniente gobernador del caserío el Aliso Colorado, declaró: “No se puede permitir que sequen nuestro manantial, pues es de mucha importancia para nuestras actividades. Además, no están respetando los compromisos que asumieron con la comunidad. Si no dan solución a nuestros reclamos, nosotros seguiremos con nuestra medida de lucha”, indicó.
Refiriéndose a los enfrentamientos, Chilón señaló a los efectivos policiales: “Ellos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y perdigones, maltratando incluso a señoras que nos acompañaban. Nosotros hemos reaccionado contestándoles. Hay cuatro heridos, dos de ellos con rotura en la cabeza”, señaló.
Minera Yanacocha se pronuncia
A partir de los incidentes ocurridos y mediante un comunicado, Yanacocha asegura no haber afectado los derechos de uso de agua de la población y venir cumpliendo, desde hace varios años, con las descargas de agua en la quebrada, a fin de mantener los flujos identificados en los Estudios de Impacto Ambiental de la zona. Del mismo modo, la minera dice en el documento, que brinda oportunidades a todas las empresas, en la medida de sus necesidades operativas. “En cuanto existan más proyectos mineros, se incrementarán las oportunidades de trabajo”, ofrece el escrito.
Fuente: noticiasser.pe
MÁXIMA ACUÑA LA DAMA DE LA LAGUNA AZUL VERSUS LA LAGUNA NEGRA
Publicado: 28 abril, 2015 en NOTICIAS
Etiquetas:Celendín, Familia Chaupe, Máxima Acuña, Minas Buenaventura, Minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation
Una de las mineras de oro más ricas del mundo intenta desalojar
a una campesina que vive en un terreno que esta compañía reclama como suyo.
La empresa Yanacocha y el gobierno del Perú apuestan por un proyecto, Conga,
para explotar una gran reserva de oro. Dicen que de él depende el progreso del país.
Máxima Acuña se niega a irse de su casa y cambiar la única vida que conoce.
Por años ha vivido frente a una laguna que Yanacocha proyecta
convertir en un depósito de desechos tóxicos.
¿Vale más el oro de todo un país que
la tierra y el agua de una familia?
Un perfil de Joseph Zárate
Fotografías de Antonio Sorrentino / Phoss
Fotografía de Antonio Sorrentino / Phoss
Fuente: etiquetanegra.com.pe
Una mañana de enero de 2015, con el fin de poner los cimientos de una casa, Máxima Acuña Atalaya picaba las piedras de una colina con golpes secos y certeros como los de un leñador. Acuña mide menos de un metro y medio, pero carga rocas del doble de su peso sobre la espalda y destaza un carnero de cien kilos en minutos. Cuando visita la ciudad de Cajamarca, la capital de la sierra norte del Perú donde ella vive, teme que la atropellen los autos, pero es capaz de enfrentar a una retroexcavadora en movimiento para defender el terreno que habita, el único con abundante agua para sus cultivos. Nunca aprendió a leer y escribir, pero desde 2011 ha impedido que una minera de oro la expulse de su casa. Para campesinos, defensores de derechos humanos y ecologistas, Máxima Acuña es un ejemplo de coraje y resistencia. Para quienes el progreso de un país depende de explotar sus recursos naturales, Máxima Acuña es una campesina terca y egoísta. O, peor aún, una mujer que busca sacarle dinero a una compañía millonaria.
—Me han dicho que debajo de mi terreno y de la laguna hay bastante oro —dice Máxima Acuña, con su voz aguda—. Por eso quieren que me largue de aquí.
La laguna se llama Azul, pero ahora luce gris. Aquí, en las montañas de Cajamarca, a más de cuatro mil metros de altitud, una espesa niebla lo cubre todo y disuelve el perfil de las cosas. No se oyen cantos de aves, ni hay árboles altos, ni cielo azul, ni flores en los alrededores, porque casi todas mueren congeladas por el viento frío cercano a los cero grados. Todas excepto las rosas y las dalias que Máxima Acuña lleva bordadas en el cuello de su blusa. La vivienda de barro, piedras y calaminas donde vive ahora, dice, está a punto de derrumbarse por las lluvias. Necesita construir una casa nueva, aunque no sabe si conseguirá hacerlo. Más allá de la niebla, a unos metros frente a su predio, está la Laguna Azul, donde hace unos años Máxima Acuña pescaba truchas junto a su esposo y sus cuatro hijos. La campesina teme que la empresa minera Yanacocha la despoje de la tierra donde vive y convierta la Laguna Azul en un depósito para unos quinientos millones de toneladas de desechos tóxicos que saldrán de un nuevo tajo minero.
En quechua, Yanacocha significa ‘Laguna Negra’. También es el nombre de una laguna que dejó de existir a inicios de los noventa para dar paso a una mina de oro de tajo abierto considerada en su mejor época la más grande y rentable del mundo. Debajo de las lagunas de Celendín, la provincia donde viven Máxima Acuña y su familia, hay oro. Para extraerlo, la minera Yanacocha ha diseñado un proyecto llamado Conga que, según economistas y políticos, llevaría al Perú hacia el Primer Mundo: vendrían más inversiones y por tanto más puestos de trabajo, modernas escuelas y hospitales, lujosos restaurantes, nuevas cadenas de hoteles, rascacielos y, como anunció el Presidente del Perú, quizá hasta un tren subterráneo en la capital. Para conseguir todo ello, sin embargo, Yanacocha dice que será necesario secar una laguna ubicada a más de un kilómetro al sur de la casa de Máxima Acuña, para convertirla en una mina de tajo abierto. Después, utilizaría otras dos lagunas para depositar allí los desechos. La Laguna Azul es una de ellas. Si eso sucede, dice la campesina, podría perder todo lo que su familia posee: las casi veinticinco hectáreas de tierra rebosante de ichu y otros pastos alimentados por manantiales. Los pinos y queñuales que le proveen de leña. Las papas, ollucos y habas que hay en su chacra. Y, sobre todo, el agua que beben su familia, sus cinco ovejas y sus cuatro vacas. A diferencia de sus vecinos que vendieron sus tierras a la compañía, la familia Chaupe-Acuña es la única que todavía vive junto a la futura zona de extracción del proyecto minero: el corazón de Conga. Ellos dicen que jamás se irán de allí.
—Algunos comuneros dicen que por mi culpa no tienen trabajo. Que la mina no funciona porque estoy acá —dice la campesina—. ¿Qué hago? ¿dejo que me quiten mi terreno y mi agua?
Máxima Acuña se detiene, deja de picar las rocas y se seca el sudor de la frente. Su pelea con Yanacocha, cuenta, se inició con la construcción de un camino. Una mañana de 2010, Acuña se levantó con un dolor punzante en el vientre. Tenía una infección en los ovarios que no la dejaba caminar. Sus hijos alquilaron un caballo para llevarla hasta la choza que heredaron de su abuela, en un caserío a ocho horas de allí, para que se recuperara. Un tío suyo se quedaría a cuidar su chacra. Tres meses después, cuando logró reponerse, ella y su familia regresaron a casa, pero encontraron algo distinto en el paisaje: la antigua trocha de tierra y piedras que cruzaba una parte de su predio se había convertido en un camino amplio y llano. Unos obreros de Yanacocha, les dijo su tío, habían llegado con aplanadoras. La campesina fue a reclamar a las oficinas de la compañía en las afueras de Cajamarca. Insistió durante días hasta que un ingeniero la recibió. Ella le mostró su certificado de posesión.
—Ese terreno es de la mina —dijo él, mientras ojeaba el documento—. La comunidad de Sorochuco lo vendió hace años. ¿Acaso no sabía?
Sorprendida y enfadada, la campesina solo tenía preguntas. ¿Cómo podía ser eso cierto si ella había comprado esa parcela en 1994 al tío de su marido? ¿Cómo podía ser si ella había criado ganado ajeno y ordeñado vacas durante años para ahorrar el dinero? Ella había pagado dos toros, de casi cien dólares cada uno, para adquirir ese terreno. ¿Cómo podía ser Yanacocha dueña del predio Tragadero Grande si ella tenía un papel que decía lo contrario? Esa tarde el ingeniero de la empresa la despidió de su oficina sin respuestas.
Medio año después, en mayo de 2011, días antes de su cumpleaños número cuarenta y uno, Máxima Acuña salió temprano a casa de una vecina para tejerle una frazada de lana de oveja. Al regresar encontró su choza reducida a cenizas. Los corrales de sus cuyes estaban tirados. La chacra de papas destruida. Las piedras que su esposo Jaime Chaupe juntaba para construir una casa estaban desperdigadas. Máxima Acuña denunció a Yanacocha al día siguiente, pero la denuncia fue archivada por falta de pruebas. Los Chaupe-Acuña construyeron una choza provisional. Intentaron seguir con sus vidas hasta que llegó agosto de 2011. El relato de Máxima Acuña y su familia sobre lo que Yanacocha les hizo a inicios de mes, es una secuencia de abusos que temen que se vuelva a repetir.
El lunes 8 de agosto un policía llegó hasta la choza y pateó las ollas donde preparaban el desayuno. Les advirtió que debían dejar el terreno. No lo hicieron.
El martes 9 unos policías y vigilantes de la minera confiscaron todas sus cosas, desataron la choza y le prendieron fuego.
El miércoles 10 la familia durmió a la intemperie sobre la pampa. Se taparon con ichu para protegerse del frío.
El jueves 11 un centenar de policías con cascos, escudos antimotines, garrotes y escopetas fueron a desalojarlos. Una retroexcavadora venía con ellos. La hija menor de Máxima Acuña, Jhilda Chaupe, se arrodilló frente a la máquina para impedir que ingresara al terreno. Mientras unos policías intentaban apartarla, otros apaleaban a su madre y hermanos. Un suboficial golpeó a Jhilda en la nuca con la culata de una escopeta, ella se desmayó y el escuadrón, asustado, se replegó. Ysidora Chaupe, la hija mayor, grabó el resto de la escena con la cámara de su celular. El video dura un par de minutos y se puede ver en Youtube: su madre grita, su hermana está inconsciente en el suelo. Los ingenieros de Yanacocha miran de lejos, al lado de sus camionetas. Los policías formados están a punto de marcharse. Ese día fue el más frío de ese año en Cajamarca, aseguran los meteorólogos. Los Chaupe-Acuña pasaron la noche a la intemperie a siete grados bajo cero.
La empresa minera ha negado esas acusaciones una y otra vez ante jueces y periodistas. Piden pruebas. Máxima Acuña sólo tiene certificados médicos y fotos que registran los moretones que le dejaron en los brazos y las rodillas. Ese día, la policía redactó un acta que acusa a la familia de haber atacado a ocho suboficiales con palos, piedras y machetes, pero a la vez reconoce que no tenía poder para desalojarlos sin el permiso de un fiscal.
—¿Has escuchado que las lagunas se venden? —pregunta Máxima Acuña, mientras levanta una pesada roca con las manos— ¿O que los ríos se venden, el manantial se vende y se prohíbe?
Después de que los medios difundieran su caso, la lucha de Máxima Acuña ganó seguidores en el Perú y el extranjero, pero también escépticos y enemigos. Para Yanacocha, ella es una usurpadora de tierras. Para miles de campesinos en Cajamarca y activistas del medio ambiente ella es La Dama de la Laguna Azul, como la empezaron a llamar cuando su resistencia se hizo conocida. La vieja metáfora de David contra Goliat se volvió inevitable: era la palabra de una campesina contra la de la minera de oro más poderosa de Latinoamérica. Pero lo que estaba en juego, en realidad, involucraba a todos: el caso de Máxima Acuña enfrenta diferentes visiones de aquello que llamamos progreso.
Salvo las ollas de acero en las que cocina y el diente postizo de platino que luce cuando sonríe, Máxima Acuña no tiene otro objeto de metal que sea valioso. Ni un anillo, ni una pulsera, ni un collar. Ni de fantasía ni de metal precioso. Le cuesta entender la fascinación que sienten las personas por el oro. Ningún otro mineral ha seducido y trastornado tanto la imaginación humana como el destello del metal con el símbolo químico Au. Basta revisar cualquier libro de Historia Universal para confirmar que el deseo de poseerlo ha precipitado guerras y conquistas, fortificado imperios, arrasado montañas y bosques. Hoy el oro convive con nosotros desde prótesis dentales hasta componentes de celulares y laptops, desde monedas y trofeos hasta lingotes de oro en bóvedas bancarias. El oro no es vital para ningún ser vivo. Sirve, sobre todo, para alimentar nuestra vanidad y nuestras ilusiones de seguridad: cerca del sesenta por ciento del oro que se extrae en el mundo termina en forma de joyas. Y un treinta por ciento se utiliza como respaldo financiero. Sus principales virtudes —no se oxida, no pierde su brillo, no se deteriora con el tiempo— lo vuelven uno de los metales más codiciados. El problema es que cada vez hay menos oro para explotar.
Desde niños hemos imaginado que el oro se extrae por toneladas y que cientos de camiones lo transportan en forma de lingotes hasta las bóvedas de los bancos, pero en realidad es un metal escaso. Si pudiéramos juntar todo el oro que se ha obtenido a lo largo historia y lo derritiéramos, apenas alcanzaría para llenar dos piscinas olímpicas. Sin embargo, para obtener una onza de oro —cantidad suficiente para fabricar un anillo de matrimonio— hace falta extraer cerca de cuarenta toneladas de tierra, tanto como para llenar treinta camiones de mudanza. Los depósitos más ricos del planeta se agotan y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas. Casi todo el mineral que queda por extraer —una tercera piscina— yace enterrado en minúsculas cantidades bajo montañas y lagunas inhóspitas. El paisaje que queda luego de la extracción revela un contraste superlativo: mientras que las compañías mineras dejan agujeros en la tierra tan descomunales que pueden verse desde el espacio, las partículas extraidas son tan diminutas que hasta doscientas de ellas cabrían en la cabeza de un alfiler. Una de las últimas reservas de oro del mundo yace bajo los cerros y lagunas de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, donde la minera Yanacocha opera desde fines del Siglo XX.
El Perú es el exportador de oro número uno de América Latina y el número seis del mundo, después de China, Australia y Estados Unidos. Esto se debe, en parte, a las reservas de oro que tiene el país y a las inversiones de transnacionales como Newmont, el gigante de Denver, quizá la minera más rica del planeta y dueña de más de la mitad de las acciones de Yanacocha. En un solo día Yanacocha excava unas quinientas mil toneladas de tierra y roca, un peso equivalente a quinientos aviones Boing 747. Montañas enteras desaparecen en semanas. Hasta fines de 2014, una onza de oro costaba cerca de mil doscientos dólares. Para extraer esa cantidad, necesaria para fabricar unos aretes, se producen casi veinte toneladas de residuos con restos de químicos y metales pesados. Estos desechos son tóxicos por una razón: hay que verter cianuro sobre la tierra removida para extraer el metal. El cianuro es un veneno mortal. Una cantidad del tamaño de un grano de arroz basta para matar a un ser humano, y un millonésimo de gramo disuelto en un litro de agua puede matar decenas de peces de un río. La minera Yanacocha insiste en que el cianuro se mantiene dentro de la mina y es tratado con los más altos estándares de seguridad. Muchos cajamarquinos no creen que esos procesos químicos sean tan limpios. Para probar que su miedo no es absurdo o antiminero cuentan la historia de Hualgayoc, una provincia minera donde las aguas de dos de sus ríos son de color rojo y donde ya nadie se baña. O la de San Andrés de Negritos, donde una laguna que abastecía a la comunidad se contaminó con el aceite quemado que se filtraba de la mina. O la del pueblo de Choropampa, donde un camión que transportaba mercurio derramó el veneno por accidente e intoxicó a cientos de familias. Como actividad económica, cierto tipo de explotación minera resulta inevitable y necesaria para llevar la vida que llevamos. Sin embargo, la minería, aún la más avanzada en tecnología y la menos agresiva con el ambiente, es considerada una industria sucia en todo el mundo. Para Yanacocha, que ya tiene antecedentes en el Perú, limpiar su imagen de errores ambientales puede ser una tarea tan difícil como resucitar las truchas de un lago contaminado.
El rechazo de las comunidades preocupa a los inversionistas mineros, pero no tanto como la posibilidad de que sus ganancias disminuyan. Según la empresa Yanacocha, solo quedan reservas de oro para cuatro años más en sus minas en actividad. El proyecto Conga —que será casi tan grande como una cuarta parte de Lima— permitiría continuar con el negocio. Yanacocha explica que deberá secar cuatro lagunas, pero que construirá cuatro reservorios de agua que se alimentarán de las lluvias. Según su estudio de impacto ambiental, será suficiente para abastecer a las cuarenta mil personas que beben de los ríos nacidos de aquellas fuentes. La minera explotará oro durante diecinueve años pero promete emplear a unas diez mil personas e invertir casi cinco mil millones de dólares que le darán al país más dinero en impuestos. Esa es su oferta. Los empresarios tendrían más dividendos y el Perú más fondos para invertir en obras y puestos de trabajo, la promesa de prosperidad para todos.
Pero así como hay políticos y líderes de opinión que apoyan el proyecto por motivos económicos, también hay ingenieros y ambientalistas que se oponen por razones de salud pública. Expertos en manejo de aguas como Robert Moran, de la Universidad de Texas, y Peter Koenig, ex funcionario del Banco Mundial, explican que las veinte lagunas y seiscientos manantiales que existen en la zona del proyecto Conga forman un sistema interconectado de agua. Una especie de aparato circulatorio creado durante millones de años que alimenta a los ríos y riega las praderas. Dañar cuatro lagunas, dicen los expertos, afectaría para siempre todo el conjunto. A diferencia de otras zonas de los Andes, en la sierra norte del Perú —donde vive Máxima Acuña—, no existen glaciares para abastecer de suficiente agua a sus habitantes. Las lagunas de estas montañas sirven como reservorios naturales. La tierra negra y los pastos funcionan como una extensa esponja que absorbe las lluvias y la humedad de la niebla. De ahí nacen los manantiales y los ríos. Más del ochenta por ciento del agua en el Perú se destina a la agricultura. En la cuenca central de Cajamarca, según un reporte del Ministerio de Agricultura de 2010, la cantidad de agua utilizada por toda la minería en un año representó casi la mitad de lo que consumió la población de la zona durante el mismo periodo. Hoy miles de agricultores y ganaderos temen que la explotación de oro contamine las únicas fuentes de agua que tienen.
En Cajamarca y otras dos provincias implicadas en el proyecto, los muros de algunas calles están pintados con grafitis: «Conga no va», «Agua sí, oro no». En 2012, el año más tenso de las protestas contra Yanacocha, la encuestadora Apoyo anunciaba que ocho de cada diez cajamarquinos estaba en contra del proyecto. En Lima, donde se toman las decisiones políticas del Perú, la bonanza crea el espejismo de que el país seguirá llenando sus bolsillos de dinero. Pero eso solo será posible si Conga va. De lo contrario, advierten algunos líderes de opinión, ocurrirá una catástrofe. «Si Conga no va, sería como dispararnos a los pies», escribió en una columna el ex ministro de economía Pedro Pablo Kuczynski. Para los empresarios, el proyecto Conga sería un salvavidas: el hito del Antes y el Después. Para campesinos como Máxima Acuña, también significaría una bisagra en su historia: sus vidas no volverán a ser las mismas si pierden su principal riqueza. Hay quienes dicen que la historia de Máxima Acuña es utilizada por grupos antimineros que se oponen al desarrollo del país. Sin embargo, hace tiempo que las noticias locales empañan el optimismo de los que quieren inversiones a toda costa: hasta febrero de 2015, en promedio siete de cada diez conflictos sociales en el Perú fueron causados por la actividad minera, según la Defensoría del Pueblo. En los últimos tres años, uno de cada cuatro cajamarquinos ha perdido su empleo. De acuerdo a las estadísticas oficiales, Cajamarca es la región que más oro produce pero la que más pobres tiene en todo el país.
Si alguien intentara visitar a Máxima Acuña puede que una tranquera de metal se lo impida. Para llegar a su casa, es necesario viajar cuatro horas en furgoneta desde Cajamarca a través de valles, cerros y abismos hasta los alrededores de la Laguna Azul. Hacerlo no sería complicado si no hubiera que pasar por el puesto de vigilancia del proyecto minero Conga. Si eres de Lima o del extranjero, no te dejarán continuar. Si dices que vas a visitar a Máxima Acuña no pasarás, a menos que saques una cámara de televisión. «Esa señora tiene problemas con la mina», dirá el vigilante, con chaleco naranja y walkie-talkie en la mano. Entonces te hará bajar del vehículo y anotará tu nombre en una libreta y le dirás que ese es un camino público y el repetirá que no, señor, no se puede, esta vía es sólo para comuneros. Si insistes, llamará a los policías que patrullan en una camioneta de la minera. «Es propiedad privada», dirán ellos. Entonces quizá pagues algo extra al chofer que te ha llevado hasta ahí para tomar un desvío y viajar dos horas más hasta Santa Rosa, la comunidad más cercana a la casa de los Chaupe-Acuña. Llegarás de noche. A cambio de más dinero, un campesino tal vez acepte llevarte en su motocicleta por una trocha llena de charcos, hasta llegar cerca a otro puesto de vigilancia. Entonces tendrás que bajar de la moto y cruzar una colina, a oscuras y agachado, para que los guardias de Yanacocha no te vean. Al otro lado, la motocicleta espera. Sigues. Diez minutos después llegas al terreno. Todo alrededor es barro y pasto y neblina. Ladran unos perros. Enciendes la linterna para divisar la casa. Caminar por allí de noche es como andar a ciegas.
—Aquí vivimos secuestrados —dijo Máxima Acuña la noche en que la conocí, mientras atizaba la leña para calentar una olla de sopa—. No podemos salir lejos, no podemos recibir visitas, no podemos caminar con libertad. Es muy triste vivir como yo vivo.
Tres décadas antes de convertirse en La Dama de la Laguna Azul, Máxima Acuña era una niña a la que le aterraban los policías. Cada vez que veía uno por las calles de su pueblo, lloraba y se aferraba a la falda de su madre. La asustaban aquellos hombres de uniforme verde petróleo y botas polvorientas. Máxima, la tercera de cuatro hermanos, era demasiado tímida. Cuando llegaban visitas a su hogar en el caserío de Amarcucho, a setenta kilómetros al norte de Cajamarca, ella se escondía. No tenía amigas. No jugaba con muñecas, pero le gustaba confeccionar ropa para los recién nacidos de su barrio. Con los años su cuerpo cambió pero no su personalidad. No salía a fiestas. No hablaba con chicos. «En realidad, no hablaba con nadie y era bien terca», recuerda Jaime Chaupe, su esposo, quien se casó con ella cuando tenía dieciocho años, después de insistirle durante cuatro. Ella pasaba el día tejiendo sombreros o limpiando los corrales de los cuyes o recogiendo leña y ayudando a su madre en la chacra. Su padre murió cuando era una niña y nunca la enviaron a la escuela. Deseaba crecer pronto para trabajar, tener su propia chacra y comprarse un par de zapatos. Quería que, si algún día tenía hijos, no caminaran descalzos como ella.
Máxima Acuña dice que descubrió que tenía coraje cuando vio cómo la policía golpeaba a su familia, en el primer enfrentamiento con la minera Yanacocha. Durante sus primeros años de matrimonio la familia de su esposo la marginaba por ser analfabeta. Por eso siempre fue muy severa con sus hijos al punto de pegarles si no estudiaban. A lo largo de casi cinco años de juicios, apelaciones y audiencias que tuvo desde que la intentaron desalojar de Tragadero Grande, supo qué otras cosas no quería para su vida. Decidió, por ejemplo, que jamás viviría en una ciudad. La primera vez que fue a Cajamarca para denunciar la destrucción de su primera choza, casi la atropellan dos veces por no saber qué significaba la luz roja del semáforo. Descubrió que el humo de los autos le provoca sarpullido, que los tallarines de los restaurantes le saben asquerosos, que detesta el sabor de las aceitunas y que no puede salir a la calle sola porque siempre se pierde. También descubrió que podía expresar lo que sentía a través de canciones. A Máxima Acuña le gusta cantar. En las marchas junto a otros campesinos y activistas, nunca falta alguien que le anima a pararse ante la multitud e improvisar un yaraví —un canto andino triste— que narra su lucha. Cuando comenzó su pelea con Yanacocha descubrió también cómo se llamaba: siempre había pensado que ella era Maximina, como le decía su madre, hasta que su abogada, al leerle su documento de identidad, le dijo que su verdadero nombre era Máxima. El suyo era un nombre sin diminutivos.
Un día antes de que Máxima Acuña tomara un avión rumbo a Ginebra para denunciar su caso en las Naciones Unidas, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recuerda que pasó la tarde con ella en su departamento en Miraflores. Silva Santisteban dice que cuando salieron a pasear por el malecón, Máxima miraba todo con curiosidad: jamás había visto construcciones tan altas, ni cruzado avenidas tan luminosas. Jamás había visto el mar de noche ni desde esa distancia. Pero lo que más le intrigaba era cómo hacían los limeños para llevar agua hasta el último piso de los edificios.
Antes de convertirse en un ícono de lucha antiminera, a Máxima Acuña le sudaban las manos y se ponía nerviosa al hablar ante una autoridad. Le costó aprender a defenderse delante de un juez. Después que intentaran desalojarla en agosto de 2011, Yanacocha denunció a la familia Chaupe-Acuña por el delito de usurpación agravada. Según los abogados de la empresa, los campesinos habían invadido el terreno luego de golpear a policías y vigilantes privados. Desde esa fecha, la familia tuvo que asistir a las audiencias —primero en Celendín, la provincia donde viven, y luego en Cajamarca— pero no tenían dinero para el transporte. Los esposos Chaupe-Acuña debían levantarse de madrugada y caminar durante ocho horas hasta la comunidad de Sorochuco para tomar un bus que los llevara al juzgado. Cuando por fin llegaban, los magistrados solían postergar la sesión porque los representantes de Yanacocha no podían asistir. En la ciudad de Cajamarca, los cuatro hijos de Máxima Acuña estaban alertas. Ellos viven juntos en un cuarto alquilado al fondo de una carpintería. Allí comen, estudian y duermen. Dicen que se mudan cada cierto tiempo por seguridad. Una noche dos hombres con pasamontañas amenazaron de muerte a Ysidora Chaupe cuando salía de la universidad donde estudia Contabilidad. Daniel Chaupe, su hermano menor, quien enfermó luego de que los policías lo golpearan en los pulmones, fue rechazado de un trabajo en una ferretería por ser hijo de «una antiminera». Mientras, en Tragadero Grande, Máxima Acuña y su esposo aseguran haber soportado el acoso de la empresa. Cuentan que las camionetas de Yanacocha se estacionaban frente al terreno hasta seis veces al día. Los vigilantes tomaban fotos, observaban qué hacía la familia. Un día, dice Máxima, un vehículo de la mina atropelló a dos carneros y robó dos más. En otra ocasión mataron a Mickey, el perro que cuidaba las ovejas y ladraba a todo aquel que se acercara a su terreno. Algunas noches dicen haber escuchado disparos. Lo cuenta toda la familia. Quisieran tener forma de probarlo.
En la corte de Celendín, los Chaupe-Acuña perdieron dos juicios. Fueron sentenciados a casi tres años de prisión y a pagar cerca de dos mil dólares como reparación a la minera. Debían abandonar ese terreno que habían invadido. Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña, explica que los jueces y fiscales no tomaron en cuenta las pruebas que había presentado la familia, como el certificado de posesión y el testimonio de los parientes a quienes habían comprado el terreno. La defensa de los Chaupe-Acuña apeló a la Corte Superior de Cajamarca y se inició un nuevo juicio. Durante esos meses, con el apoyo de la cooperación internacional, Máxima Acuña y su hija mayor viajaron a Europa para contar su caso en el extranjero. En Suiza —el país que más oro le compra al Perú— se entrevistó con una oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Francia se reunió con el sindicato metalúrgico y con una senadora que meses después fue a visitarla a su terreno. En Bélgica, durante un foro sobre derechos humanos, le contaron sobre otras mujeres con historias parecidas a la de ella. Yolanda Oqueli, Guatemala: madre de dos niños, baleada varias veces por liderar protestas pacíficas contra un proyecto minero que invadiría dos comunidades rurales. Carmen Benavides, Bolivia: amenazada por combatir la minería industrial que contamina el río donde habita su etnia. Francia Márquez, Colombia: perseguida por paramilitares que quieren en su pueblo minería de oro a gran escala. Francisca Chuchuca, Ecuador: denunciada por oponerse a un proyecto minero de oro que contaminaría dos ríos que abastecen a medio millón de campesinos. Entre 2012 y 2013, la Unión Latinoamericana de Mujeres registró cien agresiones a defensoras de la tierra y el agua en todo el continente. Las acusan de oponerse al progreso.
Máxima Acuña, sin embargo, es diferente a todas ellas: ella no es dirigente, ni activista, ni tiene aspiraciones de ser líder. «Solo quiero que me dejen vivir tranquila en mi terreno y que no contaminen mi agua», ha declarado. Sin proponérselo, la mujer que fue elegida Defensora del Año 2014 por la Unión Latinoamericana de Mujeres, pasó de ser una señora tímida a inspirar a quienes luchan para evitar el despojo de sus tierras. «Ella es una de las pocas personas que no se ha vendido a la mina», dice Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, que pasó varias noches en Tragadero Grande, junto a cientos ronderos y defensores de las lagunas durante las protestas. Glevys Rondón, directora ejecutiva de la Fundación para el Monitoreo de la Actividad Minera en América Latina y traductora de Máxima Acuña durante su viaje a Europa, dice que a diferencia de la mayoría de defensoras, que tienen un discurso articulado, el de su amiga peruana es muy personal e íntimo. «En el mundo hay más Máximas», dice Rondón. En 2003, un empresario enjuició al argentino José Luis Godoy por la supuesta usurpación de un terreno que habita desde hace seis décadas y que tiene canteras de granito rojo. En 2011, la policía quemó la casa del ecuatoriano Alfredo Zambrano para que abandonara el pedazo de bosque tropical donde vive y que el gobierno expropió para construir una represa. En 2012, unos sicarios le sacaron los ojos al hijo de la venezolana Carmen Fernández por oponerse a que las tierras de su etnia sean entregadas a las mineras de carbón. En 2014, el nicaragüense Fredy Orozco fue acusado de guerrillero por no dejar que la policía lo desalojara de sus tierras de cultivos para construir un canal interoceánico. A ellos, al igual que a Máxima Acuña, los han acusado de sacrificar el progreso de sus países por un beneficio personal. De victimizarse delante de los periodistas para sacar provecho de las empresas. De ser utilizados por personas u organizaciones que trabajan para sus propios intereses.
—Todo el que cuestione a las compañías extractivas y sea un aliado de los defensores de la tierra y el agua va a ser atacado —dice el activista y ex sacerdote Marco Arana, denunciado en múltiples ocasiones por Yanacocha—. A Máxima la llaman terrateniente, a nosotros terroristas.
Máxima Acuña explica que solo quiere conservar la única vida que conoce y le pertenece: cultivar papas, ordeñar vacas, tejer mantas, beber el agua de sus manantiales y pescar truchas en la Laguna Azul sin que un vigilante le diga «esto es propiedad privada». Preferiría no tener que pelear para seguir con su vida, dice. Por eso cuando le piden que narre lo que le ha hecho la minera, a veces se niega. Dice que durante las reuniones en Europa repetía su historia diez veces al día. Terminaba tan harta y deprimida que al llegar al hotel solo podía dormir.
Cuando regresó a Lima de ese viaje, su salud colapsó. Durante esos meses, con la incertidumbre del proceso judicial, sufría dolores de cabeza, mareos y se desmayaba. Rocío Silva Santisteban la llevó al doctor. El diagnóstico: estrés severo, acentuado por los síntomas de la menopausia. Debía descansar. Le recetaron pastillas para dormir, jarabes y hormonas. Recibió terapia psicológica. Dejó de dar entrevistas. Mientras Máxima Acuña recuperaba fuerzas para su tercer juicio en Cajamarca, Yanacocha amplió su pool de abogados a seis y contrató a Arsenio Oré Guardia, una eminencia del derecho penal en el país y asesor de otras mineras poderosas como Barrick y Doe Run. La abogada Mirtha Vásquez reconoce que se sintió intimidada al litigar con Oré Guardia, autor de libros que ella había estudiado con obsesión en la universidad. Si antes habían perdido dos juicios, ahora existía el riesgo de perder contra un maestro del Derecho. La abogada Vásquez reunió a la familia Chaupe-Acuña en su oficina. Quería ser sincera: esa sentencia, les dijo, era la última oportunidad que tenían para ganar. Si perdían la familia debía considerar la posibilidad de irse a vivir a otra parte. Sí se quedaban sus vidas correrían peligro. Máxima Acuña le dijo que se quedaría a morir allí.
A fines de 2014, la Corte Superior de Cajamarca declaró que los Chaupe-Acuña eran inocentes de la supuesta ocupación ilegal de Tragadero Grande. Luego del fallo, Máxima Acuña creyó que la empresa minera Yanacocha dejaría de hostigarla para que se fuera. Entonces eligió con su familia una colina protegida por un cerro a doscientos metros de su casa para levantar una nueva vivienda, pues la que tenía estaba a punto de caerse por las lluvias. Ella y su familia abrieron zanjas, recolectaron piedras para las bases y empezaron a hacer las paredes con arcilla. Pero unas semanas después de que colocaran las primeras rocas, hombres de seguridad y obreros de Yanacocha ingresaron al terreno con picos y palas para destruir los cimientos. Máxima Acuña, su esposo y dos muchachos que en ese momento ayudaban a levantar los muros, intentaron defenderse con piedras. La seguridad de la minera los ahuyentó a garrotazos. Esa tarde, Yanacocha difundió un video de lo ocurrido. Dijo que el lugar donde los Chaupe-Acuña construían no pertenecía a las tierras en litigio, y que actuaron en defensa de su posesión. La abogada de Máxima Acuña desmintió a Yanacocha: el fallo de la Justicia, explicó, involucraba todo el territorio que abarca Tragadero Grande. Se trataba, dijo, de un acto intimidatorio. La policía de Cajamarca —que tiene un convenio para prestar seguridad a la minera— no intervino. Solo hubo un escuadrón de suboficiales a un lado del camino junto al terreno, observando desde lejos cómo Yanacocha deshacía en minutos lo que los Chaupe-Acuña habían construido.
Algunas oficinas de la sede principal de la minera Yanacocha, en Lima, se llaman El Perol, Mamacocha, Chailhuagón, Azul. Son los nombres de lagunas que podrían desaparecer por la extracción de oro del proyecto Conga. El químico Raúl Farfán es director de Asuntos Externos de la compañía y tiene su despacho junto a esas oficinas. Es un hombre joven de pelo engominado y ojos atentos que una mañana me recibió en su departamento de Chacarilla, una zona residencial de Lima. Su trabajo es encargarse, entre otras cosas, de las buenas relaciones entre la minera y las comunidades. Él, quien ha dedicado la mitad de su vida a temas de responsabilidad social en compañías como Shell, Antamina y Xtrata, dijo que entendía las razones por las que la población desconfiaba de Yanacocha —«es normal que en estos casos sintamos simpatía por el más débil»— pero que no todo lo que había declarado la familia era cierto.
—No destruimos su casa —aseguró Farfán, quien llevaba diez meses en su cargo— sólo removimos los cimientos de una nueva construcción para que no sigan invadiendo nuestro predio.
Para explicar mejor las razones de esa decisión, el químico sacó un mapa. En él estaban contemplados dos terrenos comprados a la comunidad de Sorochuco en 1996 y en 1997 por el proyecto Minas Conga. Dentro de esas compras estaría incluido el predio Tragadero Grande que Máxima Acuña y su familia reclaman como suyo. La junta directiva de Sorochuco firmó los documentos de compra-venta. Samuel Chaupe, suegro de Máxima Acuña, también firmó y avaló la transferencia del terreno. De hecho, dijo Farfán, hay fotos satelitales para probar que los Chaupe-Acuña mienten al decir que vivieron allí desde 1994: en esas imágenes no hay chozas ni chacras. Para la empresa, la familia invadió los terrenos recién en 2011, cuando estalló el conflicto de Conga. Yanacocha dice que el certificado de posesión que muestra Máxima Acuña no es un título de propiedad. Que solo la comunidad de Sorochuco, que sí tenía títulos, podía vender esas tierras. Que por eso los denunció y pidió a la policía desalojarlos. Esa es su versión.
—Con la construcción de la nueva casa, estaban cometiendo una nueva invasión —dijo Farfán—. Si ves que alguien extraño construye en tu propiedad, tienes el derecho de remover esos cimientos en los quince días siguientes. Eso dice la ley. Hemos defendido nuestra posesión.
Miguel Ayala, quien era presidente de la comunidad de Sorochuco cuando se vendieron los primeros terrenos para el proyecto Conga, dice que la versión de la empresa está distorsionada.
—La minera dice que la familia ha invadido, pero cómo puede ser si hace quince años yo firmé y les di a los Chaupe el certificado de posesión de su terreno —dice—. La comunidad es testigo de que ellos vivían allí incluso desde antes de que tuvieran el certificado.
Sentado en un rincón de la bodega que tiene en Cajamarca, Ayala recuerda que los esposos Chaupe-Acuña llegaban desde Tragadero Grande a Sorochuco para hacer trueque. Traían papas y ollucos y las cambiaban por las arvejas o el maíz que otros comuneros como Ayala producían. En las alturas de Celendín, Máxima Acuña era vecina de su suegro, Samuel Chaupe, quien sí vendió su parcela a la mina porque firmó el documento que cedía los terrenos a Yanacocha.
—Máxima y Jaime no firmaron —dice Ayala— por lo tanto no vendieron su predio.
La disputa entre la familia de Máxima Acuña y la empresa minera se convirtió también en un asunto de números e interpretaciones geográficas. En 2012, cuando la disputa entre los Chaupe-Acuña y Yanacocha recién se iniciaba, un experto del Gobierno Regional de Cajamarca, el ingeniero civil Carlos Cerdán, viajó hasta Tragadero Grande, el predio de la discordia. Cerdán, un hombre flaco de nariz angulosa y de anteojos gruesos, es experto en mapas. Durante una mañana el especialista delimitó el área exacta del terreno usando tres GPS, la carta nacional y los límites que registran las escrituras de ambas partes. El estudio concluyó que la parcela adquirida por los Chaupe-Acuña —casi veinticinco hectáreas— no formaría parte de las tierras compradas por Yanacocha. O en todo caso, me explicó Cerdán, sólo una parte estaría dentro del terreno de la empresa, pero no toda la parcela. Esto ocurre por un detalle: si bien los límites están claros en los documentos de ambas partes, hay problemas de cálculo. Todo es una confusión de números y papeles que no se ajustan a la realidad. No hay mapas infalibles.
—Pero todos cometemos errores —dijo el ingeniero—. Incluso puede que yo esté equivocado.
El estudio del experto en mapas no fue considerado en ningún momento del juicio. Tanto la defensa de los Chaupe-Acuña como la de Yanacocha han reconocido que para resolver la disputa sería necesario ir a un juicio civil donde cada uno presentara sus pruebas para demostrar quién es el propietario. Aún cuando este proceso se inicie, Yanacocha no dejará que Máxima Acuña y su familia construyan una nueva casa.
—Queremos evitar que haya una invasión sistemática de terrenos, que venga otra familia y quiera invadir —dice Raúl Farfán, directivo de Yanacocha—. No queremos sentar un precedente.
El gerente de Asuntos Legales de la minera, el abogado Wilby Cáceres, es más enfático en su temor. Para él, la zona donde los Chaupe-Acuña intentan construir otra vivienda ha sido habitada por dirigentes antimineros durante las protestas contra el proyecto Conga. «Nos preocupa que la propiedad sea ocupada por ellos». Aunque otros ejecutivos de Yanacocha no lo reconocerían delante de una grabadora, hay otra razón evidente: si Máxima Acuña y su familia se quedan ahí, Conga no podría realizarse.
La Dama de la Laguna Azul está de pie, vigilando sus ovejas sobre la pampa. Lleva un radio a pilas colgado en el hombro derecho y escucha huaynos de una emisora evangélica llamada Tigre. Ha pasado un mes desde la vez que ella picaba y cargaba piedras en esta colina, solo que ahora el terreno que pisa está cubierto con escombros de barro, paja y madera mojada por las lluvias. Son los restos que quedaron de lo que iba a ser su nueva casa. Junto a ellos, a unos metros, la minera Yanacocha ha colocado un extenso cerco de malla a lo largo de una pradera para criar alpacas. Dentro hay una caseta de seguridad que mira directamente a la casa de Máxima Acuña. La campesina dice que uno de los vigilantes se acercó hace unos días para ofrecerle trabajo a su esposo. Le dijo que Yanacocha ya no quería pelear.
—Ahora quieren paz, quieren diálogo. ¿Acaso soy cualquier cosa para que me hagan lo que les da la gana y de ahí no pasa nada? —se queja Máxima Acuña, levantando la voz en medio de la pampa—. Me han difamado. Han golpeado a mis hijos. Ahora quieren darnos trabajo. Prefiero no tener plata. Mi tierra me hace feliz, pero el dinero no.
Por esos días, algunos medios habían difundido la existencia de unos títulos de propiedad que demostraban que los esposos Chaupe-Acuña era dueños de otros nueve terrenos —casi ocho hectáreas en total— en Sorochuco. Esas noticias daban a entender que la familia llegaba a un terreno vacío, lo ocupaba y luego se lo apropiaba. Sin sutilezas, presentaban a Máxima Acuña con una usurpadora profesional. Ysidora Chaupe, hija mayor de la campesina, recuerda que luego de esas noticias recibió decenas de llamadas de gente que apoyaba su causa y que le preguntaba si en verdad tenían más terrenos y por qué no lo habían mencionado antes.
—Nos han difamado diciendo que tenemos una casa en Cajamarca, que mi mamá es una terrateniente, que ella ha trabajado en un chifa de Lima, que quiere sacarle plata a la mina —me dijo Ysidora Chaupe, mientras amamantaba a su hijo recién nacido—. Pero no nos importa si la gente no nos cree. Tenemos los documentos. Ya declaramos todo en el juicio.
En las escrituras de compra-venta que guarda Máxima Acuña, esos terrenos aparecen como herencia de sus padres o compras a sus hermanos, por los que ha pagado un carnero o un toro. Son parcelas dispersas, ubicadas en laderas de cerros. Algunas tienen pasto, en otras hay leña, maíz o arvejas que solo se pueden cultivar cuando llueve. Se calcula que una familia campesina de la sierra del Perú necesita poseer treinta y dos hectáreas de tierra para producir el equivalente a una hectárea de tierra en la costa, por las dificultades que presenta. Tragadero Grande, dice Máxima Acuña, es el único lugar que tiene para vivir porque allí hay pasto abundante, el territorio es extenso para tener ganado y sobre todo porque, a diferencia de los otros terrenos, es el único que tiene fuentes de agua: allí hay manantiales por todos lados. A pesar de eso, algunos medios acusaron a su abogada Mirtha Vásquez y a Grufides, la oenegé que dirige, de victimizar a la familia Chaupe-Acuña. Dicen que Vásquez es inmoral y mentirosa. Incluso, cuenta la abogada, han ingresado a su casa dos veces para romper todas sus cosas. No puede asegurar quiénes fueron pero lo sospecha, porque no le robaron nada.
—Algo nos tenían que cobrar —dice Vásquez, que también es profesora en la universidad y madre de dos hijos—. Yanacocha no va a perdonarnos que le hayamos ganado un juicio. Solo temo por Máxima y su familia. A veces pienso que esto nos está costando más que lo que valen veinticinco hectáreas de terreno.
Hasta marzo de 2015, la minera Yanacocha había puesto seis denuncias más por usurpación a la familia Chaupe-Acuña. Los han denunciado por hacer una chacra de papas, por plantar pinos en sus linderos, por salir a pastar las ovejas en otra zona del terreno, incluso por quemar ichu para llamar a la lluvia, como es costumbre entre los campesinos de la zona. Ahora hay un cerco de metal al costado de su terreno que les ha cerrado el camino a Sorochuco donde hacen trueque o compran algunos alimentos. Los comuneros y activistas que defienden las lagunas de Cajamarca están organizándose para llegar hasta allí, construir la casa de los Chaupe-Acuña y montar guardia para protegerlos. El presidente regional de Cajamarca, Porfirio Medina, ha dicho que si algo le pasara a la campesina, «el pueblo librará todas las batallas necesarias contra los abusos de la minera». Máxima Acuña solo insiste en que así venga el dueño de Yanacocha a disculparse, no sacará de su mente lo que ha sufrido.
—Eso está sembrado dentro de mí —dice.
Una lluvia gruesa cae de pronto sobre Tragadero Grande. Máxima Acuña apura el paso de sus botas de jebe para volver a su casa. Un perro blanco y escuálido la sigue sin dejar de ladrarle.
—Se llama Johnny —dice la campesina y suelta una risa irónica.
Dice que es en “honor” al vigilante de Yanacocha que quemó su primera choza, y que tenía el mismo nombre.
Una de las últimas noches que pasé en Tragadero Grande, días antes de que destruyeran los cimientos de la nueva casa, la pareja de campesinos y yo cenamos un plato de sopa de fideos, envueltos en varias frazadas, sobre un par de colchones. Las camionetas de seguridad de Yanacocha se habían estacionado cinco veces frente a su terreno durante ese día. Unos vigilantes —acompañados de policías con cascos, garrotes y escudos, pero sin identificación— ingresaron al predio para tomar fotos y filmar lo que los esposos construían.
—Algo malo va a pasar, mi coca se ha puesto amarga —susurró Jaime Chaupe, un hombre supersticioso, mientras masticaba hojas de coca y fumaba un cigarrillo—. No sé, hay veces en que quiero largarme ya.
La lluvia golpeaba el techo de calamina, como si intentara romperlo.
—No te acobardes —dijo Máxima Acuña—. A esos policías no les tengo miedo.
Entonces apagó la vela y se acostó junto a su esposo.♦
Choropampa: 15 años sin respuestas
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A 15 años de uno de los desastres ambientales más nocivos que haya sufrido el país, el derrame de mercurio en Choropampa dejó impactos irreversibles en la salud de su población, desolación y pobreza. Hoy 8 de cada 10 choropampinos son pobres, mientras que 6 de cada 10 viven por debajo de la línea de la pobreza.
Publicado el 26 abr. 2015
Por: ElGran Angular
Territorio Yanacocha: relatos de impunidad
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Fuente: elgranangular.com
Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.
Perú es el cuarto país del mundo más mortal para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad, la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.
Recorremos Cajamarca, el paso de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.
La lucha del campesino Isidro Llanos
Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.
“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.
El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.
¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen. “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.
“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable”
Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20% en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012. Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.
María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse, y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo, como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga, hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.
Fuerzas armadas versus policía
El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.
Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo, que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.
Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.
Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.
El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.
“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”
Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.
Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”. Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.
“El agua es la vida”
El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.
El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.
En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación. En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca, la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.
“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.
El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar le había recomendado que no saliera a la calle porque habían protestas. Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven iba a formar parte de ese escaso 32% de ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a su casa sobre las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo. Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró tumbado en una camilla.
Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza. El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.
José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.
Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.
“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.
Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.
José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por una calle cercana a la Plaza, un impacto de bala le lesionó el pulmón y tórax, causando su muerte.
Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.
Las muertes de Conga
Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.
En la plaza, se confunde el pasado con el presente, cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.
En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.
En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012, afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.
Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.
Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.
“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio. Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos de gravedad además 8 civiles. “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.
“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”
Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5 de julio de 2012. Este cambio hizo que la detención al ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.
De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.
Convenios entre Yanacocha y la PNP
En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.
Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.
“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.
“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí, era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.
Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá, y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable, limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años. “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.
Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamán, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.
La disposición fiscal del 7 de enero de 2014 por el que se archivó el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala: “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”. “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.
“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes, que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.
“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.
“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva”
¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.
Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.
“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.
Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.
Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP
Minera Yanacocha afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.
La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).
Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)
Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.
En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.
En EEUU reclaman a Newmont detener abusos a los derechos humanos
Publicado: 23 abril, 2015 en NOTICIAS
Etiquetas:Cajamarca, Celendín, Minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation, proyecto conga
Payal Sampat, Shreema Mehta, Mirtha Vásquez, Alan Septoff y Katherine McDonnell antes de entregar 150 mil firmas en apoyo a Máxima Acuña a la Junta Directiva de Newmont Mining Corporation. Foto: EarthRights International
– Representantes de organizaciones sociales del Perú y Estados Unidos entregaron 150 mil firmas a la reunión anual de accionistas en Delaware, EEUU para exigir el cese inmediato al hostigamiento a los opositores al proyecto minero Conga.
Servindi, 22 de abril, 2015.- Accionistas disidentes y organizaciones sociales de Perú y Estados Unidos participaron de la reunión anual de accionistas (AGM por sus siglas en inglés) de la empresa Newmont Mining Corporation donde entregaron 150 mil firmas pidiendo el cese del hostigamiento a los opositores al proyecto minero Conga.
“Newmont ha respondido a la resistencia comunitaria contra el megaproyecto minero Conga utilizando a la policía y a la empresa de seguridad privada Securitas para hostigar e intimidar a residentes de Cajamarca, como Máxima Acuña y Elmer Campos, que se oponen a sus planes.”
Así lo informó una nota de prensa emitida hoy por la asociación Grufides, EarthRights International, EarthWorks y SumOfUs.org.
En la reunión celebrada en la ciudad de Wilmington, Estados Unidos, asistió Mirtha Vasquez, directora de Grufides y representante legal de Máxima Acuña de Chaupe.
Ella sostuvo que “Los directivos de Newmont deben renunciar públicamente al hostigamiento contra Máxima y otros ciudadanos de Cajamarca que se oponen al proyecto Conga”.
“De otro modo, la empresa se volverá internacionalmente famosa por descartar sus compromisos con los derechos humanos y la licencia social tan pronto como se vuelven inconvenientes” agregó la abogada.
Los derechos de la señora Acuña han sido reconocidos por el sistema judicial y los organismos de derechos humanos del Perú, pero aun así debe soportar la constante intimidación de la segunda mayor productora mundial de oro.
Máxima Acuña no pudo asistir personalmente a la reunión anual de accionistas porque teme lo que podría ocurrir en su casa durante su ausencia, detalló su abogada.
Por su parte, Elmer Campos fue herido durante las protestas sociales contra el proyecto minero Conga en el año 2011 y alega que la bala que lo dejó inválido provino de la policía contratada por Minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont.
Por su delicado estado de salud, Campos tampoco pudo asistir personalmente a la reunión de accionistas en Delaware.
Máxima Acuña en diario El País: “Soy pobre y analfabeta, pero lucharé por nuestras montañas”
Publicado: 22 abril, 2015 en NOTICIAS
Etiquetas:#MaximaNoEstaSola, abuso policial, Cajamarca, Celendín, Máxima Acuña, Minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation, proyecto conga
En el norte de Perú, Máxima Acuña defiende su tierra ante la mayor productora de oro de Sudamérica
Máxima Acuña de Chaupe resiste en la Laguna Azul.
Por: SARA CUENTAS RAMÍREZ (7 ABR 2015)
En Tragadero Grande, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco, Región de Cajamarca, al Norte de Perú, una mujer de 44 años hace oír su voz. “Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las destruya”, dice con firmeza Máxima Acuña de Chaupe, quien lleva resistiendo cuatro años de litigio y múltiples intentos de desalojo por parte de la Minera Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica.
El proyecto Conga está administrado por la sociedad anónima Minera Yanacocha —constituida por las empresas Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) yCorporación Financiera Internacional(5%)—, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.
Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra. “Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna”. En 2011 ella denunció a Yanacocha ante la fiscalía de Celendín porque quiso arrebatarles por la fuerza su predio Tragadero Grande. “Desde ese año, vivimos intranquilos, como secuestrados entre las montañas, porque la minera nos acosa y controla nuestras entradas y salidas”.
El rol policial en el conflicto
Desde que se inició el litigio, Máxima denunció en reiteradas ocasiones ser víctima de agresión policial. Pese haber pedido garantías para ella y su familia, la policía sólo brinda protección a la minera. “Hasta estos momentos la policía y el personal de la minera siguen atacándonos con abusos y atropellos y destrucción de mi propiedad”. Explicó que en una oportunidad una de sus hijas terminó inconsciente debido a los golpes de agentes de la División de Operaciones Especiales (Dinoes).
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú(Idehpucp), en un informe publicado en noviembre del 2013, señala que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes) afirma tener 22 convenios con empresas extractivas, uno de ellos con el Proyecto Conga, los cuales se dan mediante un Plan de Operaciones, donde la Diroes a través de la Dinoes, dispone su personal, armamento y equipamiento operativo para cubrir las necesidades de seguridad de las empresas, las cuales, a su vez, otorgan un beneficio a la policía y al Estado Peruano.
A inicios del 2015 la Minera Yanacocha reanudó las intervenciones policiales. “El 20 de enero, policías y seguridad privada, contratados por la minera, volvieron a hostigarnos e intimidarnos. El 3 de febrero, 200 hombres de la DINOES, personal de seguridad, ingenieros y obreros destruyeron la casa que estábamos construyendo. Y el 5 de febrero colocaron unos cercos al lado de mi terreno y una caseta para vigilarnos a mí y a mi familia.”
La minera se remite a una hoja informativa en la que asegura que en 1996 compró varios terrenos a la Comunidad de Sorochuco, entre ellos el de Tragadero Grande. “La propiedad de Yanacocha sobre los predios en cuestión está acreditada por los documentos de transferencia que son legalmente válidos, que han sido debidamente inscritos, y por varias actuaciones fiscales y documentos que obran en el proceso judicial”. Además, sostiene que “la venta de los terrenos se realizó con la aprobación de la Asamblea de la Comunidad Campesina de Sorochuco, y los documentos de venta fueron firmados por los representantes de la comunidad y por miembros que actuaron como testigos, incluyendo al señor Samuel Chaupe Rodríguez, padre de Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña”.
Pero Máxima aclara: “En 1996 la minera fue comprando a cada familia sus predios. Nuestros vecinos nos preguntaban por qué no vendíamos. ‘Esta es nuestra tierra y aquí nos quedaremos’, les dijimos”. Ella compró el predio a la Comunidad de Sorochuco en 1994. “Tengo el certificado de posesión donde se reconoce que soy propietaria y comunera. Nos dedicamos a la agricultura y al pastoreo, cultivamos papas y ocas, no hacemos daño a nadie”.
En 2011 Máxima pasó de ser denunciante a denunciada. “Yanacocha nos demandó por usurpación agravada. Ordenaron que nos desalojaran, incluso que fuéramos a la cárcel y que pagáramos una reparación a la minera”. Para entonces, su historia ya era conocida entre las organizaciones de derechos humanos y se había convertido en símbolo de la lucha contra el proyecto Conga. La ONG Grufides asumió la defensa legal y finalmente, en diciembre de 2014 y en segunda instancia, la corte de Cajamarca la declaró inocente del delito de usurpación agravada.
Sin embargo, la minera sostiene que la sentencia a favor de Máxima es en el ámbito penal y no la reconoce como dueña. La opción que queda ahora es ir a un juicio civil para esclarecer el tema de la propiedad de este terreno de 23 hectáreas. De momento, la defensa de Máxima ha denunciado a Yanacocha por usurpación agravada y ha presentado un recurso de habeas corpus para impedir lo que consideran hostigamiento.
#‎MáximaNoEstáSola
Máxima ya no está sola, su sufrimiento ha despertado la solidaridad de diversas organizaciones y personas, y es una figura internacional. LaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, pidieron al Estado Peruano garantizar la vida e integridad de Máxima Acuña y su familia.
Residencia de Máxima Acuña de Chaupe en la Laguna Azul.
La Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca, integrante de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM), red regional de mujeres de origen rural e indígena afectadas por prácticas y políticas mineras, presentaron una denuncia ante elMinisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ante la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando su intervención ante esta grave violación de los derechos humanos.
Melissa Wong Oviedo, representante de ULAM sostiene: “En América Latina es creciente la violencia psicológica, física y ambiental contra las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes por parte de las industrias extractivas. Son despojadas de su territorio, son víctimas de la trata y abusadas sexualmente. La industria extractiva les afecta más que a los hombres, porque se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de agua, son las garantes de la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias y pierden su trabajo al ver sus tierras improductivas. Además, como el caso de Máxima, se exponen a la intimidación y abusos de trabajadores mineros y son criminalizadas por sus gobiernos, por denunciar y protestar”.
Máxima sostiene que el Presidente Ollanta Humala les ha traicionado: “En su campaña electoral nos prometió proteger el medio ambiente y el agua. Ahora no dice nada y calla ante los intereses de la empresa minera. Le pido que se pronuncie y deje de defraudar a la población”.
Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra: “Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna”
Insiste que no se dejará sobornar por la mina, que no venderá su predio porque no busca beneficio personal y suceda lo que suceda continuará con su causa. “Nuestra lucha no sólo es por mi familia y mi terreno, es por todas las comunidades, por la salud de las personas y para proteger a la laguna”. Sostiene que en Cajamarca hay poblaciones donde la mayoría tiene cáncer porque tienen plomo en la sangre y nadie dice, ni hace nada. “Yo no voy a callar, sé que vendrán a buscarme y me van a desaparecer. Pero en el campo he nacido y en la tierra moriré”.
“A las hermanas y hermanos de todo el mundo les pido que sigan apoyando nuestra causa, porque su solidaridad nos protege, nos da ánimo y aliento”. Máxima pide ayuda internacional para que se haga justicia: “No es posible que una empresa abuse y hostigue a una familia que no tiene más sustento para vivir que el alimento que le dan la tierra y el agua”.
El 6 de marzo, la Red Latinoamericana de Mujeres ULAM, otorgó a Máxima el premio Defensora del Año 2014. Lina Solano Ortiz, presidenta de esta organización, sostuvo: “Ella es símbolo de las luchas de las mujeres en Latinoamérica, más aún, cuando se encuentran en situación de riesgo”. Máxima Acuña fue seleccionada para este premio a través de una votación mundial vía internet, entre siete mujeres seleccionadas para obtener este reconocimiento.
Juez de Estados Unidos ordena a Minera Newmont entregar pruebas sobre el caso Elmer Campos
Publicado: 20 marzo, 2015 en NOTICIAS
Etiquetas:abuso policial, Dinoes, Minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation, Proyecto Conga - Minas Conga, USA
Manifestaciones contra el proyecto minero Conga ocurridas el 29 de noviembre de 2011
– Novedosa herramienta legal aportará información sobre la jornada represiva del año 2011 en la que Campos resultó herido y por la cual padece hemiplejia.
Servindi, 19 de marzo 2015.- Un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga ubicado en la región de Cajamarca, al norte de Perú.
EarthRights International (ERI) presentó la solicitud en 2014 en nombre de Elmer Eduardo Campos Álvarez, un campesino peruano de 33 años de edad que resultó inmovilizado de la cintura para abajo por un disparo de arma de fuego que recibió en la espalda mientras se manifestaba pacíficamente cerca del área del proyecto minero.
Ciudadano de la provincia de Cajamarca, donde se proyecta desarrollar la mina, Campos fue uno de los 24 manifestantes heridos aquel 29 de noviembre de 2011.
Campos alega que fue baleado por la Policía Nacional del Perú bajo contrato con Minera Yanacocha, de la cual Newmont es accionista mayoritaria y operadora.
Además de quedar paralizado de forma permanente, Campos perdió un riñón y el bazo como consecuencia de la violenta represión policial.
El juez Robert E. Blackburn emitió una orden el lunes 16 de marzo de 2015 bajo la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite solicitar pruebas en los Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar casos legales en otros países.
Luego de conocer la sentencia, Elmer Campos declaró: “Estoy muy contento con la noticia de que el juez de Colorado hizo justicia a favor del valor de la naturaleza y el agua como fuente de vida, porque aquí en el Perú no existe una verdadera justicia para los campesinos”.
Actualmente, en el Perú se lleva adelante una investigación penal contra los dos agentes al mando del operativo policial durante los sucesos de 2011 y una demanda civil contra la Policía. Campos es representado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en estas demandas.
“La decisión requiere que Newmont entregue numerosos documentos que esperamos puedan arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a los disparos de arma de fuego y la parálisis del señor Campos,” dijo la abogada de ERI Marissa Vahlsing.
Las evidencias incluyen fotos y videos relacionados con las protestas cerca de la mina Conga, informes de seguridad de Yanacocha, comunicaciones entre Yanacocha y la policía y comunicaciones internas de la empresa. Asimismo, el tribunal accedió a la solicitud del demandante de tomar declaración jurada a un representante de Newmont.
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, comentó: “Perú ha sido testigo de muchos casos de represión a manifestantes en los últimos años. Esta decisión de la Corte de Estados Unidos fortalecerá la capacidad de Elmer Campos de obtener justicia en el Perú y permitirá que nuestros tribunales puedan investigar a fondo el caso”.
La legislación FLA ha sido utilizada antes por grandes corporaciones como Chevron para recabar información sobre sus opositores y críticos.
Planteos como el de Campos han permitido revertir la herramienta legal hacia quienes cuestionan el poder de las corporaciones.
Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/125598
El Premier queda fuera de cuadro
Publicado: 13 abril, 2012 en NOTICIAS
Etiquetas:agua, Celendín, conga, Newmont Mining Corporation, Ollanta Humala, Valdez
Por: Carlos Reyna
El paro de Cajamarca contra el proyecto Conga parece haber sido exitoso como movilizador de marchas y manifestaciones, quizás no tanto como interrupción de actividades económicas.
Las primeras imágenes que difundieron en sus webs tanto El Comercio como Radioprogramas, dejaron entrever que la adhesión al paro había sido amplia, plural y a la vez pacífica, teniendo sus puntos más altos en Cajamarca ciudad, Bambamarca, Celendín y Jaén.
Hay quienes se extrañan porque la protesta se realizara antes de que se conozcan los resultados del peritaje del estudio ambiental. En realidad, sus promotores daban por descontado que el peritaje será favorable al proyecto minero. Y es probable que concibieran el paro como un ensayo para nuevas luchas después de conocido el peritaje.
La perspectiva de un conflicto cada vez más agudo es por ahora la más probable. En diciembre pasado el conflicto se congeló porque el gobierno jugó dos cartas muy fuertes en ese momento: Estado de Emergencia y sacar tropas a las calles. A su vez, los líderes de la protesta tuvieron el tino de replegarla para recomponer sus cuadros.
Desde entonces, para recomponer sus filas, dichos líderes lanzaron primero la Marcha Nacional por el Agua y ahora este Paro. Por las concurridas manifestaciones que han logrado, pareciera que lograron sus objetivos.
En cambio, desde el gobierno no se hizo nada nuevo más allá del peritaje, de sacar otra vez a las tropas y de jugar a la división de sus adversarios. Ya estaba cantado que otra vez habría soldados y policías en los focos del conflicto. Pero el bloque social opositor ya no se replegó ni tampoco salió a confrontar. Por el contrario, dio a la protesta un sesgo muy pacífico, y le resultó.
Si las cosas, en Cajamarca o en otras sedes de conflictos, marchan hacia una agudización mayor, quizás sea la hora de que el gobierno evalúe la continuación en el cargo de premier de don Óscar Valdés, un político que no se ha dado cuenta que es político y que por eso suele menospreciar el diálogo, enarbolar en exceso el principio de autoridad y cuidar muy poco lo que dice.
Esta vez, en la víspera del paro de Cajamarca, don Óscar tuvo declaraciones que deben haber sumado una buena cantidad de adhesiones a la protesta. “Somos respetuosos de las manifestaciones que pueda hacer el pueblo, lo que no vamos a permitir son actos de violencia”, dijo.
Pero ¿no era un violento acto de amedrentamiento eso de hacer entrar centenares de soldados y policías, armados hasta los dientes, para que ocuparan las calles de Cajamarca, Bambamarca y Celendín?
¿Y qué va a hacer si el conflicto continúa o aparecen otros de similar envergadura en otras partes? ¿Sacar más tropas, convertir al gobierno en un adicto a las soluciones militares y restarle cada vez más seriedad con sus declaraciones excéntricas?
Todo gobierno debe cuidar su legitimidad, pero quizás en el entorno del Presidente haya más de uno que trabaja para erosionarla.
Gobierno regional de Cajamarca recibió peritaje alterno de Conga
Publicado: 7 marzo, 2012 en NOTICIAS
Etiquetas:Cajamarca, conga, Gregorio Santos, Newmont Mining Corporation, Ollanta Humala, Peru, yanacocha
Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, reveló que la ONG Grufides le entregó el informe sobre Conga elaborado por el hidrogeólogo norteamericano Robert Morán.
Fuente; http://www.rpp.com.pe
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, informó que durante 20 días el perito internacional contratado por la ONG Grufides, Robert Morán, realizó un estudio de las aguas superficiales y subterráneas de las lagunas de Conga.
Santos aseguró que este informe ya lo tiene en sus manos y el estudio también gira en torno a la calidad del agua, carga y recarga de los humedales, además de lo que significaría la explotación minera a tajo abierto.
La autoridad regional también criticó la visita de los peritos internacionales contratados por el Estado, pues la mitad de su trabajo debería ser en las lagunas de Conga y la otra mitad en un gabinete.
Rentabilidad de Conga es baja pero permitirá proyectos más sofisticados
Etiquetas:Buenaventura, conga, Newmont, Newmont Mining Corporation, Santa Cruz, yanacocha
Vicepresidente regional en Sudamérica de Newmont, Carlos Santa Cruz, afirmó que Yanacocha está haciendo una reevaluación del costo del proyecto.
¿Qué tan rentable es el proyecto Conga para que siga adelante? Según el vicepresidente regional para las operaciones en Sudamérica de Newmont, Carlos Santa Cruz, la rentabilidad de este proyecto es de 10%, que está por debajo del promedio de los de su tipo, pero su ejecución permitirá desarrollar proyectos mineros más sofisticados.
“Proyectos de este tipo de minería la rentabilidad del 14% ó 15%. Sin embargo la decisión de Conga no es solo un tema de rentabilidad, sino de estrategia de largo plazo en el desarrollo de un megadistrito minero y se justifica tanto para los directorios de Newmont y Buenaventura que son los socios mayoritarios en Conga”, afirmó.
Si bien es muy difícil predecir los precios de minerales en el futuro, Yanacocha estimó que con la onza de oro a US$1.500 y la libra de cobre a US$3.5, la rentabilidad de Conga está alrededor del 10%.
Eso quiere decir que de los US$5.000 millones que se va a invertir en el proyecto, la rentabilidad de este será de US$500 millones. “Esta es la realidad del proyecto”, añadió Santa Cruz.
Es así que Yanacocha considera que Conga es el puente entre los minerales iniciales que se encontraron y los minerales más complejos que aparecerán en un futuro y requerirán de procesos más sofisticados.
Entre la infraestructura que se tendría en el futuro están las plantas de tostación de minerales y de lixiviación bacteriana que son depósitos que necesita un tecnología diferente y que requiere de más investigación.
“En el interín, Conga da el tiempo suficiente de transición entre esta producción declinante que tiene hoy Yanacocha después de haber trabajado óxidos, a trabajar minerales como oro y cobre, y con el tiempo necesario para poder desarrollar la tecnología y la infraestructura necesaria para trabajar depósitos más sofisticados”, señaló.
Asimismo, Santa Cruz aseguró que Yanacocha está en busca de encontrar la viabilidad social del proyecto Conga pero el tiempo no es indefinido.
“Estamos haciendo una revaluación del costo del proyecto en estos momentos y estará lista en las próximas semanas, y se reevaluará constantemente conforme las cosas vaya evolucionando constantemente”, puntualizó.
Periodista Cajamarquino denuncia a Yanacocha por explotar a menores de edad
Publicado: 6 marzo, 2012 en NOTICIAS
Etiquetas:Cajamarca, conga, Denuncia explotación de niños por Yanacocha, Newmont Mining Corporation, Peru, yanacocha
El respetado periodista cajamarquino que publicara fotografías en la que se muestra a niños distribuyendo periódicos propagandísticos a favor del Proyecto Conga, claro hecho de explotación de niños por la empresa minera Yanaocha; denunció el hecho ante Fiscalía de Cajamarca.
Jorge Pereyra (Periodista)
Publica en su cuenta de Faceboock denuncia realizada a Minera Yanacocha
HE DENUNCIADO A YANACOCHA POR EXPLOTAR MENORES DE EDAD
Este lunes por la mañana procedí a denunciar a Yanacocha ante la Tercera Fiscalía Provincial Civil y de Familia por haber EXPLOTADO LABORALMENTE a varios MENORES de edad, durante este pasado fin de semana, para que distribuyeran un pasquín propagandístico a favor del proyecto Conga.
Como ciudadano cajamarquino me siento muy indignado por la PREPOTENCIA de esta empresa minera al haber utilizado de manera ilegal niños campesinos cajamarquinos para estos asquerosos fines. Algunos de estos niños me manifestaron que Yanacocha les había ofrecido pagarles 10 céntimos por cada ejemplar distribuido.
Yanacocha ha puesto de manera imprudente en RIESGO la seguridad de estos menores de edad, pues sabe muy bien que el tema Conga cuenta con la repulsa total de la población cajamarquina. ¿Dónde está su RESPONSABILIDAD SOCIAL?.
Soy consciente que la minera SIEMPRE gana cualquier juicio o demanda que se entabla contra ella y no abrigo mayor esperanza de encontrar justicia ni de que será reconvenida y castigada por esta torpe acción suya. Pero no podía dejar que pasara así como así esta flagrante injusticia contra la niñez cajamarquina.
Hay dos peritajes internacionales sobre Conga
Publicado: 1 marzo, 2012 en NOTICIAS
Etiquetas:Cajamarca, conga, Newmont Mining Corporation, Ollanta Humala, Peru, yanacocha
Serán una herramienta técnica para respaldar la posición del gobierno regional de Cajamarca, dijo miembro de Ingeniería sin Fronteras. Tienen serias observaciones al EIA del proyecto.
Elizabeth Prado.
A tres días de iniciado el peritaje internacional contratado por el Ejecutivo para evaluar el impacto hídrico del proyecto minero Conga, en la ciudad de Cajamarca, se ha anunciado que ya están concluidos dos estudios técnicos que especialistas también internacionales han realizado al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto promovido por la empresa Yanacocha.
El primero lo realizó el hidrólogo y geoquímico norteamericano Robert Morán. Este especialista, contratado por organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos, estuvo en Cajamarca desde el 2 al 22 de febrero y en esos días hizo trabajos de campo, entre ellos el análisis de agua en las lagunas Azul y Cortada, así como en el río Adibamba y en los bofedales aledaños.
El informe de Morán está siendo traducido al castellano, y Laura Lucio González, de la ONG Ingeniería Sin Fronteras, quien acompañó el trabajo del consultor norteamericano, adelantó que se han hecho serias observaciones al EIA del proyecto minero.
“El mayor problema está en el tratamiento de las aguas subterráneas. El EIA del proyecto minero no aporta un inventario completo de los puntos de agua, lo que es importante para evaluar posibles impactos en las aguas subterráneas”, manifestó.
SERIAS OBSERVACIONES
Precisó que la zona donde están las lagunas que serían afectadas son de roca caliza que genera cuevas e interconexiones subterráneas y dan lugar al brote permanente del agua en las fuentes lacustres.
“Yanacocha dice que las lagunas se abastecen de agua de lluvias, esto es falso, se abas tecen de agua subterránea y si van a hacer excavaciones de 650 metros de profundidad como indican, entonces, esas aguas subterráneas van a ser afectadas”, comentó.
Otro punto no claro en el EIA del proyecto minero está referido al agua que se estancará en el tajo. “En el EIA dicen que bombearán entre 130 y 350 litros por segundo, se trata de agua contaminada y no se sabe a dónde irá a parar, tampoco lo señalan”, acotó Lucio que trabaja con Grufides, la ONG ambientalista que integra la Comisión Ambiental del Gobierno Regional de Cajamarca.
Igual deficiencia detectaron en lo referente a los reactivos que utilizarán en la planta de procesamiento para obtener el concentrado que se exportará. “No explica cuáles son los riesgos para la población al transportar el material reactivo, no olvidemos el daño que produjo el derrame de mercurio en Choropampa” rememoró Lucio.
Esta evaluación al Estudio Ambiental del proyecto Conga fue ejecutada en noviembre pasado por el hidrogeólogo español Javier Lambán Jiménez, como una colaboración de la ONG Ingenieros Sin Fronteras de Barcelona.
El perito considera que el estudio hidrogeológico de Conga no presenta una estructura, desarrollo y contenidos adecuados porque no diferencia apartados importantes en un estudio de este tipo como son el inventario de puntos de agua, la diferenciación de acuíferos, la recarga y descarga hídrica, además del funcionamiento hidrológico de las lagunas y bofedales.
El integrante de la Sociedad de Geología de España dice en su informe que no se hace referencia a la zona de recarga de los acuíferos ni se cuantifica dicha recarga mediante ningún método como sería un simple balance hidrometeorológico.
También señala que “se cometen fallos conceptuales como hablar de evaporación potencial y no de evapotranspiración potencial”. A esto Lambán añade que el EIA de Conga no menciona cuál es la evapotranspiración real obtenida ni el método que se utilizó para su cálculo.
Lambán coincide con Morán en que la mayor parte de las lagunas que podrían afectarse con el proyecto minero están en zonas de descarga de aguas subterráneas. Y con respecto a la descarga subterránea a través de ríos y canales, anota que “solo se dispone de tres estaciones de aforo de medida contínua de caudales en dos de las cuatro cuencas afectadas y durante un corto periodo, 2004-2007”.
INFORMES TÉCNICOS SERÁN ENTREGADOS AL EJECUTIVO
El sacerdote ambientalista Marco Arana refirió que los dos peritajes fueron realizados de manera independiente para conformar un paquete técnico de informes que van a estar a disposición de autoridades, funcionarios y la población en general.
“Va servir para enriquecer con mayor información a las autoridades nacionales y regionales para que tomen una mejor decisión en torno a un tema de alta conflictividad como es el proyecto Conga” acotó el mentor de Grufides.
Adelantó que los peritajes serán presentados en Lima y Cajamarca por técnicos de Grufides y del gobierno regional, así como por dirigentes sociales.
Al conocer la existencia de los dos informes técnicos sobre el proyecto Conga, el jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la PCM, Víctor Caballero, manifestó que no se pronunciaría hasta que los tenga en sus manos. “Lo haremos cuando nos hagan llegar formalmente los documentos y conozcamos su contenido.”No tenemos reparos en que nos envíen cualquier propuesta”.
Por su parte, el presidente regional, Gregorio Santos, confirmó que los estudios son una colaboración de instituciones extranjeras. “No ha costado un solo centavo al gobierno regional”, sostuvo.
Robert Morán. Hidrólogo y geoquímico. (EEUU).
Javier Lambán. Doctor en hidrología (España).
En tanto, los tres peritos que evalúan el EIA del proyecto Conga por encargo del Ejecutivo se reunirán hoy con representantes de organismos técnicos de Cajamarca que les entregarán un informe sobre la situación hídrica en esta región norandina, informó el gobernador Ever Hernández.
Hoy también los expertos llegarían hasta las lagunas involucradas en el proyecto minero, pues ayer no pudieron hacerlo, según confirmó una fuente de la PCM.
http://www.larepublica.pe
¿El desenlace legal del Proyecto Minero Conga?
Etiquetas:Cajamarca, Cajamarca Region, Celendín Province, Newmont Mining Corporation, Ollanta Humala, yanacocha
Jesus Gomez Urquizo
El Proyecto Minero Conga se localiza a aproximadamente 73 km. al noreste de la ciudad de Cajamarca, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca. El titular del proyecto Conga es la Minera Yanacocha S.R.L., cuyos principales accionistas son Compañía de Minas Buenaventura, Newmont Mining Corporation y la Corporación Financiera Internacional. Los principales componentes del Proyecto Conga consisten en dos depósitos porfiríticos a explotar, Perol y Chailhuagón con contenido de cobre, oro y plata mediante métodos de procesamiento convencional de chancado, molienda y flotación, en una planta con una capacidad nominal de 92 000 toneladas por día, lo que permitirá procesar el contenido mineral de 3,1 billones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro. El Estudio de Impacto Ambiental detallado de éste proyecto está aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.
En noviembre del año pasado un informe del Ministerio del Ambiente (MINAM) cuestionaba seriamente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga. El documento presentado indicaba que el proyecto “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”. Igualmente se sostenía que el vaciado de las cuatro lagunas solo dos, Perol y Mala serán vaciadas para extraer el oro. Las otras dos, Azul y Chica, “serán vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes”. También se sostenía que “la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado“, que no “han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones, toda vez que en el EIA se confirma la existencia de flujos hídricos subterráneos“. Finalmente se da una serie de recomendaciones para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Se sugiere que en lugar de vaciar las lagunas Azul y Chica, para utilizarlos como depósito de desmonte, “se evalúe la reubicación de dichos depósitos en zonas distintas a las ocupadas por dichas lagunas”, que deben ser declaradas intangibles.
Los sucesos de Cajamarca y el proyecto minero Conga generaron la primera crisis política en el gobierno de Ollanta Humala. Su desenlace fue la caída del Gabinete Lerner y la renuncia de varios de sus ministros. La situación se tornó tan complicada que muchos de quienes respaldaron inicialmente al mandatario, optaron por tomar distancia o, incluso, cambiar de bandera y hablar en forma inmediata de un “viraje”, cuando no de una “traición” a las promesas hechas en la campaña electoral por el presidente nacionalista. Incluso aliados más antiguos de Humala se apartaron. El desenlace fue un nuevo gabinete encabezado por Oscar Valdez y obviamente nuevos ministros del Ambiente y Energía y Minas con un mensaje diferente en relación a éste proyecto minero.
El año pasado mediante Ordenanza Regional Nº 036-2011-GR.CAJ-CR, el Gobierno Regional de Cajamarca declaro “inviable la Ejecución del Proyecto CONGA en las cabeceras de cuenca donde se ubican las lagunas Perol, Azul, Cortada y Mamacocha, en razón de las inconsistencias técnico – legales del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolución Directoral Nº 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre del 2010, por contravenir normas constitucionales y tratados internacionales a los cuales está adscrito el Perú”. Igualmente se declaró de interés público regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de Cajamarca.
A finales del año pasado, en reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros se acordó la realización de un “peritaje internacional” del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga, cuyo objetivo general es “identificar y proponer las medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto”, así como “determinar si las medidas de mitigación plateadas en el EIA del proyecto Conga mitigan suficientemente los impactos al agua que se generarían en la zona y en las microcuencas, proponer alternativas que permitan generar mayor disponibilidad de aguas, su calidad y priorización para las microcuencas donde se ubica el proyecto Conga y asegurar compensaciones para el desarrollo sostenible, con sistemas de reservorios y riegos”.
A mediados de enero del presente año, ante el Tribunal Constitucional, José Antonio Peláez Bardales, Fiscal de la Nación, ha interpuesto demanda de Inconstitucionalidad en contra del Consejo Regional de Cajamarca y el Presidente Regional para que se declare inconstitucional la Ordenanza Regional Nº 036-2011, ésta acción ya fue admitida formalmente por el TC.
Diversos especialistas han opinado que según la Ley de Recursos Hídricos, las cabeceras de cuenca y la administración de aguas son problemas “de competencia nacional”, igualmente se ha señalado que no es posible que por Ordenanza Regional se usurpen competencias nacionales. Se ha llegado a calificar que la Ordenanza Regional de Cajamarca “es una ordenanza que invade y se apropia de una competencia del Poder Ejecutivo”. Pero también hay opiniones que respaldan la constitucionalidad y legalidad de la Ordenanza Regional, aunque sus argumentos son débiles y más políticos.
Finalmente, hay que recordar casos similares en las regiones Cusco, Huánuco y Puno. En todas estas, se aprobaron Ordenanzas Regionales a fin de legalizar el cultivo libre de la hoja de coca y suspender el otorgamiento de concesiones mineras. En todos los casos, fue el Tribunal Constitucional el que declaró inconstitucionales las respectivas Ordenanzas Regionales. Habrá que esperar el desenlace de esta demanda, aunque todo apunta que se declarará inconstitucional la Ordenanza Regional de Cajamarca Nº 036-2011, lo que dará sólidos argumentos a favor de la minera Yanacocha, mientras tanto en paralelo avanza el peritaje internacional promovido por el Gobierno Central, sin la participación de los representantes del Gobierno Regional de Cajamarca. El desenlace legal ya se avizora.
Mundo: Documental “C’est le Pérou: El agua y el oro” sobre el conflicto minero Conga
Publicado: 18 febrero, 2012 en NOTICIAS, VIDEOS
Etiquetas:Cajamarca, conga, Documental conflicto Conga, Newmont Mining Corporation, Ollanta Humala, yanacocha
Servindi, 18 de febrero, 2012.- “C’est le Pérou: El agua y el oro” es el audiovisual francés que aborda desde una perspectiva histórica el actual conflicto generado en Cajamarca por el proyecto minero Conga de Yanacocha.
Partiendo de la captura y ejecución del inca Atahualpa en Cajamarca, el documental abarca brevemente los inicios del Perú como exportador de metales a Europa, luego recapitula los antecedentes de la minera Yanacocha en Cajamarca, para finalmente centrarse en el actual conflicto de Conga.
El video editado en francés y subtitulado en español, fue elaborado por Rubén Romero con la voz en off de Pablo Paredes y la traducción de Alice Frémont para el magazine cultural televisivo Europa Latina.

References: artículo 316
 resolución 
 artículo 166
 artículo 137
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución