Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/59115
Timestamp: 2019-10-23 21:25:00+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1PPO-54/59115
La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente:
Nuestro país se caracteriza por tener un territorio con grandes mosaicos geográficos, regiones y micro climas, que hacen posible que podamos obtener en materia agropecuaria una gran variedad de productos agrícolas, y por otro lado también se tienen condiciones que favorecen la producción ganadera y su mejoramiento.
A pesar de las grandes ventajas geográficas que se tienen para la producción de alimentos, nuestro país no obtiene los volúmenes que deseados, debido entre otras cuestiones a que no existenformas y técnicas apropiadas, aunado a que no se considera la vocación de la tierra, ya que en muchas ocasiones la tradición, cultura y arraigo en los cultivos son inapropiados y en su caso normalmente son adversas para los fines que se persiguen. Ahí está la gran barrera en la actividad agroalimentaria, de tal forma que si cambiamos esa forma tradicional de producción de alimentos, se tendrán mejores y mayores resultados.
Primeramente quiero referirme sobre algunos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con el único fin de conocer la situación en materia de pobreza alimentaria de la población.
La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona ​al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria (la suma del valor de alimentos básicos) y de lacanasta no alimentaria (la suma de los gastos en educación, vestido, trasporte, entre otros) por persona al mes. De acuerdo a la última cifra correspondiente al mes de septiembre de 2015, el valor de la canasta alimentaria en la zona rural fue de $ 917.45 y en la zona urbana fue de $1,304.92. Sobre la canasta no alimentaria se reportó para el sector rural $1,685.50 y $2,633.25 para el sector urbano.
Existen grandes problemas que han provocado el gran desequilibrio mundial y nuestro país no es la excepción, ya que existe:
Una grave deficiencia alimentaria que agobia a los grupos vulnerables;
Escasa estrategia agrícola;
El calentamiento global causante del cambio climático que magnifica los huracanes y ciclones e intensifica las sequías ocasionando muerte y destrucción;
La debacle financiera que ha provocado la quiebra de empresas y la pérdida incontenible de empleos en prácticamente todos los países, poniendo en evidencia las graves insuficiencias de control de que adolecen las políticas económicas de libre mercado y que están provocando ya el retorno de los proteccionismos.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, fracción XX, establece como de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización. Con la reforma en materia del derecho a la alimentación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011, el Estado tiene la obligación de garantizar el abasto de alimentos a la población.
En ese sentido, por mandato del precepto constitucional señalado, el Estado Mexicano tiene el deber de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina bienestar y su participación en el desarrollo nacional, así como para fomentar la actividad agropecuaria, a través de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, pero sobre todo garantizar el derecho a la alimentación.
Actualmente, México se encuentra inmerso en la problemática situación de los mercados internacionales de productos agroalimentarios y la gente de escasos recursos son quienes más padecen la crisis, tal y como ocurrió en el 2008 con el incremento del precio del maíz.
Por lo anterior, debemos reaccionar como país, no con medidas paliativas y coyunturales, sino a partir de una profunda reflexión de Estado y de la sociedad mexicana en su conjunto, respecto al modelo económico y las políticas públicas idóneas para encauzar a la nación en la senda del crecimiento económico y del desarrollo humano y social.
No es exagerado afirmar que nuestro sector rural, especialmente el agroalimentario y sus actividades económicas, son los más golpeados por la crisis. Los ejidos y comunidades viven una situación muy precaria debido al rezago que existe con la evolución general de la economía, ya que actualmente se encuentran disminuidos en cuanto a su organización, recursos naturales, recursos ecológicos, estructura financiera y su capacidad de adecuación tecnológica.
En los años cuarentas del siglo pasado el sector agropecuario tuvo el respaldo del Estado, mostró siempre tasas de crecimiento superiores a las de la población y la economía. Desafortunadamente, este trato preferente terminó a mediados de los años sesentas, cuando se dejó que el campo se descapitalizara y disminuyera su ritmo de producción y productividad. Hoy es un hecho la pérdida de rentabilidad de prácticamente todas las ramas de la producción agropecuaria y pesquero, en general, del sector productivo.
Para ello se necesita una nueva institucionalidad donde los aspectos productivos sean vistos y tratados como tales, con sustento en la especialización científica, tecnológica, administrativa y financiera y que corresponda a la modernidad de la economía de mercado y a la internacionalización del comercio de los alimentos y las materias primas.
Al mismo tiempo resulta indispensable realizar modificaciones, adecuaciones y ajustes en la legislación, para garantizar la aplicación de los apoyos, la realización de una nueva infraestructura apropiada, el acceso fluido y eficiente a los insumos, créditos, sistemas de capacitación y asistencia técnica.
El objeto de la iniciativa que se somete a la consideración de esta Soberanía consiste en establecer las bases de coordinación, operación y funcionamiento de la Federación, las entidades federativas y los municipios a efecto de concretar de manera eficiente y eficaz las políticas, objetivos y estrategias derivadas de la planeación del desarrollo rural sustentables, así como aquéllas de fomento productivo para procurar el abasto de alimentos a la población.
Ese es el espíritu profundo de la ideología social sustentada en nuestra Constitución Política. Ningún país prevalece como nación soberana sin resolver el problema elemental de la alimentación. Cuando en una nación existe incertidumbre en la disponibilidad de alimentos para sus pobladores, se le condena a la dependencia del comercio exterior.
Un recuento general de los datos demográficos y geográficos ofrece una visión de la magnitud del reto que enfrenta el agro nacional:
El 30% de los 112 millones de mexicanos vive en localidades con menos de 5,000 habitantes;
De los 2,454 municipios existentes, más del 50% (1,391) son totalmente rurales;
Se tienen registrados 6.4 millones de unidades censales agropecuarias, de las cuales 5.5 millones son unidades con terrenos lejanos a las viviendas y de ellas sólo el 73.4% (4.1 millones) reportó actividad en 2007 según el censo agropecuario más reciente;
Existen 3.8 millones de ejidatarios y comuneros;
1 millón de mujeres está al frente del trabajo de la tierra;
4 millones de campesinos con tierras improductivas o sin tierra, son jornaleros agrícolas;
Consecuentemente, se debe propiciar la participación de todos los productores y agentes de la cadena productiva, especialmente a los Sistemas Producto para que actúen directamente en el proceso planificador mediante su integración y representación, en el orden municipal, distrital, estatal, regional interestatal y nacional. Ya que el territorio nacional, según INEGI, cuenta con 195.9 millones de hectáreas. De ellas:
112.7 millones de hectáreas (57%), constituyen todas las unidades de producción rural;
75.2 están cubiertas de pastos o son agostaderos;
31.5 millones constituyen la superficie de labor.
El maíz, el frijol y el sorgo se cosechan en 9.9 millones de hectáreas que representan el 78% de la superficie cultivada.
Existe una alta concentración de ciertos productos por regiones. Por ejemplo, el maíz se concentra en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Chiapas; el trigo en Sonora y el sorgo en Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa.
La dependencia alimentaria, que se mide comparando las importaciones con el consumo aparente, arroja cifras preocupantes: En soya y maíz amarillo, dependemos en un 98%; en arroz en un 80%; en trigo en un 50% y cárnicos en un 30%, paulatinamente debemos reducir estos porcentajes.
Sobre la actividad pecuaria mexicana puedo afirmar que ha sufrido con gran intensidad la competencia desleal generada por los altos subsidios que otorgan los países exportadores de carne y leche a esos productos, y por el desplazamiento desleal de sus excedentes comerciales a través de la exportación.
Para asegurar certidumbre y continuidad a los programas y los diversos apoyos que se contienen en esta Iniciativa de Ley, debe fortalecerse a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Es por ello, que presento la presente iniciativa para que las instituciones encargadas de la producción de alimentos se sigan fortaleciendo de tal manera que puedan garantizar el derecho a la alimentación, obligando al Estado a establecer condiciones para el desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales.
Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 1º, la fracción III del artículo 5º, el artículo 7, el segundo párrafo del artículo 8, el articulo 178, 182 y 183, todos de la Ley Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes aalcanzar y mantener la seguridad alimentaria de la población; y elevar de la calidad de vidade la población ruralsegún lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.
Artículo 5o.- …
III. Contribuir, asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria como sustento en el territorio en función de su aptitud y potencial, a través de un análisis con base en un estudio de factibilidad tecnológica de productividad, de competitividad y creación de canales de comercialización a través del uso sustentable de todos los recursos productivos del país;
Artículo 7o.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción para potenciar la producción, productividad, rentabilidad, empleo, ingreso y competitividad de las actividades agropecuarias, tomando en cuenta los estándares internacionales en cuanto a la calidad e inocuidad, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología.
II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural mediante la capitalización, desarrollo tecnológico, mejoramiento de las capacidades de organización económica y de participación organizada en las cadenas de valor agregado,para enfrentar los retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados sobre la materia;
III. Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda nacional, mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables para fortalecer y ampliar el mercado interno,que incorporen desde las dimensiones técnicas y económicas así como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior;
IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesinae indígena, garantizar el respeto de sus culturas; propiciar el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de intercambio;
VII. Fomentar la producción y distribución de semillas conforme a la Ley en la materia sobre los cultivos básicos y estratégicos, para que se lleve a cabo prioritariamente por empresas e instituciones nacionales aprovechando todo el potencial de las condiciones prevalecientes en las regiones agroecológicas del país; y
Para lo anterior, el Estado establecerá condiciones para el desarrollo humano, y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, como respuesta a los fenómenos de migración, cambio generacional, transformación productiva y globalización, que permitan a la población rural revertir el actual deterioro y afirmar su arraigo y dominio de los territorios rurales, con base en la apropiación creciente del valor comercial de los productos agroalimentarios, recursos de las localidades y regiones, para la alimentación de la actual y futuras generaciones, como base de la producción nacional agropecuaria, además deformular y llevar a cabo programas de atención especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, de las entidades federativas, y los municipios.
Artículo 178.- El Estado establecerá políticas para asegurar y mantenerel abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional con apego al artículo 7 de esta Ley.
Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad agroalimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, para fortalecer y aumentar las capacidades productivas, asociativas y de gestión de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, nacionaleros, y sus organizaciones, en un sistema productivo eficiente y equilibrado, tanto económicamente como socialmente, que contribuya a la Seguridad Agroalimentaria, y permita una relación justa y equitativa en sus intercambios comerciales con el mercado nacional y mundial, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.
Producir mayoritariamente en el país todos los alimentos estratégicos de los productos básicos, dependiendo de las regiones productivas, para satisfacer las necesidades básicas de consumo de la población, priorizando la atención de la población de los grupos vulnerables y marginados;
Ciudad de México, Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de noviembre de 2015.

References: artículo 27
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 26

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 178
 artículo 7

Artículo 182