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BOE.es - Documento BOE-A-1999-11985
Documento BOE-A-1999-11985
Ley 8/1999, de 9 de abril, de Adecuación de la Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«BOE» núm. 127, de 28 de mayo de 1999, páginas 20249 a 20260 (12 págs.)
BOE-A-1999-11985
https://www.boe.es/eli/es-md/l/1999/04/09/8
1. Antecedentes y justificación de la Ley.–La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dio origen a un proceso de adecuación de la normativa estatal y autonómica en materia de procedimientos administrativos que, por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, se concretó en la aprobación de la Ley 7/1993, de 22 de junio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 25) y de los Decretos 74, 75, 76, 77 y 78/1993, todos ellos de 26 de agosto («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27).
2. Duración máxima de procedimientos.–El artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (en lo sucesivo, LAP), establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
3. Efectos del silencio administrativo.–Tras su reciente modificación, la LAP prevé como regla general el silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo que una norma con rango de Ley o de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario (artículo 43.2). Se exceptúan de la regla general tres categorías de procedimientos iniciados a solicitud del interesado: Los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, aquellos de los que pudiera derivarse la adquisición de facultades sobre el dominio público o el servicio público y los de impugnación de actos y disposiciones.
Se impone aún una última precisión respecto del contenido y alcance exactos de la adaptación así prevista. Es obvio que el Gobierno no está obligado a arbitrar el silencio positivo para todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ya que una norma con rango de Ley (o de Derecho Comunitario Europeo) puede establecer lo contrario. Lo que el Gobierno deberá adaptar, conviene insistir, serán aquellas normas reglamentarias que establezcan el silencio negativo sin cobertura para ello por norma con rango de Ley o comunitaria europea (y siempre que no se trate de las categorías exceptuadas de la regla de silencio positivo por el artículo 43.2 LAP). Qué normas sean esas, es algo que habrá que verificar en el momento en que se produzca la adaptación, momento en el que habrá que comprobar qué supuestos de silencio negativo se encuentran respaldados y cuáles no, atendiendo a las leyes y normas comunitarias vigentes en ese mismo momento. En consecuencia, resulta perfectamente posible que antes de la adaptación la Asamblea dicte leyes que prevean supuestos de silencio negativo, leyes que, en caso de aprobarse, servirían como referencia para la labor de adaptación que el Gobierno debe acometer por vía reglamentaria.
4. Procedimientos con silencio negativo.–El artículo 3 de la presente Ley establece una serie de supuestos en los que se prevé el sentido desestimatorio del silencio, por vía de remisión a los procedimientos incluidos en el Anexo en que así se especifica.
5. Competencia para la suscripción de convenios.–La LAP, en su disposición adicional decimotercera, prevé el desarrollo reglamentario de los aspectos formales y procedimentales de los convenios de colaboración, al tiempo que establece la competencia para celebrarlos en el ámbito de la Administración General del Estado.
6. Delegación de competencias, revisión de actos y responsabilidad patrimonial.–Finalmente, la presente Ley modifica los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid (LGA).
7. Títulos competenciales.–La presente Ley se basa en la competencia de la Comunidad de Madrid en materia de procedimiento administrativo (artículo 26.1.3 del Estatuto de Autonomía) y de régimen jurídico de su Administración Pública (artículo 27.2 EA), así como en los títulos competenciales referidos a las materias sustantivas cuyo procedimiento se ve afectado, que son, entre otras, las siguientes: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (artículo 26.1.4 EA), patrimonio histórico (artículo 26.1.19 EA), fomento de la cultura y la investigación científica y técnica (artículo 26.1.20 EA), industria (artículo 26.3.1.3 EA), régimen local (artículo 27.1 EA), régimen de montes y aprovechamientos forestales, con especial referencia a los montes vecinales en mano común, montes comunales, vías pecuarias y pastos (artículo 27.3 EA), sanidad e higiene (artículo 27.4 EA), protección del medio ambiente (artículo 27.7 EA), protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, acuicultura y caza y espacios naturales protegidos (artículo 27.9 EA), prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social (artículo 27.11 EA) y ordenación farmacéutica (artículo 27.12 EA).
La duración máxima de los procedimientos de concesión de licencias o autorizaciones relativas a proyectos o actividades sometidos a Calificación Ambiental será de un año, salvo que por Ley especial se establezca otro plazo o se trate de un procedimiento incluido en el Anexo de esta Ley, en cuyo caso la duración del mismo será la que en él se contemple.
Artículo 2. Adaptación de procedimientos al sentido del silencio.
Artículo 3. Procedimientos con silencio negativo.
Artículo 6. Fin de la vía administrativa y competencia para la revisión de actos.
En la Administración de la Comunidad de Madrid, y a los efectos del artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992, se entiende por registro del órgano competente para la tramitación de una solicitud, cualquiera de los registros de la Consejería competente en cada caso para iniciar la tramitación de la misma.
A tal efecto, el Registro General de la Comunidad de Madrid será considerado como Registro de la Consejería de Presidencia.
A los mismos efectos previstos en el apartado anterior, en el caso de los Organismos autónomos y Entes de derecho público se entenderá por órgano competente para la tramitación de una solicitud, cualquiera de los registros del organismo o ente competente en cada caso para iniciar la tramitación de la misma.
El artículo 26 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
El inciso final del artículo 16.1.b) de la Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica y de la Innovación Tecnológica.
Disposición adicional primera. Habilitación al Gobierno.
La presente Ley entrará en vigor el 14 de abril de 1999, salvo que fuera publicada con posterioridad a esa fecha, en cuyo caso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
1. Consejería de Presidencia
Ley estatal 31/1987, de 18 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 19).
Decreto 57/1997, de 30 de abril («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 13 de mayo).
Ley estatal 11/1991, de 8 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 9).
Disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley estatal 66/1997, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 31 y 2 de julio de 1998).
2. Consejería de Economía y Empleo
Ley autonómica 8/1998, de 15 de junio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 26, 10 de julio y 3 de agosto: Artículo 11; artículo 13; artículo 15; artículo 16; artículo 20; artículo 22; artículos 23, 26 y 27; artículo 28; artículos 37, 38, 39 y 40.
Un año, excepto el deslinde, que será de dos años.
Ley estatal 21/1992, de 16 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 23).
Real Decreto 697/1995, de 28 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 30 de mayo).
Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de octubre).
Título VI del Decreto 118/1973, de 12 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero).
3. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
Restablecimiento de la legalidad urbanística.
Ley autonómica 4/1984, de 10 de febrero («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27 y 12 de marzo), modificada por Ley 9/1995, de 28 de marzo «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 11 de abril y 28 de junio).
Artículo 2 del Decreto 75/1993, de 26 de agosto («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27 y 10 de septiembre).
Artículos 117 y 49 a 69 de la Ley autonómica 9/1995, de 28 de marzo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 11 de abril y 28 de junio), modificada por Ley 20/1997, de 15 de julio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 18 y 20 de octubre).
Artículo 116.a) de la Ley autonómica 9/1995, de 28 de marzo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 11 de abril y 28 de junio), modificada por Ley 20/1997, de 15 de julio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 18 y 20 de octubre).
Estimatorio, salvo en suelo no urbanizable protegido, que será desestimatorio.
Artículo 118 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre, 20 de septiembre y 30 de noviembre).
Decreto 228/1998, de 30 de diciembre («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 15 de enero de 1999).
Orden de 29 de febrero de 1944.
Decreto de 23 de noviembre de 1940 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre).
Decreto de 24 de febrero de 1972 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 26).
Decreto 227/1998, de 30 de diciembre («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 14 de enero de 1999).
Decreto 43/1997, de 13 de marzo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17).
Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio).
Real Decreto 148/1978, de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1979).
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1979).
Decreto 2114/1968, de 24 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre, 20 de septiembre y 30 de noviembre).
Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero y 24 de marzo de 1992).
Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 30).
Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 28 de diciembre).
Decreto 77/1993, de 26 de agosto («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27, 10 de septiembre y 15 de septiembre).
Decreto 75/1993, de 26 de agosto («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27 y 10 de septiembre).
Decreto 25/1995, de 16 de marzo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 18 de abril).
Un año para la rescisión del contrato anterior y seis meses para la regularización.
Desestimatorio en las dos etapas.
4. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Ley autonómica 19/1998, de 25 de noviembre («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 3 de diciembre).
Decreto 115/1997, de 18 de septiembre («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 24 y 3 de octubre).
Sancionador en materia de Salud Pública.
5. Consejería de Educación y Cultura
Reconocimiento de Universidades Privadas.
Ley autonómica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
Reales Decretos 557/1991 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril) y 485/1995 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril de 1996).
Planes directores específicos de bienes de interés cultural.
Artículo 27 de la Ley 10/1998, de 9 de julio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 16 y 7 de agosto).
Depósito de documentación contable de las Fundaciones dependientes del Protectorado de la C. de Educación y Cultura.
Ley autonómica 1/1998, de 2 de marzo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 9).
Decreto 26/1996, de 29 de febrero («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 14 de marzo).
Artículo 8.3 de la Ley autonómica 10/1998, de 9 de julio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 16 y 7 de agosto).
6. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional
Decreto 30/1987, de 9 de abril («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 29).
Ley estatal 7/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 3 y 11 de junio).
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre y 14 de enero de 1987).
Decreto 74/1993, de 26 de agosto («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27 y 10 de septiembre).
Decreto 28/1984, de 15 de marzo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 30).
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 22, 11 de julio y 25 de noviembre).
Decreto de 17 de junio de 1955 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio).
Decreto 143/1998, de 30 de julio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 7 de agosto y 11 de septiembre).
Enajenación, permuta y gravamen de bienes inmuebles de propiedad de las Corporaciones Locales, cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio).
Desetimatorio.
Autorización de venta directa o permuta a favor de los propietarios colindantes de parcelas no utilizables y sobrantes en parcelas públicas, cuando el valor de los bienes exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 14 de agosto).
Ley 7/1990, de 28 de junio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 11 de julio).
Ley 2/1991, de 14 de febrero («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 5 de marzo).
Ley 10/1991, de 4 de abril («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 18).
Ley 10/1993, de 26 de octubre («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 12 de noviembre).
Ley 16/1995, de 4 de mayo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 30).
Ley 38/1972, de 22 de diciembre «Boletín Oficial del Estado» del 26).
Ley 1/1970, de 4 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 6).
Ley de 20 de abril de 1942 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo).
Ley 4/1989, de 27 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 28 y 6 de noviembre de 1997). Modificadas por Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 6).
Ley de 8 de junio de 1957 («Boletín Oficial del Estado» del 10).
Ley 10/1998, de 21 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 22).
Resolución de 27 de julio de 1989 («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 9 de agosto).
Decreto 110/1988, de 27 de octubre («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 14 de noviembre).
Decreto 7/1993, de 28 de enero «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 8 de febrero y 19 de mayo).
Autorización uso recreativo de montes e instalación de campamentos.
Orden de 27 de mayo de 1992 («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 4 de junio).
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 30).
Real Decreto 1131/1988 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre).
Ley autonómica 10/1991, de 4 de abril («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 18 y 22).
Deslinde de montes en su fase de amojonamiento.
Ley de 8 de junio de 1957 («Boletín Oficial del Estado» del 10) y Decreto 485/1962, de 22 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo).
Ley autonómica 16/1995, de 4 de mayo («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 30 y 28 de junio).
Publicada en el BOCM núm. 86, de 13 de abril de 1999.
SE DEROGA lo indicado de los apartados 3.8, 3.12, 5.3 del anexo y apartado 1 de la disposición adicional y SE MODIFICA el art. 4, por Ley 1/2001, de 29 de marzo (Ref. BOE-A-2001-11964).
Lo indicado del art. 16.1.b) de la Ley 5/1998, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-1998-19871).
el art. 26 de la Ley 1/1984, de 19 de enero (Ref. BOE-A-1984-5399).
MODIFICA los arts. 52, 53 y 55 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-1984-2926).
DE CONFORMIDAD con el art. 26.1.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6317).

References: artículo 42
 resolución 
 artículo 43
 artículo 3

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 6
 artículo 42
 artículo 26
 artículo 16
 Artículo 11
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 28

Real Decreto 

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Artículo 2

Artículo 116

Artículo 118

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Artículo 27

Artículo 8

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Resolución 

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