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Timestamp: 2016-12-11 00:22:30+00:00

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LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias	LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias Mis Leyes
LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias Estado	:
TÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA.
CAPÍTULO I. DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.
CAPÍTULO II. DE LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
CAPÍTULO III. DE LAS COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS INSULARES Y AYUNTAMIENTOS.
CAPÍTULO IV. DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.
CAPÍTULO V. DE LOS CONSORCIOS INSULARES DE VIVIENDA.
TÍTULO III. DEL SUELO DESTINADO A VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO I. DE LA AFECTACIÓN DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO II. DEL FOMENTO DEL SUELO DESTINADO A VIVIENDAS PROTEGIDAS.
TÍTULO IV. DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO II. CLASES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
SECCIÓN I. DE PROMOCIÓN PÚBLICA.
Artículo 47. Adjudicación.
SECCIÓN II. DE PROMOCIÓN PRIVADA.
SECCIÓN III. DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN.
SECCIÓN IV. DE OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO III. DE LOS GARAJES, LOCALES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
CAPÍTULO IV. DE OTRAS ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA.
SECCIÓN I. DE LA ADQUISICIÓN PROTEGIDA DE VIVIENDAS.
SECCIÓN II. DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y OTROS EDIFICIOS.
TÍTULO V. DE LAS POTESTADES SOBRE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO II. DEL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO.
TÍTULO VI. DEL PLAN DE VIVIENDA.
TÍTULO VII. DE LAS VIVIENDAS LIBRES.
CAPÍTULO III. DE LAS SANCIONES, SU GRADUACIÓN Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA.
La Ley encomienda la gestión de las competencias ejecutivas en materia de vivienda a una nueva entidad pública, el Instituto Canario de la Vivienda, organismo autónomo del Gobierno de Canarias, y en cuyo consejo de administración participan los cabildos insulares; regulando su estatuto jurídico básico. Se abordan con este modo de gestión dos problemas principales: el primero, la coordinación de las funciones que la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas de Canarias otorga a los cabildos insulares y las que corresponden a la comunidad autónoma mediante procesos de desconcentración o mediante convenios interadministrativos; y el segundo, la sujeción del Instituto a un régimen jurídico singular, conforme al cual, se pretende agilizar y simplificar la gestión, sin menoscabo de las garantías que deben asegurar el buen uso de los fondos públicos, ni del derecho de los ciudadanos de acceder a esos fondos y a las viviendas protegidas. No se trata de un intento de huir del derecho administrativo, tan sólo de utilizar de entre los instrumentos que ofrece ese ordenamiento aquellos que permiten una gestión más rápida y eficiente. De otra parte, junto a los representantes autonómicos e insulares, en el máximo órgano de dirección del Instituto se prevé la incorporación de cuatro representantes de los municipios canarios de los cuales al menos dos han de ser de municipios mayores de 100.000 habitantes. Esta representación supone el reconocimiento del papel fundamental que en la política de vivienda corresponde a estas entidades locales, que se viene materializando con la cesión de suelo para la promoción pública de viviendas, la adscripción en los instrumentos de planeamiento generales de suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas, y en la participación en los procedimientos de adjudicación de las viviendas. Esta incorporación no supone que las competencias municipales pasen a ser gestionadas por el Instituto, únicamente, el reconocimiento de la tarea que vienen desempeñando en el marco de las previsiones de los artículos 25.2.d y 28 de la Ley de Bases de Régimen Local.
La Ley aborda, a continuación, el problema de la escasez de suelo aprovechando un instrumento que viene siendo utilizado por otras Comunidades Autónomas y que recoge el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: la afectación directa de suelo a la construcción de viviendas protegidas mediante el establecimiento de un estándar urbanístico mínimo que deben incorporar los instrumentos municipales de planeamiento. En concreto, la Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenación, a los que corresponde la determinación de los usos globales del territorio insular, y en su caso también a los Planes de Vivienda, la determinación de aquellos municipios en los que es prioritaria, incluso perentoria, la construcción de viviendas protegidas y, por tanto, en las que debe centrarse el esfuerzo público, sin perjuicio de las actuaciones que fueran necesarias en municipios de otra naturaleza. La consecuencia básica de esa determinación es la obligación de que los instrumentos de planeamiento general de esos municipios destinen, al menos, el 20% del suelo urbanizable de uso residencial y del suelo urbano afectado por operaciones de reforma interior, a esa clase de uso residencial, sin que, se pueda destinar a este uso más del 50 % del aprovechamiento del ámbito o sector en concordancia con lo establecido en el artículo 32.2.A.8 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. Para la cobertura de ese estándar urbanístico la Ley admite la afectación expresa de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados a éste. Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta medida y evitar la inactividad de los propietarios afectados, se declara causa de expropiación el incumplimiento del deber de edificación en los plazos que se señalen. Finalmente, se establece el deber de los promotores turísticos de colaborar en la construcción de viviendas protegidas para la población de servicios.
En atención a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias para fijar las normas sustantivas de las viviendas sujetas a protección pública, la Ley establece el régimen básico de esas viviendas, a las que se denomina viviendas protegidas. Se trata de un régimen común para todas las clases de viviendas que se definen en esta norma, sin perjuicio de las especialidades que se establecen para cada una de ellas. Los cambios más importantes que se introducen son:
En cuanto a las viviendas protegidas de promoción privada, y asimiladas, su régimen jurídico tiende a equipararse con el de las viviendas libres, reduciéndose la intervención, control y limitaciones administrativas a lo indispensable para garantizar el adecuado destino y empleo de los fondos públicos; y
Una nueva modalidad de financiación, el subsidio de préstamos no cualificados, habida cuenta que los tipos de interés de los préstamos hipotecarios se encuentran en un nivel que permite a los adquirentes obtener en el mercado libre préstamos hipotecarios de iguales condiciones que los cualificados. En cuanto a los derechos de opción de compra, tanteo y retracto, la Ley establece la caducidad de estos derechos cuando transcurran más de tres meses desde la adopción de la decisión sin que se haya pagado el precio.
Promover y fomentar el acceso de los ciudadanos canarios a una vivienda digna y adecuada, especialmente de aquellos que disponen de menos recursos.
Acercar la gestión pública en materia de vivienda a los ciudadanos, con especial atención al hecho insular.
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA.
El Instituto Canario de la Vivienda.
DE LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
La potestad reglamentaria en materia de viviendas protegidas, en particular la regulación de los requisitos objetivos y subjetivos para acceder a las ayudas públicas, las clases de ayudas públicas y las limitaciones de uso, destino y disposición que sean precisas.
La aprobación del Plan Canario de Vivienda, así como, la aprobación definitiva de los programas de vivienda.
La potestad expropiatoria para la ejecución de los Planes de Vivienda.
Cuantas otras competencias no hayan sido atribuidas a otras administraciones públicas.
DE LAS COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS INSULARES Y AYUNTAMIENTOS.
2. Las competencias enunciadas en las letras a y b del apartado anterior serán ejercidas por el Instituto Canario de la Vivienda cuando así se convenga entre el propio Instituto y el Cabildo correspondiente.
3. Asimismo, previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, los cabildos insulares podrán asumir la ejecución del Plan de Vivienda en su isla respectiva, así como cuantos otros asuntos acuerden con el Instituto Canario de la Vivienda, directamente o, en su caso, a través del Consorcio Insular de Vivienda al que se refiere el artículo 3.e de esta Ley.
Control sanitario de viviendas.
DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.
Elaborar el anteproyecto de Plan de Viviendas de Canarias y los proyectos de programas que lo desarrollen.
Cualquier otra función ejecutiva que, en materia de vivienda, le encomiende el Gobierno de Canarias.
El Presidente, que lo será el Consejero del Gobierno competente en materia de vivienda. La sustitución del Presidente, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, se regulará en los estatutos del Instituto.
El Vicepresidente, que será nombrado por el Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda.
Dos de los representantes del Gobierno de Canarias, designados por el Gobierno de entre sus representantes en el Pleno del Consejo de Dirección.
Tres de los representantes de los Cabildos insulares, elegidos por los vocales representantes de los cabildos insulares en el Pleno del Consejo de Dirección.
Dos de los representantes de los ayuntamientos, elegidos por los vocales representantes de la asociación más representativa de los municipios canarios en el Pleno del Consejo de Dirección, uno de los cuáles, al menos, será de los municipios de más de cien mil habitantes.
4. 5. Artículo 14. El Presidente. 1. El Presidente ostentará la representación del Instituto.
Los bienes y valores que integren su patrimonio, junto con los productos y rentas que obtenga del mismo.
Los bienes cedidos por cualquier Administración Pública.
Las consignaciones específicas que tuviere asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y especialmente la dotación del Fondo Canario de Vivienda.
Los préstamos u otras formas de endeudamiento para la realización de su actividad, dentro de los límites que establezcan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cualesquiera otros recursos ordinarios o extraordinarios que pueda recibir, incluidos los intereses de las fianzas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas y de los suministros complementarios a las mismas.
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se pretende contraer.
El personal propio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El personal propio del Instituto, en régimen laboral, en su caso.
Promover y canalizar iniciativas y estudios sobre la situación de la vivienda en Canarias, en particular el chabolismo, la infravivienda y los problemas de la autoconstrucción.
Informar el proyecto de Plan de Vivienda y los proyectos de programas de vivienda.
Informar sobre las prioridades de actuación, así como sobre los criterios de selección y adjudicación de viviendas con protección pública.
Informar sobre la adjudicación de las promociones públicas de viviendas.
Informar sobre todas aquellas materias que los distintos órganos del Instituto sometan a su consideración.
DE LOS CONSORCIOS INSULARES DE VIVIENDA.
El presidente que será el del Cabildo.
El Consejo de Dirección, integrado por:
Cuatro representantes del Cabildo insular, designados por el pleno que ostentarán un voto ponderado equivalente al cincuenta por ciento de los votos del Consejo, ostentando el presidente el voto de calidad.
DEL SUELO DESTINADO A VIVIENDAS PROTEGIDAS.
DE LA AFECTACIÓN DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
6. En la transmisión de las parcelas lucrativas urbanizadas que hayan sido calificadas como residencial para viviendas protegidas, el precio de venta no podrá dar como resultado un valor de repercusión del suelo que exceda del 15 % del precio máximo de venta, vigente en el momento de la transmisión, deducido de acuerdo al artículo 36 de la presente Ley.
DEL FOMENTO DEL SUELO DESTINADO A VIVIENDAS PROTEGIDAS.
DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Que la vivienda vaya a destinarse a residencia habitual y permanente del titular y, en su caso, de su unidad familiar.
Que el adquirente, promotor para uso propio, adjudicatario, arrendatario o beneficiario de la vivienda no supere los requisitos de capacidad económica que se fijen para cada régimen de viviendas y para cada modalidad de ayudas, incluyendo la renta familiar y el patrimonio de que dispongan, y que tenga su condición de residente en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda, o cualquier otro miembro de la unidad familiar no sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda protegida, ni tampoco de una vivienda libre cuando su valor exceda del máximo que fije el Gobierno, salvo en el caso de desplazamiento entre las distintas islas por motivos laborales en la forma en que reglamentariamente se determine.
Préstamos cualificados concedidos por entidades de crédito públicas o privadas en el marco de los convenios suscritos al amparo de los planes estatal y canario de vivienda.
Subsidios de préstamos cualificados.
Subsidios de préstamos no cualificados concedidos directamente a los beneficiarios por entidades de crédito públicas o privadas.
Avales o cualquier otra clase de ayuda que facilite la financiación del precio de la vivienda protegida.
CLASES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a aquellos sectores de población que tengan una especial dificultad, o estén imposibilitados, para acceder al mercado inmobiliario, o a grupos de población de características o circunstancias específicas.
Erradicar el chabolismo y la infravivienda, intentando que los beneficiarios permanezcan en su entorno o, en caso de desplazamiento, mejoren su hábitat y su integración económica y social.
Remodelar, rehabilitar o reponer las viviendas protegidas que fueron promovidas por entidades públicas.
Participar en el mercado de la vivienda en aquellas situaciones en las que exista una gran demanda y escasez de oferta.
Procurar y, en su caso, completar o rehabilitar, el equipamiento y las dotaciones al servicio de las viviendas protegidas.
La adquisición de viviendas nuevas, en fase de proyecto, de construcción o terminadas, que cumplan los requisitos objetivos para su calificación. A tal efecto se considerarán viviendas nuevas terminadas aquellas que no hayan sido ocupadas en el plazo de dos años desde la fecha del certificado final de obras.
La adquisición de viviendas para su rehabilitación o reposición con destino a la promoción pública.
La rehabilitación o reposición de viviendas de promoción pública.
La rehabilitación de los equipamientos y dotaciones al servicio de esta clase de viviendas.
Artículo 47. Adjudicación. 1. La adjudicación de viviendas protegidas se realizará de acuerdo con los principios de justicia, equidad y solidaridad, de forma que se favorezca el acceso a las mismas a las familias necesitadas, necesidad que queda acreditada con la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, constituyendo éste uno de los instrumentos para contribuir a la consecución de los principios citados.
Reglamentariamente se establecerán los requisitos que han de reunir los demandantes de vivienda protegida de promoción pública para ser inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, de tal forma que se garantice el acceso al mismo de las familias con menos recursos económicos y sociales y que contemplarán, en todo caso, los siguientes aspectos de la unidad familiar:
Recursos económicos, incluyendo la renta familiar y su patrimonio.
2. El procedimiento para adjudicar las viviendas protegidas se regulará reglamentariamente y será, preferentemente, el sorteo entre demandantes inscritos en los que concurran condiciones de necesidad análogas, sin perjuicio de otras modalidades de adjudicación que, para atender situaciones de emergencia social o de extrema gravedad o cualquier otra circunstancia o condición análoga que así lo requiera, puedan regularse por el Gobierno de Canarias en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Otras formas de cesión de uso de las establecidas normativamente.
1. Los adquirentes que reúnan los requisitos de capacidad económica que se establezcan, previo reconocimiento por la Administración Pública competente, podrán acceder, dentro de las disponibilidades presupuestarias, a la financiación cualificada. Asimismo, y en los casos que se determinen, podrán acceder a la financiación cualificada los arrendatarios o promotores para uso propio, salvo que estos últimos se acojan al régimen de autoconstrucción al que se refiere la Sección III del presente capítulo.
Otras formas de cesión de uso previstas normativamente.
Artículo 54. Transmisión. 1. Sin perjuicio de que el régimen de protección se extienda a lo que establezcan las legislaciones estatal y autonómica, las viviendas protegidas de promoción privada en régimen de arrendamiento podrán ser transmitidas a los arrendatarios o a terceros que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley, una vez transcurrido el plazo de cinco años en régimen de arrendamiento y amortizado, en su caso, el préstamo hipotecario correspondiente, en los términos en que se disponga reglamentariamente.
DE LOS GARAJES, LOCALES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
DE OTRAS ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA.
Viviendas protegidas, cualquiera que sea el régimen de protección, en segunda o posteriores transmisiones, siempre que hubieran transcurrido los plazos en los que estuviere prohibida su transmisión.
Viviendas libres, usadas, rehabilitadas o de nueva construcción siempre que se cumplan los requisitos objetivos y subjetivos que se establezcan.
La rehabilitación o reposición integral de áreas.
La reparación y reposición de edificios y viviendas.
Adecuación estructural del edificio para conseguir una mejor habitabilidad de las viviendas.
Obras de mejora que permitan la adaptación de las viviendas a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, ascensores y protección contra incendios.
Obras que permitan la supresión de barreras arquitectónicas.
Mejoras de las zonas comunes y entorno inmediato a las viviendas y de su equipamiento complementario.
Ampliación del espacio habitable de la vivienda mediante obras de nueva construcción, dentro de los límites legalmente establecidos.
Conservación de los valores arquitectónicos, histórico o ambientales de los edificios, dando carácter prioritario a los que se encuentren ubicados en áreas de rehabilitación integral.
Rehabilitación de la vivienda rural.
Adecuación de talleres artesanos y anejos de viviendas de agricultores, ganaderos y pescadores vinculados a las viviendas rehabilitadas.
DE LAS POTESTADES SOBRE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
DEL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO.
Falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligado el adjudicatario en el acceso diferido a la propiedad, así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cualquier otra establecida en la legislación vigente.
Haber sido sancionado por infracción grave o muy grave de las tipificadas en la presente Ley mediante resolución firme en vía administrativa.
No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de desocupación.
Cesión total o parcial de la vivienda, local o edificación bajo cualquier título.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en artículo 68.1.a se requerirá al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que el arrendatario o adjudicatario haya dado lugar a decretar el referido desahucio.
Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1.c, el órgano competente para resolver podrá acordar el precinto cautelar de la vivienda al objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
DEL PLAN DE VIVIENDA.
Análisis de las necesidades de vivienda y de suelo destinado a este uso en cada una de las islas.
DE LAS VIVIENDAS LIBRES.
Adecuación de los materiales e instalaciones a la normativa vigente.
Adecuación al medio geográfico y social.
Uso, conservación y rehabilitación adecuados.
El cumplimiento de las normas necesarias para la obtención de la cédula de habitabilidad.
Ocupar las viviendas antes de obtener la cédula de habitabilidad o la calificación definitiva sin la preceptiva autorización administrativa.
No hacer constar el número de la cédula de habitabilidad o la calificación definitiva en los contratos de suministro de los servicios de agua corriente, energía eléctrica y gas.
a. Incumplir los requisitos previos que impone la legislación de viviendas protegidas para poder iniciar las obras de construcción, rehabilitación o reposición.
b. La inadecuación entre el proyecto de ejecución final presentado y calificado provisionalmente y la obra efectivamente realizada, salvo en el caso de las modificaciones justificadas y autorizadas por el órgano competente.
c. La inexactitud intencionada en los documentos y certificaciones expedidos por los promotores o por la dirección facultativa de las obras.
d. La falta de obtención de la cédula de habitabilidad, imputable al promotor, a partir de la certificación final de la obra, mediando sobre la vivienda derecho de tercero.
e. Incumplir las resoluciones sobre la realización de obras destinadas a conseguir las condiciones de habitabilidad.
f. Ejecutar obras o realizar actividades que provoquen la pérdida del nivel de habitabilidad de una vivienda o de las colindantes a la misma.
g. Suministrar los servicios de agua corriente, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones a viviendas que no dispongan previamente de la preceptiva cédula de habitabilidad en vigor, o de la calificación definitiva como vivienda protegida.
h. Arrendar viviendas que no reúnan las condiciones de habitabilidad exigidas por la normativa vigente.
i. Incumplir los principios de veracidad y objetividad, así como la inducción a la confusión en la publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de viviendas.
j. Incumplir los requisitos necesarios para recibir cantidades a cuenta y de todos aquellos que se exijan previamente a la venta o el arrendamiento de viviendas en proyecto, en construcción o finalizadas.
k. No incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento cuantas cláusulas sean obligatorias legal o reglamentariamente.
l. Incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento cláusulas que tengan la consideración de abusivas por la legislación vigente.
m. Celebrar contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas sin cumplir los requisitos de formalización obligatorios.
n. La negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección de la Administración competente.
ñ. No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual o permanente de su propietario o arrendatario, sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de desocupación.
o. Alterar el régimen de uso y destino de la vivienda establecido en la calificación definitiva sin obtener la previa autorización administrativa.
p. Incumplir las obligaciones de gestión, administración, mantenimiento y conservación de las viviendas protegidas, así como de las zonas y elementos comunes anejos a las mismas.
q. Realizar obras tanto en las viviendas protegidas como en las zonas y elementos comunes sin haber obtenido previamente las preceptivas autorizaciones administrativas.
r. Incumplir la obligación de ocupar la vivienda protegida en los plazos establecidos reglamentariamente.
s. Incumplir los plazos para la venta o arrendamiento impuestos a los promotores por la normativa vigente.
t. Incumplir los requisitos a los que están obligados los promotores en la publicidad de las ventas o arrendamientos de las viviendas protegidas.
u. Causar daños graves en las viviendas o sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias que sean de titularidad pública.
v. Falsear los requisitos, documentación y datos exigibles para acceder a las viviendas protegidas, así como para obtener la financiación, beneficios, ayudas o subvenciones establecidas por la normativa vigente.
w. Transmitir una vivienda protegida a terceros sin cumplir con los requisitos exigidos ni contar con la previa autorización administrativa.
x. Utilizar más de una vivienda protegida cualquiera que sea su título, salvo lo dispuesto en favor de familias numerosas.
y. Ocupar una vivienda protegida sin título legal para ello.
z. La negligencia de los promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras que diese lugar a vicios o defectos que afecten a los requisitos de habitabilidad de las viviendas o a los elementos de terminación o acabado de las obras, y que se manifiesten dentro de los cinco años siguientes al otorgamiento de la cédula de habitabilidad o calificación definitiva.
La negligencia de los promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras que diese lugar a vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales de la edificación, que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio y se manifiesten dentro de los cinco años siguientes al otorgamiento de la cédula de habitabilidad o calificación definitiva.
DE LAS SANCIONES, SU GRADUACIÓN Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
La descalificación de la vivienda protegida, con pérdida de los beneficios o ayudas concedidas cualquiera que fuese su denominación.
La pérdida de la calificación de suelo protegido, con los mismos efectos que el apartado anterior.
Prestación de fianzas en la forma que se determine reglamentariamente.
El Consejo de Dirección del Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, el Consejo de Dirección del Consorcio Insular de Vivienda, en las sanciones impuestas por infracciones muy graves.
El director del Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, el presidente del Consorcio Insular de Vivienda, en las sanciones impuestas por infracciones leves y graves.
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento, cuando no se hubieren ejecutado las obras dentro de los plazos a que se refiere el artículo 90.3.c de la Ley.
1. Cuando la resolución hubiere acordado la ejecución de obras podrán imponerse multas coercitivas, previo apercibimiento, a partir del décimo día del vencimiento del plazo establecido en el artículo 90.3.c en cuantía de sesenta euros diarios.
2. En orden a la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición adicional se establecen las siguientes equiparaciones:
las viviendas de protección oficial de promoción pública se equiparan a las viviendas protegidas de promoción pública.
las viviendas de protección oficial de promoción privada se equiparan con las viviendas protegidas de promoción privada.
el resto de viviendas protegidas y de actuaciones de fomento del acceso a la vivienda se equiparan con aquellos regímenes y actuaciones de la legislación estatal sobre viviendas de protección oficial que sean análogas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Las entidades y corporaciones locales que dispongan en su patrimonio de viviendas que hayan sido calificadas dentro de cualquier régimen de protección pública o bien procedan de expropiaciones urbanísticas y hubieran sido adjudicadas en régimen de alquiler, podrán proceder a la enajenación directa a sus adjudicatarios siempre que se cumplan las condiciones objetivas que fije la entidad o corporación local interesada.
1. Las edificaciones existentes que constituyan residencia permanente y las instalaciones anexas destinadas a las actividades de sus moradores, ubicadas en cualquier clase de suelo, no comprendidas en las categorías de protección ambiental previstas en el artículo 55.a del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que fuere preciso demoler total o parcialmente, con motivo de la ejecución de una obra o servicio público, declarado de interés general, podrán ser sustituidas mediante la reconstrucción de otras similares emplazadas en el mismo ámbito territorial, siempre que la sustitución se incluya en el proyecto definitivo aprobado por el órgano de la administración competente, y se cumplan los siguientes requisitos:
Su emplazamiento se lleve a cabo en el lugar más próximo posible al ocupado originariamente, sin perjuicio de las limitaciones a la propiedad establecida por la legislación sectorial que le resulte de aplicación.
Los suelos reclasificados como suelo rústico por los planes insulares en aplicación del apartado 19.b de este Texto Refundido, deberán clasificarse como suelo rústico de protección territorial, salvo que incluyan valores naturales, culturales o económicos susceptibles de ser protegidos mediante otra categoría de suelo rústico.
Sectores "en plazo" que incumplan las condiciones del artículo 52 de este Texto Refundido, y sectores "fuera de plazo": se reclasifican como suelo rústico de protección territorial o, en su caso, otra categoría de suelo rústico más acorde a sus valores naturales, culturales o económicos, en tanto no se adapte el planeamiento general y se le otorgue la clasificación más adecuada a sus características.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. En orden a dar cumplimiento a las previsiones del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, se autoriza, por concurrir razones de interés público, social y de interés general, y de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 de la presente Ley, y siempre que medie una previa solicitud de los interesados la descalificación, de las viviendas de promoción pública del grupo de 157 viviendas Mirador del Valle sitas en Jinámar. Las Palmas de Gran Canaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. 1. El Gobierno de Canarias, a través del órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de vivienda, procederá a la regularización de los ocupantes, sin título legal, de viviendas protegidas de promoción pública cuando se den las siguientes condiciones:
Que la ocupación se haya producido antes del 31 de diciembre de 2010.
Que dicha vivienda constituya domicilio habitual y permanente.
Que concurran los siguientes requisitos previstos en el artículo 3 del Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública titularidad del Instituto Canario de la Vivienda:
Ostentar la mayoría de edad.
Contar la unidad familiar con ingresos ponderados no superiores a 1,5 veces el IPREM. Dichos ingresos vendrán referidos al período impositivo 2010, independientemente de la fecha de presentación de la solicitud de regularización y se computaran y ponderarán de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias.
No ser titular ninguno de los miembros de la unidad familiar de vivienda protegida o libre, ni titular de un derecho real de uso y disfrute, o de opción de compra sobre las mismas. En este último caso sólo cuando este derecho se configure con carácter real y se halle inscrito en el registro correspondiente. Este requisito no será exigible cuando se haya declarado la pérdida del derecho de uso de la vivienda habitual por resolución judicial firme, como consecuencia de disolución matrimonial o de la pareja de hecho.
2. La solicitud de regularización dirigida al Instituto Canario de la Vivienda deberá presentarse en el plazo de un año, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición, ante cualquiera de los registros del citado Organismo, sin perjuicio de la posibilidad de presentación en cualquiera de los lugares a los que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DNI del solicitante y del resto de los miembros de la unidad familiar.
Fotocopia del libro de familia o certificación que acredite la constitución de pareja de hecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2003, de 6 de marzo, de regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Declaración del IRPF correspondiente al período impositivo 2010 de los miembros de la unidad familiar, o en su defecto certificado emitido por la Administración Tributaria de hallarse exentos de la presentación de la declaración. En este último caso deberá aportarse además, la documentación que acredite los ingresos percibidos por los diferentes miembros de la unidad familiar, tales como nóminas, pensiones, prestaciones, subsidios y ayudas.
Fotocopia del documento que acredite en su caso, la disminución psíquica o física de alguno de los miembros de la unidad familiar en un grado igual o superior al 65%.
Declaración jurada de estar destinando la vivienda a domicilio habitual y permanente.
Certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento en el que se especifique los datos del inmueble en el que reside la unidad familiar así como la fecha de la que data la ocupación.
Autorización otorgada al órgano competente para tramitar la solicitud, para efectuar cuantas gestiones y actuaciones sean necesario realizar para la comprobación o verificación de los requisitos exigidos.
7. Se faculta al titular del departamento con competencias en materia de vivienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución de la presente disposición, así como para acordar, en su caso, la prorroga del plazo de presentación de solicitudes a que se refiere el apartado 2.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. De la afectación de suelo a la construcción de viviendas protegidas. 1. En tanto sean aprobados los Planes Insulares de Ordenación, o adaptados los vigentes a las previsiones de esta Ley sobre afectación de suelo urbanizable y urbano a la construcción de viviendas protegidas, el Plan de Vivienda determinará los municipios de localización preferente de esa clase de viviendas, debiendo dichos municipios modificar su planeamiento para cumplir con las determinaciones ordenadas por el artículo 27 de esta Ley.
El suelo objeto de reclasificación no podrá estar encuadrado, ni ser susceptible de ello, dentro de las categorías de suelo rústico, previstas en el artículo 55.a del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que alberguen valores naturales o culturales precisados de protección ambiental, ni tratarse de los suelos reclasificados como rústicos a los que se refiere el apartado 7.B de la disposición transitoria segunda del citado Texto Refundido, ni de los suelos rústicos a los que se refiere el artículo 34.a del indicado texto. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 7.D de la citada disposición transitoria segunda.
El requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 52.2.b del citado Texto Refundido, y el cumplimiento de la Directriz 67 de las de Ordenación General, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, podrá exonerarse siempre que se justifique adecuadamente. Dicha justificación será valorada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en la resolución por la que se resuelva la aprobación definitiva de la alteración. No obstante, habrá de garantizarse por los promotores la adecuada conexión del suelo reclasificado con los sistemas generales viarios y ejecutarse previa o simultáneamente con la edificación de las viviendas.
Asimismo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente apartado 2, podrán revisarse o modificarse de acuerdo con dicho procedimiento, en un único documento y por una sola vez, los planes generales adaptados íntegramente al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias que no contemplen la reserva de suelo prevista en el artículo 32.2.A.8 del citado Texto Refundido.
La edificación de las viviendas protegidas será prioritaria frente a las parcelas de vivienda libre que pudiera existir en el ámbito o sector. No podrá otorgarse licencia urbanística para estas últimas si previamente no se ha otorgado licencia y comenzado las obras de al menos el 50 % de las viviendas protegidas previstas. Tampoco podrá otorgarse licencia simultánea de edificación y urbanización para ninguna edificación distinta de las destinadas a viviendas protegidas o para dotaciones o sistemas generales que estén incluidos en el ámbito o sector, a excepción de aquellas dotaciones referidas a los sistemas locales de espacios libres que se contienen en el artículo 36.1.a, 3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, modificado por la disposición adicional segunda de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación, que habrán de ejecutarse previa o simultáneamente con la referida edificación de las viviendas protegidas.
5. Hasta que se proceda a la adaptación íntegra de los planes generales de ordenación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias dentro del plazo establecido para ello, todo plan parcial que ordene un ámbito o sector con aprovechamiento residencial que se tramite en desarrollo de planeamiento general deberá destinar al menos el 20 % de su aprovechamiento a la construcción de viviendas protegidas. Este requisito podrá exceptuarse total o parcialmente sólo en aquellos casos en que se tramite conjuntamente una modificación del planeamiento tal que el porcentaje no incluido en el plan parcial se localice en otros ámbitos o sectores con aprovechamiento residencial, de forma que el balance total del conjunto del territorio municipal, de acuerdo con los porcentajes previstos en los artículos 32.2.A.8 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y, en su caso, 27 de la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, quede siempre equilibrado.
En tanto no se asuman por los cabildos insulares las competencias que se enuncian en el artículo 5.1 a y b de esta Ley se ejercerán por el Instituto Canario de la Vivienda.
Artículo 13 (apdos. 4 y 5):
Suprimido por Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
Artículos 14, 27 (apdo. 1), 54 y 69 (apdo. 3); Disposición transitoria quinta:
Redacción según Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
Añadido por Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
Artículo 39 (apdo. 4); Disposición adicional decimocuarta:
Añadido por Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Artículo 27 (apdo. 1):
Redacción según Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. Artículos 47 (rúbrica y apdos 1 y 2); Disposición adicional cuarta:
Redacción según Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. Disposición adicional decimoquinta:
Añadido por Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. Cerrar
LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de CanariasRESOLUCIÓN de 21 enero de 2005, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas, por el que se prorroga y modifica el Convenio de cooperación sobre actuaciones relativas a la Comisión Liquidadora del Patronato Provincial de ViviendasRESOLUCIÓN de 21 enero de 2005, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se prorroga y modifica el Convenio de cooperación para actuaciones relativas al Patronato Provincial de ViviendasLEY 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de CanariasResolución de 4 de septiembre de 2007, del Director, por la que se hace pública la Resolución de 3 de agosto de 2007, que establece la fecha de cierre de solicitudes para la adjudicación de la promoción 12 viviendas de promoción pública, expediente TF-060/PP/05 Llano Amador, en el municipio de Puntallana, de la provincia de Santa Cruz de TenerifeAprobación inicial del Proyecto de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Tegueste(Adaptación Básica de NN.SS.) en la zona de Pedro ÁlvarezResolución de 4 de junio de 2007, del Presidente, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones genéricas destinadas a los municipios canarios para la implantación y mantenimiento de oficinas gestoras de vivienda para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas en materia de vivienda para el ejercicio 2007Resolución de 3 de diciembre de 2007, del Director, por la que se hace pública Resolución de 20 de noviembre de 2007, que establece la fecha de cierre de solicitudes para la adjudicación de las promociones de 10 viviendas de promoción pública, expediente TF-100/PP/04 Llano del Camello y 8 viviendas de promoción pública, expediente TF-010/PP/05 Punta del Lomo, en el municipio de San Miguel de Abona, de la provincia de Santa Cruz de TenerifeIniciativa formulada por la entidad mercantil Construcciones Industriales de Tenerife, S.A. incoando los expedientes para el establecimiento del sistema de ejecución privada para la gestión y ejecución de la U.A. GE-34 en el ámbito de Montaña PachoTexto íntegro de las ordenanzas fiscales que han sufrido modificación para el ejercicio 2008: Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público; Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; Tasa por Expedición de Documentos Administrativos; Tasa por Licencias Urbanísticas; Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos; Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos; Tasa por Suministro de Agua; Tasa de Alcantarillado; Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanzas Especiales; Tasa por Prestación del Servicio de Celebración de Matrimonios Civiles; Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terrenos de Uso Público y cualquier Remoción del Pavimento o Aceras en la Vía Pública; Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas; Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa e Instalación de Quioscos en la Vía Pública; Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público, así como industrias callejeras y ambulantes; Tasa por Entrada de Vehículos a Estacionamientos Particulares o Reservados a través de las Aceras y las Reservas de la Vía Pública para Aparcamientos, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase; Tasa por Instalaciones o Servicios constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo del Dominio Público LocalResolución de 13 de marzo de 2008, de la Presidenta, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones genéricas para los adquirentes o propietarios de suelo que destinen el mismo a la construcción de viviendas protegidas, convocadas mediante Resolución de 3 de octubre de 2007 (modificada por Resolución de 12 de noviembre de 2007)Cierre de solicitudes para la adjudicación de 210 viviendas de promoción pública en Ciudad del CampoEstatutos del Consorcio de Viviendas de Gran CanariaPliego de condiciones para la adquisición a titulo oneroso de suelo en la isla de gran canaria, mediante procedimiento abiertoORDEN de 24 de septiembre de 2009, por la que se regula el régimen de inscripción, funcionamiento y estructura del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de CanariasORDEN de 6 de octubre de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la convocatoria de subvenciones genéricas destinadas a los municipios canarios, para la implantación y mantenimiento de oficinas gestoras de vivienda para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas en materia de viviendaORDEN de 12 de mayo de 2010, por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialidad Arquitectos TécnicosORDEN de 6 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Especial Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria (PTE-44) en la isla de Gran Canaria.- Expte. 2006/0243ORDEN de 10 de diciembre de 2010, por la que se aprueba la Adenda al Anejo nº 19 (Expropiaciones). Reconstrucción de viviendas afectadas, del Proyecto de construcción Nueva carretera Icod de los Vinos-Santiago del Teide. Tramo: Icod de los Vinos-El Tanque (Tenerife)	Cerrar PDF
LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias	Trámites

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 Artículo 14
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Artículo 47

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 artículo 68
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 artículo 90
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