Source: http://www.gurbrevista.com/2018/05/entrevista-a-lucia-aviles/
Timestamp: 2019-08-25 23:17:45+00:00

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Lucía Avilés: "Para nosotras las mujeres, lo que se describe en la sentencia de La Manada es una violación" - Revista Gurb
Lucía Avilés: «Para nosotras las mujeres, lo que se describe en la sentencia de La Manada es una violación»
Por José Antequera. Jueves, 31 de mayo de 2018
Lucía Avilés, magistrada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España, se ha destacado en las últimas semanas como representante del colectivo femenino de juristas que levanta la voz contra el patriarcado firmemente asentado en los juzgados y tribunales de España. La hegemonía masculina en el Poder Judicial no solo está provocando sentencias sonrojantes como la de la Manada, sino que permite y tolera un discriminatorio e infamante techo de cristal para muchas juezas que no disponen de las mismas oportunidades que sus compañeros varones a la hora de ascender en el escalafón judicial. «La Justicia es machista porque juezas y jueces formamos parte de la sociedad y somos su reflejo. No somos ajenos al machismo que lo impregna todo y que es fruto de una empresa colectiva de enseñanza y aprendizaje por la que se interiorizan desde la infancia los llamados estereotipos de género», asegura. Desde su puesto de magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Arenys de Mar (Barcelona) analiza para Revista Gurb la situación anacrónica de una administración de Justicia que se ha quedado anclada en valores antiguos, y por lo que se desprende de algunas opiniones autorizadas, hasta rancios. Sobre la resolución de la Manada, Avilés lo tiene claro: «Para nosotras las mujeres, lo que se describe en esa sentencia es una violación».
¿Es machista la Justicia?
Sí porque juezas y jueces formamos parte de la sociedad y somos su reflejo. No somos ajenos al machismo que lo impregna todo y que es fruto de una empresa colectiva de enseñanza y aprendizaje por la que se interiorizan desde la infancia –en torno a los dos o tres años de edad y aproximadamente al tiempo de comenzar a hablar– los llamados «estereotipos de género», que son estas ideas simplificadas o prejuiciosas de lo que la sociedad espera de una mujer o de un hombre y por las que se da mayor valor al hombre y a lo masculino que a la mujer y a lo femenino. Actúan de tamiz en el proceso de aprendizaje y adquisición de experiencias y se manifiestan en toda su plenitud cuando somos adultos, en todas nuestras esferas de actuación, incluida la profesional. Este modelo social o «reparto de papeles» ha traído consigo la subordinación estructural e histórica de las mujeres a los hombres en lo que se ha venido a denominar «patriarcado» o «gobierno de los padres». A las mujeres, a quienes se nos confinó en nuestras casas y se nos dio un papel secundario en la Historia, también se nos privó de la toma de decisiones, de la creación de las normas y de su aplicación e interpretación, lo que se ha traducido en el «olvido» de nuestros intereses y derechos. De hecho, a pesar de las políticas de igualdad, actualmente aún tenemos menos de un cuarto de posibilidades de que la voz de las mujeres de todo el mundo se incluya en los procesos de decisión y transformación jurídica de la sociedad, porque la voz que más se escucha sigue siendo la de los hombres que siguen además sin querer entender que el lenguaje, las normas, el conocimiento humano, las leyes o nuestro cuerpo no es suyo. Según la Unión Interparlamentaria solo hay un 23,4% del total de parlamentarios en el mundo que son mujeres. Menos de un cuarto. Y su presencia es minoritaria e incluso anecdótica en los Tribunales Supremos de muchos países. En España es de solo el 14%. Cuando, como juezas y jueces, desempeñamos nuestra profesión lo hacemos con esta carga social naturalizada a través de nuestro aprendizaje y de nuestra formación. A diferencia de otras profesiones, si no somos conscientes, y serlo implica desaprender lo aprendido, corremos el riesgo de que nuestras resoluciones judiciales y, en general el quehacer judicial quede impregnado también de sesgos discriminatorios que pueden llegar a dificultar la plenitud del derecho a la igualdad real y del derecho de las mujeres a acceder a la Justicia. También como institución, el Poder Judicial, tradicionalmente copado por hombres (pues a las mujeres se nos prohibió el acceso a la función judicial hasta 1966, se ha sumado también al machismo imperante y normalizado. Sometido a una profunda renovación de género, pues hoy día en España las mujeres representan más de la mitad de sus miembros, tiene ante sí un nuevo reto, el de afrontar la igualdad entre mujeres y hombres no sólo en su propia estructura, rompiendo el engrosado techo de cristal, sino en la propia función de juzgar que le es propia y por la que se ha de asegurar la correcta aplicación del Derecho, de modo imparcial, justo, equitativo y eficaz, para lo que es indudable la importancia de la perspectiva de género como técnica jurídica vinculante y transformadora de la Justicia.
Como jurista y como portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España, ¿cómo valora la sentencia de la Manada?
Hay que hacer una doble lectura de la sentencia 38/2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. De un lado, hay que poner en valor que es extremadamente garantista con los derechos del investigado y con los derechos de la víctima. A la víctima se la cree, es empática con ella y con su relato, pese a que luego al relato no le da la calificación jurídica esperable. La sentencia (no el voto particular) asume los postulados del «NoEsNo», la campaña lanzada originariamente por la plataforma «Project Consent» y seguida por los ayuntamientos españoles especialmente a raíz de la violencia sexual denunciada en festividades como la de los Sanfermines, en la que transcurren los hechos enjuiciados de Pamplona, o del «YoSiTeCreo» que protagoniza las movilizaciones feministas. La sentencia no aprecia consentimiento en la conducta de la víctima y asume sin tapujos su relato atacando además con contundencia el menosprecio y vejación a que fue sometida la víctima. Lo paradógico del caso, y lo que ha generado el malestar social, es que los hechos probados sí describen una agresión sexual (identificada socialmente con una violación), esto es una relación sexual no consentida e impuesta con violencia y/o intimidación, a la que después no se la califica como tal. En los hechos probados se utiliza un lenguaje que para nada es fortuito. Está hablando de angustia, agobio, de desasosiego, sometimiento, bloqueo, miedo, y explica que la víctima precisamente por ello para no poner en peligro su integridad física y su vida, se deja hacer de todo porque está bloqueada y sin capacidad de reacción. La calificación jurídica como abuso sexual, que en nuestro Código Penal ahora mismo es una especia de «cajón de sastre», resulta descafeinada y ofensiva para las mujeres que somos quienes padecemos de manera casi exclusiva la violencia sexual y para nosotras eso, lo que se describe, es una violación.
¿Le ha extrañado la polémica, el terremoto social que ha generado?
En absoluto. La sentencia se debe enmarcar en un movimiento histórico que reivindica la igualdad de género, el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres como bastiones del desarrollo humano. El 8 de marzo de 2018 ha redirigido la mirada universal hacia las mujeres y ha impulsado el recién bautizado por Marcela Lagarde como «el siglo de las mujeres». Es un momento de profunda transformación social con precedentes en el 15-M, que a consecuencia de la sentencia de Pamplona está reivindicando el poder de las palabras, el llamar a las cosas por su nombre y a su resignificación. El feminismo sale a la calle para mostrar su disconformidad con toda argumentación y distorsión jurídica del significado de una palabra, la intimidación, que no sea la que el sentir social y el discurso igualitario (cuyo testigo recoge el Convenio de Estambul) identifican como elemento clave y consustancial a una violación. «No es abuso es violación», rezan las reivindicaciones. Y subyace la rebelión contra las palabras que en este caso, como en otros pasados, apuntalan un patrón de pensamiento y unas profundas estructuras culturales que legitiman desde el poder la minusvaloración de las mujeres y su exclusión del discurso jurídico. Pero este «tsunami violeta» además va más allá. En los medios de comunicación se está concediendo espacio y protagonismo a las mujeres, a la igualdad y la perspectiva de género. Se está construyendo públicamente una idea transformadora del poder. Las mujeres y su liderazgo, pese a la demostrada resistencia a la «intrusión femenina» en territorios tradicionalmente masculinos (como el Poder Judicial) han logrado vencer y convencer de su papel protagonista en democracia.
¿Cree que, de haber sabido el vendaval que se iba a originar, los jueces de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra hubieran puesto la misma sentencia?
Por supuesto. No existe duda de que la independencia judicial y la imparcialidad como garantía del Estado de Derecho y elemento vertebrador de la función judicial, tanto en este caso como en la respuesta judicial que a diario miles de personas encuentran en los juzgados, han estado por encima de la presión social que han podido sentir.
La reacción de indignación de las mujeres en la calle ha sido firme y contundente, ¿qué opina de esa oleada de protestas?
Creo que debemos aprovechar el impulso social para realizar una crítica constructiva de nuestra sociedad, y por lo que afecta a la Justicia iniciar un periodo de reflexión y de cambio con un doble punto de vista. Adaptar la legislación a las nuevas realidades sociales y, tratándose de los llamados «delitos de género» adaptarla a los postulados del Convenio de Estambul y al Pacto de Estado. Y al mismo tiempo comprender que la ley no basta, porque no se puede avanzar a golpe de Código Penal, sino que hay que implementarla. Y cómo. Pues en casos como el que nos ocupa, cargados quizá de esterotipos por los llamados «mitos de la violación», identificando estos estereotipos que prejuzgan a la víctima por el cómo debería comportarse o cómo debería haber reaccionado, y bueno en definitiva adaptando e interpretando los conceptos jurídicos a la realidad para arrojar un poco de luz al ámbito jurídico sobre lo que significa sufrir y ser víctima de violencia sexual. Porque pese a que se ha avanzado mucho respecto de los llamados antes «Delitos contra la honestidad», todavía quedan vestigios de este discurso estereotipado que «despieza» jurídicamente el cuerpo de las mujeres para encontrar el grado exacto de consumación y de participación, de consentimiento, de violencia o de intimidación, siempre en detrimento del bien jurídico que más se debería proteger, la dignidad de las mujeres.
Desde casi todos los ámbitos judiciales se ha pedido la dimisión del ministro Catalá por insinuar que el magistrado ponente que ha puesto el voto particular en la sentencia no está capacitado. ¿Cree usted que el ministro debería presentar su dimisión?
Creo que ha sido una extralimitación intolerable e impropia de quien representa una institución del Estado. La confianza social de la Justicia se debe construir sobre el respeto institucional mutuo. Las resoluciones judiciales, si son consideradas erróneas, se corrigen a través del sistema de recursos y por las instancias superiores. Fuera del sistema judicial es posible criticar una resolución judicial, como es posible criticar una ley o un acto del Gobierno, y es un ejercicio sano de democracia. Ahora bien, se critica una resolución judicial, no a la persona que la dicta. De tal manera que toda extralimitación debe ser rechazada, máxime por lo que implica la instrumentalización política que se ha pretendido respecto de la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.
¿Considera que las palabras del ministro han supuesto una injerencia en el funcionamiento del poder judicial?
Sí. Este tipo de manifestaciones contaminan sin duda los poderes del Estado. Se ha intentado politizar la Justicia y cuestionar la independencia y profesionalidad de los/las jueces/zas y magistrados/a, evitándose la asunción de responsabilidades que son necesarias en términos de mejora de la calidad de la Justicia.
¿Qué le parece a usted ese polémico voto particular de la sentencia dictado por el magistrado Ricardo González?
No estoy de acuerdo con el voto particular. Que un miembro de un tribunal mantenga un criterio discrepante respecto de sus compañeros/as es una manifestación más de la independencia judicial y además está previsto legalmente. Ahora bien, en este caso particular, desde luego las expresiones que se emplean son absolutamente prescindibles por ofensivas y denigrantes a la víctima, constatándose en ellas la cosificación de las mujeres y una interpretación de la norma que puede sostenerse en un concreto imaginario sexual muy alejado del deseo y de la voluntariedad vertebradora de unas relaciones sexuales consentidas.
Pero calificar una supuesta violación de ambiente de «regocijo y jolgorio«, ¿no le parece un poco fuerte? Más allá de que la calificación de abuso sexual sea acertada o no, en ese párrafo parece sobrar literatura y faltar algo de sensatez y rigor jurídico…
Falta perspectiva de género. El feminismo y la técnica jurídica que lo avala, la «perspectiva de género» –ni más ni menos que un discurso jurídico basado en la igualdad–, se deben revindicar como forma de empoderar jurídicamente a las mujeres y como guía en la interpretación jurídica. La perspectiva de género es útil como instrumento de protección de las víctimas en el camino hacia la construcción de una Justicia de calidad. De hecho es un mandato jurídico vinculante que arranca de la propia Constitución (artículo 9.2) y de la Ley de Igualdad (artículo 4). Es un método de análisis que constata con argumentos jurídicos la construcción de la norma jurídica y su hermenéutica en torno a lo masculino singular con olvido de las singularidades de las personas, especialmente las de las mujeres. Pretende ser la herramienta de interpretación (ajustada a la realidad actual según el artículo 3 del Código Civil) para enfocar correctamente los conceptos de discriminación y violencia, mostrándonos que son un fenómeno estructural y sistemático y no algo anecdótico entre sujetos socialmente aislados. Se tiene que resignificar el propio concepto de violencia de género, muy estrecho en nuestro ordenamiento jurídico, porque casos como este –y otros recientes como el de Diana Quer– son violencia de género. La base de este caso, un grupo de hombres organizados para «depredar sexualmente» y movidos por su menosprecio hacia las mujeres, necesariamente se tiene que incluir como violencia de género.
¿Le sorprendería si se abriera un expediente disciplinario contra ese magistrado?
En la Asociación de Mujeres Juezas de España siempre hemos defendido que el fallo está en el sistema no en las personas concretas, salvaguardando así una perspectiva amplia que nos permite realizar una correcta radiografía y diagnosis del estado de la Justicia.
De cualquier forma los hechos probados no casan con la calificación jurídica, ¿ha sido solo un fatal error técnico o el resultado de unos prejuicios intelectuales prestablecidos?
En la sentencia, el concepto jurídico de intimidación pese a que se ajusta formalmente a los parámetros de nuestro Código Penal, se aleja del concepto social y ahí radica el problema. Probablemente nunca una palabra haya tenido más fuerza como detonante del distanciamiento entre la Justicia y la sociedad. Entre las justicia y las mujeres. Si te rodean en grupo cinco personas, con actitud hostil, y te piden, más bien te conminan a entregar el móvil, todo el mundo entenderá que no puedes negarte y que te ves obligada o intimidada por las circunstancias. Y en este caso, nadie dudaría de que la calificación jurídica es la de robo, que conlleva la apreciación de intimidación. Cuando trasladamos este planteamiento a los delitos contra la libertad sexual entran en juego los prejuicios a la hora de valorar la intimidación logrando una aplicación estereotipada de la norma. La «intimidación» abandera el laberinto patriarcal en que se ha convertido muchas veces el Derecho para las mujeres y ha sido el detonante de la profunda brecha entre la Justicia y las mujeres, que son quienes además padecen casi exclusivamente la violencia sexual de donde arranca esa infame palabra. La sociedad, las mujeres, proyectan un nuevo pensamiento forjado a base de sororidad y quieren hacerse oír para desterrar de una vez por todas la cultura de la violación, tantas veces minimizada y normalizada.
¿Tienen los ciudadanos el derecho a criticar las sentencias? Porque a veces parece que los jueces deben ser tratados como «ángeles intocables» contra los que no cabe el derecho a la crítica como cualquier otro profesional…
Desde luego que sí, siempre que se haga de una manera razonable y coherente. Es un ejercicio sano de democracia.
¿Las críticas de corporativismo que a veces se dirigen contra ustedes son justas o inmerecidas?
El corporativismo existe en esta y en todas las profesiones. A veces, no obstante, se confunde con inmovilismo y falta de autocrítica, que la hacen resistente a la evolución.
La Comisión que debe revisar los delitos sexuales inicialmente estaba formada por 20 hombres. Por lo visto se les olvidó incluir mujeres, aunque después han rectificado y han incluido a seis componentes femeninas… ¿Cómo puede el Ministerio de Justicia cometer semejante discriminación?
Incumpliendo la ley de Igualdad. En un momento como este, en que es necesario redirigir el norte jurídico hacia un diálogo constructivo entre el derecho y la sociedad (que nunca debió perderse) que recoloque a los sujetos jurídicos –mujeres y hombres– y a sus experiencias vitales en un plano de igualdad real que permita contextualizar socialmente las normas, los órganos que tienen capacidad decisoria o propositiva de influencia como ahora lo es la Sección Penal de la Comisión de Codificación, tienen que asegurar –en cumplimiento de la Ley de Igualdad– el principio de paridad (artículos 54 y 16), permitiendo así no solo la garantía de la diversidad profesional y geográfica (como expresamente se exige) sino también de género. El iusfeminismo, clave en esta transformación, está denunciando que el de las mujeres también es un punto de vista válido en la regulación de las relaciones sociales y en la argumentación jurídica y reclama –sin pedir permiso a nadie y exigiendo el cumplimiento de los mandatos legales– su participación efectiva como sujeto activo de cambio y parece que va ganando la partida. Todo está por ver.
¿Considera que esta Comisión de reforma será suficiente para corregir las distorsiones que se cometen a la hora de calificar los hechos como violación o solo como abuso o siempre habrá un margen para la interpretación polémica del Código Penal?
No se trata de incluir a más mujeres para tratar «temas de mujeres», sino de hacerlo por un principio de legitimidad democrática, para evidenciar el compromiso público con la igualdad que les exija además una formación acreditada, real y no meramente formal, en materia de género que asegure la reforma de este fenómeno delincuencial desde una dimensión no meramente formalista, sino desde una sólida mirada que permita remover la discriminación y estereotipia arraigada también en la legislación.
Muchas mujeres tienen la impresión de que algunos jueces exigen a la víctima de una violación que se resista hasta la muerte… ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
El fallo está o en la ley o en la interpretación que se hace de la ley pero no en el juez o jueza en concreto que dicta la sentencia. Son disfunciones estructurales que existen y tienen su causa directa en la falta de medios personales y materiales, falta de implementación de medidas concretas en materia de formación obligatoria en género, determinación de cargas judiciales máximas de trabajo razonables y especialización de los juzgados. En materia de violencia sexual, la Organización Mundial de la Salud y el Convenio de Estambul adoptan un concepto amplio de la misma a la que califican categóricamente de violencia de género. Pero ¿por qué nuestro Código Penal no lo tiene tan claro? Quizá por la propia permeabilidad de las normas jurídicas y el discurso jurídico generado en su aplicación, pues han permitido reproducir y perpetuar los estereotipos o patrones culturales que, más allá de las meras diferencias sexuales y de la propia individualidad, han construido las identidades sociales del hombre y de la mujer y el «reparto de papeles» con la consiguiente subordinación estructural, histórica y sistemática que marca significativamente la existencia de las mujeres. Los llamados «delitos sexuales» han sido una buena muestra de ello porque han legitimado de algún modo la llamada «cultura de la violación», un discurso jurídico moralista y plagado de prejuicios que parten de la presunción de que existió consentimiento en las relaciones sexuales, de tal manera que para lograr una condena en muchos casos la acreditación de una resistencia casi numantina se convierte en un arma de doble filo para las mujeres. A esto debemos añadir que la utilización del lenguaje en las leyes y en las resoluciones judiciales nunca ha sido casual. Bajo el velo –casi sacrosanto– del «masculino genérico» se ha invisibilizado a las mujeres y a su derecho a que las palabras las nombren también a ellas y a sus experiencias vitales. Y mediante la instrumentalización del lenguaje por quién lo aplica han aparecido condicionantes sospechosos, como el androcentrismo, incluso en un discurso jurídico elaborado y formalmente neutro y objetivo. Las mujeres han percibido en todo ello una discriminación institucionalizada (o violencia institucional) que les ha generado desconfianza en la Justicia al no percibir evidencias de la voluntad del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las mujeres. Se han sentido, y con razón, revictimizadas porque la justicia, como máxima garante, no ha eliminado las barreras invisibles que deben superar incluso para poder acceder a la «cadena de justicia». La violencia institucional se ha convertido, como nos recuerda Naciones Unidas, en una forma más de violencia de género.
En cualquier caso, ¿cómo podría acotarse, definirse mejor, el requisito de la intimidación?
Sin duda con perspectiva de género, para contextualizar la desigualdad y para devolver a la ciudadanía una visión crítica de los hechos y del Derecho que permita aportar igualdad a lo que (o a quién) de partida no es visto como igual. Bajo este contexto de desigualdad, con perspectiva de género, se trata de comprender y empatizar con las personas y con sus experiencias de vida. A medio o largo plazo, quizá la solución esté en eliminar la intimidación como requisito jurídico asumiendo sin más la importancia de la falta de consentimiento (es decir, «todo lo que no sea un sí, es un no») como elemento clave de una violación. En todo caso, habría que terminar con la diferencia entre abuso y agresión y su calificación, respondiendo al concepto social e internacional asumido, como violencia sexual o violación, definido por la falta de consentimiento. Debería además adecuarse nuestro ordenamiento jurídico a los postulados del Convenio de Estambul, reconociendo expresamente la violencia sexual contra las mujeres como violencia de género. Quizá nos deberíamos plantear además la creación de una Ley Integral contra la Violencia Sexual que abordara su prevención desde la educación, la reparación integral de las víctimas y la sanción penal.
No es la primera vez que se dicta una sentencia polémica con el delito de agresión sexual como trasfondo ni probablemente será la última. El ciudadano a veces tiene la sensación de que los jueces no aplican la ley con rigor, sino que dictan sentencias en función de su forma de entender la vida, en función de sus prejuicios, de sus tabúes religiosos, etc… ¿Cree que hay algo de verdad en eso?
Claro y no es patrimonio español, sino universal. Es por todos y por todas conocido la existencia de nefastas resoluciones judiciales e incluso declaraciones de otros operadores jurídicos en los que los estereotipos y el machismo son tan patentes que nadie los podría negar. Veamos algunos ejemplos. Un abogado egipcio, a propósito del debate sobre el proyecto de ley sobre prostitución dijo en relación con las mujeres que van con pantalones rasgados que «acosarlas es un deber patriótico y violarlas un deber nacional». En Portugal un juez justificó un caso de violencia machista porque la mujer había sido adúltera. Literalmente decía en la sentencia «el adulterio de la mujer es un gravísimo atentado al honor y a la dignidad del hombre. Existen sociedades en las que la mujer adúltera es lapidada hasta la muerte. En la Biblia podemos leer que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte». En España, una jueza preguntaba recientemente a una mujer víctima de violencia sexual: ¿cerró usted bien las piernas? En el Reino Unido, un tribunal exculpó a un hombre de la violación de una mujer de 18 años tras aceptar el argumento de la defensa de que el hombre había penetrado a la mujer al tropezar y caer accidentalmente sobre ella. Por último, un tribunal del distrito federal de México, en el año 2010, ordenó retirar la custodia de su hijo a una mujer española porque no cumplía con el «rol de madre tradicional». El juez le ordenó acudir a terapia «para que entendiera las costumbres mexicanas y pudiera ser una buena madre». La ciudadanía tiene un sentimiento colectivo de lo que es Justicia y lo experimenta de manera individual. Si los condicionantes culturales del juzgador se unen a la falta de formación en perspectiva de género corremos el riesgo de incluir en nuestras resoluciones argumentaciones y soluciones prejuiciosas que no hacen sino recoger el testigo de la discriminación para devolverla duplicada. Para corregir estas disfunciones es necesaria la formación en perspectiva de género.
¿Siente una jueza de instrucción como puede ser usted la presión del «techo de cristal», siente que alcanzar un puesto elevado en el escalafón judicial es algo mucho más complicado que para los hombres?
Sí, como sucede en el resto de ámbitos profesionales. Cuando se habla de liderazgo, y más concretamente, de liderazgo femenino normalmente se tiende a enmarcarlo en el ámbito de la empresa privada donde los valores de democracia, igualdad, representatividad y promoción profesional tienen un peso específico en cuanto que son ítems que reflejan una organización empresarial sana. En el sector público, sin embargo, aún es un tabú hablar abiertamente de discriminación y sobre la necesidad de establecer cuotas femeninas para la promoción de la paridad. Las «cuotas masculinas», por las que ellos monopolizan la mayoría de puestos de decisión, no se cuestionan y se dan por válidas siempre y en todos los ámbitos. Y eso responde quizá a la creencia de que «lo público», por sí mismo, protege con mayor celo los derechos y no deja opción posible a su cuestionamiento, al menos en materia de igualdad de género. Por esta razón parte de la ciudadanía e incluso parte de la propia Judicatura da por hecho que en el ámbito judicial se han alcanzado las cotas de igualdad que se le presuponen a un órgano del Estado que, por esencia, es el que debe ser el garante de la igualdad. Pero no es así. En España, a pesar de que las mujeres y hombres accedemos a la carrera judicial en igualdad de condiciones y a pesar de que las mujeres ya somos mayoría en ella (53,2%) y más de la mitad de las sentencias que se dictan hoy día en España están firmadas por mujeres (53,5%), nos encontramos por un lado la existencia de un engrosado techo de cristal en el caso de los nombramientos discrecionales –o suelo pegajoso de los no discrecionales– y la falta o inexistencia en algunos cargos de liderazgo femenino, diversidad y participación en términos democráticos, de las mujeres en los órganos judiciales de referencia, lo que se traduce en la exclusión de nuestro punto de vista y, en definitiva, en una menor independencia judicial (Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, del Consejo de Europa, 2016). Veámoslo con cifras. Las mujeres juezas representamos más de la mitad de sus miembros (52% y el 60% en la franja inferior a 51 años; en la últimas promociones han llegado hasta el 70%), pero nuestra presencia en puestos de liderazgo y nuestras voces jurídicas, sin embargo, permanecen silenciadas e invisibilizadas en la cúpula judicial, pues sólo el 13% de las mujeres de la carrera judicial los ocupan. Nunca ha habido una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, siempre han sido hombres. En el Tribunal Supremo de 84 magistrados, solo 12 son mujeres (ninguna de ellas es presidenta de sala), de las cuales en la sala civil (que entre otras materias, resuelve asuntos de familia) y en la sala de lo penal (que, también entre otras materias, conoce asuntos relacionados con la violencia de género o con los delitos contra la libertad sexual) solo hay una en cada una de ellas (de 10 y 13 miembros, respectivamente). En la Audiencia Nacional, de un total de 67 magistrados/as, solo 25 son mujeres y solo una preside una de las tres salas (aquí curiosamente la de lo penal). En los Tribunales Superiores de Justicia, solo una de las 17 presidencias la ostenta una mujer; de los 525 magistrados/as, 187 son mujeres y de ellas solo 13 de 58 ostenta la presidencia de alguna de sus salas. En las Audiencias Provinciales, de 967 magistrados/as, solo 364 son mujeres y de ellas, solo 8 de 50 son actualmente sus presidentas.
¿Cómo está España respecto a otros países europeos en lo que se refiere a igualdad en la carrera judicial? ¿Lo tienen más difícil las juezas españolas que las francesas, alemanas o italianas?
De hecho estamos a la cola de Europa como lo atestigua la foto de apertura del año judicial español en la que, año tras año, las mujeres están literalmente desaparecidas. La Comisión Europea informa semestralmente sobre los sistemas judiciales y en el último informe sitúa a España en un puesto 21 (de 28) en materia de independencia judicial ligada a los recursos humanos empleados en justicia por número de habitantes. Tenemos a unos 10-12 jueces por cada 100.000 habitantes, y en un mejor noveno puesto –impulsado por la mayor presencia de mujeres en los órganos inferiores en cuanto a presencia femenina en cargos judiciales, constatándose que alcanza el 60% en primera instancia, pero el porcentaje cae en picado en segunda instancia con el 30% y en el Tribunal Supremo con el 13%–. En Francia, las cifras son del 65%, 60%, 45% y en Italia del 55%, 50% y 30%. Pese a la creencia social de que la presencia de mujeres no es algo indispensable, ni siquiera en un Poder del Estado como es el judicial, la incorporación de las mujeres en puestos de máxima jerarquía judicial no solo es necesario, sino que constituye el sustento básico para que la institución sea percibida como justa, independiente y representativa. Ruth Bader Ginsburg (Estados Unidos, 1933) una de las tres mujeres que integran la Corte Suprema de Estados Unidos formada por nueve miembros dijo: «Si me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte, contestaré que cuando haya nueve. La gente se escandaliza, pero siempre ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha visto con malos ojos». La presencia de más mujeres juezas en cargos de liderazgo judicial es una cuestión de democracia, representatividad y aprovechamiento del talento, además de una necesidad de las sociedades modernas en las que la diversidad social requiere también diversidad en la composición de los órganos de decisión para lograr soluciones mejores por estar desprovistas de mitos y estereotipos. Además, que haya más mujeres en los puestos de designación discrecional contribuye a desafiar el estereotipo social de que esos puestos solo pueden ser ocupados por hombres a la vez que genera estímulos para que muchas mujeres se vean capaces de ocuparlos, creándose referentes para las futuras generaciones de mujeres. Naciones Unidas resaltó esta anomalía democrática en la Justicia española en su informe de 17 de junio de 2015 en el grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres en la legislación y en la práctica en España donde recogía las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado español: “Con respecto a la participación de la mujer en la vida política y pública el grupo de trabajo recomienda que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior». Afortunadamente, y como anunció Silvia Federici en el año 2017, «algo se está generando, como pasó en los años setenta con los movimientos feministas. Las mujeres de todo el mundo se están movilizando y diciendo basta». Y en el ámbito judicial, muchas de nosotras estamos convencidas de que efectivamente «este es el momento» y que del 8 de marzo de 2018 no pueden quedar fuera ni la Justicia, ni las mujeres que la impartimos.
En las altas magistraturas como el Supremo y el Constitucional la cuota de igualdad no siempre se cumple. Tampoco en el CGPJ. ¿Cómo se consigue que una mujer jueza no llegue a culminar su carrera como jurista, cómo se le corta la proyección hacia la cúpula judicial, si es que esto sucede así?.
No creo que deba entenderse como un éxito, sino más bien como un fracaso democrático. En el origen de la imposibilidad o extrema dificultad en el acceso a los cargos de designación discrecional se encuentra en la aclamada y poco efectiva Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la falta de contundencia del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial que no han podido contribuir a la promoción efectiva de las mujeres juezas a aquellos cargos. No es, como dicen algunos, solo una cuestión de tiempo. Si fuera así podríamos pensar que hay que seguir esperando «un poco más» porque llegará el momento en que, de una vez por todas, después de cuarenta años tras nuestra incorporación efectiva a la carrera judicial ocuparemos las plazas que nos corresponden también a nosotras y no solo a nuestros colegas hombres. Pero el tiempo no es el único factor. Y no lo es por el mero posicionamiento que se hace también en la Judicatura desde la igualdad formal, olvidando la igualdad material cuya efectividad nos exigiría la remoción de las estructuras de poder que jerarquizan y subordinan de manera sistemática, seamos juezas o no, las mujeres a los hombres y que, llegado el caso, pueden servir como criterio impulsor de una concreta decisión gubernativa (nombramiento, elección como ponentes en cursos de formación, etc). De hecho, no es casual que nos rijamos por un masculinizado Estatuto de los Jueces que parte de un modelo decimonónico de familia en la que el juez, hombre, casado, heterosexual y cabeza de familia debe dedicarse exclusivamente a su profesión. Como sucede al resto de mujeres trabajadoras, la falta de corresponsabilidad a las juezas nos dificulta el acceso a los puestos de liderazgo con el consiguiente detrimento de nuestra promoción profesional. Si revisamos los datos concretos de la carrera judicial publicados por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2008, de 58 excedencias para el cuidado de hijos, 57 la pidieron mujeres (el 99%). Y además hay un dato curioso. Ellos no se piden excedencias, pero en cambio sí compatibilizan su trabajo con actividades docentes: 78% frente a un 22% de mujeres; y salen al extranjero a formarse en unos porcentajes similares (77% de hombres, frente a un 23% de mujeres). Se trata de datos muy significativos que hay que poner en relación con el sistema estricto de incompatibilidades del Estatuto judicial por el que prácticamente son la docencia y la formación las dos fuentes con las que contamos para engrosar nuestro currículum y en consecuencia, son dos parámetros importantes –claves– a la hora de escoger a un candidato o a otro en los puestos de libre designación. La Ley de Igualdad creó la Comisión de Igualdad de la Carrera Judicial (formada por cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial) que se constituyó por primera vez el 23 de octubre de 2007. Su función esencial es la de «asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del CGPJ y en particular elaborar los informes previos sobre impacto de género de los Reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial» (artículo 610.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Entre sus objetivos estaba y está el de promover la conciliación en la carrera judicial, razón por la que en el año 2008 se hizo una encuesta a jueces y a juezas sobre este extremo y el 98,3 % de los encuestados contestó que la incorporación de medidas de conciliación en la carrera judicial era un objetivo necesario o muy necesario. El 14 de febrero de 2013 se aprobó también el Plan de Igualdad entre cuyas finalidades están la de promover medidas de corresponsabilidad y de conciliación mediante acciones de información y sensibilización y –esto es importante– mediante la adecuación del trabajo a la persona. Sin embargo, la promoción de la corresponsabilidad, necesitada de mucho impulso político, no es un objetivo consolidado. Pese a los esfuerzos realizados, los jueces solo tienen 15 días de permiso de paternidad –muy lejos de la deseable implantación de permisos iguales e intransferibles en nuestra sociedad–. Y en cuanto a las cargas de trabajo, su adecuación y el aumento de los recursos humanos y de los medios materiales para una mejor atención a la ciudadanía, es uno de los objetivos que perseguimos desde hace años y es también año tras año desoído. Nos encontramos con juzgados que en el 43,53% de los casos, según estudio del Servicio de Inspección elaborado en el año 2013, soportan una carga de trabajo superior al 150% de la media fijada por el CGPJ. Es decir, 1.695 juzgados saturados, de los que el 45% de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (471) registran un exceso de trabajo. Este es el momento de reclamar con más fuerza la objetivación de los criterios en nombramientos discrecionales, la modernización de la Administración de Justicia –con mejoras técnicas, económicas y organizativas– la valoración curricular de los cuidados (que nos convierten en ahorradoras de tiempo y estrategas en la resolución de conflictos), el establecimiento de permisos parentales iguales e intransferibles o la racionalización de las cargas de trabajo. Y por supuesto, como no podía ser de otro modo, la paridad en los puestos de liderazgo. Aspectos todos que atañen no solo a las juezas, sino también a los jueces (nuestro principales aliados) y que implicarán el fortalecimiento de la igualdad de género y la promoción profesional de las mujeres también en la Judicatura, con el consiguiente beneficio social. Por eso se incluyen –junto a otras no menos importantes– medidas concretas que afectan a la igualdad de género como reivindicaciones en las movilizaciones que desde el día 5 de abril de 2018 protagonizamos Judicatura y Fiscalía con la finalidad de lograr una Justicia de calidad.
Ahora se está diciendo que existen graves carencias en la educación de género de algunos jueces y magistrados varones, ¿se podría solucionar esa deficiente educación en igualdad con unos simples cursillos de formación y reciclaje como se está reclamando desde diferentes asociaciones de jueces y fiscales o eso sería poner parches de agua caliente que no resolverían el problema?
Permítame que realice algunas precisiones. En primer lugar, en materia de prevención, la educación es fundamental como ya he dicho antes para evitar la adquisición de estereotipos. Pero para las personas adultas, quienes ya los hemos adquirido es más correcto hablar de formación, pues en otro caso, se estarían infantilizando el origen y la solución a esta cuestión. En segundo lugar, las carencias formativas no afectan solo a los hombres. No es cuestión del sexo del juzgador, sino de la formación que se tenga en materia de género. Las juezas podemos tener unas experiencias vitales que pueden ayudar a dar otros puntos de vista tradicionalmente no tenidos en cuenta, especialmente en aquellas materias que lo requieren (como sucede en materia de violencia sexual puesto que somos las mujeres quienes la sufrimos casi exclusivamente), y en eso partimos con cierta «ventaja» respecto de nuestros colegas hombres. Pero en todo caso, lo que importa es la formación jurídica especializada en materia de igualdad y género, y la responsabilidad de proporcionarnos esta formación, como sucede con otras materias, es del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Formación que es particularmente importante en los órganos jurisdiccionales capaces de generar jurisprudencia y pronunciamientos vinculantes para el resto de órganos jurisdiccionales, en nuestro caso, el Tribunal Supremo, por el indudable impacto social de sus decisiones. En tercer lugar, quienes hemos reclamado la formación judicial en perspectiva de género hemos sido la Asociación de Mujeres Juezas de España que apoyándonos en las resoluciones de Naciones Unidas al respecto y en nuestras leyes, impulsamos una transformación integral de la Justicia en una Justicia con mayúsculas que asuma que no hay Justicia sin Igualdad. En este punto, la formación judicial es importante, entre otras razones, para evitar la llamada «violencia institucional» o discriminación institucionalizada que durante años han percibido las mujeres y que les ha generado desconfianza en la Justicia al no percibir evidencias de la voluntad del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las mujeres. La revictimización se ha producido por no actuar con la «diligencia debida» para eliminar las barreras invisibles o «estereotipos» que las mujeres sienten deben superar incluso para acceder a la llamada «cadena de justicia». De este modo, y como nos recordó Naciones Unidas en 1993, la violencia institucional se ha convertido en una forma más de violencia de género. Naciones Unidas condenó a España por no actuar con la diligencia debida en el caso Ángela González Carreño y el Dictamen adoptado por el Comité CEDAW en su 58° período de sesiones (30 de junio a 18 de julio de 2014) en este caso expresamente el Comité recomendó a España «proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación acerca de la definición de la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, en particular la recomendación general número 19». La formación obligatoria y transversal además se recoge en el Pacto de Estado contra la violencia de Género, que se ha visto frenado por los acontecimientos políticos, frustrando las medidas que se recogen en su texto. Expresamente se recoge en el punto 5 sobre «Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial», la medida 158, la de «Ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados especializados en violencia de género. Estructurarla en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable». Como recuerda el CGPJ en la Guía Práctica de 2016 sobre la Ley Orgánica 1/2004 en relación con la interpretación de las normas con perspectiva de género que «ello exige al Poder Judicial razonar con una lógica distinta de la de épocas pasadas y que resulte útil para remover los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva». Además, añade: «Esta perspectiva ha sido ratificada por la legislación española a través del Convenio de Estambul, que en su artículo 4 y bajo la rúbrica de «Derechos fundamentales, Igualdad y no discriminación» condena textualmente «todas las formas de discriminación contra las mujeres» de forma que el Estado «tomará, sin demora, las medidas legislativas y de otro tipo para prevenirla».
¿Por qué decidió fundar la Asociación Mujeres Juezas de España?
Soy mujer, soy madre de dos hijos y soy jueza. Y estas tres categorías son indisolubles en mi manera de entender la igualdad real y de ejercer y aprender mi oficio. Soy consciente de que ser jueza no me protege frente a la discriminación que sufrimos las mujeres porque la discriminación social de la que partimos las juezas como mujeres, es algo inherente a nuestra propia contemporaneidad. Y también soy consciente de la posición preferente gran oportunidad de cambio que ofrecen los sistemas judiciales para millones de mujeres en el mundo. Me crié en la España de las libertades, en la que la Constitución española de 1978 reconocía en su artículo 14, como ya lo habían hecho los textos internacionales, la igualdad y el derecho a no ser discriminados, como derechos fundamentales de todos (y de todas) y como uno de los bastiones de la democracia recién estrenada. Así me lo enseñaron años más tarde en la universidad cuando trataba de encontrar mi vocación de jurista y aún me daba pudor pensar que algún día yo también podía llegar a ser juez. Porque entonces aún persistía y persiste la creencia de que una es mejor profesional si es juez, no si es jueza –terminado en a, jueza–. Sin embargo, a pesar del caldo de cultivo igualitario, crecí no sabiendo muy bien qué era eso de la igualdad y a raíz de mi maternidad fue cuando –como otras mujeres de mi generación– adquirí plena conciencia de nuestra situación real, la de las mujeres, y de la diferencia de trato que en nuestra sociedad se nos da especialmente cuando somos madres. De una manera brutal, como brutal es la realidad, me daba cuenta de la diferencia entre lo que yo estaba viviendo y lo que se esperaba socialmente de mí como mujer, como esposa, como madre y como trabajadora. Poco a poco comencé a generarme la necesidad de cambio que antes nunca había experimentado. Me refiero por ejemplo, a la necesidad de afrontar digna y libremente el parto, a la mejora del sistema de conciliación, al implemento de las políticas de corresponsabilidad o a la necesidad de lograr una educación igualitaria para mis hijos. Este ha sido y es mi principal motor. Cuanto más consciente he sido de la discriminación propia y ajena, más consciente he sido de la «falsa universalidad» de aquello que me vendieron en la universidad: la igualdad entre mujeres y hombres. Y desde una visión individual de mi propia desigualdad comprendí que la discriminación ha sido y es hoy día una cuestión política y jurídica que nos transciende a mujeres y hombres. De hecho, han pasado más de veinticinco años desde la entrada en vigor de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la principal convención internacional sobre la discriminación de la mujer. Se trata de un auténtico código universal de igualdad inexplicablemente desconocido por muchos operadores jurídicos. Sin embargo, aunque la CEDAW requiere que los estados tomen medidas para modificar legislaciones, costumbres, prácticas y patrones sociales y culturales que discriminan a las mujeres, en todos estos años y a pesar de su aplicación judicial, permanece una brecha importante entre los ideales que expresa ​​y la realidad de lo que significa ser mujer. Porque hoy día la realidad de las mujeres va a la zaga de las expectativas de la Convención en aspectos importantes como la violencia de género. Un buen día, movida por la necesidad de dar un sentido profundo a mi oficio descubrí la International Association of Women Judges. A partir de aquí, me sumé sin dudarlo al proyecto fundacional de su sección española y en noviembre de 2015 doce juezas de distintas jurisdicciones, edades y procedencia geográfica, con valores e ideales comunes, ilusiones y mucha energía que invertir en un proyecto común de género, con carácter transversal universal decidimos fundar la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). El impulso constituyente fue la idea de que las juezas y los jueces, como tales, estamos en una posición única de influencia en la sociedad y, precisamente por ello, debemos ser catalizadores de su transformación a través del activismo social, pero también a través de la promoción de una Justicia con máyusculas, más humana y racional, más cercana a la realidad social y especialmente dedicada a la erradicación de la discriminación. La Asociación de Mujeres Juezas de España toma literalmente su nombre de la internacional. Ya que la palabra anglosajona «judge» es neutra y no diferencia entre hombres y mujeres, añade la especificación de género como elemento de reivindicación de los objetivos que se promueven. Lo que pudiera parecer una reiteración prescindible en español, es en realidad un curioso capricho de la lengua que exige la inclusión de la palabra «mujer» (del inglés «woman» y su plural «women») al no existir en inglés –como en cambio sí sucede en español con la palabra «jueza»– una palabra específica que designe a las mujeres que ejercen la función jurisdiccional. Muchas personas me han preguntado por qué una asociación que se autodenomina Asociación de Mujeres Juezas de España no pasa a ser y a llamarse simplemente Asociación de Juezas de España. Pues porque no sería coherente con nuestro origen ni con lo que pretendemos. Eso sí. Ni el nombre ni sus finalidades pueden utilizarse –como alguna vez se ha intentado– para sustentar una pretendida discriminación hacia los hombres. Porque como solemos explicar, pese a que se trata de una asociación de género, no discrimina por razones de género. Y prueba de ello es que tanto mujeres como hombres forman parte de ella. Lo cual nos da una dimensión realista de una de las soluciones que se han de poner sobre la mesa a la hora de afrontar la igualdad de género, la incorporación de los hombres al feminismo. O lo que es lo mismo al discurso jurídico que se sustenta en la igualdad. La AMJE da por primera vez presencia en España a la citada organización internacional, que cuenta con 25 años de andadura, con secciones en 82 países, y con más de 5.000 socias en todo el mundo. La IAWJ es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que une a juezas y jueces de todo el mundo que comparten un compromiso con la Justicia igualitaria y con el Estado de Derecho. Impulsa, atendiendo a las especialidades de cada país, programas de formación judicial para la promoción de una justicia igualitaria, para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia, y para la promoción de las mujeres dentro de la carrera judicial. Por ejemplo, en el año 2003 comenzó a trabajar con las mujeres juezas afganas tras la caída de los talibanes y el restablecimiento de las mujeres juezas en los tribunales de justicia. Actualmente está trabajando en República Dominicana para abordar la violencia de género; trata de seres humanos en Haití; la mejora del acceso a la justicia en Malawi; y la construcción de redes de apoyo y diálogo para mujeres jueces en Egipto, Jordania, Libia y Túnez. La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) es parte de este proyecto universal y pretende también contribuir al desarrollo y difusión de la Justicia y de la Igualdad, a través de la «concienciación y sensibilización de la ciudadanía en general y a las juezas y de los jueces en particular sobre la necesidad impostergable de la defensa de los Derechos Humanos» (artículo 2 de sus Estatutos).
¿Hasta dónde piensan llegar en la defensa de los derechos de las mujeres profesionales de la Justicia? ¿Cuáles son sus objetivos?
Al tiempo de la constitución de AMJE las socias fundadoras redactamos la que es la «hoja de ruta» asociativa, los denominados «12 Pasos de Justicia hacia la Igualdad», uno por cada una de las socias fundadoras, entre los que destacan «la formación obligatoria transversal de todos/as los participantes en la persecución del delito de violencia de género, la promoción de una educación igualitaria como vacuna y antídoto frente a la violencia de género, la promoción de la implantación de permisos parentales iguales e intransferibles y valoración curricular del tiempo empleado por hombres y mujeres en el cuidado de hijos/as, familiares y personas dependientes, aspectos que se proponen también, junto a la reducción de las cargas de trabajo, en la carrera judicial para el acceso a los cargos discrecionales, la implementación del Estatuto de la Víctima del Delito introduciendo mejoras legales que eviten la llamada «victimización secundaria» y la difusión y conocimiento de la CEDAW. Nuestra actividad se centra en los derechos de las mujeres y de las/os menores, con el objetivo de ayudar a mejorar su nivel de vida, promocionar y defender sus derechos ante la constatación de una generalizada desigualdad por razón de género, así como la existencia de violencia frente a las mujeres y las niñas, sin descuidar otras formas de exclusión no sólo relacionadas con el género, sino también con la raza, la condición sexual, o cualquier otra diversidad que impida la realización efectiva de la igualdad. Desde el punto de vista estrictamente jurídico (o funcional) pretendemos –como nuestras hermanas juezas de la IAWJ– introducir en España nuestra perspectiva igualitaria a través de la visibilización de la asignación social diferenciada de roles y tareas y las consiguientes diferencias en oportunidades y derechos y de cuestionar las relaciones de poder originadas a partir de estas diferencias que también afectan a la propia estructura del Poder Judicial donde reivindicamos la mayor presencia de mujeres en altos cargos judiciales. Mientras las mujeres, juezas o no, sigamos siendo discriminadas y mientras la deseable catarsis social no se produzca, habrá un lugar para una asociación de mujeres juezas porque su existencia contribuirá a despertar conciencias y a visibilizar la discriminación sistemática, histórica y cultural que sufrimos las mujeres en todo el mundo. A modo de altavoz de quienes no tienen voz, tenemos la gran oportunidad de denunciar las desigualdades.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 4
 artículo 14