Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2015/leyes-de-reparacion-a-presos-politicos-y-familiares-de-desaparecidos/
Timestamp: 2019-01-18 21:56:09+00:00

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Por admin	 Ultima actualización Jun 24, 2015
Las leyes otorgan un resarcimiento mensual, una pensión, a quienes padecieron los efectos d ela última dictadura cívico militar en Argentina y, por ejemplo, sufrieron detenciones por razones políticas, gremiales o estudiantiles antes de la restauración democrática del 10 de diciembre de 1983.
En general, el monto de la pensión es equivalente al sueldo de un empleado público en la categoría D del convenio, por lo que se va actualizando, y se cobra mes a mes. La pensión se otorga a los familiares en caso de que la persona haya fallecido. Para los que fallecieron, el monto es equivalente a la categoría A de la escala salarial de empleo público. En algún caso la corte rechazó pedir adicionales para esa categoría, debe tomarse la escala A (sin grados) y estimarse el monto. Y para los hijos hay una indemnización equivalente a 20 veces el sueldo de un agente. El monto se actualiza y varía según el caso, debe analizarse cada situación particular.
Plazo para pedir las reparaciones
La novedad es que por un decreto publicado hoy, eliminaron el plazo para pedir las reparaciones de las leyes 24043, 24411 y 26564. En otras palabras, los beneficiarios podrán pedirlas en cualquier momento, sin vencimiento. Esto hace que quienes no la hayan pedido aún puedan hacerlo, amplía el grupo de gente beneficiaria por las reparaciones por los actos de la dictadura cívico militar.
Listado de beneficiarios de la reparación a presos políticos y víctimas de la dictadura
– Aquellas personas que, entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada, o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las leyes Nº 24.043 y 24.411.
– Víctimas del accionar de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955, sea que los actos fueran realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o por grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho a alguna de las fuerzas.
-Militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza.
– Quienes hubieran estado en dicho período, detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Decreto 4161/55, o el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), y/o las Leyes Nº 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264, 21.463, 21.459 y 21.886.
– Quienes hubieran sido detenidos por razones políticas a disposición de juzgados federales o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos por cualquier normativa que conforme a lo establecido por la doctrina y los tratados internacionales, pueda ser definida como detención de carácter político.
-En caso de fallecimiento de las personas detenidas, desaparecidas o muertas, la ley prevé que los beneficios sean percibidos por sus causahabientes conforme a los términos de las leyes Nº 24.043 y Nº 24.411.
-Personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o por orden emanada de tribunales militares, durante la vigencia del estado de sitio entre el 6/11/1974 y el 10/12/1983, a los detenidos en Centros Clandestinos de Detención y a los que sufrieron libertad vigilada o arresto domiciliario. Asimismo, contempla un incremento para quienes hubieran muerto durante el cautiverio o sufrido lesiones gravísimas.
-Causahabientes o herederos de personas que se encuentran en situación de desaparición forzada o hubieran fallecido como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983.
-Causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983.
– Personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores (de 21 años de acuerdo al Código Civil vigente al momento de los hechos) hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres (entiéndase también tutores, guardadores o cualquier persona que los hubiere tenido a su cargo), siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido y/o hubiese fallecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o tribunales militares; y para aquellas que por alguna de esas circunstancias, hayan sido víctimas de sustitución de identidad.
-Personas cuyos padres, tutores, guardadores o encargados del entonces menor de edad, hayan estado detenidos, entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, o hayan sido víctimas de desaparición forzada o muertos en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las Leyes N° 24.411 y N° 24.043; especificando que se incluyen a aquellas personas que hayan estado detenidas, procesadas, condenadas y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme a lo establecido por el Decreto Nº 4161/55 O Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) y/o las leyes Nº 20.840, 21.322, 21.325, 21.463, 21.459 y 21.886.
En este caso, si el beneficiario/a, hubiese sufrido lesiones graves o gravísimas, según la clasificación del Código Penal, o hubiese fallecido, el beneficio será incrementado en un 50%, 70% y 100% respectivamente.
Cómo se pide la pensión
Las pensiones se gestionan ante la Secretaría de Derechos Humanos del Estado Nacional, y en todos los casos se exige completar una declaración jurada (acá un ejemplo de formulario) y llevar la documentación que acredite el vínculo o la situación que se alega haber sufrido.
El ministerio debe dictar un acto administrativo. Hay que estar atento si lo deniega porque puede haber plazos breves, de días, para presentar recursos y en su caso iniciar la acción judicial. Por eso, ante cualquier notificación debe consultarse a un abogado/a porque en caso de rechazo total o parcial puede interponerse un recurso que sí está sujeto a plazos de caducidad, vence y después no se podría impugnar (apelar).
En un caso, el Ministerio de Justicia le denegó a una chica una de las reparaciones. Pero los jueces entendieron que sí correspondía porque pudo probar que nació en Paraguay durante el exilio de sus progenitores, también resulta acreditada la persecución política sufrida por aquéllos, con la copia de la sentencia del hábeas corpus interpuesto por su abuela en beneficio de su madre, que dispuso su libertad y la elevación de antecedentes subversivos argentinos como consecuencia de las investigaciones realizadas en Paraguay que involucra a sus padres. El caso está abajo, así como un anexo con la legislación vigente.
¿Qué te parecen estas leyes? ¿Cambiarías algo? Podés dejar abajo tu comentario.
Pa’ salir volando…
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REGIMEN REPARATORIO – Ley 26.913 – Ex Presos Políticos de la República Argentina. Pensiones.
Sancionada: Noviembre 27 de 2013, Promulgada: Diciembre 16 de 2013
Art. 3° — Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de transferir a la ENTIDAD 850 – ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), los créditos presupuestarios pertinentes asignados a la Jurisdicción 85 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para sufragar las erogaciones originadas en la aplicación de la Ley Nº 26.913.
BENEFICIOS OTORGADOS A PERSONAS PUESTAS A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL DURANTE EL ESTADO DE SITIO – LEY 24.043
BOLETIN OFICIAL, 02 de Enero de 1992
Decreto Nacional 1.023/92
ARTICULO 1 – Las personas que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios, podrán acogerse a los beneficios de esta ley, siempre que no hubiesen percibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial, con motivo de los hechos contemplados en la presente.
ARTICULO 2 – Para acogerse a los beneficios de esta ley, las personas mencionadas en el artículo anterior deberán reunir alguno de los siguientes requisitos:
ARTICULO 3 – La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, quien comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos por los artículos anteriores y el lapso que duró la vigencia de la medida mencionada en el artículo 2 , incisos a) y b).
ARTICULO 4 – El beneficio que establece la presente ley será igual a la treintava parte de la remuneración mensual asignada a la categoría superior del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional (aprobado por el Decreto N 1428 del 22 de febrero de 1973, o el que lo reemplace), por cada día que duró la medida mencionada en el artículo 2 , incisos a) y b), respecto a cada beneficiario. A este efecto se considerará remuneración mensual a la totalidad de los rubros que integran el salario del agente sujetos a aportes jubilatorios, con exclusión de los adicionales particulares (antiguedad, título, etc.), y se tomará la correspondiente al mes en que se otorgue el beneficio.
Para el cómputo del lapso aludido en el párrafo anterior, se tomará en cuenta el acto del Poder Ejecutivo que decretó la medida o el arresto efectivo no dispuesto por orden de autoridad judicial competente, y el acto que la dejó sin efecto con carácter particular o como consecuencia del cese del estado de sitio. Los arrestos domiciliarios o libertad vigilada no serán considerados como cese de la medida.
Cuando las referidas personas hubiesen fallecido durante el lapso que duró la medida mencionada en el artículo 2 , incisos a) y b), el beneficio se fijará en la forma indicada precedentemente, computándose el lapso hasta el momento de la muerte. Sin perjuicio de ello, en estos casos el beneficio se incrementará, por el solo hecho de la muerte en una suma equivalente a la prevista en esta ley para cinco (5) años de vigencia de la medida mencionada en el artículo 2 , incisos a) y b).
El beneficio correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el Código Penal, será incrementado , por ese solo hecho, en una suma equivalente a la prevista en el párrafo anterior, reducida en un treinta por ciento (30 %).
ARTICULO 5 – Los derechos otorgados por esta ley podrán ser ejercidos por las personas mencionadas en el artículo 1 o, en caso de fallecimiento, por sus derechohabientes.
*ARTICULO 6 – La solicitud prevista en el artículo 3 de esta ley deberá efectuarse, bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento ochenta (180) días de la fecha de entrada en vigencia de la presente.
[derogado hoy, ya no habrá caducidad]
*ARTICULO 7 – En todos los supuestos, el pago deberá hacerse efectivo en seis (6) cuotas semestrales con vencimiento, la primera de ellas, dentro de los sesenta (60) días corridos del otorgamiento del beneficio. A los efectos del cálculo se tomará el índice correspondiente al mes anterior al otorgamiento del beneficio y a la materialización del pago respectivamente.
ARTICULO 8 – El Ministerio del Interior será autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo el pago de las prestaciones que ella establece, mediante depósito en bancos oficiales dentro de la jurisdicción que corresponda al domicilio del beneficiario, a su orden.
ARTICULO 9 – El pago del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios en razón de la privación de libertad, arresto, puesta a dispocisión del Poder Ejecutivo, muerte o lesiones y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto.
ARTICULO 10 – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán con cargo a “Rentas Generales”.
[derogado hoy, no hay caducidad]
INDEMNIZACION PARA HIJOS NACIDOS DURANTE LA PRIVACION DE LA LIBERTAD DE SUS MADRES Y/O DESAPARECIDO POR RAZONES POLITICAS -LEY 25.914
ARTICULO 1° – Las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de su madre, o que, siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o detenido-desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares y/o áreas militares, con independencia de su situación judicial, podrán acogerse a los beneficios instituidos en la presente ley.
ARTICULO 2° – Para acogerse a los beneficios de esta ley, las personas mencionadas en el artículo anterior deberán acreditar ante la autoridad de aplicación, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
ARTICULO 3° – La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en su condición de autoridad de aplicación de la presente ley, el que comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos en los artículos anteriores.
En caso de duda sobre el otorgamiento del beneficio previsto en esta ley, deberá estarse a lo que sea más favorable a las víctimas o sus derechohabientes, conforme al principio de buena fe.
ARTICULO 4° – El beneficio que establece la presente ley consistirá en el pago por única vez de una suma equivalente a VEINTE (20) veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa Decreto N° 993/91 t.o. 1995. Se considera remuneración mensual a la totalidad de los rubros que integran el salario del agente sujeto a aportes jubilatorios. Cuando, en las circunstancias y épocas señaladas en los artículos 1° y 2°, al beneficiario se le hubiere sustituido la identidad, recibirá por todo concepto una indemnización equivalente a la fijada por la Ley N° 24.411, sus complementarias y modificatorias.
ARTICULO 5° – El pago del beneficio importa la renuncia a todo derecho de indemnización por daños y perjuicios fundado en las causales previstas por esta ley y, es excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto.
ARTICULO 6° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo el pago de la indemnización que la presente ley establece, mediante depósito en bancos oficiales dentro de la jurisdicción que corresponda al domicilio de los beneficiarios, a su orden.
ARTICULO 7° – La indemnización que prevé esta ley estará exenta de gravámenes, así como también, en su caso, estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o de vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el Boletín Oficial de la República Argentina será gratuita.
ARTICULO 8° – Invítase a las provincias a sancionar las leyes o a dictar los actos administrativos que correspondan para, en su caso, eximir del pago de la tasa de justicia y tasa administrativa a los trámites judiciales y/o administrativos y publicaciones de rigor, necesarios para la percepción del beneficio que se instituye.
ARTICULO 9° – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a cuyos efectos, el señor Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS – Ley Nº 24.411
(Nota Infoleg: por art. 1° de la Ley N° 26.521 B.O. 16/10/2009 se dispone un nuevo plazo de DOS (2) años, a partir del vencimiento del plazo establecido en laLey 26.178, para acogerse a los beneficios establecidos por la presente. Prórrogas anteriores: Ley 26.178 B.O. 19/12/2006; Ley 26.178 B.O. 19/12/2006; Ley N° 25.985 B.O. 7/1/2005; Ley N° 25.814 B.O. 1/12/2003; Ley Nº 24.499 B.O. 13/07/1995)
ARTICULO 10. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán con cargo a “Rentas generales”.
Sentencia completa sobre reparación a ex preso político de la dictadura
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala III, “TTT c. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – art. 3 ley 24043 – resol. 1906/08″, 19/10/2009
2ª Instancia.- Buenos Aires, octubre 19 de 2009.
Considerando: I.- La letrada apoderado del actor interpone recurso en los términos del art. 3° de la ley 24.043, contra la resolución N° 1906/08 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la que se le denegó el beneficio previsto por la ley 24.043 y sus modificatorias, reglamentadas por el decreto 1023 del 24/6/92 y n°205 del 12/3/97 (confr. fs.74178).
Señala -en síntesis- que como consecuencia del exilio padecido por sus padres, nació en Paraguay el 9/11/77. Relata que sus padres eran activistas políticos, barriales y sindicales, su madre se desempeñó como operaria en el Laboratorio Squibb desde el año 1966, y fue electa delegada gremial, función que cumplió hasta 1976 debiendo alejarse por las persecuciones padecidas por todos los representantes sindicales. Pocos días antes del golpe militar en la empresa donde trabajaba su progenitora se hizo presente una comisión de la guarnición de Campo de Mayo solicitando una lista de los delegados gremiales quienes fueron desaparecidos en los días posteriores. Ante ello sus padres mudaron su domicilio para salvar sus vidas pero no pudieron impedir varios allanamientos en la casa de su abuela y el secuestro de su tío, razón por la que no tenían domicilio fijo. Como su madre se encontraba embarazada de ella decidió salir del país junto a su grupo familiar. Sus padres consiguieron trabajo en el vecino país, pero en oportunidad de un viaje a Asunción en octubre de 1980 sus padres fueron detenidos en el marco del operativo cóndor y el 4/11/80 fueron trasladados a la Argentina donde permanecieron a disposición del PEN hasta el 31/5/82. La actora junto a sus hermanitos quedó a cargo de su abuela y viajaron a la Argentina con pasaportes provisorios facilitados por el Cónsul Argentino el 17/10/80. Destaca que los motivos aducidos tanto por el país remitente como por el Poder Ejecutivo Nacional era la actividad política gremial desarrollada por sus padres, ello surge del hábeas corpus oportunamente tramitado. Añade que su madre percibió la indemnización de la ley 24.043 por el tiempo que permaneció detenida, y que la misma es un expreso reconocimiento de los hechos relatados.
Se agravia además en cuanto la resolución en recurso entiende que el caso no guarda analogía con el precedente de la Corte Suprema in re “Yofre de Vaca Narvaja”, omitiendo aplicar la doctrina sentada en él y en los fallos posteriores.
II- En anteriores pronunciamientos se ha desestimado la pretensión de equiparar la condición de asilados o refugiados políticos a la de quienes estuvieron a disposición de autoridades militares durante el último gobierno de facto (art. 2, ley 24.906), al considerar que no correspondía asimilar la situación de quienes habiendo sido detenidos ilegalmente fueron obligados a exiliarse, con la de los que optaron por el exilio por la propia valoración que de la situación imperante realizaron (Sala V, “Ceballos Carlos Manuel c/ Estado Nacional (M° del Interior)”, del 5/3/97; “Escudero, Daniel O. c/ M° del Interior-art. 3 ley 24.043”, del 15/3/99; esta Sala, “Cuesta Lucrecia Silvia c/ M° J y DD HH-art. 3° Ley 24.043 (Resol. 550/01)”, del 11/3/02; “Vaca Narvaja, Ana María c/ M° J y DD HH- art. 3 ley 24.043 (Resol. 436/00)”, del 16/4/02, entre otros).
Sin embargo, ante lo decidido por la Corte Suprema, in re: “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ M° del Interior- resol. M.J.D.H. 221/00”, con fecha 14 de octubre de 2004 (Fallos: 327:4241), el criterio sentado en las causas citadas no ha de ser mantenido a efectos de dirimir la litis.
Es que, teniendo en cuenta -asimismo- las decisiones adoptadas por la Corte Suprema en posteriores fallos, por los que resolvió revocar sentencias de esta Cámara y reenviar las causas para que se dictara un nuevo pronunciamiento a efectos de determinar si se reunían las condiciones señaladas en el citado precedente (“Cuesta Lucrecia Silvia c/ M° J y DD HH- art. 3 ley 24.043 (reso1.550/01)”, del 28/3/06; “Dragoevich Héctor Ramón c/ M. J. y DD. HH- art. 3° ley 24.043 (resol 612/01)”, del 20/6/06), razones de economía procesal aconsejan estar a las pautas sentadas por el Alto Tribunal.
III- Al respecto, cabe ponderar que en el precedente citado, la Corte Suprema -por remisión al dictamen del Sr. Procurador General de la Nación- consideró que, a los fines de la ley 24.043, “detención” significa distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria y es equiparable al ostracismo, en tanto debe computarse el lapso transcurrido en el exilio por personas perseguidas ilegalmente; como así también que la decisión de ampararse bajo la bandera de una nación amiga y emigrar, lejos de ser considerada como “voluntaria” o libremente adoptada, ha sido la única y desesperada alternativa que pudo haber tenido para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas.
En esos términos, se ha señalado que “…detención, no solo en esa ley sino también para el sentido común, significa distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria…” y que “…no cabe duda que también se encuentra insito en el concepto de detención de la ley en análisis, el confinamiento obligado de toda una familia.., en el recinto de una embajada extranjera y su posterior exilio…”.
Asimismo, es dable destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Cuesta, Lucrecia Silvia” del 28/3/06, ya citado, decidió revocar el pronunciamiento dictado por esta Sala al remitir al dictamen del Procurador General de la Nación, en el que frente a la cuestión planteada en torno a la pretensión de asimilar la situación de asilados o refugiados políticos a la de quienes estuvieran a disposición de autoridades militares durante el último gobierno de facto, consideró que el caso de la actora -quien había acreditado el reconocimiento del carácter de refugiado por parte del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas- era sustancialmente análogo al examinado en la causa “Yofre de Vaca Narvaja”.
IV- Posteriormente, el 2 de diciembre de 2008, la Corte Suprema al fallar en los autos: “Dragoevich, Héctor Ramón c/ M° J y DD.HH. – art. 3 ley 24.043 (resol. 612/01)”, sostuvo “…que no es posible sostener que la sola circunstancia de que el actor ostente la condición de refugiado en los términos de la Convención de 1951 y su Protocolo Adicional, le otorgue el derecho a obtener una indemnización. En efecto, la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 contienen disposiciones que definen el estatuto jurídico de los refugiados y sus derechos y obligaciones en su país de acogida (conf. pto. 12, II, “Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado”, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mas no consagran el derecho a obtener una indemnización a aquellos que sean refugiados o hayan cesado en esa condición en el país de su nacionalidad.
Antes bien, el beneficio previsto en la ley 24.043, constituye una decisión del Estado Argentino de otorgar una reparación a aquellas personas que sufrieron situaciones injustas en una época de la historia nacional, siempre que cumplan con las condiciones previstas en la mencionada norma”(conf. considerando 13) del citado pronunciamiento).
En tal sentido, precisó que…”si bien la ley 24.043 tiene una finalidad reparadora, de donde deriva la necesidad de interpretar sus disposiciones con criterio amplio, es el legislador el que define los parámetros de resarcimiento, sin que corresponda al Poder Judicial ampliar su ámbito de aplicación…” (considerando 14).
No obstante ello, en el supuesto de autos además de hallarse probado el vínculo que une al solicitante con sus padres y que nació en Paraguay durante el exilio de sus progenitores (fs. 41) también resulta acreditada la persecución política sufrida por sus padres, tales como entre otras, la copia de la sentencia del hábeas corpus interpuesto por su abuela en beneficio de su madre, que dispuso su libertad (v. fs. 32/34) y la elevación de antecedentes subversivos argentinos como consecuencia de las investigaciones realizadas en Paraguay que involucra a sus padres (vid. fs. 20/22).
En tales condiciones, se verifica en el caso un supuesto análogo al que fuera ponderado por la Corte Suprema, in re: “Yofre de Vaca Narvaja”, del 14 de octubre de 2004 y en los precedentes posteriores que ya han sido citados, en los que el Alto Tribunal hiciera aplicación de la doctrina sentada en Fallos: 327:4241.
VI.- En consecuencia, dadas las circunstancias que se encuentran acreditadas en la causa, corresponde reconocer a la recurrente el beneficio solicitado, debiendo la autoridad administrativa computar las sumas previstas en el art. 4° de la ley 24.043 y efectuar la liquidación pertinente por el período comprendido entre el 9/11/77 -fecha de nacimiento de la actora- y el 17/10/80 —fecha de regreso de la actora al país-.
Por lo tanto y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General (fs. 121) se resuelve: admitir el recurso deducido contra la resolución N° IP 1906/08 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, en consecuencia, reconocer en parte el beneficio solicitado por la recurrente, en los términos establecidos precedentemente, debiendo la autoridad administrativa computar las sumas previstas en el art. 40 de la ley 24.043 y efectuar la liquidación pertinente por el período comprendido entre el 9 de noviembre de 1977 y el 17 de octubre de 1980.
Costas por su orden, en atención a la complejidad de la cuestión y a las razones por las que se decide (art. 68, ap. 2do. del Código Procesal).- Jorge E. Argento.- Carlos M. Grecco.- Sergio G. Fernández.
DDHHdictadurapresos políticosreparación
Armando Agüero dice 3 años hace
Me dirijo a ud. para que me informen si existe algún tipo de legislación que prevea la reparación para aquellos que durante el periodo de facto hubieran sido despojados por ocupación ilegal de bienes inmuebles. En este caso, fue sufrió la ocupación de un inmueble, donde se creo una repartición del Gobierno.
Hola, Armando. Analizar en entrevista con abogado/a si se puede pedir algún tipo de reparación por vía de ley de expropiación o similares. Es para verlo.
gustavo ilkow dice 3 años hace
Buenas noches t cuento hace un montón hicimos los tramites y siempre hay un problema para todo debería ser más fácil uno perdió o mejor dicho le robaron un ser querido creo por respeto debería ser distinto
LIDIA ROSARIO dice 2 años hace
Hola..fui secuestrada de mi casa y me obligaron a llevar a esa gente hasta la casa de mi hermano politico.Me pegaron y obligaron a decir donde vivia y me amenazaron de muerte sino hacia lo q me pedian..Mi cuniado apareció muerto a los dos dias junto con otros compañetos de astilleros rio santiago..Quiero saber si me corrresponde cobrar una prnsion..MUCHAS GRACIAS
Hola, Lidia, siento eso. Entrevistar abogado/a para ver el caso particular.
Mary Dalinda dice 2 años hace
con fecha 17/09/2015 realize el tramite por estar comprendida en la LEY 26913 pension graciable
exp 024-27-11600841-1-248-000001 de anses.- habiendo compañado copia de la detencion declaracion jurada realizada ante el Juez Federal de la provincia de San LUIS- desde esa fecha se encuentra en mesa de entrada de secretaria de Derechos Humanos area resarcimiento economico habiendo hablado por telefono muchas veces y la mayoria no me puedo comunicar . quisiera saber en que estado esta mi tramite hace un año- espero informacion – si es posible lo cuanto antes desde ya muchas gracias –
Hola buen día soy hija de expresó políticos, mi papá está fallecido el cobro un juicio de los derecho humanos del cual ni mi hermana ni yo recibimos nada y nosotras fuimos victimas de todo tipo de abusos por quedarnos solas con mi mamá y quesiera saber si puedo iniciar un juicio o percibir esta pensión? Y donde puedo contartarme con un abogado ya que carezco de recursos para contratar a uno desde ya muchas gracias
raul alberto delgado dice 2 años hace
mi consulta es saber si esta en estudio una reparacion economica para hijos de empleados publicos nacionales o provinciales despedidos durante la dictadura de 1976 a 1983 , gracias .
Fabio Ceferino Pucheta dice 2 años hace
tienen idea que paso con la ley 26913
mi expediente es 024-20-17514831-1-248-000001 lo presente 10-08-2015 y no tengo noticias ya que estoy desocupado y con una operacion de corazon muchas gracias
hola, Fabio, debería ponerse abogado/a…. También hay patrocinio gratuito en distintos lugares, ej. Talcahuano 550. Un saludo.
walter sanchez dice 2 años hace
Hola …fui detenido en la calle en el año 77 con 17 años llevado a una comisaría cuatro días luego una noche llevado a una pricion casi un mes..luego de dejarme libre al a ser la denuncia fui advertido q podrían llevarse toda la familia tengo opción de a ser algo al respecto ….
Hay más cosas pero tendría q ser por privado espero tener una respuesta gracias
malena dice 2 años hace
Hay pensiones para matrimonios que tuvieron que exiliarse a otras provincias para salvar su vida?? entre los años 77 y 83, gracias
german jorje jascalevich dice 2 años hace
inicie el tramite para recibir la pension graciable hace un anio porque estube detenido a dispocicion del pen durante un anio en 1978 en Devoto y la U9 en la plata
el caso fue aceptado pero no se a quien devo dirigirme para ver porque nome pagan
le gradeceria que me den un numeo de telefono o una direccion en buenos aires
Mavis Marcela Mora dice 2 años hace
Hola soy hermana de detenido/desaparecido,hay o hubo una ley que resarcía a hermanos y hermanas menores de edad ,en el momento de la detención y posterior desaparición del familiar,varias de mi personas que conozco lo cobraron ,yo por estar en usa ,no lo pude hacer,,,,está todavía en vigencia,,por favor si lo saben,quisiera saberlo,,muchas gracias
Carlos Lázaro Ballero dice 2 años hace
¿ cuanto demora la aprobación ?
Donde puedo encontrar las reparaciones a civiles muertos por actos de las BANDAS SUBVERSIVAS como las denomina la CAUSA 13/84 Juzgamiento de los Comandantes del proceso y los Jefes de las bandas subversivas efectuado durante el gobierno de Alfonsín.
Ahí figuran los atentados cometidos que ocasionaron victimas civiles(Cap II organización, accionar y objetivos de las bandas subversivas), también se pueden encontrar en ruinasdigitales.com, un trabajo de la Universidad de BA que reúne copias de todas las publicaciones de las bandas subversivas y sus reivindicaciones por las acciones efectuadas.
Es decir está probado el perjuicio,¿ a quién recurrir?
Lo dejé hace unos días , cuanto demora la aprobación? más bien quiero una respuesta que no consigo en ningún lado
hola, ver abogado para evaluarlo. saludos
Alicia Ruiz dice 2 años hace
Hola estoy tramitando la pension y la reparacion en DDHH.Desde el 2015.Estan saliendo las pensiones y reparaciones en 2017 ?.Gracias.
yo naci despues q se llevaron a mi viejo,puedo cobrar una pension tambien?
Esta todo muy bien, pero el gobierno no esta actualizando el monto de la pensión. se esta depositando el monto a mayo de 2017 cuando hubo ajustes por paritarias en junio, julio y agosto.
Tengo un hermano que lo llevaron de mi casa estando yo presente, con mucha violencia, se que mis padres percibieron algo, pero según consta en el art. 9 se puede tramitar una actualización, si es así me gustaría que me informen y guíen como hacer gracias Laura G.
Hola, hay que ver con ese organismo qué opciones hay.
Hola, soy hermano de un detenido desaparecido. Él fue secuestrado el 30 de diciembre de 1975. En el año 2000 mi padre cobró un subsidio por su hijo. Mi pregunta es, como derecho habiente de mi hermano, tengo beneficio de una pensión? Gracias.
Hola, Daniel: hay que ver según la ley quién es beneficiario y demás.
Graciela Susana Andre dice 1 año hace
Hola , tengo un tío desaparecido en el año 1976.Nunca más supimos de el ,Encontramos su moto y pertenencias abandanadas a Vera de la ruta.Baigorrita partido de gral Viamonte Pcia de Bs As.quisiera saber si se puede iniciar algún trámite para indemnización.graciad
jose maria dice 1 año hace
hay compensación por torturas, quisiera saber cual es la ley que incluye ese derecho. Siempre que las mismas estuvieran acreditadas.
María del Carmen dice 1 año hace
Hola mi papá fue secuestrado y desaparecido en octubre de 1.977, cobramos los resarcimientos pertinentes, pero me dicen que debo reclamar por haber sido un preso político en 1.960.
No sé el tiempo que estuvo y no tengo nada que lo acredite en papel, si está mi madre que me cuenta que cuando estaba embarazada iba a visitar a mi padre a la cárcel de Azul, provincia de Bs. As.Agradecería me orientaran.
Hildo Ortiz dice 1 año hace
ME DETUVIERON EN LA PROVINCIA DE MENDOZA EL 76 DE MARZO DEL AÑO 1976, EN ESA EPOCA TENIA 16 AÑOS DE EDAD. DESPUÉS DE 40 DÍAS DE ESTAR DETENIDO E INTERNADO EN EL HOSPITAL DE SAN MARTÍN PROVINCIA DE MENDOZA, ME LLEVARON A UN CENTRO CLANDESTINO PARA DETENIDOS.
EN ESE LUGAR ESTUVE 58 DÍAS POR SOLICITUD DE UN JUEZ DE MENORES ME DEJARON EN LIBERTAD CONDICIONAL.
EL AÑO 1987 SOLICITE LA REPARACIÓN DE DAÑOS, EL EXPEDIENTE DESAPARECIÓ DE LOS ARCHIVOS, VOLVÍ A SOLICITAR NUEVAMENTE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS QUE ME CAUSARON, CON RESULTADO NEGATIVO, A LOS MAYORES LO MATABAN IGUAL QUE A UN PERRO SIN DEJAR PRUEBAS, A LOS MENORES DIRECTAMENTE NO LO REGISTRABAN, LAS PRUEBAS QUE PODÍAN SERVIR PARA DEMOSTRAR MI CALVARIO Y SUFRIMIENTO, LO BORRARON DE TODO LOS LUGARES QUE ESTUVE DETENIDO, EN ESA ÉPOCA ERA MEJOR SER SOLIDARIO ANÓNIMO;
Hola. Quiero consultarles si este beneficio se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias, cuarta categoría.
yo dice 10 meses hace
que manera de robar, zurdos de mierda
alicia zanatta dice 8 meses hace
quisiera saber como puedo hacer para agilizar mi tramite que lleva bastante tiempo en el ministerio yo soy viuda de desaparecido
Julio Fabián Garcia dice 8 meses hace
Hola en Rosario qué estudio de abogados realiza este trámite. Soy hijo padre desaparecido
Hola soy hijo de desaparecido, me comentaron que puedo solicitar una pension graciable que esta dispuesta por ley, como acogerme a ella y donde desde ya muchas gracias
LLe dice 6 meses hace
Hugo, busca mas arriba la ley 26913. La pension es para quienes estuvieron detenidos legal o ilegalmente y para los hijos detenidos junto a sus padres o nacidos en cautiverio. Por ser hijo de desaparecido lo que es seguro que te corresponde es la indemnizacion, la pensión es solo para gente que estuvo detenida.
Rodolfo Mugueta dice 6 meses hace
Hola mi viejo fue asesinado durante la dictadura su nombre era Rodolfo Marino Mugueta nuestra unoca fuente de los hechos es el libro que escribio mi tio osvaldo cesar garparini durante su alojamie to en sierra chica.gracias .como puedo reclamar mi caso??
hola, Rodolfo, consultar bien abogado en entrevista.
hola mi Madre es viuda de asesinado por por la triple A,al demostrar la veracidad de los hechos cobro los resarcimientos pertinentes en el año 2008 , mi pregunta es si hay tambien una pension mensual tambien para ella . gracias
Hola Julio. Hay muchas probabilidades de que así sea. Sería conveniente que se dirija a la ANSES con la documentación pertinente y consulte sobre el tema.
Hola. Mi padre estuvo detenido en penitenciaria de MZA en el año 76 y desaparecido de la misma.
Cómo hijA, me corresponde la pensión ley 26913. ,? Dado que soy su derechohabiente.
para analizarlo con abogado/a defensor público, abzo

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