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Timestamp: 2018-07-16 07:00:16+00:00

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Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears - BOIB. Boletín Oficial de las Islas Baleares - Legislación - VLEX 71198913
TÍTULO I. NORMAS EN RELACIÓN A EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS - arts. 2 a 27
TÍTULO V bis. XARXA D'ÀREES DE LLEURE A LA NATURA Artículo 41 bis Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura La Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, adscrita a la consejería competente en materia de medio ambiente, integrará las instalaciones y/o los equipamientos, tanto de titularidad autonómica como privada, incluidos en un espacio de relevancia ambiental, relacionados con los usos recreativos, educativos, culturales y similares, como refugios, albergues, casas de colonias, áreas recreativas, áreas de acampada, y otros recursos de naturaleza análoga.
Disposición adicional. Extinción de incendios forestales 1. A los efectos del Decreto 41/2005, de 22 de abril, el técnico de Medio Ambiente podrá ser:
Disposición final. Entrada en vigor Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:
LEY EXPOSICION DE MOTIVOS I En la línea de lo que se menciona en el Decreto Ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para impulsar la actividad económica en las Illes Balears (BOIB núm. 144, de 11 de octubre) y en el Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears (BOIB núm. 17, Ext. de 2 de febrero), la situación de brusca desaceleración económica y el peligro de una próxima etapa que puede conducir a la recesión generalizada de las economías más directamente conectadas con la de las Illes Balears obliga a adoptar, desde el punto de vista medioambiental, medidas legislativas inmediatas que complementen las que ya se acordaron por el Consejo de Gobierno en los decretos ley antes mencionados.
`El carácter complejo y polifacético que tienen las cuestiones relativas al medio ambiente determina precisamente que afecte a los más variados sectores del ordenamiento jurídico (STC 64/82) y provoca una correlativa complejidad en el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Por eso mismo, el medio ambiente da lugar a unas competencias, tanto estatales como autonómicas, con un carácter metafóricamente `transversal' por incidir en otras materias incluidas también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de competencias (artículos 148.1, 3, 7, 8, 10 y 11 CE) en cuanto tales materias tienen como objeto los elementos integrantes del medio (las aguas, la atmósfera, la fauna y la flora, los minerales) o ciertas actividades humanas sobre ellos (agricultura, industria, minería, urbanismo, transportes) que a su vez generan agresiones al ambiente o riesgos potenciales para él. Es claro que la transversalidad predicada no puede justificar su vis expansiva, ya que en esta materia no se encuadra cualquier tipo de actividad relativa a esos recursos naturales, sino sólo la que directamente tienda a su preservación, conservación o mejora.
Como ya dijimos respecto de las aguas en la STC 227/88 y más precisamente en la 144/85, los recursos naturales son soportes físicos de una pluralidad de actuaciones públicas y privadas en relación a los cuales la Constitución y los Estatutos han atribuido diversas competencias. En tal sentido, hemos reconocido en más de una ocasión que un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en el espacio (SSTC 77/82 y 103/89), pudiendo pues coexistir títulos competenciales diversos. Así, junto al de medio ambiente, los de ordenación del territorio y urbanismo, agricultura y ganadería, montes y aprovechamientos forestales, o hidráulicos, caza y pesca o comercio interior, entre otros.
Ello significa, además, que sobre una misma superficie o espacio natural pueden actuar distintas administraciones públicas para diferentes funciones o competencias, con la inexorable necesidad de colaboración (SSTC 227/88 y 103/89) y, por supuesto, coordinación. No sólo hay que identificar cada materia, pues una misma ley o disposición puede albergar varias (SSTC 32/83 y 103/89), sino que resulta inevitable a continuación determinar, en cada caso, el título competencial predominante por su vinculación directa e inmediata, en virtud del principio de especificidad, operando así con dos criterios, el objetivo y el teleológico, mediante la calificación del contenido material de cada precepto y la averiguación de su finalidad (SSTC 15/89, 153/89 y 170/89), sin que en ningún caso pueda llegarse al vaciamiento de las competencias de las Comunidades Autónomas según sus Estatutos (STC 125/84).' El objeto de la presente ley es, por tanto, establecer un conjunto de medidas urgentes para la agilización de trámites ambientales con el objeto de impulsar las inversiones y actividades económicas, reduciendo trámites o plazos de tipo ambiental, con la finalidad ya expresada de contribuir e impulsar las inversiones y sin merma de las garantías medioambientales inherentes a los proyectos, las actividades, los planes y los programas.
II La presente ley consta de treinta y seis artículos, distribuidos en un título preliminar, relativo al objeto y la finalidad, y seis títulos en los que se establecen normas y medidas de agilización y simplificación de trámites ambientales en relación a evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas, residuos, ruidos, espacios de relevancia ambiental, entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y responsabilidad ambiental.
TÍTULO I NORMAS EN RELACIÓN A EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Artículos 2 a 27
`k) Órgano sustantivo (en la evaluación de impacto ambiental): órgano que tiene la competencia para otorgar la autorización, la licencia, el permiso, la declaración de interés general o la concesión que habilita al promotor para llevar a cabo un proyecto, de acuerdo con la legislación aplicable, o que, en su caso, promueve la actividad o el proyecto cuando se trata de actividades o proyectos de las administraciones públicas.
En los casos de concurrencia de los títulos habilitantes a que se refiere el párrafo anterior, se entiende como órgano sustantivo, a los efectos de esta ley, el primero que la otorga, excepto la disciplina ambiental prevista en esta ley, en la que se considera órgano sustantivo la Administración pública que otorgue el título que, en último término, faculta o habilita a la realización efectiva de la actuación.'
`Artículo 5
Nulidad Son nulos de pleno derecho las resoluciones o los acuerdos de autorización o aprobación de cualquier proyecto, plan o programa sujetos a evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica según la presente ley que se adopten sin evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica y las resoluciones o los acuerdos de autorización que se adopten prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica que regula esta ley. Estas resoluciones y estos acuerdos no producen ningún efecto y, respecto de las actuaciones que se puedan realizar a su amparo, se aplicarán las medidas de protección y defensa de la legalidad ambiental que se prevén en la presente ley.'
Adición de un nuevo artículo con el número 6 bis en la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears.
`Artículo 6 bis Tramitación de urgencia 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de la administración pública y del procedimiento administrativo común, cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano ambiental puede acordar, de oficio o a petición de la persona interesada, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la que se reducen a la mitad los plazos establecidos para los procedimientos fijados en esta ley, incluyendo el período de información pública.
No se puede interponer ningún recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.'
`1. Antes de la iniciación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, es obligatoria una fase previa de consultas, mediante la presentación por parte del promotor de una memoria resumen del proyecto, cursada al órgano ambiental a través del órgano sustantivo, que dispone del plazo máximo de quince días para la remisión de la documentación desde la recepción de la documentación completa.
El órgano ambiental, en el plazo de quince días, elevará consultas previas a las personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, a las que remitirá una copia de la memoria resumen y les requerirá una respuesta en un plazo máximo de quince días.
No obstante, transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 de este artículo sin que se haya remitido al órgano ambiental la referida memoria resumen, el mencionado órgano, una vez recibida la memoria, comunicará esta circunstancia al promotor.'
`1. Sin perjuicio de la fase previa de consultas a que se refiere la sección anterior, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos del anexo I se inicia mediante solicitud del promotor cursada a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, enviada en un plazo máximo de quince días desde la recepción por parte de aquél de la documentación completa.
Transcurrido el plazo de seis meses desde la notificación del resultado de las consultas previas al promotor sin que se haya presentado al órgano ambiental la referida solicitud, este órgano puede declarar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, previa audiencia al órgano sustantivo y al promotor por un plazo de diez días hábiles.'
`k) Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, a los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.'
Modificación del apartado 1 del artículo 28 de la Ley 11/2006, de 14
de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears Se modifica el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
`1. Las administraciones públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización de proyectos que deban sujetarse a evaluación de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en esta ley para garantizar que dicha participación sea real y efectiva.
Este trámite de información pública también debe ser evacuado por el órgano sustantivo en relación con los proyectos que requieran la autorización ambiental integrada según lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.'
`Si el órgano sustantivo no ha sometido el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública en el plazo fijado en el anterior apartado, se procederá a archivar el expediente.
En este caso, será necesario iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.'
`5. Si en el procedimiento sustantivo aplicable para autorizar o aprobar el proyecto no es exigible el trámite de información pública, el órgano ambiental someterá directamente el proyecto y el estudio de impacto ambiental a este trámite y solicitará los informes que, en su caso, considere necesarios.
Esta información pública se ha de anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al menos en uno de los diarios de mayor circulación de la isla donde se hace la actuación y en la página web del órgano ambiental, por un plazo no inferior a treinta días.'
`1. Una vez presentada la solicitud y la totalidad de la documentación, en el plazo máximo de treinta días desde la finalización del trámite de información pública, o, en su caso, una vez subsanadas las deficiencias y aportados los documentos, se solicitaran, conjuntamente y una sola vez, los informes preceptivos al órgano de la misma o de distinta administración, así como los que se estimen convenientes para resolver, con suspensión del plazo para resolver y notificar, por el tiempo que transcurra entre la petición, que se debe comunicar a los promotores, y la recepción del informe, que igualmente les debe ser comunicada.
El plazo de suspensión no puede exceder, en ningún caso, de los dos meses.
Transcurrido este plazo sin que se hayan remitido al órgano ambiental los informes, el órgano ambiental puede proseguir las actuaciones y no tener en cuenta el informe emitido fuera de plazo, salvo que se trate de informes preceptivos y determinantes para la declaración de impacto ambiental, en el que el órgano ambiental reiterará la referida solicitud y, si no se emite, puede declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones, previa audiencia al órgano sustantivo y al promotor por un plazo de diez días hábiles, y sin perjuicio de la responsabilidad de la administración consultada.'
`Artículo 38
c) Cuando sea necesario, una descripción de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, anular los principales efectos adversos.'
`1. El promotor de un proyecto, público o privado, consistente en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de esta ley, o de un proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, debe comunicar su intención de realizar el proyecto al órgano ambiental, por medio del órgano sustantivo, el cual la enviará en un plazo máximo de quince días desde la recepción de la documentación completa.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya remitido al órgano ambiental la referida documentación, este órgano, una vez recibida ésta, comunicará esta circunstancia al promotor.'
`2. Una vez presentados el escrito de comunicación y la totalidad de documentación o, en su caso, subsanadas las deficiencias y aportados los documentos, se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto. A tal fin se otorgará un plazo de quince días, salvo que ya hayan manifestado su parecer a instancias del órgano sustantivo y la posibilidad de evacuar las consultas mediante la reunión prevista en el artículo 29.2 de esta ley.'
`Artículo 46
No obstante lo que determina el apartado anterior, si asisten al comité técnico los representantes de las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto y manifiestan expresamente conocer el contenido del proyecto así como su conformidad, se puede dar por realizada la fase previa de consultas establecida en el artículo 22.
Asimismo, cuando a consecuencia de la fase previa de consultas el proyecto se someta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se puede tener por realizada la consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas prevista en el artículo 28 y se comunicarán al promotor la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental junto con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 a 39.'
`k) Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el plan en cuestión, prevea los efectos que el desarrollo del plan producirá y defina las medidas protectoras, correctoras o compensatorias de estos efectos.
n) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los apartados anteriores.'
`3. Cuando se trate de instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, y salvo que se hayan incorporado en el procedimiento sustantivo, se han de solicitar, al menos, los informes preceptivos y determinantes siguientes:
Transcurrido este plazo el órgano ambiental reiterará la referida solicitud y, si no se emite, puede declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones, previa audiencia al órgano promotor por un plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad de la administración consultada.'
`2. El órgano promotor debe remitir, en un plazo máximo de dos meses desde la finalización de la fase de consulta, la memoria ambiental al órgano ambiental para que en el plazo de dos meses manifieste su conformidad o disconformidad con la misma, previa propuesta de un comité técnico en los mismos términos que establece el artículo 31 de esta ley.
Los informes sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización a que se refiere el apartado 3 del artículo 89 son determinantes para el contenido de la memoria ambiental, que sólo puede disentir de forma expresamente motivada.'
`1. En la elaboración de la propuesta del plan o programa, antes de su aprobación o remisión a la administración pública competente para la aprobación definitiva o al Parlamento de las Illes Balears para su tramitación por el procedimiento correspondiente, en su caso, el órgano promotor del plan o programa tendrá en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en la fase de consulta y, si procede, las consultas transfronterizas, así como la memoria ambiental y el acuerdo del órgano ambiental sobre dicha memoria.
La administración pública competente para la aprobación definitiva, antes de adoptar su decisión, puede solicitar al órgano ambiental si el documento remitido por el órgano promotor se adecua al acuerdo adoptado en relación a la memoria ambiental, concretando, en su caso, los aspectos de la consulta, que se debe emitir en el plazo de un mes.'
`2. Las observaciones de las administraciones públicas afectadas deben formularse en el plazo máximo de quince días, a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su formulación. A falta de formulación y notificación de observaciones en el plazo indicado, se entiende que el plan o programa no afecta al factor o elemento tutelado por la concreta administración pública y se puede continuar la tramitación.'
`6. Cuando se determine que el plan debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, si asisten al comité técnico los representantes de las administraciones, personas e instituciones afectadas por el plan y manifiestan expresamente conocer el contenido del plan así como su conformidad, se trasladará al órgano promotor el documento de referencia con el contenido que señala el artículo 88, junto con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 89 a 91. La referida manifestación debe constar expresamente en el acta de la sesión del comité técnico.'
`c) Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 2.700 m2.
d) Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 1.600 m2.'
`p) Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 2.700 m2.
q) Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 1.600 m2.'
`4. En todo caso, se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente y, por tanto, no se sujetan a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica las modificaciones menores de planes de este grupo que tengan como objeto exclusivo alguna de las finalidades expresadas a continuación:
Los catálogos de protección del patrimonio histórico, los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión, en la medida que supongan un mayor grado de protección del medio ambiente y del patrimonio histórico, no se sujetan a evaluación ambiental estratégica. El Plan especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, previsto en la disposición adicional única del Decreto 19/2007, de 16 de marzo, se someterá a evaluación ambiental estratégica cuando el órgano ambiental lo decida siguiendo el procedimiento que establecen los artículos 95 a 97 de esta ley.' TÍTULO II NORMAS EN RELACIÓN A RESIDUOS
Modificación del apartado 6 del anexo I de la Ley 16/2000, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública Se modifica el apartado 6 del anexo I de la Ley 16/2000, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, que queda redactado de la siguiente forma:
`6. Consejería de Medio Ambiente Procedimiento administrativo Normativa reguladora Efectos del silencio 6.1 Indemnizaciones a ayuntamientos y otras entidades públicas o privadas Decreto 25/1992, de 12 de marzo (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatorio.
por los costes de conservación, mantenimiento y explotación del servicio Autònoma de les Illes Balears núm. 40, de 2 de abril).
6.2 Indemnizaciones y compensaciones por obras e instalaciones de Decreto 51/1992, de 30 de julio (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatorio.
depuración de aguas residuales. Autònoma de les Illes Balears núm. 98, de 15 de agosto).
6.3 Aprobación de proyectos o aceptación de propuestas previstas en la Orden de 28 de marzo de 2000 (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatorio.
orden conjunta de los consejeros de Medio Ambiente y de Economía, Autònoma de les Illes Balears núm. 54, de 29 de abril).
Comercio e Industria de 28 de marzo de 2000.
6.4 Autorizaciones para la instalación de plantas de tratamiento de residuos Decreto 10/2000, de 4 de febrero (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatorio (1).
de la construcción y la demolición. Autònoma de les Illes Balears núm. 16, de 7 de febrero);
Orden de la consejera de Medio Ambiente de 28 de febrero de 2000 (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 29, de 7 de marzo).
6.5 Autorizaciones de productores y gestores de residuos peligrosos. Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (Boletín Oficial del Desestimatorio (1).
Estado, núm. 96, de 22 de abril); Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (Boletín Oficial del Estado núm. 182, de 30 de julio), modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado número 160, de 5 de julio).
6.6 Autorizaciones de productores y de residuos no peligrosos. Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (Boletín Oficial del Desestimatorio (1).
Estado núm. 96, de 22 de abril).
6.7 Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (Boletín Oficial del Desestimatorio (1).
Peligrosos de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Estado núm. 96, de 22 de abril); Decreto 833/1988, de 20 de julio (Boletín Oficial del Estado núm. 182, de 30 de julio), modificado por Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado número 160, de 5 de julio);
Decreto 36/1998, de 13 de marzo (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 41, del 26 de marzo).
6.8 Autorizaciones a las zonas de especial protección para las aves Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre (Boletín Oficial Desestimatorio.
(ZEPA), de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE, y declaraciones de del Estado núm. 310, del 28 de diciembre).
nuevas ZEPA a instancia de los particulares.
(1) No obstante, cuando se trata de una solicitud de renovación de una autorización o inscripción realizada antes de su caducidad, se considera prorrogada en los mismos términos por los que fue otorgada con anterioridad hasta que se notifique resolución expresa sobre la mencionada solicitud de renovación que, en todo caso, debe producirse en el plazo máximo de seis meses.' TÍTULO III NORMAS EN RELACIÓN AL RUIDO
Modificación del artículo 9 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears Se modifica el artículo 9 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
`Artículo 9
Para la elaboración de mapas se tendrán en cuenta las franjas horarias establecidas en el punto 2 del presente artículo.
No pueden establecerse prohibiciones al desarrollo de actividades cuyos valores de emisión acústica se encuentren en los márgenes y en los horarios previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.' TÍTULO IV NORMAS EN RELACIÓN A ESPACIOS DE RELEVANCIA AMBIENTAL
`4. El procedimiento caduca transcurridos dos años, contados desde la fecha de su inicio, sin que se haya aprobado definitivamente el Plan de ordenación de los recursos naturales.
No obstante, el Consejo de Gobierno puede acordar, por causa justificada en el expediente, una prórroga de dicho plazo por un máximo de dos años.' Artículo 28
Modificación del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental Se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental, que queda redactado de la siguiente forma:
`2. Corresponde al Consejo de Gobierno, mediante un acuerdo, la declaración como zonas especiales de conservación de los lugares de importancia comunitaria que hayan sido seleccionados y designados por la Comisión Europea, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de esta ley.' Artículo 29
Modificación del apartado 2 del artículo 37 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental Se modifica el apartado 2 del artículo 37 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental, que queda redactado de la siguiente forma:
`2. Las zonas de especial protección para las aves se declaran por acuerdo del Consejo de Gobierno, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de esta ley.' Artículo 30
`Artículo 39
Evaluación de repercusiones 1. La Consejería de Medio Ambiente debe informar preceptivamente, antes de su ejecución, cualquier plan o proyecto que, sin tener una relación directa con la gestión de un sitio de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para esta gestión, pueda afectarlo de forma apreciable, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos. Este informe tiene por objeto la evaluación de las concretas y específicas repercusiones ambientales del plan o proyecto en relación con los objetivos de conservación de dicho lugar.
A efectos de evacuación del informe preceptivo que se prevé en el párrafo primero del apartado anterior, el plan o proyecto debe ir acompañado de un estudio de evaluación de las repercusiones ambientales en relación con los objetivos de conservación y debe incluir las correspondientes medidas correctoras. En el caso de que al plan o proyecto le sea de aplicación la normativa sobre evaluación de impacto ambiental, este estudio de evaluación de las repercusiones ambientales se incluirá en el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental. Una adecuada evaluación de las repercusiones del plan o proyecto implica la identificación de todos los concretos y singularizados aspectos del plan o del proyecto que, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, puedan afectar significativamente a los objetivos concretos de conservación de dicho lugar que motivaron su declaración.
En el caso de que del informe de evaluación se deriven conclusiones negativas y una vez rechazadas las soluciones alternativas estudiadas, el Consejo de Gobierno, a instancias del promotor del plan o proyecto y por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de índole social o económica, puede autorizar el plan o proyecto, estableciendo las medidas correctoras y compensatorias necesarias para garantizar los objetivos de la Red Natura 2000.
En relación con lo previsto en el apartado anterior, en el caso de que en el lugar se encuentre un hábitat natural prioritario o una especie prioritaria, sólo se pueden alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública o razones relativas a consecuencias positivas para el medio ambiente así como también, en este caso previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.
Reglamentariamente, mediante orden del consejero competente en materia de medio ambiente, se desarrollará, en su caso, el contenido de los criterios objetivos para la redacción de los estudios de repercusiones, así como la predicción y la valoración de sus posibles impactos.' Artículo 31
`TÍTULO IV bis PLANES Y PROYECTOS DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES AMBIENTALES Artículo 39 bis Planes y proyectos de gestión ambiental que afecten a espacios de relevancia ambiental 1. Los planes de gestión ambiental promovidos por cualquier dirección general o entidad de derecho público vinculada o dependiente de la consejería competente en materia de medio ambiente, y los proyectos o las actuaciones que se deriven de ellos, que tengan como objeto el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los sistemas vitales básicos, así como la preservación de la biodiversidad y del paisaje, se considera que no tienen repercusiones negativas en relación al ámbito del espacio de relevancia ambiental afectado.
En cualquier caso, si estos planes, proyectos o actuaciones de gestión ambiental afectan al ámbito competencial de otras direcciones generales o de sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes, el actuante les comunicará su inicio, otorgando un plazo no inferior a quince días con la finalidad de la formulación de alegaciones, observaciones o sugerencias, que serán resueltas de forma conjunta o, en caso de discrepancia, por el consejero, previo informe del comité técnico a que se refiere el artículo 48.3 de la Ley 11/2006.
Todas las direcciones generales y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes tienen la obligación de contribuir y colaborar en la ejecución y el desarrollo de los referidos planes, proyectos y actuaciones.
La actividad ambiental será tramitada, aprobada y, en su caso, autorizada, por la dirección general o por la entidad de derecho público vinculada o dependiente, competente por razón de la materia, que debe aplicar la normativa sustantiva y la normativa reguladora del espacio de relevancia ambiental.
En el caso de que se estime necesaria o conveniente la consulta a otras direcciones generales o entidades de derecho público vinculadas o dependientes, la citada consulta, que puede ser telemática, se debe evacuar en el plazo máximo de diez días hábiles.' Artículo 32
TÍTULO V bis XARXA D'ÀREES DE LLEURE A LA NATURA Artículo 41 bis Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura La Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, adscrita a la consejería competente en materia de medio ambiente, integrará las instalaciones y/o los equipamientos, tanto de titularidad autonómica como privada, incluidos en un espacio de relevancia ambiental, relacionados con los usos recreativos, educativos, culturales y similares, como refugios, albergues, casas de colonias, áreas recreativas, áreas de acampada, y otros recursos de naturaleza análoga.
- De la Secretaría General, la cual debe referirse a la corrección del procedimiento seguido y a la valoración de las alegaciones presentadas.' TÍTULO V NORMAS EN RELACIÓN A LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO VINCULADAS O DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Artículo 33
Modificación de la finalidad institucional de las entidades de derecho público denominadas Institut Balear de la Natura y Espais de Natura Balear 1. Se modifica la finalidad institucional de la empresa pública a que se refiere el apartado segundo de la disposición adicional quinta de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 1997, en el sentido de excluir la gestión de áreas recreativas.
Responsabilidad ambiental de las obras públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 26/2007, de 23 de febrero, de responsabilidad medioambiental, en las obras públicas de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de sus entidades de derecho públicas vinculadas o dependientes, de las fundaciones del sector público autonómico, de los consorcios sujetos al ordenamiento autonómico y de las sociedades con capital mayoritariamente público, así como de los consejos insulares y de sus entes integrados en el sector público, en cuanto ejercen competencias autonómicas, la autoridad competente no puede exigir la adopción de las medidas previstas en la citada ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la evaluación de su impacto de acuerdo con la información existente, y se hayan cumplido las prescripciones establecidas en la declaración de impacto o en el informe ambiental, cuando la evaluación ambiental no sea exigible.
Inexigibilidad de la garantía financiera obligatoria a las personas jurídico-públicas de las Illes Balears El artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de febrero, de responsabilidad medioambiental, no es de aplicación a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares, ni a sus entidades de derecho públicas vinculadas o dependientes, a las fundaciones del sector público autonómico, a los consorcios sujetos al ordenamiento autonómico y a las sociedades con capital mayoritariamente público.
Disposición adicional Extinción de incendios forestales 1. A los efectos del Decreto 41/2005, de 22 de abril, el técnico de Medio Ambiente podrá ser:
El ejercicio de la dirección técnica de extinción de incendios forestales por los técnicos de Medio Ambiente (TMA) se encomendará a personal con la titulación necesaria (ingeniero técnico forestal o ingeniero de montes) y con formación acreditada específica en el comportamiento del fuego forestal y en las técnicas adecuadas para su extinción.
La administración autonómica, como responsable de la extinción, asumirá la defensa jurídica del director técnico de extinción y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos antes los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación a la extinción del incendio.
Disposición transitoria primera Procedimientos de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears, se tramitarán de acuerdo con la legislación vigente en el momento de su inicio, el cual se entiende producido con la entrada de la documentación ambiental al órgano sustantivo, salvo que el promotor solicite la aplicación de las nuevas determinaciones.
Disposición transitoria segunda Procedimientos de evaluaciones ambientales estratégicas iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears Los procedimientos de evaluación ambiental estratégica iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears, se tramitarán de acuerdo con la legislación vigente en el momento de su inicio, siempre que haya finalizado la fase de consulta prevista en el artículo 89 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears.
Disposición transitoria tercera Prórroga de los plazos de elaboración de los planes de ordenación de los recursos naturales en tramitación Los procedimientos de elaboración de los planes de ordenación de los recursos naturales en tramitación a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears, quedan prorrogados por el plazo de dos años, a contar desde la finalización del plazo derivado de la aplicación del apartado 4 del artículo 8 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.
Todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo que en ella se dispone.
Disposición final Entrada en vigor Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a diecisiete de noviembre de dos mil nueve EL PRESIDENTE Francesc Antich i Oliver El Consejero de Medio Ambiente Miquel Àngel Grimalt i Vert
Decreto 265/2009, de 18 de diciembre, sobre declaración de urgencia de ocupación de los terrenos para la ejecución de las obras de 'Nueva variante a Navalvillar de Pela en la carretera EX-115'.
ORDEN FORAL 30/1998, de 28 de enero, de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Lodosa, en las Unidades Consolidadas UC-1 y UC-2, promovido por la Asociación Undiben.
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del monopolio.
REAL DECRETO 427/1993, de 26 de marzo, de traspaso de funciones y servicios de la gestión de la formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

References: Artículo 41
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 89
 artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 Artículo 28
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 9
 Artículo 29
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 9
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 39
 artículo 48
 Artículo 32
 Artículo 41
 Artículo 33
 artículo 24
 artículo 89
 artículo 8

RESOLUCIÓN 

REAL DECRETO