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León Rigoberto Barón Neira Senador de la República - PDF
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Lidia Ferreyra Redondo
1 PROYECTO DE LEY N DE 2015 Por medio del cual se agrega un Parágrafo al Artículo 10 de la Ley 715 de 2001 El Congreso de Colombia DECRETA: ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN. Con el fin de garantizar la salvaguarda de los Derechos fundamentales, en especial los del Niño o niña Consagrados en los Tratados Internacionales adoptados por Colombia, Ratificados en nuestra Constitución Política y ordenamiento jurídico, al momento de hacer la asignación de plazas el rector tenga claridad respecto de los principios de favorabilidad para la madre gestante o en lactancia que se posesiona como servidor Público docente, siempre en favor del menor con rango de edad entre los Cero (0) y seis (6 ) años, asignando a ellas plazas próximas a los centros médicos y en procura de la unidad familiar. ARTÍCULO SEGUNDO.- El artículo 10. De la Ley 715 de diciembre 21 de 2001, quedará así: Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del
2 personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus requerimientos Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de ellos Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio educativo. Parágrafo 1. El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente por el departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación salarial que le corresponda en el escalafón. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-723 de 2004 Parágrafo 2 En todo caso haciendo uso de su facultad para administrar el personal y en aras de preservar el debido proceso y en acato a las normas constitucionales, al momento de asignar las plazas tendrá en cuenta la ubicación de madres gestantes o en lactancia en las plazas urbanas y próximas a los
3 centros médicos y su lugar de residencia en procura de un buen cuidado del que está por nacer y de el niño o niña con edades entre cero y seis años. ARTÍCULO TERCERO.- Vigencia y Derogatorias, La presente Ley rige a partir de su promulgación y Deroga las Normas que le sean contrarias. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Las normas internacionales, la Constitución Política y las leyes, otorgan una protección especial a la familia en virtud del principio de solidaridad propio de un Estado Social de Derecho, y van encaminadas preferentemente a garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En estos términos, los Estados y organismos internacionales han expedido diversos instrumentos tendientes a la protección especial de la familia, y han resaltado que la sociedad y el Estado deben proporcionar a los niños, las niñas y los adolescentes, una protección especial que les garantice un proceso de formación y desarrollo en condiciones adecuadas en virtud de su situación de vulnerabilidad. Esta protección especial se dio inicialmente en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, establece en el artículo 25 (num. 2), que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales, y que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Consecuente con lo anterior, el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, establece que: el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. (subrayado nuestro)
4 A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, dispone en el artículo 24 (num. 1), que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Igualmente, el artículo 10 (num. 3) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, prevé que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, en 1969 y aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Por último, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991, convino: Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
5 explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. En concordancia con las normas citadas del Derecho Internacional, la Constitución Política protege el derecho a la unidad familiar y el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a permanecer con su familia, al consagrar en su artículo 5º a la familia como institución básica de la sociedad. De igual manera, el artículo 42 establece la obligación del Estado y de la sociedad de garantizar la protección integral de ésta. Por su parte, ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. En el artículo 44 de la Carta, se consagra el derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella. Con esto se busca, en lo posible, el contacto directo o la cercanía física y afectiva permanente con su familia y, sobre todo, con sus padres. Así mismo el artículo 44 superior señala que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. También señala que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y que éstos prevalecen sobre los derechos de los demás.
6 Ley 1098 de 2006 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLENCIA Artículo 9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Por las consideraciones expuestas solicito muy cordialmente a los honorables Senadores respaldar esta iniciativa que redundará en beneficio de un gran número de compatriotas que aportan con su vida, esfuerzo, trabajo y sacrificio a la construcción de Nación. LEON RIGOBERTO BARON NEIRA

References: Artículo 10
 artículo 10
 Artículo 10
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 10
 artículo 19
 Artículo 1
 artículo 5
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 44
 Artículo 9