Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-28401238
Timestamp: 2019-09-18 03:56:07+00:00

Document:
STC 116/2007, 21 de Mayo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 28401238
STC 116/2007, 21 de Mayo de 2007
Número de Recurso: 2805-2002
Recurso de amparo 2805-2002. Promovido por doña"M. del P. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que estimó parcialmente su demanda contra el Consejo General del Poder Judicial sobre sanciones disciplinarias por incompatibilidad y no abstención. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: garantías del procedimiento administrativo sancionador; prueba de cargo sobre el interés indirecto de una juez en un proceso; sanciones administrativas con cobertura legal, motivadas, que no incurren en bis in idem ni son retroactivas.
Sentencia citada en: 119 sentencias, 5 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 116/2007, de 21 de mayo de 2007
En el recurso de amparo núm. 2805-2002, promovido por doña"M. del P., representada por el Procurador de los Tribunales don Evencio Conde de Gregorio y bajo la dirección del Letrado don Luis Fernando Martínez Ruiz, contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de febrero de 2000, dictado en el expediente disciplinario núm. 32-1999, parcialmente confirmado por la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2002, dictada en el recurso núm. 171-2000. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de mayo de 2002, el Procurador de los Tribunales don Evencio Conde de Gregorio, en nombre y representación de doña"M. del P., y bajo la dirección del Letrado don Luis Fernando Martínez Ruiz, interpuso demanda de amparo contra la resolución administrativa que se menciona en el encabezamiento de esta Sentencia.
El Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, mediante escrito de 22 de junio de 1999, ampliado en sendos escritos de 6 y 14 de julio de 1999, dirigió denuncia al Servicio de Inspección del Consejo General de Poder Judicial contra la recurrente, entonces Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia núm. 3 de Marbella y Magistrada Decana de dicha circunscripción judicial, al considerar que podía ser responsable de dos faltas muy graves previstas en el art. 417.7 y 8 LOPJ, dando lugar a que se incoara el expediente disciplinario núm. 32-1999 a la recurrente por supuesta comisión de dos faltas muy graves del art. 417.7 LOPJ, “por mantenerse en el desempeño del cargo sin poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial las circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso, por incurrir en la incompatibilidad prevista en el apartado 2 del art. 393 de la LOPJ, al ostentar su padre, hermano y primo, intereses económicos de tal arraigo que obstaculizan el imparcial ejercicio de su función jurisdiccional en la ciudad de Marbella, cuya cifra oficial de población se declaró por Real Decreto 480/1999, de 18 de marzo, en 98.377 habitantes” y del art. 417.8 LOPJ “por la inobservancia del deber de abstención al concurrir la causa prevista en el art. 219.9 de la mencionada ley en el contenido de las resoluciones dictadas en las diligencias previas 643/94 y en el curso de las diligencias previas 1832/97 en las que, pese a haberse abstenido, retuvo en su poder documentación de la Agencia Tributaria relativa a su hermano... y en los demás procedimientos judiciales que se recogen en el Informe del Servicio de Inspección de 14 de julio de 1999”.
El Instructor del expediente formuló el 10 de noviembre de 1999 pliego de cargo en que se establecían como hechos resultantes de lo actuado, en cuanto a la incompatibilidad, que la Magistrada había venido desempeñando su función judicial a pesar de que su padre y hermano poseen en la localidad de Marbella, población inferior a cien mil habitantes, intereses económicos que por su arraigo pueden obstaculizar su imparcial ejercicio de la función jurisdiccional, ya que ambos han intervenido en los últimos años como socios constituyentes, accionistas, administradores o representantes en muy diversas sociedades que tienen su domicilio social en el mismo lugar en el que tuvo o tiene su despacho profesional su hermano y han realizado operaciones de gran importancia económico en gran medida con el Ayuntamiento de Marbella, como se acredita con diversos convenios urbanísticos adoptados. Igualmente se destaca que en el momento de la investigación se seguía manteniendo dicha situación en tanto que el hermano era administrador único de diversas sociedades con actividades inmobiliarias de importancia económica en Marbella. Además, se pone de manifiesto, a los efectos de prueba de los intereses económicos de la familia, el amplio patrimonio inmobiliario en Marbella de los padres, incompatible con el volumen de ingresos declarados como funcionario jubilado de la Administración de Justicia.
La recurrente, por escrito registrado el 19 de noviembre de 1999, realizó las alegaciones que estimó pertinentes respecto del pliego de cargo, proponiendo diversas pruebas. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesó que se elevara propuesta de resolución en el sentido de que los hechos eran constitutivos de sendas infracciones del art. 417.7 y 8 LOPJ, estimando procedente que fuera sancionada, respectivamente, con dos años de suspensión y con separación de la carrera. Finalmente, el Instructor del expediente, por escrito de 15 de diciembre de 1999, elevó propuesta de resolución en la que, al considerar que habían quedado acreditados los hechos puestos de manifiesto en el pliego de cargo, tanto en lo relativo a la incompatibilidad como al deber de abstención en las diligencias previas 643-1994, propuso sancionar a la recurrente con un año de suspensión y la separación por la comisión de dos faltas muy graves del art. 417.7 y 8 LOPJ. Dicha propuesta fue notificada a la recurrente, quien realizó alegaciones por escrito de 22 de diciembre de 1999, y fue asumida por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que en el punto quince de su reunión de 18 de enero de 2000 acordó elevarla al Pleno.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el punto decimocuarto de su reunión del día 26 de enero de 2000, acordó imponer a la recurrente la sanción de suspensión de un año como autora de una falta muy grave prevista en el art. 417.7 LOPJ y la separación de la carrera judicial, como autora de una falta muy grave prevista en el art. 417.8 LOPJ, así como designar a una de sus miembros como Ponente para la redacción definitiva de la resolución sancionadora. Finalmente, el Pleno de dicho Consejo, en el punto quinto de su reunión de 9 de febrero de 2000, acordó aprobar la redacción definitiva de la resolución sancionadora, adjuntando diversos votos particulares. En esta resolución, tras exponerse de manera prolija los antecedentes de hecho del expediente sancionador, se establecen como hechos probados, en primer lugar, las fechas de toma de posesión como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Marbella y como Jueza Decana de dicha demarcación. En segundo lugar, la existencia de dos expedientes disciplinarios previos, los números 35-1993 y 19-1997, instruidos contra la recurrente por la supuesta comisión de faltas graves del art. 417.7 LOPJ, que fueron archivados por la comisión disciplinaria por sendos Acuerdos de 7 de noviembre de 1994 y 17 de noviembre de 1998. En tercer lugar, que la población de Marbella nunca ha superado la cifra de población de cien mil habitantes, ya que el Real Decreto 1645/1997, de 31 de octubre, estableció una cifra de 98.823 habitantes a 1 de mayo de 1996 y el Real Decreto 480/1999, de 18 de marzo, la fijó en 98.377 habitantes a 1 de enero de 1998, sin que nunca hubiera sido aceptada por el Instituto Nacional de Estadística la revisión del padrón a 1 de enero de 1998 aprobada por el Ayuntamiento de Marbella, al detectarse duplicados dentro del propio fichero y con los padrones de otros municipios, así como defunciones que no habían sido dadas de baja. En cuarto lugar, se expone como hecho probado que el padre y el hermano de la recurrente han intervenido en los últimos años como socios constituyentes, accionistas, administradores o representantes en muy diversas sociedades —hasta treinta— y operaciones negociales que se pormenorizan, concretándose los cargos ostentados por cada uno de ellos, el periodo de tiempo en que se produjo y las operaciones inmobiliarias desarrolladas, con sus montantes económicos. En quinto lugar, que a partir de 17 de noviembre de 1998, fecha en que se archivó el expediente disciplinario núm. 19-1997, y hasta el 14 de septiembre de 1999, se han realizado hasta once operaciones mercantiles distintas en las que ha participado el entramado de sociedades vinculadas con la familia de la recurrente, haciéndose una descripción pormenorizada de las mismas. En sexto lugar, se especifican las sociedades que tienen el domicilio social en Marbella, algunas de ellas en el lugar donde tuvo su despacho profesional como Abogado el hermano de la recurrente, que sigue siendo utilizado por el mismo, y las que tienen su domicilio en Estepona, coincidiendo también con su despacho profesional como Abogado en dicha localidad. En séptimo y octavo lugar, se detallan los diversos convenios urbanísticos suscritos por las citadas sociedades con el Ayuntamiento de Marbella y las distintas fincas de Marbella que en ese momento figuran inscritas a nombre de los padres de la recurrente. En el hecho noveno se relatan los dos procedimientos penales por supuestos delitos de estafa y falsedad que se mantienen abiertos contra el padre de la recurrente y cómo ésta debió abstenerse en uno de ellos.
En la resolución sancionadora también se establecen como hechos probados, en décimo lugar, las diversas vicisitudes procesales acaecidas en las diligencias previas núm. 643-1994 instruidas en el Juzgado titularidad de la recurrente, tramitadas por delitos de falsedad, estafa y alzamiento en relación con la quiebra de la Sociedad Banús Andalucía la Nueva, S.A., instada, entre otros, por el Ayuntamiento de Marbella. Así, se destaca la decisión de prohibir la enajenación de propiedades de titularidad de los imputados, embargos de todos los bienes de uno de ellos, ampliada posteriormente a la cantidad de cuatro mil millones de pesetas. Igualmente se relata la solicitud reiterada del Ayuntamiento de Marbella de embargo de las acciones de la sociedad en quiebra y el nombramiento de un concreto administrador judicial para la misma y cómo la recurrente dictó Auto de 5 de agosto de 1997 decretando, de oficio, la administración judicial de la sociedad y el nombramiento de un interventor, lo que fue recurrido en apelación por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, poniendo de manifiesto el primero que el interventor designado fue concejal de Marbella por el grupo político liderado por el Alcalde de Marbella y que en tal concepto estaba formalmente acusado de los delitos de prevaricación y daños por la propia Abogacía del Estado. Los recursos fueron estimados por la Audiencia Provincial dejándose sin efecto la administración judicial con el nombramiento de uno o varios interventores. Por último, en el hecho undécimo se destaca que ya desde el año 1993, en que fue detenido el padre de la recurrente, se despertó el interés de numerosos artículos de prensa que relacionaban a su familia con intereses del Ayuntamiento de Marbella, que el Alcalde de Marbella ha reconocido en medios de comunicación la amistad con el padre de la recurrente y que se ha sucedido la publicación de informaciones en medios de comunicación sobre una posible vinculación de la recurrente, a través de sus familiares, con las personas y sociedades descritas, y especialmente con el Alcalde de Marbella.
En la resolución sancionadora se argumenta que los hechos expuestos son constitutivos de una falta muy grave del art. 417.7 LOPJ de “mantenerse en el ejercicio del cargo en Juzgados y Tribunales sin poner en conocimiento del Consejo General de Poder Judicial las circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso previsto en el artículo 394 del mismo texto legal”, en tanto que en este último precepto se establece que cuando un nombramiento dé lugar a situación de incompatibilidad prevista legalmente quedará sin efecto destinándose con carácter forzoso al Juez o Magistrado y en el art. 393.2 LOPJ se establece que “no podrán los Jueces y Magistrados desempeñar su cargo en una Audiencia o Juzgado que comprenda dentro de su circunscripción territorial una población en la que, por poseer él mismo, su cónyuge o parientes de segundo grado de consanguinidad intereses económicos, tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial ejercicio de la función jurisdiccional. Se exceptúan las poblaciones superiores a cien mil habitantes en las que radique la sede del órgano jurisdiccional”.
En la resolución sancionadora se argumenta que los hechos expuestos también son constitutivos de una falta muy grave del art. 417.8 LOPJ por no haber observado el deber de abstención en las diligencias previas núm. 643-1994, a sabiendas de que tenía un interés indirecto. A esos efectos, se afirma que la existencia de un interés indirecto en dicha causa penal se deriva de que, al ser parte el Ayuntamiento de Marbella, su concreto desarrollo repercutiría en la esfera de intereses económicos de sus familiares directos, ya que en su actividad empresarial resultaba una pieza clave este Ayuntamiento. Así, partiendo de que ha quedado acreditado que el entramado societario en el que participaban los familiares de la recurrente tenía como objeto prioritario el tráfico inmobiliario, constituyendo un elemento de indudable relevancia sus relaciones inmobiliarias con el Ayuntamiento de Marbella, por ser uno de los aspectos esenciales del conjunto de la actividad societaria la concertación bien directa por el padre o hermano de la recurrente, bien a través de terceras personas integrantes de las sociedades a las que estos estaban estrechamente vinculados, de convenios urbanísticos con el Ayuntamiento de Marbella de gran envergadura económica, la conclusión que se deriva es que los eventuales beneficios que pudieran derivarse del resultado de las diligencias judiciales redundarían de manera directa en la esfera patrimonial de los familiares de la recurrente e indirectamente en ella, como queda demostrado a partir del hecho, ya citado, de que el abono de la vivienda de la recurrente se llevó a cabo por su padre. Igualmente se destaca como un elemento más acreditativo de dicho interés indirecto el que la resolución del proceso contribuiría a reforzar la buena relación comercial existente entre el Ayuntamiento y los familiares de la recurrente. En cuanto a la constatación de la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción de que la inobservancia del deber de abstención se llevó a cabo a sabiendas de tener un interés indirecto en la causa, se argumenta que cabe derivarlo, no sólo del evidente conocimiento del entramado de intereses económicos ligados al tráfico inmobiliario de sus familiares y la relación mantenida para ello con el Ayuntamiento de Marbella, sino también de que el proceso versaba sobre una cuestión inmobiliaria atinente a Puerto Banús, en que se encontraba afectado el propio Ayuntamiento de Marbella. Por último se exponen las razones para concretar que la sanción a imponer es la de separación de la carrera.
La recurrente interpuso demanda contencioso-administrativa, por la vía de protección de los derechos fundamentales, dando lugar al recurso núm. 171-2002, que se tramitó por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La demanda se fundamentó en la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora, en cuanto a la aplicación del art. 417.8 LOPJ, por haberse dado efecto retroactivo a una norma sancionadora, ya que las diligencias previas fueron incoadas el 13 de julio de 1994 y se la condena en virtud de la redacción dada al art. 417.8 LOPJ que entró en vigor el 29 de diciembre de 1994, y por falta de proporcionalidad, al no adecuarse la gravedad de la sanción de separación con la conducta de la recurrente. En cuanto a la aplicación del art. 417.7 LOPJ, por infracción del principio del non bis in idem, ya que se le ha sancionado en virtud de hechos objeto de un anterior procedimiento disciplinario ya archivado por no ser considerados sancionables. Igualmente se invocó este derecho, en este caso respecto de ambas sanciones, por haberse hecho una aplicación analógica in malam partem, imprevisible para la recurrente, de ambos preceptos sancionadores, tanto en lo relativo al numero de habitantes de Marbella, los intereses económicos y las actividades de los familiares y el conocimiento de dichas circunstancias para subsumir la infracción del art. 417.7 LOPJ, como en lo relativo a la existencia de interés indirecto y conocimiento de dicha causa de abstención para subsumir la infracción del art. 417.8 LOPJ. También se alegó en la demanda la vulneración del derecho a la presunción de inocencia respecto del número de habitantes de Marbella, los intereses económicos y las actividades de los familiares y el elemento subjetivo de la infracción del art. 417.7 LOPJ y de la concurrencia del elemento subjetivo del injusto del art. 417.8 LOPJ. Por último, se adujeron las vulneraciones de los derechos a un proceso con todas las garantías y a no padecer indefensión, con fundamento en que en el pliego de cargo no se precisaron de modo suficiente los hechos relativos al incumplimiento del deber de abstención, en que la resolución sancionadora no se dio respuesta a sus alegaciones defensivas y en que se le sancionó sin haber tomado conocimiento directo de sus alegaciones. La recurrente, por ulterior escrito, adjuntó fotocopia del Real Decreto 3491/2000, en el que se aprobaba el censo de Marbella, estableciendo una población de 101.144 habitantes, argumentando que ello “evidenciaba el error de la resolución recurrida” al establecer la población de Marbella a fecha 30 de junio de 1999.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por Sentencia de 17 de abril de 2002, estimó parcialmente el recurso en lo relativo a la proporcionalidad de la sanción impuesta por la infracción del art. 417.8 LOPJ, rebajándola de la separación de la carrera a la de suspensión del cargo por tres años. A estos efectos se argumenta que si bien debe valorarse la contumacia de la recurrente en continuar en Marbella, a pesar de ser ostensible lo comprometida que resultaba su imagen de imparcialidad, debe tomarse también en consideración que a los efectos del juicio de reprochabilidad no revela la misma gravedad la concurrencia de intereses indirectos, que eran los presentes en este caso, que los directos. El resto de motivos fueron desestimados sin que se hiciera pronunciamiento ni valoración alguna respecto de la eventual incidencia del Real Decreto 3491/2000.
La recurrente aduce en su demanda de amparo que se han vulnerado sus derechos a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE), en relación con las sanciones impuestas por ocultación de incompatibilidad (art. 417.7 LOPJ) y por incumplimiento del deber de abstención (art. 417.8 LOPJ).
La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 11 de diciembre de 2003, acordó, conforme a lo previsto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a la solicitante de amparo, para que dentro de dicho término alegasen lo que estimasen pertinente en relación con la posible carencia de contenido de la demanda de conformidad con el art. 50.1 c) LOTC. Evacuado dicho trámite, por providencia de 10 de febrero de 2004 se acordó su admisión a trámite, dirigir comunicación a los órganos judicial y administrativo competentes para la remisión de copia testimoniada de las actuaciones y el emplazamiento a quienes hubieran sido parte en este procedimiento para que pudieran comparecer en el mismo.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 18 de marzo de 2004 se acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones, por personado al Abogado del Estado en la representación que ostenta y, de conformidad con el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
El Abogado del Estado, por escrito registrado el 20 de abril de 2004, presentó alegaciones solicitando la denegación del amparo. En relación con la sanción por la infracción del art. 417.7 LOPJ, se argumenta que no concurre la vulneración aducida del art. 25.1 CE. En primer lugar, se niega que haya existido una interpretación analógica in malam partem, ya que, a partir de los hechos probados, hubo una correcta subsunción de la concurrencia de intereses económicos de los familiares directos de la recurrente, de la omisión consciente de su obligación de comunicación y de la determinación de que la población donde se ejercía el cargo judicial era inferior a cien mil habitantes cuando sucedieron los hechos, ya que el Real Decreto 3491/2000 sólo surtía efectos a partir del 31 de diciembre de 2000. Del mismo modo, se niega que haya infracción del non bis in idem, argumentándose que el archivo de un anterior procedimiento no puede asimilarse a un resolución sobre el fondo con efecto de cosa juzgada, concurriendo, además, nuevas circunstancias sobrevenidas como es la continuidad de las actividades económicas de los familiares directos. Igualmente, se afirma que la sanción impuesta no es desproporcionada, al haber sido debidamente razonada su individualización. Por último, respecto de no haberse dado efecto retroactivo a una norma favorable, se argumenta, por un lado, que concurriría la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa, ya que, no habiéndose recibido una respuesta expresa en vía judicial sobre este motivo de impugnación, no fue denunciada dicha incongruencia omisiva a través del incidente de nulidad de actuaciones. Por otro lado, sostiene que la aplicación retroactiva de normas favorables no es contenido esencial del art. 25.1 CE y, además, que el Real Decreto 3491/2000 establece que las cifras recogidas en el mismo sólo tienen efectos a partir del 31 de diciembre de 2000. También niega que en esta sanción se haya incurrido en vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que la concurrencia del dolo en la conducta de la recurrente se ha inferido razonadamente a partir de diversos indicios que se han hecho expresos en la resolución administrativa, y en vulneración del derecho a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE), ya que en la resolución impugnada se da respuesta cumplida a las alegaciones de la recurrente.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 27 de abril de 2004, interesó el otorgamiento del amparo exclusivamente en lo referido a la invocación del derecho a la presunción de inocencia por la infracción del art. 417.8 LOPJ, con la anulación de la sanción impuesta por dicha infracción, y su desestimación en todo lo demás.
La recurrente, en escrito registrado el 2 de abril de 2004, presentó alegaciones ratificándose en lo expuesto en su demanda de amparo.
Mediante escrito de 8 de marzo de 2007, el Magistrado de esta Sala don Javier Delgado Barrio manifestó su voluntad de abstenerse en el conocimiento del presente recurso de amparo por entender que concurría en su persona la causa 13 del art. 219 LOPJ. La Sala Primera de este Tribunal por ATC 179/2007, de 12 de marzo, acordó estimar justificada la abstención formulada y apartar al citado Magistrado definitivamente del conocimiento del referido recurso y de todas sus incidencias.
Por providencia de fecha 8 de marzo de 2007 se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 12 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
El objeto de este recurso, interpuesto exclusivamente por la vía del art. 43 LOTC contra el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se sanciona a la recurrente, es determinar si se han vulnerado sus derechos a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE), en relación con las sanciones disciplinarias impuestas por ocultación de incompatibilidad (art. 417.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ) y por incumplimiento del deber de abstención (art. 417.8 LOPJ).
Comenzando por la denuncia de vulneración del derecho a no padecer indefensión (art. 24.1 CE), la recurrente aduce que dicho derecho se ha vulnerado en el expediente disciplinario con fundamento, por un lado, y en lo que se refiere a la sanción impuesta por infracción del art. 417.8 LOPJ, en que no se dio a conocer adecuadamente en el pliego de cargo los concretos hechos en que se fundamentó esta imputación, por lo que no pudo desarrollar eficazmente su derecho de defensa y, por otro, y ya en relación con ambas sanciones, en que no han sido valoradas las alegaciones de la defensa, que no fueron conocidas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
La segunda cuestión planteada por la recurrente bajo la invocación del derecho a no sufrir indefensión es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial no tuvo la posibilidad de valorar las alegaciones defensivas contenidas en su respuesta a la propuesta de resolución, por no haber tenido conocimiento de las mismas. A esos efectos, debe recordarse que este Tribunal ha reiterado que la imposibilidad de tomar en consideración las alegaciones oportunamente deducidas por las partes puede implicar una quiebra del principio de contradicción causante de indefensión (art. 24.1 CE), siempre que se verifique que la decisión fue efectivamente adoptada inaudita parte y que ello no ocurrió por voluntad expresa o tácita o negligencia imputable a la parte (por todas, STC 307/2005, de 12 de diciembre, FJ 2).
La recurrente también aduce que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en relación con ambas sanciones. En concreto, respecto de la sanción por la infracción del art. 417.7 LOPJ, afirma que no existe prueba sobre el carácter doloso de la conducta, y, respecto de la sanción por la infracción del art. 417.8 LOPJ, que no existe prueba sobre la existencia de interés propio ni sobre el carácter doloso de la conducta, habiéndose empleado un iter discursivo ilógico para concluir la concurrencia de ambos elementos.
En cuanto a la invocación del derecho a la presunción de inocencia, en relación con la infracción del art. 417.8 LOPJ, también se hizo expreso en la resolución impugnada que la existencia de un interés indirecto de la recurrente en las diligencias previas 643-1994 se derivaba de que, al ser parte el Ayuntamiento de Marbella, su concreto desarrollo repercutía en la esfera de intereses económicos de sus familiares directos, ya que en su actividad empresarial resultaba una pieza clave este Ayuntamiento. Así, se argumentaba que, habiendo quedado acreditado que el entramado societario en el que participaban los familiares de la recurrente tenía como objeto prioritario el tráfico inmobiliario, constituyendo un elemento de indudable relevancia sus relaciones inmobiliarias con el Ayuntamiento de Marbella por ser uno de los aspectos esenciales del conjunto de la actividad societaria la concertación, bien directa por el padre o hermano de la recurrente, bien a través de terceras personas integrantes de las sociedades a las que estos estaban estrechamente vinculados, de convenios urbanísticos con el Ayuntamiento de Marbella de gran envergadura económica, la conclusión que cabía inferir es que los eventuales beneficios que pudieran derivarse del resultado de las diligencias judiciales redundarían de manera directa en la esfera patrimonial de los familiares de la recurrente e indirectamente en ella, como queda demostrado a partir del hecho, también acreditado, de que el abono de la vivienda de la recurrente se llevó a cabo por su padre. Igualmente se destaca como un elemento más acreditativo de dicho interés indirecto el que la resolución del proceso contribuiría a reforzar la buena relación comercial existente entre el Ayuntamiento y los familiares de la recurrente. Por otra parte, en cuanto a la constatación de la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción de que la inobservancia del deber de abstención se llevó a cabo a sabiendas de tener un interés indirecto en la causa, se argumenta que cabe derivarlo, no sólo del evidente conocimiento del entramado de intereses económicos ligados al tráfico inmobiliario de sus familiares y la relación mantenida para ello con el Ayuntamiento de Marbella, sino también de que el proceso versaba sobre una cuestión inmobiliaria atinente a Puerto Banús en que se encontraba afectado el propio Ayuntamiento de Marbella.
La recurrente aduce, por último, que se ha vulnerado su derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), desde distintas perspectivas. Así, esta invocación se fundamenta, en primer lugar y en relación con ambas sanciones, en que se ha hecho una aplicación extensiva in mala partem de la normativa sancionadora que ha provocado que las sanciones resultaran imprevisibles, ya que, en cuanto al art. 417.7 LOPJ, se desempeñaba el cargo judicial en una población superior a los cien mil habitantes, los intereses económicos de sus familiares directos no producían una arraigo obstaculizador de la función judicial y no existía malicia en su conducta; y en cuanto al art. 417.8 LOPJ, en la subsunción de la concurrencia de un interés indirecto en las diligencias previas 634-1994.
La invocación del derecho a la legalidad sancionadora ha sido fundamentada por la recurrente, en segundo lugar, y también en relación con ambas infracciones, en que las sanciones impuestas han sido desproporcionadas, ya que respecto de la sanción de un año de suspensión impuesta por la infracción del art. 417.7 LOPJ hubiera sido más idónea, en su caso, la sanción de traslado forzoso, y respecto de la sanción de tres años de suspensión impuesta por la infracción del art. 417.8 LOPJ hubiera sido más idónea, en su caso, la suspensión de seis meses.
La invocación del derecho a la legalidad sancionadora ha sido fundamentada, en tercer lugar, y en relación con la aplicación del art. 417.7 LOPJ, en la infracción del principio non bis in idem, argumentando la recurrente que se la ha sancionado en virtud de una situación de incompatibilidad de la que ya había sido absuelta con anterioridad, sin que se hubiera producido ninguna alteración significativa. En relación con ello, es preciso reiterar que este Tribunal ha afirmado que es presupuesto necesario para apreciar la existencia de una vulneración del principio non bis in idem que concurra la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento (por todas, STC 2/2003, de 16 de enero, FJ 5).
La invocación del derecho a la legalidad sancionadora ha sido fundamentada, en cuarto lugar, y en relación con el art. 417.8 LOPJ, en que dicho precepto, siendo una norma sancionadora, ha sido aplicado retroactivamente, ya que las diligencias previas en que se afirma concurría el deber de abstención se incoaron el 13 de julio de 1994 y el tipo sancionador aplicado entró en vigor el 29 de diciembre de 1994.
Por último, se ha aducido también la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en relación con el art. 417.7 LOPJ, con fundamento en que no se ha hecho una aplicación retroactiva de una norma que favorecía a la recurrente como era el Real Decreto 3491/2000, en virtud del cual se establecía que a fecha de 1 de enero de 1999 la población de Marbella era ya superior a los cien mil habitantes, por lo que desde dicha fecha no cabía la posibilidad de aplicar el precepto sancionador.
Denegar el amparo solicitado a doña"M. del P..

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 Real Decreto 
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 artículo 394
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