Source: https://unybook.com/apuntes/file-e96c7de8f6390b1e6c71556e4e0a4959/derecho-procesal-penal-ii/tema-7-los-efectos-del-proceso
Timestamp: 2018-05-24 02:04:46+00:00

Document:
Tema 7 Los efectos del proceso [11363] | DERECHO PROCESAL PENAL II (UV) | Unybook
Tema 7 Los efectos del proceso (2012)
Tema 7 Los efectos del proceso
Lección 7. Los efectos del proceso 1. LA COSA JUZGADA La cosa juzgada es el principal efecto que se produce cuando finaliza un proceso. No hay cosa juzgada si no hay terminación del proceso.
La cosa juzgada aparece como la institución que sirve para esa resolución y, sobre todo, el proceso como un todo, alcance e grado de certeza necesarios, primero, haciéndola irrevocable en el proceso en que se ha dictado; segundo, dotándole de una impronta especial frente a cualquier otro proceso presente o futuro.
a. Efectos de la cosa juzgada: A) Firmeza (cosa juzgada formal) La firmeza, denominación más acertada que la de cosa juzgada formal, es la preclusión de los medios de impugnación respecto a una resolución jurisdiccional pena. La sentencia es firme.
Sin embargo, en la fase del procedimiento preliminar, es decir, en la instrucción penal, la cosa juzgada formal presenta el problema de que hay resoluciones que se dictan en ella, que son impugnables en definitiva mediante el recurso de queja simple o sin plazo.
En el ámbito penal únicamente pueden ejecutarse las sentencias firmes.
B) La cosa juzgada material No se puede volver a juzgar por los mismos hechos. La cosa juzgada material es la vinculación en otro proceso penal que produce la resolución de fondo firme. Se trata de un instituto procesal, consistente en un vínculo, de naturaleza jurídico-pública, que obliga a los jueces a no juzgar de nuevo lo ya decidido y, derivadamente, a no admitir controversias de las partes acerca de ello.
En el proceso penal únicamente gozan de la cosa juzgada material estos dos tipos de resoluciones: • Las sentencias, siempre de fondo en este proceso, tanto las absolutorias como las condenatorias.
• Los autos de sobreseimiento libre, tanto por haberse dictado al amparo de cualquiera de los números del art. 637 LECRIM, como por estimación de artículo de previo pronunciamiento en los casos fijados por el art. 675 LECRIM.
En caso de existir más de un acusado, el fallo es para cada uno de ellos independiente del de los demás.
b. Límites de la cosa juzgada 1. — Límites subjetivos: La cosa juzgada penal despliega sus efectos en el aspecto subjetivo únicamente sobre la persona del acusado, de modo que quien haya sido juzgado (condenado o absuelto), no puede volver a serlo, dada la identidad objetiva también, que veremos a continuación.
La persona del acusador (público, particular, popular o privado), no juega ningún papel en la identidad subjetiva, sin duda porque la acusación en el sistema español puede estar a cargo de esas varias personas, lo que significa que carece de importancia cuál de ellas efectivamente la formule. En una coparticipación donde hay varios imputados, el sobreseimiento libre de uno de ellos no alcanza a la firmeza de los otros. En el sobreseimiento libre no afecta a los demás participes y la sentencia sí.
2. —Límites objetivos: Son precisos, pero de una gran dificultad en cuanto al contenido material en el proceso penal son los hechos criminales, tal y corno aparecen descritos en la sentencia.
c) Resoluciones que producen cosa juzgada; 1. —Resoluciones procesales: Sabemos ya que antes de la LOPJ de 1985 han sido admitidas excepcionalmente por la jurisprudencia en lo penal, cuando llegado el momento de dictar la sentencia se constataba la existencia de un defecto procesal que impedía entrar en el fondo de la causa (v. gr., los del art.
666 LECRIM, o cualquier otro). Pues bien, en estos casos había que llegar a la conclusión de que se producía la cosa juzgada material si no existía posibilidad de subsanar el defecto procesal. Hoy no es posible ya la existencia de sentencias procesales, pero sí de autos.
2. —Resoluciones cautelares: Se ha negado a este tipo de resoluciones la cosa juzgada material, porque establecen medidas variables según se modifiquen sus presupuestos. Pero aquí la cuestión es otra distinta, pues lo que ocurre en verdad es que por el principio ‹Tebus sic stantibus», permaneciendo las circunstancias tenidas en cuenta para adoptar la medida, ésta debe quedar inalterable, modificándose si varían.
2. LA IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA • EL JUICIO DE REVISIÓN a) Concepto y naturaleza y objeto Se pide la anulación, y por tanto, es revisable toda sentencia firme y condenatoria a una pena de cualquier índole, dictada en ordinario o especial por delito del que haya conocido un tribunal español (arts. 954 y 796.1 LECRIM). Son, en consecuencia, requisitos de la sentencia: a) El haber sido dictada en un proceso por delito, no por falta; b) El haber sido dictada por órgano jurisdiccional español, no extranjero.
c) El que sea definitiva, d) Que sea firme, invariable para el juez o tribunal, e inimpugnable para las partes e) Que condene a una pena, no a una medida de seguridad.
b) Motivos La revisión penal es posible en seis casos, taxativamente fijados.
1. Contradictoriedad de sentencias: Procede la revisión «cuando estén sufriendo condena dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola». Esta causa de revisión se debe aplicar también cuando haya, por ejemplo, tres o más condenados por un delito que no hayan podido cometer más que dos personas, pero no cuando una misma persona sea condenada dos veces por el mismo hecho.
2. Supervivencia de la víctima en un homicidio: Procede la revisión «cuando estén sufriendo condena alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena». La doctrina está de acuerdo en considerar que la condena debe haber sido por homicidio en grado de consumación (delito hoy competencia del Jurado). La ley presume entonces que para condenar a una persona por ese delito, habrá sido determinante en el proceso la desaparición de la supuesta víctima, que aparece viva y demuestra la injusticia de la resolución.
3. Condena por falsedad u otro delito: Procede igualmente la revisión «cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia, cuyo fundamento haya sido un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada por violencia o exacción, o cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que los tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto.
4. Nuevos hechos o pruebas: Permite la revisión penal «cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado» 5. Duplicación de sentencias: Permite acudir igualmente a la revisión penal, «cuando sobre los propios hechos hayan recaído dos sentencias firmes y dispares dictadas por la misma o por distintas jurisdicciones».
6. Inconstitucionalidad de la ley penal: La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley penal permite revisar las sentencias penales firmes y condenatorias fundadas en dicha norma.
c) Competencia • Para el juicio rescindente, la tiene la Sala II del TS • Para el juicio rescisorio, el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia anulada d) Partes Se requieren abogado y procurador.
e) Resolución y efectos DOS TIPOS DE SENTENCIAS QUE SE APLICAN EN LA REVISIÓN • La sentencia rescindente es la primera que se produce y siempre provoca la nulidad de la resolución dictada.
• La sentencia rescisoria, una vez aplicada la rescindente revisa todo el proceso, y dicta un nuevo fallo, donde se absuelve o se condena.
1) La sentencia condenatoria a pena privativa de libertad obliga a abonar el tiempo de prisión que se haya cumplido ya, en caso de estar ejecutándose otra de esta naturaleza.
2) La sentencia absolutoria concede derecho de indemnización al legitimado o a sus herederos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir el órgano jurisdiccional u otra persona, exigible frente al Estado (art. 960, II LECRIM). La indemnización tiene fundamento constitucional, al tratarse de un error judicial.
B) EL «RECURSO» DE ANULACIÓN a) Concepto, naturaleza y objeto Es para el proceso penal abreviado un medio de impugnación de la cosa juzgada, que cabe únicamente contra la sentencia de condena dictada, en primera instancia o en apelación, frente a un imputado ausente, llamado recurso de anulación.
Presupuesto esencial es que el condenado en ausencia comparezca o sea habido, en cuyo caso se le notifica la sentencia dictada en la primera instancia o en apelación del proceso abreviado correspondiente, a efectos de cumplimiento de la pena que todavía no haya prescrito. Contra esa sentencia es procedente el recurso de anulación.
b) Motivos El «recurso» solamente procede en un único caso, a saber, cuando una persona haya sido condenada en rebeldía a pena privativa de libertad (hoy pena de prisión) inferior a un año, o a pena de distinta naturaleza inferior a seis años. Por tanto, el motivo es la posible nulidad de la sentencia al haber sido dictada sin atender al principio de contradicción, infringiendo el derecho de defensa o el derecho a ser oído previamente a la condena.
c ) Competencia Dado que por la pena solicitada únicamente será competente para el juicio y fallo el JPe, la competencia funcional para conocer de este es la AP, ya que se equipara al recurso de apelación.
d) Partes Al equipararse a la apelación, se requieren abogado y procurador.
e) Resolución y efectos No se distingue entre juicio rescindente y juicio rescisorio.
A continuación, de ser obtenida esta declaración, el condenado tendría derecho a la reapertura de la causa (juicio rescisorio), ante el mismo órgano que conoció de la primera instancia, con el fin de obtener un nuevo enjuiciamiento, garantizado previamente su derecho a ser oído y defenderse.
3. LAS COSTAS A) Imposición La LECRIM adopta para la imposición de las costas el criterio objetivo o del vencimiento, y el subjetivo de la temeridad o mala fe, pero distinguiendo según las partes y casos especiales. En primer lugar, dada la naturaleza del proceso penal, se considera la imposición de oficio.
Todos los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes, deberán resolver sobre el pago de las costas procesales (art. 239 LECRIM, y su interpretación dada por la Consulta de la FTS de 19 de octubre de 1919). A partir de este precepto, siempre y cuando no se goce del beneficio de asistencia jurídica gratuita, las reglas son: 1. — Imposición de oficio: No entrando en juego otra previsión expresa, o cuando el tribunal no lo considere procedente, corre a cargo de las costas el Estado (art. 240-1.° LECRIM), aunque las partes deben pagar en este caso, a pesar de ello y salvo que gocen del beneficio de justicia gratuita, a los abogados y procuradores que les hayan defendido y representado, y a los testigos y peritos que hayan declarado a su instancia, quienes tienen derecho a su exacción por vía de apremio en caso de impago voluntario.
La imposición de oficio no debe confundirse con la imposición a las partes públicas (Ministerio fiscal), pues éstas quedan fuera de la posibilidad de ser condenadas.
Cuando á acusado resulte absuelto, nunca se le pueden imponer las costas.
2.—Condena al acusado: El acusado que venga condenado en la causa tiene que pagar, sólo por este motivo objetivo, las costas, y si son varios, la parte proporcional. Se consagra así el criterio del vencimiento puro, establecido además en el CP, cuando en su art. 123 dispone que «las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta».
3. — Condena a las partes acusadoras: El acusador particular y el acusador privado pueden ser condenados también al pago de las costas, al igual que el actor civil (art. 240-3.2 LECRIM), pero con base en El sistema subjetivo de la temeridad o mala fe 4. —Supuestos particulares: Deben recogerse en lo penal los dos siguientes: a) Incidentes: Las costas causadas en los incidentes que puedan promoverse durante la sustanciación de un proceso penal debe imponerse a aquél que los haya iniciado, siempre que se deniegue lo pedido. Así: 1) En la recusación: Art. 70, I LECRIM. No obstante, cabe la no imposición si se aprecian circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento (art. 227.1 LOPJ). También se imponen las costas a quien pierda el recurso de apelación en esta materia, en el caso previsto en el art. 82 LECRIM; así como en la recusación del personal auxiliar.
2) En las cuestiones de competencia, sólo se condenará al que la haya promovido cuando proponga la declinatoria habiendo utilizado antes la inhibitoria (art. 33, II LECRIM). Los demás supuestos vienen recogidos en el art. 44 LECRIM, en cuyo párrafo I se determina la posibilidad de que el tribunal pueda condenar al pago de las costas causadas en la inhibitoria a las partes que la hubiesen sostenido o impugnado con notoria temeridad, imponiéndose de oficio, según el párrafo II si no hay especial mención en cuanto a las costas.
b) Recurso de casación: Se imponen las costas al recurrente cuando la Sala II del TS declare no haber lugar al recurso (art. 901, II LECRIM). La estimación supone la imposición de oficio de las mismas (art. 901, I LECRIM).
5. —Prelación para el pago: El condenado en costas, o aquél a quien se le hayan impuesto, está obligado a pagar la cantidad fijada.
En el caso de que no proceda a ello voluntariamente, o que no tenga bienes bastantes para satisfacerla después de ejecutada la vía de apremio (v. enseguida), la ley fija una prelación para determinar quiénes van a cobrar antes. El art. 246 LECRIM se remite hoy, al art. 126 CP, que distingue según el proceso sea por delito perseguible de oficio, o por delito perseguible a instancia de parte: a) De oficio: Si no hay bienes bastantes, se satisfacen por el orden siguiente (art. 126.1 CP): 1) La reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios; 2) La indemnización al Estado por los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa; 3. Las costas del acusador particular o privado (es dudoso que se incluyan las del popular por lo indicado); 4) Las demás costas procesales, incluso las de la defensa del acusado, sin preferencia entre los interesados; y 5) La multa (se refiere a sanciones económicas, no a la pena pecuniaria).
b) A instanda de parte: En este caso, se satisfarán las costas del actor privado con preferencia a la indemnización al Estado.
b) Tasación La parte acreedora de las costas tiene que presentar al juzgado todo lo que se ha gastado.
La revisa el secretario del juzgado, si es correcta la tasación y nadie la impugna, adquiere firmeza y es título ejecutivo C) Impugnabilidad Hoy en día son 10 días los que se dan de plazo para impugnar la tasación.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución