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Timestamp: 2019-03-26 22:59:45+00:00

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Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (Ley 52/1997, de 27 de Noviembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 192792829
Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (Ley 52/1997, de 27 de Noviembre)
CAPÍTULO I. De la asistencia jurídica al Estado - arts. 1 a 4
CAPÍTULO II. Normas específicas sobre representación y defensa en juicio del Estado - arts. 5 a 10
CAPÍTULO III. Especialidades procesales aplicables al Estado - arts. 11 a 15
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Normas objeto de modificación
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Adaptación de deno minación
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Aplicación a las Comunidades Autónomas
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Unidad de doctrina
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Cortes Generales y Junta Electoral Central
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio de las actuaciones procesales
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo de la presente Ley
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Adaptaciones presupuestarias
Norma citada en: 5894 sentencias, 125 artículos doctrinales, 13 temas prácticos, un formulario, 46 resoluciones administrativas, 21 noticias
Ley declarada vigente por la Disposición Derogatoria Única 3 de la Ley 1/2000, del 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, publicada en el BOE del 8 de Enero de 2000.
Uno de los mecanismos con que, desde las postrimerías del siglo XIX, ha tratado de subvenirse a la particular situación del Estado cuando es parte de un proceso, está constituido por la regulación de las llamadas especialidades o prerrogativas procesales del Estado. La relevancia constitucional y la importancia de los fines e intereses a que sirve la Administración pública, la complejidad organizativa y estructural que, en función de aquellos fines, asume el Estado en nuestros días, así como las estrictas pautas de actuación que el ordenamiento impone a las Administraciones públicas en garantía de la correcta satisfacción de los intereses generales, determinan un peculiar «status» funcional y organizativo del Estado de cuya sustancia no participan las personas y organizaciones de índole privada. Así las cosas, si de ello resulta la existencia de un fundamento objetivo que razonablemente justifica la consagración de determinadas especialidades enervadoras del Derecho rituario común cuando el Estado es parte en un proceso ante los órganos jurisdiccionales, no pueden dejar de tenerse presentes en ningún momento las exigencias derivadas de los principios constitucionales de igualdad y tutela judicial efectiva (artículos 14 y 24 de la Constitución), de tal suerte que las mencionadas especialidades procesales del Estado en ningún caso resulten atentadoras a los mencionados principios, ni supongan cargas desproporcionadas o irrazonables para la contraparte del Estado en el proceso.
Respecto a los Órganos Constitucionales, se encomienda al Servicio Jurídico del Estado sólo la tarea de representación y defensa en juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como regla general con la excepción de que las normas internas de los propios órganos constitucionales establezcan un régimen especial propio; régimen especial que encontraría su justificación en la autonomía institucional que la Constitución española pueda consagrar para estos Órganos.
El capítulo II recoge normas que, refiriéndose a la materia de representación y defensa en juicio, y teniendo por ello transcendencia procesal, sólo afectan al Estado (en sentido más amplio por contraposición a las Comunidades Autónomas) al ser los aspectos de organización de los Servicios Jurídicos los que priman. En el capítulo III se recogen normas eminentemente procesales cuya competencia, en virtud de lo dispuesto en el artícu lo 149.1.6.a de la Constitución, corresponde en exclusiva al Estado. Estas normas de carácter procesal son, por tanto, de aplicación tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas y así se declara expresamente en la disposición adicional cuarta, siguiendo así una técnica legislativa marcada por la doctrina del Tribunal Constitucional.
CAPÍTULO I De la asistencia jurídica al Estado Artículos 1 a 4
ARTÍCULO 1 Régimen de asistencia jurídica.
La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Estado y de sus Organismos autónomos, así como la representación y defensa de los Órganos Constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado, de cuyo Director dependen sus unidades, denominadas Abogacías del Estado.
La asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social, consistente en el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio en el ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, corresponderá a los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las Comunidades Autónomas en los términos que, en su caso, se establezcan reglamentariamente y a través de los oportunos convenios de colaboración celebrados entre el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.
Salvo que sus disposiciones específicas establezcan otra previsión al efecto, podrá corresponder a los Abogados del Estado la asistencia jurídica a las entidades públicas empresariales reguladas en el capítulo III del Título III y disposiciones adicionales octava, novena y décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, mediante la formalización del oportuno convenio al efecto, en el que se determinará la compensación económica a abonar al Tesoro Público.
La actuación de los Abogados del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, ante la Comisión y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como, en su caso, ante los Tribunales y Organismos internacionales en los que actuasen en representación del Reino de España, se ajustará a lo dispuesto en la normativa específica en cada caso aplicable y, en su defecto, a lo dispuesto en la presente Ley.
Para la representación y defensa del Estado español ante las jurisdicciones de Estados extranjeros se estará a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones vigentes y a lo que, en su caso, se determine reglamentariamente.
Artículo 1, apartado 3, segundo párrafo adicionado por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de Diciembre de 2000.
Artículo citado en: 241 sentencias, 11 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 10 resoluciones administrativas, 5 noticias
ARTÍCULO 2 Representación y defensa de autoridades y empleados públicos.
En los términos establecidos reglamentariamente, los Abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus Organismos públicos a que se refiere el artículo anterior y Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo.
Artículo citado en: 97 sentencias, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 3 Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
La Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el centro superior consultivo de la Administración del Estado, Organismos autónomos y entidades públicas dependientes, conforme a sus disposiciones reguladoras en el caso de estas últimas, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la legislación a los Subsecretarios y Secretarios generales técnicos, así como de las especiales funciones atribuidas al Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución y en su Ley Orgánica de desarrollo.
La Dirección del Servicio Jurídico del Estado es igualmente el centro superior directivo de los asuntos contenciosos en los que sea parte el Estado y sus Organismos autónomos, o las entidades públicas empresariales u Órganos Constitucionales cuando corresponda.
La Dirección del Servicio Jurídico del Estado y las unidades que la forman desempeñan sus funciones bajo la superior y única dirección del titular del Departamento ministerial en que se integra.
En la Administración periférica las Abogacías del Estado, por la singularidad de sus funciones, tendrán la consideración de servicios no integrados.
Las distintas Abogacías del Estado, cualquiera que sea su ubicación, dependerán jerárquica y funcionalmente de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Las Abogacías del Estado tendrán en los distintos Ministerios el carácter de servicios comunes y, por tanto, bajo las competencias de dirección, organización y funcionamiento que respecto a estos servicios otorga la legislación a los Subsecretarios.
Artículo citado en: 11 sentencias, 5 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 4 Abogados del Estado.
Los Abogados del Estado, por el hecho de su nombramiento y toma de posesión en el destino, quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones y para el desempeño de todos los servicios propios de su cargo.
Los puestos de trabajo de las Abogacías del Estado que tengan encomendado el desempeño de las funciones descritas en esta Ley se adscribirán mediante el desarrollo normativo adecuado con carácter exclusivo a los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, en el que se ingresará mediante oposición libre entre licenciados de Derecho.
Artículo citado en: 8 sentencias, 2 temas prácticos, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Normas específicas sobre representación y defensa en juicio del Estado Artículos 5 a 10
ARTÍCULO 5 Contraposición de intereses.
Se atendrá, en primer lugar, a lo dispuesto en la normativa especial o en las cláusulas convencionales reguladoras de la asistencia jurídica a la entidad o entidades públicas empresariales u Organismo público regulado por su normativa específica de que se trate.
En caso de silencio de la norma o convenio, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, antes de evacuar el primer trámite procesal, y en atención a la naturaleza de los intereses en conflicto, expondrá a las Administraciones, entidades u Organismos litigantes su criterio tanto en cuanto a la eventual solución extrajudicial del litigio, de ser esta posible, como, en su defecto, a la postulación que debiera asumir el Abogado del Estado, evitando en todo caso las situaciones de indefensión. Hayan o no manifestando su opinión las partes, con el informe previo de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, el titular del Departamento del que ésta dependa resolverá en definitiva lo procedente en cuanto a la postulación a asumir por el Abogado del Estado.
ARTÍCULO 6 Colaboración entre los órganos interesados y el Servicio Jurídico del Estado.
ARTÍCULO 7 Disposición de la acción procesal.
Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, para que el Abogado del Estado pueda válidamente desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas, o allanarse a las pretensiones de la parte contraria, precisará autorización expresa de la Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado que deberá, previamente, en todo caso, recabar informe del Departamento, Organismo o entidad pública correspondiente.
El informe deberá ser emitido por la unidad competente por razón de la materia y, en su caso, por el órgano autor del acto objeto del proceso. Los informes deberán contener los motivos jurídicos que fundamentan la disposición de la acción procesal. En los procesos en los que se ventilen pretensiones sobre derechos de la Hacienda Pública de cuantía superior a un millón de euros, el Departamento, organismo o entidad pública deberá acompañar al informe sobre la propuesta de allanamiento o desistimiento una memoria con la estimación de sus consecuencias económicas para la Hacienda Pública. La memoria deberá ser emitida por la unidad competente por razón de la materia.
Artículo 7, modificado por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Artículo citado en: 2247 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 8 Actuaciones ante el Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas.
ARTÍCULO 9 Actuaciones en procedimientos arbitrales y otras reclamaciones extrajudiciales.
Previa autorización del titular del departamento, organismo público correspondiente, y con informe de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado podrán asumir la representación y defensa del Estado, sus organismos autónomos, entidades públicas de ellos dependientes y órganos constitucionales en procedimientos arbitrales y otras reclamaciones extrajudiciales de naturaleza nacional o internacional.
Artículo 9 modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 10 Jurisdicción militar.
CAPÍTULO III Especialidades procesales aplicables al Estado Artículos 11 a 15
ARTÍCULO 11 Notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal.
En los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en que sean parte la Administración General del Estado, los Organismos autónomos o los órganos constitucionales, salvo que las normas internas de estos últimos o las leyes procesales dispongan otra cosa, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal se entenderán directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado.
Cuando las entidades públicas empresariales u otros Organismos públicos regulados por su normativa específica sean representados y defendidos por el Abogado del Estado se aplicará igualmente lo dispuesto en el apartado anterior.
Serán nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este artículo.
Artículo citado en: 194 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema práctico, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 12 Exención de depósitos y cauciones.
Artículo citado en: 481 sentencias, 17 artículos doctrinales, un tema práctico, 8 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 13 Costas.
La tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el proceso en contra del Estado, sus organismos públicos, los órganos constitucionales o personas representadas y defendidas por el Abogado del Estado, se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales. En estos conceptos se incluirán, en todo caso, los correspondientes a las funciones de representación del Abogado del Estado.
A los importes ingresados por tasación de costas se les dará el destino establecido presupuestariamente.
Las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el proceso contra el Estado, Organismos públicos y órganos constitucionales se aplicarán al presupuesto de ingresos del Estado, salvo en los supuestos de los artículos 1.3 y 1.4 de esta Ley, que se regirán por lo establecido en el correspondiente convenio.
Las costas a cuyo pago fuese condenado el Estado, sus Organismos públicos o los órganos constitucionales serán abonadas con cargo a los respectivos presupuestos, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
Artículo 13, apartado 1 modificado por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de Diciembre de 2000.
Artículo 13, apartado 1 modificado por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Junio de 2017.
Artículo citado en: 1071 sentencias, 6 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 14 Suspensión del curso de los autos.
En los procesos civiles que se dirijan contra el Estado, sus Organismos autónomos, entidades públicas dependientes de ambos o los órganos constitucionales, el Abogado del Estado recabará los antecedentes para la defensa de la Administración, Organismo o entidad representada, así como elevará, en su caso, consulta ante la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. A tal fin, al recibir el primer traslado, citación o notificación del órgano jurisdiccional podrá pedir, y el Juez acordará, la suspensión del curso de los autos, salvo que, excepcionalmente, y por auto motivado, se estime que ello produciría grave daño para el interés general.
En los interdictos, procedimientos del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, aseguramiento de bienes litigiosos e incidentes, el plazo de suspensión será fijado discreccionalmente por el Juez, no siendo superior a diez días ni inferior a seis.
Artículo citado en: 27 sentencias, un artículo doctrinal, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 15 Fuero territorial del Estado.
Artículo citado en: 365 sentencias, 14 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Normas objeto de modificación
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Adaptación de deno minación
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
Los artículos 5 a 9 y 11 a 15 de la presente Ley serán de aplicación al ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la medida en que, atendida la naturaleza de las mismas y lo dispuesto por las leyes vigentes, aquellos preceptos les sean aplicables, si bien las referencias contenidas en aquéllos a los Abogados del Estado, al Servicio Jurídico del Estado o a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado se entenderán efectuadas, respectivamente, a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social o a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Disposición citada en: 81 sentencias, una resolución administrativa
Disposición adicional tercera modificada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 04 de Noviembre de 2009.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Aplicación a las Comunidades Autónomas
Los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15 se dictan al amparo de la competencia reservada al Estado en el artículo 149.1.6.a de la Constitución, en materia de legislación procesal.
Las reglas contenidas en dichos artículos serán de aplicación a las Comunidades Autónomas y entidades públicas dependientes de ellas.
En cuanto a lo dispuesto en el artículo 15, cuando sean parte en el procedimiento las Comunidades Autónomas y entidades de Derecho público dependientes de las mismas, serán también competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en la capital de la Comunidad Autónoma en el caso de que la misma no sea capital de provincia.
Disposición citada en: 116 sentencias, 3 artículos doctrinales
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Unidad de doctrina
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Cortes Generales y Junta Electoral Central
Disposición citada en: 3 sentencias, 3 artículos doctrinales, una resolución administrativa
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Régimen transitorio de las actuaciones procesales
Los artículos 35, 123, apartado 4, y 131, apartado 4, de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Los apartados segundo, tercero y cuarto del ar tículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Con carácter general, cuantos preceptos de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Desarrollo de la presente Ley
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Adaptaciones presupuestarias
obras públicas exclusivas del estado
ORDEN FORAL 871/2000, de 4 de agosto, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba la contratación del proyecto de ordenación y estudio de regulación de usos de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Tafalla durante los años 2000 y 2001, por la modalidad de concurso, por el...
Ley 32/1968, de 27 de julio, determinando la edad máxima para el desempeño de los cargos de Consejero de Estado, Consejero de Economía Nacional y miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia.

References: artículo 447

ARTÍCULO 1

Artículo 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 artículo 107

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

Artículo 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

Artículo 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

Artículo 13

Artículo 13

ARTÍCULO 14
 artículo 41

ARTÍCULO 15
 resolución 
 artículo 149
 artículo 15
 resolución