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Timestamp: 2018-08-21 01:10:05+00:00

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1_E000020004506 by Editorial Tirant Lo Blanch - Issuu
Edita: Tirant lo Blanch Director: VĂ­ctor Caba Villarejo www.revistajuridicacanaria.com
Publicación trimestral Nº 49/ Abril 2018 Índice
ARTÍCULO –	El Estado como sujeto de la sucesión. The Spanish State as subject of the inheritance, por Ángel Domingo Espinosa González............................................................................ 3 JURISPRUDENCIA Las Palmas –	CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo................................................................... Tenerife –	CIVIL, seleccionada por María Luisa Santos Sánchez...................................................... Las Palmas –	PENAL, seleccionada por Rosa Rubio Ramos.................................................................. Tenerife –	PENAL, seleccionada por José Félix Mota Bello............................................................... Las Palmas –	CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por César García Otero........................ Tenerife –	CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés.......... Las Palmas –	LABORAL, seleccionada por Humberto Guadalupe Hernández......................................... Tenerife –	LABORAL, selecciónada por Eduardo Jesús Ramos Real.................................................
53 140 218 243 266 290 305 363
DOCTRINA DE LA DGRN –	Comentarios, seleccionados por María Pilar de la Fuente García......................................
DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS –	Comentarios, seleccionados por Óscar Bosch Benítez.....................................................
CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS –	Seleccionada por Pedro Carballo Armas...........................................................................
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EL ESTADO COMO SUJETO DE LA SUCESIÓN The Spanish State as subject of the inheritance
Ángel Domingo Espinosa González
SUMARIO: I. EL FUNDAMENTO DEL ESTADO COMO SUCESOR. II. EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DEL ESTADO COMO SUCESOR. III. LA REPUDIACIÓN DE LAS HERENCIAS CON LA CRISIS: PROBLEMA Y ANÁLISIS. 1. Evolución histórica y análisis actual de las repudiaciones de herencia a favor del Estado. A) Andalucía. B) Aragón. C) Asturias. D) Cantabria. E) Castilla-La Mancha. F) Castilla y León. G) Cataluña. H) Extremadura. I) Galicia. J) Islas Baleares. K) Islas Canarias. L) Madrid. M) Murcia. N) Navarra. Ñ) País Vasco. O) La Rioja. P) Valencia. 2. El Impuesto sobre Sucesiones como motivador para la repudiación. 3. El exceso de adjudicaciones por parte del Estado: consecuencias. IV. POSIBLES SOLUCIONES AL EXCESO DE REPUDIACIONES. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA. VII. JURISPRUDENCIA. VIII. ANEXO.
ABSTRACT The Spanish State is one of the subjects of the intestate succession that designates our law. It is called to the inheritance when there are no more heirs to call. Also, with the economic crisis, it produces a great problem. Due to the fiscal burden of the inheritance and donation tax (Impuesto de Sucesiones y Donaciones), many people can’t afford the aceptation of an inheritance, leading to the Spanish State being called to inherit, and as a result, the Spanish State becomes the heir of the deceased’s legacy.
RESUMEN El Estado, siendo uno de los sujetos de la sucesión intestada que indica nuestra ley, pasa a ser llamado a heredar cuando no hay más herederos a los que llamar. A su vez, en relación con la crisis económica, genera una gran problemática. Debido a la carga fiscal que supone el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, muchas personas no pueden permitirse aceptar una herencia, dando lugar a ser llamado el Estado, por tanto, es el Estado el que acaba pasando a ser heredero del patrimonio del difunto.
I.	EL FUNDAMENTO DEL ESTADO COMO SUCESOR Declarado el fallecimiento, comienza el mecanismo dispuesto por nuestro Código Civil donde se establece un orden de llamados a suceder. La primera mención que tenemos en el Código Civil a la capacidad sucesora del Estado es tanto en el artículo 744 como en el 746 del Código, donde se admite de manera indirecta debido al reconocimiento que ambos artículos dan a las personas jurídicas como capaces para suceder. Por otro lado, en el artículo 913, se establece expresamente al Estado como heredero, disponiéndose de manera subsidiaria que sea quien herede en última instancia a falta de herederos. Debido al carácter de la sucesión mortis causa, y con el fin de que las relaciones jurídicas no se extingan, los sucesores hereditarios continuarán las actividades del causante, mediante el uso del patrimonio del caudal relicto. Debido a esto, aparece la figura del Estado como sucesor subsidiario, de tal manera que en última instancia será quien administra el patrimonio del causante, incluso cuando no fuese dispuesto por el testador fallecido. Cabe resaltar el hecho de que, en los casos de herencia yacente, es decir, momento en el que se ha abierto la sucesión, pero aún no se ha pronunciado ninguno de los llamados a heredar sobre la aceptación y repudiación, no es uno de los supuestos en los que el Estado pueda intervenir y ser sujeto de la herencia, ya que como requisito esencial se encuentra que el resto de llamados a heredar en el orden de sucesión la hayan repudiado. Aun así, este supuesto es referido solo a la sucesión abintestato, ya que el Estado puede ser perfectamente heredero testamentario. El Real Decreto Ley del 13 de enero de 1928 es el que introduce los artículos 954957 en nuestro Código1, con el fin de dotar al Estado un llamamiento preferente dentro del orden sucesorio. En el artículo 957 CC se dispone que la adquisición de bienes por parte del Estado deberá hacerse siempre a beneficio de inventario, con lo que no asume responsabilidad de las deudas de la masa hereditaria, como lo haría en caso de aceptar pura y simplemente, siendo por tanto una excepción a la norma general, ya que el beneficio de inventario en el resto de casos debe pedirse expresamente, y el Estado no tiene que hacer declaración alguna. Por otro lado, se establece en el artículo 956 del Código el destino de los bienes del caudal relicto en el caso de que le corresponda al Estado ser el heredero, disponiendo que deberá ingresar la cantidad en el Tesoro Público (salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra aplicación a la misma), y dividiendo la herencia en tres tercios: las dos primeras serán al interés social, debiendo acreditarse en los Presupuestos Generales del Estado las asignaciones correspondientes a cada uno de los ingresos realizados. Esta división del caudal relicto no podemos considerarla una partición de la herencia, 1
Cabe destacar que la redacción establecida en el Real Decreto Ley de 1928 dispuesta para el artículo 956 no es la misma que la actual, siendo esta modificada por la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria de 2015. En la anterior redacción, no se hacía mención alguna a la liquidación del caudal hereditario, y el reparto de los dos tercios iba destinado a instituciones municipales del domicilio del difunto y a instituciones provinciales, compartiendo ambas que el destino será el interés público. El tercio restante iba a la Caja de Amortización de Deuda Pública, salvo que el Consejo de Ministros acuerde darle otras funciones, total o parcialmente. 4 ÁNGEL DOMINGO ESPINOSA GONZÁLEZ REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 49, abril-junio (2018), págs. 3-51
debido a que no solo no establece figuras propias de la misma como bien puede ser la designación judicial del contador-partidor, sino que además se tramita por expediente administrativo para posteriormente ser sometida a control por los Tribunales. Además de lo indicado en el Código Civil en el artículo 913 CC, y en los artículos 956-958 CC, se exige como condición una norma procesal para que pueda suceder y adquirir dichos bienes, siendo esta una declaración por parte del Estado en la que se le instituya como heredero. El Estado, por tanto solo podrá heredar por abintestato como sucesor subsidiario, limitando su práctica a momentos en los que no se pueda traspasar estos bienes a otro individuo llamado a suceder. Una de las justificaciones básicas que podría darse a la razón de ser de la posición hereditaria del Estado, es que el Estado, debido a su relación de nacionalidad y residencia habitual con el causante, se le considera capaz para suceder en defecto de otros herederos. La ausencia de herederos puede tener lugar por una diversidad de motivos, desde que todos los sucesores hayan fallecido, pasando por causas como que los herederos no puedan o simplemente no quieran afrontar las consecuencias de la aceptación de la herencia, hasta la nulidad del testamento, estableciéndose por tanto como cauce alternativo la sucesión intestada en la que, según su orden establecido por nuestro Código Civil, el Estado se encuentra en último lugar. El Estado, una vez llamado a suceder, es sujeto automáticamente de los derechos para adquirir, gozar y ejercitar de los bienes que componen el caudal relicto, desde la situación de una persona jurídica. Por otro lado, y al igual que cualquier otro sujeto, la adjudicación de dichos bienes será de carácter universal y privado, eliminando “cualquier fundamento publicista basado en la idea de soberanía o del dominio eminente más propios para justificar la adquisición de aquel por ocupación”2. En base a lo expuesto, puede afirmarse que el fundamento principal de la sucesión del Estado consiste en tratar de impedir el abandono de los bienes. Tal es la importancia de esta adquisición de bienes que, una vez realizada la división de la herencia, todos los bienes pasan a ser publicados detalladamente en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que en caso de conflicto se pueda dar la oportunidad de hacer las alegaciones convenientes. Por lo tanto, la verdadera razón de ser del Estado como sucesor reside en que un bien, en caso de carecer de sucesor declarado, se encontraría en una problemática situación de abandono que propiciaría principalmente litigios y conflictos sobre la propiedad del mismo, debido a la transformación de las cosas que conforman el caudal relicto en res nullius, a excepción los inmuebles vacantes que se encuentren en la herencia, ya que estos tienen su destino en el artículo 17 de Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En base a esta fundamentación, es destacable el debate que ha generado el fundamento de la posición del Estado en la herencia, posicionamientos que principalmente depende del contexto histórico en el que se encuentre el derecho vigente, estableciéndose así dos grandes vertientes: la primera, y como acabamos de mencionar, indica que el Estado realmente adquiere la herencia iure imperii y con el fin de que los bienes tengan un dueño que suceda al causante. La segunda de ellas, defiende que el Estado Galván Gallegos, A. “La repudiación de la herencia en el Código Civil español”. Tesis. año 1994, septiembre, Universidad Complutense de Madrid, pp. 296-309.
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realmente entra en sucesión por el mero hecho de que lo dispone la propia ley, es decir, no con el fin de evitar que la cosa se convierta en res nullius, sino realmente instituido como un heredero. Además, al establecerse que dos tercios de la herencia deberán ser destinados a elementos como el interés público y la beneficencia, podría indicarse también que el Estado realmente es un heredero modal, ya que está sujeta a una representación formal donde los bienes se adquieren “con anticipado destino o aplicación a intereses sociales recomendables y laudables;...”3, requisito sine qua non para poder adquirir los bienes del caudal relicto. Así mismo, digna es de mención dentro de nuestro sistema de leyes la especialidad y excepcionalidad de las normativas forales referentes al sistema sucesorio, donde dichas Comunidades optan por repartir los bienes con las peculiaridades propias de su sistema foral, así como un régimen diferente de tributación de dichos bienes en algunos casos4.
II.	EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DEL ESTADO COMO SUCESOR En cuanto al trayecto que recorre la herencia desde que fallece el causante hasta que el Estado ha distribuido y dado destino a los bienes y publicado los mismos en el ayuntamiento del fallecido y en el Boletín Oficial de la Provincia, tiene lugar un procedimiento caracterizado principalmente porque es la Delegación de Economía y Hacienda la encargada de llevar por buen camino este procedimiento, donde el Estado deberá dividir los bienes en tres tercios. En lo referente a la regulación, debido a la reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria en su disposición final octava hace alusión a una ligera reforma de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que se encuentra ya en vigor y se expondrá a continuación. Por otro lado, es el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Sánchez Román, F. Estudios de Derecho Civil. Ed. Analecta, Madrid, 1910, p. 1671. Si bien la materia foral no va a ser objeto del trabajo, es digno de mención las diferentes normativas que lo regulan, que a pesar de ser diversas comparten como punto en común que no es el Estado el heredero, sino lo que disponga el Derecho foral, como en el caso de Galicia, que dispone la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia que es la Comunidad Autónoma de Galicia la que heredará en lugar del Estado en su artículo 267. Similitudes a esta excepción podemos encontrarlas también en la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Parlamento Vasco, que dispone en su artículo 73 que será llamada la Diputación Foral del Territorio Histórico relacionada con la vecindad del causante, o lo dispuesto en la Ley 1/1973 reguladora del derecho foral de Navarra, que regula que sucederá la Comunidad de Navarra, dividido entre instituciones autonómicas y municipales. A su vez, queda esto también reflejado en el Código Civil Catalán, que dispone que heredará la Generalidad de Cataluña en su artículo 441, también, la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Parlamento de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 43 prevé a la Generalidad Valenciana como causante en lugar del Estado. Por último, el Decreto Legislativo 1/2011, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón, dispone en su artículo 535 que heredará la Diputación General de Aragón en vez de el Estado. 6 ÁNGEL DOMINGO ESPINOSA GONZÁLEZ REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 49, abril-junio (2018), págs. 3-51
Administraciones Públicas, y a su vez, la propia Ley 33/2003, donde se desarrollan una serie de actuaciones destinadas a la declaración del Estado como heredero abintestato. Comenzando por lo dispuesto en el Real Decreto 1373/2009, en su artículo 5, se indica el supuesto en el que el Estado ya conoce el fallecimiento, estableciéndose en la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia del último domicilio del causante. A su vez, se establece además de la facultad de los particulares de declarar el fallecimiento, la obligación de comunicar el fallecimiento intestado por las personas que en virtud de su cargo o empleo deban realizar dicha declaración, y además se exige que se traigan a colación todos los documentos posibles en los que quede reflejado el máximo posible de bienes del caudal relicto. En la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, se explica con detenimiento las diversas fases y actuaciones en virtud de las cuales el Estado pasa de ser un llamado a herencia abintestato, para ser propietario de esos bienes y administrarlos según lo dispuesto en el Código Civil. La primera de las fases sería la ya mencionada por el Real Decreto 1373/2009 referente a la declaración de fallecimiento, siendo el trámite en virtud del cual comienza el procedimiento. En esta, a la persona que declara no se le requiere que posea interés legítimo en el comienzo de la misma, ya que como mencionamos pueden realizarla tanto particulares como personas que por su empleo tengan dicha obligación, siendo por tanto una manera de facilitar a la Administración el conocimiento de estas situaciones. Una vez concretado el fallecimiento del causante, y una vez tenidos en posesión documentos tales como los certificados de defunción de los padres del causante y del propio causante, se establece la publicidad del fallecimiento abintestato5. Una vez dada cuenta al Estado, se realizará la declaración judicial del Estado como heredero, previsión que establece el artículo 958 CC. En concreto, esta declaración tendrá lugar mediante una autorización de la Abogacía General del Estado por parte de la Delegación de Economía y Hacienda de la residencia del causante, para que así la Abogacía del Estado pueda realizar la declaración judicial6. Una vez hecho esto, y como ya mencionamos, se establecerá la aceptación del Estado siempre a beneficio de inventario. Tras esto, se inicia procedimiento administrativo con el fin de administrar y liquidar los bienes que componen la herencia. Para ello, se deberá formar el inventario y avalúo de los bienes que conforman la herencia, haciendo a su vez cuenta de ingresos y gastos de la misma. En caso de que se encontrasen con posterioridad bienes, dispone el artículo 20 ter de la Ley 33/2003 que: “se incorporaran al caudal hereditario y se adjudicarán por resolución del Director General del Patrimonio del Estado y mediante el procedimiento de investigación regulado en el artículo 47”. Grosso modo, el artículo
En la LEC previa a la reforma que realizó la Ley 42/2015 se establecía en el ya inexistente artículo 998 que además de esta publicidad debía realizarse un aviso por edictos con fines preventivos, por si existía algún pariente que pudiese optar a la herencia y no se había encontrado. Estos artículos se vieron suprimidos por la creación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, como ya hemos mencionado. Argüelles Pintos, J. y Vidal Mercadal, F.M. “La sucesión del estado a falta de herederos abintestato: Cuestiones de interés práctico” en Lledó Yagüe, F. y otros., El patrimonio sucesorio: reflexiones para un debate reformista. Dykinson, Madrid, 2014 pp. 1559 y ss. REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 7 ISSN 1886-7588, núm. 49, abril-junio (2018), págs. 3-51
47 dispone que se realizará una incoación del procedimiento, publicándose en el BOE, donde una vez quede suficientemente acreditada la titularidad del Estado, se establezca la adjudicación de dicho bien. Cabe indicar también que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 quater de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, es posible que algunos de los bienes se excluyan de la liquidación y el reparto, estando legitimados el Consejo de Ministros y el Director General del Patrimonio del Estado, estando la legitimación de este último a que los bienes sean utilizados a servicios de Organismos públicos. Una vez determinados los bienes excluidos, si los hubiere, se pasará a la transformación de los bienes en crédito equivalente, con el fin de satisfacer las finalidades a las que están sometidos los dos tercios asignados al interés público. En lo referente a las deudas del causante, son de gran importancia las facturas y recibos de agua, electricidad y gas, así como sus deudas tributarias. La primera de ellas es reconocida como un contrato de compraventa por la Sentencia del Tribunal Supremo 499/2006 de 12 de mayo7, respondiendo así del pago de los últimos tres años de este tipo de deudas del artículo 1967.4 CC8. Por otro lado, en lo referente a sus deudas, estas prescriben a los cuatro años en virtud de los artículos 66 y 67 de la Ley General Tributaria, contando a partir del día en que finalice el día del pago en período voluntario, debiendo pagar los intereses también en virtud del artículo 26.1 de la misma ley. A continuación, tiene lugar la fase de reparto, en la que se establece la división de los tercios que dispone el artículo 956 del Código Civil. En este reparto cabe mencionar que al denunciante, por su labor de colaboración, se le paga con pequeña parte en concepto de premio, estableciéndose dicho concepto dentro de la resolución del expediente de reparto en virtud del artículo 48 LPAP, que dispone que cuando los bienes del caudal relicto sean introducidos dentro de los bienes del Estado, un 10% de los mismos será el premio que se le otorgue. Cuestión interesante es la que sucede cuando el Estado es declarado como heredero y el causante ya era heredero de su cónyuge antes del fallecimiento. En estos supuestos, el último cónyuge en fallecer es heredero de los bienes del primero que fallece. El Estado, al heredar abintestato del último cónyuge fallecido, heredará los bienes del caudal relicto de este, que a su vez comprenden los del primer fallecido. Esto se debe a que cuando falleció el primero de los cónyuges, el segundo fue quien adquirió por herencia sus bienes, y una vez transmitidos correctamente a éste, pasan a ser de su patrimonio. Por ello, una vez fallecido el segundo de los cónyuges, y habiéndose establecido correctamente la transmisión patrimonial, se produce, por parte del Estado, la adquisición de la totalidad del patrimonio del último cónyuge fallecido,
STS 499/2006 de 12 de mayo: “...por lo que, como expresa la sentencia apelada el agua se dedica a atender y cubrir las necesidades propias de su objeto social, con lo que, en cuanto a compraventa civil, el plazo prescriptivo aplicable no puede ser otro que el tomado en cuenta por el Juzgado de Primera Instancia.” 8 Artículo 1967.4 CC: “Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: [...] 4ª La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.” 7
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comprendiendo también dentro del patrimonio del caudal relicto los bienes heredados del primero. Sin embargo, en ocasiones los Tribunales optan por acudir al acta de notoriedad, dando lugar a que se suspenda el procedimiento de declaración del Estado como sujeto de la herencia hasta que se obtenga un acta de notoriedad que incluya la declaración del primer cónyuge respecto del segundo, donde figuren bienes que el segundo habría de heredar del primero. Cabe destacar que esta decisión da lugar a una diversidad de inconvenientes, no solo su dilatación en el tiempo, sino también la controversia que provoca esta doble transmisión. Una solución a esa problemática la otorga el Tribunal Supremo en su sentencia 5269/2013 de 11 de septiembre de 2013, establece que: “[...]No hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, sino un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex lege ostentan los herederos transmisarios; todo ello, dentro de la unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente.”9
Por lo tanto, aunque se solicite dicho acta de declaración, la transmisión es directa ya que el segundo cónyuge al fallecer siendo heredero del primero, ya que incluso si no ha ejercitado su ius delationis, el Estado en vez de heredar los bienes, heredaría este derecho en su lugar. Por último, esta declaración de heredero abintestato a favor del Estado está sujeta a impugnaciones. Uno de los principales supuestos, es que en ocasiones no se da lugar a la intervención que debe hacerse por parte de la Abogacía del Estado, teniendo como consecuencia que dicha herencia haya podido otorgarse sin que le corresponda. Para ello, se prevén tres soluciones10. La primera de ellas es interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días tras el auto que declare indebidamente heredero al Estado. La segunda de ellas es comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma pertinente sobre la situación. Por último, la Abogacía General del Estado prevé tras poner en conocimiento a la Consejería de Economía y Hacienda un ofrecimiento de la entrega de los bienes y derechos de la herencia.
III.	LA REPUDIACIÓN DE LAS HERENCIAS CON LA CRISIS: PROBLEMA Y ANÁLISIS 1.	Evolución histórica y análisis actual de las repudiaciones de herencia a favor del Estado Desde sus inicios, el Código Civil, gracias al ya mencionado Real Decreto Ley del 13 de enero de 1928, ha establecido al Estado como heredero abintestato en última ins	STS Sala de lo Civil 5269/2013, de 11 de septiembre (RJ2013/7045), en su Fundamento Segundo. 10 Del Pozo Sierra, B. La compatibilidad jurídica entre el derecho del Estado en la sucesión intestada y como titular de bienes vacantes. Ed. Dykinson, Madrid, 2013, pp. 68-69. 9
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tancia, como consecuencia de la inexistencia de sucesores en la línea de parentesco. Esta regulación, cabe destacar, no es producto originario del Código Civil, existiendo numerosos precedentes históricos que regulaban ya esta posición hereditaria. Sin ir más lejos, previo al Código Civil cabe destacar la Ley de 9 de mayo de 1835, también denominada Ley de mostrencos11, o de adquisiciones a nombre del Estado, cuya importancia reside en que fue la que logró unificar en todo el territorio nacional una norma sucesoria única, derogando la inmensa mayoría de regulación vigente en aquel entonces sobre la sucesión intestada. En lo referente a nuestra norma, de las primeras nociones próximas a nuestro concepto de Estado como sucesor podemos encontrarlas en el Código Civil de 1889, que como gran diferencia dispone un reparto diferente de los tres tercios en los que debe repartirse el caudal relicto, siendo a grandes rasgos establecimientos de beneficencia y escuelas gratuitas de la provincia del difunto. La siguiente reforma de estos apartados la podemos apreciar en la reforma del Código Civil de 1928, donde se dispone un nuevo reparto, previo al de la última reforma de 2015, que establece como destino a los bienes el gran cambio de que además de la beneficencia e instituciones de carácter público, se dispone como novedad el destino de uno de los tercios, el cual irá destinado a la Caja de Amortización de la Deuda pública. Tras esta reforma, la siguiente que se ha realizado en la normativa de sucesión por parte del Estado es la vigente, que tuvo lugar en el año 2015 y que ya hemos expuesto anteriormente sus rasgos y fundamento. Una vez analizado brevemente el análisis histórico, se procederá a analizar como la crisis ha propiciado que el incremento de las repudiaciones de herencia ha evolucionado considerablemente, así como las posibles causas que dan lugar a esto. La repudiación de la herencia se encuentra regulada en los artículos 988 a 1009 del Código Civil, junto a la figura de la aceptación. La repudiación es la capacidad que tiene el llamado a heredar para que, ejerciendo su ius delationis, declare que no desea adquirir los bienes, derechos y cargas de la herencia. Debido al requisito que requiere el artículo 1008 del Código Civil referente a la necesidad de elevar la repudiación a instrumento público ante notario, lleva a la cuestión de si es realmente posible repudiar en documento privado. En base al tenor literal del artículo, cabría afirmar que en absoluto podría ser posible. Sin embargo, el Tribunal Supremo12, realiza una interpretación extensiva de la denominación del artículo al indi	En concreto, dispone su artículo 2: “Corresponden al Estado los bienes de los que mueran o hayan muerto intestados sin dejar personas capaces de sucederles sin arreglo a las leyes vigentes. A falta de dichas personas sucederán con preferencia al Estado. Primero: Los hijos naturales legalmente reconocidos, y sus descendientes con los respectivo a la sucesión del padre, y sin perjuicio del derecho preferente que tienen los mismos para suceder a la madre. Segundo: El cónyuge no separado por demanda de divorcio contestada al tiempo del fallecimiento, entendiéndose que a su muerte deberán volver los bienes raíces de abolengo a los colaterales. Tercero: Los colaterales desde el quinto hasta el décimo grado inclusive, computado civilmente al tiempo de abrirse la sucesión” 12 STS Sala de lo Civil 1726/1955, de 11 de junio (RJ 1955\1726): “...según el artículo 1008 del Código Civil, deberá hacerse constar en instrumento público o auténtico o por escrito presentado ante el Juzgado competente, y como la sentencia recurrida admite la efectividad y la realidad del documento de 25 mayo 1942, obrante por testimonio traído de otros autos; que concurrieron la viuda renunciante, los herederos y albaceas, quienes prestaron a él su conformidad, dicho 11
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car “instrumento auténtico”, indicando que se trata de “documentos indubitados” sin hacer alusión a su publicidad o no, sino atendiendo a la voluntad indubitada o no del testador13. El plazo tanto para aceptar como para repudiar comenzará nueve días tras el fallecimiento del causante. Como plazo para ejercer la delación, la única mención que el Código Civil establece es en el artículo 1005, a los casos en los que un interesado inste ante notario el interés en que el heredero acepte o repudie, estableciéndose treinta días para que el heredero ejerza la delación, y pasados estos, de no pronunciarse, se considerará aceptada pura y simplemente. Por lo tanto, exceptuando esta situación, el Código Civil no establece límite alguno para aceptar o repudiar la herencia, pudiendo establecerse enormes plazos donde la herencia se mantiene yacente. Esta situación es una de las grandes problemáticas actuales, donde los plazos al no tener límite alguno14, pueden prolongarse a situaciones donde el llamado a heredar fallece, y son sus sucesores los que heredan ese ius delationis. La principal controversia en este período es la situación de los bienes, ya que al no haberlos aceptado los herederos no pueden pasar a ser parte de su patrimonio, pero al no haber repudiado tampoco el Estado podrá optar a ellos. A continuación, se procederá a analizar en profundidad la situación de las repudiaciones tanto a nivel estatal como autonómico, así como ver si existe relación entre la cantidad de repudiaciones con la riqueza de cada Comunidad Autónoma15. A nivel estatal, podemos apreciar que, mientras el nivel de herencias se ha mantenido estable, con un pequeño crecimiento que podemos apreciar a partir de 2009, por lo general no ha habido ningún tipo de anomalía. Sin embargo, en lo referente a las renuncias de las herencias, podemos apreciar que desde el año 2007, al año 2014, ha habido un incremento de 23.272 herencias repudiadas, ya que en el año 2007 tuvieron lugar 11.048 repudios, y en 2014 un total de 34.320, siendo un incremento del 209% documento, a estos efectos, merece la calificación de auténtico y por consiguiente reviste las condiciones señaladas en el precepto aludido”. Además, indica también la STS Sala de lo Civil 1123/1992, de 9 de diciembre (RJ 1992/10130): “Se trata de una renuncia pura y simple a la herencia de doña Concepción, hecha en documento que se ha probado auténtico, como procedente indubitadamente de los mismos, por lo que se cumple el requisito exigido en el art. 1008 del Código Civil, que establece la necesidad de la forma escrita para la renuncia en cualquiera de las tres manifestaciones que en el mismo se recogen, ya que el documento auténtico que en el citado precepto se habla no es sinónimo de documento público, sino de documento que indubitadamente procede del renunciante”. 13 Pérez Álvarez, M.A., “Aceptación y repudiación de la herencia” en Pérez Álvarez, M.A., Martínez de Aguirre Aldaz, C y otros, Curso de Derecho Civil (V): Derecho de Sucesiones, ed. Edisofer, Madrid, 2016, pp. 413. 14 Sin embargo, a pesar de la omisión que nuestro Código a establecer un plazo, la doctrina se divide a la hora de establecer un plazo de quince (Galván Gallegos, A. La herencia: contenido y adquisición. La aceptación y la repudiación de la herencia. Ed. La Ley, Madrid, 2002, p. 103) o treinta años (Gete-Alonso y Calera, M.C. Adquisición de la herencia. “Tratado de Derecho de Sucesiones” Tomo I. Ed. Civitas (Aranzadi), Navarra, 2011, p. 298). 15 Toda la información obtenida en lo referente a las repudiaciones de las herencias es procedente de los estudios realizados entre los años 2007 y 2014 por el Consejo General del Notariado en los “Observatorios notariales de realidad socioeconómica” de cada una de las Comunidades Autónomas (ver anexos). REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 11 ISSN 1886-7588, núm. 49, abril-junio (2018), págs. 3-51
en tan solo siete años. Cabe mencionar además que este incremento se ha provocado en el período de comienzo de la crisis económica, ascendiendo de forma vertiginosa, entre otras cosas por el nivel de deudas tanto de los herederos como de los causantes, así como del alto gravamen que supone el Impuesto de sucesiones, sumado a una situación de crisis financiera, provoca una situación inestable donde muchas veces afrontar los gastos de una herencia resulta contraproducente de cara a su adquisición. Por otro lado, será también objeto de análisis el índice recaudatorio del Impuesto de Sucesiones por parte de cada Comunidad Autónoma, ya que como será indicado más adelante, el gravamen de este impuesto es en cierta medida uno de los causantes del incremento de los repudios durante la época de crisis económica. En concreto, entre los años 2009 y 2014, la recaudación de este impuesto ha decrecido en un 14’74%, aunque como se expondrá, cada Comunidad Autónoma posee un índice de recaudación diferente. Por otro lado, también se analizará la carga impositiva de cada una de las Comunidades Autónomas, tomando como referencia una herencia de 500.000 euros, teniendo en cuenta que la media española de tributación efectiva del impuesto es de 106.021 euros, es decir, lo que se tiende a pagar de media por una herencia de 500.000 euros en España es dicha cantidad. A continuación, se indicará a nivel autonómico cómo han variado las repudiaciones de herencia durante el período de crisis económica, así como una relación con la riqueza de cada una de ellas16.
A)	Andalucía Si bien el número de herencias no ha sufrido un cambio notorio, manteniéndose desde el año 2007 de manera uniforme, Andalucía sufre un pequeño crecimiento en el número de herencias a partir del año 2009. Este incremento a su vez es muy similar al que se produce a nivel estatal. 16
Debido a que el Consejo General del Notariado no ha incluido a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en sus “Observatorios notariales de realidad socioeconómica”, estas no serán objeto de estudio en el trabajo, ya que no hay un estudio contrastado y que refleje correctamente la situación de ambas, haciéndose alusión a ellas únicamente en el “Observatorio notarial de la realidad socioeconómica de los españoles” donde a nivel estatal se muestra que en el año 2014 Ceuta tuvo un total de 32 repudiaciones, y Melilla un total de 30. Así mismo, cabe mencionar que la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dispone expresamente en su artículo 23 bis.1 se establece expresamente una bonificación expresa para Ceuta y Melilla, disponiendo lo siguiente: “1. En las cuotas de este impuesto derivadas de adquisiciones “mortis causa” y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida, que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, se efectuará una bonificación del 50 por 100 de la cuota, siempre que el causante hubiera tenido su residencia habitual a la fecha del devengo en Ceuta o Melilla y durante los cinco años anteriores, contados fecha a fecha, que finalicen el día anterior al del devengo.	No obstante, la bonificación a que se refiere el párrafo anterior se elevará al 99 por ciento para los causahabientes comprendidos, según el grado de parentesco, en los grupos I y II señalados en el artículo 20 de esta ley.” Por lo tanto, debido a que uno de los principales motivos actuales de las repudiaciones de herencia en la actualidad es el excesivo gravamen de de este impuesto, podemos apreciar que debido a que ambas ciudades autónomas poseen una bonificación, afectaría considerablemente a la media estatal.
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Cabe destacar que Andalucía posee un índice de repudiaciones de herencia superior a la media estatal, produciéndose entre los años 2007 y 2014 un incremento del 322%, pasando de 1.417 en el año 2007, a un total de 5.916 en el año 2014. Teniendo en cuenta que a nivel estatal el incremento es de un 209%, Andalucía se encuentra muy por encima de la media en lo que a repudiaciones se refiere, siendo de hecho la Comunidad Autónoma con el mayor incremento durante la crisis. A su vez, Andalucía es la penúltima Comunidad Autónoma con el menor PIB17, siendo por lo tanto de las regiones con menor riqueza del España. Por otro lado, la carga fiscal a la que es sujeta Andalucía es superior a la media estatal. En concreto, por una herencia de 500.000 euros se pagaría en dicha Comunidad un total de 107.726 euros, siendo 1705 euros más que lo que se tributa por este impuesto de media en España. A su vez, es digno de mención que durante el período de crisis las recaudaciones del impuesto de sucesiones se aumentaron en un 15,15%.
B)	Aragón18 El número de herencias en Aragón es notablemente inferior al de la media estatal, siendo prácticamente estable durante los años 2007 a 2014, produciéndose un incremento muy leve, pero constante, donde el número de herencias tiende a aumentar, aunque levemente. Con ello, en el año 2007 tuvieron lugar 12.545 herencias, y en 2014 hubo 13.020 herencias, por tanto, es de apreciar un crecimiento mínimo pero constante en dicho período. En lo referente a las repudiaciones de herencia, la comunidad aragonesa a rasgos generales sufre el mismo ascenso que la media estatal. Sin embargo, tiene una peculiaridad, y es que en el año 2010 no hubo un aumento en las repudiaciones sino un descenso, pasando de 502 en el año 2009 a 480 en el año 2010. Aun así, en el año 2011 volvió a darse un ligero incremento que hasta el año 2014 no ha parado de aumentar. Es En total, entre el año 2007 y 2014, el incremento ha sido de un 138%, mucho más bajo que el de Andalucía ya mencionado, siendo de hecho la Comunidad Autónoma con el índice más bajo de aumento de renuncias de herencia. Por otro lado, Aragón es la quinta Comunidad Autónoma con el mayor PIB, siendo por tanto una de las regiones con mayor riqueza de España. En Aragón, además, cabe añadir que la tributación del Impuesto de Sucesiones es mucho menor que la de Andalucía, tributando 36.458 euros, unos 69.562 menos que la media estatal. A su vez, durante el período de crisis económica la Comunidad Autónoma de Aragón ha incrementado la recaudación de este impuesto en un 10,45%.
Basándonos en los estudios del Instituto Nacional de Estadística, en concreto del año 2015, siendo el más acorde a la realidad socioeconómica del período sujeto de estudio. 18 Como fue indicado en la nota al pie nº 4, cabe remarcar como especialidad que el artículo 535 del Código de Derecho Foral de Aragón dispone como heredero a la Comunidad Autónoma en vez de al Estado, y un destino distinto a los bienes, en concreto: “2. Previa declaración de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio”. 17
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C)	Asturias En comparación con la media estatal, Asturias presenta una uniformidad en lo que a aumento de herencias se refiere. No ha habido grandes cambios del año 2007 al 2014, ya que si bien en dicho período de tiempo ha habido altibajos mínimos, en el año 2007 hubieron 10.304 herencias, y 10.041 en el año 2014. Por lo tanto, en lo referente al número de herencias, la cifra tiende a mantenerse estable y no creciente como la media española. Cuestión distinta es sin embargo el número de renuncias a herencias, donde durante los primeros años de crisis económica apenas hubo incremento, produciéndose prácticamente a partir del año 2011. Así pues, cabe diferenciar dos periodos en cuanto a las repudiaciones: del año 2007 al 2010, donde el aumento fue de 497 el primer año a 605 en el 2010, a un incremento de 713 herencias repudiadas en el año 2011, a 1.501 en el año 2014, habiendo un aumento de poco más del doble en tan solo 3 años. Por ello, el aumento entre 2007 y 2014 es en total de un 202%. En el caso de Asturias, al igual que en Andalucía, la tributación es por encima de la media estatal, siendo de hecho la misma cantidad de 107.726 si se tratase de una herencia de 500.000 euros. Por otro lado, Asturias es la cuarta Comunidad Autónoma que más ha recaudado dicho impuesto durante el período de crisis económica, incrementándose en un 37’90%.
D)	Cantabria El aumento de herencias en la Comunidad de Cantabria se mantiene estable, y de manera muy similar a la media estatal. La única nota a apreciar es que en el año 2009 mientras la media estatal decrece, la cántabra se mantiene estable, con un ligero crecimiento. Entre los años 2007 a 2014, el aumento se ha mantenido con un número de 4.161 herencias en el año 2007, teniendo como punto más bajo el año 2010 con 3.569 herencias, y culminando en su punto más alto con el año 2014, siendo un total de 4.199 herencias. En cuanto a las repudiaciones, podemos apreciar que en los dos primeros años de crisis económica (2007 y 2008) el número de renuncias fue 151, exactamente el mismo para ambos años. El incremento como tal se produce lentamente entre los años 2009 a 2011 muy levemente, pasando de 203 repudiaciones a 210. Sin embargo, del año 2012 al 2014 estas cifras se disparan, pasando de 297 en el año 2012, a 420 en el año 2014. Con ello, el aumento en el período de crisis económica ha sido de un 178%, principalmente por el incremento producido en la última etapa de la misma. Por otro lado, Cantabria es de las Comunidades Autónomas en las que menos carga fiscal se tiene. En concreto, es la segunda Comunidad Autónoma con menor carga tributaria del Impuesto de Sucesiones, limitándose a una cantidad de 958 euros teniendo como punto de referencia una herencia de 500.000 euros, siendo por lo tanto muy inferior a la media española. Además, durante la crisis, la región cántabra recaudó menos que en la época anterior a la crisis económica, teniendo una caída del 12,11%.
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E)	Castilla-La Mancha Mientras a nivel estatal, como ya se ha indicado, tiende a ascender uniformemente y de manera leve, en Castilla La Mancha durante el período de crisis económica el número de herencias ha sido estable durante el transcurso de los años, produciéndose mínimos ascensos y descensos en comparación a los producidos en la media española, por ello, cabe recalcar la estabilidad del número de herencias de dicha Comunidad Autónoma. El número de repudiaciones, por otro lado, puede dividirse en dos momentos diferenciados. El primero de ellos es del año 2007 al 2011, donde el aumento cada año se produce lentamente: el año 2007 contaba con un número de 398 herencias repudiadas, y el 2011 concluyó con un total de 529 renuncias. El segundo de ellos es del año 2012 al 2014, donde se pasó de 656 renuncias a 1014, produciéndose con ello un incremento mucho mayor que en la anterior etapa. En total, en el período de crisis económica el número de renuncias aumentó en un 154%, con lo que, a pesar de este último período donde el aumento fue considerable, nos encontramos ante la tercera Comunidad Autónoma que menos ha sufrido un incremento de repudiaciones, estando por delante Aragón y Navarra respectivamente. En el caso de Castilla-La Mancha, la carga fiscal es inferior a la media estatal, tributándose un total de 5.301 euros de media en una herencia de 500.000 euros, siendo en concreto 100.720 euros inferior a la media española. A su vez, durante el período de crisis económica, Castilla-La Mancha tuvo menos recaudación del impuesto de sucesiones que en años previos a la crisis, decreciendo en un 24’58% durante la crisis económica.
F)	Castilla y León Castilla y León destaca por ser de las Comunidades Autónomas con mayor estabilidad en lo referente al número de herencias, teniendo mínimos cambios entre los años 2007 y 2014, siendo estable y no ascendente como en otras ya mencionadas. Además, es cabe indicar que uno de los mayores aumentos fue del año 2013 a 2014, donde el aumento fue tan solo de un 4%. En lo referente al número de repudiaciones, Castilla y León ha sufrido un aumento similar al de la gráfica estatal, produciéndose en el período de crisis un aumento de un 160% entre los años 2007 a 2014. Si bien dicho porcentaje es inferior al incremento estatal, se mantiene ascendente de manera constante y proporcional a la misma, pasando de 784 herencias repudiadas en el año 2007, a 2042 renuncias en el año 2014. Castilla y León, además, tiene una carga tributaria, tratándose de una herencia de 500.000 euros, de un total de 65.910 euros, y por lo tanto es inferior a la carga tributaria general de España. Por otro lado, durante el período de crisis económica llegó a recaudar de este impuesto un 22,42% más que en años anteriores.
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G)	Cataluña19 Durante la crisis económica, los aumentos de herencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña son prácticamente idénticos a los producidos a nivel estatal. Como única diferencia cabe destacar que mientras en el año 2013 el aumento a nivel estatal desciende mínimamente, el de Cataluña se mantiene estable. Por otro lado, el año 2009 es digno de mención, ya que durante dicho período no solo no hubo aumento, sino que hubo un descenso de las herencias incluso mayor que el que se produjo a nivel estatal. Las repudiaciones en Cataluña por otro lado son una constante ascendente. Si bien en el primer período de la crisis, en concreto entre los años 2007 a 2011, el ascenso era leve pero sin detenerse, a partir de 2011 se produjo un incremento ligeramente superior, teniendo a estabilizarse de nuevo a partir del año 2013, de tal modo que del año 2013 al 2014 el aumento fue solo de un 7%. En total, durante los años 2007 a 2014 el aumento de renuncias de herencia en Cataluña fue de un 196%. En el caso de Cataluña, esta goza de una bonificación20 en el impuesto de sucesiones, dando lugar a que la carga fiscal sea tan solo de 272 euros, la más baja de toda España. Con ello, Cataluña es la Comunidad Autónoma que durante la crisis ha sufrido el mayor decrecimiento de recaudación del impuesto de sucesiones, cayendo en un 65,62%.
H)	Extremadura En el caso de Extremadura, el aumento de herencias es ligeramente dispar del nivel estatal. Mientras que de 2007 a 2009 es prácticamente similar, produciéndose un descenso en el número de herencias, del año 2010 en adelante se producen algunas diferencias tales como un aumento mayor, así como dos grandes diferencias: mientras que del año 2012 a 2013 el número de herencias en España se reduce, en Extremadura ocurre todo lo contrario, aumentándose de un año a otro en 352 más que en 2012. Por otro lado, mientras a nivel estatal del año 2013 a 2014 las herencias aumentaron, en Extremadura vuelve a suceder el caso opuesto, produciéndose en el año 2014 unas 110 herencias menos, siendo un descenso del -1% de las herencias en dicho año respecto al anterior. En lo referente a las repudiaciones, Extremadura se mantuvo estable durante los primeros años de crisis económica, produciéndose un aumento considerable a partir del año 2011. Tras este año, el aumento es proporcional al estatal. Cabe destacar que mientras entre los años 2007 a 2010, el mayor aumento que hubo fue de un total de Cabe destacar que el artículo 461-12.1 del Código Civil Catalán no somete a plazo a la repudiación o aceptación de la herencia, mientras que en el Código Civil no se hace alusión expresa a tal hecho. Por otro lado, indica el artículo 441-2.1 del Código Civil Catalán, dispone que, en lugar del Estado, quien será heredero subsidiario en la sucesión intestada será la Generalidad de Cataluña. 20 La Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, dispone en su artículo 58 bis las bonificaciones de la cuota tributaria en Cataluña, indicándose en el apartado 1 que los cónyuges gozan de un 99% de bonificación de la cuota tributaria, así como en su apartado 2 se dispone que para el caso sujeto de estudio (500.000 euros) la cuota tributaria goza de una bonificación del 94.20% respecto al resto de contribuyentes.. 19
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36 repudiaciones, del año 2014 se produjeron 334 renuncias más que en 2011. Por lo tanto, durante la crisis económica, el aumento que se ha producido en Extremadura entre los años 2007 a 2014 es de un 196%, siendo el mismo aumento que el producido en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Además, cabe añadir que Extremadura es la Comunidad Autónoma con menor riqueza de España según lo indicado por el PIB. Extremadura, por otro lado, tiene una carga impositiva por debajo de la media española. En concreto, respecto una herencia de 500.000 euros, Extremadura tributa un total de 61.841 euros, siendo mucho menor que otras Comunidades. Además, durante el período de crisis económica, Extremadura tuvo una recaudación de un 24,99% más que en años anteriores.
I)	Galicia21 En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, el número de herencias no ha aumentado considerablemente a lo largo de los años en comparación con el aumento producido a nivel estatal. Sin embargo, del año 2007, donde hubo 22.109 herencias, al año 2014 se ha producido una constante, sin existir ningún año donde hubiese decrecimiento. En concreto, del año 2014 hubo 6.012 herencias más que en el año 2007. Por otro lado, en lo referente a las renuncias en Galicia, podemos apreciar tres momentos diferentes. El primero de ellos consiste del año 2007 al 2009, donde el aumento es mínimo, aumentándose en el año 2009 en tan solo 10 herencias más repudiadas respecto al año anterior. El segundo momento sería del año 2010 al 2011, donde el incremento es mayor, pasando de 881 renuncias en 2010 a 1.051 en el año 2011. La última etapa es del año 2012 a 2014, donde dicho aumento es incluso mayor a las anteriores etapas ya mencionadas, llegando a un total de 2049 repudiaciones solo en el año 2014. Con todo esto, desde el año 2007 donde las repudiaciones fueron 544, al año 2014, se ha producido un aumento del 277%, siendo el tercer aumento más alto de todas las Comunidades Autónomas. La carga impositiva en el caso de Galicia es ligeramente por debajo de la media estatal, pagando solamente 607 euros menos que la carga fiscal general española si se tratase de una herencia de 500.000 euros. Por otro lado, Galicia es la tercera Comunidad Autónoma que más incremento su índice de recaudación durante el período de crisis económica, aumentando en un 48’41%.
J)	Islas Baleares El caso de las Islas Baleares es bastante peculiar en comparación con el incremento de herencias a nivel estatal. Durante gran parte de los años 2007 a 2014, la situación respecto a la media estatal es totalmente opuesta, es decir, cuando en la media española tiende el número de herencias decrece, el número de herencias baleares asciende, El artículo 267 del Código Civil de Galicia dispone que en lugar del Estado sucederá la Comunidad Autónoma de Galicia. El destino de estos bienes lo dispone el artículo 269 que indica que “serán destinados a establecimientos de asistencia social o instituciones culturales que se ubiquen, preferentemente y por este orden, en el lugar de la última residencia del causante, en su término municipal, en su comarca y en todo caso en territorio de la comunidad autónoma gallega”.
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y viceversa. De tal modo se aprecia que de los años 2007 a 2010 hubo un incremento considerable en el número de herencias, habiendo un total de 2.056 herencias más en 2010 respecto al 2007. A partir del año 2010, y hasta el 2012, el número va estabilizándose con ligeros descensos, mientras que a nivel estatal continúa un constante ascenso. A partir de 2012, sin embargo, el número de herencias tiende a ser proporcional al de la media estatal, ascendiendo poco a poco. En lo referente a los repudios, las Islas Baleares poseen un crecimiento ligeramente por encima de la media estatal, teniendo como punto álgido el año 2010. Durante la primera etapa de la crisis, es decir, entre los años 2007 a 2009, el crecimiento de repudiaciones era constante, para dar en el año 2010 un ascenso considerable respecto al producido en años anteriores. Tal es así, que entre el año 2010 y el 2007 el número de herencias que se produjeron son más del doble, produciéndose un total de 798 herencias repudiadas en 2010 respecto a las 335 ocurridas en 2007. Tras el año 2010 la situación se estabilizó, decreciendo ligeramente el número de repudiaciones en el año 2011. Sin embargo, a partir de 2011 y hasta el año 2013, el incremento de repudiaciones volvió a repetirse, aunque no tanto como en años anteriores. Por último, en 2014 podemos apreciar que el número de repudiaciones fue mayor que en otros años, llegando a un total de 1.152 repudiaciones ese mismo año. En total, las repudiaciones de herencia en las Islas Baleares han aumentado en un 236%, siendo la sexta con el mayor crecimiento de repudios durante la crisis económica. Por otro lado, cabe destacar que durante el período de crisis económica, en concreto entre los años 2009 a 2014, las Islas Baleares incrementaron su recaudación del Impuesto de Sucesiones en un 31,47%. Además, la carga fiscal de las Islas Baleares es muy inferior a la media estatal, tributando en el caso de una herencia de 500.000 euros, solo 5.000 euros.
K)	Islas Canarias El número de herencias en Canarias es similar a la media estatal, teniendo como norma general el aumento progresivo de herencias. Sin embargo, difiere respecto al resto de España en que, mientras a nivel estatal entre los años 2012 y 2013 el descenso de herencias fue mínimo, en el caso de Canarias fue mucho mayor, habiendo un total de 1.457 herencias menos en el año 2013, pasando de 12.296 en 2012, a 10.839 herencias respectivamente. Por otro lado, el número de repudios también es acorde a la media estatal, aunque a partir del año 2010 Canarias sufre un incremento ligeramente superior al que sucede a nivel estatal. En concreto, durante este período pasamos de un total de 338 herencias repudiadas en el año 2007, a un total de 1.218 herencias en el año 2014, incrementándose el número de repudios en un 260%. Cabe destacar, además, que en el año 2014, el número de repudiaciones de herencia fue de 637 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de 581 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria22. 22
El ámbito provincial del resto de Comunidades Autónomas no ha podido incluirse, principalmente, por el límite a la dimensión y extensión del trabajo.
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Además, en las Islas Canarias la carga tributaria es prácticamente similar a la media estatal, teniendo una carga fiscal de 103.889 euros respecto a una herencia de 500.000 euros, diferenciándose en 2.132 euros de la media española. Además, durante el período de crisis económica, las Islas Canarias es la 5º Comunidad Autónoma que más ha incrementado la recaudación de dicho impuesto, aumentándose en un 36,16%.
L)	Madrid En la Comunidad de Madrid, el número de herencias ha tenido un crecimiento a partir del año 2009. Si bien de 2007 a 2009, el número de herencias disminuyó, a partir de 2009 se produjo un crecimiento moderado, a excepción del año 2013, donde hubo menos herencias que en 2012. En concreto, en 2014, último año del periodo sujeto a estudio, se realizaron 42.512 herencias, siendo un 8% más que el año 2013, el cual tuvo 39.383 herencias. En lo referente a los repudios, en la Comunidad de Madrid durante los primeros años de crisis hubo un menor número de repudios que la media estatal. Sin embargo, la cantidad de repudiaciones, al igual que en el resto de Comunidades, ha continuado en aumento. Si bien durante el período de 2007 a 2010 el aumento es mínimo, pasando de 1.382 a 1.697 herencias repudiadas, el verdadero incremento se produce a partir del año 2011, donde el incremento de repudiaciones ha sido tal que en el año 2014 hubo un total de 3.715 renuncias. Con ello, la Comunidad de Madrid ha sufrido un incremento del 168% en las repudiaciones de herencia, siendo la cuarta Comunidad Autónoma con menor índice de aumento. A su vez, Madrid es la Comunidad Autónoma con más riqueza de España según lo indicado por el PIB. Por otro lado, la carga fiscal de Madrid es muy inferior a la de la media española. Partiendo de una herencia de 500.000 euros, la carga tributaria de la misma sería tan solo de 1.059 euros, unos 104.962 euros menos que la media estatal. Es, de hecho, la tercera Comunidad Autónoma que menos carga tributaria tiene. Además, cabe destacar que, durante el período de crisis económica, la Madrid fue una de las Comunidades Autónomas que menos recaudación tuvo de este impuesto, disminuyendo en un 18,92% durante la crisis.
M)	Murcia En el caso de Murcia, su situación difiere de la media estatal en lo que a número de herencias se refiere. Desde el año 2007 a 2009, el número de herencias descendió, pasando de 6.936 a 6.245 herencias. A partir de 2009, la situación cambia, habiendo altibajos según el año, habiendo tanto incrementos como descensos en el número de herencias. Por ello, a diferencia de la media estatal, que tiende a aumentar, la de la Comunidad de Murcia tiene un carácter regular con altibajos que varían según el año. En lo referente a los repudios, Murcia durante el período de 2007 a 2011 se adecúa a la media estatal en lo que a aumento de renuncias se refiere. Sin embargo, a partir de este año, el número de repudiaciones aumenta considerablemente siendo dicho incremento por encima de la media española. En concreto, del año 2007, en el cual hubo 208 herencias repudiadas, al año 2014, donde hubieron un total de 768 repudios, el aumento ha sido de un 269%. REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 19 ISSN 1886-7588, núm. 49, abril-junio (2018), págs. 3-51
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References: artículo 744
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 Real Decreto 
 artículo 957
 artículo 956
 Real Decreto 
 artículo 956
 artículo 913
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 267
 artículo 73
 artículo 441
 artículo 43
 artículo 535
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 artículo 5
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 artículo 958
 artículo 20
 resolución 
 artículo 47
 artículo 998
 artículo 20
 artículo 1967
 artículo 26
 artículo 956
 resolución 
 artículo 48
 Artículo 1967
 Real Decreto 
 artículo 1008
 artículo 2
 artículo 1008
 artículo 1005
 artículo 23
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 artículo 461
 artículo 441
 artículo 58
 artículo 267
 artículo 269