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Timestamp: 2018-05-23 03:40:46+00:00

Document:
NOMBRAMIENTO DE DOÑA XIMENA AMIGO LÓPEZ COMO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL SENADO
MODIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE POSESIÓN, TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO
ACUERDO ENTRE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS (OPAQ)
EXENCIÓN A MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO O DE PUERPERIO DE OBLIGACIÓN DE SER VOCAL DE MESA
ACUERDO ENTRE CHILE Y REPÚBLICA POPULAR DE BANGLADESH SOBRE EXENCIÓN DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES
CONSTITUCIÓN DE ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA CORRUPCIÓN COMO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
ELIMINACIÓN POR FONASA DE AFILIADOS A ISAPRES. OFICIOS
Sesión 91ª, en miércoles 2 de enero de 2013
(De 16:6 a 17:43)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg.
--Se abrió la sesión a las 16:6, en presencia de 28 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de las sesiones 72ª y 73ª, especiales, en 22 y 23 de noviembre, respectivamente; 85ª y 86ª, empalmadas, especial y ordinaria, ambas en 12 de diciembre; 87ª, ordinaria, en 18 de diciembre, y 88ª y 89ª, especial y ordinaria, respectivamente, ambas en 19 de diciembre, todas del año 2012, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Remite copia del requerimiento presentado por un grupo de Honorables señores Diputados respecto de la inconstitucionalidad del N° 9 del artículo único del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre y de las resoluciones recaídas en su tramitación (boletín N° 6.190-19).
Expide, además, copia del requerimiento presentado por un grupo de Honorables señores Diputados acerca de la inconstitucionalidad del artículo 3° del proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte y de las resoluciones recaídas en su tramitación (boletín Nº 8.085-29).
Envía copia autorizada de la sentencia dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto que prorroga la vigencia de la ley N° 20.372, que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén (boletín N° 8.720-07).
Remite copia autorizada de resoluciones recaídas en sendas acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
a) Artículos 348 y 389 del Código Procesal Penal.
b) Artículo 381, incisos primero, letras a), b) y c); segundo; cuarto, y quinto, parte final, del Código del Trabajo.
c) Artículos 38, inciso tercero, y 38 bis de la ley N° 18.993, que crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, dicta normas para el otorgamiento de prestaciones por isapres y deroga el decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Salud, de 1981.
d) Artículo 5° transitorio, incisos tercero y cuarto, de la ley N° 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.
e) Artículos 34 y 35 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone la restructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo.
Envía copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con los artículos 150 y 151 de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, y el artículo 207, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1-2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ley de Transportes.
Responde acuerdo de la Cámara Alta, adoptado a proposición de los Senadores señoras Rincón y Pérez (doña Lily) y señores Bianchi, Chahuán, Frei, García, Gómez, Lagos, Hernán Larraín, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar, sobre regularización del pago de derechos de aseo domiciliario (boletín N° S 1.474-12).
Contesta acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Honorables señor Chahuán, señora Alvear y señores Coloma, Escalona, Girardi, Horvath, Hernán Larraín, Navarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio), que pide al Gobierno de Chile que exprese su repudio a los violentos ataques que el Estado de Israel ha efectuado a la ciudad de Gaza, perteneciente al Estado Palestino, así como a las acciones bélicas que grupos armados palestinos han perpetrado desde aquella en contra del territorio y población israelíes (boletín N° S 1.532-12).
Da respuesta a solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Alvear, referente a rentabilidad social de expropiación de una franja de terreno en el sector residencial de la comuna de La Reina, consignada en el proyecto de trazado para la futura autopista Américo Vespucio Oriente.
Contesta acuerdo de la Cámara Alta, adoptado a proposición de los Senadores señor Bianchi, señoras Pérez (doña Lily) y Rincón y señores Cantero, Chahuán, Frei, García-Huidobro, Kuschel y Walker (don Patricio), sobre obligación del Estado de prevenir y rehabilitar en materia de discapacidades y garantizar el ejercicio del derecho establecido por la ley N° 20.422 (boletín N° S 1.444-12).
Informa, en respuesta a petición enviada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, medidas adoptadas por esa Secretaría de Estado ante reparo a reposición del puente de calle Magallanes, en la comuna de Punta Arenas.
Da contestación a solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, sobre personas afectadas por VIH, durante los tres últimos años, en la Región del Biobío.
Atiende solicitud de reconsideración o de medidas alternativas, hecha en nombre del Senador señor Bianchi, respecto del cierre, a partir del día 29 de noviembre de 2012, de la oficina del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario en la ciudad de Porvenir.
Del señor Director General de Asuntos Consulares e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores:
Remite oficio reservado que complementa información, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, sobre situación del ciudadano chileno, nacionalizado danés, señor Eddy López López.
Contesta petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, tocante a diversas materias vinculadas al programa de transferencia de fondos a entidades sin fines de lucro que creen, mantengan o administren jardines infantiles (VTF).
Responde consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Allende, referente a actuación del Comité de Ministros con motivo de la reclamación de Endesa en contra de la resolución exenta N° 138, de 2012, de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama (RCA), relativa al proyecto "Central Termoeléctrica Punta Alcalde".
De la señora Jefa del Subdepartamento de Atención Postal del Instituto de Previsión Social:
Remite copia del oficio dirigido a doña Olga Norambuena Ampuero, con el que se le informa el otorgamiento de la pensión básica solidaria de vejez, en referencia a una materia consultada en nombre del Senador señor Frei.
Envía copia del oficio dirigido al señor Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, cursado en nombre del Diputado señor Robles, con el fin de que esa autoridad informe sobre el cumplimiento de contrato de concesión en la Zona Franca de Punta Arenas.
Del señor Coordinador General de Transporte de Santiago:
Remite, en formato digital, informe de gestión del Sistema de Transporte Público de Santiago correspondiente al año 2011.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile en materias de requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 8.563-07).
Segundo informe de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
Segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Agricultura, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales (boletín Nº 8.155-01).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto que modifica la Ley de los Tribunales Electorales Regionales, para imponer al reclamante la obligación de señalar una dirección de correo electrónico (boletín N° 8.761-06).
De los Senadores señores Bianchi y Gómez, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que habilita a sufragar en las elecciones municipales a los mayores de 16 y menores de 18 años de edad, y otorga el mismo derecho en las restantes elecciones, bajo el supuesto que indica (boletín N° 8.762-07).
Moción de los Senadores señores García-Huidobro, Chahuán, Hernán Larraín, Prokurica y Uriarte, con la que proponen un proyecto de ley que modifica el Estatuto Administrativo para asegurar el derecho al descanso legal a trabajadores sujetos al régimen de honorarios.
--Se declara inadmisible por contener materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el número 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Del Senador señor Novoa, para ausentarse del territorio nacional a contar del martes 25 de diciembre de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).- La Comisión de Régimen Interior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Personal, acordó proponer a la Sala la designación de doña Ximena Amigo López en el cargo de Directora de Administración de la Planta de Personal del Senado, seleccionada en el primer lugar de la terna del concurso público efectuado con la asesoría de la Alta Dirección Pública.
Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición de la Comisión de Régimen Interior.
--Se aprueba (27 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quórum reglamentario exigido.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer lo resuelto por los Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
Colocar en el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria del martes 8 de enero, en primer y segundo lugar, respectivamente, los siguientes proyectos de acuerdo:
a) El que solicita el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que otorgue a don Vicente Bianchi Alarcón un premio de honor por su trayectoria musical y le confiera los mismos galardones y pensiones asignados a los Premios Nacionales por el artículo 3° de la ley N° 19.169 (boletín N° S 1.538-12), y
b) El que solicita a Su Excelencia el Presidente de la República su intercesión ante el Gobierno de la República de Cuba para que autorice el viaje de la señora Rosa María Payá a Chile, donde cursará un diplomado universitario (boletín N° S 1.545-12).
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, se trata simplemente de algo relacionado con el proyecto de acuerdo planteado por varios Senadores para los efectos de pedir al Presidente de la República que se realicen las gestiones relativas al ingreso a Chile de doña Rosa María Payá. El problema radica en que si se pone en tabla el próximo martes, la resolución quedará demasiado encima de la posibilidad de llevarse a cabo algún tipo de gestión, debido a que, según entiendo, el seminario al cual ella asistiría se va a desarrollar los días 10 y 11 de enero en curso.
Por lo anterior, solicito a la Sala del Senado, si es posible, que dicha iniciativa se ponga hoy en votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría unanimidad para tratar de ver de inmediato dicho proyecto de acuerdo?
El señor CANTERO.- Sí, señor Presidente.
El señor WALKER (don Patricio).- Yo estoy de acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay unanimidad.
No habiendo consenso unánime, la iniciativa quedará para la sesión del próximo martes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6201-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Sesión 89ª, en 19 de diciembre de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que este proyecto se encuentra en segunda discusión y que la primera tuvo lugar en sesión del miércoles 19 de diciembre del año recién pasado; que la Comisión debatió la iniciativa solamente en general, y que el número 2) del artículo 1º es de quórum calificado, por lo cual requiere para su aprobación 19 votos favorables.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela, para fundamentar su voto.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la Comisión de Defensa Nacional recomienda a la Sala aprobar en general el proyecto.
La iniciativa tuvo su origen en un acuerdo político del año 2007 entre el Gobierno y Senadores y Diputados de los distintos partidos políticos para llevar adelante una agenda legislativa que entregara a la autoridad gubernamental distintos instrumentos para combatir la delincuencia.
Uno de ellos es el texto que en este momento se halla sobre nuestros escritorios, el que consta, básicamente, de dos materias específicas: la primera apunta a perfeccionar las normas sobre medidas cautelares para incorporar la prohibición de tener, poseer y portar armas de fuego; y la segunda, a establecer penas agravadas para quien proporcione armas a menores de edad.
Por lo tanto, los artículos que se someten a la aprobación general de la Sala van en ambas direcciones.
El trabajo de la Comisión indica necesariamente que en la discusión particular estas normativas deben ser objeto de perfeccionamientos, especialmente aquellas que establecen penalidades en la entrega de armas a menores.
Las disposiciones de la Cámara de Diputados, sin duda presentan dificultades, problemas mayores y, en algunos casos, incurren en un rigor excesivo.
La labor realizada por la Comisión permitió analizar esos preceptos en específico y ver qué cuestiones son susceptibles de mejorar.
Por lo tanto, teniendo claras la necesidad de agravar la penalidad para los que entregan armas a menores y la responsabilidad de los padres o tutores de menores que tienen acceso a armamento, debemos aprobar la idea de legislar con el objeto de que todo Senador al que le surjan dudas tras la lectura de las normas contenidas en el informe respectivo pueda compartir sus aprensiones con la Comisión informante, para lo cual parece imprescindible que en su discusión en particular se mejoren algunas disposiciones.
El proyecto es supersimple: uno de sus artículos modifica la Ley de Control de Armas y el otro introduce enmiendas al artículo 155 del Código Procesal Penal.
En términos muy generales, agregamos un nuevo requisito a la inscripción de armas: el poseedor o tenedor de un arma de fuego no puede encontrarse sujeto a medida cautelar personal de prohibición de tenencia, porte o posesión de armas, de conformidad al artículo 155 del Código Procesal Penal. Esto es muy importante, pues ciertos tribunales, como los de Familia, que investigan a alguien por violencia intrafamiliar, estarán en condiciones de establecer como medida cautelar que esa persona no puede ser poseedora de armas o proceder a la inscripción de alguna.
Otra norma dispone que, para el control de dicho requisito, los Juzgados de Garantía deben comunicar a la Dirección General de Movilización Nacional la dictación de la referida medida cautelar, ya que dicho organismo es el encargado del proceso de inscripción de armas.
Además, se crea una agravante -es necesario, por cierto, perfeccionarla- para aquel que venda, ceda o transfiera un arma inscrita a su nombre a un menor de edad, excepto cuando ese menor la utilice para fines deportivos. Pero, necesariamente, debemos mejorar la redacción de esta norma en el análisis particular.
En consecuencia, estamos frente a un proyecto de ley simple que dice relación a la inscripción de armas de fuego, con la obligación de publicitar e informar sobre el sitio donde ellas se encuentren. Posteriormente, debemos analizar la penalidad por aplicar a quien pase armas a un menor.
En la discusión particular, sin duda, vamos a perfeccionar la iniciativa en debate.
Por otra parte, debo reconocer que en el análisis de la Comisión se habló de una política más global respecto de la tenencia de armas en el país, a fin de que la ley en proyecto sea un instrumento eficaz en el combate contra la delincuencia.
Finalmente, a pesar de las prevenciones que he señalado, se recomienda aprobar el texto propuesto.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, votaré a favor con muchas aprensiones; y desde ya formulo mis reservas en cuanto a la necesidad de corregir varias disposiciones -como expresó el Senador señor Pérez Varela- durante la discusión particular.
Desde luego, hay artículos que determinan sanciones absolutamente desmesuradas con relación al ilícito que se cometa, o que, en algunos casos, no disponen excepciones a tales conductas.
Por ejemplo, se agrega en el artículo 9º de la Ley de Control de Armas un inciso que señala: "El que entregare, a cualquier título, a menores de edad alguno de los elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2°, será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo...".
O sea, se aplica una pena que va desde los 3 años y un día a los 10 años de cárcel a aquel adulto que en una zona rural o en el campo entregue un arma a un hijo porque desea salir de caza con él.
Lamentablemente, en el inciso correspondiente no figura esa excepción. La única salvedad que se observa es que no se aplicará dicha pena cuando se entregue un arma inscrita a un menor de edad debidamente acreditado como deportista.
Entonces, me pregunto cuántos padres van a estar habilitados para pasar un arma a un hijo con la idea de salir a cazar dentro de su propio campo -esto es muy usual en las zonas rurales-, cuando se les podría aplicar una pena que va desde los 3 años y un día de cárcel hasta los 10 años. Incluso -si mal no recuerdo-, ella es similar o superior a la que en muchas oportunidades se le impone al que comete un delito de homicidio o incluso al traficante de drogas.
Entonces, me parece que esa norma requiere ser modificada.
Y en el artículo 10 de la Ley sobre Control de Armas se añade un inciso que expresa: "El padre, madre o persona que tenga a su cuidado a un menor de 14 años que, fuera de los casos señalados en el inciso cuarto del artículo precedente, permitiere que el menor tenga en su poder alguno de los elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2°, o en el artículo 3°, será sancionado con multa de diez a quince unidades tributarias mensuales.".
¿Qué significa "permitir" que un menor tenga en su poder un arma de fuego? ¿Quién califica esa acción?
Más adelante, el mismo inciso consigna: "Si dicha tenencia se produjere por descuido o negligencia del padre, madre o persona que tiene a su cuidado al menor de 14 años, la pena será de multa de tres a diez unidades tributarias mensuales.".
En consecuencia, como estas normas se encuentran mal redactadas, establecen sanciones excesivas y dejan muchos aspectos en la ambigüedad, en mi opinión, necesitan analizarse en forma muy rigurosa y con minuciosidad por la Comisión. De quedar como están, anuncio que yo, al menos, las rechazaré, porque no ayudan al control de las armas y tienen que ser objeto de perfeccionamientos.
Como el proyecto contiene normas necesarias, votaré a favor de la idea de legislar. Tal es el caso de establecer como medida cautelar la prohibición, frente a determinados delitos como la violencia intrafamiliar, de que la persona tenga o porte armas de fuego o de que se le cancele la inscripción de la misma.
Me parece que esas serían acciones acertadas, no obstante que los tribunales pueden decretar en la práctica cualquier medida cautelar que estimen conveniente. Pero precisarla puede ser razonable.
Por las razones expuestas, señor Presidente, voto a favor del proyecto, pero con serias aprensiones respecto de algunos de sus artículos. Nosotros hemos conversado con los representantes de la Alianza en la Comisión de Defensa, quienes nos han dicho que sus normas serán modificadas y estudiadas rigurosamente. Y como solo estamos frente a la idea de legislar y habrá perfeccionamientos, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar y otros delitos similares y también en lo referente a las medidas cautelares, aprobaré en general la iniciativa, pero -repito- con todas las prevenciones señaladas en los aspectos que he mencionado y en otros que por cuestión de tiempo no abordaré hasta la discusión particular.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, años atrás estuve entre aquellos que promovieron la idea de hacer más restrictivo el acceso a las armas de fuego por parte de particulares. Lo hice siguiendo la doctrina de que el monopolio de su uso se halla en manos de las Fuerzas Armadas y de las policías uniformada y civil, y de que no debe haber incentivo de ningún tipo para que ellos las tengan, más aún con la estadística de que en un altísimo porcentaje de casos los delincuentes, cuando son detenidos, son encontrados con armas de fuego que han sido sustraídas de casas particulares. Es decir, quienes se quieren defender de los delincuentes muchas veces terminan siendo quienes los arman.
En ese esfuerzo anterior, señor Presidente, se propusieron varias exigencias bien estrictas para acceder a armas de fuego. Y no me estoy refiriendo a las escopetas, propias del mundo rural, o a armas de caza. Hubo gran resistencia. Se relativizó el proyecto. Incluso, se planteó que nadie que contara con antecedentes de violencia intrafamiliar debía tener derecho a inscribir o poseer un arma. Y se prohibió el porte de estas.
Lo digo porque entiendo que el propósito que aquí se persigue apunta en la dirección de hacernos cargo de un problema que no nos agrada: el de las armas que terminan en manos de los hijos; el de que las personas autorizadas a tener un arma de fuego asuman la responsabilidad en caso de que sus hijos hagan uso de ella en sus casas. Todos los años escuchamos de accidentes fatales que se producen en domicilios por un manejo o cuidado irresponsable de armas de fuego.
Entiendo que esa es una de las iniciativas que aquí se están promoviendo, más allá de las medidas cautelares, que, según sé, se pueden tomar con o sin esta ley. Sin embargo, en esta ocasión me parece que lo que abunda no daña.
Tengo dudas respecto al alcance que se plantea en lo relativo a facilitar el porte de armas. Sería muy importante que en la discusión particular se pudiese precisar el punto. Porque pareciera que se está abriendo una ventana para facilitar el porte o el traslado de armas.
Lo señalo por cuanto no me queda claro lo que se expresa en el párrafo final que se agrega al inciso tercero del artículo 5°, cuando se indica que "Todo cambio del lugar autorizado deberá ser comunicado por el poseedor o el tenedor de un arma inscrita a la autoridad fiscalizadora correspondiente".
Lo único que se dice es que el traslado tiene que ser "comunicado", no que se deba contar con una autorización. Y esa es una de las cosas que yo, por lo menos, no comparto: que se flexibilice el porte y el traslado de armas de un lugar a otro, entendiendo lo que nos explicó el colega Prokurica, quien mencionó los alcances del proyecto al comienzo de la discusión.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, con las prevenciones que he indicado y esperando que en la discusión particular se pueda perfeccionar el texto.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, creo que este proyecto de ley está bien encaminado, básicamente para evitar el mal uso de armas de fuego.
Con tal propósito, se incorporan en el Código Procesal Penal medidas cautelares, como la prohibición de la tenencia, posesión o porte de armas cuando se esté en presencia de algún imputado y, al mismo tiempo, se faculta al juez de garantía para que ordene la incautación de armas en caso de personas denunciadas o querelladas por procesos vinculados con violencia intrafamiliar.
Obviamente, esto contribuye a que, previo a la condena por un delito, el juez, dentro del proceso, pueda tomar medidas para evitar que el imputado cometa un ilícito con un arma de fuego inscrita.
También se establecen nuevos requisitos para la inscripción de armas. Por ejemplo, no encontrarse sometido a medidas cautelares como la privación de libertad, la sujeción a vigilancia de una persona o institución, la obligación de presentarse periódicamente ante un juez o autoridad, la prohibición de salir del país, etcétera.
Paralelamente, se aumentan las sanciones para aquellas personas que, con tenencia legal de armas, cambien de domicilio y no lo actualicen.
Asimismo, se sanciona penalmente con multa a quien entregue un arma, a cualquier título, a menores de edad.
Hay varios temas que deben ser precisados. Se contemplan penas muy altas en algunas materias. Y esperamos que en la discusión particular podamos hacer correcciones, de modo tal que el articulado quede bien redactado.
Sin embargo, si bien el proyecto de ley exhibe aspectos positivos, que inclusive pueden ser mejorados a través de indicaciones, como lo acabo de señalar, la gran crítica está en que con él no se logra poner real coto al porte ilegal de armas y a las armas hechizas, con las que se cometen, como todos sabemos, la mayoría de los crímenes en nuestro país.
Existe un alto número de armas hechizas o no inscritas, o inscritas y robadas a sus propietarios -según la Dirección General de Movilización Nacional, ellas son alrededor de 2 millones-, aspecto que no se toca en esta iniciativa. Naturalmente, su uso puede ser muy peligroso, como se ha comprobado en múltiples delitos, y creo que es un tema que debiera abordarse con más profundidad en Chile.
Voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente, pero haciendo presente que en la discusión particular vamos a formular varias indicaciones para precisar el contenido y la redacción de los artículos que se proponen en él.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no voy a repetir una frase que habitualmente se usa aquí -"No pensaba intervenir"-, pero, en virtud del discurso de algunos señores Senadores, me veo en la obligación de hacerlo.
La verdad es que la realidad de Chile es extraordinariamente distinta a la de otros países. El nuestro debe ser uno de los más restrictivos en materia de tenencia de armas, y mucho más en lo que se refiere a su porte. Aquí no hay más de un centenar de personas -por supuesto, sin contar a las Fuerzas Armadas y las policías- que tengan permiso para llevar consigo un arma. La cantidad es muy reducida.
De las armas legales, todos los años se entregan voluntariamente 2 mil, se incautan 4 mil y se destruyen alrededor de 7 mil. Estas últimas, comparadas con las 5 mil que se inscriben, representan una línea a la baja. No estamos frente a un país -como otro que vimos en la televisión hace escasos días- donde el uso de armas sea un problema permanente. En Chile existen muy pocas armas. En los hogares urbanos el promedio es de 5,1 por ciento. O sea, un porcentaje bastante exiguo.
Además -y esto es muy importante-, el número de delitos cometidos con armas inscritas, que son aquellas a las que se refiere este proyecto de ley, es bajísimo: cercano a cero.
Por lo mismo, cobra relevancia lo planteado por los Senadores Espina, Pérez Varela y Patricio Walker, en el sentido de que hay un tema que escapa de este proyecto de ley, como es el de las armas hechizas, las armas irregulares, que se construyen con una cañería, con una soldadura, con cualquier elemento que termine convirtiéndose en un arma igual de peligrosa que una tradicional.
En la Comisión echamos de menos que esta iniciativa diera una mirada a una realidad que no es fácil, pues, como se dijo anteriormente, las autoridades calculan que existen unos 2 millones de armas ilegales. Estamos hablando de armas que se construyen con cosas muy comunes, de manera que vamos a tener que hacer lo posible por efectuar también un estudio en esa línea.
Por último, cabe señalar que a veces los proyectos de ley se elaboran pensando en que las diez manzanas del centro de Santiago son Chile, pero resulta que aquí, tal como lo planteó un Senador que representa muy bien a la ruralidad, estamos frente a familias que en ocasiones poseen una escopeta de caza que en la norma no se distingue de un arma de defensa personal y que eventualmente podría traspasarse a un hijo, a otro familiar o a cualquier menor de edad, en circunstancias de que la sanción que se establece es altísima.
Sin embargo, estamos de acuerdo con el proyecto en cuanto a que se deben tomar algunas medidas precautorias con aquellas personas que sean denunciadas por violencia intrafamiliar o que hayan cometido un delito, pero relacionado con el uso de armas o con violencia, porque me parecería ridículo limitar la posibilidad de tener inscrita un arma a una persona que ha sido condenada por un delito totalmente distinto, como el protesto de un cheque.
En definitiva, señor Presidente, si bien el proyecto necesita muchas modificaciones, creo que posee una lógica que va en la línea correcta.
El señor SABAG.- Señor Presidente, esta iniciativa viene de la Cámara de Diputados y data del año 2007. Prueba de ello es que sus autores fueron los Diputados señora María Angélica Cristi y señores Eugenio Bauer, Alberto Cardemil, José Pérez Arriagada, Jorge Ulloa, Ignacio Urrutia y Gastón von Mühlenbrock, y los ex Diputados señores Sergio Correa de la Cerda, Renán Fuentealba y Alfonso Vargas. Fue aprobada por 92 votos a favor y 3 en contra.
La Comisión de Defensa del Senado la aprobó en general, aunque hubo discrepancias en cuanto a aumentar las penas.
El propósito de la moción es modificar la Ley sobre Control de Armas, como se ha señalado, en lo relativo al cambio de lugar autorizado para tener un arma y a los requisitos para inscribirla; sancionar a quienes entreguen armas a menores, y al padre o madre de un menor de 14 años que permita que este tenga un arma, y, por último, reformar el Código Procesal Penal para incorporar, como medida cautelar personal, la prohibición de tener o portar armas de fuego.
La iniciativa, asimismo, apunta a materializar los aspectos, aún pendientes, de un acuerdo político del año 2007 en materia de seguridad ciudadana, entre el Ejecutivo de la época y todos los partidos políticos que entonces tenían representación parlamentaria.
En la discusión habida en la Comisión, el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público destacó que la institución valora positivamente varios aspectos del proyecto: la incorporación de una nueva medida cautelar personal al Código Procesal Penal, como es la prohibición al imputado de poseer, tener o portar armas de fuego; la presentación de una indicación para perfeccionar el tipo penal del tráfico de armas; la búsqueda de una solución para el problema de las armas en poder de menores de edad y el rol de los padres o cuidadores, entre otros.
Respecto a esta última circunstancia, aseveró que es preciso tomar los resguardos para no llegar al extremo de consagrar una especie de responsabilidad objetiva, en cuya virtud los padres y cuidadores no responderían por su hecho y culpabilidad propios, sino por los de un tercero, el menor de 14 años.
En este último aspecto, las sanciones pueden ir de 3 a 15 UTM.
En todo caso, hay muchas observaciones que hacer al proyecto. Yo lo voy a aprobar en general y espero que en la discusión particular se pueda mejorar sustancialmente con la participación de los colegas.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la pregunta que no responde el informe es: ¿cuál es la política que el Gobierno quiere impulsar en el ámbito del control de armas?
A mí me hubiera gustado mucho contar con la presencia del señor Ministro del Interior en la Sala para preguntarle cuál es la política que queremos aplicar en materia de control de armas. Porque hacia allá debiéramos apuntar.
La verdad es que iniciativas para restringir el uso o mal uso de las armas siempre van a ser bienvenidas. Pero en este proyecto de ley no hay nada sobre educación.
Las personas que están autorizadas a tener armas en Chile lo hacen por algún motivo legal. Y la verdad es que cuando ha habido problemas se trata de errores en la tenencia de un arma. Pero aquí, nuevamente, solo se observa una actitud punitiva. Es decir, si el poseedor del arma no avisa el cambio de domicilio, por ejemplo, si traslada el arma desde su casa en Santiago a la que tiene en la playa, se le aplicará una multa de 10 UTM. Si se establece que el arma la tomó un menor a su cargo, o su hijo, ahí hay una especie de responsabilidad objetiva. O sea, por la responsabilidad de un tercero, se le pretende aplicar una sanción de carácter penal a otra persona. Esa observación me la hizo el Senador Gómez y está claro que así es.
De otra parte, señor Presidente, noto la ausencia en el informe de los representantes de los clubes de caza y pesca. Me hubiera gustado escucharlos, al igual que a aquellos que practican deportes con armas. No hay ninguno. Aparecen solamente el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público; el Director General de la Dirección General de Movilización Nacional; el Director de la Dirección de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros de Chile.
Señor Presidente, no tenemos la opinión de los deportistas y me complica que en el afán legítimo y bien orientado de regular la tenencia, transporte y destinación de las armas de fuego, nuevamente podamos llevarnos el mote de que estamos legislando sin contemplar todas las acepciones posibles. Y -se ha dicho claramente aquí- las armas deportivas y quienes practican deportes con armas no se hallan considerados en el informe, tal como debiera ocurrir con una legislación orientada en tal sentido.
La no audiencia a los clubes de caza y pesca o a las instituciones deportivas que practican su actividad mediante el empleo de armas revela claramente una falencia. Tenemos que escucharlos.
He leído con detención el informe. Hay diversas observaciones. Todo indica que la idea matriz está clara, pero la forma de implementarla está más bien difusa. Lo han dicho diversos Senadores, entre ellos el colega Espina. Salta a la vista que hay que revisar el punto.
Yo apelo, señor Presidente, al principio según el cual, cuando se discute una ley que tiene un objetivo claro pero que afecta a diversos actores de la sociedad chilena, estos deben ser escuchados.
Por lo tanto, estoy por abstenerme en esta primera vuelta, porque creo que si no oímos ni a los deportistas, ni a los clubes de caza y pesca, vamos a cometer errores en el ejercicio de nuestra facultad fiscalizadora, lo cual puede conllevar a que, queriendo hacerlo bien, lo hagamos mal.
Todos queremos que haya un mayor control de las armas de fuego, pero la no inclusión de las armas hechizas, por ejemplo, ¿las deja fuera? Si un adulto le pasa un arma hechiza a su hijo, al no estar contemplado dicho aspecto expresamente, ¿queda al margen de los alcances de esta normativa?
A mi juicio, ello es parte del debate. Lo señalaron los Senadores Muñoz Aburto y Orpis, quienes sostuvieron que ese tema se hallaba en el informe.
En mi opinión, señor Presidente, la orientación es adecuada después de conocer la matanza ocurrida hace poco en Estados Unidos.
Un comentario: en esa nación por sacar una cuenta corriente en un banco le regalan a uno un fusil M16. Los 300 millones de armas que hay en el país del norte dicen relación con una cultura distinta de lo que estamos debatiendo hoy en Chile. Allá la cultura de tenencia de armas data de los orígenes de la Independencia. Es un tema de debate político a nivel nacional. Me alegro de que esto no sea motivo de enfrentamiento en nuestro Parlamento. Allá lo es, porque se ha transformado, claramente, en un problema.
Estamos muy lejos de tener el debate que se da en Estados Unidos, porque en Chile no hay millones de armas ni nadie puede comprar un arma, ni se la regalan por efectuar una adquisición, como, en aquel caso, la apertura de una cuenta corriente en cualquier banco.
Sin embargo, el problema está presente y la entrega de armas a menores de 14 años ha sido corroborada en la comisión de diversos delitos.
Una vez más, ponemos sobre el tapete lo relativo a la responsabilidad penal de los mayores de 14 años. Elaboramos una ley con ese objeto. Ellos pueden ser procesados, detenidos en unidades especiales...
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si vamos a reafirmar ese criterio con la iniciativa en estudio, voy a seguir abogando por que los mayores de 14 años también puedan votar en los comicios municipales. Les asignamos capacidad de discernimiento en la referida legislación, por ende saben distinguir entre el bien y el mal. Y como las elecciones ofrecen diversas opciones, no veo por qué no las van a diferenciar. Claramente podrán determinar que unas son mejores que otras. Por eso soy partidario de que los jóvenes, a partir de la edad señalada, tengan la facultad de votar en los comicios municipales.
He presentado un proyecto de ley a ese efecto.
De hecho, los jóvenes hoy día pueden votar en las juntas de vecinos.
De lo contrario, nuevamente estaremos criminalizando a esos menores, haciéndolos objeto de sanciones y no otorgándoles derechos, como corresponde. Deberes y derechos: ese es el sentido original.
Por ahora, me abstendré, señor Presidente.
Espero que, luego de debatir las indicaciones, tengamos un proyecto mejor armado, para así poder aprobarlo.
--Se aprueba la idea de legislar (28 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Girardi, Navarro, Quintana y Rossi.
No votaron, por estar pareados, los señores Coloma y Gómez.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se sugiere como plazo para presentar indicaciones el lunes 14 de enero, a las 12.
El señor PROKURICA.- Solicito más tiempo.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿El lunes 21?
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para formular indicaciones el 21 de enero, a las 12.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha pedido la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero hacer una propuesta en nombre de la Comisión de Constitución respecto al proyecto de ley, originado en mensaje, que crea el Acuerdo de Vida en Pareja.
La Comisión solicita a la Sala dos acuerdos.
El primero es que dicha iniciativa se fusione con otra similar, la que regula la figura contractual denominada "Acuerdo de Vida en Común", iniciada en moción del entonces Senador Andrés Allamand. Hemos revisado otros proyectos sobre la materia, pero no guardan afinidad con las ideas matrices contenidas en la propuesta legislativa del Gobierno. Por eso no los hemos considerado en esta petición.
Lo segundo es solicitar la autorización para que la Comisión discuta la iniciativa en general y en particular en su primer informe, lo cual permitiría incorporar algunos textos incluidos en otros proyectos de origen parlamentario, como el que presentó el Senador Bianchi; el que en su momento propusieron los Senadores Ominami y Girardi, o el de los entonces Senadores Núñez y Viera-Gallo. Tales aportes podrían ser aprovechados en la discusión en particular, si la Sala autorizara lo pedido.
Consideramos importante esta solicitud, porque se trata de una iniciativa compleja. Y creemos que de esta forma podremos generar un acuerdo que permita avanzar en la materia.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, presentado por varios señores Senadores, mediante el cual se pide oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República para que se sirva adoptar las medidas que sean necesarias a fin de subsanar, a la mayor brevedad, las deficiencias de orden administrativo que se han producido con ocasión de la instalación del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, de manera de facilitar el cumplimiento de su relevante cometido y, de este modo, el desarrollo de las actividades productivas en nuestro país en el contexto del cuidado y la protección del medio ambiente.
Boletín N° 7685-10
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), suscrito en La Haya el 30 de octubre de 2007, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7685-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 2 de agosto de 2011.
Relaciones Exteriores: sesión 83ª, especial, en 12 de diciembre de 2012.
Hacienda: sesión 83ª, especial, en 12 de diciembre de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es otorgar privilegios e inmunidades a la OPAQ y a sus funcionarios.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Pizarro y Tuma.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual resolución por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Frei (don Eduardo), García y Lagos.
Cabe hacer presente que el proyecto de acuerdo, por incidir en normas de rango orgánico constitucional, requiere para su aprobación de 21 votos favorables.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Votemos.
El señor TUMA.- Señor Presidente, la finalidad de este proyecto de acuerdo, que ha sido aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, es otorgar facilidades a los miembros de las comisiones internacionales designados para inspeccionar, en los territorios de los países firmantes del Acuerdo, las condiciones en que se administran o manejan los componentes para la elaboración de armas químicas.
En primer lugar, cabe expresar que esta es una preocupación de nuestro país como Estado. Es una decisión de defensa de los derechos humanos tendiente a cautelar el modo en que se resuelven los conflictos si se produce un enfrentamiento.
Las armas químicas no deben ser usadas. Evidentemente lesionan al ser humano. No solo lo invalidan o le dan muerte, sino que también le producen un sufrimiento, que todo el mundo condena, principalmente los países firmantes del Acuerdo.
Y eso debe ser objeto de un control.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas busca cumplir dicho propósito.
Habrá inspectores que visitarán los territorios de las distintas naciones. Y para ello, necesitarán que se les otorguen las facilidades del caso. Por eso este convenio confiere las inmunidades respectivas.
Solo deseo expresar una inquietud, señor Presidente. Espero que las inspecciones de la OPAQ se tomen al azar o que estas sean realmente necesarias en cada territorio visitado. Ojalá tal resolución no se adopte influida por alguna potencia que desee inspeccionar determinado país porque existe desconfianza o por tener algún celo u otra intención hacia aquel, como ocurrió cuando se invadió cierta nación argumentando que en ella había armas químicas, las que nunca fueron encontradas.
Respaldo la decisión unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores de aprobar este proyecto de acuerdo, que busca dar facilidades e inmunidades a la OPAQ. Pero, al mismo tiempo, hago presente que ello debe hacerse con buena fe y con propósito de defender el principio de la prohibición de las armas químicas.
El señor LETELIER- Señor Presidente, junto con compartir varias de las inquietudes políticas señaladas por el Senador Tuma, quien me antecedió en la palabra, permítame indicar que este Acuerdo básicamente establece lo siguiente.
En primer lugar, señala que la OPAQ y sus bienes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, salvo que esta Organización haya renunciado a dicha inmunidad.
En segundo término, enumera los privilegios e inmunidades de que gozarán los representantes de los Estados Partes en las reuniones de la OPAQ, que también se extienden a los suplentes, asesores, expertos técnicos y secretarios de las delegaciones.
En tercer lugar, alude a la solución de controversias, distinguiendo entre las controversias originadas en los contratos, las controversias de derecho privado en que sea parte la OPAQ, y las controversias en que esté implicado un funcionario de esta Organización o un experto que, por razón de su posición oficial, goce de inmunidad.
Por último, prevé la entrada en vigor y su duración, la posibilidad de que las partes concierten acuerdos suplementarios y el procedimiento -complementario, para este efecto- de enmiendas.
Es un proyecto de acuerdo sencillo. Se trata de un instrumento importante en materia de Derecho Internacional, porque permite ir operacionalizando un objetivo que Chile comparte: la prohibición de armas químicas en todo el planeta.
Por eso, invitamos a todos los miembros del Senado a votarlo favorablemente.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quiero fundar mi voto negativo al proyecto de acuerdo que se halla en votación.
En el Acuerdo que se solicita aprobar se contemplan formas de inmunidad de jurisdicción, que en la práctica internacional pueden convertirse en verdaderos islotes que impidan la actuación de los organismos jurisdiccionales y policiales de los países donde operan.
Esta es una materia que, así como viene presentada, parece neutra e inofensiva, pero que en los hechos puede llegar a constituir una especie de "República de San Marino" instalada en la República de Chile.
Es un desarrollo negativo.
Hay situaciones, por ejemplo, en que a esta entidad, la OPAQ, le es posible intervenir, con su inmunidad de jurisdicción -término, por lo demás, de amplitud colosal y motivo de grandes discrepancias y discusiones en el ámbito del Derecho Internacional-, e iniciar una investigación, y las zonas fronterizas, con las policías y las autoridades internas, quedan completamente desdibujadas. En definitiva, puede precluir la actividad de los organismos nacionales.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (25 votos a favor, uno en contra y un pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° 8644-06
El señor ESCALONA (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, a fin de establecer la facultad de excusarse de la obligación de ser vocal de mesa para las mujeres en estado de embarazo o de puerperio, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8644-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 61ª, especial, en 19 de noviembre de 2012.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa consiste en establecer como causal de excusa para ejercer el cargo de vocal de mesa receptora de sufragios la circunstancia de encontrarse la mujer embarazada o en estado de puerperio.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Orpis, Rossi, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
Cabe hacer presente que la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
Asimismo, es preciso señalar que la Comisión acordó dejar constancia de que durante el debate de esta iniciativa tuvo en consideración otro proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Rincón y señores Muñoz Aburto, Navarro y Rossi, actualmente en primer trámite constitucional, que libera a la mujer, durante el lapso anterior o posterior al parto, de la carga pública de desempeñarse como vocal de mesa receptora de sufragios.
El texto que se propone despachar se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, junto con los Senadores señora Rincón y señores Rossi y Navarro presentamos un proyecto de ley tendiente a excusar a las mujeres embarazadas o en período de puerperio de la obligación de ser vocal de mesa.
Las razones son evidentes.
Hasta ahora el embarazo o el período de lactancia de una madre no son una excusa precisa y clara respecto de la nominación de vocal de mesa. Solo puede configurar la eximente de impedimento de salud, para lo cual debe ser evaluada en cada caso por las juntas electorales.
Es indudable que, por la época en que se registran nuestras elecciones y las características del proceso, con largas jornadas, encierro, calor y aglomeraciones, no se trata de una actividad recomendable.
Propusimos, por tanto, precisar en la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que se eximan de esta obligación las mujeres que a la fecha de la elección se encuentren en el período de 6 semanas previo al parto o de 24 semanas posterior a él.
Sin embargo, señor Presidente, Honorables colegas, una vez más me veo en la obligación de distraer la atención de esta Sala para referirme al no resuelto problema de autoría de las mociones.
La moción a la que aludo, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que libera a la mujer, durante el lapso anterior o posterior al parto, de la carga pública de desempeñarse como vocal de mesa receptora de sufragios, fue presentada con la firma de los Senadores señora Rincón y señores Rossi, Navarro y el que habla el 16 de octubre de 2012, e ingresó en la Cuenta al día siguiente, el 17 de octubre. Como puede verificarse en Internet, ese mismo día se informó de él a través de los medios de comunicación.
Con el objeto de conseguir el apoyo del Ejecutivo a una materia que nos parece del todo razonable, envié, además, el mismo 17 de octubre de 2012 una comunicación postal a la Ministra Carolina Schmidt, y el 19 de ese mismo mes remití un correo electrónico, en similares términos, dirigido a los Ministros del Interior, don Andrés Chadwick, y Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, con el fin de requerirles, textualmente, "su colaboración para su expedita tramitación".
Como puede verificarse en el sitio web del Congreso Nacional, solo el 30 de octubre de 2012, vale decir, casi dos semanas después, aparece ingresado en la Cámara Baja un proyecto similar, patrocinado por un grupo de parlamentarios, encabezados por el Diputado UDI Issa Kort.
En honor a la verdad, esa iniciativa fue presentada físicamente el jueves 18 de octubre. Como corresponde, se da cuenta de ella en la sesión siguiente, esto es, el 30 de dicho mes.
Pues bien, las notas a los Ministros nunca fueron respondidas ni se acusó recibo de ellas. En conocimiento de la presentación de ambos proyectos -porque debo suponer que se lee la correspondencia- y pudiendo averiguar con facilidad el orden de su ingreso, el 7 de noviembre de 2012, a tres semanas de la presentación de nuestro proyecto y del envío de las notas informativas para solicitarle patrocinio, el Ejecutivo le asigna urgencia a la moción de los Diputados.
Apelando a un mínimo sentido de justicia y considerando que resta un tiempo prudente para las próximas elecciones, solicité al Gobierno, en la persona del Ministro Larroulet, corregir la situación, lo que no ha ocurrido.
Lamentablemente, la normativa vigente no permite refundir las iniciativas, por encontrarse en distinto trámite constitucional. En esa circunstancia, la Comisión de Gobierno aprobó la moción de los Diputados, dejando solo constancia de la nuestra.
Debo expresar que, incluso, la moción proveniente de la Cámara de Diputados incurría en un grave error al ligar la excusa al ejercicio del posnatal laboral, lo que excluía del beneficio a todas las mujeres que no trabajan remuneradamente. Nuestra proposición de ley sí las incluía.
Pese a que ello se corrigió, hago presente el punto para graficar que también desde el ángulo técnico nuestra moción estaba mejor concebida.
Señor Presidente, más allá de los créditos personales, el mayor logro de los parlamentarios es que las ideas contenidas en las iniciativas propuestas se aprueben. Pero sabemos que es asimismo relevante que se respete y reconozca la autoría de ellas, sobre todo cuando consta de un modo tan evidente como en este caso.
Todos conocemos las dificultades que enfrentan los parlamentarios para conseguir que sus proyectos avancen. Por ello, es lamentable que ocurra una situación tan injusta como la expuesta, y ya no por una circunstancia propia del trámite legislativo, sino por el apoyo de un tercero, el Ejecutivo, que, por sobre un mínimo sentido de justicia, privilegió factores que desconozco y que no me atrevo a calificar.
En consecuencia, junto con reiterar lo dicho en cuanto al mérito de los proyectos referidos a esta materia, insisto una vez más en la necesidad de buscar una solución que permita refundir mociones que se hallan en distintos trámites.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, tal como lo hice en la Comisión de Gobierno, aprobaré esta iniciativa de ley, por las razones que se indican en los fundamentos de la moción que le dio origen y por las que se aducen en el informe de dicho órgano técnico.
Empero, pediré que se vote separadamente la proposición contenida en la letra a) del número 1) del artículo único. ¿Por qué? Voy a explicarlo.
La idea matriz de un proyecto está fijada en sus objetivos. Y, conforme se expresa en la primera página del informe de la Comisión, en este caso el objetivo es "Establecer como causal de excusa para ejercer el cargo de vocal de mesas receptoras de sufragios en beneficio de la mujer en estado de embarazo o de puerperio.".
Si Sus Señorías van a la primera página del boletín comparado, verán que mediante la referida letra a) se establece una norma completamente ajena a la idea matriz de la iniciativa que nos ocupa.
En efecto, en el número 1) del artículo 44 de la ley N° 18.700, que dispone que podrá excusarse de desempeñar el cargo de vocal de mesa quien esté "comprendido entre las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 40;", se sustituye el punto y coma por la siguiente expresión: ", o haber sido designado miembro del colegio escrutador;".
A mi entender, dicha expresión es del todo extraña a la idea esencial de este proyecto, cual es permitirle a la mujer que se halla en estado de embarazo o de puerperio excusarse de la obligación de ser vocal de mesa.
Por lo tanto, pido votar separadamente la letra a) que se contiene en el número 1) del artículo único, a través de la cual se aborda una materia que se aleja de la idea matriz de esa iniciativa y, por tanto, debe ser objeto de otro proyecto de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- En todo caso, señor Senador, como ahora solo votaremos la idea de legislar, se fijará plazo para presentar indicaciones.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, ante todo, considero importante dejar constancia del planteamiento que hizo el colega Muñoz Aburto a propósito de la autoría de los proyectos, y en particular de la del que nos ocupa en este momento, que aborda una materia que primero fue objeto de una proposición de ley de Su Señoría, de la Senadora Rincón y de otros colegas, y con posterioridad, de una similar que se presentó en la Cámara de Diputados.
El Gobierno agilizó la tramitación de la iniciativa formulada en la otra rama del Parlamento. Entonces, cuando en la Comisión de Gobierno analizamos el tema, nos encontramos con el proyecto que despachó la Cámara Baja en primer trámite constitucional y con el que presentaron los Senadores mencionados.
Por consiguiente, además de la constancia que solicité dejar, hago presente la conveniencia de que el Ejecutivo sea más riguroso y respete la autoría de las iniciativas de ley, o a lo menos reconozca la coautoría en torno a los asuntos sobre las que se pretende legislar.
Ahora, considero que el proyecto en debate, tal como se encuentra planteado, tiene pleno fundamento. Y el problema que a través de él se procura resolver quedó de manifiesto en la última elección: mujeres que se hallaban en estado de embarazo o de puerperio se sintieron obligadas a desempeñarse como vocales de mesa pese a no encontrarse en condiciones adecuadas para cumplir las funciones pertinentes.
Por tanto, resulta indispensable corregir tal situación.
De otro lado, no estoy tan de acuerdo con el Senador Orpis en cuanto a la imposibilidad de incluir como causal de inhabilidad para desempeñar el cargo de vocal de mesa el haber sido designado miembro del colegio escrutador.
El artículo 44 de la ley N° 18.700 trata de las excusas que pueden presentar diversas personas cuando median las circunstancias allí enumeradas. Y si hay una omisión vinculada con la designación como integrante del colegio escrutador, yo me quedo con la interpretación de que eso está comprendido en la idea matriz, aun cuando haya dudas sobre el particular.
Tocante a la situación de quien no concurre a ejercer alguna de las funciones señaladas en el artículo 138 de la ley N° 18.700, la posibilidad que se abre mediante el número 3) del artículo único para excusarse post acto electoral me parece bien, pues muchas veces no es factible presentar la excusa oportunamente.
Por último, el artículo transitorio se enmarca igualmente dentro de la idea matriz de esta iniciativa, pues plantea una norma en virtud de la cual la sanción prevista en el ya citado artículo 138 no se aplica a quienes, con motivo del proceso eleccionario de 2012, teniendo una excusa válida, de las señaladas en el artículo 44 o de las incorporadas por la ley en proyecto, no pudieron presentarla en forma oportuna.
Por eso, señor Presidente, me parece del caso despachar esta iniciativa dentro de un plazo razonable, ya que, como pronto habrá elecciones, es conveniente que estas materias queden zanjadas.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero reiterar un hecho que, si se vuelve una constante, una regla general, va a generarnos conflictos.
El 17 de octubre del 2012 presentamos con el colega Muñoz Aburto un proyecto -adhirieron a él los Senadores señora Rincón y señor Rossi- que abordaba la misma temática que el que nos ocupa en este instante. Esta última iniciativa, de las Diputadas Hoffmann, Sepúlveda, Saa y Pascal y de los Diputados Cardemil, Godoy, Melero, Araya, Kort y Saffirio, ingresó el 30 de ese mismo mes.
Está claro, pues, que el ingreso de nuestra proposición de ley fue anterior.
Yo felicito a este Gobierno y a los parlamentarios del oficialismo. Porque, a decir verdad, durante las Administraciones precedentes muy difícilmente nosotros conseguíamos patrocinio para nuestras mociones.
Hoy día hay un Gobierno que, al parecer, sí escucha a sus parlamentarios y les patrocina con gran rapidez sus iniciativas, pese a la existencia de otras exactamente iguales ingresadas con anterioridad por otros Senadores o Diputados.
Sabemos que ninguna norma obliga a priorizar la tramitación de los proyectos según el momento en que entran al sistema legislativo. Pero uno espera siquiera una mínima muestra de fair play y que se recojan los textos conforme al orden en que llegan a la respectiva Cámara.
Yo quiero recordar que con la Presidenta Bachelet al menos se logró que en el texto del Diario Oficial (¿alguien se ha preguntado quién lee el Diario Oficial en Chile...?; de partida, ninguno de nuestros electores, salvo los leguleyos y quienes se interesan en las cuestiones jurídicas) apareciera una frasecita.
Cuando se aprueba una ley, el Parlamento no existe (no existen ni la Cámara de Diputados ni el Senado): solo aparecen las firmas del Ministro del ramo y del Presidente de la República. Pero al menos va una frasecita que, haciendo referencia al proyecto, dice "originado en una moción de...".
Exactamente cinco palabras, las que, en todo caso, no dan cuenta del esfuerzo real que despliegan los miembros del Congreso Nacional para presentar mociones y hacer debates parlamentarios.
Ahora, señor Presidente, debo puntualizar que no es primera vez que nos ocurre lo que planteó el Senador Muñoz Aburto.
El 13 de agosto de 2008 presenté un proyecto de ley -se tramitó a la Comisión de Transportes- destinado a sancionar al conductor que huye del lugar de un accidente automovilístico en el que es protagonista.
El 28 de julio de 2010 mi colega y respetado Senador Francisco Chahuán presentó uno idéntico, que establece un nuevo régimen de penas en caso de fuga.
El mío se fue a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y ahí duerme el sueño de los justos.
Señor Presidente, más allá de los reparos formulados, quiero expresar, tocante al proyecto de ley en debate, que es relevante establecer la excepcionalidad propuesta, porque no se encuentra consignada en forma expresa. Hay que abreviar el debate, dejar lo menos posible a la interpretación.
El artículo 44 de la ley Nº 18.700 señala las siguientes justificantes:
"1) Estar el vocal comprendido entre las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 40;
"2) Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante más de trescientos kilómetros o con la que no haya comunicaciones expeditas, hecho que calificará la Junta;
"3) Tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las Mesas, otras funciones que encomiende esta ley;
"4) Tener más de setenta años de edad;
"5) Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función (...);
"6) Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las Mesas Receptoras...".
La redacción de la eximente número 5) no resulta clara respecto a las mujeres encinta o en período de lactancia, ya que ello se considera habitualmente "un estado" y no necesariamente inhabilitante, lo cual queda sujeto al criterio de la junta electoral correspondiente.
O sea, encontrarse embarazada es un estado, no constituye una imposibilidad mental. Por lo tanto, esa situación debe quedar diferenciada en el numeral pertinente.
Tal como está la norma, no resulta concordante con la importancia que nuestro país le está atribuyendo a la maternidad. Esto se expresa, por ejemplo, en la ley Nº 20.545, que extendió el posnatal a seis meses para, entre otros objetivos, favorecer el apego materno.
Las largas jornadas de votación y la situación de encierro y calor derivada de la época del año en que se realizan las elecciones no resultan apropiadas para las personas en estado de gravidez, aparte que representan un inconveniente difícil de sortear por las mujeres cuyos hijos tienen pocos meses de vida.
En las últimas elecciones yo vi en una cajita de votos a una guagüita de aproximadamente dos meses. Pero su madre había decidido ser vocal de mesa; y le gustó desempeñarse como tal.
Entonces, la aplicación de la eximente pasa a veces por la voluntad de la persona. Si quiere excusarse, lo plantea y será eximida. Si cree estar en condiciones de acometer la labor respectiva, la realizará.
Por lo anterior, la circunstancia de estar embarazada y la de tener hijos de pocos meses de edad deben incorporarse como eximentes para ejercer el cargo de vocal de mesa. Ello protege la salud tanto del hijo cuanto de la madre. Y, también, resguarda la credibilidad y el buen criterio; porque actualmente la decisión depende de las juntas electorales, en las que a veces no prima el buen juicio.
Creo, pues, que debemos efectuar la modificación planteada. Yo voy a votarla favorablemente, por las razones que mencioné en cuanto a la necesidad de legislar sobre la materia. Y ojalá podamos contar con el espacio suficiente para establecer algunos criterios sobre la forma de tramitar los proyectos de ley, a fin de que todos los parlamentarios tengan la oportunidad de que sus mociones se traten en la Sala.
Anuncio mi voto afirmativo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
El señor PROKURICA.- Me parece bien.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Voto de inmediato a favor del proyecto, señor Presidente.
Yo entiendo las reacciones de molestia que tienen algunos Senadores cuando no se hace un reconocimiento explícito -en el mensaje, por ejemplo- a su condición de autores de determinadas iniciativas, pues a lo largo de nuestra historia como congresistas varias veces nos ha ocurrido que, tras haber presentado mociones sobre ciertas materias, ellas se han transformado en mociones de otros parlamentarios o en proyectos del gobierno de turno.
Sin embargo, creo que el fondo de la iniciativa pertinente es más importante que quién se lleva el aplauso.
En el caso que nos ocupa, creo que el proyecto es muy significativo, pues mediante él se le entrega a la mujer embarazada o en estado de puerperio la posibilidad de, en forma voluntaria, excusarse de cumplir la obligación de ser vocal de mesa.
Quienes luchamos por la voluntariedad del voto creemos que también ha de quedar en el ámbito de la voluntad de la mujer que se halla en una de aquellas situaciones la decisión de no desempeñar el cargo en comento y no ser objeto de las sanciones aplicables a los ciudadanos que no cumplen ese deber que contempla nuestro ordenamiento jurídico.
Me parece muy justo eximir de la carga en cuestión a las mujeres embarazadas o en estado de puerperio, ya que hay que resguardar su salud y la del hijo que está por nacer, bienes jurídicos protegidos por nuestra Carta Fundamental.
Entonces, considero muy necesario que aprobemos la iniciativa en votación, que constituye un avance en la materia que mediante ella se aborda.
Sin duda, es deseable que siempre quede consignado el nombre de los autores de las mociones. Empero, no podemos perder el foco en el sentido de que siempre lo más relevante es que los proyectos respectivos se saquen adelante.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hago presente que este proyecto es de rango orgánico constitucional y que, por consiguiente, para aprobar la idea de legislar se requieren 21 votos favorables.
Conforme al Reglamento, aún quedan dos minutos y medio para que se cumpla el tiempo durante el cual debe llamarse a los señores Senadores a fin de que emitan su pronunciamiento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa tiene como objetivo proteger la maternidad. Y por eso esta materia se ha planteado en varias mociones -una de ellas, de la entonces Diputada Lily Pérez- a los efectos de establecer como excusa para no cumplir la obligación de ser vocal de mesa el hecho de que una mujer se encuentre embarazada o en estado de puerperio.
Eso también dice relación con la voluntad del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en términos de la protección a la maternidad, decisión que quedó de manifiesto particularmente con la extensión del posnatal a seis meses, medida que se transformó de sueño en realidad durante nuestro Gobierno.
Por lo mismo, consideramos que la ley en proyecto tiende no solo a proteger la salud de la madre y la de quien está por nacer, sino también a que se otorguen los cuidados adecuados tras registrarse el parto.
Creemos, por ende, que esta iniciativa va en la línea indicada y que tenemos que apoyarla.
En definitiva, les pido a los señores Senadores que la voten favorablemente.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero referirme a lo planteado por el Senador señor Orpis en el sentido de que resulta extraño que se haya incorporado en el numeral 1) del artículo 44 de la ley N° 18.700, dentro de las causales para excusarse de cumplir la obligación de desempeñar el cargo de vocal de una mesa receptora de sufragios, el haber sido designado miembro del colegio escrutador.
Me parece lógico que una persona designada miembro del colegio escrutador no sea al mismo tiempo vocal de mesa.
Sin embargo, le encuentro razón a Su Señoría en cuanto a que, en estricto rigor, esa causal no estaba dentro de las ideas matrices del proyecto, que, en mi opinión, se refieren a "la facultad de excusarse de la obligación de ser vocal de mesa para las mujeres en estado de embarazo o de puerperio". Y aquí se está haciendo una consideración de carácter general, para los dos sexos. Aun cuando la observación resulta lógica, también la considero ajena a la idea matriz.
Sin embargo, dado que se trata de un proyecto de artículo único, no tengo inconveniente en aprobarlo.
Lo que sí quiero consultar -no sé si se encuentra presente algún miembro de la Comisión de Gobierno- dice relación con que, en el caso de una mujer en estado de embarazo o de puerperio, parece completamente razonable que, así como le estamos dando la opción de excusarse para desempeñar el cargo de vocal en una mesa receptora de sufragios, le permitamos igualmente hacerlo en cuanto a integrar un colegio escrutador si es designada como tal por la respectiva junta electoral.
Desconozco si las inhabilidades son las mismas en los dos cargos, pero me parece que donde existe la misma razón debe existir la misma prohibición y que es totalmente procedente, si para ser vocal estamos contemplando una excusa con relación a las mujeres que se encuentren en los estados ya señalados, que hagamos otro tanto en cuanto a ser miembro del colegio escrutador.
Normalmente, señor Presidente, los proyectos de artículo único se resuelven en una sola votación y pasan al trámite siguiente. A mi juicio, el que nos ocupa amerita, para revisar las materias que he señalado, su vuelta a Comisión, y así lo sugiero.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, creo que la iniciativa se va a aprobar por unanimidad, porque es de toda lógica, pero deseo aprovechar solo para plantear un aspecto relativo al tema.
Estamos haciendo referencia a la posibilidad de que las mujeres que esperan guagüita o que están "amamantando", como se dice en términos tradicionales, se excusen -y ello nos parece razonable- de participar en el proceso electoral como vocales de mesa.
Cuando se ha planteado acá la regulación de las relaciones de hecho, generalmente se enfoca todo desde el punto de vista de liberales frente a conservadores, de la situación de gente menos formal o que no quiere casarse; pero estimo que deberíamos tener en cuenta que se trata de hacer frente a cuestiones que hoy día no están quedando comprendidas. Muchas veces, en cuanto a los parentescos por consanguineidad o a los cónyuges -no son parientes, entre paréntesis-, la legislación establece ciertas inhabilidades o prohibiciones respecto de la contratación, lo que no se aplica a los otros vínculos.
Lo que quiero exponer es que con los vocales de mesa ocurre algo similar. Y lo consigno por experiencia propia. Fui candidato a Senador y mi pareja durante 20 años salió sorteada vocal de mesa en Valparaíso, pero, jurídicamente, no le afectaba la inhabilidad que contempla la ley, porque no estamos casados. Sin embargo, ¿cuál es el espíritu de la disposición legal? El de evitar que quienes puedan tener un fuerte interés creado participen del proceso de contar votos. Entonces, lo que se hizo fue enviar un escrito al Servicio Electoral para explicar la situación, y el organismo no respondió. O sea, se corrió, para ser franco.
En consecuencia, ¿qué tenía que hacer Gloria Peña Tapia, la persona a que me refiero? Por ley, estaba obligada a presentarse como vocal, salvo que llegara tarde o que no se constituyera la mesa; pero si iba a serlo, faltaba al espíritu del ordenamiento, desde el punto de vista de que tenía un interés creado.
Entonces, deseo consignar que se registran vacíos en relación con las parejas de hecho, situación que no da únicamente para sostener una discusión valórica profunda, sino también para tenerla presente en materia de inhabilidades o de salvaguardar el espíritu de la ley en el caso de ciertas incompatibilidades.
Voy a apoyar el proyecto, pero solo plantearé que la excusa ante la obligación de ser vocal de mesa se aplica también en el ámbito, muy importante, de otros aspectos que no han sido considerados.
Dejo constancia de que en esa mesa, en todo caso, no me fue muy bien, señor Presidente. Es lo que noté que el Senador señor Chahuán conversaba con el Honorable señor García-Huidobro. Cuando menciono que no me fue muy bien, quiero decir que saqué la primera mayoría, pero no con la misma diferencia que obtuve en las demás.
--Por 26 votos a favor, se aprueba en general el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Dado el tenor de la discusión, la Mesa sugiere fijar hasta el 14 de enero, a las 12, el plazo para presentar indicaciones
Boletín N° 8485-10
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de Bangladesh sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, suscrito en Santiago, Chile, el 28 de julio de 2011. El asunto ha sido informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8485-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 4 de septiembre de 2012.
Relaciones Exteriores: sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal que se persigue es la exención a la cual se ha hecho referencia.
La Comisión acogió la iniciativa por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, Kuschel, Letelier, Pizarro y Tuma.
Boletín N° 8574-10
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional Contra la Corrupción como Organización Internacional, suscrito en Viena el 2 de septiembre de 2010. El asunto ha sido informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8574-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito del instrumento es constituir como Organización Internacional a la Academia mencionada.
La Comisión lo discutió en general y en particular, y lo sancionó por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Coloma, Kuschel, Letelier, Pizarro y Tuma.
Cabe hacer presente que se requieren 19 votos para acogerlo, por incidir el texto en normas de quórum calificado.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 21 señores Senadores se pronuncian a favor.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, con el objeto de solicitarles información respecto de POSIBILIDAD DE DAÑO AMBIENTAL EN SECTOR PANTANILLO DE SITIO RAMSAR COMPLEJO LACUSTRE LAGUNA DEL NEGRO FRANCISCO-LAGUNA SANTA ROSA, TERCERA REGIÓN.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de pedir antecedentes relativos a INVESTIGACIÓN SOBRE INCENDIO DE COMPLEJO FRONTERIZO "CARDENAL SAMORÉ", COMUNA DE PUYEHUE.
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole RACIONALIZACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO Y REGULACIÓN EN ÁREAS ALEDAÑAS.
A la señora Ministra de Obras Públicas, para que considere la conveniencia de PUENTE SOBRE ESTERO BUILL Y PROLONGACIÓN DE CAMINO HACIA EL SUR; ASFALTAMIENTO EN PENÍNSULA DE AYACARA, ENTRE POYO Y BUILL, Y RUTA DE POYO A CALETA VELERO.
A los señores Ministros de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, pidiendo COMPENSACIÓN DE COSTOS EN COMBUSTIBLE E INSUMOS PARA TRANSPORTISTAS DE REGIÓN DE MAGALLANES; al señor Ministro de Desarrollo Social, requiriendo ESTADÍSTICAS SOBRE DENUNCIAS DE MALTRATO A ADULTOS MAYORES Y EVOLUCIÓN ENTRE 2011 Y 2012; al señor Ministro de Educación, para consultar acerca de INVERSIÓN DE PROGRAMA MECESUP EN AVISOS PARA CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS EN UNIVERSIDADES y de FACTIBILIDAD DE RESPALDO A PROYECTO SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO ÚNICO Y EN LÍNEA DE PROFESIONALES TITULADOS; al señor Ministro de Salud, a fin de que informe sobre INICIATIVAS PARA RADICACIÓN DE ESPECIALISTAS EN REGIÓN DE MAGALLANES, y al señor Ministro de Bienes Nacionales, con el objeto de que proporcione antecedentes de LICITACIONES DE BIENES NACIONALES EN PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA.
Al señor Comandante en Jefe de la Armada, con el objeto de consultar respecto de NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD DE PERSONAS ANTE LOBOS MARINOS EN SECTOR DE RESTAURANTES EN TALCAHUANO; al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, para preguntar acerca de CANCELACIÓN DE GASTO EN FUNERALES POR GENDARMERÍA CON MOTIVO DE INCENDIO EN CÁRCEL DE SAN MIGUEL; al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitando información sobre SUPUESTO MALTRATO ANIMAL EN CIRCO LAS MONTINI; al señor Superintendente de Valores y Seguros, pidiendo antecedentes acerca de ACTUACIÓN DE LIQUIDADORES DE SEGUROS Y FISCALIZACIÓN y de PÓLIZA DE SEGURO DE ENAP POR DAÑO ANTE DERRAME DE HIDROCARBUROS EN BAHÍA SAN VICENTE, COMUNA DE TALCAHUANO, EN 2007, y al señor Alcalde de Talcahuano, consultando por NORMATIVA PARA SEGURIDAD DE PERSONAS ANTE PRESENCIA DE LOBOS MARINOS EN SECTOR DE RESTAURANTES.
El señor ESCALONA (Presidente).- En Incidentes, los Comités Partido por la Democracia, Radical Social Demócrata, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional e Independientes no intervendrán.
En el turno del Comité Movimiento Amplio Social, que dispone de dos minutos, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Comité Socialista me cedió su tiempo, al igual que el Comité Partido por la Democracia, pero usted fue muy rápido y el Senador señor Tuma no alcanzó a materializarlo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría puede usar el del Partido Socialista, ya que ha solicitado...
El señor NAVARRO.- Junto con el mío.
El señor ESCALONA (Presidente).- Cuenta con diez minutos.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nos hemos informado por la prensa de que FONASA va a eliminar a 470 mil afiliados de isapres inscritos en consultorios. Ello podría ser una buena noticia, porque si la gente se encuentra sujeta a planes del seguro privado de salud, entonces es este último el que tiene que cubrir el gasto, y no los consultorios, que atienden, mayoritariamente, a los beneficiarios de FONASA o a quienes se hallan ligados, a través del per cápita, a la atención en la salud pública.
Las municipalidades, que administran la salud primaria, dejarán de percibir unos 20 mil millones de pesos en 2013, porque estas personas no van a seguir siendo parte del per cápita, lo que mermará entre el 15 y el 20 por ciento, de acuerdo con los alcaldes, los presupuestos ya aprobados. Es una mala noticia para comenzar el año, particularmente tratándose de municipios de sectores populares, que enfrentan problemas de endeudamiento y proporcionan muchas más prestaciones y atenciones que las correspondientes al presupuesto que reciben por el concepto a que he hecho referencia.
El 15 de diciembre recién pasado todas las comunas que administran salud entregaron a FONASA sus nóminas de beneficiarios, para que el seguro público de salud les asigne recursos por ellos, en lo que se conoce como "per cápita de salud".
El Senador que habla es afiliado a ese organismo desde hace más de 32 años y estima que este ha crecido y generado una atención de calidad, lo que hoy día lo lleva a atender a más del 70 por ciento de los chilenos. Y todos estamos por protegerlo, pero también por que no caiga el per cápita en los consultorios, porque, si ello ocurre, disminuirá el financiamiento y los afectados serán los más pobres, quienes se atienden en esos establecimientos.
Uno de los mayores logros expuestos por el señor Ministro de Salud con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos es el alza de dicho índice. Hoy día, por cada persona inscrita, a un consultorio le llegan 3 mil 100 pesos. A partir de 2013 recibirá 3 mil 500 pesos. Lo anterior, sin contar indexadores como los de pobreza o de ruralidad, que mejoran la cifra.
Sin embargo, FONASA ya notificó a cada una de las comunas que no se entregarán recursos por el total de la nómina presentada. Por ejemplo, en La Granja se pagarán 20 mil beneficiarios menos; en La Florida, 5 mil; en Lo Prado, 9 mil, y en Pucón, 20 mil.
Señor Presidente, solicito que se oficie a dicho organismo y al Ministerio de Salud, a fin de que se nos envíe un detalle de cuánto van a descender los aportes en cada una de las 54 comunas de la Región del Biobío.
Sería muy importante que esa información estuviera disponible también con relación a todas las comunas del país, para advertencia de parlamentarios y alcaldes.
En definitiva, serán exactamente 470 mil 209 las personas por las cuales el Estado no pagará a los municipios. Y por una sola razón: según los registros de FONASA, se trata de usuarios de isapres.
Esta situación pone en jaque a los alcaldes, que ya tienen aprobado el presupuesto local. Los estudios se verificaron pensando en el per cápita que se registraba: ahora ello tendrá que ser modificado. Se observará un impacto negativo en la atención de los consultorios de salud en todo Chile y quiero conocer la dimensión que alcanzará.
Pienso que debería haberse considerado una gradualidad, un proceso de transición. No puede ser que de la noche a la mañana se dejen de percibir cientos de millones de pesos, porque ello va a generar mayores problemas.
El 31 de diciembre recién pasado visité el consultorio de Penco y el hospital de Lirquén, y se plantea el problema de que las horas disponibles para la atención son claramente insuficientes, a pesar de los esfuerzos de sus directores y de las mejoras en infraestructura. Esta última es extraordinaria en el segundo de esos establecimientos y no tiene nada que envidiarle a una clínica privada.
Hemos conversado sobre el particular con Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Penco recién elegido y en ejercicio.
Todavía hay gente que llega a hacer cola a las 5 y media o un cuarto para las 6 de la mañana, en circunstancias de que el consultorio recién abre a las 7. Aunque se trabaje por lograr un ordenamiento, se está frente a un problema cultural.
Se requiere una revisión de los procedimientos, porque efectivamente faltan horas de atención y especialistas, pero el mecanismo de la reserva por teléfono también se ha ido desechando y ha ido desapareciendo, y de nuevo se observan en los consultorios, de madrugada, con frío, colas de hombres, mujeres, ancianos, niños y guaguas en condición de amamantamiento que esperan ser atendidos.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro de Salud; al señor Director del Servicio de Salud Concepción, y a los alcaldes de cada una de las comunas de la Región del Biobío, a fin de que nos den a conocer qué medidas se pueden implementar, con apoyo del Ministerio, para que el aumento del per cápita de 3 mil 100 pesos a 3 mil 500 permita paliar en parte, si ello es posible, las deficiencias.
Repito que el sistema de reserva de horas de atención no está funcionando y que la gente nuevamente está padeciendo los inconvenientes de una situación que creíamos eliminada.
En cuanto a los usuarios de isapres inscritos en consultorios, no existe certeza, según el Director Nacional del FONASA, Mikel Uriarte, de que se atiendan en el sector público de salud.
Señor Presidente, pido que el Director Nacional nos informe respecto de si el mecanismo de selección se encuentra actualizado, porque, con la alta rotación en el empleo, se puede contratar a trabajadores que se afilian a una isapre y que al quedar cesantes vuelven a FONASA. No vaya a ser cosa que miles de ellos hayan perdido sus ocupaciones o las hayan cambiado y se encuentren en esa situación. Si son excluidos como beneficiarios, será una injusticia.
La fiscalización de FONASA sobre los recursos que administra ya llevó a reubicar a unos 2,5 millones de personas dentro de los distintos grupos, señala el informe publicado en la prensa, pero la cuestión de fondo va a persistir: se mantendrá el déficit en los consultorios.
Los alcaldes reclaman por la poca información entregada sobre la reducción de la nómina de beneficiarios. "O los borraron por secretaría," -señala un jefe comunal- "o hay un error computacional, o hubo una decisión política de aumentar el aporte, pero disminuir la cantidad y así gastar la misma plata que antes".
Este es un hecho real que tiene que ser aclarado. Si me dicen que aumentamos, con nuestros votos, el ingreso per cápita de salud, pero se sabía que iban a bajar la cantidad de beneficiarios y, por lo tanto, los aportes, entonces me parece que cometimos un error y que habría mediado un vil engaño. No creo en esa tesis. Pienso que hay un ajuste, mas este tiene que ser explicado.
Dejar de percibir entre 15 y 20 por ciento del presupuesto asignado va a afectar a la gente. Ello redundará en que empeore la calidad de la atención.
En Puente Alto, por ejemplo, la lista se redujo en 19 mil beneficiarios, lo que impactará en una disminución de alrededor de mil millones de pesos en el presupuesto. ¡Y esa es una suma significativa para uno de cualquier tamaño!
Son 20 mil millones de pesos los que dejarán de recibir las comunas luego de detectarse la situación. Y ello tiene que ser aclarado.
En muchas de ellas donde hay empresas forestales, como sucede en especial en las correspondientes a las provincias de Arauco y de Concepción, en la Región del Biobío, numerosos trabajadores han sido incorporados a isapres por sus empleadores, pero las familias se hallan inscritas en consultorios. Porque, además, el sueldo no les alcanza. Se trata, entonces, de una fantasía.
En consecuencia, señor Presidente, pido también oficiar a la Dirección del Trabajo para que se lleve a cabo la fiscalización que proceda. En el caso del personal contratado por las empresas forestales de la Octava Región que se halla afiliado a una isapre, es esta última la que tiene que cubrir la atención de salud y no los consultorios, lo que constituye el fondo del problema. Es algo que debe verificarse a la brevedad.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a los alcaldes y a los directores de todos los consultorios de las comunas de la Región del Biobío, con el objeto de que se enteren de los esfuerzos que estamos haciendo para corregir el error en que se incurrió.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el turno de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra.
No se hará uso de ella.

References: artículo 3
 Artículo 381
 Artículo 5
 artículo 207
in fine
 resolución 
 artículo 65
 artículo 12
 artículo 3
 resolución 
 artículo 1
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 127
 artículo 44
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 40
 artículo 44