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Timestamp: 2017-09-23 18:12:57+00:00

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Sentencia T.S.J. Cantabria 600/2013 de 26 de julio. Despido nulo. Vulneración de derechos fundamentales. Libertad de expresión - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cantabria 600/2013 de 26 de julio
Despido nulo: Vulneración de derechos fundamentales. Principio de indemnidad. Indicios de discriminación por vindicación. Falta de justificación por la empresa de la decisión extintiva.
Ilma. Sra. D.ª MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA (PONENTE)
En el recurso de suplicación interpuesto por la Federación de Servicios de UGT FeS-UGT) contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Uno de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA, quien expresa el parecer de la Sala.
Primero.—Que según consta en autos se presentó demanda por D.ª María Teresa siendo demandada la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Cantabria, con intervención del Ministerio Fiscal, sobre Despido y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 25 de Marzo de 2.013 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
1.º- La demandante, doña María Teresa, ha venido prestando servicios profesionales para la demandada FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA, con antigüedad reconocida desde 27 de mayo de 2007, categoría de Técnico Medio D y salario de 67,32 euros brutos diarios incluida la parte proporcional de pagas extras en función de una jornada laboral de 35 horas semanales.
2.º- A la relación laboral le resulta de aplicación el Convenio Colectivo Marco de la Unión General de Trabajadores.
3.º La relación laboral se concertó inicialmente mediante contrato de trabajo de duración temporal eventual por circunstancias de la producción de fecha 29 de mayo de 2007 para prestar servicios con la categoría de administrativo con jornada de 17,54 horas semanales y duración desde el 29 de mayo de 2007 hasta el 28 de noviembre de 2007.
El 29 de noviembre de 2007 se suscribió contrato de duración determinada por obra o servicio determinado con categoría de Administrativo Especialista, jornada de 22,5 horas semanales y duración hasta el 28 de febrero de 2009.
El 1 de enero de 2009 ambas partes suscriben contrato por obra o servicio determinado, con la misma categoría, jornada de 35 horas semanales y duración hasta fin de servicio.
El contrato se convirtió en indefinido en fecha 1 de junio de 2010.
4.º.- Desde el 1 de abril de 2010 la demandante ostenta la categoría de Técnico Medio D.
5.º- La actora ha venido prestando servicios en el centro de trabajo sito en la C/ Rualasal de Santander.
Sus funciones han sido las de la preparación de papeleteas de conciliación de afiliados de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria, previa consulta con el interesado, y su presentación ante el Orecla.
6.ºLa actora ha publicado determinados artículos, como Abogada, en la revista de la Federación de Servicios de UGT Cantabria, la cual abona la cuota del colegio de Abogados de la trabajadora.
7.º- El 1 de marzo de 2011 la demandante y la demandada pactaron que a partir de abril de 2011 el horario de la trabajadora, sin perjuicio de la jornada de verano establecida por el Convenio Colectivo, sería el siguiente:
Lunes a Viernes seis horas en horario de mañana.
Dos días a la semana dos horas y media en horario de tarde (durante 2011 los martes y los jueves)
(Folio 88)
8.º- La demandante ha manifestado a diversas personas del Sindicato UGT en Cantabria que estaba muy descontenta con la Secretaria de Organización doña Fermina, manifestando que ésta estaba poco cualificada, le tenía envidia a aquella, la acosaba y había puesto a las compañeras de la Sección Sindical contra ella.
9.º- Don Ángel Daniel, responsable de la Asesoría Jurídica y Salud de la Federación, ha recibido varias quejas respecto de la demandante por haber dejado pasar el plazo para formular reclamaciones o por su comportamiento en consultas con los afiliados. (testigo Don. Ángel Daniel)
La demandante ha atendido a afiliados de otras federaciones del sindicato UGT (folio 240).
Las normas para el personal laboral de la Asesoría Jurídica de la Federación de Servicios de UGT establecen que únicamente se podrán llevar en dicha Asesoría expedientes de afiliados, así como expedientes que afecten a los sectores de la Federación de Servicios (folio264).
10.º- En fecha 15 de mayo de 2012 se celebró Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios de UGT Cantabria haciéndose constar en el Acta lo siguiente:
" Fermina:
Vuelve a reiterar su queja, sobre la trabajadora que tenemos en la Federación.
Seguimos en la misma situación de siempre, haciendo lo que nos da la gana, no existe ninguna coordinación, a ningún nivel, en la Federación y menos desde que solo comparte con el Secretario General.
Ángel Daniel ya ha desistido de llevar ninguna coordinación con ella en él tema de la Asesoría Jurídica, con todos los problemas que ello conlleva.
Hasta ahora se ha abonado por parte de la Federación más de 4.000€ en indemnizaciones, por expedientes que se le han pasado de plazo.
Se le sigue pagando el Colegio de Abogados, y cuando hay un problema el Colegio no se hace cargo y es la Federación la que tiene que pagar.
El último recibo me le dio a mí para que se le pagara y le dije que no, y fue el Secretario General el que se le abonó mediante un talón, que no sé quién fue la persona que le hizo la segunda firma.
El Secretario General comenta que fue él quien hizo las dos firmas.
Esta situación es insostenible, no se puede trabajar así, hay que tomar alguna decisión al respecto.
Sigue dando malas contestaciones, desaparece cuando la da la gana y nadie sabe dónde está, sigue vertiendo comentarios por todos los sitios, la gente sabe más cosas de la Federación que nosotros mismos.
Es intolerable que a mí me llamen por teléfono para comentarme:
El Secretario General, come todos los días fuera de casa.
La mujer del Secretario General se va de viaje a cuenta de UGT
Que tenga mucho cuidado y que me cubra las espaldas.
Hasta cuándo se va a permitir todo esto.
Yo desde luego no lo voy a seguir aguantando más y como dice el compañero Dionisio o esto se soluciona o de lo contrario la próxima en marcharse voy a ser yo. Lo único que siento es que son los afiliados los que van a pagar todo esto y que no se nos olvide que nosotros estamos ahí para dar un servicio a los afiliados.
Todos los miembros de la Ejecutiva comentan que ellos rio han oído nada, ni saben nada y que su trato con ella es muy cordial.
El Secretario General comenta que él no tiene ningún problema.
Dionisio propone que se haga otra reunión de Ejecutiva, donde esté presente Ángel Daniel, y Jesús, comenta que en ese caso esté también presente la trabajadora.
El resto de los miembros están de acuerdo, y se queda para el día 4 de Junio de 2012 a las 9.30 horas."
11.º- El 25 de mayo de 2012 la Secretaria de Organización de la demandada entregó a la demandante carta con el contenido siguiente:
"Conforme a las manifestaciones realizadas, el pasado 4 de junio de 2012, en la comparecencia que efectuaste ante la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios de U.G.T. Cantabria, deseo trasladarte lo siguiente, con respecto a! horario:
. Desde el comienzo de tu relación laboral se te ha pedido que realices el horario que marca el Convenio Colectivo de los Trabajadores de U.G.T., en concreto, treinta y cinco horas semanales, nunca se te ha exigido más.
. Para que no se produzcan malas interpretaciones, desde el próximo 1 de julio hasta el 16 de septiembre, como ya conoces, tu horario será: de lunes a viernes desde las 9:00 horas hasta las 15:00 horas. (30 horas semanales). A partir del 17 de septiembre será cié lunes a viernes desde las 9:00 horas a las 14:00 horas en la mañana, y por las tardes de lunes a jueves de 17:00 horas a las 19:30 horas. Esto supone treinta y cinco horas semanales."
El 18 de julio de 2012 la actora interpuso demanda de impugnación de modificación sustancial de las condiciones laborales frente a esa decisión, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Social Número Tres de Santander, que señaló para la celebración del juicio el 2 de octubre de 2012.
En la fecha señalada para el juicio la demandada comunicó por escrito a la trabajadora el siguiente horario de su jornada de 35 horas semanales:
Lunes a miércoles de 9 a 14 horas.
Jueves y viernes de 9 a 14:30 horas.
Lunes a miércoles de 16:30 a 19:30 horas.
A la vista de dicha comunicación la actora desistió de la demanda el mismo día por acuerdo extrajudicial (folio 252).
12.º- El 30 de mayo la Secretaria de Organización de Fes UGT Cantabria entregó a la actora carta con el siguiente tenor literal:
"Este año en el mes de marzo tuvimos conocimiento de que realizabas expedientes ajenos de la Federación de Servicios, en ese momento se te recordó, al igual que en el inicio de tu contrato, que mientras estuvieses trabajando en UGT estaba prohibido terminantemente llevar expediente alguno. Pues bien, en tres ocasiones diferentes después del mes de marzo y al margen de las indicaciones realizas, hemos vuelto a tener conocimiento de la gestión, por tu parte, de expedientes ajenos a la federación. En cada uno de estos expedientes conocidos se te ha vuelto a indicar la prohibición existente en toda la organización. Es más, este incumplimiento nos ha generado problemas con otras Federaciones, las cuales han llegado a trasladarnos sus quejas por escrito (hecho que te he informado personalmente en el caso de FETESE).
En la última reunión del Departamento de Asesoría Jurídica celebrada el pasado 20 de mayo y, a consecuencia del expediente de varios trabajadores de Ferralla y Mallazos Cantabria, se te comento, una vez más, la prohibición de llevar expedientes ajenos a la Federación tanto a nivel particular como laboral. No es la primera vez, como te he comentado anteriormente, que se te trasladaba ésta decisión interna de la Federación, además de ser una norma del conjunto de las distintas Federaciones de la Unión General de Trabajadores de Cantabria. Pues bien, esto supone una falta disciplinaria reiterada en el tiempo, que no debe volver a suceder.
En el caso de que se produzca un nuevo caso de desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, se procederá a adoptar las medidas disciplinarias correspondientes por parte de la organización."
(Folio 233)
13.º- El 4 de junio de 2012 se celebró Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios de UGT Cantabria, en cuyo Acta consta lo siguiente:
"Tal y como se acordó en la anterior Reunión de Ejecutiva, debido a las cuantiosas quejas, errores en los expedientes y el alto costo de las indemnizaciones que ha debido afrontar la Federación (+ 4.000 €), se procede a escuchar a la trabajadora María Teresa, para que explique los problemas detectados últimamente con referencia a su trabajo.
La trabajadora refiere:
. Realizar una jornada de trabajo superior a la que tiene en convenio, en concreto 50 horas a la semana y haciendo cuentas ella calcula que tiene unos seis meses en exceso de jornada y tiene un volumen de trabajo de 500 expedientes, no especificando si en una semana, un mes, un año o desde que comenzó su relación laboral..
.Que todos los errores y fallos que se han producto en su trabajo son debidos a su actual situación psicofísica y al tratamiento que debe de tomar por la misma.
.Que las actuaciones realizadas por La Secretaría de organización (cierre de armarios, deber de informar cuando se ausenta de su trabajo, no recibir información de las cuestiones propias de la federación) son consideradas como acoso hacia su persona.
.Que dado el carácter colegiado de la Comisión Ejecutiva de FES, toda ella, será responsable de las actuaciones derivadas del expediente, que de oficio ha abierto la Inspección de Trabajo, a instancias de su médico de cabecera.
.Que la trabajadora considera que la Secretaria de Organización, y en cita textual, es una trepa.
.Que el responsable de la Asesoría Jurídica de la Federación le comunica en el mes de febrero que no se van a realizar más reuniones de coordinación, entre ambos.
Preguntada por si alguien la está obligando a venir a trabajar en su estado, la trabajadora responde que no.
A continuación se procede a escuchar al responsable de la Asesoría jurídica de la federación de Servicios.
D. Ángel Daniel refiere que:
. Desde hace más de un año viene comunicando al Secretario general la imposibilidad de coordinar a la trabajadora, dado que, como ha quedado demostrado en varias ocasiones, la trabajadora solo informa de algunos aspectos de su trabajo al Secretario General.
. En el mes de febrero ha comunicado al Secretario General de la Federación su desistimiento de llevar la coordinación de la trabajadora María Teresa, en los asuntos referidos a los expedientes llevados por la Asesoría jurídica, dada la reticencia a ser coordinada y la falta de trabajo en equipo de la trabajadora. A lo que el Secretario General le informa que la coordinación de la trabajadora va a ser realizado por él mismo, a partir de ese momento.
. Se han producido numerosos fallos en la tramitación de los expedientes.
. Se han tramitado expedientes pertenecientes a otras federaciones, hecho totalmente prohibido y del que la trabajadora esta en conocimiento.
. Se han recibido numerosas quejas sobre la trabajadora, tanto por escrito como verbales, por de otras federaciones como de la Asesoría jurídica de ÜGT.
Escuchadas ambas versiones.
La Secretaria de Organización expone que:
. El cierre de los armarios se debe a la desaparición de varios objetos y documentación de la Federación, así como el acceso a documentación cuyo uso y conocimiento es única y exclusivamente de los miembros de la Comisión Ejecutiva (libros de cuentas, circulares y documentación). Habiéndose notado en varias ocasiones que algunos expedientes han sido cambiados de ubicación.
. Los insultos vertidos por la trabajadora son una falta de respeto muy grave hacia su persona.
. En lo referente a la información a la que refiere la trabajadora que la ha sido negada, comunica que la única información no suministrada es la de carácter interno de la federación. Toda información que atañe a su trabajo le ha sido facilitada.
. Entiende que si la trabajadora debe de ausentarse de su puesto esta debe comunicar a algún miembro de la Comisión Ejecutiva el motivo y el tiempo de su ausencia, tal y como realizan todos los trabajadores de UGT.
. Desde que el 31/05/2011 se le enviara carta de apercibimiento, debido a una queja de FCHTJ, toda relación laboral y de coordinación de la trabajadora con la Federación es llevada personalmente por el Secretario General.
. Se ha comprobado que todos los temas tratados en esta Comisión ejecutiva son comunicados a la trabajadora María Teresa por algún miembro de esta ejecutiva.
. Recordando a todos los presentes que los asuntos tratados en estas reuniones son de carácter confidencial y limitados a los propios componentes de la Comisión Ejecutiva
El Secretario Generar finaliza la reunión comunicando:
. Ser el responsable de esta situación a la que se ha llegado y que en próxima reunión se acordarán las medidas a adoptar. Siguiendo él como responsable de la coordinación de la Asesoría Jurídica hasta la toma de las decisiones oportunas."
14.º- El 1 de septiembre de 2012 doña Fermina formuló demanda de conciliación frente a la trabajadora para que se requiriera a esta para reconocer que efectuó las manifestaciones en la reunión de la Comisión ejecutiva de 4 de junio de 2012 con la finalidad de desacreditar a aquélla, que las actuaciones entre conciliante y conciliada se enmarcaban en el ámbito laboral y normal desempeño de sus responsabilidades y funciones y la falsedad de las imputaciones, calificativos y juicios efectuados por la trabajadora frente a la Sra. Fermina en la referida reunión, y se retractara de las mismas.
En fecha 15 de octubre de 2012 se celebró Acta de Conciliación ante el Juzgado de Primera Instancia Número dos de Santander que finalizó sin avenencia, haciendo consta la trabajadora la próxima interposición de denuncia o querella frente a la conciliante.
15.º- El 27 de septiembre de 2012 la actora presentó ante el Orecla papeleta de conciliación frente a la demandada solicitando que se le reconociera antigüedad desde 27 de mayo de 2007 y se le abonara por tal concepto la cantidad de 1.135,96 euros.
El 2 de octubre de 2012 la demandada manifestó por escrito que a la vista de la reclamación procedería a reconocer y abonar la antigüedad solicitada, y la trabajadora solicitó el archivo del Expediente iniciado ante el Orecla el 10 de octubre de 2012.
16.º- El 1 de octubre de 2012, don Juan Carlos, delegado de personal por el Sindicato UGT, hizo llegar a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios de UGT Cantabria un escrito con el siguiente contenido:
"Estimados/as compañeros/as de FES Cantabria,
El pasado día 13 de Septiembre me llegué por la Federación en Santander para recoger las camisetas que se iban a utilizar en la manifestación del día 15 de Septiembre en Madrid. Aunque por motivos familiares me fue imposible acudir a dicha manifestación, yo ya me había comprometido con FES en adquirir igualmente dichas camisetas.
En un momento de esa mañana, me quedé a solas en la Federación de Santander con María Teresa a quien le pregunté si iba a ir Madrid a la manifestación. Me sorprendió su respuesta al decirme que no iba porque había denunciado a la Federación debido a irregularidades con su horario de trabajo. Le pregunté lo que había pasado puesto que yo no soy conocedor de los problemas internos que tenga la Federación con sus empleados directos.
Me comentaba María Teresa el mal compañerismo existente y donde parece ser que todos van en su contra, dando a entender que le hacen la vida imposible y que es una situación inaguantable. Sin saber qué decir al respecto, María Teresa comenzó a hablar mal de Fermina, que era una mala persona y envidiosa, que mis compañeras de la Sección Sindical estaban influenciadas por ella y que no soportaba que María Teresa ganara más dinero que ella. Seguidamente, comenzó a criticar a mis compañeras de la Sección Sindical, que si ellas hablan mal de mí, que si me han ido poniendo verde en la Federación y que no me fiara de ellas. No supe qué decir frente a estas acusaciones puesto que yo jamás he hablado mal de ninguna compañera de la Sección Sindical y mucho menos de los compañeros de la Federación.
Ese mismo día por la tarde, teníamos programada una reunión de la Sección Sindical en la Federación de Maliaño para tratar diversos temas. Cuando vi el momento oportuno, les comenté a mis compañeras lo que me había dicho María Teresa por la mañana y que estaba muy molesto por ello y que por supuesto, quería una explicación de manera inmediata. Mis compañeras sorprendidas por mis palabras me dijeron que esas acusaciones no eran ciertas y que lo que pretendía María Teresa era ponerme a mí en contra de ellas debido a la situación que se había ido creando día a día en la Federación en Santander. Carmen, como portavoz de la Sección Sindical, dijo que iba a hablar con Eusebio para explicarle lo sucedido y que se tomarían las medidas oportunas ante esta situación.
El día 19 de Septiembre sobre las 19.00 h. recibo una llamada de María Teresa desde la Federación mientras estaba en la Asesoría Jurídica de UGT en Santander con Carmen. Simplemente la llamada era para saber lo que yo le había comentado a mis compañeras de la Sección Sindical debido a que Eusebio acababa de reuniría por los motivos anteriormente descritos. Por supuesto, a María Teresa no le comenté nada de lo que yo había hablado con mis compañeras. Una vez finalizada la reunión en la Asesoría Jurídica, le comenté a Carmen lo sucedido y posteriormente Carmen llamó a Eusebio para informarle de lo que acababa de pasar.
El día 24 de Septiembre mantuve una reunión con Eusebio para informarle personalmente de todos estos hechos."
17.º- El 15 de octubre de 2012 la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación de Servicios de UGT comunicó a la demandante la apertura de expediente sancionador mediante escrito en el que se hacía constar lo siguiente:
Por la Comisión Ejecutiva Estatal de la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores, se ha tenido conocimiento, a través de un escrito presentado en la Federación de Cantabria en el mes de octubre de este año, de que, por su parte, se ha procedido a poner de manifiesto determinadas aseveraciones maliciosas relacionadas con algunos componentes de la Comisión Ejecutiva de Cantabria, para la que Vd. presta sus servicios actualmente.
Entre otras afirmaciones, Vd. se ha ocupado de hablar mal de la secretaria de organización de FeS-Cantabria, insinuando comportamientos inadecuados de la misma, así como intentar enfrentar a unas personas contra otras, lo que supone crear un clima hostil e inadecuado para el desarrollo del trabajo y de las funciones que cada uno tiene encomendadas, dentro de sus responsabilidades.
Estos hechos se unen a los reiterados errores, actos de indisciplina, desobediencia y ofensas a algunos miembros de la citada Comisión Ejecutiva de Cantabria, que dieron lugar a una carta de queja en mayo de 2011 ya ser objeto de debate en las reuniones de dicha Comisión Ejecutiva.
Como quiera que su actitud pueda ser calificada como falta muy grave, sancionada hasta con despido disciplinario, es por lo que ponemos estos hechos en su conocimiento a los efectos de que, en el plazo improrrogable de tres días naturales, desde la recepción de la presente comunicación, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, haya hecho Vd. uso de esta posibilidad o no, por parte de la Comisión Ejecutiva Federal se tomará la decisión que corresponda.
Con esta misma fecha, y a los efectos de lo previsto en el art. 55.1 ET , damos traslado de los hechos a la delegada sindical de la Sección Sindical Estatal de UGT, para que, si lo considera oportuno, presente alegaciones a los mismos."
La trabajadora y la Sección Sindical formularon alegaciones por sendos escritos de 19 de octubre de 2012 cuyo contenido se da por reproducido.
18.º- El 31 de octubre de 2012 la trabajadora formuló denuncia penal frente a doña Fermina, a raíz de las cuales se instruyen actualmente Diligencias Previas por el Juzgado de Instrucción Número Tres de Santander.
19.º- El 2 de noviembre de 2012 la actora recibió la comunicación de carta de despido de 23 de octubre de 2012 con el siguiente contenido:
Con fecha 15 de octubre de 2012 le fue remitido escrito de esta Federación en el que le dábamos cuenta de los hechos de los que habíamos tenido conocimiento y que, ante su gravedad, podían ser sancionables con despido disciplinario.
Del mismo modo, en la misma fecha, y de acuerdo con lo previsto en el art. 55.1 ET , así como en el art. 10.3.3 LOLS , se dio traslado de los hechos al Delegado Sindical de su sindicato, a los efectos de que pudiera presentar alegaciones, si así lo consideraba.
Transcurrido el plazo señalado para ello, se han presentado alegaciones por su parte y por la Sección sindical de UGT en Cantabria, recibidas ambas con fecha 19 de octubre de 2012.
Los hechos a los que se hacía referencia en el citado escrito eran que,por su parte, se ha procedido a poner de manifiesto determinadas aseveraciones maliciosas relacionadas con algunos componentes de la Comisión Ejecutiva de Cantabria, para la que Vd. presta sus servicios actualmente.
Entre otras acciones, Vd. se ha ocupado de hablar mal de la secretaria efe organización de FeS-Cantabria, insinuando comportamientos inadecuados de la misma, así como intentar enfrentar, unas personas contra otras, lo que supone crear un clima hostil e inadecuado para el desarrollo del trabajo y de las funciones que cada uno tiene encomendadas, dentro de sus responsabilidades.
Estos hechos, además, se unen a los reiterados errores, actos de indisciplina, desobediencia y ofensas a algunos miembros de la citada Comisión Ejecutiva de Cantabria, que dieron lugar a una carta de queja en mayo de 2011 y a ser objeto de debate en las reuniones de dicha Comisión Ejecutiva.
Este comportamiento vulnera claramente su deber de cumplir con las obligaciones derivabas de su puesto de trabajo, conforme a las reglas de la buena fe y diligencia.
Una vez estudiado el contenido de las alegaciones presentadas, y en vista de la gravedad de los hechos ocurridos, que no han sido desvirtuados por las alegaciones puestas de manifiesto, la Comisión Ejecutiva Estatal de la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores, como su empleadora, considera que los hechos acaecidos son de extrema gravedad, pues suponen una clara muestra de indisciplina y desobediencia en el trabajo, que atentan contra la obligación de prestación del trabajo de conformidad a las reglas de la buena fe, previstas en el art, 5 a) ET .
Esta conducta se incardina dentro de lo que el artículo 54.2 ET califica como incumplimiento contractual sancionada con el despido.
Por ello, a través de este escrito, procedemos a su despido disciplinario, de acuerdo con lo previsto en el art. 54 ET , rogándole ponga a disposición de los responsables del centro de trabajo en el que prestaba sus servicios, toda la documentación, enseres, llaves, etc., que estuvieran en su poder.
Habiendo tenido conocimiento de que al día de la fecha, se encuentra Vd. disfrutando de un período de vacaciones de dos semanas, la fecha efectiva del despido se entenderá el día 5 de noviembre de 2012.
Igualmente le señalamos que se procederá a confeccionar la liquidación de haberes correspondiente que, una vez aceptada y firmada por Vd., le será abonada en la misma cuenta corriente en la que habitualmente percibía sus haberes.
Con esta misma fecha se comunica esta decisión al delegado sindical del sindicato al que Vd. está afiliada."
20.º- La actora no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido la condición de delegado de personal o miembro del comité de empresa o delegado sindical.
21.º- El día 20 de noviembre de 2012 se celebró entre las partes el acto de conciliación, la cual resultó intentada sin avenencia.
Tercero.—Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.
Primero.—La sentencia de instancia estima la demanda formulada por la actora y declara la nulidad del despido comunicado por la entidad sindical demandada, a consecuencia de carta de despido de fecha 23 de octubre de 2012, notificada el 2 de noviembre siguiente, con efectos desde el día 5 del mismo mes. Por vulneración del principio de indemnidad de la trabajadora, no siendo suficiente la referida carta por su generalidad y falta de concreción de hechos imputados, una vez invertida la carga de la prueba. Al acreditar la actora indicios de discriminación por vindicación (aunque no declare probado el pretendido acoso laboral, sino discrepancias o tensiones en el ámbito laboral), por denuncia penal de la actora (posterior al inicio de expediente sancionador), dada la falta de justificación objetiva de la conducta de la empresa, obedeciendo la decisión extintiva a las manifestaciones efectuadas por la trabajadora a diversas personas, sobre el acoso por la Secretaria de Organización y las tres reclamaciones una judicial (la penal) y otras dos ante el ORECLA en impugnación de modificación substancial de condiciones de trabajo, relativa al horario y reconocimiento de antigüedad, que finalizaron por el reconocimiento extrajudicial de la empresa de las pretensiones de la trabajadora, con evidente cercanía (finalizaron el 2-10-2012), a la apertura de expediente sancionador. Siendo el verdadero desencadenante, los hechos referidos en la carta Don. Juan Carlos de 1-10-2012 (ordinal decimosexto), sobre quejas o discrepancias, que no exceden de la libertad de expresión o intención de tutela de sus derechos laborales, ni falta de respeto. Hechos que no son investigados ni sancionados por la demandada, sino que inmediatamente, abre expediente sancionador a la trabajadora. Respecto de las pretendidas atenciones a personas ajenas a la Federación, por las que ha sido amonestada por carta por la Secretaria (objeto de su denuncia), sin que conste que tengan facultad sancionadora, ni se hayan reproducido desde entonces. Siendo esta carta es la única advertencia expresa a la actora de que no asistiera a personal fueran de la organización, antes del despido. La misma persona que le notifica la que modificación horaria, sin cumplimiento de formalidad alguna.
Sin prueba por la entidad de que el despido responda a causas ajenas a la citada vulneración de derechos fundamentales de la actora. Al no aportar ni una descripción del contenido concreto de las manifestaciones que se dicen sancionar, o sin concretar ni probar, las imputaciones que se le hacen de intentar enfrentar a unas personas con otras, como tampoco del resto (falta de coordinación, errores, desobediencias...).
Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada de la entidad demandada, al amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, denunciando infracción de los artículos 97 y 107 del mismo Texto legal, con relación al artículo 24 de la Constitución española, sobre insuficiencia de motivación de la recurrida. Debiendo declarar probados los hechos que estime oportunos, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que llevan a estas conclusiones. Considera, en interpretación jurisprudencial, suplicacional y constitucional que expone, que la recurrida es nula, por la genérica referencia del fundamento de derecho primero a la valoración de la prueba practicada. Lo que hace imposible el recurso, impidiendo la defensa adecuada y fluida de sus intereses, provocándole indefensión.
Es constante la doctrina jurisprudencial que declara que la nulidad de resoluciones judiciales es una medida excepcional, contraria al principio de economía procesal, propio del proceso laboral que solo debe acordarse cuando se produce efectiva y material indefensión, mermando las posibilidades de defensa de la parte que la pretende (SS TS, Sala 4.ª, de 19-2-1991, EDJ 1991/1776; 2-3-1992, EDJ 1992/2023; y, 7-3-1996, EDJ 1996/751).
La incongruencia omisiva -aquí denunciada-, se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes u omite pronunciamientos esenciales de la sentencia. Siempre que no pueda interpretarse razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de su pretensión. Pudiendo bastar en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no substanciales.
En lo tocante a la incongruencia «una resolución judicial que altera de modo decisivo los términos en que se desarrolla la contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades o derecho de defensa y que ocasione un fallo o parte dispositiva no adecuado o ajustado substancialmente a las pretensiones de las partes, incurre en la vulneración del derecho a la congruencia amparado en el art. 24.1 de la Constitución Española. Por ello, se ha reconocido, entre otras, en las SSTC 142/1987, EDJ 1987/142; y, 244/1988, EDJ 1988/560, la dimensión constitucional de la incongruencia, como consecuencia de la tutela judicial cuando el órgano Judicial omite la decisión sobre el objeto procesal trazado entre la pretensión y su contestación o resistencia».
A lo que es añade que, aunque referido al recurso de casación, el art. 215.b de la LRJS, viene, a sentar la misma conclusión, al disponer -sin duda en aplicación de los mencionados principios de celeridad y economía procesal- que "si la infracción cometida versara sobre las reglas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate", añadiendo, seguidamente expresa, "pero si no pudiera hacerlo por ser insuficiente el relato de los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, acordará la nulidad de dicha resolución y de las siguientes actuaciones procesales y mandará reponer las mismas al momento de dictar sentencia, para que se salven las insuficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal".
Es decir, la Sala, de ser suficiente la declaración de hechos probados, ha de resolver sobre el fondo, dentro de los términos en que se haya planteado el debate. Y así, y aunque no con un criterio uniforme, lo ha entendido en sentencias, entre otras, del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de 22 de mayo de 1996 (recurso 2379/95, EDJ 1996/3579, prescripción de las faltas) y con devolución de las actuaciones por insuficiencia de hechos, en la de 31 de enero de 2001 (recurso 148/00, EDJ 2001/2691), del mismo Tribunal Supremo y Sala 4.ª
En concreto, en la aquí, pretendida falta de pronunciamiento en la instancia, respecto de la invocada argumentación sobre la valoración especifica del conjunto de actividad probatorio desplegado por ambos litigantes. Cuando imputa al fundamento de derecho primero que de forma genérica, y poco concreta, remite al total practicado, documental y testifical. La parte recurrente omite que tanto en el detallado relato fáctico del mismo conjunto objetivo, ya va anunciando los elementos en que se apoya (contratos de trabajo, documentación en que se ocupaba la trabajadora, recibos de pagos a la demandante, acuerdos entre litigantes, testificales genérica y específicamente concretados, en los ordinales octavo y siguientes, actas de la Comisión ejecutiva de la Federación Sindical demandada, cartas de la Secretaria de Organización a la actora, demandas de la actora, actas de reuniones de la Comisión ejecutiva de la Federación, actas de conciliación entre litigantes, escritos del Sindicato a los miembros de Comisión Ejecutiva, expediente sancionador a la actora, denuncia penal a la Secretaria de Organización de la actora...). Que en el fundamento de derecho vuelve a analizar, específicamente, para llegar al convencimiento de la declaración de partes, testigos y documental que refiere, que el despido en realidad responde al ataque al derecho fundamental de la trabajadora de indemnidad, por haber formulado demandas y denuncia previas.
Es decir, la recurrida, ni es insuficiente en el relato fáctico que declara probado, ni falta de explicar en qué pruebas se apoya. Sino todo lo contrario, detallada y valorativa de pruebas aportadas por ambos litigantes, en el fundamento de derecho primero, de forma genérica, pero en cada ordinal y en el resto de la fundamentación jurídica, de forma ya concreta, respecto a que prueba pondera y que estima probado o no, de las mismas. Siendo más bien lo atacado, la falta de éxito de la prueba propuesta por la parte recurrente. Lo que no se identifica con indefensión a la misma parte que lo propone.
Segundo.—En el motivo del recurso siguiente, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, solicita la revisión de hechos probados, en nueve apartados.
1.- Insta la modificación del segundo párrafo del hecho declarado probado quinto, lo que documentalmente funda en los núm. 1, 2, 3 y 4 de ramo de prueba de la demandante como prueba de los trabajos administrativos contratados, correlativos a los contratos también aportados por la demandada. Negando que, en ningún momento, trabajase como abogada dentro de la relación laboral con la demandada. Proponiendo la siguiente redacción:
"Como consecuencia de lo recogido en el hecho declarado probado tercero, las funciones administrativas de la actora, han sido las de preparación de papeletas de conciliación de afiliados a la Federación de Servicios de UGT en Cantabria, previa consulta del interesado y su presentación ante el ORECLA".
Ahora bien, la valoración conjunta de lo actuado incumbe en exclusiva al magistrado de instancia, debiendo fundarse el recurso en documental fehaciente que sin precisar análisis, de forma clara acredite su error (art. 196.3 de la LRJS). Y, en tal orden, dichos contratos de trabajo han sido ponderados en la recurrida, junto a declaración de partes y testigos, y otras documentales (pago de cuota profesional de la actora con cargo a la demanda durante años, hasta meses antes del despido, publicación de artículos jurídicos, asistencias jurídicas a personal sindicado documentadas en las actuaciones...). Lo que no autoriza, por no acreditarlo los indicados contratos, que contratados unos servicios, pero declarados probados otros, de superior categoría, deba atenderse en exclusiva a los formalmente descritos en el contrato de trabajo.
En consecuencia, se desestima la revisión instada, por no deducirse de documental fehaciente que así lo avale.
2.- Respecto del ordinal fáctico sexto, pretende que cuando se expresa que la Federación de UGT Cantabria abona la cuota del colegio de Abogados a la Trabajadora, solicita que se exprese que "abonaba", dado que lo dejó de hacer meses antes del despido. Sin acuerdo entre las partes que obligue al pago, pues, no fue contratada como abogada, ni este extremo es exigible legal ni convencionalmente, tratándose de una mera liberalidad de la demandada, a consecuencia de decisión del Secretario General del Sindicato en Cantabria, lo que deduce del Acta de la Comisión Ejecutiva celebrada el día 15 de mayo de 2012, doc. 3 de la demandada, obrante al folio 223 de las actuaciones.
Nuevamente, pretende la parte recurrente su versión interesada del mismo activo probatorio que funda la recurrida, sin documental fehaciente que acredite su error. Ya que, la documentación del citado de acta de reunión, no convierte en indubitada la documental, respecto de lo que constituyen (las documentadas), meras manifestaciones de las partes que intervienen en el acto. Sin que constituyan prueba oponible, cuando del referido conjunto (el mismo pago que se reitera, las funciones que afirma realmente realizaba como abogada...), la recurrida concluye, y para ello no es preciso que conste en documento fehaciente (como sí precisa el recurrente en suplicación), que el pago venía como obligación asumida por la demandada, precisamente a consecuencia de su función como abogada (también realiza las funciones de administración, contratadas). Y que, su mera voluntad unilateral meses antes del despido, que es lo que viene a documentar el citado, acta, no constituye documental en que se funde el recurso. Ni siquiera justifica su falta de consideración en el salario del despido acordado (STS S 4.ª de fecha 30-6- 2011, EDJ 2011/223463).
3.- Con relación al hecho décimo primero probado, con fundamento en el propio comunicado de 25-5-2012, de la Secretaria de Organización a la actora, unido a las actuaciones (folio 249), de fecha 25-6-2012, recibido el 2-7-2012, siguiente. Que se dirige desde la Secretaria General del Sindicato en Cantabria, firmado por el Secretario General y la Secretaria de Organización. Solicita se rectifiquen las fechas y que, la decisión, no es de quien se imputa. Así mismo, imputa a decisión unilateral de la actora, sin acuerdo con la demandada, el desistimiento de la demanda en materia de horario, por escrito de parte presentado ante el JS 3 que valora la recurrida.
Sin embargo, de nuevo confunde la posibilidad de valorar en la instancia el conjunto de lo actuado (en éste, las declaraciones de partes, ante otros juzgados), como el citado escrito de la demandante. Lo que no permite, realizar la misma valoración en el extraordinario recurso formulado a la parte recurrente, que sí, precisa de documental fehaciente que acredite su error. Y, el hecho de la rectificación de fechas que solicita que se corresponde con la carta a que alude el ordinal atacado; lo que no justifica, es que no sea una comunicación exclusiva o al menos promovida ante la Comisión, por la Secretaria de Organización. Lo que no altera, la conclusión de su contenido y en valoración con el resto, que la demandante interpuso la demanda de conciliación sobre el horario, y que se llego a acuerdo extrajudicial sobre la cuestión, que motivó su desistimiento del procedimiento.
Por lo demás, el resultado de la interposición de acciones, no es lo relevante al principio de indemnidad que funda la recurrida. Pues, basta con la mera interposición de demandas o acciones previas, a las que se estima reactivo del despido comunicado.
Por lo tanto, en parte es admisible la rectificación solicitada (en cuanto a fechas y firmas), pero es irrelevante al recurso, y en lo relativo a que no hay acuerdo extrajudicial sobre la materia, inatendible, por no fundarse en documental fehaciente.
4.- Respecto del hecho declarado probado décimo segundo, lo que documentalmente funda, en el obrante al folio 233, consistente en la propia carta referida lo que pone de manifiesto, pretendidamente, que un año antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva regional en mayo y junio de 2011, dicha Secretaria traslada la decisión de la Comisión ejecutiva Regional y no de la persona que ostenta ese puesto en aquel momento, de la referida decisión. Interesando la modificación de su primer párrafo por el que propone:
"El 30 de mayo de 2011, por la Secretaría de Organización de FES UGT Cantabria se hizo entrega a la actora de una carta de apercibimiento, que no fue impugnada por la trabajadora, con el siguiente tenor literal:".
En tal orden, la misma carta que el ordinal atacado da por reproducida, no precisa otra ampliación o modificación. Y su misma remisión un año antes del expediente sancionador, que no se funda esencialmente en estos hechos. Que además la recurrida, niega se hayan producido con posterioridad a la amonestación. La precisión de si fue debida a no a decisión de la Secretaria de Organización o de la Organización Sindical, lo que por lo demás no se deduce sin más de la literalidad del documento comunicado, por la Secretaria de Organización, ni se deduce de documental fehaciente alguno que cite la parte recurrente. Concluyendo la sentencia recurrida la falta de prueba del acoso, pero sí de acciones previas a las judiciales contra la demandada y denuncia interna y penal a la presunta acosadora, es irrelevante la precisión solicitada al recurso planteado.
5.- En cuanto al hecho declarado probado decimotercero, párrafo primero, con fundamento en el folio 224, para que se exprese:
"Al objeto de escuchar a la trabajadora María Teresa, para que explique los problemas detectados con referencia a su trabajo, el 4 de junio de 2012, se celebró reunión de la Comisión Ejecutiva, de la Federación de Servicios de UGT Cantabria, en cuyo acta consta lo siguiente:".
Pretendiendo dejar constancia de que los hechos reflejados en el expediente disciplinario a la actora, no eran nuevos sino que venían produciéndose de forma reiterada en el tiempo y la posición de la empresa, fue atajar este comportamiento y evitar medidas disciplinarias.
Pero, dadas las imputaciones genéricas del expediente y carta notificada, así como, que lo deducido de esta reunión previa, que se refiere precisamente a la modificación de horario a la empleada. Frente a las que en julio de 2012, la actora interpuso demanda de impugnación de modificación substancial de condiciones laborales, que se concluye finalizó con acuerdo extrajudicial el día 2-10-2012, días antes del inicio del expediente sancionador. Lo que no justifica la parte demandada es la desvinculación de esta decisión sancionadora del ejercicio por la actora de sus derechos laborales. Suficientes a la declaración de despido nulo atacada.
Sin que ni en el expediente (ni antes, en el relato de la recurrida), se concreten hechos, fechas.... Circunstancias genéricas que se trasladan a la carta notificada, y que justifican la declaración de su nulidad por ser vindicativo.
El hecho de que se reúna la Comisión previamente con la empleada, para dar explicaciones a la trabajadora, sobre su horario o la interpretación de la acción de la trabajadora sobre el supuesto acoso, nada relevante añade a la litis. A lo que se suma, que nuevamente, realiza la recurrente interpretaciones subjetivas de las pruebas ponderadas, de las que el magistrado de instancia deduce que, en realidad, con su despido, se está sancionando a la trabajadora por sus reclamaciones previas, frente a decisiones de la demandada; y precisamente, por ello. Siendo además contradictorio con dicha interpretación que esta audiencia a la actora fue debida a intentar evitar medidas disciplinarias, cuando, tras ella, se despide a la actora, por hechos genéricos, ninguno específico, ni concreto, que permitan la adecuada defensa de la trabajadora.
E, incluso, lo que no se acredita por documental fehaciente alguna, por la parte recurrente es que la promotora o instigadora de la carta no fuese la Secretaria de Organización, con quien la actora tenía una especial conflictividad personal y laboral (calificada de acoso o no), y no de todos los miembros de la Ejecutiva Regional como pretende la parte recurrente.
Es por tanto inatendible por irrelevante la revisión solicitada, y no fundarse en documental fehaciente, lo que en definitiva pretende la parte recurrente.
6.- Al hecho probado décimo cuarto, solicita su total supresión. La parte recurrente afirma que se refiere a hechos ajenos al proceso, toda vez que se trata de un procedimiento iniciado por un miembro de la Comisión Ejecutiva, a título particular, y que la propia sentencia no declara probado la constancia de acoso.
Ahora bien, el relato de la instancia, único que puede ponderar la totalidad de prueba practicada, en conjunto, por ambos litigantes, debe contener no solo el relato que fuese necesario para su pronunciamiento, sino el que estime probado, respecto de las pretensiones deducidas por los litigantes, y ante un eventual recurso de suplicación. Dado el carácter extraordinario del referido recurso, en los que la declaración de partes y testigos no tiene acceso, y la parte recurrente precisa documental fehaciente para ampliar el relato.
Y, puesto que la parte actora, además de vulneración de derecho de indemnidad, pretende que se ha producido acoso, por la persona de la Comisión concreta que refiere (la Secretaria de Organización a la que denuncia, y que también formula demanda contra la demandante). A lo que la actora, también pretende, responde la decisión del Comité Regional que es la que le despide. La recurrida debe declarar probado, las acciones emprendidas por D. Fermina, frente a la trabajadora en conciliación el 1- 9-2012, sobre pretendidas manifestaciones de la actora ante la Comisión referidas a ella. Celebrada conciliación el 15-10-2012, anunciando la trabajadora también, denuncia o querella, frente a la conciliante, en el ordinal atacado.
Por lo tanto, y sin perjuicio de que la recurrida, valorado lo actuado, concluya la falta de prueba del pretendido acoso. Al no formular recurso en este extremo la actora (siendo suficiente a la inversión de la carta de la prueba la conflictividad con la empresa acreditada), hace irrelevante este dato. Pero no es atendible su supresión, por deducirse, así de documental obrante en actuaciones, y responder al inicial planteamiento de la actora. Precisamente, para ponderar la existencia o no del pretendido acoso, en su fundamento fáctico.
Luego, de nuevo estamos ante una revisión irrelevante al recurso formulado por la empresa, e inatendible.
7.- La parte recurrente propone la modificación del ordinal fáctico decimoquinto, en atención a la documental del folio 253, y acto del juicio oral, para que se exprese, en el segundo párrafo:
"La empresa que tuvo conocimiento de la reclamación de antigüedad, por primera y única vez, por la citación del ORECLA al acto de mediación, envió un escrito a la trabajadora señalándole que procedería a reconocer y abonar la antigüedad correspondiente desde la fecha de contratación a jornada completa".
Sin ningún acto previo, pese a haber transcurrido más de cinco años presentando demandas artificiosas y sin contenido real - pretende-, con vista a demandas como la actual por tutela.
Igualmente, interesa la adición del siguiente texto, lo que funda en los documentos obrantes a los folios 247 y 248:
"En el mes de octubre de 2012, se procedió al abono del complemento de antigüedad con el incremento derivado del reconocimiento de antigüedad producido por escrito de 2 de octubre del mismo año".
Si nos atenemos a la documental que cita, lo único que acredita, es la presentación de demanda de conciliación por antigüedad de la trabajadora y reconocimiento de derechos por la empresa. Luego, la declaración como "demandas infundadas o artificiosas" es ya una valoración interesada de parte, alejada de los propios documentos que cita, de los que sin duda se deduce la estimación de la pretensión de la trabajadora. Y, no se precisa su reiteración, ni a ello obsta, que dejase trascurrir tiempo sin reivindicar su derecho. Por más que no sea ésta la única reclamación que tuvo efecto de la actora, antes del despido (también se valora la de modificación de condiciones substanciales del contrato de trabajo), en cuanto a inversión de carga de la prueba, y que precisamente, lo que coincide en proximidad temporal es el ejercicio de tales derechos, reconocimientos por la demandada y la decisión sancionadora atacada por la empleada.
Y, como posteriormente se verá, incluso a tal efecto, es suficiente con actos preparatorios o previos a la acción judicial, tengan o no éxito, pues lo protegido es el acceso a la tutela judicial efectiva del empleado frente a intereses empresariales. Siendo lo exigible entonces, que la empresa pruebe que su decisión está desvinculada de todo ánimo vindicativo, lo que aquí la demandada no ha logrado. Y, que la recurrida concluye por el contrario, solo es reactivo al ejercicio de acciones de la empleada.
En consecuencia al no citar la parte recurrente, documento fehaciente alguno que justifique las modificaciones o supresiones que pretende, no es atendible.
8.- Continuando con la revisión del relato fáctico que propone, respecto del ordinal decimoctavo, del que solicita la eliminación total, por ser una acción formulada por la actora contra D.ª Fermina, a título individual y no como miembro integrante de la Comisión Ejecutiva Regional de Cantabria.
Por lo tanto, por igual fundamento que respecto de la impugnación del ordinal decimocuarto, se rechaza esta pretensión. Dado que el acoso por la Secretaria de Organización, ha sido planteado por la parte actora, como fundamento de su demanda. Y, a ello responde la valoración de lo actuado en la sentencia recurrida, entre otros elementos fácticos, la denuncia penal de la actora el 31-10-2012, frente a D.ª Fermina, por la que se siguen diligencias previas.
Luego, sin perjuicio de que desestimada la pretensión del acoso, no reiterado en el recurso, y siendo suficiente el resto del relato para la inversión de la carga de la prueba. La recurrida no incurre en infracción de normas procesales, sino en cumplimiento estricto de la valoración de lo actuado, en el que se apoya la parte dispositiva y ante eventuales recursos, con relación al art. 97.2 y concordantes de al LRJS.
9.- Por último, la parte recurrente interesa la modificación del ordinal fáctico decimonoveno, con apoyo en los documentos obrante a los folios 234, 235 a 246. Seguido expediente sancionador contra la trabajadora, con las debidas garantías, con las comprobaciones y audiencias pertinentes. Sin que estos documentos sean impugnados por la actora. Entre ellos el escrito del Sr. Juan Carlos, que da origen al expediente. Propone la redacción siguiente:
"Una vez finalizada la instrucción del expediente sancionador abierto contra la trabajadora María Teresa y tras el correspondiente proceso de investigación de los hecho imputados a la misma, que incluyó las alegaciones presentadas por la trabajadora y la representación sindical, se procedió al despido disciplinario de la trabajadora, mediante el envío de la correspondiente comunión de fecha 23 de octubre de 2012. Dicha comunicación fue recepcionada vía burofax, el 2 de noviembre siguiente".
El hecho de la tramitación del expediente ha sido valorado en la instancia, y puesto que lo relevante, es que ni durante su tramitación ni en la redacción de la carta remitida, la sentencia recurrida, deduce concreción alguna de hechos objetivos que permitan apartar la decisión empresarial del ánimo vindicativo que declara. Sin que este detalle, de su mera formulación conforme al cauce de alegaciones y pruebas, previsto, justifique esta decisión. La redacción propuesta es irrelevante al recurso.
Pues, el mero hecho de su tramitación no deja sin efecto la conclusión de la recurrida cuando valorando las actuaciones en el mismo. Dado que, frente a la denuncia de acoso por la empleada, la demandada no investiga éste, sino que solo procede a incoar el expediente sancionador, y con las imprecisiones en imputaciones que constata.
Esta valoración conjunta solo es posible en la instancia, y a falta de documental fehaciente que acredite su error, la entidad demandada no justifica por la actuación de la empleada que se limita a contestar a las audiencias que le solicitan, pero en defensa de sus intereses, sin reconocimiento alguno de hechos sancionables, que objetive la decisión de la empresa. Hechos que contribuyen a reforzar la inversión de la carga de la prueba. A lo que a la instancia, le basta la constancia de indicios discriminatorios, que aunque sea algo más que su mera invocación, tampoco precisa el trabajador prueba plena de que así sucediera. Y, lo que no logra la entidad demandada, con esta tramitación formal de expediente sancionador, es alejar todo propósito vulnerador de derechos fundamentales frente a la empleada.
Que en el expediente sancionador se garanticen los derechos de audiencia de la empleada y prueba, no significa que queden sin efecto, otras valoración sobre el pliego de cargos y carta de despido, imprecisos, y causantes de la verdadera indefensión a la trabajadora. No por falta de trámite en el expediente, sino de imputaciones concretas que sirvan a alejar la decisión de la empresa, de todo ánimo vindicativo. Ya que al ignorarse ante quien pretendidamente falta al respeto a otros integrantes de la demandada, o cuales con las concretas faltas en la ejecución de su trabajo, en su coordinación.... Lo que se impide es alegar excepciones (prescripción), o de fondo (su falta de realidad), a la demandante.
A lo que se añade en la instancia, que de su audiencia previa, a efectos de defensa en la reunión de la Comisión el 4-6-2012, únicamente resulta la demanda de la pretendida ofendida a la trabajadora para que se retracte, y el consiguiente expediente sancionador, por la demandada a la empleada.
Por lo tanto, esta revisión fáctica, resulta también desestimada.
Tercero.—Con amparo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente denuncia infracción de los artículos 96.1 y 105.1 y 179 del mismo Texto legal. En aplicación de doctrina constitucional, jurisprudencial y suplicacional sobre la materia, niega que en las actuaciones la parte actora haya acreditado la prueba, siquiera, del indicio de trato discriminatorio. Estimando, no suficiente, dos reclamaciones previas al despido, artificiosas y vacuas; sin ninguna referencia a los hechos sucedidos posteriormente, que motivaron la apertura del expediente sancionador, que tuvo como resultado el despido impugnado. Consecuentemente estima que, solo, procede analizar su procedencia o improcedencia. Y, en cualquier caso, probando la demandada los hechos imputados en la carta de despido, que no fueron negados por la demandada, interrumpen la conexión con las reclamaciones previas, como así, lo entendió el Ministerio Fiscal.
Nuevamente, pretende la parte recurrente su propia valoración del conjunto de lo actuado, ahora por la vía de la denuncia de infracción de normas. Teniendo presente que la declaración de la instancia, valora en conjunto la documental aportada, pero también testifical y declaraciones de parte que no tienen acceso al recurso extraordinario formulado. En el que en la recurrida, el magistrado de instancia llega al convencimiento de que, al margen de la tramitación formal de un expediente sancionador con remisión de carta de despido, y por las genéricas imputaciones así como las fechas de los hechos en que se funda (reclamaciones previas de la empleada que finalizan con acuerdos extrajudiciales, quejas, denuncia penal, contenido de la carta de ordinal decimosexto...), concluye que la reacción sancionadora de la demandada se debió precisamente a estas reclamaciones y quejas de la empleada (actos previos), contra el Comité por reclamaciones de índole laboral y frente a la Secretaria de Organización por acoso. Que, de forma interesada la parte recurrente califica de "vacuas o artificiosas", pero la recurrida se aleja de tal valoración, y considera que tuvieron el efecto de que la demandada reconociera los derechos laborales que la empleada pretende; y que la queja de acoso, finaliza en denuncia penal posterior de la empleada. No siendo, por lo demás, lo protegido en los derechos fundamentales implicados, ni el éxito o fracaso de la acción interpuesta, ni el motivo de las quejas. Sino el mismo derecho fundamental que legitima al empleado en la defensa judicial de los intereses laborales que cree, le asisten. O aquellas quejas vertidas de forma no perjudicial o injuriosa, por la empleada.
No es necesario a la declaración de la instancia otro relato fáctico, bastando un mero indicio (algo más que su mera invocación de un derecho, pero que no precisa prueba plena de ser la verdadera intencionalidad de la empresa). Valorándose en la recurrida el conjunto de actividad probatorio desplegado por la actora, del que se deduce, que se han acreditado estos indicios (aunque rechace la prueba del acoso que denuncia). Y, una vez acreditados, en la recurrida se valora, como una mera formalidad vacía de contenido concreto alguno, sobre los hechos que se imputan a la empleada en el expediente y en la carta de despido comunicada; menos aun que se entiendan probados. Lo que no sirve para alejar el ánimo discriminador de la demandada, prohibido constitucionalmente, frente a la empleada; que justifica su decisión de declarar el despido nulo.
La doctrina constitucional afirma que, frente a los indicios aportados por el trabajador que demuestran que su despido obedeció a una represalia empresarial motivada por la tutela de derechos fundamentales, si la empresa no ha acreditado el incumplimiento contractual recogido en la carta de despido ni ha logrado despojar de todo fundamento la conexión indiciaria entre los hechos alegados por el actor y la decisión extintiva adoptada, fuera ésta ajustada o no a derecho (STC n.º 138/2006, rec. 4609/2002, EDJ 2006/80231), el despido es vindicativo y nulo, en interpretación de preceptos invocados en el recurso. Las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos, constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los arts. 96 y 181.2 de la LRJS (anteriores art. 96 y 179 de la LPL).
La demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente, precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios (STC 90/1997, de 6 de mayo, FJ 5 EDJ 1997/2617, por todas).
La finalidad de la prueba indiciaria no es, sino, la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental (STC 38/1981, de 23 de noviembre, FFJJ 2 y 3, EDJ 1981/38). Finalidad en torno a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido. Sólo, una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como, que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios.
Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria (STC 114/1989, de 22 de junio, FJ 4, EDJ 1989/6389)-, que debe llevar a la convicción del Juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales.
El empleador debe acreditar que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (SSTC 136/1996, de 23 de julio, FJ 4 y 6 EDJ 1996/ 4532; núm. 125/2008, de fecha 20-10-2008, EDJ 2008/196679; 168/2006, de 5-6-2006, EDJ 2006/88985; y, 65/2006, de 27-2-2006, EDJ 2006/28799). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental.
La tutela judicial efectiva, del art. 24 de la Constitución española, es un derecho fundamental de la persona, con relación al artículo 55.5 del ET, en orden a la declaración de despido nulo. Y, lo declarado aquí se incardina tanto en la protección de este derecho, dado que la trabajadora ha interpuesto acciones previas a la vía judicial en materia de modificación de derechos substanciales del contrato de trabajo (horario), y por antigüedad, solucionados sin precisar demanda judicial, por reconocimiento tácito o expreso de la entidad demandada, que sustentan la prohibición de discriminación en un sentido estricto del citado artículo.
E incluso, en otro más amplio, de la libertad de expresión, manifestada expresamente al denunciar internamente un supuesto acoso laboral por un miembro del Comité, lo que la demandada conoce tanto por la Carta del Sr. Juan Carlos de fecha 1 de octubre, como por manifestarlo en audiencia previa del 4 de junio, ante las imputaciones que se le hacen. Frente a la que, la instancia, declara que la demandada no hace averiguación alguna, y posteriormente, inicia un expediente sancionador a la empleada.
El derecho a la libertad de expresión por parte de la empleada, sin perjuicio a la empresa, pues es lícita la puesta en comunicación de la entidad sobre sus quejas de la Secretaria de Organización cuando no se declara probado lo haga con expresiones injuriosas (concretas, más allá de su valoración como tal por la demandada u otros empleados), que no lo constituye la visión de la interesada como un pretendido acoso, sea este real o no, en los términos en que se declara probado, internamente en reunión convocada al efecto por la Comisión Ejecutiva, o incluso ante otros empleados, sin que tampoco conste ánimo de la empleada de perjudicar con ello a la entidad, sino de exclusiva defensa de sus derechos laborales y fundamentales. Hechos que la demandada conoce, antes de la formulación penal de denuncia de la actora contra la presunta acosadora (después de la incoación del expediente sancionador) y que precisamente, junto a reclamaciones ante el ORECLA previas a las judiciales, sobre horario y antigüedad, la sentencia recurrida concluye que a ello obedece, tanto la tramitación del expediente que comienza el 15-10-2012 (cuando la solución de los expedientes conciliatorios previos es del día 2 anterior), y, ningún hecho objetivo y razonable, extraño a dicha vulneración justifica la decisión sancionadora de la entidad demandada. Valorando, también, que no realiza actividad de averiguación alguna tendente a clarificar el pretendido acoso que denuncia la empleada.
Lo que pone de manifiesto en la recurrida, que fue la verdadera causa de la extinción comunicada a la empleada, como reflejo de conflictividad laboral interna y penal. Y, lo que no cabe es amparar una acción empresarial tendente a limitar este libre ejercicio de voluntad de la empleada y tutela judicial efectiva, dentro del sistema constitucional de relaciones laborales (SSTC Tribunal Constitucional Sala 1.ª, de 17-7-2006, n.º 227/2006, rec. 4881/2002, EDJ 2006/112603; y 4/1996, de 15 de enero, FJ 4 EDJ 1996/12).
La eficacia del principio de igualdad hace ilegítimas las causas de discriminación específicamente prohibidas (art. 14 CE y art. 17 del ET) pero, en la medida en que dicho principio ha de conjugarse con el de libertad, no prohíbe, por si mismo, otras diferencias de trato. En consecuencia no todo tratamiento empresarial que se concrete en un determinado trabajador frente al resto de la plantilla resulta relevante a los efectos del art. 14 CE, sino exclusivamente aquél que pueda ser encuadrado en alguna de las causas de discriminación prohibidas, lo que aparece acreditado en el presente litigio, relacionado con el ejercicio de las libertades expresión de la actora, contraria a la voluntad empresarial organizativa (art. 20.1 a) CE). Ya que las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetarlos.
Desde la prevalencia de tales derechos, su limitación por parte de las facultades empresariales sólo puede derivar, bien del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la restricción del derecho, bien de una acreditada necesidad o interés empresarial, sin que sea suficiente su mera invocación para sacrificar el derecho fundamental del trabajador. Pero, además de ello, la jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador, ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél (STC Sala 2.ª, de 15-11-2004, n.º 198/2004, rec. 4127/2001, EDJ 2004/174070).
En la presente litis, declarando probado que la actora manifiesta abiertamente que (desde junio de 2012) se considera acosada por la Secretaria de Organización, lo que constituye legítima expresión de sus pretensiones (no consta lo haga de forma injuriosa, ante extraños a la entidad, en perjuicio de la demandada...), y que efectúan dos reclamaciones previas a la vía judicial, que se resuelven inmediatamente antes del inicio del expediente sancionador. Lo que directamente vincula la recurrida a la libre expresión de la trabajadora contraria y lícita, ante actuaciones de superiores jerárquicos, y por protección de sus derechos laborales. Frente a lo que, la demandada reacciona, siendo el motivo declarado probado del despido comunicado. Sin que la carta haga expresión concreta de hechos más que imputaciones genéricas y no probadas. La entidad demandada no logra como le incumbe, en la carga de la prueba aquí aplicable, despojar de todo ánimo vindicativo la decisión extintiva acordada.
Es evidente que acreditado el indicio racional de que la trabajadora ha sido discriminada (art. 14 y 20.a) de la CE), por haber manifestado lícita y expresamente que se sentía acosada por personal de la entidad demandada, y que ha formulado reclamaciones previas a la vía judicial en defensa de sus intereses (art. 24 de la CE). El despido debe ser declarado nulo, al no justificar la demandada motivos ajenos a este propósito discriminador. Sino al contrario, concluyendo la recurrida que precisamente solo obedece a este ánimo de represalia.
La doctrina constitucional expuesta precisa para la constancia de indicios racionales de discriminación, algo más que la mera alegación de su existencia, debiendo, relacionarse el despido con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas o condiciones singularmente protegida constitucionalmente, que han motivado la decisión empresarial extintiva, prueba indiciaria que invierte la carga de la prueba. Lo que aquí permanece subsistente en el relato que se mantiene inalterado en lo substancial, de la instancia. Indicio que como antes se expuso, no precise prueba plena o fehaciente que evidencie la verdadera intención del órgano que decide despedir a la empleada, frente a la causa formalmente notificada.
Esta Sala viene admitiendo, también, la extensión de la garantía de indemnidad en sentido amplio (STSJ Cantabria Sala Social de fecha 4 de abril de 2012, rec. 105/2012 y otras que invoca la parte impugnante del recurso de la misma Sala), el Tribunal Constitucional reconoce dos conceptos de garantía de indemnidad una noción técnica o «estricta», para la cual la garantía de indemnidad es una manifestación particular del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de libertad de acceso a los jueces y tribunales, con fundamento en el art. 24.1 CE, dada la prohibición de que el empresario pueda adoptar medidas de represalia derivadas de actuaciones del trabajador encaminadas a lograr la gestión de sus intereses legítimos, ya sea en una fase judicial, ya sea en una fase previa.
Los tribunales también vienen admitiendo la extensión de la garantía de indemnidad a las denuncias presentadas ante autoridades administrativas (ante la policía por comisión de delitos o faltas, o ante la Inspección de Trabajo por presuntos ilícitos laborales).
Pero también existe una primera noción, «amplia» o «genérica», referida a la prohibición empresarial de represalia ante el ejercicio por parte del trabajador de cualquiera de sus derechos fundamentales o libertades públicas (libertad ideológica, libertad de expresión, libertad de información). Y, cuando así sucede, por el indicio de trato discriminatorio, a la demandada le corresponde probar la rectitud y legalidad de su conducta. Que aquí no logra despojar el ánimo discriminador del despido. Sin que sea vinculante a tal declaración, la postura procesal ostentada por el Ministerio Fiscal en el juicio oral.
Por lo que se confirma la decisión de la instancia que no incurre en la infracción de normas denunciada.
Cuarto.—Por último, con igual apoyo procesal, la parte recurrente denuncia infracción de lo establecido en los artículos 5, 20, 54 y 58 del Estatuto de los Trabajadores, y jurisprudencia aplicable. Reitera que el Ministerio Fiscal se opone a la pretensión de nulidad, que no se ha probado indiciariamente el ataque a derechos fundamentales de la actora; estimando que, lo expresado en el fundamento de derecho tercero no puede ser tenido en consideración, pues manifiesta una clara intencionalidad predeterminante del fallo de la recurrida, al referirse a circunstancias particulares del Sindicato demandado, ajenas al objeto del procedimiento, cuando tacha la carta de despido de flagrante improcedencia y ambigüedad, y que en su caso corresponde a despido improcedente. Lo que junto a la misma declaración de la recurrida sobre la falta de acreditación por la actora del acoso, estima que bastaría para rechazar la vulneración de la indemnidad. Siendo la representación sindical demandada en Cantabria, la que decide el despido, y los hechos motivadores del expediente, no negados por la trabajadora. Cuestión que igualmente, apoya en las manifestaciones del Sr. Juan Carlos, y que la Secretaria de Organización tiene facultad sancionadora, cuando, por lo demás, ella es quien comunica la amonestación, lo que no significa que sea quien acuerda la sanción, pues, lo firma el Coordinador de la entidad. Cumpliendo la carta de despido todos los requisitos formales y de fondo, estima probada las causas de despido comunicadas. Y, en cualquier caso, sea improcedente por falta de gravedad, los hechos en que se funda, con las debidas garanticas de defensa de la trabajadora en el expediente, estima que en ningún caso pueden fundar la declaración de nulidad de la sentencia recurrida. Por lo que solicita su revocación y la absolución de los pedimentos contenidos en demanda, o, subsidiariamente, la declaración de despido improcedente.
El magistrado obtiene su relato fáctico, en parte, de la misma documental que cita, junto con declaraciones de partes y testigos. Y, es el relato fáctico el que no puede adolecer del defecto que denuncia la parte recurrente, de ser predeterminante del fallo. Una vez alcanzadas estas conclusiones fácticas, en virtud de lo establecido en el art. 97.2 de la LRJS, lo que efectúa el magistrado de instancia, en la fundamentación jurídica, es la motivación suficiente de los pronunciamientos del fallo. Y, éstos ya no son predeterminantes del fallo, sino explicativos de la resolución del litigio, objeto del procedimiento que se somete a su planteamiento.
En tal sentido, en el fundamento de derecho tercero aquí atacado, lo que realiza es un análisis de la carta de despido remitida por la entidad demandada a la empleada que alejada de móvil vindicativo bastaría a la declaración de despido improcedente, por su generalidad y falta de concreción. Que literalmente se deduce de su mismo texto, sin precisar más argumentación. Pero, con relación, posteriormente al marco de vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora, que deduce de otros hechos que también declara probados, precisamente, contribuyen a la declaración de despido nulo, pues, no considera que la empresa haya acreditado una actuación objetiva imputable a la empleada que aleje dicho ánimo vulnerador de derechos protegido especialmente, por la normativa que cita.
Respecto a que la Secretaria de Organización no se declara probado tenga facultad sancionadora; y, es una mera aleación de la parte recurrente, no respalda por documental fehaciente que así suceda. Tampoco, y esto ya se ha analizado en la revisión fáctica, el hecho de que la notificación por la Secretaria de Organización, un año antes del despido, le haya comunicado carta de amonestación por actuaciones relativas a gestión a personal ajeno a la Federación de Cantabria por la actora, en su texto se haga alusión a que "No es la primera vez como te he comentado anteriormente, que se te trasladaba esta decisión interna de la Federación...", o que al inicio de la misma se refiera al conocimiento, en plural de estos hechos. Lo cierto es que quien suscribe la carta y se la notifica a la actora es la citada Secretaria de Organización. Siendo igualmente, una mera conjetura, carente de prueba documental fehaciente (necesaria al recurso), que acredite que la decisión se tomó por la Comisión Ejecutiva de Cantabria.
Siendo de todas formas, hechos indiciarios todos ellos, válidos en la instancia para la inversión de la carga de la prueba en virtud de lo establecido en el art. 181.1 de la LRJS, como se acaba de expresar en el fundamento de derecho anterior, y lo que no justifica la demandada es prueba suficiente de que su móvil no fue el vulnerador de derechos fundamentales de la empleada. A lo que se añade, que la prueba del acoso -en que también se apoya este motivo del recurso-, no es necesaria cuando se acredita por la demandante otros derechos fundamentales vulnerados con la decisión extintiva empresarial, como el derecho a la tutela judicial efectiva y libertad de expresión. A lo que también reiteramos, la posición procesal del Ministerio Fiscal en el juicio oral, no es vinculante de la decisión atacada.
Así, la sentencia recurrida, en su fundamentación jurídica, no es predeterminante del fallo, sino, de necesaria explicación de los argumentos fácticos y jurídicos que llevan al mismo, motivando su decisión. Lógicamente, una vez llegado al convencimiento de que la decisión extintiva responde a dicho ánimo vindicativo, precisamente, para despojar de la mera formalidad que aleja el despido de esta intencionalidad. Ponderando entre otras circunstancias, que no se concreta ni en el expediente ni en la carta comunicada, hechos concretos (fechas, personas involucradas...), que permitan una adecuada valoración de que estamos ante hechos ajenos al verdadero ánimo de la entidad demandada.
Indicios a los que son suficientes las reclamaciones judiciales y las quejas de la empleada, frente a la Comisión y contra la Secretaria de la Organización. Lo que conocía la entidad demandada, pues es la receptora de las demandas de conciliación y las quejas, como expresión de los derechos fundamentales de la trabajadora de tutela judicial efectiva y libre expresión, previas a la acción laboral y penal, ejercitadas. Que la entidad demandada, no puede atacar con el despido comunicado.
A lo que es irrelevante, que en el expediente sancionador previo al despido (incluso antes, en la reunión del 4 de junio, para audiencia con la empleada), se le dé posibilidad de defensa, con alegaciones o práctica de prueba. Pues, lo que el magistrado de instancia denuncia que le impide conocer los verdaderos hechos que fundan la decisión sancionadora son las imprecisiones y remisiones genéricas a imputaciones (sin fechas, personas involucradas, supuestos errores o fallos de gestión...), a los que en ningún momento ni en el expediente, ni antes, ni en el juicio oral, la trabajadora se muestra conforme. Más bien, en todo momento, desde antes de la tramitación del expediente, informa a la entidad de que está siendo objeto de un pretendido acoso laboral por persona que identifica, la Secretaria de Organización, un miembro del Comité que es el órgano que le despide. Sin que la demandada (y esto es lo valorado en contra de las pretensiones de la demandada), se haga averiguación alguna de lo denunciado por la actora. Reaccionando la demandada contra quien se queja de estas acciones que estima contrarios a sus derechos laborales, con el expediente sancionador y despido, por hechos que ni durante la tramitación del expediente, ni en la carta, se concretan suficientemente. No ya para fundar el despido procedente, sino para alejar la sospecha de vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora que es lo que motiva la declaración de despido nulo.
Inalterada la coincidencia temporal, entre el resultado de las reclamaciones previas ante el ORECLA, por derechos laborales (modificación y antigüedad, del día 2 de octubre) y el conocimiento de las quejas de la demandante por pretendido acoso (los días 1, por carta del Sr. Juan Carlos y 4 de junio), a la incoación del expediente sancionador (el día 15 siguiente) y el despido (de fecha 23 de octubre, notificada el 2 de noviembre). Se mantiene inalterado el pronunciamiento del despido nulo.
En atención a lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso formulado, por no incurrir la recurrida en la denuncia de infracción de normas pretendida.
Quinto.—Puesto que la entidad recurrente no tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, conforme al artículo 235 de la LRJS, procede la imposición de costas a la parte recurrente, al existir escrito de impugnación al recurso en la cuantía de 650 €, en concepto de honorarios de Letrado. Igualmente, procede la pérdida de consignaciones y depósitos del art. 204 del mismo Texto Legal.
Desestimamos el recurso de suplicación formulado por FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE UGT (FES-UGT), frente a la sentencia del Juzgado de lo Social número Uno de Santander de fecha 25 de marzo de 2.013, (Proceso n.º 1083/12), en virtud de demanda instada por la actora D.ª María Teresa, contra la entidad recurrente y siendo parte el MINISTERIO FISCAL, en reclamación de despido y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.
Se imponen a la parte recurrente costas en la cuantía de 650 € y concepto de honorarios de letrado de la parte litigante contraria.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en los artículos 218 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación. El demandado recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de este Tribunal Superior al tiempo de la preparación del recurso, la consignación de un depósito de 600 Euros en la cuenta n.º 3874/0000/66/0442/13, abierta en la entidad de crédito BANESTO, Código identidad 0030, Código oficina 7001.

References: artículo 54
 resolución 
 artículo 193
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 55
 resolución 
 artículo 235