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Timestamp: 2018-01-22 17:39:05+00:00

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00607-14508-2008-2008-0294.html
Exp. Nº 2008-0294
Adjunto a oficio N° CSCA-2008-0729 de fecha 18 de enero de 2008, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la “querella funcionarial por cobro de prestaciones sociales y diferencia salarial” interpuesta por la abogada IVANELY DEL VALLE MORENO HERRERA, asistida por la abogada Isabel Vertuccio Labriola, ambas inscritas en el INPREABOGADO bajo los números 109.781 y 111.055, respectivamente, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA” (UNELLEZ), institución educacional creada mediante Decreto Presidencial N° 1.178 de fecha 07 de octubre de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.814 de igual fecha.
Dicha remisión fue efectuada en virtud de la sentencia Nº 02079 dictada por la referida Corte, en fecha 21 de noviembre de 2007, en la que no aceptó la competencia declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes para conocer de la referida querella funcionarial, y acordó la remisión del expediente a esta Sala a los fines de que resolviera el conflicto de competencia planteado.
El 15 de abril de 2008 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas para decidir el conflicto de competencia.
Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2007, ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, la ciudadana Ivanely del Valle Moreno Herrera, interpuso “querella funcionarial por cobro de prestaciones sociales y diferencia salarial” contra la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ).
En fecha 03 de agosto de 2007 el referido Juzgado con fundamento en la sentencia Nº 01145 el 24 de mayo de 2005 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, consideró que la competencia para conocer de este juicio correspondía a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, remitiéndoles el expediente.
Recibido el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo (U.R.D.D.) el 17 de octubre de 2007, correspondió su conocimiento a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual no aceptó la competencia que le fuere declinada por el mencionado juzgado y ordenó remitir el expediente a esta Sala a los fines de resolver el conflicto de competencia planteado.
La precitada decisión se fundamentó en lo siguiente:
“(…) la recurrente laboró durante el período de un (1) año, once (11) meses y veinte (20) días como personal contratado en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ).
(…) la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha sido pacífica al sostener que el personal contratado que cumpla funciones administrativas de las universidades no tiene el carácter de funcionarios públicos, por tal motivo, deben prevalecer los principios constitucionales relativos al juez natural y a la especialidad, conforme a la materia de que se trate.
En el presente caso, como se ha dicho, la recurrente reclama el pago de sus prestaciones sociales derivadas de la relación “contractual” que mantuvo con la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), de allí que la controversia se encuentre referida a una relación laboral y no funcionarial, no tratándose, por lo tanto, del caso de una aspirante a ingresar a la función pública.
En este orden de ideas, es importante hacer referencia a la Sentencia N° 1252, de fecha 12 de julio de 2007, emitida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que en un caso similar al de autos; (empleado contratado de una universidad), indicó lo siguiente:
“(…) De las normas transcritas [artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública] se evidencia que de manera expresa se excluyó del régimen de la función pública a los contratados, (…) observa esta Sala tanto de la revisión de las actas que conforman el expediente (folios 69 y 70), como de los alegatos expuestos por la parte actora, que su desempeño laboral estuvo supeditado a un contrato de trabajo, razón por la cual al haber prestado sus servicios como contratado, no tiene el carácter de funcionario público. Por lo expuesto, considera esta Sala que el conocimiento del presente asunto corresponde a los Tribunales de la Jurisdicción Laboral (…)”. (Resaltado y subrayado de esta Corte).
Con fundamento en lo anterior y en el marco de la pretensión de la ciudadana Ivanely del Valle Moreno Herrera, la cual se deriva de su servicio como personal contratado de una Universidad, el conocimiento del presente recurso corresponde a los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Barinas. Así se declara.
(…)” (sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nº 02079 del 21 de noviembre de 2007).
En su escrito la actora adujo:
Que el 15 de junio de 2005 ingresó a trabajar contratada como “Transcriptora de Datos dentro del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social, en el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE)” de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) percibiendo un sueldo de TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 321.325,oo) mensuales, suma “inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional para la fecha”.
Que laboró en la mencionada dependencia hasta el 28 de marzo de 2006 ya que a partir de esa fecha empezó a ejercer funciones como abogada en la Consultoría Jurídica de dicha Institución.
Que el Consultor Jurídico de esa casa de estudios solicitó a la Dirección de Recursos Humanos “el cambio de la denominación de mi cargo en nómina (…) de Transcriptora de Datos a Abogado (…), dicho cambio (…) fue declarado procedente (…)”.
Que aun cuando el cambio de denominación fue aprobado siguió percibiendo un salario inferior al mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional.
Que en vista de esa “injusta situación” el 05 de junio de 2007 renunció a su trabajo.
Que el manual de cargos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) establecía para el cargo de abogado un sueldo de OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 817.414, 54,oo) mensuales.
Que aun así, la Dirección de Recursos Humanos calculó sus prestaciones tomando como base un sueldo mensual de QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 512.325, oo).
Que laboró por un lapso de un año, once (11) meses y veinte (20) días en la mencionada Universidad por lo que, en su criterio, dicho ente debe pagarle la cantidad de TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 13.123.556,25), monto que incluye las prestaciones sociales y la diferencia salarial que dejaron de pagarle desde su fecha de ingreso hasta su renuncia a esa institución.
Que en el presente caso está demostrada su relación de “empleo público” con la querellada ya que la jurisprudencia ha establecido que los contratados de los institutos autónomos, universidades y otros entes que dependan de la Administración Pública se consideran empleados publicos “ya que cumplen las mismas funciones de un funcionario público”.
Corresponde a la Sala establecer en primer término su competencia para resolver el conflicto negativo planteado, y en tal sentido observa que:
Conforme a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, las reglas del Código de Procedimiento Civil rigen como normas supletorias en los procedimientos que cursan ante este Supremo Tribunal.
En relación a los conflictos de competencia los artículos 70 y 71 del referido Código prevén:
Artículo 70.- “Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia”.
Artículo 71.- “La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción (…)”.
Asimismo, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece dentro de las competencias de este Alto Tribunal lo siguiente:
Artículo 5.- “(…)
51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden .jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido (…)”. (Resaltado de la Sala).
En el caso de autos se ha planteado un conflicto negativo de competencia entre dos tribunales integrantes de la jurisdicción contencioso administrativa, como lo son el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, por lo que siendo esta Sala Político-Administrativa la cúspide de dicha jurisdicción, le corresponde conocer y decidir el conflicto suscitado. Así se declara.
En el presente caso, la accionante interpuso “querella funcionarial por cobro de prestaciones sociales y diferencia salarial” contra la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ).
A los efectos de precisar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer del caso de autos, es necesario determinar la naturaleza jurídica de la relación de empleo que existía entre la referida universidad y la accionante, a objeto de salvaguardar el principio del juez natural previsto en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Observa la Sala que en el folio 1 de su escrito la actora indicó que ingresó a trabajar en la mencionada Universidad “en calidad de contratada”, así mismo se observa que cursa en el folio 20 del expediente, original de constancia de fecha 22 de mayo de 2007 emanada del Jefe de Recursos Humanos (E) de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), consignada por la actora como anexo “G” de su demanda, en la que se indicó que la actora laboraba en esa casa de estudios como personal “CONTRATADO ACTIVO a dedicación TIEMPO COMPLETO” (Resaltado del texto).
De lo expuesto se colige que la relación de empleo que unía a la accionante con la accionada era de naturaleza contractual.
En casos similares al que se analiza, esta Sala ha indicado en forma reiterada (sentencias números 01641, 00113, 04597, 00910 y 01252 de fechas 22 de octubre de 2003, 12 de febrero de 2004, 29 de junio de 2005, 05 de abril de 2006 y 12 de julio de 2007, respectivamente), lo siguiente:
“(…) el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
‘Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la ley.
El ingreso de Los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño’. (...)
Asimismo, los artículos 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establecen:
‘Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral’.
‘Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública’.
De las normas transcritas se evidencia que de manera expresa se excluyó del régimen de la función pública a los contratados, al puntualizarse con especial énfasis que ‘(...) el contrato no es vía de ingreso a la Administración Pública(…).’, debiendo entenderse por ello, que no es un medio para adquirir la condición de funcionario público.
De manera que circunscribiéndonos al caso de autos, observa esta Sala tanto de la revisión de las actas que conforman el expediente (…) como de los alegatos expuestos por la parte actora, que su desempeño laboral estuvo supeditado a un contrato de trabajo, razón por la cual al haber prestado sus servicios como contratado, no tiene el carácter de funcionario público.
Por lo expuesto, (…) el conocimiento del presente asunto corresponde a los Tribunales de la Jurisdicción Laboral (…)” (Sentencia Nº 01252 del 12 de julio de 2007) (Resaltado de la Sala).
En el caso que se examina, además de figurar en autos constancia emanada de la demandada que califica a la accionante como contratada, resalta que la propia actora admite que prestaba sus servicios bajo esa modalidad en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), por lo que, conforme a las normas y criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, la Sala concluye que la accionante no poseía la condición de funcionario publico, correspondiendo el conocimiento de la presente causa a la jurisdicción laboral, en concreto, al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Así se declara.
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político­-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Que es COMPETENTE para conocer el conflicto negativo.
2.- Que CORRESPONDE conocer y decidir la presente causa al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En consecuencia, REMÍTASE el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
En catorce (14) de mayo del año dos mil ocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00607, la cual no esta firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

References: artículo 19

Artículo 70
 artículo 47

Artículo 71
 artículo 70
 artículo 5

Artículo 5
 artículo 49
 artículo 146