Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=31
Timestamp: 2019-06-25 00:04:11+00:00

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Caso 12.553, Informe No. 86/09, Jorge, José y Dante Peirano Basso (Uruguay)
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En el Informe No. 86/09 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado era responsable por haber violado los derechos de Jorge, José y Dante Peirano previstos en los artículos 7(2), 3, 5 y 6, 8(1) y 2, y 25(1) y 2, en función de las obligaciones de los artículos 1(1) y 2, de la Convención Americana y, en consecuencia, formula recomendaciones específicas. En resumen, los peticionarios alegaron que los tres hermanos Peirano Basso fueron privados de su libertad desde el 8 de agosto de 2002, sin que hasta la fecha de presentación de la denuncia el 18 de octubre de 2004 hubieran sido formalmente acusados ni llevados a juicio. En enero de 2005 se habrían cumplido los requisitos para su liberación, según los peticionarios, por haber cumplido dos años y medio privados de su libertad. El Estado les había imputado la violación a la ley 2.230 (1893), que sanciona a los directores de compañías en disolución que cometan fraude u otros delitos financieros. Según la denuncia, ese delito admite la libertad durante el proceso, a pesar de lo cual los señores Peirano Basso permanecieron privados de su libertad en virtud de la “alarma social” provocada por el colapso del sistema bancario uruguayo y su supuesta responsabilidad en él.
En su informe la Comisión decidió lo siguiente:
1. Reiterar la recomendación relativa a que el Estado produzca la modificación de las disposiciones legislativas o de otro carácter, a fin de hacerlas consistentes en un todo con las normas de la Convención Americana que garantizan el derecho a la libertad personal.
El 19 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
Mediante nota del 20 de diciembre de 2010, el Estado informó que el proyecto de ley de modificación del Código Penal fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 9 de noviembre de 2010 y puesto en consideración de la Comisión de Constitucional, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes el 16 de noviembre de 2010. Al respecto, explicó que desde el 15 de diciembre al 30 de marzo de 2011 el proyecto quedó abierto a la presentación de enmiendas por parte de los Representantes Nacionales, para luego pasar a la etapa de discusión del proyecto de ley. Finalmente, el Estado advirtió que si bien la mera remisión del anterior proyecto al Congreso no implica la concreción de la recomendación de la CIDH, si constituye una prueba significativa de la responsabilidad asumida.
En notas del 15 de julio de 2010 y 7 de febrero de 2011, los peticionarios solicitaron audiencia ante la CIDH y señalaron que a pesar de la derogación del art. 76 de la ley Nº 2.230, por la cual los señores Peirano habían sido procesados y encarcelados, la jueza del caso había decidido la prosecución de las actuaciones. Informaron, además, otras supuestas arbitrariedades como la prohibición a los peticionarios de salir de Montevideo, la suspensión del título profesional de Jorge Peirano y el desconocimiento del tiempo sufrido como prisión preventiva en Estados Unidos por Juan Peirano. Posteriormente los peticionarios presentaron un escrito de fecha 18 de julio de 2011, en el que alegaron como un hecho muy grave la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 15 de abril de 2011, de continuar con la causa contra los hermanos Peirano, a pesar de haberse derogado el art. 76 de la ley 18.411 en el 2008. En su decisión, la Suprema Corte consideró que si bien dicho delito había sido derogado, el proceso debía continuar en virtud de la ampliación de la acusación fiscal contra los Peirano realizada en octubre de 2006 por el delito de “insolvencia societaria fraudulenta” (art. 5, Ley 14095). Los peticionarios consideran que dicha decisión viola el principio de retroactividad de la ley penal más benigna contemplada en el art. 9 de la Convención Americana, ya que la ampliación de la denuncia fiscal fue una maniobra del Estado para justificar el largo plazo de detención ante la inminente derogación del art. 76 de la ley Nº 2.230. Además, contradiciendo el criterio de la Suprema Corte, señalan que dicha ampliación de la acusación fiscal era improcedente por no existir hechos nuevos posteriores al auto de procesamiento (que en su criterio es inamovible); y que en dicho auto sólo se les había acusado por el delito ahora derogado.
El 25 de octubre de 2011, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 86/09. Con esa misma finalidad, el 26 de octubre de 2011 se llevó a cabo, en la sede de la Comisión, una reunión de trabajo entre las partes en el marco del 143 periodo de sesiones.
En relación con la reforma legislativa, los peticionarios informaron a la Comisión en comunicación del 21 de noviembre de 2011 que aun cuando se encuentra en estudio en el Parlamento observan síntomas preocupantes respecto a su materialización, por un lado la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para llevar adelante los cambios necesarios; y de otra, las previsiones existentes de que solo hasta el 2014 se podrá comenzar a probar el nuevo sistema procesal penal. Los peticionarios solicitan a la CIDH que emplace al Estado uruguayo a rendir cuentas sobre las acciones ejecutadas con posterioridad a la adopción y publicación del informe.
En comunicación recibida el 15 de diciembre de 2011, el Estado uruguayo remitió el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al Parlamento con el Código del Proceso Penal propuesto al Congreso, así como las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores de los días 3, 10 y 31 de mayo y 19 de julio de 2011.
El Estado explica que los artículos 219 a 257 y específicamente la Sección III del Capítulo II, artículos 226 a 238 relativos a la prisión preventiva del proyecto de Código del Proceso Penal, se ajustan a los estándares del sistema interamericano. En su informe el Estado relaciona una serie de principios del debido proceso penal a los que se ajusta la reforma legislativa propuesta. Por ejemplo, en relación con el principio de inocencia, indicó que el artículo 220 prevé que en ningún caso la prisión preventiva se convertirá en una pena anticipada. En cuanto al límite temporal de la prisión preventiva, indicó que el artículo 238 dispone el límite temporal a la duración de la prisión preventiva, disponiendo su cese, entre otras causales, cuando hayan transcurridos más de tres años contados desde el momento efectivo de la privación de la libertad y aún no se haya deducido acusación. Con respecto al principio de provisionalidad, explica que en los artículos 235 y 236 se regula el procedimiento de la revocación o sustitución de la prisión preventiva cuando a petición de parte hayan desparecido los presupuestos en que se haya fundado su imposición. En cuanto al principio de proporcionalidad de la prisión preventiva, señaló que el artículo 231 dispone los casos en los que no se impondrá la prisión preventiva, como cuando: a) se trate de procedimientos por faltas; b) el delito imputado esté sancionado únicamente con pena pecuniaria o de inhabilitación; c) el tribunal considere que en caso de recaer sentencia condenatoria, se le aplicara al encausado alguna pena alternativa a la privación de la libertad. Finalmente, el Estado explica que dada la naturaleza del proceso de reforma como el que se ha puesto en marcha en Uruguay, no solo implica completar el proceso legislativo en curso, sino un cambio de paradigma en la concepción del proceso penal, con el cambio cultural asociado a su aplicación.
El 11 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 86/09.
En su comunicación de 3 de enero de 2013, el Estado informó que continuado avanzando en la implementación de la referida recomendación de la CIDH. En ese sentido, indicó que el proyecto de reforma del Código Penal continúa en estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes al igual que los proyectos de reforma de los Códigos General del Proceso y Código del Proceso Penal. Sostiene que dichas reformas tienen como propósito consagrar un sistema acusatorio que asegure la plena vigencia de los principios de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad y publicidad; la separación de funciones, asegurar las condiciones de una defensa técnica en un plano de absoluta igualdad procesal; la participación de las víctimas en el proceso penal, sin perjuicio de la persecución pública oficial; así como la restricción de la aplicación de cautelas sobre la persona del indagado, entre otros.
Además, el Estado refirió que simultáneamente se verifican otros avances relacionados con las modificaciones al régimen de penas y medidas alternativas a la prisión. En tal sentido, menciona que el proyecto de ley modificatoria de la Ley N° 17.726 sobre Penas y Medidas Alternativas a la Reclusión, ha finalizado su proceso de consultas en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes encontrándose a la espera del correspondiente informe para ingresar al plenario de dicha Cámara.
Por otra parte, en su comunicación el Estado indicó que deseaba efectuar una serie de precisiones sobre las afirmaciones de los peticionarios efectuadas en su nota de 6 de agosto de 2012, en el sentido de que "a pesar de la derogación del artículo 76 de la ley 2230 por la cual los señores Peirano habían sido procesados y encarcelados, la jueza del caso había decidido la prosecución de las actuaciones".
El Estado indicó que dicha decisión judicial se basa en una sentencia interlocutoria por la cual la se resuelve sobre el pedido de clausura y archivo presentado por las diferentes defensas de todos los encausados en el proceso, entre ellos los hermanos Peirano. Indica que la resolución fue recurrida y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno revocó la sentencia disponiendo el archivo de las actuaciones. Ante lo cual se planteó un recurso de casación por parte del Ministerio Publico, y la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones y confirmó la dictada por la sede. En consecuencia, el Estado sostiene que el proceso iniciado respecto de los hermanos Peirano y demás coencausados continuó las instancias procesales correspondientes; y que la decisión de la Corte Suprema determinó la no clausura del proceso - como lo pretendían los peticionarios – pero de modo alguno afectó él principio de retroactividad.
En consecuencia, el Estado señala que no es posible considerar que se viola el principio de retroactividad de la ley penal más benigna dado que la derogación del artículo 76 de la citada ley 2.230 se verificó en el año 2008, cuando la demanda acusatoria ya había sido planteada mucho tiempo atrás por un delito diverso (artículo 5 de la Ley 14.095 del año 1972). El Estado considera que no se verifica ningún supuesto consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana. En efecto, no se trata de la aplicación de una norma que al momento de los hechos no fuere derecho aplicable (ya se ha señalado que la ley 14.095 data de 1972 y los hechos que se ventilan en juicio refieren a una época claramente posterior).Indica que tampoco se trata de la imposición de una pena más grave cuando el Ministerio Público calificó en su demanda acusatoria la conducta de los enjuiciados en las previsiones del artículo 5 de ley 14.095. Precisa, que la demanda acusatoria marca el inicio del juicio penal siendo la imputación por la que se enjuicia pasible de ser sujeta a cambio siempre que se refiera a los mismos hechos que motivaran el procesamiento. Finalmente, indica al respecto que se derogó una norma que no había sido considerada por el Ministerio Público en su demanda acusatoria, por lo que las vicisitudes de una norma que no fue utilizada en la acusación fiscal es irrelevante para los enjuiciados desde que es la demanda la que marcará la actividad procesal de la defensa, al contestar la misma y sobre la que habrá de expedirse la sentencia cuando deba analizarse la imputación jurídica.
Por otra parte, el Estado indicó que la sede penal no ha negado la posibilidad de salir del país a los peticionarios sino que los habría autorizado a ello bajo caución real. Añadió que la suspensión del título de Jorge Peirano fue una consecuencia de la aplicación concreta del artículo 140 de la ley. 15.750. En consecuencia, sostiene que la aplicación de la normativa vigente no puede constituir una arbitrariedad judicial. Sobre la afirmación del desconocimiento del tiempo sufrido como prisión preventiva en Estado Unidos por Juan Peirano, el Estado indicó que se debía considerar que se trata de un proceso diverso al de los hermanos Peirano, Jorge, José y Dante. En efecto, señala que la extradición de Juan Peirano desde Estados Unidos se realizó de conformidad a determinados requisitos previstos de antemano por la legislación y el tratado de extradición, que no forma parte del expediente 12.553 tramitado ante la CIDH.
Por otra parte, los peticionarios presentaron información sobre el seguimiento Mediante comunicación recibida el 11 de septiembre de 2012, los peticionarios señalaron su preocupación en vista de que el Estado no había dado cumplimiento a lo dispuesto en la segunda recomendación estipulada por la CIDH respecto a la adecuación normativa de la legislación interna relativa al derecho a la libertad personal; no sólo como una garantía de no repetición, sino como una medida de cesación de las violaciones sufridas por las víctimas del presente caso. Sostienen que la falta de cumplimiento de la segunda recomendación de la CIDH ha tenido el efecto de privar a las víctimas de toda protección frente a la arbitrariedad judicial, y asegurar que las violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los hermanos Peirano se tornen continuas.
Los peticionarios consideran que el proceso de modificación reviste carácter urgente y que el Estado uruguayo debería tomar en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia interamericana en materia de procesos penales, a fin de que la legislación doméstica garantice un debido proceso y los principios de legalidad, irretroactividad, favorabilidad y sobre todo congruencia, en cualquier juicio penal.
Por su parte, mediante comunicación de fecha 1 de noviembre de 2012, los peticionarios indicaron que luego de otorgarles la libertad por imposición de la 1ª recomendación del Informe 35/07 a las víctimas del caso, se los había sometido a una “libertad a medias”, dado que los mismos no podrían salir de Montevideo; además uno de ellos no podría ejercer la profesión, porque se le habría suspendido su título profesional aún sin estar condenado, y se les habrían concedido extradiciones, etc.
Mediante comunicación recibida el 18 de julio de 2012, los peticionarios informaron que los hermanos Peirano Basso seguían sometidos a proceso penal. Indicaron que si bien la promulgación de la Ley No 18411 el 14 de noviembre de 2008, derogó el artículo 76 de la ley No 2230 -por el que los hermanos Peirano habían sido procesados-, y derivó en el archivo de la causa penal, decidido por el Tribunal de Apelaciones del 3° Turno mediante resolución de fecha 29 de julio de 2010; la misma fue recurrida por Fiscalía, siendo que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en fecha 15 de abril de 2011 dispuso dejar sin efecto el archivo de la causa ordenando la continuación de las actuaciones penales.
Los peticionarios precisan que el fundamento invocado en dicha sentencia es que el objeto del proceso se fija recién con el acto de acusación formal y no con el procesamiento, respecto de lo cual estiman constituye una interpretación contraria a la doctrina nacional e internacional en este aspecto. En consecuencia, indican que no se trata sólo del incumplimiento de la segunda recomendación sino de un ilícito internacional.
Añaden que en el procedimiento de los hermanos Peirano existe un auto de procesamiento firme que solo les atribuye el delito que fuera derogado y que dicha resolución judicial que se encuentra firme es la que determinaría el objeto de ese proceso. Señalan que en la resolución judicial se estableció que el cuadro táctico de la imputación formulada encuadraba en el artículo 76 de la Ley 2230 y no en el artículo 5 de la Ley 14095 (insolvencia societaria fraudulenta) por el cual hoy se tramita el proceso. En consecuencia sostienen que el cuadro fáctico existente al momento de dictarse el auto de procesamiento y el existente al momento de presentar la acusación habría variado, y ello no es así.
Mediante nota de fecha 11 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a las partes respecto del estado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes. El 18 de noviembre el Estado reiteró que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores se encuentra estudiando la reforma al Código de Proceso Penal, siendo la misma la primera Cámara que le da tratamiento y se espera poder lograr su aprobación en el mes de diciembre de 2013. Se informa además que el referido proyecto forma parte de una reforma más amplia en el área penal dado que se encuentra en estudio un proyecto de ley Orgánica que crea la Fiscalía Nacional como Servicio Descentralizado, la cual hasta ahora es parte de la estructura del Ministerio de Educación y Cultura; y el proyecto de ley que reforma el Código Penal se encuentra actualmente en estudio en la Comisión de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el 25 de noviembre los peticionarios remitieron información en la cual indican que el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal no podría aprobarse en el presente Gobierno, dado que en octubre de 2013 venció el plazo para aprobar leyes que impliquen un gasto. Indicaron que próximamente habrá elecciones nacionales, y que por ende tampoco se podría aprobar leyes que impliquen un gasto en un año electoral, con lo cual recién en 2015 un nuevo Parlamento podría volver a discutir todo el proyecto. Indicaron además que los hermanos Peirano siguen teniendo que pedir autorización judicial para salir de Montevideo y que Jorge Peirano seguiría inhabilitado después de 8 años de que lo sancionaran preventivamente, y aunque ya se haya dictado la sentencia de primera instancia que lo condenó a 6 años de prisión, con lo cual indican, estaría siendo inhabilitado por más tiempo de lo dispuesto por la misma condena penal. Añadieron que una novedad que tuvo lugar con respecto al caso, es que se habría dictado la referida sentencia de primera instancia, luego de transcurridos 11 años de iniciado el proceso, el que además había sido archivado, con lo cual sostienen se afectó la presunción de inocencia, las garantías del debido proceso, y otras garantías internacionales. Precisaron que la sentencia se encuentra actualmente apelada. En suma, indican que los señores Peirano siguen sometidos al mismo proceso penal y reglas procesales que la CIDH ubicó debajo del estándar de la Convención y que la demora por parte del Estado respecto del cumplimiento de la recomendación pendiente afecta a miles de personas que son y serán sometidas a un proceso arbitrario. Los peticionarios sostiene que a pesar de su libertad, las víctimas, de otra manera, siguen siendo sometidas a una continua violación a su derecho a un proceso penal justo e imparcial.
La Comisión observa que el proceso de reforma de las disposiciones legislativas en materia de detención preventiva, en particular, y del sistema de procedimiento penal en su integridad, se encuentra en curso. Dado que la recomendación pendiente de cumplimiento se refiere a la citada adecuación legislativa, la Comisión insta al Estado para que complete de manera efectiva y prioritaria el proceso parlamentario correspondiente.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que la recomendación señalada se encuentra parcialmente cumplida y que, en consecuencia, seguirá supervisándola.
Caso 12.555 (Petición 562/03), Informe No. 110/06, Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola (Venezuela)
El 27 de octubre de 2006, mediante informe No. 110/0675 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola. El Caso versa sobre la deportaciones de Juan Víctor Galarza Mendiola, el 2 de junio de 2002 y de el señor Sebastián Echaniz Alcorta el 16 de diciembre de 2002, ambos de origen vasco y de nacionalidad española, de Venezuela a España.
Mediante el acuerdo de solución amistosa, el Estado venezolano aceptó su responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de Juan Víctor Galarza Mendiola y Sebastián Echaniz Alcorta, al haber procedido a realizar una deportación ilegal y entrega ilegal al Estado español. Asimismo, el Estado de Venezuela reconoció la violación de los siguientes artículos de la Convención Americana: Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal), Garantías Judiciales (artículo 8), Protección a la Honra y a la Dignidad, la Protección de la Familia), Derecho de Circulación y de Residencia, Igualdad ante la Ley y Protección Judicial, en concordancia con la obligación general de respeto y garantía prevista en el artículo 1(1) del citado instrumento; asume también la violación del artículo 13 (no devolución por riesgo a ser torturado o ser juzgado por tribunales de excepción) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se comprometió a otorgar una reparación pecuniaria y garantías de no repetición, entre otros aspectos.
El 21 de octubre de 2006 la Comisión adoptó el Informe No. 110/06 mediante el cual valoró los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr la solución amistosa y aclaró que el acuerdo hacía mención de una serie de cuestiones que se encuentran fuera de la competencia y/o que no fueron objeto de la materia del Caso en la Comisión. En este sentido, la Comisión consideró necesario afirmar que el Informe aprobado de ninguna manera implica un pronunciamiento sobre las personas que no aparecen como víctimas en el Caso ante la Comisión ni sobre la ciudadanía de los señores Juan Víctor Galarza Mendiola y Sebastián Echaniz Alcorta, ni sobre el trato que los mismos habrían recibido en terceros países ajenos a la competencia de esta Comisión.
El 4 de octubre 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir repuesta.
Por lo expuesto, la CIDH concluye que no se ha dado cumplimiento al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
Caso 11.732, informe no. 83/09,
Petición 242-03, informe no. 160/10, inocencia luca de pegoraro y otros (argentina)
Caso 11.670, informe no 168/11, amílcar menéndez y juan manuel caride y otros (argentina)
Caso 12.324, informe no. 66/12, rubén luis godoy (argentina)
Caso 12.586, informe no. 78/11, john doe y otros (canadá)
Caso 9111, informe no. 60/01, ileana del rosario solares castillo, ana
Caso 11.706, informe no. 32/12,

References: artículo 220
 artículo 238
 artículo 231
 artículo 76
 resolución 
 artículo 76
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 140
 artículo 76
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 76
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 13