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Timestamp: 2017-06-25 02:00:35+00:00

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Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e Instituto de Defensa Legal (IDL) Estado Demandado:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y desaparición de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera en el penal de El Frontón. Palabras Claves:
Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Garantías judiciales y procesales, Jurisdicción militar, Jurisdicción penal, Libertad personal, Protección judicial, Suspensión de garantías Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 27 (Protección a la familia) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
- Los hechos del presente caso se iniciaron con la detención el 14 y 15 de febrero de 1986 de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera por efectivos de la Dirección contra el Terrorismo en el Perú. La detención se basó en su presunta participación en actos de terrorismo. El 4 de marzo de 1986 fueron trasladados por orden judicial al penal de El Frontón. - El 18 de junio de 1986 se produjo un motín en el centro penitenciario donde se encontraban. Las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo al día siguiente, el cual produjo la muerte y lesiones de muchas personas que se encontraban privadas de libertad. Los cuerpos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera nunca fueron encontrados. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
I. Competencia 28. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Por lo tanto, la Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer las excepciones preliminares presentadas por el Estado. (…)
38. (…) [E]l Estado no planteó la cuestión del agotamiento ante la Comisión como excepción preliminar, por lo que está impedido (estoppel) para hacerla prevalecer ante este Tribunal. 39. Por lo expuesto, la Corte desestima la primera excepción preliminar.
43. La Corte señala que en este caso no se presenta la situación que prevé el citado artículo 40.2 del Reglamento de la Comisión. Este artículo alude a una doble identidad: a) de hechos, y b) de personas. Se entiende que el concepto de “hechos” corresponde a la conducta o el suceso que implicaron violación de un derecho humano. A su vez, el concepto de “personas” tiene que ver con los sujetos activos y pasivos de la violación, y principalmente con estos últimos, es decir, las víctimas. Los casos Neira Alegría y otros, por una parte, y Durand y Ugarte, por la otra, se relacionan con los mismos hechos: los sucesos acaecidos en El Frontón; pero difieren, evidentemente, en cuanto a las personas que figuran como supuestas víctimas. 44. En virtud de lo expuesto, la Corte desestima la segunda excepción preliminar.
48. La Corte observa que la titularidad de los derechos humanos reside en cada individuo, y que por ello la violación de los derechos debe ser analizada de manera asimismo individual. El juicio que se formula acerca de un caso no prejuzga sobre otros, cuando son diferentes los titulares de los derechos, aunque los hechos violatorios sean comunes. El presente caso recoge hechos considerados en el caso Neira Alegría y otros, pero se refiere a violaciones en agravio de personas diferentes, como se hizo ver en el examen de la excepción anterior (…), ya que en la especie las supuestas víctimas son los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera, quienes fueron ajenos a la demanda relativa al caso Neira Alegría y otros. 49. Por lo tanto, se desestima la tercera excepción preliminar.
53. La Corte ha señalado ya (…) que la demanda en el presente caso se refiere a personas diferentes de las consideradas en el caso Neira Alegría y otros. 54. Por lo expuesto anteriormente, la Corte resuelve desestimar la quinta excepción preliminar.
59. Asimismo, la Corte considera que los recursos de derecho interno fueron agotados el 28 de octubre de 1986 cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales resolvió en última instancia la acción de hábeas corpus (…). No existe la supuesta caducidad, por cuanto la denuncia ante la Comisión fue interpuesta el 27 de abril de 1987, es decir, dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención Americana. 60. Por ello, la Corte desestima la cuarta excepción preliminar.
117. En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. 118. En el presente caso, los militares encargados de la debelación del motín ocurrido en el penal El Frontón hicieron un uso desproporcionado de la fuerza que excedió en mucho los límites de su función, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos. Por lo tanto, los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos militares, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hubieran sido militares o no. (…)
125. Por lo que respecta a la afirmación sobre la parcialidad y dependencia de la justicia militar, es razonable considerar que los funcionarios del fuero militar que actuaron en el proceso encaminado a investigar los sucesos de El Frontón carecían de la imparcialidad e independencia requeridas por el artículo 8.1 de la Convención para investigar los hechos de una manera eficaz y exhaustiva y sancionar a los responsables por los mismos. (…)
128. La Corte ha dicho que “el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu”. Interpretado de esa manera, el mencionado texto comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto “todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia” (Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas artículo 1.2). (…)
130. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente caso a los familiares de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. 131. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó, tanto en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera como de sus familiares, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana.
138. La Corte advierte que, de acuerdo con lo establecido en la presente sentencia, el Estado violó los artículos 4.1, 7.1, 7.5, 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, por lo que el mismo no ha cumplido con su deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en aquélla y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de la Convención. Además, en el presente caso se violó el artículo 2 de la Convención, por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivos los derechos consagrados en la misma. 139. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado ha incumplido las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte decide: - Que aprueba el acuerdo, en los términos de la presente Sentencia, sobre reparaciones suscrito el 26 de noviembre de 2001 entre el Estado y los familiares de las víctimas y sus representantes legales. - Que el Estado debe pagar la cantidad de US$125.000,00 a Virginia Bonifacia Ugarte Rivera de Durand y Nolberto Durand Vargas, padres de Nolberto Durand Ugarte y a la vez, hermana y cuñado, respectivamente, de Gabriel Pablo Ugarte Rivera, a efectos de lo cual adoptará las providencias necesarias para adelantar un pago parcial de la indemnización en el presente año fiscal, o, en su defecto, hacer el pago total de la indemnización durante el segundo trimestre del año fiscal 2002. - Que el Estado debe proporcionar a los beneficiarios de las reparaciones las prestaciones de salud, de apoyo psicológico y desarrollo interpersonal y de apoyo en la construcción de un inmueble.
- Que el Estado debe efectuar las siguientes reparaciones no pecuniarias: a) publicar la sentencia de la Corte dictada el 16 de agosto de 2000 en el Diario Oficial El Peruano, y difundir su contenido en otros medios de comunicación que para tal efecto se estimen apropiados, dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del acuerdo; b) incluir en la Resolución Suprema, que disponga la publicación del acuerdo, “una expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas por los graves daños causados” y una ratificación de la voluntad de que no volverán a ocurrir hechos de este género; c) investigar y sancionar a los responsables de los hechos, en virtud del punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000, y seguir impulsando la investigación que se tramita ante la 41 Fiscalía Penal de Lima, por el delito de homicidio en perjuicio de 30 personas, entre las cuales se encuentran Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera; y d) realizar las diligencias concretas tendientes a establecer el lugar e identificar los cadáveres de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera para entregarlos a sus familiares, de conformidad con el punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000. - Que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el cumplimiento de las reparaciones dentro del plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. - Que supervisará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sentencia de Reparaciones y Costas y dará por concluido este caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en aquélla.
La Corte declara: - Desestimar las excepciones preliminares opuestas por el Estado del Perú.
- Que el Estado violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, el artículo 4.1, 5.2, 7.1, 7.5, 7.6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. - Que el Estado violó, en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, así como de sus familiares, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. - Que el Estado ha incumplido las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores en la presente sentencia. Actuaciones posteriores a la(s) sentencia(s)
Fecha de la última resolución: 05 de agosto de 2008. - La Corte declara: i) Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 5 a 8 de la presente Resolución el Estado ha dado cumplimiento total al requerimiento de pagar la cantidad de US$125.000,00 a Virginia Bonifacia Ugarte Rivera de Durand y Nolberto Durand Vargas, padres de Nolberto Durand Ugarte y a la vez, hermana y cuñado, respectivamente, de Gabriel Pablo Ugarte Rivera. ii)Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 17 a 20 de la presente Resolución el Estado ha dado cumplimiento total al requerimiento de disponer en una Resolución Suprema, la publicación del acuerdo de “una expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas por los graves daños causados” y una ratificación de la voluntad de que no volverán a ocurrir hechos de este género.
iii) Que de conformidad con lo señalado en la presente Resolución, el Estado ha dado cumplimiento parcial, en lo pertinente, a los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia de Reparaciones y Costas: a) publicar la Sentencia de Fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000 en el Diario Oficial El Peruano; y
b) identificar y entregar los restos de Norberto Durand Ugarte a sus familiares. iv) Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber: a) difundir el contenido de la Sentencia de la Corte dictada el 16 de agosto de 2000 en otros medios de comunicación que para tal efecto se estimen apropiados. b) otorgamiento de prestaciones de salud a los beneficiarios, desarrollo interpersonal y otorgar apoyo psicológico a los beneficiarios, así como dar apoyo en la construcción de un inmueble; c) investigar y en su caso sancionar a los responsables de los hechos, en virtud del punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la 11Corte el 16 de agosto de 2000, y seguir impulsando la investigación que se tramita ante la 41 Fiscalía Penal de Lima por el delito de homicidio en perjuicio de 30 personas, entre las cuales se encuentran Norberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera; y d) continuar realizando diligencias concretas y tendientes para establecer el lugar e identificar los restos de Gabriel Pablo Ugarte Rivera, para entregarlo a sus familiares, de conformidad con el punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000.
- La Corte resuelve: i) Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ii) Solicitar a los representantes que en el plazo de un mes, presenten sus observaciones respecto del estado de cumplimiento del punto resolutivo tercero de la Sentencia, de conformidad con el Considerando 12 de la presente resolución. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a las observaciones de los representantes, dentro del plazo de dos semanas, contado a partir de su recepción. iii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 12 de enero 2009, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por este Tribunal que se encuentran pendientes de cumplimiento. iv) Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe. v) Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia Reparaciones y Costas dictada por la Corte Interamericana el 3 de diciembre de 2001. vi) Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 4
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 62
 artículo 40
 artículo 46
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
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 artículo 68
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