Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JDC/SUP-JDC-00036-1999.htm
Timestamp: 2019-05-25 15:46:50+00:00

Document:
EXPEDIENTE: SUP-JDC-036/99
ACTORES: HECTOR HERNANDEZ
CORTINAS Y JUAN CARDIEL DE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE COAHUILA
TERCERO INTERESADO: PARTIDO CARDENISTA COAHUILENSE
SECRETARIO: GUSTAVO AVILES JAIMES
México, Distrito Federal, a diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-JDC-036/99, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago, en contra de actos del Partido Cardenista Coahuilense consistentes en la designación como candidatos preferentes para recibir las respectivas constancias de asignación como diputados por el principio de representación proporcional, en la primera y segunda circunscripciones plurinominales locales, en favor de los ciudadanos María Magdalena García Rosas y Conrado Marines Ortiz, y Juan Sánchez Méndez y Nicandro Palacios Ojeda, respectivamente, así como en contra de la entrega a dichos ciudadanos de las correspondientes constancias de asignación, efectuada por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, y
I. El veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, el VI Comité Distrital Electoral de Coahuila celebró sesión ordinaria en la que resolvió sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en ese distrito electoral para contender en las elecciones que tuvieron lugar en esa entidad federativa el pasado veintiséis de septiembre del presente año. Por el Partido Cardenista Coahuilense quedó registrada la fórmula integrada por los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago como propietario y suplente, respectivamente.
II. El tres de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el Consejo Estatal Electoral de Coahuila realizó el cómputo estatal para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. En dicha sesión, el Consejo determinó que el Partido Cardenista Coahuilense no alcanzó el tres por ciento de la votación efectiva del Estado, motivo por el cual no le asignó diputado de representación proporcional alguno.
III. El seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el Partido Cardenista Coahuilense promovió juicio de inconformidad en contra del cómputo y la indebida asignación de diputados por el principio de representación proporcional a que se refiere el numeral anterior. El veintiuno del mismo mes y año, la Sala Colegiada Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila resolvió dicho juicio. Los puntos resolutivos de la sentencia son los siguientes:
PRIMERO.- Se revocan los acuerdos tomados en la sesión del Consejo Estatal Electoral el día tres de octubre de este año, realizados en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185 del Código Estatal Electoral incluyendo el número 202/99 bis, y en su lugar se resuelve.
SEGUNDO.- Proceda el Consejo Estatal Electoral a investigar los hechos denunciados por el Partido Cardenista Coahuilense por conducto de su Representante Propietario señor Samuel Acevedo Flores, en escrito de dos de octubre de este año, para lo cual deberá abrir los paquetes electorales de las casillas identificadas en el referido ocurso, y contar en cada una de ellas las boletas inutilizadas, para determinar si fueron anotadas como votos nulos conforme a las actas de jornada electoral, y de ser así, excluya esas cantidades de la votación efectiva, y realice nuevamente el cómputo estatal que permita hacer las asignaciones de Diputados de Representación Proporcional en los términos a que se refiere el artículo 185 del Código Estatal Electoral.
IV. El veinticinco de octubre del año en curso, el Consejo Estatal Electoral de Coahuila dio cumplimiento a la sentencia a que se refiere el Resultando anterior y como consecuencia de las modificaciones en los resultados del cómputo de cada uno de los distritos de la entidad, determinó que el Partido Cardenista Coahuilense tenía derecho a dos diputaciones de representación proporcional. En consecuencia, otorgó las constancias de asignación a los ciudadanos María Magdalena García Rosas, como propietaria, y Conrado Marines Ortiz, como suplente, en la primera circunscripción, y a Juan Sánchez Méndez, como propietario, y Nicandro Palacios Ojeda, como suplente, en la segunda circunscripción
V. El tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago, promovieron el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila en favor del Partido Cardenista Coahuilense y, en consecuencia, la entrega de las constancias de asignación respectivas a las fórmulas integradas por los ciudadanos María Magdalena García Rosas y Conrado Marines Ortiz, propietario y suplente, respectivamente, por la primera circunscripción plurinominal, y Juan Sánchez Méndez y Nicandro Palacios Ojeda, propietario y suplente, respectivamente, por la segunda circunscripción plurinominal. En la parte conducente de su escrito inicial de demanda expusieron los siguientes hechos y agravios:
1.- El pasado 26 de septiembre del año en curso, tuvieron lugar las elecciones en el estado de Coahuila, para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.
2.- Los demandantes fuimos candidatos a Diputados por mayoría relativa del Partido Cardenista Coahuilense, para el VI Distrito, que comprende los Municipios de Matamoros y Viesca, ambos de Coahuila correspondiente a la Segunda Circunscripción.
3.- Habiendo intervenido en la contienda electoral, obtuvimos la cantidad de 2,484 votos.
4.- Para intervenir en esta contienda, acordamos verbalmente con la dirigencia del partido, que en caso de no obtener la diputación por mayoría relativa. De obtener de representación proporcional, éstas serían asignadas a los contendientes de mayoría relativa que obtuvieran mayor porcentaje de votación en los Distritos correspondientes en la Primera y Segunda Circunscripción, ratificando dicho acuerdo verbal el Presidente del Partido Cardenista Coahuilense, con escrito de fecha 03 de agosto del año en curso, dirigido al Consejo Estatal Electoral.
5.- Bajo ese acuerdo participamos, y hecho el cómputo final, no sin antes agotar algunos medios de impugnación del Partido Cardenista, se otorgaron dos diputaciones de Representación Proporcional una para cada Circunscripción.
6.- Ya con las dos diputaciones asignadas al Partido, correspondía pues a éste designar a las personas que ocuparían dicha curules, y por tanto debiendo tomar a los que obtuvieron mayor porcentaje de votación en la contienda para Diputados de mayoría relativa en cada circunscripción.
7.- Pero cual sería nuestra sorpresa, que el día 01 de Noviembre del año en curso, nos enteramos por los medios de información que el Partido había designado para la Primer Circunscripción a MARIA MAGDALENA GARCIA ROSAS como propietaria y como suplente a CONRADO MARINES ORTIZ, y como propietario a JUAN SÁNCHEZ MÉNDEZ y suplente a NICANDRO PALACIOS OJEDA para la Segunda Circunscripción, pues así lo daba a conocer el Consejo Estatal Electoral de Coahuila, habiendo otorgado las constancias respectivas.
8.- Cabe manifestar nuestra inconformidad, en razón de que la C. MARIA MAGDALENA GARCIA ROSAS no debe ser diputada por el Partido, bajo argumento de que ésta compitió para gobernadora y el C. JUAN SÁNCHEZ MÉNDEZ como suplente en el Distrito XII, que si bien es cierto, este Distrito corresponde a la segunda circunscripción, también lo es, que obtuvo una votación de 1,211 sufragios y por lo tanto ninguno de estos dos ciudadanos designados por el Partido, cumplen con el acuerdo celebrado verbalmente ni con lo establecido en el Código Estatal Electoral del Estado de Coahuila, ya que esa designación de Diputado, corresponde a los demandantes para la segunda circunscripción, por haber obtenido la mas alta votación en los Distritos correspondientes a la segunda circunscripción.
Por lo que se refiere al Consejo Estatal Electoral
UNICO.- Violación al artículo 8 del Código Electoral del Estado de Coahuila, en perjuicio de los derechos políticos.
Prevé el artículo 8.- "Todos los partidos políticos estarán en aptitud de participar en la asignación de Diputados de representación proporcional, conforme a los procedimientos y fórmulas que se contienen en el artículo 9 de este Código. Esta asignación se hará preferentemente entre los candidatos que contendieron en las fórmulas de mayoría y no alcanzaron la votación mayoritaria en sus respectivos distritos."
La expedición de la Constancia de Diputado de representación Proporcional para la Segunda Circunscripción por parte del Consejo Estatal Electoral a favor de JUAN SANCHEZ MENDEZ y NICANDRO PALACIOS OJEDA, violenta nuestros derechos políticos-electorales, por su manifiesta ilegalidad al interpretar incorrectamente el párrafo primero del artículo 8 del Código referido.
En efecto, expuesto el agravio esta H. SALA SUPERIOR deberá declararlo fundado por la siguiente razón: Al disponer el artículo 16 Constitucional "todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado", constituye una garantía de seguridad jurídica a favor de todo gobernado, no sujeta a ser modificada y alterada a capricho de la autoridad, sin embargo, la prerrogativa consagrada en la carta magna poco importa a la autoridad agraviante, al expedir constancia de Diputado de representación proporcional por la Segunda Circunscripción a favor de JUAN SANCHEZ MENDEZ y NICANDRO PALACIOS OJEDA, sin que éstos cumplan con los requisitos del párrafo primero del artículo 8 del Código citado.
Y esto es así, ya que si bien es cierto, el precepto del Código referido faculta a los Partidos para asignar candidatos a Diputados de representación proporcional, también lo es, que este precepto establece que dicha facultad se restringe; a que preferentemente sean los candidatos que contendieron por el principio de mayoría relativa, y no hayan obtenido el triunfo, y esto presupone, que tendrá derecho a ser Diputado por el principio de representación proporcional el candidato de mayoría relativa que haya obtenido mayor cantidad de votos o porcentaje de votación en el Distrito que esté dentro de la Segunda Circunscripción, y sólo por excepción, el Partido podrá asignar a los que no hayan competido por mayoría relativa, previa conformidad de los candidatos de mayoría relativa de no aceptar la Diputación por el principio de representación proporcional, situación que difícilmente se daría, porque es indudable, que la aspiración de todo ciudadano al participar como candidato a diputado, es lograr tal distinción, y por lo tanto no dará esa conformidad para ver truncada su esperanza, por lo que la ilegal decisión del Partido al asignar como Diputado por la Segunda Circunscripción a JUAN SANCHEZ MENDEZ (propietario) y NICANDRO PALACIOS OJEDA (suplente), determinación que acata y da cumplimiento el Consejo Estatal Electoral, violenta el Artículo 8 del Código Electoral del Estado, ya que hace una inexacta interpretación y aplicación del párrafo primero del artículo referido, que categóricamente impone preservar el derecho de ser Diputados por el principio de representación proporcional a los de mayoría relativa que hayan obtenido el mayor porcentaje de votación dentro de la Circunscripción, y como la autoridad Electoral tenía pleno conocimiento de quien es el candidato de mayoría que obtuvo mayor porcentaje de votación, debió haberse negado a dar cumplimiento a la petición del Partido, por no cumplir el propuesto con los requisitos del artículo ya referido, y solamente se permitiría la Autoridad Responsable dar cumplimiento a la solicitud del Partido, si éste le presenta la conformidad por escrito de los candidatos (HECTOR HERNANDEZ CORTINAS propietario y JUAN CARDIEL DE SANTIAGO suplente) de mayoría relativa a no aceptar la Diputación de representación proporcional, y como no dio cumplimiento al precepto referido el Consejo Estatal Electoral, violenta los derechos políticos electorales de los ciudadanos HECTOS HERNANDEZ CORTINAS (propietario) y JUAN CARDIEL DE SANTIAGO (suplente) por privarnos de la prerrogativa de ser Diputados por el principio de representación proporcional, derecho que nos ganamos por el esfuerzo que hicimos al competir como candidatos de mayoría relativa por el Distrito VI, y en el que obtuvimos mayor porcentaje de votación respecto a todos los contendientes de la Segunda Circunscripción, resolución lesiva de los derechos políticos que nos consagra la Constitución Federal en el artículo 35; y 19 y 27 de la Constitución del Estado de Coahuila.
Luego, esta H. Sala deberá revocar la asignación de Diputado por el principio de representación proporcional en la segunda circunscripción a JUAN SANCHEZ MENDEZ Y NICANDRO PALACIOS OJEDA, por ser esta asignación agraviante a los derechos políticos de los demandantes, y en su lugar decretar que procede declarar la asignación de Diputados de representación proporcional para la segunda circunscripción del Estado de Coahuila por el Partido Cardenista Coahuilense a los C. HECTOR HERNANDEZ CORTINAS (propietario) y JUAN CARDIEL DE SANTIAGO (suplente).
A dicho juicio compareció como tercero interesado el Partido Cardenista Coahuilense.
VI. El cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el oficio número 2252/99, suscrito por el Presidente del Consejo Estatal Electoral, con el que remite, entre otros documentos: A. Original del escrito de demanda relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, suscrito por los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago, así como los anexos a la misma; B. Original del aviso de recepción del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del tres de noviembre del año en curso; C. Copia certificada del acta levantada con motivo de la sesión del Consejo Estatal Electoral de Coahuila celebrada el tres de octubre del año en curso; D. Copia certificada de la sentencia dictada el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve por la Sala Colegiada Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, recaída al juicio de inconformidad 086/99; E. Copia certificada del acta levantada con motivo de la sesión del Consejo Estatal Electoral de Coahuila celebrada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve; F. Copia certificada del acta levantada con motivo de la sesión celebrada por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila el veinticinco de septiembre del año en curso. G. Copia certificada del acta levantada con motivo de la sesión celebrada por el VI Consejo Distrital Electoral el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve; H. Informe circunstanciado de ley, e I. Copia certificada de dos escritos de tres de agosto y veinticinco de septiembre del presente año, suscritos por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Cardenista Coahuilense.
VII. El ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó turnar el expediente formado con motivo de la demanda, al Magistrado Electoral José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; al cual se dio cumplimiento mediante oficio TEPJF-SGA-1003/99 de la misma fecha suscrito por el Secretario General de Acuerdos de la citada Sala.
VIII. El veintidós de noviembre del presente año, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia acordó: Tener por recibido el expediente y radicarlo para su sustanciación; reconocer la personería del promovente y del tercero interesado, y requerir información tendente a averiguar si se había promovido o interpuesto algún medio de impugnación en contra de la sentencia de inconformidad 086/99 y los acuerdos emanados de la sesión del Consejo Estatal Electoral de Coahuila celebrada el veinticinco de octubre del año en curso.
IX. Por oficio número 835 del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila informó a este órgano jurisdiccional federal que el Partido de la Revolución Democrática y la coalición formada por los partidos Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México promovieron recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en el expediente de juicio de inconformidad número 86/99, apelación a la que correspondió el toca número 32/99, en el que se emitió resolución el tres de noviembre del presente año. Asimismo, por oficio número 2339/99 del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Presidente del Consejo Estatal Electoral de Coahuila informó que en contra de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional realizada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, derivaron sendos juicios de inconformidad a los que les correspondieron los números 90/99 y 92/99.
X. Por proveído del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Magistrado Instructor nuevamente requirió información en relación con los medios de impugnación que se hubieren promovido o interpuesto en contra de las resoluciones recaídas en el recurso de apelación y en los juicios de inconformidad a que se refiere el Resultando anterior. Como resultado de la información solicitada, se obtuvo que en contra de la resolución dictada en el toca número 32/99 se promovió juicio de revisión constitucional electoral al que correspondió el número de expediente SUP-JRC-223/99; que en contra de las resoluciones emitidas en los juicios de inconformidad a que se refiere también el Resultando anterior, se promovieron sendas apelaciones a las que correspondieron los números de toca 39/99 y 41/99 y que en contra de las respectivas resoluciones a estos últimos también se promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral, a los que correspondieron los números de expediente SUP-JRC-253/99 y SUP-JRC-261/99.
En los medios de impugnación antes mencionados, resueltos en sesión de esta misma fecha, se confirmaron los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila en sesión celebrada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, de conformidad con los cuales se asignaron al Partido Cardenista Coahuilense dos diputaciones de representación proporcional, una de las cuales fue reclamada por los actores mediante la demanda que dio inicio al presente juicio por considerar que tienen mejor derecho para obtener la constancia de asignación respectiva.
XI. El primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior un escrito mediante el cual los actores expresan agravios, solicitando que los mismos sean tomados en consideración como si fueran parte de la demanda original.
XII. El dieciséis de diciembre del presente año, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación del expediente al rubro indicado, acordó: Tener por desahogados los requerimientos y agregar a sus antecedentes el oficio y el escrito a que se refieren los Resultandos IX y XI anteriores, admitió la demanda, tuvo por no presentado el escrito de ampliación de la misma y, en vista de que no existía diligencia alguna pendiente por desahogar, declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y
PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que los actores aducen que la autoridad responsable afectó mediante el acto impugnado su derecho de voto pasivo.
SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se estudian las causas de improcedencia invocadas por la autoridad responsable y el partido político tercero interesado, ya que su estudio es de carácter preferente y de orden público, acorde con lo dispuesto en los artículos 1 y 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
I. En su informe circunstanciado, la autoridad responsable aduce que el juicio promovido por los actores es improcedente en virtud de lo siguiente:
a) Sostiene dicha autoridad que el acto impugnado no afecta el interés jurídico de los demandantes debido a que, aún en el supuesto de que estuviera obligada a seguir el procedimiento que señalan los actores para efectuar la asignación de diputaciones de representación proporcional al Partido Cardenista Coahuilense, no tendrían derecho a ocupar ninguno de los escaños que corresponden a dicho partido político, toda vez que los actores ocuparon el tercer lugar en el porcentaje de la votación total obtenida por los candidatos a diputados de mayoría relativa postulados por el mencionado partido político.
b) Asimismo, la autoridad ahora responsable alega que el medio de impugnación materia del presente fallo no fue presentado dentro de los plazos establecidos por la ley, toda vez que el acto impugnado fue notificado a los hoy actores el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve por conducto del representante de su partido político ante el Consejo Estatal Electoral, así como por estrados. Agrega la autoridad responsable que, dado que la demanda se presentó el día tres de noviembre, es claro que el plazo de cuatro días para presentar el medio de impugnación transcurrió en exceso.
c) Por último, aduce la autoridad responsable que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede en los supuestos contemplados por los artículos 80 y 81 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que la supuesta indebida asignación de diputados de representación proporcional que plantean los quejosos, no se encuentra contemplada en la ley como causal de procedencia del citado medio de impugnación en materia electoral.
Deben desestimarse las causas de improcedencia que invoca la autoridad responsable.
Por lo que se refiere a la contenida en el inciso a) que antecede, este órgano jurisdiccional federal estima que no constituye propiamente una causa de improcedencia la que hace valer la responsable, porque lo aducido por los hoy actores es precisamente parte de la litis en el presente asunto y, en consecuencia, será hasta el momento en que se estudie el fondo del presente asunto en que se determine si los actores tenían derecho o no a ocupar una de las dos diputaciones de representación proporcional asignadas al Partido Cardenista Coahuilense, estudio en el que, entre otros aspectos, deberá dilucidarse qué lugar ocuparon los actores en el porcentaje de la votación total obtenida por todas y cada uno de las fórmulas de candidatos a diputados de representación proporcional que participaron en las elecciones ordinarias celebradas en el Estado de Coahuila el veintiséis de septiembre del presente año.
Por otra parte, la causa de improcedencia contenida en el inciso b) que se precisa anteriormente, resulta inexacta en razón de las consideraciones que a continuación se exponen.
En primer término, si bien es cierto que en el acta levantada con motivo de la sesión especial celebrada por el Consejo Estatal Electoral el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se asignaron dos diputaciones por el principio de representación proporcional al Partido Cardenista Coahuilense a favor de los ciudadanos Ma. Magdalena García Rosas y Juan Sánchez Méndez, como propietarios, y a Conrado Marines Ortiz y a Nicandro Palacios Ojeda, como suplentes, determinación que fue impugnada por los actores en el presente juicio, consta que el representante propietario del mencionado partido político ante el propio consejo asistió a dicha sesión, motivo por el cual la autoridad ahora responsable aduce que en esa fecha quedaron debidamente notificados los hoy promoventes, esta Sala Superior estima que la notificación al representante del mencionado partido político no puede considerarse que surtió efectos de notificación para los ahora actores.
Los artículos 102 a 105 del Código Electoral del Estado de Coahuila establecen:
Los partidos políticos nacionales y estatales tendrán derecho a nombrar un representante con voz ante el Consejo Estatal Electoral, los Comités Distritales Electorales y los Comités Municipales Electorales.
La acreditación de representantes se hará por la dirigencia estatal de los partidos políticos y en todos los casos la sancionará el Consejo Estatal Electoral.
Los partidos coaligados designarán un comisionado común que los representará en los organismos señalados en los párrafos anteriores, substituyendo al que individualmente tenían los institutos políticos.
Los partidos políticos y las coaliciones designarán un suplente para sus comisionados, y previa comunicación al Consejo, podrán sustituirlo libremente.
El escrito de acreditación de los representantes señalará el domicilio que para oír y recibir notificaciones designen en la ciudad en que tiene sede el organismo en el que actuarán, en el entendido que de no hacerlo, las mismas se harán por estrados al día siguiente del acuerdo que las motive.
No podrán ser representantes de los partidos políticos los servidores públicos con mando superior de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como de los ayuntamientos.
Los partidos políticos nacionales o estatales y en su caso, las coaliciones, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante las Mesas Directivas de Casilla, así como, representantes generales en los términos previstos en el artículo 85 de este Código.
La acreditación de estos representantes deberá realizarse a más tardar quince días antes de la jornada electoral en los Comités Municipales según se trate de elecciones de Diputados o Gobernador y Ayuntamientos, pudiendo ser sustituidos por el mismo procedimiento hasta diez días antes de la jornada electoral.
Los partidos políticos presentarán en forma individual la acreditación de cada uno de sus representantes señalando lo siguiente:
I. Nombre, apellidos y domicilio del representante;
II. Número de credencial para votar; y
III. Número de sección y casilla en la que se acredita.
Sólo podrán ser representantes de partidos políticos los electores residentes en el municipio en que se encuentre comprendida la casilla en que son acreditados.
Los Comités Municipales resolverán sobre la solicitud de representantes de los partidos políticos, ante las mesas directivas de casilla en el término de las 48 horas siguientes a su presentación, devolviendo debidamente razonadas y selladas las solicitudes que se consideraron procedentes.
De la anterior normatividad transcrita se advierte que los representantes de los partidos políticos y de las coaliciones ante las distintas autoridades electorales representan, como su denominación lo indica, a tales institutos políticos, pero no a los candidatos postulados por los mismos, en particular cuando dichas autoridades emiten actos que afectan los derechos político-electorales consagrados constitucional y legalmente para los ciudadanos, puesto que considerar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a tales candidatos cuando sus derechos se vieran lesionados por algún acto de autoridad y el representante del partido político o de la coalición a que pertenezcan, por dolo o negligencia, omitieran notificar tal afectación al interesado y porque, por otra parte, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe ser promovido por los propios ciudadanos afectados, dado que la ley electoral no permite la gestión de negocios para tal efecto, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por otra parte, esta Sala Superior advierte que la notificación del acuerdo impugnado que, según alega la autoridad responsable, efectuó por estrados a todos los interesados el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, no surtió efecto alguno respecto de los ahora actores, toda vez que estos últimos manifestaron que tuvieron conocimiento del mencionado acto el primero de noviembre del año en curso, por lo que, al no existir elemento de convicción que demuestre que no es cierta tal afirmación, es a partir de esta fecha que debe computarse el plazo de cuatro días que para promover el presente medio de impugnación está contemplado en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, precepto que establece lo siguiente:
Del texto antes transcrito se desprende que el plazo de cuatro días para presentar los medios de impugnación en materia electoral previstos en la citada ley se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.
En el caso concreto, se advierte que la notificación por estrados del acto impugnado alegada por la autoridad responsable y que aduce haber efectuado el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a los hoy actores, no se efectuó de conformidad con la ley aplicable por las siguientes razones.
En relación con este punto, la autoridad responsable ofreció como prueba de su parte copia certificada de la notificación por estrados del acuerdo que constituye el acto reclamado, de fecha de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, agregada a fojas ciento veinte de autos, cuyo texto es el siguiente:
ACUERDOS TOMADOS EN SESIÓN ESPECIAL DE
CONSEJO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1999
ACUERDO NUMERO 205/99
El Consejo Estatal Electoral, por unanimidad de votos de los Consejeros Ciudadanos, y el consenso general de los representantes de los Partidos Políticos presentes en la sesión, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 53, 54, 56, 59 y 185 del Código Electoral del Estado ACUERDA: Aprobar la designación de Diputados de Representación Proporcional, en los términos dispuestos en el cuerpo de la presente acta, para los efectos legales a que haya lugar.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Consejo, en los términos del artículo 213 del Código de la materia.
Se certifica según lo estipulado en el artículo 60 inciso b) fracciones VI y XII del Código Electoral del Estado de Coahuila.
Ahora bien, la notificación es la actividad mediante la cual se comunica a una persona un acto o resolución; tiene como objeto generar la certeza de que el destinatario tuvo conocimiento del acto o resolución de que se trate, a efecto de que quede vinculado al mismo en lo que lo afecte o beneficie y, en caso de que lo considere lesivo a sus intereses, el afectado esté en aptitud de inconformarse en contra del acto o resolución en los términos que la ley prevea.
Del documento ofrecido como prueba por la autoridad responsable para acreditar que el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve notificó a todos los interesados el acuerdo impugnado mediante los estrados del propio órgano electoral, no se advierte que la fijación de ese acuerdo en los mencionados estrados cumpliera con las condiciones que para toda notificación fueron señaladas en el párrafo anterior. En efecto, en el texto del acuerdo número 205/99 antes transcrito, no se advierte el nombre de los diputados de representación proporcional cuya designación fue aprobada mediante ese acuerdo. En consecuencia, la fijación de ese documento en los estrados del Consejo Estatal Electoral de Coahuila no genera la certeza de que los destinatarios, partidos políticos y candidatos, tuvieron un cabal conocimiento del acto o resolución de que se trate, lo cual, a su vez, impedía que pudieran inconformarse en términos de ley, habida cuenta que para ello se requería que se fijara copia o se transcribiera la parte relevante del acta de la sesión en la que dicho acuerdo fue emitido, en forma tal que los interesados pudieran tener la percepción real y verdadera del acto impugnado, sin que la autoridad responsable haya aportado alguna otra constancia, diversa a la que se viene comentando, que demostrara que dicha autoridad procedió en la forma antes indicada.
Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis de jurisprudencia visible en la página seis del anexo del Informe Anual 1998-1999 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada con el siguiente rubro y texto:
NOTIFICACIONES POR ESTRADOS. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ (LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA). La notificación es la actividad mediante la cual se comunica el contenido de un acto o resolución, con el objeto de preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, para que quede vinculado a dicha actuación en lo que lo afecte o beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses pueda inconformarse en los términos de la ley. El presupuesto lógico para la validez legal de las notificaciones por estrados, radica en la existencia de un vínculo jurídico entre la autoridad emitente del acto o resolución que se comunica y el sujeto al que se dirige, de la cual resulta una carga procesal para éste, de acudir a la sede de la autoridad para imponerse del contenido de las actuaciones del órgano jurisdiccional, mediante la lectura de los elementos que se fijen al efecto en el lugar destinado para ese fin, de lo cual se deduce la necesidad lógica de que en tal información se haga relación del contenido esencial del acto que se pretende poner en conocimiento del interesado, como requisito sine qua non para la satisfacción de su objeto. Del análisis de los artículos 208 y 209 del Código Electoral del Estado de Coahuila, donde se prevén las notificaciones por estrados y se definen éstos como los lugares destinados en las oficinas del Pleno, y en su caso, de la Sala Auxiliar, con el objeto de que sean colocadas para su notificación las resoluciones emitidas en materia electoral, se llega al conocimiento de que las resoluciones que se dictan en los medios de impugnación en materia electoral que se promueven ante las autoridades jurisdiccionales del Estado de Coahuila, pueden notificarse, entre otras formas, por medio de los estrados del Pleno o de la Sala Auxiliar; y que cuando se notifican por esta vía, para su debida validez y eficacia, es requisito formal que en el lugar destinado para la práctica de dicha diligencia, verbigracia, se fije copia o se transcriba la resolución a notificarse, pues así el interesado puede tener la percepción real y verdadera de la determinación judicial que se le comunica, y se puede establecer la presunción humana y legal de que la conoce; lo cual resulta acorde con los principios de certeza y seguridad jurídica de los actos jurisdiccionales, pues de esta manera la parte interesada queda en aptitud legal de proceder en la forma y términos que considere pertinentes en defensa de sus derechos.
Por último, es inatendible la causa de improcedencia que invoca la autoridad responsable y que ha quedado resumida en el inciso c) de la identificación respectiva a dichas causas, en donde dicha autoridad responsable adujo que el acto impugnado por los actores no es de aquellos de los previstos legalmente como susceptibles de impugnar mediante la promoción de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
Al respecto, cabe tener en consideración que el artículo 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que el mencionado juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:
En el artículo 79 de la citada ley, al que se remite en el inciso antes transcrito, se establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales procederá cuando el ciudadano haga valer violaciones a sus derechos de votar y ser votado, de asociación y de afiliación.
En la especie, los actores aducen que de manera indebida la autoridad responsable asignó las diputaciones por el principio de representación proporcional que correspondieron al Partido Cardenista Coahuilense, a dos fórmulas a las que no les correspondía ese derecho, solicitando los actores que una de esas diputaciones sea otorgada a los mismos en su carácter de diputados propietario y suplente.
De lo expuesto y pretendido por los actores, se advierte que aducen que la autoridad responsable, con el acto que de la misma impugnan, violó en su perjuicio el derecho de voto pasivo, en virtud de que, no obstante que obtuvieron el porcentaje de votación requerido para obtener una de tales diputaciones, la misma no les fue asignada.
Es aplicable la tesis relevante publicada en la página treinta y dos del anexo del Informe Anual 1998-1999 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el siguiente rubro y texto:
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual; y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo "cuando", contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como conjunción de tiempo y con el significado de "en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que", pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político-lectoral de ser votado, con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; al conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, si consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80.
II. Por otro lado, el partido político tercero interesado invoca que la demanda es improcedente en virtud de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no contempla la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de actos de los partidos políticos.
Es parcialmente atendible la causa de improcedencia que hace valer el partido político tercero interesado, razón por la cual debe sobreseerse en el presente juicio única y exclusivamente en lo que se refiere a los actos que los actores reclaman del Partido Cardenista Coahuilense.
Al respecto, es aplicable la siguiente tesis relevante publicada en el suplemento número uno, año mil novecientos noventa y siete, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial e la Federación, página cuarenta y ocho, bajo el siguiente rubro y texto:
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS. Conforme con la interpretación sistemática de los artículos 41, fracción IV, y 99 de la Constitución Federal; 9, párrafo 1, inciso d), 12, párrafo 1, inciso b), 79, párrafo 1, 80 y 84 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede solamente contra actos de la autoridad electoral, por lo que los partidos políticos no pueden ser sujetos pasivos de dicho juicio. Las normas constitucionales citadas no disponen expresa o implícitamente, que los partidos políticos son parte pasiva de tal medio de impugnación. Las bases constitucionales, sobre las que la ley desarrolla el sistema de medios de impugnación, están íntimamente vinculadas con actos de autoridad. Por su parte, la ley ordinaria invocada prevé que el juicio de que se trata se encuentra establecido exclusivamente para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano frente a los actos de autoridad, pues dispone que deberá presentarse por escrito precisamente ante la autoridad responsable; que en ese escrito deberá identificarse un acto o una resolución de una autoridad; que ésta es una de las partes en los medios de impugnación; que los supuestos de procedencia del juicio se encuentran estrictamente relacionados con actos de autoridad, y que la sentencia sólo debe notificarse al actor, a los terceros interesados y a la autoridad responsable. En consecuencia, en este juicio el sujeto pasivo es exclusivamente una autoridad, por lo que es improcedente contra actos de partidos políticos. No constituye obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la ley citada, en el sentido de que es parte en los medios de impugnación "el partido político en el caso previsto por el inciso e), del párrafo 1 del artículo 81 de esta ley, que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna". Dicha mención al partido político como autor del acto impugnado, se debió a una omisión del legislador, ya que en los artículos 9, 12, párrafo 1, inciso b), 81, párrafo 1, inciso e), 85, párrafo 1, incisos b) y c), del anteproyecto de la ley mencionada, se proponía que el juicio procediera también contra actos de partidos políticos; pero al aprobarse la ley se suprimió tal propuesta y se conservó únicamente, por un evidente descuido, en el artículo 12, párrafo 1, inciso b). En tales circunstancias, cabe concluir que la intención del legislador fue la de excluir la procedencia del juicio referido, contra actos de partidos políticos y sólo por una deficiencia en la técnica legislativa permaneció en el último de los preceptos citados.
TERCERO. De la lectura integral del escrito inicial de demanda, esta Sala Superior advierte que, en esencia, los actores aducen que la autoridad responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y de la debida fundamentación y motivación, previstas en los artículos 14, 16 y 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos políticos que en su favor consagran los artículos 35 de esta Constitución, y 19 y 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, toda vez que:
a) De acuerdo con el alegato que formulan los actores en su escrito de demanda, la autoridad responsable expidió constancia de asignación de diputados de representación proporcional por la segunda circunscripción plurinominal local a los ciudadanos Juan Sánchez Méndez y Nicandro Palacios Ojeda, como propietario y suplente respectivamente, sin que estos cumplieran con los requisitos previstos en el párrafo primero del artículo 8 del Código Electoral del Estado de Coahuila.
b) Asimismo, esgrimen los hoy enjuiciantes que la misma autoridad responsable interpretó y aplicó incorrectamente en su perjuicio el precepto antes citado, en virtud de que, según los actores, si bien es cierto que tal disposición faculta a los partidos políticos para establecer la preferencia en la asignación de las diputaciones de representación proporcional que pudiera corresponderles a dichos institutos políticos, también lo es que, en concepto de los promoventes, esta facultad queda restringida a que tal preferencia recaiga en los candidatos a diputados que hayan contendido por el principio de mayoría relativa, no hayan obtenido el triunfo y hayan alcanzado el mayor porcentaje de votación distrital dentro de la respectiva circunscripción que, en la especie, es la segunda circunscripción.
Agregan los actores que, sólo por excepción, los partidos políticos podrán otorgar dicha preferencia a quienes no hayan contendido como candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, pero que en este caso se requiere la previa conformidad de quienes, si hubieran participado como candidatos a diputados por este principio, expresaran su no aceptación de la diputación por el principio de representación proporcional (que, eventualmente, pudiera corresponderles).
c) Por último, aducen los ciudadanos hoy enjuiciantes que la autoridad electoral demandada violentó sus derechos político-electorales, al privarles de su prerrogativa de ser diputados por el principio de representación proporcional, toda vez que, no obstante que obtuvieron el mayor porcentaje de votación respecto de todas las fórmulas que contendieron por el Partido Cardenista Coahuilense en la segunda circunscripción local como candidatos a diputados de mayoría relativa, la autoridad no asignó a los actores la diputación de representación proporcional que correspondía al mencionado partido político en esa circunscripción y, por el contrario, asignó esa diputación a una fórmula integrada por Juan Sánchez Méndez, como propietario, y Nicandro Palacios Ojeda, como suplente, sin que los actores hubieran expresado su voluntad en el sentido de no aceptar tal diputación.
Antes de entrar al estudio de los motivos de agravio expuestos por los accionantes, es pertinente advertir que, toda vez que los actores no expresaron agravio alguno en relación con el otorgamiento de la constancia de asignación de diputados de representación proporcional efectuada por la autoridad responsable en favor de los ciudadanos María Magdalena García Rosas, como propietario, y Conrado Marines Ortiz, como suplente, el presente estudio no se ocupará de ese acto.
Son sustancialmente fundados los agravios antes resumidos.
En efecto, asiste la razón a los actores en los motivos de agravio que se precisaron anteriormente, en el sentido de que a ellos les corresponde el otorgamiento de la constancia de asignación de la diputación por representación proporcional obtenida por el Partido Cardenista Coahuilense en la segunda circunscripción local, con independencia de que resulte inexacto su alegato en lo concerniente al consentimiento que, según estiman los accionantes, deben recabar los partidos políticos de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa para el efecto de que puedan incluir en las listas de preferencia a quienes no hayan tenido tal calidad de candidatos.
En primer lugar, es preciso señalar que en el presente asunto, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juzgador está facultado para suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las disposiciones constitucionales y legales aplicables en el caso concreto, establecen:
Constitución Política del Estado de Coahuila
El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y se integrará con veinte diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta doce diputados electos bajo el principio de representación proporcional que disponga la ley.
Para la asignación de los diputados de representación proporcional, se constituirán dos circunscripciones electorales plurinominales en el Estado.
Por cada diputado local propietario, deberá elegirse un suplente.
Ningún partido político o coalición podrá contar con más de veinte diputados.
En el caso de que el partido político o coalición con mayor votación no lograre el triunfo en los veinte distritos electorales uninominales, sólo podrá acceder a un máximo de diecinueve diputados, cualquiera que sea el principio bajo el cual hayan sido electos.
Para tener derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán satisfacer los siguientes requisitos:
1. No haber alcanzado la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa;
2. Haber registrado y mantenido hasta el día de la elección candidatos propios en cuando menos diez distritos uninominales;
3. Haber alcanzado como mínimo el 3% de la votación efectiva en el Estado.
Cubiertos los requisitos anteriores las diputaciones serán distribuidas conforme a las fórmulas de asignación que determine la legislación reglamentaria.
Los diputados, siendo todos representantes populares, tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Código Electoral del Estado de Coahuila
El Poder Legislativo se deposita para su ejercicio en una asamblea que se denominará Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. El Congreso del Estado se renovará cada tres años y se compondrá de veinte diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta doce diputados que serán electos por el principio de representación proporcional. Los diputados, siendo todos representantes populares, tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Para la elección de diputados de representación mínima y proporcional, se constituirán dos circunscripciones plurinominales en el Estado.
El Consejo Estatal Electoral determinará los límites de cada circunscripción plurinominal.
Todos los partidos políticos estarán en aptitud de participar en la asignación de diputados de representación proporcional, conforme a los procedimientos y fórmulas que se contienen en el artículo 9 de este Código. Esta asignación se hará preferentemente entre los candidatos que contendieron en las fórmulas de mayoría y no alcanzaron la votación mayoritaria en sus respectivos distritos.
Asimismo, los partidos políticos podrán optar por incluir en la lista de preferencias que presenten para la asignación de diputados de representación proporcional, a personas que no figuren como candidatos en las fórmulas de mayoría relativa, en un porcentaje equivalente al 10% del total de candidatos registrados para contender en los distritos electorales uninominales. En estos casos, también deberá designarse el suplente respectivo.
La asignación se efectuará atendiendo a la lista de preferencias o fórmula de asignación que presente cada partido político al Consejo Estatal Electoral dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que los organismos competentes resuelvan sobre el registro de candidatos. Dicha lista se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Para poder participar en la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos políticos o coaliciones deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) No haber alcanzado la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa.
En caso de las diputaciones de representación proporcional en la primera asignación, no haber alcanzado ninguna diputación de mayoría relativa en su respectiva circunscripción;
b) Haber registrado y mantenido hasta el día de la elección, candidatos propios en cuando menos diez distritos electorales uninominales; y
c) Haber alcanzado como mínimo el 3% de la votación efectiva del Estado.
Para los efectos de este Código se entiende por votación efectiva el total de los votos depositados en las urnas, según corresponda a cada una de las dos circunscripciones en que se divide el Estado.
Sólo a los partidos políticos que hubieren satisfecho los requisitos señalados en los incisos anteriores les serán asignados diputados de representación proporcional, conforme a las siguientes fórmulas:
I. Para cumplir con lo estipulado en el segundo párrafo del inciso a), del presente artículo, se asignará un diputado de representación proporcional en cada una de las circunscripciones en que se divide el Estado, a los partidos políticos que satisfagan los requisitos que se señalan en los incisos a), b) y c).
De los preceptos antes transcritos se desprende que:
a) El Congreso del Estado de Coahuila se integra por veinte diputados electos según el principio de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y hasta doce diputados que serán electos por el principio de representación proporcional en las dos circunscripciones plurinominales existentes en el Estado.
b) La asignación de diputados de representación proporcional se hará preferentemente entre los candidatos que contendieron en las fórmulas de mayoría y no alcanzaron la votación mayoritaria en sus respectivos distritos;
c) Los partidos políticos pueden incluir en la lista de preferencias que presenten para dicha asignación, a personas que no figuren como candidatos en las fórmulas de mayoría relativa, en un porcentaje equivalente al 10% del total de candidatos registrados para contender en los distritos electorales uninominales.
d) Para poder participar en la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos políticos y coaliciones deben cumplir con los siguientes requisitos:
1) No haber alcanzado la totalidad de las diputaciones de mayoría.
2) Haber registrado candidatos propios en cuando menos diez distritos electorales uninominales.
3) Haber alcanzado como mínimo el 3% de la votación efectiva del Estado.
e) La lista de preferencias o fórmula de asignación de diputados de representación proporcional debe presentarse por cada partido político al Consejo Estatal Electoral, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que los organismos competentes resuelvan sobre el registro de candidatos.
f) Para tener derecho a participar en la primera ronda de asignación de diputados de representación proporcional en cada una de las dos circunscripciones, se requiere, además de satisfacer los requisitos a que se refiere el inciso anterior, no haber alcanzado diputación alguna en su respectiva circunscripción.
Ahora bien, del examen de las constancias de autos, se advierte lo siguiente: A fojas ciento veintidós y ciento veintitrés de autos corren agregadas sendas copias certificadas de los escritos del tres de agosto y del veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Cardenista Coahuilense dirigió al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral de Coahuila, documentos que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso c), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de copias certificadas expedidas por el Secretario Técnico del citado Consejo, y que en su parte conducente dicen:
i) Escrito fechado el tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve:
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 8 Y DEMAS RELATIVOS DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA.
EL QUE SUSCRIBE EL PRESENTE ESCRITO EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO CARDENISTA COAHUILENSE ME PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA QUE SE DEBERA UTILIZAR (SIC) PARA LA ASIGNACION DE DIPUTADOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL QUE CORRESPONDAN AL PARTIDO CARDENISTA COAHUILENSE, COMO RESULTADO DE LAS ELECCIONES QUE SE REALIZARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1999 EN NUESTRA ENTIDAD.
LA FORMULA QUE ACORDO EL CONSEJO POLITICO ESTATAL PARA TAL EFECTO SERA LA SIGUIENTE:
LAS DIPUTACIONES QUE CORRESPONDAN AL PARTIDO CARDENISTA COAHUILENSE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL SE REALIZARA ENTRE LAS FORMAS (SIC) DE CANDIDATOS A DIPUTADOS QUE PARTICIPARAN POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA EN LOS DISTRITOS UNINOMINALES Y SE ASIGNEN EN FORMA DESCENDENTE DE LAS QUE OBTENDRAN EL MAS ALTO PORCENTANE DE VOTACION DE NUESTRAS FORMULAS.
ii) Escrito fechado el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y nueve:
EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION, SE ASIGNARAN LAS DIPUTACIONES QUE NOS CORRESPONDAN; EN PRIMER LUGAR A LA C. LIC. MARIA MAGDALENA GARCIA ROSAS, COMO PROPIETARIO Y AL C. CONRADO MARINES ORTIZ, COMO SUPLENTE. EN SEGUNDO LUGAR AL C. JESUS SOLIS SAUCEDO COMO PROPIETARIO Y AL C. JORGE PALACIOS AGUILAR, COMO SUPLENTE. LAS RESTANTES SE ASIGNARAN DE LAS FORMULAS REGISTRADAS POR MAYORIA RELATIVA, A LAS QUE OBTENGAN EL MAS ALTO PORCENTAJE DE VOTACION EN EL DISTRITO CORRESPONDIENTE, EN FORMA DECRECIENTE.
EN LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION, SE ASIGNARAN LAS DIPUTACIONES QUE NOS CORRESPONDAN; EN PRIMER LUGAR AL C. JUAN SANCHEZ MENDEZ, COMO PROPIETARIO Y AL C. NICANDRO PALACIOS OJEDA, COMO SUPLENTE. LAS RESTANTES SE ASIGNARAN DE LAS FORMULAS REGISTRADAS POR MAYORIA RELATIVA, A LAS QUE OBTENGAN EL MAS ALTO PORCENTAJE DE VOTACION EN EL DISTRITO CORRESPONDIENTE, EN FORMA DECRECIENTE.
Según consta en la copia certificada del acta que corre agregada a fojas ciento cinco a ciento veintiuno de autos, documento al que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tiene pleno valor probatorio por tratase de la copia certificada de un documento original expedido por un órgano electoral dentro del ámbito de su competencia, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. En esta acta, en la parte que interesa, quedó asentado lo siguiente:
SEGUNDO.- SUSTITUCION DE CANDIDATOS.
En desahogo de este punto el Lic. Homero Ramos Gloria, informó que según el artículo 13 del Código Electoral del Estado, los partidos políticos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila y Revolucionario Institucional habían realizado cambios en el orden de prelación de las listas de preferencias. Asimismo comentó que toda la documentación había sido revisada con anterioridad por la Dirección Jurídica del Consejo y estaban cumplidos todos los requisitos.
En seguida el Lic. Homero Ramos Gloria, Secretario Técnico del organismo procedió a dar lectura completa de los escritos presentados por los partidos políticos anteriormente señalados mediante los cuales solicitaban cambios en el orden de prelación de las listas de preferencia, excepto las correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que había presentado las listas de los 38 municipios del Estado. Lo anterior obra en el acuerdo correspondiente así como en las grabaciones de dicha sesión, para los efectos legales a que haya lugar.
De igual forma, el Secretario Técnico del organismo dio lectura completa a dos escritos presentados por el Partido Cardenista Coahuilense, al inicio de la sesión mediante los cuales solicitaban el registro de las lista de preferencias de regidores de representación mínima y proporcional en el municipio de Matamoros y en el otro solicitaba el registro de la fórmula de designación de diputados por el principio de representación proporcional en ambas circunscripciones, siendo ambos escritos revisados por la Dirección Jurídica del Consejo Estatal Electoral.
En seguida el Diputado Jorge Rosales Talamás preguntó, en el caso del Partido Cardenista Coahuilense qué sucede si un candidato a gobernador fuera postulado también como candidato a diputado de representación proporcional.
El Diputado Sergio Guadalupe Reséndiz Bonne indicó que la votación se hacía por los candidatos que aparecían en las boletas y que era facultad de los partidos designar el orden de la representación proporcional. Y que de acuerdo a lo anterior eran listas por separado, toda vez que la representación proporcional se asigna en base a los resultados de la elección.
El Lic. José Guadalupe Martínez Valero, argumentó que en el Código anterior indicaba que sí se podría contender para dos cargos de elección popular, pero que no era conocedor que en el actual ordenamiento vigente se estipule lo mismo.
A continuación y en relación al tema correspondiente el Lic. Agustín de Valle Recio, propuso que se realizara un receso de 10 minutos para estudiar el caso, toda vez que era muy importante que quedara claro. Estando de acuerdo con lo anterior los integrantes de la mesa.
Después del receso, el Lic. Agustín de Valle Recio, manifestó que en relación al problema planteado la solución a éste estaba planteado en el artículo 181 de la Constitución Política del Estado, el cual en su parte conducente indicaba "Ningún individuo podrá desempeñar a la vez, dos cargos de elección popular, pero el electo puede elegir, entre ambos, el que quiera desempeñar". Por lo que sí se podía postular un candidato para dos cargos. Pero que sin embargo habían encontrado otro problema en la propuesta del Partido Cardenista y éste tenía base en el segundo párrafo del artículo 8 del Código Electoral del Estado el cual indicaba que: "Asimismo, los partidos políticos podrán optar por incluir en la lista de preferencias que presenten para la asignación de diputados de representación proporcional, a personas que no figuren como candidatos en las fórmulas de mayoría relativa, en un porcentaje equivalente al 10% del total de candidatos registrados para contender en los distritos electorales uninominales. En estos casos, también deberá designarse el suplente respectivo".
Así mismo informó que hasta donde él sabía el Partido Cardenista tenía 18 fórmulas registradas por lo que el 10% era 1.8 y que estaba proponiendo dos, una para cada circunscripción plurinominal, por lo que a su parecer, sólo tenía derecho a un diputado de acuerdo al porcentaje de dicho artículo, proponiendo que si la mesa tenía el mismo criterio, el representante del Partido Cardenista eligiera cuál de los dos candidatos deseaba registrar.
En seguida el representante del Partido Cardenista argumentó que tenían 18 fórmulas registradas lo que hacía una cantidad de 36 candidaturas entre propietarios y suplentes, por lo cual tenían derecho a 3.6 candidatos.
En cuanto a lo anterior el Lic. Agustín de Valle Recio indicó que la Ley hablaba de fórmulas no de candidaturas. En base a lo anterior el C. Representante del Partido Cardenista Coahuilense eligió la primera propuesta.
De igual forma, y en base al comentario del Consejero Ciudadano, el Lic. Rafael Ortíz Ruíz manifestó que había jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de que las fórmulas de diputados eran inalienables e inseparables.
Una vez terminado, la intervención del Lic. Homero Ramos Gloria, y discutido ampliamente el asunto de referencia el Presidente del organismo sometió la consideración de los presentes los cambios presentados por los partidos políticos de las listas de preferencia por lo que se emite el siguiente:
ACUERDO NUMERO 198/199
El Consejo Estatal Electoral, por unanimidad de votos de los Consejeros Ciudadanos, y en presencia de los representantes de los Partidos Políticos y del Poder Legislativo presentes en la Sesión, con fundamento en los artículos 1, 3, 8, 9, 13, 53, 54, 56, 58, 59 y 101 del Código Electoral del Estado, ACUERDA: Aceptar la sustitución de los candidatos a regidores de representación proporcional solicitada mediante escritos de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Unidad Democrática de Coahuila, Cardenista Coahuilense y Revolucionario Institucional, una vez han sido revisados los requisitos legales correspondientes, en los siguientes términos:
Asimismo se aprueba la solicitud de sustitución de fórmula de asignación de diputados de representación proporcional presentada por el Partido Cardenista Coahuilense, únicamente por lo que hace a la primera circunscripción, según lo dispuesto por los artículos 8 y 9 del Código Electoral del Estado, por lo que la asignación de diputados de representación del partido Cardenista Coahuilense quedaría de la forma siguiente:
"En primer lugar a la C. María Magdalena García Rosas como propietaria y al C. Conrado Marines Ortíz como suplente," posteriormente la asignación se dará atendiendo a la fórmula registrada.
Lo anterior sin prejuzgar las normas contenidas en los artículos 8 y 9 del ordenamiento jurídico aplicable, sobre los requisitos para la asignación de diputados de representación proporcional.
Acuerdo del que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Consejo, en los términos del artículo 213 del Código de la materia.
Los documentos antes transcritos demuestran que el tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el Partido Cardenista Coahuilense, por conducto de su presidente del comité ejecutivo estatal, manifestó al Consejo Estatal Electoral de Coahuila que la asignación de diputados de representación proporcional que correspondieran a su partido como resultado de las elecciones que tuvieron lugar en esa entidad federativa el veintiséis de septiembre del presente año, se realizara en forma descendente entre las fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa participantes en la elección que obtuvieran los más altos porcentajes de votación.
Asimismo, está demostrado en autos que el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el citado partido político solicitó la modificación de la fórmula de asignación de las referidas diputaciones de representación proporcional, señalando que en la primera circunscripción se asignarían las diputaciones que le correspondieran, en primer lugar, a la C. María Magdalena García Rosas, como propietaria, y al C. Conrado Marines Ortiz, como suplente. En segundo lugar en la preferencia quedó el C. Jesús Solís Saucedo, como propietario, y el C. Jorge Palacios Aguilar, como suplente; en tanto que respecto de la segunda circunscripción, el Partido Cardenista Coahuilense estableció que tales diputaciones se asignarían, en primer lugar, al C. Juan Sánchez Méndez como propietario, y al C. Nicandro Palacios Ojeda, como suplente. Las restantes diputaciones se asignarían, en ambas circunscripciones, a las fórmulas de mayoría relativa que obtuvieran el más alto porcentaje de votación en forma decreciente.
Igualmente, consta en autos que el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el Consejo Estatal Electoral de Cohauila celebró sesión ordinaria en la que aprobó "la solicitud de sustitución de fórmula de asignación de diputados de representación proporcional presentada por el Partido Cardenista Coahuilense, únicamente por lo que hace a la primera circunscripción"; agregándose que la asignación se haría, en primer lugar a la C. María Magdalena García Rosas, como propietaria, y al C. Conrado Marines Ortiz, como suplente, acuerdo que, en opinión de esta Sala Superior, con base en el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, contemplado en el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedó firme por haber sido emitido en una etapa del proceso electoral local ya superada, sin que en autos exista constancia de que algún medio de impugnación interpuesto o promovido en contra de tal acuerdo, se encuentre pendiente de resolución definitiva e inatacable.
En tal virtud, esta Sala Superior estima que, tal como lo aducen los actores, dicho Consejo Estatal Electoral violó en perjuicio de los mismos las garantías de legalidad y de la debida fundamentación y motivación, previstas en los artículos 116, fracción IV, inciso d), en relación con el 14, 16 y 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber expedido constancia de diputados de representación proporcional por la segunda circunscripción plurinominal de Coahuila a los ciudadanos Juan Sánchez Méndez y Nicandro Palacios Ojeda, como propietario y suplente, respectivamente, toda vez que el mencionado Consejo no acordó de conformidad la solicitud que le formuló el Partido Cardenista Coahuilense en el sentido de que tales ciudadanos tuvieran preferencia en la asignación de las diputaciones que correspondieron a dicho partido político en la segunda circunscripción plurinominal, no obstante lo cual dio preferencia a los citados ciudadanos en la referida asignación, sin que tuvieran derecho a ello como a continuación se razona.
En efecto, como el Consejo Estatal Electoral de Coahuila no aprobó la preferencia solicitada por el mencionado partido político respecto de los mencionados ciudadanos, debió asignar la diputación de representación proporcional que correspondía a dicho partido político en la segunda circunscripción plurinominal a la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa postulada por el mismo partido político que hubiere obtenido el porcentaje de votación distrital más alto, toda vez que ésta fue la fórmula de asignación que originalmente propuso el mencionado instituto político mediante escrito presentado ante el citado consejo el tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, sin que hubiese habido acuerdo de la autoridad ahora responsable que modificara dicha propuesta del referido partido.
Por tanto, la cuestión que debe dilucidarse a continuación consiste en determinar si el mencionado porcentaje de votación debe ser el más alto dentro del Estado, como lo afirman la autoridad responsable y el propio Partido Cardenista Coahuilense, tercero interesado en el presente juicio, en el informe circunstanciado y el correspondiente escrito de alegatos, respectivamente, o debe ser el porcentaje más alto dentro de la respectiva circunscripción, que en este caso es la segunda, como lo pretenden los actores.
Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que, independientemente de la manifestación de voluntad que los partidos políticos hagan al presentar su lista de preferencias o fórmulas de asignación de los diputados de representación proporcional ante el Consejo Estatal Electoral, debe estarse a la letra de las normas jurídicas aplicables o a su interpretación jurídica, tal como lo establece el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Código Electoral del Estado de Coahuila, las disposiciones contenidas en ese código son de orden público. Por ende, su observancia no puede quedar, en ningún caso, sujeta a la voluntad de los destinatarios.
Por otra parte, debe tenerse presente que la interpretación sistemática de las normas jurídicas debe tender a la armonización de las mismas, de tal forma que, en ningún caso, la aplicación de una norma haga nugatoria a otra u otras normas del mismo sistema jurídico. Así, de conformidad con el criterio funcional de interpretación jurídica, para desentrañar el sentido de una norma que genera dudas en cuanto a su aplicación, deben tenerse en cuenta los factores relacionados con la aplicación y funcionamiento de la norma de que se trate, dentro del sistema jurídico al que pertenezca esa norma.
En este sentido, en el artículo 8, párrafo primero, del Código Electoral de Coahuila se establece que la asignación de los diputados de representación proporcional debe realizarse conforme con los procedimientos y fórmulas que se contienen en el artículo 9 del mismo ordenamiento, en el que, según se advierte de la simple lectura, en todo tiempo se toma en consideración la votación recibida en cada una de las circunscripciones para hacer tal asignación. Por tanto, lo señalado en la segunda parte del mismo párrafo del invocado artículo 8 del código debe entenderse en el sentido de que la referida asignación se hará preferentemente entre los candidatos que contendieron en las fórmulas de mayoría y no alcanzaron la votación mayoritaria en sus respectivos distritos, siempre y cuando tales distritos pertenezcan a la circunscripción respecto de la cual se esté otorgando la diputación de representación proporcional.
Interpretar que tal preferencia es independiente de la circunscripción, implicaría dejar sin efectos las normas constitucionales y legales que dividen al Estado de Coahuila en dos circunscripciones plurinominales en las que se eligen a los diputados de representación proporcional, contenidas en los artículos 33, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, y 6, párrafos segundo y tercero, del Código Electoral de la misma entidad federativa.
Dicho de otra forma, si la preferencia que tienen los candidatos a diputados de mayoría relativa para ser designados diputados de representación proporcional no guardara relación alguna con la circunscripción a la que pertenezcan los respectivos distritos, entonces el legislador hubiera establecido una sola circunscripción plurinominal en lugar de las dos que se contemplan tanto en la Constitución como en la ley electoral local.
Por otra parte, tampoco puede pensarse que el legislador estableció la existencia de dos circunscripciones de manera ociosa, si se considera que en el procedimiento de asignación de las diputaciones de representación proporcional previsto en el citado artículo 9, debe tenerse en consideración, en todo momento, la votación recibida en cada una de las dos circunscripciones, según se advierte de la lectura del mencionado precepto, cuyo texto se transcribe a continuación:
En el caso de que el partido político o coalición con mayor votación no lograre el triunfo de los veinte distritos, sólo podrá acceder a un máximo de diecinueve diputaciones, cualquiera que sea el principio bajo el cual hayan sido electos.
En el caso de que el número de partidos políticos que cumplan estos requisitos, exceda al de curules por repartir, se les asignarán en forma decreciente, dependiendo del resultado de la votación alcanzada por cada uno de ellos, hasta agotar las diputaciones por distribuir.
II. Si después de hecha la asignación que señala la fracción anterior quedasen diputaciones por distribuir, en esta segunda asignación, a la votación efectiva se deducirá la de los partidos que no hayan satisfecho los requisitos contenidos en los incisos a), b) y c) de este artículo, y los votos anulados, así como el resultado de la fórmula a que se refiere el párrafo siguiente.
La suma de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos que obtuvieron mayoría en los veinte distritos, divididos entre veinte, y el resultado será el número a deducir a cada partido político por cada diputación que se le haya otorgado en la primera asignación. Si dicho resultado es superior al número de votos totales obtenidos por los partidos políticos a los que se les asignó diputación en una o ambas circunscripciones, se deducirá ésta y se tendrá por agotado su resto.
Una vez hechas las deducciones a que se refiere esta fracción, al resultado final se le denominará votación total distribuible.
El total de diputaciones pendientes de distribuir se dividirán para su asignación, por partes iguales, en cada una de las dos circunscripciones plurinominales del estado. En caso de que el número de diputaciones sea impar, la restante se agregará a las de la circunscripción con mayor votación.
Para asignar las diputaciones en cada circunscripción plurinominal, la votación total distribuible que le corresponda se dividirá entre el número de diputaciones pendientes de asignar, para obtener el factor común en cada una de ellas. Tantas veces como se contenga el factor común en la votación de cada partido, será el número de diputaciones que se le asignarán. Para este efecto se seguirá el siguiente orden:
1. En primer término se le asignarán diputaciones al partido que obtenga el mayor índice de votación en cada una de las dos circunscripciones en que se divide el Estado y después en forma descendente a los demás partidos políticos con derecho a ello;
2. Si hechas las asignaciones anteriores, algún partido alcanzare diecinueve diputaciones, su votación será retirada y con la de los partidos restantes se procederá nuevamente a obtener un factor común en cada una de las dos circunscripciones en que se divide el Estado, que se denominará factor común ajustado, aplicándose nuevamente el procedimiento establecido en esta misma fracción; y
III. Si después de realizados los procedimientos señalados en las fracciones anteriores quedaren aún curules por asignar, se distribuirán mediante el sistema de resto mayor en orden descendente en cada circunscripción.
Se entiende por resto mayor el remanente de votación más alto de cada partido político en cada circunscripción, después de deducir la que utilizó para la asignación de diputados a que se refieren las fracciones anteriores.
De lo establecido en los párrafos tercero y cuarto, fracción I, del precepto antes transcrito, se advierte que en la primera ronda de asignación, en la que se otorga un diputado de representación proporcional en cada una de las dos circunscripciones en que se divide el Estado, a cada uno de los partidos políticos que satisfagan los requisitos previstos en el párrafo tercero, se requiere, además, que los partidos políticos no obtengan diputación alguna de mayoría relativa en su respectiva circunscripción
De conformidad con lo anterior, si un determinado partido político, además de haber cubierto los requisitos ya mencionados, obtiene una diputación de mayoría relativa correspondiente a la primera circunscripción, en la primera ronda de asignación, sólo tendrá derecho a que le asignen un diputado de representación proporcional perteneciente, sólo y precisamente, a la segunda circunscripción, lo cual tiene relevancia para las sucesivas rondas de asignación como en seguida se pondrá de manifiesto.
Por lo pronto, cabe resaltar que si la división del territorio del Estado de Coahuila en dos circunscripciones plurinominales careciera de objeto alguno, entonces hubiera sido suficiente con que el legislador estableciera que, en el caso de la primera ronda de asignación, cuando alguno de los partidos políticos contendientes obtuviera alguna diputación de mayoría relativa, entonces tendría derecho únicamente a que le asignaran un solo diputado de representación proporcional en esa primera ronda, sin importar a cuál de las dos circunscripciones perteneciera la diputación.
Para hacer la asignación de diputados de representación proporcional en la segunda ronda, en el párrafo quinto de la fracción II se establece que el total de las diputaciones pendientes de distribuir debe dividirse, por partes iguales, entre las dos circunscripciones y que, en caso de que el número de diputaciones sea impar, la restante se agregará a la circunscripción con mayor votación, lo que demuestra, una vez más, que la división en dos circunscripciones no fue un mero capricho del legislador, sino que tuvo en consideración la cantidad de votos recibida en cada una de ellas a efecto de que pudiera determinarse el mayor o menor número de diputaciones de representación proporcional que correspondiera a cada una.
Por otra parte, en la segunda ronda de asignación, una vez obtenido el número que debe deducirse a cada partido político por cada diputación que se le haya otorgado en la primera ronda de asignación, se hace la resta con base en el número de votos que tales partidos políticos hubiere obtenido en cada una de las circunscripciones y la suma de estas diferencias es lo que se conoce como votación total distribuible que, dividida entre el número de diputaciones a distribuir en cada circunscripción, arroja el factor común de la misma.
Como se advierte, el número que se deduce a cada partido político es con base en la votación obtenida por cada uno de ellos en cada una de las circunscripciones y no con base en la suma de la votación obtenida en ambas, y de esta operación deriva una votación total distribuible y un factor común que son distintos para ambas circunscripciones, lo que pone de manifiesto, una vez más, que la división del territorio del Estado de Coahuila en dos circunscripciones no fue ociosa.
En el caso concreto, según consta en el acta levantada con motivo de la sesión especial del Consejo Estatal Electoral de Coahuila celebrada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, agregada a fojas ciento cinco a ciento veintiuno de autos, misma que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 14, párrafo 4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de la copia certificada del original de un documento expedido por un órgano electoral dentro del ámbito de su competencia, el número a deducir a cada partido político por cada diputación que se le otorgó en la primera asignación, fue de diecinueve mil cuarenta y ocho votos, cantidad que se restó a la votación obtenida por cada uno de los tres partidos políticos y la coalición que participaron en la elección, en cada una de las dos circunscripciones. Una vez hechas las operaciones respectivas, se sumaron las diferencias y ello trajo como resultado que en la primera circunscripción se tuviera una votación total distribuible de sesenta y cinco mil seiscientos ochenta votos, mientras que para la segunda circunscripción se obtuvo una votación distribuible de ochenta y cinco mil doscientos trece votos, lo que arrojó un factor común de treinta y dos mil ochocientos cuarenta y veintiocho mil cuatrocientos cuatro votos, respectivamente.
Con base en lo anterior, el Consejo Estatal Electoral de Coahuila determinó que de las cinco diputaciones de representación proporcional a distribuir, dos se asignaran en la primera circunscripción y tres en la segunda.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el quinto párrafo de la fracción II del artículo que se viene comentando, para la asignación de diputaciones de representación proporcional, en esta segunda ronda, debe observarse el siguiente orden: En primer término, se asignan diputaciones al partido que obtengan el mayor índice de votación en cada una de las dos circunscripciones y después a los demás partidos políticos con derecho a ello. De esta disposición se advierte, nuevamente, que la votación obtenida por cada partido político, en cada una de las dos circunscripciones, es un factor determinante para tener un mejor derecho en la asignación de diputaciones de representación proporcional.
De todo lo antes razonado, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que de la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Código Electoral del Estado de Coahuila, se advierte que los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa tienen preferencia para ocupar las diputaciones por el principio de representación proporcional que se asignen a sus respectivos partidos (fuera del diez por ciento del total de candidatos registrados para contender en los distritos uninominales y que se prevé legalmente), conforme con la lista de preferencias o fórmula de asignación que tales partidos presenten oportunamente ante el Consejo Estatal Electoral de Coahuila, siempre y cuando el distrito por el cual hayan contendido pertenezca a la circunscripción plurinominal a la que corresponda la diputación de representación proporcional de que se trate, en virtud de que en el procedimiento de asignación de tales diputaciones, previsto en el citado artículo 9, debe tenerse en consideración, en todo momento, la votación recibida en cada una de las dos circunscripciones y porque, interpretar el referido artículo 8 en el sentido de que la preferencia que tienen los candidatos a diputados de mayoría relativa para ser designados diputados de representación proporcional no guarda relación alguna con la circunscripción a la que pertenezcan los respectivos distritos, implicaría dejar sin efectos las normas constitucionales y legales que dividen al Estado de Coahuila en dos circunscripciones plurinominales en las que se eligen a los diputados de representación proporcional, contenidas en los artículos 33, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Coahuila y 6, párrafos segundo y tercero, del Código Electoral de la misma entidad federativa, pues en tal caso hubiera sido suficiente con que el legislador estableciera una sola cirncunscirpción plrurinominal en lugar de las dos que se contemplan tanto en la Constitución como en la ley electoral locales.
Una vez sentado lo anterior y tomando en cuenta que quedó firme la asignación de un diputado por representación proporcional en la segunda circunscripción al Partido Cardenista Coahuilense, según se desprende de la sentencia recaída a los expedientes SUP-JRC-223/99, SUP-JRC-253/99 y SUP-JRC-261/99 resueltos en esta misma fecha, procede determinar si efectivamente los actores, tal como éstos lo afirman, obtuvieron el porcentaje de votación distrital más alto dentro de la segunda circunscripción.
Al efecto, en la citada acta levantada con motivo de la sesión especial del Consejo Estatal Electoral de Coahuila celebrada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a la cual se le otorgó pleno valor probatorio con fundamento en los preceptos legales expresados con anterioridad, se advierte que aparece el cuadro con el texto y las cifras que a continuación se indican:
Una vez realizado el cómputo de las boletas inutilizadas y de los votos nulos de los paquetes correspondientes a las casillas anteriormente descritas y toda vez que se presentaron modificaciones en los resultados, a continuación se presentan los resultados del cómputo de cada uno de los distritos de la entidad para quedar la votación como sigue:
VOTOS NULOS ACTUALES
BOLETAS INUTILIZADAS CONTABILIZADAS COMO VOTOS NULOS
VOTACION TOTAL EFECTIVA REAL
Ahora bien, en los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente SUP-JDC-039/99, obra copia certificada del Acuerdo número 15/1999 emitido por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila en su sesión ordinaria celebrada el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, actuación que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional y se tiene a la vista en el momento en que se emite la presente resolución, sin que para tales efectos se requiera agregar copia certificada, en virtud de que el expediente en el que obra dicho documento está radicado en esta misma Sala Superior, según criterio de este órgano jurisdiccional sostenido en el expediente con número SUP-JRC-020/98.
El texto literal del acuerdo antes mencionado es del tenor siguiente:
ACUERDO NUMERO 15/1999
El Consejo Estatal Electoral, por unanimidad de votos de los Consejeros Ciudadanos y con el consenso general de cada uno de los representantes del poder legislativo y de los partidos políticos presentes en la sesión, con fundamento en los artículos 1, 6, 9, 53, 54, 56 y 58 del Código Electoral del Estado, ACUERDA: Aprobar la demarcación territorial de cada una de las dos circunscripciones para la elección de Diputados de representación proporcional, las cuales quedan de la siguiente manera: La primera circunscripción comprende los Distritos I, II, III, IV, V, XIV, XVI, XVII, XIX y XX, abarcando los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda, Parras, Castaños, Candela, Monclova, Frontera, Escobedo, Progreso, Juárez, Sabinas, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo, Allende, Morelos, Nava, Zaragoza, Piedras Negras, Jiménez y Acuña; la segunda comprende los Distritos electorales VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIII, XV y XVIII abarcando los municipios de Torreón, Viesca, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero, Cuatrociénegas, Sierra Mojada, Ocampo, Sacramento, Lamadrid, Abasolo, Nadadores, San Buenaventura, Múzquiz y San Juan de Sabinas.
Con base en los datos anteriores, a continuación se hace la determinación del porcentaje de votación distrital obtenido por cada una de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, postulados por el Partido Cardenista Coahuilense en los diversos distritos que conforman a la segunda circunscripción plurinominal de Coahuila.
VOTACIÓN OBTENIDA POR EL PCC
VOTACIÓN TOTAL EFECTIVA EN EL DISTRITO
PORCENTAJE DE VOTACIÓN DISTRITAL
Del cuadro anterior se advierte con toda claridad que la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa postulados por el Partido Cardenista Coahuilense en la segunda circunscripción plurinominal de Coahuila, que obtuvo el porcentaje de votación distrital más alto, fue la postulada en el distrito VI, integrada por los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago, como propietario y suplente, respectivamente, según consta en la copia certificada del acta formulada con motivo de la sesión ordinaria celebrada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, por el VI Comité Distrital Electoral de Coahuila, documento que obra en autos a fojas ciento sesenta y uno a ciento sesenta y seis y tiene pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso b) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema De Medios de Impugnación en Materia Electoral por tratarse de la copia certificada del original de un documento expedido por un órgano electoral dentro del ámbito de su competencia.
En tal virtud, procede revocar el Acuerdo número 205/99, emitido por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila en su sesión especial celebrada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, únicamente en lo que se refiere a la aprobación de la llamada designación de los ciudadanos Juan Sánchez Méndez y Nicandro Palacios Ojeda como diputados de representación proporcional por la segunda circunscripción plurinominal de Coahuila, propietario y suplente, respectivamente, por el Partido Cardenista Coahuilense.
En consecuencia, debe ordenarse a dicha autoridad electoral que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta sentencia, expida la constancia de asignación correspondiente que acredite a los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago como diputados de representación proporcional por la segunda circunscripción plurinominal de Coahuila, propietario y suplente, respectivamente, por el Partido Cardenista Coahuilense, salvo que hubiere impedimento jurídico para ello, en cuyo caso deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Código Electoral de la misma entidad federativa.
Conforme con lo señalado en los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 6 párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, debe garantizar, a través de sus fallos, que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, razón por la cual debe proveer los mecanismos necesarios encaminados al cumplimiento eficaz de sus sentencias, de tal manera que se salvaguarden en forma íntegra los derechos políticos que se protegen con sus fallos. Por tanto, la autoridad responsable deberá remitir a esta Sala Superior, en un plazo de tres días siguientes al cumplimiento de esta ejecutoria, las constancias con las cuales acredite que ha cumplido con la misma; en consecuencia, se apercibe a dicha autoridad de que, de no dar debido cumplimiento a la presente sentencia, esta Sala Superior le impondrá el medio de apremio que estime conveniente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 88 a 93 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Al haber resultado fundados los agravios formulados por los actores en el presente juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en los aspectos sustanciales que han quedado precisados, carece de relevancia jurídica señalar las razones por las cuales resulta inatendible aquel otro aspecto expresado en sus agravios, relativo al consentimiento que, según apreciación de los actores, deben recabar los partidos políticos de sus candidatos cuando incluyan en la lista de preferencias para la asignación de diputados de representación proporcional, a personas distintas a tales candidatos, habida cuenta que con los agravios que han resultado fundados es suficiente para obtener sus pretensiones.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 187; 199, fracciones II y III; 200 y 201, fracciones II, III, VI y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1; 2; 6, párrafo 1, inciso f); 22; 24; 25; 26, párrafo 3; 28; 84 y 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 81, 82 y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en lo que se refiere a los actos que los actores reclamaron del Partido Cardenista Coahuilense, por las razones expresadas en el Considerando Segundo de esta resolución.
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo número 205/99, emitido por el Consejo Estatal Electoral de Coahuila en su sesión especial celebrada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, únicamente en lo que se refiere a la aprobación de la designación de los ciudadanos Juan Sánchez Méndez y Nicandro Palacios Ojeda como diputados por el principio de representación proporcional de la segunda circunscripción plurinominal de Coahuila, propietario y suplente, respectivamente, por el Partido Cardenista Coahuilense. En consecuencia, quedan sin efectos las respectivas constancias de asignación expedidas en favor de los ciudadanos Juan Sánchez Méndez y Nicandro Palacios Ojeda.
TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral de Coahuila que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta sentencia, expida la constancia de asignación correspondiente que acredite a los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago como diputados por el principio de representación proporcional de la segunda circunscripción plurinominal de Coahuila, propietario y suplente, respectivamente, por el Partido Cardenista Coahuilense, salvo que hubiere impedimento jurídico para ello, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Código Electoral de la misma entidad federativa, debiendo dicha autoridad informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de lo precisado en este punto resolutivo, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se dé tal cumplimiento.
NOTIFÍQUESE a los ciudadanos Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago por correo certificado en el domicilio ubicado en la calle de Felipe Angeles número 569, colonia Alpes Sur, de la ciudad de Saltillo, Coahuila; personalmente al tercero interesado, Partido Cardenista Coahuilense, en el domicilio ubicado en la calle de Lago Ness número 200, colonia Pencil de la ciudad de México, Distrito Federal, así como por oficio acompañando copia certificada de la presente sentencia, al Consejo Estatal Electoral de Coahuila. En su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional como asunto total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

References: artículo 185
 artículo 185
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 8
 Artículo 8
 resolución 
 artículo 35
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 85
 artículo 79
 artículo 8
 resolución 
 artículo 213
 artículo 60
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 80
 artículo 79
 artículo 79
 resolución 
 artículo 80
 resolución 
 artículo 79
 artículo 80
 resolución 
 artículo 12
 artículo 81
 resolución 
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 181
 artículo 8
 artículo 213
 artículo 116
 resolución 
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8