Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-na-d152-2001.html
Timestamp: 2018-08-20 21:27:33+00:00

Document:
Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
Vigencia desde 16 de Junio de 2001. Revisión vigente desde 16 de Junio de 2001 hasta 10 de Febrero de 2003
Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
CAPÍTULO PRIMERO. Funciones y organización de la Inspección tributaria
Artículo 1 Comprobación e investigación
Artículo 2 Funciones de la Inspección tributaria
Artículo 4 Funciones del Director del Servicio
Artículo 5 Funciones de los Jefes de Unidad
Artículo 6 Derechos y prerrogativas del personal inspector
Artículo 7 Deberes del personal inspector
CAPÍTULO SEGUNDO. Actuaciones inspectoras
SECCIÓN 1. Planificación de las actuaciones inspectoras
Artículo 9 Actuaciones inspectoras
Artículo 10 Plan de Inspección
SECCIÓN 2. Clases de actuaciones
Artículo 12 Actuaciones de comprobación e investigación
Artículo 13 Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación
Artículo 14 Actuaciones de obtención de información
Artículo 15 Actuaciones de informe y asesoramiento
Artículo 16 Otras actuaciones
SECCIÓN 3. Lugar y tiempo de las actuaciones
Artículo 17 Lugar de las actuaciones
Artículo 18 Criterios para establecer el lugar de determinadas actuaciones
CAPÍTULO TERCERO. La representación de los obligados tributarios
Artículo 20 Intervención de los obligados tributarios
Artículo 21 Presencia del obligado tributario en las actuaciones inspectoras
Artículo 22 Capacidad de obrar
Artículo 23 Representación voluntaria
Artículo 24 Efectos de la representación voluntaria
CAPÍTULO CUARTO. Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras
Artículo 25 Modos de iniciación
Artículo 26 Iniciación de las actuaciones inspectoras
Artículo 27 Plazo general de duración de las actuaciones inspectoras
Artículo 28 Cómputo del plazo. Interrupciones justificadas y dilaciones imputables al contribuyente
Artículo 29 Ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras
Artículo 30 Efectos del incumplimiento de los plazos
Artículo 31 Desarrollo de las actuaciones inspectoras
Artículo 34 Solicitud de comprobación de carácter general
Artículo 35 Alegaciones del interesado y audiencia previa a la formalización de las actas
CAPÍTULO QUINTO. Facultades de la Inspección de los Tributos
Artículo 37 Examen de la documentación del interesado
Artículo 38 Requerimientos de la Inspección tributaria para la obtención de información
Artículo 39 Actuaciones de obtención de información cerca de personas o entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio
Artículo 40 Entrada y reconocimiento de fincas
Artículo 41 Otras facultades de la Inspección tributaria
Artículo 42 Resistencia a la actuación de la Inspección tributaria
CAPÍTULO SEXTO. Terminación de las actuaciones inspectoras
Artículo 43 Terminación
Artículo 44 Formalización
CAPÍTULO SÉPTIMO. Documentación de las actuaciones inspectoras
SECCIÓN 2. Comunicaciones, diligencias e informes
Artículo 46 Comunicaciones
Artículo 47 Diligencias
Artículo 53 Actas sin descubrimiento de deuda con regularización de la situación tributaria del obligado tributario
SECCIÓN 4. Tramitación de las actas y liquidaciones tributarias derivadas de las mismas
Artículo 59 Liquidaciones tributarias derivadas de las actas
Artículo 60 Recursos y reclamaciones contra las liquidaciones tributarias derivadas de las actas de Inspección
Artículo 61 Valor probatorio de las actas y diligencias de la Inspección tributaria
Artículo 62 Firma de las diligencias y actas por los funcionarios de la Inspección tributaria
CAPÍTULO OCTAVO. Imposición de sanciones tributarias
Artículo 63 Imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias graves
Artículo 64 Imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias simples
Artículo 65 Imposición de sanciones no pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias simples o graves
CAPÍTULO NOVENO. Disposiciones especiales
Artículo 66 Estimación indirecta de bases tributarias
Artículo 67 Delitos contra la Hacienda Pública
Artículo 68 Actuaciones de la Inspección tributaria
Artículo 69 Beneficios fiscales
Artículo 70 Liquidación de los intereses de demora
Artículo 72 Comprobación de sujetos pasivos en Régimen de grupos de Sociedades
Artículo 74 Subvenciones
Artículo 75 Fraude de ley
DF 56/2010 de 13 Sep. CF Navarra (delimitan las funciones de los agentes tributarios de la Hacienda Tributaria)
Número 2 del artículo 3 redactado por la Disposición Final 1.ª del D. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 56/2010, 13 septiembre, por el que se delimitan las funciones de los agentes tributarios de la Hacienda Tributaria de Navarra («B.O.N.» 29 septiembre).
Número 2 del artículo 23 redactado por el número 1 del artículo 1 del D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/2003, 13 enero, por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, 11 junio; el Decreto Foral 153/2001, 11 junio, de desarrollo de las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, 2 julio («B.O.N.» 10 febrero). Número 8 del artículo 23 redactado el número 2 del artículo 1 del D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/2003, 13 enero, por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, 11 junio; el Decreto Foral 153/2001, 11 junio, de desarrollo de las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, 2 julio («B.O.N.» 10 febrero). Disposición Adicional introducida por el número 3 del artículo 1 del D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/2003, 13 enero, por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio; el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, de desarrollo de las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio («B.O.N.» 10 febrero).
Por tanto, el citado texto legal proclama la potestad de la Comunidad Foral de establecer su «propio régimen tributario», es decir, referido no solamente a unos poderes concretos y determinados para regular los distintos tributos, sino con vistas a un sistema completo y unitario que abarque también la gestión integral de los citados tributos.
La Exposición de Motivos de la Ley Foral General Tributaria se refiere a los cambios tan importantes que van a tener lugar en la gestión de los tributos forales: «Con el presente proyecto de Ley Foral se acomete una profunda reforma en la gestión de los tributos de la Comunidad Foral, lo cual demandará inexcusablemente cambios en la normativa procedimental de la Inspección tributaria así como en la vía económico-administrativa foral. Igualmente será necesario diseñar un nuevo marco para la imposición de las sanciones tributarias así como para agrupar y sistematizar las normas recaudatorias que se encuentran ubicadas en textos dispersos.»
- La Inspección tributaria podrá practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación.
- En las actas de inspección no deberá hacerse mención a las infracciones cometidas ni a las sanciones aplicables ya que se establece una radical separación entre el procedimiento de comprobación y el expediente sancionador.
- El obligado tributario que se encuentre sometido a una actuación inspectora de carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que dicha comprobación tenga carácter general respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación comprobadora.
- Los contribuyentes podrán solicitar que se comprueben las declaraciones tributarias que hayan presentado. En el supuesto de que la Administración no inicie las actuaciones en el plazo de seis meses o no las concluya en el de doce, se entenderá que las declaraciones presentadas son correctas.
- Las actuaciones inspectoras no podrán durar más de doce meses, si bien este plazo podrá ampliarse cuando concurran determinadas circunstancias.
Por otra parte, la existencia de una Inspección tributaria eficaz y respetada no debe estar reñida con la necesidad de que el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes se realice en un ámbito de seguridad jurídica y con el menor número de incomodidades posibles, disminuyendo hasta donde sea posible la llamada «presión fiscal indirecta». Todo ello para dar cumplimiento al mandato de la Ley Foral General Tributaria de que las actuaciones de la Administración se lleven a cabo de la forma que resulte menos gravosa para el obligado tributario, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- Planificación de las actuaciones inspectoras.
- Clases de actuaciones.
- Lugar y tiempo de las actuaciones.
El Capítulo Tercero está dedicado a la representación de los sujetos pasivos, especificando quiénes están obligados a atender a la Inspección tributaria, cuándo deberán hallarse presentes los contribuyentes, así como las características del otorgamiento de la representación, teniendo en cuenta que en muchos aspectos esta regulación será válida para la representación en el expediente sancionador que, en su caso, se incoe.
En lo referente al desarrollo de las actuaciones inspectoras, se regula el plazo general de duración, su cómputo y la ampliación del mismo en determinadas circunstancias. Se hace especial énfasis en delimitar las interrupciones justificadas y las dilaciones imputables al contribuyente, con el fin de clarificar el citado cómputo del plazo.
Las actuaciones de comprobación e investigación deberán proseguir hasta su terminación, aun cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto. No obstante, la interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras y liquidadoras producirá el efecto de que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones realizadas.
Se aborda también en este Capítulo la presentación de alegaciones por el interesado y el trámite de audiencia, en el que se pondrá de manifiesto el expediente y se indicará el alcance de la propuesta que se vaya a formular en el acta de inspección. El trámite de audiencia debe entenderse en el marco de lo establecido en la Ley Foral General Tributaria, es decir, en todo caso, salvo que en el procedimiento no figuren, ni sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. También se regulan las medidas cautelares que podrá adoptar la Inspección tributaria para impedir que desaparezcan o se alteren documentos o antecedentes necesarios para proceder a una regularización completa de la situación tributaria.
El Capítulo Quinto se refiere a las facultades de la Inspección tributaria, pudiéndose destacar tres aspectos:
a) Examen de la documentación de los interesados. Los obligados tributarios deberán poner a disposición de la Inspección tributaria su contabilidad principal y auxiliar, así como cuantos documentos y, en su caso, archivos electrónicos sean necesarios para probar los hechos y circunstancias consignadas en sus declaraciones tributarias.
b) Requerimientos para la obtención de información. La Inspección tributaria podrá requerir a cualquier persona o entidad para que facilite datos o antecedentes concernientes a otras personas o entidades con arreglo a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley Foral General Tributaria. No obstante, se establecen una serie de excepciones basadas en el secreto de las comunicaciones, del protocolo notarial y del secreto profesional. Las actuaciones de obtención de información ante las entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio presentan una serie de especialidades y se establecen cautelas concretas en el caso de que se pretenda el conocimiento de los movimientos de cuentas corrientes, de depósitos y de préstamos o créditos. El requerimiento deberá precisar las cuentas u operaciones objeto de la investigación, los sujetos afectados y el período de tiempo a que se refiere.
A este respecto, se hace necesario constatar que la actividad inspectora debe estar basada en el acceso a la más completa información de las actividades de los contribuyentes, con las salvedades establecidas en la Ley.
c) Entrada y reconocimiento del domicilio y de locales de negocio o lugares donde se desarrolle la actividad sometida a gravamen.
En cuanto a la entrada en el domicilio, será precisa la obtención de un mandamiento judicial si el interesado no presta el consentimiento.
En lo referente a la entrada en locales de negocio, será precisa la autorización escrita del Consejero de Economía y Hacienda solamente cuando el interesado o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas se opusiere a la entrada de la Inspección tributaria sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que procedan.
El Capítulo Sexto está dedicado a la terminación y formalización de las actuaciones inspectoras, cuando se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión tributaria que sean precisos.
El Capítulo Séptimo tiene por objeto regular la documentación de las actuaciones inspectoras, con especial referencia a las actas de inspección. Las actuaciones de la Inspección tributaria se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas.
Las actas se definen como aquellos documentos que recogen los resultados de las actuaciones de comprobación y proponen, en su caso, la regularización que se estime pertinente de la situación tributaria del obligado tributario.
Las actas podrán ser previas o definitivas en función de la liquidación a que den lugar. Así, las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional y las actas definitivas producirán liquidaciones definitivas.
También se distinguen las actas con descubrimiento de deuda y sin descubrimiento de la misma.
En base a la aceptación o no por parte del obligado tributario las actas serán de conformidad o disconformidad. También se delimitan las actas de prueba preconstituida.
Las actas de conformidad son aquellas en las que el interesado presta su conformidad a la propuesta de liquidación practicada por la Inspección tributaria. No obstante, el obligado tributario podrá impugnar las liquidaciones recogidas en el acta en el plazo de quince días a contar desde la firma de las actas. En este supuesto, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta contenida en el acta por el transcurso de un mes, salvo que en el curso de dicho plazo el Director del Servicio dicte resolución en la que se rectifiquen los errores materiales, se inicie expediente administrativo o se deje sin eficacia el acta y se ordene completar las actuaciones practicadas.
Las actas de disconformidad son aquellas en las que el interesado se niega a suscribir el acta o, suscribiéndola, no presta su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la misma. En este caso el Director del Servicio, a la vista del acta, del informe ampliatorio y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda.
Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta de las actas de conformidad y los demás actos de liquidación dictados por la Inspección tributaria podrán ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral General Tributaria.
El Capítulo Octavo se refiere al procedimiento para la imposición de sanciones tributarias y distingue entre infracciones simples y graves, así como la imposición de sanciones no pecuniarias por la comisión de infracciones simples o graves.
En el caso de imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias graves será competente para resolver el expediente sancionador el Director del Servicio. Se iniciarán tantos expedientes sancionadores como actas de inspección se hayan incoado, sin perjuicio de que, cuando exista identidad en los motivos de la infracción, puedan acumularse en su iniciación e instrucción, si bien su resolución deberá ser individualizada ya que los recursos que se pudieran interponer pudieran resultar diferentes.
En el supuesto de que transcurra un mes desde que se entienda producida la liquidación si el acta fuera en conformidad, o transcurra el mismo plazo desde que se dicte la resolución en las actas de disconformidad, y no se hubiera ordenado la iniciación del procedimiento sancionador, el mismo no podrá iniciarse con posterioridad, salvo lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria en materia de revisión de actos administrativos.
Si el sujeto infractor o el responsable hubieran prestado su conformidad a la propuesta de regularización relativa a la cuota tributaria, así como a la propuesta de sanción, en la resolución del expediente sancionador se aplicará una reducción del 40 por 100 del importe de la sanción. Todo ello para dar cumplimiento al artículo 71.3 de la Ley Foral General Tributaria, en el que se establece que la cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 40 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable manifiesten su conformidad con las propuestas de regularización y de sanción que se les formule.
En el supuesto de que el contribuyente preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada ésta por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, salvo que en el curso de dicho plazo el Director del Servicio rectifique los errores materiales de la propuesta, la deje sin eficacia o dicte resolución expresa confirmando la antedicha propuesta de resolución.
En caso de disconformidad del contribuyente con la propuesta de resolución, el Director del Servicio dictará resolución motivada, sin perjuicio de que con carácter previo pueda ordenar que se amplíen las actuaciones. Contra el acuerdo de imposición de sanciones cabrá la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.
En lo referente a las sanciones por infracciones tributarias simples y a la imposición de sanciones no pecuniarias se hace una amplia remisión al Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones tributarias.
El Reglamento se completa con un Capítulo Noveno dedicado a regular algunos aspectos específicos como la estimación indirecta de bases tributarias, el procedimiento para pasar el tanto de culpa al Órgano Judicial competente en los casos de delito fiscal, la coordinación con la Inspección tributaria del Estado, las competencias de la Inspección tributaria en los supuestos de control de los beneficios fiscales, la liquidación de los intereses de demora, las actuaciones de comprobación e investigación con los responsables solidarios, la comprobación de sujetos en régimen de grupos de sociedades, las actuaciones de la Inspección tributaria en el control de subvenciones y el procedimiento de fraude de ley. Si la Inspección tributaria iniciara expediente de fraude de ley se formalizará acta separada y se acompañará un informe ampliatorio en el que se argumentará sobre la procedencia de iniciar el expediente de fraude de ley. El acta se tramitará conforme a su naturaleza y el acto administrativo resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de fraude de ley y practicará, en su caso, la liquidación tributaria que corresponda. En el supuesto de que el expediente se iniciase a instancia de las oficinas gestoras, se remitirá lo actuado a la Inspección tributaria y se procederá de acuerdo con lo dicho anteriormente.
El Decreto Foral consta de artículo único, una disposición transitoria, una derogatoria y de una final.
La Disposición Transitoria trata de que el paso de la normativa antigua a la que se promulga se produzca de una manera ordenada. Así se dispone que las disposiciones del Reglamento se aplicarán a los procedimientos inspectores que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor, con la salvedad de lo relativo a la imposición de sanciones, que será de aplicación a los procedimientos en curso en los que todavía no se haya documentado el resultado de las actas correspondientes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día once de junio de dos mil uno,
Se aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que se incorpora como anexo al presente Decreto Foral.
Lo dispuesto en el Reglamento será de aplicación a aquellos procedimientos de comprobación e investigación que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor.
No obstante, el Capítulo VIII del Reglamento se aplicará a aquellos procedimientos de comprobación e investigación en los que, a la indicada fecha, aún no se haya documentado el resultado de las actas correspondientes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria, desde la entrada en vigor del Reglamento quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo dispuesto en él.
En particular, queda derogado el Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 27 de agosto de 1981, por el que se aprueba el Reglamento sobre Organización, Funcionamiento, Procedimiento y Actuación de la Inspección de Hacienda.
Funciones y organización de la Inspección tributaria
1. La Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra comprobará e investigará los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen los hechos imponibles de los respectivos tributos y el cumplimiento de las demás obligaciones tributarias.
2. Las funciones de la Inspección tributaria de la Comunidad Foral se desarrollarán en el marco de las normas establecidas tanto en el Convenio Económico como en la Ley Foral General Tributaria y con sujeción a ellas.
Corresponde a la Inspección tributaria:
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración y su consiguiente atribución al obligado tributario.
b) La integración de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes de determinación o estimación y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas.
c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación al objeto de regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios.
d) Realizar por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración aquellas actuaciones de obtención de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos.
e) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.
f) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales así como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a regímenes tributarios especiales.
g) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios del contenido de las normas fiscales y del alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se deriven.
h) El asesoramiento e informe en los supuestos reglamentariamente previstos, así como en los que le sean encomendados por el Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, relativos a la aplicación de los tributos.
i) Cuantas otras se le encomienden por los órganos competentes del Departamento de Economía y Hacienda en materia de Inspección Financiera.
1. Las funciones de la Inspección tributaria se llevarán a cabo por el Servicio de Inspección Tributaria, como unidad orgánica del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.
2. Integran la Inspección tributaria los miembros del Cuerpo de Técnicos de Hacienda y los funcionarios Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, adscritos al Servicio de Inspección Tributaria.
3. La Inspección tributaria se organizará internamente bajo la dependencia del Director del Servicio en unidades funcionales de trabajo en las que se incluirán los actuarios adscritos al Servicio.
4. El funcionamiento interno de las unidades funcionales, asignación individual y control de realización de los Planes, se regulará por instrucciones dictadas por el Director del Servicio de Inspección Tributaria, con la aprobación del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.
5. La Inspección tributaria se desarrollará en el territorio de la Comunidad Foral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 del Convenio Económico.
El Director del Servicio tendrá las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir a los funcionarios del Servicio lo preceptuado en este Reglamento y en las demás normas e instrucciones aplicables.
b) Distribuir entre los funcionarios los trabajos, los documentos sujetos a comprobación y demás tareas.
c) Tutelar la tramitación de los documentos en los que se formalicen las actuaciones inspectoras.
d) Elaborar, conforme a los criterios e instrucciones aprobados por el Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, los Planes de Inspección.
e) Dar instrucciones al personal del Servicio sobre la práctica de las actuaciones y criterios de aplicación, cuidando de la unidad de criterio en la actuación inspectora, para la delimitación y valoración de los hechos y circunstancias sometidos a investigación.
f) Impulsar la realización de actividades encaminadas a la formación y actualización de los funcionarios del Servicio.
g) Dictar las resoluciones y autorizaciones que procedan para el desarrollo y la conclusión de los expedientes instruidos en el Servicio.
Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes funciones:
a) Colaborar en la elaboración de los Planes de Inspección.
b) Asignación de obligados tributarios incluidos en el Plan de Inspección.
c) Colaborar en la instrucción de los expedientes que se determinen.
d) Coordinar la aplicación de criterios homogéneos de actuación en la tramitación de los expedientes asignados a su Unidad.
e) Dirigir la tramitación de los documentos que se formalicen en cada expediente.
1. Los funcionarios de la Inspección tributaria serán considerados Agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que les correspondan.
2. Los funcionarios de la Inspección tributaria estarán provistos de un carnet u otra identificación que les acredite para el desarrollo de sus funciones.
3. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los Jefes o Encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los demás entes públicos territoriales, las otras Entidades a que se refiere el artículo 104 de la Ley Foral General Tributaria y quienes en general ejerzan funciones públicas, deberán prestar a los funcionarios y demás personal de la Inspección tributaria, a su petición, el apoyo, concurso, auxilio y protección que le sean precisos. Si así no se hiciere, se deducirán las responsabilidades a que hubiere lugar.
1. La Inspección tributaria servirá con objetividad los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2. En el ejercicio de sus funciones, sin merma de su autoridad y del cumplimiento de sus deberes, la Inspección tributaria observará la más exquisita cortesía, guardando a los interesados y al público en general la mayor consideración e informando a aquéllos, con motivo de las actuaciones inspectoras, tanto de sus derechos como acerca de sus deberes tributarios y de la conducta que deben seguir en sus relaciones con la Administración, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
3. Los funcionarios de la Inspección Tributaria deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley Foral General Tributaria.
4. Las personas que tengan atribuidas las funciones propias de la Inspección tributaria comunicarán al Director del Servicio cuantos datos conozcan con trascendencia tributaria. Asimismo comunicarán tales datos a cualesquiera otros Órganos para los que sean de trascendencia en orden al adecuado desempeño de las funciones de gestión, inspección o recaudación tributaria que tengan encomendadas.
La Inspección tributaria, con la autorización del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, dará cuenta a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o al órgano competente que proceda, de los hechos que conozca en el curso de sus actuaciones y puedan ser constitutivos de delitos públicos o de infracciones administrativas, las cuales lesionen directa o indirectamente los derechos económicos de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo facilitará los datos que le sean requeridos por la autoridad judicial competente con ocasión de la persecución de los citados delitos.
Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Inspección tributaria en virtud de lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley Foral General Tributaria sólo podrán utilizarse para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada la Administración tributaria, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto alguno de los supuestos establecidos en el artículo 105.1 de la Ley Foral General Tributaria. En tales casos se pondrá en conocimiento del obligado tributario la cesión o comunicación, salvo que esté sometida a secreto judicial.
5. Los funcionarios de la Inspección tributaria no estarán obligados a declarar como testigos en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos privados, cuando no pudieran hacerlo sin violar los deberes de secreto y sigilo que están obligados a guardar.
Las facultades y actuaciones de la Inspección tributaria se regirán:
a) Por las disposiciones del Convenio Económico.
b) Por la Ley Foral General Tributaria, en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario.
c) Por las leyes forales reguladoras de los distintos tributos.
d) Por el presente Reglamento y los propios de los distintos tributos.
El ejercicio de las funciones de la Inspección tributaria se adecuará a los correspondientes planes de inspección, sin perjuicio de las propuestas de los funcionarios como consecuencia de sus actuaciones, cuya incorporación al plan correspondiente deberá ser autorizado por el Director del Servicio de Inspección Tributaria.
1. El Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra elaborará anualmente un Plan de Inspección, basado en criterios de oportunidad, aleatoriedad y otros que se estimen pertinentes.
2. El Plan de Inspección establecerá los criterios sectoriales, comparativos, cuantitativos o de cualquier otra especie, que hayan de ser tenidos en cuenta para seleccionar a los sujetos pasivos u obligados tributarios a efectos de su inclusión en dicho Plan.
Con arreglo al mismo, se seleccionarán las personas o entidades que deban ser objeto de comprobación e investigación por cada actuario, equipo o unidad, bien de forma específica, bien por su pertenencia a determinado sector o actividad.
3. Podrán establecerse Planes Especiales de Inspección cuando las circunstancias, los indicios o la información obtenida así lo aconsejen. Estos Planes podrán tener una extensión temporal distinta de la anual.
4. Los Planes de Inspección tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad. Sin perjuicio de ello, la Administración tributaria hará públicos los criterios generales que informan cada año el Plan de Inspección.
5. Los sectores, actividades y criterios de selección que inspiren el Plan de Inspección deberán ser aprobados por el Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.
Corresponde al Servicio de Inspección Tributaria la elaboración de los Planes de Inspección, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior. Dicho Plan, una vez confeccionado, se comunicará al Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.
El Director del Servicio, por sí o a propuesta de los funcionarios adscritos al Servicio de Inspección Tributaria, podrá disponer la revisión y modificación de los planes en curso de ejecución, dando cuenta al Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.
6. Podrán establecerse procedimientos especiales para la elaboración de Planes conjuntos con otras Administraciones tributarias, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico, y con las Entidades Locales de la Comunidad Foral.
c) De informe y asesoramiento.
1. Las actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección tributaria tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento por los sujetos pasivos u obligados tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Administración tributaria.
2. Con ocasión de estas actuaciones, la Inspección tributaria comprobará la exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los sujetos pasivos u obligados tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo. Asimismo investigará la posible existencia de elementos que configuren los hechos imponibles u otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos total o parcialmente por la Administración. Finalmente, determinará, en su caso, la exactitud de las operaciones de liquidación tributaria practicadas por los sujetos pasivos y establecerá la regularización que estime procedente de la situación tributaria de aquéllos.
3. Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, a los que se refiere el artículo 103.3 de la Ley Foral General Tributaria deberán adecuarse a los requisitos y especialidades allí establecidos.
2. Tendrán carácter general cuando tengan por objeto la verificación en su totalidad de la situación tributaria del sujeto pasivo u obligado tributario, en relación con cualquiera de las obligaciones tributarias o de colaboración que le afecten dentro de los límites determinados por:
a) Los ejercicios o períodos a que se extienda la actuación inspectora.
3. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138 de la Ley Foral General Tributaria y en el artículo 34 de este Reglamento, cuando el obligado tributario solicite que una actuación parcial tenga carácter general, la Inspección tributaria deberá, en el plazo de seis meses desde la solicitud, proceder a la iniciación de la comprobación de carácter general o a la ampliación del carácter de la comprobación parcial en curso, si bien, exclusivamente, en relación con el tributo y ejercicio al que se refiere la solicitud.
En el supuesto de que se optase por iniciar una actuación de carácter general, se podrá finalizar separadamente la actuación parcial iniciada con anterioridad.
4. Las actuaciones de comprobación e investigación serán parciales cuando se refieran sólo a hechos imponibles determinados o cuando de cualquier otro modo se circunscriba su objeto a límites más reducidos de los que se señalan en los apartados anteriores.
5. La Inspección Tributaria deberá comunicar expresamente al obligado tributario el alcance de las actuaciones en la comunicación de inicio de las mismas.
6. Las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general podrán limitar su objeto cuando en el curso de su ejecución se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen y se acuerde por los inspectores actuantes. Del mismo modo, a juicio de los actuarios, se podrá ampliar el ámbito de aquellas actuaciones que inicialmente tuvieran carácter parcial con autorización del Jefe de Unidad.
En ambos casos se deberá comunicar al obligado tributario o a su representante la modificación del alcance de las actuaciones.
8. Todo contribuyente podrá solicitar que se comprueben las declaraciones tributarias que haya presentado. Si una vez presentada la solicitud la Administración no inicia la actuación en el plazo de seis meses ni la concluye en el plazo de doce meses, se entenderá que las declaraciones presentadas por los impuestos y períodos a que se refiere la solicitud son correctas y no podrán ser objeto de posterior rectificación.
1. Son actuaciones de obtención de información las que tienen por objeto el conocimiento por la Inspección tributaria de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria respecto de otras personas o entidades distintas de aquélla, sin que existiera obligación con carácter general de haberlos facilitado a la Administración Tributaria mediante las correspondientes declaraciones.
2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la Inspección tributaria desarrolle actuaciones de comprobación e investigación deberá obtener cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario y puedan ser, a juicio de aquélla, de especial relevancia tributaria para otras personas y entidades, sin perjuicio de la especial comprobación en todo caso del cumplimiento de la obligación de proporcionar tales datos cuando venga exigida con carácter general.
3. Las actuaciones de obtención de información se realizarán por la Inspección tributaria bien por propia iniciativa o a solicitud de los demás Servicios del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. Tales actuaciones podrán realizarse respecto de datos obrantes en poder de cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, y que se refieran asimismo a cualesquiera personas o entidades, dentro de los límites establecidos por este Reglamento.
4. Las actuaciones de obtención de información podrán desarrollarse cerca de la persona o entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes, o bien mediante requerimiento hecho para que tales datos o antecedentes sean remitidos o aportados a la Inspección tributaria.
Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la Administración, la Inspección tributaria informará y asesorará en los supuestos reglamentariamente previstos, y en aquellos que le sean encomendados por el Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, en materias relativas a la aplicación de los tributos.
La Inspección tributaria desarrollará, en general, cualesquiera otras actuaciones contempladas en este Reglamento o exigidas por las leyes y, especialmente, las que requieran la colaboración funcional con los órganos de los poderes legislativo y judicial, en los casos y términos previstos en las leyes.
1. Las actuaciones de la Inspección tributaria podrán desarrollarse:
d) En las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 135 de la Ley Foral General Tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas y de manera subsidiaria al resto de los lugares citados con anterioridad.
1. Cuando las actuaciones supongan el examen de los libros y la documentación que tengan relación con las actividades empresariales, profesionales o de otra naturaleza desarrolladas por el obligado tributario, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, deberán practicarse en los locales u oficinas del interesado donde legalmente deban hallarse los libros oficiales de contabilidad, los registros auxiliares, justificantes acreditativos de las anotaciones practicadas u otros documentos concernientes a la actividad desarrollada y cuyo examen proceda.
2. No obstante, previa conformidad del interesado o su representante, podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributaria determinados documentos de aquellos a los que se refiere el apartado anterior, o bien todos ellos, únicamente si lo justifican la índole de la actividad o el volumen reducido de la documentación a examinar.
3. Tratándose de registros y documentos establecidos específicamente por normas de carácter tributario o de los justificantes relativos exclusivamente a los mismos, la Inspección tributaria podrá requerir su presentación en las oficinas de la Administración para proceder a su examen.
4. Cuando las actuaciones de comprobación e investigación se realicen respecto de personas que no desarrollen actividades empresariales o profesionales, la Inspección tributaria podrá examinar en las oficinas públicas correspondientes los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de la situación tributaria de aquéllas.
5. Cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo o del obligado tributario se encuentre en la Comunidad Foral, se podrán examinar cuantos libros, documentos o justificantes deban ser aportados aunque se refieran a bienes, derechos o actividades que radiquen, aparezcan o se desarrollen en otro ámbito territorial.
6. Cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo o del obligado tributario se encuentre fuera de la Comunidad Foral, las actuaciones de la Inspección tributaria se podrán desarrollar en cualquiera de los demás lugares a que se refiere el artículo anterior de este Reglamento.
1. Cuando la Inspección tributaria actúe en sus dependencias o en otras oficinas públicas, lo hará normalmente dentro del horario oficial de apertura al público de las mismas y en todo caso dentro de la jornada de trabajo vigente.
La representación de los obligados tributarios
1. Están obligados a atender a la Inspección tributaria e intervendrán en el procedimiento de inspección:
a) Los sujetos pasivos de los tributos.
b) La sociedad dominante del grupo en el caso de tributación en el régimen de Grupos de Sociedades.
c) Los sucesores de la deuda tributaria.
d) Los responsables solidarios desde que sean requeridos por la Inspección para personarse en el procedimiento.
e) Quienes estén obligados por las normas vigentes a proporcionar a la Administración cualesquiera datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria.
f) Los sujetos infractores a que se refiere la letra e) del apartado 3 del artículo 66 de la Ley Foral General Tributaria, desde que se inicien las actuaciones dirigidas a establecer su responsabilidad por las infracciones que hubieran podido cometer.
2. Todos estos obligados tributarios tendrán derecho a ser informados del alcance de la actuación que lleve a cabo la Inspección tributaria en cada caso, a la que deberán prestar la mayor colaboración en el desarrollo de su función.
3. Cuando la Inspección tributaria actúe cerca de sociedades o entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal o entidades en régimen de atribución de rentas y las actuaciones inspectoras se refieran a la comprobación de las bases imponibles, cantidades o conceptos a imputar o atribuir a los socios, comuneros o partícipes, tales actuaciones se entenderán con la propia entidad.
4. Las actuaciones de la Inspección tributaria respecto de un grupo de sociedades a los efectos del régimen especial del Impuesto de Sociedades podrán desarrollarse cerca de las sociedades dominadas. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio del carácter de la sociedad dominante como representante del grupo consolidado y única interesada inicialmente en el procedimiento de la Inspección tributaria.
5. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 33 de la Ley Foral General Tributaria, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Inspección tributaria si son requeridos para ello en cuanto representantes que fueron en la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, la Inspección tributaria podrá examinarlos en dicho registro, exigiendo si fuese precisa la presencia de los liquidadores.
1. El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones inspectoras cuando a juicio de la Inspección tributaria sea preciso su concurso para la adecuada práctica de aquéllas.
2. A las restantes actuaciones o diligencias podrán acudir el obligado tributario o su representante siempre que lo deseen.
3. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán intervenir en las actuaciones inspectoras asistidos por un asesor, quien podrá aconsejar en todo momento a su cliente.
1. Tendrán capacidad de obrar ante la Inspección tributaria las personas que la ostenten con arreglo a las normas de Derecho privado, así como los menores de edad para las actuaciones derivadas de aquellas actividades, cuyo ejercicio les está permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela.
2. Por las personas que carezcan de capacidad de obrar suficiente para actuar ante la Inspección tributaria deberán actuar sus representantes legales. Adquirida suficiente capacidad de obrar por aquellas personas, actuarán ante la Inspección tributaria incluso en orden a la comprobación de su situación tributaria anterior. Quienes ostentaron su representación legal deberán actuar asimismo a requerimiento de la Inspección tributaria, particularmente para hacer frente a sus responsabilidades como sujetos infractores.
3. Por las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, deberán actuar las personas que, al actuar la Inspección tributaria, ocupen los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la Ley o por acuerdo válidamente adoptado. Quienes ocupasen tales órganos cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes deberán actuar en su propio nombre, sin vincular a la entidad, a requerimiento de la Inspección tributaria, si fuese conveniente para facilitar las actuaciones inspectoras.
4. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral General Tributaria podrán designar de forma fehaciente un representante, salvo que con arreglo a derecho haya ya una persona que ostente la representación de la entidad. En otro caso se considerará como representante a quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, a cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad.
La representación podrá ser conferida tanto por los mismos obligados tributarios como por sus representantes legales o quienes ostenten la representación propia de las personas jurídicas; podrá ser otorgada a favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar suficiente.
2. Deberá acreditarse la representación mediante documento público, documento privado con firma legitimada notarialmente, o comparecencia ante el funcionario actuante.
Número 2 del artículo 23 redactado por el número 1 del artículo 1 del D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/2003, 13 enero, por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, 11 junio; el Decreto Foral 153/2001, 11 junio, de desarrollo de las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, 2 julio («B.O.N.» 10 febrero).
3. Para suscribir las actas que extienda la Inspección tributaria y para los demás actos que no sean de mero trámite por afectar directamente a los derechos y obligaciones del obligado tributario, la representación deberá acreditarse válidamente.
4. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación sin que sea preciso acreditarla. Asimismo, se presumirá dada autorización a favor de quien comparece ante la Inspección tributaria para intervenir en el procedimiento sin necesitar, por la naturaleza de las actuaciones, poder de representación conferido por el obligado tributario.
a) Nombre, apellidos, domicilio tributario y número del documento nacional de identidad o documento equivalente, en su caso, tratándose de personas físicas, o denominación, domicilio tributario, número de código de identificación y persona que actúe en su nombre, tratándose de personas jurídicas, relativos al representado.
c) A efectos de notificaciones, el representante del obligado tributario deberá fijar un domicilio en territorio navarro.
d) El contenido de la representación, en cuanto a su amplitud y suficiencia.
e) El lugar y la fecha de su otorgamiento.
f) Las firmas del representante y del representado; tratándose de documento público no será precisa la firma del representante.
6. Cuando actúe ante la Inspección tributaria persona distinta del obligado tributario se hará constar expresamente esta circunstancia en cuantas diligencias o actas se extiendan, uniéndose al expediente, en su caso, el documento acreditativo del poder otorgado. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público bastará la referencia al mismo, uniéndose al expediente copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo realizada por el actuario.
7. Actuando el obligado tributario ante la Inspección tributaria por medio de representante, éste deberá acreditar, si fuese preciso, su representación desde el primer momento. Si no lo hiciere así, la Inspección tributaria le requerirá para que acompañe el documento correspondiente el próximo día de inspección o, de no haberlo o siendo posterior, dentro del plazo de diez días. Si el representante no acreditara entonces su representación, la Inspección tributaria podrá suspender las actuaciones haciéndolo constar en diligencia, en el caso de que carezca de valor la práctica de las mismas con aquél. En tal caso, se tendrá al obligado tributario por no personado a cuantos efectos procedan.
8. Las personas o entidades no domiciliadas fiscalmente en la Comunidad Foral actuarán, en su caso, a través de persona física o jurídica que hayan designado como su representante, con domicilio en aquélla, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 133 de la Ley Foral General Tributaria.
Número 8 del artículo 23 redactado el número 2 del artículo 1 del D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/2003, 13 enero, por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, 11 junio; el Decreto Foral 153/2001, 11 junio, de desarrollo de las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, 2 julio («B.O.N.» 10 febrero).
1. Las actuaciones de la Inspección tributaria, realizadas con quien comparezca en nombre del sujeto pasivo u obligado tributario, se entenderán efectuadas directamente con este último.
2. La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya hecho saber esta circunstancia a la Inspección tributaria.
3. Las manifestaciones hechas por personas que hayan comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho. Acreditada o presumida la representación, corresponde al representado probar la inexistencia de poder suficiente otorgado por su parte, sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o defectos causados por él.
Se entenderán subsanadas inmediatamente la falta o insuficiencia del poder del representante con el que se hubiesen practicado las actuaciones precedentes si el obligado tributario impugna los actos derivados de las diligencias o actas de la Inspección tributaria, sin invocar tales circunstancias, o ingresa el importe de la deuda tributaria liquidada como resultado de un acta de aquélla.
Las actuaciones de la Inspección tributaria se iniciarán:
a) Por propia iniciativa de la Inspección tributaria, como consecuencia de los planes específicos de cada funcionario o unidad funcional de trabajo.
b) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de este Reglamento.
c) Por orden del Director del Servicio de Inspección Tributaria, previa modificación del plan de inspección.
d) A petición del obligado tributario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Foral General Tributaria y en el artículo 34 de este Reglamento.
1. Las actuaciones de la Inspección tributaria podrán iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale, conforme a lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo Segundo de este Reglamento, poniendo a disposición de la Inspección tributaria o aportándole la documentación y demás elementos que se le requieran. En dicha comunicación se indicará al obligado tributario el alcance de las actuaciones a desarrollar.
Cuando se requiera al interesado para que comparezca en las oficinas públicas un día determinado, entre éste y la notificación del requerimiento mediará un plazo mínimo de siete días.
2. Asimismo, cuando lo considere justificado, la Inspección tributaria podrá poner en conocimiento del interesado el inicio de las actuaciones inspectoras sin previa notificación de la oportuna comunicación.
Cuando lo estime conveniente para la adecuada práctica de sus actuaciones, y observando siempre lo dispuesto en el artículo 40 de este Reglamento, la Inspección tributaria podrá personarse, sin previa comunicación, en las oficinas, instalaciones o almacenes del interesado o donde exista alguna prueba al menos parcial del hecho imponible. En este caso, las actuaciones se entenderán con el interesado, si estuviere presente, o bien con quien ostente su representación como encargado o responsable de la oficina, registro, dependencia, empresa, centro o lugar de trabajo.
3. La comunicación, debidamente notificada, o bien la presencia de la Inspección tributaria, que ésta haya hecho constar y fuese conocida por el interesado, con el fin de iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras, producirán los siguientes efectos:
b) Si el sujeto pasivo efectúa el ingreso de deudas tributarias pendientes con posterioridad a la notificación de la comunicación correspondiente o al inicio de cualquier otro modo de las actuaciones de comprobación e investigación, dicho ingreso tendrá meramente carácter de a cuenta sobre el importe de la liquidación derivada del acta que se incoe, sin que impida la aplicación de las correspondientes sanciones sobre la diferencia entre la cuota íntegra y los recargos resultantes del acta de la Inspección tributaria y las cantidades ingresadas con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras. Los intereses de demora sobre la cantidad ingresada después del inicio de tales actuaciones se calcularán hasta el día anterior a aquel en que se realizó el correspondiente ingreso y se liquidarán por la Inspección tributaria si no se hubiese practicado liquidación por la oficina gestora.
c) Si, con posterioridad al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, el sujeto pasivo presenta una declaración no estando obligado a practicar operaciones de liquidación tributaria, aquélla no servirá a los efectos previstos en la letra a) del artículo 95 de la Ley Foral General Tributaria, entendiéndose el procedimiento de liquidación ya iniciado al respecto por la Administración en virtud de la actuación inspectora, plasmándose en las correspondientes liquidaciones derivadas de las actas que se incoen.
d) Cuando el obligado tributario no hubiese cumplido su deber de colaboración antes de iniciarse las actuaciones inspectoras, las declaraciones presentadas con posterioridad para subsanar dicho incumplimiento no impedirán la imposición de las sanciones que procedan en atención a las infracciones cometidas.
e) Se tendrán por no formuladas las consultas que se planteen por el interesado ante la Administración tributaria, en cuanto se relacionen con la materia sobre la que ha de versar la actuación inspectora.
4. Cuando la Inspección tributaria actúe fuera de las oficinas públicas, los actuarios deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello.
La Inspección tributaria, al inicio de las actuaciones o en cualquier momento del procedimiento y a solicitud del obligado tributario, deberá instruir a éste acerca del significado de aquéllas, del procedimiento a seguir, de sus derechos y de las obligaciones y deberes que ha de observar para con la Inspección tributaria.
Las actuaciones de comprobación, investigación y liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 29 de este Reglamento.
A efectos de este plazo, no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario ni los períodos de interrupción justificada en los términos que se especifican en el artículo 28 de este Reglamento.
a) Petición de datos o informes a otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral, Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países, por el tiempo que transcurra entre su petición o solicitud y la recepción de los mismos, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos o informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de doce meses.
2. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la Inspección tributaria dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales.
En los supuestos de interrupción justificada, se harán constar, sin revelar los datos identificativos de las personas o autoridades a quienes se ha solicitado información, las fechas de solicitud y recepción, en su caso, de tales informaciones. Sin perjuicio de ello, cuando el expediente se encuentre ultimado, en el trámite de audiencia, previo a la resolución, el contribuyente podrá conocer la identidad de tales personas u organismos.
1. El plazo a que se refiere el artículo 27 podrá ser ampliado, previo acuerdo del Director del Servicio, por un plazo no superior al inicialmente previsto, cuando concurra, en cualquiera de los ejercicios o tributos a que se refiere la actuación, alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o su tributación en el régimen de los grupos de sociedades, o en régimen de transparencia fiscal internacional.
3.º Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y dichas actuaciones requieran la realización de comprobaciones a diversos sujetos pasivos.
4.º Cuando el obligado tributario realice actividades fuera del ámbito territorial de la Comunidad Foral, que requieran la realización de actuaciones de comprobación fuera de dicho ámbito territorial, con sujeción a lo previsto en el artículo 40 del Convenio Económico.
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.
A estos efectos, podrá considerarse que el contribuyente ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realiza cuando la Inspección tributaria disponga de datos que pongan de manifiesto la realización por el obligado tributario de cualquier actividad empresarial o profesional respecto de la que no presentó declaración, o de actividades empresariales o profesionales distintas de las declaradas por el mismo.
Se considerará como actividad distinta de la declarada aquélla que hubiera dado lugar a la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas en grupo distinto a aquél que corresponda al del epígrafe en que se encuentra dado de alta el contribuyente, o cuando se desarrolle la actividad descubierta en una unidad de local no declarada a efectos de dicho Impuesto, así como cuando la actividad hubiera dado lugar a la inscripción en un Código de actividad y de establecimiento en el ámbito de los Impuestos Especiales distinto de aquél en que se encuentre dado de alta el obligado tributario.
2. A efectos de la ampliación del plazo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación, la apreciación de la concurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas en los apartados anteriores se realizará por el funcionario o unidad funcional que esté desarrollando la actuación de que se trate. La propuesta de ampliación se dirigirá por escrito al Director del Servicio, ponderando la importancia de las circunstancias reseñadas en orden a la necesidad de ampliar el plazo. Cuando sea el Director del Servicio el que aprecie la concurrencia de dichas circunstancias, dictará acuerdo en tal sentido. En ambos casos se concederá al interesado, previamente, un plazo de diez días para que alegue lo que considere oportuno.
El acuerdo del Director del Servicio será motivado, se notificará al interesado y no será susceptible de recurso, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliación del plazo, con ocasión de los recursos y reclamaciones que, en su caso, se interpongan contra la liquidación que finalmente se dicte.
3. El acuerdo del Director del Servicio no podrá dictarse en tanto no hayan transcurrido al menos seis meses desde el inicio de las actuaciones, al objeto de que, durante dicho plazo, pueda apreciarse la necesidad de ampliar su duración. A estos efectos, no se tomarán en consideración las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al interesado que concurran en la actuación.
Iniciadas las actuaciones de comprobación e investigación, deberán proseguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y carácter, aun cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto.
No obstante lo anterior, la interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras anteriores y de las de liquidación, producida por causas no imputables al obligado tributario, en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 31, o el incumplimiento del plazo previsto para la finalización de las actuaciones, producirá el efecto de que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones realizadas hasta la interrupción injustificada o hasta la finalización del plazo de duración de las mismas.
Los ingresos pendientes realizados después de la interrupción injustificada o del incumplimiento del plazo previsto para la finalización de las actuaciones, sin nuevo requerimiento previo, comportarán el abono de los correspondientes recargos o intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 52 de la Ley Foral General Tributaria, sin que proceda la imposición de sanción por la ausencia inicial de dicho ingreso. Las declaraciones o comunicaciones presentadas fuera de sus plazos reglamentarios se entenderán realizadas espontáneamente a cuantos efectos procedan.
1. La Inspección tributaria podrá requerir la comparecencia del obligado tributario los días que resulten precisos para el desarrollo de sus actuaciones, en lugar y hora que se estime conveniente a tal efecto.
Cada día la Inspección tributaria practicará las actuaciones que estime oportunas. Al término de las actuaciones de cada día, la Inspección tributaria podrá fijar el lugar, día y hora para su reanudación; ésta podrá tener lugar desde el día hábil siguiente. Los requerimientos de comparecencia en las oficinas públicas no realizados en presencia del obligado tributario deberán habilitar para ello un período mínimo de siete días.
3. Las actuaciones inspectoras se considerarán interrumpidas de forma injustificada cuando no se hayan practicado durante seis meses seguidos, salvo que ello sea consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.
4. La Inspección tributaria deberá practicar sus actuaciones procurando siempre perturbar en la menor medida posible el desarrollo normal de las actividades laborales, empresariales o profesionales del obligado tributario.
Cuando las actuaciones se desarrollen en las oficinas o locales del obligado tributario, deberá ponerse a disposición de la Inspección tributaria un lugar de trabajo adecuado.
1. El obligado tributario, requerido al efecto por escrito, deberá personarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, teniendo a disposición de la Inspección tributaria o aportándole la documentación y demás elementos solicitados.
2. Cuando la Inspección tributaria se persone sin previo requerimiento en el lugar donde hayan de practicarse las actuaciones, el obligado tributario deberá atenderla si se hallase presente. En su defecto, deberá colaborar con la Inspección tributaria cualquiera de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 de este Reglamento y, en su caso, la Inspección tributaria requerirá en el mismo momento y lugar para la continuación de las actuaciones inspectoras en el plazo procedente que se señale, sin perjuicio de las medidas cautelares que proceda adoptar.
3. La Inspección tributaria podrá exigir que se le acredite la identidad, carácter y facultades de la persona o personas con cuyo concurso y asistencia se vayan a realizar las actuaciones.
Si compareciera persona sin facultades suficientes para intervenir en las actuaciones, la Inspección tributaria lo hará constar y considerará al obligado tributario como no personado, pudiendo, no obstante, entregar al compareciente requerimiento al efecto o exigir inmediatamente, si procediera, la presencia de persona adecuada.
4. Cuando el obligado tributario pueda alegar justa causa que le impida comparecer en el lugar, día y hora señalados, podrá solicitar un aplazamiento por escrito dentro de los tres días siguientes a la recepción de la notificación correspondiente. En el supuesto de que esta circunstancia acaeciera transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá, en su caso, solicitar el aplazamiento, con la máxima antelación posible a la fecha señalada para la comparecencia. En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia, debiendo, en todo caso, el obligado tributario adoptar cuantas medidas de él dependan y le permitan atender adecuadamente a la Inspección tributaria.
1. Las actuaciones de comprobación e investigación se llevarán a cabo, en principio, hasta su conclusión, por los funcionarios o unidades funcionales de la Inspección tributaria que las hubiesen iniciado, salvo cese, traslado, enfermedad, o bien otra justa causa de sustitución.
2. Los funcionarios de la Inspección tributaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, comunicándolo a su superior inmediato, cuando concurra cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Podrá promoverse la recusación en el procedimiento de la Inspección tributaria en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de una actuación de comprobación e investigación de carácter parcial, llevada a cabo por la Inspección tributaria, podrá solicitar que dicha actuación tenga carácter general respecto del tributo y ejercicio afectados por la misma, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.
2. El obligado tributario deberá efectuar la solicitud en un plazo de quince días contados desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial, mediante escrito dirigido al Director del Servicio o haciéndolo constar expresamente al actuario, quien deberá recoger esta manifestación en diligencia.
3. Recibida la solicitud de comprobación de carácter general, el Director del Servicio acordará si ésta se llevará a cabo como ampliación de la ya iniciada o si, por el contrario, dará lugar al inicio de otra actuación distinta. En este caso el Director del Servicio deberá señalar el funcionario o unidad funcional a quien se atribuye la nueva comprobación, la cual deberá iniciarse en el plazo de seis meses contados desde la recepción de la solicitud.
4. A efectos de determinar el plazo de duración a que se refiere el artículo 27 de este Reglamento, de las actuaciones de comprobación de carácter general, contempladas en el apartado anterior, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Si la Inspección tributaria hubiese concluido las actuaciones de comprobación e investigación de carácter parcial antes del inicio de las actuaciones de comprobación de carácter general y siempre en el plazo de seis meses a que se refiere el apartado anterior, el plazo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general se computará a partir del inicio de las mismas.
Si la actuación de carácter parcial hubiese finalizado antes de transcurridos seis meses desde la solicitud del contribuyente, pero en dicho plazo no se hubiese iniciado la de carácter general, el inicio de ésta con posterioridad determinará que, a efectos del cómputo del plazo general a que se refiere el artículo 27 de este Reglamento, se considere iniciada al día siguiente del transcurso del referido plazo de seis meses.
1. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por los actuarios al redactar la correspondiente propuesta.
2. En todo caso, y con carácter previo a la formalización de la propuesta contenida en el acta, se dará audiencia al interesado en la que se le pondrá de manifiesto el expediente, indicándole el contenido y alcance de la propuesta a formular, para que éste pueda alegar lo que convenga a su derecho.
Los interesados, en un plazo no superior a quince días, podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
1. La Inspección tributaria podrá, de acuerdo con la ley, adoptar las medidas de precaución y garantía que juzgue adecuadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren los libros, documentos, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético y demás antecedentes sujetos a examen o se niegue posteriormente su existencia y exhibición.
A tales efectos, la Inspección tributaria podrá recabar de las autoridades competentes y sus agentes el auxilio y colaboración que considere precisos.
1. En las actuaciones de comprobación e investigación los obligados tributarios deberán poner a disposición de la Inspección tributaria, conservados como ordena el artículo 45 del Código de Comercio, su contabilidad principal y auxiliar, libros, facturas, correspondencia, documentación y demás justificantes concernientes a su actividad empresarial o profesional, incluidos los programas y archivos en soportes magnéticos, en caso de que la empresa utilice equipos electrónicos de proceso de datos. Deberán también aportar a la Inspección tributaria cuantos documentos o antecedentes sean precisos para probar los hechos y circunstancias consignadas en sus declaraciones, así como facilitar la práctica de las comprobaciones que sean necesarias para verificar su situación tributaria.
2. Para el desarrollo de dichas actuaciones la Inspección de los Tributos podrá utilizar los medios que considere convenientes, entre los que podrán figurar:
b) Contabilidad del sujeto pasivo u obligado tributario, comprendiendo tanto los registros y soportes contables como los justificantes de las anotaciones realizadas y las hojas previas o accesorias de dichas anotaciones, así como los contratos y documentos con trascendencia tributaria. Los estados contables deberán ir acompañados de los desgloses y comentarios precisos para la adecuada comprensión de la información financiera.
c) Datos o antecedentes obtenidos directa o indirectamente de otras personas o entidades y que afecten al sujeto pasivo.
3. La Inspección tributaria podrá analizar directamente la documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo, exigiendo, en su caso, la visualización en pantalla o la impresión en los correspondientes listados de datos archivados en soportes informáticos. Asimismo, podrá tomar nota por medio de sus agentes de los apuntes contables y demás datos que se estimen precisos y obtener copias a su cargo, incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se refiere este artículo.
4. Cuando la Inspección tributaria requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes u otros antecedentes que no resulten de la documentación que ha de hallarse a disposición de aquélla ni de los justificantes de los hechos o circunstancias consignadas en sus declaraciones, se le concederá un plazo no inferior a diez días para cumplir con su deber de colaboración.
1. De acuerdo con el artículo 103 de la Ley Foral General Tributaria, toda persona física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Foral General Tributaria, las Autoridades, Entidades públicas y quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria ésta les recabe. Igual deber atañe a los Partidos Políticos, Sindicatos y Asociaciones Empresariales.
2. En particular, conforme a la letra d) del artículo 130 de la Ley Foral General Tributaria, la Inspección tributaria podrá requerir individualmente a cualquier persona o entidad para que facilite datos, informes o antecedentes obrantes en su poder y concernientes a otras personas o entidades, que hayan de facilitarse a la Administración con arreglo especialmente a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley Foral General Tributaria.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 de este Reglamento, cuando la Inspección tributaria inicie una actuación de obtención de información cerca de una persona o entidad, el requerimiento escrito o la autorización para personarse sin él deberá ser otorgado por el Director del Servicio.
4. Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse inmediatamente o incluso sin previo requerimiento escrito, cuando lo justifique la índole de los datos a obtener y la Inspección tributaria se limite a examinar aquellos documentos, elementos o justificantes que han de estar a disposición de la Inspección tributaria. En otro caso, se concederá a las personas o entidades requeridas un plazo no inferior a diez días para aportar la información solicitada o dar las facilidades necesarias a la Inspección tributaria para que sea obtenida directamente por ella, incurriendo en otro caso en infracción tributaria simple. En el curso de sus actuaciones de obtención de información la Inspección tributaria ostentará las facultades a que se refiere el artículo 37 de este Reglamento.
6. A efectos del apartado primero del artículo 8.º de la Ley Orgánica 1/1982, se considerará autoridad competente al Consejero de Economía y Hacienda.
7. El Director del Servicio, a propuesta de los actuarios, podrá solicitar de los Juzgados y Tribunales que le faciliten cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales.
1. Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades bancarias o crediticias, tales como Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, están obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas o financieras con otras personas.
2. En particular, tales personas o entidades estarán obligadas, a requerimiento de la Inspección tributaria, a facilitar los movimientos de cuentas corrientes, de depósitos de ahorro y a plazo, de cuentas de préstamo y crédito y de las demás operaciones activas y pasivas de dichas instituciones con cualquier obligado tributario.
4. Unicamente en el caso de actuaciones de obtención de información de la Inspección tributaria que exijan el conocimiento de los movimientos de las cuentas u operaciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo será necesaria la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda.
Los datos solicitados podrán referirse a los saldos activos o pasivos de las distintas cuentas; a la totalidad o parte de sus movimientos, durante el período de tiempo a que se refiera el requerimiento, y a las restantes operaciones que se hayan producido. Asimismo, las actuaciones podrán extenderse a los documentos y de más antecedentes relativos a los datos solicitados.
6. Una vez autorizado el requerimiento, éste se notificará a la persona o entidad requerida.
7. El requerimiento, debidamente autorizado, se notificará al sujeto pasivo afectado, quien podrá hallarse presente cuando las actuaciones se practiquen en las oficinas de la persona o entidad bancaria o crediticia.
8. La Inspección tributaria podrá solicitar de los interesados la aportación de certificaciones o extractos de las personas o entidades de carácter financiero con las que operen, cuando sean necesarios para probar o justificar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias. Si los interesados no atendiesen este requerimiento, podrá procederse a solicitar la información de la persona o entidad correspondiente con arreglo a lo dispuesto en este artículo.
1. Los actuarios podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación o bien se produzcan hechos imponibles o exista alguna prueba de los mismos, siempre que lo juzguen conveniente para la práctica de cualesquiera actuaciones y, en particular, para reconocer los bienes, despachos, instalaciones o explotaciones del interesado, practicando cuantas actuaciones probatorias conexas sean necesarias.
2. Se precisará autorización escrita, firmada por el Consejero de Economía y Hacienda, cuando el interesado o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas se opusieren a la entrada de la Inspección tributaria, sin perjuicio, en todo caso, de la adopción de las medidas cautelares que procedan. Los interesados deberán siempre, sin más trámite, permitir el acceso de la Inspección tributaria a sus oficinas donde hayan de tener a disposición de aquélla durante la jornada laboral aprobada para cada empresa su contabilidad y demás documentos y justificantes concernientes a su negocio. Del mismo modo, los Jefes de las unidades administrativas correspondientes permitirán el acceso de la Inspección tributaria a los registros, despachos, dependencias u oficinas de entes integrados en cualesquiera Administraciones Públicas.
3. Cuando la entrada y reconocimiento se refieran al domicilio de una persona física o jurídica será preciso la obtención del oportuno mandamiento judicial, si no mediare consentimiento del interesado.
1. En las estaciones de ferrocarril y de transportes terrestres y en los aeropuertos, en los mercados centrales, mataderos, lonjas y lugares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada de la Inspección tributaria a sus estaciones, muelles y oficinas para la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas, pudiendo requerirse a los empleados para que certifiquen la exactitud de los datos y antecedentes tomados.
2. La Inspección de los Tributos está asimismo facultada:
b) Para realizar mediciones o tomar muestras, así como obtener fotografías, croquis o planos.
2. En particular, constituirán obstrucción o resistencia a la actuación inspectora, entre otros, los siguientes supuestos:
d) Negar indebidamente la entrada de la Inspección tributaria en las fincas y locales o su permanencia en los mismos.
e) Las coacciones o la falta de la debida consideración a la Inspección tributaria, sin perjuicio de las demás responsabilidades que quepa exigir.
Las actuaciones inspectoras se darán por concluidas cuando, a juicio de la Inspección tributaria, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión que proceda dictar, bien considerando correcta la situación tributaria del interesado o bien regularizando la misma con arreglo a Derecho.
Cuando proceda concluir las actuaciones inspectoras, se procederá, sin más, a documentar el resultado de las mismas conforme a lo dispuesto en el Capítulo Séptimo de este Reglamento, entendiéndolas así terminadas.
Las actuaciones de la Inspección tributaria se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas.
Tales documentos no son de obligada formalización por la Inspección tributaria sino en los términos establecidos por este Reglamento. Los actuarios podrán también tomar cuantas notas o apuntes estimen convenientes en papeles de su uso personal exclusivo.
2. En las comunicaciones, la Inspección tributaria podrá poner hechos o circunstancias en conocimiento de los obligados tributarios interesados en las actuaciones así como efectuar a éstos los requerimientos que procedan.
3. Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección tributaria, se notificarán a los interesados con arreglo a Derecho. Salvo lo dispuesto para las actuaciones de obtención de información, las comunicaciones serán firmadas por el mismo actuario que las remita.
4. En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, la identidad de la persona o entidad y el lugar a los que se dirigen, la identificación y la firma de quien las remita y los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento que a través de la comunicación se efectúa.
5. Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección tributaria un ejemplar.
1. Son diligencias los documentos que extiende la Inspección tributaria, en el curso del procedimiento inspector, para hacer constar los hechos o circunstancias que se consideren convenientes en la instrucción del mismo, así como las manifestaciones de la persona o personas con las que actúa la Inspección tributaria.
2. Las diligencias no contienen propuestas de liquidaciones tributarias y pueden bien ser documentos preparatorios de las actas previas o definitivas o bien servir para constancia de aquellos hechos o circunstancias determinantes de la iniciación de un procedimiento diferente del propiamente inspector, incorporándose en documento independiente la propuesta de la Inspección tributaria con este fin.
3. En las diligencias constarán el lugar y la fecha de su expedición, así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio donde se extiendan; la identificación de los funcionarios de la Inspección tributaria que suscriban la diligencia; el nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones y, finalmente, los hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.
1. La Inspección tributaria emitirá, de oficio o a petición de terceros, los informes que:
b) Le soliciten otros Órganos y servicios de la Administración o los Poderes Legislativo y Judicial en los términos previstos por las leyes.
2. En particular, la Inspección tributaria deberá emitir informe:
d) Con ocasión de los recursos o de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan sobre las liquidaciones derivadas de actas de inspección suscritas de conformidad.
3. Cuando otros Órganos o Servicios de la Administración o los Poderes Legislativo y Judicial soliciten informe de la Inspección tributaria se tramitará a través del Director del Servicio.
En particular, se acompañará informe de la Inspección tributaria al expediente que se remita al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, cuando se hayan apreciado indicios de posible delito contra la Hacienda Pública.
La Inspección tributaria podrá emitir informe para describir la situación de los bienes o derechos del sujeto pasivo o responsable al objeto de facilitar la gestión recaudatoria del cobro de las deudas tributarias liquidadas.
5. Cuando los informes de la Inspección tributaria complementen la propuesta de liquidación contenida en un acta, recogerán, especialmente, el conjunto de hechos y los fundamentos de Derecho que sustenten aquélla.
1. Son actas aquellos documentos que extiende la Inspección tributaria con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en su caso, la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obligado tributario en concepto de cuota, recargos e intereses de demora o bien declarando correcta la misma.
Las actas son documentos preparatorios de las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, incorporando una propuesta de tales liquidaciones.
2. En las actas de la inspección se consignarán:
c) El nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad y la firma de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas; así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o denominación social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio tributario del obligado tributario.
e) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al obligado tributario, con expresión de los hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se hayan hecho constar.
f) Asimismo, se hará constar si el interesado ha presentado o no, al amparo del artículo 85 de la Ley Foral General Tributaria, alegaciones y, en el caso de que las hubiera efectuado, deberá realizarse una valoración de las mismas.
g) La regularización de la situación tributaria del interesado que los actuarios estimen procedente, con expresión, en su caso, de la deuda tributaria exigida al obligado tributario, en concepto de cuota, recargos e intereses de demora.
h) La conformidad o disconformidad del obligado tributario.
i) La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento a seguir como consecuencia del acta y, cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado de aquélla, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
3. Cuando sea empresario o profesional el obligado tributario y respecto de los tributos para los que sea trascendente, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios del interesado, con expresión de los defectos o anomalías advertidos o, por el contrario, que del examen de los mismos cabe deducir racionalmente que no existe anomalía alguna que sea sustancial para la exacción del tributo de que se trate.
4. En relación con cada tributo o concepto impositivo podrá extenderse una única acta respecto de todo el período objeto de comprobación. No obstante, las liquidaciones deberán practicarse de forma individualizada para cada período impositivo.
1. Las actas que extiende la Inspección tributaria pueden ser previas o definitivas. Son actas previas las que dan lugar a liquidaciones de carácter provisional, a cuenta de las definitivas que posteriormente se puedan practicar.
a) Cuando, en relación con un mismo tributo e idéntico período, el obligado tributario acepte sólo parcialmente la propuesta de regularización de su situación tributaria efectuada por la Inspección tributaria. En este caso se documentará en primer lugar y en un acta previa el resultado de las actuaciones a las que el interesado preste conformidad expresa, instruyéndose acta de disconformidad por los demás conceptos. En cada una de las actas se hará referencia a la formalización de la otra.
La liquidación derivada del acta previa tendrá el carácter de a cuenta de la que como provisional o definitiva se derive del acta de disconformidad que simultáneamente se incoe.
c) Cuando la Inspección tributaria no haya podido ultimar la comprobación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.
a) Las actas que se incoen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre el Patrimonio en tanto no se hayan comprobado las declaraciones-liquidaciones del mismo año natural por ambos Impuestos.
c) Las actas que se formalicen en relación con los socios de una sociedad o entidad en régimen de transparencia fiscal, en tanto no se lleve a efecto la comprobación de la situación tributaria de la entidad.
4. Cuando la Inspección tributaria extienda un acta con el carácter de previa deberá hacerlo constar expresamente, señalando las circunstancias determinantes de su incoación con tal carácter y los elementos del hecho imponible o de su valoración a que se haya extendido la comprobación inspectora.
5. Las actas previas se tramitarán atendiendo a que el obligado tributario haya o no manifestado su conformidad a la propuesta de liquidación contenida en el acta.
1. Son actas sin descubrimiento de deuda aquellas de las que se deriva una liquidación sin deuda a ingresar por el obligado tributario.
2. Las actas sin descubrimiento de deuda pueden ser de comprobado y conforme o suponer una regularización de la situación tributaria del obligado tributario.
1. Si la Inspección tributaria estimase correcta la situación tributaria del obligado tributario lo hará constar en acta, en la que detallará los conceptos y períodos a que la conformidad se extiende. Dicha acta se denominará de comprobado y conforme.
No obstante, el obligado tributario podrá manifestar su disconformidad por entender que no era correcta la liquidación por él formulada. La impugnación deberá efectuarse en el plazo de quince días a contar desde la suscripción o recepción del acta y se tramitará conforme al procedimiento establecido para la impugnación de actas en conformidad previsto en el artículo 55.3 de este Reglamento.
1. Cuando de la regularización que estime procedente la Inspección tributaria de la situación tributaria de un obligado tributario no resulte deuda tributaria alguna en favor de la Comunidad Foral, se extenderá acta, haciéndose constar en ella la conformidad o disconformidad del interesado y tramitándose el acta conforme a dicha manifestación.
2. Cuando de dicha regularización resulte una cantidad a devolver al interesado, la liquidación derivada del acta que se incoe servirá para que la Administración inicie de inmediato el correspondiente expediente de devolución de ingresos indebidos. E1 crédito a favor del interesado tendrá la consideración de reconocido, liquidado y notificado a los efectos previstos en el artículo 66 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Cuando de las actas que documenten los resultados de una misma actuación de comprobación e investigación resulten liquidaciones de distinto signo relativas a un mismo obligado tributario, una vez éstas firmes, el órgano recaudatorio competente, a petición del interesado, acordará en todo caso durante el período voluntario de recaudación la compensación de las deudas y créditos hasta donde alcancen aquéllas. La compensación acordada no perjudicará la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, en su caso, restante.
Las actas de la Inspección tributaria serán de conformidad o de disconformidad según que el interesado haya aceptado íntegramente o no la propuesta de liquidación practicada y recogida en el acta por la Inspección.
En todo caso, las actas de la Inspección tributaria serán firmadas por ambas partes entregándose un ejemplar al interesado. Cuando éste no comparezca, se niegue a suscribir el acta o a recibir un ejemplar de la misma, el acta se tramitará como de disconformidad. Si el interesado no sabe o no puede firmar el acta, el actuario hará constar esta circunstancia. La firma de las actas por la Inspección tributaria se ajustará a lo dispuesto en el artículo 62 de este Reglamento.
1. Cuando ante los criterios expuestos y pruebas aportadas por la Inspección tributaria el interesado preste su conformidad a la propuesta de liquidación practicada en el acta por la Inspección tributaria, ésta lo hará constar así en ella y el interesado se tendrá por notificado de su contenido.
2. Cuando el acta sea de conformidad y con descubrimiento de deuda el interesado deberá ingresar el importe de la deuda tributaria, bajo apercibimiento de su exacción en vía de apremio en caso de falta de pago, en los plazos previstos en el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. Será fecha determinante del cómputo de estos plazos aquella en que se entienda producida la liquidación derivada del acta.
3. No obstante, el obligado tributario podrá impugnar las liquidaciones recogidas en el acta suscrita de conformidad en el plazo de quince días a contar desde la firma de las mismas.
En ningún caso podrán impugnarse los hechos y los elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que se prestó la conformidad, salvo que el obligado tributario pruebe haber incurrido en error de hecho.
La impugnación se dirigirá al Director del Servicio de Inspección tributaria el cual dictará nueva resolución al respecto, pudiendo ordenar que se completen las actuaciones durante un plazo no superior a tres meses. En su caso, las nuevas actas, así como las liquidaciones derivadas de las mismas, sustituirán a las anteriormente formalizadas y se tramitarán según proceda.
La tramitación de esta impugnación se considerará dilación imputable al obligado tributario, a los efectos previstos en el artículo 27 de este Reglamento.
1. Cuando el interesado se niegue a suscribir el acta o suscribiéndola no preste su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la misma, la tramitación de dichas actas se realizará por los funcionarios que practiquen las actuaciones, quedando el interesado advertido en el ejemplar que se le entregue de su derecho a presentar ante el Director del Servicio las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que se haya extendido el acta o a su recepción.
2. Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negare a firmar el acta, la Inspección tributaria lo hará constar en ella, así como la mención de que se le entrega un ejemplar duplicado.
Si dicha persona se negare a recibir el duplicado del acta el inspector lo hará constar igualmente y, en tal caso, el correspondiente ejemplar le será enviado al interesado. Del mismo modo se procederá en el supuesto de que el interesado no comparezca a la firma de las actas.
3. En las actas de disconformidad se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y, sucintamente, los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización, los cuales serán objeto de desarrollo en un informe ampliatorio elaborado por la Inspección tributaria, del cual se dará traslado al obligado tributario de forma conjunta con las actas. También se recogerá en el cuerpo del acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el interesado o las circunstancias que le impiden prestar la conformidad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar cuanto convenga a su derecho.
1. Cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 136 de la Ley Foral General Tributaria, podrá extenderse acta sin la presencia del obligado tributario o de su representante.
Existirá prueba preconstituida del hecho imponible cuando éste pueda reputarse probado, según las reglas de valoración de la prueba contenidas en los artículos 106 a 111 de la Ley Foral General Tributaria.
En el acta se expresarán, con el detalle necesario, los hechos y medios de prueba empleados y a la misma se acompañará, en todo caso, informe del actuario.
2. Con carácter previo a la formalización del acta, se notificará al obligado tributario la iniciación del correspondiente procedimiento y se abrirá un plazo de quince días, en el que se le pondrá de manifiesto el expediente, para que el interesado pueda alegar lo que a su derecho convenga y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.
La Inspección tributaria podrá determinar que las actas sean extendidas y firmadas bien en la oficina, local de negocio, despacho o vivienda del obligado tributario, bien en las oficinas de la Administración tributaria o del Ayuntamiento en cuyo término hayan tenido lugar las actuaciones.
Tramitación de las actas y liquidaciones tributarias derivadas de las mismas
1. De acuerdo con la letra c) del artículo 130 de la Ley Foral General Tributaria, la Inspección tributaria practicará las liquidaciones tributarias resultantes de las actas que documenten los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación.
Corresponderá al Director del Servicio dictar los actos administrativos de liquidación tributaria que procedan.
2. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta por el transcurso de un mes desde la fecha de ésta, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en el curso de dicho plazo el Director del Servicio dicte resolución, que deberá ser notificada al interesado, en la que se rectifiquen los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta, se inicie el expediente administrativo a que se refiere el apartado siguiente, o bien se deje sin eficacia el acta incoada y se ordene completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses.
En este último supuesto el resultado de las actuaciones complementarias se documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a su naturaleza.
3. Si el Director del Servicio observase en la propuesta de liquidación formulada en el acta error en la apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de las normas jurídicas, acordará de forma motivada la iniciación del correspondiente expediente administrativo, notificándolo al interesado dentro del plazo de un mes a que se refiere el apartado anterior.
El interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo adoptado. Transcurrido el plazo de alegaciones, en el mes siguiente se dictará la resolución que corresponda.
4. Cuando el acta sea de disconformidad el Director del Servicio, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda.
Asimismo, el Director del Servicio podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección tributaria las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso el acuerdo adoptado se notificará al interesado.
Terminadas las actuaciones complementarias se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado para que formule las alegaciones que estime procedentes en el plazo de quince días, resolviendo el Director del Servicio dentro del mes siguiente.
Cuando en el acto administrativo que se dicte como consecuencia de esta tramitación se modifique la propuesta formulada por los actuarios, el obligado tributario podrá prestar su conformidad a la nueva liquidación que se formule, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación del mismo. La conformidad se deberá formular por escrito y quedará incorporada al expediente. Dicha conformidad surtirá efectos, en su caso, en la reducción de la sanción prevista en el artículo 63.7 de este Reglamento.
1. Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta contenida en un acta de conformidad y los demás actos de liquidación dictados por la Inspección tributaria podrán ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en las Secciones 3.ª y 4.ª del Capítulo VII del Título IV de la Ley Foral General Tributaria.
Si el interesado hubiese comparecido mediante representante e impugnase la liquidación derivada de un acta por falta o insuficiencia del poder o alegase esta circunstancia acerca de un acta de disconformidad, la liquidación o el acta serán válidas si las actuaciones inspectoras se han practicado observando lo dispuesto en el artículo 23 de este Reglamento.
1. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección tributaria tienen naturaleza de documentos públicos.
3. Los actos administrativos cuyo contenido consista en una liquidación tributaria derivada de un acta de la Inspección tributaria gozan de presunción de legalidad, conforme al artículo 8 de la Ley Foral General Tributaria, y por ello son inmediatamente ejecutivos, aunque pueden suspenderse sus efectos, cuando así lo acuerde el Órgano competente, si contra ellos se interpone recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.
Las diligencias y las actas de la Inspección tributaria serán suscritas por los funcionarios que practiquen las actuaciones.
1. Cuando en el curso del procedimiento de comprobación e investigación se hubieran puesto de manifiesto hechos o circunstancias que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias graves, se procederá a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo previsto en el Capítulo V del Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones tributarias y, en particular, cuando proceda, por lo previsto en el artículo 33 del citado Decreto Foral para la tramitación abreviada.
Si transcurrido un mes desde que se entiende producida la liquidación, en el supuesto de actas de conformidad, o transcurrido un mes desde que se dicte la resolución en el supuesto de actas en disconformidad, no se hubiera ordenado la iniciación del procedimiento sancionador, el mismo no podrá iniciarse con posterioridad al transcurso de dichos plazos sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria en materia de revisión de actos administrativos.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será competente para acordar la iniciación del expediente sancionador el funcionario o unidad funcional que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación, o aquél que se designe por el Director del Servicio.
3. La tramitación e instrucción de la propuesta de resolución del expediente podrá encomendarse al funcionario o unidad funcional a que se refiere el apartado anterior, pudiendo ser encomendada a otro funcionario o unidad distinto en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias del caso. En el caso de actuaciones encomendadas a una unidad, la propuesta será suscrita por el jefe de la misma.
4. Será competente para resolver el expediente sancionador el Director del Servicio.
5. La intervención como representante en el procedimiento sancionador requerirá su acreditación a tal efecto en la forma prevista en el artículo 23 de este Reglamento.
7. Si el sujeto infractor o, en su caso, el responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones tributarias, hubieran prestado su conformidad a la propuesta de regularización relativa a la cuota tributaria, recargos e intereses de demora que se les hubiera formulado, así como a la propuesta de sanción, en la resolución del expediente sancionador se aplicará una reducción del 40 por 100 del importe de la sanción que, finalmente, se imponga.
Si el contribuyente presta su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada la resolución, por el Director del Servicio, de acuerdo con dicha propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en el curso de dicho plazo el Director del Servicio rectifique los errores apreciados en la propuesta o la deje sin eficacia y ordene completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses o que, en el curso de tal plazo, dicte resolución expresa confirmando la propuesta de resolución. En el caso de que el Director del Servicio rectifique la propuesta, se notificará dicha rectificación al interesado dentro del mismo plazo de un mes a contar desde la fecha en que éste manifestó su conformidad con la propuesta originaria, haciendo constar el derecho del interesado a formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo adoptado. Transcurrido el plazo de alegaciones sin que éstas se hayan producido o si el contribuyente presta su conformidad a la rectificación realizada por el Director del Servicio, la resolución se considerará dictada por éste, en los términos recogidos en el acuerdo de rectificación, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto.
No obstante, el presunto infractor podrá impugnar la propuesta de sanción a la que prestó su conformidad, en el plazo de quince días a contar desde la firma de la misma.
En ningún caso podrán impugnarse los hechos y los elementos determinantes de la infracción respecto de los que prestó la conformidad, salvo que el interesado pruebe haber incurrido en error de hecho.
La impugnación se dirigirá al Director del Servicio de Inspección Tributaria el cual dictará nueva resolución al respecto, pudiendo ordenar que se completen las actuaciones durante un plazo no superior a tres meses. En su caso, las nuevas propuestas de sanción sustituirán a las anteriormente formalizadas y se tramitarán de acuerdo con lo establecido en este apartado.
La tramitación de dicha impugnación se considerará dilación imputable al presunto infractor, a los efectos del cómputo del plazo de resolución previsto en el apartado 4 del artículo 70 de la Ley Foral General Tributaria.
En caso de disconformidad del contribuyente con la propuesta de resolución, el Director del Servicio dictará resolución motivada, sin perjuicio de que con carácter previo pueda ordenar que se amplíen las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses.
9. En el supuesto de que el contribuyente impugne la liquidación contenida en el acta de regularización de su situación tributaria relativa a la cuota, recargos e intereses de demora, firmada en conformidad, quedará sin efecto la reducción de la sanción por conformidad inicialmente aplicada.
También quedará sin efecto la reducción de la sanción en el supuesto de que el sujeto infractor impugne la resolución derivada del expediente sancionador, cuya propuesta hubiera sido suscrita en conformidad.
10. Contra el acuerdo de imposición de sanciones cabrá la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.
11. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan, sin necesidad de aportar garantía, si contra las mismas se interpone en tiempo y forma recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, sin que puedan aquéllas ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
1. Cuando los hechos o antecedentes puestos de manifiesto por la Inspección tributaria pudiesen ser constitutivos de una infracción tributaria simple, se procederá, en su caso, a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo dispuesto en el Capítulo V del Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones tributarias.
2. En lo relativo a la regulación de la representación, a las reclamaciones procedentes contra el acuerdo de imposición de sanción y a la suspensión de la ejecución de la misma, se estará a lo dispuesto en el artículo 63 de este Reglamento.
1. Cuando en el curso de las actuaciones desarrolladas por la Inspección tributaria se pusiesen de manifiesto hechos o circunstancias que, recogidas en una diligencia o en un acta, pudiesen determinar la imposición de sanciones no pecuniarias por infracciones tributarias simples o graves, se procederá a la iniciación, en su caso, del correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo previsto en el Capítulo V del Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones tributarias.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los actuarios propondrán la iniciación del expediente sancionador mediante moción dirigida al Director del Servicio, quien, si lo estima procedente, lo elevará, en su caso, al órgano competente para acordar la iniciación del mismo, acompañada de testimonio de la diligencia o del acta extendida y de los demás antecedentes.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado 1, será órgano competente para acordar y resolver el expediente sancionador el Gobierno de Navarra.
5. En lo relativo a la regulación de la representación, y la suspensión de la ejecución de la sanción se estará a lo dispuesto en los artículos 23 y 63 de este Reglamento.
6. La resolución del expediente por el Gobierno de Navarra será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
1. El régimen de estimación indirecta de bases tributarias será subsidiario de los regímenes de determinación directa o estimación objetiva, y se aplicará cuando la Administración no pueda conocer los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de las cuotas o rendimientos por alguna de las siguientes causas:
a) Que el sujeto pasivo no haya presentado sus declaraciones o las presentadas no permitan a la Administración la estimación completa de las bases o rendimientos.
b) Que el sujeto pasivo ofrezca resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.
c) Que el sujeto pasivo haya incumplido sustancialmente sus obligaciones contables.
2. En particular, se entiende que existe incumplimiento sustancial de las obligaciones contables, entre otros supuestos, en los siguientes casos:
Se presumirá la omisión de los libros y registros contables cuando no se exhiban a requerimiento de la Inspección tributaria.
e) Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, con arreglo al apartado 2 del artículo 110 de la Ley Foral General Tributaria, que la contabilidad es incorrecta.
3. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias la Inspección tributaria acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos informe razonado sobre:
b) Situación de la contabilidad y registros obligatorios del sujeto inspeccionado.
c) Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos, de entre los señalados en el artículo 42 de la Ley Foral General Tributaria.
5. Contra la liquidación tributaria resultante del acta el interesado podrá formular las reclamaciones que procedan, atendiendo a la naturaleza de aquélla. En la reclamación interpuesta el interesado podrá alegar cuanto estime conveniente a su derecho y plantear la procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.
1. Cuando la Inspección tributaria aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador de carácter administrativo por los mismos hechos mientras el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la autoridad judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.
2. Si los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el artículo 305 del Código Penal, la Inspección tributaria hará constar en diligencia los hechos y circunstancias determinantes a su juicio de la posible responsabilidad penal.
Si el presunto delito se hallase tipificado en el artículo 310 del Código Penal, la Inspección tributaria dictará, en su caso, los actos de liquidación que procedan, pero se abstendrá de iniciar el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones simples constituidas por los mismos hechos. La Inspección tributaria se limitará a hacer constar en diligencia tales hechos o circunstancias.
La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa practicando únicamente la Inspección tributaria las liquidaciones que procedan en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, incluyendo los intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización de plazo voluntario de pago y el día en que se practiquen las diligencias.
Si la Autoridad Judicial no apreciase la existencia de delito, la Inspección tributaria continuará el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. Para ello, la Inspección tributaria dictará las liquidaciones que procedan, incluyendo la sanción correspondiente, o bien iniciará el expediente para la imposición de sanción por infracción simple.
3. La Inspección tributaria pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal a través del Director del Servicio, con la autorización del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.
4. La Inspección tributaria auxiliará a la Autoridad Judicial practicando cuantas diligencias ésta le encomiende.
5. Cuando el procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública se inicie sin haber intervenido la Inspección tributaria, una vez se presente la Autoridad Judicial para formar sumario cesarán las actuaciones que pudiera estar desarrollando la Inspección tributaria por los mismos hechos poniendo a disposición de aquélla los documentos resultantes de lo actuado.
1. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en virtud del Convenio Económico, deban efectuarse fuera del territorio de la Comunidad Foral serán practicadas por la Inspección Financiera y Tributaria del Estado, a requerimiento del órgano competente de dicha Comunidad Foral.
2. Cuando la Inspección tributaria de la Comunidad Foral conozca hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para la Administración del Estado lo hará constar en diligencia.
Dicha diligencia se remitirá directamente al Órgano competente de la Administración estatal.
1. Si la Inspección tributaria advierte que realmente no concurrieron en su momento los requisitos comprobados en el expediente para la concesión de un determinado beneficio fiscal, iniciará el expediente de revisión que proceda de acuerdo con el artículo 141 de la Ley Foral General Tributaria.
Salvo disposición expresa en contrario de una Ley Foral, si la Inspección tributaria comprueba que no han concurrido tales condiciones o requisitos practicará de inmediato las liquidaciones que procedan, reputándose revocado o no concedido dicho beneficio fiscal.
3. En sus actuaciones de comprobación e investigación la Inspección tributaria verificará la correcta aplicación por los sujetos pasivos en sus declaraciones-liquidaciones de cualesquiera reducciones, deducciones, exenciones u otros beneficios fiscales y practicará las liquidaciones que procedan.
1. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 50 de la Ley Foral General Tributaria, se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria.
2. La Inspección tributaria incluirá estos intereses de demora en las propuestas de liquidación consignadas en las actas y en las liquidaciones tributarias que practique.
3. A estos efectos, si el acta fuese de conformidad, el día en que se entiende practicada la liquidación se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de este Reglamento.
Tratándose de actas de disconformidad, se liquidarán intereses de demora hasta el día en que el Director de Servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de este Reglamento, practique la liquidación que corresponda.
b) Cuando la Inspección tributaria ya conozca los hechos y disponga de los elementos de prueba precisos para determinar la deuda tributaria y establecer el supuesto de responsabilidad, incluso por haberlos obtenido cerca del sujeto pasivo.
2. Las actas de conformidad y las liquidaciones resultantes de las distintas actas de la Inspección tributaria suscritas con el sujeto pasivo se notificarán a los responsables solidarios. Si las actas se hubiesen extendido ante un responsable solidario la notificación anterior se practicará respecto del sujeto pasivo y, en su caso, los demás responsables solidarios.
3. Las actuaciones dirigidas a exigir el pago de la deuda tributaria directamente de cualquiera de los responsables solidarios no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás o contra el mismo sujeto pasivo, mientras no resulte cobrada la deuda tributaria por completo.
4. Cada uno de los obligados solidariamente frente a la Administración de la Comunidad Foral podrá utilizar, cuando se le reclame el pago de la deuda tributaria, todos los motivos de impugnación que deriven de la liquidación practicada o de la misma responsabilidad a él exigida.
Ultimada por la Inspección tributaria una actuación de comprobación e investigación respecto de un grupo de Sociedades en régimen de declaración consolidada, aquélla practicará la liquidación que proceda conforme a lo dispuesto en la Sección 4.ª del Capítulo VII de este Reglamento y determinará así la base y la cuota consolidadas.
Las liquidaciones tributarias resultantes de las actas incoadas se practicarán al grupo de Sociedades en su condición de sujeto pasivo, sin perjuicio de la condición de la Sociedad dominante como representante del grupo y sujeto infractor por las infracciones tributarias cometidas en el régimen de grupos de sociedades.
1. Cuando la Inspección tributaria aprecie la existencia de infracciones simples o graves al comprobar la situación tributaria de un sujeto pasivo que al cometerse tales infracciones carezca de suficiente capacidad de obrar en el orden tributario, se incoará expediente sancionador separado en relación con el representante legal, si lo hubiese, del incapaz, en su condición de sujeto infractor.
2. Constará en el expediente sancionador la propuesta correspondiente en orden a sancionar las infracciones graves apreciadas en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 77 de la Ley Foral General Tributaria, así como cuando sea sujeto infractor una persona o entidad distinta del sujeto pasivo.
Cuando se proponga la imposición de sanciones o se liquiden deudas tributarias en relación con una persona o entidad, pero como consecuencia del resultado de actuaciones inspectoras cerca de un tercero, aquélla no habrá sido interesada en estas actuaciones pero, en el período de alegaciones o al impugnar los correspondientes actos administrativos, podrá interponer todos los motivos de impugnación que estime procedentes, incluso los referentes a la conformidad con el Ordenamiento jurídico de los actos dictados con aquel tercero.
1. Cuando, en el curso de sus actuaciones, la Inspección tributaria compruebe que se falsearon las condiciones exigidas en su momento para la concesión de una subvención o se ocultaron aquéllas que hubiesen impedido su reconocimiento o bien que en el desarrollo de una actividad subvencionada se han incumplido las condiciones establecidas alterándose los fines para los que la subvención fue concedida, lo hará constar en las correspondientes diligencias, proponiendo, en su caso, la incoación de los expedientes o el ejercicio de las acciones que procedan con arreglo al Ordenamiento vigente. La Inspección tributaria podrá extender también las comunicaciones e informes que sean convenientes.
2. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos tipificados en los artículos 308 y 309 del Código Penal, la Inspección tributaria, con autorización del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir procedimiento sancionador alguno mientras el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la Autoridad Judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.
1. Si la Inspección tributaria iniciara expediente especial de fraude de ley se formalizará acta separada para este solo objeto, con el siguiente contenido:
a) Expresión de las circunstancias y hechos en los que se fundamenta la convicción de que el sujeto pasivo, al realizar el acto o negocio jurídico causa del expediente, ha tenido el propósito de eludir el pago del tributo.
b) Concreción de la norma eludida y de la norma de cobertura en que intentó ampararse el sujeto pasivo. Se expondrán los argumentos por los que se estima que esta norma no era aplicable al acto o negocio jurídico de que se trata.
c) Determinación de los elementos esenciales del presupuesto de hecho y su atribución al sujeto pasivo.
d) Liquidación que correspondería en caso de aplicarse la norma eludida.
Se adjuntarán además las pruebas que guarden relación con el objeto del expediente.
2. Se acompañará al acta un informe ampliatorio en el que se desarrollarán los hechos y fundamentos de derecho expresados en aquélla y se argumentará sobre la procedencia de la iniciación del expediente de fraude de ley.
3. El acta incoada se tramitará conforme a la naturaleza de la misma. El acto administrativo que se dicte resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de fraude de ley y practicará, en su caso, la liquidación que corresponda. Contra el citado acto se podrá interponer el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa.
4. Si el expediente se iniciase a instancia de las oficinas gestoras se remitirá lo actuado a la Inspección tributaria y se instruirán, en su caso, las actas oportunas, las cuales se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
Disposición Adicional introducida por el número 3 del artículo 1 del D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/2003, 13 enero, por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio; el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, de desarrollo de las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio («B.O.N.» 10 febrero).

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 53

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 72

Artículo 74

Artículo 75
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 104
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 103
 artículo 138
 artículo 34
 artículo 135
 artículo 66
 artículo 33
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 138
 artículo 34
 artículo 40
 artículo 95
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 27
 artículo 40
 artículo 31
 artículo 52
 artículo 28
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 45
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 130
 artículo 14
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 85
 artículo 55
 artículo 66
 artículo 62
 artículo 18
 resolución 
 artículo 27
 artículo 136
 artículo 130
 resolución 
 artículo 63
 artículo 23
 artículo 8
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
 artículo 110
 artículo 42
 artículo 305
 artículo 310
 artículo 141
 artículo 50
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 77
 artículo 1