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Timestamp: 2017-07-26 18:35:56+00:00

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Sentencia Penal Nº 330/2010, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 129/2010, 20-09-2010 | Iberley
InicioJurisprudencia PenalAP - Madrid2010Mozo Muelas, RafaelDesestimaSentencia330/2010129/2010
Sentencia Penal Nº 330/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 23, Rec 129/2010 de 20 de Septiembre de 2010
Jurisprudencia Sentencia Penal Nº 47/2012, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 129/2012, 03-04-2012 Órden: Penal
Patrocinio Polo, Jose Antonio
Num. Sentencia: 47/2012
Num. Recurso: 129/2012
Sentencia Penal Nº 58/2016, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 168/2016, 21-02-2016 Órden: Penal
Astor Landete, Joaquin Luis
Num. Sentencia: 58/2016
Num. Recurso: 168/2016
Sentencia Penal Nº 894/2014, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 366/2014, 24-09-2014 Órden: Penal
Num. Sentencia: 894/2014
Num. Recurso: 366/2014
Sentencia Penal Nº 288/2013, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 305/2012, 20-02-2013 Órden: Penal
Num. Sentencia: 288/2013
Num. Recurso: 305/2012
Sentencia Penal Nº 2/2015, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 1417/2014, 30-12-2014 Órden: Penal
Num. Sentencia: 2/2015
Num. Recurso: 1417/2014
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Resolución de TEAF Gipuzkoa, 26.180, 22-06-2005 Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Gipuzkoa
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Núm. Sentencia: 330/2010 Núm. Recurso: 129/2010
Núm. Cendoj: 28079370232010100690
Encabezamiento ROLLO RJ Nº 129/10 JDO DE INSTRUCCIÓN Nº 7 DE GETAFE J. FALTAS Nº 140/09 SENTENCIA Nº 330/10 AUDIENCIA PROVINCIAL ILTMO. SR. DE LA SECCION 23ª D. RAFAEL MOZO MUELAS En Madrid, a 20 de Septiembre de 2010. El Iltmo. Sr. Magistrado de esta Audiencia Provincial, D. RAFAEL MOZO MUELAS, actuando como Tribunal unipersonal, conforme a lo dispuesto en el
art. 82.2º de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, ha visto en segunda instancia la presente apelación contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Getafe , con fecha 6 de Noviembre de 2009, en el Juicio de Faltas seguido ante dicho Juzgado bajo el núm. 140/09 , habiendo sido apelante
Samuel y apelados el ministerio Fiscal y
Blas .
Antecedentes PRIMERO.- En la Sentencia apelada se establecen como hechos probados que: "Probado y así se declara que el día 15 de junio de 2009 con motivo de una discusión,
Samuel agredió a
Blas propinándole vario puñetazos en la cara cayendo al suelo en el curso del forcejeo, causándole lesiones consistentes en hematoma en la zona frontal de la cara."
Y el fallo que es del tenor literal siguiente: "Condeno a
Samuel como autor de una falta de lesiones a la pena de un mes de multa a razón de tres euros diarios y al abono de las costas causadas, y a que indemnice a
Blas en la cantidad de 100 euros por las lesiones causadas.
Absuelvo a
Emiliano de los hechos que se le imputaban, con declaración de las costas de oficio. ".
SEGUNDO.- Recibidos los autos en esta Sección 23ª se formó el presente rollo con el número 129/10 quedando las actuaciones vistas para dictar sentencia.
Hechos Se aceptan los que se declaran como tales en la Sentencia recurrida, Fundamentos PRIMERO.- La defensa de
Samuel , por el cauce del error en la valoración de la prueba, aduce en el recurso que el apelante se limitó a defenderse de la agresión de que era objeto.
El derecho a la presunción de inocencia, concebida como regla de juicio entraña el derecho a no ser condenado sin prueba de carga válidas, lo que implica a) que toda sentencia condenatoria debe expresar las pruebas en que sustenta la declaración de responsabilidad penal, b) tal sustento ha de venir dado por verdaderos actos de prueba conforme a la ley y a la constitución; c) estos han de ser practicados normalmente en el acto del juicio oral, salvo las excepciones constitucionalmente admisibles; d) las pruebas han de ser valoradas pro los Tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia , y e) la sentencia debe encontrarse debidamente motivada. La prueba de cargo ha de estar referida a los elementos esenciales de delito objeto de condena, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva (
S.T.C 32/2000 ,
126/2000 Y 17/2002 ).
Ahora bien, no conviene perder de vista que la cuestión relativa a la existencia de prueba de cargo-aspectos fácticos-, tanto en relación al delito como a la participación del acusado-, es distinta a la valoración de la existente, pues respecto al juicio valorativo es el juzgador de instancia quien se encuentra en posición privilegiada para su apreciación, pues la inmediación le permite observar por sí mismo una serie de matices y circunstancias que escapan a la percepción del Tribunal de apelación y que sirven, en muchos casos, para establecer quien o quienes son los declarantes que se ajustan en la realidad,. Tampoco conviene pasar por alto que existe una diferencia fundamental entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales, y el principio "in dubio pro reo" , que pertenece al momento de la valoración o apreciación de la prueba practicada y que ha de aplicarse cuando, practicada aquella actividad probatoria indispensable, existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate o bien sobre la autoría del acusado (
S.T.C. 179/1990 ) y
S.T.S. 16-10-2002 y 21-07-2003 ).
Por ello, suele afirmarse que la fijación de los hechos llevada a cabo por el Juez "a quo" ha de servir de punto de partida para el tribunal de apelación y sólo podrán rectificarse , por inexactitud o manifiesto y patente error en la valoración de la prueba, o cuando el relato fáctico sea claramente incompleto, incongruente o contradictorio en si misma ( S.T.S 14-3-1991 y 24-5-2000 ).
SEGUNDO: Las alegaciones expuestas por el apelante no permiten modificar el relato fáctico de la sentencia de instancia ni apreciar la eximente de legítima defensa. En efecto, frente a las alegaciones exculpatorias contenidas en el recurso , la sentencia impugnada analiza las declaraciones de los implicados y testigos exponiendo los motivos por los que, en base a las declaraciones del apelante y de
Emiliano , las lesiones sufridas por estos no fueron ocasionadas por
Por otro lado, aún siguiendo la versión de los hechos aportada por el apelante nos encontraríamos ante una riña mutuamente aceptado que no permite, en este caso, la apreciación de la legítima defensa. Por todo ello, estimándose correctas la calificación jurídica, pena impuesta e indemnización establecida , el recurso debe desestimarse. TERCERO.- En aplicación del
art. 123 del C.P. y 240.2 de la LECrim procede imponer las cosas al acusado, declarando de oficio las del recurso.
Fallo Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
Samuel contra la
sentencia dictada pro el Juzgado de instrucción nº 7 de Getafe en el juicio de faltas nº 140/09 con fecha 6 de noviembre de 2009 debo confirmar y confirmo dicha resolución declarando de oficio las costas del recurso
Notifíquese esta resolución a las partes indicándoles que la misma es firme y con certificación de la misma, devuélvanse los Autos originales al Juzgado "a quo" a los fines procedentes Así por esta mí Sentencia de la que se llevará certificación al Rollo de apelación, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado estando celebrando audiencia pública en el día _______________________ asistido de mí la Secretaria. Doy fe.

References: artículo 384
 artículo 384

Resolución 
in dubio
 resolución 
 resolución