Source: http://www.abortolegal.com.ar/hacia-el-aborto-legal-cual-es-el-articulado-de-la-media-sancion-de-diputados/
Timestamp: 2018-09-20 10:39:29+00:00

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Hacia el aborto legal, ¿cuál es el articulado de la media sanción de Diputados? – Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
Hacia el aborto legal, ¿cuál es el articulado de la media sanción de Diputados?
Posted on 1 julio, 2018 by Campaña
Sancionado el 14 de junio de 2018 tras un festival y vigilia federal que movilizó a más de un millón de personas en las calles que rodean al Congreso de la Nación, por la Cámara de Diputados de la Nación con 129 votos a favor y 123 en contra, este es el texto de la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Un producto del dictamen de consenso entre integrantes de los bloques político parlamentarios en esa Cámara que apoyaron el aborto legal, y que modificó en algunos puntos el Proyecto de Ley presentado en marzo de 2018 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Lo que conquistamos entre todxs. ¡Estamos haciendo historia por nuestros derechos!
Sustitúyese el artículo 85 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 85: El que causare un aborto será reprimido: 1) Con prisión de tres (3) a diez (10) arios si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. 2) Con prisión de tres (3) meses a un (1) ario si obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código.
Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 85 bis: Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de uno (1) a tres (3) arios si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante.
Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 86: No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de salud interviniente; Si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 88: Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código. La tentativa de la mujer o persona gestante no es punible. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el delito, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad en el caso.
Artículo 5.- Objeto.
Artículo 6.- Derechos protegidos.
Esta ley garantiza todos los -derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación. En ejercicio de estos derechos, toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad a lo establecido en la presente ley.
Artículo 7- Supuestos.
Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos: Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de la salud interviniente; Si estuviera en peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Artículo 8 – Consentimiento informado.
Si se tratara de una adolescente, niña o persona gestante menor de dieciséis (16) años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el artículo 7° de su decreto reglamentario 415/06. En particular, debe respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído.
Créase un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, a efectos de generar información actualizada relativa a la implementación de la presente ley. La autoridad de aplicación, en articulación con las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, debe arbitrar los medios a fin de llevar un registro estadístico en todo el territorio nacional de: Las consultas realizadas a los fines de acceder a lo dispuesto por la presente ley; Las interrupciones voluntarias del embarazo efectuadas, indicando el plazo y cuál de los supuestos del artículo 7° de la presente ley hubiera sido invocado; La información de los registros de objetores previstos en el artículo 15 de la presente ley; Todo dato sociodemográfico que se estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley, así como los indicadores de seguimiento que pudieren realizarse. En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad de los datos recabados.
El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población. Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes 25.673, 26.150, 26.485 y 26.061, además de las leyes citadas anteriormente en la presente ley. Deberán además capacitar en perspectiva de género a todos/as los/las profesionales y personal de la salud a fin de brindar una atención, contención y seguimiento adecuados a las mujeres que deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley. El Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la procreación responsable, a través de los programas creados por las leyes 25.673 y 26.150. En este último caso, deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula obligatoria de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las distintas instituciones educativas, sean éstas de gestión pública o privada, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del próximo ciclo lectivo. La educación sexual integral es un derecho y deberá impartirse en todo el sistema educativo sin excepción y con especial referencia y atención a las comunidades más vulnerables y a la diversidad e identidad de los pueblos originarios.
Artículo 22.- Autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por. el Poder Ejecutivo nacional.
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References: artículo 85
 Artículo 85
 artículo 86
 artículo 85
 Artículo 85
 artículo 86
 Artículo 86
 artículo 88
 Artículo 88
 artículo 86

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 15

Artículo 22