Source: https://tc.vlex.es/vid/1987-f-24-5-stc-sstc-6-15356028
Timestamp: 2019-08-22 11:37:57+00:00

Document:
STC 298/1993, 18 de Octubre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15356028
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.888/1992
1. Ni el Código Civil, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la reforma efectuada por la Ley 21/1987, precisan de qué forma pueden defender sus derechos la madre biológica, ni otros parientes o los guardadores, cuando una entidad pública competente en materia de protección de menores (designada en la disposición adicional primera de la Ley mencionada) entiende que un menor se halla en situación de desamparo. La Ley de Adopción de 1987 se limitó a regular el acogimiento y la adopción de menores, y no dio normas expresas respecto al momento inicial: la constatación de si un niño se encuentra o no en situación de desamparo [F.J. 4]. 2. Los Tribunales no pueden negarse a resolver en el fondo las controversias de derechos o intereses legítimos planteadas ante ellos fundándose en la mera posibilidad de una incompetencia de jurisdicción; si el orden jurisdiccional al que pertenecen carece de competencia para conocer de la pretensión deducida ante ellos deben declararlo así expresa y motivadamente, e indicar cuál es el orden que estiman competente, para evitar una denegación de justicia contraria al art. 24.1 C.E. [F.J. 5]. 3. Como indicamos en la STC 44/1987, cuando el recurso de amparo se dirige contra una Sentencia dictada en grado de recurso que se limita a confirmar la decisión pronunciada en la instancia, los posibles errores o defectos que contenga aquélla en su motivación, y que no hubieran sido necesariamente relevantes para el fallo, no pueden por sí mismos justificar nunca la existencia de una vulneración constitucional [F.J. 5]. 4. El art. 24 C.E. no impone cauces procesales determinados, siempre que se respeten las garantías esenciales para proteger judicialmente los derechos e intereses legítimos de los justiciables (STC 11/1982, 1/1987, 43/1987, y 160/1991). Lo fundamental, desde la óptica constitucional, es apreciar si, en las circunstancias del concreto proceso seguido, el titular del derecho fundamental ha disfrutado de una posibilidad real de defender sus derechos e intereses legítimos, mediante los medios de alegación y de prueba suficientes cuando se actúa con una diligencia procesal razonable (SSTC 4/1982 y 14/1992) [F.J. 6].
Sentencia citada en: 489 sentencias, 25 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario
En el recurso de amparo núm. 1.888/92, promovido por doña Fidela G. G. representada por la Procuradora doña María del Rosario Sánchez Rodríguez y defendida por la Letrada doña Angela M. Pérez Cano, contra el Auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería, de 17 junio 1991 (a. 37-91), que desestimó la oposición formulada por la actora contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía que acordó declarar al menor Javier Gutiérrez García en situación legal de desamparo, asumir su tutela y promover su acogimiento familiar. Ha comparecido la Junta de Andalucía, representada por los Letrados del Gabinete Jurídico de su Consejería de Presidencia don Nicolás G. D. y doña Carmen N. R. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.
2. Los hechos con relevancia en el presente recurso pueden ser resumidos como sigue:
a) La actora es madre soltera de un menor, que lleva sus apellidos, nacido en Madrid en enero de 1989. Según ella, lo había dejado en custodia a doña María D. R. con quien convivía en la localidad de Olula del Río, en la provincia de Almería. El otorgamiento de la custodia fue normalizado ante notario, en Purchena, el 30 de agosto de 1990.
b) Un mes antes, un señor M., con motivo de informarse por cuenta de la señora D. sobre los trámites necesarios para efectuar una adopción, mencionó en la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía que el menor estaba residiendo con dicha señora E. dio lugar a que la Delegada en Almería, por Resolución de 8 de octubre de 1990 (exp. A-26-90), declarase que el menor se encontraba en situación de desamparo, asumiese su tutela por parte de la entidad pública, instase su entrega, promoviese su acogimiento familiar y, cautelarmente, ingresase al menor en un centro público bajo la guarda de su Director.
d) Por providencia de 12 de febrero de 1991, el Juzgado de Primera Instancia num. 3 de Almería dispuso la incoación de un expediente de jurisdicción voluntaria, determinando que se ajustase a lo establecido en los arts. 1.825 y ss. L.E.C.
f) Mediante Auto de 17 de junio de 1991, el Juzgado desestimó la oposición formulada por la actora. La Resolución declaró acreditado que el menor se encontraba recogido en el domicilio de las hermanas Domínguez, sin que se haya acreditado que el domicilio de estas personas sea el mismo que el de la madre del menor.
h) El 25 de septiembre la parte interpuso recurso de apelación, solicitando la anulación de las actuaciones por no haberse ventilado la oposición de los padres por los trámites del juicio verbal (arts. 1.827 L.E.C. y 238.3 LOPJ). La Audiencia Provincial de Almería dictó Auto de 16 de junio de 1992, declarando no haber lugar a la nulidad de actuaciones, y desestimando el recurso de apelación, ofreciendo para ello las siguientes razones: a) que el inciso primero del art. 1.827 L.E.C. veda expresamente la posibilidad de aplicar la regla general de art. 1.817, por la que normalmente los procedimientos de jurisdicción voluntaria pasan a ser contenciosos cuando algún interesado formula oposición; b) que no se pueden seguir los trámites del proceso verbal, «porque no parece tener sentido el planteamiento en la jurisdicción civil de un procedimiento contencioso en que sería demandada la Administración por un actuar puramente administrativo»; y c) que, en todo caso, no se estaba ante un expediente de jurisdicción voluntaria previo en el que se hubiera formulado oposición. Según el Auto, «nos encontramos ante un procedimiento no previsto expresamente en la ley, en que una actuación de una entidad pública es llevada a los Tribunales civiles y en donde se procede a aplicar las disposiciones procesales comunes en materia de protección de menores de los arts. 1.825 y ss. L.E.C.».
3. La demanda de amparo afirma que, al denegarse la práctica de las pruebas que interesaban a la madre del menor por las razones ofrecidas por la Audiencia (pues el Juzgado no dio ninguna), se ha vulnerado el derecho de la actora a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 C.E.).
5. El Ministerio Fiscal formuló su informe el 10 de diciembre de 1992, en favor de la desestimación del recurso. Destaca que el Juzgado de Almería abrió el procedimiento de oposición familiar a instancia de la madre del menor, en escrito presentado a través de Abogado y Procurador, en el que manifestó su oposición a las medidas administrativas que asumieron la tutela sobre su hijo, y en el que solicitó el recibimiento del procedimiento a prueba y la revocación de la resolución de la Consejería de Asuntos Sociales. El procedimiento fue seguido por los trámites de la jurisdicción voluntaria, en él se oyó a los solicitantes y a la representante de la Delegación Provincial de la Consejería, y practicándose diversas pruebas, entre ellas la aportación del expediente administrativo y la comparecencia ante el Juez de la señora G..
El Fiscal afirma que de la lectura de la demanda de amparo parecen desprenderse dos quejas: que la recurrente ha quedado marginada del procedimiento, sufriendo una situación de indefensión material; y que se ha denegado injustificadamente los medios de prueba propuestos por su defensa. Pero indagados los autos se constata que las afirmaciones que sirven de fundamento a la demanda no se ajustan a la realidad. El procedimiento judicial en ningún caso se realizó al margen de la demandante, pues fue ella quien lo inició, porque le fueron notificadas a su Procurador todas las resoluciones que se dictaron, y la señora G. compareció ante el Juez el 3 mayo 1991 y efectuó las alegaciones que estimó pertinentes. Además, cuando tuvo interés en recurrir lo hizo. No hubo marginación procesal, sino pasividad por parte de la recurrente, que priva de relevancia a su alegato de indefensión (STC 198/1987). También carece de fundamento la alegación de que se le denegaron injustificadamente medios de prueba, pues no propuso ninguna durante la tramitación del procedimiento de jurisdicción voluntaria, cuando pudo hacerlo perfectamente. Y en su recurso de reposición no alegó indefensión basada en la denegación de medios de prueba, sino en que se había producido una privación de la patria potestad por medio de Auto en vez de Sentencia. Sus escritos posteriores estuvieron encaminados a convertir el procedimiento de jurisdicción voluntaria en juicio verbal, pretensión que carece de cobertura legal, sin hacer referencia a la denegación de medios de prueba. Por lo que si hay indefensión ha sido causada por propia indiligencia o pasividad (STC 129/1988).
6. La parte actora formuló alegaciones el 14 diciembre 1992, en favor de su pretensión de amparo. La señora G. asiste y cuida regularmente a su hijo, a pesar de que por cuestiones laborales no pueda tenerle en su compañía todo el tiempo que desearía, estando sin embargo muy contenta de que los días laborales permanezca en casa de las hermanas doña María y doña Beatriz D. R. que son una compañía muy adecuada para el niño, por su educación, su comportamiento cívico y social, y su desahogada situación económica. La decisión de la Junta de Andalucía de declarar a su hijo Javier en situación de desamparo obedece a un excesivo celo profesional, y se basa en una serie de hechos que se han dado como probados en el procedimiento completamente ajenos a la realidad; aunque, por carecer de un procedimiento contencioso, se ha impedido a la madre probar que las afirmaciones de la Administración no son ciertas. El niño vive en unas condiciones materiales y afectivas que sería de desear que tuvieran los niños realmente desamparados que están a cargo de la Consejera de Asuntos Sociales, quien, en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía el 26 de septiembre de 1991, reconoció que ninguno de los 35 centros públicos de acogida de menores de la Comunidad Autónoma reúne las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos, siendo notorio el desalojo del centro de menores de Almería, por la ruina que presentaba por problemas de aluminosis.
7. Transcurrido el plazo, la Junta de Andalucía no formuló alegaciones. El 10 junio 1993 presentó un escrito, suplicando la denegación del amparo solicitado. Al resumir los hechos, resalta que la representación procesal de doña Fidela G. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el Auto del Juzgado de 17 junio 1991, alegando la infracción del art. 24.1 C.E. por haberse resuelto la oposición al desamparo mediante Auto. Dicho recurso fue desestimado por Auto de 15 de julio de 1991, contra el que la actora interpuso recurso de apelación admitido en un sólo efecto el siguiente 27 septiembre. Y no fue hasta el día 14 de octubre de 1991 cuando su Procurador interpuso recurso de reposición, y al mismo tiempo presentó otro escrito solicitando la nulidad de todo lo actuado, para que el procedimiento se tramitara según las reglas del juicio verbal, según lo dispuesto en el art. 1.827 L.E.C., por haberse producido la oposición de los padres. Esta petición fue desestimada por providencias de 21 octubre y 15 noviembre 1991 y finalmente por el Auto de la Audiencia Provincial de 16 de junio de 1992.
Aunque en la demanda de amparo se alega el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes reconocidos en el art. 24.2 C.E., la Junta de Andalucía entiende que la cuestión realmente planteada es la infracción del derecho al proceso debido según la ley, lo que evidencia que el amparo es improcedente. Pues los problemas de cuál sea la norma aplicable al caso y su interpretación son de estricta legalidad ordinaria (STC 211/1988 y 13/1993). La resolución judicial impugnada es fundada y razonada en Derecho, sin que a este Tribunal le corresponda hacer pronunciamiento alguno acerca de si el expediente estaba incluido en el ámbito del art. 1.827 L.E.C., o sobre si ha sido infringido dicho precepto o el art. 1.817; siendo razonable el criterio seguido por la Audiencia, al entender aplicables las disposiciones procesales comunes en materia de protección de menores de los art. 1.825 y ss. L.E.C., sin que pueda aplicarse el art. 1.817 L.E.C.; por vedarlo expresamente el inciso primero del art. 1.827. El necesario asentimiento de los padres sólo se da en los expedientes de jurisdicción voluntaria regulados en los arts. 1.828 a 1.832 L.E.C., dirigidos a la constitución judicial del acogimiento familiar y de la adopción, únicos en los que en determinados supuestos el Código Civil exige dicho asentimiento (arts. 173 y 177), en los que por tanto se podría plantear la eventual oposición en los términos del art. 1.817 L.E.C. No es este el caso del desamparo, que, en cuanto situación de hecho que otorga automáticamente a la entidad pública competente la tutela del menor, es declarado directamente por la autoridad administrativa, sin necesidad de resolución judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 172 C.C. y disposición adicional primera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre.
3. No es preciso destacar la extraordinaria importancia que revisten los derechos e intereses en juego en el proceso civil precedente. Tanto los del menor, como los de su madre biológica, así como los de las restantes personas implicadas en la situación, son «intereses de la mayor importancia en el orden personal y familiar». Así lo declaramos en la STC 143/1990, que anuló un procedimiento de adopción en el que no había sido oída la madre biológica del niño concernido, a pesar de que el Juzgado podía haber llegado a conocer el domicilio de aquélla sin dificultad. En dicha Sentencia subrayamos que la importancia de los derechos e intereses en cuestión «obliga a rodear de las mayores garantías y del más escrupuloso celo» los actos judiciales que se practiquen en tales procedimientos.
5. Es preciso dar la razón a la demandante de amparo cuando critica una de las razones en que la Audiencia Provincial fundó la desestimación de su recurso de apelación, al indicar que no se podían seguir los trámites del juicio verbal por carecer de sentido plantear en la jurisdicción civil un procedimiento contencioso en que resulta demandada una Administración por un actuar puramente administrativo. Los Tribunales no pueden negarse a resolver en el fondo las controversias de derechos o intereses legítimos planteadas ante ellos fundándose en la mera posibilidad de una incompetencia de jurisdicción; si el orden jurisdiccional al que pertenecen carece de competencia para conocer de la pretensión deducida ante ellos deben declararlo así expresa y motivadamente, e indicar cuál es el orden que estiman competente, para evitar una denegación de justicia contraria al art. 24.1 C.E. (STC 43/1984, fundamento jurídico 2. y 26/1991, fundamento jurídico 3.). Por añadidura, nada tiene de extraño que la ley, a la que corresponde el reparto de materias entre los distintos órdenes jurisdiccionales (art. 117.3 C.E., STC 158/1985, fundamento jurídico 3., y 224/1993, fundamentos jurídicos 2. y 3.), haya mantenido la posición general que nuestro ordenamiento reconoce al Juez civil como custodio del Derecho de familia, aun cuando confíe a entidades públicas de carácter administrativo la protección de los menores desamparados.
Ahora bien, el razonamiento judicial cuestionado por la demanda de amparo no impidió que los Autos dictados por los órganos jurisdiccionales se pronunciaran sobre el fondo del litigio entablado entre la actora y la Consejería de Asuntos Sociales. Como indicamos en la STC 44/1987, fundamento jurídico 2., cuando el recurso de amparo se dirige contra una Sentencia dictada en grado de recurso que se limita a confirmar la decisión pronunciada en la instancia, los posibles errores o defectos que contenga aquélla en su motivación, y que no hubieran sido necesariamente relevantes para el fallo, no pueden por sí mismos justificar nunca la existencia de una vulneración constitucional.
Por consiguiente, la impugnación dirigida contra el Auto dictado en grado de apelación por la Audiencia de Almería no puede prosperar. Su motivación podrá resultar más o menos correcta, pero de ningún modo desvirtúa la motivación ofrecida por el Juzgado en el Auto de instancia. Pues, como señalamos en la STC 44/1987, carece de sentido «la concesión de un amparo que se limitara a anular una parte de motivación de una Sentencia, aunque mantuviera en su integridad el fallo». Y también carece de sentido «anular totalmente la Sentencia, incluido el fallo con el único objeto de que el órgano judicial dictara una nueva Sentencia en la que confirmara el fallo, pero corrigiera posibles errores o desaciertos contenidos en la redacción de su fundamento jurídico» (fundamento jurídico 2.). Y es que «el recurso de amparo se orienta a la reparación de efectivas vulneraciones de los derechos fundamentales y no a la depuración objetiva de aquellos vicios que puedan concurrir en la acción de los poderes públicos» (ATC 157/1990) desprendiéndose así inequívocamente de los arts. 41, 54 y 55 LOTC.
6. Del mismo modo, no procede tampoco resolver la cuestión suscitada por quienes han intervenido en este proceso de amparo, acerca de cuál era el procedimiento adecuado para ventilar la oposición de la madre contra la declaración administrativa de desamparo del menor. El art. 24 C.E. no impone cauces procesales determinados, siempre que se respeten las garantías esenciales para proteger judicialmente los derechos e intereses legítimos de los justiciables (SSTC 11/1982, 1/1987, 43/1987, y 160/1991). Lo fundamental, desde la óptica constitucional, es apreciar si en las circunstancias del concreto proceso seguido, el titular del derecho fundamental ha disfrutado de una posibilidad real de defender sus derechos e intereses legítimos, mediante los medios de alegación y de prueba suficientes cuando se actúa con una diligencia procesal razonable (SSTC 4/1982, fundamento jurídico 5. y 14/1992, fundamento jurídico 2.).
Esta ha sido la perspectiva seguida por el Tribunal al enjuiciar cuestiones de indefensión, suscitadas en supuestos análogos al presente, en las SSTC 13/1981 y 71/1990. En la primera de dichas Sentencias ya resaltamos que la diversidad de los supuestos contemplados en el libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, unida a las variadas tesis que existen acerca del carácter jurídico de tales manifestaciones de la jurisdicción voluntaria, impiden sentar conclusiones generales a la luz del art. 24 C.E. Es necesario, por el contrario, descender a los casos particulares para verlos a la luz del Texto constitucional, teniendo muy presentes algunos rasgos legales de estos procedimientos judiciales: destacadamente, que la ley ofrece amplia ocasión de alegaciones a quienes ostentan intereses legítimos en la decisión a tomar, así como para aportar documentos y todo tipo de justificaciones, atendiendo a un menor rigor formal y a la exclusión de preclusividad, y que el alcance de la cosa juzgada se encuentra limitado, como se deduce de los arts. 1.813, 1.816 y 1.818 L.E.C., entre otros (STC 13/1981, fundamentos jurídicos 3. y 4.). Y en la STC 71/1990 quedó sentado, con carácter general, que no es determinante que el procedimiento seguido por los Tribunales para resolver sobre los derechos de los progenitores sobre sus hijos sea singular o especializado, en relación con otros procedimientos establecidos en las leyes procesales comunes, ni aun cuando se desarrolle conforme a reglas carentes del rigor y formalismo propio de tales procedimientos comunes. Lo determinante es precisar si, en el procedimiento objeto de la demanda de amparo, se han respetado las garantías procesales básicas que protege la Constitución en su art. 24 (STC 76/1990, fundamento jurídico 6.5).
Es cierto que, en su demanda inicial, la parte actora solicitó el recibimiento del proceso a prueba, sin llegar a recibir respuesta judicial específica. Pero es indudable que dicha petición quedó sin sentido desde el momento mismo en que el Juzgado acordó incoar el procedimiento siguiendo los trámites del art. 1.825 y ss. L.E.C. Desde entonces la parte, que contaba con Procurador y Abogado de su elección, pudo instar la realización de todas las diligencias que entendiera oportunas para que el Juez se asegurase de si la tutela administrativa resultaría o no beneficiosa para el menor (arts. 1.826 ó 1.838 L.E.C.), como así lo hicieron la Consejería de Asuntos Sociales y el Ministerio Fiscal, dando lugar a diversas actuaciones judiciales que fueron puntualmente notificadas al Procurador de la demandante. No puede alegar indefensión en el plano probatorio, ni privación del derecho a la prueba, quien en el proceso desenvuelto ante el Tribunal competente permanece inactivo frente a los medios de prueba aportados por la Administración en sustento de su pretensión procesal (SSTC 22/1990, fundamento jurídico 5., y 212/1990, fundamento jurídico 4.).
Por añadidura, la alegación de conculcación del derecho a la prueba aparece como puramente formal. En modo alguno se explicita en la demanda de amparo cuáles fueron las pruebas que no fueron practicadas, ni cómo sus resultados hubieran podido alterar la resolución judicial en favor de la demandante (SSTC 116/1983, fundamento jurídico 3., y 1/1992, fundamento jurídico 3.).
8. Tampoco resulta convincente la alegación de indefensión que, con carácter más general, formula la demandante de amparo. En efecto, a lo largo de todo el procedimiento seguido por el Juzgado de Primera Instancia, y que había sido iniciado a su demanda, la actora tuvo ocasión de alegar y acreditar sin restricción alguna, pudiendo ejercer sin obstáculos el derecho de defensa, y contando con asistencia letrada (SSTC 13/1981, fundamento jurídico 5., y 71/1990, fundamento jurídico 6.4). Finalmente atendidas las circunstancias del proceso, no puede dársele mayor trascendencia al hecho de que, en su comparecencia personal ante el Juzgado para prestar declaración, no fuese acompañada por su Abogada. Es evidente que su Letrada conocía la citación judicial, pues ella misma se encargó de transmitírsela. Y su ausencia en el trascendental acto en que la recurrente declaró ante el Juez sólo fue debida a la propia voluntad de la parte actora, quien actuó con libertad, y con asesoramiento Letrado, en el modo que estimó más adecuado para la defensa de sus derechos.
STSJ Comunidad de Madrid 74/2008, 29 de Enero de 2008 (Procedimiento administrativo, Infracciones)
AAP León 21/2009, 11 de Septiembre de 2009 (Adopcion, Actos procesales, Nulidad)
STS 4/2014, 4 de Julio de 2014
AAP Madrid 210/2009, 11 de Diciembre de 2009

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución