Source: http://docplayer.es/16411999-Capitulo-2-prision-preventiva.html
Timestamp: 2018-01-19 22:10:48+00:00

Document:
CAPITULO 2 PRISION PREVENTIVA - PDF
Download "CAPITULO 2 PRISION PREVENTIVA"
Diego Soriano Ortiz
1 CAPITULO 2 PRISION PREVENTIVA
2 47 PRISIÓN PREVENTIVA Previo al desarrollo de los puntos correspondientes a este capitulo en especifico, es necesario comentar en forma breve los presupuestos necesarios que anteceden al tema central de estudio. Por principio de cuentas, nos permitiremos presumir que se dio cumplimiento a las disposiciones constitucionales aplicables, así como a la aplicación conducente de las leyes ordinarias como el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, en estricto apego a la legalidad y formalidad que establecen estos ordenamientos. En tal sentido, el primer antecedente necesario para la prisión preventiva sería la existencia de una denuncia o aquella presentada ante Ministerio Público la cual dio origen a una averiguación Previa por la posible comisión de un delito. Observamos en este punto que la denuncia o querella es la noticia que realiza una persona o el directamente afectado ante el Ministerio Público sobre la posible comisión de un hecho delictivo. En este apartado resulta de suma trascendencia destacar que quizá se ha dado inicio a la prisión preventiva, pues la averiguación previa se inicia con detenido, es decir, la persona a la que presuntamente se le atribuye la comisión de un hecho delictivo pudo haber sido detenida de manera flagrante, en cuasi flagrancia o por caso urgente, ante lo cual como se ha dicho se inicia una prisión preventiva, siempre y cuando el delito que se le atribuya merezca prisión preventiva. Una vez que el Ministerio Público realizó diversas diligencias probatorias y por considerar comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de un
3 48 sujeto procederá a la consignación que en el caso de haberse iniciado la averiguación previa con detenido y siempre y cuando el delito amerite pena privativa de libertad, la consignación será realizada con detenido. En caso de que la averiguación previa se haya iniciado sin que se tenga a disposición al indiciado la consignación será sin detenido, en cuyo caso el Ministerio Público consignador solicitará una orden de aprehensión. Es importante señalar en este momento que el órgano consignador puede solicitar también una orden de comparecencia, sin embargo no tocaremos este tema porque con ella no amerita la prisión preventiva. Siguiendo su trámite normal la consignación sería radicada por el juez del conocimiento asignándole número de causa, y se le pondrían los autos a vista del Ministerio Público adscrito a Juzgado para que éste manifieste lo que a su representación social corresponda. Ahora bien, y continuando con estos antecedentes previos el juzgador procederá a tomar al procesado su declaración preparatoria, haciéndoles saber en esta diligencia, los diversos derechos que en su beneficio se encuentran plasmados en su favor en la Constitución, en especifico en el. Articulo 20 de este ordenamiento supremo y que igualmente son reiterados en el Código de Procedimientos Penales, tales como: Su derecho a conocer la acusación, el delito que se le imputa, las personas que deponen en su contra, su derecho a no ser compelido a declarar en su contra, pudiendo como derivación del mismo responder o no a las preguntas que en la diligencia de declaración declaratoria le formule el Ministerio Público y la defensa, su posibilidad de nombrar defensor o en su defecto ser asistido por el defensor de oficio adscrito a juzgado y principalmente, para efectos de nuestro estudio, su derecho a obtener el beneficio de la libertad caucional si fuere procedente conforme a la ley, conociendo
4 49 en este mismo acto, el monto de las garantías a otorgar, o a la declaración expresa de que la ley le niegue el beneficio referido. Finalmente, el juzgador dictará el auto de término constitucional, en donde establecerá la situación del probable responsable, mismo que como presupuesto de este trabajo tendría que ser necesariamente auto de formal prisión, es decir, el juzgador consideraría que existen elementos suficientes para procesar por encontrar hasta el momento, acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del procesado. Una vez hecho lo anterior, el juez de conocimiento entrará al estudio de la petición realizada por el Ministerio Público y se considera que en el caso a estudio se encuentran cubiertos los requisitos marcados en los artículos 14 y 16 Constitucionales como los son el que se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, procederá al libramiento de una Orden de aprehensión auxiliándose para su ejecución en la policía judicial, se pondrá al probable responsable a disposición del Juez en alguno de los centros preventivos de reclusión, que dentro del término constitucional de setenta y dos horas resolverá su situación jurídica es decir, determinará si la sujeta o no a un procedimiento emitiendo un auto de formal prisión o de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley 2.1. Situación del Probable Responsable. A) Efectos en materia penal.- Resulta importante señalar que la situación jurídica del probable responsable se puede distinguir de dos maneras: 1.- Estando el probable responsable interno dentro de alguno de los centros de reclusión preventiva. 2.- Estando el probable responsable gozando de su libertad provisional.
5 50 Por lo que hace, al procesado en libertad, podemos establecer que una vez que se encuentre acogido a este beneficio se actualizan a su cargo diversas obligaciones de índole procesal dentro de las cuales podemos mencionar: a) El procesado deberá presentarse ante el Juez del conocimiento cuantas veces sea requerido o citado, y que de manera especifica podemos precisar, las siguientes: todas las diligencias que conforme a la ley exigen de su presencia, principalmente audiencias, desahogo de pruebas dentro y fuera del juzgado, y notificaciones de las resoluciones que se dicten en el juicio. b) Estará obligado a comunicar al órgano jurisdiccional los cambios de domicilio que tuviere, haciendo hincapié, en que si bien no existe una restricción en cuanto a estos cambios; los mismos deberán realizarse siempre dentro del ámbito de competencia territorial del juzgador, es decir, por ninguna causa el procesado podrá ausentarse definitivamente del territorio del órgano jurisdiccional que lo tiene a disposición. c) Presentarse ante el juzgado o tribunal que conozca de su causa el día que se señale de cada semana, acreditando lo anterior con su firma que semanalmente se asienten los registros respectivos. d) Deberá presentarse voluntariamente ante la oficina correspondiente a efecto de que sea identificado por los medios administrativos en vigor lo que coloquialmente se ha dado en llamar la ficha. e) Asimismo, deberá apersonarse ante el personal correspondiente de la Dirección General de Reclusorios, a efecto de que le sea practicado el examen criminológico correspondiente que permita determinar su peligrosidad y que sirve al juzgador en su caso, para la individualización de la sentencia correspondiente.
6 51 f) De manera práctica, el procesado en libertad auxilia en algunas ocasiones al personal del juzgado en la tramitación y obtención de datos administrativos como lo es, el informe de ingresos anteriores. g) Notificar al juzgador en caso de que el fiador o la garantía otorgada, devenga en insuficiente para los efectos de su libertad y sustituirlas según el caso. Es de hacer notar, que el incumplimiento del procesado en las obligaciones antes citadas, conllevará a la revocación de la libertad concedida al probable responsable durante el proceso, implicando la pérdida de la garantía otorgada así como la correspondiente orden de reaprehensión, lo anterior, sin perjuicio de que el beneficio de la libertad provisional, le sea concedido nuevamente conforme a derecho o bien, se justifique el cumplimiento a satisfacción del juzgador y se conserve la libertad originalmente otorgada. Por otra parte debemos precisar, cuales son los efectos que en materia penal, se actualizan sobre el procesado que se encuentra sujeto a prisión preventiva, es decir, en calidad de interno de los Centros de Reclusión Preventiva, dentro de las cuales podemos encontrar: a) Comparecer todas las veces que sea requerido por el juez del conocimiento, tomando en consideración que estas comparecencias serán realizadas atendiendo a tramites internos del reclusorio, y siempre a través de la denominada reja de prácticas b) Sujetarse a la identificación administrativa correspondiente dentro del interior del reclusorio.
7 52 c) Presentarse ante el personal competente en el interior del Reclusorio para la Práctica del estudio criminológico respectivo, que en este caso, no solo servirá para que el juzgador individualice en la sentencia la pena, atendiendo a la peligrosidad del sujeto, sino también para la asignación del dormitorio respectivo dentro del Reclusorio mismo. d) En general, respetar y cumplir los ordenamientos internos del Reclusorio, en lo concerniente a uniformes, dormitorios, trabajo, visitas, etc. B) Otros efectos. Como se ha establecido anteriormente en el desarrollo de este mismo trabajo, el procesado en una causa penal, tiene de inicio una presunción de inadaptación social, independientemente de la declaración final de su responsabilidad penal definitiva. Esta situación, repercute más allá de la esfera de la Legislación Penal influyendo en la materia en donde la situación del individuo tiene diversos efectos legales, en virtud de encontrarse sujeto a proceso penal. Esta presunción de inadaptación social es todavía mayor, si el sujeto se encuentra en prisión preventiva sea por que no ha podido acceder a su libertad caucional por razones de índole económico, o bien, por que la ley penal no le otorga dicho beneficio en virtud de tratarse de un delito grave. Como un ejemplo relevante de lo anterior nos encontramos con lo dispuesto en la Ley Federal del trabajo, quien regula la suspensión temporal de la relación de trabajo por causa de la prisión preventiva del trabajador, sobre el particular el artículo 42 fracción III del Ordenamiento laboral antes referido dispone:
8 53 Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: III.- La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél; Es de comentarse que en aquellos casos que el sujeto a proceso obtenga el beneficio de la libertad caucional deberá reintegrarse inmediatamente a su empleo, a menos que el proceso se haya originado por delitos posiblemente cometidos en el desempeño de sus labores, situación en la cual, no obstante la libertad del procesado, continuará en suspenso la relación de trabajo. Sobre el particular, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciendo el criterio jurisprudencial que a continuación se cita: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS CONTRATOS LABORALES POR PRISION PREVENTIVA DE LOS TRABAJADORES.- La prisión preventiva no solo implica una suspensión de derecho, sino también de hecho que hace imposible el cumplimiento del contrato de trabajo por parte del obrero. Sin embargo, esta tesis solo es de exacta aplicación en los casos que el trabajador, ante la imposibilidad legal o material de obtener la libertad bajo fianza falta a sus labores, mas no cuando, por haber obtenido tal beneficio puede seguir prestando sus servicios en los términos estipulados en el contrato de trabajo, esta excepción se justifica por una doble consideración derivada del carácter tutelar de la Legislación laboral: la ausencia de obstáculos para que continúe normalmente la relación laboral, y el contendido social del salario, ya que esta compensación que recibe el obrero a cambio de sus servicios,
9 54 no solo tiende a la satisfacción de sus necesidades laborales, sino también de las de su familia, razón por la que en los casos de que se trata no hay lugar a la suspensión del contrato de trabajo, ya que implicaría privar al obrero de sus salarios a pesar de encontrarse en condiciones de cumplir por su parte las obligaciones que le impone dicho contrato. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo se justifica aún cuando el trabajador goce de libertad caucional, si el auto de formal prisión se dictó por delitos cometidos con motivo del trabajo o en perjuicio del patrón, mas no cuando el delito que se le imputa no reúne las características. Esta distinción no deriva de una disposición expresa de la ley Federal del Trabajo, pero encuentra su apoyo en la aplicación analógica de las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento en materia de rescisión, pues si para que proceda la rescisión del contrato de trabajo se requiere invariablemente, que las faltas del trabajador se refieren a las actividades específicas de éste y al centro de trabajo, igual criterio debe aplicarse en los casos de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. A.D. 7416/58, Jorge Antonio Hernández. 2 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. Los efectos de la suspensión son igualmente regulados por la legislación laboral en cita, que en su artículo 43 en lo conducente dispone: Articulo 43. La suspensión surtirá efectos: I. Tratándose de las fracciones II y IV, desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de autoridad judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelve o termine el arresto.
10 55 Por otra parte, una vez terminada la prisión preventiva del trabajador, sea por que éste finalmente haya sido absuelto dentro del proceso, o bien condenado, de tal manera que pueda gozar de su libertad como resultado de los diversos beneficios que a los sentenciados concede la legislación penal, éste deberá reintegrarse nuevamente a su fuente de trabajo, conforme a la regla contenida en el artículo 45 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción II que establece: Artículo El trabajador deberá regresar a su trabajo: II. - En los casos de las fracciones II, V. y VII del artículo 42, dentro de las quince días a la terminación de la causa de la suspensión. Ahora bien, en caso de que el trabajador sea condenado de tal manera que su condena quedara fuera de los beneficios de 1iberación de la legislación penal, se actualizaría una causal de rescisión de la relación laboral contenida en el artículo 47 fracción X IV de1 ordenamiento laboral multireferido, que a la letra dice: Artículo 47.- Son causa, de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: XIV.- La Sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Por otra parte nos encontramos con que la prisión preventiva de un individuo, tiene efectos también dentro del ámbito del derecho civil los que podemos clasificar para su estudio en directos e indirectos.
11 56 Llamamos directos a los efectos que se producen dentro de la esfera civil del individuo, como resultado directo de la sujeción a proceso, sin que tenga relevancia el resultado del mismo. Ejemplo de lo anterior, lo constituye el artículo 508 del Código Civil, que establece: Artículo El tutor que fuere procesado por cualquier delito, quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde que se provea el auto motivado de prisión hasta que se pronuncie sentencia. Cabe mencionar, que esta misma disposición es igualmente aplicable a los curadores, conforme al mismo Código Civil. Como puede observarse del precepto trascrito, el auto de formal prisión que implica para el individuo el tener que sujetarse a un proceso penal afecta el ejercicio de derechos civiles que se fundamenta principalmente en la confianza y honorabilidad de los que los desempeñan; caso concreto de la tutela y curatela, lo que no obstante, en este momento no ha sido declarada en forma alguna la responsabilidad penal del sujeto, pero que es suficiente para provocar la suspensión de sus funciones antes señaladas, lo que robustece nuestra afirmación de que el sujeto a proceso, tiene tanto legal como humanamente, una presunción de inadaptación social. Por otra parte, llamamos efectos indirectos de 1a prisión preventiva, dentro de la materia civil, a aquellos que afectan una situación jurídica o el derecho de un tercero que existe como producto del delito y desde que éste fuere cometido, pero que no es exigible por estar pendiente el proceso.
12 57 Sobre el particular, es pertinente comentar que, no obstante que actualmente dentro del proceso penal es obligación del Ministerio Público el exigir la reparación del daño a la parte ofendida, bajo pena de incurrir en responsabilidad si no lo hiciere. Con antelación existía contemplada dentro del Código Civil, como causa generadora de obligaciones, la responsabilidad derivada por la comisión de hechos ilícitos figura contemplada por el artículo 1910 del Código Civil que establece: Artículo El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que dé muestras que el daño se produjo como consecuencia o negligencia inexcusable de la víctima. Sin embargo el derecho consignado en el artículo anterior se encuentra restringido dado que el presuntamente afectado titular de la acción civil, no puede realizar la reclamación de este daño hasta que sea dictada la sentencia definitiva en el juicio penal respectivo, es decir, que en tanto el individuo se encuentre sujeto a proceso, sea declarado libre o esté en prisión preventiva, la exigibilidad se encuentra en suspenso e inclusive podríamos decir, que condicionada al resultado del procedimiento penal. Aclara lo anterior, el criterio que al efecto ha sustentado la antigua Tercera Sala de la Suprema. Corte de justicia de la Nación, que dice: RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO.- si no existe certeza de la culpabilidad del quejoso en el delito que se le atribuye, la que únicamente puede establecer la sentencia definitiva que en su oportunidad se dicte, es antijurídico pretender que se le condene a la indemnización civil, proveniente de un delito del que no se le ha declarado responsable.
13 58 Quinta Época: Tomo LVII, Pág Velásquez Aurelio Luís. Apéndice de Jurisprudencia de del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Tercera Sala, pág. 962 Así mismo, y como comentario adicional, es de apuntarse que este derecho de reparación por acto ilícito, presenta otro grave inconveniente que radica en que su término de prescripción, es sumamente breve y contado a partir de la fecha en que ocurrió el daño por lo que si un proceso penal llevado en todas sus instancias durase mas de dos años, haría nugatorio la reclamación por vía civil de los daños sufridos, citando al efecto el articulo 1934 del mismo Código Civil del Distrito Federal que dice: Art La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo prescribe en dos años a partir del día en que se haya causado el daño Supuestos de Prisión Preventiva Como hemos comentado en líneas anteriores, de este mismo trabajo de tesis, una vez tomada la declaración preparatoria del indiciado se determinará si procede conforme a derecho concederle el goce de la libertad caucional o bien, se le niega la misma, y se le mantiene en prisión preventiva. Cabe en este momento comentar un caso de excepción de lo anterior, que lo constituye la libertad sin caución establecida en el articulo 133-bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que tiene aplicación tanto en la Averiguación Previa, en este caso concedida por el Ministerio Público, y durante juicio, por supuesto, concedida en este último caso por el Juez, precepto que dice:
14 59 Articulo. 133 bis.- Se considerará al inculpado la libertad sin caución alguna por el Ministerio Público o por el Juez cuando el término medio aritmético de la pena de prisión no exceda de tres años siempre que: I. No exista riesgo fundado de que se pueda sustraer a la acción de la justicia; II. Tenga domicilio fijo en el Distrito Federal o en la zona conurbada con antelación no menor de un año; III. Tenga un trabajo lícito; y IV. Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional. La presente disposición no será aplicable cuando se trate de los delitos graves señalados en este Código. Este mismo caso de excepción, es considerada con la denominación de libertad potestatoria, dentro del capítulo II, Segunda Sección, Incidentes de libertad, en los artículos del 552 al 555 del mismo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Ahora bien, por lo que toca a la libertad caucional, ésta se encuentra regulada en el Capítulo II de la sección antes mencionada, dentro del mismo ordenamiento Adjetivo Penal en los artículos 556 al 574- bis. Como disposición principal, dado que establece los elementos esenciales para que sea concedida la libertad provisional bajo caución, el artículo 556 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal a la letra dice:
15 60 Artículo Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite si reúne los siguientes requisitos: I. Que garantice el monto estimado en la reparación del daño; II. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte, aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo. III. Garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérseles; IV. Que otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso; y V. Que no se trate de delitos que por su gravedad están previstos en el párrafo último del articulo 268 de este Código. Partiendo del artículo transcrito, podemos establecer dos supuestos generales, por los cuales un procesado puede quedar sujeto a prisión preventiva que son: a) El procesado reúne los requisitos para ser beneficiado con la libertad caucional, pero carece de recursos para otorgar las garantías que se le exigen. b) El procesado se encuentra sujeto a proceso por los delitos contemplados en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Sobre el particular, el Código Adjetivo en cita contempla supuestos de disminución de la caución en su artículo 560, que al efecto dice:
16 61 Artículo A petición del procesado o su defensor, la caución a que se refiere la fracción III del artículo 556, se reducirá en la proporción que el Juez estime justa y equitativa por cualquiera de las circunstancias siguientes: I. El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad; II. La disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito; III. La importancia económica demostrada para otorgar caución señalada inicialmente, aún con pagos parciales; IV. El buen comportamiento observado en el centro de reclusión de acuerdo con el informe que rinda el Consejo Técnico Interdisciplinario. V. Otras que racionalmente conduzcan a crear seguridad, de que no procurará sustraerse a la acción de la justicia. Las garantías a que se refiere las fracciones I y II del articulo 556 sólo podrán ser reducidas en los términos expuestos en el primer párrafo de este artículo cuando se verifique la circunstancia señalada en la fracción III del presente artículo. En este caso, si se llegase acreditar que para tener la reducción, el inculpado simuló su insolvencia, o bien, con posterioridad a la reducción de la caución recuperó su capacidad económica para cubrir el monto de las garantías inicialmente señaladas, de no destituir éstas en el plazo que el juez señale para ese efecto se le revocará la libertad provisional que tenga concedida. En otro orden de ideas el supuesto de prisión preventiva seria en razón de que el procesado se encuentra sujeto a juicio por haber cometido alguno de los delitos graves contemplados en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
17 62 Sobre el particular, cabe hacer el comentario en el sentido que consideremos erróneo, y una diferencia en la técnica legislativa, la inclusión del listado correspondiente a los delitos graves en el articulo 268 antes referido, sobre todo por la importancia que la califican de grave tiene sobre los derechos del procesado no solo en cuanto a su libertad provisional concedida durante su procedimiento, sino inclusive una vez dictada la sentencia correspondiente, que en caso de ser condenatoria, también incluirá en la concesión de los diversos beneficios de libertad de sentenciados. Hace más patente lo anterior, el hecho del que el articulo 268 se refiera a los casos urgentes en los cuales el Ministerio Público, en la etapa inicial de la Averiguación previa, puede realizar una detención sin orden judicial, lugar notoriamente inapropiado en la ley, para regular un supuesto de consecuencia tan importante para el sujeto del derecho penal. En este orden de ideas el concepto de delito grave pudo haber sido incluido en el Nuevo Código Penal de dos maneras: a) La primera, asentando este elemento en cada uno de los tipos penales afectados, tal y como se hace con el requisito de la querella necesaria, o b) Colocando un listado en las disposiciones generales, reguladas en la parte inicial del Código Penal como se maneja en los delitos culposos. 2.3 Análisis del Artículo 18 Constitucional Artículo 18.- Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estará complemente separado.
18 63 Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los distintos a los hombres para tal efecto. Los gobernadores de los estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutiva Federal. La Federación, de los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral entre justicia que será aplicable a quien se le atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les ha sido reconocido. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones Tribunales y Autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
19 64 Las formas alternativas de justicia deberán absorberse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al País de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. El citado artículo, es trascendental para el Derecho Penal ya que consagra las bases para el mismo; además de contener la finalidad de readaptación social del delincuente, también reconoce al individuo privado de su libertad como un ser humano, con una dignidad y derechos acordes a su propia naturaleza.
20 65 En su primer párrafo, establece que sólo por delito que merezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva, de otra forma no se justifica la prisión; además establece la separación total de sentenciados y procesados, ya que los segundos, podrían resultar inocentes por lo que no se les debe aplicar un tratamiento como a los sentenciados. Para dar cumplimiento a dicha disposición, se han construido los Reclusorios Preventivos Norte, Sur y Oriente, donde se encontrarían solamente procesados, lo que no se cumple, ya que estos reclusorios también cuentan con sentenciados, con lo que se viola el precepto Constitucional. En el párrafo segundo se establece, que los Gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, bajo la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. En este precepto, se está poniendo en claro la finalidad de la pena, que en el caso concreto lo es la Readaptación Social del delincuente, pero dicho precepto dice que los medios para lograr la Readaptación son el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, por lo que no excluye en ningún momento la intervención de otros factores de tratamiento, para lograr la Readaptación Social, tales como la relación con el exterior, etc. El hecho de que tal disposición, se encuentre establecida en nuestra Constitución pone al reo, frente al Estado con un derecho al tratamiento del tiempo de reclusión, con la finalidad de lograr su readaptación. En la última parte del citado párrafo, se señala la obligación de separar a los hombres de las mujeres, ya que cada uno requiere tratamiento diferente.
21 66 En el tercer párrafo se encuentra la base para que la Federación realice convenios con los Estados; ya que una vez dictada la sentencia condenatoria, y ésta sea ejecutoria, el sentenciado deberá ser trasladado del reclusorio a una penitenciaria o colonia penal para compurgar su penalidad impuesta; sin embargo debido a la falta de capacidad económica de algunas entidades Federativas para una prisión apropiada, sobre todo al tratarse de establecimientos especiales; por lo que se faculta a los Gobiernos Estatales, para celebrar convenios, para que los reos sentenciados por delitos de orden común, compurguen su pena en establecimientos que dependan del Ejecutivo Federal. En el cuarto párrafo se da la base para la internación de los adolescentes solo como medida extrema así como refiere que los menores de doce años sólo se podrán someter a rehabilitación y asistencia social y que dicha operación deberá estar a cargo de instituciones especializadas; en el ultimo párrafo se faculta al ejecutivo federal celebrar convenios, en otros países para intercambiar prisioneros. Por medio de los convenios se evita los problemas de discriminación que existen en las prisiones con los extranjeros ya que forzosamente se aíslan y constituyen grupos internos dentro de las mismas. No falte en esos casos problemas de agresión y violencia entre extranjeros y nacionales. Además de contabilizar razones de tipo afectivo para evitar el factor soledad que impide la superación del individuo, el cultural que significa estar en el propio país, el idioma, las costumbres, la alimentación, la religión y algunas ventajas como la visita intima.
LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. Título Primero Parte general
LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO Título Primero Parte general Capítulo Único Disposiciones generales Artículo 1. La presente Ley es de orden público

References: artículo 42
 Artículo 42
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 42
 artículo 47
 Artículo 47
 artículo 508
 artículo 1910
 artículo 556
 artículo 268
 artículo 560
 artículo 556
 artículo 268
 Artículo 18
 Artículo 18
 Artículo 1