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Martes 7 de diciembre de 2010 • Año 7
La justicia militar en España a propósito del libro de Antonio Millán Garrido
4-5 / JOSÉ F. PALOMINO MANCHEGO
2 / El Derecho constitucional y los tratados internacionales EDWIN FIGUEROA GUTARRA 3 / Indemnización por despido arbitrario en el sector público MARIO F. ROMERO ESPINOZA 6-7 / El Ministerio Público y la Justicia constitucional JAIME V. ZELADA BARTRA 8 / Homenaje a García Belaunde en México JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO
entre ellos la Convención Americana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. y. pues. a través del denominado Protocolo 14. TRIBUNAL EUROPEO DE DDHH (TEDH) Por su lado. Apreciamos. así como en casos de urgencia. y de la AMAG.2 Suplemento de análisis legal MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 DOCTRINA El Derecho constitucional y los tratados internacionales Edwin FIGUEROA GUTARRA Doctor en derecho. el sustento normativo no solo lo constituye la propia Convención. En adición a lo señalado. Sin embargo. no pueden objetar el fallo de un órgano de justicia supranacional. nos parece necesario destacar la “vinculatoriedad” de sus decisiones para los 25 Estados parte del sistema interamericano (Trinidad y Tobago ha denunciado la Convención). pueden ser conocidos por una Gran Sala de 17 jueces. Profesor USMP. sino el artículo 27 de la Convención de Viena –conocida como el Tratado de los Tratados– en cuanto los Estados. la opinión de la CIDH sí representa liminarmente un grado de vinculación que los Estados pueden objetar pero no ignorar. escenario que constituye una ﬁgura de vinculación parcial. ◆ jurídica Directora (e): Delﬁna Becerra González | Subdirector: Jorge Sandoval Córdova | Editor: Francisco José del Solar | Coeditora: María Ávalos Cisneros | Editor de diseño: Julio Rivadeneyra Usurin | Diagramación: César Fernández F. L a relación entre el Derecho constitucional y los principales instrumentos existentes en el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. este tribunal representa un mecanismo de dilucidación sobre DD HH para los 47 Estados parte del Consejo de Europa. es muy estrecha. en tanto pueden ser declaradas por el presidente de la Corte. cuyas decisiones –en estricto “recomendaciones”– en principio no son vinculantes para los Estados parte del sistema de protección y. A este respecto. los Estados que no acaten una decisión de la CIDH. Ahora bien. representa un trabajo muy exigente en el TEDH la dilucidación previa de si un caso pasa a Sala o Gran Sala. revisten interés las medidas provisionales contempladas por el artículo 63 de la Convención. Por tanto. el cual representa a 800 millones de habitantes. en caso de que la demanda sea admitida. Los países conformantes del sistema no pueden invocar el Derecho Interno en caso de contradicción con los fallos supranacionales sobre derechos humanos. el cual. el mecanismo de los jueces singulares. dados los detalles adicionales de un ingreso de 60. Entonces. sin embargo. si la CIDH pide la medida. no goza con un ﬁltro de pretensiones. en su política de implementación de los derechos humanos en el Derecho Interno. En el caso interamericano. pueden ellas ser dictadas a petición de la CIDH. es importante advertir que en determinados casos la Corte IDH puede declarar. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. así como que para los procesos en materia de derechos humanos en Europa existen más de 20 idiomas distintos en los cuales se puede litigar. EL SISTEMA INTERAMERICANO En cuanto al sistema interamericano. muy especiales. Y no deja de sorprender lo interesante del mecanismo europeo. ejercer el contradictorio dentro de los cauces de la Convención. solo existen 4 idiomas oﬁciales: español. Y aun cuando la decisión de la CIDH no representa “vinculatoriedad” para el Estado parte.com. el fallo de la Corte IDH es in toto vinculante y el Estado está obligado a acatar la decisión emitida por los jueces supranacionales. a diferencia del sistema interamericano. resuelve una sala de 7 jueces y un detalle particular está representado por el hecho de que determinados casos. sus- tentar pruebas que conciernan a su derecho. ¿puede habilitarse una medida sin proceso? He allí una peculiaridad del sistema interamericano que justiﬁca actuaciones sin proceso en casos de urgencia. el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el nivel de un órgano cuasijurisdiccional. ﬁlial Chiclayo. un juez puede asumir competencia respecto a varios países y sobre los cuales debe dilucidar si la demanda puede ser o no conocida por la Corte. en la medida en que pueden habilitar los mecanismos de inicio de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). francés y portugués. Ahora bien. la experiencia europea viene implementando. sin embargo. que no existe violación de algunas de las garantías objeto de demanda. eventualmente podrán verse emplazados ante la Corte IDH. Sugerencias y comentarios: fdelsolar@editoraperu. el Estado parte sí puede maximizar el uso de los mecanismos de defensa en los procedimientos al interior del alto Tribunal: podrá ejercer el derecho de defensa. como en efecto sí sucede con el sistema interamericano. una forma de complemento del Convenio Europeo. no puede negarse la importancia extraordinaria que ostentan las mismas. En relación con la Corte IDH. Por otro lado. si bien es cierto que en gran medida la Corte IDH acoge las demandas de la CIDH. LA CORTE INTERAMERICANA (Corte IDH) Por otro lado. ello dice claramente que no hay proceso. a través del cual comités de 3 jueces pueden decidir si el caso puede ingresar a ser conocido por el TEDH. es decir. Los países europeos han logrado articular un mecanismo intraproceso y ello es realmente interesante. etcétera.000 demandas por año. inglés. En consecuencia. singularidades en ambos sistemas de protección.pe Jurídica es una publicación de 2008 © Todos los derechos reservados . Juez superior de Lambayeque. como en efecto lo ha hecho. en el cual solo a través de la CIDH son admisibles demandas ante la Corte IDH.
Nº 003-97-TR(1)– entre otras normas. vicio en la motivación jurídica del acto. 38. que causan su nulidad de pleno derecho. El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende a todas las empresas y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. salvo que en ejecución de sentencia. es conocido por todos que muchas entidades del Sector Público. la adoptan para regular su relación con sus trabajadores. consecuentemente. se encuentra regulada por el D. [4] MORÓN URBINA. pp. Morón Urbina(4) señala que los vicios de licitud pueden presentarse bajo formas de contenido ilícito (inconstitucional. La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. . no se puede justiﬁcar la procedencia del despido arbitrario. los funcionarios públicos que ejercen su representación no pueden emitir disposiciones arbitrarias como puede ser la decisión de extinguir un vínculo laboral sin expresión de causa. o por ser constitutivos de infracción penal. en las entidades del Sector Público cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Lima 2001. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. ante lo cual las entidades tienen la obligación de pagarlas. como única reparación por el daño sufrido. contrario a reglamentos. Supremo Nº 003-97-TR. N° 276. Egresado de la maestría en Derecho civil y comercial L a relación laboral que existe entre empleador y trabajador que pertenecen a la actividad privada. por cuanto se compromete el presupuesto y recursos del Estado de manera injustiﬁcada. porque tenemos al Estado que interviene como empleador en una relación laboral regulada por normas diseñadas exclusivamente para el sector privado. Leg. regulado por el D. a las leyes o a las normas reglamentarias. N°728). no puede aplicarse cuando el empleador es el Estado. como aquella decisión del empleador de concluir el vínculo laboral sin expresión de causa o cuando ésta no puede demostrarse en juicio. Dicha situación resulta un tanto contradictoria. 93 y 94. Juan Carlos. por cuanto la decisión de extinguir un vínculo laboral sin expresión de causa. cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el D. quien asume la responsabilidad por las decisiones que adopta. es decir. En consecuencia. 3. por disposición de sus respectivas leyes o dispositivos de creación. DESPIDO ARBITRARIO Una de estas implicancias es la referida al despido arbitrario y sus efectos. Art. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. donde el Estado no tiene intervención. consideramos que si bien es cierto que por decisión de los dispositivos de creación de algunas entidades del Sector Público.(2) Cabe señalar que el Régimen Laboral Público. el trabajador será repuesto en su empleo. natural o jurídica. Art. Art. con el pago de la indemnización. [3] Ley Nº 27444. si el acto mismo es la conducta reprochable penalmente (por ejemplo.APRECIACIÓN MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 Suplemento de análisis legal 3 Indemnización por despido arbitrario en el sector público Mario Fernando ROMERO ESPINOZA Abogado por la USMP. [2]D. El está deﬁnido por la ley acotada (D: Leg. por cuanto estarían incurriendo en la expedición de un acto administrativo nulo. los siguientes: La contravención a la Constitución. 10.S.(3) De igual forma. Gaceta Jurídica. sostiene que es nulo. Causales de nulidad: Son vicios del acto administrativo. que deben asumir los funcionarios que adoptaron la decisión de concluir relaciones laborales sin expresión de causa. En los casos de despido nulo. No obstante que dicha ley se encuentra diseñada para regular una relación laboral entre privados. así como responde con su patrimonio sobre cualquier obligación indemnizatoria que sus decisiones pueden acarrear. lo que trae consigo algunas implicancias. otorgándole al trabajador el derecho a percibir una indemnización como reparación por el daño sufrido equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. o que se dicten como consecuencia de la misma. a sentencias ﬁrmes. sin perjuicio de las responsabilidades administrativas. civiles y penales. Leg. opte por la indemnización establecida en el Artículo 38. 34./ Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal. donde el empleador es una persona particular. comprometiendo injustiﬁcadamente el patrimonio del Estado. además de constituir abuso de autoridad. signiﬁcaría la expedición de un acto administrativo nulo por haberse emitido en contravención a la Constitución o a las leyes o a las normas reglamentarias. si bien puede admitirse en el régimen laboral de la actividad privada. subyaciendo la necesidad de compatibilizar o concordar algunos principios y normas que rigen el régimen laboral de la actividad privada con aquellas que se tiene que observar en la función pública. el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38. no fundamentar decisiones. El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. no establece la cuantía de su indemnización. sus trabajadores pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. si se declara fundada la demanda. Asimismo. desvío de poder (uso abusivo de la potestad discrecional y falta de prudencia en su empleo). Supremo Nº 003-97-TR. Nº 728 –Ley de Productividad y Competitividad Laboral. NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS En relación con la nulidad de estos actos por contrariar el ordenamiento jurídico o ser constitutivos de infracción penal. ◆ [1] D. no deﬁne la ﬁgura del despido arbitrario y. Comentario aparte merecen las indemnizaciones por despido arbitrario dispuestas por el Poder Judicial. Art. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio. el acto constitutivo de abuso de autoridad). Dicha deﬁnición. y actos constitutivos de delitos).
) que me ha remitido desde la península ibérica mi distinguido colega Antonio Millán Garrido (Sevilla. Editorial Ariel. vocal de la Junta de Garantías Electorales de la Consejería de Turismo y Deporte (19961998). De ahí que. es hacer una “representación” de su vida académica y talante universitario. Y entre las razones para ocuparse destaca. por el que se aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales Militares. • 8. quien en realidad no necesita ninguna carta de presentación. de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. es autor de veinte libros –alguno con diez ediciones a cuestas– y de un centenar de artículos. muy exhaustivo. y fundador y primer presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo (2000-2007). Madrid. tales como el Fuero Juzgo. Con el ﬁrme propósito de seguir perfeccionando su formación académica. II. Ha sido asesor jurídico de la Federación de peñas Xerecistas desde su constitución. sobresale la Medalla de Bronce al Mérito Deportivo. Instrucción 97/1999. SAD (2004-2006) y Secretario de su Consejo de Administración (desde 2008). Ofﬁcio magistri militum y Apparitoribus magistrorum militum. 2010. especialmente. b) Código Penal Militar (Ley Orgánica 13/1985) de 9 de diciembre de 1985 y c) Ley Orgánica 4/1987. Procesal Militar. Ley Orgánica 11/1995. de Planta y Organización territorial de la jurisdicción militar. de la Competencia y Organización de la Justicia Militar. Ley Orgánica 2/1987. el actual e interminable debate sobre la justicia militar en el Perú. los Fueros Municipales y las Siete Partidas. Desde 1999 dirige. de 18 de mayo. producto de la dominación del Imperio romano. de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. A continuación. desde 2009. Destacan. Ley Orgánica 9/2003. es fundador de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo (2000). Diplomado en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) de España. a plena satisfacción. es codirector del Anuario Iberoamericano de Derecho Deportivo. miembro del Consejo Asesor del Deporte de la Junta de Andalucía (20012005). grados obtenidos en la Universidad Hispalense con las máximas caliﬁcaciones académicas. 1202 pp. 29 diciembre 1949). • 10. en donde el Tribunal Constitucional (TC) acaba de pronunciarse en la reciente sentencia del 4diciembre2009 (Exp. desde 2004. entre otros. y. y sin desconocer las disposiciones normativas expedidas en la Edad Media. Orden de 10 de setiembre de 1993. por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 4/1987. se estructura de manera armónica y digerible para el lector. En efecto. es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz. Ha sido director del Anuario Andaluz de Derecho Deportivo (2000-2006) y de la publicación semestral Derecho Deportivo (2001-2005). del Código Penal Militar. • 9. de 9 de diciembre. de 15 de julio. Antonio Millán Garrido es licenciado y doctor en derecho. de 15 de julio. • 11. de la pena de muerte en tiempo de guerra. que presidió hasta 2007. Desde el año 2002 es Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo. • 7. Ley 44/1998. de 7 de abril. Ley Orgánica 4/1987. de Conﬂictos Jurisdicción. reconocidos tanto en el Codex como el famosísimo Digesto. en las Universidades de Roma (1972) y Nacional Autónoma de México (1995 y 1996). en todos ellos. sobresale la transparencia y la tersura de su prosa. b) Código Penal del Ejército de 17 de noviembre de 1884. d) Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890 y e) Código Penal de la Marina de Guerra de 24 de agosto de 1888. está en posesión de varias condecoraciones. Y. Lo que sí se puede admitir. c) Ley de Enjuiciamiento Militar de 29 de septiembre de 1886. Ofﬁcio militarium iudicum.C. De igual forma. por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Su dilatada vida intelectual se expresa en la actualidad en su condición de profesor de Legislación Deportiva de la Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad de Cádiz y del Máster de Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida. de la siguiente manera: a) Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Guerra de 10 de marzo de 1884. por el que se designan las autoridades del Ministerio de Defensa facultadas para dirigirse a los órganos de la Fiscalía Jurídico Militar. que se inicia el año 206 a. L a reciente edición de su libro Justicia Militar (8ª. ¡Y hay motivos harto justiﬁcados para hacerlo! Demás está señalar que desde hace más de tres lustros me une con Millán Garrido una amical relación postal que se reaﬁrma cada día con nuestros proyectos académicos. DERECHO PROCESAL MILITAR • 3. • 2. por ejemplo. entre otras. la colección de monografías Derecho y deporte de la Editorial Bosch. Ley Orgánica 13/1985. entre otros. Real Decreto 1816/2009. de 27 de noviembre. Nº 001-2009-PI/TC). Real Decreto 492/2004. de la siguiente manera: I. Orden de 3 de diciembre de 1999. entre otras. codirige la Revista Española de Derecho Deportivo. • 12. de 13 de abril. • 5. la codiﬁcación penalmilitar empieza a tomar cuerpo en España desde el siglo XIX.4-5 Suplemento de análisis legal MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 La Justicia militar en España (A propósito del libro de Antonio Millán Garrido) José Félix PALOMINO MANCHEGO Profesor de Historia de la Cultura. por la que se da publicidad a las sedes y domicilios de los órganos judiciales militares. Ley Orgánica 2/1989. De re militari. • 4. . En distintos ámbitos jurídicos. de 27 de noviembre. Ley 18 de junio de 1870. El tiempo seguía su marcha. de 15 de diciembre. Filosofía del Derecho y Director de la Escuela Académica Profesional de Derecho en la UNMSM. a propósito de esta reseña bibliográﬁca. • 6. edición actualizada. y ﬁnaliza en el año 406 de la Era cristiana. y en el siglo XX saltan a la vista los siguientes textos normativos: a) Código de Justicia Militar de 17 de julio de 1945. Como no podía ser menos. de abolición. el Fuero Real. de 15 de julio. Además. por la que se dan Instrucciones sobre la tramitación de solicitudes de indulto. No cabe duda que en España gran parte de la legislación militar tiene sus inicios en el Derecho romano. En el ámbito jurídico-deportivo ha sido vocal (1996-2000) y vicepresidente (2000-2004) del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. DERECHO PENAL MILITAR • 1. ha realizado estancias de investigación. ha sido asesor jurídico del Xerez CD. de 1 de abril. LA OBRA El libro Justicia Militar de Millán Garrido. Derecho Constitucional. de 15 de julio. siempre es bueno recurrir a lo que ofrece la vitrina comparada. me permite apostillar una glosa versante sobre la Justicia Militar en España. • 12. EL AUTOR Dirijamos ahora nuestra atención a Antonio Millán Garrido. por la que se establecen los códigos de identiﬁcación de unidades de la organización territorial de la jurisdicción militar.bis. cuando lo visito en la bella ciudad andaluza Jerez de la Frontera.
◆ Antonio Millán Garrido . Ley 8/2006. de 9 de noviembre. al igual que a los docentes que enseñan el curso Derecho Penal Militar. • 17. no cabe duda que el utilísimo libro rotulado Justicia Militar. en América Latina. de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. especialmente. • 24. IV. de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.. ANEXO NORMATIVO • 21. VALORACIÓN FINAL Finalmente. Real Decreto 2945/1983. cuando publicó. de la Carrera Militar. Ley Orgánica 11/2007. tanto en perspectiva histórica como desde el punto de vista doctrinal y comparado. Casa Editorial. • 30. Orden Ministerial 97/1993. Antonio Millán Garrido. de 24 de abril. de 26 de febrero. de 2 de diciembre. Ley 39/2007. sin ningún tipo de miramientos. por el que se aprueban las Reales Ordenanzas de la Armada. Real Decreto 95/2009. de 30 de setiembre. disciplina venida a menos producto de los desencuentros e interpretaciones no acordes con los dictados constitucionales. Orden Ministerial 26/1989. por el que se aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire. III. Por ventura. • 20. a cimentar con tino y diligencia el Derecho Penal Militar en Iberoamérica. sobre anotación y cancelación de notas desfavorables en la documentación militar personal. Ley Orgánica 8/1998. de 11 de mayo. que datan desde inicios de los años ochenta del siglo anterior. Orden Ministerial 73/2005. de Tropa y Marinería. más de una de ellas provenientes del pasado. por la que se determina la implantación territorial y la utilización conjunta de los establecimientos disciplinarios militares. Real Decreto 96/2009. el conjunto de problemas ha sido superado a partir del artículo 117. encuadraron el tema de la justicia militar siguiendo los lineamientos dados en la Península Ibérica. Real Decreto 494/1984. de 19 de noviembre.5 de la Constitución de 1978: “El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. Por eso es que. Ley Orgánica 12/2007.A. a partir de las Ordenanzas Militares del último rey medieval Carlos I (Emperador Carlos V) (1500-1558) y las Ordenanzas Militares de 1768 elaboradas durante el reinado de Carlos III de Borbón (1716-1788). Real Decreto 194/2010. de 14 de marzo. Barcelona. Ley 42/1999. • 23. Tesis que lo ha reaﬁrmado el Tribunal Constitucional. de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. su libro pionero El delito de deserción militar (Bosch. por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (selección). Y. por la que se regula la dependencia de los establecimientos penitenciarios militares. Real Decreto 555/1989. de 22 de febrero. V. Real Decreto 1024/1984. de 22 de octubre. Lo cual permite sostener que la normativa militar española ha constituido una de las fuentes para que los Estados latinoamericanos. por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. sus obras son la mejor carta de presentación. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. de 23 de mayo. Al respecto. • 18. de la Defensa Nacional. en plena ﬂor de la juventud. DERECHO PENITENCIARIO MLITAR • 13. • 29. por la que se aprueba las Instrucciones de régimen interior de los establecimientos disciplinarios militares. Ley Orgánica 5/2005. • 26. una vez que adquirieron en el siglo XIX su carta de ciudadanía de la corona. DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR • 15. por el que se aprueban las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas. de 20 de noviembre. • 22. • 16. de 6 de febrero. de acuerdo con los principios de la Constitución”. constituye uno de los valores intelectuales más importantes y signiﬁcativos del mundo jurídico español. • 28. servirá como un instrumento de consulta inmediata a los profesionales de las armas que están identiﬁcados en la impartición de la justicia militar. de 25 de noviembre.EL LIBRO Del contenido de la obra se colige que en España existe una copiosa legislación militar. . S. • 14. especialmente. desde el punto de vista académico ha sido uno de los baluartes que más ha contribuido. Real Decreto 1396/1992. 1983. de 22 de octubre. • 27. ANTECEDENTES PENALES Y NOTAS DESFAVORABLES • 19. de 6 de febrero. en España luego de un aproximado de cuarenta años del régimen franquista. Antecede Prólogo de Miguel Polaino Navarrete). de 19 de mayo. por el que se aprueba el Reglamento de Establecimientos penitenciarios militares. sin lugar a dudas. • 25. de 17 de noviembre. por el que se aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
quien falla en casos particulares. entre otros aspectos de la administración de justicia constitucional. que por su imperio es “el contralor de la legalidad constitucional y defensor de los intereses tutelados por el derecho” en nuestro país. habida cuenta que no ha mejorado.6 Suplemento de análisis legal MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 PROPUESTA El Ministerio Público y la justicia constitucional (A propósito de las labores de la Comisión Revisora del Código Procesal Constitucional). al estar siempre ubicados más allá de la controversia. sino que con probada evidencia fue uno de los más contundentes desaciertos al expedirse la Ley Nº 28237. La realidad de la administración de justicia constitucional en el Perú se relaciona directamente con el Poder Judicial (PJ). y habiendo institucionalizado esa función al MP. el artículo 159º de la Cons- titución también establece que el MP se constituye en defensor de la sociedad. la revisión de legalidad. deviene en insoslayable su presencia en el trámite de los procesos constitucionales. y sus modiﬁcatorias y ampliatorias. Profesor de derecho en las universidades NMSM y IGV. más cuando en los procesos constitucionales se exige la directa actividad judicial. de esta crisis cuyas consecuencias se ven traducidas en el descontento de los integrantes de la sociedad por una multiplicidad de factores. debido a que sin fundamentos sólidos a la institución constitucional. Conforme lo determinan estadísticamente las diversas encuestadoras. Mientras que las consecuencias de los fallos de carácter constitucional. en parte. las sentencias que expide el juez ordinario guardan relación con los efectos que tienen lugar entre las partes del litigio y no repercuten en la colectividad. no trajo ninguna mejora en términos de justicia célere. es responsable. No obstante haberse designado algunos jueces “constitucionales”. EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU ROL DENTRO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL La vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional. Jaime Víctor ZELADA BARTRA Abogado y economista. el ordenamiento jurídico y los tratados internacionales. La exclusión del Ministerio Público (MP) no solo constituyó una transgresión deliberada de la Constitución vigente. no A solo se perjudicó a quienes sufrieron y sufren la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. por el contrario. Asimismo. amén de otra serie de vicios que fueron expresión de la antigua Ley Nº 23506. Fiscal superior titular de Lima. ya que. salvo su codiﬁcación en sí. entre ellos el hecho que la administración de justicia constitucional está a cargo de jueces ordinarios que diﬁeren del perﬁl requerido para ser juez constitucional. la administración de justicia constitucional en el Perú deja mucho que desear. sino que se retrotrae a la época anterior a su vigencia. Por consiguiente. sino que la dilación de los procesos constitucionales es mayor hoy que cuando estuvo presente el MP. Más de cinco años de vigencia del Código Procesal Constitucional ha probado hasta la saciedad que el MP no es responsable por el retardo en la administración de justicia constitucional. que no constituyen ninguna solución a la crisis de la administración de justicia constitucional debido a que no han sido formados ni capacitados para desempeñarse eﬁcazmente. interesan a toda la sociedad que está someti- . Esto porque el estudio situacional y el descontento de los usuarios reﬂeja que el estado de crisis no solamente es de hoy. resulta necesario precisar que el perﬁl de dichos magistrados requiere tener la misión clara y concreta de expedir resoluciones en relación con la validez general de la norma jurídica en relación con el principio de supremacía constitucional. en los procesos constitucionales actuales se advierte la ausencia del defensor público en perjuicio de quienes son violentados en sus derechos fundamentales conforme con la Constitución Política del Estado. más de cinco años de la vigencia del Código Procesal Constitucional. sino que a nuestro entender existe un marcado retroceso. función que dista de la del juez ordinario. Es incuestionable que todo proceso constitucional entraña. conforme con el artículo 159º del texto constitucional. por consiguiente. Doctor en derecho.
para satisfacer las aspiraciones de justicia constitucional por parte de la sociedad. El actual sistema convierte al PJ “en juez y parte” debido a que un buen volumen de procesos constitucionales tienen como materia en debate a las resoluciones que expide el propio PJ obteniendo como resultado una administración de justicia constitucional inoportuna. es decir. en la medida en que el magistrado constitucional es ante todo y sobretodo un jurista que tomando como base el derecho constitucional y sus valoraciones humanas. Se propone la modiﬁcatoria del inciso 5º del artículo 33º del Código Procesal Constitucional a ﬁn de que se le devuelva al MP sus prerrogativas en su calidad de contralor de la legalidad constitucional en los procesos de amparo. pero que. en última y deﬁnitiva instancia. PROPUESTAS 1. se tiene que evaluar en los candidatos las condiciones de imparcialidad. solamente en aquellos casos en que la causa sea desfavorable al agraviado. eﬁcaz y equitativa. poniendo en relieve su vocación independiente en la administración de justicia constitucional. de la Constitución. inciso 24º. considerando que su alo tuitivo se circunscribe a la protección de la libertad individual y la seguridad personal y los demás derechos contenidos en los literales del a) al h) del artículo 2º. y considerando el actual caos y desorden en la designación de los miembros del TC. humildad en el intelecto. así como se amplíe su participación en el proceso de hábeas corpus. no puede resolver aspectos que no hayan sido directamente demandados. en los principios de soberanía del pueblo. exprese una concepción que sea fundamento de la vida espiritual de los pueblos. además. Estos fundamentos nos llevan a proponer la creación de la Fiscalía Suprema Constitucional. El juez ordinario tiene prohibición expresa de resolver extra petita. cuando sea exigencia y convenga a los ﬁnes del proceso. con base en la experiencia. y que. sea capaz de mostrar cualidades de incorruptibilidad. debe elaborarse un examen con mayor rigor académico. ejerciendo sus facultades. En ese sentido. puede pronunciarse sobre cuestiones adicionales a las que originalmente se demandaron. las sociedades en su evolución van superando sus formas y sistemas de organización estatal y política. además de exhibir reﬂexión. sabiduría. teniendo. es el “defensor de la legalidad”. Sin embargo. el MP tiene que acomodar su institucionalidad dentro de los alcances de la sociedad constitucional que se irá desarrollando en la defensa del principio de legalidad constitucional de derecho”. debido a que no puede ubicarse por encima del resto de instituciones constitucionales de la República resquebrajando el ejercicio del poder. investigación. Se requiere la presencia de auténticos jueces constitucionales en la administración de justicia especializada. con la ﬁnalidad de que. perpetrando mal uso y abuso de la “conciencia constitucional” de los peruanos. tiene que exhibir valores de justicia. tenga su propia estructura. de esa manera. igualmente. ◆ . en perjuicio de la vida democrática. con una clara coincidencia que le permita desenvolverse en el terreno individual y social con la cosmovisión que anime su vida. la potestad de administrar justicia emana del pueblo. hacen referencia al estado constitucional de derecho. incluyendo sus conocimientos de las diversas disciplinas jurídicas y su experiencia. a ﬁn de que operen como primera instancia y se establezca el recurso de agravio al TC. la amplitud de los derechos regu- lados en el artículo 3º de la Constitución. e. conforme con la Constitución. en el sentido de que se le atribuye al TC la calidad de “órgano supremo de interpretación y control de la Constitucionalidad”. Se debe modiﬁcar el artículo 1º de la Ley Nº 28301. al referirse al Estado contemporáneo. Por ello. Asimismo. una justicia célere. 2. CONCLUSIONES De conformidad con la norma jurídica contenida en el artículo 138º de la Constitución vigente (1993). los cuales se fundan en la dignidad del hombre. se advierte una falsa “solidaridad judicial institucional”. inestabilidad y caos competencial al asumir funciones jurisdiccionales y legislativas que nadie le ha conferido. Es decir. seis o más años. en tal sentido. 3. imparcialidad destacando la versación y claridad en sus opiniones y deﬁniciones. en su mayoría. bajo estos fundamentos se requiere de una institución autónoma. lenta y parcializada. En esta línea de pensamiento se debe considerar el proceso de hábeas data (tratándose de los derechos del inciso 5º y 6º del artículo 2º del texto constitucional). como el MP. tal como lo demanda la propia naturaleza de los procesos constitucionales. del estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. que encuentren su fundamento en valores personales y en la capacidad de trabajo. es decir. soberana y constitucional de la República. sin embargo. de exi- gencia total en materia de valores morales y éticos y de reconocida competencia jurídica e independencia política. auténtico intérprete de los sentimientos constitucionales de los ciudadanos y que actúe como representante jurídico de la sociedad. por su parte. es decir. El juez constitucional requiere tener cualidades humanas. se requiere de un juez constitucional ubicado en el fragor de la vida social. veriﬁque el examen de legalidad constitucional en los casos de los derechos a la libertad y la seguridad personal. circunspección. aún más.PROPUESTA MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 Suplemento de análisis legal 7 da al imperio de la Constitución. incluyendo. que desde el punto de vista académico lo lleva a ubicarse estrictamente dentro de lo que se ha considerado las líneas teóricas del estado de derecho. se procura la presencia de un juez independiente creador de derecho. en donde. especialidad y legitimidad democrática. los procesos de cumplimiento y acción popular. el juez constitucional. entendidos como instituciones procesales formadas y estructuradas para la acción y no para que duerman tres. generando conﬂictos. los teóricos del derecho constitucional. defensor del contenido y ﬁnes de las normas constitucionales a través de una labor interpretativa indispensable para adecuar el mandato de dichas normas constitucionales a los casos que se presentan en la realidad social que está por encima del interés de las partes. El MP. valor y eﬁcacia puesto que el trabajo colegiado del TC supone la presencia de características personales imbuidas de valor y tolerancia.
remontándose a los primigenios precursores. “Manuel Herrera y Lasso” de la Escuela Libre de Derecho (México) este premio antes que él. académicos y profesores de otras instituciones de enseñanza superior jurídica. Domingo García Belaunde y Hector Fix Zamudio. la máxima casa de estudios de México le impuso a Domingo García Belaunde la más alta presea que otorga a los más destacados investigadores del mundo en materia jurídica. los pormenores de su primera visita a México. Asimismo. constituyó una auténtica celebración a dos eminentes juristas de nuestro continente. reconoció. así como al IIJ-UNAM por la incansable labor de fomento y apoyo a la investigación jurídica en México y en Hispanoamérica. nombres que evocan para cualquier jurista contemporáneo. reﬁrió de manera desenfadada. señaló que el reconocimiento a García Belaunde se debe “a su formación humanista en ﬁlosofía e historia”. GARCÍA BELAUNDE La trayectoria de García Belaunde y sus destacadísimos méritos cientíﬁcos son de todos conocidos y no es este el lugar para abundar sobre los mismos. Asimismo. además de su conocida trayectoria como abogado práctico en el reconocido Estudio Flores-Aráoz. su doctorado. Joseph Story y Thomas Cooley. incluido su antiguo director. investigadores de la Escuela Libre de Derecho (ELD). algunas de las más altas cumbres de la ﬁlosofía del derecho y del derecho constitucional. “a su trayectoria como jurista” a su “labor en la formación de discípulos” que se ha traducido. que antes que a él. sus múltiples premios y distinciones… En atención a los mismos.8 Suplemento de análisis legal MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 RESEÑA Premio en Investigación Héctor Fix Zamudio a Domingo García Belaunde. ¡Enhorabuena!. Esta importante reunión se caracterizó por gozar de un ambiente académico de colegialidad. que el mérito principal como forjador de esta asignatura se debe indudablemente a los trabajos del Dr. bastaría con mencionar. como una disciplina jurídica relativamente novedosa. en una Escuela Peruana de Derecho Constitucional. como Edward Coke y John Marshall. además. le fue deferida a Josef Raz. entre ellos. felicitamos calurosamente a ambos. quien viene abordando dicha materia desde 1955. ﬁlosofía y derecho. cordialidad y de un difícil equilibrio entre la profundidad cientíﬁca y la sencillez de quienes son capaces de transmitir las ideas fundamentales. Así las cosas. recientemente desaparecido. el profesor peruano ha sido el quinto recipiendario de esta elevada distinción. a Ronald Dworkin y a Luigi Ferrajoli. LA MESA DE HONOR Fue presidida por el director del IIJ-UNAM e integrada por el ilustre jurista y consti- tucionalista mexicano Héctor Fix Zamudio. asistieron numerosos investigadores del Instituto. al haberle dado un nombre propio y haberle atribuido también un objeto y método especíﬁcos. sus libros –de todos conocidos– y monografías cientíﬁcas. auténticamente. Fix Zamudio. en México Juan Pablo PAMPILLO BALIÑO Director del Centro de Investigación e Informática Jurídica. sin perderse en el bosque de los detalles nimios. cuya señalada contribución al derecho procesal constitucional reconoció igualmente. Es digno de resaltar que el homenajeado hizo un reconocimiento póstumo a un destacado y entrañable jurista argentino. Sin embargo. Jorge Valadés y varios juristas. quien –en su modestia– consideró que debería haber recibido . el director del IIJ-UNAM. y los doctores Jorge Carpizo Mc Gregor y Eduardo Ferrer Mc Gregor. Héctor Fix Fierro. el profesor García Belaunde hizo una interesante disertación sobre los orígenes y conformación del Derecho Procesal Constitucional. sencilla y amena. ◆ E l pasado jueves 18 de noviembre. Por tales méritos. se concedió el Premio –Diploma y Medalla– en Investigación Héctor Fix Zamudio al distinguido constitucionalista peruano Domingo García Belaunde. donde conoció personalmente al Dr. considerando a Hans Kelsen y a Niceto Alcalá Zamora. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Con posterioridad. Héctor Fix Fierro. En efecto. como los promotores inmediatos y que pueden ser considerados como sus fundadores. en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). Germán Bidart Campos. referirnos a sus estudios de historia. así como “a la construcción de redes académicas internacionales”. cuya contribución e inﬂuencia ha sido enorme en la ciencia de los últimos años.
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