Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9105
Timestamp: 2019-07-18 09:17:18+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 26939 DE 2014
El representante legal de una entidad no puede declarar la terminación unilateral de un contrato con fundamento en el numeral 2 articulo 44 de la ley 80 de 1993, si la nulidad absoluta se sustenta en un prohibición legal expresa y concreta
CE SIII E 26939 DE 2014
PRODUCTORA DE CARNES UBATE PCU LTDA VS MUNICIPIO DE UBATE
El municipio de Ubaté celebró con la sociedad Productora de Carnes Ubaté Ltda., un contrato de arrendamiento de las instalaciones, equipos y edificaciones del Nuevo Matadero del Municipio, en el que entre otras cosas, se estableció un término de duración de seis años contados a partir de la entrada en operación del matadero. La nueva alcaldesa del municipio expidió un Decreto, a través del cual decidió dar por terminado el contrato y ordenó su inmediata liquidación, por considerar que el contrato no era de arrendamiento sino de concesión y que, en ese entendido, se habría vulnerado el principio de selección objetiva.
¿Puede un alcalde de una entidad municipal declarar la terminación unilateral de un contrato de arrendamiento con fundamento en el numeral 2 articulo 44 de la ley 80 de 1993 el cual establece como nulos absolutos los contratos que “se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal” por omitir el procedimiento de licitación publica toda vez que las características del contrato correspondían a uno de Concesión?
características del contrato de concesión «(…) i) su celebración por parte de una entidad estatal, que actúa con carácter de concedente y por una persona natural o jurídica que toma el nombre de concesionario, ii) es el concesionario quien asume la gestión y riesgo de un servicio que corresponde al Estado sustituyendo a éste en el cumplimiento de dicha carga, iii) la entidad estatal mantiene durante la ejecución del contrato la inspección, vigilancia y control de la labor a ejecutar por parte del concesionario, iv) el concesionario recibe una remuneración o contraprestación, la cual se pacta, de diversas maneras (tasas, tarifas, derechos, participación en la explotación del bien, entre otros) y v) los bienes construidos o adecuados durante la concesión deben revertirse al Estado, aunque ello no se pacte expresamente en el contrato. (...)» El contrato de concesión «(…) es un negocio jurídico en el cual el contratista destina a la prestación de un servicio público, a la construcción de una obra pública o a la explotación de un bien de dominio público, recursos propios o gestados por él, por su propia cuenta y responsabilidad, mientras que el Estado contratante le otorga, además del derecho a construir la obra, explotar el bien o servicio, a obtener la remuneración correspondiente – la cual usualmente proviene de la explotación económica del objeto de la concesión -, con el fin de que recupere la inversión del capital destinado y se le garantice la obtención de utilidades, de ahí que a diferencia de los demás contratos incluido el de arrendamiento, en la concesión la utilidad económica que persigue el concesionario no surge del precio pactado, sino del rendimiento de los recursos invertidos para la realización del objeto contractual. (...)»
«(…)Desde esta perspectiva resulta claro que el jefe o representante de la entidad estatal contratante se encuentra en el deber legal de declarar la terminación unilateral del contrato, mediante acto administrativo, con el fin de preservar el orden jurídico y el interés público, cuando quiera que se compruebe la existencia de alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, sin embargo, no podrá ejercer esta facultad, aunque existiere un vicio de nulidad absoluta que afectare la legalidad del contrato, cuando la situación irregular no corresponda a alguno de los supuestos establecidos en los tres numerales antes referidos, sencillamente porque la ley no le ha otorgado competencia para ello y, por tanto, en esos otros eventos la única opción que tendría la entidad sería la de demandar judicialmente la declaratoria de nulidad del contrato.
En cuanto al alcance de la causal de nulidad absoluta de que trata el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia de la Corporación[96] ha sostenido que para que dicha causal se configure se requieren los siguientes presupuestos: 1) la violación al régimen de prohibiciones consagrado en normas constitucionales o legales o en cualesquiera otras con fuerza de ley y, 2) la prohibición respectiva sea expresa, “bien sea en relación con i) el tipo contractual, como cuando las normas no permiten que el Estado haga donaciones a los particulares –art. 355 CP[97]-, o en relación con ii) la celebración de un contrato, dadas ciertas condiciones, como cuando no se autoriza que una concesión portuaria supere 20 años –ley 1 de 1991-, o un comodato supere 5 años –ley 9 de 1989”.
Según pone de presente la jurisprudencia en cita, es claro que si bien, tal como se indicó, en virtud del numeral 2° del artículo 45 de la ley 80 de 1993 el jefe o representante de la entidad contratante tiene el deber legal de terminar unilateralmente el contrato, cuando en la celebración del mismo se hubiese configurado alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 44 de la mencionada ley, observa la Sala que la omisión del procedimiento legalmente previsto para la selección del contratista no es constitutiva de la causal de nulidad absoluta contemplada en el numeral 2°, de suerte que no reúne los requisitos para ser catalogada como una expresa prohibición legal.
Así las cosas, viene a ser claro para la Sala que la alcaldesa del municipio de Ubaté no tenía competencia para dar por terminado el contrato, bajo el supuesto de “haberse eludido el procedimiento de selección objetiva” impuesto por la ley, esto es por no haberse adelantado el procedimiento administrativo de selección del contratista conforme la modalidad – licitación pública - que correspondía según la naturaleza del contrato – de concesión -, con lo cual los decretos demandados, en efecto, se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia funcional, toda vez que los decretos apoyan la decisión de terminar unilateralmente el contrato por fuerza de la circunstancia anotada (...)»
Un alcalde de una entidad municipal no puede declarar la terminación unilateral de un contrato de arrendamiento con fundamento en el numeral 2 articulo 44 de la ley 80 de 1993 el cual establece como nulos absolutos los contratos que “se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal” por omitir el procedimiento de licitación publica toda vez que las características del contrato correspondían a uno de Concesión, porque:
El jefe o representante de una entidad contratante se encuentra en el deber legal de declarar la terminación unilateral del contrato, mediante acto administrativo, con el fin de preservar el orden jurídico y el interés público, cuando quiera que se compruebe la existencia de alguna de las causales de nulidad absolutas previstas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Por lo que, cuando la situación irregular no corresponda a algunos de los supuestos establecidos en dichos numerales, la opción que tiene el jefe o representante de la entidad es demandar judicialmente la declaratoria de nulidad del contrato.
Si con la celebración de un contrato se violan normas constitucionales o legales, el contrato está viciado de nulidad absoluta, pero no toda violación al ordenamiento jurídico dará lugar a la ilegalidad del acto correspondiente. Para que se configure la causal de nulidad absoluta que trata el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, es necesario que se den dos presupuestos: (i) La violación al régimen de prohibiciones consagradas en normas constitucionales o legales o en cualquiera otras con fuerza de ley y (ii) la prohibición respectiva sea expresa y explícita.
La omisión del procedimiento legalmente previsto para la selección del contratista no es constitutiva de la causal de nulidad absoluta contemplada en el numeral 2° de suerte que no reúne los requisitos para ser catalogada como una expresa prohibición legal.
1. DECLARAR la nulidad de los Decretos Nos. 058 del 16 de octubre de 1998 y 066 del 3 de noviembre de la misma anualidad, proferidos por la alcaldesa del municipio de Ubaté. 2. DECLARAR la nulidad absoluta del contrato celebrado el día 23 de diciembre de 1997, entre el municipio de Ubaté y la sociedad Productora de Carnes Ubaté Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de este pronunciamiento. 3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
1. DECLARAR la nulidad de los Decretos Nos. 058 del 16 de octubre de 1998 y 066 del 3 de noviembre de la misma anualidad, proferidos por la alcaldesa del municipio de Ubaté.
3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 1. DECLARAR la nulidad de los Decretos Nos. 058 del 16 de octubre de 1998 y 066 del 3 de noviembre de la misma anualidad, proferidos por la alcaldesa del municipio de Ubaté. 2. DECLARAR la nulidad absoluta del contrato celebrado el día 23 de diciembre de 1997, entre el municipio de Ubaté y la sociedad Productora de Carnes Ubaté Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de este pronunciamiento. 3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 1. DECLARAR la nulidad de los Decretos Nos. 058 del 16 de octubre de 1998 y 066 del 3 de noviembre de la misma anualidad, proferidos por la alcaldesa del municipio de Ubaté. 2. DECLARAR la nulidad absoluta del contrato celebrado el día 23 de diciembre de 1997, entre el municipio de Ubaté y la sociedad Productora de Carnes Ubaté Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de este pronunciamiento. 3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Ley 80 de 1993. Artículos 24 numeral 8 , 44 numerales 1,2 y 4, 45 inciso 2.
La diferencia entre el contrato de administración delegada y el contrato de obra pública por el sistema de concesión, «(…) consistía en que en el primero el contratista, por cuenta y riesgo del contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio y, en el segundo, el concesionario se obliga, por su cuenta y riesgo, a construir, montar, instalar, adicionar, conservar, restaurar o mantener una obra pública, bajo el control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación de la autoridad competente, aquel cobre a los usuarios por un tiempo determinado, o en una utilidad única o porcentual que se otorga al concesionario en relación con el producido de dichos derechos o tarifas. (...)»
Ficha: El representante legal de una entidad no puede declarar la terminación unilateral de un contrato..
El representante legal de una entidad no puede declarar la terminación unilateral de un contrato..

References: artículo 44
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44