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Timestamp: 2019-02-17 04:23:57+00:00

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! Poder Ejecutivo___________ Administrados
Súbditos Gobierno. Adm. Públ. ________ø
ø Ciudadanos
_____ POTESTAD	Adm. Públ. (rel. Interad)
Revoluciones sociales (francesa, USA, GB) que jur5idifican las relaciones con los ciudadanos Relaciones Jurídicas Administrativas por que están sujetas al Derecho Administrativo!conjunto de reglas y principios que regula la relación entre administraciones públicas y ciudadanos o administrados (tb. Otras administraciones!relaciones interadministrativas).
Ejemplos de potestades!Reglamentaria, sancionadora, tributaria, de planificación.
La misma norma que otorga la potestad discrecional siempre fija elementos reglados (quien debe ejercer la potestad, cómo...(procedimiento administrativo), por qué... para qué (el fin)!un interés general.
Los principios se recogen en la Constitución Española (art. 9).!Interdicción de la arbitrariedad (prohibición).
Principio de igualdad (art. 14 CE) impide a la administración discriminar a las personas. Discriminación !tratar desigual dos situaciones sustancialmente iguales sin razón que justifique el tratamiento distinto.
Principio de racionalidad!(art. 9.3 CE) se establece el principio de interdicción de la arbitrariedad sobre el que los tribunales han establecido la obligación derivada de actuar racionalmente, de forma justificada. Este principio está ligado en positivo con la motivación de los actos administrativos.
Principio de objetividad (art. 103.1 CE)!la administración sirve con objetividad los intereses generales. Actuar de forma objetiva significa que toda decisión que se tome debe estar fundamentada en razones “razonables”. Que el caso ha sido estudiado antes de tomar una decisión. Se concreta con el procedimiento administrativo. Una adecuación correcta del procedimiento (expediente administrativo)!encarnación del principio de objetividad.
Principio de Coordinación!(entre diferentes administraciones) ya que en un mismo procedimiento pueden aparecer diferentes administraciones. Ligado con el procedimiento administrativo (art. 4 L.30/92 es el reflejo del principio).
Principio de Eficiencia y Economía (art. 131.2 CE)!dos principios económicos que orientan a la administración. En general el principio de eficiencia establece que la administración debe conseguir tantos resultados posibles con el recurso que posea. Optimizar al máximo los recursos para determinados objetivos.
Aparecen a ambos lados los derechos subjetivos!poderes de actuación que se diferencian de la potestad ya que ésta sólo pertenece a la administración. Los derechos pertenecen tanto a la administración como a los ciudadanos. Siempre se tiene derecho a algo...son derechos concretos y además nacen de las normas jurídicas, de contratos y de los propios actos administrativos.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA_ø
ø_CIUDADANO/ADMINISTRADO
Capacidad de obrar!necesario para relacionarnos con la administración pública. Capacidad que tiene una persona para actuar por sí misma ante la administración pública. La capacidad de obrar la tienen los mayores de edad (18 años) aunque en algunos casos los mayores de 16 años también pueden hacerlo.
La Legitimación!para actuar frente a la administración hace falta legitimación. Situación especial de algunos ciudadanos y que no tienen otros.
Se consideran interesados (legitimados) en un procedimiento administrativo aquellas personas que inician el procedimiento administrativo y son titulares de derechos subjetivos; personas interesadas en el procedimiento por tener derechos que puedan ser afectados por la decisión administrativa y aquellos que no tienen un derecho afectado pero que tienen un interés individual o colectivo afectado.
La Representación!el ciudadano puede actuar, él o a través de un representante. Puede ser representante cualquier persona con capacidad de obrar en todos los asuntos de la administración. El problema es como probar que, realmente, es representante. En general la representación se presume por ley pero en determinados casos se requieren garantías y para solicitar, recurrir, renunciar o desistir a derechos el representante deberá acreditar que los es mediante cualquier medio fidedigno en derecho (acto notarial, comparecencia personal, declaración firmada...). La falta de acreditación no impide que se lleven a cabo los actos pero ésta deberá ser subsanada en el periodo de 10 días o el tiempo necesario para ello.
Derechos y Deberes!Se derivan del ordenamiento jurídico. Con carácter general y frente a todas las administraciones públicas los ciudadanos tienen un conjunto de derechos y deberes recogidos en la L. 30/92, art. 35.
Derecho a conocer el estado del procedimiento administrativo por los interesados y a obtener copias. Sólo son capacitados los interesados. Debe conectarse con el art. 31
Todos tenemos derecho a identificar al personal que está al cardo del procedimiento. Debe relacionarse con el art. 41 que establece la figura del responsable del procedimiento que debe poder ser identificado por los interesados.
Derecho a obtener copia sellada de los documentos que se presenten y derecho a que se devuelvan los originales de los que se presentan. Conecta con la presentación de solicitudes ya que se tiene derecho a la copia sellada en referencia al silencio administrativo.
Todos tienen derecho al uso de las lenguas oficiales. Hay que hacer una conexión con los artículos 36 de la L.30/92 que establece que en relaciones con la administración Central del Estado la lengua a usar será el castellano pero si nos relacionamos con la administración periférica del estado la lengua a usar es cualquiera de las lenguas cooficiales. Cuando hay pluralidad de interesados y hay discrepancias sobre la lengua a usar la ley establece que se tramitará en castellano; no obstante los interesados que hayan solicitado otra lengua tienen el derecho a obtener documentos y notificaciones en la lengua elegida.
Derecho a formular alegaciones y aportar documentos que el interesado crea conveniente. Los documentos y alegaciones han de ser considerados por la administración pública.
Derecho a no presentar documentos que no sean exigibles o que siéndolo ya consten en poder de la administración.
Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener información de la administración pública.
Derecho a acceder a archivos y registros y registros de las administraciones públicas pero según lo establecido en la Constitución y otras leyes. La CE, en su artículo 105, establece que la ley regulará...el art. 37 L.30/92 establece la normativa de acceso a archivos y registros (procedimiento administrativo) procederá sobre procedimientos finalizados en la fecha de la solicitud de acceso.
Regla general!los ciudadanos tienen derecho a..... y documentos pero en aquellos expedientes en los que constan datos de personas sólo pueden acceder los titulares de esos datos que afectan a la intimidad.
Existe una remisión a normas específicas!archivos regulados por el régimen electoral. También los apartados 7, 8 y 9 se refieren a como se ejerce el derecho de acceso al expediente no alterando el funcionamiento de la administración mediante solicitud y si se es investigador acceso directo al expediente. También previsto obtener copias pagando las correspondientes tasas.
Utilizar el art. 35 y 41 de la L.30/92 junto al 101 de la CE. Identificación de la persona responsable y jerárquica (hablar con el superior.)
Si se causan daños se puede exigir la responsabilidad de la administración (Art. 106 CE.)
Solicitar ayuda de órganos que defienden los derechos de los ciudadanos (Ombudsmen/ Síndic de Greuges/ Defensor del Pueblo.)
Acudir a los tribunales de justicia y exigir que el juez condene a la administración a llevar a cabo el derecho del ciudadano.
PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO I
Las relaciones jurídico administrativas se estructuran a través de un procedimiento administrativo.
Procedimiento Administrativo!”expediente”.
Hay excepciones en la relación. No se relacionan mediante procedimientos administrativos:
Cuando la Administración utiliza la “coacción administrativa directa”. Uso de la fuerza legítima. Se puede dar en carácter de urgencia.
Decisiones administrativas no escritas sino verbales (Alto!! En el control policial).
Actividad administrativa material o técnica (enseñanza, sanidad…)
Fuera de estos casos la administración cuando actúa desarrollando una potestad administrativa lo hace a través de un procedimiento administrativo (ej. Potestad reglamentaria, potestad de planificación.)
Para lograr un acto administrativo es siempre necesario el seguimiento de un procedimiento administrativo (art. 105CE) desarrollado por la Ley 30/92.
El art. 53.1 paralelo a la CE y repite la necesidad del procedimiento administrativo a la hora de dictar autos.
Procedimiento Administrativo!cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actividad administrativa para la consecución de un fin. También modo en que se ejercitan las potestades administrativas, como se desarrolla la actividad administrativa de servicios a los intereses generales.
Sirva a los ciudadanos que se relacionan con la administración pública para la protección y defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a la administración pública. También instrumento que contribuye a la buena administración.
Es un modo de evitar recursos y problemas para la administración (ante la propia administración o ante el poder judicial).
El Procedimiento Administrativo contribuye a que los ciudadanos conozcan qué hace la administración y puedan participar en ella. Fomenta la transparencia de la actividad de la administración pública y la participación por parte de los ciudadanos (art. 3 L.30/92).
La regulación jurídica del Procedimiento Administrativo!antes de la L.30/92 existían otras leyes de Procedimiento L.1889 de trámite de expediente en las colonias. Tropezó con un problema común de que se dictó una sola ley de procedimiento cuando existen muchos procedimientos administrativos de diferentes departamentos y diferentes asuntos.
Contenía las reglas y cada Ministerio la desarrollaba mediante Reglamentos.
Esto se intentó solventar con la Ley de 1958 que actualmente no está en vigor, creando trámites administrativos (no procedimientos administrativos). La idea era que los instructores de los departamentos debían escoger los trámites necesarios.
El problema fue que ella misma se excluía de determinados procedimientos (EELL).
Se intenta arreglar con la Ley 30/92 modifica por la Ley 4/1999 que establece no procedimientos administrativos sino trámites y sectorialmente, los instructores escogerán los trámites necesarios. De este modo no se excluye a ninguna administración. (Estado, CCAA y EELL).
El legislador erra en las disposiciones finales al declararse no aplicable en determinados sectores como el tributario, SS…también se aplica a los órganos institucionales.
Junto con la L.30/92 las administraciones autonómicas también están sometidas a regulaciones específicas: en Cataluña la L.13/89 de 14 de Diciembre que contiene regulación detallada, específica a la 30/92
El Estado tiene competencia en materia de procedimiento administrativo común (L.30/92) y se prevé que las CCAA pueden desarrollar la L.30/92 y por eso en Cataluña hay una legislación específica de procedimiento que no puede contradecir a la estatal; sólo puede complementarla o desarrollarla.
La L.30/92 no regula el procedimiento administrativo. Regula una serie de principios generales y trámites estandards (art.68). Hay que averiguar una ley sectorial sobre el tema que interesa (urbanismo). Si no hay ley sectorial, el instructor, escogerá de la L.30/92 los trámites necesarios.
La influencia de la L.30/92 variará según el procedimiento administrativo esté formalizado o no. Si está formalizado la L.30/92 sólo servirá de consulta en caso de duda.
PRINCIPIOS GENERALES DE LA L.30/92 (ART. 68)
- Indubio pro Actione
- Confianza legítima
- Principio Contradictorio (art. 79, 80.3 y 85.3 L.30/92)!Sirve para saber que los ciudadanos que se relacionan con la administración deben tener protagonismo en el desarrollo del procedimiento. Explicar su visión a la administración, defenderse en el procedimiento, conociendo el estado del procedimiento.
- Principio de Oficialidad (art. 69, 74 y 78 L.30/92)!La Administración Pública está obligada a no permitir parones en el procedimiento. La persona que lo tramita debe impulsarlo de oficio.
- Principio de Indibio pro Actione (art. 71 L30/92)!La Administración no debe usar el procedimiento como una carrera de obstáculos para el ciudadano. Debe evitar trámites burocráticos; postura favorable a la subsanación de defectos.
- Principio de Gratuidad !No es necesario durante la tramitación del Procedimiento Administrativo o de sus recurso ir acompañado de Letrado o de Procurador pero se puede. Hay una excepción: existen actuaciones de los ciudadanos que conllevan gastos y deben ser pagados por él (cuando quiera practicar determinadas pruebas).
Sectorialmente hay otra excepción cuando una ley establece que se cobrará tasa por determinadas actuaciones.
- Principio de Economía Procesal!El funcionario instructor debe evitar siempre que pueda trámites repetitivos o inútiles. Debe acelerar, en la medida de lo posible, el procedimiento. Enlazado con el principio de eficacia (art. 73).
- Principio de Imparcialidad (art. 103.3 CE)!enlazado con el principio de objetividad y principio de igualdad. La imparcialidad lleva a un trato no discriminatorio (art. 74 de la L.30/92). Los art. 28 y 29 de la L.30/92 establecen la abstención y recusación. El hecho de no abstenerse no hace que la decisión o resolución sea contraria a derecho. No crea problema en las potestades regladas pero sí en las potestades discrecionales.
- Principio de Transparencia!El desarrollo de los procedimientos públicos ha de ser lo más público, transparente posible. Es una guía para el funcionario a que debe mostrarse transparente en el procedimiento. Ligado con el art. 35 L30/92. También está reflejado respecto a los trámites conectados con la participación de los ciudadanos (art. 86 L.30/92).
- Principio de Participación (art. 35 L.30/92)!Todos tenemos derecho a presentar alegaciones (art. 86 L.30/92)
- Principio de Buena Fe!La administración debe actuar con buena fe. Conectado con la confianza legítima y ambos relacionados con el principio de seguridad jurídica. Una expresión de seguridad jurídica es el principio de buena fe; que la administración falsee datos, se comporte de forma errónea, oculte datos a los ciudadanos...
- Principio de Confianza Legítima!surge a nivel europeo por el TJI. Como los ciudadanos han de sentirse seguros bajo la administración ésta no puede cambiar de opinión sorpresivamente produciendo perjuicios a los ciudadanos. Tiene derecho a respetar las situaciones de confianza que haya creado en el ciudadano.
TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Iniciación !Puede desarrollarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
La administración tiene el deber de resolver la solicitud.
El funcionario instructor tiene el deber de impulsar la solicitud de oficio (Art.74)
Deber de la administración de notificar el inicio del procedimiento al interesado tanto si se inicia de oficio como a solicitud del interesado porque en la notificación hay que indicar el plazo en que se resolverá, la fecha en que la solicitud tuvo entrada para ser instruida y explicarle al ciudadano los efectos del silencio administrativo.
Fase de Instrucción!Tiene la finalidad de proporcionar a la administración pública los elementos de juicio necesarios para que decida bien. Tienen entrada todos los elementos de hecho, jurídicos, técnicos, económicos... que ayuda a la administración.
Alegaciones !observaciones, sugerencias, opiniones que aportan los ciudadanos. Se pueden introducir en cualquier momento y en cualquier sector de actuación de la administración pero además en algunos procedimientos hay un trámite específico de alegaciones en un determinado momento que es el "trámite de información pública" (art. 86 L.30/92) que sólo debe existir cuando lo establezca una ley sectorial. Si la ley sectorial no establece nada y se cree conveniente un trámite de información pública se puede establecer. Imprescindible publicarlo en el BOE/BOP.
Informes (Art. 82 y 83 L.30/92)! No tienen por que darse obligatoriamente. Es una opinión que emite la propia administración. Los hay de varios tipos:
Prueba (Art. 80 y 81 L.30/92)! Sirve para que la Administración, si no tiene claro si unos hechos o no son ciertos en un procedimientos administrativo, los aclare.
Audiencia (Art. 84 L.30/92.) !Oportunidad que se da a los interesados para que vean el expediente y puedan alegar lo conveniente a la vista del mismo.
Cuando antes de vencer el plazo de alegaciones son los propios interesados los que renuncian a la misma.
Cuando en un procedimiento administrativo, en el expediente, no constan otros hechos o alegaciones que las formuladas por el propio interesado.
La fase de instrucción termina con la Propuesta de Resolución!Borrador de la resolución final. A través de ella se da vida a los principios de objetividad y contradicción. No es la decisión final.
Terminación (Art. 87 y SS.)!Puede acabarse de forma normal o anormal.
Con una resolución administrativa (Art. 89.)
Con una terminación convencional.
Desestimiento (Art. 90 y 91 L.30/92.)
Caducidad (Art. 92)
Imposibilidad material de continuar el procedimiento.
Presunto (silencio administrativo.)
Responsabilidad Disciplinaria del funcionario instructor.
Responsabilidad Patrimonial cuando se causen daños a los interesados que deberán ser indemnizados (Art. 106.1.)CE.)
Responsabilidad Penal (prevaricación.)
Supervisión por órganos constitucionales/estatutarios (Defensor del Pueblo /Sindicatura de Greuges.)
Control de la Jurisdicción Contenciosa.
Acto Administrativo!proviene de la administración pública aunque, a veces, hay sujetos privados que pueden llegar a emitir actos administrativos (concesionarios de servicios públicos.) Son declaraciones resultado de una potestad administrativa, distinta de la potestad reglamentaria. Los actos y reglamentos tienen un procedimiento administrativo de elaboración distintas. Los actos y reglamentos se controlan por los jueces de manera distinta mediante unos procedimientos de control judicial distintos.
Favorables/Gravamen
Resolutorios/Trámite
Agostan vía administrativa/No agotan vía administrativa
Firmes/No firmes
Discrecionales/Presuntos
Indefensión!negación del trámite de Audiencia.
Deciden directa o indirectamente sobre la resolución del asunto!un informe preceptivo no solicitado.
"Firmeza en vía administrativa"!el acto no se puede discutir en vía administrativa pero sí en vía judicial.
- El problema de validez!no vale jurídicamente.
- El problema de eficacia!no tendrá efectos.
Supuestos de hecho!hacer aplicación de las normas existentes. Por un hecho hay una aplicación normativa pero a veces hay conceptos jurídicos indeterminados (palabras que pueden ser entendidas de deferentes maneras (ej. Pintoresco, belleza visual….) Así habrá interpretación del funcionario y en caso de que el particular no esté de acuerdo con la decisión del funcionario podrá recurrir ante el juez. Se tiene que analizar caso por caso cuando existen conceptos jurídicos indeterminados.
Fin!la norma que otorga la potestad nos dice de forma implícita o explícita el interés general que se debe ponderar. Fin = Interés General.
Causa (art. 53.2)!Seguir el fin del interés general pero si se vulnera el principio de proporcionalidad también afecta a la causa porqué no sigue, sirve para el interés general y es excesivo.
Normalmente los actos administrativos se exteriorizan por escrito. Necesidad de motivación de la decisión (art. 54 y art. 9 CE)!explicar el por qué. Los actos administrativos discrecionales deben ser muy motivados (para evitar la arbitrariedad.)
Motivación! hecho de forma sintética y explicando los hechos, fundamentos de derecho y los criterios de decisión.
Notificación o Publicación! necesario para que los actos sean eficaces (tengan efectos jurídicos.)
Provienen de la Ley Franquista de 1956!actividad administrativa será controlada por los jueces. Pero hay excepciones con los actos políticos del gobierno (se establecía un listado). A partir de la CE de 1978 en el art. 24.1 CE se establece la Tutela Judicial Efectiva y en el art. 106 CE que los tribunales controlarán la legalidad.
LA RELACIÓN JURÍDICA PROCEDIMENTAL Y LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER.
La Administración tiene el deber de resolver (art. 42 L.30/92)
Debe de resolver en un plazo determinado (art. 43 L.30/92)
Si no resuelve (además de otras consecuencias): Silencio Administrativo (art. 43 y 44 L.30/92)
Acto Administrativo presunto! Las Administraciones públicas tienen el deber jurídico (obligadas por ley) a resolver todos los procedimientos administrativos que se inician y además dentro de un plazo fijado por la L.30/92. La si administración no cumple los dos pasos anteriores se produce el silencio administrativo que puede ser positivo o negativo; se producirá un acto administrativo presunto (declaración de voluntad presunta.)
¿Cuándo empieza a contar el plazo para resolver?
¿Cómo puede saber el ciudadano el plazo?
¿Puede la Administración ampliar el plazo?
¿ Puede la Administración suspender el plazo para resolver?
El plazo sectorial o el de tres meses empieza a contar desde el momento de que la solicitud entra en el registro del órgano competente para su tramitación. Los iniciados de oficio desde el acuerdo de iniciación del procedimiento.
Derecho de los ciudadanos de demandar información sobre los plazos para resolver. En los procedimientos iniciados de instancia la administración tiene la obligación de dirigir una comunicación específica dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud indicando la fecha en que ha entrado, el periodo de tiempo para resolver y los efectos de la ausencia de resolución. En los de oficio es igual a partir de la iniciativa de oficio; Se ha de notificar que el procedimiento está en marcha.
La Ley prevé la ampliación del plazo (Art. 42.6 y 49 L.30/92). En el Art. 42.6 se refiere a los plazos totales de resolución de un procedimiento, la ampliación de los mismos pero ésta no puede ser superior al plazo establecido para resolver el procedimiento. El art. 49 refiere a la ampliación de los plazos para trámites que no puede exceder de más de la mitad de los mismos establecidos.
El art. 42.5 establece que instructor puede suspender los plazos totales del procedimiento: actividades que dilaten el procedimiento como iniciar negociaciones con vistas a acabar el procedimiento con una finalización convencional; cuando se pide un informe preceptivo y se prevé que tardará. No puede exceder la paralización de los tres meses.
El Silencia Administrativo!es una técnica que se inventa el legislador cuando no hay resolución. Se entiende que es igual a la existencia de una resolución. De una acto administrativo presunto.
El art. 43.2 establece que el silencio será positivo salvo que en determinadas normas se establezca que será negativo. Un Reglamento no puede establecer una excepción al supuesto de silencio positivo; sólo puede establecerse por norma con rango de ley.
Norma de Derecho Comunitario (Reglamento Comunitario.) Puede establecer el silencio negativo.
Sobre el derecho de petición. La no-contestación del Gobierno se entiende como silencio negativo.
Cuando la solicitud de un interesado tiene que ver o está conectada sobre unos objetos concretos (art. 43.2.) Bienes conectados con los bienes públicos o cuando se le otorgan poderes sobre esos bienes de derecho público y la administración no contesta a la solicitud se entiende por silencio negativo. Se trata de una protección sobre los bienes de dominio público; la solicitud sobre la transferencia de poderes sobre un servicio público se entiende negativo si no es contestada por la administración en el plazo para poder proteger el correcto desarrollo de las actividades públicas.
También silencio negativo cuando los ciudadanos presentan recursos administrativos ante la propia administración con una excepción: cuando se presenta recurso de alzada ante el superior jerárquico y este recurso es sobre acto desestimatorio presunto (el silencio es positivo (excepción de la excepción.)
En Cataluña el régimen del silencio administrativo debe ser igual pero la Ley Catalana del '89 tiene dos matizaciones:
EFECTOS Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Que una norma establezca lo contrario de forma expresa (sanciones, ya que L.30/92 art. 138 así lo expresa y lo serán cuando son firmes en vía administrativa).
No tendrá efectos sino más tarde, en el momento en que un órgano administrativo aprueba el acto y sea necesaria la aprobación de otro órgano.
Que el propio acto administrativo en su texto exprese que su eficacia se demorará; esto enlaza con los elementos del acto administrativo.
Que el acto se deba notificar o publicar y sus efectos demorados hasta que se realice.
Es una garantía para los ciudadanos ya que mediante ésta conocen el acto administrativo.
Gracias a la notificación el ciudadano podrá recurrir y romper así la declaración de validez.
Es el mecanismo que permite que un acto administrativo sea eficaz. Si está bien hecho y no se recurre el acto será final. De lo contrario el acto no será válido.
Tiempo! art. 58.2 L.30/92 establece 10 días después de dictado el acto. Si la Administración no lo cumple y se notifica fuera de plazo no tiene efectos.
Medio! art. 59 L.30/92 establece que cualquier medio que permita tener constancia de la recepción del interesado o representante. Ha de figurar la fecha y el contenido del acto. Generalmente se hace a través del correo certificado pero el art. 59 destaca otros medios como el teléfono, fax o correo electrónico. Si no se encuentra al interesado y se deja una notificación en el buzón conforme tiene una carta certificada en la oficina de correos se toma como fecha la notificación la de la recepción en la oficina de correos.
Lugar! La notificación se practica en el municipio o cualquier otro lugar adecuado a tal fin (art. 59.2). Es un concepto abierto y indeterminado. No solo el domicilio es el lugar válido par la notificación: si es de oficio en de inicio del expediente. Si es a solicitud de persona la notificación se practicará en el domicilio indicado en el expediente como a efectos de notificaciones.
Modo!La notificación se practica al interesado o a su representante legal. Las notificaciones practicadas a personas diferentes de los interesados serán válidas cuando se practiquen, en el domicilio, y se identifique a la persona a través de su DNI.
Vía administrativa. Es la propia administración quien decide parar la eficacia de los actos por:
Revisión de Oficio (art. 102 L.30/92). Procedimiento administrativo que permite a la propia administración, una vez dictado y notificado el acto, volver sobre él i declararlo ilegal. Cuando se produce la revisión de oficio i se tramita se puede suspender la eficacia del acto.
Recurso Administrativo (art. 111 L.30/92). Cuando un particular no está de acuerdo con la resolución puede presentar recurso administrativo contra ella. La interposición del recurso no supone que se paralicen los efectos del acto. La solución es presentar, junto con el recurso, la solicitud de la suspención del acto frente a la administración.
En Vía Judicial (art. 130 y SS L.29/98 L.C.A.). Es el juez, fuera del ámbito administrativo quien decide si se tiene que otorgar la suspensión del acto administrativo.
Una vez el acto administrativo es eficaz puede ser que el ciudadano no esté de acuerdo hasta el punto de incumplirlo. En este caso entra en juego la autotutela ejecutiva o ejecutoriedad!La propia administración lleva a cabo la ejecución forzosa del acto administrativo (art. 95 L.30/92)
Que el ciudadano se oponga a cumplir el acto.
La ejerce la administración pública contra los ciudadanos (no al contrario).
La ejecución forzosa exige un acto administrativo previo que tiene que ser eficaz.
Se requiere un aviso (apercibimiento) (art. 95 L.30/92)
La ejecución tiene que estar en línea directa con el acto administrativo previo. No se puede ir más allá de lo que se establece en el acto (principio de proporcionalidad) en el método utilizado; siempre ha de ser el menos restrictivo para el ciudadano.
No hace falta que el acto administrativo sea firme para que se pueda ejecutar forzosamente. Aún puede estar pendiente de recurso o que aún queden días para poder interponerlo. Es legal excepto en el caso del artículo 138 L.30/92.
Constrenyiment sobre el patrimonio.
(art. 97 L.30/92) Se aplica cuando el acto administrativo establece una obligación de pagar una cantidad líquida (Ej. Sanción administrativa). El art. 97 establece que no se puede imponer a un ciudadano ninguna otra obligación pecuniaria que no esté prevista en una norma con rango de ley porqué en la CE se establece la reserva de ley para el pago de cantidades monetarias. También establece que para ejecutar el acto administrativo se ha de seguir el procedimiento establecido en la norma: “Reglamento General de Recaudación” de 1990 que establece el procedimiento concreto para llevar a cabo el cobro.
Art. 98 L.30/92. Sirve para llevar a cabo el cumplimiento de actos administrativos que son de hacer cosas que pueden ser hechas por el ciudadano obligado incumplidor o por otra persona.
Art. 99 L.30/92. Consiste en la imposición de multas reiteradas en el tiempo. No son actos administrativos sancionadores; son una vida de ejecución forzosa para conseguir el cumplimiento del contenido de una acto administrativo previo.
Art. 100 L.30/92. Violencia física jurídicamente legítima (último mecanismo a utilizar.
Cuando lo establece una ley sectorial.
Sólo se puede utilizar para hacer cumplir actos administrativos que impongan obligaciones personalísimas de no hacer o soportar.
Se tendrán que respetar, en todo caso, los derechos reconocidos en la Constitución (art. 10 CE)
Cuando se utiliza la fuerza física se tiene que respetar siempre el principio de proporcionalidad.
Ejecución de los actos administrativos que reconocen la obligación de no hacer y debe estar establecido por la ley.
Coacción administrativa directa que comparte con la compulsión sobre las personas que no deja de ser violencia.
Existencia de Urgencia (Estado de Necesidad)
Tiene que haber acreditación por parte de una norma
Tiene que ser siempre proporcional (siempre el mínimo posible)
Se orienta por el principio de oportunidad para valorar su uso (se hace siempre sobre el terreno).
Autodefensa Administrativa.
Cuando se dan circunstancias de usar la fuerza para impedir o eliminar hechos punibles o criminales y evitar alteraciones del orden público.
Cuando hay una situación de “Estado de Necesidad”.
3.- Estado de Necesidad! En determinadas circunstancias hay supuestos de urgencia, de riesgo para la vida de las personas. Cuando se da un estado de necesidad es posible la utilización de la coacción directa.
Declarados: en la Constitución Española se establecen, en el art. 116, los Estado de Alarma, Excepción y Sitio.
Fácticos: (Terremoto, Epidemia...) la administración puede verse obligada a utilizar la coacción directa para evitar saqueos, robos...) (Ej. Art. 21.1.j de la LRBRL que establece que en caso de circunstancias extraordinarias y actividades públicas los alcaldes pueden tomar las medidas necesarias bajo su responsabilidad). Pueden ser Colectivos (Epidemia) o Individuales (una persona ahogándose).
La Administración, a veces, utiliza la fuerza de forma ilegítima cuando se utiliza de forma desproporcional o cuando actúa materialmente y lo hace fuera de la competencia y procedimiento previsto. Se produce la “Vía de Hecho”! Conlleva a una serie de consecuencias jurídicas:
Art. 101 LPA establece que los particulares pueden ir a buscar un juez y utilizar la demanda de “Interdicto” que actúa de forma inmediata sobre la Administración.
Posibilidad de que los ciudadanos comparezcan ante la J.C.A. y soliciten la paralización de la actividad de la administración que está desarrollando como vía de hecho. En este supuesto el juez de lo Contencioso Administrativo, antes de resolver, procederá a la paralización de la actividad dejando sin efectos la eficacia del acto.
LA TEORIA DE LAS NULIDADES.
Irregularidades no invalidantes: Tiempo (Art. 63.3) y Defectos “Formales” (Art. 63.2)
“vicios de invalidez”:
Conectados con la defensa de los interesados (indefensión).
Indispensables, imprescindibles para que el acto que pone fin al Procedimiento Administrativo puede alcanzar su fin. El fin del acto definitivo es el servicio a los intereses generales, es decir, que la decisión sea la correcta y sirva.
Cuando un funcionario público toma decisión que vulnera los derechos fundamentales (14-29 y 30 CE).
El acto dictado por órgano manifiestamente incompetente. La ley no le otorga la competencia por razón de materia o territorio.
Que el contenido del acto sea imposible.
Los que se dictan prescindiendo total y absolutamente del Procedimiento Administrativo.
Irregularidad no invalidante.
Anulabilidad (indefensión, no cumplir el fin...)
Cuando una decisión que ha de tomar un órgano colegiado, no sigue el procedimiento que ha de seguir un acto aprobado por un órgano colegiado (Art. 22 y SS L.30/2)
Actos presuntos o expresos contrarios a la ley o reglamento por los que se adquieren derechos.
Todos aquellos actos que establezcan otras leyes.
Dejar pasar el tiempo, o sea, que transcurrido el término de recurso, el acto toma firmeza. Se convierte en un acto firme.
Declaración expresa de la Administración Pública. Puede ser:
Procedimientos de Revisión de Oficio. Los procedimientos de revisión de oficio se han de tramitar cuando la administración se da cuenta de que el acto tiene problemas de legalidad (p.e. incompetencia del órgano que lo ha dictado, imposibilidad del acto...).
Procedimientos de Revocación. A pesar de que el acto administrativo es legal la administración se da cuenta que ha sobrevenido inoportuno para al interés general. No se cuestiona la legalidad del acto sino el interés general.
EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
El control judicial.
Controles internos: de determinados órganos consultivos de la Administración (art. 102. L.30/92), como puede ser el Consejo de Estado o equivalente de la CCAA cuando emiten los dictámenes oportunos (en Catalunya la Comisión Jurídica Asesora.) Como control interno tenemos órganos propios de la Administración (Central, Autonómica!Intervención General.)
Se resuelven siempre por un órgano administrativo; no judicial.
Recurre ante la administración el ciudadano perjudicado por el acto administrativo (los interesados); con excepción de las acciones pública.)
No se requiere abogado.
No se tiene que pagar nada. Los recursos administrativos son gratuitos.
Son recurribles todos los actos administrativos tanto definitivos como de trámite.
En principio la presentación del recurso no suspende los efectos del acto administrativo. Excepción (art. 111 L.30/92); en algunos casos la presentación de recurso paraliza los efectos del acto.
El recurso no requiere ningún formalismo. Los requisitos del mismo son mínimos (art. 110 L.30/92): nombre del que recurre, qué se recurre, lugar, fecha y firma del recurrente, órgano al que va dirigido (principio antiformalista.) Si el ciudadano se equivoca en el nombre del recurso (art. 110.2) no ocurre nada. La administración lo tramitará conforme a la naturaleza del recurso.
(Art. 110.3 L.30/92) nadie puede presentar un recurso administrativo contra actos basándose los recursos en hechos que han sido provocados por el propio recurrente.
Se presentan, físicamente, (art. 38 L.30/92) ante los Registros administrativos; también por correo, embajadas y consulados.
Derecho a obtener copia sellada del recurso que se presenta.
Deben presentarse en unos determinados plazos (art. 48 L.30/92)
El procedimiento de recurso se instruye siguiendo los principios del derecho administrativo.
Art. 112 L.30/92 (Trámite de Audiencia)!Sólo se dará Audiencia si se tienen en cuenta hechos o derechos que no se tuvieron en cuenta a la hora de resolución del procedimiento que da lugar al acto que ahora se recurre.
Alzada (Art. 114 y 115 L.30/92.)
Indirecto contra reglamentos
Procedimientos alternativos de resolución de conflictos.
E el antiguo recurso ordinario establecido hasta la reforma de '99.
Actos dictados por un error de hecho que resulte de los mismos documentos incorporados al expediente.
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, aunque sean posteriores, que evidencian el error de la resolución recurrida.
Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta o de otra conducta punible y se haya declarada así en virtud de sentencia judicial firme.
Regulada en la LJCA/98 deroga la ley franquista del '57 que funcionó hasta hace dos años. La ley del '98 se aprueba por el colapso de la JCA. El CGPJ durante varios años se reunió a fin de poder salvar el problema. Para reaccionar contra éstos se aprobó la Ley del '98. Otros motivos para cambiar la ley fue la aprobación de la CE y que la ley del '98 cambia el anfoque tradicional de control de actos por el de la inactividad administrativa; control de la inactividad de la administración.
Impugnación de Reglamentos Administrativos.
Actos políticos y de gobierno.
Conflictos sobre adjudicación de contratos administrativos.
Casos de responsabilidad patrimonial de la administración.
Decisionies dictadas por órganos que, excepcionalmente, no son órganos administrativos (Colegios de Abogaods, arquitectos…)
Acto administrativo (qualquier acto administrativo, todos son impugnables art. 25 LJCA).
Recurso contra Reglamentos. Hay que diferenciar el directo del indirecto. El directo actúa contra el reglamento y el indirecto también contra un reglamento pero tiene la peculiaridad de que el ciudadano lo discute a través de la apliación del mismo (de un acto dictado en virtud del mismo). El recuros directo contra un Reglamento sólo es posible a los dos meses de su publicación.
Inactividad de la administración. El ciudadano puede obtener una resolución que obliga a la administración a actuar. También puede ser contra inactividad cuando la administración debe actuar en vía de ejecución subsidiaria.
ST.!decisión judicial que pone fin a un proceso judicial.
Discriminatoria.	Por el hecho de que es ilegal.
Arbitraria, etc
Procedimiento Abreviado (novedad desde el '98)!intenta acelerar el procediimiento judicial en asuntos modestos como por ejemplo:
Vía económica inferior a 500 pesetas.
Cuestiones de personal.
Idea básica!cuando un juez dicta una sentencia los funcionarios (AP) deben cumplirla (principio básico del Estado del Derecho.); excepto:
El Gobierno puede decidir expropiar la Sentencia!indemnizar al ciudadano en lugar de cumplir la Sentencia.
Otro servicio del Estado es proporcionar asesoramiento técnico a los ciudadanos que no puedan pagar abogado o procurador por motivos económicos. Condicion necesario!que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.
Las MEDIDAS CAUTELARES. Los actos administrativos son eficaces desde su notificación o publicación correcta. Esos efectos no se paraban aunque se interpone un recurso administrativo aunque existen excepciones: el art. 111 !funcionario pide suspensión por interponer un recurso administrativo. (pide la suspensión de la eficacia.) Los actos que se recurren ante la jurisdicción ¿siguen desplegango efectos?
El abogado del ciudadano tiene que pedir al juez que suspenda los efectos del acto administrativo (pedir una medida cautelar.)
El juez a la vista del caso y ponderando todos los intereses del conflicto, decidirá si suspende o no los efectos.
No siempre la Administración Pública ha tenido que compensar por los daños. En España la primera regulación aparece en el Código Civil. (En Inglaterra en el 1940). En los años '50 hay una nueva regulación mucho más favorable para los ciudadanos donde ya se acepta la Responsabilidad Patrimonial.
La ley se refiere a las Administraciones públicas (todas las administraciones se rigen por los artículos 139-146 de la L.30/92.)
Cuando un ciudadano sufre un daño la compensación se exige ante la administración pública; no ante la persona o funcionario que lo causa.
La Responsabilidad Patrimonial de la Administración es objetiva. Existe responsabilidad patrimonial siempre que se den una serie de requisitos y sin necesidad de que la administración actúe negligente o culposamente. No se ha de probar. Se distingue de la responsabilidad de los particulares la conducta de los cuales ha de ser negligente o culposa y ha de ser probada.
Si se dan los requisitos la administración ha de pagar siempre excepto en un caso: Fuerza Mayor donde la administración, excepcionalmente, no debe compensar los daños. La Fuerza Mayor es una situación excepcional en que el daño causado se debe a circunstancias imprevisibles y irresistibles por parte de la administración.
El particular debe dirigirse contra la administración pública. A veces el funcionario deberá compensar a la administración por el daño causado a un ciudadano y que previamente ésta ha compensado.
El daño causado y compensado por la administración puede nacer tanto de la actividad de la administración como de su inactividad.
1.- Daño que debe ser “lesión antijurídica” (por ejemplo el servicio militar es un posible daño jurídico!no cabría indemnización.)
Art. 141 L.30/92!el particular que sufre el daño no tiene el deber jurídico de soportarlo.
El Art. 141.1 ! casos de Sida, enfermedades que son desconocidas y pueden ser existentes de daños no serán indemnizables. No causan responsabilidad de la administración.
3.- Art. 106.2 CE!siempre que SP habrá responsabilidad patrimonial de la administración.
Funcionamiento normal o anormal de la administración de los servicios públicos!conectar con la responsabilidad de la administración. Es OBJETIVA.
Para la existencia tiene que ser por causa directa pero no necesariamente única (factores extremos!actuación del propio ciudadano, actuación de otros ciudadanos...)
Cuando exista Fuerza Mayor la Administración no se responsabiliza del daño causado: por elemento que no puede ser previsto y daño por causa irresistible, extraordinario.
Rechazar las solicitudes de los particulares (generalmente.)
La administración nunca inicia un expediente de oficio sobre su responsabilidad patrimonial.
El Procedimiento General. En la instrucción el órgano competente debe tomar todas las medidas posibles para resolver y entre ellas abrir trámite de audiencia que se podrá excepcionar en los casos establecidos (normales de todos los procedimientos) y pedir un dictamen al órgano consultivo competente que será preceptivo pero no vinculante que serà en el ámbito estatal el Consejo de Estado y los equivalentes para la administración autonómica (Comissió Jurídica Assessora) y local. Si el órgano resuelve en contra de lo dictaminado ha de motivar el por qué.
El Procedimiento Abreviado. Si a juicio del instructor este ve claramente que el ciudadanotiene razón puede tramitar el procedimiento administrativo versión procedimiento abreviado. Como todo está tan claro en lugar de 6 meses la administración resolverá en 30 días. Si no resuelve el silencio es negativo.
Anulación en vía de recurso(administrativo, contencioso.)
Extinción de Oficio (privilegio de autotutela)
Relación jurídico-administrativaProcedimiento administrativoTramitaciónResoluciónEjecuciónEficaciaNulidadRecursosJurisdicciónExpedientesContenciososResponsabilidad

References: artículo 105
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 artículo 138
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