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Timestamp: 2018-09-25 05:10:59+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 619/15 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 584289270
Actor: CESAR RODRIGUEZ GARAVITO Y OTROS
Expediente: D-10673
CÓDIGO DE MINAS. DECLARATORIA DE LA INDUSTRIA MINERA COMO ACTIVIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 (parcial) de la Ley 685 de 2001, por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Consideran los demandantes que la norma acusada justifica un escrutinio de constitucionalidad estricto, porque la calificación legal de la minería como una actividad de utilidad pública, implica el otorgamiento de una serie de privilegios por encima de otras actividades y bienes jurídicos que gozan de especial protección constitucional. Los cargos en contra del texto demandado se refieren a las consecuencias jurídicas que el mismo puede tener sobre el medio ambiente, los recursos naturales y la agricultura. Igualmente, sobre vulneración del principio de descentralización y la autonomía de las autoridades territoriales y de las comunidades étnicas y, la presunta extralimitación del ámbito de configuración del Congreso. La falta de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos formulados, impidió que la Corte emitiera un pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
Demandantes: C.R.G., B.B.A. y C.S.M..
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por la M.M.V.C.C., quien la preside, los magistrados M.G.C., L.G.G.P., G.E.M.M., G.S.O.D., J.I.P.P., J.I.P.C., A.R.R. y L.E.V.S., en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política los ciudadanos C.R.G., B.B.A. y C.S.M. presentaron ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 13 (parcial) de la Ley 685 de 2001, Código de Minas.
Así mismo, se ordenó la comunicación del proceso a la Agencia Nacional de Minería, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Asociación Nacional de Industriales de Colombia ANDI, a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, R., Externado de Colombia, Nacional de Colombia, de Antioquia, Industrial de Santander, de Caldas, de Nariño, e igualmente a la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Para argumentar esta postura, manifestó que en la Sentencia C-395 de 2012 (M.P.G.E.M.M., y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 360 de la Constitución Política, la Corte Constitucional estableció que la autonomía de las entidades territoriales sobre los recursos mineros no es absoluta. Por lo tanto, ésta debe armonizarse con los límites impuestos por el Congreso, y con el principio de Estado unitario.
S.H.G.E., coordinadora en Colombia de la organización Greenpeace, solicita que se declare la inexequibilidad del texto parcialmente acusado.
En similar sentido, afirma que a pesar de que se aduce que con la actividad minera se genera un desarrollo económico favorable al Estado, lo cierto es que el Estado no obtiene una cifra considerable por concepto de regalías como resultado de la explotación del carbón. Así, según informes de la Contraloría, Ecopetrol ha pagado trece veces más impuestos que la Drummond y C. juntas, y en Cesar y Guajira, municipios donde se concentran este tipo de actividades, hay una tasa de pobreza del 90%.
Intervención ciudadana de J.A.C.S.
El ciudadano J.A.C.S., senador del Polo Democrático Alternativo y dirigente campesino, coadyuvó la demanda de inconstitucionalidad[3].
Los congresistas C.L., A.N.W., J.P., J.I.O., A.L., I.R.A. y Ó.O., presentan argumentos a favor de la inconstitucionalidad de la norma demandada[5].
El ciudadano J.M.C.P., en su calidad de Vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, intervino en el trámite para defender la constitucionalidad de la norma demandada[6].
Intervención de los ciudadanos D.G.C. y L.E.O.V.
Los ciudadanos D.G.C., en su calidad de miembro del equipo de coordinación nacional del Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN y L.E.O.V., en su calidad de integrante del Coordinador Nacional Minero Energético, coadyuvaron la demanda de inconstitucionalidad, solicitando la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada[8].
Intervención ciudadana de J.L.M.B.
El ciudadano J.L.M.B., en su calidad de Coordinador del Equipo Movilización, Territorio e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) – Programa por la Paz, intervino para sustentar el primer cargo de la demanda, y solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición acusada[10].
A.F.V.T., J. (E) de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Minería –ANM, solicitó a la Corte inhibirse para pronunciarse de fondo por ineptitud sustancial de la demanda, y subsidiariamente, declarar la exequibilidad de la disposición acusada[11].
Los ciudadanos J.G.V.H., docente de planta del Departamento de Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y coordinador general de la Clínica Socio Jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, C.A.A., profesor de planta de la Universidad de Caldas y coordinador del Grupo de Investigación Poderes Públicos, y G.M.C., M.A.Z. y R.A.R., estudiantes del programa de derecho de la Universidad de Caldas, brindan concepto sobre el asunto de la referencia, y solicitan la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada[12].
Frente al primer problema jurídico, el Procurador se aparta de la tesis planteada por los accionantes. A juicio del P., si bien la minería, en todas sus fases, fue declarada como una actividad de utilidad pública e interés social, dicha declaratoria encuentra un límite constitucional en la obligación que tienen tanto el Estado como los particulares, de proteger el medio ambiente, lo cual se obtiene a través del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, y de las prácticas de desarrollo sostenible.
De acuerdo con lo consagrado en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad de la norma acusada, ya que se trata de una demanda ciudadana en contra de una disposición que hace parte de una ley de la República.
Los demandantes señalan que la expresión “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases”, consagrada en el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, vulnera los artículos de la Constitución Política que conforman la Constitución Ecológica y que consagran el principio de desarrollo sostenible. Particularmente, manifiestan que dicha disposición contraviene lo dispuesto en el Preámbulo y en los artículos 1º, 2º, 8, 11, 44, 49, 58, 63, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282-5, 289, 294, 300-2, 301, 310, 313-9, 317, 330-5, 331, 332, 333, 334, 339, 340 y 366 superiores.
En los cargos primero al cuarto, los demandantes argumentan que el texto demandado vulneraba los principios de la Constitución Ecológica, y, particularmente, la obligación del Estado de proteger los recursos naturales, el ambiente sano, los recursos agropecuarios y el principio de seguridad alimentaria.
En el segundo grupo de cargos los demandantes afirman que la declaratoria de utilidad pública e interés social de la minería limita desproporcionadamente la autonomía de las entidades territoriales y de las comunidades étnicas para gestionar sus intereses y adoptar decisiones respecto del uso del suelo, impidiendo de contera la participación política en lo local, y la realización del principio de diversidad étnica y cultural de la Nación.
Los demandantes consideran que el texto acusado, por un lado faculta al Estado a expropiar los bienes con la finalidad de iniciar actividades mineras, incluso si los mencionados bienes se encuentran destinados a la satisfacción de bienes jurídicos superiores, como la protección del ambiente, y en general, los principios contenidos en la Constitución Ecológica. Por otro lado, infieren que la disposición acusada vulnera el principio de participación política, y específicamente, la autonomía de las entidades territoriales para ordenar sus territorios y regular el uso del suelo, e impide que las comunidades étnicas participen en la toma de decisiones sobre proyectos que puedan afectarlas.
Sobre el particular, la Sala resalta que algunos de los intervinientes, como es el caso de la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía, solicitaron a la Corte la inhibición por falta de los requisitos sustanciales de la demanda. Indicaron que los motivos de inconstitucionalidad de la norma alegados por los demandantes no eran claros, ciertos, específicos, pertinentes ni suficientes, toda vez que éstos controvertían consecuencias de aplicación de la norma que tienen un carácter puramente hipotético. En este sentido, al no cumplirse los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para considerar que la demanda es apta, la Corte estaría obligada a declararse inhibida en el presente asunto.
Antes de plantear el problema jurídico que será resuelto en la presente providencia, la Sala aludirá brevemente a los requisitos que establece el Decreto 2067 de 1991 para que procedan las demandas de inconstitucionalidad.
El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas;
Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; Sentencia C-131 de 1993.
La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.
Ahora bien, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia de que los requisitos de la demanda se cumplan, no sólo formalmente, sino materialmente, con el fin de garantizar un verdadero control del poder público[13]. Para ello, ha explicado que las razones esgrimidas para desestimar la constitucionalidad de una norma jurídica deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. En este sentido, el análisis de la Corte Constitucional estará dirigido a identificar la concreción de un cargo de constitucionalidad real y no simplemente aparente[14]. Al respecto ha manifestado:
Por lo tanto, en el caso analizado la Sala deberá, en primer lugar: i) identificar la norma demandada, para posteriormente, ii) establecer si los cargos formulados por los demandantes cuentan con las exigencias de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que requieren las demandas de inconstitucionalidad. Ello se realizará a continuación.
La Sala advierte que los accionantes demandaron la expresión del artículo 13 de la Ley 685 de 2001 que señala: “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases”. Para la Corte es claro que la norma jurídica demandada tiene como finalidad exclusiva la clasificación de una actividad económica, a saber, la minería, como una actividad de utilidad pública e interés social. Por consiguiente, al margen de las consecuencias normativas que se puedan derivar indirectamente de dicha clasificación por virtud de otras disposiciones, ésta no prescribe ningún tipo de consecuencia directa como resultado de la mencionada declaratoria. No obstante, como se desprende de los cargos planteados, los demandantes han atribuido una serie de consecuencias normativas a la referida norma, y son precisamente estas consecuencias las que están siendo cuestionadas en la acción pública de inconstitucionalidad.
Luego de identificar la norma jurídica demanda y su objeto, la Sala realizará el análisis de la configuración de los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, exigidos por la jurisprudencia para que la Corte pueda pronunciarse de fondo sobre la disposición demandada, como se expondrá a continuación.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el requisito de certeza exige que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente, que tenga un contenido propio, y no sobre una norma puramente deducida o implícita, o sobre otras normas del ordenamiento jurídico no demandadas por los accionantes[17].
En el presente caso los cargos planteados por los demandantes presuponen que la declaratoria de las distintas ramas y fases de la minería como actividades de utilidad pública e interés social conlleva, por sí misma, el otorgamineto de la facultad de expropiación al gobierno nacional. Sostienen que con ello se impide cumplir con las normas de la Constitución Ecológica, y en particular se frustra la realización de la función ecológica de la propiedad (cargo primero). Adicionalmente, sostienen que quedan desprotegidos una serie de bienes jurídicamente protegidos por la Constitución, como son el medio ambiente (cargo segundo), los recursos naturales, el agua y la agricultura (cargos tercero y cuarto). Adicionalmente, se estaría vulnerando la autonomía de las autoridades de las entidades territoriales y de las comunidades étnicas en su facultad para decidir los usos del suelo (cargo sexto). Con ello, dicen, el Congreso estaría excediendo el ámbito de su facultad de configuración legislativa (cargo séptimo).
La regulación de la expropiación no fue incluida como parte de las disposiciones demandadas en la presente acción pública de inconstitucionalidad, a pesar de ser el texto inmediatamente subsiguiente al aparte normativo demandado. En este sentido, si se siguiera la lógica de los cargos planteados en la demanda, los accionantes deberían haber incluido la regulación de la expropiación en su demanda. Al fin y al cabo, los señalamientos en contra de la disposición acusada, a saber, la imposibilidad de realizar la función ecológica de la propiedad, la consiguiente desprotección de la Constitución Ecológica, del medio ambiente y de los recursos naturales (cargos primero a cuarto), y la afectación de la autonomía de las entidades territoriales y de las autoridades de las comunidades étnicas (cargos quinto y sexto), y el exceso en la facultad de configuración legislativa (cargo séptimo) se derivan de la facultad del gobierno nacional para iniciar procesos de expropiación. Podría llegar a pensarse que en casos como éste la Corte debe entrar a integrar la unidad normativa. Sin embargo, como se analizará más adelante, conforme a la jurisprudencia constitucional la Corte sólo puede entrar a integrar oficiosamente la unidad normativa en casos excepcionales.
En ese mismo orden de ideas, la Corte tampoco advierte que del enunciado normativo acusado se desprenda una limitación del principio de autonomía de las autoridades de las entidades territoriales, ni de las comunidades étnicas en la adopción de sus decisiones en torno al uso del suelo (cargos quinto y sexto). La disposición demandada no atribuye ningún tipo de facultad a un órgano estatal, ni del nivel nacional, ni del territorial. Tampoco está limitando, condicionando, o de alguna otra manera regulando el ejercicio de dichas facultades. Como se dijo anteriormente, la norma demandada sólo está clasificando una actividad como de interés social y utilidad pública. Las consecuencias que se desprendan de dicha clasificación, estarán consagradas en otras disposiciones distintas, pero no en el texto demandado. Por lo tanto, mal podría decirse que toca el ámbito de la autonomía de las entidades locales, o de las autoridades de las comunidades étnicas.
Ahora bien, tanto en el séptimo cargo como en la argumentación de los seis primeros, los demandantes también aducen que al considerar la minería como una actividad de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases, el Congreso excedió su facultad constitucional para regular determinadas actividades económicas. Según el argumento, no todas las ramas y fases de la minería son susceptibles de clasificarse como actividades de utilidad pública e interés social. Extender tal clasificación a todas ellas, indistintamente, es contrario a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pues impide realizar una ponderación a partir del valor que tiene cada bien jurídico en nuestro sistema constitucional. Al incluir indiscriminadamente todas estas ramas y fases de la minería como actividades de utilidad pública e interés social se estarían sacrificando injustificadamente ciertos bienes jurídicos como el medio ambiente o la agricultura, más allá de lo que está constitucionalmente permitido, dada la importancia relativa de cada bien jurídico dentro de nuestro sistema constitucional. En parte, dicho argumento adolece del mismo vicio de los anteriores, puesto que los demandantes lo estructuran sobre la base de una consecuencia normativa, que es la facultad de expropiación, la cual, como se vio, no se desprende del texto demandado.
Por otra parte, aun si se se aceptara en gracia de discusión que el cargo por exceder la facultad otorgada constitucionalmente al Congreso para regular actividades económicas no depende de la facultad del Estado para expropiar la propiedad raíz, lo cierto es que los demandantes no identifican cuáles son, en concreto, aquellas ramas y fases de la minería consideran que es inconstitucional declarar como actividades de utilidad pública e interés social. La adecuada formulación de un cargo dirigido en contra de una clasificación legal, por ser supra-inclusiva, requiere que los demandantes identifiquen aquellas categorías que consideran que es inconstitucional que el Congreso haya incluido. Lo contrario llevaría a que la decisión de la Corte exceda los términos mismos en los que los demandantes plantean los cargos.
En efecto, los demandantes argumentan que la manera en que el Congreso clasificó la minería como una actividad de utilidad pública e interés social es demasiado general, porque incluye todas las ramas y fases de la actividad. Para ellos, es contrario a la Constitución que todas las ramas y fases estén incluidas en esta catergoría. El problema, entonces, consiste en que la norma incluye algunas ramas y fases de la actividad minera que no deberían clasificarse como de utilidad pública e interés social, porque de ello se desprenden una serie de consecuencias normativas que resultaría inconstitucional que se les extendieran. De tal argumento se desprende que para los demandantes la inconstitucionalidad es predicable únicamente en relación con la inclusión de algunas ramas y fases de la minería, pero no lo es en relación con otras. En últimas, lo que reprochan es el carácter general e indiscriminado de la clasificación. Sin embargo, en los términos en que plantean la demanda, el pronunciamiento de la Corte se produciría en relación con la expresión “la industria minera en todas sus ramas y fases”. Por lo tanto, en ausencia de una identificación de las ramas y fases específicas que según los demandantes es inconstitucional declarar como de utilidad pública e interés social, un fallo de inconstitucionalidad sobre la norma demandada resultaría igualmente supra-inclusivo. En primer lugar, de producirse un fallo de inconstitucionalidad la Corte no excluiría sólo las ramas y fases que deberían excluirse, sino todas ellas. Al hacerlo prescindiría de otras que, en la lógica del argumento de los demandantes, sí serían susceptibles de declararse de utilidad pública e interés social, de acuerdo con la Constitución.
Adicionalmente, un eventual pronunciamiento de fondo de la Corte tendría el efecto de excluir todas las consecuencias que se derivan de la clasificación de la minería como actividad de utilidad pública e interés social, cuando en realidad el cargo sólo va encaminado a declarar la inconstitucionalidad de algunos de sus efectos. En particular, como ya se dijo, el cargo va dirigido a atacar la facultad del gobierno nacional para expropiar inmuebles rurales necesarios para llevar a cabo actividades mineras. Desde este punto de vista, también resultaría desmedido proferir un fallo de fondo sobre la clasificación demandada. Además de lo dicho en relación con la falta de certeza, también por esta razón los ciudadanos deben identificar, no sólo las ramas y fases de la minería que deberían excluirse, sino las disposiciones que consagran las consecuencias específicas que consideran inconstitucionales. Como se dijo anteriormente, la clasificación de una actividad como de utilidad pública e interés social, por sí misma, no crea un régimen jurídico en el que se atribuyan una serie de facultades, restricciones, derechos y obligaciones que configuren a priori un conjunto de relaciones jurídicas determinadas. En esa medida, para que un cargo cumpla con el requisito de suficiencia, los demandantes deben identificar las consecuencias normativas específicas que consideran inconstitucionales e integrar las normas que consagran estas consecuencias a su demanda.
A manera de ejemplo, algunas de las consecuencias jurídicas de la declaratoria de la minería como una actividad utilidad pública e interés social, que están definidas en el Código, son la de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos mineros a favor de particulares (art. 6º), la posibilidad de expropiación de bienes inmuebles (art. 13º), la reversión gratuita de la infraestructura, instrumentos y construcciones utilizadas por las empresas mineras a favor del Estado como consecuencia de la terminación del contrato de concesión a cualquier título (art. 113), la obligación de las empresas mineras de recopilar y entregarle al Estado la información sobre la riqueza minera que posean (art. 339), y la obligación de actualizar el catastro minero, así como el carácter público de la información que tales empresas recopilen sobre la riqueza geológica del país (art. 340). De todas ellas, a la única a la que se refieren los demandantes es a la expropiación, pero como lo dijo la Corte, los demandantes no incluyeron la regulación de la expropiación como parte del texto demandado.
Por todo lo anterior, la sola clasificación de una actividad como de utilidad pública e interés social, sin consideración de las consecuencias normativas que de ello se desprendan, no es suficiente para que la Corte entre a proferir una decisión de fondo sobre la contitucionalidad de la norma demandada.
Así mismo, los cargos de inconstitucionalidad formulados carecen del requisito de especificidad. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional[19], las razones aportadas por el demandante deben definir con claridad y precisión la manera en que la disposición acusada vulnera disposiciones de la Constitución Política. Por lo tanto, los cargos no pueden ser indeterminados o genéricos.
Sin embargo, en el caso analizado, los argumentos presentados por los accionantes no establecen de manera concreta las contradicciones que aducen que existen entre la norma acusada y cada uno de los contenidos constitucionales que consideran infringidos. En efecto, tal y como se estableció previamente, la norma jurídica demandada tiene como objeto establecer una clasificación, sin especificar las consecuencias jurídicas que se derivan de ello. Dicha norma no establece el conjunto de hipótesis fácticas o de condiciones en las que el Estado puede llevar a cabo la expropiación de bienes para desarrollar actividades mineras, ni define las circunstancias en que no lo puede hacer, ni regula la manera como se deben desarrollar las diferentes ramas y fases de esta actividad para no afectar el medio ambiente, los recursos naturales o la agricultura, ni tampoco atribuye facultades a órganos específicos del Estado, ni les impone restricciones de las cuales pueda llegar decirse que limitan la autonomía que la Constitución le otorga a las entidades territoriales y a las autoridades de las comunidades étnicas.
A pesar de lo anterior, los demandantes señalan, genéricamente, que la disposición demandada vulnera un conjunto bastante amplio de disposiciones constitucionales, a saber, el Preámbulo y los artículos 2º, 8º, 11, 44, 49, 58, 63, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282-5, 289, 294, 300-2, 301, 310, 313-9, 317, 330-5, 331, 332, 333, 334, 339, 340 y 366 superiores. Sin embargo, no realizan análisis particulares que señalen en qué consiste la contradicción entre el texto demandado y cada una de las disposiciones constitucionales que consideran vulneradas. Por el contrario, se limitan a señalar los artículos que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, componen la denominada Constitución Ecológica. Así, por ejemplo, los demandantes no especifican las razones por las cuales la norma jurídica acusada se contrapone directamente con los derechos de los niños (artículo 44), ni con el derecho a la educación (artículo 67), ni con la prohibición de la fabricación, posesión y uso de armas químicas (artículo 81), entre otras.
Finalmente, los argumentos planteados por los demandantes en el proceso de constitucionalidad no son suficientes. La Corte Constitucional ha indicado que para que se cumpla con este requisito el demandante debe aportar los elementos de juicio argumentativos y probatorios que permitan realizar el estudio de constitucionalidad en forma idónea. Sin embargo, la jurisprudencia no exige la realización de una exposición probatoria integral, por lo que el demandante tiene la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas ante la Corte[20]. Con todo, a pesar de lo anterior, los argumentos propuestos en la demanda deben despertar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada[21].
Por otro lado, la Sala tampoco advierte la existencia de una duda razonable de inconstitucionalidad sobre el texto normativo acusado, toda vez que, como se ha explicado ampliamente en la presente providencia, los cargos nunca se dirigieron a cuestionar su contenido, el cual es puramente clasificatorio.
En definitiva, la Sala concluye que en el caso analizado los demandantes no han planteado evidencia de una correlación fuerte, ni de una relación de causalidad que permita establecer que hay un vínculo entre el texto demandado, las consecuencias atribuidas a éste, y los cargos de inconstitucionalidad planteados. Así, si bien cuestionaron la constitucionalidad de una parte del artículo 13 de la Ley 685 de 2001, lo cierto es que sus argumentos se dirigieron a controvertir efectos que no se desprenden del referido texto, sino que, posiblemente, se encuentran regulados en otras disposiciones que no fueron objeto de la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, las razones esgrimidas por los demandantes no cumplieron con los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia, desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para determinar la aptitud de los cargos en las acciones públicas de inconstitucionalidad.
La Corte Constitucional concluye entonces, que los cargos planteados en la presente demanda de inconstitucionalidad no reúnen los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante, la Corporación deberá indagar si se encuentra facultada para suplir, de manera oficiosa, los errores en los que incurrieron los demandantes al formular los cargos, y, consecuentemente, integrar la unidad normativa respectiva; o si por el contrario, deberá abstenerse de conocer de fondo el asunto planteado y, por lo tanto, proferir una sentencia inhibitoria.
En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la facultad de integrar oficiosamente la unidad normativa es de carácter excepcional, y que por lo tanto, la regla general es la inhibición cuando el demandante haya omitido realizarla.[22] Así, ésta sólo será procedente cuando: i) se demande una disposición cuyo contenido deóntico no sea claro, unívoco o autónomo, ii) la disposición cuestionada se encuentre reproducida en otras disposiciones, y, finalmente, iii) la norma se encuentre intrínsecamente relacionada con otra disposición que pueda ser, presumiblemente, inconstitucional. Al respecto, esta Corporación dijo que le corresponde a la Corte integrar la unidad normativa:
Ahora bien, pese a que en gracia de discusión podría concluirse, prima facie, que una decisión inhibitoria afectaría el derecho fundamental de acceso a la justicia y de los principios de economía procesal, buena fe, democracia participativa y prevalencia del derecho sustancial, por cuanto impediría que se profiera un fallo de fondo, la Corte Constitucional ha sostenido lo contrario, que inhibirse de proferir una decisión de fondo es lo que desarrolla más adecuadamente el principio de participación política.
Así, la Sentencia C-1256 de 2001 (M.P.R.U.Y., la señaló que los límites impuestos por el artículo 241 de la Constitución a la Corte Constitucional implican que esta Corporación no podrá realizar la integración oficiosa de la unidad normativa cuando los cargos de la demanda sean ineptos, incluso a pesar de que con posterioridad a la demanda los intervinientes presenten argumentos ciertos, específicos, pertinentes y suficientes que, de haberse planteado en la demanda, configurarían cargos de constitucionalidad idóneos.[24]
De tal modo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la decisión inhibitoria por razón de la inadecuada formulación de los cargos garantiza los principios de la democracia participativa, y particularmente, el ejercicio del control político. En efecto, ésta posibilita el desarrollo de un debate constitucional futuro con mayor profundidad y solidez, en el cual pueden participar tanto los demandantes e intervinientes iniciales, como otros ciudadanos, lo que repercutiría en una verdadera salvaguarda del derecho de acceso a la administración de justicia.
En esta oportunidad, la Sala reiterará el precedente fijado por la Corte Constitucional. Así, en tanto la demanda analizada no cumplió con los requisitos sustanciales de aptitud, toda vez que los cargos alegados carecen de certeza, especificidad, y suficiencia, la Corte se inhibirá de pronunciarse sobre el fondo del asunto, con el fin de garantizar el principio de democracia participativa y el derecho al debido proceso constitucional.
C., notifíquese, publíquese y cúmplase,
[3] Cuaderno 1, F. 99 a 109.
[5] Cuaderno 1, F. 110 a 124.
[6] Cuaderno 1, F. 125 a 220.
[7] Cuaderno 1, F. 221 y 222.
[8] Cuaderno 1, F. 223 a 244.
[10] Cuaderno 1, F. 223 a 252.
[11] Cuaderno 1, F. 255 a 272.
[12] Cuaderno 1, F. 273 a 288.
[13] Al respecto, ver Sentencias C-447 de 1997, C-131 de 1993 (M.P.A.M.C. y C-1256 de 2001 (M.P.R.U.Y.)
[14] Al respecto, ver Sentencias C-1052 de 2001 (M.P.M.J.C., C-1256 de 2001 (M.P.R.U.)
[15] Sentencia C-1052 de 2001 (M.P.M.J.C.)
[22] Al respecto, ver Sentencias C-539 de 1999 (M.P.E.C.M., C-055 de 2010 (M.P.J.C.H.P., C-553 de 2010 (M.P.L.E.V.S.); C-879 de 2011 (M.P.H.A.S.P.; C-889 de 2012, M.P.L.E.V.S.; C-1017 de 2012, (M.P.L.G.G.P., C-881 de 2014 (M.P.J.I.P.C.) entre otras.
[23] Sentencia C-881 de 2014, M.P.J.I.P.C..
[24] Al respecto, ver Sentencia C-1256 de 2001 (M.P.R.U.Y.)
[25] Sentencia C-1256 de 2001 (M.P.R.U.Y.)
Providencia nº 73001110200020090056301 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 4 de Noviembre de 2010
Providencia nº 11001010200020150131100 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 9 de Septiembre de 2015
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 26 de Septiembre de 2007
Providencia nº 11001010200020150199400 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 13 de Agosto de 2015

References: artículo 13
 artículo 241
 artículo 13
 artículo 360
 artículo 241
 artículo 58
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 58
 artículo 13
 artículo 241