Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12185
Timestamp: 2019-12-11 00:49:36+00:00

Document:
Laudo: TA-CCB-20000710
El restablecimiento del equilibrio económico no procede para contratos de carácter aleatorio
TA-CCB-20000710
OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S.A., OCCEL S.A. VS. LA NACIÓN - MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Una entidad pública y una sociedad celebraron contrato de concesión de carácter aleatorio para la prestación del servicio de telefonía móvil. El estatuto tributario vigente en este momento histórico instituía que a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta que prestaran servicios técnicos especializados de telecomunicaciones no les correspondía sufragar el impuesto sobre la renta y complementarios. Bajo estas circunstancias, la sociedad presentó su oferta económica teniendo en cuenta el estatuto tributario y demás normas vigentes.
Durante la ejecución del contrato el Congreso de la República expidió una Ley que modificó el estatuto tributario y eliminó la mencionada “exención” que relevaba a las sociedades de economía mixta de sufragar el impuesto sobre la renta y complementarios cuando prestaban de servicios de telecomunicaciones.
¿Debe una entidad pública restablecer el equilibrio económico de un contrato de concesión de carácter aleatorio para la prestación servicio público de telefonía móvil celular debido a la suspensión de una Ley de exención tributaria sobre un impuesto de renta que favorecía a la sociedad concesionaria?
La telefonía móvil es un servicio público reglado. «(...)la telefonía móvil celular, como modalidad especial de las telecomunicaciones, es un servicio público que ha sido reservado por el legislador al Estado, por razones de soberanía o de interés social, según lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política, y cuya explotación o prestación puede hacer directamente, a través de sujetos suyos de derecho público, o indirectamente, a través de sujetos de derecho privado o de carácter mixto, de la misma forma como se entrega a éstos el desarrollo de cualquiera de las actividades estatales, esto es, a través de la concesión. Que sea un servicio público reservado por la ley al Estado, significa que en este caso no existe libertad e iniciativa privada para que sea prestado o explotado por los particulares… En consecuencia, el Estado es el único que puede explotarlo, prestándolo directamente o, si así lo determina, indirectamente, llamando para tal efecto a los particulares a través del sistema de concesión y a cambio de una contraprestación económica, sin perjuicio de las facultades que tiene y los derechos que además pueda cobrar a su favor por la utilización de un bien que también es suyo, el espectro radioeléctrico, para su prestación, como se verá más adelante. (...)» Carácter de los recursos derivados de los contratos de concesión. «(...) los contratos de concesión celebrados para la explotación del espectro electromagnético, generan para el Estado recursos ordinarios, no tributarios, en cuanto, como lo dijo esta corporación, “de ellos dispone o puede disponer regularmente el Estado. (...)» Naturaleza de los recursos que se obtienen para el Fondo de Televisión Pública. «(...) ... los pagos que, con destino al Fondo de Televisión Pública, deben hacer periódicamente los concesionarios por la explotación de frecuencias en el campo de la televisión en canales de operación privada, no son un impuesto, pues carecen de la generalidad que para tal categoría tributaria resulta esencial y, además, a diferencia de los impuestos, es evidente que la obligación de pagar las cantidades periódicas previstas en la norma están vinculadas directamente con el beneficio que a los obligados otorga el Estado mediante la concesión para el uso exclusivo de canales integrantes del espectro electromagnético. Tales pagos tampoco gozan de la característica de la parafiscalidad en sentido estricto, ya que no se establece que el sector privado de las telecomunicaciones deba asumir una exacción predeterminada que haya de aplicarse al mismo sector. Tal obligación legal en cabeza de los concesionarios es solamente una retribución económica que, por razones de interés general, el Estado exige, junto con las demás previstas en la ley, a los particulares a quienes ha otorgado facultad temporal para hacer uso del espectro electromagnético. “Los recursos correspondientes tienen, por tanto, un propósito directamente señalado por la ley: deben ingresar al Fondo de Desarrollo de la Televisión Pública creado por la misma. (…) En consecuencia, el espectro radioeléctrico que se usa para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, es un bien del Estado y más precisamente de la Nación, la cual, en tratándose de la prestación del servicio público de telefonía móvil celular por los particulares, de acuerdo con la ley, autoriza su uso mediante un contrato de concesión y a cambio también de una remuneración como contraprestación a favor del Estado ya cargo de los concesionarios quienes la cancelan periódicamente por conducto del Fondo de Comunicaciones, por concepto de derechos por la utilización y explotación de las frecuencias radioeléctricas. (...)» Circunstancias bajo las cuales la administración debe asumir una situación de desequilibrio financiero del contrato. «(...)el entendimiento que debe dársele al principio del equilibrio financiero del contrato, en el sentido de cuando se presente una situación imprevista, el co-contratante adquiere pleno derecho a que se le restablezca la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida. No se trata de que la administración colabore o ayude parcialmente al contratista para que este pueda soportar el pasivo que la ejecución del contrato le generó, como ha sido el acostumbrado criterio de interpretación cuando el desequilibrio financiero obedece a causas imprevistas para las partes contratantes. De ninguna manera, considera la Sala, apartándose del criterio ya tradicional en algún sector de la doctrina extranjera, e identificándose con el criterio del legislador colombiano, que el equilibrio económico del contrato comporta para el contratista una compensación integral, completa, plena y razonable, de todos aquellos mayores costos en los que debió de incurrir para lograr la ejecución del contrato. “En el anterior orden de ideas, se considera que frente a una situación de desequilibrio financiero del contrato, le corresponde a la administración asumir en su totalidad el compromiso de colocar a su colaborador-contratista en un punto de no pérdida, y aun más, en una situación económica tal, que sus expectativas de lucro vigentes a la celebración del contrato no se vean menguadas por causas ajenas a su propia voluntad. Por tanto, cuando los factores que generan ese desequilibrio económico del contrato son extraños, ajenos al propio contratista, la única forma de mantener la ecuación financiera consiste en que la administración asuma los costos necesarios para que su co-contratante no sólo obtenga el monto de las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aún extraordinario de la ejecución del contrato, sino que además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros y ganancias, desde luego razonables y ceñidos a las condiciones iniciales de contratación. (...)» Desequilibrio económico en contratos onerosos y conmutativos. «(...)Aplicada la teoría del equilibrio económico o financiero a los contratos onerosos y conmutativos, se tiene entonces que dicho equilibrio se puede ver afectado durante la ejecución del contrato por causas atribuibles a la administración contratante (por incumplimiento contractual o por el uso de los poderes exorbitantes de la administración - modificación, interpretación y terminación unilateral de las condiciones de ejecución), o por actos de la administración como Estado o lo que es lo mismo por el ejercicio de las funciones estatales según la teoría conocida como el hecho del príncipe, o por factores ajenos, exógenos o extraños a las partes (teoría de la imprevisión). Se estará en el campo del incumplimiento contractual cuando se deje de cumplir con las obligaciones pactadas en un contrato, y se estará ante la responsabilidad extracontractual cuando se cause un daño aun (sic) particular que es colaborador de la administración, por hechos ajenos y no previstos al momento de celebrar el contrato. (…) Así, la ruptura del equilibrio contractual en contra del contratista puede provenir del propio hecho de la administración pública como contratante, bien de hechos imputables al Estado como autoridad pública, o bien de hechos imprevistos e imprevisibles al tiempo del contrato. (…) De todo lo anteriormente expuesto se concluye que el principio de restablecimiento del equilibrio económico que consagra expresamente la Ley 80 de 1993, se aplica exclusivamente a los contratos onerosos y conmutativos de prestaciones recíprocas, y deriva, en el caso del contratista, del hecho de que el particular es un colaborador de la administración que debe asumir los riesgos normales del contrato y tiene derecho a recibir la remuneración inicialmente prevista; por ello, si por causas que no le son imputables, se altera dicho equilibrio, el mismo debe ser restablecido. En efecto, a través del contrato la entidad estatal busca lograr los fines de la administración en aras del interés público; por el contrario, el contratista busca una utilidad. No es posible imponer a un contratista cumplir un contrato en beneficio del interés público, sin restablecer el equilibrio, pues ello desconocería la igualdad ante las cargas públicas y además, a la postre pondría en peligro la prestación misma del servicio público.(...)» El restablecimiento del equilibrio económico no procede respecto de contratos aleatorios. «(...) En realidad, los contratos aleatorios, por la contingencia que comportan, no presentan equivalencia de las obligaciones, de manera que no se da en ellos la figura del equilibrio de la ecuación contractual, concebida por la Ley 80 de 1993 como “la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar”, según el caso (art. 27). Por ende, no se da tampoco en ellos la medida de restablecimiento de dicho equilibrio por aplicación de la teoría de la imprevisión, máxime cuando esta se encuentra excluida por la ley mercantil respecto de este tipo de contratos. El tribunal comparte la interpretación del Consejo de Estado y por ello considera que respecto de los contratos aleatorios no procede el restablecimiento del equilibrio económico, pues en dichos contratos e contratista asume un alea. (...)» Los impuestos son ajenos a la ecuación contractual de los convenios celebrados con las entidades públicas. «(...) los impuestos fijados por el Congreso o las entidades territoriales, son ajenos a la ecuación contractual de los convenios celebrados con las entidades públicas porque obviamente se excluyen del incumplimiento y de la modificación unilateral del contrato; respecto de la causal relativa a situaciones imprevistas no imputables a los contratantes, se debe señalar que ella se refiere a aquellos hechos imprevisibles ajenos a la voluntad de los contratantes como la presencia de un estado de guerra o una crisis económica, que produzcan efectos serios en la ejecución del contrato de tal magnitud que impidan su cumplimiento pleno, es decir que se presenten situaciones directamente relacionadas con la ejecución del contrato, no por circunstancias coyunturales o con ocasión del contrato, como sucede, en el asunto estudiado, con el impuesto que se fijó para quienes celebren contratos de obra con el Estado. Este impuesto grava, a partir de la vigencia de la ley, la actividad particular dedicada a celebrar contratos principales o adicionales de obras públicas para la construcción y mantenimiento de vías, colocando a los sujetos pasivos en igualdad de condiciones frente a la ley y a las cargas públicas. De manera que si el valor del contrato se incrementa en la suma que corresponde al porcentaje del impuesto, ello implicaría imposibilidad de hacer efectivo el gravamen y su traslado a la entidad pública contratante, con desconocimiento de la Constitución y de la ley. En este orden de ideas es preciso concluir que los impuestos fijados por la ley, no constituyen factor que altere la ecuación económica de los contratos estatales, por lo mismo, no deben efectuarse reajustes en el valor inicial de los contratos de obra que incidan en el valor de los contratos adicionales que sea necesario celebrar (...)» Si acto general de la administración provoca un perjuicio anormal al concesionario éste podrá exigir un reajuste. «(...) Si el acto es legal, el principio general, sostenido por el Consejo de Estado(72), es que los precios fijados para la ejecución de un servicio público se establecen según el estado de cosas existente al efectuarse la concesión. Se considera que el concedente y el concesionario han contratado tomando como base de la concesión los hechos existentes. Si la autoridad pública, usando regularmente su poder legal o reglamentario, modifica seriamente, de manera imprevista, la situación legal existente, el concesionario, en caso de que pueda probar que ello lo provoca un perjuicio anormal, tiene derecho a exigir un reajuste de la remuneración, a fin de que esta vuelva a ser normal. (…) Para que se deba una indemnización al concesionario, es preciso que la nueva reglamentación sea imprevista y que cause un perjuicio al concesionario. La indemnización que se debe es igual al monto del daño causado exclusivamente por esta nueva reglamentación, más allá del alea normal. El concesionario está obligado a aportar pruebas evidentes, indiscutibles. Esta cuestión de prueba es fundamental. (...)»
«(...) Sin embargo, como arriba se indicó, en el contrato materia de examen la tarifa no la fija de antemano el Estado, consultando la justa remuneración que debe recibir el concesionario, sino que por virtud del ordenamiento jurídico vigente, la va fijando el mismo concesionario en la medida en que presta el servicio y para lo cual debe tener en cuenta el mercado al cual concurren otros competidores que se supone estarán en igualdad de condiciones.
En realidad, los contratos aleatorios, por la contingencia que comportan, no presentan equivalencia de las obligaciones, de manera que no se da en ellos la figura del equilibrio de la ecuación contractual, concebida por la Ley 80 de 1993 como “la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar”, según el caso (art. 27). Por ende, no se da tampoco en ellos la medida de restablecimiento de dicho equilibrio por aplicación de la teoría de la imprevisión, máxime cuando esta se encuentra excluida por la ley mercantil respecto de este tipo de contratos”(59).
El tribunal comparte la interpretación del Consejo de Estado y por ello considera que respecto de los contratos aleatorios no procede el restablecimiento del equilibrio económico, pues en dichos contratos e contratista asume un alea(60).
El tribunal reitera que en el presente caso, el contrato de concesión que celebraron las partes debe ser calificado como aleatorio. En efecto, tal y como atrás se señaló, si bien las prestaciones que debe cumplir el concesionario están claramente determinadas en el contrato, la contraprestación a su favor no depende exclusivamente de su propio hecho. En efecto, la misma resulta de los pagos de las tarifas que realicen los usuarios del servicio de telefonía móvil celular, que no garantiza el Estado y cuyo valor puede variar independientemente del hecho tanto del Estado como del concesionario. Además, como también atrás se indicó, dichas tarifas no están sujetas a determinación por parte del Estado, pues existe libertad para que los concesionarios adopten el monto que les parezca más adecuado. Existe pues una contingencia de ganancia o pérdida y por ello, el concesionario no podía, al celebrar el contrato, determinar con certeza la utilidad o pérdida que resultaría del mismo.
Si se considera que el restablecimiento del equilibrio económico no cabe respecto de los contratos aleatorios, hay que concluir entonces que en el presente caso no es procedente la solicitud del convocante,
Adicionalmente, es pertinente señalar que en el presente caso el restablecimiento económico haría referencia a un factor —las utilidades de la convocante que serían gravadas por el impuesto sobre la renta y complementarios— lo cual precisamente depende del alea contractual, por lo que se confirma aún más la improcedencia del restablecimiento.
Por consiguiente, una modificación al impuesto sobre la renta que afecta aun contratista de la administración no constituye una alteración del equilibrio económico del contrato, pues el mismo no incide en las prestaciones del contrato, en el costo de las mismas, ni en el pago por parte de la administración, pues lo que grava es la renta que haya obtenido el contribuyente en un determinado período.
Una situación distinta podría plantearse en el caso de contribuciones específicas que afectan las prestaciones específicas de un determinado contrato. En tal caso deberá examinarse si ellas hacen más gravosas o no las prestaciones del contrato.
En el presente caso, la reforma legal que funda la reclamación de la convocante tiene por objeto establecer el mismo tratamiento para todas las personas, inclusive para los demás competidores privados que junto con Occel S.A. prestan el servicio público de telefonía móvil celular. Es decir, la ley no causa una desigualdad entre los administrados, sino busca establecer por el contrario, un tratamiento igualitario, que el legislador consideró necesario habida cuenta de las nuevas circunstancias en que se desarrollaría la prestación de los servicios públicos, tanto por entidades públicas como por entidades mixtas y por entidades privadas.
De otra parte, es claro para el tribunal que si se acude adicionalmente al artículo 90 de la Carta para precisar si procede o no el restablecimiento del equilibrio económico, se encuentra que la responsabilidad del Estado supone, según lo ha señalado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, un daño antijurídico imputable al Estado. En el presente caso considera el tribunal que no existe daño antijurídico, por cuanto el contratante no sufre un perjuicio que no esté obligado a soportar. En efecto, lo que sucedió fue que el legislador consideró que las empresas que prestan servicios públicos debían pagar los mismos impuestos que los demás contribuyentes. La ley no rompió ninguna igualdad sino que, por el contrario, la afirmó por considerar que en esta materia no se justifica más un tratamiento desigual.
Desde este punto de vista, la norma es un desarrollo del artículo 95 de la Constitución Política que impone como deberes de la persona y del ciudadano:
“9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
conceptos de justicia y equidad”.
De otro lado, para que haya una ruptura del equilibrio económico del contrato, es necesario que esté claramente establecido que el contratante sufre un daño, un perjuicio por razón del acto de la administración. Sin embargo, dicha situación no se presenta cuando el contratista tiene la posibilidad de ajustar sus ingresos o reducir sus gastos para evitar una lesión. No sobra recordar que en el célebre caso de la Cía. de Gaz de Bourdeaux, en el cual el concesionario vio incrementar sus costos por razón del aumento del precio en el carbón, la primera solicitud del concesionario consistió en pedir que se le permitiera aumentar las tarifas y ante la negativa de la administración solicitó una indemnización, la cual finalmente le fue concedida. En el presente caso considera el tribunal que ante los cambios en la ley tributaria, el contratista podía ajustar sus ingresos o reducir sus gastos, es decir, que no hay una ruptura directamente originada en la ley a la cual el contratante no pueda responder, como por la demás, la podría hacer y lo debe hacer cualquier empresario ante el cambio de la ley tributaria.
Finalmente, es preciso señalar que en el presente caso no se puede afirmar que el régimen de impuesto sobre la renta haya constituido o constituya una base del contrato. En efecto, los elementos de la obligación tributaria en cuanto se refiere a este impuesto, no tienen relación alguna con que se haya presentado una oferta y luego, con base en ella, se haya celebrado un contrato con una entidad estatal. El hecho generador de esa obligación tributaria consiste en la obtención por parte del sujeto pasivo, durante el respectivo período gravable, de ingresos de fuente nacional susceptibles de producir incremento patrimonial y no la adjudicación y celebración el contrato. Así mismo, el contrato en sí mismo tampoco constituye base gravable de dicho impuesto. (...)»
Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico de un contrato de concesión de carácter aleatorio para la prestación servicio público de telefonía móvil celular debido a la suspensión de una Ley de exención tributaria sobre un impuesto de renta que favorecía a la sociedad concesionaria, porque:
Al ser un contrato de carácter aleatorio, la remuneración que debe recibir el concesionario no la fija de antemano la entidad pública sino que la va fijando el mismo concesionario en la medida en que presta el servicio, para lo cual debe tener en cuenta el mercado en el que concurren otros competidores.
Si bien las prestaciones que debe cumplir el concesionario están claramente determinadas en el contrato, la contraprestación a su favor no depende exclusivamente de su propio hecho. En efecto, la misma resulta de los pagos de las tarifas que realicen los usuarios del servicio de telefonía móvil celular. Además, el concesionario tiene la posibilidad de ajustar el monto de dichas tarifas libremente –ajustar sus ingresos o reducir sus gastos para evitar una lesión-, por lo que existe una contingencia de ganancia o pérdida que el concesionario no puede determinar al celebrar el contrato.
Los contratos aleatorios, por la contingencia que comportan, no presentan equivalencia de las obligaciones, de manera que no se da en ellos la figura del equilibrio de la ecuación contractual pues en dichos contratos el contratista asume un alea.
La modificación al impuesto sobre la renta que afecta al contratista no constituye una alteración del equilibrio económico del contrato, debido a que el mismo no incide en las prestaciones del contrato, en el costo de las mismas, ni en el pago por parte de la administración, pues lo que grava es la renta que haya obtenido el contribuyente en un determinado período. Igualmente, no se trata de una contribución específica que altere únicamente las prestaciones de la sociedad concesionaria.
La reforma legal tiene por objeto establecer el mismo tratamiento para todas las personas que prestan el servicio público de telefonía móvil celular. Por tanto, la sociedad concesionaria no sufre un perjuicio que no esté obligado a soportar.
1. Deniéganse las pretensiones principales enlistadas en la demanda principal. 2. En relación con las pretensiones primeras subsidiarias de la demanda principal, el tribunal declara que no tiene competencia para decidir sobre ellas, por las razones expuestas a lo largo de este laudo. 3. Deniéganse las pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta enlistadas bajo el rubro “segundas subsidiarias”, por las razones expuestas en los considerandos de este laudo. 4. Respecto de la pretensión primera principal de la demanda de reconvención, declárase que se encuentra acreditado dentro del proceso el acto administrativo contenido en la Resolución 3276 del 5 de agosto de 1997, el cual de acuerdo con la ley goza de la presunción de legalidad y tiene vigencia mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativa no la suspenda o anule. En consecuencia, decláranse no probadas las excepciones propuestas respecto de esta pretensión. 5. Respecto de la pretensión segunda principal de la demanda de reconvención, declárase que el acto administrativo contenido en la Resolución 3276 del 5 de agosto de 1997, produce todos los efectos en cuanto revocó el acto ficto o presunto fruto del silencio administrativo positivo, protocolizado por Occel S.A., mediante escritura pública Nº 2141 de junio 25 de 1997, otorgada en la Notaría 3ª del Círculo de Medellín. En consecuencia, decláranse no probadas las excepciones propuestas, respecto de esta pretensión. 6. En relación con las pretensiones 3ª y 4ª principales de la demanda de reconvención, declárase probada la excepción de falta de competencia del tribunal para decidir sobre el alcance de ellas, por las razones expuestas en los considerandos de este laudo. 7. Respecto de todas las pretensiones subsidiarias de las pretensiones 1ª y 2ª principales de la demanda de reconvención, como estas fueron despachadas favorablemente, no hay lugar a que el tribunal se pronuncie sobre ellas ni sobre las excepciones propuestas, por sustracción de materia. 8. Deniéganse todas las demás pretensiones formuladas por las partes en la demanda principal y en la demanda de reconvención.
Artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Artículo 95 de la Constitución Política.
Contrato conmutativo. «(...) Lo que caracteriza el contrato conmutativo es que las prestaciones a que da nacimiento se conocen ciertamente desde el momento mismo de su celebración; cada parte sabe o está en capacidad de saber en ese instante el gravamen que se impone en beneficio de la otra y lo que recibe a cambio y determinar, en consecuencia, la utilidad o pérdida que el contrato le reporta. En el aleatorio, ocurre precisamente lo contrario, pues los contratantes no pueden prever en el momento de su celebración el alcance de sus prestaciones o la ganancia o la pérdida que derivan del contrato, puesto que ellas están subordinadas o dependen de una contingencia incierta”. De esta manera, para definir si un contrato es conmutativo o aleatorio es necesario determinar si desde el momento de la celebración del contrato, es posible determinar el alcance de los derechos y obligaciones que surgen del mismo o si ello no es posible, porque depende de una contingencia. (...)» Buena fe contractual. «(...) es una actitud que debe preceder al contrato, permanecer durante su ejecución y perdurar luego de su cumplimiento. Durante la ejecución del contrato debe estar presente, no sólo como una actitud vacía o de ausencia de conducta sino debe referirse a la economía del mismo para que prevalezca la ecuación financiera y no se altere el patrimonio de una de las partes, producto de un enriquecimiento injustificado de la otra parte. (...)» Equilibrio económico. «(...) el principio del equilibrio económico o financiero del contrato se realiza igualmente el principio de reciprocidad contractual, entendido como la reciprocidad en los derechos y las obligaciones que adquieren las partes entre sí. (...)» Ecuación financiera del contrato. «(...) la ecuación financiera del contrato es una figura de imperativo legal, que se aplica con independencia de que las partes la hubieren pactado o no”, por lo que a su juicio “es el propio legislador quien fija reglas tendientes a procurar el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato conmutativo cuando este se rompa en aquellos casos no imputables al contratista, por distintas circunstancias. Frente al mandato legal, mal podría el juez de dicho contrato desconocer, sin razón, tales preceptos normativos (…) La ecuación contractual se refiere a las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o al momento de contratar cuando se trate de contratación directa. Mediante la ecuación contractual se mantiene el valor adquisitivo del precio convenido inicialmente, protegiendo de este modo los intereses de los contratantes (...)»
Documento: TA-CCB-20000710
El restablecimiento del equilibrio económico no procede para contratos de carácter aleatorio..

References: artículo 365
 artículo 90
 artículo 95
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 27
 Artículo 95