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Timestamp: 2017-01-20 09:51:19+00:00

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LEY No. 18.046 Ley sobre sociedades anónimas.
(Publicado D.O. 22.10.1981)
Ministerio de Hacienda La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su
aprobación al siguiente PROYECTO DE LEY: Título I DE LA SOCIEDAD Y SU CONSTITUCION Art. 1. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un
fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes
y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La
sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de
negocios de carácter civil. Art. 2. Las sociedades anónimas pueden ser de dos clases: abiertas o cerradas. Son
sociedades anónimas abiertas aquellas que hacen oferta pública de sus acciones en
conformidad a la Ley de Mercado de Valores; aquellas que tienen 500 o más accionistas y
aquellas en las que a lo menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100
accionistas. Son sociedades anónimas cerradas las no comprendidas en el inciso anterior,
sin perjuicio de que voluntariamente puedan sujetarse a las normas que rigen a las
sociedades anónimas abiertas. Las sociedades anónimas abiertas quedarán sometidas a la
fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante la
Superintendencia, y deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y observar las
disposiciones legales especiales que les sean aplicables. Cada vez que en esta ley se haga
referencia a las sociedades sometidas a la fiscalización, al control o a la vigilancia de
la Superintendencia, o se empleen otras expresiones análogas se entenderá, salvo
mención expresa en contrario, que la remisión es a las sociedades anónimas abiertas.
Las disposiciones de la presente ley primarán sobre las de los estatutos de las
sociedades que dejen de ser cerradas, por haber cumplido con algunos de los requisitos
establecidos en el inciso segundo del presente artículo. Lo anterior es sin perjuicio de
la obligación de estas sociedades de adecuar sus estatutos a las normas de la presente
ley, conjuntamente con la primera modificación que en ellos se introduzca. Art. 3. La sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública inscrita
y publicada en los términos del artículo 5. El cumplimiento oportuno de la inscripción
y publicación producirá efectos retroactivos a la fecha de la escritura. Las actas de
las juntas generales de accionistas en que se acuerde modificar los estatutos sociales o
disolver la sociedad, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades indicadas
en el inciso anterior. No se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las
escrituras otorgadas en cumplimiento de los incisos anteriores, ni aun para justificar la
existencia de pactos no expresados en ellas. Art. 4. La escritura de la sociedad debe expresar: 1) El nombre, profesión y domicilio
de los accionistas que concurran a su otorgamiento; 2) El nombre y domicilio de la
sociedad; 3) La enunciación del o de los objetos específicos de la sociedad; 4) La
duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y, si nada se dice, tendrá este
carácter; 5) El capital de la sociedad, el número de acciones en que es dividido con
indicación de sus series y privilegios si los hubiere y si las acciones tienen o no valor
nominal; la forma y plazos en que los accionistas deben pagar su aporte, y la indicación
y valorización de todo aporte que no consista en dinero; 6) La organización y
modalidades de la administración social y de su fiscalización por los accionistas; 7) La
fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance y la época en que
debe celebrarse la junta ordinaria de accionistas; 8) La forma de distribución de las
utilidades; 9) La forma en que debe hacerse la liquidación; 10) La naturaleza del
arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran entre los accionistas
en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la
vigencia de la sociedad o durante su liquidación. Si nada se dijere, se entenderá que
las diferencias serán sometidas a la resolución de un árbitro arbitrador; 11) La
designación de los integrantes del directorio provisorio y de los auditores externos o de
los inspectores de cuentas, en su caso, que deberán fiscalizar el primer ejercicio
social; 12) Los demás pactos que acordaren los accionistas. Art. 5. Un extracto de la escritura social, autorizado por el notario respectivo,
deberá inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad
y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial. La inscripción y publicación
deberán efectuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la escritura
social. El extracto de la escritura de constitución deberá expresar: 1) El nombre,
profesión y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento; 2) El nombre,
el o los objetos, el domicilio y la duración de la sociedad; 3) El capital y número de
acciones en que se divide, con indicación de sus series y privilegios si los hubiere, y
si las acciones tienen o no valor nominal, y 4) Indicación del monto del capital suscrito
y pagado y plazo para enterarlo, en su caso. El extracto de una modificación deberá
expresar la fecha de la escritura y el nombre y domicilio del notario ante el cual se
otorgó. Sólo sera necesario hacer referencia al contenido de la reforma cuando se hayan
modificado algunas de las materias señaladas en el inciso precedente. Art. 5 A. Si en la escritura social se hubiere omitido el domicilio social se
entenderá domiciliada la sociedad en el lugar de otorgamiento de aquélla. En caso de
omisión de cualquiera de las designaciones referidas en el número 11) del artículo 4º,
podrá efectuarlas una junta general de accionistas de la sociedad. Art. 6. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 6º A, la sociedad anónima que no
sea constituida por escritura pública o en cuya escritura de constitución se omita
cualquiera de las menciones exigidas en los números 1, 2, 3 ó 5 del artículo 4º, o
cuyo extracto haya sido inscrito o publicado tardíamente o en el cual se haya omitido
cualquiera de las menciones que para él se exigen en el artículo 5º, es nula
absolutamente, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley. Declarada la nulidad
de la sociedad, ésta entrará en liquidación. La sociedad nula, sin embargo, gozará de
personalidad jurídica y será liquidada como una sociedad anónima si consta de escritura
pública o de instrumento reducido a escritura pública o protocolizado. De la misma
nulidad adolecerán las reformas de estatutos y el acuerdo de disolución de una sociedad
oportunamente inscritos y publicados pero en cuyos extractos se omita cualquiera de las
menciones exigidas en el artículo 5º; sin embargo, estas reformas y acuerdo producirán
efectos frente a los accionistas y terceros mientras no haya sido declarada su nulidad; la
declaración de esta nulidad no produce efecto retroactivo y sólo regirá para las
situaciones que ocurran a partir del momento en que quede ejecutoriada la resolución que
la contenga; todo sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley. Se equipara a la
omisión cualquiera disconformidad esencial que exista entre las escrituras y las
inscripciones o publicaciones de sus respectivos extractos. Se entiende por disconformidad
esencial aquella que induce a una errónea comprensión de la escritura extractada. Los
otorgantes del pacto declarado nulo responderán solidariamente a los terceros con quienes
hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad. Art. 6 A. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la sociedad anónima que
no conste de escritura pública, ni de instrumento reducido a escritura pública, ni de
instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada. No obstante
lo anterior, si existiere de hecho dará lugar a una comunidad entre sus miembros. Las
ganancias y pérdidas se repartirán y soportarán y la restitución de los aportes se
efectuará entre ellos con arreglo a lo pactado y, en subsidio, de conformidad a lo
establecido para las sociedades anónimas. Los miembros de la comunidad responderán
solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de
ésta; y no podrán oponer a los terceros la falta de los instrumentos mencionados en el
inciso primero. Los terceros podrán acreditar la existencia de hecho por cualquiera de
los medios probatorios que reconoce el Código de Comercio, y la prueba será apreciada de
acuerdo a las reglas de la sana crítica. La modificación cuyo extracto no haya sido
oportunamente inscrito y publicado no producirá efectos ni frente a los accionistas ni
frente a terceros, salvo el caso de saneamiento en conformidad a la ley y con las
restricciones que ésta impone. Dicha privación de efectos operará de pleno derecho, sin
perjuicio de la acción por enriquecimiento sin causa que proceda. Art. 7. La sociedad deberá mantener en la sede principal y en la de sus agencias o
sucursales a disposición de los accionistas, ejemplares actualizados de sus estatutos
firmados por el gerente, con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la
escritura de constitución y la de sus modificaciones, en su caso, y de los datos
referentes a sus legalizaciones. Deberá, asimismo, mantener una lista actualizada de los
accionistas, con indicación del domicilio y número de acciones de cada cual. Los
directores, el gerente, el liquidador o liquidadores en su caso, serán solidariamente
responsables de los perjuicios que causen a accionistas y terceros en razón de la falta
de fidelidad o vigencia de los documentos mencionados en el inciso precedente. Lo anterior
es sin perjuicio de las sanciones administrativas que además pueda aplicar la
Superintendencia a las sociedades anónimas abiertas. Título II DEL NOMBRE Y DEL OBJETO Art. 8. El nombre de la sociedad deberá incluir las palabras "Sociedad
Anónima" o la abreviatura "S.A.". Si el nombre de una sociedad fuere
idéntico o semejante al de otra ya existente esta última tendrá derecho a demandar su
modificación en juicio sumario. Art. 9. La sociedad podrá tener por objeto u objetos cualquiera actividad lucrativa
que no sea contraria a la ley, a la moral, al orden público o la seguridad del Estado. Título III DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS Art. 10. El capital de la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en los
estatutos y sólo podrá ser aumentado o disminuido por reforma de los mismos. No obstante
lo dispuesto en el inciso anterior, el capital y el valor de las acciones se entenderán
modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el
balance del ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las
acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Para los
efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el directorio, al someter el balance del
ejercicio a la consideración de la junta, deberá previamente distribuir en forma
proporcional la revalorización del capital propio entre las cuentas del capital pagado,
las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio. Art. 11. El capital social estará dividido en acciones de igual valor. Si el capital
estuviere dividido en acciones de distintas series, las acciones de una misma serie
deberán tener igual valor. El capital inicial deberá quedar totalmente suscrito y pagado
en un plazo no superior a tres años. Si así no ocurriere, al vencimiento de dicho plazo
el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Lo dispuesto
en el inciso anterior es sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales. Art. 12. Las acciones serán nominativas y su suscripción deberá constar por escrito
en la forma que determine el Reglamento. La transferencia se hará en conformidad a dicho
Reglamento, el cual determinará, además, las menciones que deben contener los títulos y
la manera como se reemplazarán aquellos perdidos o extraviados. A la sociedad no le
corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir
sin más trámite los traspasos que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las
formalidades mínimas que precise el Reglamento. En las sociedades abiertas la
Superintendencia resolverá administrativamente, con audiencia de las partes interesadas,
las dificultades que se produzcan con motivo de la tramitación e inscripción de un
traspaso de acciones. La Superintendencia podrá autorizar a las sociedades sometidas a su
control, para establecer sistemas que sustituyan la obligación de emitir títulos o que
simplifiquen en casos calificados la forma de efectuar las transferencias de acciones,
siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas. Art. 13. Se prohíbe la creación de acciones de industria y de organización. Art. 14. Los estatutos de las sociedades abiertas no podrán estipular disposiciones
que limiten la libre cesión de las acciones. Los pactos particulares entre accionistas
relativos a cesión de acciones, deberán ser depositados en la compañía a disposición
de los demás accionistas y terceros interesados, y se hará referencia a ellos en el
Registro de Accionistas. Si así no se hiciere, tales pactos se tendrán por no escritos. Art. 15. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. En el
silencio de los estatutos, se entenderá que el valor de las acciones de pago debe ser
enterado en dinero efectivo. Los directores y el gerente que aceptaren una forma de pago
de acciones distinta de la establecida en el inciso anterior, o a la acordada en los
estatutos, serán solidariamente responsables del valor de colocación de las acciones
pagadas en otra forma. Salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas, todos los aportes
no consistentes en dinero deberán ser estimados por peritos y en los casos de aumento de
capital será necesario además, que la junta de accionistas apruebe dichos aportes y
estimaciones. La falta del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior no podrá
hacerse valer pasados dos años contados desde la fecha de la escritura en la cual conste
el respectivo aporte. El cumplimiento de tales formalidades efectuado con posterioridad a
la escritura de aporte, sanea la nulidad. Art. 16. Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán reajustados
en la misma proporción en que varíe el valor de la unidad de fomento. Si el valor de las
acciones estuviere expresado en moneda extranjera, los saldos insolutos se pagarán en
dicha moneda o en moneda nacional al valor oficial de cambio que ella tuviere a la fecha
de pago. Si no existiere valor oficial de cambio se estará a lo que disponga el estatuto
social. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de iguales
derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les
corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que
concurrirán en proporción a la parte pagada. No obstante lo dispuesto en este inciso en
los estatutos sociales se podrá estipular una norma diferente. Art. 17. Cuando un accionista no pagare oportunamente el todo o parte de las acciones
por él suscritas, la sociedad podrá vender en una Bolsa de Valores Mobiliarios, por
cuenta y riesgo del moroso el número de acciones que sea necesario para pagarse de los
saldos insolutos y de los gastos de enajenación, reduciendo el título a la cantidad de
acciones que le resten. Lo anterior es sin perjuicio de cualquier otro arbitrio que,
además, se pudiere estipular en los estatutos. Art. 18. Las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos o
legatarios no las registren a nombre de ellos dentro del plazo de cinco años, contado
desde el fallecimiento del causante, serán vendidas por la sociedad en la forma, plazos y
condiciones que determine el Reglamento. Para efectuar estas ventas no regirán las
prohibiciones establecidas en la Ley No. 16.271 y los dineros que se obtengan
permanecerán a disposición de los herederos y legatarios de las respectivas sucesiones,
por el término de cinco años contado desde la fecha de la venta correspondiente y
durante este plazo devengarán los reajustes e intereses establecidos en el artículo 84
de esta ley. Vencido este plazo, los dineros pasarán a pertenecer a los Cuerpos de
Bomberos de Chile y se pagarán y distribuirán en la forma que señale el Reglamento. Art. 19. Los accionistas sólo son responsables del pago de sus acciones y no están
obligados a devolver a la caja social las cantidades que hubieren percibido a título de
beneficio. En caso de transferencia de acciones suscritas y no pagadas, el cedente
responderá solidariamente con el cesionario del pago de su valor, debiendo constar en el
título las condiciones de pago de la acción. Art. 20. Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. Las preferencias deberán
constar en los estatutos sociales y en los títulos de las acciones deberá hacerse
referencia a ellas. No podrá estipularse preferencias sin precisar el plazo de su
vigencia. Tampoco podrá estipularse preferencias que consistan en el otorgamiento de
dividendos que no provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas y de sus
respectivas revalorizaciones. Art. 21. Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente.
Sin embargo, los estatutos podrán contemplar series de acciones preferentes sin derecho a
voto o con derecho a voto limitado. No podrán establecerse series de acciones con derecho
a voto múltiple. Las acciones sin derecho a voto o las con derecho a voto limitado, en
aquellas materias que carezcan igualmente de derecho a voto, no se computarán para el
cálculo de los quórum de sesión o de votación en las juntas de accionistas. En los
casos en que existan series de acciones preferentes sin derecho a voto o con derecho a
voto limitado, tales acciones adquirirán pleno derecho a voto cuando la sociedad no haya
cumplido con las preferencias otorgadas en favor de éstas, y conservarán tal derecho
mientras no se haya dado total cumplimiento a dichas preferencias. En caso de duda, en las
sociedades anónimas abiertas, la adquisición del pleno derecho a voto será resuelta
administrativamente por la Superintendencia con audiencia del reclamante y de la sociedad,
y en las cerradas, por el árbitro o la justicia ordinaria en su caso, en procedimiento
sumario de única instancia y sin ulterior recurso. Las acciones pertenecientes a los
fondos mutuos tendrán derecho a voto sólo en las materias a que se refiere el artículo
67, con exclusión de las que pudieren incorporarse al estatuto de acuerdo a lo
establecido en el No. 11 de dicha disposición. Art. 22. La adquisición de acciones de una sociedad implica la aceptación de los
estatutos sociales, de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas, y la de pagar
las cuotas insolutas en el caso que las acciones adquiridas no estén pagadas en su
totalidad. Art. 23. La constitución de gravámenes y de derechos reales distintos al del dominio
sobre las acciones de una sociedad, no le serán oponibles a ésta, a menos que se le
hubiere notificado por ministro de fe, el cual deberá inscribir el derecho o gravamen en
el Registro de Accionistas. El embargo sobre acciones no priva a su dueño del pleno
ejercicio de los derechos sociales, excepto el de la libre cesión de las mismas que queda
sujeta a las restricciones establecidas en la ley común. En los casos de usufructo, las
acciones se inscribirán en el Registro de Accionistas a nombre del nudo propietario y del
usufructuario, expresándose la existencia, modalidades y plazos del usufructo. Salvo
disposición expresa en contrario de la ley o de la convención, el nudo propietario y el
usufructuario deberán actuar de consuno frente a la sociedad. En caso de que una o más
acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a
designar un apoderado de todos ellos para actuar ante la sociedad. Art. 24. Los acuerdos de las juntas de accionistas sobre aumentos de capital no podrán
establecer un plazo superior a tres años, contado desde la fecha de los mismos, para la
emisión, suscripción y pago de las acciones respectivas, cualquiera sea la forma de su
entero. Vencido este plazo sin que se haya enterado el aumento de capital, éste quedará
reducido a la cantidad efectivamente pagada. No obstante lo dispuesto en el inciso
precedente mientras estuviere pendiente una emisión de bonos convertibles en acciones,
deberá permanecer vigente un margen no suscrito del aumento del capital por la cantidad
de acciones que sea necesaria para cumplir con la opción, cuando ésta sea exigible
conforme a las condiciones de la emisión de los bonos. Art. 25. Las opciones para suscribir acciones de aumento de capital de la sociedad y de
debentures convertibles en acciones de la sociedad emisora, o de cualquiera otros valores
que confieran derechos futuros sobre estas acciones, deberán ser ofrecidas, a lo menos
por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean. En
la misma proporción serán distribuidas las acciones liberadas emitidas por la sociedad.
Este derecho es esencialmente renunciable y transferible. El derecho de preferencia de que
trata este artículo deberá ejercerse o transferirse dentro del plazo de 30 días contado
desde que se publique la opción en la forma y condiciones que determine el Reglamento. Art. 26. La sociedad podrá emitir acciones de pago y se ofrecerán al precio que
determine libremente la junta de accionistas. El mayor valor que se obtenga en la
colocación de acciones de pago por sobre el valor nominal si lo tuvieren, deberá
destinarse a ser capitalizado y no podrá ser distribuido como dividendo entre los
accionistas. Si por el contrario se produjere un menor valor, éste deberá registrarse
como pérdida en los resultados sociales. Art. 27. Las sociedades anónimas sólo podrán adquirir y poseer acciones de su propia
emisión cuando la adquisición: 1) Resulte del ejercicio del derecho de retiro referido
en el artículo 69; 2) Resulte de la fusión con otra sociedad, que sea accionista de la
sociedad absorbente; 3) Permita cumplir una reforma de estatutos de disminución de
capital, cuando la cotización de las acciones en el mercado fuere inferior al valor de
rescate que proporcionalmente corresponda pagar a los accionistas. Mientras las acciones
sean de propiedad de la sociedad, no se computarán para la constitución del quórum en
las asambleas de accionistas y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la
suscripción de aumentos de capital. Las acciones adquiridas de acuerdo con lo dispuesto
en los números 1) y 2) del presente artículo, deberán enajenarse en una bolsa de
valores dentro del plazo máximo de un año a contar de su adquisición y si así no se
hiciere, el capital quedará disminuido de pleno derecho. Para la enajenación de las
acciones deberá cumplirse con la oferta preferente a los accionistas a que se refiere el
artículo 25. Art. 28. Todo acuerdo de reducción de capital deberá ser adoptado por la mayoría
establecida en el inciso segundo del artículo 67, y no podrá procederse al reparto o
devolución de capital o a la adquisición de acciones con que dicha disminución pretenda
llevarse a efecto, sino transcurridos 30 días desde la fecha de publicación en el Diario
Oficial del extracto de la respectiva modificación. Dentro de los 10 días siguientes a
la publicación referida en el inciso anterior, deberá publicarse además un aviso
destacado en un diario de circulación nacional, en el que se informe al público del
hecho de la disminución de capital y de su monto. Art. 29. En caso de quiebra de la sociedad, los créditos de los acreedores sociales,
cualquiera sea la clase a que pertenezcan, prevalecerán sobre los que posean los
accionistas en razón de una disminución de capital y será aplicable el artículo 73 de
la Ley de Quiebras respecto de los pagos ya efectuados a éstos. Art. 30. Los accionistas deben ejercer sus derechos sociales respetando los de la
sociedad y los de los demás accionistas. Título IV DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD Art. 31. La administración de la sociedad anónima la ejerce un directorio elegido por
la junta de accionistas. Los estatutos de las sociedades anónimas deberán establecer un
número invariable de directores. La renovación del directorio será total y se
efectuará al final de su período, el que no podrá exceder de tres años. Los directores
podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. A falta de disposición expresa
de los estatutos, se entenderá que el directorio se renovará cada año. El directorio de
las sociedades anónimas cerradas no podrá estar integrado por menos de tres directores y
el de las sociedades anónimas abiertas por menos de cinco, y si en los estatutos nada se
dijere, se estará a estos mínimos. Art. 32. Los estatutos podrán establecer la existencia de directores suplentes, cuyo
número deberá ser igual al de los titulares. En este caso cada director tendrá su
suplente, que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia y en forma
transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. Los directores suplentes
siempre podrán participar en las reuniones del directorio con derecho a voz y sólo
tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. A los directores suplentes les serán
aplicables las normas establecidas para los titulares, salvo excepción expresa en
contrario o que de ellas mismas aparezca que no les son aplicables. Si se produjere la
vacancia de un director titular y la de su suplente, en su caso, deberá procederse a la
renovación total del directorio en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba
celebrar la sociedad y en el intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante. Art. 33. Los estatutos deberán determinar si los directores serán o no remunerados
por sus funciones y en caso de serlo la cuantía de las remuneraciones será fijada
anualmente por la junta ordinaria de accionistas. En la memoria anual que las sociedades
anónimas abiertas sometan al conocimiento de la junta ordinaria de accionistas, deberá
constar toda remuneración que los directores hayan percibido de la sociedad durante el
ejercicio respectivo, incluso las que provengan de funciones o empleos distintos del
ejercicio de su cargo, o por concepto de gastos de representación, viáticos, regalías
y, en general, todo otro estipendio. Estas remuneraciones especiales deberán presentarse
detallada y separadamente en la memoria, avaluándose aquellas que no consistan en dinero.
Art. 34. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la junta de
accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las
funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante, y
el directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de 30 días, una asamblea para
hacer el nombramiento. Art. 35. No podrán ser directores de una sociedad anónima: 1) Los menores de edad; 2)
Las personas afectadas por la revocación a que se refiere el artículo 77 de esta ley; 3)
Las personas encargadas reos o condenadas por delito que merezca pena aflictiva o de
inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, y los fallidos o los
administradores o representantes legales de personas fallidas encargadas reos o condenadas
por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203
y 204 de la Ley de Quiebras. La inhabilidad a que se refiere este número cesará desde
que el reo fuere sobreseído o absuelto; 4) Los funcionarios fiscales, semifiscales, de
empresas u organismos del Estado y de empresas de administración autónoma en las que el
Estado efectúe aportes o tenga representantes en su administración, en relación a las
entidades sobre las cuales dichos funcionarios ejercen, directamente y de acuerdo con la
ley, funciones de fiscalización o control. Las personas que adquieran la calidad de
funcionarios en los organismos o empresas públicas indicadas, cesarán automáticamente
en el cargo de director de una entidad fiscalizada o controlada. Art. 36. Además de los casos mencionados en el artículo anterior, no podrán ser
directores de una sociedad anónima abierta o de sus filiales: 1) Los senadores y
diputados; 2) Los ministros y subsecretarios de Estado, jefes de servicio y el directivo
superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos, con excepción de los cargos de
director de las sociedades anónimas abiertas en las que el Estado, según la ley, deba
tener representantes en su administración, o sea accionista mayoritario, directa o
indirectamente a través de organismos de administración autónoma, empresas fiscales,
semifiscales, de administración autónoma, o aquellas en que el Estado sea accionista
mayoritario; 3) Los funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros; 4) Los
corredores de bolsa y los agentes de valores, salvo en las bolsas de valores. Art. 37. La calidad de director se adquiere por aceptación expresa o tácita del
cargo. El director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo
o que incurriere en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él. Art. 38. El directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por la junta ordinaria
o extraordinaria de accionistas, no procediendo en consecuencia la revocación individual
o colectiva de uno o más de sus miembros. Art. 39. Las funciones de director de una sociedad anónima no son delegables y se
ejercen colectivamente, en sala legalmente constituida. Cada director tiene derecho a ser
informado plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el gerente o el que haga sus
veces, de todo lo relacionado con la marcha de la empresa. Este derecho debe ser ejercido
de manera de no afectar la gestión social. Los directores elegidos por un grupo o clase
de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que
los directores restantes, no pudiendo faltar a éstos y a aquélla a pretexto de defender
los intereses de quienes los eligieron. Art. 40. El directorio de una sociedad anónima la representa judicial y
extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario
acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y
disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta general
de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para
aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo
anterior no obsta a la representación que compete al gerente, conforme a lo dispuesto en
el artículo 49 de la presente ley. El directorio podrá delegar parte de sus facultades
en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión
de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Art. 41. Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y
diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán
solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus
actuaciones dolosas o culpables. Es nula toda estipulación del estatuto social y todo
acuerdo de la junta de accionistas que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de
los directores a que se refiere el inciso anterior. La aprobación otorgada por la junta
general de accionistas a la memoria y balance presentados por el directorio o a cualquier
otra cuenta o información general, no libera a los directores de la responsabilidad que
les corresponda por actos o negocios determinados; ni la aprobación específica de éstos
los exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa
leve, grave o dolo. Art. 42. Los directores no podrán: 1) Proponer modificaciones de estatutos y acordar
emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin
el interés social, sino sus propios intereses o los de terceros relacionados; 2) Impedir
u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la
de los ejecutivos en la gestión de la empresa; 3) Inducir a los gerentes, ejecutivos y
dependientes o a los inspectores de cuentas o auditores, a rendir cuentas irregulares,
presentar informaciones falsas y ocultar información; 4) Presentar a los accionistas
cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles informaciones esenciales; 5) Tomar
en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio, de sus parientes,
representados o sociedades a que se refiere el inciso segundo del artículo 44, los
bienes, servicios o créditos de la sociedad, sin previa autorización del directorio
otorgada en conformidad a la ley; 6) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados,
con perjuicio para la sociedad, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento
en razón de su cargo, y 7) En general, practicar actos ilegales o contrarios a los
estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí
o para terceros relacionados en perjuicio del interés social. Los beneficios percibidos
por los infractores a lo dispuesto en los tres últimos números de este artículo
pertenecerán a la sociedad, la que además deberá ser indemnizada por cualquier otro
perjuicio. Lo anterior, no obsta a las sanciones que la Superintendencia pueda aplicar en
el caso de sociedades sometidas a su control. Art. 43. Los directores están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de
la sociedad y de la información social a que tengan acceso en razón de su cargo y que no
haya sido divulgada oficialmente por la compañía. No regirá esta obligación cuando la
reserva lesione el interés social o se refiera a hechos u omisiones constitutivas de
infracción de los estatutos sociales, de la legislación aplicable a las sociedades
anónimas, o de sus normas complementarias. Art. 44. Una sociedad anónima sólo podrá celebrar actos o contratos en los que uno o
más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. Los acuerdos que al
respecto adopte el directorio serán dados a conocer en la próxima junta de accionistas
por el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su citación. Se
presume de derecho que existe interés de un director en toda negociación, acto, contrato
u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, o las sociedades o empresas en las cuales sea
director o dueño directo o a través de otras personas naturales o jurídicas de un 10% o
más de su capital. No se entenderá que actúan como representantes de otra persona, los
directores de las sociedades filiales designadas por la matriz, ni aquellos que
representen al Estado, a los organismos de administración autónoma, empresas fiscales,
semifiscales o de administración autónoma que, conforme a la ley, deben tener
representantes en la administración de la sociedad o ser accionistas mayoritarios de
ésta. La infracción a este artículo no afectará la validez de la operación, pero
además de las sanciones administrativas en su caso y penales que correspondan, otorgará
a la sociedad, a los accionistas o a los terceros interesados, el derecho de exigir
indemnización por los perjuicios ocasionados y pedir el reembolso a la sociedad por el
director interesado, de una suma equivalente a los beneficios que a él, a sus parientes o
a sus representados les hubieren reportado dichas negociaciones. Art. 45. Se presume la culpabilidad de los directores respondiendo, en consecuencia,
solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad, accionistas o terceros, en los
siguientes casos: 1) Si la sociedad no llevare sus libros o registros; 2) Si se
repartieren dividendos provisorios habiendo pérdidas acumuladas, respecto de los
directores que concurrieron al acuerdo respectivo; 3) Si la sociedad ocultare sus bienes,
reconociere deudas supuestas o simulare enajenaciones. Se presume igualmente la
culpabilidad del o de los directores que se beneficien en forma indebida, directamente o a
través de otra persona natural o jurídica de un negocio social que, a su vez, irrogue
perjuicio a la sociedad. Art. 46. El directorio deberá proporcionar a los accionistas y al público, las
informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la
Superintendencia determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la
sociedad. Si la infracción a esta obligación causa perjuicio a la sociedad, a los
accionistas o a terceros, los directores infractores serán solidariamente responsables de
los perjuicios causados. Lo anterior no obsta a las sanciones administrativas que pueda
aplicar, en su caso, la Superintendencia y a las demás penas que establezca la ley. Art. 47. Las reuniones del directorio se constituirán con la mayoría absoluta del
número de directores titulares establecidos en los estatutos y los acuerdos se adoptarán
por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de
empate, y salvo que los estatutos dispongan otra cosa, decidirá el voto del que presida
la reunión. Los estatutos podrán establecer quórum superiores a los señalados. El
Reglamento determinará y los estatutos especificarán la forma en que deberá efectuarse
la citación a reunión del directorio de la sociedad y la frecuencia mínima de su
celebración. En las sociedades anónimas abiertas, la Superintendencia por resolución
fundada, podrá requerir al directorio para que sesione a fin de que se pronuncie sobre
las materias que someta a su decisión. Art. 48. Las deliberaciones y acuerdos del directorio se escriturarán en un libro de
actas por cualesquiera medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad que no podrá haber
intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad
del acta, que será firmada por los directores que hubieren concurrido a la sesión. Si
alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta
correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o
impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo
expresado en los incisos precedentes y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los
acuerdos a que ella se refiere. El director que quiera salvar su responsabilidad por
algún acto o acuerdo del directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición,
debiendo darse cuenta de ello en la próxima junta ordinaria de accionistas por el que
presida. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene
el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. Art. 49. Las sociedades anónimas tendrán uno o más gerentes designados por el
directorio, el que les fijará sus atribuciones y deberes, pudiendo sustituirlos a su
arbitrio. Al gerente o gerente general en su caso, corresponderá la representación
judicial de la sociedad, estando legalmente investido de las facultades establecidas en
ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, y tendrá derecho a voz
en las reuniones de directorio, respondiendo con los miembros de él de todos los acuerdos
perjudiciales para la sociedad y los accionistas, cuando no constare su opinión contraria
en el acta. El cargo de gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador
de la sociedad y en las sociedades anónimas abiertas, también con el de director. Art. 50. A los gerentes y a las personas que hagan sus veces, les serán aplicables las
disposiciones de esta ley referente a los directores en lo que sean compatibles con las
responsabilidades propias del cargo o función, y en especial, las contempladas en los
artículos 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, según el caso. Es de responsabilidad del
gerente la custodia de los libros y registros sociales y que éstos sean llevados con la
regularidad exigida por la ley y sus normas complementarias. Título V DE LA FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION Art. 51. Las juntas ordinarias de las sociedades anónimas cerradas deberán nombrar
anualmente dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes, o bien auditores externos
independientes con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros
estados financieros, debiendo informar por escrito a la próxima junta ordinaria sobre el
cumplimiento de su mandato. Los inspectores de cuentas podrán, además, vigilar las
operaciones sociales y fiscalizar las actuaciones de los administradores y el fiel
cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y estatutarios. Art. 52. La junta ordinaria de accionistas de las sociedades anónimas abiertas deberá
designar anualmente auditores externos independientes con el objeto de examinar la
contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad, y con la
obligación de informar por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el
cumplimiento de su mandato. Los estatutos podrán establecer, además, en forma permanente
o transitoria, la existencia de inspectores de cuentas, para los fines y con las
facultades indicadas en el artículo anterior. Art. 53. El Reglamento determinará los requisitos, derechos obligaciones, funciones y
demás atribuciones relativas a los auditores externos e inspectores de cuentas, los
cuales podrán concurrir a las juntas generales de accionistas con derecho a voz pero sin
derecho a voto. Los auditores externos responderán hasta de la culpa leve por los
perjuicios que causaren a los accionistas con ocasión de sus actuaciones, informes u
omisiones. Los auditores externos de las sociedades anónimas abiertas deberán ser
elegidos de entre los inscritos en el registro que, para este fin llevará la
Superintendencia de Valores y Seguros y quedarán sujetos a su fiscalización. Art. 54. La memoria, balance, inventario, actas, libros y los informes de los auditores
externos y, en su caso, de los inspectores de cuentas, quedarán a disposición de los
accionistas para su examen en la oficina de la administración de la sociedad durante los
15 días anteriores a la fecha señalada para la junta de accionistas. Los accionistas
sólo podrán examinar dichos documentos en el término señalado. Durante el período
indicado en el inciso anterior, estos accionistas tendrán el derecho de examinar iguales
antecedentes de las sociedades filiales, en la forma, plazo y condiciones que señale el
Reglamento. No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, con la aprobación de las
tres cuartas partes de los directores en ejercicio, podrá darse el carácter de reservado
a ciertos documentos que se refieran a negociaciones aún pendientes que al conocerse
pudieran perjudicar el interés social. Los directores que dolosa o culpablemente
concurran con su voto favorable a la declaración de reserva, responderán solidariamente
de los perjuicios que ocasionaren. Título VI DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Art. 55. Los accionistas se reunirán en juntas ordinarias o extraordinarias. Las
primeras se celebrarán una vez al año, en la época fija que determinen los estatutos,
para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento sin que sea necesario
señalarlas en la respectiva citación. Las segundas podrán celebrarse en cualquier
tiempo, cuando así lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de
cualquiera materia que la ley o los estatutos entreguen al conocimiento de las juntas de
accionistas y siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente.
Cuando una junta extraordinaria deba pronunciarse sobre materias propias de una junta
ordinaria, su funcionamiento y acuerdo se sujetarán en lo pertinente, a los quórum
aplicables a esta última clase de juntas. Art. 56. Son materias de la junta ordinaria: 1) El examen de la situación de la
sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la
aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones
financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad; 2) La
distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de
dividendos; 3) La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del
directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración, y 4) En
general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria. Art. 57. Son materias de junta extraordinaria: 1) La disolución de la sociedad; 2) La
transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos; 3) La
emisión de bonos o debentures convertibles en acciones; 4) La enajenación del activo
fijo y pasivo de la sociedad o del total de su activo; 5) El otorgamiento de garantías
reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren
sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación de directorio será suficiente, y 6) Las
demás materias que por ley o por los estatutos, correspondan a su conocimiento o a la
competencia de las juntas de accionistas. Las materias referidas en los números 1), 2),
3) y 4) sólo podrán acordarse en junta celebrada ante notario, quien deberá certificar
que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Art. 58. Las juntas serán convocadas por el directorio de la sociedad. El directorio
deberá convocar: 1) A junta ordinaria, a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a
la fecha del balance, con el fin de conocer de todos los asuntos de su competencia; 2) A
junta extraordinaria siempre que, a su juicio, los intereses de la sociedad lo
justifiquen; 3) A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo
soliciten accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con
derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta; 4) A junta
ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera la
Superintendencia, con respecto a las sociedades sometidas a su control, sin perjuicio de
su facultad para convocarlas directamente. Las juntas convocadas en virtud de la solicitud
de accionistas o de la Superintendencia, deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días
a contar de la fecha de la respectiva solicitud. Art. 59. La citación a la junta de accionistas se efectuará por medio de un aviso
destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces en días distintos en el
periódico del domicilio social que haya determinado la junta de accionistas o a falta de
acuerdo o en caso de suspensión o desaparición de la circulación del periódico
designado, en el Diario Oficial, en el tiempo, forma y condiciones que señale el
Reglamento. En las sociedades abiertas, además, deberá enviarse una citación por correo
a cada accionista con una anticipación mínima de 15 días a la fecha de la celebración
de la junta, la que deberá contener una referencia a las materias a ser tratadas en ella.
La omisión de la obligación a que se refiere el inciso anterior no afectará la validez
de la citación, pero los directores, liquidadores y gerente de la sociedad infractora
responderán de los perjuicios que causaren a los accionistas, no obstante las sanciones
administrativas que la Superintendencia pueda aplicarles. Art. 60. Podrán celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las
formalidades requeridas para su citación. Art. 61. Las juntas se constituirán en primera citación, salvo que la ley o los
estatutos establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o
representadas, cualquiera que sea su número, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría
absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto. Los avisos de la
segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la junta a
efectuarse en primera citación y en todo caso, la nueva junta deberá ser citada para
celebrarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada para la junta no efectuada.
Las juntas serán presididas por el presidente del directorio o por el que haga sus veces
y actuará como secretario el titular de este cargo, cuando lo hubiere, o el gerente en su
defecto. Art. 62. Solamente podrán participar en las juntas y ejercer sus derechos de voz y
voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de
anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva junta. Los titulares de
acciones sin derecho a voto, así como los directores y gerentes que no sean accionistas,
podrán participar en las juntas generales con derecho a voz. Para los efectos de esta
ley, se entiende por acciones sin derecho a voto aquellas que tengan este carácter por
disposición legal o estatutaria. Art. 63. Las sociedades anónimas abiertas deberán comunicar a la Superintendencia la
celebración de toda junta de accionistas, con una anticipación no inferior a 15 días.
La Superintendencia, en las sociedades anónimas abiertas, podrá suspender por
resolución fundada la citación a junta de accionistas y la junta misma, cuando fuere
contraria a la ley, a los reglamentos o a los estatutos. La Superintendencia podrá
hacerse representar en toda junta de una sociedad sometida a su control, con derecho a voz
y en ella su representante resolverá administrativamente sobre cualquiera cuestión que
se suscite, sea con relación a la calificación de poderes o a cualquiera otra que pueda
afectar la legitimidad de la junta o la validez de sus acuerdos. Art. 64. Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas por medio de otra
persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por
escrito, por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular a la fecha
señalada en el artículo 62. El Reglamento señalará el texto del poder para la
representación de acciones en las juntas y las normas para la calificación. Art. 65. El ejercicio del derecho a voto y del derecho a opción por acciones
constituidas en prenda, corresponderá al deudor prendario, y por acciones gravadas con
usufructo, al usufructuario y al nudo propietario, conjuntamente, salvo estipulación en
contrario. Art. 66. En las elecciones que se efectúen en las juntas, los accionistas podrán
acumular sus votos en favor de una sola persona, o distribuirlos en la forma que estimen
conveniente, y se proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación resulten
con mayor número de votos, hasta completar el número de cargos por proveer. Si
existieren directores titulares y suplentes, la sola elección de un titular implicará la
del suplente que se hubiere nominado previamente para aquél. Lo dispuesto en los incisos
precedentes no obsta a que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a
voto, se omita la votación y se proceda a elegir por aclamación. Art. 67. Los acuerdos de la junta extraordinaria de accionistas que impliquen reforma
de los estatutos sociales o el saneamiento de la nulidad de modificaciones de ellos
causada por vicios formales, deberán ser adoptados con la mayoría que determinen los
estatutos, la cual, en las sociedades cerradas, no podrá ser inferior a la mayoría
absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Requerirán del voto conforme de las
dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto, los acuerdos relativos a
las siguientes materias: 1) La transformación de la sociedad, la división de la misma y
su fusión con otra sociedad; 2) La modificación del plazo de duración de la sociedad
cuando lo hubiere; 3) La disolución anticipada de la sociedad; 4) El cambio de domicilio
social; 5) La disminución del capital social; 6) La aprobación de aportes y estimación
de bienes no consistentes en dinero; 7) La modificación de las facultades reservadas a la
junta de accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del directorio; 8) La
disminución del número de miembros de su directorio; 9) La enajenación del activo y
pasivo de la sociedad o del total de su activo; 10) La forma de distribuir los beneficios
sociales; 11) Las demás que señalen los estatutos, y 12) El saneamiento de la nulidad,
causada por vicios formales, de que adolezca la constitución de la sociedad o una
modificación de sus estatutos sociales que comprenda una o más materias de las
señaladas en los números anteriores. Las reformas de estatutos que tengan por objeto la
creación, modificación o supresión de preferencias, deberán ser aprobadas con el voto
conforme de las dos terceras partes de las acciones de la serie o series afectadas. Art. 68. Las acciones pertenecientes a accionistas que durante un plazo superior a
cinco años no hubieren cobrado los dividendos que la sociedad hubiere distribuido, ni
asistido a las juntas de accionistas que se hubieren celebrado, no serán consideradas
para los efectos del quórum y de las mayorías requeridas en las juntas. Cuando haya
cesado uno de los hechos mencionados, esas acciones deberán considerarse nuevamente para
los fines antes señalados. Art. 69. La aprobación por la junta de accionistas de alguna de las materias que se
indican más adelante, concederá al accionista disidente el derecho a retirarse de la
sociedad, previo pago por aquélla del valor de sus acciones. Considérase accionista
disidente a aquel que en la respectiva junta se hubiere opuesto al acuerdo que da derecho
a retiro, o que, no habiendo concurrido a la junta, manifieste su disidencia por escrito a
la sociedad, dentro del plazo establecido en el artículo siguiente. El precio a pagar por
la sociedad al accionista disidente que haga uso del derecho a retiro será, en las
sociedades anónimas cerradas, el valor de libros de la acción y en las abiertas, el
valor de mercado de la misma, determinados en la forma que fije el Reglamento. Los
acuerdos que dan origen al derecho a retiro de la sociedad son: 1) La transformación de
la sociedad; 2) La fusión de la sociedad; 3) La enajenación del activo y pasivo de la
sociedad o del total de su activo; 4) La creación de preferencias para una serie de
acciones o el aumento o la reducción de las ya existentes. En este caso, tendrán derecho
a retiro únicamente los accionistas disidentes de la o las series afectadas; 5)El
saneamiento de la nulidad causada por vicios formales de que adolezca la constitución de
la sociedad o alguna modificación de sus estatutos que diere este derecho. 6)Los demás
casos que establezcan los estatutos. Art. 69 bis. Tratándose de sociedades anónimas abiertas en las que el Estado,
directamente o por intermedio de sus empresas, instituciones descentralizadas, autónomas,
municipales o a través de cualquier persona jurídica, fuere controlador y mientras
mantenga esa calidad en dichas sociedades, podrá ejercerse por los restantes accionistas
el derecho a retiro de la sociedad si, en conformidad a las disposiciones del Título XIV
de la ley No. 18.045, sus acciones hubieren estado clasificadas en primera clase y
posteriormente fueren clasificadas como de segunda clase o sin información suficiente,
por dos entidades clasificadoras de riesgo que deban evaluar sus acciones de acuerdo a la
ley citada, basadas en razones que afectaren negativa y substancialmente su rentabilidad y
derivadas de alguna de las siguientes causales: a) cuando se dicten normas en materia
tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o produzcan o relativas al
acceso a los mercados, o se modifiquen las normas existentes; b) cuando la autoridad
determine un precio de los bienes o servicios que ofrezcan o adquieran, diferente al
precio fijado y calculado según los procedimientos establecidos por las leyes, o al
convenido entre el proveedor del servicio y el usuario, que altere negativamente al que se
tuvo en consideración al clasificar las acciones como de primera clase; c) cuando la
sociedad esté sujeta a fijación de tarifas o de precios de los servicios o bienes que
ofrezca o produzca y los administradores determinen fijar un valor menor por ellos, que
altere negativamente al que se tuvo en consideración al clasificar las acciones como de
primera clase; d) la determinación de sus administradores de adquirir materias primas u
otros bienes o servicios necesarios para su giro que incidan en sus costos, en términos o
condiciones más onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se
ofrecen en el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y
especialidad que la sociedad requiera; e) la determinación de los administradores de la
sociedad de iniciar proyectos importantes de inversión sin tener en cuenta una
rentabilidad adecuada, considerando las características y el riesgo del proyecto, y f) la
realización de acciones de fomento o ayuda o el otorgamiento directo o indirecto de
subsidios de parte de la sociedad que no hubieren sido considerados a la época de la
clasificación de las acciones como de primera clase, siempre que no le fueren otorgados,
directa o indirectamente, por el Estado, los recursos suficientes para su financiamiento.
El derecho a retiro establecido en el inciso segundo del artículo 106 del decreto ley No.
3.500, respecto de las administradoras de fondos de pensiones, podrá también ser
ejercido por los accionistas a que se refiere el artículo 56 del decreto con fuerza de
ley No. 251, de 1931, y los indicados en el inciso anterior. El derecho a retiro de que
tratan este artículo, el artículo 106 del decreto ley No. 3.500, de 1980, y el artículo
56 del decreto con fuerza de ley No. 251, de 1931, deberá ser ejercido por el accionista
dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del acuerdo
desaprobatorio o clasificaciones pertinentes. En los casos en que se origine el derecho a
retiro, sea en virtud de esta ley o de otras leyes, será obligación de la sociedad
emisora efectuar una publicación mediante un aviso destacado en un diario de amplia
circulación nacional y remitir una comunicación a los accionistas con derecho,
informando sobre esta circunstancia y sobre el plazo para su ejercicio, dentro de los dos
días siguientes a la fecha en que nazca el derecho a retiro. Para ejercer el derecho a
retiro, el accionista deberá manifestarlo por escrito a la sociedad emisora dentro del
plazo indicado en el inciso anterior, y comprenderá las acciones que poseía inscritas a
su nombre en el Registro de Accionistas a la fecha de publicación del acuerdo o
clasificaciones correspondientes. El precio a pagar por la sociedad al accionista que
ejerza el derecho a retiro, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del decreto
ley No. 3.500, de 1980, en el artículo 56 del decreto con fuerza de ley No. 251, de 1931,
o en el inciso primero de este artículo será el equivalente al precio promedio ponderado
de las transacciones bursátiles de las acciones de que se trate, en los seis meses
precedentes al día de la publicación del acuerdo desaprobatorio de la Comisión
Clasificadora de Riesgo o clasificación de las entidades clasificadoras, según
corresponda, que motiva el retiro. Para el cálculo del precio promedio ponderado, deberá
considerarse la variación experimentada por la unidad de fomento entre el día de cada
transacción y el día precedente al de la publicación del acuerdo o clasificaciones
correspondientes. Sin embargo, el precio a pagar al accionista que ejerza el derecho a
retiro cuando las acciones de la sociedad dejen de tener transacción bursátil o si
teniéndola, no alcancen a establecer un valor de acuerdo a las normas que se dicten por
la Superintendencia al efecto, será el valor de libros, conforme se determina en el
Reglamento de esta ley. El pago del precio deberá efectuarse dentro de los 60 días
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo a que se refiere el inciso tercero de este
artículo. Si no se pagare dentro de dicho término, el precio deberá expresarse en
unidades de fomento y devengará intereses corrientes para operaciones reajustables, a
contar del vencimiento del plazo antes señalado. Para el cobro del mismo, tendrá mérito
ejecutivo la certificación que otorgue la Superintendencia respecto de las publicaciones
que hayan hecho las clasificadoras de riesgo o la Comisión, en su caso, y el título de
las acciones o el documento que haga sus veces. Asimismo, gozará de igual mérito la
certificación de la Superintendencia acerca de la copia del acta, o de una parte de ella,
a que se refiere el inciso siguiente. Si los accionistas que ejercieren el derecho a
retiro representaren un porcentaje igual o superior a un tercio de las acciones emitidas,
el directorio deberá citar a junta extraordinaria de accionistas, dentro de los 60 días
siguientes de transcurrido el plazo a que se refiere el inciso tercero de este artículo,
a fin de que la sociedad representada por su directorio, convenga con los accionistas
disidentes que representen el voto conforme de los dos tercios de las acciones que hayan
ejercido el derecho a retiro, las condiciones y plazos para el pago de la deuda que se
genere como consecuencia de ello. Este acuerdo será obligatorio para los demás
accionistas disidentes. Para los accionistas que no hubieren ejercido el derecho a retiro,
esta junta tendrá el carácter de informativa y estos accionistas no serán considerados
para efectos de quórum ni tendrán derecho a voto. El accionista disidente podrá
renunciar a hacer efectivo su derecho a retiro, hasta antes de que la sociedad le efectúe
el pago o que la sociedad y los accionistas disidentes acuerden el convenio de pago, a que
se refiere el inciso penúltimo de este artículo. Art. 70. El derecho a retiro en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior,
deberá ser ejercido por el accionista disidente dentro del plazo de 30 días contado
desde la fecha de celebración de la junta de accionistas que adoptó el acuerdo que lo
motiva, en la forma que determine el Reglamento. El derecho a retiro sólo comprende las
acciones que el accionista disidente poseía inscritas a su nombre en el Registro de
Accionistas de la sociedad, a la fecha que determina su derecho a participar en la junta
en que se adoptó el acuerdo al que se opuso. Art. 71. El directorio podrá convocar a una nueva junta que deberá celebrarse a más
tardar dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo señalado en el
artículo 70, a fin de que ésta reconsidere o ratifique los acuerdos que motivaron el
ejercicio del derecho a retiro. Si en dicha junta se revocaren los mencionados acuerdos,
caducará el referido derecho a retiro. El precio de las acciones se pagará sin recargo
alguno dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la celebración de la junta en que
se tomó el acuerdo que motivó el retiro. Si no se pagare dentro de dicho término, el
precio deberá expresarse en unidades de fomento y devengará intereses corrientes a
contar del vencimiento del plazo antes señalado. Art. 72. De las deliberaciones y acuerdos de las juntas se dejará constancia en un
libro de actas, el que será llevado por el secretario, si lo hubiere, o en su defecto,
por el gerente de la sociedad. Las actas serán firmadas por quienes actuaron de
presidente y secretario de la junta, y por tres accionistas elegidos en ella, o por todos
los asistentes si éstos fueren menos de tres. Se entenderá aprobada el acta desde el
momento de su firma por las personas señaladas en el inciso anterior y desde esa fecha se
podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. Si alguna de las personas
designadas para firmar el acta estimara que ella adolece de inexactitudes u omisiones,
tendrá derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. Las
deliberaciones y acuerdos de las juntas se escriturarán en el libro de actas respectivo
por cualquier medio, siempre que éstos ofrezcan seguridad que no podrá haber
del acta. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones que sobre estas materias
competen a la Superintendencia respecto de las entidades sometidas a su control. Título VII DEL BALANCE, DE OTROS ESTADOS Y REGISTROS FINANCIEROS Y DE LA DISTRIBUCION DE LAS
UTILIDADES Art. 73. Los asientos contables de la sociedad se efectuarán en registros permanentes,
de acuerdo con las leyes aplicables, debiendo llevarse éstos de conformidad con
principios de contabilidad de aceptación general. Art. 74. Las sociedades anónimas confeccionarán anualmente su balance general al 31
de diciembre o a la fecha que determinen los estatutos. El directorio deberá presentar a
la consideración de la junta ordinaria de accionistas una memoria razonada acerca de la
situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general, del
estado de ganancias y pérdidas y del informe que al respecto presenten los auditores
externos o inspectores de cuentas, en su caso. Todos estos documentos deberán reflejar
con claridad la situación patrimonial de la sociedad al cierre del ejercicio y los
beneficios obtenidos o las pérdidas sufridas durante el mismo. En las sociedades
abiertas, la memoria incluirá como anexo una síntesis fiel de los comentarios y
proposiciones que formulen accionistas que posean o representen el 10% o más de las
acciones emitidas con derecho a voto, relativas a la marcha de los negocios sociales y
siempre que dichos accionistas así lo soliciten. Asimismo, en toda información que
envíe el directorio de las sociedades abiertas a los accionistas en general, con motivo
de citación a junta, solicitudes de poder, fundamentación de sus decisiones y otras
materias similares, deberán incluirse los comentarios y proposiciones pertinentes que
hubieren formulado los accionistas mencionados en el inciso anterior. El Reglamento
determinará la forma, plazo y modalidades a que deberá sujetarse este derecho y las
obligaciones de información de la posición de las minorías a que se refieren los
incisos anteriores. Art. 75. En una fecha no posterior a la del primer aviso de una convocatoria para la
junta ordinaria, el directorio de una sociedad anónima abierta deberá enviar a cada uno
de los accionistas inscritos en el respectivo registro, una copia del balance y de la
memoria de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas.
La Superintendencia podrá autorizar a aquellas sociedades que tengan un gran número de
accionistas para limitar el envío de dichos documentos a aquellos que tengan un número
de acciones superior a un mínimo determinado y en todo caso, a aquellos que lo hubieren
solicitado previamente a la sociedad. En las sociedades anónimas cerradas, el envío de
la memoria y balance se efectuará sólo a aquellos accionistas que así lo soliciten. Si
el balance general y el estado de ganancias y pérdidas fueren modificados por la junta,
las modificaciones, en lo pertinente, se enviarán a los accionistas dentro de los 15
días siguientes a la fecha de la junta. Art. 76. Las sociedades anónimas abiertas deberán publicar las informaciones que
determine la Superintendencia sobre sus balances generales y estados de ganancias y
pérdidas debidamente auditados, en un diario de amplia circulación en el lugar del
domicilio social, con no menos de 10 ni más de 20 días de anticipación a la fecha en
que se celebre la junta que se pronunciará sobre los mismos. Asimismo, los documentos
señalados en el inciso anterior deberán presentarse dentro de ese mismo plazo a la
Superintendencia, en el número de ejemplares que ésta determine. Si el balance y cuentas
de ganancias y pérdidas fueren alteradas por la junta, las modificaciones, sin perjuicio
de la obligación establecida en el artículo anterior, se publicarán en el mismo diario
en que se hubieren publicado dichos documentos de acuerdo al inciso primero, dentro de los
15 días siguientes a la fecha de la junta. Si estos mismos documentos fueren observados
por la Superintendencia, ésta podrá disponer la publicación de sus observaciones en la
forma que ella determine. Lo anterior es sin perjuicio de las otras facultades que
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas otorguen a la Superintendencia. Art. 77. La junta de accionistas llamada a decidir sobre un determinado ejercicio, no
podrá diferir su pronunciamiento respecto de la memoria, balance general y estados de
ganancias y pérdidas que le hayan sido presentados, debiendo resolver de inmediato sobre
su aprobación, modificación o rechazo y sobre el monto de los dividendos que deberán
pagarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 81 de esta ley. Si la junta
rechazare el balance, en razón de observaciones específicas y fundadas, el directorio
deberá someter uno nuevo a su consideración para la fecha que ésta determine, la que no
podrá exceder de 60 días a contar de la fecha del rechazo. Si la junta rechazare el
nuevo balance sometido a su consideración, se entenderá revocado el directorio, sin
perjuicio de las responsabilidades que resulten. En la misma oportunidad se procederá a
la elección de uno nuevo. Los directores que hubieren aprobado el balance que motivó su
revocación, quedarán inhabilitados para ser reelegidos por el período completo
siguiente. Art. 78. Los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades líquidas del
ejercicio, o de las retenidas, provenientes de balances aprobados por junta de
accionistas. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si la sociedad tuviere
pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarán primeramente a
absorberlas. Si hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán absorbidas con las
utilidades retenidas, de haberlas. Art. 79. Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la
unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la
proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el
30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. En las sociedades anónimas cerradas se
estará a lo que determinen los estatutos y si éstos nada dijeren, se les aplicará la
norma precedente. En todo caso, el directorio podrá, bajo la responsabilidad personal de
los directores que concurran al acuerdo respectivo distribuir dividendos provisorios
durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiere
pérdidas acumuladas. Art. 80. La parte de las utilidades que no sea destinada por la junta a dividendos
pagaderos durante el ejercicio, ya sea como dividendos mínimos obligatorios o como
dividendos adicionales, podrá en cualquier tiempo ser capitalizada, previa reforma de
estatutos, por medio de la emisión de acciones liberadas o por el aumento del valor
nominal de las acciones, o ser destinada al pago de dividendos eventuales en ejercicios
futuros. Las acciones liberadas que se emitan, se distribuirán entre los accionistas a
prorrata de las acciones inscritas en el registro respectivo el quinto día hábil
anterior a la fecha del reparto. Salvo estipulación en contrario, la prenda que gravare a
determinadas acciones se extenderá a las acciones liberadas que a éstas correspondieren
en la distribución proporcional. Art. 81. El pago de los dividendos mínimos obligatorios que corresponda de acuerdo a
la ley o a los estatutos, será exigible transcurridos 30 días contados desde la fecha de
la junta que aprobó la distribución de las utilidades del ejercicio. El pago de los
dividendos adicionales que acordare la junta, se hará dentro del ejercicio en que se
adopte el acuerdo y en la fecha que ésta determine o en la que fije el directorio, si la
junta le hubiere facultado al efecto. El pago de los dividendos provisorios se hará en la
fecha que determine el directorio. Los dividendos serán pagados a los accionistas
inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a las fechas
establecidas para su solución. Art. 82. Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por la unanimidad de
las acciones emitidas, los dividendos deberán pagarse en dinero. Sin embargo, en las
sociedades anónimas abiertas se podrá cumplir con la obligación de pagar dividendos, en
lo que exceda a los mínimos obligatorios, sean éstos legales o estatutarios, otorgando
opción a los accionistas para recibirlos en dinero, en acciones liberadas de la propia
emisión o en acciones de sociedades anónimas abiertas de que la empresa sea titular. El
dividendo opcional deberá ajustarse a condiciones de equidad, información y demás que
determine el Reglamento. Sin embargo, en el silencio del accionista, se entenderá que
éste opta por dinero. Art. 83. La Superintendencia, en las sociedades anónimas abiertas, y un notario, en
las cerradas, podrán certificar a petición de la parte interesada, una copia del acta de
la junta o del acuerdo del directorio, o la parte pertinente de la misma, en que se haya
acordado el pago de dividendos. Esa copia certificada y el o los títulos de las acciones
o el documento que haga sus veces, en su caso, constituirán título ejecutivo en contra
de la sociedad para demandar el pago de esos dividendos, todo ello sin perjuicio de las
demás acciones y sanciones judiciales o administrativas que correspondiere aplicar en su
contra y en la de sus administradores. Art. 84. Los dividendos devengados que la sociedad no hubiere pagado o puesto a
disposición de sus accionistas, dentro de los plazos establecidos en el artículo 81, se
reajustarán de acuerdo a la variación que experimente el valor de la unidad de fomento
entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, y devengarán
intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. Art. 85. Los dividendos y demás beneficios en efectivo no reclamados por los
accionistas dentro del plazo de cinco años desde que se hayan hecho exigibles,
pertenecerán a los Cuerpos de Bomberos de Chile. El Reglamento determinará la forma en
que se procederá al pago y distribución de dichas cantidades. Título VIII DE LAS FILIALES Y COLIGADAS Art. 86. Es sociedad filial de una sociedad anónima, que se denomina matriz, aquella
en la que ésta controla directamente o a través de otra persona natural o jurídica más
del 50% de su capital con derecho a voto o del capital, si no se tratare de una sociedad
por acciones o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar a la mayoría de sus
directores o administradores. La sociedad en comandita será también filial de una
anónima, cuando ésta tenga el poder para dirigir u orientar la administración del
gestor. Art. 87. Es sociedad coligada con una sociedad anónima aquella en la que ésta, que se
denomina coligante, sin controlarla, posee directamente o a través de otra persona
natural o jurídica el 10% o más de su capital con derecho a voto o del capital, si no se
tratare de una sociedad por acciones, o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar
por lo menos un miembro del directorio o de la administración de la misma. La sociedad en
comandita será también coligada de una anónima, cuando ésta pueda participar en la
designación del gestor o en la orientación de la gestión de la empresa que éste
ejerza. Art. 88. Las sociedades filiales y coligadas de una sociedad anónima no podrán tener
participación recíproca en sus respectivos capitales, ni en el capital de la matriz o de
la coligante, ni aun en forma indirecta a través de otras personas naturales o
jurídicas. La participación recíproca que ocurra en virtud de incorporación, fusión,
división o adquisición del control por una sociedad anónima, deberá constar en las
respectivas memorias y terminar en el plazo de un año desde que el evento ocurra. Esta
prohibición también regirá aun cuando la matriz o la coligante, en su caso, no fuere
una sociedad anónima, siempre que sí lo sea a lo menos una de sus filiales o coligadas.
Para estos efectos y para los del artículo siguiente, se aplicarán los conceptos
precisados en los artículos 86 y 87 de esta ley. Art. 89. Las operaciones entre sociedades coligadas, entre la matriz y sus filiales,
las de éstas últimas entre sí, o con las coligadas, y las que efectúe una sociedad
anónima abierta, ya sea directamente o a través de otras entidades pertenecientes a su
grupo empresarial, con sus personas relacionadas, definidas en la ley No. 18.045, deberán
observar condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el
mercado. Los administradores de una y otras serán responsables de las pérdidas o
perjuicios que pudieren causar a la sociedad que administren por operaciones hechas con
infracción a este artículo. También se aplicará lo dispuesto en este artículo, aun
cuando la matriz o la coligante, en su caso, no fuere una sociedad anónima. Art. 90. En la memoria anual, el directorio deberá señalar las inversiones de la
sociedad en sociedades coligadas o filiales y las modificaciones ocurridas en ellas
durante el ejercicio, debiendo dar a conocer a los accionistas, los balances de dichas
empresas y una memoria explicativa de sus negocios. En todo caso, la existencia de
inversiones en sociedades filiales obliga a la sociedad matriz a confeccionar el balance
anual en forma consolidada y el dividendo mínimo establecido en el artículo 79 de esta
ley deberá calcularse sobre las utilidades líquidas consolidadas. Las notas explicativas
de las inversiones deberán contener información precisa sobre las sociedades coligadas y
filiales, en la forma que determine el Reglamento. Art. 91. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Superintendencia
podrá establecer normas sobre las materias a que dicho artículo se refiere, aplicables a
las sociedades sometidas a su control, especialmente respecto de la valorización de las
inversiones. Art. 92. Los directores de una sociedad matriz, aunque no sean miembros del directorio
de una sociedad filial o administradores de la misma, podrán asistir con derecho a voz, a
las reuniones de dichos directorios o a las de los administradores, en su caso, y tendrán
además, facultad para imponerse de los libros y antecedentes de la sociedad filial. Art. 93. Las operaciones de la sociedad filial en que algún director de la sociedad
matriz u otra de las personas mencionadas en el artículo 44 tuviere interés, según lo
dispuesto en el mismo precepto, sólo podrán celebrarse en la forma y condiciones y
sujetas a las sanciones de dicha disposición. Los acuerdos que se adopten serán dados a
conocer en la primera junta ordinaria de accionistas de ambas sociedades, por quienes las
presidan. Título IX DE LA DIVISION, TRANSFORMACION Y FUSION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Art. 94. La división de una sociedad anónima consiste en la distribución de su
patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyan al efecto,
correspondiéndole a los accionistas de la sociedad dividida, la misma proporción en el
capital de cada una de las nuevas sociedades que aquella que poseían en la sociedad que
se divide. Art. 95. La división debe acordarse en junta general extraordinaria de accionistas en
la que deberán aprobarse las siguientes materias: 1) La disminución del capital social y
la distribución del patrimonio de la sociedad entre ésta y la nueva o nuevas sociedades
que se crean 2) La aprobación de los estatutos de la o de las nuevas sociedades a
constituirse, los que podrán ser diferentes a los de la sociedad que se divide, en todas
aquellas materias que se indiquen en la convocatoria. Esta aprobación incorpora de pleno
derecho a todos los accionistas de la sociedad dividida en la o las nuevas sociedades que
se formen. Art. 96. La transformación es el cambio de especie o tipo social de una sociedad,
efectuado por reforma de sus estatutos subsistiendo su personalidad jurídica. Art. 97. En la transformación de otros tipos o especies de sociedades en sociedades
anónimas, sólo deberá cumplirse con las formalidades señaladas en el artículo 5 de
esta ley y si se tratare de transformación en sociedades anónimas especiales con las que
específicamente se hubiere consignado para éstas. Si la transformación fuere de
sociedad anónima a otro tipo o especie de sociedad, deberá cumplirse con las
formalidades propias de ambos tipos sociales. Art. 98. La transformación de sociedades en comandita o colectivas en sociedades
anónimas, no libera a los socios gestores o colectivos de la sociedad transformada de su
responsabilidad por las deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación
de la sociedad, salvo respecto de los acreedores que hayan consentido expresamente en
ella. Art. 99. La fusión consiste en la reunión de dos o más sociedades en una sola que
las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad
del patrimonio y accionistas de los entes fusionados. Hay fusión por creación, cuando el
activo y pasivo de dos o más sociedades que se disuelven, se aporta a una nueva sociedad
que se constituye. Hay fusión por incorporación, cuando una o más sociedades que se
disuelven, son absorbidas por una sociedad ya existente, la que adquiere todos sus activos
y pasivos. En estos casos, no procederá la liquidación de las sociedades fusionadas o
absorbidas. Aprobados en junta general los balances auditados y los informes periciales
que procedieren de las sociedades objeto de la fusión y los estatutos de la sociedad
creada o de la absorbente, en su caso, el directorio de ésta deberá distribuir
directamente las nuevas acciones entre los accionistas de aquéllas, en la proporción
correspondiente. Art. 100. Ningún accionista, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad
de tal con motivo de un canje de acciones, fusión, incorporación, transformación o
división de una sociedad anónima. Título X DE LA QUIEBRA, DISOLUCION Y LIQUIDACION Art. 101. El directorio de la sociedad que ha cesado en el pago de una o más de sus
obligaciones o que ha sido declarada en quiebra por resolución ejecutoriada, deberá
citar a junta de accionistas para ser celebrada dentro de los 30 días siguientes de
acaecidos estos hechos, para informar ampliamente sobre la situación legal, económica y
financiera de la sociedad. Cuando una sociedad anónima abierta cesare en el pago de una o
más de sus obligaciones, el gerente o el directorio en su ausencia, deberá dar aviso el
día siguiente hábil a la Superintendencia. Igual comunicación deberá enviar si algún
acreedor de la sociedad solicitare la quiebra de ella, sin perjuicio de que el juzgado
ante el cual se entablare la acción deberá poner este hecho en conocimiento de la
Superintendencia, como asimismo, comunicarle la declaratoria posterior de quiebra. Art. 102. Para los efectos del artículo 203 de la Ley de Quiebras, se presume el
conocimiento de los directores, liquidadores y gerentes de la sociedad anónima fallida,
en los siguientes casos: 1) Si la sociedad hubiere celebrado convenios privados con
algunos acreedores en perjuicio de los demás, y 2) Si después de la cesación de pago,
la sociedad ha pagado a un acreedor, en perjuicio de los demás, anticipando o no el
vencimiento de su crédito. Art. 103. La sociedad anónima se disuelve: 1) Por el vencimiento del plazo de su
duración, si lo hubiere; 2) Por reunirse todas las acciones en manos de una sola persona;
3) Por acuerdo de junta general extraordinaria de accionistas; 4) Por revocación de la
autorización de existencia de conformidad con lo que disponga la ley; 5) Por sentencia
judicial ejecutoriada en el caso de las sociedades no sometidas a la fiscalización de la
Superintendencia en razón de esta ley o de otras leyes, y 6) Por las demás causales
contempladas en el estatuto. Art. 104. En los casos que esta ley u otras leyes establezcan que una sociedad requiere
de autorización de existencia para su formación, la Superintendencia podrá revocar
dicha autorización por las causales que en ellas se indiquen y, en todo caso, por
infracción grave de ley, de reglamento o de las normas que les sean aplicables. Art. 105. Las sociedades anónimas a que se refiere el No. 5 del artículo 103 de la
presente ley, podrán ser disueltas por sentencia judicial ejecutoriada, cuando
accionistas que representen a lo menos un 20% de su capital así lo demandaren, por
estimar que existe causa para ello, tales como infracción grave de ley, de reglamento o
demás normas que les sean aplicables que causare perjuicio a los accionistas o a la
sociedad; declaración de quiebra de la sociedad, administración fraudulenta u otras de
igual gravedad. El tribunal procederá breve y sumariamente y apreciará la prueba en
conciencia. Art. 106. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 133, se presumen culpables y
serán solidariamente responsables de los perjuicios que eventualmente se causaren a los
accionistas, los directores y el gerente de una sociedad que haya sido disuelta por
sentencia judicial ejecutoriada o revocada por resolución fundada de la Superintendencia,
a menos que constare expresamente su falta de participación o su oposición al o los
hechos que han servido de fundamento a la resolución judicial o administrativa. Art. 107. Una sociedad anónima sometida al control de la Superintendencia en razón de
esta ley o de otras leyes, no inscribirá, sin el visto bueno de ésta, la transferencia o
transmisión de acciones que determine la disolución de la compañía, por el hecho de
pasar todas las acciones de la sociedad al dominio de una sola persona. La
Superintendencia no otorgará su autorización sino cuando se hayan tomado las medidas
Art. 108. Cuando la disolución se produzca por vencimiento del término de la
sociedad, por reunión de todas las acciones en una sola mano, o por cualquiera causal
contemplada en el estatuto, el directorio consignará estos hechos por escritura pública
dentro del plazo de treinta días de producidos y un extracto de ella será inscrito y
publicado en la forma prevista en el artículo 5. Cuando la disolución se origine por
resolución de revocación de la Superintendencia o por sentencia judicial ejecutoriada,
en su caso el directorio deberá hacer tomar nota de esta circunstancia al margen de la
inscripción de la sociedad y publicar por una sola vez un aviso en el Diario Oficial,
informando de esta ocurrencia. Transcurridos 60 días de acaecidos los hechos antes
indicados sin que se hubiera dado cumplimiento a las formalidades establecidas en los
incisos precedentes, cualquier director, accionista o tercero interesado podrá dar
cumplimiento a ellas. La falta de cumplimiento de las exigencias establecidas en los
incisos anteriores hará solidariamente responsables a los directores de la sociedad por
el daño y perjuicios que se causaren con motivo de ese incumplimiento. Art. 109. La sociedad anónima disuelta subsiste como persona jurídica para los
efectos de su liquidación, quedando vigentes sus estatutos en lo que fuere pertinente. En
este caso deberá agregar a su nombre o razón social las palabras "en
liquidación". Durante la liquidación, la sociedad sólo podrá ejecutar los actos y
celebrar los contratos que tiendan directamente a facilitarla, no pudiendo en caso alguno
continuar con la explotación del giro social. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá
que la sociedad puede efectuar operaciones ocasionales o transitorias de giro, a fin de
lograr la mejor realización de los bienes sociales. Art. 110. Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación por una comisión
liquidadora elegida por la junta de accionistas en la forma dispuesta por el artículo 66,
la cual fijará su remuneración. De igual manera se procederá para la liquidación de
las sociedades declaradas nulas. Si la sociedad se disolviere por reunirse las acciones en
manos de una sola persona, no será necesaria la liquidación. Si la disolución de la
sociedad hubiere sido decretada por sentencia ejecutoriada, la liquidación se practicará
por un solo liquidador elegido por la junta general de accionistas de una quina que le
presentará el tribunal, en aquellos casos en que la ley no encomiende dicha función a la
Superintendencia o a otra autoridad. Art. 111. Salvo acuerdo unánime en contrario de las acciones emitidas con derecho a
voto y lo dispuesto en el artículo anterior, la comisión liquidadora estará formada por
tres liquidadores. La comisión liquidadora designará un presidente de entre sus
miembros, quien representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente y si hubiere un
solo liquidador, en él se radicarán ambas representaciones. Los liquidadores durarán en
sus funciones el tiempo que determinen los estatutos, la junta de accionistas o la
justicia ordinaria en su caso, plazo que no podrá exceder de tres años y si nada se
dijere, la duración será precisamente de tres años. Si el liquidador hubiere sido
designado por la justicia ordinaria, vencido su período se procederá a designar al
reemplazante en la forma que se establece en el inciso final del artículo precedente. Los
liquidadores podrán ser reelegidos por una vez en sus funciones. Art. 112. Los liquidadores no podrán entrar en funciones sino una vez que estén
cumplidas todas las solemnidades que la ley señala para la disolución de la sociedad.
Entretanto, el último directorio deberá continuar a cargo de la administración de la
sociedad. A los liquidadores les serán aplicables, en lo que corresponda, los artículos
de esta ley referentes a los directores. Art. 113. La junta de accionistas podrá revocar en cualquier tiempo el mandato de los
liquidadores por ella designados, salvo cuando hubieren sido elegidos de las quinas
propuestas por la Superintendencia o la justicia, casos en los cuales la revocación no
surtirá efecto mientras no cuente con la aprobación de la Superintendencia o de la
justicia, según corresponda. Art. 114. La comisión liquidadora o el liquidador, en su caso, sólo podrán ejecutar
los actos y contratos que tiendan directamente a efectuar la liquidación de la sociedad,
representarán judicial y extrajudicialmente a ésta y estarán investidos de todas las
facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como
privativos de las juntas de accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial
alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan
esta circunstancia. No obstante lo anterior las juntas que se celebren con posterioridad a
la disolución o la que la acuerde, podrán limitar la facultad de los liquidadores
señalando específicamente sus atribuciones o aquellas que se les suprimen. El acuerdo
pertinente deberá reducirse a escritura pública y anotarse al margen de la inscripción
social. Cuando la liquidación sea efectuada por liquidadores propuestos por el tribunal o
por la Superintendencia, o directamente por esta última, en su caso, los liquidadores
actuarán legalmente investidos de todas las facultades necesarias para el adecuado
cumplimiento de su misión no pudiendo la junta restringírselas o limitárselas de manera
alguna. La representación judicial a que se refiere este artículo es sin perjuicio de la
que tiene el presidente de la comisión liquidadora o el liquidador, en su caso, conforme
al artículo 111 de esta ley. En ambos casos, la representación judicial comprenderá
todas las facultades establecidas en los dos incisos del artículo 7 del Código de
Procedimiento Civil. Art. 115. Durante la liquidación, continuarán reuniéndose las juntas ordinarias y en
ellas se dará cuenta por los liquidadores del estado de la liquidación y se acordarán
las providencias que fueren necesarias para llevarla a cumplido término. Los liquidadores
enviarán, publicarán y presentarán los balances y demás estados financieros que
establece la presente ley y sus normas complementarias. Los liquidadores convocarán
extraordinariamente a junta general, de conformidad con el artículo 58 de esta ley. Las
funciones de la comisión liquidadora o del liquidador en su caso, no son delegables. Con
todo, podrán delegar parte de sus facultades en uno o más liquidadores si fueren varios,
y para objetos especialmente determinados, en otras personas. Cuando la liquidación la
practique el Superintendente por sí o por delegados, convocará a junta de accionistas
sólo cuando lo estime necesario o se lo soliciten para fines de información accionistas
que posean a lo menos el 10% de las acciones emitidas. Concluida la liquidación,
comunicará esta circunstancia por tres avisos consecutivos en un periódico del domicilio
social y proporcionará una información general del proceso de liquidación a aquellos
accionistas que lo soliciten dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de
publicación del último aviso. Art. 116. Los repartos que se efectúen durante la liquidación, deberán pagarse en
dinero a los accionistas, salvo acuerdo diferente adoptado en cada caso por la unanimidad
de las acciones emitidas. No obstante lo anterior, la junta extraordinaria de accionistas,
por los dos tercios de las acciones emitidas, podrán aprobar que se efectúen repartos
opcionales, siempre que las opciones ofrecidas sean equitativas, informadas y se ajusten a
las condiciones que determine el Reglamento. Art. 117. La sociedad sólo podrá hacer repartos por devolución de capital a sus
accionistas, una vez asegurado el pago o pagadas las deudas sociales. Los repartos
deberán efectuarse a lo menos trimestralmente y en todo caso, cada vez que en la caja
social se hayan acumulado fondos suficientes para pagar a los accionistas una suma
equivalente, a lo menos, al 5% del valor de libros de sus acciones, aplicándose lo
dispuesto en el artículo 84 de esta ley. Los repartos deberán ser pagados a quienes sean
accionistas el quinto día hábil anterior a las fechas establecidas para su solución.
Los repartos no cobrados dentro del plazo de cinco años desde que se hayan hecho
exigibles, pertenecerán a los Cuerpos de Bomberos de Chile y el Reglamento determinará
la forma en que se procederá al pago y distribución de dichas cantidades. Art. 118. Los liquidadores que concurran con su voto serán solidariamente responsables
de los daños o perjuicios causados a los acreedores de la sociedad a consecuencia de los
repartos de capital que efectuaren. Art. 119. La Superintendencia, en las sociedades sujetas a su fiscalización, en casos
graves y calificados y a petición de accionistas que representen a lo menos el 10% de las
acciones emitidas, podrá citar u ordenar se cite a junta de accionistas, con el objeto de
que ésta modifique el régimen de liquidación y designe un solo liquidador de la quina
que se le presentará al efecto. En las sociedades cerradas, corresponderá ejercer este
derecho ante la justicia ordinaria, la que resolverá con audiencia de la sociedad,
conforme al procedimiento establecido para los incidentes. Se presume de derecho que
existe caso grave y calificado, cuando el proceso de liquidación no se termine dentro de
los seis años siguientes a la disolución de la sociedad, o en el plazo menor que la
junta de accionistas determine al momento de nombrar la comisión liquidadora. Lo
dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la facultad conferida al Superintendente
en la ley para efectuar la liquidación por sí o por delegados respecto de determinadas
sociedades. Art. 120. Cuando la liquidación sea efectuada por liquidadores delegados del
Superintendente o designados a propuesta de éste o de la justicia, la remuneración total
de éstos no podrá ser inferior al 1/2% del total del activo, ni superior al 3% de los
repartos que se hagan a los accionistas, sin perjuicio de la facultad de la junta de
accionistas para fijarles una remuneración superior. Cuando la liquidación sea efectuada
por la Superintendencia o sus funcionarios, la remuneración pertenecerá a la
Superintendencia y constituirá un ingreso propio de ésta. Título XI DE LAS AGENCIAS DE SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS Art. 121. Para que una sociedad anónima extranjera pueda constituir agencia en Chile,
su agente o representante deberá protocolizar en una notaría del domicilio que ésta
tendrá en Chile, en el idioma oficial del país de origen, traducidos al español si no
estuvieren en ese idioma, los siguientes documentos emanados del país en que se haya
constituido, debidamente legalizados: 1) Los antecedentes que acrediten que se encuentra
legalmente constituida de acuerdo a la ley del país de origen y un certificado de
vigencia de la sociedad; 2) Copia auténtica de los estatutos vigentes, y 3) Un poder
general otorgado por la sociedad al agente que ha de representarla en el país, en el que
consten la personería del mandante y se exprese en forma clara y precisa que el agente
obra en Chile bajo la responsabilidad directa de la sociedad, con amplias facultades para
ejecutar operaciones en su nombre y en que se le otorguen expresamente las facultades a
que se refiere el inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Art. 122. Por escritura pública de la misma fecha y ante el mismo notario ante el cual
se efectúe la protocolización a que se refiere el artículo anterior, el agente deberá
declarar a nombre de la sociedad y con poder suficiente para ello: 1) El nombre con que la
sociedad funcionará en Chile y el objeto u objetos de ella; 2) Que la sociedad conoce la
legislación chilena y los reglamentos por los cuales habrán de regirse en el país, sus
agencias, actos, contratos y obligaciones; 3) Que los bienes de la sociedad quedan afectos
a las leyes chilenas, especialmente para responder de las obligaciones que ella haya de
cumplir en Chile; 4) Que la sociedad se obliga a mantener en Chile bienes de fácil
realización para atender a las obligaciones que hayan de cumplirse en el país; 5) Cuál
es el capital efectivo que va a tener en el país para el giro de sus operaciones y la
fecha y forma en que éste ha de ingresar en la caja de la agencia en Chile, y 6) Cuál es
el domicilio de la agencia principal. Art. 123. Un extracto de la protocolización y de la escritura a que se refieren los
artículos precedentes, debidamente certificado por el notario respectivo, en que conste
la fecha y número de la protocolización y de la escritura antes mencionada, el nombre de
la sociedad y aquel con que funcionará en Chile, el domicilio que tendrá en el país; el
capital de la agencia y el nombre del agente o representante, deberá inscribirse en el
Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la agencia principal y publicarse,
por una sola vez, en el Diario Oficial todo ello, dentro de los 60 días contados desde la
fecha de la protocolización. Art. 124. El agente deberá cumplir con las mismas formalidades señaladas en los
artículos anteriores de este Título, respecto de cualquiera modificación que se
produzca en relación con los documentos o declaraciones a que estas disposiciones se
refieren, excepto la mencionada en el No. 4 del artículo 122. El agente deberá publicar
el balance anual de la agencia en un diario del domicilio de ésta, dentro del
cuatrimestre siguiente a la fecha del cierre del ejercicio. Título XII DEL ARBITRAJE Art. 125. En los estatutos sociales se establecerá la forma como se designarán el o
los árbitros que conocerán las materias a que se refiere el No. 10 del artículo 4 de la
presente ley. En caso alguno podrá nominarse en ellos a una o más personas determinadas
como árbitros. El arbitraje que establece esta ley es sin perjuicio de que, al producirse
un conflicto, el demandante pueda sustraer su conocimiento de la competencia de los
árbitros y someterlo a la decisión de la justicia ordinaria. Título XIII DE LAS SOCIEDADES SUJETAS A NORMAS ESPECIALES Art. 126. Las compañías aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades anónimas
administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras sociedades que la ley
expresamente someta a los trámites que a continuación se indican, se forman, existen y
prueban por escritura pública, obtención de una resolución de la Superintendencia que
autorice su existencia e inscripción y publicación del certificado especial que otorgue
dicha Superintendencia. Las escrituras públicas deberán contener, a más de las
menciones generales exigidas por esta ley, las especiales requeridas por las leyes
particulares que las rijan. La Superintendencia deberá comprobar que estas sociedades
cumplen con las exigencias legales y económicas requeridas al efecto, para autorizar su
existencia. Las resoluciones que revoquen autorizaciones concedidas serán fundadas.
Aprobada la existencia de una sociedad, la Superintendencia expedirá un certificado que
acreditará tal circunstancia y contenga un extracto de las cláusulas del estatuto que
determine dicho organismo, el que se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio
social y se publicará en el Diario Oficial dentro del plazo de 60 días contado desde la
fecha de la resolución. Art. 127. La modificación de los estatutos de las sociedades a que se refiere el
artículo anterior y su disolución anticipada acordadas por sus respectivas juntas de
accionistas, luego de ser reducidas sus actas a escrituras públicas, deberán ser
aprobadas por la Superintendencia, efectuándose en lo pertinente la inscripción y
publicación indicadas en el artículo anterior. Art. 128. No existen las sociedades a que se refiere el artículo 126 en cuya
constitución se haya omitido la escritura, la resolución aprobatoria o la oportuna
inscripción y publicación del certificado que expida la Superintendencia, ni las
reformas en las que se haya incurrido en similares omisiones. Cualquiera disconformidad
que exista entre el certificado que otorgue la Superintendencia respectiva y su
inscripción o publicación originará la nulidad absoluta del pacto social o de los
acuerdos modificatorios en su caso. En lo no modificado, regirá lo dispuesto en el
artículo 6 de esta ley. Art. 129. Las sociedades a que se refiere el artículo 126 de esta ley se regirán por
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas abiertas
en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en los artículos precedentes de este Título y
a las disposiciones especiales que las rigen. Art. 130. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán constituirse
como sociedades anónimas especiales en conformidad a las disposiciones siguientes: Para
iniciar su constitución, los organizadores deberán presentar a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones un prospecto descriptivo de los aspectos esenciales
de la sociedad y de la forma como desarrollará sus actividades. Este prospecto será
calificado por el Superintendente especialmente en cuanto a la conveniencia de
establecerla. Aceptado un prospecto, se entregará un certificado provisional de
autorización a los organizadores, que los habilitará para realizar los trámites
conducentes a obtener la autorización de existencia de la sociedad y los actos
administrativos que tengan por objeto preparar su constitución y futuro funcionamiento.
Para ello, se considerará que la sociedad tiene personalidad jurídica desde el
otorgamiento del certificado. No podrá solicitarse la autorización de existencia de la
sociedad transcurridos diez meses desde la fecha de aquél. Dichos organizadores estarán
obligados a depositar en alguna institución bancaria o financiera y a nombre de la
sociedad administradora en formación los fondos que reciban en pago de suscripción de
acciones. Estos fondos sólo podrán girarse una vez que haya sido autorizada la
existencia de la sociedad y que entre en funciones su directorio. Los organizadores serán
personal y solidariamente responsables de la devolución de dichos fondos. Los
organizadores no podrán recibir remuneración alguna por el trabajo que ejecuten en tal
carácter. Art. 131. Solicitada la autorización de existencia y acompañada copia autorizada de
la escritura pública que contenga los estatutos, en la que deberá insertarse el
certificado a que se refiere el artículo anterior, el Superintendente de Administradoras
de Fondos de Pensiones comprobará la efectividad del capital de la empresa. Demostrado lo
anterior, dictará una resolución que autorice la existencia de la sociedad y apruebe sus
estatutos. La Superintendencia del ramo expedirá un certificado que acredite tal
circunstancia y contenga un extracto de los estatutos. El certificado se inscribirá en el
Registro de Comercio del domicilio social y se publicará en el Diario Oficial dentro del
plazo de 60 días contado desde la fecha de la resolución aprobatoria. Lo mismo deberá
hacerse con las reformas que se introduzcan a los estatutos o con las resoluciones que
aprueben o decreten la disolución anticipada de la sociedad. Art. 132. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones se rigen por las
disposiciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas en cuanto esas disposiciones
puedan conciliarse o no se opongan a las normas de la legislación especial a que se
encuentran sometidas. Título XIV DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Art. 133. La persona que infrinja esta ley, su reglamento o en su caso, los estatutos
sociales o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está
obligada a la indemnización de perjuicios. Lo anterior es sin perjuicio de las demás
sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan. Por las personas jurídicas
responderán además civil, administrativa y penalmente, sus administradores o
representantes legales, a menos que constare su falta de participación o su oposición al
hecho constitutivo de infracción. Los directores, gerentes y liquidadores que resulten
responsables en conformidad a los incisos anteriores, lo serán solidariamente entre sí y
con la sociedad que administren, de todas las indemnizaciones y demás sanciones civiles o
pecuniarias derivadas de la aplicación de las normas a que se refiere esta disposición. Art. 134. Los peritos, contadores o auditores externos que con sus informes,
declaraciones o certificaciones falsas o dolosas, indujeren a error a los accionistas o a
los terceros que hayan contratado con la sociedad, fundados en dichas informaciones o
declaraciones falsas o dolosas, sufrirán la pena de presidio o relegación menores en sus
grados medios a máximo y multa a beneficio fiscal por valor de hasta una suma equivalente
a 4.000 unidades de fomento. Título XV DISPOSICIONES VARIAS Art. 135. Cada sociedad deberá llevar un registro público indicativo de sus
presidentes, directores, gerentes o liquidadores, con especificación de las fechas de
iniciación y término de sus funciones. Las designaciones y anotaciones que consten en
dicho registro harán plena fe en contra de la sociedad, sea en favor de accionistas o de
terceros. Los directores, gerentes y liquidadores, en su caso, serán solidariamente
responsables de los perjuicios que causaren a accionistas y a terceros con ocasión de la
falta de fidelidad o vigencia de las informaciones contenidas en el registro a que se
refiere este artículo. Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que
pueda aplicar la Superintendencia a las sociedades anónimas abiertas. Art. 136. Cada vez que en esta ley se haga referencia a las condiciones de equidad, a
las imperantes en el mercado o a las ventajas o beneficios indebidos u otras similares,
debe entenderse que son aquellas imperantes en la misma época de su ocurrencia. Art. 137. Las disposiciones de esta ley primarán sobre cualquiera norma de los
estatutos sociales que les fuere contraria. Art. 138. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil: 1) Sustitúyese
el inciso final del artículo 2061 por el siguiente: "Sociedad anónima es aquella
formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables
sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros
esencialmente revocables.". 2) Sustitúyese el artículo 2064 por el siguiente:
"La sociedad anónima es siempre mercantil aun cuando se forme para la realización
de negocios de carácter civil.". 3) Sustitúyese el inciso final del artículo 2070
por el siguiente: "Sin embargo los socios comanditarios no estarán obligados a
colacionar los dividendos que hayan recibido de buena fe y los accionistas de sociedades
anónimas en caso alguno estarán obligados a devolver a la caja social las cantidades que
hubieren percibido a título de beneficio.". Art. 139. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley General de Bancos, cuyo
texto fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley No. 252, de 1960: a) Reemplázanse los
incisos primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 27 por los siguientes:
"Artículo 27. Las empresas bancarias deben constituirse como sociedades anónimas en
conformidad a la presente ley.". "Aceptado un prospecto, se entregará un
certificado provisional de autorización a los organizadores que los habilitará para
realizar los trámites conducentes a obtener la autorización de existencia de la sociedad
y los actos administrativos que tengan por objeto preparar su constitución y
funcionamiento. Para ello, se considerará que la sociedad tiene personalidad jurídica
desde el otorgamiento del certificado. No podrá solicitarse la autorización de
existencia de la sociedad transcurridos diez meses desde la fecha de aquél.".
"Los organizadores de una empresa bancaria deberán constituir una garantía igual al
diez por ciento del capital de la sociedad proyectada, mediante un depósito a la orden
del Superintendente en alguna institución fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras.". "Dichos organizadores estarán obligados a
depositar en alguna de las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia y a nombre
de la empresa bancaria en formación los fondos que reciban en pago de suscripción de
personal y solidariamente responsables de la devolución de dichos fondos y su
responsabilidad podrá hacerse efectiva sobre la garantía a que se refiere el inciso
anterior.". b) Reemplázanse los artículos 28 y 29 por los siguientes:
"Artículo 28. Solicitada la autorización de existencia y acompañada copia
autorizada de la escritura pública que contenga los estatutos, en la que deberá
insertarse el certificado a que se refiere el artículo anterior, el Superintendente
comprobará la efectividad del capital de la empresa. Demostrado lo anterior dictará una
resolución que autorice la existencia de la sociedad y apruebe sus estatutos. La
Superintendencia expedirá un certificado que acredite tal circunstancia y contenga un
extracto de los estatutos. El certificado se inscribirá en el Registro de Comercio del
domicilio social y se publicará en el Diario Oficial dentro del plazo de sesenta días
contado desde la fecha de la resolución aprobatoria. Lo mismo deberá hacerse con las
reformas que se introduzcan a los estatutos o con las resoluciones que aprueben o decreten
la disolución anticipada de la sociedad. Cumplidos los trámites a que se refiere el
inciso anterior, el Superintendente comprobará si la empresa bancaria se encuentra
preparada para iniciar sus actividades y, en caso afirmativo, le concederá la
autorización para funcionar y le fijará un plazo para iniciar sus actividades. Esta
autorización habilitará a la empresa para dar comienzo a sus operaciones, le conferirá
las facultades y le impondrá las obligaciones establecidas en esta ley.".
"Artículo 29. Los bancos constituidos en el extranjero, para establecer sucursal en
el país, deberán obtener de la Superintendencia un certificado provisional de
autorización en la forma señalada en el artículo 27. Para obtener su autorización
definitiva, deberán acompañar todos los documentos que las leyes y reglamentos requieren
para establecer una agencia de sociedad anónima extranjera. El Superintendente examinará
los estatutos de la empresa con el fin de establecer que no hay en ellos nada contrario a
la legislación chilena e investigará, además, por todos los medios que estime
convenientes, si la empresa es entidad que ofrezca suficiente garantía para que se le
pueda otorgar sin riesgo la autorización respectiva. Dictada la resolución que apruebe
el establecimiento de la sucursal, ésta y un extracto de los estatutos certificado por la
Superintendencia se inscribirán y publicarán en la forma y dentro del plazo a que se
refiere el artículo anterior. Lo mismo se hará con las modificaciones de estatutos de la
casa matriz en aspectos esenciales y con los aumentos de capital u otras modificaciones de
la agencia chilena, como asimismo con la resolución que apruebe el término anticipado o
decrete la revocación de la autorización. Verificada la radicación del capital en el
país y comprobado que se encuentra preparada para iniciar sus actividades, el
Superintendente otorgará a la sucursal la autorización para funcionar.". c)
Agrégase el siguiente artículo 63 nuevo: "Artículo 63. Los bancos se rigen por la
presente ley, y en subsidio, por las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas
abiertas en cuanto puedan conciliarse o no se opongan a sus preceptos. No se aplicarán a
los bancos las normas que la ley de sociedades anónimas contempla sobre las siguientes
materias: a) Exigencia de acuerdo de junta de accionistas para prestar avales o fianzas
simples y solidarias; b) Derecho de retiro anticipado de accionistas, y c) Consolidación
de balances.". d) Reemplázase el encabezamiento del artículo 64 por el siguiente:
"Artículo 64. Los estatutos de un banco deberán contener las siguientes
disposiciones, además de las exigidas a las sociedades anónimas:". e) Reemplázase
el No. 16 del artículo 65 por el siguiente: "16) Los gerentes, subgerentes o
apoderados generales de un banco no podrán desempeñar el cargo de director de sociedad
anónima.". f) Agrégase al artículo 75 el siguiente inciso: "La obligación de
repartir dividendos que contiene la ley de sociedades anónimas podrá dejar de aplicarse
en un ejercicio determinado, sólo por acuerdo adoptado en junta de accionistas con
aprobación de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto.".
Art. 140. Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Ley No. 1.328, de
1976: 1) Sustitúyense en el artículo 1 las palabras "instrumentos financieros"
por "valores de oferta pública" y agrégase el siguiente inciso segundo:
"Prohíbese la constitución de sociedades de capitalización distintas de las
sociedades administradoras de fondos mutuos.". 2) Sustitúyese el artículo 2, por el
siguiente: "La calidad de partícipe se adquiere en el momento en que la sociedad
recibe el aporte del inversionista, el cual deberá efectuarse en dinero efectivo o vale
vista bancario. Sin embargo, la sociedad administradora podrá aceptar cheques en pago de
la suscripción de cuotas, pero en tal caso la calidad de partícipe se adquirirá cuando
su valor sea percibido por la administradora del banco librado, para lo cual deberá
presentarlo a cobro tan pronto la hora de su recepción lo permita. Los aportes quedarán
expresados en cuotas del Fondo, todas de igual valor y características, se considerarán
valores de fácil liquidación para todos los efectos legales y se representarán por
certificados nominativos o por los mecanismos e instrumentos sustitutivos que autorice la
Superintendencia. La sociedad administradora llevará un Registro de Partícipes.".
3) Sustitúyese el inciso primero del artículo 3, por el siguiente: "La
administración de los fondos mutuos será ejercida por sociedades anónimas cuyo
exclusivo objeto sean tales administraciones, y su fiscalización corresponderá a la
Superintendencia de Valores y Seguros, la cual ejercerá esta función con las mismas
atribuciones y facultades de que está investida para fiscalizar y sancionar a las
sociedades anónimas abiertas y a las Compañías de Seguros". 4) Elimínase en el
actual inciso final del artículo 4, la frase "y siempre que la sociedad no se haya
disuelto por revocación de su autorización de existencia" y agrégase el siguiente
inciso final: "Declarada la quiebra de una sociedad administradora de fondos mutuos,
el Superintendente o la persona que lo reemplace, actuará como síndico con todas las
facultades que al efecto confiere a los síndicos el Título tercero de la Ley No. 4.558,
en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley.". 5)
Sustitúyese el artículo 6, por el siguiente: "Artículo 6. Las sociedades
administradoras se constituirán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 126 y
siguientes de la ley de sociedades anónimas, además de las disposiciones de la presente
ley y de su reglamento". 6) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:
"Artículo 10. La remuneración de la sociedad por su administración y los gastos de
operación que puedan atribuirse al Fondo, deberán establecerse en el reglamento interno
respectivo.". 7) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente: "Artículo 11.
Transcurridos seis meses desde la fecha de su iniciación, los fondos mutuos no podrán
tener menos de doscientos partícipes, y el valor global de su patrimonio neto deberá ser
equivalente, a lo menos, a dieciocho mil unidades de fomento. Si en vigencia del Fondo, el
número de sus partícipes o el monto del patrimonio neto se redujeren a cifras inferiores
a las establecidas en el inciso precedente, la Superintendencia, por resolución fundada,
podrá otorgar un plazo no superior a 60 días para restablecer los déficit producidos.
Si así no se hiciere se procederá sin más trámite a la liquidación del Fondo y de la
administradora, en su caso.". 8) Sustitúyese en el artículo 13, el No. 1, por el
siguiente: "Deberá efectuarse en acciones de sociedades anónimas abiertas que
tengan transacción bursátil y demás títulos que se coticen en bolsa; en debentures,
bonos y otros títulos de crédito o inversión emitidos o garantizados hasta su total
extinción ya sea por el Estado, por el Banco Central de Chile o por entidades sometidas a
la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; en
debentures, bonos, pagarés o letras cuya emisión haya sido registrada en la
Superintendencia de Valores y Seguros o en otros valores de oferta pública que autorice
esta Superintendencia; todo sin perjuicio de las cantidades que mantengan en dinero
efectivo, en caja o bancos.". 9) Agrégase al artículo 13, el siguiente inciso
final: "Si a consecuencia de liquidaciones o repartos o por causa justificada, a
juicio exclusivo de la Superintendencia, un fondo mutuo recibiere en pago bienes cuya
inversión no se ajuste a lo establecido en este artículo, la sociedad administradora
comunicará esta situación a la Superintendencia, dentro de tercero día de que hubiere
ocurrido, a fin de que ésta determine si cabe o no valorizarlas y en caso afirmativo,
establezca el procedimiento de avaluación. En todo caso, estos bienes deberán ser
enajenados en el plazo de 60 días contado desde la fecha de su adquisición o en el plazo
mayor que autorice la Superintendencia por motivos calificados.". 10) Sustitúyese en
el artículo 15, el inciso primero por el siguiente: "Las cuotas de los Fondos Mutuos
se valorarán diariamente en la forma que determine el reglamento de esta ley, según se
trate de fondos de inversión en valores de renta fija, variable o mixta.". 11)
Sustitúyense en el artículo 20, las palabras "de Compañías de Seguros, Sociedades
Anónimas y Bolsas de Comercio" por "de Valores y Seguros". Art. 141. El Presidente de la República deberá dictar dentro del plazo de seis meses
contado desde la fecha de publicación de la presente ley, un nuevo Reglamento de Fondos
Mutuos. Art. 142. Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Ley No. 3.538, de
1980: 1) Sustitúyese el artículo 3, por el siguiente: "Artículo 3. Corresponde a
la Superintendencia de Valores y Seguros la superior fiscalización de: a) Las personas
que emitan o intermedien valores de oferta pública; b) Las bolsas de valores mobiliarios
y las operaciones bursátiles; c) Las asociaciones de agentes de valores y las operaciones
sobre valores que éstos realicen; d) Los fondos mutuos y las sociedades que los
administren; e) Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones que la ley sujeta
a su vigilancia; f) Las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar cualquiera
sea su naturaleza y los negocios de éstas, y g) Cualquiera otra entidad o persona natural
o jurídica que la presente ley u otras leyes así le encomienden. No quedan sujetas a la
fiscalización de esta Superintendencia los bancos, las sociedades financieras, las
sociedades administradoras de fondos de pensiones y las entidades y personas naturales o
jurídicas que la ley exceptúe expresamente.". 2) Introdúcese el siguiente nuevo
inciso segundo a la letra d) del artículo 4, pasando a ser los que siguen, incisos
tercero y cuarto: "Podrá pedir la ejecución y presentación de balances y estados
financieros en las fechas que estime convenientes, para comprobar la exactitud e
inversión de los capitales y fondos.". 3) Sustitúyese el inciso primero del
artículo 5, por el siguiente: "La Superintendencia podrá pagar con fondos de su
presupuesto, los gastos que se ocasionen con motivo del ejercicio de las funciones que se
le encomiendan en el artículo 4, letras e) y g) y en el artículo 23, inciso segundo del
presente decreto ley.". 4) Sustitúyese el artículo 23, por el siguiente:
"Artículo 23. Los empleados o personas que a cualquier título presten servicios en
la Superintendencia estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y
antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización de ella, siempre que
tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción a esta
obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo
247 del Código Penal. Lo dispuesto en el inciso anterior, no obstará a que el
Superintendente pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine,
la información o documentación relativa a los sujetos fiscalizados con el fin de velar
por la fe pública o por el interés de los accionistas, inversionistas y asegurados. El
personal de la Superintendencia no podrá prestar servicios profesionales a las personas o
entidades sometidas a su fiscalización.". 5) Sustitúyese el artículo 25, por el
siguiente: "Artículo 25. La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de
la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de
las cuentas de sus entradas y gastos.". 6) Introdúcese el siguiente nuevo inciso
tercero en el artículo 26, pasando a ser los que siguen incisos cuarto y quinto:
"Las personas que rindan declaraciones falsas ante la Superintendencia incurrirán en
las penas que establece el artículo 210 del Código Penal.". 7) Sustitúyese en el
inciso primero del artículo 27, la expresión "sociedades anónimas" con que se
inicia, por: "sociedades anónimas sujetas a la fiscalización de la
Superintendencia" y en el número 3 del mismo inciso, agrégase cambiando el punto
aparte por una coma (,), la siguiente frase: "cuando proceda.". 8) Sustitúyese
en el inciso primero del artículo 28, la expresión: "de las organizadas como
sociedades anónimas" por "de aquellas a que se refiere el inciso primero del
artículo anterior.". 9) Sustitúyese el artículo 29, por el siguiente:
"Artículo 29. No obstante lo expresado en los artículos 27 y 28 al aplicar una
multa, la Superintendencia, a su elección podrá fijar su monto de acuerdo a los límites
en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular.
Para los efectos de los artículos precitados se entenderá que hay reiteración cuando se
cometa dos o más infracciones entre las cuales no medie un período superior a doce
meses.". 10) Derógase el artículo 38. 11) Suprímense en el artículo 39, las
expresiones "el Decreto con Fuerza de Ley No. 251, de 1931, y". Art. 143. Introdúcese la siguiente modificación al Decreto con Fuerza de Ley No. 101,
de 1980: Sustitúyese la letra a) del artículo 3 por la siguiente: "Aprobar o
rechazar el prospecto que debe preceder a la formación de una administradora de fondos de
pensiones, aprobar sus estatutos, autorizar su existencia y en general ejercer todas las
facultades que el Decreto Ley No. 3.538, de 1980, y la ley de sociedades anónimas y su
reglamento confieren a la Superintendencia de Valores y Seguros, respecto de las personas
y entidades sometidas a su fiscalización.". Art. 144. Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley No.
251, de 1931, modificado por el Decreto Ley No. 3.057, de 1980: 1) Sustitúyese la letra
i) del artículo 3, por la siguiente: "i) Resolver, en casos a su juicio calificados,
en el carácter de árbitro arbitrador sin ulterior recurso, las dificultades que se
susciten entre compañía y compañía, entre éstas y sus intermediarios o entre éstas o
el asegurado o beneficiario en su caso cuando los interesados de común acuerdo lo
soliciten. Sin embargo, el asegurado o el beneficiario podrán por sí solos solicitar al
árbitro arbitrador la resolución de las dificultades que se produzcan, cuando el monto
de la indemnización reclamada no sea superior a 120 unidades de fomento.". 2)
Sustitúyese la letra ñ) del artículo 3, por la siguiente: "Las que otras leyes o
normas expresamente le confieran.". 3) Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo
del artículo 4, pasando a ser el actual, inciso tercero: "Las cooperativas de
seguros y demás personas jurídicas autorizadas por ley para asegurar, se sujetarán a
las normas de su propia legislación y a las de la presente ley, aplicándose
preferentemente las de ésta en materias propias de su actividad aseguradora.". 4)
Elimínase en el artículo 6, la frase entre comas (,): "sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto de Hacienda número 2.033, de 26 de octubre de
1968.". 5) Sustitúyese el artículo 9, por el siguiente: "Artículo 9. La
constitución legal de las sociedades anónimas aseguradoras y reaseguradoras se hará de
conformidad a los artículos 126 y siguientes de la ley de sociedades anónimas.". 6)
Derógase el inciso final del artículo 11. 7) Sustitúyese el artículo 19, por el
siguiente: "Artículo 19. Las compañías de seguros deberán publicar juntamente con
el balance anual un inventario de sus inversiones.". 8) Sustitúyese el inciso
primero del artículo 21, por el siguiente: "Artículo 21. A lo menos el 50% de las
reservas técnicas de las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberá invertirse en
acciones de sociedades anónimas abiertas que tengan transacción bursátil; en
debentures, bonos, y otros títulos de crédito o inversión emitidos o garantizados hasta
su total extinción, ya sea por el Estado, por el Banco Central de Chile o por entidades
sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras. El saldo podrá invertirse en debentures, bonos, en pagarés o letras cuya
emisión haya sido registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros, o en otros
valores de oferta pública que autorice esta Superintendencia.". 9) Elimínanse en el
inciso quinto del artículo 21, las palabras "del Decreto Ley No. 1.328, de
1976". 10) Sustitúyese el encabezamiento del artículo 24, por el siguiente:
"Las entidades aseguradoras y las entidades reaseguradoras nacionales deberán
constituir anualmente:". 11) Agrégase al artículo 26, el siguiente inciso segundo:
"Sin embargo, en casos de cesación de pagos, insolvencia o quiebra del asegurador
directo, los pagos por reaseguros beneficiarán al asegurado cuyo crédito por siniestro
preferirá a cualesquiera otros que se ejercieren en contra del asegurador.". 12)
Sustitúyese el inciso segundo del artículo 27 por el siguiente: "La transferencia
de negocios y cesión de carteras a que se refiere el inciso anterior requerirá de la
autorización especial de la Superintendencia y deberá efectuarse en conformidad a las
normas de aplicación general que dicte al efecto.". 13) Derógase el artículo 28.
14) Sustitúyese el inciso primero del artículo 38 por el siguiente: "La
liquidación de una compañía de seguros será practicada por el Superintendente o por el
funcionario que éste designe, quienes tendrán todas las facultades, atribuciones y
deberes que la ley de sociedades anónimas les confiere, debiendo velar especialmente por
el interés de los asegurados.". 15) Reemplázase el párrafo primero del inciso
segundo del artículo 41, por el siguiente: "En caso de mora, el deudor incurrirá en
los intereses y reajustes señalados en el artículo 53 del Código Tributario, los que
hará efectivos la Tesorería Comunal respectiva.". 16) Sustitúyense los números 3
y 5 del artículo 44 por los siguientes: "No. 3) En suspensión de la administración
hasta por seis meses". "No. 5) En revocación de su autorización de existencia,
por resolución de la Superintendencia.". 17) Sustitúyese el artículo 45, por el
siguiente: "Artículo 45. La Superintendencia podrá sancionar a los agentes y
corredores de seguros en los casos y en la forma establecida en el artículo 28 del
Decreto Ley No. 3.538, de 1980.". Art. 145. Derógase la ley sobre transferencia de acciones o promesas de acción de
sociedades anónimas, publicada en el Diario Oficial de 11 de septiembre de 1878; los
artículos 424 al 469, ambos inclusive, del Código de Comercio; los párrafos segundo y
tercero del inciso segundo del artículo 5 y los artículos 83 a 139a, ambos inclusive,
del Decreto con Fuerza de Ley No. 251, del Ministerio de Hacienda, de 1931; las Leyes Nos.
6.057 y 7.302; todos los artículos de la Ley No. 17.308, con excepción de los artículos
3, 6, 7, 14, 16 y 18; el Decreto Supremo No. 4.705, del Ministerio de Hacienda, de 30 de
noviembre de 1946; el artículo 21 de la Ley No. 7.869; los artículos 7, 8 y 9 de la Ley
No. 12.680; el inciso segundo del artículo 11 del Decreto Supremo No. 341, del Ministerio
de Hacienda, de 8 de junio de 1977, que aprobó el texto refundido y coordinado de los
Decretos Leyes Nos. 1.055 y 1.233, de 1975; 1.327 y 1.611, de 1976; 1.675 y 1.698, de
1977, sobre zonas y depósitos francos. Asimismo, en la Ley No. 12.680, elimínase en el
artículo 1, la expresión "y de sociedades anónimas"; en el artículo 6,
sustitúyese la coma (,) que sigue a las palabras "artículo 2." por la letra
"y", y en el artículo 11, suprímese la frase "según el caso, de la
sociedad anónima, o" y la coma (,) que la antecede. Título XVI DISPOSICIONES TRANSITORIAS Art. 1. La presente ley rige desde su publicación en el Diario Oficial. Las sociedades
existentes deberán adecuar sus estatutos a este cuerpo legal en la primera reforma que
efectúen a los mismos o a más tardar, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de
su publicación en el Diario Oficial. Los directores, gerentes y liquidadores de las
sociedades que no adecuen oportunamente sus estatutos, responderán solidariamente de todo
perjuicio que causaren a accionistas y a terceros, sin perjuicio de las sanciones que
pueda imponer la Superintendencia, en su caso. Art. 2. Las sociedades anónimas existentes a la fecha de vigencia de esta ley se
regirán por las normas aplicables a las sociedades abiertas o cerradas conforme a los
conceptos y clasificación precisados en el artículo 2 de este texto legal. No obstante
lo dispuesto en el inciso anterior, mientras la Superintendencia no deje constancia, de
oficio o a petición de interesado, de la condición de sociedad cerrada de una
determinada empresa, ésta se regirá por las normas aplicables a las sociedades abiertas.
Art. 3. Mientras no se dicte el reglamento a que se refiere la presente ley, regirá en
lo que fuere compatible con las disposiciones de ésta y respecto de las materias que
hacen remisión a reglamento, las normas que hasta la vigencia de la presente ley eran
aplicables. Art. 4. Las acciones que gocen de preferencias a la fecha de vigencia de esta ley y que
no tuvieren plazo de duración, deberán fijarlo dentro del término de dos años contado
desde la publicación de la presente ley. Si así no se hiciere, se entenderá que dicho
plazo es igual al que se hubiere establecido en los estatutos para la duración de la
sociedad. Art. 5. Las acciones de industria y de organización existentes a la fecha de vigencia
de esta ley, se extinguirán luego de transcurrido el plazo de dos años contado desde
dicha fecha salvo que fueren eliminadas o sustituidas por acciones ordinarias o preferidas
en un plazo menor por la vía de la modificación de los estatutos. Para esta
modificación se requerirá el voto conforme de las acciones de industria y de
organización y el de los dos tercios de las demás acciones emitidas con derecho a voto. Art. 6. Las sociedades que a la fecha de vigencia de esta ley posean acciones de su
propia emisión no sujetas a plazo de enajenación, deberán enajenarlas a más tardar
dentro de un año, contado desde dicha fecha. Art. 7. Las sociedades que a la fecha de vigencia de esta ley tuvieren inversiones en
otras sociedades en oposición a lo dispuesto en el artículo 88, deberán enajenarlas
dentro del plazo de dos años, contado desde esa fecha. Art. 8. Si no se hubiere reformado el estatuto social para adecuarlo a esta ley, las
modificaciones que ella introduce respecto de la remuneración de los directores y de los
directores suplentes, regirán desde la próxima junta ordinaria que la sociedad deba
celebrar y en todo caso, desde el 30 de abril de 1982. Art. 9. Los actuales liquidadores de sociedades anónimas desempeñarán sus cargos por
el tiempo precisado en el artículo 111 y a contar desde la época de sus respectivos
nombramientos. No obstante lo anterior, si a la fecha de publicación de esta ley,
excedieren los plazos indicados en dicha disposición, permanecerán en sus cargos hasta
la próxima junta general de accionistas, y en todo caso, hasta el 30 de abril de 1982. Art. 10. Las sociedades de capitalización actualmente existentes, distintas de las
sociedades administradoras de fondos mutuos, deberán adecuar sus estatutos y reglamentos
internos a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a las sociedades
administradoras de fondos mutuos, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de
vigencia de la presente ley. Si así no lo hicieren, se entenderán disueltas por el solo
ministerio de la ley. En tal caso, la liquidación de la sociedad y la del o de los fondos
que administre se sujetará a las normas establecidas para las sociedades administradoras
de fondos mutuos. JOSE T. MERINO CASTRO, Alimirante, Comandante en Jefe de la Armada, Miembro de la Junta
de Gobierno.- CESAR RAUL BENAVIDES ESCOBAR, Teniente General de Ejército, Miembro de la
Junta de Gobierno.- JAVIER LOPETEGUI TORRES, General de Aviación, Comandante en Jefe de
la Fuerza Aérea y Miembro de la Junta de Gobierno subrogante.- MARIO MAC KAY JARAQUEMADA,
General Subdirector, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta de Gobierno
subrogante. Por cuanto he tenido a bien aprobar la precedente ley, la sanciono y la firmo en señal
de promulgación. Llévese a efecto como ley de la República. Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario
Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría. Santiago, veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y uno.- AUGUSTO PINOCHET
UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Sergio de Castro Spikula,

References: artículo 5
 resolución 
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 84
 artículo
67
 artículo 69

artículo 25
 artículo 67
 artículo 73
 artículo 77
 artículo 49
 artículo 44
 resolución

 artículo 7

resolución 
 artículo 62
 artículo 106
 artículo 56
 artículo 106
 artículo
56
 artículo 106
 artículo 56

artículo 70
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 79
 artículo 44
 artículo 5
 resolución 
 artículo 203
 artículo 103
 artículo 133
 resolución 
 resolución 
 artículo 5

resolución 
 artículo 66
 artículo 111
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 84
 artículo 7
 artículo 122
 artículo 4
 resolución 
 artículo 126
 resolución 

artículo 6
 artículo 126
 resolución 
 resolución 
 artículo 2061
 artículo 2064
 artículo 2070
 artículo 27

resolución 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 75
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 11
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 4

artículo 5
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 23
 artículo
247
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 210
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 38
 artículo 41
 artículo 53
 artículo 44
 resolución 
 artículo 45
 artículo 28
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 11

artículo 1
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 88
 artículo 111