Source: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp?identificadorConsulta=47269&jftfdi=&jffi=ver.jsp
Timestamp: 2020-01-22 04:37:28+00:00

Document:
Consulta NO VINCULANTE n° 389
Fecha salida: 28/06/2000
Texto consulta: La entidad consultante entre las actividades complementarias a la promoción exterior de Tenerife como destino turístico, desarrolla la actividad de servicios e infraestructuras turísticas a través de ejecuciones de obras de equipamiento, remodelación, ajardinamiento, dotación de infraestructura, etc.
La ejecución efectiva de dichas obras de equipamiento se realiza, con carácter general, mediante convenios que suscriben las diferentes administraciones públicas afectadas, las cuales acuerdan a su vez encomendar a la entidad consultante la gestión, control y realización de dichas obras. Se aporta fotocopia del convenio de colaboración firmado donde en la cláusula séptima se establece que las partes firmantes acuerdan encomendar la gerencia del Plan a la -entidad consultante-, que la desarrollará bajo la dependencia de la Comisión Interadministrativa a la que se hace referencia en la cláusula sexta. En el ejercicio de la función gerencial que se atribuye a la entidad consultante asume, entre otras funciones y conforme a la cláusula octava del convenio de colaboración, el impulso de actuaciones del Programa de Excelencia Turística, adjudicar las obras o adecuaciones de dicho Programa y la materialización de los pagos precisos para el desarrollo de las actuaciones previstas en el convenio.
Por ello la entidad consultante que subcontrata con terceras empresas, recibe la asignación de una partida económica que ejecuta y gestiona pagando las correspondientes facturas y certificaciones de obras. Según la entidad consultante no existe interés lucrativo o empresarial en la gestión de dichos planes.
Existen dudas sobre la aplicación del tipo cero, por ello y con base en todo lo expuesto, la entidad realiza las siguientes consultas:
a) Si cabría la posibilidad con arreglo a la normativa aplicable de solicitar la sujeción a tipo cero, con carácter global, a la totalidad de las obras contenidas en un plan de estas características.
b) Si existe algún criterio más explícito que el propio artículo 27 de la Ley del Impuesto para la delimitación de los supuestos en que resulta de aplicación el tipo cero.
c) Determinar con arreglo a la normativa actual, si esta Sociedad que recibe fondos públicos para realizar obras de equipamiento comunitario debe considerarse promotor o contratista. Debe tenerse en cuenta que esta empresa a su vez subcontrata las obras con terceras empresas.
d) En el caso anterior, determinar si las empresas a las que se le subcontratan este tipo de obras, deben repercutir el I.G.I.C. al tipo cero o al 4,5% en las certificaciones que nos emitan.
e) Si existe alguna doctrina o criterio de esta Dirección General o, en su caso, del Tribunal Económico Administrativo competente con relación al asunto planteado.
Respuesta: Visto el escrito presentado por -la entidad consultante- en el que se formula consulta sobre el Impuesto General Indirecto Canario y de acuerdo con la Disposición Adicional Décima número tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en relación con la letra e) del número cuatro del artículo 24 del Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, la Dirección General de Tributos emite la siguiente contestación:
PRIMERO.- La entidad consultante entre las actividades complementarias a la promoción exterior de Tenerife como destino turístico, desarrolla la actividad de servicios e infraestructuras turísticas a través de ejecuciones de obras de equipamiento, remodelación, ajardinamiento, dotación de infraestructura, etc. La ejecución efectiva de dichas obras de equipamiento se realiza, con carácter general, mediante convenios que suscriben las diferentes administraciones públicas afectadas, las cuales acuerdan a su vez encomendar a la entidad consultante la gestión, control y realización de dichas obras. Se aporta fotocopia del convenio de colaboración firmado donde en la cláusula séptima se establece que las partes firmantes acuerdan encomendar la gerencia del Plan a la -la entidad consultante-, que la desarrollará bajo la dependencia de la Comisión Interadministrativa a la que se hace referencia en la cláusula sexta. En el ejercicio de la función gerencial que se atribuye a la entidad consultante asume, entre otras funciones y conforme a la cláusula octava del convenio de colaboración, el impulso de actuaciones del Programa de Excelencia Turística, adjudicar las obras o adecuaciones de dicho Programa y la materialización de los pagos precisos para el desarrollo de las actuaciones previstas en el convenio. Por ello la entidad consultante que subcontrata con terceras empresas, recibe la asignación de una partida económica que ejecuta y gestiona pagando las correspondientes facturas y certificaciones de obras. Según la entidad consultante no existe interés lucrativo o empresarial en la gestión de dichos planes. Existen dudas sobre la aplicación del tipo cero, por ello y con base en todo lo expuesto, la entidad realiza las siguientes consultas: a) Si cabría la posibilidad con arreglo a la normativa aplicable de solicitar la sujeción a tipo cero, con carácter global, a la totalidad de las obras contenidas en un plan de estas características. b) Si existe algún criterio más explícito que el propio artículo 27 de la Ley del Impuesto para la delimitación de los supuestos en que resulta de aplicación el tipo cero. c) Determinar con arreglo a la normativa actual, si esta Sociedad que recibe fondos públicos para realizar obras de equipamiento comunitario debe considerarse promotor o contratista. Debe tenerse en cuenta que esta empresa a su vez subcontrata las obras con terceras empresas. d) En el caso anterior, determinar si las empresas a las que se le subcontratan este tipo de obras, deben repercutir el I.G.I.C. al tipo cero o al 4,5% en las certificaciones que nos emitan. e) Si existe alguna doctrina o criterio de esta Dirección General o, en su caso, del Tribunal Económico Administrativo competente con relación al asunto planteado.
SEGUNDO.- Respecto a la primera de las consultas realizadas (Si cabría la posibilidad con arreglo a la normativa aplicable de solicitar la sujeción a tipo cero, con carácter global, a la totalidad de las obras contenidas en un plan de estas características), debe señalarse que aunque el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) se declare periódicamente es un tributo instantáneo que se devenga en cada una de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que realicen los empresarios o profesionales y que por aplicación de las reglas de localización del hecho imponible se entienda realizada en el ámbito territorial de aplicación del impuesto. También es exigible el I.G.I.C. en las importaciones de bienes. Es en cada una de dichas operaciones donde se analizan todos los elementos esenciales del I.G.I.C. (hecho imponible, exención, devengo, sujeto pasivo, base imponible, tipo impositivo, etc.). Por tanto es en cada uno de las operaciones que desarrolle la entidad consultante y que constituyan hechos imponibles del I.G.I.C. donde debe analizarse si estamos o no ante una obra de equipamiento comunitario, sin que quepa, por tanto, establecer con carácter general la sujeción a tipo cero a la totalidad de las obras contenidas en los planes de desarrollo de servicios e infraestructuras turísticas.
Respecto a la segunda de las consultas planteadas (Si existe algún criterio más explícito que el propio artículo 27 de la Ley del Impuesto para la delimitación de los supuestos en que resulta de aplicación el tipo cero), no existe en la legislación del I.G.I.C. y fuera de lo expresado en el artículo 27 de la Ley 20/1991, y para lo que interesa en la consulta que es el concepto de obra de equipamiento comunitario, otro criterio más explícito.
En cuanto a la tercera de las consultas efectuadas (Determinar con arreglo a la normativa actual, si esta Sociedad que recibe fondos públicos para realizar obras de equipamiento comunitario debe considerarse promotor o contratista. Debe tenerse en cuenta que esta empresa a su vez subcontrata las obras con terceras empresas), debe expresarse que del contenido de la consulta se desprende que la entidad consultante actúa en nombre propio y por cuenta de diversas administraciones territoriales. Ello implica la realización con carácter general de dos operaciones. Por un parte la ejecución de obra que realiza un tercero a la entidad consultante y por otra parte la misma ejecución de obra que realiza la entidad consultante a una o varias administraciones territoriales. Las ejecuciones de obras para tributar a tipo cero, y conforme con lo dispuesto en el artículo 27,1,1º,f) de la Ley 20/1991, deben cumplir dos condiciones, a saber: - Que se trate de contratos de ejecución de obras directamente formalizados entre el promotor y el contratista. - Que el contrato de ejecución de obras tenga por objeto la construcción o la rehabilitación de obras de equipamiento comunitario. De las condiciones expuestas se desprende que la única operación que está sujeta a tipo cero es la entrega o prestación de servicio que tenga por objeto la construcción o rehabilitación de obras de equipamiento comunitario entre el promotor y contratista. De ello se deriva que en las dos operaciones que hemos mencionado anteriormente (la ejecución de obras entre un tercero y la entidad consultante y entre ésta y las administraciones territoriales), una sola de estas operaciones está sujeta a tipo cero (partiendo evidentemente que se trata de obras de equipamiento comunitario, punto respecto del que esta Dirección General de Tributos no se manifiesta) y es la realizada entre el contratista y el promotor. La cuestión por tanto a debatir es quién es el promotor, dado que una vez fijado esto es obvio que el contratista es quien le ejecuta directamente la obra. No existe en la legislación del I.G.I.C. un concepto de promotor, por ello y conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley General Tributaria, habrá que acudir, con carácter supletorio, a las disposiciones generales del Derecho administrativo y los preceptos del Derecho común. De acuerdo con ello, nos podemos apoyar en el concepto que de promotor contiene el punto 3.9 del Anexo de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias: ¿3.9. Promotor. Persona física o jurídica que impulsa la actuación territorial o urbanística mediante la realización de las diligencias precisas para ello. Tendrá el mismo carácter, a todos los efectos, cuando el objeto de la actuación sea para uso propio, incluso identificándose con el titular del terreno o de las instalaciones, construcciones o edificaciones, en su caso.¿ La entidad consultante, que conforme al convenio firmado tiene como funciones, entre otras, el impulso de actuaciones del Programa de Excelencia Turística, adjudicar las obras o adecuaciones de este Programa y la materialización de los pagos precisos para el desarrollo de las actuaciones previstas en el convenio, parece, como se ha expresado anteriormente, que realiza estas actuaciones en nombre propio y por cuenta de los entes públicos. Esto significaría que el contratista le facturaría a la entidad consultante por la realización de las obras y a su vez esta le facturaría al ente público titular de los bienes de dominio público resultante de las obras, por lo que resulta clara la condición de promotor de la entidad consultante. En consecuencia, si el objeto de las obras tiene la consideración de equipamiento comunitario, la entrega de estas obras del contratista al promotor, consideración que tendría la entidad consultante, estaría sujeta a tipo cero conforme al artículo 27,1,1º,f) de la Ley 20/1991. La posterior entrega de la entidad consultante al ente público titular de la obra estaría sujeta al I.G.I.C. al tipo impositivo del 4,5 por 100. Por el contrario, si la entidad consultante actuara en nombre y por cuenta de los entes públicos frente al contratista (lo cual implicaría que este contratista facturaría directamente al ente público y la entidad consultante se limitaría a cobrar una comisión a este último), la condición de promotor recaería en el propio ente público por lo que, tratándose de una obra de equipamiento comunitario, el tipo impositivo de la entrega de esta obra del contratista al ente público estaría sujeta al tipo cero, y la comisión exigida por la entidad consultante al ente público estaría sujeta al I.G.I.C. al tipo impositivo del 4,5 por 100.
Respecto a la cuarta pregunta (Determinar si las empresas a las que se le subcontratan este tipo de obras, deben repercutir el I.G.I.C. al tipo cero o al 4,5% en las certificaciones que nos emitan), antes de entrar en la respuesta debe realizarse una matización. La emisión de una certificación de obra no tiene ninguna implicación respecto al I.G.I.C. porque no supone realización de ninguna entrega de bienes o prestación de servicios. Ahora bien, si esta certificación implica un pago anticipado de una futura operación sujeta y no exenta al I.G.I.C., la realización material de este pago anticipado supone el devengo del I.G.I.C. por el importe efectivamente percibido conforme con el artículo 18,1,f) de la Ley 20/1991. Entrando de lleno en la consulta realizada, el tipo impositivo a aplicar en los devengos del I.G.I.C. por pagos anticipados será el tipo impositivo a aplicar a la entrega de bienes o prestación de servicios futura. Por ello, si la operación futura está sujeta al I.G.I.C. al tipo cero, el pago anticipado produciría el devengo del I.G.I.C. a tipo cero y si la operación futura estará sujeta al tipo del 4,5 por 100, el pago anticipado devengaría el I.G.I.C. al tipo impositivo del 4,5 por 100.
En cuanto a la quinta pregunta ( Si existe alguna doctrina o criterio de esta Dirección General o, en su caso, del Tribunal Económico Administrativo competente con relación al asunto planteado), no existe criterio administrativo previo.
Todo lo cual, con el alcance previsto en el artículo 107 de la Ley General Tributaria, comunico a Vd. a los efectos oportu

References: artículo 27
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 18
 artículo 107