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Timestamp: 2017-06-28 08:47:35+00:00

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LA VOZ ESPAÑA: 01/04/11
Todos los sistemas sociales se encuentran en un estado de evolución Excepcional reflexión del diseñador industrial futurista, Jacque Fresco, que hace pensar sobre qué es una sociedad sana y cómo se logra tener una.Jacque Fresco[Reflexión]Publicado por José Carlos: para La verdad en tu asesoria EIA el 12/31/2010 12:22
Profesiones 'emergentes' De la misma forma que existen 'países emergentes', también hay profesiones que están recibiendo este mismo calificativo. Ingenieros agroalimentarios, diseñadores de órganos, analistas de comportamientos, directores de Sostenibilidad, desarrolladores de interfaces robóticos serán, según un estudio elaborado para el Gobierno británico y del que se hacía eco El País Negocios, algunos de los profesionales requeridos para la década que estamos comenzando.En este sentido, Rafael Rodrigo, presidente del CSIC, apuesta por la multidisciplinariedad: «Las grandes oportunidades estarán allí donde existan fronteras entre varias disciplinas. Las veremos en la investigación de nuevos materiales o en la aplicación de la computación a la biología y la biomedicina». Rodrigo continúa diciendo que «además de las ramas científicas, las compañías en banca, industria o servicios profesionales también necesitarán nuevos perfiles». Sobre esto precisamente nos habló Luis Suárez del Colegio de Geólogos durante su intervención en CONAMA10 aludiendo a la unión entre geología y sostenibilidad o Juan Marín del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con su denominado ingeniero verde.Ahora la cuestión está en que desde la educación se consiga generar esos estudios transversales que permitan hacer frente a la oferta de puestos comentada. Pero eso ya, lo dejamos para más adelante. ¡FELIZ AÑO 2011!!
¿España en la UCI o camino del tanatorio? Entrar en la lectura de los comentarios o informes económicos que se dan de la situación económica (que es igual que la social) de España; es echarse a llorar, o clamar a todos “los dioses” sobre el cómo y el por qué, se ha dejado llevar al país, nación, enjambre de “autonosuyas”, o “dictadurillas”... o lo que esto sea ya... hacia esa especie de varadero donde parece ser que ya ni hay grúa que pueda sacar la nave, para un carenado y reparaciones necesarias, para que pueda seguir navegando, al menos en un tiempo denominémosle prudencial y viable. ¿Qué es lo que pasa en España? Lo que dicen los políticos (todos los políticos ya) o son mentiras, o son vaciedades de “pobres desorientados”, que como “el pollo al que han cortado la cabeza, va dando zancadas y bamboleos hasta que termina por caer muerto”. No, no es necesario ser un experto en finanzas para ponerse a temblar, si uno lee cosas como estas y cuya dirección les dejo; que por otra parte son abundantísimas, en esos lugares donde la prensa se muestra libre de verdad; y el que escribe dice lo que se supone quiere decir y sin pelos en “el teclado del ordenador”. Vean, lean y juzguen... http://www.elconfidencial.com/mientras-tanto/crisis-economica-problema-politico-20110101-6808.html Y si después encuentran que yo me excedo, ruego me lo hagan saber de inmediato, quiero, deseo, estar equivocado totalmente. En la calle, la gente sigue “en las nubes”; nubes de sus sueños e ilusiones, que en mayoría no son emprender nada productivo, simplemente en esperar “ese golpe de suerte”, que mediante las “cien loterías que hay en España”, o el “enchufe que el allegado político” les proporcione en el dinero público: ni se les ocurre pensar de que todo ello son ya sueños irrealizables por lo imposible de los mismos. Y son irrealizables, por cuanto “el aparato público hay que reducirlo en dos tercios”, si es que se les quiere pagar a todos. Y “las loterías”; se inventaron y se explotan para que en ellas gane el inventor o el que las explota nacionalmente, el resto son en mínima parte, para los vendedores a comisión y las migajas que quedan, para unos ilusos jugadores que esperan “el gran premio”; que sí, que cae, que llega a algún “suertudo” que recibe esa suerte cuasi imposible, por cuanto es algo así, como si en uno de esos gigantescos estadios futbolísticos, donde se apiñan cien mil personas, se tirara, “la bolita de la suerte al aire y dirigida al público”; seguro que a alguno le caería... pero también podría ocurrir (y de hecho ocurre) que la bola cayese “al césped” y en tal caso es al propietario de “las loterías”, al que le caería el premio. Pese a cuento digo, era “conmovedor” ver cómo la gente y en una crisis donde casi todo el mundo se queja de la falta de dinero; veías colas en los puestos de venta de loterías (conozco el caso de una pareja que hizo casi 350 km. de ida y otros tantos de vuelta, para ir a comprar lotería en una afamada lotera de la Puerta del Sol de Madrid); colas que se han repetido tras el gran sorteo, para liquidar “las pedreas” o incluso, comprar más para la otra gran “rifa” de primeros de año; amén del diario “chorreo” de compras de boletos del resto de loterías múltiples, que ya digo... “es la ilusión de masas de españoles para solucionar sus muchos problemas, o simplemente para hacerse ricos, muy ricos”. En el trabajo, en emprender algo, en el ahorro, eso es que ni se piensa. Aquel viejo dicho y de una veracidad aplastante, ya nadie lo menciona: “la mejor lotería es una buena economía”; cosa que los que nos gobiernan, también ignoran desde hace ya demasiadas décadas y es por lo que hemos llegado a la situación actual y de la que ni tenemos puñetera idea de cual es la realidad cruda y dura; y menos hasta cuando durará, cosa mucho más peliaguda para poder dilucidarla. Por ello y en la impotencia del individuo, ya se pueden leer cosas así... “Leyendo tantas cosas, viendo como la gente se "congela" y no reacciona, lo admite todo... viendo como los políticos cierran los ojos y la boca y siguen cobrando y derrochando un dinero que ya no tenemos; viendo tanta miseria, uno [que ya es viejo] no tiene más remedio que pensar (con tristeza por cuanto representó para muchos) en la dictadura de Franco, que tras el terrible "paso del desierto de las posguerra", supo encauzar una economía que nos dejó "ricos"; riqueza que a estos inútiles no les ha servido para otra cosa que para tirarla... o sea que estamos, sin políticos, sin dinero y lo peor de todo sin ilusiones... ¿que hacer? Nada... ESTAMOS TOTALMENTE INDEFENSOS Y A MERCED DE UN EJÉRCITO DE INÚTILES QUE SEGUIRÁN COBRANDO LOS PRIMEROS, como hace poco ha ocurrido en Jaén... donde la alcaldesa y los concejales (PSOE – IU) han cobrado nómina y paga extra, dejando sin cobrar al resto de la plantilla... "hasta que solucionen nuevos créditos", puesto que ya deben... hasta la palabra deben". Menos mal que al menos, los de la oposición (PP), rechazaron el cobro diciendo que esperarían a que “hubiese para todos”; cosa a destacar en este ya tan miserable mundo político que nos asola. Y si para “los allegados van así”; los proveedores van a cobrar, cuando “las ranas echen cabellera”... ¿cómo vamos a creernos que estos tienen caletre para poner de nuevo al país en marcha? Imposible, no lo creeremos si nos lo juran de rodillas. Antonio García Fuentes (Escritor y filósofo)www.jaen.ciudad.org (allí más)
Encuestas de La Razón y El Mundo: los socialistas perderán medio centenar de diputadosEl PP supera ya al PSOE en más de 18 puntos cuando se inicia la recta final de la legislaturaLos populares inician 2011 afianzados en la mayoría absoluta y alcanzan entre 186 y 189 escañosEl nuevo año se presenta oscuro para los españoles y negro para Zapatero. Dos encuestas, las primeras del año, hechas por el diario La Razón y El Mundo coinciden en vaticinar un batacazo antológico para Zapatero y los socialistas.Mientras el PP se afianza aún más en la mayoría absoluta, el PSOE continúa su caída en picado. El 'efecto Rubalcaba' no aparece. Los dos sondeos atribuir a los popular una ventaja de más de 18 puntos.Tras un 2010 en el que el presidente socialistas ha perdido la confianza de gran parte de su electorado, 2011 empieza para el inquilino de La Moncloa con malas noticias.Dos encuestas, las primeras del año, hechas por el diario La Razón y El Mundo coinciden en vaticinar un batacazo antológico para Zapatero y los socialistas. Desde las elecciones de 2008, los de Ferraz han pasado de los 169 escaños conseguidos a entre 121 y 123, mientras que la formación de Mariano Rajoy pasa de 154 a entre 186 y 189, tal y como se desprende de la última encuesta de NC Report para La Razón.La encuesta de Sigma Dos para El Mundo, realizada entre el 22 y el 28 de diciembre, de manera que no recoge el impacto que ha tenido en la opinión pública el anuncio de subida de los precios de la electricidad, el gas, el AVE o los trenes de cercanías, da al PP una ventaja de 18,4 puntos.UNA VENTAJA INSUPERABLEFalta algo más de un año (14 meses) para la llamada a las urnas -de cumplirse estrictamente el calendario oficial con agotamiento de la legislatura, se produciría el 18 de marzo de 2012-, pero aun siendo un plazo políticamente largo, resulta casi imposible imaginar una remontada socialista que tendría que ser espectacular, digna de ocupar páginas en los libros de demoscopia.Los expertos consideran que la línea de no retorno se sitúa alrededor de los 10 puntos de diferencia y, en este caso, el margen es casi el doble.UPYD NO LEVANTA EL VUELOEn ambos sondeos llama la atención que UPyD no sea capaz de remontar el vuelo, a pesar del trabajo y la personalidad de Rosa Díez.Y que, sin embargo, sea IU -una formación anclada en posiciones totalmente trasnochadas- quien se beneficia de la debacle socialista.El giro copernicano de Zapatero -obligado por los mercados, el FMI y la UE- ha defraudado a ese electorado de izquierdas a quien el presidente cultivó mucho más de lo que aconsejaba su propia supervivencia política.
Belloch ordenó dejar de pagar a Amedo y la cúpula del PSOE lo convenció para que volviera a pagarle, era la operación GAL y sustituir a González
Amedo a Rubalcaba: “Fui delincuente por recibir órdenes de su Gobierno” Belloch ocultó una carta que le envió Amedo, en la que acusaba al Ejecutivo de estar tras los GAL. La famosa carta está ahora en la Audiencia Nacional. El ex policía denunció al vicepresidente por injurias. A Rubalcaba le interesa que Amedo tenga la boca cerrada. Los altos jefes de los GAL jamás se sentaron en el banquillo. EL pasado 29 de septiembre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, envió una carta a un diario para desmentir unas declaraciones de José Amedo. El vicepresidente negaba haber participado hace años en una reunión con el abogado del ex subcomisario de los GAL. Para dar contundencia a su desmentido, Rubalcaba acudía a su habitual dureza lingüística: “No conozco al abogado del señor Amedo. Tampoco al propio Amedo. En este último caso es relativamente fácil de entender: no me relaciono con delincuentes”. Las duras palabras del ministro, quien a menudo se deja traicionar por la soberbia y la prepotencia, fueron inmediatamente contestadas por el ex funcionario de Policía. Amedo se presentó, al día siguiente, en la comisaría de Pozuelo de Alarcón y les dijo a los policías que estaban de guardia que quería denunciar al ministro del Interior por las injurias vertidas contra su persona. Imagínense la cara que pondrían aquellos guardias: ¡una denuncia contra el jefe supremo! Pero no tuvieron más remedio que redactar el atestado número 13.604. Amedo se quejaba en su escrito por el calificativo “delincuente” utilizado contra él por el ministro del Interior. Señalaba que, en todo caso, sería “ex delincuente”, porque su pena se había extinguido en 2008. Pero el policía se explayó en el antepenúltimo párrafo de la denuncia: “Quiere dejar claro que cuando el denunciante ha cometido determinados delitos en la lucha contra el terrorismo de ETA fue como consecuencia de las órdenes que el dicente ha recibido del Gobierno de Felipe González Márquez del que el señor Rubalcaba formaba parte, como así determinó el Tribunal Supremo de nuestro país”.Y no le falta razón a Amedo. En el asunto de los GAL, el ex presidente y algunos de sus colaboradores interpretaron el papel del Capitán Araña, aquel personaje (Aranha) del siglo XVIII que embaucaba en los puertos de España a los jóvenes para que combatieran en América, pero él nunca se embarcaba. El Gobierno de González implicó a decenas de funcionarios en la guerra sucia contra ETA pero, cuando vinieron mal dadas, eludieron su responsabilidad y abandonaron a su suerte a los encausados. Muchos de ellos, como el propio Amedo, acabaron con sus huesos en la cárcel. Es cierto que Rubalcaba, cuando los GAL secuestraron a Marey a finales de 1983 y posteriormente asesinaron a 27 personas e hirieron a muchas más, no formaba parte del Gobierno, pero sí ocupaba un cargo de responsabilidad en el área de Universidad y Educación. Pero, en 1988, cuando se abrió el caso Batxoki/Consolation (sumario 1/88) ya era secretario de Estado de Educación y, entre 1992 y 1993, alcanzó la cartera de Educación y Ciencia. De allí Felipe González se lo llevó a La Moncloa nombrándolo ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Estamos hablando del periodo 1993/96, los años más duros del felipismo, en los que se desató una sucia y dura campaña contra jueces, fiscales y periodistas para ocultar la corrupción y el crimen de Estado. De ahí que el policía Amedo afirme que se convirtió en “delincuente” porque se lo pidió un Gobierno democrático presidido por González y del que formó parte, como director general, secretario de Estado, ministro o portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba. Nadie puede negar que Amedo fuera condenado a 108 años de cárcel por dos acciones terroristas de los GAL pero, por paradojas de la vida, aquel caso Batxoki/Consolation, como mantenía la semana pasada, no se ha cerrado. Sigue abierto en la Audiencia Nacional –si no lo prescribe la inanición judicial– y puede provocar muchas situaciones de infarto. Ese Gobierno del que formó parte Rubalcaba llevó a cabo un sinfín de irregularidades, monstruosidades jurídicas, invectivas, intrigas, conjuraciones, conspiraciones, presiones y también extorsiones para que no se supiera la verdad sobre los GAL. A quienes nos oponíamos a que la guerra sucia quedara en el olvido nos sometieron a todo tipo de tropelías. Otros compañeros de la prensa iniciaron una cruzada para que no vieran la luz los papeles del Cesid –claves para la investigación judicial– argumentando que era documentos secretos y confidenciales que no podían ser desclasificados. Ahora, en cambio, se ponen las botas difundiendo los papeles de WikiLeaks, que tienen el mismo porte que los del Cesid. Sólo una diferencia: no afectan a los GAL y a Felipe González.Rubalcaba, que en aquellos años del oprobio dirigía el Gabinete de crisis desde La Moncloa, prefiere que Amedo siga con la boca cerrada. Para lo que también lucharon algunos de sus compañeros de Gabinete, como el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch. He tenido acceso al contenido del documento que, el 1 de febrero de 1994, le remitió Amedo desde la prisión de Guadalajara. En él le narraba todos los incumplimientos del Gobierno y las maniobras de Garzón en su juzgado antes de abandonarlo para convertirse en el número dos de Felipe González. No tiene desperdicio. El entonces Notario Mayor del Reino –actual alcalde de Zaragoza– se tragó el papel, privando su contenido a los jueces que instruían causas sobre los GAL, tanto en España como en Francia. La carta iba dirigida al mismo Belloch que unos años antes, en 1989, había firmado un duro manifiesto contra los GAL, elaborado por el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (Cedri). El manifiesto denunciaba el terrorismo de Estado desarrollado desde el Gobierno de Felipe González y no tenía desperdicio: “Su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes”. Pero la misiva de Amedo le llegaba a Belloch en el momento más dulce de su vida. Era ministro de Justicia y aspiraba a metas mayores. Resumo algunos de los párrafos de un documento que, en la actualidad, está en poder del presidente de la Audiencia Nacional y del fiscal general del Estado. Espero que no suceda lo mismo que hace 16 años: Cuando el caso que me mantiene en prisión saltó a la prensa y comenzó a judicializarse, D. José Barrionuevo, ministro del Interior, y D. Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, me pidieron asumir el tema con el fin de garantizar la estabilidad del Estado... Corcuera y Vera nos rogaron después no complicar la continuidad de los aparatos del Estado, ni la del Gobierno apelando a nuestra responsabilidad. Nos garantizaron un indulto. Una vez pactado nuestro silencio se decidió ir a juicio a no defendernos para proteger la continuidad del sistema. Una vez confirmada la sentencia se nos ruega no recurrir al Constitucional para no retrasar el indulto. Picamos el anzuelo. Indudablemente, esa sentencia hubiese sido anulada por el TC o en Europa. Pero, inequívocamente, al quedarse sin los “cabezas de turco, Amedo y Domínguez”, la prensa hubiese continuado con el escándalo y se corría el riesgo de que se descubriese la verdad. Recientemente he podido saber que usted, en conversación privada, ha dicho que “a nosotros no se nos ocurra hablar” y eso que es un recién llegado… Me imagino que no estaba al corriente de todas esas situaciones... Indudablemente, las puede comprobar y darse cuenta de nuestra dignidad en comparación con la de los demás… Nuestro silencio demuestra nítidamente la clase de personas que somos comparativamente con quien dirige el supuesto estado de Derecho. Amedo le adelantaba al ministro que su esposa y la del otro policía, Míchel Domínguez, pensaban poner en conocimiento del Rey la situación que estaban atravesando. Finalmente, lo hizo él a través de una carta que le remitió al monarca el 18 de abril de 1994. Le decía que no estaba dispuesto a seguir manteniendo una farsa judicial y política: Tendré que legitimar mi postura personal y familiar situando política y judicialmente a quien pretende olvidar sus promesas… El señor Amedo no está dispuesto a consentir que le sigan manipulando. La abyección política no se seguirá interponiendo en mi honesto proceso y comportamiento con cuantas personas me han tratado durante estos largos años. Como pueden leer, toda la línea argumentaria de Amedo gira en torno a su pacto con el Gobierno de Felipe González. Silencio a cambio del indulto y de otra promesa que no se desvela: una suculenta cuenta en Suiza con dinero de los fondos reservados que recompensara los daños económicos sufridos y que sirviera para mantener a su familia y rehacer su vida cuando saliera de la cárcel. ¿Y para qué un pacto? ¿Por la cara bonita del policía de Lugo? O porque se pretendía ocultar la implicación del Gobierno en los GAL. Pero el acuerdo se hizo añicos cuando el Ejecutivo creyó que tenía controlado el caso GAL. Principalmente, cuando Garzón fue abducido por Felipe González antes de las elecciones de 1993 y por la complicidad de las más altas instancias de la Justicia. Además, La Moncloa disponía del mayor grupo mediático del país que le servía de altavoz. En aquellos años, al felipismo no sólo le importaba la defensa de la razón de Estado en la lucha antiterrorista, estaba más preocupado en perpetuarse en el poder. Para ello, no dudó en quebrar el sistema judicial e institucional del país. Me río del caballo de Pavía. Por todo ello, me sorprenden las palabras de Rubalcaba llamando delincuente a Amedo. El subcomisario, como reconoce en su denuncia, fue condenado a 108 años de cárcel y pagó por sus delitos. El partido del Rubalcaba también pagó sus excesos cuando fue castigado en las urnas en las elecciones de 1996 y pasó a la oposición, pero los jefes supremos de los GAL jamás pisaron un juzgado ni se sentaron en el banquillo. No es mi cometido acusar ni condenar a nadie desde un periódico, sólo me resisto a que se escriba nuestra historia reciente con páginas en blanco o con borrones. Que se sepa la verdad política y judicial. Y, sobre todo, que no saquen pecho quienes no merecen sacarlo. Amedo fue un delincuente cuando formó parte de los GAL, pero quienes impartieron las órdenes o después pretendieron encubrir con trampas y subterfugios las tramas de la guerra sucia fueron igual de delincuentes. No dispongo de una varita mágica ni de la lista de todos sus componentes, pero algún día se sabrá. Termino con una frase de Julio Anguita, el de la “pinza” con Aznar: “Algunos son personajes de Rinconete y Cortadillo, pero pretenden que los tratemos como del país de los Nibelungos”. 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El etarra del pueblo de Garzón y la perseverancia de AmedoUn juzgado abre diligencias tras la denuncia de Amedo contra Rubalcaba por injurias. La Audiencia Nacional ha vuelto a investigar las relaciones de ETA y las FARC colombianas. El etarra Segura Burgos, del pueblo de Garzón, reside en las tierras impunes de Chávez. Burgos fue socio de Cubillas en el pub Oker’s, adonde acudía lo mejor de la sociedad caraqueñaLos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional siguen trabajando para que los terroristas de ETA, que residen asilados en Venezuela con la anuencia y la cobertura del régimen chavista, paguen en cárceles españolas el medio centenar de muertes que causaron con sus acciones violentas en los años 80 y 90. El proceso judicial se presenta difícil y dilatado por dos razones: muchos de los delitos ya han prescrito y la mayor parte de los etarras disponen de carta de naturaleza venezolana o cédula de residencia. Son unos 50 militantes que llegaron a tierras venezolanas hace veinte años y, desde el ascenso a la presidencia de Hugo Chávez, cuentan con la protección del militar bolivariano. Fueron deportados de Argelia y Francia de manera provisional –sin haber pagado sus crímenes– tras un acuerdo firmado entre Felipe González y el entonces primer mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez, pero han vivido en un limbo judicial sin que ningún Gobierno democrático español haya tomado cartas en el asunto.Hasta hace unos meses, en que unos pocos jueces y fiscales pusieron los focos sobre ellos. Las investigaciones del juez Eloy Velasco sobre las relaciones de ETA y las FARC colombianas, la participación de Arturo Cubillas en cursos de manejo de explosivos en la selva amazónica y la detención en Francia de José Lorenzo Ayestarán Legorburu, uno de los históricos de la banda expulsado de Argelia en 1989 y que había permanecido durmiente en Caracas durante dos décadas, encendieron las luces de alarma. Los etarras del santuario chavista seguían activos y dispuestos a atentar en la España de 2010. Y ahí radica el problema: la falta de reparación moral y penal para los familiares de las víctimas de los 50 asesinados con el coche bomba y el tiro en la nuca y la cobertura logística que los protegidos por Chávez siguen dando a la banda terrorista.ImpunidadEn la Audiencia Nacional me recuerdan una vez más que están atados de pies y manos y que una cosa es el lenguaje periodístico y otra el judicial. A veces, por mucho que los periodistas nos esforcemos en nuestra tarea, ambos estilos lingüísticos no confluyen –como cuando nos explicaban en el colegio el significado de las líneas paralelas: por mucho que se alarguen, nunca se tocan–. Pero uno se resiste a asumir ese legado de impunidad. Me consta que el Juzgado Central de Instrucción número seis y el fiscal coordinador de terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, trabajan denodadamente para que, al menos, Cubillas y el resto de los etarras sobre los que pesa una orden internacional de busca y captura por delitos recientes sean extraditados a España desde Venezuela y Cuba.Como ya saben ustedes, sobresale el inefable Arturo Cubillas, que, tras casarse con una venezolana, posee la carta de nacionalidad venezolana, trabaja en el Ministerio de Agricultura y Tierras y es amigo íntimo del vicepresidente de la nación bolivariana, Elías Jaua. Lo paradójico del caso es que Cubillas, el mismo terrorista que dirigió en 1984 el comando Oker, que perpetró una veintena de atentados en España causando tres muertes y adiestró en la selva hasta hace unos meses a jóvenes etarras, es uno de los responsables de las expropiaciones de tierras a ciudadanos españoles con intereses económicos en Venezuela.A falta de bombas...Un ex ministro de aquel país me comentaba hace unas semanas que Cubillas tiene fama de ser el funcionario que más se ensaña con los empresarios españoles. A falta de bombas y metralletas, esa actitud puede suponer para Cubillas una especie de sucedáneo a fin de ajustar cuentas con su ex madre patria.Entre todos estos etarras que disfrutan del paraguas protector del régimen chavista destaca un andaluz oriundo de Torres, el mismo pueblo jienense donde nació el juez Baltasar Garzón. Se llama Gabriel Segura Burgos y vino al mundo en 1958, tres años después de que lo hiciera el magistrado de la Audiencia.ExpulsadoPosiblemente, hasta pudieron coincidir en la infancia en un partido de fútbol o en las procesiones de Semana Santa. Sí es inequívoco que Segura Burgos llegó a Caracas en 1989 desde Argelia subido en un avión de las fuerzas aéreas españolas. Antes había sido expulsado de Francia a tierras magrebíes en octubre de 1987 y se había unido al asentamiento etarra allí montado por el jefe de la banda, Domingo Iturbe Abasolo, Txomin. Tras el fallecimiento de éste y el fracaso de las negociaciones en Argel del Gobierno español con ETA, Felipe González optó por la expulsión de todos los miembros de la banda allí confinados. Desde La Moncloa pensaron que la mejor solución era alejarlos de Europa y extrañarlos a América: México, Venezuela, Cuba, Panamá y República Dominicana.Allí llegó Segura una vez quemado como terrorista en España. El andaluz, sin formación docente, que años antes había buscado un futuro mejor emigrando desde Jaén a tierras vascas, donde trabajó de conductor, iniciaba una nueva vida en el nuevo continente. En el País Vasco se había enrolado en ETA como también hicieron otros muchos inmigrantes llegados de las regiones más deprimidas de España. Es decir, en palabras del racista Sabino Arana, era un maketo, un maketo de ETA, aquel término que se inventó el fundador del PNV para definir a los vascos nacidos fuera de Euskadi. Un maketo como otros etarras: Txiki Paredes Manot (Extremadura), Caride Simon o Domingo Troitiño (Galicia), García Corporales (León) y muchísimos más.Causa vascaSegura Burgos, como el resto de los maketos, se veía obligado a demostrar todos los días su total entrega a la causa vasca, es decir, que él era más vasco que los nacidos en Euskadi. Una buena excusa para ingresar en el comando Vizcaya de la banda terrorista como miembro legal, esos activistas que no están fichados por la Policía. Pero en julio de 1985 fue descubierto junto a otros 18 militantes y el comando fue desarticulado. La lonja donde el grupo guardaba las armas era propiedad, según pudo comprobar la Policía, de un joven andaluz que no llegaba a los 27 años, domiciliado en Santurce, que logró huir a Francia. En el local hallaron tres metralletas, tres fusiles, 15 granadas, cinco chalecos antibalas, abundante munición, explosivos, tres pistolas y un arma arrebatada al brigada de Marina, José Villarengo, a quien habían asesinado en Portugalete. El análisis balístico de otra arma demostró que había sido utilizada para asesinar a dos policías y a una mujer mientras comían en un restaurante de Sestao. Al comando se le atribuía asimismo otros cinco asesinatos, cometidos entre 1984 y 1985.El protectorÉse es el perfil del vecino del pueblo del juez Garzón, que vive placenteramente en Venezuela, bajo el manto protector de Chávez. Segura Burgos fue socio de Cubillas en el pub-restaurante Oker’s de Caracas, adonde acudía la flor y nata de la sociedad caraqueña, como señalaba Jesús María Zuloaga en un vanguardista reportaje que publicó en 1996 en ABC sobre la colonia etarra en Venezuela. Cubillas puso a su restaurante el nombre de su comando asesino, que en español significa Torcido. Cuando Cubillas se siente ante del juez Eloy Velasco, tendrá que contarnos el significado real de Torcido.Segura Burgos era el maître del local mientras permaneció abierto hasta el año 2003, en que Cubillas se incorporó al Ministerio de Agricultura y optó por su cierre. El paisano de Garzón con anterioridad, junto a su mujer María Teresa González Pérez, había regentado en Puerto de la Cruz el hotel Sorrento y el restaurante Mendi. La esposa trabajaba de cocinera en una clínica de la misma localidad. El resto de socios de Cubillas y Segura dejó en España un reguero de sangre con decenas de cadáveres. El comando Oker, que de torcido tenía poco, fue el responsable del asesinato en Irún, en noviembre de 1984, de un ciudadano francés, Joseph Couchot, a quien la revista Punto y Hora había relacionado con los GAL. Couchot no pertenecía al círculo del subcomisario Amedo, sino al de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Y hablando de Amedo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo ha abierto las diligencias previas en el procedimiento abreviado 2195/2010 tras la denuncia por injurias presentada por el policía contra Alfredo Pérez Rubalcaba.El ministro del Interior tachó a Amedo de “delincuente” y éste le contestó que si llegó a serlo, fue siguiendo las órdenes de un Gobierno del que Rubalcaba formaba parte. Tras la ratificación de Amedo, que se ha personado en la causa, el Juzgado de Pozuelo se verá obligado a remitir las diligencias al Tribunal Supremo, ya que el dirigente socialista, en su doble condición de diputado y ministro, disfruta del privilegio de aforado.La verdad, siempreSegún fuentes próximas al ex policía de los GAL, Amedo piensa llegar hasta el final en su lucha personal para que se sepa la verdad sobre la creación y el encubrimiento de la guerra sucia desde los diferentes ejecutivos felipistas. Rubalcaba fue portavoz y ministro de la Presidencia en el último Gobierno de Felipe González, entre 1993 y 1996, años en los que se creó un gabinete de crisis en La Moncloa para que los GAL no salpicaran al entonces presidente socialista.El excelente periodista y escritor, ya fallecido, Javier Ortiz, en su libro El felipismo de la A a la Z (Espasa, 1996), escribe lo siguiente sobre Rubalcaba: “Fue el primer portavoz del Gobierno felipista, desde Eduardo Sotillos, al que se le entendía lo que decía. Otra cosa es que casi todo lo que dijera fuera mentira. Demostró una capacidad para mentir realmente extraordinaria, incluso dentro de la clase política, propia de un falsario vocacional”.
Amedo: “Julián Sancristóbal me hizo promesas en nombre de Felipe González” Hoy ven la luz en LA GACETA declaraciones del subcomisario que nunca fueron judicializadas. “Me presionaron con el fin de que no declarase en los sumarios de los GAL contra el Gobierno socialista”. Los policías atribuían a Amedo haberle dicho a Sancristóbal que ‘aflojara la gallina’ si quería a cambio su silencio. Amedo acusaba directamente a los Gobiernos de González. El equipo de manipuladores estaba dirigido por Rubalcaba. Manuel Cerdán. Madrid“Ya en prisión, entre 1988 y 1994, fui visitado en diversas ocasiones por Julián Sancristóbal, como se puede acreditar en el libro de visitas de la prisión de Guadalajara y Logroño, al objeto de presionarme y coaccionarme con el fin de que no declarase en los sumarios de los GAL contra él ni el Gobierno socialista, prometiéndome recompensas y beneficios futuros y transmitiéndome la voluntad de Felipe González de indultarme lo antes posible”. En mis manos ha caído, en exclusiva, un documento que ha permanecido durante años olvidado en un cajón de la comisaría de Chamartín de Madrid. No tiene desperdicio. Se trata de una declaración de José Amedo ante dos policías por una denuncia falsa por coacciones presentada contra él por quien había sido durante años su jefe, Julián Sancristóbal. El testimonio está fechado el 29 de abril de 1998, dos días después de que Amedo compareciera en Bilbao ante el titular del segundo sumario Brouard, en medio de un montaje urdido por el abogado Rodríguez Menéndez, con la complacencia de jueces y fiscales. Se dio la extraña circunstancia de que Amedo fue abordado por un policía, cuando permanecía en la antesala del despacho del juez instructor de Bilbao, que le colocó en sus manos una citación para que se presentara en la comisaría de Madrid. Algo inusual en este tipo de procedimientos: que un funcionario se desplace 400 kilómetros para entregar una citación. A la vuelta de Bilbao, Amedo se presentó en la comisaría y, en lugar de sentirse forzado, se despachó sobre la implicación de Sancristóbal y su Gobierno en la formación de los GAL. Los policías que recibieron al subcomisario en las instalaciones de Chamartín, a quien en el acta de la declaración lo presentan como detenido, cuando realmente se había presentado voluntariamente, insistieron en su interrogatorio sobre un supuesto chantaje. Le atribuían haberle dicho a Sancristóbal que “aflojara la gallina” si quería a cambio su silencio. Pero Amedo dio la vuelta a tan grotesca escena, que tenía toda la pinta de una encerrona, al mejor estilo de la mafia policial, y, en lugar de aflojar, cantó la gallina. “Como consecuencia de conocerse a nivel de prensa distintas tramas de los GAL, en mayo de 1988, Julián Sancristóbal después de dejar la Dirección General de Seguridad, me citó junto a Planchuelo para decirme que debería asumir la cárcel para no entorpecer las dinámicas de la Seguridad del Estado. Me aseguró que Barrionuevo le había confirmado que, como consecuencia de mi sacrificio, sería indultado por el Gobierno socialista después de dos años en la prisión”, afirmó el subcomisario. La declaración de Amedo, que acusaba directa y llanamente a los Gobiernos de Felipe González como los creadores y, posteriormente, encubridores de la guerra sucia contra ETA, entre 1983 y 1987, podría ser considerada como un documento incunable sobre los GAL. “Con ocasión de un permiso penitenciario en abril de 1993 Sancristóbal me llevó en su vehículo particular al despacho oficial del entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, para entre los dos seguir presionándome y coaccionándome y haciéndome promesas en nombre de Felipe González”. Los hechos denunciados por el policía de los GAL coincidían con el funcionamiento del gabinete de crisis, constituido en La Moncloa para acallar los efectos de las investigaciones periodísticas sobre el crimen de Estado de la era felipista. El muñidor en la sombra de aquel equipo de manipuladores de la información estaba dirigido por el actual vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Todas las gestiones encaminadas a acallar a Amedo y Domínguez partían de La Moncloa. Además de Rubalcaba, otro de los protagonistas era José Enrique Serrano, actualmente jefe de Gabinete de Zapatero. Amedo se manifestaba con contundencia en su declaración ante la Policía: “Como consecuencia de mis acusaciones en la Audiencia Nacional del 19 de diciembre de 1994 contra él y la cúpula socialista de entonces, en enero de 1995, su abogado trató de convencerme para que arreglase la situación de prisión de Sancristóbal asegurándome que había tomado el camino malo. Como no cedí Sancristóbal llamó desde la prisión a mi esposa para que me traicionase ante el juez Garzón diciendo que mis declaraciones no se ajustaban a la realidad. Le prometió que no le faltaría dinero el resto de su vida ni a ella ni a sus hijas. Sobre las presiones a mi esposa es conocedor el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez”. E insistía: “Sancristóbal llego a ofrecerme, a través de intermediarios, cuarenta millones de pesetas que tenía en una bolsa, sin que yo aceptase, tratándome de seguir presionándome a través de Francisco Álvarez”. Y por último: “Sancristóbal cuando estaba al frente de la dirección de la Seguridad del Estado prohibió al comisario Antonio Rosino seguir con la investigación sobre el asesinato de Brouard, según me manifestó este último. Planchuelo, que ya había declarado en el sumario Brouard, me llamó al teléfono del pub Cóndor de Pozuelo para decirme lo que debía declarar. Yo le contesté que no recibía instrucciones de nadie, Por todo lo expuesto, manifiesto que a lo largo de estos años y en esta última ocasión el que ha tratado de presionarme, coaccionarme y sobornarme ha sido Julián Sancristóbal”. Las declaraciones de Amedo nunca fueron enviadas desde la comisaría de Chamartín a un juzgado de Madrid ni fueron reveladas por sus actores. Quedaron olvidadas en un archivador hasta que hoy ven la luz en LA GACETA. Los GAL son un pozo sin fondo que todavía pueden acarrear muchas sorpresas. Por lo pronto ya son dos casos sin prescribir: Batxoki/La Consolation y Brouard. En este último, en noviembre de 1984, a un alto cargo del Gobierno se le fue la mano y ordenó a una facción de los GAL, fuera de la órbita de José Amedo y de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao y ajena al cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, que asesinara en la ciudad bilbaína al dirigente de Herri Batasuna (HB), Santiago Brouard. Fue la primera y única acción de los GAL cometida en España por un comando integrado por delincuentes comunes del mundo de la droga que, paralelamente, trabajaban de confidentes policiales. Desde el Gobierno Civil de Vizcaya prometieron por la acción a los asesinos 25 millones de pesetas, aunque ese dinero nunca les llegó. Se dio la circunstancia que uno de los imputados, Luis Morcillo, se vio a pagar de su bolsillo los gastos de uno de los autores, López Ocaña, para que este no cantara ante el juez. El caso Brouard, si no me fallan las cuentas y no me engañan mis fuentes, es otro de los asuntos de la guerra sucia que no ha prescrito. El subcomisario Amedo fue procesado aunque era manifiesto que nada tenía que ver con la muerte de Brouard. Pagó el precio de la venganza de sus ex jefes en Interior con varios meses de cárcel por un delito que no había cometido. Pero esa afrenta, por caprichos de la vida, también le ha servido para disfrutar de inmunidad en el caso Brouard. Por tanto, su testimonio podría ser infalible. Una frase del ex subcomisario de Bilbao a un alto cargo del Gobierno que lo visitó varias veces, a lo largo de 1993 en la cárcel de Guadalajara para alimentar su silencio, resume el protagonismo de la otra banda –la del encubrimiento– del crimen de Estado: “El GAL no soy yo, el GAL sois vosotros”. Sólo queda despejar los nombres que se pueden imputar a esa segunda persona del plural del pronombre personal aunque, con las monstruosidades que se cometieron contra el Estado de derecho, a costa de la razón de Estado, podemos enfrentarnos a cualquier aberración: ¡hasta la desaparición de los pronombres personales! Sólo sería un secuestro más. Leer más...
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. La ley se estructura en siete títulos, diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.Los siete títulos regulan, respectivamente, los aspectos generales; los derechos de los usuarios de los servicios postales; el servicio postal universal y sus precios y otras condiciones tarifarias; el régimen general de prestación de los servicios postales en España; el acceso a la red y a otras infraestructuras postales y la resolución de conflictos entre operadores; la autoridad nacional de reglamentación; y, finalmente, las cuestiones relacionadas con la inspección, las infracciones y las sanciones.La ley configura, de acuerdo con la Directiva que transpone, tres áreas bien definidas de servicios postales.De una parte, como corazón del sistema, el servicio postal universal, cuyo alcance material y exigencias formales se fijan el título III y que se encomienda en régimen de obligaciones de servicio público al operador público Correos y Telégrafos, S. A. De otra, los servicios que cayendo bajo el alcance material del servicio postal universal se prestan en condiciones de libre mercado ajenas a las obligaciones de servicio público que se le imponen al prestador del servicio postal universal. Para la prestación de estos servicios es necesario disponer de la correspondiente autorización administrativa singular.Finalmente, de acuerdo con el considerando 18 de la Directiva 97/67/CE, aquellos servicios postales distintos de los servicios postales tradicionales, pueden ser prestados con una mera declaración responsable de respeto a los requisitos esenciales que son la condición de posibilidad de funcionamiento del nuevo modelo postal español. Entre estos requisitos, junto con la protección de derechos fundamentales como el secreto en las comunicaciones postales, se incluyen el respeto a las normas que protegen los derechos de los trabajadores y los usuarios y los ordenamientos en materia tributaria o de inmigración.En el título I la ley define su ámbito objetivo de aplicación, que comprende la regulación del servicio postal universal, los derechos de los usuarios de los servicios postales entendidos como el trasunto de la obligación del Estado de garantizar ese servicio de acuerdo con unos determinados parámetros de calidad y un mercado postal plenamente adaptado a la normativa comunitaria. A tal efecto, define la naturaleza, contenido y régimen de prestación de los servicios postales, y excluye de su ámbito de regulación los servicios prestados en régimen de autoprestación y los relativos a envíos sin dirección postal del destinatario. El texto actual ha mejorado la delimitación de este concepto a fin de evitar que pudiera ser un potencial elemento perturbador del modelo postal, evitando que por vía de la autoprestación puedan prestarse auténticos servicios postales al margen de lo previsto en la ley.El título II se ocupa de los derechos de los usuarios delimitando con precisión suficiente la posición jurídica de éstos para garantizar la mejor transparencia del mercado postal y el logro del nivel de calidad requerido. La atribución de estos derechos opera como un parámetro de la obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio postal y para definir la calidad exigida al mismo. Los derechos aquí recogidos están íntimamente conectados por tanto con la obligación del Estado de garantizar un servicio postal universal que adecue su organización y régimen a las exigencias sucesivas de calidad según los medios técnicos disponible. De esta forma se mantiene el papel pionero desarrollado por el servicio español de Correos en el seno de la Unión Postal Universal.El título II afronta, pues, la necesaria labor de sistematización de los derechos de los usuarios y en consecuencia incorpora una auténtica carta de derechos. Se reconocen como tales los relativos al secreto de las comunicaciones, inviolabilidad de la correspondencia, protección de datos de carácter personal, denuncia, indemnización, propiedad de los envíos postales, presentación de escritos a las Administraciones Públicas, prueba de depósito y entrega de los envíos certificados, reexpedición y rehúse de los envíos postales y protección de los envíos no entregados. A los anteriores se añaden como nuevos el derecho a la información sobre los servicios postales, a la reclamación, que comporta la correlativa obligación por parte de los operadores postales de establecer procedimientos sencillos, gratuitos y no discriminatorios con el fin de que la reclamación sea resuelta en el plazo máximo de un mes y la posibilidad de que los usuarios puedan someter las controversias que se susciten con los operadores postales al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, y las que ocurran en el ámbito del servicio postal universal, a la Comisión Nacional del Sector Postal, y a la identificación del operador postal.Esta tarea se ha completado dotando de fuerza efectiva al ejercicio de tales derechos a través de la correspondiente tipificación de las infracciones por su incumplimiento.El título III, que se estructura en cuatro capítulos, regula el servicio postal universal, que se define como el conjunto de servicios postales de calidad determinada por la ley, prestados de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios.El capítulo I junto al concepto enumera las actividades incluidas en el ámbito material del servicio postal universal. Esta enumeración respeta los límites establecidos en la Directiva que se transpone. Se ha optado por aumentar el límite para los paquetes en el ámbito del servicio postal universal a 20 kilogramos.El capítulo II establece los principios de equidad, no discriminación y continuidad como rectores de la prestación del servicio postal universal, define las condiciones básicas de recogida y distribución de los envíos postales para su prestación por el operador designado y remite al plan de prestación del servicio postal universal la concreción de las condiciones detalladas de su prestación, de acuerdo con lo que se disponga por Acuerdo del Consejo de Ministros. En dicho plan se fijará la extensión y densidad mínima de la red, los criterios y el procedimiento para la determinación del coste neto y las medidas que aseguren la mejora permanente de la eficacia y la eficiencia en su prestación.No se pueden desconocer los importantes compromisos que las Administraciones Públicas han de asumir de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que determina que el término postal ha de evolucionar hacia un concepto más amplio que el tradicional en tanto se produce el pleno desarrollo de la Sociedad de la información, tiempo en que han de coexistir los medios de notificación físicos y telemáticos.El capítulo III impone la obligación de llevanza de contabilidad analítica y de separación de cuentas, regula el coste y la financiación de las obligaciones de servicio público del servicio postal universal, atendiendo a los conceptos de coste neto y carga financiera injusta, crea el fondo de financiación del servicio postal universal dirigido a compensar la referida carga y regula diversas fuentes adicionales de financiación que son, junto con la del Estado, la contribución postal, la tasa por concesión de autorizaciones administrativas singulares y las garantías que se otorgan al operador designado para garantizar la prestación del servicio postal universal y su buen funcionamiento.El sistema de financiación de las obligaciones de servicio público que se le imponen al prestador designado del servicio postal universal es la garantía del equilibrio financiero del prestador puesto que configura un conjunto de fuentes de financiación que reparte el esfuerzo de contribuir al sostenimiento de un servicio de calidad entre los titulares de autorizaciones administrativas singulares y el prestador designado, al mismo tiempo que prevé la aportación anual de los presupuestos generales del Estado como el complemento llamado a subvenir la diferencia entre las necesidades de financiación y los límites de las aportaciones procedentes del propio mercado postal.La regulación de las contabilidades respectivas del operador designado y de los demás operadores postales con autorizaciones administrativas singulares en nada interfiere con las obligaciones generales derivadas de lo dispuesto en la legislación mercantil y sólo se crean a los estrictos efectos previstos en la presente ley.El capítulo IV regula los precios y otras condiciones tarifarias de los servicios postales prestados bajo régimen de obligaciones de servicio público, que deberán ser asequibles, transparentes, no discriminatorios y fijarse teniendo en cuenta los costes reales del servicio, de modo que incentiven su prestación eficiente. Se prevé la posible fijación de precios mínimos y máximos en garantía tanto de su asequibilidad como de su adecuación a la financiación del servicio.El título IV recoge diversos aspectos de la ley anterior, adaptando su contenido a la Directiva 2008/6/CE, en relación con la plena realización del mercado interior de los servicios postales comunitarios, para lo que regula, respectivamente, el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales, las declaraciones responsables y las autorizaciones administrativas singulares.En su capítulo I se establece el principio de libre competencia para la prestación de los servicios postales en los términos fijados por la ley, atendiendo a la necesaria diferenciación entre servicios incluidos y no incluidos en el ámbito del servicio postal universal, y se prevé la inscripción en el Registro mencionado de los datos y actos relativos a todos los prestadores de servicios postales.En el capítulo II se establecen las condiciones que habilitan para la prestación de servicios no incluidos en el ámbito del servicio postal universal y, a tal efecto, se requiere la presentación de una declaración responsable y el cumplimiento de los denominados requisitos esenciales para el ejercicio de la actividad postal, entre los que se cuentan, siguiendo lo establecido en la citada Directiva, el respeto de las estipulaciones de los regímenes de empleo y seguridad social establecidas mediante ley, reglamento o decisión administrativa o convenio colectivo negociado entre los interlocutores sociales nacionales con arreglo al derecho nacional o comunitario, cuyo incumplimiento grave o reiterado se tipifica como infracción muy grave en el título VII de la presente ley y determina la pérdida de validez y eficacia de la declaración.El capítulo III regula la autorización administrativa singular que se requiere para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal pero prestados en condiciones de mercado, esto es sin la imposición de obligaciones de servicio público. El otorgamiento de la autorización requerirá la previa constatación del cumplimiento por el operador postal de los requisitos esenciales exigidos en el capítulo anterior y comportará la asunción del compromiso de cumplimiento de las obligaciones de calidad, extensión territorial y alcance material que voluntariamente oferte a sus clientes, así como las obligaciones que expresamente se le imponen por la ley. Por lo que se refiere a las obligaciones de servicio público a que se refiere el artículo 43, al margen de las que en circunstancias excepcionales procediera imponer de acuerdo con el apartado quinto del artículo 22, el diseño de las mismas se hace dentro de los límites fijados por el artículo 9.2 de la directiva 97/67/CE.El título V se estructura en dos capítulos, que se destinan, respectivamente, a regular el acceso a la red postal y a otras infraestructuras postales y a la resolución de conflictos entre operadores postales.Se garantiza a los operadores postales al acceso a la red y a otras infraestructuras postales para la prestación de los servicios a que se refiera la autorización administrativa singular de que sean titulares, de acuerdo con los principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación que se definen expresamente a estos efectos, y se establecen las medidas necesarias para que el ejercicio de dicho derecho resulte compatible con la garantía de la integridad, eficacia y eficiencia de la red postal. Se impone al operador designado la obligación de negociar las condiciones de acceso que constarán bien en el contrato tipo autorizado por la Comisión Nacional del Sector Postal, bien en contratos singulares de cuya celebración se informará a dicha Comisión a la que compete verificar si los precios fijados en cualesquiera de ellos se ajustan a los principios de transparencia, no discriminación y cobertura del coste real ocasionado al titular de la red. Se establece la obligación de publicar un anuncio de celebración de cada contrato en la página web oficial del operador designado y se declara la nulidad de aquéllos que sean contrarios a dichos principios o al cabal cumplimiento del plan de prestación del servicio postal universal.En esta nueva regulación del importante tema del acceso a la red del prestador del servicio postal universal se ha tenido un extremo cuidado en asegurar que la prestación que se realiza en beneficio de los operadores postales se hace en condiciones de mercado, esto es, al margen de los precios subvencionados de que disfrutan los usuarios ordinarios del servicio postal universal.El capítulo II de este título regula los conflictos entre operadores postales y el operador designado para la prestación del servicio postal universal, cuyo conocimiento se atribuye a la Comisión Nacional del Sector Postal y los que se entablen entre operadores distintos del designado para la prestación del citado servicio, que podrán ser sometidos al arbitraje de la citada Comisión.El título VI se ocupa del marco institucional y, en consecuencia, de los órganos administrativos competentes para la aplicación de esta ley. Se establece que tendrán la consideración de Autoridad Nacional de Reglamentación Postal el Gobierno, los órganos superiores y directivos del Ministerio de Fomento con competencias en esta materia y la propia Comisión Nacional del Sector Postal. Asimismo, se regula el Consejo Superior Postal como máximo órgano de participación de las Administraciones públicas, los operadores, los usuarios, organizaciones sindicales y asociaciones filatélicas, al que corresponderán las funciones de consulta que se le atribuyan.Por último, el título VII regula la inspección, las infracciones y las sanciones en el orden postal. Las competencias inspectoras corresponden a la Comisión Nacional del Sector Postal, cuyos funcionarios serán considerados agentes de la autoridad y estarán investidos de las facultadas inquisitivas propias de su función, que no es otra que la de investigar y corregir las conductas de los infractores. El reforzamiento de la regulación de la función inspectora que acomete la ley se corresponde directamente con su contenido en materia de tipificación de infracciones y de régimen sancionador, ámbito en el que la ley realiza un importante avance en la seguridad jurídica y en la equidad, por cuanto explicita los criterios para graduar las infracciones que tipifica y señala las sanciones máximas correspondientes a cada tipo infractor, en línea con las tendencias actuales en el ámbito europeo.Como novedades en este ámbito cabe destacar, además, la declaración como responsables solidarios de los operadores postales respecto de las infracciones postales que cometan sus trabajadores, de quienes sucedan al operador postal en el ejercicio de la actividad, y de sus administradores de hecho o de derecho, y la posibilidad de imponer multas coercitivas dirigidas a obtener la corrección de las conductas infractoras en el supuesto de que no se produzca el cumplimiento voluntario tras haberse concluido el procedimiento sancionador.En la disposición adicional primera se designa por un periodo de 15 años a la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima» como operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, al ser la única entidad que está en condiciones de prestar este servicio con la calidad y extensión requeridas, y se establece la suscripción de un contrato regulador de la prestación del citado servicio, que se celebrará por sucesivos períodos quinquenales, entre los Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento y el operador designado, y en el que se determinarán los derechos y obligaciones atribuidos a las partes. Y en la disposición adicional segunda se prevé la periódica valoración por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del cumplimiento por parte del operador designado de sus obligaciones.Asimismo, las disposiciones adicionales tercera a séptima regulan, como extremos más relevantes, las competencias de la Subsecretaría de Fomento en relación con la fijación de servicios mínimos en el ámbito del servicio postal universal, la emisión y distribución de sellos y otros signos de franqueo, el régimen de condecoraciones postales y la designación de carteros honorarios, las menciones realizadas en otras normas a la citada Ley 24/1998, de 13 de julio, que se entenderán hechas a la presente ley, y el sello de excelencia de empresa postal sostenible, que se crea para incentivar el esfuerzo empresarial en el sector postal en la mejora de los aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental y la mejora de las condiciones sociales y laborales en las que se desenvuelve el trabajo en el mercado postal español. Es este un mecanismo que desde el punto de vista positivo, esto es, como contrapunto del sistema sancionador, pretende incentivar la emulación entre empresas postales por esforzarse en cumplir con los valores que informan el nuevo modelo postal español.En cuanto a las disposiciones finales, procede señalar que la primera contempla la modificación de determinados apartados de diversos artículos de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal; la segunda se refiere a la adopción en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley de la medida necesaria para garantizar el efectivo cumplimiento del censo promocional; la tercera regula los servicios adicionales o complementarios a los servicios postales; y por último, las disposiciones finales cuarta y quinta se dedican a señalar la incorporación al derecho español de la Directiva 2008/6/CE y a expresar el título competencial en el que se basa la iniciativa legislativa del Estado que se contiene en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
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References: resolución 
 artículo 43
 artículo 22
 artículo 9
 resolución 
 artículo 149