Source: http://thomsonreuterslatam.com/2018/05/cancelacion-de-obligaciones-tributarias-efectuada-con-bonos-comprados-en-el-mercado-de-valores/
Timestamp: 2018-06-19 10:42:45+00:00

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Thomson Reuters | Cancelación de obligaciones tributarias efectuada con bonos comprados en el mercado de valores
Cancelación de obligaciones tributarias efectuada con bonos comprados en el mercado de valores
Por Thomson Reuters En 29 mayo, 2018 · Añadir comentario · En Jurisprudencia
Un contribuyente, que había adquirido bonos Decreto 379/2001 mediante cesión, efectuó el pago de diversas obligaciones tributarias. Posteriormente, el fisco nacional declaró caduco el beneficio impositivo-bono fiscal otorgado al cedente e intimó al cesionario el ingreso de los montos abonados con el título. Promovida acción, el juez declaró válido el pago de las obligaciones tributarias con el bono. La Cámara confirmó la decisión.
El pago de las obligaciones tributarias mediante bonos Decreto 379/2001, adquiridos mediante cesión, resulta válido, pues el cesionario resulta ser adquirente de buena fe, al comprarlo en el Mercado de Valores a través de un agente de bolsa autorizado, cumpliendo así con las exigencias impuestas por la AFIP para acceder a él como beneficiario, máxime si se tiene en cuenta que una vez presentado el bono, el ente recaudador los aceptó sin ningún tipo de objeción ni reserva, siendo que la Resolución 1287/02 lo facultaba a dar una constancia de aceptación condicional.
Texto Completo: Expte. N° FCB 34040001/2012/CA1
2ª Instancia.- Córdoba, marzo 2 de 2018.
La doctora Navarro dijo:
Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en contra de la Resolución de fecha 8 de marzo de 2016 dictada por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba y a través de la cual, hizo lugar a la acción entablada por Daniel Castiñeira y Compañía SRL declarando válido el pago de las obligaciones tributarias por IVA 1-2008 por $ 63.152,87, IVA 2-2008 por $ 50.678,56 y Anticipo 10-Ganancias 2007 12-2007, por $ 22.168,57, realizados por el actor con bonos Decreto 379/2001, con costas a cargo de la demandada.
Manifiesta la recurrente al expresar agravios en el libelo agregado a fs. 414/429, que es totalmente improcedente la vía legal elegida ya que no se ajusta a las reglas establecidas para que proceda este tipo de acción.
En efecto, luego de señalar los requisitos necesarios de la misma, pone de resalto que en el caso de autos no hay ningún estado de incertidumbre que pueda ser disipado por medio de una declaración judicial, sino que se trata de la simple disconformidad del actor con lo decidido por la AFIP. Por otro lado, en cuanto a la inexistencia de otra vía, manifiesta que las vías idóneas para discutir la cuestión aquí planteada son los recursos administrativos establecidos en la Ley 11.683 y su Decreto Reglamentario, en particular el art. 74. En consecuencia, la existencia de otras vías legales para la protección de los derechos, excluyen la presente acción, ya que la misma es excepcional y residual.
Seguidamente, se agravia de la sentencia aquí impugnada en cuanto el a quo declaró válido el pago de las obligaciones tributarias en cuestión, mediante los Bonos del Decreto 379/2001. En tal sentido, entiende que la resolución se apartó de las normas que reglamentan el caso bajo análisis. Continua manifestando el recurrente que habiendo quedado establecido en autos que los beneficios impositivos acordados al Sr. Paz han caducado, no puede el tercero adquirente —Daniel Castiñeira y Compañía SRL— pretender hacerlos valer como si aquellos se mantuvieran vigentes. Pone de resalto que de las normas mencionadas, surge claramente que ante la falta de cumplimiento en alguno de los requisitos y/o condiciones allí establecidos, ello acarrea indefectiblemente la imposibilidad de otorgarle cualquier efecto cancelatorio de pago a los bonos de que se trata.
Destaca que los bonos adquiridos por la firma actora carecen de la autonomía que le pretende otorgar el Sentenciante. En tal sentido, sostiene que el hecho de haber adquirido los bonos por una cesión, no obtuvo un derecho absoluto o definitivo; por el contrario —afirma— la actora conocía que el “bono fiscal” para producir los efectos cancelatorios de obligaciones fiscales, estaba sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario cumpla con lo establecido en la normativa de otorgamiento del beneficio. Por una cuestión lógico-jurídica —sostiene— los bonos producen sus efectos en tanto quien los obtuvo cumpla con lo acordado. Al caducarle el derecho a éste, es improcedente que el adquirente los haga valer como si nada hubiese pasado. Advierte que las normas existentes al momento de la adquisición son sumamente claras, por lo que no puede alegar como defensa la actora que desconocía el “riesgo” que implicaba adquirir esos bonos.
Por ultimo, se queja por la injusta imposición de costas a cargo de su representada por resultar totalmente improcedente debido a que la accionada ha actuado a lo largo de todo el procedimiento acorde a las normas aplicables al caso.
En definitiva, pide que se revoque la misma rechazando la demanda interpuesta, con costas.
Corrido el traslado de ley, el apoderado de la parte actora contesta agravios a fs. 431/447vta. solicitando por los argumentos allí expuestos y a los cuales me remito en honor a la brevedad, el rechazo del recurso de apelación interpuesto, con costas.
III. Previo a ingresar al análisis del recurso deducido, resulta necesario hacer una breve reseña de lo acontecido en la presente causa. Los autos se inician a raíz de la acción meramente declarativa deducida por Daniel Castiñeira y Compañía SRL, en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de que haga cesar el estado de incertidumbre sobre el pago de las obligaciones tributarias por IVA 1-2008 por $ 63.152,87, por IVA 2-2008 por $ 50.678,56 y por Anticipo 10-Ganancias 2007 12-2007, por $ 22.168,57, cancelados por el actor con bonos Decreto 379/2001.
Manifiesta el accionarte en la demanda que el decreto antes mencionado estableció un Régimen de Incentivo para los fabricantes de bienes de capital radicados en el territorio nacional, habiendo adquirido un bono número 404-2007-233653, por la cantidad nominal de $ 136.000, emitido por la Dirección Nacional de Industria el 05/02/2008, a favor del Sr. Víctor Miguel Paz, que posteriormente fue destinado al pago de las obligaciones tributarias precedentemente detalladas. Destaca que al momento de dicho pago, la AFIP tuvo por abonada la citada obligación, sin efectuar objeción alguna.
Seguidamente, hace mención que con fecha 15/11/2011 la AFIP dictó la Resolución 351/2011 (DI RTUC) en la que se declaró caduco el beneficio impositivo-bono fiscal otorgado al Sr. Paz.
Por otra parte, solicita en la demanda la firma actora que se otorgue a su favor una medida cautelar de no innovar, para que la AFIP se abstenga de tomar y/o continuar con medida administrativa o judicial alguna, tendiente a iniciar juicio de cobro o resolver toda cuestión relativa al impuesto al Valor Agregado ejercicios Enero y Febrero 2008, y a las Ganancias, ejercicio fiscal 2007, este último en virtud del pago realizado del anticipo número 10. Esta medida fue concedida mediante el proveído de fecha 17 de abril de 2012 frente a dicha decisión, la demandada interpone recurso de apelación solicitando sea revocada la misma. Con fecha 28 de Diciembre de 2012, se pronunció este Tribunal confirmando el proveído apelado con costas a la demandada perdidosa. Tal resolución motivó la interposición de un recurso extraordinario por parte de la accionada, remedio que fue denegado mediante el decisorio que obra agregado a fs. 210/211 de autos.
Finalmente el señor Juez de primera instancia, al decidir sobre el fondo de la cuestión, hizo lugar a la acción entablada y declaró válido el pago efectuado mediante los bonos emitidos en el marco del Decreto 379/2001, con costas a la demandada (fs. 402/408vta.).
En contra de dicho pronunciamiento —como ya se dijo— interpuso recurso de apelación la demandada —AFIP— constituyendo ello nuestro objeto de estudio (fs. 414/429).
A tal fin, requerí una medida para mejor proveer solicitando a la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación del Decreto 379/2001, que remita copia debidamente certificada del expediente administrativo en el que tramitó la emisión del Bono N° 404-2007-233653. Asimismo, se requirió a la AFIP-DGI, la remisión del expediente administrativo en el que se declaró caduco a los fines tributarios, el bono fiscal acordado en virtud del Dec. N° 379/2001 y sus modificaciones al contribuyente Paz, Víctor Miguel, y toda otra documentación vinculada con la cuestión analizada, suspendiéndose por tal razón el plazo para dictar sentencia a través del proveído de fecha 16 de junio de 2016 (fs. 452/453).
Cumplimentada la medida, se ordenó que vuelvan los autos a estudio de la Sala mediante el decreto de fecha 9 de agosto de 2017, quedando la causa en estado de ser resuelta (fs. 498).
Efectuada la reseña que antecede e ingresando al estudio de la presente causa, por cuestiones de orden lógico haré referencia en primer lugar a la queja que versa sobre la improcedencia de la vía legal elegida por el accionarte para efectuar el presente reclamo.
Al respecto debo señalar que dicha cuestión ya fue motivo de tratamiento por parte de este Tribunal al resolverse la apelación interpuesta por la AFIP en contra de la medida cautelar otorgada en autos con fecha 17 de abril de 2012, con lo cual al haber quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada la decisión adoptada por esta Cámara Federal sobre el tema planteado, corresponde rechazar sin más el agravio que versa sobre el mismo por improcedente (fs. 140/145).
Para ingresar al cuestionamiento traído a estudio es necesario hacer mención al marco normativo aplicable al caso de autos.
El Decreto N° 379/2001 instrumentó un régimen de incentivos destinado a promover la fabricación nacional de bienes de capital, informática y telecomunicaciones mediante la emisión de un bono fiscal, para fabricantes que contaren con establecimientos industriales radicados en el Territorio Nacional. El beneficio consiste en la percepción de un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al catorce por ciento (14%) del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes o componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren sido nacionalizados con un derecho de importación del cero por ciento (0%). Entiéndase por precio de venta al que surja de la factura y/o documento equivalente, neto de impuestos, gastos financieros y de descuentos y bonificaciones (Artículo 3 del Decreto N° 379/2001, sustituido por art. 3° del Decreto N° 502/2001 B.O. 02/05/2001).
Por otra parte, se previó en el artículo 5 que el bono fiscal será nominativo y podrá ser cedido a terceros por una única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos Internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito de la Jefatura de Gabinete De Ministros, a través de la Dirección General Impositiva.
Se designó a la Secretaria de Industria del Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, la que podrá dictar las normas complementarias para la operatoria del mismo y delegar, en un órgano no inferior a Dirección, la ejecución de funciones y/o la emisión de actos (Artículo 8 del Decreto N° 379/2001, sustituido por art. 4° del Llecc e to N° 502/2001 B.O. 02/05/2001).
La Resolución 23/2001 de la Secretaría de Industria reglamentó la operatoria del beneficio instituido por el Decreto N° 379/2001, modificado por el Decreto N° 502/2001, a efectos de la inscripción de las empresas locales fabricantes de los mencionados bienes, a los fines de obtener el incentivo previsto en el marco del Decreto citado en primer término, estableciendo que las empresas debían presentar una solicitud de inscripción, con carácter de declaración jurada, que debía incluir entre otros datos básicos: “…A4.- Copia de la habilitación fabril expedida por la municipalidad o provincia o constancia de tramite de la misma: Firmada por el titular, representante legal o apoderado de la empresa, según corresponda…” (Anexo IV). Aprobando —en su Anexo V— el modelo de bono a utilizarse y determinando que la Subsecretaría de Industria será la encargada de su emisión.
Asimismo, la Resolución General 1287 de la AFIP de fecha 27 de Mayo de 2002, dispuso las formalidades y condiciones que deben cumplirse para la utilización de los “Bonos” para cancelar las obligaciones impositivas, previendo que con carácter previo a su presentación, deben ser endosados a la orden de la Administración Federal de Ingresos Públicos (conf. art. 6), y presentarse acompañados del formulario de declaración jurada F. 688, en la dependencia de la Administración Federal en la que se encuentre inscripto el contribuyente o responsable (art. 7). Se instituyó que los contribuyentes y responsables que utilicen “Bonos” para cancelar sus obligaciones impositivas serán incorporados al sistema diferenciado de control dispuesto por la Resolución General N° 3423 (DGI) (art. 18), y que con carácter previo a la autorización de la imputación, se constatará los datos del certificado (número, monto, fecha de emisión y de vigencia) y del beneficiario original (apellido y nombres o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria —C.U.I.T.—); y que de no poder accederse a la consulta en la base de datos en el momento de la presentación de los bonos, se entregará al contribuyente o responsable una constancia de aceptación condicional Formulario F. 4006. De verificarse diferencias, la presentación será rechazada. (art. 19).
Posteriormente, el Decreto N° 594, de fecha 11 de Mayo de 2004, determinó que los fabricantes locales de bienes de capital, a los fines de obtener el incentivo fiscal previsto por el Decreto N° 379/2001 y sus modificatorios, deberán acreditar que no registran deudas exigibles en el marco de las actividades de auditoría y contralor previstas por la Resolución N° 117/2003 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, así como una presentación sobre el personal en relación de dependencia que se encuentra debidamente registrado, en miras a evitar la contratación de personal en forma clandestina. Asimismo, estableció que: “…El bono fiscal previsto por el Artículo 3° del Decreto N° 379/2001 admitirá sólo un (1) endoso. La Autoridad de Aplicación al momento de emitir el bono fiscal, deberá exigir al beneficiario la acreditación de que no registra deudas exigibles por la Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, a los fines de autorizar la condición de endosable o no del bono fiscal.” (art. 2).
Asimismo, la Resolución 91/2006, modificada por la Resolución N° 224/2006, establece el costo que los beneficiarios del Régimen instituido por el Decreto N° 379/2001 y sus modificatorios abonarán por las tareas de verificación y control; y la Resolución 542/2006 aprueba el procedimiento para la inscripción, actualización de datos, renovación y baja del Registro de empresas locales fabricantes de los Bienes de Capital, a los efectos de una mejor administración de la información contenida en el citado Registro, y de garantizar el cumplimiento de la finalidad para la cual fue creado.
Por su parte, la Resolución General 2557/2009 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en relación a la cesión de bonos fiscales del Decreto N° 379/2001 y sus modificatorios, establece que: “…los contribuyentes y responsables beneficiarios podrán ceder los bonos fiscales, utilizando el servicio “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales”, bajo las siguientes condiciones: a) Que no posean deudas exigibles con esta Administración Federal, b) que el bono no haya sido utilizado o imputado parcialmente, y c) que informen el precio de venta del bono fiscal mediante el servicio mencionado. Únicamente podrán ser cesionarios de los bonos fiscales: a) Las entidades bancarias —públicas o privadas— regidas por la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras y sus modificaciones, o b) las empresas que reúnan las siguientes condiciones: 1. Tener como actividad principal alguna de las actividades listadas en el Anexo Único de la Resolución N° 41 del Ministerio de Producción, del 9 de febrero de 2009. 2. Encontrarse bajo el control del sistema “Cuentas Tributarias”, implementado mediante la Resolución General N° 2463.” (Art. 11); previendo, asimismo, que los beneficiarios tras seleccionar los bonos que cederán informarán los datos del cesionario ante lo cual el sistema emitirá un comprobante que constituye el soporte de la operatoria de cesión (art. 12). A su vez, los cesionarios deben manifestar la aceptación de los bonos así como el precio de venta cotizado por el cedente (art. 13); y que: “…La detección de incumplimientos de los requisitos y condiciones que se establecen por la presente resolución general y de las respectivas normas reglamentarias, por parte de los sujetos beneficiarios del régimen de incentivo, que surjan como consecuencia de acciones de verificación y fiscalización realizadas por esta Administración Federal, serán informadas a la autoridad de aplicación respectiva. Asimismo, esta Administración Federal podrá realizar acciones de control respecto de los resultados tributarios que surjan como consecuencia de las operaciones de venta de bonos fiscales exteriorizadas….” (Art. 16).
Establecido el marco normativo, corresponde analizar las circunstancias de autos a los fines de determinar los efectos y alcances del pago efectuado, resultando para ello, de plena importancia tener presente que los bonos en cuestión nacieron a raíz del Decreto 379/2001 como “incentivo” para la fabricación nacional de bienes de capital, informática y telecomunicaciones para aquellos fabricantes radicados en el territorio nacional. Es decir, el incentivo era justamente la percepción de un bono para ser aplicado al pago de impuestos nacionales. Dicho esto, estamos ante un título nominativo (bono) que fue otorgado al señor Víctor Miguel Paz, que luego lo transfirió —por intermedio de Dracma Sociedad de Bolsa SA— a la empresa actora (Daniel Castiñeira y Compañía SRL), la que posteriormente los utilizó para pagar las obligaciones tributarias por IVA 1-2008 por la suma de $ 63.152,87, por IVA 2-2008 por el monto de $ 50.678,56 y por Anticipo 10-Ganancias 2007 12-2007, por la suma de $ 22.168,57.
Posteriormente, con fecha 15/11/2011 la AFIP dictó la Resolución 351/2011 (DI RTUC) en la que se declaró caduco el beneficio impositivo-bono fiscal otorgado al Sr. Paz. Dicha decisión fue motivada en el incumplimiento por parte del beneficiario de las cláusulas legales y contractuales de las cuales dependen los beneficios aludidos —ver fs. 85/89 del Expte. Adm. N° 11780-1922-2011—, motivo por el cual la empresa accionarte fue intimada por el Organismo Recaudador para que ingrese el monto por los impuestos cuyo medio de pago fueron los “bonos fiscales”.
Ahora bien, conforme surge del decreto citado, puede afirmarse que estamos ante un título “nominativo” que puede ser cedido a terceros por única vez (art. 3°).
Tal normativa debe ser contemplada junto con la RG N° 1287/2002 (y su modificatoria RG 2557/2009) que principalmente estableció las formalidades que debían cumplirse para la correcta utilización de dichos bonos para la cancelación de obligaciones impositivas. Así, por medio de la misma (arts. 6 y 7) se estableció que previo a su presentación debían ser “endosados” a la orden de la AFIP-DGI, y que los bonos debían presentarse con el formulario de declaración jurada F.688, exigencia ésta que fue cubierta en el título recibido por Daniel Castiñeira y Compañía SRL ya que así está debidamente consignado en el bono por él adquirido (ver fs. 7/15).
Asimismo, dicha norma en su art. 19 estableció que con carácter previo a la autorización de imputación de los bonos, la AFIP-DGI debía efectuar una constatación —en la base de datos de los organismos de aplicación— de los datos inherentes al beneficiario original expresamente fijó que para el caso de no poderse hacer la consulta, al momento de la presentación, se haría entrega al contribuyente o responsable de una constancia de aceptación condicional.
Conforme lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que en autos se está ante un título nominativo endosable.
Por otra parte, adviértase que “Daniel Castiñeira y Compañía SRL” resulta ser un adquirente de buena fe toda vez que compró el bono otorgado a Víctor Miguel Paz, en el Mercado de Valores a través de un Agente de Bolsa autorizado (Dracma Sociedad de Bolsa SA). Por ende, si el título ya estaba en esa instancia, es decir, disponible para su comercialización, quiere decir que todo estaba en regla, esto es, que el beneficiario ya había dado cumplimiento a las exigencias impuestas por la propia AFIP para poder acceder a él, como beneficiario.
Siendo ello así, estoy en condiciones de afirmar que tanto la adquisición de los bonos, como la posterior utilización efectuada por la empresa actora, lo fue plenamente de buena fe.
Por tal motivo, coincido con el Inferior en que no puede objetarse a esta altura de las circunstancias, la correcta utilización de un título autónomo, en un destino “específica y especialmente” previsto desde su creación (pago de impuestos). Máxime aún si se tiene en cuenta que una vez presentado el bono a la AFIP, ésta los aceptó sin ningún tipo de objeción ni reserva, siendo que la normativa antes citada (RG nro. 1287/2002) la facultaba a que “ante la verificación de algún aspecto referido al beneficiario” podía darle una constancia de aceptación condicional, lo cual —repito— no sucedió. Por tal razón, resulta procedente entonces la pretensión de Daniel Castiñeira y Compañía SRL en cuanto a que se declare válida la cancelación de obligaciones tributarias por los montos ya referidos, es decir, por IVA 1-2008 por $ 63.152,87, por IVA 2-2008 por $ 50.678,56 y por Anticipo 10-Ganancias 2007 12-2007, por $ 22.168,57.
En este sentido, ya se ha pronunciado esta Sala en autos “M. Tagle (H) y Cía. SACIF c. AFIP DGI s/ Impugnacion de acto administrativo” (Expte. N° FCB 4902/2015/01), de fecha 29/09/2015, a cuya integra lectura me remito en honor a la brevedad.
Por los fundamentos dados es que propugno la confirmación del decisorio en cuanto al punto se refiere.
VII. Respecto a la queja por la imposición de costas a su parte en primera instancia, corresponde que las mismas sean confirmadas atento que reflejan adecuadamente el principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68, 1ra. parte del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, no existiendo motivos que autoricen apartarse de aquél.
VIII. Por todo lo expuesto, considero corresponde confirmar la resolución apelada en todo lo que decide y ha sido materia de agravios, imponiendo las costas de esta instancia a la demandada perdidosa (Conf. art. 68, 1° parte del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Los honorarios de la representación legal de la actora se fijan en un 30% de lo regulado en la instancia de grado, no correspondiendo estimar estipendios profesionales a los letrados de la accionada, por ser profesional a sueldo de su mandante (arts. 14 y 2 de la Ley 21.839). Así voto.
Los doctores Rueda, Aret y Sánchez Torres dijeron:
Que por análogas razones a las expresadas por la doctora Navarro, votan en idéntico sentido.
Por el resultado del Acuerdo que antecede; se resuelve: 1) Confirmar la Resolución de fecha 8 de marzo de 2016 dictada por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de la Alzada a la demandada (AFIP) en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, 1era. parte del C.P.C.N.). Los honorarios de la representación legal de la actora se fijan en un 30% de lo regulado en la instancia de grado, no correspondiendo estimar estipendios profesionales a los letrados de la accionada, por ser profesional a sueldo de su mandante (arts. 14 y 2 de la Ley 21.839). 3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen. — Abel G. Sánchez Torres. — Luis R. Rueda. — Liliana Navarro.
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