Source: http://defensadelconsumidor.chaco.gov.ar/contenido/14
Timestamp: 2018-02-20 21:04:13+00:00

Document:
JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Modificación de la Ley Nacional 24.240- Art. comentados- Material proporcionado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Ley Nº 24.240
(Con las Reformas introducidas por la Ley 26.361)
NORMAS DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
Los presentes comentarios y consideraciones que a continuación se efectúan en cada artículo reformado de la Ley 24.240, 25.065 y 22.802, están dirigidos a personas familiarizadas con las previsiones de la ley y su aplicación en sede administrativa.
No pretende ser el presente trabajo un análisis jurídico integral y exhaustivo del texto en estudio, empleándose inclusive un lenguaje de tipo coloquial. Refiere básicamente al análisis puntual de las principales reformas introducidas por el legislador y breve comentario exegético, haciendo referencia a planteos y problemas que pudieran suscitarse en la aplicación de la norma en sede administrativa, con base en la experiencia y el conocimiento de la problemática sectorial, adquiridos durante años en la aplicación de la ley 24.240. Es previsible, asimismo, que la casuística abundante que se presenta a diario ante los organismos administrativos plantee otras cuestiones a las que habrá que encontrar respuestas en cada oportunidad que ello suceda.
A continuación se transcriben literalmente todos los artículos de la ley, con las reformas introducidas por la nueva norma, y debajo los breves cometarios y reflexiones que ameritan en cada caso.
Se modifica el art. 1º previendo que se encuentran alcanzadas por la norma las contrataciones a título gratuito (que en la versión anterior estaban previstas en el Decreto Reglam. 1798/94 -muestras gratis- y se detalla como comprendidas también las adquisiciones de derechos de tiempos compartidos, clubes, cementerios, etc. Subsiste el criterio de que se considera consumidor o usuario a las personas físicas o jurídicas que contratan para productos o servicios como destinatario final (es decir para no integrarlos en procesos de producción, comercialización o prestación de servicios a terceros). Sigue sin quedar claro cuándo un insumo o servicio se incorpora al “proceso comercial o productivo” y cuándo no. Volvemos al ejemplo de la harina que compra el panadero –tema claro-, o la compra de un aire acondicionado por el comerciante para que sus empleados trabajen frescos... Y sigue vigente la previsión del art. 2 del Decreto reglamentario que considera como incluido en el “giro comercial” a todo insumo sea genérico o específico de la actividad.
Por otra parte se expande claramente la legitimación activa en el segundo párrafo del artículo. Se considera consumidor (y tiene acción de reclamo) aquel que no haya contratado directamente o se vea expuesto de cualquier manera (“le regalo a mi cuñado un reloj y deja de funcionar a los cuatro días…”) (“me invita mi vecino a tomar un vino y me intoxico por su estado defectuoso…”) (me paro en una vidriera y veo que lo que ofrecen es engañoso….-aunque no contrate-…”).
Cabe concluir que con la nueva redacción del art. 1º se encuentran incluidas todas las contrataciones (compraventas, mandatos, locaciones, etc.), tanto de cosas muebles como inmuebles, nuevos o usados; y de servicios, siempre que sean prestados o provistos por un proveedor profesional.
ARTICULO 2º — PROVEEDOR.
Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.
La modificación es más terminológica que conceptual. No se modifican los criterios en cuanto a la vieja definición de proveedor y que los profesionales liberales (universitarios y matriculados) quedan exentos de la ley -salvo la publicidad-. Se agrega el último párrafo que es redundante.
Innova en cuanto a la definición de relación de consumo, que no existía con anterioridad. Simple, pero omnicomprensiva de cualquier relación de consumo. En el segundo párrafo se consigna el mismo criterio anterior de “integración normativa” con otras normas, pero ahora se dispone que.. “ En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley….” lo que puede llegar a resultar un poco confuso, pero que entendemos siempre alude a la norma más favorable para el consumidor.
Y remata el artículo disponiendo que las “relaciones de consumo” se rigen por esta ley, con independencia de otra normativa específica aplicable. Aquí el legislador refuerza la preeminencia de este estatuto tuitivo por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo, etc.
En consecuencia, y en el caso de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee una incompetencia por la materia ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad (seguros, transporte, comunicaciones, etc.) tiene una legislación específica, resulta claro que –en lo atinente a la “relación de consumo” establecida entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del servicio contratado- siempre se aplica la Ley 24.240, sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto de la legislación especial por parte del organismo de control y la intervención e injerencia que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al funcionamiento “general” de cada sector: control de inversiones, balances, cumplimiento de metas de calidad, presentaciones ante los organismos específicos, dictado de normas regulatorias, etc.
INFORMACION AL CONSUMIDOR Y PROTECCION DE SU SALUD
Aquí se agrega “condiciones de comercialización”, que resulta relevante como información para la decisión de contratar. También se quitaron algunas adjetivaciones sobre la información que deben brindar los proveedores, aunque entendemos que ello no cambia sustantivamente la situación. Por otro lado, se agrega el segundo párrafo que consigna la gratuidad de la información, extremo que puede generar alguna confusión, ya que han existido interpretaciones respecto a que con esta previsión, cualquier resumen de cuenta bancaria o de Tarjeta de Crédito o información detallada de llamadas telefónicas o información similar debe ser sin cargo para el consumidor.
CONDICIONES DE LA OFERTA Y VENTA
Este último párrafo que se incorpora al texto legal ya existía en la reglamentación de la ley.
La primera parte del artículo es bastante clara, penalizando conductas que siempre se denunciaban, pero que en la versión anterior de la ley no existían como tipo punible. Respecto del último párrafo, surge la duda si es la propia autoridad de aplicación de la norma la que puede aplicar la multa civil prevista en el art. 52 bis de la ley, además de la sanción de multa, o el consumidor debe solicitarle al juez (juez ordinario) como prevé el art. 52 bis.
En cuanto a la extensión de las penalidades a quien actuare en nombre del proveedor, entendemos que le son perfectamente aplicables a toda persona física o jurídica que actúe en su nombre: estudios jurídicos, empresas de cobranzas, profesionales liberales, etc.
Se incorporan pequeñas modificaciones que no alteran el contenido de la redacción anterior (se incorpora inc. c) que fuera vetado en el texto anterior). Sí se establece la obligatoriedad de entrega de un ejemplar de la factura al consumidor. Su mera omisión implica una falta a la ley.
Reforma importante. Seguramente traerá problemas de implementación. Ejemplo: la remisión de la constancia fehaciente va generar una gran discusión, toda vez que fehaciente importaría que el proveedor pueda probar en forma indubitada que le remitió dentro de las 72 hs. al consumidor una nota dejando constancia del pedido de baja. No alcanzaría con “tirar” una notita por debajo de la puerta o dejársela en el buzón de su domicilio. Debería remitirle o una “carta documento” o una “certificación notarial”… u otro tipo de notificación que cumpla acabadamente esa condición. ES dable imaginar la complejidad del tema. También (pero será una cuestión probatoria compleja para la autoridad de aplicación) si el consumidor alega haber llamado para dar la baja y la empresa niega tal extremo.
COSAS MUEBLES NO CONSUMIBLES
El cambio introducido es claro, por lo que exime de cualquier comentario interpretativo.
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Es dable consignar que todo este capítulo que ya existía en el texto anterior, resultaba de aplicación supletoria al tema de servicios públicos domiciliarios, toda vez que -en general- las situaciones aquí normadas ya se encontraban previstas en la normativa especial. En cambio, a partir del nuevo texto, regirá plenamente y en forma conjunta con la normativa especial de los entes. Y como en caso de duda debe regir la ley más favorable al consumidor, ante el caso concreto habrá que cotejar, para esa situación, qué dice la norma especial y qué dice el presente capítulo más las otras previsiones de la presente ley. Siempre deberá aplicarse la legislación más favorable. En el artículo que sigue analizamos en concreto esta cuestión.
Gran reforma de la ley. Ya referimos que se elimina el criterio de subsidiariedad anterior, y se estipula que este tipo de relaciones de consumo (luz, gas, telefonía, aguas) se rigen por la normativa especial y por esta ley. Y en caso de duda….la aplicación de la más favorable para el consumidor. Una cuestión es cuándo debe entenderse que hay duda. Puede inferirse que duda puede existir cuando para determinada cuestión a resolver, la normativa especial brinde una solución y la del consumidor otra que resulte contradictoria. O cuando exista insuficiencia u oscuridad de la norma en determinada situación a resolver.
La norma dice que el reclamo puede presentarse en el ente o en Defensa del Consumidor. Aquí es dable considerar varias situaciones:
1.- La lógica es que cada organismo resuelva el planteo con su propia normativa (entendemos que un organismo administrativo sólo puede aplicar la normativa de la que es autoridad de aplicación, a diferencia de los jueces del poder judicial que utilizan todo el ordenamiento jurídico). También entendemos que el usuario no podría presentar el mismo reclamo en el ente y en Defensa del Consumidor, en lo que respecta a la relación de consumo propiamente dicha. Por el principio non bis in idem debe juzgarse y sancionarse la misma conducta una única vez, cuando se trata de la protección jurídica del mismo bien tutelado.
2.- Un camino posible para juzgar los reclamos en Defensa del Consumidor es que presentado el mismo, toda vez que por nuestra ley (art. 19) los servicios de cualquier naturaleza deben ser prestado conforme fueran convenidos; y que la legislación específica estipula previsiones y regulaciones especiales en cuanto a las modalidades de prestación del servicio de que se trate, recibida la queja habrà que solicitar al ente específico si existe para el caso de marras regulación especial y, en su caso , què dispone la misma. Ello determinará si la empresa, en su caso, prestó el servicio conforme la reglamentación de orden pùblico que condiciona la prestación del servicio que provee o no. Si se apartó o no cumplió (hecho que surgirá en su caso de las probanzas del expediente), se podrá sancionar a la empresa por infracción al art. 19 de nuestra ley, con fundamento en que, por ejemplo, “atento a que la normativa especial -Resolución N°……..(del ente de que se trate)- prevé tal o cual cosa…”, y la misma no ha sido observada según las probanzas de autos, etc. etc., el proveedor del servicio incumplió con el servicio conforme debió haber sido prestado….
3.- Otra cuestión es el tema probatorio de la presunta infracción. Por la especificidad y complejidad de la temática, consideramos que debe ser el ente de control, a pedido de la autoridad de aplicación de Defensa del Consumidor, que realice el dictamen, el informe, la pericia o medición o probanza que permita dilucidar si lo que se denunció como falta resulta ser tal. Con dicho dictamen o pericia, Defensa del Consumidor tendrá elementos de juicio -eventualmente- para sancionar. Caso contrario, es decir en caso de que los entes no realicen dichas diligencias, advertimos como muy difícil solicitar a otro organismos (Inti, Facultad de Ingeniera, etc.) la realización de pericias, por la cantidad (previsible masividad) de los reclamos, costos y especificidad técnica de la materia en cuestión.
4.- Para concluir y como ya referimos en el art. 3º, podrían presentarse eventuales planteos de incompetencia que aleguen las empresas de servicios públicos ante nuestra citación, remitiéndonos en tales casos a lo señalado al analizar el mencionado artículo 3°.
Entendemos que, independientemente de la normativa especial de los entes, para esta previsión es ineludible lo que se disponga por vía del Decreto Reglamentario que eventualmente se dicte.
ARTICULO 30. — Interrupción de la Prestación del Servicio. Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura.
De nuevo. Aquí, y ante un reclamo relacionado con lo previsto en el presente artículo, deberá conocerse qué dispone la reglamentación especial del ente sobre el servicio, para saber cuál es la disposición legal más favorable y que deba aplicarse.
DE LA VENTA DOMICILIARIA, POR CORRESPONDENCIA Y OTRAS
La redacción nos exime de mayor comentario. Se mejora y completa la redacción respecto de la definición de “venta domiciliaria”
Se amplía a 10 días el derecho de revocación. Sigue rigiendo la previsión -respecto del derecho de arrepentimiento- de la Resolución 906/98. Ver también art. 34 del Dto. Reglam. 1798/94.
DE LAS OPERACIONES DE VENTA DE CREDITO
Si bien se respeta básicamente la redacción anterior, se agregan dos cuestiones importantes:
1.- Si para la adquisición del bien se conviene la financiación de un tercer, de no ser ésta otorgada, quedará resuelta sin costo alguno para el consumidor, debiendo devolverse en su caso las sumas erogadas.
2.- Se establece la jurisdicción del tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, en caso de litigio relativo al contrato. Se entiende que refiere a la jurisdicción propia de la justicia ordinaria, ya que en caso de denuncia administrativa ante la autoridad de aplicación, debe intervenir la autoridad de aplicación del lugar de comisión del hecho denunciado como infraccionable; no del domicilio del consumidor (ver art. 41)
DE LOS TERMINOS ABUSIVOS Y CLAUSULAS INEFICACES
Reforma fundamental de la norma. En general puede decirse que el legislador ha dispuesto la facultad de la autoridad administrativa de aplicación de la ley para que pueda fijar indemnización, en caso de daño ocasionado al consumidor o sus pertenencias. También se ha decidido acotar la “naturaleza” del daño resarcible (el “daño directo” que define la propia ley) y el cuantum a resarcir, fijando un tope de cinco canastas básicas.
La ley no prevé si el consumidor, en su presentación, debe reclamar la fijación de daños para que proceda. Entendemos que la propia autoridad de aplicación puede, de oficio, considerar su fijación. Como toda fijación de daño, estimamos que debe acreditarse en el trámite de las actuaciones el ”nexo causal” entre el hecho denunciado y el daño producido, así como la magnitud y valoración del mismo, a los efectos de su fijación. El artículo es muy claro también en cuanto a que el acto administrativo que disponga la sanción y el daño directo es apelable en los términos del art. 45 (efecto suspensivo), o sea que antes de hacerse efectiva la reparación, la instancia de alzada del sumario, es decir los jueces, deberán en la apelación considerar si la fijación de la multa -con todas sus incidencias- se ajusta a derecho o no. De considerarla pertinente, ratificará la Disposición de la Administración y quedará expedita la vía para el cobro de la reparación. Caso contrario la revocará.
Cabe concluir que si bien el texto de la ley no lo refiere expresamente, conforme la naturaleza de las actuaciones administrativas que se labran p’or violaciones a la ley, el consumidor no puede ser considerado técnicamente “parte” de las mismas, con independencia de que quede pendiente y a la espera de que la fijación de daño que eventualmente disponga la autoridad de aplicación resulte favorable. Pero es evidente que a efectos de acreditar en las actuaciones el daño, nexo causal y cuantum, su participación será más relevante que en los trámites instruidos con el viejo texto.
Se actualiza la denominación de la autoridad de aplicación y se aclara, respecto de la vieja redacción, que las autoridades locales lo son :”… respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones”.
Ahora bien, en la nueva redacción del artículo se ha omitido la posibilidad de que las autoridades de aplicación puedan delegar atribuciones en los gobiernos municipales, conforme lo disponía el anterior texto. Entendemos que es una falencia grave, que puede traer aparejada que las empresas que sean citadas en lo sucesivo por los gobiernos municipales, en el marco de la Ley 24.240, planteen la incompetencia del organismo, en la medida en que la propia ley refiere que la “autoridad de aplicación” es el gobierno provincial y que no está previsto que pueda delegar su atribuciones. En consecuencia, habrá que analizar la cuestión en el marco de las autonomías provinciales y sus respectivas constituciones, en orden a poder sortear planteos de incompetencia como los referidos.
Nos exime de mayor comentario. Se complementa el inc. a) con referencia al medio ambiente.
La redacción del artículo, respecto de su anterior versión, no ha sido modificada fundamentalmente. La modificación relevante se configura en el anteúltimo párrafo, en lo que refiere a supletoriedades para lo no contemplado en materia de procedimiento: notificaciones, incompetencias, nulidades, apelación medidas cautelares, etc.
Ahora bien, el texto literalmente dispone que será la Ley 19.549, en el ámbito nacional, y el CPCCN, serán supletorios para lo no previsto en la propia ley y su reglamentación. En consecuencia es dable observar que, en la medida en que por vía del Decreto Reglamentario de la ley (el vigente o el que se dicte nuevamente) se prevea cómo actuar procedimentalmente en cada situación no prevista (ya referidas), serán prácticamente nulas las remisiones a la Ley de procedimientos administrativos nacional o al CPCCN.
Y cabe concluir que lo expuesto rige para la autoridad nacional y para las otras jurisdicciones, en tanto y en cuanto no adecuen el procedimiento por normativa local, en atención al carácter jurisdiccional local de la materia procedimental.
Modificación relevante del artículo. Es dable consignar las siguientes consideraciones:
1.- Se actualiza el monto de las multas y se elimina la vieja previsión del “...hasta alcanzar el triple de la ganancia…”, que tantos problemas de interpretación traía.
2.- La autoridad de aplicación podrá publicar –ella misma- a costa del infractor, la Resolución condenatoria. Ahora bien, el texto dice: “…podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado…”. Es decir, entendemos que para evitar eventuales arbitrariedades de la Administración o planteos de la sumariada, la autoridad podrá publicar a costa del infractor, es decir, fijando la multa y el costo de su publicación en la sentencia, habiendo previamente “normalizado” los parámetros de la publicación; debería por tanto dictar una reglamentación, disponiendo en qué medios se publicarán las sanciones, tamaño de letra, líneas, texto, etc., es decir, determinando previamente todos los parámetros para que el sumariado pueda saber su costo.
3.- Se crea un fondo para financiar campañas de educación y políticas de consumo. Entendemos que debe preverse en la reglamentación que, en lo referido a la administración del fondo, la autoridad nacional manejará el fondo de multas aplicadas por ella misma; y que las autoridades locales lo harán en el caso de que se instituyan ese tipo de fondos en sus propias jurisdicciones.
Se amplia el plazo de consideración de reincidencia a 5 años.
Modificación relevante del artículo. Se dispone que si otra normativa general o particular aplicable a las relaciones de consumo (Código civil o leyes especiales) prevén un plazo de prescripción más largo (art. 4023 del CC), el mismo regirá a favor del consumidor. Entendemos que el plazo decenal previsto en el artículo del Código Civil referido, podría ser de aplicación para el inicio de muchas acciones administrativas y judiciales por parte del consumidor. En cambio, para las sanciones, por su carácter punitivo y el principio in dubio pro reo propio de la naturalaza penal administrativa, regirá el plazo de 3 años previsto en la norma.
Si bien el capítulo básicamente refiere a la sustanciación de causas judiciales, nos referiremos específicamente a la previsión del art. 52 bis.
Reforma muy importante incorporando un instituto del derecho anglosajón, como es el daño punitivo. El mismo, en este caso, resultará a favor del consumidor que haya sido víctima de un incumplimiento legal o contractual -en una relación de consumo- y haya sufrido cualquier menoscabo.
Está claro que es el Juez el que lo aplica y entendemos que, por la redacción del artículo, su aplicación es discrecional por parte del magistrado.
DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Reforma muy importante. Ahora las Asociaciones gozarán del beneficio automáticamente, en las causas colectivas, sin tener que sustanciar el beneficio de litigar sin gastos que debían incoar con la vieja redacción.
Se agrega, respecto de la anterior versión, que tendrán asiento en todo el país. Entendemos que cada provincia debe propiciar su propia creación y funcionamiento.
En el Capítulo se refuerzan las previsiones respecto de la importancia de la educación al consumidor y la incumbencia de los estados y asociaciones de consumidor en la materia.
(Artículo derogado por art. 32 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008, este último artículo fue observado por art. 1° Decreto N° 565/2008B.O. 7/4/2008)
Se veta la derogación del art. 63, con lo que la situación sigue igual respecto de la problemática del transporte aéreo, pudiendo intervenir directamente en lo no reglado o previsto en el Código Aeronáutico y tratados internacionales (información, publicidad, programa de millas, etc. )
ARTICULO 66: — El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, dispondrá la edición de un texto ordenado de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor con sus modificaciones.
(Nota Infoleg: debido a la incorporación dispuesta por art. 33 de laLey N° 26.361 B.O. 7/4/2008, ha quedado duplicado el número del presente artículo)
Nota: los arts. 34, 35 y 36 de la Ley de reforma (26.361), modifican los artículos 50 de la Ley 25.065 y 22 y 27 de la Ley 22.802, respectivamente. Si bien el presente pretende ser un texto ordenado de la Ley 24.240, los reproducimos a continuación por su importancia y relación con la presente ley reformada.
ARTICULO 34. — Sustitúyese el texto del artículo 50 de la Ley Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito, por el siguiente:
Artículo 50: Autoridad de Aplicación. A los fines de la aplicación de la presente ley actuarán como autoridad de aplicación:
a) El Banco Central de la República Argentina, en todas las cuestiones que versen sobre aspectos financieros.
b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, en todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos comerciales, pudiendo dictar las respectivas normas reglamentarias y ejercer las atribuciones de control, vigilancia y juzgamiento sobre su cumplimiento.
Con relación al inciso b), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción, pudiendo delegar atribuciones, en su caso, en organismos de su dependencia o en las municipalidades. Sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación nacional podrá actuar concurrentemente aunque las presuntas infracciones ocurran sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias.
Importante reforma. Posibilita que las provincias y municipios puedan aplicar la Ley de Tarjetas de Crédito en sus propias jurisdicciones, que por defecto la ley -hasta la fecha- no preveía, siendo la Nación la única autoridad de aplicación de la norma. Siempre, como allí se indica, respecto de los aspectos comerciales de esta materia.
ARTICULO 35. — Sustitúyese el texto del artículo 22 de la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, por el siguiente:
Artículo 22: Toda resolución condenatoria podrá ser recurrida solamente por vía de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la condena.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada la resolución, y será concedido en relación y con efecto suspensivo excepto cuando se hubieren denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.
Se modifica el fuero de apelación de los sumarios de la Ley 22.802, que hasta la fecha era el Penal Económico.
ARTICULO 36. — Sustitúyese el texto del artículo 27 de la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, por el siguiente:
Artículo 27: Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación y, en lo que éste no contemple, las del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueran incompatibles con ellas.
Idem comentario efectuado en el anteúltimo párrafo del art. 45.
Cabe para finalizar referirnos a eventuales problemas de interpretación en cuanto a la aplicación de la “nueva norma” a las relaciones jurídicas (contratos de consumo), en curso de ejecución. Cabe consignar que la norma tendrá vigencia efectiva a partir de la cero hora del día 16 de abril de 2008.
Ante esta situación, no tendremos ninguna duda respecto a que todo hecho de incumplimiento o inobservancia acaecido con posterioridad a dicha fecha por un proveedor, podrá ser materia de reclamo y juzgamiento, con base en las previsiones de la nueva ley. Ahora bien, qué sucede, por ejemplo, en el caso del art. 10 ter o el nuevo art. 27. Aquí entendemos que, por imperio del art. 3º del Código Civil, si bien se prevé que a las consecuencias de las relaciones jurídicas subsistentes les resultan de aplicación las previsiones de nuevas normas especiales, no pueden altearse o modificarse derechos adquiridos de las partes.
Entonces, en el caso de los artículos referidos, habrá que esperar el vencimiento previsto en el contrato, a efectos de su readecuación a su vencimiento o, si fuera de plazo indeterminado, habrá que aguardar el plazo correspondiente por el que las partes renuevan su voluntad de continuarlo.
- Artículo 54, observado por el art. 9º del Decreto Nacional Nº 2089/93B.O. 15/10/1993;
- Artículo 40 observado por el art. 6º del Decreto Nacional Nº 2089/93B.O. 15/10/1993;
- Artículo 14, penúltimo párrafo, frase observada por el art. 4º delDecreto Nacional Nº 2089/93 B.O. 15/10/1993;
- Artículo 13, observado por el art. 3º del Decreto Nacional Nº 2089/93B.O. 15/10/1993;

References: artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
in dubio
 artículo 50

Artículo 50
 artículo 22

Artículo 22
 resolución 
 artículo 27

Artículo 27
 Artículo 54
 Artículo 40
 Artículo 14
 Artículo 13