Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/229446/ley-13-2014-de-30-de-octubre-de-accesibilidad
Timestamp: 2018-07-20 06:55:22+00:00

Document:
Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad
LEY 13/2014, DE 30 DE OCTUBRE, DE ACCESIBILIDAD (DOGC 6742 DE 4 DE NOVIEMBRE)
Corrección de errores DOGC 6809 de 12 de Febrero de 2015 y DOGC 6892 de 15 de Junio de 2015
La importancia de la promoción de la accesibilidad como instrumento para hacer efectivo el principio de igualdad de los ciudadanos tuvo una primera traducción en Cataluña en el Decreto 100/1984, de 10 de abril ( LCAT 1984, 1021 ) , sobre supresión de barreras arquitectónicas. Siete años después, el Parlamento aprobó la Ley 20/1991, de 25 de noviembre ( LCAT 1991, 479 ) , de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y posteriormente el Gobierno aprobó el Decreto 135/1995, de 24 de marzo ( LCAT 1995, 244 y LCAT 1996, 18) , por el que se desarrollaba la citada ley y se aprobaba el Código de accesibilidad. Dichas normas sentaron las bases para la supresión de barreras arquitectónicas y en la comunicación y para la promoción de ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad o movilidad reducida.
La comunidad internacional ha reconocido expresamente que, en un entorno accesible y con ausencia de barreras, las personas con discapacidad mejoran significativamente sus habilidades y autonomía, incrementan su participación y autogestión en la vida diaria y social, de forma que se evitan situaciones den y se reduce su dependencia de terceros. Ha reconocido también que la accesibilidad al entorno ofrece oportunidades de mejora, dado que dotar de condiciones adecuadas los puestos de trabajo, escuelas, establecimientos, comercios, espacios culturales, transportes, productos y servicios conlleva mayor actividad productiva, especialmente de renovación, innovación y diseño, e incrementa el número de usuarios, personas que sin tales condiciones no podrían en forma alguna participar en los mismos.
Es importante mencionar especialmente la necesidad de regular la accesibilidad en los ámbitos de la comunicación y la información en los bienes y servicios, en el sentido definido por la Estrategia europea, aspecto no suficientemente desarrollado en la normativa vigente y que tiene gran incidencia en la autonomía de las personas con discapacidades sensoriales y en la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que los demás usuarios de un servicio. En los últimos años, las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado de tal forma que tienen presencia constante en cualquier situación de la vida diaria y se han convertido en un elemento esencial para permitir a las personas con discapacidad visual y auditiva llevar una vida normalizada y poder relacionarse, formarse, trabajar y disfrutar del ocio y, especialmente, de la cultura, en todas sus vertientes. Sobre este aspecto, es importante recordar que la accesibilidad en la comunicación ya fue objeto de la Resolución 749/VIII del Parlamento de Cataluña, de 15 de julio de 2010, sobre las medidas para garantizar el aprendizaje, la educación, la accesibilidad y el uso del catalán y los recursos de la modalidad oral a las personas sordas y sordociegas que se comunican oralmente, así como de la Ley 17/2010, de 3 de junio ( LCAT 2010, 416 ) , de la lengua de signos catalana.
El marco legal estatal en materia de accesibilidad fue configurado principalmente por la Ley del Estado 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, basada en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Dicha ley dispuso las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, sin perjuicio de las competencias constitucionalmente y estatutariamente atribuidas a las comunidades autónomas, y de las atribuidas a las corporaciones locales. Dicha ley establecía, por una parte, la accesibilidad en los siguientes ámbitos de actuación: los espacios públicos urbanizados, la edificación y las infraestructuras, los transportes, los bienes y servicios al público, las telecomunicaciones, la sociedad de la información y las relaciones con las administraciones públicas; por otra parte, mediante un amplio desarrollo reglamentario, presentaba medidas de desarrollo, ejecución y control sobre la accesibilidad y las formas de apoyo para las personas con
Con relación al régimen sancionador, cabe destacar la Ley del Estado 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establecía el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que estableció que corresponde al legislador autonómico la tipificación de las infracciones y sanciones, sin perjuicio del régimen de infracciones
que establece para garantizar la plena protección de las personas con discapacidad.
Posteriormente, dichas leyes fueron derogadas por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Este texto refunde y armoniza el contenido de las leyes 13/1982, 51/2003 y 49/2007, de acuerdo con el mandato de la disposición final segunda de la Ley del Estado 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establecía nuevos preceptos para reforzar el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la ratificación de la Convención.
El artículo 166 del Estatuto atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, los cuales, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre ( LCAT 2007, 596 ) , de servicios sociales, tienen por finalidad asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, en el marco de la justicia social y del bienestar de las personas. Asimismo, a lo largo del Estatuto varios preceptos atribuyen la competencia exclusiva a la Generalidad en materias directamente relacionadas con la accesibilidad, como el artículo 121, en cuanto al comercio; el artículo 127, a la cultura; el artículo 137, a la vivienda; el artículo 140, a las infraestructuras del transporte y de las comunicaciones; el artículo 148, a las obras públicas; el artículo 149, a la ordenación del territorio y del paisaje, a la ordenación del litoral y al urbanismo, y el artículo 169, a los transportes.
Mediante las disposiciones adicionales, la Ley establece medidas y plazos para garantizar la consecución de los planes de accesibilidad en un período de tiempo razonable; atribuye la función inspectora en materia de accesibilidad al órgano competente en la materia y al personal inspector en materia de servicios sociales; hace referencia a la comunicación de datos personales; reconoce la vigencia del régimen sancionador de la Ley 19/2009, de 26 de noviembre ( LCAT 2009, 730 ) , del acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de asistencia, y regula la sustitución del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas, creado por la Ley 20/1991, de 25 de noviembre ( LCAT 1991, 479 ) , al que sustituye por el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad regulado en el título VIII de la presente ley.
La disposición final primera modifica la Ley 12/2007, de 11 de octubre ( LCAT 2007, 596 ) , de servicios sociales, para adaptar el régimen de autorización administrativa de los servicios sociales a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. La modificación normativa mantiene el régimen de autorización, pero también introduce el régimen de comunicación previa en determinados supuestos, que no resulta incompatible con la obligación de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad que deben tener los servicios sociales.
Artículo 4. Competencias de la Administración de la Generalidad
Artículo 5. Competencias de los entes locales
Artículo 7. Condiciones de accesibilidad de los espacios urbanos de uso público de nueva construcción
Artículo 8. Condiciones de accesibilidad de los espacios urbanos de uso público existentes
Artículo 9. Condiciones de accesibilidad de los espacios naturales de uso público
Artículo 10. Elementos de urbanización y mobiliario urbano
Artículo 11. Elementos provisionales
Artículo 13. Condiciones de accesibilidad de los edificios de nueva construcción
Artículo 14. Reserva de viviendas para personas con discapacidad
1. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley 18/2007, de 28 de diciembre ( LCAT 2008, 9 ) , del derecho a la vivienda, en las programaciones anuales de viviendas de promoción pública, en los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que construyan, promuevan o subvencionen administraciones públicas o entidades del sector público y en las promociones de viviendas de iniciativa privada que se acojan a la calificación de vivienda de protección oficial, exceptuando las viviendas para uso propio promovidas por cooperativas o comunidades de propietarios, debe reservarse un porcentaje de unidades para ser ocupado por personas con discapacidad o con movilidad reducida no inferior a lo determinado por la normativa relativa a los derechos de las personas con discapacidad.
2.Los promotores privados de viviendas de protección oficial, en los proyectos que presentan para su aprobación, deben reservar un porcentaje no inferior al que establece el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la normativa que lo modifique o lo sustituya, a personas con discapacidad, a excepción de las viviendas para uso propio promovidas por cooperativas o comunidades de propietarios.
Artículo 15. Condiciones de accesibilidad de los edificios existentes
7. Los edificios que se han construido o reformado según las condiciones establecidas por el Decreto 135/1995, de 24 de marzo ( LCAT 1995, 244 y LCAT 1996, 18) , de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre ( LCAT 1991, 479 ) , de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad, se entiende que cumplen unas condiciones de accesibilidad suficientes para satisfacer las exigencias establecidas por la presente ley, siempre que se realicen las modificaciones adicionales determinadas por reglamento, para garantizar que no se discrimina a nadie por motivo de discapacidad.
Artículo 16. Edificios con valor histórico-artístico
Artículo 17. Condiciones de accesibilidad de los edificios plurifamiliares
Artículo 18. Definiciones
Artículo 19. Condiciones de accesibilidad del transporte público de viajeros
Artículo 20. Material móvil de nueva adquisición para el transporte público de viajeros
Artículo 21. Plan de implantación de la accesibilidad en los medios de transporte
Artículo 23. Condiciones de accesibilidad de los productos
Artículo 24. Definiciones
Artículo 25. Condiciones de accesibilidad de los servicios públicos
Artículo 26. Condiciones de accesibilidad de los servicios de uso público
Artículo 27. Formación del personal de atención al público
Artículo 28. Derecho a recibir atención personalizada
Artículo 29. Definiciones
Artículo 30. Derechos de las personas con discapacidad auditiva que se comuniquen en lengua oral
Artículo 31. Derechos de las personas con discapacidad auditiva que se comuniquen en lengua de signos
Artículo 32. Condiciones de accesibilidad en la comunicación en el ámbito de la enseñanza
5. El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 para las personas sordas o sordociegas signantes, de conformidad con lo establecido por la Ley 17/2010, de 3 de junio ( LCAT 2010, 416 ) , de la lengua de signos catalana.
Artículo 33. Accesibilidad en la comunicación en la relación con las administraciones públicas y los proveedores de servicios públicos
2. Las administraciones públicas deben garantizar el derecho de uso de la lengua de signos catalana y deben establecer las condiciones para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la interpretación en esta la lengua, de acuerdo con lo establecido por la Ley 17/2010, de 3 de junio ( LCAT 2010, 416 ) , de la lengua de signos catalana.
Artículo 34. Condiciones de accesibilidad de los elementos de información y señalización
Artículo 35. Condiciones de accesibilidad de las actividades culturales, deportivas y de ocio
Artículo 37. Mantenimiento de la accesibilidad en los edificios y espacios de titularidad pública
Artículo 38. Mantenimiento de la accesibilidad en los edificios y espacios de titularidad privada
Artículo 39. Contenido del libro del edificio en materia de accesibilidad
El libro del edificio a que se refiere el artículo 25 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre ( LCAT 2008, 9 ) , del derecho a la vivienda, debe contener los requerimientos en materia de accesibilidad, las soluciones ejecutadas, las condiciones de uso y las acciones necesarias para que se mantengan las condiciones de accesibilidad. En el caso de los edificios de viviendas, dicha información debe incluirse en el manual de uso y mantenimiento que forma parte del documento de especificaciones técnicas.
Artículo 40. Mantenimiento de la accesibilidad del transporte público de viajeros
Artículo 41. Mantenimiento de la accesibilidad en los productos y servicios de uso público
Artículo 42. Contenido de los planes de accesibilidad
2. Los planes de accesibilidad elaborados por los entes locales y los departamentos de la Generalidad deben contener una diagnosis de las condiciones existentes; determinar las actuaciones necesarias para hacer accesibles los ámbitos mencionados en el apartado 1 que son de su competencia; establecer criterios de prioridad que permitan decidir qué actuaciones deben ejecutarse en distintos períodos; definir las medidas de control, seguimiento, mantenimiento y actualización necesarias para garantizar que, una vez alcanzadas las condiciones de accesibilidad, perduren a lo largo del tiempo, y establecer el plazo máximo para su revisión, de acuerdo con los criterios establecidos por reglamento.
Artículo 43. Ejecución y revisión de los planes de accesibilidad
Artículo 44. Publicidad e información sobre los planes de accesibilidad
Artículo 45. Planes de accesibilidad de los espacios naturales
Artículo 46. Planes de accesibilidad de los servicios y equipamientos de uso público y de los centros de trabajo de gran afluencia
Artículo 47. Conceptos generales
Artículo 48. Beneficiarios
Artículo 50. Competencias de las administraciones públicas
Artículo 51. Registro
Artículo 52. Uso de la tarjeta de estacionamiento y de las plazas reservadas
Artículo 53. Ayudas a las actuaciones de promoción de la accesibilidad
Artículo 54. Medidas de promoción, fomento y sensibilización
Artículo 55. Distintivo de calidad
Artículo 56. Información y asesoramiento
Artículo 57. Campañas educativas y formación
Artículo 58. La accesibilidad en los planes de estudio
Artículo 59. Supresión de barreras a la accesibilidad en edificios de viviendas
Artículo 60. Intervención administrativa en edificios de viviendas
Artículo 61. Control administrativo previo
Artículo 62. Control administrativo posterior
Artículo 63. Mecanismos de evaluación
Artículo 64. Denuncias
Artículo 65. Soluciones alternativas
Artículo 67. Tipificación de las infracciones
Artículo 69. Criterios de graduación de las sanciones
Artículo 70. Sanciones accesorias
1. La comisión de tres infracciones por uso fraudulento de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en un período de un año puede implicar, adicionalmente, la correspondiente sanción económica, la retirada de la tarjeta y la suspensión de sus efectos durante un período de doce a veinticuatro meses. La duración de la retirada debe determinarse de acuerdo con los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el artículo 69.
2. Cuando las infracciones sean graves o muy graves, los órganos competentes podrán proponer, además de la sanción que proceda, la prohibición de concurrir en procedimientos de otorgamiento o de recibir ayudas oficiales, consistentes en subvenciones o cualquier otra ayuda en el sector de actividad en la que se comete la infracción, que sean promovidas o hayan sido concedidas por la administración sancionadora, por un período máximo de un año, en el caso de las graves, y de dos, en el caso de las muy graves.
Artículo 71. Cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad
Artículo 72. Sujetos responsables
Artículo 73. Interesados
Artículo 76. Publicidad de las resoluciones sancionadoras
Artículo 77. Prescripción de las infracciones y sanciones
Artículo 79. Destino de las sanciones
Artículo 80. Naturaleza y adscripción
Artículo 81. Composición
Artículo 82. Funciones
Artículo 83. Desarrollo reglamentario
Primera. Planes de accesibilidad
Segunda. Incorporación de mecanismos en el planeamiento urbanístico para facilitar la instalación de ascensores
Tercera. Atribución de la función inspectora y de control en materia de accesibilidad
1. Las funciones públicas de inspección y control ejercidas como autoridad pueden ser atribuidas a las personas adscritas al órgano competente en materia de promoción de la accesibilidad, en los términos del artículo 89 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto ( LCAT 2010, 535 y 603) , de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, se faculta al personal inspector de la Generalidad en materia de servicios sociales, regulado en la Ley 16/1996, de 27 de noviembre ( LCAT 1996, 599 ) , reguladora de las actuaciones inspectoras y de control en materia de servicios sociales y de modificación del Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la refundición de las leyes 12/1983, 26/1985 y 4/1994, en materia de asistencia y servicios sociales, para llevar a cabo las actuaciones inspectoras y de control de las obligaciones establecidas por la presente ley.
Cuarta. Comunicación de datos de personales
Quinta. Procedimientos sancionadores en materia de derechos y deberes de los usuarios de perros de asistencia
El régimen sancionador previsto en el título VII de la presente ley no es de aplicación al régimen de derechos y deberes que prevé la Ley 19/2009, de 26 de noviembre ( LCAT 2009, 730 ) , del acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de asistencia, que se rige por su propio régimen sancionador.
Sexta. Infracciones y sanciones en el ámbito laboral
Séptima. Sustitución del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas
1. El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas, regulado en el título V de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre ( LCAT 1991, 479 ) , de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, queda sustituido por el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad establecido en el título VIII de la presente ley.
2. El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad, hasta que no se apruebe la normativa reglamentaria lo regule, deberá regirse por las disposiciones del Decreto 135/1995, de 24 de marzo ( LCAT 1995, 244 y LCAT 1996, 18) , de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad, en todo aquello que no se oponga a la presente ley o la contradiga.
Octava. Plazos de los acuerdos con los proveedores de servicios culturales, deportivos y de ocio para la elaboración de los planes de accesibilidad
Primera. Normativa de vigencia de la normativa reglamentaria
Mientras no se aprueben las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente ley, continúan vigentes, en todo aquello que no se oponga a esta, el Decreto 135/1995, de 24 de marzo ( LCAT 1995, 244 y LCAT 1996, 18) , de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre ( LCAT 1991, 479 ) , de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad, y el Decreto 97/2002, de 5 de marzo ( LCAT 2002, 215 ) , sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida.
Segunda. Adaptación de los instrumentos de planeamiento y de las disposiciones reglamentarias
Tercera. Disposiciones relativas a los espacios urbanos y las edificaciones
Se deroga la Ley 20/1991, de 25 de noviembre ( LCAT 1991, 479 ) , de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas y el Decreto legislativo 6/1994, de 13 de julio, por el que se adecua la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el resto de las disposiciones de igual o inferior rango normativo que se opongan a la presente ley o la contradigan.
Primera. Modificación de la Ley 12/2007
1. Se modifica el artículo 71 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre ( LCAT 2007, 596 ) , de servicios sociales, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 71. Régimen de autorización administrativa y comunicación previa
«Artículo 73. Revocación y suspensión de la autorización o pérdida de los derechos derivados de la comunicación previa
«Artículo 74. Delegación de la competencia para otorgar las autorizaciones administrativas y tramitar la comunicación previa
«Artículo 89. Actividades sometidas a control
«Artículo 96. Infracciones leves
«Artículo 97. Infracciones graves
«Artículo 98. Infracciones muy graves
«Artículo 99. Sanciones
1. Las infracciones leves pueden sancionarse con una amonestación o con una multa, o ambas a la vez, por una cuantía equivalente al importe del indicador de renta de suficiencia correspondiente a un período entre un día y tres meses.»
Segunda. Modificación de la Ley 19/2009
Se modifica la letra c del artículo 12 de la Ley 19/2009, de 26 de noviembre ( LCAT 2009, 730 ) , del acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de asistencia, que queda redactada del siguiente modo:

References: Resolución 
 Real decreto 
 artículo 166
 artículo 3
 artículo 121
 artículo 127
 artículo 137
 artículo 140
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 169

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14
 Real decreto 

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39
 artículo 25

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 67

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 69

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83
 artículo 89
 artículo 71
 artículo 12