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Timestamp: 2014-04-25 08:41:15+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0352/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Magistrada Relatora:Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez
Acción de libertad Expediente:02389-2012-05-AL
En revisión la Resolución 307/2012 de 30 de noviembre, cursante de fs. 130 a 132, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Zabala Mamani contra Julio Alanez Mamani, Wenceslao Mariaca Carrasco y René Quispe Huanca, Fiscales de Materia.
El accionante, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 106 a 108, refirió que:
El 27 de noviembre de 2012, a horas 11:00, cuando procedía a atender a sus clientes en su oficina jurídica, ingresó una persona exhibiendo un plano visado y certificación del cual le pidió asesoramiento, en ese momento ingresaron varias personas intempestivamente, entre los cuales identificó al Fiscal Julio Alanez Mamani, a quienes les pidió que exhiban el mandamiento de allanamiento ordenado por autoridad competente, conforme lo establece el art. 180 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y tan sólo le indicaron que se trataría de una acción directa y según ellos era un acto de requisa de documentos de sus clientes; sin embargo, señalan que abusando de su cargo de forma violenta, prepotente e ilegal y para el efecto planificaron un delito simulado al llevar una persona a consultar en su oficina.
Argumenta que, el fiscal precedentemente citado y los policías a su cargo, Clemente Álvarez Fernández y Edgar HuallpaTurpo, le dijeron que se encontraba arrestado y lo llevaron contra su voluntad a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde inicialmente estuvo arrestado y pasadas las horas se enteró que estaba aprehendido.
Sostiene que lo detuvieron sin informarle la razón por la que se allanó su oficina, ya que se lo encontró introduciendo documentos supuestamente falsos y en flagrancia, por el delito de falsedad material; posteriormente con la ayuda de sus colegas abogados procedió a reclamar los actos ilegales suscitados, toda vez que sin analizar con criterio de objetividad los datos del proceso el Fiscal Wenceslao Mariaca Carrasco, presentó la imputación y solicitó su detención preventiva, incurriendo en un procesamiento indebido. Asimismo, señala que el Fiscal René Quispe Huanca, ordenó que guarde aprehensión de forma indebida, con esa actitud también ha vulnerado la garantía del debido proceso.
El accionante estima vulnerados los derechos a la libertad, a la inviolabilidad de su domicilio, a la defensa y la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 25, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica.
Solicita se le “guarde” la tutela impetrada, cese la persecución indebida en su contra, restablezcan las formalidades legales y se restituya su derecho a la libertad.
Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2012, según consta en el acta cursante de fs. 120 a 129 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ampliación de la acción
Los abogados del accionante en audiencia, ampliando los términos expuestos en su memorial de interposición de la presente acción, manifestaron que: a) A simple denuncia de funcionarios de la Alcaldía hicieron un aprovechamiento del cargo del Fiscal Julio Alanez Mamani, sin ser asignado al caso, ni pertenecer a la división económica y tampoco encontrarse de turno; b) Para estar acorde al debido proceso lo mínimo que podían hacer era notificarlo para que asuma su legal defensa; c) Hicieron un levantamiento de inventario a mano alzada, donde participó el citado Fiscal; sin embargo, no cumple el requisito indispensable que es el mandamiento de requisa, expedido por autoridad llamada por ley; por lo que no se ha cumplido con el art. 13 del CPP; en consecuencia señalan, que toda la prueba obtenida es ilegal, llegando a la nulidad establecida por el art. 169 del mismo Código; y, d) El Fiscal Wenceslao Mariaca Carrasco, presentó una imputación que carece de fundamentación, simplemente lo detienen y aprehenden pero no lo ponen a disposición de la autoridad competente dentro de las veinticuatro horas, vulneración que cometieron los Fiscales referidos.
Julio Alanez Mamani, Fiscal de Materia de La Paz, mediante informe presentado el 30 de noviembre de 2012, cursante de fs. 119 y vta., indicó lo siguiente: 1) El 27 del señalado mes y año, aproximadamente a horas 10:45, funcionarios policiales y su autoridad realizaron una intervención policial preventiva de acción directa -art. 293 del CPP-, en la oficina del abogado Ricardo Zabala Mamani, ubicado en la av. Juan Pablo II, oficina 2 con numeración 1065, en virtud a la solicitud de Edman Mamani Condori, Juan Carlos Cruz Quispe y José Antonio Iriarte Lima, quienes indicaron que en esa oficina se habría falsificado el Certificado de ubicación de un lote de terreno signado con el AJT-D-6/279/2012 correspondiente al trámite 293/2012 y plano visado; y según su versión se tendría consignadas firmas y sellos de pie de firmas falsos; 2) Ricardo Zabala Mamani, reconoció que él había participado e intermediado en la tramitación del Certificado antes mencionado y de su plano visado, incluyendo en ese hecho a Félix Silvestre Choque Chipana; 3) Con la autorización de Ricardo Zabala Mamani, se procedió al registro de la documentación, encontrándose gran cantidad de formularios notariales y formularios sin contenido pero firmados, secuestrando los mismos para fines investigativos; 4) Realizadas las investigaciones se procedió a la correspondiente acción directa, por la cual se aprehendió a Ricardo Zabala Mamani, por haber participado en la elaboración de los mencionados documentos; y, 5) La intervención policial preventiva de acción directa, según se puede constatar en los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones, se realizó conforme a procedimiento sin conculcar derechos y garantías constitucionales.
Wenceslao Mariaca Carrasco, en audiencia señaló: i) Se encontró a Ricardo Zabala Mamani con documentos notariales firmados y con firma ya preparados donde se puede incluir cualquier tipo de falacias; por lo que para tener esos documentos en su poder denotaba ser Notario; ii) De manera fundamentada dispone que Ricardo Zabala Mamani pase a celdas de la FELCC y de igual manera también remite el despacho de salida de dicha celda policial; iii) No es aplicable el art. 226 del CPP; es decir, que no se requiere que el Juez emita una Resolución de aprehensión porque Ricardo Zabala Mamani fue aprehendido cometiendo un delito en flagrancia; iv) En la declaración del imputado estaban presentes sus cinco abogados y su esposa, quienes escucharon que a las preguntas formuladas aceptó los hechos por los cuales se le imputó, es así que el suscrito Fiscal, el 28 de noviembre de 2012, presentó la imputación, misma que fue sorteada al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, autoridad que fijó audiencia cautelar para el 29 del mismo mes y año a horas 15:20 y fue celebrada a las 17:10, porque se apersonó mucha gente reclamando justicia, situación que no les permitió el ingreso al juzgado; sin embargo, ya había sido recusado y el Juez rechazó esa recusación, correspondiendo así la revisión al Juzgado siguiente en número que sería el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, implicando que siempre existe un Juez contralor y el imputado no se encuentra en estado de indefensión; v) En la audiencia que se llevó a cabo ante el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, la Secretaria informó que el imputado había promovido un incidente de actividad procesal defectuosa con los mismos fundamentos que ante su autoridad; y, vi) Señalando jurisprudencia constitucional destaca que la resolución de medida cautelar, puede ser apelada, lo que implica que antes de acudir a la acción de libertad hay un juez cautelar que tiene conocimiento y debe resolver cualquier incidente; por lo que en el presente caso el accionante ha planteado recusación e incidente, que actualmente el Juez está resolviendo.
René Quispe Huanca, Fiscal de materia en audiencia manifestó: a) En la Fiscalía
son tres fiscales que conforme al principio de unidad que rige al Ministerio Público en ausencia del “Dr. Mariaca” o el “Dr. Condori”, es él quien los suple; b) En el presente caso el día referido llevaron al imputado a la Fiscalía en calidad de aprehendido y de acuerdo al “art. 26”, no se encuentra facultado para disponer su libertad, lo que correspondía es ser remitido ante la autoridad jurisdiccional; y, c) Conoció el asunto sólo “media a una hora”, con fines administrativos; es decir, para que pase a celdas es necesario de requerimiento, mismo que fue emitido por su autoridad, refiriéndose la suplencia legal del Fiscal Wenceslao Mariaca Carrasco.
La Jueza Segunda de Partido y Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 307/2012 de 30 de noviembre, cursante de fs. 130 a 132, en su calidad de Jueza de garantías, “otorgó” la tutela solicitada, disponiendo que el Juez cautelar en su calidad de contralor de garantías constitucionales, de conformidad a la SC “253/2003-R”, proceda a la reparación de los defectos legales, evitando el atropello en que puedan incurrir, tanto el Ministerio Público como la policía durante la etapa preparatoria, todo lo señalado en base a los siguientes fundamentos: 1) Cuando el registro deba realizarse en un domicilio, o como en el caso de autos en una oficina máxime si es un abogado, se requerirá resolución fundada del Juez y la participación obligatoria del mismo, quedando prohibido el allanamiento de domicilio o residencia en horas de la noche, éste únicamente podrá efectuarse durante las horas hábiles del día, salvo el caso de delito flagrante. El allanamiento sólo puede realizarse mediante orden judicial, expresa e inequívoca; 2) En el presente caso, indican que debe tenerse en cuenta que el domicilio goza de protección constitucional y tiene la calidad de asilo inviolable conforme el art. 25.I de la CPE, constituye parte de la privacidad e intimidad de la persona; y, 3) El Tribunal Supremo de Justicia, con similar fundamento a los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional, refiere que todo allanamiento ilegal debe ser denunciado ante la autoridad encargada del control cautelar, sin perjuicio de hacer conocer la vulneración de sus derechos ante estas instancias en virtud a que la acción de libertad no está sujeta necesariamente a la subsidiariedad cuando se vulneran los derechos fundamentales de las personas y que en vez de promover la acción de la justicia incumplen con el principio de legalidad y el debido proceso.
II.1.Por Formulario de caso EAL1206591, se tiene que el 27 de noviembre de 2012, a denuncia de Juan Carlos Cruz Quispe, Edman Mamani Condori y José Antonio Iriarte Lima, estos se constituyeron junto con el Fiscal Julio Alanez Mamani en la oficina del abogado Ricardo Zabala Mamani, donde se encontraron documentos supuestamente fraguados (fs. 2).
II.2.A través del informe de intervención policial preventiva -acción directa-, refieren que el 27 de noviembre de 2012 a horas 10:45, juntamente con el Fiscal Julio Alanez Mamani, se constituyeron en la oficina de Ricardo Zabala Mamani, ubicada en la av. Juan Pablo II, oficina 2 con numeración 1065, en el momento cuando realizaba su trabajo de tramitación, certificación y visado de planos individuales falsificados supuestamente. Asimismo adjunta un inventario del listado de documentación recolectada (fs. 4 y 5 vta.).
II.3.Por providencia de 27 de noviembre de 2012, el Fiscal de Materia, René Quispe Huanca, de acuerdo al informe de acción directa y el emitido por el Sub Oficial TeodocioApaza Terrazas, señaló que el hecho constituye flagrancia, conforme a lo establecido en los arts. 227 y 230 del CPP, por lo que requiere que Ricardo Zabala Mamani, guarde aprehensión en celdas de la FELCC de la ciudad de El Alto (fs. 88).
II.4.Escrito presentado el 27 de noviembre de 2012, por Jaime Alberto Pereira Rubín de Celis, apoderado del Alcalde del Gobierno Municipal de El Alto, mediante la cual formalizó querella contra Ricardo Zabala Mamani y otros. En consecuencia por providencia de 28 del mismo mes y año, el Fiscal de Materia Wenceslao Mariaca Carrasco, admitió la querella formulada (fs. 95 y 96 vta.).
II.5. Ricardo Zabala Mamani, a través del memorial presentado el 27 de noviembre de 2012 a horas 18:10, se apersonó ante el Ministerio Público y pidió que en resguardo de las garantías constitucionales se ordene su inmediata libertad. Posteriormente, mediante providencia de 28 del mismo mes y año, el Fiscal de Materia Wenceslao Mariaca Carrasco, decretó téngase presente y estese al procedimiento (fs. 99 y vta.).
II.6. Wenceslao Mariaca Carrasco, Fiscal de Materia, el 28 de noviembre de 2012, a horas 11:59, ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó la imputación formal de Ricardo Zabala Mamani, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; asimismo solicitó la detención preventiva de Ricardo Zabala Mamani, al haber demostrado los presupuestos previstos en el art. 233 del CPP (fs. 101 a 104).
II.7. Según providencia de 28 de noviembre de 2012, el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, en suplencia legal, fijó audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal para el 29 de noviembre del mismo año a horas 15:20 (fs. 105).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante alega la vulneración de los derechos a la libertad, a la inviolabilidad de su domicilio, a la defensa y la garantía del debido proceso, porque el Fiscal Julio Alanez Mamani y los funcionarios policiales a su cargo, allanaron su oficina jurídica sin ninguna orden legal y requisaron la documentación de sus clientes, posteriormente fue arrestado en supuesta flagrancia y transcurridas unas horas tuvo conocimiento de que se encontraba aprehendido. Posteriormente sostiene que el Fiscal René Quispe Huanca, ordenó que guarde aprehensión y finalmente el Fiscal Wenceslao Mariaca Carrasco, presentó imputación formal en su contra y pidió su detención preventiva sin ninguna fundamentación, por lo que indica que tales actuaciones son ilegales e indebidas.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.La línea jurisprudencial desarrollada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad Conforme a la problemática planteada en el presente caso, es preciso referirnos a los supuestos en los que se abre la posibilidad de que prospere un acción de libertad; por lo que, cuando se denuncia aprehensión, arresto u otra forma de restricción a la libertad personal por parte de la Policía o del Fiscal, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, señaló:
1)Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar, opera la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.
Ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional a través de la interposición de una acción de libertad, debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar (SSCC 0160/2005-R, 0181/2005-R, 0008/2010-R y 0080/2010-R).
2)Cuando el fiscal no da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar, en un evidente incumplimiento de sus deberes, de igual forma opera la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.
En los casos en que el Fiscal no diera aviso al Juez cautelar del inicio de las investigaciones, en un evidente incumplimiento de sus deberes, el imputado o detenido debe acudir ante el Juez cautelar de turno SC 0997/2005-R de 22 deagosto, reiterada por las SSCC 0016/2012-R y 0276/2012.
3)En el supuesto que la accionante hubiera denunciado los actos restrictivos
de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, la subsidiariedad excepcional también sobreviene.
Ello, debido a que se hizo uso del medio legal ordinario y a momento de activarse la jurisdicción constitucional todavía se encontraba pendiente de resolución; es decir, aún no hubo pronunciamiento sobre el acto lesivo acusado, que bien puede concluir en la reparación oportuna de la vulneración sobre el derecho fundamental a la libertad invocado, esto para evitar la posibilidad de duplicidad de fallos y se provoque una disfunción procesal contraria al orden jurídico, por lo que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones (línea construida a partir de los fundamentos jurídicos de las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y la 0081/2010-R, reiterada en las SSCC 0105/2010-R, 0608/2010-R y 1184/2011-R, y la SCP 0003/2012 de 13 de marzo).
Las líneas jurisprudenciales indicadas tienen la siguiente excepción: Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, tal situación posibilita el ingreso directo al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad (SC 0957/2004-R de 17 de junio, reiterada por las SSCC 1009/2006-R, 0639/2007-R y 2548/2010-R)”.
III.2.Análisis del caso concreto El accionante invoca la vulneración de los derechos a la libertad, a la inviolabilidad de su domicilio, a la defensa y la garantía del debido proceso, alegando que fue arrestado y aprehendido de forma ilegal, ya que cada uno de los Fiscales demandados que intervinieron en cierto momento, aplicaron en su accionar un procesamiento indebido.
De acuerdo a la revisión del memorial de interposición, el accionante señala como actos lesivos por parte del Fiscal Julio Alanez Mamani, el allanamiento de su oficina jurídica sin orden legal, la requisa de la documentación de sus clientes y su arresto; asimismo, refiere que el Fiscal René Quispe Huanca, también ordenó de manera ilegal que guarde aprehensión y posteriormente el Fiscal Wenceslao Mariaca Carrasco presentó imputación formal sin ninguna fundamentación.
En ese contexto se tiene que el accionante fue arrestado por supuesta flagrancia -27 de noviembre de 2012 a horas 11:00-; y, en consecuencia se apersonó ante el Ministerio Público, mediante memorial de la misma fecha a horas 18:10, solicitando el resguardo de sus derechos y garantías constitucionales y se ordene su inmediata libertad, posteriormente se tiene la certeza de que el fiscal Wenceslao Mariaca Carrasco dio aviso de la investigación ante el Juez cautelar de turno el 28 de noviembre del citado año a horas 11:59, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya sea que el Fiscal en su momento, no hubiera dado aviso del inicio de la investigación a dicha autoridad, antes de interponer la presente acción, el imputado ahora accionante debió acudir ante el Juez cautelar de turno, alegando y denunciando los actos ilegales que cuestiona directamente en esta acción de defensa, esa autoridad jurisdiccional se constituye en el juez contralor de garantías constitucionales y derechos fundamentales del imputado o denunciado y en caso de que los reclamos expresados no hubieran sido atendidos y/o reparados por esa autoridad judicial, recién se activaría la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
En el presente caso por lo manifestado líneas supra, existe denuncia e imputación formal contra el imputado ahora accionante, además de que el Fiscal René Quispe Huanca, en virtud al informe del Fiscal Wenceslao Mariaca Carrasco y de la policía, señaló que el hecho se constituye en flagrancia, conforme lo establecido por los arts. 227 y 230 del CPP, situación que de forma concreta la jurisprudencia glosada en la parte in fine del acápite anterior, imposibilita a este Tribunal Constitucional Plurinacional realizar el análisis de fondo de la problemática planteada a través de la presente acción tutelar.
Asimismo, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que una vez arrestado el accionante el 27 de noviembre de 2012, por una parte el apoderado de la Alcaldía de El Alto, formuló querella en su contra y el 28 del mismo mes y año, el Fiscal de Materia Wenceslao Mariaca Carrasco, imputó formalmente a Ricardo Zabala Mamani, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y solicitó como medida cautelar de carácter personal, su detención preventiva, posteriormente el mismo día el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, señaló audiencia de medida cautelar para el 29 del citado mes y año a horas 15:20; vale decir, que en el presente caso se puede advertir que existe una audiencia de medida cautelar pendiente de resolución, en la que el accionante previamente a la interposición de la presente acción tiene la posibilidad de reclamar su aprehensión y las incidencias de la misma aspecto que también impide un pronunciamiento en el fondo de la problemática.
En consecuencia el Juez de garantías, al “otorgar” la tutela solicitada, aunque haciendo uso de la terminología inadecuada, no obró correctamente.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 307/2012 de 30 de noviembre, cursante de fs. 130 a 132, pronunciada por la Jueza Segunda de Partido y Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.
Se hace constar que no interviene la Magistrada de la Sala Tercera Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños, por ser de voto disidente.

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in fine
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