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De Rentabilidades y Costes
Posted on 8 noviembre, 2016 por egolego
“DE RENTABILIDADES Y COSTES: CUÁNTO ME CUESTA PREPARAR MI PRODUCTO O SERVICIO PARA VENDERLO, Y CUÁNTO PUEDO GANAR“
Datos, datos y más datos… la información te dará conocimientos para decidir con más capacidad, con más libertad y con más responsabilidad. Pero los datos no pueden atenazar o limitar tu vocación, que es el discernimiento previo y también constante. La ilusión debe venir amparada en números, y sostenida por ellos, pero no todo pueden ser números y sólo números.
Cuanto más profundos y detallados sean los análisis de costes más calidad de movimientos se tendrá ﻿Clic para tuitear
porque a partir de ellos se detectarán y determinarán los precios mínimos en los que desenvolverse, donde están los puntos de equilibrio, hasta donde puedo llegar. Los costes de producción hay que aquilatarlos, optimizarlos y calcularlos al milímetro para aspirar a tener una gestión eficiente y eficaz, y también ayudarán a mantener un discurso de ventas contundente y un recorrido de dirección y organización solvente. Esto es, si sabemos cuánto nos cuesta sacar nuestro producto o servicio, ya tendremos claro cuál es nuestro “equipo” y hasta dónde podemos llegar inicialmente.
En esos costes hay que imputar todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra actividad, para generarlo: costes directos e indirectos. Es decir, no es sólo el tiempo de dedicación, ni el coste/hora de trabajo, lo que configura el coste de “producción”…hay que estar especialmente sensible y perspicaz, ser muy minucioso con los costes indirectos que impactan en la “construcción” de nuestro producto-servicio: gasto energético, (luz, climatización,…), desplazamientos, consumibles, espacio; medios, equipamientos, colaboradores…
Todo tiene una influencia porcentual y proporcionada en cada elemento que sále de nuestra “fábrica”. Y tal vez ese sea el sistema más simple para calcular: mentalidad de fabricante. Se trate de productos o servicios, de comercio o suministro, de distribución o gestión… la mentalidad o perfil de “fabricante” es la más práctica para conseguir el detalle que nos conviene obtener. Esto parece y es más fácil cuando se trata de producción concreta, de producto tangible; pero hay que aplicarlo y extrapolarlo en todos los casos, incluido servicios…. nuestra competitividad y viabilidad depende en buena medida de ello.
Desde ese proceso de análisis y deconstrucción de cada coste, dependerá nuestra rentabilidad y nuestra previsión de beneficios, que también habremos de planificar y secuenciar desde mínimos. Si algo hemos aprendido en estos tiempos, o más bien hemos corroborado, es que una cuidada política de costes, y una optimización, planificación y priorización sensata de los mismos es indispensable para la gestión empresarial y la obtención de beneficios. Es el suelo que pisamos y los peldaños de la escalera que pretendemos subir. Desde esa política gestora podremos plantear términos de rentabilidad y beneficio razonados y razonables.
Y en la misma línea otra experiencia:
los costes hay que distinguirlos de la inversión con claridad, y unos y otros deben ser equilibrados ﻿Clic para tuitear
De modo que es importante invertir, y calcular el impacto de esa inversión en el propio coste de “producción” aun como efecto indirecto, hay que “gastar” para generar y fabricar con calidad, y hay que invertir para promocionar y construir una “empresa”, y cuanto más grande es esa empresa, más inversión y coste suscita. No podemos fabricar coches con los mismos costes ni con la misma inversión que comenzamos fabricando “triciclos”. Por eso hay que estar evaluando y revisando, actualizando y evolucionando el modelo continuamente a partir de los datos, siempre con ilusión, y con criterios fundados. Y el equilibrio ha de ser una máxima, y acompasar correctamente crecimientos y decrecimientos con sus gastos e inversiones proporcionales.
Apartándonos o sin entrar en teorías de dirección o gestión, sólo desde la pura experiencia vivida en primera persona, podemos recomendar una contabilidad analítica y de costes que nos dé información puntual y pormenorizada de cada sección de nuestra cadena, y del resultado final para saber manejar los eslabones y tomar decisiones. Esa contabilidad deber ir más allá de cuentas genéricas de sumas y saldos o asientos estandarizados, y requieren “invertir” en nuestra formación y en profesionales que nos aporten valor en ese sentido para afinar en nuestra producción.
También sin buscar o valernos de términos técnicos ni teóricos, si nuestra opción son las tres “c”: crear, crecer y conquistar, debemos apartar o contemplar en nuestros costes de producción o detraer de nuestro margen de rentabilidad o beneficio un porcentaje para inversión: publicidad, expansión, contratación, comercialización, innovación, investigación… Y es una cuestión de visión, decisión y planteamiento, y también de organización y previsión.
Por último en ese punto, hay que incidir en la gestión de la rentabilidad y el beneficio tanto en su fase potencial y de estimación, como en su concreción y aplicación. Así, las exigencias de precisión y realidad se reiteran para este aspecto, y además hay que añadir que una mayor rentabilidad no es sinónimo de un mayor beneficio, pero con la adecuada gestión sí debe conllevar más dinamismo, más capacidad de inversión y más crecimiento. Hay que calcular la rentabilidad de nuestro producto/servicio, y valorar también el beneficio final donde hay que considera aspectos como los tributarios además de los citados. Al principio el afán debe ser el coste y después “edificar” la rentabilidad, estratificarla, y segmentarla, para llegar al beneficio. Hay que ser prudentes y moderados con estos conceptos, porque podemos asfixiar el modelo buscando excesos, o cegarnos con ellos, o bloquearnos si los convertimos en eje. Una empresa tiene que ser rentable y tiene que generar beneficios, pero ese no es el “km 0”, es producto de un recorrido, una trayectoria, un viaje… una ruta.
Ángel Luis Gómez Díaz. Socio–Fundador y Director General de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES
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Pensión Compensatoria: ¿Límite temporal?
Posted on 15 junio, 2016 por egolego
Un procedimiento de divorcio o separación, sea de mutuo acuerdo o contencioso, puede dar lugar a la fijación de una pensión compensatoria a favor de aquel de los cónyuges que haya quedado en una situación de desequilibrio económico tras la situación de separación, y el cese de la convivencia conyugal o de pareja.
Surge por tanto la necesidad de establecer no sólo el importe de la citada pensión, sino también, y no menos importante, su límite temporal, es decir hasta cuando puede percibirse la misma.
El que se establezca la percepción de la pensión compensatoria durante un tiempo, no es algo fácil de determinar para las partes ni para el juzgador, pues debe tenerse en cuenta si en el tiempo por el que se fija la percepción de la pensión, la situación de desequilibrio económico provocada con la separación o divorcio ha desaparecido. Y ello conlleva, tener en cuenta una serie de factores que son muy variables y casi siempre dependen de terceros.
Por ejemplo a la hora de determinar el límite temporal de la pensión compensatoria habrá que tener en cuenta la edad de la persona que la va a percibir, su preparación académica y profesional, sus posibilidades de acceder al mercado laboral, sus limitaciones o si ha de atender al cuidado de los hijos en exclusiva o a tiempo prácticamente completo. Y sobre esta base podrá tratar de determinarse cuánto y por cuánto tiempo ha de percibirse esa pensión.
Hace años cuando se pedía, y se fijaba judicialmente una pensión compensatoria, ésta se fijaba habitualmente de forma indefinida, es decir no se establecía el periodo máximo por el que se pagaría la misma por parte del cónyuge obligado, algo que si es como regla general consideramos injusto. Desde hace un tiempo, es cierto que hay Jurisprudencia menor que tiende a limitar la percepción de la pensión compensatoria estableciéndola a menudo por un periodo máximo de cinco años. Esto es algo que entendemos que palia en parte la situación anterior, pero no la resuelve, porque consideramos que habrá casos en que el desequilibrio económico provocado por el divorcio no se habrá paliado a los 5 años.
Con fecha 18 de mayo de 2016, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta sentencia que viene a tratar de aclarar y actualizar el límite temporal que ha de tener la pensión compensatoria. Y así señala que, “la fijación temporal de la pensión no es un imperativo legal. El artículo 97 del Código civil la contempla como posibilidad, conforme a la ley 15/2005, de 8 julio ( sentencia 3 julio de 2014 ) y esta norma prevé unas circunstancias determinantes de la cuantía a falta de acuerdo de los cónyuges”. Es decir, en estos casos
prima lo que hubieren pactado los cónyuges al respecto ﻿Clic para tuitear
El Tribunal señala en su Sentencia que, “los cambios alegados por la parte apelada, no justifican una limitación temporal, ni justifican en modo alguno la extinción (artículo 101) en cinco años. Los hechos de la duración del matrimonio, 18 años; el cuidado de los cuatro hijos; la pérdida de las expectativas laborales; al tiempo de la sentencia de instancia (2015); la situación de desempleo y la edad de 47 años; son motivos para no alterar el tiempo indefinido que pactaron de común acuerdo”.
Como puede verse, en este caso había un acuerdo previo al respecto, pactado en Convenio Regulador, aceptado por las partes, en que no se limitaba el tiempo, lo que sumado al resto de circunstancias concretas, hacen que se entienda que en este caso no cabe la limitación temporal de la pensión compensatoria.
Entre la jurisprudencia que avala la posición de no alterar la pensión compensatoria fijada por acuerdo, destacar la STS de fecha 3 de octubre de 2008, que dice que, «para que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un mecanismo adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora que constituye la finalidad -“ratio”- de la norma, pues no cabe desconocer que en numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la pensión vitalicia».
Por su parte, hay Sentencias que sostienen que para establecer o no el límite temporal a la pensión compensatoria habrá que tener en cuenta las circunstancias de cada caso, y así el TS en sentencia de fecha 3 de octubre de 2011 añade: «Según esta doctrina, el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo esta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC”.
No obstante, en Sentencia de 24 de octubre de 2013, recoge que cabe la posibilidad de que una pensión compensatoria fijada sin límite temporal o con carácter indefinido, se pueda limitar. Al respecto establece: “El obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente».Reproducido también en sentencia de 28 de octubre de 2014.
Es decir: Cabe modificar la pensión compensatoria acordada sine die por sentencia si hay alteraciones sustanciales ﻿Clic para tuitear
Literalmente, la sentencia indica que “La modificación de la pensión compensatoria acordada en sentencia de separación sin limite temporal alguno, no puede producirse sino por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge”.
A la vista de lo expuesto, podríamos concluir que la Jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo parece que se decanta por no establecer un límite temporal a la pensión compensatoria, o establecerla con carácter vitalicio, y ello en virtud a lo dispuesto en el art. 97 y 100 del C.C., salvo que se haya pactado por las partes su limitación, o que las circunstancias del caso así lo aconsejen.
Alfonso Cintero Ramiro. Abogado de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES
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¿Alguna vez soñaste que te tocaba la lotería?
Posted on 16 marzo, 2016 por egolego
¿Quien no ha soñado que le tocaba la lotería alguna vez?, ¿Qué hacer con el premio? ¿Si lo compartiría o no?.
Si Vd. está entre aquellos que alguna vez se han hecho alguna de estas preguntas, o todas, deben conocer la Sentencia que con fecha 22 de febrero de 2016 ha dictado la Sala de Lo Penal de nuestro Tribunal Supremo.
Con esta Sentencia, la citada Sala venía a poner fin a la denuncia que en 2014, una empleada de una entidad bancaria interpuso frente a dos trabajadores de la misma entidad por un presunto delito de apropiación indebida.
Ambos, empleados de una sucursal de BBVA junto con la limpiadora de la entidad, habían comprado de forma conjunta un cupón para el sorteo de la ONCE del viernes, como hacían todas las semanas, y que cuesta tres euros, aportando cada uno un euro. Esta mecánica de compra se repetía aunque alguno estuviese ausente por vacaciones o cualquier otra circunstancia, de modo que, cuando alguna de estas situaciones se producía, los presentes abonaban el total del cupón de dicho día, realizándose una liquidación posterior una vez hubiera regresado el ausente. Obviamente, los tres habían acordado verbalmente repartirse el posible premio en proporción a su respectiva aportación, si bien, los meros reintegros eran reinvertidos en la compra del cupón de las fechas sucesivas.
Pero el día 3 de septiembre de 2012 la limpiadora empezó sus vacaciones, y sus dos compañeros siguieron jugando al sorteo de los viernes de la ONCE comprando entre ambos el correspondiente cupón del vendedor que periódicamente acudía a la sucursal bancaria a vendérselo. Precisamente, el cupón adquirido el día 7 de septiembre de 2012, resultó premiado con la cantidad de 100.000 euros que fue cobrada íntegramente por ambos, incluida la cantidad de 33.333 euros que, conforme a lo acordado, correspondía a su compañera la limpiadora, a quien, en principio, nada dijeron acerca de la existencia del premio y, cuando ésta se enteró, negaron cualquier pacto de compra conjunta, oponiéndose a la entrega de esa parte que le correspondía, la cual hicieron suya.
Interpuesta denuncia por la limpiadora frente a sus dos compañeros por apropiación indebida, e instruida la causa por los Juzgados de Palencia, la Audiencia Provincial de la citada localidad falló:
“Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a DON Manuel Y DOÑA Apolonia, como autores responsables de un delito de apropiación indebida, ya definido, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, a cada uno, de un año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y al abono de las costas por mitad, incluidas las de la acusación particular; y a que indemnicen, conjunta y solidariamente, a Doña Sagrario en la cantidad de 33.333 euros, importe de la cantidad apropiada.
La indemnización devengará el interés establecido en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde esta resolución”.
No obstante, Dº. Manuel, uno de los empleados que se quedó con el premio, interpuso Recurso de Casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto constitucional ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Los motivos del Recurso, fueron desestimados (ver resolución motivada STS n.º. 119/2016, Sala de Penal, de fechas 22 de febrero de 2016 ), al considerar nuestro Tribunal Supremo que, “en el caso actual nos encontramos claramente ante un delito de apropiación indebida, pues el recurrente se apropió para sí del dinero del premio que recibió con la obligación de entregarlo a la cotitular del cupón premiado. El título inicial del que surge la obligación de entregar la parte proporcional del premio correspondiente a la denunciante es la copropiedad del cupón premiado, que atribuye a los copropietarios el derecho al reparto del premio a partes iguales, si no se hubiese pactado otra cosa. El título final, una vez cobrado el premio por el recurrente, es la comisión o mandato tácito, pues ha de entenderse que el recurrente cobró el billete en nombre y representación de los cotitulares, como gestor del cobro o mandatario de los mismos, recibiendo la totalidad del premio con la obligación de entregar su parte a cada uno de los copropietarios del billete”.
En la doctrina de esta Sala se han calificado reiteradamente supuestos similares de apropiación de un premio de lotería, en circunstancias diversas, como delito de apropiación indebida (SSTS 501/2013, de 11 de junio, 382/2010, de 28 de abril, 988/2007, de 20 de noviembre y 219/2007, de 9 de marzo y 712/2006, de 3 de julio , entre otras).
El TS en su fundamentación jurídica continúa, “el recurrente se apropió para sí, repartiéndolo con la otra condenada que no ha recurrido, la tercera parte del premio perteneciente a la tercera titular del cupón de los ciegos que jugaban conjuntamente y que resultó premiado. Es decir se apropió de dinero recibido en función de un título que producía la obligación de entregarlo, lo que constituye el delito de apropiación indebida sancionado en el art 252 vigente cuando ocurrieron los hechos, y 253 vigente en la actualidad, que mantiene expresamente el dinero como objeto propio de esta modalidad delictiva”.
Y a la vista de lo anteriormente expuesto concluye, “Procede, por todo ello, la integra desestimación del recurso interpuesto, con imposición al recurrente de las costas del mismo, por ser preceptivas.
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto constitucional, interpuesto por Manuel , contra sentencia de fecha 16 de marzo de 2015 dictada por la Audiencia Provincial de Palencia, Sección Primera , en causa seguida al mismo por delito de apropiación indebida. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese.
Parece que el sueño inicial de lotería, se tornó para alguno en pesadilla…
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Estado de Morosidad Permanente
Posted on 2 diciembre, 2015 por egolego
Vivimos en un “Estado (y estado) de morosidad permanente”, donde quien debería ser uno de los garantes y ejemplo de cumplimiento es el principal responsable de la cadena incumplidora, que llega a tal nivel que convierte en extraordinario al que atiende sus obligaciones ordinarias. Hay leyes (exigidas desde Europa) para atajarlo que no se aplican o no son eficaces porque al final puede más la ley del más fuerte y el miedo de los pequeños y medianos al grande. El sistema judicial se presenta excesivamente garantista, lento e ineficiente, alejado del ritmo económico y de la realidad empresarial. Pero la única certeza es que resignarse y aceptar todo esto no puede ser una opción, aunque a quien más posibilidades y potestades tiene de revertir el escenario (la Administración Pública en sus diversas versiones) le interese que siga como está.
Acaso me parece que habría vías que emprender como solución bastante evidentes y viables: compensaciones automáticas de impuestos y pagos a la Administración (ágiles, reales y directas con medios telemáticos y sin crear otro océano burocrático) tanto a empresas como a particulares con créditos a favor; inversión de la carga de la prueba en los procedimientos judiciales (que el demandado sea quien deba acreditar el pago de modo fehaciente y hasta ese momento sea tratado como incumplidor por los tribunales) de manera que se permitan embargos preventivos y retenciones cautelares del patrimonio del deudor con la presentación de la reclamación (algunos dirán que este es el sentido de los procedimientos monitorios y otros ejecutivos pero su realidad es otra, precisamente por el celo y garantía del proceso con el deudor que es presunto hasta límites insospechados); la puesta en marcha definitiva de un proceso ágil con medios propios y separados en los propios tribunales de justicia (algo está en ciernes pero a expensas de su activación y de los presupuestos oportunos); la penalización concreta de la morosidad y su litigiosidad acreditable en los concursos y licitaciones públicas (habilitando un registro donde figure y se justifique esta situación de litigiosidad o demora por los perjudicados); procesos automáticos y rápidos de derivación de responsabilidad a efectos patrimoniales en Administradores de Sociedades mercantiles no liquidadas ordenadamente y en tiempo y forma, o una suerte de proceso sumario automático acumulado o subsidiario junto a la propia sociedad; autopenalización de la Administración con recargo de intereses directo cuando incumple los plazos legales…
Old clock close up view
Vamos que mecanismos y herramientas hay y no necesariamente complejas, pero asumamos que todo funciona en base al sacrificio generalizado del pequeño y el mediano empresario en particular, y del pequeño y mediano contribuyente en general. Si esto viene siendo la dinámica histórica predominante es porque interesa que así sea y la financiación del Estado y nuestra macro-estructura institucional se financia directamente a base de impuestos e indirectamente a través de estas demoras tendenciosas como algunas de sus principales fuentes.
Y enlazando con lo anterior la ingente bolsa de fraude, que permite dos conclusiones unido a lo comentado: el sistema no pone fácil el cumplimiento ni es lo suficientemente proporcional y progresivo o accesible (si muchos no afrontan o no llegan a sus obligaciones o las eluden, también hay que revisar las obligaciones y no sólo al obligado) y un Estado de derecho que se precie de serlo no puede consentirse situaciones de dificultad, ruina o fracaso imputables al incumplimiento, ineficacia o inacción de la Administración y el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Esto además de nuestra manida naturaleza “pícara” o dicho de otra forma, de nuestra pobre cultura de la responsabilidad y nuestro creciente descrédito del uso y gestión de lo público por quienes les corresponde hacerlo, dibuja un contexto endémico y viciado que hay que enfrentar como prioridad, y donde todos hagamos el ejercicio que nos corresponde de sacrificio, compromiso y honestidad, empezando (va en el sueldo y en el cargo) por quienes nos representan.
No podemos resignarnos a lo inaudito porque es imposible un sistema perfecto pero tampoco es admisible seguir como estamos.
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Reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Extremadura: ¿Vuelta atrás?¿Cuenta atrás?
Posted on 18 noviembre, 2015 por egolego
Salvo imprevisto de última hora, el nuevo Gobierno regional suprimirá en breve las bonificaciones tributarias que han venido aplicándose en nuestra comunidad desde el mes de febrero de 2015, con causa en la entrada en vigor de la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad de Extremadura.
En concreto, nos referimos a las bonificaciones que establece dicha Ley para las adquisiciones vía donación o herencia por descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, del 99%, 95% ó 90% de la cuota tributaria en función de que la base imponible (lo recibido por donación o herencia) no supere los 175.000.-€, 325.000.-€ y 600.000.-€, siempre que el heredero o donatario no tuviera un patrimonio previo superior a 600.000.-€.
Es decir, que a día de hoy si un hijo recibe en vida por donación o hereda de su padre bienes y derechos por un valor de, a modo de ejemplo, 450.000 euros y su patrimonio particular no supera los 600.000 euros, tendrá derecho a aplicar una bonificación del 90% sobre la cuota a pagar. De ese modo, si ésta ascendiera, pongamos que a 100.000 euros, con la aplicación de la bonificación actualmente vigente, únicamente debería ingresar 10.000 euros.
Estas bonificaciones y quizá el temor de que con el cambio de gobierno volviéramos a la situación fiscal anterior, es lo que explica que se hayan disparado el número de donaciones en Extremadura entre padres e hijos en el año 2015, concretamente el doble que en el 2014.
Sin embargo, poco tiempo resta para que estas donaciones sigan aumentando, pues resulta evidente que las modificaciones normativas que se avecinan van a suponer un encarecimiento importantísimo, en términos fiscales, de las donaciones y las herencias. Si volviéramos al marco legal anterior, como se está anunciando por parte del ejecutivo regional, las donaciones pagarían entre el 7,5% y el 34%, a lo que habría que añadir la ganancia patrimonial en el IRPF y la llamada plusvalía municipal, en el caso de los inmuebles de naturaleza urbana.
De esta manera, Extremadura volverá a situarse entre las comunidades autónomas dónde más se pague por recibir una herencia o una donación de un padre o un abuelo, por lo que poco tiempo queda para realizar donaciones que puedan acogerse a las bonificaciones fiscales referidas.
No obstante, es conveniente recordar que además de las bonificaciones fiscales que hemos comentado, todavía vigentes, la Ley regula determinados beneficios para la transmisión de vivienda habitual, empresas individuales, negocio profesional o participaciones en entidades, explotaciones agrarias y otras más, a los que poder acogerse siempre que se cumplan unos concretos requisitos. Para ello se hace de nuevo imprescindible plantear los mismas con la debida antelación, con el fin de acometer las actuaciones necesarias que permitan, en la medida de lo posible y dentro de la legalidad vigente, aplicar dichos beneficios fiscales, tanto autonómicos como estatales, y conseguir reducir notablemente el coste fiscal de dichas transmisiones.
Estaremos en todo caso atentos al calado real de los cambios normativos que finalmente se produzcan y, en particular, si dichos cambios afectan no sólo a las bonificaciones antes citadas sino además al resto de incentivos fiscales que para con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya establecía el Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos
Fernando Alfaro Ramos. Socio Abogado de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES
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La falta de un aval individual en las pólizas colectivas no impide estar asegurado
Posted on 3 noviembre, 2015 por egolego
Cuando se suscriban pólizas colectivas para el aseguramiento de las cantidades entregadas a cuenta en la construcción de viviendas, la omisión de un certificado individual por culpa del promotor no impide tener por cubierto el riesgo asegurado.
En fecha reciente la Sala I del Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que se desestiman los recursos interpuestos por Banco Popular Español, la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia recaída en procedimiento sobre la efectividad de la póliza colectiva otorgada en su día por dichas entidades en relación con la devolución de las cantidades anticipadas entregadas a cuenta por los compradores de viviendas en promoción en el ámbito de la Ley 57/1968, cuando falta la emisión de los certificados individuales.
Ante la demanda de los compradores, la sentencia dictada en primera instancia estimó la reclamación por entender que, aunque no se hubieran otorgado los avales individuales por las entidades demandadas, esto no les impedía disfrutar de las garantías establecidas por la Ley 57/1968 para los casos de incumplimiento de la promotora; este criterio fue confirmado por la sentencia dictada en apelación que señala que, al tratarse de un seguro colectivo, el comprador adquiere su condición de asegurado por el hecho de contratar con la promotora, sin que pueda verse afectado por el incumplimiento de ésta para con la asegurada.
La sentencia de la Sala Primera, entiende que, en atención a la finalidad tuitiva de la norma, que exige el aseguramiento o afianzamiento de las cantidades entregadas a cuenta, y a que se ha convenido una garantía colectiva para cubrir las eventuales obligaciones de devolución de la promotora de las cantidades percibidas de forma adelantada de los compradores, cuya copia ha sido entregada junto con los contratos de compraventa, es posible entender directamente cubierto el riesgo, sin que antes se hubiera emitido un certificado individual.
Respecto de dicha falta de emisión no tiene responsabilidad el comprador que ha entregado cantidades a cuenta, sino la actuación gravemente negligente o dolosa del promotor que deja de requerir los certificados o avales individuales.
En estos casos debe entenderse que, al concertar el seguro o aval colectivo con la promotora y la percepción de las correspondientes primas, la entidad aseguradora o avalista pasa a cubrir la eventualidad garantizada, que es la obligación de restitución de las cantidades percibidas, junto con los intereses previstos en la norma legal, referidas a la promoción o construcción a la que se refería la garantía.
Al mismo tiempo, la emisión de los correspondientes certificados o avales individuales por la entidad aseguradora o avalista a favor de cada uno de los compradores, legitima a estos para hacer efectivo el aval por vía ejecutiva, conforme al art. 3 Ley 57/1968, pero la ausencia de los correspondientes avales individuales no impide que la obligación de restituir las cantidades entregadas, con sus intereses, quede cubierta a favor de los compradores que han concertado un contrato de compraventa y entregado esas cantidades a cuenta, al amparo de la existencia de la póliza colectiva.
Alfonso Cintero Ramiro. Abogado de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES.
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LA NUEVA ABOGACÍA (I)
Posted on 31 agosto, 2015 por egolego
Renovar una profesión en general y la abogacía en particular no consiste en actualizar los equipos informáticos, tener un traje nuevo, cambiar el mobiliario, isponer de un móvil de última generación y que un experto nos diseñe una placa con una marca original. La sociedad se transforma continuamente, evoluciona o involuciona según las visiones y las situaciones, las necesidades son diferentes, hasta el lenguaje, los hábitos, la cultura… presentan matices o distinciones notables más allá de lo atemporal y universal que cada vez va siendo menos. En definitiva, lo obvio es que la sociedad y sus visicitudes son realidades en permente dinamismo, que ineludiblemente obliga y exige continuos esfuerzos de adaptación y una sensibilidad activa y atenta al entorno y los nuevos escenarios. Y por supuesto la justicia y la abogacía no son una excepción, aunque su inmovilismo proyecto lo contrario, sino, más bien al revés, herramientas imperiosamente llamadas a acompasar su operativa a los cambios y liderar algunos esenciales. Precisamente el conflicto es uno de los ejemplos paradigmáticos de lo conveniente de construir un nuevo enfoque y una nueva cultura para abordarlo y tratarlo, que no pase (salvo en los casos oportunos) por la, hasta ahora, inalterada judicialización de las controversias.
La abogacía y su ecosistema se va tornando anacrónico al mismo ritmo que el propio sistema judicial, pese a que desde la trinchera letrada a veces se “dispare” a los tribunales el reproche unidireccional de su envejecimiento y falta de innovación y renovación en una maniobra casi de distracción. Siendo, además, esta abogacía parte integrante y agente necesario de la infraestructura, la filosofía y el desarrollo de la justicia y de la Justicia; debe considerarse corresponsable y colaborador necesario de sus disfunciones, ineficacias y desajustes que se proyectan en insatisfacción y descrédito ciudadano, mayormente por omisión o inacción pero también por acciones impropias. Y es que la propia abogacía sobrevive aferrada a su propio pasado empeñada en que lo de antes tiene cabida ahora y siempre, y no asume sus propias heridas y sus arrugas que se van extendiendo por su veterano cuerpo en todas direcciones, desde la cabeza a los pies, de izquierda derecha, desde sus órganos de máxima representación y sus corporaciones colegiadas hasta las nuevas hornadas de abogados, formadas todavía con procedimientos y métodos tan antiguos como algunas de las leyes que se aprenden sin entender o se entienden sin aprender. De suerte que nuestros ilustres colegios insisten en presentarse como esas rocas cada vez más consumidas y erosionadas por el tiempo y la desconfianza, y cuyo mayor reclamo es el imperativo legal y la rancia tradición lejos de una legitimidad útil y concreta y de ser elemento de convergencia, cohesión e identidad, y más bien consolidando y perpetuando su papel de motor de intereses no (siempre ni claramente colectivos ni corporativos) y de influenciador venido a menos en muchos casos. Pero también la hendidura de la abogacía viene por ese ejercicio profesional decimonónico y acomodado, que se sube a la inercia de lo de siempre, que se conforma con seguir la corriente y con hacer lo mismo de la misma manera y que apenas asimila la novedad y hasta se molesta por ella, que ve el cambio como amenaza y que entiende la toga como un privilegio o como una distinción.
Soy creyente del valor de lo antiguo en lo nuevo, del impulso de lo nuevo para lo antiguo, y de la serenidad y la autenticidad de lo antiguo para lo nuevo; defiendo la artesanía en combinación y sinergía con la innovación más atrevida y rompedora; y soy un radical del cambio honesto y coherente, de la sensibilidad para lo nuevo sin perder el equipaje valioso de lo antiguo. Y por ello para mí, el presente y el futuro de la abogacía pasan por aquello que nunca debió dejar de ser, por aquello que es y a lo que no puede renunciar; y por aquello que puede llegar a ser y que debe enfrentar con valentía.
Lo que nunca debió dejar de ser: una profesión de expertos respetados y reconocidos, prestigiosos y prestigiados, amparados en sólidos y radicales principios éticos y de servicio; celosa de su identidad y respetuosa con los suyos; altamente preparada y considerada y protegida por el propio sistema judicial como cooperante valioso y fiable. Una profesión de soluciones y no sólo de respuestas, esto es, sin ser presa de la práctica actual de la Justicia donde las resoluciones responden sin resolver y donde el tiempo del proceso y la letra judicial cavan una honda fosa de insatisfacción incluso para el presunto beneficiado. Una profesión con identidad inequívoca y no con esa variante de formas y valores, criterios y estilos que llega a recoger desempeños profesionales lesivos para la propia profesión (…)
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PROTECCION DE DATOS: ¿CUESTIÓN DE COSTES O DE IMAGEN?
Posted on 17 julio, 2015 por egolego
Si bien es cierto que la adaptación de las normas a la realidad de las empresas suele llevar algún tiempo: el que se emplea en el conocimiento de las mismas, el de adaptarse a la nueva situación jurídica, el de adquirir conciencia ciudadana, etc., nos encontramos en un ámbito -el de la protección de datos de carácter personal – en el que este tiempo está siendo escandalosamente superior.
A pesar de que la Ley (L.O. 15/1999) de Protección de Datos de carácter personal, cumple ya 15 años de vida en nuestro país, continúa registrando un cumplimiento preocupante por parte de las organizaciones. Es cierto que ha crecido la concienciación del derecho de los ciudadanos en materia de protección de datos, pero sigue existiendo una carencia importante de medidas de seguridad y control por parte de las empresas, a la hora de tratar los datos de sus clientes, empleados o proveedores, entre otros.
A mi parecer, esta situación resulta totalmente incomprensible, si consideramos que las sanciones a las que se está expuesto por parte de la Agencia Española de protección de Datos (AEPD), son de las más elevadas de la Unión Europea , oscilando entre 900 y los 600.000 €uros.
¿Cuál es el verdadero motivo por el que las empresas deciden “cumplir” con la citada Ley?
¿Evitar las cuantiosas sanciones? ¿Conseguir un valor añadido de su imagen corporativa? ¿Alcanzar un nivel de calidad equiparable a la imagen de su organización, que sea reconocible y valorable por su cartera de clientes? A juzgar por el grado de cumplimiento y por los años de experiencia en este campo de la consultoría, la mayor parte de las organizaciones sólo “cumplen” para evitar las temibles sanciones económicas.
Este hecho, deja constancia de la falta de concienciación empresarial, de la falta de interés en conocer las particularidades de una Ley creada, no con el fin de hacernos la vida imposible y crearnos más problemas en nuestro día a día, sino motivada por las atrocidades que se han venido cometiendo con los datos personales que tratamos en nuestros quehaceres diarios.
Pues bien, si las empresas fueran verdaderamente conscientes no sólo del ahorro, sino del beneficio económico que a la larga genera llevar a cabo las medidas de seguridad exigidas por la Ley, estaríamos hablando de cifras mucho más elevadas en cuanto a grado de cumplimiento se refiere.
Ya son muchos las auditorías de calidad que exigen la conformidad con la Norma, muchos los proyectos subvencionados que requieren la adaptación a la Ley de Protección de datos de las empresas que optan a estas subvenciones, cada vez más los software de gestión que te obligan a seguir unos protocolos de seguridad…Muchos son los recursos que se ahorran llevando a cabo las correspondientes medidas exigidas a cada nivel de seguridad y, sobre todo, y como punto a remarcar en este conjunto de valoraciones, cada vez son más los clientes-ciudadanos, que “EXIGEN” que sus datos sean tratados para los fines exclusivos para los que fueron recabados y con los medios necesarios que garanticen su confidencialidad y protección. Por eso la protección de datos no debería ser sólo una cuestión de costes en términos de sanciones, sino una cuestión de imagen que ofrezca auténticas garantías a los titulares de los datos.
Javier Alfaro ramos. Área de consultoría GRUPO IWI PROTECCION DE DATOS
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LA HERENCIA Y EL IMPUESTO DE SUCESIONES (ISD). ¿ RESIGNARSE O PLANIFICAR ?
Posted on 15 abril, 2015 por egolego
Recientemente nuestra Asamblea Regional ha aprobado la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura que, entre otros aspectos, introducía ciertas novedades relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).
Si nos fiáramos únicamente de los titulares de prensa o las declaraciones de algunos políticos, podríamos llegar a la conclusión (equivocada, como luego veremos) de que con dicha reforma el mencionado impuesto prácticamente habría quedado suprimido en Extremadura o, al menos, que ya sólo afectaría a patrimonios millonarios.
Tan inexacto como lo anterior sería no reconocer que los cambios introducidos supondrán para muchos ciudadanos una rebaja en dicho impuesto y, por tanto, un alivio para aquellos que a la desgracia de haber sufrido la muerte de un familiar, deben añadir en no pocas ocasiones el problema de afrontar el pago del impuesto por la herencia recibida.
Pero antes de entrar en los cambios/mejoras (creo que en la situación actual cualquier rebaja de impuestos debe ser entendida como tal) introducidos en el ISD, es conveniente que repasemos algunos aspectos prácticos de este tributo:
Tras el fallecimiento de una persona, sus herederos tendrán un plazo de seis meses para liquidar el Impuesto de Sucesiones, pudiendo ser sancionados si no lo hicieran y, eso, aún cuando no resultare nada a pagar. La no presentación en plazo también puede suponer la pérdida de la aplicación de determinados beneficios fiscales, que luego comentaremos. Por ello, previamente a aceptar una herencia, y para evitar desagradables sorpresas, es muy importante tomar alguna cautela; Al menos, averiguar si existen deudas (éstas también se heredan) y calcular el importe a pagar por el I.S.D.
No pocos herederos se han visto obligados a malvender los bienes recibidos para poder afrontar este impuesto, ya que Hacienda no va a aceptar en pago la entrega de bienes, sino que exigirá su importe líquido. Bien es cierto que en estos casos los herederos pueden pedir un aplazamiento o fraccionamiento del pago, que será concedido si se cumplen determinados requisitos; naturalmente con la aplicación de los correspondientes intereses. Consecuencia de lo anterior es el significativo aumento de las renuncias a herencias en los últimos años; que en 2013 subió hasta el 21% con respecto al año 2012.
Otra cuestión a tener en cuenta es la de las enormes diferencias entre Comunidades Autónomas. Al tratarse de impuesto cedido a las CCAA, éstas lo regulan de la manera más dispar, dando lugar a una variedad de tratamientos fiscales para una misma situación de partida, en función de la residencia fiscal del sujeto. Recordemos que en el Impuesto de Sucesiones la competencia viene determinada por el domicilio fiscal del causante y no por el lugar donde radiquen los bienes, lo que ha ocasionado que a la hora de planificar la sucesión algunos ciudadanos hayan decidido cambiar su residencia a Comunidades Autónomas, como Madrid, donde el tratamiento fiscal de este impuesto en las herencias de padres a hijos o entre cónyuges están bonificadas al 99%.
¿Cuál es la situación en Extremadura?. Después de la reciente reforma, podríamos decir que nos encontramos en un punto medio. No existen Beneficios fiscales tan altos como en Madrid o Navarra, donde las herencias de padres a hijos y entre cónyuges están bonificadas al 99%, sea cuál sea el caudal hereditario, pero tampoco Andalucía o Asturias, donde los beneficios son mínimos.
Con antelación a la reforma operada en Extremadura, en las herencias entre cónyuges, descendientes o ascendientes se establecía con carácter general una reducción con el límite de 175.000.-€, siempre que el caudal hereditario (conjunto de lo heredado) no superara los 600.000.-€ y que el heredero no tuviera un patrimonio superior a 300.000.-€.
Frente a la situación anterior, la nueva regulación establece para las adquisiciones vía donación o herencia por descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, una bonificación del 99%, 95% ó 90% de la cuota tributaria en función de que la base imponible no supere los 175.000.-€, 325.000.-€ y 600.000.-€, siempre que el heredero o donatario no tuviera un patrimonio previo superior a 600.000.-€.
No cabe negar, por tanto, que las modificaciones introducidas por la Ley de Medidas Tributarias…, supone una rebaja en el impuesto de sucesiones y, en la práctica, que muchos herederos (todos aquellos que, cumpliendo el requisto de parentesco mencionado, reciban bienes por un importe no superior a 600.000.-€), no pagarán prácticamente nada, siempre que presenten el impuesto en plazo y acrediten el parentesco. Sin embargo, ¿en qué situación quedan aquellos que reciban de sus padres (situación más habitual) una herencia superior a 600.000.-€ o que siendo ésta inferior, ya tuvieran ellos un patrimonio propio también superior a esta cifra? En estos casos, se llegan a pagar tipos impositivos de hasta el 34%. Por ejemplo, si lo recibido en herencia fueran 800.000.-€, un único heredero vendría obligado a pagar sobre los 200.000.-€, cuando, en Madrid, por esta misma herencia, apenas pagaría 800.-€.
En estas situaciones, ¿deben los afectados resignarse a pagar o pueden hacer algo más? Si esperan al hecho sucesorio, poco podrán hacer ya, salvo, como apuntábamos, renunciar a la herencia o planificar lo antes posible el pago de impuesto, pidiendo, en su caso, un aplazamiento/fraccionamiento de la deuda; no, sin antes, consultarlo con un asesor o abogado tributario especialista en esta materia. Lo verdaderamente efectivo sería consultar en vida de los titulares del patrimonio, con tiempo suficiente para planificar, pues la Ley que regula el ISD establece una serie de beneficios fiscales a los que acogerse, que permitirán en muchos supuestos, no pagar prácticamente nada, o, cuando menos, reducir sustancialmente el importe final.
Existen beneficios fiscales para la transmisión de vivienda habitual, empresas individuales, negocio profesional o participaciones en entidades, explotaciones agrarias y otras más. Ahora bien, la aplicación de los mencionados beneficios está supeditada al cumplimiento y, a veces, mantenimiento durante un determinado periodo de tiempo de una serie de requisitos, y la solicitud de manera expresa en el momento de la presentación del impuesto.
En consecuencia, la planificación fiscal y la revisión periódica de las situaciones personales o, en su caso, societarias, así como su adaptación a los frecuentes cambios introducidos por la normativa fiscal, son los factores claves para la aplicación de los beneficios fiscales comentados, que pueden suponer para los herederos un ahorro de casi el 100% de lo que, en otro caso, resultara a pagar. En definitiva, PREVENIR, o lo que es lo mismo, PLANIFICAR es la mejor medicina en estos casos.
Fernando Alfaro Ramos. Socio Fundador Abogado de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES
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“LAS DIÁBOLICAS CLÁUSULAS SUELO”
Posted on 24 marzo, 2015 por egolego
En estos últimos meses nos están invadiendo noticias respecto a la famosa cláusula suelo, pero en muchas ocasiones nos mostramos reticentes a comprobar si podemos o no eliminar la misma creyendo que su nulidad puede ser compleja, muy costosa económicamente o incluso cuestionable. Ni siquiera nos paramos a analizar la cantidad de dinero que podemos ahorrar o si existe la posibilidad de que el dinero que haya sido cobrado de forma indebida pueda ser en parte devuelto.
La nulidad de estas cláusulas es una cuestión que prácticamente quedó resuelta tras la Sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, que establece que este tipo de clausulas son abusivas por falta de transparencia y por incumplimiento de la Directiva Europea 93/13; así como los artículos 8.1 y 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y la OM de 5 de mayo de 1994. Prueba de ello es que, a día de hoy, es muy difícil que se firme una hipoteca que contenga cláusula suelo; e incluso algunas entidades financieras como BBVA anunciaron después de esta sentencia que eliminarían todas su cláusulas suelo.
Asimismo, cabe indicar que dicha nulidad no solo ha sido apreciada por el Tribunal Supremo: el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo había declarado de forma reiterada en varias sentencias, al amparo del artículo 6 apartado 1 de la Directiva 93/13, donde indica que “ Los estados miembros establecerán que no vincularan al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las clausulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las clausulas abusivas.”
En la actualidad la jurisprudencia respecto a este tema esta creciendo rápidamente, debido a la cantidad de demandas judiciales que se interpusieron a raíz de la citada sentencia del Supremo. Además, esta jurisprudencia está resolviendo otras cuestiones como la retroactividad a la hora de devolver todas la cantidades cobradas indebidamente como consecuencia de la aplicación de la cláusula. Y ello porque en el caso concreto de la Sentencia de 9 de mayo dicha retroactividad no fue reconocida por tratarse de una reclamación colectiva, pero la mayoría de los tribunales en sus sentencias posteriores están reconociendo dicha retroactividad y obligando a las entidades bancarias a devolver las cantidades cobradas de forma indebida.
Así, encontramos supuestos concretos como la Sentencia de 17 de marzo de 2014, Apelación 1/14 de la Audiencia Provincial de Albacete, en la que el tribunal considera aplicable el art. 1303 del Código Civil (“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia de contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”). Esta sentencia considera la inexistencia de imperativo legal alguno o jurisprudencia que impida la aplicación de la retroactividad y, por tanto, la devolución de las cantidades; debido a que, como se ha expuesto anteriormente, la STS de 9 de mayo de 2013 se hace en el marco de una acción colectiva. Esta sentencia establece de forma literal:
“Porque en el caso de autos, por la dimensión de la reclamación, no se quiebra ni se pone en riesgo la seguridad jurídica en el entendido de conservar los efectos ya consumados y que no se produzcan trastornos graves con trascendencia para el orden público económico. No concurren los motivos ni las causas para aplicar la doctrina excepcional de irretroactividad de los efectos de una cláusula nula”
“(…) Todo indica que ha habido un claro enriquecimiento injusto de unos de los contratantes, el banco respecto de cliente. La cláusula no sólo ha operado en perjuicio de uno y en beneficio de otro sino que durante tiempo ha habido un desequilibrio económico para las partes”.
En definitiva, y de forma clara y contundente, se afirma en la misma que: “Una vez que ha sido declarada la nulidad de la cláusula suelo, deben restituirse las prestaciones derivadas de dicha nulidad tal y como recoge el artículo 1.303 del Código Civil. Es procedente estimar la acción de condena dineraria ejercitada por la actora en la cuantía solicitada, en tanto que la liquidación practicada no ha sido impugnada de contrario”
Otro aspecto relevante y novedoso que ha introducido la jurisprudencia es el hecho de reconocer la nulidad de estas clausulas no solo para las personas físicas, si no también para empresas y demás personas jurídicas; destacando en este punto la sentencia del 30 de septiembre del 2014 dictada por el Juzgado Mercantil nº1 de Málaga, que ha dado un nuevo espaldarazo a todos aquellos perjudicados por las cláusulas suelo. En una reciente sentencia el Juzgado apoya esta vez, a las empresas, declarando la nulidad y nuevamente acordando devolución de las cantidades pagadas indebidamente de más a una compañía malagueña por la aplicación de la cláusula suelo en su hipoteca.
Siguiendo esta línea, el Tribunal Supremo hace dos semanas tuvo que matizar su fallo del 9 de mayo de 2013 , debido a que se estaban dando resoluciones dispares respecto al irretroactividad de las cantidades ya abonadas. Tras este matiz los bancos que sean condenados a reintegrar las cantidades cobradas por cláusulas suelo abusivas, deberán hacerlo solo a partir de esa fecha y no antes.
Diego Miranda Gómez. Departamento Jurídico de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES
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References: artículo 97
 artículo 97
 resolución 
 artículo 6
 artículo 1
e contrario