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Timestamp: 2020-07-04 08:45:12+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 279/13 de Corte Constitucional, 15 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 469964970
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras disposiciones. Considera el demandante que la obligación de realizar un juramento estimatorio como requisito previo a la admisión de la demanda de todo proceso en el cual se pretenda la indemnización de perjuicios, el pago de frutos, mejoras o compensaciones, vulnera los artículos 29 y 229 de la constitución. La corte determinó que la exigencia del juramento estimatorio de las pretensiones configura una carga razonable y proporcionada que no vulnera el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, ni el derecho de defensa. Se decide: 1º. Estarse a lo resuelto en la sentencia c-157/13 respecto al parágrafo único del artículo 206 demandado y, 2º. Declarar exequibles los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la misma norma, por los cargos analizados en la sentencia.
Sentencia citada en: 97 sentencias, 11 artículos doctrinales, 2 noticias
C-279-13 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-279/13
Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil trece (2013).
El 24 de septiembre de 2012, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.H.G.E. demandó la constitucionalidad del artículo 206 de la ley 1564 de 2012. A esta demanda se le asignó la radicación D-9324.
Mediante auto del 5 de octubre de 2012, el Magistrado S. admitió la demanda presentada contra el artículo 206 de la ley 1564 de 2012. Cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
LEY 1564 DE 2012
También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
El señor J.H.G.E. considera que el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 vulnera los artículos 29 y 229 de la Constitución Política por las siguientes razones:
1.2.8. Afirma que exigir una prueba anticipada negándole el derecho a la demandante de pedir su práctica durante el proceso judicial es violar su derecho a la defensa tal como señalan las sentencias C - 1270 de 2000 y C - 598 de 2012.
1.2.9. Concluye que al aplicar el test de razonabilidad y proporcionalidad se ve sacrificado el derecho a acceder a la administración de justicia en toda la norma, sin percatarse de que ello desconoce la realidad del país ya que en muchos casos el demandante o el demandado no cuentan con los medios para presentar un juramento estimatorio debidamente desglosado, razonado y discriminado o para objetarlo, lo cual limita el derecho a la defensa no resulta razonable ni proporcional en los términos planteados en la sentencia C 598 de 2012.
1.3.2.1.Afirma que no existe cosa juzgada constitucional, pues si bien la Corte Constitucional en su sentencia C - 472 de 1995 declaró exequible el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé la posibilidad de que el ejecutante solicite el pago de los perjuicios sufridos mediante el juramento estimatorio, en esa ocasión se debatió la posible vulneración de los artículos 13 y 29 de la Constitución por un situación diferente a la señalada por el accionante.
1.3.2.10. Solicita que en caso de declararse la exequibilidad de la norma habría que tenerse en cuenta que la excepción que hace el inciso sexto de la misma al indicar que con el juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales tendría que ser condicionada agregándose a la frase lo siguiente sea que su indemnización se pretenda por una compensación económica o de cualquier otra forma, pues el artículo no tiene en cuenta que las indemnizaciones para los daños extramatrimoniales no tiene necesariamente que otorgarse por vía dineraria, sino que pueden ser decretadas mediante obligaciones de hacer o de no hacer que no tienen obligatoriamente por que tener subrogado pecuniario.
1.3.2.11. Concluye que: la norma debe ser declarada inexequible, porque ciertamente imponer al demandante un solo medio de prueba para acreditar sus perjuicios, compensación o el pago de frutos o mejoras, y además, obligarlo a que lo haga valer solamente en la demanda, so pena de que si no lo hace en ese acto procesal, ya no pueda hacerlo en el proceso o probar de otra manera, es violentarle su derecho a la defensa y cercenarle el acceso a la justicia[1].
1.3.3. Intervención de E.D.O.C.
El ciudadano E.D.O.C. solicita que se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.4.1.Señala que en la sentencia C  472 de 1995 se hace una referencia histórica de la figura en nuestra legislación y se señalan determinados aspectos que deben resaltarse en cuanto se consideró que el juramento estimatorio es una prueba de eficacia relativa, por cuanto la cuantía del perjuicio estimado puede ser objetada o desestimada cuando sea notoriamente injusta o producto de una colusión.
1.3.4.2.Afirma que el artículo 206 de la Ley 1546 de 2012 contribuye a solucionar muchas de las inquietudes de la reforma de la ley 1395 de 2010, pues define aspectos cruciales como el alcance de la congruencia y la activación de las sanciones y se implementan nuevas reglas que permiten eliminar obstáculos y dinamizar la utilización de este instrumento.
1.3.5. Intervención de S.B.M.
El ciudadano S.B.M. solicita que la Corte se declare inhibida para conocer sobre la norma demandada o subsidiariamente declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.5.4.Afirma que la norma no establece como obligatorio un estudio técnico para realizar el juramento estimatorio, a lo cual cabe agregar que el propio legislador fue consciente de que las partes no están en situación de igualdad en las cuales el J. deberá distribuir la carga probatoria entre las partes.
1.3.6. Intervención de los ciudadanos P.F.R. y U.C.S.
Los ciudadanos P.F.R. delC. y U.C.S. solicitan que se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.6.9. Agrega que el juramento le facilita al demandante su acceso a la justicia, porque sin dictamen le permite demandar e incluso lo exonera de probar hasta tanto no se presente objeción de la contraparte.
1.3.6.10. Señala que el juez además tiene la posibilidad de verificar la cuantía, pudiendo eventualmente decretar pruebas de oficio cuando se advierta que la estimación sea notoriamente injusta, ilegal o se sospeche fraude, colusión o cualquier otra situación similar. Por lo anterior el artículo 206 del Código General del Proceso, obliga a los jueces a realizar una rigurosa valoración de las pruebas, sin permitir ni tolerar que las partes fijen desproporcionadamente la cuantía del perjuicio indemnizable.
1.3.6.11. Afirma que la ausencia de recursos económicos de las partes no significa un obstáculo de acceso a la justicia porque la insuficiencia de recursos no se traduce en insuficiencia de racionalidad, o imposibilidad de estimación de lo que se pide, a lo cual cabe agregar que se podría solicitar un amparo de pobreza, decretar un dictamen pericial de oficio o aplicar la carga dinámica de la prueba, por lo cual no existe vulneración alguna de los artículos 29 y 229 de la Constitución.
1.3.7. Intervención del ciudadano E.V.P.
El doctor E.V.P. solicita que se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 206 de la Ley 1546 de 2012.
En todo caso debe señalarse que después de la admisión de la demanda esta Corporación analizó ampliamente la constitucionalidad del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1546 de 2012, el cual fue declarado EXEQUIBLE en la sentencia C-157 de 2013, bajo el entendido de que tal sanción por falta de demostración de los perjuicios que conduce a la negación de las pretensiones- no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de su obrar diligente. Dado entonces, que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), procede ordenar que se esté a lo resuelto en la citada providencia respecto de la decisión adoptada sobre el parágrafo de la norma demandada.
3.4.1.1.El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva[4] se ha definido como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes [5].
Cabe puntualizar que el fundamento del derecho a la protección judicial efectiva no sólo se encuentra en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política. También aparece consagrado en las normas de derecho internacional, concretamente, en los tratados y declaraciones de derechos que han sido suscritas y ratificadas por Colombia. Así, por ejemplo, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos declara que: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En igual medida, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que: Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
3.4.2.2.En este sentido, el derecho a la administración de justicia no se entiende concluido con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; sino que debe ser efectivo[15], por lo cual el mismo no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y eficaces, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que: (...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. [16]
... no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.[17]
(ii) El derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos[19].
(iii) Contar con la posibilidad de obtener la prueba necesaria a la fundamentación de las peticiones que se eleven ante el juez[20]
3.4.3.2.En este sentido, en virtud de la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 2° del artículo 150 Superior, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales[26].
(...) (E)l derecho de acceso a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anotó la Corte, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie[33]. Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia.
(...) (E)n virtud de la cláusula general de competencia (Art. 150-2), el legislador está ampliamente facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial.[34]
El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial[36]. Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).
Estos límites están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)[37].
3.5.1. La Corte Constitucional[39] ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República [e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Con base en esta competencia y en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial[40].
3.5.2. En este sentido, al legislador le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio[41], a partir de la cual, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial[42].
3.5.6. Por lo anterior, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto.[52] Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.[53]
3.5.7. Para los efectos de garantizar el respeto a tales límites amplios de la potestad legislativa, la jurisprudencia ha decantado una serie de criterios recogidos inicialmente en la sentencia C-227 de 2009: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos[54] que en el caso procesal () puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)[55]; iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas[56] y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)[57][58].
3.6.1.1.Esta Corporación ha señalado en diversas oportundiades que conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 150 y 228 de la Carta Política, el legislador se encuentra investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad [59].
Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica C., obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas. (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, número 130).
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el J. o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa.(Subraya la Sala).
En ese orden de ideas observa la Corte que el derecho constitucional de acceso a la administración de justicia debe acompañarse con deberes obligaciones y cargas procesales que el legislador en desarrollo de mandatos como los contenidos en el artículo 95-7 constitucional puede imponer a quienes acuden a la organización judicial del Estado; deberes, obligaciones y cargas que se orientan a garantizar los principios propios de la administración de justicia (art. 228 C.P.)[65].
En esta sentencia, la Corte Constitucional consideró que el legislador, según lo expresado, es competente no solo para establecer la carga procesal de impulsar el proceso por parte del demandante sino lo es también para deducir las consecuencias jurídicas de la no impulsión (la perención) en que aquel incurra y por ende bien puede así mismo determinar las condiciones de operación de los efectos.
(ii) La Sentencia C-227 de 2009 declaró exequible el numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civilen el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante. Esta norma señalaba que la prescripción no se interrumpe y opera la caducidad cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda[68].
La Corte consideró que la norma permite un sentido que resulta acorde con la Constitución, en cuanto impone unas cargas legítimas y las correlativas consecuencias gravosas, a los sujetos procesales que se sustraen a su cumplimiento; pero también ofrece un entendimiento que resulta contrario a la Constitución, en cuanto permite inferir que la misma consecuencia gravosa prevista en la norma para el demandante descuidado, es imponible al aquel que cumple con las cargas que el orden jurídico le exige. Por lo anterior, se decidió declarar la exequibilidad condicionada de la norma.
La Corte reconoció que esta norma le imponía al demandante las cargas de presentar la demanda dentro del término exigido en la ley, cumplir con los requisitos para que la presentación de la demanda despliegue su función y no errar en la selección de la jurisdicción y del juez con competencia funcional en la formulación de su reclamo, sancionando el incumplimiento de las mismas con la imposibilidad de que la nulidad decretada interrumpa la caducidad, cuyo cumplimiento debe ser tenido en cuenta para determinar la interrupción de la prescripción y la capacidad pues de lo contrario se impondría también al demandante diligente que ha ejercido su acción jurisdiccional en tiempo, que no ha dado lugar a la declaratoria de la nulidad, y que sin embargo debe soportar un menoscabo desproporcionado de sus derechos.
(iii) La Sentencia C-809 de 2009, declaró exequible la expresión en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose del penúltimo inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil (numeral 37, parcial, del artículo 1° del Decreto No. 2282 de 1989)[69], bajo el entendido de que en los casos de rechazo de la demanda por falta de jurisdicción, ésta se enviará al juez competente y con jurisdicción, de forma análoga a como ocurre en los casos de rechazo por falta de competencia.
Sobre este caso, la Corte Constitucional indicó que la medida de devolver los anexos, sin necesidad de desglose impuesta frente al rechazo de plano por falta de jurisdicción y, por tanto, la no interrupción de la prescripción y que no opere la caducidad, constituyó una carga procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona, siendo irrazonable y desproporcionada, por cuanto: (i) no es adecuada ni necesaria, (ii) muchos factores propios del cumplimiento del trámite procesal no dependen exclusivamente de la persona a la que las consecuencias negativas sí le son plenamente aplicables y (iii) tal consecuencia desprotege en alto grado los derechos del demandante en pro de proteger levemente los derechos del demandado.
(iv) La Sentencia C-598 de 2011 analizó los parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, que establecían que en los asuntos contenciosos administrativos, antes de convocar la audiencia, el procurador judicial verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en el reglamento y que en los asuntos civiles y de familia, con la solicitud de conciliación el interesado deberá acompañar copia informal de las pruebas documentales o anticipadas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el eventual proceso. En esta sentencia la Corte declaró la constitucionalidad de ambas normas salvo de la expresión De fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en su poder que se declaró inexequible.
En esta sentencia, la Corte señaló que En el caso en análisis, encuentra la Sala que la inadmisión de la solicitud de conciliación es un mecanismo idóneo para lograr que este dispositivo alternativo de solución de conflictos pueda cumplir la función y el objetivo que se propuso el legislador desde el momento en que la instauró como un requisito de procedibilidad de la acción, pues se busca que las personas cada vez más accedan a estos instrumentos no para cumplir un mero formalismo sino para hacer uso de una herramienta que les permita resolver directamente sus diferencias y evitar así acudir a la justicia formal, teniendo en cuenta la relación entre costos y beneficios de una y otra forma de resolución de conflictos.
Por otro lado, estimó contrario al derecho al debido proceso a la defensa, y a la naturaleza misma de la conciliación, la sanción que consagra el parágrafo 2 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, cuando prescribe que De fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en su poder., porque impone una carga desproporcionada a las partes, pues si la idea de este mecanismo de resolución alterna de conflictos es que éstas libremente y voluntariamente se acerquen para acordar sus diferencias, sin necesidad de estar asistidos por abogado y sin tener que agotar los trámites de un proceso normal, la carga impuesta en el precepto acusado resulta limitando la posibilidad de llegar a un escenario libre de apremios para lograr la negociación de las diferencias.
(v) La sentencia C-1104 de 2001, declaró exequible la expresión aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos los demandados o citados, del artículo 19 de la Ley 446 de 1998 que imponía la carga de dar impulso a las dos partes (demandante y demandado) al establecer que la perención también se aplicará cuando la actuación pendiente esté a cargo de ambas partes [70].
Al respecto, señaló la Corte que la perención no le está otorgando ningún privilegio o ventaja procesal a los demandados notificados en relación con aquellos que todavía no lo han sido. En efecto, en los términos del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, dicho fenómeno lo que acarrea es la finalización del proceso impidiendo que el demandante lo inicie de nuevo durante los dos años siguientes corriendo el riesgo de la eventual pérdida de su derecho pretendido, si hay lugar a decretar la perención por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión.
En esta sentencia, la Corte señaló que la carga procesal impuesta por la norma acusada, es desproporcionada para el demandante, principalmente porque muchos factores propios del trámite procesal, no dependen exclusivamente de él y todas sus consecuencias negativas sí le son plenamente aplicables.
(vii) La sentencia C-203 de 2011 declaró inexequible la expresión no reúne los requisitos, o contemplada en el artículo 49, inciso 3º de la ley 1395 de 2010, que imponía al recurrente la carga de sustentar el recurso de casación y sancionaba su inejecución con una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales[72].
En dicha sentencia, la Corte consideró que esta consecuencia sancionatoria de imponer multa entre cinco y diez salarios mínimos, es inconsistente con la naturaleza jurídica de la figura allí reconocida, y que lo que aparece allí no es otra cosa que la imposición de una medida correccional que resulta inadmisible, porque no puede ser sancionable el sólo hecho de haber ejercido un recurso de manera oportuna pero insatisfactoria, por lo cual concluyó que el sancionar al apoderado de parte que ha presentado el recurso de casación laboral en tiempo, sólo que sin el lleno de los requisitos, se plantea como una medida arbitraria o irrazonable.
(viii) La sentencia C-257 de 2006 declaró exequible la expresión A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal, contenida en el numeral 5° del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, en el entendido que el Registrador de Instrumentos Públicos siempre deberá responder a la petición de dicho certificado, de acuerdo con los datos que posea, dentro del término establecido por el Código Contencioso Administrativo[73]. En dicho artículo se le imponía al demandante la carga de acompañar a la demanda el certificado del registrador de instrumentos públicos en el que señalen los titulares de derechos reales sujetos a registro o si no aparece una persona.
Frente a este caso, la Corte Constitucional señaló que es innegable que el requisito señalado tiene una finalidad constitucionalmente legítima -a saber, asegurar la primacía de los principios de seguridad jurídica y de eficiencia, economía y celeridad procesales, dando claridad frente a la situación de titularidad de derechos reales principales sujetos a registro sobre el bien que se pretende obtener mediante la prescripción adquisitiva-, por lo que la indagación que corresponde a la Corte en este punto se reduce a determinar concretamente si dicha exigencia puede en determinadas circunstancias tener un alcance que viole el referido derecho de acceso a la justicia como lo afirma el actor.
(ix) La sentencia C-763 de 2009 declaró exequible la expresión Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia, contemplada en el artículo 111 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y de las expresiones en la misma diligencia y el cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación por estrado, contenidas en el artículo 180 de la misma.
En esta sentencia, la Corte Constitucional indicó que la carga procesal de la interposición de recursos en audiencia no sólo no es excesiva ni desproporcionada sino necesaria en el trámite de los procesos verbales. Así, por ejemplo, en otros ordenamientos, como el civil también se ha regulado de la misma manera el proceso verbal. V., por ejemplo, cuando el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil establece que en los procesos verbales, que se tramitan ante la jurisdicción civil, la apelación de providencias deberá interponerse tan pronto como se profieran, así mismo el artículo 432 consagra que el juez puede proferir sentencia en la audiencia estén o no presentes las partes.
(x) La sentencia C-561 de 2004 declaró exequible la expresión el auto que la decida sólo será susceptible de reposición, contemplada en el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la decisión sobre la nulidad de las peticiones de los comisionados en un despacho comisorio. Así mismo declaró la exequibilidad del último inciso de la norma, en el entendido de que la carga procesal que allí se impone no hubiere sido objetivamente imposible de cumplir por razones ajenas a la voluntad del solicitante:
En ese sentido, la disposición acusada del último inciso de la norma demandada, para ser respetuosa de la Constitución, debe ser interpretada y aplicada en forma razonable, de tal manera que quien no puede cumplir con la carga procesal en ella impuesta por circunstancias objetivas y justificadas, ajenas a su voluntad, que le hacen imposible estar presente al inicio de la diligencia, pueda alegar dicha circunstancia ante el juez comisionado o ante el de conocimiento, en un momento posterior al de la iniciación de la diligencia, de forma tal que dicho juez pueda evaluar si es o no aceptable la invocación de la nulidad de lo actuado por falta de competencia territorial en un momento diferente al indicado en el inciso final acusado, concretamente, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordena agregar el despacho diligenciado al expediente. La disposición acusada será declarada constitucional con este condicionamiento específico, que mantiene la finalidad de la norma y conserva la carga procesal que en situaciones generales y ordinarias es razonable, pero permite que el juez valore si en una circunstancia extrema, causas objetivas, justificadas y ajenas a la voluntad de la parte interesada, hicieron imposible que dicha parte estuviera presente al iniciarse la diligencia
3.7.2. La legislación procesal civil en Colombia consagra el juramento como uno de los medios de prueba que buscan definir obligaciones o establecer hechos controvertidos[74]. En nuestra legislación se distinguen dos (2) tipos de juramento: el estimatorio que ocurre cuando una parte o la ley defiere a la declaración juramentada de la otra, la decisión sobre la existencia o las modalidades de uno o varios hechos discutidos en el proceso y el decisorio que se presenta se presenta cuando la ley acepta como prueba el juramento de la parte beneficiada por tal acto, para fijar el monto o valor de una prestación exigida al adversario u otra circunstancia que debe ser objeto del proceso, mientras esta no pruebe lo contrario[75].
3.7.3. La Corte Constitucional ha reconocido esta diferenciación: En el del juramento estimatorio (art. 211 C.P.C.), la ley defiere al acreedor la facultad de "estimar en dinero el derecho demandado" y, en el otro, en el del juramento deferido por la ley o supletorio (art. 212 C.P.C.), se faculta al juez "para pedir el juramento a una de las partes", a fin de suplir una prueba que por renuencia de la parte contraria no pudo ser practicada.
3.7.4. El juramento ya se contemplada en la &&Ley 105 de 1931 (Código Judicial), el cual consagraba una serie de disposiciones dentro del capítulo de declaración de parte que constituyen un antecedente de la regulación del juramento. En este sentido, el artículo 625 del Código Judicial señalaba que: La declaración jurada de una parte, cuando la ley autoriza a ésta para estimar, en dinero, el derecho demandado proveniente de perjuicios u otra causa, hace fe mientras esa estimación no se regule en articulación suscitada a pedimento de la otra parte en cualquier estado del juicio, antes de fallar. Por su parte, en el inciso segundo del artículo 625 se contempla una disposición muy interesante que resulta el antecedente de la imposición de sanciones por una estimación desproporcionada según la cual si la cantidad estimada por el interesado excede en más del doble de la en que se regule, se le condena en las costas del incidente y a pagar a la otra parte el diez por ciento de la diferencia.
El juramento de una parte cuando la ley la autoriza para estimar en dinero el derecho demandado, hará prueba de dicho valor mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que lo admita o en el especial que la ley señale; el juez de oficio podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.
Si la cantidad estimada excediere del doble de la que resulte en la regulación se condenará a quien la hizo pagar a la otra parte, a título de multa, una suma equivalente al diez por ciento de la diferencia[76].
Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.
Si la cantidad estimada excediere del treinta por ciento (30%) de la que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.
3.7.7.1.En el anteproyecto del Código General del Proceso elaborado por el Instituto de Derecho Procesal menciona las modificaciones realizadas al juramento estimatorio y señala que éstas obligan a obrar sensatamente en la determinación del monto de la reclamación y de la inexactitud:Se le da entidad al juramento estimatorio, que obliga a quien demanda solicitando el reconocimiento de mejoras, frutos, etc., a que obre con sensatez en el monto de la reclamación que hace y a la persona contra la cual se hace valer el juramento, a que especifique razonadamente la inexactitud que le atribuya a la estimación[77].
El Código General del Proceso es innovador. Trae nuevas instituciones y procedimientos verdaderamente novedosos en Colombia. Hay muchos ejemplos: proceso monitorio para facilitar el acceso a la justicia a quienes no tienen un título ejecutivo, notificaciones y emplazamientos más ágiles y con menos trámites, carga dinámica de la prueba, pruebas de oficio, medidas cautelares innominadas, amplias y según las necesidades del proceso, expediente electrónico, prueba pericial sustentada en audiencia por el perito, juramento estimatorio para valorar las pretensiones y con las consecuencias procesales que ello acarrea, inspección judicial, pruebas anticipadas, ejecución provisional de sentencias de primera instancia (efecto devolutivo en la apelación de los fallos judiciales), entre otras instituciones que sufren un giro significativo en esta nueva concepción del procedimiento civil en Colombia, muy a tono con las tendencias a nivel internacional.
Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Sólo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.
Si la cantidad estimada excediere en el treinta por ciento la que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento de la diferencia.
Artículo 206. Juramento estimatorio. Se Introducen varias modificaciones importantes en la norma. En primer lugar, se indica en el inciso primero que el juramento estimatorio deberá hacerse discriminando cada uno de los conceptos que comprenda.
Todas estas modificaciones se encuentran en consonancia con las modificaciones que se pretenden establecer al juramento estimatorio regulado hoy en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, a través del Proyecto de ley número 019 de 2011 Cámara, por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones.
3.7.7.5.La ponencia para primer debate en el Senado de la República explica de manera detallada los objetivos y la regulación del juramento estimatorio en el Código General del Proceso, destacando que permite agilizar la justicia y disuade la interposición de demandas temerarias y fabulosas:
La Ley 1395 introdujo nuevamente el juramento estimatorio. Esta institución permite agilizar la justicia y disuade la interposición de demandas temerarias y fabulosas. El Código General del Proceso establece varias novedades respecto del juramento estimatorio y pretende resolver algunas controversias que se han presentado en torno a su aplicación:
En el Código General del Proceso se adiciona la regla según la cual el juramento se entenderá como el máximo de lo pretendido y por lo tanto el juez no podrá reconocer suma superior a la indicada al juramento.
Asimismo el Código General del Proceso establece una nueva oportunidad procesal para objetar el juramento: puede ser objetado por la parte contraria y si así fuere, se le concede un plazo de 5 días a la parte que hizo la estimación para que aporte o solicite pruebas.
También habrá lugar a la condena en los eventos en que se dé el desistimiento de las pretensiones por no demostración. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
Finalmente, se establece que en los procesos en los cuales sea obligatorio realizar el juramento estimatorio[81], este deberá ser incluido en la demanda so pena de su inadmisión. De la misma forma, cuando el juramento debe ser incluido en la contestación de la demanda, la falta del mismo impedirá que está considerada[82].
En esta ponencia se precisó la redacción de la norma y se realizaron algunos cambios como la ampliación del margen de error requerido para aplicar la sanción por una estimación incorrecta del 30 al 50 por ciento, se aclaró que la limitación impuesta al juez en el sentido de no poder reconocer en la sentencia una suma superior a la pretendida en la demanda no aplica para los perjuicios que se causen con posterioridad a su presentación, se sustituyó la expresión daños inmateriales por daños extrapatrimoniales y se agregó la sanción contemplada en el parágrafo final aplicable cuando las pretensiones fueran desestimadas:
Artículo 206. Juramento estimatorio. En primer lugar, en el inciso 3° se precisa la redacción sin modificar el sentido de la norma, salvo para una causal genérica de sospecha.
La redacción del inciso 6º se simplificó sustancialmente y varió en dos sentidos. Primero, se sustituyó la expresión daños inmateriales por daños extrapatrimoniales en la medida en que esta última es una categoría más comprensiva y ajustada con la tipología de daños que maneja actualmente la jurisprudencia nacional. Segundo, se eliminó la regla según la cual el juez debía calcular los daños bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda por considerarse inconveniente.
En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimados. Es decir, la sanción aplicará también para casos en los que el juramento en sí mismo no es fabuloso sino que son las pretensiones mismas las que son fabulosas. Por ejemplo, en un caso de responsabilidad contractual si el juez decide que nunca hubo contrato. De esta manera, se va más lejos en el objetivo de desestimular la presentación de pretensiones sobrestimadas o temerarias.
3.8.1.2.El juramento estimatorio no es una figura nueva en nuestro derecho procesal, sino que ha sido un medio de prueba consagrado en nuestra legislación desde el Código Judicial para facilitar la determinación de los perjuicios. Esta figura además ha estado dotada de un procedimiento especial para garantizar el respeto al derecho de contradicción y a la igualdad de las partes, tal como estimó la Corte Constitucional en la sentencia C  472 de 1995 al analizar la norma que contemplaba este medio de prueba en el Código de Procedimiento Civil:
No advierte la Corte la discriminación alegada en perjuicio del ejecutado, pues aun cuando las partes se encuentran situadas en diferentes situaciones jurídicas y materiales -la de acreedor y la de deudor- no obstante ello, las normas procesales garantizan adecuadamente sus derechos al facilitar, de una parte, la ejecución por perjuicios por el actor y, de otra, la de controvertir la prueba de éstos por el deudor demandado. Por lo tanto, mal puede hablarse de una eventual violación del derecho de igualdad del ejecutado, pues ello sólo sucede cuando las normas regulan de manera distinta situaciones de hecho que son genéricamente iguales.
Las cargas procesales, bajo estos supuestos, se fundamentan como se dijo, en el deber constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales (art. 95-7 de la C.P.). De allí que sea razonable que se impongan a las partes, incluso en el acceso a la administración de justicia o durante el trámite del proceso, con el fin de darle viabilidad a la gestión jurisdiccional y asegurar la efectividad y eficiencia de la actividad procesal. Esas cargas son generalmente dispositivas, por lo que habilitan a las partes para que realicen libremente alguna actividad procesal, so pena de ver aparejadas consecuencias desfavorables en caso de omisión. Según lo ha señalado esta Corte en otros momentos, las consecuencias nocivas pueden implicar desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal, hasta la pérdida del derecho material, dado que el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo (...).[86] De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la exigencia de sus derechos en un término procesal específico, o con requerimientos relacionados con la presentación de la demanda, - circunstancia que se analizará con posterioridad en el caso de la prescripción y de la caducidad o de las excepciones previas acusadas -, son cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos predichos[87].
La finalidad de la introducción del juramento estimatorio en la regulación procesal se mencionó en la ponencia para primer debate en el Senado de la República del Código General del Proceso, en la cual se señaló que Esta institución permite agilizar la justicia y disuade la interposición de demandas temerarias y fabulosas, propósitos que claramente se orientan a los fines de la administración de justicia.
3.8.2.2.En segundo lugar se requiere que la carga vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)[88]. En este caso, la norma establece un procedimiento para la aplicación y contradicción del juramento estimatorio que garantiza el derecho de defensa y al debido proceso y que es muy similar al que analizó la Corte en la sentencia C  472 de 1995.
Se requiere que la norma permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)[89]. En este sentido, la norma demandada permite el esclarecimiento de los hechos, pues el juramento estimatorio no se trata de una determinación definitiva de lo reclamado, sino que existe un proceso para su contradicción y en especial se le permite al juez ordenar pruebas de oficio si advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tazar el valor pretendido. En este sentido, el juez es el garante de la realización material de los derechos y de la primacía del derecho sustancia sobre las formas.
3.8.2.3.En tercer lugar es necesario que la carga permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.). El juramento estimatorio tiene por objeto precisamente hacer prevalecer la buena fe y la lealtad procesal sobre las formas procesales, otorgándole un valor especial a lo señalado por las partes. Por otro lado, en relación con la realización material de los derechos deben tenerse en cuenta tres (3) circunstancias: (i) la inexistencia de recursos económicos no impide la realización de un juramento estimatorio, pues en caso de requerirse asesoria especializada se podría solicitar un amparo de pobreza, (ii) la solicitud del amparo de pobreza no implica una demora que pueda concluir en la prescripción o en la caducidad de la acción, pues según lo dispuesto en el artículo 154 del Código General del Proceso la presentación de la solicitud de amparo interrumpe la prescripción que corría contra quien la formula e impide que ocurra la caducidad y (iii) según los artículos 2530 y 2541 del Código Civil, la prescripción de la acción puede suspenderse en caso de imposibilidad absoluta de hacer valer un derecho, situación que podría aplicarse en aquellos eventos en los cuales exista imposibilidad temporal y justificada de realizar el juramento estimatorio, con el objeto de hacer prevalecer el derecho sustancial.
Sin embargo, la ausencia de recursos económicos no constituye un obstáculo para realizar un juramento estimatorio, pues en la mayoría de los casos es el propio demandante quien conoce el valor de los frutos, las mejoras y los perjuicios y si requiere de asesoría técnica puede solicitar el amparo de pobreza, tal como dispone el artículo 152 del Código General del Proceso, según el cual el amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.
La justicia es uno de los elementos esenciales del Estado y acudir a la misma exige el cumplimiento de cargas mínimas que deben acreditarse antes de poner en marcha el aparato judicial, para evitar que la justicia se utilice para realizar reclamaciones sin sentido, desproporcionadas o fraudulentas, reiterando que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la exigencia de sus derechos en un término procesal específico, o con requerimientos relacionados con la presentación de la demanda, - circunstancia que se analizará con posterioridad en el caso de la prescripción y de la caducidad o de las excepciones previas acusadas-, son cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos predichos[92]
(iii) Finalmente el inciso cuarto y el parágrafo de la norma establecen sanciones específicas por haber realizado una estimación incorrecta de las pretensiones: del diez por ciento (10%) de la diferencia si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) de la que resulte probada y del cinco por ciento (5%) si las pretensiones fueron desestimadas. La primera sanción se encontraba desde el propio Código Judicial de 1931 cuyo artículo 625 señalaba que si la cantidad estimada por el interesado excede en más del doble de la en que se regule, se le condena en las costas del incidente y a pagar a la otra parte el diez por ciento de la diferencia y fue conservada en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil; mientras que la sanción por desestimación de las pretensiones fue una creación del Código General del Proceso.
En la sentencia C  157 de 2013, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del parágrafo declarando su exequibilidad condicionada, considerando que cuando la causa por la cual no se satisface la carga de la prueba es imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente, pues en este evento la sanción resultaba excesiva y desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso.
Por el contrario, la sanción contemplada en el inciso cuarto no es excesiva ni desproporcionada y se diferencia claramente de la sanción analizada en la sentencia C  157 de 2013, por dos (2) razones: (1) en el caso de la sanción consagrada en el parágrafo, el demandante no obtiene el pago de sus pretensiones y por ello debe cancelar el valor de la sanción directamente con su propio patrimonio, mientras que en el evento de la sanción contemplada en el inciso cuarto si se obtiene un pago pero debiendo descontar un diez por ciento de la diferencia entre lo estimado y lo probado; (ii) la sanción del parágrafo se aplica sobre el valor total de la pretensión, mientras que la contemplada en el inciso cuarto se impone solo sobre la diferencia entre la suma pretendida y la probada.
Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad procesal del as partes y condenar la realización de demandas temerarias y fabulosas[93] en el sistema procesal colombiano. En este marco, la sanción se fundamenta en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia[94], el cual puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia[95], que no solamente se condena penalmente, sino también con la imposición de sanciones al interior del propio proceso civil a través del sistema de responsabilidad patrimonial de las partes cuyo punto cardinal es el artículo 80 de acuerdo con el cual Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida.
PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLES los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos analizados en esta sentencia.
[2] Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
[3] Ver entre otras las Sentencias de la Corte Constitucional: C  480 de 2003, M.P.D.J.C.T.; C  656 de 2003, M.P.: C.I.V.H.; C  227 de 2004, M.P.: M.J.C.E.; C  675 de 2005, M.P.J.A.R.; C  025 de 2010, M.P.H.A.S.P.; C  530 de 2010, M.P.J.C.H.P.; C  641 de 2010, M.P.G.E.M.M.; C  647 de 2010, M.P.: Dr. L.E.V.S.; C  649 de 2010, M.P.H.A.S.P.; C  819 de 2010, M.P.J.I.P.P.; C  840 de 2010, M.P.L.E.V.S.; C  978 de 2010, M.P.L.E.V.S.; C  647 de 2010, M.P.L.E.V.S. y C  369 de 2011, M.P.J.I.P.P..
[4] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[5] Sentencia de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P.J.A.R.
[6]. Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional C-059 de 1993, M.P.A.M.C.; C-544 de 1993, M.P.A.B.C.; T-538 de 1994, M.P.E.C.M.; C-037 de 1996, M.P.V.N.M.; T-268 de 1996, M.P.A.B.C.; C-215 de 1999, M.P. (E), M.V.S.M.; C-163 de 1999, M.P.A.M.C.; SU-091 de 2000, M.P.Á.T.G.; y C-330 de 2000, M.P.C.G.D., Sentencia C- 426 de 2002, M.P.R.E.G..
[7] Cfr., entre otras, las Sentencias de la Corte Constitucional T-006 de 1992, M.P.E.C.M.; C-059 de 1993, M.P.A.M.C.; T-538 de 1994, M.P.E.C.M.; C-037 de 1996, M.P.V.N.M.; C-215 de 1999 M.P. (E), M.V.S.M. y C-1195 de 2001, M.P.G.M.C..
[8] Sentencia de la Corte Constitucional T-268 de 1996, M.P.A.B.C.. En este fallo, la Corte sostuvo que el acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Sentencia de la Corte Constitucional T-006 de 1992, M.P.E.C.M.; C-059 de 1993, M.P.A.M.C.; T-538 de 1994, M.P.E.C.M.; C-037 de 1996, M.P.V.N.M.; C-215 de 1999, M.P. (E) María Victoria Sáchica de Moncaleano; C-1195 de 2001, M.P.M.J.C.E. y M.G.M.C.; Cfr., entre otras, las Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G. y C-1177 de 2005, M.P.J.C.T..
[9] Sentencia de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P.J.A.R..
[10] Sentencia de la Corte Constitucional C-416 de 1994 M.P.A.B.C.: El orden constitucional que entroniza la Carta de 1991 tiene como valor fundamental, entre otros, la justicia, la cual constituye uno de los pilares para garantizar un orden político, económico y social justo. La idea de justicia permea toda la normatividad constitucional que se construye a partir del reconocimiento de Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general
[12] Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P R.E.G. y C-1177 de 2005, M.P.J.C.T..
[13] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[14] Sentencias de la Corte Constitucional C-985 de 2005, M.P.A.B.S. y T-292 de 1999 M.P.J.G.H.G..
[15] Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996, M.P.V.N.M. y C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[17] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.). Esta opinión ha sido reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los C.V.R., F.G. y S.C. y G.C..
[18] Sentencias de la Corte Constitucional SU-067 de 1993, M.P.C.A.B. y F.M.D.; T-275 de 1994, M.P.A.M.C.; T-416 de 1994, M.P.A.B.C.; T-502 de 1997, M.P.H.H.V.; C-652 de 1997, M.P.V.N.M.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; T-240 de 2002, M.P.J.A.R.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G.; C-483 de 2008, M.P.R.E.G..
[19] Sentencias de la Corte Constitucional T-240 de 2002, M.P.J.A.R.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G.; C-662 de 2004, M.P.R.U.Y. y C-1177 de 2005, M.P.J.C.T..
[20] Sentencia de la Corte Constitucional T-240 de 2002, M.P.J.A.R..
[21] Sentencias de la Corte Constitucional SU-067 de 1993, M.P.C.A.B. y F.M.D.; C-093 de 1993, M.P.F.M.D. y A.M.C.; C-301 de 1993, M.P.E.C.M.; C-544 de 1993, M.P.A.B.C.; T-275 de 1994, M.P.A.M.C.; T-416 de 1994, M.P.A.B.C.; T-046 de 1993, M.P.E.C.M.; T-268 de 1996, M.P.A.B.C.; T-502 de 1997, M.P.H.H.V.; C-652 de 1997, M.P.V.N.M.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G. y C-1177 de 2005, M.P.J.C.T..
[22] Sentencias de la Corte Constitucional T-046 de 1993, M.P.E.C.M.; C-093 de 1993, M.P.F.M.D. y A.M.C.; C-301 de 1993, M.P.E.C.M.; C-544 de 1993, M.P.A.B.C.; T-268 de 1996, M.P.A.B.C.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G. y C-1177 de 2005, M.P.J.C.T..
[23] Sentencias de la Corte Constitucional T-046 de 1993, M.P.E.C.M.; C-093 de 1993, M.P.F.M.D. y A.M.C.; C-301 de 1993, M.P.E.C.M.; C-544 de 1993, M.P.A.B.C.; T-268 de 1996, M.P.A.B.C.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G.; C-1177 de 2005, M.P.J.C.T. y C-483 de 2008, M.P.R.E.G..
[24] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.R.U.Y.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional C-1043 de 2000, M.P.Á.T.G.
[26] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G. y C-428 de 2002, M.P.R.E.G..
[27] Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P.Clara I.V..
[28] Sentencia de la Corte Constitucional C-183 de 2007, M.P.M.J.C.E..
[29] Sentencias de la Corte Constitucional C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-384 de 2000, M.P.V.N.M. y C-803 de 2000, M.P.E.C.M., entre otras.
[30] Sentencia de la Corte Constitucional C-111 de 2000, M.P.Á.T.G..
[31] Sentencia de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P.A.B.C..
[32] Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001. M.P.C.I.V..
[33] Sentencia de la Corte Constitucional C-351 de 1994, M.P.H.H.V..
[34] Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 1997, M.P.V.N.M.. En este fallo la Corte encontró conforme a la Carta el establecimiento de plazos perentorios para el ejercicio de determinados recursos procesales en casos de violencia intrafamiliar, vencidos los cuales ya no era posible interponerlos pues existe un interés general por parte del Estado y de la sociedad para que los procesos judiciales se surtan en forma oportuna y diligente.
[35] Sentencias de la Corte Constitucional C-781 de 1999, M.P.C.G.D. y C-985 de 2010, M.P.J.I.P.C..
[37] Sentencia de la Corte Constitucional C-372 de 2011, M.P.J.I.P.C..
[38] Sentencia de la Corte Constitucional C-372 de 2011, M.P.J.I.P.C..
[39] Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P.J.G.H.G.; C-346 de 1997, M.P.A.B.C.; C-680 de 1998, M.P.C.G.D.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-384 de 2000, M.P.V.N.M.; C-803 de 2000, M.P.E.C.M.; C-596 de 2000, M.P.A.B.C.; C-1717 de 2000, M.P.C.G.D.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G.; C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C.; C-798 de 2003, M.P.J.C.T.; C-204 de 2003, M.P.Á.T.G.; C-039 de 2004, M.P.R.E.G.; C-1091 de 2003, M.P.M.J.C.E.; C-899 de 2003, M.P.M.G.M.C.; C-318 de 2003, M.P.J.A.R..
[40] Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P.A.B.S..
[41] Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002. M.P.Á.T.G.
[42] Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P.A.B.S.; C-893 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-309 de 2002, M.P.J.C.T.; C-314 de 2002, M.P.M.G.M.C.; C-646 de 2002, M.P.Á.T.G.; C-123 de 2003, M.P.Á.T.G.; C-234 de 2003, M.P.J.A.R.; C-1146 de 2004, M.P.H.A.S.P.; C-275 de 2006, M.P.Á.T.G.; C-398 de 2006, M.P.A.B.S.; C-718 de 2006, M.P.Á.T.G.; C-738 de 2006, M.P.M.G.M.C.; Sentencia de la Corte Constitucional C-1186 de 2008, M.P.M.J.C.E..
[43] Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C. y C-227 de 2009, M.P.L.E.V.S..
[44] Sentencia de la Corte Constitucional C-012 de 2002, M.P.J.A.R..
[45] Sentencia de la Corte Constitucional T-323 de 1999 M.P.J.G.H.G..
[46] Sentencia de la Corte Constitucional C-204 de 2003 M.P.Á.T.G.; Sentencia C-471 de 2006.
[47] Sentencias de la Corte Constitucional C-736 de 2002, M.P.J.A.R.; C-296 de 2002, M.P.M.G.M.C.; C-1075 de 2002, M.P.M.J.C.E..
[48] Por ende, se decía en la sentencia C-520 de 2009, M.P.M.V.C.C., siguiendo el precedente (Sentencias C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G.. y C-925 de 1999, M.P.V.N.M..): la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.
[49] Sobre el particular se observó en la sentencia C-316 de 2001: () Es así como la eliminación de una institución procesal puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo (), escenario en el que el control jurisdiccional de la Corte resulta definitivo. Pues, excluida del debate acerca de la pertinencia o impertinencia de los modelos procedimentales, la Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de configuración que le confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal determina si la potestad configurativa se ejerció respetando los principios constitucionales y las garantías protegidas por el constituyente o si éstas han quedado desamparadas por la decisión legislativa que se estudia.
[50] Sentencia de la Corte Constitucional C-798 de 2003, M.P.J.C.T..
[51] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P.V.N.M. y C-203 de 2011, M.P.J.C.H.P..
[52] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P.V.N.M..
[53] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000 M.P.Á.T.G..
[54] Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P.E.C.M. y C-1104 de 2001, M.P.C.I.V., entre otras.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G..
[56] Sentencias de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P.C.I.V. y C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G..
[57] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[58] Sentencia de la Corte Constitucional C-203 de 2011, M.P.J.C.H.P..
[59] En sentencia C-555 de 2001, M.P.M.G.M.C., dijo la Corte al respecto: ...el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso. También en sentencia C-927 de 200º se dijo: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 150-2 del Ordenamiento Constitucional, le corresponde al Congreso de la República Expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones, es decir, goza el Legislador, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial. Por lo tanto, el órgano legislativo tiene una importante libertad de configuración legislativa, que le permite desarrollar plenamente su función constitucional y, en ese orden de ideas, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial. Esta doctrina ha sido vertida en múltiples pronunciamientos: C-803 de 2000, M.P.E.C.M.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-596 de 2000, M.P.A.B.C..
[60] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[61] Sentencia de la Corte Constitucional C-095 de 2001. M.P.J.G.H..
[62] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000. M.P.Á.T.G..
[63] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.(E) R.U.Y.
[64] Sentencia de la Corte Constitucional C-204 de 2003, M.P.Á.T.G.: para el caso concreto
[65] Sentencia de la Corte Constitucional C-204 de 2003, M.P.Á.T.G. y C-662 de 2004, M.P.(E). R.U.Y..
[66] Sentencia de la Corte Constitucional C-183 de 2007, M.P.M.J.C.E..
[67] Artículo 148 del Código Contencioso Administrativo: Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al ministerio público, en su caso.
El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo.
[68] El artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, Ineficacia de la interrupción y operancia de la caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos:
[69] Artículo 1° del Decreto 2282 de 1989: Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil: ()
Inadmisibilidad y rechazo de plano de la demanda. El J. declarará inadmisible la demanda:
La apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquél que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo.
[70] Artículo 19. Perención. En materia civil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el J., aun de oficio, podrá decretar la perención del proceso o de la actuación, aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos los demandados o citados. También cabe la perención cuando la actuación pendiente esté a cargo de ambas partes.
P. 1º. En los procesos ejecutivos se estará a lo dispuesto en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
P. 2º. En los procesos de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la perención se regulará, de acuerdo con lo previsto en las normas especiales.
[71] Artículo 11. De la Ley 794 de 2003: El artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 91. Ineficacia de la interrupción y operancia de la caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos:
3. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda.
[73] Artículo 1° del Decreto 2282 de 1989: Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil. ()
[74] Sentencia de la Corte Constitucional C-472 de 1995, M.P. A.B.C..
[75] D.E., H.. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II. Sexta edición. Editorial Temis. Bogotá, 2012. Pág. 2
[80] Artículo 206 de la Ley 1546 de 2012: Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que específique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.
La sanción y la limitación previstas en este artículo no se aplicarán a la cuantificación daños inmateriales que deba ser realizada discrecionalmente por el juez, siempre que se incorpore en la reclamación el valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda.
[81] Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento.
[83] Informe de ponencia para segundo debate en el honorable senado de la república (plenaria) al Proyecto de Ley número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara: Artículo 206. Juramento estimatorio. En el inciso final se incluye una regla de acuerdo con la cual no es admisible el juramento estimatorio como prueba ni como tope en los procesos en los que se reclamen indemnizaciones, frutos o mejoras a favor de un incapaz, como una disposición protectora de sus intereses. También se realizan ajustes de redacción a la disposición contenida en el parágrafo, sin variar su sentido.
P.. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
[85] Sentencia de la Corte Constitucional C-203 de 2011, M.P.J.C.H.P.
[86] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000. M.P.Á.T.G..
[87] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004, M.P. (E) R.U.Y.. [88] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G..
[89] Sentencias de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P. (E) R.E.G. y C-227 de 2009, M.P.L.E.V.S..
[90] Sentencias de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P.C.I.V. y C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G..
[91] Sentencia de la Corte Constitucional C-365 de 2000, M.P.V.N.M..
[92] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004, M.P. (E) R.U.Y..
[94] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 21422, M.P.J.L.Q.M., Sentencia de 10 de agosto de 2005.
[95] GONZALEZ RUS, J.J.: Delitos contra la Administración de justicia, en: C.D.R., M.: Derecho Penal español, Dykinson, Madrid, pág. 940.

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