Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-015-14.htm
Timestamp: 2017-10-22 02:37:51+00:00

Document:
C-015-14
PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD Y DERECHO A LA IGUALDAD-Jurisprudencia constitucional/IGUALDAD-Triple papel en el ordenamiento constitucional/IGUALDAD COMO VALOR, PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL-Fundamento
JUICIO DE IGUALDAD-Etapas/JUICIO DE IGUALDAD-Modalidades según grado de intensidad/JUICIO INTEGRADO DE COMPARACION/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del test leve, mediano o estricto
El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución. El test de igualdad, que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin. Según su grado de intensidad, este test puede tener tres grados: estricto, intermedio y leve. Para determinar cual es el grado de intensidad adecuado a un caso sub judice, este tribunal ha fijado una regla y varios criterios, como se da cuenta enseguida. La regla es la de que al ejercer el control de constitucionalidad se debe aplicar un test leve, que es el ordinario. Este test se limita a establecer la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último adecuado para lograr el primero, valga decir, a verificar si dichos fin y medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero. Esta regla se formula a partir de dos importantes consideraciones: el principio democrático, en el que se funda el ejercicio de las competencias del legislador, y la “presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas”. El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad. El test leve ha sido aplicado por este tribunal en casos en que se estudian materias económicas, tributarias o de política internacional, o en aquellos en que está de por medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, o en los cuales se trata de analizar una normatividad anterior a la vigencia de la Carta de 1991 derogada pero que surte efectos en el presente, o cuando, a partir del contexto normativo del precepto demandado, no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión. Para aplicar un test estricto, que es la primera y más significativa excepción a la regla, este tribunal ha considerado que es menester que esté de por medio una clasificación sospechosa, como las previstas de manera no taxativa a modo de prohibiciones de discriminación en el artículo 13 de la Constitución; o que la medida recaiga en personas que estén en condiciones de debilidad manifiesta, o que pertenezcan a grupos marginados o discriminados o a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas; o que la diferenciación afecte de manera grave, prima facie, el goce de un derecho constitucional fundamental; o que se constituya un privilegio. El test estricto es el más exigente, pues busca establecer que si el fin es legítimo, importante e imperioso y si el medio es legítimo, adecuado y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por otro menos lesivo. Este test incluye un cuarto objeto de análisis: si los beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales. Entre los extremos del test leve y del test estricto está el test intermedio, que se aplica por este tribunal cuando se puede afectar el goce de un derecho no fundamental o cuando hay un indicio de arbitrariedad que puede afectar la libre competencia. Este test busca establecer que el fin sea legítimo e importante, sea porque promueve intereses públicos valorados por la Constitución o por la magnitud del problema que el legislador busca resolver, y que el medio sea adecuado y efectivamente conducente para alcanzar dicho fin.
El actor, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad -CP, arts 40.6, 241.1 y 242- demandó la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, que agrega el artículo 18 A a la Ley 975 de 2005, cuyo texto –con lo demandado en subrayas- es el siguiente:
2.2. Cargos: El parágrafo cuestionado desconoce la Constitución debido a la imposición de condiciones adicionales para los desmovilizados que no contemplaba la Ley 975 de 2005. Señalar que es a partir de la postulación a los beneficios que se cuenta el término de ocho (8) años de privación de la libertad, para que se proceda con la sustitución de la medida de aseguramiento, afecta las exigencias de legalidad y de seguridad jurídica dado que modifica “sustancial y desfavorablemente normas que regulan hechos anteriores de forma más benéfica, para agravar sus condiciones.” Esto ya había sido objeto de decisión judicial y se discutía si el término de 8 años se contaba a partir de la desmovilización, de la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 o de la Sentencia C-370 de 2006.
La imposición de las nuevas exigencias desencadena también la violación de los principios de legalidad y favorabilidad. No resulta admisible que una norma de este tipo, con evidentes efectos sustantivos, se aplique a situaciones reguladas por una norma previa más favorable. Así entonces “[s]e estaría aplicando la retroactividad solo para evitar la salida de las cárceles”.
Advierte que el actor hace una interpretación errónea de la norma demandada, que no hace más gravosa la situación del procesado, sino que introduce una nueva figura que lo beneficia, al poder recuperar su libertad en el transcurso del proceso. En el contexto de la Ley 975 de 2005 no había manera de sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad, como lo ilustra a partir del Auto de 23 de marzo de 2011 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cual esta reitera su “convicción sobre la improcedencia de la libertad provisional dentro de los procesos que se tramitan conforme a la Ley de Justicia y Paz”. Considera que la antedicha interpretación podría deberse a confundir dos instituciones disímiles: la pena alternativa, prevista en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, con la detención preventiva, regulada en el artículo 13 ibídem. Si se supera la confusión, se tendría claridad en cuanto a que la norma demandada es nueva, por lo que no desconoce el principio de confianza legítima, ya que regula una figura procesal de manera proporcional y razonable, dentro del amplio margen de configuración del legislador.
En cuanto al cargo de igualdad que plantea la demanda, pone de presente que: (i) la regulación legal diferenciada, para los desmovilizados postulados estando en libertad y aquellos postulados en detención, parte de que los supuestos son distintos y deben ser regulados de forma diferente; (ii) “mientras la expectativa de acceder a la pena alternativa por parte de los desmovilizados que se encontraban en libertad mientras su grupo se desmovilizó colectivamente, comenzó al momento de ingresar al establecimiento de reclusión, la expectativa de ser beneficiario del proceso penal especial consagrado en la Ley de Justicia y Paz sólo se concreta, en el caso de las personas que se encontraban privadas de la libertad al momento de la desmovilización de su grupo, al ser postulados a la Ley 975 de 2005”. De este modo, los postulados en detención fueron privados de la libertad en el marco de otro proceso penal ordinario y, mientras no sean postulados a Justicia y Paz, deben sujeción a las leyes de tales procesos.
En el análisis se sostiene que, “por razones obvias”, el inicio del término debe ser diferente, pues corresponde a diversos supuestos de hecho: en una hipótesis se trata de postulados desmovilizados que están en libertad, cuyo término debe contarse desde su reclusión; en la otra, se trata de personas recluidas, cuyo término debe contarse desde su postulación. En cuanto al examen de la demanda, anota que no hay cargo alguno relativo al artículo 1 de la Constitución, pues su discurso no muestra ninguna contradicción entre la norma legal y la constitucional; que el cargo relacionado con el artículo 13 de la Constitución “parte de apreciaciones subjetivas”; y que en el cargo sobre la vulneración del artículo 29 de la Constitución, que es el menos deficiente, “no se demostró que la interpretación subjetiva del actor confluye con la de las autoridades judiciales y [que] esta última posee un carácter sostenido y prevalente: ‘por haber sido invocada de manera uniforme y reiterada en un número considerable de las ocasiones en las que se ha dado aplicación al precepto demandado’”.
4. Concepto del Procurador General de la Nación: inhibición -ineptitud sustancial-.
2.2.1. En la Sentencia C-623 de 2008, reiterada, entre otras, en las Sentencias C-894 de 2009, C-055 y C-281 de 2013, este tribunal precisó la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda en los siguientes términos: “Aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)”.
4. Cargo: Vulneración del derecho a la igualdad (art. 13 de la C.P.).
4.3.1. La igualdad tiene un tripe rol en el ordenamiento constitucional: el de valor, el de principio y el de derecho[3]. En tanto valor, la igualdad es una norma que establece fines, dirigidos a todas las autoridades creadoras del derecho y en especial al Legislador; en tanto principio, la igualdad es una norma que establece un deber ser específico y, por tanto, se trata de una norma de mayor eficacia que debe ser aplicada de manera directa e inmediata por el Legislador o por el juez[4]; en tanto derecho, la igualdad es un derecho subjetivo que “se concreta en deberes de abstención como la prohibición de la discriminación y en obligaciones de acción como la consagración de tratos favorables para los grupos que se encuentran en debilidad manifiesta. La correcta aplicación del derecho a la igualdad no sólo supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles”[5].
4.3.2. La igualdad se reconoce y regula en varios textos constitucionales, como en el preámbulo, en los artículos 13, 42, 53, 70, 75 y 209. Esta múltiple presencia, como lo ha puesto de presente este tribunal[6], indica que la igualdad “carece de un contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su carácter relacional”.
Numeral 1 del art. 19 de la Ley 1592 de 2012.
Parágrafo del art. 19 de la Ley 1592 de 2012.
(…) Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;
(…) el término previsto en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley.
4.5.8. De manera deliberada se omitió en su momento aludir a un tercer elemento común de los supuestos de hecho comparados, que es determinante para este caso. En las primeras líneas del primer inciso del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, se precisa que para poder solicitar la sustitución de la aludida medida de aseguramiento, es menester que la persona, además de haberse desmovilizado, haya sido postulada para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. Este es el sentido unívoco de la norma al decir: “El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad (…)”. Con esta precisión normativa, es evidente que en ningún caso los ocho años de permanencia en un establecimiento carcelario pueden contarse antes de que la persona haya sido postulada para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. En el caso de las personas postuladas que se desmovilicen estando en libertad, este término se cuenta a partir de su posterior reclusión en establecimiento carcelario. En el caso de las personas postuladas cuyo grupo se desmovilice, y estén en ese momento privadas de su libertad, este término se cuenta a partir de su postulación. No es, pues, la mera circunstancia de estar recluido en un establecimiento carcelario la determinante para fijar el hito temporal, sino que, por el contrario, lo verdaderamente relevante es la confluencia de esta circunstancia con las de la postulación y la desmovilización.
[2] Supra I – 3.1 y 3.2.

References: artículo 13
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 19