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Timestamp: 2019-03-26 09:42:10+00:00

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¿EL ANEXO 24 Y SU BOLETÍN TÉCNICO MAL TRADUCIDO, ELIMINAN SU INCONSTITUCIONALIDAD?
Publicado el 30 Nov a las 09:03h
Con fecha 4 de octubre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la cuarta modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, y un nuevo anexo 24 “Contabilidad en Medios Electrónicos”, junto con un boletín técnico, que pretende traducir al español, el sistema del consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., el cual se encuentra en idioma inglés.
Esto se generó como respuesta por parte del SAT, a la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al Amparo en Revisión 1287/2015, en donde se resolvió que algunas de las disposiciones en materia de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas son constitucionales.
Hay que aclarar, que a la fecha ya con creó jurisprudencia (1) al respecto y que la que nos interesa indica:
Registro: 2012920
Tesis: 2a./J. 160/2016 (10a.)
Tesis de jurisprudencia 160/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.
Por la importancia de estos documentos, hacemos los siguientes comentarios:
PRIMERO.- Para brincarse la inconstitucionalidad ya mencionada, la autoridad fiscal actúo de esta forma:
Sin contar con fundamento legal, el SAT le solicitó “opinión técnica” a seudo-expertos en programación (software) como IBM, Oracle y Softtec, sin acreditar tal calidad, los que manifestaron que es imposible su traducción al español, ya que ese “lenguaje” es para que interactúen con los programas que utiliza el SAT y no para que el contribuyente, quien es el usuario final.
Con ello, el SAT está tratando de corregir la inconstitucionalidad citada, modificando el Anexo 24 y publicando un “boletín técnico”, sin tener facultades legales para ello (2), reconociendo implícitamente que no hay otra manera de enviar la contabilidad electrónica, atribuyéndose potestades que no tiene, debiendo recordar la siguiente Jurisprudencia:
“AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite”.
Jurisprudencia: Apéndice 1975, Octava Parte, Pleno y Salas, Tesis 46, Página 89.
Al no haber ingresado a la página del SAT la información contable, el fisco podrá requerir dicha obligación, con el deber debe fundar y motivar dicho acto. Indicando para que quiere esa información y de allí a planear la defensa jurídica correspondiente.
SEGUNDO.- La Jurisprudencia ya anotada, señaló que la sistematización del deber de llevar contabilidad electrónica y su envío a la autoridad fiscal deben de estar desarrollados por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación.
Por lo expuesto vemos que:
La traducción de un documento de un idioma extranjero al español, debe hacerse por un traductor reconocido y capacitado, puesto que se trata de lenguaje técnico y no común, lo que requiere especialización.
Esa traducción requiere estar avalada por un fedatario o por una autoridad competente, la cual debe contar con facultades expresas para hacerlo.
Se debe seguir un procedimiento especial, el cual a la fecha no existe y ello es un elemento de defensa.
Al no existir procedimiento, se vulnera el principio de “debido proceso legal”, lo que va en contra de los artículos 14 y 16 constitucionales.
En todo caso tenían que seguirse lineamientos (3) que le diesen valor legal a la traducción, lo que insistimos no se realizó y tal acción unilateral es ilegal de pleno Derecho, dado que no puede existir cláusula habilitante, que permita remitir de una regla general, a un documento técnico, sin existir norma legal que así lo permita.
Por analogía debemos atender esta Tesis:
Registro: 2013014
Tesis: XVI.2o.T.4 L (10a.)
DEBIDO PROCESO EN MATERIA LABORAL PARA PERSONAS MIGRANTES. LAS GARANTÍAS MÍNIMAS QUE LO COMPONEN ENTRAÑAN LA OBLIGACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE TRABAJO DE DESIGNAR UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE AL PATRÓN O TRABAJADOR QUE NO COMPRENDA O NO HABLE EL IDIOMA ESPAÑOL. El derecho humano al debido proceso se ha nutrido tanto de interpretaciones jurisprudenciales en el ámbito local como en sede internacional, entendiéndose en la actualidad a partir de dos vertientes, una de índole procesal y otra sustantiva; la primera referida a las formalidades esenciales del procedimiento y, la segunda, en relación con determinados derechos constitucionalmente protegidos, es decir, como medio idóneo para garantizar los derechos sustantivos reconocidos por la Norma Fundamental. Dado que el objeto del debido proceso es alcanzar una decisión justa, requiere de un elenco de componentes mínimos que deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, ya que son los que garantizan al gobernado el pleno y efectivo acceso a la tutela jurisdiccional. Tales garantías mínimas inciden en la determinación de derechos y obligaciones de las personas en todas las materias jurídicas, tanto así que las contenidas en el artículo 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre las que se encuentra la de “ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”, no son exclusivas del ámbito penal, sino que inciden sobre el orden laboral, civil, fiscal o de cualquier otro carácter. En ese tenor, el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes, entraña la correlativa obligación del Estado de respetar las garantías necesarias para su protección, entre ellas, la de jus cogens mencionada, como norma interpretativa de derecho internacional o garantía mínima de estándar convencional, que permite a tales personas (migrantes) comprender plenamente el contenido del acto procesal en que participan. Por tanto, si tal obligación está implícita en todo procedimiento y ante cualquier autoridad del Estado, entre ellas, los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, entonces, éstos están obligados a designar ex officio un traductor o intérprete al patrón demandado o trabajador que no hable o no entienda el idioma español, e intervenga directamente en alguna actuación procesal, como puede ser el desahogo de la prueba confesional a su cargo. Sólo así, se garantiza la protección de su derecho humano al debido proceso legal, en términos de los artículos 6, 11, 12 y 14 de la Ley de Migración.
Amparo directo 133/2016. 16 de junio de 2016. Mayoría de votos de los Magistrados Celestino Miranda Vázquez y Ángel Michel Sánchez, quien formuló voto concurrente en cuanto a los efectos del amparo. Disidente: Gerardo Martínez Carrillo, quien formuló voto particular por considerar que si bien existió vulneración al derecho humano del debido proceso, el concepto de violación resultaba inoperante. Ponente: Celestino Miranda Vázquez. Secretario: Fidel Abando Sáenz.
TERCERO.- El contribuyente puede generar sus propios programas, no existe impedimento legal para ello; por ende no esta obligado a adquirir programas de un tercero.
Por ello, la fallida traducción de los lineamientos técnicos, no son de uso exclusivo de desarrolladores de programas, como indebidamente lo pretende el SAT.
CUARTO.- El anexo y su boletín se hayan plagados de abreviaturas, las que se encuentran proscritas, si el gobernado no conoce su significado, lo que propicia inseguridad e incertidumbre jurídicas.
Hay que ver estas opiniones judiciales:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO SE SATISFACE CON EL EMPLEO DE ABREVIATURAS DESCONOCIDAS POR EL PARTICULAR. El empleo de abreviaturas por parte de la autoridad administrativa al dictar un acto lesivo de los intereses de los gobernados, cuando no se demuestran que su significado es plenamente conocido por su destinatario, ni tampoco está aclarado en el documento que lo contiene, se aparta de las aspiraciones que en materia de seguridad jurídica deben prevalecer en un régimen de derecho como el nuestro, sin que baste para desvirtuar esta apreciación del argumento de que el particular está obligado a conocer los conceptos legales a los cuales, según la emisora del acto, se refieren dichas abreviaturas, pues aunque no se pueda pretextar el desconocimiento de la ley por el particular, éste se halla en cambio liberado del deber de saber cuáles reglas o abreviaturas elige la autoridad para referirse a aquéllos.
Revisión Fiscal 763/89. Limpieza Inmediata, S.A. 11 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.
“VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. CARECE DE LEGALIDAD CUANDO CONTIENE ABREVIATURAS PARA DENOMINAR A LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE. El artículo 43 del Código Fiscal de la Federación prevé que toda orden de visita, además de los otros requisitos, debe contener el nombre de la persona a quien vaya dirigido, precisándose en forma indubitable el nombre de la persona moral de que se trata y no únicamente señalar en forma ambigua dicho nombre (Verástegui Invest. Ind. D.D., S.A., en vez de Verástegui Investigación Industrial, Diseño y Desarrollo, S.A.) toda vez que las abreviaturas con que se pueda denominar a la persona a quien se dirige, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones, violándose en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional”.
Amparo Directo 20/88. Verástegui Investigación Industrial, Diseño y Desarrollo, S.A. 10 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Ricardo Barbosa Alanis.
Al respecto, la autoridad infundadamente señaló:
“La referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en el presente Anexo, se encuentra contenida en el documento técnico, que deberán utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos a enviar a través del Buzón Tributario o el portal de trámites”.
QUINTO.- La traducción ilegal se encuentra llena de errores, puesto que existen vocablos en dicho documento que no admiten conversión al español y ese vicio no se eliminó de los documentos mencionados, veamos u ejemplo:
“Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:
SHA-1, que es una función hash (digestión, o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20 bytes) denominada ‘digestión’.
RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje”.
De este modo, el SAT reconoce que:
“La referencia al consorcio W3 descrita en este documento es de carácter puramente tecnológico, todos los lineamientos que ahí se describen corresponden a un lenguaje de programación que no pueden traducirse a la forma y sintaxis de otro idioma como el español. Dicho lenguaje de programación es de uso exclusivo de los sistemas informáticos y no para uso del contribuyente o usuario final”.
Además el documento técnico indica:
“Por esta razón es necesario que el código de los archivos XML contenga ese tipo de referencias al W3, de no establecerse sería imposible definir esquemas asociados a mensajes XML, y por lo tanto el SAT no podría validar la forma y sintaxis del mensaje”.
De lo antes transcrito, se aprecia la franca violación a las Jurisprudencias citadas, lo que conlleva la inconstitucionalidad del nuevo anexo 24 y su documento técnico.
SEXTO.- Por lo antes expresado, se aprecia que no se eliminó la inconstitucionalidad señalada por la Corte y será derecho de los gobernados, ejercer su derecho a la defensa en materia fiscal, a través de cualquiera de estos métodos:
Si hay un requerimiento para subir la información contable, atenderlo exponiendo las causas y razones por la que no es posible cumplir.
Si la autoridad tributaria multa, se podrá interponer recurso de revocación o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, teniendo treinta días para ello.
Combatir la regla general, por vicios propios, ante el TFJA, al ser su primer acto de aplicación (combate a reglas generales).
Ir al Juicio de Amparo, por la inconstitucionalidad de la actuación de la autoridad y la transgresión a las Jurisprudencias relativas, lo que es violatorio de “Derechos Humanos”.
En espera que estas notas le sean útiles, le pedimos, como dice un conductor de televisión: “No se deje”.
A continuación, anotamos la parte relativa de uno de los fallos citados:
“Finalmente, la parte disconforme sostiene la inconstitucionalidad del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, por vulnerar los derechos de legalidad y seguridad jurídica, ya que para cumplir con las disposiciones relacionadas con la obligación de llevar una contabilidad en medios electrónicos, establece diversos formatos como lo son: “de catálogo de cuentas, de balanza de comprobación, de pólizas del periodo; de reporte auxiliar de folios, de reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas y formato de sello digital de contabilidad electrónica”; los cuales, a su decir, deben sujetarse –además- a lo dispuesto por el consorcio w3 en la página electrónica http://www.w3.org.
Aduce que la referida remisión constituye un reenvío ilegal, puesto que el consorcio w3 no forma parte de ningún órgano del Estado que pudiera dotar de obligatoriedad los lineamientos que establece para la generación de los archivos XML, ni tampoco se desprende de ningún ordenamiento legal esas facultades.
Además señala que la mencionada página electrónica, cuyas disposiciones deben ser observadas conforme al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, se encuentran en idioma inglés, a pesar de que el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que el español es la lengua nacional; y el artículo 33 apartado B, fracción XI, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación dispone que la contabilidad debe plasmarse en idioma español.
Ello es así, ya que sobre el particular esta Segunda Sala se ha pronunciado en el sentido de que el referido Anexo 24 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil quince, viola los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes.
Lo anterior, ya que al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de Internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.
Tales consideraciones se desprenden de la tesis 2a. LXX/2016 (10a.), de rubro:
“CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.” [1]
Consecuentemente, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., ya que como se pudo observar, además de que son emitidos por una comunidad internacional (privada), que no goza de facultades para hacerlo, se encuentran en un idioma diverso al castellano o español; todo lo cual, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa.
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la tesis 2ª.XCVII/2016 (10a.), de rubro:
“CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015.”[2]
Conceder el amparo a la parte quejosa contra los siguientes actos:
El Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince, para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML, en idioma español; y
……………………………………………………………………………………………….CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa en contra del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.
…………………………………………………………………………”.
De la simple lectura de estos preceptos, se aprecia que el SAT no tiene facultades para traducir textos de un idioma extranjero al español, veamos:
Ley del SAT.
“De las Atribuciones
XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
“Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria
Artículo 8.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria es la máxima autoridad administrativa de este órgano administrativo desconcentrado, a quien le corresponde originalmente el trámite y resolución de los asuntos de la competencia de dicho órgano y ejercerá, además de las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las siguientes:
Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público en controversias fiscales, excepto en materia de amparo, cuando dicho servidor público actúe como autoridad responsable, conforme a lo previsto en el artículo 7o., fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria;
Constituir las instancias de consulta y los comités especializados a que se refiere el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; emitir los lineamientos para la integración y funcionamiento de dichas instancias de consulta y comités especializados, del Comité de Impuestos Internos y del Comité de Aduanas y Comercio Exterior, así como aprobar los procedimientos para el análisis y discusión de políticas operativas y administrativas en las materias de la competencia de cada uno de dichos comités y para la emisión por parte de éstos de las recomendaciones que procedan a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y presidirlos;
Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, expedir o instruir la expedición de los lineamientos para el análisis, control y evaluación de los procedimientos internos del Servicio de Administración Tributaria;
Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria;
Artículo 35.- Compete a la Administración General Jurídica:
III. Elaborar y proponer para aprobación superior, las disposiciones administrativas de carácter general que corresponda emitir al Servicio de Administración Tributaria, con la participación de las unidades administrativas competentes de dicho órgano administrativo desconcentrado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2016.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma el Administrador General Jurídico, Jaime Eusebio Flores Carrasco.- Rúbrica”.
Para darle validez a una traducción se requiere un perito en la materia y la intervención de una autoridad competente o de un fedatario, de conformidad con los siguientes dispositivos, veamos:
“Artículo 132.- De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días, manifieste si esta conforme. Si lo estuviere o no contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor”.
“Artículo 189.- En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por él, cuando las partes lo pidan o él lo juzgue conveniente”.
“Artículo 271.- Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano”.
“Artículo 553.- Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma”.
“Artículo 102.- El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda asentar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte determinados, y observará las reglas siguientes:
XVII. Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al español, deberán ser traducidos por un perito reconocido como tal por autoridad competente del Distrito Federal, el notario agregará al apéndice el original o copia cotejada del documento con su respectiva traducción;
……………………………………………………………………………………………..”.
“Artículo 5. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
[1] Datos de localización: Décima Época. Registro 2012377. Segunda Sala, Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 26 de agosto de 2016. Materia (s): (común).
[2] Datos de localización: Décima Época. Registro 2012519. Segunda Sala, Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016. Materia (s): (común).

References: Resolución 
 artículo 8
 artículo 43
 artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 53
 Resolución 

Artículo 8
 resolución 
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 19

Artículo 35
 artículo 4