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Timestamp: 2020-08-12 15:01:35+00:00

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Caso práctico: Escuchas telefónicas | Iberley
¿Cuál es la doctrina general y la jurisprudencia en relación con las escuchas telefónicas?
Es destacable la enumeración de los requisitos que han de cumplirse en relación con la intervención de las comunicaciones en su STS 8646/2000, de 27/11/2000, que en su fundamento de derecho tercero dispone lo siguiente:
“Resulta oportuno recordar la doctrina general de esta Sala recaída en materia de intervenciones telefónicas: las Sentencias de 9 de diciembre de 1996 y 4 de marzo de 1997, entre otras muchas, declaran que el secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional garantizado en el párrafo 3.º del artículo 18 de nuestro Texto Constitucional que únicamente puede alzarse por resolución judicial (salvo lo prevenido excepcionalmente en el Art. 55 ,Constitución Española).
Tanto el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 diciembre 1948, como el 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York de 19 diciembre 1966 (ratificado por España mediante instrumento de 13 abril 1977, BOE de 30 de abril) y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales hecho en Roma el 4 noviembre 1950 (ratificado por España con fecha 26 septiembre 1989, BOE de 10 de octubre) reconocen el derecho a no ser objeto de injerencias en la vida privada y en la correspondencia, habiendo estimado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones (Sentencias de 6 septiembre 1978, caso Klaus y otros, de 27 septiembre 1983, caso Malone, y dos Sentencias de 27 marzo 1990, casos Huvig y Kruslin, entre otros) que el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas se encuentra comprendido en las nociones de vida privada y correspondencia, por lo que está amparado por las referidas normas internacionales, como también lo está como se ha dicho, de una forma expresa por nuestra Constitución.
Dicha inviolabilidad del secreto de las comunicaciones privadas cede ante determinados valores que en una sociedad democrática hacen necesario en casos individualizados la injerencia en el ámbito privado de las comunicaciones (artículo 8.2.º del Convenio de Roma) como puede ser la investigación de los hechos delictivos, siempre bajo la tutela y garantía del Poder Judicial, debiendo ser un órgano jurisdiccional independiente quien, de forma razonada y previa ponderación de la proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la medida, acuerde la intervención de las comunicaciones telefónicas (Art. 579 ,LECRIM).
Los requisitos que según doctrina de esta Sala han de concurrir para la legitimidad y validez de las intervenciones telefónicas son:
1) La exclusividad jurisdiccional en el sentido de que únicamente por la autoridad judicial se pueden establecer restricciones y derogaciones al derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas.
2) La finalidad exclusivamente probatoria de las interceptaciones para establecer la existencia de delito y descubrimiento de las personas responsables del mismo (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 septiembre 1994).
3) La excepcionalidad de la medida, que sólo habrá de adoptarse cuando no exista otro medio de investigación del delito, que sea de menor incidencia y causación de daños sobre los derechos y libertades fundamentales del individuo que los que inciden sobre la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones (Auto de 18 junio 1992).
4) La proporcionalidad de la medida que sólo habrá de adoptarse en el caso de delitos graves en los que las circunstancias que concurran y la importancia de la trascendencia social del hecho delictivo aconsejen la adopción de la misma, de tal manera que la derogación en el caso concreto del principio garantizador sea proporcionada a la finalidad legítima perseguida (Sentencia de 20 mayo 1994).
5) La limitación temporal de la utilización de la medida interceptadora de las comunicaciones telefónicas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza (579.3 ,LECRIM) períodos trimestrales individuales, pero no podrá prorrogarse la intervención de manera indefinida o excesiva porque ello la convertiría en desproporcionada e ilegal (Sentencia de 9 mayo 1994).
6) La especialidad del hecho delictivo que se investigue pues no cabe decretar una intervención telefónica para tratar de descubrir de manera general e indiscriminada actos delictivos (Auto de 18 junio 1992 y Sentencia de 20 mayo 1994).
7) La medida además, recaerá únicamente sobre los teléfonos de las personas indiciariamente implicadas, ya sean los titulares de los teléfonos o sus usuarios habituales (Sentencia de 25 junio 1993).
8) La existencia previa de indicios de la comisión de delito y no meras sospechas o conjeturas, de tal modo que se cuente con noticia racional del hecho delictivo que se quiera comprobar y de la probabilidad de su existencia así como de llegar por medio de las intervenciones al conocimiento de los autores del ilícito, pudiendo ser esos indicios los que facilita la Policía, con la pertinente ampliación de los motivos que el Juez estimase conveniente (Sentencia de 18 abril 1994).
9) La existencia previa de un procedimiento de investigación penal, aunque cabe sea la intervención de las telecomunicaciones, la que ponga en marcha un verdadero procedimiento criminal, pero sin que puedan autorizarse intervenciones telefónicas de carácter previo a la iniciación de éste (Sentencias de 25 junio 1993 y 25 marzo 1994).
10) Que la resolución judicial acordando la intervención telefónica se halle suficientemente motivada; riguroso requisito para el sacrificio y derogación en casos concretos de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y cuya importancia exige del Juez una explicación razonada y razonable de acuerdo con la Ley y los principios constitucionales y en la cual encontrarán lugar la explicitación de los indicios sobre cuya base la medida se adopte (Sentencias de 18 abril, 9 y 20 mayo y 12 septiembre 1994).
11) La exigencia de control judicial en la ordenación, desarrollo y cese de la medida de intervención (Sentencia de 18 abril 1994)”.
Sentencia Penal Nº 106/2004, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 72/2004, 21-05-2004
Orden: Penal Fecha: 21/05/2004 Tribunal: Ap - Almeria Ponente: Ruiz-rico Ruiz-moron, Juan Num. Sentencia: 106/2004 Num. Recurso: 72/2004
Sentencia Penal Nº 64/2008, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10472/2007, 31-01-2008
Orden: Penal Fecha: 31/01/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Sanchez Melgar, Julian Artemio Num. Sentencia: 64/2008 Num. Recurso: 10472/2007
Sentencia Constitucional Nº 35/2010, TC, Sección Primera, Rec Recurso de amparo 1569-2007, 09-03-2010
Orden: Constitucional Fecha: 09/03/2010 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 35/2010 Num. Recurso: Recurso de amparo 1569-2007
Sentencia Penal Nº 12/2006, AN, Sala de lo Penal, Sec. 2, Rec 9/2003, 31-03-2006
Orden: Penal Fecha: 31/03/2006 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Rodriguez Fernandez, Ricardo Num. Sentencia: 12/2006 Num. Recurso: 9/2003
Sentencia Penal Nº 54/2005, AN, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 8/1999, 20-07-2005
Orden: Penal Fecha: 20/07/2005 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Rodriguez Fernandez, Ricardo Num. Sentencia: 54/2005 Num. Recurso: 8/1999
Ámbito de aplicación en la interceptación de comunicaciones tecnológicas en el proceso penal
El Juez de instrucción solo puede autorizar la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas cuando se investiga alguno de los siguientes delitos previstos en el artículo artículo 588.ter.a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal....
El hallazgo casual en la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica en el proceso penal
El apartado 1 del artículo 579.bis, nombrado anteriormente, justifica que se pueda utilizar en un proceso judicial distinto como prueba el resultado de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica hallada, así como los desc...

References: artículo 18
 resolución 
 artículo 12
 artículo 8
 resolución 
 artículo 588
 artículo 579