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Timestamp: 2015-03-29 17:17:30+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 483/08 de Corte Constitucional, 15 de Mayo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476774
Fecha de Resolución:15 de Mayo de 2008
Expediente:D-6935
Decreto 2591 de 1991 articulo 17 inciso 1º. Se reglamenta la accion de tutela consagrada en el articulo 86 de la constitucion politica. Correccion de la solicitud. Ante la indeterminacion del hecho o la razon que motiva la solicitud de tutela se prevendra al solicitante para que la corrija en el termino de tres dias, los cuales deberan señalarse concretamente en la correspondiente providencia, si no las corrige, la solicitud podra ser rechazada de plano. A juicio del demandante, la disposicion acusada, al posibilitar el rechazo de la solicitud de tutela contraviene el articulo 86 superior habida cuenta que, como lo indica la norma, la proteccion de los derechos fundamentales mediante la accion de tutela es inmediata, por lo que de rechazarse las solicitudes de conformidad con lo establecido en el precepto que se acusa, se estaria despojando de una pronta proteccion a tales solicitudes de amparo constitucional. El derecho constitucional fundamental al acceso a la administracion de justicia. La accion de tutela. Libertad de configuracion normativa en materia de accion de tutela. Alcance del rechazo de la solicitud de tutela prevista en el inciso primero del articulo 17 del decreto 2591 de 1991. El rechazo de la solicitud de tutela cuando se ha concedido un termino al accionante para que aclare los hechos o razones que fundamentaron la solicitud y este ha vencido en silencio, constituye una limitacion constitucionalmente razonable al derecho a la justicia. El rechazo de la solicitud de tutela, precedido de un plazo para la aclaracion de las razones y hechos que la originaron, ha de aclarar esta corporacion, no implica una carga excesivamente gravosa para el accionante, pues como lo ha puesto de presente la jurisprudencia de esta corporacion, tal tipo de limitaciones a los derechos se caracterizan por presentar restricciones minimas a los mismos, las cuales no resultan desproporcionadas, no anulan su ejercicio ni resultan insalvables para quienes deben cumplir con las exigencias legales. Exequible el primer inciso del articulo 17 del decreto 2591 de 1991.
Expediente D-6935
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Gabriel Pirachicán Morera presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 (parcial) del Decreto 2591 de 1991, ''Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política .''.
''DECRETO 2591 DE 1991
Constitución Política .
Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante.''
Solicita el ciudadano Juan Gabriel Pirachicán Moreira a este Tribunal que declare la inexequibilidad del primer inciso del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 por contrariar el artículo 86 de la Constitución Política .
Para el demandante, la posibilidad del rechazo de la solicitud de tutela, precedida del vencimiento en silencio del término concedido inicialmente por el juez para subsanar la petición de amparo, prevista en el primer inciso del artículo 17 del decreto citado, resulta violatoria del artículo 86 superior, en cuanto la norma constitucional dispone que la protección de los derechos fundamentales que se obtiene a través de la acción de tutela debe ser inmediata, y en tanto sean rechazadas solicitudes conforme con lo previsto en la norma acusada, los derechos fundamentales cuya protección se solicita quedarían desprovistos de esta de manera de una pronta protección, y su amparo diferido a una espera injustificada.
En efecto, afirma el demandante que conforme con el artículo 86 de la Constitución Política , ninguna acción de tutela debería rechazarse, porque al operar este fenómeno, se niega la posibilidad de protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona en un caso concreto, con mayor razón en tanto la norma constitucional no exige ningún tipo de formación o requisito adicional a ''ser persona'' para que esta acción proceda.
Mediante escrito allegado a esta Corporación el 9 de noviembre de 2007, el Ministerio del Interior y de Justicia solicitó que la norma acusada fuera declarada exequible, por cuanto no viola el artículo 86 de la Carta Política .
Manifiesta que el rechazo de la acción fundado en un motivo distinto al previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 resultaría incompatible con la Constitución Política , violatorio del derecho al acceso a la administración de justicia y contravendría el postulado de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia intervino en el proceso de la referencia y solicitó a este Tribunal que declarara la exequibilidad de la norma acusada por encontrar que no es violatoria del artículo 86 de la Carta Política .
Sostiene la Academia Colombiana de Jurisprudencia que la excepción a la regla anterior se encuentra en el primer inciso del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, en tanto procede el rechazo de la solicitud ''ante su indeterminación no corregida oportunamente''. En estos términos el rechazo no resulta obligatorio para el juez de conocimiento sino facultativo, únicamente en los supuestos previstos en la norma acusada.
Para esa Entidad el artículo 86 superior, prevé un mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, el cual esta diseñado como una acción y debe ser tramitado como tal, bajo un procedimiento preferente y sumario. En palabras del interviniente ''por más inmediata que sea la acción, ello no descarta la obligación que tiene el legislador de delinear un procedimiento'', lo cual le confiere [al legislador], en este caso, la ''Comisión Especial Legislativa o Congresito'' amplias facultades y discrecionalidad para trazar las reglas de procedimiento de la acción en comento, siempre que se ajusten a los criterios de racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y finalidad.
En concepto del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la disposición contenida en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 constituye ''la norma más lógica, racional, razonable y proporcionada de todas, por cuanto no sería posible ni entendible que el legislador obligara aun juez a tramitar un procedimiento, sea el que sea, en el caso en el que no logre entender los hechos o el alcance de la acción presentada''.
Finalmente, considera el Ministerio Público que la norma acusada no obliga al juez a rechazar de plano la petición de tutela cuando el accionante no corrige en el término dispuesto para ese efecto, pues dispone el artículo 17 del citado Decreto que la solicitud ''podrá'' ser rechazada, lo cual implica el ejercicio de una facultad autorizada por la ley al funcionario judicial para escoger la decisión que deba tomar, teniendo en cuenta las circunstancias y las particularidades del caso concreto.
Esta Corporación es competente para conocer y decidir la presente demanda, de conformidad con los artículos 241- 4 y 10 transitorio de la Constitución Política , por cuanto la norma acusada hace parte de un decreto con fuerza de ley expedido en uso de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el artículo 5 transitorio superior.
El ciudadano Pirachicán Morera, solicita a esta Corporación que declare la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 porque a su juicio, la posibilidad de rechazo de la solicitud de tutela previsto en el mismo, viola el artículo 86 de la Carta Política , el cual ordena que los derechos fundamentales de las personas deben ser protegidos de manera inmediata, cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o excepcionalmente de los particulares, a través de un procedimiento preferente y sumario. En concepto del accionante, la figura del rechazo de la solicitud de protección genera una mora injustificada en la protección de los derechos fundamentales, y por tanto ninguna acción de tutela debería ser objeto de esta figura jurídica.
Derecho constitucional fundamental al acceso a la administración de justicia
El derecho de acceso a la administración de justicia se encuentra reconocido de manera expresa en el artículo 229 de la Constitución Política . El contenido de este derecho hace referencia a la posibilidad que tienen todas las personas residentes en el territorio de acudir, en condiciones de igualdad, ante las autoridades judiciales con el propósito de que ellas resuelvan sus conflictos jurídicos, los cuales se traducen en la solicitud de protección o reestablecimiento de derechos e intereses legítimos, o en procurar la defensa del orden jurídico, de acuerdo con procedimientos preestablecidos, y con el respeto de las garantías sustanciales y procesales previstas en la ley para el efecto.
Esta Corte ha manifestado que el derecho de acceso a la administración de justicia tiene una doble connotación jurídica. Por una parte es base esencial del Estado Social de Derecho, y por otra es un derecho fundamental de aplicación inmediata, el cual forma parte del derecho al debido proceso. Sentencia C- 1171 de 2005(M. P. Jaime Córdoba Triviño)
En cuanto pilar esencial del Estado Social de Derecho, el acceso a la administración de justicia contribuye en importante medida a la realización de los fines del Estado plasmados en el artículo 2 superior, como son promover la efectividad de los principios derechos y deberes constitucionales, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo, la garantía del respeto a la dignidad humana y la protección de las personas en su vida honra y bienes. Sentencia C- 426 de 2002(M. P. Rodrigo Escobar Gil)
Como garantía constitucional fundamental de aplicación inmediata, el derecho de acceso a la administración de justicia, ha sido ligado por la jurisprudencia de esta Corporación, con el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, relacionado de esta forma con los valores constitucionales de la dignidad humana, la justicia, la igualdad y la libertad. Gracias a la anterior vinculación, el derecho al acceso a la administración de justicia se manifiesta en el ordenamiento jurídico de diversas formas: (i) permite la existencia de diferentes acciones y recursos para la solución de los conflictos; (ii) garantiza la posibilidad de que las personas acudan a los jueces con el propósito de procurar la defensa de sus derechos o del orden jurídico; y (iii) asegura que a través de procedimientos adecuados e idóneos los conflictos sean decididos de fondo, en términos razonables, sin dilaciones injustificadas, de acuerdo con las justas expectativas de quienes acuden a la jurisdicción para resolver sus conflictos. Sentencia C-1171 de 2005(M. P. Jaime Córdoba Triviño)
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha sentado que el derecho al acceso a la administración de justicia es de configuración legal, lo cual significa que el diseño, las condiciones de acceso y los requisitos para su ejercicio, los establece el legislador, el cual se encuentra legitimado directamente por la Constitución para imponerle límites Tales límites pueden estar relacionados con el establecimiento de un término para la presentación de acciones, o el señalamiento de requisitos de procedibilidad en cada caso, o la necesidad de contar con un abogado para acceder a la administración de justicia, o la exigencia al accionante de proporcionar una mínima información por ejemplo. , siempre que ellos cuenten con una justificación razonable, y no constituyan un obstáculo insalvable o desproporcionado al uso del derecho fundamental de acción y de los demás derechos fundamentales comprometidos en cada caso particular. La fijación de estos límites por el legislador ha sido analizada por esta Corte, desde el punto de vista de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el propósito de verificar en cada caso, si resultan o no admisibles desde el punto de vista constitucional. Sentencia C-1171 de 2005(M. P. Jaime Córdoba Triviño)
Como es sabido, la acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política , el cual se ocupa de regular directamente los elementos básicos para su ejercicio. En ese contexto, inicialmente define la acción de tutela como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. En este sentido, quien vea amenazado o vulnerado un derecho fundamental podrá acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, con el fin de obtener la orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
Sobre la acción de tutela, la jurisprudencia de esta Corporación Sentencia C-531 de 1993, (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz) ha reconocido que considerada en si misma, es un verdadero derecho fundamental, a través del cual se garantiza la protección de los demás derechos fundamentales, los cuales sin ella, comprometerían su eficacia. En efecto esta Corte ha manifestado que:
''La acción de tutela como tal tiene el carácter de derecho fundamental toda vez que es el instrumento concebido por el Constituyente para garantizar la protección de los restantes derechos fundamentales que sin él perderían buena parte de su eficacia y arriesgarían esfumarse.'' (Sentencia C- 531 de 1993 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
El estudio de esta acción, desde el punto de vista de su regulación constitucional, ha permitido a esta Corporación identificar una serie de características que la individualizan. Así, la Corte ha señalado que la acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento ''i) subsidiario, porque sólo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo, ii) es inmediato, debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar, iii) es sencillo, porque no exige conocimientos jurídicos para su ejercicio, iv) es específico, porque se creó como mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales y por último, v) es eficaz, porque siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo bien sea para conceder o negar lo solicitado.'' Sobre el particular, consultar entre otras las sentencias T-270 de 1996, SU-257 de 1997 y SU-058 de 2003.
Junto a las características que definen la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que dicha acción se rige también por los principios de informalidad y de oficiosidad Ver sentencia T-288 de 1997, (M. P. José Gregorio Hernández)., los cuales deben orientar la actividad judicial en la materia y ser aplicados al trámite que se le de a la misma durante todas la etapas procesales.
Con respecto a los principios anotados, en lo que tiene que ver con la legitimación por pasiva de la acción de tutela, la Corte ha manifestado que ''en virtud de la oficiosidad e informalidad que orientan el proceso de tutela, esta no puede ser denegada con base en argumentos de tipo formalista o en factores que pueden ser fácilmente superados por decisiones del juez constitucional, ya que, entre sus deberes se encuentra el de vincular al trámite de la acción, a todos aquellos que por disposición legal y constitucional puedan resultar comprometidos en la afectación de los derechos fundamentales del accionante o de sus representados.'' Sentencia T-1223 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Tomando en consideración las características y principios señalados, la jurisprudencia constitucional ha concluido que, en principio, todas las acciones de tutela deberían ser admitidas, tramitadas y decididas de fondo por el juez competente Ver entre otras la sentencia T- 034 de 1994(M. P. José Gregorio Hernández Galindo), dado que lo que se encuentra en juego es la definición de protección de derechos fundamentales, sin perjuicio de que el legislador en el ejercicio de su facultad de configuración normativa pueda establecer excepciones.
Libertad de configuración normativa en materia de acción de tutela
La libertad de configuración normativa del legislador para desarrollar la acción de tutela encuentra un fundamento general en los artículos 29 y 150 de la Constitución Política , los cuales lo facultan para regular todo lo relacionado con el trámite de los procesos judiciales Ver entre otras las sentencias C- 1043 de 2000(M. P. Álvaro Tafur Galvis) C- 426 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), y un fundamento especial en el artículo 5 transitorio de la Carta, en el cual se revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para ''Reglamentar el derecho de tutela''.
En todo caso, esa potestad de configuración normativa del legislador se encuentra limitada por los contenidos que sobre la materia establece el propio artículo 86 de la Constitución y, en todo caso, por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas con respecto a todo el texto de la Constitución. En este sentido la Corte ha manifestado que ''El contenido y contornos esenciales de los derechos fundamentales [como en el caso de la acción de tutela] y de sus garantías y mecanismos básicos de protección, se establecen y perfilan en la misma Constitución y ello evita que las leyes los relativicen; vale decir, los derechos y sus garantías son fundamentales porque son un límite a la acción del Legislador.'' (Sentencia C- 531 de 1993 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
Precisamente, en ejercicio de tal facultad, se expidió el Decreto 2591 de 1991, ''Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política '', que, en consecuencia, se ocupó de regular todo lo relacionado con la especialidad y especificidad del trámite de tutela. Del citado decreto hace parte la norma parcialmente acusada, el artículo 17, que regula lo correspondiente a la corrección de la solicitud de tutela y al rechazo de la misma.
Alcance del rechazo de la solicitud de tutela prevista en el inciso primero del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.
En efecto, la norma parcialmente demandada, el inciso primero del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, se ocupa de regular lo referente a la corrección de la solicitud de tutela y al rechazo de la misma. Sobre esto último establece que: ''[s]i no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no las corrige, la solicitud podrá ser rechazada de plano.''
El aparte de la norma acusada permite al juez rechazar la acción de tutela cuando se cumplan las condiciones que a continuación se presentan: (i) que no pueda determinarse los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección; (ii) que el juez halla solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o corregirla en un término de tres (3) días, expresamente señalados en la correspondiente providencia; y que (iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto Auto 227 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) .
Al margen de los presupuestos anteriores es necesario destacar que, de acuerdo con el apartado final del primer inciso del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el rechazo de la solicitud de tutela, no reviste un carácter obligatorio, sino facultativo para el juez que conoce de la acción. Sobre este particular el citado apartado dispone expresamente que: ''... [s]i no las corrige, la solicitud podrá ser rechazada de plano.''
Por lo tanto, aun cuando en un caso concreto concurran las condiciones enunciadas previamente, el rechazo de la acción de tutela no es un imperativo para el juez constitucional. Sobre la base de los principios de oficiosidad y de informalidad, el juez cuenta con amplias atribuciones -facultades y poderes- para asumir un papel activo en el proceso en busca del conocimiento y claridad sobre los hechos materia de la actuación judicial. Así, si él considera que durante el trámite cuenta con la capacidad jurídica para establecer los hechos que originaron la presentación de la solicitud de amparo, debe dejar de lado la opción del rechazo de la misma y continuar el procedimiento, de tal forma, que la actuación concluya con una decisión de fondo, en la que se protejan los derechos fundamentales del accionante que han sido vulnerados, o en caso de la denegatoria del amparo, con el señalamiento de las razones que llevaron al fallador a negar la protección de los mismos.
''Así las cosas, toda vez que resulta imposible a la Corte, al revisar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, establecer con claridad si en efecto se produjeron las violaciones aducidas por el actor, en especial las relativas a los trámites que pueden haberse adelantado o venirse adelantando en los juzgados 41 Penal Municipal de Medellín y Penal de Urrao, respectivamente, no habiendo lugar a una denegación de la tutela si se tienen en cuenta las consideraciones que anteceden, es oportuno revocar la sentencia de primera instancia y conceder la protección impetrada, aunque limitada únicamente a la averiguación que se adelantará, a fin de establecer la veracidad de los hechos.''
''La Corte repite:
En el presente caso resulta evidente que se estaba invocando el derecho de petición y deducirlo así no requería de un gran esfuerzo.''
''En este caso, en el escrito de tutela no se señalan cuales son los derechos violados o amenazados, ni figuran en él las razones por las cuales se acude al juez de tutela. Simplemente, frente a unos hechos que se narran de manera general, la accionante formula una consulta al juez sobre el alcance de sus eventuales derechos laborales.
Pero el juzgado, pese a las evidentes deficiencias de la demanda, procedió a admitirla, lo que de antemano la condenaba, casi con certeza, a su fracaso definitivo.''
''Observa la Sala que en la solicitud de tutela presentada por Luz Mary Casallas Contreras, no obstante sus deficiencias formales, que habrían podido ser subsanadas por la diligencia del fallador, es posible encontrar un llamado angustioso al juez constitucional por parte de una persona que ha sido víctima del execrable delito del secuestro en cabeza de su cónyuge, y cuya condición aparece como de debilidad manifiesta, ante la persistencia de la ausencia del soporte económico del hogar y la ignorancia acerca de las respuestas que el ordenamiento jurídico puede ofrecer a una persona en su situación.
Esa situación, que se desprende claramente del escrito de tutela, es la que hacía evidente la necesidad de actividad judicial para establecer la eventual violación de derechos constitucionales fundamentales. Y es posible que después de desplegada esa actividad por el juez, se llegase a la misma conclusión a la que se arribó en una decisión de plano, esto es, a que lo que se pretende son derechos laborales cuya determinación corresponde a la justicia ordinaria laboral. Pero también existe la posibilidad de que, en atención a las particularidades fácticas, a los derechos eventualmente involucrados y a las razones de la accionante, existiese, más allá de la controversia puramente legal en torno a los derechos laborales, espacio para un pronunciamiento del juez constitucional con alcance protector. Sin embargo, a partir de la información disponible en el expediente no es posible saberlo. Para ello habría sido necesario que se practicasen pruebas en materias tales como, la existencia del secuestro y las condiciones del mismo; la actividad desplegada por el empleador y por las autoridades como consecuencia del delito, la naturaleza y la regularidad de la relación laboral que se dice existía entre el cónyuge de la accionante y la demandada, etc.''
''4.- En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió rechazar la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Pastor Naranjo, dado que, a pesar de haberle solicitado la ampliación y aclaración de los hechos que motivaron la instauración de la acción, el actor no allegó dicho escrito aclaratorio en el término concedido para ello.
En tanto auto de rechazo, el Tribunal de primera instancia dio trámite de ''apelación'' al escrito de impugnación y al llegar a conocimiento del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B- fue confirmado por las mismas razones expuestas por el Tribunal, ordenando remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Podría, sin embargo, alegarse -como lo hacen los jueces constitucionales- que el actor no cumplió con un deber procesal, cual era el de aclarar los hechos que dieron lugar a su acción de tutela. No obstante, esta Sala considera que, si bien las partes deben prestar colaboración con el aparato de administración de justicia para el normal desarrollo de los procesos, no puede perderse de vista que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que se caracteriza por la informalidad, lo cual hace viable, incluso, su presentación verbal ante cualquier juez de la República. Así, el juez constitucional, en aras de garantizar los derechos de los ciudadanos, debe desplegar las actividades necesarias tendentes a establecer la verdad de los hechos, mediante el decreto de todas aquellas pruebas que sean requeridas.''
El rechazo de la solicitud de tutela cuando se ha concedido un término al accionante para que aclare los hechos o razones que fundamentaron la solicitud y este ha vencido en silencio, constituye una limitación constitucionalmente razonable, al derecho de acceso a la justicia, materializado en la acción de tutela?
Como quedó visto en el apartado correspondiente, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política , la regla general es que todas las acciones de tutela deben ser objeto de admisión, trámite y decisión de fondo en los términos constitucionales dispuestos para el efecto. No obstante, en la medida en que el propio ordenamiento superior faculta al legislador para regular la materia, en principio es posible que este pueda establecer excepciones a dicho principio siempre y cuando la medida este amparada por un principio de razón suficiente.
La realización efectiva de los derechos y deberes de las personas (C. P. arts. 2 y 95-7). En efecto, la posibilidad de rechazo de la acción de tutela, en los términos explicados busca realizar dicho fin, en tanto se exige del accionante el cumplimiento de una carga mínima de diligencia que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivo la solicitud de protección, que le permitan al juez comprender la pretensión presentada, con el propósito de que pueda emitir órdenes que redunden en el amparo efectivo de los derechos fundamentales conculcados en el caso concreto. Ello por supuesto, no desnaturaliza el carácter informal y oficioso de la acción, pues en aras de la claridad le impone al actor un cierto deber de diligencia, y al juez la obligación de desplegar sus poderes para establecer la causa que originó la solicitud de protección.
La prevalencia del derecho sustancial (C. P. art. 228). Como fin de la administración de justicia se traduce en la necesidad de que los jueces den soluciones de fondo a los problemas jurídicos que los particulares les plantean para su decisión Ver sentencia C-1177 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Treviño). En ese contexto dentro del trámite de una acción de tutela las decisiones de fondo sólo serán susceptibles de ser adoptadas, en tanto el juez de conocimiento tenga claridad con respecto a la situación de hecho que generó su presentación, pues de esta manera se llega a la justicia material y se evita incurrir en injusticias y arbitrariedades.
La eficiencia en la administración de justicia (C. P. arts. 228, 230). Según este principio los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos puestos a su conocimiento para satisfacer la legitima expectativa de justicia que guardan los particulares. De esta forma, ante la imposibilidad de establecer los hechos que causaron la presentación de un acción de tutela, aun con el ejercicio de los poderes del juez, la admisión de una solicitud de protección en estas condiciones, redunda en un desgaste injustificado para la administración, una utilización ineficiente de recursos y el consecuente incumpliendo en la expectativa legitima del peticionario de obtener una respuesta de fondo a sus pretensiones, que consulte la justicia y que le permita seguir su camino procesal si hay lugar a ello, con lo cual el rechazo excepcional y restrictivo de la solicitud se constituye en una herramienta en la consecución del fin de eficiencia de la administración de justicia.
La limitación establecida por el inciso primero del artículo 17 del decreto 2591 de 1991, es de aquellas que la jurisprudencia constitucional ha titulado como de tiempo, modo o lugar Ver sentencia C-557 de 2001(M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), las cuales limitan el ejercicio de ciertos derechos al cumplimiento de ciertos requisitos. La limitación bajo estudio corresponde concretamente a aquellas de modo, que en otras oportunidades han sido admitidas por la jurisprudencia constitucional. Tal es el caso de la exigencia de acudir a la jurisdicción con la correspondiente representación de un abogado, de agotar requisitos de procedibilidad previos al ejercicio del derecho de acción, o al deber de fundamentar adecuadamente las demandas civiles que se presentan, so pena de que el funcionario judicial decrete su inadmisión Ver sentencia C-037 de 1996(M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1177 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el primer inciso del Artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, de acuerdo con el cual, ''Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no las corrige, la solicitud podrá ser rechazada de plano'', por los cargos analizados en esta sentencia.
Sentencia de Tutela nº 695/05 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2005
Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 38044 de 22 de Octubre de 2014

References: artículo 17
 artículo 86
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 artículo 5
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 artículo 229
 artículo 2
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