Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55433
Timestamp: 2020-02-26 13:26:37+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-7/55433
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
Con las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se pretende que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como en la elección de los municipios y regidurías.
De igual manera, se propone que la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a una diputación federal o local como a una senaduría que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse con el cincuenta por ciento de las fórmulas de un mismo sexo.
Tomando en cuenta que, en el caso de las elecciones locales ordinarias en las que se elijan integrantes de los municipios y regidurías en los estados de la República, los partidos políticos garantizarán la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: a) la paridad vertical, postulando en igual proporción de géneros a candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales; y b) la paridad horizontal que significa postular en por lo menos 50% de las presidencias municipales de la entidad, candidaturas de un mismo género. Con esta visión dual, se alcanza el efecto útil y material del principio de paridad.
Se propone que las listas de representación proporcional de la elección federal o local se integrarán por fórmulas alternadas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo sexo, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, de modo tal que dos fórmulas del mismo sexo no se encuentren en lugares consecutivos de la lista. La misma regla aplicará para la integración de las fórmulas de Senadores por el principio de representación proporcional.
Se busca que para el registro de fórmulas de candidaturas de representación proporcional de la elección federal los partidos políticos o coaliciones solicitarán su registro garantizando que un mismo género encabece al menos dos circunscripciones electorales, el Instituto Nacional Electoral tendrá la facultad para requerir al partido político o coalición un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
Con las reformas a la Ley General de Partidos Políticos se busca que cada partido político determine y haga públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales, municipios y regidurías. Estos deberán de alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de géneros.
Con las adiciones propuestas en la iniciativa se busca que para la asignación de la paridad en los distritos federales y locales, las direcciones de los partidos políticos garanticen a través de sus disposiciones estatutarias, la inclusión en condiciones de igualdad a mujeres y hombres en los distritos ganadores para que ningún género quede sobrerrepresentado.
Se propone que en los procedimientos internos de los partidos políticos o los convenidos en coalición para la designación de candidaturas a Senadores por el principio de mayoría relativa, se establecerá una distribución igualitaria de candidaturas de fórmulas en las treinta y dos entidades federativas; de tal manera que las primeras fórmulas que postule un partido político o coalición al Senado no sea mayor a treinta dos de un mismo género.
De igual manera, se pretende establecer como una obligación de los partidos políticos que se garantice un efecto útil y material del principio de paridad de géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular, contar con un organismo líder de mujeres dentro del partido, que cuente con el nivel operativo necesario y el reconocimiento estatutario debido.
Finalmente, se busca que los partidos políticos, a través del órgano facultado para ello, publicarán la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual puede contener entre otros requisitos, el método de selección por que se garantizará la paridad de género en todas las candidaturas.
Las que suscriben, Angélica de la Peña Gómez, integrante el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lucero Saldaña Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Pilar Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Senadoras de la República de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de la siguiente:
El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la actualidad como un derecho humano fundamental, que tiene como resultado el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.
El carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos ha posibilitado la definición de la participación equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito político como un tema importante en la agenda internacional de los derechos humanos. Sin embargo, habría que tener presente que la concepción de los derechos humanos ha variado históricamente de acuerdo con el sentido, valor o contenido que cada época y cada sociedad le han dado; por ello, el reconocimiento de la necesidad de garantizar la participación política equilibrada entre mujeres y hombres ha implicado una serie de procesos históricos de movilización social que ha tenido como protagonistas a las mujeres en su exigencia por lograr el reconocimiento pleno de su ciudadanía.
Este proceso es fundamental porque da cuenta de las situaciones y fenómenos socio?históricos que han posibilitado traspasar del reconocimiento de “los Derechos del Hombre” al paradigma de los “Derechos Humanos”, tránsito que ha implicado la incorporación de las mujeres como género en lo humano, reconociéndose que son tan humanas como los hombres y, por tanto, la discriminación contra las mujeres, por su condición de género, es una violación a los derechos humanos.
En consecuencia, el derecho y las instancias internacionales en materia de derechos humanos han ido asumiendo paulatinamente, cada vez con mayor claridad, la necesidad de reconocer de manera específica y explícita los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos.
El ámbito de atención inicial por parte de la comunidad internacional respecto a las violaciones a los derechos de las mujeres se centró en ciertos aspectos de los derechos civiles y políticos. Dicha preocupación se tradujo en la inclusión del derecho de las mujeres a participar en la vida política en algunos instrumentos de carácter internacional y regional, lo cual constituye un avance importante en el reconocimiento de los Estados a los derechos de las mujeres como derechos humanos.
Entre los instrumentos específicos en el ámbito internacional en los que se reconocen y salvaguardan los derechos políticos de las mujeres, se debe hacer mención de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, abierta a la firma por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 640 (VII) del 20 de diciembre de 1952, la cual fue ratificada por el Estado mexicanoel 23 de marzo de 1981.
El artículo II de dicha convención señala que:
“Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna”.
El reconocimiento de este derecho se refuerza con lo establecido en el artículo III, que a la letra dice:
“Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”.
La importancia de dicha Convención radica en el reconocimiento explícito que hace del derecho de las mujeres a ejercer el voto en cualquier proceso electoral en igualdad de términos que los hombres y sin ser objeto de discriminación.
Otro instrumento relevante lo constituye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. La adhesión del Estado mexicano a dicho instrumento se realizó el 23 de marzo de 1981.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un instrumento importante porque reconoce y garantiza el disfrute de todos los derechos civiles y políticos de igual manera para las mujeres y los hombres, tal como se señala en su artículo 3, que establece:
“los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
El conjunto de derechos civiles y políticos reconocidos en dicho Pacto, que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de los mismos, ha sido reconocido hasta ahora por 160 países, incluyendo México.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, fue adoptada y abierta a su firma y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, el 18 de diciembre de 1979. Es considerada como la Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres y consta de un preámbulo y 30 artículos, en los que define el concepto dediscriminación contra la mujery establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación.México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país.
Hasta hoy, 187 países han ratificado la Convención, las aportaciones que este instrumento internacional ha hecho a los países han sido fundamentales. No obstante, como establece la propia CEDAW, no basta con la igualdad formal o de derecho; no es suficiente con que las leyes, las políticas públicas, los planes y las acciones gubernamentales aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los Estados están obligados a poner todos los medios a su alcance para alcanzar en los hechos la igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Las políticas en favor de la igualdad de género son fundamentales para alcanzar este fin. Sin embargo, para ser efectivas y acelerar su avance, éstas requieren de medidas temporales para eliminar las desigualdades, la discriminación y la violencia contra las mujeres, las cuales no implican discriminación alguna.
Adicionalmente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cocedaw) ha recomendado a los Estados Partes hacer un mayor uso de las medidas especiales de carácter temporal como los sistemas de cupos para que las mujeres se integren a la política, así como a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos coexiste con los mecanismos de las Naciones Unidas. Las instituciones que protegen el cumplimiento de los derechos humanos en el Sistema Interamericano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, 1969, instituyó los mecanismos para garantizar los derechos esenciales de mujeres y hombres, teniendo como fundamento los atributos de la persona, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
La Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer, adoptada el 2 de mayo de 1948 y ratificada por nuestro país el 24 de marzo de 1981, se estableceque el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo.
Cabe señalar que entre los distintos instrumentos del sistema interamericano destaca la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará adoptada en 1994. Reconoce el derecho de las mujeres a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones (artículo 4, j). Además, establece en su artículo 5: “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos políticos y civiles […] y contará con la protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Asimismo reconoce que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio de esos derechos”.
Si bien no es un instrumento vinculante, es oportuno tener presentes los contenidos de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en la que se abordó entre otros temas, la participación de las mujeres en el ámbito público, y se manifestó que la participación equitativa de las mujeres en este rubro resulta crucial en su proceso de adelanto.
En el marco de la Conferencia se plantearon diversos objetivos estratégicos como la adopción de medidas para garantizar a las mujeres igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, en este punto, se subrayó el tema de alcanzar una representación paritaria.
Es oportuno recordar que en el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuadorse analizaron temas como la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles. En ese sentido, se acordóinstrumentar acciones positivas para incluir la paridad, adoptar medidas para prevenir y sancionar el acoso político que sufren las mujeres que acceden a cargos políticos, y el trabajo con medios de comunicación para el reconocimiento de la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político.
Si bien es cierto que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo y garantizan la igualdad de todos los seres humanos, esto no ha sido suficiente para asegurarle a las mujeres la protección de sus derechos por parte de estos instrumentos y sus mecanismos de monitoreo.
A más de dos décadas de la adopción de las cuotas de género en América Latina aún no ha sido posible generar condiciones de igualdad real en la participación política entre mujeres y hombres. En este escenario la paridad política de género, entendida como una medida definitiva que reformula la concepción del poder político redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre mujeres y hombres, está cobrando relevancia en diversas regiones del mundo; en Latinoamérica los países que han adoptado este principio son: Ecuador (2008), Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Nicaragua (2010), Honduras (2012) y México (2014).
En nuestro país, la historia es muy reciente; en 1993 y gracias a la presión de un movimiento de mujeres, dentro y fuera de los partidos, muy activo en la demanda de mayor participación política logra la primera modificación en la materia. “Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular.”
A partir de 1994 se acelera el proceso para que más mujeres ejerzan el derecho a ser electas, gracias a la influencia de alcance internacional que tuvo la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas, celebrada enBeijing en 1995.
Por primera vez, en 2000 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor de que las leyes electorales promovieran la igualdad entre los sexos, al considerar válidas las cuotas de género para la asignación de candidaturas a diputaciones plurinominales y regidurías municipales.
En 2002 se aprobaron las reformas alCódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que garantizaban la participación de la mujeres en la vida electoral con mayor precisión en lo relativo a cuotas, procedimientos y sanciones, artículos 4º, 38, 174 y 269, de este ordenamiento.
En el año de 2003, fue aprobada la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera como una forma de discriminación la negativa o condicionamiento del derecho de participación política, de manera específica el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos.
Otro de los avances más significativos, realizados desde el Poder Legislativo a beneficio de las mujeres es laLey General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, determina que la política nacional en materia de igualdad entre ambos sexos debe establecer las acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito político.
Dispone que los Congresos de los Estados deberán expedir disposiciones legales en materia de igualdad entre mujeres y hombres; además señala que la política nacional deberá proponer los mecanismos operativos adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas, entre las acciones que plantea la referida ley se encuentran la de promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres en las estructuras políticas, así como la evaluación de dicha participación.
En 2008 el Cofipe se modifica de nuevo y obliga a que los partidos políticos cumplan con cuatro mecanismos efectivos para fomentar la participación política de las mujeres:
1.Garantizar mayores espacios para la representación política de las mujeres, modificando la cuota de género en una porción 40 – 60;
2.La medida queda anunciada en forma alternada y por bloques de cinco candidaturas;
3.Como parte de este cambio se alentó la equidad e igualdad de oportunidades en la integración de mesas directivas de casillas, y
4.La obligación de los partidos políticos de designar el 2% de su financiamiento público para desarrollar actividades dirigidas al liderazgo de las mujeres.
Una de las acciones más importantes que se han sido tomadas en nuestro país a fin de dotar a las mujeres de su derecho innegable a participar libremente , como candidatas a cargos de elección popular, específicamente dentro de Poder Legislativo, se dio el 30 de noviembre de 2011, cuando la Sala Superior del Tribunal Electora del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dictó sentencia en los juicios para la protección de los derechos político?electorales identificados con el número de expediente SUP?JDC?12624/2011 y acumulados, mediante los cuales se impugnaba el acuerdo CG327/2011 que emitiera el Consejo General del Instituto Federal Electoralcon fecha 7 de octubre de 2011.
En la práctica, el TEPJF obligó a los partidos, coaliciones o alianzas a cumplir con la cuota de género, tanto en las candidaturas por la vía de mayoría como de representación proporcional, y decreta que de los 300 distritos uninominales, 120 tendrán que tener candidaturas del género subrepresentado, mientras que para el Senado serán 26. Adicionalmente, precisa que en cada fórmula registrada dentro de la cuota de 40%, tanto el propietario como el suplente tendrán que ser del mismo género, se reitera que de cada bloque de cinco de los registros de las listas de candidaturas plurinominales, dos tendrán que ser de género distinto, ordenados de manera alternada, es decir, intercalando una mujer y un hombre.
Pese a ello y de acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en octubre de 2013, sólo 37 países en el mundo alcanzaron el piso mínimo de 30% de participación de mujeres en parlamentos. En el ámbito local, la participación de las mujeres sigue siendo muy limitada con apenas un 7% de las presidencias municipales en México.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 52° período de sesiones, hizo una serie de recomendaciones en respuesta a los informes 7° y 8° presentados por nuestro país respecto al cumplimiento de la CEDAW. En lo que concierne a la participación de las mujeres en la vida política y pública, el Comité recomienda al Estado mexicano que:
a) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con los marcos jurídicos electorales en los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de las cuotas de género;
b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal; y
c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 3% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular de las mujeres indígenas en el plano municipal.
Otro de los avances, se manifiesta a través de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero del 2014,en la que, se obliga a los partidos políticos a postular paritariamente a sus candidatos a los cargos dentro del poder legislativo, esta obligación aplica tanto las elecciones locales como las federales. Con anterioridad a la reforma política y constitucional en comento, la ley electoral vigente antes de la reforma incluía la cuota del género del 40% como medida de acción afirmativa.
La progresividad de esta medida es clara: No sólo se establece que la mitad de las candidaturas postuladas por los partidos políticos deben ser ocupadas por mujeres sino que, además, esta reforma, aunque todavía puede considerarse una medida que incide en el acceso, no en el resultado, sí tiene la vocación de influir en la conformación paritaria del poder legislativo.
De acuerdo a la Dra. Marcela Lagarde la “Diversidad y paridad son dos ejes equitativos en las acciones tendientes a modificar las relaciones entre mujeres y hombres, a resignificar a los géneros y a la humanidad. Con paridad, las mujeres tienen la posibilidad de empoderarse y significa un paso hacia la igualdad. Si de igualdad se trata, de igualdad con los hombres, hablemos de igualdad de derecho ante la ley, de acceso a recursos, a bienes materiales y simbólicos y de acceso al poder.”
Muchas resistencias han surgido en la aplicación de las normas constitucionales y legales sobre paridad. La primera, son las presiones internas y externas que han recibido precandidatas de todos los partidos políticos para declinar candidaturas. Las presiones por dejar las candidaturas surgen antes del registro formal por parte de las autoridades locales competentes. La razón es una, las autoridades jurisdiccionales en el país tienen como obligación vigilar el cumplimiento irrestricto de la Constitución, Convenios y Tratados Internacionales que nuestro país haya suscrito.
Está claro que pese a ello, no podemos bajar la voz ante situaciones como estas; mujeres han sido asesinadas y han sufrido atentados por tomar parte en la vida política del país. La sociedad mexicana será más democrática con la participación activa de las mujeres en los espacios de decisión pública.
En los últimos días, han sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencias mediante las cuales se aprobaron los criterios de paridad de género en las fórmulas de candidaturas para diputaciones e integrantes de los ayuntamientos de Querétaro, Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Sonora para el proceso electoral 2014-2015, en su sesión del 29 de abril del presente, sin embargo y pese a que los proyectos reconocen el principio de paridad y su falta de aplicación a los casos concretos, las propuestas plantearon la irreparabilidad de las violaciones recurrentes cometidas contra los derechos de las mujeres, aduciendo como pretexto lo avanzado del proceso electoral.
El pasado 07 de mayo del presente se confirmó, por parte de la sala Superior del mismo Tribunal, la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, que ordenó a los partidos políticos cumplir con la paridad de género, en el registro de las candidaturas a presidencias municipales y regidurías por el principio de mayoría relativa, en Tabasco.
La Jurisprudencia en comento establece:
PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.—- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Así con ambas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial se precisa que la paridad debe cumplirse no sólo en la postulación de las candidaturas al Congreso de la Unión y Legislaturas de los estados, sino en cualquier cargo de elección popular, por lo que la paridad mandata un criterio de actuación bajo el cual toda autoridad electoral debe regirse, al tener un reconocimiento constitucional y convencional.
Cabe mencionar que en el transcurso de la LXII Legislatura diversos Senadores han presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo sobre el tema:
1.El 22 de mayo de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad, paridad y alternancia de género.Propone que entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, sean la promoción de la igualdad, paridad y alternancia de género.Señala que la integración del Consejo Técnico Consultivo se deberá realizar de acuerdo a los principios de igualdad, paridad y alternancia de género.
2.El 17 de julio de 2013, la Senadora Lucero Saldaña Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 25, 41, 51, 57, 99,115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se establece que para garantizar la igualdad sustantiva, en la Constitución y en las leyes, se crearán acciones afirmativas de carácter temporal en favor de los grupos sociales en situación de discriminación, exclusión o vulnerabilidad, las cuales no se considerarán como medidas discriminatorias. Corresponderá a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona humana y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social.
3.El 13 de febrero de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre los géneros en el Poder Judicial.Propone una reforma constitucional a través de la cual se introduzca el principio de la paridad entre los géneros en el Poder Judicial, como una medida para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y revertir la segregación horizontal hacia las mujeres.
4.El 08 de abril de 2014, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez , presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 78, 218 y 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con esas reformas se plantea que los partidos políticos destinen anualmente el seis por cierto del financiamiento público ordinario del financiamiento público de sus actividades, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.En materia de paridad de género en candidaturas a puestos de elección popular, se propone que las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las senadurías por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, deberán registrarse por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género.
La aplicación de la legislación sobre derechos políticos electorales de las mujeres y el cumplimiento de la cuota de género en nuestro país, sentó un precedente fundamental que explica el incremento de mujeres electas en las pasadas elecciones de 2012.
Los alcances que este proceso ha tenido en la posición y condición de las mujeres se refleja en un importante incremento de mujeres diputadas; el número de curules pasó de 142 (28%) en 2009 a 184 (37%) en la actual legislatura; para el caso de las senadoras, de 30 (24%) se incrementó a 42 (33%). Pese a este aumento cuantitativo, el análisis de la participación política de las mujeres en espacios de decisión posee límites en su desarrollo, como en sus resultados.
Los límites culturales e institucionales a la participación política de las mujeres encuentran en los partidos políticos una de las principales fuentes de discriminación, con efectos multiplicadores a nivel del sistema político en su conjunto, y del Estado como entidad responsable de garantizar los derechos políticos electorales de toda la ciudadanía. La masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tenga un efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigualdad en representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.
Con la reforma en comento se pretendemodificar el numeral 3 del artículo 232; el numeral 1 del artículo 234 y adicionarun segundo párrafo al numeral 3 del artículo 232; los numerales 2 y 3 del artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que se establezca el principio de paridad vertical en todos los cargos de elección popular integrando por lo menos un cincuenta por ciento en las candidaturas a cargos de elección popular de las fórmulas de un mismo sexo.
Asimismo, se pretende que la paridad también llegue a los órganos de dirección de los partidos políticos, se trate de estructura administrativa, sectores o corrientes políticas con las que cuente cada partido.
Las practicas organizacionales y las dinámicas internas de ejercicio del poder en los partidos políticos se han desarrollado en función de reproducir y naturalizar ciertos patrones discriminatorios, que cobran relevancia tanto en los procesos de reclutamiento, la designación de determinados puestos, las representaciones sobre lo femenino y lo masculino en la política y más recientemente el impacto de los mandatos institucionales sobre legislación electoral en su organización interna.
La relación de las mujeres con la política no solo se remite a su militancia en los partidos políticos, somos especialistas en gestionar e incidir dentro de la comunidad. Por lo anterior es nuestro tránsito por la política partidaria se da en muchos casos de manera natural, como extensión de nuestro trabajo.
Es por eso que, es necesario y de vital importancia que los partidos políticos cumplan con la que se encuentra expresado en nuestra Constitución, en materia de paridad, así que a través de la nuestra propuesta se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos a fin de integrar a la práctica tanto la paridad horizontal y la paridad vertical.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONANDIVERSAS DISPOCISONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, para quedar como sigue:
ARTÍCULO PRIMERO. Sereforma el numeral 3 del artículo 232; el numeral 1 del artículo 234. Seadiciona un segundo párrafo al numeral 3 del artículo 232; los numerales 2 y 3 del artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
1.Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley.
2.Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.
3.Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como en la elección de los municipios y regidurías.
4.De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a una diputación federal o local como a una senaduría que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse con el cincuenta por ciento de las fórmulasde un mismo sexo.
En el caso de las elecciones locales ordinarias en las que se elijan integrantes de los municipios y regidurías en los estados de la República, los partidos políticos garantizarán la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: a) la paridad vertical, postulando en igual proporción de géneros a candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales; y b)la paridad horizontal que significa postular en por lo menos 50% de las presidencias municipales de la entidad, candidaturas de un mismo género. Con esta visión dual, se alcanza el efecto útil y material del principio de paridad.
5.El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
6.En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.
1.Las listas de representación proporcional de la elección federal o local se integrarán por fórmulasalternadasde candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismosexo, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista, de modo tal que dos fórmulas del mismo sexo no se encuentren en lugares consecutivos de la lista. La misma regla aplicará para la integración de las fórmulas de Senadores por el principio de representación proporcional.
2.La misma disposición se aplicará para los convenios de coalición para integrar, registrar y presentar las fórmulas de candidaturas de representación proporcional en elección federal o local.
3.Para el registro de fórmulas de candidaturas de representación proporcional de la elección federal los partidos políticos o coaliciones solicitarán su registro garantizando que un mismo género encabece al menos dos circunscripciones electorales, el Instituto Nacional Electoral tendrá la facultadpara requerir al partido político o coalición un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
ARTÍCULO SEGUNDO.Se reforma el numeral 4 y se adicionan los numerales 5, 6 y 7 del artículo 3; se reformanlos incisos r) y u) recorriéndose los subsecuentes del artículo 25, se adiciona el inciso e) del artículo 37 y el numeral III y se recorren los subsecuentes del inciso a) del artículo 44de la Ley General de Partidos Políticos.
1.Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público;
a)– c)
4.Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales, municipios y regidurías. Estos deberán de alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de géneros.
5.Para la asignación de la paridad en los distritos federales y locales, las direcciones de los partidos políticos garantizarán a través de sus disposiciones estatutarias, la inclusión en condiciones de igualdad a mujeres y hombres en los distritos ganadores para que ningún género quede sobrerrepresentado.
Para efectos de esta Ley se entiende por distritos con porcentajes de votación mayores aquellos en los que el partido político que los postule haya obtenido el triunfo distrital en la elección inmediata anterior, o bien haya quedado en un segundo lugar en una diferencia a cinco puntos porcentuales.
6.La misma disposición se aplicará para los convenios de coalición para integrar y registrar las fórmulas de candidaturas de mayoría relativa, tanto en elecciones locales como en elección federal.
7.En los procedimientos internos de los partidos políticos o los convenidos en coalición para la designación de candidaturas a Senadores por el principio de mayoría relativa, se establecerá una distribución igualitaria de candidaturas de fórmulas en las treinta y dos entidades federativas; de tal manera que las primeras fórmulas que postule un partido político o coalición al Senado no sea mayor a treinta dos de un mismo género.
a) – q) (…)
r) Garantizar un efecto útil y material del principio de paridad de génerosen sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.
t) (…)
u) Contar con un organismo líder de mujeres dentro del partido, que cuente con el nivel operativo necesario y el reconocimiento estatutario debido, y
v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.
1.La declaración de principios contendrá, por lo menos:
a)– d) (…)
e) La obligación de garantizar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.
a)El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:
II.(…)
III.El método de selección por el se garantizará la paridad de género en todas las candidaturas.
IV.Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas
V.Documentación a ser entregada;
VI.Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;
VII.Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto;
VIII.Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto;
IX.Fecha y lugar de la elección, y
X.Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso.

References: artículo 71
 resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 5
 artículo 219
 artículo 232
 artículo 234
 artículo 232
 artículo 234
 artículo 232
 artículo 234
 artículo 232
 artículo 234
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 37
 artículo 44