Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0627&from=FR
Timestamp: 2020-08-15 11:21:38+00:00

Document:
de 22 de noviembre de 2018 ( *1 )
en nombre del Gobierno portugués, por la Sra. M.J.Castello-Branco y los Sres. L. Inez Fernandes y M. Figueiredo, en calidad de agentes;
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Heller y el Sr. A. Tokár, en calidad de agentes;
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO 2007, L 199, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 861/2007»).
Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre ZSE Energia, a.s. y RG por la reclamación del pago de una deuda de un importe principal de 423,74 euros.
El considerando 7 del Reglamento n.o 861/2007 expone:
El considerando 8 de este Reglamento precisa:
El considerando 11 del mismo Reglamento tiene el siguiente tenor:
El artículo 1, párrafo primero, del referido Reglamento dispone:
El artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 establece:
«El presente Reglamento se aplicará a los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, cuando el valor de una demanda, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2000 [euros] en el momento en que el órgano jurisdiccional competente reciba el formulario de demanda. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa, ni los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii).»
El artículo 3 de este Reglamento tiene el siguiente tenor:
El artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento establece:
El artículo 19 de este Reglamento tiene el siguiente tenor:
Según el artículo 60 de la zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (Ley n.o 160/2015 por la que se publica el Código de Procedimiento Contencioso Civil), en su versión aplicable al litigio principal, por «partes en el procedimiento» se entenderá la parte demandante y la parte demandada.
En el artículo 81 del citado Código se define la parte coadyuvante como la persona que interviene en el proceso del lado del demandante o del demandado y que tiene un interés jurídico en su resultado.
ZSE Energia, que tiene su domicilio social en Bratislava (Eslovaquia), ha ejercitado una acción ante el órgano jurisdiccional remitente en reclamación del pago de una deuda de 423,74 euros, sin incluir intereses de demora, con arreglo al proceso europeo de escasa cuantía.
ZSE Energia presentó la demanda ante el órgano jurisdiccional remitente utilizando el formulario A del anexo I del Reglamento n.o 861/2007, en el que figuraba como demandante n.o 1.
En el mismo formulario figuraba, además, como demandante n.o 2 la entidad ZSE Energia CZ, s. r. o., con domicilio social en la República Checa. La demanda en cuestión indicaba que ZSE Energia CZ había celebrado un acuerdo con ZSE Energia en virtud del cual ZSE Energia CZ se hacía cargo, a cambio de una comisión, de la gestión del cobro de determinados créditos de los que ZSE Energia era titular, entre otros, frente a la entidad RG, que tiene su domicilio social en Vojka nad Dunajom (Eslovaquia).
El demandante n.o 2 manifestó ante el órgano jurisdiccional remitente, mediante escrito separado adjunto a la referida demanda, que, conforme al artículo 81 del Código de Procedimiento Contencioso Civil, interviene en el litigio como parte coadyuvante, por tener un interés jurídico en la solución del pleito.
Mediante el formulario B que figura en el anexo II del Reglamento n.o 861/2007, el órgano jurisdiccional remitente solicitó a los demandantes n.o 1 y n.o 2 que rectificaran el formulario A. Señaló que la demanda en cuestión contenía datos relativos a los dos demandantes y, sin embargo, el formulario indicaba que el pago de la deuda debía efectuarse únicamente al demandante n.o 1. Habida cuenta de que el demandante n.o 2 no era la auténtica parte demandante, el órgano jurisdiccional remitente instó a que solamente figurara en la demanda el demandante n.o 1, o bien que esta se completara con la mención de cuál es la deuda cuyo pago debe efectuarse al demandante n.o 2.
En respuesta a dicha solicitud, ZSE Energia transmitió al órgano jurisdiccional remitente un formulario A debidamente corregido en el que solo se mencionaba a esta sociedad como «demandante», mientras que, en dicho formulario corregido, ZSE Energia CZ figuraba únicamente como «parte coadyuvante».
A la vista de esos datos rectificados, al órgano jurisdiccional remitente le surgió la duda de si el litigio del que conoce constituye un litigio transfronterizo que está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 861/2007.
En tales circunstancias, el Okresný súd Dunajská Streda (Tribunal Comarcal de Dunajská Streda, Eslovaquia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
¿Debe interpretarse el concepto “una de las partes” mencionado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 en el sentido de que se refiere también a la “parte coadyuvante”, esto es, a la persona que comparece en el proceso pero que no es ni parte demandante ni parte demandada, sino que interviene únicamente en apoyo de las pretensiones de una u otra parte?
En el supuesto de que la “parte coadyuvante” no deba ser considerada “parte” en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007:
Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «partes» comprende únicamente las partes demandante y demandada del litigio principal o si se refiere también a la «parte coadyuvante» que, en su caso, comparezca en el proceso en apoyo de las pretensiones de una de las partes del litigio principal.
Con carácter preliminar, procede señalar que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 no define el concepto de «partes» ni se remite, en este punto, al Derecho de los Estados miembros. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme (véase, en particular, la sentencia de 7 de agosto de 2018, Bichat y otros, C‑61/17, C‑62/17 y C‑72/17, EU:C:2018:653, apartado 29 y jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, el concepto del «partes» que figura en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión.
A este respecto, debe observarse, de un lado, que el tenor del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 no permite, por sí solo, excluir de forma indubitada que la «parte coadyuvante» esté también incluida en el concepto de «partes».
De otro lado, con respecto a las dudas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente sobre la interpretación del concepto de «partes» con motivo de una eventual incoherencia en la versión eslovaca del Reglamento n.o 861/2007, procede recordar que las disposiciones del Derecho de la Unión deben ser interpretadas y aplicadas de modo uniforme a la luz de las versiones en todas las lenguas de la Unión. En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión, esta debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en la que se integra (sentencia de 1 de marzo de 2016, Alo y Osso, C‑443/14 y C‑444/14, EU:C:2016:127, apartado 27).
En lo que concierne a la estructura general del Reglamento n.o 861/2007, cabe señalar, coincidiendo con el órgano jurisdiccional remitente, que este Reglamento trata únicamente de los derechos y obligaciones de las partes demandante y demandada del litigio principal. De esta manera, los formularios A y C que figuran en los anexos I y III del mismo Reglamento deben ser cumplimentados, respectivamente, por la parte demandante, esto es, el «demandante» en el caso del formulario A, y por la parte demandada, es decir, el «demandado», en el caso del formulario C. En cambio, a excepción de los epígrafes de los formularios que el Reglamento n.o 861/2007 reserva al órgano jurisdiccional competente, no se ha destinado ningún epígrafe para otras personas que, en su caso, estuvieran implicadas en el litigio principal.
Por lo tanto, de la estructura general del Reglamento n.o 861/2007 cabe inferir que no se ha contemplado la comparecencia de partes coadyuvantes en los litigios a los que dicho Reglamento resulta aplicable.
Tal apreciación resulta confirmada por el propio objetivo del Reglamento n.o 861/2007. En efecto, tanto los considerandos 7 y 8 como el artículo 1 de este señalan que la finalidad del proceso europeo, que es opcional, es triple. Lo que se persigue con dicho proceso es que los asuntos transfronterizos de escasa cuantía puedan tramitarse de un modo más sencillo, más rápido y menos costoso. Ahora bien, tal objetivo no podría alcanzarse si el procedimiento instaurado permitiera la intervención de una tercera persona, como, por ejemplo, una parte coadyuvante.
En este contexto, ha de recordarse igualmente, de forma coincidente con el Gobierno eslovaco y con la Comisión en sus observaciones, que el legislador de la Unión, al adoptar el Reglamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento n.o 861/2007 (DO 2015, L 341, p. 1), expresó el deseo de no extender la definición de litigios transfronterizos, pese a la propuesta que formuló la Comisión en tal sentido [COM(2013) 794 final]. Dicha voluntad del legislador de la Unión resultaría quebrantada si para extender el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 861/2007 a un litigio como el que es objeto del procedimiento principal bastara con que una parte coadyuvante del referido litigio tuviera su domicilio en un Estado miembro distinto del de las partes demandante y demandada.
A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «partes» comprende únicamente las partes demandante y demandada del litigio principal.
Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 deben interpretarse en el sentido de que un litigio se halla comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento cuando la parte demandante y la parte demandada están domiciliadas en el mismo Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
Sobre este punto, basta señalar que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 limita explícitamente el ámbito de aplicación de este a los litigios transfronterizos. El artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento, tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia en el apartado 30 de la presente sentencia, define un litigio transfronterizo como aquel en el que la parte demandante o la parte demandada está domiciliada o tiene su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenece el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
Por consiguiente, un litigio como el que es objeto del procedimiento principal, en el que la parte demandante y la parte demandada están domiciliadas en el mismo Estado miembro que el del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 861/2007.
A mayor abundamiento, cabe recordar que, según el considerando 8 del Reglamento n.o 861/2007, este último constituye un instrumento que se añade, si se cumplen los requisitos establecidos para su aplicación, a las posibilidades ya existentes en la legislación de los Estados miembros.
De este modo, la legislación procesal vigente en el Estado miembro en el que se tramita el proceso es la que debe aplicarse cuando una demanda no tiene cabida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 861/2007. En tal situación, conforme al artículo 4, apartado 3, de este Reglamento, incumbe al órgano jurisdiccional remitente informar de ello al demandante y, si este último no desiste de la demanda, continuar las actuaciones de acuerdo con la legislación procesal nacional aplicable.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007 deben interpretarse en el sentido de que un litigio como el que es objeto del procedimiento principal, en el que la parte demandante y la parte demandada tengan su domicilio o su residencia habitual en el mismo Estado miembro que aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «partes» comprende únicamente las partes demandante y demandada del litigio principal.
Los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, del Reglamento n.o 861/2007, en su versión modificada por el Reglamento n.o 517/2013, deben interpretarse en el sentido de que un litigio como el que es objeto del procedimiento principal, en el que la parte demandante y la parte demandada tengan su domicilio o su residencia habitual en el mismo Estado miembro que aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 60
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3