Source: https://www.slideshare.net/BalzaMairis/gua-preeminencia-ddhh
Timestamp: 2017-10-21 17:53:22+00:00

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Guía preeminencia ddhh
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BalzaMairis
Material de estudio sobre la constitucionalización de los derechos humanos. Precisa aaspectos acerca de la preeminencia, el principio de progresividad y la jerarquía constitucional de los tratados en materia de DDH
1. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 1 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corteCONTENIDO: 5.1.- PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH) 5.2.- PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 5.3.- JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS DE DDHH Nota: Este material ha sido elaborado con fines particularmente pedagógicos, tiene el propósito de facilitar a los estudiantes la comprensión y el estudio de los temas tratados. Para ello, es requisito indispensable la lectura y revisión de los artículos de la Constitución y los Tratados Internacionales señalados en el texto de la guía, además de las referencias al pie de página. Como guía de estudio es una orientación para el desarrollo de los contenidos planteados, no limita la consulta e investigación de textos por parte de los estudiantes. Contiene al final del mismo una serie de preguntas orientadoras o generadoras, elaboradas con la misma finalidad pedagógica para direccionar el estudio. No significan en ningún caso que sean preguntas de examen, ni es un cuestionario para la posterior realización de examen.5.1.- PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH).Revisar: artículos 2, 3, 74 y 350 CRBV. La preeminencia se entiende como “la primacía, privilegio o ventaja que alguien oalgo tiene sobre otros por razón de sus méritos, calidad o categoría1”. En términos dederechos humanos, se entiende como la superioridad y predominancia de estos en el ordenamiento jurídicovenezolano y la actuación de los órganos del poder público, en razón del valor y bien jurídico superior queprotegen: la persona. Su resguardo, respeto y garantía, supone una obligación ineludible para el Estado, a tenordel texto Constitucional y los tratados internacionales. “Este concepto de la preeminencia de los derechos humanos, dentro del contexto jurídico venezolano, va mucho más allá del desarrollo sucesivo y programático del catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución, porque al ser definida como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (art 2 CRBV), significa que debe armonizarse el mismo de manera tal, que sus normas contengan una protección especial cuando éstas se relacionen, desarrollen o contengan derechos humanos y la actuación de los órganos del Estado deben fundamentarse entonces en el respeto y garantía de los mismos, atendiendo pues a su preeminencia. Al respecto, el artículo 74 del Texto Constitucional confirma la importancia otorgada a los derechos humanos por parte del constituyente patrio, al establecer que las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y las leyes que garanticen o desarrollen derechos humanos no podrán ser sometidas a referendo abrogatorio, procedimiento éste previsto en el capítulo referente a los derechos políticos y al referendo popular”2.1 Diccionario de la Real Academia Española. (2005). Diccionario Enciclopédico Larousse. (2004). EdicionesLarousse, México.2 Mundraín, G. (2001) Ponencia con motivo del LIII Aniversario de la DUDH.
2. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 2 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte Sumado a esto, está la obligación contenida en el art 350 de desconocer cualquier régimen, legislacióno autoridad que contraríe los principios y valores democráticos y menoscabe los derechos humanos. Constituye, esta preeminencia, una premisa básica de la República y una manera privilegiada deprevenir abusos, delitos y crímenes de cualquier naturaleza, que menoscaben la dignidad de la persona yvulneren sus derechos constitucionales. Así, el carácter preeminente de los ddhh supone laconstitucionalización de la dignidad humana, con implicaciones bastante prácticas:  El respeto y garantía de los ddhh son el norte del Estado Venezolano.  El sometimiento del poder público y sus actuaciones a los principios de los derechos humanos y sus garantías, es decir que limitan las actuaciones del Estado, protegiendo de los abusos y arbitrariedades.  Que los ddhh no pueden subordinarse a una ley que los desarrolle para su posterior aplicación, sino que son operativos, es decir que son actuantes, obrantes y que se ejecutan inmediatamente. Entonces, la preeminencia constitucional de los ddhh, genera por un lado, derechos para losciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, referente al goce y libre ejercicio de los derechos, deforma irrenunciable, indivisible e interdependiente, con las únicas limitaciones establecidas en la mismaConstitución, por vía de excepción y cuando se configuren los presupuestos para ello. Y por el otro, generaobligaciones para el Estado, cuales son: 1. Obligación de protección de los derechos constitucionales y los relativos a los tratados sobre la materia. Que se traduce en respetar, garantizar, satisfacer y no discriminar3.  Arts 19, 21, 25, 29, 30, 31, 271 CRBV  Art 1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Art. 2 Convención Americana sobre Derechos humanos.  Art 2.1 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.  Art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos sociales y Culturales  El respeto, de ciertos derechos supone una mera abstención de ofenderlos por parte del poder público, esto se traduce en que “la actuación de los Órganos del Estado no puede traspasar los límites que señalan los derechos humanos, como atributos inherentes a la dignidad de la persona y superiores al poder del Estado” 4 ocurre en general, con las libertades fundamentales y con ciertos derechos como la vida o a la integridad personal. También el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General sobre el Derecho a la Salud ha señalado que “los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos”5. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 6/86 del 9 de mayo de 1986, expresó que: “la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar3 Fernández de Daniels, F. (2005). Las Fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. CursoSistema Interamericano de los Derechos Humanos. UCAB.4 Ver Corte Interamericana, Opinión Consultiva 6, 1986.5 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ONU, Observación General 14, 12.05.2000, pág 10
3. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 3 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”6.  La obligación de garantía, implica una obligación más amplia que el respeto, significa un hacer, un actuar diligente y oportunamente, constituye por parte del Estado generar y crear todo lo necesario, suficiente y eficaz para la mejor y mayor protección de un derecho. Lo cual va desde la modificación legislativa hasta la instauración de mecanismos, órganos, políticas públicas, tendientes a la protección efectiva de los derechos. Se traduce sustancialmente en obligaciones positivas por parte del Edo., como las de prevenir, investigar, sancionar reparar o, en su caso, asegurar la reparación; y sancionar, en sentido amplio, las violaciones a tales derechos. En La práctica, es frecuente que las obligaciones internacionales referidas al respeto y la garantía de los ddhh, aparezcan estrechamente relacionadas7. El alcance y contenido de esta obligación de los Estados ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la Sentencia del caso Velásquez Rodríguez, de la siguiente manera “Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”8. Viene a bien señalar que la mención del poder público abarca además de los cinco poderes que en el caso venezolano lo comprenden, a todo ente que realice actividad pública por concesión del Estado. Por ello la Defensoría, de acuerdo con la Constitución de la República tiene mando para la defensa de las personas en materia de servicios públicos (ver art 281.2 CRBV)  La satisfacción de un derecho humano supone el cumplimiento real, acostumbrado y cotidiano del mismo  La No discriminación es una obligación general de los Estados en materia de derechos humanos, tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia y por la mayoría de los instrumentos de ddhh. En este sentido la generalidad de los instrumentos contempla condiciones prohibidas de discriminación tales como raza, sexo, religión, nacionalidad, entre otras y estipulan a su vez una cláusula abierta a cualquier otro tipo de condición, en donde se podrían edad, orientación sexual, origen étnico, por ejemplo9.6 Corte IDH. La expresión Leyes en el artículo 30 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, OpiniónConsultiva OC &/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A, Nº 6, párr 217 Nikken, P. (2006). Código de Derechos humanos. 2da ed. Pág 298 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C. Nº 4 párr 166; también párrs 164-177.Corte IDH caso Godinez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, serie C. N! 5, párrs 173-1889 Fernández de Daniels, F. (2005). Las Fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Curso SistemaInteramericano de los Derechos Humanos. UCAB, pág 13
4. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 4 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte 2. Obligación de investigar, sancionar e indemnizar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades (artículo 29). Queda establecido además la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (consagrado también en el art 271), los crímenes de guerra y las violaciones graves a los derechos humanos. Establece la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios y excluye los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, como es el indulto y la amnistía. Una violación de derechos humanos constituye una trasgresión de las obligaciones de un Estado en virtud del derecho internacional. Tal infracción genera nuevas obligaciones para el Estado, que debe investigar tal abuso, someter a los responsables a un proceso justo y eficaz e imponerles un castigo apropiado y ofrecer a la víctima de violación de derecho una reparación del mismo. La Convención Americana, en su artículo 63, establece la obligación de los Estados de indemnizar: “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 3. Obligación de obedecer las decisiones de los órganos internacionales. (Art 31 CRBV). Según Nikken10, es en este terreno donde se han revelado las carencias más importantes de la operación del sistema interamericano de derechos humanos. Los trabajos emprendidos dentro del seno de la OEA, así como en la Cumbre Hemisférica de Québec, sobre el estudio de las reformas tendientes a mejorar el sistema regional de los ddhh, han puesto de relieve que, antes que la reforma en cuanto innovaciones institucionales, habría que ocuparse de mejorar el funcionamiento de las instituciones existentes, lo que comienza por el respeto y el acatamiento que deben merecer a los Estados parte en la Convención, las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de la Corte, más allá de ninguna discusión, son de obligatorio cumplimiento para los Estados sometidos a su jurisdicción en un caso contencioso. Así lo estipula el artículo 68 de la Convención: “1. Los Estados parte en la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que sean parte. 2.- La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado” Esta disposición debe interpretarse en su más amplio sentido, pues no debe restringirse solo a la sentencia sobre el fondo del caso sino a todas las sentencias, resoluciones y además providencias que adopte el Tribunal en el curso del proceso, en particular a aquellas que se refieren las excepciones preliminares, a reparaciones o a la ejecución de la sentencia, así como a las medidas provisionales que ordena la Corte de conformidad en el artículo 63.2 de la Convención. Lamentablemente, la Sala Constitucional del TSJ, se ha puesto al margen de lo preceptuado en elartículo 31 Constitucional, con relación a hacer todo lo necesario para dar cumplimiento a las decisiones10 Nikken, P. (2006). Código de Derechos Humanos. 2da ed. Págs 50-51
5. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 5 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corteemanadas de los órganos internacionales de protección de los ddhh, por el contrario este alto Tribunal de laRepública, alega supuestas causales para no dar cumplimiento a tales decisiones 11. En ese orden la Corte Interamericana tuvo la oportunidad de censurar la doctrina de la Sala y asumidapor el Estado Venezolano de desconocimiento de las decisiones y sentó lo siguiente: “Que la obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt Servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden por razones de orden interno, dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida. Aún cuando Venezuela alegó no ser parte de la Convención de Viena, la obligación internacional del pacta sunt Servando, es norma de derecho consuetudinario de obligatorio cumplimiento” A manera de conclusión podemos afirmar que la Constitución patria, deja claramente establecido loslímites del ejercicio del poder público, quedando sujetas a la infranqueable barrera que representan los derechoshumanos, es una Norma Suprema garantista, al servicio de la persona humana y su dignidad. El Poder Público,no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. 12 Establece el principio de la limitación al Poder, que es la base del Estado de derecho con el objeto degarantizar la libertad. Eso es lo que distingue al Estado de derecho del Estado absoluto 13. Esta limitación seconcretó en las Constituciones modernas mediante la distribución del poder para que, como lo decíaMontesquieu, el poder limite al poder14, lo que se logra al distribuirlo y al separarlo.5.2.- PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOSRevisar artículos 19, 22 y 25 Constitucionales.Este principio está reconocido explícitamente en el art. 19, con lo cual todo retroceso en materia de protecciónde los derechos reconocidos como inherente a la persona, debería considerarse inconstitucional. Implica: a.- protección consecutiva de los derechos; b.- ampliación del catálogo de derechos conforme a las conquistas históricas de los derechos humanos; c.- desarrollo progresivo del contenido de los derechos e; d.- interpretación no restrictiva de un derecho conocida en doctrina como la cláusula del individuo más favorecido. “Este principio define la obligación de los Estados de reconocer y velar por la defensa de los ddhh de maneraconsecutiva, afirmando la condición de la dignidad humana frente al Estado y definiendo la actividad de lospoderes públicos al servicio del ser humano” 15. Es importante comprender que “la progresividad es relativa a la11 Nikken, Op.Cit. págs 55 y 5612 Nikken, P. (2006). La garantía internacional de los derechos humanos. Colección Estudios Jurídicos nº 78.13 Brewer-Carías, A. (2002). El fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en el ámbitointerno I.I.D.H. XX CURSO INTERDISCIPLINARIO EN DERECHOS HUMANOS.14 "Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él; y lo hace hasta que encuentra límites.Para que no se pueda abusar del poder es necesario que por la disposición de las cosas, el poder limite al poder", CarlosSecondat, Barón de Montesquieu, De lEspirit des lois, ( ed. G. Tunc) Paris 1949, Vol. I, Libro XI, Cap. 4, pp. 162-163.15 Nikken, P. (2006). La garantía internacional de los derechos humanos, págs 114-115
6. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 6 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer cortenaturaleza de los derechos humanos, los cuales están llamados a ampliarse gradualmente sin admitir regresiones,y no una obligación de los Estados; la obligatoriedad de estos significa el respeto y la garantía de tales derechos,obligación que se hace exigible de inmediato y no de manera progresiva, salvo que se trate de derechoseconómicos, sociales o culturales, que por su naturaleza son realizables progresivamente”. 16 Está expresamente incorporado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al consagrarseen el artículo 29.b, que ninguna de las disposiciones de dicha convención puede ser interpretada en el sentidode: “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con lasleyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichosEstados”. Se desprende una relación muy estrecha entre el derecho internacional y el derecho constitucional,por lo tanto, si un mismo derecho es regulado con un contenido diferente por la Constitución y por un tratado, elprincipio de la progresividad lleva como consecuencia, a que deba aplicarse la disposición más favorable a lapersona17. Lo que es importante señalar es que, desde el punto de vista jurídico sea que las declaraciones dederechos estén incorporados en normas internacionales, sea que se hayan incorporado al derecho interno y queformen parte de las Constituciones, no son declaraciones constitutivas de los mismos sino, como lo dice supropia denominación, tienen carácter declarativo, de reconocimiento de derechos. En consecuencia, ni lasConstituciones, ni las Convenciones internacionales los crean o establecen, sino que los reconocen comoinherentes a la persona humana. Art. 22: El carácter enunciativo y no taxativo, es lo que la doctrina ha considerado llamar “ventanaabierta” o “cláusula abierta” de los derechos inherentes a la persona. Cláusulas de este tipo se encuentran, porejemplo en las Constituciones de Colombia (art. 94), Guatemala (art. 44), Paraguay (art. 45) y en Venezuela seencuentra consagrado en el art. 22 Constitucional, conforme a la cual se indica expresamente que la declaracióny enunciación de los derechos que se hace en los textos constitucionales, no se puede entender como negaciónde otros que no estando enumerados en ellos, son inherentes a la persona humana o a la dignidad de la personahumana. En razón de ello, cualquier derecho que sea reconocido internacionalmente como inherente a lapersona, merece igual protección (respeto y garantía) que aquellos contenidos en la Constitución. Lo importanteentonces para la protección de un derecho no es su mención específica en la Constitución, sino que tenga elcarácter de inherente a la condición de dignidad humana, cuya fuente son los tratados internacionales. Asímismo, el carácter enunciativo de los derechos nos pone en la situación de que pudiendo las violaciones de losderechos humanos adoptar nuevas formas hasta ahora desconocidas, es responsabilidad del Estado investigarlasy sancionarlas como las violaciones a los derechos consagrados por la Constitución. Del carácter enunciativo de los derechos se deriva la llamada garantía objetiva de la Constitución;principio que para el constitucionalismo europeo contemporáneo descubrió Hans Kelsen [6], pero que en elconstitucionalismo latinoamericano está incorporado en nuestras Constituciones, desde principios del siglo XIXcomo sucedió en la Constitución de Venezuela de 181118. Para Brewer-Carías19, este principio implica que toda decisión del Estado contraria a los derechosfundamentales establecidos en la Constitución es nula, con lo cual la garantía objetiva del propio textoconstitucional deriva del mismo, declarando expressis verbis la nulidad de lo que sea contrario a los derechos;principio que tiene una larguísima tradición en el constitucionalismo latinoamericano. En tal sentido, porejemplo, en el artículo 25 de la Constitución venezolana de 1999, se dispone que "todo acto dictado en ejerciciodel Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo; y16 Ibidem, pág 115.17 Ayala (1996). Citado por Picard de Orsini, M, en El principio de progresividad y la actuación de los órganos del PoderPúblico conforme a la Constitución vigente (2005). Universidad de Carabobo.18 Allan R. Brewer-Carías. (2002). El fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en elámbito interno I.I.D.H. XX CURSO INTERDISCIPLINARIO EN DERECHOS HUMANOS19 ibidem.
7. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 7 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer cortelos funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores". Por último debe mencionarse que esta enunciación de derechos, con toda la ampliación que hemosindicado, incluso con el señalado carácter enunciativo, se ha establecido, en paralelo, con la precisión delámbito de las limitaciones a los derechos. Es cierto que hay derechos absolutos, es decir, derechos no limitables,como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado o el derecho a no sufrir penas infamantes;pero fuera de estos existe el principio de la limitabilidad de los derechos y libertades, que siempre tienen comofrontera tanto el derecho de los demás como el orden público y social, porque, en definitiva, los derechos seejercen en sociedad y tienen una pluralidad de titulares. Ello exige, por tanto, conciliar el ejercicio de losderechos, por todos, de manera que ello no signifique, en particular, la violación del derecho de los demás y, engeneral, del orden público y social. Por supuesto, nos sigue ilustrando el autor, este principio puede conducir a situaciones extremas comola que lamentablemente todavía queda en alguna Constitución latinoamericana, como es el caso de laConstitución cubana, que deja abierto un campo "ilimitado" de limitaciones a los derechos fundadas en laconservación de unos principios que sólo el poder puede determinar, con lo cual se hacen nugatorios losderechos. Pero salvo este caso, en general, la limitación a los derechos que permiten las Constituciones estávinculada a las exigencias del orden público y social y al ejercicio de los derechos por demás.5.3.- JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS DE DDHH. La clásica pirámide de Kelsen estable la jerarquía de las normas, en primer lugar la ConstituciónPolítica del Estado, por debajo de ella las leyes y los decretos y así bajando de jerarquía el resto de las normas.En la mayoría de los países de América Latina se otorgaba a los convenios y tratados internacionales en materiade derechos humanos la misma jerarquía que las leyes. Las últimas reformas constitucionales han realizado unasustancial modificación a esta situación; en algunas constituciones se les otorga la misma jerarquía que laConstitución; en otros casos por debajo de la Constitución pero en mayor jerarquía que la Leyes internas.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa en su artículo 23: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. El artículo mencionado supra constituye un verdadero avance y progreso vanguardista en materia deprotección de los derechos humanos. “Constituye un proceso de expansión y de transformación que representauna evolución constante tanto en el ámbito conceptual como en lo que respecta al reconocimiento ymecanismos de protección de estos derechos” 20 Elementos que encontramos en el texto constitucional:  Constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos (Jerarquía constitucional de los tratados en materia de ddhh)  Predominancia de los tratados en el ámbito interno, si contienen normas más favorables que la Constitución y las leyes.  Su aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público.20 Paz de Henríquez, N. (2004). Incidencia de la participación ciudadana en la efectiva defensa de los derechos humanos.Universidad de Carabobo.anuario Nº 27.
8. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 8 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte En este mismo sentido, y en perfecta sintonía con el contenido del artículo 23, la Corte Interamericanade Derechos Humanos, ha expresado que “si en una misma situación son aplicables la Convención Americanay otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana”21 Ahora bien, para examinar el tema de la incorporación del derecho internacional al derecho interno, suinterpretación y su vigencia en el ámbito nacional, es necesario una revisión de las teorías monista y dualista. El dualismo, Fundada por Triepel y Anzilotti y representada todavía hoy por la doctrina italiana, asume alderecho internacional y el derecho interno como dos ordenamientos jurídicos distintos y separados, que seencuentran en un plano de igualdad sin que exista entre ellos jerarquía alguna. Afirma que el derechointernacional regula las relaciones entre Estados soberanos, mientras que el derecho interno regula lasrelaciones entre los individuos y entre el Estado y los individuos. Según esta doctrina, para que el derechointernacional pueda afectar el derecho interno tienen que ser transformadas en derecho interno mediante unacto legislativo o cualquier otro apropiado con un procedimiento de promulgación, proclamación ypublicación, para luego ser aplicada como ley nacional. El monismo, de inspiración neokantiana, sostiene que ambos ordenamientos –internacional e interno-forman un único sistema jurídico, no separados, y que todos los ordenamientos jurídicos regulan las relacionesentre individuos, aunque en el ámbito internacional tal conducta se atribuya al Estado. Prevé la incorporacióndel derecho internacional de forma automática, es decir sin necesidad de un acto legislativo expreso. Enconsecuencia, el derecho internacional puede ser aplicado de forma inmediata y directa por los tribunalesnacionales. “En ese sentido, en materia de derechos humanos, un Estado que acepta formar parte de una sociedadinterdependiente, que acepta que hay valores universalmente compartidos que deben ser respetados por todos,y que percibe los tratados como compromisos que generan beneficios recíprocos a las partes, estará mucho máscerca de aceptar esta tesis de la unidad del derecho, con supremacía del derecho internacional, y laincorporación automática del Derecho Internacional en el Derecho interno” 22 De acuerdo con Faúndez, todo Estado está obligado a cumplir con los compromisos asumidos a travésde los tratados válidamente celebrados, pero la forma en que cada Estado debe ejecutar el tratado en el ámbitonacional es una materia que, en principio no está regulado por el derecho Internacional y que está sujeta alordenamiento jurídico de cada Estado, especialmente al constitucional. 23 Constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos La ampliación progresiva de las declaraciones de los derechos en el derecho interno ha conducido a laincorporación al régimen constitucional de los países, de los derechos declarados internacionalmente, sobre todoen los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Eneste sentido, una de las grandes innovaciones de la reciente Constitución venezolana de 1999 ha sido elotorgarle rango constitucional a los Tratados internacionales sobre derechos humanos (art. 23), siguiendo losantecedentes de la Constitución del Perú de 1979 (art. 105), y de la Constitución Argentina de 1994 (art. 75). En Venezuela ha habido una amplísima evolución jurisprudencial de la extinta Corte Suprema deJusticia que reconoce al Derecho Internacional forma parte del ordenamiento jurídico interno que deben aplicarlos tribunales venezolanos, a manera de ejemplo se señala la sentencia publicada el 6 de noviembre de 1997, enSala Plena, declarando la inconstitucionalidad de la Ley sobre Vagos y Maleantes, sobre la base, entre otros, delos siguientes fundamentos:21 Corte Interamericana de Derechos Humanos_ La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC – 5/85 defecha 1e de noviembre de 1985, serie A nº 5, párrafo 52.22 Faúndez, H. (2004). El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su aplicación por el Juez Nacional. Proyecto decapacitación para jueces en Derechos Humanos: Manual de Participantes para Jueces y Juezas. TSJ, AI, PNUD y STATOIL,Caracas, pp 29-3223 Faúndez, H. op. Cit., pág 34
9. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 9 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte “(…) omite las garantías establecidas por las normas internacionales para un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Así lo establecen los artículos 9 y 14 del Convenio Internacional sobre derechos Civiles y Políticos y los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) al quedar constitucionalizados los derechos humanos, conforme a la disposición contenida en el artículo 50 de la Constitución de la República, la Ley sobre Vagos y Maleantes vulnera ipso iure, Convenciones Internacionales y Tratados sobre los derechos del hombre (sic), en la medida en que dichos tratados adquieren jerarquía constitucional(…) La Convención Americana de Derechos humanos se ha incorporado a nuestro derecho interno como norma ejecutiva y ejecutable reforzada por la jurisprudencia, la cual le ha dado el carácter de parámetro de constitucionalidad. Ello entraña la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno del régimen previsto en Convenios Internacionales Así mismo, el art. 31 constitucional, establece una relación directa, entre el ordenamiento jurídicointernacional y el derecho interno, el cual establece la posibilidad de dirigir peticiones o quejas a los órganosinternacionales para solicitar el amparo a sus derechos, con lo cual queda expresamente establecida la unidadde ambos ordenamientos jurídicos, también vistos en afinidad con los artículos 44 y 1.1 de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos. Entonces, la Constitución Nacional de 1999, incorpora automáticamente el contenido del DerechoInternacional de los Derechos Humanos a la legislación nacional, otorgándole aplicación inmediata por partede los tribunales nacionales y con preferencia al derecho interno, lo que expresa una supraconstitucionalidad detales Tratados. Lamentablemente esto ha sido negado de forma recurrente por el TSJ, desconociendo que espropio texto constitucional el que otorga tal jerarquía a los tratados, pactos y convenciones en materia de ddhh,como es el caso de la Convención Americana 24. Ejemplo de ello lo tenemos en la sentencia 1505 de la Sala deCasación Penal del Tribunal Supremo, de fecha 21 de noviembre de 2000, ante la denuncia de haberseinfringido los artículos 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a las garantíasjudiciales y los derechos políticos, afirmó en el punto previo al recurso en cuestión: “Ha habido una notoria insistencia de la Sala sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos, lo cual en principio está muy bien; pero pareciera que a veces en Venezuela se le quisiera dar ahora más importancia a esos tratados que a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, en Venezuela ya muchos están creyendo, incluso muy distinguidos abogados penalistas, que hay una supraconstitucionalidad de tales tratados sobre la Constitución. No hay tal: La Sala Constitucional ha decidido que esos tratados son aplicables por mandato de la Constitución.(…) No puede ser "supraconstitucional" sino constitucional, porque la misma Constitución lo ordena cuando haya principios más favorables. Entonces habría la prevalencia, por la remisión que hace la Constitución a esos tratados. Pero esos tratados son aplicables en lo que a la substancialidad se refiere y no respecto a lo procesal o adjetivo, porque sería renunciar a la soberanía”.24 Cisneros, Y. (2003). Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho interno. Curso Sistema Interamericanode Derechos Humanos. UCAB, Caracas, pág 58.
10. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 10 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte De igual manera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha afianzado esta posición en susentencia 1013 de fecha 12 de junio de 2001, originada de una acción de amparo intentada por Elías Santana yotros, por habérseles negado el derecho de réplica, previstos en los artículos 57 de la Constitución y 14 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, declarando la improcedencia de la acción y señalandoexpresamente que sus decisiones no están sometidas a instancias internacionales. “…porque ellas constituyenejercicio pleno de nuestra soberanía y e dictan conforme a nuestro ordenamiento jurídico, en nombre delpueblo venezolano y como expresión de una patria libre…” Lamentablemente, la Sala constitucional ignoró unprincipio fundamental del Derecho Internacional, consagrado en el artículo 27 de la Convención de Vienasobre Derecho de los Tratados el cual establece que “un Estado no podrá invocar las disposiciones de underecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado”, y en este caso, la SalaConstitucional lo hizo 25 Para Pedro Nikken, “carece de sentido invocar la soberanía nacional como reducto para escapar a laprotección internacional de los derechos humanos, pues conceptualmente éstos, como atributos inherentes a lapersona humana y no concesiones del Estado, son anteriores y superiores a este y no están condicionados porsu soberanía. Además, históricamente fue el abuso del poder soberano contra la dignidad humana lo quejustificó y dio origen, dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, a la construcción de un sistemainternacional para la salvaguarda de tales derechos. Por último, la ratificación de las ConvencionesInternacionales, incluidas las relativas a los derechos humanos, es el resultado de un acto soberano, adoptadocon arreglo a los procedimientos constitucionales de cada Estado, como la ha hecho Venezuela. Elsometimiento a un sistema internacional de protección de los derechos humanos, que comprende la aceptaciónde órganos internacionales que velan por su respeto y garantía, es un acto soberano del Estado y como tal elmismo Estado está obligado a honrarlo”26 Resulta muy oportuno y por demás pertinente reproducir parte del discurso del ExDefensor delPueblo, Dr. Germán Mundraín con motivo del LIII Aniversario de la Declaración Universal de los DerechosHumanos (2001) “Los derechos humanos tienen tanta importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que se incluye en la Constitución, en su artículo 22, norma que deja abierta la posibilidad de que no debe considerarse la negación de otros derechos que no estén previamente enunciados en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y que sean inherentes a la persona humana y el hecho de que no estén previstos no menoscaba su ejercicio. Ahora bien, adentrándonos más en el tema de los instrumentos internacionales, dentro de los cuales se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Constituciones, en términos generales, pueden otorgarle a los instrumentos internacionales cuatro tipos de rango o valor, a saber: 1) supraconstitucional, 2) constitucional, 3) supralegal, 4) legal. En nuestro derecho constitucional, por su parte, los tratados internacionales gozan de tal jerarquía que pueden prevalecer sobre el ordenamiento interno de la República, en la medida en que contengan normas más favorables a las contempladas en la Ley Fundamental, razón por la cual pudiéramos hablar de la supraconstitucionalidad de los tratados. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado, por tanto, no requieren de una acción jurídica25 Cisneros, Y. op. Cit, pág 59.26 Nikken, Op.Cit. págs 54 y 55
11. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 11 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte complementaria, ni ser desarrollados por una ley, para su implementación o su exigibilidad”. Predominancia de los tratados en el ámbito interno, si contienen normas más favorables que laConstitución y las leyes. Significa que se aplican con preferencia no solo por encima de las leyes, sinotambién por encima de la propia Constitución siempre que contengan normas más favorables La aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, deja sinlugar el procedimiento de transformación legislativa de los tratados internacionales para que estos sean leynacional, por el contrario significa, que se incorporan automáticamente, sin que medie un acto legislativoexpreso que lo convierta en ley nacional, es decir, rescatando lo citado anteriormente del defensor del pueblo“no requieren de una acción jurídica complementaria, ni ser desarrollados por una ley, para suimplementación o su exigibilidad”. Estos dos últimos elementos particulares, por una parte dejan sin dudas la autoejecutabilidad de lostratados y por la otra, han sido definidos de forma clara y abundante por la doctrina como característicaspropias de la supraconstitucionaldiad de los tratados.5.4.- PRINCIPIO PRO HOMINE. Es uno de los principios generales del derecho señalado por Faúndez27 en los siguientes términos: “Elderecho de los derechos humanos, debe inclinarse siempre a favor del ser humano. En consecuencia susnormas se deben interpretar de la manera que resulte más favorable al individuo, acogiendo la interpretaciónmás extensiva cuando se traten de normas que consagran derechos individuales, y la interpretación másrestrictiva cuando se trate de disposiciones cuyo propósito es restringir o coartar el ejercicio de tales derechos.Esta misma regla debe observarse en caso de pluralidad de fuentes sobre una misma materia, dando prioridada aquellas normas –derivadas del Derecho Internacional o interno, de carácter convencional oconsuetudinario- que hacen explícito el contenido de un derecho, o que desarrollan el contenido de un derechoconsagrado en un tratado o en una norma de Derecho interno”Obras consultadas:.- Brewer Carias, A. (2001). La Constitución de 1999..-_______________ (1998). Instituciones Políticas y Constitucionales. Tomo V, el derecho y la acción deamparo, 1998..- _______________(2002). El fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en elámbito interno I.I.D.H. XX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos.- Cisneros, Y. (2003). Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho interno. Curso SistemaInteramericano de Derechos Humanos. UCAB, Caracas, Venezuela..- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1986) La expresión Leyes en el artículo 30 de la convenciónAmericana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC &/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A, Nº 6.- ____________________________________ (1985). La colegiación obligatoria de periodistas. OpiniónConsultiva OC – 5/85 de fecha 1e de noviembre de 1985, serie A nº 5, párrafo 52..- Diccionario de la Real Academia Española. (2005).27 Faúndez, H. op. Cit., pág 166
12. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 12 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte.- Diccionario Enciclopédico Larousse. (2004). Ediciones Larousse, México..- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas deDelitos y del Abuso del Poder (1985), Principio 11. Resolución 40/34 de la Asamblea General..- Faúndez, H. (2004). El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su aplicación por el Juez Nacional.Proyecto de capacitación para jueces en Derechos Humanos: Manual de Participantes para Jueces y Juezas. TSJ,AI, PNUD y STATOIL, Caracas, pp 29-32.- Fernández de Daniels, F. (2005). Las Fuentes de DerechoInternacional de los Derechos Humanos. Curso Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. UCAB..- Mundraín, G. (2001) Ponencia con motivo del LIII Aniversario de la DUDH..- Nikken, P. (2006). Código de Derechos humanos. Colección de textos legislativos Nº 12. 2da ed. EditorialJuídica Venezolana. UCV. Caracas, Venezuela.-_________ (2006). La garantía internacional de los derechos humanos. Colección de textos legislativos.Editorial Jurídica Venezolana. UCV. Caracas, Venezuela.- ONU. (2000). Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General 14, 12.05.2000.- Paz de Henríquez, N. (2004). Incidencia de la participación ciudadana en la efectiva defensa de los derechoshumanos. anuario Nº 27. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela..- Picard de Orsini, M. (2005). El principio de progresividad y la actuación de los órganos del Poder Públicoconforme a la Constitución vigente. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.
13. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 13 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte PREGUNTAS GENERADORAS DE APRENDIZAJE 1. Que se entiende por preeminencia de los derechos humanos y cuáles son los artículos Constitucionales que la sustentan. 2. Enumere los elementos que componen el principio de preeminencia de los derechos humanos. 3. Establezca tres (3) relaciones entre los artículos 2, 3, 74 y 350 Constitucionales. 4. Cómo se explica la constitucionalización de la dignidad de la persona. 5. Mencione las obligaciones que se generan para el Estado del principio de la preeminencia de los derechos humanos. 6. Elabore un cuadro comparativo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos donde exprese relaciones de semejanza - diferencias entre ellas y su alcance. Como se indica en el siguiente cuadro: Obligación semejanzas diferencias alcance 7. Explique en consiste el respeto, la garantía, la satisfacción y la no discriminación en materia de derechos humanos. Señale el fundamento constitucional. Diferéncielas. 8. Explique el contenido de la obligación de investigar, sancionar e indemnizar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. 9. Analice el contenido y alcance del artículo 31 Constitucional en el contexto de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. 10. Qué se entiende por Principio de progresividad de los derechos humanos. 11. Enumere las implicaciones del Principio de progresividad de los derechos humanos. 12. Explique las relaciones que se derivan de los artículos 19 y 22 de la Constitución. 13. Qué se entiende por cláusula del individuo más favorecido.
14. Universidad Nororiental PrivadaGran Mariscal de Ayacucho Página 14 de 14Ciudad GuayanaAsignatura: Derechos Humanos. GUÍA DE ESTUDIOProf. Mairis Balza Solé Tercer corte 14. Analice la expresión “la progresividad es relativa a la naturaleza de los derechos humanos” en concordancia con la afirmación de que “ni las Constituciones, ni las Convenciones internacionales los crean o establecen, sino que los reconocen como inherentes a la persona humana” 15. Explique los elementos y alcance de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos. 16. Conceptualice las teorías del monismo y dualismo. 17. Implicaciones prácticas y constitucionales de la teoría monista en materia de derechos humanos. 18. Qué se entiende por Constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. 19. Analice en el contexto constitucional venezolano la siguiente expresión del autor Pedro Nikken “carece de sentido invocar la soberanía nacional como reducto para escapar a la protección internacional de los derechos humanos, pues conceptualmente éstos, como atributos inherentes a la persona humana y no concesiones del Estado, son anteriores y superiores a este y no están condicionados por su soberanía” 20. Analice el discurso del Exdefensor del Pueblo, Dr. Germán Mundraín con motivo del LIII Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2001). 21. Enumere los elementos contenidos en el artículo 23 Constitucional. 22. En Venezuela, los Tratados Internacionales requieren de una acción jurídica complementaria, y su desarrollo por una ley, para su implementación o su exigibilidad. Si___ No____ Argumente su respuesta. 23. Conceptualice el Principio Pro Homine. 24. Mencione las características del principio Pro Homine. 25. Mencione la diferencia entre la Cláusula del Individuo más Favorecido y el Principio Pro Homine.
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References: artículo 74
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 artículo 63
 artículo 68
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 artículo 27
 artículo 29
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 50
 artículo 27
 artículo 22
 artículo 30
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 23