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Timestamp: 2020-06-05 23:40:06+00:00

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Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, y se adaptan sus anexos. TITULO I. Disposiciones generales.
Es objeto de este Reglamento desarrollar el sistema de intervención administrativa de las actividades susceptibles de afectar al medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas establecido por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental.
2.1. Este Reglamento tiene por finalidad regular un sistema de intervención administrativa eficaz de las actividades que ayude a alcanzar un nivel alto de protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto y un desarrollo sostenible.
2.2. El presente Reglamento tiene también como objetivo la regulación de un procedimiento de intervención administrativa ágil que reduzca las cargas de los particulares y garantice la colaboración y la coordinación entre las administraciones públicas que deben intervenir.
Artículo 3 Ambito de aplicación y régimen de intervención administrativa
Las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento son las contenidas en sus anexos y, según la potencialidad de su incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas en cuanto a las emisiones contaminantes, quedan sometidas:
a) Las del anexo I, al régimen de autorización ambiental, que se regula en el capítulo 1 del título 4, y al régimen de control ambiental, que se regula en el capítulo 1 del título 5 de este Reglamento.
b) Las del anexo II, al régimen de licencia ambiental, que se regula en el capítulo 2 del título 4, y al régimen de control ambiental, que se regula en los capítulos 1 y 2 del título 5 de este Reglamento.
c) Las del anexo III, al régimen de comunicación o, en su caso, de licencia, que se regulan en el capítulo 5 del título 4, y al régimen de control, que se regula en el capítulo 3 del título 5; en lo que no prevea este Reglamento, a la reglamentación municipal específica, y, en su defecto, a la reglamentación que dicte la Generalidad de Cataluña con carácter supletorio.
Artículo 4 Clasificación de las actividades
Las actividades sometidas a los sistemas de intervención administrativa que se regulan en este Reglamento se clasifican en:
b) Mineras.
c) Agrícolas y ganaderas.
d) Energéticas.
e) Comerciales y de servicios.
f) Recreativas, de espectáculos y de ocio.
g) De gestión de residuos.
h) Instalaciones de telecomunicación. Letra h) del artículo 4 introducida por el número 1 del artículo único del D [CATALUÑA] 143/2003, 10 junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de despliegue de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, y se adaptan sus anexos («D.O.G.C.» 25 junio).Vigencia: 15 julio 2003
i) Otras tipologías de actividades. Letra i) del artículo 4 introducida por el número 1 del artículo único del D [CATALUÑA] 143/2003, 10 junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de despliegue de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, y se adaptan sus anexos («D.O.G.C.» 25 junio).Vigencia: 15 julio 2003
Además de las que se contienen en el artículo 4 de la Ley 3/1998 y a los efectos de este Reglamento, se entiende por:
a) Proyecto básico: documento técnico, suscrito por una persona legalmente habilitada, que define de manera necesaria y suficiente la localización, las obras y las instalaciones y el medio afectables para la implantación y el ejercicio de alguna o algunas de las actividades comprendidas en los anexos I, II y III de este Reglamento.
b) Titular de la actividad: la persona física o jurídica que posee las instalaciones donde se ejerce la actividad objeto de intervención ambiental y tiene el poder decisorio sobre su explotación técnica y económica.
c) Sector ambiental: cada una de las áreas o materias que son objeto de una regulación legal y de una organización administrativa específica y diferenciada dentro del ordenamiento jurídico ambiental.
En cualquier caso, se consideran sectores ambientales el aire, el agua, el suelo, la gea y los residuos.
d) Centro o establecimiento: conjunto de instalaciones que se ubican en un emplazamiento determinado, entendiendo éste como un espacio físico delimitado y diferenciado.
e) Instalación: conjunto de edificios, de equipos, de maquinaria y de infraestructuras de que se compone un establecimiento o un centro donde se ejerce una o varias actividades con incidencia ambiental.
f) Control ambiental: acto de comprobación llevado a cabo por una Administración o una entidad colaboradora de la Administración en los plazos prefijados para verificar que en el ejercicio de una actividad se cumplen todas y cada una de las prescripciones y determinaciones fijadas por la legislación ambiental aplicable y, específicamente, las señaladas en la autorización ambiental o en la licencia ambiental.
g) Autocontrol ambiental: acción de control ambiental que lleva a cabo la propia empresa en cumplimiento de una obligación legalmente establecida o por iniciativa propia, de acuerdo con la metodología, la frecuencia y el procedimiento de evaluación fijados por la legislación aplicable o en la autorización ambiental o la licencia ambiental.
h) Organo ambiental competente: órgano de la Administración que tiene atribuida alguna o algunas de las potestades de resolución respecto a las actuaciones de intervención administrativa que se regulan en este Reglamento.
i) Afección a la salud de las personas: la incidencia negativa que las emisiones de una actividad o conjunto de actividades puede tener sobre la salud individual o colectiva.
Artículo 6 Condiciones generales de funcionamiento de las actividades
6.1. Los titulares de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento las han de ejercer bajo los principios siguientes:
b) Prevenir la transferencia de la contaminación de un medio al otro.
c) Reducir la producción de residuos mediante técnicas de minimización y, en lo que no sea posible, gestionarlos correctamente, valorizarlos y, en último término, disponer el desperdicio de manera que se evite o reduzca su impacto en el medio ambiente, de acuerdo con las previsiones de la legislación sectorial y las determinaciones de los planes y programas que ordenan su gestión.
d) Utilizar la energía, el agua y las materias primas de manera racional, eficaz y eficiente.
e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves, los incendios y la insalubridad y para minimizar sus efectos perjudiciales en caso de que se produzcan.
f) Tomar las medidas necesarias para que al cesar el ejercicio de la actividad se evite cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar de la actividad quede en un estado satisfactorio de tal manera que el impacto ambiental sea el mínimo posible respecto al estado inicial en que se encontraba. Se considera que el estado del lugar es satisfactorio si permite su utilización posterior para los usos urbanísticos admitidos.
6.2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, han de velar por el cumplimiento efectivo de los principios mencionados en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 7 Obligaciones generales de las personas titulares de las actividades
7.1. Las actividades objeto de este Reglamento y las instalaciones que estén vinculadas a éste deben ser proyectadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y controladas de manera que se alcancen los objetivos de calidad ambiental y de seguridad que fija la legislación vigente.
7.2. A los efectos de este Reglamento, las actividades y las instalaciones que están vinculadas a éste cumplen las obligaciones generales fijadas en el apartado 1 si son desarrolladas y utilizadas, respectivamente, de acuerdo con la finalidad y el uso que les son propios y cumplen las condiciones siguientes:
a) Que han sido proyectadas, instaladas, controladas y se mantienen de acuerdo con la reglamentación vigente y las instrucciones de la Administración competente y, en ausencia de reglamentación o de instrucciones específicas, se ajustan a las normas técnicas de reconocimiento general.
Artículo 8 Valores límite de emisión y prescripciones técnicas de carácter general
8.1. Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas de carácter general que fija la legislación ambiental son aplicables a todas las actividades que son objeto de este Reglamento.
8.2. Para el establecimiento de los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas de carácter general, es preciso tener en cuenta:
d) Las transferencias de contaminación de un medio al otro.
f) Las condiciones climáticas generales y los episodios meteorológicos recurrentes.
Artículo 9 Acuerdos voluntarios
9.1. Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas se pueden establecer también en un acuerdo voluntario suscrito entre el Departamento de Medio Ambiente y una empresa o un sector industrial determinado.
9.2. El acuerdo vincula a ambas partes y a aquellas que se adhieran a éste durante el período de su vigencia.
9.3. El acuerdo se somete a los trámites de información pública y audiencia y se hace público mediante su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
9.4. Los ayuntamientos pueden suscribir acuerdos voluntarios con empresas emplazadas en su término municipal en los aspectos medioambientales de su competencia, observando las garantías de procedimiento establecidas en el apartado anterior, si bien el acuerdo puede hacerse público en el Boletín Oficial de la provincia.
Artículo 10 Suministro de información
Corresponde al Departamento de Medio Ambiente suministrar la información necesaria para efectuar las comunicaciones a la Comisión de la Unión Europea, en los plazos y la forma legalmente establecidos, relativas a:
a) Valores límite de emisión y el resto de prescripciones técnicas establecidas con carácter general y las mejores técnicas disponibles que han servido de base para establecerlos.
b) Las principales fuentes de emisión de contaminantes.
c) otros requerimientos que exija la normativa aplicable.
Artículo 11 Medios informáticos y telemáticos
Las relaciones de los ciudadanos con los órganos de la Administración de la Generalidad de Cataluña y, en su caso, con los órganos de la administración local y de todos los órganos mencionados entre sí, se pueden llevar a cabo mediante técnicas informáticas y telemáticas, con respeto por las garantías y los requisitos establecidos por las normas de procedimiento administrativo.

References: Artículo 3

Artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11