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Timestamp: 2018-09-25 03:48:55+00:00

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﻿ Sentencia 33254 de febrero 27 de 2013
SENTENCIA 33254 DE 27 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:INAPLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE DESCUENTOS POR ALLANAMIENTO A CARGOS FRENTE A LA COMISIÓN DE DELITOS COMO LA EXTORSIÓN, EL TERRORISMO, EL SECUESTRO Y OTROS FRECUENTEMENTE RELACIONADOS CON LA PERTENENCIA A GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY. MIENTRAS EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DEL 2004 SE MANIFIESTA EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN COMO LA SENTENCIA ANTICIPADA Y OTROS EN PROCURA DE LA EFICIENCIA Y DESCONGESTIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, DISPOSICIONES COMO EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DEL 2006 PROHÍBEN BENEFICIOS DERIVADOS DEL ALLANAMIENTO A CARGOS FRENTE A VARIOS DE LOS DELITOS ALUDIDOS. LA ALTA CORPORACIÓN SOSTUVO QUE CUANDO POR LA VÍA LEGISLATIVA SE MODIFICAN PENAS DE MANERA INJUSTIFICADA SE AFECTA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, QUE BUSCA QUE LA SANCIÓN PENAL SE ADECÚE AL TIPO DE DAÑO CAUSADO A LA SOCIEDAD CON LA ACTUACIÓN ANTIJURÍDICA. CON ESTOS ARGUMENTOS, EN ADELANTE, NO SE VOLVERÁN A APLICAR LOS PRESUPUESTOS DE AUMENTO CONTEMPLADOS EN EL MENCIONADO ARTÍCULO 14. FINALMENTE, LLAMÓ LA ATENCIÓN AL CONGRESO, INDICANDO QUE SE HAN PRODUCIDO TRANSFORMACIONES LEGISLATIVAS SIN ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS QUE “NO SOLO NO HAN PROPICIADO EL ALCANCE DE LOS FINES CON LOS CUALES HABÍAN SIDO IMPULSADAS, SINO QUE HAN CAUSADO RETROCESO Y UNA CONGESTIÓN AÚN MAYOR DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, QUE INCLUSO PUEDEN LLEVAR AL COLAPSO DEL SISTEMA”
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA, ALLANAMIENTO DEL IMPUTADO, EXTORSIÓN, DELITO DE SECUESTRO, INCREMENTO DE LA PENA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:496 DE ABRIL DE 2013, PG.588
Sentencia 33254 de febrero 27 de 2013
De acuerdo con la sentencia de segunda instancia, el día 2 de junio de 2009, en vía pública del barrio Santa Clara de Popayán (Cauca), a Adriana Lucía Valdez Fernández le fueron hurtados un teléfono celular y un bolso de su propiedad. Posteriormente, aquella recibió una llamada telefónica a su lugar de residencia, por parte de un individuo que se identificó como Óscar, quien le exigió la suma de $ 700.000 para devolverle la cartera y los objetos personales que en su interior llevaba.
Habiendo pactado el cónyuge de la señora Valdez Fernández la entrega de $ 300.000 en el paradero de buses ubicado sobre la vía Panamericana, contiguo a la Nueva EPS, en horas de la noche de esa misma fecha acudió al lugar Daniel Fernando Angulo Gómez, quien luego de solicitarle a aquel la entrega del dinero y recibir un paquete en donde supuestamente se encontraba el mismo, fue capturado por agentes del Gaula de la Policía Nacional.
En audiencia preliminar del 3 de junio de 2009, presidida por el juez 3 penal municipal con función de control de garantías de Popayán, la Fiscalía le formuló imputación a Daniel Fernando Angulo Gómez, como autor del delito de extorsión en la modalidad de tentativa (C.P., arts. 27 y 244), cargo aceptado por el imputado.
El 3 de julio de ese mismo año, por haberse verificado la legalidad de la manifestación de allanamiento, el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Popayán dictó sentencia, por cuyo medio condenó al acusado a las penas principales de 8 años de prisión y 400 salarios mínimos legales mensuales de multa, al tiempo que negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
A la hora de dosificar la sanción penal, la jueza expuso, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, que al procesado no le asistía el derecho de obtener rebaja de pena por aceptación de la imputación.
3.1. De la casación oficiosa.
El recurso extraordinario de casación, según el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías fundamentales de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia.
Acorde con el artículo 183 ídem, la admisión de dicho mecanismo extraordinario de impugnación supone, además de la oportuna interposición del recurso, la debida presentación de la demanda, en la que el censor está obligado a consignar de manera precisa y concisa las causales invocadas y sus fundamentos. Por ello, según el artículo 184, inciso 2º ídem, no será admitido el libelo cuando el demandante carezca de interés, prescinda de señalar la causal o no desarrolle adecuadamente los cargos de sustentación. Tampoco, si se advierte la irrelevancia del fallo para cumplir los propósitos del recurso.
Por consiguiente, en ausencia de alguno de dichos elementos, la Corte, en línea de principio, se abstendrá de seleccionar la demanda. Sin embargo, a tono con el artículo 184, inciso 3º ídem, en consonancia con la máxima constitucional de prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228), atendiendo a criterios como los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, la Corte deberá superar los defectos del libelo para decidir de fondo.
“7. De otro lado, el recurso extraordinario de casación procede cuando las sentencias penales de segunda instancia afectan derechos o garantías fundamentales. Esta contextualización es compatible con el sentido que se le imprimió al recurso pues, tratándose de un control constitucional y legal, es evidente que la legitimidad de la sentencia se supedita al respeto de los derechos y las garantías fundamentales —tanto sustanciales como procesales— que están en juego en el proceso penal.
Es decir, si los derechos fundamentales, en tanto ámbitos de afirmación y realización de la dignidad del hombre y de la democracia participativa y pluralista, constituyen el fundamento y límite del poder público, incluido el poder punitivo del Estado; cae de su peso que el respeto de esos derechos constituye un parámetro de control de los actos de la jurisdicción y, particularmente, de las sentencias. Por lo tanto, si la casación penal es hoy un control de constitucionalidad y legalidad de los fallos penales, ese control pasa, de manera necesaria e ineludible, por la verificación del respeto de los derechos de esa índole que están en juego en el proceso penal”.
3.2. El derecho penal en el Estado constitucional y principio de proporcionalidad de la pena.
3.2.1. La pena, a voces del artículo 4º del Código Penal, cumple funciones de prevención (general y especial), retribución justa, reinserción social y protección del condenado. La prevención especial y la reinserción social, agrega la norma, operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.
De otro lado, del artículo 3º ídem se extractan los principios orientadores de la imposición de la sanción penal, a saber, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Este último se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.
En efecto, en un Estado constitucional(1) no solo se predica la protección de bienes jurídicos como la principal finalidad del ius puniendi —propósito a partir del cual han de comprenderse los fines de la pena—; además, se instituyen barreras de contención a la actividad punitiva estatal, a fin de mantenerla dentro de los límites propios de la racionalidad y la dignidad humana, proscribiendo los excesos en la punición.
Ciertamente, según lo pregona la jurisprudencia de esta Corte(2), el programa penal de la Constitución(3) dicta que la finalidad de un derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos es la que mejor se articula con el Estado social y democrático de derecho.
Bajo tal comprensión, el fundamento del ius puniendi, encarnado en la función de la pena, estriba en el cometido de prevención de delitos. Pues, desde la perspectiva social, la pena representa la ejecución, en concreto, del deber de intervenir activamente para lograr la realización de los derechos de los ciudadanos, a través del propósito de lucha contra el crimen. Al respecto, cabe reiterar, la razón primigenia de un Estado social es la de cumplir el deber fundamental de proteger a todos sus residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades(4).
“El derecho penal en un Estado social y democrático debe asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad (Estado social), por lo que ha de tender a la prevención de los delitos, entendidos como aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para sus bienes jurídicos, y en la medida en que los mismos ciudadanos consideren graves tales hechos (Estado democrático). Un tal derecho penal debe, pues, orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad”(5).
En la prevención general, la pena representa una amenaza dirigida a los ciudadanos para que se abstengan de incurrir en delitos, conminación que, de acuerdo con la concepción clásica de Feuerbach, opera en el momento abstracto de la tipificación legal(6). Por ende, tanto la amenaza punitiva como la ejecución de la pena deben producir un efecto intimidatorio en los autores potenciales para así evitar que lleguen a delinquir.
Claro está, a partir del principio democrático, la prevención general no puede fundarse exclusivamente en su efecto intimidatorio derivado (prevención general negativa), sino que, apuntando a fortalecer el consenso social, la pena también debe dirigirse a reforzar en la conciencia colectiva la vigencia del ordenamiento jurídico (prevención general positiva). Así, la pena tendría la tarea de demostrar frente a la comunidad la inquebrantabilidad del ordenamiento y, de esta manera, robustecer la fidelidad jurídica de la población(7).
La prevención especial, por su parte, tiende a evitar que el delincuente reincida en comportamientos desviados durante el término de ejecución de la sanción penal. Ello, por supuesto, debidamente engranado con el propósito de resocialización; ya que, como lo explica Von Listz, frente a quien transgrede la ley penal la imposición de la pena ha de servir como camino para la resocialización, lo cual supone que la protección de bienes jurídicos se materializa mediante la incidencia de la sanción en la personalidad del delincuente, con la finalidad de prevenir ulteriores delitos(8).
“El ejercicio del ius puniendi en un Estado democrático no puede desconocer las garantías propias del Estado de derecho, esto es, las que giran en torno al principio de la legalidad. Pero al mismo tiempo, debe añadir nuevos cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente formales y aseguren un servicio real a los ciudadanos. El derecho penal en un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla para la verdadera defensa de los ciudadanos y de todas las personas residentes en el territorio nacional. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado social), entendidos como aquellos comportamientos que el orden jurídico califica como dañinos para sus bienes jurídicos fundamentales, en la medida en que los considera graves”.
Así, entonces, para que el ejercicio de la punición siga los cauces trazados por el Estado social y democrático de derecho debe respetar —en los diversos momentos de la conminación penal: legislativa, de aplicación judicial y de ejecución(9)— una serie de barreras de contención necesarias para garantizar su legítimo ejercicio. Ello, por cuanto si bien el moderno Estado constitucional garantiza la libertad de sus miembros mediante la utilización del poder punitivo, también es verdad que, en contrapartida, concede derechos de defensa frente al propio Estado que, con la pena, aplica la medida de intervención más fuerte e intensa de que dispone frente al ámbito de libertad de los ciudadanos(10).
Entre dichas garantías(11) ha de destacarse, de cara al asunto sub examine, el principio de proporcionalidad(12), cuya aplicación resulta imprescindible tanto en la fase legislativa como en el momento de aplicación judicial de la coerción estatal(13).
3.2.2. Al respecto ha de puntualizarse que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional(14), solo la utilización medida, justa y ponderada del ius puniendi, destinado a proteger los derechos y las libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento jurídico.
El principio constitucional de proporcionalidad —que en materia penal se expresa en la consigna de prohibición de exceso—, según la Sentencia C-070 de 1996, ha sido extraído jurisprudencialmente de los artículos 1º (Estado social de derecho); 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución); 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona); 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas); 11 (prohibición de la pena de muerte); 12 (proscripción de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes); 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales).
En términos simples, la proporcionalidad implica correlación entre la magnitud de la pena y la gravedad del delito. Así, el derecho penal dentro de un Estado catalogado como constitucional y democrático ha de ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia social de los hechos delictivos. En consecuencia, exigir proporción entre delitos y penas significa que la dureza de aquellas no ha de exceder la gravedad que para la sociedad posee el hecho castigado(15).
En consonancia con las anteriores premisas, sin desconocer la amplia potestad de configuración legislativa en materia de ius puniendi, la jurisprudencia reconoce en el principio de proporcionalidad de la pena un referente necesario a la hora de evaluar la legitimidad de las disposiciones penales. Al respecto, se lee en la Sentencia C-581 de 2001:
“Si bien el legislador, quien actúa en representación del Estado en cuya cabeza está radicado el ius puniendi, puede señalar, de acuerdo con una política criminal preestablecida, como punibles determinados comportamientos que considera nocivos para la vida social y fijar las sanciones o consecuencias jurídicas que de su incursión se derivan, esa potestad no es absoluta pues encuentra límites en los principios, valores y demás normas constitucionales que está obligado a respetar”.
Desde esa perspectiva, la desproporción y la evidente carencia de razonabilidad en la fijación legislativa de las penas, las tornan ilegítimas(16).
“Mediante la pena y en virtud de la definición legal, el Estado le impone a una persona determinada la carga de soportar una privación o disminución de bienes jurídicos que, de otra manera permanecerían intangibles frente a la acción estatal. Ello ocurre, desde luego, con las limitaciones que señalen la Constitución, la dignidad de la persona humana y el respeto a los derechos humanos.
Si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las penas como medio de control social, también lo es que a ella solo puede acudirse como último recurso, pues el derecho penal en un Estado democrático solo tiene justificación como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad, la cual es cambiante conforme a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado.
De lo expuesto deviene entonces, como obligado corolario que la pena, para tener legitimidad en un Estado democrático, además de ser definida por la ley, ha de ser necesariamente justa, lo que indica que, en ningún caso puede el Estado imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles, asunto este que encuentra en Colombia apoyo constitucional en el artículo 2º de la Carta que entre otros fines asigna al Estado el de asegurar la ”convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Comoquiera que el delito vulnera un bien jurídico protegido por la ley, la proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal”.
Bien se ve, conforme a lo hasta aquí acotado, que el respeto al principio de proporcionalidad de la pena, derivado de la máxima de prohibición de exceso, asume, junto al de la legalidad de aquella(17), la connotación de garantía fundamental.
3.3. Componentes del principio de proporcionalidad y su aplicación en la limitación del ius puniendi.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional expresa(18):
“Ahora bien, en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al legislador le está vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer las penas de muerte (C.P., art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (C.P., art. 34), así como someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12). Por otra parte, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º). La dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
El Estado social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. El Constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio. Solo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento.
En consecuencia, la calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática. La Constitución impone claros límites materiales al legislador (C.P., arts. 11 y 12). Del principio de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso (C.P., art. 13), juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos”.
Ya en lo concerniente al principio de proporcionalidad, expone Bernal Pulido(19):
“En su dimensión de derechos de defensa, la libertad general de acción y los demás derechos fundamentales prohíben que las medidas que adopte el legislador penal —la tipificación de los delitos y la fijación de las penas— sean excesivas. Lo excesivo no es algo que pueda ser determinado en abstracto, sino en el caso concreto, habida cuenta de la protección que exijan para sí los bienes jurídicos que las leyes penales garantizan. El principio de proporcionalidad, en su variante de la interdicción del exceso, es el criterio para controlar la constitucionalidad de la ley en el marco de estas relaciones, siempre desde el punto de vista de la afectación del derecho de defensa respectivo”.
De esta manera, la libertad individual, en tanto prerrogativa ius fundamental, solo puede restringirse con miras a la protección de otros intereses del mismo linaje, sin superar la prohibición de exceso —encarnada en la proporcionalidad de la pena—. Para tal efecto, ha de acudirse a los componentes metodológicos de ponderación consustanciales al principio de proporcionalidad, a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto(20).
Resumidamente, el primero de dichos subprincipios se refiere a que la medida conduzca o favorezca la obtención de un fin legítimo perseguido por el Estado; la necesidad, supone la inexistencia de otros medios alternativos aptos para alcanzar el propósito propuesto y que sean más benignos con el derecho afectado; en tanto que el último de los mencionados subprincipios exige emprender una ponderación de bienes entre la gravedad o la intensidad de la intervención en el derecho fundamental, por una parte, y por otra, el peso de las razones que lo justifican(21).
Cabe reiterar, por último, que la proporcionalidad, a través de los referidos componentes, encuentra aplicación como herramienta de control sobre las medidas punitivas, no solo en el plano normativo —concerniente a la protección penal propiamente dicha y a la medida de la pena con la que se amenaza—; también, en la fase de imposición de la sanción, según lo dicta el artículo 3º del Código Penal.
3.4. Implicaciones de los aumentos de pena carentes de justificación.
“Y es que en una democracia constitucional como la colombiana, que es esencialmente pluralista, la validez de una decisión mayoritaria no reside únicamente en que esta haya sido adoptada por una mayoría sino además en que esta haya sido públicamente deliberada y discutida, de tal manera que las distintas razones para justificar dicha decisión hayan sido debatidas, sopesadas y conocidas por la ciudadanía y que, además, las minorías hayan podido participar en dichos debates y sus derechos hayan sido respetados. Por consiguiente, para esta concepción, la democracia no es la tiranía de las mayorías, pues los derechos de las minorías deben ser respetados y protegidos. Además, en la democracia constitucional, las decisiones colectivas deben ser deliberadas en público pues de esa manera se logran decisiones más racionales, justas e imparciales. El proceso legislativo no debe ser entonces únicamente un sistema de agregación de preferencias o que simplemente legitima acuerdos privados o negociaciones ocultas sino que debe constituirse en una deliberación pública, en la cual los representantes de los ciudadanos, sin olvidar los intereses de los votantes que los eligieron, sin embargo discuten públicamente y ofrecen razones sobre cuál es la mejor decisión que puede adoptarse en un determinado punto”.
De allí que la jurisprudencia le confiera a la fundamentación de las iniciativas legislativas un importante papel en el control del proceso de formación de la ley(22).
“... las normas penales se caracterizan precisamente porque a un supuesto de hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida de seguridad, según el caso. De allí que al introducir una modificación a la pena se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines de prevención y resocialización. Esa variación en la naturaleza o en la intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos político-criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible”.
De lo anterior se sigue una importante conclusión, del todo relevante para el análisis del caso en concreto: el aumento injustificado de penas deviene en una medida arbitraria y lesiva de la garantía fundamental de proporcionalidad. Pues, de una parte, se trataría de una determinación excesiva por ausencia de idoneidad, en tanto la falta de justificación impide el emprendimiento de un juicio de vinculación entre medios y fines; de otra, también se atentaría contra el valor justicia —integrado por los conceptos de proporcionalidad, alteridad e igualdad(23) y referente obligatorio de la función retributiva de la pena—, el cual, estando consignado en el preámbulo y los artículos 2º y 230 de la Constitución, adquiere signo normativo condicionante de la interpretación del ordenamiento infraconstitucional.
Además, si se admitiese un incremento punitivo infundado, resultaría nugatoria la dignidad humana, ya que, desconociendo que esta implica concebir al hombre como un fin en sí mismo(24); y, entonces, pregonar el irrestricto respeto por su autonomía e identidad como persona, el derecho se entronizaría como un objeto autojustificable, perdiendo la dignidad su razón de ser como fundamento antropológico del Estado constitucional.
3.5. Actual situación punitiva del delito de extorsión, a partir de la expedición de la Ley 599 de 2000.
3.5.1. Con la expedición del actual Código Penal, el delito de extorsión fue regulado en el artículo 244 en los siguientes términos: “El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ocho a quince años”.
Mediante el artículo 5º de la Ley 733 de 2002 —por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión y se expiden otras disposiciones—, la norma fue modificada en el sentido de aumentar la pena de prisión e incluir la de multa: “El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de doce a dieciséis años y multa de seiscientos a mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
La justificación del aludido incremento punitivo se encuentra en la exposición de motivos del proyecto de Ley 76 de 2001 Cámara —publicado en la Gaceta Nº 380 de 2000—, cuyo tenor literal dicta:
“Con la expedición del nuevo código penal las sanciones para las conductas punibles de secuestro, extorsión y conexos fueron disminuidas en relación con las normatividades antes relacionadas. Sin embargo, tales conductas siguen consolidándose como una verdadera industria y un negocio de gran rentabilidad para los grupos subversivos, narcotraficantes y delincuencia común, complicándose aún más la preocupante situación con la práctica de esta modalidad delictiva por parte de los mal llamados paramilitares.
Actualmente la principal motivación que guía los secuestros y las extorsiones, es de tipo económico, convirtiendo a las personas en objetos de comercio o en mercancías, afectando entre otros bienes, la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos, que solo tienen valor para los delincuentes, siempre que puedan representar una retribución económica, beneficio o utilidad, conductas estremecedoras que se convierten en execrables, originando en la sociedad repudio y clamor por una mayor severidad en las sanciones, que sean consecuentes con su gravedad, y por una real efectividad de las funciones de la pena de prevención general y especial, retribución y reinserción social.
No se puede perder de vista que el incremento de delitos de semejante gravedad cometidos contra derechos esenciales del ser humano, tales como la vida, la libertad, la dignidad, la convivencia pacífica, la familia, la intimidad, y que el secuestro y la extorsión, o sus solas amenazas, perturban la convivencia ciudadana, afectando la estabilidad de las instituciones y la seguridad del Estado, razones por las cuales es deber de las autoridades, dentro de la concepción del Estado social de derecho y dada la importancia que a los derechos fundamentales otorga la Carta Política, el establecimiento de una pena consecuente, y ante todo de un tratamiento punitivo aleccionador y preventivo, aplicando las más rígidas sanciones con objeto de que produzcan un impacto que sea acorde con la magnitud de las conductas punibles cometidas y con la prevalencia de los bienes jurídicos vulnerados”.
Ahora, si bien dicho incremento punitivo, en concreto, no ha sido examinado en su constitucionalidad, en la Sentencia C-762 de 2002, la Corte Constitucional, destacando las razones consignadas en la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, avaló el contexto de endurecimiento de penas, bajo los siguientes argumentos:
“5.6. Si el legislador, en desarrollo de una política criminal preestablecida, ha optado por otorgar un tratamiento represivo más severo para delitos como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y, en fin, para todos aquellos que a su juicio causan un mayor impacto y daño a la comunidad, es completamente legítimo que procure que sus autores sean objeto de los mayores cuidados, buscando con ello dar un estricto cumplimiento al reproche social impuesto para este tipo de conductas, y al restablecimiento de la tranquilidad, la seguridad y la confianza en las autoridades que, a su vez, tienen el compromiso ineludible de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos” (C.P., art. 2º).
3.5.2. Con posterioridad, el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 —por medio de la cual se modificó y adicionó el Código Penal—, a través de un aumento genérico de penas para los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, agravó los límites punitivos fijados por el artículo 5º de la Ley 733 de 2002.
El mencionado precepto dispone: “Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley...”.
Tal incremento punitivo, como se verá, echa raíces en la implementación del esquema procesal penal introducido mediante el Acto Legislativo 3 de 2002, cuyo artículo 4º facultó a la comisión redactora para expedir, modificar o adicionar el Código Penal, a fin de armonizarlo con el “nuevo sistema”.
Así se desprende tanto de los motivos expuestos en los proyectos de Ley Estatutaria 01/2003 Senado y 251/2004 Cámara como de las discusiones llevadas a cabo en el marco del proceso legislativo.
Efectivamente, según se advierte en la Gaceta del Congreso Nº 345 de 2003, donde se publicó el proyecto de Ley Estatutaria 01/2003, el artículo 48 contemplaba un aumento generalizado de penas de prisión en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, propuesto en función de los siguientes argumentos:
“El artículo cuarto transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002 facultó a la comisión constitucional redactora para expedir, modificar o adicionar el Código Penal en aquello relacionado con el nuevo sistema.
La reciente reforma al Código Penal, que entró en vigencia a partir del 24 de julio de 2001, exigía de la comisión un cuidadoso y equilibrado estudio, pues si bien con la Ley 599 de 2000 se había logrado la adecuación de la normatividad penal al bloque de constitucionalidad, también se avanzó hacia un derecho penal de bases más sólidas y modernas que en este momento está siendo desarrollado por los funcionarios judiciales, en general, y especialmente por la doctrina, creándose una ”nueva escuela” de pensamiento basada en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia, con sólidas raíces en la ciencia y en la vivencia de nuestro país.
Así, en ejercicio de un verdadero equilibrio, se unieron el reconocimiento por la tarea emprendida hace dos años y la necesidad de velar por el cumplimiento de protección a la sociedad colombiana, con la adopción de normas que de manera estricta pero respetuosa del mandato constitucional, permitan el cumplimiento de los fines de la pena, como son la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección del condenado.
Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé los mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modificaron las penas y se dejó como límite la duración máxima de sesenta años de prisión, excepcionalmente, para los casos de concurso y, en general, de cincuenta años”.
De esta manera, desde los antecedentes más remotos de la Ley 890 de 2004, fácil se advierte que el propósito asignado al aumento generalizado de penas, hoy concretado en su artículo 14, surgió como medio idóneo para permitir la aplicación de acuerdos y negociaciones.
Luego de haberse presentado la ponencia para primer debate, en la cual los referidos aumentos de penas figuraban individualizados frente a cada tipo penal (art. 10)(25), la Comisión Primera del Senado(26) modificó la propuesta de efectuar los incrementos de manera singularizada, para acoger una fórmula en la que aquellos habrían de aplicarse a la totalidad de delitos consagrados en la parte especial del Código Penal.
Así, entonces, el mencionado artículo 10 quedó del siguiente tenor:
“Las penas de prisión previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley...”(27).
A la hora de efectuar dicha modificación, en el informe de ponencia para segundo debate se enfatizó en que las reformas al Código Penal se fundamentan en el propósito de acompasar las disposiciones sustanciales con la estructura del esquema procesal previsto en el Acto Legislativo 3 de 2002. Al respecto, se lee en el aludido documento:
“El citado texto del artículo 4º del Acto Legislativo 3 de 2002 señala con claridad que la modificación y adición de los cuerpos normativos correspondientes, incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de hábeas corpus, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el estatuto orgánico de la Fiscalía, tienen el propósito exclusivo de adoptar el remozado sistema de procedimiento penal y, por tanto, las disposiciones que pueden ser objeto de valoración por parte del Congreso deben guardar relación directa con aquellos asuntos que en el Código Penal aluden a aspectos que permiten el cabal desarrollo del sistema acusatorio”.
“Por las anteriores razones, se hace necesario replantear el modelo de aumento de penas del proyecto. Para el efecto, la comisión de ponentes ha considerado que deben eliminarse las penas específicas de los delitos que fueron listados en forma separada de la regla general. Así, se propone un aumento general de penas mínimas y máximas para mantener una proporcionalidad razonable entre la sanción correspondiente a estos delitos y la del resto de conductas contempladas en el Código Penal. Esta modificación exige, en todo caso, que se adicione el texto del artículo respectivo con una disposición que establezca que en los delitos en los que se aplica la pena más alta de prisión contemplada hoy en el código 40 años, se tendrá como pena máxima el nuevo límite de 50 años, y no el de 60 años que se obtendría al aumentar el máximo de acuerdo con la regla general. Esta disposición cubrirá, en consecuencia, las conductas de genocidio, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, toma de rehenes, desaparición forzada agravada y secuestro extorsivo agravado. Una pena superior a cincuenta años procedería, entonces, solo en los casos de concurso de hechos punibles tal y como ha quedado dicho”.
Desde entonces, la referida redacción se mantuvo en los mismos términos(28), al tiempo que, en el transcurso de los debates, las células legislativas mantuvieron consciencia sobre la naturaleza instrumental del aumento de penas, en referencia a la aplicación de un esquema procesal contentivo de mecanismos de justicia premial. De tal suerte, en el informe de ponentes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de cara al primer debate en esa corporación —tercero en el trámite legislativo— se expuso:
“Así pues, el texto aprobado por el Senado está conformado, por una parte, por una serie de disposiciones relativas a la dosificación de la pena, por otra parte a la creación de nuevos tipos penales o a la modificación o adición de los existentes, y en tercer lugar por la modificación parcial de las disposiciones vigentes sobre la libertad condicional y suspensión de la ejecución condicional de la pena.
El primer grupo de normas, que corresponde a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 9º, está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal”(29).
Finalmente, luego de las respectivas conciliaciones(30), se expidió la Ley 890, promulgada en el Diario Oficial Nº 45.602 del 7 de julio de 2004, en la cual se incorporó el actual artículo 14, transcrito anteriormente.
Esa comprensión, valga resaltar, ha sido acogida y ratificada por la Sala en varios pronunciamientos. Por ejemplo, en la sentencia del 1º de junio de 2006, dictada dentro del proceso radicado con el Nº 24.890, esta corporación puntualizó:
“Para llegar a tal conclusión, la Sala examinó el contenido de los debates que precedieron a la aprobación de la Ley 890 de 2004 al interior del Congreso de la República (proyecto de Ley 251 de 2004 en la Cámara y 01 de 2003 en el Senado), en donde se concluyó fundamentalmente que por virtud de los mecanismos de negociación y preacuerdos estipulados en el nuevo sistema, resultaba indispensable incrementar las penas establecidas en la Ley 599 de 2000 para permitir un ‘margen de maniobra a la Fiscalía’ e imponer penas que ‘guarden proporción con la gravedad de los hechos’”.
En sentencia de 21 de marzo de 2007, proferida dentro del proceso Nº 26.065(31), la Sala expuso que, “como la razón de ser del aumento general de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 fue habilitar los mecanismos de allanamientos y acuerdos que surgen de la implementación del denominado sistema penal acusatorio de la Ley 906 del mismo año, su aplicación queda supeditada a la vigencia gradual de este”.
En consonancia con tales premisas, ejerciendo su función de juez de aforados constitucionales, la Corte clarificó que a los congresistas responsables penalmente no les resultan aplicables las penas con el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, por cuanto su juzgamiento se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000(32). En función de dicha tesis, se efectuaron las siguientes consideraciones:
Todas estas referencias al artículo 14 de la Ley 890 de 2004, destaca la Corte, tienen lugar por cuanto, como a continuación se verá, inciden en la determinación de las consecuencias punitivas del delito de extorsión, con referencia al cual el legislador prohibió, entre otros beneficios y subrogados, la concesión de rebajas de pena por aceptación de cargos.
3.5.3. En efecto, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, por medio de la cual se dictaron normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo, preceptúa:
“Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada(33) y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz”.
“Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa al momento de diseñar el proceso penal, y por ende, de conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al juez constitucional determinar qué comportamiento delictual merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, más severo que otro, decisión que, en un Estado social y democrático de derecho, pertenece al legislador quien, atendiendo a consideraciones ético-políticas y de oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de ejecutarlas(34). En efecto, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional”.
En consonancia con tal postura, la jurisprudencia especializada ha venido entendiendo que las rebajas de pena por allanamiento a cargos o preacuerdo, reguladas en la Ley 906 de 2004, no tienen cabida para los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006(35).
En ese contexto, la Sala inicialmente entendió que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 dejó de ser aplicable a partir de la entrada en vigencia de las Leyes 890 y 906 de 2004, por haber operado una derogatoria tácita; así lo reconoció al admitir que(36):
“Con la entrada en vigencia de las leyes 890 y 906 de 2004, a través de las cuales el legislador modificó el Código Penal e implementó el sistema de enjuiciamiento oral en materia penal, respectivamente, la Corte concluyó que había operado una derogatoria tácita de la norma en mención, y por ende, de las prohibiciones consagradas en ellas, luego de analizar las enmiendas que las nuevas disposiciones introdujeron a algunos de los institutos mencionados en ella y de examinar la compatibilidad de las referidas prohibiciones con la filosofía del nuevo sistema.
En síntesis, las prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 no son aplicables a los delitos de secuestro, extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo y conexos cometidos a partir del primero de enero de 2005, en los distritos en los que rige a plenitud la Ley 906 de 2004...”.
Esta hermenéutica la sostuvo la Corte durante algún tiempo(37), hasta cuando la Ley 1121 de 2006 reprodujo en su mayoría el texto del artículo 11 de la Ley 733 de 2002. Por ende, la Sala admitió que las prohibiciones mencionadas en la Ley 1121 operaban para los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos cometidos en su vigencia, sin importar el sistema procesal que rigiera la actuación, pues imperaba tanto para procesos regidos por la Ley 600 de 2000 como para asuntos gobernados por la Ley 906 de 2004. Esto, en atención a que, habiendo sido reproducida la norma, la misma suerte debía correr la forma en que tal precepto se aplicaba.
A ese respecto, en la sentencia del 29 de julio de 2008, proferida dentro del proceso radicado con el Nº 29.788, se asevera:
“Es decir, siendo consecuente con los principios que rigen la Ley 906 de 2004, la Sala consideró pertinente restarle efecto jurídico a una norma que se mostraba incongruente con el nuevo sistema procesal penal, advirtiendo por supuesto que, ello sería así, salvo que el legislador optara de manera inequívoca por reproducir nuevamente el precepto normativo con fundamento en razones de política criminal”.
Desde entonces se viene considerando que, comoquiera que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 fue reiterado por el legislador en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 por razones de política criminal(38), la prohibición de rebaja de pena por aceptación unilateral o negociada de cargos para los procesos rituados por la Ley 906 de 2004 es improcedente por expresa prohibición legal.
3.5.4. Recapitulando, la actual punibilidad del delito de extorsión está determinada a partir de la tipificación inicial del Código Penal, junto a los aumentos de penas, específico y genérico, de que tratan los artículos 5º de la Ley 733 de 2002 y 14 de la Ley 890 de 2004, respectivamente, sin que procedan rebajas por allanamiento o preacuerdos, en virtud del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.
Esa comprensión, según se expondrá enseguida, habrá de modificarse —impactando también lo concerniente a los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo y conexos—, bajo el postulado según el cual la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, tiene la potestad de variar su jurisprudencia, conforme a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, en consonancia con los precedentes constitucionales(39) y especializados(40)pertinentes.
Bajo ese panorama, pese a admitirse la legitimidad de la prohibición de descuentos punitivos (L. 1121/2006, art. 26), en tanto medida de política criminal en lo procesal(41), salta a la vista una inocultable y nefasta consecuencia, a saber, el decaimiento de la justificación del aumento de penas introducido mediante el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 o, lo que es lo mismo, la desaparición de los fundamentos del plurimencionado incremento punitivo.
En esas circunstancias, retomando las consideraciones efectuadas en lo atinente a la proporcionalidad y su nexo con el valor justicia, cabe subrayar, siguiendo a Gustav Radbruch(42), que ante una manifiesta contradicción entre el derecho y la justicia, esta debe prevalecer:
“Con el poder podrá quizás fundarse una obligación, pero jamás un deber y una validez. Estas se fundan mucho más en un valor inherente a la ley; por supuesto, toda ley positiva lleva un valor en sí misma, independientemente de su contenido: es siempre mejor que la falta de ley, pues crea seguridad jurídica. Pero seguridad jurídica no es el único y decisivo valor que deba realizar el derecho.
El conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debió resolverse con la primacía del derecho positivo sancionado por el poder, aun cuando por su contenido sea injusto e inconveniente, a no ser que la contradicción de la ley positiva con la justicia alcance una medida tan insoportable, que deba considerarse ‘como falso derecho’ y ceder el paso a la justicia”.
Siguiendo dichos derroteros, en el marco del ejercicio del control difuso de constitucionalidad, la Sala ya había destacado el poder que le asiste al juez para modular o condicionar la validez de la ley a los contenidos constitucionales(43):
“8. En ese orden de ideas, dígase finalmente que el juez ya no es la ‘boca de la ley’ a la manera de Montesquieu en el Estado liberal de derecho, sino el ‘cerebro y la conciencia del derecho’ a través de la jurisprudencia de principios en el Estado constitucional de derecho, que le permite ser legislador positivo al modular o condicionar la validez de la ley, y legislador negativo, a la manera de Gargarella, al poder excluir del firmamento del derecho una ley inválida, como aquella que no se rigió en su trámite de creación por el mandato constitucional o que desconoce el capital axial superior, a través de los controles directo o difuso de constitucionalidad, este último que, a partir de la Constitución de 1991, puede ejercer cualquier juez de la República por aspectos formales o de procedimiento y materiales”(44).
Ahora, conviene poner de manifiesto que, aún haciendo abstracción del aumento punitivo contenido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en los delitos contenidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, se cumple debidamente el mandato de protección constitucional atribuido al derecho penal —expresado en la función de prevención especial predicable de la pena de prisión—, al tiempo que se mantiene una justa retribución en relación con la gravedad de las aludidas conductas punibles.
De una parte, la valoración político criminal emprendida a la hora de fijar los límites punitivos en el Código Penal y las posteriores reformas (en el caso de la extorsión: C.P., art. 244 y L. 733/2002, art. 5º) sigue intacta, pues la inaplicación del aumento genérico de penas que trajo la Ley 890 solamente implica suprimir una medida excesiva y desproporcionada; de otra, mal podría hablarse de impunidad y de un trato benigno por parte del Estado a extorsionistas, secuestradores y terroristas, dado que, además de las altas penas asignadas a ese tipo de delincuencia, la mayor dureza en su persecución y castigo también se expresa a través de aspectos procedimentales como la prohibición de conceder rebajas de pena y otros beneficios que, inclusive, se extienden hasta la imposibilidad de redención especial de pena por trabajo y estudio(45).
Adicionalmente, ha de precisarse que en asuntos como el aquí analizado, mal podría abstenerse la Sala de restaurar la conculcada garantía de proporcionalidad de la pena, bajo el argumento de que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Pues, además de que la ratio decidendi de la Sentencia C-238 de 2005 únicamente versó sobre el principio de tipicidad o estricta legalidad —en respuesta a un cargo de supuestas imprecisiones o ambigüedades de la norma—, sin que se efectuara ninguna consideración en torno a la máxima de prohibición de exceso, lo cierto es que, en el sub examine la vulneración del principio de proporcionalidad de la pena, por decaimiento de los fundamentos legitimantes del aumento punitivo, entraña una inconstitucionalidad sobreviniente por nuevos hechos legales normativos, eventualidad que, según la Sentencia C-287 de 2009, tiene lugar cuando “la reforma de una disposición legal implica la modificación de aspectos sustantivos del precepto o de otras regulaciones que inciden en la determinación de sus proposiciones normativas, de modo tal que la norma resultante viola disposiciones constitucionales”.
3.7. Redosificación punitiva.
De conformidad con lo previsto en el artículo 244 del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 733 de 2002, los límites punitivos para el delito de extorsión son de 12 a 16 años de prisión y multa de 600 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales; extremos que, según el artículo 27 del Código Penal, se disminuyen de la mitad a la cuarta parte, respectivamente. Así, en definitiva, los límites son de 6 a 12 años de prisión y multa de 300 a 900 salarios mínimos.
Ahora, dado que al momento de individualizar la sanción el juzgado 2 penal municipal con función de conocimiento de Popayán impuso las penas en el mínimo del primer cuarto(46), la Sala, respetando los lineamientos para efectuar tal dosificación, condenará a Daniel Fernando Angulo Gómez a las penas principales de 6 años de prisión y 300 salarios mínimos legales mensuales de multa, conjuntamente con la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, dejando incólumes los demás aspectos de las sentencias de instancia.
3.8. Cuestión final: exhortación a la consistencia de la política criminal.
Desde luego, por tratarse de asuntos de naturaleza política, no es la judicatura la llamada a definir los criterios conforme a los cuales el Estado ha de configurar el ejercicio del poder punitivo. Sin embargo, ello no obsta para que la Sala, como máximo organismo de la justicia ordinaria en materia penal, llame la atención sobre circunstancias que posteriormente determinarán la debida o indebida aplicación del derecho, tanto más cuanto, a la luz del artículo 250 de la Constitución, modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 3 de 2002, la política criminal fue concebida como un criterio relevante a la hora de racionalizar el ejercicio del ius puniendi.
Sobre el particular, en la sentencia del 5 de noviembre de 2008(47), ya había advertido esta colegiatura:
“Frente a esta consideración, y sin perjuicio de la competencia que le asiste a la Corte Constitucional para juzgar la constitucionalidad de las leyes, la Corte no podría culminar sin dejar de expresar al alto gobierno y particularmente al Congreso de la República, su creciente preocupación por la manifiesta inflación legislativa que observa, específicamente en lo atinente al aumento indiscriminado y desmesurado de penas y la supresión de beneficios de toda índole por la realización de específicos tipos de conductas punibles, mediante la expedición de un cúmulo de normas, las cuales, las más de las veces, no obedecen al resultado de estudios políticos, criminológicos o sociológicos serios, sino al mero capricho de quienes las proponen o aprueban, cuando no al interés de un sector de la economía o de la política, en desmedro de caras garantías fundamentales y principios inherentes al concepto de Estado social y democrático de derecho, tales como los de igualdad, legalidad, favorabilidad y proporcionalidad, para solo mencionar algunos de ellos.
La Corte hace saber que de continuar esta tendencia, los procesos penales que en condiciones de normalidad deberían terminar a la mayor brevedad posible a través de sentencias anticipadas proferidas de conformidad con el imputado, por fuerza de una normativa expedida sin contar con estudios criminológicos, sociológicos o estadísticos previos que le sirvan de fundamento, deben continuar su curso en etapa de juicio, surtir todas las fases ordinarias del trámite, y llegar incluso a casación, con el resultado de generar mayores grados de congestión en los despachos judiciales, incluyendo por supuesto a la Corte, con evidente perjuicio para los derechos de las víctimas, los acusados y el conglomerado en general, pues mientras la sentencia no se encuentre en firme, no resulta de obligatorio cumplimiento”.
Así, frente a un sistema ineficiente, congestionado y desfigurado en algunos de sus componentes, preocupa la posibilidad de un colapso que conlleve al fracaso del sistema, el cual la Sala se rehúsa a admitir. No solo porque las bondades que el modelo representa en términos de garantías son innegables —por citar algunos referentes: primacía de la libertad, reserva judicial para la afectación de derechos fundamentales, amplitud del ejercicio del derecho de contradicción y mayor protección a las víctimas—; también, porque es consciente de que, debidamente engranado y provisto de las herramientas adecuadas, el modelo escogido está en capacidad de lograr el objetivo de consolidar una administración de justicia penal eficaz y eficiente(48).
Orientados por ese propósito, tanto el constituyente como el legislador concibieron la flexibilización de las formas procesales a manera de paradigma adecuado para viabilizar la aplicación de mecanismos alternativos de solución del conflicto penal, distintos a la completa tramitación del juicio —alegaciones unilaterales o preacordadas de culpabilidad, principio de oportunidad y figuras de justicia restaurativa—.
Tal aserto se extracta de los antecedentes del Acto Legislativo 3 de 2002, en cuyo proyecto (Nº 237 de 2002 Cámara), junto al objetivo de ajustar el proceso al principio acusatorio, el Gobierno Nacional expresó la necesidad de dotar al país de un esquema procesal moderno, ágil, eficiente y respetuoso de los derechos de los intervinientes. Ello, en respuesta a la “dramática situación de la rama penal del poder judicial, toda vez que la inoperancia del sistema hace que, aun a pesar de los múltiples esfuerzos de los funcionarios, las decisiones sean demoradas, es decir, la justicia sea ineficaz”(49).
Sobre tal realidad también discurrió el Proyecto de Ley 339 de 2003 Cámara(50) —que antecedió a la Ley 906 de 2004—, en los siguientes términos:
“De acuerdo con estadísticas de la Dirección Nacional de Fiscalías, en el año 2.000 ingresaron a la Fiscalía por asignación 589.403 investigaciones previas, salieron 605.563 y quedó un acumulado de 308.575 para el mes de enero siguiente; para el año de 2001 ingresaron 747.427 (158.024 más que el año anterior, equivalentes al 26,81%), salieron 659.180 y, a pesar de que se superó el número de asuntos despachados en la antecedente anualidad, quedó un acumulado de 396.396 (87.821 más, equivalentes al 22,15%); para el año 2002 ingresaron 913.911, lo cual significa un aumento de 165.789 (22,18% más), salieron 822.550, es decir, se evacuaron 163.370 asuntos más que el año anterior, pero, a pesar del trabajo significativo, ya se computa un acumulado de 484.651 (88.255 más que el año anterior, que equivale al 22,26%).
De modo que, frente a la complejidad del problema y el crecimiento desmesurado de la delincuencia, cobra renovado vigor el argumento económico, pues no basta la represión formalmente dispuesta para todos los hechos con trazas de delito, cuando en la realidad no alcanzan las potencialidades físicas ni los recursos para perseguir inclusive conductas de importancia reducida, lo cual significa que ‘de hecho’ muchas investigaciones tengan que esperar un turno en los anaqueles y, a veces, el único que les llega es el de la prescripción de la acción penal, no por negligencia de los funcionarios sino porque a lo imposible nadie está obligado. Por ello, resulta más sensato y realista regular el fenómeno de crecimiento de demanda en materia de justicia penal, que de hecho obliga a que los fiscales establezcan prioridades bienintencionadas y a veces equivocadas, para implantar una fórmula equilibrada de principio de oportunidad, como la que se pretende regular en el nuevo Código de Procedimiento Penal, porque finalmente la discrecionalidad de la Fiscalía queda atemperada por una regulación legal de los casos y el control del juez que ejerce dicha función.
La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, hecha en un documento denominado “Simplificación de la justicia penal”, aprobado el 17 de septiembre de 1987, ante el aumento de la criminalidad y el consiguiente retraso de la justicia penal, entre otras medidas, aconseja definir prioridades en la conducción de la política criminal en relación tanto con la forma como con la sustancia.
Sin duda, escasean los medios personales y materiales para perseguir la criminalidad, pero tal deficiencia se ve agravada por la falta de realismo del legislador. Al legislador le resulta más fácil y, sobre todo, más barato tipificar determinadas conductas como delito y aumentar las penas, en cambio de adoptar medidas eficaces de política social. Pretender que la desviación social puede combatirse únicamente mediante nuevas leyes de creación de delitos y aumento de penas conduce a una sobrecriminalización”.
La concesión de rebajas de pena por aceptación unilateral o preacordada de cargos, hay que decirlo, no es inherente a la caracterización acusatoria del proceso(51) —cuyos rasgos definitorios se reducen a: i) el ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al juez; ii) la delimitación del proceso en fases de investigación y juzgamiento, conferida a organismos diferentes, con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del juez sentenciador, y iii) la relativa vinculación del tribunal a las pretensiones de las partes(52)—. Sin embargo, la correcta funcionalidad de los allanamientos y preacuerdos —así como del principio de oportunidad(53)— sí constituye un componente de suma importancia para el logro de una justicia eficaz y eficiente, como lo pretendió el constituyente derivado.
No obstante, haciendo abstracción de dicha realidad y denotando una absoluta falta de consistencia en la política criminal —caracterizada por ser reactiva; carente de fundamentación empírica; incoherente; alejada de una perspectiva de derechos humanos; tendiente al endurecimiento de penas; poco reflexiva frente a los desafíos del contexto colombiano y subordinada a la política de seguridad(54)—, las iniciativas legislativas en materia penal y procesal penal, a la batuta de un exacerbado populismo punitivo, han venido restringiendo las posibilidades de aplicación de mecanismos de justicia premial, sin considerar que, lejos de avanzar en el afianzamiento de una pronta, cumplida y adecuada justicia, están perjudicando la funcionalidad del sistema y consolidando su inoperancia.
“Los crecientes ingresos al sistema, sumados a una capacidad de evacuación del 44.8% que resulta insuficiente para contrarrestarlos, han derivado en que a sus cortos cinco años de vigencia el sistema penal acusatorio ya cuente en sus inventarios con 1.174.191 noticias criminales, de las cuales más de un 90% se encuentra en etapa de indagación. Esta cifra resulta particularmente inquietante, cuando se observa que el total de ingresos en el año 2009 (986.064) supera el número total de casos que han sido evacuados durante sus cinco años de vigencia (955.799), por lo cual de no tomarse correctivos inmediatos, la carga del sistema podría volverse incontrolable”(55).
Entretanto, la problemática de congestión se ha venido agravando; pues, con referencia a informes del periodo 2010-2011, ya se hablaba de alerta roja en el sistema judicial, dado el represamiento de casi un millón y medio de noticias criminales en la Fiscalía y un hacinamiento carcelario del 33%(56).
Y no podía ser de otra manera, por cuanto, junto a otros factores regresivos, los recortes a los mecanismos de terminación anticipada del proceso —con las consecuentes prohibiciones de rebaja de pena y prohibición de beneficios favorables a la libertad personal— conducen inexorablemente a la congestión judicial, en tanto, careciendo de los recursos económicos, humanos y logísticos suficientes para procesar ordinariamente todas las causas, el sistema no puede atender con suficiencia la demanda de justicia penal, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de impunidad y deslegitima la labor de la judicatura.
En consecuencia, la Corte reitera su llamado de atención a las instancias legislativas y gubernativas competentes, a fin de que, de una vez por todas, la política criminal en Colombia transite por los senderos que dictan tanto la Constitución como la racionalidad instrumental de las medidas procesales implementadas con ocasión del Acto Legislativo 3 de 2002(57). Se trata, entonces, de lograr coherencia, consistencia y permanencia en los lineamientos para el tratamiento de los fenómenos delictivos, sin desconocer que la fijación de las penas debe responder a criterios de proporcionalidad y que el sistema penal ha de articular con fina precisión las medidas penales sustanciales con los efectos que, a través del proceso, pretende materializar el Estado social y democrático de derecho.
Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz, con salvamento de voto—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.
En atención a que discrepo totalmente de lo argumentado y decidido por la Sala mayoritaria en la sentencia de casación del 26 de febrero de 2013 por medio de la cual se dispone casar oficiosa y parcialmente el fallo del a quo, en el sentido de reducir las penas de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y multa, impuestas a Daniel Fernando Angulo Gómez como autor del delito de tentativa de extorsión, procedo a plasmar las razones de mi disentimiento.
En la citada determinación se aduce que como el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 incrementó las penas a fin de permitir un margen de maniobra a la Fiscalía en procura de conseguir fallos anticipados por vía de los acuerdos y allanamientos, pero como el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 priva de rebajas punitivas por tales factores de culminación antelada, entre otros, a los procesados por el delito de extorsión, se colige que no es procedente el incremento de pena dispuesto en aquella norma, pues ello viola el principio de proporcionalidad de la sanción.
Es importante recordar que si bien en el proyecto de Ley 208 que cursó en el Senado (138 en Cámara), “por el cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, no aparecía en un principio el citado precepto prohibitivo de beneficios, en las modificaciones efectuadas por los ponentes Germán Vargas Lleras, Ciro Ramírez Pinzón, Mario Uribe Escobar y Héctor Helí Rojas se introdujo tal norma, cuya inclusión fue aprobada por la Comisión Primera del Senado de la República(7), la cual únicamente fue modificada ulteriormente al marginar el delito de secuestro simple e incluir el punible de financiación del terrorismo.
Si según a una regla interpretativa de vieja data donde el legislador no distingue es improcedente que el intérprete lo haga, no resulta plausible desvertebrar el alcance de los preceptos sin sujeción al imperio de la ley para arribar a una interpretación ajena a la voluntad del legislativo y a las deducciones posibles del texto legal analizado.
(1) En la Sentencia C-820 de 2006, la Corte Constitucional advirtió que la cláusula Estado constitucional se explica en virtud de la transición del imperio de la ley, principio propio del Estado de derecho, a la máxima de primacía de la Constitución.
(2) Cfr., entre otras, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencias 1º de octubre de 2009, Radicación 29.110; 13 de mayo de 2009, Radicación 31.362; 8 de agosto de 2005, Radicación 18.609; 26 de abril de 2006, Radicación 24.612; 23 de agosto 2006, Radicación 25.745; 19 de octubre de 2006, Radicación 19.499; y 18 de noviembre de 2008, Radicación 29.183.
(3) Bien sabido es que “ha habido una constitucionalización del derecho penal porque, tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados —particularmente en el campo de los derechos fundamentales— que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance”. Así: Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 1995. En idéntico sentido, cfr. sentencias C-176 de 1994, C-609 de 1996 y C-646 de 2001.
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 2002.
(5) Mir Puig, Santiago. El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, pág. 37.
(6) Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Buenos Aires: B de f, 2ª ed., 2003, pág. 53.
(7) Roxin, Claus. La teoría del delito en la discusión actual. Lima: Grijley, 2007, pág. 79.
(8) Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal, pág. 57.
(9) Al respecto, ibídem, págs. 125-148.
(10) Bunzel, Michael. La fuerza del principio constitucional de proporcionalidad como límite de la protección de bienes jurídicos en la sociedad de la información. En: Hefendehl, Roland, Von Kirsch, Andrew y Wohlers, Wolfgang (eds.). La teoría del bien jurídico. Madrid: Marcial Pons, 2003, pág. 151.
(11) Indiscutiblemente, del catálogo de límites al derecho a imponer penas hacen parte la naturaleza subsidiaria y el carácter fragmentario del derecho penal, su finalidad de protección de bienes jurídicos, las diversas expresiones del principio de legalidad y el principio de culpabilidad.
(12) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-565 de 1993.
(13) Cfr., entre otras, Corte Constitucional, Sentencia C-647 de 2001.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1996. En el mismo sentido, sentencias C-118 de 1996 y C-148 de 1998.
(15) Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal, págs. 142-143.
(16) En ese sentido, cfr. Corte Constitucional, sentencias C-103 de 1997, C-1490 de 2000 y T-596 de 1992.
(17) Sobre la connotación de garantía fundamental del principio de legalidad de la pena, cfr. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencias 27 de junio de 2012, Radicación 38.607; 6 de junio de 2012, Radicación 36.846; 10 de octubre de 2012, Radicación 36.860 y 6 de junio 2012, Radicación 25.767, entre otras.
(18) Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1996.
(19) Bernal Pulido, Carlos. El Derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, págs. 134-135.
(20) Al respecto, cfr., entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencias C-022 de 1996, C-309 de 1997, C-457 de 1997, C-1410 de 2000; C-392 de 2002, C-670 de 2004 y C-296 de 2012.
(21) Así, Corte Constitucional, Sentencia C-670 de 2004, citando a Borowski, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, pág. 131. También, Bernal Pulido, Carlos, ob. cit., págs. 135-138.
(22) Al respecto, cfr. Corte Constitucional, sentencias C-501 de 2001, C-737 de 2001 y la aclaración de voto del Magistrado Rodrigo Uprimny Yepes en la Sentencia C-668 de 2004.
(23) Legaz y Lacambra, Luis. La filosofía del derecho. Barcelona: Bosch, 1979, págs. 345-346.
(24) Dicha concepción antropocéntrica del Estado social de derecho está inspirada en la segunda fórmula del imperativo categórico kantiano: “obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio”: En: Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 429. Al respecto, cfr. Corte Constitucional, sentencias C-542 de 1993, T-090 de 1994, C-045 de 1998, C-521 de 1998, T-556 de 1998 y T-587 de 1998.
(25) Gaceta del Congreso Nº 642 de 2003.
(26) Gaceta del Congreso Nº 066 de 2004.
(27) Gaceta del Congreso Nº 111 de 2004.
(28) Cfr. Gacetas del Congreso Nº 135, 137, 142 —aclaratoria— y 178 de 2004.
(29) Gaceta Nº 178 de 2004.
(30) Gacetas Nº 284 y 287 de 2004.
(31) Ratificada mediante múltiples sentencias: 29 de julio de 2008, Radicación 27.263 y 23 de enero de 2008, Radicación 28871, entre otras.
(32) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia del 18 de enero de 2012, Radicación 32.764.
(33) Cabe destacar que si bien este precepto solo se ocupó de la prohibición del descuento punitivo por sentencia anticipada, regulado en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, la comprensión que de dicho canon ha hecho la Sala fue la de extender sus efectos a la aceptación de imputación, figura propia de la Ley 906 de 2004. Así: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, Sentencia del 29 de julio de 2008, Radicación 29.788.
(34) Ver al respecto, L.A. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, 1968 y Lopera M, G, Principio de proporcionalidad y ley penal, Madrid, 2006, pág. 144.
(35) Desde luego, clarificando que la disminución punitiva por indemnización de perjuicios de que trata el artículo 269 del Código Penal sí es procedente. Cfr.: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencia de 6 de junio de 2012, Radicación 35.767.
(36) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencia de 14 de marzo 2006, Radicación 24.052.
(37) Tal como se puede comprobar en decisiones del 1º de julio 2006, Radicación 24.764; 6 de julio de 2006, Radicación 24.230; 7 de febrero de 2007, Radicación 26.121; 25 de abril de 2007, Radicación 23.291; 6 de junio de 2007, Radicación 25.813, 18 de junio de 2008, Radicación 29.808 y 4 de febrero de 2009, Radicación 26.569, entre otras.
(38) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencia de 1 de julio de 2009, Radicación 30.800.
(39) Corte Constitucional, Sentencia SU-047 de 1999.
(40) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencias 22 de junio de 2011, Radicación 35.943 y 6 de junio de 2012, Radicación 35.767, entre otras.
(41) La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha considerado que el legislador puede limitar la concesión de beneficios penales, en función de la gravedad de las conductas delictivas que busca combatir. Cfr., entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-213 de 1994, C-762 de 2002, C-069 de 2003, C-537 de 2008 y C-073 de 2010. En la misma dirección, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencias 29 de julio de 2008, Radicación 29.788 y 1º de julio de 2009, Radicación 30.800.
(42) Radbruch, Gustav. Arbitrariedad legal y derecho supralegal. En: Relativismo y Derecho. Bogotá, D.C.: Temis, 2009, págs. 33-35.
(43) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencia de 11 de julio de 2007, Radicación 26.945.
(44) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, Radicación 17.089.
(45) Como se clarificó en la sentencia de tutela del 18 de julio de 2012, Radicación 61.571.
(46) Fls. 37-38, cdno. 1.
(47) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencia de 5 de noviembre de 2008, Radicación 29.053.
(48) Así se concluyó en el Primer encuentro de análisis del sistema penal oral acusatorio, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena los días 3 y 4 de diciembre de 2012, organizado por la Presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, con los propósitos de diagnosticar las principales problemáticas que atentan contra la funcionalidad del proceso penal de tendencia acusatoria en los distintos distritos judiciales del país y esbozar propuestas para efectuar los ajustes legislativos y administrativos pertinentes.
(49) Gaceta del Congreso Nº 134 de 2002.
(50) Gaceta del Congreso Nº 339 de 2003.
(51) Tanto así que, en esquemas procesales con tendencia inquisitiva, se han aplicado figuras como la sentencia anticipada (L. 600/2000, art. 40) y la audiencia especial (D. 2700/91, arts. 37 y 37A).
(52) Asencio Mellado, José María. Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal. Madrid: Trivium, págs. 17-18.
(53) Cuya mayor aplicación fue incentivada por la Sala en la sentencia del 18 de noviembre de 2008, Radicación 29.183.
(54) Cfr. Informe final: diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para Estado colombiano, expedido el 31 de marzo de 2011 por la Comisión asesora para el diseño de la política criminal del Estado colombiano, creada mediante la Resolución 286 del 15 de febrero de 2011 del entonces Ministerio del Interior y de Justicia.
(55) Corporación Excelencia en la Justicia. Balance de los primeros cinco años de funcionamiento del sistema penal acusatorio en Colombia. Bogotá, 2011, pág. 51.
(56) Corporación Excelencia en la Justicia. Balance del funcionamiento del sistema penal acusatorio. Boletín de actualización 2010-2011. Bogotá, 2012, págs. 55-56.
(57) Al respecto, cfr. algunas de las recomendaciones efectuadas por la Comisión asesora para el diseño de la política criminal del Estado colombiano en el informe atrás referido (Nº 134 y 174-180).
(2) Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 1ª de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Senado.
(4) Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
(5) Intervención del vicefiscal general de la Nación en el segundo debate al proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
(6) Discusión en segundo debate del proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
(7) Cfr. Gaceta del Congreso Nº 132 del 19 de mayo de 2006, págs. 9-10.

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