Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920039.html
Timestamp: 2019-11-20 02:35:11+00:00

Document:
as201920039
Auto Supremo: 39/2019
Expediente: B-11-18-S.
Partes: Alex Canales Enobore c/ Orlando Rea Justiniano.
Proceso: Mejor derecho propietario. Distrito: Beni.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 290 a 293 vta., interpuesto por Orlando Rea Justiniano contra el Auto de Vista 85/2018 de fecha 07 de mayo de fs. 285 a 287, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso sobre mejor derecho propietario, seguido por Alex Canales Enobore en contra del recurrente; el Auto de Concesión de fecha 14 de junio de 2018 cursante en fs. 297; el Auto Supremo de Admisión de fs. 302 a 303; los demás antecedentes procesales; y:
Que, la Juez Publico Civil y Comercial Nº 5 del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, pronunció la Sentencia Nº 29/2017 de fecha 10 de abril, cursante de fs. 258 a 262, por la que declara: PROBADA la demanda de mejor derecho de propiedad de fs. 39 a 40 vta., impetrada por Alex Canales Enobore.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Orlando Rea Justiniano, mediante el escrito que cursa en fs. 264 a 267 vta., a cuyo efecto la Sala Civil Mixta de Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni mediante el Auto de Vista 85/2018 de 07 de mayo, obrante de fs. 285 a 287, CONFIRMÓ totalmente la Sentencia antes mencionada, señalando que la acción de mejor derecho tiene como finalidad la de establecer la preeminencia o prevalencia de un título dominial, tarea que se circunscribe, básicamente, al cotejo técnico de los títulos en disputa, destinado a determinar cuál de ellos concentra el estatus de prevalencia o superioridad en relación a él o los otros, en cuyo entendido, en la problemática objeto de examen, si bien los títulos en discusión no devienen de una misma fuente causal, ello no impide aplicar la fecha en que fueron publicadas en el registro de la materia para inferir su prevalencia, aspecto que denota la axiología jurídica para dilucidar el conflicto y que la autoridad ad-quo capturó con precisión.
Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa en fs. 290 a 293 vta., interpuesto por Orlando Rea Justiniano, el cual se analiza.
1. Reclama que el Tribunal de Alzada, al haber convalidado las actuaciones de la Juez A quo y no responder de manera motivada al recurso de apelación, ha violentado de manera flagrante las normas de orden público y de cumplimiento obligatorio expresadas en los arts. 1-4, 12, 16, 2, 4 y 5 de la Ley Nº 439 y en particular la disposición transitoria séptima de la misma norma, ello debido a que el fallo recurrido no habría enmendado el vicio procedimental suscitado por efectos de la no aplicación de la señalada disposición transitoria, puesto que al haberse declarado la nulidad de la anterior sentencia, en vigencia del actual Código Procesal Civil, correspondía, remitirse a dicha disposición transitoria, y no a lo dispuesto por el art. 378 del anterior CPC que ha permitido la producción de prueba ilegal y contradictoria por parte del juez, que no puede sustituir la obligación y negligencia del actor (A.S. 113/2011 de 31 de marzo), en ese entendido indica que el argumento de la preclusión y convalidación del Ad-quem, no tiene sustento jurídico, puesto que si se revisa el cuaderno, no existe ninguna evidencia de haber admitido o convalidado aquella irregularidad, es mas en su primera actuación (fs. 264 a 267 vta.) habría impugnado la vulneración del debido proceso por incumplimiento de la disposición transitoria séptima.
2. Denuncia la incongruencia ultra petita de la sentencia de primer grado, señalando que la demanda fue planteada únicamente por mejor derecho propietario, sin embargo la juez declaró probada una demanda de reivindicación, sin que esta acción haya sido debidamente fundamentada ni solicitada expresamente por la parte actora, puesto que su acción se encontraba amparada en el art. 1545, que tampoco es aplicable, porque no son originarias de un mismo vendedor transferente las dos titulaciones analizadas en esta litis.
3. Señala que otra irregularidad en la que incurre la sentencia, radica en que esta se empecina en demostrar y anular la Sentencia Nº 53/2015 de fecha 26 de junio, emitida en el proceso sobre regularización de derecho propietario, puesto que la juez se permite observar y revisar los requisitos de admisibilidad de dicha demanda, sin considerar que la misma tiene calidad de cosa juzgada en su favor, y que ello importa la vulneración de los arts. 11, 12 y 13 de la Ley Nº 247.
4. Por otra parte acusa la aplicación errónea de los arts. 1453 y 1545 del Código Civil, arguyendo que al haberse declarado probada la demanda de reivindicación, sin la demostración idónea por parte del demandante de ser titular del inmueble pretendido, ni haber demostrado que su persona sea el que la detenta ilegalmente, se ha convalidado la emisión de una sentencia ultra petita.
En ese merito, solicita que este Tribunal, con mayor criterio valore y en el fondo resuelva según lo autoriza el art. 220.III num. 1 inc. c) de la Ley Nº 439, por haberse omitido dar cumplimiento a la disposición transitoria séptima de dicha norma y sea con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, o en su caso de acuerdo al art. 220.IV del mismo Código, se case las resoluciones de los tribunales inferiores y se declare improbada la demanda, sea con costas y costos.
No cursa contestación al recurso de casación.
La doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu de la Ley del Órgano Judicial y el Código Procesal Civil, que impregnados por el nuevo diseño constitucional, conciben al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.
Es por ello que este instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal, mereciendo consideración especial, esto debido a la importancia que conlleva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento concordante con la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.
Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que se desprende del art. 115 de la CPE., que indica; “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciendo que es política de Estado garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada, a ese respecto el Auto Supremo Nº 484/2012 a orientado en sentido, que: “…en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta (…) que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”
Por lo manifestado, es ineludible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que, ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.
III. 2. Sobre el principio de trascendencia y convalidación.
El régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos principios esa disposición como última opción.
A tal efecto, entre los diversos principios que rigen a la nulidad procesal, tenemos al Principio de Trascendencia, del cual el art. 105.II del Código Procesal Civil, indica: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, a este respecto, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente, de tal manera que sea lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.
Al respecto el Auto Supremo No. 212/2016 de 11 de marzo, señala: “Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: ... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale…” (El subrayado nos pertenece).
Por otra parte en ese mismo catálogo de principios que constituyen presupuestos de la nulidad procesal encontramos al Principio de Convalidación, que consiste en que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito el art. 107 de la Ley 439 estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”.
Entonces, bajo ese contexto, se puede concluir señalando que la nulidad procesal solo procede cuando la infracción o inobservancia, no haya sido consentida (tacita o expresamente) por las partes y esta sea lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que deje al sujeto procesal en una situación de indefensión material, que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones y que ese error procesal de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en el error, pues de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir a partir de estos conceptos.
III. 3. No es viable en casación impugnar lo fundamentado en sentencia.
Sobre este tema el Auto Supremo Nº 493/2014 de fecha 04 de septiembre, ha expresado que: “…el recurso de casación como tal, es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, dirigido a lograr la revisión y reforma o anulación de las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas del derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. De esta manera el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, el mismo que puede ser planteado en la forma o en el fondo, o en ambos casos a la vez, conforme lo establece el art. 250 del ya citado código; en la forma procederá por errores de procedimiento denominado también error in procedendo, cuyo propósito es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubiera violado las formas esenciales del proceso sancionados expresamente con nulidad por la ley; respecto al recurso de casación en el fondo o error injudicando, procederá por errores en la Resolución del fondo del litigio, orientada a que se resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En ambos casos se debe indicar de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino que se debe demostrar en que consiste la infracción que se acusa, conforme establecen los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultando imperativo fundamentar en que consiste la infracción y precisar cual la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa, ello en cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 258 citado supra. Conforme las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno, también adopta una forma específica, razón por la cual, al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión en forma congruente con el recurso que deduce. Estas especificaciones, deben realizarse en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, por lo tanto debe quedar claramente establecido que la casación no constituye una tercera instancia ni una segunda instancia de apelación”.
A tal efecto y a manera de puntualizar el presente acápite en consideración de lo expresado por el Auto Supremo No. 214/2016 de fecha 14 de marzo, podemos concluir señalando que una adecuada técnica procesal recursiva dentro de un proceso ordinario exige que el recurso de casación sea interpuesto contra la Resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta lo establecido en el art. 270 del Código Procesal Civil, entonces todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así, lo expresado en la Sentencia, debido a que este Tribunal ha de analizar, resolver y declarar infundado o casar el Auto de Vista y no la sentencia.
Expuesta como está la doctrina aplicable al presente caso, corresponde ingresar a considerar los argumentos del recurso de casación:
Del análisis del primer reclamo (punto 1 del recurso), podemos advertir que como cuestión principal, el recurrente reclama que el Tribunal de Alzada ha omitido enmendar un error procedimental del Juez A quo, quien, en criterio del impugnante, tras la declaratoria de nulidad dispuesta por el Auto de Vista Nº 07/2016-LIQ de fs. 143, y a efectos de emitir una nueva sentencia (la Sentencia Nº 29/2017), debió aplicar la disposición transitoria séptima del Código Procesal Civil, en razón a que dicha norma ya se encontraba vigente cuando declaró la referida nulidad, y no aplicar el art. 378 del anterior C.P.C., que habría permitido la producción de prueba ilegal y contradictoria por parte del juez, supliendo la negligencia del actor para demostrar su pretensión.
Y en base a dicha alegación, refuta el argumento del Ad quem referente la preclusión y convalidación de tal reclamo, señalando que no existe ninguna evidencia de que su persona haya admitido o convalidado aquella irregularidad, es mas en su primera actuación (fs. 264 a 267 vta.) habría impugnado la vulneración del debido proceso por el incumplimiento de la disposición transitoria séptima de la mencionada norma, situación por la cual, el actuar del Tribunal de grado habría violentado de manera flagrante las normas de orden público y de cumplimiento obligatorio expresadas en los arts. 1-4, 12, 16, 2, 4 y 5 de la Ley Nº 439 y en particular la ya señalada disposición transitoria séptima.
Para la consideración de estos reclamos, se debe tomar en cuenta que este máximo Tribunal de Justicia en atención a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos propios de las nulidades procesales, ha modulado la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia, superando aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal en resguardo simplemente de las formas previstas por la ley procesal, pues en definitiva lo que se debe analizar, es si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio, y es en ese contexto que precisamente corresponde ingresar al análisis de las alegaciones recursivas, con el objeto de constatar si las mismas revisten de trascendencia para generar la nulidad solicitada, ello en el marco de los criterios doctrinales desarrollados en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable.
En ese contexto, de la revisión del cuaderno procesal, se puede observar que en fs. 143, cursa el Auto de Vista N° 07/2016-LIQ de fecha 24 de marzo de 2016, donde el Juez Publico Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Trinidad, actuando como Tribunal de apelación, anuló la Sentencia N° 85/2015 de fs. 102 a 104 vta., ordenando la emisión de una nueva resolución, de ahí que radicada nuevamente la causa ante la juez A quo, esta autoridad, aplicando las potestades concedidas por los arts. 4 inc. 4) y 378 del Código de Procedimiento Civil (abrogado), a través de la providencia de 25 de agosto de 2016 de fs. 148, dispone que se oficien al Juzgado 3° de Instrucción Civil, para que remita copias legalizadas del proceso sobre regularización de derecho propietario interpuesto por el demandado de esta litis, así como para que la registradora de Derechos Reales, informe si las partes de este proceso tienen registrados bienes a su nombre; producidas dichas probanzas, la juzgadora emite la Sentencia N° 29/2017 de fs. 258 a 262, donde declara probada la demanda, argumentando que en esta causa se ha demostrado la preeminencia o prevalencia del título del actor, frente al título del demandado; actuaciones que son cuestionadas por el recurrente.
Ahora bien, sobre la problemática planteada, se entiende que el recurrente más allá de reclamar la falta de aplicabilidad de la disposición transitoria séptima de la Ley Nº 439, lo que cuestiona es el actuar del juzgador de instancia, que en mérito a lo dispuesto por el art. 378 del Código de Procedimiento Civil (abrogado), ordenó, de oficio, la producción de los elementos probatorios que dieron mérito a la sentencia de grado, ante tal problemática resulta significativo señalar; que la facultad probatoria de los jueces de grado, no es emergente de la aplicación de la abrogada norma procesal civil (Ley Nº 1760), ni es innovativa de la Ley Nº 439, sino que es producto de la aplicación de los principios y normas constitucionales, que han rediseñado el sistema judicial, donde el rol que antes se le atribuía a los juzgadores ha cambiado, y en ese entendido estas autoridades, ahora deben estar comprometidas con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos, y de esa manera, con la promulgación de la Constitución de 2009, hoy la producción probatoria no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar pruebas de oficio que le revele la verdad material de los hechos.
De lo que se colige que en esta litis, independientemente de que se haya aplicado una norma abrogada (art. 378 C.P.C.), para la producción de elementos probatorios; la juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, resultando en ese entendido intrascendente la alegación recursiva de la parte demandada, toda vez que según el razonamiento doctrinal descrito, se ha establecido que el error o defecto procedimental solo tiene trascendencia, cuando esta es lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de manera tal que deje al sujeto procesal en una situación de indefensión material, que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones; situación que en el presente caso, no se advierte que se haya suscitado con la falta de aplicación de la disposición transitoria séptima de la Ley Nº 439 y la consecuente producción de pruebas de oficio.
Finalmente en este punto, resulta necesario señalar que los argumentos del Tribunal de Alzada, referentes a la preclusión y convalidación del mencionado reclamo, resultan correctas, puesto que de la revisión de obrados, se tiene que una vez emitido el decreto de fs. 148 (por el cual se ordena la producción de la prueba de oficio), las partes fueron notificadas con la misma a través de las diligencias de fs. 149 y 150, y de la misma manera una vez producidas dichas probanzas, estas fueron puestas en conocimiento de los sujetos procesales, tal cual se observa en fs. 255 y 256, sin que se advierta que el recurrente haya formulado observación alguna al respecto, convalidando en ese entendido los actos procesales ahora cuestionados, por lo que mal podrían alegar que oportunamente fue debatido el actuar de la juez de instancia, y menos pretender sustentar tal alegación con el escrito de fs. 264 a 267 vta. (Recurso de apelación), que tiene por finalidad impugnar la sentencia de fs. 258 a 262 y no así la providencia de fs. 148 de obrados, situación por la cual no resulta evidente la trasgresión de los arts. 1-4, 12, 16, 2, 4 y 5 de la Ley Nº 439, ni de la disposición transitoria séptima de dicha norma.
Por otra parte, en lo que concierne a los reclamos formulados en los puntos 2), 3) y 4), se observa que el recurrente, trae a consideración cuestiones vinculadas a la sentencia de primer grado, pues en dichos reclamos, cuestiona la incongruencia ultra petita de dicha resolución (al haber ordenado la reivindicación del inmueble objeto de litis); refuta también los argumentos de la sentencia relacionados al proceso sobre regularización de derecho propietario interpuesto por el recurrente ante otro despacho judicial, y finalmente reitera la alegación vinculada incongruencia ultra petita de la sentencia, pero esta vez acusando la errónea aplicación de los arts. 1453 y 1545 del Código Civil en relación a las probanzas del caso.
Al respecto conviene remitirnos a los argumentos expresados en el lineamiento doctrinal del punto III.3, donde se ha establecido que la adecuada técnica recursiva dentro del proceso civil, exige que el recurso de casación sea interpuesto en contra de los aspectos considerados y resueltos en la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta el art. 270.I del Código Procesal Civil, que señala; “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, y ello precisamente porque la casación importa un medio impugnatorio cuya naturaleza vertical requiere que todos los reclamos formulados deban ir orientados a observar aspectos de forma y fondo que surjan de la determinación asumida por el Tribunal de segunda instancia, situación que no acontece en la presente litis, toda vez que los reclamos expuestos se avocan a observar aspectos inherentes a la sentencia y no así al Auto de Vista, lo cual hace inviable el análisis de estos tópicos y en ese sentido no corresponde realizar mayores consideraciones al respecto.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 290 a 293 vta., interpuesto por Orlando Rea Justiniano contra el Auto de Vista 85/2018 de fecha 07 de mayo de fs. 285 a 287, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, sin costas ni costos.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución