Source: http://www.derechoenzapatillas.org/2016/obligan-a-comercios-a-cerrar-el-domingo/
Timestamp: 2018-01-17 03:08:32+00:00

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Obligan a comercios a cerrar el domingo | Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
Esta vez viajamos hacia la Provincia de Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional, para analizar una legislación un tanto curiosa que obliga a los supermercados a cerrar los días domingos. Esto desató una batalla judicial de varios comercios que pidieron abrir, con resultado dispar. Actualizado a diciembre de 2016.
[último momento] Ahora, los gremialistas quieren extender la ley que obliga a cerrar los domingos a todo el país. Leer más abajo.
El veredicto de la corte santafesina
Ya la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario había sostenido en su oportunidad que “no lograba convencer el recurrente (el empleado) que el supuesto daño sea cierto o inminente…”. (fuente)
Tanto Jumbo como Coto desconocieron esta ley y abrieron sus sucursales por lo que ahora las multarán con $ 340.000 y $ 68.000 a estas dos grandes cadenas de supermercados que abrieron al público el domingo, violando la ley provincial de Descanso Dominical. Finalmente, los supermercados dijeron que acatarán la ley, pero siguen con la disputa judicial.
Los supermecadistas despidieron a decenas de trabajadores para reducir costos (pagando indemnización) y los gremios repudiaron la medida. Pero ahora, el poder judicial santafesino declaró inconstitucional (para la Ciudad de Rosario) la ley de descanso dominical, que obligaba a los supermercados a cerrar los días domingo.
El poder judicial proveyó un amparo de las firmas Coto y Carrefour, con votos de cinco jueces pero hubo disidencias.
Nota de opinión sobre la ley de cierre obligatorio los días domingos
Por Domingo Rondina. Abogado especialista en derecho constitucional.
“La ley del DEDO
Santa Fe lo implementó mediante su ley provincial 13441. Dicha norma ‘progresista’ replica el decreto ley 18204 de la dictadura de Onganía y el correlativo decreto ley de facto provincial Nº 7900. Consiste sintéticamente en prohibir absolutamente la apertura de supermercados todos los días domingo. El incumplimiento se sanciona con fuertes multas y clausuras.
Si bien la idea tiene un fin que compartimos, el mecanismo elegido resulta inconstitucional. [el resaltado es propio]
El artículo 1 establecía una regla amplísima: “Los establecimientos comerciales y/o de servicios de la provincia de Santa Fe”. Luego, el lobby de algunos sectores (más poderosos o mejor organizados) obtuvo excepciones: los atendidos por sus dueños; los que están en las terminales de transporte; las farmacias; las estaciones de servicio; los que tengan alguna actividad gastronómica como principal; los dedicados al entretenimiento como son los casinos; las galerías y paseos de compras como son los shopping; y un largo etcétera.
Ha tenido sus dificultades la definición de los incluidos (a los que genéricamente llamaremos supermercados) pero parecería que son aquellos comercios multirrubro con más de 120 metros cuadrados de superficie. Así, sin ninguna compensación, se anula una séptima parte de la actividad de un sector determinado del comercio dentro de las ‘fronteras’ santafesinas.
Para mayor complejidad, la Legislatura no le da vigencia provincial a su propia ley provincial, sino que la condiciona a la aprobación de una ordenanza de adhesión en cada municipio. Así, la vigencia provincial será sólo municipal, pudiendo los municipios darle, quitarle, o restringirle vigencia. [Recientemente se adhirió Rosario]
Inconstitucionalidad por incompetencia
La misma ley, al condicionar su entrada en vigencia en cada localidad a la aprobación de una ordenanza de adhesión, está aceptando que la Provincia no podía regular este aspecto, por ser el ‘Poder de Policía del Comercio’ una competencia típica de los municipios, expresamente receptada en la Constitución Nacional y en la Provincial. Es decir: con ley provincial o sin ella, sólo puede afectarse el comercio mediante una decisión municipal.
Aunque tampoco sería válida una ordenanza original en tal sentido, ya que las potestades de control (poder de policía) no permiten la clausura, o grave restricción que esta norma contiene. Pero la Provincia, al invadir competencias municipales, nulifica la normativa… Además, la Provincia se quedaría con los recursos que surgen de las multas, siendo que está ejerciendo un control exclusivamente perteneciente al Municipio. Un auténtico Frankestein jurídico. En la provincia que fue campeona del municipalismo se lo pisotea, en un rubro de indiscutible competencia local.
Todo lo relativo al comercio sólo puede ser regulado por el Congreso Nacional. Ello porque lo que se intentó bloquear desde 1853 es que cada Provincia establezca reglas más beneficiosas para sí, perjudicando de este modo a las demás, y arruinando el criterio de unidad nacional buscado.
El artículo 12 [de la Constitución Nacional] impide que se establezcan leyes o reglamentos diferentes para el comercio que pasa de una provincia a otra. El artículo 14 asegura a todos los ciudadanos el derecho a comerciar y el 20 lo reitera para los extranjeros. En ambos casos el derecho se ejerce de acuerdo a reglamentación, la cual según el artículo 28 no puede alterar el libre ejercicio del derecho (no podría impedirse el derecho bajo el pretexto de reglamentarlo).
El artículo 75 reserva al Congreso Nacional el dictado del Código para el Comercio Nacional (inciso 12) y de los reglamentos comerciales internacionales e interprovinciales (inciso 13). Finalmente, en el artículo 126 se prohíbe expresamente a las provincias sancionar cualquier clase de leyes sobre comercio.
Queda así perfectamente en claro que el único que puede regular cómo se comercia es el Congreso Nacional, para que desde lo económico seamos un solo territorio nacional. Normas como esta, que diferencian la actividad comercial de una provincia con sus vecinas, son totalmente inconstitucionales.
Y a los consumidores…
No estamos ante una norma de pequeño contenido: téngase en cuenta que prohibir absolutamente el ejercicio del comercio un día por semana es una afectación importante, relevante. Y la afectación no es solamente para el comerciante que quiere vender, sino también para el cliente que quiere comprar en día domingo.
Se prohíbe una séptima parte de la actividad, se prohíbe de manera absoluta, se clausura o cancela el ejercicio del derecho. Es verdaderamente una gravísima afectación que incluso es dudoso que pueda establecer el mismísimo Congreso Nacional.
Pero es indudable que ni las Provincias ni los Municipios pueden regular esta temática. Y como vimos, el artículo 28 de la Constitución Nacional prohíbe que bajo la excusa de reglamentar se anule total o parcialmente un derecho. Reglar es establecer modalidades, facilitar o complejizar, pero no prohibir.
Afecta el comercio interprovincial
Pero además la sanción de una norma de estas características es altamente negativa en el concierto nacional. Establecer fronteras jurídicas a la comercialización de productos puede implicar un desmedro a los vecinos o un desmedro a los propios. En ambos casos la norma constitucional fue hecha para impedirlo.
Los habitantes de Santa Fe no tienen por qué verse menoscabados respecto a los de otras provincias donde se puede vender y comprar en días domingo. Esto se advierte con mayor crudeza en nuestros conglomerados urbanos fronterizos donde a una calle de distancia, por ser otra provincia del mismo país, abre el día domingo un supermercado y de este lado debe permanecer cerrado, cediéndole todos sus clientes al de la otra provincia.
También afecta el derecho del trabajo. Y a los trabajadores
Los supermercados, como tantas otras industrias, actualmente abren los días domingo; pero abonando, conforme a la ley laboral nacional, sumas adicionales a sus trabajadores. La norma, al impedir la apertura un día de la semana, altera las posibilidades de los empresarios de contratar trabajadores, y el derecho de estos a trabajar en un día que está expresamente permitido por la normativa nacional.
Pero la norma santafesina, al prohibir trabajar un día semanal, hace que los comerciantes no puedan obtener importantes ingresos (que tuvieron proyectados a la hora de programar sus empresas) y hace que los trabajadores se vean impedidos de obtener dineros extra que beneficiaban su economía familiar. De este modo lo que es permitido por la ley competente (nacional) es prohibido por la ley incompetente (provincial) en un inconstitucional alzamiento normativo contra la norma prevalente.
Vale aquí recordar que las normas nacionales vigentes permiten trabajar en día domingo, pero ello no implica quitar un día y medio semanal de descanso: la semana no puede tener más de 48 horas, por lo que si el trabajador acepta laborar en domingo se le debe dar el descanso en otro día de la semana. Así es en todas las actividades, algunas de las cuales no pueden parar nunca, como las instituciones sanitarias, de transporte o de alojamiento.
Es decir: no importa la decisión del sujeto, que se vuelve solamente un medio en el camino de la consecución de un fin estatal, vulnerando su individualidad, su humanidad, negándole la capacidad de elegir. Ese exceso es la irrazonabilidad, teleológica y axiológica. Semejantes decisiones no se compadecen con un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Toda decisión estatal implica un corte, una selección de la realidad sobre la cual va a regir la norma. Esa selección será constitucionalmente válida si se funda claramente en una relación directa (razonable) entre el fin buscado y el medio utilizado. Recordemos el fin buscado: que ‘los trabajadores’ estén con sus familias.
En el caso de la ley 13441, tal como explicamos, la norma termina rigiendo solamente para supermercados de más de 120 metros cuadrados. Vemos entonces que el fin se termina reduciendo a ‘que los empleados de grandes supermercados estén con su familia’ (si la tienen).
Sin embargo, la finalidad sigue incumplida respecto a quienes trabajan en los shopping, en los casinos, y en la totalidad de los comercios de cualquier otro rubro que no sean supermercados. Hay muchos negocios que necesitan estar abiertos las 24 horas del día los 7 días de la semana, por el rubro que desarrollan, por el objeto y los sujetos que atienden, como son los sanatorios, los hoteles, los geriátricos, etc.
Sin embargo ni los shopping, ni los casinos, ni las tiendas de ropa, libros o bebidas tienen una necesidad objetiva diferente a la de los supermercados. Y sin embargo, la 13441 solamente prohíbe la apertura de los grandes supermercados.
Toda medida que se basa en prohibiciones, en clausuras, en impedimentos para el desarrollo de un derecho, es sospechosa constitucionalmente y no logra superar el test de razonabilidad. Por eso debemos pensar que los fines loables deben ser alcanzados mediante mecanismos razonables, que lleven a la adhesión y no al rechazo.
Algunos Convenios Colectivos, como el lácteo, han incrementado grandemente los adicionales por trabajo en día domingo, estableciendo un 300% adicional de salario y un día más (otro, además de los francos) para compensar el domingo. Esas son medidas mucho más sabias, proactivas: las que apuntan a que salga más caro el abrir un domingo, las que establecen desalientos materiales para quienes abran.
El autor, que como constitucionalista siente más los daños jurídicos, piensa que quizás el más grave daño de este tipo de normas incumplibles y fácilmente anulables por la justicia es que llevan al descrédito del Derecho y del Estado como reguladores de la conducta social. Por eso es tan importante la responsabilidad de los legisladores a la hora de tomar decisiones normativas. Pero, la política a veces tiene razones que la razón desconoce. … En ese país seguro y sano los trabajadores tendrán familia que los espere, casa donde reunirse, entretenimientos que disfrutar, asado que compartir; y no solamente horas desocupadas”. Fin de la nota de opinión. (fuente original)
Anexo con el texto completo de la normativa que obliga a comercios a cerrar los domingos
Anexo con medida cautelar que les permite a los supermercados abrir en la localidad de Reconquista
Tomo 18 – Resolución 182/16-Fs. 494.
Reconquista, 20 de Mayo de 2016.
Y VISTOS: Estos caratulados: “CASTETS y TANINO S.R.L c/
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ ACCION DE AMPARO”, Expte. N.
389/2015, “FOSCHIATTI, MARCELO RENE c/ MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA s/ AMPARO”, Expte. N. 418/2015, “SUPERMERCADO
RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA y/o q.r.j.r. s/
AMPARO y MEDIDA CAUTELAR”, Expte. N. 406/2015 en los que;
RESULTA: Que Castets y Tanino S.R.L., Marcelo René Foschiatti y Supermercado
Reconquista S.R.L. interponen en fechas 19.05.2015, 04.08.2015 y 31.08.2015
respectivamente acción de amparo contra la Municipalidad de Reconquista (el primero y el
tercero de los citados) y contra la Municipalidad de Avellaneda (el segundo de ellos) con la
finalidad que se declare la inconstitucionalidad de las respectivas Ordenanzas municipales
–N. 7638/15 de la ciudad de Reconquista y N. 1731 de la ciudad de Avellaneda- que
adhieren a la Ley Provincial 13.441 del Descanso Dominical Obligatorio (D.E.D.O.), cuya
constitucionalidad también cuestionan. Alegan en general los accionantes que la norma
emanada de la Provincia como las ordenanzas en adhesión a la misma dictadas por los
Consejos Municipales de Reconquista y Avellaneda son inconstitucionales, en virtud de
que se invade en materias de comercio y laboral cuya competencia legislativa es nacional
excluyente y porque reflejan una irrazonable discriminación de actividades. Acompañan la
acción de amparo la solicitud de una medida cautelar a los fines que se ordene a la
respectiva Municipalidad que se abstenga de dar aplicación respecto a la actora en cada
caso al régimen adoptado vía de adhesión por las Ordenanzas cuestionadas y su decreto
reglamentario, suspendiéndose la aplicación de la misma, permitiendo mantener abierto el
comercio en días domingos y feriados nacionales hasta tanto se resuelva el fondo de esta
litis correspondiente a la constitucionalidad de la ley y de la ordenanza cuestionadas.
Alegan que la “verosimilitud del derecho” surge de todas las disposiciones constitucionales,
internacionales y legales mencionadas en el escrito recursivo y que “el peligro en la
demora” consiste en la indudable gravedad del caso dados los daños irreparables que se
podrían causar con la aplicación de la inconstitucional y perjudicial normativa cuestionada
Que a su turno contestan la demanda la Municipalidad de Reconquista y Avellaneda
respectivamente, aduciendo ambas accionadas en general las mismas razones. Su falta de
legitimación pasiva en las causas y por el contrario en los autos 140/2015 y 406/2015 la
Municipalidad de Reconquista denuncia la legitimación pasiva de la Provincia, cuya
citación proponen en carácter de tercero coadyuvante, en razón que ha sido a través de la
Legislatura de la Provincia que se ha sancionado la Ley 13.441 que se cuestiona, siendo
que la Municipalidad no sólo no concibió el esquema del descanso obligatorio los
domingos y feriados sino que además no tiene competencia para implementarlo, ya que la
misma ley provincial estableció como autoridad de aplicación de la normativa al Ministerio
de Trabajo y el Ministerio de Producción. Alegan las demandadas que sólo dictaron una
normativa que posibilita dicha implementación en su jurisdicción. Aducen asimismo que
corresponde la competencia del fuero contencioso administrativo ya que la materia que se
cuestiona consistente en la implementación de un esquema direccionado a la defensa del
descanso del trabajador y la consolidación de la familia se encuentra directa e
inmediatamente relacionado con el interés público y la materia administrativa.
además que siendo la vía procesal elegida del Amparo una vía excepcional, las amparistas
nada argumentan acerca de porqué en las circunstancias del caso, el tránsito por la vía
especializada contencioso administrativa podría acarrearle un perjuicio irreparable, máxime
cuando en el marco de ese fuero también puede obtener tutela por vía de una medida
cautelar (art. 14 ley 13.330). Respecto a las medidas cautelares pretendidas, ambas
accionadas manifiestan que no se encuentran configurados los requisitos para su despacho
favorable, es decir que no existe verosimilitud del derecho en razón de la presunción de
legitimidad de la normativa municipal impugnada, ni peligro en la demora ya que el
perjuicio que invoca el amparista es meramente conjetural e hipotético, pues no acreditó en
su demanda y tampoco ofrece demostrarlo ni tampoco ha ofrecido contracautela. Por
último, en los autos iniciados en el mes de agosto de 2015 –autos 418/2015 y 406/2015- las
demandadas interponen la defensa de la extemporaneidad de los respectivos amparos.
Que en la causa más antigua –autos CASTETS y TANINO S.R.L c/
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ ACCION DE AMPARO” Expte. N.
140/2015- a fs. 36 a 37, por auto de fecha 26 de Mayo de 2015 el juez aquo rechaza la
medida cautelar solicitada. No conforme Castets y Tanino s.r.l con el citado auto interpone
recursos de apelación y nulidad, fundando los mismos en los términos del art. 10 ley
10.456. Radicados dichos autos en esta Alzada para la revisión de la denegatoria de la
medida cautelar, se dicta resolución (fs. 53 a 58) en fecha 24.06.2015, revocando el fallo
alzado y haciendo lugar a la cautelar pretendida por la amparista con una vigencia temporal
Que en los tres procesos comparece la Provincia de Santa Fe contestando la demanda,
se realiza la audiencia de vista de causa, se evacúa la la vista al Ministerio Fiscal, y pasan
los autos a resolución definitiva.
Que los tres procesos fueron tramitados en forma separada –conforme decretos de
fs. 38 autos 418/2015 y fs. 17 autos 406/2015- emitiendo el juez aquo una única resolución
para todos (art. 340 C.P.C.C.). El anterior rechaza la acción de amparo (fs. 158 a 161) por
considerar que no existe ninguna arbitrariedad manifiesta en la regulación cuestionada por
las actoras, atento a que lo instituido no es otra cosa que una medida de policía general
adoptada en el cumplimiento de los deberes y facultades exclusivamente reservadas a los
legisladores que deben proveer por la legislación al desarrollo humano. Aduce que si bien
el ejercicio de los poderes concurrentes se aplica a la regulación policial del comercio, el
comercio meramente interno de las provincias corresponde que sea regulado en sus
aspectos de policía por el poder provincial (art. 122, 125 C.N.).
Asimismo sostiene que más allá de la repercusión que pueda tener la normativa en el terreno laboral, se trata de una
medida de policía general, que limita el quehacer mercantil por razones de convivencia y
que la norma no modifica la legislación nacional que prevé la extensión de la jornada de
trabajo ni la distribución del tiempo de trabajo.
Que la sentencia no contentó a ninguno de los amparistas, y la apelan. El amparista
Castets y Tanino s.r.l. expresa sus agravios (fs. 162 a 166). En cuanto a lo formal, se queja
de que el juez aquo haya emitido una resolución para resolver tres acciones de amparo sin
que se den los presupuestos de acumulación objetivos ni subjetivos. Achaca un vicio de
incongruencia al fallo, en virtud de que el juez aquo parte su razonamiento con un
fundamento erróneo -según la recurrente- “…considera el amparista que legislar sobre el
comercio es potestad exclusiva del Congreso de la Nación…”, cuando la premisa de la
actora no sería tal afirmación, sino la pretensión de inconstitucionalidad de la Ordenanza
Municipal 7638/15 que adhiere a la ley provincial 13.441 de descanso dominical
obligatorio, por vulnerar el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.
cuestión, critica que el juez aquo haya considerado que la ley provincial 13.441 es una
norma reglamentaria de mera policía que limita el quehacer mercantil por razones de
convivencia, y que la norma no modifica la legislación nacional que prevé la extensión de
la jornada de trabajo y la distribución del tiempo de trabajo, como también que sostenga
que el hecho de que impacte en la relación laboral no autoriza a calificarla como una norma
laboral, cuando según el actor, de la sola lectura de la norma surge que dicha ley crea
condiciones laborales y de jornada de trabajo cuya materia es ajena al ámbito de la
legislatura provincial y reservada en forma excluyente al Congreso Nacional. Sostiene que
de existir consenso en el seno de la población acerca de esta nueva modalidad de trabajo y
ejercicio del comercio, debe ser debatida en el ámbito adecuado a los efectos de que allí se
garanticen los medios necesarios de protección de todas las partes y que no existan
discriminaciones injustificadas. Achaca al fallo incurrir en afirmaciones dogmáticas y en un
error de interpretación sobre el planteo de la actora. Señala en apoyo a su postura el
antecedente casi idéntico al tema debatido en autos, “Fábrica Argentina de Calderas c/
Provincia de Santa Fe” resuelta por la Corte Nacional, en le cual la Corte tiene definido que
la determinación de la jornada de trabajo y su retribución hacen a la esencia del contrato de
trabajo y constituyen materia propia de la legislación nacional según el art. 75 inc. 12 C.N..
Según el recurrente el juez aquo se aparta insólitamente de estos lineamientos “con
principios filosóficos acerca de un Estado con “facultades modernas” que se parecen más a
las facultades de un Estado autoritario, donde no se respeta la división de poderes, ni las
materias constitucionalmente definidas. Puntualiza que el art. 20 de la Constitución
Provincial si bien confiere a la Provincia las facultades laborales, lo hace en la esfera de sus
poderes y en función del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Por último considera
que la Ley Provincial N° 13.441 y la Ordenanza Municipal N° 7638/15 incurren en una
discriminación injustificada e irrazonable, las cuales intentan ser justificadas por el juez
aquo con consideraciones dogmáticas y apreciaciones políticas, quien concluye que el
régimen que se cuestiona es plenamente válido, no obstante haber afirmado antes que no
corresponde que el poder jurisdiccional se involucre.
Que los amparistas Supermercado Reconquista S.R.L. y Marcelo René Foschiatti,
omiten expresar sus agravios al momento de interponer el recurso de apelación (art. 10
segundo párrafo ley 10.456), lo que es advertido por la Municipalidad de Reconquista y
Avellaneda respectivamente, las cuales peticionan se declare la inadmisibilidad de la
Que la Municipalidad de Reconquista a fs. 173 a 175 presenta el memorial art. 10
ley 10.456 en el cual contesta los agravios expresados por Castets y Tanino S.R.L.
abogando por al confirmación en su totalidad del fallo alzado. La apelada defiende en
primer término la inocuidad de la acumulación de autos dispuesta en la baja instancia, ya
que no causa lesión a los intereses del recurrente, asimismo defiende el fallo alegando que
la materia regulada por la ley provincial pertenece a la esfera del poder de policía
reglamentario. Por último esgrime que aún cuando la norma fuera tachada de
inconstitucional, sin embargo igualmente la acción de amparo no debe prosperar en razón
de que se trata de materia contencioso administrativa y que por lo demás tampoco se
presenta la ilegalidad manifiesta que habilita esta vía extraordinario.
Que en esta instancia se dicta un proveído que dispone la acumulación de los tres
procesos para el dictado de una sentencia de segunda instancia única, el cual es atacado por
la Municipalidad de Reconquista y Avellaneda a través de sendos Recursos de Revocatoria.
Este Cuerpo se expide rechazando los mismos en virtud que el proveído atacado no tuvo
por finalidad más que ordenar el proceso poniendo de manifiesto a las partes la situación
jurídica procesal de “acumulación” en que se encuentran los tres expedientes desde la baja
Que pasan los tres procesos para resolución definitiva.
CONSIDERANDO: Que en primer término se ha de señalar que la competencia de
este fuero ordinario, en desmedro del fuero contencioso administrativo para resolver esta
acción de amparo resulta incontrovertible, tal como rectamente lo puntualizó el anterior, en
virtud de que el “amparo” es un medio directo y expedito de control constitucional,
cualquiera sea la materia o el sujeto autor de la lesión invocada, mientras que la jurisdicción
contencioso administrativa importa una revisión de legitimidad de un acto administrativo.
La acción de amparo comporta una acción directa de inconstitucionalidad, de corte
propiamente restitutivo; el recurso contencioso administrativo entraña, en cambio un juicio
de conformidad o disconformidad del accionar administrativo con el derecho objetivo.
Distinta finalidad que justifica un diverso régimen procesal y una distinta asignación de
competencia para entender en las acciones de amparo y en el recurso contencioso
Que en segundo término se advierte que la “acumulación de autos” impuesta por
imperativo legal -art. 4 ley 10.456- y dispuesta desde la la baja instancia torna imperioso
abordar previamente al tratamiento del quid recursivo el alcance -según un sistema de
personalidad del recurso o de extensión subjetiva del mismo- que se ha de otorgar a la vía
revisora aperturada correctamente por el amparista Castets y Tanino s.r.l. frente a la
omisión de interponer un recurso fundado (art. 10 segundo párrafo ley 10.456) incurrida
por los dos restantes amparistas -Marcelo René Foschiatti y Supermercado Reconquista
Que en tan delicada materia -denominada como uno de los problemas más
endiablados del Derecho Procesal en el voto de Hitters en un fallo de la Suprema Corte de
Buenos Aires (S.C.J.B.A 15.6.99, “Gomez, Eugenio y otros c/ Villalba Raúl y otros”, C.
63.968, ja. 2000-I-531 del 26.2.2000) y reflejada en el fallo “Perez Casul” con voto de Aída
Kamelmajer de la Suprema Corte de Mendoza, (S.C.J de Mendoza, sala 1a., 11.5.92,
“Perez Cassul en J: 90.889- 11.986 Pérez Cassul c/ Ovidio Peleta y otros p/ Daños y
Perjuicios s/ Incconstitucionalidad”, E.D. 153-569) y en la crítica efectuada por Lino
Palacio en “Efectos del recurso interpuesto por un litisconsorte en el caso del
litisconsorcio facultativo”, E.D. 153-568- se impone un abordaje desde la justicia del caso
concreto, teniendo en cuenta –en la litis en análisis- la indiscutible naturaleza unívoca y/o
común de la pretensión en juego consistente en la declaración de inconstitucionalidad de
una norma y en el cese de su aplicación a los accionantes.
Por lo demás tampoco escapa a
este Cuerpo que tal naturaleza única del acto lesivo –en el caso de una ley- y la finalidad de
evitar el strepius fori o dictado de sentencias contradictorias es el fundamento de la
acumulación de fuente legal dispuesta por el citado art. 4 ley de amparo provincial.
Que en supuestos como el de autos en que el objeto común de la controversia y su
naturaleza publicística se evidencia en forma patente en el contenido de la acción de
amparo consistente en el embate a la validez constitucional de una norma surge a las claras
la inconveniencia del sistema de personalidad del recurso basado en una fuerte concepción
privatista del proceso. Según tal concepción resulta aceptable desde lo procesal la plena
vigencia de sentencias contradictorias en función de la postura asumida por cada litigante
Que sin embargo, tal solución posible desde lo procesal resulta en casos como el
analizado reprobable no sólo desde la lógica sino desde el más elemental sentido de
justicia, toda vez que constituye un escándalo jurídico que el mismo Estado en una misma
causa pueda declarar que una norma es constitucional e inconstitucional a la vez. En el
mismo sentido, Falcón sostiene que “…ayudaría sobremanera a clarificar la cuestión
limitar el alcance del principio dispositivo, por ejemplo, en razón que están en juego
cuestiones de orden público, al consentir la posibilidad de existencia, ambas válidas, de
dos sentencias que son contradictorias, lo que constituye un verdadero escándalo
jurídico…”(FALCON, Enrique M., COLERIO, Juan P., “Tratado de Derecho Procesal
Civil y Comercial, tomo VIII, pág. 227, editorial Rubinzal Culzoni editores), y finaliza su
análisis en tan intrincada cuestión sosteniendo que “…por último si sostenemos con la
mayoría de la doctrina que la doble instancia, más que una revisión jerárquica de la
queja, consituye una confirmación o rectificación para una más justa solución, qué sentido
tiene, nos preguntamos, en este último caso, que se mantenga la vigencia del fallo de
primera instancia para quienes no apelaron…”(ob. Citada, pág. 227).
Que por lo demás, y más allá que Palacio (ob. citada) en la misma línea de
pensamiento que la expresada por Falcón haya sostenido que “así como la cosa juzgada no
es invocable con fundamento en la sentencia dictada en un juicio donde se incurrió en dolo
o en estafa procesal, o en el que el vencido careció de una adecuada y sustancial de
audiencia y prueba, el mismo criterio resulta aplicable cuando la sentencia a la que se
atribuye aquella eficacia resulta manifiestamente incompatible, en su contenido, con
otra que, recaída en el mismo juicio, versa sobre un único y mismo hecho que tuvo como
protagonistas a las mismas personas…” (la negrita no pertenece a la cita), lo cierto es que
en esta Provincia, acudiendo a una interpretación según leyes análogas (art. 16 c.c.y art. 2
C.C.C), -tal como el mismo Palacio propone en el artículo citado- tenemos que el art. 386
C.P.P.S.F. (art. 410 en el C.P.P. anterior) prescribe el efecto extensivo del recurso para
casos penales, los cuales comparten con casos como el de marras -en que está en juego la
validez constitucional de una norma- una misma naturaleza publicística por la fuerte
presencia de orden público.
Que las razones expuestas, sumadas a la ausencia de menoscabo al derecho de
audiencia y prueba que la extensión subjetiva del recurso produce en las apeladas conducen
a tener por abierta la vía recursiva no sólo para Castets y Tanino s.r.l. sino también para
Marcelo René Foschiatti y Supermercado Reconquista s.r.l..
Que tampoco luce atendible el reproche de extemporaneidad achacado a los amparos
interpuestos en el mes de agosto de 2015 en virtud de que el plazo habría caducado el día
22 de abril de 2015 para los amparos de la ciudad de Avellaneda y el día 19 de mayo para
los correspondientes a la ciudad de Reconquista, toda vez que “… el derecho de amparo
creado por la Constitución Nacional (art. 43) idealiza un proceso sin cortapisas formales
donde el plazo para deducir la ación procesal no puede limitarse con reglamentaciones
irritantes al sentido fundamental que tiene tal disposición garantista…” (GOZAINI,
Osvaldo Alfredo, “Derecho Procesal Constitucional, Amparo”, pág. 423, editorial
Rubinzal Culzoni). Dicho lo cual, y citando al mismo autor bien vale señalar que lo
expuesto en modo alguno implica la imprescriptibilidad o cualquier tiempo para
intermponer la pretensión, sino que tan sólo ello se “… deja en la responsabilidad social de
los jueces analizar caso por caso la temporaneidad del planteo…” (ob. citada, pág. 424).
En el mismo sentido el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal concluyó que la ley
16.986 y sus semejantes provinciales y de la ciudad de Buenos Aires resultan derogadas en
cuanto sean incompatibles con el art. 43 C.N o prevean mayores requisitos de procedencia
que éste. La Corte Provincial en la causa “Frontini c/ Medycin”, del 20.09.06 (A y S tomo
216, p. 96 a 99) ha omitido calificar de extemporáneo un amparo interpuesto vencido el
plazo de caducidad dejando tal apreciación al criterio de los jueces de la causa. En el caso
de marras en el cual, los recursos de amparo fueron interpuestos en el mismo año de
entrada en vigencia de una norma cuya validez constitucional se cuestiona, la que además –
según los amparistas – se provocaría una lesión continúa a los dichos vulnerados, decidir el
rechazo de los mismos por extemporaneidad revelaría un rigorismo formal incompatible
con la vía “expedita”, es decir “sin impedimentos” diseñada para el amparo constitucional a
partir del año 1994.
Que superada la barrera de la admisibilidad de la vía recursiva y ya en el tratamiento
de los agravios expresados, en relación al vicio de forma -incongruencia- que se achaca al
fallo alzado, se ha de puntualizar que la circunstancia de que el juez aquo haya acumulado
estos autos con los señalados ut supra en virtud de una conexidad objetiva –declaración de
inconstitucionalidad de la Ley Provincial n.13.441 y las Ordenanzas en Adhesión- y de que
–según el recurrente- haya tomado en forma parcial los argumentos del amparista en los
fundamentos del fallo, en modo alguno implica que en el sub-lite el anterior a través del
rechazo del recurso de amparo no haya resuelto más que la exacta pretensión deducida por
el amparista de declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial N° 13.441 y la
ordenanza municipal de adhesión.
Bien vale aclarar que tal parcialización de los
argumentos que denuncia el recurrente no se constata en el fallo del juez aquo, quien –más
allá de su acierto y/o error- se hace cargo de todas las aristas propuestas por el accionante
para descalificar desde la faz constitucional las normas cuestionadas emitidas por la
Provincia de Santa Fe y el Municipio de Reconquista por vulnerar el diseño constitucional
establecido en el art. 75 inc. 12 C.N y el principio de razonabilidad del art. 28 C.N…
Que entrando al fondo de la cuestión sustancial traída a consideración a este Tribunal
consistente en el análisis de la constitucionalidad de la ley provincial N° 13.441 y las
ordenanzas de adhesión a la misma es preciso señalar que la facultad delegada por las
Provincias al Congreso de la Nación para legislar en materia de normas del trabajo, como
de comercio (art. 75 inc. 12), constituye un valladar ineludible para la actividad de las
jurisdicciones locales, ya sea en su función legislativa como en el ejercicio de poder de
Que el cierre obligatorio de los establecimientos comerciales y/o de servicios los días
domingos y feriados nacionales dispuesto por la ley provincial N°13.441 y las ordenanzas
de adhesión a la misma, pese a que se lo pretenda subsumir dentro del ejercicio del poder
de policía local, sin lugar a dudas importa legislar en materia de “descanso semanal
obligatorio” cuya regulación por constituir legislación común del Derecho Laboral reside
en forma exclusiva en el Congreso de la Nación. Como es sabido, en nuestro país la
legislación común es uniforme, y aspira a evitar contradicciones entre las diferentes
jurisdicciones locales, las cuales -de convalidarse normas del tipo de las aquí analizadasevidenciarían
irrazonables diferencias de trato para los vecinos –tanto trabajadores como
empleadores- de una provincia y otra.
Que la Corte Suprema de la Nación en “Fábrica Argentina de Calderas s.r.l. c/
Provincia de Santa Fe” (Fallos 308:2569) declaró la inconstitucionalidad de una ley
sancionada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe que redujo la jornada laborable a
cuarenta y cuatro horas semanales por sobre lo dispuesto en la Ley Nacional de Contrato de
Trabajo que establece esa jornada en cuarenta y ocho horas semanales. El Tribunal
consideró que “…la fijación de las horas semanales de labor constituye un elemento
esencial del contrato de trabajo porque está directamente relacionada con la
contraprestación que percibe el trabajador en dinero; que esa relación –remuneracióntiempo
de trabajo-, fijada en la ley laboral nacional sólo podrá modificarse a favor del
trabajador por acuerdo de partes; en consecuencia, esas reglas mínimas conforman el
contenido del Código de Trabajo, que por imperio del entonces art. 67 inc. 11 (art. 75 inc.
12) C.N. corresponde dictar al Congreso y conforma una competencia expresamente
delegada por las Provincias en el gobierno federal…”.
Que en el orden provincial, el Superior Tribunal de Chaco, in re “DAOXING, LIN s/
accion de inconstitucionalidad”, expte. N. 66053, del 18.11.2010 en un caso análogo al
presente ha fulminado desde la perspectiva constitucional la validez de una ordenanza del
Municipio de Charata disponiendo similares limitaciones a las contenidas en la norma
provincial en análisis, “…la Ordenanza N. 2212/08 dictada por el Municipio de Charata,
al establecer la obligatoriedad de respetar el descanso dominical que hace extensivo a los
feriados nacionales, fiesta patronal y aniversario de la fundación de Charata, en forma
absoluta, ha invadido la esfera de competencia del Congreso de la Nación (art. 75 inc. 12
C.N.). En efecto, todo lo atinente al Derecho del trabajo y de la Seguridad Social como ya
se apuntara, es parte integrante del derecho de fondo y por lo tanto su regulación y
tratamiento es atribución exclusiva del mismo…”.
Que como se advierte la pauta de análisis impuesta por el Alto Tribunal en el citado
fallo “Fábrica Argentina de Calderas s.r.l. c/ Provincia de Santa Fe” con el objeto de
delimitar qué corresponde a la ley común y qué al poder de policía local, es el examen del
núcleo del contenido de lo regulado. A los fines de ilustrar tal línea divisoria entre ley
común y poder de policía resulta útil memorar que éste último instituto constituye una
limitación a los derechos subjetivos (libertad, propiedad) los cuales están sujetos a
reglamentación (arts 14, 19 y 28 C.N.). Ahora bien, cuando tal limitación recae sobre
materia que ha de regularse exclusivamente en el Parlamento de la Nación, resulta que el
poder de policía -o reglamentación- también recae en lo federal, excepto en las cuestiones
que jurisprudencial y doctrinariamente -con vaivenes- se han venido reservando a lo local
como lo es la seguridad, moralidad e higiene (v. VAZQUEZ VIALARD, Antonio, “Tratado
de Derecho del Trabajo, tomo 2, pág. 794 y sig. , editorial Astrea); por lo cual es dable
inferir que en materia de “poder de policía del trabajo” mientras lo referido a las relaciones
de fondo obrero-patronales (el contrato de trabajo y demás ingredientes de la relación
laboral) es asunto de índole legislativa federal, no provincial, en cambio lo concerniente a
procedimiento y organización de los tribunales del trabajo, como asimismo la fiscalización
y vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral en todas sus formas es de la esfera
provincial. En la Provincia de Santa Fe, las funciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, con competencia y jurisdicción administrativa para entender en materia
de trabajo en todas sus formas, (Ley 10.468 y arts. 23 de la Ley 12.817 y 27 de la Ley
13.509) refleja un nítido campo de acción del poder de policía laboral local.
Que a tenor de lo expuesto, se advierte que el núcleo regulado en la norma provincial
cuestionada, -por más que se lo disimule detrás de la regulación de la apertura y cierre de
negocios- revela que está constituido por materia de derecho laboral de fondo como lo es el
“régimen del descanso semanal obligatorio”, todo ello en clara extralimitación de lo
normado en forma uniforme para todo el territorio nacional en las leyes 18.204, 20.744,
21.397. Por otro lado no sólo la regulación del descanso semanal obligatorio revela un
contenido de derecho laboral de la norma, sino que también refleja tal ensanchamiento de
los límites de un mero poder de policía local, la disposición complementaria contenida en el
art. 6 de la ley en cuestión N°13.441 referida a la “promoción de altas de primer empleo”.
Que la mencionada ley 18.204, si bien se puede considerar derogada tácitamente en lo
que respecta a la extensión de la jornada de trabajo –tal como lo explica Sappia (v. “La
regulación de la jornada en las Provincias”, Revista de Derecho Laboral, tomo 2006 I,
pág. 73 a 86, editorial Rubinzal Culzoni) a partir de la ley 21.197 modificatoria de la ley
20.744 que introduce la redacción actual del art. 196 L.C.T. (el cual establece que la
jornada de trabajo es uniforme para toda la Nación y se rige por la ley 11.544); sin embargo
mantiene su vigencia en lo que atañe al régimen de descanso semanal, estableciendo un
régimen uniforme para toda la República Argentina, y ratificando en forma expresa la
competencia nacional para la reglamentación de la materia del descanso semanal (arts. 1 y
En la misma línea de razonamiento, Sappia (v. ob. citada) puntualiza que la reforma
constitucional de 1994 ratificó el criterio de que corresponde al Congreso dictar, entre otros
el código de trabajo, y en el nuevo texto de la norma (art. 75 inc. 12) no sólo reserva el
dictado de los códigos al Congreso de la Nación sino que además se aclara que deben
calificarse como tales todos los cuerpos legales de fondo. Por ello, sostiene el citado autor,
en opinión que se comparte, que “…corresponde acoger tal tesis como la más acertada
desde el punto de vista constitucional, así también, desde la órbita del interés económico
del país, tomado como un todo y no como una yuxtaposición de jurisdicciones inconexas.
El diferente tratamiento dado al sistema del sábado inglés en las provincias generaba un
esquema de diferencias irritativas entre ellas y entre los trabajadores, según fuera su
ámbito de radicación…” (v. Sappia, ob.cit.).
Que tampoco luce correcta la argumentación del anterior -para convalidar la validez
constitucional de la norma en análisis- basada en la llamada “cláusula para el progreso” en
cuanto ejercicio de un poder de policía de bienestar que el constituyente ha querido
promover a través de la compatibilización del progreso y estabilidad económicas con el
desarrollo humano, toda vez, que el juez aquo soslaya que en todo caso el ejercicio de tal
facultad está reservado para el Congreso de la Nación (art. 75 inc. 18) y la norma en
análisis (entendida por el anterior como derivada de un poder de policía de bienestar)
proviene de la Legislatura Provincial. Y si bien en tal materia de poder de policía de
bienestar (art. 75 inc. 18 y art. 125 C.N.) ciertas atribuciones son facultades que pueden
ejercer tanto el poder central como los poderes locales, bien puede afirmarse que el poder
de policía no constituye una fuente para ampliar las atribuciones del poder provincial frente
al nacional ni viceversa (v. MULLER, Jonathan, GELLI, María Angélica, CAYUSO,
Susana, “Constitución y Poder Político”, editorial Astrea, Buenos Aires, 1991, t. II, pág.
987/988). En el mismo sentido, y en perfecta analogía a lo que se viene analizando, la
constitucionalista María Angélica Gelli sostiene que “… debe tenerse en claro que aunque
los fines de bienestar y progreso, de promoción industrial y desarrollo humano son
concurrentes entre la Nación y las Provincias, los instrumentos que utilicen estas últimas
no siempre serán constitucionales…”.
Que en materia de trabajo, comercio y cláusula de bienestar, la Corte Federal en
“Argenova c/ Santa Cruz Provincia s/ acción declarativa”. C.S., A. 246 XXXIX (2010),
entendió que la pretensión de la Provincia de Santa Cruz, de imponer a la empresa
Argenova, que contaba con permiso local de captura, un determinado cupo de trabajadores
con residencia permanente en ese estado local (… “La tripulación de los buques pesqueros
con permiso otorgado por la provincia, deberá estar constituía con el 50% de sl personal
con más de dos años de residencia permanente debidamente acreditada en la
provincia…”), vulneraba el régimen federal de pesca y declaró inconstitucional la norma de
la provincia. En el voto en concurrencia de la jueza Argibay sostuvo con sólidos y precisos
fundamentos que “… la interpretación contraria, favorable a la ley local –más allá de las
buenas intenciones de la provincia al sancionarla- sería incongruente con el sistema
económico creado por la Constitución Nacional en sus arts. 9, 10, 11 y 12, cuya
preservación se encuentra a cargo del Congreso de la Nación, única legislatura para
“reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí” (art. 75 inc.
13 C.N.)”. La Corte Federal, en tal precedente, con caracteres que pueden extrapolarse al
sub-exámine, no sólo sostuvo que de aplicarse la ley provincial a la empresa demandante
se comprometía en primer lugar la jerarquía interna de fuentes de derecho establecida en el
art. 31 C.N., sino que fue más allá y valorando el contenido de lo normado localmente por
Santa Cruz estableció que el eventual entorpecimiento al régimen federal de pesca por parte
de la ley provincial de carácter proteccionista podía afectar la libertad de comercio
interprovincial y los derechos constitucionales de los trabajadores y de la empresa.
Que por último no se puede soslayar en la materia en análisis el reciente fallo dictado
por la Corte Nacional -26.04.2016- en “Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/
Santa Fe, Provincia s/ amparo”(CSJ 94/ 2015 , R.C.Online J.2018/16), en el cual la Corte
ratificando en forma expresa que no existe óbice para que “…todo magistrado argentino,
federal, nacional o provincial, sea cual fuere su competencia, se pronuncie sobre las
cuestiones constitucionales que pudiesen proponerse en los asuntos que deba juzgar
(Fallos: 308:490), en virtud de la naturaleza difusa del control de constitucionalidad que
ejercen todos los jueces del país (Fallos: 311:2478; entre otros), de nuestro sistema
federal y de las autonomías provinciales (Fallos: 311:1598 y 1597; 313:548; 323:3859 y
sus citas; 328:425; 329:560)…”; en lo que aquí más interesa sostuvo que como “… la
Provincia de Santa Fe mediante la ley local 10.787 adhirió a los principios de
desregulación fijados por las normas del decreto 2284/91 del Poder Ejecutivo Nacional,
cuyo artículo 18 suprimió toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación
de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras actividades
comerciales afines, sin perjuicio de los derechos individuales del trabajador…“ “…la
materia del pleito exige, de manera ineludible, interpretar, aplicar establecer el alcance
de dicha norma de adhesión que integra el derecho público provincial, y examinar la
compatibilidad o no de las disposiciones de la ley 13.441 aquí impugnada con aquella…”.
Que, la introducción por parte de la Corte Nacional a la cuestión en análisis el decreto
N°2284/91 del Poder Ejecutivo Nacional al cual adhirió la Provincia de Santa Fe por ley
provincial 10.787 permite ratificar los fundamentos que se vienen exponiendo en torno a la
indubitable competencia federal para regular el comercio interior y las instituciones de
fondo del derecho del trabajo. En efecto, el citado decreto al que adhirió la Provincia
expresamente en su Considerando se enmarca dentro del marco del ejercicio del Poder de
Policía de Emergencia del Estado, en virtud del cual incumbe al Poder Ejecutivo Nacional
la instrumentación de las medidas necesarias a los fines del cumplimiento de las leyes de
reforma del Estado N° 23.696, 23.697, y 23.928, lo cual revela materia de competencia
exclusiva del orden federal.
Y por otro lado, en materia de derecho del trabajo, el citado
decreto 2284/91 en su art. 18 última parte ha dejado a salvo de la desregulación del
comercio interior de bienes y servicios, etc., los derechos individuales de los trabajadores,
por lo que se puede concluir sin hesitaciones que el régimen común del descanso semanal
obligatorio establecido por las leyes federales de manera uniforme para toda la República
en las leyes nacionales reseñadas -ley 18.204, ley 20.744- sigue siendo materia de derecho
común regulada por el orden federal según diseño constitucional (arts. 31 y 75 inc. 12) el
cual constituye el bloque normativo a contrastar en todo test de constitucionalidad de
cualquier norma local que regule tal materia, según el orden constitucional del art. 31 C.N.
Que la inconstitucionalidad que se constata de las normas cuestionadas por violación
del orden jerárquico normativo diseñado constitucionalmente en el art. 31 C.N. y art. 75
inc. 12 y 18 C.N. conduce a la verificación en el caso de marras de la ilegitimidad de las
restricciones contenidas en las citadas normas (ley provincial y ordenanzas de adhesión)
referidas a la apertura y cierre obligatorio de los comercios comprendidos en la norma.
Que por todo lo expuesto y dado que desde la faz constitucional en virtud del art. 31
C.N. es inadmisible que mediante el procedimiento de regular la apertura y cierre de
comercios se legisle en materia de descanso hebdomadario prevista en la Ley de Contrato
de Trabajo -materia de derecho común reservada al Congreso Nacional, art. 75 inc.12-, y
sin entrar en el análisis de la razonabilidad de las regulaciones contenidas en la norma
provincial ni en las afectaciones (si las tuviese) a libertades y derechos constitucionales
(libertad de comercio, igualdad ante la ley, etc.) se ha de declarar la inconstitucionalidad de
la ley N° 13.441 y las respectivas ordenanzas municipales cuestionadas de adhesión a la
Que las costas, en razón del efecto extensivo asignado al recurso interpuesto por
Castets y Tanino s.r.l. a causa de la omisión incurrida por los amparistas Marcelo René
Foschiatti y Supermercado Reconquista s.r.l. se han imponer en forma separada para cada
proceso. Así, las costas de ambas instancias generadas en los autos “Castets y Tanino s.r.l.
c/ Municipalidad de Reconquista s/ Acción de Amparo” Expte. N. 389/2015 se imponen en
su totalidad a las vencidas Municipalidad de Reconquista y la Provincia de Santa Fe. Las
costas de ambas instancias en los autos “Marcelo René Foschiatti c/ Municipalidad de
Avellaneda s/ Amparo” Expte. N. 418/2015” y “Supermercado Reconquista s.r.l c/
Municipalidad de Reconquista y/o q.r.j.r. s/ Amparo y Medida Cautelar” Expte. N.
406/2015 se imponen en el orden causado.
Que, por ello, la
CAMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE
LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, RESUELVE:
1) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución
de fecha 01 de Diciembre de 2015 .
2) Revocar la sentencia alzada y en su lugar declarar la
inconstitucionalidad de la ley Provincial N. 13.441 y las Ordenanzas Municipales Números
7638/15 de la ciudad de Reconquista y N° 1731 de la ciudad de Avellaneda – de adhesión a
3) Las costas de primera y segunda instancia correspondientes a los autos
“Castets y Tanino S.R.L.. c/ Municipalidad de Reconquista s/ Acción de Amparo” Expte.
N. 389/2015 se imponen en su totalidad a la Municipalidad de Reconquista y a la
4) Las costas de primera y segunda instancia correspondientes a los
autos “Marcelo René Foschiatti c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Amparo” Expte. N.
418/2015” y “Supermercado Reconquista S.RL. c/ Municipalidad de Reconquista y/o
q.r.j.r. s/ Amparo y Medida Cautelar” Expte. N. 406/2015 se imponen en el orden causado.
) Regular los honorarios profesionales de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el
50% de la regulación firme de Primera Instancia.
Registrese, notifíquese y bajen.
CHAPERO DALLA FONTANA CASELLA
(Con Fundamentos)
Fundamentos Dr. Casella: Adhiero a los fundamentos de la mayoría en cuanto a
competencia, apertura de la vía recursiva a los actores de las causas acumuladas y
desestimación de la extemporaneidad acusada, como así también al régimen de costas y
Expreso a continuación mis fundamentos sobre la cuestión de fondo y su
La sentencia de Primera Instancia al rechazar la acción de amparo considera que la
factura de la norma a la que adhirieron las Municipalidades demandadas evidencia una
preocupación del legislador porque no se efectúen compras los días domingos y feriados ,
en los grandes supermercados y negocios similares , delegando en las Municipalidades y
Comunas la adhesión a tal régimen.
Rechaza la impugnación de los actores en cuanto acusa
a la norma de realizar una irrazonable discriminación de actividades, argumentando que la
igualdad de trato consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, para lo
que se requiere un juicio comparativo de igualdad , tarea delicada que corresponde llevar
adelante al poder legislativo.
Aprecia que en este caso la ley expresa una discriminación
positiva , y la mirada interesada de los afectados no alcanza para descalificar ese juicio y no
corresponde que el poder jurisdiccional se involucre porque no sería más que una
intromisión disfuncional en la actuación de las instituciones democráticas en el sistema
republicano y representativo.
Interpreto que tal discriminación positiva estaría dirigida a
corregir las deformaciones y desigualdades, y en la norma en examen las restricciones a
los grandes comercios para que tengan cerradas sus puertas al público los días domingos
y feriados, responden a la clara inteligencia de promover de alguna manera la subsistencia
de los comercios más pequeños, y estimular la participación colectiva de todos los
integrantes de la sociedad en actividades edificantes, ya sea sociales, culturales o
esparcimientos familiares más virtuosas que el consumo y el lucro, lo que no solo no le
merece reproche alguno sino que concuerdan de la mejor manera con la Constitución
Nacional . En otro aspecto que interesa a esta decisión, considera el a quo que más allá de
la repercusión que pueda tener la normativa en el terreno laboral, se trata de una medida de
policía general que limita el quehacer mercantil por razones de conveniencia, y no modifica
TE: 0342-4572700 int: 2632. E-mail: csjprensa@justiciasantafe.gov.ar ;
TE 0341-4721700 int: 1658. E-mail: prensaros@justiciasantafe.gov.ar
la legislación nacional que prevé la extensión de la jornada de trabajo ni la distribución del
tiempo de trabajo; el hecho de que impacte en la relación laboral, como otras restrictivas de
la actividad empresaria, no autoriza a calificarla como una norma laboral.
Las premisas del a quo sobre el espíritu de la Constitución Nacional y el principio
de igualdad pueden sin duda compartirse. En efecto,”por una parte, no toda distinción de
trato puede considerarse violatoria de dicho principio, y por otra, un tratamiento igualitario,
que ignore diferencias relevantes, puede constituir un supuesto de discriminación. Es más,
en numerosos casos el principio constitucional bajo estudio admite tanto equiparar como
diferenciar, existiendo al respecto libertad de configuración por el legislador”. En esa
orientación, la CSJN ha sostenido que el art. 16 de la Constitución “no impone una rígida
igualdad, entregando a la prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad
para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación” (Didier,
Maria Marta, “El principio de igualdad en las normas jurídicas”, Marcial Pons Argentina,
2012, pag.38 y ss). Ahora bien, también lo ha dicho la CSJN ,la libertad de configuración
de que goza el legislador no es absoluta, pues está limitada por la exigencia de que tales
limitaciones sean razonables y no arbitrarias. Es así(siguiendo la aut.cit. ,59,333 y ss.) que a
partir de que las distinciones normativas sean razonables, se verifica un estrecha relación
entre los principios de igualdad y de razonabilidad, aunque no sean equiparables. Para la
CSJN la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igual a quienes
se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, imponiendo que no se establezcan
privilegios o excepciones que excluyan a algunos de lo que se concede a otros en iguales
circunstancias. Por su parte, también en criterio de la CSJN la razonabilidad de las leyes
depende de su adecuación a la finalidad que persiguen y de la ausencia de iniquidad
manifiesta, de modo que la razonabilidad de la diferenciación debe ser juzgada por la
adecuación entre medios y fines, su idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con diversa
intensidad según los derechos involucrados.
En el caso de las normas impugnadas por los amparistas, mi juicio es negativo.
Contrariamente a lo sostenido en la sentencia alzada, en base a los criterios expuestos
considero que establecen una discriminación injustificada e irrazonable respecto de los
actores. En sus fundamentos el a quo señala que al legislador le preocupa que no se
efectúen compras los días domingos y feriados en los “grandes supermercados y negocios
similares” y que las restricciones a “los grandes comercios” tienen como una de sus
finalidades promover la subsistencia de los comercios más pequeños. Sin embargo, y en
primer lugar, no ha tenido en cuenta que ninguno de los establecimientos de los actores
responden a esa calificación, ya que se trata de Pymes locales, por lo que presentan una
razonable igualdad con otros cuya apertura se autoriza, lo que determina que la norma
opera un trato desigual injustificado. La ley provincial a la que adhieren los Municipios de
Reconquista y Avellaneda luego de establecer el cierre de establecimientos comerciales y/o
de servicios los días domingos , establece un amplio elenco de exclusiones de la limitación
de las normas mencionadas: establecimientos que no superen los 120 mts. cuadrados
atendidos por sus dueños, los ubicados en estaciones terminales de cualquier medio de
transporte, los que se encuentran en centros y/o paseos comerciales, que no superen los 200
mts. Cuadrados de superficie, la distribución y venta de diarios y revistas, sepelios,
farmacias, servicios esenciales de salud, transporte, hotelería, telecomunicación, expendio
de combustibles, panaderías, repostería, heladería, comidas preparadas, restaurantes y
bares, video clubes, florería,ferreterías, teatros, cines y todos aquellos destinados al
esparcimiento,venta de libros, música y videos, mercados de concentración de carnes, aves
y huevos, pescados, legumbres y frutas y mercados municipales . De modo que en la
realidad de nuestro conglomerado urbano constituído por las ciudades de Reconquista y
Avellaneda, el cierre los días domingos y feriados se reduciría en la práctica a poquísimos
comercios, entre ellos los de los actores, que no guardan una diferencia sustancial con los
autorizados y cuyo cierre tampoco resultaría relevante para cumplir adecuadamente la
finalidad de promover pequeños comercios que también le asigna el a quo. A la vez,
tampoco sería determinante para promover en esos días actividades no vinculadas al
consumo y al lucro, máxime teniendo en cuenta las aludidas exclusiones. Cabe hacer notar
que el art. 9 de la Ley Provincial 13.441 al condicionar su entrada en vigencia en cada
Municipio y Comuna al dictado de una ordenanza de adhesión prevé que las mismas podrán
regular los alcances de su aplicación “en función de las particularidades de cada localidad”,
y las Ordenanzas cuestionadas no incluyen ninguna previsión al respecto.
La apreciación del a quo de que no se trata de normas que regulen el trabajo, me
parece acertada. Aunque no se me escapa que imponer el descanso dominical de los
trabajadores del comercio ha sido uno de los motivos centrales para promocionar el dictado
de la ley provincial, lo cierto es que la norma no lo expresa, e incluso los establecimientos
eventualmente alcanzados por la prohibición de apertura no tienen vedado tener en esos
días personal trabajando. De cualquier manera, una vez más teniendo en cuenta la realidad
local que afectaría casi exclusivamente a las pymes que promueven estos amparos, y las
numerosas exclusiones referidas, la norma no aparece adecuada ni idónea para lograr ese
En definitiva, considero que las Ordenanzas cuestionadas de adhesión por las que
entra en vigencia en los Municipios de Reconquista y Avellaneda la ley provincial
n.13.441, establece una discriminación injustificada e irrazonable contra los actores
afectando derechos fundamentales de los mismos, por lo que corresponde declarar su
inconstitucionalidad y hacer lugar a la acción de amparo que promueven, revocando la
DR. CASELLA LANTERI (JUEZ DE CÁMARA)
DR. WEISS (SECRETARIO)
Derechos fundamentales del trabajador en Argentina El despido del empleado público Déjame entrar. Acerca del libre acceso a Internet y a la radio Horas extras. Guía práctica
cierre comunismo Coto descanso dominical despido despido por falta o reducción de trabajo desregulación económica domingo indemnización reducida jornada jornada laboral Jumbo ley libertad provincia de Santa Fe Santa Fe socialismo supermercados

References: artículo 1
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 28
 artículo 75
 artículo 126
 artículo 28
 Resolución 
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 artículo 18
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