Source: https://www.scribd.com/doc/138922239/La-Tutela-Constitucional-Del-Consumidor
Timestamp: 2017-07-27 23:06:52+00:00

Document:
La Tutela Constitucional Del ConsumidorUploaded by Alvaro Chanto UreñaRelated InterestsConsumer ProtectionConstitutionConsumersConstitutional RightMarket (Economics)Rating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLa Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano1) Aspectos Introductorios.
se basó en un Estado altamente interventor en la economía. el Código Penal y de Policía de 1941 se regulaba. el engaño y alteración de pesas y medidas (Artículos 309. no tuvo ningún éxito relevante y no pasó de ser una oficina unipersonal más del Estado. por las cuales. aplicar y controlar el funcionamiento de las políticas de defensa del consumidor.2 Nivel Nacional. como se establece en el texto constitucional del artículo 46 propuesto. Las anteriores. directrices de la ONU fueron las bases. fue la creación del
Al respecto en la Exposición de Motivos del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica (Expediente No. Para 1975 se dicta nuestra primera Ley de Protección al Consumidor. se construyó la reforma integral a la Ley de Protección del Consumidor de 1975 y la del artículo 46 Constitucional2. el cual. En esta normativa se reguló los fraudes en el comercio como por ejemplo las mercadería falsificada. b) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud. reforma a los artículos 24 y 46 de la Constitución Política) suscrito por el Diputado Fajardo Salas. 3. una de esas. establecía licencias de importación y exportación. hace un llamado a los gobiernos para que se esfuercen para que “las políticas y las medidas relativas a la protección del consumidor se apliquen de manera que no se conviertan en barreras para el comercio internacional y sean compatibles con las obligaciones del comercio internacional”. además de la propaganda desleal. en una economía social de mercado. la cual. 310 y 644). 11.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano a) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual.918.
. y sus intereses económicos. Además. la falsificación de sustancias. Existieron otros intentos de coordinación entre instituciones para la generación de políticas públicas en protección del consumidor. llamado Código de Carrillo. d) Tener en consideración el papel positivo de las universidades y las empresas públicas y privadas a la hora de elaborar políticas de protección al consumidor. que las Naciones Unidas en su Resolución 39/246 del 16 de abril de 1985. su seguridad e integridad físicas. siendo uno de los primeros países de América Latina en contar con una regulación específica en esta materia. se indicó: “Es importante destacar. En Costa Rica podemos indicar que las primeras normas importantes para la tutela del consumidor se dieron en el Código General de la República de Costa Rica. el Estado regulaba casi el 100% de los bienes y servicios. En el año de 1982 se crea dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Esta normativa estaba caracterizada por el modelo económico imperante en esa época. en armonía con la libertad de empresa. la cantidad y calidad de los productos. En este sentido. entre otros. c) El deber de cada país y sus gobiernos de establecer o mantener una infraestructura adecuada que permita formular. Posteriormente.
aunque fuere originado en una ley. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud. y a un trato equitativo. Esta nueva legislación crea derechos concretos para los consumidores. donde se eleva a ese nivel derechos concretos para con el consumidor. Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Consejo Nacional para la Garantía de los Derechos del Consumidor y Usuario en el año de 1991. La gran reforma en el tema particular del consumidor. El constituyente al agregar el último párrafo de este artículo elevó al grado constitucional los derechos de los consumidores que hasta ese momento tenían rango de ley (Ley No. caracterizado por la celebración individualizada de los negocios. o dentro de
. Para el 20 de diciembre de 1994 se promulga la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y se deroga totalmente la anterior Ley de Protección del Consumidor que data de 1975. en el campo contractual. a recibir información adecuada y veraz. seguridad e intereses económicos. concretados usualmente en mercados cerrados. mediante Ley No.7607 de 18 de junio de 1996. ambiente. a la libertad de elección. Defensoría del Consumidor y Ministerio de Salud. La ley regulará esas materias". Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial. establece la Comisión Nacional del Consumidor como instancia administrativa para hacer valer esos derechos y genera cambios significativos en la regulación económica del país. Industria y Comercio. Al respecto el citado artículo establece: “ARTICULO 46: Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto. se da con la modificación del artículo 46 de la Constitución Política. Este Consejo lo integraban representantes del Ministerio de Economía. agricultura e industria. (El resaltado no es del original). promulgada hace casi medio siglo. Esta reforma se produce con la siguiente motivación: “Nuestra Constitución Política. que amenace o restrinja la libertad de comercio. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. 7472) y de tratado internacional (Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas emitida el 16 de abril de 1985). Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. corresponde a una etapa del desarrollo económico.
. que constituyen. particularmente. en un mundo caracterizado por un cambio científico y tecnológico constante. En consecuencia. el consumidor y el Estado. la parte débil de la relaciones públicas negociables. el principio de la coexistencia de las libertades públicas -el derecho de terceros. ha dicho: “. balancearse con los derechos e intereses legítimos de consumidores y usuarios. sino encausarse y. la dinámica y la velocidad de los (sic) transacciones que se observan en la actualidad y particularmente la naturaleza y modalidades de actos y contratos comerciales. los procesos de globalización comercial. por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades. mediante los cuales se promueven a través de medios de transmisión del sonido y de las imágenes.Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás. aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas los disfruten en igual condiciones. no se tuvo en cuenta esa dinámica de los negocios y mucho menos. que no debe impedirse.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano esquemas integrados muy reducidos. Por ello. Sin embargo. a no dudar. derechos. la óptica del legislador y la del propio Poder Constituyente. que la humanidad presencia en nuestros días.. Los negocios no experimentaban.
4) Relación del Estado. Los niveles de sofisticación y propaganda. que hoy se presentan a consumidores y usuarios. valores y reglas fundamentales en materia económica que vienen a moldear y a coexistir con las libertades. deberes y responsabilidades de la actividad socioeconómica de los individuos y del Estado. jamás pudo imaginarlo cuando nuestro constituyente promulgó la Carta Política fundamental que nos rige. no podía poner la fuerza arrolladora de la competencia mercantil.
Es claro. Sobre esta relación o coexistencia de derechos en nuestra Carta Magna la Sala Constitucional en su voto 3173-93 de 14:57 del 6 de julio de 1993. Economía y Consumidor. que nuestra Constitución Política esta integrada de un conjunto de principios. concebida como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus
. entonces. criterios. generalmente en bloques de países vecinos.no es la única fuente justa para imponer limitaciones a éstas: los conceptos “moral”.” Estos argumentos nos sientan la base para poder abordar el tema de la necesaria interrelación y harmonización de la economía.
que le es totalmente ajeno. 5532-00 estableció: “(. porque solo bajo ese enfoque puede resolverse la aparente intromisión del órgano encargado de la revisión constitucional. claro está que en la revisión de las características de lo razonable. la exigencia de “proporcionalidad en sentido estricto”. de lo proporcionado y de la
Bacigalupo Mariano. pp. porque sobrepasa los límites de la razonabilidad. para deslegitimar actos en los que dicho ejercicio ha transgredido el marco constitucional..La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano miembros y de “orden público”. imponiendo su voluntad en el terreno de la oportunidad y la conveniencia. Este último elemento implica necesariamente una valoración o ponderación de bienes e intereses en un Estado democrático de Derecho. En este sentido la Sala Constitucional en el voto No. proporcionalidad y la adecuación del medio al fin. Se trata entonces de analizar lo actuado por la Asamblea Legislativa. por ejemplo.. lo que sí resulta posible para la Sala es analizar el resultado del ejercicio de la discrecionalidad. En este sentido el tratadista Bacigalupo3 señala que el principio de proporcionalidad es uno de estos “límites de los límites”. En concreto. en la esfera de competencia y decisión propias del órgano. se impide a esta jurisdicción sustituir una opción válida por otra igualmente válida. estos límites encuentran otros límites donde toma relevancia el control constitucional de las normas. n. cuales son.
. La aplicación de la Doctrina de los “limites inmanentes” a los derecho fundamentales sometidos a reserva de limitación legal. De lo anterior. para lo cual. en Revista Española de Derecho Constitucional. que debe existir en dichas actuaciones y de los que ha de entrarse a revisar su cumplimiento. pero solamente para invalidar lo que resulte constitucionalmente arbitrario por exceder el conjunto válido de opciones constituido por todas aquellas. 1993. en primer lugar. donde los derechos no son absolutos y se encuentran limitados pero a la vez. puede la Sala declarar inconstitucional una norma legislativa.)Otro límite de carácter material impuesto a los actos de los órganos públicos (en este caso de las normas jurídicas emitidas por la Asamblea Legislativa) lo constituyen los principios de razonabilidad. Se advierte que es aquí donde cobra mayor relevancia la concepción del contralor de constitucionalidad como una función de demarcación de límites.297-315. así como la “necesidad” de la limitación para lograr el fin que con ella se persigue. entre el derecho fundamental limitado y el bien jurídico o valor que se pretende salvaguardar mediante la limitación. los de la proporcionalidad o bien porque es totalmente inadecuada para el fin que ella misma pretende. la exigencia de “idoneidad o adecuación”. también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales”. agrega que ese principio establece convencionalmente una triple exigencia a las leyes limitadoras de derechos fundamentales. 38. las posibilidades razonables. proporcionadas y adecuadas al fin perseguido. Se dice que es sólo aparente porque gracias a la noción del control de los límites. no debe existir medio menos gravoso mediante el que tal fin también podría lograrse y por último. claramente se puede colegir el principio de coexistencia de las libertades públicas.
bien mediante la adquisición de empresas ya existentes y la consecuencia principal es la existencia de la regla de la libre competencia. delimitando la libertada de empresa y sus limitaciones podemos indicar que el mismo básicamente presupone o encierra tres libertades distintas a saber: a) libertad de acceso al mercado. Es decir. bien mediante la creación de una empresa. 1901-94).La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano adecuación al fin propuesto. puede. También se hallan facultados otros entes
Sobre el particular el tratadista Bermejo Vera José. sin la cual queda vacío de contenido el derecho relacionado. Es el propio derecho de libertad de empresa el que impone ordenar el mercado a fin de garantizar la concurrencia. etc. no existe ningún deber que oblíguela empresario a continuar indefinidamente realizando una actividad de carácter económico”. el bienestar social.672-673. hay que ocuparse -en parte. 14394.en la valoración de los mismos elementos sobre los que versó el ejercicio de la discreción por parte del órgano. parte especial. b) libertad de ejercicio o de permanencia en el mercado y c) libertad de cesación o de salida del mercado. Pero el ejercicio de la actividad debe estar sometido a las regulaciones existentes. B) Libertad de ejercicio o de permanencia en el mercado: Que implica que el empresario. medio ambiente. nos ilustra: “la libertad de empresa presupone o contiene tres libertades distintas: a) Liberdad de acceso al mercado: Que implica que cualquier agente económico. pues en sede constitucional solamente se constata la ubicación de lo impugnado dentro de una zona válida de actuación y se deja intocada la discrecionalidad del órgano respectivo para elegir una entre las varias opciones válidas. pp. el derecho fundamental del consumidor se sitúa en una posición paralela y en ciertos momentos hasta contrapuesta con otro derechos fundamentales principalmente con la libertad empresarial o comercial contenida. la diferencia estriba en la forma en que esto se analiza. si bien respetando en cualquier caso la ordenación jurídica existente al respecto. tranquilidad. en su libro Derecho Administrativo. consumidor. público o privado. las que no deben trascender los límites de razonabilidad y proporcionalidad pues la norma del artículo 46 debe interpretarse harmoniosamente con el artículo 28 constitucional. sin embargo.” En este orden de ideas. así como al modo de realización de su actividad económica. La libertad de comercio. Es claro. seguridad. también. tiene para proceder a la organización interna y externa de su empresa. (votos 1195-91. es un derecho fundamental y no puede ser ejercida de forma irrestricta. en el artículo 46 Constitucional. Veamos. público o privado. en condiciones de igualdad. y c) Libertad de cesación o de salida del mercado: Supone el derecho del empresario a dejar desarrollar en cualquier momento la actividad empresarial que llevaba a cabo. iniciar cualquier tipo de actividad económica legalmente permitida.4 Al respecto y sobre las limitaciones a dicha libertad la Sala Constitucional sostiene que la libertad de comercio es el derecho que tienen todos los ciudadanos para elegir sin limitaciones la actividad comercial que más le convenga y que sea permitida por ley. que al introducirse los derechos del consumidor y el usuario en nuestro ordenamientos otros derechos como el de libertad empresarial deben “armonizarse” para poder coexistir.
. El legislador está facultado para imponer las limitaciones necesarias para proteger otro tipo de derechos de interés público como son: la salud.
537-98 entre otras. 4681-97.
En doctrina se realiza una distinción entre tutela directa o indirecta hacia el consumidor o usuario de un servicio. regulación de importaciones. siendo que la libertad de empresa lo hará cuando se enfrente a los derechos fundamentales del consumidor y el usuario siempre y cuando la regulación sea proporcional. P. racional y se adapte a sus fin. básicamente se pasan a detallar para una mejor ilustración de la interrelación que se debe dar entre la libertad de empresa y la defensa del consumidor.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano públicos para establecer límites a la libertad de comercio5. sobre todo por aspectos de salud ya que en muchas de ellas no se cumplen con las normas mínimas de higiene. (voto 508-95). podemos indicar que claramente el artículo 33 de la LPCDEC y el 46 de la Constitución Política otorgan derechos específicos al consumidor. por ello la Sala Constitucional sostiene que el otorgamiento y control de los permisos para ejercer el comercio en ventas ambulantes no afecta el espíritu del artículo 46 pues buscan evitar problemas de tránsito e higiene. los cuales.
5) Sala Constitucional y la tutela del Consumidor. como la salud pública. cuando se encuentran de por medio derechos o intereses de la colectividad. es importante destacar que el legislador los estableció que eran fundamentales antes de la reforma del artículo 46 Constitucional. cuando hablamos de tutela directa estamos otorgando derechos concretos hacia el consumidor que el Estado debe tutelar. como desarrollo del principio de que las libertades constitucionales pueden ser objeto de regulación. 6602-94. por ejemplo. 7472.
• Derechos del Consumidor. 3499-96. Visto lo anterior. regulación de entidades financieras. situación que puede encontrar fundamento en las normas internacionales citadas y básicamente la Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 16 de abril de 1985. Así. Es innegable la necesidad de vigilar este tipo de ventas. este punto. los derechos otorgados al consumidor cuentan con la característica de ser “fundamentales e irrenunciables” según la doctrina de artículo 32 de la Ley No. En nuestro país y por mandado del propio legislador. La promoción de la competencia. queda claro que unos derecho deben ceder necesariamente ante otro. Sobre. 319-95.
La definición de la libertad de comercio sujeta a límites.
. Visto lo anterior. de seguido se intentará trazar la línea de pensamiento que ha tenido la Honorable Sala Constitución referente al tema de análisis. La primera se presenta con la atribución concreta de derechos a favor del consumidor y la segunda con la regulación de ciertas actividades que tienen como efecto indirecto la tutela del consumidor.E. Por consiguiente. etc. véanse las sentencias 1901-94. regulación de monopolios. el orden público es totalmente reiterada por la jurisprudencia de esta Sala. Es decir. 1019-97. además la seguridad de conductores y peatones se pone en peligro con la proliferación de tales negocios. política de precios.
La ley regulará esas materias".) El Estado tiene el deber de velar por la salud de todos los individuos según el contenido del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador": " 1°. ambiente.. a recibir información adecuada y veraz. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. profesionales y de otra índole.." Asimismo. 2°. Al respecto en el Voto 388-00 indica: “(. entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas. y f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano • La protección de los consumidores contra los riesgos que puedan afectar la salud. entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico. que dice: "Los consumidores y los usuarios tienen derecho a la protección de su salud. mental y social. que el contenido de este derecho fundamental tiene una relación directa con los derechos del consumidor. el Estado deba informar a los individuos de las condiciones en que se encuentran tales productos. Con la reforma del artículo 46 Constitucional y la promulgación de la LPCDEC..
.Toda persona tiene derecho a la salud. ante una posible amenaza a la salud por exceso de elementos químicos en productos de consumo. la seguridad y el medio ambiente. e intereses económicos. a la libertad de elección y a un trato equitativo. la Sala ha incrementado dicho deber no solo en el resguardo sino también en el deber de información y educación hacia el consumidor como aspecto preventivo. seguridad.Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a) La atención primaria de la salud.. c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud.
La Sala Constitucional en resguardo de estos derechos fundamentales ha mantenido y reiterado el deber Estatal de proteger la salud de todos los habitantes en claro resguardo de la vida del ser humano según lo dispone el artículo 21 de la Carta Magna. Lo anterior significa. b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. los que se desprenden del párrafo 5° del artículo 46 constitucional.
con el propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones fundadas acerca del consumo de bienes y servicios. así como a los fines que la Ley número 7472..La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Bajo este orden de ideas.)" Consecuentemente. En lo que interesa el voto 01-12226 manda: “(. atribuye al funcionamiento de la Administración Central. y por ende. principios generales de derecho.. lejos de ser arbitrario responde a la finalidad de asegurar la salud de todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.. la Ley número 7472. en desarrollo al derecho fundamental del artículo 46 constitucional. Nótese –según el contenido de los artículos transcritos.. uso y costumbres. la actuación del órgano recurrido resulta razonable y proporcional en atención de los derechos fundamentales que el Estado debe asegurar. con conocimiento de sus derechos. cumplan con las normas de salud. En efecto. " En este orden. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. es esencial la adopción por parte del Estado.) para garantizar el derecho a la salud y a la vida. de medidas de control efectivo de la calidad de los medicamentos de consumo humano. el artículo 26 de esta Ley señala: "Sin perjuicio de lo establecido en tratados. b) Formular programas de educación e información para el consumidor. convenciones internacionales de las que Costa Rica sea parte... seguridad.. reglamentos. al tener certeza de los resultados dañinos que producen los elementos supra mencionados.que la administración está autorizada para informar a los consumidores sobre los elementos que componen los productos que están en el mercado. al acreditarse los efectos dañinos que producen en la salud de los individuos los excesos de cadmio y plomo en la sal (folio 36).
.) a) Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado. medio ambiente y los estándares de calidad. su seguridad y el medio ambiente(.. sino por el contrario." Asimismo. son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor los siguientes: a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud. así como sus consecuencias en la salud. es inherente a todo ser humano y en esa óptica la Sala manda al Estado la adopción de medidas de control efectivo de la calidad de los bienes comercializados. es conveniente reiterar que el derecho a la salud y la vida no es exclusivo de los consumidores. especialmente los medicamentos.. Los Estados se han preocupado por dictar normas protectoras de ese derecho. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor atribuye a la Administración Central en su artículo 30 el: "(. legislación interna ordinaria. el proceder del recurrido se justifica.
tanto en su origen jurisprudencial como en el normativo. no fue revolucionaria dada que la Sala Primera y la Constitucional. En este orden de ideas. como el de la vida y la protección a la integridad física revisten la característica de ser irrenunciable (carácter compulsivo).. nos ha puesto dentro de aquellos países con la posibilidad de relacionar el desarrollo.
. Nuestro proceso sin embargo. La Sala parte de una relación armónica de los artículos 6.6 La reforma del 46 “logró integrar el criterio de protección al ambiente y al consumidor. C.
Gonzáles Ballar. En el voto No. sobre la protección del medio ambiente como un derecho del consumidor la reforma del artículo 46 Constitucional. Visto lo anterior. Rafael. la garantía constitucional. 2001. es función esencial del Estado velar por ella (. el Económico y el Social y las limitaciones que se deben establecer a las diferentes actividades para lograr este objetivo como humanidad. es conveniente recalcar que el derecho a la salud. En otro orden de cosas. desde antes de la reformas de los artículos 50 y 46 citado. y extrapatrimonial (sólo surge después de que ha sido violentado en asuntos no patrimoniales). para el movimiento de consumidores es importante concretar un desarrollo sostenible. 89. han mantenido que en la Constitución existen principio que revelan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 3707-93 indico que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado está ligado al derecho a la vida. los mejores protectores del ambiente”7. 2233-93 establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental. intransmisible (no se puede transferir a otra persona). al adoptar la reforma al artículo 50 de la Constitución.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Así el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. imprescriptible (el “no uso” no produce su extinción). Al respecto el tratadista Gonzáles Ballar nos ilustra: “La tutela constitucional del medio ambiente en nuestro país.: Editorial IJSA. con la
En el voto No. San José. el equilibrio necesario que debe existir entre factores como el Ecológico. pp 47. 21. Temas de Derecho Ambiental. inciso 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y. entre otros. primera edición. con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. derecho que se encuentra consagrado en el artículo 21. en general. consagrando el concepto moderno de que los consumidores son en buena forma.R.. de nuestra Carta Magna. han estado acordes con las tendencias internacionales y su interpretación. establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida.)”. a la libertad y a la seguridad de su persona” El artículo 4. a partir del momento de la concepción. lo que pone en la mesa de discusión.” Al ser la salud de la población un bien de interés público. 69.
sino a la celebración constante de contratos a título personal.” • La protección de los legítimos intereses económicos y sociales del consumidor. ed. entre otras. Rubén. sostuvo que los principios de orden público social justifican el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de los consumidores.
Este derecho no lo encontramos expresamente en el artículo 46 Constitucional. con la Economía y con las necesidades Sociales. pp. la protección de la salud cuando esté involucrada. C. San José.
La protección de los intereses económicos y sociales por parte de la Sala Constitucional tiene una evolución muy parecida a la protección que se le dio al medio ambiente. Es decir. distribución y comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal. 0490-94 de las 16:15 horas del 25 de enero de l994. 2757-93 de las 14:45 horas del 15 de junio de l993.". la reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor posible conocimiento del bien o servicio a adquirir. y su participación en ese proceso. no responde a razones técnicas ni profesionales. 1. Por ello su relación en esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios. En los votos No. 1441-92 de las 13:45 horas del 2 de junio de l992. 217. varios principios constitucionales como la preocupación estatal a favor de los más amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores..R. en una mezcla armónica. el derecho general a la justicia. Van incluidos por lo expresado.-
El derecho de contar con mecanismos efectivos de acceso a una tutela administrativa..
. que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. 2002.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano necesidad del equilibrio. a los efectos de que previo a externar su consentimiento contractual cuento (sic) con todos los elementos de juicio necesarios. procedió al respecto de los mismos.8 En lo que respecta al consumidor y tomando en cuenta que
Hernández Valle. de principios. normas y valores presentes en la Carta Magna. judicial y a la reparación de la lesión.es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada por la producción. Es decir.. que sin existir una norma constitucional que expresamente estableciera el derecho la Sala. pero sin lugar a dudas de la interpretación sistemática de los artículos 27 y 41 de la Carta Magna podemos establecer la tutela judicial efectiva o como lo ha llamado la Sala Constitucional.. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica. el ordenamiento y la sistemación de las relaciones recíprocas entre los interesados. con la base de un desarrollo sostenible. En este orden el voto No. en un interpretación armónica. 1441-92 indicó: ". Editorial Juricentro.
como ya se dijo.. que las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material. además. es decir. los caracteres necesarios para achacar responsabilidad. A. debe considerarse. 4286-95 la Sala estableció claramente que el “Estado debe contar con normas que permitan el cumplimiento de la labor de protección al consumidor.7472 y el 1048 párrafo quinto del Código Civil). ni niega u obstaculiza la acción de la justicia a las partes sometidas al procedimiento sumario en una causa por competencia desleal. Es claro. Sobre el particular.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano la mayoría de las reclamaciones son de un promedio de menos de 5 salarios mínimos mensuales los mecanismos deben ser ágiles. Con esta institución se busca una verdadera tutela al consumidor al no hacerle más difícil o casi imposible las cosas de aplicarse el régimen de responsabilidad subjetiva. alternativos e informales. de escoger la segunda.. el intento del legislador de establecer un procedimiento más rápido en beneficio directo del consumidor. VIII.” Aparte de lo anterior. le corresponde a la persona o empresa a quien se le atribuye la responsabilidad. En otro orden de cosas. demostrar que los daños se produjeron por fuerza mayor o por culpa de la víctima (doctrina que informa los numerales 32 párrafo segundo de la Ley No. accesibles. la Ley 7472 en sus artículos 17 y 46 establece que el consumidor para hacer valer sus derechos pueda acudir a la vía administrativa o la judicial. sino se establecen. por lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos.En la especie se han demostrado plenamente. a la Sala en el voto No. que confirmó la responsabilidad de Embotelladora Tica. es de suma importancia por la carga de la prueba que se reinvierte cuando el consumidor ha sufrido un daño (artículo 35 LPCDEC). ya que. los mecanismos adecuados para su desarrollo y aplicación.. en lo que interesa la resolución establece: “Sea. En el Voto No. estableció que el proceso sumario “. Lo anterior. es importante destacar que el legislador estableció un régimen de responsabilidad objetiva en beneficio del consumidor. S. por un daño a un consumidor.. 8724-97 al contestar la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra el último párrafo del artículo 17 anteriormente citado. independiente de se pretenda resolver el conflicto en vía administrativa o judicial. económicos. se utilizó un
. reviste capital importancia que los legisladores se ocupen de crear vías de acceso efectivo para el consumidor dado que de no conseguirlas la frustración irá en aumento afectando posiblemente la paz social como se indicó al comienzo del presente estudio. se debe seguir el procedimiento sumario establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Civil.” En este orden. Es importante destacar la resolución 646-F-2001 de las 16:45 horas del 22 de agosto del 2001 emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.no enerva los mecanismos que garantizan el derecho de defensa al no crear un situación de indefensión. Aunado a ello. de poco o nada sirve establecer un principio del Estado Social de derecho.
) puesto que el citado artículo 31 establece claramente como un derecho del consumidor.. Al respecto. no era el actor quien debía probar la culpa o negligencia de la demandada en la producción del daño. el voto N° 3989-96 de la Sala Constitucional. composición características y condiciones de los productos o servicios objeto del contrato. en lo que interesas señala. Posteriormente. se resguarda el momento previo.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano bien creador de peligro o riesgo producido por la demandada. veraz y suficiente al consumidor. Este derecho instrumental viene a reforzar o proteger el núcleo básico del Derecho del Consumidor.. calidades. sino ésta quien debía demostrar que el daño fue causado por fuerza mayor o por la propia falta del lesionado. cantidades. y la relación de causa efecto entre el hecho y el daño. Es decir. No se podría entender que existe este derecho cuando se presenta en el mercado una asimetría en la información entre el comerciante y el consumidor referente a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En un mundo globalizado donde todos los días nos encontramos con nuevos bienes y servicios es de vital importancia que el consumidor pueda recibir toda la información necesaria antes de su acto de consumo.) se sostiene que se trata de “una obligación concreta y específica del empresario suministrar al consumidor una información veraz y completa sobre los precios. el que se le brinde en forma previa toda la información necesaria para realizar el acto de consumo y en la medida en que el comerciante incumple tal obligación.. en su
. se generó un daño que se determina con las lesiones que sufrió el actor. resulta indiscutible su obligación de indemnizar al actor por el daño irrogado. que el artículo 31 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que el comerciante tiene la obligación de informar en forma clara. el Estado por medio de su regulación generándole una obligación de información al comerciante intenta reequilibrar las relaciones de consumo para que sean más justas y equitativas. del contenido de éste y de la modalidad. Y como lo cierto es que la demandada ni siquiera intentó levantar esa carga probatoria.. El derecho a recibir una información amplia. el cual debe ser. durante y después del acto de consumo.) El principal objetivo del derecho de información. aspecto que en todo caso carece de interés... en el Voto N° 0481-99 la Honorable Sala desarrolla este derecho al indicar: “(. “(.. veraz y oportuna es fundamentalmente preventivo como lo es en esencia el derecho del consumo. es el conocimiento por parte del consumidor de todas las condiciones de la negociación que va a realizar y de las características de los productos comercializados. en el caso aquí examinado. según lo dicho. sobre todos los elementos que inciden en su decisión de consumo (.” • Derecho a la información. como quedó demostrado en autos.. para evitar la compra de aquellos nocivos para la salud o para su peculio (.) 148-96 de las 13:55 horas del 17 de enero de 1996 (. el ejercicio de libre elección al consumo. Superado esto. con lo cual. porque en definitiva. destacar que el principal objetivo del derecho de información es velar porque los consumidores cuenten en forma previa con todos los elementos necesarios para la toma de su decisión de consumo. libre elección y a un trato equitativo. de lo antes indicado se desprende que.. aquellas lesiones fueron producto del estallido de la botella.
Es importante. se hace acreedor a una sanción”.)..
lemas y emblemas de propaganda y las explicaciones en instrucciones. y no existe prohibición de hacerlo tampoco en el caso de publicidad. en el tanto sean razonables y proporcionales no contravienen la Constitución Política patria.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano caso. En este orden de ideas. existe todo un marco normativo. encabezado por el párrafo quinto del artículo 46 de la Constitución Política. En primer lugar.el cual permite que los rótulos y anuncios consignen la traducción a otro idioma.)”. En segundo lugar. y constituyen medidas razonables.. El cumplimiento de este deber de información aseguraría que el consumidor o usuario que contrata lo hace libremente y conociendo de ante mano no solo lo que adquiere y por qué lo adquiere. responde en su contenido. a efecto
Este Decreto Ejecutivo fue derogado con la finalidad de simplificarlo siendo al día de hoy que no se ha dictado ningún otro Decreto para sustituirlo. cuando hizo el análisis de constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley No.. y que se justifican por el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de los consumidores. y no restringen ilegítimamente la libertad de empresa o comercio. por ello. el inciso g) admite la publicación de los folletos y afiches de información turística y los menús junto con su traducción a otras lenguas.. relacionado con la tutela de los derechos de los consumidores. Debe recordarse que.La Sala estima que las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo 13744-MEIC9 de quince de julio de mil novecientos ochenta y dos -aquí cuestionado-. a esos principios de orden público social. envases. ambiente. por cuanto se considera que las disposiciones son razonables.
. La relación del consumidor en la cadena comercial es de inferioridad y requiere. el inciso d). así como el derecho a recibir información adecuada y veraz. tener libertad de elección y recibir un trato equitativo.. Además. en relación con un tema similar sobre las normas que estipulan la obligación de etiquetar y rotular los productos alimenticios provenientes del extranjero. quienes ostentan derecho a la protección de su salud. Esta Sala considera que las disposiciones contenidas en los incisos d) y g) del artículo 1 cuestionado coadyuvan a la tutela de los derechos de los consumidores. Al respecto.. proporcionadas y equitativas. 7626 (Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses) indicó: “(. la Sala ha confirmando que la regulación que pretende brindar o resguardar el derecho de información de los consumidores según lo establece el artículo 46 de la Carta Magna. debe relacionarse con la parte subsistente del artículo 2 -de conformidad con lo dicho supra. empaques o embalajes de productos.. con el fin de informar a los consumidores. sino que asimismo conoce y está en condiciones de cumplir las obligaciones asumidas (. la Sala expresó las siguientes consideraciones: ". de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios. seguridad e intereses económicos.)La acción debe denegarse en cuanto a la impugnación de los incisos d) y g) del artículo 1. con arreglo a la cual se celebra y las obligaciones que mediante él asume el consumidor.
establece el uso obligatorio en la República. observando la normativa correspondiente. No aprecia la Sala que entre los productos no alimenticios generados en el país y los provenientes del extranjero haya tal diversidad de circunstancias como para que la exigencia resulte irrazonable o se discrimine con ello -máxime que tanto los productos no alimenticio nacionales como extranjeros deben cumplir con lo estipulado en el decreto-.MEIC mencionado. el incremento en los costos que puede significar el cumplimiento de la medida. la Ley número 5292 citada. puede trasladarse al precio final de la ventas al detalle (. lo cual es inadmisible. Por su parte.en cuanto al referido Decreto .
." se aprueba una "Norma oficial de rótulos y etiquetas para productos no alimenticios". El Decreto Ejecutivo número 13744.. en realidad dicha Ley no da base suficiente para imponer la gran cantidad de requisitos que establece aquél.) No advierte la Sala. lo cierto es que hay todo un conjunto de reglas. dice que " en uso de las potestades que le confiere el artículo 140.. y basado en el sistema Métrico Decimal en sus unidades básicas de medición. que legitiman la actuación del Poder Ejecutivo y que lo obligan a proteger al público consumidor por la vía de suministrarle toda la información que razonablemente pueda interesarle. también estima la Sala que ello no es suficiente para que la acción de inconstitucionalidad . para los que establece los requisitos pertinentes. que le permitan hacerlo y ello implica el conocimiento cabal de lo que se le está ofreciendo. si lo que se busca es proteger a los consumidores. aconsejan que la información a suministrar. porque reduciría la inaplicabilidad a aspectos puramente formalistas. y de diversas leyes en vigencia. con exclusión de cualquier otro sistema de medición. porque como se indicó.. Si bien no hay una relación de congruencia entre el Decreto y la Ley que se cita para apoyarlo. el correspondiente al Sistema Internacional de Unidades conocido con las siglas "SI". (. incisos 3) y 18) de la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley número 5292 de nueve de agosto de mil novecientos setenta y tres (llamada Ley Sistema Internacional de Medidas).. No obstante lo anterior. estamos en presencia de una norma de nomenclatura. En el caso que nos ocupa. que las disposiciones cuestionadas resulten irrazonables. ni que esté realmente en peligro la Libertad de Comercio.tenga que ser acogida. y que visto así el problema son explicables los reproches de constitucionalidad planteados por la accionante. tampoco.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano de que antes de adquirirlos cuente con todos los elementos de juicio necesarios.) Estima la Sala que al circunscribirse el fundamento del decreto impugnado sólo a la Ley 5292 no se obró felizmente porque. aunque la práctica mercantil y la misma facilidad de los consumidores. derivadas de los principios constitucionales expuestos.. con la cual se exige al fabricante nacional o al importador de productos no alimenticios la identificación de ese producto..
la base. establece: “Artículo 43.. la tasa de interés anual sobre saldos.Deber de brindar información real al consumidor. la góndola o el anaquel del establecimiento. de manera clara y veraz acerca de los elementos que incidan en forma directa en su decisión de consumo. En sentido similar.. el plazo. Por su parte el inciso b) del artículo 43 del Reglamento a la Ley de cita. en español. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la presente ley. si es un tercero.. el recipiente. veraz y suficientemente. reza: “Son obligaciones del comerciante y el productor.b) Informar suficientemente al consumidor. de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo. establece una serie de obligaciones para los comerciantes y productores con relación a la forma de promocionar sus artículos. el envase o la etiqueta del producto. Debe enterarlo de la naturaleza. cuando corresponda. la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato determinante. debe indicarse. la composición. con el consumidor. las comisiones y la persona física o jurídica que brinda el financiamiento. clara. específicamente el inciso b) del artículo 31. al consumidor." (Sentencia N° 770-93 de las 15 hrs. sin contar con autorización del legislador. el precio de contado en el empaque. que es el Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.... conforme a las disposiciones siguientes. las siguientes: . 51 minutos del 16 de febrero de 1993). el recipiente..La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano sea la más concisa posible. b) Precios En el caso de los bienes. cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito.. Es obligación del comerciante informar. Las razones de oportunidad no desdicen la legitimidad del Estado para ordenar los derechos de los consumidores y las obligaciones de los comerciantes. deberá indicarse el precio al contado en el empaque.. las características de los bienes y servicios.) . en aras de lograr los objetivos perseguidos por el sistema. Los servicios comerciales 19
. la Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica intentó que la Sala Constitucional declarara inconstitucional el inciso b del artículo 43 del Decreto Ejecutivo número 25234-MEIC. siempre en forma visible. el envase o la etiqueta del producto. Todos los datos e informaciones al consumidor mencionados en esta norma. Al respecto la Sala resolvió en Voto 5088-97: “(.. deberán estar expresados en idioma español y mediante una tipografía claramente legible. introdujo nuevas obligaciones en cuanto a la información del precio. número 7472 de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.. por cuanto a su criterio dicho artículo.”. el peso. en cuanto a forma y tamaño (.) la Ley de Promoción de la Competencia Efectiva del Consumidor. el contenido.
30267-MEIC. sino que simplemente complementa la norma contenida en el inciso b) del artículo 31 de la ley de cita. deberá entregarse una cotización o presupuesto por escrito a solicitud del consumidor. como se materializan esos derecho. se deberá informar al cliente o consumidor sobre su costo exacto y completo. Las normas transcritas no son arbitrarias. • Recibir apoyo del Estado para la conformación de grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas. se constituye en el contrapeso ideal para lograr el balance entre los intereses económicos y políticos.”.” Igual razonamiento cabe realizar con la reforma hecha al inciso b) del artículo 44 del mediante Decreto Ejecutivo No. esto es.
Hasta este punto. pero se hace necesario establecer. Es decir. En cuanto a la venta con entrega a domicilio y a la prestación de servicios técnicos o profesionales.. carteles.. Resulta evidente que. ellos tienen derecho reconocido a que se les escuche. En cuanto a los servicios técnicos. Los precios deberán estar indicados de manera que no quede duda de su monto preciso incluyendo los impuestos cuando corresponda. y tampoco contienen vicios de constitucionalidad. es decir. menúes u otros. mediante listas. aunque sea a manera enunciativa. antes de formalizar la contratación. hemos podido analizar los diferentes derechos que la Carta Magna y la Ley otorga al consumidor y usuario. Por otro lado.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano deben exhibir sus precios de manera llamativa y fácilmente visible. en este caso. la defensa eficiente de los mismos genera un nuevo reacomodo de las fuerzas del mercado y una participación activa de los consumidores. en cuanto.
El derecho de organización o asociación se presenta como un medio para que los consumidores puedan lograr la efectiva defensa de sus intereses y derechos. 7472. a efectos de que los comerciantes brinden la información necesaria con respecto a todos aquellos elementos relativos al precio que puedan incidir en la decisión de consumo. los derechos del consumidor se establecen en obligaciones concretas para los comerciante y
. el inciso b) del artículo 43 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia Efectiva del Consumidor no dispone nuevas obligaciones a los comerciantes. Por eso. El movimiento de consumidores genera un reequilibrio dentro de las fuerzas de mercado.
6) Materialización de los Derechos del Consumidor en la Ley No. desarrolla la obligación del comerciante de garantizar todo bien y servicios que vende al consumidor según lo establece el artículo 43 de la LPCDEC. Este derecho se presenta como un derecho operativo para alcanzar su verdadera tutela preventiva y correctiva. al ser los consumidores individuos directamente afectados por lo que sucede en el mercado y con las decisiones públicas o privadas. a participar activamente con sus opiniones a la hora de aplicar políticas concernientes a sus intereses.
Se exceptúa de esto los insumos requeridos para satisfacer necesidades propias de la empresa. superiores a los necesarios para el giro normal de la actividad con el fin de provocar escasez o alza en el precio. adquisición. las personas físicas o jurídicas que las extienden y son responsables por ellas y los procedimientos para hacerlas efectivas. Por consiguiente. (art. usado. y con el fin de proyectar una mayor claridad como el legislador pensó en tutelar al consumidor. Visto lo anterior. (art. (art. la garantía debe indicar por lo menos: el alcance. 43) Incumplimiento de Contratos: Se deben respetar todas las condiciones de la contratación entre el consumidor y el comerciante. éstos prevalecen.) Derecho de Retracto: En las ventas que se lleven a cabo fuera del establecimiento del comerciante o proveedor (a domicilio) el consumidor amparado al derecho de retracto puede dejar sin efecto el contrato sin su responsabilidad. por escrito. La garantía contempla la calidad y los requerimientos técnicos que por razones de salud. se pasa a enunciar brevemente la regulación más importante establecida en la Ley No. 36) Acaparamiento: También se prohíbe la sustracción. Especulación: Se prohíbe al comerciante vender bienes o servicios en los diversos niveles de comercialización a precios superiores a los regulados u ofrecidos por el comerciante. medio ambiente o seguridad se establezcan en la Ley y el Reglamento y otras leyes dictadas por la Administración Pública. almacenamiento. (art. 7472. El plazo del derecho de retracto es de 8 días naturales contados a partir de su perfeccionamiento indicándole al vendedor. Además de lo anterior.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano productores. 36)
. ocultamiento o retención de bienes intermedios o finales de uso o consumo interno. enviado a la dirección señalada o bien presentándose personalmente en la dirección del comerciante. la duración. El plazo para hacer valer la garantía ante el Comerciante o la Comisión Nacional del Consumidor es de 30 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio. Si en el contrato entre las partes establece plazos mayores. las condiciones. 33 inciso a. se pueden citar: Derecho de Garantía: Todo artículo que se venda (nuevo. Cualquier aspecto no cumplido por el vendedor del bien o el prestatario del servicio podría dar lugar a un reclamo ante el comerciante o una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor para lo cual tendrá un plazo de dos meses contados a partir del incumplimiento. defectuoso) o bien que se preste debe estar garantizado. sobre el particular. reconstruido. (art. 40). carecería de importancia establecer derechos en beneficio de una población determinada sin que se logre establece su correlativa obligación a la contra parte y los mecanismos efectivos para hacerlas valer.
previo a la contratación del bien o servicio a que se le informe clara. se deben exhibir sus precios de manera llamativa y fácilmente visible mediante listas. (art. salvo que medie justa causa debidamente comprobada por el comerciante o productor. se deberá indicar el precio de contado en el empaque. el peso o medida.
. manuales. contratos deberá ser escrita en idioma español y mediante una tipografía claramente legible en cuanto a forma y tamaño. En materia de precios. (art. Es obligatorio informar al consumidor también de previo a la compra. Toda la información contenida en la etiqueta. menús u otros medios. tales instrucciones y advertencias deben ir adjuntas o adheridas al artículo y escritas en idioma español. Advertencias acerca de partes o repuestos usados: Cuando se vendan o se ofrezcan. cajas. 36)
Discriminación al consumo: Cuando se niegue a proveer un producto o a prestar un servicio o cuando lo ofrezcan o lo preste en forma irregular o dilatoria. respecto a los servicios técnicos. (art. carteles. si las partes de los artículos vendidos o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. la etiqueta del producto. recipiente. 33. En lo que respecta a instrucciones y advertencias sobre riesgos en la venta o arrendamiento comercial de bienes y servicios. cuando corresponda.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano producto o a la contratación de otro servicio. tal advertencia deberá aparecer además en la factura original o comprobante que se le entregará al cliente. 36 LPCDEC y 33 Constitución Política ) Información al consumidor: Como apuntamos anteriormente. el comerciante debe indicar tales condiciones al consumidor antes de la compra y de manera precisa y clara. envase. así como cualquier otro dato determinante. inciso b). la góndola o el anaquel del establecimiento comercial. su seguridad o el ambiente. Con relación a la venta o la entrega a domicilio a la prestación de servicios técnicos o profesionales se deberá informar al cliente o consumidor sobre su costo exacto y completo antes de formalizar la contratación. el contenido. En materia de etiquetado de productos alimenticios se debe informar al consumidor sobre la naturaleza. por cualquier medio productos defectuosos y usados o reconstruidos. Los precios deberán estar indicados de manera que no quede duda de su monto preciso incluyendo los impuestos cuando corresponda. el comerciante o proveedor debe suministrar a los consumidores las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e informarles sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinen o el normalmente previsible para la salud. también deberá entregarse una cotización o presupuesto por escrito a solicitud del consumidor. las características de los bienes o servicios. el consumidor tiene derecho. la composición. veraz y suficientemente de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo. Si en un establecimiento comercial se venden a la vez artículo nuevos y usados o reconstruidos se deberá mantener a los últimos en un lugar separados de los primeros sin que se preste a confusión. en cuanto a los servicios comerciales. los bienes se considerarán nuevos o en perfecto estado. Si no existe advertencia sobre el particular. a menos de que así se haya ofrecido públicamente a los consumidores.
afines y objetivamente demostrables. 37. Esa advertencia debe constar en el original de la factura o comprobante que se le entregará al cliente. siempre que se comparen con otros similares.) Publicidad comparativa: El empleo de términos comparativos en la oferta. ya sea adherido al mismo. por lo menos los datos siguientes: (art. (art. Publicidad Engañosa: La publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos. sus características. cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos para un bien determinado. utilidad o finalidad. se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos. publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar transmitida por cualquier medio o forma de comunicación vincula al comerciante que la utiliza o la ordena y forma parte del contrato(art.) Compras a Crédito: Cuando el producto que se venda se pague a crédito debe indicarse siempre. contenido. La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación general e indiscriminada de la superioridad de los productos propios.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Inexistencia de servicios de reparación o repuestos: Es obligatorio informar al consumidor precio a la compra. de existir) El monto total a pagar al cabo del plazo La persona física o jurídica que brinda el financiamiento si es un tercero. en forma claramente visible. la promoción o la publicidad de bienes y servicios sólo se admite respecto a datos esenciales. Tarjetas de Crédito: Los emisores de tarjetas de crédito deberán cumplir con los siguientes requisitos: No contener cláusulas abusivas en el contrato
. condiciones. 33. peso. 37. La publicidad de las ventas a crédito deberá indicarse al menos: El precio de contado El plazo expresado en meses La tasa de interés anual sobre saldos deudores expresada en forma porcentual El monto total a pagar. cuando corresponda. Toda información. inciso b) En el punto de venta El precio de contado El plazo expresado en meses La tasa de interés anual sobre saldos deudores expresada en forma porcentual Las comisiones El monto de pago inicial (prima. de modo que no induzca a error o a engaño a consumidor. Dicha obligación existirá sólo cuando se trate de servicios especializados de reparación o repuestos que no sean suplidos de manera genérica por el mercado. conocidos o de participación significativa en el mercado.
7) Criterios de la Sala Constitucional sobre temas específicos. Informar a los tarjeta-habientes en el estado de cuenta inmediato posterior acerca de las modificaciones del contrato original y los anexos para que puedan determinar si mantiene la relación contractual o no. pues bien pueden llevarse a cabo por éstos mediante el sistema de libre contratación. se trata simplemente de operaciones mercantiles con ciertos bienes económicos. Todos estos datos correspondientes al respectivo período del estado de cuenta. o por el Estado. 41). porque. Mostrar la tasa de interés cobrada en el período. el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas.mediante una combinación de ambos sistemas. los intereses financieros. un folleto explicativo que precise el mecanismo para determinar la tasa de interés. Expuesto lo anterior. es importante proceder a determinar el razonamiento que ha venido estableciendo la Sala Constitucional en estos y otros temas relevantes para el consumidor. el desglose de los rubros que el usuario debe pagar.
• Tratamiento a los Monopolios. (en los casos de economías centralizadas). los recargos y las comisiones. al respecto en el Voto No. 5532-00 indica: "(…) las actividades monopolizadas (importación. en general. En rubros separados debe estar el principal. previo al ejercicio de la actividad. la fórmula para calcularlos y los supuestos en los que no se pagará dicho interés.
La Sala ha mantenido inobjetablemente que el Estado puede regular monopolios u oligopolios sean estos públicos o privados. Presentar explícitamente en los estados de cuenta. (art. son privativos de los sujetos privados. dejando a los particulares unos sectores para su libre
. e incluso -como en la mayoría de los países. y que. refinación y distribución al mayoreo de combustibles) sean de índole o naturaleza privada. se puede registrar en el MEIC y debe solicitar una autorización para el ejercicio de lo contrario la Comisión Nacional del Consumidor y a solicitud de parte puede ordenar la suspensión inmediata de la actividad (art. siendo que la empresa. 53). los intereses moratorios. intercambio y regulación mínima (economías de mercado). al consumidor. los saldos promedios sujetos a interés. obtendría en consumidor.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Entregar. al firmar el contrato. que integran el más amplio grupo conformado por los intercambios de bienes y servicios en una economía dada. Ofertas y promociones especiales: Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del bien o servicio. Si el tarjeta -habiente no mantiene la relación contractual el emisor sólo podrá cobrar al consumidor el pasivo pendiente con la tasa de interés vigente previa a la modificación propuesta por el emisor del contrato. en ningún caso. Ventas a plazo: Esta actividad se encuentra expresamente regulada en el artículo 43 de la LPCDEC.
y no sólo sobre los bienes de la llamada "canasta básica". esta dada al Poder Ejecutivo y se encuentra debidamente reglada. Industria y Comercio. que tratándose de bienes de primera necesidad las conductas contra los consumidores son más censurables socialmente. de naturaleza privada. debidamente regulados legislativamente y vía decretos ejecutivos. que la autoridad estatal siempre ha fijado precios. según dispone el artículo 5 de la citada Ley. tarifas y regulado como servicio público esta actividad. de forma temporal y por medio de decreto ejecutivo. Lo que sucede es que con la Ley 7593 se centraliza en una sola entidad la fiscalización y control de las actividades que conforman los servicios públicos como garantía de la eficiencia. por el contrario. la regulación de precios sólo esta permitida en situaciones de excepción. y restringiendo otros para la acción exclusiva del Estado. no es una facultad propia ni discrecional del Ministerio de Economía. encuentra sentido dado que las violaciones a los derechos se producen independientemente de la clase del bien o servicio o del status del consumidor. Con lo anterior quiere establecerse que las actividades monopolizadas no son necesariamente y per se.. la Sala reafirma que la potestad esta dada no sólo para los bienes de la canasta básica. o ser objeto de intervención estatal. de manera que a la luz de nuestra Constitución.01-02615 indica: “. Tratándose de servicios públicos la Sala ha mantenido el mismo criterio respecto a la regulación. pueden válidamente ser dejadas a la gestión de particulares con la fiscalización del Estado. que únicamente era necesaria la protección Estatal en los productos de primera necesidad. en un inicio. en el tanto en que ello esté autorizado por la Constitución y las leyes y se justifique de acuerdo a los fines que se persigan. abarcó todos los bienes y servicios.desde antes de la promulgación y puesta en vigencia de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Lo anterior.
La Sala Constitucional admite que el Ministerio de Economía. como era de esperar. continuidad.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano acción. pero posteriormente. (voto 340-95). ya existían. esto es. Como se indicó en la evolución de la tutela de los consumidores se pensó. cabe apuntar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (19 enero de 1995). Por consiguiente. adaptabilidad e igualdad en la prestación de los mismos y que es deber del Estado velar porque ello se cumpla en total apego al fin público. En este sentido. en lo que respecta el Voto No. los controles y funciones estatales sobre la distribución del gas. En atención a este Voto de la Sala.” • Potestad de regular precios o márgenes de utilidad por el Estado.
. como cometido y razón de ser de la función estatal”.. tiene la potestad de fijar los porcentajes de utilidad y los precios máximos sobre todos los bienes y servicios. claro esta.
La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano En este mismo orden de ideas. la Sala Constitucional estableció que la prohibición de vender un bien por debajo del costo es racional y constitucional. no tan restrictivamente que anule de hecho o de derecho la excepción misma. la Sala a determinado que son aspectos de legalidad y no de constitucionalidad. En este caso. en contraposición a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 46 de la Constitución Política. Todo lo anterior.contemplado en el artículo 46 de la Constitución Política. pues de permitirse lo contrario. la excepción tiene además la particularidad de que apunta a cumplir con otro principio -tan constitucional como el de la inviolabilidad de los documentos privados. favorecerse la constitución de un monopolio. también constitucionales. al respecto el voto No. la Sala estableció que dicha facultad no lesiona el artículo 24 de la Carta Magna y básicamente el fundamento esta dado por la tutela efectiva a los derechos. que el adecuado análisis económico anteriormente apuntado. la Sala estima que el impedir vender el huevo por debajo del mínimo fijado es un límite razonable. en el cual la venta del huevo por debajo de su precio de costo implicaría la virtual desaparición de los pequeños productores. 034-95 indica: “A juicio de esta Sala. del consumidor consagrados en el artículo 46.) por tratarse de una excepción al principio general de inviolabilidad de los documentos. beneficiaría a las empresas más fuertes pudiendo. la norma que impone un precio mínimo al que se puede vender el huevo tiene un fundamento de racionalidad. que no puede ser otra. no vaya a ser que por defender unilateralmente uno de ellos el otro quede sin eficacia. el cual. inclusive.
En la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 64 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Dicho más concretamente en relación con este caso. se produciría un fenómeno de "domping" (sic). evidentemente. encuentra. su explicación en la naturaleza propia del recurso de ampara o en un aspecto. le permite a la Comisión para Promover la Competencia. que en ciertos casos. interpretar el párrafo quinto del artículo 26 con sus
. Al respecto consideró esta Honorable Sala: “(. Sin embargo. documentos e informes privados. Comisión Nacional del Consumidor y al Ministerio de Economía. quienes no tendrían los recursos necesarios para soportar la pérdida. es bueno comentar que la Sala dejó de lado todo análisis económico del poder sustancial sobre el mercado relevante de los agentes involucrados (doctrina de los artículo del 12 al 15 de la LPCDEC) y del poder de recuperación. Industria y Comercio. Con base en esas consideraciones. el párrafo quinto del artículo 24 debe interpretarse restrictivamente. con carácter de declaración jurada. que implica una mejor distribución de la riqueza (artículo 50 constitucional). a solicitar a los comerciantes.. Lo anterior. talvez. Para analizar el punto es necesario sopesar uno y otro principio. no le resta el deber que dicho decreto ejecutivo contara con la debida motivación. • Potestad de acceso a documentos privados por el Estado. y ello.” Sobre el particular..
o al menos a limitar en exceso. A diferencia de la tesis de las accionantes. Con el fin de abogar por esta adoptada por la Sala es importante destacar que la Exposición de Motivos del proyecto de reforma al artículo 24 Constitucional. en la cual. en su última reforma. aun en la vía del amparo. equivaldría a anular de hecho. el principio contemplado en el artículo 46 de la Constitución Política. deberá en cada caso fundamentar por qué es necesario tal documento para cumplir con sus fines. En conclusión. podrá revisar únicamente los documentos que requieran sus funciones. o las que competen a las autoridades de salud o de protección del medio ambiente. registros auxiliares y documentos privados.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano excepciones y garantías de tal manera que anule. se indicó: “ El artículo 24 de nuestra Carta Política Fundamental. prácticas monopolísticas y proteger en general a los consumidores. Dada la abigarrada y cambiante realidad mercantil. el principio del artículo 46 es inaceptable. esta Sala no avala tal interpretación. obviamente no puede acceder a todo documento que se le antoje y aquí entra en juego la restricción del artículo 24. tan frecuente en nuestro medio. De esa manera. exigir en nuestro medio una lista así establecida por vía legal haría prácticamente nugatorias las potestades estatales. Industria y Comercio en la comprobación de actos especulativos. jurídica o fácticamente. El administrado podrá objetar en la misma vía administrativa la petición de un documento en concreto y. El acceso está limitado a los documentos que la ley señale en relación con sus competencias.
. o en las revisiones que se deben hacer para verificar el cumplimiento de las normas. como eventualmente en este caso. Pero no solo es adecuado. Este Tribunal considera que el Estado no podría defender eficazmente a los consumidores sin tener acceso a algunos documentos privados de los comerciantes involucrados. sino que resulta adecuado para combatir. por razones de interés público. considera este Tribunal que no es realista exigir que esa ley dicte una lista taxativa. Este Tribunal se inclina a pensar que la garantía del párrafo quinto del artículo 24 se satisface en la medida que la ley defina cuáles son las competencias del órgano administrativo en función de las cuáles puede revisar los documentos.” SCV 2001-13283 (en sentido similar 2002-1485). tal ocurre en materias comerciales. Así. interpretar el párrafo quinto mencionado tal como lo proponen las accionantes. pesas y medidas. en casos extremos. Por ende. no tuvo en cuenta la necesidad de dejar a salvo. como las que competen a los funcionarios del Ministerio de Economía. como el acaparamiento. que autoridades administrativas competentes puedan tener acceso a la contabilidad. la posibilidad. Ahora bien. El acceso a documentos privados no es antojadizo en el contexto de las relaciones comerciales. tan solo para citar algunos ejemplos. así como las propias de la Auditoria General de Entidades Financieras. sino también necesario. Las garantías de ese párrafo quinto no pueden ser interpretadas con tanto rigor que el artículo 46 pierda su eficacia.
La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Tal y como quedó redactado el texto del numeral 24 citado en la última reforma. únicamente se podría con base en él tener acceso a la documentación privada. aunque previa a la reforma constitucional.
.918). 11. diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y.los intereses meramente colectivos. pero que se tendría que promulgar.p. los intereses difusos participan de una doble naturaleza. según nuestra opinión. queda claro que a partir de la reforma Constitucional se habilitan órganos públicos que cuenten con una ley especial aprobada por dos tercios de diputados. a la vez. para que no corra riesgo la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor que exista una norma constitucional que habilite la existencia de esa ley. por ende reciben un perjuicio. dos párrafos. Esas son las dos reformas que se han incorporado a la Constitución Política. pero a la vez. usuarios y ahorrantes. Creemos que dicha omisión. Mediante voto No. no de los intereses difusos. nos parecía indispensable. tiene un rango jurídico inferior a la Constitución. Se trata entonces de intereses individuales. sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala. 1. ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad. o grupos personalizados. De esa ley que. por estar comprometido el interés público.cit.”10 Con lo anterior. uno en el artículo 24 y otro en el artículos 46”. 11 Al respecto el Diputado Salas indicó en la discusión del Expediente 11. de cada una de ellas. por lo que pueden ser reclamados en tal carácter". potestades para revisar la documentación privada en situaciones en las que se requiere. ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo. como es obvio.918: “Si hemos estado diciendo que vamos hacia la promoción de la competencia. por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y. actual o potencial. • Derechos del Consumidor como derechos difusos. la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. pero no habría a nuestro juicio. si obtuvo la mayoría calificada que manda el artículo constitucional comentado. op. de todas maneras.e individuales. de conformidad con la Carta Política Fundamental. aunque de difícil definición y más difícil identificación. debe subsanarse.
Exposición de Motivos del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica (Expediente No. Es decir. en razón de las competencias de fiscalización tributaria del Ministerio de Hacienda o las conferidas a la Contraloría General de la República en materia de utilización de recursos públicos por personas o entidades privadas. como en los casos expresados. amén de los supuestos que por motivos penales ahí se prescriben. 3750-93 la Sala ha delineado el concepto de derechos difusos y ha indicado: "… Los intereses difusos. pueda revisar la documentación privada. cuya legitimación derivaría. más o menos igual para todos. especialmente. ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas. proteger a consumidores.11 Con el fin de cerrar el circulo es conveniente mencionar que la LPCDEC.
Al respecto la Sala ha dicho: “La nueva estrategia económica mundial y los cambios en el contexto internacional exigen de los países transformaciones importantes. Es por ello que merecen un énfasis reiterado todas las disposiciones administrativas y legales que se asuman en ese sentido.
. 75 LJC.
La Sala Constitucional se ha ocupado de enfrentar el tema con el fin de poder aclarar y armonizar los todos los derechos constitucionales y principalmente. Lo expuesto no significa que estemos frente a una verdadera acción popular.R. 2 ed. entre las cuales está la redefinición del papel del sector público en relación con la estructura productiva privada y una revisión de los instrumentos administrativos. la libertad empresarial con la tutela del consumidor. recoge la denominada acción directa de inconstitucionalidad. La apertura comercial o libre cambio.. no se admite que cualquiera pueda accionar. que colocan al consumidor costarricense ante una situación que le es novedosa y
Armijo Sancho. información. San José. Al respecto el Magistrado Gilbert Armijo nos complementa: “Ciertamente. medio ambiente. en contra de los privilegios y los monopolios. se exime al recurrente de acreditar que existe un asunto pendiente. el Art. es una teoría basada sobre el principio de la no intervención del Estado en materia económica. Ello implica. es aquella situación en la que el comercio internacional se desarrolla sin trabas de ninguna especie. Costa Rica. etc. C. Es decir. cuyo impacto se visualiza principalmente. sino que es necesario acreditar la existencia de la causal como requisito de legitimación. lo cual se evidencia en su incursión como parte contratante en los diversos tratados bilaterales de Libre Comercio. o estrategia económica. paulatinamente. aluden al consumidor como el centro de atracción y principal beneficiado con la implementación de uno u otro modelo. ha iniciado su apertura al libre comercio. 75 LJC). lo que no puede significar el abandono del consumidor a las fuerzas naturales del mercado. Es importante llamar la atención. nace precisamente como reacción contra las limitaciones al tráfico comercial. por su naturaleza son catalogados como difusos lo que abre una acción directa de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El modelo de libre comercio implica todo un movimiento contra las prohibiciones y las restricciones a la actividad económica. en el llamado recurso de inconstitucionalidad (Art. que tanto el proteccionismo como el libre cambio en el desarrollo de sus argumentos justificantes. agosto 1999.73. con los más variados precios. siempre que se invoque la vulneración de un interés difuso.”12 • Apertura Comercial y Defensa del Consumidor. como requisito previo de la acción. Gilbert Antonio. La Tutela Constitucional del Interés Difuso. por la aparición en nuestro medio de las más variadas marcas y presentaciones de muchos productos de origen extranjero. IJSA.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Los derechos del consumidor como la salud. pág. también que el legislador consideró apropiado ampliar la legitimación cuando estemos frente a éste tipo de intereses.
Con esta idea. las demandas de la apertura comercial de los países. la Organización de las Naciones Unidas (ONU). aplicar y vigilar el funcionamiento de las políticas de protección del consumidor". prohibir los monopolios. 7472 Y LA PROTECCION AL CONSUMIDOR.. en su Asamblea General aprobó por unanimidad. con lo anterior. o sea del ingreso al mercado de bienes originarios de otras naciones con niveles de impuestos más bajos. así como las prácticas monopolísticas y otras restricciones que impiden un funcionamiento eficiente del mercado. es indudable que se tenga que meditar que de ella se deriva la participación del mayor número posible de agentes económicos. las Directrices para la Protección del Consumidor. tutelar y promover la competencia. pero que respete y guarde armonía con la tutela de los derechos de los consumidores. buscando con ello. en razón de esta apertura comercial. Ante esta situación de apertura. promover la implantación de un mercado cada vez más libre y con menos trabas. que todos los ciudadanos. el agente económico es aquel factor necesario para que exista una relación comercial con implicaciones jurídicas y por ello es importantísimo contar con una normativa que permita combinar en forma armónica. con la respectiva necesidad de proteger efectivamente al consumidor frente a las prácticas y estrategias empresariales a que se ve expuesto. que debieran conducir a mejorar los productos y servicios nacionales o bien. o solo en el exterior. a hacerlos desaparecer por la mala calidad. fortalecer o mantener una política enérgica de protección del consumidor" (Artículo. a través de la cual pueda fomentarse la participación del mayor número de agentes económicos en el mercado. en el sentido de que "corresponde a los gobiernos formular. lo cual también incrementaría la competencia. sin excepción. de manera cada vez más intensa conforme la apertura se ha ido consolidando. permitiendo. B). 7472. pudieran adquirir en su propio mercado los productos que únicamente han sido accesibles a las personas de más altos ingresos que podían adquirirlos en su propio país. lo que lo obligaría a producir bienes de mejor calidad y a más bajos precios. por lo que habrían mayores opciones de consumo para el particular y una mayor competencia a nivel interno. eliminando las reglamentaciones innecesarias que han sido impuestas a las actividades económicas. lo que podría producirse por medio de la importación de productos. se pretendió con la Ley No. es que la Ley No. 7472 plantea la creación de oportunidades para que otros agentes económicos entren y participen directamente en el mercado.LA LEY No.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano desconocida. proteger los derechos y los intereses legítimos de los consumidores. Al pensarse en el tema de la apertura comercial. elevando a los Estados miembros un mandato expreso. 24) y "establecer o mantener una infraestructura adecuada que permita formular. La actual Ley de Promoción de la Competencia tiene como objetivo primordial. nuevos mercados y obteniendo así que la economía se reactive extraordinariamente. En razón
. que competirán en el mercado nacional. Dentro de toda estructura comercial. y en consecuencia su correspondiente rechazo dentro de dicho mercado. No obstante. caso en el cual el empresario nacional estaría presionado por mayor competencia.
medio ambiente y los estándares de calidad. cuando lo considere necesario. En la Ley de estudio. como destinatario final. En cuanto al papel del Estado. con conocimiento de sus derechos. cumplan con las normas de salud. y finalmente consagre los mecanismos concretos de implementación que permitan hacer valer efectivamente aquellos derechos. Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela administrativa y judicial. las necesidades de los costarricenses cuyo ingreso sea igual o inferior al salario mínimo establecido por ley y regular. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en términos definidos en el Reglamento de esta Ley. así como de
.que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir. seguridad. para defender los derechos y los intereses legítimos de los consumidores. el respeto a la autonomía privada debe radicar en el permitir que el consumidor elija el bien o servicio que le resulte mejor -en cuanto a calidad. con el propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones fundadas acerca del consumo de bienes y servicios. que reconozca expresamente sus derechos fundamentales. adquiere. en torno a cuestiones que afectan sus intereses. de manera que con ello sea más fácil la entrada de nuevos agentes económicos al mercado y de nuevos productos y servicios. Formular programas de educación e información para el consumidor. que compitan con los nacionales que ya son parte de aquél y que de paso presione a los productores a mejorar las técnicas. al expresar: " (. los bienes y servicios que la componen. se ordena la eliminación de las licencias y toda otra autorización relacionada con el ejercicio del comercio.y que sea más cómodo para su economía. la fabricación y la prestación.." Asimismo. que. transformar. donde se define cuál debe ser la función del Estado.) son funciones esenciales del Estado las siguientes: Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. recibe información o propuestas para ello. comercializar o prestar servicios a terceros". establezca las soluciones sustanciales para las cuestiones básicas emergentes de las relaciones de consumo. disfruta o utiliza los bienes o los servicios.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano de ello. o bien. como límite a la injerencia Estatal. el rol estatal en esta materia debe partir de la consagración de un sistema legal efectivo de protección del consumidor. Estructurar una canasta básica que satisfaga. se define al consumidor como: "Toda persona física o entidad de hecho o de derecho. por lo menos.. Fomentar y promover las organizaciones de consumidores y garantizar su participación en los procesos de decisión y reclamo. Todo lo anterior puede verse plasmado claramente en el artículo 30 de la Ley. Esa elección puede hacerse cuando el Estado haya ajustado las diferentes regulaciones a las nuevas necesidades de apertura.
se entiende. establece la necesidad de inscripción y autorización administrativa para el ejercicio comercial de la mal denominada actividad de “ventas a plazo”(artículo 43). pero. violenta la libertad de empresa contenida en el artículo 46 de la Constitución Política. pero como parte más débil dentro del mercado. Toda esta filosofía. 551-00 del 18 de octubre del 2000. se ha inclinado por la tutela del consumidor. a la vez. ordenó “(. Por consiguiente. en última instancia. debe entenderse. se le ordena publicar la parte dispositiva de la presente resolución en un medio de circulación a nivel nacional para que sea del conocimiento general”. aunque dominante. “medicina pre-pagada”14.
. etc. en los análisis que ha efectuado sobre la intervención Estatal y la libertad de empresa.
El legislador al promulgar la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. es conveniente ilustrar lo dicho con la cita resolución que enmarca ambas tesis que el día de mañana se seguirán confrontando dada la trascendencia filosófica que encierra.” (SCV 07619-99). La Sala Constitucional. Esta posición. que de un día a otro. “proyectos de vivienda”. no ha sido muy pacífica como se apuntará. a este acto MEDIPRE cerró sus puertas y no honró sus obligaciones con los consumidores. 14 La Comisión Nacional del Consumidor ordenó mediante Voto No. En conclusión. que su viabilidad está condicionada con el ajuste perfecto del Derecho de la Constitución. es decir. De esta forma. • Potestad Estatal para regular actividades comerciales en tutela del consumidor. al punto de obligar a su titular a cambiarlo o a cesar totalmente su actividad y que violenta la
Muchos consumidores todavía tiene presente a la empresa Euroclub. recogiendo el conocimiento y las previsiones de compradores y vendedores en el contexto de un sistema de precios que funciona mejor cuando no está desvirtuado por trabas y reglamentos del gobierno. Posteriormente.. compatible con el orden constitucional interno.. integrada por valores y principios económicos y de desarrollo social de los pueblos.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano la eliminación de todas aquellas restricciones que existen y que fueron ideadas y perfeccionadas para ejercer las actividades comerciales. “proyectos de desarrollo”. asimismo. que la libre competencia permite que los ciudadanos se beneficien de la información de mercado. por cuanto un contenido esencial de la libertad empresarial prohíbe que las autoridades estatales establezcan condiciones o restricciones que hagan imposible o ruinoso el ejercicio de un determinado giro empresarial. donde miles de miles de consumidores fueron afectados. sino más bien por los derechos de quienes participan en el mismo.)suspender en forma definitiva e inmediata la venta de los planes de ventas a plazo. exija que los planes de ventas a plazo deban ser sometidos a una autorización antes de su ofrecimiento al público. el propietario salió del país con todo el dinero captado de los consumidores. doctrinariamente. Esta contradicción filosófica el legislador la mantiene con el fin de evitar estafas masivas y que a la postre se dieron en “clubes de viaje”13 .. autorizaciones o restricciones para el ejercicio del comercio (artículo 6). Al respecto se indica: “El accionante expone que el hecho de que el artículo 41 en su párrafo tercero. no por cómo se desarrolle el comercio. establece la eliminación de licencias. le corresponde al Estado velar.
" En sentencia 0550-95 de las 16:33 horas del 31 de enero de 1995. se expresó: "Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado.que impone una carga tributaria para colaborar con los gastos públicos tal como lo disponen los artículos 20 de la Ley número 6826. Pero ya en ejercicio de esa actividad.) Este criterio fue sustentado de antemano por la Corte Plena. debe tenerse en cuenta lo que esta Sala ha concebido como libertad de empresa. siempre que no resulte incompatible con el modelo de economía social de
.. de manera que. existe normativa al respecto precisamente la que está siendo impugnada en esta acción de inconstitucionalidad. sin injerencias de terceros -públicos o privados. sin más restricciones. resolución número 1042-90. y en sentencia 143-94 de las 16:00 horas del 11 de enero de 1994. como sería la fijación de precios al consumidor. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece. es el derecho que cualquier persona tiene de escoger. En sentencia 1901-94 de las 18:36 horas del 20 de abril de 1994. Como inicio del análisis. ya que cualquier persona puede desarrollar su comercio libremente. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses.el contenido del clausulado de los contratos que celebren entre ellos. la libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada y tal garantía debe someterse a las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamente. ya en ejercicio de esa actividad. De modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece. que la Libertad de Comercio que existe como garantía fundamental. el cierre de los negocios comerciales dispuesto en ellas no resulta inconstitucional. se dijo: "Sin embargo. aquí impugnados. 29 y 30 del Reglamento de dicha ley. la de pagar determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias que se estime conveniente.". por cuanto no le permite a las partes determinar libre y autónomamente. de las quince horas veinticinco minutos. del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y resolución número 611-91. se dijo. como en el caso. es el derecho que tiene todo ciudadano para escoger. máxime cuando. que en sesión ordinaria de nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve al conocer del veto del proyecto legislativo número 5098 consideró: "La libertad de comercio que existe como garantía constitucional. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. (Ver entre otras en este sentido. como en el presente caso. por ello. siempre y cuando reúna los requisitos previamente establecidos por ley.. de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno. se está en presencia de una regulación que se considera de interés general. que el artículo 50 de la Constitución otorga fundamento constitucional a un cierto grado de intervención del Estado en la economía.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano libertad contractual. máxime cuando. como lo ha expresado esta Sala en reiteradas ocasiones. también. y lo haga cumpliendo con las exigencias establecidas para el comercio de que se trate. sin restricciones.
que el artículo 46 de la Constitución que tutela la libertad de empresa -comercio. que la jurisprudencia de esta Sala ha señalado en reiteradas ocasiones sobre las limitaciones y restricciones que se le podían imponer a esta libertad fundamental. se pretende la erradicación de las licencias y restricciones que no sean realmente necesarias. que el orden público se entiende como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado. debe concebirse que si esta Ley pretende un cambio radical en el mercado. "con el objeto de financiar la venta futura de bienes o servicios.no debe interpretarse ni aplicarse en forma aislada del resto de normas de la Constitución. estableciendo inclusive en su artículo 3 que los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir. pero que todo ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales. esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad. agricultura e industria. que la intervención debe ser razonable. donde como bien ya se estimó en el considerando III. Es decir. la moral social.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano mercado establecido constitucionalmente. concebida para la protección de los consumidores. debe tenerse presente. En efecto. venta que sería exigible tan solo luego de verse cumplidas "ciertas condiciones" (¿?). así como asegurar el adecuado reparto de la riqueza. la norma impugnada no resulta contraria a esos principios y encuadra dentro del marco económico que viene examinándose y. especialmente del artículo 50. que la libertad de comercio no es una garantía individual absoluta sino que tiene sus límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos. los derechos de terceros y la vigencia de los valores democráticos y constitucionales. la Sala estima. A manera de síntesis. cuando corresponda. proporcionada y no discriminatoria. lógicamente. así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza. ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. acogiendo el informe de la Procuraduría General de la República. que la normativa impugnada tiene un gran sentido preventivo. analizar y eliminar. animal o vegetal. En razón de lo expuesto. como lo es la transición a la apertura comercial. la seguridad. que esa libertad constituye un derecho humano fundamental y el Estado puede regular su ejercicio en la medida estrictamente necesaria para garantizar el orden público. puesto que se trata de regular la actividad comercial que se origina en la recaudación masiva de dineros del público consumidor. estableciéndose otros medios de protección al consumidor que no interpongan trabas al mercado. no lesiona la libertad de empresa. siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana. entorpecer. que la administración pública debe revisar. que al Estado se le permite organizar y estimular la producción. que junto con el artículo 74 ídem definen lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho. el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. el sistema comercial es una modalidad que
. algunas de ellas antes de la concepción de la ley que se impugna y que introduce un modelo socio-económico diferente en nuestro país.
gran interés del Estado en proteger esos ahorros de la parte más débil de la cadena del consumo. represivo.
. puesto que existe una adecuada proporción entre los fines que persigue la norma y la naturaleza de la limitación que deba soportar el comerciante. como ya ha ocurrido en el pasado. sin duda." En el caso de estudio. en tanto su ejercicio dañe la moral social. para poder adquirir los bienes y servicios cuando se han completado las condiciones del contrato y por ello existe. por otro lado. pero controlados por el Estado. Al efecto esta Sala en sentencia No.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano permite al consumidor ahorrar su dinero depositándolo en manos del comerciante. se expresan como regulaciones en protección del interés público y del orden público económico. o los derechos iguales o superiores de terceros. siendo que si en su elección se ve sujeto a abusos por parte del comerciante. pues el hecho de tener que someter a autorización previa de un ente estatal un plan de venta a plazo con todas sus estipulaciones para que éste sea modificado por ésta. pueden y deben ser libremente estipulados por las partes. De todas formas. pero de las que admite el Derecho de la Constitución. como no lo es el que el comerciante deba garantizar su giro comercial. el contenido de los contratos que la norma exige sean autorizados previamente por una autoridad estatal. No estima la Sala que la autorización que se exige en la norma impugnada. tanto el acuerdo de voluntades implicado en la relación contractual. mientras no traspasen aquellos límites.(SCV 07619-99). sin interferir abiertamente en la libertad contractual. a la vez que evita que el sistema se convierta en una práctica ruinosa para ambas partes. el comerciante no ve limitado su derecho más que en lo esencial. como la determinación de la cosa. lo que hace regulando esas actividades y fiscalizándolas. es una clara intervención del Estado en la gestión operativa de una empresa. cuenta con medios jurídicos suficientes para hacer efectivos sus derechos. en especial en defensa del consumidor". sino para la protección del consumidor y por ello estima el Tribunal que es razonable que el Estado intervenga definiendo los contenidos de un contrato entre particulares de forma previa a su oferta pública. hay que considerar que en el mercado se abren múltiples oportunidades al consumidor de oferta y éste tiene la libertad de elegir aquellos productos y sistemas que más le convengan. el orden público. que es la filosofía que informa al sistema. rigurosamente considerado. material). para evitar que ocurran fraudes masivos en perjuicio de los grupos populares que hacen uso de esa modalidad de comercio. como "manifestación de una policía administrativa especial en la cual los tres tipos de procedimientos de todo ejercicio del poder de policía recién citados (normativo. es decir. De ello se deriva que. son pautas que deben ser determinadas por las partes. constituya una restricción desproporcionada al ejercicio de dicha libertad. ya que ello conduce a dotar de seguridades ese giro comercial. 3495-92 indicó que: "Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional. objeto y precio de este acuerdo. no para el ejercicio de su actividad.
máxime cuando. la cual. se consideró: "Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado. resolución número 1042-90. dijo: "Sin embargo. sin injerencias de terceros -públicos o privados. El accionante expone que el hecho de que el artículo 41 en su párrafo tercero. exija que los planes de ventas a plazo deban ser sometidos a una autorización antes de su ofrecimiento al público. y lo haga cumpliendo con las exigencias establecidas para el comercio de que se trate. se plasmó mediante voto salvado de los magistrados Piza Escalante. Como inicio del análisis. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses.". la libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada y tal garantía debe someterse a las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamente. del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y resolución número 611-91. y en sentencia No. como lo ha expresado esta Sala en reiteradas ocasiones. violenta la libertad de empresa contenida en el artículo 46 de la Constitución Política.) Este criterio fue sustentado de antemano por la Corte Plena.DE LA LIBERTAD DE EMPRESA y LA LIBERTAD CONTRACTUAL. por cuanto no le permite a las partes determinar libre y autónomamente. ya que cualquier persona puede desarrollar su comercio libremente. siempre y cuando reúna los requisitos previamente establecidos por ley. (Ver entre otras en este sentido. de las quince horas veinticinco minutos.. que en sesión ordinaria de nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve al conocer del veto del proyecto legislativo número 5098 consideró:
. por ello. debe tenerse en cuenta lo que esta Sala ha concebido como libertad de empresa. ya en ejercicio de esa actividad.1901-94 de las dieciocho horas treinta y seis minutos del veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro. el cierre de los negocios comerciales dispuesto en ellas no resulta inconstitucional. que la Libertad de Comercio que existe como garantía fundamental. existe otra posición al respecto.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Como se indicó. es el derecho que tiene todo ciudadano para escoger. de manera que.que impone una carga tributaria para colaborar con los gastos públicos tal como lo disponen los artículos 20 de la Ley número 6826. Calzada Miranda y Molina Quesada. al punto de obligar a su titular a cambiarlo o a cesar totalmente su actividad y que violenta la libertad contractual. en el siguiente sentido: “I.. En sentencia No. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece. 29 y 30 del Reglamento de dicha ley. por cuanto un contenido esencial de la libertad empresarial prohibe que las autoridades estatales establezcan condiciones o restricciones que hagan imposible o ruinoso el ejercicio de un determinado giro empresarial. 143-94 de las dieciséis horas del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro. aquí impugnados. existe normativa al respecto -precisamente la que está siendo impugnada en esta acción de inconstitucionalidad. como en el presente caso.el contenido del clausulado de los contratos que celebren entre ellos. de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno.. sin restricciones.
los derechos de terceros y la vigencia de los valores democráticos y constitucionales. especialmente del artículo 50. como sería la fijación de precios al consumidor. Debe tenerse presente. como lo es la transición a la apertura comercial. es el derecho que cualquier persona tiene de escoger. se pretende la erradicación de las licencias y restricciones que no sean realmente necesarias. que si bien la jurisprudencia de esta Sala ha señalado en reiteradas ocasiones sobre las limitaciones y restricciones que se le podían imponer a esta libertad fundamental. que la libertad de comercio no es una garantía individual absoluta sino que tiene sus límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos. así como asegurar el adecuado reparto de la riqueza. donde como bien ya se estimó en el considerando III. siempre que no resulte incompatible con el modelo de economía social de mercado establecido constitucionalmente. estableciendo inclusive en su artículo 3 que los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir. que el artículo 46 de la Constitución que tutela la libertad de empresa comercio. algunas de éstas lo eran antes de la concepción de la ley que se impugna y que introduce un modelo socioeconómico diferente a nuestro país. que al Estado se le permite organizar y estimular la producción. que esa libertad constituye un derecho humano fundamental y el Estado puede regular su ejercicio en la medida estrictamente necesaria para garantizar el orden público. que la intervención debe ser razonable. la de pagar determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias que se estime conveniente. agricultura e industria-no debe interpretarse ni aplicarse en forma aislada del resto de normas de la Constitución. proporcionada y no discriminatoria. se dijo que el artículo 50 de la Constitución otorga fundamento constitucional a un cierto grado de intervención del Estado en la economía. máxime cuando." En sentencia No. sin más restricciones. estableciéndose otros medios de protección al consumidor que no interpongan trabas al mercado. entorpecer. cuando
. la moral social. De modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. debe concebirse que si esta Ley pretende un cambio radical en el mercado. como en el caso.0550-95 de las 16:33 horas del 31 de enero de 1995. ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. En razón de lo expuesto. Pero ya en ejercicio de esa actividad. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano "La libertad de comercio que existe como garantía constitucional. que el orden público se entiende como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado. se está en presencia de una regulación que se considera de interés general. analizar y eliminar. que junto con el artículo 74 ídem definen lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho. que la administración pública debe revisar.
prácticamente señalando el contenido del contrato mismo. animal o vegetal. 3495-92 indicó: "Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional. violenta los artículos 45. pueden y deben ser libremente estipulados por las partes. en tanto su ejercicio dañe la moral social. el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. pretendiendo ésta una protección excesiva del consumidor. constituye una restricción desproporcionada al ejercicio de dicha libertad.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano corresponda. De ello se deriva que. ya que ello podría conducir a hacer imposible o ruinoso determinado giro comercial. el contenido de los contratos que pretende la norma sean autorizados previamente por una autoridad estatal. es una clara intervención del Estado en la gestión operativa de una empresa. Al efecto esta Sala en sentencia No. que no se justifica dentro de los parámetros que autoriza el artículo 28 constitucional. objeto y precio de este acuerdo. cuenta con medios jurídicos suficientes para hacer efectivos sus derechos.”
. esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad. 46 y 28 de la Constitución Política. En consecuencia. pues el hecho de tener que someter a autorización previa de un ente estatal un plan de venta a plazo con todas sus estipulaciones para que éste sea modificado por ésta. la seguridad. Aunado al hecho de que las limitaciones que puedan llegar a imponerse. rigurosamente considerado. Actualmente hay que considerar." En el caso de estudio. es decir. la autorización como requisito que pretende la norma impugnada en su párrafo tercero. siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana. por cuanto esta autorización que exige la norma impugnada. tanto el acuerdo de voluntades implicado en la relación contractual. lo cual se ve seriamente afectado con la norma impugnada. éste tiene la libertad de elegir aquellos productos que más le convengan. que si en el mercado se abren múltiples oportunidades al consumidor de oferta. como la determinación de la cosa. mientras no traspasen aquellos límites. que el Estado pretenda intervenir definiendo los contenidos de un contrato entre particulares de forma previa a su oferta pública. son pautas que deben ser determinadas por las partes y no impuestas por el Estado. para limitar un derecho fundamental como lo es la libertad de comercio y la libertad contractual. deben respetar el derecho del empresario para escoger los medios idóneos para obtener los resultados programados por él en el ejercicio de su actividad empresarial. pero que todo ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales. siendo que si en su elección se ve sujeto a abusos por parte del comerciante. así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza. el orden público. o los derechos iguales o superiores de terceros. interfiriendo abiertamente en la libertad contractual de las partes. al otorgarle a las autoridades administrativas la potestad de autorizar previamente el contenido de los planes y contratos para las ventas a plazos. no siendo razonable entonces. la norma impugnada efectivamente no encuadra dentro del marco económico que viene estatuyéndose y que lesiona la libertad de empresa.
Gonzalo Fajardo Salas en la exposición de motivos del proyecto que reformó el artículo 46 Constitucional. 11.
. a recibir información adecuada y veraz. Pensar lo contrario. y a un trato equitativo. que para el caso sub examine se traduce en la libertad de ofrecer al público planes de venta a plazo para facilitar la adquisición de casas y/o vehículos. puestos de bolsa. en el mismo artículo... Dentro de este proceso el Estado. Es decir. y de ahí el calificativo de “social” para contraponerlo al “individual” o de “grupo”. consumidor.. pues la libertad de comercio no es irrestricta como lo dice la jurisprudencia de esta Sala. seguros. op cit. Esto es así. lo cual. que el interés de la colectividad prevalezca sobre el particular y con base en aquél se establezcan limitaciones o prohibiciones”. empresario y en general el interés público se puede ver favorecido pero en varios casos
Exposición de motivos del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica (Expediente No. pero también lo es. etc. reforma a los artículos 24 y 46 de la Constitución Política).2. que paralelamente a ésto. en lo que interesa indica: “ Creemos que. además de apoyar a los organismos constituidos por el Estado para la defensa de sus derechos. a la libertad de elección.918. ampara el derecho de los consumidores a la protección de su seguridad e intereses económicos.” Como es aprecia claramente. p. porque viene a precisar mejor aquellos supuestos por los que se debe limitar la libertad de empresa en general. es importante recordar las palabras del Dr.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Sobre el conflicto presentado entre el voto de mayoría y el de minoría. lo anterior es definitivamente conveniente. igualmente un nuevo texto. como el que se propone. financieras. fondos de pensiones.15 En este orden el Voto No. sería dejar a las fuerzas del mercado y sin ninguna regulación actividades como banca. la Sala ha mantenido la filosofía de intervención estatal en beneficio de la tutela efectiva del consumidor. • Simplificación de trámites vs derechos fundamentales. carece de sentido dado el interés prevaleciente en la regulación. de modo que es susceptible de ser limitada en cuanto a su ejercicio en razón de un interés superior (la protección de los consumidores). en el entendido que dicha intervención debe realizarse siempre dentro de los límites de la razonabilidad y la proporcionalidad. una economía en la que no son simplemente las fuerzas de la oferta y la demanda sus elementos rectores sino que por el contrario reconociendo la necesidad por razones de interés público. del artículo 46 constitucional es indispensable que se incorpore a nuestra Constitución.
Recientemente en Costa Rica y en muchos países latinoamericanos se ha puesto en marcha un movimiento de desregulación económica o como lo le gusta llamarlo a cierta persona “simplificación de trámites”. reconociéndose su ejercicio en una “economía social de mercado”. 1399-99 nos ilustra: “La Constitución Política en su artículo 46 protege la libertad de comercio.. lo que faculta a la administración a llevar a cabo las actividades que así lo ameriten.
generalmente se acude a su naturaleza instrumental. En este sentido el Voto No. por lo que siempre va vinculado a un proceso principal. el tiempo que el juicio declarativo tarda en subsanarse Las medidas cautelares presentan los rasgos de instrumentalidad. haya declarado inconstitucional normas que supuestamente “venían a hacerle más fácil la vida a todos”. y evitar que la eventual victoria del demandante resulte nugatoria. en resguardo de los bienes de relevancia constitucional. garantizado la efectividad de su resultado. Esta realidad ha implicado que la Sala Constitucional. 5245-02 indica: “El Decreto en estudio evidentemente enfatiza la simplificación de trámites en caso de construcción de obras públicas o privadas. que no es otra que la de garantizar la conservación del objeto litigioso hasta el dictado de la sentencia final. Con el fin de ilustrar es conveniente mencionar el significado de cada uno de los adjetivos mencionados: a) Instrumentalidad La instrumentalidad significa que el proceso cautelar no es autónomo. • Potestad para decretar medidas cautelares en protección al consumidor. por lo que se pone especial énfasis en su finalidad última. es decir. En este sentido la Sala ha dejado claro su posición al declarar inconstitucional un decreto ejecutivo que prendía “simplificar trámites” y que en realidad generaba una grosera desprotección al patrimonio arqueológico. así como cualquier otra. parte esta Sala de la premisa de que cualesquiera trámites necesarios para la protección de bienes de relevancia constitucional. Podemos definir las medidas cautelares como aquellos mecanismos que directa o inmediatamente pretenden conjurar el peligro que para una futura ejecución representa la propia existencia de un proceso declaratorio o mejor. mutabilidad. no pueden ser válidamente eliminados sin una adecuada sustitución por otros que cumplan la misma función protectora.” Es claro que la actividad de simplificación de trámites que realiza el Estado.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano las “simplificaciones de trámites” se han realizado sin un adecuado asesoramiento técnico-profesional. Si bien la desregulación de ciertas actividades cargadas de requisitos excesivos no es inválida per se y puede resultar hasta deseable. no tiene autonomía funcional. al que sirve. encuentra sus límites en el Derecho de la Constitución y por ende podemos indicar que el Estado por acción u omisión podría ser enfrentado al análisis constitucional en defensa de los derechos fundamentales de los(as) consumidores(as)..
Cuando se define la medida cautelar. b) Provisionalidad
. respecto de los requisitos establecidos en el ordenamiento con la finalidad de proteger el patrimonio arqueológico. provisionalidad. homogeneidad con las medidas ejecutivas y urgencia.
se tiene que la medida no prolonga ni interrumpe el proceso principal y solo si éste se extingue. c) Mutualidad El carácter temporal de la medida produce que ésta pueda ser aumentada. toda medida cautelar está íntimamente preordenada a la ejecución. pero no auténticas. sustituida o adaptada a nuevas necesidades. Por ello. conlleva una gran limitación en los plazos. enseña que las medidas cautelares son homogéneas. desarrollado por la doctrina Española. pero no idénticas al proceso de ejecución. o bien.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Las medidas cautelares subsisten en tanto mantienen viva la cautela ordenada. de manera inmediata. d) Homogeneidad Este concepto. Igualmente. en ningún caso. esto es que ambas son semejantes. pierde la razón de ser que le dio origen. Como efecto de la “mutuabilidad”. es decir. nacen con una vida limitada. siempre que haya cambiado el supuesto fáctico. se mantienen hasta que adquiera firmeza la sentencia dictada en el proceso principal. lo que impide muchas veces el pleno conocimiento de los supuestos que la justifican. cuando las condiciones objetivas que le dieron origen hayan cambiado. si fuere una sentencia condenatoria que “efectiviza” lo que la sentencia ordenó. por lo que las posibilidades de error son grandes. trámites y elementos probatorios. desaparecen cuando “la pretensión haya sido desestimada. Esas condiciones objetivas se refieren a la alteración del estado sustancial de los datos reales sobre los cuales la medida cautelar se adoptó. decaído o extinguido. Esto significa que los efectos de la medida cautelar son temporales. a partir de allí. Esa urgencia que se refleja en la “sumariedad” de la gestión. de manera tal que entre ellas existe una cierta semejanza que. la medida se podría convertir en una medida de ejecución. porque a partir de allí. sin “las reposadas formas del proceso”. pueda ser concebida por el Juez o autoridad administrativa. disminuida. al aumento o por la disminución de la apariencia de un buen derecho. circunstancia que justifica los amplios poderes del juez para que pueda corregir la medida
. puede convertirse en identificación. el carácter de variable conlleva a que una medida que antes se había denegado. aquella desaparecerá. Esto equivale a decir que “una medida cautelar es tanto más eficaz. extinguirse si es una sentencia de carácter estimatoria. cuanto más se parece a la correspondiente medida que integrará la futura ejecución y solo la prudencia y el respeto por los derechos de quien aún no ha sido condenado marcan los límites de esa similitud. e) Uurgencia Es característico de las medidas cautelares que han de adoptarse con urgencia. bien porque la sentencia principal ha sido cumplida o bien porque se hayan realizado ya actos ejecutivos que privan de razón de ser a los cautelares”.
comprobado en el procedimiento cautelar. que para la doctrina no es otra situación que la probable estimación posterior del derecho material del actor en sentencia. tan solo podrá exigirse al interesado la apariencia de un buen derecho que dé al Juzgador algún viso de seriedad de la demanda. sino solamente de aquel que posea el mismo rango del derecho fundamental a la tutela cautelar y por ende.. es decir. es virtualmente imposible para el Juez determinar con certeza la existencia de ese buen derecho. fumus boni iuris y el interés público. pues no tiene razón de ser. un lapsus temporal. acoger la medida requerida. Estima la presencia del daño grave e irreversible. excluirse en todos y cada uno de ellos. cuando no imposible. El Peligro en la Demora implica peligro en la infructuosidad y peligro de tardanza en la resolución principal. No obstante. deberá estar claramente expresado en el motivo o el contenido de la conducta. Brevemente se explica cada uno: 1. o sustituirla. Sin embargo.. irremediablemente.Interés Público Es un elemento de mucha importancia por tanto debe de ponderarse si frente a ese interés o derecho privado existe o no un interés público contrapuesto que convierta en gravosa la petición esbozada.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano adoptada ( si es errónea).
. pues “ Solo Dios puede juzgar sin necesidad del mismo” y hablar de proceso implica.Periculum in mora. que en términos más simples no es más que la demora en la obtención de una sentencia definitiva y el daño marginal que se produce. para el caso de que exista. o en su caso. Lapsus que por sí mismo implica un daño para el titular del derecho litigioso 2. el que por demás. aquí debe de tenerse a la vista. precisamente. que no se trata de cualquier interés público. Este es el principio del fumus boni iuris. sería difícil. se sabe que la existencia de un proceso es imprescindible. además que debe existir seriedad en la demanda. En todo caso en interés general ( referido a derechos fundamentales de la colectividad o de terceros) no debe prevalecer en todos y cada uno de los supuestos. Se impone aclarar aquí. una probabilidad de acogimiento de la cuestión principal. que por la necesaria “sumariedad” del proceso cautelar. por esa precariedad de los elementos de cognición. como tampoco. en virtud de hechos nuevos que la conviertan en legítima La medida cautelar cuenta con los siguientes elementos esenciales. que sea capaz de relegarlo por intereses superiores... debe definirse normalmente en la sentencia y no antes. pues de ser así.Fumus Boni Iuris Para que la medida cautelar sea procedente se afirma. Así los hechos. a saber: periculum in mora. la medida cautelar estaría condenada al fracaso. 3. De no existir ese peligro para cualquiera de los bienes del recurrente. a causa de este retraso.
. las medidas cautelares parecen ser el amanecer de la justicia pronta y cumplida siempre y cuando se adopten dentro de los límites apuntados.. que signifique prácticamente una sanción. y volviendo a realizar la interpretación armónica de los artículos 27 y 41 de la Constitución Política.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano La Sala Constitucional.. sin embargo. de manera que no se le cause un perjuicio al demandado. Tratándose de medidas cautelares los anteriores elementos son considerados límites para la actuación de los órganos públicos. toda vez que con ello se pretende proteger los derechos e intereses de los posibles consumidores de estos productos. que ponga o pueda poner en peligro el objeto del proceso y. la suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen dicha Ley. Además de lo anterior. por la imposible efectividad y eficacia del fallo favorable a sus intereses. indicando que son “. la Sala –como se indicó. intentan resguardar el cumplimiento de un proceso y evita la afectación de otros derechos. que debe existir en dichas actuaciones. y a nivel legal.un conjunto de potestades procesales del juez (.” SCV. (en sentido similar 0139999). es que existen precisamente las medidas cautelares que como su nombre lo indica.. el artículo 53 con relación al 61 de la Ley 7472 otorga a la Comisión Nacional del Consumidor la potestad de ordenar. precisamente en virtud de ello. adoptada por el juzgador con anterioridad o durante el transcurso del proceso. debiendo resolverse el procedimiento iniciado o al menos en lo que respecta a la medida cautelar en el menor tiempo posible.. La Sala Constitucional ha confrontado con la Constitución Política estas actuaciones del órgano público. Visto lo anterior. medidas cautelares como el congelamiento de bienes. se puede entender por medida cautelar: aquella necesaria e idónea decisión provisional. de los cuales se cuestiona su originalidad y que en una eventualidad de ser ciertos los hechos se verían engañados.. En razón de ello. avalando reiteradamente la adopción de esta medidas cautelares en defensa de los consumidores.” Así los hechos.) para resolver antes del fallo.. proporcionalidad y la adecuación del medio al fin.establece otro límite de carácter material. de acuerdo con la gravedad de los hechos. también se ha manifestado en cuanto a qué debe de entenderse por medida cautelar. dirigida a evitar un daño grave e irreversible para el recurrente. Veamos. con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final.03770-99. en un caso donde se denunció la venta de productos no originales (imitaciones de marcas registradas) y se decretó la medida cautelar de congelamiento la Sala dispuso: “ Esta Sala entiende que la medida cautelar aplicada a las amparadas resulta ajustada a derecho. hacer ilusorio el posterior triunfo de aquél. Por su parte.
. siendo los principios de razonabilidad. debe aplicarse únicamente en los casos en que sea necesario y que existan elementos suficientes de probabilidad de lo acusado y de una inminente afectación al consumidor.
Esta visión creemos que claramente la sustenta la Sala. Esto reviste capital importancia dado que los factores que
. ello no debe conducirnos a la igualmente errónea noción de que.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano • Servicios Profesionales. Es decir. en tratándose de las profesiones liberales. de la oferta de bienes y demás servicios comerciales. La primera es incompatible –de hecho. son complementarias. estableció en el Voto No. lo podemos extraer claramente con la experiencia Europea donde la política de defensa del consumidor tiene como base la unificación regional. Pero está claro que el régimen de tutela es diverso en uno y otro caso.las nociones de “libre competencia” y “eficiencia económica” que privan (. puede sostenerse que repugna. o que la Comisión Nacional del Consumidor es actualmente quien debe recibir y tramitar las denuncias contra ellos por mala práctica profesional.. puede sostenerse que repugna. donde el voto de minoría se confunde en el planteamiento filosófico económico. si así fuera. estima que la misma es “incompatible – de hecho. Además. sus usuarios – llámense “clientes”. entonces. ”
8) Conclusión general.
Los derechos inherentes a los consumidores y usuarios son parte indispensable de la concepción del Estado Social de Derecho y es parte integral del nuevo régimen económico de la globalización económica.que la Comisión para Promover la Competencia es ahora la llamada a conocer de los conflictos por prácticas desleales de los profesionales.las nociones de “libre competencia” y “eficiencia económica” que privan con relación a la segunda. es decir. salvo el voto salvado que se mencionó. Naturalmente.. el fomento adecuado del intercambio comercial. Ni de la letra ni de los antecedentes de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o de su reglamento (Decreto Ejecutivo número 25234-MEIC del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis) se desprende un propósito de suprimir las competencias de los colegios profesionales en estas materias. El punto anterior.
Referente a los servicios profesionales la Sala Constitucional. dado la apertura comercial y la tutela del consumidor no son dos cosas diametralmente opuesta. Al respecto el citado voto establece: “La oferta de servicios profesionales es enteramente distinta.tengan menos derechos que los consumidores de los productos mercantiles. o de cualquier otro modo. no podemos concebir un mundo cada vez más globalizado sin visualizar una adecuada protección al consumidor. En efecto. o “pacientes”. 439-99 que los servicios profesionales son servicios públicos y los encargados de regularlos son los Colegios Profesionales.)” en la oferta de bienes y servicios comerciales. se tendría que concluir –por ejemplo. todo lo contrario.
Básicamente. hecho genera varias conclusiones: a) Que la tutela del consumidor ha sido ejercida efectivamente por la Comisión Nacional del Consumidor y los consumidores no tienen mayor incentivo para acudir ante la Sala Constitucional. discriminación de consumo. aunque tímidamente. genera otro efecto indirecto de desahogo al Poder Judicial. entre otros. entre los que podemos citar: La eliminación de cláusulas abusivas en contratos públicos o privados. son la seguridad. b) En Costa Rica no existe un movimiento fuerte y consolidado que logre generar un equilibrio en el mercado. a aliviar la posición del consumidor en el mercado. venta de productos peligrosos. que la Sala ha reconocido y fortalecido la tutela del consumidor. ha mantenido una línea de protección y tutela efectiva del consumidor. inercia del Estado en la labor de educación del consumidor (ver transitorio IV de la LPCDEC sobre la adecuación de planes de estudio en el primer. Independiente de lo anterior. los que han accionado son comerciantes o empresas establecidas reaccionando contra regulaciones específicas del Estado por considerarlas violatorias a su también derecho fundamental como lo es la libertad de empresa. aunque no ha agotado el tema. violación al derecho de información por la venta de productos con etiquetas en otro idioma que no sea el español y ni que se diga de la constante violación al medio ambiente. Es claro. de existirlo indudablemente en más de una ocasión podrían haber accionado a la Sala para que se les tutelen derechos e intereses a la masa de consumidores. segundo y tercer ciclo). El anterior. De la investigación realizada en la Sala Constitucional podemos concluir que el tema del consumidor se encuentra inconcluso dado la poca profundidad de los temas resueltos. confiabilidad e información del receptor. Con esta posición se ha evitado la derogatoria de normas que han venido. pero son pocos o casi ninguno los consumidores que han accionado ante tan alto órgano con el fin de que se le tutele un derecho específico. ventas condicionadas (escuelas y colegios). lo cual. es alentador que la Sala.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano fundamentan el consumo.
Recommended DocumentsDocuments Similar To La Tutela Constitucional Del ConsumidorSkip carouselSÁBADO 10 DE SETIEMBREMinones c MegatoneModulo n 7 Derechos Del ConsumidorTamayo Responsabilidad CivilDerecho Del ConsumidorProteccion Al Consumidor_tarea_semana1La calidad desde la óptica del derecho del consumidorProcedimiento de Atención a Reclamosanálisis fallo moriconi cliente bancarioAnálisis de la Ley Orgánica de la Defensa del ConsumidorTrabajo ObligacionesDerecho Del Consumidor- Modificacion Ley 24.240consumidor BCRA Defensa Del ConsumidorIND 11Resumen Nuevo Estatuto Del ConsumidorLey - Información sobre plazo de entregaTp Privado 3. 1,2,3 y 4Derechos y ObligacionesDerechosYObligacionesDelConsumidor2.-C Consumidores y UsuariosTrabajo Grupal Indecopi2 derecho.docx183633396-Denuncia-IndecopiLey de defensa del consumidor Con Jurisantecedentes historicosDL 1045 Ver 2da PaginaEXPO.pptxConsumidor.pdfMore From Alvaro Chanto UreñaSkip carouselCURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - JULIO RODOLFO COMADIRA.pdf¿Cómo repensar el desarrollo productivo_ Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica.pdfAsi-funcionan-las-transferencias-condicionadas.pdfsociedad_y_empresa.pdfTENTATIVA_DE_DELITO.pdfETICALa Accion Pauliana en el Ordenamiento, Derecho Comparado y Debate con Figuras Afines.pdfLas Antinomias Su OrigenCONFLICTOS DE COMPETENCIA.docAlejandro Poquet (Temas de Derecho Penal y Criminología)La Tutela Constitucional Del ConsumidorHistoria de Las Doctrinas Politicas - Juan Beneyto PerezHassemer,_Muñoz_Conde_-_Introduccion_a_la_Criminologia_y_al_Derecho_PenalLos Contratos de La Administracion Publica - Arnaldo Mendoza TorresPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo SocialPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo SocialLa Decada de America Latina y El Caribe - Una Oportunidad RealEl Antiguo Egipto - Anatomia de Una Civilizacion (Barry J Kemp)Psicologia JuridicaEl Jurista y El Simulador Del Derecho - Ignacio Burgoa OrihuelaEpistemologia y Metodologia - Juan SamajaManual de Redaccion JurisdiccionalArgumentacion Juridica - Enj - r.dominicanaEl Lenguaje Juridico - Carles Duarte y Anna MartinezLa Pobreza en Costa RicaTentativa de DelitoLa Herencia de La Criminologia Critica - Elena LarrauriMetodologia Investigacion JuridicaDemocracia y Defensa Publica

References: artículo 46
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 28
 artículo 46
 artículo 33
 artículo 46
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 10
 artículo 46
 artículo 21
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 46
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 46
 resolución 
 artículo 17
 artículo 432
 resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 140
 artículo 43
 artículo 31
 artículo 43
 artículo 31
 artículo 44
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 5
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 64
 artículo 26
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 24
 artículo 75
 artículo 6
 artículo 30
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 50
 artículo 74
 artículo 28
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 46
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 50
 artículo 74
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 resolución 
 artículo 53