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Timestamp: 2019-12-09 20:36:07+00:00

Document:
STC 26/2000, 31 de Enero de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 145291
Número de Recurso: 3375/1997
Recurso de amparo 3375/97. Promovido por doña María de las Nieves B. Z. frente a providencia y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un contencioso administrativo relativo a liquidaciones giradas por el Impuesto sobre la Publicidad. Vulneración de los derechos a la tutela judicial y a la prueba: Sentencia dictada antes de que se hubiera practicado la prueba documental admitida.
Sentencia citada en: 1410 sentencias, 23 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 formularios, 4 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 3375/97, promovido por doña María de las Nieves B. Z., bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Olga Gutiérrez Álvarez y asistida por la Abogada doña Dolores María Prada Ramos, contra la providencia y la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 31 de marzo y 18 de abril de 1997, respectivamente, recaídas en el recurso contencioso-administrativo núm. 378/95 seguido contra la Resolución del Teniente de Alcalde-Delegado de Hacienda y Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de fecha de 16 de diciembre de 1994, sobre liquidación en apremio del Impuesto sobre la Publicidad. Ha comparecido el Letrado del Ayuntamiento de Sevilla y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 29 de julio de 1997, la Procuradora de los Tribunales doña Olga Gutiérrez Álvarez, en nombre y representación de doña María de las Nieves B. Z., interpuso recurso de amparo constitucional contra la providencia y la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede en Sevilla), de 31 de marzo y 18 de abril de 1997, respectivamente, reseñadas en el encabezamiento.
Con fecha de 19 de septiembre de 1994 se procedió a notificar a la hoy actora por el Servicio de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Sevilla una providencia de apremio relativa a las liquidaciones giradas por el concepto del Impuesto sobre la Publicidad correspondiente a los ejercicios 1988 a 1991, con un importe total de 106.800 pesetas.
Formulado el correspondiente recurso de reposición, mediante resolución de fecha de 16 de diciembre de 1994 del Teniente de Alcalde-Delegado de Hacienda y Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla se desestima, por cuanto el motivo de oposición esgrimido (el no ejercicio de actividad comercial alguna desde 1981) no es ninguno de los tasados como título de oposición al apremio, a tenor de lo dispuesto en los arts. 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación.
Con fecha 8 de marzo de 1995 se interpuso recurso contencioso-administrativo (núm. 378/95) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solicitando en el escrito de formalización de la demanda el recibimiento del pleito a prueba, lo que fue desestimado en un primer momento mediante Auto con fecha de 27 de febrero de 1996, y admitido posteriormente, tras el pertinente recurso de súplica, por nuevo Auto con fecha de 21 de octubre de 1996.
Recibido el pleito a prueba, la actora propuso la documental pública consistente en que se librara oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Delegación de Sevilla), para que expidiera certificación acreditativa de la baja en la Licencia Fiscal en el año 1981 y, en consecuencia, de su falta de legitimación pasiva tributaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo remitió el oficio, por error, al Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Licencias Fiscales, donde, constatada la equivocación, se reenvió a la Agencia Tributaria.
Concluido el período probatorio sin que se cumplimentara la documental interesada, se abrió el trámite de conclusiones, siendo evacuado por la recurrente en tiempo y forma, y solicitando mediante otrosí que se acordara para mejor proveer la práctica de la prueba propuesta, admitida y omitida.
Por providencia con fecha de 31 de marzo de 1997 se señaló para votación y fallo el día 7 de abril de mismo año, siendo notificada esta providencia a la parte recurrente conjuntamente con la Sentencia desestimatoria, que recayó el día 18 de abril siguiente, configurando ambas resoluciones el objeto de impugnación en el presente proceso constitucional.
En su demanda de amparo aduce la quejosa que se la ha colocado en una situación de indefensión contraria al derecho fundamental que reconoce el art. 24 CE, al habérsele impedido su derecho de defensa, por cuanto el Tribunal a quo dictó Sentencia sin haber practicado la prueba documental propuesta y admitida, por causa que no le era imputable, cuando se trataba de algo fundamental y de especial relevancia para acreditar su pretensión, atribuyéndosele el error a la propia Sala, que remitió el oficio al Ayuntamiento de Sevilla en lugar de hacerlo a la Agencia Tributaria. La vulneración también se produciría, de un lado, por no habérsele notificado la providencia de fecha de 31 de marzo de 1997 por la que se señalaba para votación y fallo el día 7 de abril siguiente, sino hasta el 1 de julio, junto con la Sentencia recaída, lo que hizo imposible interponer recurso alguno contra la no práctica de la prueba; y de otra parte, por cuanto la Sala entendió que la invocada prescripción (con carácter subsidiario) no podía acogerse al no disponer del expediente administrativo donde había de constar la notificación y de donde había de deducirse la validez del acto de comunicación. Termina, finalmente, impetrando el amparo con declaración de ser contrario al orden constitucional la providencia de 31 de marzo de 1997 y la Sentencia de 18 de abril del mismo año. Por medio de otrosí se interesó, además, la suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada, lo que se denegó mediante Auto con fecha de 15 de diciembre de 1997, dado que las resoluciones judiciales con efectos meramente económicos, en principio, no causan perjuicios irreparables, cual ocurre en el presente caso, donde no se ha acreditado la concurrencia de un perjuicio que no pudiera ser compensado.
Por providencia de 15 de septiembre de 1997, la Sección Primera acordó tener por recibido el anterior escrito con los documentos que le acompañaban y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 50.5 LOTC, conceder un plazo de diez a la Procuradora para: a) aportar el poder que acreditase su representación, con sus correspondientes copias; b) aportar una copia legible de la Sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y c) indicar el nombre y apellidos del Letrado firmante, así como su número de colegiado. Todo lo cual se llevó a efecto mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 25 de septiembre de 1997.
Por providencia de 10 de noviembre de 1997 la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que remitiese testimonio del recurso núm. 378/95, interesando igualmente del órgano judicial que previamente emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que, si así lo deseasen, pudiesen comparecer, en el plazo de diez días, en el presente proceso constitucional. En este sentido, por escrito con fecha de registro de entrada en este Tribunal de 3 de diciembre de 1997, don Enrique Barrero González, Letrado del Ayuntamiento de Sevilla, solicitaba se admitiese su personación en el presente recurso.
La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 26 de enero de 1998, acordó acusar recibo de las actuaciones recibidas y del escrito del Letrado del Ayuntamiento de Sevilla, a quien se tuvo por personado y parte en nombre y representación del referido Ayuntamiento, dando vista de las mismas por el plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al solicitante de amparo y demás partes personadas para que, dentro de dicho término, presentasen las alegaciones que estimasen pertinentes, según determina el art. 52.1 LOTC.
El día 18 de febrero de 1998 presentó sus alegaciones ante este Tribunal la representación procesal del Ayuntamiento de Sevilla. En su escrito solicitaba la desestimación del recurso por entender que no concurría ninguna vulneración constitucional en relación con la práctica de la prueba, dado que el efecto de la inejecución de la prueba puede ser el mismo que el de su inadmisión, y teniendo en cuenta que la indefensión es un concepto material donde ha de considerarse el deber procesal que pesa sobre la parte, a quien corresponde la activa colaboración para la efectividad de la prueba, cosa que no ha ocurrido en el presente caso, no sólo por haberse solicitado la práctica de la prueba de forma tardía, sino porque el recurrente no gestionó adecuadamente la práctica de la prueba, al no estar atento a cumplimentar el oficio, ni a gestionar lo procedente, incurriendo en una inactividad total. Y tampoco tiene sentido hablar de prescripción de la deuda, y mucho menos anudarla a una supuesta insuficiencia del expediente, porque lo recurrido era una providencia de apremio y el expediente remitido fue consecuente con el acto impugnado y, además, ya se conocen los limitados supuestos en que la aplicación por los jueces del instituto de la prescripción adquiere, por excepción, relevancia constitucional.
La parte actora presentó sus alegaciones por escrito con fecha de entrada en el Registro de este Tribunal de 21 de febrero de 1998, en similares términos a los de su escrito de demanda de amparo.
El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal se registró el día 20 de febrero de 1998. Inicia su exposición planteando la irregularidad procesal de las alegaciones deducidas por la demandante en el proceso contencioso-administrativo en el que se dictó la Sentencia recurrida, por cuanto su demanda no se limitó a combatir el apremio realizado por la Administración, que era el acto originariamente recurrido, sino que se dirigió también contra las previas liquidaciones de las que aquél se derivada, lo cual se podía haber considerado improcedente. Sin embargo, se admitieron por la Sala sentenciadora todas las cuestiones planteadas, pronunciándose sobre ellas y, con ello, asumió su jurisdicción tanto sobre los apremios como sobre las propias liquidaciones, evitando rigorismos en la interpretación del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por providencia de 28 de enero de 2000, se fijó para la deliberación de la presente Sentencia el día 31 del mismo mes y año, en que se inició el trámite, que ha finalizado el día de la fecha.
El presente recurso de amparo se interpone tanto contra la providencia de 31 de marzo de 1997, en la que se señalaba como fecha para la votación y fallo la del día 7 de abril siguiente, como contra la Sentencia de 18 de abril del mismo año, desestimatoria de la pretensión de la actora por no haberse acreditado el extremo en que se hacía valer la pretensión. Son dos resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), y notificadas el día 1 de julio de 1997.
Ante estos hechos acaecidos en la tramitación del recurso contencioso-administrativo, hay que recordar la jurisprudencia constitucional aplicable.
Aplicando la doctrina expuesta al caso de autos resulta, de un lado, que la parte actora solicitó la práctica de una prueba en la forma y momento legalmente establecido (en los términos previstos en el artículo 74 LJCA de 1956), siendo la misma no sólo idónea o pertinente para acreditar los hechos en los que se basaba la pretensión (como lo pone de manifiesto tanto el Auto de 21 de octubre de 1996 por el que se admite la práctica de la prueba como la providencia del 27 de diciembre siguiente donde se declara la pertinencia de la propuesta) sino decisiva en orden a la adopción de una resolución, como expresamente reconocería el Tribunal juzgador al desestimar la demanda, precisamente, por no haberse acreditado el extremo en que se basaba la pretensión (el no ser sujeto pasivo de la relación tributaria). Y de otra parte, que la falta de práctica de la diligencia probatoria admitida no es imputable, en momento alguno, a la parte recurrente, sino, únicamente, a la pasividad o negligencia del órgano judicial, quien reconociendo su pertinencia con carácter previo a la toma de la resolución final, y sin esperar o arbitrar las medidas necesarias para su consecución, pasa directamente a dictar resolución basando la desestimación del recurso en la no acreditación del extremo cuya prueba había sido solicitada (es decir, en la pasividad de la parte actora), y colocando con ello, finalmente, a la recurrente en una situación insalvable de indefensión, lo que ha producido la vulneración de su derecho a la utilización de los medios de prueba necesarios (art. 24.2 CE). Inaceptable, además, es que se prive a la quejosa de cualquier medio de reacción procesal, por cuanto la resolución judicial que le habría abierto el camino a la queja por la inactividad probatoria (la providencia de 31 de marzo de 1997) ni tan siquiera se le pone de manifiesto con carácter previo a la adopción de una resolución final, notificándosele junto con la propia Sentencia que pone fin al proceso, vulnerándose, en consecuencia, su derecho de defensa constitucionalmente reconocido en el artículo 24.1 CE.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María de las Nieves B. Z. y, en su virtud:
Reconocer el derecho fundamental de la demandante a la tutela judicial efectiva, como comprensivo del derecho de defensa (art. 24.1 CE), y del derecho a la utilización de los medios de prueba necesarios para su defensa (art. 24.2 CE).
Declarar la nulidad tanto de la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 31 de marzo de 1997, como de la Sentencia del 18 del abril siguiente, recaídas en el recurso contencioso-administrativo núm. 378/95.
Retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno, a fin de que dicho órgano judicial practique la prueba admitida y declarada pertinente, y prosiga la tramitación del procedimiento conforme a Derecho.
SAP Madrid 525/2012, 31 de Octubre de 2012
ATC 22/2002, 25 de Febrero de 2002

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 74
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24