Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2004-16315.htm
Timestamp: 2017-12-12 00:31:49+00:00

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B.O.E. Nº 226 de 18/09/2004
REAL DECRETO-LEY 6/2004, de 17 septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daÃ±os causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades AutÃ³nomas de AragÃ³n, CataluÃ±a, AndalucÃ­a, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
En los meses de julio y agosto, y tras confluir una serie de circunstancias adversas de distinta naturaleza, se produjeron en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃ­a unos incendios forestales de excepcional envergadura que, no pudiendo ser controlados, adquirieron grandes dimensiones, con la consiguiente secuela de daÃ±os, fundamentalmente sobre masas forestales y explotaciones agrÃ­colas y ganaderas, y de riesgo para la vida de las personas, que obligaron a la evacuaciÃ³n de numerosas poblaciones. Asimismo, se vieron afectadas diversas infraestructuras municipales, infraestructuras forestales, caminos rurales, redes secundarias de riego y diferentes tramos de rÃ­os y arroyos correspondientes al dominio pÃºblico hidrÃ¡ulico.
Asimismo, durante la primera quincena del mes de septiembre se han producido graves inundaciones en las Comunidades AutÃ³nomas de AragÃ³n, CataluÃ±a, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana que han ocasionado importantes daÃ±os en bienes de titularidad pÃºblica y privada. Similares consecuencias tuvieron tambiÃ©n las fuertes lluvias e inundaciones producidas el pasado mes de marzo en la provincia de MÃ¡laga.
Desgraciadamente, en ambos casos se ha producido pÃ©rdida de vidas humanas.
La magnitud de los hechos y sus consecuencias obligan, desde el principio constitucional de solidaridad y por aplicaciÃ³n de los de equidad e igualdad de trato en relaciÃ³n con situaciones precedentes, a la actuaciÃ³n de los poderes pÃºblicos y a la adopciÃ³n, para las zonas afectadas, de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes con las adoptadas anteriormente en ocasiones semejantes, al objeto de favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparaciÃ³n de los daÃ±os producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por los incendios e inundaciones.
Por otra parte, las pÃ©rdidas de producciÃ³n ocasionadas por los citados incendios e inundaciones en las masas forestales, los cultivos y territorios afectados configuran, por la magnitud de los daÃ±os ocasionados, una situaciÃ³n equiparable a la de desastre natural, en los tÃ©rminos establecidos por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
En su virtud, en uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y de los Ministros del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de Administraciones PÃºblicas y de Medio Ambiente y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 17 de septiembre de 2004,
1. Las medidas establecidas en este real decreto ley se aplicarÃ¡n a la reparaciÃ³n de los daÃ±os ocasionados por las inundaciones producidas en marzo y en la primera quincena del mes de septiembre de 2004, y por los incendios acaecidos en julio y agosto del mismo aÃ±o.
Los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n afectados de las Comunidades AutÃ³nomas de AragÃ³n, CataluÃ±a, AndalucÃ­a, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana a los que concretamente sean de aplicaciÃ³n las medidas aludidas se determinarÃ¡n por orden del Ministro del Interior.
A los efectos indicados, se declaran de emergencia las obras que vayan a ejecutar tales departamentos para reparar los daÃ±os causados en infraestructuras de titularidad estatal, asÃ­ como las actuaciones destinadas a la restauraciÃ³n forestal comprendidas en su Ã¡mbito de competencias.
SerÃ¡n objeto de indemnizaciÃ³n los daÃ±os provocados por los incendios e inundaciones en las explotaciones agrÃ­colas y ganaderas que, teniendo pÃ³lizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados para el aÃ±o 2004, hayan sufrido pÃ©rdidas por daÃ±os en sus producciones no cubiertos por las lÃ­neas de seguros agrarios combinados.
No obstante, para el caso de producciones que en las fechas del siniestro no hayan iniciado el perÃ­odo de contrataciÃ³n del seguro correspondiente, tambiÃ©n podrÃ¡n percibir las anteriores indemnizaciones, siempre y cuando se hubiese contratado el seguro correspondiente a dichas producciones en el ejercicio anterior.
PodrÃ¡n ser objeto de indemnizaciÃ³n en las condiciones establecidas en este artÃ­culo los daÃ±os producidos en explotaciones apÃ­colas.
1. Se concede la exenciÃ³n de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de 2004 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, daÃ±ados como consecuencia directa de los incendios e inundaciones, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparaciÃ³n de los daÃ±os sufridos o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fÃ³rmula de aseguramiento pÃºblico o privado.
2. Se concede una reducciÃ³n en el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas correspondiente al ejercicio 2004 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido daÃ±ados como consecuencia directa de los incendios e inundaciones, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daÃ±os que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducciÃ³n serÃ¡ proporcional al tiempo transcurrido desde el dÃ­a en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, ya sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daÃ±os producidos dÃ© origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que surtirÃ¡ efectos desde el dÃ­a 31 de diciembre de 2003.
5. EstarÃ¡n exentas de las tasas de la Jefatura Central de TrÃ¡fico la tramitaciÃ³n de las bajas de vehÃ­culos solicitadas como consecuencia de los daÃ±os producidos por los incendios e inundaciones y la expediciÃ³n de duplicados de permisos de circulaciÃ³n o de conducciÃ³n destruidos o extraviados por dichas causas.
6. La disminuciÃ³n de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este artÃ­culo produzcan en los ayuntamientos y diputaciones provinciales serÃ¡ compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7. EstarÃ¡n exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas las ayudas excepcionales por daÃ±os personales a que se refiere el artÃ­culo 9 de este real decreto ley.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden ministerial que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este real decreto ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1 del artÃ­culo 35 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, podrÃ¡ autorizar, con carÃ¡cter excepcional, la reducciÃ³n de los Ã­ndices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC 3313/2003, de 28 de noviembre, que desarrolla para el aÃ±o 2004 el rÃ©gimen de estimaciÃ³n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y el rÃ©gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
1. Los expedientes de regulaciÃ³n de empleo que tengan su causa en los daÃ±os producidos por los incendios e inundaciones tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de provenientes de una situaciÃ³n de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artÃ­culos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La TesorerÃ­a General de la Seguridad Social podrÃ¡ exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el perÃ­odo de suspensiÃ³n, manteniÃ©ndose la condiciÃ³n de dicho perÃ­odo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinciÃ³n del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrÃ¡n a cargo del Fondo de GarantÃ­a Salarial, con los lÃ­mites legalmente establecidos.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensiÃ³n de contratos o la reducciÃ³n temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrÃ¡ autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el tÃ­tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en los incendios e inundaciones, no se compute a efectos de consumir los perÃ­odos mÃ¡ximos de percepciÃ³n establecidos. Igualmente, podrÃ¡ autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los perÃ­odos de cotizaciÃ³n necesarios para tener derecho a ellas.
2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier rÃ©gimen de la Seguridad Social, podrÃ¡n solicitar y obtener, previa justificaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, una moratoria de un aÃ±o sin interÃ©s en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores a la producciÃ³n del siniestro.
3. Los cotizantes a la Seguridad Social que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieren satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate, podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas, incluidas en su caso los recargos y costas correspondientes. Si el que tuviere derecho a la devoluciÃ³n fuere deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros perÃ­odos, el crÃ©dito por la devoluciÃ³n serÃ¡ aplicado al pago de deudas pendientes con la misma en la forma que legalmente proceda.
2. A esos mismos efectos, se incluyen, en todo caso, entre las infraestructuras las hidrÃ¡ulicas, las forestales, las carreteras y, en general, cualquiera que haya resultado afectada por los incendios e inundaciones.
3. Se declara urgente la ocupaciÃ³n de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realizaciÃ³n de las obras a que se refiere este artÃ­culo, a los efectos establecidos en el artÃ­culo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de ExpropiaciÃ³n Forzosa.
4. En la tramitaciÃ³n de los expedientes de contrataciÃ³n no incluidos en el artÃ­culo 129.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se dispensarÃ¡ del requisito previo de disponibilidad de terrenos, sin perjuicio de que su ocupaciÃ³n efectiva no se haga hasta la formalizaciÃ³n del acta de ocupaciÃ³n.
1. Se conceden ayudas, en los tÃ©rminos que a continuaciÃ³n se dispone, para paliar los daÃ±os personales que tengan su causa en las catÃ¡strofes a que este real decreto ley se refiere.
2. Las ayudas por daÃ±os personales podrÃ¡n ser:
a) La cantidad a conceder en caso de fallecimiento ascenderÃ¡ a 18.000 euros por cada persona fallecida.
IdÃ©ntica cantidad se concederÃ¡ en los casos de incapacidad absoluta permanente, cuando dicha incapacidad hubiera sido causada por los mismos hechos.
3. SerÃ¡n beneficiarios de estas ayudas a tÃ­tulo de vÃ­ctimas indirectas, en el caso de muerte y con referencia siempre a la fecha de esta, las personas que reÃºnan las condiciones que se indican a continuaciÃ³n:
a) El cÃ³nyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente, con anÃ¡loga relaciÃ³n de afectividad a la de cÃ³nyuge, durante, al menos, los dos aÃ±os anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia; en este caso bastarÃ¡ la mera convivencia.
b) Los hijos menores de edad de los fallecidos o de las otras personas a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior y los mayores de edad si hubieran sufrido un perjuicio econÃ³mico-patrimonial relevante, debidamente acreditado, en relaciÃ³n a su situaciÃ³n econÃ³mica anterior a la catÃ¡strofe.
c) En defecto de las personas mencionadas anteriormente, serÃ¡n beneficiarios los padres de la persona fallecida, en el mismo supuesto de perjuicio econÃ³mico-patrimonial previsto en el pÃ¡rrafo anterior.
d) En defecto de las personas mencionadas en los pÃ¡rrafos a), b) y c), serÃ¡n beneficiarios los hermanos de la persona fallecida, si acreditan dependencia econÃ³mica de aquella.
a) La cantidad se dividirÃ¡ en dos mitades.
CorresponderÃ¡ una al cÃ³nyuge o a la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido en los tÃ©rminos del pÃ¡rrafo a) del apartado anterior. CorresponderÃ¡ la otra mitad a los hijos mencionados en el pÃ¡rrafo b) del apartado anterior, y se distribuirÃ¡ entre todos ellos por partes iguales.
b) De resultar beneficiarios los padres del fallecido, la cantidad a que asciende la ayuda se repartirÃ¡ entre ellos por partes iguales.
c) De resultar beneficiarios los hermanos del fallecido, la cantidad a que asciende la ayuda se repartirÃ¡ entre ellos por partes iguales.
5. Las solicitudes para la concesiÃ³n de estas ayudas se presentarÃ¡n en el tÃ©rmino de un mes, contado a partir de la entrada en vigor de este real decreto ley, y serÃ¡n resueltas por el Ministro del Interior en el plazo de tres meses.
1. Las ayudas por los daÃ±os en el continente de la vivienda sÃ³lo se concederÃ¡n cuando estos superen el 20 por ciento de su valor y, en todo caso, tendrÃ¡n un lÃ­mite mÃ¡ximo de 24.000 euros.
ArtÃ­culo 11. RÃ©gimen especial de aplicaciÃ³n de las ayudas ordinarias por daÃ±os personales materiales.
1. En los casos de ayudas previstas en los dos artÃ­culos anteriores, no serÃ¡ aplicable el rÃ©gimen de ayudas contemplado en la Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo de 1993, modificada parcialmente por la de 30 de julio de 1996.
2. Las ayudas que se concedan en aplicaciÃ³n de lo previsto en los dos artÃ­culos anteriores se financiarÃ¡n con cargo a los crÃ©ditos 16.01.223A.482, "Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catÃ¡strofes u otros de reconocida urgencia", y 16.01.223A.782, "Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catÃ¡strofes u otros de reconocida urgencia", dotados, con carÃ¡cter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.
Se instruye al Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO), en su condiciÃ³n de agencia financiera del Estado, para instrumentar una lÃ­nea de prÃ©stamos por importe de 20 millones de euros, que podrÃ¡ ser ampliada por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda en funciÃ³n de la evaluaciÃ³n de los daÃ±os y de la demanda consiguiente, utilizando la mediaciÃ³n de las entidades financieras con implantaciÃ³n en las comunidades autÃ³nomas afectadas, suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboraciÃ³n.
Estas lÃ­neas de prÃ©stamo, que tendrÃ¡n como finalidad financiar la reparaciÃ³n o reposiciÃ³n de instalaciones y equipos industriales y mercantiles, agrÃ­colas, forestales, ganaderas y de regadÃ­o, automÃ³viles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehÃ­culos comerciales, maquinaria agrÃ­cola y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto daÃ±ados como consecuencia de los incendios e inundaciones, se materializarÃ¡n en operaciones de prÃ©stamo concedidas por dichas entidades financieras, cuyas caracterÃ­sticas serÃ¡n:
c) InterÃ©s: el tipo de cesiÃ³n por el ICO a las entidades financieras serÃ¡ del 1,50 por ciento TAE, con un margen mÃ¡ximo de intermediaciÃ³n para estas del 0,50 por ciento. En consecuencia, el tipo final mÃ¡ximo para el prestatario serÃ¡ del 2,00 por ciento TAE.
e) Vigencia de la lÃ­nea: el plazo para la disposiciÃ³n de fondos terminarÃ¡ el 31 de diciembre de 2004.
La instrumentaciÃ³n de la lÃ­nea de prÃ©stamos a que se refiere este artÃ­culo se llevarÃ¡ a cabo por el ICO, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposiciÃ³n adicional sexta.dos.2.a) del Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtenciÃ³n de los recursos y el tipo antes citado del 1,50 por ciento serÃ¡ cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones PÃºblicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artÃ­culo 2, en la parte que financia la AdministraciÃ³n General del Estado, hasta un importe mÃ¡ximo de 15 millones de euros, con cargo al crÃ©dito que a estos efectos se habilite, con el carÃ¡cter de incorporable, en los presupuestos de dicho departamento.
De conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 50.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el crÃ©dito que se habilite se financiarÃ¡ con Fondo de Contingencia cuya autorizaciÃ³n corresponderÃ¡ al Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
1. Se crea una comisiÃ³n interministerial para la aplicaciÃ³n de las medidas establecidas en este real decreto ley, coordinada por la DirecciÃ³n General de ProtecciÃ³n Civil y Emergencias e integrada por representantes de los Ministerios de EconomÃ­a y Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de la Presidencia, de Administraciones PÃºblicas y de Medio Ambiente, asÃ­ como por los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas afectadas y por un representante del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
1. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas afectadas podrÃ¡n solicitar del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, para una mÃ¡s correcta evaluaciÃ³n de los daÃ±os, las correspondientes valoraciones previstas en este real decreto ley siempre que no afecten a bienes de titularidad pÃºblica.
Dichos convenios tendrÃ¡n como objetivo prioritario la restauraciÃ³n forestal de las zonas siniestradas.
La reparaciÃ³n de los daÃ±os en los bienes de titularidad estatal y en los de las comunidades de regantes, asÃ­ como las indemnizaciones que se concedan por daÃ±os en producciones agrÃ­colas y ganaderas, se financiarÃ¡n con cargo a los presupuestos de los respectivos departamentos ministeriales, a cuyos efectos se realizarÃ¡n las transferencias de crÃ©dito que sean necesarias, sin que resulten de aplicaciÃ³n las limitaciones contenidas en el artÃ­culo 52.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la realizaciÃ³n de transferencias de crÃ©dito desde operaciones de capital a operaciones corrientes.
A los efectos previstos en el artÃ­culo 3, se declaran de emergencia las obras que ejecute el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n para reparar los daÃ±os causados en infraestructuras pÃºblicas titularidad de las comunidades de regantes, comprendidas en su Ã¡mbito de competencia.
La reparaciÃ³n de estos daÃ±os se financiarÃ¡ con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, hasta un importe mÃ¡ximo de seis millones de euros.

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