Source: https://www.scribd.com/doc/117621324/Sentencia-Conzi
Timestamp: 2016-02-09 18:06:46+00:00

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Sentencia Conzi
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siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Hitters, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 106.620, "C., H. S.. Recurso de casación". A N T E C E D E N T E S La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, con fecha 3 de febrero de 2009 condenó a H. S. C.a la pena de veinticuatro años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de homicidio tentativa en con concurso cuatro ideal con homicidio (fs. en grado de
416/568).
confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial San Isidro en la parte que admitió la demanda relativo de los actores civiles, por modificándola en lo que
a la indemnización
deberá abonar el demandado H. S. C., dentro de los diez días hábiles de quedar firme la condena, a que fueron fijadas merced a la E. S. y E. S.,
aclaratoria ///
obrante a fs. 617/618, en las sumas de quinientos ochenta y un mil trecientos diez ($ 581.310) y quinientos setenta y cuatro mil ciento diez pesos ($ 574.110) respectivamente, con más intereses fijados según la tasa para los depósitos a treinta días del Banco Provincia (tasa pasiva), y las costas que deberán ser soportadas por el demandado. Frente a lo decidido el entonces defensor
particular H. S. C. interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en los que desarrolló agravios tanto respecto de la acción penal como de la civil (fs. 640/709 vta. del presente legajo). Con posterioridad, el procesado en su calidad de civilmente articuló demandado nuevos y con nuevo patrocinio de letrado e los fs.
recursos de ley la
extraordinarios -en idénticos
nulidad a de
inaplicabilidad anteriores-
617/618 (fs. 717/733). Los 735/736 vta. Conforme surge de fs. 740/743, H. S. C. cumplió con la intimación formulada en cuanto al pago de la tasa de justicia. Oído el representante del Ministerio Público /// recursos aludidos fueron concedidos a fs.
Suprema Corte de Justicia Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires
/// P. 106.620 3 Fiscal (v. fs. 746/770), dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de
nulidad interpuesto a fs. 640/709 vta.? 2ª ¿Lo es el de fs. 717/733? En caso negativo: 3ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley también deducido a fs. 640/709 vta.? 4ª ¿ Lo es el de fs. 717/733? V O T A C I Ó N A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo: 1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la defensa H. S. C. contra la sentencia pronunciada por el Tribunal en lo Criminal nº 4 de San Isidro que condenó a este último a la pena y de veinticinco por ser años autor de prisión,
responsable del delito de homicidio, en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa con plurales víctimas
(cuatro) e hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios ///
impetrada por E. y E. S., condenando a H. S. C. para que en el plazo de diez días de quedar firme dicho pronunciamiento abone la suma de seiscientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos veinte pesos, con
más la tasa
pasiva del
Banco Provincia, desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago, con costas a la accionada (fs. 2921 vta./2934 vta. de los autos principales). Así, el Tribunal de Casación Penal revocó
parcialmente dicho fallo y condenó al procesado a la pena de veinticuatro años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa con cuatro víctimas. Asimismo, confirmó la sentencia en la parte que se admitió la demanda,
modificándola en lo relativo a los daños a reparar, que fijó en las sumas de cuatrocientos ochenta y un mil
trescientos diez pesos y cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento diez pesos para E. S. y E. S., respectivamente.
Que por sentencia obrante a fs. 617/618, aclaró que las indemnizaciones a estos últimos quedaban fijadas en las sumas de quinientos ochenta y un mil trecientos diez ($ 581.310) y quinientos setenta pesos ($ 574.110) y cuatro mil ciento con más diez
intereses ///
/// P. 106.620 5 fijados según la tasa para los depósitos a treinta días del Banco Provincia (tasa pasiva), y las costas que deberán ser soportadas por el demandado. 3. A fs. 746/770 la señora Procuradora ante esta Corte propició se rechacen los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley respecto de la condena penal, y se haga lugar al recurso extraordinario de nulidad en punto a lo decidido en materia civil. 4. En lo que hace a la cuestión planteada, y en lo referente a la condena penal, el recurrente dedujo el recurso extraordinario de nulidad alegando dos agravios. El primero, la falta de mayoría en orden a la determinación de la pena pues, a su entender, sólo existió una mayoría
aparente y parcial que no abastece las exigencias del art. 168 de la Constitución provincial, solicitando la nulidad del pronunciamiento con reenvío a la instancia de mérito a fin de que se vea garantizado el derecho al recurso
conforme lo reglado por el art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el restante planteo denuncia la inobservancia del art. 171 de la Constitución provincial, por ausencia de adecuada fundamentación. Señala que el fallo cuestionado sólo tiene una fundamentación aparente que no resulta en ///
modo alguno conteste con las constancias obrantes en la causa, violando los principios lógicos de razón suficiente y de no contradicción, así como las leyes de la psicología y de la experiencia común (fs. 649). Expresa que si bien la prueba queda a discreción del tribunal de mérito, no es menos cierto que el Tribunal de Casación no puede dejar de de considerar para el valor de su
pronunciamiento, invocando en apoyo de su reclamo el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (fs. cit.). Considera que de la lectura del fallo surge que en modo alguno se explicitan las "reales" razones por las cuales se llegó a un juicio de certeza respecto de la autoría penalmente responsable del nombrado C. respecto de los hechos por los que fue condenado. Tal General, como lo que propicia este la señora del Procuradora resulta
improcedente. 5. En lo que hace al primero de los planteos, el examen de la decisión cuestionada permite advertir que, aun compartiendo General en la orden observación a las de la señora Procuradora que se ///
/// P. 106.620 7 observan en la votación de los jueces, lo cierto es que cumple con el estándar fijado por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Así puede verse que existió
unanimidad de opiniones respecto a que debían excluirse las circunstancias juicio sin agravantes ponderadas del Agente por el tribunal y de
respecto de la exclusión en tal carácter del desprecio por la vida mostrado por el causante. También existió
unanimidad sobre la no aplicación al caso del art. 80 in fine del Código Penal, y la desestimación de la
prolongación indebida del proceso como pauta dosificadora de la pena. Dos jueces estuvieron de acuerdo en computar como diminuente los trastornos de personalidad de C., y los tres estimaron aplicable a la figura de homicidio la
agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal, con la opinión concordante de dos de ellos en orden a la escala penal aplicable. Dos de los jueces concluyeron que la pena a imponer es la de 24 años y 9 meses de prisión, accesorias legales y costas. 6. El segundo planteo, en el que se cuestiona la fundamentación del fallo, tampoco es de recibo. Denuncia la Defensa que aquél sólo tiene una
fundamentación aparente, que no resulta en modo alguno ///
/// conteste con las constancias obrantes en la
8 causa.
Considera que ello viola los principios lógicos de razón suficiente y de no contradicción, así como las leyes de la psicología y de la experiencia común, que convierten a la sentencia en arbitraria, remitiéndose genéricamente a los cuestionamientos que más adelante realiza en el
capítulo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Sin perjuicio de la deficiencia que importa el empleo de dicha técnica recursiva, es posible discernir más adelante un planteo vinculado Así con los la defectos presencia de de
motivación aparente a la hora de determinar la pena de C., en tanto la imposición de de las la sanción no resulta una y
agravantes establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 669), incurriéndose en una cuantificación absurda, violatoria de los principios de proporcionalidad y razonabilidad (v. fs. 670). Es evidente que este tramo del recurso, más allá de las palabras empleadas para formularlo, está dirigido a discutir el acierto de lo resuelto en orden a la
determinación de la pena, y ello es materia ajena a la vía ///
/// P. 106.620 9 en trato. En otras palabras, lo que en rigor cuestiona la defensa no es la falta de motivación en la cuantificación punitiva sino la razonabilidad o corrección de ésta, y ello evidencia que al margen de su acierto o profundidad tal motivación existió. 7. En conclusión, y tal como lo adelantara, sin perjuicio de los reparos que merece la estructuración del fallo impugnado, el mismo cumple con el estándar de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial para su
validez formal, lo que torna improcedente este tramo del recurso (art. 484, 491 y ccts. del C.P.P.). 8. sentencia En lo que respecta con a la la parcela de la la
Defensa plantea los siguientes agravios. En primer término denuncia la omisión de
tratamiento de cuestiones esenciales. Así sostiene que el Tribunal de Casación ha preterido las censuras llevadas por la Defensa contra el fallo del tribunal de juicio relativas a la mensuración del de los rubros daño correspondientes ocasionado a a la los
accionantes y al valor vida estipulado en dicho decisorio, limitándose a abordar los agravios de los actores civiles (fs. 650). ///
/// Agrega luego que tampoco abordó el
intermedio el concreto pedido de sanción a los actores por "plus petitio inexcusable" atento la sideral suma
pretendida, alejada de todo parámetro de razonabilidad (fs. 650 vta./651). Por último, se agravia de que el decisorio
atacado carece de una adecuada fundamentación, en clara violación del art. 171 de la Constitución provincial (fs. 651 vta.). 9. Tal como lo dictamina la señora Procuradora general, considero que este tramo del recurso es
procedente. El tribunal de juicio -en lo que se refiere al agravio en tratamiento- hizo lugar a la demanda promovida por reparación de daños y perjuicios por E. y E. S.,
condenando al imputado H. S. C. para que en el plazo de diez días de quedar firme el fallo, abone la suma de $ 655.420 (seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos) con la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires desde la fecha del hecho (16/I/2003), hasta su efectivo pago, con expresa imposición de costas a la demandada por resultar vencida. A fs. 137/154 vta. obra el recurso de casación ///
/// P. 106.620 11 deducido por los apoderados del demandado H. S. C.en el que formularon cuestionamientos a la prueba relativa a los
rubros de gastos de tratamiento médico y farmacéutico; al monto indemnizatorio correspondiente al rubro "pérdida de chance" en tanto no surgía acreditado en autos las
cuantiosas ganancias que la parte actora sostiene "habría de ganar" M. S. en la actividad deportiva; al daño
psicológico y psiquiátrico y gastos de tratamiento de ambos actores, pues ante la falta de pericia no es posible
determinar los extremos que hacen a dicho rubro; al daño moral fijado cuya declaración de nulidad reclamaron por apartarse de la realidad económica al no corresponderse objetiva ni subjetivamente con los valores en juego; por último, consideraron que la parte actora había incurrido en "pluspetitio costas. Dichos agravios relativos a la condena civil, inexcusable" peticionando se la condene en
fueron ampliamente reseñados por el tribunal a fs. 451/460 vta. al momento de describir los recursos llevados a su conocimiento y los planteos contenidos en los mismos. 10) pormenorizada defensores del Luego de los de dos haber hecho una descripción por los
recursos a la
interpuestos vez es el
demandado ///
civilmente), la Casación formuló las cuestiones a resolver (fs. 467 vta./468), y en la cuarta planteó el interrogante ¿"Corresponde hacer lugar al recurso articulado a favor del imputado? Allí hay un primer problema, pues como dije los recursos de esa parte son dos. Pero esa falta de precisión resulta -en comparación- de menor entidad al advertir otra todavía más grave que es la completa omisión de toda
mención de las objeciones que esa parte había planteado contra la condena civil. Como bien lo indica la señora Procuradora General, no hay en esta cuarta cuestión, que es la expresamente dedicada "al recurso articulado a favor del imputado", ninguna referencia a esos temas. Sólo se
trataron las críticas a la condena penal. Los aspectos civiles de la sentencia sí tienen tratamiento en la quinta cuestión, que es la dedicada al "recurso de los actores civiles". Ahora bien, a mi juicio no puede considerarse que en ella se haya dado tratamiento a la porción omitida al tratar los de su contraria. En cuestión de tanta relevancia para el ejercicio del derecho de defensa como lo es obtener alguna respuesta a los planteos llevados al tribunal revisor, no tenemos ni una sola referencia expresa que indique que la Casación abordó, siquiera en esta quinta cuestión, las objeciones ///
/// P. 106.620 13 contenidas en el recurso del imputado. La omisión queda reafirmada cuando se observa que este segmento de la
sentencia culmina con un voto por la afirmativa, es decir, por hacer lugar parcialmente al recurso de los demandantes, pero sin dar voto por la negativa (parcial o total) acerca del recurso de la contraria, es decir, el imputado. Lo anterior ya bastaría para concluir que los agravios del demandado contra la condena civil no han
tenido tratamiento. Creo útil, sin embargo, añadir que de ningún modo en podría la entenderse quinta que lo pues hay en -siquiera ella el
implícito-
magistrado que llevó el voto, y recibió la adhesión de sus colegas, declara que "A mi entender y no cuestionada la reparación reformar, ya deferida, que la que obviamente si la no puedo es
suficiente, o corresponde elevarla, en razón de la chance que tenía 545). Si alguna duda había acerca de si hubo M. S. de un futuro profesional promisorio" (fs.
tratamiento "implícito" de los agravios del imputado, queda despejada al comprobar que el magistrado examina la
cuestión pero sólo para comprobar si la indemnización puede ser incrementada. ///
14 Estimo además que la posibilidad de tratamientos
garantía prevista en el art. 168 de la Constitución de la Provincia no instituye una imposición meramente formal,
sino un requisito sin el cual el derecho de defensa pierde sentido. exponer En efecto, si de el nada sirve de formular alzada agravios y
tratarlos. Conforme a lo dicho y lo aconsejado por la señora Procuradora General, debe a mi juicio anularse la sentencia de Casación en todo lo que se refiere al resarcimiento civil que fue impugnado ante esa instancia. Sobre el
alcance que estimo tiene la nulidad, creo necesario aclarar que tampoco es posible salvar parte de lo decidido por la vía de interpretar restrictivamente el planteo que la parte hace en su recurso extraordinario de nulidad. En otras
palabras: hay dos vías para rescatar alguna porción de la sentencia ante el embate de la parte. Ya me ocupé en los párrafos anteriores de señalar por qué no se puede
interpretar que hubo tratamiento implícito al abordar el recurso de casación de los actores civiles. La otra vía -que también es a mi juicio improcedente- sería entender que el imputado consintió la falta de tratamiento de ///
/// algunos de sus P. 106.620 agravios, y que limitó su petición 15 de nulidad a algunos rubros. También aquí debe procederse con mucho cuidado, pues lo que está en juego es el derecho de defensa del recurrente (art. 18 de la C.N.). Daré las razones por las cuales estimo que esta segunda vía tampoco permite
parcializar la nulidad. Ante esta Suprema Corte, el imputado denunció que la Casación "...se limitó a considerar los agravios que oportunamente formularon los nombrados actores civiles..." y que "... ignora por que completo el el Inferior del ... los
concretos demandado
agravios le
apoderado 650,
civilmente en el
formuló..."
original). En la misma específicas censuras se
que "[e]ntre dichas una crítica a los
fundamentos esgrimidos..." sobre el daño moral y el valor vida. En la siguiente reitera "No hay siguiera una sola mención ni crítica alguna a los agravios esgrimidos por esta parte, los que directamente en fueron y soslayados en por el
completo..."
(destacado
original, fs. 650 vta.). Párrafos más adelante indicó que también había ///
/// pedido una sanción por plus petición, que tampoco
16 tuvo
tratamiento. Ahora bien, creo que no puede restringirse el recurso como si la las parte que lo limitara a estas tres la
ejemplificó
ausencia de tratamiento de todos sus agravios. Es que de modo expreso nos dice -y tiene razón- que recurre porque no se trató ninguno. Por eso estimo que no puede restringirse la petición de nulidad. Consecuentemente, de consuno con lo dictaminado por la señora Procuradora General, propongo hacer lugar parcialmente al presente recurso, declarar la nulidad de la sentencia de Casación obrante a fs. 416/568 y su
aclaratoria de fs. 617/618, en lo que hace a la condena indemnizatoria pronunciada contra el causante H. S. C., y devolver los autos al órgano intermedio para que, integrado con jueces habilitados, dicte un nuevo fallo sobre dicha materia (art. 492 del C.P.P.). Con dicho alcance, voto por la afirmativa. El fundamentos señor del Juez doctor Genoud, de por los mismos votó la
Lázzari,
primera cuestión también por la afirmativa. A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo: ///
/// P. 106.620 17 1. En lo que atañe a la condena penal, adhiero al doctor de Lázzari en el rechazo del recurso extraordinario de nulidad, a cuyas consideraciones añadiré las siguientes referidas a los reclamos que, como de índole federal, se hallan contenidas en tal impugnación (conf. "Strada",
Fallos 308:490 y "Di Mascio", Fallos 311:2478). 1.1. El primer planteo del recurrente incluye la alegación de que el Tribunal de Casación no debió ejercer competencia positiva en la determinación de la pena sino que correspondía reenviar la causa al órgano de juicio a tal fin, en resguardo de las garantías del juez natural y del derecho al recurso (fs. 647 vta.). Sin embargo, el reclamo es inidóneo pues el
alcance de la competencia del tribunal revisor se encuentra regulado en los arts. 460 y 461 del Código Procesal Penal y la parte no se ha ocupado de impugnar tal régimen a la luz de los principios constitucionales que invoca. 1.2. En torno del segundo agravio de la defensa, referido a la falta que, de en fundamentación la medida el e en del que la fallo, parte
corresponde sostiene incurrió
indicar por
razón absurdo
intermedio a la
doctrina establecida por la Corte Suprema in re "Casal", ///
tales tópicos obtendrán adecuada respuesta al abordarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también interpuesto. 2. La situación relativa a la impugnación a la condena civil ha sido sintetizada por mi colega en los puntos 8 y 9 de su voto y a ellos me remito. En cuanto a la conclusión de dicho magistrado en tal tópico, comparto que la anulación que se reclama es procedente, aunque sólo de modo parcial. Los apoderados del demandado H. S. C.cuestionaron ante el tribunal intermedio (v. fs. 137/154 vta. del legajo casatorio 6162) el monto y la prueba relativa a los rubros de gastos de tratamiento médico y farmacéutico; al monto indemnizatorio correspondiente al rubro "pérdida de chance" en tanto -en su parecer- no se han acreditado en autos las cuantiosas ganancias que la parte actora sostiene "habría de ganar" M. S. en la actividad deportiva; a la reparación
del daño psicológico y psiquiátrico y gastos de tratamiento de ambos actores, ante la falta de pericia necesaria para determinar reparación los por extremos daño que hacen fijado, a dicho cuya rubro; a la de
nulidad reclamaron por apartarse de la realidad económica al no corresponderse objetiva ni subjetivamente con los ///
/// P. 106.620 19 valores en juego; por último, consideraron que la parte actora había incurrido en "pluspetitio inexcusable"
solicitando se la condene en costas. Al reseñar los agravios de la parte demandada, el tribunal intermedio -en lo que interesa destacar- relevó aquellos cuestionamientos según puede verse a fs. 451
vta./460 vta. Si bien al abordar la cuestión cuarta, relativa al recurso de (v. casación votos de del los imputado doctores -y demandado de fs.
civilmente-
484/534, del doctor Violini de fs. 534/537 y del doctor Natiello de fs. 537/542) silenciaron toda referencia a la condena civil, lo cierto es que -al menos parcialmente- sí lo hicieron al tratar la cuestión quinta relativa al
recurso de casación de los actores civiles. Los agravios llevados al órgano casatorio por los actores civiles fueron tres: i) denegación u omisión de expedirse respecto de del rubro daño del psicológico, por con tal el
costos chance
concepto; ii) el rubro sentenciante de primera
que habría como
"lucro
cesante",
ítem que el tribunal del recurso englobó en lo que llamó rubros "valor vida" (fijado en la instancia en la suma de ///
$70.000 para cada uno) y le adicionó el de "pérdida de chance" (por a $ 150.000 la suma para cada de $ uno), ascendiendo ese de cada
"complejo"
accionante; y iii) rubro intereses, en el que hizo lugar al reclamo para que se aplique la tasa activa. El causante C. denunció -en lo que hace a este tramo del recurso- que al abordar la cuestión quinta del decisorio en crisis, relativo a la acción civil incoada por la familia S. en su contra, el Tribunal de Casación se limitó a tratar los asuntos llevados por los actores y, en cambio, "ignor[ó] por completo ... los concretos agravios que el apoderado del civilmente demandado le formuló al decisorio dictado por el T.O.C. N° 4 de San Isidro, a través de la interposición del correspondiente recurso de casación" (v. fs. 650). A continuación aclaró que entre dichas específicas censuras se encontraba una crítica a los fundamentos esgrimidos por los Magistrados del tribunal de juicio en la mensuración de los rubros correspondientes a la reparación y del presunto al valor daño moral ocasionado en el a los
accionantes decisorio,
estipulado dichos y
citado eran
rubros carentes de
"manifiestamente
parámetros de logicidad" (fs. cit.). ///
/// Objetó, P. 106.620 entonces, que el Tribunal de 21 Casación nada dijera sobre dichos tópicos "limitándose simplemente a considerar los agravios planteados por los actores E. y E. S., a través de su letrado apoderado" (fs. 650 vta.). En suma, de los diversos capítulos concernientes a la indemnización, el imputado-demandado C. únicamente se agravió, por la vía que aquí se examina, por la omisión de tratamiento de tres de ellos: valor vida, daño moral y pluspetitio. Ahora empleadas por bien, las más allá y de las denominaciones que han
intervenido en el caso, ya sea bajo el rótulo de valor vida o pérdida de chance, el agravio que sobre tal tópico
formuló C. ante la Casación no fue omitido. En efecto, fue reseñado por dicho órgano como pérdida de chance (ver fs. 451 y 453/456 vta.) y luego a fs. 542/vta. y 544/549, al abordar la impugnación de los actores quedó también tratada implícita -y negativamentela objeción de C. (conf.
P.106.168, sent. 17/3/2010 y P.75.858, sent. del 28/2/2007, entre otras). Por consiguiente, en dicho punto la impugnación no puede prosperar. En cambio, es cierto que no existió ///
pronunciamiento sobre el cuestionamiento del demandado en torno del daño moral y la pluspetitio, de manera que en estos tópicos le asiste razón al recurrente y, tal como lo indica el magistrado del primer voto, corresponde anular -parcialmentela sentencia del Tribunal de Casación y
devolver la causa a dicha instancia a fin de que se decidan tales cuestiones (art. 492 del C.P.P.). Con el alcance indicado, voto por la afirmativa. A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: 1. En lo que respecta a los planteos esgrimidos por el defensor particular H. S. C. relativos a esta vía específica en relación con la condena penal, adhiero a la solución propuesta por el Juez de Lázzari en los apartados 1° a 8° inclusive de su voto, por compartir sus
fundamentos. 2. En lo atinente al recurso extraordinario de nulidad deducido en relación con la condena civil -cuyos planteos han sido sintetizados por el ponente en el punto 8° de su votoconcuerdo con el Juez Hitters en su
acogimiento parcial. Para ello es necesario reparar en las siguientes circunstancias. ///
/// a. El P. 106.620 tribunal de grado sobre esta 23 parcela resolvió, en prieta síntesis, al acoger en lo sustancial la acción civil deducida contra el imputado Horacio S. C., lo siguiente: i] por indemnización por muerte del hijo (arts. 1084 y 266, C.C.), en razón de hallar justificado el
vínculo invocado, estableció por ese concepto la suma de $70.000 respecto de cada uno de los accionantes,
progenitores de la víctima fatal del hecho; ii] por daño moral (arts. 1078 y 1083 del C.C.) estableció la suma de $250.000 respecto de cada uno de los referidos accionantes; iii] por gastos de sepelio reconoció la suma de $ 1420 (común a ambos reclamantes); iv] por gastos de farmacia y asistencia médica reconoció la suma de $ 1.000 respecto de cada uno de los accionantes; v] por costos de tratamiento psicológico y psiquiátrico estableció ponderando la
cantidad de sesiones, entre otros extremos que evaluó, que más o menos podrían considerarse pertinentes la suma de $9.600 para consignó E. S. y $ 2.400 respecto de el rubro "daño psicológico" E. S.. Nada diverso al
reconocimiento de los costos antedichos; vi] Descartó el reclamo por "Lucro Cesante" por no hallarlo probado; vii] respecto de la petición del civilmente demandado de "plus petitio inexcusable" no hizo lugar al planteo por concluir ///
/// que los accionantes pudieron haberse
24 considerado
legitimados a reclamar el monto consignado en la demanda; viii] y, finalmente, estableció los intereses en la tasa pasiva. b. En el recurso de casación que los apoderados del civilmente demandado (H. S. C.) articularon contra esta parcela del fallo (legajo de casación n° 22.872; v. fs. 137/154 vta.), formularon i] planteos de en relación con los y
farmacéutico; ii] pérdida de chance. En esta parcela de la impugnación el civilmente demandado se quejó de que se
fijara como indemnización (luego interpretado por casación como correspondiente al “valor vida”) la suma de $ 70.000 respecto de cada uno de los accionantes; iii] daño y
tratamiento psicológico y psiquiátrico; iv] daño moral. En lo que concierne a este extremo del fallo, el civilmente demandado se quejó de la suma de $ 250.000 establecida en la condena civil para cada uno de los progenitores de la víctima, denunció lo excesivo del monto, el cual consideró apartado de la realidad económica; v] por último, cuestionó el rechazo del planteo de "plus-petitio inexcusable". c. La sentencia del Tribunal de Casación en lo que concierne a esta parcela de la decisión, por el modo en ///
/// P. 106.620 25 que estableció las cuestiones a resolver, si bien reseñó los agravios del imputado -y demandado civilmente- en la parte de los antecedentes (v. fs. 451/460 vta.; punto V), en rigor, en la cuarta cuestión se ocupó solamente de los reclamos formulados al pronunciamiento recurrido relativos a la condena penal (deducidos por separado en el recurso casatorio correspondiente al legajo n° 22.858); y recién en la quinta cuestión trató los agravios referidos a los
reclamos de índole patrimonial, acogiendo los planteos de los actores civiles (legajo n° 22.857). Si bien esa forma de decidir, parece indicar la preterición de los planteos esgrimidos en el recurso del civilmente demandado, lo
cierto es que sólo respecto de los dos agravios señalados en el voto del juez Hitters puede concluirse que existió omisión de cuestión esencial, en violación a las
previsiones del artículo 168 de la Constitución provincial. Me explico. Los agravios de los actores civiles ante la casación fueron tres y ellos fueron abordados por el órgano revisor en la indicada quinta cuestión del fallo en crisis. Allí el tribunal se expidió respecto de la
denunciada denegación del rubro daño psicológico, que los accionantes reclamaban con independencia de los costos del tratamiento por tal concepto; el cual finalmente fue ///
acogido y justipreciado en la suma de $ 100.000 para cada uno de los reclamantes. También, se expidió en relación con el rubro "chance" que había descartado el sentenciante de primera instancia bajo la denominación de "lucro cesante". Repárese, respecto de este ítem, que el Tribunal de
Casación lo englobó en los que llamó rubros "valor vida" (fijado en la instancia por la suma de $ 70.000 para cada uno) y le adicionó el de "pérdida de chance" (por valor de $ 150.000 para cada uno de los reclamantes), ascendiendo ese "complejo" a la suma de $ 220.000 respecto de cada progenitor de M .S.. Y, finalmente, acogió el reclamo
relativo al rubro "intereses", fijando la tasa activa. d. Ahora bien, en el recurso extraordinario de nulidad articulado por el civilmente demandado C. en esta instancia respecto del reclamo civil, se alega
genéricamente que, en la "cuestión quinta", el tribunal inferior ignoró por completo "los concretos agravios que el apoderado del civilmente demandado [formulara]..." (v. fs. 650), indicando que entre "dichas específicas censuras" se encontraba una crítica concreta a la falta de tratamiento de la mensuración de los rubros correspondientes a "daño moral" y al "valor vida", por resultar "manifiestamente desproporcionados y carentes de todo parámetro de ///
/// P. 106.620 27 logicidad" (fs. 650, últ. párrafo). Reprochó también que la sentencia nada dijera "en cuanto al otro concreto agravio planteado por esta parte: la aplicación de una sanción a los actores por ‘plus petitio inexcusable’…" (fs. 650 vta. in fine. Destacado en el original). Objetó, entonces, que el Tribunal de Casación
nada dijera sobre dichos tópicos, "limitándose simplemente a considerar los agravios planteados por los actores E. y E. S., a través de su letrado apoderado" (fs. 650 vta., primer párrafo). Adujo, además, que el pronunciamiento cuestionado carece de adecuada fundamentación legal, en violación de las previsiones del artículo 171 de la Constitución
provincial. Deslindado así el contenido de su recurso,
resulta evidente que el interés del reclamante quedó ceñido a la omisión de tratamiento de esos rubros, por lo cual sólo respecto de ellos debe ser escrutado el cumplimiento de los presupuestos del artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que se denuncia infringido, así como el art. relativo 171. a la el denuncia thema de infracción en del esta
decidendum
instancia está dado por la medida del recurso expresada en ///
los agravios esgrimidos, no correspondiendo ir más allá de aquéllos. e. Sentado lo cual, coincido con el Juez Hitters en que sin perjuicio de las diversas denominaciones
empleadas por las partes y los tribunales intervinientes, el ítem "valor vida" que se dice que no recibió
consideraciones por parte del tribunal intermedio (al que C. aludió en su recurso casatorio bajo los rótulos de
pérdida de chance y valor vida; v. reseña del apartado 2.b. ii]), no fue omitido. En efecto, se lo reseñó en la
sentencia recurrida (fs. 451 y 453/456 vta.), se aludió nuevamente a ese rubro a fs. 542 vta., siendo luego tratado a fs. 544/549, al abordar la impugnación de los actores civiles que reclamaban una suma mayor a la establecida en primera instancia. En ese derrotero, el a quo explicó el alcance de la expresión pérdida de chance (fs. 544 y ss.), ingresando a tratar su contenido para el caso, "cualquiera sea el nombre jurídico que las partes o los legitimados" dieron a sus reclamos (fs. 545). Y por los fundamentos que expuso, concluyó que "poco importa[ba] indagar en la posibilidad de progreso personal o laboral del hijo...", porque "[l]o que debe resarcirse o compensar es el daño futuro cierto que ///
/// P. 106.620 29 corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye para sus progenitores la vida de un hijo
muerto..." (fs. 546/vta.). Con base en tales presupuestos, sostuvo que, "... en el caso, y más allá de la prueba de los niveles de progreso laboral o económico que hubiera podido alcanzar el hijo de los demandantes en el mañana, lo cierto es que la privación de su vida a los veintiún años de edad, constituye una pérdida auténtica para sus padres, actual y también en calidad de chance o posibilidad de ayuda económica futura..." (fs. 547 vta./548). Afirmó M. sus
entonces que "… en razón de la chance futura que tenía S. y la posibilidad de ser una ayuda futura para
padres, corresponde elevar la indemnización que se otorgara a los mismos por valor vida o como reparación por su
muerte" (fs. 548 cit.). Y tras una serie de consideraciones respecto cuantía a y la las prudencia pautas judicial objetivas para justipreciar para su su
estipulación, concluyó en que correspondía elevar en la suma de $ 150.000 la reparación por dicho rubro respecto de cada padre, la cual debería adicionarse a la de $ 70.000 ya fijada para cada uno de ellos (fs. 548 vta./549). Va resultaron de suyo, los entonces, reclamos que -que, implícitamente "en menos"///
proponía el civilmente demandado, con resultado negativo a su pretensión (doctr. P. 106.168, sent. de 17/III/2010). Esta Corte ha resuelto que corresponde acoger el recurso de nulidad si el tribunal de grado ha omitido el tratamiento de una cuestión esencial expresamente sometida a su conocimiento que resultaba susceptible de alterar el monto de la condenación (doct., por muchos, C. 104.587, sent. de 5/V/2010), incumpliendo de tal modo la exigencia del art. 168 de la Constitución provincial, lo que no puede considerarse así ocurrido, cuando a instancia del recurso de la contraparte, la procedencia de dicho rubro no sólo fue convalidada sino acrecentada la cuantía que el
demandado pretendía se disminuyera o derechamente se dejara sin efecto, al acoger la pretensión en sentido contrario de los civilmente accionantes. Es sabido que no es procedente el recurso
extraordinario de nulidad si las cuestiones que se dicen preteridas han sido resueltas en forma implícita aunque en sentido desfavorable a las pretensiones del quejoso,
cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito de ese medio extraordinario de impugnación (doct. C. 101.190, sent. de 13/V/2009). ///
/// P. 106.620 31 f. En lo que concierne a los otros dos rubros por los cuales reclama el civilmente demandado: daño moral y pluspetitio inexcusable, coincido con el Juez Hitters en que el recurso debe prosperar, pues no existió
pronunciamiento alguno -ni expreso ni implícito- sobre esos tópicos. En consecuencia, corresponde anular la sentencia parcialmente y devolver la causa a la instancia a fin de que se decidan tales cuestiones (art. 492, C.P.P.). g. Por último, la denuncia de infracción al art. 171 de la Constitución provincial tampoco progresa, en
tanto el fallo expresa las citas legales en que se funda dando satisfacción a la pertinente exigencia derivada de aquel precepto (v., entre otras, fs. 566 vta.; doct. art. 171, Const. Prov.; conf. doct. P. 71.751, sent. de
22/VIII/2007; P. 74.401, sent. de 12/XII/2007; C. 96.867, sent. de 3/VI/2009). Con el alcance dado, voto por la afirmativa. El señor Juez doctor Negri, por los mismos
fundamentos de los señores jueces doctores Hitters y Soria, votó la primera cuestión también por la afirmativa. A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo: 1. En lo que hace a la condena penal, adhiero al ///
rechazo del recurso de nulidad del ponente. Sin embargo, no obstante los límites que puedan afirmarse al conocimiento de este Tribunal por vía del recurso intentado (conf. arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia), respecto a los pretensos planteos federales que esboza el recurrente (conf. doctrina de C.S.J.N., entre Fallos: y P. 308:490; 63.922 311:2478; "Cáceres",
317:938;
316:2477,
sent. del 10/V/2006, entre otros), adhiero a los argumentos expuestos por el doctor Hitters en los puntos 1.1. y 1.2 de su voto. 2. En lo que respecta a la condena civil,
concuerdo con su acogimiento parcial, de conformidad con los fundamentos expuestos por el doctor Hitters con más las consideraciones del doctor Soria. Con dicho alcance, voto por la afirmativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo: El presente recurso repite de modo literal la denuncia de nulidad ya considerada en la cuestión anterior -en lo concerniente a la condena civil-, por lo que
corresponde estar a lo decidido en la votación pertinente. Así lo voto. Los señores jueces doctores Genoud e Hitters, por ///
/// P. 106.620 33 los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: El procesado C., en su carácter de civilmente demandado, y con nuevo patrocinio letrado, dedujo también recurso extraordinario de nulidad contra la decisión
rectificatoria del Tribunal de Casación Penal obrante a fs. 617/618 (v. fs. 717/733, en part. fs. 720 vta./723). En rigor, el recurrente reitera -de modo literallos planteos de omisión de cuestiones esenciales reseñados en el acápite 8° del voto del Juez de Lázzari a la cuestión anterior y respecto del cual, propicié, en adhesión del voto del Juez Hitters, su acogimiento parcial. Por ello, corresponde estar a lo allí decidido. Así lo voto. El fundamentos señor del Juez doctor Negri, de por los mismos votó la
segunda cuestión en el mismo sentido. La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión en el mismo sentido. A la tercera cuestión planteada, el señor Juez ///
/// doctor de Lázzari dijo:
1. En lo que hace a la condena penal, denuncia el recurrente en primer término la inobservancia de las normas constitucionales imparcialidad del que consagran y la garantía aplicación de de la la
doctrina aplicable al caso, invocando para ello los arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 15 de la Constitución provincial (fs. 652 vta./653). Sostiene que durante la sustanciación del juicio se suscitaron una serie de gravísimas irregularidades que -en su parecer- resultan claramente demostrativas de la falta de mérito. Refiere que durante el debate los entonces imparcialidad de los miembros del tribunal de
defensores del causante C. formularon recusaciones contra los integrantes del tribunal. La primera de ellas contra los doctores Vales Garbo y Rossi, por haber incurrido en prejuzgamiento al ordenar la "detención" de un testigo, lo que implicó -para el recurrente- un serio compromiso para ///
/// P. 106.620 35 la imparcialidad del tribunal (fs. 653 vta.). La segunda recusación, explica, fue dirigida contra el doctor Vales Garbo, esta vez por "obstaculizar cualquier hipótesis
defensista que hacen a un debido proceso, asimilando más su función a la de un fiscal que a la de un juez imparcial", invocando a tal efecto el inc. 13 del art. 47 del Código Procesal Penal (fs. 654). Añade que ante el rechazo de dichas recusaciones la defensa formuló protesto, y que llevó el agravio al Tribunal de Casación Penal. Que éste lo descartó por
improcedente incurriendo para ello en un manifiesto absurdo valorativo pues, reitera, la detención ordenada respecto del testigo implica necesariamente tomar partido por alguna de las hipótesis ventiladas en el juicio, y como tal es un anticipo de opinión incompatible con la neutralidad que debe tener el órgano juzgador (fs. 655). Agrega que el Tribunal tomó posición sobre los hechos en juzgamiento, lo que solo puede ocurrir a partir de la deliberación secreta normada en el art. 371 del Código Procesal Penal -conf. ley 11.922 y modificatorias- (fs. 655 vta.). En cuanto a la segunda recusación, dirigida al doctor Vales Garbo, dice que la Casación también avaló el rechazo resuelto por el tribunal de juicio. Luego de ///
trascribir parcialmente los fundamentos merced a los cuales el tribunal del recurso rechazó el agravio, reitera las imputaciones nombrado, similares de parcialidad incluso afirma contra su el Magistrado sobre le antes hechos tocó
ofreciendo que
testimonio el
recurrente-
presenciar en otros procesos (ver fs. 656 y vta.). Señala que por acción u omisión los integrantes del Tribunal en lo de Criminal Nº 4 violaron el deber el
amedrentamiento de testigos por parte del Agente Fiscal, tomando notas parcializadas de lo acontecido en el juicio (fs. 658). Agrega que otra prueba de la animosidad del
tribunal fue la injustificada negativa a la incorporación de la pericia de parte realizada sobre la digitalización del video que R. registraba y la extracción del de la bala al
realizado por el doctor Frigerio, con los que la defensa pretendía probar que el sobre donde había sido guardada la bala antes aludida fue abierto inmediatamente después de la instrucción hecha por el subcomisario Pedro Calabresi (fs. 658 vta.). También se agravia del rechazo a tal
incorporación probatoria así como de la negativa a exhibir ///
/// P. 106.620 37 el video antes mencionado en la audiencia de debate. Se queja de que el tribunal a quo haya
prescindido de la observación de la video grabación del debate que fuera acompañada como prueba de los extremos antes indicados así como de toda referencia a la prueba documental en la que dos testigos habrían formulado ante un escribano público declaraciones concernientes a graves
irregularidades acaecidas en la audiencia (fs. 659 y vta.). Señala luego que el tribunal recurrido incurrió en contradicción pues en algunos tramos del fallo manifestó que el órgano de juicio obró con imparcialidad mientras que en otros le atribuyó parcialidad (fs. 659 vta./660). Considera configurado un vicio de procedimiento que compromete la garantía del Juez Natural (arts. 15 de la Constitución Derechos nacional, y 14.1 del y Pacto 8.1 Internacional de la de
Americana sobre Derechos Humanos) por lo que solicita se declare la nulidad absoluta del debate y de todo lo actuado en consecuencia (fs. 660 y 661). Más asignarse Tribunal a de adelante la insiste en con trato, el alcance que debe el
denunciando las
constitucionales citadas en tanto -afirma- los jueces no ///
son imparciales por el solo hecho de ser independientes de los otros poderes del Estado o del mismo poder que
integran, sino por su relación frente al caso concreto que les toca juzgar (fs. 662 vta./663 vta.). Agrega que los sentenciantes incurrieron en una incorrecta aplicación de las normas procesales que rigen el instituto de la recusación, al darles un alcance
restrictivo (fs. 663 vta.). Con cita de Luigi Ferrajoli, considera que una correcta interpretación del art. 47 inc. 13 del Código Procesal Penal y de las normas
constitucionales ya citadas es aquélla que permita a los interesados poder demostrar con la mayor amplitud posible la existencia de un temor razonable de parcialidad (fs. 664). Añade que en el caso, de todos modos, los integrantes del tribunal de juicio dieron sobradas muestras de haber incurrido en parcialidad (fs. 667 vta.). Considera que el tribunal de juicio incurrió en absurdo al restarle trascendencia a las irregularidades
cometidas por la Fiscal de juicio, endilgando contradicción en el razonamiento relativo al rol del Ministerio Público Fiscal por el cual resolviera en contra de las pretensiones de la Defensa, insistiendo en la carencia de objetividad de aquél durante el debate conforme lo impone el art. 56 del ///
/// Código Procesal Penal P. 106.620 (fs. 665 vta.). En cuanto a 39 las irregularidades en sí, se remite al contenido del recurso de casación (fs. 666). Concluye afirmando que ante la falta de
razonabilidad en los fundamentos del fallo atacado debe revocarse hábiles lo resuelto que disponiendo un el reenvío a jueces a
derecho (fs. 667). 3. Tal como lo propone la Procuradora, estimo que este tramo del recurso no puede prosperar. 3.1. Respecto de la falta de imparcialidad de los doctores Vales Garbo y Rossi, por haber incurrido en
supuesto prejuzgamiento al ordenar la "detención" de un testigo, idéntico el tribunal al intermedio considerar declaró que improcedente la única no
planteo de la
existió y la equivocada concepción de la flagrancia, con la consiguiente interpretación equivocada del art. 350 del
Código Procesal Penal, no implicó un anticipo de opinión sino un huero cotejo desprovisto de cualquier ponderación, respecto a lo que dijeron acerca de un hecho varios
testigos..." (fs. 469 y vta.). Frente a ello, el recurrente expone su opinión en ///
contrario, sin intentar demostrar concretamente -más allá de afirmaciones dogmáticasporqué la medida coercitiva
dispuesta por el órgano de juicio (ver fs. 21/22) ante el expreso pedido del Ministerio Público Fiscal trascendió la naturaleza cautelar e implicó un prejuzgamiento frente al caso a resolver, y con ello acreditar la relación directa e inmediata entre lo resuelto sobre la habilidad de los
jueces y el derecho federal invocado (art. 495 del C.P.P.). 3.2. En cuanto a la segunda recusación que
hiciera la Defensa respecto del doctor Vales Garbo en los términos del art. 47 inc. 13 del Código Procesal Penal, el tribunal originaria intermedio y el ex estimó que entre la recusación planteos carecían de de
recurso novo,
casatorio que como
surgían tales
fundamentos atendibles "ya que su recepción conduciría a dejar sin efecto la propia acta de juicio sin prueba alguna (doctrina de los arts. 448 y 457 ‘a contrario´ del Código Procesal fundamento Penal)". en la Y señaló que "media basada carencia en de
tendenciosas o beneficiantes, actitudes hacia una parte u otra o contenido de apuntes que se dicen leídos" (v. fs. 470 vta.). A continuación agregó que "el motivo restante ///
/// P. 106.620 41 carece de razón suasoria considerable, pues busca probarse con preguntas aclaratorias sobre las que no se pormenoriza ni se detalla, que adoleciendo impiden de falta al de claridad de y una
facultad la pérdida de imparcialidad denunciada" (fs. 471). Estimó que del contenido del acta de debate no surgían las irregularidades denunciadas, rechazando el
pedido de nulidad de la misma (fs. 471 y vta.). Lejos fallo de a controvertir demostrar el tales la motivaciones al del
-apuntando
derecho los
invocado-
argumentos llevados ante el Tribunal de Casación, técnica recursiva inidónea que impide cualquier progreso del
agravio en trato (art. 495 del C.P.P.). 3.3. En cuanto a la negativa a incorporar una pericia de parte realizada sobre la digitalización del
video que registraba la extracción de la bala al remisero R. F. -que el recurrente interpreta como indicativo de la parcialidad y animosidad de los integrantes del órgano de juicio-, la defensa insiste con planteos llevados ante el órgano intermedio sin hacerse cargo de los motivos por los cuales fueran rechazados. Por lo demás, los integrantes del tribunal de ///
juicio brindaron una abundante fundamentación en orden a "la peregrina idea de una supuesta sustitución del
proyectil extraído quirúrgicamente al señor R. F." (v. fs. 100 vta.), a la circunstancia de que de haber existido un complot, el Fiscal instructor no hubiera autorizado la
filmación y posterior entrega del material al señor C. y a la circunstancia de que el propio escribano S. H. "al serle exhibido el casete, dijo sin hesitación alguna que dicha faja suscripta por el nombrado [que impedía el cambio de una cinta por otra, aunque permitía su exhibición] fue
extirpada, y entonces no podía garantizar que se trataba del material que había entregado, habiéndose violado en este caso, la cadena de custodia del mismo, apareciendo en consecuencia inadecuada la pretendida exhibición, la que adolecía de tan siquiera conducencia probatoria" (v. fs. 101). Tales desarrollos convalidados por el tribunal
(v. fs. 472 y sigtes.) no son rebatidos por el recurrente, lo que revela el empleo de una técnica recursiva ineficaz para demostrar la relación directa e inmediata entre lo resuelto y la violación a la garantía constitucional
invocada (art. 495 del C.P.P.). 4. Seguidamente la defensa anuncia que lo agravia ///
/// P. 106.620 43 la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, aunque más adelante aclara que lo denunciado es la violación al derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución nacional). Concretamente eliminó dos expresa que pese a que Casación por el
órgano de juicio a los fines de la determinación de la pena, incurrió en absurdo valorativo al fijar el quantum, que estima excesivo (fs. 668). Considera que tal
determinación no resulta una derivación razonada de las circunstancias atenuantes y agravantes previstas por los arts. 40 y 41 del Código Penal, trayendo a consideración la doctrina sobre arbitrariedad del superior Tribunal nacional (fs. 669). Este tramo del recurso tampoco puede prosperar. En cuanto a los arts. 40 y 41 citados, el
impugnante no relaciona sus agravios con el contenido de dichas normas, por lo que incurre en una evidente
insuficiencia que obtura cualquier posibilidad de análisis al respecto (art. 495 del C.P.P.). En relación con las garantías constitucionales
invocadas, el único desarrollo formulado se vincula con la conformación de mayorías en el fallo casatorio, agravio que ///
ya fue tratado en la cuestión primera, debiendo estarse a lo allí resuelto en orden a a la los satisfacción fines de su de los
estándares formal.
formula genéricas consideraciones sobre el absurdo y la arbitrariedad, mas su planteo sobre la concreta situación de la causa termina en una huera disconformidad con el monto de pena, sin demostración de quiebre alguno en las reglas de la lógica en su concreta determinación. En lo referido a la pretoriana doctrina de la Corte federal, "cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, o sino cubrir los que defectos tornen graves de el
derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal doctrina invocado" (C.S.J.N., que no Fallos 310:234); ese siendo supuesto
excepcional, la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (Fallos 250:348). ///
/// Ninguna de P. 106.620 esas situaciones ha sido 45 planteada debidamente en la impugnación -ni se advierten en el casopor lo que corresponde su rechazo (arts. 495 y 496 del C.P.P.). 5. También se agravia del incorrecto razonamiento del órgano intermedio para rechazar el planteo sobre la excesiva duración del proceso, fundamentalmente en lo que hace a la etapa recursiva, por entender que el ejercicio del derecho al recurso garantizado por convenciones
internacionales no podría operar en contra del imputado. Estima que la respuesta punitiva se proyecta con la misma característica mutable de todos los caracteres del delito "de modo tal que se incorpora como un conflicto dinámico que evoluciona en el tiempo y, a consecuencia de esto, es susceptible por lo de disminuir cobra ante cambios el en su de
estructura"
prisionización vivenciado por el imputado" (fs. 669/670). Considera que dicho planteo se relaciona
directamente con el sufrimiento que se ha mantenido a lo largo de la tramitación de la causa, a consecuencia de su prolongación indebida, lo que conlleva un fuerte gravamen psíquico para el acusado. Sostiene que el Tribunal de Casación incurrió en ///
/// absurdo al graduar la pena, violando el principio
proporcionalidad de las sanciones penales y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Concluye así en que forma aparente pues no ha el fallo fue motivado en sido sujetado a las
circunstancias del caso. 6. rechazada. El impugnante erige su reclamo a partir de Esta parcela del recurso también debe ser
afirmar que se ha violado el plazo razonable de duración del proceso, particularmente durante la tramitación del
recurso de casación. Sin embargo, tal como lo destaca la señora Procuradora General, omite toda consideración a las particulares circunstancias de la causa, su complejidad, la reunión de la pretensión penal y civil en un mismo proceso, las distintas incidencias producidas, etc. Al respecto, no abunda recordar que nuestro
ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del juicio penal, por lo que debe acudirse a la llamada «teoría de la
ponderación». Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos, ///
/// P. 106.620 47 quienes tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso. Sobre tal base, la Corte Interamericana ha
sostenido en el caso Suárez Rosero (sent. del 12/XI/1997) que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres
elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. Estos tópicos no han sido abordados adecuadamente por el recurrente en relación con las circunstancias
concretas de autos al limitarse a formular afirmaciones genéricas, 76.357, incurriendo del así en insuficiencia P. 94.140, (conf. sent. P. del
30/VI/2004,
20/VII/2007, P 105.301, sent. del 9/VI/2010, e/o). 7.1. En el siguiente acápite, denuncia la defensa la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal. Sostiene que dicha norma no es aplicable a la figura del art. 79 del Código Penal. Agrega que la técnica legislativa empleada por la ley 25.297 resulta sumamente imprecisa, inexacta y desprolija "que arroja serias dudas ///
sobre su validez desde el punto de vista constitucional, en tanto dicha norma traslada al ámbito de la tipicidad
aquello que se analizaba al momento de la determinación de la pena del injusto penal" (fs. 670 vta.). Añade que si la vida de un ser humano no admite lesiones graduables, entonces ninguna agravación de la
escala penal en abstracto puede sustentarse en la comisión del hecho mediante la utilización de determinado medio (fs. 671). Agrega que de consagrarse la doctrina seguida por el órgano recurrido se estaría incurriendo en una violación al principio de proporcionalidad de las penas que entiende relacionado libertad Penal. En su intento por demostrar la irrazonabilidad en las penas a las que llevaría el criterio adoptado por el Tribunal de Casación, realiza comparaciones sobre el tiempo de cumplimiento parcial de pena requerido para la obtención de este último beneficio en el caso del homicidio agravado por el art. 41 bis y las figuras del art. 80 inc. 1° del Código Penal, así como respecto de la escala penal de la tentativa (fs. 672/673). /// con la aplicabilidad reglado en el del instituto 13 del de la
/// P. 106.620 49 Concluye solicitando, con cita de doctrina sobre la reforma de la ley 25.297, se declare erróneamente
aplicado el art. 41 bis del Código Penal al sub judice (fs. 673 vta./675). 7.2. Este agravio tampoco puede prosperar. Más allá de que el planteo no fue sometido a conocimiento del Tribunal de Casación, lo que basta para su rechazo (art. 451 del C.P.P. y su doctrina), lo cierto es que tampoco le asiste razón al recurrente en su pretensión. Conforme lo he expresado en casos anteriores
(ver. P. 102.571, sent. del 1/IX/2010), el art. 41 bis en su primer párrafo establece una regla general, que regula su aplicación, del siguiente modo "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego la escala penal prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponde". Luego, en su segundo "no será
párrafo determina una excepción
al prever que
aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o
calificante del delito de que se trate". ///
50 De ello, es dable advertir que si se comparan los
elementos que componen la figura prevista en el art. 79 ("al que matare a otro") desde la óptica del sistema de regla general y excepción propio del art. 41 bis del Código Penal, la cláusula de exclusión no rige, en tanto el
ilícito contra la vida en su figura básica -de eso se trata en el casono contempla ningún modo de comisión
específico. A lo expuesto cabe agregar que lo resuelto por el tribunal recurrido coincide esencialmente con el criterio expuesto por esta Corte en P. 100.072, sent. del
12/XI/2008; P. 101.305 y P. 103.042, sents. del 18/II/2009; P. 101.124, sent. del 25/III/2009; P. 100.754, sent. del 24/IV/2009; P. 101.760, sent. del 13/V/2009, entre otras. 7.3. En lo que hace a los planteos sobre la
proporcionalidad de las penas, el recurrente pasa por alto que dos de los jueces estimaron que el máximo de la pena privativa de libertad aplicable es 25 años, por lo cual los argumentos desarrollados resultan inconducentes por ser
inatingentes al caso (art. 495 del C.P.P.). 8.1. En el siguiente agravio, el impugnante
denuncia la inobservancia del art. 34 inc. 1° del Código Penal. ///
/// Sostiene que P. 106.620 se encuentra acreditado en 51 el expediente con grado de certeza la existencia de graves alteraciones psicológicas por parte del imputado C. que lo habrían colocaron momento del hecho en un estado de
inimputabilidad (vs. fs. 675). Transcribe formuladas Roberto en la parcialmente de debate manifestaciones por los Silvia peritos Elena
audiencia Olga
Frantini,
Haeberli,
Fregonese y Juan Carlos Badaracco, de los que colige que su defendido presenta un trastorno de personalidad que le
impide comprender la criminalidad de sus actos. Critica que el tribunal intermedio haya valorado a los fines de considerar a C. imputable, el comportamiento que tuviera con posterioridad al hecho, lo que contraría lo normado por el art. 34 inc. 1° antedicho que se refiere al momento de su comisión (fs. 676 y 677 vta.). Con inimputabilidad criticando cita de doctrinal las se refiere a la
psicopáticas en su
restringen,
opinión inadecuadamente, el concepto de "alteración morbosa de las facultades" en el marco del art. 34 inc. 1 ya citado (fs. 676 vta./677). Estima que no puede descartarse legalmente "que ///
/// una combinación de factores endógenos y exógenos
52 pueda
ocasionar un cuadro de alteración morbosa que genere el efecto psicológico previsto en la fórmula legal del art. 34, inc. 1°, del C.P.". Agrega que resulta una opinión mayoritaria en la doctrina que la exclusión de la capacidad de culpabilidad puede darse también especialmente por una acción conjunta del contenido alcohólico en sangre y el trastorno patológico (fs. 677 vta.). Cuestiona el razonamiento del juzgador en cuanto a la incompatibilidad entre la inimputabilidad y el éxito económico, transitando por aspectos fácticos relativos al origen de "la fortuna de los C." que en su opinión se explica en la del actividad padre y de de terceras los abogados personas que lo
(concretamente,
patrocinaron en un juicio a la Petrolera Esso). 8.2. El órgano casatorio consideró improcedente similar planteo, en cuanto la defensa se había agraviado de que el tribunal de juicio descartó la personalidad del
imputado y el consumo de alcohol como determinantes de la incapacidad invocada respecto H. S. C. (v. fs. 519). Para ello evaluó las distintas experticias
producidas en la audiencia de debate y el mérito que les atribuyera el tribunal de juicio. ///
/// En tal faena P. 106.620 consideró la intervención de 53 la médica María Teresa Pagano, destacando sus manifestaciones en cuanto en con las el normal, doce entrevistas C. lo que estimó haber lúcido, de
causante sin un
encontró o
abstinencia de alcohol, agregando que a partir de la quinta entrevista dejó de mencionar la Biblia, concluyendo que contaba con capacidad de comprensión y dirección de las acciones (fs. 508 vta./509). Asimismo merced a la cual estimó el razonable de la fundamentación desestimó la
inimputabilidad de C., otorgando mérito a la declaración de la médica neuróloga Sonia Sieber -que estuvo presente en las primeras evaluaciones y test psicológicos del imputadoquien manifestó que en base a los signos del examen clínico no podía afirmar que fuera un alcohólico crónico, y por los estudios realizados en la Fundación “Fleni” descartaba la existencia de organicidad en el nombrado (fs. 509 y vta.). Se refirió a las conclusiones del psiquiatra y legista Roberto Frontini, quien afirmó que C. tenía un
trastorno esquizo paranoide de la personalidad, que no se trataba de un psicópata ni de un psicótico sino de una persona violenta que actúa por explosión, sin pensar ///
planificar ni prever las consecuencias de sus actos, con capacidad de comprensión de la realidad. Agregó que ante preguntas de la Fiscalía, el nombrado Frontini refirió que nunca percibió en C. sintomatología que le hiciera concluir que se trata de un alcohólico, señalando particularidades del hecho que no impresionan como indicativas de que no haya podido dirigir sus acciones (fs. 510 y vta.). Además ponderó el tribunal del recurso la
conclusión del psiquiatra Juan Jesús Camona, para quien C. es un paranoide y esquizoide que tiene conciencia de la realidad, sin que le conste que fuera alcohólico, que pudo comprender la criminalidad del acto. También tuvo en cuenta que conforme los hechos probados en el expediente era
factible inferir que pudo dirigir sus acciones (fs. 510 vta./511). Luego consideró las manifestaciones de la
psicóloga Olga Lidia Haerbeli -recogidas en el veredictoque concluye desde su área en la existencia de una
personalidad con predominio esquizo paranoide con contacto pobre con la realidad, autoritario, despectivo hacia los demás, con vivencia de hostilidad en el entorno al que utiliza en la tendencia a beneficiarse, poco escrupuloso al que no le importan los semejantes, orientado, sin delirios, ///
/// P. 106.620 55 con conciencia de la situación, sin signos de alcoholismo, que podía comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones al momento del examen (fs. 511 y vta.). Más adelante ponderó la intervención de la médica Silvia Esther Vázquez, especialista en medicina nuclear y Directora Instituto del Centro quien de Diagnóstico al de Imágenes del
Fleni,
sobre C. señaló que el hipoflujo allí observado no quiere decir que sea anormal, sino que presenta una disminución frente a la media estadística; y que tanto la resonancia magnética cuanto la tomografía realizada el mismo día, no indicaron anormalidad alguna con valor patológico. También recordaron el valor relativo asignado por la doctora
Vázquez al uso del Spect. Asimismo intermedio la evaluaron los de en no la miembros perito del del Tribunal particular Elena ninguna
intervención Licenciada
damnificado, Fregonese,
Psicología haber
alucinación ni debilitamiento del vínculo con la realidad por parte del imputado, y sí su deseo que el de que no le -a la
impusieran diferencia
límites, del
expresando sabía
causante de
psicótico-
situación en que se encontraba, que no tenía un trastorno ///
de personalidad esquizoide sino una personalidad paranoide, con elementos narcisistas y trastornos de personalidad
asocial. Consideraron que la perito descartó el alcoholismo crónico en razón de su gran memoria y la inexistencia de temblores, agregando que la característica de asocial
surgía del relato de testigos, informaciones periodísticas y extensas entrevistas. Estimaron que según los test
realizados no se encontró en el imputado falta de control sino capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones (fs. 513 vta./514). También evaluaron lo informado por el psiquiatra y legista Edgardo Alberto Piaggio quien restó valor médico legal al Spect antes aludido, y refirió que el acusado no afronta secuela alguna por un traumatismo de cráneo
padecido hace quince años, tal como surgía de los estudios de radio imagen (fs. 514 vta.). Se tuvo en consideración que el perito desechó que se tratara de una personalidad esquizoide y descartó enfáticamente que se tratara de un psicótico; señaló que el haber salido a los tiros del mismo negocio evidencia libertad psíquica y capacidad de
determinación y que lo observado en el acusado no era para nada delirante sino ideas especulativas para ganar dinero, que era plenamente capaz de comprender la criminalidad de ///
/// P. 106.620 57 sus actos (fs. 515 vta.). Evaluaron el dictamen del psiquiatra del cuerpo médico Forense, Juan Carlos Badaracco, quien encontró al acusado al momento de las entrevistas con autonomía para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus
acciones (fs. 516). Asimismo ponderaron la opinión del médico forense Luis María Godoy la quien aseveró de sus que Horacio y C. pudo sus
acciones, que no se trataba de un psicótico, padeciendo un trastorno de personalidad no alienatorio (fs. 516). Seguidamente hicieron lo propio con la opinión del doctor Castex en cuanto a que en Horacio C. existía una psicosis de tipo esquizoparanoide, que se trataba de un paranoico que delira y está afuera de la realidad y que no podían negarse las secuelas del accidente automovilístico ocurrido en 1986. Tomaron en cuenta que en la apreciación crítica del dictamen, los sentenciantes advirtieron que el perito no le asignó el carácter de diagnóstico al delirio en C. sino de hipótesis elaborada a partir de los dichos de este último. Consideraron que no se daba respuesta a los interrogantes de la Agente Fiscal en cuanto a la
compatibilidad de dicha hipótesis con la posibilidad de ///
evaluar la norma que había tenido C. para ganar un juicio contra la petrolera Esso, a la imposibilidad de que quien hizo un capital como el logrado por C. pueda vivir en un delirio y a las dudas que le generaban los dichos del imputado formulados sin ningún juramento o promesa. Además consideró que el Perito Castex había
seleccionado de las declaraciones testimoniales las partes que le resultaban relevantes para asilar las conclusiones que expusiera. A partir de todo ello, el tribunal intermedio concluyó que "el planteo acerca de que C. se encontraba bajo los efectos de los del consumo se de basa alcohol en un al tiempo de
explicativo equívoco y dogmático, pues del relato de los hechos que trae el veredicto y que este control homologa en el numeral anterior, no existe ningún elemento que pruebe que al tiempo de la persecución vehicular y los ulteriores disparos transitara bajo los efectos de una consumición inmediatamente presentara afectara una sus anterior de bebidas con alcohólicas, ni que que
patología capacidades
deterioro y
psíquico de
inhibitorio de la conducta exteriorizada con la orden de expulsión, seguida por la salida al mando de la camioneta ///
/// de marras en pos del P. 106.620 vehículo del afectado las al servicio maniobras 59 de de transporte, el alcance mismo,
adelantamiento y la ubicación a la par a fin de quedar en posición de disparar los catorce proyectiles con los
resultados verificados en la base fáctica del veredicto, y poder retirarse raudamente no obstante la colisión con el restante automóvil". Y agregó que ello era una clara
manifestación "del ejercicio de facultades intelectuales y control voluntario de la conducta, por lo que los motivos referidos al progreso de la eximente deben decaer" (fs. 519 y vta.). 8.2. Frente al amplio examen antes reseñado, el recurrente transita en parte de sus reclamos por el terreno de la valoración conforme probatoria, el marco sin materia ajena del al recurso 494 que del el
abordado Código
normativo plantear
tribunal casatorio haya incurrido en absurdo en tal faena como para que esta Corte pueda excepcionar aquella regla. En lo que hace al art. 34 inc. 1° del Código Penal denunciado como inobservado, el impugnante cita
doctrina autoral así como fallos de distintos tribunales de donde surge que la presencia de personalidades psicopáticas puede provocar inimputabilidad, pero con ello no ///
controvierte los fundamentos merced a los cuales en los concretos rechazó el hechos de de esta la causa el tribunal otra recurrido parte cabe
destacar que de los múltiples aportes brindados por los expertos del campo de la Psiquiatría, Neurología y
Psicología analizados durante el juicio por el tribunal de mérito y reseñados por el tribunal intermedio respecto del diagnóstico que cabía al imputado, ninguno se refirió a una personalidad psicopática. Por el contrario, los expertos, aunque portador con de matices, un con refieren de que la el imputado resulta de tipo o
trastorno elementos
características psicopáticas, pero esta última mención -que pudo haber llevado a confusión al recurrente- es empleada por algunos expertos como una característica o elemento secundario, condimento de una personalidad básica paranoide o esquizoide. Es decir ninguno de los especialistas refirió que el imputado tuviera una "personalidad psicopática",
sino una personalidad anormal conforme fuera caracterizada por cada uno de ellos básicamente paranoide-esquizoide, no psicótica ni psicopática. Es por ello que toda la
argumentación elaborada por el recurrente al respecto no tiene aplicación alguna al presente, resultando así ///
/// P. 106.620 61 inatinente su cita. Asimismo ninguno de los expertos que con apoyo científico y seriedad fundaron sus diagnósticos dudó en concluir sobre la aptitud del encartado al momento del hecho para comprender la criminalidad del acto y
dirigir sus acciones. En tal sentido, la defensa prescindió de examinar al gravedad de la perturbación psíquica que alega y su importancia en relación con el hecho concreto y sus particularidades en el modo de ejecución (Jescheck, "Tratado 398/399, de 4ª Derecho edición, Penal, Parte General", págs. 395, 1993)
(Cabello, "Psiquiatría Forense en el Derecho Penal", t. III, pág. 442, Editorial Hammurabi, Bs. As., 1984) (art. 495 del C.P.P. -según ley 11.922 y sus modific.-). Estas deficiencias en la técnica recursiva sellan la suerte
adversa del planteo (art. 495 del C.P.P.). 9.1. aplicación de Como los cuarto arts. agravio, 79 y 42 denuncia del la errónea Penal,
inobservancia del art. 81.1° inc. a) de dicho cuerpo legal, e inobservancia del art. 18 de la Constitución nacional y 8.1. de la C.A.D.H. por ausencia de certeza positiva,
denunciando absurdo (fs. 678 vta.). Señala que al abordar el análisis de la cuestión relativa a la autoría, el tribunal inferior formuló su ///
juicio de atribución de culpabilidad basado en una serie de premisas erróneas, incurriendo en absurdo valorativo al dar por probadas circunstancias el que no fueron debidamente así en una
errónea aplicación de los arts. 79 y 42 del Código penal. Considera afectado el derecho al doble conforme denunciando que el tribunal intermedio realizó una revisión meramente formal del fallo de primera instancia, haciendo una reinterpretación del veredicto y sentencia para
subsanar defectos formales de origen (fs. 678 vta./679). Afirma que tanto el veredicto y sentencia como el acta de debate habían sido cuestionados, remitiéndose a tal efecto al recurso de casación "y sus consiguientes
ampliaciones" donde -sostiene- pueden verse las censuras que habían sido formuladas. Controvierte que el tribunal intermedio se haya basado en el acta de debate cuando la misma había sido cuestionada -al igual que la imparcialidad del órgano de juicio-, agregando que habían sido acompañados registros fílmicos del debate que, afirma, no fueron observados por los jueces (fs. 679 y vta.). Agrega que en el contexto de los agravios
llevados y la gravedad de los delitos imputados a C., era ///
/// P. 106.620 63 absolutamente necesario que los jueces de casación tuvieran ante su vista la totalidad de los registros fílmicos del debate a fin de obtener la inmediación necesaria para el logro del doble conforme en autos, lo que vincula con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente del precedente "Casal" y la garantía contenida en el art. 8.2.h. de la C.A.D.H. Luego de reiterar las imputaciones de parcialidad a los miembros a del la tribunal de juicio del y de falta de
Fiscal, a quienes acusa de haber direccionado la imputación ex profeso contra Horacio C., concluye en que no se ha logrado un estado de certeza positiva en contra de este último, por lo que debió aplicarse el principio de favor rei que resulta consecuencia de la presunción
constitucional de inocencia que emana del art. 18 de la Constitución nacional (fs. 680 y vta.). También critica que la prueba se estructure a partir de el único testimonio de P. A. cuando ésta le está reclamando a Horacio C. una cuantiosa suma dineraria y
tiene, en consecuencia, un manifiesto interés en la causa (fs. 681). A continuación embiste contra la verosimilitud de ///
/// los dichos de la nombrada P. A., agregando que
64 la
circunstancia de que ella se encontrara alcoholizada al momento del suceso investigado, que la camioneta Jeep Grand Cherokee de C. tuviera los vidrios polarizados y que fuera de noche, tornan materialmente imposible que haya podido divisar a quien le atribuye la autoría del hecho (fs. 681). Cuestiona sentenciantes en el juicio no lógico dieron empleado respuestas por a los estos
planteos, tildando de absurdas las conclusiones a las que arriban por contrariar las leyes de la lógica -principio de razón Señala suficienteque el y de la de experiencia alzada (fs. 681 vta.).
vicios, lo que atribuye a que la sentencia de este último es una mera reinterpretación de la del tribunal de grado. Plantea la hipótesis al de que las "presuntas provocar a
víctimas" hayan ido Horacio C. (fs. 682). Relativiza
restaurante Dallas a
circunstancia acreditada pericialmente relativa a que la camioneta de C. haya sido repintada en forma reciente a la realización de la experticia, señalando que no existen
elementos contundentes que permitan afirmar con certeza que haya sido la empleada en el hecho (fs. 682/683). ///
/// P. 106.620 65 Se agravia de la imposibilidad de producción de prueba pericial así sobre del el Ford Galaxy a la por haber sido de la
reconstrucción del hecho por parte del tribunal de juicio (fs. 683 vta.). Retoma luego sus embates contra la pericia del arma secuestrada, así como sobre la pericia balística en atención a las objeciones relativas a la cadena de custodia del proyectil del secuestrado, de la señalando que sin el arma tipo fue de
precinto (fs. 684). Insiste sobre la negativa del tribunal de juicio a incorporar al debate la pericia realizada sobre el video de la filmación hecha por el Escribano S. H. que, sostiene, privó a la defensa de una prueba fundamental (fs. 686). Estima que dicha negativa, y el rechazo a la producción de otra pericia a fin de descartar dudas sobre la autenticidad de la filmación, comportan la inobservancia de la garantía consagrada por el art. 8.2.c) de la C.A.D.H. y el art. 14.3.b) del P.I.D.C. y P., y de la libertad probatoria consagrada en el art. 209 del Código Procesal Penal (fs. 687). Retoma más adelante sus cuestionamientos a la ///
credibilidad del testimonio de P. A., formulando distintas consideraciones acerca de las diversas declaraciones que ésta prestara, a su interés en el resultado de la causa, a cómo fue inducida por la Fiscalía a declarar como lo hizo y a la omisión de referir que estaba alcoholizada al momento del hecho (fs. 688 vta./689). Luego sostiene que no resultan creíbles los
testimonios de R. H. y J. G. M. a los que enrola en la categoría de "testigo sospechoso". Para concluir el capítulo del absurdo, se refiere a la "importante de prueba" en adjuntada calidad de por la defensa nuevo: al los
testimonios "de puño y letra espontáneamente realizados" de los testigos R. E. B. y G. A. C., de las que surge -según el recurrente- las presiones sufridas por los testigos por parte de la representante del Ministerio Público Fiscal y la mendacidad de P. A. (fs. 690 vta./691 vta.). Embate contra la decisión casatoria de rechazar dicha prueba, que estima viola la doctrina de la CSJN en el precedente "Casal" antes aludido, y al carácter de segundo juicio que debe asignársele al recurso, señalando que al considerársela extemporánea se incurrió en rigorismo formal (fs. 692 vta.). ///
/// P. 106.620 67 Cuestiona luego la incorporación por lectura al debate de una serie de elementos que fueron utilizados en contra del causante, por no haber sido posible su control por la Defensa, lo que afectó -denuncialas garantías
constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio del imputado (fs. 692 vta.). Concluye en que el tribunal intermedio debió
casar el fallo condenatorio y absolver al acusado Horacio C.. 9.2. Estos agravios tampoco prosperan. En lo relativo a la habilidad y credibilidad de los testimonios ponderados en contra del causante, se trata de cuestiones de valoración probatoria ajenas al ámbito previsto por el art. 494 del Código Procesal Penal para el recurso en trato. Y a pesar de que la defensa denuncia absurdo, los embates que formula no pasan de constituir la expresión de una visión diversa a la del tribunal a quo, que más allá de haber sido realizadas con enjundia no
logran demostrar un quiebre en las leyes de la lógica o del pensamiento cit.). Si bien la defensa esgrime una confrontación con la actividad valorativa desplegada por el tribunal /// por parte de este último (doct. art. 495,
casatorio y, en esa tarea, procura demostrar fisuras en la entidad cargosa de los elementos ponderados como también la relevancia de prueba que -según su criterio- daría pábulo a una diversa reconstrucción de los hechos, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado C. sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables
con la lógica y la experiencia. Por lo demás, el absurdo denunciado por el
recurrente se erige a partir de insistir en el análisis aislado de los elementos de cargo ponderados contra C., soslayando -como lo destacara la agencia casacional a fs. 485 vta."que la estimación aislada de diversas
circunstancias indiciarias puede admitir alternativas que la valoración conjunta y lógica de las mismas no tolera". Los agravios dirigidos contra el modo en que el Tribunal de Casación Penal efectuó la revisión del fallo del tribunal de juicio, no prosperan. Cabe señalar preliminarmente que del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia nacional citado, en modo alguno surge que el órgano revisor deba realizar un nuevo juicio como lo pretende el recurrente o que sea
obligación del tribunal del recurso observar la totalidad ///
/// P. 106.620 69 del registro fílmico del debate y formular un control in totum de lo acontecido en el debate. En tal sentido, el Tribunal Superior de la Nación ha resuelto que "la revisión debe quedar indefectiblemente circunscripta al cumplimiento de las formalidades básicas, a los requisitos de
oportunidad, modo y tiempo, fundamentales en todo proceso. De otra forma, la garantía de la doble instancia no estaría preservando la necesidad de un recurso amplio, sino de un sistema de consulta obligatoria, instituto no previsto en esta materia por la ley nacional del o el orden al positivo que se
remitiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Godoy, Gustavo Ezequiel y otro s/ causa 1499/1514 S.C.G. 1363, L. XLIII, fallo del 22 de diciembre de 2008). Por lo demás, la defensa pasa por alto que la Casación abordó largamente el alcance que debe asignarse al recurso homónimo, sosteniendo que "[d]e acuerdo con el
objeto y fin de la Convención [Americana Sobre Derechos Humanos], el recurso contemplado por el art. 8.2.h. debe ser un remedio eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección a derecho" de (fs. decisiones 590). Más
adelante agregó que "el recurso ante un juez o tribunal ///
superior, debe ser uno que permita entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas..." (fs. 530 y vta.). Y con ese alcance dijo cumplir el escrutinio de los planteos llevados a su sede. De modo que el órgano intermedio no puso
cortapisas a su tarea revisora en oposición al derecho a la doble instancia invocado por el impugnante, más allá del acierto o desacierto de tal faena que constituye una
problemática distinta. Así ponderó pormenorizadamente los testimonios
-que reputó creíbles- de P. A. (fs. 485 vta./487), G. A. C. (fs. 487), R. J. F. (fs. 487 vta.), E. R. (fs. 488 vta.), F. M. (fs. 487 vta.), E. E. F. (fs. 489), Aldo Edgar Nieto (fs. 489 vta.), R. R. P. (fs. 490), C. M. C. (fs. 490), A. G. P. (fs. 490 vta.), O. N. M. (fs. 491 vta.), J. G. M. (fs. 492), A. A. M. (fs. 493), H. S. (fs. 493), O. E. B. (fs. 493), J. M. A. (fs. 494) y E. F. A. (fs. 494). En lo que hace a la autoría de C., hizo una fundada revisión de la prueba evaluada por el tribunal de juicio, y estimó que le asistía razón al considerar
acreditado fuera de toda duda dicho extremo, a partir de la ///
/// P. 106.620 71 creíble declaración de P. A., que hallara correlato en las declaraciones de G. C., G. P., R. F. y R. C. (fs. 494 y sigtes.). En cuanto a la primera de ellas, reseñó su relato del suceso y explicó por qué le atribuía valor convictivo pese a algún detalle que dijo no recordar en orden a la forma de la trompa de la camioneta empleada por C.. Se refirió a las declaraciones de G. A. C. y R. E. B. ante escribano, en merced las a las cuales la del defensa juicio,
pretendió aplicando
crisis de no
juramentadas de
regla al
declaraciones en ajenas las al
posteriores condiciones
efectuadas "resultan
juicio e ineficaces para basar su conclusión y ulterior control presencia casatorio, de jueces con lo además y de escamotear y la el juramento, de de las la
posibilidad a prueba
repreguntas,
‘declaración’ se pierde y trae los peligros de distorsiones o mentiras" (fs. 497 y vta.). Agregó que G. A. C. no es una testigo más, sino que asumió el rol de particular damnificado, y que -en lo que a fs. 502 vta. hace extensivo a R. B. - en la audiencia de debate dio una versión de los hechos diversa a la
formulada ante escribano luego del juicio, y que "nada, ///
absolutamente nada impedía a la testigo decir lo que se pretende considere la Sala y fuera traído durante el
trámite recursivo, acerca de las múltiples presiones de las que dijo fuera objeto" (fs. 498). Más adelante confrontó esta nueva versión con las declaraciones prestadas por G. P., R. F. y Raúl Caravajal con las que el tribunal formó su convicción de que C. fue el autor del hecho acusado, como así también con
declaraciones de personal del complejo Dallas, la pericia en espectrofotometría realizada sobre la camioneta de C. incorporada por lectura al debate-, las conclusiones del experto Roberto Bruzzone en orden a las reparaciones
realizadas sobre este último vehículo, coincidentes con las manifestaciones del testigo F.. Recreó la declaración de Roberto Halbenger -que estimó creíble- en cuanto a lo acontecido la noche del hecho y a los pedidos de C. y su abogado en orden a lo que debía declarar en la investigación penal (fs. 503
vta./504). Se refirió luego a la diligencia de secuestro de armas en el domicilio del acusado las y al resguardo de del los
incautado,
expertos balísticos Ricardo Denk, Marcelino Cottier, Omar ///
/// P. 106.620 73 Brites y Rogelio González en cuanto "a través de las mismas se recrea el procedimiento realizado y las conclusiones obtenidas luego de efectuar las pericias sobre las armas secuestradas y los proyectiles obtenidos en el lugar de los hechos y el que le fuera extraído a R. F." (fs. 505 y sigtes.). Consideró los dichos del médico autopsista y las características de los proyectiles que atravesaron la
humanidad de M .S.. Concluyó elementos antes así el órgano bastan casatorio "para dar en que los al
embate sobre la pericial balística ya referida; y por estos fundamentos los motivos contra la afirmada autoría del
imputado decaen" (fs. 507 vta.). Frente a este escrutinio razonado del fallo del tribunal de juicio y de la prueba valorada, la defensa no consigue evidenciar que el Tribunal en su tarea revisora haya incumplido los lineamientos fijados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el citado precedente "Casal", casatorio en tanto no que opuso reparos ampliamente. formales al Tampoco control haya
incurrido en absurdo en la razonada reconstrucción de los hechos realizada a partir de la prueba rendida durante el debate o incorporada a él por lectura, única forma en que ///
/// esta Corte podría ingresar a dicha temática atento
contenido del art. 494 del Código Procesal Penal que limita su competencia a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella. Además, debe señalarse que las declaraciones
prestadas ante escribano aludidas por el recurrente fueron consideradas por el órgano casatorio, y estimadas como no creíbles ante su confrontación con el resto de la prueba, por lo que integraron el objeto de revisión por parte del tribunal del recurso. En reconstrucción cuanto del a la denunciada el denegatoria no a la no
identifica mínimamente a qué resolución se está refiriendo, sino que tampoco el formula con desarrollo el alguno de la que permita
contenido haya
resolución planteo al
recurrida, ni
siquiera que
llevado tal
órgano casatorio o que éste haya adoptado decisión alguna en orden a dicha temática (art. 495 del C.P.P.). Respecto de las cuestiones federales con las que se pretende trasvasar el aludido límite del art. 494 del Código Procesal Penal, las mismas no pasan de formulaciones dogmáticas ineficaces para demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho de defensa en juicio y al debido ///
/// P. 106.620 75 proceso invocados, y el contenido de lo resuelto. 10. Subsidiariamente, sostiene que el hecho debió ser calificado como homicidio emocional en concurso ideal con lesiones graves en estado de emoción violenta, en los términos de los arts. 81 inc. 1 letra a), 90, 93 y 54 del Código Penal (fs. 694 vta./695). Estima que "ante el cuadro de situación que surge de las serias deficiencias y/o trastornos que presenta la personalidad del acusado –que han sido reconocidos por los Sentenciantes y valorados como un concreto minorante de pena-, sumado a ello la ingesta de alcohol por parte del justiciable" a lo que aduna la mecánica en la producción del hecho y lo que entiende fue una provocación no buscada de un grupo de personas que se burlaban por su edad, la subsunción del hecho debió ser realizada en la figura del homicidio emocional (fs. 695). Transcribe jurisprudencia de diversos tribunales sobre esta última figura penal. Este desestimado. En efecto, el Tribunal de Casación rechazó segmento del recurso también debe ser
idéntico planteo ante la insuficiencia en que incurrió al formularlo -en rigor el fallo refiere que el tema fue ///
mencionado más que planteado- al no explicar ni fundamentar el encaje en la figura de homicidio emocional a la luz de los hechos afirmados en el veredicto y del elemento
normativo contenido en esta última (fs. 523). La defensa, entonces, omite dirigir sus embates contra los fundamentos dados por el Tribunal recurrido, técnica ineficaz a los fines de modificar lo resuelto por éste (art. 495 del C.P.P.). Por lo demás, la defensa incurre en idéntico
déficit apuntado por el órgano intermedio en tanto erige su argumentación en orden a la reclamada subsunción de los hechos a partir de una reconstrucción de éstos que no
guarda correlación con los que se tuvieron por acreditados en las instancias anteriores -la hipótesis de la
provocación por parte de elemento normativo solo
las víctimas-; y respecto del enuncia que aquéllos se
desencadenaron por una provocación ajena al acusado, sin efectuar un desarrollo autónomo y técnicamente suficiente a fin de evidenciar de qué manera las concretas
circunstancias que rodearon los hechos hicieron excusable el estado emocional invocado en el marco del tipo penal cuya aplicación pretende (arts. 495 cit. y 81 inc. 1 letra 'a' del Cód. Penal). ///
/// P. 106.620 77 11. Por último, considera que la calificación de tentativa de homicidio con plurales víctimas debe ser
reemplazada por la de lesiones graves en estado de emoción violenta, en los términos de los arts. 90 y 93 del Código Penal (fs. 696 vta.). Sostiene acreditado el dolo que no se encuentra de debidamente restantes
víctimas del hecho que sufrieron lesiones graves, ni en su aspecto cognoscitivo ni en el volitivo. Expresa que la
situación de duda debe favorecer a su defendido, invocando las doctrinas de la arbitrariedad y del absurdo, con
transcripción de jurisprudencia de diversos tribunales (fs. 697/698). El agravio no es de recibo. El idéntico tribunal intermedio fundó "de el los rechazo de
objetivos que surgen de la base fáctica, entre los que se cuentan el motivo, tipo de arma y su capacidad de inferir o no heridas mortales, la cantidad de disparos, la dirección de los mismos y persistencia del ataque" surgía el dolo negado por la defensa (fs. 522/vta.). Recordó que el tribunal de la instancia había valorado que frente a "la utilización por el experto ///
tirador del arma de fuego semiautomática y los proyectiles de alta velocidad y poder vulnerante que cargaba y lanzara hacia el coche en el que viajaban sus perseguidos, no
[existe] el menor ápice de duda que la conducta desplegada por el acusado y referida en cuestiones anteriores fue
encaminada por el ánimo de producir la muerte de todas las víctimas" (fs. 522 vta.). Concluyó, entonces, en que "los elementos de la acción dolosa, intencional y voluntaria afloran de la que reseña del hecho, una constituyendo datos de
eliminación de la víctima que terminó muerta y, por el resto, no sólo hay que concluir que dentro del buen sentido y la lógica que el imputado aceptó el resultado eventual, sino que buscó con el medio adecuado que el fin perseguido y no logrado se alcanzara" (fs. 522 vta./523). Frente relativos a la a ello, el de del impugnante la prueba trae -en planteos el caso
valoración acreditación
referidas a la
dolo-, y para
sortear el valladar del art. 494 del Código Procesal Penal que limita la impugnabilidad a la inobservancia o errónea aplicación de ley sustantiva, invoca las doctrinas de la arbitrariedad y del absurdo. Sin embargo, lejos de demostrar que medie en el ///
/// caso alguno de P. 106.620 esos vicios -que 79 excepcionalmente habilitarían la competencia de esta Corte para conocer en aquella temática-, antes ni siquiera intenta a controvertir los cuales los fue
rechazado idéntico planteo ante el órgano casatorio. Tal falencia en la técnica recursiva veda cualquier posibilidad de avanzar en el análisis del agravio planteado (art. 494 del C.P.P.). 12. Por último, corresponde que me ocupe de los agravios ingresar que a conciernen su a la condena es civil. Antes hacer de dos
aclaraciones. En primer lugar, que como -por mayoría- se ha resuelto anular parcialmente la sentencia en recurso, los temas que se remiten para nueva decisión de la instancia precedente no deben ser abordados en esta sede; ellos son: la indemnización por daño moral, y la denuncia de
pluspetición (ver parte final del voto del doctor Hitters a la primera cuestión). En segundo lugar, debe indicarse que el examen de las críticas referidas a la valoración de la prueba se limitará a comprobar la existencia de absurdo o
arbitrariedad en la decisión cuestionada. Bajo estas pautas, los rubros indemnizatorios a ///
considerar son los denominados: a) daño psicológico -fs. 700-; b) "valor vida" o pérdida de chance -fs. 703 vta.-; c) gastos médicos y de farmacia -fs. 708-. a) Respecto de lo primero, dijo la defensa que al reconocer una indemnización autónoma por daño psicológico se produce una duplicación, pues ese concepto ya estaba incluido en el monto fijado por daño moral (fs. 701). Para acreditar este aserto citó el voto disidente del doctor Natiello, quien a fs. el 563 de vta. afirmó que las hizo
sobre el daño moral permitían deducir que en él también se había receptado el daño psicológico. Añadió que el monto de $ 100.000 fijado para este rubro para cada progenitor resulta francamente exorbitante si se lo compara en A casos su con indemnizaciones por en daño el se moral ámbito hace
similares entender
sustanciados esa
evidente si se tiene en cuenta que este concepto no había sido admitido en la sentencia de primera instancia. Reconoció la parte que si bien la Casación fundó su decisión haciendo referencia a un dictamen pericial que determinó síntomas que de los padres de la víctima "... presentan un ///
/// P. 106.620 81 estado melancólico crónico" (ver recurso, fs. 701 vta.), no hay en esa decisión argumentos -al que del que indiquen de que ese
trastorno exceda la
psicológico esfera trastorno a una
califica individuo de
"presunto"un
interna en su
generándole
concreto asimilable vta./702).
social, (fs. 701
Citó jurisprudencia según la cual si al tarifar el dolor moral se tiene en cuenta el menoscabo espiritual y psicológico y al hacer lo propio con el material se
ponderan las consecuencias sobre la vida de relación, no es menester la búsqueda de una compensación diferenciada. Estimó la parte que se evidencia un absurdo
valorativo cuando la propia sentencia admite que no se ha establecido un porcentaje de incapacidad, y sin perjuicio de ello fija un elevado porcentaje por ese rubro. Añadió que además hay contradicción al considerar el tribunal que el daño psíquico no constituye una categoría independiente o intermedia respecto de los daños morales y patrimoniales, y sin embargo resuelve resarcirlo de modo autónomo (fs. 702 vta.). También sostuvo que debe tenerse en cuenta que ya la decisión de primera instancia había fijado sumas para ///
/// atender a los gastos
82 de tratamiento psicológico de los
padres de la víctima, lo que permite deducir que ponderó de ese modo la exteriorización material de ese daño. b) En cuanto a la indemnización por la pérdida de chance, y luego de hacer consideraciones generales y
doctrinarias sobre este concepto, afirmó que la Casación soslayó el hecho de que la víctima "... solamente
desarrolló actividad deportiva de competición hasta el año 1998, sin que se haya aportado prueba alguna en la causa que permita acreditar su desempeño por los 5 años
posteriores hasta su deceso". Añadió que la actividad del occiso era el "mountain bike" que es una rama del ciclismo amateur (fs. 704 vta.). En el mismo sentido, apuntó que no se aportó
ningún elemento para probar que la víctima haya recibido el patrocinio de algún "sponsor", ni propuestas laborales en el país o en el exterior. Criticó que la sentencia no haya siquiera consignado cuál era el monto aproximado de los premios o de los futuros ingresos (fs. 705). Indicó que no obran en el expediente constancias de inscripción en
A.F.I.P. para I.V.A. o ganancias o como monotributista; tampoco en la Provincia de Buenos Aires (fs. 705). Argumentó que al indemnizar deben tenerse en ///
/// P. 106.620 83 cuenta, no sólo parámetros tabulados, sino fundamentalmente las particulares y variables circunstancias de cada caso, entre las que mencionó la edad de la víctima, la de sus padres, las expectativas de vida y las actividades del
fallecido para poder ejercer objetivamente la facultad que otorga el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial. Afirmó que el occiso, con 23 años, dependía económicamente de sus padres, y que no ganaba por sus propios medios suma alguna (fs. 706). A probabilidad premios u su con entender, que contaba dada el la insignificante de obtener
fallecido de
deportiva netamente amateur, de la que además no participó en los últimos cinco años, lo indemnizado en la sentencia que recurre no pasa de ser un daño meramente hipotético o conjetural (fs. 706). c) Finalmente, criticó que la Casación haya
confirmado los montos fijados en la primera instancia por gastos médicos y de farmacia, en la suma de $ 1000 para cada progenitor de la víctima. Indicó que no se han
acreditado las patologías físicas y psíquicas alegadas, y que los propios actores han reconocido que ya padecían de algunas de ellas con anterioridad al homicidio de su hijo. ///
/// Citó jurisprudencia al respecto (fs. 708). La sobre la señora Procuradora General no se
los agravios referidos, ya que
aconsejó que se declare la nulidad de la sentencia en todo lo relativo a la acción civil (fs. 767/770). Adelanto que a mi entender el recurso debe ser rechazado. Si bien la parte denunció la violación de
diversas normas del Código Civil, todos los planteos se refieren a la valoración de la prueba de los daños a
resarcir. Esa no es cuestión que pueda revisarse en esta sede extraordinaria, salvo los casos extremos del absurdo o la arbitrariedad, que no se han acreditado en autos. En efecto, el recurrente afirmó que la sentencia ha duplicado rubros indemnizatorios, pero no lo ha
demostrado. Sostuvo en tal sentido que la primera instancia ya había incluido el daño psicológico en el moral, pero no indicó siquiera cuáles son las bases para esa
interpretación de lo decidido. También denunció que se ha sumado el rubro chance al ya fijado como valor vida, lo que produjo a su entender otra duplicación (fs. 706 vta.). Sin embargo, la Casación aclaró que éstos no eran conceptos distintos, sino dos
denominaciones de lo mismo (fs. 545). De manera que no es ///
/// exacto que se hayan P. 106.620 duplicado rubros: se 85 aumentó sensiblemente el monto del admitido; cuestión esta última en la que -más allá de lo que se opine sobre la solución adoptada- no se advierte error palmario o arbitrariedad. El recurrente también criticó lo que a su juicio es una contradicción en los fundamentos de la sentencia. Indicó que por un lado la Casación afirmó que los daños psicológicos materiales y no son los una categoría y intermedia sin embargo entre los
indemnizarlos como rubro independiente. Tampoco aquí se advierte que haya contradicción, pues no cabe duda de que dentro de los daños materiales hay distintos separada, rubros y ello que no pueden se opone tener a la una idea cuantificación de que ellos
integran la categoría de daños materiales. Lo demás que cuestiona la parte se refiere a la valoración de la prueba de los daños -incluyendo la ponderación que permite el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial (ver fs. 544)- lo que no resulta revisable en esta sede extraordinaria salvo los supuestos ya indicados de absurdo o arbitrariedad. Ha señalado esta Suprema Corte que resulta
improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley cuando, pese a sustentarse en un supuesto vicio de arbitrariedad de ///
la sentencia, sus desarrollos se reducen a cuestionar la fijación de los hechos que y no la prueba, objetándose -por vía su de
principio- del ámbito de conocimiento de esta Corte, en tanto no logra evidenciar un defecto como el que denuncia que, excepcionalmente, justifique descalificar el fallo (P. 103.650 sent. del 2/XII/2009; Ac. 106.222 res. del
16/XII/2009; P. 98.546 sent. del 12/X/2011, e.o. ). La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales, sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que, la fallas de razonamiento o una lógico en que se de el
pronunciamiento apelado como un acto jurisdiccional válido (Fallos: 323:3139), pues su objeto no es abrir una tercera instancia para revisar decisiones judiciales (Fallos
330:4770, del dictamen del señor Procurador General al que se remitió la mayoría). Además de la deficiencia antedicha, corresponde señalar expone que el recurso de carece hecho de sin autosuficiencia, señalar qué pues
pruebas ///
/// avalan sus P. 106.620 conclusiones. Así ocurre con la 87 afirmación acerca de la falta de actividad deportiva de la víctima en los años que precedieron al hecho de autos, o con el
reconocimiento que adjudica a sus padres de haber padecido diversas patologías antes de la fecha de la muerte de su hijo. Cabe recordar que entre las reglas que rigen el
presente recurso se encuentra la de la autosuficiencia, la que implica que la parte no puede limitarse a formular asertos y esperar que esta Corte determine oficiosamente si ellos tienen apoyo en las constancias de la causa (art. 495 del C.P.P.). Por las razones antedichas, voto por la negativa. A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo: Adhiero al voto emitido por el doctor de Lázzari por compartir sus fundamentos y hago propias las
consideraciones adicionales vertidas por el doctor Hitters en los aps. 1 y 2 de su sufragio -del que tomo conocimiento en este Acuerdo-, referidas a la desestimación de los
planteos vinculados con la vulneración del derecho de ser juzgado en un plazo razonable y a la errónea aplicación al caso del art. 41 bis del Código Penal en relación a la figura prevista en el art. 79 del mismo cuerpo legal, ///
/// respectivamente, 669/675-. Voto por la negativa. alegados por el recurrente -v.
88 fs.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo: Adhiero al voto del doctor de Lázzari. 1. abordado en Sólo el he de agregar 6, en orden comparto al planteo media
insuficiencia debido a que la defensa no demuestra que en el caso concurran las condiciones necesarias para afirmar que ha sido transgredido el derecho a ser enjuiciado en tiempo razonable (arts. 7.5. del Pacto de San José de Costa Rica; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 495 del C.P.P.). En ponderación" efecto, no es según la llamada "teoría de la
predeterminados en el asunto que aquí se examina y por el contrario, conforme y asentada orden jurisprudencia interno, del sistema
abordar ciertos parámetros, de los cuales la recurrente no se ha ocupado más allá de consideraciones genéricas. La -siguiendo a Corte su Interamericana similar europeade ha Derechos Humanos la ///
/// P. 106.620 89 necesidad de examinar: a) la complejidad de la causa, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales (caso "Suárez Rosero", sent. del 12 de noviembre de 1997; caso "García Asto y Ramírez Rojas", sent. del 25 de noviembre de 2005; caso "Acosta Calderón", sent. del 24 de junio de 2005; caso "La Cantuta vs. Perú", sent. del 29 de noviembre de 2006; caso "Vargas Areco vs. Paraguay", sent. del 26 de septiembre de 2006; caso "Ticona Estrada y otros vs. Bolivia", sent. del 27 de noviembre de 2008). A ello debe añadirse que en los últimos tiempos el órgano de marras ha considerado pertinente precisar que es necesario hacer un análisis de razonabilidad tomando en cuenta la afectación en en la el generada situación mismo, por la duración de la entre del
procedimiento involucrada
persona otros
elementos, la materia objeto de controversia (Caso "Valle Jaramillo", sent. del 27 de noviembre de 2008) lo que
constituye el cuarto elemento que debe tomarse en cuenta para valorar globalmente la razonabilidad cronológica (Caso "Kawas", sent. del 3 de abril de 2009, párrs. 112 y 115). En este sentido, el Tribunal señaló que "... si el paso del tiempo incide de manera relevante en la ///
situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve..." (caso "Valle 2008,
Jaramillo", sent. también del párr. 155; énfasis añadido).
2. Respecto del agravio referido al art. 41 bis del Código Penal, en lo atinente a la denuncia de falta de proporcionalidad de la pena, en rigor ese reclamo nunca fue llevado casación a la no instancia hubo previa, sobre pues en el recurso y, en de el
memorial, tal argumento no aparece (fs. 361 y ss.; doct. art. 451 del C.P.P.). 3. Finalmente, en torno de la condena civil, debe señalarse que, en rigor, lo relativo al rubro de gastos médicos y de farmacia no fue abordado por el Tribunal de Casación y tal omisión no fue denunciada en el recurso extraordinario de nulidad deducido por C.. Por lo tanto, no es un tópico susceptible de revisión en esta instancia. Voto por la negativa. A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: 1. En lo que atañe al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor particular ///
/// P. 106.620 91 de C. (v., en especial, fs. 652 vta./709 vta.), adhiero al voto del Juez de Lázzari. a. agravios siguiente. En cuanto a la denuncia de inobservancia de las normas constitucionales del que y consagran errónea la garantía de de la Simplemente señalo, de en la relación condena con penal los lo
doctrina aplicable al caso (fs. 652 vta./667), respecto de la cual refiere a una serie de irregularidades que se
habrían suscitado durante la sustanciación del debate y que -a su entenderresultan demostrativas de falta de
imparcialidad de los miembros del tribunal del juicio, lo que motivó que se recusara a los jueces Vales Garbo y Rossi por haber incurrido en prejuzgamiento al ordenar la
"detención" de un testigo (fs. 653 vta.), y también al juez Vales Garbo por "obstaculizar cualquier hipótesis
defensista" al asimilar su función más a la de un fiscal que a la de un juez imparcial, con denuncia de infracción al art. 47 inc. 13 del Código Procesal Penal (fs. 654), siendo esas recusaciones rechazadas, protestadas por la
defensa, y luego llevados esos reclamos ante Casación, que finalmente los desestimó, no puede prosperar. ///
/// Tampoco en cuanto involucra la
92 injustificada
negativa del tribunal del juicio a incorporar la pericia de parte realizada sobre la digitalización del video que
registraba la extracción de la bala al remisero R. F. y las fotografías de la pericia balística realizada por el doctor Frigerio, y a exhibir el video antes aludido en la
audiencia, lo cual evidenciaría la parcialidad con la que actuó (fs. 658 vta./659 vta.). Y finalmente, la objeción que porta el recurso sobre supuestas irregularidades del Fiscal del Juicio demostrativas de falta de objetividad de aquél durante el debate en contradicción con lo prescripto por el art. 56 del Código Procesal Penal (fs. 665 vta.), y que el sentenciante desestimara. Pues, es doctrina reiterada de esta Corte la que establece que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia resultan -por vía de principio- ajenas a la instancia extraordinaria ya que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (conf., por todos, P. 77.838, sent. de 18/XI/2009). De otro lado, aun soslayando aquella regla, la interpretación de preceptos de carácter procesal, como ///
/// P. 106.620 93 son, entre otros, los citados arts. 47 inc. 13 y 56 del Código Procesal Penal, resulta también extraña a la
competencia del Tribunal (conf. art. 494 del C.P.P. y su doct.) y, por lo demás, tampoco involucran cuestiones de índole federal ya que normalmente remiten a cuestiones de hecho y adjetivas, ajenas al recurso extraordinario
previsto en el art. 14 de la ley 48. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho excepción a este principio cuando en estas cuestiones pudiere estar en juego la inteligencia del art. 18 de la Constitución nacional o de los tratados internacionales incorporados a ésta, en su relación con el instituto de la recusación, en tanto se vincula con la mejor administración es uno de de los
elementos de la defensa en juicio (cfr., entre muchos, doctr. Fallos 329:2631), lo cierto es que el recurrente no ha demostrado esos que el supuesto de autos encaje arts. en
(doct.
C.P.P. y 15, ley 48). Por lo demás, frente a la respuesta brindada por el Tribunal de Casación, como señala el ponente -apartado 3. de su voto-, la parte expone su opinión en contrario sin intentar demostrar la lesión al derecho ///
/// constitucional invocado. Media pues insuficiencia
94 (doct.
art. 495, C.P.P.). En lo que concierne a la denuncia de infracción al plazo razonable del proceso, sumo a las consideraciones del ponente lo añadido por el Juez Hitters en el punto 1. de su voto. Por otra parte, en orden al agravio que el
recurrente formula en relación con la agravante genérica prevista en el art. 41 bis del Código Penal, si bien
concuerdo con el Juez Hitters que lo atinente a la denuncia de falta de proporcionalidad de la pena no fue llevado con ese específico alcance en la instancia previa (v. fs. 361 y ss.), y en ese punto resulta un reclamo tardío (doct. art. 451, C.P.P.), en cuanto a su aplicabilidad al homicidio simple o su tentativa, concuerdo con la respuesta dada por el Juez de Lázzari, en virtud de reiterada doctrina de esta Corte que se cita. 2. Respecto de la parcela del recurso de
inaplicabilidad de ley relativa a la condena civil, adhiero al voto del Juez de Lázzari con la consideración expuesta por el doctor Hitters en el apartado 3 de su voto a esta cuestión. Con el alcance dado, voto por la negativa. ///
/// El fundamentos señor del P. 106.620 Juez doctor Negri, de por los 95 mismos votó la señor Juez doctor Lázzari,
tercera cuestión también por la negativa. A la tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo: Adhiero al voto del doctor de Lázzari, con los agregados formulados por los doctores Hitters y Soria,
puesto que la crítica que realiza el recurrente respecto a la agravante genérica establecida en el art. 41 bis del Código Penal aplicada al homicidio, es extemporánea. En ese sentido, la sola invocación de la
afectación del "principio de proporcionalidad de las penas" (fs. 672) no permite ser abordado, pues la flexibilización de los recaudos propios de las reglas recursivas ante una infracción constitucional no resulta automática, sino que debe hallarse sobradamente fundada en el caso,
circunstancia que no se verifica en el recurso en análisis (cfr. a contrario sensu mi voto en P. 70.326, sent. del 2/III/2005, de acuerdo a la doctrina de la C.S.J.N. en "M. de P., R. A. c/ Provincia 324:3219; sent. de Corrientes", de sent. del
25/IX/2001, Comercial 80.570, de res
"Recurso del Ac.
Banco y Ac. del ///
Finanzas", del
19/VIII/2004; 87.203,
17/VII/2003;
/// 22/IX/2004; remisión a Ac. la 96.735, doctrina res. de la del 24/V/2006; en e./o.,
96 con
308:490; "D., M.", Fallos 311.2478; "C.", Fallos 310:324; e./o.). Por ello, adhiero y voto por la negativa. A la cuarta cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo: El presente recurso repite de modo literal las críticas ya expuestas y consideradas en la cuestión
anterior, por lo que me remito a lo ya dicho en ella. Por ello, voto por la negativa. Los señores jueces doctores Genoud, Hitters,
Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la cuarta cuestión también por la negativa. A la cuarta cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo: Adhiero al doctor de Lázzari. Voto por la negativa. Con siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída /// lo que terminó el acuerdo, dictándose la
///las firmas P. 106.620 97 la señora Procuradora General, se resuelve: 1) Hacer de lugar nulidad parcialmente deducidos en a los el recursos y la
extraordinarios declarar la
imputado de
sentencia de fs. 416/568 (arts. 492, C.P.P. y 168, Const. pcial.). En consecuencia, corresponde reenviar la causa al Tribunal de Casación a fin de que se pronuncie sobre los agravios referidos a la condena indemnizatoria por los
rubros daño moral y pluspetición inexcusable dictada contra H. S. C. cuyo tratamiento fuera omitido por dicho órgano jurisdiccional. 2) Rechazar los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos por el imputado (art. 496, C.P.P. y su doct.). 3) Se difiere la regulación de honorarios para el momento en que se liquide el monto del juicio (art. 31 del dec. ley 8904/1977). Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA JUAN CARLOS HITTERS LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO - Secretario
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 artículo 168
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 artículo 171
 artículo 168
 resolución 

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