Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/1302
Timestamp: 2020-03-31 16:37:41+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 96/1989
SENTENCIA 96/1989, de 29 de mayo
(BOE (Official State Gazzete) number 141, of 14 June 1989)
ECLI:ES:TC:1989:96
En el recurso de amparo núm. 537/87, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, en nombre de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, asistida por el Letrado don Santiago Muñoz Machado, contra la Sentencia de Magistratura de Trabajo núm. 28 de Madrid, de 20 de mano de 1987, en autos sobre sanción laboral. Han comparecido el Ministerio Fiscal y don Tomás González Torres, representado por el Procurador don José Luis Rodríguez Pereita y asistido por el Letrado don Juan Pablo Asensio Domenech. Ha sido Ponente el Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, en nombre y representación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante O.N.C.E.), interpone recurso de amparo por escrito de 21 de abril de 1987, registrado en este Tribunal el día 24 del mismo mes y año, contra la Sentencia de Magistratura de Trabajo núm. 28 de Madrid, de 20 de mano de 1987, dictada en autos sobre sanción laboral. Invoca el art. 24 de la Constitución.
a) Tras el correspondiente expediente disciplinario, la O.N.C.E. sancionó con traslado forzoso a don Tomás González Torres, que hasta entonces ocupaba el cargo de Jefe Administrativo de la Agencia que esa Organización posee en Martos, provincia de Jaén.
7. Mediante providencia de 8 de julio de 1987, y tras la subsanación de los defectos advertidos en la anterior providencia, la Sección acordó admitir a trámite el recurso de amparo presentado en nombre de la O.N.C.E. y. en virtud de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir a la Magistratura de Trabajo núm. 28 de Madrid para que dentro del plazo de diez días remitiera las actuaciones judiciales y para que emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento anterior. Por providencia de 30 de septiembre de 1987 la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones judiciales, así como el escrito del Letrado don Juan Pablo Asensio Domenech en representación de don Tomás González Torres, a quien se le hizo saber que debía personarse en el proceso representado por el Procurador del Ilustre Colegio de Madrid en el plazo de diez días. Por providencia de 20 de octubre de 1987. La Sección acordó tener por recibido el escrito del Procurador don José Luis Rodríguez Pereita, en nombre del señor González Torres, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, conceder un plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores Sánchez-Puelles y González-Carvajal y Rodríguez Pereita para que formularan las alegaciones pertinentes.
8. Con fecha 2 de noviembre de 1987 tuvieron entrada en este Tribunal las alegaciones del señor González Torres, en las que expresa su disconformidad con los antecedentes primero y segundo de la demanda. A ello añade que concurren las causas de inadmisión (ahora de desestimación) previstas en los arts. 50.1 a) y 50.2 c) de la LOTC, por ser extemporánea la demanda y por haber sido resuelto ya un asunto sustancialmente igual por Auto de este Tribunal de 22 de julio de 1987. En cuanto al fondo del asunto, señala que la decisión impugnada fue dictada dentro de la libertad que conceden al Juez los arts. 105 de la LPL y 3.1 del Código Civil, y que, por tanto, no se ha lesionado derecho fundamental alguno. Por todo ello, solicita la desestimación del recurso de amparo.
a) En primer lugar, que la resolución judicial recurrida lesiona el art. 14 de la Constitución, por varios motivos. Primero, porque discrimina a la O.N.C.E. frente a otros empleadores con base en «las específicas circunstancias personales o sociales» que caracterizan a sus miembros y trabajadores, ya que, por un lado, viene a negarle la facultad de imponer las sanciones previstas en el Convenio colectivo que rigen sus relaciones de trabajo, «facultad que se reconoce sin ambages a todas las demás empresas españolas», y por otro, viene a establecer una condición para el ejercicio del poder disciplinario que no se exigen a ninguna otra empresa, cual es la de tener en cuenta «razones de humanidad», que sustituirían al régimen disciplinario previsto en el Convenio colectivo. Esa condición sería además contraria al principio de seguridad jurídica y perjudicaría gravemente los intereses de la demandante, puesto que desconoce que todos los trabajadores de esa entidad son invidentes y serían merecedores, por tanto, de esa consideración humanitaria. Segundo, porque la resolución judicial impugnada no aplica la legalidad vigente, «sino otra inventada para el caso, una justicia especial para ciegos». El art. 105 de la LPL obliga al Juez a decidir teniendo en cuenta sólo hechos objetivos; y, sin embargo, aquella Sentencia ha entendido que en la O.N.C.E. no es aplicable esa regla general, sino que es preciso adoptar decisiones ad hoc, en las que inconcretas razones de humanidad se impongan sobre el derecho objetivo común, vulnerando así además el art. 24 de la Constitución. Y tercero, porque la Sentencia discrimina a los ciudadanos invidentes, al sostener la existencia de un Derecho especial para ellos, ya que priva a la O.N.C.E. de los poderes correctivos de cualquier empresario, estableciendo un derecho especial para resolver los problemas que atañan a los afectados de alguna invalidez. La sustitución del Derecho por la caridad o la piedad para resolver los problemas de las relaciones laborales ordinarias «es la mayor forma de marginación que puede practicarse en nuestro tiempo», vulnerando el derecho de aquel colectivo a ser considerados iguales a los demás ciudadanos en la aplicación del ordenamiento laboral.
No son atendibles tampoco los motivos de inadmisión del recurso (que en este momento serían de desestimación) invocados por la representación del señor González Torres, puesto que, habiendo sido notificada la Sentencia impugnada el día 27 de marzo de 1987 y habiéndose interpuesto el recurso de amparo el día 21 de abril siguiente, mediante escrito presentado ante el Juzgado de Guardia, resulta cumplido el plazo señalado en el art. 44.2 de nuestra Ley Orgánica; y es asimismo evidente que este Tribunal no ha desestimado en el fondo un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual al que ahora se somete a nuestra consideración, puesto que el recurso que en su día interpuso el propio señor González Torres contra la misma Sentencia laboral que constituye el objeto de la presente queja de amparo deducida por la O.N.C.E. (recurso aquél en el que tanto el recurrente como la causa petendi eran, por lo demás, obviamente distintos de los que concurren en la demanda que ahora nos ocupa) no terminó con un fallo desestimatorio de las pretensiones del recurrente, sino con una resolución de inadmisión por falta manifiesta de contenido constitucional de la demanda, lo que hace inaplicable al caso el supuesto previsto en el art. 50.1 d) de la LOTC.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 141 ] 14/06/1989 Amendment 1
Type and record number Recurso de amparo 537-1987
Date of the decision 29/05/1989
Contra Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 28 de Madrid, que, declarando probada la falta muy grave imputada al trabajador, sustituyó la sanción impuesta por otra en virtud de facultades reconocidas por el art.105 LPL.
Supuesta vulneración de la tutela efectiva
En los trámites procesales posteriores a la demanda de amparo no cabe modificar el «petitum» o la «causa petendi», agregando extemporáneamente nuevos fundamentos o nuevas pretensiones, pues la finalidad de su apertura consiste sólo en permitir la subsanación de los defectos inicialmente advertidos que motivarían la inadmisión de la demanda o en facilitar a las partes, una vez recibidas las actuaciones, la formulación de precisiones que, sin entrañar una modificación de la pretensión, desarrollen o complementen la línea argumental de la demanda. [F.J. 1]
Nuestro ordenamiento recoge un conjunto de reglas de interpretación de las normas jurídicas que propende a una aplicación más ajustada de las mismas a las circunstancias de cada caso. Entre tales reglas, que son sin duda reglas jurídicas y no simples arbitrios u ocurrencias hermenéuticas a disposición del intérprete, destaca la equidad, cuya ponderación es siempre obligada, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 del Código Civil, en la aplicación de toda norma. Siendo esto así, debe admitirse también que la invocación de motivos humanitarios, de la que los Jueces y Tribunales laborales hacen, por lo demás, frecuente uso en este tipo de pretensiones y también en otras sujetas a su jurisdicción, es una forma razonablemente lícita de expresar la ponderación que de la regla jurídica de la equidad ha de hacerse en la resolución judicial de los litigios. [F.J. 3]
Artículo 50.1 d), f. 1
Artículo 105, ff. 2 a 5
Ampliación de la demanda de amparoAmpliación de la demanda de amparo, f. 1
EquidadEquidad, f. 3
Modificación judicial de sanciones laboralesModificación judicial de sanciones laborales, ff. 4, 5
Jurisdicción socialJurisdicción social, ff. 3, 4, 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 50

Artículo 105