Source: http://www.marisaaizenberg.com/2018/09/fallo-ordena-cobertura-integral-de.html
Timestamp: 2018-12-16 04:07:05+00:00

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Dra. Marisa Aizenberg: Fallo ordena cobertura integral de cirugía de feminización facial en virtud de la ley de identidad de género
Fallo ordena cobertura integral de cirugía de feminización facial en virtud de la ley de identidad de género
Partes: F. T. (R.F.) c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA) s/ amparo - salud medicamentos y tratamientos
1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se ordene a la demandada la cobertura integral de una cirugía de feminización facial completa y los estudios prequirúrgicos correspondientes, toda vez que las intervenciones quirúrgicas cuya cobertura aquí se peticiona no pueden considerarse 'cirugías de embellecimiento' como alega la demandada desde que se trata de un conjunto de prácticas que tienen por fin adecuar el aspecto físico de la actora a su identidad de género autopercibida, lo cual lleva a considerarlas comprendidas dentro de las prácticas que ampara el art. 11 de la Ley 26.743 para garantizar el derecho al libre desarrollo personal.
Relató que es una persona trans que con el correr de los años fue feminizando su aspecto físico. Señaló que, en razón de haberse de automedicado con hormonas a fin de adecuar su aspecto a su identidad de género, alcanzó niveles excesivamente altos de prolactina (fs. 1 y vta. y 3 vta.). Indicó que luego de suspender la automedicación por prescripción de la División de Endocrinología del Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand", comenzó un tratamiento de reemplazo hormonal con control médico. Expuso que solicitó a la demandada la cobertura integral de dicho tratamiento, la que le fue otorgada por decisión del 2 septiembre de 2015 (fs. 1 vta).
Indicó que peticionó a la obra social demandada la cobertura de una cirugía de feminización facial, solicitud que fue denegada -según relató- mediante respuestas evasivas e injustificadas, en flagrante violación a la ley de identidad de género (fs. 1 vta. y 6 vta.). Expresó que interpuso recurso de reconsideración contra dicha decisión, el que fue rechazado con fecha 16 de noviembre de 2016 (fs.1 vta.). Añadió que, ante esta nueva negativa, previo asesoramiento en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), realizó una nueva presentación en la que hizo referencia a los tratamientos realizados con un médico endocrinólogo andrólogo de la División de Endocrinología del Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand", la que también fue desestimada el 24 de enero de 2018 (fs. 1 vta.).
Remarcó que es parte de un colectivo históricamente vulnerado cuyos derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud integral y a la dignidad personal se ven sistemáticamente afectados, lo que produce una situación que asemejó a la "muerte civil" (sic, fs. 3 vta).
En esa línea, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado que "[l]as circunstancias . que operan como conditio sine qua non para admitir un amparo son, básicamente, la necesidad de una actuación judicial urgente que prevenga o repare consecuencias notoriamente disvaliosas para quien acciona, y el carácter manifiesto de la conducta lesiva" (T.S.J., "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: `Akrich, Gustavo Raúl c/ GCBA s/ amparó", 29/11/06; voto del Dr. Maier).
De ello no se sigue la caracterización del amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que éste constituye una garantía constitucional para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el acto o la omisión impugnada reúna las características y los efectos que prevén los textos constitucionales (conf. Sala I, "Carini, Carlos Daniel y otros c/ GCBA s/ amparo", expte.EXP 3.931/0, 08/05/2002).
El criterio amplio con que debe analizarse la admisibilidad del amparo encuentra su razón de ser en la propia redacción de la Constitución de la Ciudad que, como se dijo, lo estableció como un procedimiento desprovisto de formalidades procesales que puedan afectar su operatividad, circunstancia que evidencia la voluntad del constituyente de crear un remedio amplio, expedito y rápido que privilegie la procedencia de la acción por sobre su rechazo liminar (conf. Sala I, "Gerpe, Adriana Beatriz c/ GCBA-Secretaría de Educación s/ amparo", Expte. 49/00, "Serres, Luis Alberto y otros c/ GCBA s/ amparo- otros", expte. EXP 1899/2018-0, 12/06/2018 y "Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros c/ GCBA y otros s/ amparo - otros", expte. EXP 1861/2017-0, 11/08/2017).
En esta línea de pensamiento, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que la acción de amparo no es subsidiaria, residual, ni de excepción sino que, por el contrario, es una acción principal que sólo cede ante la existencia de otro medio judicial más idóneo, esto es, más expedito y rápido (T.S.J., "T., S. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad" expte. 715/00, 26/12/00).
El derecho a la salud encuentra recepción constitucional implícita en el artículo 33 de la Constitución Nacional y expresa en diversos tratados internacionales con rango constitucional (conf. art. 75, inc. 22 CN), entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, inc. c), la Convención sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica-(arts. 4, 5 y 26) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6, inc. 1).
En el orden local, el derecho a la salud se encuentra ampliamente reconocido en el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde expresamente se establece que el gasto público en salud es una inversión social prioritaria, y en la ley básica de salud 153, que tiene por objeto garantizar "el derecho a la salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin" (art.1, ley 153).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho a la preservación de la salud debe interpretarse desde una perspectiva amplia, en tanto remite a un concepto integral de bienestar psicofísico de la persona, que tiene a su vez una directa vinculación con el principio de la dignidad humana, soporte y fin de todos los derechos (fallos: 316:479; 321:1684 ; 323:3229 ; 324:3569 ). A su vez, el Máximo Tribunal federal ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar el derecho a la salud con acciones positivas (conf. doct. "Campodónico de Beviacqua, Ana Karina c/ Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásticas", 24/10/2000, Fallos: 323:3229).
En igual sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un reciente fallo en el que, por primera vez en su historia, se expidió de manera autónoma sobre el derecho a la salud. En dicha oportunidad, tomando el concepto fijado en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, consideró que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud "no sólo como ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral" (C.I.D.H., "Poblete Vilches y otros vs. Chile", 08/03/2018, párr.118).
Asimismo, resulta oportuno recordar que, conforme la definición que postula desde 1948 la Organización Mundial de la Salud, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (http://www.who.int/about/mission/es) Así, se advierte que tanto desde la perspectiva que exponen los órganos jurídicos como desde la que brindan los organismos especializados en temas de salud existe coincidencia en que la salud no se define únicamente por la ausencia de enfermedad sino que engloba una serie de condiciones que hacen al bienestar integral psicofísico de las personas.
A la luz del concepto amplio de salud que se adopta, es claro que la falta de correspondencia entre el aspecto físico de una persona y su identidad sexual autopercibida podría afectar su salud. En efecto, "cuando sabemos que la salud apunta a un estado personal de bienestar no solamente físico o corporal, sino además psíquico y moral, podemos adherir a la idea de que quien en su vida personal y social se siente mujer pero genitalmente es varón (o a la inversa) sufre una distorsión que, al repercutir dañinamente en su identidad, afecta su salud" (Bidart Campos, Germán J., El sexo, la corporeidad, psiquis y el derecho: ¿Dónde está y cuál es la verdad?, publicado en RDFRDF 2002-21-173 cita online: 0029/000135).
De acuerdo con el artículo 1 de la ley 26.743, toda persona tiene derecho: "a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada".
Conforme la definición que proporciona el artículo 2 de la referida ley, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada uno la siente, independientemente de que se corresponda o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. La ley añade que "[e]sto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales" (art. 2, ley 26.743).
Según reza su Preámbulo, "la ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales".
El Principio 3 enuncia que "[t]odo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género.Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género".
De conformidad con las recomendaciones que se formulan en el mismo Principio, "los Estados (.) B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí".
Tal como se ha señalado, la definición que brinda el artículo 2 de la ley 26.743, "permite distinguir claramente la identidad de género y la orientación sexual e independiza la identidad de género de la sexualidad morfológica constituida por los caracteres genitales que diferencian ambos sexos (.) Lo que importa es cómo una persona siente el género independientemente del sexo que se le haya asignado al nacer por sus caracteres sexuales externos. Y lo trascendente es el reconocimiento legal de que la identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad" (Medina, Graciela, "Comentario exegético a la ley de identidad de género", en Identidad de género - Muerte digna, Suplemento Especial 2012 (mayo), La ley 2012-C, 1042).
De acuerdo a la reglamentación, "[s]e entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. Las mismas comprenden: Mastoplastía de aumento, Mastectomía, Gluteoplastía de aumento, Orquiectomía, Penectomía, Vaginoplastía, Clitoroplastía, Vulvoplastía, Anexohisterectomía, Vaginectomía, Metoidioplastía, Escrotoplastía y Faloplastía con prótesis peneana, resultando la presente enumeración de carácter meramente enunciativo y no taxativo" (conf. anexo I, dto. 903/PEN/2015).
XIII. Que a fin de ilustrar la cuestión es conveniente apuntar que cuando se habla de cirugías de adecuación sexual no se hace referencia a una sola operación sino a múltiples operaciones. Sobre el tema, se ha señalado que "los hombres que desean tener apariencia femenina total deben someterse al menos a tres cirugías a saber: Implante de senos, orquidectomía bilateral o extirpación quirúrgica de testículos y vaginoplastía, con más los tratamientos hormonales de por vida y en algunos casos con cirugías en las cuerdas vocales para obtener una voz femenina. Estas pueden ir acompañadas de cirugía de feminización facial que es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que modifican el esqueleto facial en mujeres trans, brindándoles una armonía facial más femenina, aportando un gran beneficio en la vida social y emocional de estas mujeres" (Medina, Graciela, "La ley de identidad de género.Aspectos relevantes", La Ley, 2012- A, 770).
En el sub lite, según la indicación obrante a fs. 95/96, suscripta por el Dr. M. D. M., los procedimientos que componen la cirugía de feminización facial cuya cobertura se peticiona son: "Remodelación de la región frontal y seno frontal con osteotomías múltiples; Remodelación de las órbitas y de la expresión de la mirada. Osteotomías y fresado; Corrección de la línea de implantación pilosa c/avance del c. cabelludo; Lifting de las cejas; Remodelación de la mandíbula con osteotomías múltiples; Remodelación del mentón con osteotomías y colocación de prótesis; Lifting de labio superior; Cirugía de reducción de la nuez de Adán; Rinoplastia".
A fin de resolver el conflicto hermenéutico de autos, resulta atinado señalar que el decreto 903/PEN/2015, luego de listar las intervenciones quirúrgicas totales y parciales que ayudan a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida, expresamente aclara que se trata de una "enumeración de carácter meramente enunciativo y no taxativo" (conf. anexo I, dto. 903/PEN/2015; énfasis agregado).
La calificación como "meramente enunciativo y no taxativo" que hace la reglamentación respecto del listado de intervenciones quirúrgicas conduce, en un primer estadio de análisis, a rechazar el argumento expuesto por la obra social demandada. En efecto, dado que no se trata de una enunciación taxativa, la propia reglamentación deja abierta la posibilidad de que haya otras intervenciones quirúrgicas amparadas por el artículo 11 de la ley de identidad de género distintas de las listadas en la reglamentación.
Adelanto mi opinión en el sentido que las intervenciones quirúrgicas cuya cobertura aquí se peticiona no pueden considerarse "cirugías de embellecimiento" -como alega la ObSBA- desde que se trata de un conjunto de prácticas que tienen por fin adecuar el aspecto físico de la actora a su identidad de género autopercibida, lo cual lleva a considerarlas comprendidas dentro de las prácticas que ampara el artículo 11 de la ley 26.743 para garantizar el derecho al libre desarrollo personal. Conforme se desprende del relato efectuado en la demanda y de la documentación que compone la carpeta Nº 6150/16 adjuntada por la ObSBA, la actora ha emprendido hace tiempo diversos tratamientos con el objeto de adaptar su cuerpo a su género autopercibido. Por ello, si bien las prácticas médicas cuya cobertura se peticiona podrían ser consideradas estéticas en un determinado contexto, ciertamente no pueden calificarse de ese modo en el que rodea a la actora. Adviértase que, entre otras cosas, la actora se encuentra recibiendo tratamiento hormonal como parte del proceso de readecuación de su cuerpo a su identidad de género autopercibida, circunstancia que es conocida por la obra social demandada ya que le ha otorgado el cien por ciento (100%) de su cobertura (ver fs. 46).
Resulta ilustrativa la intervención del diputado Tunessi: "La gente tiene derecho a adecuar su cuerpo a la identidad que esa persona percibe o cree percibir. No hay derecho si no existe el mismo reconocimiento en las obras sociales. Si no existe reconocimiento en estas últimas, no hay acceso igualitario al derecho que tienen las personas. Entonces, toda prestación está contemplada, porque queda incluida en el Plan Médico Obligatorio para hacer verdaderamente efectivo este derecho. No es cierto que se van a fundir las prepagas o las obras sociales por esta cuestión de reconocer algunas intervenciones quirúrgicas que hoy no son masivas ni generalizadas. De ninguna manera van a poner en quiebra el sistema. Lo que ocurre es que se trata de una excusa para no reconocer en plenitud un derecho, cosa que esta ley hace" (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Versión taquigráfica provisoria. Reunión 10ª - 7ª Sesión Ordinaria (Especial) - 30 de noviembre de 2011. Período 129º).
Es oportuno recordar las reflexiones vertidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ocasión de revocar la sentencia que había confirmado la resolución de Inspección General de Justicia por la cual se había denegado personería jurídica a la Asociación "Lucha por la Identidad Travesti - Transexual" por considerar que sus objetivos no se vinculaban con el bien común.
En esa oportunidad, el Máximo Tribunal federal resaltó que "no es posible ignorar los prejuicios existentes respecto de las minorías sexuales, que reconocen antecedentes históricos universales con terribles consecuencias genocidas, basadas en ideologías racistas y falsas afirmaciones a las que no fue ajeno nuestro país, como tampoco actuales persecuciones de similar carácter en buena parte del mundo, y que han dado lugar a un creciente movimiento mundial de reclamo de derechos que hacen a la dignidad de la persona y al respeto elemental a la autonomía de la conciencia".
Asimismo, sostuvo que "tampoco debe ignorarse que personas pertenecientes a la minoría a que se refiere la asociación apelante no sólo sufren discriminación social sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios.Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de campo" (Fallos: 329:5266 , "Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia s/recurso contencioso administrativo", 21/11/2006, consid. 16 y 17).
XXII. Que en cuanto las manifestaciones vertidas por la ObSBA referidas a que no se encuentra registrada como agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud, cabe señalar que la ley 472 establece que la aludida obra social "tendrá por objeto la prestación de servicios de salud que contengan acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación", y que se regirá por las previsiones de la referida ley, las disposiciones que adopten sus órganos de conducción, la ley básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires 153 y, en forma supletoria y en lo que resultare pertinente, por las estipulaciones contenidas en las leyes nacionales 23.660 y 23.661, normas reglamentarias, complementarias y concordantes (conf. arts. 2 y 3, ley 472).
En esta inteligencia, la jurisprudencia local ha receptado "la proyección social de la actividad de las obras sociales, en tanto al vincularse con derechos personalísimos de la persona humana, como son la salud y la vida, impone apreciar sus deberes bajo el prisma de esta función social de la que son titulares" (Sala II, "Freire María Elena c/ ObSBA s/ amparo", EXP 42.685, 06/03/12).
Etiquetas: Género, Jurisprudencia, Legislación, Noticias, Obras sociales, Prepagas, Salud Sexual

References: artículo 33
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 11
 resolución