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Timestamp: 2019-10-15 19:44:30+00:00

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﻿ Sentencia C-36 de enero 29 de 2014
SENTENCIA C-36 DE 29 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:ENMIENDA AL CONVENIO DE BASILEA. REITERA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS AL MEDIO AMBIENTE SANO Y A LA SALUD DE LOS HABITANTES DE COLOMBIAASÍ COMO SU CRITERIO JURISPRUDENCIAL GENERAL EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, EL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DESECHOS PELIGROSOS, Y LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE INTRODUCCIÓN DE DESECHOS TÓXICOS O PELIGROSOSPRECEDENTE DEL CONVENIO DE BASILEA Y LA LEY 253 DE DICIEMBRE 29 DE 1995 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN", CELEBRADO EN BASILEA EL 22 DE MARZO DE 1989. SE DECLARA EXEQUIBLE LA “ENMIENDA AL CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN, DEL 22 DE MARZO DE 1989”, ADOPTADA POR LA TERCERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES, EN GINEBRA, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1995 Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1623 DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA ENMIENDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:BASURAS TÓXICAS, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN, RECURSOS NATURALES, CONVENIO INTERNACIONAL, SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS
Sentencia C-36 de enero 29 de 2014
Ref.: Expediente LAT- 411
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial 48776, del 29 de abril de 2013:
2. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá interrumpir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 y prohibir desde esa fecha en adelante todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos contemplados en el apartado a) del inciso y) del artículo 1º del convenio que estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV B hacia los Estados no enumerados en el anexo VII. Dicho movimiento transfronterizo solo quedará prohibido si los desechos de que se trata han sido caracterizados como peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el convenio”.
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en idioma español de la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”,adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, documento que reposa en los archivos del grupo interno de trabajo tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales de este ministerio.
Dada en Bogotá, D.C., a tres de junio de dos mil once.
Juan Gabriel Uribe”.
1.1. La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la enmienda en examen y de su ley aprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
1.2. En consecuencia, esta corporación analizará, en primer lugar, trámite dado a la enmienda al Convenio de Basilea y a la ley aprobatoria de este, con el propósito de determinar si se ajusta a la Constitución Política, para de esta manera y en el evento de que este trámite esté acorde con la Constitución, analizar, enun segundo lugar, el contenido material de la enmienda.
2.1. Negociación y suscripción de la enmienda y aprobación presidencial.
(i) En relación con la negociación y suscripción de la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, objeto de estudio en esta oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio S-DIAJI-13-021476 del 11 de junio de 2013, recibido en esta corporación el mismo día (fls. 20-21, cdno. ppal.), informó a esta Corte que “... una vez revisado el archivo del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales de este ministerio así como el portal de la sección de tratados de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, depositario de la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, se constató que la República de Colombia no suscribió la enmienda supra.
Por consiguiente, solo le es posible adherir a la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la “Convención de Basilea de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, adoptada en Basilea, Confederación Suiza, el 22 de marzo de 1989...
Como corolario de lo anterior, no fue necesaria la expedición de plenos poderes, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969...
Conviene advertir que, una vez se surta el trámite de aprobación interna de la enmienda en comento, se procederá a expedir el correspondiente instrumento de adhesión para su depósito ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, ONU”.
En estos casos, esta Sala ha sostenido que por razones obvias no es posible examinar las facultades del ejecutivo para suscribir el instrumento internacional bajo estudio, toda vez que la firma o suscripción frente a su texto todavía no se ha producido al momento en que se ejerce el control de constitucionalidad(1). Por lo anterior, en estos eventos no puede este tribunal constatar los plenos poderes de un funcionario para la suscripción de un tratado, pues el compromiso del Estado colombiano respecto del tratado o instrumento internacional tan solo se producirá mediante adhesión al mismo, una vez haya sido aprobado por el Congreso y se haya adelantado el análisis de constitucionalidad respectivo.
Así, en diferentes oportunidades esta corporación ha expuesto que si bien el análisis de constitucionalidad de los tratados presupone necesariamente la verificación de los plenos poderes “... por sustracción de materia no puede tener lugar en los casos en que, no habiendo tomado parte el Estado colombiano, este se dispone a manifestar su consentimiento ante el derecho internacional mediante la adhesión posterior a un tratado multilateral”(2).
Igualmente, en otra ocasión sostuvo que “Con base en los documentos allegados al expediente, se pudo determinar que el Presidente de la República, ... en su calidad de jefe de Estado, dio la aprobación ejecutiva al convenio y al protocolo de enmienda objeto de estudio y ordenó someterlos al respectivo trámite legislativo ante el Congreso de la República, el 21 de julio del año 1999, con el fin de dar inicio al trámite de aprobación interna para la adhesión a dichos instrumentos internacionales, toda vez que el Estado colombiano no participó en la etapa de negociación de los mismos, ni en su suscripción. Por esta razón, la Corte no procederá a realizar un pronunciamiento sobre la representación del Estado colombiano en la negociación y celebración del respectivo acuerdo, así como sobre la competencia de los funcionarios que intervinieron”(3).
“Sin embargo, debe mencionarse que en el convenio internacional que ocupa la atención de la Corte, en los artículos 12 (nums. 2º y 3º) y 13 (num. 1º) da cuenta de la posibilidad de que los Estados puedan obligarse a través del mismo manifestando su consentimiento mediante la respectiva adhesión, de conformidad con las normas y principios del derecho internacional establecidas en la Convención de Viena de 1969 (arts. 11 y 15) sobre el derecho de los tratados entre Estados, lo que se encuentra conforme con nuestra Carta Política (art. 9º)”(4).
(iii) En el caso que ahora nos ocupa sobre la enmienda al Convenio de Basilea, como se observa en la cita in extenso que se hace en este acápite de la comunicación enviada a esta corporación por el Ministerio de Relaciones Exteriores calendada el 11 de junio de 2013 (fls. 20-21, cdno. ppal.), esa entidad informó que la República de Colombia no suscribió la enmienda en mención, razón por la cual no fue necesaria la expedición de plenos poderes, y que por tanto el Estado colombiano adherirá a la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la “Convención de Basilea de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, el cual permite este mecanismo de adhesión como instrumento vinculante para los Estados.
(iv) Así mismo, el ministerio comunicó a esta corporación que el entonces Presidente de la República, señor Álvaro Uribe Vélez, impartió la respectiva aprobación presidencial con el fin de someter la enmienda objeto de estudio a consideración del Congreso de la República, el día 24 de junio de 2008. En el mismo sentido, el ministerio informó que una vez se haya surtido el trámite interno de la enmienda cuya constitucionalidad ahora se analiza, se procederá a expedir el correspondiente instrumento de adhesión para su depósito ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, ONU.
Igualmente, si bien el Estado colombiano no ha suscrito todavía la enmienda al Convenio de Basilea que ahora se estudia, ha expresado la voluntad de adherir a la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la “Convención de Basilea de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, adoptada en Basilea, Confederación Suiza, el 22 de marzo de 1989. Por lo anterior, también es claro que no fue necesaria la expedición de plenos poderes, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969.
Igualmente, advierte la Sala Plena que el Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente Juan Manuel Santos Calderón, ha manifestado que una vez se surta el trámite de aprobación interna de la enmienda bajo estudio, el gobierno procederá a expedir el correspondiente instrumento de adhesión para su depósito ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, ONU. De esta manera ha puesto de manifiesto la voluntad clara del Estado colombiano de adherir el mencionado instrumento, a través de la aprobación ejecutiva del 24 de junio de 2008 (fl. 22. cdno. ppal.).
2.2.1. Conforme a la Constitución Política, las leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir, en general, el mismo trámite que cualquier ley ordinaria (arts. 157, 158, 160 y 165), con dos particularidades: i) por tratarse de asuntos referidos a las relaciones internacionales, su trámite debe iniciarse en el Senado de la República (art. 154); y ii) el Gobierno Nacional debe remitirlas a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción presidencial, para que la misma efectúe su revisión constitucional (art. 241, núm. 10).
2.2.2. Del expediente legislativo enviado a esta corporación, se constata que el Proyecto de la Ley 1623 del 29 de abril de 2013 fue presentado y radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 7 de septiembre de 2011, ante la secretaría del Senado de la República a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, doctora Beatriz Elena Uribe Botero (archivo magnético cdno. 3 pbas.), donde fue radicado con el número 112 del 7 de septiembre de 2011 Senado, y se publicó junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso 667 del 7 de septiembre de 2011 (archivo magnético cdno. 3 pbas.) antes de darle curso en la Comisión Segunda Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, número 1, de la Constitución Política.
2.2.3.1.1. En relación con el trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda del Senado, el secretario general de esa comisión informó a esta corporación, que “Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 (inciso adicionado del art. 160 C.P.), el proyecto de ley fue anunciado en sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado el día 9 de noviembre de 2011, según consta en el acta 10 de esa fecha, publicada en la Gaceta 153 del 17 de abril de 2012, la cual se adjunta (págs. 52-54-56).
... [E]l Proyecto de Ley 112/2012 Senado también fue anunciado en sesión el día 1º de noviembre de 2011, según consta en el acta 9 de esa fecha, publicada en la Gaceta 154 del 17 de abril de 2012 (págs. 1, 30 y 32)” (fl. 2, cdno. 1 pbas.) (resaltado fuera de texto).
De otra parte, en la certificación del secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República se hace constar que la fecha de discusión y aprobación del Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, hoy Ley 1623 del 29 de abril 2013 fue aprobado “el día 16 de noviembre de 2011, según consta en el acta 11 de sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta 155 del 17 de abril de 2012”. En el mismo escrito se certifica que el quórum estuvo integrado “por doce (12) de los trece (13) senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma, según consta en el acta 11 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta 155 del 17 de abril de 2012” (fl. 1 cdno. 1 pbas.) (resaltado fuera de texto).
(i) La ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 112 de 2012 Senado fue presentada por el senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar y publicada en la Gaceta del Congreso 786 del 20 de octubre de 2011 (archivo magnético cdno. 3 pbas.).
(ii) El primer anuncio para votación del proyecto de ley fue realizado por el secretario dela Comisión Segunda del Senado el 1º de noviembre de 2011, tal como consta en el acta 9 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso 154 del 17 de mayo de 2012.
“... La señora presidenta, honorable senadora Alexandra Moreno Piraquive, declara abierta la sesión, convocada para hoy martes 1º de noviembre de 2011. Solicita al señor secretario proceder con el llamado a lista para la verificación del quórum y lectura del orden del día:...
... la señora presidenta Alexandra Moreno Piraquive, manifiesta:
Procede con el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, por instrucciones de la presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A.L. 1/2003, art. 8º)...
... 13. Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada porla tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 786 de 2011....
... Señora presidenta le informo que han sido anunciados los proyectos de ley para ser discutidos en la próxima sesión.
Se levanta la sesión, se convoca para el martes 10:00 de la mañana, muchas gracias”.
(iii) El siguiente martes para el cual se realizó la citación de sesión correspondía al 9 de noviembre de 2011, en esa sesión se realizó un segundo anuncio para la votación del proyecto de ley por el secretario de la Comisión Segunda del Senado, tal como consta en el acta 10 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso 153 del 17 de abril de 2012 en la que se lee textualmente:
“... la señora presidenta, honorable senadora Alexandra Moreno Piraquive, declara abierta la sesión... Solicito al señor secretario proceder con el llamado a lista para verificación del quórum y lectura del orden del día...
... 13. Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Anunciados los proyectos, se convoca para la próxima sesión de la comisión la próxima semana a las 10:00 a.m. se levanta la sesión, muchas gracias” (resalta la Sala) (fls. 56-58, cdno. 1 pbas.).
(iv) La siguiente sesión se llevó a cabo el martes 16 de noviembre de 2011. Revisada por esta corporación el acta 11 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta 155 del 17 de abril de 2012, esta Sala evidencia que efectivamente la discusión y aprobación del proyecto de ley en estudio se llevó a cabo en la siguiente sesión para la cual fue anunciado previamente. Así en la Comisión Segunda del Senado se discutió y aprobó por unanimidad en primer debate el Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, el día 16 de noviembre de 2011, por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995 (fls. 4 y 13 reverso, cdno. 1 pbas.).
Según consta en la Gaceta del Congreso 155 de 2012, la aprobación se llevó a cabo en los siguientes términos:
“Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y su eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ponente: honorable senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
Presenta su ponencia el senador ponente, Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar:...
Por las anteriores consideraciones, solicito muy comedidamente a la honorable Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate al Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y su eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995. Cordialmente, honorable senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
Está leída la proposición final con que termina el informe de ponencia señora presidente.
Lectura del título del proyecto: Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y su eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995. Está leído el título del proyecto señora presidente.
Nombra como ponente para el segundo debate al senador Carlos Ramiro Chavarro”.
En síntesis, la Corte constata que la consideración, discusión y aprobación del Proyecto de Ley 112 de 2011 se llevó a cabo efectivamente el 16 de noviembre del 2011, con el quórum deliberatorio y decisorio requerido, según consta en el acta 11 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 155 de 2012, y la votación fue unánime por parte de los cinco senadores que respondieron a lista, dado que se realizó una votación ordinaria, se omitió la lectura del articulado y los senadores de la República se encontraban todos de acuerdo con el proyecto de ley, por lo cual no hubo disentimiento en relación con los artículos que se aprobaron para que se llevara a cabo el segundo y definitivo debate en plenaria. Por lo anterior y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, no se requiere un estudio adicional acerca de la exigencia de votación nominal y pública del proyecto de ley.
2.2.3.2.1. En relación con el trámite legislativo surtido en la plenaria del Senado, el secretario general de esa corporación allegó certificación a esta Corte informando que “el Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado “Por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995” su trámite en segundo debate fue así:
Se anunció en la sesión plenaria del día 10 de agosto de 2012, como consta en el acta 10 de la fecha (pág. 10) publicada en la Gaceta del Congreso 795 de 2012.
El mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, en la sesión plenaria correspondiente al día 29 de agosto de 2012, según el acta 11 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 796 de 2012 (pág. 15), y un quórum de 90 de 100 senadores, en la sesión plenaria correspondiente al día 29 de agosto de 2012, según el acta 11 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 796 de 2012. (pág. 15)
Que en la aprobación del Proyecto de Ley 112 de 20122 Senado, el artículo 161 constitucional no aplica por cuanto los tratados o convenios suscritos por el ejecutivo son refrendados por el Congreso de la República, sin modificaciones a sus textos...” (cdno. 3 pbas.) (resaltados de la Sala).
(i) La ponencia para segundo debate y texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República al Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, fue presentado por el senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar y publicado en la Gaceta del Congreso 385 del 19 de junio de 2012 (archivo magnético cdno. 3 pbas.).
(ii) El proyecto de ley fue anunciado para votación en la plenaria del Senado el 28 de agosto de 2012, como consta en el acta 10 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso 795 de 2012 en la que se lee textualmente:
“II. Anuncio de proyectos. Por instrucciones de la presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se aprobarán y discutirán en la próxima sesión... Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 667 de 2011.
Ponencia primer debate publicada en la Gaceta del Congreso 786 de 2011.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso 385 del 19 de junio de 2012.
Siendo las 11:15 p.m. la presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 29 de agosto de 2012, a las 3:00 p.m.” (archivo magnético, cdno. 3 pbas.) (resaltado de la Sala).
De conformidad con lo anterior, una vez revisada elacta 10 del 28 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta 795 del 9 de noviembre de 2012, esta corporación constata que el Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995 fue efectivamente anunciado debidamente para discusión y votación de proyectos de ley para el día 29 de agosto de 2012.
(iii) Revisada el acta 11 del 29 de agosto de 2012 publicada en Gaceta 796 de 2012, esta corporación constata que efectivamente en la sesión plenaria del Senado del 29 de agosto de 2012, para la cual se anunció para votación el Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, se debatió y aprobó por unanimidad el proyecto de Ley 112 de 2011 Senado con la asistencia y votación 90 de 100 senadores (archivo magnético, cdno. 3 pbas.).
Según consta en la Gaceta del Congreso 796 de 2012, la aprobación del proyecto se llevó a cabo en los siguientes términos:
Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Por solicitud del honorable senador Gabriel Ignacio Zapata Correa,la presidencia pregunta a la plenaria si acepta la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de1989”, adoptada porla tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Leído este, la presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la corporaciónel título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios,la presidencia pregunta: ¿Quieren los senadores presentes que el proyecto de ley aprobado, surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.
El texto del Proyecto de Ley 112 de 2011 fue aprobado por el Senado de la República el día 29 de agosto de 2012 y fue publicado en la Gaceta del Congreso 580 del 4 de septiembre de 2012.
En síntesis, la Sala concluye que el mencionado proyecto fue considerado, debatido y aprobado en sesión plenaria del Senado de la República cumpliendo con el quórum deliberatorio y decisorio requerido, y que se votó por unanimidad, ya que se realizó en votación ordinaria, se hizo omisión de la lectura del articulado y los senadores de la República se encontraron todos de acuerdo con el contenido del proyecto, siendo aprobado el Proyecto de Ley 112 de 2011 por los 90 senadores unánimemente (archivo magnético, cdno. 3 pbas.).
2.2.4.1.1. En relación con el trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda de la Cámara, la secretaria de esa comisión, certificó a esta corporación respecto del anuncio para votación que “El anuncio del referido proyecto de ley se hizo en sesión el día 28 de noviembre de 2012, acta 23, la cual está publicada en la Gaceta del Congreso 224 de 22 de abril de 2013. Página 32...” (fl. 1, cdno. 2 pbas.).
Respecto del debate y aprobación en primer debate en la Cámara de Representantes, la secretaria general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, certificó a esta corporación que “En sesión del día 4 de diciembre de 2012, acta 24, Gaceta 223 del 22 de abril de 2013, se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, Proyecto de Ley 132/2012 Cámara, 112/Senado “Por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995”, con registro de asistencia de 17 honorables representantes...” (resalta la Sala).
2.2.4.1.2. Del estudio del expediente del trámite legislativo surtido ante la Cámara de Representantes esta Corte constata lo siguiente:
(i) El informe de ponencia y texto de aprobación para primer debate en la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara, el Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la ““enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995”, fue presentado por el representante José Gonzalo Gutiérrez Triviño, y publicado en la Gaceta 848 del 27 de noviembre de 2012 (fls. 3-5, cdno. 2 pbas.).
(ii) El proyecto de ley fue anunciado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 28 de noviembre de 2012, como consta en el acta 23 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso 224 del 22 de abril de 2013 en los siguientes términos:
“... Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda...
Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, para aprobación en próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Autores: señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín y señora Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, doctora Beatriz Elena Uribe Botero.
Publicaciones: ponencia primer debate Cámara Gaceta del Congreso 848 de 2012.
Este anuncia es para la próxima sesión donde se debatan proyectos de lay presidente...
Así se hará señor presidente, conforme usted lo ordena. Siendo la 11:40 a.m. se levanta la sesión” (fl. 24 reverso, cdno. 2 pbas.) (resaltado de la Sala).
De conformidad con lo anterior, una vez revisada por esta Corte el acta 23 del 28 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta 224 del 22 de abril de 2013, esta corporación constata que el Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por el cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, fue anunciado debidamente para discusión y votación de proyectos de ley “Por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de la Representantes” (fl. 24, cdno. 2 pbas.).
(iii) Revisada por esta corporación elacta 24 del 4 de diciembre de 2012, publicada en laGaceta 513 del 23 de julio de 2013, esta Sala constata que efectivamente en la Comisión Segunda de la Cámara se discutió y aprobó por unanimidad en primer debate el Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, ““enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995”, el 4 de diciembre de 2012, para el cual fue efectivamente anunciado previamente para discusión y aprobación en la sesión anterior del 28 de noviembre de 2012. La aprobación se cumplió con un quórum deliberatorio de diecisiete (17) representantes (fl. 40, cdno. ppal.).
Según consta en la Gaceta del Congreso 513 de 2013, la aprobación del proyecto en primer debate en la Cámara de Representantes se llevó a cabo de la siguiente manera:
“Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate. Este proyecto de ley fue anunciado en sesión del 28 de noviembre de 2012.
Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al “Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”,adoptada porla tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
Publicaciones texto: la Gaceta del Congreso 667 de 2011.
Ponencia primer debate en Senado: Gaceta del Congreso 786 de 2011.
Ponencia segundo debate en Senado: Gaceta del Congreso 385 de 2012.
Ponencia primer debate en Cámara: Gaceta del Congreso 848 de 2012.
Citados para información la señora Ministra de Relaciones Exteriores se excusa y delegó a la doctora Alejandra Valencia Gartner, coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales quien se encuentra con nosotros, y el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Juan Gabriel Uribe Vega-Lara quien se excusa y espera podernos acompañar señores representantes en una próxima oportunidad, no delegó a nadie señor presidente. Ese es el proyecto de ley.
Por las anteriores consideraciones solicito, muy comedidamente a la Comisión Segunda de la honorable Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado,por medio de la cual se aprueba la enmienda al “Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
Hace uso de la palabra la doctora Alejandra Valencia Gartner directora de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores:
Para Colombia es fundamental y es muy importante, por las limitaciones que tenemos internamente para el manejo y eliminación de estos desechos, está advertido por parte del Ministerio de Ambiente que las autoridades tienen muchas limitaciones para su manejo, Colombia no está en la capacidad ni técnica ni administrativa para hacerlo y las limitaciones que tienen especialmente las autoridades aduaneras para efectuar un control y determinar si esos residuos pueden ser peligrosos y pueden entrar en las categoría previstas enla convención.
A usted, doctora Alejandra, por sus explicaciones acerca del proyecto, ya con esta explicación ponemos en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, se cierra, ¿lo apruebala comisión?
Hace uso de la palabrala secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con mucho gusto señor presidente. Me permito informarle que son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta del Congreso correspondiente y no hay ninguna proposición modificatoria al respecto, señor presidente, en secretaría.
Con mucho, gusto señor presidente, por medio de la cual se aprueba la enmienda al “Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
Continuamos con el orden del día, señora secretaria”.
2.2.4.2.1. En relación con el trámite legislativo surtido ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el secretario general de esa corporación certificó a esta Corte que “en sesión plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 2 de abril 2013, la cual consta en el acta 193, y en donde se hicieron presentes ciento cuarenta y cinco (145) honorables representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, título y la pregunta “Quiere la plenaria que este proyecto sea ley de la República” del Proyecto de Ley 132/2012 Cámara - 132/2011 Senado, hoy Ley 1623 de 2012 “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995”.
El texto definitivo de la plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, se publicó en la Gaceta del Congreso 190 del 9 de abril de 2013.
(i) En relación con el segundo debate en plenaria de la Cámara, en el expediente legislativo se encuentra que el informe de ponencia para segundo debate y texto para aprobar en plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995”, fue presentado por el representante a la Cámara, José Gonzalo Gutiérrez Triviño, y publicado en la Gaceta 958 del 21 de diciembre de 2012.
(ii) Con respecto al anuncio para debate y votación del proyecto en comento, la secretaria general de la Cámara de Representantes certificó a esta corporación que “el proyecto de ley en comento fue anunciado previamente a la votación en la sesión plenaria del día 20 de marzo de 2013, según consta en el acta 192, para la sesión plenaria del día martes 2 de abril de 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, cumpliendo de esa manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política” (resaltados de la Sala) (fl. 3, cdno. 4 pbas., Gaceta del Congreso 313, mayo 24/2013).
En Bogotá, D.C., sede constitucional del Congreso dela República, el día miércoles 20 de marzo de 2013, abriendo el registro a las 3:01 p.m., e iniciando a las 3:44 p.m., se reunieron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, los honorables representantes que adelante se indican con el fin de sesionar de conformidad con el mandato legal.
El señor presidente de la corporación, dispuso que los honorables representantes se registraran por el sistema electrónico y manual, con el fin de establecer el quórum reglamentario, ...
... Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias doctor Telésforo. Señor secretario, colegas, vamos entonces a continuar de esta manera, ... Yo le pediría señor secretario anunciar los proyectos que estaban vigentes para esta sesión, una vez se anuncien, se levantará y se convoca para la próxima sesión martes de pascua a las 3 de la tarde. Sírvase anunciar proyectos señor secretario.
Sí señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley de acuerdo al acto legislativo de julio 3 de 2003, en su artículo 8º, parala sesión plenaria de abril 2 de 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos...
... Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, “Por medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995...
... Señor presidente han sido anunciados los proyectos de ley.
Se levanta la sesión siendo las 6:20 p.m.”.
(iii) El Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la ““enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995” fue considerado y aprobado por unanimidad por los 145 representantes que asistieron a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del día 2 de abril 2013, día para el cual fue efectivamente anunciado en sesión anterior, como consta en la Gaceta del Congreso 373 del 5 de junio de 2013 (obra en medio magnético).
Según consta en la Gaceta del Congreso 373 de 2013, la aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en los siguientes términos:
Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado,por medio de la cual se aprueba la enmienda del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación del 22 de marzo de 1989 adoptado por la tercera reunión de la conferencia de las partes en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
El informe con que termina la ponencia dice así: proposición: Por las anteriores consideraciones solicito muy comedidamente a la plenaria de la honorable Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989 adoptado por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra el 22 de septiembre en 1995, del señor presidente, firma José Gonzalo Gutiérrez Triviño, Representante a la Cámara.
Sí lo aprueba la plenaria señor presidente.
Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado,por medio de la cual se aprueba la enmienda del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación del 22 de marzo de 1989, adoptado por la tercera reunión de la conferencia de las partes en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
Próximo punto del orden del día, señor secretario”.
De conformidad con lo anterior y una vez revisada elacta 193 del 2 de abril de 2013, allegada a la Corte en medio magnético, donde se encuentra contenida la Gaceta 373 del 5 de junio de 2013, esta corporación constata que en sesión plenaria de la Cámara de Representantes del día 2 de abril de 2013 se debatió y aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 132 de 2012 Cámara, 112 de 2011 Senado con la asistencia de 145 senadores, cumpliendo con el quórum deliberatorio y decisorio. Así mismo, por haber sido votado por unanimidad, en cuanto este sufragio se realizó mediante votación ordinaria, se hizo omisión de la lectura del articulado y los representantes a la Cámara se encontraban todos de acuerdo con el contenido del proyecto, por lo cual no se presentó disenso en relación con el contenido de los artículos, de manera que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte no se hace necesario el análisis del cumplimiento del requisito de votación nominal y pública.
2.2.5. Finalmente, el Presidente de la República sancionó la ley el día el 29 de abril de 2013 y el texto del tratado junto con el de la ley, fue radicado en la secretaría general de la Corte Constitucional el 2 de mayo de 2013 (fl. 1, cdno. ppal.).
2.3.2. La corporación comprueba que se cumplió con las exigencias constitucionales de publicación de las ponencias respectivas en cada Cámara y en cada uno de los debates requeridos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 157 superior en la tramitación legislativa ante el Senado de la República, así como ante la Cámara de Representantes. Además, en la tramitación legislativa que ocupa a esta corporación en esta oportunidad, se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto a que la iniciación del primer debate en ambas cámaras tuvo lugar después de la publicación de las ponencias respectivas en la Gaceta del Congreso.
2.3.3. Este tribunal encuentra que se cumplió con el requisito de darle primer y segundo debate en cada Cámara y con la exigencia de aprobación con el quórum deliberatorio requerido, en el trámite legislativo del presente proyecto de ley aprobatoria de tratado, de conformidad con los incisos 2 y 3 del artículo 157 de la Constitución Política y los artículos 117, 118, 129 de la Ley 5ª de 1992.
2.3.4. En concordancia con el requisito del inciso del artículo 160 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 del 2003, que hace referencia a la exigencia del anuncio para votación, según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”, el trámite legislativo de la Ley 1623 de 2013, por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995”; la Sala constata que se cumplieron con todas estas formalidades constitucionales.
2.3.5. Por último, se certificó que tanto en las deliberaciones como votaciones en las comisiones como en las plenarias de una y otra Cámara se cumplió con los requisitos de quórum deliberatorio y decisorio. Así mismo, la Sala comprueba que en todas sus etapas el proyecto fue aprobado por unanimidad, en cumplimiento de una de las excepciones contempladas por la Ley 1431 de 2011 a la votación nominal y pública que se exige a los congresistas(5).
Con fundamento en los criterios normativos expuestos, la Sala concluye que si bien las votaciones en el trámite legislativo deben llevarse de forma nominal y pública, en tanto es la regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133 C.P. y el artículo 130 R.C.; se exceptúa de la regla general las situaciones previstas en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 y el artículo 129 del reglamento del Congreso, dentro de las cuales se encuentra la votación por unanimidad como sucedió durante este trámite en las aprobaciones de comisión y plenaria tanto de Senado como de la Cámara.
2.3.6. Por otra parte, la Corte evidencia que en la tramitación legislativa que nos ocupa se cumplió con la exigencia contenida en el artículo 160 de la Constitución Política, en el sentido de que entre el primero y el segundo debate en cada Cámara debe mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos quince (15) días, de la siguiente manera:
(ii) Igualmente, este tribunal confirma que el primer debate y aprobación en la comisión en la Cámara de Representantes del proyecto de ley se llevó a cabo el 4 de diciembre del 2012, mientras que su discusión y aprobación en la plenaria de la Cámara se llevó a cabo el 12 de abril de 2013. Por tanto, se constata que entre los debates en la Cámara pasaron más de los 8 días reglamentarios.
(iii) Finalmente evidencia esta corporación que entre la aprobación del proyecto bajo estudio en el Senado y la iniciación del debate del mismo en la Cámara de Representantes transcurrieron más de 15 días, de forma que se cumple con la exigencia contenida en el artículo 160 de la Constitución Política.
En el cómputo de estos términos esta corporación tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 5ª de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, en virtud del cual “todos los días de la semana, durante el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las respectivas mesas directivas”.
2.3.7. En el trámite legislativo del proyecto de ley aprobatoria de tratado que se estudia, se cumplió con la exigencia del artículo 162 de la Constitución Nacional en cuanto a que “ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.
2.3.8. El Presidente de la República sancionó la ley el día el 29 de abril de 2013, cumpliéndose con el requisito del inciso 4 del artículo 157 de la Constitución Nacional.
2.3.9. El texto de la enmienda junto con el de la ley, fue radicado en la secretaría general de la Corte Constitucional el 2 de mayo de 2013 (fl. 1, cdno. ppal.), dentro del término establecido en el artículo 241, numeral 10, superior.
2.3.10. De conformidad con todo lo expuesto, la Corte infiere que para el asunto bajo examen resultan acreditados todos los requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias; y que por tanto no se evidencia defecto constitucional alguno en cuanto al análisis formal de la ley bajo estudio.
3. Análisis material de fondo de la Ley 1623 de 2013, por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Para adelantar el análisis material de la enmienda al Convenio de Basilea, “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, la Sala desarrollará el siguiente esquema de análisis: (i) En primer lugar, reiterará brevemente su jurisprudencia en relación con la necesidad de proteger y garantizar los derechos al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de Colombia; así como su criterio jurisprudencial general en relación con la protección de la diversidad biológica, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, y la prohibición constitucional en materia de introducción de desechos tóxicos o peligrosos; (ii) En segundo lugar, se referirá al precedente del Convenio de Basilea y la Ley 253 de diciembre 29 de 1995 “Por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, celebrado en Basilea el 22 de marzo de 1989, en razón a que el instrumento que ahora se analiza se refiere a una enmienda a este convenio principal; (iii) En el mismo sentido, por referirse del mismo Convenio de Basilea, realizará una mención al análisis realizado por esta Corte respecto del Protocolo de Basilea, aprobado por la Ley 945 de 2005; para finalmente (iv) pronunciarse sobre la constitucionalidad del contenido normativo de la enmienda al Convenio de Basilea.
3.1. Protección y garantía de los derechos al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de Colombia, y a la diversidad biológica frente a los movimientos transfronterizos de desechos tóxicos, nucleares o peligrosos.
3.1.1. El derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano se encuentra señalado en el artículo 79 superior, el cual hace parte del capítulo tercero de la Constitución relativo a los “Derechos colectivos y del ambiente”, el cual consigna que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Por su parte, en el artículo 80 constitucional se determina que el Estado tiene como obligación garantizar el desarrollo sostenible, conservación y restauración de los recursos naturales, sin dejar de lado su deber de prevenir el deterioro ambiental que se pueda generar cuando se hace la explotación de los mencionados recursos naturales(6).
Por otra parte, el derecho a la salud es considerado por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental autónomo, que adicionalmente tiene una serie de conexidades con otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física, lo cual pone de relieve aún más su importancia dado el vínculo inseparable entre estos derechos.
3.1.2. Específicamente el tema de la preservación, conservación y salvaguarda del medio ambiente y de los recursos naturales está consagrado como núcleo esencial de la Constitución de 1991. Esta Carta ha sido reconocida ampliamente como una Constitución ambientalista, y en ella se señalan los derechos y deberes de los ciudadanos para disfrutar de un ambiente sano, así como las obligaciones del Estado para garantizar estos derechos fundamentales. A este respecto, la jurisprudencia de esta Corte se ha pronunciado a través de innumerables fallos de constitucionalidad y de tutela en los que se ha protegido de diversas formas y maneras el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano para los ciudadanos y se han señalado los deberes del gobierno para que se garanticen estos derechos(7).
En relación con la protección de la diversidad biológica la Corte ha señalado que son varios los artículos superiores que protegen este derecho, tales como el artículo 8º de la Constitución Política que consagra “la obligación de las autoridades públicas y de los particulares de proteger la riqueza cultural y natural de la Nación”, el artículo 79 que “establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial importancia ecológica”, el artículo 81 que determina las responsabilidades que “le corresponde al Estado respecto del ingreso al país y salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional”, así como los artículos 65 y 71 superiores que “obligan al Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales”(8). En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que estas obligaciones del Estado colombiano de preservar el medio ambiente y la biodiversidad deben verse reflejadas por el Estado en todos los niveles de desarrollo a saber: político, económico, social y administrativo.
En este contexto general, es de mencionar que el importante tema de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, que ahora nos ocupa nuevamente, se trató en sus inicios a nivel internacional tras incidentes como el desastre de “Khian Sea” en el cual “treinta millones de toneladas de cenizas tóxicas fueron arrojadas al mar, después de que países como Honduras y República Dominicana rechazaron el desembarco, o el de los buques noruegos que depositaron sustancias tóxicas en Guinea deteriorando la vegetación nativa”(9). Luego de casos como los mencionados anteriormente, en los que los desechos tóxicos o peligrosos no han sido manejados ni eliminados de forma racional, generando consecuencias graves para la salud humana y el medio ambiente, de manera que varios países afectados han decidido adoptar medidas para controlar este tipo de movimientos transfronterizos e ingresos de este tipo de elementos a sus naciones.
En Colombia se analizó y consagró a nivel superior este tema en particular a través del artículo 81 C.P. en el que se consagra que: “Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de los recursos genéticos y su utilización, de acuerdo con el interés nacional” (resalta la Sala).
Tras un análisis del artículo superior antes citado, la Corte ha establecido que existe una prohibición general de no introducir en el territorio nacional desechos o residuos tóxicos, nucleares o peligrosos, y que es el legislador quien debe determinar cuáles desechos peligrosos pueden manejarse apropiadamente, de manera que no se termine vulnerando algún derecho fundamental(10). A efectos de determinar el alcance del artículo 81 superior, esta corporación ha recurrido a las definiciones técnicas que se consagran en el Convenio de Basilea aprobado por la Ley 253 de 1996, que por ser de especial relevancia para el análisis de la enmienda que ahora se analiza, por tratarse precisamente de una modificación de este convenio, la Sala pasará a hacer referencia al mismo.
3.1.3. En síntesis y teniendo en cuenta lo anterior, es evidente para la Corte que la posibilidad del transporte o movilización transfronteriza de desechos tóxicos peligrosos por parte de los países desarrollados a naciones como Colombia, pone claramente en peligro no solo la salud de los ciudadanos, dada la peligrosidad que revisten estos elementos o productos, sino también la afectación grave del medio ambiente y de la diversidad biológica, razón por la cual es competencia del legislador la creación de normas que regulen este tipo de acciones. En igual sentido, el Estado se encuentra plenamente facultado por la Constitución para suscribir o adherir a tratados, convenios, acuerdos, protocolos o enmiendas que traten sobre la regulación y control de movimientos transfronterizos de este tipo de desechos, en el marco de las normas constitucionales sobre la materia que consagran la garantía y protección de la salud y el medio ambiente, como derechos fundamentales de las personas en conexidad con el derecho fundamental a la vida digna.
3.2. El Convenio de Basilea.
En Sentencia C-377 de 1996, esta corporación revisó y encontró ajustado a la Constitución el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, celebrado en Basilea el 22 de marzo de 1989, y la Ley 253 de 1996 aprobatoria del mismo.
En el preámbulo de este convenio se recogen las motivaciones que justifican la adopción de normas que los Estados deben acatar para el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Estas finalidades hacen relación a la necesidad de (i) evitar y disminuir los graves daños que ocasionan a la salud y al medio ambiente la producción, movimientos transfronterizos, eliminación y reutilización de los desechos tóxicos peligrosos; (ii) desarrollar y aplicar tecnologías para la protección del medio ambiente y la salud frente a la producción, manejo, eliminación y movimientos transfronterizos de desechos tóxicos peligrosos; (iii) controlar y regular la permisión excepcional de los movimientos transfronterizos de los desechos tóxicos; (iv) reconocer la posición de vulnerabilidad de países en desarrollo frente a los países industrializados respecto de la producción, manejo, eliminación y movimientos transfronterizos de los desechos tóxicos peligrosos; (v) adoptar medidas para evitar el tráfico ilícito y los movimientos transfronterizos ilegales de desechos tóxicos peligrosos; y (vi) reconocer la soberanía de los Estados para el manejo del tema de manejo de desechos tóxicos peligrosos(11).
En el Convenio de Basilea se señala claramente la naturaleza de los desechos que pueden ser objeto de movimientos transfronterizos. En el mismo se adoptan regulaciones y mecanismos operativos de diferente índole con el fin de controlar dicha movilización, así como la eliminación de los desechos peligrosos (anexo I del convenio), y los otros desechos (anexo II del convenio), además de los desechos que los Estados Partes consideran como tales según su legislación interna(12).
En el desarrollo del articulado están determinadas las obligaciones generales de los Estados que hacen parte del Convenio de Basilea y las medidas a adoptar cuando hay movilización transfronteriza de los desechos enumerados en los anexos I y II para que no se ponga en riesgo la salud de los ciudadanos y así mismo proteger el medio ambiente(13).
(iv) Autoridad competente: se define como la autoridad gubernamental designada por una parte para recibir, en la zona geográfica que la parte considere conveniente, la notificación de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, así como cualquier información al respecto, y para responder a esa notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º.
(v) Punto de contacto: se entiende como el organismo de una parte a que se refiere el artículo 5º encargado de recibir y proporcionar información atinente al movimiento transfronterizo de desechos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 15.
Este tribunal puso de relieve y desarrolló en detalle el fundamento constitucional del Convenio de Basilea a partir de las normas constitucionales de orden superior, entre otras, los artículos 7º, 8º, 11, 49, 58, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 87, 88, 90, 95-8, 215, 226, 267, 277-4, 289, 300-2, 313-7-9, 333, 334, y 360 de la Constitución Política.
Este conjunto de disposiciones constitucionales señaladas en el párrafo anterior constituye la base normativa superior a partir de la cual la jurisprudencia constitucional ha desarrollado y consolidado una posición sistemática y pacífica respecto de la protección del medio ambiente y de la salud frente a los peligros que implica la generación o producción, movilización transfronteriza, manejo y eliminación de desechos tóxicos y peligrosos, y la consecuente determinación de las obligaciones del Estado para ajustar el marco jurídico-legal interno recopilando los deberes y obligaciones del gobierno y de los particulares para el manejo, preservación, conservación, sustitución y restauración del ambiente, al igual que las normas para el desarrollo de la política y la gestión ambiental.
Adicionalmente, este tribunal en el estudio del Convenio de Basilea resaltó que el constituyente de 1991 estableció en el artículo 226 “el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. Lo anterior, ante la necesidad de usar instrumentos de derecho internacional con el fin de reglamentar las situaciones jurídicas tuvieran lugar frente al tema de los recursos naturales compartidos y su manejo, al igual que el deterioro del medio ambiente(14).
En el mismo sentido, haciendo eco del artículo 81 de la Constitución Política que prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos, y tras un estudio profundo del artículo 6º del Convenio de Basilea, señaló que de conformidad con esta disposición los países pueden abstenerse de permitir el transporte en su territorio de materiales peligrosos cuando en dicho Estado sus leyes lo prohíben como efectivamente ocurre con la Carta Política colombiana en el artículo 81 C.P. ya mencionado. Igualmente, la Corte se pronunció en relación con lo dispuesto por el artículo 26 del convenio respecto del cual se indicó que “se pueden formular declaraciones o manifestaciones, con el objetivo, entre otros, de armonizar su ordenamiento jurídico con las disposiciones del convenio, a condición de que no se interprete que aquellas excluyen o modifican sus efectos jurídicos y su aplicación en Colombia”(15). En este sentido, señaló que para adherirse al convenio Colombia debía formular una manifestación o declaración en relación al artículo 81 superior, lo cual no afectaba la normatividad y aplicación del convenio ya que en la norma no se prohíbe la importación general de desechos, ni que Colombia pueda ser exportadora de desechos.
En punto a este tema la Corte expuso: “Dado que la norma constitucional antes transcrita (C.P., art. 81) perentoriamente prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos o residuos nucleares, estima la Corte que Colombia, ante la imposibilidad de formular reservas, solo puede adherirse al convenio, formulando una declaración o manifestación en el sentido de que el artículo 81 de la Constitución prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos, acogiéndose a lo que dispone el artículo 26 del convenio, según el cual, se pueden formular declaraciones o manifestaciones, con el objetivo, entre otros, de armonizar su ordenamiento jurídico con las disposiciones del convenio, a condición de que no se interprete que aquellas excluyen o modifican sus efectos jurídicos y su aplicación en Colombia.
Es obvio, que la referida manifestación o declaración no afecta la normatividad del convenio y su aplicación, porque si bien la Constitución prohíbe la introducción al país de residuos nucleares y desechos tóxicos, no prohíbe de modo general la introducción de desechos ni tampoco que Colombia pueda ser exportador de desechos. Además, la referida prohibición no impide que de hecho e ilícitamente se introduzcan a su territorio los referidos desechos”(16) (resalta la Sala).
Igualmente, indicó esta corporación que la prohibición del artículo 81 C.P. no menciona la importación de otro tipo de desechos denominados peligrosos de manera lícita, por eso se recurre a las definiciones técnicas que hay en el Convenio de Basilea, hoy Ley 253 de 1996, en donde se precisan cuáles son este tipo de desechos(17). Lo anterior, no implica que a Colombia puedan ingresar todo tipo de desechos peligrosos, ya que solo pueden ingresar los que puedan manejarse en el país y que “no lesione el medio ambiente ni atente contra la salud humana, la integridad física y la vida de los habitantes, o cualquier otro derecho fundamental”(18).
3.3. El Protocolo de Basilea.
A partir del análisis de los 33 artículos del protocolo consideró la corporación que los objetivos perseguidos por el protocolo se encontraban en plena armonía con las finalidades constitucionales previstas por el artículo 2º C.P., que hacen relación a la “efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la defensa de la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica y de la vigencia de un orden justo, así como con el deber de protección de la vida y libertad de todos las personas residentes en Colombia”. En este sentido, evidenció que este instrumento internacional constituía un claro desarrollo del Convenio de Basilea de 1989 sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, y que su teleología se encaminaba a la búsqueda del establecimiento de un régimen global de responsabilidad por los daños ambientales que se generen por estas causas, todo lo cual “armoniza igualmente con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía nacional y de reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia (C.P., art. 9º)”.
En este orden de ideas, la Corte sostuvo que las cláusulas del protocolo eran compatibles con los compromisos adquiridos por Colombia tanto a nivel bilateral, regional como multilateral en el manejo de desechos tóxicos o peligrosos, y en el establecimiento de la responsabilidad y la indemnización ocasionados por la generación, producción, manejo, movimiento y eliminación de estas sustancias. Finalmente consideró este tribunal que el protocolo era igualmente respetuoso de la soberanía nacional, presupuesto esencial para toda suscripción de tratado internacional, en razón a que “... las reglas para la determinación de la responsabilidad por daños, dejan a salvo expresamente las competencias nacionales sobre sus aguas territoriales, sobre zonas en las cuales ejerzan jurisdicción las autoridades nacionales, así como los derechos del Estado colombiano sobre sus zonas económicas exclusivas y sobre su plataforma continental”(19).
Por todo lo anterior, la Corte encontró ajustado el protocolo a la normatividad constitucional, en razón a que este respeta la soberanía de los Estados y se enmarca dentro del reconocimiento de los principios del derecho internacional(20) y por lo tanto no encontró que hubiera pie a declarar la inconstitucional de ninguno de sus artículos. En consecuencia, concluyó que el Protocolo de Basilea y la Ley 945 de 2005 aprobatoria del mismo se encontraban acordes con la Constitución Política de 1991.
3.4. Análisis constitucional de las disposiciones contenidas en la enmienda al Convenio de Basilea.
En relación con el contenido normativo de la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, la Sala concluye que este es plenamente constitucional por las siguientes razones:
3.4.1. La enmienda señala, en primer lugar, que se inserta un parágrafo en el preámbulo del convenio que dice:
Por tanto, para la Sala el aporte o contribución de la enmienda al preámbulo es plenamente constitucional puesto que manifiesta la preocupación en relación con que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un alto riesgo de no constituir el manejo ambientalmente racional y eficiente de los desechos peligrosos que se perceptúa en el Convenio de Basilea, lo cual está de acuerdo con la protección de los derechos fundamentales a la vida —C.P., art. 11—; el derecho a la salud y el saneamiento ambiental —C.P., art. 49—; la prohibición de la introducción al país de desechos tóxicos, nucleares o peligrosos —C.P., art. 81—; entre las normas superiores más relevantes.
3.4.2. La enmienda que ahora se analiza dispone en segundo lugar que se inserta un nuevo artículo 4A en el Convenio de Basilea el cual contiene tres numerales o enunciados normativos diferentes, así:
“1. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos que estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV A, hacia los Estados no enumerados en el anexo VII”.
“2. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá interrumpir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 y prohibir desde esa fecha en adelante todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos contemplados en el apartado a) del inciso y) del artículo 1º del convenio que estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV B hacia los Estados no enumerados en el anexo VII. Dicho movimiento transfronterizo solo quedará prohibido si los desechos de que se trata han sido caracterizados como peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el convenio”.
En este sentido, la corporación observa que en el artículo 4A adicionado por la enmienda se hace relación a las partes enumeradas en el anexo VII, a las cuales se les prohíbe realizar movimientos transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos que estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV hacia los Estados que no se enumeran en el anexo VII. Adicionalmente, se dispone que las partes que se indican en el anexo VII deben interrumpir y prohibir desde el 31 de diciembre de 1997 en adelante todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos señalados claramente por el convenio hacia los Estados no enumerados en dicho anexo VII. El alcance normativo de esta enmienda se pasará a analizar en detalle a continuación:
3.4.2.1. En el numeral 1º de la enmienda al artículo 4A del convenio se determina que las partes del Convenio de Basilea que se encuentran enumeradas en el anexo VII deben prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos tóxicos o peligrosos hacia los Estados que no están enumerados en el anexo VII, cuando dichos desechos estén destinados a las operaciones que se determinan en el anexo IV A del Convenio de Basilea.
(i) El contenido del anexo VII determina las “Partes y otros Estados que son miembros de la OCDE, y de la CE, y Liechtenstein”.
Es de mencionar que de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE(21), hacen parte países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile. Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía.
La OCDE tiene colaboración con países clave como Brasil, China, Indonesia y Sudáfrica. Colabora con otros 60 países. La Unión Europea está considerada como una organización participante.
De otra parte, la UE(22) está conformada por países como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, y Suecia.
(ii) El anexo IV A del Convenio de Basilea, mencionado en el numeral 1º del artículo 4A de la enmienda, hace relación a las “Operaciones de eliminación”, estableciendo las “A. Operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros usos.
La sección A abarca todas las operaciones de eliminación que se realizan en la práctica”.
“D1. Depósito dentro o sobre la tierra (por ejemplo, rellenos, etc.). D2. Tratamiento de la tierra (por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos en suelos, etc.).
D2. Inyección profunda (por ejemplo, inyección de desperdicios bombeables en pozos, domos de sal, fallas geológicas naturales, etc.).
D3. Embalse superficial (por ejemplo, vertido de desperdicios líquidos o fangosos en pozos, estanques, lagunas, etc.).
D4. Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertido en compartimientos estancos separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente, etc.).
D5. Vertidos en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos.
D6. Vertido en mares y océanos, inclusive la inserción en el lecho marino.
D7. Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar o compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.
D8. Tratamiento físico-químico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A (por ejemplo, evaporación, secado calcinación, neutralización, precipitación, etc.).
D9. Incineración en la tierra.
D10. Incineración en el mar.
D11. Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
D12. Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.
D13. Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.
D14. Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A”.
Afganistán, Albania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Botswana, Bosnia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Congo, Corea del Norte, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Dubai, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guam, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Hong Kong, Holanda, India, Irak, Irán, Islas Caimán, Islas Marshall, Islas Pitcairn, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kósovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marianas del Norte, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Micronesia, Mónaco, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar (antes Birmania), Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Orden de Malta, Pakistán, Palestina, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo (antiguo Zaire), República Dominicana, Ruanda, Sáhara Occidental, Saint Kitts-Nevis, Samoa Americana, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka (antes Ceilán), Sudán, Suazilandia, Tailandia, Taiwáno Formosa (República Nacionalista China), Tanzania, Tayikistán, Tíbet (actualmente bajo soberanía China), Timor Oriental(antiguamente ocupado por Indonesia), Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbequistán, Vanuatu, Vaticano, Venezuela, Vietnam, Wallis y Futuna, Yemen, Yibuti, Zambia, Zaire, Zimbabue, entro otros.
(iv) De conformidad con lo anterior, la Corte colige que el contenido normativo del numeral 1º de la enmienda al artículo 4A del Convenio de Basilea lo que está ordenando es que las partes del convenio que se encuentran enumeradas en anexo VII, esto es los Estados Partes suscriptores del convenio, los países miembros de la OCDE y de la CE (que se mencionan en el aparte (a) de esta sección), deben prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos tóxicos o peligrosos hacia los Estados que no están enumerados en el anexo VII, esto es, hacia los países “en vías de desarrollo” (que se enumeran en el aparte (c ) de esta sección). Lo anterior, cuando dichos desechos estén destinados a las operaciones que se determinan en el anexo IV A del Convenio de Basilea, esto es, cuando se trate de desechos que deben eliminarse y no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros usos (tal y como se enumera en el apartado (b) de esta sección).
3.4.2.2. Adicionalmente, en el numeral 2º del artículo 4A de la enmienda al Convenio de Basilea se dispone que las partes enumeradas en el anexo VII del Convenio de Basilea deberán interrumpir gradualmente y prohibir todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, que se encuentran contemplados en el apartado a) del inciso y) del artículo 1º del Convenio de Basilea, los cuales estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV B hacia los Estados no enumerados en el anexo VII, fijando para ello un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 1997. Igualmente consagra el numeral 2º de la enmienda al artículo 4A del Convenio de Basilea que los movimientos transfronterizos a los que se ha hecho mención solo quedarán prohibidos si los desechos de que se trata han sido caracterizados como peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el convenio.
Para determinar el alcance normativo de esta disposición es necesario hacer mención del artículo 1º del Convenio de Basilea en su apartado a) del inciso y), y del anexo IVB del convenio, y a los desechos que son considerados como peligrosos por el Convenio de Basilea.
El artículo 1º del Convenio de Basilea dispone:
1. Serán “desechos peligrosos” a los efectos del presente convenio los siguientes desechos que sean objeto de movimientos transfronterizos:
a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el anexo III; y
b) Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito.
2. Los desechos que pertenezca a cualesquiera de las categorías contenidas en el anexo II y que sean objeto de movimientos transfronterizos serán considerados “otros desechos” a los efectos del presente convenio”.
(ii) De conformidad con el numeral a) del artículo 1º del Convenio de Basilea, al cual se remite la enmienda del artículo 4A del convenio, los desechos peligrosos prohibidos para su movilización transfronteriza entre los países partes, de la OCDE o de la Unión Europea y los países excluidos de esta enumeración contenida en el anexo VII, son los que se encuentran categorizados en el anexo I del Convenio de Basilea dedicado a la “clasificación de residuos peligrosos”, entre los cuales dicho anexo determina:
“Y1. Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas.
Y7. Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple.
Y9. Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
Y10. Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).
Y13. Desechos resultantes de la producción y utilización de resinas, látex, plastificantes, colas y adhesivos.
Y32. Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico.
Y40. Éteres.
Y44. Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas”.
(iii) Igualmente establece el literal a) del artículo 1º del Convenio de Basilea que son desechos tóxicos peligrosos los anteriormente citados relacionados en el anexo I del convenio, a menos que no tengan las características descritas por el anexo III. Efectivamente el anexo III que a continuación se cita, trae la lista de las características peligrosas de los residuos o desechos que quedan prohibidos.
Explosivos por sustancia explosiva o desecho. Se entiende toda sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de sustancias o desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona circundante.
Líquidos inflamables. Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos, o mezclas de líquidos, o líquidos con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc. pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60.5ºC, en ensayos con cubeta abierta (como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada no son estrictamente comparables, e incluso los resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la reglamentación que se apartara de las cifras antes mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta definición).
Sólidos inflamables. Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción.
Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea. Se trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces encenderse.
Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables. Sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.
Oxidantes. Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales.
Peróxidos orgánicos. Las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente -O-O- son sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica.
Tóxicos (venenos) agudos. Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.
Sustancias infecciosas. Sustancias o desechos que contiene microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.
Corrosivos. Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que tocan, o que en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruir, otras mercaderías o los medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros.
Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas.
Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos). Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.
Ecotóxicos. Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.
Los peligros que pueden entrañar ciertos tipos de desechos no se conocen plenamente todavía; no existen pruebas para hacer una apreciación cuantitativa de esos peligros. Es preciso realizar investigaciones más profundas a fin de elaborar medios de caracterizar los peligros potenciales que tienen estos desechos para el ser humano o el medio ambiente. Se han elaborado pruebas normalizadas con respecto a sustancias y materiales puros. Muchos Estados han elaborado pruebas nacionales que pueden aplicarse a los materiales enumerados en elanexo I, a fin de decidir si estos materiales muestran algunas de las características descritas en el presente anexo”.
(iv) Las operaciones previstas con desechos peligrosos prohibidos por la enmienda a las que se refiere el numeral 2º del artículo 4A se encuentran descritas en el anexo IV B, las cuales hacen relación a “B. Operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa y otros usos.
La sección B comprende todas las operaciones con respecto a materiales que son considerados o definidos jurídicamente como desechos peligrosos y que de otro modo habrían sido destinados a una de las operaciones indicadas en la sección A”.
“R1. Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros medios de generar energía.
R11. Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R10.
R12. Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R11.
R13. Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección B”.
(v) En síntesis, el numeral 2º del artículo 4A de la enmienda que ahora se estudia y que modifica el artículo 4A del Convenio de Basilea, dispone (1) que las partes enumeradas en el anexo VII, que son los Estados que suscribieron el convenio, los países miembros de la OCDE y de la Unión Europea, citados anteriormente; (2) deberán interrumpir gradualmente en un plazo máximo fijado para el 31 de diciembre de 1997, y prohibir todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; (3) desechos que se encuentran determinados por el apartado a) del artículo 1º del Convenio de Basilea, el cual hace referencia al listado contenido en los anexos I y III de dicho convenio (citados en el apartado a) de esta sección); (4) desechos que están destinados a las operaciones previstas en el anexo IV B (las cuales se mencionan en el numeral (b) de este apartado); (5) desechos que no podrán ser enviados hacia los Estados no enumerados en el anexo VII, esto es, aquellos que no son parte, países miembros de la OCDE o de la Unión Europea, es decir, son todos países en “vías de desarrollo” (tal como quedó mencionado en el numeral (c ) del apartado anterior).
De otra parte, dispone el numeral 2º del artículo 4A de la enmienda al Convenio de Basilea, que la prohibición de los movimientos transfronterizos a los que se ha hecho mención será válida si dichos desechos han sido caracterizados como peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el convenio.
3.4.2.3. Finalmente, el numeral 3º de la enmienda al artículo 4A del Convenio de Basilea se refiere al anexo VII, en el cual no se modifica el contenido ni espíritu del Convenio de Basilea, ya que solo se indican nuevamente los miembros que hacen parte del tratado internacional, es decir los países entre los cuales rige este convenio para el movimiento de desechos peligrosos.
3.4.2.4. En conclusión, para la Sala estos tres numerales de la enmienda que adicionan el artículo 4A del Convenio de Basilea son plenamente constitucionales, por cuanto no solo no presentan ninguna objeción de orden constitucional, sino que por el contrario son el desarrollo de un conjunto de normas de orden superior, ya que lo que buscan es hacer más riguroso el control y regulación que pretende llevarse a cabo con el Convenio de Basilea, en cuanto a la prohibición de movilizar o exportar desechos tóxicos o peligros por parte de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, con el fin de proteger la vida, la salud y el medio ambiente de estos países.
En este sentido, la Corte encuentra que los tres numerales de esta enmienda del convenio que adicionan el artículo 4A, se encuentran en armonía, como también lo está el propio Convenio de Basilea, con las normas constitucionales contenidas en el artículo 7º C.P. sobre el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural; el artículo 8º constitucional respecto de la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; la disposición 11 superior que consagra el derecho a la vida; la norma 49 de la Carta en relación con el reconocimiento como servicios públicos a cargo del Estado, la atención a la salud y al saneamiento ambiental; el artículo 58 C.P. sobre la función ecológica inherente a la función social de la propiedad; la disposición 63 superior sobre parques naturales y otros bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables; el artículo 66 C.P. respecto de los créditos agropecuarios como instrumento para superar cualquier calamidad ambiental; la norma 67 superior que consagra la educación como instrumento para lograr y asegurar la protección del ambiente; el artículo 72 C.P. sobre patrimonio cultural de la Nación; la disposición 79 constitucional sobre el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente; el artículo 80 de la Carta sobre planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales acorde con la filosofía de la idea del desarrollo sostenible para asegurar su conservación, restauración, sustitución, prevención de los factores de deterioro ambiental, y exigencia de responsabilidad por los daños causados; la norma 81 superior respecto de la prohibición de la fabricación, importación e introducción al país de ciertos bienes considerados nocivos para el ambiente y protección de los recursos genéticos; los artículos 87 y 88 C.P. relativos a la acción de cumplimiento y acciones populares en defensa del ambiente; el artículo 90 superior sobre responsabilidad estatal por el daño antijurídico; el artículo Constitucional 95-8 relativo al deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; el artículo 215 C.P. sobre el estado de emergencia derivado de la perturbación o amenaza del orden ecológico; el artículo 226 superior respecto a la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; el artículo 267 de la Carta sobre valoración de los costos ambientales como parte del ejercicio del control financiero de gestión y de resultados que comprende la vigilancia de la gestión fiscal del Estado; el artículo 277-4 constitucional respecto a la defensa del ambiente por parte de la Procuraduría General de la Nación; el artículo 289 C.P. en relación con programas de cooperación e integración de zonas fronterizas para la protección ambiental; los artículos superiores 300-2 y 313-7-9 sobre funciones de las asambleas y de los concejos municipales en materia ambiental; el artículo 333 C.P. acerca de la delimitación por el legislador del alcance de la libertad económica por razones de orden ambiental; el artículo 334 constitucional sobre el intervencionismo estatal para el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación de un ambiente sano; la disposición 360 superior en relación con la facultad del legislador para regular las condiciones en la explotación de los recursos naturales.
En particular, este tribunal colige que la adición al Convenio de Basilea que prevé la enmienda se aplica plenamente a Colombia por partida doble: de una parte, ya que Colombia hace parte de los Estados miembros del Convenio de Basilea, lo cual implica, que de conformidad con el texto normativo de la enmienda, Colombia queda obligada por la prohibición consagrada en esta adición al convenio, en el sentido de no poder llevar a cabo movimientos transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos hacia que no hagan parte del convenio o países en vías de desarrollo. De otra parte, la enmienda tiene aplicación también para Colombia en el sentido de quedar cobijada igualmente por la prohibición de movimientos transfronterizos de desechos tóxicos o peligrosos de países en vías de desarrollo hacia Colombia, ya que es de resaltar de que en virtud de la suscripción y aprobación del Convenio de Basilea, Colombia expresó una declaración interpretativa en relación con el artículo 81 de la Constitución Política en cuanto a la armonización de este mandato superior con el convenio de manera que puede evitar o rechazar la entrada de desechos tóxicos o peligrosos o abstenerse de recibirlos en el país.
En consecuencia, la Corte considera que esta enmienda se encuentra en especial consonancia y armonía con lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Política que dispone: “Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.
Finalmente, es de mencionar que en criterio de esta corporación el contenido de esta enmienda respeta las normas superiores que rigen la suscripción de tratados internacionales por parte de Colombia, esto es, la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (C.P., arts. 150.16, 226 y 227); la internacionalización del país, así como los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., arts. 226 y 227), y con ella se contribuye al desarrollo de la integración internacional que comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas del país (C.P., art. 226).
En relación con el examen material de la enmienda, la Sala resalta que esta enmienda complementa el Convenio de Basilea en cuanto consagra una prohibición expresa y con ello hace mucho más riguroso el control y regulación respecto de movimientos transfronterizos de desechos tóxicos, nucleares o peligrosos generados por países desarrollados hacia países en vías de desarrollo, lo cual se encuentra en especial armonía con lo consagrado por el artículo 81 C.P.
De esta manera, la Corte concluye la constitucionalidad en relación a la Ley 1623 de 2013 y la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995, porque su objetivo central es la protección de la vida, la salud y el medio ambiente a través de acuerdos entre los países para que el manejo y eliminación que se haga de los desechos tóxicos o peligrosos, cuando estos se movilicen a través de varios países, con el fin de que se realice un manejo adecuado, racional y eficiente de los mencionados desechos, y se respete a los países en vías de desarrollo que no hacen parte del Convenio de Basilea y, por lo tanto, no se realicen este tipo de movimientos transfronterizos de desechos o residuos hacia países o naciones en vías de desarrollo que no estén incluidas en el anexo VII del Convenio de Basilea, al que hace reiterada referencia la presente enmienda. Lo anterior, desarrolla el principio y mandato constitucional relativo a la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, igualmente al derecho a la protección de la diversidad biológica, la necesidad de proteger los derechos al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de Colombia.
1. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1623 de 2013, por medio de la cual se aprueba la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995
2. Declarar EXEQUIBLE la “enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada por la tercera reunión de la conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
(1) Al respecto consultar las sentencias C-002 de 1996, C-1145 de 2001, C-276 de 2006, y C-223 de 2013.
(2) Sentencia C-002 de 1996, reiterado en Sentencia C-223 de 2013.
(3) Sentencia C-1145 de 2001, reiterado en Sentencia C-223 de 2013.
(5) Artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, numeral 16: “Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias”.
(6) Al respecto la Sentencia T-453 de 1998.
(7) Ver Sentencia C-071 de 2003.
(8) Sentencia C-071 de 2003.
(9) Sentencia C-771 de 1998.
(10) Consultar Sentencia C-771 de 1998.
(11) Consultar al respecto la Sentencia C-377 de 1996.
(12) Ver Sentencia C-377 de 1996.
(13) En el Convenio de Basilea y en la Sentencia C-377 de 1996 están enumerados y reseñadas estas obligaciones así: “i. Comunicar a las demás partes la decisión de prohibir la importación de desechos peligrosos u otros desechos para su eliminación. Así mismo, las partes no permitirán la exportación de desechos a las partes que hayan prohibido la importación de estos, cuando dicha prohibición se les haya comunicado como lo exige el convenio, de conformidad con su artículo 1º, o en el evento en que el Estado de importación no de su consentimiento por escrito a la importación de que se trate, siempre que dicho Estado de importación no haya prohibido la importación de tales desechos.
No obstante, las partes tomarán las medidas apropiadas para que solo se permita el movimiento transfronterizo de desechos, cuando: 1. El Estado de exportación no dispone de la capacidad técnica ni de los servicios requeridos o de lugares de eliminación adecuados a fin de eliminar los desechos de que se trate de manera ambientalmente racional y eficiente; 2. Los desechos de que se trate son necesarios como materias primas para la industria de reciclado o recuperación en el Estado de importación; 3. El movimiento transfronterizo de que se trate se efectúa de conformidad con otros criterios acordados por las partes, en cuanto no contradigan los objetivos del convenio.
ii. Tomar las medidas apropiadas para: 1. Reducir al mínimo la generación y los movimientos transfronterizos de los desechos, con base en criterios de orden socioeconómico y tecnológico; 2. Disponer de instalaciones adecuadas para la eliminación de desechos; 3. Adoptar precauciones para el manejo o movimientos transfronterizos de los desechos de modo que se impida la contaminación o se eliminen o reduzcan las consecuencias de la misma y se proteja el ambiente, y 4. Exigir que se proporcione información a los Estados interesados sobre los movimientos transfronterizos de los desechos y específicamente para que se declaren los efectos de estos sobre la salud humana y el ambiente.
iii. Estudiar periódicamente las posibilidades de reducir la cantidad y/o potencial de contaminación de los desechos que se exporten a otros Estados, en particular a países en desarrollo; suministrar prontamente la información que le sea requerida con miras a proveer el manejo adecuado de los desechos; cooperar en la vigilancia de los efectos que estos desechos originan y en el diseño de nuevas tecnologías que reduzcan su generación, y prohibir a las personas sometidas a su jurisdicción nacional el transporte o la eliminación de los mencionados desechos, a menos que estas estén autorizadas o habilitadas para realizar ese tipo de operaciones.
b) En el artículo 5º se establece la obligación para las partes de designar a las autoridades competentes y del punto de contacto, requeridos para la aplicación del convenio, entre ellas, las que habrán de recibir las notificaciones en el evento de que se trate simplemente del tránsito de los desechos.
c) En el artículo 6º se prevén las condiciones que deben ser observadas cuando se produzcan los movimientos transfronterizos de los desechos, como por ejemplo, efectuarlos a través de personas autorizadas por los Estados Partes para hacer esas operaciones, realizar el correspondiente embalaje, etiquetamiento y transporte de conformidad con las respectivas normas internacionales.
d) El artículo 8º impone la obligación de reimportar los desechos cuando los Estados interesados han dado su consentimiento para un movimiento transfronterizo, según los términos del convenio, y dicho movimiento no se pueda llevar a término en las condiciones acordadas, el Estado de exportación velará porque los desechos sean devueltos al Estado de exportación por el exportador, si no es posible su eliminación en las condiciones que en dicha norma se prevén. Agrega, que ni el Estado de tránsito ni el Estado de exportación se opondrán ni obstaculizarán la devolución de los desechos al Estado de exportación.
e) El artículo 13 del convenio impone a las partes la obligación de informar oportunamente a los Estados interesados de la ocurrencia de accidentes provocados por el transporte de residuos peligrosos o durante su proceso de eliminación, cuando representen algún riesgo para la salud humana o el ambiente. También la de informar a los demás partes, por conducto de la secretaría, de diferentes sucesos y actuaciones atinentes a los movimientos de desechos, entre otros, de los cambios relativos a la designación de las autoridades competentes y/o los puntos de contacto y a la definición nacional de desechos peligrosos”.
(14) Ver Sentencia C-377 de 1996.
(17) Desechos peligrosos: Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el anexo III; y los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito” (art. 1º).
En el anexo I se describen los desechos que hay que controlar y en el anexo III se señalan las sustancias o elementos con características peligrosas (en estas listas se fijan criterios amplios y flexibles para calificar los desechos como peligrosos)[1]. De acuerdo con los listados, los desechos tóxicos son tan solo una especie de los desechos peligrosos. Baste señalar, por ejemplo, que de acuerdo con el anexo III las sustancias explosivas, los líquidos y sólidos inflamables, los oxidantes, entre otros, si bien son considerados como desechos peligrosos, no tienen características tóxicas[1].
La toxicidad, según el convenio, puede ser aguda o con efectos retardatarios o crónicos. Los tóxicos (venenos) agudos son “sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel” (anexo III numeral 6.1). Los tóxicos con efecto retardatario o crónico son aquellas “sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia” (anexo III numeral 9º). También existen sustancias o desechos llamados ecotóxicos que se caracterizan por que “si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos”, y los que liberan gases tóxicos por contacto con el aire o el agua que corresponde a “sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas” (anexo III numeral 9º).
(18) Sentencia C-359 de 1996.
(19) Sentencia C-1151 de 2005.
(20) “Las cláusulas de este protocolo se ajustan a la normatividad constitucional que propende la preservación del equilibrio ecológico (C.P., arts. 8º, 58, 79, 80, 81 y 95-8), respeta la soberanía de los Estados y las reglas de responsabilidad por los daños que puedan causarse. Además, el contenido del protocolo se enmarca dentro del reconocimiento de los principios del derecho internacional (C.P., art. 9º), el derecho a la vida (C.P., art. 11), protección a la salud (C.P., art. 49), función ecológica de la propiedad (art. 58) y demás derechos colectivos consagrados en capítulo 3 del título II de la Carta Política, entre los que está el derecho a gozar de un ambiente sano”. Sentencia C-1151 de 2005.
(21) Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajan para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Meden(sic) la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizan y comparan datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijan estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas (literal de la página de la OCDE).
(22) La UE es una asociación económica y política singular de 28 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumentase la interdependencia económica de los países que comerciaban entre sí, disminuirían las posibilidades de conflicto entre ellos. El resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial (literal de la página de la CE).

References: artículo 1
 artículo 241
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 157
 artículo 8
 artículo 161
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 133
 artículo 130
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 83
 artículo 162
 artículo 157
 artículo 241
 artículo 79
 artículo 80
 artículo 8
 artículo 79
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 226
 artículo 81
 artículo 6
 artículo 81
 artículo 26
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 26
 artículo 81
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 58
 artículo 66
 artículo 72
 artículo 80
 artículo 90
 artículo 215
 artículo 226
 artículo 267
 artículo 277
 artículo 289
 artículo 333
 artículo 334
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 13