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Timestamp: 2016-10-22 16:02:27+00:00

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EL”PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO”, PRINCIPAL NOVEDAD DE LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO COMÚN ADMINISTRATIVO | Lealtadis Abogados
EL”PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO”, PRINCIPAL NOVEDAD DE LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO COMÚN ADMINISTRATIVO 15 julio, 2016 | 0
EL”PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO”, PRINCIPAL NOVEDAD DE LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO COMÚN ADMINISTRATIVO
El 2 de octubre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor el próximo 2 de octubre de 2016.
De un primer análisis de la referida norma, se desprende que la pretensión principal que persigue el legislador, radica en regular las relaciones externas que entre la Administración y los ciudadanos puedan acontecer, pero ahora desde un prisma telemático, en el que se pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, en la que la mejora de la agilidad de la tramitación de los procedimientos, se presenta como su principal justificación de la derogación que supone para su predecesora, la Ley 30/1992 que durante más de veinte años, y a entender del que suscribe, cuanto menos cumplió con la función para la que fue concebida.
En la redacción del artículo 36 de la nueva norma, se advierte que el expediente administrativo a partir de su entrada en vigor, será un expediente electrónico, en la que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
De esta forma, la búsqueda decidida de esta nueva norma por la simplificación de la tramitación, se refleja en dos novedades fundamentales que se recogen en los siguientes preceptos:
-Artículos 28 y 53 LPA. Los Administrados no estarán obligados a la presentación de documentos originales, y sólo se exigirán éstos, cuando excepcionalmente la normativa reguladora aplicable así lo exija o bien la Administración no pudiera recabar los documentos. Se recoge de igual manera el derecho que ostenta el ciudadano a no presentar datos y documentos que no hayan sido exigidos por las normas aplicables al procedimiento del que se trate, y que ya se encontrara en poder de las distintas Administraciones Públicas o bien que hubieran sido elaborados por cualquiera de éstas. Así y en garantía de defensa del administrado, la propia ley advierte que se eximirá al ciudadano del deber de la aportación de documentos que hubieran sido emitidos por cualquier Administración, en el caso que diera su consentimiento el propio ciudadano, para que sean consultados o recabados los referidos documentos.
Por lo tanto, habrá que tener en cuenta en este sentido, que si no se expresa manifiestamente por el administrado su oposición a la consulta u obtención de documentos, se presumirá en cualquier caso que la autorización ha sido otorgada, a no ser que la ley sectorial de aplicación obligue al consentimiento expreso para tal fin.
-El Artículo 96 LPA, se presenta como otra novedad, posibilitando la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, que podrá acordarse de oficio por la Administración, siempre y cuando no exista oposición expresa del interesado.
Pero además de la novedad de estos derechos, fruto de las aplicaciones telemáticas que se prevén con la llegada del expediente electrónico, como no podía ser de otro modo, surgen de igual manera, una serie de obligaciones que deberán de ejercerse por el administrado en su relación con la Administración a través de los medios electrónicos, y que fundamentalmente son:
-Que las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, deberán de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de los medios electrónicos señalados en la propia ley.
– Que de igual manera, por quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera, colegiación obligatoria para la realización de los trámites y actuaciones que realicen con las distintas Administraciones en ejercicio de dicha actividad profesional, deberán igualmente de utilizarse los medios telemáticos a la entrada en vigor de la futura ley.
-Que de igual modo, deberán de relacionarse telemáticamente con la Administración quienes representen a un interesado que estuviera obligado a relacionarse electrónicamente.
-Así como los empleados de las Administraciones Públicas, para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración.
-Solamente las personas físicas, conforme a lo preceptuado en el artículo 14 LPA, podrán elegir en cualquier momento si se comunican a través de instrumentos electrónicos o si por el contrario optan por los medios tradicionales, salvo que sean de las señaladas reglamentariamente como personas físicas obligadas a relacionarse a través de medios telemáticos.
La propia Ley, para la pretendida evolución telemática que prevé, establece cuales son los medios que deberán de ser garantizados por la propia Administración para garantizar el acceso a la relación jurídica tecnológica que implanta, para lo cual:
-Deberá de crearse un nuevo servicio consistente en la instauración de un Registro Electrónico General para cada Administración, cuya disposición de creación se publicará en el diario oficial correspondiente, identificándose en cada sede electrónica de acceso la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse con el mismo, y que además y al mismo tiempo deberá estar interconectado con las demás Administraciones Públicas.
-Deberán de crearse Registros Electrónicos de apoderamientos, cuya función será la de inscribir al menos aquellos apoderamientos que se hayan realizado apud acta, presencial o electrónicamente, por quienes detenten la condición de interesado en un procedimiento a favor de un representante para actuar en su nombre.
-Obligación por parte de la Administración, de la digitalización de todo documento presentado por el administrado presencialmente, para optimizar todas las novedades en la tramitación del expediente electrónico anteriormente señaladas.
-Creación de un sistema telemático de notificaciones art. 41 LPA, por el que no podrán en cualquier caso notificarse actos en los que se acompañe elementos que no fueran susceptibles de conversión en formato digital, o bien aquellas notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, como por ejemplo cheques.
Además en aquellos procedimientos que fueran iniciados a solicitud del administrado, la notificación se realizará por el medio que éste indicase, si bien aquellos interesados que no estuvieran obligados a recibir notificaciones electrónicas, por no estar obligados a la relación telemática, podrán comunicar a la Administración en cualquier momento y a través de los modelos prefijados que para tal fin se elaborarán, que las notificaciones se les realicen electrónicamente o por la via tradicional.
En cualquier caso, el administrado debe tener muy en cuenta, que si trasladase un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico para el envío de los avisos, informándole de la puesta a disposición de cualquier tipo de notificación en la sede electrónica de la Administración, la falta de práctica de este aviso, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
En el sistema telemático de notificaciones, se prevé conforme preceptúa el artículo 43 LPA que se notifique por comparecencia electrónica, es decir, supondrá el acceso por el administrado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación, teniéndose por la fecha de notificación, la del momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Deberá de tenerse igualmente muy en cuenta, que cuando la notificación electrónica, sea obligatoria, por realizarse a administrados obligados a la relación telemática con la Administración, o bien haya sido expresamente seleccionada por el administrado no obligado, se entenderá rechazada cuando transcurrieran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, acceso que se podrá realizar desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, puesto que el mismo funcionará como portal para tal fin.
Si finalmente la notificación resultase infructuosa, y conforme prevé el artículo 44 LPA, la Administración seguirá contando con la posibilidad de notificar por medio de anuncio publicado en el B.O.E.
Así mismo, y como otras principales novedades en su contenido nos encontramos con:
-Art. 1 y 2 LAP, la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones.
Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por la presente Ley.
-Asimismo, destaca la previsión de que sólo mediante Ley puedan establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta norma, pudiéndose concretar reglamentariamente ciertas especialidades del procedimiento referidas a la identificación de los órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
-Este presupuesto no afecta a los procedimientos adicionales o diferentes que están incluidos en las leyes especiales en vigor, ni a las precisiones que, en los reglamentos, se haya producido de los órganos competentes, los plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, las formas de iniciación y terminación, la publicación de los actos o los informes a recabar, que mantendrán sus efectos. De modo que cabe advertir, la vigencia del Anexo 2 al que remite la Disposición Adicional Vigésima Novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en el que se indican aquellos procedimientos que se excepcionan de la norma general del sentido positivo del silencio administrativo.
– Como cuestiones especiales, la nueva norma hace extensiva por vez primera la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho Administrativo a los grupos de afectados, o aquellas uniones y entidades sin personalidad jurídica, patrimonios autónomos, cuando así sea indicado de forma expresa por la propia Ley.
– Asimismo destaca como novedad, la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles.
– La tramitación simplificada también ostenta sus novedades, en cuanto al plazo máximo de resolución que será de treinta días. De manera que si en un procedimiento fuera necesario realizar cualquier otro trámite accesorio, habrá que seguir entonces el procedimiento ordinario. En aquellos procedimientos simplificados en los que fuera preceptivo el Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo equivalente, y éste dictaminase un argumento distinto al fondo de la propuesta de resolución, igualmente deberá seguirse el procedimiento ordinario, y lo que ello conlleva en cuanto a la vertebración de pruebas cuando así fueran solicitadas por los administrados.
– Novedades de esta Ley son también, las pretensiones para aumentar la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo, para lo que se propugna como principal instrumento la obligación de recabar opinión a los ciudadanos y entes empresariales con respecto a los conflictos o problemáticas que se pretendan resolver, aunque no se concreta cual será el procedimiento a seguir en este aspecto, la novedad señalada aparece como un intento de acercar de forma constante e ininterrumpida, la realidad de los problemas al legislador que finalmente apruebe la norma.
Esperemos que el desarrollo del reglamento que se origine tras la aprobación de la nueva Ley, al menos en este sentido, se materialice de manera oportuna, y no quede todo en una declaración de intenciones sin efecto.
Pedro Mario Fernández Cabrera

References: artículo 36
 Artículo 96
 artículo 14
 artículo 43
 artículo 44
 resolución