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Timestamp: 2019-10-16 01:53:54+00:00

Document:
STC 68/1983, 26 de Julio de 1983 - Jurisprudencia - VLEX 15034755
STC 68/1983, 26 de Julio de 1983
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 445/1982
1. Es admisible en el proceso de amparo constitucional la acumulación inicial de acciones, autorizada en el art. 153 de la L.E.C. Cuando las acciones han sido ya acumuladas inicialmente por el propio actor no es de aplicación el procedimiento previsto en el art. 83 de la LOTC, que se refiere a supuestos de acumulación de autos o de procesos iniciados por separado. 2. Para que pueda haber lugar al recurso de amparo frente a actuaciones administrativas lesivas de derechos fundamentales y libertades públicas es necesario haber agotado previamente la vía judicial procedente. 3. Es inherente al ejercicio de la función jurisdiccional que en el proceso prevalezca una u otra de las tesis en conflicto, sin que resulte vulnerado el principio de igualdad ante la Ley que establece el art. 14 de la Constitución por el hecho de que el Juez o Tribunal falle en favor de una u otra de las partes. 4. El contenido normal del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el de obtener una Resolución de fondo, salvo cuando exista alguna causa impeditiva prevista por la Ley que no vaya en contra del contenido esencial del derecho, que ha de respetar el legislador. 5. La inadmisión de un recurso en vía judicial por la apreciación errónea de inexistencia de los presupuestos procesales exigidos para dictar una resolución de fondo constituye una infracción del art. 24.1 de la Constitución. 6. El Tribunal Constitucional no puede entrar a decidir si concurre o no alguna causa que pudiera conducir a la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo si esa causa no ha sido apreciada por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sentencia citada en: 211 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 445/1982, formulado por don Benigno V. M., Licenciado en Derecho, en relación con el Real Decreto 1949/1980, de 31 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en el que aparece transferido el recurrente, funcionario de la AISS, contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1982. En el recurso han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado y ha sido Ponente el Magistrado don Angel L. S., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El recurrente en amparo, don Benigno V. M., Licenciado en Derecho desde finales de 1978, había ingresado con efectos a partir del 1 de febrero de 1964, con la titulación de Graduado Social, al servicio de la Organización Sindical como «Secretario Asesor de Secciones Sociales (Colaborador)».
3. Don Benigno V. M. formuló reclamación en 23 de febrero de 1978, afirmando haberla reiterado en sentido aclaratorio el 11 de marzo siguiente.
4. Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 19 de abril de 1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 28 de mayo siguiente, se elevó a definitiva la anterior relación provisional de funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Técnicos Sindicales de la AISS, una vez subsanados los errores apreciados a la vista de las reclamaciones presentadas, las cuales figuraban en el anexo I de dicho Orden. En dicho anexo no apareció referencia alguna a don Benigno V.. En el núm. 3.° de la Orden indicada se decía que «en cuanto a las reclamaciones formuladas contra la Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de enero de 1978, y que no aparecen resueltas en el anexo I de esta Orden, los interesados recibirán individualmente la resolución desestimatoria de las mismas». Y en su núm. 4, que «contra la presente Orden se podrá interponer, ante esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ...».
5. Don Benigno V. afirma haber esperado la notificación individual anunciada, y niega haber obtenido respuesta alguna de la Administración a su reclamación. En el expediente administrativo correspondiente, obra una Resolución del Director del Servicio de Personal de la AISS de 27 de abril de 1978, por la que se comunicaba al reclamante que el motivo de no figurar en la relación indicada era el de no ser el reclamante funcionario de carrera de ninguno de los cuerpos de la extinguida Organización Sindical, ya que no solicitó en ningún momento su acceso como tal mediante las pruebas especiales restringidas o concursos libres celebrados a tales efectos; pero no consta en dicho expediente que se haya procedido a la notificación efectiva de esta resolución.
7. Contra la clasificación efectuada por dicho Real Decreto, don Benigno V. interpuso el 8 de noviembre de 1980 recurso de reposición, que fue desestimado por silencio administrativo.
8. El 22 de enero de 1981, don Benigno V. interpuso recurso contencioso-administrativo contra el expresado Decreto 1949/1980, de 31 de julio, ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo. En el escrito de demanda, formulado con fecha de 10 de octubre de 1981, el recurrente alegó, entre otros extremos, la discriminación de que había sido objeto frente a determinadas personas al servicio de la AISS, invocando el art. 14 de la C.E. y suplicando se revocase la relación núm. 6 contenida en el Decreto 1949/1980 y se declarase que el recurrente debía figurar en ella como «funcionario de carrera» de la AISS y en la escala correspondiente a su titulación de Licenciado en Derecho en el «Cuerpo Especial de Técnicos Sindicales», con las retribuciones en consonancia con tal titulación (las correspondientes al coeficiente 4), o bien, subsidiariamente, las correspondientes al coeficiente 3,6; suplicaba alternativamente que se declarase en qué otra clasificación legal concreta, dentro del Estatuto del Personal de Organismos Autónomos, debía quedar encuadrada su relación con la AISS, lejos de la indeterminación del término «atípico».
10. El señor V. M. presentó ante este Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 1982 escrito en que dice interponer dos recursos o demandas de amparo distintos.
Es cierto, según ha declarado este Tribunal Constitucional en Sentencias 9/1981, de 31 de marzo (fundamento jurídico 4) y 19/1981, de 8 de junio (fundamento jurídico 2), que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende el derecho a obtener una resolución fundada en derecho cuando se den los requisitos procesales necesarios para ello. Pero el problema que aquí se plantea está en determinar si el órgano judicial ha apreciado o no conforme a Derecho la inexistencia de los presupuestos procesales exigidos para dictar una resolución de fondo. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el interesado en base a calificar los escritos dirigidos por éste a la Administración en febrero y marzo de 1978 como un recurso de reposición, deduciendo de ello, en aplicación del art. 58.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que la resolución por la que se excluyó al recurrente como funcionario de carrera «devino firme y consentida» por éste «una vez transcurrido el plazo de un año para la impugnación de su desestimación presunta», por lo que ha considerado el órgano judicial que el Real Decreto 1940/1980 impugnado no había hecho más que confirmar un acto consentido y firme y que en consecuencia debía apreciarse el motivo de inadmisión previsto en el art. 82 c) en relación con el 40 a) de la misma Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pero como señala el demandante de amparo, y en ello coinciden el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, sus escritos de febrero y marzo de 1978 no constituyeron un recurso de reposición, sino meras reclamaciones contra resoluciones provisionales de las previstas en el art. 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las cuales, según este mismo precepto, «no tendrán consideración de recurso». En efecto, tales escritos del interesado iban dirigidos a provocar una rectificación por la Administración de la relación provisional aprobada por Orden de 23 de enero de 1978, mientras que un auténtico recurso de reposición sólo podría haber sido interpuesto frente a la resolución definitiva aprobada por Orden de 19 de abril de 1979. Debe tenerse en cuenta que tampoco pudo exigirse al interesado la interposición de un recurso de reposición contra esta última Orden ministerial, ya que en ella se anunciaba una futura notificación individual de las resoluciones desestimatorias, notificación que no consta que haya sido efectuada al recurrente.
SAP Asturias 308/2007, 19 de Julio de 2007
SAP Barcelona 1011/2000, 28 de Septiembre de 2000
SAP Huelva, 28 de Abril de 2004

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 Real Decreto 
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