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Timestamp: 2019-09-17 00:56:24+00:00

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CAPÍTULO II. Criterios para garantizar la coordonación, conexión e interrelación entre las Unidades Procesales de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales
Décimo. Señalamientos de vistas mediante de la Agenda Programada.–
El Ministerio de Justicia está llevando a cabo un importante esfuerzo para la progresiva modernización de la justicia, en colaboración y coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y las demás administraciones públicas con competencias en materia de justicia.
En el marco de este compromiso, el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009 fija, como uno de sus objetivos generales, lograr que esta administración esté dotada de una organización adecuada, de profesionales altamente cualificados y de los medios materiales y técnicos precisos para desempeñar su misión de modo ágil, afectivo, accesible y atento con la ciudadanía.
Este proceso de modernización de la Administración de Justicia es imparable y tiene un objetivo fundamental: ofrecer a la ciudadanía una justicia de calidad. Y la Oficina Judicial es el principal motor de este cambio.
La implantación de la Oficina Judicial ha supuesto un cambio trascendental en el modelo organizativo de la Administración de Justicia con las primeras experiencias puestas en marcha en Burgos y en Murcia a las que recientemente se han sumado Ciudad Real y en Cáceres.
A nivel normativo se han dado pasos importantes. El principal desde luego la aprobación de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, Ley 13/2009.
Partiendo de esta reforma tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia han trabajado en diferentes instrumentos normativos de inferior rango orientados a la implantación de la nueva oficina judicial.
Sin duda alguna estos instrumentos han servido para ir precisando el marco de funciones, competencias y responsabilidades que corresponden a cada una de las unidades que integran este nuevo modelo organizativo. No obstante, la magnitud e implicaciones de la reforma en marcha y la profundidad en que incide en la estructura de las unidades judiciales ha revelado la necesidad de afinar los mecanismos de coordinación entre las distintas unidades de la oficina judicial y, en particular, entre las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. La configuración de las competencias de las unidades procesales de apoyo directo es por tanto elemento básico del modelo tanto en su organización interna como en su relación con los servicios comunes procesales.
Como afirma la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el diseño del nuevo modelo de Oficina judicial «se ha optado por un sistema flexible que permita que cada Oficina judicial se adapte a cualquier tipo de necesidades de la Administración de Justicia, siendo el criterio diferenciador que permite singularizarla de otras organizaciones administrativas el que su actividad se encuentra regida principalmente por normas procesales, debiendo dar cumplimiento a cuantas resoluciones dicten jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que le son propias. Con estas características, la Oficina judicial -como género- comprende –como especies– tanto a las unidades procesales de apoyo directo como a los servicios comunes procesales».
De esta manera, el propio artículo 437.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «se entiende por unidad procesal de apoyo directo aquélla Unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten». Y, por otra parte, el artículo 438.1 de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que «se entiende por servicio común procesal, toda aquella unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales». Las unidades procesales de apoyo directo se configuran, pues, con la finalidad de prestar una asistencia directa al Juez o Magistrado en el ejercicio de las funciones que le son propias, de tal forma que la actividad de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia que presten servicio en las mismas se encuentra exclusivamente orientada a dicha actividad.
Esta configuración de las unidades procesales de apoyo directo hace que tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia se considere oportuno realizar una delimitación más precisa de algunas de las actuaciones que corresponde realizar a las unidades procesales de apoyo directo.
Con este fin, en la Comisión Mixta, integrada por la Comisión de Modernización del Consejo General del Poder Judicial y la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, se acordaron los criterios esenciales para lograr esa delimitación que permita una actuación coordinada e integrada entre todas las unidades que integran la oficina judicial.
Dichos criterios son los que recoge la presente Instrucción del Secretario General de la Administración de Justicia, que coincide en su contenido con la correspondiente Instrucción que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido aprobar. De esta manera, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia han conseguido colegiar esfuerzos para conseguir sendos instrumento normativos que clarifiquen y delimiten en el mismo sentido el ámbito de actuación de las unidades procesales de apoyo directo y su actuación integrada con los servicios comunes procesales.
El Capítulo I de esta Instrucción se refiere a la Unidad Procesal de Apoyo Directo. El correcto funcionamiento del nuevo modelo de organización de la Oficina Judicial exige la configuración de esta unidad como un espacio dotado de forma adecuada para el ejercicio de la función jurisdiccional. Las unidades procesales de apoyo directo son las unidades de la oficina judicial que directamente asisten a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias. Por su parte, los secretarios judiciales y el resto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia con destino en estas unidades, al igual que los destinados en el resto de unidades que integran la oficina judicial, cumplirán y velarán por el cumplimiento de las decisiones que adopten los jueces y magistrados en el ejercicio de sus competencias.
El carácter instrumental de la nueva organización que representa la oficina judicial exige la existencia de mecanismos que permitan una actuación coordinada e integrada entre todas las unidades que integran la oficina judicial y en particular entre las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. La razón estriba en la necesidad de garantizar la independencia de los órganos judiciales en el ejercicio de su función esencial, la jurisdiccional, lo que justifica la preservación de un espacio de apoyo y asistencia al titular del órgano judicial, en el que éste pueda dirigir el desarrollo de las tareas y funciones más cercanas al núcleo de lo jurisdiccional en línea con lo establecido por la Instrucción 2/2010 del Consejo General del Poder Judicial sobre el ejercicio de las facultades de dirección e inspección por los Jueces y Magistrados.
El Capítulo III se dedica a los instrumentos de coordinación y seguimiento. Así, para facilitar el seguimiento y control de los asuntos atribuidos al conocimiento del Juez, las distintas aplicaciones de gestión procesal deberán contar con sistemas que le permitan conocer el estado de tramitación del asunto sometido a su conocimiento.
La presente Instrucción se dicta al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, con el fin de establecer criterios uniformes y coordinados de actuación con fundamento en los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, vertebradores del Cuerpo Superior Jurídico de secretarios judiciales, como dispone el artículo 452.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Las unidades procesales de apoyo directo son las unidades de la oficina judicial que directamente asisten a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias
1. El Juez podrá dar criterios e instrucciones a los funcionarios que prestan servicio en la Unidad Procesal de Apoyo directo, con arreglo a los cuales se deberán realizar las distintas actuaciones desarrolladas en el ejercicio de su función jurisdiccional. Dichos criterios e instrucciones podrán referirse a actuaciones que, resultando imprescindibles para el debido ejercicio de la función jurisdiccional, se refieran, entre otras, a la preparación de las resoluciones judiciales y al dictado de las mismas; al establecimiento de las instrucciones generales y particulares para la realización de los señalamientos; a la dirección del desarrollo de actos y vistas de conformidad con las leyes procesales; a la decisión sobre la prioridad de una actuación sobre otra en un momento puntual, o de una clase de asuntos sobre otros en casos justificados; al establecimiento de pautas para la preparación de determinadas vistas; al encargo de la realización de fotocopias así como a otras funciones que son propias del auxilio a la labor de Jueces y Magistrados
2. El Secretario Judicial que presta servicio en la Unidad Procesal de Apoyo Directo garantizará el cumplimiento de los criterios e instrucciones que dicte el titular del órgano judicial para el ejercicio de su función jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Orden JUS/1741/2010 de 22 de Junio.
Criterios para garantizar la coordonación, conexión e interrelación entre las Unidades Procesales de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales
2. Recepción de los expedientes remitidos desde los Servicios Comunes Procesales.–
El correo y los escritos que presenten las partes, aunque vayan dirigidas a las unidades procesales de apoyo directo, se recepcionarán en todo caso en la sección que corresponda del Servicio Común competente. Este servicio lo remitirá al servicio común que corresponda (servicio común de ordenación del procedimiento o servicio común de ejecución) según la fase en que se encuentre el procedimiento, salvo que la documentación recibida debiera ser conocida, por razones de urgencia, de agilidad o eficacia, por el órgano judicial, en cuyo caso, se remitirá de manera inmediata a la UPAD aún cuando no se encuentre físicamente el expediente en la misma.
Del mismo modo, los secretarios judiciales de las unidades procesales de apoyo directo y de los servicios comunes procesales darán las instrucciones oportunas para que los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa destinados en dichas unidades elaboraren las notas de constancia, de referencia, de resumen de autos y de examen del trámite que les requieran los titulares de los órganos judiciales.
Corresponderá a las unidades procesales de apoyo directo realizar directamente aquellas notificaciones cuando existan razones de agilidad, eficacia o urgencia que lo justifiquen, así como la práctica de actos de comunicación que deban practicarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet u otros sistemas electrónicos disponibles de naturaleza análoga. En estos casos el acto de comunicación se llevará a cabo directamente por los funcionarios de las unidades procesales de apoyo directo.
Fuera de estos casos, con carácter general los actos de comunicación derivados las resoluciones dictadas en las unidades procesales de apoyo directo serán llevados a cabo por el Servicio Común que corresponda.
El presente Apartado no resultará de aplicación en aquellos territorios de las CCAA que tengan un modelo propio de implantación de la NOJ, fruto del consenso entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Las unidades procesales de apoyo directo auxiliarán al titular del órgano, en la remisión material de las instrucciones generales y particulares para la realización de los señalamientos, así como en la comprobación de la adecuada parametrización de la agenda programada de señalamientos conforme a dichas instrucciones y al calendario de disponibilidad del titular del órgano judicial.
Revisarán las citaciones y documentación necesarias para celebración de la vista señalada. Únicamente procederá la devolución del expediente al servicio común que lo hubiese remitido, en aquellos casos que, a la vista de las actuaciones, no conste la práctica de alguna citación o de alguna diligencia que se hubiese acordado y sea necesaria para la correcta celebración de la vista. En todo caso y antes de proceder a la devolución del expediente al servicio común remitente, se intentará averiguar y en su caso completar por medios rápidos y directos (teléfono, fax o comunicación electrónica) la existencia, estado y ubicación de la diligencia que no conste practicada.
Comunicación telefónica para la práctica de videoconferencia (información sobre tiempo de espera, suspensión de la declaración, etc)
Convocatoria de comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa consulta de la agenda, aviso urgente a profesionales, Ministerio Fiscal y traslado del preso
Convocatoria comparecencia para posible prórroga prisión preventiva.
Registro, aceptación e incoación, salvo casos en que se registran en el servicio común que corresponda
Nombramiento de Procurador, en el caso de que no haya sido nombrado por el Juzgado de Instrucción
En el Procedimiento Abreviado por delito, las actuaciones de tramitación de las Diligencias Previas corresponderán a la correspondiente unidad procesal de apoyo directo hasta que el órgano judicial dicte el auto ordenando seguir el procedimiento ordenado en el 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que las actuaciones posteriores a dicho auto serán realizadas por el Servicio Común Procesal correspondiente.
En los procedimientos para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, todas las actuaciones serán practicadas por la unidad de apoyo directo correspondiente hasta la remisión de los autos al Juzgado de lo Penal.
En todos los procedimientos, la pieza de medidas cautelares personales serán competencia de la UPAD.
Notifíquese la presente Instrucción a los Secretarios de Gobierno, quienes la pondrán en conocimiento de los Secretarios Coordinadores Provinciales, ateniéndose en lo sucesivo a su contenido.
Esta Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

References: artículo 437
 artículo 438
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 452
 artículo 505