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Timestamp: 2013-12-10 11:01:21+00:00

Document:
EUR-Lex - 62012CJ0092 - ES
62012CJ0092
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012. Health Service Executive contra S.C. y A.C.. Petición de decisión prejudicial: High Court - Irlanda. Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) nº 2201/2003 - Menor que reside habitualmente en Irlanda, donde ha sido objeto de acogimiento en varias ocasiones - Conductas agresivas y peligrosas para la propia menor - Resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor, en régimen cerrado, en un establecimiento en Inglaterra - Ámbito de aplicación material del Reglamento - Artículo 56 - Procedimientos de consulta y de aprobación - Obligación de reconocer o de declarar ejecutiva la resolución por la que se dispone el acogimiento de la menor en un establecimiento en régimen cerrado - Medidas provisionales - Procedimiento prejudicial de urgencia. Asunto C-92/12 PPU.
del documento: 26/04/2012
de la demanda: 17/02/2012
1. 4.06.02.10.01 Política interior de la Unión Europea / Espacio de libertad, seguridad y justicia / Cooperación judicial en materia civil / Medidas relativas al Derecho de Familia / Competencia judicial y ejecución de resoluciones - Materia matrimonial y responsabilidad parental
2. 4.06.02.10.01 Política interior de la Unión Europea / Espacio de libertad, seguridad y justicia / Cooperación judicial en materia civil / Medidas relativas al Derecho de Familia / Competencia judicial y ejecución de resoluciones - Materia matrimonial y responsabilidad parental
3. 4.06.02.10.01 Política interior de la Unión Europea / Espacio de libertad, seguridad y justicia / Cooperación judicial en materia civil / Medidas relativas al Derecho de Familia / Competencia judicial y ejecución de resoluciones - Materia matrimonial y responsabilidad parental
4. 4.06.02.10.01 Política interior de la Unión Europea / Espacio de libertad, seguridad y justicia / Cooperación judicial en materia civil / Medidas relativas al Derecho de Familia / Competencia judicial y ejecución de resoluciones - Materia matrimonial y responsabilidad parental
Irlanda, República Federal de Alemania, Reino Unido, Estados miembros, Comisión, Instituciones
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Interpreta 32003R2201 Interpreta 32003R2201 A56 Interpreta 32003R2201 A56P2 Actos citados en la jurisprudencia:
12008E/PRO/03-A24L2 : N 97
12007P006 : N 111
12007P024 : N 68 127
31991Q0704(02)-A104TER : N 48
31991Q0704(02)-A54BIS : N 97
32001R0044 : N 142
32003R2201 : N 1
32003R2201-A01 : N 1 4
32003R2201-A01P1LB : N 4 58 60
32003R2201-A01P2 : N 4 63
32003R2201-A01P2LD : N 4 61 63
32003R2201-A01P3 : N 65
32003R2201-A01P3LG : N 4 65
32003R2201-A02 : N 5
32003R2201-A02P7 : N 59
32003R2201-A02P8 : N 59
32003R2201-A02P9 : N 59
32003R2201-A08P1 : N 6
32003R2201-A15 : N 7
32003R2201-A20 : N 8 132
32003R2201-A20P1 : N 130
32003R2201-A20P2 : N 131
32003R2201-A21 : N 9 98 100
32003R2201-A21P3 : N 106
32003R2201-A22 : N 122
32003R2201-A23 : N 10 104 122
32003R2201-A23LG : N 81 104
32003R2201-A24 : N 103 122
32003R2201-A26 : N 103
32003R2201-A28 : N 1 11 134 136
32003R2201-A28P1 : N 107 126
32003R2201-A28P2 : N 108
32003R2201-A31 : N 12 125
32003R2201-A31P1 : N 122
32003R2201-A33 : N 13 123 124 128
32003R2201-A33P5 : N 13
32003R2201-A34 : N 14 123 124 128
32003R2201-A35 : N 128
32003R2201-A41 : N 15
32003R2201-A42 : N 15
32003R2201-A42P1 : N 117
32003R2201-A53 : N 16 74 75 77
32003R2201-A54 : N 16 74 75 77
32003R2201-A55 : N 16 74 76 77 83
32003R2201-A55LD : N 17 76
32003R2201-A56 : N 1 16 18 47 62 - 146
32003R2201-A56P1 : N 70 73 86
32003R2201-A56P2 : N 72 73 80 81 88 95 120 134 146
32003R2201-A56P3 : N 78 87
32003R2201-A56P4 : N 70
32003R2201-A58 : N 16
32003R2201-A68 : N 123
32003R2201-C2 : N 3 101
32003R2201-C5 : N 3 57 64
32003R2201-C16 : N 3
32003R2201-C21 : N 3 102
32003R2201-CH3 : N 116 128
62006CJ0435 : N 57 59 60 63
62007CJ0420 : N 142
62007CJ0523 : N 60 131
62008CJ0195 : N 128
62009CJ0256 : N 101 103
62009CJ0403 : N 130
62010CJ0139 : N 142
62010CJ0491 : N 117
62012CC0092 : N 125
Health Service Executive y
S. C., A. C., en el que participa:
Attorney General, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
– en nombre de S. C., por los Sres. G. Durcan, SC, y B. Barrington, BL, y la Sra. C. Ghent, advocate;
– en nombre del Gobierno alemán, por la Sra. J. Kemper, en calidad de agente;
– en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. H. Walker, en calidad de agente, asistida por la Sra. M. Gray, Barrister;
Marco jurídico Derecho de la Unión 3. Los considerandos segundo, quinto, decimosexto y vigesimoprimero del Reglamento establecen:
4) “resolución judicial”, las resoluciones […] relativas a la responsabilidad parental dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos los términos de sentencia o auto; […]
«1. Las resoluciones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los demás Estados contratantes, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.
d) proporcionar toda la información y la asistencia que puedan ser de utili dad para la aplicación por los órganos jurisdiccionales del artículo 56».
Marco jurídico irlandés 19. De la respuesta a una solicitud de aclaraciones dirigida al órgano jurisdiccional remitente con arreglo al artículo 104, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y de las observaciones formuladas por A. C. se desprende que en Derecho irlandés no existe marco jurídico alguno que pueda fundamentar una competencia para autorizar o regular el acogimiento de un menor con fines terapéuticos o educativos en régimen cerrado en un establecimiento, dentro o fuera de ese Estado. No obstante, la High Court se declaró competente para pronunciarse sobre tales solicitudes de acogimiento en establecimientos en régimen cerrado.
20. Los principios jurisprudenciales señalados por el órgano jurisdiccional remitente están llamados a ser sustituidos por un marco legislativo. Dicho régimen ha sido introducido mediante la modificación de la Ley sobre protección de la infancia [Child Care (Amendment) Act 2011], pero aún no ha entrado en vigor.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales Hechos que originaron el litigio principal 22. S. C. es una menor de nacionalidad irlandesa que reside habitualmente en Irlanda. Su madre, A. C., vive en Londres. La resolución de remisión no ofrece ningún dato acerca de la residencia del padre.
23. Durante el año 2000, la menor fue acogida en régimen de custodia voluntaria por el HSE, que es la autoridad oficial responsable en Irlanda de los menores a cargo del Estado. El 20 de julio de 2000, la District Court dictó un auto en favor del HSE para que se hiciese cargo de S. C. hasta que cumpliese dieciocho años, conforme al artículo 18 de la Ley de protección de la infancia (Child Care Act, 1991).
26. El último acogimiento en régimen cerrado en un establecimiento en Irlanda fue un fracaso. La menor se aisló, se negó a implicarse en su programa de atención terapéutica y su situación se degradó rápidamente. Se fugó e intentó suicidarse en varias ocasiones.
28. Debido a estas particulares circunstancias, el HSE consideró que las necesidades de la menor en términos de asistencia, de protección y de bienestar obligaban a recurrir con urgencia a su acogimiento, en régimen cerrado, en un establecimiento situado en Inglaterra. La elección del centro parece venir determinada por el hecho de que S. C. expresó repetidamente su deseo de acercarse a su madre y de que no había ninguna otra alternativa de acogimiento que pudiese responder mejor a las necesidades específicas de S. C.
Procedimiento para la aprobación del acogimiento por la autoridad competente del Estado miembro requerido, en el sentido del artículo 56, apartado 2, del Reglamento 30. El 29 de septiembre de 2011, el HSE informó a la autoridad central irlandesa del procedimiento pendiente ante la High Court para acoger a la menor en otro Estado miembro en aplicación del artículo 56 del Reglamento. Insistió en obtener de la autoridad central para Inglaterra y Gales la aprobación del acogimiento de S. C. prevista en el artículo 56 del Reglamento. La autoridad central irlandesa respondió al HSE que la solicitud de aprobación en virtud de dicho artículo había sido presentada a la autoridad central para Inglaterra y Gales.
Resolución de acogimiento de la High Court 33. El 2 de diciembre de 2011, la High Court, actuando en el marco de sus competencias en materia de responsabilidad parental, declaró que el bienestar de S. C. la obligaba a trasladar a la menor, de manera urgente, a un establecimiento de asistencia terapéutica y educativa en Inglaterra y a ingresarla en régimen cerrado. Por tanto, ordenó el acogimiento de S. C. en un centro especializado de ese tipo en Inglaterra, por un breve período de tiempo y con carácter provisional, con la previsión de controlar regularmente las condiciones de su acogimiento y su bienestar. Dicho acogimiento, caracterizado por un internamiento forzoso, se denomina «secure care» en Derecho irlandés (en lo sucesivo, «internamiento con fines de protección»).
34. En su resolución de medidas provisionales, el órgano jurisdiccional remitente declaró, en particular, que la autoridad central para Inglaterra y Gales había dado la aprobación exigida por el artículo 56, apartado 2, del Reglamento y que no era incompatible con lo dispuesto en el Reglamento y en la ley. Destacó que, habida cuenta de la urgencia del asunto, no se había zanjado la cuestión de un posible procedimiento, en Inglaterra y Gales, de reconocimiento y declaración de la ejecutoriedad de la resolución de acogimiento con arreglo al Reglamento.
Procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente 36. El órgano jurisdiccional remitente ha declarado que todas las partes del procedimiento, excepto la propia menor, están de acuerdo en que el acogimiento en un establecimiento de régimen cerrado responde a las necesidades específicas de la menor. No obstante, habida cuenta de las observaciones de las partes y de las pruebas que se le han presentado, el órgano jurisdiccional remitente ha manifestado sus dudas acerca de varias cuestiones.
39. En una declaración jurada presentada al órgano jurisdiccional remitente, la autoridad central para Inglaterra y Gales declaró, en efecto, que ella no era la «autoridad competente» en el sentido del artículo 56 del Reglamento y que no había una autoridad competente determinada a los efectos de dicho artículo, en el sentido de que diversos organismos podían desempeñar tal función.
42. Señala que, si bien el procedimiento dirigido a obtener el reconocimiento y la declaración de ejecutoriedad de una resolución de acogimiento de un menor debe incoarse y concluir antes de que dicho menor sea acogido por un Estado miembro en otro Estado miembro, esto podría, en la práctica, en situaciones de urgencia, privar de efecto al Reglamento. A la inversa, si un menor fuese acogido en un establecimiento del Estado requerido antes de la conclusión de dicho procedimiento y si la resolución de acogimiento no pudiese producir efectos antes de esa fecha, también esto podría poner en peligro los intereses del menor, en particular en materia de protección.
44. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta qué hacer en el supuesto de que parezca que el internamiento no es conforme con el Reglamento y si, en ese caso, S. C. está facultada para abandonar simplemente el establecimiento en el que está internada actualmente cuando en realidad todas las partes, salvo la propia menor, coinciden en que el interés superior de ésta aboga por que permanezca temporalmente en él.
6) Cuando una resolución del órgano jurisdiccional por la que se ordena el acogimiento residencial de un menor durante un período determinado en un establecimiento de otro Estado miembro con arreglo al artículo 56 del Reglamento […] se renueva por un período concreto, ¿debe ser reconocida y/o declarada ejecutiva de nuevo en ese otro Estado miembro con cada renovación?»
Sobre el procedimiento de urgencia 48. La High Court ha solicitado que la presente petición de decisión prejudicial se tramite por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 104 ter del Reglamento de Procedimiento.
Consideraciones previas 51. Paralelamente a la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente ordenó al HSE que solicitase el auxilio de la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Reino Unido), con arreglo al artículo 20 del Reglamento, para garantizar que la menor recibiese asistencia y que se la mantuviese efectivamente en régimen cerrado en un establecimiento en Inglaterra, a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia en el presente asunto.
54. Mediante auto de 8 de marzo de 2012, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, declaró que la resolución del órgano jurisdiccional remitente de 2 de diciembre de 2011 está registrada y es ejecutiva en Inglaterra y Gales, conforme al artículo 28, apartado 2, del Reglamento. La nota de registro se envió al HSE para que fuese notificada a las partes demandadas en el asunto principal.
55. El órgano jurisdiccional remitente señaló, en su respuesta a la solicitud de aclaraciones del Tribunal de Justicia, que renovó la resolución de acogimiento de 2 de diciembre de 2011 en numerosas ocasiones, a saber, los días 6, 9, 16 y 21 de diciembre de 2011, 11, 23 y 27 de enero de 2012, 3, 7, 9, 16 y 24 de febrero de 2012 y 9 de marzo de este mismo año.
Sobre las cuestiones prejudiciales Sobre la primera cuestión 56. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que dispone el acogimiento de un menor en régimen cerrado en un centro asistencial terapéutico y educativo situado en otro Estado miembro y que implica, para su protección, una privación de libertad durante un período de tiempo determinado, está comprendida en el ámbito material de aplicación del Reglamento.
59. El artículo 2, apartado 7, del Reglamento define la «responsabilidad parental» como «el conjunto de derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor». Este concepto, objeto de una definición amplia (sentencia C, antes citada, apartado 49), comprende, en particular, «los derechos de custodia y el derecho de visita». Conforme al artículo 2, apartado 9, del Reglamento, los derechos de custodia designan los derechos y obligaciones relativos al cuidado de la persona de un menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lugar de residencia. Según el artículo 2, apartado 8, del Reglamento, es titular de la responsabilidad parental «cualquier persona que tenga la responsabilidad parental sobre un menor», sin importar que los derechos de custodia, como en el asunto principal, hayan sido transferidos a una administración.
Sobre la segunda cuestión 67. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide cuál es el alcance de las obligaciones que derivan del artículo 56 del Reglamento en cuanto a la naturaleza de la consulta y al mecanismo de aprobación del acogimiento de un menor cuando, como en el asunto principal, éste conlleva una privación de libertad.
69. En este contexto, pretende que se dilucide si la autoridad competente en materia de aprobación debe ser un organismo expresamente designado en virtud de una medida adoptada por el Estado miembro del que depende, que esté en condiciones de asegurarse de que se aprecie de forma independiente si el acogimiento que se pretende aportará al menor la asistencia y la protección adecuadas y si se realizará atendiendo al interés superior de dicho menor. En cualquier caso, el órgano jurisdiccional remitente considera que la autoridad competente no puede ser el establecimiento en el que se proyecta acoger al menor.
71. En el presente asunto, el Gobierno del Reino Unido señaló que la intervención de un organismo público es necesaria en un caso interno de acogimiento de un menor que sea, por lo demás, comparable al que es objeto del asunto principal.
73. De la fórmula «la autoridad central […] [u] otra autoridad competente» que figura en el artículo 56, apartado 1, del Reglamento resulta que la autoridad central puede ser autoridad competente. Así pues, el concepto de «autoridad competente» al que hace referencia el artículo 56, apartado 2, del referido Reglamento designa, bien a la «autoridad central», bien a cualquier «otra autoridad competente» en el sentido del apartado 1 de dicho artículo. Por consiguiente, el artículo 56 del Reglamento permite establecer en este ámbito un sistema descentralizado que incluya a varias autoridades competentes.
76. El artículo 55 del Reglamento dispone que, a petición de otra autoridad central de otro Estado miembro o de un titular de la responsabilidad parental, las autoridades centrales cooperan en asuntos concretos con el fin de cumplir los objetivos del Reglamento. En virtud de la letra d) de esta disposición, las autoridades centrales adoptarán, ya sea directamente o por conducto de las autoridades públicas u otros organismos, todas las medidas adecuadas para proporcionar toda la información y la asistencia que puedan ser de utilidad para la aplicación por los órganos jurisdiccionales del artículo 56 del Reglamento.
78. En efecto, el artículo 56, apartado 3, del Reglamento dispone expresamente que los procedimientos relativos a la obtención de la aprobación se rigen por el Derecho nacional del Estado miembro requerido.
82. Por tanto, los Estados miembros están llamados a establecer normas y procedimientos claros a los efectos de la aprobación a la que se refiere el artículo 56 del Reglamento, de modo que se garanticen la seguridad jurídica y la celeridad. En particular, los procedimientos deben permitir al órgano jurisdiccional que proyecta el acogimiento identificar fácilmente la autoridad competente y a la autoridad competente conceder o denegar su aprobación en un plazo breve.
Sobre las cuestiones tercera y cuarta 96. Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que ordena el acogimiento forzoso de un menor, en régimen cerrado, en un establecimiento situado en otro Estado miembro debe, antes de ejecutarse en el Estado miembro requerido, ser reconocida y declarada ejecutiva en ese Estado miembro. Desea que se dilucide asimismo si tal resolución de acogimiento produce efectos jurídicos en el Estado miembro antes de ser declarada ejecutiva.
102. Conforme al vigésimo primer considerando del citado Reglamento, ese reconocimiento debe basarse en el principio de confianza mutua.
112. Es preciso añadir que, en situaciones en las que las personas que ejercen la responsabilidad parental han dado su consentimiento al acogimiento de un menor en un establecimiento de régimen cerrado, la postura de esas personas puede modificarse en función de cambios de circunstancias.
120. El procedimiento de aprobación previsto en el artículo 56, apartado 2, del Reglamento no puede sustituir a una declaración de ejecutoriedad. Efectivamente, estos dos procedimientos tienen una finalidad diferente. Mientras que la aprobación en el sentido de la referida disposición pretende eliminar los obstáculos que puedan oponerse a un acogimiento transfronterizo, la declaración de ejecutoriedad tiene por objeto permitir la ejecución de una resolución de acogimiento en un establecimiento en régimen cerrado. Además, el artículo 56 del Reglamento no exige la intervención de un juez, pudiendo ser la autoridad competente un organismo administrativo.
125. A este respecto, con el fin de evitar que el efecto suspensivo de un recurso interpuesto contra una resolución en materia de declaración de la ejecutoriedad pueda afectar al breve plazo al que se refiere el artículo 31 del Reglamento, debe interpretarse el Reglamento –como ha señalado la Abogado General en su opinión y como propuso la Comisión durante la vista oral– en el sentido de que la resolución que dispone el acogimiento se convierte en ejecutiva desde el momento en que el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido declare, conforme al artículo 31, la fuerza ejecutiva de dicha resolución.
127. A efectos de interpretar y aplicar el Reglamento, es preciso decidir en función del criterio del interés superior del menor, teniendo en cuenta el artículo 24 de la Carta. Pues bien, el interés superior del menor puede exigir, en los supuestos de acogimientos transfronterizos que presentan una urgencia excepcional, que se permita una solución flexible mientras dure el procedimiento de exequátur si, a falta de tal solución, la finalidad que subyace a la resolución que ordena el acogimiento transfronterizo peligrase por el transcurso del tiempo.
130. Por lo demás, el artículo 20, apartado 1, del Reglamento establece que, en determinadas circunstancias, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en el que se encuentre el menor están autorizados a adoptar las medidas provisionales o cautelares previstas en la legislación de dicho Estado, aun cuando, en virtud del Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea competente para conocer sobre el fondo. En la medida en que constituye una excepción al sistema de competencia previsto por dicho Reglamento, esta disposición debe interpretarse de modo estricto (sentencia de 23 de diciembre de 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, Rec. p. I‑12193, apartado 38).
133. Procede responder a las cuestiones tercera y cuarta planteadas que el Reglamento debe interpretarse en el sentido de que una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que ordena el acogimiento forzoso de un menor, en régimen cerrado, en un establecimiento situado en otro Estado miembro debe, antes de ejecutarse en el Estado miembro requerido, ser declarada ejecutiva en ese Estado miembro. Con el fin de no privar al Reglamento de su efecto útil, la resolución del órgano juris diccional del Estado miembro requerido acerca de la solicitud de declaración de ejecutoriedad debe dictarse con una particular celeridad, sin que los recursos interpuestos contra tal resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido puedan tener efecto suspensivo.
Sobre las cuestiones quinta y sexta 134. Mediante sus cuestiones quinta y sexta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, cuando el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que ha ordenado el acogimiento de un menor en un establecimiento de otro Estado miembro durante un período determinado con arreglo al artículo 56 del Reglamento adopta una nueva resolución para prorrogar la duración del acogimiento, se requiere cada vez la aprobación de la autoridad competente del Estado miembro requerido a la que se refiere el artículo 56, apartado 2, del Reglamento y una declaración de ejecutoriedad conforme al artículo 28 del Reglamento.
136. El HSE, S. C. e Irlanda consideran que, aun suponiendo que la aplicación del artículo 28 del Reglamento sea necesaria en una situación como la del asunto principal, no es necesario obtener una nueva declaración de ejecutoriedad de la resolución de acogimiento para cada resolución que prorrogue el período de acogimiento puesto que la declaración de ejecutoriedad de la resolución de acogimiento inicial se aplica a la resolución de prórroga o de renovación de ésta. 137. En cambio, el Gobierno alemán, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión alegan que cualquier resolución que prorrogue la resolución de acogimiento inicial debe al mismo tiempo recibir la aprobación de la autoridad competente del Estado miembro requerido, a menos que la aprobación inicial dada por este organismo se haya formulado de modo que englobe las posibles prórrogas, y, en todo caso, debe ser declarada ejecutiva en el Estado miembro requerido como si se tratase de una nueva resolución.
138. A este respecto, debe recordarse que del apartado 81 de la presente sentencia resulta que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro sólo puede dictar una resolución de acogimiento de un menor en un establecimiento situado en otro Estado miembro si la autoridad competente del Estado requerido ha aprobado con carácter previo dicho acogimiento. De ello se desprende que, cuando la autoridad competente del Estado miembro requerido haya dado su aprobación a un acogimiento limitado en el tiempo por el órgano jurisdiccional competente, dicho acogimiento no podrá ser prorrogado sin que la referida autoridad dé de nuevo su aprobación.
139. Así, cuando, como en el asunto principal, el acogimiento se contempla para un período muy corto, la aprobación dada a dicho acogimiento no puede producir efectos después del período fijado para el mismo, salvo que las posibles prórrogas de dicho período hayan sido autorizadas.
141. Por lo que respecta al procedimiento de ejecución, es preciso señalar que cuando una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que dispone el acogimiento de un menor en un establecimiento situado en otro Estado miembro se declare ejecutiva, las medidas de ejecución sólo podrán basarse en la resolución declarada ejecutiva dentro de los límites que resulten de la propia resolución.
144. De ello se desprende que cada nueva resolución de acogimiento implica una nueva declaración de ejecutoriedad.
146. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones quinta y sexta que, cuando haya sido dada por un período determinado, la aprobación de un acogimiento en virtud del artículo 56, apartado 2, del Reglamento no se aplicará a las resoluciones que tengan por objeto prorrogar la duración del acogimiento. En tales circunstancias, deberá solicitarse una nueva aprobación. Una resolución que ordene el acogimiento, adoptada en un Estado miembro y declarada ejecutiva en otro Estado miembro, sólo podrá ejecutarse en este último Estado miembro por el período indicado en la resolución de acogimiento.
Costas 147. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
1) Una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que dispone el acogimiento de un menor en régimen cerrado en un centro asistencial terapéutico y educativo situado en otro Estado miembro que implique, para su protección, una privación de libertad durante un período de tiempo determinado, está comprendida en el ámbito material de aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000. 2) La aprobación a la que se refiere el artículo 56, apartado 2, del Reglamento nº 2201/2003 debe darla, antes de que se dicte la resolución sobre el acogimiento de un menor, una autoridad competente de Derecho Público. No basta con que dé su aprobación el establecimiento en el que el menor ha de ser acogido. En circunstancias como las del asunto principal, en las que el órgano jurisdiccional del Estado miembro que dispuso el acogimiento tiene dudas acerca de si la aprobación se concedió válidamente en el Estado miembro requerido, ya que no se ha podido determinar con certeza cuál era la autoridad competente en ese último Estado, es posible proceder a una regularización con el fin de asegurarse de que el requisito de la aprobación que establece el artículo 56 del Reglamento nº 2201/2003 se ha cumplido íntegramente. 3) El Reglamento nº 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que ordena el acogimiento forzoso de un menor en régimen cerrado en un establecimiento situado en otro Estado miembro debe, antes de ejecutarse en el Estado miembro requerido, ser declarada ejecutiva en ese Estado miembro. Con el fin de no privar al Reglamento de su efecto útil, la resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido acerca de la solicitud de declaración de ejecutoriedad debe dictarse con una particular celeridad, sin que los recursos interpuestos contra tal resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido puedan tener efecto suspensivo. 4) Cuando haya sido dada por un período determinado, la aprobación de un acogimiento en virtud del artículo 56, apartado 2, del Reglamento nº 2201/2003 no se aplicará a las resoluciones que tengan por objeto prorrogar la duración del acogimiento. En tales circunstancias, deberá solicitarse una nueva aprobación. Una resolución que ordene el acogimiento, adoptada en un Estado miembro y declarada ejecutiva en otro Estado miembro, sólo podrá ejecutarse en este último Estado miembro por el período indicado en la resolución de acogimiento. Arriba

References: Resolución 
 Artículo 56
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 artículo 104
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 artículo 18
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 artículo 2
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 resolución 
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 artículo 56
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 artículo 56
 resolución 
 artículo 31
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 artículo 31
 artículo 24
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 artículo 20
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 artículo 56
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 artículo 56
 artículo 28
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 artículo 56
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 artículo 56
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 artículo 56
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