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Timestamp: 2020-08-12 07:57:18+00:00

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Breve Reseña De Los Derechos Y De La Legislación Sobre Comunidades Étnicas En Colombia Gloria Amparo Rodríguez | Organización Internacional del Trabajo | Constitución
Breve Reseña De Los Derechos Y De La Legislación Sobre Comunidades Étnicas En Colombia Gloria Amparo Rodríguez
Resumen de las principales leyes que rigen a los pueblos indigenas de Colombia
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C065 Sobre Las Sanciones Penales, Trabajadores Indigenas
Sobre el panorama para reconocimiento de las Juntas Directivas de Comunidades Nativas de la Amazonía
Conquista Yucatán II
110917. Comunicado Ficam
Informe Comunidad de Ayquina
Guia Basica Consulta Pueblos Indigenas
BREVE RESEÑA DE LOS DERECHOS Y DE LA LEGISLACIÓN SOBRE
COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA
GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ 1
"Esos derechos que nos han reconocido, los que llamamos hoy las normas
jurídicas legales, las que se encuentran en la Constitución, y en las normas
estatutarias u ordinarias, son un soporte del Derecho Mayor, de la Ley de Origen,
Pero la base para hacer reconocer esos derechos ha sido esa filosofía, esos
principios de nuestra identidad, esa realidad de que nuestros antepasados, gozando
o sufriendo, se desarrollaron en nuestro continente durante 10, 20, 30 mil años.
Resistencia Cultural y pueblos indígenas, 1999.
El presente documento tiene dos secciones: la primera trata de los deberes del gobierno
colombiano y los derechos de las comunidades étnicas, consagrados especialmente en la
Carta Magna y en convenios internacionales ratificados por nuestro país, cuyo objetivo
principal es hacer que los estudiantes de la Cátedra Viva Intercultural, adelantada en la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, conozcan y promuevan la
defensa de los derechos de estas comunidades. La segunda sección corresponde a un
1 Abogada, especialista en Derecho Ambiental y Msc. en Medio Ambiente y Desarrollo. Coordinadora General de posgrados y catedrática de pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario.
afrocolombianas, las cuales se presentarán de manera cronológica.
La Constitución Política de 1991 establece que el estado colombiano reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas,
proteger las riquezas naturales y culturales de la nación colombiana. El gobierno
colombiano debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos
indígenas y tribales con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal
efecto debe recurrir, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. Establezcamos
cuáles son esos derechos y la legislación que en el país se ha consagrado para su
1. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO COLOMBIANO Y DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES 2
Los pueblos indígenas y tribales gozan plenamente de los derechos humanos y
libertades fundamentales que han sido consagrados en Colombia. En la búsqueda de la
protección de sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el Gobierno debe
sistemática, incluyendo además medidas que aseguren que dichos pueblos gocen de los
derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población. También debe promover la
2 Con el fin de ofrecer claridad, señalamos que entendemos como Pueblos Tribales aquellos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradicionales o por una legislación especial. En el país como tal se entienden los afrocolombianos, los raizales y los gitanos. Los Pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos y
aspiraciones y formas de vida.
El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, buscando
revisar y actualizar el Convenio 107 de 1957, el cual se constituye en el único
instrumento internacional que protege a dichos pueblos. Este convenio se fundamenta
en el derecho a la igualdad de derechos entre los pueblos y el resto de la población y en
el respeto por su cultura e instituciones.
En cumplimiento del Convenio 169, el gobierno colombiano tiene prohibido adoptar
normas que no garanticen los derechos que protegen a los pueblos indígenas y tribales,
lo cual significa que cualquier disposición legal expedida en el país debe estar acorde
con lo consagrado en él. Desde esta perspectiva, a continuación realizaremos una breve
descripción de los derechos que aplican en Colombia para las comunidades étnicas,
tomando como base la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT
(Ley 21 de 1991).
1.1. DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES
Los derechos sociales y culturales fueron consagrados por la Constitución de Colombia
como un gran avance y tienen que ver con la protección de la diversidad étnica y
cultural, la autodeterminación, la autonomía y la equidad.
La Corte Constitucional entiende por diversidad étnica y cultural “la diversidad de
costumbres de la mayoría de la población. Por lo tanto, este principio supone la
aceptación de la existencia de muchas formas de vida y sistemas de comprensión del
mundo en un mismo territorio”. 3
La identidad cultural se forma por medio de los vínculos históricos que los integrantes
de cada comunidad entablan entre sí, “ello significa que sólo gracias a las diferencias
que se suscitan en las relaciones de los agentes hacia el interior y hacia el exterior de su
propia comunidad de vida, ellos construyen sus identidades como sujetos morales”. 4 En
Colombia, como Estado democrático que es, pueden existir diversas formas de vida de
manera equitativa y en condiciones necesarias para el respeto de las diferencias
culturales, pues, “el pluralismo constituye una condición imprescindible para acoger las
diferentes culturas”. 5
Al respecto, las organizaciones indígenas manifiestan:
“El derecho a la identidad cultural más que un derecho territorial es un
derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el derecho a seguir siendo
como son, culturalmente diferentes, a tener idiomas diferentes y formas
de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho es un derecho
social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él porque
todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen,
3 Sentencia T-605 de 1992 y T-308 de 1993 de la Corte Constitucional.
4 Ibíd., pp. 14-41.
5 Tovar González, Leonardo. ¿Es posible una democracia intercultural en Colombia? Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000, p. 14.
se relacionan y recrean su cultura. Este derecho en Colombia está
consignado en la Constitución al declararse como uno de los principios
básicos del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y
cultural de la nación y la igualdad y dignidad de todas las culturas que
conviven en el país (artículos 7 y 70). Aunque es subjetivo este derecho,
tiene implicaciones prácticas muy importantes porque es la base para
definir qué cosas no se pueden hacer por introducir cambios bruscos o
no deseados en la forma de vida y pensamientos indígenas. Es la base de
los demás derechos.” 6
De lo anterior se infiere que en la Constitución de 1991, y en un amplio marco
normativo, se dio un reconocimiento especial a las diversas culturas de la nación
colombiana; no obstante, “las reglas legales alcanzarán efectividad en cuanto los
agentes socioculturales hagan valer a través de ellas su derecho a la diferencia y las
utilicen para colaborar desde su respectiva forma de vida en la construcción de la
cultura democrática”. 7
Sobre este marco, se constituye en deber del gobierno colombiano adoptar medidas
especiales para salvaguardas las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las
culturas y el ambiente de estos pueblos, teniendo en cuenta sus deseos, expresados en
forma libre. Además, deben se debe reconocer y proteger los valores y prácticas
sociales, culturales, religiosos y espirituales; respetar sus instituciones y permitir su
6 ONIC. “Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Obras-proyectos-explotación de recursos naturales consulta y concertación”. Material Guía. Borrador elaborado por Ana Cecilia Betancour. Inédito. 7 Tovar González, Leonardo. Op. cit., p. 55.
En cuanto a la autonomía, debe entenderse como la capacidad y el derecho que tienen
los pueblos para decidir por sí mismos los asuntos de su interés. Los miembros de la
autónomos en la medida en que seamos los constructores de nuestra propia historia (
La autonomía también es la posibilidad de relacionarnos e intercambiar con otros, sobre
la base del respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica”. 8
El Convenio 169 señala que los pueblos deben tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas,
creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan de alguna manera,
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
Se entiende entonces que el reconocimiento de la autonomía es necesario para decidir el
presente y el futuro. La autonomía está basada en lo territorial, lo identitario y lo propio.
La exigencia del respeto a la autonomía además conlleva el reconocimiento de los
sistemas de autoridad y gobierno de esos pueblos y de los procesos mediante los cuales
toman decisiones; así lo plantea el Convenio 169 al consagrar que deben reconocerse las
aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales por asumir el control de sus propias
instituciones, formas de vida y desarrollo económico, al igual que por mantener y
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.
Adicionalmente, estos pueblos cuentan con el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo concerniente al proceso de desarrollo económico, social y cultural. En este sentido,
el gobierno colombiano debe propender a que, con su colaboración, se lleven a cabo
estudios a fin de evaluar la incidencia que en lo social, espiritual, cultural y sobre el
ambiente tienen las actividades de desarrollo; para que, de manera conjunta, gobierno y
pueblos indígenas y tribales protejan y preserven su ambiente sus territorios que estas
comunidades habitan.
Sobre este aspecto, y en relación con las comunidades afrocolombianas, los derechos
sociales y culturales se relacionan con los principios sobre los cuales se fundamenta la
a) El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la
b) El respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades
c) La participación de las comunidades negras y sus organizaciones, sin detrimento de
su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de
d) La protección de su ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las
comunidades negras con la naturaleza.
1.2. DERECHOS TERRITORIALES
Colombia, como nación multiétnica y pluricultural, ha establecido que las comunidades
sus territorios. Para
fundamental el reconocimiento de sus derechos territoriales, tal y como lo señala la
Corte Constitucional: “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la
identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales”. 9
El derecho al territorio debe ser respetado aunque no se encuentre titulado el territorio
por el derecho estatal. En el país, la propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas no puede venderse, ser sometida a gravámenes y a
limitaciones de dominio, como tampoco es expropiable por el Estado. 10 Según la
Constitución y las normas, los resguardos y los territorios colectivos de comunidades
negras son considerados inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, el
reconocimiento al derecho de propiedad colectiva de las comunidades se otorga previo
cumplimiento de la función social de la propiedad, la cual implica obligaciones y a la
que como tal le es inherente una función ecológica. 11
En relación con el territorio, es deber del Gobierno respetar la importante relación
existente entre las culturas y sus valores espirituales con las tierras o territorios, en
especial los aspectos colectivos que en dicha relación representa la totalidad del hábitat
de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.
Es así como el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan estos pueblos implica además el deber de tomar medidas para salvaguardar el
9 Sentencia T-188 de 1993 de la Corte Constitucional. 10 ONIC. Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Op. cit., p. 19. 11 Para mayor ilustración en el tema véase: Función ecológica de la propiedad en los resguardos indígenas de Colombia”. Universidad del Rosario, 2004.
derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido ancestralmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia;
adicionalmente, respetar las modalidades de transmisión de los derechos de propiedad
sobre la tierra que han sido establecidas por dichos pueblos.
En este sentido, el gobierno nacional debe tomar las medidas necesarias para determinar
las tierras ocupadas y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión. Además, deben establecerse procedimientos adecuados para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por estos pueblos. 12 Al mismo tiempo, mediante
los programas agrarios deben garantizarse las condiciones para la asignación de tierras
tradicionales, cuando las que dispongan sean insuficientes para garantizar los elementos
de su existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico.
Finalmente, el Convenio 169 consagra que a pesar de estar establecido que los pueblos
interesados no deberán ser traslados de las tierras que ocupan, cuando excepcionalmente
el traslado y la reubicación se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su
consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. En todo caso,
estos pueblos tienen el derecho de regresar a sus tierras tradicionales cuando dejen de
existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Si esto no fuere posible,
tienen derecho a recibir indemnización por cualquier pérdida o daño sufrido como
consecuencia de su desplazamiento.
1.3. DERECHO PROPIO
12 Al respecto, en Colombia se han expedido las siguientes normas: Ley 70 de 1993; Ley 160 de 1994; decretos 2664 de 1994 y 2164 de 1995.
El Convenio 169 señala que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de
conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en
general han sido reconocidos a toda la población; lo cual significa que al aplicar la
legislación interna, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho
En este sentido, el Gobierno deberá respetar los métodos a los cuales tradicionalmente
recurren los pueblos indígenas y tribales para la represión de los delitos cometidos por
sus miembros. En todo caso, cualquier sanción penal para un miembro de estos pueblos
deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; deberá
darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento y tomarse medidas
para garantizar que puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos
legales, facilitándoles, si fuere necesario, interpretes u otros medios eficaces para tal fin.
En el país, las autoridades de los pueblos indígenas (según el artículo 246 de la
Constitución Política de Colombia) pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre
que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República.
Lo anterior quiere decir que las comunidades indígenas cuentan con la facultad de
administrar justicia dentro de sus territorios, facultad que se reconoce a partir de la
Constitución de 1991: “La jurisdicción indígena es desarrollada de acuerdo con las
concepciones culturales de lo que es el hombre y el tipo de relaciones que debe tener
con sus semejantes y con el medio que lo rodea”. 13
Los diferentes sistemas de justicia indígena reflejan la organización social y regulan las
conductas a través de las normas consuetudinarias y otros mecanismos de control social.
Los distintos pueblos conjuran las desviaciones conductuales y ponen al día sus
conflictos a través de principios y reglas prácticas puestas en vigor por medio de
sanciones concebidas en comunión con las fuerzas de la naturaleza y trasmitidas
esencialmente de manera oral. 14
La Corte Constitucional, en su análisis sobre los elementos centrales de la jurisdicción
indígena, estableció los siguientes: 15
• La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias.
• La potestad de éstos para establecer normas y procedimientos propios.
• La sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la Ley.
• La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. 16
13 Sánchez, Beatriz Esther. “El reto del munticulturalismo jurídico. La justicia de la sociedad mayor y la justicia indígena”. En: El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo II. p. 5-142. Colciencias, Icanh, Universidad de los Andes, Universidad Nacional, 2001., p. 62.
14 Sanchez Beatriz Esther. “Aproximación desde la antropología jurídica a la justicia de los pueblos indígenas”. En: El caleidoscopio de las justicias en Colombia, pp. 159-199.
15 Sentencia C-139 de 1996 de la Corte Constitucional.
16 Para mayor ilustración en el tema, véase: Sánchez B. E., Jaramillo, S. I.C. La Jurisdicción Especial Indígena. Bogotá: Procuraduría General de la Nación, 2000.
Colombia es considerada como un Estado democrático y participativo que cuenta con la
Constitución Política de 1991 para garantizar el derecho fundamental a la participación.
Los pueblos indígenas y las comunidades tribales cuentan con mecanismos como la
consulta previa que les proporciona la capacidad de participar en las decisiones que
puedan afectarles. Tan es así que el gobierno colombiano debe consultar a estos pueblos
cada vez que se prevean medidas que puedan afectarlos y debe establecer mecanismos a
través de los cuales puedan participar libremente y en todos los niveles en la adopción
de decisiones de políticas y programas que los involucren.
Siempre que se considere la capacidad de estos pueblos para enajenar sus tierras o de
trasmitir de otra forma sus derechos sobre ellas fuera de su comunidad, deben ser
Adicionalmente, los pueblos indígenas y tribales también tienen el derecho de participar
en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional
y regional que los involucre, los cuales deben propender al mejoramiento de sus
condiciones de vida, de trabajo, del nivel de salud y de educación.
Con el fin de responder a sus necesidades, los programas y servicios de educación
participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten las actividades de
prospección y explotación de los recursos mineros o del subsuelo existentes en sus
territorios y deberán percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
Actualmente, en el país se han consagrado algunos espacios de participación como la
Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de
Organizaciones Indígenas, creadas por los decretos 1396 y 1397 de 1996. 16
1.5. DERECHO A LOS RECURSOS NATURALES
Según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a los
recursos naturales existentes en sus tierras, lo cual implica que tienen derecho a
participar en su utilización, administración y conservación. En Colombia, la explotación
de los recursos naturales en los territorios indígenas se debe hacer sin desmedro de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y en las decisiones
que se adopten respecto a dicha explotación, el Gobierno debe propiciar la participación
de los representantes de las respectivas comunidades.
Cuando los derechos de propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo
pertenezcan al Estado, el Gobierno deberá establecer o mantener procedimientos
tendientes a consultar a las comunidades con el fin de determinar si los intereses étnicos
serán perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En cuanto a las comunidades afrocolombianas, éstas gozan del derecho de prelación
para que el Gobierno les otorgue licencia especial para la exploración y explotación de
16 Infortunadamente, estos espacios de participación esporádicamente son convocados y los resultados esperados de su trabajo no son los más adecuados dada la gran importancia que tienen para los pueblos indígenas.
los recursos naturales no renovables en zonas mineras ubicadas en los territorios de
dichas comunidades y que tradicionalmente son aprovechados por ellas. Sin embargo, la
minerales radioactivos, sales e hidrocarburos (Ley 70 de 1993).
1.6. DERECHO AL TRABAJO
En Colombia, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Es
deber del Gobierno adoptar medidas en la legislación para garantizar a los trabajadores
de los pueblos indígenas y tribales una protección eficaz en materia de contratación y de
condiciones de empleo; debe hacer todo lo posible por evitar cualquier discriminación
relacionada con el acceso al empleo, con la remuneración no equivalente al trabajo
realizado; debe velar por la asistencia médica y social, la seguridad social y demás
prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda y derecho de asociación de
Tradicionalmente en algunas comunidades como la Wayuu, existe preferencia en la
oferta laboral para los miembros de este pueblo. Por ejemplo, en algunas empresas que
funcionan en la Guajira, cuando un indígena Wayuu es incapacitado o renuncia al
trabajo se piensa como primera opción para su reemplazo en otro miembro su
1.7. DERECHO A LA SALUD
En el país se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. Es deber del Gobierno Nacional velar porque las
comunidades étnicas cuenten con servicios de salud adecuados y prestar tales servicios
bajo su propia responsabilidad y control, los cuales deberán organizarse, en la medida
de lo posible, a nivel comunitario.
Estos servicios deberán ser prestados teniendo en cuenta los métodos de prevención,
prácticas curativas y medicamentos tradicionales de dichos pueblos y coordinarse con
las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. Los
servicios de salud de los pueblos interesados deben planearse y administrarse con su
cooperación y teniendo en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y
1.8. DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho de la persona y el gobierno colombiano tiene el deber de
adoptar medidas para garantizar a los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una
educación en todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la
Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural y los programas de educación instituidos para estas
comunidades, deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Además, se
debe asegurar la formación de los miembros de estos pueblos y su participación en la
formulación y ejecución de programas de educación.
instituciones y medios de educación, siempre que éstas satisfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en consulta con ellos.
El castellano es el idioma oficial en Colombia, pero las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios; por lo cual, la enseñanza que se
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias es bilingüe, por tanto,
debe enseñárseles a leer y escribir en su propia lengua y deberán tomarse las medidas
necesarias para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la
lengua nacional. En todo caso, deberán adoptarse disposiciones para preservar las
leguas y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
1.9. DERECHOS POLÍTICOS
Todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político y para hacer efectivo ese derecho pueden, entre
otros, elegir y ser elegidos. En el país existe una circunscripción especial para la
elección de dos senadores por las comunidades indígenas, la cual se rige por el sistema
circunscripción deberá haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva
comunidad o haber sido líder de una organización indígena.
También se asegura la participación mediante circunscripción especial de representantes
de los grupos étnicos en la Cámara de Representantes.
2. LEGISLACIÓN COLOMBIANA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS
Según el investigador Roque Roldán Ortega, 17 puede hablarse de tres grandes fases
históricas anteriores a la adopción del Primer Convenio Internacional sobre Indígenas
(convenio 107 de 1957): la Conquista, la Colonial y la República. La primera se inició
en los primeros años del siglo XVI; La segunda cubre un largo período de casi tres
siglos y coexistió durante buena parte del siglo XVI con la conquista; La tercera va
hasta los primeros años de la década del sesenta en el siglo XX. 18
habitantes del continente. Los españoles no respetaron ni se sometieron a ningún
principio de orden jurídico; impusieron su dominio apoyándose en sus armas de guerra
y en la pretendida superioridad de las formas de vida de la raza a la que pertenecían, de
sus formas de gobierno y de su religión.
La fase colonial representó
la escandalosa y dramática desaparición física, apenas 50 años después del
desembarco español, de una abrumadora mayoría de la población que
innumerables leyes que, por diversos medios, intentaban poner término al
genocidio y controlar los abusos y arbitrariedades de sus compatriotas.
Estimaba la Corona española, con sobradas razones, que de continuar el
17 ROLDÁN O., Roque. Pueblos indígenas y leyes en Colombia. Aproximación crítica al estudio de su pasado y su presente. GAIA, COAMA, OIT. Enero de 2000.
18 Podríamos hablar de una cuarta fase que comprende hasta el período de la Constituyente (1991) y una quinta fase desde la Constitución Política que comenzó a regir en 1991, en la cual se consagran los actuales derechos de los pueblos indígenas.
proceso de exterminio y aniquilamiento, la obra misma de la colonización se
frustraría por falta de apoyo humano para la construcción de un sistema
económico, político y social que podría ser anexado a sus territorios y que
duplicaba en extensión al continente europeo (
La legislación de indias, legislación indiana o derecho indiano, es el conjunto de la
legislación de España en América, la cual fue muy abundante y que se constituyó en
instituciones de esta legislación, el “Resguardo y el Cabildo Indígena (en torno a las
cuales van a girar las diferentes disposiciones que desde la época de el Libertador se han
expedido hasta el presente), fueron heredadas de la Corona española. Las comunidades
indígenas, en un justificado afán por encontrar el mecanismo de defensa para sus
ancestrales territorios, hicieron suyas dichas instituciones que prevalecen hasta el
presente”. 19
El período republicano mostró que “el propósito que más se reiteraba en leyes y
programas de gobierno, era el de alcanzar la pronta asimilación de los indígenas
colombianos al modelo de vida económica, social, política, religiosa y cultural de la
mayoría de la sociedad nacional”.
En su oportunidad, Simón Bolívar expidió normas sobre la devolución a los naturales de
todas las tierras que formaban los resguardos. Pero fue sólo hasta la Constitución de
1991 cuando se dio un paso muy importante en relación con los derechos de las
comunidades indígenas al reconocer de manera preferente la diversidad natural y
19 República de Colombia. Política del Gobierno Nacional para la defensa de los Derechos Indígenas y la Conservación Ecológica de la Cuenca Amazónica. Estudio 3-A. Sandri Ltda, junio 1990, p. 15.
cultural del país. Nuestra carta consagra los derechos fundamentales de los pueblos y es
la base de su desarrollo.
Hacen parte de la legislación sobre los pueblos indígenas, normas internas y convenios
internacionales con carácter de ley, la doctrina y jurisprudencia sobre sus derechos que,
en los últimos años, han sido muy representativas.
En cuanto a las comunidades afrocolombianas debemos empezar por señalar que
Colombia es uno de los países que consagra más derechos a las comunidades
tradicionales, pero también el lugar donde más se violan y se desconocen. El marco
jurídico colombiano consagra la protección de la diversidad étnica y cultural, el
desarrollo económico y social de la población, el fortalecimiento organizativo, la
titulación colectiva de los territorios ancestralmente ocupados y la participación en los
espacios de concertación y decisión del Estado.
La primera norma que fue expedida con relación a las comunidades negras fue la Ley de
Manumisión de Partos en 1821, en la cual se establece que los hijos de las esclavas que
nacieran desde el día de la sanción de la ley serían libres y como tal se inscribirían sus
nombres en los registros cívicos de las municipalidades y en los libros parroquiales.
Posteriormente, la Ley de 21 de mayo de 1851 decretó la abolición de la esclavitud en
Colombia a partir de 1 de enero de 1852. Sólo hasta la Constitución de 1991 aparecen
de nuevo regulaciones sobre las negritudes en el país, entre las cuales podemos destacar
la Carta Magna de 1991, en especial el artículo 55 transitorio, que ordena reconocer
tradicionales de producción, a las comunidades negras que han venido ocupando tierras
baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca pacífica.
A continuación haremos referencia a las principales normas que en el ámbito nacional e
internacional protegen los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades
afrocolombianas a la vida, a la autodeterminación, a la lengua, a la participación, a
existir como pueblo culturalmente diverso, a las tierras y territorios tradicionalmente
ocupados y al acceso a los recursos naturales de los que depende su subsistencia.
3. NORMAS INTERNACIONALES REFERENTES A PUEBLOS INDÍGENAS Y
3.1. Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el primer organismo
internacional que se ocupó de los asuntos indígenas. Desde su creación en
1919, la OIT ha defendido los derechos sociales y económicos de los grupos
cuyas costumbres, tradiciones, instituciones o idioma los separan de otros
sectores de las comunidades nacionales. En 1953, este organismo publicó un
estudio sobre poblaciones indígenas y en 1957 adoptó el Convenio Nro. 107
y la Recomendación Nro. 104 sobre la protección e integración de las
poblaciones indígenas y tribales. Esos fueron los primeros instrumentos
jurídicos internacionales creados específicamente para proteger los derechos
de las poblaciones cuyos estilos de vida y cuya existencia estaban entonces,
como ahora, amenazados por las culturas dominantes”. 20
El Convenio 107 (1957) de la OIT fue aprobado en Ginebra y ratificado en nuestro país
por la Ley 31 de 1967. Este instrumento es relativo a la protección e integración de las
poblaciones indígenas y tribales en los países independientes y estuvo vigente hasta
3.2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
En junio de 1989, después de cuatro años de labor preparatoria, la Conferencia
Internacional del Trabajo aprobó una versión revisada del Convenio Nro. 107 y de allí
instrumento sirve de base para las actividades operacionales y de asistencia técnica de la
OIT y tiene como finalidad asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a
su territorio y la protección de sus valores culturales, sociales y económicos.
Hasta febrero de 2005, según información suministrada por la OIT, el Convenio 169
había sido ratificado por los siguientes estados:
Ratificación Convenio 169 de la OIT
20 Naciones Unidas. Op. cit., p. 22.
de agosto de 1991
de abril de 1993
de febrero de 1996
de mayo de 1998
de marzo de 1998
de febrero de 1994
Fuente: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp2.htm
Este convenio es el instrumento más importante a nivel internacional que tiene que ver
directamente con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y “después de
la Constitución Nacional, es el instrumento legal más importante con que cuentan los
representantes indígenas en el Senado de la República. 21 Allí se consagran importantes
normas sobre derechos de las comunidades étnicas y tribales, se establece como
21 Muelas, Lorenzo. Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT. Bogotá: Fondo de Publicaciones del Senado de la República, 1997, p. 9.
obligación de los estados, especialmente, reconocer el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. También señala que los
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios que
reconocimiento y el gozo pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, a
la participación y a la consulta cuando se vayan a tomar medidas que puedan afectarles.
Así mismo, contiene normas sobre contrataciones y condiciones de empleo; formación
profesional, artesanía e industrias rurales; seguridad social, salud, educación, entre
3.3. Otras disposiciones internacionales
Otros instrumentos jurídicos internacionales que tienen relación directa o indirecta con
las comunidades étnicas son:
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe, ratificado por la Ley 145 de 1994.
Convenio sobre la diversidad biológica, firmado en la Cumbre de Río en 1992 y
ratificado mediante la Ley 165 de 1994.
Decisión 391 de 1996 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre acceso a
Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), ratificado por la Ley 17 de 1981, el
cual se fundamenta en el reconocimiento de los derechos indígenas y en la
conservación de los recursos naturales de la cuenca amazónica.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado
por la Ley 74 de 1968.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Ley 74 de
discriminación racial, ratificada por la Ley 22 de 1981.
Convención sobre los derechos del niño, ratificada por la Ley 12 de 1991.
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LAS COMUNIDADES NEGRAS
Convenio 107 de
Protección a las poblaciones indígenas y
Es la versión revisada del Convenio 107.
Busca asegurar los derechos de los pueblos
protección de sus valores culturales, sociales
Convenio Fondo
Establece el Convenio Constitutivo para el
Conservación de la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y
la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de
Decisión 391 de
1996 de la
Convenio de Biodiversidad que tratan sobre
la protección del conocimiento asociado a
distribución de los beneficios y la utilización
de su conocimiento. Establece el régimen
común de acceso a los recursos genéticos
Las partes contratantes convienen en realizar
amazónicos tendientes a lograr resultados
equitativos y mutuamente provechosos, así
ambiente y la conservación y utilización
racional de los recursos naturales de esos
Los estados se comprometen a asegurar a los
hombres y las mujeres igual título y a gozar
de todos los derechos económicos, sociales y
Los estados se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de
Mediante el cual los estados partes de la
comprometen a prevenir, prohibir y eliminar
todas las prácticas de esta naturaleza
convención se comprometen a reconocer los
derechos de los niños y a adoptar medidas
para dar efectividad a dichos derechos
manifestaciones de los estados con relación a los pueblos indígenas.
4.1. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Fue adoptada en Argel en 1976 y se constituye en “la base real de un sereno examen de
perspectiva de aplicación (ojalá próxima) de los Derechos Humanos, en naciones en vía
de difícil desarrollo como ocurre en la actual coyuntura política, social y económica de
Colombia”. 22
En esta declaración se consagran derechos de invaluable importancia para los pueblos –
entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas y afrocolombianos– de los cuales
El derecho al respeto de la identidad nacional y cultural de los pueblos.
El derecho a conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso
El derecho imprescriptible e ineludible a la autodeterminación.
El derecho a un régimen democrático que represente el conjunto de los ciudadanos,
sin distinción de raza, sexo, creencia o color, y capaz de asegurar el respeto efectivo
de los derechos del hombre y la mujer y de las libertades fundamentales para todos.
El derecho exclusivo de los pueblos sobre sus riquezas y sus recursos naturales.
22 Umaña Luna, Eduardo. “Declaración Universal de los derechos de los Pueblos: necesidad imperiosa para Colombia”. En: Revista Contorno Judicial Nro. 2. 1999, pp. 7-11.
El derecho a participar en el progreso científico y técnico por ser patrimonio común
El derecho que tienen los pueblos de proporcionarse el sistema económico y social
que elijan y buscar su propia vía de desarrollo económico.
El derecho que tiene los pueblos de hablar su propia lengua, de preservar y
desarrollar su propia cultura, contribuyendo a enriquecer la cultura de la humanidad.
El derecho a las riquezas artísticas, históricas y culturales.
El derecho a la conservación, protección y mejoramiento de su ambiente.
El derecho de las minorías a que respeten su dignidad, sus tradiciones, su lengua y
4.2. Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas
La propuesta sobre la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por las
Naciones Unidas se constituye en otro instrumento fundamental para la protección de
las razas autóctonas existentes.
El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas adscrito a las Naciones Unidas
comenzó a preparar en 1985 un proyecto sobre la Declaración de los derechos de los
pueblos indígenas. El proyecto está finalizado por el grupo de trabajo de expertos y se
encuentra para la discusión oficial en las sesiones del Grupo de Trabajo constituido por
los representantes de los diferentes países y cuyo análisis se hace anualmente en
reuniones para debatir cada uno de los artículos. Esta declaración se constituye en uno
de los acontecimientos más importantes para la promoción y protección de los derechos
y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
El proyecto de declaración consiste en un preámbulo de 19 párrafos y en 45 artículos en
que se abordan los derechos y libertades;
el mantenimiento y el desarrollo de
características e identidades étnicas y culturales; la protección contra el genocidio y
etnocidio; los derechos relativos a las religiones, los idiomas y las instituciones
educacionales;
la propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos naturales
indígenas; la protección de la propiedad cultural e intelectual; el mantenimiento de
estructuras económicas y modos de vida tradicionales, incluidos la caza, la pesca, el
pastoreo, la recogida de cosechas, la explotación forestal y los cultivos; la protección
del ambiente; la participación en la vida política, económica y social de los estados
interesados, en particular, en cuestiones que pudieran afectar las vidas y destino de los
pueblos indígenas; la libre determinación, el autogobierno o la autonomía de los pueblos
indígenas en cuestiones relacionadas con sus propios asuntos internos y locales; los
contactos y cooperación tradicionales a través de las fronteras estatales, y la observación
de los tratados y otros acuerdos concertados con los pueblos indígenas.
La declaración también prevé procedimientos justos y mutuamente aceptables para
resolver las controversias entre los pueblos indígenas y los estados, entre los que figuran
procedimientos tales como las negociaciones, la mediación, el arbitraje, los tribunales
nacionales y los mecanismos internacionales y regionales de examen y denuncia con
relación a los derechos humanos.
Los derechos que se enumeran en la declaración constituyen las normas mínimas para la
supervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. La declaración
constituiría como resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas un conjunto
de recomendaciones a los estados miembros, siendo que el Convenio 169 de la OIT
impone obligaciones jurídicas a los estados que ratifican su contenido.
5. NORMAS INTERNAS
A continuación haremos una descripción cronológica de las principales disposiciones
nacionales que, de manera directa o indirecta, hacen referencia a los pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas:
Ley 25 de 1824, señala por primera vez que se respetarán todas las propiedades
Decreto 1828 de 1848, exime a los “indígenas salvajes” de prestar el servicio
militar obligatorio (Ley 48 de 1993, art. 27).
Ley 21 de 1851, abolición de la esclavitud en Colombia.
Constitución Política de 1886 (art. 37), no podía haber bienes inmuebles que no
fueran de libre enajenación.
Ley 153 de 1887, en su artículo 318 señala que “el Gobierno podrá modificar,
por medio de decretos y reglamentos, el derecho común para la resolución y
régimen de las tribus bárbaras o salvajes existentes en el territorio de la
República atendiendo a sus especiales costumbres y necesidades”.
Ley 89 de 1890, por la cual se determina la manera como deben ser gobernados
los “salvajes” que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Esta norma establece
los resguardos y fija parámetros claros para la defensa de las comunidades
indígenas: estabilidad en cuanto a la propiedad de sus tierras, vida legal a los
comunidades, etcétera.
Ley 55 de 1905, ratifica y confirma la declaración judicial y legalmente hecha de
estar vacante globos de terrenos conocidos como resguardo de indígenas, así
como la venta de ellos efectuada en subasta pública. 23
Ley 81 de 1958, pone término a la disolución que venía practicándose de los
resguardos indígenas coloniales y contiene disposiciones relativas al fomento
agropecuario para las comunidades indígenas.
Decreto 1634 de 1960, crea la División de Asuntos Indígenas (DAI) del
Mediante el Decreto 372 de 1996, se establece la estructura interna del
Ministerio del Interior y en su artículo 23 se le asignan funciones a la Dirección
General de Asuntos Indígenas; posteriormente, se reglamentó por la Ley 199 de
1995 y recientemente por el Decreto 200 de 2003.
Ley 135 de 1961, crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y en
conjunto con la Ley 4 de 1973 faculta al Instituto para constituir reservas y
resguardos indígenas, dando a las comunidades el derecho a la tierra en común
conforme a sus usos y costumbres.
Antropología (ICAN), que reemplaza al Instituto Etnológico creado en 1941.
Decreto Ley 88 de 1978 y Decreto 1142 de 1978, contemplan la educación
bilingüe y bicultural adaptada a la forma de vida de los indígenas; reconoce el
pluralismo étnico y establece el derecho de las comunidades indígenas a recibir
una educación de acuerdo con sus particularidades socioculturales y económicas.
23 DNP. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Bogotá: DNP, 2004, p. 19.
Resolución 10013 de 1981 del Ministerio de Salud, traza una política que busca
articular la medicina occidental con la medicina tradicional y establece que los
organización, economía, creencias y cultura. El Decreto 1811 de 1990 regula la
prestación de servicios de salud a los indígenas del país.
Resolución 3454 de 1984 del Ministerio de Educación Nacional, enmarca los
programas de educación nacional dentro de los principios de etnodesarrollo y
etnoeducación y estipula que los indígenas diseñen el contenido curricular para
los programas que se adelanten en sus comunidades.
Decreto 2230 de 1986, crea el Comité Nacional de Lingüística Aborigen,
presidido por el ICAN, cuya función es asesorar al Gobierno Nacional en la
formulación de políticas relacionadas con actividades de investigación, difusión,
conservación de las lenguas amerindias existentes en el territorio nacional. El
Decreto 2128 de 1992 actualiza las funciones del ICAN.
Ley 30 de 1988, establece que toda entrega de territorio a los indígenas se hará
bajo la figura de resguardo.
Decreto 2001 de 1988 reglamentario de la Ley 30, establece claras definiciones
de los términos relativos a territorio y organización indígena y contiene el
régimen para el trámite de las adjudicaciones o titulaciones a indígenas no sólo
de terrenos baldíos sino de los adquiridos por el Estado con el fin de ser
entregados a las comunidades.
Decreto 2655 de 1988 sobre delimitación de zonas mineras indígenas y el
derecho de prelación en favor de los indígenas para la exploración y explotación.
Decreto 1332 de 1992, por el cual se crea la Comisión Especial para las
Comunidades Negras sobre el reconocimiento de los derechos territoriales y
culturales, económicos, políticos y sociales del pueblo negro de Colombia.
Decreto 2374 de 1993, el cual adiciona el Decreto 2128 de 1992 y le impone
funciones al ICAN relacionadas con las culturas afrocolombianas.
Resolución 71 de 1993, reglamenta la elección de representantes a la Cámara
por la circunscripción nacional especial para comunidades negras.
de 1993, por
la cual se desarrolla el artículo 55 transitorio de la
Constitución Política y contiene algunas disposiciones sobre el reconocimiento
del derecho a la propiedad colectiva.
Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 24 Se
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales y se organiza el SINA.
Ley 100 de 1993, sobre participación en el sistema de salud. En el tema indígena
relacionado con las siguientes normas: Decreto 2357 de 1995; Ley 549 de 1999;
Decreto 1152 de 1999 y Decreto 1804 de 1999 (Administración del Régimen
Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de
cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.
Ley 115 de 1994, ley general de educación sobre etnoeducación, relacionada con
el Decreto 620 de 2000.
Ley 160 de 1994, de reforma agraria y desarrollo rural campesino que establece
en el capítulo XIV lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las
comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y
saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional. El Decreto
24 Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
2164 de 1995 reglamenta parcialmente ese capítulo de dicha ley y deroga
expresamente los decretos 2117 de 1969 y 2001 de 1994.
Ley 141 de 1994, crea el Fondo Nacional de Regalías.
Decreto 2663 de 1994, por el cual se reglamentan los capítulos X y XIV de la
Ley 160 de 1994 en lo relativo a procedimientos de clarificación de la situación
de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitación o deslinde
de las tierras del dominio de la nación y los relacionado con los resguardos
indígenas y las tierras de las comunidades negras.
Decreto 1371 de 1994, por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto
Nivel y las consultivas departamentales para comunidades afrocolombianas.
Decreto 2313 de 1994, por el cual se asigna funciones a la Dirección de
Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
Decreto 2314 de 1994, por el cual se determina la elaboración del Plan de
Desarrollo de las Comunidades Negras y se nombran los técnicos para hacerlo.
Decreto 2663 de 1994, por el cual se reglamentan los capítulos relativos a los
procedimientos de clarificación de la situación de tierras relacionados con los
resguardos indígenas y las tierras de comunidades negras.
Decreto 2664 de 1994, por el cual se reglamenta el procedimiento para la
adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación por parte de las comunidades
Decreto 804 de 1995, por el cual se reglamenta la atención educativa para
Decreto 1745 de 1995, por el cual se reglamenta el capítulo III de la Ley 70 de
1993 que adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la
propiedad colectiva de las tierras a las comunidades negras y se dictan otras
disposiciones relacionadas con las comunidades indígenas.
Decreto 2249 de 1995, por el cual se conforma la Comisión Pedagógica
Nacional de Comunidades Negras a nivel nacional y departamental.
Decreto 1791 de 1996, por el cual se establece el régimen de aprovechamiento
Decreto 1396 de 1996, por el cual se crea la Comisión de derechos humanos de
Decreto 1397 de 1996, por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios
Ley 387 de 1997, sobre desplazamiento.
Ley 397 de 1997, sobre cultura.
Decreto 1122 de 1998, mediante el cual se dictan normas para el desarrollo de la
Decreto 2253 de 1998, por el cual se crea la Comisión de Estudios para formular
el Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras 1998-2002.
Decreto 1320 de 1998, reglamentario de la consulta previa a comunidades
indígenas y negras dentro del proceso para otorgar licencia ambiental.
Ley 619 de 2000, sobre regalías.
Ley 756 del 2000, sobre regalías.
Ley 649 de 2001, derechos políticos de las comunidades indígenas.
Ley 685 de 2001, sobre regalías.
Ley 691 de 2001, reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema
General de Seguridad Social en Colombia.
Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias (participación ingresos corrientes de la Nación) reglamentada
por los decretos 159 y 1745 de 2002.
Ley 725 de 2004, Día Nacional de la Afrocolombianidad.
Decreto 330 de 2001, sobre la constitución y funcionamiento de entidades
Decreto 1220 de 2005, por el cual se reglamenta el título VIII de la ley de 1993
Las normas que regulan las relaciones sociales tienen como finalidad la equidad y el
equilibrio social. Éstas pueden ser utilizadas de diversas maneras, en diferentes
ocasiones y espacios; esa es la clave de la capacidad del derecho para articular prácticas
y para contribuir a la cohesión social.
Aristóteles planteaba que el hombre es un ser naturalmente social, un animal político, lo
que significa que necesariamente tenga que vivir en sociedad. La vida en comunidad
genera relaciones de diverso orden, complejas y variadas, que deben ser regladas para
evitar conflictos que, de lo contrario, serían solucionados de manera particular.
Es importante señalar que el derecho no se realiza por el hecho de la promulgación de
una norma, sino por su aplicación. El derecho, como todo discurso, actúa en un campo
de producción simbólica y, como todo lenguaje, sirve para hacer cosas diferentes de las
que él mismo dice querer hacer. Lo simbólico invade todo el ámbito de lo social hasta
confundirse con lo social mismo: de un lado lo real, lo material; del otro, lo aparente, lo
Las funciones manifiestas del derecho, son las relativas a las consecuencias objetivas
para una unidad específica (persona, subgrupo, sistema social o cultura), que buscan la
protección del bien jurídico previsto en la norma pero no siempre logran tener
El concepto de funciones latentes del derecho va más allá de saber si la norma consigue
o no una finalidad; son las relativas a las consecuencias inesperadas y no reconocidas
del mismo orden. La función latente realiza a través de su aplicación otros objetivos o
funciones diferentes a las descritas en la norma.
La eficacia de la norma refleja el grado de realización del objeto y el grado de
incidencia del texto normativo en el comportamiento (correspondencia entre la conducta
prevista en la norma y la realmente seguida). En nuestra legislación existe gran
proliferación de normas que son representativas de la necesidad de proteger derechos
fundamentales individuales y colectivos. Sin embargo, se presentan diversos problemas
La ineficacia inmediatamente después de la promulgación de la norma no afecta su
validez; no obstante, la prolongación de este fenómeno en el tiempo termina debilitando
el carácter coercitivo o impositivo de la norma, perdiéndose, de esta manera y
paulatinamente, el sentido de su validez, hecho evidenciado en lo referente a los
derechos de las comunidades étnicas.
No siempre es claro el objetivo perseguido por la norma. El derecho de la sociedad
posmoderna es efímero y restringido: la dispersión de intereses, la reivindicación de las
diferencias, las luchas por la igualdad material han hecho desvanecer la tradicional
eficacia instrumental concebida a partir del mandato general de obligatorio e inmediato
cumplimiento y en su lugar ha ido apareciendo un derecho cuya eficiencia instrumental
responde a necesidades específicas de regulación y coordinación social.
Muchos de estos problemas radican en la incoherencia de las normas, la inflación
jurídica y la deficiente técnica legislativa con que han sido promulgadas. Es indudable
que para darle aplicación a las normas sobre los grupos étnicos se requiere de
funcionarios especializados en el tema, porque no se puede desconocer que con la
Constitución de 1991 se presenta un avance significativo, pero no suficiente, en cuanto
a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Sin embargo,
creemos que se pueden lograr mejores resultados y que es deber de las entidades
encargadas y de los estudiosos del tema, el seguimiento sobre el desarrollo que tiene la
aplicación de las normas sobre los pueblos indígenas y las comunidades negras para
determinar su eficacia.
Con relación a los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, el país ha
cumplido con el deber de consagrar normas para su protección, sin embargo, lo que está
en discusión es la eficiencia y eficacia de las mismas. 25 En Colombia existe gran
representativas de la necesidad de reconocer y proteger la diversidad cultural de la
Nación; no obstante, se presentan problemas en su aplicación real y efectiva, lo que
hace que éstas, en muchas ocasiones, cumplan una función meramente simbólica. No
podemos desconocer que la nueva Carta y las políticas de descentralización han
facilitado el surgimiento de nuevos espacios de participación, negociación y decisión
para los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y ello se refleja en las
curules ocupadas por sus representantes en el Congreso y en las demás instituciones del
Estado. Estos grupos han sido objeto de una legislación especial que les ha servido para
obtener por parte del Estado el reconocimiento de sus derechos y obligaciones que
importancia de estas culturas, es muy difícil hacer realidad esos derechos.
Sobre este tópico, los mismos indígenas sostienen: “La vigencia de nuestros derechos,
como la de los demás pobladores, no se da por el solo hecho de estar garantizada en la
letra y espíritu de la Constitución de 1991. Está lejos de ser o llegar a ser una realidad,
pues es evidente que por encima de nuestras integridades pasan los megaproyectos de
desarrollo del país”. 26 Estamos convencidos que a pesar de contar con ese marco
jurídico aparentemente amplio, las dificultades y problemas de los indígenas no han
25 La eficacia de la norma tiene que ver con un concepto sociológico referido al cumplimiento de los objetivos de la norma; es decir, al vínculo social que hace que prime el cumplimiento de las metas para la cual fue propuesta. La eficiencia tiene aplicación en materia de recursos, es la adecuada inversión de los recursos en los objetivos que se propone una norma.
26 ONIC, Territorio Indígena y Constitución. Op.cit., p. 72.
sido resueltos. En este sentido, es necesario señalar que las normas sobre los derechos
están cumpliendo una función simbólica y que falta mucho para hacer efectivos los
derechos del pueblo indígena que cada día se ve más afectado por problemas de todo
Con relación a las comunidades afrocolombianas, podemos hablar de un avance en el
reconocimiento de sus derechos, conseguidos por la dura lucha que sus miembros han
tenido que afrontar a lo largo del tiempo. Destacamos el reconocimiento a esta
comunidad como grupo étnico, hecho que abre la posibilidad de una reglamentación en
su beneficio; el derecho a la propiedad colectiva; el establecimiento de una autoridad
propia a través de los consejos comunitarios; la creación de una circunscripción especial
para la Cámara de Representantes; la inclusión de representantes de las comunidades
negras en el Consejo Nacional de Planeación; etcétera.
No obstante los principios y derechos a tener en cuenta, “no podemos desconocer que
las reivindicaciones de los pueblos indígenas y negros tienen que ir más allá del
reconocimiento y respeto de sus derechos legalmente establecidos, sus reivindicaciones
deben abarcar también lo económico y lo político. El problema étnico debe considerarse
concretamente, como un problema social, económico y político (
problema del indio (y del negro) tiene que ser una solución social. Sus realizadores
deben ser los propios indios (y negros) que les permita decidir su rumbo histórico”. 27
27 Mariategui, José Carlos. Siete Ensayos sobre la Realidad Peruana. Perú: Editorial Amauta, 1990.
COAMA. Derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de América Latina.
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 resolución 
 artículo 23

Resolución 

Resolución 

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