Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-00028-de-julio-24-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_e4648e9ad8f401f6e0430a01015101f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-26 06:24:40+00:00

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﻿ Sentencia2000-0028 de julio 24 de 2001
SENTENCIA 2000-00028 DE 24 DE JULIO DE 2001
Sentencia2000-0028 de julio 24 de 2001
Rad.: 11001-03-28-000-2000-0028-02(IJ-020)
El ciudadano Germán Barriga Garavito demandó fuera declarado nulo el acto por el cual el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia designó a la señora Consuelo Corredor Martínez como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de esa Universidad para el período de 1º de mayo de 2000 a 30 de abril de 2002, contenido en el acta 15 correspondiente a la sesión de 8 de mayo de 2000 y en la Resolución 30 de la misma fecha expedida por esa autoridad.
Dijo el demandante que, según lo establecido en el artículo 12, literal d, del Decreto 1210 de 1993, “por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia”, es función del consejo superior universitario nombrar y remover decanos, según la reglamentación que expida el mismo Consejo; que, así, según lo dispuesto en el artículo 7º, numeral 6º, del Acuerdo 13 de 1999, “por el cual se adopta el estatuto general de la Universidad Nacional de Colombia”, expedido por el Consejo Superior Universitario, es una de sus funciones nombrar los decanos, según reglamentación que ha de tener en cuenta como directrices básicas la consulta previa a la comunidad académica de la respectiva facultad y la elaboración de una terna para consideración del Consejo integrada por candidatos que hubieran recogido un volumen o grado significativo de la opinión expresada; que mediante los artículos 5º, literales d y e, 6º, 7º y 8º del Acuerdo 1 de 2000, “por el cual se reglamenta el nombramiento de los decanos de facultad”, expedido por el mismo consejo, se estableció el procedimiento a través del cual se consultaría a la comunidad académica, se consolidaría la información como factor integrado de opinión, consideraría el consejo a los aspirantes que hubieran obtenido los tres mayores factores integrados de opinión en cada facultad y haría el nombramiento de decanos de entre esos tres aspirantes.
Y alegó el demandante, en síntesis, que esas normas fueron violadas, por falta de aplicación, por cuanto la designación de la señora Consuelo Corredor Martínez como decana de la Facultad de Ciencias Económicas no se hizo de terna integrada con aspirantes que hubieran recogido los tres mayores factores integrados de la opinión expresada por los profesores y estudiantes de esa Facultad, sino que fue puesto a consideración del Consejo Superior Universitario el nombre de una sola aspirante, en quien se hizo el nombramiento.
La señora Consuelo Corredor Martínez, por conducto de apoderado, dio contestación a la demanda, explicando que fue elegida decana de la Facultad de Ciencias Económicas por el consejo superior universitario en ejercicio de la competencia que le otorga a esa autoridad el artículo 12, literal d, del Decreto 1210 de 1993; que la ausencia de la terna a que se refiere el artículo 7º del Acuerdo 13 de 1999 para el nombramiento de decanos, no indica que el Consejo pierda competencia o no pueda hacer la designación, si de la consulta previa a la comunidad académica de la respectiva facultad solo resultan dos candidatos si, por lo demás, los requisitos exigidos para la consulta se cumplieron a cabalidad; que el raciocinio del demandante implicaría una indefinición en la designación de decanos, que contraría la finalidad del Decreto 1210 de 1993 y la reglamentación expedida por el Consejo para su elección; que la conducta del Consejo no solo obedece concretamente al cumplimiento de la normativa reglamentaria, sino al ejercicio de su competencia al obrar, además, como intérprete auténtico de sus propios estatutos; que los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del Acuerdo 1 de 2000 fueron cumplidos dentro del proceso de designación de la señora Corredor Martínez como decana de la Facultad de Ciencias Económicas y dentro del procedimiento llevado a cabo en la consulta a la comunidad académica; y que el Consejo procedió a elegir decanos en algunas facultades con dos aspirantes solamente, por no haberse inscrito más candidatos en la consulta estamentaria.
Reiteró el demandante que en la elección acusada el consejo superior universitario no tuvo en cuenta que fue sometido a su consideración el nombre de una sola aspirante para proveer el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Económicas, en vez de tres, como lo exige la reglamentación vigente. Además, invocando el artículo 147 del Código Contencioso Administrativo, solicitó se llevara a cabo una audiencia pública.
Por su parte, el apoderado de la Universidad Nacional alegó, básicamente, las mismas razones expuestas al contestar la demanda, respecto de la cual dijo que era inepta, porque la acción ejercida era improcedente.
Y el apoderado de la demandada alegó extemporáneamente.
4. La opinión del Ministerio Público
Dijo el procurador que el artículo 69 de la Constitución dotó a la Universidad Nacional de Colombia de autonomía, pero que esa autonomía está sometida al régimen estatutario que la misma Constitución autoriza para que establezca su gobierno y administración y señalar su régimen interno, los mecanismos referentes a la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores, las reglas sobre selección y denominación de profesores, los programas de su propio desarrollo y la aprobación y manejo de su presupuesto, entre otros aspectos fundamentales; que, por otra parte, mediante los artículos 62 y 64 de la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, fue establecido que la dirección de las entidades estatales u oficiales corresponde al consejo superior universitario, al consejo académico y al rector, y que el máximo organismo de dirección y gobierno es el consejo superior universitario, al que corresponde darse su propia reglamentación; que son funciones del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, entre otras, nombrar y remover a los decanos según reglamentación que expida el mismo consejo, y que lo concerniente a los decanos fue regulado mediante los artículos 12, literal d, y 20 del Decreto 1210 de 1993; que en ejercicio de la facultad de expedir sus propios reglamentos el Consejo Superior Universitario profirió el Acuerdo 13, publicado en la Gaceta Universitaria el 17 de junio de 1999, mediante el cual asignó al consejo la facultad de nombrar a los decanos, previa la consulta a la comunidad académica de la respectiva facultad y la elaboración de una terna que se sometería a su consideración, integrada por candidatos que hubieran recogido un volumen significativo de la opinión expresada; y que por medio del Acuerdo 1, publicado en la Gaceta Universitaria el 18 de febrero de 2000, se reglamentó el procedimiento para la designación de los decanos de facultades.
De todo lo anterior resulta que es infundada la censura según la cual la acción electoral “no es aplicable al caso” por cuanto no se trataba de plantear ninguna de las causales de nulidad señaladas en los artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo sino de controvertir la aplicación indebida o la falta de aplicación de normas superiores. El demandante, en ejercicio de la acción electoral, solicitó se declarase nulo el acto de nombramiento de la señora Consuelo Corredor Martínez como decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, e invocó la violación de normas superiores, por falta de aplicación, y bien podía hacerlo, según lo expuesto.
2. La excepción propuesta
La demandada, señora Consuelo Corredor Martínez, ya se dijo, al contestar la demanda, propuso la que denominó excepción de inexistencia absoluta de fundamentos jurídicos procedentes para la declaratoria de nulidad impetrada.
Ocurre que el demandado bien puede oponerse a la demanda simplemente negando el derecho invocado o los hechos de los que se derivaría ese derecho, o bien planteando hechos distintos de los alegados por el demandante para destruir sus pretensiones, modificarlas o diferir sus efectos. Solo estos últimos constituyen excepciones, que son de fondo, en los términos del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, cuando se oponen a la prosperidad de las pretensiones.
3. El asunto de fondo
Esa reglamentación es, dijo el demandante, la expedida mediante los artículos 7º, numeral 6º, del Acuerdo 13 de 1999, y 5º, literales d y e, 6º, 7º, 8º y 9º del Acuerdo 1 de 2000 expedidos por el Consejo Superior Universitario, según los cuales le corresponde nombrar a los decanos de terna elaborada previa consulta a la comunidad académica de la respectiva facultad, y que así no se hizo, porque para la elección de la señora Consuelo Corredor Martínez como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas solo fue considerado su nombre.
Mediante el artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, “por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la administración pública”, se estableció que solo se publicaran ciertos actos en el Diario Oficial, y entre estos, en el literal c, los actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades u órganos del orden nacional.
Finalmente, en el artículo 119, literal c, de la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional […] y se dictan otras disposiciones”(2), se estableció que debían publicarse en el Diario Oficial, entre otros, todos los “actos administrativos de carácter general expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas ramas del poder público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado”; y, en el parágrafo del mismo artículo, que únicamente “con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad”(3).
Y tampoco frente al artículo 12, numeral d, del Decreto 1210 de 1993, cuya violación resultaría de la violación de aquellas disposiciones.
Manuel Santiago Urueta Ayola, presidente—Mario Alario Méndez—Alberto Arango Mantilla—Camilo Arciniegas Andrade—Germán Ayala Mantilla—Tarsicio Cáceres Toro—Jesús María Carrillo Ballesteros—Reinaldo Chavarro Buriticá—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Lemos Bustamante—Ligia López Díaz—Roberto Medina López—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Ana Margarita Olaya Forero—Alejandro Ordóñez Maldonado—María Inés Ortiz Barbosa, ausente—Nicolás Pájaro Peñaranda—Juan Ángel Palacio Hincapié—Darío Quiñones Pinilla—Germán Rodríguez Villamizar, ausente.
(1) “El texto anterior (L. 57/85, art. 3º) no exige mayores esfuerzos para su interpretación ya que su claridad y sencillez no dan pie para hacer interpretaciones diferentes a la que surge espontáneamente del mismo, en el sentido de que el Gobierno Nacional está facultado para autorizar, cuando haya justificación, que los distintos sectores administrativos editen sendos boletines o gacetas en donde se divulguen los actos “del respectivo ministerio o departamento administrativo y de los organismos que se hallen adscritos o vinculados a estos”. De ninguna manera la ley faculta al Gobierno para que autorice la publicación de boletines o gacetas a cada uno de los muchos organismos del orden nacional que integran la administración pública”. (Anales del Consejo de Estado, t. CXXIV, primera parte, págs. 411 y 412).

References: Resolución 
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 147
 artículo 69
 artículo 164
 artículo 95
 artículo 119
 artículo 12