Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Chile.12190.htm
Timestamp: 2017-07-22 02:42:16+00:00

Document:
Chile Petición 12.190 Admisibilidad
8. Hasta el momento los peticionarios no han hecho entrega de las observaciones a la respuesta del Estado de Chile. III. POSICIONES DE LAS PARTES
10. Afirman que luego de realizada la protesta, el General Director de Carabineros en distintas declaraciones manifestó que se les aplicaría la figura de sedición impropia a los cónyuges de las mujeres implicadas en la protesta. Los peticionarios sostienen, que lo que se intentaba era dar de baja a estos funcionarios por presuntos delitos cometidos por sus cónyuges. Agregan que los peticionarios fueron calificados en Lista 4 de eliminación,[3] y posteriormente despedidos, aún cuando habían sido calificados en la Lista 1 de mérito hacía poco tiempo. 11. Según los peticionarios la calificación que originó el despido de los Carabineros, es consecuencia directa de la manifestación que se llevó a cabo el 27 de abril. Agregan que sus cónyuges no participaron en la manifestación y que no se ha acreditado su involucramiento a través de un proceso provisto de las garantías judiciales necesarias.
12. Al referirse a la admisibilidad, los peticionarios sostuvieron que agotaron los recursos disponibles en el sistema judicial chileno. Indican que el 18 de julio de 1998 interpusieron sendos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de los despidos. Indican que el 28 de enero de 1999 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso sosteniendo que no le correspondía entrar a examinar los fundamentos que tuvieron en cuenta las Juntas Calificadoras para determinar la calificación que tuvo como consecuencia la baja de los Carabineros y añadió que de hacerlo se constituiría en otra instancia. 13. Indican que esta resolución fue confirmada por la Corte Suprema de Chile el 28 de abril de 1999, quien acogió el fallo de la Corte de Apelaciones, expresando que “consta de los antecedentes que el proceso calificatorio de los recurrentes se desarrolló en cuanto a su forma con plena observancia de las normas de procedimientos y plazos establecidos en el reglamento”.[4]
ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión. 21. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes Chile se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Chile es un Estado parte en la Convención Americana, desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
24. Finalmente la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. B. Requisitos de Admisibilidad
25. El artículo 46(1) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. 26. El Estado no presentó objeciones preliminares relacionadas con la falta de agotamiento de los recursos internos. En consecuencia, la Comisión Interamericana considera que el Estado chileno no invocó en esta petición la falta de agotamiento de los recursos internos en las primeras etapas del procedimiento. 27. La Corte Interamericana ha establecido en reiteradas oportunidades que “la excepción de no-agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado”.[10]
28. Por lo tanto, la Comisión considera que el Estado chileno renunció a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, ya que no la presentó en la primera oportunidad procesal que tuvo, es decir, en su respuesta a la petición que dio inicio al trámite. 2. Plazo de presentación de la petición
29. En la petición bajo estudio, la CIDH ha establecido la renuncia tácita del Estado chileno a su derecho de interponer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. En tal sentido, la CIDH observa que la petición original fue recibida el 18 de junio de 1999. Asimismo, la última decisión de un tribunal interno fue el 28 de abril de 1999. Por consiguiente, la CIDH considera que fue presentada dentro de un plazo razonable. 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
30. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados
31. El Estado solicitó a la Comisión que desestime la denuncia, porque cumplió con las obligaciones impuestas por la Convención y que las presuntas víctimas en ningún momento establecen los derechos contenidos en la Convención que han sido violados. 32. La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si hay o no una violación de la Convención Americana. A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir si se exponen los hechos que caracterizan una violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana, y si la petición es “manifiestamente infundada” o sea “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo. 33. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión, al establecer dos claras etapas de admisibilidad y fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para establecer una violación. 34. Respecto de la presente petición, la CIDH no encuentra, que la petición sea “manifiestamente infundada” o que sea “evidente su improcedencia”. Por otro lado, la CIDH considera que, prima facie, los peticionarios han acreditado los extremos requeridos en el artículo 47(b) y (c).[11]
35. Respecto al argumento del Estado según el cual la Comisión debe declarar este caso inadmisible, debido a que los peticionarios no han alegado los artículos específicos que consideran violados, la Comisión desea recordar que los peticionarios solo están obligados a presentar en la denuncia los hechos o la situación que fundamenten una posible violación de derechos de acuerdo a la Convención y no están obligados a nombrar los artículos específicos que considere violados.[12] Asimismo, los artículos 46.1 de la Convención y 28 del Reglamento de la Comisión no establecen entre los requisitos necesarios para la admisión de peticiones que se indiquen los artículos específicos que contienen los derechos que se consideran violados. 36. En consecuencia y aunque no han sido invocados por los peticionarios, en aplicación del principio iuria novit curia, la Comisión Interamericana considera que los hechos descritos podrían constituir violaciones de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión considera que podrían constituirse violaciones a las obligaciones que tiene el Estado en virtud de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 1, párr. 88, citando, Corte IDH, Asunto de Viviana Gallardo y otras, Decisión del 13 de noviembre de 1981, Nº G 101/81. Serie A, párr. 26. [11] La CIDH ha admitido anteriormente las siguientes peticiones relacionadas con Carabineros y los hechos acaecidos el 27 de abril de 1998: Informe 31/03 Petición 12.195, Informe 58/03 Petición 12.233 e Informe 32/03 Petición 12.281.
CIDH Informe 24/99, Gabriel Lastra, Caso 11.812, párr.22. Corte I.D.H., Caso Hilaire. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80, párr. 39-42.

References: resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47