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Timestamp: 2020-07-12 13:01:18+00:00

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(2010).- Es Posible La Coordinación Entre Jurisdicciones (Tesis) | Diversidad cultural | Interculturalidad
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En Qué Sentido Se Puede
Cultura: diversidad socio cultural
¿ES POSIBLE LA COORDINACIÓN ENTRE EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL Y LA JURISDICCIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA? APORTES PARA UN DIÁLOGO INTERCULTURAL E INTERJURISDICCIONAL.
GERMAN ERNESTO PONCE BRAVO CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO BOGOTA D.C.,
¿ES POSIBLE LA COORDINACIÓN ENTRE EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL Y LA JURISDICCIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA? APORTES PARA UN DIÁLOGO INTERCULTURAL E INTERJURISDICCIONAL
GERMAN ERNESTO PONCE BRAVO CODIGO 79954098
CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL CODIGO 79683242
Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Derecho Administrativo
Directora BEATRIZ LONDOÑO TORO Doctorado en Derecho Universidad Complutense De Madrid, U.C.M., España
Firma presidente de jurado
CAPITULO I - ANTECEDENTES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDIGENA EN COLOMBIA
1. La necesidad de una efectiva coordinación entre el sistema nacional judicial y la jurisdicción
Programa de Apoyo a la Coordinación y Cooperación de la Jurisdicción Especial Indígena y el
Contenido del programa “Apoyo a la Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el
CAPITULO II - CONTEXTO INTERNACIONAL. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y JUSTICIA
2. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas
3. Antecedentes: Breve Historia
4. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Proceso de elaboración y
5. Influencia y recepción de postulados mínimos de normatividad internacional en ordenamientos
CAPITULO III - CONTEXTO NACIONAL. EL RECONOCIMIENTO DE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL EN COLOMBIA. EL DEBATE DE LA
2. Elementos para el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena:
3. Derechos de las comunidades indígenas como sujetos colectivos reconocidos jurisprudencialmente.
CAPITULO IV - PERSPECTIVAS DEL DIALOGO INTERJURISDICCIONAL
1. Fortalezas del dialogo
2. Debilidades del dialogo interjurisdiccional
1. PLURALISMO JURIDICO
2. EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL
comunidades humanas organizadas socialmente en nuestro territorio, y la necesidad
inaplazable de su reconocimiento, conllevaron un encuentro de culturas jurídicas
diferentes que en la actualidad, por mandato constitucional, es imperativo coordinar.
Sin embargo, esta tentativa de coordinación se convierte en un propósito y una labor
arduos, y de franco entendimiento y comprensión de la diferencia, y especialmente del
otro como referente indiscutible de interacción, pues se trata de llevar a la práctica los
postulados más profundos de la democracia, el Estado social de derecho y la axiología
de la dignidad humana cuyo punto de convergencia sería la diversidad social, la
plurietnicidad y pluriculturalidad.
En cuanto las minorías étnicas son reconocidas ya constitucionalmente, permite un
ambiente propicio para lograr con éxito ésta labor, pues no debe olvidarse que al
reconocer la cultura diferenciada a los pueblos indígenas también se incluyó su propio
sistema de impartir justicia, es decir, su sistema judicial, al punto que es el artículo 246 1
de la Constitución Política así lo consagra, siendo de ésta manera como se hizo
improrrogable hacer efectivo un mecanismo que permita el funcionamiento armónico de
la jurisdicción especial indígena y Sistema Jurídico Nacional:
Acorde con lo expuesto, el presente trabajo investigativo, se desarrollará con base en los
resultados arrojados por el proyecto Extensión de la coordinación del Sistema Judicial
1 Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
Nacional (SJN) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), del cual se profundizará en el
capítulo I; cuya ejecución se le asignó a la Universidad del Rosario, proyecto en el cual
participamos desde la estructuración de la propuesta por parte de la Universidad del
Rosario, para participar en la
convocatoria de licitación internacional de la Unión
Europea para el Proyecto Fortalecimiento del Sector Justicia, siendo coparticipes desde
un principio de tan importante proyecto.
Posteriormente, cuando fue adjudicado el proyecto a la Universidad del Rosario, se tuvo
la oportunidad de aportar nuestros conocimientos jurídicos y de participar activamente
(como capacitadores e investigadores), en los talleres realizados a lo largo y ancho del
territorio nacional, desde la Guajira hasta el Amazonas, teniendo el privilegio de
compartir con las comunidades indígenas en sus propios territorios, participar de su
convivencia diaria, conocer su riqueza cultural de viva voz y admirar el encuentro entre
Colombia, que marcó un parámetro positivo dentro del pluralismo jurídico consignado
La perspectiva planteada por parte nuestra, se basa en el trabajo de campo realizado y en
la posibilidad de haber evidenciado el
especial indígena y el sistema judicial nacional.
entre la jurisdicción
Determinar si existe en Colombia una coordinación intercultural,
especial indígena y el sistema judicial nacional, con base en los resultados arrojados por
el proyecto “Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la
Jurisdicción Especial Indígena (JEI)” ejecutado por la U. del Rosario.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN:
las debilidades y fortalezas, del proceso de acercamiento realizado
la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, derivados del
proyecto “Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la
2. Establecer los retos y oportunidades del proceso de acercamiento realizado entre
la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, derivados del proyecto
“Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la Jurisdicción
Especial Indígena (JEI)” ejecutado por la U. del Rosario.
3. Analizar los elementos constitutivos del artículo 246 del Constitución Nacional
y su injerencia en el proceso de coordinación entre ambas jurisdicciones.
Con el fin de lograr la consecución efectiva de los objetivos planteados en este trabajo
de investigación, la metodología utilizada se fundamentará principalmente en el análisis
coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena”, de los
documentos sociales que
relacionan directamente con el
analizado, así como la jurisprudencia y doctrina especializadas y más relevantes sobre
este tema, como también de las experiencias de convivencia con las comunidades
indígenas dentro de sus territorios; todo lo anterior
con el fin de determinar si en
Colombia existe una coordinación intercultural entre la jurisdicción especial indígena y
el sistema judicial nacional.
investigativo se desarrollará en capítulos, cuya estructura formal , se
realizarán en forma de artículos bibliográficos o de reflexión, uno de los cuales ya fue
publicado en la Revista de Estudios Socio-jurídicos, revista indexada en la Categoría C
del Índice Bibliográfico Nacional
“Publindex” de Colciencias (Colombia). Incluida
REDALYC del la UAEM
México. Admitida en Latindex y México, en Citas
Latinoamericanas en
Ciencias Sociales y humanidades - CLASE -de la UNAM
(México) y en Dialnet Universidad de La Rioja (España). Dicho artículo fue publicado
en la edición No. 10 de agosto de 2008, bajo el título “El reconocimiento de la
Indígena dentro del Sistema Judicial Nacional en Colombia: el
Debate de la Coordinación”.
El planteamiento de los capítulos y su interrelación se desarrollará de la siguiente
Un primer capítulo en el cual se explicaran los antecedentes del proyecto Extensión de
la coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena”,
como eje central de la investigación, la importancia de este capítulo se basa, en que
consideramos importante que se conozcan los precedentes que dieron origen al proyecto
adelantado por la U. del Rosario.
Un segundo capítulo,
en el cual se plasmará un contexto internacional, en el cual, se
realizará un acercamiento de la situación de los pueblos indígenas en el mundo,
tomando como referente en una primera parte, como ha sido su lucha por la suscripción
la Declaración de los Pueblos Indígenas, y en una segunda parte, estableciendo los
Un tercer capítulo, en el cual, se abordarán los elementos constitutivos del artículo 246
de la Constitución Nacional, en el cual se fundamenta la coordinación intercultural,
realizando un exposición de la jurisprudencia más relevante en ese tema, pues con base
en las funciones jurisdiccionales otorgadas en dicho artículo, se desarrolló el proyecto
“Extensión de la coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción especial
Un cuarto capítulo denominado perspectivas del dialogo interjurisdiccional, en el cual
planteamos los resultados del acercamiento realizado entre la Jurisdicción Especial
Indígena y el Sistema Judicial Nacional, basados en las experiencias adquiridas en el
proyecto “Extensión de la coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción
especial indígena”.
La relación de los capítulos en comento se deriva de un hilo conductor, que son los
resultados arrojados en el proyecto “Extensión de la coordinación del sistema judicial
nacional y la jurisdicción especial indígena”. Por lo cual, establecemos un contexto
necesario, empezando por los antecedentes del proyecto, siguiendo con la perspectiva
internacional, para luego analizar el artículo 246 de la Constitución Nacional, como
proyecto, como un acercamiento entre ambas jurisdicciones.
En este orden de ideas, se plantearan algunos conceptos generales, que servirán de
referente para el desarrollo del proceso investigativo:
En primer lugar es importante profundizar sobre el significado de multiculturalismo.
Entendemos por tal el reconocimiento
existencia de diversas culturas que
coexisten en un determinado espacio, en este caso la nación colombiana. Es por ello que
se habla de un nación pluricultural y diversa, y se reconoce la existencia de pueblos
indígenas, negros (afro descendientes), Rom (o gitanos), y raizales (afro descendientes
de las Islas de San Andrés).
“multiculturalismo” debe ser entendido como:
“…Una política de las identidades desde la cual los pueblos, las etnias y las naciones
desarrollan los proyectos históricos plurales y las culturas políticas que les dan cabida.
“la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, se lee en
el parágrafo del artículo 70 (presidencia, 1994:29). Por primera vez, en más de
quinientos años de historia sobre el actual territorio nacional y de casi doscientos años
de vida republicana, la heterogeneidad de la población colombiana es contemplada
constitucionalmente. El país fue reconocido, étnica y culturalmente diverso; es decir,
grosso modo, multicultural…
Por multiculturalidad se entiende la calidad de lo multicultural, que asigna una forma
de ser, cuyo objetivo es la construcción de un orden social y político basado en la
regulación de las interacciones de la diversidad. Puede emplearse el término para
definir la cualidad de ser nacional: ser diverso y actuar en consecuencia, de modo
plural. Multiculturalismo es el concepto que da cuenta de las políticas que se orientan
desde el Estado, la sociedad y los movimientos sociales, las luchas para reconocer,
proteger y estimular el ejercicio de las diversidades culturales y étnicas…” (Zambrano,
2007:191)
Acorde con lo anterior, la multiculturalidad en Colombia es evidente, no solo respecto a
la totalidad de la población colombiana; sino en las comunidades indígenas, quienes son
multiculturales entre ellas, ya que
los 87 pueblos indígenas existentes en Colombia,
poseen entre sí culturas diferentes, con usos y costumbres diversos.
equitativas,
interculturalidad. La interculturalidad no opera por sí sola, es necesario un esfuerzo
individual y grupal por entender que existen códigos diferentes entre las personas; así
todos y todas seamos colombianos, tenemos que aceptar que hay valores, conceptos,
religiones diversas y que si queremos que se dé la interculturalidad, tenemos que oírnos,
respetarnos, incluirnos.
La interculturalidad como tal, se refleja notablemente en la comunidades indígenas y en
sus diversas formas de aplicación de justicia, por lo tanto, de una apreciación objetiva,
basada en el respeto por las diversas costumbres culturales, dependerá en gran medida,
un eficiente proceso de coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción
especial indígena;
un ejemplo de interculturalidad, son las formas de aplicación de
justicia, entre los dos sistemas que integran el pluralismo jurídico en Colo mbia, ya que
la oralidad de las comunidades indígenas refleja cómo opera un sistema de justicia que
guarda grandes diferencias, con el sistema judicial nacional; oralidad que puede
concretarse, en aspectos muy interesantes, como los ha establecido el antropólogo
Maestro Herinaldy Gómez Valencia:
“…mientras un hecho en el derecho positivo es construido y delegado sólo a los
(abogados,
interpretándolo,
desplazándolo,
sometiéndolo, reduciéndolo a la exegética y constreñimiento de lo escrito en un código,
en la justicia indígena el hecho se construye mediante el habla común interpelándolo,
debatiéndolo y sometiéndolo a la trama de otros acontecimientos inscritos en la
tradición que se hacen presente y se regulan mediante las lógicas y retóricas del habla
individual y social. Mientras para el derecho la norma escrita “escrita está” para las
justicias orales indígenas la norma está inscrita en la memoria como un campo amplio
de experiencias colectivas e individuales que siempre está en construcción y en busca
de la solución más adecuada al drama y trama de cada situación transgresora debido
al carácter contextualizador y contextualizado de la oralidad. Mientras en el sistema
judicial nacional el hecho es construido por los expertos y desde las formalidades y
regularidades del derecho escrito (el derecho, por injusto que sea no deja de ser
derecho) en las formas de justicia indígena el hecho es construido desde la diversidad
de experiencias de la vida en común y desde las continuidades y discontinuidades de la
historia y sus narrativas en las que se expresa un doble movimiento que hable del
repliegue sobre su tradición y oralidad y, a la vez, de su apertura al mundo moderno:
la apropiación, traducción o captura del derecho escrito a pesar de que éste se ha
ensañado contra su cultura…” (Gómez, 2008:239)
Es por eso, que la interculturalidad es un elemento importante para el proceso de
coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena, ya
que se debe propender, en primer
lugar por fortalecer
la cultura propia de las
comprendiendo que son diferentes y en segundo lugar, por
crear espacios de entendimiento y comunicación, con el sistema judicial nacional, bajo
un ámbito de respeto y de interacción cultural, donde exista un proceso bipartito de
conocimiento mutuo y donde la comunicación sea un elemento esencial en proceso de
coordinación intercultural. Acorde con lo anterior es pertinente tener presente que según
Felipe González Ortiz:
“…Una integración que respeta la diferencia y la construye como un insumo para la
integración en la diversidad cultural, refleja posturas de integración con dignidad.
En este contexto se trata de formar comunidades orgullosas de sus propias culturas
para negociar el proceso histórico. Quizás en esto consiste la interculturalidad, en
construir los mecanismos para lograr los puentes de comunicación y entendimiento
entre grupos culturales diversos basados en identidades positivas. Se trata de la
construcción de comunidades de argumentación intercultural (Bartolomé, 2000), de esa
manera se pretende redistribuir el poder y cambiar las relaciones que dan pie a la
La interculturalidad es en este sentido una apertura a conocer y comprender lo que el
otro manifiesta, es una intención que obliga a cambiar actitudes reconstruyendo y
recreando valores cuyos motivos se centran en la construcción de una sociedad más
incluyente y que no rompa con el sentido de trascendencia que lleva el haber nacido en
una comunidad de aprendizaje, formación cultural y socialización; el hablar una
rituales acordes con dichas creencias. Sin duda la interculturalidad entendida como
diálogo no es suficiente para la redistribución del poder necesario para posicionar a
los pueblos dominados, pero me parece es un paso necesario para la construcción
positiva de las identidades étnicas, cuyos parámetros de valoración, dado el proceso de
minusválidos”. (González, 2007:250-251)
Acorde con lo anterior, en Colombia el concepto de interculturalidad asume vital
importancia para concretar el proceso de coordinación, ya que es primordial que se
cambie la perspectiva dominante, consistente en que para poder identificar a los
miembros de las comunidades indígenas es necesario que vistan con atuendos propios
de sus pueblos o sencillamente que no utilicen vestimentas características de la cultura
occidental; ya que un adecuado proceso intercultural implica una apreciación objetiva
de las comunidades indígenas, como culturas diferentes, que se desarrollan dentro de un
mundo cambiante; como entre otras lo ha establecido la antropóloga Esther Sánchez
ontológica está definida por su nacimiento o por portar determinadas características.
No son pensados ni tratados como seres en devenir, cuya identidad no consiste en el
mantenimiento de algo inmanente y estático, sino que determinan como todos los
humanos en sociedad, en intervención permanente de su identidad
mundo y el de los demás. Los sujetos, como los grupos sociales, van incorporando
conocimiento, nuevas estructuras y clasificaciones en el orden cognitivo, que son
producto de relaciones sociales cambiantes. Este orden se define por los referentes de
comportamientos que otorgan significaciones compartidas.
La identidad étnica y cultural no equivale, como erróneamente se piensa, a la
sumatoria de fenómenos tales como la lengua, el vestido, la pintura facial, los
materiales naturales de la vivienda o la ubicación distante de una cabecera municipal.
de grupo, que se genera con relación a otros, como cuando a
pesar de las diferencias culturalmente mínimas de un colombiano con respecto a un
compararse con un sentido de pertenencia a una nación particular, enseñado mediante
significativa. La identidad étnica representa un marco tan fundamental como la
identidad de género.” (Sánchez, 2007:39-40)
En este sentido y una vez determinando el concepto de interculturalidad, es importante
dejar claro, lo que para efectos del presente trabajo investigativo, nos atrevemos a
denominar “Coordinación Intercultural” como eje central y objeto de la investigación,
pues es esencial establecer su concepto, para finalmente concluir si existe o no, un
proceso de coordinación intercultural en Colombia.
Es importante resaltar que el concepto de coordinación intercultural, que expondremos a
continuación, es una aproximación a lo que nosotros entendemos como coordinación y
se utilizará para analizar los resultados del proyecto adelantado por la U. del Rosario,
por tal motivo, somos respetuosos frente los expertos e investigadores eruditos en este
tema, quienes posiblemente puedan desarrollar mejor dicho concepto.
La palabra coordinar es definida en el diccionario de la lengua española como:
“Concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común.”.
Acorde con lo anterior, el planteamiento y el concepto que vamos a exponer a lo largo
la acción conjunta y concertada entre la jurisdicción Especial
Indígena y el Sistema Judicial Nacional, para la solución de conflictos judiciales entre
dos culturas diversas, pero equitativas, encaminadas a una correcta aplicación de
justicia, en la cual se recojan aspectos sustanciales de ambas culturas.
En este orden de ideas, no asimilamos la coordinación intercultural, como una simple
delimitación de competencias, en la cual, cada jurisdicción decida, a quien le compete
la aplicación de justicia de acuerdo al sujeto activo o pasivo, sino a una acción conjunta
en la cual ambas jurisdicciones concertadamente, puedan llegar a la solución de
conflictos, en concordancia en lo que el maestro Herinaldy Gómez ha denominado un
debido proceso intercultural.
Quizás por la complejidad del concepto de coordinación y lo que ello implica, sea la
razón por lo cual, aún en Colombia, no se haya establecido una Ley de Coordinación.
Por lo anterior, coordinación intercultural, es una forma de resolver conjuntamente los
conflictos que se lleguen a presentar entre ambas jurisdicciones, tomando como
referente elementos interculturales de una y otra jurisdicción, construyendo así, un
debido proceso intercultural, en que ambas partes llegan a un consenso y solucionan
mancomunadamente los hechos objeto de estudio, sin que se limiten a aplicar justicia
cada jurisdicción de manera independiente.
Respecto al concepto de pueblo indígena, comunidad indígena, o grupo étnico, pese a
que cada terminología implica una serie de elementos configurativos, desarrollados
principalmente por académicos expertos en la materia; para efectos del presente trabajo
investigativo, de manera respetuosa, utilizaremos indistintamente, ambos términos, para
referirnos a los pueblos indígenas y a sus miembros constitutivos.
Constitución Nacional), tenemos derecho a no ser discriminados por la pertenencia a
determinando grupo, y fomentar una cultura basada en el diálogo, abandonando el
monismo jurídico, o sea, el reconocimiento a la existencia de un solo derecho o marco
jurídico. Esto implica, de un lado, reconocer otras formas de derecho, y del lado de
quienes las poseen diferentes, como
son los pueblos indígenas,
fortalecer su derecho propio, ejerciéndolo y haciéndolo respetar.
patrimonio cultural de la humanidad., puesto que lleva al dialogo entre civilizaciones y
culturas, al respeto y a la comprensión mutua (UNESCO, 2003:4). 3
2 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 3 El Artículo 1 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, establece que:
“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las
El concepto de diversidad cultural y su aplicación práctica respecto a la comprensión de
las culturas indígenas, es de singular importancia, en especial para el proceso de
que implica la aceptación de usos y costumbres diferentes a las mayoritarias y por ende
sistemas de justicia alternos, pero de igual validez; que deben ser apreciados desde una
perspectiva basada en el respeto por las diferencias; para ello es importante lo dicho por
León Olive respecto a la diversidad cultural:
“Reconocer que existe una cultura diferente, no es sólo aceptar que alguien pueda tener
un color de piel distinto, peinarse de algún modo que nos parezca extravagante, tener
gustos estéticos "asombrosos" y hábitos alimentarios extraños. Puede significar todo
eso, pero implica mucho más. Lo más delicado, y lo que realmente importa para
nuestro tema, es que los miembros de la otra cultura pueden concebir la naturaleza
humana de modos muy diferentes, y lo que perciban como necesidades humanas
básicas puede diferir enormemente del punto de vista occidental moderno.
Los miembros de otra cultura también pueden tener maneras muy diferentes de
concebir la relación entre el individuo y la sociedad, así como las obligaciones
políticas de la persona con su comunidad. Más aún, pueden entender lo que es la
dignidad humana de un modo muy distinto del nuestro y, por consiguiente, también
diferir en lo que es una afrenta moral y lo que son los derechos humanos básicos. Es
posible que haya también diferencias, e incluso incompatibilidades, en la forma de
concebir el universo y al hombre dentro de él y, finalmente, puede haber diferencias no
sólo en cuanto a qué creer acerca del mundo, sino incluso en cuanto a cómo investigar
sobre él (Olive, 1999:66-67).
sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.”
De igual manera la diversidad cultural, va plenamente ligada con el respeto a la
dignidad de la persona humana, que implica un respeto por los derechos humanos y
libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a
minorías y los de los pueblos autóctonos (UNESCO, 2003:4).
Del mismo modo, la diversidad cultural, como derecho fundamental establecido en la
Constitución Colombiana, implica de igual manera el reconocimiento al derecho a la
igualdad y dignidad de todas las culturas de la Nación., entendiendo que la diversidad
cultural es un fundamento estructural de la diversidad étnica y cultual de la nación
“Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural. Es decir, reconoce dos realidades
diferentes, pero bajo circunstancias específicas mutuamente imbricadas. La diversidad
cultural es un fundamento estructural de la diversidad étnica y cultural de la Nación
Colombiana. Dentro de la diversidad cultural se comprende la diversidad étnica, y
dentro de ésta la diversidad indígena. Por lo tanto, ni la diversidad étnica, ni mucho
menos la diversidad cultural se agotan con la población indígena. Existen otras
diversidades culturales como las de género, las religiosas, las ideológicas, etc. Todas
protegidas.”(Zambrano, 2007:53)
El artículo 1 de la C.N. reconoce de manera abierta, y sin restricciones, el pluralismo
jurídico que determina la realidad social colombiana 4 , esto es así al registrar la
4 ARTICULO 1º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
necesidad de reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural de nuestro
país 5 .
constitucional y legal-, cuyo
fin esencial es el reconocimiento de cosmovisiones
diferentes que coexisten en nuestro territorio patrio, así lo enseñan los artículos
constitucionales que consagran los derechos fundamentales de primera generación,
como los artículos 7, 8, 10, 13 63, 68, 70, 72, 96, 171,176, 246 principalmente, y de la
misma manera puede citarse, como ejemplo, la ley 70 de negritudes, entre otras, de
manera que el reconocimiento legal de los llamados grupos minoritarios es un una
realidad legal en Colombia.
El Estado-nación condujo a la concepción homogenizante de la sociedad, debido a que
el monopolio de la producción del derecho radicaba únicamente en cabeza del Estado,
lo cual implicó la noción total del monismo jurídico, hecho que cambia de forma radical
con la introducción del pluralismo jurídico, en el sentido de que se adquiere conciencia
de la existencia de una pluralidad de fuentes normativas, de sistemas sociales y que por
tanto la producción del derecho
y la resolución de conflictos ya no es exclusiva de la
“Le pluralisme juridique, dans sa conception théorique, est en soi une notion plurielle.
Cette conception, on le devine, se place en opposition au monisme jur idique. Une de ses
thèses fondamentales voudrait que, contrairement à la théorie dominante de notre
société actuelle, l‟État ne jouisse pas du monopole de la production du droit et n‟en
serait pas le plus légitime détenteur. Le légicentrisme serait ainsi un modèle instauré par
le positivisme moderne qui ne résisterait pas à la pluralité des systèmes sociaux qui le
subissent. Le système juridique étatique se trouve ainsi tamponné par une multitude de
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 5 ARTICULO 7º. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”
systèmes qui opéreraient comme régulateurs sociaux, avec lesquels il s‟agencerait de
façon plus ou moins harmonieuse.” (Countermarche, 2008:1)
Así las cosas, es claro que la noción, hoy cuestionada, de Estado-nación ha sido la causa
fundamental de la exclusión de la existencia de otros regímenes normativos, y que fue
su pretensión subvalorarlos, puesto que su proceso histórico nunca contempló un
contacto intercultural real, aun cuando
las condiciones propias de cada sociedad
indicaban una realidad diferente, es decir, resaltaba la multiplicidad de culturas:
“La mayor parte de las comunidades políticas organizadas de la historia han sido
multiétnicas, un testamento de la ubicuidad de las conquistas y del comercio a larga
distancia en los asuntos humanos. Sin embargo, la mayoría de los especialistas en
conciudadanos comparten unos ancestros, un lenguaje y una cultura comunes. Aun
cuando los propios especialistas vivieron en imperios plurilingües que gobernaban
diversos grupos étnicos y lingüísticos, escribieron a menudo como si las ciudades-
Estado culturalmente homogéneas de la antigua Grecia proporcionasen el modelo
esencial o estándar de comunidad política.”(Kymlica, 1995:14)
De manera que el desarrollo político – jurídico de los siglos XIX y XX se orientaron de
manera absoluta a justificar e imponer ésta concepción de unidad sobre la diversidad,
aislando consecuentemente cualquier otra categorización posible de ordenación social, y
en este sentido, se ligaron de forma inexorable los conceptos de territorio, cultura y
pueblo, pues todos ellos debían funcionar y desarrollarse bajo un solo parámetro: el
En torno al Estado – nación se agruparon y acondicionaron los elementos sociales y
grupos minoritarios bajo un solo manto legal, cuya consecuencia inmediata fue la
“desculturalización”
indígenas, puesto que el postulado guía del Estado-nación fue el de la unidad, con base
en la idea de igualdad y de la construcción de una nación moderna, es decir, que todo
nacional debía ser tratado como igual sin consideración de ningún tipo, ni social,
económica, cultural o religiosa, pues todas ellas eran absorbidas por la garantía de
igualdad formal ante la ley:
“Las teorías políticas modernas, especialmente aquellas que con mayor eficacia
inspiraron la formación de los Estados nacionales, siguieron ese supuesto, que terminó
por justificar la imposición a sangre y fuego de una unidad sobre la diversidad. Se trata
de una cuestión que generalmente eluden quienes a menudo suscriben a esa tradición
moderna, y desde ella se fastidian con las exigencias de un trato más justo entre las
culturas. De alguna forma, prefieren ignorar que la modernidad no ha sido justa con
las identidades culturales que estaban ya en la periferia de ese proyecto. Se molestan
con los énfasis en las diferencias más que en las similitudes entre los seres humanos, y
con las propuestas de federalización y autogobierno, así como con aquellos que piden
respetar el dominio religioso que en otras partes se ejerce sobre todos los aspectos de
la vida personal y con esos otros que declaran la urgencia de preservar toda forma de
vida cultural como un signo de respeto a las diferencias culturales. Ese fastidio los
lleva a declarar que detrás de todo esto no existe otra cosa que simples apologías del
taparrabo; apologías que
santifican formas culturales opresivas en desmedro del
obstaculizan el entendimiento entre los seres humanos. Basados en eso, homologan
fácilmente los llamados de respeto a las identidades culturales con la intolerancia y la
falta de razonabilidad.” (Grueso, 2007:15)
Esta es un línea cuya fundamentación encontró su más alta gloria con el movimiento
codificador, y si se analiza con detenimiento cuales fueron las razones de la cod ificación
en la vieja Europa, es posible concluir que se trató de un instrumento cuyo fin principal
fue facilitar las relaciones de comercio de esta sociedad, por cuanto, tal y como sucede
en las Américas, en el viejo continente también existe una diversidad importante de
culturas, de idiosincrasias, cuya interrelación solamente era posible a través de la
unificación legal, de ahí que hoy en día todavía se llame la atención sobre el Estado –
nación como manera de homogenizar caracteres sociales.
De ésta manera con la codificación –codex- se pretendió concretar una fuente jurídica
por escrito, ya no oral, cuya pretensión es de “plenitud” total, y de acuerdo al historiador
del derecho Pio Caroni: “En el fondo podría también decir que la aspiración a la
plenitud es funcional al deseo del código de imponerse, de dominar, de considerarse
por su naturaleza o vacación el epicentro del ordenamiento jurídico”, hecho éste que se
verifica en tanto que el códex sería “la fuente jurídica prevalente, aquella que rige,
domina y explica todas las demás, que las tolera en vía subsidiaria, pero al mismo
tiempo las supera, que les da la luz necesaria, obligándolas con esto a compartir su
propia lógica”, es decir, que la pretensión de la unificación conlleva la idea de
“suprimir las fuentes jurídicas locales de vieja data y nueva data y a sustituirlas por
una regla única y uniforme”.(Caroni, 1996:24-26)
Todo este movimiento codificador, cuyo resultado vital fue el code civil francés de
1804, tuvo una motivación única y poderosa, que se traduce en un interés de aplicativo
mercantil, es decir, la regulación de las relaciones económicas del antiguo continente,
de manera que con la igualación económica se encontraría la igualdad social, lo que
permitiría la exigibilidad y aplicación de los mismos derechos para todos los asociados
y sin ninguna distinción:
“… una eficaz consonancia entre un proyecto político y un programa económico, en
base a la cual la unificación territorial del derecho era funcional tanto a los deseos de
los políticos, que veían en la misma un deseado reforzamiento del Estado Nacional, y,
mejor todavía, un procedimiento que quería facilitar la integración de todos los países
y también de todas las minorías bajo el signo del Nuevo Estado como ilustra
egregiamente el ejemplo italiano (Código Civil de 1865), como a las aspiraciones de
los economistas a quienes la unificación del derecho privado se les presentaba como la
última medida que había que llevar a efecto para que el territorio nacional, ya
unificado a nivel económico con la abolición de las aduanas internas y con la
proclamación de principios constitucionales que sancionaban la movilidad de las
personas y de las mercancías, ahora pudiese finalmente comenzar a funcionar como
mercado” (Subraya fuera de texto). (Caroni, 1996:27)
Lo anterior deviene corroborado con experiencias a nivel mundial, específicamente la
Corte Suprema de Canadá, a través de una alocución de su Juez en Jefe Beverley
McLachlin, en abril de 2002, quien hablando del pluralismo jurídico en Canadá, señaló
que no ha sido la tradición de Europa y Estados Unidos la protección a ciertos grupos, y
que por el contrario, ha sido Canadá en donde los derechos de las minorías han sido
tomados en cuenta como tema central, en tanto que el reconocimiento de los derechos
de grupos particulares se encuentra sólidamente anclado en su consciencia colectiva, es
decir, que la idea de la unificación es fruto de doctrinas europeas, y cuya consecuencia
directa fue la de subsumir u opacar concepciones culturales diferentes:
“…En fait, je dirais que le Canada a, au contraire, une longue histoire et que la
tradition de prendre en compte les droits des minorités en est un aspect central. La
reconnaissance des droits de groupes particuliers est solidement ancrée dans notre
conscience collective. Elle fait partie des assises de notre nation et constitue le moyen
qui nous a permis de rester unis. Il ne s'agit pas certainement pas d'une tradition
américaine. Il s'agit d'une tradition canadienne, qui a bien servi le Canada jusqu'ici.
La reconnaissance des droits liés à l'appartenance à un groupe ne fait pas partie non
plus de la tradition constitutionnelle européenne. En effet, les constitutions européennes
tendent à postuler l'existence d'un seul groupe ethnique ou volk, défini par une langue
et une culture communes. La réalité de nombreux pays européens réfute toutefois ce
postulat et, dans certains cas, des accommodements constitutionnels ont été faits, par
exemple en Belgique par la reconnaissance des groupes flamands et français et, en
Espagne, par l'acceptation du catalan comme langue officielle dans la province de
Catalogne. Mais, en règle générale, la reconnaissance des droits liés à l'appartenance
à un groupe n'est pas aussi étendue en Europe qu'au Canada. Pour cette raison, le
modèle constitutionnel canadien revêt de l'intérêt pour les régions d'Europe où les
tensions culturelles sont devenues la norme, par exemple dans les pays qui formaient
l'ancienne Yougoslavie.” (McLachlin, 2002)
Así las cosas, la imposición del centralismo jurídico promulgada por el Estado – nación
conllevó de forma necesaria a la negación de otros ordenes normativos, todo ello en
tanto que éstos fueron considerados inferiores desde los ordenamientos de la iglesia
hasta los de la familia, las asociaciones voluntarias las organizaciones económicas, etc,
y por tanto fueron encuadrados jerárquicamente como
instancias subordinadas al
derecho y al aparato institucional del Estado, y en este sentido Sousa Santos, concluye
que la centralidad del Estado – nación sólo fue posible porque las escalas global y local
fueron declaradas formalmente no existentes por la teoría liberal. (Boaventura de Sousa,
2009:51)
Este hecho característico trajo como consecuencia la reducción del concepto de derecho
en sí mismo, en la medida que éste es asociado de manera inexorable con la autoridad
estatal, y de ésta manera se creó la concepción del pluralismo jurídico como ideología
de centralismo estatal: “…Sin embargo, el pluralismo jurídico utilizado como técnica
de gobierno permitió el ejercicio de la soberanía colonial sobre los diferentes grupos
(étnicos,
precoloniales para manipularlos, subordinarlos y ponerlos al servicio del proyecto
colonial. Por ello, Griffiths le da a esta concepción el nombre de “pluralismo jurídico
en sentido débil”, dado que los derechos precoloniales no son reconocidos en sus
propios términos sino puestos al servicio de una dominación altamente centralizada, la
dominación colonial. El reconocimiento de los derechos tradicionales por parte del
derecho colonial europeo implica una noción de derecho que en última instancia, está
sustentada en una única fuente de validez que determina con exclusividad lo que debe
ser considerado como derecho”
2009:53)
(Subraya fuera de texto). (Boaventura de Sousa,
Una vez desarrollado el marco conceptual respectivo, se procederá a desarrollar el
presente trabajo investigativo.
Con este escrito se pretende presentar la actividad institucional, en el marco de la
política estatal, cuya pretensión principal es la coordinación de la Jurisdicción Especial
Indígena y el Sistema Nacional Judicial, y para ello se ha logrado el apoyo de
organismos internacionales y países extranjeros. El fundamento más importante que
justifica este intento y este esfuerzo es el reconocimiento de la gran diferencia cultural,
étnica y social que existe en Colombia.
With this writing one tries to present the institutional activity, in the frame of the state
politics, which principal pretension is the coordination of the special indigenous
jurisdiction and the national judicial system, and for it there has been achieved the
support of international organizations and foreign countries. The foundation most
important that justifies this attempt and this effort is the recognition of the great cultural,
ethnic and social difference that exists in Colombia.
Palabras Clave: Proyecto Jurisdicción Especial Indígena
La necesidad de una efectiva coordinación entre el sistema nacional judicial
Con la constitución de 1991, La Jurisdicción Especial Indígena en Colombia se ha
vuelto un tema de actualidad y hasta exótico, en el sentido de que es una novedad para
la mayoría de los ciudadanos el hecho de conocer, que existe un sistema paralelo de
justicia al que todos conocemos, mediante el cual se le permite a las comunidades
indígenas el poder aplicar justicia dentro sus comunidades, de acuerdo a sus usos y
costumbres, acorde con unos parámetros establecidos por la Constitución Nacional y
por la misma jurisprudencia.
solucionando sus conflictos y aplicando sus propias formas de justicia, desde tiempos
milenarios, por lo cual, lo que se hizo con la Constitución de 1991, fue realizar un
reconocimiento de tipo constitucional, de esas formas de aplicación de justicia.
Pese a lo anterior, desde la época de la conquista y la colonia, existen antecedentes
mediante los cuales se les permitía a Los indígenas solucionar sus propios conflictos, ya
que en 1542,
la Corona expidió las llamadas “Leyes Nuevas”
buscaba aliviar el maltrato que habían sufrido los indígenas durante la Conquista.
leyes establecía que para resolver los conflictos entre indígenas, se
aplicarían los usos y costumbres de éstos siempre que no
injustos, pero
finalmente quién determinaba si eran injustos o no, era la Iglesia Católica, ignorando lo
económicos, con el fin de salvaguardar la mano de obra indígena, la cual en ese
momento era fundamental. (Gómez, 2008ª)
Posteriormente en 1561 los indígenas empezaron a disfrutar de tierras colectivas
denominadas Resguardos territoriales, mediante un título cuya administración se dejaba
en manos de un cabildo, el cual debía ser nombrado por los mismos comuneros, pero en
realidad eran los mismos encomenderos o la iglesia quienes los elegían. Al igual que las
económicos, con
la fuerza de trabajo indígena y de igual manera de
reunirlos en un solo sitio en “pueblos indios”, con el fin de facilitar
colonizadora y la evangelización de los indígenas. (Gómez, 2008ª)
Con la expedición de la Ley 89 de 1.890, se determinó que
República no regiría entre los salvajes que se fueran reduciendo a la vida civilizada por
medio de las Misiones, ni en los que ya estuvieran reducidos a la vida civil., dicha ley
denominaba a los indígenas como “salvajes”.
Esa ley reconocía el régimen comunal de los resguardos indígenas; establecía un
procedimiento para que los indígenas registraran sus títulos antiguos y mantenía los
pequeños cabildos nombrados, los cuales se encargaban de todo lo relacionado con el
aspecto económico de estas parcialidades y de castigar las faltas que cometieren los
indígenas contra la moral, con penas correccionales que no excedieran de uno o dos días
de arresto. Esa
ley también los asimilaba a la condición de menores de edad, para el
manejo de sus porciones en los resguardos. (Gómez, 2008ª)
Bajo el mismo entendido de la ley 89 de 1890, se expidió el decreto 79 de 1898, el cual
determinaba que entre los salvajes
debían conservarse sus costumbres de gobierno,
siempre que no se opusieran a la moral cristiana o a los principios de la legislación
nacional; delegando a los misioneros la facultad legal de resolver los conflictos que
ocurrieran entre los
indígenas, imponiendo, de ser necesario,
las penas correccionales
establecidas en las ordenanzas de policía. (Gómez, 2008ª)
Conforme a lo anterior es claro que siempre hubo una potestad delegada a las
comunidades indígenas para resolver cierto tipo de asuntos, pero no por un respeto a la
diversidad cultural, ni como una forma de reconocer su autonomía, por el contrario,
siempre hubo un interés económico por parte de la colonia y evangelizador por parte de
la Iglesia, mediante el cual se les ofrecía cierto tipo prerrogativas, pero siempre bajo
intereses concretos de por medio. En efecto, las misiones evangelizadoras normalmente,
determinaban que los usos y costumbres de las comunidades indígenas, iban en contra
de la moral cristiana, tal como lo limitaba el decreto 79 de 1898, por lo cual, los
obligaban a renunciar a su lengua, cosmovisión y demás costumbres espirituales, so
pena de ser castigados con el cepo o el fuete.
Posteriormente en 1970, por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se
determinó que el Juez natural para juzgar a los indígenas no eran los misioneros, como
lo venia Estableciendo el dto. 79 de 1898, si no que debían ser los
inimputables por Inmadurez Sicológica, excluyéndolos de responsabilidad penal.
La nueva expedición de la Constitución de 1991, traería consigo múltiples cambios,
a que en la Asamblea Nacional Constituyente estuvieron
por votación los indígenas Lorenzo
Muelas del pueblo
Francisco Rojas Birry del pueblo Emberá y por decreto presidencial Manuel Peña del
pueblo Nasa, ello contribuyó, sin lugar a dudas a que se consagraran principios
constitucionales como que "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural
de la Nación colombiana" (artículo 7) y que "Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación" (artículo 8), El Estado reconoce
la igualdad y la dignidad de todas las culturas que conviven en el país, (art. 70) así como la
autonomía de los pueblos indígenas para "ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos
Lo anterior significó un cambio en la concepción y en la forma de asimilar en nuestra
sociedad, las diferentes culturas existentes en nuestro país, incluidas las culturas
indígenas, ya que a diferencia de cómo era concebida antes del 91, como sinónimo de
inferioridad, ahora es reconocida como parte del patrimonio cultural de la nación que
debía ser respetada y protegida. Del igual manera, ya los indígenas no son considerados
salvajes ya que como
la misma Corte Constitucional:
terminología utilizada en el texto, que al referirse a "salvajes" y "reducción a la
desconoce tanto
de los miembros de las comunidades
indígenas como el valor fundamental de la diversidad étnica y cultural.” 6
De igual manera Colombia ratificó por medio de la Ley 21 de 1991 el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo –OIT- Sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, convirtiéndose en una de las principales herramientas jurídicas
a nivel nacional e internacional para hacer valer sus derechos. Bajo este entendido
Colombia se comprometió con la suscripción de dicho Convenio entre otras cosas a:
1. Adecuar la legislación nacional y a desarrollar planes y programas, con la
participación y coordinación de los pueblos indígenas para asegurar sus derechos sobre
los territorios y los recursos naturales que allí existan;
2. Respetar el control de los indígenas sobre sus propias instituciones, formas de
vida y desarrollo económico;
3. Proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.
4. En correspondencia con este compromiso constitucional el Estado ha sancionado
algunas leyes como la Ley 60 de 1993,
388 de 1997, en
desarrollo de algunos artículos de la Constitución. (Gómez, 2008ª)
6 Corte Constitucional, Sentencia C-139/96, 9 de abril de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, expediente D-
En este orden de ideas la Diversidad Cultural en la Constitución colombiana en un derecho
fundamental, que abarca a la totalidad de los colombianos, sean indígenas, afros, mestizos, y
en general para todos. Por lo tanto si la diversidad es un derecho fundamental, es necesario
reconocer que las regulaciones sobre ella, no se aplican exclusivamente a los indígenas, sino
a la totalidad de los habitantes, ya que también son diversos culturalmente. (Zambrano,
Acorde con lo expuesto la diversidad cultural para poder ser regulada debería tener en cuenta las
siguientes consideraciones: “
el derecho a la igualdad y dignidad de todas las culturas
de la Nación y de la nacionalidad colombiana; dictaminar la incorporación de la no respon-
sabilidad penal por diversidad cultural; sentenciar que todo colombiano que -individual o
colectivamente, en razón de su diversidad cultural-en el momento de ejecutar la conducta típica y
antijurídica se halle fuera de la cultura a la que pertenece, y por esa razón no pueda comprender
la ilicitud, o que pudiendo comprenderla no sea capaz de actuar en concordancia con la cultura
del lugar donde realiza el acto, debería ser declarada no responsable; indicar la existencia del
debido proceso culturalmente determinado para registrar actuaciones judiciales en diversidad
cultural (étnica), incluir la solicitud expresa del concepto antropológico sobre la cultura de la
persona y la del lugar donde se comete el acto (esto para cualquier persona que en un proceso
denuncie que le está siendo violado el derecho fundamental de la diversidad cultural”.
(Zambrano, 2007)
constitucional a la diversidad cultural, en efecto, la diversidad cultural es fundamento de
la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombia y dentro de ella se comprende la
diversidad étnica y dentro de ésta, la diversidad indígena, pues en nuestro País según el
último censo realizado por el DANE, existen 87 pueblos indígenas reconocidos; con
idiomas diferentes, usos y costumbres particulares, y por supuesto diversas formas de
Dentro de esa diversidad étnica, solo a la indígena mediante el artículo 246 de la Constitución
Nacional, se encuentra facultada para ejercer funciones jurisdiccionales, mientras que a los demás
sujetos negros, raizales, se les reconoce su diferencia étnica y cultural pero, no están facultados
para impartir justicia, pese a tener sistemas, usos y costumbres, lo que implica al Juez
constitucional, por interpretación los límites y alcances de ellos. (Zambrano, 2007)
Es por lo expuesto que dentro del contexto de la diversidad cultural en Colombia, como
principio constitucional, el artículo 246 de la Carta Magna, trae consigo una serie de
prerrogativas para los pueblos indígenas, ya que el mismo, además de otorgarles
funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas, para aplicar justicia dentro de su
territorio, conforme a sus normas y procedimientos; también establece que la Ley
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción con el sistema judicial
nacional; ley que no se ha promulgado aún y que conlleva del mismo modo, a analizar
la importancia del proceso de coordinación entra estas dos jurisdicciones, pues estamos
hablando de dos sistemas de justicia, que pueden distar mucho, teniendo en cuenta las
culturas involucradas.
Es por lo anterior, que en Colombia el Consejo Superior de la Judicatura, como
institución líder, con la ayuda fundamental de la comunidad internacional, ha venido
implementando una serie de políticas mediante los cuales se ha pretendido fortalecer esa
forma de coordinación entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción especial indígena,
frente a la ausencia de una ley de coordinación.
Programa de Apoyo a la Coordinación y Cooperación de la Jurisdicción
Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional 7 .
Como se estableció ya con anterioridad, el panorama político y jurídico en el plano
nacional, trajo como consecuencia inmediata “la actualización” y reconocimiento de
consideradas peyorativamente, resultando de ello que a las comunidades indígenas se
les debe respetar, entre otras cosas, su forma de entender e impartir justicia.
Siendo de esta manera como se forzó la necesidad de encontrar una opción jurídica que
inició una serie de contactos con organizaciones
indígenas con el objeto de hacer posible este fin, y de esta manera nace el proyecto
“Apoyo a la Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial
Nacional” financiado a través del Banco Interamericano de Desarrollo con recursos
donados por el Fondo Especial Japonés y cofinanciado con recursos del Consejo
Superior de la Judicatura, todo ello tras haber concretado la participación vital de la
Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- y la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca.
La ONIC que significa
Organización Nacional Indígena de Colombia, fue pensada
según sus creadores como una gran "maloka" de los Pueblos Indígenas del país, surgió
en 1982 como resultado de un consenso de las comunidades y pueblos indígenas
colombianos reunidos en el I Congreso Indígena Nacional, con el propósito de defender
7 La información de este aparte fue obtenida en gran medida de: 1. LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EN COLOMBIA Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL. Ponente: Dra. LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN. Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. Guatemala. Agosto 11 de 2004
2. También se consultó la página web de la Rama Judicial, en donde se referencia el proyecto de apoyo a
Especial Indígena:
http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/jsp/contenido/plantillaFrame.jsp?idseccion=19&idpagina=297
4&idsitio=6.
http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/assets/Cuarta%20Parte.pdf. Julio10 de 2008
3. Se utilizó la información específica del proyecto en el portal web de la Jurisdicción especial Indígena:
http://www.jurindigena.com. Julio 10 de 2008.
4. Informe No. 1 de la Coordinación del Programa.
y promover los derechos de los pueblos indígenas. La ONIC agrupa gran parte de las
comunidades indígenas del País, y
Desde su creación, La Organización ONIC ha
abanderado diversos procesos de lucha de los territorios indígenas de Colombia. 8
se firma el proyecto de “Apoyo a la Coordinación entre la
Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional”, que tras una discusión a
profundidad con los representantes de los pueblos indígenas y el Consejo Superior de la
Judicatura, y una vez fijadas ciertas reglas de organización, como la existencia de un
comité asesor del programa, se procedió a la celebración del convenio de cooperación
entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Organización Nacional Indígena del
Colombia ONIC.
El objetivo del Convenio es “Establecer los mecanismos de coordinación, participación
y cooperación para la ejecución del proyecto „Apoyo a la Coordinación entre la
Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional‟ entre el Consejo
Superior de la Judicatura y la ONIC con el fin de mejorar el acceso a los servicios de
justicia de los territorios indígenas garantizando y fortaleciendo el reconocimiento a la
diversidad étnica en la aplicación de los sistemas de justicia de cada pueblo.”
Y en una segunda fase se logró en el mes de abril del año 2003,
al suscribirse el
convenio de Cooperación Técnica no reembolsable ATN/JF-8209-CO entre la Agencia
Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) y el Banco Interamericano de
Desarrollo BID; con el fin de ejecutar los componentes del Programa “Apoyo a la
Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema
Judicial Nacional”.
De ésta manera surgió el proyecto de Jurisdicción Especial Indígena, cuyos resultados
permiten concluir el éxito de su formulación y el acercamiento de dos culturas jurídicas
8 ONIC. En http://www.onic.org.co/ 22 de julio de 2008.
diferentes, cuyo entendimiento pacifico deviene del acercamiento de las partes logrado
3. Contenido del programa “Apoyo a la Coordinación entre la Jurisdicción
Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional”.
El programa “Apoyo a la Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el
Sistema Judicial Nacional” se propone contribuir a la efectividad de las garantías
establecidas en la Constitución Política de 1.991 en materia de acceso a la justicia.
El objetivo general del programa es: “mejorar el acceso a los servicios de justicia
básica en los territorios indígenas, reconociendo la diversidad étnica en la aplicación
de los sistemas de justicia de cada pueblo”.
Antecedentes próximos 9 .
concordancia con el desarrollo e impulso institucional que se le ha venido dando a la
Coordinación del Sistema Nacional Judicial y la Jurisdicción especial Indígena, y con el
objeto de avanzar en la materialización de las normas e impulsar el reconocimiento de
los sistemas de justicia propia de los Pueblos Indígenas, el Estado colombiano ha
continuado, a través del Consejo Superior de la Judicatura, los proyectos que - basados
en el pluralismo jurídico-, impulsen la JEI, para lo cual ha recibido aportes de la
comunidad internacional, a través de Cooperaciones Técnicas, créditos y donaciones.
Y en este orden de ideas, en el año 2007 se abrió una convocatoria de licitación
internacional de la Unión Europea para el Proyecto Fortalecimiento del Sector Justicia -
9 Para este aparte nos servimos de la información disponible en www.jurindigena.com y en el módulo intercultural del pueblo yagua. (Ver Rueda, 2008).
Especial Indígena (JEI)”, cuya ejecución se asignó a la Universidad del Rosario, quién
presento su propuesta, después de haber reunido en su equipo de trabajo a un selecto
grupo de expertos conocedores de la Jurisdicción Especial Indígena, por lo cual,
después del análisis de varias propuestas, incluidas las de algunas comunidades
indígenas; fue escogida la de la Universidad del Rosario; todo este proceso estuvo
del Ministerio del Interior y de Justicia, y del Consejo Superior de la
Judicatura- Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
El Proyecto que se ha venido desarrollando desde hace un año, y que se encuentra en su
fase de culminación, consiste en un proceso participativo con 17 pueblos indígenas de
(Amazonas,
Magdalena, Putumayo y Vaupés) con representantes de la rama judicial, incluidos
y Magistrados de
las diferentes regiones del País,
conocimiento y fortalecimiento de los sistemas jurídicos indígenas y de coordinación
con el Sistema Jurídico Nacional, dándole de igual manera a conocer con mayor
a los diferentes operadores jurídicos del País,
por la Constitución Nacional y de igual manera permitiéndoles conocer directamente,
cómo viven y como desarrollan su cultura las comunidades indígenas en nuestro país,
realizándose un proceso paulatino de sensibilización. Todo lo anterio r a través de
diagnósticos de problemas intra e interétnicos, talleres de formación, encuentros de
experiencias locales y uno nacional, con el fin de crear una Red de Formadores de 450
personas (300 de pueblos indígenas y 150 de operadores judiciales) entre las dos
En este contexto el Proyecto “Extensión de la Coordinación del Sistema Judicial
Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena” (JEI), implementado por la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que cubre 17 pueblos de los más de 87
existentes en Colombia, se ubica en el Plan de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” (EJRLB) dentro de su Fase I., como una forma de continuidad con el proceso
que se ha venido implementando, para ser realizado con los pueblos: Kankuamo, Kogui,
Arahuaco y Wiwa (Sierra Nevada de Santa Marta – Cesar Guajira y Magdalena);
Embera Chamí (Risaralda), Tule y Embera Dovidá (Antioquia y Chocó); Ticuna,
Kokama,
Yagua, Bora, Okaina y Muinane (Trapecio Amazónico); Yanacona (Huila);
Cubeo y Tucano (Vaupés)y Camentzá (Putumayo).
a. Objetivos del proyecto ejecutado por la Universidad del Rosario:
General: Contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y a la reducción de la
impunidad mejorando el entendimiento ínter-jurisdiccional y la capacidad de respuesta
del sistema de justicia. Y la autonomía y fortalecimiento de la” ley de origen” o
“derecho propio” de los pueblos indígenas
• Diseñar y elaborar, participativamente con y para 17 pueblos indígenas de Colombia
planes educativos y sus correspondientes módulos de autoformación y capacitación
intercultural, en temas relacionados con la coordinación entre el SNJ y la JEI.
• Conformar una red de formadores.
• Realizar un encuentro nacional de experiencia entre las dos jurisdicciones.
b. Fases concretas de este proyecto.
Primera fase: Diagnóstico situacional y relacional: En el cual se realizaría un (1) taller
de diagnóstico sobre cada uno de los 17 pueblos.
• Temas del diagnóstico indígena: 1. Autoridades Indígenas. 2 Experiencias y problemas
de ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena 3. Experiencias y problemas de la
Jurisdicción Ordinaria y otras autoridades frente casos de la Jurisdicción Indígena. 4
procedimientos (penales, administrativos, ambientales, civiles, etc.). 5.
• Temas del diagnóstico con operadores jurídicos: 1. Experiencias y problemas de
coordinación entre las dos jurisdicciones. 2. Identificación de temas y procedimientos
requeridos para la capacitación y avance en procesos de coordinación.3.Conocimient o,
de los operadores jurídicos, de las concepciones, prácticas y procedimientos de la
Jurisdicción Indígena y de la jurisprudencia nacional e internacional.
• Diálogos inter-jurisdiccionales sobre los anteriores aspectos.
Segunda fase: Talleres de participación, formación y acción de formadores/ formadoras
para integrar la red
• Diseño de componentes de soporte pedagógico para cada uno de los 17 pueblos: 1.
Diseño curricular (conocimientos y prioridades para cada pueblo) 2. Modalidades de
capacitación y formación. 3. Mecanismos de seguimiento y evaluación. 4 Recursos
(“módulos”).
Indígenas en cooperación con la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. 6. Aportes de
la Asesoría Técnica Internacional.
operadores/as jurídicos/as y 300 de Pueblos Indígenas): Dos (2) talleres de formación
Tercera fase: Encuentro nacional interétnico, intercultural e ínter-jurisdiccional de
• Foro Nacional de Intercambio de Experiencias
• Presentación del proceso realizado por cada Pueblo Indígena (con participantes
indígenas y operadores jurídicos)
• Presentación de los módulos “interculturales” desarrollados a lo largo del proyecto.
• Presentación y análisis de los temas más importantes trabajados en cada pueblo.
• Diálogo con otras experiencias de coordinación a nivel nacional e internacional,
• Retos y propuestas para la coordinación ínter- jurisdiccional.
• Conclusiones del foro.
En conclusión el trabajo que viene desarrollando desde hace varios años el Consejo
Superior de la Judicatura (CSJ) -a través de su Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”-
representantes de Pueblos Indígenas alrededor de la cuestión de la relación y la
coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, ha
ido dando frutos progresivamente, con el establecimiento y acompañamiento por parte
del CSJ de procesos de fortalecimiento interno de las formas y sistemas de justicia
indígena existentes en el país, de las Escuelas de Derecho Propio y de la generación de
espacios de diálogo e intercambio entre distintas experiencias en este campo, que aún
requiere ser tratado en profundidad, con las diferencias que corresponden a la diversidad
progresivamente, culminando una primera etapa en 2006,
pueblos Wayúu (fases I, II y III); Nasa o Páez del Cauca (fases I, II y III), a través de su
Escuela de Derecho Propio “Cristóbal Secue”, y Uitoto, del río Caquetá (fases I, II y
III); y actualmente (2007/2008), el Programa adelanta otras experiencias piloto con los
pueblos Pijao; Achagua, Sicuani, Piapoco y Sáliva
y Guambiano; los Pastos, Nasa-
ACIN, Wayúu, Zenú. En este momento, supervisa –junto con el Ministerio del Interior
y de Justicia-, el Proyecto “Extensión de la Coordinación entre el Sistema Judicial
Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena” (2007-2008), ejecutado actualmente por
la Universidad del Rosario, con 17 pueblos indígenas de Colombia; sumándose a estos,
el pueblo Uitoto del Amazonas; continuando con este interesante programa pionero a
En términos generales se puede afirmar, que pese a que las comunidades indígenas han
de muchísimos años,
formas propias de
solucionando sus propios conflictos internos, el Estado y la Iglesia han tenido una
injerencia limitante y discriminatoria en sus derechos como cultura diferente, utilizando
desde la época de la colonia, formas de explotación y aprovechamiento económico en
pro de beneficios específicos.
Sin embargo con la Carta de 1991, nuestro país tuvo un cambio significativo, pues se
paso de una concepción más bien sesgada mediante la cual se consideraban a las
comunidades indígenas como salvajes y se asimilaban sus derechos a los de un menor
de edad, a una pluralista en la cual se reconoce que existe una diversidad étnica y
cultural, donde la diversidad es protegida y respetada por rango constitucional, donde se
acepta que existe
formas diferentes de aplicación de
monismo jurídico, para darle paso al pluralismo jurídico, y donde el Estado pretende
articularse con nuevos los sistemas jurídicos reconocidos.
En desarrollo de estas nuevas políticas constitucionales, el Estado Colombiano, con la
ayuda trascendental
de la comunidad internacional, ha venido desarrollando proyectos
institucionales de coordinación con las comunidades indígenas y de fortalecimiento de
sus sistemas de derecho propio, como el proyecto de “Extensión de la Coordinación del
Universidad del Rosario; donde el Estado ha pasado de un papel expectante, a uno activo
donde se pretenden articular dos sistemas de justicia culturalmente
diferentes, en desarrollo de un verdadero sentido de pluralismo.
CAPITULO II - CONTEXTO INTERNACIONAL. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y JUSTICIA INDIGENA.
“…Y aunque países han hecho esfuerzos por avanzar en lo referente a la legislación
de los vacíos que se presenta
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.”(Escobar et al., 2005:108)
Este artículo plantea la importancia de la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas, y de esta manera resaltar la ardua lucha que se dio, durante
más de 25 años, para lograr, por su intermedio, un reconocimiento real de los derechos
de los pueblos indígenas, de manera que se presenta una breve reseña histórica que
sustenta el proceso de elaboración de la misma, y al tiempo un análisis general que
permita un entendimiento de las premisas fundamentales que determinan su contenido,
y en consecuencia, contar con una herramienta de percepción holística sobre la
multicultural de los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente en relación con
su sistema de justicia –coordinación entre la justicia indígena y el sistema de justicia
tradicional-.
This article sets out the importance of the Universal Rights for the Native People
Declaration, in this way to stand out the hard fight that has presented, in more than 25
years, to gain, for its ways, a real recognition of the native people rights, showing a
brief historic review which support the elaboration process itself and, at the same time
a general analysis, allowing an understanding of the fundamental premises that
determine its content and, in consequence, to count with a tool for an holistic
perception about the actual international tendency respect to the pluralist, intercultural
and multicultural lecture of the native people rights and especially in relationship to its
justice system – coordination between the native justice and the traditional justice
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, derecho internacional,
derechos humanos, derechos indígenas, autodeterminación.
La realización de un artículo sobre este tema representa un intento de ubicación
conceptual, que permita un acercamiento a la problemática tan delicada de la situación
de los pueblos indígenas en el mundo, y de esta manera presentar este capítulo como
una introducción a la lucha que estos pueblos han dado contra un mundo centrado en
una visión eurocéntrica, cargada de exclusión e indiferencia, frente a culturas y
cosmovisiones diferentes, que constituyen en sí un sistema de valores inverso al
contemplado por la consciencia de “occidente”.
Ahora bien, el desarrollo temático de éste aparte contempla un panorama internacional
herramienta fundamental de entendimiento de la tendencia actual del derecho indígena
en el mundo frente al sistema de ordenación filosófica y normativa de occidente, lo cual
guarda plena sindéresis respecto del tema principal de éste trabajo en líneas generales,
en cuanto que, la “convivencia” en paz de diferentes pueblos, con culturas y maneras de
vivir y entender el mundo y su entorno –cosmovisiones- igualmente diferentes, solo es
posible cuando se “conoce” la percepción social, económica, política y normativa del
“otro”, de manera que la coordinación de sistemas de administración de justicia
diferentes pasa primero por los derechos reconocidos internacionalmente a los pueblos
características, y fenómenos que deben
ser considerados y analizados en su totalidad
para efecto de concretar una verdadera convivencia entre sociedades diferentes, lo cual
incluye, por supuesto, la coordinación en su forma de administración de justicia.
Por lo anterior, en una primera parte se desarrolla y analiza el contexto internacional
actual del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en una segunda
parte, se realizará un breve recorrido internacional de derecho comparado, tomando en
autodeterminación señaladas por la Declaración Universal de los Derechos de los
Así pues, es importante tomar en cuenta que la discriminación racial, la explotación de
recursos naturales, el conflicto armado y la negación del “otro” en sus diferentes
expresiones, han hecho que la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
de los Pueblos Indígenas se constituya en una conquista suprema, pues con ella se
culminó una etapa fuerte en la que se persiguió un reconocimiento de los pueblos
cosmovisión, dejando claro que se trata de seres humanos que se relacionan con el
mundo de una manera disímil a la concebida por la sociedad occidental, comenzando
por su relación con la tierra, de manera que no es el nivel de producción y el lucro
económico lo que determina su forma de vida.
En este orden de ideas, esta primera parte del Capitulo segundo, pretende mostrar en un
principio una corta reseña histórica, que pretende denotar el porqué fundamental de la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y aclarar así el
entendimiento de éstos respecto de si mismos frente a la sociedad occidental, por ésta
razón se indaga de forma propedéutica acerca del significado de “indígena”, así como
los intentos de definición dados por los diversos instrumentos internacionales, de
manera que este acercamiento permita una idea general de cuál es la problemática que
inspira la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento real de sus derechos
como comunidad diferenciada.
Posteriormente, se adelanta una reseña general sobre el proceso evolutivo de la
Declaración Universal de los Derechos de los pueblos Indígenas, la cual empieza desde
la década de los años 20 del siglo XX hasta nuestros días, todo ello fundamentado,
establecidos para la realización de lo que hoy resultó la Declaración adoptada, y además
en los análisis de diferentes investigadores del tema.
Es importante resaltar que no se pretende un análisis exhaustivo del contenido de la
Declaración, como si un intento de acercamiento a la problemática de los derechos
indígenas, y de los principios que dan pábulo a la lucha por el reconocimiento de sus
derechos, finalmente plasmados en ella, es decir, se pretende evidenciar un proceso
evolutivo a través del tiempo, cuya consecuencia más importante fue la expedición de
éste importante instrumento internacional.
Finalmente, la tercera parte de éste Capitulo pretende demostrar que pese a que la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas no tiene carácter
vinculante, la importancia de sus planteamientos y premisas axiológicas, encontró eco
en ordenamientos extranjeros, significando con ello una importante influencia a nivel
internacional, y un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos
Finalmente, abordamos las conclusiones que es posible extraer de la lectura holística del
panorama internacional y del desarrollo del proceso que demarcó la adopción de la
Declaración, tomando en cuenta la importancia que suscita hoy para el futuro respecto
Los pueblos indígenas, y particularmente los asentados específicamente en el continente
americano (Liévano, 2002:21-37), fundamentan su existencia tras una larga lucha por el
reconocimiento de sus derechos a través de la historia, cobrando particular importancia
el suceso de la conquista y colonización de estos territorios y sus comunidades, en la
medida que los colonizadores europeos caracterizaron este proceso por la violencia
radical utilizada con el objeto de lograr un auge económico, razón por la cual el
apoderamiento de sus tierras y de los recurso naturales principalmente, dieron lugar, de
forma inexorable, al quebramiento injusto y derrumbamiento total de las instituciones
elemental de las poblaciones a “someter” (Kamenka y Erh-Soon, 2001:84-99).
En esta medida los derechos a la tierra y a los recursos naturales fueron los más
conculcados, y de los cuales podría decirse que configuran una parte importante del
fundamento esencial de la cosmovisión de los pueblos indígenas, en tanto que, por la
práctica de conquista y colonia los pueblos indígenas soportaron desde entonces
condiciones infrahumanas de vida en medio de la miseria y la pobreza, soportando las
vejaciones, la desnaturalización y exclusión de su forma de vida: “La larga y dolorosa
historia de la injusta e inhumana desposesión de los pueblos indígenas de sus territorios
ha hecho que muchos de los pueblos indígenas no tengan tierra y recursos o tengan
tierra y recursos tan escasos que no basta para sostener a sus comunidades y culturas”
(Daes, 1997:43)
Estos hechos históricos determinaron la discriminación de la que son objeto los pueblos
indígenas, incluso en la actualidad, y en este sentido se han pronunciado importantes
investigadores, académicos e indígenas, llamando la atención especialmente en el
fenómeno de transición de una sociedad agraria a una sociedad industrial: “ Durante los
últimos 200 años, casi toda la población de este planeta ha pasado de ser una sociedad
agrícola a ser una sociedad industrial perdiendo el contacto con la tierra. O bien se ha
concentrando hasta tal punto de mejorar su propio bienestar que considera la tierra un
simple medio de enriquecimiento”. (Ewen, 1995:19)
En medio de ese proceso histórico los pueblos indígenas han reaccionado de diferentes
formas frente a las desigualdades que los acusan, la discriminación racial a la que se han
visto sometidos, el desarraigo de sus tierras, el resquebrajamiento de sus instituciones
políticas, el exterminio, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de sus
tierras y la agresión cultural. De tal manera que la resistencia armada, la diplomacia y el
derecho han fungido como medios para lograr el reconocimiento de un conjunto de
derechos que le son inherentes.
Especialmente en los últimos años se ha presentado una fuerte participación frente a la
comunidad internacional, poniendo sus ojos en el derecho internacional como un
instrumento susceptible de apoyar su causa (Anaya, 2005:26), y así lograr, con sumo
propuestos desde antaño, y en esta medida, como punto nodal en diferentes debates,
fundamenta principalmente dichas reivindicaciones el tema de la autodeterminación, lo
cual conllevará importantes consecuencias, que se cristalizarán precisamente con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
En este punto es importante, antes de entrar a describir brevemente el arduo proceso de
gestación de esta Declaración, intentar puntualizar el alcance de la aplicación de la
misma respecto de un ser humano “indígena”, pues es claro que este tópico suscitó
importantes discusiones, identificando de manera general tres tendencias académicas.
Así pues, el término “indígena” hace referencia a originario: “… todos los seres
humanos somos indígenas de alguna parte. Sin embargo, en el vocabulario sociológico
y político (y cada vez más en el jurídico también) el término “indígena” es empleado
para referirse a sectores de la población que ocupan una posición determinada en la
sociedad más amplia como resultado de procesos históricos específicos”(Stavenhagen,
2008:5), por lo tanto definir a las poblaciones indígenas como indígenas, en la práctica
resultaría redundante y discriminatorio, en tanto que todos los habitantes del mundo
somos originarios de alguna parte, y además conceptualizar de una forma restringida al
“indígena” implicaría reconocer derechos en algunos casos y en otros negarlos, razón
por la cual: “…en la actualidad, los pueblos indígenas son definidos, y así se identifican
a sí mismos, en referencia a identidades anteriores a las invasiones históricas de otros
grupos y a las historias que acompañaron a estas, historias que generaron, y continúan
generando formas de opresión que ponen en peligro su supervivencia cultural y su
autodeterminación como pueblos diferenciados” (Anaya, 2005:27).
Entonces de un lado se cuentan con las corrientes indígenas modernas que se oponen a
todo intento de concepto unívoco, de otro lado están los organismos internacionales que
buscaron construir definiciones que permitieran un desarrollo normativo consecuente,
sin embargo estos han tendido al uso de caracterizaciones generales dejando en mano de
los propios pueblos originarios el derecho a definirse (Civallero, 2007:4).
De esta manera el Convenio 169 de la OIT hace una referencia al ser indígena en su
artículo primero, en el cual reseña los destinatarios del convenio en su artículo 1:
”(a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales,
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por
una legislación especial;
(b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de
Complementando esta definición con lo que se manifiesta en su artículo 2, de la
siguiente manera: “La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse
Convenio” 10 .
De otra parte, Martínez Cobo hace referencia al término de comunidades, pueblos y
naciones indígenas como los que “teniendo una continuidad histórica con sociedades
previas a la invasión y pre coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se
consideran distintos de otros sectores de las sociedades ahora prevalecientes en esos
territorios, o partes de ellos. Ellos forman actualmente sectores no dominantes de la
generaciones sus territorios ancestrales, y su identidad étnica, como la base de su
continua existencia como pueblos, de acuerdo a su propio modelo cultural, instituciones
sociales y sistemas legales” (Martínez, 1986)
Finalmente en el documento presentado por la Presidenta del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Erica-Irene Daes, se reseñan los siguientes
factores que permitirían conceptualizar a los indígenas:
a) Prioridad en tiempo, con respecto a la ocupación y uso de un territorio específico;
b) La voluntaria perpetuación de la diferenciación cultural, que puede incluir los
aspectos de la lengua, la organización social, la religión y los valores espirituales, los
modos de producción, leyes e instituciones;
10 Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 27 de Julio de
c) Auto identificación, así como reconocimiento por otros grupos (…) como una
colectividad diferenciada, y
discriminación, ya sea que estas condiciones persistan o no. (Daes, 1996)
Tomando en cuenta lo anterior, la postura de los pueblos indígenas ha sido reiterada en
que solo ellos tienen el derecho a darse una definición de sí mismos, con base en dos
razones fundamentales, la primera referida a la posible exclusión a la que se vería
sometidos quienes no deberían serlo, y en segundo lugar, que al dar la potestad a
órganos externos, Vg. Naciones Unidas, éstos podrían determinar en un futuro que
pueblo -o individuo- puede o no ser sujeto de este tipo de derechos -indígenas-.
(Civallero, 2007:9)
A manera de conclusión la historia de violencia y de exclusión que pesa sobre el pasado,
y en la actualidad sobre los pueblos indígenas, ha venido disminuyendo de forma
paulatina gracias a la vehemente insistencia en su reconocimiento
políticos de importancia en el escenario internacional, acción y propósito que se ha
puesto en marcha especialmente después de la década de los ochenta, aunque existe un
gran trayecto por recorrer todavía para poder lograr un reconocimiento total de sus
derechos y un tratamiento igualitario, y es en este sentido como se han pronunciado
desde hace tiempo los diferentes representantes de los pueblos indígenas, así pues
Marcial Arias García -De comité coordinador continental de organizaciones y naciones
indígenas (Centroamérica y Sudamérica)- manifestó en su oportunidad la necesidad de
mayor participación de los pueblos indígenas en los organismos internacionales, con el
objeto de colaborar directamente en la solución de los principales problemas que afronta
hoy la humanidad, así mismo reclamó un estudio
más profundo y redacción de
propuestas sobre los derechos de autonomía y soberanía de los pueblos indígenas, y
además lamentó que no se hubiera aprobado la declaración de derechos indígenas,
pronunciándose en este mismo sentido diferentes pueblos indígenas que van desde Asia,
Islas del Pacífico, África, Europa Septentrional hasta el Ártico (Ewen, 1995:35-111).
De tal manera, sigue siendo de gravedad percatarse de que a pesar de la lucha y de estar
presentes en los escenarios internacionales, dentro de cada nación, los indígenas siguen
dando una fuerte lucha por su autodeterminación e igualdad aún no reconocidas
materialmente: “A pesar de la Existencia de marcos legales, que existen en la mayoría
de los países latinoamericanos, es evidente que el clima social en el que viven la gran
mayoría de los países indígenas es discriminatorio, de opresión, y explotación en todas
las esferas” (Escobar et al., 2005:108).
4. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Proceso de
elaboración y evolución.
La adopción de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas se remonta a
la década de los años 20 (1920-1925), con incipientes acercamientos por parte de la
población indígena, iniciado con el jefe Cayuga Deskaheh cuando acudió a la sociedad
de las naciones en 1923, como representante de las Seis Naciones De Los Iroqueses, con
el objeto de lograr su reconocimiento sin que hubiere logrado éxito alguno 11 .
Posteriormente, en 1949 las Naciones Unidas adoptan una resolución recomendado al
Consejo Económico y Social que realizara un estudio sobre “la situación de las
desarrollados, en los Estados del continente americano”, el cual no se llevo a cabo, por
http://www.un.org/spanish/indigenas/2003/. Citado Noviembre 27 de 2007.
cuanto el Consejo Económico y Social asumió como práctica que no realizaría estudios
de este tipo sino fueren solicitados por los Estados afectados, lo cual de hecho nunca
sucedió (Anaya, 2005:88).
Ahora bien, gracias al movimiento de descolonización, la sociedad internacional se
sensibilizó un poco más sobre la situación de los pueblos indígenas, resultando como
producto inmediato y consecuente la adopción del primer instrumento internacional:
Convenio 107 de la organización Social del Trabajo (OIT) de 1957, relativo a la
protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y
semitribales, el cual pese a todo: “Refleja las premisas del asimilacionismo en vigor
entre los elementos políticos dominantes en los círculos nacionales e internacionales en
el momento de su adopción, El sistema de valores que
promovió la emancipación de
los territorios coloniales durante la primera parte del siglo XX promovió al mismo
diferenciados en los sistemas políticos y sociales en que están incluidos. La asimilación
y los derechos de
atraer al
autogobierno a los grupos indígenas que habitaban en países independientes o
recientemente independizados” (Anaya, 2005:89).
En esta medida el convenio 107 de la OIT intento la mejora en las condiciones de vida,
tanto a nivel político como cultural y económico, de los pueblos indígenas en general,
sin embargo, es necesario precisar que este convenio y los programas del Instituto
Indigenista Interamericano desarrollados dentro del esquema de los derechos humanos
de mitad el siglo XX, han sido rechazados debido a sus elementos asimilacionistas o
integracionistas, siendo igualmente necesario destacar que estas primeras iniciativas
referidas a derechos de los pueblos indígenas fueron los que generaron un mayor interés
internacional y coadyuvaron a que con el tiempo se establecieran un nuevo régimen mas
garantista y más específico (Anaya, 2005:91).
De otro lado, entre 1970 y 1971 en respuesta a informes sobre violaciones de los
derechos humanos, en 1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías, recomendó que se hiciera un amplio estudio sobre la
situación de los pueblos indígenas, del cual fue encargado José Martínez Cobo como
Relator General encargado de dicha labor 12 , aunque es importante reparar en que ya en
1953 la Oficina Internacional del Trabajo, había publicado un estudio sobre las
condiciones de vida y de trabajo de los pueblos autóctonos de los países independientes,
en el cual se llegó a la siguiente conclusión: “En general, el nivel de vida de las
poblaciones aborígenes en los países independientes es extremadamente bajo y en la
gran mayoría de los casos es considerablemente inferior al de las capas menesterosas de
la población no aborigen” 13 .
representantes de los pueblos indígenas, y cuya consecuencia principal fue su irrupció n,
de manera contundente, ante los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas
explicitando demandas fundamentadas en derechos humanos de aplicación general
(Anaya, 2005:94).
Así las cosas, en esta década de los años 70, el relator especial Martínez Cobo presentó
sus informes sobre el progreso de su trabajo, para después presenciar la creación del
Grupo de Trabajo Sobre Las Poblaciones Indígenas, el cual comenzó a discutir con
13 Citado en el informe del relator especial. Documento E/CN.4/2002/97. 4 de Febrero de 2002. Párrafo 34, Pág. 14.
varias organizaciones indígenas de todo el mundo y con representantes de lo s Estados
nacionales afectados, un nuevo esquema relacionado con un marco legal global ajustado
específicamente a la realidad de los pueblos indígenas (Barie, 2003).
Es 1983 el año en el que comienza la formulación de un proyecto de declaración sobre
los derechos de los pueblo indígenas, labor que se prolongó durante una intensa década
siendo hasta 1993 cuando el Grupo de Trabajo adoptó el texto de declaración, y lo
sometió a la aprobación de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos, que, a su vez, adoptó el texto en 1994 (International Work Group
for Indigenous Affairs, N/D) y lo envió a consideración de la Comisión de Derechos
Ahora bien, es importante precisar que entre tanto, el avance en el reconocimiento y
protección a las poblaciones indígenas cobró mayor importancia a partir de la Cumbre
de Río, realizada en 1992, por cuanto en ella se refirió de forma directa la importancia
los conocimientos tradicionales de estos pueblos
A/CONF.151/26), y entre otras importantes consecuencias, pues “En el principio 22 de la
Declaración de Río se reconoce a los pueblos indígenas como asociados a nivel social y
político en la realización de un desarrollo sostenible y subraya la originalidad de las
culturas indígenas” (ONU, Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/3), y de esta manera, como
producto de este estado de cosas, el año 1993 fue declarado Año Internacional de las
Poblaciones Indígenas (ONU, Doc. A/RES/48/163), y así mismo, fue en la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, en donde se recomendó establecer un
decenio internacional para las poblaciones indígenas, proclamado finalmente entre 1995
y 2004 (ONU, Doc. A/CONF.157/23).
En los años que siguieron se establecieron el Grupo de Trabajo sobre un Proyecto De
Declaración Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas, y un segundo decenio internacional para los pueblos indígenas del mundo
(2005-2014) con el fin de fortalecer la cooperación internacional, incluido también el
desarrollo económico y social (Doc. A/60/270).
Así las cosas, durante el primer decenio tan solo hubo consenso en dos artículos, en
vista de que fueron los que no presentaron ninguna controversia: 6 y 44 de la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Méndez y Castro,
2006), sin embargo entre finales del año 2005 y principios del 2006, el Grupo de
Trabajo en su 11ª sesión encargó a su presidente relator la elaboración del texto
definitivo el cual sería aprobado definitivamente en la 62ª sesión de la comisión de
contemplarse como un proceso cada vez más ambicioso en el reconocimiento de
derechos a los pueblos indígenas, si bien el texto final limita algunos de los derechos
que se contemplaban inicialmente en el texto de 1993. Este proceso se ha beneficiado
reconocimiento de sus derechos colectivos y específicos. El proyecto de declaración de
1989 era impensable antes de 1986 (con la finalización del Estudio de Martínez Cobo
antes mencionado), así como el texto de 1993 no podía haber visto la luz sin las
reuniones preparatorias de la conferencia mundial sobre los derechos humanos de
Viena y los documentos emanados de la Cumbre de Río. A partir de los 90, un gran
número de constituciones latinoamericanas incluyeron el reconocimiento de derechos
de los pueblos indígenas y la promulgación de leyes cada vez más completas para la
implementación y defensa de estos derechos se ha ido acelerando en los primeros años
del siglo XXI. Todo ello ha redundado en una atmósfera mucho más receptiva y
favorable al proyecto de declaración que la existente en 1995. No es por tanto
casualidad que haya sido en 2006 cuando el consejo de derechos humanos haya
aprobado finalmente este proyecto de declaración” (Méndez y Castro, 2006:336).
De manera que entre 1985, 1987, pasando por 1989, 1993 y 2007, la Declaración hoy
conocida evolucionó de una declaración de principios, entre los que se consagraban: La
libertad, la igualdad,
la prohibición del genocidio, el respeto
religiosos 14 , a una declaración con un articulado fuerte y con un proyecto humanitario e
ideológico mucho más ambicioso que el visualizado en un principio.
Así, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se convierte
en una norma internacional de derechos humanos, siendo importante resaltar que a pesar
de que cubre un amplio ámbito de derecho de los pueblos indígenas, no crea ninguno
nuevo, pues se funda en las ya existentes normas y principios internacionales de
derechos humanos aplicándolos de forma específica a los pueblos indígenas, luego en
la Declaración lo
que hace es plantear
supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas (Stidsen, 2008:586).
En este orden de ideas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
fundamentales, tomando en cuenta que son pueblos con culturas diferenciadas, por lo
cual remiten al derecho a la igualdad, ciudadanía y autodeterminación principalmente;
así mismo en los artículos 6 al 10 reseña el cuidado a la integridad física, a la seguridad,
a la vida y particularmente a lo referente frente al desplazamiento forzado; de otro lado
14 Ver Doc. UN E/CN.4/Sub.2/1985/22 y Doc. UN E/CN.4/Sub.2/1987/22
consagra disposiciones relativas a su vida religiosa, el leguaje, para posteriormente
comunicación; en cuanto refiere a los derechos a la tierra, territorios y recursos
naturales, éstos se encuentran consagrados en los artículos 25 al 32 con importantes
consideraciones, cuyas consecuencias estarán por verse en un futuro; por otra parte, se
pertenencia, costumbres, responsabilidad; así como la implementación por parte de las
naciones, y el entendimiento que debe ser dado a la declaración una vez aprobada.
De la lectura integral de la Declaración Universal de los Derechos De Los Pueblos
Indígenas, es posible extraer como corolario necesario que ésta descansa sobre un
principio fundamental que matiza, y consecuentemente da pábulo, a la declaración
entera, como es el derecho a la libre autodeterminación, que implica necesariamente la
igualdad en oportunidades y derechos con el resto de la población no indígena, y el
disfrute de la tierra y sus recursos de acuerdo a su cosmovisión.
El derecho a la libre determinación (artículos 3, 4, 23 y 32), planteo una enorme
discusión respecto de la autodeterminación de los pueblos indígenas frente a los Estados
considerados como tales, puesto que era evidente la zozobra que se presentó respecto de
la posibilidad de una secesión, que amenazaría la unidad territorial y política de dichas
naciones, sin embargo, ya en la declaración de los pueblos indígenas de Julio de 1987 se
había dejado en claro que: “el derecho a la autodeterminación es fundamental para
gozar de todos los derechos humanos. Del derecho de la autodeterminación surge el
derecho a la soberanía permanente sobre la tierra -incluyendo las tierra aborígenes,
ancestrales e históricas- y otros recursos naturales, el derecho a desarrollar y
mantener instituciones de gobierno, el derecho a la vida y a la integridad física, a la
forma de vida y religión”. Luego, este derecho determina, en el sentido de los pueblos
colectivamente, y en esta medida lograr una participación efectiva en la vida política,
económica, social y cultural de las naciones, sin negarles el pleno goce de los derechos
establecidos por la ley internacional de derechos humanos (Burger, 2001:8-10):
“…ellos quieren simplemente tener un grado mayor de autonomía y autogobierno, y
tener instituciones políticas con las que puedan influir en su propio desarrollos
económico, social y cultural” (Absjorn, 2001:50-51).

References: artículo 246
 artículo 246
 artículo 246
 artículo 246
 artículo 70
 Artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 246
 artículo 246
 artículo 1
 artículo 2
 resolución