Source: http://indigenas.allinnin.com/2015/08/
Timestamp: 2018-04-25 00:59:32+00:00

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Noticias de Indigenas: agosto 2015
El presidente de la APG, Domingo Julián, informó que ayer se realizó una asamblea extraordinaria donde se abordó el conflicto de Takovo Mora y el Fondo Indígena.
El tema se está manejando políticamente. En cuanto al primer tema, los guaraníes determinaron separarse de la CIDOB de Melva Hurtado, que es afín al gobierno, porque no los apoyó en el conflicto de Takovo Mora.
Melva no defiende nuestros derechos. El dirigente de la APG lamentó que Melva Hurtado haya avalado que existan tareas de exploración hidrocarburífera en áreas protegidas, en lugar de respaldar a los guaraníes.
"En las elecciones coordinamos con Melva, pero ahora llegó el momento de decir ¿por qué vamos a seguir coordinando? si ni siquiera está defendiendo nuestros derechos", agregó Julián.
Los guaraníes abordaron este tema ayer en asamblea extraordinaria y decidieron pedir un diálogo con el gobierno, sin embargo, advierten con medidas de presión de no existir resultado positivo.
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Etiquetas: CIDOB, Guaraníes
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La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) aprobó ayer una resolución en la que apoya la ejecución de los decretos supremos relacionados con la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos a lo largo y ancho del país, confirmó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Resolución de CIDOB
“En el marco de la defensa permanente de nuestros derechos constitucionales y marcando un profundo compromiso con el pueblo boliviano en su conjunto, reconocemos que en el nuevo marco normativo para la exploración y explotación, consulta y participación y compensación por impactos socio ambientales, son de vital importancia para el desarrollo de nuestro país y no contradicen nuestros derechos constitucionalizados, más al contrario, los consolidan”, señala el documento aprobado por la Cidob.
La resolución de apoyo se aprobó luego de que YPFB socializó los decretos supremos 2298, 2366 y 2368 entre las organizaciones indígenas aglutinadas en la Cidob.
“Hemos escuchado a todas las regionales, a los capitanes de las TCO, y hemos compartido con ellos, por eso hemos sacado esa resolución para que la hagan conocer al hermano (presidente) Evo Morales, que busca el desarrollo de los pueblos, que busca el vivir bien”, remarcó por su parte la presidenta a de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, Melva Hurtado.
Por su parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, subrayó que “el pueblo está acá, no son los intereses personales que están primando. Ésta es la verdadera voluntad del pueblo”.
El pueblo afroboliviano se declaró en estado de alerta debido a que no se encuentra reconocido en el estatuto autonómico paceño que será puesto a consideración de la ciudadanía el próximo 20 de septiembre. Pese a que la bancada de Sol.Bo anunció una movilización de la población afroyungueña y de los pueblos de tierras altas para el próximo miércoles, el exdiputado Jorge Medina descartó esa acción para evitar “politizar” la demanda.
Medina, que también dirige el Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (Cadic), explicó a la ANF que los representantes del pueblo se reunirán hasta el próximo jueves para definir las medidas frente a su exclusión y la de otros sectores indígenas en el Estatuto Autonómico Departamental de La Paz, que será sometido a su aprobación o no en el referendo del próximo 20 de septiembre.
“Estamos en alerta”, enfatizó Medina y añadió que piden a la Asamblea Legislativa Departamental que tome acciones frente a su demanda porque no se trata de que estén en contra o a favor del estatuto, sino que piden su inclusión y la de los pueblos minoritarios. Tal situación también fue expresada, dijo, a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores para que puedan oficiar acciones que subsanen esta situación.
Al respecto, el asambleísta de Sol.Bo, Edwin Herrera, cuestionó el “contrasentido” del estatuto con la Constitución Política del Estado que sí reconoce a los pueblos indígena originario campesinos en detalle.
En entrevista en el programa “Hagamos Democracia” de la red Erbol, Herrera anunció que los pueblos indígenas de tierras altas del departamento realizarán una movilización por esta situación en La Paz el próximo miércoles.
Al respecto, Medina dijo que desconoce esa convocatoria y que el pueblo afroboliviano no participará para evitar que su demanda sea “politizada”. Ello porque no descartan iniciar una acción legal cuando pase el referendo y se den a conocer los resultados.
El estatuto paceño está conformado por 106 artículos. Reconoce la organización territorial del departamento en “provincias, municipios y territorios indígena originarios y campesinos y regiones cuando éstas sean creadas” (artículo 5), y también la “representación de las naciones y pueblos indígena originarios y campesinos minoritarios” (artículo 10), aunque no expresa nominalmente a los afrobolivianos y otros.
Mapa refuerza alegato de que predios que opera YPFB están en TCO guaraní
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) refuerza su argumento legal para conseguir la consulta previa por el campo exploratorio El Dorado, que desarrolla YPFB Chaco en Santa Cruz.
Ayer, con un nuevo mapa físico en la mano, el presidente de la APG, Domingo Torrico, mostró que los dos predios privados en los que se construye el campo exploratorio El Dorado están dentro de su Tierra Comunitaria de Origen (TCO), por lo que corresponde una consulta previa e indemnización.
Torrico llegó ayer hasta las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en Santa Cruz, para recabar información sobre el supuesto proceso de saneamiento y titulación de los predios San Juan del Dorado y Chivatos.
Según los documentos entregados por el INRA y examinados por Torrico, el supuesto dueño del primer predio es Eloy Leigues Cordero, mientras que del segundo hay una carátula con el nombre de Mario Ignacio Anglaril.
Ambos predios suman 3.786 hectáreas.
Los indígenas que reclaman la consulta previa tienen un mapa físico en el que su TCO, que abarca el municipio de Cabezas de Santa Cruz, alcanza las 337.592 hectáreas. Allí viven alrededor de 150 familias originarias y en el mapa se observa que los dos predios privados están casi en el centro de la TCO.
Los guaraníes y el Gobierno se reunieron por primera vez el domingo y apenas lograron un acta de entendimiento para continuar el diálogo mientras avanza el cruce de información respecto al tema legal. Eso sí, la vigilia se mantiene en la comunidad de Yateirenda.
En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró ayer que los predios que reclama Takovo Mora son privados, por lo que descartó indemnización y consulta previa por la exploración de hidrocarburos en esa zona.
SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS COMO COMPENSACIÓN POR YPFB
Anuncian auditoría a dirigentes de Takovo Mora
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco realizará una auditoría a los dirigentes indígenas de la Capitanía Takovo Mora sobre el destino de 15,4 millones de bolivianos entregados a las comunidades guaraníes como compensación económica por los trabajos de exploración en la región.
“Ayer hemos pedido que se practique una auditoría a estos fondos (...) Seguramente será una empresa privada que contratará YPFB Chaco, ya que son ellos los que han desembolsado los recursos”, dijo Romero en conferencia de prensa transmitida por Bolivia TV.
Explicó que el dinero estaba destinado a 28 proyectos productivos que debían concretar los dirigentes indígenas, quienes presentaron descargo de sólo 19 y sin respaldos. “Ellos han descargado sólo el 12,7 por ciento del monto total desembolsado, es decir, sólo 891.000 de bolivianos. Y lo más grave es que (...) las facturas no corresponden a las actividades productivas y los proyectos inicialmente planificados (...) Ni siquiera coinciden las fechas, porque estos descargos corresponden a proyectos realizados con anterioridad a la consulta previa por los trabajos que ahora son realizados, con anterioridad a la compensación y al desembolso por la compensación. Entonces, está claro que ese dinero está en los bolsillos de alguien, de algunos dirigentes que se aprovechan de esta situación”, aseguró para señalar que ese es el origen de la actual movilización indígena.
No se conoce la razón por la que no se fiscalizó antes el uso de los recursos entregados.
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Conflicto en Takovo Mora Gobierno ofrece consulta en etapa de explotación
El Gobierno propuso a la capitanía indígena de Takovo Mora, realizar una consulta en la segunda etapa del proyecto que encara actualmente YPFB Chaco, es decir en la parte de explotación, si es que la perforación de los pozos resulta exitosa. Por su parte, la dirigencia guaraní aseguró que no aceptarán que se hagan trabajos sin que se les realice la consulta. Ambas posiciones se fijaron en el inicio del diálogo que concluyó a las 21:30 con un cuarto intermedio indefinido y sin llegar a ningún acuerdo.
Solicitan explicación técnica. La reunión para debatir este tema inició ayer en la mañana, aunque se tuvo que declarar un cuarto intermedio al mediodía pues se solicitó una explicación técnica a personal de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad que ratificó que los trabajos se hacen en predio privado. Las negociaciones se retomaron alrededor de las 16:00 y antes de ingresar, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Damián Ojeda, señaló que no habían avances pues no aceptarían la omisión de la consulta en la primera etapa. "Sí o sí se tiene que hacer la consulta, vamos a seguir con esta posición", sostuvo a tiempo de solicitar que de la reunión también participe el Ministerio de Medio Ambiente.
Ante ello, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, insistió en que los cuatro pozos no están dentro de la TCO y no generan daños a esta, por lo que la consulta se tiene que fijar a territorio y población afectada.
Aunque reconoció que en una siguiente fase el impacto es mayor. "En la etapa de explotación se requiere otro estudio de impacto ambiental y ahí si debe aplicarse un procedimiento de consulta previa, pero no estamos en esa etapa, aún no sabemos si se llegará a eso porque estamos aún en exploración", enfatizó Romero.
Evo señala que algunos indígenas chantajean al Estado. El presidente Evo Morales dijo que los indígenas guaraníes de la Capitanía Takovo Mora buscan "extorsionar y chantajear" al Estado al solicitar a la estatal YPFB consulta previa antes de continuar con los trabajos en un predio privado de la comunidad de Yateirenda, municipio de Cabezas. "Ya no están viendo el tema del medio ambiente, sino cómo extorsionar, chantajear al Estado y sacar algo de recursos económicos, ese es al fin", afirmó.
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Las huellas de los botines policiales quedaron tatuadas cerca de las chapas de las tres puertas de la casa de Selvy Cuéllar en Yateirenda. Esa tarde, cuando todavía había luz y la niebla tóxica del gas lacrimógeno había tomado las calles del pueblito guaraní, Selvy, sus tres hijos, su cuñada y dos sobrinos estaban encerradas en un cuarto de tres por tres. “Cuando escuchamos las patadas en la puerta, con mi hijo más grande hicimos fuerza para que no la abran -cuenta la mujer tranquila, rodeada de sus hijos-. Afuera se escuchaba cómo todo se rompía. Al cabo de tres patadas se cansaron y se fueron”.
La de Selvy es una de las 21 casas afectadas por la violencia policial del 18. “Entraron a las 75 casas del pueblo, pero hay daños en 21”, dice Eulogio Vargas, responsable de vivienda de la comunidad. Los guaraníes acababan de mudarse a las 51 casas que el Estado había construido allí, para reponerles las pérdidas del terremoto del 15 de octubre de 2013. Las viviendas iban a ser entregadas en septiembre con una visita del presidente Evo Morales, pero ya no es una persona apreciada por los guaraníes de Yateirenda.
“Yo no soy guaraní, soy cochabambina, de Chapare. Yo lo he visto al Evo de niña. Mis padres han peleado para que él sea presidente, pero de aquí en adelante no creo en Evo. Esto me ha marcado para siempre”, dice llorando Julia Orellana, dueña de la tienda más grande de Yateirenda. Esa tarde, ella sacó los vinagres de su tienda para ayudar a sus vecinos, que se arrastraban por las calles. Después fue capturada, arrastrada y pateada por los policías.
A Franz Alcoba le duele respirar. Tiene dos costillas rotas y está postrado en un catre, sin plata para cubrir la receta del médico. A él lo agarraron en la calle y lo patearon. “Creo que fue entre ocho, no sé -dice-. Después me colgaron como pa’ ahorcarme”. Mientras él llevaba, los policías estaban en su casa, golpeando a su hija de 15 años en la nuca y la pierna, tratando que le dieran la llave de la moto. No lo consiguieron.
Cuando terminó todo, los uniformados se llevaron a 27 personas, pero solo 16 eran guaraníes. También cargaron con trabajadores agrarios de empresas vecinas.
Desde las 8:00 de hoy, representantes del Gobierno y líderes guaraníes se sentarán a dialogar en el hotel Casa Blanca. Así se lo comunicaron a Willma Arredondo, capitana de Takovo Mora. “Esperemos que haya voluntad para avanzar”, dijo la dirigente indígena
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Indígenas abandonan Quito, pero continuarán con protestas
Un grupo de indígenas ecuatorianos que ha permanecido por 10 días en un parque del centro de Quito, en protesta contra el Gobierno, abandonó ayer la ciudad, aunque sus dirigentes aseguraron que el “levantamiento” o movilización de las comunidades continuará en los próximos días.
El grupo de varias decenas de indígenas terminó este sábado de recoger sus cosas y levantar las tiendas de campaña que instalaron desde el pasado día 12 en el parque de El Arbolito, para retornar a sus respectivas comunidades.
Ellos llegaron a la capital tras efectuar una marcha desde la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste) que inició el pasado día 2, en demanda de rectificaciones a varias políticas aplicadas por el Gobierno del presidente Rafael Correa.
Durante su estadía en Quito, esos indígenas, apoyados por sindicatos y otros sectores sociales, realizaron varias marchas por las calles del centro histórico de la ciudad, una de las cuales, la efectuada el pasado día 13, se tornó violenta y terminó con una veintena de policías heridos y varios detenidos.
El “levantamiento” convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) demanda, entre otras, el archivo de un proyecto de Ley de Tierras, la derogación de una normativa sobre aguas y de varios decretos considerados “anti obreros” y hará una convención el próximo 29 de agosto.
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Se hará consulta a guaraníes pero por los ductos no por los pozos
Mientras la Policía utilizaba media tonelada de gases para despejar la carretera entre Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba, el viceministro de Desarrollo Energético, Jorge Willy Ríos, redactaba una carta dirigida a Wilma Arredondo, capitana de Takovo Mora, para convocarla a una consulta sobre la construcción de ductos por la Tierra Comunitaria de Origen que dirige.
Esa carta recién llegó ayer a las 14:45 a Yateirenda, mientras los heridos y golpeados por la represión policial contaban sus dolores a la comisión de diputados opositores y asambleístas departamentales que llegó hasta la comunidad chaqueña.
La carta fue recibida con prudencia por Arredondo, que prefirió analizarla antes de dar su opinión. A esa hora, ella y el resto de los dirigentes guaraníes aún tenían la esperanza de que una comisión del Gobierno llegue hasta la comunidad para negociar la consulta sobre la perforación de cuatro pozos petroleros detrás de la TCO Takovo Mora.
Consultado al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que no conoce esa carta ni el motivo de la consulta. A las 20:51 de ayer, Juan Carlos Segales, parte del equipo de comunicación del Ministerio de Hidrocarburos, luego de consultar con sus jefes, explicó que es el inicio de la consulta a los indígenas sobre los ductos que probablemente atravesarán su TCO, si los pozos que se están perforando finalmente resultan productivos.
Señaló que son dos temas diferentes: mientras los guaraníes reclaman la consulta sobre la perforación de los pozos, el Gobierno considera que ya tienen la licencia ambiental sobre los pozos, puesto que se encuentran en una propiedad privada, pero sí se deberá consultar sobre las líneas de recolección que puedan pasar por la zona. Para dejar en claro el punto, el funcionario envió una cartografía de la zona de explotación, en la que se ubican los cuatro pozos fuera de la TCO Takovo Mora.
Mientras el nuevo escenario se concreta, los guaraníes reunidos en Yateirenda aún no pierden las esperanzas de poder negociar con el Gobierno. Durante toda la mañana, los dirigentes estuvieron reunidos en la sede de la capitanía zonal para tratar de afinar la estrategia legal de la discusión, pero a las 16:00, Arredondo había perdido las esperanzas de que una comisión llegara a la zona.
La mburubicha explicó que el Gobierno pide que el diálogo se realice en el municipio de Cabezas, mientras sus bases le exigen que sea en Yateirenda. Lo más probable es que si hay diálogo, sea los primeros días de la siguiente semana.
En medio de las cartas y las reuniones frustradas, llegaron los asambleístas departamentales y diputados.
Los heridos en el desalojo y posterior ocupación de la comunidad contaron cómo fueron sacados de sus casas, pateados y subidos a un micro por los policías, que les reclamaban por sus compañeros heridos durante el desbloqueo.
Ronald Moreno, asambleísta departamental por Demócratas, les expresó la solidaridad del gobernador Rubén Costas y les prometió que todos los heridos serían trasladados a Santa Cruz de la Sierra para ser atendidos de forma gratuita.
Les aseguró que no los mueve un interés político, y les deseó que se entiendan pronto con el Gobierno en un diálogo en el que ambos se sientan vencedores. Para él, los guaraníes tienen derecho a ser consultados por los pozos petroleros
La Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz nació a la vida jurídica tras la entrega de la personería por parte de la Gobernación cruceña en el 3er Foro de los Pueblos Indígenas.
La entidad, que estará presidida por Marcelino Posiva, aglutina a
residentes chiquitanos, guarayos, ayoreos, guaraníes y yuracaré-mojeños.
El secretario de Pueblos Indígenas de la Gobernación de Santa Cruz, Julio López, destacó que el documento les permitirá acceder legalmente en todas las instancias a nivel departamental, nacional e internacional, además de hacer y suscribir convenios en beneficio de los cinco pueblos indígenas del departamento.
Critican al Gobierno por violencia desmedida contra grupos indígenas
Los legisladores de la oposición criticaron las intervenciones policiales contra los pueblos indígenas de Bolivia.
Aseguran pese a la debilidad y minoría que muestran estos manifestantes, las represiones se caracterizan por ser “mucho más violentas” que contra otros grupos u otras movilizaciones convencionales.
Además de recordar lo ocurrido el pasado martes con el pueblo guaraní, donde no sólo hombres sino también niños, mujeres y ancianos fueron víctimas de los agentes químicos utilizados por la Policía, también mencionaron los sucesos de Chaparina en 2011.
El 25 de septiembre de ese año, un contingente de al menos 800 policías tomó por sorpresa a más de mil indígenas en Chaparina quienes integraban la octava marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure. (Tipnis).
Los golpearon, usaron gas lacrimógeno y masking para reducir a los dirigentes y embarcarlos en buses con destino a la localidad de Rurrenabaque, en Beni.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, asegura que el Gobierno tiene que dar un informe sobre lo ocurrido en Santa Cruz, para identificar quién dio la instrucción para que la Policía realice una intervención “desmedida”, para que no quede en el olvido como sucedió en Chaparina.
“Con el pueblo indígena la represión es mucho más violenta, utiliza la violencia de forma desmedida, desproporcionada e ilegal porque en ninguna parte de la ley autoriza a la gente que estaba haciendo bloqueo se le persiga hasta su casa sin orden de allanamiento, llenarlo de gases para asfixiarlos, sin importar que hayan niños y sacarlos a la fuerza, por eso nosotros haremos una investigación”, dijo Ortiz.
La diputada del Partido Demócrada Cristiano, Norma Piérola, dijo que fue “una masacre” lo que el Gobierno hizo contra el pueblo Guaraní. “Lamentablemente por eso el Gobierno ha empezado a atacar a las ONG”.
“No han considerado si había mujeres ni los ancianos (...). Creo que es una actitud totalmente dolosa del Gobierno”, dijo.
Incoherencia ideológica
El analista político, Iván Arias, aseguró que existe una combinación de incoherencia ideológica y de desesperación económica en el Gobierno cuando se presenta este tipo de acciones en contra de los pueblos indígenas. “Si bien es un Gobierno que embandera las reivindicaciones, pero luego los reprime, va en un contrasentido (...), marcan su distanciamiento entre discurso y práctica”.
Dijo también que hay una intolerancia al surgimiento de líderes indígenas porque “pareciera que Evo Morales es el único indígena que tiene derecho a hablar 24 horas”.
Por su parte, el analista Fernando García Yapur planteó que debe existir un punto de equilibrio para dialogar entre ambas partes. Sin embargo, aseguró que cuando se trata de demandas de pueblos indígenas esto tiene otro matiz. “Hay un déficit respecto a poder acceder a recursos naturales para generar sus ingresos.
Por otro lado, están los derechos colectivos de los pueblos indígenas que son minoritarios y que tiene registro territorial colectivo, entonces hay presión de dos sectores”, indicó.
Indígenas de La Paz anuncian marcha en rechazo a estatuto
Indígenas y originarios observan que el proyecto del estatuto no contempla el derecho constitucional de la consulta previa y que tampoco está establecido el respeto a la Madre Tierra.
La autoridad originaria de los kallawayas, Mario Ramos, declaró a Erbol que esperaron suficiente tiempo y que los plazos se vencieron, por lo que decidieron movilizarse.
El 20 de septiembre, el estatuto paceño como el de otras cuatro regiones y dos municipios indígenas, serán sometidos a un referéndum para su aprobación o rechazo.
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El Jacha Mallku de las tierras Altas (provincia Pacajes), Patricio Apaza, anuncio ayer que en rechazo al vacío que existe en el Estatuto Autonómico, donde no se los toma en cuenta y se vulnera los derechos indígenas, se tomó la decisión de realizar una marcha el próximo 3 de septiembre por el centro paceño.
Indicó que a pesar de haber enviado diversas circulares para abrir el Estatuto Autonómico, no obtuvieron respuestas positivas y en este sentido el Pueblo Indígenas declaró que están siendo vulnerados, desconocidos y están anulando sus derechos.
En opinión de Apaza el proyecto restituye la época colonial-republicana. Invisibiliza la existencia de los Ayllus, Markas y Suyus en tierras altas, así como de Tentas, Capitanias y Corregimientos Territoriales en las tierras bajas.
No contribuye a la Construcción Política del Estado Plurinacional como establece el artículo 1 de la Carta Magna; no determina las competencias del Gobierno Autónomo Departamental, entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo; discrimina y vulnera el derecho a la participación directa de los Pueblos indígenas Originarias Campesina en el ejercicio del derecho político de los Suyus: Pakajaci, Qula, Larecaja, Uru-Iruito, Lupaka, pueblo Araona y Uchupiamanas; y carece de artículos sobre los derechos de la Madre Tierra, derecho a la consulta para el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Originarios.
Por su parte la Asambleísta de la Bancada Indígena Afroboliviana, Damiana Coronel, indicó a EL DIARIO que el lunes se tendrá una reunión para poder determinar la situación, pero hasta el momento ellos no serán participe de la marcha que se realizará el 3 de septiembre.
Los indígenas que respaldan al Gobierno informaron que en los próximos días se empezará a socializar los decretos que autorizan el ingreso a realizar trabajos petroleros en áreas protegidas y las modalidades de consulta. A este conflictivo panorama que enfrenta este sector, se debe sumar la invasión de su territorio.
Los corregidores de las 19 comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) denunciaron la invasión de su propiedad colectiva por parte del empresario ganadero Walter Zelada y la parcialización del Tribunal Agroambiental a su favor.
La presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Berta Vejarano, dijo que la "TCO es de las comunidades y este empresario ganadero quiere arrebatarnos nuestro derecho propietario colectivo del segundo título ejecutorial de la TCO TIM al amparo de disposiciones del Tribunal Agroambiental que están poniendo en riesgo el proceso de saneamiento en el TIMI". Ante esta amenaza, los indígenas se encuentran en alerta, "no vamos a aceptar el desalojo o nulidad del segundo título, que en este caso corresponde a una superficie aproximada de 1.500 hectáreas. Las comunidades indígenas estamos en vigilia y haremos respetar nuestros derechos constituidos y nuestro territorio. El TIMI no le está quitando ni un solo metro de tierra a nadie”, dijo la dirigente.
LA TENSIÓN CONTINÚA EN EL SECTOR. Luego de la violenta represión por parte de policías, los indígenas guaraníes de la región de Yatigrenda, en la Capitanía Takovo Mora, mantienen una vigilia en su comunidad, que se encuentra resguardada por un contingente de 300 uniformados, según denunció la asambleísta de la provincia Cordillera, Margot Segovia a la Red Erbol, "estamos en vigilia en este momento, pero con el temor que se vive en la comunidad de Yatigrenda, los comunarios tienen miedo porque no hay paz si se tiene a la Policía a pocos metros rodeándonos, incluso algunos hermanos han denunciado que de vez en cuando arrojan una granada de gas, como para amedrentarlos y eso ya es inaceptable". Ratificó que la única intención de los guaraníes al realizar medidas de presión es pedir la consulta previa e informada, un derecho establecido en las normas nacionales y los convenios internacionales.
El martes, los uniformados intervinieron dos veces el bloqueo que mantenían por nueve días los guaraníes en la ruta Santa Cruz-Yacuiba, con heridos que tienen 25 días de impedimento.
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Video Representantes de pueblos originarios de La Paz rechazan los Estatutos Autonómicos
Video Indígenas de Yateirenda acusan a policías por golpear a mujeres, niños
Guaraníes de Takovo Mora se abren al diálogo con el Gobierno
Los guaraníes de Takovo Mora se abrieron al diálogo con el Gobierno, luego que un ampliado de las capitanías, la noche de ayer, definió instalar las conversaciones en ese territorio y una de las representantes tomó contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el hoy el representante de los indígenas, Domingo Julián.
"La vicepresidenta de la nacional tuvo contacto con Romero para instalar el diálogo en la comunidad, (...) para las 14:00 instalar la mesa de diálogo (...) sí tiene que ser acá en el lugar del hecho", dijo en entrevista con radio Panamericana.
Julián manifestó que los indígenas están preparados con toda la documentación necesaria y pertinente para demostrar que la exploración hidrocarburífera que pretende el Gobierno se encuentra en su territorio, al igual -dijo- que el Ejecutivo, por lo que se debe "debatir", mencionó.
El dirigente indígena garantizó la seguridad de todos los ministros que se trasladen a la zona para comenzar el diálogo, ya que los habitantes de esa región son pacíficos.
YPFB señaló que la consulta previa, que piden los indígenas, no corresponde en Takovo Mora porque los cuatro pozos del bloque El Dorado se ejecutan en un predio privado.
El representante de los guaraníes insistió en el "resarcimiento" por la intervención de la Policía a la vigilia que realizaban, ya que los uniformados "no solo se llevaron dinero sino hasta motocicletas se han llevado y sacaron machetes, en ningún momento usamos casa filosa sólo nos defendimos con ondas".
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Asambleísta weenhayek sobre maltrato a indígenas de Takovo Mora: “No somos animales”
Gilberto Márquez, asambleísta representante del pueblo weenhayek en Tarija, dijo que lamenta lo que está pasando con los indígenas de Takovo Mora, en referencia a la violenta represión policial que sufrieron el pasado martes, y dijo que el diálogo es el mejor mecanismo que puede haber para resolver un conflicto.
“Como pueblo weenhayek apoyamos la postura de nuestro hermanos guaraníes. Nosotros no somos animales para que nos traten de esa manera, golpeándonos, deteniéndonos ilegalmente”, aseguró Marquez.
Reprochó la actitud del Gobierno y dijo que la actividad hidrocarburífera deja daños permanentes en sus tierras que no pueden ser mitigados.
“Durante todo este tiempo nuestros territorios han sido saqueados y seguimos sufriendo las consecuencias que dejan en nuestros territorios la actividad petrolera, nos mienten y mienten a la población cuando dicen que los impactos que dejan en los territorios indígenas son mitigables, y no es cierto porque nosotros los vivimos diariamente los impactos ambientales en nuestros territorios”, explicó.
Recordó que, pese al decreto que permite las exploraciones petroleras en sus territorios, hay convenios y leyes internacionales que amparan a los indígenas y que es la misma Constitución Política del Estado la que los protege, ya que establece que debe haber un a consulta previa para ingresar a territorios indígenas.
Etiquetas: Guaraníes, Weenhayek
El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, anunció la realización de la Primera Cumbre Planetaria de naciones originarias, en octubre, para hablar sobre la lucha contra la discriminación, racismo, descolonización y despatriarcalización. La cita durará tres días y se realizará en el Círculo de Oficiales del Ejército. “No se puede hablar de un Estado Plurinacional, del vivir bien, sino hay un proceso de descolonización”, manifestó la autoridad gubernamental al adelantar que el objetivo del encuentro es emitir resoluciones y mandatos para incorporar la política indígena que sale de Bolivia.
“El 12 de octubre se inaugura la cumbre”, dijo el Viceministro al indicar que esa fecha se recuerda el Día de la Descolonización. Durante tres días se debatirá una temática diferente y se espera la llegada de representantes de Canadá, Groeenlandia, Suecia, Dinamarca, Guatemala, Colombia, Chile, entre otros. Perú ya confirmó su presencia con 50 inscritos. Adelantó que cada nación originaria hablará su propia problemática, expondrán sus posiciones y coordinarán acciones conjuntas para reivindicar sus derechos indígenas, en lo político, social, religioso y cultural y convertirlas en políticas públicas.” Un día se hablará de racismo, otro de discriminación (...)”.
Se estima la presencia de Tariq Ramadán, un intelectual musulmán que propugna la consideración del Islam como una religión europea más. Además de la ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira, de origen ruandés. Quién hablará sobre el genocidio que sufrió su pueblo por un tema de racismo.
La audiencia cautelar de las 26 personas aprehendidas en Yateirenda en el desbloqueo, de la ruta que vincula a Bolivia con Argentina -realizado por la Policía el martes- fue una novela de tres capítulos. Se los acusaba de asociación delictuosa, atentado contra el libre tránsito y lesiones graves y leves. Uno de los querellantes fue la estatal YPFB Corporación.
Temprano se determinó que se la iba a realizar en La Guardia, al mediodía desde la Fiscalía se definió su traslado a Cabezas. A las cinco se dio marcha atrás y se acordó que la audiencia se desarrollaría en La Guardia. La situación puso de mal humor a los familiares que calificaron el accionar como un manoseo de la justicia.
La audiencia comenzó con la llegada de la jueza Zulema Javier Lopez, alrededor de las 20:00. Por el espacio reducido los familiares ni la prensa pudieron ingresar. Solo los abogados y algunos asambleístas.
Pasada las 22:00 se dictaminó libertad irrestricta a 9 personas porque no participaron del bloqueo y a 17 con medidas sustitutivas que les impide portar armas, reunirse entre ellos y participar de bloqueos.
A las 23:19 el grupo de 17 pagó Bs 500 para que un micro los lleve a su pueblo Yateirenda. Los otros 9 igual se fueron, por separado, por su cuenta.
En Yateirenda
Un día después del ingreso de la Policía al pueblo guaraní, ayer, sus pobladores mostraron vehículos dañados y varias puertas rotas.
Ronald Gómez, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Santa Cruz, sostuvo que se buscará un encuentro nacional que incluya a todos los guaraníes para hacer respetar la consulta previa que debe realizar el Gobierno si es que quiere llevar a cabo actividades de exploración en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
“No vamos a ceder. Queremos que los demás indígenas de país se sumen a nuestra causa que solo busca que se respete lo que dice la Constitución”, sostuvo Gómez.
A raíz de las declaraciones del presidente de YPFB, Guillermo Achá, de que se iniciarán acciones legales contra los dirigentes de la TCO Takovo Mora, por ‘malversar’ recursos de compensación que recibieron en los últimos seis años, el presidente de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes, Domingo Julián, pidió que en vez de acusar a los dirigentes de su sector, "bajen a dialogar con los comunarios".
Mediante un comunicado, la Nación Guaraní alertó que están en emergencia. Instaron al Gobierno a abrir el diálogo.
La Iglesia en Santa Cruz, mediante un comunicado, expresó su desaprobación a los métodos violentos que se utilizaron para solucionar el conflicto con los guaraníes.
El Comité Cívico, la Gobernación cruceña, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz y parlamentarios de la oposición también hicieron pública su condena y repudio a la violencia utilizada con los indígenas de Takovo Mora.
En horas de la mañana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó el desbloqueo realizado por la Policía. Reiteró que la zona donde se realizan las actividades de exploración hidrocarburífera están fuera de la (TCO).
Pasadas las 23:00, Romero hizo saber que se excusaba de responder si el Gobierno se abrirá al diálogo con los guaraníes debido a que estaba en una reunión en La Paz.
En un programa televisivo, cerca a la medianoche, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, cuestionó que nadie preguntó por la salud de los policías agredidos por los indígenas
La Policía utilizó al menos media tonelada de proyectiles con gases lacrimógenos para dispersar a los guaraníes de Takovo Mora y desbloquear la carretera Santa Cruz-Yacuiba, entre la tarde y la noche del martes, afirmó ayer el fiscal que acompañó las intervenciones, José Morales.
La represión terminó con una decena de heridos, además de 29 detenidos, de los cuales anoche nueve fueron liberados, tres menores tendrán audiencia hoy y 17 tienen restricciones; es decir, no podrán bloquear vías públicas, portar armas de ningún tipo ni organizarse para protestar.
La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de DDHH condenaron, por separado y en comunicados oficiales, la violenta represión policial.
Entretanto, en La Paz, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, acusó ayer a los dirigentes de la TCO Takovo Mora de malversar recursos entregados como compensación, destinados al financiamiento de proyectos productivos y que no presentaron descargos. Ayer, mientras los familiares de los detenidos hacían vigilia en el comando de la Policía del municipio de La Guardia, donde fueron encerrados, dirigentes de otros pueblos indígenas del oriente sumaron su protesta por los hechos de violencia y la oposición, encabezada por el senador, Óscar Ortiz (UD), anunció que presentará un pedido de informe al Ministerio de Gobierno.
Por separado, el Arzobispado de Santa Cruz y Derechos Humanos condenaron la violencia.
Morales, fiscal asignado al municipio de Cabezas, donde se suscitaron los hechos de violencia, relató ayer que él conminó a los policías a priorizar el diálogo para no llegar al enfrentamiento. Sin embargo, los jefes policiales se descargaron señalando que había que desbloquear sí o sí porque eran órdenes superiores.
Los guaraníes exigen consulta previa a YPFB para operar en su territorio y rechazan la exploración en parques.
“La violencia comenzó a las 13:30. Yo estaba en el lugar de los hechos y la Policía arremetió al menos con media tonelada de proyectiles de gas contra los indígenas, que sólo contaban con agua y algunas piedras para defenderse. A las 18:00 volvieron a arremeter con un camión antimotines e incluso ingresaron a algunos domicilios de Yateirenda para sacar a la gente. Lo que han hecho no está bien, han demostrado incapacidad racional y de diálogo por parte del Gobierno”, dijo y adelantó que en la audiencia cautelar pedirá la libertad para los indígenas.
Entre los 29 detenidos había cuatro mujeres y dos menores de edad. Un anciano llamado Alberto Fernández fue evacuado de emergencia a un hospital por una escoriación en el pie derecho, agravada por la diabetes.
La abogada María Teresa Pérez, defensa de los detenidos, dijo que sería muy complicado llevar a cabo la audiencia cautelar porque la mayoría ni siquiera tenía carnet de identidad.
Por su parte, Achá explicó ayer que, desde 2008, YPFB Chaco entregó a Takovo Mora 8,4 millones de bolivianos en compensación para explorar hidrocarburos en esa zona, y que YPFB Casa Matriz desembolsó otros 7 millones para comenzar las obras de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en funcionamiento.
“Son 15,3 millones de bolivianos que se han entregado (...) y esta TCO no supo descargar. Las comunidades tienen que saber que estos recursos ya han sido entregados a estos dirigentes y tenían la obligación de hacer proyectos y no han hecho nada”, denunció.
Guaraníes de Argentina anuncian envío de refuerzos
Indígenas guaraníes de Argentina se sumarán a las protestas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora del departamento de Santa Cruz, que demanda el derecho constitucional de la consulta previa, anunció el Consejo Continental de la Nación Guaraní (Conagua). Los indígenas de Argentina y Bolivia firmaron un acuerdo para la defensa de sus derechos y se adelantó que una delegación de guaraníes de ese país arribaría al país.
La demanda de los indígenas de Takovo Mora, así como el rechazo a los decretos supremos: 2298, 2195, 2366, y 2368, que aceleran la exploración y explotación de petróleo en sus territorios y las áreas protegidas del país, fue denunciado en el II Encuentro de la Nación Guaraní de Argentina y Bolivia.
Según el presidente de la Conagua, Celso Padilla, también se presentó una queja a la Conferencia Ante Green Pace, una entidad defensora de los parques y áreas protegidas de Sudamérica.
“En esta ocasión se presentó la denuncia por escrito sobre la vulneración de los derechos de la nación Guaraní en ambos países, Argentina y Bolivia”, señaló Padilla a Erbol.
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), a la que está afiliada Takovo Mora, resolvió presentar un amparo constitucional contra los decretos de exploración petrolífera porque vulneran sus derechos.
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La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) señaló mediante un comunicado público que seguirá de pie en sus movilizaciones en Tokovo Mora, mientras no exista una respuesta favorable por parte del Gobierno nacional a su demanda de aplicar la consulta previa, libre e informada para permitir o rechazar la actividad petrolera en esta zona. Además pide la liberación de los 27 detenidos entre ellos cinco mujeres y dos menores de edad.
Serán liberados. Por su parte, el ministro Carlos Romero informó, con referencia a los detenidos, que no existió la intención de enviarlos a la justicia ordinaria, por lo que "nuevamente estarán gozando de libertad".
El titular de Gobierno culpó a los indígenas de realizar una "acción agresiva" contra los efectivos policiales que desbloquearon la carretera de Santa Cruz hacia Camiri con el uso de gases lacrimógenos. "Hubo una acción agresiva, porque antes había vigilia y protestas pasivas, hubo actitud agresiva fueron atacados los policías con piedras, con instrumentos contundentes y eso derivó en la detención", afirmó Romero.
El proceso. Por otro lado, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, anunció que esa empresa estatal iniciará acciones legales contra los dirigentes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora, quienes liderizan las movilizaciones en contra de la exploración petrolera, por una supuesta malversación de los recursos de compensación que recibieron en los últimos seis años.
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Alrededor de 2.700 servidores públicos de distintas instituciones estatales, entre ministerios, empresas, además de entidades desconcentradas y descentralizadas, pasan con regularidad los cursos de aymara en 64 paralelos con 30 docentes.
Debido a la creciente demanda, luego de la conclusión del primer curso el pasado 2 de agosto, el Viceministerio de Descolonización lanzó una segunda versión que se inició el sábado 8 de agosto, por lo que se prevé la culminación para el 12 de septiembre.
Un boletín de prensa de esa entidad señala que el curso de aprendizaje del idioma aymara se divide en 64 paralelos, los cuales tienen tres turnos, de lunes a sábado, y cuentan con el apoyo de 30 docentes.
Los estudiantes de aymara deben cumplir una carga horaria de 25 horas, durante un mes.
Asimismo se informó que las aulas están distribuidas en diferentes instituciones, como la Unidad Educativa Natalia Palacios, Colegio Bolívar, Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Defensoría del Pueblo y ambientes propios de algunas instituciones públicas.
Además se habilitó un horario especial los domingos, en la mañana, para que 89 autoridades de Gobierno, de diferentes instituciones públicas, pasen los cursos.
Al finalizar el curso, los servidores públicos podrán desarrollar habilidades lingüísticas de acuerdo al área que se desempeñan, en el marco de los valores relacionados con la reciprocidad y complementariedad. (Redacción Central - Cambio)
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La mañana de este miércoles llegó hasta la celda de La Guardia una comisión de la Defensoría del Pueblo para evaluar la situación de las 29 personas indígenas que se encuentran aprehendidas desde anoche tras una refriega con la Policía en la comunidad de Yateirenda, en el departamento de Santa Cruz.
De acuerdo con el informe, existen varias personas heridas, entre ellas Garzón Tapia, que presenta fracturas en el torso. Para ellas, la Defensoría está gestionando la atención médica lo más pronto posible.
"El defensor está pidiendo la liberación de las 29 personas aprehendidas porque considera que ha sido abusiva esta situación", señalo Miguel Tapia, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz.
Esta jornada el defensor del pueblo, Rolando Villena, tiene previsto trasladarse hasta la comunidad Yateirenda, donde evaluará la situación en la que se encuentran los guaraníes de la TCO Takovo Mora.
Ayer, en la comunidad de Yateirenda se registró un violento enfrentamiento entre policías y guaraníes cuando los uniformados intentaron desbloquear la ruta que conecta a Santa Cruz con Yacuiba, tomada por los indígenas de Takovo Mora.
La gobernadora llama al diálogo
La gobernadora de Santa Cruz en ejercicio, Kathia Quiroga, ha pedido este miércoles al Gobierno que se siente a dialogar con los guaraníes de la TCO Takovo Mora. La autoridad lamentó el accionar de la Policía que utilizó la fuerza pública al momento de reprimir a los guaraníes.
“No he visto ninguna comisión que vaya a reunirse con ellos; sin embargo, han ido policías a reprimirlos, a sacarlos de sus viviendas, ellos lo único que piden es que se respete su derecho. Por eso pedimos al Gobierno que dialogue y que evite que nos enfrentemos entre hermanos”, indicó Quiroga.
Origen del conflicto en Takovo Mora
Los pobladores de Takovo Mora rechazan que la subsidiaria YPFB Chaco haya iniciado operaciones en el bloque El Dorado sin realizar la consulta previa con el pueblo indígena. Los guaraníes han demandado la presencia de autoridades del Gobierno en la zona para buscar una solución a este conflicto que se ha iniciado el lunes 10 de agosto.
El Gobierno dice que no hace falta la consulta
El lunes 17 de agosto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que las actividades que realiza YPFB Chaco en El Dorado son sobre predios privados, por lo que no correspondía realizar la consulta con los guaraníes de Takovo Mora.
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Violenta represión a guaraníes y Gobierno dice que fue racional
El bloqueo fue en la carretera Yateirenda (Santa Cruz-Yacuiba).
Anoche, desde el Ministerio de Gobierno emitió una declaración señalando que se actuó proporcionalmente y de forma preventiva con el uso racional de agentes quimicos como elemento de disuación.
El Gobierno informó que la Policía aprehendió a 26 manifestantes que serán puestos a disposición del Ministerio Público y reportó un total de cinco policías heridos.
Advirtió que “continuará con su labor de preservar el bien común por medio del cumplimiento de la ley”.
INDÍGENAS El responsable de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Santa Cruz, Nicolás Pereyra, informó a ANF que varios de sus "hermanos fueron detenidos" por los efectivos policiales después que intervinieron el bloqueo de caminos.
Ante la gasificación, los guaraníes "escaparon" a la comunidad de Yateirenda, ubicada a 150 metros desde la carretera y a 150 kilómetros de Santa Cruz, en el camino hacia Camiri, pero que los policías ingresaron de forma violenta a sus domicilios "para agarrar a nuestros hermanos. Estamos determinando oficialmente cuántos fueron detenidos", dijo Pereyra.
Desde la semana pasada, la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) inició sus medidas de presión en contra de la exploración de hidrocarburos en su territorio y exige la realización de la consulta como manda la Constitución Política del Estado.
"(Los policías) se entraron a las casas, rompieron vidrios, destrozaron vehículos", relató el dirigente.
Manifestó que una asamblea determinará si retoman su bloqueo u otras medidas de presión.
YPFB Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reiteró en las últimas horas que la consulta no procede en este caso porque la perforación de cuatro pozos en el bloque El Dorado está ubicado en un predio privado. Esa información fue rechazada por guaraníes.
La empresa subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), YPFB Chaco, informó a Erbol que no fue necesaria la consulta previa a los indígenas guaraníes de la Capitanía Takovo Mora del departamento de Santa Cruz porque los pozos DRO-X1003, DRS-X1007, DRS-X1008 y DRS-1009 del bloque El Dorado, se encuentran en predios privados.
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Guaraníes inician bloqueo indefinido ante demanda de consulta previa
Un grupo de indígenas guaraníes iniciaron a las 6.00 de hoy un bloqueo de caminos en la región de Yategrenda (Santa Cruz) en demanda de una consulta previa por las obras que inició Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco en la región de la Capitanía Takovo Mora.
“Desde las 6.00 hemos decidido tomar la carretera indefinidamente hasta que venga el Gobierno y nos escuche, no queremos que las obras sigan. No se trata sólo de Takovo Mora, es la nación guaraní que está en contra de las obras de YPFB Chaco, no hubo consulta, exigimos la consulta previa e informada (…) queremos convocar a todos nuestros hermanos que se sumen a esta lucha en contra del atropello de los pueblos indígenas”, afirmó a radio Santa Cruz de la red ERBOL, el presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes, Ronald Gómez.
El dirigente admitió que el fin de semana, las autoridades gubernamentales invitaron a los representantes guaraníes a una reunión para establecer un acuerdo por este conflicto.
“Pero el conflicto no es en la ciudad de Santa Cruz, nosotros queremos que el Gobierno venga hasta aquí, a la comunidad, porque el conflicto es aquí”, aseveró Gómez.
Los comunarios de esta región llevan nueve días en conflicto en el bloque El Dorado por las obras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco en esta región. Hasta la fecha, hubo un intento de intervención policial, pero el bloqueo se retomó en la zona y los indígenas se mantienen firmes en sus demandas.
En un reciente comunicado, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez y el presidente de YPFB, Guillermo Achá que las actividades en el pozo ubicado en el bloque El Dorado se realiza en un predio probado, por lo tanto no requiere de un proceso de Consulta y Participación como piden los comunarios del lugar.
Ambas autoridades recordaron que a insistencia de los indígenas, el 12 de agosto el Ministerio de Medio Ambiente y Agua explicó cómo se efectuó el proceso de licenciamiento ambiental de este pozo y que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) también argumentó ampliamente el procedimiento de titularización y el estado actual de los trámites.
Charagua y Totora Marka se alistan como primeras autonomías indígenas
Las poblaciones de Charagua, en el departamento de Santa Cruz, y de Totora Marka, en Oruro, se preparan para constituirse en las dos primeras autonomías indígenas del país, si se consolida la victoria del Sí en el próximo referendo autonómico previsto para el próximo 20 de septiembre.
En ese sentido, una de las primeras decisiones que deberán tomar es el futuro de sus autoridades municipales elegidas el pasado 29 de marzo, las cuales pasarán a considerarse “transitorias”, a partir del mencionado referendo y siempre que gane el Sí.
Tanto Charagua, con sus 32 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), como Totora Marka, con sus 5.800, estarían regidas por el autogobierno indígena con su estatuto autonómico como norma básica constitucional.
En el caso de Charagua, las primeras autoridades de su autonomía indígena serán ratificadas de acuerdo a los avances obtenidos en su estructura gobernativa municipal, debido a que su alcalde y miembros del Concejo Municipal participaron en la elaboración de su estatuto.
El viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Gonzalo Vargas, explicó que el proceso de transición puede durar días, semanas e incluso meses. “De cualquier forma, es un tema que queda en manos de los propios actores de los pueblos indígenas”, explicó.
El Viceministro añadió que la organización territorial de estos municipios, obliga a los que eran distritos a ceder terreno a las propias formas de organización que han tenido los pueblos indígenas. Además, las autoridades deben decodificar los mecanismos de representación del gobierno indígena expuestos como temas generales en su estatuto, dentro el margen de la norma mayor, es decir, la Ley del Régimen Electoral y, en base a ésta, complementar una ley de desarrollo electoral interna.
Son temas de carácter técnico, jurídico, procedimental que el Ministerio de Autonomías está apoyando, dijo Vargas.
Totora Marka
El Ministerio de Autonomías programó un evento en Totora Marka, el 22 de agosto, día en el que se trabajará el plan de gestión territorial para los pueblos indígenas, el cual contribuirá con herramientas metodológicas y una ruta crítica de transición del gobierno municipal a la autonomía indígena. También se tratará la elaboración de la agenda legislativa, que consiste en que elementos del estatuto autonómico puedan ser establecidos como leyes, una vez que los pueblos indígenas constituyan su gobierno.
Raqaypampa espera una ley antes de ir a referendo
La población indígena quechua de Raqaypampa, provincia Mizque, en Cochabamba, podría constituirse en la próxima autonomía indígena, pero antes de someter el estatuto autonómico a referendo, los representantes de las subcentrales condicionaron a tramitar una ley de creación de “unidad o entidad territorial” para constituirse como tal, porque, a la fecha, la población tiene la categoría de “territorio indígena”.
Esto dependerá de la pronta aprobación de la ley de creación de unidades territoriales que el Ministerio de Autonomías presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el transcurso de este año, según informó el representante de esta entidad gubernamental en Cochabamba, Alberto Borda.
Otra condición en este proceso es que el gobierno municipal de Mizque disponga de los recursos suficientes en su presupuesto para financiar el referendo previsto para el próximo año. Además, las autoridades municipales de Raqaypampa tienen la responsabilidad de gestionar la constitucionalidad de la pregunta puesta en consideración de su población en el referendo, tanto con el tribunal electoral como con el constitucional.
Borda explicó también que Raqaypampa funciona como distrito indígena desde 1997. Sus habitantes son todos originarios, es decir carecen de centro urbano como se da en otros municipios.
“Las autoridades municipales y población en su conjunto participaron de la elaboración de su estatuto autonómico indígena. Por eso el Sí en el referendo será absoluto”, explicó.
Si ganara el No en el referendo, por ley se dará un plazo de 180 días para reformular el estatuto autonómico.
Si ocurre eso, “será porque la población no se ha sentido representada en la elaboración de esta norma básica. Entonces se deberán hacer los ajustes para volver, en el plazo determinado, a un nuevo referendo”, explicó el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas.
En tanto, las campañas por el Sí se desarrollan a través de autoridades municipales y actores sociales e institucionales, y el público que decida sumarse, aunque para ello deben estar previamente habilitados ante el Tribunal Departamental Electoral.
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Análisis político 'El rol indígena se invierte en Bolivia y Ecuador'
Es sabido que los movimientos indígenas al igual que los campesinos y originarios forman parte de las bases que sustentan los gobiernos de Bolivia y Ecuador.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte el rol de estos actores han pasado de ser simples “teorías” a potenciales cuestionadores de los gobiernos de los dignatarios Evo Morales y Rafael Correa.
En esto coinciden los analistas políticos, Julián Ibarra y Helena Ariguirakis, quienes afirman que los movimientos indígenas principalmente se han convertido en potenciales sujetos políticos de estos gobiernos, llegando en algunos casos a ser verdaderos opositores para la prolongación de su mandato.
Antecedentes. Por lo que explican los expertos, una prueba contundente de esta teoría ha sido lo sucedido recientemente en Ecuador, donde una masiva marcha indígena llegó hasta Quito, en rechazo a la re -re-elección de Rafael Correa.
Cabe destacar que en Bolivia, se han producido movilizaciones similares en cuestionamiento al Gobierno por la construcción de la carretera en el Tipnis y las recientes marchas que reprochan la explotación de reservas naturales en busca de recursos.
Los grupos pasan la factura. Según la lectura del analista Julián Ibarra, este cambio de actitudes que se han registrado en los últimos años por una parte de los sectores indígenas que apoyaban a ambos gobiernos, puede obedecer a la búsqueda real de la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y políticas, pues afirma que lo que se ha hecho aún no es suficiente para ellos, al menos en el caso de Bolivia.
En los últimos años han recibido normas, pactos y proyectos que son significantes, pero no suficientes para lo que han aportado al proceso. Si bien le han hecho leyes como consultas previas, estas leyes en favor de ellos se han violado lo que ha generado una confusión pues ellos ven leyes pero no ven los resultados que esperan", señaló el experto quien ve estos deslizamientos como una factura que les están pasando estos grupos al Gobierno, que prácticamente los encaminó sobre la reivindicación de sus derechos.
Contradicciones. Para la analista Helena Arguirakis, esta especie de deslizamientos que se han observado los últimos años en Bolivia y Ecuador, pueden ser una forma en que los grupos indígenas cuestionan las políticas que ejercen sus gobernantes sobre su país y que contradicen los pactos, leyes y convenios que hizo con ellos.
En este sentido puso como ejemplo el proceso de industrialización que sigue Bolivia, el cual implica la explotación de reservas naturales y que contradicen la teoría del Vivir Bien sobre las que se sustenta la Constitución Política del Estado, (CPE), y en el caso de Ecuador el Buen Vivir. "Hay una contradicción ahí porque el Vivir Bien es el retorno a la naturaleza y eso significa cambiar la mentalidad extractivista de la explotación de recursos naturales ya no agroindustria, sino el pluricultivo"
"Los indígenas son nuevos sujetos políticos que no solo reivindican sus derechos, sino que se involucran en el proceso de toma de decisiones convirtiéndose en actores de primer nivel", complementó.
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Exigen al Gobierno dialogar Guaraníes de Tacovo Mora masifican bloqueo
Los guaraníes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Tacovo Mora masificarán el bloque de la carretera hacia Camiri y advierten con una Acción de Amparo Constitucional exigiendo que se respete la consulta a los pueblos indígenas sobre las medidas gubernamentales de exploración y explotación hidrocarburífera, informó la capitana grande Guaraní, Willma Redondo.
La dirigente informó que ayer los guaraníes reiniciaron sus medidas de presión y se replegaron hacia la carretera a Camiri para bloquear la vía, hasta que las autoridades gubernamentales “bajen para dialogar” sobre sus políticas que están asumiendo y que afectan las tierras de los indígenas.
Añadió que el conflicto no solo es de Tacovo Mora sino de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), por esa razón “se sumarán a las medidas de presión al menos 500 guaraníes de Chuquisaca y similar número de Tarija”, sostuvo.
“Exigimos que se cumpla la Constitución sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas”, dijo la representante a radio Erbol, al referirse a la consulta previa y libre que el Estado tiene la obligación de realizar cuando el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional dictan medidas administrativas o legislativas que afectan a los pueblos indígenas.
Asimismo, manifestó que si el gobierno no escucha sus demandas recurrirán al Tribunal Constitucional con una Acción de Amparo Constitucional exigiendo la protección y respeto a sus derechos.
Los guaraníes han bloqueado el campo petrolero El Dorado que opera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco.
En mayo, la entidad habría informado a la Capitanía que se ingresaría a la zona ubicada en el departamento de Santa Cruz para iniciar la perforación de cuatro pozos del bloque El Dorado, y que se cuenta con la Licencia Ambiental. Además, los predios privados están debidamente titulados en el proceso de saneamiento que llevó a cabo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), argumentaron.
Los indígenas aseguran que este no es un argumento, porque la Constitución protege sus derechos de consulta y participación en la toma de decisiones cuando las políticas estén referidas a los pueblos indígenas y sus territorios.
El movimiento indígena de Beni recordó ayer los 25 años de la denominada "Marcha por el Territorio y la Dignidad" que partió de Trinidad rumbo a La Paz el 15 de agosto de 1990. "Una fecha como hoy (15 de agosto) empezamos con mucho esfuerzo nuestra caminata demandando el reconocimiento de nuestros territorios", manifestó Marcial Fabricano, uno de los líderes de esa epopeya.
La "Marcha por la Dignidad y el Territorio" arribó a la ciudad de La Paz el 17 de septiembre de 1990.
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El vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer que la reivindicación indígena se basa en dos componentes: el cultural y el civilizatorio que buscan el reconocimiento de sus derechos.
"El componente cultural tiene que ver con que nuestros países dependiendo la presencia demográfica e histórica de los pueblos indígenas se tiene que luchar por el reconocimiento de territorios de los pueblos indígenas originarios", explicó en la inauguración del congreso de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en la ciudad de Santa Cruz.
Según García Linera, lo plurinacional e indígena no sólo es un tema cultural, sino también una temática societal o civilizatoria que se refiere a otra manera de entender la relación entre las personas.
"Otra manera de entender la producción, la relación entre el ser humano y la naturaleza, otra manera de entender los usos tecnológicos de la vida, es decir, estamos hablando de un orden civilizatorio", detalló.
Sostuvo que en los lugares donde el movimiento indígena es mayoría demográfica, como el caso de Bolivia, los pueblos indígenas se constituyen en mayoría política, electoral y en dirección cultural de la sociedad.
SOMETIMIENTO. La autoridad señaló que "lo indígena no solamente es un tema de reconocimiento de derechos culturales, de racionamiento de derechos indígenas, o de tierras y territorios ancestrales, sino que también es un tema que tiene que ver con la posibilidad de un nuevo orden civilizatorio en el continente y el mundo", apuntó.
Recordó que la "herida colonial" que se instauró a partir de 1492 en el continente sudamericano tiene que ver con la explotación de los pueblos indígenas, la destrucción de su gobierno, economía y cultura, además del sometimiento de los pueblos indígenas a una potencia extranjera, que explotó a esta clase social años.
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En medio de confusas informaciones, los indígenas guaraníes de Takovo Mora advirtieron que mantendrán el bloqueo al campo petrolero El Dorado, de la empresa YPFB Chaco, si es que no se presentan dos ministros a negociar, en medio de un despliegue policial numeroso.
Los indígenas iniciaron el lunes el bloqueo de caminos de la mencionada empresa petrolera en protesta por la aprobación de algunos decretos que eliminan la consulta previa y permiten la exploración en áreas protegidas. Los dirigentes guaraníes denunciaron que en el caso de El Dorado no se les realizó la consulta. YPFB informó que el Ministerio de Hidrocarburos explicó en una asamblea que las actividades de exploración no requieren de un proceso de consulta porque está ubicado en predio privado.
La Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuiba inaugura hoy su sede en la ciudad fronteriza. Es un edificio de cuatro plantas que costó Bs 6,3 millones, provenientes de las regalías petroleras de Tarija.
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El Ministerio de Gobierno hizo conocer que fue neutralizado el intento de bloqueo de parte de guaraníes de la Capitanía Takovo Mora al pozo petrolero sur El Dorado X1007, en Santa Cruz.
El lunes “intentaron impedir el ingreso de trabajadores de YPFB Chaco (…) efectivos policiales actualmente mantienen el control del lugar y garantizan el tránsito normal de vehículos”, señala un comunicado de prensa de esa cartera de Estado.
Según la nota, los indígenas se replegaron a un costado de la vía de ingreso a los pozos petroleros del bloque El Dorado.
“El camino está expedito, sin embargo, la Policía tomará todas las previsiones para evitar cualquier incidente o acción que impida el trabajo que YPFB realiza en beneficio del país”, señala el documento.
Los indígenas de Takovo Mora se movilizaron en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco porque aseguraron que no hizo la consulta previa para operar en su territorio; mientras la empresa estatal, alegó que la propiedad es privada y no colectiva.
Los indígenas iniciaron ayer una medida de presión también en protesta contra los decretos supremos: 2298, 2195, 2366, y 2368 que aceleran la exploración y explotación de petróleo en sus territorios y las áreas protegidas.
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Gobierno pondrá en marcha fondo “Jiwasa” en septiembre
El director de Pro Bolivia, Javier Escalante, aseguró que el próximo mes se pondrá en marcha el fondo ‘Jiwasa’ (todos podemos en idioma aymara), para fortalecer las iniciativas productivas de la pequeña y mediana escala.
“Estamos ajustando los instrumentos de trabajo y en septiembre vamos a salir sin ningún tipo de aspaviento, para empezar a trabajar a consolidar todo lo que es el Jiwasa”, indicó.
Escalante dijo que hasta los últimos días se estuvo probando todos los instrumentos y se hicieron pruebas de campo en Cochabamba, Potosí y El Alto para la implementación de ese fondo, que cuenta con 9,8 millones de dólares provenientes de un fideicomiso y otros 20 millones de dólares de la cooperación internacional.
Explicó que para empezar con ese fondo se clasificó en tres grandes sectores a los micro y pequeños productores: los de subsistencia, que no lograr cubrir un salario mínimo; los de reproducción, que logran pagar el salario mínimo y los que cubren los costos de producción.
Dijo que se trabajará con los pequeños productores que no pueden cubrir los costos de operación, a quienes se les ayudará a elaborar un plan de mejoramiento y se les otorgará un capital de inicio, que será maquinaria, que ayudará a mejorar sus capacidades productivas.
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Muere una mujer arrollada durante la marcha y el jueves convocan a un paro nacional contra Correa.
Cientos de indígenas ecuatorianos arribarán hoy a la ciudad de Quito para exigir al Gobierno de Rafael Correa varias demandas, entre ellas que se frenen las actividades extractivistas. La denominada "Marcha por la dignidad y la vida" proclamó, antes de su arribó a la capital ecuatoriana, el "levantamiento indígena", al que aseguran se sumarán más de 20.000 personas.
La marcha indígena coincide con el paro nacional que se convocó para este 13 de agosto, medida sobre el cual el presidente Rafael Correa dijo, "el día jueves es un desafío, no para el Gobierno, para el país entero. O permitimos que esos rezagos del pasado sigan haciendo daño al país o los superamos definitivamente mostrando el rechazo unánime de toda una nación". Pidieron la derogación de enmiendas constitucionales, el libre ingreso a universidades, derogatoria de la ley de aguas, archivo de la ley de tierras, alto al extractivismo y rechazo al elevado costo de vida.
MURIÓ UNA MUJER DURANTE LA MARCHA. El viceministro de Seguridad Interna de Ecuador, Diego Fuentes, informó, a través de su cuenta en Twitter, que durante la jornada nocturna de la marcha del lunes, una mujer murió atropellada y otra resultó herida, "urgente: informamos un lamentable accidente de tránsito en marcha indígena, una persona de sexo femenino fallecida, otra herida".
Los restos de Marta Medina, de 35 años, llegaron a la morgue de Latacunga. El hecho ocurrió en la vía Panamericana, a la altura del barrio de Lasso.
El Universal informó que como ocurrió en otros lugares de su ruta, los marchistas se toparon con una manifestación de partidarios del oficialista movimiento Alianza País (AP),quienes les gritaron consignas como “fuera golpistas, fuera”, “reelección, reelección, reelección”, portando pancartas donde se leía la frase “el pasado no volverá”. Sin embargo, a través de los altoparlantes del vehículo que encabeza la marcha, Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), llamó a la gente a "no caer en la provocación ni en la trampa", que el objetivo es llegar a Quito. Efectivos policiales impidieron que se registre algún enfrentamiento.
Luis Daquilema, partidario de AP, indicó que las bases indígenas están a favor de la gestión de Correa porque saben que hizo obras para beneficiar a los más pobres, mientras que otros sectores manifestaron su apoyo y del paro nacional, previsto para este jueves 13 de agosto.
UN GRUPO DE PERIODISTAS DE ECUADOR TV DENUNCIÓ QUE FUERON AGREDIDOS POR LOS INDÍGENAS, TRAS ACUSARLOS DE INFILTRADOS, MEDIANTE EL PORTAL GUBERNAMENTAL EL CIUDADANO.
Indígenas ecuatorianos declaran "levantamiento" contra Rafael Correa
La principal organización indígena de Ecuador proclamó, este lunes desde la andina ciudad de Latacunga, un "levantamiento" contra el gobierno del presidente Rafael Correa, antes de unirse a una huelga convocada por opositores el próximo jueves.
Centenares de indígenas que emprendieron hace nueve días una marcha hacia Quito, desde la amazónica provincia de Zamora Chinchipe, anunciaron protestas en contra del mandatario.
En diálogo previo con la agencia de noticias AFP, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, señaló que tras esta proclama "habrá plantones, habrá movilizaciones (...) hasta tener respuestas por parte del gobierno, hasta cuando se archiven esas enmiendas constitucionales".
Los indígenas, que en 2014 realizaron una protesta similar que el gobierno tildó de fracaso, exigen el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, incluida una que le permitiría a Correa, en el poder desde 2007, postularse a un nuevo mandato.
Además piden que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quita poder en el manejo de esos recursos en sus territorios.
Gobierno resta importancia a la medida
El presidente ecuatoriano, quien reivindica una alta popularidad en amplios sectores y el respaldo de grupos indígenas, consideró este lunes que la movilización "va a ser un fracaso".
"El día jueves es un desafío, no para el gobierno, (sino) para el país entero. O permitimos que esos rezagos del pasado sigan haciendo daño al país o los superamos definitivamente mostrando el rechazo unánime de toda una nación", dijo Correa a la prensa.
Por su parte, Herrera agregó que la marcha "ha sido el mecanismo para hacer la convocatoria a levantar el ánimo, a levantar fuerzas en el país", pero descartó que busquen "la caída del gobierno".
El mandatario, que enfrenta desde hace dos meses un movimiento irregular de protesta contra sus políticas de corte socialista, ha relacionado las manifestaciones con una conspiración en marcha para sacarlo del poder antes de las elecciones de 2017.
Las protestas estallaron el 8 de junio a raíz de una propuesta de Correa para elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía, según él, para redistribuir la riqueza, lo que desató la ira de empresarios, organizaciones de derecha y de la clase media.
Las manifestaciones devinieron en una crítica generalizada al gobierno y al estilo de gestión del presidente, que sus adversarios tildan de autoritario.
En ese marco, sindicatos y grupos sociales programaron un paro para este jueves al que se plegarán organizaciones indígenas descontentas con el mandato de Correa.
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El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Jorge Gómez, autorizó asentamientos humanos en San Rafael (Velasco), el fin de semana ante una masiva participación de pobladores y autoridades que firmaron acuerdos de coordi- nación para asentamientos planificados con prioridad para nativos sin tierra y lo que sobre para gente del interior del país.
El presidente del Comité cívico de San Rafael, Erlin Lichternauer, dijo que de las 500.000 hectáreas fiscales en el municipio, producto de la reversión de la concesión forestal Surutú, 300.000 servirán para promover la organización de unas 20 comunidades indígenas y campesinas en proceso de asentamiento y las otras 200.000 serán una reserva intocable, según se pactó con el director del INRA.
Las solicitudes de tierras se reciben en la Unidad Forestal de la Alcaldía, que tiene un mes para remitir las carpetas al INRA (Santa Cruz) para que dé luz verde a los asentamientos.
Lichtenauer dijo que el Gobierno cedió tierras fiscales a campesinos afines al MAS y de la organización Única, por lo que exigieron la presencia de autoridades para coordinar la dotación de tierras para nuevas comunidades, pues a los lugareños no se los había tomado en cuenta.
En San Miguel, la llegada de unos 400 colonos en busca de terrenos dio lugar a un cabildo que rechazó esta situación y se exigió que se dé preferencia a los lugareños. Asistieron el presidente de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel, Juan Cándido Casupá; el alcalde, Óscar Hugo Dorado; los subalcaldes; el dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Rony Ribera, y el secretario de Justicia de la Cidob, Lázaro Tacoó.
Se aprobó una resolución que exige paralizar la dotación a comunidades no originarias, dar prioridad a los chiquitanos y consultarles sobre nuevos asentamientos. Al final se llegó a un acuerdo con las autoridades del INRA para suspender la dotación, mientras no se lleve a cabo un taller de capacitación de saneamiento y la titulación de tierras a los indígenas locales y a las propiedades
Día Internacional Pueblos indígenas demandan acceso a servicios de salud
Los cinco pueblos indígenas del departamento cruceño: chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y yuracaré-mojeño conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con música, danzas y luciendo sus vestimentas tradicionales en la plaza principal 24 de Septiembre. La ocasión también fue propicia para que expresen sus demandas de salud y educación.
En la ocasión, Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación, afirmó que esta institución trabaja y valora a todos los pueblos indígenas, como lo demuestra el hecho de que el gobernador Rubén Costas haya incluido a los pueblos indígenas primero como consejeros y luego asambleístas departamentales, además que Santa Cruz es el único departamento que tiene un secretario de Pueblos Indígenas en el Gabinete Ejecutivo para impulsar el desarrollo del departamento.
Asimismo Julio López, secretario de los Pueblos Indígenas, agradeció al gobernador Rubén Costas tanto por esta inclusión como por las obras en electrificación, caminos, educación y turismo que reciben en sus comunidades. “Estamos contentos de ver que el desarrollo inició desde la Gobernación, porque aquí los pueblos indígenas estamos representados en la Asamblea y en el Ejecutivo”, señaló López.
Emigio Poiche, asambleísta indígena, sostuvo que son los pueblos el baluarte del departamento, lamentó que aún no estén reconocidos por el Gobierno en cuanto a las atenciones que debe brindar el Estado a los pueblos indígenas. “Los hermanos de tierras bajas somos objeto de avasallamiento de nuestro territorio por parte del Estado, hoy pedimos a todas las instituciones nos brinden el apoyo necesario para que el territorio de los indígenas sea respetado; pedimos al Estado que no avasalle nuestras áreas protegidas en busca de más recursos y pedimos más atención en educación y salud”, concluyó.
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A las pocas horas de recordarse el domingo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Ronald Gomez, representante de los indígenas guaraníes de la Capitanía Takovo Mora, confirmó al periódico digital El Deber que a partir del mediodía de ayer bloqueron el ingreso al bloque El Dorado, donde opera la empresa subsidiaria YPFB Chaco. Advirtió que esta protesta se extenderá hacia Tarija y Chuquisaca hasta que el Gobierno decida retroceder en su intención de ingresar a las áreas protegidas para realizar trabajos de exploración y explotación.
Mientras en la ciudad de Trinidad, los representantes de los pueblos indígenas del Territorio Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron un encuentro para reactivar sus medidas de presion contra las medidas del Gobierno.
Los dirigentes denunciaron que hay varias demandas que presentaron los indígenas y que hasta el momento la justicia no se pronuncia, como el caso de la comunidad Tacana La Selva, Pando, o la destrucción de un cementerio ancestral en la región de Alto Parapetí, en Santa Cruz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo conocer el fin de semana que recibió información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas. También expresó su preocupación por situaciones en que comunidades enteras son forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia.
VICEPRESIDENTE IDENTIFICA A ONG. Respecto a las organizaciones que hicieron conocer sus observaciones al Decreto 2366 y otros que autorizan el ingreso a realizar trabajos hidrocarburíferos en áreas protegidas, el vicepresidente Álvaro García Linera identificó a por lo menos cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ING's) que hacen política en el país y defienden los grupos transnacionales, "hay varias en Bolivia que están siendo financiadas por Gobiernos extranjeros. Milenio, depende de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, gonista a morir. Fundación Tierra, ha sido dirigida por un exministro de Goni, CEDIB y Cedla, que hacen política con la defensa del medio ambiente a la cabeza de unos trotskistas verdes". Dijo que esas ONG´s se reunieron con dirigentes para darles datos que afecten la gestión del Gobierno y postergar proyectos de desarrollo.
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Aprender un idioma nativo requiere al menos 72 horas académicas
Para aprender un idioma originario se requiere de al menos 72 horas de capacitación académica, según explican investigadores y lingüistas entrevistados. La reciente certificación, que recibieron alrededor de 2.500 servidores públicos en La Paz, fue de una carga horaria de 25 horas.
El coordinador de idiomas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Vitaliano Huanca, expresa que esto se debe a que fueron cursos introductorios al nivel básico.
Página Siete conversó con los lingüistas Félix Layme Pairumani y José Laura Yapita para que, desde su experiencia en la enseñanza, expliquen cuáles son los parámetros "recomendables” en cuanto al tiempo idóneo que se requiere para aprender un idioma nativo.
Ambos coinciden en que un nivel básico de enseñanza en lenguas originarias debe enmarcarse en las 72 horas teórico/prácticas.
"Por ejemplo, el primer nivel sería el básico, de unas 72 horas pasando clases seis horas a la semana. En este primer nivel estaría toda la información personal: nombre, donde vive, nacionalidad y aparte de eso, gramática básica”, explica Laura.
Según los cálculos de este investigador, el aprendizaje de nivel intermedio debe consolidarse en una carga horaria de 150 horas, mientras que para llegar a un nivel avanzado se requiere de al menos 200 horas de capacitación.
Si bien Layme coincide con estos criterios temporales, considera que para alguien que trabaja es imposible lograr ese ritmo.
Consultado sobre esta categorización, Huanca admite que lo ideal para una etapa inicial en cualquier idioma originario es contar con la carga horaria de 70 horas. Explica que las clases que se impartieron desde la EGPP -para los más de 2.500 servidores públicos- fueron de un curso introductorio al nivel básico.
"Los cursos regulares cuentan con 70 horas por nivel (básico, intermedio y avanzado), y la carga horaria de 25 horas en la que hemos participado como Escuela, es parte del paquete del nivel básico que se va a completar en un futuro inmediato para certificar oficialmente con esa carga horaria (de 70 horas)”, afirma.
La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, del 2 de agosto de 2012, dispone en su artículo 3 que "toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años”. Ese plazo feneció el domingo 2 de agosto con un acto realizado en el Coliseo Cerrado de La Paz.
¿Aprender de a poco?
No obstante, Huanca, desde su experiencia como docente, cree que hay que aprender de a poco los idiomas originarios y que "no hay que desesperarse”, ya que "tampoco es aprender a la rápida”. Este funcionario considera que el deseo de aprender una lengua nativa -aymara, quechua, guaraní o cualquier otra- debe primar antes que la necesidad de obtener un certificado.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, se reconoce en Bolivia la existencia de 36 idiomas oficiales.
A partir de ésto, el artículo 234 de esta norma establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere -entre otros requisitos- hablar al menos dos idiomas oficiales, siendo uno el castellano.
En el acto de entrega de certificados de idiomas a más de 2.500 servidores públicos el pasado 2 de agosto, el presidente del Estado, Evo Morales, destacó el esfuerzo de quienes participaron de esta formación. "Los aymaras, los quechuas somos una nación, tenemos territorio, tenemos lengua propia”, agregó.
Antes de explicar que los docentes de la EGPP enseñan aymara, quechua, guaraní y mojeño trinitario, Huanca asegura que algunos de los que pasaron el curso introductorio ya están inscritos para culminar las 70 horas académicas que se requiere para contar con un nivel básico.
En criterio del lingüista Laura, esta última capacitación de los servidores públicos no fue suficiente y espera que en un futuro cercano esta situación se revierta. "Me parece que 25 horas es muy poco”, dijo.
CPE La Constitución Política del Estado reconoce como idiomas oficiales de Bolivia al castellano y a 36 lenguas originarias, entre las cuales están el aymara, quechua y guaraní.
Ley 269 La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas establece que los servidores públicos deben hablar un idioma originario, además del castellano, para mejorar su atención a la ciudadanía.
Certificación El pasado 2 de agosto, más de 2.500 servidoras y servidores públicos recibieron certificados, con una carga horaria de 25 horas académicas, a través de los cuales se acredita su conocimiento básico de un idioma.
Niveles Para el aprendizaje "adecuado” de un idioma originario es necesario cursar tres niveles (básico, intermedio y avanzado) con una carga horaria de 70 horas cada uno.

References: resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 3
 artículo 234