Source: http://www.libertadidioma.com/20191024.htm
Timestamp: 2020-05-28 19:04:11+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 24 Octubre 2019
EDITORIAL ESdiario 24 Octubre 2019
ESdiario 24 Octubre 2019
Gracias Dr Cum Fraude
Nota del Editor 24 Octubre 2019
Si, gracias por todo lo que esta haciendo y dejando de hacer para conseguir que el PSOE desaparezca de una vez. Ya era hora de que alguien le sacuda el último golpe y podamos dedicarnos a solucionar los problemas de España y del mundo.
Franco, electoralismo en el vacío
larazon 24 Octubre 2019
No debería encresparse el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con la maniobra propagandista del PSOE, a cuenta del cadáver de Francisco Franco, por cuanto esta actúa, desde un punto de vista electoral, sobre el vacío. Incluso con la movilización de los medios de comunicación públicos, puestos sin recato al servicio del candidato socialista, la figura del anterior Jefe del Estado, fallecido en 1975, apenas opera sobre un electorado que en su inmensa mayoría, el 66,4 por ciento del censo, o no había nacido en esa fecha o tenía menos de 15 años y que, por su puesto, tiene ya formada su opinión sobre el régimen franquista. De hecho, según la última encuesta de «NC Report» para LA RAZÓN, tanto los indecisos como los que declaran que se abstendrán el próximo 10 de noviembre presentan porcentajes similares por grupos de edad.
Es decir, la exhumación de Franco no parece que vaya a movilizar a más votantes, en uno u otro sentido, mientras que la mayoría de los encuestados que dicen que irán a las urnas ya han decidido sus opciones políticas de acuerdo a otros parámetros. En definitiva, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no debería esperar demasiado de la ayuda que pueda prestarle el cadáver del Caudillo por antonomasia. Es más, tras la expectación, con un cierto punto de morbosidad, del espectáculo fúnebre de este jueves, el común de los españoles, que asiste indiferente desde hace años a la agitprop de la memoria histórica, volverá a su desinterés por un asunto, el de la Guerra Civil y el franquismo, que estaba felizmente superado y que, cuando más, se despacha con una sonrisa irónica.
Pero, con todo, la peripecia de la exhumación deja algunos flecos de carácter político que es imposible pasar por alto. Nos referimos a la actitud prepotente del Ejecutivo, de ofensa gratuita a la orden benedictina, titular de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, si bien, se incardina en el rancio anticlericalismo del PSOE –que, dicho sea de paso, tampoco añade voto alguno–, ha podido cruzar la línea de la ley. Como ha denunciado el abad, Santiago Cantera, se ha tomado literalmente el recinto religioso por decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid, restringiendo los derechos de los monjes, bajo la delirante excusa de prevenir unos supuestos altercados de orden público que no son más que expresión inconfesable de deseos del Gabinete en funciones.
La agitación, una vez más, del espantajo de unas hordas franquistas, cuando no nazis, que, simplemente, no existen o, en cualquier caso, serían residuales. Que no tema Sánchez, porque en este caso se cumple exactamente el viejo dicho español de «a moro muerto, gran lanzada». Pero, tampoco, podemos obviar el pobre papel de la jerarquía de la Iglesia española, comenzando por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que ha dejado pasar en silencio que desde las instancias gubernamentales se despreciara la opinión del abad Cantera, caricaturizándole como si fuera un energúmeno. Actuación indigna, por sectaria, que merecería el reproche de nuestro episcopado. No en vano, estamos hablando de la exhumación de un cadáver, depositado en un recinto religioso, que se lleva a cabo contra la voluntad de la familia del finado y de los custodios de la tumba, mediante la promulgación de una ley de caso único, por más que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo haya hecho ingeniería procesal para avalarlo.
Por lo demás, Pedro Sánchez tendrá hoy su pequeño triunfo, el único de sus propósitos políticos que ha podido llevar a cabo, pero mañana, parafraseando a Monterroso, descubrirá que el dinosaurio catalán aún sigue allí, acompañado, además, por las malas perspectivas electorales.
Ramón Rodríguez Arribas ABC 24 Octubre 2019
Los constituyentes de 1978, sin duda porque presagiaron que las Autonomías, en la práctica, convertirían al Estado en Federal, introdujeron en nuestra Constitución un precepto, inspirado en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que creó la República Federal de Alemania, el Art. 155 CE, que prevé que si alguna comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actuare atentando gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad y si no fuera atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, «podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Esta previsión fue recientemente utilizada cuando las Instituciones autonómicas de Cataluña llegaron a aprobar leyes y a tomar decisiones tendentes a la separación del resto de España y a la proclamación de una república independiente. Con esta ocasión, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 89/2019 y 90/2019 hizo un análisis de las condiciones que debe requerir la utilización de dicho artículo de la Constitución española, y resulta oportuno hablar de ello ahora, porque de nuevo se plantea la posibilidad de la utilización del precepto y aparece una cierta confusión sobre lo declarado por el Tribunal Constitucional, en el sentido de llegar a considerar que el empleo de la medida de intervención de una autonomía es muy difícil después de lo que ha dicho el Alto Tribunal, lo que no se corresponde con la realidad de la doctrina sentada por el mismo.
El máximo intérprete de la Constitución señala que se trata de una medida de carácter «extraordinario», y un «último recurso» añadiendo que no responde a «un control de naturaleza competencial», es decir, los previstos son supuestos que por su propia naturaleza están fuera de las competencias de cualquier comunidad autónoma, y varias veces repite que se trata de una «coerción estatal». Resulta reseñable que la palabra «coerción», que utiliza el artículo 37 de la Constitución alemana, no fue incluida por los constituyentes y debe constatarse también que esa palabra, en su segunda acepción, es equiparable a «represión», con lo que, en definitiva, el Tribunal destaca, tanto que ha de preceder una grave conducta incumplidora de las instituciones autonómicas, como que ha de ser reprimida con la aplicación del artículo 155 CE.
El Alto Tribunal señala expresamente que esa actuación de control e intervención puede producirse, tanto cuando aquélla ha realizado «actos o disposiciones formales», como cuando sea «resultante de comportamientos fácticos», es decir, también aquí se dice con claridad, frente a lo que suele opinarse, que el Art. 155 puede activarse frente a una Ley aprobada por un Parlamento autonómico o frente a una disposición adoptada por el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, pero también si se producen actuaciones puramente de hecho, como pueden ser las alteraciones de la paz social y de la tranquilidad pública, ya sean alentadas o, aun peor, organizadas y dirigidas por las autoridades que deberían evitarlas y, en su caso, reprimirlas.
Por otra parte, el TC afirma que las medidas a adoptar en la aplicación del artículo 155 CE han de ir dirigidas a obligar a la comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones o «a preservar o proteger el mencionado interés general contra el que se ha atentado» y naturalmente, ello ha de tener un «límite temporal», pero añade «bien expresamente determinado o bien determinable», y por lo tanto, la doctrina constitucional aclara que puede tratarse de un plazo fijado de manera expresa, cuya duración es conocida desde el principio, o bien pueden establecerse las condiciones para que se cumplan las obligaciones omitidas y quede restaurada la protección del interés general de España y en ese caso, la determinación del plazo dependerá del cumplimiento de esas finalidades para que se extinga la aplicación de la medida de intervención de la Autonomía. Es más, el propio Tribunal incluso prevé, que «llegado el caso» se produzcan «la prórroga o renovación» de dichas medidas, a solicitud del Gobierno y con la aprobación del Senado; conviene destacar también esto porque, como lo importante es cumplir el fin de restaurar el orden constitucional y legal, o proteger el interés general de España, o ambas cosas, la limitación temporal exigible no ha de establecerse de manera rígida y formalista, sino subordinada al cumplimiento de aquellos fines y por eso precisamente la medida puede ser determinada o determinable y prorrogable o renovable, en todo caso.
De cualquier manera, la medida es de naturaleza estrictamente política, y su aplicación viene impuesta por situaciones que ponen en riesgo valores fundamentales de la nación o de la estructura del Estado, que ha de ponderar el Gobierno, y en cuya gestión, si no puede aceptarse una imprudente precipitación, aun puede ser peor llegar tarde.
Como consecuencia de conductas precedentes, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia condenatoria de quienes intervinieron en actuaciones sediciosas, que dieron lugar a la aplicación, por primera vez, del artículo 155 CE y desgraciadamente ni los condenados ni las actuales autoridades autonómicas catalanas han cejado en su empeño inicial, antes al contrario, proclaman «lo volveremos a hacer», y lo que es más grave, hay vehementes indicios de que las alteraciones de la pública convivencia de carácter prerrevolucionario que se están produciendo en Cataluña, ponen de manifiesto una absurda esquizofrenia, porque los mismos que agradecen las violentas muestras de protesta por el fallo, tienen la responsabilidad de las fuerzas policiales legalmente obligadas a reprimirlas.
Pues bien, se ha dicho y repetido desde varios ángulos que es la hora de hacer política y esta puede exigir al Gobierno iniciar, aunque esté en funciones y a los demás partidos a secundar las medidas necesarias para la protección del interés general de España que cada vez está más agredido, mientras millones y millones de españoles presencian entre el asombro y la indignación, cómo se perturba el orden constitucional, se pone en cuestión la unidad de España, se incumplen las leyes y se desacata a los Tribunales en una situación que nadie comprende cómo es consentida.
Antonio Cabrera Periodista Digital 24 Octubre 2019
Hoy, lunes 21 de octubre de 2019, Pedro Sánchez ha iniciado su heroica profanación de la tumba de Franco. Su valiente gesta culminará a las 10.30 horas del próximo jueves 24 con el traslado de sus restos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Por Real Decreto, sin debate parlamentario, sin consenso político ni popular, Sánchez exhumará los restos de Franco 44 años después de su entierro en la Basílica del Valle de los Caídos y de rendirle homenaje público en el solemne funeral de Estado que tuvo lugar frente al palacio de Oriente, presidido por Juan Carlos I y al que asistieron centenares de miles de españoles, el Gobierno de Arias Navarro y Jefes de Estado, de Gobierno y altos representantes de países de todo el mundo.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente de Gobierno en funciones, desenterrará heroicamente el cadáver de Franco en contra de los deseos de su familia, de la autoridad eclesiástica de la Basílica y de millones de españoles. Arrebatará el cadáver a su familia y lo enterrará como a un perro; sin testigos, sin cámaras (salvo las suyas), en secreto, sin honores, sin la bandera nacional sobre su féretro, «prohibiendo la convocatoria pública y el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido [incluso a sus familiares]», donde ha decidido el Gobierno y no en la cripta familiar de La Almudena, como quiere su familia. Hoy, en España, el Gobierno decide dónde, cómo y cuándo se entierra a un muerto, en contra de los derechos más elementales y la voluntad de su familia. Algo inconcebible hasta en las dictaduras más brutales. Ni en la Corea de Kim Jong-un ocurre ésto. Así quiere entrar Sánchez en la Historia. Mientras, Felipe VI otorga y calla.
Sánchez, todavía presidente de Gobierno en funciones, ha buscado -y encontrado- en la prevaricación continuada del Tribunal Supremo, y del Constitucional, coartada legal para su bizarra profanación de la tumba de Franco, y su entierro donde a él le salga de los cojones. Y todo ello, con la enérgica abstención y el aguerrido silencio de la oposición: la ‘derecha’, cómplice y cobarde; tanto la del Partido Popular de Pablo Rajoy Casado como la de Ciudadanos de Albert Veleta Rivera.
Por si fuera poco, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, indigno presidente de Gobierno de España en funciones, subvirtiendo cínicamente el concepto de democracia con sus deseos e intereses, se ha permitido la enorme desvergüenza de insultar la dignidad de España, de la Jefatura del Estado, de los gobiernos anteriores y de los españoles en general, proclamando, nada menos que en la Asamblea General de la ONU, su abyecta decisión de exhumar al «dictador», autocalificándola como «gran victoria de la democracia española que cierra uno de los capítulos más oscuros de nuestra Historia». «Hoy comenzamos las labores para sacar al dictador Franco de donde ha reposado inmoralmente demasiado tiempo -añadió- porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional». ¿Se puede ser más cobarde, más indigno, más felón y más canalla? A moro muerto, gran lanzada.
Pedro de Hoyos Periodista Digital 24 Octubre 2019
De lo de estos días en Cataluña tienen culpa los que lo han promovido durante cuarenta años, los que han creado este mini imperio al margen de la ley. Pero también aquellos que durante esos cuarenta años han permanecido impasibles, aceptando como natural los desprecios a España, a la ley y, sobre todo, a los ciudadanos. Desde González hasta hoy todos los presidentes que han callado, consentido y mirado para otro lado. Incluido aquel que hablaba catalán en la intimidad.
Toca desmontar ese ese estado de cosas, debe tocar, algún día tocará. Si, como se prevé, tras las elecciones PP y PSOE llegarán a algún tipo de acuerdo en él se debe incluir la vuelta a la normalidad, a la ley y a la igualdad entre los españoles con independencia del lugar donde se viva. Y eso incluye algo imposible: que los vascos y navarros no tengan privilegios sobre el resto de españoles. Imposible hoy en día.
No se trata de lo lo que Pujol ha institucionalizado, lo que han normalizado Artur Mas, Puigdemont o Torra, sino lo que han consentido encogiéndose de hombros todos los presidentes del gobierno de España. Si alguno de ellos hubiera puesto pie en pared no estaríamos en éstas. Cobardes.
Desmontar esta situación implica equilibrar la Educación en Cataluña. Significa igualdad, convivencia y apoyo entre dos lenguas, significa la despolitización de los libros, despolitización de la narración de las relaciones entre el Estado y quienes lo forman, significa que los españoles no podemos pagar a quienes nos atacan, significa el cese de actitudes hostiles contra la mitad de los catalanes. Significa que algo debe cambiar en la televisión autonómica.
Ello nunca será posible si el Estado sigue encogiéndose, retirándose acomplejado. Como con González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Nadie hay más culpable que quien consiente el mal; la culpa, pues, es de España, del “Estado Español” que, cobarde, ha callado y consentido la supremacía, el fascismo, el racismo del nacionalismo catalanista. ¿Quiere el lector que le recuerde actitudes públicas racistas y clasistas de Pujol? ¿De su esposa? ¿Se imaginan que Ana Botella hubiera dicho que sus hijos no podían jugar en la calle porque los demás niños hablaban catalán? ¿Se imaginan dónde habrían puesto las voces los demás partidos? ¿Por qué callaron ante el supremacismo catalanista?
Y los medios… entregados por Rajoy a la izquierda, ¿esperando su beneplácito? Esos medios que se desgañitan con Vox pero que callaron, comprendieron y disculparon todas las barbaridades que durante décadas se cometieron en nombre del nacionalismo, esos medios que analizan en detalle las corrupciones de los sinvergüenzas de derechas pero que entierran en las profundidades del periódico o del informativo las mismas sinvergüencerías de los nacionalistas y de los socialistas.
Tenemos una España hecha así por todos. Con nuestro voto casi siempre.
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Octubre 2019
Pablo Planas Libertad Digital 24 Octubre 2019
Editorial El Mundo 24 Octubre 2019
Este periódico ya denunció en su día la insoportable levedad del soporte argumental sobre el que Pedro Sánchez edificó su moción de censura contra Mariano Rajoy. Muchos de los casos de corrupción que han afectado al PP -y en especial durante la etapa del propio Rajoy como presidente del partido- fueron conocidos por los españoles gracias a EL MUNDO. Pero esa labor de fiscalización del poder que está en la médula de nuestra concepción del periodismo no oscurece la burda instrumentalización que hizo el PSOE de unas líneas improcedentes estratégicamente introducidas en una sentencia por un juez afín al socialismo. Pues bien, ese magistrado acaba de recibir un severo varapalo de manos del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que concluye que las valoraciones que realizó José Ricardo De Prada sobre la caja B del PP en la sentencia de Gürtel "destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal".
Según los fundamentos jurídicos del auto por el que la Audiencia ha acordado apartarle del juicio a la financiación irregular del PP, De Prada "dio por sentado el acreditamiento de varios hechos que no eran objeto estricto de enjuiciamiento". Incurrió así en un "posicionamiento explícito" que "le priva objetivamente de las condiciones de imparcialidad exigibles". De este modo los tribunales vienen a confirmar que la maniobra de Sánchez para auparse al poder se cimentó en un manejo espurio del derecho y en un burdo ejercicio de colonización política de la Justicia. Una politización, por decirlo todo, de la que el propio PP ha participado siempre en nefasto cambalache con el PSOE, y que como vemos no solo redunda en el descrédito del Poder Judicial sino que a veces hace sentir sus peores efectos sobre los propios partidos involucrados.
La recusación de De Prada resulta por tanto pertinente y legítima. Y trae de vuelta al primer plano de actualidad los bochornosos orígenes del poder de Sánchez, nacido de una moción que nunca cumplió el requisito constitucional de ser constructiva, puesto que el Gobierno resultante fue incapaz de amasar una mayoría sobre la que sostenerse más allá de un puñado de meses. Se trató en realidad de una puntual concertación de voluntades de rechazo, una moción destructiva para tumbar a Rajoy y proceder a la inmediata colonización de las instituciones una por una, al objeto de perpetuarse en Moncloa mediante una extenuante carrera de mercadotecnia electoral pagada con recursos del Estado. El penúltimo de cuyos hitos es la exhumación de los restos de Franco que hoy se servirá en directo a todas las televisiones a la pretendida gloria del antifranquismo en diferido. Política reformista real, desde aquella moción antijurídica, muy poca o ninguna.
Pablo Laurta lagaceta.eu 24 Octubre 2019
A diferencia de lo que algunos creen, el marxismo no fue derrotado completamente con la caída de la Unión Soviética a fines de los 80s. En occidente se ha reconvertido, cambiando los viejos reclamos por los derechos de los trabajadores del marxismo clásico, por los reclamos de todo un arcoiris de «minorías oprimidas»: las mujeres, los homosexuales, las minorías raciales, religiosas.
Al igual que con el marxismo clásico, el valor de la igualdad y el de la justicia, pasan de ser la búsqueda de un equilibrio a ser la transferencia unidireccional de poder de personas agrupadas en una clase catalogada como «opresora» a quienes integran la clase considerada oprimida. Esta sustitución reduccionista empuja a la ideología hacia el extremismo.
El neomarxismo al igual que el marxismo clásico, no es un movimiento espontáneo, sino una construcción que parte desde la teoría hacia la práctica. Por esta razón, necesita crear y organizar a sus «sujetos revolucionarios»: las personas encargadas de poner en práctica la transferencia de poder de la que hablamos más arriba.
El neomarxismo, surgido en las universidades, abandonó a los trabajadores como «sujetos revolucionarios», y se centró en los estudiantes, convirtiendo a las universidades en verdaderos centros de adoctrinamiento ideológico.
Otra componente clave de la praxis neomarxista es la desestabilización cultural de la sociedad occidental (los neomarxistas se refieren a esta como «la batalla cultural«). Quizás lo más nocivo y potencialmente catastrófico de este aspecto de la práctica neomarxista, es que plantea la destrucción de todas las inmensamente ricas tradiciones culturales de occidente como objetivo revolucionario.
Con esto, en gran medida se está emulando la «revolución cultural china», un proceso genocida tanto desde el punto de vista biológico como cultural, mediante el cual el dictador comunista chino Mao Zedong, intentó erradicar la milenaria tradición cultural china y sustituirla con construcciones ideológicas comunistas.
Esto explica por qué, y con buen juicio, quienes entienden por izquierda al marxismo clásico, tienden a entender como «de derecha» al neomarxismo y el nombre que le damos les rechina, pero el neomarxismo no surge de la teoría liberal ni conservadora, surge de la teoría y las tradiciones políticas de la izquierda marxista, que olvidando su identidad, acabó conquistada por aquello que pretendió conquistar.
Este es un breve resumen de un asunto complejo, si te interesa conocer más sobre la génesis del neomarxismo, te recomiendo leer «El libro negro de la nueva izquierda» de los escritores argentinos Nicolás Márquez y Agustín Laje.
Editorial ABC 24 Octubre 2019
La investigación sobre las tramas responsables de la violencia callejera desatada en Cataluña tras la sentencia del 1-O revela que se trató de algo mucho más grave que un problema de orden público. Se equivocó el ministro del Interior, Grande-Marlaska, porque ni el problema era de orden público, como dijo, ni nadie en su sano juicio lo veía así. Los investigadores policiales están sacando a la luz una auténtica organización criminal dedicada a la planificación, financiación y ejecución de puro terrorismo urbano. Como hoy informa ABC, la Policía ha constatado la integración de «agentes durmientes», la realización de labores de información sobre posibles objetivos, la instrucción de militantes de Arran y los CDR en ataques con materiales caseros, la posesión de dispositivos para establecer comunicaciones seguras y la existencia de «vigilantes» al servicio de esas entidades separatistas. También tiene datos sobre pagos y movimientos económicos y ha incautado material muy significativo, como bolas de plomo, similares a las que fueron empleadas por los manifestantes contra Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.
El Código Penal define el delito de terrorismo como todo acto de violencia que persigue, entre otros fines, alterar la paz pública. Con los datos que tiene la Policía en su poder, la Fiscalía está en condiciones de imputar a los detenidos en Cataluña un delito de terrorismo urbano, porque emplearon una violencia desmedida para quebrar la convivencia y la paz pública y lo hicieron como miembros de una organización criminal, en el sentido exigido por el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es imprescindible que la violencia en Cataluña sea tratada como terrorismo, por la sencilla razón de que es lo que prevé la ley. Se trata, por tanto, de aplicar el principio de legalidad, aunque contradiga el discurso inverosímil de Grande-Marlaska.
Por más que la aparición de la Audiencia Nacional en escena sea un contrapunto inesperado, pero letal, para la estrategia blanda de Sánchez en Cataluña, resulta inevitable porque ha habido terrorismo urbano en las ciudades catalanas. Y no sólo esto. Tanto la Generalitat como los partidos nacionalistas se han comportado como cómplices de esa violencia, lo que en el caso del presidente Torra llega incluso a la inducción. Ni una línea del panfleto separatista firmado por ERC, JpC y la CUP condena la violencia. Por si fuera poco, Torra reclama responsabilidades de los Mossos d’Esquadra, comportándose como un CDR infiltrado en el Gobierno autonómico. El separatismo ha pasado de quemar las calles a sublevar de nuevo el Parlamento catalán, como fases de un mismo proceso que debe encontrar en el Código Penal, el artículo 155 de la Constitución y en la ley de Partidos Políticos la respuesta urgente y contundente que precisa el Estado de Derecho para sobreponerse al ataque nacionalista.
Teresa Giménez Barbat okdiario 24 Octubre 2019
Después de más de una semana de asaltos, destrucción y pillaje en Cataluña, los independentistas vuelven a pedir “diálogo”. ¿Por qué dicen “diálogo cuando quieren decir “mucho más”? No era diálogo lo que hubo durante los meses de septiembre y octubre del 2017. Es descacharrante escuchar ahora a Carmen Forcadell decir que “quizá” no tuvieron suficiente “empatía” con los catalanes no nacionalistas. ¿Empatía? Desde luego, es puro sarcasmo calificar de falta de empatía un golpe de estado. No se le ocurrió a Tejero porque eran otros tiempos, y esas sensibilidades no estaban muy bien vistas por aquel modelo de golpista. Pero por lo menos no nos tomó el pelo.
Podemos dialogar, cómo no. Pero no, nunca, jamais, never, desde la asimetría que los nacionalistas consiguieron y que ha ido aumentando durante estos 40 años. Si algo ha resultado letal para los ciudadanos no nacionalistas de este país ha sido la asimetría de unas autonomías que acabó volviéndose, no sólo contra el resto de los españoles, sino especialmente contra ellos mismos. Habrá que empezar a hablar de este tema.
Vamos a dialogar sobre competencias. Los catalanes sabemos cómo se ha utilizado la escuela y la universidad para agrandar la brecha entre catalanes y españoles. En estos momentos, escuelas, institutos y universidades están tomadas por los independentistas. De hecho, este miércoles en que escribo, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAB ni siquiera pueden acceder a sus clases. Cierto que esta cuestión habría que enmarcarla en un debate más general sobre la toma de las universidades españolas por los grupos radicales fascistas.
Vamos a dialogar sobre medios de comunicación. Parecía una estupenda idea que Cataluña tuviera una televisión propia que hablase de temas que concernieran a sus ciudadanos y operase dentro de un proyecto de promoción de sus rasgos más particulares. Bien, ya hemos visto qué ha sucedido. El español, lengua habitual de más de la mitad de Cataluña, fue expulsado. La ideología independentista, con la que se identifica menos de la mitad de la población, permea desde los noticieros hasta los programas de cultura y entretenimiento convirtiendo en extraños a los no nacionalistas y dando ventaja a los separatistas frente a quienes querrían ver en su televisión el cultivo de la unidad. Esto es extensible a los medios catalanes que subvenciona la Generalitat en general.
Vamos a dialogar sobre elección de lengua. Los catalanes de lengua preferente española, o los catalanes que simplemente desean que sus hijos salgan igual de preparados en ambas lenguas no tienen opción. A eso se añade el ya nada disimulado adoctrinamiento por parte del profesorado y cargos administrativos sobre niños y jóvenes. Queremos 50/50. Nada de este pacato 25% que proponen los socialistas y otros rehenes del nacionalismo.
Vamos a dialogar sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña. Vamos a hablar de los Mossos. Cuando todo empezó pudo parecernos una muestra de proximidad y de suave folclore local. Pero deberíamos haber pensado que cuando una autonomía pide fuerzas del orden propias apelando a la historia y a los hechos diferenciales se abre un camino peligroso. El nacionalismo desemboca siempre en deslealtad, y lo que era una creciente sospecha se ha ido confirmando estos dos últimos años.
A estos puntos se pueden ir añadiendo otros, como la Sanidad y el desbarajuste de tarjetas y prestaciones. Si se dialoga hay que retroceder y reparar errores. Nada de dialogar desde la asimetría aceptada y del chantaje de la violencia desde el mismo establishment.
Y quiero cerrar el artículo instándoles a ir este domingo 27 a la manifestación que organiza SCC. Sin complejos y sin disfrazarnos de blancos corderos. Si las señales de apaciguamiento y de no “confrontación” salen de las víctimas éstas merecen que se las coman los lobos. Y esos lobos no tienen escrúpulos.
José Manuel Sánchez Fornet okdiario 24 Octubre 2019
Los restos de Franco serán exhumados el 24 de octubre. Una decisión política del Gobierno socialista, apoyada por el Congreso de los Diputados, sacará al dictador del Valle de los Caídos donde el entonces rey Juan Carlos I decidió enterrarlo. Está bien que los restos del dictador salgan de un lugar de homenaje público, aunque la medida tiene un tufo electoralista que la aleja de una decisión de Estado previamente consensuada.
CATALUÑA y… «La pela es la pela»
Antonio García Fuentes Periodista Digital 24 Octubre 2019
“El independentismo radical no es un buen negocio para Casa Godó. En ‘ARV’ Enric Juliana ha llamado ‘inepto muy relevante’ a Torra, al tiempo que ha elogiado a Pedro Sánchez por no aplicar el 155, lo cual hubiese sido ruinoso para los negocios de su jefe, el conde de Godó. Preocupado por la deriva revolucionaria de la Generalitat, el conde le ha ordenado a Marius Carol un duro editorial donde le ha pedido al desquiciado Torra que se marche cuanto antes”: https://www.periodistadigital.com/periodismo/20191023/quilombo-panico-vanguardia-ve-peligrar-negocio-pide-cabeza-torra-mayor-inepto-gobernado-cataluna-video-689404168777/
Cristina Seguí okdiario 24 Octubre 2019
Ayer volví a sentarme en una mesa de debate en la que Cataluña logró rasparle 7 minutos y 25 segundos a los 32 minutos destinados a hablar del garbeo de Franco en helicóptero desde el Valle de los Caídos a Mingorrubio, 25 minutos al tradicional cuplé de “Los ricos son cada vez más ricos mientras los pobres son cada vez más pobres” presentado en un pizarrón por un millonetis de la SER que decía que él no llegaba a fin de mes y por un trincón de la dictadura Venezolana que se metió en el bolsillo 450.000 por inventarse una especie de bolívar más falso que las tetas de Yurena… (No lo sé Ricks, parece una estafa).
Antes de todo eso fueron los 20 minutos de rigor para convertir en machista al puñetero descuartizador de Valdemoro, aunque no contaron conmigo para hablar de la truculenta escabechina, pues según el manual de estilo para estas lides, ya ha quedado suficientemente probado que “no cuento con la necesaria capacidad empática para los temas de sensibilidad social”, patología que también se me atribuye cada vez que llamo a Torra “jefe de una organización terrorista”. Afirmación que sostengo en romántica sintonía casi con el juez de la Audiencia Nacional.
No me cuadra esa sutil deshumanización mía por parte de las presentadoras que humanizan a las bolsas de basura que se lanzan “de forma pacífica”. Cuando yo bajo las mías las lanzo al contenedor lo hago con todo el asco y el odio incendiario que me provocan sus hedores, repulsión y odio parecidos, por cierto, al que siento por los putos terroristas independentistas catalanes y los presentadores de TV3 y otros nacionales que dicen que hay que ser más pacífico con la basura que con el 52% de los catalanes.
Esos son los que ha inoculado en nuestra conciencia el chantaje de que, para ser un ser humano decente, no hay que odiar absolutamente nada. ¡Nada!
Yo puedo odiar lo que me da la gana porque no soy una hurí con un puto velo al servicio de un empotrador islamista del Raval.
Yo odio a los médicos y profeso la más radical y profunda repulsión hacia el personal sanitario del Ku Klux Katalán que esta semana helaba la sangre mientras danzaba tribalmente dentro del mismo hospital en el que un guerrero de la UIP se ha debatido entre la vida y la muerte.
Odio al periodista colegiado que se planta en las tertulias con su cogorza de eufemismos para referirse a las columnas mussolianas de Torra como “manifestantes” y para hablar de represión policial con 300 policías nacionales y Mozos de Escuadra heridos y 274 coches policiales quemados. A uno de esos gilipollas contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le he visto varias veces loar el mismo “proceso de paz” auspiciado por Santos que incluía la contratación de los cuadros medios de las FARC para unirse a la Policía Nacional colombiana por 300.000 dólares al año, y llamar “policía venezolana” a los colectivos formados por los asesinos sacados de las cárceles y armados por Maduro para patrullar la capital caraqueña.
Periodistas que aprueban la metamorfosis de Cataluña en una versión post moderna de Kosovo y legitiman la equiparación moral de un Companys en fa menor con cualquier otro presidente autonómico.
Esos periodistas te repiten que la perdición del profesional del gremio es su falta de neutralidad. Esa es una falacia que nos han repetido y nos repetirán los peones de la subversión mediática separatista como tenue método de extorsión a los que nunca toleraremos que se intenten generar reacciones de solidaridad hacia los terroristas y la mafia que dirige la Generalidad de Cataluña.
La perdición de estos, reflejada ya en sus perdidas de audiencia, es la pereza, la cobardía y la renuncia a señalar a los culpables de un Estado de sitio dirigido por Torra y auspiciado por una insurgencia civil que ha sido armada y ha recibido instrucción militar por él, por el terrorista de Terra Lliure que explosionó con un botón el cuerpo del empresario catalán José María Bultó, y por Frederic Bentanachs, el “pacífico” terrorista con cuerpo escombro de licántropo al que, de vez en cuando, se amorra el tonto-tronista del folklore borroko-separata, Guardiola.
Sánchez cuenta con Esquerra para gestar un intercambio de poder con Torra fuera: Madrid por Barcelona o viceversa
Ignacio Camacho ABC 24 Octubre 2019
La clave de la lenidad de Sánchez ante los disturbios en Cataluña hay que buscarla en las cuentas postelectorales. Los cálculos optimistas de los gurús de La Moncloa se han desplomado y los sondeos apuntan a que el PSOE repetirá resultado con leves variaciones hacia arriba o incluso hacia abajo, hipótesis ésta última que les produce verdadero pánico. Nada de paseo triunfal, en todo caso; más bien la misma dificultad para forjar pactos, tal vez mayor si se consuma el retroceso de Ciudadanos. Así las cosas, las opciones probables del candidato socialista sólo pasan por Pablo Casado, que le obligaría a humillantes renuncias programáticas, o por el modelo Frankenstein al que renunció en verano cuando creía que la repetición de los comicios coronaría su liderazgo. Y aunque los círculos capitalinos de influencia sueñan -y presionan- con la coalición de Estado, el presidente se inclina hacia el flanco contrario: no ha apostado por jibarizar a Iglesias para terminar regalándole el campo. Sólo que para reeditar el bloque de la moción de censura necesitará que al menos una parte de los separatistas le franquee (con perdón) el paso. Y en esta clase de circunstancias, los Gobiernos de la nación siempre se dejan seducir por la creencia ilusoria en un nacionalismo pragmático.
De este modo se ha vuelto a poner en marcha el blanqueo de Esquerra. Al fondo, un intercambio de poder: Madrid por Barcelona o viceversa. El PSC de Iceta como relator del nuevo cuento de la lechera, facilitador de la investidura sanchista y de la entrega de la Generalitat a un hombre de Junqueras, que supervisaría el tejemaneje desde su próximo régimen de prisión abierta. Torra fuera, Puigdemont aislado en Bruselas, un nuevo Estatuto confederal, con votación referendataria, nueva financiación y más competencias. Manolo Marín lo ha llamado aquí el «neo-procés», fruto de la gestión política de la sentencia. Un doble tripartito para ir tirando bajo la promesa azarosa de posponer la independencia. Y el establishment de la burguesía catalana aplaudiendo con las orejas.
Este plan significa otorgar un premio de confianza al hombre que el Supremo considera -hechos probados- el director del golpe sedicioso, su organizador y cerebro. El impostado mansurrón que ponía la mano sobre el hombro de Soraya Sáenz de Santamaría mientras aprestaba el alzamiento. El que impidió que Puigdemont se echase atrás en último extremo. El jefe de los insurrectos, el que desprecia el indulto -ya puede, sabiendo que va a gozar de trato de privilegio- para no tener que mostrar arrepentimiento.
Vamos hacia la reiteración del autoengaño sobre la quimera posibilista, el apaño táctico o la solución falsa del armisticio a corto plazo. Hacia el enésimo error de resistencia biempensante contra la palmaria certeza histórica de que jamás ningún Estado ha frenado una revolución aliándose con los revolucionarios.
Jorge Vilches. vozpopuli 24 Octubre 2019
El 'procés' se ha convertido en un callejón sin salida en el que ya ni siquiera un referéndum valdrá para los que han alzado barricadas y los que los han comprendido, justificado y apoyado
La sentencia del Tribunal Supremo dejó claro que una cosa es el significado jurídico y otro el filosófico y sociológico de violencia, rebelión y golpe de Estado. En realidad, es que las normas y la interpretación que les sigue van muy por detrás de la realidad de los movimientos políticos y sociales.
Ocurre lo mismo con las medidas que se ponen para contener el terrorismo callejero. Los métodos para prever los movimientos policiales, repelerlos, escabullirse y dañar lo más posible son del mismo calibre, e incluso superior, al que utilizan las fuerzas del orden. En muchas ocasiones, como en Barcelona estos días pasados, es un verdadero milagro que los violentos no sean más expeditivos y no estemos lamentando la pérdida de vidas.
Descontrolados y antisistema
Los antisistema, o antifascistas, tienen en todo el mundo especialistas en idear y organizar los ataques al orden establecido. La red internacional es impresionante. No son descontrolados o “radicales” como gusta decir la prensa, sino semiprofesionales de la violencia que dominan un territorio, tienen un metalenguaje, códigos, conceptos, organización y un objetivo. Cualquiera para ellos es un “fascista”. Lo describe muy bien Mark Bray en Antifa: Manual del antifascista (Capitán Swing, 2018).
El procés ha abierto una época de desorden en el que cabe cualquier forma de ataque al enemigo declarado. El principio es la necesidad de una Cataluña independiente, presa de un Estado opresor. Sobre ese marco cabe cualquier afirmación y acción. Por esa puerta pasan los actores clásicos que intentan aprovechar la debilidad de un Gobierno central: los políticos instigadores, las asociaciones a su servicio, las instituciones traidoras, y la masa.
El problema es cuando esa masa en cuyo nombre hablan los nacional-populistas queda frustrada porque no se cumplen con urgencia las promesas de los instigadores. La iniciativa pasa entonces a la gente, y es aquí cuando los procesos se desbordan de verdad, quedan descontrolados y dan una vuelta de tuerca.
Los acontecimientos de estos días en Barcelona, por muy duros que hayan sido, con heridos y agresiones a la Policía, incendios, saqueos y destrozos, no son una revolución. Es la nueva fase en la que se manifiesta el procés, ese callejón sin salida en el que ya ni siquiera un referéndum valdrá para los que han alzado barricadas y los que los han comprendido, justificado y apoyado.
El descrédito de Torra y Torrent, presidentes del Govern y el Parlament, les inhabilita para liderar el movimiento. Tampoco ningún otro líder “histórico”, como Puigdemont, y menos aún alguno de sus segundones. Ni siquiera Gabriel Rufián, quien se creía un “enfant terrible” adorado por sus exabruptos, y fue abucheado por los suyos en las calles de Barcelona.
La Ley de Seguridad Nacional y la aplicación del 155 son medidas legales y legítimas que Sánchez considera dañinas para sus intereses
Si los sediciosos intentaban utilizar el 1-O y las algaradas para forzar una negociación con el Gobierno central sobre un referéndum de autodeterminación, hay que decir que les ha salido mal. La “ensoñación” ni siquiera va a llevar al “pueblo catalán” a plantarse en una “revolución de las sonrisas” para, a la checoslovaca en 1989 y su terciopelo, obligar al Estado a conceder la independencia a Cataluña.
El resultado del procés ha sido la destrucción de la autonomía catalana, la desvertebración de una sociedad, el hundimiento de una economía, la huida del turismo de calidad, y la creación de una imagen negativa internacional que costará mucho limpiar. A esto se suman unos partidos rotos, unos líderes desautorizados y despreciados, unos sindicatos falsos -no olvidamos su contribución con la huelga revolucionaria-, una parte del empresariado gritando “libertad presos políticos”, la Universidad cerrada por orden de los violentos, y una TV3 goebbeliana.
No es un proceso revolucionario, sino de autodestrucción. A esto, además, se le añaden factores que ahondan la tragedia. La actitud del gobierno de Sánchez es débil y ambigua, con esa estrategia teenager de no coger el teléfono. Hablar no es dialogar. También sirve para ordenar y amenazar, que es su obligación en esta situación. La Ley de Seguridad Nacional y la aplicación del 155 son medidas legales y legítimas que Sánchez considera dañinas para sus intereses electorales.
Y hay otro factor: Iceta y el colaboracionismodel PSC, porque comprender y auxiliar, aunque solo sea retóricamente, es colaborar. Es un mal síntoma. El riesgo que corre la Españademocrática, esa misma que ha asentado el mejor periodo de convivencia y paz en nuestra Historia, es que quede infectada por el procés, esa maldita autodestrucción.
Tomás Ramón Fernández, sobre la sentencia: "No iban de broma, declararon la independencia"
El cumplimiento de las condenas, la tesis de la "ensoñación" y la posición europea centran los debates sobre el fallo del Supremo.
María Peral elespanol 24 Octubre 2019
El penalista Enrique Gimbernat, el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón y el exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón han coincidido este miércoles en que los hechos cometidos por los condenados en la causa del 'procés' hubieran merecido una condena por rebelión y no por el tipo penal, menos severo, de sedición.
Los tres juristas y el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal han participado en un encuentro promovido por Law&Business School sobre la sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo, que impuso penas de 9 a 13 años de cárcel por sedición a nueve de los doce acusados.
Edmundo Bal, que llevó la representación de la Abogacía del Estado en la causa del 'procés' hasta que fue cesado por disentir de la calificación de sedición, cuestionó la tesis de la "ensoñación" expresada en la sentencia, aunque también consideró que la condena es "justa" y "pasará por supuestísimo los filtros del Tribunal Constitucional y Estrasburgo".
Bal puso el énfasis de su crítica en el "mensaje" que, a su parecer, envía el Supremo al no aceptar la petición de la Fiscalía de establecer que los condenados no accedan al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de sus penas. El Supremo, "experto en hacer sentencias redondas", ha dicho, "no ha puesto esa limitación y eso da como resultado que se piense que [el régimen penitenciario de los condenados] es negociable. Eso es una aberración".
Gimbernat sostuvo que el alto tribunal ha hecho una interpretación "muy restringida" del delito de rebelión. "También los guardias civiles que el 23-F entraron en el Congreso iban engañados, pero los que organizaron el golpe de Estado sabían lo que querían", dijo.
A su parecer, incluso partiendo de los hechos declarados probados, los condenados del 'procés' "tomaron el alzamiento masivo y tumultuario del 20 de septiembre y del 1 de octubre como elemento de presión al Gobierno" para una finalidad secesionista, como instrumento indirecto para conseguir su propósito de imponer la independencia.
Tomás Ramón discrepó de la sentencia no sólo en cuanto a la calificación delictiva sino también en cuanto a los hechos. "Hicieron todo lo necesario, todo lo que estuvo en su mano para conseguir la independencia, no iban de broma", manifestó.
"Fueron hechos televisados, los vio todo el mundo", añadió. "Yo vi cómo el Parlamento catalán declaraba la independencia. Y no la votan, pero luego fueron uno a uno firmando en una mesa. Fue una vía similar a la de Kosovo, con la diferencia de que a Kosovo lo reconocieron varios Estados y aquí no lo hizo ninguno, pero ellos [los condenados] declararon la independencia, eso es indiscutible".
"No sólo firmaron: se declaró unilateralmente la independencia en sede parlamentaria y por eso se activó el artículo 155", apostilló Aragón. "Lo decisivo es que se pusieron los medios para obtener ese fin de declarar la independencia, aunque luego, por causas no imputables a los condenados, aquello fracasara".
Tomás Ramón se preguntó "por qué el tribunal optó por la sedición y por qué lo hizo por unanimidad". El jurista cree que en el ánimo de los magistrados pesó la consideración de cómo sería recibida la sentencia fuera de España "teniendo en cuenta que las euroórdenes habían fracasado porque la rebelión no se vio muy bien fuera de nuestras fronteras. Optaron por ir a un escalón más abajo, pero indiscutible, mejor que un escalón más arriba, pero difícil de vender".
Carlos Jiménez Villarejo cronicaglobal 24 Octubre 2019
Texto de la intervención en un acto convocado por Alternativa Ciudadana Progresista
José García Domínguez Libertad Digital 24 Octubre 2019

References: artículo 37
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 artículo 155
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