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Timestamp: 2019-08-26 10:30:52+00:00

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﻿ SENTENCIA 1999-01631 DE DICIEMBRE 13 DE 2006
SENTENCIA 1999-01631 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:DECLARAR LA MERCANCÍA DE CONTRABANDO NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA RESPONSABILIZAR AL ADQUIRENTE. PARA TAL FIN, ES NECESARIO EXAMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS, SOBRE TODO SI ESTA SE DIO DENTRO DEL GIRO NORMAL DE NEGOCIOS AMPARADOS POR LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, DECOMISO DE MERCANCÍA, CONTRABANDO, APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA, INGRESO DE MERCANCÍA
Sentencia 1999-01631 de diciembre 13 de 2006
Rad.: 76001 2331 000 1999 01631 01
Actor: Silvia Urbano Rosas
1. De los actos acusados, el pliego de cargos número 522 de 19 de agosto de 1998 no es susceptible de pronunciamiento de fondo en este proceso, por cuanto es un acto de trámite y, como tal, no hace parte del acto administrativo definitivo, que en este caso viene a estar conformado por la Resolución 890 de 27 de noviembre de 1998, por la cual le impuso una multa de $ 8.250.000 a la actora, y su confirmatoria en la vía gubernativa, la 81 de 12 de abril de 1999 de la división jurídica de la Administración de Aduanas de Cali, mediante la cual decidió el recurso de reconsideración contra la anterior; por lo tanto el examen que procede hacer en este proceso se contrae al acto administrativo complejo conformado por esas dos resoluciones.
— Que la división de liquidación de la Administración de Aduanas Nacionales profirió la Resolución de Decomiso 147 de fecha 16 de febrero de 1998, por medio de la cual declaró el decomiso de una camioneta marca Toyota, de las características atrás indicadas y avaluada en $ 16.500.000, por infracción del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, señalando al señor Marco Fidel Parra Barona como presunto responsable por ser quien la conducía en representación de la actora.
— La división de control aduanero, represión y penalización del contrabando de la Administración de Aduanas Nacionales de Cali profirió pliego de cargos número 522 de 19 de agosto de 1998 en contra de la actora por la infracción prevista en el artículo 1º, literal a) del Decreto 1750 de 1991.
— Que según la documentación pertinente, aparece una fotocopia de la declaración de importación que presuntamente amparaba el vehículo en mención, fechada 21 de enero de 1994, visible a folio 124 del cuaderno anexo, a nombre de Mendoza Guevara Luis Henry, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 16.630.338.
— Pero también obran otras dos fotocopias de una declaración con el mismo número, una certificada por el Banco Santander de esa declaración, la cual no ampara vehículo alguno sino repuestos para automotores, también a nombre de Mendoza Guevara Luis Henry, presentada en banco el 18 de enero (fl. 126, cdno. anexo), y otra enviada por el grupo de documentos de la Administración de Buenaventura, debidamente certificada, que ampara rodamientos, con sello de presentación en banco fechado 21 de enero de 1994 (visible a folio 122 y 123, cuaderno anexo).
— Que en esas circunstancias no es fácil determinar quién introdujo la mercancía de manera ilegal a territorio nacional, pero sí se logró determinar dentro del proceso administrativo de decomiso que quien conducía el vehículo al momento de su aprehensión lo hacía en calidad de conductor de la propietaria del mismo Silvia Urbano Rosas, a quien le es imputable la falta administrativa en comento por haber adquirido una mercancía que fue introducida de contrabando al territorio colombiano.
— Al respecto advierte que está probado que fue la actora quien adquirió el aludido automotor; que el Decreto 1750 de 1991, en su artículo 1º, literal a), numeral 4º, señala como falta administrativa, entre otras conductas, adquirir, poseer mercancías introducidas al territorio de contrabando, sin participar en los hechos de introducción de la mercancía; que en ningún (sic) se le imputa a la actora la conducta de haberlo importado, y que el apoderado de la actora se limitó a señalar que el vehículo fue adquirido por su poderdante por compraventa que le hiciera a Carlos Orozco Varela de Inosco Ltda., pero no allegó prueba de tal actividad.
4. En resumen, el vehículo fue aprehendido y decomisado por estar amparado en documentación falsa y por ello se declaró de contrabando. La autoridad aduanera le ha atribuido a la actora la comisión de la infracción de contrabando prevista en el literal a) del artículo 1º del precitado Decreto 1750 de 1991, a título de adquirir mercancía introducida al país de contrabando, por la circunstancia de haberlo adquirido en razón a que aparece como propietaria inscrita del mismo, y no haber probado que se lo compró a quien dice habérselo comprado.
5. La norma citada a la letra dice:
6. Para esa inculpación en la Resolución 890 de 1998 se expone como prueba dicha adquisición la fotocopia simple de la licencia de tránsito Nº 96-11001 273766 (tarjeta de propiedad) aportada por la actora: ese documento fue aportado por su apoderado en el diligenciamiento administrativo y por lo mismo hace parte de los antecedentes de los actos acusados allegados por la demandada a instancia del a quo.
7. En efecto, a folio 62 del cuaderno contentivo de esos antecedentes, se observa el referido documento, cuyo organismo de tránsito expedidor es la Seccional Tercera de la Secretaría de Tránsito de Cali, en el cual aparece que la actora es la propietaria del automotor.
Pero también está consignado en el mismo que sus placas son BEA-389, que fue registrado con manifiesto 100017 de Buenaventura, de 1994, y que su último trámite fue “traspaso”, efectuado por la mencionada seccional de tránsito.
De lo anterior cabe inferir que el registro y la obtención de la correspondiente licencia de tránsito se hizo tres (3) años de dicho traspaso, y que la actora adquirió el vehículo tres (3) años después de ese registro, dado que aparece en cabeza suya a partir del 9 de enero de 1997, fecha del aludido traspaso.
Estando para fallo en primera instancia, y con ocasión de auto del a quo para mejor proveer, de 16 de mayo de 2003, el apoderado de la actora manifestó que le es imposible localizar a su poderdante, pero no obstante informaba que la persona que le vendió el vehículo a esta fue el señor Carlos Orozco Varela, conforme documentos que aportó en fotocopia, también simple como la de la licencia de tránsito, relacionados con supuestos antecedentes del automotor (fls. 74 a 83), pero por haber sido presentados bajo la vigencia de la Ley 446 de 1998 y 724 de 2003, no es posible considerarlos por no llenar los requisitos previstos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 252 y 279 ibídem, en tanto documentos privados.
8. En esas circunstancias, es de recibo su afirmación de que adquirió el bien por compraventa a un tercero bajo la confianza que le generó el hecho de estar matriculado, circunstancia que la DIAN dejó de lado al decidir administrativamente el asunto, centrándose exclusivamente en lo desfavorable a la investigada, siendo que en toda acción sancionatoria se debe considerar tanto lo desfavorable como lo favorable al inculpado. En este caso, si la fotocopia simple de la licencia de tránsito aportada por la actora era considerada como prueba en el procedimiento administrativo, debía tenerse como tal tanto en lo que pudiera afectarla como en lo que pudiera favorecerla, como efecto la favorecen los demás datos consignados en ella, según los cuales no fue quien se registró como propietario inicial del bien, sino como un adquirente suyo después de su registro y, obviamente, de un automotor usado.
Si bien la DIAN acoge la fotocopia simple en comento como la prueba de que la actora adquirió el automotor decomisado, lo cual ciertamente obra en su contra a la luz de la normativa aplicada, y que era su propietario al momento de su aprehensión, también debe tenerse como tal su dicho sobre el particular y evaluarse ambos elementos en su integridad, pues de ese documento —por lo demás aportado por ella en la actuación administrativa— y de sus manifestaciones sobre los hechos, se deduce que lo hizo bajo el amparo que le daba la condición de matriculado que aquel tenía cuando lo adquirió, de allí que la comúnmente llamada tarjeta de propiedad que se le libró, lo fue en condición de traspaso del automotor.
De suerte que en esas circunstancias de suyo es de presumir que la adquisición del automotor la hizo bajo la convicción de que se trataba de una mercancía legal, pues ello es lo que implica el acto de matrícula, que si bien no sanea la condición de contrabando que pueda tener un automotor y, por ende, no evita su decomiso, de todas formas es un acto administrativo que está revestido de la presunción de legalidad y por lo mismo está llamado a generar confianza o seguridad a terceros de tener ante sí una situación ajustada a la ley; a lo cual se suma que el traspaso implica que antes de adquirirlo ya había tenido otro dueño, situación que refuerza la confianza de la actora en la legitimidad de la mercancía adquirida, de modo que para la época ya era de segunda mano, además de que sus guarismos eran originales, según revisión técnica que le fue practicada por el grupo de automotores de la Sijin, Cali (fl. 145, cdno. anexo).
La anterior presunción, además de ese respaldo circunstancial, tiene respaldo legal en los artículos 835, 871 y 773 del Código de Comercio, en cuanto en su orden establecen que “Se presumirá la buena fe, aun la exenta de culpa...”, que “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponde a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”, y que “Una vez que la factura cambiaria sea aceptada por el comprador, se considerará, frente a terceros de buena fe exenta de culpa, que el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título”.
También habla a favor de la actora el hecho de haber sido ella quien se presentó como propietaria del vehículo ante la autoridad aduanera y quien aportó el documento de marras que la DIAN utilizó en su contra, pues ello indica la convicción de haber adquirido el bien de manera legal.
De modo que vistas las circunstancias anotadas, se advierte que la situación fáctica no se encuadra del todo en la infracción administrativa que se le ha endilgado a la actora, pues merced a la situación jurídica del automotor que ella tuvo ante sí, no se le puede enrostrar que lo adquirió siendo de contrabando, pues nada de esa situación siquiera le insinuaba tal condición del bien, sino que por el contrario, a lo que podía conducirla era a confiar en la legalidad del mismo y del respectivo negocio, en tanto tenía ante sí un bien que a los ojos del ciudadano común y corriente contaba con el amparo del mismo Estado por vía de su matrícula de tránsito, cuya autenticidad no fue siquiera cuestionada por la autoridad aduanera.
Lo anterior significa que si bien es cierto que en materia administrativa aduanera la evaluación de la conducta se aparta de los elementos señalados en el derecho penal, ello no significa que se puedan dejar de considerar las circunstancias en que se realice dicha conducta en tanto se le juzgue como falta o contravención administrativa, pues en todo caso la eventual configuración de la falta comporta el elemento de la responsabilidad, la cual pasa necesariamente por la conciencia, en la medida en que solo se da cuando el sujeto actúa con ella, que para el caso no es otra cosa que tener conocimiento o saber lo que se hace y sus implicaciones, saber de las posibilidades y limitaciones de los propios actos, de los derechos y de los deberes, lo cual se presume respecto de la ley.
En el sub lite, las circunstancias expuestas no permiten predicar de la actora un mínimo nivel de conciencia respecto de la realidad material de los hechos, esto es, de que estaba adquiriendo un bien o mercancía que había sido introducido de contrabando al territorio nacional, mediante la falsificación de la declaración de importación; por lo tanto no se le puede hacer responsable de una conducta que realizó bajo una convicción distinta, por lo demás propiciada por actos del mismo Estado, ya que la conciencia que guió su actuación estaba determinada por referentes contrarios a esa realidad, indicativos inclusive de que en el menos grave de los casos las autoridades de tránsito también fueron engañadas.
Situación distinta sería que la actora hubiera registrado el automotor o lo hubiera adquirido en circunstancias que indicaran de una u otra forma su condición de contrabando, como puede ser, v. gr. la reputación del vendedor en tanto se le conozca como persona dedicada a esa actividad, o que no contara con su respectiva declaración de importación, como es de común ocurrencia en las zonas de frontera; circunstancias que no aparecen siquiera mencionadas en el plenario administrativo ni en el sub lite.
Lo anterior indica que el solo hecho de declarar una mercancía de contrabando y ordenar su decomiso no es suficiente motivo para declarar responsable de la infracción de contrabando a quien la hubiera adquirido en el territorio nacional, pues es menester para el efecto examinar las circunstancias en que la adquirió, especialmente si ello se da en el giro normal de los negocios legalmente amparados por la ley, pues como lo puso de presente la Sala “se presume que quien adquiere un bien de procedencia extranjera en el comercio nacional, lo hace pensando que fue legalmente importado, sobre todo atendiendo la calidad y condiciones del vendedor, circunstancias que deben permitir identificarlo plenamente en el ámbito del comercio para efectos del cumplimiento de sus obligaciones aduaneras como importador” (1) .
De otra forma no habría cómo dar aplicación al principio de justicia consagrado en el artículo 64 del Decreto 1909 de 1992, vigente para la época de los hechos, según el cual, “Los funcionarios aduaneros con atribuciones y deberes que cumplir en relación con las facultades de fiscalización y control deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades, que son servidores públicos, que la aplicación de las disposiciones aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y tener en cuenta que el Estado no aspira a que el usuario aduanero se le exija más que aquello que la misma ley pretende, y que el ejercicio de la labor de investigación y control tiene como objetivo detectar la introducción de mercancías sin el cumplimiento de las normas aduaneras, con prevalencia sobre la realización de trámites meramente formales”.
Emerge a las claras, entonces, que la autoridad aduanera infringió las normas aduaneras aplicadas en este caso, como son los artículos 1º, literal a), numeral 4º y 3º, del Decreto 1750 de 1991 y 72, incisos segundo y tercero del Decreto 1909 de 1994, toda vez que no aparece acreditado que la demandante adquirió el bien en circunstancias que le permitieran siquiera intuir que era de contrabando, sino en otras que la conducían a pensar todo lo contrario, de allí que no es de recibo declararla autora de la infracción administrativa de contrabando, a título de adquirir mercancía de esta índole.
En consecuencia, habrá de revocarse la sentencia, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia para, en su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo acusado y disponer el restablecimiento del derecho de la actora, en el sentido de que no está obligada a pagar la multa que le fue impuesta, y que en caso de que lo hubiera hecho, le sea reintegrado por la entidad demandada lo que hubiere pagado.
1. REVÓCASE la sentencia apelada, de 20 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual niega las pretensiones de la demanda en este proceso y, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo acusado, conformado por las resoluciones 890 de 27 de noviembre de 1998 y 81 de 12 de abril de 1999 de la división jurídica de la Administración de Aduanas de Cali, mediante el cual le fue impuesta una multa de $ 8.250.000 a la actora por infracción administrativa de contrabando.
2. DECLÁRASE, en consecuencia, que la actora no es responsable de la infracción administrativa de contrabando ni está obligada a pagar la sanción pecuniaria que le había sido impuesta mediante el acto administrativo aquí anulado y que, en el evento de que hubiera efectuado algún pago por ese concepto, ORDÉNASE a la entidad demandada reintegrarle debidamente actualizado el monto de dinero respectivo, más los intereses legales causados a partir de la fecha en que hubiere realizado dicho pago.
3. Reconócese al abogado Héctor Julio Casteblanco Parra como apoderado judicial de la UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 8 de este cuaderno.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 13 de diciembre de 2006».
(1) Sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente 2001 00161 (8987), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 72
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 254
 artículo 64