Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421141.html
Timestamp: 2019-03-23 21:03:21+00:00

Document:
as201421141
Auto Supremo: 141/2014
Sucre: 11de abril 2014
Expediente: LP-4-14-S
Partes: Freddy Gutemberg Ugarteche Vargas c/Denny Guísela Natividad
Maldonado Moncayo.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 346 a 347 vlta., interpuesto por Denny Guísela Natividad Maldonado Moncayo contra el Auto de Vista Nº 290/2013 de 11 de noviembre de 2013, cursante de fs. 343 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Divorcio seguido por Freddy Gutemberg Ugarteche Vargas contra Denny Guísela Natividad Maldonado Moncayo, la respuesta al recurso de fs. 350 a 351 vlta., la concesión de fs. 352, los antecedentes del proceso, y:
La JuezOctavo de Partido de Familia de la ciudad de La Paz dicta Sentencia Nº 397/2013 de 23 de julio de 2013, cursante de fs. 305 a 307 de obrados, declarando improbada la demanda de fs. 15 a 16, subsanada a fs. 29 de obrados, interpuesta por Freddy Gutemberg Ugarteche Vargascontra Denny Guísela Natividad Maldonado Moncayo. En consecuencia se declara firme y subsistente el vínculo conyugal que une a los referidos esposos.
Resolución de primera instancia que es apelada por la parte actora, mediante escrito de fs. 309 a 310 vlta, que merece el Auto de Vista de 11 de noviembre de 2013, cursante defs. 343 a 343 vlta., que revoca la Sentencia de fecha 23 de julio de 2013, y declara probada la demanda principal de fs. 15 a 16, subsanada a fs. 29, en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que une a Freddy Gutemberg Ugarteche Vargasy Denny Guísela Natividad Maldonado Moncayo. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondopor lo parte demandada, que obtiene el presente análisis.
1.El recurrente afirma que el Auto de Vista en suacápite, I Considerando, solamente haría una relación de los supuestos agravios sufridos por su cónyuge El art. 227 del Código de Procedimiento Civil prescribiría que la apelación de unaSentencia, se interpone fundamentando el agravio sufrido. Contrariamente a lo dispuesto, la apelación de fs. 309 a 310, carecería de fundamento en lo absoluto, como lo hubiera manifestado en su memorial de respuesta a la apelación de contrario. El art. 236 del precitado ordenamiento legal, establecería que el Auto de Vista a momento de resolver una apelación debe tomar en cuenta la fundamentación de los agravios. Sin embargo, el Auto de Vista recurrido, en ninguna de sus partes se referiría a la falta de fundamentación legal en la expresión de agravios. De lo expresado se evidenciaría que el Tribunal Ad quem, no habría aplicado correctamente los precitados preceptos legales.
2. Asimismo el Auto de Vista, en su II Considerando (punto1.-) a tiempo de hacer referencia a la protección constitucional del régimen familiar, “precisaría” el Art. 193 de la Constitución Política del Estado, empero, aclarara que tanto el Art. 193 como la Constitución “precisada”, habrían sido abrogadas por la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada en fecha 7 de febrero de 2009, misma que reconocería y protegería los derechos de la familia en su art. 62 y siguientes, igualmente, “precisaría” el art. 197-II de la Constitución abrogada. El Tribunal Ad quem, al precisar normas y leyes abrogadas, incurriría en aplicación indebida de la ley.
3. A fs. 343 vlta., el Auto de Vista, se transcribiría el art. 131 del Código de Familia. De la lectura de dicha norma, se colegiría que la separación de hecho, como causal de divorcio, debe ser: libremente consentida y continuada por más de dos años. Extremos que no habrían sido considerados por el Tribunal Ad quem, por el contrario, habrían sido interpretados erróneamente, toda vez que su persona no habría provocado ni consentido dicha separación, máxime si con su cónyuge, pese a sus diferencias, seguirían cohabitando en el mismo inmueble. Lo que constituiría una infracción al Código de Familia. Agrega que la causal de divorcio establecida por el art. 131 del Código de Familia, debe ser debidamente probada por quien la invoca. El art. 1283 del Código Civil y 375 de su Procedimiento así lo impondrían.
4. Igualmente a fs. 343 vlta., el Auto de Vista se referiría a las declaraciones de los testigos de cargo: Carmen Herrera Casupa y Gabriel Genaro Jerez Vera, cuyas deposiciones cursan de fs. 123 a 125 de obrados. Empero sus afirmaciones claramente demostrarían que la separación de hecho no fue probada, pues a los testigos no les constaría dicha separación, sino que se habrían enterado porque su presentante y/o demandante les dijo que estaban separados.
5. Además el Auto de Vista proseguiría y señalaría que al demandante los testigos lo ven en todo lugar, comprando alimentos en los mercados, que almuerza solo, que los cónyuges tienen dormitorios diferentes y que con ello se acredita la causal establecida en el art. 131 del Código de Familia. También señalaría que su solicitud efectuada para que el demandante desocupe el inmueble, implica irreconciliación. Estos aspectos no serían el fundamento de la pretensión del demandante. El demandante tendría que probar la separación de hecho que fundamentaen su pretensión, así lo determinaría el art. 1283 del Código Sustantivo y 375 del Adjetivo Civil. Por lo que el Tribunal Ad quem al afirmar que con estos aspectos el recurrente ha acreditado la causal establecida en el art. 131 del Código de Familia, incurre en aplicación indebida de la ley, pues pretende aplicar los preceptos legales señalados a hechos no regulados por los mismos.
6. El Auto de Vista, a tiempo de hacer una simple relación de los agravios expresados en el recurso de apelación de fs. 309-310 interpuesto por su cónyuge contra la Sentencia de fs. 305 a 307, en su I Considerando, inc. C), mencionaría la adquisición de un inmueble que realizaron con su cónyuge. Sin embargo, extrañamente el Tribunal Ad quem, no volvería a referirse a esa adquisición, no obstante que la JuezA quo en su Sentencia (fs. 305-307), se manifestaría sobre esa compra (fs. 306 y vta.). Igualmente, su cónyuge en su recurso de apelación (fs. 309-310), admitiría que entre ambos han adquirido un departamento en propiedad horizontal, ubicado en el Edif. CACEL I, donde actualmente viven. Este hecho comercial común cuyos antecedentes cursan de fs. 25 a 28, adquiridos mediante Escritura Pública Nº 689/2011, de fecha 19 de octubre de 2011 y debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales en fecha 20 de octubre de 2011, demostraría y probaría fehacientemente que entre su cónyuge y su persona, no ha existido ni existe separación de hecho libremente consentida y continuada por más de dos años. Más aún entre la fecha de la compra del bien inmueble 20 de octubre de 2011 y la formulación de la demanda de divorcio absoluto deducida por su cónyuge, presentada en fecha 30 de marzo de 2012, no habrían transcurrido ni seis (6) meses. De lo dicho se evidenciaría que no se cumpliría la causal de divorcio establecida por elart. 131 del Código de Familia. El art. 236 del Código de Procedimiento Civil, establecería que el Juez o Tribunal de segunda instancia, debe circunscribir su resolución a los puntos resueltos por el inferior en Sentencia y que hubieran sido objeto de apelación. En el presente caso, las autoridades inferiores habrían omitido de manera absoluta, referirse a tan importante prueba literal, que la JuezA quo habría valorado correctamente y conforme a las disposiciones legales de nuestro ordenamiento legal.
7. Finalmente, el Auto de Vista Resolución Nº 290/2013 de fs. 343 y 343 vlta., concluiría en su parte considerativa, afirmando que el recurrente ha cumplido con la carga probatoria y que la Sentencia de la JuezA quo, no es razonable, no se ajusta a los datos del proceso. Semejante afirmación, carente de todo fundamento legal, sería por demás subjetiva y con esos argumentos revocaría la Sentencia Nº 397/2013 de 23/07/2013 de fs. 305-307, pronunciada por la JuezA quo.
Por lo que en definitiva solicita al Tribunal de casación casar el Auto de Vista en aplicación de lo preceptuado por el art. 271 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, solicitando mantener la Sentencia de primera instancia (fs. 305-307) por haber sido dictada conforme a derecho, sin confutar ninguna disposición legal de nuestro ordenamiento.
En el presente caso de Autos el recurrente anuncia que plantea recurso de casación en el fondo, empero el mismo se desarrolla de forma incompleta y con imprecisiones que dificultan la tarea de este Tribunal, no obstante, en previsión del principio de acceso a la justicia, regulado en la Constitución Política del Estado Plurinacional, esteTribunal de casación soslayando aquellos defectos ingresa en el conocimiento del recurso planteado, con la finalidad de lograr que la resolución que se emita se ajuste a los puntos reclamados y resulte pertinente a los agravios descritos por la parte recurrente.
1. En ese agravio y en base a los argumentos expuestos el recurrente acusala incorrecta aplicación de los arts. 227 y 236 del Adjetivo Civil, sin percatarse que sus fundamentaciones no son propios para el recurso en el fondo, sino en la forma, no obstante la deficiencia anotada, este Tribunal considera necesario aclarar al recurrente quede la revisión del Auto de Vista impugnado, se tiene queel Tribunal inferior,en el Considerando I, segundo párrafo, transcribe resumidamente los agravios descritos por la parte apelante en su memorial de apelación, ingresando posteriormente en el II Considerando, a analizar y desarrollar fundadamente los puntos de la apelación, circunscribiéndose de ésta manera a los puntos resueltos por el Juez A quo y que fueron objeto de apelación, cumpliendo de esta manera con los arts. 227, 236 del Código de Procedimiento Civil y art. 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,por lo mismo no es evidente la incorrecta aplicación dedichas normas Adjetivas.
2. En el II Considerando, punto 1, de la resolución ahora recurrida, el Tribunal Ad quem hace alusión al art. 193 de la Constitución Política del Estado (Abrogado), haciendo referencia al principio proteccionista de dicha norma con relación al matrimonio, la familia y la maternidad; en igual sentido se hace referencia al art. 197-II de la misma norma precedentemente aludida para hacer referencia al principio proteccionista del matrimonio y su regulación jurídica, trascribiéndosepresumiblemente dichos artículos observados de alguna cita doctrinal no señalada por el Ad quem, para respaldar conceptualmente la resolución ahora recurrida. Si bien dichas normas corresponden a la Constitución Política del Estado aprobada en el año de 1967 y que actualmente se encuentra Abrogada por la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, sin embargo esta última Norma Suprema, rescata el principio proteccionistaen favor de las familias, el matrimonio, y la maternidad, ampliando inclusive a la niñez y las uniones libres o de hecho, conforme se conoce de los arts. 62 al 65 de dicha norma Constitucional en vigencia, por consiguiente dicho principio proteccionista persiste y encuentra mayor sustento jurídico en la Constitución actual, siendo en consecuencia el mismo, tanto el espíritu como el fin perseguido por dichas normas,conforme se menciona también en los arts. 4 y 5 del Código de Familia lo que es respaldado por el art. 13 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, por lo que a más de una mención incompleta o un lapsus,no existe aplicación indebida de la ley, menos agravio evidente.
3.El Estado reconoce y protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y como es lógico, la familia se basa fundamentalmente en el matrimonio. El Dr. Félix C. Paz Espinoza, en su obra "El Matrimonio, Divorcio, Asistencia Familiar y Procedimiento", define al matrimonio:"Como la unión legal entre un hombre y una mujer constituida mediante un acto jurídico, con la finalidad de formar una familia, generando un complejo de relaciones jurídicas familiares recíprocas determinadas por la cohabitación, fidelidad, socorro, ayuda y asistencia, con caracteres de singularidad y permanencia; considerada como una institución natural y jurídica protegida por el Estado”.
Ahora bien, y conforme establece el art. 97 del Código de Familia a partir de que un hombre y una mujer contraen matrimonio, adquieren una serie de derechos y deberes recíprocos, como la fidelidad, la asistencia y el auxilio mutuo. Deberes y derechos recíprocos que deben persistir durante suvigencia.Sin embargo, cuando ya no existen dichos derechos y deberes en el matrimonio, o cuando se han degenerado, nuestra legislación familiar ha establecido las causales de disolución de la relación jurídica conyugal, estableciéndose entre ellas la separación de hecho, como causal de divorcio.
Por ello, cuando se demanda el divorcio por la causal prevista en el art. 131 del Código de Familia, es decir por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de dos años como ocurre en el caso de Autos, la prueba se debe limitar a comprobar que esa separación ha sidolibremente consentida y sobre todo que ha existidocontinuidad por el término que exige la ley, independientemente de la causa que la hubiere motivado, tal como lo establece la citada disposición legal; una vez comprobada esta situación, el Juez de la causa está en la obligación de decretar la desvinculación matrimonial por ser una causal perentoria, sin importar ni hacer referencia a las causas que hubieren generado la separación, ya que al darse la misma, el matrimonio ya no tiene razón de ser, pues al no haber relación conyugalni vida en común, no cumple los fines que sustentan su vigencia.
Por lo mismo, en el presente caso de Autos, de la resolución de segunda instancia y de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal A quem, en el II Considerando de la resolución ahora recurrida, se concluyeque,si bien la parte demandada no ha provocado la separación de hecho, empero ha consentido libremente dicha separación por más de dos años, esto de manera continua, extremos que se pueden evidenciar de la prueba documental de fs. 72, y de las tres declaraciones testificales que cursan de fs. 122 a 125 vlta., los mismos que acreditan la separación continua y por más de dos años de las partes, prueba que es corroborada por las literales de fs. 67 a 71, de fs. 136 a 141, y de fs. 320 a 330, documentos personales y literales que son poseídos y presentados al presente caso de Autos únicamente por el actor, que de ser cierta la vigencia de la relación conyugal también serían de dominio de la demandada, los cuales son respaldadosde igual manera por la confesión espontánea de la parte demandada, el mismo que es tomado en cuenta como prueba indiciaria por el Ad quem al tenor de los arts. 391 del Código de Familia y 404-II del Código de Procedimiento Civil, conforme se evidencia también de los actuados jurídicos procesales de fs. 31 a 32 vlta. (“…El demandante textualmente afirma que: “…hacen SEIS AÑOS que llegamos a separarnos,…”. Sin embargo, esa separación a la que se refiere el demandante, fue una decisión unilateral asumida por él, quien decidió ocupar por sí y para sí un dormitorio en el departamento que constituye nuestro domicilio común…,…Siendo que la medida provisional de separación, importa y conlleva la cesación de la obligación de cohabitar o convivir en el domicilio conyugal, SOLICITO DISPONGA que el demandante desocupe y/o abandone el mismo, dentro el plazo que su autoridad se servirá señalar...”), de fs. 93 a 96 (“…por lo que voy a pedir que conmine a que el demandado abandone el inmueble…,…En la vía de complementación hemos solicitado que el demandante desocupe el inmueble, por favor señora Juez,…”) y de fs. 299 a 302 (“…La decisión del actor de ocupar un dormitorio por sí y para sí dentro del domicilio conyugal, fue una decisión exclusivamente unilateral, y no constituye causal de divorcio. El demandante, por decisión propia y unilateral no almuerza en la casa…”), pruebas que no han sido desvirtuadas por la parte demandada, quien se ha limitado a ratificar la prueba documental de cargo de fs. 25 a 28 vlta., y a presentar la prueba documental de fs. 73 a 90, mismos que solo acreditan la ganancialidad del bien inmueble adquirido así como las necesidades de los hijos, empero no demuestran la inexistencia de la separación de hecho libremente consentida y continuada, menos que las partes se encontrarían viviendo juntos.
Por consiguiente y en base a las razones expuestas, se evidencia que la parte actora ha cumplido con la carga de la prueba dispuesta por los arts. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil,elTribunal de Alzada ha valorado toda la prueba producida, y ha interpretado acertadamente la causal de divorcio, al establecer la separación de hecho libremente consentida y continuada y por más de dos años entre las partes, por lo que no existe la infracción al art. 131 del Código de Familia, menos a los arts. 1283 del Código Civil y 375 de su Procedimiento.
4.En éste punto, el recurrente de manera sesgada hace referencia a las atestaciones de dos testigos de cargo, sin tener presente que la misma ha sido valorada en la comunidad de la prueba, al respectose debe tener presente también que la prueba testifical ha sido apreciada por el Tribunales de segunda instancia conforme a las reglas de la sana crítica y en cumplimiento de los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil y 1330 del Código Civil, siendo incensurable esa valoración en casación, a menos que se demuestre que los juzgadores incurrieron en errores de derecho o de hecho, este último acreditado mediante actos auténticos o documentos que pongan de manifiesto la equivocación del juzgador, conforme lo previene el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, aspecto último que no ha sido cumplido por el recurrente para hacer posible la aplicación del art. 274 del mismo Código, consecuentemente y ratificando lo precedentemente examinado, no se evidencia agravio evidente en éste punto.
5. Habiendo establecido que el actor hubo cumplido con la carga de la prueba en la instancia correspondiente,y siendo que de la revisión de antecedentes en especial de las declaraciones testificales de cargo, cursantes de fs. 122 a 125 vlta., se colige que los Tribunales de instancia han ponderado con acertado criterio y en base a las reglas de la sana crítica, las referidas declaraciones y la pruebas en su conjunto, donde incluso el Tribunal Ad quem ha tomado en cuenta la prueba indiciaria (fs. 93-96), medios de prueba que se encuentran perfectamente legitimados por los arts. 391 del Código de Familia, 1320 del Código Civil y 373 del Código de Procedimiento Civil, lo que no importa indebida aplicación de la ley,por lo queno existe fundamento alguno que sostenga el supuesto agravioacusado.
6. Como se ha referido supra, el Juez o Tribunal en la Resolución de instanciatiene el deber de valorar las pruebas esenciales y decisivas en el marco de lo que establece el art. 397-II del Código de Procedimiento Civil, por eso mismo y una vez acreditado la causal establecida por el art. 131 del Código de Familia, no ha hecho referencia al documento de adquisición del bien inmueble que presuntamente hubiere realizado la demandante con su cónyuge durante la vigencia de la relación jurídica conyugal. Al respecto, de la revisión de la Escritura Pública Testimonio Nº 689/2011, que ha presentadola parte actora como prueba de cargo para acreditar la existencia del bien inmueble ganancial, misma que ha sidoratificada como prueba documental de descargo por la parte demandada, de las minutas insertas en dicha escritura públicase conoce que la primera minuta de transferencia fue suscrita en fecha 1ro.de diciembre de 2010, posteriormente se hubo suscrito otra minuta aclaratoria en fecha 1ro. de agosto de 2011, para finalmente protocolizarlas en fecha 19 de octubre de 2011 y obtenido el testimonio correspondiente, lograr su inscripción en la Oficina de Derechos Reales en fecha 20 de octubre de 2011, empero este documento no se encuentra ratificada por ninguna prueba documental o testifical de descargo que se refiera a la inexistencia de la separación de hecho o a la vigencia del vínculo conyugal y que las partes se encontrarían conviviendo juntos, por lo que tampocoestá escritura pública por sí sola,no desacredita a la prueba de cargo presentada cursante de fs. 67 a 71, de fs. 136 a 141, y de fs. 320 a 330,así como alas declaraciones testificales de cargo de fs. 122 a 125 vlta., las mismas como se ha referido son uniformes en tiempos y lugares y de forma conteste han acreditado la separación de hecho por más de dos añosentre las partes, por lo que en definitiva no es evidente la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
7. En mérito a los razonamientos expuestos, éste Tribunal ratifica que la parte actora ha cumplido con la carga de la prueba dispuesta por los arts. 1283 del Código Civil que dispone que quien demanda, debe probar los hechos que fundamentan su pretensión y quien pretende que ese hecho sea modificado o extinguido debe probar los fundamentos de su excepción, norma legal concordante con el art. 375 de su Procedimiento; en el caso de Autosla causal invocada por la parte actora ha sido debidamente acreditada con la prueba de cargo producida, la misma que ha sido valorada correctamente por el Tribunal de segunda instancia, quienes han concluido que las partes han consentido libremente su separación por más de dos años continuos, porque los mismos ya no conviven juntos,y existiendo una actitud irreconciliable entre los mismos, se ha acogido la solicitud de la parte demandante de disolución del vínculo jurídico conyugal, por lo que no existe fundamento alguno que sostenga los supuestos agravios acusados por la parte recurrente, ya que éste Tribunalno encuentra que el Ad quem hubieran incurrido en error en la valoración de la prueba, ni muchos menos en violación o interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, deviniendo también este agravio en infundado.
Por lo referido, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 núm. 2), del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en el fondo de fs. 346 a 347 vlta.,de obrados, interpuesto por Denny Guísela Natividad Maldonado Moncayo contra el Auto de Vista de fecha 11 de noviembre de 2013 cursante de fs. 343 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
e contrario
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
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 Resolución