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Timestamp: 2018-09-22 00:20:31+00:00

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﻿ Sentencia T-508 de junio 17 de 2010
SENTENCIA T-508 DE 17 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:LÍMITES DE LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN Y EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE TRANSMILENIO. EN RELACIÓN CON LAS RESTRICCIONES INDIRECTAS SE PROTEGE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO, DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, DISCAPACIDAD
REVISTA TUTELA N°:132 DE DICIEMBRE DE 2010, PG.1801
Sentencia T-508 de junio 17 de 2010
Ref.: Expediente T-2.536.601.
Accionante: Gabriel Gerardo Rivera Rivera
Fallos de tutela objeto revisión: Sentencia del Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, del 2 de diciembre de 2009 (sin impugnación)
— Derechos fundamentales invocados: igualdad y libertad de locomoción.
— Conducta que causa la vulneración: decisión, por parte de Transmilenio de prohibir el ingreso del actor al sistema de transporte por llevar un “canastito de rueditas” donde carga libros de estudio, útiles del trabajo y su alimentación.
— Pretensión: que se le permita el ingreso a Transmilenio con el medio de transporte que necesita para llevar sus útiles escolares, utensilios de trabajo y mercado.
El señor Gabriel Gerardo Rivera Rivera, interpuso acción de tutela contra Transmilenio S.A.(1) por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y a la libre locomoción, al serle negado el acceso al mencionado sistema de tránsito por llevar con él, según afirmó, “un canastito con rueditas que llevo siempre para transportar mis libros de estudio, los objetos pequeños de trabajo y empaque de mercado de alimentos”. En la demanda de tutela argumentó:
1.2.1. Que tiene una luxación lumbar en la columna vertebral, por lo que los médicos le prohibieron cargar en su espalda objetos como maletas, maletines y morrales. Motivo por el cual siempre lleva con él “un canastito con rueditas (...) para transportar mis libros de estudio, los objetos pequeños de trabajo y empaque de mercado de alimentos”. Y como consecuencia, “ya no me dejan usar el transporte público, discriminándome e insultándome con malas palabras.”
1.2.2. Que el código de transporte establece que “todo ciudadano tiene derecho de transportar un equipaje a mano como: maletín, morral, paquetes, maleta con rueditas para el desplazamiento, un canastito de mercado con ruedas, un coche para bebe, una silla de ruedas” (sic).
2. Respuesta de Transmilenio S.A.(2).
2.3. Cada bus articulado tiene capacidad para 160 personas, por lo que no pueden pretender los ciudadanos que en cada uno de los vehículos se transporten cosas grandes de los pasajeros y más si se trata de un carro metálico con filo que puede causar lesiones o daños a terceros al obstaculizar la entrada y la salida de los buses; “En el mercado actualmente existen maletines con ruedas que no ocupan mucho espacio son fáciles de transportar y no ponen en riesgo la comunidad”.
2.5. En cuanto a los puentes peatonales que dan acceso al sistema Transmilenio, los cuales están funcionando desde el año 2000, informaron que estos fueron construidos de acuerdo a las normas técnicas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano.
3. Decisión de tutela objeto de revisión: fallo del Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, del 2 de diciembre de 2009(3).
Negó el amparo solicitado. Acorde con el material probatorio consideró que no se demostró la existencia de una amenaza actual, inminente y fehaciente a un derecho colectivo, como tampoco, a un derecho fundamental cierto del actor. Para el juez fue evidente que “acorde [a la petición del actor] de que sean instalados más medios electrónicos a fin de facilitar el acceso a los discapacitados, es evidente que ante esta circunstancia procede es la acción popular, toda vez que se hace necesario realizar una inspección a las diversas estaciones de Transmilenio S.A., con el objeto de ratificar dichas manifestaciones”.
Esta Sala es competente para revisar la providencia de tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículos 86 y 241 numeral 9º; en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36; y en el auto del veinticinco (25) de enero de dos mil diez (2010) de la Sala de Selección de Tutela Número Dos de la Corte Constitucional.
Previo al planteamiento del problema jurídico es necesario mencionar que el fallo objeto de revisión aseguró que “acorde [a la petición del actor] de que sean instalados más medios electrónicos a fin de facilitar el acceso a los discapacitados, es evidente que ante esta circunstancia procede es la acción popular, toda vez que se hace necesario realizar una inspección a las diversas estaciones de Transmilenio S.A., con el objeto de ratificar dichas manifestaciones”.
Para resolver el asunto, la Sala estudiará los límites de la liberad de locomoción y el acceso al transporte público de Transmilenio y luego analizará el caso concreto.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en su sentido más elemental, el derecho de locomoción comprende “la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos”(4). Ha afirmado también que se trata de un derecho constitucional que al igual que el derecho a la vida, adquiere una especial importancia al constituir un presupuesto para el ejercicio de otros derechos y garantías, como es el caso del derecho a la educación, al trabajo o la salud(5).
Según lo ha expuesto esta corporación(6), la libertad de locomoción puede verse afectada de manera directa, como cuando alguien impone alguna restricción de acceso a las vías(7) o al espacio público(8), o de manera indirecta, en atención a las condiciones y a la actividad que realiza la persona(9).
En relación con las restricciones directas, tenemos que el Decreto-Ley 1421 de 1993, le otorgó al Concejo Distrital de Bogotá, de conformidad con la Constitución y la Ley, dictar normas de tránsito y transporte(10). Con base en esta Ley, fue expedido el Código de Policía de Bogotá(11), el cual, en el artículo 98 del capítulo 5º se refiere exclusivamente al uso adecuado del sistema Transmilenio, así:
“ART. 98.—Sistema Transmilenio. Está integrado por la combinación organizada de infraestructura, predios, equipos, señales, paraderos y estaciones, utilizados para la eficiente y continua prestación del servicio público esencial de transporte masivo de personas, a través de buses dentro del perímetro urbano de Bogotá D.C. Su uso está enmarcado en las reglas de igualdad, tranquilidad, buen comportamiento, solidaridad, seguridad y convivencia ciudadana.
Por su parte, el manual del usuario de Transmilenio(12) contempla las siguientes normas de convivencia, prohibiendo o limitando a los usuarios de realizar las siguientes conductas:
6. No tome fotos sin permiso”.
Por su parte, la entidad demandada alegó que no existe prueba de la discapacidad del accionante. Además recomendó al accionante comprar una maleta con ruedas, donde podría cargar todo el material que lleva en el “carro metálico con filo”, pues con este último es muy probable que cause lesiones o daños a terceros.
En tercer lugar, en cuanto a que en la plataforma de la calle 72 no existe acceso para personas discapacitadas, por lo que tienen que dirigirse hasta la calle 70 para ingresar a la estación, es necesario hacer alusión a la respuesta otorgada por la demandada en cuanto manifestó que en la estación de la calle 72, están habilitadas las entradas sur y norte para discapacitados, sin embargo, Transmilenio optó por darle prioridad a los discapacitados por la entrada sur de la estación, esto es, la calle 70, puesto que en su consideración para ellos es más seguro el tránsito por esta calle. Ahora bien, esta situación no implica una carga excesiva para el actor en cuanto al acceso al sistema articulado, pues en últimas son solo dos calles las que debe recorrer el actor para ingresar por la entrada especialmente habilitada para discapacitados.
Además, la entidad accionada se encargó de desmentir las afirmaciones del actor argumentando que en todas las estaciones hay maquinas registradoras para discapacitados y que los puentes peatonales se construyeron acorde con las normas establecidas por el Instituto de Desarrollo Urbano.
En conclusión, se trata de una persona que, (i) no demostró contar con una discapacidad (ii) que no ha sido marginado o excluido del acceso al servicio básico de transporte urbano puesto que la prohibición de ingresar el “carro metálico con filo” está claramente prohibida en el manual de usuarios, y no corresponde a una decisión arbitraria de la accionada, (iii) que cuenta con una forma alternativa para movilizarse, pues puede caminar y buscar una manera más cómoda para llevar consigo lo que usualmente lleva en el “carrito” sin llegar a incomodar al resto de pasajeros y (iv) que en razón a todo ello no se ven severamente limitadas sus oportunidades para gozar efectivamente de otros derechos constitucionales.
Si bien el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, plantea el derecho de todo ciudadano de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos, también otorga la posibilidad para que a través de disposiciones legales este derecho sea limitado.
En relación con el servicio público de transporte que presta el sistema Transmilenio en Bogotá, han sido establecidas disposiciones normativas en el Código de Tránsito de Bogotá(13) y reglas de igualdad, tranquilidad, buen comportamiento, solidaridad, seguridad y convivencia ciudadana en el manual del usuario de Transmilenio, con el fin de que dicho servicio se preste en beneficio de la comunidad, protegiendo su derecho a la movilización en las mejores condiciones de acceso que puede proporcionar el sistema. Una de las limitaciones contempladas en esta normatividad, es la de prohibir el ingreso de paquetes grandes a las estaciones, plataformas o articulados.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, del 2 de diciembre de 2009, por los motivos expuestos en esta sentencia.
(1) Ver folios 1 y 2 del cuaderno 1.
(2) Ver folios del 10 al 69 del cuaderno 1.
(3) Ver folios 70 al 76 del cuaderno 1.
(4) Sentencia T-518 de 1992. Este criterio fue reiterado en las sentencias C-741 de 1999 y T-595 de 2002.
(5) Sentencias T-150 1995 y T-595 de 2002.
(6) La jurisprudencia constitucional no solo ha protegido la libertad de locomoción de las restricciones que directamente son impuestas por alguien a las vías y espacio público. También ha considerado que las limitaciones a esta libertad pueden ser indirectas, es decir, pueden provenir de las consecuencias que genera la actividad que realiza una persona. T-595 de 2002.
(7) Sentencias T-423/9; T-823 de 1999 y T-117 de 2003.
(8) Sentencias T-288 de 1995, T-364 de 1999, SU-601A de 1999 y C-410 de 2001.
(9) Sentencia T-066 de 1995.
(10) Numeral 19 del artículo del Decreto-Ley 1421 de 2003.
(11) Acuerdo 79 del 20 de enero de 2003, expedido por el Concejo de Bogotá D.C. en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 7º, 12º, numerales 18 y 23, y el artículo 13 del Decreto-Ley 1421 de 1993.
(12) La adopción del manual del usuario del sistema Transmilenio se realiza a través de actos administrativos de esta entidad; históricamente los actos administrativos empleados para adoptar el manual han sido los siguientes: i) Versión inicial - Resolución 155 del 23 de septiembre de 2002; ii) Versión 1 - Resolución 81 del 11 de junio de 2004; iii) Versión 2 - Resolución 41 del 1º marzo de 2005; y iv) Versión 3 (vigente) - Resolución 282 del 9 de octubre de 2006.
Adicionalmente el manual del usuario del sistema Transmilenio se encuentra “amparado” en el Código de Policía de Bogotá (Acu. 79, ene. 14/2003, emanado del Concejo de Bogotá D.C.), artículo 98.
(13) Acuerdo 79 del 20 de enero de 2003, expedido por el Concejo de Bogotá D.C. en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 7º, 12º, numerales 18 y 23, y el artículo 13 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

References: artículo 98
 artículo 24
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 98
 artículo 13