Source: http://boliviateamo.blogspot.com/2010/06/bolivia-paraiso-de-las-transnacionales.html
Timestamp: 2018-05-27 17:43:56+00:00

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BOLIVIA: ¿PARAÍSO DE LAS TRANSNACIONALES? EL PAÍS CUENTA CON LAS RESERVAS MUNDIALES MÁS IMPORTANTES DE LITIO
Durante los últimos tres meses las más grandes corporaciones mineras y petroleras del mundo, acompañadas por gobiernos de distinto talante que las respaldan, han puesto sus ojos en Bolivia debido a las grandes potencialidades de recursos estratégicos que se encuentran en el territorio boliviano, entretanto algunos grupos indígenas, llamados “naciones”, incentivados por un discurso oficialista desteñido y por organizaciones no gubernamentales transnacionales consideran un derecho particular la administración de estos recursos frente al Estado central dirigido por Evo Morales Ayma.
Una especie de “gran Paitití” o El Dorado se ha creado alrededor de importantes reservas naturales estratégicas, gas, litio, hierro, otros minerales y biodiversidad, que se encuentran en las entrañas del territorio boliviano. Los gobiernos de Francia, Brasil, China, Rusia, Japón, India, Irán y Corea, entre otros, en coordinación con empresas arraigadas en esos países, han realizado gestiones y acercamientos para incursionar en emprendimientos de gran volumen de capital y hacen la corte al propio Presidente del Estado.
Bolivia cuenta con las reservas mundiales más importantes de litio, materia prima estratégica de las más importantes utilizada en la fabricación de pilas alcalinas, baterías, autopartes, computadoras, farmacopea, vidrio, cerámica y armas nucleares; el interés por el mismo se manifestó con la invitación que recibió Evo Morales para visitar las plantas de la Bolloré de Francia y lo hizo, la presencia en Bolivia de representantes de Vale do Rio de Brasil y el próximo viaje de Morales a Japón, invitado oficialmente, abriendo la posibilidad de conversaciones con la Sumitomo y la Mitsubishi.
Los presidentes de ambos países, Nicolas Sarkozy e Inacio Lula Da Silva, y el Emperador Akihito han manifestado el interés de sus países por ser parte del proyecto de explotación e industrialización del litio, en tanto las autoridades bolivianas realizan un proyecto piloto de producción de carbonato de litio, abriendo la posibilidad de que capitales transnacionales puedan participar en la transformación industrial a gran escala.
Respecto al gas natural, el país es principal reserva en sudamérica, hidrocarburo que se ha convertido en la principal fuente de ingreso de divisas por los volúmenes y precios de exportación a Brasil, principalmente, y a Argentina, y con proyección de hacerlo hacia Paraguay y Uruguay y que ha permitido que el gobierno tenga holgura de recursos para sus políticas redistributivas consistente en bonos a niños, mujeres y ancianos, aprovechando de la nacionalización de 2006, nacionalización que se convirtió únicamente en la elevación de impuestos y regalías a las transnacionales.
Las grandes petroleras Total de Francia, Repsol de España, Vintage de Estados Unidos, BP de Gran Bretaña y Petrobrás del Brasil se han convertido en socias privilegiadas de Bolivia porque mantienen el control de la explotación y exportación de gas, con una empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en situación crítica por falta de una estrategia efectiva de industrialización de los hidrocarburos y por haber cedida a nuevos contratos con las transnacionales. El ex Presidente de YPFB, antes Presidente del Senado Nacional y mano derecha de Evo Morales y el MAS, Santos Ramirez, fue encarcelado por haber participado en un escandaloso hecho de corrupción en la empresa petrolera.
A su vez, YPFB ha tomado contacto con la poderosa empresa gasífera rusa Braskem para realizar emprendimientos que aún se presentan de manera muy preliminar, y la venezolana PDVSA no termina de apoyar efectivamente en los proyectos que inicialmente ofreció para impulsar la industrialización de los hidrocarburos en Bolivia. El apoyo venezolano para cubrir el déficit de diesel, sin embargo, es fundamental para el régimen de La Paz, puesto que el consumo interno de gas aún es bajo por falta de una red interna de gasoductos.
El proyecto de explotación de las importantes reservas de hierro del Cerro Mutún, en la frontera boliviano-brasileña, que se inició con importantes avances de la empresa hindú Jindal, ha quedado suspendido debido a fuertes pugnas con el gobierno sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de ahí que el Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) han ejecutado una boleta de garantía de la empresa por incumplimiento de contrato. El gobierno chino ha hecho conocer su interés por realizar grandes inversiones en el emprendimiento.
En ese contexto, otras empresas chinas, venezolanas y rusas han mostrado interés por incorporarse a la producción de hierro y sus derivados importantes, tomando en cuenta la demanda internacional del producto.
En relación a otros minerales y empresas la situación es la siguiente: El emprendimiento minero más importante de Bolivia lo realiza la japonesa Sumitomo con la mina San Cristóbal (comprada al multimillonario George Soros) que explota zinc y plomo, siendo responsable del ochenta por ciento de la exportación de estos productos, está luego la Coeur D`alene de Canadá con la explotación de plata en San Bartolomé, la Glencore suiza (comprada al expresidente Gonzalo Sanchez de Lozada) en Porco con la producción de zinc y plomo, la Pan American Silver de Canadá en San Vicente con la explotación de cobre y zinc y la australiana Republic Gold de Australia con la explotación de oro en Karachipampa.
COMIBOL tiene bajo su administración la empresa Minera Huanuni y la Fundición de Vinto y junto con la coreana Kores explota los yacimientos de cobre de Corocoro, mientras el poderoso gremio de las Cooperativas Mineras de Bolivia, con fuerte gravitación política sobre el gobierno, tiene importantes concesiones en la región occidental de Bolivia.
A pesar de que el Programa de Gobierno presentado por Evo Morales-Alvaro Garcia en las elecciones generales de diciembre de 2009, oportunidad en la que consiguieron el 64 por ciento de la votación, planteaba el Gran Salto Industrial, junto a la Revolución Vial, en los más de cuatro años de gestión el proceso de industrialización de los recursos naturales estratégicos no ha sido desarrollado.
El drama boliviano es que, desde la época colonial, ha sido exclusivamente un país exportador de materias primas bajo el molde de la división internacional del trabajo, desde la plata de Potosí, hasta el gas en la actualidad, pasando por el caucho, el estaño y el petróleo a lo largo de los últimos siglos, a pesar de haberse producido tres nacionalizaciones de los hidrocarburos y dos nacionalizaciones de los recursos mineros.
Lo contradictorio del gobierno actual es que ha desarrollado un discurso industrialista, de transformación de los recursos naturales, de sustitución de importaciones, de incorporación de valor agregado, de potenciamiento de la economía estatal frente a la ofensiva transnacional del neoliberalismo, sin embargo en la práctica mantiene una relación de armonía con las transnacionales que explotan y exportan las materias primas como en los siglos pasados.
En relación a la nacionalización de empresas eléctricas, mineras, de telecomunicaciones, de hidrocarburos, el Vicepresidente del Estado, Alvaro Garcia manifestó que Bolivia debe pagar a las transnacionales mil millones de dólares y el Presidente Evo Morales reiteró que quiere “socios, no patrones” dando garantías a las empresas.
Un aspecto sumamente delicado, en términos legales y políticos, es que el gobierno de Evo Morales, después de haber nacionalizado los hidrocarburos en mayo de 2006, dejó de lado las auditorias que se realizaron a las transnacionales petroleras, estas auditorias y balances determinaron que las empresas cometieron irregularidades y tenían deudas por encima de los 800 millones de dólares.
Asimismo, en octubre del mismo año, negoció con transnacionales los nuevos contratos que, si bien permitieron mejores ingresos al Estado, las mantuvo en condiciones envidiables en el país.
Por su parte, las demandas salariales, durante los últimos tres meses, de los trabajadores estatales y privados han sido rechazadas por el gobierno generando una pugna entre los asalariados de distintos sectores con los sectores no asalariados, como los campesinos, indígenas y comerciantes, que se benefician de la política de beneficencia del gobierno, establecida a través de bonos a los niños, madres y ancianos.
A su vez, los grupos indígenas de oriente y occidente, sectores de importante respaldo al gobierno, han mantenido una tenaz posición de utilizar las denominadas autonomías de las “36 naciones indígenas”, reconocidas por la Constitución, para demandar derechos sobre los recursos naturales, especialmente hidrocarburos y minerales, lo que ha generado conflictos de difícil solución. Las transnacionales petroleras y mineras y los grupos indigenistas coinciden en debilitar el rol del Estado en la conducción de la economía y la administración de los recursos naturales.
El peligro de fragmentación o declaración de “territorios libres” está presente en la medida en que, a nombre de los ayllus, las comunidades indígenas cercanas a Uncia, Potosí, luego de haber asesinado a cuatro policías, demandan el manejo independiente de su territorio, donde el contrabando de vehículos y el tráfico de drogas es generalizado, sobretodo con la frontera chilena.
Después de las elecciones de diciembre de 2009, un triunfo notable de Evo Morales con 64 por ciento de votos, se produjo una reducción de la importancia electoral del MAS que tuvo derrotas electorales en casi todas las capitales de departamento, siendo ésta una manifestación de descontento en los sectores urbanos y medios frente a las políticas del indígenismo dominante.
El destino de los recursos naturales y el interés de las transnacionales y las potencias imperialistas sobre los mismos, marcarán los futuros pasos del gobierno que, a pesar del importante respaldo interno y externo, ha perdido o no tiene una orientación clara de hacia donde se dirige.
De manera gráfica, el Embajador de la Unión Europea en Bolivia, el británico Kenneth Bell, manifestó, en entrevista en La Prensa del 9 de mayo de 2010, que las transnacionales petroleras Total de Francia, Repsol de España y BG de Gran Bretaña han hecho nuevos acuerdos con el gobierno de Bolivia, bajo el paraguas de los acuerdos internacionales, tomando en cuenta las buenas relaciones diplomáticas con los países europeos y con sus empresas.
MORALES PIDE A LOS INDÍGENAS NO CHANTAJEAR A LAS EMPRESAS PETROLERAS
El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió hoy a los indígenas de su país que no chantajeen a las empresas petroleras cuando cumplan con su obligación legal de consultarles para explotar recursos naturales en sus territorios.
En un encuentro con indígenas mosetenes del norte de La Paz en el Palacio de Gobierno, Morales lamentó que algunos indígenas se opongan a los proyectos para explotar petróleo en esa zona.
Según el mandatario, que pertenece a la etnia aimara del Altiplano, quienes se oponen no lo hacen para defender el medio ambiente, "sino más bien para chantajear a la empresa o al Gobierno con otros objetivos de carácter personal".
Aseguró que su Gobierno entiende "perfectamente" que los análisis previos de impacto ambiental son necesarios, "pero no so pretexto de estudios o consultas, se puede chantajear".
El Ministerio de Hidrocarburos denunció la semana pasada que en ese área desde 2007, se realizaron 14 consultas a indígenas que alcanzaron acuerdos con petroleras a cambio de compensaciones que van desde 70.000 dólares hasta 1,6 millones de dólares.
No obstante, también hay etnias que, al no alcanzar convenios con las empresas petroleras, impiden la explotación de los recursos.
Morales felicitó a los mosetenes con quienes se reunió hoy por su "comprensión" y ayuda para facilitar los trabajos de exploración petrolera en el norte de La Paz, donde opera la empresa petrolera venezolano-boliviana Petroandina.
Ratificó sus críticas a aquellas organizaciones no gubernamentales (ONG) que piden una "Amazonía sin petróleo", lo cual descartó porque, dijo, Bolivia vive "gracias al gas".
El Gobierno de Morales enfrenta actualmente un conflicto con indígenas de la Amazonía boliviana, quienes iniciaron el lunes una marcha de más de 1.400 kilómetros hasta La Paz para reclamar mayores competencias y recursos económicos para sus autonomías.
Según medios locales, los indígenas lograron recorrer 52 kilómetros en los dos primeros días de caminata y aspiran a cubrir 130 kilómetros de recorrido hasta el fin de semana.
El Ejecutivo culpa a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y a algunas ONG financiadas por entidades norteamericanas y europeas de promover la ruptura entre los pueblos originarios y Morales, lo cual ha sido negado por los indígenas.
Morales ha reiterado esta semana su advertencia de expulsar a USAID si es que apoya o financia a líderes indígenas que organizan protestas contra su Gobierno
EMBAJADOR DE BOLIVIA: “EL ALBA SE FORTALECERÁ EN OTAVALO”
El embajador de Bolivia en Ecuador, Juan Zárate, durante una entrevista para El Ciudadano, señaló que la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos Alba (ALBA-TCP) es una oportunidad para trabajar en beneficio de los sectores indígenas y afrodescendientes a través de proyectos que favorezcan a toda la región. El funcionario señaló que Bolivia siempre le ha dado importancia a los procesos de integración, porque los considera el camino más idóneo para todos los países de la región y porque creen en una integración mucho más amplia.
Destacó que en Bolivia se trabaja en la ejecución de proyectos como la diplomacia de los pueblos que busca, no solamente la relación entre Estados, sino entre los pueblos. “Creemos que estos nuevos procesos de integración como la UNASUR y el ALBA recogen esta demanda”.
Indicó que en la Cumbre del ALBA, a desarrollarse este jueves 24 y viernes 25 de junio en Otavalo (Imbabura), si bien se abordarán temas relacionados con los indígenas y afrodescendientes, lo más relevante es considerar que ahora desde los pueblos originarios del continente están surgiendo propuestas hacia el mundo, con la finalidad de alcanzar una mayor convivencia social.
Una de ellas es el Sumaq Causay (Buen Vivir), propuesta que ya está constitucionalizada en Bolivia y Ecuador. “Es un gran aporte de nuestros pueblos hacia la humanidad “porque busca formas de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza”, dijo.
Recordó que en abril de este año, el presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a una cumbre internacional para tratar el cambio climático, “jamás a un país considerado del tercer mundo se lo vio analizando estos temas. Nunca antes han salido propuestas medioambientales tan importantes como la iniciativa Yasuní ITT que maneja el Ecuador y que es valorada por otros países. Siempre hablábamos de tener la soberanía y la independencia, pero solo era retórica, ahora estamos viendo que se está logrando con nuestros gobiernos porque se está haciendo respetar a nuestros pueblos”, acotó.
No obstante, Zárate reconoció que este es un camino muy largo y que existen varios retos por cumplir, pero aclaró que se han dado los pasos más importantes para una verdadera integración e indicó que a través del trabajo coordinado de los jefes de Estado de Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela se han conseguido varios logros de cooperación y ayuda recíproca.
Según el embajador Zárate, durante la Cumbre del ALBA, Bolivia buscará discutir de manera seria, profunda y responsablemente todos los problemas que en este momento aquejan al pueblo indígena, como por ejemplo la discriminación, la falta de acceso a oportunidades y la necesidad de ser tomados en cuenta en las decisiones.
Señaló que en Bolivia existe una buena participación de los pueblos ancestrales en las decisiones nacionales a través de gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, ministros y ministras indígenas y que bien podrían reproducirse en otros países, aunque para ello sea necesario discutir cuáles son las limitaciones que se tiene en cada país y restablecer un diálogo con todos los sectores para evitar confrontaciones. Finalmente reiteró que “seguramente en la declaración presidencial que salga de la Cumbre de Otavalo, se conocerán los lineamientos para desarrollar proyectos dentro de cada uno de los Estados”, sostuvo Zárate.
EL CANCILLER ECUATORIANO SE REUNIRÁ CON SU HOMÓLOGO BOLIVIANO PARA TRATAR TEMAS BILATERALES
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, se reunirá hoy, en Quito, con su colega boliviano, David Choquehuanca, para tratar asuntos de interés bilateral, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.
KARPOV JUEGA UNA PARTIDA CON EVO MORALES
El ex campeón mundial de ajedrez Anatoly Karpov tardó apenas cinco minutos en convertir en clase maestra una partida con el presidente de Bolivia, Evo Morales, pero éste fue más rápido en respaldar la candidatura del ruso a la Federación Internacional.
BOLIVIA: ALISTAN LEYES Y REGLAMENTOS PARA LIMITAR DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
El gobierno boliviano elabora nuevas normas y reglamentos que restringen y limitan el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados e informados respecto a proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios. Ya se aprobó la primera norma reglamentaria, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), y después vienen la Ley Marco de Autonomías y Ley de Hidrocarburos, acompañadas de al menos seis reglamentos referidos a la consulta previa, derechos de servidumbre y compensaciones
La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia (Artículo 1), y la obligación estatal de reconocer, proteger y respetar los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, especialmente los referidos a sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO). (Artículo 171)
Además de ser un derecho que el Estado está obligado a respetar y garantizar, la consulta previa también es un requisito obligatorio para tramitar la licencia ambiental de cualquier proyecto hidrocarburífero, es decir un procedimiento de que condiciona la explotación de recursos naturales no renovables.
Bolivia es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –ratificado por el gobierno nacional mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991– que en su Artículo 6 establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Dichas consultas tienen la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, y deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias.
El Convenio de la OIT recalca que deberán protegerse especialmente los derechos de los pueblos a participar en la utilización y administración de los recursos naturales existentes en sus tierras. En caso de que los minerales o los recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados, y en qué medida, antes de autorizar cualquier programa de prospección o explotación.
El gobierno debe garantizar, siempre que sea necesario, que se efectúen estudios para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente, en cooperación con los pueblos interesados. Los resultados deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades propuestas, indica el Artículo 7 del Convenio 169.
Además, los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las actividades propuestas, señala el Artículo 15 del Convenio de la OIT.
En su 274 de sesión en marzo de 1999, el Consejo de Administración de la OIT recomendó al gobierno boliviano “que aplique plenamente el Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y que considere establecer consultas en cada caso concreto, en especial cuando aquéllas afectan a extensiones de tierras indígenas, así como estudios de impacto ambiental, cultural, social y espiritual conjuntamente con los pueblos concernidos, antes de autorizar actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en áreas tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas”.
La Ley de Hidrocarburos 3058 de 17 de mayo de 2005 establece y reconoce los derechos a la consulta y participación a los pueblos campesinos, indígenas y originarios. El Reglamento de Procedimientos de Consulta y Participación para el cumplimiento de la Consulta a Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios fue aprobado mediante decreto supremo N. 29033 el 16 de febrero de 2007.
Dicho Reglamento precisa que cualquier proceso de consulta estará viciado de nulidad si la información presentada por la autoridad competente a los pueblos indígenas afectados no correspondiere, fuere falsa o contradictoria; o cuando la firma del convenio de validación de acuerdos fuere logrado por presión, amedrentamiento, soborno, chantaje o violencia, o no cuente con el acuerdo mutuo emergente del proceso de consulta y de participación.
El gobierno se desdice
Desde que se promulgó el Reglamento de Consulta y Participación Indígena, se negocian 14 proyectos hidrocarburíferos con pueblos indígenas y campesinos, informó el director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos Omar Quiroga.
Quiroga dijo que al menos dos proyectos de Petrobras y British Gas están parados “por fuerza mayor”, es decir por problemas suscitados durante el proceso de consulta a comunidades guaraníes que habitan en la serranía de Aguaragüe en el departamento de Tarija.
La Ley de Hidrocarburos dispuso la creación de Comités de Monitoreo Socio-Ambiental de pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas como una herramienta técnica para controlar y vigilar el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en sus territorios.
Acto seguido, el Decreto 29103 del 23 de abril de 2007 determinó que los Comités de Monitoreo Socio-Ambiental serían financiados con el 0,5% de la inversión, pero hasta el momento ninguna empresa ha aportado, informó el CEJIS. En la actualidad, sólo funciona el Comité de base para el Monitoreo Socio-Ambiental Indígena Charagua Norte, con el apoyo del CEJIS.
Las comunidades indígenas afectadas aseguran que el gobierno no está cumpliendo a cabalidad sus propias leyes y decretos. En ese contexto, los guaraníes pidieron que se suspendan actividades petroleras y se declare una pausa ambiental. Sin embargo, el director de Gestión Socioambiental dijo que el planteamiento es “inviable” porque el 70% de las reservas de petróleo y gas se encuentra en territorios guaraníes ubicados en el chaco boliviano.
En los últimos meses, varias autoridades del gobierno, entre ellas el presidente de YPFB Carlos Villegas, comentaron de manera insistente que la licencia ambiental y el derecho a la consulta se han convertido en un “obstáculo” para la inversión petrolera. Hace poco el Presidente Evo Morales dijo que la consulta es una “pérdida de tiempo” que demora el desarrollo acelerado de las industrias minera e hidrocarburífera.
Según el presidente de YPFB, en muchos casos las comunidades indígenas demandan compensaciones que “exceden con creces la disponibilidad de las empresas”. “Hay comunidades que piden montos excesivos y algunas incluso prefieren dinero en vez escuelas y hospitales que les ofrecen las empresas”, criticó el senador del MAS Isaac Ávalos.
El derecho a la consulta está absolutamente garantizado por el Estado, pero debe ser reglamentado mediante ley “porque ha sido mal manejado”, opinó el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez.
Chávez anunció que a partir de ahora, en los procesos de consulta se reconocerán y respetarán los derechos indígenas, pero seguramente se tomarán muy en cuenta los derechos de la sociedad y se privilegiarán los intereses económicos del Estado, que precisa “agilizar la inversión” en el sector petrolero, uno de los pilares del plan nacional de desarrollo.
Les leyes reglamentarias
La consulta previa a naciones y pueblos indígenas es un mecanismo de ejercicio de la democracia directa y participativa, al igual que el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, y las asambleas y cabildos de carácter deliberativo, define el Artículo 11 de la CPE.
La CPE determina que la convocatoria a la consulta previa, libre e informada es atribución del Estado, pero el desarrollo y la ejecución de los mecanismos de consulta “relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas” es una competencia exclusiva de las autonomías indígena originario campesinas afectadas, según sus normas y procedimientos propios. (Artículo 304)
Por tanto, el derecho a la consulta previa de la democracia directa y participativa es muy distinto al derecho a la participación política mediante la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, derechos concernientes a la democracia comunitaria. (Artículo 11)
Así, la Carta Magna señala que el Órgano Electoral supervisará sólo los procesos electorales de naciones y pueblos indígena originario campesinos relativos a la democracia comunitaria, siempre y cuando no estén sujetos al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio. (Artículo 26)
Sin embargo, la nueva Ley Electoral dispone que la “supervisión de los procesos de consulta previa y la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos” ahora también son competencias del Órgano Electoral Plurinacional; en tanto que son “obligaciones” de los Tribunales Electorales Departamentales la presentación de “informes de supervisión de procesos de consulta previa y de la observación y acompañamiento de asambleas y cabildos”.
El Artículo 25 de la nueva Ley Electoral dice que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral registrar mediante consulta directa las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Por tanto, los pueblos indígenas deben informar sobre el procedimiento de consulta previa para que sea verificado y legalizado por el OEP.
Por otro lado, las leyes Marco de Autonomías y de Hidrocarburos también contemplarán mecanismos que “reglamentarán” varios aspectos relativos al derecho a la consulta, como por ejemplo la duración de la negociación, los límites de las compensaciones y los derechos de servidumbre, entre otros.
El gobierno quiere limitar el tiempo de la consulta para agilizar las inversiones, y también el monto de las compensaciones que pagan las petroleras por los impactos socioambientales. Propone fijar un monto mínimo de compensación que podría ser el 0,5% de la inversión petrolera y un máximo de 1,5%. Luego prevé reglamentar el derecho de vía, es decir el permiso para circular dentro del territorio indígena afectado.
PROHIBIDAS LAS PLANTAS
Hace unos días, tuve la suerte de visitar Bolivia. Durante el viaje, pude ver el uso que muchos bolivianos hacen de la hoja de la coca. Masticada, en infusiones o en dulce aminora el mal de altura. Se usa como un energético que mitiga el sueño, la sed y el hambre y ayuda a la digestión. En intervenciones médicas y en casos de artritis se usa como analgésico; ya sea cocida o en emplastes. Aunque restringido a usos tradicionales y medicinales; el cultivo, venta y posesión de la hoja de coca sin procesar es legal en varios países latinoamericanos incluidos Bolivia, Argentina y Perú. Para los campesinos de estos países, la producción de hoja de coca representa un parte sustantiva de su ingreso.
México no produce hoja de coca, pero es el principal productor, después de EU de cannabis, conocida como marihuana. La planta de cannabis tiene usos medicinales, industriales e incluso alimenticios. En México su cultivo está prohibido, incluso para fines medicinales. Aun así, se pueden comprar productos importados de cañamo, la fibra obtenida de la planta de la marihuana. Asimismo, pueden comprarse productos de belleza obtenidos con extractos de su aceite como shampoo, cremas y maquillaje; cereales, dulces y hasta leche producida con la semilla de la marihuana, valiosa en términos nutricionales debido a su alto contenido de amino ácidos y omega3.
A diferencia del alcohol y del tabaco, no existen muertes registradas por sobredosis en el consumo de la hoja de coca (la cocaína, un derivado de la hoja de coca si registra muertes por sobredosis).
Hay muchas preguntas que necesitamos plantearnos: ¿por qué podemos importar shampoo, producido y empacado en Canadá, pero perseguimos a nuestros campesinos por cultivar la planta de la que están hechos estos productos? ¿Quiénes fueron los países proponentes de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes que nos obliga a controlar estas plantas por la vía penal? ¿A quién beneficia y a quién perjudica la aplicación de dicha convención? ¿Por qué, si las convenciones permiten los usos industriales y medicinales, y en otros países existen industrias de ellos, la prohibición en México es absoluta? Ningún país latinoamericano se beneficia de dicha convención. Nosotros pagamos todos los costos sin ningún beneficio a cambio.
La contradicción en que incurre el gobierno mexicano bajo la política prohibicionista actual es innegable. Por una parte, predica el libre mercado y por otra se niegan a reconocer el derecho de los campesinos a optar por un cultivo económicamente competitivo que les permite obtener un ingreso digno. La prohibición del cultivo de plantas como la marihuana, la coca y la amapola, orilla a los campesinos a cultivar en la clandestinidad, con todos los riesgos que para ellos y su familias implica. Con el mercado de granos devastado por las trasnacionales, y con condiciones climáticas, geográficas y económicas poco favorables, los campesinos latinoamericanos tienen pocas alternativas. ¿Por qué hacerlas aún menores?
El costo que ha generado la guerra contra las drogas es inaceptable. En México ha cobrado más de 23 mil muertos en los últimos 4 años, representa recursos económicos que rebasan por tres tantos el gasto en educación, genera violencia, y justifica la persecución y encarcelamiento de todo un sector de la sociedad. Éstos costos de ninguna forma son equiparables con los costos de salud que la prohibición busca, sin éxito, evitar.
¿Se puede prohibir un producto de la naturaleza? ¿Porqué no prohibir también los minerales con que se producen el opio y la cocaína? ¿Porqué no prohibir las uvas que producen el vino? La guerra contra las drogas es un asunto moral, sobre las costumbres que un sector de la sociedad considera válidas y dignas de respeto. El deber del estado debe limitarse a informar sobre los daños del consumo, a proteger a los grupos vulnerables, a regular a las empresas que venden, distribuyen y publicitan productos, y a evitar los daños a terceros. La prohibición siempre ha generado mercados negros que quedan fuera del control de estado, vulnerando a consumidores y productores por igual. Beneficia, eso sí, a los intermediarios y a quienes hacen negocio de ejercer la prohibición.
¿OTRO NARCOESTADO A LA VISTA?
La noticia –aunque cuestionada por el presidente, Alan García– es preocupante: “Perú produce más hoja de coca que Colombia y Bolivia”. Que hayamos pasado a ser el primer cultivador de hoja de coca del planeta Implica que nuestro territorio es zona privilegiada de los narcocapos, con los efectos letales que ello acarrea. Si no, veámonos en el espejo de Colombia: durante estas últimas décadas las FARC –y los carteles de Cali y Medellín– dominaron el escenario sociopolítico y militar, al extremo de obligar a varios gobiernos a concederles, en la práctica, la ocupación de “territorios liberados”; Colombia tuvo a la industria del secuestro como producto de bandera junto a una cadena de asesinatos rurales y citadinos que era cosa de todos los días.
Hasta fines de los 90 esos dos carteles dominaban el país, corrompiendo a policías y jueces o intimidándolos con amenazas de muerte –a ellos y a sus familias–, advertencias que cumplían sin contemplación. Colombia combatió uno por uno a ambos clanes para evitar desgastarse en dos frentes. La táctica no consistió en prohibir el narcotráfico sino en destruir los carteles. Hoy aún existen traficantes de droga en Colombia, pero ya no constituyen amenaza para el Estado en forma organizada. Los militares colombianos tuvieron un papel importante, pero la acción decisiva provino de la Policía. Cierto que Colombia organizó un frente monolítico con respaldo incondicional de los Estados Unidos, y finalmente ayudó mucho la decisión de extraditar a los cabecillas de la mafia a Norteamérica, el mayor de los temores de estos criminales.
Pero contrastemos la realidad colombiana con lo que sucede hoy en México donde, entre otras recientes señales de alarma, un ex candidato presidencial permanece secuestrado desde hace dos meses, un asistente consular de EE UU fue asesinado a plena luz del día, y un prominente ranchero de Arizona fue liquidado por narcotraficantes. Al principio los carteles mexicanos actuaban como transportistas de sus pares de Colombia; sin embargo a finales de los 90 ya contaban con su propia cadena de abastecimiento y distribución. Ahora han evolucionado a grupos criminales integrados con características de cualquier multinacional, con llegada a 200 ciudades de EE UU. La cocaína es su producto estrella, a lo que han sumado la metanfetamina y otras actividades criminales, incluyendo trata de blancas, secuestros y extorsión. La situación en México es hoy semejante a la de Colombia en 1990.
Ahora bien, ¿qué impide que una realidad semejante –o peor– se afinque en el Perú? En primer término, recordemos la presión que impuso Álvaro Uribe contra el narcotráfico –algo que de hecho seguirá ejerciendo su heredero, Juan Manuel Santos, flamante presidente electo con casi 75% de los votos–. Aquello generó el efecto sifón que desplazó a sus narcocapos hacia el Perú, realidad que comprobamos día a día con la imparable ola de crímenes con huella digital del narcotráfico que se producen en nuestras ciudades. Y si a esto le sumamos que el Perú ha pasado a ser el primer productor de hoja de coca en el mundo; y encima le agregamos que el senderismo –aliado del narcotráfico– está en etapa de recomposición, pues es evidente que la probabilidad de que acá se instale un narco Estado es bastante alta. ¿Qué estamos haciendo todos –Estado gremios, periodismo y ciudadanos de a pie– para evitarlo? Hasta ahora, nada.
PERÚ Y COLOMBIA DISCREPAN EN QUIÉN PRODUCE MÁS COCA
En el documento colombiano se indica que ese país elabora el 39% de toda la hoja de coca de la región andina, lo que se traduce en 103.000 toneladas, cantidad menor que la producción de Perú, que por primera vez en una década encabeza la producción con el 45%, es decir unas 119.000 toneladas.
Flavio Mirella, de la oficina en Lima, aseveró que tales cifras se obtuvieron midiendo conceptos distintos, ya que en Colombia se mide la hoja secada al horno, que es el método usado por los narcotraficantes de ese país, mientras que en el Perú se midió la hoja secada al sol.
Esto hace que el contenido de humedad sea diferente, indicó Mirella, quien aseguró que si las hojas de coca de ambos países fueron comparadas tras ser secadas al sol, Colombia tendría una producción de 149.391 toneladas métricas, superior a los 128.000 de Perú.
Además, agrega que Colombia permanece como el principal productor de hoja de coca debido a que todavía posee una mayor superficie de plantaciones, con 68.000 hectáreas, seguido de Perú con 59.900 hectáreas, y de Bolivia con 30.900 hectáreas.
Sin embargo, advirtió que Perú podría alcanzar a Colombia muy pronto porque los cultivos de coca se están extendiendo en nuevas áreas remotas.
También el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, desestimó las informaciones procedentes de Colombia sobre que Perú ha sobrepasado a ese país y que actualmente ocupa el primer lugar como productor de hoja de coca en el mundo.
“Hay inconsistencia (en la información), no son las cifras que maneja el gobierno peruano, tampoco son esas las cantidades que tiene la agencia del gobierno de los Estados Unidos, la DEA, creo que hay un problema allí de cifras que hay que ajustar”, dijo García Belaúnde a periodistas.
En Perú, la planta de coca es legal, lo mismo que en Bolivia y al contrario que en Colombia, pero la hoja que se consume legalmente no representa ni el 5% del total de la cosechada, siendo el resto mayormente destinado al narcotráfico. Por su parte, el ministro del Interior y Justicia de Colombia, Fabio Valencia, celebró ayer la “significativa” baja en la producción de cocaína y atribuyó el éxito al llamado Plan Colombia, programa financiado por Washington, y a la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe.
BOLIVIANO LLEVABA DROGA EN BOLSILLO
Intentó burlar los controles de seguridad, sin embargo efectivos de la comisaría de Ichu, ayer, al promediar las 12:30 horas, lograron intervenir al ciudadano de nacionalidad boliviana que transportaba en uno de sus bolsillos un paquete conteniendo medio kilo de clorhidrato de cocaína.
El presunto burrier, tras las primeras investigaciones, fue identificado como Nicolás Aramayo Puma, de 50 años de edad. ¿Cómo cayó? El altiplánico fue intervenido a bordo de un vehículo que brinda servicio de transporte interprovincial de la ciudad de Puno a Desaguadero. De acuerdo a las primeras investigaciones, la droga estaba bien camuflada en uno de los bolsillos del pecho de su casaca.
Según informó la policía, el intervenido fue puesto a disposición de la Policía Antidrogas de Puno para proseguir con las investigaciones del caso. En aumento. De acuerdo al último reporte dado por la XII Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú, en Puno, hasta el momento, son cerca de 13 kilogramos de clorhidrato de cocaína los incautados en el presente año desde el mes de enero.
Más de 500 kilos. Asimismo, la entidad informó que son más de 500 kilos de pasta básica de cocaína los incautados hasta el presente mes, producto de una decena de operativos que se suscitaron en las distintas provincias y carreteras interprovinciales.
UN SOCIO ASÍ
Según el informe del año pasado de Transparencia Internacional, los campeones regionales de la corrupción son Venezuela, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Argentina. En ese orden.
El primer informe de Transparencia en materia de corrupción se hizo en el 2001 y en aquella época Venezuela ocupaba el puesto número 69 en una lista de 91 (de los menos a los más corruptos).
En estos días nos enteramos que la justicia chavista inhabilitó para ejercer la profesión por tres años y nueve meses al periodista Francisco Pérez, acusado de difamación. Pérez es columnista del diario El Carabobeño y fue condenado a tres años y nueve meses de inhabilitación para ejercer la profesión, además de ser despojado de sus derechos políticos y tener que pagar alrededor 15,427 euros por daños y prejuicios por supuesta difamación e injuria.
El columnista escribe desde hace más de 30 años y en uno de sus artículos afirmó que el alcalde de Valencia aprovechaba su posición para ubicar en puestos claves a su familia. El alcalde se ofendió y recurrió a la justicia. Aun cuando la presencia de los miembros de la familia del alcalde en el ayuntamiento es un hecho de conocimiento público, el juez condenó al columnista, quien no podrá trabajar durante casi cuatro años, ni siquiera para pagar la deuda que significa la otra parte del castigo judicial: pagar los más de 15.000 euros.
Se sabe que Venezuela es un país corrupto. En un país corrupto la justicia depende del humor político y el nepotismo es la forma más común que delata su existencia. Si a ello agregamos que en estos días también el tribunal de Caracas dio una orden de arresto contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal de televisión privado Globovisión, posiblemente en represalia por haber “ofendido” a Chávez, podemos tener una idea aproximada de la situación de la prensa en el país que quiere expandir por el continente la forma en que su gobierno entiende que se debe ejercer las comunicaciones. ¿Necesitamos un socio así?
Unico país latinoamericano, junto con Bolivia, sin salida al mar, rodeado por Argentina, Brasil y Bolivia, Paraguay suele ser víctima de acoso y se ha forjado en una historia de resistencia. Durante la colonización española, los jesuitas protegieron a los indios guaraníes en asentamientos, las llamadas reducciones. Organizaron los sistemas de trabajo y práctica religiosa de las comunidades, algunos de cuyos rasgos han sido calificados de comunismo cristiano. Lógicamente, la orden produjo una gran irritación a los colonizadores y fue expulsada en 1767. Tras su independencia, proclamada en 1842, Paraguay mantuvo su tradición de aislamiento, factor que explica la importancia de la proporción de población india en el país. En 1865, Paraguay, conminado por sus vecinos a abrir sus fronteras comerciales, se lanzó a la guerra de la Triple Alianza contra Argentina, Brasil y Uruguay. Este conflicto sangrante resultó en una terrible derrota, y Paraguay pasó del millón de habitantes a 300.000. ¡Sólo quedaron 30.000 hombres vivos! Paraguay, que vio su territorio desmembrado por sus adversarios, quedó notablemente reducido.
LA OEA Y LAS ARMAS EN AMÉRICA
La Organización de Estados Americanos decidió incluir, en la asamblea anual, el tema de la compra de armas por parte de los países de la región. Una decisión oportuna en razón de que aún persisten conflictos entre varios de los países.
La decisión de la OEA de incluir en la asamblea general ordinaria como punto principal de tratamiento el control y la necesidad de limitar el gasto de armas en la región, constituye un hecho positivo en razón de que -en los últimos años- se ha observado un preocupante incremento en los gastos armamentistas por parte de diferentes países.
De acuerdo con lo señalado por fuentes del organismo, en 2008 América Latina gastó 38 mil millones de dólares en armamento, lo que determinó un incremento del 150 por ciento en el período 2004-2009, respecto de lo que se había gastado entre 2000 y 2004.
Y, a pesar de que los expertos aseguran que no se puede hablar de una “carrera armamentista” y que el gasto es “moderado” respecto de otras regiones, en los últimos tiempos se han sucedido duros cruces entre los presidentes de países de la región, lo que motivó la intervención de la Argentina y de Brasil para calmar la situación.
La inquietud de la OEA tiene sus fundamentos. Más allá de los números gruesos, los informes determinan que Rusia ha incrementado sus exportaciones hacia América Latina y se indica que el auge ruso responde, en gran parte, a las limitaciones a la venta de armas impuesta por EEUU a varios países, como es el caso de Venezuela, por considerar que no coopera suficientemente en la lucha contra el terrorismo, y de Bolivia, por la negativa a implementar una lucha antidrogas.
De todos modos, dos países de la región, Colombia y México, continúan proveyéndose de armamento estadounidense por un acuerdo alcanzado en el combate del narcotráfico.
De acuerdo con el informe de un organismo británico, Venezuela se ubicó, en 2007, como el mayor comprador de material de defensa a Rusia, adquiriendo equipos por valor de 4 mil millones de dólares, con un aumento de posibilidades de crédito de otros 2.200 millones, a cambio de que las compañías rusas puedan acceder a los campos petroleros venezolanos.
Paralelamente se señala que Brasil ha encarado un ambicioso programa de modernización militar, mientras en similar actitud aparecen Bolivia y Perú, en ese orden.
La intención de la OEA de abordar con seriedad el tema del control en la compra de armas resulta coherente y es de esperar que esas intenciones se lleven efectivamente a la práctica.
No se puede olvidar que Chile, Bolivia y Perú mantienen históricas diferencias por problemas limítrofes; que Perú y Ecuador llegaron a un enfrentamiento armado hace años, también por un tema de límites, y que permanecen latentes las diferencias entre Ecuador y Venezuela con Colombia, que en su momento llegaron casi a un punto límite y que obligó a la participación directa de la Organización de Estados Americanos. La OEA deberá ser estricta en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados a los efectos de limitar la compra de armas, especialmente porque los conflictos pueden reactivarse en cualquier momento, sea por los cambios que se produjeron en algunos gobiernos o sea por la ratificación en otros. En esa inteligencia, las posiciones de la Argentina y de Brasil serán fundamentales, por su condición de países líderes en la región.
La Primera de Perú www.diariolaprimeraperu.com)
Está en peligro el futuro del líquido elemento, cuya conservación atañe a todos y cuya escasez genera tensiones y puede causar guerras en el futuro. Un derecho humano convertido en negocio redondo para unos pocos. “Ahora los Estados Unidos invadieron Irak, pero no se sorprendan si dentro de unos años decide invadir la Amazonía”, es la advertencia hecha por el egipcio Samir Amín, en 2009, en un foro mundial de Belem do Pará, Brasil.
Del 97 % del agua superficial del planeta Tierra, sólo el 3% es dulce y de este volumen el 70% está congelada en los polos y glaciares que constituyen una reserva de agua esencial para la humanidad. Según cifras estimadas, la población mundial es de 6.750 millones de habitantes. El 2050 se elevaría a 9.000 millones y la demanda de agua aumentará en 64.000 millones de metros cúbicos anuales. La situación se agudiza por su uso desmedido en el agro y la ganadería (70%), la industria (20%) y el consumo humano (10%). Es lamentable anotar que en apartados lugares de muchos países pobres del mundo, la escasez del recurso hídrico provoca la muerte de un millón y medio de niños al año. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, carecen de servicio de agua potable más de 1.100 millones de personas, a las que se suman 2.600 millones que no disponen de un adecuado saneamiento en sus domicilios, como canales de desagüe, por filtraciones y tuberías averiadas, conexiones ilícitas, vandalismo y el desperdicio de agua por dejar caños abiertos. Sólo para construir y mantener estos servicios se necesita entre US$ 92.400 y 148.000 millones.
Se especula que en los próximos años las corporaciones transnacionales monopolizarán el 75% de este vital recurso. En un cuarto de siglo la venta del agua purificada creció más de 80 veces. En 1970 vendieron mil millones de litros, en el 2000 un total de 84 mil millones. Las ganancias fueron más de 2.2 mil millones de dólares, un negocio redondo con poca inversión. Los nuevos “barones del oro azul” construyen kilómetros de tuberías a través de los océanos, utilizando gigantescas cisternas de los antiguos barcos petroleros, y trasladan de un continente a otro su valiosa mercancía, por ejemplo desde Alaska a Europa y los países árabes.La mira de las transnacionales es tener el control absoluto de este nuevo negocio con elevadas ganancias, claro está, estableciendo sus propias reglas de juego con precios cotizados en los principales mercados bursátiles del mundo.
Empero, la principal y permanente amenaza que acecha a los habitantes del altiplano y al parecer con resultados impredecibles, es la añeja ambición Chilena de desviar a su territorio las aguas del Lago Titicaca (en la parte que le corresponde a Bolivia), los ríos Mulato, Grande y otros, hacia el árido desierto de Atacama. Flanco interno
- 120% de las especies del planeta se extinguieron o están en peligro de desaparecer, por la falta de agua y la presencia de residuos contaminantes. En los últimos años, la calidad del agua disminuyó considerablemente en varias regiones de la Tierra, acelerando el deterioro de los ecosistemas y el exterminio de las especies vegetales y animales de agua dulce, además de las graves consecuencias para la población. En el lago Chad, en África, el volumen del agua disminuyó el 90%, desde 1960, a causa del pastoreo excesivo, la deforestación y la ejecución de extensos proyectos de regadío incompatibles con el ambiente. - Más de 100 países comparten ríos y cuencas hidrológicas; en su mayoría carecen de reglas y acuerdos para el buen manejo, preservación y distribución equitativa del agua.
- Seis países concentran la mitad del agua dulce del planeta: Brasil, Rusia, Canadá, Indonesia, China y Colombia. - Menos del 3% de agua del mundo es dulce, pero sólo el 0,3% de este recurso es superficial (ríos, lagunas y lluvia). - El 5% de agua dulce del planeta está en el Perú. Más de 70% de los glaciares de este continente están en nuestro territorio.
TLC CON EUROPA: ¿COMERCIO JUSTO?
La historia de América comenzó con Colón y los españoles que vinieron con él, trayendo un bizcocho, un pedazo de queso, una botella de vino y un talego de trigo. Fueron tiempos en que los habitantes de la península ibérica huían de la crisis. Como señala el Colombiano Germán Arciniegas, el queso aquí se le pudre, el trigo se le acaba, el vino se daña o se lo toma y punto.
“América es otra cosa”, agrega Arciniegas. Mientras los conquistadores agarraban lo que tomaban aquí contra la voluntad de sus dueños y se lo enviaban al rey de España, los que vinieron para quedarse fueron creando una sociedad mestiza, y empieza a funcionar una historia de los europeos totalmente distinta a la de los que se quedan en Europa. Como el día y la noche. De América se llevaron los derechos humanos, los llevó Lafayette a buscar información sobre París.
Caminando el sexto siglo se aprecia un notable desarrollo de América latina, consolidando una política de paz, comparativamente menos violenta que la de Europa, y un creciente comercio, cuyos Tratados de Libre Comercio deberían expresar un intercambio fluido, un comercio justo y relaciones de igualdad y equidad.La Declaración Schuman de mayo de 1950, que crea la UE, decía que “la organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción. Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los estados”.
IntercambioEl exhaustivo trabajo de los especialistas Alan Fairlie Reinoso y Sandra Queija de la Sotta, sobre “una nueva perspectiva andina y las relaciones con Europa”, permiten hacer un breve recorrido desde junio del 2007, en que se lanzaron desde la Cumbre de Tarija, las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con componentes comercial, de cooperación y de consulta política.
En esa Cumbre fue superado un impasse planteado por Bolivia -que no aceptaba ni acepta formatos comerciales de TLC- y se aceptó la diversidad y la búsqueda y la negociación de “geometría variable”, dándose el anuncio oficial de las negociaciones, de las que quedaron fuera Bolivia y Ecuador, por no estar de acuerdo con el TLC y exigir en cambio acuerdos comerciales justos y equilibrados. Finalmente, la UE aceptó negociar solamente con Colombia y el Perú y por separado.
Los países andinos que tienen una participación mayoritaria en el intercambio comercial entre los dos bloques son Colombia y Perú. La participación de Bolivia es mucho más reducida. Por el lado de UE, la importancia del intercambio comercial con la CAN es marginal.
La balanza comercial entre ambos bloques ha sido favorable para la CAN en los últimos años. Esto se debe, casi exclusivamente, al superávit obtenido por Perú como consecuencia del aumento de los precios internacionales de las materias primas.
La estructura comercial que mantienen los dos bloques es la de un fotografía típicamente Norte-Sur. La CAN exporta principalmente materias primas o productos con bajo valor agregado, mientras que la UE exporta productos con alto valor agregado.
Además existe una elevada concentración de las exportaciones andinas pero, a pesar de esta característica, en la presente década han emergido algunos productos que pueden significar un cambio en el patrón exportador.
Se da un reducido comercio intraindustrial entre ambos bloques. La complementariedad entre la estructura exportadora de la CAN y la estructura importadora de la UE es sumamente reducida, aunque hay un intercambio de algunos productos andinos con reducido valor agregado.
Desventajas e inversiones
Visto de este modo, ambos investigadores coinciden en que “los diferentes índices de comercio estimados, muestran importantes desventajas del comercio de la CAN con Europa. En general no se ha logrado desarrollar una oferta exportadora hacia la UE que incluya productos con mayor valor agregado”.
En cuanto a las inversiones europeas en la CAN, los flujos, pese a ser menores en comparación con las realizadas en otras regiones, la UE ha sido el principal inversionista en los países de la subregión, por encima de Estados Unidos.
Las inversiones de Europa en la América latina fueron más grandes y atractivas por los programas de privatización y apertura de algunos sectores, antes en manos directas de las empresas estatales. En el Perú, durante el Fujimorismo se subastó más de 80 empresas del Estado, lo que provocó un despido masivo de empleados, que se intentó encubrir con costosos programas de “Reconversión Laboral”, tema que merece una acuciosa investigación, porque los resultados fueron un gran fracaso, además de registrar un manejo oscuro de los fondos provenientes de endeudamiento externo.
Las inversiones de UE en Colombia y Perú son mucho mayores que en Bolivia y Ecuador, mercados más ligados a EEUU. En el Perú las inversiones de la UE representan más del triple del stock proveniente de EEUU.
Pero las relaciones comerciales no sólo tienen que abarcar productos. Un aspecto vital es la protección ambiental. En este sentido, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, aclara que los reclamos de los pueblos indígenas no deben mezclarse exactamente con la lucha del medio ambiente.
“No podemos confundir los pueblos indígenas con la naturaleza, porque si hacemos esto tendríamos que aceptar que los indígenas son interpretados como animales en extinción, y eso no podemos permitirlo porque somos pueblos y parte de la humanidad entera”.
Otro aspecto importante es considerar el giro del comercio a partir de la reestructuración económica, es decir las consecuencias de la transformación de una economía industrial basada en la producción de bienes de consumo en una economía basada en la provisión de servicios y de información.
MigrantesEn este nuevo contexto, la migración interna y externa solo favorece a las personas que poseen Educación, excluyendo a aquellos que carecen de ella y provocando más dificultades para cruzar el umbral de la pobreza. Fuerzas políticas como el Partido Demócrata de EEUU, los socialdemócratas y los verdes de Europa, incluyendo la Iglesia, engrosaron sus filas e incrementaron su influencia acogiendo, en décadas pasadas, a los migrantes.
La exclusión del inmigrante se intensifica casi de manera previsible, siempre que la nación se ve alterada por una recesión, según analiza Roberto Suro, periodista ecua-norteamericano del The Chicago Sun Times y The New York Time, en su difundido libro Strangers Among Us: How latino inmigrations is transforming América (Extraños entre nosotros: cómo es la transformación de América)
Por lo tanto, la nueva realidad exige un intercambio de mayores oportunidades, de reformas sustanciales en el campo de la Educación, para todos los niveles, incluyendo los estudios especializados, como forma de proteger a las comunidades de inmigrantes latinos, acosados por la nueva crisis que atraviesa Europa, a partir de Grecia.

References: Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 11
 Artículo 25