Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-25 00:17:27+00:00

Document:
“…Conforme
lo reseñado, se advierte que, tal como surge del Protocolo Adicional
II de 1977, uno
de los parámetros que, al
menos en la década de 1970,
determinaba el estándar mínimo del concepto de conflicto
armado interno era
el efectivo control territorial por parte de las facciones en
pugna…”. Es
por ello que, tal y como refiere el fiscal doctor Auat respecto del
PRT-ERP, como
no puede acreditarse que
la organización “Montoneros” haya tenido control sobre una parte
sustancial del territorio argentino, se
debe concluir que las operaciones armadas llevadas adelante por esta
son compatibles con el concepto de conflicto armado interno
como ése se consideraba a
la época del hecho,
acuerdo a las prescripciones de los artículos 3 común a todos los
Convenios de Ginebra y 1 del Protocolo Adicional II a esos
Convenios-.
“…Por otra
parte, ni siquiera desde los parámetros actuales parece posible
afirmar la existencia de un conflicto armado interno, dado que
puede sostenerse que [“Montoneros”] haya podido desarrollar
armadas de una envergadura tal que puedan ser consideradas un
conflicto armado. Entonces, aun cuando se prescindiera del control
del territorio como requisito ineludible, no
podría considerarse que el hecho analizado en las presentes
actuaciones alcanzó
la categoría de un conflicto armado…”.
computan, en el dictamen Fiscal referido tantas veces, alrededor de
22.000 hechos imputados a las organizaciones subversivas… Mientras
que en el evento del Asalto al Cuartel Militar de La Tablada -por
solo hecho- la
Comisión interamericana de los Derechos Humanos, in re Abella,
resolvió que se trataba de un acto de guerra. Un conflicto armado no
el dictamen “…En
suma, la
noción de crímenes de guerra no
abarcaba conductas
cometidas en conflictos armados internos al
momento de los hechos,
cuestión que ya es decisiva para el caso. A
ello se agrega que la noción de conflicto armado interno no
abarcaba, ni tampoco en la actualidad, situaciones de violencia
armada como
la que existió en Argentina en la década de 1970,
circunstancias que tornan
improcedentes los agravios planteados por los querellantes en las
impugnaciones formuladas…”. (N.de
E.: una evidente contradicción puesto que colocar bombas en la
embajada de Israel, en la Estación ferroviaria de Atocha, España,
en los edificios de las Torres Gemelas o destruir mediante explosivos
el edificio de la AMIA, con las víctimas consiguientes, habilita la
calificación de delito de lesa humanidad, sin que nos conste que se
haya probado la existencia de los elementos exigidos por nuestro
Ministerio Público, al respecto. Pero colocar bombas similares,
matar alevosamente, dejar baldados a civiles, privar de su libertad
extorsivamente a cualquier ciudadano, aprehender a ciudadanos para
llevarlos a cárceles del pueblo y exterminarlos previo “juicio”,
para la Justicia Argentina no viabiliza la calificación de delito
internacional. Algo diabólico.)
el señor representante del Ministerio Público, arribando a
conclusiones que no podemos menos que aplaudir, ya que sostiene y
reconoce paladinamente: “…De
cuando se pretendiera sostener una noción mucho más amplia de
´conflicto armado´
sólo tendría el efecto, para
en la década de 1970,
tornar aplicable el derecho internacional humanitario,
no habilitaría a
aplicar retroactivamente la
categoría de crímenes de guerra a conductas que en esa época no
estaban alcanzadas
por esta noción.
este sentido, es importante no confundir el derecho internacional
humanitario con el derecho penal internacional… No toda violación
del derecho internacional humanitario es –ni ha sido
históricamente- un crimen de derecho internacional…”,
conclusiones que resultan ajustadas a derecho y que los recurrentes
no han logrado conmover, por lo que las vías recursivas intentadas a
esos fines tampoco podrán prosperar en lo que atañe a los agravios
esgrimidos en punto a esta calificación. (…) Publicado por
a conductas que en esa época no estaban alcanzadas por tal noción.,
aplicar retroactivamente,
Fiscalía sostiene que no es viable,
la categoría de crímenes de guerra
Capítulo 650 - El Protocolo no se aplicará a situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros análogos. (continuación)
destacando el dictamen del Ministerio Público: “Sobre esto último,
es menester señalar que “…si bien los Convenios de Ginebra –en
el artículo 3 común - no otorgan mayores detalles acerca de qué
debe entenderse por conflicto armado no internacional, precisiones
sobre este concepto aparecen en el Protocolo II, aprobado en 1977,
esto es, tiempo después del hecho cuyo análisis nos convoca…”.“…En
su artículo 1 dispone el presente Protocolo, que
desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales
condiciones de aplicación,
se aplicará a
todos los conflictos armados que
no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados
I) y que
se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre
sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes
o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando
responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control
tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas, concertadas y aplicar el presente
Protocolo…”.
continuación se agrega que el
Protocolo […] no se aplicará a las
situaciones de tensiones internas
y de disturbios interiores, tales como los
los actos esporádicos y aislados de violencia y
otros actos análogos,
que no son conflictos armados´…”. Para
nosotros, resulta evidente que inexorablemente debemos apuntar a la
calificación del conflicto armado no internacional, que se destaca,
para fundamentar la aplicación de la norma penal internacional, que
se pretende, por parte de la justicia de nuestro país. En efecto, si
no se tratara lo sucedido de un CANI, todo lo que se diga sobra,
puesto que está
prohibido por la ley internacional, aplicar
las figuras delictivas de crimen de guerra, o delito de lesa
humanidad, para
la época en que sucedieron los eventos que se juzgan, en ausencia de
conflictos que no reúnan las condiciones necesarias y suficientes
como para optar adscribirse a cualquiera de tales calificaciones.
debió calificarse el accionar de los acusados, integrantes de las
fuerzas armadas o de seguridad, conforme las leyes vigentes a la
época en que sucedieron los eventos que se les imputan. Tal como
expresara la Procuración General de la Nación, cuando dictaminó in
re Larrabure. Con relación al conflicto armado tantas veces
señalado, habido en nuestro país, sigue expresando el representante
del Ministerio Público: “…Desde las prescripciones de este
Protocolo puede
afirmarse que la idea de conflicto armado interno exige que los
grupos en pugna tengan cierto grado de organización interna,
que implica una estructura jerárquica que
asegure un control operacional por un mando responsable y
un control disciplinario que permita aplicar la normativa del
Protocolo, a
su vez, los grupos deben tener capacidad para planear y llevar a cabo
operaciones militares de manera continuada a raíz del control
ejercido sobre una parte del territorio del Estado afectado…”.
perjuicio de ello,
“…debe
decirse que en la jurisprudencia del Tribunal Internacional para la
Ex Yugoslavia, más
allá de la cuestión específica del control territorial,
se han requerido operaciones
sostenidas entre las fuerzas beligerantes,
esto es, una confrontación armada de una entidad mucho mayor que la
de los eventos ocurridos en nuestro país…”.Entendemos
uno es dueño de opinar como le viene en gana, pero existe un límite,
la verdad, la idoneidad y la objetividad. “…La
cuestión de la gravedad del conflicto fue también tratada
de los primeros pronunciamientos de la Corte Penal Internacional.
de mencionar los aspectos que exige el Protocolo II
que se configure un conflicto armado interno
lo sostenido por la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal
Internacional para la Ex Yugoslavia,
Corte expresó que la
violencia del conflicto debe ser sostenida y
haber alcanzado cierto
intensidad. En particular, al analizar el caso, se
valoró la capacidad del grupo armado
para llevar adelante operaciones militares a gran escala por un
período prolongado y el control ejercido sobre el territorio…”
(Caso “Lubanga
Dyilo”, ICC-01/04-01/06, Pre Trial Chamber, 29 de enero de 2007). Publicado por
El Protocolo no se aplicará a situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores,
los actos esporádicos y aislados de violencia y otros análogos.,
tales como los motines
Adviértase
que, ni una sola palabra pronuncia el Tribunal Supremo de España,
(similar a nuestra
CSJ) que nos haga recordar la
tesitura de nuestro mas Alto Tribunal,
cuando afirma que si había sido aprehendida por el derecho
internacional consuetudinario, la
norma que se pretende aplicar,
podía considerarse que no se había transgredido el art.18 de la CN
en cuanto veda la aplicación
retroactiva, de una norma penal más
gravosa hacia un imputado. Ni una
palabra, tampoco, sobre la aplicación en España del jus
cogens en situaciones similares.
Ni una mención a tal instituto.
Por cierto, que la actitud del Supremo
Español, no obedece a ignorancia del derecho o a una aplicación
arbitraria que hace del mismo, en los autos en los que se pronunció.
Salvo que el Supremo Español peque de injusto, resolviendo contra
legem mientras que nuestra CSJ es la única en el mundo que resuelve
secundum legem. Regresando
al tema relacionado con la prohibida aplicación de una norma penal
internacional o no, que causa gravamen al encartado en una causa
penal, como hemos señalado la opinión del Ministerio Fiscal al
respecto, está en contra de la aplicación de tal norma, si
perjudica a los imputados. En ese caso, siempre y cundo los imputados
no hayan integrado ni las Fuerzas Armadas ni de Seguridad del país.
En opinión de la Procuración General de la Nación, emitida en
numerosas ocasiones por sus representantes, taxativamente se señala
tal criterio. In re Larrabure, “refirió
el señor Fiscal General a
cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las
causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el
terrorismo de Estado que “…la
criminalización de infracciones al derecho internacional humanitario
a conflictos armados internos aparece
recién en la década de 1990.
sabido, esta
década marca para el derecho penal internacional
una etapa de consolidación y desarrollo. A
esa etapa corresponde la
incorporación a la categoría de los crímenes de guerra de
conductas cometidas en el marco de conflictos
armados internos.
sucede especialmente
el establecimiento, en 1994, del Estatuto para el Tribunal Penal
Internacional para Rwanda. En
efecto, el
Estatuto habilita al Tribunal a perseguir a personas que
cometan o den la orden de cometer infracciones graves del artículo 3
común a las Convenciones de Ginebra para
la protección de las víctimas en tiempos de guerra, y al Protocolo
Adicional II a dichas Convenciones del 8 de junio de 1977…”.“…
Hasta entonces no
hubo elementos que permitan pensar que tales violaciones podían
dar lugar a la responsabilidad penal internacional.
contrario…,
circunstancias para fundar acabadamente que hasta
década de 1990 se
consideraba que el
concepto de crímenes de guerra estaba
limitado a los conflictos
armados de
índole internacional…”.Así
las cosas, con el correr de los años,
Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia entendió, “…a
partir de una decisión adoptada en el
caso ´Tadic´,
dictada en 1995, que ´…las
leyes o prácticas de la guerra´ también se referían a
conflictos armados internos. Esta
decisión, de
fecha posterior
la aprobación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda, marcó un hito en la materia y
determinó que el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia
juzgar conductas cometidas en el marco de conflictos armados internos
pese a que ello no surgía explícitamente de la letra del
Estatuto…”.
partir del Estatuto para el Tribunal Penal Internacional para Rwanda
y de la jurisprudencia de los tribunales ad
a él que se
aceptó que las infracciones del derecho internacional humanitario
aplicable en conflictos armados no internacionales
pueden ser punibles en virtud del derecho internacional
consuetudinario…”. Así,
en función de lo expuesto,
doctor Auat señaló que no puede concluirse que el hecho traído a
el caso particular, el referido a la muerte del Teniente Coronel
Larrabure) constituya
un crimen de guerra,
la época en
que este acontecimiento ocurrió la
configuración de este tipo de delitos sólo
tenía lugar frente
a determinadas violaciones
del derecho internacional humanitario
aplicable a conflictos armados de
índole internacional,
conclusión lógica, de la cual también derivará la solución en el
presente caso, en punto a la
pretendida calificación del hecho en análisis en
función del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.
tales lineamientos, válidas resultan ser las apreciaciones del señor
Fiscal respecto a que “…sólo
una prohibida aplicación
retroactiva del
derecho penal internacional consuetudinario
permitiría afirmar que violaciones al ius
en la guerra)
aplicable a situaciones de conflicto armado interno acontecidas en la
década de 1970 pueden ser consideradas crímenes de guerra. Ello,
sin perjuicio de que, como diré de seguido,
es posible afirmar que
en la República Argentina haya existido un conflicto armado interno
de acuerdo al derecho internacional aplicable…”. El
enfrentamiento armado de unas horas, más
de un día, en
el Ataque al Regimiento de Infantería de La Tablada, fue
considerado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
como suficiente causa como para que se aplicara el Derecho
Internacional Humanitario. Destaquemos
ningún momento se aceptó que se trataba de
tensiones internas,
disturbios gravísimos o
o de una refriega sin importancia.
Se señaló, y no se le dio la trascendencia que merece, que se
trata el evento del asalto al Cuartel de La Tablada, Argentina como
un hecho de guerra,
con las consecuencias lógicas derivadas de tal calificación.
Esto tan grave no
es destacado, como corresponde,
ya que es de fundamental importancia para ulteriores calificaciones
de eventos similares. Como
la sentencia no se dictó en la Argentina,
la distancia y otras circunstancias fueron suficientes como
para que el fallo aludido, llegara a estas costas lo suficientemente
“lavado” como
para no trascender. Por cierto, actitud sospechosa, harto sospechosa.
aplicables a los CANI,
Recién en la década del 90 aparece la criminalización de infracciones
cuestión que plantea el recurrente exige predeterminar si la
aplicación del artículo 607 bis a los hechos vulneró el principio
de legalidad. Este principio, tal como viene formulado en el artículo
25.1 CE en cuanto al ámbito penal, supone que nadie
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de
no constituyan delito o falta, según la legislación vigente en
Incorpora en primer lugar “una
garantía de índole formal, consistente en la
necesaria existencia de una norma con rango de Ley como presupuesto
de la actuación punitiva del Estado,
que defina las conductas punibles y las sanciones que les
corresponden, derivándose una “reserva absoluta” de Ley en el
ámbito penal” (STC 283/2006), lo cual implica el carácter escrito
de la norma dado nuestro sistema de fuentes para el Derecho Penal
(lex
scripta).
De forma que las conductas constitutivas de delito deben aparecer
contempladas en una forma escrita con rango de ley, que además les
asocie una pena. Pero no sólo ésto”. “En
segundo lugar, en términos de la sentencia que se acaba de citar,
este principio incorpora otra garantía de carácter material y
absoluto, consistente en la “imperiosa
exigencia de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas
y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de
preceptos jurídicos (lex
previa)
que permitan predecir con el suficiente grado de certeza (lex
dichas conductas, y se sepa a qué atenerse en cuanto a la
responsabilidad y la eventual sanción (SSTC 25/2004, de 26 de
febrero, F. 4; 218/2005, de 12 de septiembre, F. 2; 297/2005, de 21
de noviembre, F. 6)”.
Consiguientemente,
el principio de legalidad, en cuanto impone la adecuada previsión
previa de punibilidad, solo permite la sanción por conductas que en
el momento de su comisión estuvieran descritas como delictivas en
una ley escrita (lex
scripta),
anterior a los hechos (lex
previa),
que las describa con la necesaria claridad y precisión (lex
y de modo que quede excluida la aplicación analógica (lex
stricta).
definitiva, exige lex previa, stricta, scripta y certa. De
esta forma, el
ejercicio del ius punendi del Estado queda limitado a aquellos casos
en los que haya mediado una advertencia previa a través de una ley,
de modo que el agente pueda ajustar su conducta de manera adecuada a
las previsiones de aquella. Previsibilidad que depende, en realidad,
de las condiciones objetivas de la norma, y no tanto de la capacidad
individual de previsión del sujeto. (…) El
artículo 607 bis del Código Penal entró en vigor el 1 de octubre de
2004, en fecha posterior a los hechos enjuiciados. Por lo tanto, sólo
sería posible su aplicación en el caso que pudiera establecerse que
se trata de una norma más favorable, lo cual exige la determinación
de la norma vigente al tiempo de los hechos. En
el Código español no existía en aquel momento ninguna norma que
estableciera una sanción para hechos descritos de la misma forma en
que aparecen en el referido artículo 607 bis.”
deja de sorprendernos la circunstancia de que el Tribunal español no
haya citado, en absoluto, al Jus Cogens.
que el Jus Cogens, para cierto grupo que se autodenomina “garantista”
o “progresista”, es la válvula que permite aplicar,
retroactivamente a un imputado, una ley penal cualquiera, sea o no
perjudicial para el encartado.
sea, constituye el mecanismo del que se sirve la Justicia Argentina,
para aplicar a un reo, en forma retroactiva, una norma penal que lo
perjudica.”
reconocer que no existía, al tiempo de ocurrencia de los eventos
criminosos, en el derecho interno español, una
tipificación para tales hechos criminales, el Tribunal
Supremo expresamente omite citar esas supuestas figuras delictivas,
que estaban como “flotando” en la
conciencia de los juristas, una suerte de
derecho pretoriano penal, prohibido por la ley española y por
nuestro sistema constitucional. Esa especie de “derecho
natural penal” tan repudiado por Hans Kelsen, quien sin embargo,
fue uno de los mentores del Tribunal Militar de Nuremberg, tantas
veces citado por los sedicentes defensores de los Derechos Humanos.
No pudo el Supremo subordinar legalmente a
ninguna figura penal internacional, la conducta juzgada, tanto
por no haberse sancionado la norma legal que la tipificaba como por
la circunstancia citada, de que no reconoce el “jus Cogens”. Nos
señala que no lo hace ya que entiende que “:
referencias a estas conductas en el Derecho Internacional Penal con
anterioridad a los hechos enjuiciados han
sido generalmente previas a su constatación
en normas de derecho interno”.
Termina señalando que: “Sin
embargo, ello no conduce directamente a la aplicación del Derecho
Internacional Penal, siendo
necesaria una previa transposición operada según el derecho
al menos en aquellos sistemas que, como
el español,
no contemplan la
eficacia directa de
las normas internacionales. La Constitución, artículos 93 y
siguientes, contiene normas dirigidas a la incorporación del derecho
internacional al derecho interno, que deben ser observadas.
este sentido, los Tribunales españoles no
son ni pueden actuar como Tribunales Internacionales,
solo sujetos a las normas de este carácter y a sus propios
estatutos, sino
Tribunales internos que deben aplicar su propio
No obtienen su jurisdicción del derecho internacional
consuetudinario o convencional, sino,
a través del principio democrático, de la Constitución Española y
de las leyes aprobadas por el Parlamento. El
ejercicio del Poder Judicial se legitima, así, por su origen.”.
sin tocar una coma, pueden ser aplicadas por nuestra CSJ a los casos
similares, sometidos a su conocimiento. Pero, lamentablemente,
arbitrariamente, deshonrosamente no lo hace. “Por
lo tanto, no es posible ejercer ese poder más allá de los límites
que la Constitución y la ley permiten,
ni tampoco en forma contraria a sus propias disposiciones”.
Finalmente, reseña el Tribunal Supremo que: “De
ellos cabe concluir que el Derecho Internacional consuetudinario no
es apto
según nuestras perspectivas jurídicas para
crear tipos penales completos que resulten directamente aplicables
por los Tribunales españoles”
y que “La vigencia del principio de legalidad, tal
como antes fue expuesto,
impide, pues, la
aplicación directa del derecho internacional Penal consuetudinario
única norma aplicable al caso. También
impide la
aplicación del artículo 607 bis como
normal penal sustantiva interna por
ser posterior a los hechos y
no más favorable.” Publicado por
El Principio de Legalidad que surge del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional exige que la ley penal sea previa,
scrpta y certa.,
Capítulo 647 - En España es absolutamente imposible aplicar, en forma retroactiva y perjudicial hacia los imputados, la norma internacional. (continuación)
a lo relacionado con el caso Scilingo, anteriormente referido,
(confr. Capítulo 628 In fine) que la justicia del Reino de España,
por medio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en fecha 29 de
enero de 2008, ha sentado jurisprudencia al respecto, la que por
cierto, y no nos extraña, es diametralmente opuesta a la que
enarbola nuestra justicia, con minúscula. (N°General
de Fiscalía 00757/2007).
Reseña el fiscal “Se
presentaron en el Juzgado, denuncias relativas a las desapariciones,
sacas, posibles asesinatos, detenciones ilegales, torturas y exilios
producidas durante la guerra civil española
(1936-1939) en
el ámbito territorial dominado por el bando nacional como
parte de una generalizada política represiva encaminada a eliminar
cualquier obstáculo en la implantación del nuevo estado debida a la
pervivencia de personas con ideología política opuesta y a suprimir
cualquier resistencia eliminando físicamente a una parte de la
población, exclusivamente,
por motivo de sus ideas políticas o, alternativamente, provocando su
exilio forzado por miedo a la represalia”.
(…) Dichas
denuncias de los hechos, tal cual formuladas,
la calificación jurídica de delito de lesa humanidad
del artículo 607 bis) 1., 1º y 2º., 1º (con causación de muerte
y aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 139 de
alevosía), 7º (detención ilegal) y 8º (tortura) del Código Penal
de 1995 (RCL 1995/3170 y RCL 1996, 777) (en la redacción dada por la
Ley 15/2003 de 25 de noviembre [RCL 2003/2744 y RCL 2004, 695, 903]
que entró en vigor el 1 de octubre de 2004).” Según
la denuncia “La definición del delito de lesa humanidad en
nuestro Código Penal viene
establecida sobre la base de la comisión de un hecho concreto:
homicidio; lesiones; detenciones ilegales, etc. (delito subyacente),
del contexto de un
ataque generalizado o
contra la población civil o
contra una parte de ella,…”.
calificación de delito de Genocidio o delito de Lesa Humanidad,
según ha resuelto el Supremo tiene la consecuencia de impedir la
Prescriptibilidad de los hechos. Se
plantea la aplicación retroactiva de una norma penal, a esas
conductas. Si
bien esos hecho estaban tipificados como delitos comunes, en el Cód.
Penal de la época, de la II República, aprobado en 1932,
no contenía esa concreta
tipificación internacional ni
exigía el tipo penal obrar con la finalidad “de acabar con un
grupo político o de asegurar el predominio frente a un sector de la
población que se considera sospechoso por sus ideas políticas,
todos los medios para ello.
Tales circunstancias se han planteado ante el Supremo in re Scilingo
el 01-10-2007, ocasión
en que resolvió ese Tribunal español, que es
absolutamente imposible aplicar, en forma retroactiva,
la norma penal internacional.”
Tribunal Supremo de España nos señala en ese fallo, que constituye
una suerte de leading case, que “no
corresponde aplicar retroactivamente una norma penal internacional
a hechos, que estaban
contemplados en la legislación interna del país, de
una u otra forma, como delitos comunes, es decir no como delitos
calificados en forma ordinaria.
la especial calificación derivada de la finalidad de acabar con un
utilizando todos los medios para ellos, incluso los más violentos.
Al contrario de lo
que sostiene la CSJ de la Argentina, el
Tribunal Supremo de España, consideró
en su fallo del 1º de octubre de 2007, que
normativa internacional citada.
exigencia de no vulnerar el principio de legalidad, que
supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones, que en
el momento de producirse no constituyan delitos o faltas, conforme la
legislación vigente al momento de comisión de los eventos que se le
imputan al encartado, constituye
“una garantía de índole formal, consistente en la
necesaria existencia de una norma con rango de Ley como
presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que defina las
conductas punibles y las sanciones que les corresponden, derivándose
una “reserva absoluta” de Ley en el ámbito penal” (STC
283/2006), lo cual implica el carácter escrito de la norma dado
nuestro sistema de fuentes para el Derecho Penal (lex scripta).
forma que las conductas constitutivas de delito deben aparecer
contempladas en una forma
con rango de ley, que además les asocie una pena.
Pero no solo ésto. En segundo lugar, en términos de la sentencia
que se acaba de citar,
absoluto, consistente
en la “imperiosa
exigencia de la predeterminación
normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones
es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex
responsabilidad y la eventual sanción
(SSTC 25/2004, de 26 de febrero, F. 4; 218/2005, de 12 de septiembre,
F. 2; 297/2005, de 21 de noviembre, F. 6)”. Consiguientemente,
el principio de legalidad, en
cuanto impone la adecuada previsión previa de punibilidad,
sólo permite la sanción por conductas que
en el momento de su comisión
estuvieran descritas como delictivas en una ley escrita (lex
estricta).
En definitiva, exige
lex previa, estricta, scripta y certa.
esta forma, el ejercicio del ius punendi del Estado queda limitado a
aquellos casos
los que haya mediado una advertencia previa a través de una ley, de
modo que el agente pueda ajustar su conducta de manera adecuada a las
previsiones de aquella.
Previsibilidad que depende, en realidad, de las condiciones objetivas
de la norma, y no tanto de la capacidad individual de previsión del
sujeto.” “Nos
llama la atención, que no se haya traído a colación, lo que
resulta de los fallos del Tribunal Supremo de España, ya que existe
en nuestra legislación penal, una gran afinidad con las normas que
rigen la materia de fondo, en ese país. En relación al origen
latino, con los agregados bizantinos y bárbaros de tal legislación,
que alguna vez supo estar vigente en esta tierra. Creemos que la
jurisprudencia de éste Tribunal es una fuente valiosa de
antecedentes en un terreno poco explorado, a la fecha.
Nótese que la ley escrita, adoptada por nosotros, como una herencia
de la Madre Patria, sigue
teniendo allí el mismo vigor de siempre. En
cambio, en la Argentina, en
forma paulatina nos
vamos deslizando hacia el conmon law. Es evidente que los fines, en
este caso, justifican los medios. Es innegable que existe
un ánimo de persecución hacia los imputados
de supuestas violaciones a los Derechos humanos, durante el lapso que
duró el Proceso en la Argentina. Nos satisface que la Justicia de
considera una exigencia para la norma penal,
que sea previa, estricta, escrita y cierta.
Demás está señalar,
que tales requisitos, defienden los derechos humanos de los
imputados. Y como los jueces de allí, no están ni siquiera rozados
por subalternos intereses, se limitan a repetir lo mismo que les
enseñaron sus maestros del derecho penal. En la Argentina,
arbitrariamente, se procede de otra forma. Publicado por
En España es absolutamente imposible aplicar,
en forma retroactiva y perjudicial hacia los imputados,
la norma internacional.
Capítulo 646 - El Derecho Internacional Consuetudinario es inidóneo para crear tipos penales (continuación)
cuestión decisiva también se
ha planteado con frecuencia en muchas otras situaciones de conflicto armado en distintos partes del mundo. La segunda
característica notoria de los conflictos armados de los últimos años ha sido la
duración de los conflictos armados. Al respecto, vale la pena
observar que el CICR despliega la mayoría de sus operaciones en países donde la
Institución está presente desde hace ya dos, tres o cuatro décadas, como en
Afganistán, Colombia, la República Democrática del Congo, Israel y territorios
ocupados, Filipinas, Somalia y Sudán. Estas situaciones prolongadas de
conflicto armado, a menudo atizadas por razones económicas relacionadas con el
acceso a recursos naturales, oscilan entre fases de alto y bajo grado de
intensidad e inestabilidad, sin que logren encontrarse soluciones encaminadas a
una paz duradera. Algunos conflictos armados, como el de Sri Lanka, han
terminado en la victoria militar de una parte sobre otra, pero ésto ha sido más
la excepción que la regla. Muy pocos han quedado definitivamente resueltos
mediante negociaciones de paz y, en varios casos, se han vuelto a desencadenar
conflictos armados entre viejos enemigos a pesar de los armisticios y acuerdos
de paz pactados. Además, las diferencias entre Estados aún por resolver han
tenido como consecuencia situaciones duraderas de ocupación a las que se aplican
las normas del IV Convenio de Ginebra y del DIH consuetudinario, aunque pocas
Potencias ocupantes, o ninguna, reconozcan que en su caso se aplique el derecho
de la ocupación. A menos que se encuentren soluciones políticas a las causas
iniciales de las ocupaciones que aún perduran, la población civil afectada por
estas situaciones seguirá sufriendo las consecuencias del desposeimiento y de
la violencia.”
(Originado
en: http://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf
- extraído de un artículo originado en el CICR).
sobre si existió o no un conflicto armado no internacional,
en la Argentina, durante la década del 70 debemos añadir que tampoco la
categoría de crímenes de guerra sería aplicable a los hechos del caso, según
las conclusiones a las que arribemos. Acude a nuestro recuerdo, habida cuenta la tesitura Fiscal tantas veces
citada, el antiguo dicho “El Pez por la
boca muere”. Tozudamente nuestros
magistrados sostienen que no existió
un CANI en la Argentina, siendo
acompañados por el Ministerio Fiscal quien nos señala los fundamentos de tal aserto: “Ello no sólo porque,
1970, no estaban internacionalmente
criminalizadas las violaciones al derecho
internacional humanitario aplicable a
conflictos armados internos,
porque tampoco puede afirmarse que haya existido en este país un conflicto
armado interno en esos años -dado que no median elementos que acrediten que alguna agrupación
política haya tenido control sobre alguna parte del territorio argentino o que hayan
desarrollado operaciones armadas de la envergadura y prolongación en el tiempo
que exige este concepto.”
vamos acercando, paso a paso, a lo medular de esta pintoresca postura jurídica,
que como hemos señalado a través de lo anteriormente reseñado, de trágica se
vuelve arbitraria e injusta, costándole eventualmente la libertad personal a
ciudadanos víctimas del cainismo, motor principal que anima a la vendetta que
alimenta a nuestra Procuración General, creyendo de tal suerte interpretar los
deseos íntimos que animan a nuestra ciudadanía. El relato otra vez. Como hemos recordado
precedentemente en este Ensayo, ayudados por las sutiles conclusiones a las que
arribara el brillante y sagaz profesor
Malarino, respecto a las infracciones
internacionales citadas en numerosas ocasiones: “A pesar de lo
afirmado por la CSJN, la calificación de los
hechos como
crímenes contra la humanidad con base en el derecho consuetudinario es problemática para el
principio de legalidad. Un principio de
legalidad tan débil, concebido como mero nullum crimen sine iure, no satisface las
exigencias del art. 18 CN. Esta disposición
constitucional requiere una "ley anterior al hecho" y esa ley sólo puede ser aquella dictada por el
Congreso de la Nación, que en el ordenamiento jurídico argentino es el único órgano
autorizado a dictar leyes penales (art. 75 inciso 12 CN). De este modo, la
misma Constitución argentina exige una ley formal del Congreso para satisfacer el principio de legalidad. Esta decisión del constituyente tiene un fundamento en el
principio de división de poderes.”
Dado que el legislador representa la soberanía popular, el proceso
de discusión y aprobación de las leyes en el Parlamento otorga a la norma
legitimidad democrática. Si bien la aplicación de una norma consuetudinaria que
efectivamente es sentida y practicada por la comunidad como norma vinculante de
derecho podría en parte atenuar esta objeción, pues en ese caso podría
argumentarse que es el pueblo quien, en cierto modo, legisla directamente,
esto no ocurre cuando, como en el caso, se trata de una costumbre
internacional, a cuya formación participan Estados y no individuos. Si es que existe algo parecido a un componente democrático en
las normas creadas por prácticas de Estados -ya el nombre
"democracia" como "gobierno del pueblo" no parece adecuado
para describirlo-, es seguro que ello, sea lo que fuere, tiene un cariz muy
diverso al de la norma consuetudinaria interna y aún más al de una norma del
poder legislativo. La singularidad de la sanción penal fundamenta claramente la
necesidad de legitimidad democrática de la norma penal y, por ello, la
necesaria intervención del parlamento. La aplicación de la pena constituye una injerencia tan dura en los derechos del ciudadano que la determinación de
sus presupuestos de aplicación sólo puede ser efectuada por la instancia que más directamente
representa al pueblo como titular del poder del Estado. El reemplazo de una ley formal del
parlamento por una norma consuetudinaria identificada judicialmente
afecta el principio de división de poderes que es uno de los valores
fundamentales que protege el principio de legalidad del art. 18 CN. Esta
disposición exige un principio de legalidad fuerte y no uno débil como propone
la CSJN.” (Confr.
Capítulo 619). La precedente opinión no es aislada, ni propia de este continente.
En España el Tribunal Supremo, al intervenir in re Scilingo, se enrola en esta
misma postura jurídica, adhiriendo a lo anteriormente reseñado. Reseña ese Tribunal, al tratar el ingreso en
el derecho interno, de los delitos internacionales, referidos en los tratados o
convenciones internacionales rubricados por España, que es imprescindible activar los
mecanismos legislativos previstos en la Constitución española. Afirma: “ (…) siendo necesaria una
previa trasposición operada según el derecho interno, al menos en aquellos
sistemas que, como el español, no contemplan la eficacia directa de las normas
internacionales. La Constitución, artículos
93 y siguientes, contiene normas dirigidas a la incorporación del derecho
internacional al derecho interno, que deben ser observadas. En este sentido, los Tribunales
españoles no son ni pueden actuar como Tribunales Internacionales, sólo sujetos a las
normas de este carácter y a sus propios estatutos, sino Tribunales
internos que deben aplicar su propio ordenamiento. No obtienen su
jurisdicción del derecho internacional consuetudinario o convencional, sino a través del
principio democrático, de la Constitución Española y de las leyes aprobadas por el Parlamento. El ejercicio del
Poder Judicial se legitima, así, por su
origen. Por lo tanto no es posible ejercer ese poder más allá de los límites que la Constitución y la
ley permiten, ni tampoco en forma contraria a sus propias disposiciones”. Y finaliza expresando que “De ellos cabe concluir que el Derecho Internacional consuetudinario no es apto, según nuestras
perspectivas jurídicas para crear tipos penales completos que resulten directamente
aplicables por los Tribunales españoles” y que “La vigencia del principio
de legalidad, tal como antes fue
expuesto, impide, pues, la aplicación directa del derecho internacional penal
consuetudinario como única norma aplicable al caso. También impide la aplicación del artículo 607 bis como norma
penal sustantiva interna por ser posterior a los hechos y no ser más favorable.”. Originado en: http://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf “
momento de los hechos no existía -y posiblemente ni aún hoy exista- la claridad necesaria sobre la definición del crimen contra la humanidad como para poder
afirmar que ya había una costumbre internacional. Basta echar una mirada a las diferentes formulaciones de este crimen en el derecho
internacional para darse cuenta de que lo único cierto es que no hay certeza sobre cuáles son sus elementos
constitutivos. Más allá de algunas
variaciones en cuanto a las conductas individuales, el llamado elemento de contexto - cuyo acaecimiento
convierte un crimen del derecho penal común en un crimen contra la humanidad y
justifica, según el derecho internacional, el tratamiento diferencial-ha cambiado en casi todas las
oportunidades en las que la comunidad internacional lo ha definido. Con razón ha sido afirmado que de todas las formulaciones sobre
el elemento de contexto del crimen contra la humanidad existentes a nivel
internacional "el único denominador común es el hecho de que alguna clase
de contexto ha sido requerido". “A
lo sumo, se
podría conceder que algo de certeza comienza a haber a partir de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, pero, de todos modos, en cuanto a los hechos juzgados en la sentencia bajo análisis esta formulación no
puede ser utilizada sin que se haga una aplicación retroactiva de la ley. Si esto es así, difícilmente pueda hablarse de costumbre internacional.” Publicado por
El Derecho Internacional Consuetudinario es inidóneo para crear tipos penales

References: artículo 3
 artículo 1
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 artículo 607
 artículo
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In fine
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 artículo 139
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