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Timestamp: 2020-08-07 10:17:54+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Febrero de 2003. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Serie C No. 98 - Jurisprudencia - VLEX 428298310
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Febrero de 2003. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Serie C No. 98
Caso: Cinco Pensionistas Vs. Perú
Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú
Sentencia de 28 de febrero de 2003
En el caso “Cinco Pensionistas”,
C.V. de R.R., Juez; y
J. de B.L. de Romaña, J. ad hoc;
de conformidad con los artículos 29, 55, 56 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)** y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la presente Sentencia.
El 4 de diciembre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la cual se originó en la denuncia Nº 12.034, recibida en la Secretaría de la Comisión el 1 de febrero de 1998.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 25 (Protección Judicial) y 26 (Desarrollo Progresivo) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de dicho tratado, debido a la modificación en el régimen de pensiones que los señores C.T.B., J.M.R.-Huidobro, G.Á.H., R.B.V. y M.G.F. (en adelante “las presuntas víctimas”, “los cinco pensionistas” o “los pensionistas”) venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992, y por el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú “que ordenaron a órganos del Estado peruano pagar a los pensionistas una pensión por un monto calculado de la manera establecida en la legislación vigente para el momento en que éstos comenzaron a disfrutar de un determinado régimen pensionario”.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que otorgara una compensación por el daño moral causado a las presuntas víctimas, y que cumpliera con lo dispuesto en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 2 de mayo, 28 de junio, 1 y 19 de septiembre, y 10 de octubre, todas de 1994, y las emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú el 9 de julio de 1998, 3 de agosto y 21 de diciembre, ambas de 2000, de manera que las presuntas víctimas y sus familiares recibieran las diferencias que se les dejaron de pagar en el monto de sus pensiones desde noviembre de 1992 y los respectivos intereses, así como que se les continuara pagando un monto nivelado de sus pensiones. Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que derogara y cesara, de manera retroactiva, los efectos del artículo 5 del Decreto-Ley Nº 25792 de 23 de octubre de 1992. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que investigara los hechos, estableciera las responsabilidades por la violación a los derechos humanos cometida en el presente caso, y condenara al Estado a pagar las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano.
El Perú es Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención.
El 1 de febrero de 1998 los señores C.T.B., J.M.R.-Huidobro, G.Á.H., R.B.V., y S.C. viuda de G., así como el Programa de Derechos Humanos del Centro de Asesoría Laboral del Perú (en adelante “CEDAL”) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana. Dicha denuncia fue ampliada el 3 de junio de 1998 por estas últimas dos organizaciones.
El 16 de julio de 1998 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el Nº 12.034.
El 27 de septiembre de 1999 la Comisión aprobó el Informe Nº 89/99, mediante el cual declaró admisible el caso y, el 18 de octubre de 1999, se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.
El 5 de marzo de 2001 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 23/01, mediante el cual recomendó al Estado:
Reparar adecuadamente a los señores T.B., M.R.-Huidobro, Á.H., B.V., y a los familiares del señor G.F., en los términos del artículo 63 de la Convención Americana, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de sus derechos humanos, y en particular,
Pagar de inmediato a los señores T.B., M.R.-Huidobro, Á.H., B.V., y a los familiares del señor G.F., la diferencia en el monto de las pensiones niveladas que les ha dejado de pagar desde noviembre de 1992 hasta la presente fecha. A los efectos de calcular dicha diferencia el Estado deberá tomar en cuenta el monto de las pensiones que les ha ido pagando, en contraste con el monto de las pensiones que les debía pagar, con base, como explicado anteriormente, en el derecho adquirido de las víctimas a percibir una pensión de cesantía nivelada progresivamente con la remuneración del titular en actividad de la Superintendencia de Banca y Seguros que haya ocupado el mismo puesto, o función análoga, a la que desempeñaban los mencionados señores para la fecha de su jubilación.
En lo sucesivo, pagar a los señores T.B., M.R.-Huidobro, Á.H., B.V., y a los familiares del señor G.F. una pensión nivelada, calculada bajo los parámetros en que lo venía haciendo hasta agosto de 1992, es decir, de manera nivelada progresivamente con la remuneración del titular en actividad de la Superintendencia de Banca y Seguros que haya ocupado el mismo puesto, o función análoga, a la que desempeñaban los mencionados señores para la fecha de su jubilación.
Derogar y hacer cesar, de manera retroactiva, los efectos del artículo 5o. del Decreto Ley N˚ 25792 del 23 de octubre de 1992.
Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos con el objeto de establecer responsabilidades por el incumplimiento de las mencionadas sentencias dictadas en 1994 por la Corte Suprema de Justicia del Perú y en julio de 1998 por el Tribunal Constitucional, y que por la vía de los procesos penales, administrativos y de otra índole a que haya lugar, se apliquen a los responsables las sanciones pertinentes, adecuadas a la gravedad de las violaciones mencionadas.
El 9 de marzo de 2001 la Comisión transmitió el informe anteriormente señalado al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones realizadas. El 31 de mayo de 2001 el Estado solicitó una prórroga de cuatro meses, contada a partir de ese mismo día, con el objeto de cumplir con las recomendaciones formuladas; ésta le fue otorgada. El 14 de mayo y el 10 y 27 de septiembre de 2001 el Estado informó a la Comisión las acciones que estaba efectuando con el propósito de cumplir con las referidas recomendaciones.
El 1 de octubre de 2001 el Estado solicitó a la Comisión una nueva prórroga de dos meses para cumplir con las recomendaciones, la cual le fue otorgada al día siguiente, contada a partir del 1 de octubre de 2001.
Mediante escrito de 11 de octubre de 2001 CEDAL señaló que incorporaba al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) como copeticionaria en este caso.
El 3 de diciembre de 2001 la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte.
La Comisión presentó la demanda ante la Corte el 4 de diciembre de 2001.
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, la Comisión designó como delegados a los señores H.B. y S.C., y como asesores jurídicos a los señores I.Á. y A.D.. Asimismo, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento, la Comisión indicó el nombre y la dirección de las presuntas víctimas e informó que éstas estarían representadas por el señor J.M.P. de CEDAL y por la señora M.C.G. de CEJIL.
El 11 de enero de 2002 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), y de conformidad con el artículo 34 del Reglamento, solicitó a la Comisión que remitiera, en el plazo de veinte días, determinados anexos de la demanda que se encontraban incompletos o ilegibles. El 4 de febrero de 2002 la Comisión presentó los anexos indicados.
El 17 de enero de 2002 la Secretaría, previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente, la notificó al Estado junto con sus anexos, y le informó sobre los plazos para contestarla y nombrar su representación en el proceso. Además, ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del P. y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento y en el artículo 10 del Estatuto de la Corte, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del presente caso. Igualmente, en esa misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.4 y 35.1.e) del Reglamento, la demanda se notificó a los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares, CEDAL y CEJIL, en las personas de J.M.P. y M.C.G., respectivamente, para que presentaran el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Además, de conformidad con el artículo 35.1.d) del Reglamento, la demanda se notificó al denunciante original, señor F.S., D. General de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
El 14 de febrero de 2002 el Estado presentó una nota, mediante la cual informó que había designado al señor J. de B.L. de Romaña como J. ad hoc y al...

References: artículo 63
 artículo 51
 artículo 5
 artículo 50
 artículo 63
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 35