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Timestamp: 2020-07-14 23:16:28+00:00

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Suspensión de plazos procesales y administrativos. Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de acciones. | Martinez-Olivares Abogados
Suspensión de plazos procesales y administrativos. Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de acciones.
1.1. Plazos procesales: La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acuerda la suspensión de los plazos procesales para todos los órdenes judiciales, con una serie de excepciones que constan en el propio precepto que, al efecto, transcribimos:
2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
Materializando lo expuesto en el párrafo transcrito, en fecha 14 de marzo de 2020 el Consejo General del Poder Judicial acordó la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales.
¿Qué se consideran servicios esenciales? Por acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, tendrán la condición de servicios esenciales:
En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada)”.
Fuera de las actuaciones enumeradas, la actividad judicial se encuentra paralizada como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma.
1.2. Plazos administrativos: La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acuerda la suspensión de términos y plazos de actuaciones que se tramitan ante el sector público. Dispone el citado precepto:
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma”.
La disposición adicional tercera ha sido objeto de interpretación por parte de la Abogacía General del Estado, en cuanto a la matización entre “suspensión” o “interrupción” de los plazos. En este sentido, la Abogacía General del Estado ha matizado que debemos atender a la rúbrica del precepto y entender que estamos ante un supuesto de “suspensión de plazos procedimentales”. Es decir: “La suspensión de un plazo implica que el mismo se detiene, se “congela en el tiempo” en un momento determinado debido al surgimiento de algún obstáculo o causa legal, reanudándose, cuando dicho obstáculo o causa ha desaparecido, en el mismo estado en el que quedó cuando se produjo la suspensión. Es decir, si un plazo de 30 días se suspende en el día 15, en el momento de la reanudación quedarán sólo otros 15 para que expire”. Es decir: el plazo se reanuda, no se reinicia (que es lo que pasaría de interrumpirse).
1.3. Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de las acciones. La Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acuerda la suspensión de todos los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos durante el estado de alarma. Establece al respecto, lo siguiente:
Es decir: si esta semana nos vencía el plazo de un año para reclamar los daños sufridos como consecuencia de un accidente de circulación; o por los daños en nuestra vivienda como consecuencia de una filtración de agua originada en el piso superior; o los cinco años para reclamar cantidades debidas de un incumplimiento contractual, por citar varios ejemplos: se suspenden esos plazos para interponer demanda mientras se mantenga el estado de alarma.
¿Tienes dudas sobre cómo afecta la declaración del Estado de Alarma a la tramitación de tu expediente judicial o administrativo? ¿Estás pendiente de una actuación urgente? ¿Tienes un problema y no sabes si tienes que reclamar ahora o no puedes hacerlo hasta que finalice el estado de alarma?

References: Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 763
 artículo 158
 Real Decreto 
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