Source: http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/CODIGO%20GENERAL%20DEL%20PROCESO.php
Timestamp: 2017-03-30 06:34:17+00:00

Document:
1736 DE 2012
Mp. Dr.
Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente,
discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su
monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del
traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique
razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la
objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo
la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando
no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier
otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para tasar el valor pretendido. Si la cantidad estimada excediere
en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien
la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%)
de la diferencia. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en
el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con
relación con la suma indicada en el juramento. El juramento estimatorio no
aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco
procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o
mejoras, sea un incapaz.
Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere
este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de
demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco
(5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron
por falta de demostración de perjuicios. Juramento estimatorio-Reconocimiento
de indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras, condena en costas.
Ejercicio de derechos procesales-Deberes de las partes y apoderados.
Principio de buena fe. Negación de pretensiones por falta de demostración de
perjuicios. Libertad de configuración legislativa en materia procesal y
medios de prueba. Deberes, obligaciones y cargas procesales. Derecho de
acceso a la administración de justicia. Carga procesal-Responsabilidad de las
partes en el proceso. Temeridad y mala fe. Régimen de responsabilidad de las
partes y apoderados cuando su conducta se aleja de la probidad y de la buena
fe. Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos.
estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización,
compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente
bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada
uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su
cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado
respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la
inexactitud que se le atribuya a la estimación.
la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que
hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.
cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude,
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.
cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte
probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma
equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.
no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio,
salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la
demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno
derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la
condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el
juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización,
compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.
También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los
eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los
perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas”.
de acceso a la administración de justicia o derecho a la tutela judicial
efectiva. Libertad de configuración legislativa en materia procesal. Debido
proceso-Proporcionalidad y razonabilidad. Deberes, obligaciones y cargas
procesales. Juramento estimatorio en la legislación colombiana. Juramento
estimatorio-Tipos, requisito en procesos por indemnización, compensación o
pago de frutos o mejoras. Derecho de defensa. Principio de buena fe y lealtad
procesal. Juramento estimatorio incorrecto por exceso en las pretensiones y
pretensiones desestimadas. Cosa juzgada constitucional. Demanda de
inconstitucionalidad-Requisitos.
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
estimatorio-Cosa juzgada constitucional absoluta. Cosa juzgada constitucional
relativa. Cosa juzgada aparente. Doctrina de la constitución viviente.
de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.
autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán
funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:
Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:
Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del
Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que
surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas
relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera,
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.
autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:
Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de
Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los
Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los
derechos de obtentor de variedades vegetales.
Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la
dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá,
bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia
en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido
en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia
han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio,
Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los
asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de
personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de
2006de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. También podrá
asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien
procesos judiciales de declaración de pertenencia con miras al saneamiento de
Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia
societaria, referidas a:
controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas
y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.
resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los
accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores,
en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.
impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de
cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con
todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios
que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia
exclusiva del Juez.
declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la
personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se
utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los
accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o
facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo,
conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles
perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.
declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del
derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los
casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los
accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el
propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener
para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que
pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.
1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan
competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por
la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en
estos determinados asuntos.
autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio
de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los
funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén
habilitados para ello, su delegado o comisionado.
2°. Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta
ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias
precisas que aquí se les atribuyen, administrarán justicia bajo el principio
de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades
informarán las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas
3°. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las
mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces.
providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de
funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción
apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en
primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán
por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido
competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y
la providencia fuere apelable.
la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los
asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única
4°. Las partes podrán concurrir directamente a los procesos que se tramitan
ante autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales
sin necesidad de abogado, solamente en aquellos casos en que de haberse
tramitado el asunto ante los jueces, tampoco hubiese sido necesaria la
concurrencia a través de abogado.
5°. Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización,
de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización,
serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el
6°. Las competencias que enuncia este artículo no excluyen las otorgadas por
otras leyes especiales por la naturaleza del asunto.
Nacional del Derecho de Autor y derechos conexos-Asignación de funciones
jurisdiccionales. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina-Interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico andino.
Atribución de funciones judiciales a las autoridades administrativas-Reglas,
instrucción de sumarios o juzgamiento de delitos. Reserva legal.
Imparcialidad e independencia de funcionarios administrativos.
tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:
Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía,
de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de
parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la
parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará
cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que
se notificará por estado.
dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la
carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida
tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la
que además impondrá condena en costas.
no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte
demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la
demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones
encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.
Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus
etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se
solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en
primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última
notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o
de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad
de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o
perjuicios a cargo de las partes.
desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:
el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo
que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;
será de dos (2) años;
Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier
naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;
Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación
correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares
providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y
será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La
providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;
decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la
demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la
providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de
obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los
efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la
inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido
la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la
actuación cuya terminación se decreta;
Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y
en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido.
El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos
hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los
documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento
ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de
ello ante un eventual nuevo proceso;
presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan
de apoderado judicial.
Corte constató que la presente demanda no satisface los mínimos
argumentativos de certeza y especificidad que se exige de los cargos de
inconstitucionalidad. La demanda plantea que la norma objeto de su censura
vulnera el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 C.
Po.), porque permite aplicar el desistimiento tácito incluso cuando ya existe
sentencia ejecutoriada, si la parte que tiene la carga de impulsarlo no
solicita o realiza ninguna actuación durante el término de dos años. No
obstante, al ocuparse de los parámetros, la demandante incurre en un yerro:
para referirse a la cosa juzgada en el ámbito del Código General del Proceso
trae a cuento la cosa juzgada constitucional, lo cual es grave porque se
trata de asuntos disímiles, al punto de que en ningún evento se aplica el
desistimiento tácito en el proceso constitucional, por lo cual no es posible
siquiera que la cosa juzgada constitucional pueda ser vulnerada o desconocida
por el precepto acusado. Por lo tanto, al no haber una contradicción posible
entre las expresiones que se impugnan del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012
y el artículo 243 de la Constitución, el cargo no satisface el requisito de
certeza. La demanda no solo no muestra, sino que no puede mostrar la
vulneración de la cosa juzgada, por obedecer a un entendimiento subjetivo e
injustificado de la norma cuestionada, razón por la cual, la Corte procedió a
abstenerse de emitir una decisión de fondo.
inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la
Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:
bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la
Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de
participación, regalías y recursos de la seguridad social.
recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el
cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de
Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar
órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley
fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable,
deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su
una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la
cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción,
el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden
judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los
recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá
informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre
el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan
la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá
pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la
regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario
no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.
evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de
embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los
recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas
condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por
cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a
disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la
providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene…”
Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad que formula el actor en
esta oportunidad carecen de certeza y pertinencia, porque toda su
argumentación gira en torno a apreciaciones subjetivas del contenido de los
apartes normativos demandados y en hipótesis que no se derivan de su texto. A
lo anterior se suma que el demandante parte de una indebida interpretación de
las normas acusadas, toda vez que no armoniza el conjunto de normas constitucionales
y legales que protegen los recursos de naturaleza pública frente al contenido
de las normas atacadas, ni hace alusión a los diversos mecanismos jurídicos
consagrados en la ley a favor de los acreedores para hacer exigibles sus
créditos ante las entidades del Estado.
de legislación.- Los procesos en curso al entrar a regir este código, se
someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:
reglas sobre competencia previstas en este código, no alteran la competencia
de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se
hubiere presentado la demanda. Por tanto, el régimen de cuantías no cambia la
competencia que ya se hubiere fijado por ese factor.
embargo, los procesos de responsabilidad médica que actualmente tramitan los
jueces laborales, serán remitidos a los jueces civiles competentes, en el
estado en que se encuentren”.
Corte Constitucional encontró que la modificación de competencia para conocer
de los procesos de responsabilidad médica en curso, pretende resolver una
incertidumbre en torno al ramo de la justicia ordinaria que tenía a su cargo
atribución de resolver los procesos por responsabilidad médica que no fueran
de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, provocada de una
parte, por la legislación procesal, pero también, por un conflicto entre la
justicia laboral y la civil respecto de esa cuestión. La Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo reiteradamente que la
justicia laboral ordinaria era la competente, en virtud del artículo 2º de la
Ley 712 de 2001. Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
opinaba lo contrario, puesto que en su concepto, le correspondía a la
jurisdicción civil, en forma privativa, exclusiva y excluyente, la
competencia para conocer de que los asuntos concernientes a la
responsabilidad médica, con excepción de los atribuidos a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo y a la jurisdicción laboral en materia de
seguridad social integral, en cuanto hace exclusivamente al régimen económico
prestacional y asistencial consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus
disposiciones complementarias. Para la Corporación, esta situación, antes de
la reforma demandada, atentaba contra el derecho a la predeterminación legal
del juez competente (juez natural). El artículo 29 de la Constitución debe
ser interpretado de conformidad con los tratados sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (art. 93 C. Po.) y entre estos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1 establece que toda
persona tiene derecho a no ser juzgada sino con las debidas garantías, por un
juez o tribunal competente “establecido con anterioridad por la ley”. En este
sentido, el numeral 8 del artículo 625 del Código General del Proceso que
aquí se demanda, vino a zanjar las diferencias estableciendo de manera clara
la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica en
cabeza de los jueces civiles competentes y para tal efecto, ordenando la
remisión a estos de los procesos actualmente en curso ante los jueces
juicio de la Corte, la medida demandada persigue una finalidad no solo
permitida sino de hecho ordenada por la Constitución, interpretada de
conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, tal como lo dispone el artículo 93 de la Carta política. Por otra
parte, la reforma acusada es idónea para afrontar esa preocupación, en la
medida en que contribuye a predeterminar -con mayor precisión- el ramo de la
justicia ordinaria competente para conocer y resolver los procesos de
responsabilidad médica que no sean de conocimiento de la jurisdicción
contencioso administrativa. Presta entonces una contribución positiva para
alcanzar el fin que persigue. En esa medida, la Corte no consideró que la
disposición censurada viole el derecho fundamental al juez natural o
competente y antes al contrario, es un instrumento al servicio de la
protección de esa garantía. Por lo expuesto, el inciso segundo del numeral 8
del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, se declaró ajustado a la
Constitución, frente al cargo examinado.
de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos.
Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá
acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la
Nación, en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su
intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así
como en la audiencia de conciliación correspondiente.
necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos,
cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en
los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de
carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.
entidades públicas en los procesos declarativos que se tramitan ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo contra particulares, podrán solicitar las
medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código
de 2012, por los cargos analizados en esta sentencia. AV MVCC
Corte precisó, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que las medidas cautelares
en estos procesos, por regla general, no son decretadas sin que el demandado
–que en la mayoría de eventos corresponde a una entidad pública- haya tenido
oportunidad de participar en el debate sobre su necesidad y conducencia, así
como sobre lo proporcional que resultan en el caso concreto. En consecuencia,
no es viable sostener que en el procedimiento contencioso administrativo la
práctica de medidas cautelares involucra, como principio general de la
actuación, el desconocimiento de la parte demandada respecto de la solicitud
por parte del demandante y del debate sobre su decreto ante el juez
competente para decretarla. Es decir, no se aprecia la existencia de una
regulación que tenga por fin sorprender a la parte demandada con el decreto
de medidas cautelares, por lo que la audiencia de conciliación prejudicial no
altera el principio de regulación existente en esta materia. El que no se
informe previamente a la parte demandada sobre el decreto de una medida
cautelar no tiene como fin sorprenderla, sino que se fundamenta únicamente en
la urgencia o premura con que se requiere la medida cautelar, indispensable
para asegurar la protección de un interés de igual o mayor valía que el
derecho al debido proceso de la parte demandada, lo que valorará el juez
administrativo en cada caso. De todos modos, la parte demandada es informada
e invitada a manifestar su posición respecto del decreto de medidas
cautelares (art. 233 CPA y CA). Por esta razón, no se desconoce el derecho de
parte, el Tribunal consideró que la realización de la audiencia de
conciliación cuando se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial,
no constituye un obstáculo que desconozca el acceso inmediato a la
administración de justicia. Por el contrario, de acuerdo con la
jurisprudencia, su realización se ha constituido en una de las formas en que
puede concretarse los contenidos iusfundamentales que esta garantía
incorpora. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico carece de fundamento
entender que existe un bloqueo al derecho de acceso a la administración de
justicia por la mera exigencia de realizar audiencia de conciliación, incluso
si se toma en consideración el tiempo que implica llevarla a cabo, ya quela
ley prevé un tiempo máximo. Esa obligación constituye una forma de garantizar
los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
por cuanto la conciliación configura uno de los recursos efectivos que están
previstos para la salvaguarda de los derechos de que son titulares las personas
dentro de un Estado social de derecho. Por tanto, resulta un mecanismo eficaz
para la resolución de las controversias y la concreción del derecho de acceso
el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas,
al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a
particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto
admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades
públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se
deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos
hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las
personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje
dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere
el artículo 197 de este código.
misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los
particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica
por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales.
mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de
la providencia a notificar y de la demanda.
presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del
destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el
evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a
disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto
notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de
veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá
remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado,
copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las
copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con
lo establecido en este inciso.
procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada
una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos
previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto
notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en
los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se
refiere este artículo para la parte demandada”.
Corte constató que en el presente caso, no se cumplían en debida forma los
requisitos de especificidad, certeza y claridad del cargo de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. En efecto, el actor no
aporta las razones por las cuales el legislador debía incluir al quejoso
entre los intervinientes en el proceso disciplinario y otorgarle las mismas
facultades. Tampoco, expone los argumentos por los que el tratamiento
diferente previsto en las normas acusadas lleva consigo la infracción de un
deber constitucional específico a cargo del legislador, que le imponga un
trato equivalente de interviniente al quejoso dentro del proceso
efecto, el demandante se limita a narrar las circunstancias de un caso
concreto en que actuó como quejoso en un proceso disciplinario contra dos
abogados, en el cual tuvo que sujetarse a las limitaciones procesales
previstas en la Ley 1123 de 2007. La Corte advirtió que, si como lo ha
establecido la jurisprudencia constitucional, la exclusión del quejoso de los
intervinientes en el proceso disciplinario se explica porque la finalidad
principal del mismo es la de determinar la infracción de los deberes profesionales
o de los deberes de los servidores públicos y no la de garantizar los
derechos de los quejosos, tendría que indicarse en la demanda cuál es el
mandato constitucional que obligaría al legislador a asimilar el quejoso a
los demás sujetos que intervienen en el proceso disciplinario.
estas circunstancias, lo procedente en este caso, era inhibirse de emitir una
decisión de fondo ante la ausencia de cargos formulados en debida forma.
Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las
designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza
habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como
defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el
designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor
de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a
asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar,
para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.
Lo dispuesto en este artículo no afectará la competencia de las autoridades
administrativas para la elaboración de las listas, la designación y
exclusión, de conformidad con lo previsto en la ley.”.
Corte Constitucional determinó que el legislador no desconoció los derechos a
la igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad
litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a prestar sus
servicios de manera gratuita, según lo previsto en el artículo 48, numeral 7
de la Ley 1564 de 2012, aunque los demás auxiliares de la justicia sí sean
juicio de la Corte, se trata de un trato diferente que se funda en un
criterio objetivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo,
asegurar el goce efectivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo,
cual es el de asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia, por un
medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Además, no constituye una
carga que no es desproporcionada y que, inspirada en el deber de solidaridad,
permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de dimensiones
sociales, como lo es prestar servicios jurídicos, colaboren en la garantía
efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta pueda
verse obstaculizada por la ausencia de las partes.
A LO RESUELTO en la sentencia C-436 de 2013, en relación con el cargo por
Corte constató que mediante la sentencia C-436 de 2013, ya se pronunció
acerca de la constitucionalidad de la norma demandada en esta oportunidad
frente a los mismos cargos formulados, de manera que no procedía un nuevo
pronunciamiento sino que había de limitarse a estar a lo resuelto en la
citada providencia. Cosa juzgada sobre la constitucionalidad de las funciones
jurisdiccionales asignadas a la dirección nacional de derechos de autor,
frente al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.
de la demanda. A la demanda debe acompañarse:
prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere lugar.
Corte constató la existencia de cosa juzgada en relación con las normas
demandadas de la Ley 1653 de 2013, toda vez que mediante sentencia C-169 de
2014 se pronunció sobre la inconstitucionalidad de los artículos 4º a 9º de
la citada ley. Como esos artículos contenían los elementos estructurales del
arancel judicial, el Tribunal estimó que su inconstitucionalidad comportaba
la declaratoria de inexequibilidad de toda la Ley 1653 de 2013, de modo que
debe limitarse a estarse a lo resuelto en dicha providencia. En relación con
el artículo 84, numeral 4 de la Ley 1564 de 2012, la Corte encontró que no
prevé por sí solo las consecuencias jurídicas que plantea el actor, lo que
desvirtúa la suficiencia de la argumentación. En efecto, la demanda plantea
que el pago del arancel judicial antes de iniciarse un proceso es
necesariamente inconstitucional, posición que no ha sido asumida por este
Tribunal, como intérprete auténtico de la Constitución Política. Como el
demandante asume esa prohibición de forma absoluta, no cuestiona ni presenta
argumentos relacionados con la proporcionalidad o razonabilidad de ese
requisito de admisión de la demanda, que puedan ser analizados en sede de
constitucionalidad. De igual manera, el demandante, al momento de presentar
la acción, se basó en una interpretación sustentada en el artículo 6º de la
Ley 1653 de 2013 que establecía la obligación de declarar la terminación del
proceso ante la ausencia de pago de la contribución. Además, las
consideraciones que la Corte sentó en la decisión C-169/14sobre la potencial
validez de contribuciones parafiscales previa la iniciación de un proceso
judicial, generaban la necesidad de una argumentación poderosa para
cuestionar, de forma independiente, el numeral 4º del artículo 84 del Código
General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Por lo tanto, la Corte se declaró
inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la
expresión cuestionada.
designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza
2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho
Declarar EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita
como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 del Código General del
Proceso (Ley 1564 de 2012), por el cargo de presunto desconocimiento del
manera previa, la Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional
en relación con la expresión acusada del numeral 7 del artículo 48 de la Ley
1564 de 2012, frente a los cargos relativos al principio de igualdad y al
derecho al trabajo. Por tal motivo, dispuso estar a lo resuelto en la
sentencia C-083/14y procedió a analizar el cargo referente al
desconocimiento del derecho al mínimo vital. La Corporación determinó que de
la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración
mínima vital y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como
curadores ad litem. Como ya lo estableció en la citada sentencia C-083/14, la
labor que realizan los abogados designados como curadores ad litem no obedece
al cumplimiento de funciones en desarrollo de un contrato de trabajo o un
contrato de prestación de servicios regido por la exclusividad, ni tampoco de
una relación laboral legal y reglamentaria como la desempeñada por los
servidores públicos, sino a un gestión impuesta a estos profesionales en
virtud del principio de solidaridad. La inexistencia de una relación laboral
descarta entonces, el deber de garantizar a los curadores ad litem, del derecho
a recibir una remuneración mínima vital y móvil consagrada en el artículo 53
de la Constitución. La Corte observó que la norma tampoco restringe para
estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de
las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario, señala
que la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5)
procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión.
Adicionalmente, advirtió que la prestación de servicios de auxiliar de
justicia como curador ad litem, no obstante requerir la formación y la
idoneidad jurídica del abogado, o sea a quienes están circunscritos tales
servicios de colaboración, no constituyen en forma autónoma y concreta, una
profesión. Es una carga excepcional de auxilio a los fines de la función
pública de la administración de justicia. Por consiguiente, los cargos por la
presunta violación del derecho al trabajo y al principio del mínimo vital, no
estaban llamados a prosperar.
D-9935
Junio 25/14
A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que declaró
EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como
defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por
los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho al
de cosa juzgada constitucional en relación con la exequibilidad del desempeño
del cargo de curador ad litem en forma gratuita como defensor de oficio.
Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor,
de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre
pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando
versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el
equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones
patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes (150 smlmv). El salario mínimo legal mensual a que
se refiere este artículo, será el vigente al momento de la presentación de la
demanda. Cuando se reclame la indemnización de daños extrapatrimoniales se
tendrán en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por razón
de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previo concepto
favorable del Gobierno Nacional, podrá modificar las cuantías previstas en el
presente artículo, cuando las circunstancias así lo recomienden.
INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de 2012.
Corte debía resolver si atribuir a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura facultad para modificar las cuantías establecidas
por el Código General del Proceso, como factor determinante de la competencia
de los jueces en los procesos judiciales, desconoce la reserva de ley en la
expedición de las normas procesales que son de la órbita exclusiva del
Congreso de la Republica. El análisis de la Corte parte de la cláusula
general de competencia conferida al legislador en los numerales 1 y 2 del
artículo 150 de la Constitución Política, para regular los procedimientos
judiciales y administrativos, especialmente en los relacionado con la
competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el régimen
probatorio, las cuantías, entre otros aspectos relacionados estrechamente con
derechos fundamentales de los sujetos vinculados a un proceso y por tanto,
materias que son de la órbita exclusiva del Congreso de la República (art.
114, 150, numerales 2 y 23, 228 y 229 C. Po.). Dicha cláusula le permite al
legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena
efectividad del derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C. Po.) y del
acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 C. Po.). Indicó,
que son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el
equilibrio y finalidad de los procesos y permiten desarrollar el principio de
legalidad propio del Estado social de derecho. Así mismo, recordó que la
potestad de configuración legislativa de las normas procesales no es absoluta
sino que debe ser ejercida sin desconocer los principios y valores, la
vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho sustancial sobre lo
adjetivo, los cuales delimitan el ejercicio legítimo de tales competencias.
La Corporación precisó que la reserva de ley, como institución jurídica que
protege el principio democrático, exige que la regulación de ciertas materias
solo pueda adelantarsemediante ley, o cuando menos se funde en ella, en
ciertos casos, bajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada
directamente del Congreso de la República, que no puede despojarse de las
funciones que la Constitución le ha atribuido para delegarlas en otra
autoridad so pretexto de su reglamentación. En el caso concreto, la Corte
encontró que el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012 no contiene una
disposición sujeta a la reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura,
en tanto no es un precepto legal que delimite un tema y permita su concreción
a través de reglamento. Por el contrario, se trata de facultar para la
regulación total e integral de la materia -definición de las cuantías- que
determina la competencia de los jueces y su aplicación no demanda una
reglamentación adicional que para tal fin deba expedirse. Autoriza a la Sala
Administrativa para la modificación de las cuantías reguladas por el
legislador en el Código General del Proceso, cuando a su juicio “las
circunstancias así lo recomienden”. Para la Corte, la reserva de ley no
permite que la modificación de las cuantías se deslegalice, en cabeza de un
órgano administrativo, sustrayendo del debate democrático la definición de un
factor esencial del debido proceso y del acceso a la administración cual es
la forma de determinar el juez natural, el juez competente por razón de la
cuantía, lo cual toca con derechos fundamentales y garantías cuyo contenido
está reservado al legislador. Por tales motivos y de conformidad con los
artículos 29, 114, 150, numerales 1, 2, 10 y 23, 228 y 229, conferir a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la potestad de
modificar las cuantías definidas por el legislador, para la determinación de
la competencia, vulnera la reserva de ley en dicha materia. Por consiguiente,
la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del parágrafo del artículo 25
de la Ley 1564 de 2012.
preliminares. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por
el procedimiento que señala este Capítulo, sin perjuicio del trámite notarial
previsto en la ley. También se liquidarán dentro del mismo proceso las
sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén
pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante, y las
disueltas con ocasión de dicho fallecimiento.
partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una
persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de
usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse
mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones
forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos
será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Los herederos, el cónyuge
o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo,
podrán solicitar su rescisión dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta
partición no requiere proceso de sucesión.
caso la Corte decidió sobre varios cargos contra la norma del Código General
analizar el contenido y aptitud de tales cargos, la Sala concentró su
análisis en aquellos relacionados con la eventual vulneración del principio
de igualdad (art. 13 C. P.) y el posible incumplimiento de la regla sobre
unidad de materia (art. 158 ibídem). Al término de este análisis, este
tribunal concluyó que tales cargos no estaban llamados a prosperar. En lo
relativo al derecho a la igualdad, la Corte observó que esta posibilidad no
afecta indebidamente los derechos de los hijos aún no nacidos o de aquellos
que para el momento de realizarse la partición no hayan consolidado aún su
relación paterno-filial, pues en tales circunstancias no existe aún ni
siquiera una simple expectativa que deba ser protegida, ya que es
precisamente la existencia de esas relaciones jurídicas la que otorga la
posibilidad de participar en el reparto de los bienes del causante. Al mismo
tiempo, la Corte destacó también que pese a esa circunstancia, existen en la
norma precauciones encaminadas a la protección de terceros con legítimo
interés, tales como la necesidad de licencia judicial previa, o la posterior
posibilidad de rescisión de la partición por un término de dos años. Por su
parte, en lo atinente al cargo por infracción al principio de unidad de
materia, la Corte consideró que pese a tratarse de una norma de contenido
sustancial que hace parte de un código cuyo tema principal son las reglas
procesales, el precepto acusado guarda una razonable relación de conexidad
temática, sistémica y teleológica con las restantes disposiciones del Código
Magistrado Mauricio González Cuervo salvó parcialmente su voto, al reiterar
su postura según la cual la presunta infracción al principio de unidad de
materia es un vicio de forma o de trámite, y por lo tanto sujeto a la
caducidad de un año prevista en el artículo 242 superior, razón por la cual
la acción se encontraba caducada en lo que a este cargo se refiere, y la
Corte ha debido adoptar una decisión inhibitoria. Por su parte, los
Magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva
anunciaron salvamento parcial de voto, pues en su concepto, el segundo cargo
elevado en la demanda contra el artículo 487 del Código General del Proceso,
por presunta violación de los artículos 13 (igualdad) no cumplía con los
requisitos mínimos de argumentación para provocar un pronunciamiento de fondo
de la Corte Constitucional. Como se puede observar en el razonamiento acogido
por la mayoría de la Sala, la demanda se basa, de una parte, en una
interpretación irrazonable y caprichosa de la disposición cuestionada; y de
otra, en escenarios hipotéticos sobre la afectación a hijos y herederos
“futuros”. Además, en relación con los terceros e hijos con intereses
actuales -es decir, aquellos que se encuentran adelantando procesos de
discusión de la filiación o de adopción-, la demanda plantea que carecen de
un medio para controvertir la partición del patrimonio en vida, en abierto
desconocimiento al contenido normativo de la disposición, que precisamente
establece la posibilidad de solicitar la rescisión de ese acto jurídico, como
se puede concluir a partir del tenor literal de su parágrafo. En ese marco,
el cuestionamiento por violación a los principios de igualdad y protección a
la familia, carecía de certeza, por la absoluta incomprensión del texto demandado;
pertinencia, por referirse a hechos hipotéticos y no al contenido normativo
de la disposición demandada; y suficiencia, pues tales falencias impedían
extraer del escrito de demanda un problema jurídico serio, susceptible de
generar una duda inicial sobre la presunción de constitucionalidad de la ley.
Dra. Sachica
Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza
contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover
proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.
Si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para
que en el plazo de diez (10) días pague o exponga en la contestación de la
demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o
parcialmente 1a deuda reclamada. El auto que contiene el requerimiento de
pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor, con la
advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará
sentencia que tampoco admite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual
se le condenará al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de
los que se causen hasta la cancelación de 1a deuda. Si el deudor satisface la
obligación en la forma señalada, se declarará terminado el proceso por pago.
Si el deudor notificado no comparece, se dictará la sentencia a que se
refiere este artículo y se proseguirá la ejecución de conformidad con lo
previsto en el artículo 306. Esta misma sentencia se dictará en caso de
oposición parcial, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por
la parte no objetada. En este evento, por la parte objetada se procederá como
dispone el inciso siguiente. Si dentro de la oportunidad señalada en el
inciso primero el demandado contesta con explicación de las razones por las
que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las
pruebas en que se sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los
trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la
audiencia del artículo previo traslado al demandante por cinco (5) días para
que pida pruebas adicionales. Si el deudor se opone infundadamente y es
condenado, se le impondrá una multa del diez por ciento (10%) del valor de la
deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se
impondrá al acreedor.
proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas
reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador
ad litem. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás
procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden
las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos.
EXEQUIBLES los artículos 419 y 421 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos
correspondió a la Corte examinar si la regulación del proceso monitorio
contenida en los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso es
contraria a los derechos a la igualdad y el debido proceso (arts. 13 y 29
Const.), en cuanto supuestamente carece de una estructura bilateral y el juez
adopta una decisión de fondo, que además no es susceptible de recursos, sin
haber escuchado a la parte demandada. Para resolver sobre estos
cuestionamientos, la Sala consideró, entre otros aspectos relevantes, el propósito
y sentido del proceso monitorio, la forma como en tales casos se integra el
contradictorio y sus implicaciones, y la libertad de configuración del
legislador en materias procesales. En razón a la íntima relación existente
entre estos dos cargos, la Corte los examinó de manera conjunta, aplicando
para ello un test integrado de proporcionalidad y razonabilidad, que en este
caso fue de leve intensidad, teniendo en cuenta que en relación con las
materias procesales el legislador dispone de un amplio margen de
configuración normativa. A partir de este análisis, la Sala encontró, de una
parte, que la regulación acusada persigue una finalidad constitucionalmente
legítima, como es la de facilitar el acceso a la justicia, particularmente en
relación con controversias de mínima cuantía, y de otra, que pese a que en
este caso se haya invertido la secuencia que usualmente tienen los procesos
judiciales, existen en la normatividad acusada suficientes garantías del
derecho de defensa del demandado, entre ellas la imposibilidad de notificarle
a través de curador ad – lítem, o la regla según la cual, en caso de
oposición fundada por parte del demandado, el proceso se transforma en un
trámite declarativo (proceso verbal sumario), dentro del cual aquél podría
ejercer plenamente su derecho de defensa. Por ello concluyó que la aplicación
de estas normas no rompe la igualdad entre las partes procesales, ni tampoco
lesiona el debido proceso, como en este caso se alegó, razón por la cual
estas normas resultan exequibles. El Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez
salvó parcialmente su voto frente a la presente decisión, pues si bien
participó del entendimiento de que estas normas no son contrarias a la
Constitución, consideró necesario que la Corte hubiera planteado un condicionamiento
frente al contenido del inciso 4º del artículo 421, en lo relativo a la
necesidad de que el demandado aporte las pruebas en que sustente su
oposición, expresión que puede ser objeto de diversos entendimientos, en lo
concerniente a los casos en que aplica. Ello por cuanto, según señaló el
Magistrado Guerrero Pérez, podría resultar desproporcionado, así como lesivo
de las garantías de igualdad y debido proceso, que se exija esta carga al
demandado en los casos en que el actor no ha aportado evidencia de la
obligación reclamada, distinta a su solo dicho. Por su parte, el Magistrado
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo aclaró su voto por cuanto, si bien comparte
la percepción de que las normas acusadas son exequibles, considera
desproporcionado que se exija al supuesto deudor prueba de las razones por
las que no debería la suma reclamada, mientras que el actor no afronta una
carga semejante, más aún cuando se trata de una negación indefinida,
escenario en el que suele invertirse la carga de la prueba.
en el trámite del recurso de casación. La Sala, aunque la demanda de casación
cumpla los requisitos formales, podrá inadmitirla en los siguientes eventos:
Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la
Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido.
Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron
saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión
relevante del ordenamiento.
Cuando no es evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento
del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada,
Corte decidió sobre la exequibilidad de apartes de dos distintas normas, el
artículo 184 del Código de Procedimiento Penal y el 347 del Código General
del Proceso, relacionadas ambas con la posibilidad de que las respectivas
Salas de Casación (Penal y Civil) decidan no seleccionar para trámite algunos
de tales recursos extraordinarios. Los demandantes alegaron que tales
facultades son demasiado amplias, y que permiten el rechazo in límine de
tales recursos por razones que solo deberían ser estudiadas al momento del
análisis de fondo. Por estas razones, señalaron que estas reglas vulneran,
entre otros, el principio de dignidad humana, los fines esenciales del Estado
social de derecho, la cláusula de igualdad y la prevalencia del derecho
sustancial en la administración de justicia, y que al establecerlas el
legislador excedió el margen de configuración normativa que le es propio.
Sostuvieron también que la segunda de estas normas viola el artículo 243
superior, pues reproduce el contenido de otras que fueron declarad
inexequibles por razones de fondo. Después de descartar la posible existencia
de cosa juzgada, la Corte avanzó sobre el estudio de los cargos planteados.
Para ello, la Sala hizo referencia a las finalidades del recurso de casación,
expresamente reconocido por la Constitución de 1991, las que en consecuencia
no pueden ser caprichosamente variadas por el legislador, y que se enfocan,
en su orden, a la unificación de la jurisprudencia, a promover la realización
del derecho objetivo en los respectivos procesos, a reparar los agravios
inferidos a las partes por la sentencia recurrida y, en sentido más amplio, a
velar por la realización de los derechos fundamentales de los asociados.
Seguidamente, la Corte estudió la razonabilidad de las reglas acusadas,
teniendo en cuenta que su finalidad es contribuir al logro de los ya
referidos objetivos del recurso de casación. En relación con el presunto
exceso en el ejercicio de la facultad legislativa y su legítimo margen de
configuración, la Corte recordó que ésta es especialmente amplia tanto en
relación con la definición de la política criminal del Estado, como en lo
atinente al diseño de las reglas de procedimiento, por lo que tal libertad
solo puede ser restringida en caso de que las reglas establecidas fueren
contrarias a los fines y principios del Estado, a la vigencia de los derechos
fundamentales de los asociados, a la primacía de lo sustancial sobre lo
procedimental o el principio de razonabilidad. A partir de estos criterios,
la Corte concluyó que la norma que incorpora las finalidades de la casación
como parámetro de selección de tales recursos por parte de la respectiva Sala
a partir del cumplimiento o no de los requisitos formales de admisión, la que
establece un mecanismo de insistencia dentro de dicho trámite y la que
incorpora la identidad de hechos como criterio de no selección no vulneran la
dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, ni ninguno otro de los
principios y cláusulas constitucionales aducidos por los actores, y por el
contrario, constituyen válido ejercicio de la facultad de configuración
normativa del legislador, razones por las cuales, decidió declarar su
o Impugnación de la Paternidad o la Maternidad. En todos los procesos de
investigación e impugnación se aplicarán las siguientes reglas especiales:
demanda deberá contener todos los hechos, causales y petición de pruebas, en
la forma y términos previstos en el artículo 82 de este código.
Cualquiera que sea la causal alegada, en el auto admisorio de la demanda el
juez ordenará aún de oficio, la práctica de una prueba con marcadores
genéticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos científicos y
advertirá a la parte demandada que su renuencia a la práctica de la prueba
hará presumir cierta la paternidad, maternidad o impugnación alegada. La
prueba deberá practicarse antes de la audiencia inicial. De la prueba
científica se correrá traslado por tres (3) días, término dentro del cual se
podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de un nuevo
dictamen, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si
se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los errores que se estiman
presentes en el primer dictamen. Las disposiciones especiales de este
artículo sobre la prueba científica prevalecerán sobre las normas generales
de presentación y contradicción de la prueba pericial contenidas en la parte
general de este código. El juez ordenará a las partes para que presten toda
la colaboración necesaria en la toma de muestras.
será necesaria la práctica de la prueba científica cuando el demandado no se
oponga a las pretensiones, sin perjuicio de que el juez pueda decretar
pruebas en el caso de impugnación de la filiación de menores.
dictará sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda en los
Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término legal, sin
perjuicio de lo previsto en el numeral 3.
practicada la prueba genética su resultado es favorable al demandante y la
parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen oportunamente y
en la forma prevista en este artículo.
el proceso de investigación de la paternidad, podrán decretarse alimentos
provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que el juez encuentre
que la demanda tiene un fundamento razonable o desde el momento en que se
presente un dictamen de inclusión de la paternidad. Así mismo podrá
Cuando además de la filiación el juez tenga que tomar medidas sobre visitas,
custodia, alimentos, patria potestad y guarda, en el mismo proceso podrá, una
vez agotado el trámite previsto en el inciso segundo del numeral segundo de
este artículo, decretar las pruebas pedidas en la demanda o las que de oficio
considere necesarias, para practicarlas en audiencia.
lo pertinente, para la práctica de la prueba científica y para las
declaraciones consecuenciales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la
Ley 721 de 2001 y las normas que la adicionen o sustituyan.
EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión "Así mismo podrá
paternidad", contenida en el numeral 5º del artículo 386 de la Ley 1564
de 2012.Segundo. Declarar EXEQUIBLE el numeral primero del artículo 347 de la
Corte decidió acerca de si la regla acusada resulta contraria a los artículos
1º, 2º, 29 y 44 de la Constitución en cuanto la posibilidad de suspender los
alimentos debidos a un menor de edad es contrario a la dignidad humana y
desconoce el deber de asegurarle a los niños la protección efectiva de sus
garantías, en cuanto puede dejarlo sin alguien que cumpla la obligación
alimentaria, en la medida en que la norma no establece una vía alternativa
que permita proteger al menor de la situación de vulnerabilidad que en tal
caso enfrenta. La Sala encontró que la referida regla no es contraria a la
Constitución Política puesto que, pese a su vital importancia, el derecho
fundamental a recibir alimentos supone la existencia de una relación de
filiación u otro vínculo familiar de los previstos en la ley, por lo que
contrario sensu, la ausencia de tales vínculos tendría consecuencias sobre
tal obligación. En esta línea, destacó la Corte, que según la misma norma lo
requiere, la decisión de suspensión de los alimentos solo puede adoptarse
bajo la existencia de un fundamento razonable de exclusión de la paternidad,
lo que implica que, sin perjuicio de la autonomía del juez competente para
decidir al respecto, en ningún caso podrá tratarse de una decisión arbitraria
o caprichosa sino adecuadamente justificada, para lo cual los resultados de
la prueba de ADN prevista y regulada por la Ley 721 de 2001 constituyen un
valioso elemento de convicción a disposición del juez competente. De otra
parte, señaló la Corte que el hecho de que no pueda predicarse una obligación
alimentaria en favor del menor en cabeza de una persona específica no priva
al niño de su derecho fundamental a recibir alimentos, pues en tal evento
corresponde al Estado la garantía de este derecho, para lo cual se deberá
incluir al menor afectado en los programas de bienestar gestionados por aquel
que sean apropiados para promover su desarrollo integral y el necesario
acompañamiento a su núcleo familiar. En consecuencia, concluyó la Corte que
el aparte normativo demandado resulta conforme a la Constitución, en cuanto
no contraviene los postulados constitucionales de dignidad humana, debido
proceso e interés superior del menor.
291. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Para la práctica de la
entidades públicas se notificarán personalmente en la forma prevista en el
artículo 612 de este código.
entidades públicas se notificarán de las sentencias que se profieran por fuera
de audiencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de
2011. De las que se profieran en audiencia se notificarán en estrados.
personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el
registro mercantil deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina
de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal,
sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales.
Con el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica.
disposición también se aplicará a las personas naturales que hayan suministrado
al juez su dirección de correo electrónico.
registran varias direcciones, la notificación podrá surtirse en cualquiera de
ellas. 3. La
parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su
representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que
le informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la
providencia que debe ser notificada, previniéndolo para que comparezca al
juzgado a recibir notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser
entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para
comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será
comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieren
sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba
ser notificado. Cuando se trate de persona jurídica de derecho privado la
comunicación deberá remitirse a la dirección que aparezca registrada en la
Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente.
la dirección del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria
cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción.
empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación,
y expedir constancia sobre la entrega de esta en la dirección
correspondiente. Ambos documentos deberán ser incorporados al expediente.
se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación
podrá remitirse por el Secretario o el interesado por medio de correo
electrónico. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación
cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará
constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de
la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o
que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado
se procederá a su emplazamiento en la forma prevista en este código.
en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de
servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para
todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada.
la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento
la providencia previa su identificación mediante cualquier documento idóneo,
de lo cual se extenderá acta en la que se expresará la fecha en que se
practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta
que deberá firmarse por aquel y el empleado que haga la notificación. Al
notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a
lo resuelto, la convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido en la
providencia y la interposición de los recursos de apelación y casación. Si el
notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa
circunstancia en el acta.
Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado
procederá a practicar la notificación por aviso.
artículo 291 de la Ley 1264 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
análisis de la Corte parte de que el derecho constitucional a la igualdad
apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes,
siempre que no existan fundamentos suficientes para darle una aplicación
diferente y un mandato de tratamiento desigual que implica diferenciar
situaciones distintas. Así mismo, dicho trato debe resultar razonable y proporcional
a la luz de los principios y valores constitucionales. En este sentido, es
claro que la norma que dispone que “Cuando en un lugar de destino rehusaren
recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar
y emitirá constancia de ello” y que para todos los efectos legales “la
comunicación se entenderá entregada” (se resalta) según lo dispone el inciso
segundo del numeral 4 del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012 no es
asimilable al supuesto regulado en el primer inciso, según el cual “Si la comunicación
es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona
no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a
su emplazamiento en la forma prevista en este código” (se resalta). Se trata
de supuestos de hecho distintos que no imponen por lo tanto al legislador en desarrollo
de su potestad de configuración normativa, el establecimiento de una misma consecuencia
jurídica, de manera que no se configura una vulneración del principio de igualdad.
7o. LEGALIDAD. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de
la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la
jurisprudencia y la doctrina.
el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera
procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos
proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley.
procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley
autoriza promover de oficio.
de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los
procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en
ellos si es ocasionada por negligencia suya.
Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo el artículo 7º de la Ley 1564 de 2012.
supuesta violación del artículo 230 de la Constitución.
correspondía a la Corte determinar si al exigir al juez “exponer clara y
razonablemente los fundamentos jurídicos de su decisión” cuando pretenda
apartarse de la doctrina probable y el precedente judicial, implica un cambio
en el sistema de fuentes consagrado en la Constitución Política. En concepto
de los demandantes, con esa disposición se estaba equiparando las fuentes
valor normativo superior incluso a las leyes. El cargo sobre posible
violación de las normas sobre reforma
no fue abordado por falta de certeza, así como el atinente a la inclusión del
vocablo además en el inciso primero del artículo 7º del Código General del
Proceso, porque el sentido del mismo no se derivaba del texto de la norma
sino de una interpretación subjetiva de la demandante.
fundamento en los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación sobre la materia, la Sala Plena estableció que la doctrina
probable y el precedente judicial son dos vías distintas para darle fortaleza
a la decisión judicial y con ello contribuir a la seguridad jurídica y al
respeto por el principio de igualdad. La Corte reconoció que la utilización
de estas fórmulas, lejos de atentar contra el artículo 230 de la Constitución
viene a reforzar el sistema jurídico nacional y son perfectamente compatibles
con la jerarquización de las fuentes que establece el postulado
constitucional, puesto que la jurisprudencia no crea normas sino que
establece las fórmulas a través de las cuales el juez, tanto en la parte
considerativa como en la parte resolutiva, debe llevar la normatividad a los
cuanto al deber del juez de sustentar las razones por las cuales se aparta de
la jurisprudencia, la Corte reiteró la línea jurisprudencial sostenida e
invariable que explican la coherencia de esta exigencia con los objetivos a
los que se encaminan la doctrina probable y el precedente jurisprudencial y
su ponderación la autonomía del juez, criterios que se recogen de manera
amplia en la sentencia C-831 de 2001, conforme a la cuales, la disposición demandada
se ajusta al mandato del artículo 230 de la Constitución.
206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento de una
razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.
cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación
es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o
cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para tasar el valor pretendido.
modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014] Si la cantidad estimada
excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se
condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien
haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la
diferencia entre la cantidad estimada y la probada.
juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales.
Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los
frutos o mejoras, sea un incapaz.
[Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014] También
habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las
pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la
sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la
demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá
cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable
al actuar negligente o temerario de la parte.
EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la sentencia, la expresión “la
diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada”, contenida en el
inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, modificado por el artículo
13 de la Ley 1743 de 2014.
SV GSOD
primer término, la Corte consideró necesario precisar, que el artículo 206
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), del cual hace parte la expresión
acusada, fue objeto de modificación mediante el artículo 13 de la Ley 1743 de
2014. Las modificaciones introducidas al juramento estimatorio, se ubican en
el inciso cuarto y el parágrafo del citado
206 y en cuanto interesa al caso bajo examen, las innovaciones se refirieron
a: (i) el sujeto obligado a pagar la sanción que se origina cuando la
cantidad estimada excede del 50% de la cifra probada, esto es, quien hizo el
juramento estimatorio; (ii) la claridad en cuanto a que el monto de la sanción
del 10% corresponde a la diferencia entre la cantidad estimada y la que
resulte probada; y (iii) la destinación de esa suma al Consejo Superior de la
segundo lugar, la corporación estableció que solamente existía cosa juzgada
relativa respecto del inciso cuarto del artículo 206, habida cuenta que en la
sentencia C-279 de 2013, se pronunció sobre su exequibilidad frente a la
proporcionalidad y razonabilidad de la medida, fundada en el principio de
lealtad procesal y en la tutela del bien jurídico de la administración de
justicia, cargos diferentes a los que se plantean en esta oportunidad. En este
caso, los demandantes cuestionan el factor que cuantifica la sanción por el
exceso en el juramento estimatorio, en relación con “la diferencia entre la
cantidad estimada y la probada”, que consideran vulnera el principio de
legalidad y en consecuencia, los derechos al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, al modificar el método que establece la norma
para calcular el monto de la sanción a quienes se excedan en el juramento
Corte comenzó por reiterar el amplio margen de configuración del legislador
en la regulación de los procedimientos, que en todo caso no es absoluta, en
la medida en que debe respetar los principios y valores constitucionales, los
derechos fundamentales y en el especial, las garantías que conforman el
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. Al mismo
tiempo, aludió al origen y evolución del juramento estimatorio como un medio
de prueba legítimo y a los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
establecido en torno de esta figura. De igual modo, reafirmó los lineamientos
que ha fijado en relación con el contenido esencial del principio de
legalidad de las sanciones, dirigido a garantizar la libertad de los
administrados y a controlar la arbitrariedad judicial y administrativa,
mediante el señalamiento previo en la ley de las penas y sanciones
aplicables, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política. En
particular, recordó que las sanciones previstas con ocasión del juramento
estimatorio tienen finalidades legítimas referentes a la preservación de la
lealtad procesal de las partes y la condena a demandas “temerarias” y
“fabulosas” en el sistema procesal colombiano. Tales sanciones se fundamentan
en la violación de un bien jurídico inherente al Estado de derecho, como es
la eficaz y recta administración de justicia, que se puede ver afectada por
la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de un proceso
caso concreto, los demandantes sostienen que el método para calcular el monto
de la sanción introducido por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014,
desconoce el margen de error que el inciso cuarto del artículo 206 del Código
General del Proceso concede a quien hace juramento estimatorio y de esta
forma vulnera el principio de legalidad, puesto que implica una carga
pecuniaria sobre un supuesto que no está prohibido en la ley.
comparar el texto original del inciso cuarto del artículo 206 y el modificado
por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, la Corte encontró que la modificación
se refirió únicamente a la destinación de la suma que se pague por concepto
de la sanción que allí se impone, más no al método para el cálculo de la
sanción. Es claro que el monto de dicha sanción se sigue calculando sobre el
excedente probado y el estimado y el cincuenta por ciento (50%), el cual ha
sido siempre el margen de error que desde el Código Judicial de 1931 ha
establecido el legislador, como causa para su imposición. En la expresión
acusada no se desconoció ese margen de error, sino que por el contrario, el
legislador precisó aún más los extremos entre los cuales se calcula la
sanción, toda vez que el artículo 206 original solo aludía al diez por ciento
(10%) “de la diferencia”. Aunque, se entendía que esta diferencia se refería
al valor estimado y al que finalmente se probaba en el curso del proceso, la
Ley 1743 de 2014 contribuyó a darle claridad a la norma, lo cual resulta acorde
con el principio de legalidad de las sanciones, el debido proceso y la
finalidad que se busca con la norma, cual es la efectividad de la
Corte, no hay lugar a la interpretación que hacen los demandantes en cuanto a
que se hubiera cambiado la cantidad sobre la cual se calcula la sanción, lo
cual según ellos, llegaría a ser irrisoria y no aseguraría ser un factor
disuasorio del mal uso de la administración de justicia. Este entendimiento
desconocería el espíritu mismo de la norma y de la sanción, relativo a
garantizar el deber de lealtad y el principio de buena fe entre las partes,
así como el de conseguir la celeridad y economía procesales. En consecuencia,
los cargos de inconstitucionalidad formulados contra la expresión normativa
demandada, no estaban llamados a prosperar.
167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte
se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la
parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la
respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas
hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
inciso segundo del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 “por medio de la cual
se expide al Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
AV GSOD
correspondió a la Corte determinar, si la norma procesal que faculta al juez
a distribuir la carga de la prueba entre las partes de acuerdo con las condiciones
en que se encuentren para hacerlo, sin imponerlo como una obligación, vulnera
el derecho a la tutela judicial efectiva y por ende, los artículos 2º, 29,
228 y 229 de la Constitución.
artículo 167 del Código General del Proceso, del cual hace parte el vocablo
“podrá” que se acusa en esta oportunidad, se enmarca en la nueva institución
introducida por este Código en el ámbito legal de la carga dinámica de la
prueba, que no estuvo presente en el anterior Código de Procedimiento Civil.
La Corte resaltó que fue una decisión consciente y deliberada del legislador
de mantener como principio general de la carga de la prueba el onus probandi,
según el cual, le “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Sin embargo,
agregó que este postulado no es absoluto por cuanto admite al menos dos
excepciones que la misma ley contempla: (i) la carga dinámica de la prueba y
(ii) los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas.
juicio de la Corte, el principio del onus probandi como exigencia general de
conducta prevista por el legislador no se refleja como irrazonable ni
desproporcionada. En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos,
como son ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen
funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento
de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho
sustancial y velar por la vigencia de un orden justo. Es también una carga
adecuada para lograr esos cometidos, si se tiene en cuenta que quien invoca
un hecho lo hace –debe hacerlo- sobre la base de un conocimiento previo del
mismo y por lo general dispone de algunos elementos mínimos para dar crédito a
sus afirmaciones, en especial, cuando pretende obtener algún beneficio de
ellos; además, contribuye eficazmente con el juez en su tarea de dilucidar la
verdad, garantizar la primacía el derecho sustancial y resolver los litigios
dentro de un término razonable. Además, tal exigencia no resulta desproporcionada,
precisamente, porque el propio ordenamiento ha previsto algunas excepciones
para aquellos eventos en los cuales la prueba es superflua (hechos notorios)
o cuando una persona enfrenta serias dificultades para demostrar un hecho,
por ejemplo, por razones lógicas (afirmaciones y negaciones indefinidas), técnicas
(cuando se requiere conocimientos especializados), económicas (costo
significativo) o incluso jurídicas (acceso restringido a la información), entre
concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba, la Corte
consideró que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad,
equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos
ellos reconocidos en la Carta Política de 1991 bajo el prisma de un Estado
social de derecho, donde el principio “quien alega debe probar” cede su lugar
al principio “quien puede debe probar”. Para tal efecto, el legislador no
fijo un
catálogo cerrado de episodios en los cuales puede tener cabida la carga
dinámica de la prueba, sino que dejó abierta esa posibilidad al juez “según las
particularidades del caso”, mencionando solo algunas hipótesis en que
procedería, como (i) la posesión de la prueba en una de las partes; (ii) la
existencia de circunstancias técnicas especiales; (iii la previa y directa intervención
en los hechos; (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las
partes “entre otras circunstancias similares”.
Corporación observó que la intervención del juez en la distribución de las
cargas probatorias no tiene cabida únicamente en ejercicio de sus poderes
oficiosos para decretar y practicar pruebas. En efecto, la norma permite que
sean las propias partes quienes hagan un llamado expreso al juez, ante el
cual debe pronunciarse en forma expresa y debidamente motivada, bien para
acoger la solicitud o bien para rechazarla. Además, la norma prevé que esta
decisión del juez puede ser recurrida, con lo cual se asegura el derecho de
las partes de contradicción e intervención en el proceso en condiciones de
lo anterior, desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva (arts. 2o,
29, 228 y 229 de la Constitución), la Corte no advierte reparo constitucional
alguno al hecho de que el legislador haya autorizado al juez a distribuir a
carga de la prueba entre las partes, según las particularidades del caso,
para exigir probar determinado hecho a quien se encuentre en una situación
más favorable para hacerlo, sin que le haya impuesto el inexorable deber de
hacerlo en cada caso. Esta previsión está encaminada a procurar un prudente
equilibrio entre la función del juez en el Estado social de derecho y el
cumplimiento de las cargas procesales que constitucionalmente corresponde asumir
a las partes cuando ponen en marcha la administración de justicia. Con todo,
aclaró que la norma no puede ser interpretada al margen de los fines y
principios que orientan el Código General del Proceso y por lo mismo tiene
fuerza vinculante, en particular los consagrados en los artículos 2º (tutela
judicial efectiva); 4º (principio de igualdad); 7º (facultades oficiosas para
restablecer el equilibrio probatorio); 11 y 12 (objeto de los procedimientos
es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial). Por lo
expuesto, la Corte declaró exequible el vocablo “podrá” contenido en el artículo
167 de la Ley 1564 de 2012.
455. SANEAMIENTO DE NULIDADES Y APROBACIÓN DEL REMATE. Las irregularidades
que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son
alegadas antes de la adjudicación.
solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas.
corregido por el artículo 11 del Decreto 1736 de 2012] Cumplidos los deberes
previstos en el inciso 1o del artículo 453, el juez aprobará el remate dentro
de los cinco (5) días siguientes, mediante auto en el que dispondrá:
cancelación de los gravámenes prendarios* o hipotecarios, y de la afectación
a vivienda familiar y el patrimonio de familia, si fuere el caso, que afecten
al bien objeto del remate.
cancelación del embargo y el levantamiento del secuestro.
expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán
entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de este
último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y
protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la
escritura se agregará luego al expediente.
entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.
entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado
expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o
efecto público nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que
quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.
entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y
las costas y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin
embargo, del producto del remate el juez deberá reservar la suma necesaria
gastos de parqueo o depósito que se causen hasta la entrega del bien
rematado. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del bien al
rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el
juez ordenará entregar a las partes el dinero reservado.
incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituye falta
disciplinaria gravísima.
entregar a las partes el dinero reservado”, contenida en el numeral 7 del
Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad por vulneración de los
derechos a la igualdad y al debido proceso, formulados contra un aparte normativo
del numeral 7 del artículo 455 de la Ley 1564 de 2012, carecen de la certeza
y suficiencia que se requiere para abordar un examen y decisión de fondo.
tribunal constató que la presunta violación de los derechos a la igualdad y
el debido proceso se basa en supuestos no previstos en la disposición acusada.
Aunque se exponen dos cargos distintos y autónomos, el fundamento único que
se aduce por los demandantes, es que podría existir un proceso ejecutivo
autónomo para decidir sobre las deudas por concepto de impuestos, servicios
públicos, cuotas de administración y gastos de parqueo o depósito y que en
consecuencia, la carga impuesta al rematante de acreditar su cuantía, puede
generar decisiones judiciales contrapuestas, entre ese proceso ejecutivo
autónomo y el ejecutivo hipotecario. En concepto de los ciudadanos
demandantes, resolver acerca de esas obligaciones dentro del mismo trámite
regulado en la norma acusada, deja al demandado sin las defensas que tendría
un proceso ejecutivo especial para dichas deudas.
Corte observó que, además de que se incurre en el error de sostener que
siempre que se llega al remate de un bien en un proceso ejecutivo se trata de
un proceso ejecutivo hipotecario, cuando también puede serlo por medio de un
ejecutivo singular, la demanda no va más allá de estas afirmaciones sin
exponer las razones por las cuales la limitación de diez (10) días establecida
en el aparte impugnado para que el rematante acredite esas deudas y pueda
recibir los dineros reservados para los mismos, puede infringir los derechos
del demandado a la igualdad y al debido proceso. No existe entonces, certeza
en la regulación legal que se demanda, como tampoco, suficiencia en los
argumentos en que se fundamenta el concepto de violación constitucional, lo
cual impidió que la Corte pudiera entrar a realizar un examen de fondo y
dictar un fallo de mérito sobre el aparte demandado del artículo 455, numeral
419. PROCEDENCIA. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de
naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía,
podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este
EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión “Quien pretenda
el pago de una obligación en dinero”, contenida en el artículo 419 del Código
Corte determinó que el establecimiento de la modalidad del proceso monitorio
únicamente para las pretensiones de pago de una obligación en dinero, es compatible
con la Constitución. Para la Corporación, la ley no impuso una restricción
injustificada al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial
efectiva al circunscribir el proceso monitorio a las obligaciones en dinero,
decisión que cabe dentro del amplio margen de configuración de los procesos
en cabeza del legislador, quien creó un instrumento simplificado y ágil de procedimiento,
que se ajusta a la exigibilidad de las obligaciones líquidas y de naturaleza
vez, la Corporación observó que la misma legislación procesal confiere
diferentes alternativas para la ejecución de obligaciones no dinerarias, en
las cuales se han previsto las etapas necesarias para que se cumpla el debate
probatorio usual en la definición concreta de dichas obligaciones. Por lo
tanto, contrario a lo sostenido por los demandantes, no resulta acertado
concluir que la legislación ha impuesto barreras injustificadas en contra de
los acreedores de las obligaciones diferentes a las dinerarias.
141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:
Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
interés directo o indirecto en el proceso.
Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia
anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus
parientes indicados en el numeral precedente.
cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su
representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil,
el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados
en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera
alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario
del juez o administrador de sus negocios.
Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante
Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal
o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente
en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o
después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la
ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la
Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer
grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de
las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para
intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.
Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes,
su representante o apoderado.
el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo
grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de
alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de
persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o
en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o
apoderado en sociedad de personas.
Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las
cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado,
agente del Ministerio Público, perito o testigo.
en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la
Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en
segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se
controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.
2012, por el cargo analizado en esta sentencia.
de impedimento y de recusación de los jueces y magistrados –que se extienden
a los conjueces-. Omisión legislativa relativa.
589. MEDIDAS CAUTELARES EN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS EXTRAPROCESALES. En los asuntos
relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia
desleal y en los demás en que expresamente una ley especial permita la
práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse,
decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal.
las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los
requisitos exigidos por dicha ley.
la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente
fijará su monto y esta deberá prestarse después de la diligencia en el
término que el juez indique, que no podrá exceder del establecido por la ley
para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se constituye
oportunamente, el solicitante deberá pagar los daños y perjuicios que se
hubieren causado, multa de hasta cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 smlmv), y la medida cautelar se levantará. Mientras no sea
prestada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar,
salvo que el perjudicado con la misma lo acepte.
Las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales
practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse valer
ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales.
Corte se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto
del artículo 589 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, por ineptitud
Corte determinó que en esta oportunidad, la demanda de inconstitucionalidad
presentada contra el artículo 589 del Código General del Proceso no cumplía
las condiciones para hacer posible un pronunciamiento de mérito. La
demandante invoca la violación del mandato de trato igual y si bien cumple la
exigencia de indicar la disposición que establece el trato diferente, la
enunciación de los sujetos o grupos que deberían ser objeto de comparación es
efecto, la acusación si dirige contra un presunto trato desigual previsto en
el artículo 589, dado que solo en los procesos relacionados con violaciones a
la propiedad intelectual, la competencia desleal o cuando expresamente una
ley lo permita, puede solicitarse medidas cautelares durante la práctica de
pruebas extraprocesales. Ello implica, según la demanda, excluir de dicha
posibilidad a todas las personas que tramitan procesos diferentes a los contemplados
en la disposición, entre los que se encuentran aquellos encaminados al amparo
de la propiedad material. La impugnación propone, entonces como elementos a comparar,
de una parte, las personas que tramitan lo procesos a que se refiere el
artículo acusado y, de otra, el universo de personas que tramitan otro tipo
planteamiento tuviera la capacidad de propiciar un pronunciamiento de fondo,
la Corte se enfrentaría a un dilema complejo ante la naturaleza rogada de la
acción pública y la supremacía de la Constitución. La primera alterativa, implicaría
la comparación de los procesos por violación de la propiedad intelectual o
competencia desleal con el universo de los demás procesos –relacionados o no
con el amparo de la propiedad- a fin de establecer si resultan comparables y
luego de ello, establecer si para cada caso la distinción está justificada.
Un actividad interpretativa en semejante dirección, además de improcedente considerando
la diversidad de las materias que son objeto de regulación por el Código
del Proceso, supondría reemplazar la labor básica del demandante, cuando cuestiona
la constitucionalidad de una norma jurídica. La segunda opción consistiría en
abstenerse de emprender tal análisis y en su lugar, declarar la exequibilidad
simple de la disposición sin considerar que pueden existir procesos comparables
que por tal razón, deban ser regulados de manera equivalente al de aquellos
previstos en el artículo 589 del Código General del Proceso. De aceptar tal
orientación, la Corte habría renunciado a guardar la integridad y supremacía
de la Constitución aceptando, sin saberlo en realidad, eventuales infracciones
del mandato de trato igual.
Corte, ninguna de estas opciones es constitucionalmente adecuada. Observó,
que una acusación como la planteada solo podría ser examinada de fondo por la
infracción del mandato de trato igual, si el demandante (i) identifica de manera
precia el tipo de procesos que deben ser contrastados, (ii) el criterio
específico que explica su similitud y (iii) la razón por la cual deben ser
tratados de la misma manera de cara a la regulación de las medidas cautelares
extraprocesales. No puede limitarse a invocar genéricamente el universo o el resto
de procesos diferentes a los enunciados en la disposición cuestionad pues, de
ser ello así, la Corte no podría precisar de manera adecuada la cuestión
constitucional a decidir. Tampoco es posible establecer que el criterio de
comparación consista en que se trata de procesos regulados por el Código
General del Proceso que a través de ellos se realice el derecho de acceso a
la justicia dado que, de ser así, cualquier tratamiento diferenciado en dicha
regulación podría suscitar un juicio de igualdad a pesar de que al legislador
en esta materia, le ha sido reconocido un amplio margen de configuración. Por
ello, no bastaba con referirse a criterios genéricos, sino que en la demanda
había de tomarse nota de la naturaleza, objeto y trámite procesal a fin de
establecer si resulta o no posible proponer la comparación, lo cual no fue
hecho en esta oportunidad, razones por la cuales, la Corte procedió a
inhibirse de proferir un fallo de mérito.
16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA.
La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta
de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o
funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere
proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de
jurisdicción o de competencia será nulo.
falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable
cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso.
Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se
remitirá al juez competente.
132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá
realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que
configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que
se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio
de lo previsto para los recursos de revisión y casación.
133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia.
Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive
un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de
interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la
Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien
actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la
ley sea obligatoria.
se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso
o descorrer su traslado.
Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los
alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así
lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier
otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será
nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se
haya saneado en la forma establecida en este código.
Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.
134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si
ocurrieren en ella. […]
135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad
deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los
hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda
podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni
quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo,
ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin
proponerla.
nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento
solo podrá ser alegada por la persona afectada.
rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de
las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como
excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien
carezca de legitimación.
136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los
Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin
Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir
un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva
instancia, son insaneables.
138. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA
NULIDAD DECLARADA. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de
competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez
y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere
dictado sentencia, esta se invalidará.
nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y
que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de
dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes
tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas
cautelares practicadas.
que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.
328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.
EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 16, 132, 133, el inciso primero
del artículo 134, la expresión “ni quien después de ocurrida a causal haya
actuado en el proceso si proponerla” prevista en el inciso segundo el
artículo 135; el parágrafo del artículo 136, el inciso ´primero y los apartes
demandados del inciso segundo del artículo 138 de la Ley 1564 de 2012, Código
normas examinadas regulan diversos aspectos de la validez de actuaciones en
los procesos regidos por el Código General del Proceso. Disponen que la falta
de jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables, lo cual no obsta para que lo actuado por el juez incompetente
antes de la declaratoria de nulidad (art. 133.1), salvo la sentencia,
conserve validez (arts. 16 y 38). Al mismo tiempo, prevén que la causal de
nulidad no alegada en la etapa procesal en la que ocurrió el vicio, se
entenderá saneada (arts. 132 y 133, parágrafo), lo mismo que si la parte
actúa después de su ocurrencia, sin proponer la nulidad (art 135). Además,
establecen que las nulidades solo pueden alegarse antes de proferirse la
sentencia, salvo que el vicio se encuentre en la sentencia misma (art. 134) y
prescriben unas causales de nulidad del proceso en las que se encuentra la
hipótesis de la actuación del juez, después de declarar la falta de jurisdicción
o de competencia (art. 133.1) y una lista de nulidades insaneables, en las
que no se incluye la derivada de la falta de competencia del juez, por los
factores subjetivo o funcional (art. 136, parágrafo).
problemas jurídicos que la Corte resolvió en relación con las disposiciones
enunciadas, se refirieron a: (i) si permitir que el vicio de incompetencia
sea saneable y determinar que conservan su validez las actuaciones anteriores
a la declaratoria de nulidad, afecta el derecho a ser juzgado por un juez
competente y (ii) si el legislador desconoció el precedente constitucional en
materia de la nulidad por incompetencia del juez, al permitir que este vicio sea
subsanable. En el presente caso, encontró que no procedía el examen del cargo
por violación de los principios de progresividad y no regresividad en la
análisis de la Corte partió de que la determinación previa y en abstracto del
juez competente para instruir y decidir un asunto es una competencia
normativa para cuyo ejercicio el legislador goza de un margen amplio de
configuración, aunque limitado por: los casos en los que la Constitución
directamente establece el juez natural del asunto, la previsión de
jurisdicciones especiales –como la indígena- y la razonabilidad y proporcionalidad
para sustraer un asunto de la jurisdicción ordinaria, la prohibición de que la
determinación del juez competente quede al arbitrio de las partes o del juez,
que los particulares sean juzgados por militares (art. 213 C.Po.) o por
autoridades administrativas en materia penal (art. 116 C.Po.) y la exclusión
de que las violaciones de los derechos humanos sean juzgadas por la justicia
penal militar. Así mismo, señaló que el respeto de los fueros constitucionales
también hace parte del derecho al juez natural y que esta garantía no puede
desligarse de la del derecho a que se cumplan las formas propias de cada
juicio. A su
vez, el Tribunal reiteró que dentro de ese amplio ámbito de regulación del legislador,
está la determinación del régimen jurídico de las nulidades procesales, entre
estas, las consecuencias del trámite de la actuación procesal por parte de un
juez incompetente. Recordó que la garantía del respecto de las formas propias
de cada juicio no significa que
irregularidad procesal conduzca necesariamente a la nulidad de lo actuado, lo
que desconocería el carácter instrumental de las formas procesales, cuya
fundamento constitucional se encuentra en el deber de dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el procesal (art. 228), que junto con el derecho al juez
natural son instrumentos del derecho fundamental de acceso a la justicia.
Solo por excepción, la Constitución toma directamente una decisión en la
materia cuando en el inciso final del artículo 29 superior dispone que “Es nula
de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. A
juicio de la Corte, las normas demandadas se integran en un sistema que busca
la eficacia del acceso a la justicia y del derecho al debido proceso, al
darle prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, de modo que el
rigor extremo de la aplicación de un trámite procesal no vaya en desmedro de
un proceso que cumpla la su finalidad, en un plazo razonable, al tiempo que
asegura el acceso a la justicia y una actuación procesal garantista.
parte, la corporación determinó que la conservación de la validez de lo
actuado por el juez incompetente o perteneciente a una jurisdicción distinta
de la competente –no obstante que, detectado esto el proceso deba pasar a
este- salvo la sentencia, fue una decisión adoptada por el legislador pero
inspirada de cerca en precedentes jurisprudenciales, los cuales enunció en
esta sentencia, entre otras, las sentencias C-037/98, C-662/94, C-227/09y
C-328/15. En esas sentencias, normas similares a las que ahora se acusan,
fueron declaradas exequibles, al considerar que no vulneraban ninguna de las
garantías del debido proceso, incluida la del juez natural y por el
contrario, encontraban sustento en el principio de economía procesal, en el
que se basa la institución del saneamiento de nulidades, pues al conservarse
la actuación cumplida hasta el momento de declararse la incompetencia y dado
el cumplimiento de su finalidad, se evitan dilaciones innecesarias. Para la
Corte, tales disposiciones constituyen una manera de conciliar distintos
elementos del debido proceso, en pro de su eficacia de conjunto, y la
preservación hacia delante de la garantía del juez natural. La misma
consideración, se ha tenido en la jurisprudencia, respecto de lo desproporcionada
que resultaría para el demandante, no entender interrumpida la prescripción o
que opera la caducidad, si la declaración de nulidad por falta de
jurisdicción o de competencia cobijara el auto admisorio de la demanda. De
igual manera, el tribunal constitucional ha establecido que en caso de
rechazo de la demanda por falta de jurisdicción, se enviará al juez con
jurisdicción, sin devolver la demanda y sus anexos, al igual que ocurre cuando
se rechaza por falta de competencia. En todos los supuestos regulados en las
legales impugnadas, en el mismo sentido fijado en la jurisprudencia, la Corte
encontró que el legislador adoptó medidas para hacer efectivo el derecho al
juez natural o competente, así como el acceso a la justicia, sin que su respeto
implique el sacrificio de otros elementos del derecho fundamental al debido
proceso y de otros imperativos constitucionales. Por lo expuesto, procedió a
declarar exequibles los apartes demandados de las normas transcritas.
390. ASUNTOS QUE COMPRENDE. Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario
los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y los siguientes asuntos en
consideración a su naturaleza:
<Numeral corregido por el artículo 7 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> Controversias sobre propiedad horizontal de que
tratan los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001.
Fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de
pensiones alimenticias, cuando no hubieren sido señalados judicialmente.
controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las
diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar,
derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos y salida de los
hijos menores al exterior y del restablecimiento de derechos de los niños,
contemplados los artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940 primer inciso, 1231,
1469 y 2026 del Código de Comercio.
relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley
de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores.
que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de
causa, o breve y sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de árbitro.
de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales.
que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario.
1o. Los procesos verbales sumarios serán de única instancia.
2o. Las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se
tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en
audiencia, previa citación a la parte contraria, siempre y cuando el menor
conserve el mismo domicilio.
3o. Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los
consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepción de
las accione populares y de grupo, se tramitarán por el proceso verbal o por
el verbal sumario, según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad
jurisdiccional que conozca de ellos.
se trate de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia
escrita vencido el término de traslado de la demanda y sin necesidad de
convocar a la audiencia de que trata el artículo 392, si las pruebas aportadas
con la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver de fondo el
litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar.
para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda del ciudadano Carlos Raúl
Sierra Niño contra el artículo 390 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 “Por
Corte encontró que en el presente caso no se cumplía un presupuesto
indispensable para que pudiera proferirse un fallo de fondo sobre el numeral
3º (parcial) del artículo 390 del Código General del Proceso, toda vez que el
actor fundamenta su acusación en una interpretación que objetivamente no se
deriva de la norma demandada. Sostiene que esta disposición confunde a los
padres con los cónyuges limitando a los padres que no están unidos en
matrimonio entre sí, la posibilidad de controvertir procesalmente aspectos relativos
embargo, indicó que de la simple lectura del numeral 3º del artículo 390 del
Código General del Proceso se advierte que es una norma de competencia que
enuncia los asuntos que por su naturaleza se tramitarán por el procedimiento
verbal sumario, dentro de los cuales se señala de forma separada “las
controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad” y
de otra parte, “las diferencias que surjan entre los cónyuges” entre
cuales se enuncian las cuestiones relativas a “fijación y dirección de hogar,
hijos menores al exterior y del restablecimiento de los derechos de los
Corte es claro que la norma demandada contempla dos supuestos distintos: el primero,
relacionado con las controversias sobre la patria potestad, que se encuentra regulada
por los artículos 62, 119, 161, 288 al 317 del Código Civil y el artículo 14
de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia; y el segundo,
relativo a los conflictos que puedan surgir entre los cónyuges, en atención a
las obligaciones contractuales que existen entre estos en virtud de la
celebración del matrimonio, contemplados en el artículo 113 del Código Civil.
En consecuencia, no era posible entrar a un examen de fondo sobre los cargos
formulados en esta oportunidad.
193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La confesión por apoderado judicial
valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual
se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes
contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal
sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
EXEQUIBLE la expresión “la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones,
las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso
verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita
“, contenida en el artículo 193 de la Ley 1564 de 2012, por el cargo
presente caso, la Corte debía determinar si la presunción establecida por el
legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podrá confesar en
la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la
audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, sin que se pueda
establecer estipulación alguna en contra, vulnera el artículo 29 de la
Constitución, en la medida en que estaría trasladando incondicionalmente una
facultad de disponer del derecho en litigio que solo corresponde al
amplio marco de configuración normativa del legislador en materia de procedimientos,
la corporación aplicó un nivel de escrutinio leve de la facultad del apoderado,
para analizar si resulta razonable y proporcionada a la luz del debido
proceso, toda vez que no se aprecia prima facie una amenaza para este derecho
que justificara un cuestionamiento más estricto del principio democrático y
de la presunción de constitucionalidad de la decisión legislativa. La
confesión por apoderado judicial es una de las variantes de un medio
probatorio previsto en el ordenamiento, propio de la tradición jurídica de
nuestro país y del derecho en general, que se ha contemplado casi sin
variación, en diversos estatutos procesales desde el Código Judicial de 1931.
Adicionalmente, lo que se demanda no representa ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica, ni afectan a un grupo marginado o discriminado que
requiera la aplicación de un juicio más estricto. De igual modo, el precepto
no quebranta ninguna prohibición del constituyente.
Corte, la presunción establecida por el legislador en el artículo 193 del
Código General del Proceso persigue fines legítimos e importantes desde la
perspectiva constitucional, en razón a que promueve intereses públicos valorados
por la Carta, como el de garantizar una mayor eficiencia en la administración
de justicia. Esta disposición genera una responsabilidad en un grado elevado
y un compromiso inescindible –aunque mediara la voluntad de hacerlo- entre la
parte y su apoderado respecto de lo que confiesa en ciertas ocasiones que
resultan definitorias para el adecuado trámite del proceso, como son las previstas
en el artículo demandado. Observó que la eficaz administración de justicia se
relaciona íntimamente con la posibilidad de alcanzar los fines del Estado
consagrados en el artículo 2º de la Carta, en especial, con el propósito de
alcanzar un orden justo.
parte, el tribunal constitucional consideró que la medida es adecuada
respecto de esa finalidad. Establecer que la confesión por apoderado judicial
para las actuaciones procesales enunciadas siempre existe contribuye efectivamente
a la finalidad propuesta, toda vez que la demanda, su contestación, la
formulación de excepciones, la audiencia inicial y la audiencia en el proceso
verbal sumario, son momentos vitales del proceso, que le dan forma y tienen
la virtualidad de definirlo, fijando el objeto del litigio, determinando su decurso,
permitiendo dar un adecuado tramite a todo el juicio. Sin duda, el compromiso
de veracidad que crea la norma avanza efectivamente en el fin propuesto:
quien otorga el poder y su apoderado deberán ser especialmente cautos en el
proceso, asumirlo con mayor responsabilidad, so pena de confesar lo que no se
quiere y respecto de los que no hay posibilidad de retractación y que será
tenido como prueba de confesión. El legislador ha considerado, en buen
sentido, que las afirmaciones y negaciones realizadas en juicio por el abogado
tienen la posibilidad de comprometer probatoriamente la posición de la parte
que representan, como consecuencia de la responsabilidad que lleva consigo el
mandato y una consecuencia del deber de colaborar con la justicia. La mayor
responsabilidad entre cliente y abogado procura que la administración de
justicia sea más eficiente, evitando dilaciones injustificadas u obligando
que las partes, eventualmente, tengan que probar por otros medios lo que ya
se confesó. Por consiguiente, el legislador no excedió su límite de potestad configurativa
en el diseño de procesos y por ende, el cargo por vulneración del artículo 29
de la Constitución no estaba llamado a prosperar.
317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los
parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo
dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se
notificará por estado.
solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera
o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o
desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se
decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento
previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las
el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que
ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será
de dos (2) años;
Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza,
interrumpirá los términos previstos en este artículo;
inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la
presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la
g) Decretado
el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en
ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El
juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere
lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los
documentos que sirvieron
para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias
del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo
INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo frente a los cargos expuestos
contra la expresión “o perjuicios” contenida en el artículo 317 de la Ley
1564 de
por considerar que los mismos no cumplen los requisitos jurisprudenciales
Corte constató que la demanda formulada en esta oportunidad contra una
expresión del artículo 317 del Código General del Proceso, presenta cargos
que no cumplen con los requisitos de certeza y especificidad para demostrar
el desconocimiento de un orden justo
y artículo 2º de la C.Po.) y el principio de igualdad (art. 13 C.Po.), lo
cual no le permite abordar un examen de fondo y proferir un fallo de mérito.
acusaciones del demandante parten d ela hipótesis de que la responsabilidad
de dar impulso al proceso es propia del demandante y por ello el decreto del
desistimiento tácito es producto de su conducta negligente. En ese entendido,
la prohibición de reparar los perjuicios causados al demandado es a juicio
del actor, contraria a la Carta Política y estimula el abuso del derecho a
litigar ya que el accionante no recibiría sanción alguna. La Corte observó
que este entendimiento del demandante no se desprende del contenido normativo
de la norma acusada, que no señala un único o específico responsable de la
terminación anormal del proceso. Tanto el demandante, como el demandado e
incluso el juez pueden haber guardado silencio y dejaron de actuar diligentemente
durante el tiempo allí señalado. De otra parte, los argumentos del ciudadano
se basan en la existencia de otras normas que permiten la reparación de
perjuicios dentro del mismo proceso. No obstante, la Corte ha establecido que
los distintos procedimientos no son comparables porque regulan supuestos facticos
distintos y las diferencias entre nos y otros se introducen en función de los
procesos y no en función de las partes que intervienen en ellos, de manera
que al predicarse el principio de igualdad de las personas y no de los
procesos, no resulta procedente aducir la vulneración del derecho a la
247. Valoración de mensajes de datos. Serán valoraos como mensajes de datos
los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron
generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca.
simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorados de
Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo
sobre el inciso segundo del artículo 247 de la Ley 1564 de 2012, “Por medio
de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”, por ineptitud sustancial de la demanda en relación con el
cargo formulado.
riesgo de que su contenido haya sido modificado o suprimido. La Corte
considera que el cargo de inconstitucionalidad carece de certeza, requisito
sin el cual no es posible un pronunciamiento de fondo, en la medida en que si
el objeto de la impugnación es equivocado, también lo son los reproches de
626. DEROGACIONES. Deróguense las siguientes disposiciones:
<Literal corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> A partir de la promulgación de esta ley quedan
derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos
indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas
las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no
hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo
130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9o
y 21 del Decreto número
1991; los artículos 8o inciso 2o parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de
1996; el artículo 148 salvo los parágrafos 1o y 2o de la Ley 446 de 1998; 211
y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la
expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1o de la Ley 1116 de
2006; el inciso 2o del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que
requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1o del artículo
215 y el inciso segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión
“No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4,
el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de
la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-ley 19 de 2012; y, cualquier
norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la
promulgación de esta ley”.
partir del primero (1o) de octubre de dos mil doce (2012) quedan derogados:
los artículos 19, 90, 91, 346 449, y 690 del Código de Procedimiento Civil; y
todas las que sean contrarias a las que entran en vigencia a partir del
primero (1o) de octubre de dos mil doce (2012).
<Literal corregido por el artículo 17 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en
los términos del numeral 6 del artículo 627, queda derogado el Código de Procedimiento
Civil expedido mediante los Decretos números 1400 y 2019 de 1970 y las
disposiciones que lo reforman; el Decreto número 508 de 1974; artículos 151,
consagrado en la Ley 721 de 2001” del 214 la expresión “En el respectivo
proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u
otras si así lo considera”
217, 225al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión “mientras no preceda” y
los numerales 1 y 2 del artículo 757, el 766 inciso final, y 1434 del Código
Civil; artículos 6o, 8o, 9o, 68 a 74, 804 inciso 1o, 805 a 816, 1006, las
expresiones “según las condiciones de la correspondiente póliza” y “de manera
seria y fundada” del numeral 3 del artículo 1053, y artículos 2027 al 2032
del Código de Comercio; artículo 88 del Decreto número 1778 de 1954;
artículos 11, 14 y 16 a 18 de la Ley 75 de 1968; artículo 69 del Decreto
número 2820 de 1974; el Decreto número 206 de 1975; artículo 25 de la Ley 9ª
de 1989; artículo 36 del Decreto número 919 de 1989; el Decreto número 2272
de 1989; el Decreto número 2273 de 1989; el Decreto número 2303 de
artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto-ley 2737 de 1989; la expresión
“Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el
Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los
primera instancia” del artículo 7o y 6o <sic 8*1> parágrafo de la Ley
54 de 1990;
10, 11, 21, 23, 24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto número 2651 de
1991; artículos 7o y 8º de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la
Ley 256 de 1996; artículo 54 inciso 4o de la Ley 270 de 1996, el artículo 62
y 94 de la Ley 388 de 1997; artículos 2o a 6o, 9o, 10 al 15, 17, 19, 20, 22,
23, 25 a 29, 103 y 137 <de la Ley 446 de 1998*2> ; artículos 43 a 45 de
la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso 2o, el parágrafo 3o del artículo 58, y
aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en
el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen,
adicionen o complementen” del artículo 62 inciso 2o de la Ley 675 de 2001;
artículos 7o y 8o de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a
40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5o de la Ley 861 de 2003; artículo 111
numeral 5 Ley 1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40
a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009; artículos 1 a 39, 41, 42, 44, 113, 116,
117, 120y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011;
Corte se INHIBIÓ de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la
constitucionalidad de la expresión “los artículos 8º inciso segundo parte
final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996” prevista en el literal a) del artículo
626 del Código General del Proceso, por ineptitud sustantiva de la demanda.
justicia pronta. La Corte concluye que la demanda no satisface los mínimos
argumentativos requeridos para suscitar un juicio de constitucionalidad.
D-11370
151. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se
halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo
necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley
debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a
INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de
la expresión “salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título
oneroso” contenida en el artículo 151 de la Ley 1564 de 2015, por ineptitud
de inconstitucionalidad-Requisitos. Inhibición por ineptitud sustantiva de la
D-11458
que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, "por
disposiciones"”
Artículo 6º Corríjase el inciso 1° del artículo 338 de la Ley
1564 de 2012, el cual quedará así:
Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean
esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la
resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés
para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones
de grupo y las que versen sobre el estado civil.
artículo 6º del Decreto 1736 de 2012 ‘por el cual se corrigen unos yerros en
general del Proceso y se dictan otras disposiciones’”
SV MVSM
Corte tiene la función de guardar la integridad y supremacía de la
Constitución “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 de la
Carta. En esta disposición se prevé que la acción pública procede contra los
actos reformatorios de la Constitución, las leyes y los decretos con fuerza
de ley (C. P. art 241 nums. 1º, 4º y 5º). La jurisprudencia nunca ha admitido
que la Corte pueda conocer de demandas instauradas exclusiva y directamente
contra decretos que se orienten a corregir yerros advertidos en la ley. Un
examen detenido de los pronunciamientos de la Corte muestra que cuando ha
decidido expresamente sobre la exequibilidad de un decreto de esta
naturaleza, lo controlado de forma principal ha sido la ley o el decreto con
fuerza de ley que se ha querido corregir. En las sentencias C-672 de 2005 y
C-634 de 2012, únicas en referirse dentro de su parte resolutiva a la
exequibilidad o inexequibilidad de decretos de esta índole, el control se ha
originado o bien en la revisión constitucional automática de contenidos normativos
de ley estatutaria (C-672 de 2005) o bien en la decisión de una demanda
contra un decreto con fuerza de ley (C-634 de 2012). En las demás
providencias mencionadas dentro de este debate, no sólo no se demandaba
exclusiva y directamente un decreto de corrección de yerros, sino que además
en cada una la Corte se abstuvo de hacer un pronunciamiento expreso sobre su
exequibilidad o inexequibilidad en la parte resolutiva de cada una. En la
sentencia C-500 de 2001 la Corporación se juzgó incompetente para controlar
esta clase de decretos y, en consecuencia, no hizo ningún juicio de
exequibilidad sobre el que entonces se había mencionado en el proceso. En las
sentencias C-232 de 2001 y C-334 de 2005 la Corte simplemente se inhibió de
emitir un fallo de fondo, sin hacer ningún tipo de examen definitivo sobre su
competencia para controlarlos o sobre la exequibilidad de los decretos de
yerros que se habían considerado en la controversia. En la sentencia C-925 de
2005 la Corte se declaró expresamente incompetente para decidir sobre la
exequibilidad del Decreto de corrección de yerros y, por lo mismo, en la
parte resolutiva no lo menciona. En la sentencia C-178 de 2007 la Corte no se
pronuncia sobre la exequibilidad del decreto que corregía un Acto
Legislativo, sino que se limita a decir que sí corrige un yerro, y declara
exequible el Acto Legislativo sin hacer referencia en esta parte de la
providencia al decreto administrativo. La demanda en este caso no se dirigió
contra un acto reformatorio de la Constitución, ni contra una ley o un
decreto con fuerza de ley, sino directa y exclusivamente contra un decreto de
corrección de yerros. Ese caso no sólo no se ajusta estrictamente a las
hipótesis en que se ha pronunciado la Corte sobre decretos de esta jerarquía,
sino que tampoco se puede considerar siquiera análogo a esos eventos. Cuando
en las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012 esta Corte ha emitido juicios
de exequibilidad sobre decretos que corrigen yerros, lo ha hecho dentro de su
función de control de la ley, pues un ejercicio de control constitucional de
las leyes –por su contenido material o, en ciertos casos, por problemas de
procedimiento en su formación- supone dilucidar en primer lugar el alcance de
la ley bajo examen. Cuando existe un decreto que corrige yerros en un acto
del legislador o del legislador extraordinario, es entonces natural que la
Corte incorpore el decreto al control pues está evaluándose un acto complejo,
integrado por la decisión del legislador más el de la administración pública.
Otra enteramente distinta es la hipótesis en que se somete a control
solamente el acto administrativo de corrección de yerros, y se cuestiona
sobre la base de que desconoce en primer lugar la ley (la que pretende
corregir y la que define el alcance de esta clase de yerros), y que sólo en
sentido remoto desconoce el principio de legalidad como precepto
constitucional. Este tipo de juicio difiere, como se ve, del que se plantea
contra una ley, que a su turno presenta yerros corregidos por un decreto, y
se cuestiona directamente el acto del legislador con fundamento en que viola
de forma inmediata la Constitución. Es esta última clase de problemas los que
han provocado pronunciamientos como los hechos por la Corte en las sentencias
C-672 de 2005 y C-634 de 2012, y no son más que una especie del género de
cuestiones que debe resolver la Corte ordinariamente, en ejercicio de sus
competencias constitucionales (CP art 241). La Corte puede controlar la
constitucionalidad de una ley y, según el vicio endilgado o la clase de control,
puede entonces definir su alcance. Como el decreto que pretende corregir
yerros puede definir el alcance de la ley, la Corte en ese contexto está
autorizado necesariamente para establecer si efectivamente lo define o no y
en qué medida. Pero por fuera de ese escenario, la jurisprudencia no ha
contemplado la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre los decretos
que se expiden para corregir yerros en las normas de la ley. Esto permite
entonces mostrar con mayor claridad la razón por la cual no es posible hacer
en este caso una integración normativa oficiosa, en virtud de la cual se
incorpore al juicio la Ley que pretendía corregirse con el decreto de yerros
demandado. Para empezar, la Corte consistentemente ha sostenido que esta
facultad de integración oficiosa de normas es excepcional y procede solo en
tres casos (C-539 de 1999). En esta ocasión no se está, sin embargo, ante
ninguna de estas causas excepcionales. Primero, no se está ante una norma que
carezca de contenido deóntico claro, pues el Decreto acusado prevé claramente
su función y efectos. Segundo, la norma no está reproducida en la ley que
pretende integrarse, sino que de hecho se presenta como una corrección y no
como un reflejo estricto del texto legal y, según el actor, tampoco es un
reflejo de su contenido. Tercero, no se trata de una ley que, por sí misma,
presente a primera vista problemas de inconstitucionalidad y, de hecho, la
demanda ni siquiera se dirigió contra la ley. Los cargos que se presentan
contra el decreto no son extensibles al acto del legislador pues se
contraen es, por el contrario, a argumentar que el acto del legislador sufrió
un cambio con el decreto. Ciertamente, en la sentencia C-634 de 2012 la Corte
integró al control un decreto de yerros. No obstante, las diferencias con
este caso son notorias. En primer lugar, en el fallo C-634 de 2012 se
demandaba un decreto con fuerza de ley, para cuyo examen la Corte tiene
competencia expresa (C. P. art 241 num. 5º). En segundo lugar, contra dicho
decreto ley se presentaron cargos, consistentes en una violación de la
Constitución. En tercer lugar, en vista de que el cargo planteado la
autorizaba para ello, la Corte debía establecer ante todo cuál era el alcance
de la norma con fuerza de ley cuestionada en la acción pública, y fue en tal
escenario que advirtió la existencia de un decreto de corrección de yerros.
El de corrección de yerros estaba entonces estrechamente relacionado con el
decreto ley acusado, y además a juicio de la Corte presentaba a primera vista
problemas de inconstitucionalidad. En contraste, en este caso, se pretende
una integración inversa con unas características radicalmente distintas. No
se busca integrar el decreto de yerros a un juicio sobre la ley sino
incorporar la ley a una propuesta de control sobre el decreto. Además, el
cargo no está formulado en términos que puedan extenderse hacia la ley no
demandada que el decreto pretende corregir, pues no se dice que la ley en
cualquiera o alguna de sus versiones sea contraria a la Constitución, sino
que el decreto de yerros contradice en primera instancia la ley y sólo
indirectamente la Constitución. Finalmente, como se dijo, no existe en este
asunto un evento en el cual la ley que busca corregirse con el decreto tenga
a primera vista un evidente problema de inconstitucionalidad. No sólo no se
está, en síntesis, ante una demanda contra un acto reformatorio de la
Constitución, la ley o un decreto ley, sino que tampoco se está en presencia
de una hipótesis en la cual –ante una demanda contra actos de esa naturaleza-
esté autorizada la Corte para efectuar una integración oficiosa de la unidad
normativa. Por ende, en vista de que no puede conocer de una acción exclusiva
y directamente dirigida contra un decreto de corrección de yerros, la
Corporación consideró que debía inhibirse de emitir un juicio de mérito. Los Magistrados Martha
Victoria Sáchica Méndez, Jorge Iván Palacio Palacio, Mauricio González Cuervo
y Luis Ernesto Vargas Silva salvaron su voto respecto de esta decisión al
considerar que el asunto de la referencia debió ser estudiado de fondo, con
el propósito de reafirmar la competencia de la Corte para ejercer control de
constitucionalidad contra decretos de corrección de leyes. Lo anterior,
debido a que estos actos han sido considerados por la jurisprudencia
constitucional, como de aquellos sobre los cuales esta Corporación ejerce
competencia de carácter excepcional (Sentencias C-672 de 2005, C-049 de 2012,
C-634 de 2012, C-524 de 2013 y C-173 de 2014), por tratarse de actos
presidenciales expedidos en ejercicio de competencias ordinarias en el ámbito
de promulgación de la ley, pero con efectos sobre un cuerpo normativo legal
concreto. En este asunto, se demandó el artículo 6º del Decreto 1736 de 2012
principalmente por presunta violación de los artículos 150 y 189 de la
Constitución Política. Según el actor, el Presidente de la República al
“corregir” el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, terminó reformando e
interpretando el sentido normativo y la voluntad legislativa de una norma
legal que hace parte del Código General del Proceso. Para los magistrados
disidentes, resulta completamente válido considerar que la norma acusada, se
incorpora al mismo texto de la Ley y por tanto, era perfectamente posible
llevar a cabo una integración de la unidad normativa, por el vínculo
inescindible que existe entre la disposición contenida en el Decreto 1736 de
2012 y el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, para emitir un pronunciamiento
de fondo sobre su constitucionalidad. Como quiera que la decisión mayoritaria
se inclinó por la inhibición, en este caso: i) se evadió un problema jurídico
de trascendencia constitucional relativo a la usurpación de funciones
legislativas por parte del Presidente de la República y; ii) se hizo
nugatorio el derecho ciudadano de control material de un contenido normativo
de naturaleza legislativa frente a la Constitución Política. Por su parte, la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado anunció la presentación de una
aclaración de voto sobre algunos de los fundamentos de esta providencia.
338. CUANTÍA DEL INTERÉS PARA RECURRIR.
corregido por el artículo 6 del Decreto 1736 de 2012] Cuando las pretensiones
sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la
legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para
recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo
y las que versen sobre el estado civil.
respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una
sentencia, se concederá la casación interpuesta oportunamente por otro
litigante, aunque el valor del interés de este fuere insuficiente. En dicho
evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se
considerarán autónomos.
Corte se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación
con la constitucionalidad de la expresión “un mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (1000 smlmv)”, contenida en el artículo 338 de la Ley 1564
de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda. SV ARR
Corte encontró que los cargos formulados contra la expresión del artículo 338
del Código General del Proceso que establece la cuantía para recurrir en
casación, carecían de la claridad, especificidad y suficiencia que se
requiere para que la Corte pueda contar con los elementos mínimos de juicio
para llevar a cabo un examen y decisión de fondo sobre la
de la disposición demandada.
caso, los demandantes consideran que la fijación de una cuantía superior de
un mil salarios mínimos legales vigentes vulnera el Preámbulo y los artículos
2º, 29 y 229 de la Constitución. Sin embargo, respecto del Preámbulo y del
artículo 2º de la Carta, los ciudadanos no exponen las razones específicas
por las cuales la cuantía fijada por la ley para recurrir en casación
desconoce el contenido del Preámbulo, ni en qué consiste la infracción
constitucional de la justicia en que incurriría la norma acusada. Su
argumentación se centra en calificar como “elitista” el valor establecido por
el legislador, por considerarlo un monto injustificado y desproporcionado,
pero sin que expliquen cuáles son las razones en que sustentan su afirmación.
Se limitan a plantear una confrontación con una norma legal, un artículo del
Código de Procedimiento Civil, sin aportar los elementos de juicio que demostrarían
por qué la cuantía fijada para interponer el recurso extraordinario de
casación no tiene justificación y resulta desproporcionada. De otra parte,
para fundamentar el desconocimiento de los artículos 29 y 229 superiores, en
cuanto consideran que se vulnera
derecho de acceso a la justicia, los demandantes se limitan a señalar los
preceptos constitucionales que estiman violados y a citar apartes de la jurisprudencia
de la Corte sobre el debido proceso, pero sin señalar razones claras,
específicas y suficientes para suscitar una duda mínima acerca de la
constitucionalidad de la norma acusada. En estas condiciones, la Corte se
abstuvo de proferir una decisión de fondo.
de Prensa 02

References: resolución 
 artículo 317
 artículo 243
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 625
 artículo 8
 artículo 93
 artículo 625
 artículo 233
 resolución 
 Artículo 199
 artículo 197
 artículo 48
 artículo 84
 artículo 6
 artículo 84
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 25

artículo 150
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 242
 artículo 487
 artículo 306
 artículo 421

artículo 184
 artículo 243
 artículo 82
 artículo 386
 artículo 347

artículo 612
 artículo 203

artículo 291
 artículo 291
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 206
 artículo
13
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 167

artículo 167
 artículo
167
 artículo 11
 artículo 453
 artículo 455
 artículo 455
 artículo 419
 artículo 589
 artículo 589
 artículo 589
 artículo 589
 artículo 134

artículo 135
 artículo 136
 artículo 138
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 243
 artículo 392
 artículo 390
 artículo 390
 artículo 390
 artículo 14
 artículo 113
 artículo 193
 artículo 29
 artículo 193
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 2
 artículo 247
 artículo 16
 artículo 130
 artículo
130
 artículo 148
 artículo 19
 artículo 67
 artículo 40
 artículo 71
 artículo
215
 artículo 309
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 627
 artículo 757
 artículo 1053
 artículo 88
 artículo 69
 artículo 25
 artículo 36
 artículo 7
 artículo 54
 artículo 62
 artículo 49
 artículo 58
 artículo 194
 artículo 62
 artículo 5
 artículo 111
 artículo 25
 artículo 80
 artículo
626
 artículo 151

Artículo 6
 artículo 338

resolución 

artículo 6
 artículo 241
 artículo 6
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 6
 artículo 338
 artículo 338

artículo 2