Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2004-03280.htm
Timestamp: 2017-12-14 06:25:47+00:00

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Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.
Este real decreto tiene por objeto introducir las modificaciones necesarias en el Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, para adaptarlo a la Directiva 2002/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo de 2002, por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE del Consejo en lo que respecta a los requisitos del margen de solvencia de las empresas de seguros distintos del seguro de vida, y a la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida. Esta Ãºltima directiva refunde la normativa comunitaria sobre el seguro de vida, incluida la Directiva 2002/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo de 2002, por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE del Consejo en lo que respecta a los requisitos del margen de solvencia de las empresas de seguros de vida. La incorporaciÃ³n al ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol de estas directivas supone la modificaciÃ³n de la normativa que regula las exigencias y requisitos de solvencia de las entidades aseguradoras.
El Plan de acciÃ³n en materia de servicios financieros, segÃºn lo aprobado en los Consejos Europeos de Colonia, de 3 y 4 de junio de 1999, y de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, reconoce la importancia del margen de solvencia de las empresas de seguros con el fin de proteger a los asegurados en el mercado Ãºnico, garantizando que las aseguradoras dispongan del patrimonio suficiente en relaciÃ³n con la naturaleza de sus riesgos.
Tanto la Directiva 73/239/CEE (Primera Directiva de seguros distintos del de vida) como la Directiva 79/267/CEE (Primera Directiva de seguros de vida) exigen que las empresas de seguros mantengan un margen de solvencia que actÃºe como amortiguador frente a fluctuaciones adversas de su actividad, constituyendo un elemento importante en el sistema de supervisiÃ³n prudencial para la protecciÃ³n de los asegurados y tomadores de seguros.
La actual normativa sobre el margen de solvencia establecida por las directivas citadas se ha mantenido prÃ¡cticamente sin cambios en la normativa comunitaria.
No obstante, el artÃ­culo 25 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinaciÃ³n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) y el artÃ­culo 26 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinaciÃ³n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida (Tercera Directiva de seguros de vida), establecÃ­an un plazo de tres aÃ±os desde su entrada en vigor -1 de julio de 1994- para que la ComisiÃ³n Europea presentara un informe sobre la necesidad de una mayor armonizaciÃ³n del margen de solvencia.
El informe elaborado por la ComisiÃ³n Europea concluyÃ³ que, si bien la estructura simple y firme del sistema vigente habÃ­a funcionado satisfactoriamente y se basaba en principios adecuados y dotados de gran transparencia, se habÃ­an observado ciertas debilidades en casos especÃ­ficos, en particular en relaciÃ³n con aquellos aspectos sensibles desde el punto de vista del riesgo.
De la nueva regulaciÃ³n sobre solvencia cabe destacar que se refuerzan las actuales exigencias cuantitativas, tanto en lo que se refiere al fondo de garantÃ­a como al margen de solvencia obligatorio, estableciÃ©ndose, a su vez, un mecanismo que prevea su actualizaciÃ³n periÃ³dica y automÃ¡tica en funciÃ³n del Ã­ndice europeo de precios de consumo.
Se prevÃ© tambiÃ©n que en situaciones concretas en que se vean amenazados los derechos de los asegurados, las autoridades competentes estarÃ¡n facultadas para intervenir con la suficiente antelaciÃ³n, si bien, en el ejercicio de estos poderes, las autoridades deben informar a las empresas de seguros acerca de las razones que motiven tal actuaciÃ³n supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. En tres pueden concretarse las medidas que a efectos de garantizar la solvencia futura prevÃ©n las directivas: la exigencia de un plan de recuperaciÃ³n financiera ; obligar a las empresas de seguros a tener un margen de solvencia obligatorio mÃ¡s alto, a fin de garantizar que puedan cumplir en un futuro prÃ³ximo los requisitos de solvencia, y revisar a la baja los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible, en particular cuando se haya producido un cambio significativo en el valor de mercado de estos elementos desde el fin del ejercicio anterior.
De conformidad con lo previsto en las directivas, se establece un perÃ­odo transitorio para que las entidades aseguradoras se adapten a las nuevas exigencias de solvencia.
Las nuevas cuantÃ­as del fondo de garantÃ­a, asÃ­ como las dos primeras medidas para garantizar la solvencia futura, han sido incorporadas a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, por la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificaciÃ³n y adaptaciÃ³n a la normativa comunitaria de la legislaciÃ³n de seguros privados.
Con las modificaciones del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados que se recogen en este real decreto se completa la transposiciÃ³n de las directivas sobre margen de solvencia.
En el marco de la incorporaciÃ³n de la normativa comunitaria se introducen igualmente en el Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados determinadas adaptaciones derivadas de la transposiciÃ³n de la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximaciÃ³n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulaciÃ³n de vehÃ­culos automÃ³viles, que fue realizada a travÃ©s de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
El resto de modificaciones introducidas por este real decreto en el Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados derivan, por una parte, de la necesidad de incorporar a la actual regulaciÃ³n de los procesos de cesiÃ³n, fusiÃ³n o escisiÃ³n aspectos no previstos en ella, pero que, sin embargo, vienen demandados por el mercado, tales como nuevos supuestos de cesiÃ³n parcial de cartera fundamentados en las distintas vÃ­as de negocio o canales de distribuciÃ³n, la consideraciÃ³n de la cesiÃ³n, fusiÃ³n o escisiÃ³n como procesos de concentraciÃ³n o, finalmente, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de resoluciÃ³n por parte del tomador en el supuesto de contratos de seguro en los que EspaÃ±a sea el Estado miembro del compromiso o de localizaciÃ³n del riesgo.
Por otra parte, se ha considerado necesario excluir la obligaciÃ³n, hasta ahora existente, de detallar en los estatutos de la entidad aseguradora los ramos de seguro en que desarrolla su actividad, considerando suficiente que aquÃ©llos contengan el objeto social y el Ã¡mbito territorial, lo que contribuye a eliminar dificultades administrativas en el funcionamiento de las entidades aseguradoras, motivadas por la necesidad de modificar los estatutos cada vez que soliciten y obtengan autorizaciÃ³n de ramos distintos a los inicialmente autorizados o se proceda a la revocaciÃ³n de alguno de los ramos.
Igualmente, resulta necesario modificar determinadas normas del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados tanto para un mejor desarrollo de las funciones de supervisiÃ³n de los grupos de entidades aseguradoras como para incluir al seguro de crÃ©dito, junto con los riesgos actualmente contemplados de tormenta, pedrisco y helada, a efectos de considerar la carga media de la siniestralidad con referencia a los siete Ãºltimos ejercicios para el cÃ¡lculo del margen de solvencia, lo que se justifica tanto por una completa adecuaciÃ³n de nuestro ordenamiento jurÃ­dico a la normativa comunitaria, como por el comportamiento cÃ­clico del ramo.
Asimismo, es necesario prever en el cÃ¡lculo de la provisiÃ³n para prestaciones pendientes de liquidaciÃ³n o pago la incidencia de la utilizaciÃ³n de mÃ©todos estadÃ­sticos de cÃ¡lculo.
Como consecuencia de las adaptaciones realizadas por la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, se modifican los requisitos para la obten ciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa por las sucursales en EspaÃ±a de terceros paÃ­ses no miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo, al objeto de exonerarlas de la presentaciÃ³n de los modelos de pÃ³lizas y bases tÃ©cnicas como requisito previo. Ello sin perjuicio de la posibilidad de requerir su presentaciÃ³n.
Se modifica el Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en los tÃ©rminos que se indican a continuaciÃ³n:
Uno.-Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo f) al apartado 1 del artÃ­culo 4, "Solicitud y autorizaciÃ³n administrativa", con la siguiente redacciÃ³n:
"f) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehÃ­culos terrestres automÃ³viles, excluida la responsabilidad del transportista, deberÃ¡ comunicar el nombre y direcciÃ³n del representante designado en cada uno de los Estados del Espacio EconÃ³mico Europeo distinto a EspaÃ±a, encargado de la tramitaciÃ³n y liquidaciÃ³n de los siniestros ocurridos en un Estado miembro distinto al de residencia del perjudicado o en un paÃ­s firmante del sistema de Carta Verde."
Dos.-Se introduce un Ãºltimo pÃ¡rrafo en el apartado 1 del artÃ­culo 5, "ModificaciÃ³n de la documentaciÃ³n aportada", con la siguiente redacciÃ³n:
"Cualquier modificaciÃ³n de los representantes designados en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 4.1.f) de este reglamento deberÃ¡ ser comunicada al Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros."
Tres.-Se modifica el apartado 2 del artÃ­culo 5, "ModificaciÃ³n de la documentaciÃ³n aportada", que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
"2. Las modificaciones de la documentaciÃ³n aportada a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones o, en su caso, al Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros cuando se trate de los representantes para la tramitaciÃ³n y liquidaciÃ³n de siniestros a que se refiere el artÃ­culo 4.1.f) de este reglamento, que determinen que la entidad aseguradora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en la ley y en este reglamento para el otorgamiento de la autorizaciÃ³n administrativa, darÃ¡n lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocaciÃ³n, sin perjuicio del posible trÃ¡mite de subsanaciÃ³n prevenido en el artÃ­culo 25.3 de la ley." Cuatro.-Se modifica el pÃ¡rrafo b) del apartado 1 del artÃ­culo 11, "Normas aplicables", que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
"b) Los resultados positivos, una vez constituidas las garantÃ­as financieras exigidas por la ley, incluso la reserva a que se refiere el artÃ­culo 19 de Ã©sta, se destinarÃ¡n en primer tÃ©rmino a la devoluciÃ³n de las aportaciones reintegrables a socios o mutualistas realizadas para constituir el fondo mutual o a incrementar las reservas patrimoniales, y el exceso sobre dichas cuantÃ­as podrÃ¡ distribuirse entre los mutualistas. Si los resultados fueran negativos, serÃ¡n absorbidos por las derramas pasivas, por reservas patrimoniales y, en Ãºltimo tÃ©rmino, por el fondo mutual. Todas estas operaciones quedarÃ¡n totalmente ultimadas en el ejercicio siguiente al que se hayan producido los resultados."
Cinco.-Se modifica el segundo pÃ¡rrafo del apartado 1 del artÃ­culo 39, "ProvisiÃ³n de prestaciones", en los siguientes tÃ©rminos:
"Dicho coste incluirÃ¡ los gastos tanto externos como internos de gestiÃ³n y tramitaciÃ³n de los expedientes, cualquiera que sea su origen, producidos y por producir hasta la total liquidaciÃ³n y pago del siniestro. Los recobros o cantidades a recuperar por el ejercicio de las acciones que correspondan al asegurador frente a las personas responsables del siniestro no podrÃ¡n deducirse del importe de la provisiÃ³n.
No obstante lo anterior, cuando la provisiÃ³n para prestaciones se calcule utilizando mÃ©todos estadÃ­sticos de conformidad con lo indicado en el artÃ­culo 43 de este reglamento, los pagos podrÃ¡n computarse netos de recobros."
Seis.-Se da nueva redacciÃ³n al apartado 1 del artÃ­culo 40, "ProvisiÃ³n de prestaciones pendientes de liquidaciÃ³n o pago", en los siguientes tÃ©rminos:
"1. IncluirÃ¡ el importe de todos aquellos siniestros ocurridos y declarados antes del cierre del ejercicio. En el caso de que la entidad no utilice mÃ©todos estadÃ­sticos previstos en el artÃ­culo 43, incluirÃ¡, ademÃ¡s, todos los siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio y declarados desde dicho cierre hasta el 31 de enero del aÃ±o siguiente, o hasta la formulaciÃ³n de las cuentas anuales si esta fecha fuera anterior. FormarÃ¡n parte de ella los gastos de carÃ¡cter externo inherentes a la liquidaciÃ³n de siniestros y, en su caso, los intereses de demora y las penalizaciones legalmente establecidas en las que haya incurrido la entidad."
Siete.-Se aÃ±ade un nuevo apartado 1 bis y se modifica el apartado 23 del artÃ­culo 50, "Bienes y derechos aptos para la inversiÃ³n de las provisiones tÃ©cnicas", que tendrÃ¡n la siguiente redacciÃ³n:
"1 bis. Activos financieros estructurados de renta fija, cuyos subyacentes cumplan tambiÃ©n los principios y requisitos establecidos en los artÃ­culos 49 a 53 y 55 de este reglamento y en su normativa concordante y de desarrollo." "23. El Ministro de EconomÃ­a podrÃ¡ establecer las condiciones que hayan de reunir otros activos no enumerados anteriormente para su consideraciÃ³n como aptos para la cobertura de provisiones tÃ©cnicas.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ excluir de la calificaciÃ³n de bienes y derechos aptos para la cobertura de las provisiones tÃ©cnicas los activos subyacentes a los que se refiere el apartado 1 bis cuando en la entidad aseguradora se registre una excesiva concentraciÃ³n de estas inversiones excediendo de los lÃ­mites previstos en el artÃ­culo 53 o Ã©stas no reÃºnan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 49."
Ocho.-Se modifica el artÃ­culo 59, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
"ArtÃ­culo 59. Patrimonio propio no comprometido.
1. El patrimonio propio no comprometido, a los efectos del margen de solvencia individual, a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 17 de la ley, comprende las partidas que a continuaciÃ³n se relacionan, deducidos los elementos inmateriales que se seÃ±alan en el apartado 2 de este artÃ­culo: Uno.-Con carÃ¡cter general, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas: a) El capital social desembolsado excluida la parte de Ã©ste contemplada en el pÃ¡rrafo e) siguiente, o el fondo mutual.
En el caso de que la entidad aseguradora financie a sus socios directamente o a travÃ©s de participaciones en el capital de sociedades o de personas fÃ­sicas que ejerzan control directo o indirecto sobre aquÃ©lla, el importe computable por este pÃ¡rrafo a) se corresponderÃ¡ con la posiciÃ³n neta inversora de dichos socios.
En el caso de entidades aseguradoras autorizadas para la gestiÃ³n de fondos de pensiones, la cantidad computable en el margen de solvencia por este pÃ¡rrafo a) se minorarÃ¡ en el importe del capital social desembolsado afecto a tal actividad previsto en la normativa reguladora de planes y fondos de pensiones.
b) La reserva de revalorizaciÃ³n, la prima de emisiÃ³n y otras reservas patrimoniales. SerÃ¡ aplicable respecto de estas partidas lo indicado en el segundo inciso del pÃ¡rrafo a) precedente.
En todo caso se excluirÃ¡n de este pÃ¡rrafo, en la medida en que su importe no se haya deducido ya en otras rÃºbricas, los siguientes conceptos: 1.Âº Las reservas que se constituyan en cumplimiento de lo dispuesto en los artÃ­culos 79, norma 3.a, y 80.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
2.Âº El importe de las acciones propias o de la sociedad dominante adquiridas o aceptadas en prenda u otra forma de garantÃ­a, directamente por la entidad o indirectamente a travÃ©s de persona o sociedad interpuesta, asÃ­ como el importe de las financiaciones a terceros cuyo objeto sea la adquisiciÃ³n de acciones propias, en la medida en que no se hubiesen constituido las reservas a que se refiere el pÃ¡rrafo 1..Âº anterior.
3.Âº Las acciones propias adquiridas para reducciÃ³n de capital.
4.Âº Las reservas que se correspondan con los recursos propios mÃ­nimos exigidos por la normativa reguladora de planes y fondos de pensiones.
5.Âº El importe de las diferencias negativas contabilizado en la cuenta "MinusvalÃ­as procedentes de valores negociables de renta variable [artÃ­culo 33.2.b) del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados]".
c) El remanente y la parte del saldo acreedor de la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias que se destine a incrementar los fondos propios de la entidad.
d) Las aportaciones no reintegrables de socios o mutualistas que figuren en el pasivo del balance, cuando cumplan los siguientes requisitos: 1.Âº Que los estatutos de la entidad prevean que su devoluciÃ³n no ocasione un descenso del patrimonio propio no comprometido por debajo de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia y que, en caso de liquidaciÃ³n de la entidad, sÃ³lo se harÃ¡n efectivos despuÃ©s de liquidar todas las demÃ¡s deudas de la empresa.
2.Âº Que su devoluciÃ³n se notifique a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones con un mes de antelaciÃ³n a su pago, pudiendo prohibirlo mediante resoluciÃ³n motivada en el plazo de un mes desde que la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones tuviera conocimiento de la notificaciÃ³n de la empresa.
3.Âº Que las disposiciones de los estatutos, asÃ­ como sus modificaciones, referentes a esta partida sean aprobadas por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Las financiaciones subordinadas habrÃ¡n de cumplir las siguientes condiciones, que se harÃ¡n constar en los contratos y folletos de emisiÃ³n: 1.Âº ExistirÃ¡ acuerdo vinculante por cuya virtud, a efectos de la prelaciÃ³n de crÃ©ditos, los acreedores por este concepto se sitÃºen detrÃ¡s de todos los acreedores comunes.
2.Âº Ãnicamente se tomarÃ¡n en consideraciÃ³n los fondos efectivamente desembolsados.
3.Âº Cuando se trate de prÃ©stamos a plazo fijo, el plazo inicial serÃ¡ de cinco aÃ±os, como mÃ­nimo.
Si no hubiera sido fijada la fecha de su vencimiento, deberÃ¡ haberse estipulado para su retirada total o parcial un preaviso de, al menos, cinco aÃ±os.
Tanto en uno como en otro caso, desde el momento en que su plazo remanente sea de cinco aÃ±os, y durante dichos cinco aÃ±os, reducirÃ¡n su cÃ³mputo como patrimonio propio a razÃ³n de un 20 por ciento anual, hasta que su plazo remanente sea inferior a un aÃ±o, momento en el que dejarÃ¡n de computarse como tales.
4.Âº No podrÃ¡n contener clÃ¡usulas de rescate, reembolso o amortizaciÃ³n anticipada, sin perjuicio de que el deudor pueda proceder al reembolso anticipado si con ello no se ve afectada la solvencia de la entidad, previa autorizaciÃ³n de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Las acciones sin voto se computarÃ¡n por su capital desembolsado.
Las financiaciones subordinadas de duraciÃ³n determinada no podrÃ¡n computarse por un importe superior al 25 por ciento bien del patrimonio propio no comprometido, bien de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor.
f) Las financiaciones de duraciÃ³n indeterminada, distintas de las mencionadas en el pÃ¡rrafo e) precedente, cuando cumplan los requisitos siguientes:
1.Âº No serÃ¡n reembolsables a iniciativa del acreedor o sin el acuerdo previo de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
2.Âº El contrato de emisiÃ³n deberÃ¡ dar a la entidad de seguros la posibilidad de diferir el pago de los intereses.
3.Âº ExistirÃ¡ acuerdo vinculante por cuya virtud, a efectos de la prelaciÃ³n de crÃ©ditos, los acreedores por este concepto se sitÃºen detrÃ¡s de todos los acreedores comunes.
4.Âº En el contrato de emisiÃ³n se estipularÃ¡ que la deuda y los intereses pendientes de pago podrÃ¡n aplicarse a absorber las pÃ©rdidas de la entidad, sin necesidad de proceder a su disoluciÃ³n.
5.Âº Ãnicamente se tomarÃ¡n en consideraciÃ³n los fondos efectivamente desembolsados.
Las financiaciones de duraciÃ³n indeterminada recogidas en este pÃ¡rrafo, mÃ¡s las financiaciones subordinadas del pÃ¡rrafo e) precedente, estarÃ¡n sometidas a los efectos de este artÃ­culo, a un lÃ­mite conjunto del 50 por ciento bien del patrimonio propio no comprometido, bien de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor.
Dos.-PodrÃ¡n computarse como patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas:
a) La mitad de la parte de capital social suscrito pendiente de desembolso, hasta un lÃ­mite mÃ¡ximo del 50 por ciento bien del patrimonio propio no comprometido, bien de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor.
b) En los ramos de seguro distintos al de vida, el 50 por ciento de la derrama pasiva, cuando sea exigible a los mutualistas, en los tÃ©rminos del artÃ­culo 9.2.e) de la ley, con el lÃ­mite del 50 por ciento de las primas netas de anulaciones del seguro directo. Este sumando no podrÃ¡ exceder de la mitad del patrimonio propio no comprometido, computando las partidas del apartado uno y de los pÃ¡rrafos a) y c) de este apartado dos, y deducidos los elementos indicados en el apartado 2 de este artÃ­culo, o de la mitad de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor.
c) Las plusvalÃ­as resultantes de la infravaloraciÃ³n de elementos del activo, previa deducciÃ³n de todos los gastos que pudieran incidir en el importe final de la plusvalÃ­a.
En ningÃºn caso podrÃ¡n computarse las plusvalÃ­as que procedan de carteras de inversiones a vencimiento vinculadas a operaciones de seguros de vida de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 33.2 de este reglamento. Tampoco serÃ¡n computables las plusvalÃ­as contables aplicadas a la compensaciÃ³n de minusvalÃ­as.
d) Las comisiones descontadas que tÃ©cnicamente resulten pendientes de amortizaciÃ³n con el lÃ­mite por pÃ³liza del 3,5 por ciento de la diferencia entre el capital asegurado y la provisiÃ³n matemÃ¡tica, y de ellas se deducirÃ¡, en su caso, el importe de las comisiones descontadas activadas.
El cÃ³mputo como patrimonio propio no comprometido de las partidas enumeradas en este apartado dos se efectuarÃ¡ a peticiÃ³n debidamente justificada de la entidad ante la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, y previo acuerdo de Ã©sta, excepto en el caso de plusvalÃ­as resultantes de la infravaloraciÃ³n de elementos del activo aptos para cobertura de provisiones tÃ©cnicas a los que se refiere el artÃ­culo 50 de este reglamento.
2. A efectos de lo regulado en este artÃ­culo, se considerarÃ¡n como elementos inmateriales a deducir en el cÃ¡lculo del margen de solvencia los elementos que carezcan de valor de realizaciÃ³n o que, por su falta de permanencia, pueda fundadamente presumirse que no se ajustan a los fines de la ley y de este reglamento.
a) Los gastos de establecimiento, constituciÃ³n, ampliaciÃ³n de capital y formalizaciÃ³n de deudas que figuren en el activo del balance.
b) El saldo deudor de la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias.
d) Las minusvalÃ­as resultantes de la sobrevaloraciÃ³n de los elementos de activo y de la infravaloraciÃ³n de elementos de pasivo, que no hayan sido imputadas a resultados. Se incluirÃ¡n en esta partida las obligaciones, provisiones o deudas que puedan no haberse contabilizado en virtud de alguna disposiciÃ³n legal o reglamentaria, salvo las que procedan de carteras de inversiones a vencimiento vinculadas a operaciones de seguros de vida de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 33.2 de este reglamento.
3. En el caso de entidades aseguradoras autorizadas a realizar operaciones de seguro directo distinto del seguro de vida y operaciones de seguro de vida, los lÃ­mites reseÃ±ados en este artÃ­culo se aplicarÃ¡n separadamente para cada actividad.
4. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ ajustar la valoraciÃ³n de los elementos a que se refiere el apartado 1 cuando estos dejen de tener, total o parcialmente, la condiciÃ³n de patrimonio propio no comprometido.
5. Por el Ministro de EconomÃ­a podrÃ¡n adaptarse las partidas que, conforme a este artÃ­culo deben considerarse en el cÃ¡lculo del patrimonio propio no comprometido, a las modificaciones que por normativa comunitaria se introduzcan respecto de la relaciÃ³n de tales elementos y respecto de las condiciones o requisitos para su cÃ³mputo."
Nueve.-Se modifica el artÃ­culo 60, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
"ArtÃ­culo 60. Patrimonio propio no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras.
1. A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 17.3 de la ley, el patrimonio propio no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras comprende las partidas que a continuaciÃ³n se relacionan, deducidos los elementos inmateriales que se seÃ±alan en el apartado 2 de este artÃ­culo: Uno.-TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas: a) El capital social desembolsado o el fondo mutual de la sociedad dominante, con las mismas deducciones, en cuanto al capital social, establecidas en el artÃ­culo 59 anterior, cuando las circunstancias allÃ­ indicadas y relativas a socios no incluidos en el grupo concurran en relaciÃ³n con cualesquiera de las sociedades del grupo consolidable.
d) El saldo acreedor de la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias consolidada con el lÃ­mite de la parte destinada a incrementar en cada sociedad del grupo consolidable sus recursos propios.
f) Las diferencias negativas de consolidaciÃ³n, salvo cuando tengan la naturaleza de provisiones para riesgos y gastos.
g) Los intereses minoritarios, con el lÃ­mite, en lo que se refiere a la participaciÃ³n en los resultados de las sociedades dependientes, de la parte destinada a incrementar los recursos propios del grupo.
La parte correspondiente a capital pendiente de desembolso se computarÃ¡ solamente por el 50 por ciento, siempre que se cumplan los requisitos contemplados en el apartado dos siguiente.
h) Las financiaciones subordinadas y las de duraciÃ³n indeterminada recibidas por las sociedades integrantes del grupo consolidable, en la medida en que no deban ser objeto de eliminaciÃ³n, en las condiciones y con los lÃ­mites establecidos en los pÃ¡rrafos e) y f) del apartado 1.uno del artÃ­culo 59, para el cÃ¡lculo del patrimonio propio individual, referidas unas y otros al grupo consolidable de entidades aseguradoras.
i) Asimismo, se computarÃ¡n todas aquellas partidas que, sin incluirse en los pÃ¡rrafos anteriores, sean admitidas por la legislaciÃ³n de los Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo donde estÃ©n domiciliadas entidades pertenecientes al grupo consolidable siempre que fueran computables a nivel individual. En el caso de terceros paÃ­ses, serÃ¡ necesario para su cÃ³mputo autorizaciÃ³n previa del Ministro de EconomÃ­a.
Dos.-Las siguientes partidas podrÃ¡n computarse como patrimonio propio no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras, siempre que concurran los requisitos exigidos para su cÃ³mputo a nivel individual y se respeten a nivel consolidado los mismos lÃ­mites que son exigibles a nivel individual:
a) La mitad de la parte de capital social suscrito pendiente de desembolso de la sociedad dominante con los lÃ­mites establecidos en el pÃ¡rrafo a) del apartado 1.dos del artÃ­culo 59, para el cÃ¡lculo del patrimonio propio individual.
b) En los ramos de seguros distintos al de vida, la derrama pasiva, desde el momento en que sea exigible a los mutualistas de la entidad dominante, en los mismos tÃ©rminos establecidos en el pÃ¡rrafo b) del apartado 1.dos del artÃ­culo 59.
c) Las plusvalÃ­as resultantes de la infravaloraciÃ³n de elementos de activo, teniendo en cuenta los valores contables de dichos elementos en el balance consolidado y en los tÃ©rminos establecidos en el pÃ¡rrafo c) del apartado 1.dos del artÃ­culo 59.
d) Las comisiones descontadas que tÃ©cnicamente resulten pendientes de amortizaciÃ³n de la sociedad dominante y de las dependientes, de acuerdo con los lÃ­mites y deducciones establecidos en el pÃ¡rrafo d) del apartado 1.dos del artÃ­culo 59.
2. Las partidas que deberÃ¡n deducirse de las anteriores para el cÃ¡lculo del patrimonio propio no comprometido del grupo consolidable de entidades aseguradoras son las siguientes:
a) Los gastos de establecimiento, constituciÃ³n, ampliaciÃ³n de capital y formalizaciÃ³n de deudas que figuren en el activo del balance consolidado.
b) En su caso, el saldo deudor de la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias consolidada, asÃ­ como los resultados negativos del grupo consolidable.
c) Las minusvalÃ­as resultantes de la sobrevaloraciÃ³n de los elementos de activo computables para margen de solvencia o de la infravaloraciÃ³n de elementos de pasivo, con arreglo a lo dispuesto para el patrimonio individual no comprometido. Se incluirÃ¡n en esta partida las obligaciones, provisiones o deudas que puedan no haberse contabilizado en virtud de alguna disposiciÃ³n legal o reglamentaria.
e) En general, cualesquiera otras partidas que carezcan de valor de realizaciÃ³n o que por su falta de permanencia pueda fundadamente presumirse que no se ajustan a los fines de la ley y de este reglamento.
3. Se entiende por diferencia negativa de consolidaciÃ³n la existente entre el valor contable de la participaciÃ³n de la sociedad dominante en el capital de la sociedad dependiente y el valor proporcional de los fondos propios de Ã©sta atribuible a dicha participaciÃ³n en la fecha de su adquisiciÃ³n.
Se entiende por reservas en sociedades consolidadas la participaciÃ³n de la sociedad dominante en las reservas generadas por las dependientes desde la fecha de la primera consolidaciÃ³n, incluidas aquellas que no hayan pasado por sus cuentas de resultados.
4. En caso de que una entidad aseguradora ostente la posiciÃ³n dominante en un grupo mixto no consolidable de los definidos en la Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre recursos propios y supervisiÃ³n en base consolidada de las entidades financieras, deberÃ¡ presentar a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la informaciÃ³n precisa sobre el cumplimiento de las exigencias de recursos propios efectivos que determine la normativa reguladora de los mencionados grupos mixtos. Si la referida entidad aseguradora fuera a su vez dominante de un subgrupo consolidable de entidades aseguradoras, se tendrÃ¡n en cuenta, a estos efectos, las participaciones de todas las entidades que formen el mencionado subgrupo en el citado grupo mixto no consolidable.
5. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ ajustar la valoraciÃ³n de los elementos a que se refieren el apartado 1 cuando Ã©stos dejen de tener, total o parcialmente, la condiciÃ³n de patrimonio propio no comprometido."
Diez.-Se da nueva redacciÃ³n a los apartados 2, 3 y 4 y se crean tres nuevos apartados 4 bis, 4 ter y 6 en el artÃ­culo 61, "CuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia en los seguros distintos del seguro de vida":
"2. Cuando las entidades cubran esencialmente uno o varios de los riesgos de crÃ©dito, tormenta, pedrisco y helada, se tendrÃ¡n en cuenta los siete Ãºltimos ejercicios sociales como perÃ­odo de referencia del importe medio de los siniestros. Se entenderÃ¡ que se da aquella circunstancia cuando las primas de dichos riesgos sean, al menos, el 75 por ciento del conjunto de las emitidas por la entidad.
3. La cuantÃ­a del margen de solvencia en funciÃ³n de las primas se determinarÃ¡ en la forma siguiente:
a) En el concepto de primas se incluirÃ¡n las devengadas por seguro directo en el ejercicio que se contemple, netas de sus anulaciones y extornos, mÃ¡s las primas aceptadas en reaseguro en el mismo ejercicio, o bien, si fuera mÃ¡s elevado, el de las primas imputadas por seguro directo en el ejercicio que se contemple, netas de sus anulaciones y extornos, mÃ¡s las primas aceptadas en reaseguro en el mismo ejercicio.
En los ramos 11, 12 y 13 de los previstos en la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, el importe de las primas o cuotas a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior se incrementarÃ¡ en un 50 por ciento. En dichos ramos
podrÃ¡n utilizarse mÃ©todos estadÃ­sticos para la asignaciÃ³n de las primas, siempre que estos hayan sido presentados, previamente a su utilizaciÃ³n, a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones y Ã©sta los haya aceptado.
b) Hasta 50 millones de euros de primas se aplicarÃ¡ el 18 por ciento, y al exceso, si lo hubiera, se aplicarÃ¡ el 16 por ciento, sumÃ¡ndose ambos resultados.
c) La cuantÃ­a obtenida segÃºn se dispone en el pÃ¡rrafo anterior se multiplicarÃ¡ por la relaciÃ³n existente en los Ãºltimos tres ejercicios, entre el importe de la siniestralidad neta de reaseguro cedido y retrocedido, y el importe bruto de dicha siniestralidad, sin que esta relaciÃ³n pueda, en ningÃºn caso, ser inferior al 50 por ciento.
4. La cuantÃ­a del margen de solvencia en funciÃ³n de los siniestros se determinarÃ¡ en la forma siguiente:
a) En el importe de los siniestros se incluirÃ¡n los pagados por negocio directo en el ejercicio que se contemple y en los dos anteriores, salvo en el caso de los riesgos previstos en el apartado 2 anterior en el que se computarÃ¡n los seis ejercicios anteriores, sin deducciÃ³n por reaseguro cedido ni retrocedido ; se incluirÃ¡n tambiÃ©n los siniestros pagados por aceptaciones en reaseguro y las provisiones de siniestros pendientes por seguro directo y reaseguro aceptado constituidas al cierre del ejercicio contemplado.
b) De la suma obtenida segÃºn el pÃ¡rrafo a) se deducirÃ¡ el importe de los recobros por siniestros efectuados en los perÃ­odos a que dicho apartado se refiere, mÃ¡s el de las provisiones de siniestros pendientes constituidas al cierre del ejercicio anterior al perÃ­odo contemplado tanto por seguro directo como por reaseguro aceptado.
En los ramos 11, 12 y 13 de los previstos en la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, el importe de los siniestros, provisiones y recobros a considerar se incrementarÃ¡ en un 50 por ciento. En dichos ramos podrÃ¡n utilizarse mÃ©todos estadÃ­sticos para la asignaciÃ³n de los siniestros, provisiones y recobros siempre que tales mÃ©todos hayan sido presentados, previamente a su utilizaciÃ³n, a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones y Ã©sta los haya aceptado.
c) Al tercio de la cifra resultante segÃºn el pÃ¡rrafo b), con el lÃ­mite de 35 millones de euros, se aplicarÃ¡ el 26 por ciento, y al exceso, si lo hubiera, se aplicarÃ¡ el 23 por ciento, sumÃ¡ndose ambos resultados. Cuando se trate de los riesgos previstos en el apartado 2 anterior, se aplicarÃ¡ el sÃ©ptimo en vez del tercio.
d) La cuantÃ­a obtenida segÃºn el pÃ¡rrafo c) se multiplicarÃ¡ por la relaciÃ³n existente en los tres Ãºltimos ejercicios, entre el importe de la siniestralidad neta de reaseguro cedido y retrocedido y el importe bruto de dicha siniestralidad, sin que esta relaciÃ³n pueda, en ningÃºn caso, ser inferior al 50 por ciento.
Las menciones a siniestros pagados y provisiÃ³n de siniestros pendientes que se efectÃºan en este artÃ­culo se entenderÃ¡n referidas a todos los conceptos que deben incluirse en tales siniestros y provisiones.
4 bis. Cuando la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, calculada conforme a lo previsto en los apartados anteriores, resultara menor que la del ejercicio anterior, la cuantÃ­a mÃ­nima se determinarÃ¡ multiplicando la del ejercicio anterior por el coeficiente resultante de dividir la provisiÃ³n tÃ©cnica para prestaciones netas de reaseguro constituida al cierre y la constituida al inicio del ejercicio, sin que el coeficiente asÃ­ calculado pueda ser, en ningÃºn caso, inferior a 1.
4. ter. Cuando la naturaleza o la calidad de los contratos de reaseguro haya cambiado significativamente desde el ejercicio anterior, o en los contratos de reaseguro no se produzca, o sea insignificante la transferencia del riesgo, la reducciÃ³n por reaseguro prevista en el apartado 3.c) y en el apartado 4.d) de este artÃ­culo deberÃ¡ ajustarse para reflejar la polÃ­tica de reaseguro de la entidad que efectivamente incida en el margen de solvencia, reduciÃ©ndose en el importe que resulte necesario.
Se presume que el reaseguro goza de calidad suficiente cuando la entidad reaseguradora tenga como mÃ­nimo una calificaciÃ³n de BB o equivalente otorgada por una agencia de calificaciÃ³n.
En todo caso, no se aplicarÃ¡ la reducciÃ³n por reaseguro cuando de sus cuentas anuales se deduzca motivadamente que la solvencia actual o futura del reasegurador pueda verse afectada.
6. Las cuantÃ­as previstas en los apartados 3.b) y 4.c) anteriores serÃ¡n objeto de una revisiÃ³n anual desde el 20 de septiembre de 2003, a fin de tener en cuenta los cambios del Ãndice Europeo de Precios de Consumo publicado por Eurostat.
La cuantÃ­as se adaptarÃ¡n automÃ¡ticamente, aumentando su importe inicial en euros en el cambio porcentual de dicho Ã­ndice durante el perÃ­odo transcurrido entre el 20 de marzo de 2002 y la fecha de revisiÃ³n, redondeando hasta un mÃºltiplo de 100.000 euros. Si el cambio porcentual desde la Ãºltima actualizaciÃ³n es inferior al cinco por ciento, no se efectuarÃ¡ actualizaciÃ³n alguna.
Once.-Se da nueva redacciÃ³n al pÃ¡rrafo c) del apartado 2 y se aÃ±ade un nuevo apartado 5 al artÃ­culo 62, "CuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia en los seguros de vida", en los siguientes tÃ©rminos: "2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos especiales que a continuaciÃ³n se indican, la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia serÃ¡ la que para cada uno se determina: c) En los seguros de vida vinculados a la evoluciÃ³n de activos especÃ­ficamente afectos o de Ã­ndices o activos que se hayan fijado como referencia, y para las operaciones de gestiÃ³n de fondos colectivos de jubilaciÃ³n: 1.Âº En la medida en que la entidad asuma un riesgo de inversiÃ³n, el cuatro por ciento del importe de las provisiones de seguros de vida a que se refiere el pÃ¡rrafo a) del apartado anterior.
2.Âº En la medida que la entidad no asuma ningÃºn riesgo de inversiÃ³n, pero el importe destinado a cubrir los gastos de gestiÃ³n se fije para un perÃ­odo superior a cinco aÃ±os, el uno por ciento de las provisiones de seguros de vida a que se refiere el pÃ¡rrafo a) del apartado anterior.
3.Âº En la medida que la entidad no asuma ningÃºn riesgo de inversiÃ³n y la asignaciÃ³n para cubrir los gastos de gestiÃ³n no se fije para un perÃ­odo
superior a cinco aÃ±os, una cantidad equivalente al 25 por ciento de los gastos de administraciÃ³n netos de dicha actividad correspondientes al Ãºltimo ejercicio.
4.Âº En la medida en que la entidad asuma riesgos para caso de muerte se le sumarÃ¡, ademÃ¡s, el 0,3 por ciento de los capitales en riesgo calculado en la forma prevista en el pÃ¡rrafo b) del apartado 1 de este artÃ­culo.
5. Cuando la naturaleza o la calidad de los contratos de reaseguro haya cambiado significativamente desde el ejercicio anterior, o en los contratos de reaseguro no se produzca, o sea insignificante la transferencia del riesgo, la reducciÃ³n por reaseguro prevista en el apartado 1 de este artÃ­culo deberÃ¡ ajustarse, para reflejar la polÃ­tica de reaseguro de la entidad que efectivamente incida en el margen de solvencia, reduciÃ©ndose en el importe que resulte necesario.
Se presume que el reaseguro goza de calidad suficiente cuando la entidad reaseguradora haya sido calificada como mÃ­nimo BB por una agencia de calificaciÃ³n.
En todo caso, no se aplicarÃ¡ la reducciÃ³n por reaseguro cuando de sus cuentas anuales se deduzca motivadamente que la solvencia actual o futura del reasegurador pueda verse afectada."
Doce.-El artÃ­culo 63 queda redactado como sigue: "ArtÃ­culo 63. Fondo de garantÃ­a.
El fondo de garantÃ­a deberÃ¡ estar constituido por los elementos que con carÃ¡cter general tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de patrimonio propio no comprometido seÃ±alados en el apartado 1.uno del artÃ­culo 59 de este reglamento y por las plusvalÃ­as resultantes de las infravaloraciones de elementos del activo, previa deducciÃ³n de todos los gastos que pudieran incidir en su importe final seÃ±aladas en el pÃ¡rrafo c) del apartado 1.dos de dicho artÃ­culo, siempre que respecto a este Ãºltimo elemento se haya obtenido, en su caso, autorizaciÃ³n de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones."
Trece.-Se modifica el pÃ¡rrafo b) y se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo c) al apartado 6 del artÃ­culo 67, "Grupo consolidable de entidades aseguradoras", que tendrÃ¡n la siguiente redacciÃ³n: "b) Cuando la entidad dominante estÃ© domiciliada en un Estado no perteneciente al Espacio EconÃ³mico Europeo, el correspondiente grupo estarÃ¡ compuesto por las entidades de nacionalidad espaÃ±ola y, en su caso, las filiales de estas Ãºltimas, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o naturaleza jurÃ­dica, y con independencia del Estado donde desarrollen sus actividades.
c) En todo caso, las entidades aseguradoras espaÃ±olas dominantes de un grupo de sociedades estarÃ¡n sujetas al deber de consolidaciÃ³n cuando sean a su vez dominadas por una entidad aseguradora domiciliada en un Estado del Espacio EconÃ³mico Europeo."
Catorce.-Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo c) al apartado 5 y se crea un nuevo apartado 8 en el artÃ­culo 70, "CesiÃ³n de cartera", con la siguiente redacciÃ³n: "5. SerÃ¡n admisibles cesiones parciales de cartera de un ramo en los siguientes casos: c) Cuando comprenda la totalidad de las pÃ³lizas que, dentro de un ramo, puedan agruparse atendiendo a un criterio objetivo, que habrÃ¡ de quedar determinado claramente en el convenio de cesiÃ³n.
En ningÃºn caso se considerarÃ¡ que constituye un criterio objetivo la cesiÃ³n de pÃ³lizas de seguros de las reguladas en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instrumentaciÃ³n de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, correspondiente a una empresa o grupos de empresas." "8. Lo dispuesto en el artÃ­culo 72.7 de este reglamento se entiende aplicable al procedimiento regulado en este artÃ­culo."
Quince.-Se da nueva redacciÃ³n al apartado 7 del artÃ­culo 72, "FusiÃ³n de entidades aseguradoras", en los siguientes tÃ©rminos: "7. Lo previsto en este artÃ­culo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de concentraciones econÃ³micas. En concreto, si la operaciÃ³n de fusiÃ³n supera los umbrales previstos en los pÃ¡rrafos a) o b) del artÃ­culo 14 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, los partÃ­cipes habrÃ¡n de notificar la operaciÃ³n en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 15 de la citada ley, comunicando al mismo tiempo a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones esta notificaciÃ³n. Consecuentemente, el procedimiento previsto en este artÃ­culo se suspenderÃ¡ hasta la terminaciÃ³n del procedimiento eventualmente iniciado por los Ã³rganos de defensa de la competencia o, en su caso, hasta el levantamiento de la suspensiÃ³n de acuerdo con el artÃ­culo 15.2 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia."
DiecisÃ©is.-Se aÃ±ade al artÃ­culo 73, "EscisiÃ³n de entidades aseguradoras", un nuevo apartado 11 con la siguiente redacciÃ³n: "11. Cuando la escisiÃ³n suponga el traspaso de la parte segregada a una entidad ya existente, se entenderÃ¡ aplicable al procedimiento regulado en este artÃ­culo lo dispuesto en el artÃ­culo 72.7 de este reglamento."
Diecisiete.-El pÃ¡rrafo c) del artÃ­culo 75, "Estatutos", queda redactado en los siguientes tÃ©rminos: "Los estatutos de las entidades aseguradoras, sin perjuicio de lo previsto en el artÃ­culo 24 de la ley, deberÃ¡n contener, en todo caso, los siguientes extremos: c) El objeto de la entidad y el Ã¡mbito territorial en que se desarrollarÃ¡ su actividad."
Dieciocho.-El apartado 2 del artÃ­culo 97, "CesiÃ³n de cartera", queda redactado en los siguientes tÃ©rminos: "2. En el plazo de un mes, a contar desde dicha publicaciÃ³n, los tomadores de aquellos seguros en los que EspaÃ±a sea el Estado miembro del compromiso o de localizaciÃ³n del riesgo, podrÃ¡n ejercitar el derecho de resoluciÃ³n previsto en el artÃ­culo 50.3 de la ley. En todo lo demÃ¡s, dicha cesiÃ³n de cartera se ajustarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃ­culo 22 de la ley y 70 de este reglamento, teniendo en cuenta, que la apertura del perÃ­odo de informaciÃ³n pÃºblica sÃ³lo procederÃ¡ cuando EspaÃ±a sea el Estado de compromiso o de localizaciÃ³n del riesgo."
Diecinueve.-Se aÃ±ade al pÃ¡rrafo f) del apartado 1 del artÃ­culo 105, "Deber particular de informaciÃ³n en el caso de los seguros sobre la vida", un Ãºltimo inciso con la siguiente redacciÃ³n:
"En los seguros en los que el tomador asuma el riesgo de la inversiÃ³n se especificarÃ¡ el importe, base de cÃ¡lculo y periodicidad de todos los gastos inherentes a la operaciÃ³n".
Veinte.-Se da nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 129:
"ArtÃ­culo 129. CesiÃ³n de cartera.
1. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones prestarÃ¡ su conformidad para la cesiÃ³n de cartera de los contratos de seguro de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo, cuando EspaÃ±a sea el Estado miembro del compromiso o de localizaciÃ³n del riesgo y siempre que no haya objeciÃ³n legal alguna a aquÃ©lla.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones deberÃ¡ ser consultada cuando la cedente sea una sucursal establecida en EspaÃ±a de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo.
Finalmente, cuando la cesionaria sea una entidad aseguradora espaÃ±ola, la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones deberÃ¡ certificar que la cesionaria dispone, habida cuenta de la cesiÃ³n, del margen de solvencia necesario.
2. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones deberÃ¡ expresar su criterio en el plazo de tres meses desde la recepciÃ³n de la peticiÃ³n de conformidad, formulaciÃ³n de consulta o solicitud de certificaciÃ³n remitida por el Estado miembro de origen de la entidad aseguradora cedente. Si transcurrido dicho plazo la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones no se hubiera pronunciado al respecto, se entenderÃ¡ otorgada la conformidad, evacuada la consulta o remitida la certificaciÃ³n.
3. Cuando EspaÃ±a sea el Estado miembro del compromiso o de localizaciÃ³n del riesgo, se exigirÃ¡ a la entidad cedente que notifique individualmente a los tomadores el derecho a resolver los contratos de seguro que, suscritos en rÃ©gimen de derecho de establecimiento o de libre prestaciÃ³n de servicios, resulten afectados por la cesiÃ³n o que, como consecuencia de ella, pasen a cualquiera de estos regÃ­menes, asÃ­ como el derecho al reembolso de la parte de prima no consumida. Una vez que la autoridad de supervisiÃ³n del Estado miembro de origen de la cedente haya dado su autorizaciÃ³n a la cesiÃ³n, comunicÃ¡ndola a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, con especificaciÃ³n de la fecha de efecto, Ã©sta procederÃ¡ a publicar en el ``BoletÃ­n Oficial del Estado'' la cesiÃ³n autorizada, pudiendo ejercitarse el derecho de resoluciÃ³n de los contratos en el plazo de un mes a contar desde dicha publicaciÃ³n."
Veintiuno.-Se modifica el pÃ¡rrafo d) y se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo j) al apartado 1 del artÃ­culo 136, "Establecimiento de sucursales", que tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
"1. Con la solicitud de autorizaciÃ³n prevenida en el apartado 1 del artÃ­culo 87 de la ley, se deberÃ¡ presentar en la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentaciÃ³n siguiente:
d) Las bases tÃ©cnicas utilizadas en los seguros de vida para el cÃ¡lculo de las primas y de las provisiones tÃ©cnicas, sin que dicha exigencia pueda constituir una condiciÃ³n previa para el ejercicio de la actividad.
j) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehÃ­culos terrestres automÃ³viles, excluida la responsabilidad del transportista, deberÃ¡ comunicar el nombre y direcciÃ³n del representante designado en cada uno de los Estados del Espacio EconÃ³mico Europeo distinto a EspaÃ±a, encargado de la tramitaciÃ³n y liquidaciÃ³n de los siniestros ocurridos en un Estado miembro distinto al de residencia del perjudicado o en un paÃ­s firmante del sistema de Carta Verde."
VeintidÃ³s.-El apartado 3 del artÃ­culo 137, "Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora", pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
"3. Los modelos de pÃ³lizas, bases tÃ©cnicas y tarifas de primas no precisarÃ¡n aprobaciÃ³n administrativa previa.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ requerir la presentaciÃ³n de los modelos de pÃ³lizas, bases tÃ©cnicas y tarifas de primas siempre que lo entienda pertinente, al objeto de controlar si respetan las disposiciones tÃ©cnicas y sobre contrato de seguro."
VeintitrÃ©s.-Se aÃ±ade un nuevo apartado 3 a la disposiciÃ³n adicional tercera, "DotaciÃ³n de las provisiones tÃ©cnicas. CuantÃ­a mÃ­nima":
"3. Se considerarÃ¡ que la provisiÃ³n de prestaciones se ha calculado aplicando el mÃ©todo de valoraciÃ³n individual de siniestros cuando la provisiÃ³n de prestaciones pendientes de liquidaciÃ³n o pago se determine de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 40 y la provisiÃ³n de gastos internos de liquidaciÃ³n se determine conforme a lo establecido en el artÃ­culo 42, cualquiera que sea el mÃ©todo de cÃ¡lculo de la provisiÃ³n de siniestros pendientes de declaraciÃ³n."
Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuraciÃ³n de los departamentos ministeriales, y en el Real Decreto 777/2002, de 26 de julio, por el que se establece la estructura orgÃ¡nica bÃ¡sica del Ministerio de EconomÃ­a, las referencias que el Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, asÃ­ como sus normas de desarrollo, efectÃºan al Ministro o Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda han de entenderse efectuadas al Ministro o Ministerio de EconomÃ­a e, igualmente, las efectuadas a la DirecciÃ³n General de Seguros han de entenderse efectuadas a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
DisposiciÃ³n transitoria primera. RÃ©gimen transitorio de los beneficios futuros del ramo de vida a efectos de su cÃ³mputo como patrimonio propio no comprometido.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2009, podrÃ¡ computarse como patrimonio propio no comprometido el 50 por ciento de los beneficios futuros referidos exclusivamente al ramo de vida, excluyendo la parte de los beneficios futuros que surja de las plusvalÃ­as mencionadas en el pÃ¡rrafo c) del apartado dos del artÃ­culo 59.1 del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, que haya sido ya tenida en cuenta a tales efectos.
El importe de los beneficios futuros que debe computarse se obtendrÃ¡ multiplicando el beneficio anual estimado por un factor que represente la duraciÃ³n residual media de los contratos, sin que dicho factor pueda ser superior a seis. El beneficio anual estimado no excederÃ¡ de la media aritmÃ©tica de los resultados de las cuentas tÃ©cnicas en el ramo durante los Ãºltimos cinco ejercicios econÃ³micos.
El importe que debe computarse no podrÃ¡ exceder del 25 por ciento del patrimonio propio no comprometido, evaluado computando las partidas del apartado uno y de los pÃ¡rrafos a) y c) del apartado dos del artÃ­culo 59.1 del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, deducidos los elementos indicados en el apartado 2 de dicho artÃ­culo, o del 25 por ciento de la cuantÃ­a mÃ­nima de margen de solvencia, si Ã©sta fuese inferior.
En todo caso, su cÃ³mputo sÃ³lo serÃ¡ admitido por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando, ademÃ¡s del cumplimiento de los requisitos anteriores, la entidad haya presentado ante dicho centro directivo un informe actuarial justificando la probabilidad de que se produzcan estos beneficios en el futuro.
2. Durante los ejercicios 2004 a 2009, la entidad irÃ¡ eliminando dicha partida, de acuerdo con un plan sistemÃ¡tico acordado por la entidad y comunicado a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de un aÃ±o desde la entrada en vigor de este real decreto.
3. A efectos del patrimonio propio no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras, podrÃ¡ computarse el 50 por ciento de la suma de los beneficios futuros del ramo de vida de la sociedad dominante y de las dependientes, siempre que dichos beneficios sean computables individualmente y respeten en el nivel consolidado los lÃ­mites dispuestos en el apartado 1 anterior. AdemÃ¡s, la suma de los citados beneficios futuros y de cualquier otro elemento que, a juicio de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, pudiera no estar disponible de modo efectivo para cumplir el requisito de margen de solvencia de la entidad dominante, no podrÃ¡ computarse por una cuantÃ­a superior a aquella por la que sea computable en el margen de solvencia que corresponda a la entidad dependiente.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. RÃ©gimen transitorio de las nuevas exigencias de solvencia.
A 31 de diciembre de 2006, las entidades aseguradoras deberÃ¡n haberse adaptado a las nuevas exigencias de margen de solvencia previstas en este real decreto. La adaptaciÃ³n se efectuarÃ¡ linealmente o mediante otro criterio sistemÃ¡tico acordado por la entidad con carÃ¡cter irreversible, comunicado a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de un aÃ±o desde la entrada en vigor de este real decreto.
Las entidades que previeran no poder alcanzar las nuevas exigencias de solvencia en la fecha indicada deberÃ¡n presentar, antes de dicha fecha, para su aprobaciÃ³n por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, con arreglo a lo dispuesto en el artÃ­culo 39 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, un plan en el que se determinen las medidas a adoptar, con indicaciÃ³n de las condiciones y el plazo, que no podrÃ¡ ser superior a dos aÃ±os, para alcanzar, en todo caso, las nuevas exigencias de solvencia.
A partir del 31 de diciembre de 2006, las aportaciones no reintegrables de socios y mutualistas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto deberÃ¡n estar adaptadas a los requisitos exigidos por la nueva redacciÃ³n del pÃ¡rrafo d) del artÃ­culo 59.1.uno del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, a efectos de su cÃ³mputo en el margen de solvencia.
DisposiciÃ³n final primera. LegislaciÃ³n bÃ¡sica.
De conformidad con lo establecido en la disposiciÃ³n final primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, tienen la consideraciÃ³n de bases de la ordenaciÃ³n de los seguros, al amparo del artÃ­culo 149.1.11.a de la ConstituciÃ³n, las disposiciones transitorias primera y segunda de este real decreto.
DisposiciÃ³n final segunda. HabilitaciÃ³n para desarrollo normativo.
Se faculta al Ministro de EconomÃ­a, a propuesta de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones y previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, para realizar el desarrollo normativo de las disposiciones contenidas en este real decreto.

References: Real Decreto 
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