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Timestamp: 2018-08-20 16:30:46+00:00

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Curso de Derecho Internacional Privado: Caso Cantos Vs. Argentina
Sentencia de 28 de noviembre de 2002
En el caso Cantos,
de acuerdo con los artículos 29 y 55 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”) , dicta la siguiente sentencia.
4. El 13 de marzo de 1997 la Comisión se puso a disposición de las partes con el propósito de alcanzar una solución amistosa y, en ese sentido, convocó a una audiencia el 6 de octubre de 1997. Tres días después el Estado argentino informó que no le resultaba posible acceder a la propuesta de solución amistosa formulada durante la mencionada audiencia. El 3 de noviembre de 1997 los peticionarios informaron a la Comisión que, a su criterio, no existían, por el momento, las condiciones para alcanzar una solución amistosa y solicitaron que continuara el trámite del caso. Dicha información fue transmitida al Estado.
5. El 28 de septiembre de 1998 la Comisión aprobó el Informe N° 75/98, en el cual concluyó que la Argentina había violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial amparados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y el derecho a la propiedad privada establecido en su artículo 21, “todos ellos con relación a la obligación de dicho Estado de respetar, investigar, sancionar y restablecer los derechos violados de que trata el artículo 1 (1) del citado instrumento”. La Comisión consideró también que el Estado había violado en perjuicio del señor Cantos el derecho a la justicia y el derecho de petición enunciados en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana. La parte dispositiva del Informe N° 75/98 dice así:
C. Notificar a los peticionarios de la aprobación de un informe bajo el artículo 50 de la Convención Americana en el presente caso.
6. La Comisión transmitió al Estado el mencionado informe el 10 de diciembre de 1998. Sin embargo, éste no dio respuesta alguna sobre las recomendaciones adoptadas.
b) En marzo de 1972, la Dirección General de Rentas de la Provincia, con base en una presunta infracción a la Ley de Sellos , realizó una serie de allanamientos en las dependencias administrativas de las empresas del señor Cantos, y secuestró, sin inventariar, la totalidad de la documentación contable, libros y registros de comercio, comprobantes y recibos de pago de dichas empresas con terceros y firmas proveedoras, así como también numerosos títulos valores y acciones mercantiles.
c) Como consecuencia de los allanamientos, se produjo un perjuicio económico debido a la imposibilidad de operación de las mencionadas empresas por falta de los títulos correspondientes, y también por la imposibilidad de oponer defensas ante ejecuciones judiciales intentadas por terceros exigiendo el pago de obligaciones ya canceladas.
9. La Comisión designó como delegados a los señores Robert K. Goldman, Carlos M. Ayala Corao y Germán J. Bidart Campos, y como asesores jurídicos a la señora Raquel Poitevien y al señor Hernando Valencia Villa. Además, la Comisión acreditó en calidad de asistentes a las señoras Susana Albanese, Viviana Krsticevic y María Claudia Pulido, y a los señores Emilio Weinschelbaum, Martín Abregú y Ariel Dulitzky.
10. El 16 de abril de 1999 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) la transmitió al Estado y a la presunta víctima.
11. El 19 de mayo de 1999 la Argentina designó como agente en este caso a la Embajadora María Matilde Lorenzo Alcalá de Martinsen y como agente alterno al señor Luis Ugarte. El 31 de marzo de 2000 la Argentina revocó estas designaciones y nombró como agente al señor Ernesto Alberto Marcer y como agente alterno al Embajador Leandro Despouy. Nuevamente el 24 de mayo de 2001 la Argentina sustituyó sus representantes y designó como agente a la señora Andrea G. Gualde y como agente alterno a la señora María Rosa Cilurzo. El 6 de junio de 2002 el Estado comunicó que efectuaba un cambio en su representación y que designaba como su nueva agente alterna a la señora M. Luz Monglia.
12. El 19 de mayo de 1999 la Argentina nombró juez ad hoc al señor Julio A. Barberis.
17. El 14 de enero de 2002 la Comisión Interamericana remitió el escrito sobre reparaciones en el presente caso. Asimismo, adjuntó el escrito sobre reparaciones de los representantes de la presunta víctima, que ya había sido remitido a la Corte con anterioridad (supra 16).
18. El 16 de enero de 2002 la Secretaría transmitió el escrito de la Comisión Interamericana y el de los representantes al Estado y le informó, que contaba con un plazo perentorio de un mes para la presentación de sus observaciones y pruebas en relación con las eventuales reparaciones.
19. El 15 de febrero de 2002 el Estado presentó sus observaciones al escrito sobre eventuales reparaciones.
20. El 12 de abril de 2002 el Presidente resolvió convocar a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte el 17 de junio de 2002 para escuchar sus alegatos sobre las violaciones alegadas y las eventuales reparaciones, así como las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana.
21. La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte en la fecha prevista y
22. El 24 de septiembre de 2002 la Secretaría transmitió a los intervenientes en la audiencia pública las partes pertinentes de la transcripción de la misma, con el fin de que corrigieran los errores materiales en los que se pudiera haber incurrido. Asimismo, les informó que el Presidente les había otorgado plazo hasta el 24 de octubre de 2002 para la presentación de sus alegatos finales escritos.
23. El 17 de octubre de 2002 el Estado se opuso a la presentación de alegatos finales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y solicitó que la Corte emitiera una resolución al respecto. Al día siguiente, la Corte respondió rechazando la solicitud del Estado.
27. La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y la valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto, y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes . La Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, ha evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo . Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia .
28. Una de las funciones de esta Corte es proteger a las víctimas, determinar las violaciones de sus derechos y ordenar la reparación de los daños ocasionados por los Estados responsables de tales acciones . Para tales efectos,
[e]s suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención. Además, también se compromete la responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realice las actividades necesarias, de acuerdo con su derecho interno, para identificar y, en su caso, sancionar a los autores de las propias violaciones .
31. Junto a la comunicación de réplica (supra 14), la Comisión remitió copia de 242 documentos, contenidos en 53 anexos .
32. En su escrito de 29 de noviembre de 2001 la Comisión envió un recorte periodístico .
33. En escrito sobre reparaciones los representantes de la presunta víctima presentaron copia de un documento contenido en un anexo .
39. La Corte observa que el recorte periodístico presentado por la Comisión responde a un hecho superviniente, cuya noticia fue publicada con posterioridad a la presentación de los escritos de demanda y de contestación al escrito de excepciones preliminares, en razón de lo cual lo admite, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento . A su vez este Tribunal ha considerado en cuanto a los recortes de periódicos que, aún cuando los mismos no tienen carácter de prueba documental propiamente dicha, éstos podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos o notorios, declaraciones de funcionarios del Estado o cuando corroboren lo establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso . Así, la Corte los agrega al acervo probatorio como un medio idóneo para verificar, junto con los demás medios probatorios aportados, en la medida de su pertinencia para la veracidad de los hechos del caso.
b. El 24 de marzo de 1986 el señor Cantos solicitó al Gobernador de Santiago del Estero el pronto despacho del convenio suscrito con el señor Jensen Viano . Ante el silencio de dicha dependencia, el señor Cantos solicitó el 14 de abril de 1986 ante el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero que se dejara “expresa constancia de la conclusión de todo trámite administrativo, quedando en adelante expedita la acción judicial pertinente” .
c. El 4 de julio de 1986, el señor Cantos presentó ante la Corte Suprema de Justicia demanda contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Argentino sobre la ejecución del convenio suscrito en 1982. El 18 de julio de 1986 el Juzgado Federal de la Provincia de Santiago del Estero emitió nota sobre la competencia y forma de procedimiento a seguir para tramitar la demanda presentada por señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia y esta última dio traslado a los codemandados el 14 de agosto de 1986 .
d. Desde el inicio de la causa ante la Corte Suprema de Justicia, diversos jueces solicitaron información o copias de la causa que se tramitaba ante ella . Algunas suspensiones fueron dictadas en el proceso, entre las que destacan dos. En primer término, al momento de recopilar la prueba en la Corte Suprema de Justicia, uno de los peritos solicitó a dicho tribunal el 29 de agosto y el 5 de octubre de 1998 que suspendiera los plazos, en razón de no tener a su disposición los documentos originales correspondientes al Convenio de 1982 y su refrendo . Dichas suspensiones fueron otorgadas por la Corte Suprema de Justicia . En segundo lugar, entre el 30 de marzo de 1993 y hasta el 25 de abril de 1994 el expediente fue prestado al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional. En razón de lo anterior, el señor Cantos solicitó la suspensión de los términos, la que fue otorgada por la Corte el 22 de junio de 1993 .
e. Los días 16 y 19 de septiembre de 1986 los representantes de la Provincia y del Estado, respectivamente, presentaron sus escritos de excepciones relativos a la falta de legitimidad, falta de validez del convenio y prescripción de la acción . El 14 de octubre de 1986, el señor Cantos contestó a dichas comunicaciones y asimismo solicitó el 24 de noviembre de 1986 la intervención del Fiscal de Estado de la Provincia con el fin de evitar posteriores nulidades , dicha solicitud fue rechazada por extemporánea un mes después por la Corte Suprema de Justicia .
h. Los días 1 y 2 de junio de 1989, 15 senadores de la Nación dirigieron notas al Procurador del Tesoro de la Nación para que se avocase y diese solución a la petición de arreglo extrajudicial interpuesta por el señor Cantos . El 10 de septiembre de 1990 la Procuración del Tesoro Nacional autorizó el inicio del acuerdo transaccional entre el señor Cantos y el Ministerio del Interior . En casos como el anterior, la ley de la materia establece que “en los autos mencionados deberán suspenderse todos los plazos judiciales” .
i. El 6 de junio de 1991 el señor Cantos presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia aludiendo al proceso de acuerdo transaccional para lo cual adjuntó documentos correspondientes y solicitó que se guardaran en la caja fuerte y pidió copias certificadas de los mismos . El mismo día la Corte Suprema corrió traslado por 5 días a los codemandados . El 4 de julio de 1991 la Fiscalía del Estado de la Provincia contestó alegando la improcedencia procesal de la diligencia invocada por el señor Cantos por cuanto era extemporánea y carecía del trámite pertinente . Al día siguiente, el Ministerio del Interior negó que hubiese existido dicho trámite y que hubiese sido suscrito por autoridad estatal .
l. El 3 de septiembre de 1987, la Corte Suprema de Justicia intimó al señor Cantos a pagar la tasa judicial dentro de los cinco días siguientes, pues se dio la estimación del monto litigioso en la demanda y éste quedó dictaminado por el representante del fisco . El 12 de febrero de 1991 el Estado Nacional solicitó suspensión de la causa ante la Corte Suprema de Justicia hasta que el señor Cantos no hiciese el pago de la tasa judicial y dicha suspensión fue adoptada por la Corte el 18 del mismo mes . El 21 de mayo de 1991, luego de la apelación y los traslados correspondientes, el señor Cantos acreditó el pago de la tasa de justicia mínima por cuanto el monto litigioso sería indeterminado .
m. El 6 de junio de 1991 el Fisco Nacional solicitó la actualización, por parte del señor Cantos del monto litigioso . El 30 de julio de 1991 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Fisco determinar la tasa a tributar del proceso . En dos oportunidades se opuso el señor Cantos a dicha providencia y finalmente, el 17 de diciembre de 1991, la Corte Suprema de Justicia negó el recurso interpuesto . El 28 de febrero de 1992 el Fiscal del Estado requirió a la Corte Suprema de Justicia que ordenara al señor Cantos determinar el monto litigioso para poder continuar con el proceso y el 6 de abril de 1992 dicho tribunal reiteró la orden al señor Cantos de determinar el monto litigioso . El 13 de abril de 1992, el señor Cantos repuso y apeló la providencia que le ordenaba determinar la cuantía , recursos que fueron rechazados el 7 de julio de 1992 . El 3 de agosto de 1992 el señor Cantos “deja librado al prudente criterio de la Excma. Corte, la determinación definitiva del monto del litigio” (supra 43 h, i, j)
p. Los días 12 y 19 de mayo de 1995, el Fiscal del Estado de la Provincia y el Estado Federal, respectivamente, presentaron alegatos sobre el mérito de la prueba reunida , con petición de que la Corte Suprema de Justicia dictara sentencia rechazando la demanda en todas sus partes. El 2 de junio de 1995, el señor Cantos solicitó audiencia de conciliación y, luego de dos aplazamientos , el 17 de agosto de 1995 la Corte Suprema de Justicia ordenó llamar a autos para sentencia . El 3 de septiembre de 1996, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva declarando inoponible a la provincia demandada el convenio suscrito en 1982 y aplicó la prescripción por la naturaleza extracontractual de la obligación alegada .
Con respecto a los honorarios de abogados y peritos
r. El 4 de octubre de 1994 la Corte Suprema dictó sentencia en la cual reguló honorarios de los apoderados de las partes (los doctores Francisco Alberto Cavallotti, Walter Omar Peralta Rondano, Santiago Bargalló Beade, Jorge Alberto Jáuregui, Raul Diego Huidobro, Horacio Ángel Lamas y Claudia Graciela Reston) y de los dos peritos únicos de oficio (Osvaldo C. Marum y Juan Bautista Viegas) por las actuaciones en la causa principal así como en diversos incidentes, incluidos los relativos a prueba y al beneficio de litigar sin gastos . El 13 de octubre de 1994 el señor Cantos solicitó aclaración de la providencia de regulación de honorarios y el 7 de diciembre de 1994, requirió se formasen incidentes respecto de la cuestión de la tasa judicial y de la regulación de honorarios para no atrasar más la continuación del proceso .
s. El 12 de diciembre de 1994 la Corte negó abrir incidente en lo relativo a la regulación de honorarios y notificó que desde 13 de octubre anterior se habían abierto las actuaciones relativas a la tasa judicial . Finalmente, el 17 de diciembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia reguló la cuestión de honorarios, de conformidad con la ley 21.839, que establece los porcentajes que deben ser asignados por dicho rubro con base en el monto del proceso. La Corte fijó los honorarios de los abogados intervinientes (Horacio Ángel Lamas, Claudia Graciela Reston, Estanislao González Bergez, Edgardo Daniel Migro, Norma Mabel Vicente Soutullo, César David Graziani, Carlos Raúl Ambrosio, Guillermo Adolfo Heisinger, María Eugenia Galindez, José Osvaldo D’Alessio, Mario Jaime Kestelboim, Manuel Luis de Palacios, Julio C. Gónzalez, María Josefina Zavala, Washington Inca Cardoso y Alejandro Cáceres Llamosas) y del consultor técnico del Estado Nacional (Néstor Ramón Zubielqui) . En dicha resolución la Corte también fijó con carácter definitivo los honorarios en un monto de 6.948.835,00 (seis millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco pesos argentinos equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América) que habían sido fijados provisionalmente el 4 de octubre de 1994 en beneficio de los abogados intervinientes y de los dos peritos únicos de oficio (supra 43.r). El 8 de septiembre de 1997 el Juzgado Federal correspondiente absolvió al señor Cantos por los hechos denunciados . El 14 de abril de 1997 nueve de los profesionales a favor de quienes se reguló honorarios solicitaron traba de embargo preventivo sobre el importe que el señor José María Cantos tenga derecho a percibir “con respecto al reclamo por él efectuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y/o cualquier otro concepto que, por cualquier otra causa, le pudiera corresponder”, la cual fue decretada por la Corte Suprema de Justicia el mismo día. El 27 de noviembre de 1997 la Corte ordenó embargo a favor del doctor Raúl Diego Huidobro.
u. El señor Cantos y sus abogados incurrieron en gastos y costas para la tramitación de los diferentes procesos internos e internacionales
Violación de los artículos 8 Y 25
- Complejidad del caso. Aunque la complejidad del caso y el número de expertos convocados determinaron que la recopilación del acervo probatorio se extendiera por cerca de diez años, la Corte Suprema de Justicia se limitó a “declarar la prescripción de la acción y el consecuente rechazo de la demanda”, –sin examinar los abundantes elementos probatorios-. La parte demandada opuso excepciones dos meses después de la presentación de la demanda (septiembre de 1986) relativas a condiciones de admisibilidad de la misma, a saber: falta de legitimación activa y pasiva y prescripción, y “a fin de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional”, la Corte Suprema incumplió el deber de “advertir inmediatamente que dicha condición no ha sido satisfecha”;
- Actividad procesal del actor. “El hecho de que durante el proceso se hubiese [suspendido] por un acuerdo transaccional tramitado ante el Procurador del Tesoro de la Nación Argentina, no eximía al tribunal argentino de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la Convención en materia de plazo razonable”. En la dúplica se agregó que el señor Cantos desarrolló una actividad intensa y constante y que en el período 1990-1994 tuvo que enfrentar una causa penal por el “desconocimiento del Estado del dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación”.
- Conducta de las autoridades competentes. No constituyen un plazo razonable los 10 años transcurridos desde la presentación de la demanda hasta la resolución emitida por la Corte Suprema. Además, la Comisión advirtió que el expediente judicial estuvo un año fuera de la Corte Suprema de Justicia, y ésta, a su vez, demoró otro año en resolver la última solicitud sobre el beneficio de litigar sin gastos; mientras tanto, expidió el auto para dictar sentencia y emitió ésta un año después.
b. A pesar de que el señor Cantos solicitó ante la Corte Suprema de Justicia el beneficio de litigar sin gastos, derecho que deriva del artículo 8 de la Convención, las autoridades judiciales denegaron este beneficio en cinco ocasiones, impusieron el pago de la tasa judicial y de honorarios de profesionales que participaron en el proceso por la suma de US$145.528.568,50 (ciento cuarenta y cinco millones quinientos veintiocho mil quinientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta centavos). De esta manera “le fue trasladada en forma injustificada y desproporcional al señor Cantos la responsabilidad imputable al Estado por los gastos derivados de la innecesaria sustanciación de la causa”, así como “los costos de producción de un enorme acervo probatorio que la Corte Suprema […] hizo a un lado al emitir su fallo”, en perjuicio del derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana.
c. La sentencia dictada por la Corte Suprema quebrantó principios sustanciales del debido proceso consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, debido a que aquélla negó eficacia al convenio firmado por el Gobernador de facto con el señor Cantos; aplicó arbitrariamente la prescripción, al no haber constatado la existencia o no de “los elementos que integran dicho instrumento jurídico procesal y […] sin la determinación del punto de partida del término que se computa” para la aplicación de dicha prescripción, y, en general, constituyó la arbitraria culminación de “una concatenación de hechos que se inician en 1972 y conforman un complejo marco de denegación de justicia”. La resolución judicial omitió considerar pruebas y argumentos conducentes y decisivos, sin los cuales no es posible alcanzar la verdad objetiva, y no examinó las arbitrariedades cometidas por autoridades públicas, a través de diversas denuncias penales que culminaron en sobreseimientos. En este sentido, la arbitrariedad de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 3 de septiembre de 1996, se configura en tanto omitió considerar con profundidad todos los elementos relativos al convenio de 1982, que fue el resultado de una negociación entre el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero y el señor Cantos, cuyas firmas manifiestan el consentimiento en obligarse. Dicho convenio nunca fue anulado penal o civilmente por falsedad de firmas, y el señor Cantos no fue condenado por esta causa. El señor Jensen Viano firmó el convenio en su calidad de Gobernador de la Provincia y no como simple particular que suscribe un acto privado. Es improcedente el debate sobre si este funcionario público actuó en calidad de autoridad provincial o de interventor federal, y, si la Provincia de Santiago del Estero quedó obligada por él, ya que ante esta Corte se alegan violaciones de la Convención que en el ámbito internacional sólo son imputables al Estado federal, aunque las haya consumado un gobierno provincial. Más allá de la validez o eficacia jurídica del convenio en el ámbito jurisdiccional interno, el convenio tiene por objeto el reconocimiento de responsabilidad del Estado por los daños causados al señor Cantos.
45. En sus escritos, la Comisión Interamericana solicitó declarar que hubo violación a los artículos XVIII (derecho a la justicia) y XXIV (derecho de petición) de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y a los artículos 8, 25, 21 y 1.1 de la Convención Americana.
c. Por lo que hace a la injusticia de la retención, el Estado señaló que la demanda ignora “la doctrina de la propia Comisión en el sentido de que ella carece manifiestamente de competencia para conocer de reclamos en los que se alegue que una decisión judicial es injusta”. La calificación de “injusta” se debe a que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia desconoció la validez de un convenio celebrado el 15 de julio de 1982, que luego fue refrendado por el Ministro de Gobierno, y no a la aplicación del derecho interno para incumplir con las obligaciones internacionales. El Estado consideró que “tanto el convenio como el refrendo son nulos de nulidad absoluta por contener objeto prohibido y […] por no contar con los requisitos esenciales del acto administrativo”, razón por la cual “niega [la] autenticidad extrínseca e intrínseca, validez jurídica, eficacia y oponibilidad a su respecto de este convenio”. La sentencia de 3 de septiembre de 1996 es una sentencia justa, ya que “decidió la litis de acuerdo con las pretensiones deducidas por las partes, como derivación del principio de congruencia, ponderando las probanzas conducentes a la decisión adoptada”. No puede argüirse que la Corte Suprema tomó diez años para decidir sobre la prescripción liberatoria, pues la base de la sentencia dictada es la que corresponde al análisis de validez del convenio presentado para su cumplimiento”. Era indispensable analizar la validez del convenio, porque en la demanda del señor Cantos “se señalaba la existencia y validez de un convenio que fue controvertido por los demandados” y que de ser válido supondría un plazo de prescripción mayor que el que correspondería a una eventual responsabilidad extracontractual. Al declararse inválido el convenio, se aplica la prescripción bienal; consecuentemente, el plazo estaba vencido cuando se presentó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo expuesto, el Estado rechaza la atribución de responsabilidad internacional por violación del artículo 8 de la Convención Americana;
d. La legislación Argentina prevé “que la tasa de justicia integrará las costas de juicio y será soportada, en definitiva por las partes, en la misma proporción en que dichas costas debieron ser satisfechas”, de manera que la “la base imponible para la tasa judicial debe calcularse sobre el monto reclamado”, determinación que efectúa el demandante. Se trata de un elemento objetivo de cálculo que no constituye una restricción del acceso a la justicia, sino una carga para quien “ha perdido el juicio”. A pesar de haber sido denegada la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, “sucesivas peticiones que formuló el señor Cantos permitieron llegar a la sentencia definitiva sin que efectuara desembolso alguno en concepto de gastos judiciales”, por lo cual “nunca se impidió acceder a la jurisdicción al señor Cantos, ni la denegatoria del beneficio incidió en el dictado de la sentencia definitiva del expediente C-1099”, razón por la cual el Estado solicitó que la violación de los artículo 8 y 25 de la Convención Americana fuese rechazada; y
toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
55. Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio.
56. La Corte Suprema de Justicia ha aplicado también una ley interna que toma como base el monto de la demanda para regular los honorarios de los abogados intervinientes (los del señor Cantos, los del Estado y los de la Provincia de Santiago del Estero), del consultor técnico del Estado y de los peritos (supra 43 q.r.s). A la luz de los mismos razonamientos de los párrafos anteriores, este Tribunal considera que el cobro de honorarios profesionales regulados con base en el monto de la litis, en los términos en que se ha hecho en este caso particular, impone al actor una carga desmedida y se transforma, en definitiva, en un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia. El Tribunal se permite aclarar que los honorarios a los que se refiere este párrafo son los regulados y no los transados entre la parte y los abogados correspondientes.
57. La otra cuestión debatida en estas actuaciones respecto del proceso seguido ante la Suprema Corte de Justicia Argentina es la de si el procedimiento se ha ajustado a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en cuanto garantizan el derecho a una respuesta de la autoridad judicial dentro de un plazo razonable. Este Tribunal observa al respecto que, en principio, los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia y la expedición de la sentencia de ésta última que puso fin al proceso interno, implican una violación de la norma sobre plazo razonable por parte del Estado. No obstante, un examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto el Estado como el demandante, es decir, el señor Cantos, incurrieron en comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna. Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. A la luz de ello este Tribunal encuentra que carece de elementos para declarar que el Estado de Argentina ha violado, en la especie, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en cuanto consagran el derecho de obtener respuesta, dentro de un plazo razonable, a las demandas y solicitudes planteadas a las autoridades judiciales.
58. La Corte considera que aún cuando la falta de aplicación del artículo 2 de la Convención Americana no ha sido expresamente alegada por la Comisión Interamericana en relación con la aplicación de las leyes No. 23.898 sobre tasa judicial, y Nos. 24.432 y 21.839, sobre honorarios, al señor Cantos, esto no impide que sea analizada por el Tribunal en virtud del principio general de derecho iura novit curia “del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional entendiéndolo en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente” .
59. Asimismo, en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas . La Corte ha señalado en otras oportunidades que esta norma impone a los Estados partes la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar así los derechos consagrados en ésta. Las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de ser efectivas. Lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica .
60. En el caso subjudice, la Corte observa que la aplicación de la tasa judicial y los honorarios de acuerdo a los parámetros permitidos por la ley condujeron a que se cobraran sumas exorbitantes, con el efecto de obstaculizar el acceso del señor Cantos a la justicia, tal y como se indicó en otros apartados de esta Sentencia (supra 54, 55 y 56). Ante esta situación, las autoridades judiciales han debido tomar todas las medidas pertinentes para impedir que se produjese esa situación, y para lograr que se hicieran efectivos el acceso a la justicia y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.
61. En este sentido, valga destacar que
el deber general del Estado, establecido en el artículo 2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías.
62. No obstante lo anterior, la Corte observa, asimismo, lo siguiente: por una parte, existen normas internas en la Argentina que ordenan liquidar y pagar por concepto de tasa de justicia y de honorarios de abogados y peritos sumas exorbitantes, que van mucho más allá de los límites que corresponderían al cubrimiento razonable de los costos y costas generados por la administración de justicia y a la equitativa remuneración de un trabajo profesional calificado. Por otra parte, también existen disposiciones que facultan a los jueces para reducir el cálculo de la tasa y de los honorarios aludidos a límites que los hagan razonables y equitativos. Es, asimismo, del conocimiento de este Tribunal, que la Suprema Corte de Justicia de Argentina ha invocado la posibilidad de hacer prevalecer en las causas judiciales de orden interno las disposiciones de los tratados internacionales, lo cual ha llevado a que en diversos procesos los jueces hayan aplicado directamente la Convención Americana, modificando, en lo pertinente, los alcances del orden normativo nacional . Así las cosas, este Tribunal no encuentra fundamento para considerar que el Estado ha incumplido el artículo 2 de la Convención porque su orden jurídico, considerado en su integridad, no lleva necesariamente a impedir el acceso a la justicia. En todo caso sería aconsejable que el Estado suprimiera de su ordenamiento jurídico las disposiciones que pudiesen dar lugar, de una u otra manera, a la imposición de tasas de justicia y al cálculo de honorarios que, por ser desmedidas y excesivos, impidieran el cabal acceso a la justicia. Y a su vez adopte el conjunto de medidas tendientes para que la tasa de justicia y el cobro de honorarios no se transformen en obstáculos para hacer efectivo los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana.
64. La Corte estima que no son procedentes las demás pretensiones formuladas por la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima (supra 24), en virtud de lo establecido en la Sentencia de excepciones preliminares en el presente caso y en los párrafos 57 y 63 de esta Sentencia.
66. De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores la Corte ha encontrado que con ocasión de los hechos de este caso se violaron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana todo ello en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de José María Cantos. Este Tribunal en su jurisprudencia constante ha establecido que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente . A tales efectos, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual,
cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
67. Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana contiene una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De acuerdo con ello, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la mencionada violación .
68. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. La naturaleza y el monto de las mismas, dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. En todo caso, las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares . La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno .
b) En cuanto al daño inmaterial expresó que la indemnización por este rubro debe considerar las zozobras de las que fuera víctima el señor José María Cantos y su familia. Asimismo, debe considerar “los traslados continuos [del señor] Cantos a Buenos Aires desde Santiago del Estero batallando con los hostigamientos judiciales y policiales con las consecuencias de dejar continuamente su hogar conyugal”, privándolo de “un proyecto de vida en familia”. Además, la Comisión manifestó que “[e]l abuso de denuncias tanto administrativas cuanto judiciales con la finalidad de inhibir al peticionario original, de obtener medidas –seguras- tendientes a perjudicarlo no sólo en su patrimonio, sino en su vida familiar, social y cultural, se transforma necesariamente en violaciones a la Convención”, y significaron, en particular, la frustración del proyecto de vida del señor Cantos y su familia, por lo cual, considera equitativa la cantidad de US$100.000,00 (cien mil de dólares de los Estados Unidos de América).
c) En cuanto a otras formas de reparación solicitó a la Corte que se reparen las consecuencias de las violaciones de los artículos 8, 21 y 25 de manera que se levanten los embargos y las medidas de inhibición general de bienes, y en consecuencia las informaciones registradas en los organismos públicos correspondientes acerca de los datos personales para que el buen nombre y honor de José María Cantos no figuren con informaciones indebidas o agraviantes.
d) Con respecto a las costas y gastos, solicitó a la Corte fijar la suma correspondiente al reintegro de los gastos que se derivan de los viajes realizados por José María Cantos, Susana J. Albanese, Germán J. Bidart Campos, Emilio Weinschelbaum y las personas propuestas como testigos, con sus correspondientes hospedajes, a partir de mayo de 1996 y hasta el año 2002, para acudir a las audiencias ante la Comisión y la Corte Interamericanas, cantidad que deberá fijarse de conformidad con el criterio de equidad, debido a que no se han preservado los comprobantes de aviones y hoteles vinculados con los viajes. Solicitó que la Corte fije, según su criterio y la jurisprudencia que ha sido la base de sus decisiones, los honorarios de los abogados del señor Cantos en base a la equidad, teniendo en cuenta que los doctores Susana J. Albanese, Germán J. Bidart Campos y Emilio Weinschelbaum iniciaron sus actividades en mayo de 1996 fecha de presentación de la denuncia original ante la Comisión, la complejidad del caso, la continuidad de los procesos ante la Comisión y ante la Corte.
e) Con respecto a la modalidad de cumplimiento, solicitó no ordenar el reenvío a los tribunales internos para la fijación de las sumas indemnizatorias, sin perjuicio de la aplicación del artículo 68 de la Convención. Esto por cuanto, ante el reenvío, se podrían producir una de dos situaciones:
a) En cuanto al daño material, aseveró que el señor José María Cantos fue “debidamente oído en un proceso que inició con ese objeto y obtuvo una sentencia acorde a derecho” y que en la República Argentina el monto de la tasa de justicia resulta proporcional al monto reclamado por el accionante, el Estado no violentó el derecho de propiedad del señor Cantos cuando éste resultó condenado en costas en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, señaló que al haber sido declarado nulo el convenio de 1982 mediante la sentencia de la Corte Suprema de 3 de septiembre de 1996, lo expresado en él no constituye un reconocimiento de deuda por las autoridades oficiales y, por el contrario, esta alegación constituye un intento de “incluir dentro de la competencia de la Corte Interamericana hechos en los que [el] Tribunal se declaró incompetente”. En consecuencia, el Estado considera que no es procedente resarcimiento alguno por este rubro. A su vez, aseveró que todo percance en el desarrollo del proceso ante la Corte Suprema de Justicia le es imputable al señor Cantos pues fue el quien inició un proceso sin fundamento jurídico por un monto extravagante y además, fue el quien se hizo cargo del impulso del mismo, de lo que se desprende que los presuntos daños ocasionados en razón de la causa judicial iniciada por él no son causados por el Estado y no deben ser indemnizados por el mismo. El Estado alegó que dada la “ausencia de responsabilidad de la República Argentina”, según sus alegaciones sobre el fondo, no procede decretar reparaciones en el presente caso.
b) con respecto al daño inmaterial estableció que los supuestos hostigamientos policiales que padecieran el señor José María Cantos y su familia han sido debidamente refutados por el Gobierno, considerando que “la familia del señor Cantos no es parte en este caso” y que además estos hechos no constituyen “materia controvertible por ser anteriores al 5 de septiembre de 1984”. Además, sobre los alegados hostigamientos judiciales, el Estado sostiene que, según se desprende de las constancias de la causa, éstos nunca se verificaron. Asimismo, en lo relativo al proyecto de vida, manifestó que “nada hace pensar que Cantos no lo tuvo ni que el Estado sea responsable de su ausencia del hogar conyugal”. Por ello, y debido a que no se comprobó padecimiento alguno, consideró que no resulta procedente que la Corte realice una estimación de un monto por concepto de daño moral, “ni siquiera en el carácter simbólica que los representantes de la actora pretenden”.
71. Conforme a una constante jurisprudencia internacional, la Corte considera que la obtención de una Sentencia por parte de la víctima, como culminación de un proceso que ampare en alguna medida sus pretensiones, es por sí misma una forma de satisfacción . En ese sentido, el Tribunal estima que la presente Sentencia entraña una reparación moral, especialmente en virtud de lo señalado en los párrafos anteriores constituyen per se una reparación moral; igual reparación moral entraña la presente Sentencia.
“El artículo 1.1 de la Convención, que es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación alguna’. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma” ( ).
“Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención” ( ).
“La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención ... La segunda obligación de los Estados Partes es la de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos” ( ).
En virtud del razonamiento expuesto y de las pruebas producidas, la Corte llegó a la conclusión de que Honduras había violado, en perjuicio de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, los deberes de respeto y de garantía de los derechos reconocidos en los artículos 7, 5 y 4 de la Convención americana, “en conexión con el artículo 1.1 de la misma” ( ).
“contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención” ( ).
En su sentencia del 19 de enero de 1995 en el caso Neira Alegría, la Corte repitió el pasaje transcripto y agregó que el artículo 1.1 es una disposición de carácter general cuya violación está siempre relacionada con la que establece un derecho humano específico ( ). Esto significa que, según la interpretación de la Corte, cada vez que se viola un derecho o una garantía establecidos en la Convención, se viola también el artículo 1.1 de la Convención.
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References: artículo 21
 artículo 1
 artículo 50
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 1
 artículo 63
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 artículo 68
 artículo 1
 artículo 1
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