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Timestamp: 2019-08-21 12:30:39+00:00

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Derecho Médico – Bioética
Apostillas acerca de la ley 26.529 de Derechos del Paciente en su
Relación Con los Profesionales e Instituciones de la Salud
“Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado”
Por Oscar Ernesto Garay 1
Derecho Médico - Bioética
A) DE LA LEY 26529
1) La ley 26529 de “Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento informado”
a) Labor parlamentaria. Proceso de formación de la ley.
b) Estructura de la ley 26529
c) Ley de orden público
i) Ámbito de aplicación material
ii) Ámbito de aplicación personal
iii) Ámbito de aplicación territorial
f) Reglamentación
g) Autoridad de aplicación
h) Profesional de la salud. Establecimientos asistenciales. Incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la ley. Sanciones
i) Ley 26.529 - Pertenencia al campo de la legislación sanitaria
B) DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE
2) Derechos de los pacientes. Antecedentes
3) Fundamentos de los derechos de los pacientes
a.1.) La dignidad y los derechos de los pacientes
c) La autonomía. Introito
c-1-) Conceptos generales
c-2) Autonomía. La Declaración de Lisboa de la AMM
c.3.) La autonomía en la ley 26529
c.4.) Niños/Niñas – Adolescentes. Derecho a ser oídos
d.1.) No-Discriminación
d.1.1.) La prohibición de discriminar en la ley 26529
4) Los derechos del paciente. Conceptos
5) Los derechos del paciente en la ley 26529
a) Derecho a la Asistencia
a.1.) Prioridad por los niños/as – adolescentes
a.2.) Liberación del profesional
b) Derecho a la intimidad (relacionada con la información y documentación clínica)
b.1.) Aplicación de la ley 25326
c) Derecho a la confidencialidad. Concepto
c.1.) Normas éticas y jurídicas sobre el Derecho a la Confidencialidad
c.2.) Derecho a la confidencialidad en la ley 26529 (en relación a la
documentación clínica)
d) Derecho a la segunda opinión
C) DE LA INFORMACIÓN SANITARIA
Autor del “Tratado de la Responsabilidad Civil en las Especialidades Médicas”, Ed. Errepar, 2009.
6) La información sanitaria
a) Derecho Humano a la Información
b) Norma Ética Internacional
c) El derecho a la información sanitaria en la ley 26529
c.1. Información sanitaria. Definición
c.2.) Terceras personas autorizadas a recibir la información sanitaria
D) DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
7) El consentimiento informado
a) Conceptos. Definición legal
b) Obligatoriedad del consentimiento informado
c) Excepciones al consentimiento informado
d) La formalización o instrumentación del consentimiento informado
e) La revocabilidad de consentimiento informado
f) Exposición del caso médico con fines académicos. Consentimiento informado previo
E) EL DERECHO A RECHAZAR TRATAMIENTOS
8) El Derecho a rechazar tratamientos
F) DE LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS
9) Las directivas anticipadas
a) Directivas Anticipadas. Conceptos
d) Las directivas anticipadas en la ley 26529
E) DE LA MUERTE DIGNA
10) La muerte digna
a) Muerte digna. Reconocimiento ético y jurídico
b) Muerte digna. Breves acotaciones
E) DE LA HISTORIA CLÍNICA
11) La historia clínica
a) La regulación de la Historia Clínica en la ley 26.529
b) Historia Clínica. Definición
d) Historia Clínica. Características
e) Titular de la Historia Clínica
f) Requerimiento de copia de la HC por el titular. Autorizados
g) Soporte de la Historia Clínica
h) Historia Clínica Informatizada
1) La ley 26529 de “Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento
informado”
a) Labor parlamentaria. Proceso de formación de la ley. La ley 26529 tuvo el
siguiente trámite parlamentario: el proyecto de ley fue presentado con fecha 23/03/2007 por el
senador por Chubut Marcelo Alejandro Horacio Guinle en la Comisión de Salud y Deporte del
Senado de la Nación; habiendo sido aprobado por el senado (cámara de origen) con fecha
21/11/2007. En la Cámara de Diputados (cámara revisora) el proyecto de ley se aprueba con
modificaciones. Finalmente, el proyecto de ley se sanciona en el senado (se aceptaron algunos
cambios y se rechazaron otros), con fecha 21 de octubre de 2009.
El proceso de formación de la Ley 26529 concluyó con las siguientes fases: i)
Sanción: 21 de octubre de 2009; ii) Promulgación: 19 de noviembre de 2009; y, iii)
Publicación en el Boletín Oficial de la Nación: 20 de noviembre de 2009.
b) Estructura de la ley 26529. La ley bajo comentario consta de veinticinco
artículos, siendo el último de forma. Se organiza de acuerdo al siguiente esquema: i) el artículo
1º define el “Ámbito de Aplicación” de la norma; ii) el Capitulo I) trata de los “Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud” (Artículo 2º); iii) el
Capítulo II) aborda la temática de la “Información Sanitaria” (Arts. 3º y 4º); iv) el Capítulo III)
legisla respecto “del Consentimiento Informado” (Arts. 5º a 11) —el Art. 11º legisla en
relación a las “Directivas Anticipadas”—; v) el Capítulo IV) legisla el asunto “De La Historia
Clínica” (Arts. 12 a 20); vi) el artículo 21 legisla sobre las “Sanciones” a aplicar a quien obren
en infracción a la ley; vii) el capítulo V) cierra la distribución normativa mediante
“Disposiciones Generales”: Art. 22 – “Autoridad de Aplicación Nacional y Local”; Art. 23 –
entrada en “Vigencia” y definición de la ley como de “Orden Público”; Art. 24 –
“Reglamentación”; y, Art. 25 – de “Forma”.
c) Ley de orden público. La ley se autodefine como de «orden público»: “la
presente ley es de orden público” (Art. 23). La caracterización como de orden público que le
atribuye el legislador a la ley 26529 obedece a que el Estado busca hacer prevalecer el orden
público social sobre cualquier interés particular. Al tener el carácter de ley de orden público, su
aplicación es imperativa, es decir, no puede ser dejada de lado por la voluntad de las partes.2
d) Ámbito de aplicación. El mismo lo podemos dividir en material, personal y
i) Ámbito de aplicación material. La norma prescribe que “el ejercicio de los
derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la
documentación clínica se rige por la presente ley” (Art. 1º).
ii) Ámbito de aplicación personal. De acuerdo al artículo 2º de la ley 26529, por
un lado tenemos el sujeto titular de los derechos legislados: el paciente, y por otra parte, los
sujetos obligados a respetar, hacer respetar y promocionar los derechos del paciente: “el o los
profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se
trate” (clínica, sanatorio, hospital etc.).
iii) Ámbito de aplicación territorial. La ley 26529 es una ley civil.3 Se aplica en
todo el territorio de la nación argentina; en lo que respecta a cuestiones que no son de fondo, la
Rivera, Julio Cesar, Instituciones de derecho civil, Parte general I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994,
El art. 75, inc. 12 C. N. otorga al Congreso federal la atribución de dictar, entre otros, el Código Civil, y sus
leyes complementarias. Los derechos humanos reconocidos implícitamente (art. 33) y explícitamente (art. 75,
inc. 22) por la Constitución nacional, como los son el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, a la
intimidad y otros, encuadran en el marco de normas abarcadas por el Código Civil. Las leyes reglamentarias
de los derechos personales corresponden al Congreso federal (Bidárt Campos, Germán J., Manual de la
Constitución Reformada, ed. Ediar, Tº III, Buenos Aires, 2005, p. 179). En esa categoría se encuentran, por
norma invita “a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la
presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en
materia de acceso de a la justicia” (Art. 22, segundo párrafo).
e) Vigencia. El legislador determinó que la ley 26529 “entrará en vigencia a partir
de los noventa días de la fecha de su publicación” (Art. 23). La ley fue publicada en el boletín
oficial el día 20 de noviembre de 2009. Los noventa días prescriptos en la norma se cuentan
como días corridos, a partir del día siguiente del de la publicación.
f) Reglamentación. El legislador dispuso que el “Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.” La de
reglamentar las leyes es una atribución del Poder Ejecutivo fijada en la Constitución Nacional
(Art. 99, inc. 2º). El PEN al reglamentar la ley, lo deberá hacer “cuidando de no alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias” (Art. 99, inc. 2º).
g) Autoridad de aplicación. La norma estatuye que “es autoridad de aplicación de
la” ley 26529 “en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada una
de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad
sanitaria local” (Art. 22).
h) Profesional de la salud. Establecimientos asistenciales. Incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la ley. Sanciones. El legislador prescribe que “Sin perjuicio
de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las
obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los
establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción
nacional de las sanciones previstas en el título VIII de la Ley 17.132 - Régimen Legal del
Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas- y, en las
jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan
con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas.” (Art. 21).
La ley estatuye en la primera parte del art. 21 que si el profesional de la salud
incurre en alguna conducta tipificada en la normativa penal, se aplicará ésta; si por el accionar
del agente sanitario se produce daño en la persona del paciente —y si por la misma conducta se
responsabiliza al establecimiento asistencial4—, se aplica la codificación civil. La conducta
ejecutada por el integrante del Equipo de Salud en infracción a la ley 26529, es considerada por
esta norma como “falta grave”5 (lo mismo cuando el incumplimiento es adjudicado a los
establecimientos asistenciales). Lo que implica que el agente sanitario y los “responsables de
los establecimientos asistenciales” serán pasibles —en la jurisdicción nacional6— de las
sanciones estatuídas por (el Art. 126 de) la ley 17.132: “apercibimiento”, “multa”,
ejem., las leyes 24.193 de Trasplantes de Órganos (B. O. 19/04/1993) y la 23.798 de Lucha contra el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (B. O. 20/09/1990).
En caso de daño, la responsabilidad civil se puede hacer extensiva a la institución asistencial, o a la obra
social, o a la empresa de medicina prepaga.
«Falta»: “Quebrantamiento de una obligación.”; «Grave»: “Grande, de mucha entidad o importancia.”
(Dicc. de la Real Academia Española).
Aplicación Art. 21 Ley 26529. Este artículo estatuye que “en las jurisdicciones locales, serán pasibles
de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina
que rija en cada una de ellas.”
“inhabilitación en el ejercicio de la profesión” y “clausura total o parcial, temporaria o
i) Ley 26.529 - Pertenencia al campo de la legislación sanitaria. Si bien la
legislación sanitaria no está reconocida como una categoría de la legislación sanitaria
(conforme Art. 7º ley 24.967 —la ley 26.529 por legislar sobre derechos personalismos de la
persona humana, encuadra en la categoría “legislación civil”—), cabe que didácticamente
encuadremos la ley bajo comentario en la “rama” de la legislación que denominamos
“legislación sanitaria.
La legislación sanitaria está integrada por normas jurídicas expedidas por gobiernos
no-democráticos y por gobiernos constitucionales. Muchas de las leyes troncales de la
legislación sanitaria fueron dictadas por gobiernos que no surgieron de la voluntad popular;
esto es, gobiernos que no se adecuaron a la forma representativa, republicana y federal que
establece el artículo 1º de la Constitución Nacional. Cabe citar las siguientes leyes emanadas
de gobiernos de facto: la nº 16.463 (1964) de “medicamentos”, la nº 17.465 (1967) de
“ejercicio de la farmacia”, la nº 17.132 (1967) de “ejercicio de la medicina, la odontología y
actividades de colaboración”, la nº 22.914 (1983) de “personas con deficiencias mentales,
toxicómanos y alcohólicos crónicos. Normas que regulan su internación en establecimientos
asistenciales”, entre otras. Se trata de normativa jurídica expedida sin debate de ideas, ni
pluralismo o espíritu democrático en el proceso de creación de la misma.
Es una asignatura pendiente del Congreso de la Nación, reemplazar (actualizar –
modernizar), las leyes sanitarias “sancionadas” por gobiernos de facto, las cuales contienen en
su espíritu o filosofía, el autoritarismo y paternalismo de épocas pasadas; congruentemente, no
contienen los valores de la democracia y de los DDHH.
Por otro lado, están las leyes sanitarias dictadas bajo el imperio de la constitución;
por gobiernos elegidos democráticamente; en períodos en que rige la republica, el estado de
derecho, la libertad y en que se sancionan las leyes de acuerdo al debido proceso legal normado
en la carta magna. Se pueden citar como leyes sanitarias democráticas, la ley de trasplantes (nº
24193), la ley de medicamentos genéricos (nº 25649), las leyes de salud sexual y reproductiva
(nºs. 25673 – 26130 - 26150) y la ley objeto del presente comentario (nº 26529).
La ley 26529 es una buena ley. Perfectible, por supuesto, como toda obra hecha por
el hombre. En su construcción se respetó el debido proceso legal de creación de las leyes.
Brota de su articulado la filosofía de los derechos humanos y de la bioética. La ley 26529
“huele” a respeto de la dignidad humana, “transpira” libertad o autonomía de la voluntad,
constituye dicha ley el marco mínimo ético y jurídico desde el cual comenzar a respetar y
promover los derechos humanos de los pacientes.
En 1969 una organización privada norteamericana, la Comisión Conjunta de
Acreditaciones de Hospitales, procedió a la revisión de su reglamento, y permitió que las
asociaciones de consumidores, en particular la National Welfare Reghts Organization,
presentara propuestas concretas. Esta organización elaboró en junio de 1970 un documento con
26 peticiones concretas, que suele considerarse como el primer código de derechos de los
enfermos. Comenzó así un largo proceso de negociación, al cabo del cual un cierto numeró de
propuestas específicas fueron incluídas en el nuevo reglamento de la CCAH. En 1973, la
Asociación Americana de Hospitales aprobó su Carta de Derechos del Paciente. En enero de
1976, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó un documento elaborado por
la Comisión de Salud y Asuntos Sociales, en el que se invita a los gobiernos de los dieciocho
estados miembros a tomar las medidas necesarias a fin de que los pacientes sean aliviados de
sus tratamientos, estén completamente informados sobre sus dolencias y sobre los tratamientos
previstos, y tengan la posibilidad de prepararse psicológicamente a la muerte. La Asociación
Médica Mundial (AMM), en su XXXIV Asamblea Medica Mundial (1981), expidió la
Declaración de Lisboa - Portugal sobre los Derechos de los Pacientes (actualizada en 1995 en
Bali-Indonesia y revisada en Santiago de Chile, en 2005).
Esta necesidad de formular los Derechos de los Pacientes en Cartas o Declaraciones
se expandió a Europa, y luego a los países del continente americano.7
Debemos traer a colación a la que consideramos que fue la fuente legal que inspiró
filosóficamente al legislador argentino, la Ley de España nº 41/2002, ley “básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica”, promulgada por el Rey Juan Carlos I y publicada en el BOE el 15 de
En la Argentina, primero se legislo sobre los derechos de los pacientes en las
jurisdicciones provinciales: la provincia de Rió Negro (ley 3076/1997), la provincia de
Formosa (ley 1255/1997); la provincia de Tucumán (ley 6952/1999); y la provincia de
Neuquén (ley 2611/2008). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dicto en 1999, la
“Ley Básica de Salud (nº 153), enumerando en su art. 4º varios de los derechos del paciente.
En la Provincia de Córdoba se legislaron los “Derechos de los Pacientes” en una ley
denominada “Carta del Ciudadano”: ley 8835/2000 que en su art. 6º, bajo la denominación
“Derechos a la Salud”, trata sobre los Derechos de los Pacientes.
La Asociación Medica Argentina (AMA), a través de su Código de Ética Para el
Equipo de Salud, trata sobre “Los Derechos y Deberes de los Pacientes” (Cáp. 5).
Los cimientos en que se apoya el “edificio” normativo de la ley 26529; esto es, la raíz
filosófica o ideológica de la ley de marras, son los valores «dignidad», «libertad» e «igualdad».
a) La dignidad. En la persona humana, dotada de inteligencia y libertad, reside la
dignidad. Ser persona es un rango, una categoría que no tienen los seres irracionales. Esta
prestancia o superioridad del ser humano sobre los que carecen de razón es lo que se llama la
dignidad de la persona humana. Y esta dignidad de la persona es compartida por todos los
hombres por igual, ya que, todos los hombres son iguales en dignidad; pues, “no hay nada en la
creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier
hombre” (Tomas y Valiente); independientemente de sus condiciones de nacimiento, raza o
sexo, opiniones o creencias, de su inteligencia o salud mental, de la situación socio – cultural o
económica, de la conducta o comportamiento desplegado, etcétera.8 Así, el derecho a la
Garay, Oscar Ernesto, Derechos fundamentales de los pacientes, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p.
93; Garay, Oscar Ernesto, Tratado de la responsabilidad civil en las especialidades médicas, Ed. Errepar,
Buenos Aires, 2009, p. 351 y ss.
González Pérez, Jesús, La dignidad de la persona, Civitas, Madrid, 1986, p. 24 y ss.
dignidad personal es un derecho natural e innato que se funda en la igualdad específica de
todos los hombres.9
La dignidad no es, en sentido estricto, un derecho subjetivo, sino un estado o
condición inherente, calidad ontológica del ser humano. Es decir, el ser humano no “es”
dignidad sino que “posee” esta calidad, condición o estado propio de un ser libre e idéntico a
sí mismo (Sessarego). Para la concepción kantiana de la dignidad humana, las cosas tienen
precio, pero el hombre, en cambio, tiene dignidad. Lo que tiene precio es intercambiable,
puede ser mercancía, servir de medio para otros fines. La dignidad del hombre implica, por el
contrario, que todo ser humano sea fin en sí mismo, insustituible, nunca intercambiable ni
tomado como objeto o cosa, como instrumento o mercancía. En eso se cifra su dignidad y ésta
es intrínseca a todos y cada uno de los seres humanos por el solo hecho de ser humanos. Esto
permite apuntar una definición de dignidad como el valor intrínseco de todo ser humano, en
tanto que humano.10
El concepto de dignidad humana está en el centro mismo del Derecho Internacional
de DDHH. Es un derecho reconocido implícitamente (Art. 33) y expresamente (Art. 75 Inc. 22)
por nuestra Carta Magna.
La dignidad de la persona se constituye como núcleo central de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948); es fundamento principal de la bioética. Se instituye
en pilar trascendental de la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO
(2005). Son acciones paradigmáticas que lesionan severamente la dignidad humana, la
discriminación, los tratos crueles e inhumanos, la tortura y la pena de muerte; igualmente, el
hambre y la guerra que violentan la justicia y la paz de los pueblos de la tierra.
a.1.) La dignidad y los derechos de los pacientes. Hay derechos normados en la ley
26529 que tienen sustento directo en el principio dignidad. Por caso, los derechos al “trato
digno y respetuoso”, a la “intimidad”, a la “confidencialidad”, a la “muerte digna”. Hagamos
referencia al primero de los nombrados.
La ley 26529 dice que el paciente tiene derecho al trato digno y respetuoso: el
paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud interviniente, le otorguen un
trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las
relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad,
cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o
acompañantes.” (Art. 2º, Inc. b). En una sociedad democrática, deben imperar la tolerancia y la
aceptación de la diversidad, el multiculturalismo y pluralismo; esto es, la pacífica convivencia
de individuos de diversas cosmovisiones, credos, idearios e ideologías, cuyas pautas morales
siempre tienen improntas propias distintivas y facetas disidentes; lo que lleva al legislador a
imponer el mandato ético y jurídico de que los pacientes deben recibir un trato digno y
respetuoso de parte de los agentes del sistema de salud interviniente, en lo atinente a los
aspectos que menciona el inc. b) del Art. 2º; haciendo extensivo el trato digno y respetuoso a
los familiares y acompañantes del paciente.
178 y ss.
González Valenzuela, Juliana, Voz “Dignidad humana”, Diccionario latinoamericano de bioética, Juan
Carlos Tealdi, director, UNESCO-Redbioética-Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2008.
b) La libertad. La historia de la humanidad es la historia del hombre por la libertad.
Lucha, conquista, pérdida. Y vuelta a luchar para reconquistar la libertad. La libertad, al igual
que la dignidad, se constituye en valor supremo de la persona humana. Cuando la constitución
en su parte dogmática se propone asegurar y proteger los derechos individuales, merece la
denominación de derecho constitucional “de la libertad”. Tan importante resulta la postura
que el estado adopta acerca de la libertad, que la democracia, o forma de estado democrática,
consiste fundamentalmente, en el reconocimiento de esa libertad.11 Asimismo, la libertad
(también la dignidad y la igualdad) se constituye en fundamento del Derecho Internacional de
los DDHH. El hombre es libertad o no es.12 Pero la libertad del hombre para desarrollar su
personal proyecto de vida se ve condicionada por factores de poder, socioculturales,
económicos y otros.13 El ejercicio de la libertad deriva en una regla de autonomía que importa
la posibilidad de decidir, sin condicionamientos externos, resultándose de ello una regla
general de libertad. 14
La idea de libertad que está presente en el principio de autonomía se expresa en la
libertad de elección de la persona humana, en nuestro caso, del paciente.15 Esto es, la
aplicación del principio de autonomía en el ámbito de la medicina.
c) La autonomía. Introito. Durante 25 siglos la mirada de la medicina, de la ética
médica, estuvo centrada en el médico; el paciente era considerado un incompetente moral para
decidir sobre su salud y enfermedad (Gracia Guillen). Era la filosofía de la medicina
hipocrática – paternalista. La autonomía, como valor, se fue abriendo paso desde la filosofía, la
política y las ideas y movimientos sociales. La autonomía fue importante en la formulación de
la primera camada de derechos humanos y en la evolución de las sociedades occidentales hacia
sociedades democráticas. Lentamente el principio de autonomía fue horadando la secular
tradición paternalista arraigada en la sociedad y en la medicina. Desde las primeras décadas del
siglo XX, a instancias de la filosofía existencialista, se produce una profunda revalorización de
la persona humana. De ser considerada “sólo” como un ser de naturaleza racional (“sustancia
individual de naturaleza racional —Boecio, siglo VI—), la persona pasó a ser estimada como
un ser espiritual dotado de libertad y dignidad. El Derecho Internacional de los DDHH recoge
ésta concepción y fundamenta sus normas en los valores dignidad, libertad e igualdad. La
persona humana paso a ocupar el centro del escenario social. El paciente pasó a ocupar el
centro de la Relación Equipo de Salud – Paciente. La Bioética tiene como bastión fundamental
de su accionar al principio de autonomía.
c-1-) Conceptos generales. La autonomía es un concepto esencial para el ulterior
desarrollo del consentimiento informado, ya que es la regulación personal de uno mismo, libre,
sin interferencias externas que pretendan controlar, y sin limitaciones personales, como por
Bidart Campos, Germán J., Manual de la constitución reformada, Tº I, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006,
Cifuentes, Santos, Derechos personalísimos, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 433.
Por caso, cabe recordar que el 50% de la población de América Latina es pobre, factor que condiciona
la libertad de proyección del hombre. Ver Tealdi, Juan Carlos, Voz “libertad, Diccionario latinoamericano
de bioética, J. C. Tealdi, director, UNESCO-Redbioética-Universidad Nacional de Colombia, Bogota,
2008, p. 413/414.
Lorenzetti, Ricardo Luís: Responsabilidad civil de los médicos, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1997,
Tealdi, Juan Carlos, Voz “libertad, Diccionario latinoamericano de bioética, J. C. Tealdi, director,
UNESCO-Redbioética-Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2008, p. 413.
ejemplo una comprensión inadecuada, que impidan hacer una elección. Una persona autónoma
actúa libremente de acuerdo con un plan elegido.
La autonomía es la capacidad de autogobierno, una cualidad inherente a los seres
racionales, que les permite elegir y actuar de forma razonada, sobre la base de una apreciación
personal de las futuras posibilidades evaluadas en función de su propio sistema de valores.16
Según el principio de autonomía, siempre debemos respetar a las personas, pues, ésta
es dueña de sus propias acciones y decisiones y por ello, no lo debemos “usar”. El individuo
que satisface ciertas características debe ser tratado como un agente autónomo y respetado de
manera acorde, y aquellos cuya autonomía se ve reducida (niños, personas disminuídas) deben
Hay tres requisitos que deben ser satisfechos para que uno pueda hablar de
autonomía. En primer lugar, una acción autónoma no debe ser forzada. El agente decide por sí
mismo que hacer. En segundo lugar, la noción de autonomía supone más que ser libre para
decidir; implica también la posesión de opciones reales. Finalmente, para que una persona
tome una decisión de manera autónoma y la decisión resultante sea efectivamente autónoma, es
necesario que posea toda la información relevante. Uno ejerce autonomía en un sentido
completo cuando toma decisiones informadas.17
c-2) Autonomía. La Declaración de Lisboa de la AMM La Declaración de los Derechos de los
Pacientes tiene establecido, con base en el derecho a la autonomía, lo siguiente:
“Derecho A La Autodeterminación
32. El Paciente tiene Derecho a la Autodeterminación y a tomar Decisiones Libremente
en Relación a su Persona. El Médico Informara al Paciente las Consecuencias de su Decisión.
33. El Paciente Adulto Mentalmente Competente tiene Derecho a dar o a Negar su
Consentimiento para Cualquier Examen, diagnostico, o Terapia. El Paciente tiene Derecho a
la Información Necesaria para Tomar sus Decisiones. El Paciente Debe Entender Claramente
cual es el Propósito de todo examen o Tratamiento y cuales son las consecuencias de no dar su
34. El Paciente tiene Derecho a negarse a Participar en la Investigación o Enseñanza en
c.3.) La autonomía en la ley 26529. El precepto jurídico que trata sobre el asunto
nos dice que “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o
procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a
revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. (Art. 2º, Inc. e], primera parte).
Con base en la autonomía de la voluntad, el paciente tiene derecho a:
i) aceptar las terapias o procedimientos médicos o biológicos que le propone el
médico. La autonomía le da sustento a la regla bioética “consentimiento informado”, con base
en este instituto, el paciente va da su “consentimiento informado” a la terapia que le propone el
galeno. El consentimiento informado implica la previa comprensión de la información que le
suministro el facultativo.
Pellegrino, Edmund D., La relación entre la autonomía y la integridad en la ética médica, en Bioética,
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, v. 108, nºs. 5 y 6, mayo y junio de 1990, Washington, p.
Luna, Florencia y Salles, Arlen, Decisiones de vida y muerte. Eutanasia, aborto y otros temas de ética
médica, Sudamericana, Buenos Aires, 1995, p. 27.
ii) rechazar las terapias o procedimientos médicos o biológicos que le propone el
médico. En la naturaleza del principio bioético de autonomía estriba la posibilidad del “rechazo
informado” a la propuesta médica efectuada por el médico.18
iii) revocar su manifestación de voluntad (arrepentirse - cambiar de idea) dada con
anterioridad en relación a la aceptación o rechazo de las terapias o procedimientos médicos o
biológicos propuestas por el médico. El paciente puede cambian de idea (revocar), tanto
respecto al consentimiento dado, como al rechazo expresado.
— La decisión tomada por el paciente, puede ser formulada “con o sin expresión de
causa”. El legislador considera que la libre voluntad del paciente es suficiente, sea positiva o
negativa, y que no se requiere que argumente racionalmente la decisión adoptada.
c.4.) Niños/Niñas – Adolescentes. Derecho a ser oídos. El legislador torna aplicable
a nuestra materia la ley 26061 en los siguientes términos: “Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a intervenir en los términos de la ley N° 26.061 a los fines de la toma de
decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o
La Ley 26061 “tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los
que la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin
de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.” (Art. 1º)
El Art. 2º de la ley 26061 estatuye que la “Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación
obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o
adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los
“Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables,
interdependientes, indivisibles e intransigibles.”
La ley 26061 establece los derechos de niñas, niños y adolescentes a la vida (Art. 8 º), a la dignidad y a
la integridad personal (Art. 9º), a la salud (Art. 14), a la libertad (Art. 19), a la dignidad (Art. 22), entre otros.
La lógica del consentimiento informado implica que el paciente puede consentir el procedimiento
terapéutico propuesto o, en cambio, pueda rechazarlo. Esta posibilidad es inadmisible en la concepción del
médico paternalista, según la cual, el médico decidía —y aún decide— discrecionalmente por el paciente (si
bien en su beneficio). El criterio del médico que entabla una relación médico – paciente democrática,
contempla y acepta la eventualidad del rechazo por parte del paciente, en uso de su libertad y autonomía.
Evaluando esta posibilidad, el galeno también debe informar: a) que el paciente tiene derecho a rechazar la
propuesta médica sugerida; b) las consecuencias que significan para su salud el rechazo. (Garay, Oscar
Ernesto, tratado de la responsabilidad civil en las especialidades médicas, Tº I, Ed. Errepar, Buenos Aires,
2009, p. 298).
En relación a lo normado en la segunda parte del Inc. e) Art. 2º ley 26529, hay que
traer a colación lo determinado en el Artículo 24 de la Ley 26.061: “Derecho A Opinar y A Ser
Oído”. “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en
aquellos que tengan interés;
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños
y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico,
cultural, deportivo y recreativo.”
La libertad, la dignidad, como la justicia, requieren del principio de igualdad. Si a
todo hombre debe reconocérsele los derechos fundamentales, entonces, todos los hombres
participan de una igualdad elemental de status en cuanto personas.19 Tal es el concepto básico
de la llamada igualdad civil, consistente en eliminar discriminaciones arbitrarias entre las
personas. La igualdad importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia en el trato que
se depara a los hombres.20 En relación a la salud, la igualdad implica actitudes / acciones
activas de parte del Estado, de las instituciones de la salud (también de las obras sociales y de
las empresas de medicina prepaga) y de los Profesionales del Equipo de Salud, tendientes a
eliminar las barreras que discriminan, lesionando el valor igualdad, lo que implica daño a la
d.1.) No-Discriminación. El profesional de la salud al prestar su servicio de salud
tiene prohibido incurrir en “discriminación”.21 Las Declaraciones Internacionales han
establecido el principio de igualdad, sin distinción de causa o condición: El Pacto de San José
de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos) - Art. 1º; la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - Art. II.; la Declaración Universal de
Derechos Humanos - Art. 2º - 1. A su vez, la ley Antidiscriminatoria, Nº 23.592 (B.O.
05/09/1988) condena los actos discriminatorios. Igual postura filosófica adoptaron las normas
éticas de la profesión médica. Así, la Declaración de Principios Éticos de Médicos del
Mercosur (1995), el Código de Ética de la Confederación Médica de la Republica Argentina
(COMRA, 1955/2008): Art. 1º; el Código de Ética Para el Equipo de Salud de la AMA (2001):
Art. 25. En definitiva, todos los profesionales de la salud deben tratar a la persona humana por
su condición de tal, teniendo en cuenta que es un ser humano que necesita de su ciencia, de su
competencia profesional; sin importar determinadas características que revista el paciente (las
Colautti, Carlos E., Derechos Humanos, Universidad, Buenos Aires, 1995, p. 17)
Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 1996, p. 529. El
prestigioso constitucionalista nos dice que “conviene advertir que la igualdad elemental que consiste en
asegurar a todos los hombres los mismos derechos requiere, imprescindiblemente, algunos presupuestos
de base: a) Que el Estado remueva los obstáculos de tipo social, cultural, político y económico, que
limitan “de hecho” la libertad y la igualdad de todos los hombres; b) que mediante esa remoción exista un
orden social y económico justo, y se igualen las posibilidades de todos los hombres para el desarrollo
integral de su personalidad; c) que a consecuencia de ello, se promueva el acceso efectivo al goce de los
derechos personales de las tres generaciones por parte de todos los hombres y sectores sociales.
La Constitución nacional de 1853 no había establecido en forma expresa este principio (se lo considero
un derecho implícito). Con la reforma constitucional de 1994, se habilita la acción de amparo contra
“cualquier forma de discriminación” (art. 43 de la C.N.); y se regula el habeas data para la supresión o
rectificación de cualquier dato que pueda implicar una discriminación (art. 43 de la C.N.).
que de modo enunciativo detalla la norma), ya que lo fundamental es la dignidad inherente a
todos y cada uno de los seres humanos. Esta responsabilidad de dar un trato igualitario a los
pacientes debe ser compartida por los profesionales y las instituciones de la salud.
d.1.1.) La prohibición de discriminar en la ley 26529. La norma sostiene que “El
paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los
profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias
religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra
condición (Art. 2º, Inc. a]). En la primera parte del Inc. a] Art. 2º se trata sobre el derecho a la
asistencia médica —se destaca la prioridad por “los niños, niñas y adolescentes”—,
estableciendo que al cumplimentar esa obligación, los profesionales del Equipo de Salud y las
instituciones sanitarias, tienen vedado discriminar.
Paciente es la “persona que padece física y corporalmente; el doliente; el enfermo: en
propiedad, aquel que se halla bajo atención medica”.22 Paciente es la persona que por la
especial situación por la que atraviesa, necesita del médico, del integrante del Equipo de Salud,
para que lo cure, lo alivie y/o lo cuide y consuele.
También, es la persona que necesita que sean respetados sus derechos humanos
fundamentales —relacionados con su condición de paciente—: a la vida, a la salud, a la
integridad física, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la identidad, a la intimidad, a la
confidencialidad, al consentimiento informado, a la verdad, a una muerte digna.
La doctrina23 nos dice que “para la traducción jurídica de la noción bioética de los
Derechos de los Pacientes se ha de partir de los derechos subjetivos que se reconocen a las
personas naturales en general; pero visualizarlos en el sujeto que debe ejercerlos cuando
padece una enfermedad frente a quienes accionan sobre el”.
Desde esta óptica los derechos del paciente son, entonces, la relación circunstanciada
de ciertos derechos de la personalidad que pasan a un plano especial en virtud de las
circunstancias en las que deben ser ejercidos y respetados.
Los derechos del paciente son derechos humanos (“derechos esenciales” dice la ley:
Art. 2º), cuyo titular es la persona humana en su calidad de paciente, y los sujetos obligados
son “el o los profesionales de la salud”24 o “el o los agentes del seguro de salud”25 y
Bertoldi de Fourcade, María V.: Los derechos de los pacientes, en responsabilidad profesional de los
médicos, Oscar Ernesto Garay (coord.), La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 157; de la misma autora: “Los
Derechos del Paciente y la Intimidad”, Separata del Libro de homenaje “200 años de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales”, Advocatus, U.N.C. Córdoba, 1992.
Los integrantes del Equipo de Salud - Profesiones de Grado Universitario: Bioquímico, Enfermero,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogos, Lic. en Nutrición, Lic. en Producción de Bioimágenes, Médico, Obstétrica,
Odontólogo, Psicólogo, Terapista Ocupacional; Tecnicaturas: Asistente Dental, Citotécnico,
Instrumentador Quirúrgico, Óptico Técnico, Podólogos, Técnico en Esterilización, Técnico en
Hematología, Técnico en Hemoterapia, Técnico en industria de alimentos, Técnico en ortesis y prótesis,
Técnico en Prácticas cardiológicas, Técnico en Prótesis Dental; Profesiones Auxiliares: Auxiliar de
Anestesia, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Laboratorio, Auxiliar de Radiología.
Las obras sociales del sistema regulado por las leyes 23.660 y 23.661, las obras sociales reguladas por
otra normativa (por ej. las Os. Ss. Universitarias de la ley 24.741), y las obras sociales provinciales.
“cualquier efector de que se trate”26 (Art. 2º). El paciente debe reclamar y hacer respetar sus
derechos conforme el marco legal instituido por el ordenamiento jurídico.27
En el entendimiento que los derechos del paciente son derechos humanos, en su
momento clasificamos a los derechos en cuestión, sosteniendo que los mismos se derivan de
derechos esenciales o fundamentales de la persona humana.28
— Derecho a la Vida: A la salud – a la protección de la salud – a la integridad
psicofísica – a disponer del propio cuerpo – a la asistencia médica – a acceder a prestaciones de
— Derecho a la Dignidad: A la intimidad – a la confidencialidad – a la igualdad – a
no ser discriminado – a la verdad – a ser diferente – a la identidad sexual – a ser tratado por un
médico humanista – a una muerte digna – a la disposición del cadáver.
— A la Autonomía: A la información – al consentimiento informado – a rechazar
— Otros: Derechos de la persona en su calidad de usuario del servicio de medicina
prepaga, de beneficiario del sistema de obras sociales, o de sujeto participante de investigación
La norma primero trata sobre determinados derechos esenciales del paciente en el
Art. 2º y luego aborda los asuntos “información sanitaria”, “consentimiento informado” e
“historia clínica”. Veamos en forma concisa algunos de esos derechos.
a) Derecho a la Asistencia. La norma (Art. 2º, Inc. a]) prescribe que los pacientes
tienen derecho a la asistencia médica por parte de los profesionales de la salud. Se trata de un
deber ético y una obligación jurídica en cabeza del profesional de la salud (Art. 19, inc. 2º,
Ley 17.13229). Desde el punto de vista etimológico, asistencia y asistir provienen del latín ad y
sistere, que significa pararse, detenerse para ayudar, socorrer, estar presente (Yungano). La
omisión infundada de prestar asistencia médica, puede generar responsabilidad por daños si se
acreditan los presupuestos de la responsabilidad civil.30
a.1.) Prioridad por los niños/as – adolescentes. El Art. 2º, letra a) L. 26529
prescribe la prioridad de la asistencia médica a favor de “los niños, niñas y adolescentes”. Se
Los “efectores” son los entes que prestan el servicio de salud a los ciudadanos en su calidad de
pacientes: Consultorio, Centro, Servicio Médico y/u Odontológico de Urgencia, Instituto, Clínica,
Sanatorio, Maternidad, Hospital, Otros.
Por cuanto “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de
todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático” (Art. XXVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
Art. 19. – Los profesionales que ejerzan la medicina están (…) obligados a: Inc. 2º Asistir a los
enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga y hasta tanto, en caso de decidir la no
prosecución de la asistencia sea posible delegarla en otro profesional o en el servicio publico
correspondiente.” (Ley 17.132).
Ver Garay, Oscar Ernesto, Código de derecho médico, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 117 y ss. (y
doctrina que se cita).
aplica la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), la cual posee
Jerarquía Constitucional (Art. 75, in. 22 C. N.) y la Ley 26.061 (B. O. 26/10/2005) – “Ley de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.31
a.2.) Liberación del profesional. El profesional sólo se libera de la obligación de
prestar asistencia médica al paciente “cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del
paciente otro profesional competente.” El precepto regula en idéntico sentido que el Art. 19,
inc. 2º de la ley 17.132. Ver Arts. 63 y cc. del C. E. para el Equipo de Salud (AMA, 2001) y
Art. 16 C. E. COMRA (1955 – 2008).
b) Derecho a la intimidad (relacionada con la información y documentación
clínica). La norma hace especial hincapié en los ítems “información sanitaria” y
“documentación clínica” (historia clínica), y prescribe como preámbulo del tratamiento de esos
temas en los capítulos II) y IV) que “Toda actividad médico asistencial tendiente a obtener,
clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del
paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la
voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus
datos sensibles32, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la ley 25.326.” (Art. 2º, Inc. c]
ley 26529).
b.1.) Aplicación de la ley 25326. Esta norma trata del régimen legal del Habeas Data.
La misma tiene “por objeto la protección integral de los datos personales asentados en
archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean
éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a
la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las
mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la
Constitución Nacional.” (Art. 1º). También, en relación a los “datos relativos a la salud”
estatuye que “Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales
vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos
a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren
En lo atinente a la asistencia médica, la ley 26061 prescribe: El art. 8° estatuye que “Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de
El Art. 9º prescribe que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual,
psíquica y moral.”
El Art. 14 determina bajo el titulo “Derecho A La Salud” que “Los Organismos del Estado deben
garantizar: a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por
la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e
integridad; b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; c) Programas de atención,
orientación y asistencia dirigidos a su familia; d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus
derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.”
“Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres
embarazadas.”
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia
médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención,
promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la
“Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.”
(Art. 2º ley 25326).
estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.” (Art.
c) Derecho a la confidencialidad. Concepto. Lo confidencial es “lo que se hace o se
dice en confianza o seguridad recíproca entre dos o más personas” (Dicc. de la Real
Academia Española). En nuestro caso, la persona que necesita del auxilio médico (el
paciente), se brinda en confianza a la persona que posee el saber médico (el médico). De ese
encuentro (intimidad – privacidad – confianza / ciencia médica), queda la información sobre
los aspectos médicos y personales del paciente en la esfera de conocimiento del médico. Lo
que genera el derecho del paciente y la obligación del médico al secreto médico. Por otra parte,
hay información médica perteneciente al paciente (brota de su estado de salud – enfermedad)
que se vuelca en la documentación clínica (soporte papel o digital), respecto de la cual: i) el
paciente tiene derecho a que se guarde estricta reserva (que no se la revele; que no se la haga
pública); y, ii) los integrantes del Equipo de Salud (profesional, técnico, auxiliar,
administrativo), están obligados a mantener reserva sobre la información de marras. El
principio de reserva puede ser excepcionado cuando es el mismo paciente quien autoriza la
revelación, o también, cuando la autoridad judicial dispone expresamente la divulgación por
motivos fundados. Queda claro que la norma (Art. 2º, inc. d), establece que los pacientes tienen
derecho a la confidencialidad de sus datos médicos personales. En correspondencia con este
derecho el agente sanitario debe indefectiblemente guardar y preservar el secreto profesional.
c.1.) Normas éticas y jurídicas sobre el Derecho a la Confidencialidad.
La Declaración sobre los Derechos de los Pacientes de la Asociación Americana de
Hospitales (1973), determina que “el paciente tiene derecho a que todas las comunicaciones y
registros relativos a su atención sean tratados confidencialmente” (art. 6º); El Código
Internacional de Ética Médica (AMM, 1949-1983-2006): “El Médico debe respetar el derecho
del paciente a la confidencialidad. Es ético revelar información confidencial cuando el
paciente otorga su consentimiento o cuando existe una amenaza real e inminente de daño para
el paciente u otros y esta amenaza sólo puede eliminarse con la violación del secreto.” C. de
E. para el Equipo de Salud (AMA, 2001): Arts. 101 a 116; C. E. COMRA (1955-2008): Arts.
78 a 94.33
La leyes que regularon sobre los derechos del paciente reconocen el derecho a la
confidencialidad: L. 3076 (Río Negro): Art. 2º, inc. f); L. 6952 (Tucumán): Art. 1º, inc. 6º; L.
1255 (Formosa): Art. 2º, inc. f); L. 2611 (Neuquén): Art. 4º, inc. k); L. 153 (CABA), Art. 4º,
Declaración de Lisboa de la AMM (1981-1995-2005)
“Derecho al secreto
Toda la información identificable del estado de salud, condición médica, diagnóstico y tratamiento de un
paciente y toda otra información de tipo personal, debe mantenerse en secreto, incluso después de su
muerte. Excepcionalmente, los descendientes pueden tener derecho al acceso de la información que los
La información confidencial sólo se puede dar a conocer si el paciente da su consentimiento explícito o si
la ley prevé expresamente eso. Se puede entregar información a otro personal de salud que presta
atención, sólo en base estrictamente de "necesidad de conocer", a menos que el paciente dé un
Toda información identificable del paciente debe ser protegida. La protección de la información debe ser
apropiada a la manera del almacenamiento. Las substancias humanas que puedan proporcionar
información identificable también deben protegerse del mismo modo.”
documentación clínica). La ley 26529 expresa el mandato jurídico de que “El paciente tiene
derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la
documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida
reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o
autorización del propio paciente.” (Art. 2º, Inc. d]). La primera parte de la norma establece el
principio general en la materia (ver nota “32” y Art. 11 ley 17.132). La autorización a revelar
la información clínica por el propio paciente radica en que se trata de un derecho personalísimo
d) Derecho a la segunda opinión. La ley 26529 dice: “g) Interconsulta Médica: El
paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una
segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de
salud.” (Art. 2º, Inc. g]). Éste derecho debió ser titulado “segunda opinión”, pues, así es como
se lo viene denominando últimamente; el C. E. COMRA dice que el que hace “interconsulta
médica” o “consultas médicas” es el médico que recurre a otro/s profesional/es para que
evalúe/n el caso, de/n su parecer, dictamen o consejo.34 Sí es importante el mandato del
legislador acerca del derecho del paciente de contar con la “la información sanitaria por
escrito” a fin de poder recurrir a una segunda opinión médica. La Declaración de Lisboa sobre
los Derechos del Paciente (AMM, 1981-1995-2005), prescribe que “El paciente tiene derecho
a solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento.”
El C.E. AMA (2001) dice que se llama Segunda Opinión “a la resultante de una consulta a
otro médico o a otro equipo de salud no responsable directo de la atención del paciente (aspecto
legal y ético) para ratificar o modificar lo actuado” (art. 140, C.E. AMA); y es una obligación en
cabeza del profesional del arte de curar, ya que “por el principio de beneficio o beneficencia surge
la obligatoriedad del miembro del Equipo de Salud de considerar la salud del paciente por encima
de cualquier otra condición. Todo conflicto de intereses de cualquier índole entre los consultantes
debe ser subordinado al interés primario que constituye la razón antedicha” (art. 143, C.E. AMA).
“La segunda opinión es parte de la Atención en Salud. Puede ser referida a todo lo actuado o
circunscribirse a algún punto determinado” (art. 141, C.E. AMA).
“Dadas las múltiples repercusiones que tiene éste Acto Médico sobre los protagonistas, se
requiere de las partes involucradas no sólo conocimientos científico-técnico sino un equilibrio
apropiado de madurez y respeto solidario, visto que el prestigio de la Medicina está en juego cada
vez que se produce un acto médico y ello es más crítico en el caso de la Segunda Opinión” (art.
142, C.E. AMA).35
La Segunda Opinión puede “originarse a pedido del enfermo y de acuerdo al principio de
autonomía y a la regla de confidencialidad, los familiares sólo podrán solicitar al médico tratante
la consulta con otro profesional si contaren con la expresa autorización del paciente o bien en el
caso de que éste no fuese competente. También puede proponerla el responsable primario frente a
a) Cuando resultare dificultoso arribar a un diagnóstico de certeza.
b) Cuando no obtuviere un resultado satisfactorio con el tratamiento instituido.
c) Cuando por la gravedad del pronóstico se necesitare compartir la responsabilidad con otro
“Artículo 43°. Se llama Junta o consulta médica a la reunión de dos o más colegas para intercambiar
opiniones respecto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un enfermo en asistencia de uno de ellos.” (CE
COMRA, 1955-2008)
“Cuando el paciente desee hacer uso de su derecho a una segunda opinión, tiene el deber de notificar
este hecho al profesional que lo trato hasta ese momento así como deberá aceptar que éste notifique su
retiro ante esa circunstancia, si ello corresponde” (art. 81, C.E. AMA).
u otros colegas.
d) Por aspectos legales, laborales, administrativos o de similar categoría (art. 144, C.E.
La temática de la segunda opinión esta tratada ampliamente en el Código de Ética de la
Asociación Médica Argentina (AMA, 2001): arts. 140 a 167.
6) La información sanitaria. La ley trata de la información sanitaria (Cap. II) como
un antecedente necesario del consentimiento informado (Cap. III).
a) Derecho Humano a la Información. Este derecho está reconocido en la
Constitución Nacional: en forma implícita (Art. 33) y expresa (Art. 75, inc. 22). Nuestra Carta
Magna contiene normas constitucionales referidas a la información: Art. 38 C. N. (acceso a la
información pública); Art. 41 CN (información en materia ambiental); Art. 42 CN
(información adecuada y veraz a favor de consumidores y usuarios de bienes y servicios); y,
Art. 43 C. N. (información y “Acción de Amparo”).
La relevancia del derecho del paciente a recibir información, ha sido resaltada por la
jurisprudencia y la doctrina.36 Su aplicación efectiva evita incertidumbres, ansiedades,
oscurantismos innecesarios. Permite el ejercicio del derecho a optar, cuya utilidad no debe ser
evaluada sólo por el profesional de la salud. Informar no significa persuadir, tampoco,
coaccionar. Significa explicar alternativas, aplicando la regla de la normal prudencia. Ello
teniendo en cuenta que la teoría del autoritarismo tiene revitalizaciones cíclicas.37
De éste modo, la obligación de informar (que incluye, según los casos, las de avisar,
advertir y aconsejar), aparece, en los contratos de servicios médicos, como un deber jurídico
implícito y accesorio que matiza la obligación principal. Y por tal obligación, un experto —el
deudor de la prestación y emisor de la información— asume el deber de poner en conocimiento
de su cocontratante —acreedor del servicio y habitualmente un profano— aspectos relevantes
del contrato —objeto de la información— que habilitan para tomar decisiones compartidas y
pertinentes en beneficio del acreedor – paciente.38
b) Norma Ética Internacional. La Declaración de Lisboa de la AMM (1981-1995-2005), tiene
establecido respecto al derecho de marras lo siguiente:
“El paciente tiene derecho a recibir información sobre su persona registrada en su historial médico y a
estar totalmente informado sobre su salud, inclusive los aspectos médicos de su condición. Sin embargo, la
Ver, por todos: CNCiv., Sala I, octubre 25/1990, Favilla, Humberto c. Peñeyro, José y otro, LL, 1991D-117, con nota de Susana Albanese: “Relación médico – paciente: el derecho a informar y el acceso a la
historia clínica; CNCiv. y Com. Fed., sala I, diciembre 28/1993, P., R. H. c. Estado Nacional, Ministerio
de Defensa, Ejercito Argentino s/ Responsabilidad médica, ED, tº 160-97, con nota de Susana Albanese:
“El derecho de los pacientes a recibir información”.
Albanese, Susana, Casos médicos, La Rocca, Buenos Aires, 1994, p. 52.
Kraut, Alfredo Jorge, Médicos y deber de información: responsabilidad civil en casos de
incumplimiento, en Derecho privado, libro homenaje a Alberto J. Bueres, dirección: Oscar J. Ameal,
coordinación: Mariana Gesualdi, Hammurabi, Buenos Aires, 2001, p. 1597.
información confidencial contenida en el historial del paciente sobre una tercera persona, no debe ser entregada a
éste sin el consentimiento de dicha persona.
Excepcionalmente, se puede retener información frente al paciente cuando haya una buena razón para
creer que dicha información representaría un serio peligro para su vida o su salud.
La información se debe entregar de manera apropiada a la cultura local y de tal forma que el paciente
pueda entenderla.
El paciente tiene el derecho a no ser informado por su solicitud expresa, a menos que lo exija la
protección de la vida de otra persona.”
c) El derecho a la información sanitaria en la ley 26529. La norma prescribe que
“El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud.
El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información.”
(Art. 2º). La norma pone en cabeza del paciente (sujeto titular) el derecho a que el profesional
sanitario responsable (sujeto obligado) le informe en relación a su estado de salud –
enfermedad. La información debe ser la “necesaria39” o suficiente para que el paciente
conforme al principio de autonomía pueda consentir o rechazar determinada terapia que le
propone el médico. Con base en el principio bioético de autonomía, el paciente tiene derecho a
saber o no saber; a recibir la información o a “no recibir la mencionada información” (Art. 2º,
c.1. Información sanitaria. Definición. La ley la define como “aquella que, de
manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe
sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la
previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.” (Art. 3º).
De la definición dada surge lo siguiente:
i) materia: es la información médica referida al estado de salud – enfermedad de una
persona; a la terapia que se le propone (estudios, tratamientos, etc.), y la evolución esperable
(riesgos, complicaciones o secuelas);
ii) características: la información debe ser sencilla (no debe ser revestida por
ornamentos técnicos, o constituir un símil de una pieza de oratoria dirigida a expertos),
completa o bastante como para que el paciente comprenda adecuadamente el sentido de la
información, y ajustada a la condición socio cultural del paciente;
iii) sujetos: el sujeto obligado es el profesional de la salud tratante y el sujeto receptor
es el paciente a quien pertenecen los datos médicos personales.40
La subjetividad del paciente va a determinar cuando la información es suficiente o la “necesaria” para
alcanzar a comprender la realidad de su estado de enfermedad, conforme lo que le informa el galeno y
tomar decisiones responsables al respecto. El médico debe estar abierto, alerta, entender que la cantidad y
calidad de la información “necesaria” a suministrar al paciente va a depender de las circunstancias
personales del paciente (sociales, culturales, otras) y obrar en consecuencia.
“El suministro de información al paciente por el profesional tiende a paliar la situación de asimetría
existente entre ambos —lego-experto; que son además, enfermo-médico—. El intercambio
comunicacional entre ambos, basado en la confianza, ampliara las posibilidades de comprensión de los
resultados del tratamiento por parte del paciente.” (Wierzba, Sandra, Voz “Consentimiento 1.
Información”, Diccionario latinoamericano de bioética, J. C. Tealdi, director, UNESCO-RedbioéticaUniversidad Nacional de Colombia, Bogota, 2008, p. 216.
c.2.) Terceras personas autorizadas a recibir la información sanitaria. De
acuerdo al Art. 3º, el titular del derecho a recibir la información sanitaria es el propio paciente
(A él pertenecen los datos médico personales). El principio general es, entonces, que la
información sanitaria sólo puede ser brindada al paciente. Como excepciones, la ley dispone
que la información sanitaria pueda ser dada a persona distinta del paciente en los siguientes
i) “a terceras personas, con autorización del paciente.” (Art. 4º). Con base en el
principio bioético de autonomía, el paciente decide que la información le sea suministrada a
ii) “En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la
información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante
legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su
cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el
cuarto grado de consanguinidad.” (Art. 4º).
El legislador establece los supuestos en que el paciente no está en condiciones de
recibir la información sanitaria y lista las personas que en su defecto puedan recibir la
información sanitaria en cuestión. La ley presupone que estas personas van a decidir en el
mejor interés del paciente.
7) El consentimiento informado. Este instituto, luego de su recepción doctrinaria,
jurisprudencial y legal (para determinadas prácticas médicas —por ej., la ley 24.193 de
trasplantes de órganos [Art. 13]; o la ley 26.130 - Régimen para las intervenciones de
contracepción quirúrgica [Art. 2º] —), es reglamentado en una ley para qué rija en todas las
prácticas médicas asistenciales41.
a) Conceptos. Definición legal. La doctrina nos dice que el «consentimiento
informado» “implica una declaración de voluntad efectuada por un paciente, por la cual, luego
En la investigación en salud se aplica el C. I. pero tiene su propia regulación ética y jurídica. Existe una
profusa normativa ética que busca proteger al sujeto participe de la investigación biomédica; a su vez, en
las distintas jurisdicciones de nuestro país federal se han dictado normas a fin de regular dicha materia; a
continuación se citan sólo algunas normas éticas y jurídicas, en las cuales se trata sobre el
“consentimiento informado” en la investigación.
Normas Éticas - Naciones Unidas - Declaración Universal Sobre Bioética y Derechos Humanos, 2005;
AMM. Declaración De Helsinki Principios Éticos Para Las Investigaciones Médicas en Seres Humanos;
Informe Belmont. Principios y Guías Éticos Para La Protección de los Sujetos Humanos de Investigación;
AMM. Declaración Sobre el Uso de Animales en la Investigación Biomédica; CIOMS. Pautas
Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos; CIOMS. Pautas Éticas
Internacionales Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos; NUFFIELD COUNCIL
ON BIOETHICS. Ética de la Investigación relativa a la Atención Sanitaria en los Países en Desarrollo;
OPS. Buenas Prácticas Clínicas: Documento de las Américas;
Normas Jurídicas - Resolucion 1490/2007. (M.S.). Aprobación de la Guía de las Buenas Prácticas de
Investigación Clínica en Seres Humanos; Disposición 5330/1997. (A.N.M.A.T.). Apruébase el nuevo
texto ordenado del Régimen de Buenas Prácticas de Investigación en Estudios de Farmacología Clínica.
Modificación de la disposición 4854/1996
de brindársele una suficiente información referida al procedimiento o intervención quirúrgica
que se le propone como médicamente aconsejable, éste decide prestar su conformidad y
prestarse a tal procedimiento o intervención”.42 En otros términos, que “el C. I. es un proceso,
cuya materialización consiste en una declaración de voluntad realizada por una persona, a
través de la cual, luego de haberse considerado las circunstancias de autonomía, evaluada su
competencia y la comprensión de la información suministrada previamente referida al plan
diagnóstico, terapéutico, quirúrgico o ensayo de investigación, otorga su consentimiento para
la ejecución del procedimiento.43
La definición legal señala que “Entiéndese por consentimiento informado, la
declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales
en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente, información clara,
precisa y adecuada con respecto a:
propuesto o de los alternativos especificados. (Art. 5º).
El concepto legal toma en cuenta aspectos tratados previamente en la misma norma
(la “autonomía de la voluntad”: Art. 2º, Inc. e] y la “información sanitaria”: Art. 2º, Inc. f] y
Arts. 3º y 4º); entiende el C. I. como un “proceso”, ya que primero en el tiempo se produce la
comunicación de la información sanitaria (“clara, precisa y adecuada”) dada por el
“profesional interviniente” al paciente y referida a las cuestiones mencionadas en los incisos a]
a f] del Art. 5º; más tarde, y luego de haber comprendido la información recibida y
reflexionado sobre la decisión a tomar, el paciente presta responsablemente el “consentimiento
informado” o el “rechazo informado”; en su caso, el C. I. lo prestan sus representantes legales
(Ver segunda parte del Art. 4º). Es aconsejable que el paciente disponga de un tiempo
prudencial de maduración, de reflexión —un plazo razonable puede ser el término de 48
Hs.44—, respecto a la decisión a tomar.
Lo especificado en los incisos a] a f] del Art. 5º ha sido recogido de lo expuesto por la
buena doctrina bioética en la materia. Siguiendo a Wierzba45 digamos al respecto lo siguiente:
a) Su estado de salud: Se debe informar al paciente, conforme a la regla bioética de
veracidad, la patología que padece.
supone información sobre si el procedimiento es diagnóstico o terapéutico y si la práctica es
HIGHTON, Elena I., y WIERZBA, Sandra M.: La relación médico-paciente: el consentimiento informado,
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1991, p. 1 (hay una segunda edición del año 2004).
Maglio, Ignacio: Guías de Buena Práctica Ético legal en terapia Intensiva. Guías para el
consentimiento informado, v. 1, Nº 1, ed. Arkhetypo, Buenos Aires, 2001.
Es el plazo estipulado por el Art. 13 de la ley 24.193 de trasplantes para el mismo fin.
Wierzba, Sandra, Voz “Consentimiento 1. Información”, Diccionario latinoamericano de bioética, J. C.
Tealdi, director, UNESCO-Redbioética-Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2008, p. 216.
invasiva o no. También puede resultar relevante prestar información sobre la duración del
tratamiento, el lugar donde se llevará a cabo, si requerirá anestesia o no, la clase de
instrumental que se utilizará, las partes del cuerpo que serán afectadas, y si el procedimiento
es experimental o es parte de una investigación. La comparación del tratamiento a realizar
con otros más comunes y conocidos se considera de buena práctica.
c) Los beneficios: casi siempre estos son evidentes y coinciden con los objetivos
del tratamiento: aliviar o hacer desaparecer el problema que ha hecho que el paciente
buscara tratarse. Sin embargo, la revelación de los beneficios se considera crucial en ciertos
casos, como cuando el procedimiento es diagnóstico y no terapéutico, caso en el cual el
paciente debe saber que solo se intenta obtener información para luego iniciar tratamientos,
y cuando el nivel de beneficio que se espera del procedimiento está muy por debajo de la
completa mejoría del paciente, supuesto en el cual el médico debe informar de tal
d) Los riesgos que el procedimiento lleva aparejados: se trata probablemente del
aspecto más relevante a informar, resultando complejo encontrar un justo limite entre la
cantidad de información que cada paciente necesita para tomar una decisión inteligente y
aquella que resulta posible proporcionarle en función de los limites que impone el ejercicio
de la medicina. Se sugiere considerar la naturaleza del riesgo, su magnitud, la probabilidad
de su materialización y la inminencia de tal posibilidad. En general, existe consenso en
cuanto a que debe informarse al menos los riesgos más graves y más frecuentes, sin
embargo, no hay un parámetro objetivo para determinar en qué casos un riesgo se encuadra
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y
perjuicios en relación con el procedimiento propuesto: se trata de una cuestión de gran
trascendencia, pues esta información permite al paciente optar por el tratamiento en otro
establecimiento asistencial, por otro profesional, o incluso decidirse por el no
tratamiento. Por lo general el médico recomendará una alternativa basada en su saber
profesional, habiendo previamente descartado otras, y pudiendo el paciente aceptar o no
el consejo –no resultando exigible que se ofrezca al enfermo una gama abierta de
opciones para que éste elija libremente.
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto
o de los alternativos especificados. Ya se dijo que acorde al principio de autonomía, el
paciente puede desechar el procedimiento propuesto, como los alternativos sugeridos. En tal
caso y conforme la ciencia médica, existen derivaciones o secuelas negativas que se van a
producir en la salud del paciente, lo que debe ser informado por el profesional sanitario.
b) Obligatoriedad del consentimiento informado. El sector salud en la argentina
está estructura en tres partes: público, seguridad social y privado. A ello hay que agregar la
integración de las jurisdicciones provinciales en el país federal. De acuerdo a ello, y teniendo
en cuenta lo estatuído en la ley 26529, toda actuación profesional, sea de los ámbito públicos,
de la seguridad social o privado, y en cualquiera de las jurisdicciones del país federal,
“requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el
previo consentimiento informado del paciente.” (Art. 6º). La ley prescribe, entonces, la regla
general de la obligatoriedad y con carácter general del previo consentimiento informado de
“toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario” (ello, “dentro de los límites que se
fijen por vía reglamentaria”).
El Art. 6º de la ley 26529 establece la regla general de la obligatoriedad del
consentimiento informado en toda práctica médico-sanitaria. Pero hay casos en que “el
profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado46:
i) “Cuando mediare grave peligro para la salud pública”. La regla de que nadie
puede ser obligado a recibir asistencia médica se deja de lado, cuando el interés particular entra
en conflicto con el bienestar general: en tal caso, el legislador opta por dar preeminencia al
interés colectivo. El legislador, en estos casos, se vale de dos técnicas distintas:
1. Imposición médica relativa. En estos casos, el tratamiento médico es una carga, cuyo
incumplimiento no acarrea el cumplimiento coactivo, sino la pérdida del beneficio.47 Son las situaciones en las
que se impone el examen médico prenupcial (leyes 12.331 y 16.668), se determina la hospitalización del enfermo
venéreo (ley 12.331), se requiere la revisión médica para ingresar a empleos, etc. No obstante, pese a la
imposición legal de los tratamientos, la negativa de un paciente a someterse a la acción sanitaria no autoriza a
someterlo por la fuerza, ya que se afectaría el derecho a la integridad psicofísica y a la dignidad inherente a la
persona humana. El interesado renuente pierde determinados beneficios: la posibilidad de ingresar a un trabajo, a
una escuela, de contraer matrimonio, o de ingresar a un país. 48
2. Imposición médica imperativa. En determinados supuestos, los exámenes e intervenciones médicas
son obligatorios. Así el art. 142 del Código Civil establece la imperatividad del examen médico en la declaración
de incapacidad por “demencia”; el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación determina la necesidad de que
el causante sea sometido a examen médico (arts. 625 y 626). Igualmente, puede disponerse la internación coactiva
con fundamento en la enfermedad mental, la peligrosidad y la necesidad de tratamientos (art. 19, incs. 3º y 5º, ley
17.132; art. 482 del Cód. Civil, ley 22.914; arts. 625, 629 y 630, Cód. Procesal Civil y Comercial).49 También es
obligatorio el dosaje de alcohol a un automovilista o a un delincuente que ha cometido un homicidio en estado de
ii) “Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud
o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes
legales.” Las emergencias médicas son situaciones de riesgo de vida real que requieren
asistencia médica en forma inminente. Se trata de una intervención médica no programada (la
causa es súbita, originada en el propio paciente o en otro; por ejm. un accidente). En este caso,
el estado de necesidad (la gravedad del estado del paciente) justifica el actuar médico, aún
faltando el consentimiento del paciente. La emergencia obliga a actuar de inmediato, sin poder
requerir el consentimiento de “los representantes legales” (Conf. Art. 9º).
Las excepciones establecidas en” (el Art. 9º de la ley) “se acreditarán de
conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.”. Las excepciones al C. I. establecidas en la norma son las consideradas
como tales por la doctrina.50
d) La formalización o instrumentación del consentimiento informado. La forma o
modalidad que revista el consentimiento informado es regulada por la norma. Ésta establece
que como principio general “el consentimiento será verbal” (Art. 7º). Luego el legislador
Aplicación Art. 9º L. 26.529.
Kraut, Alfredo Jorge: Los derechos de los pacientes, obra citada, pp. 147/8; Lorenzetti, Ricardo Luís:
Responsabilidad civil de los médicos, obra citada, p. 107.
Kraut, Alfredo Jorge: Los derechos de los pacientes, obra citada, p. 148.
Lorenzetti, Ricardo Luís: Responsabilidad civil de los médicos, obra citada, p. 107.
En realidad, la doctrina incluía otras excepciones al consentimiento informado, por Ej. “Privilegio
terapéutico del médico”, las que ahora son descartadas por la ley.
estatuye las siguientes cinco (5) excepciones —las que se deben formalizar por escrito y éste
ser “debidamente suscrito” [Art. 7º]—.
d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación
Cabe citar como antecedente de formalización del consentimiento informado la
Resolución 356/2009 MS (B. O. 02/03/2009) CABA51 por el cual se aprueba el nuevo
formulario de consentimiento informado de uso obligatorio para todos los efectores de salud de
e) La revocabilidad de consentimiento informado. La ley establece que el paciente
puede «revocar» (del lat. Revocāre), arrepentirse de la decisión tomada; esto es, puede volver
sobre sus pasos en cuanto a consentir o rechazar determinada practica médica. El texto del Art.
10 Ley 26529 dice como sigue: “La decisión del paciente o de su representante legal, en
cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional
actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica,
adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar
fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos
de los riesgos previsibles que la misma implica.”
El legislador reitera en el párrafo citado la importancia de la declaración de voluntad
del paciente, es decir, su autonomía, su autodeterminación ligada a sus derechos
En el segundo párrafo del Art. 10 se puede leer que “En los casos en que el paciente o
su representante legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional
actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen las condiciones de salud del paciente que en
su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La decisión debidamente fundada del
profesional actuante se asentará en la historia clínica.” La decisión del médico debe afirmarse
en la razonabilidad médica y no caer en actitudes paternalistas.
f) Exposición del caso médico con fines académicos. Consentimiento informado
previo. La norma, resguardando la dignidad, la intimidad y la autonomía del paciente,
establece que “Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto, el de sus
representantes legales, y del profesional de la salud interviniente ante exposiciones con fines
académicos, con carácter previo a la realización de dicha exposición.” (Art. 8º). El legislador
le estatuye al “profesional de la salud interviniente” el carácter de “protector” de los intereses
del paciente, ya que para utilizar el caso médico de “su” paciente, también se requiere su
consentimiento. Este debe ser anterior a la exposición académica.
La cual complementa a la resolución 437/2008 (B. O. 13/03/2008) MS CABA - Se aprueba el
formulario de consentimiento informado. Casos quirúrgicos. Casos de internación en terapia intensiva.
Para tratamientos con drogas potencialmente peligrosas y para el procedimiento de diagnóstico riesgoso.
8) El Derecho a rechazar tratamientos. El derecho a rechazar tratamientos médicos
emana del propio articulado de la ley 26529 (Arts. 2º Inc. e], y 5º a 11); como del precepto
constitucional que dice que “nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado,
salvo por disposición de la ley que en ningún caso puede exceder los limites impuestos por el
respeto de la persona humana” (Art. 19 Constitución de l Provincia de Santa Fe). También de la ley
nacional 17.132 que regula el ejercicio de la medicina, que a través del Art. 19 prescribe la
obligación de los “profesionales que ejerzan la medicina” el “respetar la voluntad del paciente
en cuanto sea negativa a tratarse”. Las leyes provinciales que legislaron sobre los derechos del
paciente se expidieron sobre el derecho en cuestión: L. 3076 (Río Negro): Art. 2º, Inc. j]; L.
6952 (Tucumán): Art. 1º Inc. 10]; L. 1255 (Formosa): Art. 2º Inc. j]; L. 2611 (Neuquén): Art.
4º Inc. d]. La Declaración sobre los Derechos de los Pacientes (AMM, 1981-1995-2005),
sostiene el siguiente mandato ético: “El paciente adulto mentalmente competente tiene derecho
a dar o negar su consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia.”
De los principios fundamentales a la dignidad, a la libertad, y a la autonomía (arts. 1º, 19, 33, 75, inc. 22
CN.), deriva la posibilidad del paciente a decidir autónomamente todo lo referente a sus derechos personalísimos.
Así, el enfermo competente, —en pleno ejercicio de sus facultades mentales—, repetimos, con base en la regla
general de libertad, y con la información relevante en su poder, puede aceptar el examen, el tratamiento, la
intervención quirúrgica, etc., que le propone como médicamente aconsejable el profesional (consentimiento
informado).
En ese caso, el galeno, ejercerá su profesión conforme a derecho, legitimado por el Estado a practicar
actos médicos (arts. 1, 2, 5 y 13 ley 17.132), y contando con el consentimiento informado del paciente.
Pero con apoyatura jurídica y bioética en los mismos fundamentos (dignidad, libertad,
autonomía), el paciente puede, validamente, negar (rechazar) el tratamiento o praxis médica
que el médico le aconseja. Ante la oposición del paciente (rechazo informado) el galeno deberá
respetar la voluntad negativa del paciente.
La falta de consentimiento (o rechazo) del paciente, tampoco podrá ser suplido por
autorización judicial, por haber una ley que permite al enfermo negar su consentimiento a la
asistencia médica (conf. art. 19, inc. 3º, ley 17.132).52
Es aplicable el concepto de “conductas autoreferentes”; éstas son, aquellas que quedan
recluídas en el ámbito de privacidad de la persona. Si estas conductas no comprometen a terceros o
perjudican a la salud pública, se encuentran amparadas por el artículo 19 de la Constitución
Señalo oportunamente el Maestro del derecho constitucional Bidart Campos53 que “las
normas —constitucionales o legales— que obligan a cuidar la salud, solamente sean normas
En igual sentido: Bueres, Alberto J., (Responsabilidad civil de los médicos, tº 1, Hammurabi, Buenos
Aires, p. 256/257), que expresa que cuando el paciente está en pleno uso de sus facultades mentales hay
que respetar siempre su voluntad, que no puede desconocerse ni suplirse por autorización judicial; Kraut,
Alfredo J., Los derechos de los pacientes, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 182.
Bidart Campos, Germán, La salud propia, las conductas autoreferentes y el plexo de derechos en el
sistema democrático, ED, tº 165-360; nota al fallo “Parodi” de fecha 18/09/95: ver: Hooft, Pedro F.,
Bioética y Derechos Humanos. Temas y Casos, Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 217 y ss. En otro caso
(“Juan Jacobson”, CMCiv., Sala H, 21-II-1991, LL, 1991-363, el profesor Jorge Bustamante Alsina, en
nota al citado fallo (“La voluntad de cada uno es el sólo arbitrio para decidir una intervención en su
propio cuerpo”, LL, 1991-363), señalo que la voluntad sana de cada persona es el sólo árbitro de una
intervención médica, aunque negarse a ésta conduzca a una muerte segura.
jurídicas de cumplimiento exigible si quien no cuida su salud proyecta su descuido en perjuicio de
derechos ajenos. Cuando únicamente compromete su propia salud —y hasta su vida— hay que
enfatizar que se compromete a sí mismo con una conducta sólo referida a él, en la que nadie puede
ejercer validamente compulsión, coacción, o cosa semejante. En ese supuesto, el deber de cuidar la
salud propia es nada más que un deber ético, pero no jurídico, y está exenta de la autoridad de los
magistrados, según el artículo 19, como también de la autoridad de los médicos, de los familiares, y
de cualquier otro sujeto”.54
Si la decisión tomada por el paciente se asienta en el proyecto de plan de vida
“autoconstruído”, que pone de resalto los derechos a la dignidad, libertad, autonomía, privacidad, a
través de decisiones autorreferentes de rechazo a tratamientos médicos o toda otra terapia o
medicación, etc., de naturaleza médica (en la expresión concreta de derechos personalísimos y del
principio bioético de autonomía), los terceros deben respetar esa decisión, pues así, estarán
respetando la autonomía y dignidad de la persona.
9) Las directivas anticipadas55. La ley 26529, a través del Art. 11 (último del
Capitulo III – “Del Consentimiento Informado”), introduce la temática de “Las Directivas
Anticipadas” (en adelante también como DA). La ubicación del tema en el contexto de la ley es
una señal clara de que el legislador lo considera como una especie del genero consentimiento
informado; éste se brinda ¡aquí y ahora! para aceptar o rechazar determinada practica médica,
las directivas anticipadas se formulan por escrito, ante la hipótesis futura —incierta pero
posible—, con la misma finalidad.
a) Directivas Anticipadas. Conceptos. Hay que decir que “se entiende por
Directivas Anticipadas (para Tratamientos) a ciertas manifestaciones valorativas de los
pacientes, que son expresión de cómo desearían ser tratados en ocasión de enfrentar situaciones
de grave riesgo de muerte o discapacidad, para el caso de que no estuvieren en aquel momento
(futuro, hipotético), en condiciones de manifestarse, o de que su manifestación sea tomada en
cuenta (demencia, coma, confusión, afasia, etc.).”56
Las DA suelen ser del tipo de: “si tengo una enfermedad maligna quiero (o ‘no
quiero’) saberlo”; “no quiero recibir transfusiones, aunque eso ponga en riesgo mi vida”; “en
Bidart Campos, Germán, obra citada, p. 361; “Toda terapia, todo tratamiento, toda medicación que se
aconseja o se receta a una persona para atender o recuperar su salud quedan librados a la aceptación de esa
persona, salvo que nos hallemos ante la hipótesis de que la negativa evada el perfil de la conducta autorreferente.
De todos modos, aun cuando el deber de cuidar la salud en determinado caso alcance la categoría de un deber
jurídico y exigible, tampoco parece que mediante el uso de la fuerza o la violencia resulte posible, lícito, válido o
constitucional, violar la integridad corporal, síquica o moral de la persona. A todo evento, podrá aplicarse una
sanción; por ejemplo, si hay una epidemia y alguien se niega a aplicarse una vacuna contra la enfermedad que,
por contagiosa, compromete a otros, será viable aislarlo, o impedir que salga del lugar, o condicionarle
razonablemente el ejercicio de ciertos derechos (como ir a la escuela, o al cine, o un lugar público) sino exhibe la
constancia de haberse vacunado”.
Doctrina especializada. Manzini, Jorge L., y Tinant, Eduardo L., Las directivas anticipadas, en
“Bioética en medicina”, Coordinador Oscar E. Garay, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, p. 299 y ss.;
Blanco, Luís Guillermo, Voz “Directivas anticipadas”, Diccionario latinoamericano de bioética, J. C.
Manzini, Jorge L., y Tinant, Eduardo L., obra citada.
caso de que tenga escasa probabilidad de recuperarme de la enfermedad que padezco con
razonable lucidez mental y/o capacidad física como para tener una vida independiente, no
quiero que se me prolongue la vida por medios artificiales”, etc.
Es decir, los pacientes expresan preferencias, en general ante hipotéticas situaciones
futuras “del final de la vida” como unidad de cuidados intensivos (UCI), cáncer, estado
vegetativo, que están sustentadas en sus valores al respecto, de acuerdo a los cuales requieren
determinadas acciones (o inacciones) médicas, que constituyen sus DA.57
Otro concepto58 nos dice que se denomina directivas médicas anticipadas a una
variedad de documentos mediante los cuales una persona civilmente capaz y
bioéticamente competente, sana o enferma y en uso de su autonomía, consigna
determinadas pautas o indicaciones referentes a cómo deberá procederse a su respecto en
materia de la atención médica que se le prestará ante un futuro estado patológico, en
caso de incompetencia sobreviniente. O sea que sus otorgantes expresan cómo desearían
ser tratados en ocasión de enfrentar situaciones de grave riesgo de muerte o discapacidad,
para el caso que no estuvieren en aquel momento (futuro, hipotético) en condiciones de
manifestarse o de que su manifestación sea tomada en cuenta (demencia, coma, confusión,
etc.). Así expresan sus preferencias que están sustentadas en sus valores, de acuerdo con
los cuales requieren determinadas acciones ( o inacciones) médicas. Se trata de decisiones
informadas (dadas por adelantado) con respecto a los tratamientos médicos que se
aceptan o rechazan, y constituyen una indicación válida –de valores y direcciones para la
acción moral– para sus familiares y para los profesionales de la salud, destinadas a la
toma de decisiones relacionadas con contingencias graves de salud o en la etapa final de
la propia vida, por todo lo cual merecen respeto y acatamiento.
Queda claro que la posibilidad de otorgar un documento de directivas anticipadas,
junto con la exigencia del consentimiento informado, modificara profundamente la
tradición en las relaciones sanitarias dentro de nuestra cultura, dominada por el
paternalismo médico, actitud que priva a las personas de algunos de sus derechos en
cuanto se convierten en pacientes. Es preciso valorar positivamente esta voluntad de
cambio en las relaciones asistenciales, si bien hay que tener en cuenta que una innovación
de tal envergadura —en hábitos tan arraigados— no es de esperar que tenga lugar
rápidamente y requerirá del empeño educativo de los responsables de las instituci ones
asistenciales, en especial de los comités de bioética; así como de la implicación de los
ciudadanos para hacer valer su derecho a decidir sus voluntades. 59
b) Fundamentos. Las directivas anticipadas encuadran dentro de la ortodoxia del
entramado constitucional; específicamente, de la fuente argumental que emerge del Art. 19 de
la Constitución nacional.60 Las directivas anticipadas encuentran fundamento jurídico
Blanco, Luís G., obra citada.
Conf. Documento sobre las voluntades anticipadas, elaborado por el Grupo de Opinión del Observatori
de Bioética i Dret Parc Cientifie de Barcelona, 2001.
Carnota, Walter F., La constitucionalidad de las directivas anticipadas, La Ley 2005-F, 52; En igual
sentido: "la regla del artículo 19 de la Constitución argentina -que resguarda una zona de reserva y
autonomía personal cuando las acciones privadas no dañan a un tercero- es aplicable a la cuestión de los
tratamientos médicos y el derecho a morir con dignidad, cuando se trata de la propia vida. No se postula
la eutanasia, en tanto acción destinada directamente a procurar la muerte por piedad, sino de reserva para
el paciente -y sus representantes, si carece de conciencia- la decisión acerca del tratamiento a seguir, o de
no continuar ninguno o de utilizar medios para atemperar el dolor, aunque, colateralmente, ello lleve a
suficiente en preceptos de orden constitucional (y en otros tales obrantes en diversas
declaraciones o convenios internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica) y
legal atinentes a la dignidad humana, a la autonomía personal y al derecho a la privacidad,
a la disidencia terapéutica y a la negativa a un tratamiento, normas que resultan
enteramente aplicables, pues, en definitiva, no se trata aquí de otra cosa que
manifestaciones de voluntad brindadas al amparo de lo prescrito por dichos preceptos.61
c) Antecedentes. Nuestra reciente legislación
antecedentes legislativos en la materia.
En la Provincia de Río Negro se expidieron dos leyes relacionadas con el tema:
i) Ley 4263. Declaración de Voluntad Anticipada (DVA). Derecho de las personas a decidir y declarar
fehacientemente su voluntad de ser o no sometidas a asistencia sanitaria y cuidados médicos. Registro de
Voluntades Anticipadas. (B. O. 03/01/2008).
ii) Ley 4264 Respeto a la calidad de vida y a la dignidad de los enfermos terminales. Rechazo de
procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios
o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado. Derecho a
manifestar su voluntad. Requisitos de la manifestación. Profesionales intervinientes. (B. O. 03/01/2008).
En la Provincia de Neuquén, en el marco de la Ley 2611 (B. O. 24/10/2008) de Derechos de los
Pacientes se enuncia lo siguiente:
i) Derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de Salud públicos y privados de
la Provincia, especialmente en materia de información, documentación clínica y autonomía.
Art. 4º “o) Considerando que al respeto por la vida corresponde el respeto por la muerte, los pacientes
tienen derecho a decidir en forma previa, libre y fehaciente la voluntad de no prolongar artificialmente su vida a
través de medios extraordinarios y/o desproporcionados y a que se reduzca progresiva y/o irremediablemente su
nivel de conciencia. De acuerdo con ello los establecimientos asistenciales se ajustarán a lo establecido en el
artículo 13 -De las instrucciones previas- de esta Ley.”
“Art. 13 De las instrucciones previas. El paciente tendrá derecho a manifestar sus instrucciones
previamente, las que serán observadas por el servicio de Salud de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta
anticipadamente su voluntad, con el objeto que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas
circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una
vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento
puede designar, además, un representante para que -llegado el caso-sirva como interlocutor suyo con el médico o
el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.
b) Cada servicio de Salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el
cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.
c) No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las
que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas.
debilitar la vida personal. En consecuencia, cabría liberar de responsabilidad por aquellas decisiones
libremente tomadas a los profesionales intervinientes". (Gelli, María Angélica, "El derecho a la vida en el
constitucionalismo argentino: Problemas y cuestiones", p. 136, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid 1996).
En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas
d) El paciente podrá revocar libremente y en cualquier momento las instrucciones previas dejando
constancia por escrito.”
Como esclarecedor antecedente, cabe citar la Declaración emitida en el año 1998 por
el Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.62
d) Las directivas anticipadas en la ley 26529. La norma, en el marco filosófico que
la distingue —defensa de la dignidad y autonomía de la persona humana en su calidad de
paciente— introduce como una cuña en el ordenamiento jurídico argentino, la figura de las
“directivas anticipadas, dando por hecho que los nuevos tiempos culturales están dejando atrás
el perimido modelo paternalista de la sociedad.
La ley establece lo siguiente: “Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de
edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar
determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud.
Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen
desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.” (Art. 11).
La ley es escueta. El legislador optó por establecer el mandato legislativo y delegar la
instrumentación del instituto en la reglamentación de la ley —que por imperio constitucional le
corresponde al Poder Ejecutivo Nacional (Art. 99, Inc. 2º)—. Del texto del Art. 11 trascripto
podemos colegir que:
i) Las directivas médicas anticipadas pueden ser formuladas por toda persona capaz
mayor de edad (sana o enferma). El Código Civil establece que “Son menores las personas que
no hubieren cumplido la edad de veintiún años.” (Art. 126 CC).63 La capacidad jurídica va a
unidad a la mayoría de edad para los actos jurídicos. En materia de derechos personalísmos
(como el que se dispone a través de una DA), se habla de competencia bioética, es decir, del
discernimiento que se requiere del sujeto o paciente para comprender la información médica y
decidir responsablemente de manera autónoma: “consentimiento informado” o “rechazo
informado” o “directivas anticipadas”.64
ii) Con basamento en la autonomía de la voluntad, la persona puede consentir o
rechazar todo tipo de tratamientos médicos o sólo “determinados tratamientos médicos,
preventivos o paliativos65, y decisiones relativas a su salud”. La persona que formula una DA
no quiere atravesar “por la clásica descripción del paciente inconsciente o confuso, unido a
Publicado en Cuadernos de Bioética, nº 5, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 145/151.
Actualmente (noviembre de 2009) esta en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley
para bajar la mayoría de edad a partir de los 18 años.
Para ampliar: Wierzba, Sandra, Voz “Consentimiento 1. Capacidad”, Diccionario latinoamericano de
bioética, J. C. Tealdi, director, UNESCO-Redbioética-Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2008,
p. 218; Blanco, Luís G., Voz “Morir con dignidad”, Diccionario latinoamericano de bioética, J. C.
Tealdi, director, UNESCO-Redbioética-Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2008, p. 508 y ss.;
Garay, Oscar E., Derechos fundamentales de los pacientes, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 418.
La bioética considera que “El paciente tiene derecho a una atención terminal humana y a recibir toda
la ayuda disponible para que muera lo más digna y aliviadamente posible.” (Declaración sobre los
Derechos de los Pacientes [AMM, 1981-1995-2005]; ver Mertnoff, Rosa, El paciente terminal. Cuidados
paliativos, en Bioética en medicina, Coordinador, Oscar E. Garay, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, p. 299 y
variados aparatos y módulos por medio de cables, tubos y mangueras, inmovilizado por drogas
o por ataduras a su cama, con los quejidos de sufrimiento o de excitación patológica psíquica o
motriz, la cercanía de un contacto humano sólo para verificar un dato numérico, (lo que)
constituye un espectáculo que se califica fácilmente como inhumano, indigno y miserable
cuando no conduce a un resultado que pueda juzgarse positivo”, y por ello, opta por el derecho
a la calidad de vida (también) para el final de sus días, y por consiguiente, el derecho a una
muerte no sólo libre sino también digna.66 - 67
iii) La parte final del Art. 11 prescribe que “Las directivas deberán ser aceptadas por
el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se
tendrán como inexistentes.” El párrafo tiene como antecedente la primera parte del Art. 11, el
cual estatuye el derecho a las directivas anticipadas en cabeza de los pacientes. Para que se
torne operativo ese derecho, el legislador establece que la persona obligada a respetarlo
(“aceptar” las DA) es el médico, salvo que la DA “impliquen desarrollar prácticas
eutanásicas”. Debe quedar claro que por medio de la DA la persona no busca la muerte, ni
intenta provocarla; su pretensión es humanizar el (su) proceso de morir, por cuanto la muerte
resultará de la propia enfermedad y ello no se acerca siquiera a la eutanasia.68 Si el espíritu
general de la ley reconoce y defiende la dignidad y autonomía de la persona, del paciente, la
prevención del legislador de evitar “practicas eutanásicas” a través de las DA, no debe dar
lugar al renacer de actitudes paternalistas por parte de los médicos. El rol del profesional de la
salud en el final de la vida del paciente, cuando ya la medicina no puede cumplir con uno de
sus roles primordiales: curar, debe ser de solidaridad, de acompañamiento y de cuidado.
10) La muerte digna. No fue receptada expresamente en la ley 26529, pero se
vislumbra como derecho implícito del paciente en la filosofía insita en la ley; especialmente
desde que la norma protege la dignidad y la autonomía del paciente y de la formulación legal
de las “directivas anticipadas”.
a) Muerte digna. Reconocimiento ético y jurídico. Las leyes provinciales que
reglamentaron los derechos del paciente se pronunciaron en favor del derecho a la muerte digna
del paciente en el final de la vida. Lo mismo se observa en normas éticas internacionales y
Ver del Maestro Carlos R. Gherardi, (médico, bioéticista), el magnifico libro Vida y muerte en terapia
intensiva, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2007.
Los siguientes son conceptos ligados a practicas médicas que se rechazan por medio de las DA: —
“Encarnizamiento Terapéutico”. Aplicación de medios médicos que no van a conseguir la recuperación
del paciente sino sólo, en todo caso, prolongarán ligeramente su vida en condiciones penosas, como
pueden ser la intubación endotraqueal, la alimentación intravenosa, etc. Es éticamente incorrecto.
Además, produce una visión errónea de lo que la Medicina puede aportar a los últimos momentos de un
— “Tratamiento Desproporcionado” - Tratamiento que, por sus expectativas de producir resultados, las
molestias que puede provocar al enfermo, el costo y los problemas familiares o sociales que puede
originar, no es razonable aplicar.
— “Futilidad” - Cualidad de una actuación médica que, o bien es inútil para conseguir un objetivo
beneficioso, o bien lo consigue, pero a costa de molestias o sufrimientos desproporcionados del paciente o
a costa de serios inconvenientes económicos, familiares o sociales. Las acciones médicas fútiles no deben
Conf. Blanco, Luís G., Voz “Morir con dignidad”, Diccionario latinoamericano de bioética, J. C.
Tealdi, director, UNESCO-Redbioética-Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2008, p. 510.
— Rió Negro. L. 4264 (B. O. 03/01/2008). Respeto a la calidad de vida y a la dignidad de los enfermos
terminales. Rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial,
cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento
desmesurado. Derecho a manifestar su voluntad. Requisitos de la manifestación. Profesionales intervinientes. Río Negro- L. 3076 (B. O. 21/04/1997) Derechos del paciente. Art. 2º Inc. “o) Morir con dignidad.”.
— Tucumán – L. 6952 (B. O. 04/05/1999). Art. 1º “16. A morir con dignidad, con el derecho de ser
asistido hasta el último momento de su vida.”.
— Formosa - Ley 1255 (B. O. 23/12/1997). Art. 2º Inc. “o) Morir con dignidad, con el derecho a ser
asistido hasta el último momento de su vida.”
— Neuquén – L. 2611. Art. 4º “n) En toda circunstancia, y más aún en la situación terminal, el
paciente ha de recibir alivio a su sufrimiento dentro de las posibilidades de los actuales conocimientos médicos y
una atención humana, digna y solidaria procurando en ésta el menor padecimiento posible.”
— CABA – L. 153 - Ley Básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires. (B. O. 28/05/1999). Art. 4º “l) En el caso de enfermedades terminales, atención que preserve la mejor calidad de vida hasta su fallecimiento.”
* Norma Éticas - Declaración de Lisboa Sobre Los Derechos del Paciente (A.M.M., 1981 – 1995 –
2005). “El paciente tiene derecho a una atención terminal humana y a recibir toda la ayuda disponible para que
muera lo más digna y aliviadamente posible.” El Código de Ética Para el Equipo de Salud (AMA, 2001), se
expidió en los Arts. 534 a 545 (“Del cuidado del paciente incurable”) y en los Arts. 546 a 560 (“De la eutanasia y
del suicidio asistido”).
b) Muerte digna. Breves acotaciones. Recurrimos al auxilio de los principios
bioéticos: 1. El principio de beneficencia: el equipo de salud debe procurar beneficiar al
paciente, esto es, curarlo de su enfermedad. Para ello, debe recurrir a “todos” los medios que
la terapéutica y la tecnología médica le brinda; 2. El principio de NO-Maleficencia (primun
non nocere): Pero, con el fin de curar al enfermo, el galeno no debe utilizar
indiscriminadamente todos los medios que la ciencia le provee; el límite está impuesto por la
razonabilidad médica, la prudencia y los principios de humanismo y de respeto de la dignidad
del paciente; esto es, cuando la enfermedad presenta la nota de irreversibilidad (no dan
resultados los tratamientos aplicados), no se debe hacer daño al enfermo a través de la
insistencia en él o los tratamientos médicos, es decir, el encarnizamiento terapéutico (implica
seguir un tratamiento en el cual los medios empleados resultan claramente desproporcionados
para los objetivos que plantea la situación específica del paciente); y, 3. El principio de
autonomía: El facultativo debe consultar —cuando ello fuera posible— (y respetar) la
voluntad del paciente en cuanto hasta adonde avanzar en el tratamiento médico. Entonces, si
una de las notas distintivas del paciente terminal es que presenta un “daño irreversible” y
como consecuencia “la muerte está próxima”, cabe preguntarse69: ¿es razonable que se le
aplique “tecnología de alta complejidad”? o, ¿qué se lo interne en una Unidad de Cuidados
Intensivos? o, ¿si es razonable prolongar el proceso de morir a través de procedimientos que
profundicen el sufrimiento y el dolor humano?
La doctrina bioética70 nos dice que la muerte digna tiene el sentido de "muerte a su
tiempo" (ortotanasia), sin abreviaciones tajantes (eutanasia) ni prolongaciones irrazonables
(distanasia) del proceso de morir, concretándose esa muerte "correcta" mediante la
abstención, supresión o limitación de todo tratamiento fútil, extraordinario o
desproporcionado ante la inminencia de la muerte del paciente —muerte a la que no se la
Garay, Oscar E., Derechos fundamentales de los pacientes, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 334.
Blanco, Luís Guillermo, Muerte digna. Consideraciones bioético-jurídicas, Ad-Hoc, Buenos Aires,
1997, p. 31.
busca (pues lo que se pretende es humanizar el proceso de morir, sin prolongarlo
abusivamente) ni se la provoca (ya que resultará de la propia enfermedad que el sujeto
padece)—, aún de los tratamientos relativos a eventuales complicaciones agudas,
temperamento que se justifica cuando el pronóstico sea de irreversibilidad y siempre que el
paciente muriente no haya de sufrir dolor, otros síntomas, ni sobre todo, hambre ni sed. La
situación ideal a que hoy tiende la medicina es la de integrar el doble valor de vida humana y
el derecho a morir dignamente. Así, se acude a todas las medidas razonables —respiración
asistida, alimentación por las vías aconsejables, posición lo más cómoda posible en la cama,
uso de antibióticos, etc. —, pero no al encarnizamiento terapéutico que en ese momento sólo
darían una remota esperanza de sobrevida apenas de calidad mínima.
11) La historia clínica. El documento clínico por excelencia es la Historia Clínica
(en adelante también como HC). Cuando se regulo el ejercicio de la medicina, desde la
década del ´40 para acá, no se tuvo en cuenta la reglamentación exhaustiva de dicho
documento médico. La ley nacional 17.132/1967 (regula el ejercicio de la medicina, la
odontología y actividades de colaboración), no se ocupó del tema. Su decreto reglamentario
nº 6216/1967 sólo establece que los establecimiento deberán “l) Adoptar los recaudos
necesarios para que se confeccionen historias clínicas de los pacientes y que se utilicen en
las mismas los nomencladores de morbilidad y mortalidad establecidos por las autoridades
sanitarias;” y “m) Adoptar las medidas necesarias para una adecuada conservación y
archivo de las Historias Clínicas y de que no se vulnere el secreto profesional” (Art. 40). La
legislación empezó a prestarle atención a éste tópico a cuenta gotas. Sólo alguna legislación
provincial (por ejemplo, Río Negro: L. 3338 — [modificada por la ley 4278—] y de la
CABA (L. 153), se ocupó de regular la HC.71 La doctrina jurídica le presto un especial interés
al asunto (desde los ´80 en adelante), pero por la especial significación que se adjudico a la
historia clínica en relación a los juicios por responsabilidad profesional. Fue tal la
importancia que cobró la HC que la jurisprudencia sentó una serie de reglas que gobiernan
dicho instituto.72 Así se puede extraer de los repertorios jurisprudenciales que:
1. La historia clínica debe ser clara, precisa, completa y metódicamente realizada.73
2. Las anotaciones que los profesionales médicos hacen en la historia clínica no son tareas
administrativas sino de índole profesional que deben ser realizadas con rigor y precisión, pues de ello depende el
correcto seguimiento de la evolución del paciente, que es atendido por diversos profesionales que adecuan su
tarea a la evolución consignada.74
3. En relación a la correcta confección de la Historia Clínica, son deberes de los profesionales
médicos: i) confeccionar una pormenorizada historia clínica75; ii) escuchar al paciente y someterlo a
interrogatorios a fin de averiguar la etiología de su mal y de precisar su dolencia 76; iii) detallar la mayor cantidad
La ética médica, en los inicios del Siglo XXI, se expidió sobre la HC: C. E. para el Equipo de Salud de
la AMA (2001), Cap. 11; Arts. 168 a 185.
Garay, Oscar Ernesto, Tratado de la responsabilidad civil en las especialidades médicas, Ed. Errepar,
Buenos Aires, 2009, p. 207 y ss
Cám. 1ª Apel. Civ. y Com., San Nicolás, 1994/03/24. Romang, Ciuza R. c. Graziosi, Luis E. y otro.
LLBA, 1995-350.
CNCApel., S. I, 1997/02/19, L. L., H. O. c. Munic. Bs. As. - Hospital Parmenio Piñero y otros. LA
LEY, 1998-C, 36.
CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 10/4/1990, “Acosta, Ramón Teófilo y otra c/Clínica Indarte S.A. y otros”,
Juris, 79-168 y 80.
CNCiv., Sala H, 12/3/1993, “Kohan c/Amsa”, ED, 143-493.
de datos ciertos para facilitar la información al mismo paciente, a su familia y a quienes por razones legales
tengan facultad de informarse77.
4. El paciente tiene derecho a ser informado y a acceder a la Historia Clínica 78.
5. La historia clínica como documento médico es la mejor fuente de información para evaluar la
calidad de la atención médica79.
6. La confección incompleta de la Historia Clínica constituye presunción en contra de la pretensión
eximitoria del profesional80.
7. Constituye una presunción en contra del profesional la inexistencia de historia clínica o la
existencia de irregularidades en la misma81.
8. El profesional que confecciona la Historia Clínica en forma deficiente, y con serias omisiones,
ajusta su conducta profesional en contra de la norma que le impone obrar con prudencia y pleno conocimiento
de las cosas82
9. La historia clínica irregularmente confeccionada resulta un medio de prueba de escasa eficacia
frente a un cuadro general de graves, precisas y concordantes presunciones en el servicio de salud brindado por
la entidad sanatorial demandada83.
10. La historia clínica que estaba plagada de deficiencias y de omisiones, es imputable a todos los
médicos que intervinieron directamente en la atención del paciente 84.
11. No cualquier deficiencia de la historia Clínica basta para hacer responsable al profesional de la
salud por "mala praxis", pues para que funcione la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, siempre
se necesita la concurrencia de todos sus presupuestos 85.
12. El secuestro sorpresivo de la historia clínica, documentación complementaria y eventuales
anexos constituye una medida preliminar de decisiva importancia para afirmar la necesaria primacía de la
verdad jurídica en el proceso seguido contra establecimientos médicos por negligencia e impericia profesional
de sus empleados, por lo tanto debe ser admitida como diligencia preparatoria en los términos del art. 323 del
CPCC86.
13) La Historia Clínica como Prueba: i) constituye la "probatio probatissima" 87; ii) es esencial
como elemento útil para juzgar la conducta de los profesionales de la medicina88; iii) se vincula con la
posibilidad de calificar los actos médicos realizados y coopera para establecer la relación de causalidad entre
ellos y los eventuales daños sufridos por el paciente 89; iv) se enlaza con la posibilidad de calificar los actos
CNCApel., S. B, 2004/02/05. V., V. H. c. Federación de Trab. del Tabaco de la República Argentina.
RCyS, 2004-VI, 71.
CNCApel., Sala D, 1992/05/12, Sica, Juan C. c. ENTel. y otros. LA LEY, 1992; CNAC, sala H,
2003/10/09, Chianelli, Stella M. c. Cdad. de Bs. As. y otros. DJ, 2004/01/21, 92.
C. Fuero Pleno Venado Tuerto, 14/9/1992, “Bianchini, Eduardo c/Muntané, Rubens”, JCCSF nº
32.232; Juris 101-369, 102 y 103.
CCiv. y Com., 15/12/1994, “González, Julián y otra c/Centro Médico Chacabuco”, JA, 12/7/1995.
CACC, sala II, 1997/06/24. G. P. de G., R. M. B. R. c. D. B., G. y otros. LLBA, 1998-668.
CCiv. y Com. San Isidro, Sala II, 4/5/1990, “Acuña, Yolanda c/Sanatorio San Lucas S.A.”, JA,
semanario del 25/9/91.
CNCiv., Sala D, 24/5/1990, LL, 17/9/1991.
CNACyCF, sala II, 1996/11/06. Navarro, José M. c. Obra Social del Personal de la Industria Textil
Ospit y otro. LA LEY, 1997-B, 802.
CNAC, sala C, 1999/02/25. D., M. M. c. Hospital C. A., ED, 187-42.
CACC, de Rosario, sala II, 1997/12/16. D., C. A. c. S. B. S. A., LA LEY, 1998-F, 852.
CNAC, sala E, 2000/11/06.Nilssen, Carlos A. c. Vogt, Hans Dieter y otro.LA LEY, 2001-E, 854.
CNAC, sala H, 2004/10/08. Borgatti, Silvano c. Instituto Dupuytren y otros.RCyS, 2004-XI, 47.
médicos realizados, conforme a estándares científicos —como adecuados y exhaustivos, inadecuados e
insuficientes—90; v) cuando es deficiente o irregularmente confeccionada resulta un medio de prueba de escasa
eficacia (frente a un cuadro general de graves, precisas y concordantes presunciones de conducta omisiva y
deficiente del servicio de salud brindado por la entidad sanatorial demandada) 91.
14) En los casos en que se acciona por responsabilidad del médico, lo significativo no es el
cumplimiento o no de determinadas reglas del arte médico —en el caso, omisiones en la historia clínica—, sino
si ellas pudieron o no tener gravitación en el desenlace fatal 92.
15) La falta de datos en la historia clínica o la sospecha que ella ha sido confeccionada ex post
facto y en miras al eventual juicio posterior, constituye una violación al deber de colaboración procesal 93.
16) El profesional médico responde por las omisiones de la historia clínica, puesto que en caso
contrario resultaría de su conveniencia no asentar en ella determinados datos94.
Con la regulación integral de la Historia Clínica por parte de la ley 26529 se viene
a llenar un substancial vació legal que existía en la legislación argentina.
a) La regulación de la Historia Clínica en la ley 26.529. La norma recoge en su
articulado cuestiones que habían sido objeto de debate por la doctrina y la jurisprudencia.
Así, da una definición legal de la HC (Art. 12); establece que la HC puede ser llevada en
soporte papel o en soporte digital (Art. 13); prescribe el contenido mínimo de la misma (Art.
15); señala las características que las distinguen (Arts. 16, 17, 18); y, define al titular de la
misma y quienes pueden solicitar una copia de la HC (Arts. 14, 19 y 20).
b) Historia Clínica. Definición. La norma al definir el documento clínico
llamado “Historia Clínica” sostiene que es “el documento obligatorio cronológico, foliado y
completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares
de la salud.” (Art. 12). De la definición legal se pueden apuntar algunas notas.
1. Documento. La HC es un instrumento clínico; el documento médico por
2. Obligatoriedad. La HC debe ser instrumentada de manera obligatoria para cada
paciente, en todo establecimiento médico; siendo el obligado a su confección el profesional
de la salud que atienda al enfermo; y, el director del establecimiento asistencial será el
responsable de que la misma sea confeccionada y llevada en debida forma,.
3. Asientos cronológicos. La HC debe ser fechada (contemporáneamente con cada
intervención médica) a los fines de correlacionar cronológicamente los hechos de naturaleza
médica relacionados con el paciente.
4. Firma. Cada asiento, registro, anotación, etc., hecho en la HC, debe ser
suscripto de puño y letra por el agente sanitario que lo redactó, a los fines de identificar al
CNAC, sala H, 2003/10/09. Chianelli, Stella M. c. Ciudad de Buenos Aires y otros. DJ, 2004/01/21, 92.
CCiv. y Com. San Isidro, Sala II, 4/5/1990, JA, 25/9/1991.
CNCiv., Sala C, 23/8/1979, “Mickolaszck, José c/Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina”, LL, 1979-D-335.
CNAC, sala E, 1998/02/26. Cruz, Mónica L. c. Hospital Durand.LA LEY, 2000-B, 888.
CNACyCF, sala I, 1998/06/30. S., A. J. y otro c. Estado nacional y otro, DJ, 1998-3-537.
profesional sanitario que ejecutó el acto médico-sanitario (principio de responsabilidad).
(Aplicación Art. 16 infine).95
5. Folio. La H. C. debe ser correctamente foliada. Para un seguimiento ordenado
de cada uno de los sucesos que componen la historia médica del paciente, y a los efectos de
demostrar que los actos médicos volcados en la Historia Clínica son todos aquellos con
relevancia médica y que coinciden con el obrar médico respecto del paciente en cuestión —y
que no hubo ninguna irregularidad: pérdida parcial, adulteración, etc. —, ésta deberá ser
foliada hoja por hoja (Ver el art. 172 del C. E. de la AMA).
6. Completo. La norma estatuye que el documento debe ostentar el carácter de
completitud. El contenido de la Historia Clínica debe reunir la característica de
autosuficiencia; es decir, debe satisfacer el requerimiento de índole médico que exige poder
seguir la historia (el proceso) del estado de enfermedad del paciente, desde el principio hasta
el fin (alta o fallecimiento). En ella debe constar todo lo que hace a la actuación del médico
en relación con la persona (todos los datos personales del paciente) y a las prácticas médicas
y al tiempo (describir de manera secuencial, circunstanciada y precisa, día y hora de todo
estudio, examen, etc., efectuado al enfermo). Se requiere, en definitiva, que se confeccione
una Historia Clínica Completa.
c) Contenido. La ley, por intermedio de Art. 15, dispone que “en la historia
clínica se deberá asentar:
d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y
auxiliares intervinientes;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y
suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y
complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, constancias de
intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra
actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del
presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos
universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la
autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.”
La Reglamentación de la Ley Básica de la Ciudad de Buenos Aires, nº 153, señala que los Documentos
llamados Historia Clínica serán llevados “al día, fechados y firmados por el profesional actuante, con
aclaración de su nombre, apellido y número de matrícula profesional. (Decreto 208/2001: art. 4º, inc. d).
d) Historia Clínica. Características. Del texto de la ley 26529 surgen algunas
notas que caracterizan a la Historia Clínica.
1. Integridad. El contenido es la H. C. es complejo; determinando la norma que
“Forman parte de la historia clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las
prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas,
debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y desglose
autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.” (Art. 16).
2. Unicidad. “La historia clínica tiene carácter único dentro de cada
establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una
“clave uniforme”, la que deberá ser comunicada al mismo.” (Art. 17).
3. Inviolabilidad. La norma estatuye que “La historia clínica es inviolable.” (Art.
18). La HC debe guardar fidelidad con los datos médicos personales asentados históricamente
por el profesional de la salud. El sistema de registro y guarda de la HC debe asegurar que la
misma no sea adulterada o violada. A esos fines el Art. 18 regula respecto a la guarda o
depósito de la HC. lo que se dice en el nº siguiente.
4. Depositarios. La ley regula en tal sentido que “Los establecimientos
asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de
consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de
depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de
evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los
depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se
establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, “Del depósito”, y
normas concordantes.”
— Plazo de conservación. El segundo párrafo del Art. 18 refiere al tiempo de
conservación de la HC: “La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante
el plazo mínimo de DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad
contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica
y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine
la reglamentación.”
e) Titular de la Historia Clínica. El paciente es el titular de sus derechos
personalísimos, en este caso, de los datos que se relacionan sus aspectos médico – personales.
La norma determina que “El paciente es el titular de la historia clínica.” (Art. 14).
f) Requerimiento de copia de la HC por el titular. Autorizados. En su carácter
de titular de la HC, el paciente puede solicitar copia de la misma; y “a su simple
requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente
de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de solicitada, salvo caso de emergencia.”. (Art. 14).
— Sujetos legitimados. Asimismo, la norma prescribe “que se encuentran
legitimados para solicitar la historia clínica:
b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o
no de distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos
forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre
imposibilitado de darla;
c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con
expresa autorización del paciente o de su representante legal.” (Art. 19).
— Copia de resguardo. “A dichos fines, el depositario deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia
todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse,
cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente
médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos,
motivos y demás consideraciones que resulten menester.” (Art. 19).
— Habeas Data.96 Frente a la negativa injustificada de entregar en tiempo y
forma la copia solicitada de la HC, el paciente o la persona legitimada puede acceder a los
estrados judiciales y peticionar la misma a través de la acción habeas data. La ley dice que
“todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley, frente a la negativa,
demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica,
dispondrá del ejercicio de la acción directa de “habeas data” a fin de asegurar el acceso y
obtención de aquélla. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada
jurisdicción resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta
de gastos de justicia.” (Art. 20).
g) Soporte de la Historia Clínica. La HC puede ser llevada en soporte papel
(versión manuscrita o tradicional) y en soporte digital. Las prescripciones legales estatuídas
en la norma se aplican a uno u otro tipo de HC. En relación a la HC informatizada, la ley se
expide especialmente.
h) Historia Clínica Informatizada.97 La norma determina que “El contenido de
la historia clínica, puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos
los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad,
perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A
tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no
reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra
técnica idónea para asegurar su integridad.” “La reglamentación establecerá la
El Hábeas Data es un derecho reconocido, individualizado y protegido por la Constitución Nacional (y,
en referencia al tema que tratamos), mediante el cual una persona puede acceder a la información que
sobre ella conste en una Historia Clínica. Así, la acción de hábeas data seria una modalidad de amparo
que permite al paciente acceder al conocimiento de los datos que consten en los registros médicos, e
incorporarlos al proceso judicial. Análogamente, hábeas data significa "que tengas los datos" o "que
vengan los datos" o, "que tengas los registros"; es decir, tomar conocimiento el paciente (a través de su
abogado, y luego del juez), de datos médicos propios en poder del médico o de la institución sanitaria. De
tal modo, el paciente procederá al contralor del contenido de la Historia Clínica. El "Hábeas Data" esta
contenido en el tercer apartado del art. 43 de la Constitución nacional.
En el año 1999 pedimos se instrumentara la HC informatizada por ley: Garay, Oscar E., “De la historia
clínica tradicional a la historia clínica informatizada. El cambio se debe dar a través de una ley”,
Cuadernos de bioética, nº 4, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 171 y ss.
documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que
tendrán a su cargo la guarda de la misma.” (Art. 13).
A los fines de cumplimentar lo establecido en la norma, se tendrá que expedir la
i) Firma Digital. Queremos referirnos a la “firma digital”, dada la importancia de
la misma para la operatividad de la HC Informatizada.
La firma digital tiene legalidad a partir de sancionada la ley 25.506 98: de “Ley de
Firma Digital”. De la citada norma jurídica se pueden extraer algunas pautas aplicables a la
“Historia Clínica Informatizada”.
— Equiparación entre la firma ológrafa y la firma digital. El art. 3º ley 25.506
extiende el concepto de firma a los medios electrónicos de identificación, al decir “cuando la
ley requiera una forma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma
digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o
prescribe consecuencias para su ausencia”. Luego el art. 6º agrega que un documento digital
satisface el requerimiento de la escritura.
— Integridad y autenticidad. La firma digital garantiza la integridad y
autenticidad del documento. La integridad, por cuanto es posible verificar las alteraciones
producidas en el contenido del documento, luego de que el mismo haya sido emitido, y la
autenticidad , que permite atribuir el contenido a su verdadero autor en forma fehaciente.99
En relación con dichos efectos, la ley establece una presunción de autoría de la
firma digital; se trata de una presunción iuris tantum de que toda firma digital pertenece al
titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma (art. 7º). Es decir, que
quien intenta impugnarla tendrá la carga de la prueba.
También establece una presunción de integridad ya que se presume, salvo prueba
en contrario, que el documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma
(art. 8º). Esto esta ligado con la autenticidad, es decir, con el contenido de un documento. Un
documento es autentico cuando no ha sufrido alteraciones que varíen su contenido, con lo
cual se considera verídico y prueba por sí mismo, como por ejemplo, un instrumento público,
y para ser impugnado debe ser redargüido de falsedad.
De manera tal que un instrumento privado que fuera firmado digitalmente queda
asimilado en sus efectos al de instrumento público, pues es un documento auténtico que
puede ser atribuido con certeza a su autor. Si bien no lo transforma en un instrumento puesto
que no es pasado en presencia de un oficial público, otorga plena fe hasta que se demuestre lo
contrario. Ello independientemente de que pueda ser en si mismo un instrumento público, vg.
La ley 25.506 fue reglamentada por el Decreto 2628/2002 (B. O. 20/12/02).
La firma digital utiliza un sistema de criptografía que codifica un texto mediante claves confidenciales.
Encriptar significa cambiar caracteres de un texto según una clave secreta de modo que el mismo no
pueda comprenderse a menos que sea sometido a un proceso inverso de desemcriptación mediante el uso
de una clave secreta. De este modo se recupera el texto original que sólo puede ser leído por aquellos a
los que esta dirigido. (Weingarten, Celia, Historia clínica: de la forma manuscrita a la informatización y
firma digital, La Ley, tº 2004-B-505 y ss.).
Cuando el documento emane de un sistema automatizado perteneciente a un organismo
público, siempre y cuando utilice firma digital.
— Las ventajas del documento con firma digital ante el sistema judicial.
i) dado que mediante la utilización de la firma digital se garantiza la identificación
de una persona, y por lo tanto la autenticidad de un documento, no es necesario solicitar
judicialmente el reconocimiento de la firma de profesional que hubiere firmado digitalmente
ii) Como la historia clínica digitalizada tiene el valor de un original, cuando el
paciente solicita una copia de ella, como es su derecho, y a posteriori se llegare a producir la
pérdida o extravió de la que se encuentra en poder del establecimiento o profesional, si bien
esta circunstancia no puede perjudicar al paciente, habrá hasta el momento en que se
denuncia su extravió, certeza sobre los datos consignados en la historia clínica digital que el
paciente tiene en su poder.
iii) Evita las medidas anticipativas, como el secuestro judicial, que por las mismas
razones se tornaría innecesario.
iv) Permite la incorporación de imágenes digitales; estas imágenes (radiografías,
fotografias del paciente, etc.), son capturadas con cámaras fotográficas digitales y scanners,
que luego son almacenadas y reproducidas en la pantalla de la computadora u otras
terminales de red del Hospital.
La información obtenida a través de estas técnicas reemplaza a la imagen impresa
en papel o en placa. Como habitualmente ésta es entregada al paciente, corre el riesgo de
extraviarse perdiéndose así un importante elemento probatorio; en cambio, mediante el
archivo digital de imágenes, dicho inconveniente queda superado al quedar dichas imágenes
incorporadas a la historia clínica del hospital y con las mismas seguridades.
Por otro lado, permite el intercambio de información para por ejemplo, efectuar un
diagnóstico a distancia.
v) Contribuye a la que la historia clínica sea llevada conforme a las reglas de
claridad evitando las consecuencias que se derivan de su confección irregular como ser
enmiendas, raspaduras y agregados, y a las reglas de registración cronológica de los actos al
otorgar fecha cierta pues brinda un alto grado de certeza acerca de la hora y fecha en que un
hecho aconteció o fue asentado.100
Weingarten, Celia, Historia clínica: de la forma manuscrita a la informatización y firma digital, La
Ley, tº 2004-B-505 a 516; Garay, Oscar Ernesto, Negligencia, informe pericial y la importancia de la
historia clínica en la responsabilidad profesional médica: la necesidad de regular sobre la H. C.
informatizada, (Nota a fallo), en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Buenos Aires, La Ley,
2006, Págs: 448 a 463.
El Dr. Juan Carlos Tealdi dicto conferencia en la Facultad
ANEXOU-Responsabilidad-medica-DrMaggi
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References: artículo
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 artículo 21
 artículo 2
 artículo 1
 Artículo 24
 artículo 43

Resolución 
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 artículo 19
 artículo 19
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artículo 13
 artículo 19
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