Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520118.html
Timestamp: 2019-03-20 23:37:37+00:00

Document:
as201521118
Auto Supremo: 118 /2015
Expediente: Cb-121-14-S
Partes: Dora Vargas de Álvarez y Mario Álvarez Ramos. c/ Maritza, Olga, Ana,
Martha y Gualberto Vargas Vera y contra Orlando Vargas Vera, Irma
Flora Vargas E y presuntos interesados.
VISTOS: El recurso de casación o nulidad interpuesto por Ana Rosario Vargas Vera de fs. 976 a 985, el recurso de casación en el fondo y en la forma presentado por Mario Álvarez Ramos y Dora Vargas de Álvarez de fs. 990a993 vta., ambos impugnando el Auto de Vista de fecha 5 de mayo de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de División y Partición, seguido por Dora Vargas de Álvarez y Mario Álvarez Ramos contra Maritza, Olga, Ana, Martha y Gualberto Vargas Vera y contra Orlando Vargas Vera, Irma Flora Vargas E y presuntos interesados, la concesión de fs. 1018, los antecedentes del proceso y:
Que, el Juez Tercero de Partido en lo Civil de la capital - Cochabamba, emitió Sentencia en fecha 12 de julio 2010 cursante de fojas 898 a 900, declarando Probada la demanda principal así como las excepciones perentorias opuestas a la demanda reconvencional, e Improbadas la acción reconvencional planteado por los demandados Olga Vargas de Ferreira, Ana Rosario, Martha Vargas Vera y Gualberto Vargas Vera mediante memorial de fs. 116 – 121 de obrados. En consecuencia se dispuso la División y Partición del inmueble. A) La División y Partición de los bienes hereditarios a la muerte de los causantes Raquel Vera de Vargas y Estanislao Vargas Callao, de todos los bienes yacentes referidos en la demanda, en la proporción de más del 50% de acciones y derechos sobre el inmueble litigado, b) Se reconoce judicialmente las acciones y derechos adquiridos a título de compra sobre el inmueble de la calle Santibáñez esquina Hamiraya y su división a favor de los actores, c) La colación de bienes hereditarios del monto a que ascienden las construcciones efectuadas por el apoderado demanda Mario Álvarez Ramos, en la parte posterior del inmueble señalado en estado de ejecución de sentencia, e) Finalmente los daños y perjuicios ocasionados por los demandados.
Contra la indicada resolución, interpuso recurso de apelación Ana Rosario Vargas Vera, motivo por el cual, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista, confirmando la Sentencia, con la modificación de que por el principio de congruencia, no procede el pago de daños y perjuicios a favor de los demandantes, dejando sin efecto lo dispuesto en el inciso e) dela Sentencia apelada.
Dicha resolución dio lugar al recurso de casación o nulidad presentado por Ana Rosario Vargas Vera y recurso de casación en el fondo y en la forma presentado por Mario Álvarez Ramos y Dora Vargas de Álvarez, recursos que se analizan.
Recurso de Casación de Ana Rosario Vargas Vera:
Acusa una serie de nulidades procesales e infracciones que se hubieran cometido en la tramitación de la litis, las cuales hubiesen viciado de nulidad todo el proceso, como por ejemplo fallas en los nombres de los demandados, que no se dirigió la demanda en contra de todos los herederos o presuntos herederos entre otros.
En otro punto acusa la nulidad de la Sentencia por violación de los arts. 190 y 192 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, la nulidad del Auto de Vista por infracción a lo dispuesto en el art. 254 núm. 2 y 3 del Adjetivo Civil.
Violación de los art. 55, 63 inciso 6) del Adjetivo Civil por el fallecimiento de Marina Vargas Villarroel e Irma Flora Vargas Escobar, donde debió suspenderse la tramitación del proceso y consiguientemente el llamamiento a los herederos de las fallecidas, antes de dictarse el Auto de Vista.
Acusan sobre el reconocimiento de las mejoras introducidas por el mandatario, indicando que no podía hacer nada más allá de lo que se ha prescrito en el mandato, que las construcciones y mejoras en el inmueble se hallaban sujeto a una condición la cual era la venta o la obtención de crédito con el inmueble de la AV. Killman y 6 de agosto, reconocimiento de mejoras que vulnera lo establecidoen el art. 494-I-II referido a los contratos sujetos a condición así como los arts. 811-II y 821 –II del Código Civil.
En otro punto acusa sobre el anticipo de legítima y la donación, indicando que la Escritura Pública Nº 494/88 de 9 de junio de 1988 relativo a la supuesta venta de acciones y derechos (50% ganancial) y de anticipo de legítima sobre el otro 50% restante, se advierte que si bien se elabora como minuta, lleva inserta cláusula de conversión para el caso de no ser elevada a rango de escritura pública, documento que fue protocolizado mediante orden judicial, lo cual, a criterio del recurrente, resulta contrario y violatorio a la ley del notariado, que establece una serie de formalidades para la protocolización de las minutas y al carecer de dichas formalidades el mismo resultaría nulo, incurriéndose en violación de lo establecido en el art. 1289 – I del Código Civil.
Por dichos motivos termina peticionando que se case el Auto de Vista, debiendo declararse nulo y sin valor legal alguno el documento de anticipo de legítima de fs. 9 a 11.
Recurso de Casación de Mario Álvarez Ramos y Dora Vargas de Álvarez:
Los recurrentes, acusan la violación del art. 984 del Código Civil, toda vez que existió culpa de parte de los demandados al revocar arbitrariamente el poder otorgado, lo que ocasionó daños y perjuicios, no solamente al recurrente que cuenta con el más del 50% de acciones y derechos, sino también a los demandados paradójicamente. También indica que existe daño emergente y lucro cesante por lo cual acusan la mala interpretación de lo establecido en el Código Civil.
En la forma acusa la infracción del art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, indicando que ninguna de las partes ni en ningún momento procesal, se advierte que se hubiese reclamado, pedido o fundamentado el hecho de no cancelarse daños y perjuicios conforme modifica el Auto de Vista de manera oficiosa, dejando sin efecto el inc. e) de la Sentencia.
Estando enfocado el recurso de casación a objetar la decisión asumida por el Tribunal Ad quem respecto a modificar el inc. e) de la Sentencia de fecha 12 de julio de 2010, la misma que no fue reclamada por ninguna de las partes; corresponde establecer que, evidentemente la parte apelante no realizó ningún reclamo a la calificación de daños y perjuicios, al ser así, el Auto de Vista estaría vulnerando lo dispuesto en el art. 254 núm. 4) del Adjetivo Civil “Otorgando más de lo pedido por las partes…”, aspecto que generaría la nulidad dela Resolución de Alzada. Sin embargo, el principio de conservación de los actos procesales, nos enseña que la nulidad de obrados se constituye en una extrema decisión a adoptar, pues toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; constituyéndose en un remedio de ultima ratio y de aplicación limitada y excepcional.
Por otro lado, la doctrina establece el principio de causalidad, por el que se entiende que la declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de aquél. Asimismo, la invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resulten independientemente de ella, ni impide la producción de efectos para los cuales el acto es idóneo. En nuestra legislación la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) introduce este principio, consignado en su art. 109 que establece:(EXTENSIÓN DE LA NULIDAD)“ I. La nulidad declarada de un acto procesal no importará la de los anteriores ni de los posteriores que sean independientes de aquel. Los actos procesales que resultaren afectados con la declaración de nulidad, de oficio serán declarados nulos. II. La nulidad de un acto especifico no afecta a otros que sean independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo que la Ley disponga lo contrario. III. La autoridad judicial a tiempo de fundamentar su decisión deberá especificar si la nulidad declarada de una acto procesal afecta a otros actos anteriores o posteriores al acto nulo.”.
En el caso concreto la Sentencia de primera instancia dispuso el pago de daños y perjuicios (pretensión accesoria del actor) en favor de la parte demandante; notificada con dicha resolución la parte demandada en su apelación de fs. 907 a 913 no cuestionó ni reclamó sobre esa determinación, sin embargo de ello el Auto de Vista en los fundamentos de la resolución numeral 4º hizo relación a la inviabilidad del pago de daños y perjuicios y con ello en la parte dispositiva modificó la Sentencia sobre dicha pretensión, disponiendo no haber lugar al pago de daños y perjuicios, sin que dicho aspecto hubiera conformado parte de la pretensión recursiva, lo que sobre esta pretensión constituye una resolución ultra petita. La decisión asumida por el Ad quem, resulto ser oficiosa por cuanto reexamina la pretensión de pago de daños y perjuicios que resulta ser una pretensión accesoria, por ello se constituye en un fundamento independiente de la pretensión principal, vicio de procedimiento que conforme a la regla general de la nulidad procesal implicaría la anulación de todo el Auto de Vista, empero de ello como toda regla tiene su excepción, esta se encuentra en el art. 109 del Código Procesal Civil por lo que corresponderá anular parcialmente el Auto de Vista, únicamente respecto a la modificación introducida en dicho fallo, esto es el numeral 4º (fs. 971 vta.) de los fundamentos de la Resolución de Alzada y la determinación asumida que modificó la Sentencia respecto al pago de daños y perjuicios; conforme a la norma descrita este Tribunal asume que la nulidad parcial del acto procesal (Auto de Vista) no tendrá incidencia sobre actos anteriores y posteriores a la Resolución de Alzada, precisamente porque no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación y la resolución de vista absolvió el recurso de apelación sobre las pretensiones principales.
Por tanto corresponde dejar vigentes los demás puntos fundamentados en el Auto de Vista, en virtud del cual la parte demandada continuó impugnando las decisiones asumidas por los de instancia respecto a la pretensión principal del actor.
Por otra parte, tomando en cuenta de que la decisión de Alzada respecto al pago de daños y perjuicios hubiera sido anulado ya no corresponde considerar el recurso de casación en el fondo, siendo el mismo improcedente.
Conforme se tiene argumentado en el recurso de casación en la forma, la parte recurrente deberá tener en cuenta que el escenario de las nulidades procesales, como sanción al acto, por el sólo apartamiento de las formas establecidas en la ley fue superado.La doctrina, jurisprudencia y la ley han construido presupuestos válidos para aplicar la nulidad procesal, que en todo caso es de ultima ratio, aplicado con criterio restrictivo, cuando se ha vulnerado objetivamente el derecho a la defensa en juicio, por lo que no puede imputarse a la nulidad el propósito de enmendar la injusticia de una decisión sino el de asegurar la inviolabilidad del derecho a la defensa.
Por ello, para compulsar las formas en el proceso los principios procesales juegan un papel importante para aplicar una nulidad, conforme la reiterada jurisprudencia legal y constitucional, a lo que detallamos a continuación:
Principio de Protección.- La nulidad procesal busca proteger a aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte, ya como terceros, de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho al Debido Proceso. Uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio. No procede, por tanto, el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar al error in procedendo, pues, de otro modo se premiaría la conducta del litigante que actuó con negligencia; y, si su actitud es dolosa, se fomentaría la temeridad. Este es el sustrato del principio de protección, que tiene su base en la doctrina de los actos propios, la cual -aplicada al caso- significa que nadie puede fundar una nulidad en su propia conducta, pues no tendría interés para proponerla; y, por consiguiente, carecería de legitimación.
Principio de conservación.- Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa. (Auto Supremo Nº 169/2013 de 12 de abril 2013)
Bajo ese manto de principios que rigen las nulidades procesales, se deberá considerar que las fallas en los nombres de los demandados, no reviste mayor trascendencia en la tramitación del proceso, dichos errores no determinan un resultado distinto a la asumida en la litis, mucho menos coloca en estado de indefensión a las partes, quienes en todo caso, concurrieron a la litis y asumieron defensa, convalidando los errores que pudieron existir. Por otro lado, respecto que no se dirigió la demanda en contra de todos los herederos o presuntos herederos, no resulta evidente toda vez que a fs. 525 vta., mediante Auto de fecha 18 de enero de 2002 se dispuso a efectos de lo normado en el art. 679 del Código de Procedimiento Civil la citación y emplazamiento de todos los presuntos herederos de Estanislao Vargas Callao, determinación que fue cumplida mediante publicación de edicto que cursan en obrados a fs. 573; no obstante a ello, mediante auto de fecha 30 de octubre de 2002 de fs. 580 y vta., se repuso obrados hasta el Auto de relación procesal para que los presuntos herederos tengan la posibilidad de ser parte de la presente demanda, nombrándoseles defensor de oficio al Dr. Edwin M. Sarmiento, por lo cual el agravio denunciado en casación no resulta fundado.
Sobre la violación del arts. 190 y 192 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, al respecto debemos señalar que, conforme las pretensiones deducidas en la demanda y la contestación a ella, se establece relación jurídica procesal de las partes respecto a la que se dicta Sentencia, decidiendo sobre las cosa litigadas en la manera que hubieren sido demandadas, conforme señala el art. 190 de la norma Adjetiva Civil; en tal caso, aún el Juez no haya inserto los puntos de hecho a probar de la manera en como pretendió el actor o el demandado, no quiere decir que la Sentencia no recaiga sobre las cosas litigadas, precisamente porque los puntos de hecho a probar no establecen la relación jurídico procesal, siendo dos actos autónomos, por lo cual no resulta evidente la vulneración del art. 190 del Adjetivo Civil. Por otro lado, respecto a lo establecido en el art. 192 del Código de Procedimiento Civil,cabe señalar lo establecido por el Tribunal Constitucional a través de la SC 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, las cuales aclararon que: "...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. Por lo cual al ser, clara, entendible y concreta la determinación asumida en la Sentencia dictada por el Juez A quo la misma no vulnera la disposición acusada.
Respecto, a la infracción del art. 254 núm. 2 y 3 del Adjetivo Civil y en sujeción a lo estrictamente acusado con referencia a la integración del Vocal Jimmy Rudy Siles, si bien es cierto que cursa en obrados el decreto de fs. 967 de fecha 06 de mayo de 2014 y su notificación con la convocatoria de conformar sala el día 08 de mayo de 2014, fechasposteriores a la emisión del Auto de Vista que lleva la fecha de 5 de mayo de 2014, tres días antes de haberse conformado sala, indicaremos que: si revisamos la fs. 967 en la parte in fine se dispuso la integración del Dr. Jimmy Rudy Siles Melgar, “para el conocimiento y resolución de la causa; debiendo poner en su conocimiento el proyecto de resolución de Auto de Vista de fecha 05 de mayo de 2014”, proyecto de resolución que como se tiene indicado, ya estaba elaborado por el vocal relator, el cual fue apoyado por el vocal convocado con lo que se formó la resolución respectiva, hecho que de ninguna manera vulnera el derecho de la parte recurrente ni mucho menos genera nulidad de la resolución de segunda instancia, toda vez que se encuentra dictada con la mayoría absoluta de votos de sus miembros conforme lo establece el art. 53 de la Ley del Órgano Judicial. Por otro lado también se debe indicar que una vez dictada la Resolución de Alzada las notificaciones con la misma cuentan con la debida cronología en sus fechas de notificación lo cual también demuestra que la consignación de la fecha del Auto de Vista pudo ser un lapsus de los vocales firmantes; en todo caso la parte recurrente tenía la posibilidad de solicitar conforme lo norma el art. 239 del Código de Procedimiento Civil la explicación, enmienda y complementación de dicho acto, y ser enmendado o aclarado por el Tribunal de Alzada y al no haber efectuado dicho evento, se debe concluir que el error acusado de ninguna manera puede generar la nulidad de dicha Resolución.
Finalmente, respecto a la violación de los arts. 55, 63 inciso 6) del Código de Procedimiento Civil, cabe mencionar que el Principio de Trascendencia establece que no hay nulidad sin perjuicio, la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que se declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión; por tanto, la nulidad fundada en el mero interés del cumplimiento de la ley o sus formalidades, no es justificada si ésta no resulta trascendental, en ese entendido la denuncia efectuada por la parte recurrente, en resguardo de los herederos de los fallecidos no resulta suficiente como para anular obrados, no tienen legitimación para reclamar derechos por terceros, máxime si se considera que estos fueron notificados mediante edicto de fs. 1014 (presuntos interesados) y hasta la fecha no concurrieron al proceso.
Por todo lo manifestado, se debe concluir que los agravios denunciados no son gravitantes para imprimir la nulidad pretendida, por lo cual corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el reconocimiento de las mejoras introducidas por el mandatario, indicando que no podía hacer nada más allá de lo que se ha prescrito en el mandato, que las construcciones y mejoras en el inmueble se hallaban sujeto a una condición la cual era la venta o la obtención de crédito con el inmueble de la AV. Killman y 6 de agosto; se debe considerar que, el poder 166/95 de fs. 83 a84 vta. confiere poder Especial y Bastante a Mario Álvarez Ramos para que en representación de la recurrente “…legalice y sanee el derecho propietario, efectúe la construcción de los cordones de aceras, amuralle la propiedad que tienen a la sucesión hereditaria del que en vida fuera Don Estanislao Vargas Collao, sobre una franja de terrenos de 3.800 m2 de superficie aproximadamente, así como del inmueble ubicado en calle Santiañez No. 0200 esquina Hamiraya de esta ciudad, para poder además hipotecar los terrenos y el inmueble, vender el 50% de los terrenos señalados ubicados en la Av. Killman y 6 de agosto…” de lo establecido de manera textual se entiende que no existe condición alguna y el mandatario contaba con el poder especial y suficiente para realizar las construcciones y mejoras debatidas en la litis, lo cual de ninguna manera vulnera lo dispuesto en el art. 494 – I – II del Código Civil, referente a los contratos sujetos a condición; como se tiene expuesto en todo el poder, no existe la condición de la venta o la obtención de crédito con el inmueble de la Av. Killman y 6 de agosto, por tanto el reconocimiento a las mejoras introducidas al inmueble objeto del proceso resultan legales.
Por otro lado, respecto a la nulidad del contrato de fecha 25 de mayo de 1988, reconocido en la misma fecha, documento de 11 de agosto de 1990 y su reconocimiento, se deberá tener en cuenta que la recurrente al momento de presentar su demanda reconvencional lo efectuó en apoyo de lo normado en los arts. 546, 547, inc. 5) del 549, 551 y 552 del Código Civil, argumentando la suplantación de su padre Estanislao Vargas Callao en persona y en sus firmas y rúbricas. El debate de la litis se centró en demostrar dicha aseveración la cual fue totalmente desvirtuada por el informe grafológico de oficio de fs. 860 a 883, aclarado de fs. 888 a 889, complementado a fs. 891 en el mismo se estableció sin duda alguna que las firmas y rúbricas insertadas en dichos documentos son auténticas, que han sido pulsadas y estampadas por el transferente, el padre de la recurrente.
En ese entendido, la hipótesis en casación que el documento se encontraba regido a formalidades establecidas por ley y que estas a criterio de la recurrente no fueron cumplidas, se debe considerar que no fue el thema decidendum en la litis, como se tiene establecido supra la pretensión de la recurrente era la nulidad de los contratos en base a la falsedad de las firmas del transferente, hecho que fue totalmente desvirtuado, ahora pretender la nulidad argumentando una serie de errores, omisiones tributarias e infracción de la ley del notariado no son fundados, ni mucho menos idóneas para pretender la revalorización de las pruebas cursantes en obrados, las cuales en su conjunto ya fueron analizadas por los Tribunales de instancia y como se tiene establecido, la prueba pericial de oficio de fs. 860 a 883, aclarado de fs. 888 a 889 y complementado a fs. 891, fue la prueba transcendental para determinar la validez del documento objetado; por lo cual, el análisis que el anticipo de legítima es una especie de donación, criterio del recurrente, no será considerado debido a que no fue parte del debate central de la causa.
Finalmente, bajo lo expresado debemos ser puntual en señalar que la valoración probatoria realizado por los inferiores es incensurable en casación, salvo cuando se denuncie que se incurrió en error de hecho o de derecho en su apreciación, aspecto que no acontece en el recurso de casación presentado. En tal entendido, no resulta viable el reclamo sobre la deficiente valoración del documento privado objeto de litis.
Por lo cual,resultaninfundados los argumentos expresados en el recurso de casación, correspondiendo resolver en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación o nulidad interpuesto por Ana Rosario Vargas Vera de fs. 976 a 985. En atención al recurso de casación presentado por Mario Álvarez Ramos y Dora Vargas de Álvarez de fs. 990 a 993 vta., y en aplicación de lo dispuesto en el art. 271 num. 1) del Código Adjetivo Civil, se declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y conforme a los argumentos del recurso de casación en la forma ANULA PARCIALMENTE el Auto de Vista de fecha 5 de mayo de 2014, únicamente el punto 4º del fundamento de esa resolución y la decisión introducida en la parte dispositiva que modifica la Sentencia consignada con el siguiente termino: “no procede el pago de daños y perjuicios a favor de los demandantes, consiguientemente queda sin efecto el inc. e) de la parte resolutiva de la Sentencia”, conforme dispone el art. 109 del Código Procesal Civil.Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

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