Source: https://nestoravendano.wordpress.com/2013/09/
Timestamp: 2017-06-25 03:43:00+00:00

Document:
septiembre | 2013 | Blog de Néstor Avendaño
Más exámenes parciales a la vista
Con visión cortoplacista, el Fondo Monetario Internacional (FMI) previó que no es necesaria la suscripción de un quinto programa económico trienal con Nicaragua, después de haber supervisado los actuales desequilibrios financieros externos (la balanza de pagos) e internos (el presupuesto nacional) de un país, y haber corroborado la solidez de la política monetaria contractiva, en un momento económico internacional muy complicado. Por eso, el diálogo entre las autoridades gubernamentales y la misión técnica encabezada por Przemek Gajdeczka resultó monótono, diría aburrido, con la aprobación ya esperada de otro examen parcial de la macroeconomía nacional. Sin embargo, el país no aprobó el examen final, como lo diera a entender el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Alberto Guevara, al expresar que “Nicaragua se graduó hoy ante el FMI”.
Con base en los datos oficiales del BCN de 2012 y del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) de octubre-diciembre de 2012, veamos algunos ejemplos de los desequilibrios macroeconómicos –que en 6 meses no se corrigen-, unos ya reducidos y otros persistentes, así como de algunas tareas que no se han concluido por falta de apoyo del FMI, para un país aún muy endeudado en términos de producción como es Nicaragua:
El saldo de la deuda pública interna y externa, es igual a 51.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El 40% del saldo de la deuda pública externa está pendiente de reestructuración con varios países que no son miembros del Club de París en la Iniciativa HIPC, donde aún no nos hemos graduado.
El pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública interna y externa es igual al 46.3% del total de impuestos recaudados por el Gobierno Central.
El déficit comercial de la balanza de pagos (exportaciones FOB menos importaciones CIF) es igual al 25.1% del PIB.
En porcentajes de la población económicamente activa (PEA), el 54.3% tiene problemas de empleo, debido a que el 49.3% está subempleado y el 5.1% está desempleado abierto.
El 76.2% de los ocupados trabaja en empresas que no tienen registros contables.
El 19.6% de la PEA recibe servicios de la seguridad social.
El servidor público no debería alegrarse como un graduado universitario sino como un graduado de educación media, y mucho menos debería reflejar muestras de complacencia con los resultados de esta visita de la misión técnica del FMI, porque la estabilidad macroeconómica continúa siendo frágil. Siempre con base en datos oficiales de 2012, he aquí algunas causas de esa alegría: a finales de 2012 se observó un nivel de reservas internacionales brutas oficiales equivalente a 2.4 veces el saldo de la base monetaria (la condicionalidad es 2.2 veces) gracias a los sobre encajes en moneda extranjera depositados por los bancos en el BCN y a la draconiana contracción de dinero; un déficit fiscal de 0.7% del PIB gracias al registro privado de la deuda venezolana; una tasa de inflación anual de 6.6% que no impide el deterioro interanual del poder de compra de los asalariados y una tasa de crecimiento económico de 5.2%, que es insuficiente para reducir en 1 punto porcentual la tasa de subutilización laboral que se aproximó al 30% de la PEA, es decir, 978 mil personas de un total de 3 millones 261 mil personas económicamente activas no generaron ingresos el año pasado. Cabe reconocer que esos avances monetarios y fiscales han sido posibles por la alianza estratégica gubernamental-empresarial-sindical que emprendió la administración pública hace seis años, la cual ha sido clave para el desempeño económico del país y que se consolidaría si incluyera efectivamente a los representantes de los propietarios de micro empresas y pequeñas empresas.
Nicaragua, con un ingreso per cápita promedio anual que se aproximará a 1 mil 800 dólares en este año y que es igual al 41% de su promedio centroamericano, no tiene capacidad de pago en el mercado financiero internacional, o sea, nuestro país aún no puede colocar Bonos del Tesoro Nacional en la Eurozona o en Estados Unidos, porque no encontraría acreedores a pesar que se han minimizado los riesgos económicos y financieros de nuestro país.
Al no haber condicionalidades macroeconómicas y de reforma estructural cruzadas con el FMI, no habrá préstamos concesionales del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Nicaragua por 315 millones de dólares en los próximos tres años, para apoyar tanto a las reservas internacionales del BCN como al presupuesto nacional. En otras palabras, toda la cooperación oficial que reciba el sector público en el futuro, como desde hace dos años, estará atada a proyectos y programas especificados en el presupuesto nacional -en 2012 esta cooperación sumó 484 millones de dólares y fue igual al 4.6% del PIB-.
Pero esto no debería asustarnos, siempre y cuando se mantenga la asistencia financiera de Venezuela que se registra como una deuda privada externa y, además, protege la posición de las reservas internacionales al financiar el 50% de la factura petrolera al cancelarse en un plazo de 23 años. En 2012, el monto del préstamo venezolano muy concesional fue 551 millones de dólares e igual a 5.2% del PIB, el cual excluye el flujo de inversión extranjera directa proveniente de dicho país. Przemek Gajdeczka muy complacientemente ha expresado que Nicaragua no necesita un nuevo programa económico trienal con el FMI. ¿La razón de esa complacencia? Un país ayuda más que el resto del mundo al sector público de Nicaragua.
Además, el FMI está muy preocupado por la existencia de graves problemas económicos al otro lado del Atlántico -no se ha eliminado la recesión económica ni se ha reducido la alta tasa de desempleo en varios países de la Eurozona, especialmente Grecia, España e Italia-, y el crecimiento económico de Estados Unidos no es dinámico por la persistencia de una tasa de desempleo que supera en un poco más de dos puntos porcentuales su nivel estructural de 5.0%.
En el contexto de largo plazo es necesario contar con un programa económico trienal suscrito con el FMI, porque fortalecería la confianza inversionista y se podría financiar concesionalmente la política de reformas estructurales ya prevista en nuestra economía, tales como la reforma del fondo de pensiones de seguridad social (para evitar la quiebra técnica financiera del INSS en 2018), la reforma del gasto público (para elevar la participación de la inversión pública y la productividad laboral en el sector gubernamental), la reforma del régimen cambiario (para resolver el grave desequilibrio comercial externo de 25% del PIB), la reforma de la educación (primaria y técnica para incrementar la productividad de la economía y el salario real), la reforma de la formalización del mercado laboral (para reducir su principal problema estructural, como lo es el subempleo) y la reforma financiera (para restablecer la banca estatal de fomento, transferir crédito y tecnología a la mayoría de los productores que no son sujetos de crédito en la banca convencional y financiar el gasto de inversión real).
A Nicaragua aún le falta mucho trecho para graduarse con honores en el manejo de la política económica. Ya estamos alfabetizados económicamente, pero el ahora llamado “asesor de confianza” vendrá a visitarnos cada septiembre para hacer cumplir el mandato del Artículo IV y evitar el riesgo de un posible creciente analfabetismo funcional. Ahora podemos decir que el acompañamiento no sólo existe en las contiendas electorales de nuestro país, sino también en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza de Nicaragua.
Etiquetas: banco central de nicaragua, FMI
Carta No. 17 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua
Vuelvo a escribirle con el propósito de tener su respuesta a mi reiterada pregunta sobre cuándo la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Nacional incluirá en el Orden del Día los dos mandatos judiciales expedidos por el Juzgado Sexto Local y el Juzgado Séptimo Local de lo Penal de Managua que se encuentran en la Agenda del Poder Legislativo, para que se inicie el proceso de desaforación del diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, quien es un evasor de la justicia desde hace cinco años y casi tres meses y se vuelve un impune por el mal uso de la inmunidad que le confiere su cargo público, y pueda responder por su presunta delincuencia conforme lo manda nuestro Código Penal.
Considero muy lamentable la aparente protección legislativa que observo para un presunto delincuente, como lo es hasta este momento Eduardo Montealegre Rivas, y se ponga en entredicho el axioma que nadie está sobre la ley, lo cual violenta el derecho humano de que toda persona tiene acceso a la justicia y deja en grave desventaja al ciudadano que reclama sus derechos, en este caso, ante el hacedor de las leyes de nuestro país.
Siempre en espera de la respuesta legislativa a los dos mandatos judiciales antes mencionados, le reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales
cc: Lic. Alba Azucena Palacios Benavides,
Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
Etiquetas: asamblea nacional, Eduardo Montelegre Rivas
Observaciones al PEF 2013-2016
El Programa Económico-Financiero (PEF) 2013-2016, recién publicado por el Gobierno de Nicaragua, garantiza la repetición del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” que expiró formalmente en diciembre de 2011. La reducción de la pobreza demanda elevar la proporción de la producción que es destinada a la acumulación de activos reales fijos, es decir, incrementar el gasto de construcción y de adquisición de maquinaria, equipo y tecnología, que en 2012, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), fue igual a 31% del Producto Interno Bruto (PIB) Real. Es de esperar que el aumento de la inversión, no del consumo como dijera un colega, aumentará la producción y la productividad laboral, siempre que ese gasto responda a la estrategia de reducción de la pobreza contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016 y esté acompañado de una efectiva y más amplia educación técnica media y superior, que casi ha desaparecido en nuestro país.
Sin embargo, el actual papel facilitador del Estado tiende a obstaculizar una mayor dinámica de la inversión privada y desestimula el crecimiento económico sostenible, porque persiste el problema estructural de las finanzas públicas de que el 80% del gasto presupuestario total se destina al gasto de consumo público y al pago de intereses de la deuda gubernamental interna y externa. En otras palabras, 20 córdobas de cada 100 córdobas que gasta el Gobierno Central se invierte en construcción y maquinaria y equipo, y con esta desproporción macroeconómica no se logrará en el mediano plazo un crecimiento económico sostenible. Entonces, es necesario llevar a cabo una reforma estructural del gasto público, olvidada por nuestros servidores públicos que se han enfrascado a modernizar el sistema impositivo aún regresivo y elevar la presión tributaria para los nicaragüenses.
Felicito de nuevo al presidente Daniel Ortega por haber forzado la inclusión y el mantenimiento de la política social en las discusiones con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual mantiene un sesgo pronunciado hacia las personas con mayor riesgo, o sea, que no saben producir (y hay que enseñarles a hacerlo) y no tienen ingresos para ingerir las 2 mil 100 kilocalorías diarias por persona, tal como lo recomiendan los organismos especializados en nutrición para países tropicales como el nuestro. Nos referimos al 14.6% de la población total del país en el año de 2009, que se denomina pobre extremo en la jerga de la pobreza y el desarrollo humano y sólo cabe una observación: la política social debe ser más amplia, que abarque a más del 42.5% de la población total que continuaba siendo pobre en 2009, porque también se ha observado tanto la pauperización de los estratos de ingresos medios de la población como la insuficiencia de políticas públicas redistributivas del ingreso.
Además de que el presupuesto nacional es un instrumento para redistribuir el ingreso, trata de garantizar, según el PEF, el financiamiento sostenible de los programas y proyectos públicos que reduzcan la pobreza, pero con el presupuesto vigente para este año, el gasto público prioritario que absorbe casi el 20% del gasto presupuestario -y también el 26% del total de impuestos- es el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública, no obstante parte de la deuda pública interna fue denunciada como ilícita y acusada penalmente por el Estado de Nicaragua en 2007, siguiéndole muy cercanamente el gasto de educación y alejándose un buen trecho el gasto de salud. Y aunque el gasto de reducción de la pobreza capta desde hace varios años la mitad del gasto gubernamental, la necesaria reforma del gasto debería impulsar la inversión en infraestructura económica y el desarrollo del capital humano, porque también urge elevar la productividad económica y la competitividad empresarial.
Los técnicos del BCN y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que se han esforzado en la elaboración del PEF 2013-2016 no deberían ufanarse que nuestro país tiene un presupuesto equilibrado, porque son técnicos y no políticos. Si existe un déficit fiscal cercano a 0% del PIB es por razones políticas mas no económicas, avaladas por el FMI, por lo cual siempre he señalado que la macroeconomía está excelente, pero continúa siendo frágil. Si se incluyera la asistencia financiera de Venezuela en el presupuesto de la nación, el déficit fiscal sería cercano a 6% del PIB y la administración pública no tendría chance para iniciar la discusión del quinto programa económico trienal, ya que el FMI exigiría un previo ajuste macroeconómico sin ayuda alguna. Es bastante irónico que un país pobre y aún muy endeudado en términos de producción, con una elevada tasa de evasión tributaria y una gran informalidad de su mercado laboral, posea un presupuesto nacional equilibrado.
Las políticas monetaria y financiera del PEF continúan siendo más de lo mismo, cuando nos vuelve a mantener estancados en la estabilización macroeconómica, pero ahora con más intensidad al elevar la relación de las reservas internacionales brutas con respecto a la base monetaria de 2.2 veces a 2.5 veces, con lo cual se fortalecerá la contracción monetaria que obstaculiza el desenvolvimiento normal y sostenible de las transacciones de bienes y servicios en el sector real de la economía. Desconoce el PEF que la mayor parte de los productores del país, los propietarios de microempresas y pequeñas empresas, no son sujetos de crédito en el sistema financiero convencional, que financia con mayor atención el consumo en vez de la producción. Desconoce el PEF la necesidad de restablecer una efectiva banca estatal de fomento a la producción para apoyar un crecimiento económico sostenible. También irónicamente la ley impide al BCN a que contribuya al alcance del pleno empleo.
Y lo más sorprendente es que los servidores públicos técnicos, después de la actualización del PIB con el nuevo sistema de cuentas nacionales que condujo a una reducción de las proporciones macroeconómicas de la base monetaria, del déficit fiscal y del flujo neto de capitales del exterior, afirman que el régimen cambiario es sólido, a sabiendas que el BCN es un rehén de la política cambiaria tal como lo demuestra el Artículo 38 de su ley que oficializa la cláusula de mantenimiento de valor. El tipo de cambio deslizante no promueve el esfuerzo exportador y con un mayor PIB por la revisión del sistema de cuentas nacionales y con el registro como deuda privada externa de la cooperación venezolana, el córdoba vale casi 5% más de lo que debe valer, un índice de sobrevaluación de nuestra moneda que tendería a elevarse si no incurrimos en el artificio macroeconómico de la existencia de un presupuesto nacional equilibrado.
Finalmente, aconsejo a las autoridades gubernamentales que se agreguen algunas reformas estructurales necesarias para formalizar el mercado laboral, diseñar una política de empleo con sus variados instrumentos, transferir tecnología a los que no pueden comprarla, promover la educación técnica media y superior y, por qué no, analizar la política cambiaria, mejor dicho el tipo de cambio real, que no logra reducir un déficit comercial promedio anual de casi 20% del PIB desde 1994 hasta el año pasado.
Etiquetas: PEF 2013-2016
Muy comedido el colega Gajdeczka
Como se esperaba, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce la muy buena, casi excelente, administración de la macroeconomía que realiza la administración del Presidente Daniel Ortega desde 2007, especialmente en los últimos 20 meses en que Nicaragua ha transitado sin ninguna condicionalidad suscrita con el FMI, pero manteniendo la disciplina del cuarto programa económico trienal que expiró oficialmente en diciembre de 2012. Con ese reconocimiento, hace su debut el economista Przemek Gajdeczka como jefe de la misión técnica, en cumplimiento del Artículo IV, es decir, revisar la situación de la economía nacional.
A grandes rasgos, entre diciembre de 2012 y agosto 2013, sin apoyo presupuestario ni de balanza de pagos porque no se ha suscrito el quinto programa económico trienal, las reservas internacionales brutas oficiales aumentaron US$16 millones hasta US$1,903 millones y equivalen a 2.7 veces el saldo de la base monetaria, 5 décimas mayor que la exigencia suscrita de 2.2 veces. ¡Excelente!
Cualquier éxito económico tiene su costo que muy rara vez se menciona desde la acera política. La reducción de la base monetaria ha estado soportada por un mayor endeudamiento del Banco Central de Nicaragua (BCN), principalmente a través de las subastas de Letras Estandarizadas: en los primeros 8 meses del año, el saldo total de sus títulos valores emitidos aumentó en 3 mil 700 millones de córdobas, con lo cual sacó de circulación del mercado un monto de 1 mil 770 millones de córdobas. ¿Cómo se logró esta mayor carga de deuda pública interna para nosotros, cuál fue el atractivo para los inversionistas financieros? El BCN elevó la tasa de rendimiento de esos papeles a 1 año plazo, desde 1.97% en enero de este año a 4.50% en julio recientemente pasado, lo cual contribuyó a elevar el costo del dinero en el sistema financiero nacional. ¡Excelente para el monetarista!
¿Podría llamar a esto una política monetaria responsable? Creo que no, excepto si la preocupación se reduce exclusivamente a la estabilización macroeconómica y se obviaran los graves problemas estructurales del mercado laboral, que hoy se caracterizan por un 76% de informalidad, una tasa de subempleo de 53% de la población económicamente activa y una cobertura de la seguridad social de apenas 21% del total de ocupados incluyendo a los subempleados.
Esta restricción monetaria ha facilitado, por supuesto, el mantenimiento de una tasa de inflación baja y estable, que en términos acumulados es de 4.0% en el lapso arriba mencionado, pero la inflación se ha acelerado en comparación con el 2.7% acumulado en el mismo período del año pasado y, por qué no decirlo, también ha facilitado una mayor desaceleración del crecimiento económico del país, ya espoleada por la baja demanda de bienes primarios en los mercados internacionales. La “esterilización” de dinero entorpece la ejecución de un mayor volumen de transacciones, que se resiente especialmente en la actividad comercial del país. ¡Excelente para el monetarista, pero decepcionante para los empresarios!
Cabe destacar que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) mostró una tasa de crecimiento interanual de 5% a junio de este año, una tasa sorprendente después de haber transitado 16 años con una tasa de crecimiento de 3.8% promedio anual pero aún insuficiente para reducir los índices de subempleo, desempleo abierto y pobreza.
¿Y el presupuesto nacional? Está equilibrado. En el primer semestre de este año se acumuló un superávit presupuestario equivalente a 29 millones de dólares, un dato que digno de ser aplaudido por el FMI, pero no olvidemos que este organismo multilateral avaló el registro de la asistencia financiera de Venezuela como una deuda privada externa. ¡Excelente para el monetarista! En nuestros países el petróleo es un bien público, no es privado, y si se incluyera el monto anual del préstamo debajo de la línea del déficit fiscal antes de antes del registro de las donaciones externas, dicho déficit sería del orden de 7% del PIB y no de 0.7% del PIB como fue publicado por el BCN para 2012. También se ha anunciado que el bono salarial será incluido en el presupuesto nacional de 2007, cuyo costo anual de aproximadamente 65 millones de dólares e igual a casi 0.6% del PIB será financiado con los impuestos del Gobierno Central, que han mostrado un aumento también desacelerado en este año.
Por esta breve descripción macroeconómica, la estabilidad macroeconómica de nuestro país puede ser calificada como frágil. Además, el FMI no es experto en cuestiones sociales, de gobernabilidad y para resolver problemas de largo plazo. Para ello está el Banco Mundial (BM), un brazo del FMI, y con esta institución habrá que discutir para que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016, el cual muestra la actualización de la estrategia de reducción de la pobreza de los nicaragüenses, un paso previo para iniciar las discusiones del quinto programa económico trienal con el FMI.
En una escala de 0 a 10, califico con 9 a la administración de la macroeconomía de nuestro país, tomado en cuenta el “artificio” del registro de la deuda “privada” con Venezuela que nos conduce, irónicamente, a un presupuesto “equilibrado” con casi el 40% de la población sumida en la pobreza, y tomando también en cuenta la implementación de reformas estructurales, la última fue La Ley de Concertación Tributaria y ahora se emprende la reforma del fondo de seguridad social. Todas las reformas estructurales ejecutadas desde 2007 se han logrado sin préstamos concesionales del FMI. Bueno, esa ha sido la voluntad política del gobernante.
Przemek Gajdeczka ha señalado que deja abierta la posibilidad de que el Gobierno de Nicaragua solicite cooperación al FMI para enfrentar los impactos provenientes de la desaceleración económica mundial prevista desde finales del año pasado. Eso es correcto, pero también debería abrir la posibilidad de que el FMI también preste recursos para realizar la reforma estructural de la seguridad social, que no consiste en el así llamado salvataje financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sino en el cambio del modelo de la economía nacional cuyos efectos se observan en la situación financiera futura del INSS. Hay que resolver los problemas estructurales de la informalidad del mercado laboral, del subempleo, de la poca educación técnica de la población laboral y de la baja productividad de la economía, incluso con el restablecimiento de instrumentos que fueron quitados al Estado de Nicaragua con el Consenso de Washington en la década de los noventa del siglo pasado.
Comparto el criterio del jefe de la misión técnica del FMI que la macroeconomía está bien, pero he de agregar que es frágil sin el apoyo financiero de divisas líquidas para apoyo presupuestario y para apoyo de las reservas internacionales del BCN –lo cual pondría en jaque la estabilización macroeconómica en 2014- y reitero que el quinto programa económico es necesario para consolidar la confianza del inversionista privado en Nicaragua. Por otro lado, no olvidemos que la microeconomía continúa muy mal.
Si la discusión del quinto programa económico continúa caracterizándose por la conversación ortodoxa monetaria y fiscal de corto y mediano plazo, se corre el riesgo que Nicaragua continúe patinando en su recuperación económica. El problema macroeconómico a resolver es de largo plazo. Y reitero, no olvidemos que la microeconomía está muy mal.
Etiquetas: banco central de nicaragua, fondo monetario internacional
La manía de politizar y evadir la Justicia
En la vida hay algo mucho peor que equivocarse, y es empecinarse en el error. Como suele equivocarse frecuentemente, Eduardo Montealegre Rivas, un presunto delincuente que evade la Justicia de Nicaragua desde hace 5 años escudándose con la inmunidad que le confiere su cargo de diputado, trata de defender a otro presunto delincuente acusado de ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito y estafa agravada por la Fiscalía General de la República, su hermano Álvaro Montealegre Rivas, con su argumento ya trillado que es una acusación de índole política.
Quien es artista para politizar las acusaciones delictivas y evadir el llamado de la Justicia es Eduardo Montealegre Rivas, querellado por mí, por sus graves injurias y calumnias, y también acusado por la Fiscalía General de la República, por sus actos inapropiados observados en 2003 cuando participó en la reestructuración de los CENIs Bancarios y las subastas de los activos de cuatro bancos liquidados.
Esa manía la demostró con sus argumentos poco inteligentes para auto defenderse de sus graves injurias y calumnias que él, en ese momento candidato a alcalde de la Ciudad de Managua, escribió contra mi persona en La Prensa, diario que las publicó el 31 de julio de 2008 sin consultar al ofendido por el inmune, ahora impune, diputado “regalado”, como lo llaman en la jerga política criolla.
El diputado querellado afirmó, en su fallida estrategia de aparecer como un hombre honrado ante la nación nicaragüense, que yo era mangoneado por el Presidente de la República, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, para que lo querellara por su gratuita acusación escrita que yo fui uno de los que quebró al Banco del Café. En otras palabras, me difamó de ser un defraudador del Estado de Nicaragua. En público, le riposté que la dignidad personal no se somete a ningún juego sino que se defiende y que si él no entendía ni lo que escribía, pidiera a sus asesores que le explicaran su gratuita acusación escrita.
Y si hubiese sido correcta su acusación que él escribió contra mí, ¿por qué evadió el juzgado penal y no me acusó? Sencillamente no lo hizo por su poca honestidad y valentía, características comunes de la delincuencia, y por ende, de la aún presunta delincuencia de una persona que aspiró a ser creído por los nicaragüenses cuando quiso ser alcalde, pero que por su poca inteligencia prefirió ser lo que hoy es, un presunto delincuente.
Eduardo Montealegre Rivas bien pudo retractarse inmediatamente del daño moral que me provocó, y hubiese demostrado a los nicaragüenses que era una persona honesta y valiente. Si hubiese sido así, yo lo hubiera felicitado públicamente. Esto no ocurrió, porque el diputado querellado y también acusado penalmente, decidió cargar con su estigma escudado con su inmunidad temporal que lo envalentona y lo hace sentir el líder político de la oposición. Otro error del querellado.
Etiquetas: DELINCUENCIA Y POLÍTICA
Los precios del petróleo y la inflación en Nicaragua
El conflicto en Siria está en el aire.
El Senado de Estados Unidos propuso autorizar una intervención militar durante dos meses, sin que una bota pise el terreno sirio.
Siria es probablemente el tercer país con el mayor arsenal de armas químicas, después de Estados Unidos y Rusia que las están destruyendo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto, con el estilo de una muy fina jugada ajedrecística, encontrar y poner a salvo las armas químicas ocultas de Siria como el gas nervioso letal (sarín), el gas mostaza y otras toxinas líquidas, al margen de los grandes acuerdos internacionales sobre el control de estas armas y en medio de los combates entre las facciones beligerantes sirias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dispuso analizar la propuesta rusa, pero advirtió que el ejército norteamericano estará “listo para responder” si la negociación fracasaba.
El retraso de la intervención militar estadounidense en Siria ha forzado a bajar los precios internacionales del crudo. Por ejemplo el precio del Brent, de referencia en Europa, ha caído desde casi US$118 la semana pasada hasta casi US$111 ayer miércoles 11 de septiembre, mientras que el WTI, de referencia en América Latina, después de superar los US$110 por primera vez desde mayo de 2011 ha caído hasta casi US$107 el 11 de septiembre.
Ojalá que la guerra no se imponga por las pérdidas de vidas humanas y los daños económicos y sociales, que minimizan cualquier victoria política. En caso de que ocurra, analistas internacionales señalan que el precio del petróleo alcanzaría rápidamente un mínimo de US$125, y si el conflicto se generaliza en la región, donde se origina casi el 40% de la producción mundial de petróleo, el precio del barril de crudo fácilmente subiría a los US$150.
En ambos escenarios, ¿que podría ocurrir en la economía de nuestro país? Antes de referirnos a los perjuicios, sólo hay un sector ganador que es la industria petrolera, la cual ya se ha beneficiado con los precios especulativos del crudo de la semana pasada cuando parecía inminente el ataque estadounidense.
Como no hay ganadores sin perdedores, el precio del galón de gasolina regular saltó desde US$4.89 el 26 de agosto a US$4.90 el 2 de septiembre y cayó a US$4.84 el 9 de septiembre. La secuencia en esas mismas fechas del precio del galón de gasolina super fue US$5.08, US$5.14 y US$5.13, y la del precio del galón de diesel fue US$4.44, US$4.50 y US$4.52. Estas alzas de precios perjudican, en orden de importancia, principalmente a las actividades económicas de generación de electricidad, transporte de pasajeros y carga, la pesca, la minería metálica (oro y plata), el arroz de riego, el suministro de agua potable y el comercio. Estas empresas, al no poder trasladar las alzas de costos a los precios finales de venta, deterioran sus márgenes de utilidad.
De acuerdo con la evidencia empírica de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) sobre el impacto inflacionario provocado por un shock del precio del petróleo en Nicaragua, un aumento del precio del barril de crudo WTI hasta US$125 elevaría la tasa de inflación anual a 9.8%, casi 3 puntos porcentuales mayor que la tasa de inflación prevista antes de la posibilidad de la intervención militar anunciada por el gobierno estadounidense, y en caso de encarecerse hasta US$150 el aumento anual de los precios al consumidor se aproximaría a 10.9%.
Pase lo que pase, debemos continuar implementando las tareas para ahorrar energía eléctrica y combustibles, y mitigar esos impactos en en los costos de producción de los empresarios y en el poder adquisitivo de los asalariados.
Etiquetas: inflación, precio WTI
Las iglesias y el pago de los impuestos
Aunque nadie puede argumentar el desconocimiento de la ley, el Estado tiene la responsabilidad de explicar la ley a todos los ciudadanos. En Nicaragua, la mayoría de los ciudadanos no pueden comprar el diario oficial La Gaceta, incluso muchas personas desconocen el local o la dirección de esta empresa pública, y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2010 del total de la población nicaragüense el 4.1% posee computadores personales y el 10% son usuarios de internet, por lo cual el acceso digital al diario oficial es muy limitado.
El revuelo de que el Estado de Nicaragua cobrará impuestos sobre las donaciones a las iglesias y organizaciones que están exentas en forma objetiva y subjetiva en el pago de tributos directos e indirectos, no es nada más que un infundio para causar preocupación, ruido político y confrontación política contra el gobierno, pero existe una responsabilidad gubernamental incumplida en el conocimiento de la última reforma tributaria, porque, excluyendo a empresarios y trabajadores, varias organizaciones, entre ellas las de los consumidores –el principal pagador de impuestos-, las iglesias y las instituciones de beneficencia social, no fueron invitadas por el gobierno a la búsqueda del consenso tributario nacional en julio de 2012. Sin embargo, fue ampliamente divulgado el hecho que la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT), reforzó la dualidad de nuestro sistema tributario, es decir, separó las rentas del trabajo, de las actividades económicas y de capital y pérdidas y ganancias de capital.
En cuanto al impuesto sobre la renta (IR) de las actividades económicas, la LCT dispone en su Artículo 32 “Exenciones Subjetivas”, Numeral 3, la exoneración del pago de este impuesto a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas a sus rentas que provengan de actividades y bienes destinados exclusivamente a fines religiosos, lo cual está reglamentado en el Artículo 25 del Reglamento de la LCT, siempre y cuando las organizaciones religiosas antes mencionadas se encuentren autorizadas por la Ley No.147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 29 de mayo de 1992 y registradas ante el Ministerio de Gobernación.
Lo novedoso en la LCT es que su Artículo 33 “Condiciones para las exenciones subjetivas”, Numeral 2, señala que si los sujetos exentos del pago del IR, entre ellos las iglesias y otras organizaciones religiosas, realizaran actividades económicas lucrativas con terceros en el mercado de bienes y servicios, es decir, una actividad que genera utilidades a los sujetos exentos, en este caso las organizaciones religiosas tendrán que pagar el IR sobre esas utilidades. ¿Cómo? Dichas organizaciones tendrían que declarar el monto de esa renta lucrativa (las utilidades de la actividad económica realizada) y anticipar el pago del 2% en concepto del IR y, al final del periodo fiscal, en diciembre de cada año, realizar la declaración de las rentas provenientes de actividades económicas lucrativas. Ojalá que el cobrador de impuesto, en su trato a las iglesias u organizaciones religiosas, tenga un juicio apropiado sobre qué es una actividad económica lucrativa para este tipo de instituciones.
Otro aspecto relevante de la LCT es la inclusión exhaustiva del impuesto sobre las rentas de capital, por ejemplo, la renta del alquiler de un edificio, y sobre las ganancias y pérdidas de capital, por ejemplo, la renta por la venta del edificio. El único avance de este tipo de impuesto en la reforma tributaria que se aplicó en 2010 fue el pago del 10% sobre los intereses devengados en todo tipo de depósitos y los intereses pagados en préstamos por todos los agentes económicos, excepto las instituciones financieras. Cabe mencionar que las iglesias y las organizaciones religiosas no están exentas del pago de este impuesto (ver Artículo 77 de la LCT, Exenciones subjetivas).
Este impuesto, que grava con el 10% las rentas de capital y de ganancias y pérdidas de capital, tiene exenciones objetivas, tales como los intereses devengados por títulos valores del Estado emitidos antes del 31 de diciembre de 2009; las rentas de capital que se integran como rentas de actividades económicas, siempre que fuesen mayores a un monto equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la renta gravable de actividades económicas; las ganancias de capital que se pongan de manifiesto para el donante; las transmisiones a título gratuito recibidas por el donatario, y si la donación es a favor de las instituciones religiosas se deducirá de la renta bruta hasta el equivalente del 10%; los premios de lotería iguales o menores que 50 mil córdobas; los premios menores de 25 mil córdobas en dinero en especie de provenientes de rifas, sorteos, bingos y similares; y las remesas familiares.
Continuando con el análisis de la LCT y las iglesias y otras organizaciones religiosas, estas instituciones están exentas (i) del traslado del IVA (Artículo 111, Numeral 6), (ii) del pago del IVA por eventos religiosos cuyo contenido esté dirigido exclusivamente al culto (Artículo 136, Numeral 4) y (iii) del pago del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) en cuanto a los bienes destinados exclusivamente para fines religiosos (Artículo 153, Número 6). Estas tres exoneraciones están debidamente reglamentadas mediante el reembolso en adquisiciones locales y mediante la exoneración aduanera autorizada por el MHCP, previa solicitud fundamentada de la iglesia o de la organización religiosa exenta y el soporte respectivo para la adquisición del bien, o del servicio o de la importación en su caso.
En conclusión, la nueva ley tributaria continúa garantizando que las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas no pagarán IR, IVA e ISC si sus rentas provenientes de actividades económicas están destinadas exclusivamente a fines religiosos, que, en mi entender, es el objetivo único de las instituciones religiosas.
Muy rara sería una actividad económica realizada por una organización religiosa que busque algún algún excedente de explotación o una utilidad bruta para fines fuera de la Iglesia, es decir, una actividad económica lucrativa, en un país como el nuestro en que las autoridades religiosas tratan de mitigar la pobreza que afecta, según cifras oficiales, a casi un 40% de la población del país. Por consiguiente, el Poder Ejecutivo tendría que hacer un llamado al cobrador de impuestos que sea justo en sus discrecionalidades administrativas para distinguir las actividades económicas de las iglesias y sus instituciones que no tengan fines religiosos, porque el objetivo supremo de una Iglesia es servir a los pobres.
El impuesto que continuarían pagando las iglesias es el de la retención definitiva del 10% (i) sobre la renta bruta del capital (conocido como mobiliario incorporal), o sea, sobre los intereses devengados por todo tipo de depósitos que realicen en las instituciones financieras, (ii) sobre la renta gravable por la transmisión de la titularidad o dominio de activos, la renta por la explotación de activos (alquiler de un terreno u de una edificación) sin perder la titularidad o dominio sobre los mismos (conocido como capital inmobiliario), y (iii) sobre las ganancias y pérdidas de capital, o sea sobre las variaciones en el valor de su patrimonio, resultante de la venta o traspaso de derechos.
Entonces, ¿por qué tanto ruido? Creo que los medios de información pública deben aclarar y reducir la confusión con sus noticias a la población, o sea, deben ejercitar la responsabilidad social de cualquier divulgador público.
Etiquetas: El pago del IR, La Ley de Concertación Tributaria
Visitas al Blog	699,391 Entradas recientes	El Plan de Producción, Consumo y Comercio, y las metas de producción 2017
Dinero, consumo y producción
Visitas desde:	Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com. Blog de Néstor Avendaño	Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com. Publicar en

References: Artículo 38
 Artículo 32
 Artículo 25
in Fine
 Artículo 33
 Artículo 77