Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0041_ES.html
Timestamp: 2019-12-08 05:01:03+00:00

Document:
Textos aprobados - Unión bancaria - Informe anual 2016 - Miércoles 15 de febrero de 2017
Unión bancaria - Informe anual 2016
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre la unión bancaria – Informe anual 2016 (2016/2247(INI))
– Visto el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales, de 30 de septiembre de 2015 (COM(2015)0468),
– Visto el Informe Mundial de Estabilidad Financiera del Fondo Monetario Internacional de 2016,
– Visto el Reglamento (UE) 2016/445 del Banco Central Europeo, de 14 de marzo de 2016, sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el Derecho de la Unión(7),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010(12) (Reglamento del MUR),
– Visto el informe de la Comisión titulado «Evaluación de las normas sobre remuneración en el marco de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013», de 28 de julio de 2016 (COM(2016)0510),
– Visto el documento de trabajo del Banco de Pagos Internacionales (BPI) n.º 558, de abril de 2016, titulado «Why bank capital matters for monetary policy» (Por qué es importante el capital bancario para la política monetaria),
B. Considerando que el Banco Central Europeo (BCE) podría encontrarse, en ocasiones específicas, ante un conflicto de intereses debido a su doble responsabilidad como autoridad de la política monetaria y supervisor bancario;
17. Pone de relieve las limitaciones de la metodología actual para la realización de pruebas de resistencia; celebra, por tanto, los esfuerzos de la ABE y del BCE para mejorar el marco de las pruebas de resistencia; considera, no obstante, que hay que seguir trabajando para reflejar mejor la posibilidad y la realidad de las situaciones de crisis reales, entre otras cosas, incorporando mejor en la metodología elementos más dinámicos, como los efectos de contagio; que la falta de transparencia que caracteriza a las propias pruebas de resistencia del BCE implican incertidumbre en las prácticas de supervisión; pide al BCE que publique los resultados de sus pruebas de resistencia para promover la confianza del mercado;
18. Considera que cuando una autoridad nacional competente se niegue a tener en cuenta las circunstancias específicas en las pruebas de resistencia, se debe informar de ello a la ABE y al MUS para garantizar unas condiciones de competencia equitativas;
19. Celebra el progreso logrado de cara a facilitar cierta delegación en el ámbito de la toma de decisiones aptas y apropiadas; señala, no obstante, que es necesario modificar la regulación para permitir una delegación mayor y más sencilla de la toma de decisiones del Consejo de Supervisión en funcionarios competentes sobre ciertas cuestiones rutinarias; señala que acogería con satisfacción tal modificación que contribuiría a la eficiencia y eficacia de la supervisión bancaria del BCE; pide al BCE que especifique las tareas y el marco jurídico para la delegación de la toma de decisiones;
20. Toma nota del informe del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento del MUS; toma nota de las conclusiones relativas a los niveles insuficientes de personal; pide a las autoridades nacionales competentes y a los Estados miembros que proporcionen al BCE los recursos humanos y datos económicos necesarios para el desempeño de su labor, en particular por lo que se refiere a las inspecciones in situ; pide al BCE que modifique el Reglamento Marco del MUS a fin de formalizar los compromisos de las autoridades nacionales competentes participantes y que aplique una metodología basada en los riesgos para determinar el número objetivo de miembros del personal y la composición de competencias para los equipos conjuntos de supervisión; opina que con una mayor participación del personal del BCE y una menor dependencia del personal de las autoridades nacionales competentes se mejoraría la independencia de la supervisión, junto con la utilización de personal de la autoridad competente de un Estado miembro para supervisar una entidad de otro Estado miembro, que también contribuye a abordar eficazmente el riesgo de incumplimiento de la supervisión; celebra la cooperación del BCE con el Parlamento Europeo en relación con las condiciones laborales del personal; pide al BCE que promueva un buen entorno de trabajo que fomente la cohesión profesional en su seno; recuerda el posible conflicto de intereses entre las funciones de supervisión y la responsabilidad de la política monetaria, y la necesidad de una clara separación de ambos tipos de funciones; pide al BCE que realice un análisis de riesgo sobre los posibles conflictos de intereses y prevea líneas de notificación independientes en lo que respecta a los recursos de supervisión específicos; considera que, si bien la separación de la política monetaria y la supervisión es un principio central, no debe impedir el ahorro de costes logrado al compartir servicios, siempre y cuando estos no sean fundamentales para la elaboración de políticas y se establezcan las garantías adecuadas; pide al BCE que celebre consultas públicas al elaborar medidas cuasilegislativas, a fin de mejorar su rendición de cuentas;
21. Subraya que la creación del MUS ha ido acompañada de un aumento de la influencia de la Unión en el panorama internacional en comparación con la situación previa;
22. Subraya que la separación de las funciones de supervisión de las funciones de la política monetaria debería permitir al MUS adoptar una posición independiente con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos los posibles efectos de los objetivos del tipo de interés del BCE sobre la posición financiera de los bancos supervisados;
23. Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que desde el establecimiento del MUS se han producido lagunas en la auditoría; muestra su inquietud por el hecho de que, debido a las limitaciones impuestas por el BCE sobre el acceso del Tribunal de Cuentas a los documentos, se han dejado sin auditar áreas importantes; insta al BCE a que coopere plenamente con el Tribunal de Cuentas para permitirle ejercer su mandato y reforzar con ello la rendición de cuentas;
24. Recuerda la necesidad de encontrar, en la regulación y en la práctica de la supervisión, un equilibrio entre la necesidad de mantener la proporcionalidad y de actuar con coherencia; toma nota, a este respecto, de las modificaciones propuestas con respecto a los requisitos de información y remuneración en la propuesta de la Comisión de modificación de la Directiva 2013/36/UE; pide a la Comisión que priorice el trabajo sobre la normativa para los bancos pequeños y lo amplíe para incluir una evaluación de la viabilidad de un futuro marco regulatorio que conste de normas prudenciales menos complejas y más adecuadas y proporcionales, específicas para los diferentes tipos de modelo bancario; señala que todos los bancos deben someterse a un nivel adecuado de supervisión; recuerda que es fundamental realizar una supervisión adecuada para controlar todos los riesgos, independientemente del tamaño de los bancos; respeta la división de funciones y competencias entre la JUR, la ABE y otras autoridades dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, al tiempo que subraya la importancia de que exista una cooperación efectiva; considera que en un mercado común hay que superar la proliferación de requisitos de información duplicados y de interpretaciones nacionales de la legislación europea; apoya los esfuerzos de integración realizados hasta la fecha, como la idea que hay detrás del Marco Europeo de Información, y anima a redoblar los esfuerzos en esta dirección para evitar la duplicación de informes y la generación de costes de regulación adicionales innecesarios; pide a la Comisión que aborde la cuestión a su debido tiempo y en consonancia con sus conclusiones con respecto a la convocatoria de datos, por ejemplo, mediante una propuesta para establecer un procedimiento común, unitario y consolidado de presentación de informes en materia de supervisión; pide asimismo que se anuncien de manera oportuna los requisitos de información ad hoc y permanentes para velar por la alta calidad de los datos y la seguridad del proceso de planificación;
25. Pone de relieve que la seguridad y la solvencia de un banco no se pueden determinar únicamente a través de una evaluación de su balance general en un momento dado, ya que están garantizadas por las interacciones dinámicas entre los bancos y los mercados y se ven afectadas por varios elementos de la economía en su conjunto; subraya, por tanto, que un marco sólido para la estabilidad financiera y el crecimiento debe ser integral y equilibrado, para incluir prácticas de supervisión dinámicas, y no centrarse exclusivamente en una regulación estática que se ocupe esencialmente de aspectos cuantitativos;
26. Pone de relieve el reparto de responsabilidades entre el BCE y la ABE; resalta que el BCE no debe convertirse en el organismo de normalización de facto para los bancos no pertenecientes al MUS;
27. Toma nota de que, el 18 de mayo de 2016, el Consejo del BCE adoptó el Reglamento sobre la recopilación de datos analíticos sobre el crédito y el riesgo crediticio (AnaCredit); pide al BCE que permita a los bancos centrales nacionales el mayor margen de maniobra posible a la hora de aplicar AnaCredit;
28. Pide al BCE que no inicie los trabajos en fases adicionales relacionadas con AnaCredit hasta que se haya realizado una consulta pública, con la participación plena del Parlamento Europeo y prestando especial atención al principio de proporcionalidad;
29. Reitera la importancia que reviste disponer de sistemas informáticos sólidos, que funcionen correctamente y que atiendan a las necesidades de las funciones de supervisión del MUS y a cuestiones de seguridad; lamenta los últimos informes sobre las deficiencias que persisten en el sistema informático;
30. Celebra la creación de juntas nacionales de riesgo sistémico, pero subraya que el establecimiento de la unión bancaria refuerza la necesidad de reforzar la política macroprudencial a nivel europeo, a fin de abordar debidamente los posibles efectos indirectos transfronterizos del riesgo sistémico; anima a la Comisión a que proponga una supervisión macroprudencial coherente y efectiva en su revisión general del marco macroprudencial en 2017; pide a la Comisión que sea especialmente ambiciosa a fin de ampliar la capacidad institucional y analítica de la JERS para evaluar los riesgos y vulnerabilidades dentro y fuera del sector bancario e intervenir en consecuencia; considera que los instrumentos basados en los préstamos (como los límites a la relación préstamo-valor y a la razón servicio de la deuda-ingresos) deben incorporarse a la legislación europea para armonizar el uso de estos tipos de instrumentos macroprudenciales adicionales; destaca la necesidad de reducir la complejidad institucional y la longitud de los procesos en la interacción la JERS, el BCE/MUS y las autoridades nacionales, y entre las autoridades nacionales competentes y las autoridades nacionales designadas, en el ámbito de la supervisión macroprudencial; celebra, a este respecto, el progreso ya logrado en materia de coordinación transfronteriza por la recomendación de la JERS sobre la reciprocidad voluntaria; pide una vez más la clarificación de los vínculos entre el marco macroprudencial y los instrumentos microprudenciales existentes, a fin de garantizar una interacción efectiva entre los instrumentos de la política macroprudencial y microprudencial; manifiesta su preocupación por las vulnerabilidades del sector inmobiliario identificadas por la JERS; observa que la ABE aún no ha proporcionado normas técnicas de regulación sobre la condición de los requisitos de capital para la exposición a las hipotecas de conformidad con el artículo 124, apartado 4, letra b), y el artículo 164, apartado 6, del RRC; observa que, hasta la fecha, solo un reducido número de miembros del MUS ha activado o tiene previsto activar colchones de riesgo sistémico generales y un colchón de capital anticíclico; señala que, hasta el momento, el BCE no ha ejercido plenamente sus facultades de supervisión macroeconómica, fomentando la adopción de instrumentos de supervisión macroprudenciales por parte de las autoridades nacionales;
31. Destaca que el resultado del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión requiere una evaluación de todo el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, incluidas las modalidades de voto en el seno de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), en particular del mecanismo de doble mayoría previsto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento ABE; subraya que las posibles negociaciones tras el referéndum no deben conducir a una desigualdad de oportunidades entre las entidades financieras de dentro y fuera de la Unión, y no deben utilizarse para promover la desregulación del sector financiero;
32. Acoge con satisfacción el excelente trabajo realizado por los equipos conjuntos de supervisión, que son un buen ejemplo de cooperación europea y adquisición de conocimientos; señala que la propuesta de utilizar en el futuro un sistema de rotación para la organización de los equipos conjuntos de supervisión debe garantizar una supervisión objetiva y tener en cuenta el largo proceso de adquisición de conocimientos en esta especialidad tan compleja;
33. Celebra que la unión bancaria haya eliminado ampliamente la cuestión de los supervisores de origen y de acogida mediante el establecimiento de un supervisor único y la mejora notable del intercambio de información pertinente entre las autoridades de supervisión, lo que permite una supervisión más integral de los grupos bancarios transfronterizos; subraya que, dado que la unión bancaria no ha culminado, la revisión del RRC en cuanto a las exenciones de los requisitos de liquidez y capital tiene que tener debidamente en cuenta los problemas relacionados con la protección de los consumidores en los países de acogida;
34. Celebra la iniciativa del BCE de obligar a los bancos supervisados a notificar los ciberataques importantes a través de un servicio de alerta en tiempo real y de que las inspecciones in situ del MUS supervisen la ciberseguridad; pide el establecimiento de un marco jurídico que facilite el intercambio de información sensible y relevante para impedir los ciberataques entre bancos;
35. Subraya la importancia crucial que reviste la ciberseguridad para los servicios bancarios y la necesidad de incentivar a las entidades financieras para que sean muy ambiciosas a la hora de proteger los datos de los consumidores y garantizar la ciberseguridad;
36. Observa que se ha asignado al MUS la función de supervisor bancario europeo a fin de garantizar el cumplimiento de las normas prudenciales de la Unión y la estabilidad financiera, mientras que otras funciones de supervisión, que tienen repercusiones europeas claras, siguen en manos de los supervisores nacionales; a este respecto, subraya que el MUS debe disponer de poderes de supervisión en relación con las actividades de prevención del blanqueo de capitales de los supervisores bancarios nacionales; hace hincapié en que la ABE también debe disponer de competencias adicionales en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, incluidos poderes para efectuar evaluaciones in situ de las autoridades competentes de los Estados miembros, requerir la presentación de toda información pertinente para evaluar el cumplimiento, emitir recomendaciones para la adopción de medidas correctoras, publicar esas recomendaciones y adoptar las medidas necesarias para velar por la aplicación efectiva de las recomendaciones;
37. Pide una vez más a la ABE que ejecute y amplíe el marco de protección de los consumidores para los servicios bancarios en consonancia con su mandato, complementando la supervisión prudencial del MUS;
38. Recuerda la necesidad de aplicar la normativa sobre ayudas estatales al abordar futuras crisis bancarias, y que la excepción de la ayuda pública extraordinaria ha de ser de carácter cautelar y temporal y no puede utilizarse para compensar las pérdidas en las que una entidad haya incurrido o pueda incurrir en un futuro próximo; pide que se definan procedimientos eficientes entre la JUR y la Comisión para la toma de decisiones en caso de resolución, en especial por lo que respecta al calendario; opina que la flexibilidad que brinda el marco actual debe aclararse y recuerda que debe aprovecharse mejor para hacer frente a situaciones específicas, sin obstaculizar la auténtica resolución de bancos insolventes, en particular en el caso de medidas preventivas y alternativas relacionadas con la utilización de los fondos de los sistemas de garantía de depósitos, tal como se prevén en el artículo 11, apartados 3 y 6, de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DSGD); pide a la Comisión Europea, por tanto, que reconsidere su interpretación de las normas sobre ayudas estatales pertinentes para garantizar que las medidas preventivas y alternativas previstas por el legislador europeo en la DSGD puedan aplicarse realmente; señala que situaciones específicas se han tratado de forma diferenciada sin una justificación clara; recuerda que la Comisión debía presentar, hasta el 31 de diciembre de 2015, un informe que evaluase la continua necesidad de permitir la concesión de recapitalizaciones cautelares y la condicionalidad asociada a tales medidas; pide a la Comisión que presente dicho informe cuanto antes;
39. Pide a la Comisión que evalúe, a la luz de la experiencia y en el marco de la revisión del Reglamento (UE) n.º 806/2014, si la JUR y las autoridades nacionales de resolución disponen de suficientes facultades e instrumentos de intervención precoz para prevenir salidas perturbadoras de capital de los bancos y capacidad de absorción de pérdidas durante una crisis;
40. Resalta la importancia de aclarar cuestiones prácticas que afectan directamente a la resolución, como la dependencia de proveedores de servicios que prestan servicios críticos, por ejemplo en caso de externalización de los servicios informáticos;
41. Observa las propuestas de la Comisión de introducir en el pilar 1 una capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) mínima para los bancos de importancia sistémica mundial, de conformidad con las normas internacionales; toma nota de las diferencias entre la TLAC y el MREL; destaca, no obstante, que ambas normas comparten el mismo objetivo, es decir, garantizar que los bancos tienen suficiente capital reglamentario y pasivos de absorción de pérdidas para hacer de la recapitalización interna un instrumento efectivo en la resolución sin provocar inestabilidad financiera ni necesitar dinero público, evitando así la socialización de riesgos privados; concluye, por tanto, que es posible aplicar un planteamiento integral a la absorción de pérdidas mediante la combinación de ambos elementos, partiendo de la TLAC transpuesta en la actual propuesta de la Comisión como norma mínima, con sujeción al acuerdo que deberán alcanzar los colegisladores; destaca que debe prestarse la debida atención al mantenimiento de los dos criterios relativos al tamaño y la ponderación de los activos en función del riesgo, y observa que el criterio de la ponderación de los activos en función del riesgo subyacente a la norma TLAC está estrechamente relacionado con el trabajo en curso en la Unión y el CSBB respecto de los modelos internos y la finalización del marco de Basilea III; resalta que, al calibrar y/o introducir de forma progresiva nuevos requisitos MREL, se debe prestar una atención adecuada a la necesidad de crear un mercado para los pasivos admisibles para el MREL; subraya la importancia de mantener la discrecionalidad de la autoridad de resolución al establecer los MREL y de garantizar que los bancos posean suficiente deuda subordinada y susceptible de recapitalización interna; resalta que la información al mercado debe realizarse de un modo adecuado a fin de evitar interpretaciones erróneas de los requisitos MREL por parte de los inversores;
42. Destaca la importancia que reviste precisar en la legislación el orden de prelación del capital ordinario de nivel 1 admisible para el MREL y los colchones de capital; resalta la necesidad de adoptar una legislación que aclare las responsabilidades y facultades de las autoridades competentes y de resolución, respectivamente, en cuanto a la adopción de medidas de intervención precoz en caso de incumplimiento de los requisitos MREL; observa la propuesta de la Comisión para la introducción de las orientaciones MREL; reitera que, en todos los casos, la calibración de los MREL debe estar estrechamente vinculada a la estrategia de resolución del banco de que se trate y justificarse en función de esta;
43. Destaca la importancia que reviste precisar en la legislación que el capital ordinario de nivel 1 admisible para el MREL se sitúa por encima de los colchones de capital, a fin de evitar un doble cómputo de capital;
44. Destaca que es fundamental armonizar la jerarquía de los créditos en los casos de insolvencia bancaria en los diferentes Estados miembros, con el fin de conferir un mayor grado de coherencia y eficacia a la aplicación de la DRRB y aportar seguridad a los inversores transfronterizos; celebra, por tanto, la propuesta de la Comisión de avanzar en la armonización de la jerarquía de los créditos; señala que también será esencial una mayor armonización del régimen ordinario de insolvencia y su jerarquía, tanto en el caso de los bancos, para evitar discrepancias con el régimen de resolución bancaria, como en el caso de las empresas, para aportar más claridad y seguridad a los inversores transfronterizos y contribuir a atajar el problema de los préstamos dudosos; celebra que la DRRB haya introducido un cambio importante en la jerarquía de la insolvencia, dando prioridad a los depósitos garantizados, de forma que se consideran de rango superior a todos los instrumentos de capital, la capacidad de absorción de pérdidas, otra deuda privilegiada y los depósitos no garantizados; pide a la JUR que presente los resultados de las evaluaciones de viabilidad de la resolución para las entidades de importancia sistémica mundial y otros bancos, incluidas las medidas propuestas para superar los impedimentos a la resolución;
45. Señala la gama de opciones jurídicas disponibles para garantizar la subordinación de la deuda admisible de acuerdo con la norma TLAC; destaca que ninguna de ellas goza de las preferencias del FSB; considera que el planteamiento que se adopte debe encontrar, ante todo y de forma prioritaria, un equilibrio adecuado entre la flexibilidad, la efectividad, la seguridad jurídica y la capacidad del mercado para absorber cualquier nuevo tipo de deuda;
46. Pide una reflexión sobre el posible impacto negativo en la economía real de la revisión de las normas de Basilea y la introducción de requisitos MREL, de la TLAC y de la NIIF 9; pide soluciones para mitigar el impacto;
47. Recuerda que el régimen de resolución introducido recientemente ha conllevado que se ofrezcan a los inversores, en particular los inversores al por menor, algunos instrumentos que implican un riesgo de pérdidas más elevado que en el marco del régimen anterior; recuerda asimismo que los instrumentos susceptibles de recapitalización interna solo deben venderse, en primer lugar, a inversores adecuados que puedan absorber las pérdidas potenciales sin ver amenazada su buena situación financiera; insta a la Comisión, por tanto, a que fomente la aplicación de la legislación pertinente en vigor, y pide a las AES que contribuyan sustancialmente a la detección de prácticas abusivas de venta;
48. Advierte de que el requisito de reconocimiento contractual, previsto por la DRRB, de los poderes de recapitalización interna en el caso de pasivos regulados por legislación exterior a la Unión Europea está resultando difícil de aplicar; considera que es una cuestión de preocupación inmediata; señala que la propuesta de modificación de la DRRB introduce el derecho de las autoridades competentes a renunciar a este requisito; considera que este enfoque otorga flexibilidad y permite una evaluación caso por caso de los pasivos de que se trate; pide a la Comisión y a las autoridades de resolución que garanticen que las condiciones para la concesión de exenciones y las decisiones ulteriores reales sobre las exenciones no pongan en peligro la viabilidad de la resolución bancaria;
49. Señala que el intercambio de información rápido y eficaz entre las autoridades de supervisión y de resolución es fundamental para asegurar la correcta gestión de las crisis; acoge con satisfacción la conclusión de un memorándum de entendimiento (MdE) entre el BCE y el MUR en materia de cooperación e intercambio de información; pide que el BCE especifique en el MdE los procedimientos de comunicación entre los equipos conjuntos de supervisión y los equipos de resolución internos; recomienda que se dé a la asistencia del BCE como observador permanente a las sesiones plenarias y ejecutivas de la JUR un carácter plenamente recíproco autorizando a un representante de la JUR a asistir al Consejo de Supervisión del BCE también como observador permanente;
50. Toma nota de la doble función de los miembros de la Junta de la JUR, pues son al mismo tiempo miembros de un órgano ejecutivo con funciones de toma de decisiones y altos directivos responsables como tales ante el presidente de la Junta, y considera que debe realizarse una evaluación de esta estructura antes de que finalice el presente mandato;
51. Recuerda que está previsto que el contenido del acuerdo intergubernamental sobre el Fondo Único de Resolución se integre finalmente en el marco jurídico de la Unión; pide a la Comisión que reflexione sobre las posibles modalidades prácticas de esa integración; destaca que la próxima integración del Pacto Presupuestario en la legislación de la Unión Europea podría servir de modelo;
52. Pide que las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución se calculen con total transparencia, realizando esfuerzos por armonizar la información sobre los resultados del cálculo y mejorar la comprensión del método de cálculo; pide a la Comisión que lleve a cabo con sumo cuidado la revisión del cálculo de las contribuciones al Fondo Único de Resolución prevista en el considerando 27 del Reglamento delegado (UE) 2015/63 y, en particular, que revise la adecuación del factor de riesgo para garantizar que se tiene debidamente en cuenta el perfil de riesgo de las entidades menos complejas;
53. Toma nota de la declaración de los ministros de Finanzas de 8 de diciembre de 2015 sobre el sistema de financiación transitoria del Fondo Único de Resolución; señala, a este respecto, que quince de los diecinueve Estados miembros de la zona del euro han firmado ya un acuerdo de préstamo armonizado con la JUR; recuerda que esas líneas de crédito individuales solo estarán disponibles como último recurso; considera que esta solución no es suficiente para superar el círculo vicioso existente entre las entidades bancarias y la deuda soberana y poner fin a los rescates financiados por el contribuyente; pide rápidos avances en el trabajo realizado por el Consejo y la Comisión sobre un mecanismo de protección común para el Fondo Único de Resolución, cuya financiación debe ser responsabilidad última del sector bancario y que debe ser neutro en el plano presupuestario a medio plazo, tal como se convino en el acuerdo sobre el Fondo Único de Resolución y como confirmó el Consejo Europeo en junio de 2016;
54. Pide una vez más un tercer pilar para completar la unión bancaria; recuerda que la protección de los depósitos es una preocupación común de todos los ciudadanos de la Unión; señala que en la actualidad está sometiendo a debate, a nivel de comisión, la propuesta de SEGD;
55. Hace hincapié en que la introducción del SEGD y los debates sobre este proyecto no deben redundar en una relajación de los esfuerzos dirigidos a mejorar la aplicación de la DSGD; acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados recientemente por la ABE para promover la convergencia en este ámbito; expresa su satisfacción por que todos los Estados miembros hayan traspuesto la DRRB; recuerda a todos los Estados miembros su obligación de aplicar y ejecutar correctamente la DRRB y la DSGD;
56. Recuerda que el papel de la Comisión es garantizar unas condiciones equitativas en toda la Unión y que debe evitar toda fragmentación en el seno del mercado interior;
57. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al BCE, a la JUR, a los Parlamentos nacionales y a las autoridades competentes, tal y como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0006.
(2) http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/pdf/20120629-euro-area-summit-statement-es_pdf.
(3) DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.
(4) DO L 141 de 14.5.2014, p. 1.
(5) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2015.es.pdf..
(6) «El Mecanismo Único de Supervisión: buen comienzo, pero tiene que seguir mejorando» http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_29/SR_SSM_ES.pdf.
(7) DO L 78 de 24.3.2016, p. 60.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0108.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0439.
(10) DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
(11) DO L 173 de 12.6.2014, p. 190.
(12) DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
(13) DO C 216 de 30.7.2013, p. 1.
(14) DO L 237 de 3.9.2016, p. 1.
(15) DO L 173 de 12.6.2014, p. 149.
(16) Quinto informe del Estudio Prospectivo Anual independiente sobre el Crecimiento para 2017, de 23 de noviembre de 2016.

References: Resolución 
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 Resolución 
 artículo 124
 artículo 164
 artículo 44
 resolución 
 artículo 11
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 artículo 4