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Timestamp: 2019-10-16 14:29:08+00:00

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BOE i notícies del 12 de novembre de 2018
NOVETATS DEL BOE DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2018
Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 12-11-2018)
Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio
Real Decreto 1267/2018, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
(BOE, 10-11-2018)
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/12/index.php?d=273&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/10/index.php?d=272&s=4
RECULL DE PREMSA DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2018
La reforma legal del Gobierno obliga a las entidades a asumir el impuesto de AJD por primera vez en23 años. La vinculación del cliente con más productos marcará el precio de los nuevos préstamos. Las oficinas bancarias se enfrentan hoy a la nueva situación jurídica en el mercado hipotecario. Tras casi un mes de incertidumbre por los vaivenes de criterios del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, las entidades ya tienen la certeza de que son la parte que debe asumir el pago de esta tasa. El impuesto de Actos Jurídicos Jurídicos (AJD) supone el 70% de los gastos para formalizar una hipoteca.
Las agencias de rating y bancos de inversión ya descuentan que los bancos trasladarán el coste por el IAJD al precio de las nuevas hipotecas. La tasa hipotecaria supone una factura de unos 700 millones de euros al año, según cálculos de Moody's y Standard and Poor's (S&P). Aunque algunas entidades ya se adelantaron a esta situación y elevaron el diferencial de los nuevos préstamos para la compra de viviendas en medio de las dudas jurídicas sobre si era el cliente o la entidad quien debía asumir el impuesto.
En cualquier caso, los banqueros han dejado abierta la posibilidad de no trasladar todo el coste al precio, aunque un alto directivo de un banco recuerda que la regulación del Banco de España impide por ley vender por debajo de coste. Lo más probable, según señalan los expertos, parece ser que la banca creará trajes a medida dependiendo de la vinculación de los clientes. Es decir, a más productos contratados mejores condiciones en las hipotecas. Una práctica que los bancos ya han extendido en los últimos años como vía para mejorar sus ingresos.
El Gobierno justificó legislar sobre el IAJD por el freno de la actividad hipotecaria y por la confusión generada en la sociedad. Ahora, según adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo vigilará que las entidades no repercutan el coste del AJD al cliente con "cláusulas abusivas". Para ello, ha creado una autoridad de protección de clientes, que asumirá funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Está por ver cómo reacciona el sector.
(El País, 12-11-2018)
La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones denuncia a España ante la CE
La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, fundada por las plataformas de Aragón, Andalucía y Asturias, ha denunciado ante la CE al Reino de España por dicho tributo, al considerar que "viola derechos fundamentales" reflejados tanto en los tratados de la UE como en la Constitución española. Uno de los principales motivos que sustenta la denuncia, explica Aragón Stop Desahucios y Plusvalía en una nota de prensa, es la existencia en España de veinte sistemas fiscales diferentes respecto al tratamiento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Esto, señala la nota, genera "grandes diferencias de trato y situaciones discriminatorias, que atentan contra el principio de igualdad ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución Española". La denuncia también argumenta que la aplicación de dicho impuesto en España es contraria a Derechos Fundamentales establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE, en el cual se consagra el derecho a la libre circulación y residencia de cualquier ciudadano de la Unión, así como la libre circulación de capitales.
Asimismo, en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el cual se asegura la libre circulación de sus trabajadores y por tanto queda abolida cualquier tipo de discriminación por razón de nacionalidad o residencia.
La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis) solicita a la Comisión Europea que tenga por formulada la denuncia contra el Reino de España por vulneración de la normativa de la Unión Europea, y que inicie un expediente al efecto de investigar y depurar las infracciones citadas. Además, pide que se inste a que se anule toda la normativa autonómica que ha dado lugar a las citadas discriminaciones y vulneraciones de derechos.
Como recuerda la plataforma aragonesa, dicho impuesto ha generado entre la ciudadanía de las comunidades autónomas más afectadas un gran rechazo e indignación, que se ha traducido en manifestaciones, concentraciones y un gran tipo de acciones en contra del tributo, por considerarlo como "el más cruel, abusivo e injusto".
(Expansión, 11-11-2018)
ATA propone subir la base mínima de cotización de los autónomos un máximo del 1,5% para 2019
La organización de autónomos ATA ha realizado una contrapropuesta al Gobierno sobre las cotizaciones del colectivo en la que plantea que la subida de la base mínima para 2019 sea como máximo del 1,5% y con una cuota reducida para aquellos cuyos ingresos anuales sean inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), según el documento que ha elaborado la Federación.
ATA se opone así a la última propuesta del Gobierno de vincular la subida de la base mínima del próximo año a la inflación anual que se registre en noviembre de este año, una medida que, según denuncia, implicaría un gasto para los autónomos superior a los 260 euros anuales, cifra que considera "inasumible".
La organización recuerda en este punto que, de acuerdo con una encuesta que realizó recientemente, el 80% de los autónomos rechazaba una subida de cotizaciones, la mayoría (71%) porque no podía asumirla. La base mínima de cotización actual de los autónomos (932,7 euros mensuales) es tres veces superior a la que existente hace tres décadas y se ha revalorizado un 21,1% en los últimos 15 años, con subidas anuales medias del 1,4%.
Por todo ello, ATA 'contraoferta' al Gobierno con tres posibles escenarios de subida de cotizaciones para los autónomos, también los societarios, que no supondrían en ningún caso un gasto superior a los 60 euros anuales y en los que se incluirían las contingencias de pensiones, incapacidad temporal, cese de actividad y formación.
En el primer escenario que aceptaría la organización la base mínima subiría en 2019 un 1,5% y el tipo de cotización sería del 29,8%; el segundo escenario consistiría en un alza de la base mínima del 1%, con un tipo del 30%, y el tercer escenario implicaría la congelación de la base mínima en los 932,7 euros actuales, pero con un tipo inicial del 30,3%, que se incrementaría al 30,6% en 2020 y el 30,9% en 2021 como consecuencia de la subida progresiva de lo que pagan los autónomos por contingencias profesionales.
Estos tres escenarios, que para ATA suponen una propuesta de máximos, irían ligadas a otras medidas a adoptar con carácter previo o de forma paralela, entre ellas el establecimiento de una cuota reducida para los autónomos que ingresen menos del SMI anual. Esta cuota sería de 55 euros mensuales para quienes facturen hasta 6.000 euros anuales; de 75 euros mensuales para ingresos de entre 6.001 y 8.000 euros anuales; de 100 euros mensuales para ingresos de entre 8.001 y 10.000 euros anuales, y de 125 euros mensuales para quienes facturen entre 10.001 y 12.600 euros al año.
ATA no está a favor de obligar a los autónomos a cotizar por contingencias profesionales ni por cese de actividad y prefiere que está decisión siga siendo voluntaria. En el primer caso, alega que a muchos autónomos no les aporta nada cotizar por contingencias profesionales y en el segundo, el de cese de actividad, denuncia que acceder a la prestación es complejo tal y como está configurado el sistema actualmente.
(Expansión, 12-11-2018)
Una de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social es rebajar a 52 años la edad a partir de la cual los trabajadores en paro sin ningún ingreso puedan acogerse a un subsidio de 426 euros al mes. El Partido Popular amplió la edad a 55 años, dejando fuera de la ayuda económica a miles de parados, por lo que el Gobierno Sánchez se marcó como prioridad devolver el derecho a como estaba antes de la etapa Rajoy.
El Gobierno ya ha pactado con los sindicatos un texto y la intención, según explicó la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, a los agentes sociales es que la medida esté en marcha en enero. Igualmente, les adelantó que el coste de rebajar de 55 a 52 años el derecho al subsidio tendrá un coste global de 3.070 millones para los próximos seis años.
La medida ha pasado por un calvario. En agosto, Valdeolivas ya anunció su aprobación en un Consejo de Ministros del mes de septiembre; sin embargo, fuentes de la negociación confirman que, primero, Hacienda paró el proyecto, y después, las organizaciones empresariales sentadas en la mesa de negociación mostraron su oposición, algo que se confirma desde fuentes del Gobierno. Finalmente, la rebaja de la edad a 52 años para acceder al subsidio no saldrá de un acuerdo tripartito, sino de uno entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.
Pero no es el único de los obstáculos con los que tiene que lidiar la reforma. La intención a partir de septiembre del Ministerio que lidera Magdalena Valerio era aprobarla en los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, en el texto legislativo, al que ha tenido acceso elEconomista.es, se incluye referencias a dos disposiciones finales de la Ley de Presupuestos de 2019.
Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo resaltan que "el subsidio ahora mismo se está negociando en el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado". No obstante, Valdeolibas anunció hace unos días a los agentes sociales que la reforma estará aprobada en enero y, si no puede ser mediante los Presupuestos, será con un texto propio.
Las fuentes oficiales consultadas reconocen que a día de hoy no está decidido que, de ir fuera de Presupuestos, sería mediante Real Decreto o por un Real Decreto-Ley. No obstante, a pesar de no estar decidida la fórmula legal, fuentes conocedoras del proceso apunta a un Real Decreto-Ley, lo que exigiría que el texto sea convalidado en el Parlamento.
El Gobierno estima que la medida beneficiaría a 114.000 personas nuevas que accederán al sistema de protección. Pero, además, fuentes del Ejecutivo señalan que permitirá que 372.000 trabajadores accedan a una pensión de jubilación algo más digna, pues de no llevarse a cabo la reforma deberían jubilarse de forma anticipada, por dejar de percibir el subsidio a los 61 años.
Beneficiarios que irán aumentando a lo largo de los próximos años. Según las estimaciones aportadas por el Ministerio en la mesa de negociación, el coste de la medida supondría el próximo año 363 millones de euros –en el borrador de Presupuestos remitido por Hacienda a Bruselas se cifra en 323 millones–, 530 millones en 2020, un total de 587 millones en 2021 y 708 millones de euros en 2020. A partir de ahí, empezará a reducirse el coste, con 455 millones en 2023 y 427 millones en 2024.
(El Mundo, 12-11-2018)
Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, es la primera vez desde 2008 que se superan las 80.000 conversiones en un mes de octubre. Esta cifra supone casi el 34% de los contratos indefinidos que se registraron el pasado mes y que alcanzaron los 242.324. Con respecto al año anterior, las conversiones de temporales en indefinidos aumentaron un 23,98%, lo que se traduce en 15.789 contratos más. Mientras, en comparación con septiembre de 2018, las conversiones repuntaron un 1,35% y sumaron 1.090 contratos más.
Tras el registro de 2018, el de octubre de 2008 fue el más elevado, con 69.600 conversiones, y a continuación destaca el del mismo mes de 2017, cuando se contabilizaron 65.841 conversiones. Por contratos de origen para la conversión, destacan los 53.017 contratos eventuales por circunstancias de producción que pasaron a ser estables, y los 21.379 contratos de obra o servicio que también se convirtieron en fijos.
Atendiendo al tipo de jornada, de las casi 82.000 conversiones de octubre, 51.395 fueron a contratos indefinidos a tiempo completo y 25.666 lo fueron a tiempo parcial. Por comunidades autónomas, Cataluña (15.434 conversiones), Andalucía (12.617) y la Comunidad de Madrid (12.237) concentraron las mayores cifras de conversiones.
(Cinco Días, 11-11-2018)
Así, el Banco de España ha enviado más de una decena de cartas en las que requiere más formación para los nuevos consejeros. Fuentes conocedoras de esas peticiones explican que los aceptan como idóneos, pero señalan que la entidad se tiene que comprometer a que se formen sobre el negocio bancario y sus riesgos. Es decir, que sepan algo de banca. Se basa en las directrices (guidelines, en la jerga) publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que el supervisor español adoptó el pasado mes de junio.
(Cinco Días, 12-11-2018)
La incertidumbre económica alcanza en octubre el segundo nivel más alto del año
El grado de incertidumbre global ha aumentado de nuevo en el mes de octubre, con un alza de 11 puntos respecto a septiembre, alcanzando los 64,6, el segundo nivel más alto del año, debido a los temores a una desaceleración mayor de lo esperada y el incremento de la probabilidad de recesión a medio-largo plazo, según el indicador de incertidumbre mensual nacional que realiza el Centro de Predicción Económica (Ceprede).
El incremento registrado en el mes de octubre se debe principalmente al aumento de la incertidumbre mediática (+57 puntos respecto al mes anterior) y financiera (+54 puntos), este último causado por una mayor volatilidad en los mercados de renta fija y variable. Aunque en menor medida, la incertidumbre global también se ha visto afectada por el ascenso en el componente macroeconómico (+12 puntos), explica Ceprede.
El Centro de Predicción apunta que los temores a una desaceleración mayor de lo esperada, acompañados de un incremento de la probabilidad de recesión a medio-largo plazo son algunos de los factores que se encuentran detrás de este comportamiento en los indicadores. Sin embargo, el indicador de desconfianza empresarial y del consumidor ha mejorado notablemente (-79 puntos).
En conjunto, el indicador Ceprede de incertidumbre global se ubica en una zona media-alta con cromática naranja. El indicador de incertidumbre se publica a nivel mensual e integra cuatro dimensiones clave: desconfianza empresarial y del consumidor, volatilidad bursátil y de la prima en bonos, cambio económico y de expectativas, e incertidumbre mediática.
(El Mundo, 11-11-2018)
El PP y el PSOE negocian in extremis la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según fuentes conocedoras de las conversaciones, los representantes de ambos partidos habían pactado ya “18 o 19” vocales de los 20 que componen el órgano de gobierno de los jueces y que serán los que luego elijan al presidente de la institución y del Tribunal Supremo. La lista de los diez vocales elegidos por el Congreso debe presentarse este lunes en la Cámara, mientras que los diez del Senado tienen hasta el 18 de diciembre.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial —el órgano constitucional que ejerce funciones de gobierno de los jueces y magistrados y que se encarga de garantizar su independencia— está siendo sorprendentemente rápida, según fuentes jurídicas. Al menos si se tiene en cuenta la fragmentación del Congreso de los Diputados, Cámara que elige a 10 de los 20 vocales del organismo por mayoría de tres quintos. “PP y PSOE están aprovechando que Podemos no está poniendo excesivas condiciones y que Ciudadanos no quiere entrar en las negociaciones”, afirma un magistrado conocedor de las conversaciones entre los partidos.
Según estas fuentes, el partido de Pablo Iglesias, que reclamaba al PSOE cuatro de los 10 vocales que se van a repartir las formaciones de izquierda, ha conseguido incluir en la lista a la magistrada Victoria Rosell. Esta juez fue diputada de Podemos entre los meses de enero y mayo de 2016, y dimitió tras ser denunciada por el exministro de Industria José Manuel Soria por un presunto caso de prevaricación y cohecho, que finalmente fue archivado.
Ciudadanos ha rechazado reclamar para sí alguno de los puestos del Consejo porque no comparte el método de elección del órgano. El líder del partido, Albert Rivera, considera que la fórmula actual supone una politización de la justicia y defiende cortar el “cordón umbilical” entre la política y la judicatura. La formación ha registrado una iniciativa en el Congreso para que, en la elección de los vocales, 12 sean designados directamente por los jueces y los ocho restantes por el Congreso y el Senado.
El PSOE, representado en la negociación por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el PP, con el exministro Rafael Catalá, aceleran sus contactos. Y han acordado establecer un sistema por el cual los partidos no vetarán a los candidatos del otro. Ambas formaciones tienen interés en dejar cerrada la renovación —el mandato del CGPJ es de cinco años— antes de que unas elecciones generales, ya sean anticipadas, ya agotando la legislatura—, reduzcan su representación parlamentaria actual. En la actualidad, ambos partidos suman 218 diputados, y la mayoría de tres quintos del Congreso requerida para la renovación es de 210 parlamentarios.
El plazo para la renovación del Consejo actual expira el 4 de diciembre. El pleno del órgano colegiado es el que, sobre el papel, tiene el mandato de nombrar al presidente, que a su vez será presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque en teoría este nombramiento clave no corresponde a los políticos sino a los 20 vocales una vez designados por el Congreso y el Senado, lo cierto es que en la práctica el nombramiento como vocal lleva aparejada la condición previa impuesta por el poder político de votar al presidente que pacten los partidos. “Es una demostración gráfica de la quiebra del sistema”, se queja un juez bajo condición de anonimato.
Entre los nombres que suenan con más fuerza para suceder al actual presidente, Carlos Lesmes —que acaba su mandato en medio del huracán de la sentencia del impuesto de las hipotecas— figuran el magistrado del Tribunal Constitucional Santiago Martínez-Vares y la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana Ferrer. En principio, la propuesta de presidente la debe formular el PP, partido que tiene mayor representación tanto en el Congreso como en el Senado.

References: Resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 166
 artículo 14
 Real Decreto