Source: https://revistainmueble.economistjurist.es/2017/07/01/legislacion-8/
Timestamp: 2020-01-28 20:37:03+00:00

Document:
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. (BOE núm. 134, de 6 de junio de 2017)
Se recogen dos modificaciones puntuales de otro Real Decreto del 5 de abril de 2014 que regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. De esta manera se da cumplimiento a la trasposición de una Directiva comunitaria de 2010.
Se modifican los documentos sobre Ahorro de energía y sobre Salubridad del Código Técnico de la Edificación
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE núm. 149, de 23 de junio de 2017)
Resolución de 1 de junio de 2017, del Banco de España. (BOE núm. 131, de 2 de junio de 2017)
La resolución hace públicos determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario en mayo de 2017.
Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años es de 0,205
Referencia interbancaria a un año (Euríbor) es de -0,127
Tipo interbancario a un año (Míbor) es de -0,127
No se modifica la cuantía de la tasa de regularización catastral para 2017
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (BOE núm. 153, de 28 de junio de 2017)
También se mantienen para 2017 las cuantías básicas de las tasas portuarias. Se establecen las bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Se modifica la Ley de régimen urbanístico del suelo de Cantabria
Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. (Boletín Oficial de Cantabria de 24 de mayo de 2017)
La necesidad de adaptar la normativa autonómica a las necesidades reales de la sociedad de Cantabria supone que en determinados momentos sea necesario modificar la legislación sectorial con el fi n de facilitar el crecimiento y la actividad económica en nuestra región. En este sentido, la modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo se plantea con el fi n de posibilitar el aprovechamiento minero del subsuelo, actualmente sin regulación normativa en nuestra legislación.
La normativa autonómica que actualmente regula los instrumentos de ordenación urbanística y de ordenación territorial que permiten ordenar y desarrollar la política de Cantabria son la Ley de Cantabria 2/2001, la Ley de Cantabria 2/2004, de 4 de octubre, del Plan de Ordenación del Litoral y las Normas Urbanísticas Regionales; sin perjuicio de las normas sectoriales sobre patrimonio histórico, conservación de la naturaleza, paisaje, carreteras, etc.
Actualmente en Cantabria, de acuerdo con el catastro minero a fecha 31 de diciembre de 2016 (datos procedentes de Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio), se cuenta con 397 registros mineros, entre los que fi guran 134 vigentes, 253 caducados, 10 en trámite. De los 134 vigentes, 100 son concesiones de explotación, 25 autorizaciones de explotación y 9 permisos de investigación. En cuanto a la tipología de estas explotaciones prima la explotación a cielo abierto, con instalaciones de tamaño variable, desde pequeñas canteras hasta grandes instalaciones mineras.
Asimismo, cabe destacar otro de los efectos de esta regulación que no es otro que la aplicación “vertical” del régimen de usos y protección que otorgan al suelo y, por ende, al subsuelo, sin dividir los posibles usos entre los dos planos, salvo en el subsuelo urbano.
En consecuencia, la actividad minera suele prohibirse o limitarse sin distinguir, normalmente, entre las que afectan al suelo -en superficie o a cielo abierto- y al subsuelo –minería subterránea-. Esta distinción es clave porque los efectos, de todo orden (y en particular en lo que se refiere al impacto ambiental) son muy distintos, por lo que su tratamiento territorial y urbanístico también debería de serlo.
Por tanto, es necesario incorporar una nueva disposición adicional para que una norma con rango legal declare, ab initio, que territorial y urbanísticamente es viable la actividad minera, no la extractiva de cualquier otro tipo, sino solamente la actividad de extracción de mineral en el subsuelo, y se autorice en determinadas condiciones, siempre que se respeten los valores que concurran en el suelo y en el propio subsuelo, de conformidad con el régimen general previsto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; en la Ley de Cantabria 2/2001; el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales; la Ley de Cantabria 2/2004, y en el planeamiento urbanístico de los distintos municipios de la Comunidad Autónoma; y se respete la legislación ambiental y sectorial cuya aplicación también es “vertical”, ya que tampoco establece regímenes distintos para el suelo, el vuelo y el subsuelo.
En consecuencia, en virtud de esta disposición adicional se rompe la “verticalidad urbanística” en lo que se refiere a la compatibilidad territorial y urbanística de la minería subterránea, pero ello no implica una desconexión con el régimen de protección ambiental, territorial, urbanística o sectorial aplicable al suelo y, por ende, al subsuelo.
Simplemente se declara la posibilidad de desarrollar en el subsuelo de cualquier tipo de suelo rústico de Cantabria la actividad minera, en ciertas condiciones, posibilidad que podrá materializase si se confirma su compatibilidad con estos regímenes de protección, ya que en virtud de la Constitución Española el medioambiente no puede dividirse artificialmente –esto es, en planos horizontales estancos- cuando concurran en el suelo o el subsuelo, según el caso, valores a proteger conjunta o separadamente (Art. 45 CE). Por tanto, esta compatibilidad no implica una transformación urbanística del suelo rural contraria a su naturaleza y sus valores propios conforme al artículo 13 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Así, en la medida en que la actividad minera subterránea es ajena a la base superfi cial de las cuadrículas mineras en las que se desarrolla, resulta compatible con los usos más diversos en su superficie, ello sin perjuicio de las concretas afecciones que eventualmente pudiera conllevar a bienes arqueológicos, aguas subterráneas, etc., siendo en el trámite ambiental correspondiente en el que se determine su compatibilidad con los valores que concurran en ambos planos, y todo ello sin olvidar su posible incidencia sobre el ser humano, la fauna, la fl ora, el agua, el aire, el clima y el paisaje. En fi n, la declaración de compatibilidad de esta disposición adicional es genérica, sujetándose la concreta autorización de la actividad minera al cumplimiento de sus condiciones y a las previstas en la legislación sectorial y ambiental aplicable.
La tarifa del impuesto de establecimientos turísticos en casos de reserva anticipada será la vigente en ese momento, siempre que se pague reserva e impuesto
Decreto-ley 2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y se establece una regla de determinación de la tarifa aplicable del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 4 de mayo de 2017)
Mediante la Ley 5/2017, del 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, se ha creado el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas disponiendo su entrada en vigor el primer día del trimestre siguiente a la entrada en vigor de la Ley, por lo tanto, con efectos del 1 de abril de 2017. La implantación del nuevo impuesto comporta la necesidad de incorporar determinados cambios en los sistemas de cobro y facturación de las empresas implicadas, cambios que no se podían exigir hasta que no ha sido definitivamente aprobado el impuesto. Por lo cual y para la mejor y efectiva aplicación del tributo se hace necesario demorar su entrada en vigor hasta el 1 de mayo de 2017.
Por otra parte, la modificación, en la propia Ley referida anteriormente, de la tarifa correspondiente a las viviendas de uso turístico, que también ha entrado en vigor el 1 de abril de este año, no ha podido incorporarse a la facturación de las estancias reservadas y ya pagadas con anterioridad a esta fecha. Siguiendo el mismo criterio que se aplicó cuando se creó el impuesto –con la Ley 5/2012, de 20 de marzo– que determinó una entrada en vigor pospuesta para no afectar reservas ya contratadas, conviene ahora excluir también la aplicación de la nueva tarifa a les reservas ya efectuadas y pagadas antes del 1 de abril de 2017. Con esta finalidad se introduce una modificación del artículo de la cuota tributaria.
Determinación de la tarifa aplicable del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Con efectos del 1 de abril del 2017, se añade un apartado 3 al artículo 34 de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, con el texto siguiente: «3. En el supuesto de reserva anticipada del alojamiento, la tarifa aplicable es la vigente en el momento de hacer la reserva, siempre que se satisfaga en ese momento el importe de la reserva y del impuesto».
Se modifica la Ley de urbanismo del Principado de Asturias
Ley del Principado de Asturias 4/2017, de 5 de mayo, de quinta modificación del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril. (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de mayo de 2017)
legislacion mercado hipotecario Real Decreto	2017-07-01
Temas: legislacion mercado hipotecario Real Decreto

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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Resolución 
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 Real Decreto 
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 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 34
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