Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2005/C-059-05.htm
Timestamp: 2017-10-19 03:37:02+00:00

Document:
CONCILIACION EN EQUIDAD-Alcance/JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ-Alcance de su institucionalización
CONCILIACION EN EQUIDAD-Consagración constitucional/CONCILIACION EN EQUIDAD-Desarrollo legal
JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ-Consagración constitucional/JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ-Finalidad
JUECES DE PAZ-Reglamentación de su organización y funcionamiento
LEY DE JUECES DE PAZ-Exposición de motivos
JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ-Principios generales
JUECES DE PAZ-Decisión en equidad
JUECES DE PAZ-Sus decisiones se escapan del ámbito de lo jurídico/JUSTICIA EN EQUIDAD-Eventos en que se aplica
JUECES DE PAZ-Finalidad
CONCILIACION EN EQUIDAD Y JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ-Participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Definición
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Instrumentos internacionales que la proscriben
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Obligaciones de los Estados
FAMILIA-Protección integral en la Constitución/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Sanción como amparo especial a la familia/FAMILIA-Concepto/DERECHOS DEL NIÑO-Características/DERECHOS DEL NIÑO-Enunciación
Nuestra Constitución en el artículo 42 dispone que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, y de manera perentoria establece que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Quiso de esta forma el Constituyente, consagrar un amparo especial a la familia, protegiendo su unidad, dignidad y honra, por ser ella la célula fundamental de la organización socio-política y presupuesto de su existencia. También, quiso el constituyente otorgar una protección especial y prevalente a los niños y niñas, para lo cual consagró expresamente que sus derechos son fundamentales, entre ellos los derechos a tener una familia y a no ser separados de ella, y al cuidado y al amos; además se consagró que serán protegidos, entre otros, contra toda forma de violencia física o moral, y abuso sexual.
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS-En problemas intrafamiliares
LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Aspectos que regula
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Alcance en la institución de jueces de paz
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Alcance respecto a la implementación y asignación de competencias de los conciliadores en equidad/JUECES DE PAZ Y CONCILIADORES EN EQUIDAD-Habilitación constitucional para administrar justicia/JUECES DE PAZ Y CONCILIADORES EN EQUIDAD-Competencia para conocer casos de violencia intrafamiliar
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS-Carácter complementario de la jurisdicción especial de paz y conciliación en equidad en la resolución de los problemas de violencia intrafamiliar
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos de violencia intrafamiliar, fueron implementados por el legislador como complementarios, por cuanto puede acudirse a ellos de manera voluntaria por las víctimas de violencia intrafamiliar, para solicitar que con la mediación de un tercero particular, cese la violencia, maltrato o agresión, o se evite si fuere inminente, pero sin desplazar la competencia asignada a la justicia estatal formal, pues claramente se indica en el Parágrafo acusado que puede acudirse al Juez de Paz y al Conciliador en Equidad, no obstante las denuncias penales a que hubiere lugar, y de la solicitud que pudiere hacerse al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al juez Civil Municipal o promiscuo municipal en relación con la toma de una medida de protección inmediata.
CONCILIACION-Acceso a la administración de justicia y resolución pacífica de conflictos
JUECES DE PAZ Y CONCILIADORES EN EQUIDAD-Efectivización de los mandatos constitucionales en la asignación de competencia para conocer casos de violencia intrafamiliar
No es cierto que al asignarle competencia a los jueces de paz y a los conciliadores en equidad para que conozcan casos de violencia intrafamiliar la norma acusada viole la Carta Política; por el contrario, lo que se hace es efectivizar los mandatos superiores relacionados con la garantía de protección integral a la familia, y aquellos atinentes a la pronta y efectiva administración de justicia, dándole para ello desarrollo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y propendiendo por el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho.
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Medidas para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer
JUECES DE PAZ Y CONCILIADORES EN EQUIDAD-Preparación académica
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Alcance
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedimiento para su adopción
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Oportunidad para solicitarlas/MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Razonabilidad del término para solicitarlas
Las medidas deben atender a un criterio mínimo de oportunidad, es decir, deben responder a circunstancias fácticas y temporales que las justifiquen. Así entonces, los funcionarios a quienes se soliciten medidas protectoras deberán encontrarse ante la presencia de un acto de maltrato o agresión, física o psíquica, o ante su inminente ocurrencia si no se adopta algún correctivo. Medidas protectoras que para su efectividad deben ser solicitadas dentro de un plazo razonable por el agredido, por cualquier persona que obre en su nombre o por el defensor de familia cuando la víctima se hallare en imposibilidad de hacerlo por sí misma, de manera que no exista un plazo que sea tan corto que impida a la víctima acceder de manera efectiva a la administración de justicia, pero tampoco tan amplio que la medida se aplique cuando la urgencia se ha desvanecido
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Momento a partir del cual se debe contar el término para solicitarlas
Actor: Javier Alejandro Acevedo Guerrero
Artículo 1°. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató <sic> o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.
Al respecto, explica que en respeto de los artículos constitucionales citados que protegen la familia, la mujer y la niñez, las medidas adoptadas para salvaguardarlos deben ser eficaces, pues el simple desarrollo formal de tal protección mediante un “aparte normativo que, fácticamente sea incapaz de cumplir con el compromiso adquirido”, es insuficiente. De ésta manera afirma que “uno de los indicadores que deben usarse para analizar la eficacia o ineficacia de una norma, es la posibilidad real de su uso, dentro del cual el tiempo, por ejemplo, es uno de sus factores determinantes”.
Para el actor, la violación contenida por la norma acusada, “consiste en la restricción que impuso el legislador para que la persona afectada pudiera acceder a un mecanismo eficaz que impida que el autor de la violación siga atacando y afectando a la víctima. Mecanismo que, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, es condicionado en la Convención [para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer] a un modo, tiempo o lugar, en tanto se entiende que el fenómeno de la violencia intrafamiliar tiene particularidades que lo hacen diferentes a otros, dentro de las cuales se destacan su carácter oculto y silencioso pero, a la vez, extremadamente sistemático”.
En cuanto a la violación del derecho de acceso a la administración de justicia por la norma acusada, explica que “este derecho no se agota con la sola posibilidad de acudir ante un juez, sino que exige además poder tramitar y terminar el proceso con un conjunto de garantías judiciales”. Por lo tanto, estima que “un fallo en equidad en un punto que no es de equidad sino de conocimiento técnico y jurídico, no satisface las exigencias de una adecuada administración de justicia”. Así mismo, considera que el derecho garantizado en el artículo 229 Superior, “tiene un alcance formal como material, lo que implica por éste último aspecto, acceder con un mínimo de garantías, entre ellas el conocimiento del juez”.
Así, estima que si la medida de protección familiar que cumple fines similares a la acción de tutela, pero referidos a la familia y los niños, es proferida por un juez no abogado, se deja expósito el amparo de la paz familiar. Aquí, la Defensoría del Pueblo aclara que sería importante que la protección familiar se extienda a las parejas homosexuales que viven bajo un mismo techo.
Frente a la supuesta violación de los derechos de los niños y la mujer, expone que esta “reside en el hecho de que el legislador los asimila a pequeñas causas, de naturaleza policial, casi barrial”, cuando no es un tema doméstico sino que concierne a toda la sociedad y al Estado. De ésta manera destaca que la violencia intrafamiliar “es un hecho punible y para ser tal, se entiende que es una conducta socialmente reprochable, que amerita el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado”. Por ello estima que esta norma “desconoce este proceso de reconocimiento de los derechos de la mujer y retrocede a la vieja concepción de la violencia como algo “doméstico””.
La interviniente afirma, que esta disposición vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto “las posibilidades de defensa de una persona se disminuyen si se le recorta a escasos treinta (30) días el término legal para solicitar una medida de protección por violencia intrafamiliar”. Igualmente, manifiesta que desconoce el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que integra el bloque de constitucionalidad, en cuanto a las garantías judiciales dentro de un proceso, entre las cuales se encuentra la “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, pues “hay que entender que si el inculpado tiene derecho al “tiempo” adecuado para preparar su defensa, con mayor razón todavía –a fortiori- la víctima debe contar con igual derecho, por el principio de igualdad de trato y oportunidades”.
“Primero, una cosa es la inmediatez de la protección y otra cosa diferente es la inmediatez de la petición. Sobre lo primero, no cabe la menor duda de su bondad (...). Pero sobre lo segundo, habría que preguntarse si unos pocos días es un tiempo adecuado para preparar la defensa de la víctima. Piénsese por ejemplo el caso de una golpiza que deja una incapacidad de 31 días, al cabo de los cuales la persona sale de la clínica y ya no podría entonces solicitar la medida de protección.
La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura pone de presente las consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-536/95, por medio de la cual se declaró inexequible el artículo 77 del C.P.P. Al respecto, precisa que en aquel caso se realizó tal declaración porque se buscaba preservar el fin para el que fueron instituidos los jueces de paz, determinándose que el conocimiento de contravenciones penales exigía un juicio de carácter jurídico y un funcionario con formación legal, mientras que en este caso, aunque la violencia intrafamiliar implica violación de derechos fundamentales de la familia, la mujer y los niños, los jueces de paz solo actúan como mediadores, “es decir, que no van a entrar en consideraciones jurídicas, sino que simplemente van a promover el consenso entre las partes y, en el evento en que su labor conciliadora fracase, no estarán facultados para fallar sino que deben orientar a la víctima de la violencia intrafamiliar, sobre la autoridad competente para imponer las medidas de protección correspondientes”.
En relación con el parágrafo primero demandado, coincide con el actor en que en las situaciones de familia, es evidente la desigualdad entre las personas involucradas, generalmente por la situación de indefensión o subordinación, en que culturalmente se encuentran. Por ello estima que “la conciliación en la violencia intrafamiliar es violatoria tanto de las disposiciones de derechos humanos que establecen para el Estado la obligación esencialísima de protegerlos y restablecerlos cuando sean conculcados. Por tanto, las personas habilitadas para administrar justicia en condiciones de conciliadores, y en ejercicio de la habilitación que les hacen las partes, solo pueden conciliar aspectos que no impliquen una violación de derechos humanos. Sobre el particular, la Ley 294 de 1996, complementaria de la demandada Ley 575 de 2000, establece en su artículo 3°, la primacía de los derechos fundamentales para la aplicación de la ley ”.
La conciliación en equidad encuentra fundamento en el artículo 116 de la Carta Política, que permite a las partes investir o habilitar transitoriamente a particulares de la función de administrar justicia, para que, en tal condición, profieran fallos en equidad. Este mecanismo se ha desarrollado mediante las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y 575 de 2000. Normatividad que dispone, entre otros asuntos, que los conciliadores serán elegidos por los Tribunales de Distrito Judicial o por los jueces de mayor nivel jerárquico, de listas que presentan a su consideración organizaciones cívicas de barrios, corregimientos o veredas, con la colaboración de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, para que desempeñen sus funciones en forma gratuita, puesto que su nombramiento constituye especial reconocimiento como ciudadano de connotadas calidades. Además, se consagra que dichos conciliadores pueden actuar en todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación, y que cualquiera de las partes podrá pedir que el conciliador en equidad haga comparecer a la otra persona para que intente un arreglo amigable del litigio.
Mediante la Ley 497 de 1999 se implementaron los jueces de paz y se reglamentó su organización y funcionamiento. En la exposición de motivos correspondiente se los visualizó como constructores de paz y operadores de un mecanismo encaminado a mejorar la administración de justicia en nuestro país[1]. Allí se entendió que el acceso a la administración de justicia, además de ser un derecho de todos, también constituye un imperativo político en cuanto hace relación a la capacidad para regular los conflictos sociales, ya que “resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, nos abre un horizonte de acciones hacia la realización de la justicia como clave central de la convivencia ciudadana del nuevo país.” [2]
Las cámaras legislativas, si bien acogieron en gran medida los propósitos expuestos por el Ejecutivo en el proyecto de ley, hicieron especial hincapié en que la promoción y puesta en marcha de esta jurisdicción guarda íntima relación con en pluralismo político consagrado en la Carta Política, entendido como la existencia de diversas prácticas comunitarias de justicia y de resolución de conflictos, articuladas con la producción cultural de determinados grupos sociales, y también como el distinto nivel de impacto de la globalización en las diferentes comunidades y culturas que componen nuestra nacionalidad[3].
Al aprobar la ley en mención el Congreso dejó en claro que su objetivo primordial era hacer realidad el deseo del Constituyente en lo atinente a la diferencia entre los jueces de paz y la justicia estatal-formal. Al respecto señaló que “A fin de conseguir la comprensión de la verdadera naturaleza y objeto de los jueces de paz , se exige apartar cualquier consideración teórica o práctica de Derecho Tradicional, esto es, desnudarla exigencia científica prevalerte en éste para visualizar la esencia popular y no científica de aquellos”.
En verdad, la acción de los jueces de paz refleja las convicciones de su comunidad acerca de lo que es justo, al tiempo que promueve la participación de todos y todas en la búsqueda de soluciones pacíficas, propendiendo por la elaboración de paradigmas comunitarios, “es decir, que se vive, a instancias del Juez de Paz como un territorio y un momento en el que los disímiles saberes de cada integrante de la comunidad se ponen en función de buscar soluciones pacíficas y satisfactorias a los conflictos. Así, la comunidad toda aprende nuevas concepciones de justicia y se crea una suerte de jurisprudencia comunitaria, replicable o no”.[4]
Fiel a esta tendencia, la Ley 497 de 1999 (arts. 1 a 10) incorporó los siguientes principios generales sobre la jurisdicción de paz: i) está orientada a lograr la solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios o particulares; ii) sus decisiones deberán ser en equidad, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad; iii) la administración de justicia de paz debe cumplir con la finalidad de promover la convivencia pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional; iv)&$ todas sus actuaciones serán verbales, salvo las excepciones señaladas en dicha ley; v) es independiente y autónoma con el único límite de la Constitución; vi) será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas o costas que señale el Consejo Superior de la Judicatura; vii) es obligación de los jueces de paz respetar y garantizar los derechos, no sólo de quienes intervienen directamente en el proceso, sino de todos aquellos que se afecten con él; viii) su objeto es lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento; ix) conocerán de los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; x) no tienen competencia para conocer de las acciones constitucionales y contencioso-administrativas, ni de las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extra matrimoniales.
“……Sus decisiones escapan el ámbito de lo jurídico, no deben fundamentarse en esa labor única del juez ordinario de fallar conforme a lo que establece la ley. A través de la equidad, entonces, se pretende también administrar justicia pero, por mandato constitucional, en aquellos eventos de menor importancia en que el rigor de la ley no resulta aplicable o no prevé una situación específica. No se busca, por ende, reemplazar las funciones del aparato estatal encargado de dirimir en derecho los conflictos existentes sino, por el contrario, complementarlo”.
Es de resaltar que específicamente en lo que se refiere a los jueces de paz, la jurisprudencia[5] ha expresado que el Constituyente confirió al legislador un amplio margen de configuración en cuanto a la regulación de esa institución, puesto que no sólo dejó a su decisión la determinación del momento y la forma en la que tales jueces serían creados, sino que no impuso límites específicos a la potestad reconocida al legislador en esta materia, distintos a los que representan las disposiciones constitucionales.
En suma, mediante las figuras de los jueces de paz y de los conciliadores en equidad el ciudadano común participa en la función pública de administrar justicia, involucrándose en la solución pacífica de conflictos, especialmente de aquellas cuestiones que si bien pueden aparentar ser de menor entidad, realmente afectan la convivencia cotidiana y pacífica de toda la comunidad. Así lo ha reconocido la Corte al expresar que “se trata, en últimas, que personas que en principio no cuentan con una formación jurídica, pero que son reconocidas dentro de la comunidad a la que pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, puedan ocuparse de asuntos que por su sencillez no ameriten el estudio por parte de la rama judicial, ni supongan un conocimiento exhaustivo del derecho. Con todo, valga anotar que se trata de inconvenientes en apariencia pequeños o intranscendentes, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y pacífica de una comunidad, por lo que la labor a ellos asignada resulta a todas luces esencial”[6].
Finalmente, respecto de los jueces de paz como de los conciliadores en equidad, puede reiterarse lo considerado por la Corte Constitucional en relación con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en el sentido de que “no deben ser interpretados solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también, y principalmente, como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan. En este sentido, es incuestionable su estirpe democrática, en la medida en que generan espacios de intervención de la comunidad en el desarrollo de la función jurisdiccional evitando la conflictivización de la sociedad y logrando, por ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia social.”[7]
Por violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica[8].
Dada las dimensiones y trascendencia de este fenómeno sistemático que socava la institución básica de la sociedad, al considerársele destructiva de su armonía y unidad, en el concierto internacional los Estados han aprobado distintos instrumentos que proscriben cualquier tipo de violencia, incluyendo por supuesto la que se produce en el núcleo familiar, así como otros orientados a proteger contra ella sujetos especiales. Es así como en relación con los niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño[9] en su artículo 19 dispone:
En relación con las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por la Ley 248 del 29 de 1995, dispuso, entre otros, como deber de los Estados “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso” (art. 7 lit. c). Tal compromiso fue confirmado en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada por la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/45[10].
En consonancia con los mencionados instrumentos internacionales, nuestra Constitución en el artículo 42 dispone que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, y de manera perentoria establece que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Quiso de esta forma el Constituyente, consagrar un amparo especial a la familia, protegiendo su unidad, dignidad y honra, por ser ella la célula fundamental de la organización socio-política y presupuesto de su existencia. También, quiso el constituyente otorgar una protección especial y prevalente a los niños y niñas, para lo cual consagró expresamente que sus derechos son fundamentales, entre ellos los derechos a tener una familia y a no ser separados de ella, y al cuidado y al amos; además se consagró que serán protegidos, entre otros, contra toda forma de violencia física o moral, y abuso sexual.
Puede afirmarse entonces que el propósito del constituyente de proteger y amparar a la familia debe traducirse en la adopción de políticas Estatales que incluyan la creación de herramientas no sólo de carácter punitivo o represivo sino de otras de carácter preventivo y correctivo, a fin de permitir a los miembros de la familia superar sus conflictos de forma pacífica, en este caso con la intervención de un tercero en el plano de la administración de justicia, mediante el ofrecimiento y puesta en marcha de mecanismos alternativos y complementarios que incluyan la posibilidad de soluciones conciliadas haciendo partícipe, en cuanto sea posible, a la propia comunidad[11].
Es así como en desarrollo del artículo 42 de la Constitución la Ley 294 de 1996 adoptó una legislación especial para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Allí se indicó, en primer lugar, que la ley tenía por objeto dar un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar su armonía y unidad. Dicha normatividad, además, consagra medidas complementarias de protección para las víctimas de daños físicos o psíquicos, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de de otro miembro del grupo familiar, en tanto y en cuanto se puede acudir a solicitar al juez de familia o promiscuo de familia, promiscuo municipal o civil municipal, si faltare el de familia, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar. También se adoptaron otras medidas de carácter represivo, como la definición de delitos contra la armonía y la unidad familiar, la violencia intrafamiliar, el maltrato constitutivo de lesiones personales, el maltrato mediante restricción a la libertad física y el de la violencia sexual entre cónyuges.
Posteriormente, la Ley 575 de 2000, reformó parcialmente la Ley 294 de 1996, entre otros asuntos para establecer mecanismos alternos y complementarios de solución de conflictos de violencia intrafamiliar, pues se puede acudir a ellos no obstante la competencia de los jueces penales y la de los comisarios de familia y jueces de familia o civiles del lugar. Es así como se dispuso, primordialmente, vincular a la comunidad en la solución de los problemas de violencia intrafamiliar mediante la intervención de los jueces de paz y los conciliadores en equidad, quienes fueron habilitados para mediar en esta clase de conflictos con el fin de que cese la violencia, maltrato o agresión o evitarla si fuere inminente[12].
“También se tiene en cuenta la figura del Conciliador en Equidad, quien ha demostrado su liderazgo dentro de la comunidad para lo que ha sido nombrado. La experiencia que se ha obtenido con ellos en las zonas rojas y veredas retiradas ha generado grandes resultados como pedagogía para la paz. A su vez, por medio de los Conciliadores en Equidad buscamos la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los Jueces de Paz, contemplados en la Constitución Nacional y reglamentados mediante Ley de la república, son, en países como Perú, Venezuela y Brasil, de gran arraigo popular debido a su capacidad de respuesta, flexibilidad y acierto, en la solución presentada a los requerimientos ciudadanos.
“Los beneficios que ofrece resolver los conflictos por medio de la conciliación en equidad son: eficacia, rapidez, gratuidad y mayor participación de la población civil en el manejo pacífico de sus propios conflictos”.[13]
Se ha establecido que, en lo que se refiere a los jueces de paz, el Constituyente confirió al legislador un amplio margen de configuración en cuanto a la regulación de esa institución. En este sentido resulta claro entonces que el mandato contenido en el precepto bajo examen no es otra cosa que expresión de dicha facultad de configuración reconocida constitucionalmente al legislador en relación con los jueces de paz[14].
Dichos mecanismos alternativos de solución de conflictos de violencia intrafamiliar, fueron implementados por el legislador como complementarios, por cuanto puede acudirse a ellos de manera voluntaria por las víctimas de violencia intrafamiliar, para solicitar que con la mediación de un tercero particular, cese la violencia, maltrato o agresión, o se evite si fuere inminente, pero sin desplazar la competencia asignada a la justicia estatal formal, pues claramente se indica en el Parágrafo acusado que puede acudirse al Juez de Paz y al Conciliador en Equidad, no obstante las denuncias penales a que hubiere lugar, y de la solicitud que pudiere hacerse al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al juez Civil Municipal o promiscuo municipal en relación con la toma de una medida de protección inmediata. Además, el artículo 19 de la Ley 294 de 1996, claramente establece que los procedimientos establecidos en la ley para la toma de medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, no sustituyen ni modifican las acciones previstas en la Constitución y en la Ley para la garantía de los derechos fundamentales, ni para la solución de los conflictos jurídicos intrafamiliares.
En el mismo sentido se pronunció la Corte, al considerar que “un razonable diseño normativo que promueva la intervención de los particulares en la resolución pacífica y negociada de los conflictos jurídicos, no puede desplazar de manera definitiva a la justicia estatal formal ni puede constituirse en un obstáculo que impida el acceso a ella. La armonización de los principios constitucionales contenidos en los artículos 116 y 229 de la Carta, exige que tales mecanismos complementen al aparato judicial”[15].
Respecto de la conciliación, la Corte ha considerado que, más que un medio para la descongestión judicial, es un instrumento para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos. Así, ha explicado que “la garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las disputas entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues precisamente el artículo 116 de la Carta garantiza la existencia deq mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación o el arbitraje, los cuales pueden ser ampliados por el Legislador. Al respecto, esta Corte ha dicho que “es competencia del legislador, de acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las formas de composición de los conflictos judiciales, los cuales -no sobra aclararlo- no siempre implican el ejercicio de la administración de justicia.”[16]
Y, en lo referido a los Jueces de Paz, la misma Constitución encargó su creación para resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, sin que para el efecto los hubiere excluido de algunos asuntos en particular. En efecto, tratándose del fenómeno de la violencia intrafamiliar el constituyente no descartó la posibilidad de que fuera enfrentado con instrumentos distintos al represivo, como lo es la intervención mediadora de los jueces de paz y de los conciliadores en equidad, que constituyen mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuyo empleo está plenamente autorizado por la Carta Política para alcanzar los objetivos fundamentales de la paz y el sosiego de la comunidad.
Tampoco asiste razón al actor cuando afirma que los jueces de paz y los conciliadores en equidad son incompetentes para conocer de la violencia intrafamiliar. En efecto, como se ha visto, se trata de un fenómeno complejo que exige ser abordado mediante diferentes estrategias como las preventivas o correctivas, las cuales justifican la intervención de terceros para lograr el cese inmediato de agresiones. Ahora bien, la intervención de dichos particulares, como mediadores para poner fin a una violencia, maltrato o agresión, o para evitarla si fuere inminente, no demanda necesariamente los conocimientos especializados de un abogado titulado, sino que tal gestión bien puede ser encomendada a ciudadanos reconocidos por la comunidad como personas idóneas y de connotadas calidades para el ejercicio del cargo, como lo deben ser los Jueces de Paz o los Conciliadores en Equidad, quienes además, por disposición de la ley, recibirán capacitación permanente, a través de los programas que organice el Consejo Superior de la Judicatura, con participación de los Ministerios del Interior y de Justicia, y de Educación, de las Universidades, de las organizaciones especializadas y de las comunidades en general, así como de la asistencia técnica y operativa que debe prestarles la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Al respecto considera la Corte que tal disposición igualmente se ajusta a los postulados constitucionales de protección a la familia y a sus integrantes, pues la conducta renuente del agresor o su posición intransigente para conciliar no pueden servir de obstáculo a la acción de la justicia impidiendo la toma de medidas protectoras. De lo contrario se propiciaría el desamparo a las víctimas de violencia intrafamiliar, dejándolas expuestas a tener que soportar un daño continuo o a que finalmente éste se produzca cuando fuere previsible. Por ello, bien dispuso el legislador que si el presunto agresor no compareciere o no se logra acuerdo alguno entre las partes, se orientará a la víctima sobre la autoridad a la que puede acudir a solicitar una medida de protección y se procederá de oficio enviando las diligencias de rigor.
C-059 DE 2005
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Razonabilidad del plazo para solicitarlas (Salvamento parcial de voto)
El problema jurídico de fondo que debía resolverse al examinar la constitucionalidad de dicha expresión no era la facultad del Legislador de establecer un plazo para solicitar las medidas de protección previstas en la Ley 294 de 1996, sino si el plazo de treinta días era razonable y proporcional o resultaba contrario para la protección de los principios, derechos y valores constitucionales en juego.
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Importancia de los bienes jurídicos constitucionales que pretenden salvaguardar (Salvamento parcial de voto)
HECHO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Dificultades para su interpretación (Salvamento parcial de voto)
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Exclusión de las víctimas de procesos continuados de agresión (Salvamento parcial de voto)
Mi principal reproche a la opinión mayoritaria es que esta parece desconocer una terrible realidad de la violencia intrafamiliar, cual es que cuando un sujeto ha sido víctima de un proceso continuado de agresión, al cabo de cierto tiempo puede terminar por modificar sus patrones de conducta sin que el agresor deba someterlo a nuevos actos o hechos de violencia, y precisamente estas graves situaciones, que mi juicio caben perfectamente dentro del concepto de violencia intrafamiliar, estarían excluidas de las medidas de protección en virtud de la expresión acusada.
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Plazo para solicitarlas establece obstáculos para la defensa de los principios y valores constitucionales (Salvamento parcial de voto)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Naturaleza/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Efectos en las víctimas/PERSONA EN CONDICION DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Imposibilidad de acudir dentro del término legal para la defensa de sus intereses (Salvamento parcial de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 1º y el artículo 5º (parcial) de la Ley 575 de 2000.
Con el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión mayoritaria que consideró que la Corte debía declarar exequible la expresión “deberá presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento”, contenida en el artículo 5º de la Ley 575 de 2000.
A mi juicio, el problema jurídico de fondo que debía resolverse al examinar la constitucionalidad de dicha expresión no era la facultad del Legislador de establecer un plazo para solicitar las medidas de protección previstas en la Ley 294 de 1996, sino si el plazo de treinta días era razonable y proporcional o resultaba contrario para la protección de los principios, derechos y valores constitucionales en juego.
Sin duda el acceso a la autoridades administrativas o judiciales competentes para adelantar cierto procedimientos, puede ser restringido temporalmente por medio de normas con fuerza material de ley, no obstante, la cuestión en este caso concreto debe examinarse desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los sujetos víctimas de la violencia intrafamiliar.
En efecto, las víctimas de la violencia intrafamiliar pueden ver afectados sus derechos fundamentales a la integridad personal, a la salud e incluso, en ciertos casos a la vida, por la conducta de un sujeto agresor. Es decir, el bien jurídico constitucional que pretender salvaguardar las medidas de protección no es de cualquier entidad, se trata de principios, derechos fundamentales y garantías institucionales tan importantes como la dignidad humana, la vida y la familia. Y como resulta lógico concluir, cualquier restricción en el acceso a los instrumentos que permiten proteger bienes de tanta entidad debe ser objeto de un cuidadoso y estricto examen.
Examen que se echa de menos en la decisión de la cual me aparto. En efecto los principales argumentos que se emplean para justificar la constitucionalidad del plazo impuesto en la disposición demandada giran en torno a la facultad de configuración del legislador, y a que la inexistencia de un límite temporal para solicitar las medidas de protección resulta contraria a los “fines de erradicación y de prevención de la violencia intrafamiliar” y “a los principios de buena fe y seguridad jurídica, y al deber que tiene todo ciudadano de colaborar con la justicia, y con su prestación recta y eficaz”.
Esta argumentación resulta cuando menos contradictoria, precisamente porque el límite temporal demandado precisamente impide la erradicación de la violencia intrafamiliar al permitir que ciertas conductas que tiene efectos o repercusiones a largo plazo en las víctimas de la violencia no puedan ser objeto de medidas de protección.
En efecto, la disposición acusada exige que la solicitud de una medida de protección se formule a más tardar dentro de los treinta días siguientes al acaecimiento de un hecho de violencia intrafamiliar, surge aquí una primera dificultad cual es definir con precisión en que consiste un “hecho de violencia intrafamiliar”, pues a la luz de la Ley 264 de 1996 una amplia gama de conductas puede encuadrar dentro de esta definición, lo que por otra parte causa grandes dificultades a las autoridades encargadas de interpretar esta disposición.
No obstante, mi principal reproche a la opinión mayoritaria es que esta parece desconocer una terrible realidad de la violencia intrafamiliar, cual es que cuando un sujeto ha sido víctima de un proceso continuado de agresión, al cabo de cierto tiempo puede terminar por modificar sus patrones de conducta sin que el agresor deba someterlo a nuevos actos o hechos de violencia, y precisamente estas graves situaciones, que mi juicio caben perfectamente dentro del concepto de violencia intrafamiliar, estarían excluidas de las medidas de protección en virtud de la expresión acusada.
Parece en principio ser un asunto de naturaleza práctica y legal pero si se le examina con cuidado tiene profundas implicaciones constitucionales porque significa que la ley puede establecer obstáculos para la defensa de principios y valores constitucionales de la magnitud de los que resultan amenazados o menoscabados por la violencia intrafamiliar. Es decir, que un mero requisito de procedibilidad termina por convertirse en un límite para el goce y la protección de derechos fundamentales.
Por otra parte el segundo argumento que emplea la Corte, esto es, que no solicitar las medidas de protección en el término de treinta días es contrario “a los principios de buena fe y seguridad jurídica y al deber que tiene todo ciudadano de colaborar con la justicia” es francamente insensible. Parece olvidar la mayoría la naturaleza de la violencia intrafamiliar y los profundos efectos que esta tiene en sus víctimas, muchas veces menores de edad o sujetos en condiciones de debilidad manifiesta a los cuales no puede exigírseles la defensa oportuna de sus intereses precisamente por la situación de amedrantamiento en la que viven, y tampoco se puede descalificar su imposibilidad de no acudir dentro del término legal ante las autoridades competentes como contraria a los principios constitucionales.
[1] Gaceta del Congreso No. 389 de 1997.
[2] Gaceta del Congreso No. 346 de 1997. Página 12
[3] Gaceta del Congreso No. 284 de 1998. Paginas 11 y 12
[4] Gordillo Guerreo, Carmen Lucía y otra. “Sistematización Evaluativa sobre la Jurisdicción de Paz en Colombia”. Ministerio de Justicia y del Derecho.
[5] Sentencia C-103 de 2004 .M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[7] Sentencia C-893 de 2001. M.P. Clara Inés Vagas Hernández.
[8] Ley 294 de 1996, artículo 2º.
[9] La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue aprobada por nuestro país mediante la Ley 12 de 1992
[10] Aprobada sin votación, en la 61ª sesión, del 20 de abril de 2000
[11] Este criterio ya fue expuesto anteriormente por la Corte en Sentencia C-273 de 1998, donde la declarar inexequible el desistimiento tácito de la víctima en los procesos de violencia intrafamiliar. Dijo la Corte: “…en principio es legítimo que se logren acuerdos conciliados en este campo, puesto que la Carta en manera alguna excluye que se establezcan mecanismos consensuales, en vez de dispositivos exclusivamente sancionatorios, para resolver los conflictos intrafamiliares. La figura que se retira del ordenamiento es el desistimiento tácito, pues la Constitución exige una protección integral y efectiva de los derechos de la víctima de la violencia interfamiliar, mientras que esa figura, en nombre de la celeridad de la justicia, contribuía, paradójicamente, a fomentar una acrecentada desprotección, por ende una desigualdad material, en perjuicio de la parte más débil del conflicto familiar”.
[12] Ley 575 de 2000, Parágrafo 1º del artículo 1º.
[13] Ponencia para primer debate al proyecto de ley 57 de 1998 Senado, 167 de 1998 Cámara. Gaceta del Congreso No. 152 de 199. Página 3.
[14] Sentencia C-103 de 2004 M.P: Manuel José Cepeda Espinosa
[15] Sentencia C-1195 de 2001.
[16] Corte Constitucional, Sentencia C-163/99, MP: Alejandro Martínez Caballero. Citada en la Sentencia C-103 de 2004

References: artículo 42
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 artículo 8
 artículo 77
 artículo 3
 artículo 116
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 artículo 19
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 artículo 42
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 artículo 5
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 artículo 2
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