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Timestamp: 2019-03-18 21:27:46+00:00

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DEL RECURSO DE CASACIÓN Y EL DEBIDO PROCESO - Grupo Juridico Penal
DEL RECURSO DE CASACIÓN Y EL DEBIDO PROCESO
5 febrero, 2018 13 marzo, 2018
“El Recurso Extraordinario de Casación, puede ser quizá la única oportunidad de la que dispone el sentenciado para hacer un juicio de Constitucionalidad y de legalidad a la sentencia de fondo”
Con la suscripción de la Constitución de 1991, nace en Colombia un estado social de derecho, con una concepción antropocéntrica[1], lo que trajo consigo un cambio de paradigma en el sistema jurídico colombiano que hace que las instituciones jurídicas tiendan a garantizar la primacía y garantías fundamentales sobre las formalidades. En dicha Constitución en su artículo 29 se elevó bajo un título muy general, un derecho fundamental denominado “debido proceso”[2]
El “debido proceso”, como derecho fundamental, contempla las prerrogativas de la persona que es sometida a un juicio penal. De las garantías superiores allí enlistadas se encuentran los principios rectores de la legalidad preexistente de los delitos, de las penas, del juzgamiento, del juez natural, del debido proceso, de la favorabilidad, de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa, de la contradicción, de la impugnación y de la prohibición de doble juicio por el mismo hecho.[3]
Dentro de las principales garantías del debido proceso, encontramos el derecho de defensa, el cual es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por el procesado al interior de un proceso penal y que lo empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la investigación. El derecho de defensa representa la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.
La importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Así también del derecho de defensa, en el contexto de los procesos penales, otorga el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad de tal derecho.[4]
La Casación como Recurso Extraordinario
En cualquier proceso penal, la sentencia es la decisión más importante dictada por una autoridad del estado y debe ser la concreción de la ley al caso sometido a juzgamiento. Empero, una sentencia que adolece de vicios o errores de procedimiento (in procedendo), o errores de hecho o de derecho (in iudicando), viola el debido proceso; pues tal circunstancia se traduce, directa o inmediatamente, en un agravio no sólo para la persona afectada, sino también para los demás sujetos procesales, y para la sociedad en general, como cuando se condena a una persona inocente, o se le aplica una pena diferente de la que le corresponde, pues el sentimiento de inconformidad no se circunscribe a quien directamente resulta damnificado, sino a toda la comunidad que, perdida la confianza en la protección real de los derechos, se sentirá expuesta a la arbitrariedad.
Frente a este tipo de eventos, tanto la ley 600[5] de 2000 y la ley 906[6] de 2004, estatutos procesales vigentes, contemplan un mecanismo para la impugnación de sentencias, denominado Casación, el cual surge como un remedio extraordinario contra las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito, planteando un juicio de legalidad contra la sentencia proferida dentro del proceso penal, buscando como fines específicos hacer efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso y reparar el error y los agravios con la decisión equivocada de la autoridad judicial.
Como fundamento a lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional en sentencia C-252 de 2001, MP. CARLOS GAVIRIA DIAZ, expuso frente a la casación lo siguiente:
Si la sentencia dictada por la autoridad judicial competente se opone a las normas constitucionales y legales, se convierte en un acto arbitrario e injusto que es necesario enmendar o corregir en forma inmediata, con el fin de impedir que se causen daños irreparables a las personas afectadas con la decisión en sus derechos esenciales (dignidad humana, libertad, buen nombre). La casación, como medio de impugnación extraordinario se torna en el remedio idóneo y eficaz para esos propósitos, siempre y cuando tal enmienda se haga antes de que la sentencia de segunda instancia adquiera firmeza, puesto que se trata de confirmar su validez jurídica y ello solo puede tener lugar en el mismo proceso penal[7].
De lo anterior se puede colegir, que la casación es un trámite que se produce al interior del proceso penal, donde el proceso aún no ha culminado; por lo tanto, su consideración y su trámite es el propio de un recurso; pero no de un recurso ordinario, sino extraordinario.
Es un recurso extraordinario[8], porque los recursos ordinarios (Ley 906 de 2004, art. 176), son propios de las instancias y en las instancias no opera, ni se exige una técnica, ni existen límites tan excepcionales como los exigidos en casación. En los recursos de instancia sólo se reconocen dos límites: el motivo de la impugnación y la no reformatio in pejus[9]. Es decir, no se puede desmejorar la posición jurídica del recurrente[10], por expresa prohibición del principio de la no reformatio in pejus; y el motivo de la impugnación implica, que el superior debe resolver sólo aquello que se le propuso en el recurso.
Al ser el recurso extraordinario de casación el mecanismo de impugnación, que permite demostrar la ilegalidad de la sentencia, proferida en segunda instancia por un tribunal; obliga al recurrente a determinar el error o errores que se le atribuyen al fallo y enmarcarlo en una de las causales establecidas por la ley, como son la violación directa o indirecta de la ley sustancial o la nulidad (Ley 906, 2004, art. 181) mediante argumentos técnicos y jurídicos orientados a la corrección del fallo. Una vez determinado el yerro, debe enfocarlo dentro de uno de los sentidos o motivos propios de cada error; esto implica que, si el yerro indicado es la violación directa de la ley sustancial, este error tiene sentidos o motivos propios, que no pueden ser utilizados, ni mezclados entre sí, o peor aún, utilizarlos o confundirlos con los motivos propios de la violación indirecta de la ley sustancial, o de la nulidad.
Técnica Casacional del Recurso
El recurso de la casación es un mecanismo extraordinario de impugnación contra sentencias proferidas en segunda instancia por delitos, cuyo objetivo principal es cuestionar la juridicidad del fallo, con la estricta observancia de la ley, la Constitución y los tratados internacionales, cuando se avizoran afectación de derechos o garantías fundamentales; buscando unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto, reparar el agravio inferido y mantener incólumes las garantías fundamentales; convirtiéndose en un juicio de constitucionalidad y legalidad que se formula contra la sentencia; lo cual no puede entenderse como una tercera instancia, donde lo que se busca es controvertir los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios propios de las instancias.
Aunado a lo anterior, el recurso extraordinario de casación no se puede argumentar de manera libre; no se puede desarrollar la propuesta con la libertad intelectual que se permite para sustentar un recurso ordinario. La casación debe proponerse, desarrollarse y demostrarse con unos pasos específicos; lo que conlleva a que en materia de casación se hable de una técnica casacional del debido proceso que implica un desarrollo del recurso extraordinario de casación.
Dicha técnica obedece además a unos principios básicos que deben estar presentes en el libelo impugnatorio en aras de su viabilidad y prosperidad; principios entre otros como el de: rogación, limitación, claridad y precisión, congruencia de la petición, principio de autonomía de las causales, principio de prioridad, de legalidad y acierto, principio de trascendencia, de sustentación suficiente, de unidad jurídica y principio de idoneidad sustancial.
Situación anterior que conlleva a que el recurso extraordinario de casación visto como una técnica, produzca grandes dolores de cabeza para quienes invocan dicho recurso, en razón a que la desconocen y procuran argumentar el escrito de la demanda en Casación, como si se tratare de una tercera instancia (que no existe), buscando controvertir los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios de la sentencia atacada, mediante argumentos propios de las instancias; situación anterior que conlleva a verse a la Corte Suprema de Justicia, como un “tribunal celestial”, donde pocos son los recursos que prosperan, concibiéndose a la vez al Recurso Extraordinario de Casación como un recurso demasiado formalista.
[1] www.conceptodefinicion.de/antropocentrismo: “El Antropocentrismo es una rama de la filosofía en la que no solo se estudia al hombre en sociedad, sino que este en su condición de factor social, conductor de civilizaciones y constructor de ciudades es la referencia para todo lo que se idea y conceptualiza. El principal objeto de esta doctrina es que el hombre sea la medida para que el todo sea constituido y ejecutado.”
[2] C.P. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
[3] Corte Constitucional, sentencia C-371 de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre las garantías que componen el debido proceso manifiesta: “Esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la Constitución, en forma explícita consagra tanto el principio de celeridad, como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Por su parte, el artículo 228 superior prescribe que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. En desarrollo de estos principios, de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra.”
[4] Corte Constitucional, sentencia C- 025 de 2009. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Sobre el derecho de defensa expone: “Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.
El ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La primera, la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un profesional del derecho, científicamente preparado, conocedor de la ley aplicable y académicamente apto para el ejercicio de la abogacía. En nuestro sistema procesal penal, el derecho a la defensa técnica se materializa, o bien con el nombramiento de un abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública.”
[5] Ley 600 de 2000. Artículo 206. Fines de la casación. La casación debe tener por fines la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y además la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada.
[6]Ley 906 de 2004. Artículo 180. Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.
[7] Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001. MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz
[8] Corte Constitucional, sentencia T-231 de 1998. MP. Alfredo Beltrán Sierra. Sobre la casación manifiesta: “La casación, definida por el legislador como un recurso extraordinario y excepcional, tiene dos funciones primordiales: la de unificar la jurisprudencia nacional, y la de proveer la realización del derecho objetivo, función que se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. En cumplimiento de esta última, el tribunal de casación no puede entrar directamente a conocer el fondo de la controversia, pues, en principio, sólo está facultado para examinar si la sentencia, objeto de recurso, desconoce las normas de derecho sustancial que se dicen transgredidas, bien por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El recurso extraordinario de casación no es una instancia adicional, tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen. Por consiguiente, sólo cuando el tribunal de casación ha encontrado que, evidentemente, el juez de instancia incurrió en un error de aplicación, apreciación o interpretación de la norma sustancial que se alega, y casa la sentencia, podrá pronunciarse sobre el caso concreto, actuando ya no como tribunal de casación sino como juez de instancia. La razón, la necesidad de un pronunciamiento que reemplace el que se ha casado.”
[9] C.P. Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
[10] Corte Constitucional, sentencia C-055 de 1993, MP. Dr. José Gregorio Hernández. Sobre el principio de la no reformatio in pejus, refiere: “Nótese cómo, si bien el artículo 31.1 consagra la segunda instancia, el artículo 31.2 le impone un límite al impedir que el superior agrave la pena impuesta al condenado que es apelante único. El artículo 31.1 consagra un derecho consistente en que el superior examine la decisión del inferior, pero el artículo 31.2, si bien limita la competencia del superior, también consagra un derecho al garantizarle al condenado en quien concurre la calidad de apelante único que la pena que se le ha impuesto no será agravada. Esa prohibición es coherente con el principio de limitación que rige en el ámbito del recurso de apelación y de acuerdo con el cual la competencia del superior se circunscribe a los puntos a los que se extiende la inconformidad del apelante.”
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ACREDITACIÓN DEL DELITO
DE LA FLEXIBILIZACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
DE LA CASACIÓN EN MATERIA PENAL

References: artículo 29
 Artículo 29
 artículo 29
 artículo 228
 Artículo 206
 Artículo 180
 Artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31