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Timestamp: 2019-06-17 01:01:09+00:00

Document:
Carlos Ruiz Miguel. ARI Nº 141-2004 - 20.9.2004
Tema: El genocidio en Darfur (50 mil asesinados, un millón doscientos mil desplazados y 200 mil refugiados en Chad, según cifras aproximadas) tanto en su origen, cuanto en su tratamiento tiene unas implicaciones de dos órdenes: interno-sudanesas y externas. Los equilibrios de intereses interfieren en esta tragedia dificultando enormemente su solución.
Resumen: El conflicto de Darfur se desencadena justo cuando se empezaban a cerrar las heridas de la aún mayor tragedia de la guerra en el sur de Sudán. Aquí se argumenta que muchas claves de la actual tragedia (tanto en el orden de las causas como en el de las vías de actuación) se hallan en la guerra del norte del Sudán contra el Sur. A las complicaciones inherentes a lo anterior se añaden las que se derivan del juego de intereses en las grandes líneas de fricción internacionales en este momento.
El Sur echa por tierra el dogma del dominio del Norte y el Oeste despierta
Aunque los agravios de la población originaria de Darfur hacia Jartum vienen de antiguo, el reciente conflicto se desencadena en febrero de 2003. En esas fechas, el larguísimo y sangriento conflicto entre el norte árabo-musulmán y el sur negro-cristiano-animista sudaneses, se encontraba en vías de solución merced a la creciente implicación norteamericana en favor del Sur. El apoyo anglosajón al SPLA (guerrilla del Sur) desencadenó un proceso de paz que se inició en Machakos (cerca de Nairobi) en julio de 2002 y que ha cristalizado en julio de 2004 con el acuerdo de Naivasha. Los acuerdos entre el norte árabo-musulmán y el sur negro-cristiano-animista replantearon las bases de la estructura política del Sudán al cuestionar el, hasta entonces indiscutible, dominio de los árabes del norte sobre el resto del país. En efecto, los acuerdos firmados entre el norte y el sur replanteaban aspectos políticos (nueva esquema de representación política), económicos (nuevos criterios de distribución de riquezas), militares (reorganización del Ejército) y religioso-sociales (delimitación de los espacios de vigencia de la sharia o ley islámica y de las políticas de arabización: no en vano el portavoz del Ejército sudanés, general Mohamed Bachir Sulimán, calificó como yihad la guerra contra el sur).
El acuerdo entre el norte y el sur tenía un alcance que iba mucho más allá de Sudán porque se trata de una línea de fricción entre el mundo árabe y el África negra. La constatación de que era posible replantear el sistema socio-económico-político sudanés y el equilibrio entre esos dos grandes espacios, hasta entonces sesgado en beneficio del norte árabo-musulmán, desencadenó unas energías, largamente aletargadas, en una de las regiones del África negra que había sufrido la hegemonía socio-económico-política del norte: Darfur (la “Casa de los Fur”), región del Este del Sudán fronteriza con el Chad. Darfur, sultanato fundado oficialmente en 1650, agrupaba a los agricultores no árabes y fue independiente hasta 1916, fecha en la que fue incorporado al dominio anglo-egipcio de Sudán. Esta región se halla poblada por varias tribus originarias negras (fundamentalmente, los Fur, pero también los Zaghawa, los Masalite y una decena más de grupos menores) dedicadas a la agricultura, pero hay también minorías árabes nómado-pastoriles llegadas con posterioridad. La lucha por el espacio, que no se dio de forma virulenta en épocas pasadas, se ha desencadenado al ahondarse la divergencia entre árabes y negros con la guerra del sur, la desidia del poder hacia las regiones negras en detrimento de las árabes y la disminución de zonas verdes y el avance de la desertización. Es importante advertir que la población árabe de esta región es musulmana y que la población negra, aun contando con minorías cristianas y animistas, también es musulmana, a diferencia de lo que sucede con los negros del sur (cristianos y animistas). En ese momento surgieron dos grupos armados de población negra (y mayoritariamente musulmana): el “Ejército de Liberación de Sudán” (ELS, o SLA en sus siglas en inglés) y el “Movimiento de Justicia e Igualdad” (MJI, o JEM en sus siglas en inglés). El objetivo de estos grupos era trasladar a Darfur los acuerdos conseguidos por la guerrilla negra del Sur (reequilibrio de la representación política, participación en las riquezas y limitación de las políticas de arabización), pues los negro-musulmanes de Darfur temieron que la pérdida de riqueza del norte árabo-musulmán respecto al sur negro-cristiano-animista fuera compensada a su costa.
La reacción de Jartum no se hizo esperar. Ante el temor de que un replanteamiento global del poder en Sudán (en el Oeste –Darfur– sumado al del Sur) pusiera fin al dominio de los árabes sobre los negros (fuesen cristianos o musulmanes), el gobierno árabe de Jartum decidió aplastar la rebelión en Darfur. Pero para ello existía un problema. El Ejército regular del Sudán estaba, sí, compuesto en su inmensa mayoría de musulmanes (que se enfrentaron a los no musulmanes del Sur), pero el Ejército estaba formado aproximadamente por un 50% de negros de Darfur y de un 50% de árabes del Norte y del Este. Si bien el Ejército, mayoritariamente musulmán, podía servir fielmente a Jartum frente a la rebelión de los negros no musulmanes del Sur, era difícil exigir a los soldados negros originarios de Darfur que masacrasen a sus hermanos. Para evitar eventuales problemas de indisciplina o falta de “motivación” en las tropas se creó una milicia, exclusivamente árabe, pero armada desde el Gobierno: los siniestros Yanyawid, grupos paramilitares de árabes, mayormente nómadas y pastores.
Jartum aprovecha la concentración de las potencias occidentales en Irak
En febrero de 2003, cuando se desencadena la guerra de Darfur, la atención del mundo está concentrada en Irak. Los EEUU y la coalición internacional que les apoyaban concentran cada vez más tropas en Irak, primero para conseguir un rápido éxito en la guerra que derroca a Sadam y, luego, para hacer frente a los grupos insurgentes y terroristas que pretenden evitar la estabilización del país. Esta situación es hábilmente aprovechada por Jartum para impulsar la acción criminal de los Yanyawid. Por si fuera poco, en la crisis de Darfur se reprodujeron los alineamientos internacionales realizados en la guerra de Irak y, antes, en la guerra del norte árabo-musulmán contra el sur negro-cristiano-animista. En síntesis, también aquí, Jartum contará con el apoyo de los países árabes y de París para hacer frente a la “línea dura” patrocinada desde Washington y sus aliados (principalmente el Reino Unido e Italia). En el marco de su política “arabófila”, París no sólo apoyó al norte en su guerra contra el Sur, sino que suavizó las iniciativas dirigidas contra Jartum.
Si la intensidad del conflicto iraquí fue utilizada por Jartum para realizar con plena impunidad su tarea criminal, la progresiva estabilización de Irak no podía sino conllevar un incremento de la atención sobre Darfur de los EEUU y las demás potencias implicadas.
Posiciones e intereses de los actores internacionales ante la tragedia de Darfur
El paso al primer plano de la actualidad del conflicto de Darfur obliga a los principales actores internacionales a alinearse en la búsqueda de sus intereses. Los principales son, por un lado, el propio gobierno sudanés y sus aliados: Francia, China, la Liga Árabe y países árabo-musulmanes; por el otro, los EEUU y sus aliados; finalmente, las organizaciones internacionales implicadas: la UE, la UA (Unión Africana) y la ONU.
Por lo que hace a Sudán, la primera línea argumental básica del gobierno es que el conflicto, naturalmente, no encubre un “genocidio” y que el mismo ha sido “exagerado” e incluso “manipulado” por potencias extranjeras para justificar una intervención, un “complot norteamericano para desestabilizar la región”. La tesis oficial sudanesa, apoyada por sus aliados, es que el conflicto no es étnico, sino “económico” y no es más que una lucha entre pastores y agricultores(1). El problema de esta interpretación es que si el conflicto fuese sólo de esa naturaleza no sería explicable por qué el gobierno de Jartum (teóricamente no implicado) arma a una parte (los pastores) para que aniquile a la otra (los agricultores). La segunda línea argumental del gobierno es la de aceptar, a lo sumo, la presencia de “observadores” internacionales y de tropas extranjeras de protección de esos observadores, pero no la presencia de “fuerzas de paz”. En tal sentido ha insistido en que la “paz” debe ser “responsabilidad” del Ejército sudanés. La adopción de la resolución 1556 del Consejo de Seguridad fue recibida como una “declaración de guerra” por el portavoz del ejército sudanés, el general Mohamed Bachir Sulimán que, además, dejó la puerta abierta a considerar como yihad (calificativo que el mismo portavoz atribuye a la lucha contra los negros cristiano-animistas del Sur) el rechazo de una intervención exterior en Darfur. En tercer lugar, ante la mayor presión internacional establecida por esta resolución, el gobierno sudanés se ha mostrado dispuesto a un reparto del poder político (federalismo) y de las riquezas como el pactado con la guerrilla del sur. Ahora bien, se trata de una mera propuesta genérica que, hasta ahora, no ha tenido ninguna concreción.
La posición de Francia ha sido bien sintetizada por su ministro de Asuntos Exteriores, Michel Barnier. Éste, en su artículo “El médico, el soldado y el diplomático...”(2) rechaza la imposición de sanciones (que para Barnier “no deben ser un objetivo en sí”, algo discutible pues después de todos los crímenes cometidos es difícil imaginar que las sanciones sean “un objetivo en sí”), privilegiando el diálogo entre las víctimas débiles y los agresores en posición de fuerza. Además, excluye la intervención europea en el conflicto para sostener una “solución africana” (sin que diga qué sucedería si, como es el caso, la “solución africana” es insuficiente para detener la catástrofe). Es más, la “solución africana” debe consistir sólo en un “dispositivo de observación” o, lo que es lo mismo, no debe ser una fuerza de intervención en defensa de la paz. Eso sí, Francia se muestra dispuesta a pagar grandes cantidades en apoyo a las víctimas de la masacre, aunque defienda una política que deja la puerta abierta a que esas víctimas aumenten. Francia, además de sus intereses “políticos” de mantener una zona de influencia en el mundo árabe y en África, tiene intereses “económicos” directos pues la petrolera Total tiene concesiones en el Sur que aún no han podido ser puestas en explotación. Para defender esos intereses, París ha enviado fuerzas militares a la frontera del Chad con Darfur.
China es un actor frecuentemente olvidado en los análisis sobre Sudán. Sin embargo, tiene un protagonismo muy importante, y no sólo por su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, que ya ha esgrimido para hacer frente a eventuales sanciones contra Jartum. Es sabido que el gran handicap de China en este momento es su falta de reservas energéticas y de proveedores “seguros” de petróleo. En la búsqueda de esos suministros, China ha trabado unas intensas relaciones con el Sudán. En este momento, las dos empresas estatales chinas petrolíferas (China National Petroleum Corporation –CNPC– y Petrodar) operan en el país africano. Además, frente al proyecto de exportar el crudo sudanés por el África Negra (ruta Chad-Camerún), China está invirtiendo en oleoductos dirigidos hacia Port Sudan, en el Índico, por donde el acceso de China es más fácil. Para garantizar los suministros, China ha desplegado, según informó el Washington Post, 4000 soldados y 34 helicópteros.
La Liga Árabe, en un comunicado del 8 de agosto de 2004, se ha alineado claramente junto al gobierno sudanés. Así, en primer lugar, la Liga Árabe, se ha manifestado contraria al plazo de “30 días” otorgado por la resolución 1556 reclamando en su lugar “un marco temporal adecuado” que permita al gobierno sudanés respetar sus obligaciones. Además, en segundo lugar, la Liga Árabe pide a la comunidad internacional que rechace toda amenaza de intervención militar en la región. El apoyo árabe es prácticamente unánime y es de tipo económico y diplomático. Económicamente, Sudán ha firmado acuerdos de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos (febrero de 2002), y con Jordania. Según un informe del ministerio sudanés de Economía, los EAU se han convertido en los primeros inversores en el país, seguidos por Arabia Saudí. Políticamente, casi todos los países árabo-musulmanes o activamente musulmanes han mostrado su apoyo al régimen de Jartum, incluidos los dos principales países musulmanes cercanos a España: Marruecos y Argelia. El silencio, verdaderamente significativo, del mundo árabe ante las masacres ha sido denunciado por alguna voz árabe independiente y, por desgracia, bastante aislada (3).
En el caso de EEUU, sin duda el actor más importante, se ha especulado acerca de qué intereses mueven su actuación ante este conflicto. Esos intereses son de orden político mayormente, aunque también económico e incluso social. Políticamente, Darfur afecta a múltiples vectores norteamericanos.
Desde el punto de vista de la política interna de EEUU conviene no olvidar que las víctimas del genocidio son los negros de la región. Teniendo en cuenta el elevado número de votantes negros que existen en los EEUU, el presidente Bush pretende atraer al voto negro (“afroamericano”, un 11% del electorado aproximadamente) con una acción decidida en favor de las poblaciones negras perseguidas. A ello se suma la extraordinaria sensibilización que sectores evangelistas han operado en los EEUU acerca de la opresión de las minorías religiosas, ya no sólo en el Sur, sino también en el resto de territorios sudaneses. El Congreso norteamericano aprobó, sin ningún voto en contra, una resolución en la que calificaba de “genocidio” lo ocurrido en Darfur, calificación ésta que ha asumido después el Ejecutivo norteamericano (declaración de Colin Powell ante el Senado el 9 de septiembre de 2004) y que resulta de trascendental importancia porque legitimaría una intervención bélica para poner fin al mismo, de acuerdo con lo prevenido en el Derecho Internacional. No deja de ser significativo que el senador John Darforth, activista en favor de los negros del sur sudanés, que fue enviado especial de EEUU a Sudán desde 2001, haya sido recientemente nombrado embajador de EEUU ante la ONU.
A estos factores, nada desdeñables, se suman otros que vertebran la política internacional norteamericana. Parece claro que los EEUU ven con simpatía la creación de un Estado negro no musulmán en el Sur del Sudán y es igualmente claro que el gobierno de Jartum tiene una orientación notoriamente islamista, aun cuando se haya moderado respecto a las épocas en que cobijaba a al-Qaeda y al mismísmo Bin Laden. Independientemente de que los negros del Sur consigan en su día la independencia, el proceso de paz Norte-Sur de Sudán se engloba en la estrategia general norteamericana de democratización del mundo árabe (el “Gran Oriente Medio”) como medio de desactivar las raíces del integrismo. Las reivindicaciones de Darfur se pueden inscribir perfectamente en el marco de una política de democratización que Washington considera imprescindible en el mundo árabe y que explica la mayor parte de sus actuaciones (incluida la última guerra de Irak). Pero siendo esto cierto, no lo es menos que, como se verá más adelante, los países árabes apoyan al régimen de Jartum y para gestionar la crisis de Irak los EEUU también necesitan el apoyo de estos países. Esto obliga al Ejecutivo EEUU a moderar las pretensiones intervencionistas impulsadas desde el Congreso. Junto a estos intereses políticos, se ha llamado la atención sobre los intereses económicos de la guerra. En principio, aunque no están explotados, parece que existen reservas de petróleo, cobre y uranio en esta región. Además, se especula con exportar el petróleo del Sur, en lugar de por la peligrosa ruta del Mar Rojo, a través de los oleoductos que, vía Chad bajan hasta el mucho menos problemático Camerún.
La UE, en buena medida, se ha alineado hasta ahora con las tesis francesas en unos términos que hoy en día resultan claramente inaceptables. En tal sentido, ha sido criticado que en el informe de Pieter Feith, representante personal de Javier Solana para Sudán, se haya negado que en Darfur se produzca un “genocidio”, afirmando que sólo se produce una “matanza silenciosa de amplias proporciones”. Pero, la cuestión es algo más que nominal. El informe de los expertos de la UE desestima la posibilidad del envío de tropas de la UE para proteger a la población civil y considera más “realista” que sea el propio ejército sudanés (del que, como Human Rights Watch ha denunciado forman parte ahora los mismísimos Yanyawid y que, anteriormente, masacró el Sur cristiano) el que asuma la protección de los civiles.
La UA (Unión Africana), ambiciosa organización sucesora de la OUA, tiene en el conflicto del Darfur el reto más importante a su credibilidad. El presidente de turno de la UA, Nigeria (país negro cristiano/musulmán) ha ejercido una labor de mediación entre Jartum y los rebeldes de Darfur patrocinando las conversaciones de paz de Abuja (Nigeria) iniciadas el 23 de agosto. El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, intenta seriamente poner fin a la crisis, para lo cual ha propuesto el envío de una tropa multinacional africana con poderes para desarmar a las bandas de Yanyawid, habida cuenta de la ineficacia de Jartum en el cumplimiento de esta tarea.
La ONU ha reaccionado tardíamente a la crisis de Darfur, y lo ha hecho a impulsos de EEUU y el Reino Unido. Ante esa presión, el gobierno de Jartum firmó con el Secretario General de la ONU un comunicado conjunto, de 3 de julio de 2004, en el que se comprometía a mejorar cuatro aspectos: (1) facilitar el acceso de organizaciones humanitarias a la zona afectada; (2) respetar los derechos humanos; (3) proporcionar seguridad a la población civil negra perseguida; y (4) conseguir una solución política del conflicto. Pero una vez firmado este compromiso, el gobierno sudanés no hizo casi nada. De ahí que la presión aumentara hasta que se adoptó la resolución 1556 del Consejo de Seguridad, de 30 de julio de 2004(4). Esta resolución, dictada al amparo del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas (que habilita para imponer sanciones) impuso varias obligaciones al gobierno sudanés (párrafos 1 y 6 de la parte dispositiva): (1) facilitar la ayuda humanitaria (que es el objetivo con un mayor grado de cumplimiento); (2) investigar las violaciones de derechos humanos y de Derecho Internacional humanitario y llevar ante la justicia a los Yanyawid y a quienes cometieron atrocidades (lo que no se ha hecho aún); (3) desarmar a las milicias (algo pendiente también); (4) establecer condiciones de seguridad creíbles para la población civil (algo dramáticamente inexistente); y (5) proseguir las negociaciones con los rebeldes. La resolución pide al Secretario General que en un plazo de 30 días informe sobre el cumplimiento por Jartum de su obligación de desarmar a los Yanyawid y de llevar ante la justicia a los responsables de atrocidades. En el caso de incumplimiento la resolución expresa su intención de adoptar las sanciones previstas en el art. 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo demás, la resolución 1556 pone de manifiesto la conexión del conflicto del Darfur con el del Sur, al apoyar, en el mismo texto, el proceso de paz en este último escenario.
A fin de facilitar el cumplimiento de la resolución 1556, el representante del Secretario General de la ONU, Jan Pronk, y el ministro de Asuntos Exteriores sudanés, Mustafá Osman Ismail, firmaron un plan de acción (la “hoja de ruta” sudanesa). Para evaluar el grado de cumplimiento por el gobierno sudanés de las obligaciones impuestas por la resolución 1556, el Secretario General encargó a Jan Pronk la elaboración de un informe(5), que se publicó dos días después del elaborado por el propio Secretario General(6). Pronk denuncia que, si bien existe “algún progreso”, Jartum no ha hecho todo lo posible para desarmar a los Yanyawid y para llevar ante la justicia a los responsables de las masacres. El informe, además, considera que Sudán “ha fracasado ampliamente” en la protección de los civiles, lo que suscitó una dura réplica del nuevo embajador de EEUU en la ONU, John Darforth, muy buen conocedor del asunto, que se hizo eco de un informe de la UA implicando al ejército sudanés en las matanzas después de la aprobación de la resolución 1556. Es más, según un informe de Human Rights Watch(7), el gobierno de Jartum no sólo no está desarmando a los Yanyawid, sino que los está incorporando a la Policía y a otras fuerzas de seguridad del país. Una vez que el plazo de 30 días otorgado por la resolución 1556 ha expirado y ha quedado constatada la falta de voluntad del gobierno sudanés para cumplir sus compromisos, la ONU se encuentra ante el dilema de sancionar o no este incumplimiento. Aunque los EEUU han presentado un proyecto de resolución con sanciones al régimen de Jartum, existe un grupo de países que se han alineado con el régimen genocida por razones económicas (China), étnico-religiosas (Pakistán, Argelia) o políticas (Francia).
España ante el genocidio de Darfur
España tiene un interés en el conflicto de Darfur tanto por sus compromisos multilaterales cuanto por sus intereses bilaterales.
En primer lugar, el conflicto de Darfur tiene interés para España y no sólo en cuanto miembro no permanente del Consejo de Seguridad que, además, ostenta la presidencia en septiembre 2004, que es cuando se tiene que debatir qué pasos dará la ONU después de la resolución 1556. Más allá de las implicaciones políticas del conflicto, en las que España no tiene intereses directos, y de las económicas (en el eventual caso de una implicación de multinacionales españolas como Telefónica o Repsol, empresas que actualmente están ausentes del Sudán), las únicas implicaciones imaginables son las de tipo jurídico-humanitario. Si España quiere realizar una “diplomacia humanitaria” del tipo de la realizada por algunos Estados (como Noruega) no puede sentirse ajena a la comisión de un crimen masivo que puede calificarse legítimamente como genocidio y debiera presionar para que los autores del mismo sean llevados a la justicia. El proyecto de “diplomacia humanitaria” española perdería toda credibilidad si España en el Consejo de Seguridad no apoya una política de sanciones contra los criminales.
En segundo lugar, en cuanto miembro de la UE, España debe decidir con qué tipo de actuación se va a alinear en un momento en el que es previsible un gran debate entre dos grandes corrientes. Por un lado, la corriente mayoritaria se alinea con Washington en la adopción de una política que pase de las meras declaraciones a las sanciones. Esta línea es la que sostienen no sólo el Reino Unido (tradicional aliado de EEUU) e Italia (que a su condición de aliado de EEUU suma la de país de origen de la mayor parte de los misioneros presentes en Sudán –la inmensa mayoría “padres blancos” de la congregación fundada por el santo italiano Comboni–), sino también Alemania, donde la presión de las dos grandes iglesias, la católica y la protestante, es determinante. En la línea minoritaria está Francia, partidaria de adoptar una actitud “blanda” hacia el gobierno sudanés. El Tratado de la Unión Europea establece que la política exterior de la UE debe perseguir el respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional. Desde esta perspectiva, ante las violaciones sistemáticas de los anteriores, la política exterior europea sólo tendrá credibilidad si pasa del plano de lo retórico al de la acción.
Una política hacia Darfur en la línea de la “diplomacia humanitaria” tendría unos efectos colaterales para España dignos de mención. En este momento, tal política supondría un claro alejamiento de los dos países con los que España ha trabado una relación más estrecha: Francia y Marruecos. Ambos se han alineado de forma clara junto a Jartum. Ahora bien, no es menos cierto, que esa “diplomacia humanitaria” podría servir para acercarnos a los EEUU, de los que España está peligrosísimamente alejada. Si España dejara de adoptar este tipo de “diplomacia” por temor a incomodar a nuestros actuales estrechos vecinos, nuestra política exterior estaría hipotecándose a un alto coste. Una tal opción no sería aconsejable de ningún modo en nombre de una supuesta realpolitik realmente muy contraproducente.
Conclusiones: El conflicto de Darfur constituye un reto humanitario de proporciones ingentes, pero también una prueba decisiva para el proyecto de un nuevo Sudán más equilibrado política, económica y culturalmente. Igualmente, Darfur constituye una pieza clave en el equilibrio geoestratégico de varias líneas de conflicto tanto africanas (mundo árabe y mundo negro) como universales (competición entre Occidente el mundo árabo-musulmán y China por zonas de influencia y suministros de energía).
(1)Declaraciones del ministro sudanés de relaciones con el Parlamento, Abdel Basset Sbderat, en Argel (El Watan, 8/IX/2004).
(2)El País, 12/VIII/2004.
(3)Prácticamente la única voz árabe que ha denunciado las masacres ha sido la del periodista tunecino, establecido en El Cairo, Kamel Labidi. Véanse sus artículos “Silence on the Arab Street” (Sudan Tribune, 2/VII/2004) [http://www.sudantribune.com/article.php3?id_article=3733], “Arab Voices Stay Silent as Ethnic Slaughter Carries on in Sudan” (The Scotsman, 6/VII/2004) [http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=1160&id=772342004] y “This Curious Silence in the Arab World” [http://www.thepolitician.org/sudan/articles/this_curious_silence.html].
(4) S/RES/1556 (2004).
(5)http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8180.doc.htm.
(6) S/2004/703,
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/474/12/PDF/N0447412.pdf?OpenElement.
(7) “Empty Promises? Continuing Abuses in Darfur, Sudan”, 11/VIII/2004, http://hrw.org/backgrounder/africa/sudan/2004/.
/wps/wcm/connect/138648804f018397b3f7f73170baead1/ARI-141-2004-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=138648804f018397b3f7f73170baead1

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