Source: http://www.vicariadepastoral.org.mx/social/comision_migrantes/ponencia_1.htm
Timestamp: 2017-11-18 12:13:47+00:00

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1a ponencia: ¿MIGRANTES: AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL?
¿MIGRANTES: AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL?
Lic. María Eugenia
Asesora Legal de la Comisión de Pastoral de Migrantes
"La migración se yergue cada vez más como una pesadilla errante, como una especie de guerra mundial, de desesperación por un lado y de cerrazón por el otro". Estas palabras bien definen la situación dramática que viven los migrantes en este momento, que ha venido empeorando en el último decenio. Las leyes migratorias se han convertido en un instrumento de rechazo, discriminación y de cacería en contra del pueblo migrante. En el Estado de California (E.U.A.) la proposición 187 se enfocó sobre el pueblo latino y escogió como blanco a los migrantes más vulnerables como los niños, las mujeres, los enfermos y los ancianos. La reforma migratoria de 1996 conocida como el Acta de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes (Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996) se ha destacado por su crueldad e inhumanidad. Esta ley desconoce el concepto y la práctica del perdón; no admite el concepto y la práctica de la rehabilitación del inmigrante; negándole una segunda oportunidad en la vida; destruye hogares y separa familias, al dejar a miles de niños/as sin sus padres; transforma el pasado en una pesadilla porque le recuerda al migrante sus delitos y los castiga de nuevo por ellos. A estas leyes que violan los derechos básicos de los migrantes se añaden los operativos especiales que se han implementado en la frontera entre México y E.U.A. El ejemplo más grave es el operativo "Guardián" que desde 1995 hasta la fecha, ha causado tan solo en la frontera entre California y Baja California la muerte de 485 migrantes (mujeres, niños y hombres).
En toda la frontera México-E.U.A. aumenta el número de migrantes que mueren porque se ven obligados a cruzar en lugares mortíferos y peligrosos como desiertos, montañas y ríos.
La influencia opresiva de los E.U.A. sobre sus vecinos en el campo migratorio, ha llegado al punto de pedirles que endurezcan sus políticas migratorias.
La nueva actitud asumida frente al fenómeno migratorio, ha transformado a México en una interminable frontera vertical, sembrada de retenes, acosos, robos, asaltos y violaciones, hasta juntarse en la frontera norte con los E.U.A. formando así, una gran cruz de muerte. Ya el cementerio de los migrantes se ha extendido desde las fronteras a grandes áreas del territorio, donde parte de nuestra humanidad, pide tan sólo el derecho de transitar, como lo tienen los pájaros del cielo y los ríos de la tierra.
En la franja fronteriza de México con Guatemala y el Estado de Chiapas, ya no se cuentan los muertos de este conflicto para sobrevivir; en el año 2000 solamente en la zona ubicada entre el Departamento de San Marcos (Guatemala) y el Estado de Chiapas ha dado cuenta de la muerte de más de 250 migrantes centroamericanos. El camino de la migración en esta parte del Continente Americano, se ha convertido en campo minado, guerra de baja intensidad, guerrilla de veredas y leyes.
Estos procesos han conllevado a una progresiva criminalización y consecuentemente, deshumanización del migrante. Desde los años en que el migrante iba rumbo al norte como espalda mojada (objeto incluso de corridos populares), se ha pasado paulatinamente al término de indocumentado, luego de ilegal (que se usa frecuentemente en los medios de comunicación o en la calle), para desembocar en el lenguaje que las mismas leyes han promovido de criminal, representando el último anillo de esta cadena de deshumanización.
La tendencia de las autoridades oficiales, es justificar el cierre de las fronteras y la implementación de operativos especiales en contra de la migración indocumentada con estrategias tales como el Plan Sur (que hasta la fecha a la población no se le ha informado a ciencia cierta en qué consiste), aduciendo los espectros del narcotráfico y del contrabando de armas, fenómenos ajenos a la realidad migratoria. Denunciamos esta relación gratuita como una forma subliminal de criminalización de la misma migración.
El cierre de fronteras, el endurecimiento de las leyes migratorias, ha desatado una reacción en cadena. Los coyotes o polleros han aumentado los precios amargando con ello una situación ya de por sí dramática. La necesidad de escaparse de los retenes y de la sofisticada y sistemática vigilancia fronteriza, ha empujado a muchos inmigrantes a recurrir cada vez más a los profesionales del contrabando que continuamente se tornan en buitres de carne humana. Se expone así al migrante para que sea estafado y abandonado en veredas, montañas y desiertos.
La violación sexual de la mujer, es otra cruz plantada en el camino de la esperanza. El cuerpo hasta de las niñas es usado como precio de mordida o de rescate.
La dignidad del ser humano ha sido desvalorizada y definitivamente profanada. Lo mismo acontece con la familia, condenada a la separación frustrante o a tiempos exasperantes de espera para la reunificación familiar.
En este marco hay una parte de nuestra gente, una porción profunda de nuestra cultura y tradición, que está emigrando dentro del territorio nacional de Centroamérica y México: los indígenas. Es un pueblo que está saliendo de nuestra historia, porque ya salió de nuestra conciencia civil y colectiva. Acosados por toda una serie de factores (desde la indiferencia al hambre y a conflictos armados), aceptan la explotación en las grandes fincas agrícolas, donde los hacinan ya no como bestias sino como leña. Trabajan de sol a sol, hombres, mujeres y niños; estos últimos sin educación escolar, sin asistencia médica y mucho menos, sin protección laboral, en las grandes haciendas o campos agrícolas de Baja California y Sinaloa, engañados por enganchadores que les prometen salarios tentadores, para después, trabajar por una remuneración indigna e inhumana.
La violencia en contra del migrante, desposeído de derechos territoriales y civiles, es hoy tan sólo la punta del "iceberg", que mañana puede revertirse en contra de los grupos sociales más vulnerables como son los niños, los ancianos y los enfermos.
Ante este problema tan triste y trágico, se suma el hecho de la actual política oficial migratoria en nuestro país, que es un tanto incoherente en la práctica, pues si bien hay que reconocer que en el pasado reciente, nuestro país siempre ha defendido en foros nacionales e internacionales el término de indocumentado a fin de no criminalizar dicho término, además de firmar diversos tratados internacionales sobre protección al migrante como los grupos Beta en ambas fronteras, en la práctica actual y para nuestra sorpresa, se nos dice que la migración se convirtió en un tema de seguridad nacional, aseveración del todo inexacta ya que, si la seguridad nacional la entendemos como nos la define el Diccionario Jurídico Mexicano como "todos aquellos programas, medidas e instrumentos que cierto Estado adopta para defender a sus órganos supremos de un eventual derrocamiento violento por un movimiento subversivo interno o por una agresión externa",salta a la vista su incoherencia.
Debemos hacer notar que hasta antes de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 17 de septiembre de 1999 en que se derogaron diversos artículos, los tipos penales relativos a delitos contra la seguridad del Estado, se encontraban en el Código Penal del Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, específicamente en los numerales del 123 al 145 -comprendidos en el Título Primero, del Libro Segundo y en los Capítulos del I al IX-; pero actualmente estos delitos son regulados por el Código Penal Federal ubicándose en el Libro Segundo, Título Primero, Capítulos del I al IX, con los mismos números, siendo los siguientes: Arts. 123-126, traición a la patria; Arts. 127-129, espionaje; Art. 130, sedición; Art. 131, motín; Art. 132-138, rebelión; Art. 139, terrorismo; Art. 140, sabotaje; Art. 141, conspiración y las disposiciones comunes, se encuentran en los artículos del 142 al 145[1].
No vemos claro -estrictamente hablando en términos legales-, la relación que pueda existir entre las conductas tipificadas penalmente con el hecho de la carencia de documentación de los migrantes para internarse al país, siendo considerados por esta razón como potenciales criminales, que vienen a poner en peligro la existencia misma del Estado Mexicano.
Las conductas descritas en ningún lado -repito-, refieren que por el hecho de que las personas no tengan documentos para ingresar a territorio mexicano, deban ser considerados como un peligro para la seguridad nacional; razón por la que resulta incomprensible esta asociación, máxime cuando en diversos foros nuestro país ha sostenido la no criminalización de los migrantes y es parte de tratados internacionales como la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", donde se establece que todos los trabajadores migratorios y sus familiares tienen derechos sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición, a la vida, a no ser sometidos a violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o particulares y del cual México es parte.
Por lo que concluimos que el pretender considerar a los migrantes como un asunto de seguridad nacional, es del todo inexacto e incongruente en virtud de que, en nuestro ordenamiento jurídico, no encontramos tipificado dentro del Capítulo antes citado, como delito contra la seguridad del Estado, la conducta de los migrantes extranjeros que se internan al país sin la debida documentación. Además de todo lo anterior, encontramos como muy grave que en virtud de que vivimos en un Estado de Derecho que no se nos ha fundamentado y motivado conforme lo exige nuestra Constitución en base a que, o por qué o quienes consideran que los migrantes son considerados como un asunto de seguridad nacional. No queremos volver al viejo sistema ilegal de la discrecionalidad en estos temas.
Por último, ante estos esbozos negativos, queremos concluir que no podemos pasar por alto una realidad muchas veces ignorada a propósito por aquellos que quieren solamente explotar a los migrantes pero al mismo tiempo los rechazan. El migrante es un portador de valores, es un trabajador dedicado que muchas veces hace los trabajos humildes que nadie quiere hacer en nuestros países. El filósofo Max Fisher, afirmó con respecto a la migración en Europa en los años 60: "Hemos llamado brazos y nos han llegado seres humanos".
Por último, apelamos a la gran tradición mexicana de hospitalidad, como lo demuestra el caso reciente de asilo para nuestros hermanos guatemaltecos en tiempos de guerra y acatamos el derecho de cada Estado a determinar su normatividad para regular sus flujos migratorios en cuanto esté apegada a los derechos humanos, no aceptando desde este momento que en nombre de la "seguridad nacional", se violen los derechos humanos de los migrantes.
EL CLAMOR DE LOS INDOCUMENTADOS. Mensaje Jubilar de la Red Casas del Migrante. Scalabrini. 2000.
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Décimo Quinta Edición. Tomo P-Z- UNAM. México. 2001. Pág. 2886.
[1] Delitos contra la seguridad de la nación:
Art. 123. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad dela Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;
II. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.
Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de traición de uno a nueve años y multa hasta de diez mil pesos.
Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.
III. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;
IV. Destituya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se confundan ,siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en estado de guerra;
V. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero;
VI. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior;
VII. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobiernos extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares;
VIII. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza;
IX. Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios;
X. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquél haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos;
XI. Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos;
XII. Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;
XIII. Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo;
XIV. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o voto providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional, y
XV. Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración.
Art. 124. Se aplicara la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de veinticinco mil pesos, al mexicano que:
I. Sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún Estado, que produzcan o puedan producir la guerra de México con otro, o admita tropas o unidades de guerra extranjeras en el país;
II. En caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones o por cualquier medio;
III. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima la desempeñe a favor del invasor, y
IV. Con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno, provoque una guerra extranjera con México, o exponga a los mexicanos a sufrir por esto, vejaciones o represalias.
Art. 125. Se aplicará la pena de dos a doce años de prisión y multa de mil a veinte mil pesos al que incite al pueblo a que reconozca al gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero.
Art. 126. Se aplicarán las mismas penas a los extranjeros que intervengan en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, con excepción de los previstos en las fracciones VI VII del artículo 123.
Art. 127. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos.
La misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz proporcione, sin autorización, a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones o cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades militares.
Se aplicará la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la Nación Mexicana.
Art. 128. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos, al mexicano que teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana.
Art. 129. Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta ce cinco mil pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
Art. 130. Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132.
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delitos de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.
Art. 131. Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente, y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan, o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos.
Art. 132. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:
I. Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones Constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio, y
III. Separar o impedir el desempeño de su cargo de alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2º de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados.
Art. 133. Las penas señaladas en el artículo anterior se aplicarán al que residiendo en territorio ocupado por el Gobierno Federal, y sin mediar coacción física o moral, proporcione a los rebeldes, armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de comunicación o impida que las tropas del Gobierno reciban estos auxilios. Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de seis meses a cinco años.
Al funcionario o empleado público de los Gobiernos Federal o Estatales o de los Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o locales, que teniendo por razón de su cargo documentos o informes de interés estratégico, los proporcione a los rebeldes, se le aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos.
Art. 134. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, atenten contra el Gobierno de alguno de los Estados de la Federación, contra sus instituciones constitucionales o para lograr la separación de su cargo de alguno de los altos funcionarios del Estado, cuando interviniendo los Poderes de la Unión en la forma prescrita por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los rebeldes no depongan las armas.
Art. 135. Se aplicará la pena de uno a veinte años de prisión y multa hasta de cincuenta mil pesos al que:
I. En cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión;
II. Residiendo en territorio ocupado por el Gobierno:
a). Oculte o auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiéndolo que lo son;
b). Mantenga relaciones con los rebeldes, para proporcionarles noticias concernientes a las operaciones militares u otras que les sean útiles, y
III. Voluntariamente sirva un empleo, cargo o comisión en lugar ocupado por los rebeldes, salvo que actúe coaccionado o por razones humanitarias.
Art. 136. A los funcionarios o agentes del Gobierno y a los rebeldes que después del combate causen directamente o por medio de órdenes, la muerte a prisioneros, se les aplicará la pena de prisión de quince a treinta años y multa de diez mil a veinte mil pesos.
Art. 137. Cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saqueo u otros delitos, se aplicarán las reglas del concurso.
Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que se causen fuera del mismo, serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten.
Art. 138. No se aplicará pena a los que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros, si no hubiesen cometido alguno de los delitos mencionados en el artículo anterior.
Art. 139. Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
Art. 140. Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal a sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesario, de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.
Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
Art. 141. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación.
Disposiciones comunes para los capítulos de este título
Art. 142. Al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos en este Título, se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito de que se trate, a excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 130, en el segundo párrafo del artículo 131 y en la fracción I del artículo 135, que conservan su penalidad específica.
Al que instigue, incite o invite a millares en ejercicio a la ejecución de los delitos a que se refiere este Título, se le aplicará pena de cinco o cuarenta años de prisión.
Art. 143. Cuando de la comisión de los delitos a que se refiere el presente Título resultaren otros delitos, se estará a las reglas del concurso.
Además de las penas señaladas en este Título, se impondrá a los responsables si fueren mexicanos, la suspensión de sus derechos políticos por un plazo hasta de diez años, que se computará a partir del cumplimiento de su condena. En los delitos comprendidos en los capítulos I y II del presente Título, se impondrá la suspensión de tales derechos, hasta por cuarenta años.
Art. 144. Se consideran delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.
Art. 145. Se aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos al funcionario o empleado de los Gobiernos Federal o Estatales, o de los Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o locales, que incurran en alguno de los delitos previstos por este Título.

References: artículo 123
 artículo 132
 artículo 2
 artículo 122
 artículo 130
 artículo 131
 artículo 135