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Timestamp: 2019-09-23 09:23:41+00:00

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Acuerdo y Sentencia 178/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 178/13
EXPEDIENTE: “GREGORIO RAMON MORALES MACCHI Y OTROS S/ PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS, ESTAFA Y OTROS”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de Abril del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “GREGORIO RAMON MORALES MACCHI Y OTROS S/ PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS, ESTAFA Y OTROS”, a fin de resolver los recursos extraordinarios de casación planteados contra el Acuerdo y Sentencia Nº 5 de fecha 15 de Febrero de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala de Capital.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes,
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENITEZ RIERA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA DIJO: El abogado Roberti Cardozo, por Gregorio Morales; el abogado Christian Tuma por Oscar Luján Vega y Freddy Riquelme; los abogados Oscar Tuma y Christian Tuma por Freddy Riquelme; el abogado Diego Tuma por Miguel Rodríguez y Diego Bogado por derecho propio bajo patrocinio del abogado Carlos Duarte interponen Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, que confirma la sentencia dictada en primera instancia en relación a los mismos.
Por S.D Nº 383 del 10 de Diciembre de 2010, el Tribunal de Sentencias dispuso en su parte resolutiva, entre otras cosas y sucintamente, tener por comprobada la existencia del hecho punible de asociación criminal, estafa y producción inmediata de documentos no auténticos, condenando a todos ellos a diversas penas privativas de libertad.
En primer término corresponde efectuar el ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: Los recurrentes plantean sus recursos de casación en fechas 5 de Marzo de 2012 el primero, 14 de Marzo de 2012 el segundo, tercero y cuarto; y 6 de Marzo de 2012 el último señalado. En relación a Gregorio Morales, su abogado fue notificado por cédula en fecha 20 de Febrero de 2012, obrante a fojas 1494 de autos y el mismo acusado fue notificado en fecha 21 de Febrero de 2012, por cédula obrante a fojas 1497 de autos.
Oscar Luján Vega fue notificado en fecha 27 de Febrero de 2012, por cédula obrante a fojas 1504 y su abogado defensor lo fue en fecha 20 de Febrero de 2012, por cédula obrante a fojas 1496 de autos.
Freddy Riquelme fue notificado personalmente por nota en fecha 15 de Febrero de 1012 y su abogado lo fue por cédula de notificación en fecha 27 de Febrero de 2012, obrante a fojas 1500 de autos.
Miguel Rodríguez fue notificado en fecha 22 de Febrero de 1012 por cédula obrante a fojas 1498 de autos y su abogado lo fue en fecha 27 de Febrero de 2012 por cédula obrante a fojas 27 de Febrero del mismo año.
Diego Bogado fue notificado en fecha 28 de Febrero de 2012, por cédula obrante a fojas 1506 de autos y su abogado defensor se notifica por nota en fecha 6 de Marzo de 2012, obrante a fojas 1510 de autos.
En atención a estos plazos notados, vemos que las presentaciones de Gregorio Morales y Diego Bogado fueron planteadas en tiempo, por lo que se hallan dentro del plazo establecido por el artículo 468 del Código Procesal Penal.
Los recurrentes impugnan el Acuerdo y Sentencia arriba enunciado, emanado de Tribunal de Apelación; esta resolución pone fin al juicio, por lo que el objeto de la Casación contenido en el Art. 477 del Código Procesal Penal se halla cumplido. Los recurrentes invocaron como motivo que amerita la procedencia de los recursos la causal 2° y 3º previstas en el Art. 478 del Código Ritual (fallos contradictorios y fallo manifiestamente infundado).
En cuanto al motivo del numeral 2°, el mismo no puede ser usado debido a que el recurrente no aportó las copias del fallo supuestamente contradicho, desatendiendo toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para estos casos.
En cuanto al motivo del numeral 3°, amerita su inclusión ya que para ello debe analizarse ya el fondo de la cuestión.
Con relación a la impugnabilidad subjetiva, los recurrentes son abogados defensores y condenados por derecho propio inclusive, en la causa; se hallan debidamente legitimados a recurrir en casación, por lo dispuesto en el artículo 449 del Código Procesal Penal, segundo párrafo.
Por último, en lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, al cual remite el artículo 480 del mismo cuerpo legal. A la luz de esta norma, se puede ver que los escritos de los recurrentes se hallan fundados y precisados sus motivos, con los argumentos y la solución que se pretende, cumpliendo así los requisitos legales. En consecuencia, al hallarse verificadas todas las exigencias formales, corresponde DECLARAR ADMISIBLE para su estudio los recursos deducidos. ES MI VOTO.
No ocurre igual con las presentaciones de Oscar Luján Vega, Freddy Riquelme y Miguel Rodríguez, cuyos escritos adolecen de varios defectos que impiden sus admisibilidades.
Del análisis formal de los escritos presentados, se coteja que Oscar Luján Vega interpone como causal específica el numeral 2° del artículo 478, que no puede ser admitido porque no agrega copias pertinentes del fallo supuestamente contradicho, sin poderse cotejar si tan siquiera la plataforma fáctica del fallo mencionado es similar al presente caso. Además, vierte todas sus expresiones en forma amplia y general en contra del fallo de alzada, siendo éstas insuficientes para demostrar si el fallo es “manifiestamente infundado”, cuando ya es claro que el recurrente debe indicar específicamente cuáles son los puntos que le agravian de la resolución, ya que de todas sus expresiones, solo se colige que no le gusta el resultado final, sin poderse entender el por qué de ello. Por otro lado, su principal queja contra el fallo de alzada se devane ab initio debido a que se refiere a la supuesta contradicción con otro fallo, el cual ya no puede ser tenido en cuenta por el motivo argumentado.
El recurso de Freddy Riquelme cae en errores similares, ya que todas sus expresiones se dirigen en contra del proceso en general y del fallo de primera instancia en particular; no indica ningún agravio en contra del objeto de este recurso, ni real ni aparente; al final de su interposición, solo cita el fallo del alzada para indicar que errores anteriores fueron cohonestados por el mismo, estando esto lejos de servir para fundar un recurso de casación y lograr su admisibilidad, ya que el artículo 477 del CPP no fue cumplido en absoluto.
El recurrente Miguel Rodríguez también cae en estas falencias, sus expresiones también se dirigen todas contra el fallo de primera instancia y no contra el fallo de alzada, siendo sus quejas contra esta misma muy generales. Así también, el recurrente tiene otro error que lo imposibilita en admisión, ya que el mismo no fundó su recurso en alguna causal del artículo 478 del CPP; solo al final de su escrito, menciona este articulado en general, peor ello es totalmente insuficiente para fundar, explicar y demostrar que la razón lo asiste en cuanto al numeral elegido. La Corte Suprema de Justicia, en estos casos similares, puede y hace, para no caer en exceso de rigor ritual, amparar al recurrente en la causal 3° del artículo citado, pero esto solo cuando del propio escrito del quejoso se puede colegir que sería ésta la causal solicitada, lo cual, en el caso ahora estudiado, no puede ser logrado, ya que como se repite, las quejas del recurrente van todas en contra el fallo primigenio.
El artículo 477 del CPP es claro al determinar contra qué tipo de resoluciones se puede interponer la casación; en este caso, los recurrentes solo han citado el fallo de segunda instancia y luego todos sus cuestionamientos fueron dirigidos contra los argumentos de primera instancia, cosa que no cabe en esta etapa procesal.
Los recurrentes debieron haber analizado si el razonamiento vertido por la Cámara de Apelación era correcto al confirmar la sentencia definitiva, para luego cuestionar los mismos, cosa que no fue realizada.
De esta manera, los recurrentes no han cumplido con los requisitos dispuestos en el artículo 468 del CPP, por lo que la posibilidad de admitir para su estudio dicho juicio no se encuentra habilitada.
En consecuencia, al no hallarse verificadas todas las exigencias formales, corresponde DECLARAR INADMISIBLE para su estudio los recursos deducidos por Oscar Luján Vega, Freddy Riquelme y Miguel Rodríguez. ES MI VOTO.
A la segunda cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE CORREA prosigue diciendo: Se debe analizar previamente la naturaleza del recurso de casación. Este recurso es extraordinario, y por medio del mismo la Corte Suprema de Justicia debe corregir la aplicación del Derecho en un proceso judicial, comprobando la correcta aplicación de la norma penal al hecho declarado probado; la Corte Suprema de Justicia puede hacer esto sin salir de los marcos previstos por el artículo 478 del Código Procesal Penal. Así, los motivos aceptados como motivos de casación en el presente juicio son la sentencia manifiestamente infundada y la violación constitucional, invocados por los casacionistas, debiéndose analizar si la misma cae dentro de dicho error.
Al respecto, es conveniente en este momento tratar de delimitar convenientemente la expresión “manifiestamente infundada” y en ese sentido decimos: “…se halla inmotivado el auto cuando carece de los elementos de hecho y de derecho en que se basa la solución acordada. (Lino Enrique Palacio Los recursos en el Proceso Penal, Abeledo Perrot, Bs. As. Pág. 112). Creemos que una sentencia definitiva o auto interlocutorio no está fundada cuando acaece sobre ella los vicios de fundamentación aparente, fundamentación incompleta, fundamentación arbitraria o de error en la congruencia que debe existir entre lo que se tiene por probado y el derecho aplicable al caso.
La doctrina señala: “La motivación de la sentencia es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión”. (Oscar R. Pandolfi. Recurso de Casación Penal Ed. La Rocca BsAs.2001 Pág 419). Haciendo una conjunción de las normas invocadas y todo el conocimiento doctrinario, se ve que el proceso de fundamentación debe abarcar la eliminación de todos los vicios que puedan afectar al razonamiento humano y a su clara explicación; eliminando problemas tales como argumentar decisiones que no se basen en pruebas, que dejen de analizar pruebas o que una vez analizadas éstas, se llegue a decisión contraria atentando a la congruencia entre la realidad y lo que de ella se dice, citando éstos como ejemplos demostrativos.
Contra el fallo se elevan los recurrentes en sendos recursos, expresando sus cuestiones de entre las que se pueden entresacar, para cada uno las siguientes:
Gregorio Morales, quien como agravios expresa que el fallo de alzada es infundado porque da respuestas generales a sus cuestionamientos específicos elevados en Cámara y que además no responde a todos los agravios elevados en dicha oportunidad.
Diego Bogado, quien como agravios expresa que el fallo es infundado porque da respuestas incongruentes o contrarias a lo expresado en primera instancia.
Comenzando a responder los agravios de los recurrentes, vemos en primer lugar que las quejas elevadas ingresan en demasía al ámbito de los hechos fácticos y de la valoración de las pruebas, ámbito legalmente prohibido de ingresar a los órganos de alzada.
Expresan los mismos que algunos hechos fácticos particulares y específicos fueron no tenidos en cuenta por la Cámara de Apelación o inclusive fueron desmentidos por la misma, y en especial el defensor de Gregorio Morales, se queja de frases específicas de los camaristas, que son generales y de las cuales no se puede entender el motivo de dicha frase o respuesta.
Sin embargo, de la atenta lectura del fallo de alzada, y ubicando dichas frases, se ve que las mismas guardan clara relación con los ítems apelados, y que solo quitadas de contexto, parecerían ser frases generales. En el escrito de apelación especial de Gregorio Morales, a fojas 1377 de autos, el abogado defensor de turno, ha elevado en especial como agravios una incongruencia entre los actos del proceso y una mala Sana Crítica, aludiendo sobre ella que no se analizó evidencias, y que algunas de ellas han sido mal estudiadas o valoradas, agregando que existen aspectos que directamente no fueron probados.
Todos estos cuestionamientos fueron observados por el tribunal de alzada, y han dado respuestas a los mismos. No se puede decir que este fallo adolezca del vicio de ser “manifiestamente infundado”, ya que ha respondido a todos los ítems, siendo las respuestas acertadas y además acordes a Derecho. El trabajo del tribunal de Apelación es correcto porque controla todos los aspectos elevados y otorga así la confirmación de la sentencia, todo acorde al control que como alzada debe realizar, puesto que ni ellos ni esta Corte Suprema pueden modificar, de manera alguna, lo que el tribunal de sentencias fijó como hechos fácticos, aspecto al que ambos recurrentes han ingresado repetidas veces en sus escritos de casación.
Esta instancia mal podría re analizar los hechos o pruebas rendidos y fijados por el Tribunal de Méritos de este caso, en virtud de la imposibilidad que se desprende para ello del Principio de Inmediación, a través de cuyo mandato solo puede efectuar esta materia el tribunal de Sentencias, a más que los mismos son reiterativos de segunda instancia.
No se puede argüir la mala fundamentación, más cuando se ve que los aspectos más importantes de las apelaciones, como ser la incongruencia de los actos, fueron cabalmente atendidas; se debe recordar también que la Corte Suprema de Justicia, para casos similares, indica que hay agravios nimios o detalles de precisión mal realizados, que sin embargo sus presencias no pueden alterar en nada el resultado ni la validez del trabajo de los inferiores.
Es por esto que no debe hacerse lugar a las casaciones aquí interpuestas, en contra del Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Capital.
Las COSTAS se impondrán a la perdidosa, tal como lo dice el artículo 261 del Código Procesal Penal. ES MI VOTO.
A su turno los Doctores BLANCO y BENITEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
1. DECLARAR LA INADMISIBILIDAD de los Recursos Extraordinarios de Casación planteados por las defensas de Oscar Luján Vega, Freddy Riquelme y Miguel Rodríguez.
2. DECLARAR LA ADMISIBILIDAD de los Recursos Extraordinarios de Casación planteados por las defensas de Gregorio Morales y Diego Bogado.
3. NO HACER LUGAR a los Recursos Extraordinarios de Casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia Nº 5 de fecha 15 de Febrero de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala de Capital.
4. IMPONER las costas a la perdidosa.
Firmando los Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

References: artículo 468
 resolución 
 artículo 449
 artículo 468
 artículo 480
 artículo 478
 artículo 477
 artículo 478
 artículo 477
 artículo 468
 artículo 478
 artículo 261