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Timestamp: 2019-10-20 17:00:57+00:00

Document:
STS, 2 de Marzo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 27816944
Número de Recurso: 7366/2005
RECURSO DE CASACIÓN. PERSONAL POLICIAL. ABONO POR PRODUCTIVIDAD. La confirmación de los autos recurridos se produce pues, tras rechazar los motivos invocados en el recurso de casación y en función de los argumentos expuestos respecto del ámbito específico del cuerpo nacional de policía, pero sin que ello permita extraer otro tipo de consecuencias toda vez que en el ámbito de la función pública no existen otras retribuciones complementarias que las contempladas, que sujeta el derecho a su percepción al cumplimiento estricto de los requisitos que configuran cada una de ellas así como a la dotación presupuestaria de cada programa de gasto que opera como límite máximo previamente establecido en la Ley. Dictada resolución administrativa, se interpuso recurso contencioso administrativo, siendo estimado. Planteado recurso de casación fue desestimado.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación número 7366/ 2005 interpuesto, por el Abogado del Estado, contra los Autos de 20 de junio de 2004 y 4 de octubre de 2005 sobre reconocimiento de extensión de efectos de la sentencia dictada, con fecha 17 de mayo de
2.002, por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no habiéndose personado la parte recurrida.
Por escrito fechado de entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de junio de 2003, don Luis Pedro solicitó la extensión de los efectos de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2002 dictada en el recurso número 123/ 99 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Consta en el expediente administrativo la solicitud de extensión de efectos formulada por el anteriormente referido a la Administración en fecha 24 de enero de 2003, así como la Resolución denegatoria dictada por aquélla en fecha 5 de marzo de 2003.
"Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo número 123/ 99, interpuesto por DON Donato, contra la resolución de fecha 11 de diciembre de 1998 dictada por el Director General de la Policía, por la que se desestimaba la solicitud formulada por el hoy actor en orden al abono del complemento de productividad en la cuantía de 40.000 pesetas desde el mes de enero de 1.998 correspondiente al puesto de trabajo de origen, durante el periodo del curso de formación para el acceso a la Escala Ejecutiva, Segunda Categoría, del Cuerpo Nacional de Policía, que se anula por no ajustarse al Ordenamiento Jurídico.
Y debemos declarar y declaramos el derecho que ostenta D. Donato a que la Administración le abone el complemento de productividad en la cuantía de 40.000 pesetas mensuales, a partir del 1 de enero de
El Abogado del Estado interpone recurso de casación contra los Autos de 20 de junio de 2004 y 4 de octubre de 2005 de extensión de efectos de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 17 de mayo de 2002 .
El Abogado del Estado promueve el recurso de casación invocando la infracción del artículo 110.1.a), 110.3 y 110.5.c) de la LJCA, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJCA .
En el Auto de 20 de junio de 2004 se indica:
" En el supuesto que nos ocupa, se pretende la extensión de los efectos de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2002, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 123/ 99, cuya parte dispositiva estimaba el recurso. Pues bien, a la vista de las alegaciones formuladas y de los documentos que conforman el expediente, podemos concluir que concurren las mismas circunstancias jurídicas en que se basó la sentencia antes mencionada. En efecto, el peticionario es igualmente funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, y reclama el mismo complemento de productividad que vinieron percibiendo sus compañeros en el destino de origen mientras estuvo realizando el curso de ascenso a una categoría superior, por lo que resulta obvia la igualdad de situaciones jurídicas entre el favorecido por el Fallo y el solicitante de la extensión.
Ha de señalarse que lo que el citado artículo 110 exige es la igualdad de las situaciones "jurídicas", no la identidad de las situaciones fácticas a comparar, y en este sentido ha de señalarse que el hecho de que los cursos comprendiesen periodos distintos, el diferente destino de los funcionarios antes de iniciar el curso o que el ascenso fuese a categorías también distintas, en nada influye para que jurídicamente las situaciones sean equivalentes. Y las Instrucciones referidas en la Sentencia cuya extensión se solicita, de 23 de enero de 1.998 para la Elaboración de Propuestas de Asignación Individual de Productividad al Cuerpo Nacional de Policía, de 22 de marzo de 1.998 sobre los criterios de distribución del complemento de productividad y la compensación por turnos rotatorios en el C.N.P. y de 14 de enero de 1.999 para la cumplimentación de los listados de productividad del C.N.P. resultan aplicables tanto al favorecido con el Fallo como al solicitante de la extensión, por lo que, en definitiva, y dado que se cumplen los demás requisitos exigidos en el artículo 110 de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, procede acceder a la extensión de efectos pretendida."
" El Auto objeto de recurso, a juicio de la Abogacía del Estado, infringe lo dispuesto en el artículo 110.1.a) de la Ley 29/ 98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por no haber acreditado encontrarse el interesado en la misma situación jurídica que el favorecido por el fallo al no cumplir el requisito de haber reclamado el complemento de productividad en vía administrativa, alegación que consideramos no puede merecer favorable acogida porque en el artículo 110.1 de la Ley 29/ 98, de 13 de julio
, no existe referencia alguna a que deba preexistir una solicitud a la Administración, o un previo recurso contra un acto anterior para que pueda hacerse uso del mecanismo de la extensión de efectos que en el mismo se regula, y porque así se deduce a sensu contrario, de las causas tasadas de desestimación del incidente previstas en la redacción dada al artículo 110 por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/ 2003 de 23 de diciembre .
Así la desestimación del incidente por haber consentido el interesado una resolución administrativa firme (...) solo podrá darse cuando, como especifica el apartado c) del propio artículo 110.5, la Administración hubiera dictado una resolución que -en este caso- hubiera denegado o prohibido el abono del complemento de productividad que se reclama, bien motu propio, bien como respuesta a una petición previa. Pero, dado que tal resolución no existe y que el interesado no formuló petición alguna anterior a la formulada ahora por la vía de la extensión de efectos, no hay acto consentido y firme, no pudiendo en consecuencia ser desestimada por esta causa la solicitud de extensión de efectos. (...).
Debe recordarse, por otra parte, que el impago por parte de la Administración de una cantidad a la que un funcionario tenga derecho, lo que crea en el mismo es un derecho de crédito que se extingue, no porque no recurra una o varias nóminas concretas, en este caso, las correspondientes al periodo de tiempo durante el que estuvo realizando el curso de ascenso, sino única y exclusivamente porque el funcionario afectado no reclame el cumplimiento del mismo antes del transcurso del plazo de cinco años a que alude la Ley General Presupuestaria como plazo prescriptivo."
Tal planteamiento no puede acogerse. En primer lugar porque la nueva redacción del artículo 110.5.c) de la LJCA, operada por la Ley Orgánica 19/ 2003, que invoca expresamente el Abogado del Estado, no resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa, por no encontrarse en vigor en el momento en que el Sr. Luis Pedro formuló la entonces preceptiva solicitud de extensión de efectos a la Administración, ni tampoco cuando formuló la posterior petición al órgano jurisdiccional competente.
En la medida en que la productividad se incluye, en caso de tener derecho a percibirla, en cada nómina, como un componente retributivo más, cada funcionario interesado tiene la posibilidad de impugnar la nómina como acto singular quedando abierta la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo frente a cada nómina. El hecho de que el Sr. Luis Pedro acudiera al mecanismo de la extensión de efectos a fin de obtener el reconocimiento de la misma situación jurídica que la reconocida en la sentencia relativa al Sr. Donato no significa que no pudiera impugnar con posterioridad cualquiera de sus nóminas y conseguir el mismo pronunciamiento judicial, habiéndose limitado a solicitar en plazo la extensión de efectos de dicha sentencia al entender que se encontraba en la misma situación jurídica que el favorecido por el fallo, de manera que ha de rechazarse la excepción de acto firme y consentido que invoca el Abogado del Estado.
En los otros dos motivos, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/98, denuncia el Abogado del Estado la infracción de los apartados 1 a) y 3 del artículo 110 de la LJCA, y señala que el incidente de extensión de efectos ha de ser objeto de interpretación restrictiva, limitado a los actos administrativos dictados en masa, excluyendo los casos que para acreditar la similitud de situaciones precisan de una actividad probatoria que debería llevarse a cabo en un procedimiento ordinario y en ningún caso en un incidente de ejecución de sentencia como es el previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción . Entiende el Abogado del Estado, que el solicitante no ha acreditado la identidad a través de los oportunos documentos y que no hay la imprescindible identidad de situaciones jurídicas entre la del funcionario al que se refiere la Sentencia de 17 de mayo de 2002 de la Sala de Madrid y la del Sr. Luis Pedro .
El artículo 110 de la Ley 29/1998 establece respecto de las cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada cuando concurra como primera circunstancia que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos en el fallo, teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1998 establece que la ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de dicha Ley se llevarán a cabo según lo dispuesto en ella. Así, la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma de entender la ejecución de la sentencia, ya que no se trata de una extensión automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica.
La sentencia cuyos efectos se pretenden extender advierte que las Instrucciones que regulan el reconocimiento de la productividad en la Dirección General de la Policía han venido a desvirtuar la esencia del complemento de productividad vinculándolo al desempeño objetivo de un puesto de trabajo con independencia de la manera en que este es desempeñado por el funcionario, quedando excluidos de la percepción de dicho complemento, únicamente los funcionarios de nuevo ingreso del Centro de Formación de Ávila o que se encuentren en situación de segunda actividad sin destino. Por esa razón, resultan irrelevantes las características del curso realizado (formación o perfeccionamiento) o el periodo durante el que hayan sido realizados pues no alteran la razón de ser del derecho a su percepción. Tampoco puede prosperar la afirmación relativa a que los autos recurridos han invertido la carga probatoria, porque la efectiva realización del curso de ascenso y la falta de abono durante el mismo del complemento de productividad que el solicitante venía percibiendo en su destino con anterioridad al inicio del curso no fue cuestionada, sino admitida implícitamente por la Administración en la Resolución denegatoria de la solicitud.
Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación 7366/ 2005, interpuesto por el Abogado del Estado, contra los Autos de 20 de junio de 2004 y 4 de octubre de 2005, dictados en la pieza de extensión de efectos tramitada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con imposición de costas a la parte recurrente.
STSJ Islas Baleares 659/2007, 21 de Diciembre de 2007
SAP Pontevedra 103/2008, 5 de Marzo de 2008
STSJ Cataluña 1528/2014, 27 de Febrero de 2014

References: resolución 
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 artículo 110
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