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Timestamp: 2018-01-21 20:13:46+00:00

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El doble estándar jurídico del Congreso — La Ley - El Ángulo Legal de la Noticia
Martes, 7 de enero de 2014 | Leída 1240 veces
El doble estándar jurídico del Congreso
La función de control político del Congreso se convirtió en un instrumento de persecución política cuando la Constitución de 1993 en el artículo 100 estableció el efecto vinculante de la resolución acusatoria de contenido penal por la que se levanta la inmunidad y se dispone el procesamiento penal de alguno de los altos funcionarios públicos señalados en el artículo 99.
Desde la primera defensa constitucional que realicé en el caso del ex congresista Alberto Kouri sostuve la inconstitucionalidad del artículo 100, específicamente del efecto vinculante, pues colisiona con el principio constitucional de autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y el principio constitucional de independencia del Poder Judicial; la tesis de inconstitucionalidad se encuentra publicada en un artículo de Gaceta Jurídica (Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 57, año 2003) y posteriormente fue recogida por el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0006-2003-AI/TC) en una “tímida” sentencia exhortativa en la que a pesar de reconocerse la inconstitucionalidad, se mantiene hasta el día de hoy vigente sin que el Congreso efectúe la corrección, porque aún sufre el trauma que significó el auto de no procesamiento penal a favor del presidente Alan García dictado al amparo de la Constitución de 1979, que no establecía el efecto vinculante.
Dentro de las razones del cuestionamiento, una fundamental fue que el antejuicio dejó de ser un juicio político cuya única finalidad era verificar la ausencia de motivación política tras una denuncia penal, para convertirse en un proceso político y jurídico, pues el efecto vinculante impide que el Ministerio Público verifique las condiciones de la acción penal y el Poder Judicial los requisitos de procedencia de la denuncia, por ejemplo, hecho aparentemente delictivo y causa...
La política y las investigaciones en el Congreso
Fecha: Martes, 14 de enero de 2014 a las 11:46
“ Jose Aliaga me causa extrañeza leer un comentario como el tuyo al expresar sin sustento alguno que toda norma contenida en la constitucion nunca sera inconstitucional, en primer lugar debemos de tener en cuenta como lo expreso Otto Bachof "expresaba que no toda norma contenida en la Constitucion sera constitucional" la constitucionalidad de una norma sera de acuerdo a que si afecta o no derechos fundamentales, y si dicha norma afecta o vulnera derechos fundamentales sera inconstitucional por mas que se encuentre dentro de la propia Constitución, en el mismo sentido expreso Javier Valle Riestra connotado constituciionalista al interponer una Accion de Amparo cuando renuncio al congreso. Ahora bien del mismo modo hoy en dia existen mecanismos por el cual se puede dejar sin efectos normas ordinarias como constitucionales como es la Ponderacion de Derechos. „
Cesar Nakazaki Servigon.
Fecha: Viernes, 10 de enero de 2014 a las 14:42
“ Estudia la teoría de la antinomia normativa en autores como Niño o Garcia Maynes y luego pasa a revisar en Derecho Constitucional a Fernández Segado y ojo la sentencia del TC que reconoce la inconstitucionalidad del efecto vinculante del articulo 100, por cierto además del articulo que menciono. Recuerda que una cosa es expresar una opinión jurídica y otra un parecer. „
Fecha: Jueves, 9 de enero de 2014 a las 12:06
“ DISCULPE QUE OPINE UN POCO TARDE . EL SEÑOR NAGASKI DEMUESTRA SU TOTAL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AFIRMAR QUE EL ARTICULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN ES INCOSTITUCINAL ES LO MAS ABSURDO QUE ES ESCUCHADO Y LEIDO ; ABSURDO POR QUE TODOS LOS ARTÍCULOS QUE ESTÁN EN LA CONSTITUCIÓN SON CONSTITUCIONALES. DICHO DE OTRO MODO COMO PARA QUE ENTIENDA, NO EXISTE NINGÚN ARTICULO DE LA CONSTITUCIÓN QUE SEA INCONSTITUCIONAL Y PENSAR QUE ESE FUE EL ABOGADO QUE TUVO UN PRESIDENTE SUERTE PARA SUS CLIENTES „
Wilmer Culquicondor Merino
Fecha: Miércoles, 8 de enero de 2014 a las 20:26
“ Totalmente de acuerdo con el autor del artículo, las deficiencias del Congreso en esta materia y que se derivan del artículo 100 de la Constitucion Política, evidencia que estamos ante un problema que afecta el standard democrático y el respeto por otras instituciones reconocidas igualmente en la Constitucion como el Ministerio Público y el Poder Judicial, aceptar que congresistas teoricamente con educación primaria o simplemente congresistas profesionales que no son abogados, al reconocerles la facultad de pronunicarse sobre temas jurídicos penales, genera paradojiamente, para el funcionario investigado una inseguridad jurídica por los riesgos que significan la carencia de conocimientos jurídicos, los excesos en que pueden incurrir y eventualmente los apasionamientos políticos muy caracteristicos en nuestros congresistas. El parrafo quinto del artículo 100 de la Constitucion política señala que "Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de la instruccion no pueden exceder ni reducir los términos de la acusacion del Congreso". Esta prescripcion constitucional, transforma al Ministerio Público en una simple mesa de partes, creo que dentro de esta perspectiva exenta de razonabilidad tambien debio establecerse en la Constitucion que la acusacion del Congreso se homologa a una Acusacion Fiscal Directa y que dicha acusacion sea derivada directamente al Poder Judicial, para evitarle un escenario que niega el rol que le corresponde al Ministerio Público, como lo es entre otros la adecuada tipificacion de los hechos a efectos de establecer si los hechos cuestionados por el Congreso y atribuibles a los funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitucion, efectivamente configuran ilícitos penales. MI conclusion es que en este tema el Congreso resulta ser una suerte de "Supra Ministerio Público", que desconoce el rol que le corresponde al Ministerio Público, según el artículo 159, numeral 5, de la Constitucion que establece como atribuciones, "Ejercitar la accion penal de oficio o a peticion de parte", y cuando se refiere a peticion de parte -según nuestro entender- se refiere a cualquier ciudadano, persona jurídica privada o pública, incluyendo el propio Congreso. „

References: artículo 100
 resolución 
 artículo 99
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 99
 artículo 159