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Timestamp: 2019-03-22 08:03:34+00:00

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Colombia179 - Comisión interamericana de derechos humanos
a. Asesinatos, agresiones, amenazas y detenciones ilegales de periodistas
La CIDH manifiesta su preocupación por tres asesinatos de comunicadores ocurridos desde diciembre de 2009. De acuerdo con la información recibida, el 15 de diciembre de 2009 una persona disparó contra Harold Humberto Rivas Quevedo en Buga, Valle del Cauca. En el momento de ser asesinado, el periodista salía de trabajar en el canal de televisión local Bugavisión, donde era presentador del programa político Comuna Libre. Según lo informado, el periodista entrevistaba a líderes de la comunidad y a políticos, y se habría caracterizado por sus comentarios agudos y por procurar el compromiso de las autoridades locales con la ciudadanía180.
De acuerdo con la información recibida, el 19 de marzo de 2010, el periodista Clodomiro Castilla Ospino, de la revista El Pulso del Tiempo y la emisora La Voz de Montería, fue asesinado en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, por un sicario que le disparó varias veces en la puerta de su casa. Según la información recibida, Castilla Ospino se había destacado por sus investigaciones y denuncias sobre el fenómeno paramilitar y la corrupción política en el departamento de Córdoba. La información agrega que el Estado había autorizado un esquema de protección, suspendido por solicitud del mismo periodista en febrero de 2009, dada la desconfianza en la entidad encargada de brindar la protección, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Ante el aumento del riesgo, este esquema fue requerido nuevamente por el comunicador y organizaciones no gubernamentales en noviembre de 2009. Sin embargo, al momento de los hechos el periodista no contaba con protección del Estado181. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconoce el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano. En sus observaciones, el Estado informó que Castilla Ospino ingresó al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia el 23 de enero de 2007, pero en julio de 2009 el CRER recomendó suspender algunas de las medidas de protección otorgadas, incluyendo las unidades de escolta del DAS y de Policía, “toda vez que en repetidas ocasiones se le había hecho llamado de atención al periodista por las quejas que este Ministerio recibía sobre los malos tratos que el señor Castilla brindaba a sus escoltas”182. Asimismo, el Estado informó que los dos últimos estudios de nivel de riesgo que le fueron practicados al periodista, en agosto y septiembre de 2008, dieron como resultado riesgo “ordinario”. Por estas razones, indicó el Estado, “el señor Clodomiro Castilla no contaba con un esquema móvil de protección al momento del atentado que dio como resultado su muerte”183.
La CIDH fue informada de que el 14 de octubre fue asesinado el líder indígena y comunicador, Rodolfo Maya Aricape, en el resguardo López Adentro, departamento del Cauca, en Colombia. De acuerdo con la información recibida, Aricape se encontraba en su casa cuando dos hombres armados le dispararon. El dirigente era secretario del Cabildo Indígena de López Adentro y corresponsal de la radio comunitaria Pa´yumat, del proyecto Tejido de Comunicación. En el desempeño de esas actividades, Rodolfo Maya se habría caracterizado por manifestarse de manera firme en contra de todos los grupos armados, que operan en territorios indígenas. Semanas antes de la muerte habría aparecido un letrero en la comunidad con amenazas contra el comunicador184.
La CIDH expresa su preocupación por las situaciones descritas y exhorta al Estado colombiano a mantener los programas de protección y avanzar en la lucha contra la situación de impunidad que aún rodea estos crímenes. Para ello, debe apoyar la labor de jueces y fiscales, e impulsar mecanismos efectivos y reforzados de prevención y protección de la libertad de pensamiento y de expresión.
La CIDH también fue informada de agresiones físicas, amenazas de muerte e incidentes de obstrucción a la labor periodística durante el primer semestre de 2010 que obstaculizan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión. En cuanto a alegadas agresiones cometidas por agentes estatales, la CIDH recibió información en el sentido de que el 23 de abril, en Arauca, el periodista Wilfer Moreno Villamizar habría sido golpeado por un policía185. La CIDH también fue informada de que los periodistas Leonardo Sierra, de Radio Caracol, y Juan Pablo Murcia, de FM Radio habrían sido agredidos el 26 de abril por agentes de la Policía de Bogotá cuando cubrían una manifestación de estudiantes colegiales186. El 21 de julio el periodista Juan David Betancur, corresponsal de Teleantioquia Noticias, habría sido golpeado con un objeto contundente por parte de un funcionario de la alcaldía municipal en el parque de Dabeiba, Antioquia187. Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento de las agresiones que habrían sufrido el corresponsal de Noticias Uno, Luis Enrique Cárdenas, y el reportero independiente Dagoberto Ferés Molina, el 22 de agosto en Aguachica, departamento del Cesar, por parte de agentes de la Policía Nacional cuando cubrían una protesta de conductores de mototaxis188.
Además, durante las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo, el 1° de mayo, la Fuerza Pública en Bogotá y Cali habría agredido al menos siete comunicadores que cubrían manifestaciones y disturbios. El periodista español Oriol Segón Torra habría sido golpeado por policías mientras fotografiaba enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes en la Plaza Bolívar de Bogotá. En Cali habrían sido agredidos por la Policía otros seis periodistas de medios nacionales y agencias internacionales. Según la información, la Policía de Cali anunció una investigación de los hechos y habría explicado que hubo un mal entendido debido a que los comunicadores quedaron atrapados en los enfrentamientos. Además, la CIDH fue informada de que la Dirección de la Policía Nacional ofreció disculpas a los comunicadores y emitió una directiva para pedir más rigor en las investigaciones por abusos contra periodistas189.
En cuanto a amenazas, atentados y agresiones cometidas por otros actores, la CIDH recibió información acerca del atentado que habría sufrido el 30 de agosto en Mariquita, Tolima, el director del periódico El Norte y del canal local de televisión MTV, Marco Tulio Valencia Hoyos. De acuerdo con la información recibida, una persona a bordo de una motocicleta le disparó en cinco ocasiones cuando entraba a su casa. Al perpetrador del ataque se le habría apagado la motocicleta cuando se acercaba a su víctima y eso le dio tiempo al periodista para ingresar a la vivienda. La CIDH conoció que desde junio Marco Tulio Valencia había recibido amenazas de muerte e intimidaciones, tras hacer publicaciones acerca de la venta de drogas en la comunidad. La CIDH fue informada de que las autoridades asignaron al periodista un esquema de protección190.
Asimismo, la CIDH fue informada de que el 18 y 20 de mayo desconocidos atentaron contra el periodista Leiderman Ortiz Berrío, director del sitio Web La verdad del pueblo y corresponsal de varios medios regionales en Caucasia, departamento de Antioquia191. La CIDH otorgó el 20 de agosto medidas cautelares a favor de Leiderman Ortiz192. De acuerdo con lo informado, habrían existido dificultades en la implementación del esquema de protección193. Asimismo, en la madrugada del 12 de agosto un vehículo cargado con explosivos estalló en Bogotá frente al edificio donde se encuentran las oficinas de Radio Caracol y de la agencia española de noticias EFE194. Por otra parte, la CIDH fue informada de que el 28 de agosto las autoridades policiales habrían encontrado y desactivado una bomba cerca de la emisora comunitaria Linda Stereo en El Doncello, departamento del Caquetá195.
El 9 de mayo un grupo de hombres desconocidos habrían golpeado al periodista Jorge Tolosa, de Telepetróleo, frente a su casa en Barrancabermeja196. El 7 de septiembre dos individuos habrían incendiado la motocicleta del periodista Alberto Caballero Parejo, propietario y reportero de la radio comunitaria Innovación Estéreo, de Ciénaga, Magdalena197. La CIDH también recibió información acerca de la agresión que habrían sufrido dos enviados especiales de Caracol Noticias al municipio de Ipiales, Nariño, por parte de un grupo de personas que custodiaban un cargamento de contrabando198. Por otro lado, el 29 de agosto varios desconocidos habrían irrumpido en el edificio de la emisora comunitaria Puerto Wilches Estéreo, en el municipio de Puerto Wilches, en Santander y habrían destruido y robado equipos vitales para el funcionamiento de la radio. Esta habría sido la cuarta ocasión en menos de tres años en la que Puerto Wilches Estéreo sufre un ataque para impedirle transmitir199.
Por otro lado, la CIDH tuvo conocimiento de nuevos casos de amenazas contra comunicadores. La Relatoría Especial recibió información, según la cual el 21 de febrero de 2010, en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, habría circulado un panfleto firmado por una supuesta organización denominada “Los Doce del Patíbulo” en que se proferían amenazas de muerte a cinco periodistas locales, que habrían criticado la gestión del alcalde local200. El 23 de marzo, de acuerdo con la información recibida, el periodista Alex Pájaro Mosquera del diario El Propio de Montería, Córdoba, habría sido informado por la Policía de que una llamada interceptada a un delincuente en una prisión había revelado un plan para asesinarlo, en reacción a una información acerca de esa persona que el reportero habría publicado201. Asimismo, durante marzo y abril el periodista Edgar Astudillo Vásquez, director de radio Panzenú de Montería, habría recibido varias amenazas de muerte, coincidentes con publicaciones suyas acerca del surgimiento de bandas armadas en la región. Astudillo debió huir de la zona202. El 7 de abril, el camarógrafo Alexis Tordecilla, del Canal Montería habría sido amenazado por desconocidos a bordo de una motocicleta, quienes con una pistola lo obligaron a detenerse y a mostrarles las imágenes que había grabado en su cámara203. Asimismo, la CIDH recibió información de una amenaza que habría recibido la periodista Deyanira Castro, jefa de redacción del diario Q´Hubo en Cali, después de que la reportera publicara informaciones acerca de bandas de sicarios que funcionan en la comunidad donde ella vive204.
La CIDH también fue informada de que el 30 de mayo un grupo de periodistas de Canal Caracol, Noticiero 90 Minutos y varios periodistas extranjeros habrían sido detenidos cerca de una hora en un retén ilegal por hombres que se identificaron como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una zona rural del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca205. Por otro lado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el 23 de octubre que información obtenida de computadoras incautadas en el campamento del líder guerrillero conocido como “Mono Jojoy” habría revelado un plan de las FARC para asesinar a la periodista Olga Cecilia Vega. La periodista ha solicitado públicamente a las FARC revocar la orden y ha explicado que su cobertura de ese grupo guerrillero ha sido exclusivamente en cumplimiento de sus funciones periodísticas206.
Finalmente, la CIDH manifiesta su preocupación por las nuevas amenazas hechas por las FARC contra la periodista Jineth Bedoya el 9 de noviembre de 2010, después de la publicación de su libro “Vida y Muerte del Mono Jojoy”207. Jineth Bedoya es beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH desde junio del 2000. La CIDH observa con preocupación los escasos avances judiciales en el caso de las agresiones contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridas el 25 de mayo del 2000, donde fue secuestrada, golpeada y violada por sus captores mientras elaboraba una investigación sobre grupos paramilitares. Diez años después de sucedidos los hechos, el proceso sigue en etapa de investigación en la Fiscalía 6 de la Unidad de Derechos Humanos, sin que se haya vinculado algún sospechoso.
En sus observaciones, el Estado manifestó que desde el año 2002, la violencia y las agresiones contra comunicadores en Colombia han disminuido “ostensiblemente”. Informó también que la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación tiene asignado 49 casos relacionados con personas dedicadas a la labor periodística, en los que han sido proferidas 16 sentencias condenatorias afectando a 24 personas208.
b. Procesos judiciales contra periodistas
Durante 2010, la CIDH conoció de varios casos de periodistas de medios de comunicación denunciados penalmente por difundir informaciones u opiniones sobre asuntos de interés público. Así por ejemplo, la CIDH fue informada de una denuncia por injurias y calumnias que el gobernador de Casanare habría interpuesto contra ocho periodistas de los programas “Contacto Noticias” en la emisora Violeta Estéreo y “La Voz del Casanare”, en la emisora La Voz de Yopal209. Por otra parte, la CIDH fue informada de la acusación por injuria y calumnia que habría presentado el 23 de agosto la Fiscalía General de la Nación contra la columnista Claudia López, originada en una denuncia instaurada por el ex presidente Ernesto Samper210. Asimismo, se recibió información sobre las denuncias contra Salud Hernández Mora por el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia211. Por otra parte, los periodistas de la página Web Verdad Abierta, dedicada a noticias sobre paramilitarismo, habrían sido denunciados por el Teniente Jalyl Rosember Torres Vega, director del Gaula del Departamento de Santander, por haber publicado declaraciones de paramilitares que mencionaban a dicho agente de la Fuerza Pública212. Respecto a estos hechos, el Estado señaló en sus observaciones que, “[d]entro de la Legislación Interna del Estado Colombiano se encuentran consagrados los delitos de injuria y calumnia como un esfuerzo por parte del legislador de proteger los derechos a la honra y a la dignidad como parte esencial del ordenamiento jurídico. Estos tipos penales no han sido establecidos como un mecanismo de persecución a comunicadores y periodista [sic]. Por el contrario, se erige como un mecanismo de protección para los habitantes del Estado frente a acusaciones falsas y deshonrosas”213.
La CIDH reitera el principio 10 de la Declaración de Principios, en cuanto a que, “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. A su turno, el principio 11 indica que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Finalmente, el 6 de septiembre de 2010 la justicia colombiana habría librado una orden de captura contra el periodista colombiano radicado en Venezuela y ex corresponsal de la cadena Telesur, William Parra, por su supuesta vinculación con organizaciones guerrilleras. De acuerdo con la información recibida, el periodista negó los cargos. La CIDH espera que el presente caso se tramite de conformidad con las más estrictas garantías del debido proceso214.
c. Restricciones a la libertad de expresión en el proceso electoral
La CIDH recibió información acerca de la promulgación del decreto 1800 del 24 de mayo de 2010, que dictó normas para la conservación del orden público durante la primera y la segunda ronda de las elecciones presidenciales, el 30 de mayo y el 20 de junio. Organizaciones periodísticas cuestionaron que el decreto restringía de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión, prensa e información. El artículo 3 del decreto prohibía durante el día de las elecciones “toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político electorales” por cualquier medio de comunicación. El artículo 7 establecía que durante el día de las elecciones, “mientras tiene lugar el acto electoral”, los medios de comunicación solo podían suministrar información acerca del número de personas que emitieron su voto. El artículo 9 estipulaba que “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”215.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión envió una comunicación al Estado colombiano en la que manifestó su preocupación acerca de este tema216. En su respuesta, el Ministerio del Interior y de Justicia rechazó que pretendiera censurar a los medios de comunicación y negó que el decreto significara una limitación a la libertad de expresión pues “no señala que se publique exclusivamente lo que dicen las fuentes oficiales, sino que se confirme la información sobre orden público con la de origen oficial. El decreto no prevé una prohibición sino un procedimiento”217.
Durante los periodos electorales pueden existir restricciones especiales del derecho a la libertad de expresión que, sin embargo, deben respetar de manera estricta las garantías constitucionales e internacionales, particularmente aquellas consagradas en el artículo 13.2 de la Convención. Según esta norma, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar; a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. En aplicación de esta disposición, la CIDH y la Corte ya han indicado que toda restricción debe encontrarse establecida en una ley tanto en sentido material como formal y que las normas restrictivas deben ser claras y precisas en su alcance. En este sentido, la CIDH advierte que en el presente caso se establecieron restricciones generales a través de disposiciones de carácter administrativo que no parecen compatibles con las condiciones antes anotadas.
d. Modificaciones al mecanismo de protección a periodistas218
El Ministerio del Interior y de Justicia emitió el Decreto 1740 del 19 de mayo de 2010 el cual introduce cambios importantes en el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, que presta protección, inter alia, a periodistas y comunicadores sociales que se encuentran en situaciones de riesgo219. La CIDH observa que el artículo 17 del Decreto 1740 establece cambios en algunas de las medidas de protección ofrecidas a los beneficiarios; se elimina, por ejemplo, el auxilio de transporte, y se reduce sustancialmente el monto de subsidio de reubicación. En segundo lugar, la CIDH observa que en su artículo 29.1, el Decreto 1740 de 2010 introduce causales para la suspensión de las medidas de protección que podrían incluir conductas propias de la labor periodística, como la necesidad de reunirse con las fuentes de información de manera privada, sin la presencia de custodios.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó al Estado de Colombia su preocupación por los cambios introducidos en el Decreto 1740 de 2010220. En una nota recibida el 30 de julio de 2010, en cuanto al ajuste en las medidas de protección relacionadas con el auxilio de transporte terrestre y en el apoyo de reubicación temporal, el Estado respondió que estas variantes se aplican a todas las poblaciones objetos del Programa de Protección y no solo a los periodistas y comunicadores sociales. El Estado afirma que estos cambios se deben al interés de fortalecer las “medidas duras” que se aprueban e implementan a personas con un nivel de riesgo extraordinario y extremo. El Estado, en lo concerniente a la reducción del monto de subsidio de reubicación, manifestó que se debe a la intención de “reducir el efecto negativo que genera el apoyo a la reubicación temporal” que habría sido evidenciado en una Evaluación de la Procuraduría General de la Nación, según la cual, las reubicaciones como medida de protección no respondían a las necesidades de los beneficiarios e incluso fomentaban el desplazamiento forzado. Respecto a variantes en el esquema de seguridad a petición del beneficiario, el Estado sostiene que el beneficiario deberá comunicar su decisión de hacer cambios, sin que eso implique la suspensión de la medida221. En audiencia pública celebrada el 28 de octubre de 2010 en la CIDH, el Estado también manifestó su voluntad de recibir sugerencias y revisar las modificaciones al Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia, en conjunto con las organizaciones de derechos humanos222. En sus observaciones sobre el presente informe, el Estado informó que, “[e]l Ministerio del Interior y de Justicia se encuentra adelantando el proceso de modificación del Decreto 1740 con la participación de las diferentes poblaciones objeto del Programa de Protección. A la fecha, se han recaudado diferentes propuestas de los diferentes grupos poblacionales, entre ellos, los periodistas, y antes de finalizar el primer trimestre de 2011, el Gobierno Nacional establecerá el nuevo contenido del Decreto”223.
d. Interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas
Como se señaló en el informe anual de 2009, durante ese año se dieron a conocer las denuncias sobre las interceptaciones y seguimientos ilegales que la agencia de inteligencia del Estado, denominada Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizaba a periodistas, magistrados de las altas cortes, políticos de oposición, y activistas y organizaciones de derechos humanos.
Durante 2010 la Comisión recibió información adicional sobre actividades ilegales de espionaje, hostigamiento, desprestigio e incluso amenazas de muerte contra periodistas, que se llevaron a cabo desde el DAS entre el 2002 y el 2008. Las investigaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, así como las importantes revelaciones de los medios de comunicación tienden a mostrar una política sistemática y sostenida de persecución, por parte del principal organismo de inteligencia del Estado colombiano, dirigida a vigilar, desprestigiar e intimidar a algunos de los periodistas más críticos del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. En algunos casos, el espionaje ilícito realizado por el DAS fue llevado a cabo por los mismos agentes encargados de proteger a estos periodistas en el marco del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia224.
Estos hechos representan un atentado especialmente grave contra la libertad de expresión en Colombia, y han tenido consecuencias muy serias para la vida profesional y personal de los y las periodistas perseguidos y sus familias. Como se describe abajo, pese a los avances en las investigaciones, aún hoy no se ha esclarecido quien dio la orden y ejecutó la mayoría de las actividades ilegales mencionadas dirigidas contra periodistas críticos del gobierno.
ii) Espionaje y hostigamiento del DAS contra periodistas
A pesar de que la CIDH ha recibido información sobre actividades ilegales dirigidas, al menos, contra una decena de periodistas225, se resaltan en el presente informe aquellos casos respecto de los cuales las investigaciones hasta ahora realizada permiten presentar más y mejores datos para explicar el fenómeno. Los casos seleccionados se refieren a periodistas independientes del gobierno respecto de los cuales las actividades de espionaje y hostigamiento fueron particularmente graves.
Uno de los casos de mayor gravedad es el caso del periodista Daniel Coronell. El periodista Coronell tiene una reconocida trayectoria, escribe una de las columnas de opinión más leídas en el país y al momento de los hechos dirigía Noticias Uno, un noticiero que presenta una línea informativa y editorial marcadamente independiente del gobierno. Gracias a sus investigaciones, el periodista pudo denunciar serios casos de alegada corrupción226. En respuesta a algunas de estas investigaciones, el ex Presidente Álvaro Uribe y altos funcionarios de su gobierno descalificaron públicamente al periodista en varias oportunidades227.
Según la información recibida, el 25 de mayo de 2010, en audiencia pública ante la Fiscalía General de la Nación, la ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS, Martha Inés Leal, aseguró que los directores del DAS le ordenaron seguimientos a Daniel Coronell. Según ella, lo que se pretendía era establecer quiénes le suministraban información, pues según la información que ella recibía, el presidente Uribe “estaba muy molesto” por las investigaciones que hacía contra él y su familia. Leal agregó que los funcionarios del DAS fueron más allá y “verificaron los movimientos migratorios de Coronell y su esposa [María Cristina Uribe, presentadora de Noticias Uno]. Además, se le pidió a la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero] información sobre sus movimientos bancarios. Se ubicó su domicilio y, como él vivía en una zona militar, se alquiló un carro para hacerle seguimiento”228.
La Comisión también recibió información sobre la declaración judicial de Fernando Alonso Tabares, ex Director General de Inteligencia del DAS, sobre los seguimientos al periodista Coronell. Según reportes de la prensa, en audiencia celebrada el 9 de julio de 2010, Tabares señaló que en septiembre de 2007, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, le solicitó que lo acompañara a una reunión de trabajo que tendría con Bernardo Moreno, Secretario General de la Presidencia de la República. Según el testimonio de Tabares, “el doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”. Tabares añadió que, finalmente, Hurtado “impartió las instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por el doctor Bernardo Moreno” 229.
Según la información recibida, Bernardo Moreno, en una declaración ante la Fiscalía en julio de 2010, habría reconocido haberse reunido con Tabares y Hurtado en septiembre de 2007 y habría aceptado haber hecho al DAS requerimientos de información —a su juicio, legales—sobre congresistas y magistrados, pero negó haber solicitado acciones ilegales del DAS contra Daniel Coronell230. Hurtado también habría negado haber recibido órdenes de la Presidencia para interceptar y perseguir a las personas mencionadas por Tabares231.
Daniel Coronell ha sido víctima de múltiples amenazas desde abril de 2002. En agosto de 2005 se exilió del país debido a la continuidad de estas intimidaciones. Regresó a Colombia en 2007, y pese a las amenazas e intimidaciones de que ha sido objeto, ha continuado durante todos estos años una destacada labor periodística.
Claudia Julieta Duque es una periodista independiente corresponsal en Colombia de la emisora de Internet de derechos humanos Radio Nizkor. La información recibida indica que la persecución contra la periodista estaría relacionado con las investigaciones que hizo sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, las cuales habrían evidenciado que el DAS desvió la investigación del crimen232.
Según la información recibida, en la investigación realizada por la Fiscalía se descubrió un documento marcado “Uso exclusivo D.A.S.” y encabezado con los números telefónicos y correos electrónicos de la periodista. Este documento contenía un detallado manual para amenazar a la periodista, en el que se establecían las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que debían ser realizadas las amenazas para no ser identificados como agentes del DAS. Según el manual, quien realizara la amenaza debía decir, “Señora es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación) pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa” 233. Además del texto incluido en el manual, quien realizó la llamada el 17 de noviembre de 2004 amenazó con quemar viva a la hija de 10 años de la periodista Duque. La amenaza habría provocado su exilio temporal de Colombia234.
Según la información en posesión de la CIDH, la investigación de la Fiscalía también ha revelado la existencia de docenas de informes de inteligencia del DAS respecto a la periodista Duque. Estos informes, elaborados en su mayoría durante los años 2003 a 2005, incluyen hojas de vida, fotos, transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos interceptados (incluyendo entre Duque y su abogado), y análisis de sus actividades (incluyendo las investigaciones periodísticas que se encontraba realizando) e información familiar.
En los últimos años, Claudia Julieta Duque ha recibido constantes amenazas de muerte por diversas vías. Sin embargo, no ha abandonado nunca su labor como reportera y periodista de investigación. Actualmente está calificada con nivel de riesgo extraordinario, es beneficiaria de medidas de protección en Colombia y ella y su hija son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde noviembre de 2009.
Carlos Lozano es director del semanario VOZ y ha sido en distintas oportunidades convocado por el Gobierno para la realización de labores humanitarias o de acercamiento con grupos guerrilleros. Según la información publicada por la prensa, en declaraciones ante la Fiscalía el 25 de octubre de 2010, Gustavo Sierra Prieto, ex subdirector de la Oficina de Análisis del DAS, señaló que la ex directora María del Pilar Hurtado pedía constantemente información sobre Carlos Lozano, director del semanario Voz, la cual a su turno habría sido requerida por el secretario general de la Presidencia. Sierra agregó que Hurtado también ordenó campañas de desprestigio contra el comunicador, filtrando informaciones comprometedoras a los medios. Según lo reportado por la prensa, Sierra informó en su declaración que la ex directora del DAS ordenaba que se difundieran a través de los medios de comunicación reportes que dejaban entrever alguna relación del periodista con las FARC para desprestigiarlo públicamente235.
Lozano fue efectivamente investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos vínculos con las FARC, pero el proceso fue archivado cuando el ente judicial determinó que sus contactos con esa guerrilla estuvieron limitados a su papel como facilitador de paz236.
Hollman Morris, director del programa periodístico Contravía, es un destacado periodista independiente que se ha caracterizado por hacer reportajes orientados a denunciar las violaciones de derechos humanos y dar voz a las victimas de dichas violaciones.
Según la información recibida, Hollman Morris dio a conocer en febrero de 2010 un documento presuntamente encontrado por la Fiscalía en el marco de sus investigaciones respecto a las actividades ilegales del DAS237. En éste documento oficial, por medio de una presentación de “PowerPoint”, se explican las acciones que se debían realizar en contra el comunicador Morris. Las instrucciones incluyen, “Iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional a través de las siguientes actividades: Comunicados; Inclusión en video (sobre las) FARC / Gestionar suspensión de la visa / Acciones de sabotaje (robo de pasaporte, cédula, etc.)”, así como “Ubicación de su residencia en la […] de Bogotá / Seguimientos constantes movilización” 238.
Una las actividades de desprestigio mencionadas en el “PowerPoint” fue la de “gestionar la suspensión de la visa”. En julio de 2010, el periodista Morris fue notificado sobre la negación de su visa estadounidense, a pesar de haber sido admitido y becado para un programa de estudios para periodistas en la Universidad de Harvard. Luego de una fuerte reacción internacional, la decisión fue revocada239. En sus observaciones, el Estado negó que la denegación de la visa al señor Morris haya respondido a una política de persecución del Estado colombiano, dado que “no tiene injerencia en dicho trámite ante la Honorable Embajada de los Estados Unidos en el país”240.
El periodista Morris, luego de tener acceso a algunos de los documentos del DAS que sobre él incautó la Fiscalía, denunció además que los archivos del DAS contenían información sobre varios aspectos de su vida personal (datos civiles, estudios realizados, actividades profesionales, y movimientos migratorios) así como información sobre sus familiares, como fotos del la casa de sus padres, anotaciones sobre sus hermanas, y los horarios de clases de sus hijos pequeños241.
Adicionalmente, según la información recibida, la ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS Martha Inés Leal informó en su testimonio del 28 de octubre de 2010, que el DAS elaboró un video con la intención de relacionar a varios periodistas con grupos armados al margen de la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según reportes de prensa, este video podría corresponder a uno dado a conocer en 2006 que habría pretendido vincular al periodista Hollman Morris con las FARC para así desprestigiarlo242. Según los informes de la prensa, en la misma declaración Leal informó que desde la dirección del DAS le fue ordenado hacer seguimientos a Morris243
Hollman Morris y su familia han sido objeto de múltiples amenazas de muerte y actos de hostigamiento y desprestigio. Ha sido catalogado en situación de riesgo extraordinario y por ello cuenta con medidas internas de protección para él y su familia quienes son también beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde junio de 2000. Durante todos estos años y pese a la existencia de periodos de exilio forzado, el periodista no dejó de hacer reportajes sobre derechos humanos y, especialmente, sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Existen otros casos de enorme gravedad en los cuales sin embargo no existen avances en las investigaciones. Así por ejemplo, el periodista Gonzalo Guillen, corresponsal de El Nuevo Herald de Miami en Colombia y quien ha debido salir varias veces del país por amenazas contra su vida, recibió en noviembre de 2009 una notificación de la Fiscalía según la cual se había identificado que habría sido victima de seguimientos ilegales por parte del DAS. En junio de 2010 el periodista fue objeto de graves amenazas de muerte puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía pero afirma que no se han adoptado medidas al respecto244.
En cuanto a las investigaciones (Ver supra V), la Comisión no cuenta con información precisa respecto a cuales de los hechos cometidos en perjuicio de los periodistas Daniel Coronell, Claudia Julieta Duque, Carlos Lozano y Hollman Morris —entre otros comunicadores que han sido objeto de actuaciones ilegales por parte del DAS245— estarían contemplados en los procesos penales que se adelantan con relación a las actividades ilegales de inteligencia (Ver supra V). No obstante, un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa de diciembre de 2010 indica que el caso de Claudia Julieta Duque permanecía hasta ese momento en la fase de investigación246. En sus observaciones, el Estado reiteró que “las intercepciones hechas por el DAS no constituyeron una política de Estado”, y señaló que, “[e]l Estado no ha tolerado tales conductas ni las ha dejado en la impunidad. Los hechos fueron investigados y fue dictada orden de captura a los funcionarios”247. Sin embargo, el Estado no aportó información precisa sobre los procesos penales relacionados con las actividades ilegales de inteligencia contra los periodistas señalados.
iii) Acceso a la información
En torno a las actividades ilegales del DAS y las investigaciones posteriores se han reportado algunos problemas en materia de acceso a la información publica y derecho al dato propio o habeas data.
En un primer momento, cuando comenzaron a existir evidencias de que el DAS estaba espiando a los periodistas y a otras personalidades, algunas personas solicitaron que les fueran entregados los reportes que existían sobre ellas en dicha entidad. Incluso, respecto de la periodista Claudia Julieta Duque, la propia Corte constitucional en sentencia de fecha 23 de octubre de 2008 ordenó al DAS “que permita a la actora el acceso a la información que sobre ella repose en la entidad, con la única excepción de aquella que haga parte de una investigación sometida a la reserva del sumario, por tratarse de una investigación judicial a la que la actora no tenga legalmente derecho de acceso”248. No obstante, el DAS omitió entregar toda la información que posteriormente, por las investigaciones antes mencionadas, pudo saberse que existía en sus archivos; la entidad argumento la inexistencia de dicha información249. En sus observaciones, el Estado informó que el apoderado de la periodista Duque había interpuesto dos incidentes de desacato con relación a estos hechos. El primero incidente fue resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2009, y el segundo fue resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera – Subsección A, el 25 de noviembre de 2010. Ambas decisiones concluyeron que el Director del DAS había cumplido las órdenes impartidas por la Corte Constitucional250.
De otra parte, algunos periodistas que tienen indicios que les permiten afirmar que estaban siendo objeto de espionaje por parte del DAS, le han solicitado a la Fiscalía información precisa sobre si dicha entidad estaba efectivamente escuchando sus conversaciones telefónicas. Para tal efecto, han suministrado el número personal de su residencia, su oficina y su celular. Sin embargo, la información recibida indica que la Fiscalía ha omitido la respuesta indicando que los hechos se encuentran bajo investigación y, en consecuencia, son reservados.
Asimismo, la información disponible indica que el DAS habría destruido parte del material probatorio relacionado con los hechos bajo investigación. En octubre de 2010, William Romero, ex jefe de la subdirección de Fuentes Humanas del DAS, entregó a la Fiscalía abundante documentación electrónica y en papel que, según declaró, se le había ordenado destruir. El fiscal general encargado, según la información publicada por la prensa, reconoció que algunas pruebas fueron destruidas en el DAS251.
Finalmente, la información judicial recogida durante las audiencias públicas celebradas ante la Corte Suprema de Justicia esta también siendo objeto de reserva sin que parezca existir una ley que de manera precisa, clara y proporcionada establezca esta excepción al derecho de acceso252.
La CIDH no deja de reconocer la extrema importancia de que estas investigaciones puedan ser eficaces y de proteger la vida e integridad de los testigos que han permitido avanzar en las mismas. Sin embargo, existen otros medios menos lesivos del derecho de acceso a la información y seguramente mucho más eficaces para garantizar el resultado de las investigaciones y la seguridad de los testigos. En este sentido, cualquier restricción sobre el acceso de la prensa a las audiencias públicas debe ser establecida por ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria y proporcional en relación con el objetivo que pretende en una sociedad democrática. Las reglas de acceso deben ser concretas, objetivas y razonables, y su aplicación transparente253.

References: artículo 3
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 29