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LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
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Gonzalo Giménez Muñoz
1 REVISTA DE DERECHO UNED, núm. 3, 2008 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO Profesores de Derecho penal y Criminología Resumen: Debido a las relativamente altas tasas de fallecimientos y lesiones en el ámbito del tráfico de vehículos a motor, el legislador español ha reformado el Código penal, de este modo confiando en un efecto preventivo. Siguiendo la tendencia de los últimos años, la Reforma tipifica nuevas conductas como delitos e incrementa las penas para muchos delitos. No hace falta decir que este es un ulterior ejemplo de la expansión del Derecho penal, tal y como se ha encontrado en otros sitios. Entre las potenciales causas puede citarse una deficiente política criminal. En parte, ello es el resultado de la tradición antiempírica de las autoridades españolas, la cual ha impedido investigaciones sólidas sobre las causas de tasas de fallecimientos y lesiones en el ámbito del tráfico de vehículos a motor, así como una evcjuación científica de los programas de control y prevención. Un más eficiente control del tráfico rodado, mejoras en las carreteras y mecanismos de prevención situacional tales como limitadores de velocidad en los propios vehículos pcirecen políticas de lejos más prometedoras (e imaginativas) que una nueva expansión de las leyes penales. Palabras clave: Delitos contra la seguridad en el tráfico. Delitos contra la seguridad en el tráfico y puesta en peligro concreto. Conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Derecho penal y Derecho administrativo. Política criminal. Abstract: Due to the high rates of traffic casualties and injuries, the Spanish legislator has reformed the Criminal Law, thus expecting a deterrent effect. FoUowing the trend of last years, the Reform introduces new actions as crimes and increases the penalties of many cri- UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
2 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO mes. Needless to say, this is a further example of the expansión of the Criminal laws, as has been found in other places. Among potential causes, a defícient criminal policy can be cited. In part, it is also a result of the anti-empirical tradition of the Spanish authorities, one that has prevented sound research on the causes of the rates of traffic casualties and injuries, as well as sound evaluation of the programs for its control and prevention. A better control of the traffic, improvements in the roads and situational prevention mechanisms such as speed-limitation devices for cars seem far more promising (and imaginative) policies than a new expansión of Criminal laws. Key words: Reckless driving. Reckless driving and personal risk. Driving under the influence of alcohol or drugs. Criminal and Administrative Law. Criminal policy. Por LO 15/2007 de 30 de noviembre se modifica el Código penal en materia de seguridad vial. El capítulo IV, del Título XVII, del Libro II, figura ahora bajo la rúbrica «De los delitos contra la seguridad vial», que antes de la reforma era «De los delitos contra la seguridad del tráfico». Siguiendo en política criminal la tendencia de los últimos gobiernos, con la reforma se endurecen las penas y se introducen nuevos tipos penales. Se pretende que la reforma tenga efectos preventivos ante el elevado número de accidentes de tráfico, con resultado de muerte o lesiones. Según los datos que recogen las Memorias de la Fiscalía General del Estado en general los delitos contra la seguridad del tráfico han disminuido en los últimos años, de lo que puede deducirse que no era necesaria la reforma, o por lo menos la agravación de las penas en los delitos cuya tendencia era a la baja', aunque hay quien opina lo contrario^. Un mayor control en las infracciones admi- ' Según las Memorias de la Fiscalía General del Estado los procedimientos iniciados por presuntos delitos por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas fueron: en 1997 (58.540), 1998 (42.929), 1999 (47.752), 2000 (41.447), 2001 (40.426), 2002 (46.489), 2003 (43.086), 2004 (38.919), 2005 (30.246), 2006 (18.649). Por conducción temeraria: en 1997 ( ), 1998 (8.216), 1999 (5.113), 2000 (3.100), 2001 (3.027), 2002 (4.380), 2003 (1.914), 2004 (1.641), 2005 (1.187), 2006 (2.620). Riesgo para la circulación: 1997 (15.965), 1998 (7.736), 1999 (9.747), 2000 (7.998), 2001 (5.599), 2002 (1.449), 2003 (1.712), 2004 (1.770), 2005 (1.187), 2006 (1.273). Conducción con desprecio para la vida de los demás: 1997 (5.692) (sic), 1998 (1.484), 1999 (65), 2000 (58), 2001 (155), 2002 (56), 2003 (63), 2004 (91), 2005 (178), 2006 (83). Negativa a realizar las pruebas de alcoholemia: 1997 (702), 1998 (8.216) (sic), 1999 (838), 2000 (854), 2001 (756), 2002 (1.635), 2003 (1.669), 2004 (2.015), 2005 (954), 2006 (704). En los datos anteriores se aprecia una diferencia notable en las secuencias de la mayoría de los delitos, lo que no parece lógico. ^ Vid. ViLLALBA CARRASQUILLA, F.J., «El endurecimiento de las penas de los delitos de tráfico como medida de mejora de la siniestralidad», en Mir Puig y Corcoy Bidasolo (directores). Seguridad vial y derecho penal, Barcelona, 2008, págs. 324 y ss. 44 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
3 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL nistrativas posiblemente tenga mayores efectos que la agravación de las penas, así como instalar un limitador de velocidad en los vehículos. Desde que se estableció la pérdida de puntos^ que afectan a la retirada del permiso de conducir^ se aprecia una notable disminución en casi todos los delitos. En todo caso son muchos los accidentes de tráfico constitutivos de falta que no se persiguen por no denunciar la parte perjudicada o por acuerdo o renuncia^. Debido a las compañías de seguros muchas de las infracciones de tráfico que pueden ser constitutivas de delito o falta, por acuerdo de las partes, no terminan en la vía penal, lo que es importante a efectos de la carga que supondría para la administración de justicia*. 3 La Ley 17/2005, del9 de julio (BOE núm. 172, del 20), regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. El párrafo último del artículo 60 de esta Ley establece que «la vigencia del permiso o la licencia de conducción estará condicionada a que su titular no haya perdido su asignación total de puntos, que será de 12 puntos». El anexo II se ocupa de las «infracciones que llevan a aparejada la pérdida de puntos». Cabe destacar: 1. Por conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentaria establecida de 4 a 6 puntos. 2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos (6 puntos). 3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detención del grado de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos (6 puntos). El anexo recoge hasta 27 infracciones por las que se pueden perder puntos, por exceso de velocidad también la pérdida de puntos puede llegcir hasta 6. Este sistema del carnet por puntos ya se había implantado en otros países como Italia y Francia donde se habían obtenido buenos resultados en materia de prevención de accidentes de tráfico con resultado de muerte o lesiones. * En los delitos contra la seguridad vial donde se contempla la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores no lleva consigo la pérdida de puntos. No obstante, la Ley 17/2005 incorpora una disposición adicional, la decimotercera a la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuyo contenido es el que sigue: «Efectos administrativos de las condenas penales que conlleven la privación del derecho a conducir. El titular del permiso o licencia de conducción que haya sido condenado por sentencia firme por la comisión de un delito castigado con la privación del derecho a conducir un vehículo a motor o ciclomotor, para volver a conducir, deberá acreditar el haber superado con aprovechamiento el curso de reeducación y sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del artículo 63.7». 5 La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005 recoge en su pág. 519: «Los accidentes de tráfico constitutivos de falta (art. 621), sólo son perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Ello ha llevado a que el procedimiento iniciado por el parte de lesiones o el atetado de la policía judicial se archive en los Juzgados hasta que se produzca la denuncia dentro del plazo legal, y producida la denuncia, se celebrará el juicio de faltas, salvo cuando las partes perjudicadas llegan a un acuerdo, que producirá el archivo del juicio por renuncia del perjudicado al ejercicio de la acción penal». ^ La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005, en pág. 531, tras ocuparse del papel de las compañías de seguros como responsables civiles subsidiarios en casos de seguro obligatorio o voluntario recoge: «1. Que la gran mayoría de los casos de imprudencia cometidas en el ámbito de la circulación de vehículos a motor se va- UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
4 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO Ilícito penal e ilícito administrativo. En estos delitos hay supuestos en los que coincide el texto de la legislación vial y el Código penal, por lo que puede resultar complicado determinar cuándo estamos en vía administrativa o vía penap. Por ejemplo, en el art. 65.5, a) de la Ley de Tráfico* se contempla como infracción muy grave, cuando no sean constitutivas de delito, «... la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos». En el art se castiga al «que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas...». Hay otros supuestos en los que se plantean situaciones similares entre ilícito administrativo e ilícito penap. Principio non bis in idem. En la legislación de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial se contemplan conductas cuya sanción es administrativa. Sin embargo, algunas de estas conductas pasan a ser constitutivas de delito cuando reúnen los requisitos establecidos en el Código penal. Estos comportamientos no pueden ser sancionados dos veces, es decir en vía penal y administrativa, por impedirlo el principio non bis in idem^. La jurisdicción penal es preferente a la vía adminisloran como leves. 2 En consecuencia, tales conductas determinan la incoación de juicios de faltas. 3. La apreciación de la existencia de un delito queda limitada a aquellos casos en los que, o bien existe una concurrente conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, o bien la conducta imprudente es merecedora, por la causa o por el resultado, de un especial reproche. 4. Y, por último, que el hecho de que una imprudencia que ocasiona lesiones o incluso la muerte de una persona dé lugar, tan sólo, a un juicio de faltas, supone en la práctica, como es bien sabido, que no exista un verdadero castigo o sanción de esa conducta, dado que en numerosas ocasiones y a raíz del pago de las responsabilidades civiles, se produce la retirada de la denuncia (necesaria para proceder-art del Código Penal? lo cual supone, por sí mismo, un plus de penosidad para el perjudicado), y en los casos en que efectivamente se produce la celebración del juicio oral y el dictado de sentencias condenatoria, las multas impuestas suelen ser de escasa cuantía». ' La Consulta de la Fiscalía General del Estado 1/2006, de 21 de abril, se ocupa de la «caliñcación jurídico-penal de la conducción de vehículos de motor a velocidad extremadamente elevada». Se publica en la Memoria de la FGE de 2007,1, págs. 919 y ss. En págs. 928 y ss. trata del ilícito penal e infracción administrativa y del principio non bis in idem, en supuestos de conducción manifiestamente temeraria, con peligro para la vida o integridad de las personas. * Real Decreto Legislativo 339/1990. Vid. supra nota 4. ' En el art. 65.5,b) se recoge como falta muy grave, cuando no sea constitutiva de delito, «incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de posible intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas...». En el art. 383 del Código penal se castiga al «conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores». '" La sent. del TC 2/2003, de 16 de enero, recoge: «(...) ambas infracciones, administrativa y penal, comparte un elemento nuclear común -conducir un vehículo de 46 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
5 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL trativa, siempre que la conducta del autor pueda ser objeto de infracción penal. Así se contempla en el art. 74 de la Ley sobre tráfico". El bien jurídico protegido en estos delitos, con carácter general, es la seguridad vial para proteger la vida y la integridad física de las personas. 1. CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO DE MOTOR O CICLOMOTOR A VELOCIDAD EXCESIVAMENTE SUPERIOR A LA PERMITIDA Se castiga en el al «que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente». Pena: Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. motor habiendo ingerido alcohol, superando las tasas reglamentariamente determinadas?, de modo que al imponerse ambas sanciones de forma cumulativa, dicho elemento resulta doblemente sancionado, sin que dicha reiteración sancionadora pueda justificarse sobre la base de un diferente fundamento punitivo, dado que el bien o interés jurídico protegido por ambas normas es el mismo -la seguridad del tráfico como valor intermedio referencial; la vida e integridad física de todos, como bienes jurídicos referidos. Se trata de un caso en el que el delito absorbe el total contenido de ilicitud de la infracción administrativa, pues el deuto añade a dicho elemento común el riesgo para los bienes jurídicos vida e integridad física, inherente a la conducción realizada por una persona con sus facultades psico-físicas disminuidas, debido a la efectiva influencia del alcohol ingerido [F.J. 5. c)]». " La Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial de 1990 establece en su art. 74: «Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.- 1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal. 2. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se ordenará la suspensión de las actuaciones del procedimiento administrativo que continuará tramitándose hasta el momento en que el procedimiento esté pendiente de resolución en que se acordará la suspensión. 3. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados, y acordada que hubiere sido la suspensión del procedimiento administrativo, se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal acabeire por otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fiíndada en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento administrativo». En el artículo 65 se hace referencia también a dar cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal cuando los mismos puedan ser constitutivos de delitos o faltas tipificadas en las leyes penales. UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
6 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO Estamos ante una ley penal en blanco por lo que hay que recurrir a la legislación administrativa para conocer lo que es vehículo de motor o ciclomotor'^, así como lo que ha de entenderse por vía urbana o interurbana'^. Se castiga el mero hecho de conducir con el exceso de velocidad indicada; no se exige la creación de un peligro. No importa que en ese momento la vía esté despejada, por ausencia total de tráfico. El mero hecho de conducir a velocidad excesiva no debe ser objeto sin más de sanción penal, pues ello también se contempla en la legislación administrativa'". Hay que pensar que el legislador presume que en todos estos supuestos existe un peligro abstracto; esto no es correcto, pues aunque pueda ser cierto en unos casos en otros se puede conducir correctamente. Otra cosa es que si conducir a velocidad excesiva se hace con temeridad manifiesta y se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas se aplicará en art , y si concurre manifiesto desprecio por la vida de los demás será de aplicación el art '^. Considerando que el conductor de un vehículo puede incurrir en el error de no saber cuál es el límite máximo de velocidad permitido por la vía que conduce, la administración debe establecerla con claridad en todos los lugares donde fuere necesario con las señales co- '^ Sobre lo que ha de entenderse por vehículo de motor el Anexo II del Reglamento de Vehículos (Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre), recoge: «Vehículo de motor: vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de movilidad reducida». A continuación. Sobre las diversas clases de ciclomotores vid anexo 1.7 de la Ley de Tráfico (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 29 de marzo), y anexo II del Reglamento de Vehículos (Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre). '^ La Ley de Tráfico de 1990 en su Anexo II recoge: «76. Vía interurbana.- Es toda vía pública situada fuera de poblado; vía urbana.- es toda vía pública situada dentro de poblado excepto las travesías». ''' El art. 65.5,c) de la Ley de tráfico, contempla como infracción muy grave, cuando no sea constitutiva de delito: «Sobrepasar en más de un 50 por 100 la velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga superar, al menos, en 30 kilómetros por hora dicha límite máximo». En el punto 6, del anexo II de la Ley, esta infracción Ueva aparejada la pérdida de seis puntos para el titular del permiso o licencia de conducir. '' La Consulta de la Fiscalía General del Estado 1/2006, cit.; hace referencia a la conducción de vehículos a 200 kilómetros hora e incluso entre 224 y 245, siendo el límite de velocidad 120. La Consulta se ocupa de estos excesos de velocidad en los delitos de conducción temeraria, y aquellos supuestos en que se pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, o se condujere con desprecio por la vida de los demás. La primera de las conclusiones recoge: «La detección de vehículos a motor circulando a velocidad extremadamente elevada y, significadamente, cuando sobrepase el doble de la máxima autorizada reglamentariamente como sucede en el supuesto sometido a consulta, puede resultar indiciaría de la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico del artículo 381 CP». 48 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
7 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL rrespondientes. A este respecto la Disposición Adicional primera de la LO 15/2007 que modifica el Código penal en materia de seguridad vial hace referencia a ello'^. 2. CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS TÓXICAS O BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Se castiga en el inciso primero del art al «que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas». Pena: La misma que en el supuesto anterior: prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Estas conductas suponen una agravación con respecto al texto anterior (art. 379), pues la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no era obligatoria como ahora, sino potestativa del juez. El bien jurídico protegido es la seguridad vial. Pretende el legislador evitar los riesgos que para la vida o la integridad física de las personas supone la violación de las normas sobre circulación de vehículos y seguridad vial. El sujeto activo del delito es quien conduce un vehículo de motor bajo la influencia de los efectos del alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. El sujeto pasivo es la colectividad. Con respecto a lo que haya de entenderse por drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas me remito a lo que establece el Código penal en su artículo 368'^. El Reglamento General de Circulación hace referencia a estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras circunstancias análogas'*. " La Disposición Adicional de la LO 15/2007, de 30 de noviembre recoge: «Revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad. El Gobierno impulsará, de acuerdo con las administraciones competentes, una revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad, para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial». " Vid. SERRANO GÓMEZ, A. y SERRANO MAÍLLO, A., Derecho penal, parte especial, Madrid, 2007, págs. 698 y ss. '^ El RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial de 1990, recoge en su UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
8 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO Lo normal es que conducir en tales condiciones lleve a producir un riesgo, aunque no siempre ocurre '^. Es decisivo que se conduzca «bajo la influencia» de tales sustancias, y necesariamente ha de conllevar un riesgo o peligro abstracto para la seguridad viap. El legislador recoge el riesgo de forma expresa en otros supuestos, con términos como «peligro» (art. 381) y «grave riesgo» (art. 382). Por «influencia» hay que entender lo que afecta a algo, que en este caso sería negativamente a las condiciones físicas y psíquicas del conductor de un vehículo^'; ha de estar influido de forma negativa, es decir, restando seguridad a su capacidad para conducir^^. No sería punible la conducta de quien ha tomado tales sustancias pero que no le afectan a su capacidad para conducir correctamente. Nos encontramos una vez más ante los problemas de prueba en Derecho penal, cuya carga, como es obvio, corresponde a la acusación^^. art. 27: «Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias análogas, bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro». " Según la sent. del TS de 25 nov. 1991: «Es preciso, pues, que se conduzca el vehículo de motor con sus facultades significativamente alteradas o disminuidas a consecuencia del consumo de aquéllas. Pero, además, se requiere que de aquella conducción se derive una lesión al bien jurídico, que es objeto de protección en el tipo que se examina, esto es, la seguridad del tráfico. De tal forma que si no se pone en peligro concreto bienes jurídicos, no surgiría a la vida aquél». «No basta el dato objetivo del grado de impregnación alcohólica, sino que es preciso acreditar la influencia que la misma tenga en la conducción, no siendo necesario un peligro concreto sino únicamente que la «conducción» estuvo «influenciada por el alcohol»» (sent. de 15 de ab. 2003). ^^ Vid. DE VICENTE MARTÍNEZ, R, «El delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas y su propuesta de reforma. La cuestionable necesidad de modificar el artículo 379 del Código penal», en La Ley, 16 de febrero 2007, págs. 1 y ss. ^' RODRÍGUEZ DEVESA, J.M., en Rodríguez Devesa y Serrano Gómez, Derecho penal español. Parte especial, Madrid, 1995, pág. 1049, dice con respecto a la «influencia» que «basta que repercuta en sus reflejos y, en general, en su psiquismo, para incurrir en el delito». ^^ CABALLERO GEA, A., Delitos contra la seguridad vial, Madrid, 2008, págs. 103 y ss. GALLEGO SOLER, J.L, «El nuevo delito de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas (art CP)», en Seguridad vial y derecho penal, cit., págs. 173 y ss. GÓMEZ PAVÓN, P., El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, Barcelona, 1993, págs. 39 y ss. ^^ Recoge la sent. del TC 319/2006, de 15 nov.: «La constatación de tal vacío probatorio, cuya carga corresponde obviamente a la acusación, lleva a concluir que en este caso, de acuerdo con la doctrina constitucional de la que se ha dejado constancia 50 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
9 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Estamos ante un tipo penal con gran inseguridad jurídica, que se desprende de la frase «conducir bajo los efectos». Cuáles son los efectos?, la euforia, por ejemplo, puede ser uno de los efectos que no justifica llevar a penalizarla. Hay que entender que en todo caso es necesario que se pruebe la existencia de un peligro abstracto para la seguridad vial^"*; en el preámbulo de la ley que reforma el Código penal se hace referencia al «peligro abstracto», como límite mínimo de este delito^^. Este peligro ha de probarse que existe, pues de no ser así la sanción tiene que ser administrativa^* y no penal. La falta de seguridad jurídica y certeza en el derecho ha llevado a disparidad de criterios por parte de los jueces y tribunales, que ante la misma situación en uno casos condenan y en otros absuelven^^. La detección de alcohol en un control policial rutinario, si no existe ninguna prueba ex ante de que el conductor ha creado, al menos, un peligro abstracto para la seguridad vial, la infracción debe ser administrativa y no penal. El control de alcoholemia, sin más, aunque sea positivo no es suficiente para que entre en juego el Código penal, pues son necesarias otras pruebas que demuestren que el conductor conducía bajo los efectos del alcoen el precedente fundamento jurídico, ha resultado vulnerado el derecho a la presunción de inocencia». Vid. infra nota 34. 2'' La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005 se ocupa en sus págs. 515 y siguientes de los «delitos relativos a la seguridad vial» en su pág. 524 recoge: «La actuación del conductor debe originar un riesgo para los bienes jurídicos protegidos, sin que por contra se exija la puesta en peligro concreto de los mismos, ya que el delito mantiene su configuración de delito de peligro abstracto». ^' La LO 15/2007 en el párrafo segundo de su preámbulo recoge: «reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, cuyo contenido básico persigue, de una parte, incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de tener por peligrosos o de niveles de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma consideración. A partir de esa estimación de fuente de peligro se regulan diferentes grados de conducta injusta, trazando un arco que va desde el peligro abstracto hasta el perceptible desprecio por la vida de los demás, como ya venía haciendo el Código». No obstante, se tipifican conductas en las que no se exige ningún tipo de peligro como sucede en el tipo del art ^* Dispone el art. 65.5,a) de la Ley de tráfico: «Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas: a) La conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y, en todo caso la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos». Vid anexo II de la Ley, apartados 1 y 2. ^' La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005, recoge: «Parece muy necesario destacar que sí se constata una falta de la necesaria uniformidad en la calificación del hecho como delito o bien infracción administrativa. En todo caso puede explicarse ello como reflejo de la excesiva divergencia de criterio entre Juzgados, tanto de Instrucción como Penales, y Secciones de la Audiencia, a la hora de la calificación de una conducción etílica como tal, cuando se trata de un control policial preventivo o aleatorio» (pág. 522). UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
10 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO hop*. También hay que tener en cuenta que los efectos del alcohol no son iguales en todas las personas^^. Para que la conducción sea ilícito penal es necesario que se haya creado un peligro, en otro caso el ilícito es administrativo^". Las pruebas que realizan los agentes que llevan a cabo el control de alcoholemia suelen ser el comportamiento, forma de expresarse, caminar correctamente sin oscilaciones, si la voz es clara o pastosa, olor a alcohol, etc^'. Con estos síntomas, cuando se detecta alcohol en ^* En los controles rutinarios de alcoholemia que hace la policía con carácter preventivo, aunque el sujeto lleve una tasa de alcohol superior al que permite la legislación vial, e inferior a 0'60 miligramos por litro en aire expirado o superior EJ 1*2 gramos por litro en sangre, que se tipifica como delito en el art , la infracción debe ser administrativa y no penal. Para que la conducta tenga relevancia penal, quien realiza la prueba de alcoholemia tiene que haber observado que antes de ordenar al conductor que pare el vehículo el mismo conducía de forma que pudiera estar afectado por la ingerencia de alcohol o sustancias estupefacientes, y lo compruebe con posterioridad al realizar la prueba de alcoholemia. Si no ha observado ninguna irregularidad en el comportamiento del conductor la conducta sólo debe sancionarse administrativamente, aunque de las pruebas que realice con posterioridad pueda deducirse que pudo conducir bajo los efectos del alcohol. Ello es así, porque no está probado que su comportamiento había generado un peligro abstracto. La sent. del TC 256/2007, de 17 de diciembre, recoge en su fundamento de derecho cuarto: «Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el delito tipificado en el art. 379 CP requiere no sólo la presencia de una determinada concentración alcohólica en el conductor, sino además que esta circunstancia influya o se proyecte sobre la conducción. De modo que para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo penal no basta comprobar que el conductor ha ingerido alcohol o alguna otra de las sustancias mencionadas en el precepto, sino que, aun cuando resulte acreditada esta circunstancia, es también necesario comprobar su influencia en el conductor». ^' La sentencia de 3 nov de la Sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, recoge en el primero de sus fundamentos de derecho: «... las bebidas alcohólicas actúan con diversa intensidad sobre cada individuo, e incluso sobre el mismo individuo según las concretas circunstancias de cada momento». ^^ La sent. del TS de 15 sep recoge en el segundo de sus fundamentos de derecho: «Es un criterio jurisprudenciej y forense consolidado, que la diferencia entre el ilícito administrativo y el penal, cuando se trata de conducción bajo ingesta alcohólica, radicaba entre otros aspectos, en el carácter meramente formal de la norma administrativa de superar una determinada ingesta alcohólica mediante las oportunas periciales, en tanto que el ilícito penal supera esa trasgresión formal para exigir la acreditación de un peligro real para la seguridad del tráfico, esto es, la influencia en las facultades psicofísicas necesarias para la conducción poniendo en peligro los bienes jurídicos protegidos en la norma». ^' Existe un modelo sobre diligencia de síntomas extemos que presentan los conductores sospechosos de hacerlo bajo los efectos del alcohol: aspecto extemo (heridas, temblores, cansancio, etc), vestidos (desarreglados, olor a alcohol, sucios, etc), rostro (congestionado, pálido, sudoroso, etc.), mirada (ojos velados, apagados, brillantes, etc), pupilas (dilatadas, algo dilatadas, presencia de nistagmos, etc), comportamiento (normal, agresivo, educado, etc), habla (clara, pastosa, etc.), halitosis alcohólica (notorio a distancia, muy fuerte de cerca, etc), expresión verbal (respuestas claras y ló- 52 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
11 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL sangre, los jueces prácticamente condenan siempre, aunque alguna sentencia no los considera suficientes^^. Los jueces deben comprobar en todo caso que la conducción fue bajo los efectos del alcohol, lo que sucede en el acto de la vista oral y se lleva a cabo en base a la declaración y pruebas practicadas por los agentes de la autoridad que conocieron de los hechos^^. En pocas ocasiones la jurisprudencia recoge, dentro de los requisitos que se exigen en el art , el riesgo para los bienes jurídicos (peligro abstracto). Sí lo hace la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de que en el tercero de sus fundamentos de derecho recoge: «A la vista de la literalidad del artículo 379 del Código Penal y de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia del Tribunal Supremo, para poder gicas, gritos, expresión normal, etc), deambulación (correcta, con completa estabilidad, titubeante, incapacidad de mantenerse erguido, etc). Sobre esta cuestión CABA LLERO GEA, en ob. cit., págs. 102 y ss. hace un extenso estudio jurisprudencial. ^2 La sent. de de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona recoge en el primero de sus fundamentos de derecho: «Es preciso, pues, que se conduzca el vehículo de motor con las facultades significativamente alteradas o disminuidas a consecuencia del consumo de aquéllas, y este hecho en si mismo ya supone una lesión al bien jurídico protegido en cuanto el tipo penal lo es de peligro abstracto; dicha influencia necesita ser acreditada, sin que a tal fin basten los índices puramente alcoholométricos, bien por que se concrete en una conducción objetivamente anómala o irregular como consecuencia del estado de embriaguez, o porque se aprecien síntomas extemos reveladores de dicho estado, y, por tanto, de la afectación a las facultades del sujeto». La sentencia de de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, recoge en el tercero de sus fundamentos de derecho: «Los síntomas recogidos por la fuerza actuante no son decisivos para afirmar sin más tal influencia. Además, tales síntomas no fueron corroborados por los agentes de la guardia civil que depusieron en el acto del Juicio Oral los cuales no recordaban realmente nada de los hechos limitándose a ratificar el contenido del atestado en su día levantado. Ninguna otra prueba, salvo la declaración del acusado negando los hechos que se le imputaban, fue practicada en aquel acto. Es cierto que el atestado recoge síntomas tales como rostro ligeramente enrojecido, ojos brillantes, pupilas dilatadas, habla pastosa, hejitosis muy fuerte de cerca y demabulación vacilante, pero junto a ellos se expresa también que su comportamiento y su expresión verbal eran normales, y el vestir sin peculiaridades. Si a ello unimos la constitución física del acusado que, según recogieron los agentes, era corpulenta, podemos afirmar que en el mismo había consumido bebidas alcohólicas, como en parte reconoce, pero no podemos concluir sin duda alguna, estimando que tal ingesta influyera de manera determinante en su conducción». El juzgado de lo penal había condenado y la Audiencia Provincial absuelve, aunque fue decisivo que los agentes de la guardia civil que realizaron la prueba de alcoholemia no recordaran en el acto del juicio oral los hechos que habían recogido en su atestado ^^ Establece el párrafo primero del art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley». UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
12 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO aplicar el tipo penal es necesario acreditar los siguientes elementos: 1. ) Que el acusado en el momento de los hechos condujera un vehículo de motor. 2. ) Que hubiera ingerido drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. 3. ) Que la ingesta de dichas sustancias haya influido en sus facultades psíquicas y físicas en relación con sus niveles de percepción y reacción 4. ) Que la concreta conducta del acusado haya significado un indudable riesgo para los bienes jurídicos protegidos (en la vida, la integridad física de las personas, la seguridad del tráfico)». Teniendo en cuenta la pena que se establece en el Código para estos delitos, la competencia es de los juzgados de lo penal; sus sentencias son recurribles en apelación ante la Audiencia Provincial. Por tanto son pocos los casos que llegan al Tribunal Supremo; ante el Tribunal Constitucional se recurre en amparo en base al principio de presunción de inocencia^'' garantizado en el art de la Constitución. Por ello, se recurre a las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, que con relativa frecuencia se pronuncian en contra de las condenas dictadas por el Juzgado de lo Penal, normalmente absolviendo^^. ^^ La sent. del TC 319/2006, de 15 de noviembre, recoge en el primero de sus fundamentos de derecho: «El derecho a la presunción de inocencia experimentaría una vulneración si por la acreditación únicamente de uno de los elementos del citado delito -el de que el conductor haya ingerido bebidas alcohólicas- se presumieran realizados los resteintes elementos del mismo, pues el delito no se reduce, entre otras posibilidades típicas, al mero dato de que el conductor haya ingerido alcohol, dado que este supuesto delictivo no consiste en la presencia de un determinado grado de impregnación alcohólica, sino en la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La influencia de bebidas alcohólicas constituye un elemento normativo del tipo penal que consecuentemente requiere una valoración del Juez, en la que éste deberá comprobar si en el caso concreto de la conducción estaba afectada por la ingestión del ejcohol. De modo que, para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo penal, no basta comprobar el grado de impregnación alcohólica en el conductor, sino que, aun cuando resulte acreditada esa circunstancia mediante las pruebas biológicas practicadas con todas las garantías procesales que la Ley exige, es también necesario comprobar su influencia en el conductor, comprobación que naturalmente deberá realizar el juzgador ponderando todos los medios de prueba obrantes en autos que reúnan dichas garantías. Por ello hemos afirmado que la prueba de impregnación alcohólica puede dar lugar, tras ser valorada conjuntamente con otras pruebas, a la condena del conductor del vehículo, pero ni es la única prueba que puede producir esa condena, ni es una prueba imprescindible para su existencia». ^^ CABALLERO GEA, en oh. cit., hace un extenso estudio de la jurisprudencia en los delitos contra la seguridad vial. La sent. de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gerona de 8 de noviembre de 2007, absuelve en apelación a quien había sido condenado por un delito del art. 379 del Código penal. Recoge en el segundo de sus fundamentos de derecho: «No puede obtenerse sin duda razonable alguna que el recurrente tenía mermada su capacidad para conducir, pues véase que el propio Juez de lo Penal, en el relato de hechos probados solo tiene por acreditado que el Sr. Andrés, como signo extemo, que presentaba 'halitosis alcohólica notoria' que como 54 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
13 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL La prueba sobre alcoholemia, aun siendo positiva no es suficiente, pues aunque el sujeto contenga en sangre cantidad superior a la autorizada^^, es necesario que ejerza «influencia» en su capacidad para conducir. Lo mismo para los supuestos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Todo ello salvo lo dispuesto en el inciso segundo del apartado 2 del art. 379, como se verá más adelante. En este sentido son necesarias otras pruebas. El atestado policial no es suficiente, pues tiene que ser ratificado en el acto del juicio oral que es donde el Juez valora las pruebas^'. Para poder demostrar la influencia del alcohol en la conducción, cuando se supera la cantidad autorizada, como ya se indicó, se hacen otras pruebas complementarias, como comprobar si el conductor camino correctamente, forma de hablar, etc^^. Como el conductor tiene derecho a una segunda medición^' y a un análisis de sangre'*", si el agente que hizo la prueba de alcoholemia no le comunica estos derecho la prueba es nula y hay que absolver. tiene reiteradamente dicho esta Sala es un signo equívoco, no siendo suficiente para afirmar la influencia de la bebida, cuando no se halla acompañado de otros esenciales y patentes, cuales son el habla pastosa, no puesta de manifiesto en este caso, o el caminar vacilante o con movimiento oscilante de la verticalidad, respecto del cual existen dudas razonables originadas por las manifestaciones de los testigos, y que, además, ni siquiera ha dado como probado el Juez de lo Penal, motivos todos ellos que deben dar lugar a la estimación de la impugnación al no existir prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia». ^' Vid. infra nota 28. ^^ Se absolvió al presunto culpable como consecuencia de no haberse ratificado la policía con respecto a la alcoholemia que dijo haber detectado (1,69 gramos), no existiendo prueba suficiente para condenar que pudiera deducirse en el acto de la vista oral (sent. de 30 nov. 1989). También se absolvió en otro supuesto en el que no hubo ratificación en presencia judicial ni en el acto del juicio (sent. de 16 en. 2002). '^ Vid. supra nota 31. '' Dispone el art. 23 del Reglamento General de Circulación: «Práctica de las pruebas. 1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente». '"' Según el art del Reglamento General de Circulación se ha de informar a la persona a quien se practica la prueba de alcoholemia el derecho que tiene «a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más adecuados». UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
14 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO Hay jurisprudencia con respecto a la ingestión de alcohol, pero apenas existe sobre supuestos en los que se haya probado que una persona conducía bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; aquí, a diferencia de lo que ocurre con el alcohol, resulta mucho más difícil detectar que el sujeto conduce bajo la influencia de aquéllas'*^. Con respecto a las tasas de alcoholemia se autoriza circular hasta con 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre y 0,25 miligramos por litro en aire espirado"^, reduciéndose a 0,3 gramos y O'15 miligramos respectivamente para conductores de ciertos vehículos destinados al transporte de mercancías, de viajeros, servicio público, etc."^, así como para los conductores durante los dos íiños siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir^"*. Esta tasa de alcoholemia es a efectos administrativos, no obstante, pueden servir como punto de referencia respecto a una posible infracción penal. Según el Reglamento General de Circulación están obligados a someterse a la "' El art. 28 del Reglamento GenereJ de Circulación establece: «.Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes u otras sustancias análogas.- 1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes: a) Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los análisis clínicos que el Médico forense u otro titular experimentado, o personal facultativo del Centro sanitario o Instituto médico al que sea trasladada aquélla, estimen más adecuados. A petición del interesado o por orden de la Autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos». "^ Dispone el art. 20 del Reglamento General de Circulación: «Tasas de alcohol en sangre y aire espirado. 1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro» (párrafo primero). " ^ Dispone el párrafo segundo del art. 20 del Reglamento General de Circulación «cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicios de urgencias o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado a 0,15 miligramos por litro». ** Según el párrafo tercero del art. 20 del Reglamento General de Circulación «los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro, durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir». Dispone el párrafo siguiente: «A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia». 56 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
15 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL prueba de alcoholemia los conductores de vehículos y bicicletas e incluso los usuarios de la vía pública cuando se encuentren implicados en un accidente"^. Se plantea la cuestión de si comete delito quien conduce con una tasa de alcohol que no supere 0'25 miligramos por litro en aire espirado o 0'5 gramos por litro en sangre, pero que le influye negativamente en sus facultades para conducir. En estos supuestos se comete el delito que aquí se estudia, pues lo decisivo es que el alcohol ejerza influencia'**. Otra cosa es que la conducta no sea punible debido al error que puede amparar al conductor que desconoce que el alcohol en pequeñas cantidades le afecta en su capacidad para conducir correctamente. Sólo son punibles las conductas dolosas, en cuanto que el sujeto ha de ser consciente de que conduce bajo los efectos de las bebidas EJcohólicas, drogas, etc. Teniendo en cuanta que todo el mundo conoce la prohibición que existe de conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, es difícil que exista un error exculpante"*^, aunque es posible, como se apuntó cuando pequeñas cantidades de alcohol pueden influir en algunos conductores. Cabe la concurrencia de la eximente 1.^ del art. 20^». 3. CONDUCCIÓN CON EXCESO DE TASA DE ALCOHOLEMIA Se castiga en el inciso segundo del art al «que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro». " ^ Dispone el párrafo primero del art. 21 del Reglamento General de Circulación: «Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.- Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado)». '^ CABALLERO GEA, ob. cit., págs. 75 y ss. GÓMEZ PAVÓN, ob. cit., pág. 48, dice que «desde el punto de vista penal, debemos rechazar la fijación de una tasa de alcoholemia ya que la ley no lo exige». "' RODRÍGUEZ DEVESA, ob. cit., pág '^^ Vid. TAMARIX SUMALLA, J.M., en Quintero Olivares (Director) Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, Navarra, 2005, pág escribe: «no puede descartarse que un sujeto que no hubiera previsto tener que ponerse al volante de un automóvil beba hasta llegar a un estado de intoxicación plena y en esa estado emprenda la conducción». UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
16 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO Pena: La misma que en el supuesto anterior: prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. El artículo 20 del Reglamento General de Circulación recoge: «Tasas de alcohol en sangre y aire espirado. 1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire superior a 0,25 miligramos por litro». Cuando la tasa de alcohol sea superior a estas cantidades y no supere 1,2 gramos por litro en sangre, ni 0,62 miligramos por litro en aire aspirado, la sanción es administrativa, si no se ha creado peligro para la circulación. No obstante, sea cual ñiere la cantidad de alcohol el conductor podrá incurrir en el delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas del art si lo hiciere bajo la influencia de las mismas y creara riesgo para la circulación. No importa que quien lleva el vehículo con esa elevada cantidad de alcohol le influya en la conducción"^^. Aunque en estos casos lo probable es que se ocasione un peligro para la circulación, puede haber excepciones, lo que cuestiona que se haya incorporado al Código esta figura de delito^". ''^ Con esta tasa de alcohol en ocasiones se absolvía al conductor si no existía peligro para la seguridad del tráfico. Recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005 lo que sigue: «Se ha podido constatar que si hay Juzgados de lo Penal o Salas que califican como delito la conducción cuando el nivel de alcohol en sangre es de 0,6 ml./l. de aire (1,2 gr./l. de sangre) por el contrario hay algunos otros que absuelven (incluso por vía de apelación) a pesar de un alto índice de 0,9 ml./l. de aire (1,8). Dichas absoluciones se fiíndamentan en la ausencia de peligro para la seguridad del tráfico porque el índice no había rebasado los 0,75 ml./l. de aire (1,5) y ello siguiendo algunas Sentencias del Tribunal Supremo que señalan que a partir de 1,5 la influencia es probable y a partir de 2,0 es segura. Sin embargo, tal posición supone, según estudios de expertos sobre sistemas de detención de alcohol en el organismo, estimar que un consumo de 9 latas de cerveza (3 litros) no origina un peligro abstracto para la seguridad del tráfico. No es precisa la prueba pericial que nos determine, tras el consumo de semejante cantidad de bebida, qué grado de incapacidad para conducir nos ha producido en el organismo. Por ello se aprecia, dado que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha establecido criterios orientativos de forma uniforme en tomo a cuál es el nivel de alcohol peligroso, y por otro lado, su aplicación, por los Jueces de lo Penal, adolece de preocupante unidad de criterio, la necesidad de que, bien por vía legal o bien jurisprudencial, se establezcan ciertos márgenes que atenúen tal situación de inseguridad jurídica para el justiciable y los profesionales del Derecho. Todo ello sin perjuicio de que en cada supuesto concreto deba acreditarse la influencia de las bebidas alcohólicas en la capacidad del sujeto y en la conducción» (pág. 523). ^ Recoge la sent. del TC 319/2006, del 15 de noviembre, en el tercero de sus fundamentos de derecho: «La influencia de la ingesta de alcohol en las facultades psico- 58 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
17 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL La Fiscalía General del Estado antes de la reforma del Código exigía que con esas tasas de alcohol en sangre para que la conducta fuera constitutiva de delito debía de acreditarse que tenía efectos en la capacidad psicofísica del conductor^'. El legislador se centra en la tasa de alcohol muy elevada. Sin embargo, no contempla los otros supuestos que también afectan a la seguridad vial como son las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Aunque en estos casos existen dificultades para poder valorar la cantidad de los productos consumidos, lo cierto es que los que conducen un vehículo de motor o ciclomotor en tales circunstancias se encuentran frente al derecho penal en mejor situación que los que lo hacen con un alto índice de alcoholemia^^. 4. CONDUCCIÓN TEMERARIA Se castiga en el párrafo primero del art al «que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas». físicas se sustenta en el estudio sobre la influencia del alcohol en la conducción contenido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de En la misma, entre otras consideraciones, se indicaba, aludiendo a la tendencia legislativa de otros países, que 'con referencia al individuo medio se considera a efectos médico-legales que a partir de 1,5 (por mil) la influencia del alcoholen la conducción es probable y cierta a partir del 2.0». '' En la Instrucción 3/2006, de 3 de julio, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor, recoge en la sexta de sus conclusiones lo que sigue: «En supuestos de alcoholemia detectada con ocasión de controles preventivos las señoras y señores Fiscales ejercitarán la acción penal por delito del artículo 379 del Código Penal, en todo caso, cuando el grado de impregnación alcohólica sea superior a 1,2 g. de alcohol por cm? de sangre -o 0'60 mg de alcohol por litro de aire espirado? si bien deberán proponer la práctica de diligencias de prueba que permitan acreditar el efecto de dicha impregnación alcohólica en la capacidad psicofísica para una conducción segura cuando excepcionalmente dicha tasa de alcohol no vaya acompañada de otros indicios de afectación etílica. En supuestos de alcoholemia comprendida entre 0,80 y 1,2 g de alcohol por cm? de sangre -0,40 y 0,60 mg de alcohol por litro de aire espirado? la acusación dependerá de las circunstancias concurrentes, tales como la existencia de síntomas de embriaguez en el conductor, la conducción peligrosa o descuidada, o el haber provocado un accidente. Con tasas inferiores a 0,80 g de alcohol por cm? de sangre -0,40 m de alcohol por Htro de aire espirado- las señoras y señores Fiscales no ejercitarán la acusación, derivando los hechos a la vía sancionadora administrativa, salvo en aquellos casos singulares en que las circunstancias concurrentes evidencien la influencia del alcohol en la conducción». '^ Vid. GALLEGO SOLER, op. cit., págs. 170 y ss. UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
18 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO Pena: Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno hasta seis años. Nos encontramos en otro de los supuestos en los que hay que deslindar el ilícito administrativo del ilícito penap^, cuestión de la que se ocupa tanto la jurisprudencia^" como la Fiscalía del Tribunal Supremo^^. El bien jurídico protegido es la vida y la integridad física de las personas. Conducción manifiestamente temeraria. En el art se establece: «A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior»^*. ^^ El art. 65.5,d) de la Ley de tráfico contempla como infracción muy grave, cuando no sea constitutiva de delito: «la conducción manifiestamente temeraria». El art del Código recoge también la temeridad manifiesta, aunque añade que ésta ha de poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Por tanto, cuando la conducción sea manifiestamente temeraria será infracción administrativa, y penal cuando ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. ^'* La sent. del TS de 1 de abril de 2002 recoge en el tercero de sus fundamentos de derecho: «La conducción temeraria es, en principio un ilícito administrativo del art ,c) (hoy 65.5,d) de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial tipifica como infracción muy grave. No obstante, cuando la temeridad es manifiesta, es decir, patente, clara y con ella se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, el ilícito se convierte en penal y da lugcir al delito previsto en el art. 381 CP. Conduce temerariamente un vehículo de motor quien incurre en la más grave infracción de las normas de cuidado formalizadas en la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Siendo así, la temeridad que integra la infracción administrativa es, en principio, la misma que la que integra el delito. La diferencia entre una y oro está en que en el delito la temeridad es notoria o evidente para el ciudadano medio y, además, crea un peligro efectivo, constatable, para la vida o la integridad física de personas identificadas o concretas, distintas del conductor temerario. No parece pueda ser cuestionado que la forma de conducir del acusado antes de producir el accidente [...] deba ser calificada como temeraria toda vez que, siendo un conductor novel, circuló a 'velocidad excesiva, realizando adelantamientos en lugares prohibidos, obligando a los vehículos que circulaban por el carril contrario a salirse al arcén e incorporándose al carril propio sin tener en cuenta la existencia de los vehículos que por él circulaban, debiendo éstos retirarse al arcén para evitar la colisión». ^' La Consulta 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, cit., recoge en su apartado IIL «Como vemos, la nueva redacción del artículo 65 ha introducido el adverbio 'manifiestamente' en relación con el carácter temerario de la conducción, cuando de infracción muy grave se trate, de modo, que en principio, el concepto de conducción manifiestamente temeraria es presupuesto coincidente en la vía sancionadora administrativa y en la penal». ^' La Ley de tráfico en su art ,d) considera infracción muy grave, cuando no sea constitutiva de delito «la conducción manifiestamente temeraria», que además de 60 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
19 LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL El legislador delimita lo que ha de entenderse por «conducción manifiestamente temeraria» a los siguientes supuestos: a) conducir a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, y b) conducir con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0'60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1*2 gramos por litro. Consiste la acción en conducir un vehículo de motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y, además, se ponga en concreto peligro la vida o integridad de las personas. Temeridad equivale a imprudencia grave, al no observarse el deber objetivo de cuidado exigible^^. Ha de ser manifiesta, es decir que pueda ser apreciada con facilidad por terceros^*. Las normas de circulación prohiben conducir de modo negligente o temerario^' y «manifiestamente temeraria»*". Estamos ante un delito de peligro concreto, pues así se especifica en el texto al decir que se «pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas». El riesgo puede ser tanto para terceros ajenos al vehículos, como para los acompañantes del conductor. Si éstos le piden que pare el vehículo para abandonarlo y se niega, puede haber un concurso de delitos del art. 381 con otro de detención ilegal. La conducta ha de ser dolosa -se trata de un dolo de peligro-, pues el sujeto ha de conocer que conduce de forma temeraria y pone en la sanción correspondiente lleva consigo la pérdida de seis puntos, de acuerdo con el anexo 11.4 de la Ley. En el art de la Ley, dentro de las medidas cautelares se establece: «Los agentes de la autoridad inmovilizarán el vehículo cuando a su conductor se le pueda imputar la infracción prevista en el eirtículo 65.5,d) de la presente Ley y lo mantendrá inmovilizado mientras subsista la causa de la infracción». ^' Se consideró conducción temeraria en las sents. de 20 jul (no respetar señal de stop), 12 feb (adelantar a más velocidad de la permitida y por la derecha), 30 mayo 1986, 9 marzo 1989 (el conductor bajo los efectos de somnolencia invadió la parte izquierda de la calzada chocando de frente con el vehículo que circulaba en dirección contraria) y 10 marzo 1993 (atropello en paso de cebra circulando a velocidad excesiva). '* RODRÍGUEZ DEVESA, ob. cit., pág '' Dispone el art. 3 del Reglamento General de Circulación que «se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario» (art. 9.2 de la Ley). '" Vid. supra nota 53. UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3,
20 ALFONSO SERRANO GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAÍLLO peligro la vida o la integridad de las personas. Es suficiente el dolo eventual. La consumación se produce en el instante en que el sujeto con su forma temeraria de conducir pone en peligro la vida o la integridad de las personas. Aunque se ponga en peligro a varias personas sólo hay un delito. 5. SUPUESTOS AGRAVADOS DE CONDUCCIÓN TEMERARIA La alarma que produjo la aparición de los vulgarmente conocidos por «conductores homicidas» ftie el motivo por el que se incorporó en el C.p., en junio de 1989 el art. 340 bis, d) (art. 384 en el Código penal de 1995 y hoy 381). a) Conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás poniendo en concreto peligro para la vida o integridad de las personas. Se castiga en el art al que «con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare una conducta descrita en el artículo anterior». Penas: Prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de seis a diez años. La pena de prisión resulta excesiva, y también puede serlo la privación del permiso de conducir. En los supuestos más graves de lesiones cometidos por imprudencia grave la pena es prisión de uno a tres años (art ). El homicidio por imprudencia grave se castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años (art ), y cuando el homicidio imprudente se comete utilizando un vehículo a motor o ciclomotor la privación del derecho a conducir los mismos es de uno a seis años (142.2). Para los supuestos de lesiones graves cometidas por imprudencia grave con vehículo de motor o ciclomotor, la privación del derecho a conducir es de uno a cuatro años. Para incurrir en este delito es necesario: a) conducir con manifiesto desprecio por la vida de los demás y b) poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Estamos ante un delito de peligro concreto. La dificultad estará en la valoración de cuándo se conduce conscientemente despreciando la vida de los demás y a su vez se ponga en peligro la vida o integridad de otras personas. Cabe plantearse si la conducta prevista en el art puede incardinarse en el art. 380 «temeridad manifiesta y pusiere en peligro la vida o la integridad de las personas». En el art. 62 UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 3, 2008
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 resolución 
 resolución 
 artículo 65
 artículo 381
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 artículo 379
 artículo 379
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 379
 artículo 65
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
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 artículo 47