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Timestamp: 2019-02-21 05:40:38+00:00

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Legalización de las plataformas e-commerce | Adsuar Legal Consulting
Legalización de las plataformas e-commerce
LEGALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE E-COMMERCE
Con sólo echar un vistazo a las páginas de servicios que hay en internet, podemos hacernos una idea de lugar sobre cómo están las cosas. Compramos billetes de avión o tren, reservamos hoteles, alquilamos coches, compramos en grandes superficies, en ebay, etc. Un dato significativo es que cuatro de cada cinco internautas, compramos por internet.
No obstante hemos de tener muy presente que Internet alberga un mercado globalizado y deslocalizado y que dentro de él se mueven gran número de empresas y multitud de países con normas de regulación del comercio electrónico muy diferentes, lo que genera un importante grado de inseguridad jurídica. Como es fácilmente imaginable, no es lo mismo comprar un producto en una tienda situada en España, que comprarlo por ejemplo en Rusia donde desconocemos si el producto comprado va a llegar a nuestras manos y donde desconocemos cómo podremos reclamar legalmente nuestros derechos de consumidor.
A priori, como veremos más adelante, podríamos establecer tres áreas de seguridad jurídica. La primera área sería España donde hay un buen nivel de protección y de defensa del consumidor, en segundo lugar la Unión Europea, también con un elevado nivel de protección. El tercer nivel de seguridad lo tendríamos en Estados Unidos, donde el comercio electrónico, y por correo, tiene altos niveles de eficiencia. Fuera de estas tres áreas ya situaríamos al resto de países donde, salvo excepciones, podríamos encontrarnos con problemas de protección jurídica.
La Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en su artículo 92 nos da el siguiente concepto de contratos celebrados a distancia: Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados con los consumidores y usuarios en el marco de una actividad empresarial, sin la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario.
La Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su Título IV se refiere a la contratación por vía electrónica, en su artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica:
Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.
Por último, la Ley de Comercio Minorista, en su art. 38 nos da el siguiente concepto: Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del comprador por un medio de comunicación a distancia de cualquier naturaleza. En particular estarán incluidas en este concepto aquellas que se realicen mediante pedidos sobre catálogos previamente distribuidos a los posibles compradores.
 El consumidor como parte débil
El consumidor ocupa una posición de clara debilidad económica y negociadora (En la modalidad B2B las dos partes del contrato son empresas o profesionales que ocupan una misma posición de fuerza económica). Igualmente, y por diferencia con la modalidad B2B el comprador no va a adquirir el producto para reintroducirlo o revenderlo en el mercado, sino que lo adquiere como consumidor final, para su uso personal.
• Uso de contratos de adhesión o condiciones generales de la contratación.
• Utilización de cláusulas abusivas que en muchos casos perjudican a los derechos del consumidor.
• Fraudes y engaños en las ofertas. Estos fraudes y engaños se acentúan en Internet.
• Déficit de información. En Internet este déficit es mayor, ya que no puedes ver el objeto físico, sólo fotografías.
• Declaraciones de voluntad impulsivas: acuerdos click-wrap y web-wrap. El contrato se perfecciona con el sólo click del consumidor.
• Inseguridad jurídica en los contratos internacionales. Internet conlleva un aumento de los contratos internacionales. Esta internacionalidad asusta al consumidor porque no sabe dónde va a tener que presentar la demanda y no sabe qué derecho se va a aplicar.
• Todas estas causas generan la desconfianza del consumidor hacia el comercio electrónico y por ello los ordenamientos jurídicos de los diferentes países tienden a protegerlo mediante las adecuadas normas legislativas.
• Protección legal otrogada al consumidor en la contratación en internet
 Normativa
• El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, incorpora las siguientes leyes complementarias: la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; La Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.
• RD 1906/99. Pensado exclusivamente para la contratación electrónica y telefónica, que complementa a la LOCM.
• Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. Destinada a la incorporación al contrato y la interpretación de las CGC.
• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de productos.
• Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, que actualiza los catálogos de productos y servicios de uso común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera.
• Ley 7/1995 de 23 de Marzo, de Crédito al Consumo.
• Ley 22/2007 de 11 de Julio sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
• Ley 29/2006 de 26 de Julio de Garantía y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios.
• Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
• Ley 59/2003 de 19 de Diciembre, de Firma Electrónica.
• Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones sobre Comunicaciones Electrónicas (Modifica la Ley de Comercio Electrónico y Servicios de la Sociedad de la Información).
• Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio, por el que se regula la autorización de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de empresas de venta a Distancia.
• Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado Interior (Directiva sobre el comercio electrónico)
• Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia.
• Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de Octubre de 1997 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.
• Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas comerciales desleales,
• Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios
• Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
• Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
 En las ofertas y la información precontractual.
Identificar al prestador de servicios. Debe dar una serie de informaciones y de mecanismos de acceso en su página web. El art.10 de la LSSI recoge la información mínima necesaria. Hasta 2002 existía una obligación de registro de las empresas de venta a distancia. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista, art. 38.5, exceptúa de esta obligación a los Prestadores de Servicios de la Información, lo que vulnera el principio de neutralidad tecnológica.
 En el momento del perfeccionamiento del contrato.
Obligaciones referidas a la formación del contrato, el art. 23 LSSI: establece la validez del contrato electrónico.
 Obligaciones referidas al contenido del contrato:
• Obligación de poner a disposición las cláusulas o CGC del contrato con la antelación necesaria a la perfección del contrato. Esto no existía para las ventas a distancia, es una novedad.
• Incorporación de las CGC al contrato.
• Si alguien ha contratado antes de poder tener acceso a las cláusulas se entiende que esas cláusulas no se incorporan al contrato. El contrato se regirá por la legislación supletoria.
• Tampoco se incorporan al contrato las cláusulas que son elegibles o ambiguas.
• Control del carácter abusivo de las cláusulas del contrato (art. 10 bis y DA 1ª LDCU).
• Una cláusula se considera abusiva cuando genera un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor: “Por ejemplo: el proveedor puede resolver el contrato unilateralmente”. Sanción: nulidad de pleno derecho.
 Protección en la fase postcontractual.
• Confirmación del contrato y las CGC en soporte duradero (art. 3.3 RD 1906/99). Es decir el consumidor ha de recibir la documentación del contrato y las condiciones generales de contratación.
• Derecho de resolución del contrato celebrado a distancia durante los 14 días posteriores a la entrega del producto o del momento a partir del cual empieza a prestarse el servicio. Este derecho de resolución no se aplica a todos los contratos. Art. 4.5: queda excluido en los casos en los que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo (programas informáticos).
• Plazo mínimo de dos años tras la celebración del contrato de garantía de los bienes muebles corporales de consumo. Se establece el principio de conformidad de los bienes con el contrato. Ley 23/2003.
• Hay tres supuestos en los que el consumidor puede decir que el bien no se corresponde con el contrato: cuando no responde a lo publicitado, cuando no tiene las características que se decían en el contrato, cuando no cumple con la función que se debe esperar que cumpla.
• El consumidor puede pedir la sustitución de los bienes, su reparación, un descuento o la devolución del dinero.
• Prohibición de la utilización de los datos comerciales del consumidor sin su consentimiento (LO 15/99).

References: artículo 92
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
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