Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A233-09.htm
Timestamp: 2018-12-11 06:20:42+00:00

Document:
A233-09
Auto 233/09
CAPTURA CON FINES DE EXTRADICION-Facultad de la Fiscalía General de la Nación para ordenarla
A diferencia de la captura ordenada para asegurar la comparecencia de la persona a un proceso penal común y que está sometida al control de legalidad a cargo del juez de control de garantías, la orden de captura con fines de extradición hace parte de un trámite administrativo destinado a poner a disposición del Estado requirente a una persona para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su jurisdicción, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del solicitante, teniendo como fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como también el de confianza legítima y mutua en las relaciones entre Estados
EXTRADICION-Procedencia
Referencia: solicitud de aclaración de la sentencia C-243 de 2009
Solicitante: Wilfrand Cuenca Zuleta
1. Que mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2009, el señor Wilfrand Cuenca Zuleta, en calidad de actor en la demanda que dio lugar a la Sentencia C-243 de 2009, solicitó aclaración, modificación y adición de la mencionada providencia, pues, según él:
“…nada dijo la Corte Constitucional sobre si el Fiscal General de la Nación como autoridad administrativa a partir de la reforma constitucional de 1991 y del Acto Legislativo 03 de 2002, esta (sic.) o no facultado para proferir ordenes de captura administrativas sin orden judicial en una entidad nacional en el tramite(sic.) de extradición (sic.).
Solicito aclaración, adición y modificación de la Sentencia C-243 de 2009 que no aborda de manera clara y facultativa de si es o no constitucional la orden de captura proferida por autoridad administrativa, en razón a que la Constitución Política de 1991, proscribe las ordenes de captura por autoridades administrativas”. [1]
2. Que de acuerdo con el texto transcrito, la Sala considera que el ciudadano Wilfrand Cuenca Zuleta solicita aclaración de la Sentencia C243 de 2009, por cuanto en el escrito no están presentes los argumentos necesarios para pedir que la Corporación modifique o adicione la mencionada providencia, más aún cuando, según el artículo 49[2] del Decreto 2067 de 1991, contra la misma no procede recurso alguno.
3. Que de acuerdo con el informe secretarial, la sentencia C-243 de 2009, fue notificada mediante edicto No. 085 fijado el 19 de mayo del presente año y desfijado el día 21 del mismo mes.
4. Que la solicitud de aclaración fue presentada el día 22 de mayo de 2009, es decir, dentro de los términos previstos en el artículo 309[3] del código de procedimiento civil.
5. Que mediante la Sentencia C-243 de 2009, se declaró la exequibilidad de los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004, después de analizar, entre otros, los cargos relacionados con la ausencia de control de legalidad respecto de la orden de captura con fines de extradición proferida por el Fiscal General, cuando el inciso tercero, numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política, prevé que la ley que confiera la facultad de captura excepcional deberá establecer los límites correspondientes.
6. Que en la parte motiva de la sentencia C-243 de 2009, la Corte expresó sobre esta materia:
“6. Estatuto de la libertad en los procesos penales adelantados en Colombia
En cuanto órgano investigador e integrante de la Rama Judicial del Poder Publico, después del Acto Legislativo 03 de 2002, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde[4]:
6.1. En relación con las modificaciones introducidas mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 en materia de libertad individual y derechos fundamentales, esta Corporación[5] precisó:
En cuanto a la figura del juez de control de garantías y su ámbito de funciones en el sistema penal acusatorio, la Corte[6] ha explicado:
Esta Corporación tuvo oportunidad de referirse a la captura con fines de extradición cuando por razonas similares a las que ahora son analizadas, fueron demandadas las normas del estatuto procesal penal derogado (Decreto 2700 de 1991), que en sus artículos 562 y 566[7] atribuían al Fiscal General de la Nación la función de ordenar la captura de la persona solicitada en extradición. En aquella ocasión la Corte[8] expresó:
En este orden de ideas, el Estado requerido no podrá llevar a cabo control jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento de las atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de actitud. (Subraya la Sala).
Sobre esta materia la Corte[9] tuvo oportunidad de explicar:
7.4. Contrario a lo que considera el demandante, la persona capturada con fines de extradición dispone de varios mecanismos de defensa previstos en la Constitución Política y en la Ley; así, según el artículo 510 del código de procedimiento penal, desde el momento en que se inicie el trámite de extradición tiene derecho a designar un defensor, si no lo hace le será nombrado uno de oficio; conforme con el artículo 500 del mismo código, recibido el expediente por la Corte Suprema de Justicia, se dará traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de diez (10) días, para que soliciten las pruebas que consideren necesarias; según el artículo 511 del mismo estatuto, será puesta en libertad incondicional si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petición de extradición, como también si transcurrido el término de treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado requirente, este no procedió a su traslado. (Subraya la sala).
7.5. Para la Sala, las normas demandadas desarrollan el artículo 35 de la Constitución Política, hacen parte del estatuto de la libertad individual de la persona solicitada en extradición, establecen el campo de actuación de algunas de las autoridades públicas encargadas del trámite respectivo, regulan parte del procedimiento administrativo al cabo del cual se resolverá sobre la procedencia de la extradición, respetan adecuadamente la soberanía del Estado requirente y, en general, permiten al Estado colombiano cumplir eficazmente con los compromisos contraídos en materia de cooperación y lucha contra la criminalidad transnacional”.
7. Que para la Sala, la aclaración solicitada por el ciudadano Wilfrand Cuenca Zuleta debe ser negada, por cuanto los apartes trascritos, pertenecientes a la parte motiva de la Sentencia C-243 de 2009, no ofrecen dificultad para su lectura y adecuada comprensión; es decir, su texto permite responder adecuadamente a las dudas expresadas por el peticionario.
Primero.- NEGAR la aclaración solicitada por el ciudadano Wilfrand Cuenca Zuleta, respecto de la Sentencia C-243 de 2009.
Segundo.- INFORMAR al ciudadano Wilfrand Cuenca Zuleta, que contra el presente auto no procede recurso alguno.
[1] Págs. 1 y 2 del escrito presentado por el ciudadano Wilfrand Cuenca Zuleta.
[2] El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, inciso primero, establece:
[3] El artículo 309 del C.P.C. establece:
La aclaración de auto procederá de oficio dentro del mismo término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término”.
[4] Constitución Política, art. 250, numeral 1.
[5] Corte Constitucional, Sentencia C-592 de 2005.
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 2008.
[7] Estas disposiciones establecían:
[8] Corte constitucional, Sentencia C-1106 de 2000.
[9] Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 2000.

References: artículo 49
 artículo 309
 artículo 250
 artículo 510
 artículo 500
 artículo 511
 artículo 35
 artículo 49
 artículo 309