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Timestamp: 2018-01-20 18:41:53+00:00

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Derecho Internacional Público. Costa Rica: septiembre 2017
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Ante la tensión que se vive en España de cara al referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña para este primero de octubre del 2017, han circulado diversos pronunciamientos y manifiestos, sea a favor o en contra de esta consulta popular. Un ejercicio similar previsto para el 9 de noviembre del 2014 fue suspendido a raíz de una decisión de la justicia constitucional española. Este 28 de setiembre, expertos de Naciones Unidas han hecho un vehemente llamado a las autoridades españolas a respetar los derechos de los ciudadanos catalanes (véase comunicado oficial de prensa titulado "España debe garantizar el respeto a derechos fundamentales en su respuesta al referéndum catalán").
Entre los diversos textos publicados en este mes de setiembre del 2017 en España, encontramos una carta colectiva denominada "Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña": en este texto, los firmantes hacen ver que no existe ningun fundamento jurídico existente en derecho internacional que permita sostener jurídicamente esta consulta popular.
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Al iniciar este mes de setiembre del 2017, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cuenta con un nuevo integrante: Cuba, Estado que depositó su instrumento de adhesión a la carta constitutiva del BCIE (véase nota de prensa). El BCIE es una entidad centroamericana que forma parte del SICA (Sistema de Integración Centroamericana), ubicada en Tegucigalpa. Además de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, al BCIE participan los siguientes Estados extra regionales: Argentina (desde 1995), Colombia (1997), España (2005) y República de China (Taiwán) desde 1992. En octubre del 2016, trascendió en la prensa de contactos preliminares de las autoridades cubanas con altos funcionarios del BCIE (véase nota de prensa).
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EL pasado 29 de agosto, al confirmarse, un día anterior, el sobrevuelo de Japón por un misil balístico lanzado por Corea del Norte, el Conssejo de Seguridad adoptó una Declaración S/PRST/2017/16 de su Presidencia, en nombre de los 15 integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas (véase texto completo en español al final de esta nota). En el texto, se puede leer que el tema de las armas nucleares preocupan mayormente ante el riesgo de escalada que significan:
"El Consejo de Seguridad, firme en su respaldo a la desnuclearización de la península de Corea, pone de relieve la vital importancia de que se adopten de inmediato medidas concretas para reducir las tensiones en la península de Corea y fuera de ella".
Es de notar que no se trata de una resolución, sino de una declaracion de la Presidencia del Consejo de Seguridad.
Unos dias después, el 3 de setiembre, Corea del Norte procedió a un nuevo ensayo, esta vez el de una arma de hidrógeno (véase nota de prensa).
La última resolución del Consejo de seguridad como tal sobre Corea del Norte fue la resolución S/RES/2371 (2017) adoptada por 15 votos a favor y ninguno en contra el 5 de agosto del 2017, estableciendo en 30 puntos de su parte dispositiva, una serie de sanciones militares, financieras y comerciales así como restricciones en materia de transporte a Corea del Norte (véase versión en español de dicha resolución al final de esta nota).
En la 8034ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 29 de agosto de 2017, en relación con el examen por el Consejo del tema titulado “No proliferación/República Popular Democrática de Corea”, la Presidencia del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración en nombre del Consejo:
“El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el lanzamiento por parte de la República Popular Democrática de Corea de un misil balístico, que sobrevoló el Japón, el 28 de agosto de 2017 (hora local), así como los múltiples lanzamientos de misiles balísticos realizados por la República Popular Democrática de Corea el 25 de agosto de 2017.
El Consejo de Seguridad condena también a la República Popular Democrática de Corea por sus actos atroces y exige que la República Popular Democrática de Corea ponga fin de inmediato a esas acciones. El Consejo de Seguridad destaca que estas acciones de la República Popular Democrática de Corea no constituyen solo una amenaza para la región, sino para todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad expresa su grave preocupación porque, al realizar ese lanzamiento por encima del Japón y teniendo en cuenta sus acciones y declaraciones públicas recientes, la República Popular Democrática de Corea está socavando deliberadamente la paz y la estabilidad regionales y ha causado profunda inquietud en materia de seguridad en todo el mundo. El Consejo de Seguridad, firme en su respaldo a la desnuclearización de la península de Corea, pone de relieve la vital importancia de que se adopten de inmediato medidas concretas para reducir las tensiones en la península de Corea y fuera de ella.
El Consejo de Seguridad exige que la República Popular Democrática de Corea no realice nuevos lanzamientos utilizando tecnología de misiles balísticos y cumpla las resoluciones 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) y 2371 (2017), así como las declaraciones de la Presidencia del Consejo de 6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41), 13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7) y 16 de abril de 2012 (S/PRST/2012/13), suspendiendo todas las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos, y, en este contexto, reasuma sus compromisos preexistentes sobre la moratoria de los lanzamientos de misiles.
El Consejo de Seguridad exige también que la República Popular Democrática de Corea cumpla íntegramente y de forma inmediata todas las demás obligaciones que le incumben con arreglo a todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluidas las siguientes: abandonar todas las armas nucleares y los programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irreversible y poner fin de inmediato a todas las actividades conexas; no realizar ningún ensayo nuclear ni ningún acto de provocación más; y abandonar todas las demás armas de destrucción en masa de manera completa, verificable e irreversible.
El Consejo de Seguridad exhorta a todos los Estados a que apliquen de forma estricta, plenamente y sin demora todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) y 2371 (2017). El Consejo de Seguridad reitera la importancia de que se mantengan la paz y la estabilidad en la península de Corea y en Asia nororiental en su conjunto, expresa su compromiso con una solución pacífica, diplomática y política de la situación y acoge con beneplácito los esfuerzos de los miembros del Consejo, así como de otros Estados, para facilitar una solución pacífica y completa a través del diálogo.”
Resolución del Consejo de Seguridad Resolución 2371 (2017)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8019ª sesión, celebrada el 5 de agosto de 2017
Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes, incluidas las resoluciones 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) y 2356 (2017), así como las declaraciones de su Presidencia de 6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41), 13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7) y 16 de abril de 2012 (S/PRST/2012/13), Reafirmando que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, así como de sus sistemas vectores, constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales,
Expresando la máxima preocupación por los ensayos de misiles balísticos realizados por la República Popular Democrática de Corea (“la RPDC”) los días 3 y 28 de julio de 2017, que según ha declarado la RPDC fueron ensayos de misiles balísticos intercontinentales, en contravención de las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) y 2356 (2017), y por el reto que tales ensayos suponen para el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (“el TNP”) y para la labor internacional encaminada a fortalecer el régimen mundial de no proliferación de las armas nucleares, así como por el peligro que representan para la paz y la estabilidad en la región y fuera de ella,
Subrayando una vez más la importancia de que la RPDC responda a otras preocupaciones humanitarias y de seguridad de la comunidad internacional, Subrayando también que las medidas impuestas en virtud de la presente resolución no tienen el propósito de acarrear consecuencias humanitarias adversas para la población civil de la RPDC,
7. Aclara que las medidas establecidas en el párrafo 20 de la resolución 2270 (2016) y el párrafo 9 de la resolución 2321 (2016), que obligan a los Estados a prohibir a sus nacionales, las personas sujetas a su jurisdicción y las sociedades constituidas en su territorio o sujetas a su jurisdicción que sean propietarios, arrendadores u operadores de buques con pabellón de la RPDC, sin excepción, salvo que el Comité lo apruebe caso por caso con antelación, se aplican al flet amento de buques con pabellón de la RPDC;
8. Decide sustituir el párrafo 26 de la resolución 2321 (2016) por el siguiente: “Decide que la RPDC no deberá suministrar, vender ni transferir, directa o indirectamente, desde su territorio o por conducto de sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, carbón, hierro y mineral de hierro, y que todos los Estados deberán prohibir la adquisición de esos materiales procedentes de la RPDC por sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves que enarbolen sus pabellones, tengan o no origen en el territorio de la RPDC, decide que, en el caso de las ventas y transacciones de hierro y mineral de hierro para las que se hayan concluido contratos por escrito antes de la aprobación de la presente resolución, todos los Estados podrán permitir la importación de esos envíos a sus territorios en un plazo de 30 días a partir de la fecha de aprobación de esta resolución, siempre que proporcionen al Comité una notificación con información de esas importaciones no más tarde de 45 días después de la fecha de aprobación de la resolución, y decide también que esta disposición no deberá aplicarse al carbón que, según confirme el Estado exportador sobre la base de información fidedigna, haya provenido de fuera de la RPDC y haya sido transportado a través del territorio de la RPDC únicamente para su exportación desde el puerto de Rajin (Rason), a condición de que el Estado exportador notifique al Comité con antelación y de que esas transacciones relativas a carbón proveniente de fuera de la RPDC no estén relacionadas con la generación de ingresos para los programas nucleares o de misiles balísticos u otras actividades de la RPDC prohibidas en virtud de las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o de la presente resolución;”
15. Recuerda el párrafo 24 de la resolución 2270 (2016), decide que la RPDC no deberá desplegar ni utilizar armas químicas, y exhorta con urgencia a la RPDC a que se adhiera a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y seguidamente cumpla de inmediato sus disposiciones;
18. Decide que los Estados Miembros deberán informarle, en un plazo de 90 días a partir de la aprobación de la presente resolución y posteriormente cuando lo solicite el Comité, sobre las medidas concretas que hayan adoptado para aplicar efectivamente las disposiciones de la presente resolución, y solicita al Grupo de Expertos que, en cooperación con otros grupos de vigilancia de las sanciones de las Naciones Unidas, prosiga sus esfuerzos para ayudar a los Estados Miembros a preparar y presentar tales informes a su debido tiempo; 19. Exhorta a todos los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para aplicar plenamente las medidas estipuladas en las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) y 2356 (2017), y a que cooperen entre sí en ese sentido, en particular con respecto a la inspección, detección e incautación de artículos cuya transferencia esté prohibida en virtud de esas resoluciones;
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