Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2003/09/registro-oficial-23-de-septiembre-del-2003
Timestamp: 2019-04-18 20:58:55+00:00

Document:
Registro Oficial. 23 de SEPTIEMBRE del 2003
Martes, 23 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 175
825\n Autorizase al\n Ministro de Economía y Finanzas para que suscriba un contrato\n de préstamo con el Deutsche Bank S.A.E. (Convenio de Establecimiento\n de Crédito Comprador Extranjero), destinado a financiar\n la "Adquisición de un avión CASA-CN-235-300",\n como parte del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de\n Vigilancia en el Mar y Zona Marino Costera", cuya ejecución\n se encuentra a cargo de la Armada del Ecuador.
828\n Denominase al\n actual Ministerio de Bienestar Social, como Ministerio de Desarrollo\n Humano.
0745-2002-RA\n Confirmase la\n resolución venida en grado y acéptase el amparo\n propuesto por el señor Luis Enrique Castillo Guamán..
0746-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y acéptase el amparo propuesto por la\n señora Mercedes Cecilia Chiriboga Montenegro.
0004-2003-HD\n Confirmase la\n resolución venida en grado y niégase la acción\n de hábeas data propuesta por el señor Luis Sarrade\n Peláez
0015-2003-HD Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n data propuesta por el señor Tomás Francisco Saldaña\n Salcedo
0016-2003-HD\n Confirmase la\n resolución venida en grado y niégase la acción\n de hábeas data propuesta por el abogado Jimmy Andrés\n Araujo Cárdenas.
0024-2003-HD Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de habeas data\n propuesta por el señor Agustín de Jesús\n Velasco Hidrovo y otra.
0027-2003-HC Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de hábeas\n corpus interpuesta a favor del señor Jorge Andrés\n Barriga Medina y otro..
0038-2003-HD Confirmase la resolución\n subida en gado y niégase la acción de hábeas\n data propuesta por el señor Edwin Dyer Aguirre.
0046-03-HC Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n corpus interpuesta a favor de la señora Sandra Medina\n Valencia, por ser improcedente
0051-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Mario Fiallos Castro
0064-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el ingeniero Bolívar Rodrigo Polo Torres. \n
0085-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo propuesto por el señor\n Freddy Manuel Calle Uriguen.
0092-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n propuesta por el Alcalde del Municipio de Chordeleg y otro. \n
102-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el doctor Galo Chiriboga Zambrano
394-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n formulada por José Urgilés Campos
-\n Cantón Pucará: Para\n el servicio de agua potable..
-\n Cantón Celica: De\n la relación de la Municipalidad con las juntas parroquiales
-\n Gobierno Municipal de Sushufindi:\n Reforma a la Ordenanza que reglamenta la conservación\n y uso de la vía pública\n \n
Que la Oficina de Planificación de la Presidencia de\n la República, a través de oficio No. ODEPLAN-DE-2000-0001037\n de 28 de diciembre de 2000, calificó como prioritario\n al Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en\n el Mar y Zona Marino Costera", dentro del que se encuentra\n la adquisición de un avión CASA CN-235-300, para\n la Armada del Ecuador;
Que mediante oficios Nos. SCP-2001-2485-6700 de 14 de noviembre\n de 2001 y SCP-CES-2002 1986 5095 de 28 de agosto de 2002, el\n Ministerio de Economía y Finanzas, oficializó ante\n el Reino de España, los proyectos que serian financiados\n con cargo al saldo de los recursos provenientes del Programa\n Financiero Hispano Ecuatoriano, entre los cuales consta el Proyecto\n "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en el Mar y Zona\n Marino Costera", que comprende entre otras adquisiciones\n la de un avión CASA CN-235-300, para la Armada del Ecuador,\n por el valor de US$ 24283.000,00;
Que mediante memorandos Nos. SIP-DM-2002-5363 de 12 de septiembre\n de 2002 y SPIP-DM-2003-MEMO- 189 2284 de 30 de mayo de 2003,\n el Subsecretario de Programación de la Inversión\n Pública del Ministerio de Economía y Finanzas,\n de conformidad con lo que disponen los artículos 9 y la\n letra a) del artículo 10 de la Ley Orgánica de\n Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n en concordancia con el artículo 24 del reglamento a la\n ley ibídem, emite la calificación de viabilidad\n económica, social y financiera y, valida la viabilidad\n técnica del Proyecto de Inversión de "Fortalecimiento\n del Sistema de Vigilancia en el Mar y Zona Marino Costera";
Que la Procuraduría General del Estado, mediante oficio\n No. 27553 de 20 de diciembre de 2002, emitió dictamen\n favorable al Proyecto de Contrato de Crédito puesto a\n su consideración, a celebrarse entre la República\n del Ecuador y el Deutsche Bank S.A.E., por un monto de hasta\n US$ 24283.000,00, destinado a financiar la adquisición\n de un avión CASA CN-235-300. más el valor correspondiente\n a la Prima de Seguro CESCE, conforme lo establece el artículo\n 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal;
Que el Directorio del Banco Central del Ecuador, emitió\n dictamen favorable sobre los aspectos financieros del contrato\n de préstamo a suscribirse entre la República del\n Ecuador y el Deutsche Bank S.A.E., por un monto de hasta US$\n 24283.000,00, destinado a financiar parcialmente el Proyecto\n "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en el Mar y Zona\n Marino Costera", dentro del que se encuentra la adquisición\n de un avión CASA CN-235-300, más el valor correspondiente\n a la Prima de Seguro CESCE, cuya ejecución se encuentra\n a cargo de la Armada del Ecuador, según consta del oficio\n No. DBCE-0436-2003 03 01154 de 23 de abril de 2003, dirigido\n por el Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador\n al Ministro de Economía y Finanzas;
Que la Subsecretaría de Crédito Público\n del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control e inciso segundo\n del artículo 36 del Reglamento a la Ley Orgánica\n de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n presentó el correspondiente informe contenido en el memorando\n No. SCP-CEOC-2003 0087 de 7 de mayo de 2003, manifestando que\n para la suscripción del contrato de crédito anteriormente\n referido se ha cumplido con lo que disponen los artículos\n 9 y 10 de la Ley. Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal; y, que la ejecución del proyecto\n se encuentra considerado en el Programa Anual de Inversiones\n (PAl) y en el Presupuesto General del Estado del año 2003,\n por lo que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas\n que emita dictamen favorable respecto de los términos\n y condiciones financieras del crédito, así como\n la continuación del trámite legal correspondiente;
Que el Ministro de Economía y Finanzas, expidió\n la Resolución No. SCP-2003 030 de 6 de junio de 2003,\n por la que emite dictamen favorable respecto de los términos\n y condiciones del Proyecto de Contrato de Préstamo y,\n aprueba la suscripción del referido contrato de préstamo;\n y,
En uso de las facultades que le confieren los artículos\n 171 numeral 18 de la Constitución Política de la\n República y. 127 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,
Art. 1.- Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas\n para que personalmente o mediante delegación, a nombre\n y en representación de la República del Ecuador,\n en calidad de prestataria, suscriba con el Deutsche Bank S.A.E.,\n como prestamista, un contrato de préstamo (Convenio de\n Establecimiento de Crédito a Comprador Extranjero) por\n un monto de hasta veinticuatro millones doscientos ochenta y\n tres mil dólares de los Estados Unidos de América\n (US$ 24'283.000,00), destinados a financiar la "Adquisición\n de un Avión CASA CN-235-300", como parte del Proyecto\n "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en el Mar y Zona\n Marino Costera", más el valor correspondiente a la\n Prima de la Póliza de Seguro de CESCE, cuya ejecución\n se encuentra a cargo de la Armada del Ecuador.
Art. 2.- Los términos y condiciones financieras del\n contrato de préstamo que se autoriza suscribir por medio\n de este decreto son los siguientes:
PRESTAMISTA:	Deutsche Bank S.A.E.
EJECUTORA:	Armada del Ecuador.
OBJETO DEL	Financiar la "Adquisición de un
\n CRÉDITO:	Avión CASA CN-235-300 para la Armada del\n Ecuador", dentro del Proyecto "Fortalecimiento del\n Sistema de Vigilancia en el Mar y Zona Marino Costera".
MONTO DEL	Hasta por US $ 24283.000,00,
\n FINANCIAMIENTO:	más los importes correspon-dientes al\n 100% de la prima de la Póliza de Seguro de la Compañía\n Española de Seguros de Crédito a la Exportación\n S.A. "CESCE".
PLAZO:	Diez (10) años.
PERIODO DE	Quinientos días (500), contados
\n DISPONIBILIDAD:	a partir de la entrada en vigor del contrato.
TASA DE INTERÉS:	Tasa que será determinada por\n el ICO, de acuerdo al tipo fijado en el consenso de la OCDE.
TASA DE MORA:	La mayor tasa que resulte de adicionar:
(a)	2% anual sobre el tipo contractual; o,
(b)	2% anual sobre el tipo de interés LIBOR a seis\n meses vigente a la fecha del primer día en que se produzca\n el impago.
COMISIÓN DE	0,375% FIat, que se calculará
\n APERTURA:	sobre el importe total del crédito y que se\n hará efectiva en el plazo máximo de 60 días\n contados desde la fecha de la firma del contrato de préstamo.
AMORTIZACIÓN:	Mediante el pago de 20 cuotas semestrales,\n iguales y consecutivas, teniendo lugar la primera de ellas a\n los 6 meses de cada entrega y/o factura de prestación\n de servicios / entrega de equipos o repuestos y/o pago de la\n prima de CESCE.
PRIMA DE SEGURO El Deutsche Bank S.A.E.,
\n DE "CESCE":	financiará el 100% del importe inicial\n de la prima de seguro que le abonará al CESCE, previa\n notificación de su importe.
El monto definitivo de la prima de seguro a la suscripción\n del contrato de préstamo no deberá ser superior\n al monto referencial.
Art. 3.- El servicio de la deuda y demás costos financieros\n del contrato de crédito que se autoriza celebrar mediante\n este decreto, lo realizará el Estado Ecuatoriano a partir\n del año 2003, con aplicación a la Partida Presupuestaria\n del Presupuesto General del Estado, Capitulo Deuda Pública\n Externa No. 1000.0000.F900.000.00.00.5603030470 y, en los años\n subsiguientes, con aplicación a las partidas presupuestarias\n del Presupuesto del Gobierno Central, Capitulo Deuda Pública\n Externa, que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá\n determinar oportunamente. Por otra parte, para el pago de las\n respectivas obligaciones, dicho Ministerio suscribirá\n el respectivo Contrato de Agencia Fiscal con el Banco Central\n del Ecuador, comprometiendo los recursos que fueren necesarios\n de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.
Art. 4.- La Armada del Ecuador en su calidad de organismo\n ejecutor, tendrá a su cargo la ejecución del proyecto\n que se financia con el crédito al que se refiere este\n decreto, y será responsabilidad de sus funcionarios, en\n las áreas de sus respectivas intervenciones, velar porque\n los procedimientos y trámites que se lleven a cabo para\n la ejecución del contrato o contratos respectivos, se\n enmarquen y sujeten a las leyes, reglamentos y más normas\n que regulan la contratación pública en el Ecuador.
Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, a 10 de\n septiembre de 2003.
f.) Lic. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n de la Administración Pública (E).
N0 828
Que el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución\n Política de la República faculta al Presidente\n de la República a determinar el número de ministerios,\n su denominación y la materia de su competencia;
Que el Ministerio de Bienestar Social ha asumido nuevas responsabilidades\n relacionadas con la ejecución de las actividades y políticas\n relativas al área social;
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 739 de 20 de agosto de 2003,\n publicado en el Registro Oficial N0 157 de 28 de los mismos mes\n y año, se integraron a dicha Cartera de Estado diferentes\n programas y proyectos de desarrollo social, modificando y ampliando\n sustancialmente la naturaleza de la gestión a su cargo;\n y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral\n 9 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
Art. 1.- Denomínese al actual Ministerio de Bienestar\n Social, como Ministerio de Desarrollo Humano.
Art. 2.- El Ministerio de Desarrollo Humano tendrá\n a su cargo el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias;\n y el cumplimiento de las responsabilidades y competencias asignadas\n al ex-Ministerio de Bienestar Social.
Art. 3.- En uso de las atribuciones previstas en el numeral\n 6 del artículo 179 de la Constitución Política\n de la República, el señor Ministro de Desarrollo\n Humano expedirá las normas relativas a la estructura orgánica\n por procesos que requiera la gestión ministerial.
Art. 4.- En los decretos, acuerdos, reglamentos, resoluciones\n y demás normatividad secundaria, en donde diga "Ministerio\n de Bienestar Social", dirá "Ministerio de Desarrollo\n Humano".
Art. 5.- El literal 1) del artículo 16 del Estatuto\n del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función\n Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial N0 536 de 18 de marzo\n de 2002, dirá: 1) Ministerio de Desarrollo Humano.
Artículo final.- De la ejecución del presente\n decreto que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el señor Ministro\n de Desarrollo Humano.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de septiembre\n de 2003.
f.) Patricio Ortiz James, Ministro de Desarrollo Humano. Es\n fiel copia del original.- Lo certifico.
N0 0745-2002-RA
Quito, D.M., a martes 19 de agosto de\n 2003; 10h05.
El señor Luis Enrique Castillo Guamán, comparece\n ante el Juez Primero de lo Civil de Morona Santiago y propone\n acción de amparo constitucional en contra de los señores\n Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Morona.
Manifiesta lo siguiente: Que impugna el acto administrativo\n contenido en la orden dada por el Alcalde de Morona, mediante\n oficio 419-ACM-2002 de .22 de julio de 2002, para que se instaure\n en su contra acción sumaria administrativa, la que adolece\n de vicios al desconocer varios derechos humanos de rango constitucional;\n que se señaló para el día 23 de julio de\n 2002 la realización de una audiencia administrativa, en\n la Oficina de la Jefatura de Personal, en la cual le hicieron\n una serie de preguntas contenidas en un amplio pliego, habiéndose\n solicitado se declare su nulidad por los vicios cometidos; que\n el 24 de julio de 2002, la Secretaria ad-hoc le notificó\n que dentro del proceso administrativo se declaró abierta\n la prueba por el término legal, dentro de la cual se aportaron\n los elementos probatorios pertinentes para confirmar su inocencia\n sin que los acusadores hayan demostrado sus imputaciones; que\n dentro del período probatorio solicitó una serie\n de diligencias, entre ellas, que se confiera copia certificada\n del expediente del sumario administrativo instaurado en contra\n suya, sin que hasta la fecha haya sido despachado su pedido a\n pesar de las continuas exigencias, y por lo que, señala,\n no se adjunta al amparo el correspon-diente proceso; que la forma\n como se inició el proceso, la manera de ejecutarlo y el\n tiempo que se está ocupando, acarrea violaciones legales\n y constitucionales y va a dar lugar a un acto que provocará\n daño grave e inminente; que el Concejo Municipal de Morona,\n el 1 de agosto de 2000, aprobó la Ordenanza de servicio\n civil municipal que regula las relaciones entre la Municipalidad\n de Morona y sus empleados y, de los Arts. 103 al 110, regula\n lo referente al Régimen Disciplinario aplicable en la\n I. Municipalidad del Cantón Morona, teniendo como cuerpos\n legales supletorios a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y su reglamento general de aplicación, según dispone\n el Art. 127 de dicha ordenanza; que en los Arts. 104 y 105 se\n establecen las sanciones que podrá aplicar la autoridad\n nominadora a los empleados y funcionarios municipales, que cometieren\n faltas disciplinarias, siempre que se siga la acción sumaría\n administrativa instaurada por orden del Alcalde, proceso que\n iniciará con la mención de los hechos que se imputen,\n mediante comunicación para que ejerza su derecho a la\n defensa en seis días a partir de la notificación.\n Que el Alcalde del cantón Morona ha actuado sin competencia,\n en razón a que su facultad llega hasta comunicar al Jefe\n de Personal para que inicie la acción sumaría administrativa,\n como disponen los Arts. 105 de la ordenanza y 63, literales a)\n y f) del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa. Que se han violado los Arts. 16; 17; 18; 23,\n numeral 27; 24, numerales 1,5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 26 de la\n Constitución Política de la República; y\n Art. 1, inciso final de la resolución emitida por la Corte\n Suprema de Justicia el 26 de junio de 2001, publicada en el Registro\n Oficial No. 378 de 27 de julio de 2001, por lo que fundamentado\n en las disposiciones de los Arts. 95 de la Carta Magna; 46 y\n siguientes de la Ley del Control Constitucional y en la resolución\n de la Corte Suprema de Justicia, interpone acción de amparo\n constitucional para obtener la tutela efectiva de los derechos\n humanos subjetivos garantizados en la Constitución Política\n de la República mediante el cese y suspensión inmediata\n del acto administrativo emitido por el Alcalde del cantón.
En la audiencia pública en el Juzgado Primero de lo\n Civil de Morona Santiago, el actor por medio de su abogado defensor\n se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de\n la demanda. El Procurador Sindico del Municipio del Cantón\n Morona, por sus propios derechos y ofreciendo poder o ratificación\n del Alcalde del cantón, manifestó que la demanda\n planteada es una reproducción de las demandas presentadas\n por Elizabeth Puwainchir y Mercedes Chiriboga Montenegro. Que\n las personas ya referidas y el recurrente no asistieron a laborar\n del 17 de junio al 1 de julio, siendo ilegal su actitud. Que\n la demanda es incompleta, no cumple con el requisito del Art.\n 57 de la Ley del Control Constitucional. Que la demandante pretende\n utilizar al Juez y a la administración de justicia en\n su beneficio, induciendo a error y así evadir las responsabilidades\n que pudieran corresponderle. Solícita se deseche la acción\n en caso de no inhibirse el Juez, porque de no hacerlo se estaría\n violando la Constitución. Que el actor no tiene la certificación\n que lo acredita como empleado de carrera, por lo que se la aplicó\n la Ordenanza de Servicio Municipal. Que no existe violación\n de trámite e iniciar un sumario por indisciplina no significa\n violar derechos humanos ni constitucionales, se ha observado\n las garantías del debido proceso y se le ha dado la oportunidad\n a la legítima defensa. Solicitó al Juez que de\n no inhibirse califique de maliciosa a la acción de amparo.\n Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y pide\n se tome en consideración al resolver el Art. 10, literal\n c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El Juez Primero de lo Civil de Morona Santiago, resolvió\n declarar con lugar el amparo constitucional interpuesto, por\n considerar que se ha violado el procedimiento previsto en la\n Ordenanza de servicio municipal del cantón Morona, habiéndose\n violado el derecho al debido proceso del accionante.
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver la\n acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto\n por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución\n Política de la República.
SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución de la causa por lo que\n se declara su validez.
TERCERA.- Conforme al mandato del Art. 95 de la Constitución\n Política de la República para que proceda la acción\n de amparo constitucional es necesario que concurran los siguientes\n elementos: a) Existencia de un acto u omisión ilegítimos\n de autoridad pública; b) Que ese acto u omisión\n viole cualquier derecho consagrado en la Constitución,\n convenio o tratado internacional vigente; y, c) Que de modo inminente\n amenace con causar daño grave.
CUARTA.- El accionante impugna el oficio No. 419-ACM-2002\n de 22 de julio de 2002, mediante el cual se le notifica con la\n instauración de un sumario administrativo en su contra,\n a la vez que solícita se suspenda dicho procedimiento\n por existir violación a sus derechos constitucionales.\n Respecto al oficio antes mencionado, el mismo consta a folio\n 3 del expediente, y al inicio señala textualmente lo que\n sigue: Por la presente le hago conocer que esta Alcaldía\n en cumplimiento con las normas legales y reglamentarias vigentes,\n ha dispuesto tramitar e imponer en su contra la respectiva SANCIÓN\n que corresponda previa la ACCIÓN SUMARIA ADMINISTRATIVA...,\n debido a que se ha establecido el ABANDONO injustificadamente\n sus labores (sic) y obligaciones para con esta H. Corporación\n por más (sic) de tres días consecutivos, lo cual\n se ha determinado en el control de asistencia de esta Institución,\n ... "(el resaltado es del texto).
QUINTA.- En el expediente no se encuentra el procedimiento\n del sumario instaurado ni copias del mismo, así como tampoco\n se encuentran copias de la Ordenanza de servicio municipal del\n cantón Morona, de las que se pueda establecer con certeza\n las normas que rigen en dicho Municipio para juzgar a sus funcionarios\n e imponer las correspondientes sanciones, habiéndose enviado\n por parte de esta Sala, el oficio No. 095-2003-II-SALA de 19\n de mayo de 2003, por medio del cual se solicitaba a los señores\n Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Morona que\n remitan copias certificadas tanto del procedimiento que se sigue\n en contra del accionante, como de la ordenanza antes mencionada,\n sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna a este\n pedido, por lo que se llama la atención a las autoridades\n demandadas, quienes deben conocer de su obligación de\n cumplir con las providencias que dicta este Tribunal dentro de\n los casos que vienen a su conocimiento.
SEXTA.- Cabe tener presente que, trátese de una audiencia\n que se celebra al tenor del articulo 64 del Reglamento de la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; o trátese\n de un sumario administrativo, como es el caso de la acción\n iniciada contra el accionante, no nos encontramos ante un acto\n administrativo definitivo o de aquellos que deciden directamente\n o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible su continuación.\n Sin embargo, tanto la audiencia como el sumario administrativo\n tienen, como finalidad investigar sobre la comisión de\n alguna falta administrativa, existiendo un procedimiento previsto\n en la ordenanza municipal mencionada por el accionante en su\n demanda así como por el Alcalde de Morona en el oficio\n de notificación al que ya se hizo referencia, que debe\n ser respetado y dentro del cual se debe respetar el derecho al\n debido proceso, específicamente el derecho de defensa.\n Es menester además dejar claro que cuando se inicia un\n trámite de esta naturaleza, la intención de la\n autoridad debe ser efectivamente la de someter un determinado\n hecho cometido por el funcionario, que se considera puede ser\n una infracción administrativa, para que dentro del trámite\n previsto se presenten las pruebas correspondientes a fin de establecer\n si verdaderamente la persona que está siendo investigada\n cometió o no una determinada infracción.
A pesar de que la notificación y el procedimiento iniciados,\n en si mismos y por su naturaleza, no comportan un acto definitivo\n como podría ser la imposición de una sanción,\n sino que se trata de actos previos o de trámite para una\n posible imposición de aquélla, en el caso que nos\n ocupa existe en la notificación hecha al accionante, la\n expresión clara de la intención de la autoridad\n nominadora, de imponer una sanción, puesto que no se está\n notificando a la funcionaria solamente con la instauración\n del sumario, sino que se le dice expresamente que Alcaldía\n ha dispuesto tramitar ". . . en su contra la respectiva\n SANCIÓN (el resaltado es del texto), con lo cual se\n evidencia la existencia de un prejuzgamiento por parte de la\n autoridad.
SÉPTIMA.- Dentro de los principios que conforman la\n garantía constitucional del debido proceso, se encuentra\n establecido el de presunción de inocencia, previsto en\n el número 7 del Art. 24 de la Constitución Política\n de la República. En la especie, la notificación\n que se hace al accionante con la instauración del sumario\n administrativo en su contra, no constituye a criterio de esta\n Sala un mero acto de trámite como debería ser,\n sino que se encuentra allí expresado un juicio de valor\n hecho por el Alcalde al señalar que se ha dispuesto imponer\n una sanción, juicio que procede hacerse luego del trámite\n del sumario dentro del cual se debe dar a la afectada la oportunidad\n de defenderse y presentar pruebas a su favor; por lo tanto, al\n haber prejuzgado antes del trámite correspondiente, que\n para el caso es de suponer que valdría como mera formalidad,\n se viola el derecho consagrado en el número 7 del Art.\n 24 de la Constitución, con lo cual la actuación\n del Alcalde de Morona se torna en ilegítima.
OCTAVA.- La acción de amparo protege al ciudadano de\n un daño grave e inminente, y tal requisito de procedencia\n significa que debe haber certeza de su ocurrencia, pues dicha\n protección no se extiende a meras posibilidades o elucubraciones;\n en el caso presente, si bien es cierto que solamente se ha iniciado\n un procedimiento en contra del accionante, el juicio de valor\n que se expresa en la notificación y que deja entrever\n la intención cierta de imponer una sanción, muestra\n claramente la proximidad del daño que puede provocar esta\n actuación en el accionante, la que sabe a ciencia cierta\n que va a ser sancionada, aún cuando todavía no\n se haya realizado el trámite correspondiente. Por lo tanto,\n el acto impugnado no solamente viola un derecho constitucional\n del accionante, sino que también le amenaza causar un\n daño inminente, el cual se traducirá en la sanción\n de la que va a ser objeto.
NOVENA.- Esta Sala debe hacer presente que la acción\n de amparo es una garantía que protege los derechos constitucionales\n de las personas, y que su concesión en casos como el presente,\n solamente tiene un efecto cautelar que se evidencia en la intención\n de evitar que por la violación de un derecho en el inicio\n de un determinado procedimiento, se cause un daño grave\n a la persona que impugna la actuación de una autoridad\n pública. Por lo tanto, la autoridad puede enmendar su\n actuación, apegando sus actos a las normas procedimentales\n que los rigen, pero sobre todo a las garantías constitucionales\n de que gozan todos los ciudadanos en virtud de la Carta Fundamental\n del Estado.
En base a las consideraciones anteriores y en uso de sus facultades\n constitucionales y legales, esta Sala,
1.- Confirmar la resolución venida en grado y por tanto\n aceptar el amparo propuesto por el señor Luis Enrique\n Castillo Guamán.
2.-	Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n consiguientes.- Notifíquese.
Razón:	Siento por tal que el día de hoy martes\n diecinueve (19)	de agosto de dos mil tres (2003), a las diez\n horas cinco (10h05), se aprobó la resolución que\n antecede.- Lo certifico.
f.) Secretario de la Sala.
Fiel copia del original, Segunda Sala.- f.) Secretario de\n Sala.- Tribunal Constitucional.
N0 0746-2002-RA
Quito, martes 19 de agosto de 2003;\n las 09h46.
La señora Mercedes Cecilia Chiriboga Montenegro, comparece\n ante el Juez Primero de lo Civil de Morona Santiago y propone\n acción de amparo constitucional en contra de los señores\n Alcalde y Procurador Sindico del Municipio de Morona.
Manifiesta lo siguiente: Que impugna el acto administrativo\n contenido en la orden dada por el Alcalde de Morona, mediante\n oficio 402-ACM-2002 de 17 de julio de 2002, para que se instaure\n en su contra acción sumaria administrativa, la que adolece\n de vicios al desconocer varios derechos humanos de rango constitucional;\n que se señaló para el día 18 de julio de\n 2002 la realización de una audiencia administrativa, en\n la Oficina de la Jefatura de Personal, en la cual le hicieron\n una serie de preguntas contenidas en un amplio pliego, habiéndose\n solicitado se declare su nulidad por los vicios cometidos; que\n el 24 de julio de 2002, la Secretaria ad-hoc le notificó\n que dentro del proceso administrativo se declaró abierta\n la prueba por el término legal, dentro de la cual se aportaron\n los elementos probatorios pertinentes para confirmar su inocencia\n sin que los acusadores hayan demostrado sus imputaciones; que\n dentro del periodo probatorio solicitó una serie de diligencias,\n entre ellas, que se confiera copia certificada del expediente\n del sumario administrativo instaurado en contra suya, sin que\n hasta la fecha haya sido despachado su pedido a pesar de las\n continuas exigencias, y por lo que, señala, no se adjunta\n al amparo el correspondiente proceso; que la forma como se inició\n el proceso, la manera de ejecutarlo y el tiempo que se está\n ocupando, acarrea violaciones legales y constitucionales y va\n a dar lugar a un acto que provocará daño grave\n e inminente; que el Concejo Municipal de Morona, el 1 de agosto\n de 2000, aprobó la Ordenanza de servicio civil municipal\n que regula las relaciones entre la Municipalidad de Morona y\n sus empleados y, de los Arts. 103 al 110, regula lo referente\n al Régimen Disciplinario aplicable en la I. Municipalidad\n del Cantón Morona, teniendo como cuerpos legales supletorios\n a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento\n general de aplicación, según dispone el Art. 127\n de dicha ordenanza; que en los Arts. 104 y 105 se establecen\n las sanciones que podrá aplicar la autoridad nominadora\n a los empleados y funcionarios municipales, que cometieren faltas\n disciplinarias, siempre que se siga la acción sumaría\n administrativa instaurada por orden del Alcalde, proceso que\n iniciará con la mención de los hechos que se imputen,\n mediante comunicación para que ejerza su derecho a la\n defensa en seis días a partir de la notificación.\n Que el Alcalde del cantón Morona ha actuado sin competencia,\n en razón a que su facultad llega hasta comunicar al Jefe\n de Personal para que inicie la acción sumaria administrativa,\n como disponen los Arts. 105 de la ordenanza y 63, literales a)\n y f) del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa. Que se han violado los Arts. 16; 17; 18; 23,\n numeral 27; 24, numerales 1, 5, 7, 9, 10, 11. 14, 15 y 26 de\n la Constitución Política de la República;\n y Art. 1, inciso final de la resolución emitida por la\n Corte Suprema de Justicia el 26 de junio de 2001, publicada en\n el Registro Oficial No. 378 de 27 de julio de 2001, por lo que\n fundamentado en las disposiciones de los Arts. 95 de la Carta\n Magna; 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional y\n en la resolución de la Corte Suprema de Justicia, interpone\n acción de amparo constitucional para obtener la tutela\n efectiva de los derechos humanos subjetivos garantizados en la\n Constitución Política de la República mediante\n el cese y suspensión inmediata del acto administrativo\n emitido por el Alcalde del cantón.
En la audiencia pública en el Juzgado Primero de lo\n Civil de Morona Santiago, la actora por medio de su abogado defensor\n se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de\n la demanda. El Procurador Síndico del Municipio del Cantón\n Morona, por sus propios derechos y ofreciendo poder o ratificación\n del Alcalde del cantón, manifestó que la demanda\n planteada es una reproducción de las demandas presentadas\n por el señor Luis Castillo y Elizabeth Puwainchir. Que\n las personas ya referidas y la recurrente no asistieron a laborar\n del 17 de junio al 1 de julio, siendo ilegal su actitud. Que\n la demanda es incompleta, no cumple con el requisito del Art.\n 57 de la Ley del Control Constitucional. Que la demandante pretende\n utilizar al Juez y a la administración de justicia en\n su beneficio, induciendo a error y así evadir las responsabilidades\n que pudieran corresponderle. Que solicita se reproduzca las demandas\n propuestas por los señores Luis Castillo y Elizabeth Puwainchir\n y pide se deseche la acción en caso de no inhibirse el\n Juez, porque de no hacerlo se estaría violando la Constitución.\n Que la actora no tiene la certificación que lo acredita\n como empleada de carrera, por lo que se la aplicó la Ordenanza\n de Servicio Municipal. Que no existe violación de trámite\n e iniciar un sumario por indisciplina no significa violar derechos\n humanos ni constitucionales, se ha observado las garantías\n del debido proceso y se le ha dado la oportunidad a la legítima\n defensa:
Solicitó al Juez que de no inhibirse califique de maliciosa\n a la acción de amparo. Negó los fundamentos de\n hecho y de derecho de la demanda y pidió se tome en consideración\n al resolver el Art. 10, literal c) de la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa.
El Juez Primero de lo Civil de Morona Santiago, resolvió\n declarar con lugar el amparo constitucional interpuesto, por\n considerar que se ha violado el procedimiento previsto en la\n Ordenanza de servicio municipal del cantón Morona, habiéndose\n violado el derecho al debido proceso de la accionante.
CUARTA.- La accionante impugna el oficio No. 402-ACM-2002\n de 17 de julio de 2002, mediante el cual se le notifica con la\n instauración de un sumario administrativo en su contra,\n a la vez que solicita se suspenda dicho procedimiento por existir\n violación a sus derechos constitucionales. Respecto al\n oficio antes mencionado, el mismo consta a folio 3 del expediente,\n y al inicio señala textualmente lo que sigue: "Por\n la presente le hago conocer que esta Alcaldía en cumplimiento\n con las normas legales y reglamentarias vigentes, ha dispuesto\n tramitar e imponer en su contra la respectiva SANCIÓN\n que corresponda previa la ACCIÓN SUMARIA ADMINISTRATIVA,\n debido a que se ha establecido el ABANDONO injustificadamente\n sus labores (sic) y obligaciones para con esta H. Corporación\n por mas (sic) de tres días consecutivos, lo cual se ha\n determinado en el control de asistencia de esta Institución,..."\n (el resaltado es del texto).
QUINTA.- En el expediente no se encuentra el procedimiento\n del sumario instaurado ni copias del mismo, así como tampoco\n se encuentran copias de la Ordenanza de servicio municipal del\n cantón Morona, de las que se pueda establecer con certeza\n las normas que rigen en dicho Municipio para juzgar a sus funcionarios\n e imponer las correspondientes sanciones, habiéndose enviado\n por parte de esta Sala, el oficio No. 095-2003-II-SALA de 19\n de mayo de 2003, por medio del cual se solicitaba a los señores\n Alcalde y Procurador Sindico del Municipio de Morona que remitan\n copias certificadas tanto del procedimiento que se sigue en contra\n de la accionante, como de la ordenanza antes mencionada, sin\n que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna a este pedido,\n por lo que se llama la atención a las autoridades demandadas,\n quienes deben conocer de su obligación de cumplir con\n las providencias que dicta este Tribunal dentro de los casos\n que vienen a su conocimiento.
SEXTA.- Cabe tener presente que, trátese de una audiencia\n que sé celebra al tenor del articulo 64 del Reglamento\n de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; o trátese\n de un sumario administrativo, como es el caso de la acción\n iniciada contra la accionante, no nos encontramos ante un acto\n administrativo definitivo o de aquellos que deciden directamente\n o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible su continuación.\n Sin embargo, tanto la audiencia como el sumario administrativo\n tienen como finalidad investigar sobre la comisión de\n alguna falta administrativa, existiendo un procedimiento previsto\n en la ordenanza municipal mencionada por la accionante en su\n demanda así como por el Alcalde de Morona en el oficio\n de notificación al que ya se hizo referencia, que debe\n ser respetado y dentro del cual se debe respetar el derecho al\n debido proceso, específicamente el derecho de defensa.\n Es menester además dejar claro que cuando se inicia un\n trámite de esta naturaleza, la intención de la\n autoridad debe ser efectivamente la de someter un determinado\n hecho cometido por el funcionario, que se considera puede ser\n una infracción administrativa, para que dentro del trámite\n previsto se presenten las pruebas correspondientes a fin de establecer\n si verdaderamente la persona que está siendo investigada\n cometió o no una determinada infracción.
A pesar de que la notificación y el procedimiento iniciados,\n en si mismos y por su naturaleza, no comportan un acto definitivo\n como podría ser la imposición de una sanción,\n sino que se trata de actos previos o de trámite para una\n posible imposición de aquélla, en el caso que nos\n ocupa existe en la notificación hecha a la accionante,\n la expresión clara de la intención de la autoridad\n nominadora, de imponer una sanción, puesto que no se está\n notificando a la funcionaria solamente con la instauración\n del sumario, sino que se le dice expresamente que Alcaldía\n ha dispuesto tramitar ."... en su contra la respectiva SANCIÓN..."\n (el resaltado es del texto), con lo cual se evidencia la existencia\n de un prejuzgamiento por parte de la autoridad.
SÉPTIMA.- Dentro de los principios que conforman la\n garantía constitucional del debido proceso, se encuentra\n establecido el de presunción de inocencia, previsto en\n el número 7 del Art. 24 de la Constitución Política\n de la República. En la especie, la notificación\n que se hace a la accionante con la instauración del sumario\n administrativo en su contra, no constituye a criterio de esta\n Sala un mero acto de trámite como debería ser,\n sino que se encuentra allí expresado un juicio de valor\n hecho por el Alcalde al señalar que se ha dispuesto imponer\n una sanción, juicio que procede hacerse luego del trámite\n del sumario dentro del cual se debe dar a la afectada la oportunidad\n de defenderse y presentar pruebas a su favor; por lo tanto, al\n haber prejuzgado antes del trámite correspondiente, que\n para el caso es de suponer que valdría como mera formalidad,\n se viola el derecho consagrado en el número 7 del Art.\n 24 de la Constitución, con lo cual la actuación\n del Alcalde de Morona se torna en ilegítima.
OCTAVA.- La acción de amparo protege al ciudadano de\n un daño grave e inminente, y tal requisito de procedencia\n significa que debe haber certeza de su ocurrencia, pues dicha\n protección no se extiende a meras posibilidades o elucubraciones;\n en el caso presente, si bien es cierto que solamente se ha iniciado\n un procedimiento en contra de la accionante, el juicio de valor\n que se expresa en la notificación y que deja entrever\n la intención cierta de imponer una sanción, muestra\n claramente la proximidad del daño que puede provocar esta\n actuación en la accionante, la que sabe a ciencia cierta\n que va a ser sancionada, aún cuando todavía no\n se haya realizado el trámite correspondiente. Por lo tanto,\n el acto impugnado no solamente viola un derecho constitucional\n de la accionante, sino que también le amenaza causar un\n daño inminente, el cual se traducirá en la sanción\n de la que va a ser objeto.
1.- Confirmar la resolución venida en grado y por tanto\n aceptar el amparo propuesto por la señora Mercedes Cecilia\n Chiriboga Montenegro.
f.) Dr. Luis Rojas Bajaña, Presidente, Segunda Sala.
Razón: Siento por tal que el día de hoy martes\n diecinueve (19) de agosto de dos mil tres (2003), a las nueve\n horas cuarenta y seis (09h46), se aprobó la resolución\n que antecede.- Lo certifico.
Tribunal Constitucional.- Segunda Sala.- Presentado el día\n martes 19 de agosto de 2003.- f.) Ilegible.
N0 0004-2003-HD
Magistrado ponente: Doctor Luis Rojas\n Bajaña
Quito, 25 de julio de 2003.
El Dr. Luis Sarrade Peláez comparece ante el Juez Primero\n de lo Penal de Pichincha en su calidad de Procurador Judicial\n de la Corporación de Estudios Académicos CEA, y\n propone acción de hábeas data en contra del Dr.\n Rubén Chávez del Pozo en su calidad de Director\n Nacional de Quejas de la Defensoría del Pueblo
El accionante manifiesta que existe un trámite signado\n con el número 891 4-DNQ- 1 688-ACHV-2002 que se encuentra\n en la Dirección Nacional de Quejas de la Defensoría\n del Pueblo, y en el que se establece que la CEA se encuentra\n al margen de la ley. Se ha requerido copias certificadas del\n indicado trámite sin ser atendido, negándose de\n esta forma el derecho a la defensa y al debido proceso, por lo\n que amparado en el artículo 94 de la Constitución\n interpone el presente recurso de hábeas dala con el fin\n de que el accionado presente una copia certificada íntegra\n del trámite mencionado.
En la audiencia pública llevada a cabo el día\n trece de enero de 2003, el accionado manifiesta que la Defensoría\n del Pueblo en ningún momento ha negado o impedido el acceso\n al trámite antes mencionado al accionante, ya que con\n fecha 27 de diciembre de 2002 se dicta una providencia mediante\n la cual se pone en conocimiento del Dr. Luis Sarrade Peláez,\n el contenido de la queja presentada por el Estudio Jurídico\n Julio Guerrero así como el informe sobre la misma queja\n emitida por el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación\n Superior, sin negarle de esta forma el derecho a la defensa como\n alega el accionante, y además se dispuso en la misma providencia\n que se le entreguen copias simples o certificadas a su elección.
El Juez de instancia decide negar la acción de hábeas\n data ya que "de la revisión del expediente no se\n ha podido determinar los fundamentos de hecho-y derecho del hábeas\n Data que alega el proponente
Esta Sala, para resolver,
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso conforme lo establece el artículo 276, número\n 3 de la Constitución, y el artículo 12, número\n 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad alguna que pueda incidir\n en la decisión de la causa por lo que se declara su validez.
TERCERA.- El artículo 94 de la Constitución\n consagra el derecho de toda persona para acceder "a los\n documentos, banco de datos e informes que sobre si misma, o sus\n bienes consten en entidades públicas o privadas, así\n como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito\n ", de ello se advierte que la persona natural o jurídica\n está facultada para requerir del poseedor de información,\n que diga relación a ella, le sea entregada en los términos\n que establece la norma constitucional.
CUARTA.- De conformidad con el articulo 35 de la Ley del Control\n Constitucional, la institución del hábeas dala\n tiene por objeto: a) Obtener del poseedor de la información\n que éste la proporcione al recurrente, en forma completa,\n clara y verídica; b) Obtener el acceso directo a la información;\n c) Obtener de la persona que posee la información que\n la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros; y, d) Obtener\n certificaciones o verificaciones sobre que la persona poseedora\n de la información la ha rectificado, eliminado, o no la\n ha divulgado.
QUINTA.- Además de lo señalado, el hábeas\n data es una acción constitucional cuya finalidad es la\n de proteger el derecho constitucional de las personas al honor\n y la buena reputación, así como a la intimidad\n personal y familiar

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 24
 artículo 125
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 176
 artículo 171
 artículo 179
 artículo 16
 resolución 
 artículo 276
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 94
 artículo 276
 artículo 12
 artículo 94