Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/gasco-glp-s-superintendencia-672007333
Timestamp: 2020-07-04 20:49:04+00:00

Document:
Causa nº 68723/2016 (Apelación). Resolución nº 106266 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 14 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 672007333
Rol de Ingreso: 68723/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 828-2016 - C.A. de Santiago
Que la empresa Gasco GLP S.A. dedujo ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de reclamación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, en contra de la Resoluciones Exentas N° 2.568 de 3 de febrero de 2014 y N° 11.772 de 30 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la primera le impuso una sanción administrativa ascendente a 11000 unidades tributarias mensuales y la segunda, desestimó la reposición deducida.
El reclamo fue rechazado por sentencia de 10 de agosto de 2016 y en la apelación se pide enmendar la sentencia y dejar sin efecto las aludidas resoluciones o, en subsidio, rebajar el monto de la multa por no ser proporcionada al no haberse probado los hechos que motivaron el monto indicado.
El fundamento del recurso dice relación con tres aspectos; primero, que la sentencia no apreció correctamente que los hechos por los que la SEC sancionó a G. son diferentes a los hechos constitutivos de la formulación de cargos; segundo, porque la sentencia confunde la resolución sancionatoria con la formulación de
0144392301672cargos, lo que denota que no comprendió el problema jurídico de la incongruencia entre ambas resoluciones y tercero, porque la sentencia valora incorrectamente la prueba que consta en el proceso dando por probados los hechos que constituirían las agravantes argüidas pero no acreditadas por la SEC.
Los errores indicados tienen como efecto que la sentencia apelada sea contraria a derecho puesto que rechazó una reclamación correctamente justificada en contra de una resolución sancionatoria que adolece de severas ilegalidades, la que estima nula porque no se puede sancionar por hechos que no hayan sido objeto de la formulación de cargos y porque aun cuando fuere válida ella es desproporcionada por no haberse acreditado los hechos que se estimaron como agravantes.
Acto seguido el recurso analiza los errores de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dicen relación con que, a juicio de la reclamante, los hechos por los que la Superintendencia sancionó a G. eran diferentes a los hechos constitutivos de la formulación de cargos.
Así, el reproche que se formuló decía relación con que la empresa contravino su obligación sobre el control permanente de la calidad de los combustibles distribuidos y comercializados y ello, por cuanto en las fiscalizaciones
0144392301672se constató que no se contaba con registros que evidenciaran el cumplimiento de la calidad del GLP (gas licuado del petróleo).
Por lo tanto, el hecho imputado era no tener registros que dieran cuenta del cumplimiento de la normativa técnica, es decir, ausencia de registros.
Dicho cargo no fue probado y lo que se reprochó fue la “insuficiencia” de los registros; sin embargo, en vez de reformular los cargos, la Superintendencia prefirió sancionar derechamente.
Por lo tanto, la resolución sancionatoria no aplica una multa por el cargo formulado (no tener registros) sino que ahora modifica la imputación y señala que en realidad el verdadero problema era que los registros estaban incompletos, detallando extensamente las omisiones.
Como segundo aspecto del recurso y según se adelantó, se reclama la nulidad de la resolución sancionatoria, por la defectuosa formulación de cargos y la incongruencia de éstos con la resolución sancionatoria; porque en la formulación de cargos no se citan todas las normas que a juicio de la Superintendencia Gasco habría incumplido y porque tanto la formulación de cargos como la resolución sancionatoria no se basaron en las actas de fiscalización.
Finalmente, se reclama la falta de proporcionalidad de la resolución en el entendido que, según manifiestan, la
0144392301672Superintendencia expresó que calificó como grave la infracción por implicar un peligro para la calidad o seguridad del servicio y porque señala que la empresa habría incurrido en la falta reprochada en forma reiterada y persistente a lo menos entre enero de 2012 a julio de 2013, sin embargo, no hay prueba alguna que justifique lo indicado.
El procedimiento administrativo se inició mediante una fiscalización llevada a cabo por personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para verificar el proceso de control de calidad del gas licuado del petróleo que efectuaba la reclamante, inspeccionándose la Estación surtidora de GLP ubicada en Pajaritos N°400, comuna de Maipú y la ubicada en Avenida Lo Martínez N°1483, comuna de El Bosque, ambas con fecha 8 de abril de 2013 y la Planta de Almacenamiento, envasado y distribución ubicada en Camino a M.N.°13.120, comuna de Maipú, con fecha 25 de abril del mismo año.
En dichas fiscalizaciones se constató que no se contaba con registros que evidenciaran el cumplimiento de la calidad del GLP que se comercializaba como combustible doméstico, industrial y comercial; la que se comercializaba
0144392301672como combustible para uso automotriz y la calidad del GLP para uso doméstico, industrial, comercial y automotriz, que distribuían y expendían en la Región Metropolitana.
En mérito de lo anterior se formuló el siguiente cargo: “Contravenir su obligación sobre el control permanente de la calidad de los combustibles distribuidos y comercializados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N°132 de 1979 y sus modificaciones del Ministerio de Minería, en relación a los artículos 1°, 8° y 9° del mismo reglamento”.
Efectuados los descargos por parte de Gasco, refiere la empresa que, si bien la normativa citada se refiere a la facultad fiscalizadora de la autoridad para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad de los diversos tipos de combustibles, no indica cuáles registros y controles deben tener o efectuar las empresas que distribuyen o comercializan combustibles. Agrega que G. efectúa un control permanente de la calidad de los combustibles distribuidos y comercializados de acuerdo a las exigencias normativas y que la documentación que sustenta lo anterior se encuentra debidamente guardada en la compañía; detallando los procesos y controles que desarrolla.
En la resolución sancionatoria la SEC señala que de los descargos de la empresa se deduce que ésta acota sus
0144392301672obligaciones de control sobre la calidad del combustible que distribuye y expende sólo al cumplimiento de algunas de las disposiciones del Oficio Circular SEC N°3.280 de 1998, ya que se refiere sólo al análisis de la calidad del GLP en los cilindros; y a mantener impresos y archivados en sus plantas los registros de análisis de los cilindros envasados.
Lo anterior no es aceptado porque las obligaciones de Gasco se encuentran señaladas en forma clara y precisa en la reglamentación vigente y no se puede reducir al cumplimiento de una disposición que es el control de los cilindros de GLP al que se refiere en sus descargos.
La reglamentación vigente en materia de la calidad de GLP se encuentra en el Decreto Supremo N°132 de 1979 y sus modificaciones, del Ministerio de Minería, que en su artículo 4° establece la obligación para las empresas distribuidoras de efectuar un control permanente de la calidad de los combustibles, señalando también que toda la información relativa a dicho control debe estar disponible en la empresa para que personal técnico de la Superintendencia pueda verificar el adecuado cumplimiento de la calidad de los combustibles.
Por lo tanto, dos obligaciones se desprenden del Reglamento, la de control permanente y la de disposición material. Esta última obligación es la que se precisa en el
0144392301672Oficio N°3.280, que se cita en la resolución sancionatoria, detallando los deberes de conservación de documentos y de la información que debiera estar disponible para la Superintendencia.
En definitiva y luego del análisis de rigor, se estima que G. no desvirtuó el cargo imputado y que con su accionar comprometió seriamente la regularidad, continuidad, calidad y seguridad del servicio que presta, resolviendo aplicar una multa de 11.000 unidades tributarias mensuales, ponderando las circunstancias establecidas en el artículo 16 de la Ley N°18.410, la naturaleza de la infracción cometida y el hecho de haberse incurrido en la falta reprochada en forma reiterada y persistente.
Que la actora sostuvo en su reclamación que se denunciaban tres grupos de ilegalidades:
Primero, en cuanto a la formulación de cargos, porque no queda clara la redacción en torno a las normas invocadas y tampoco qué clase de control es el que estaría supuestamente vulnerado; agrega que no se señalaron en términos precisos las normas legales, técnicas ni reglamentarias que se habrían visto afectadas, lo que concluye en relación a que se consideró vulnerada la Circular Oficio N°3.280, norma especial y que difiere del Decreto Supremo 132. Finalmente, dentro de este primer
0144392301672grupo de ilegalidades, asegura que tampoco existió una explicación precisa ni clara acerca de los hechos constitutivos de la infracción.
Como segunda ilegalidad, ahora en relación a la aplicación de la sanción, señala que la Superintendencia no la sancionó por el cargo imputado ya que la sanción se le impuso en mérito de un supuesto incumplimiento de la Circular Oficio N°3.280, que no está contenida en el cargo indicado y estima, además, que existe una falta de motivación en el acto administrativo puesto que en las fiscalizaciones en cuyo mérito se dicta la sanción no se logra determinar la clase de incumplimientos respecto de los cuales luego se le sancionó.
Finalmente, como tercera...

References: Resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 16