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Timestamp: 2015-03-30 17:27:54+00:00

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Esquipulas II: un nuevo impulso para la paz en Centroamérica | www.mmh.org.mx
Crónica del sexenio 1982 - 1988 › Quinto año › Agosto de 1987 › Esquipulas II: un nuevo impulso para la paz en Centroamérica
Los días 6 y 7 de agosto los presidentes de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se reunieron en la
ciudad de Guatemala con objeto de analizar los mecanismos
necesarios para activar el proceso de pacificación en
Centroamérica. Como resultado de la reunión, los gobiernos
centroamericanos firmaron el Acuerdo de Guatemala, también
conocido como Esquipulas II, en el que se comprometieron a
realizar, en un plazo de 90 días, una serie de acciones
encaminadas a sentar las bases para la pacificación interna
en cada uno de sus países. Estas medidas consistían en
iniciar un proceso de reconciliación nacional, para lo que
debían establecer un diálogo con las fuerzas opositoras no
armadas; acordar un cese al fuego con los grupos insurgentes
o irregulares; decretar la amnistía para que esos grupos
pudieran incorporarse a la lucha política, e impulsar una
mayor democratización en sus países. A partir de estas
acciones, se promoverían acuerdos más amplios sobre desarme y
seguridad en la zona que permitieran restablecer la
convivencia armónica de los países del área y activar la
cooperación e integración regionales.
La reunión cumbre de los mandatarios marcaba una nueva etapa
en el proceso de pacificación, pues desde ese momento los
propios centroamericanos tomaban el control del problema y
mostraban de manera autónoma su voluntad política de
encontrarle solución. La opinión pública internacional
calificó este giro en los acontecimientos regionales como
promisorio, aunque no dejaba de reconocer las enormes
dificultades que tendrían que superarse antes de alcanzar la
Para entonces, Centroamérica llevaba cerca de seis años en
una conflictiva situación, cuyo saldo era a todas luces
negativo: más de 100 000 muertes en las guerras internas y en
los incidentes fronterizos, aproximadamente 300 000
refugiados y desplazados de sus lugares de origen,
violaciones constantes a los derechos humanos y una situación
de miseria para alrededor de 20 millones de personas. La
destrucción ocasionada por la violencia se sumó a los severos
efectos de la crisis económica internacional sobre la zona,
lo que agravó el estancamiento y provocó incluso el retroceso
en el proceso de desarrollo económico de los países del área,
con el consecuente deterioro en los niveles de bienestar en
la región. (Véanse los cuadros 49 y 50.)
Cuadro 49Principales indicadores económicos en América Central
Evolución delproducto internobrutoVariaciónacumulada1980-1987aEvolución delproducto internobruto por habitanteVariación acumulada1980-1987aEvolución de losprecios alconsumidor(variaciones dediciembre adiciembre)Relación de preciosdel intercambio debienes FOB-FOBbVariaciónacumulada1981-1987aPoder de comprade lasexportaciones debienesVariaciónacumulada1981-1987aDeuda externatotal(millonesde dólares)Relaciónentre losinteresestotales de ladeudaexternapagados y lasexportacionesde bienes yservicios(porcentajes)
19801987a19821987a19821987a
-8.7-6.8-3.19.64.5
-9.5-14.5-20.5-13.2-17.2
17.818.69.111.524.8
621.28.51.81 225.7
9.0-28.6-10.4-22.4-13.9
20.4-50.2-34.3-12.2-39.3
3 1881 8081 8411 9863 139
3 8002 2502 7203 1456 200
36.111.97.822.441.8
19.313.216.316.569.9
a. Toda referencia a 1987 se hizo con base en estimaciones preliminares.b. Precio libre a bordo de los productos.
Cuadro 50Principales indicadores sociales en América Central
Crecimiento depoblación total(tasas anualesmedias por cada100 habitantes)a1980-1985Crecimientode la poblaciónen edad activab(tasas anualesmedias por cada100 personas enedad activa)1980-1985Natalidad(tasas anualesmedias por cada1 000 habitantes)c1980-1985Mortalidad(tasas anualesmedias por cada1 000 habitantes)d1980-1985Esperanza devida al nacereAños1980-1985Mortalidadinfantilf (tasasanuales mediaspor cada 1 000habitantes)1980-1985Analfabetismo1985g
2.51.02.93.43.4
3.20.92.83.83.6
30.538.042.743.944.2
6.310.810.510.19.7
73.057.159.059.959.8
20.271.070.481.584.5
6.427.945.040.513.0
a. Tasa de crecimiento implícita en las proyecciones de población elaboradas según la hipótesis media de fecundidad.b. Se define como la población en edad activa la comprendida entre 15 y 64 años de edad.c. Tasas brutas de natalidad por cada 1 000 habitantes, que se definen como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un períododeterminado (generalmente en año calendario) y la población media del mismo período, implícitas en las proyecciones de población elaboradas se-gún la hipótesis de fecundidad recomendada.d. Tasas implícitas en las proyecciones de población. Se define como el cociente entre el Número total de defunciones ocurridas durante un períododeterminado (generalmente un año calendario) y la población media del mismo período.e. Es el número medio de años que vivirá en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinadaley de mortalidadf. Defunciones de niños de 0 a 1 año de edad por cada 1 000 niños nacidos vivos. Tasas implícitas en las proyecciones de población.g. Estimación de la UNESCO.
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina.
El Grupo Contadora, desde su formación en enero de 1983,
había hecho esfuerzos continuos en pro de la pacificación
regional sin lograr el éxito deseado, a pesar de contar con
el respaldo moral de la comunidad internacional. A esta
organización se sumó en julio de 1985 el Grupo de Apoyo a
Contadora, integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil,
Perú y Uruguay, lo que dio un renovado aliento a las
gestiones pacificadoras. Así, durante 1986 los ocho países
latinoamericanos insistieron denodadamente en sus empeños
para activar el proceso negociador en el área. En enero
emitieron el mensaje de Caraballeda, cuyo propósito era
buscar el consenso centroamericano sobre algunos aspectos
que, por su complejidad, habían quedado fuera del Acta de Paz
de Contadora: las maniobras militares extranjeras, el papel
de las bases militares foráneas, la definición y fijación de
los niveles de armamento previsibles, así como la necesidad
de que el régimen sandinista y el gobierno de Estados Unidos
reanudaran las pláticas en Manzanillo. (Véase el apartado
"Contadora: Mensaje de Caraballeda y persistencia de las
diferencias entre Estados Unidos y Nicaragua" en el mes de
del cuarto volumen de esta serie.) En junio, los grupos
Contadora y de Apoyo se reunieron en Panamá con los
representantes de los cinco países centroamericanos, a fin de
analizar los dos últimos capítulos del Acta de Paz, relativos
a la verificación y control de armamentos en la región y a la
realización de maniobras militares en el área. El grupo
mediador había advertido a las naciones de la zona que si no
se lograba la firma del Acta a más tardar el 6 de junio,
daría por terminada su gestión conciliadora. No obstante, la
reunión concluyó sin que se consiguiera ese acuerdo, y el
grupo mediador latinoamericano continuó maniobrando con
dificultad ante el endurecimiento de la política de Estados
Unidos en la región y la resistencia creciente de los propios
centroamericanos a sus diligencias.
Un factor determinante que impidió durante 1986 el avance del
proceso pacificador emprendido por el grupo mediador
latinoamericano fue la aprobación, por parte del Congreso
estadounidense, de un nuevo paquete de financiamiento a la
contrarrevolución nicaragüense por 100 millones de dólares.
Con esta decisión, tomada el 25 de junio, el presidente
Ronald Reagan consiguió nuevamente el respaldo del Poder
Legislativo a su política contra el régimen nicaragüense.
Esta política se había iniciado desde el triunfo de la
revolución sandinista en 1979, cuando Estados Unidos enmarcó
el conflicto en el istmo dentro de la confrontación
Este-Oeste, y buscó imponer soluciones de fuerza con base en
consideraciones de seguridad nacional. Pese a que el 27 de
junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia de La Haya
emitió un fallo en el que juzgó la injerencia norteamericana
en los asuntos nicaragüenses como violatoria del derecho
internacional, ese país manifestó que mantendría su política
hacia la zona hasta obtener que el gobierno de Nicaragua
suspendiera absolutamente todo tipo de nexos con la Unión
Soviética, Cuba y otras naciones socialistas de Europa
oriental, efectuara nuevas elecciones con la participación de
los dirigentes de los grupos armados contrarrevolucionarios,
y, previamente a los comicios, levantara el estado de
emergencia y la censura sobre los medios de comunicación.
Nicaragua, por su lado, seguía supeditando su firma del Acta
de Paz de Contadora a que el gobierno de Estados Unidos
cesara su financiamiento y apoyo logístico a los "contras"
(grupos armados antisandinistas que operaban desde territorio
hondureño). Mientras tanto, enfrentaba una crítica situación
interna provocada por el sostenimiento de una guerra que
absorbía 63% de su presupuesto total, de por sí escaso debido
al embargo comercial y al bloqueo económico y financiero
impuestos por Estados Unidos. Además, las relaciones con sus
vecinos regionales se habían deteriorado de manera creciente,
por lo que su aislamiento en la zona era cada vez mayor.
Si bien al terminar el año las posiciones de los países
centroamericanos no habían variado de manera sustancial, se
habían dado algunos signos alentadores para la pacificación
en el área. Las nuevas autoridades guatemaltecas, encabezadas
por Vinicio Cerezo, habían mostrado un acercamiento
progresivo al Grupo Contadora y al gobierno de México. Su
política de "neutralidad activa", que buscaba promover el
diálogo entre las naciones de la región sobre la base del
respeto a su soberanía, había dado un impulso importante a la
negociación entre los propios centroamericanos. La
Declaración de Guatemala, firmada en enero de 1986, y la de
Esquipulas, resultado de una reunión realizada en mayo,
fueron propiciadas por el presidente Cerezo. En esta última,
los países centroamericanos no sólo reiteraron su respaldo a
las gestiones de paz de los grupos Contadora y de Apoyo, sino
que acordaron formalizar reuniones entre ellos para analizar
los problemas más urgentes, y se manifestaron en contra de
toda injerencia externa en la zona. Guatemala continuó además
promoviendo la creación de un Parlamento Centroamericano que
se constituyera en el foro para dirimir de manera permanente
y sistemática las controversias regionales. (Véase el
apartado "Persistencia de los esfuerzos del Grupo Contadora
por la paz en Centroamérica" en el mes de junio del cuarto
volumen de esta serie.)
A su vez, el presidente Oscar Arias, quien asumió la primera
magistratura de Costa Rica en febrero de 1986, adoptó una
política exterior más independiente y de mayor flexibilidad
hacia Nicaragua, e inició negociaciones para poner fin a los
incidentes fronterizos. Además, proclamó el compromiso de que
no permitiría que ningún grupo o fuerza antisandinista usara
También desde diciembre Nicaragua había hecho más flexible su
posición. El 17 de diciembre de 1986, el presidente Ortega
había concedido un indulto al ciudadano estadounidense Eugene
Hasenfus, condenado a 30 años de prisión por su participación
en el suministro de armas a grupos contrarrevolucionarios que
combatían a su gobierno. El indulto se había otorgado como
gesto de buena voluntad, a fin de crear condiciones propicias
para la reanudación del diálogo bilateral con el gobierno de
Estados Unidos, el cual se había interrumpido en 1985.
Además, el régimen sandinista había intentado lograr arreglos
bilaterales con aquellos países con quienes tenía mayores
conflictos. El 25 de diciembre, el presidente Ortega había
enviado a su colega hondureño una carta en la que proponía
solucionar la tensa situación fronteriza entre ambos países
originada por las actividades de los contras por medio del
otorgamiento de una amnistía, con todas las garantías
legales, a los miembros de esos grupos que desearan regresar
a Nicaragua, y unos meses antes había hecho lo mismo con
No obstante, los incidentes fronterizos entre los
centroamericanos se recrudecieron, y al terminar el año
pareció inminente la cancelación de la labor mediadora de los
grupos Contadora y de Apoyo. La negociación continuaba
bloqueada y los gobiernos de Costa Rica, El Salvador y
Honduras cuestionaban sus gestiones. Con todo, la comunidad
internacional mantuvo su respaldo a la labor del grupo
mediador latinoamericano. La ONU y la OEA aprobaron en
noviembre una iniciativa para integrar una fuerza observadora
que supervisara en las fronteras de los cinco países
centroamericanos el cese del tráfico de armas. Con esta
medida se buscaba garantizar la seguridad regional, que era
la condición que habían impuesto los países del área para
firmar el Acta de Paz de Contadora. Además, acordaron
impulsar programas de asistencia económica y social en la
zona, a fin de atacar a fondo el origen de los conflictos en
la región. Asimismo, en diciembre, el grupo fue galardonado
con el premio Beyond the War (Más allá de la guerra), que
anualmente otorga la prestigiada fundación estadounidense del
mismo nombre. Esto era una muestra más del reconocimiento
mundial al esfuerzo conciliador desarrollado por el Grupo
Contadora a lo largo de cuatro años en los que, era
indiscutible, había logrado crear una conciencia
internacional a favor de la paz y había impedido una
intervención militar directa por parte de Estados Unidos al
elevar el costo político que ésta tendría. Así, las labores
del grupo mediador latinoamericano habían sido determinantes
para evitar una conflagración generalizada en el área.
Paralelamente a este reconocimiento internacional, los ocho
miembros de los grupos Contadora y de Apoyo habían ido
incrementando la calidad de sus vínculos hasta llegar en
diciembre, durante una reunión que sostuvieron en Río de
Janeiro, Brasil, al acuerdo de crear un foro de discusión y
concertación sistemático y permanente (Grupo de los Ocho),
que no sólo estaría enfocado a la mediación en el conflicto
centroamericano, sino a otros asuntos prioritarios en el
área, como son la posición de los países latinoamericanos
ante la crisis económica internacional, en especial la deuda
externa, y la integración y cooperación económica regional
para el desarrollo. En esa reunión se anunció, además, que
los cancilleres del Grupo de los Ocho efectuarían en enero de
1987 una gira urgente por Centroamérica, a la que se invitó a
participar a los secretarios generales de la ONU y de la OEA.
Los días 19 y 20 de enero, luego de sostener una reunión
preparatoria en Panamá, el Grupo de los Diez -como fue
conocido, por el número de sus integrantes- llevó a cabo una
gira por Centroamérica con la intención de recabar las
impresiones de los jefes de Estado de los países de la región
y desbloquear el proceso de negociación en el área. Durante
ese recorrido, los mandatarios centroamericanos presentaron
diversas propuestas individuales para conseguir la paz.
El día 19, en Costa Rica, el presidente Arias Sánchez
manifestó al grupo visitante que su gobierno estaba
promoviendo una acción conjunta con sus contrapartes de El
Salvador, Guatemala y Honduras, a fin de lograr que el
Congreso de Estados Unidos suspendiera el financiamiento a
los contras nicaragüenses a cambio de una serie de medidas
que el gobierno sandinista debería tomar para su
"democratización". Esas medidas incluían el cese al fuego; el
establecimiento de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua
y los grupos políticos que residían en el país; el ejercicio
de una presión política y diplomática sobre ese gobierno para
que iniciara el citado proceso y lo cumpliera con base en un
esquema estricto; la búsqueda de la participación de
"democracias con autoridad moral", especialmente de países
europeos, para supervisar el nuevo plan de pacificación; la
elección de un foro que garantizara el cumplimiento de dicho
plan, y, como último paso, la realización de elecciones
"libres" en Nicaragua. Asimismo, Arias Sánchez reiteró sus
deseos de que se avanzara hacia una resolución diplomática de
los conflictos en la zona y su compromiso de impedir el uso
del territorio de su país para que se agrediera a otras
naciones. Sin embargo, rechazó la posibilidad de un arreglo
bilateral con Nicaragua, inclinándose por una fórmula
multilateral. El régimen sandinista, por su parte, presentó
al Grupo de los Diez un plan de paz de nueve puntos en el que
se llamaba a la suscripción inmediata de un acuerdo entre los
presidentes centroamericanos conforme a las normas
fundamentales del derecho internacional y con mecanismos de
verificación y control en los sitios de conflicto. El mismo
día, el presidente de Guatemala reafirmó al grupo mediador su
disposición de participar en las gestiones de los grupos
Contadora y de Apoyo.
El 20 de enero, el presidente de Honduras, José Azcona Hoyo,
entregó al grupo mediador un documento en el que pedía que la
OEA fuese el foro para la pacificación de Centroamérica y
acusaba a Nicaragua de ser la punta de lanza de la
"penetración cubano-soviética" en el istmo. Asimismo,
garantizó que Honduras no agrediría a Nicaragua salvo en
legítima defensa, ni permitiría que otra nación utilizara su
territorio para invadirla. Sin embargo, descartó la
posibilidad de un entendimiento con ese país mediante
acuerdos bilaterales, comisiones fronterizas o negociaciones
Ese mismo día, el presidente de El Salvador, José Napoleón
Duarte, propuso al Grupo de los Diez una fórmula de paz
centrada en una serie de condiciones que Nicaragua debía
cumplir y que incluía el retiro de sus demandas presentadas
en 1986 ante la Corte Internacional de Justicia contra Costa
Rica y Honduras por facilitar su territorio para uso de los
contras, el fin de la "agresión a la democracia salvadoreña",
el cese del apoyo que supuestamente Nicaragua otorgaba a las
organizaciones insurgentes salvadoreñas y la necesidad de que
ese país se ajustara a los conceptos sobre democracia,
libertad, justicia y pluralismo que sostenían las naciones
del Grupo de Tegucigalpa, integrado por Costa Rica, El
Al concluir su misión, el grupo mediador se trasladó a la
ciudad de México, donde el día 21 de enero emitió un
comunicado con las conclusiones de su evaluación. En él se
señalaba la persistencia de una falta de voluntad política
por parte de los países centroamericanos para llegar a
acuerdos concretos y la necesidad de continuar el proceso
negociador del grupo mediador latinoamericano.
Entretanto, al finalizar el año tuvieron lugar en Estados
Unidos ciertos sucesos que hicieron vislumbrar la posibilidad
de que se pudiese modificar en algo la política exterior que
este país había aplicado en la región. En noviembre, el
Partido Demócrata había recapturado la mayoría en la Cámara
de Senadores y ampliado su número de diputados en la de
Representantes. Además, en ese mes estalló el escándalo
"Irangate" o "Irancontras" que afectó fuertemente la
credibilidad de la institución presidencial y el apoyo a su
política exterior. Se esperaba por esto una mayor oposición
del Poder Legislativo a la política del gobierno de Reagan
hacia el área centroamericana.
Dicho escándalo comenzó el día 7, cuando la prensa
norteamericana reveló que durante los últimos 18 meses el
Ejecutivo había llevado a cabo, en secreto, operaciones para
suministrar armas y pertrechos militares a Irán, con el fin
de conseguir la liberación de rehenes estadounidenses
secuestrados por el grupo proiraní Gihad Islámica (Guerra
Santa) en Beirut, Líbano. También trascendió que parte de los
recursos obtenidos por esas ventas fueron utilizados para
financiar a los grupos contrarrevolucionarios que operaban en
Nicaragua desde campamentos instalados en Honduras y Costa
La información inicial sobre este asunto afirmaba que esas
maniobras contradecían la política presidencial de no
establecer negociaciones de ninguna índole con terroristas y
violaban diversos ordenamientos jurídicos internos, además de
la Enmienda Boland, la cual prohibía al Ejecutivo el
otorgamiento de asistencia a los grupos antisandinistas sin
la aprobación del Congreso. Posteriormente, las
investigaciones al respecto hicieron evidente que existía,
aparte del Departamento de Estado, toda una estructura
clandestina que tomaba decisiones en materia de política
exterior. Se dijo que esas decisiones respondían a los
intereses de los traficantes internacionales de armamento,
quienes habían ideado la operación. También se mencionó que
los mismos aviones en que se enviaba armas a los contras
nicaragüenses se utilizaban para introducir drogas a Estados
Estos sucesos acapararon la atención de la opinión pública
internacional, pues los medios de comunicación masiva
difundieron ampliamente las pesquisas sobre dichas
operaciones ilícitas y compararon el escándalo con el de
Watergate, que en 1974 forzó al entonces presidente Richard
Nixon a dimitir de su cargo.
El gobierno de Reagan empezó a tambalearse. En cuestión de
semanas, tres importantes funcionarios norteamericanos se
vieron obligados a renunciar: el consejero en Asuntos de
Seguridad Nacional, John Poindexter, y el consejero adjunto
de la misma dependencia, coronel Oliver North, lo hicieron en
noviembre, mientras que el influyente jefe de asesores de la
Casa Blanca, Donald T. Reagan, lo hizo dos meses después, en
Desde el inicio del año se nombraron cuatro comisiones
investigadoras cuya función era determinar la responsabilidad
del Ejecutivo en las operaciones que se habían descubierto y,
si éstas eran violatorias de su legislación, actuar en
Entre enero y julio comparecieron ante esas comisiones, entre
otros, algunos altos funcionarios: el secretario de Estado,
George Shultz; el procurador general, Edwin Meese; el que
fuera consejero en Asuntos de Seguridad Nacional en el
período de octubre de 1983 a diciembre de 1985, Robert
McFarlane; el director de la Agencia Central de Inteligencia,
William Casey; el general retirado Richard Secord, y el
subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Elliot
Abrams. Estas audiencias llegaron a sus momentos culminantes
en julio, cuando comparecieron los funcionarios más
implicados en las operaciones ilícitas. Del 7 al 14 se
presentó a declarar el teniente coronel Oliver North. En
polémicas sesiones televisadas que acapararon la atención del
público estadounidense, North se declaró como un patriota que
había obedecido las órdenes de sus superiores para garantizar
la libertad y la democracia en el mundo. Afirmó que no tenía
pruebas de que el Presidente hubiera estado al tanto de sus
actividades, pero que siempre creyó que el mandatario las
aprobaba. En cambio, sostuvo que el Secretario de Estado, el
Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos y el
Director de la CIA sí conocían sus esfuerzos para ayudar a
los contras pese a la prohibición expresa del Congreso
(Enmienda Boland). Con sus intervenciones, North se ganó el
apoyo del público norteamericano, el cual, en sondeos de
opinión, manifestó mayoritariamente que creía que el militar
había dicho la verdad (74%) y lo consideró un "verdadero
patriota" (73%), aunque sólo 25% lo caracterizó como un
"héroe nacional". Esto resultó sorprendente para la opinión
pública internacional, puesto que se tenía a North por uno de
los principales ejecutores de acciones contrarias a la ley.
Días después, del 15 al 17 y del 20 al 21 de julio fue
interrogado el contralmirante John Poindexter, quien fungiera
como consejero de Seguridad Nacional durante la mayor parte
del período en que ocurrieron los hechos que se estaban
investigando. El contralmirante aseguró que nunca informó a
Ronald Reagan del desvío de fondos a los antisandinistas, si
bien aclaró que "el Presidente hubiera aprobado la decisión
en ese tiempo si yo lo hubiera pedido". Precisó que evitó
implicar al Jefe del Ejecutivo para protegerlo de eventuales
"daños políticos". Asimismo, aunque reconoció haber ocultado
información a los legisladores, negó que ello fuera una
actitud ilegal ya que, en su opinión, la llamada Enmienda
Boland no se aplicaba al Consejo de Seguridad Nacional ni al
Presidente. Al mes siguiente, el día 12, el presidente Reagan
dirigió un mensaje a la nación en el que asumió la
responsabilidad por el incidente Irancontras, y realizó una
autocrítica de los errores cometidos. Sin embargo, subrayó
que el ex consejero de seguridad nacional, Poindexter, era el
responsable directo de los hechos por haberle ocultado la
verdad sobre las operaciones secretas. Para evitar la
repetición de sucesos similares, anunció cambios en el
personal del Consejo de Seguridad y en los mecanismos de
información al Congreso sobre operaciones encubiertas. Acto
seguido, enumeró las prioridades de su gobierno para el resto
de su mandato, dando por hecho que el asunto Irancontras
quedaba terminado. No obstante, el senador Daniel Inouye,
quien presidía una de las comisiones que investigaba el
asunto, aseveró tajantemente que el presidente Reagan había
falseado sus declaraciones y lo calificó de "mentiroso".
Asimismo, el legislador encargado de dar la respuesta oficial
al mensaje del Jefe del Ejecutivo, el senador demócrata
George Mitchell, hizo un llamado para que sus líderes
condenasen cualquier violación a "las leyes, las mentiras a
la opinión pública y al Congreso de Estados Unidos, y la
destrucción de importantes documentos". Además, acusó
directamente al presidente Reagan de haber aprobado
personalmente y por escrito el intercambio de armas por
Durante ese período, los contras en Nicaragua habían
fracasado en su intento por lograr el control de alguna zona
u obtener victorias militares relevantes que diesen la
impresión de que tenían posibilidades de derrocar al régimen
sandinista, y seguir así contando con el financiamiento y
apoyo estadounidenses. Dentro de este movimiento existían una
serie de pugnas por la coordinación de los diversos grupos
contrarrevolucionarios. Estas divisiones habían llevado en
febrero a la renuncia del dirigente de la Unión Nicaragüense
Opositora (UNO) Adolfo Calero, quien siguió a cargo de la
Federación Democrática Nicaragüense (FDN), la más numerosa de
las fuerzas militares de dicha organización. Calero, quien
tenía una imagen negativa por habérsele asociado con
elementos somocistas y con negocios turbios como fraudes y
narcotráfico, fue sustituido por Pedro Joaquín Chamorro.
Sin embargo, este intento por mejorar la imagen de la contra
ante la opinión pública no tuvo éxito por la renuncia que al
mes siguiente presentó Arturo Cruz, el más importante líder
de UNO. Cruz había participado inicialmente en el gobierno
sandinista, militó después en la oposición política interna e
incluso presentó su candidatura a la Presidencia de Nicaragua
en los comicios de 1986. En esa ocasión, se retiró aduciendo
que no existían condiciones para que las elecciones se
efectuaran democrática y limpiamente. Por su trayectoria se
le consideraba un líder con autoridad moral para dirigir a
las fuerzas contrarrevolucionarias, por lo que su dimisión y
los motivos que señaló para ésta fueron un duro golpe para
dichos grupos. En un artículo que apareció en la prensa de
San José, Costa Rica, el 13 de marzo, Cruz manifestó que UNO
carecía de una base genuinamente plural y que era incapaz de
convertirse en una alternativa al gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Afirmó también que
el control que ejercía Estados Unidos sobre esa organización
antisandinista la había convertido en una "camarilla
excluyente", sin credibilidad entre la comunidad
internacional. Semanas después, el debilitamiento de los
antisandinistas se hizo evidente cuando el 20 de abril, en
Tegucigalpa, Calero solicitó la intervención de Estados
Unidos en Nicaragua en caso de que fracasara la
contrarrevolución. A partir de entonces, los grupos
antisandinistas limitaron sus objetivos a pequeñas
operaciones de desgaste como emboscadas o sabotajes.
Esta situación obligó a una nueva reestructuración del
directorio de los grupos contrarrevolucionarios, misma que se
anunció el 6 de mayo en Miami. Así, casi todas las fuerzas
quedaron unificadas en una organización que se denominó
Resistencia Nicaragüense (RN). Empero, un mes después, en
mayo, los contras quedaron abiertamente ligados al escándalo
Irangate, ya que Adolfo Calero admitió en una comparecencia
ante las comisiones investigadoras del Congreso haber
recibido de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos
cerca de 34 millones de dólares en ayuda secreta para
derrocar al gobierno sandinista.
Mientras tanto, Costa Rica venía realizando una activa
promoción de la propuesta de pacificación que había anunciado
durante su reunión con el Grupo de los Diez. Esta propuesta
se fue transformando, desde finales de 1986, en un esfuerzo
negociador que incluyó a todas las partes en conflicto.
En diciembre de 1986, varios senadores estadounidenses del
Partido Demócrata encabezados por Christopher Dodd,
presidente del Subcomité de Asuntos Hemisféricos del
Congreso, visitaron Costa Rica y, según trascendió por
informaciones periodísticas, entre los temas que ahí trataron
con las autoridades de aquel país había figurado la
posibilidad de promover una fórmula de solución al conflicto
entre Estados Unidos y Nicaragua. El 7 de enero, el canciller
de Costa Rica, Rodrigo Madrigal, presentó una propuesta de
pacificación al subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos
Interamericanos, Elliot Abrams, y al embajador especial de
Estados Unidos para Centroamérica, Philip Habib, durante una
junta que tuvieron en un hotel de la ciudad de Miami,
Florida. La propuesta buscaba lograr un acuerdo bipartidista
en el seno del Congreso estadounidense para suspender el
financiamiento del gobierno norteamericano a los grupos
armados antisandinistas a cambio de que las autoridades de
Nicaragua se comprometiesen a iniciar un proceso de
reconciliación nacional con la oposición política.
El 15 de febrero, el mandatario costarricense se reunió en la
ciudad de San José con los presidentes de El Salvador,
Guatemala y Honduras, para exponerles oficialmente su
propuesta de paz para Centroamérica, que desde entonces sería
conocida como Plan Arias. En esa reunión, los cuatro jefes de
Estado expresaron su convencimiento de que la solución a los
problemas del área debía provenir de la misma región, y
manifestaron su disposición de llegar a un acuerdo conjunto.
Para entonces, la propuesta costarricense, que llevó el
título de Procedimiento para Establecer la Paz Firme y
Duradera en Centroamérica, había evolucionado y generalizaba
para todos los países centroamericanos los compromisos que
originalmente planteaba sólo para Nicaragua.
En la reunión de San José, las naciones participantes
aceptaron que no sería posible la pacificación regional sin
la presencia de Nicaragua, la cual no había sido invitada a
la junta. Por tanto, decidieron convocar a otra reunión en el
mes de junio, a fin de discutir el Plan Arias con el
presidente Daniel Ortega. Además, acordaron que los
organismos internacionales coma la ONU y la OEA, así como los
grupos Contadora y de Apoyo, serían invitados a participar en
el proceso pacificador que estaban emprendiendo.
Entre los meses de febrero y mayo, el Presidente
costarricense continuó su labor de promoción del Plan Arias.
Realizó dos viajes a Estados Unidos y dos giras a Europa.
Como resultado, el Plan Arias fue ganando consenso entre los
actores regionales y de fuera del área.
En un primer momento, algunos observadores apuntaron que el
Plan Arias representaba una opción distinta al Acta de Paz de
Contadora, por lo que desplazaba al grupo mediador
latinoamericano de la gestión pacificadora. Sin embargo, los
impulsores de dicho plan no consideraban a éste como opuesto
a los planteamientos del Grupo Contadora, sino como una
respuesta a los insistentes llamados que ese grupo había
hecho a los países centroamericanos para participar con
voluntad política en el proceso de pacificación. Así lo
expresó el presidente Oscar Arias durante su visita a México
los días 26 y 27 de febrero de 1987. (Véase el apartado
"Visita oficial del Presidente de Costa Rica a México" en el
mes de febrero de este volumen.)
Por otro lado, los especialistas destacaron también que el
Plan de Paz del mandatario costarricense había surgido en una
coyuntura favorable, puesto que llenaba un vacío que se había
provocado con el alejamiento de los miembros del Grupo de
Tegucigalpa de las gestiones de los grupos Contadora y de
Apoyo, cuyas negociaciones habían llegado a un estancamiento
difícil de superar. También señalaron que los nuevos
gobiernos, especialmente de Costa Rica y Guatemala, sostenían
una postura más autónoma de Estados Unidos, lo que facilitaba
la negociación regional. Asimismo, afirmaron que el
presidente Arias había ganado fuerza moral y respetabilidad
entre sus vecinos y la comunidad internacional debido a su
esfuerzo perseverante por tratar de conciliar de manera
equilibrada los intereses regionales y los de Estados Unidos.
Por último, expresaron sus reservas respecto a la viabilidad
de llegar a un acuerdo conjunto mientras el gobierno
estadounidense no cesara su intervención en la zona.
Pese al escándalo interno que enfrentaba, el Jefe del
Ejecutivo estadounidense había continuado su campaña para
seguir financiando a la contra nicaragüense. En enero
solicitó 105 millones de dólares para ese fin en su proyecto
de presupuesto para el año fiscal de 1988.
La actuación del Congreso en este asunto fue un tanto
ambivalente en el transcurso del primer semestre del año. En
febrero, la C Legislatura se pronunció porque el Ejecutivo
modificara su política en Centroamérica. El día 18, el Comité
de Relaciones Exteriores del Senado votó (11-9) la suspensión
del desembolso de los últimos 40 millones de dólares que
restaban del monto global de 100 millones que había
autorizado el Congreso para la contra nicaragüense a mediados
de 1986. A su vez, la Cámara de Representantes aprobó el 11
de marzo una resolución en el mismo sentido que la del comité
senatorial, ya que urgieron al Presidente a abandonar el
enfoque militarista de su estrategia y a "abrazar la
diplomacia" como el medio para solucionar el conflicto
Ante esto, el vocero de la Casa Blanca declaró que el Jefe
del Ejecutivo había enviado al Congreso una certificación
presidencial de que esos fondos eran indispensables para
evitar la consolidación del régimen sandinista. Con todo, el
12 de marzo el Senado aprobó (97-1) una resolución que daba
un respaldo total a la iniciativa de paz del presidente Arias
Sin embargo, el 18 de junio ese mismo organismo autorizó la
liberación de los últimos 40 millones de dólares de fondos
para los antisandinistas, anulando un acuerdo adoptado por la
Cámara Baja siete días antes. En esa ocasión, los senadores
conservadores, que habían mantenido un apoyo incondicional a
la política regional de la Casa Blanca, advirtieron que esa
sería la última vez que darían su respaldo a la
contrarrevolución en Nicaragua.
Así, el 20 de mayo, la Cámara Baja aprobó, por votación de
293 contra 177, una resolución que prohibía el uso de las
fuerzas armadas estadounidenses en Nicaragua o contra ese
país. No obstante, en la misma sesión se rechazó una
propuesta que pretendía suspender la participación
norteamericana en maniobras militares que se realizaran en un
radio de 20 km contiguo a las líneas fronterizas de Nicaragua
con Honduras y Costa Rica.
Analistas regionales coincidieron en señalar que la actuación
del Congreso estadounidense indicaba que la oposición del
Partido Demócrata a la política del presidente Reagan hacia
Centroamérica no había ido más allá de los límites del debate
establecido por ese mandatario. Argumentaron que los
demócratas habían planteado escollos de carácter técnico a la
estrategia presidencial, pero no habían logrado desarrollar
una propuesta alternativa coherente para esa región.
Agregaron que precisamente la falta de una opción propia para
el área había orillado a los legisladores a apoyar el Plan
En ese mismo período, el presidente Reagan había seguido de
cerca la evolución del proceso de negociación en el área
centroamericana por medio de múltiples giras que efectuaron
sus representantes diplomáticos por la región. El 23 de
febrero, ocho días después de que el Plan Arias fue dado a
conocer, el embajador itinerante de Estados Unidos para
Centroamérica, Philip Habib, viajó a Costa Rica para
entrevistarse con el presidente Arias y analizar su
propuesta. En esa ocasión, Habib declaró a la prensa que el
plan del mandatario costarricense contaba con el apoyo del
En marzo, el embajador Habib realizó otra gira por
Centroamérica para estudiar el plan costarricense, en el que
era su cuarto viaje por la zona desde su nombramiento en
marzo de 1986. El 23, luego de su reunión con Habib, el
canciller de Honduras dijo que su gobierno había encontrado
"fallas técnicas" al revisar la propuesta de Arias y que
éstas debían ser corregidas para que el citado documento
fuera válido.
En abril, Habib se entrevistó nuevamente con el presidente
Arias en Costa Rica, con objeto de conocer la opinión del
gobierno costarricense sobre la evolución del Plan de Paz. En
esa ocasión, Arias Sánchez declaró que estaba en disposición
de negociar su propuesta de pacificación y el diplomático
estadounidense reiteró el apoyo de su gobierno al Plan Arias.
El 4 de mayo, un vocero del Departamento de Estado informó
que el gobierno norteamericano estaba preparado para
reiniciar negociaciones bilaterales con las autoridades de
Nicaragua si éstas aceptaban dialogar con los representantes
de la "resistencia democrática". Posteriormente, el 24 de
marzo, en Managua, los legisladores demócratas Thomas Carper,
Alan Wheat y Harley Stagges, en una entrevista con el
vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, propusieron al
régimen sandinista que levantara el estado de emergencia,
ampliara la amnistía y mejorara sus relaciones con la
jerarquía católica, a cambio de que el Poder Legislativo
rechazara más financiamientos a los contras. Para esas
fechas, Nicaragua había aceptado discutir en junio con los
demás países centroamericanos el Plan Arias y éste iba
ganando consenso en la zona, según habían comprobado los
enviados estadounidenses en las distintas giras que habían
realizado por el istmo.
El 11 de junio, Habib viajó a los países integrantes del
Grupo de Tegucigalpa para conocer, una vez más, sus
observaciones sobre el Plan de Paz de Costa Rica. Un día
después, el presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte,
propuso que se pospusiera la reunión cumbre de mandatarios
centroamericanos que debía celebrarse en la ciudad de
Esquipulas, Guatemala, los días 24 y 25 de junio a fin de
discutir y suscribir el Plan Arias, tal como lo habían
acordado en San José en febrero. El presidente Duarte adujo
la inexistencia de un "clima favorable" para la reunión.
Además, señaló su intención de hacer un viaje a Europa por
esas fechas, por lo que sugirió que el cónclave
centroamericano se postergara hasta agosto.
Las reacciones de los otros mandatarios centroamericanos no
se hicieron esperar. El Presidente de Nicaragua pidió a su
colega salvadoreño que no se dejara presionar por Estados
Unidos. El Jefe del Ejecutivo de Guatemala, activo promotor
de la reunión istmeña, viajó a El Salvador para entrevistarse
con el presidente Duarte intentando inútilmente que éste
hiciera más flexible su posición. Un vocero del Departamento
de Estado norteamericano informó el día 15 que su embajador
para Centroamérica había instado a los gobiernos del área a
tomar el asunto de la cumbre seriamente, a consultar entre
ellos y a prepararse en forma adecuada para dicha reunión, al
tiempo que negaba que la gira hubiese tenido como propósito
suspender la junta de los presidentes centroamericanos. El
mandatario de Costa Rica, a su vez, se trasladó a Washington
el 17 con la intención de salvar la reunión de Esquipulas y
se entrevistó con el presidente Ronald Reagan. El jefe de
Estado norteamericano informó personalmente a Oscar Arias que
su gobierno no observaría el Plan de Costa Rica, por lo que
éste no prosperaría. Asimismo, Reagan manifestó que pediría
al Congreso el mantenimiento de la ayuda a los grupos
antisandinistas y que el multicitado Plan Arias debía ser
reformado, porque "de ninguna manera debe levantarse la
presión sobre los sandinistas mientras no actúen en un
genuina democracia".
Nuevamente se hizo evidente que factores externos interferían
en un proceso histórico regional cuya evolución reavivaba las
expectativas de paz. Sin embargo, en esta ocasión las
acciones de Estados Unidos encontraron mayores dificultades,
debido a la tendencia negociadora que se había generado en la
El 16 de junio, los mandatarios de Guatemala y de Honduras
anunciaron que la nueva fecha de la cumbre centroamericana
sería los días 6 y 7 de agosto, en territorio guatemalteco.
Además, informaron que se verificarían juntas previas de
cancilleres centroamericanos para preparar el cónclave.
El Presidente de Nicaragua, pese a haber declarado que no
aceptaría aplazamientos a la reunión de Esquipulas, dio a
conocer el día 2 que iría a la cumbre propuesta para agosto.
No obstante, condicionó su asistencia a que representantes de
los grupos Contadora y de Apoyo estuviesen presentes en las
sesiones preparatorias. En esto último coincidió con el
gobierno hondureño, luego de que una reunión de cancilleres
centroamericanos que se realizaría ese mismo día en su país
hubo de suspenderse por falta de consenso.
Los grupos de Contadora y de Apoyo respondieron
favorablemente a esos llamados de los países
centroamericanos. Durante las siguientes semanas, se llevaron
a cabo intensas gestiones con vistas a la cumbre
centroamericana que incluyeron dos reuniones preparatorias
entre los cancilleres del área. En la primera, celebrada en
la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los días 31 de julio y 1
de agosto, participaron los grupos Contadora y de Apoyo,
mientras que a la segunda, que tuvo lugar en la ciudad de
Guatemala el 4 de agosto, sólo asistieron los ministros de
Relaciones Exteriores centroamericanos.
En Washington, precisamente en vísperas de la reunión cumbre
centroamericana, el Presidente de Estados Unidos y su
Secretario de Estado presentaron oficialmente un nuevo plan
de paz. Este plan contaba con el copatrocinio del presidente
de la Cámara de Representantes, y expresaba en su parte
introductoria la intención de ese gobierno de que sus puntos
de vista fueran incluidos en las deliberaciones que estaban
por comenzar los mandatarios centroamericanos. Proponía a
Nicaragua suspender la ayuda a la contra, levantar el embargo
comercial y el veto a programas de asistencia regional, a
cambio de que ese país decretara un cese al fuego, tomara
medidas como la eliminación de bases militares extranjeras,
dejara de prestar apoyo a la subversión, y realizara
elecciones "libres". Además, llamaba a negociaciones
regionales sobre seguridad en las que podría ser incluida
Nicaragua si cumplía con las condiciones previamente
Observadores y diplomáticos internacionales consideraron que
el plan de paz del presidente Reagan era una burda maniobra
para influir en la reunión centroamericana y que buscaba
provocar el rechazo de los sandinistas para facilitar la
aprobación del Congreso estadounidense a una eventual
solicitud de asistencia a la contra. En ese sentido se
expresaron también algunos legisladores norteamericanos.
Al conocer el contenido del que fue llamado Plan Reagan, los
presidentes centroamericanos manifestaron sus posiciones al
respecto. El mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, invitó
al gobierno de Estados Unidos a iniciar "en forma inmediata
en Managua, Washington, o un tercer país, un diálogo
incondicional" para discutir esa iniciativa y las propuestas
del gobierno sandinista. Ortega advirtió que el rechazo al
diálogo por él propuesto demostraría que el Plan Reagan sólo
pretendía boicotear la cumbre centroamericana. Para el
presidente de Guatemala, la propuesta estadounidense debía
valorarse como "una iniciativa de cualquier país
extrarregional". Agregó que "lo que tiene importancia es qué
vamos a discutir nosotros", los centroamericanos. Por su
parte, el jefe de Estado de Costa Rica, Oscar Arias,
puntualizó que Esquipulas II había sido convocada
"exclusivamente" para analizar su iniciativa de paz y que en
ello él sería "inflexible". Al día siguiente, ya en el marco
de los trabajos de la reunión cumbre, el mandatario de El
Salvador opinó que el citado plan no se podía ignorar y que
su carácter bipartidista hacía de éste una buena
El 7 de agosto, los mandatarios centroamericanos reunidos en
Esquipulas suscribieron un documento de 14 páginas denominado
igual que el Plan Arias: Procedimiento para Establecer la Paz
Firme y Duradera en Centroamérica. El preámbulo del también
llamado Acuerdo de Guatemala hacía un reconocimiento a la
"permanente voluntad de Contadora y del Grupo de Apoyo en
favor de la paz" y al respaldo de la comunidad internacional.
Citaba como las fuentes de sus objetivos a las cartas de la
ONU y la OEA, los documentos emitidos por el Grupo Contadora
durante cuatro años, incluida su Acta para la Paz y la
Cooperación en Centroamérica, y la Declaración de Esquipulas.
A continuación, resumía en 11 puntos las medidas que deberían
aplicar los gobiernos firmantes dentro de ciertos plazos
establecidos para lograr bases mínimas de pacificación y
concertación en cada país y en la región. A partir de estas
bases se promoverían después acuerdos más amplios de desarme
y seguridad en el área.
Entre las medidas citadas se encontraban compromisos para
iniciar un proceso de reconciliación nacional promovido por
medio del diálogo con los grupos opositores no armados,
promulgar decretos de amnistía, lograr un cese al fuego con
fuerzas irregulares o insurgentes, e impulsar libertades
políticas que incluyesen la realización de elecciones libres
periódicas, así como conformar el Parlamento Centroamericano.
Como organismo verificador de este proceso, se estipulaba la
creación de una comisión nacional de reconciliación que se
integraría con representantes del Poder Ejecutivo, la Iglesia
y los partidos políticos legalmente inscritos. Asimismo, el
acuerdo comprometía a las entidades firmantes a no prestar ni
permitir ningún tipo de apoyo militar o logístico a grupos
que buscaran desestabilizar a los gobiernos centroamericanos
y a impedir que su territorio fuera usado para tal fin.
Además, se exhortaba a los gobiernos, tanto de la región como
de fuera de ella, a que cesaran todo tipo de ayuda a las
fuerzas irregulares o movimientos insurgentes.
En lo que hace a las negociaciones en materia de seguridad,
verificación y control de armamento, el Plan de Paz disponía
que éstas prosiguieran en el ámbito del Acta de Contadora
para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, con la
mediación de los grupos Contadora y de Apoyo. Otros puntos se
referían a la atención que se otorgaría a refugiados y
desplazados, y a la promoción de la cooperación regional e
internacional para el desarrollo del área.
Como un organismo internacional legítimo para comprobar el
cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Guatemala, se
crearía una Comisión Internacional de Verificación y
Seguimiento compuesta por los secretarios generales de la ONU
y la OEA, así como por los cancilleres de América Central,
del Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo.
Finalmente, se fijaban los plazos en que los acuerdos tomados
se irían ejecutando. Los cancilleres centroamericanos se
reunirían, en calidad de Comisión Ejecutiva, 15 días después
de la firma del documento, para organizar las comisiones de
trabajo y los reglamentos para el cumplimiento de los
compromisos contraídos. A los 90 días, es decir, el 5 de
noviembre, entrarían en vigor, simultáneamente y en forma
pública, las disposiciones relativas a la amnistía, cese al
fuego, democratización, suspensión de la ayuda a fuerzas
irregulares o insurgentes y para impedir el uso de sus
territorios para agredir a otros Estados. Posteriormente, a
los 120 días, la Comisión Internacional de Verificación y
Seguimiento analizaría el progreso en el cumplimiento de lo
acordado. Finalmente, a los 150 días (5 de enero de 1988),
los cinco presidentes centroamericanos se reunirían para
estudiar un informe de dicha comisión, a fin de tomar las
decisiones que fuesen pertinentes. (Véase el recuadro
"Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en
Centroamérica".)
A partir de la firma del Acuerdo de Guatemala comenzó una
etapa crucial en el proceso que los centroamericanos habían
iniciado meses atrás, y que retomaba los objetivos que
Contadora venía buscando desde 1983. Estaba en juego la
consolidación de la negociación pacífica como la vía de
solución a los conflictos que tanto habían costado a la
La opinión pública mundial, los grupos Contadora y de Apoyo,
la ONU y la OEA manifestaron su beneplácito por los
resultados del cónclave centroamericano, y siguieron con
marcado interés las actividades que para la pacificación de
la zona realizaban los cinco países del área.
En Estados Unidos, en cambio, las reacciones fueron diversas.
Los sectores más conservadores criticaron duramente la
"tibieza" del gobierno de Reagan, que había permitido avanzar
la negociación centroamericana. Por ejemplo, el influyente
diario conservador The Wall Street Journal opinó en un
editorial del 11 de agosto que el documento firmado en la
capital centroamericana constituía la "Bahía de Cochinos" del
régimen de Reagan, el cual después de seis años y medio había
entregado su política exterior en la región.
Para algunos grupos de tendencia liberal, el Acuerdo de
Esquipulas representaba un triunfo político interno, ya que
ellos habían pugnado porque su gobierno siguiera la vía
diplomática en el conflicto istmeño.
Los acuerdos de los mandatarios centroamericanos
sorprendieron al Presidente y a altos funcionarios de su
gobierno, por lo que, en un primer momento, emitieron
declaraciones ambiguas: por un lado, manifestaban su apoyo al
Acuerdo de Guatemala y, por el otro, insistían en continuar
financiando a los contras nicaragüenses.
En este contexto, el enviado especial del presidente Reagan
para Centroamérica, Philip Habib, renunció el 14 de agosto
sin que se dieran a conocer las causas de su dimisión. La
prensa estadounidense la atribuyó a que las recomendaciones
de Habib en favor del diálogo y la concertación con Nicaragua
habían sido ignoradas por sus superiores. Esta era la tercera
vez que un diplomático con esa función renunciaba desde 1983.
El 18, las declaraciones oficiales norteamericanas rebasaron
el plano interno. Los embajadores de Estados Unidos en los
países de América Central resolvieron comunicar a los
gobiernos de la región su "profunda preocupación" por el
Acuerdo de Guatemala, debido a que Washington consideraba
que, previo a cualquier convenio, Nicaragua debía haber
dejado de recibir ayuda militar del bloque soviético y de
Cuba, suspendido sus programas de "subversión" en el área, e
iniciado una "democratización plena y real". Esa acción fue
seguida a la semana siguiente por un mensaje de tres minutos
que el presidente Ronald Reagan envió a los contras por medio
de la clandestina Radio Liberación, vocero oficial de los
antisandinistas, en el que prometió mantener el
financiamiento a sus actividades hasta que el régimen de
Managua cumpliera con la democratización prevista en el Plan
de Paz de Guatemala. Dos días después, el 27 de agosto, el
mandatario estadounidense reiteró dicha promesa al directorio
de la contra, en una reunión que sostuvo con ésta en el hotel
Century Plaza de la ciudad de Los Angeles, California.
Entre agosto y noviembre, todos los gobiernos
centroamericanos crearon sus comisiones de reconciliación
nacional y adoptaron distintas medidas para dar cumplimiento
a los compromisos adquiridos. Esto despertó una enorme
expectativa en los diversos sectores de las naciones
centroamericanas de que finalmente se terminara la difícil
situación que habían vivido en los últimos años. Las
distintas organizaciones y partidos políticos del área
comenzaron a presionar a sus respectivos gobiernos para que
ejecutaran decididamente los acuerdos tomados. El debate que
se suscitó al respecto incluyó la interpretación de las
medidas anunciadas o adoptadas, protestas por las mismas o
A los pocos días de haberse realizado la cumbre
centroamericana, el gobierno sandinista retiró la demanda que
había presentado en la Corte Internacional de Justicia contra
Costa Rica, y pidió se postergara el análisis de la que había
puesto contra Honduras. Posteriormente, dio pasos firmes
encaminados a la conciliación interna; conformó su Comisión
Nacional de Reconciliación; eliminó la censura a los medios
de comunicación, lo que incluyó la reapertura de Radio
Católica y del diario La Prensa; estableció el diálogo
nacional con los 11 partidos políticos de oposición, y
permitió el reingreso de tres sacerdotes expulsados del país
por auspiciar el financiamiento de la contra. Además, para
cumplir con el compromiso de suspender las hostilidades, el
régimen sandinista decretó unilateralmente un alto al fuego
temporal en las zonas de mayor violencia, y reiteró su
ofrecimiento de amnistía garantizada a los
contrarrevolucionarios que depusieran sus armas. Estas
medidas fueron rechazadas por la contra, en tanto el gobierno
no entablara negociaciones directas con sus líderes, por lo
que prosiguió con sus operaciones de desgaste.
En esas fechas, la economía nicaragüense atravesaba por
momentos críticos. Los dirigentes sandinistas habían
implantado lo que llamaron economía de sobrevivencia, ya que
ante la necesidad de destinar más de la mitad de su
presupuesto al sostenimiento de la defensa militar, su
déficit estimado era de 200 millones de dólares. A esto se
agregó, hacia mediados de 1987, la falta de 1.6 millones de
barriles de hidrocarburos para cubrir sus requerimientos más
urgentes durante el resto del año. El Vicepresidente de la
República había pedido ayuda al exterior, argumentando que el
déficit petrolero podía entorpecer los esfuerzos de paz.
Debido a ello, algunos países latinoamericanos, entre ellos
México, analizaban la forma de proveer petróleo a Nicaragua
sin que sus intereses nacionales se vieran afectados. Al
finalizar agosto, Nicaragua aumentó en 100% el precio de la
gasolina y otros derivados del petróleo, y redujo en 11% el
consumo nacional de energéticos.
La fuerte austeridad, aunada a la aplicación de las medidas
pactadas en Esquipulas, habían provocado gran efervescencia
política en Nicaragua. Existía una amplia polémica interna
entre grupos partidarios del régimen sandinista y aquellos
opuestos al mismo sobre el alcance de las disposiciones
implantadas. Para los primeros, Nicaragua no debía ir más
lejos hasta que Estados Unidos suspendiera su ayuda a la
contra y el resto de los gobiernos del área cumplieran su
parte de los acuerdos, en especial Honduras, que tendría que
expulsar a los antisandinistas de su territorio. Asimismo, se
oponían a una amnistía amplia que beneficiara a ex guardias
somocistas convictos por crímenes de guerra. Para los
segundos, las acciones llevadas a cabo por el gobierno no
eran suficientes. Solicitaban que se entablara un diálogo
directo con la contra y se decretara una amnistía total que
incluyese a ex miembros de la desaparecida Guardia Nacional.
En El Salvador, mientras tanto, se efectuaron intensas
gestiones para establecer un diálogo fructífero entre el
gobierno y la guerrilla. No obstante, una reunión
preparatoria programada para mediados de septiembre hubo de
suspenderse. Las posiciones de ambos bandos parecían
irreconciliables. Por un lado, el gobierno insistía en que
las organizaciones insurgentes manifestaran su disposición a
abandonar las armas e integrarse al proceso democrático que,
a su juicio, vivía el país, como condición previa para la
reanudación de las conversaciones. Por su parte, los
representantes de los frentes Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) y Democrático Revolucionario (FDR)
afirmaban que el diálogo debía realizarse sin condiciones
previas. Proponían un gobierno compartido de transición que
preparara elecciones con amplias garantías, y la fusión del
ejército y la guerrilla en una sola fuerza armada.
Una gran mayoría de la sociedad salvadoreña se pronunciaba
por la realización de pláticas que llevaran a un alto al
fuego y a la solución de la guerra civil. Al efectuarse
finalmente las conversaciones en la nunciatura apostólica de
San Salvador del 4 al 6 de octubre, diversas organizaciones
populares acordonaron el área aledaña al sitio de las
negociaciones y, en señal de apoyo, velaron su transcurso de
manera festiva.
En esas conversaciones participaron, por un lado, el
presidente Duarte y sus ministros de Defensa, Planificación,
y Cultura y Comunicaciones y, por el otro, los más
importantes dirigentes del FMLN-FDR. El arzobispo Rivera y
Damas actuó como mediador. Al concluir la reunión, se anunció
la creación de una comisión que estudiaría las posibilidades
de un cese al fuego, y se informó que continuaría el diálogo.
Sin embargo, voceros de la guerrilla declararon que el
Presidente y sus ministros habían rechazado sus propuestas
para "humanizar la guerra".
Por lo que respecta a Honduras, la oposición interna había
solicitado insistentemente al gobierno que expulsara a los
contras de territorio hondureño sin que se hubiese tomado una
decisión en tal sentido. Los representantes gubernamentales
aducían que los antisandinistas, cuyo número se calculaba en
17 000, se encontraban en terreno nicaragüense. Asimismo,
organizaciones locales habían denunciado la existencia de
desaparecidos políticos y habían exigido a las autoridades
que se tratara esa cuestión.
Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en
Los gobiernos de las repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, empeñados en alcanzar los
objetivos y desarrollar los principios establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas, la Carta de Organización de los
Estados Americanos, el Documento de Objetivos, el Mensaje de
Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia en
América Central, la declaración de Guatemala, el comunicado
de Punta del Este, el mensaje de Panamá, la declaración de
Esquipulas, y el proyecto del Acta de Contadora para la Paz y
la Cooperación en Centroamérica del 6 de junio de 1986, han
convenido en el siguiente procedimiento para establecer la
paz firme y duradera en Centroamérica.
a) Dialógo
Realizar urgentemente en aquellos casos donde se han
producido profundas divisiones dentro de la sociedad acciones
de reconciliación nacional que permitan la participación
popular, con garantía plena, en auténticos procesos políticos
de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y
democracia y, para tal efecto, crear los mecanismos que
permitan, de acuerdo con la ley, el diálogo con los grupos
A este fin, los gobiernos correspondientes iniciarán el
diálogo con todos los grupos desarmados de oposición política
interna y con aquellos que se hayan acogido a la amnistía.
En cada país centroamericano, salvo en aquéllos en donde la
comisión internacional de verificación y seguimiento
determine que no es necesario, se emitirán decretos de
amnistía que deberán establecer todas las disposiciones que
garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas
sus formas, los bienes materiales y la seguridad de las
personas a quienes sean aplicables dichos decretos.
Simultáneamente a la emisión de los decretos de amnistía, las
fuerzas irregulares del respectivo país deberán poner en
libertad a todas aquellas personas que se encuentren en su
Para la verificación del cumplimiento de los compromisos que
los cinco gobiernos centroamericanos contraen con la firma
del presente documento en materia de amnistía, cese al fuego,
democratización y elecciones libres, se creará una Comisión
Nacional de Reconciliación que tendrá las funciones de
constatar la vigencia real del proceso de reconciliación
nacional, así como el respeto irrestricto de todos los
derechos civiles y políticos de los ciudadanos
centroamericanos garantizados en este mismo documento.
La Comisión Nacional de Reconciliación estará integrada por
un delegado propietario y un suplente del Poder Ejecutivo, un
titular y un suplente sugerido por la Conferencia Episcopal y
escogido por el gobierno de una terna de obispos que deberá
ser presentada dentro del plazo de 15 días después de
recibida la invitación formal. Esta invitación la formularán
los gobiernos dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la firma de este documento. El mismo procedimiento de terna
se utilizará para la selección de un titular y un suplente de
los partidos políticos de oposición legalmente inscritos.
La terna deberá ser presentada en el mismo plazo anterior.
Cada gobierno centroamericano escogerá, además, para integrar
dicha comisión, a un ciudadano notable que no pertenezca ni
al gobierno ni al partido de gobierno, y a su respectivo
suplente. El acuerdo o decreto en que se integre la
respectiva comisión nacional será comunicado de inmediato a
los otros gobiernos centroamericanos.
Los gobiernos hacen una exhortación vehemente para que, en
los estados del área que actualmente sufren la acción de
grupos irregulares o insurgentes, se concierte el cese de las
hostilidades. Los gobiernos de dichos estados se comprometen
a realizar todas las acciones necesarias para lograr un
efectivo cese del fuego dentro del marco constitucional.
Los gobiernos se comprometen a impulsar un auténtico proceso
democrático pluralista y participativo que implique la
promoción de la justicia social, el respeto de los derechos
humanos, la soberanía, la integridad territorial de los
estados y el derecho de todas las naciones a determinar
libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su
modelo económico, político y social, y realizarán, de manera
verificable, las medidas conducentes al establecimiento y, en
su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos,
representativos y pluralistas que garanticen la organización
de partidos políticos y la efectiva participación popular en
loa toma de decisiones y aseguren el libre ascenso de las
diversas corrientes de opinión a procesos electorales
honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de
los derechos ciudadanos. Para efectos de verificar la buena
fe en el desarrollo de este proyecto de democratización, se
a) Deberá existir completa libertad para la televisión, la
radio y la prensa. Esta completa libertad comprenderá la de
abrir y mantener en funcionamiento medios de comunicación
para todos los grupos ideológicos y para operar esos medios
sin sujeción a censura previa.
b) Deberá manifestarse el pluralismo político partidista
total. Las agrupaciones políticas tendrán, en ese aspecto,
amplio acceso a los medios de comunicación, pleno disfrute de
los derechos de asociación y de las facultades de realizar
manifestaciones públicas en el ejercicio irrestricto de la
publicidad oral, escrita y televisiva así como la libre
movilidad para los miembros de los partidos políticos en
función proselitista.
c) Asimismo, los gobiernos centroamericanos que tengan en
vigencia el estado de excepción, sitio, o emergencia, deberán
derogarlo, haciendo efectivo el estado de derecho con plena
vigencia de todas las garantías constitucionales.
Creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberán
celebrarse elecciones libres pluralistas y honestas.
Como expresión conjunta de los estados centroamericanos para
encontrar la reconciliación y la paz duradera para sus
pueblos se celebrarán elecciones para la integración del
Parlamento Centroamericano, cuya creación se propuso mediante
la Declaración de Esquipulas, del 25 de mayo de 1986.
A los propósitos anteriores, los mandatarios expresaron su
voluntad de avanzar en la organización de dicho parlamento, a
cuyo efecto la comisión preparatoria del Parlamento
Centroamericano deberá concluir sus deliberaciones y entregar
a los presidentes centroamericanos el respectivo proyecto de
tratado dentro de 150 días.
Estas elecciones se realizarán simultáneamente en todos los
países de América Central en el primer semestre de 1988, en
la fecha que oportunamente convendrán los presidentes de los
estados centroamericanos. Estarán sujetas a la vigilancia de
los órganos electorales correspondientes, comprometiéndose
los respectivos gobiernos a extender invitación a las
Naciones Unidas, así como la gobiernos de terceros estados,
para que envíen observadores que deberán constatar que los
procesos electorales se han regido por las más estrictas
normas de igualdad de accesos de todos los partidos políticos
a los medios de comunicación social, así como por amplias
facilidades para que realicen manifestaciones públicas y todo
tipo de propaganda proselitista.
A efecto de que las elecciones para integrar el Parlamento
Centroamericano se celebren dentro del plazo que se señala en
este apartado, el tratado constitutivo correspondiente deberá
ser sometido a la aprobación o ratificación en los cinco
Luego de efectuadas las elecciones para integrar el
Parlamento Centroamericano deberán realizarse, en cada país,
con observadores internacionales e iguales garantías, dentro
de los plazos establecidos y los calendarios que deberán
proponerse de acuerdo con las actuales constituciones
políticas, elecciones igualmente libres y democráticas para
el nombramiento de representantes populares en los
municipios, los congresos y asambleas legislativas y la
5. Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los
Los gobiernos de los cinco estados centroamericanos
solicitarán a los gobiernos de la región y a los gobiernos
extrarregionales que, abierta o veladamente, proporciona
ayuda militar, logística, financiera, propagandística, en
efectivos humanos, armamentos, municiones y equipo a fuerzas
irregulares o movimientos insurreccionales, que cesen esa
ayuda, como un elemento indispensable para lograr la paz
estable y duradera en la región.
No queda comprendida en lo anterior la ayuda que se destine a
repatriación o, en su defecto, reubicación y asistencia
necesarias para la reintegración a la vida normal de aquellas
personas que hayan pertenecido a dichos grupos o fuerzas.
Igualmente solicitarán a las fuerzas irregulares y a los
grupos insurgentes que actúan en América central, abstenerse
de recibir esa ayuda, en aras de un auténtico espíritu
latinoamericanista. Estas peticiones se harán en cumplimiento
de lo establecido en el documento de objetivos en cuanto a
eliminar el tráfico de armas, intrarregional o proveniente de
fuera de la región, destinado a personas, organizaciones o
grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los
Los cinco países que suscriben este documento reiteran su
compromiso de impedir el uso del propio territorio y no
protestar ni permitir apoyo militar logístico a personas,
organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los
gobiernos de los países de Centroamérica.
Los gobiernos de los cinco estados centroamericanos, con la
participación del Grupo Contadora, en ejercicio de su función
mediadora, proseguirán las negociaciones sobre los puntos
pendientes de acuerdo, en materia de seguridad, verificación
y control en el proyecto de Acta de Contadora para la Paz y
la Cooperación en Centroamérica.
Estas negociaciones abarcarán también medidas para el desarme
de las fuerzas irregulares que estén dispuestas a acogerse a
los decretos de amnistía.
Los gobiernos centroamericanos se comprometieron a atender
con sentido de urgencia los flujos de refugiados y
desplazados que la crisis regional ha provocado, mediante
protección y asistencia, especialmente en los aspectos de
salud, educación, trabajo y seguridad, así como facilitar su
repatriación, reasentamiento o reubicación, siempre y cuando
sea de carácter voluntario y se manifieste individualmente.
También se comprometen a gestionar ante la comunidad
internacional ayuda para los refugiados y desplazados
centroamericanos, tanto en forma directa, mediante convenios
bilaterales o multilaterales, como por medio del Alto
(ACNUR) y otros organismos y agencias.
9. Cooperación, democracia y libertad para la paz y el
En el clima de libertad que garantiza la democracia, los
países de Centroamérica adoptarán los acuerdos que permitan
acelerar el desarrollo, para alcanzar sociedades más
igualitarias y libres de la miseria.
La consolidación de la democracia implica la creación de una
economía de bienestar y de una democracia económica y social.
Para lograr estos objetivos los gobiernos gestionarán
conjuntamente un apoyo económico extraordinario de la
Se creará una Comisión Internacional de Verificación y
Seguimiento conformada por los secretarios generales, o sus
representantes, de la Organización de los Estados Americanos
y de las Naciones Unidas, así como por los cancilleres de
América Central, del Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo.
Esta comisión tendrá las funciones de verificación y
seguimiento del cumplimiento de los compromisos contenidos en
b) Respaldo y facilidades a los mecanismos de reconciliación
y de verificación y seguimiento.
Con el objeto de fortalecer la gestión de la Comisión
Internacional de Verificación y Seguimiento, los gobiernos de
los cinco estados centroamericanos emitirán declaraciones de
respaldo a su labor. A estas declaraciones podrán adherirse
todas las naciones interesadas en promover la causa de la
libertad, la democracia y la paz en Centroamérica.
Los cinco gobiernos brindarán todas las facilidades
necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones de
verificación y seguimiento de la Comisión Nacional de
Reconciliación de cada país y de la Comisión Internacional de
Dentro del plazo de 15 días a partir de la firma de este
documento, los cancilleres de Centroamérica se reunirán en
calidad de Comisión Ejecutiva para reglamentar, impulsar y
viabilizar el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el
presente documento, y organizar las comisiones de trabajo
para que a partir de esta fecha se inicien los procesos que
conduzcan al cumplimiento de los compromisos contraídos
dentro de los plazos estipulados, por medio de consultas,
gestiones y demás mecanismos que se estimen necesarios.
A los 90 días, contados a partir de la fecha de la firma de
este documento, entrarán a regir simultáneamente en forma
pública los compromisos relacionados con amnistía, cese del
fuego, democratización, cese de la ayuda a las fuerzas
regulares o a los movimientos insurreccionales y no uso del
territorio para agredir a otros estados, como se define en el
A los 120 días a partir de la firma de este documento, la
analizará el progreso en el cumplimiento de los acuerdos
A los 150 días, los cinco presidentes centroamericanos se
reunirán y recibirán un informe de la Comisión Internacional
de Verificación y Seguimiento y tomarán las decisiones
Los puntos comprendidos en este documento forman un todo
armónico e indivisible. Su firma entraña la obligación,
aceptada de buena fe, de cumplir simultáneamente lo acordado
Los presidentes de los cinco estados de la América Central
con la voluntad política de responder a los anhelos de paz de
nuestros pueblos lo suscribimos en la ciudad de Guatemala, a
los siete días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y
Guatemala, por su parte, enfrentaba serias dificultades para
avanzar en la reconciliación nacional. El 8 y 9 de octubre en
Madrid, España, se dieron las primeras conversaciones de paz
en 25 años entre el gobierno de Guatemala y los grupos
guerrilleros de ese país agrupados en la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Trascendió que
la URNG solicitó desmantelar las estructuras de control sobre
la población, aclarar 38 000 desapariciones, un cese al fuego
y continuidad en el diálogo. El gobierno había declarado que
los insurgentes deberían deponer las armas e incorporarse a
la vida política en un marco institucional. Cuatro días
después, el ejército guatemalteco ratificó la decisión
anunciada por el gobierno de suspender las pláticas con el
movimiento rebelde, misma que provocó pesar y asombro en los
voceros de éste que aún se encontraban en Madrid.
Entretanto, el gobierno de Estados Unidos minimizó las
medidas aplicadas por Nicaragua, reiteró su intención de
continuar financiando a la contra, y centró sus propuestas en
la necesidad de un diálogo directo entre ésta y las
autoridades sandinistas. El 28 de septiembre en Nueva York,
en una cena ofrecida a los cancilleres y jefes de las
delegaciones de América Latina y el Caribe que asistían a la
XLII Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario
de Estado norteamericano, George Shultz, evaluó el avance del
Acuerdo de Guatemala comparando las medidas adoptadas en El
Salvador y Nicaragua. Tras destacar que en el primer país
estaba por realizarse -el 4 de octubre- un diálogo
gobierno-guerrilla, solicitó que el régimen nicaragüense
fuera más allá "de la retórica y del principio abstracto" y
aceptara negociar sus diferencias con todos los grupos de
oposición, incluida la "resistencia". La comparación entre el
cumplimiento del plan de paz en El Salvador y en Nicaragua
fue una constante en la valoración que el gobierno de Estados
Unidos hizo por esas fechas de la actuación de los países
Durante ese período, aunque todos los gobiernos
centroamericanos consideraban que había un avance en el
proceso de pacificación, persistían las exigencias entre
ellos. Costa Rica pedía que las autoridades sandinistas
negociaran directamente con la contra, mientras continuaba en
sus esfuerzos por mediar entre el FMLN-FDR y el gobierno
salvadoreño y por tratar de obtener del régimen de Reagan la
suspensión de la ayuda militar a los contras. A su vez, el
gobierno salvadoreño instaba a las autoridades nicaragüenses
a que emularan su diálogo con grupos armados, al tiempo que
les solicitaba cesaran el apoyo que supuestamente brindaban a
la subversión en su territorio. Esa petición también se la
hizo al gobierno de Panamá al poco tiempo de la suscripción
de los acuerdos del 7 de agosto y, meses después, en
noviembre, al de México. Este último pronunciamiento fue
contestado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con un
comunicado, emitido el 5 de noviembre, en que se desmentían
categóricamente dichas acusaciones.
El gobierno de Nicaragua exhortaba al de Honduras a expulsar
a los contras ahí asentados, y seguía invitando
insistentemente a Estados Unidos a dialogar y a que respetara
la voluntad centroamericana expresada en el acuerdo de paz.
A su vez, los miembros de los grupos Contadora y de Apoyo se
congratulaban de los avances del proceso de pacificación en
el área, y hacían constantes llamados a países de fuera de la
zona con "intereses y vínculos" en la región para que cesaran
su injerencia y no inhibieran los esfuerzos en pro de la paz.
Al mismo tiempo, apelaron a la Comunidad Económica Europea
para que participara con asistencia técnica y financiera en
las tareas de verificación en materia de seguridad, y a
incrementar su cooperación económica con la región.
Se crearon también las distintas comisiones y grupos de
trabajo encargados de vigilar y ayudar en el cumplimiento de
los compromisos, conforme a las fechas establecidas en el
Acuerdo de Guatemala. Así, los cancilleres centroamericanos
se constituyeron en Comisión Ejecutiva desde agosto y,
conjuntamente con los secretarios generales de la ONU y de la
OEA, así como con los cancilleres de los grupos Contadora y
de Apoyo, instalaron en septiembre la Comisión Internacional
de Verificación y Seguimiento.
Los acontecimientos en Centroamérica estaban demostrando la
solidez de la voluntad política de los gobiernos de la región
por conseguir la paz.
En opinión de diversos articulistas, las medidas tomadas en
el marco de Esquipulas II desmentían el argumento
estadounidense de que su política exterior en la zona
obedecía a los intereses de los propios países
centroamericanos -Honduras y El Salvador- y de que era
imposible lograr la paz sin su intervención. Estos
editorialistas consideraban que la autonomía mostrada por los
gobiernos del área había abierto posibilidades de un arreglo
sin la participación de Estados Unidos y permitido a la
oposición demócrata en ese país plantear otras opciones de
política exterior para el istmo centroamericano.
En agosto de 1987 la tendencia a desplazar la política de
fuerza estadounidense en la región se había mostrado
claramente. En las próximas semanas se consolidaría. El 11 de
septiembre, el líder de la mayoría del Senado declaró que el
gobierno de su país adoptaría una táctica "estúpida" si
solicitaba más ayuda para la contra antes del 5 de noviembre,
día en que culminaba la primera fase del Acuerdo de
Guatemala. Siete días después, ese organismo legislativo
rechazó (61-31) una propuesta del Ejecutivo de asistencia a
los antisandinistas por 310 millones de dólares, en lo que
fue interpretado como un "sondeo" de la actitud de la Cámara
Alta. Sin embargo, el Congreso mantenía aún sus reservas
sobre la evolución de la pacificación en Centroamérica. Así,
hacia finales del mes, esa institución otorgó un fondo de
"subsistencia" por 3.5 millones de dólares para abastecer de
víveres y medicinas a los contrarrevolucionarios.
Por esas fechas, el respaldo internacional al proceso de paz
se manifestó de manera concreta. El 23 de septiembre, los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a
excepción de Estados Unidos, expresaron su apoyo decidido al
Acuerdo de Guatemala. Dos semanas después, la Asamblea
General de ese mismo organismo emitió una resolución unánime
en respaldo de los esfuerzos de pacificación, que además
autorizaba a las Naciones Unidas a realizar la verificación
de los compromisos centroamericanos, y solicitaba a su
Secretario General la promoción de un plan de cooperación
para la región. Asimismo, el 13 de octubre, el comité noruego
encargado de conferir el polémico y prestigioso premio Nobel
de la Paz acordó otorgárselo al presidente de Costa Rica,
Oscar Arias. La noticia fue recibida con júbilo en todo el
mundo. Sin desconocer los méritos personales de Arias, se
interpretó que el galardón era un reconocimiento a las
gestiones de paz de las cinco naciones del istmo y al Grupo
Contadora, iniciador de esos esfuerzos. El aislamiento de la
postura estadounidense era a todas luces evidente.
Mientras los gobiernos centroamericanos continuaban
avanzando, aunque con altibajos, en su empeño por lograr la
conciliación regional, el 14 de octubre el presidente de El
Salvador inició una visita a Estados Unidos, donde se
entrevistó con el mandatario norteamericano para revisar los
adelantos del Acuerdo de Esquipulas y la crisis económica
salvadoreña. Duarte, en obvia referencia a Nicaragua,
advirtió que las medidas "cosméticas" o "a medias" no serían
suficientes para consolidar la paz en Centroamérica, y urgió
al país anfitrión a hacer lo necesario para garantizar que la
región no cayera víctima del "totalitarismo opresor". No
obstante, solicitó se detuviera el envío de asistencia bélica
a los antisandinistas hasta la evaluación formal del acuerdo.
En un gesto extraordinario, que fue muy criticado, el
dirigente centroamericano rompió el protocolo y besó la
bandera estadounidense. También el presidente de Honduras
visitó por esos días Estados Unidos. El 21 de octubre,
exhortó al gobierno norteamericano a no debilitar la opción
que representaban los cambios en la zona centroamericana. A
ambos invitados el gobierno estadounidense les reafirmó
tercamente su posición. El 24 de ese mes, el subsecretario de
Estado para Asuntos Interamericanos declaró que sería una
"auténtica pesadilla" si el Congreso de su país decidía
cortar la ayuda a los contras nicaragüenses.
Por esas fechas el proceso salvadoreño enfrentó difíciles
obstáculos. El 26 de octubre, el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador, Hebert Anaya, fue asesinado
por presuntos miembros de los ultraderechistas "escuadrones
de la muerte". El suceso provocó que el FMLN desistiera
temporalmente de acudir a una reunión con delegados del
gobierno que habría de realizarse en México. Esta junta había
sido programada al concluir días atrás, sin mayores
resultados, una ronda de pláticas en Caracas, Venezuela.
Por otra parte, el 27 y 28 de octubre, los cancilleres
centroamericanos sostuvieron en San José, Costa Rica, su
tercera reunión en el marco de los acuerdos de paz. En esa
ocasión, refrendaron los puntos esenciales de dicho plan y el
principio de simultaneidad en su implantación.
Finalmente llegó el día que tanta expectación y conjeturas
había despertado: el 5 de noviembre, fecha que concluía la
primera etapa contemplada en el Acuerdo de Guatemala. Ese
día, las autoridades de Nicaragua anunciaron su disposición a
negociar el alto al fuego con los contras por medio de un
representante, así como la liberación de presos políticos, la
posibilidad de levantar el estado de emergencia y decretar
una amnistía general si el gobierno norteamericano suspendía
su financiamiento a los antisandinistas. El presidente de
Costa Rica hizo un nuevo llamado a los gobiernos de Nicaragua
y El Salvador. Al primero para que negociara el alto al fuego
con la contra y al segundo para que continuara las pláticas
con los insurgentes. A su vez, el gobierno salvadoreño
declaró un alto al fuego unilateral en su país. Por su parte,
las autoridades de Guatemala y Honduras se abstuvieron de
emitir pronunciamiento alguno.
Un amplio grupo de editorialistas y comentaristas calificó de
positivo, aunque moderado, el desarrollo del proceso
pacificador en Centroamérica durante los últimos 90 días. En
general, resaltaron que si había asombrado la suscripción del
Acuerdo de Guatemala el 7 de agosto, más sorprendente había
resultado la forma decidida en que los gobiernos
centroamericanos estaban aplicando las medidas acordadas y
cumpliendo los plazos establecidos. Todo ello, coincidieron,
había generado un ambiente de cauteloso optimismo.
Concluyeron que un avance posterior dependería en mucho de la
voluntad de todos los actores regionales por hacer
concesiones mutuas y buscar "fórmulas realistas y
equilibradas de paz y convivencia".
Por su parte, la prensa estadounidense señaló que el gobierno
de Reagan había sido desplazado del debate que una vez
encabezó. Indicó que en ese momento se hallaba al margen de
la "agenda centroamericana", y criticó su incapacidad para
presionar en favor de la adopción de medidas de seguridad más
estrictas en la zona. Atribuyó ese resultado a la
inexistencia de una política regional alternativa en el seno
del gobierno, el cual terminó limitándose a brindar
asistencia a la contrarrevolución en Nicaragua. En su
opinión, la Casa Blanca había subestimado la evolución del
proceso de pacificación de los centroamericanos e incluso el
apoyo que éste encontraría dentro de su propio país. También
fue muy comentado el fortalecimiento en el opositor Partido
Demócrata de una opción distinta para este problema ante los
nuevos sucesos centroamericanos, que contemplaba la búsqueda
de una salida negociada con el régimen sandinista.
En el calendario del proceso pacificador de América Central
comenzaba la segunda etapa que debería culminar 60 días
después, el 5 de enero de 1988, con una reunión de los
presidentes centroamericanos en la que recibirían el informe
de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento
sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos en el
Plan de Paz, para proceder a su evaluación y discusión
conjunta. La atención de los actores regionales y de fuera de
la zona y de la opinión pública se centró a partir de ese
momento en la nueva fecha y en todos los acontecimientos
relacionados con ella. No se tuvo que esperar mucho, pues los
esfuerzos en pro de la paz y las reacciones que generaban
eran continuos.
Del 10 al 15 de noviembre, el gobierno nicaragüense efectuó
una importante ofensiva diplomática en Washington. El
presidente Daniel Ortega acudió a los medios de comunicación,
se presentó ante legisladores y hombres de negocios, y
participó en la XVII Asamblea General de la OEA para plantear
propuestas concretas encaminadas a normalizar las relaciones
con Estados Unidos y lograr un arreglo definitivo con la
contrarrevolución. Un día antes, el 9, el presidente Ronald
Reagan había aseverado en ese organismo regional que su
gobierno estaba dispuesto a sostener una ronda de
negociaciones con los líderes centroamericanos, paralela a la
concertación en el área, en la que se incluiría a Nicaragua
si ésta entablaba un diálogo "serio" con la
contrarrevolución. En esa ocasión, el mandatario
estadounidense aludió al nuevo contexto generado por la
tendencia negociadora al declarar que "los días del coloso
del norte han terminado, se fueron para siempre".
En respuesta, Ortega ofreció satisfacer viejas demandas
norteamericanas relativas a la disminución de sus fuerzas
armadas, el retiro de asesores soviéticos y cubanos, la
garantía de no instalar bases de la URSS ni de ayudar a
movimientos subversivos en el exterior, a cambio de la
suspensión del financiamiento a la contra. Además, el 13 de
noviembre entregó al cardenal Obando y Bravo, intermediario
en las negociaciones con los antisandinistas, un plan de 11
puntos. Todo parecía indicar que había posibilidades de
conseguir la paz. Así lo expresó el canciller mexicano
Bernardo Sepúlveda Amor en su intervención en la citada
Asamblea General de la OEA, el día 9, luego de señalar que
América Latina había abandonado sus vínculos de dependencia
con los poderes mundiales.
Frontera de Nicaragua con Costa Rica
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba
nuevos problemas que le hacían más difícil seguir manteniendo
su política hacia la región. A fines de octubre se había
presentado una fuerte baja en los índices del mercado de
valores de ese país que provocó las pérdidas más grandes
desde la crisis de 1929. Ante este suceso, el gabinete
económico norteamericano reaccionó tardíamente con medidas
que no consiguieron recuperar la estabilidad del mercado. El
quebranto económico y sus secuelas reavivaron el debate
nacional en torno a la fuerte crisis de legitimidad que
afrontaba el gobierno.
Numerosos especialistas y editorialistas dedicaron amplio
espacio al análisis de los incidentes que habían deteriorado
enormemente la credibilidad del régimen de Reagan.
Coincidieron en señalar que una sucesión de escándalos sobre
corrupción de funcionarios y personalidades públicas fue
minando paulatinamente el ambiente de renovación nacional en
el que se había inscrito el ascenso del reaganismo a
principios de la década de los ochenta.
Asimismo, estuvieron de acuerdo en identificar el escándalo
Irancontras como el detonador que alertó a la opinión pública
sobre los límites del proyecto del nuevo gobierno y anunció
el inicio de su declive. Desde su punto de vista, el Irangate
había evidenciado el comienzo de la fractura de la llamada
Revolución Neoconservadora que implicaba el reaganismo en
En lo político, los republicanos no habían podido conquistar
la mayoría en el Congreso ni en las gubernaturas. En lo
económico, el ritmo de crecimiento de los últimos años empezó
a desacelerarse, poniendo de relieve, además, el descontrol
de la deuda y el déficit presupuestario y comercial. En lo
cultural y social, los intentos por hacer prevalecer una
serie de valores conservadores no se consolidaron. El
Ejecutivo estadounidense no logró promover cambios
importantes en la legislación nacional, y su debilitamiento
se demostró al ser incapaz de conseguir una mayoría
conservadora en la composición de la Suprema Corte de
Justicia, debido a que el Congreso rechazó en dos ocasiones a
los jueces nominados por Reagan para presidir ese organismo
Además, entre esos especialistas hubo consenso en que la
política exterior era el área más afectada. Indicaron que las
audiencias del escándalo Irancontras descubrieron la
participación de particulares en la formulación de la
política exterior. Explicaron esto como resultado de la
creación de una vía clandestina, paralela a los canales
institucionales de las relaciones exteriores, y del arribo al
Estado de dirigentes que transgredieron el espíritu de las
leyes y los principios fundamentales del sistema político
(equilibrio de poderes) al actuar con base en una
interpretación personal de éstos.
Otro aspecto que quedó también al descubierto durante las
investigaciones de este escándalo fue el de los mecanismos de
presión que algunos funcionarios estadounidenses utilizaban
en países latinoamericanos para imponer su política en la
región. Se citaron como ejemplos concretos la injerencia
norteamericana en Panamá y en Costa Rica.
Por otra parte, la tensión que imperaba desde 1986 en las
relaciones entre Panamá y Estados Unidos, debido a los
reclamos norteamericanos por la supuesta vinculación del
gobierno y de los mandos militares panameños al tráfico de
drogas y armas, y por sus relaciones con Cuba, se agravó
cuando el 26 de junio el Senado estadounidense aprobó una
resolución que pedía al gobierno centroamericano la renuncia
del jefe de las fuerzas armadas, general M. Antonio Noriega,
exigía nuevas elecciones y una mayor democratización interna.
Las demandas norteamericanas fueron motivadas por los
disturbios que tuvieron lugar en el país centroamericano a
partir de unas versiones que implicaron al general Noriega,
considerado el "hombre fuerte del país", en el asesinato del
también general Omar Torrijos y en un supuesto fraude en las
últimas elecciones presidenciales. Las presiones
norteamericanas fueron descalificadas por el mandatario de
Panamá, Eric Delvalle, y por la Asamblea Legislativa, cuyo
presidente les atribuyó la intención de eliminar a Panamá del
Grupo Contadora. Asimismo, el caso fue llevado a la OEA, cuya
Comisión Permanente resolvió de manera unánime el 1 de julio
rechazar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos
internos de Panamá, externando así su solidaridad con ese
país. Dicha comisión manifestó además que era del interés
regional el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter
sobre la devolución del Canal de Panamá a la soberanía de la
nación centroamericana a partir del año 2000.
En el caso de Costa Rica, el informe de una de las comisiones
creadas para investigar el incidente Irancontras, la Comisión
Tower, divulgado a mediados del año, y las declaraciones del
ex embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Lewis Tambs, en
su comparecencia de mayo en relación con este escándalo,
revelaron que diversos funcionarios de Estados Unidos,
principalmente Elliot Abrams y el coronel Oliver North,
habían amenazado a altas autoridades costarricenses, incluido
el presidente Arias, con suspender la asistencia económica
norteamericana a ese país (80 millones de dólares) si se
publicaba la existencia de una pista aérea secreta en Potrero
Grande, en el noreste de Costa Rica, misma que se suponía fue
utilizada en junio de 1986 para suministrar pertrechos a la
contra nicaragüense. No obstante, el mandatario costarricense
negó haber recibido ese tipo de presiones o siquiera haberse
entrevistado con los citados funcionarios estadounidenses.
A esta situación se añadía la proximidad de las elecciones
presidenciales, que vinieron a debilitar aún más la ya
endeble posición de un gobierno que, sin la perspectiva de
una segunda reelección, se aproximaba a su final.
En ese contexto, el régimen de Reagan optó por posponer su
petición de asistencia bélica a la contra para inicios de
1988, y expresó su propósito de dar oportunidades a la paz en
Ante el inmovilismo del Ejecutivo frente a los nuevos sucesos
en la región centroamericana y el vacío que dejaba en la
política regional, los legisladores demócratas aumentaron su
participación en el proceso pacificador. El presidente de la
Cámara de Representantes, Jim Wright, se entrevistó con el
Jefe de Estado de Nicaragua y con el cardenal Obando y Bravo
para promover la realización de pláticas entre el gobierno
sandinista y la contra. Estas gestiones recibieron fuertes
críticas de altos funcionarios del gobierno norteamericano,
quienes acusaron al líder del Poder Legislativo de usurpar
funciones de política exterior que no le correspondían. El 7
de noviembre, Wright contestó que dichas acusaciones
provenían sólo de un "pequeño grupo" de funcionarios del
Departamento de Estado "aterrorizados porque la paz pueda
explotar en Centroamérica", que maniobraba secretamente para
sabotear el Acuerdo de Guatemala. En el mismo sentido se
pronunció un día después el ex presidente James Carter.
La conjunción de sucesos internos en Estados Unidos y la
firme decisión de los centroamericanos de alcanzar la paz
hicieron pensar que la tendencia negociadora había adquirido
fuerza suficiente para seguir avanzando y para que se llevara
a cabo la segunda etapa del proceso pacificador. Era evidente
que, independientemente de los resultados técnicos de la
agenda centroamericana, la evolución reciente de los sucesos
en el área arrojaba, por sí misma, un resultado alentador.
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 resolución 
 resolución 
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