Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A044A-05.htm
Timestamp: 2017-11-22 14:38:38+00:00

Document:
A044A-05
Auto 044A/05
RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incompetencia de la Corte Constitucional para conocer demanda contra decreto reglamentario
Referencia: expediente D-5630.
Demandante: María Gladys Varela Florez
Bogotá D.C., Primero ( 1 ) de marzo de dos mil cinco (2005).
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver el recurso de súplica interpuesto por la ciudadana María Gladys Varela Florez, contra el auto dictado el cuatro ( 4 ) de febrero de 2005 por la Magistrada Sustanciadora , Dra. Clara Inés Vargas Hernández , por medio del cual se rechazó la demanda de la referencia.
1. La ciudadana María Gladys Varela Florez, demandó la inexequibilidad del Decreto 1211 de 1999, por la supuesta violación de la Constitución Política, el Código Civil, el Código Laboral y el Código Contencioso Administrativo.
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXV. N.43632. 8, JULIO, 1999. PAG.21
DECRETO NUMERO 1211 DE 1999
por el cual se reglamenta el artículo sexto del Decreto 1689 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial la consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
Que la cabal representación y la defensa del Estado, exigen la adopción de procedimientos que regulen la competencia atribuida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la gestión, reconocimiento y pago de las obligaciones laborales del Fondo de Pasivo Laboral de la Empresa Puertos de Colombia, derivadas a su vez de la liquidación de Puertos de Colombia – Colpuertos, de manera que se salvaguarden los principios de prevalencia del interés general, de respeto a los derechos adquiridos con justo título por los particulares y de la buena fe;
Que para estos efectos mediante Resolución número 3137 de diciembre de 1998 se creó el Grupo Interno de Trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Artículo 1º. El presente decreto regula la autorización y la ordenación del pago de prestaciones y obligaciones laborales a cargo de Puertos de Colombia reconocidas por la misma Empresa o por Foncolpuertos, y el reconocimiento y ordenación del pago de las que sean reclamadas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por los ex trabajadores de Puertos de Colombia.
Artículo 2º. Compete al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante el Grupo Interno de Trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia y a las demás autoridades del ministerio que deban intervenir con arreglo a la estructura y distribución de competencias del mismo, la tramitación y autorización del pago de las obligaciones que conforman el pasivo laboral de la Empresa Puertos de Colombia regularmente establecidas y contenidas en títulos de cualquier naturaleza, causa u origen, así como el reconocimiento y autorización del pago de los créditos aún no establecidos en título alguno que sean objeto de reclamación actual o futura.
Artículo 3º. El pago de las obligaciones establecidas a cargo del pasivo laboral de la Empresa Puertos de Colombia se hará observando el orden cronológico de su presentación a Foncolpuertos o al Grupo Interno de Trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia, siempre que pueda ser establecido con la debida precisión mediante constancia de radicación de la solicitud ante las entidades mencionadas. En caso contrario, se observará el orden cronológico que corresponda a la fecha en la cual los títulos se hicieron exigibles.
1. Cuando el título sea manifiestamente contrario a la Constitución o a la ley;
Artículo 4º. Contra las resoluciones que el Comité de Apoyo Técnico, Jurídico y de Seguimiento dicte en virtud del artículo anterior sólo procede el recurso de reposición.
Artículo 5º. Siempre que se trate de alguno de los supuestos contemplados en los numerales 1 a 6 del artículo tercero, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estará obligado a impugnar la conciliación, el acto administrativo o la sentencia de que se trate o el crédito contenido en ellos, ante la autoridad jurisdiccional competente. En el caso contemplado en el numeral 7 deberá constituirse como parte civil en el proceso penal al que haya sido vinculado el crédito.
Artículo 6º. La solicitud de reconocimiento de derechos derivados de vínculo laboral con la empresa Puertos de Colombia, sólo podrá ser tramitada por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia si reúne los siguientes requisitos generales y los que este decreto señala según la naturaleza de la reclamación:
Parágrafo: La solicitud no será tramitada cuando falte alguno de los requisitos anteriores, situación que no interrumpe los términos de prescripción.
Artículo 7º. Para el reconocimiento de las pensiones y sustituciones pensionales, el solicitante deberá, además de cumplir con los requisitos contemplados en las normas legales vigentes, acompañar los siguientes documentos que prueben su derecho:
Artículo 8º. Cuando se pretenda el pago de obligaciones contenidas en acto de conciliación extraprocesal celebrado ante el inspector de trabajo o juez, el solicitante deberá presentar la copia auténtica del acta de conciliación y además acreditar los siguientes requisitos específicos:
Artículo 9º. Sin perjuicio de los recursos legales pertinentes, el coordinador del área competente para el reconocimiento de las obligaciones rechazará las peticiones que no cumplan íntegramente los requisitos del presente decreto. El acto que así lo determine indicará las deficiencias de la petición para que el particular pueda proceder a subsanarlas.
Artículo 10. El reconocimiento de obligaciones compete a los coordinadores de Area Especializada según la clase de derecho o prestación que sea objeto de reclamación. Contra las decisiones del Coordinador del área procederán los recursos de reposición ante el mismo funcionario y el de apelación ante el Coordinador General en el efecto suspensivo.
Artículo 11. Compete al Secretario General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ordenar el pago de los derechos y prestaciones reconocidos con arreglo a este decreto, cuando se trate del pago por primera vez de pensiones de jubilación cuyo monto mensual sea inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales, o de prestaciones de otra clase cuyo monto no supere el de 100 salarios mínimos legales mensuales. En los demás casos, la solicitud de ordenación del pago deberá tener la previa aprobación del Comité de Apoyo Técnico, Jurídico y de Seguimiento.
Artículo 12. La ordenación del pago estará sujeta a la existencia de apropiación presupuestal suficiente, y a las disposiciones legales sobre pago mediante títulos de tesorería.
Artículo 13. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a julio 2 de 1999.”
2. A través de auto de cuatro ( 4 ) de febrero de 2005 , la Magistrada Sustanciadora, Dra. Clara Inés Vargas Hernández, rechazó la demanda por cuanto dentro de las funciones de la Corte no está la de decidir sobre la constitucionalidad de los decretos expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria.
La decisión mencionada tuvo como sustento que el Decreto 1211 de 1999 fue dictado para reglamentar el artículo 6° del Decreto 1689 de 1997 . Como su expedición fue en ejercicio de la potestad reglamentaria la Corte no es competente para pronunciarse sobre la Constitucionalidad o legalidad.
3. Por intermedio de escrito presentado el once ( 11 ) de febrero de 2005 , la demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de cuatro ( 4 ) de febrero , en el cual se rechazó la demanda contra el Decreto 1211 de 1999, por las razones ya expuestas.
Manifiesta la recurrente que el Decreto 1211 de 1999 , viene violando la Constitución en sus artículos 229 , 29 y 13 , a través del artículo 3 y por ende los derechos constitucionales y fundamentales de los exservidores de la desaparecida empresa de Puertos de Colombia a quienes está destinado el precepto ya mencionado. Se agrega, que si bien es cierto que el Decreto fue objeto de demandas de inconstitucionalidad y de ilegalidad ante el Consejo de Estado , la sección segunda negó las pretensiones de la demanda declarando su legalidad.
Se asevera, que no se efectuó en dichos eventos un control de constitucionalidad de acuerdo a las facultades otorgadas por la Carta Política y de acuerdo al artículo 49 de la ley estatutaria de la administración de justicia, teniendo en cuenta que no puede desconocerse que ese control constitucional , que por mandato de la ley fundamental ejerce el Consejo de Estado , lo ejerce en calidad de tribunal supremo de lo contencioso administrativo y no como órgano superior constitucional ( sic )
Señala , que los fallos proferidos por el mencionado Consejo de Estado solo y únicamente fueron proferidos por la sección segunda sala de lo contencioso administrativo, más no por la sala plena de dicho Consejo de Estado como lo ordena la ley estatutaria de la administración de justicia . Con base en lo anterior , manifiesta la recurrente, el Decreto demandado en realidad no ha sido objeto de control de constitucionalidad por parte del Consejo de Estado y por lo tanto es la Corte Constitucional quien debe ejercer el control referido sobre la norma acusada.
Concluye la recurrente, efectuando afirmaciones respecto de los derechos de los trabajadores de la desaparecida empresa Puertos de Colombia , determinando que como el Decreto acusado se refiere específicamente a estos trabajadores no es un acto administrativo general , impersonal y abstracto y en consecuencia, según ella, debe ser estudiado por la Corte Constitucional.
Así las cosas, solicita a la Sala Plena se sirva aceptar la súplica y en consecuencia las pretensiones expuestas en la demanda.
6. Mediante informe de la Secretaria General de esta Corporación, dirigido al Despacho de la Magistrada Sustanciadora, se afirma que dentro del término de ejecutoria la ciudadana que demanda , presentó escrito de súplica.
La competencia de la Corte Constitucional está establecida en el artículo 241 de la Constitución , que al respecto afirma:
PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.”
Evidencia esta Corporación que la disposición demandada , el Decreto 1211 de 1999 , es reglamentario del artículo 6° del Decreto 1689 de 1997. Pues bien, estos preceptos fueron expedidos por el Presidente de la República en uso de las facultades constitucionales y legales , en especial la consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, que establece:
De lo expuesto, se constata que la disposición demandada es un Decreto Reglamentario de otro Decreto. Que a su vez, el Decreto 1211 de 1999 es producto de la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República. Que en consecuencia, el estudio de constitucionalidad del Decreto mencionado no es competencia de la Corte Constitucional, por cuanto su naturaleza jurídica impide , a la luz del artículo 241 Constitucional, que sea analizado por esta Corporación.
Al respecto ha manifestado esta Corte:
Encuentra la Corte que el Decreto No. 2504 de 1998, expedido el 10 de diciembre de ese año, fue dictado por el Presidente de la República "en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política", lo que significa que al proferirlo se ejerció la potestad reglamentaria de que se inviste por la Carta al Primer Mandatario para la cumplida ejecución de las leyes, razón ésta por la cual la competencia para conocer de este proceso, efectivamente, no corresponde a la Corte Constitucional “.[1]
Así entonces, advierte la Sala Plena que el referido Decreto no es susceptible de demanda de inconstitucionalidad ante esta Corporación. En este orden de ideas, la Sala comparte los razonamientos expuestos en el auto que rechazó la demanda, razón por la cual éste será confirmado
Primero. CONFIRMAR el auto proferido por la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández el cuatro ( 4 ) de febrero de 2005, por medio del cual se rechazó la demanda instaurada por la ciudadana María Gladys Varela Florez.
[1] Sentencia C-453 de 1999.Corte Constitucional. Al respecto véase igualmente, Sentencias C- 698 y 1269 de 2000 y Sentencia C- 643 de 2002, Corte Constitucional

References: artículo 189
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
e contrario

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 49
 artículo 241
 artículo 6
 artículo 189
 artículo 241
 artículo 189