Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=257&lang=es
Timestamp: 2017-04-27 01:31:36+00:00

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El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el secuestro y posterior ejecución de Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz, así como la falta de investigación y sanción de los hechos. Palabras Claves:
Derecho a la integridad personal, Derecho a la verdad , Desaparición forzada, Garantías judiciales y procesales, Libertad de asociación, Libertad personal, Protección judicial, Responsabilidad internacional del Estado, Tortura, Trato cruel y degradante, Trato inhumano Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas Otros Instrumentos:
- Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto del conflicto armado interno que se vivió en el Perú entre 1980 y 2000. Durante esta época se produjeron asesinatos y ejecuciones extrajudiciales contra dirigentes sindicales mineros por parte del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, agentes estatales y otros agentes no identificados. - Saúl Isaac Cantoral Huamaní se desempeñaba como Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Consuelo Trinidad García Santa Cruz fundó y laboraba en el Centro de Mujeres “Filomena Tomaira Pacsi, Servicios a la Mujer Minera”, asociación dedicada a la capacitación y asesoría a los comités de amas de casa en los campamentos mineros. Ambos fueron objetos de amenazas durante muchos años.
- El 13 de febrero de 1989 Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz fueron secuestrados y posteriormente ejecutados el luego de haberse reunido con una persona que ayudaría a Saúl Cantoral Huamaní en la tramitación de un pasaporte para viajar a Zimbabwe a un encuentro sindical. El mismo día el servicio de patrullaje de la Policía Nacional encontró sus cadáveres en la playa del estacionamiento de un parque. - A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales, no se han realizado mayores investigaciones ni se ha formalizado denuncia penal contra los presuntos responsables de los hechos. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó a la Corte IDH que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 7, 5, 4, 8, 25 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado; y con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor Saúl Isaac Cantoral Huamaní, la señora Consuelo Trinidad García Santa Cruz y sus familiares. - Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes solicitaron a la Corte IDH que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 7, 5, 4, 8, 25 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz. Asimismo, solicitaron a la Corte IDH que declare que el Estado ha violado los artículos 5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de los familiares de Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz. - Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 23 y 24 de enero de 2007
9. El Estado interpuso la excepción preliminar de “incompetencia de la Corte para aplicar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. El Estado cuestiona tanto la competencia ratione materiae como la competencia ratione temporis de la Corte para aplicar la mencionada Convención en el presente caso. 10. En cuanto a la alegada falta de competencia ratione materiae, el Estado manifestó que, “[c]onsiderando la importancia que tiene en el Derecho Internacional, el principio del consentimiento, la Corte no podría aplicar la Convención [contra la Tortura], toda vez que ni el artículo 25 ni el artículo 27.1 de la Convención Americana pueden ser interpretados como normas que autorizan a la Corte a aplicar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. 12. La Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de que es competente para “interpretar y aplicar la Convención contra la Tortura y declarar la responsabilidad de un Estado que haya dado su consentimiento para obligarse por esta Convención y haya aceptado, además, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En razón de que el Perú es Parte en la Convención contra la Tortura y ha reconocido la competencia contenciosa de este Tribunal (…), la Corte tiene competencia ratione materiae para pronunciarse en este caso sobre la alegada responsabilidad del Estado por violación a dicho instrumento.
19. En razón de lo expuesto, el Tribunal desestima la excepción preliminar de incompetencia interpuesta por el Estado. Reconocimiento de Responsabilidad Internacional
I Derechos a la vida, libertad e integridad personales de Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos. I.1. Respecto de la responsabilidad del Estado por los actos de los que fueron objeto Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz
1.2 Obligación de respetar los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. 112. En su jurisprudencia constante iniciada desde 1988, la Corte ha establecido el carácter permanente o continuado de la desaparición forzada de personas, el cual ha sido reconocido de manera reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte ha calificado al conjunto de violaciones múltiples y continuas de varios derechos protegidos por la Convención como desaparición forzada de personas, con base en el desarrollo que para la época se había dado en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la pluriofensividad de los derechos afectados y el carácter permanente o continuado de la figura de la desaparición forzada de personas, en la cual el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos. Esta Corte realizó dicha caracterización de la desaparición forzada incluso con anterioridad a la definición contenida en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
129. Asimismo, ha quedado demostrado ante el Tribunal que a partir del 5 de septiembre de 2005, más de 14 años después de ocurridos los asesinatos y a más de 4 años desde de la denuncia de los familiares, se retomaron las investigaciones sobre el caso, las que aún hoy se encuentran en una etapa inicial. 130. La Corte recuerda su jurisprudencia constante en el sentido de que el cumplimiento del deber de investigar en casos como el presente, debe comprender la realización, de oficio y sin dilación, de una investigación seria, imparcial, efectiva, para la cual los Estados deben hacer uso de todos los medios legales disponibles e involucrar a toda institución estatal.
135. La Corte observa que por más de 18 años los familiares de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz no han contado con la determinación judicial de los hechos y sus responsables. La investigación abierta a nivel interno no ha garantizado un verdadero acceso a la justicia a los familiares de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque la reparación de las violaciones, el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la ejecución de Saúl Cantoral Huamaní y de Consuelo García Santa Cruz y, en su caso, la sanción de los responsables, lo que constituye una violación de sus derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 4, 5, 7 y 1.1 de la misma. Estas omisiones han significado también un incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. 136. Además de lo anterior, la Comisión alegó una violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a partir del 28 de marzo de 1991, fecha desde la cual el Estado es Parte de dicha Convención, por la ausencia de investigación de los hechos de tortura.
145. Por su parte, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado que los derechos sindicales no pueden ser ejercidos en un contexto de impunidad frente a situaciones de violencia sindical caracterizadas, inter alia, por ejecuciones extrajudiciales. 146. El Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna. De lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses (…). La libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respete y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la personas. Esta Corte resalta la obligación a cargo del Estado de investigar con debida diligencia y en forma efectiva los crímenes contra dirigentes sindicales, teniendo en cuenta que la no investigación de dichos hechos tiene un efecto amedrentador que impide el ejercicio libre de los derechos sindicales. Dicha debida diligencia se acentúa en contextos de violencia contra el sector sindical.
147. Sobre la base de los hechos reconocidos y los probados en este caso, el Tribunal considera que el ejercicio legítimo que hizo el señor Saúl Cantoral Huamaní del derecho a la libertad de asociación en materia sindical motivó los atentados que sufrió su integridad personal y vida lo cual, a su vez, genera una violación en su perjuicio del artículo 16 de la Convención Americana. En relación con la líder social Consuelo García Santa Cruz, la Corte observa que sus actividades dirigidas a promover los “Comités de Amas de Casa Mineras” estuvieron directamente relacionadas con el acompañamiento de las huelgas mineras. En particular, durante las dos huelgas nacionales, Consuelo García Santa Cruz estuvo apoyando a las mujeres y familias mineras que se encontraban en huelga 148. Asimismo, el Tribunal considera que la ejecución de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz tuvo un efecto amedrentador e intimidante en los trabajadores del movimiento sindical minero peruano. En un contexto como el del presente caso, tales ejecuciones no restringieron sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de un grupo determinado para asociarse libremente sin miedo o temor, es decir, se afectó la libertad de los trabajadores mineros para ejercer este derecho. Por otra parte, dicho efecto intimidante se acentúa y hace mucho más grave por el contexto de impunidad que rodea al caso. 149. En consecuencia, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de asociación establecido en el artículo 16 de la Convención Americana, en relación con el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y de Consuelo García Santa Cruz.
- La Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación. - El Estado debe investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado para que la sociedad peruana pueda conocer la determinación judicial de los hechos y sus responsables en el presente caso.
- El Estado debe otorgar una beca en una institución pública peruana, en beneficio de Ulises Cantoral Huamaní, Pelagia Mélida Contreras Montoya de Cantoral y de los hijos de Saúl Cantoral Huamaní, que cubra todos los costos de su educación, desde el momento en que los beneficiarios la soliciten al Estado hasta la conclusión de sus estudios superiores, de capacitación o actualización, bien sean técnicos o universitarios. - El Estado debe posibilitar la continuación, por el tiempo que sea necesario, del tratamiento psicológico en las condiciones en que las que están recibiendo Vanessa y Brenda Cantoral Contreras, y brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y médico requerido por los demás familiares declarados víctimas. - El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas por concepto de daños materiales, daños inmateriales y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, a las personas señaladas en los párrafos 159 y 160 de la misma. La Corte dispone que
- Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte dictamina que, - El Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos establecidas en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.
Sentencia de interpretación: - Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
- Fecha: 28 de enero de 2008. - Solicitud: El Estado consulta (i) si existe la posibilidad de aplicar un recurso de revisión del fallo, si en el proceso interno se llega a la responsabilidad de agentes estatales por los hechos contra Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. (ii) Que se defina si el pago de $7500 debe ser entregado a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú y no a la señora Pelagia Mélida Contreras Montoya de Cantoral. (iii) Que la Corte aclare sobre el párrafo 185 de la Sentencia en lo relativo a la condición fáctica o jurídica de Elisa Huamaní Infanzón.
(ii) Declarar admisible la demanda de interpretación de la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas en el Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz interpuesta por el Estado en lo que se refiere a su punto segundo (…), esto es respecto de la “integración o corrección del párrafo 187 de la Sentencia de fondo”, cuyo sentido y alcance ha sido determinado por el Tribunal en los párrafos 21 a 23 de la presente Sentencia de Interpretación. (ii) Requerir a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que notifique la presente Sentencia al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de las víctimas y sus familiares. Supervisión de cumplimiento de sentencia
a) investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, en los términos de los párrafos 189 a 191 de la Sentencia. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado para que la sociedad peruana pueda conocer la determinación judicial de los hechos y sus responsables en el presente caso. b) publicar en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación nacional. c) realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en la Sentencia en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares. d) otorgar una beca en una institución pública peruana, en beneficio de Ulises Cantoral Huamaní, Pelagia Mélida Contreras Montoya de Cantoral y de los hijos de Saúl Cantoral Huamaní.
f) realizar los pagos de las cantidades establecidas en la Sentencia por concepto de daños materiales, daños inmateriales dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia. g) restituir la cantidad de siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 7.500,00) a Pelagia Mélida Contreras Montoya de Cantoral.

References: Artículo 1
 Artículo 16
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 16
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