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Timestamp: 2020-02-24 09:36:44+00:00

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Sentencia Nº 159 de Secretaría Penal STJ N2, 22-09-2010 - Jurisprudencia - VLEX 819873693
EXPTE.Nº: 24282/10 STJ
SENTENCIA Nº: 159
IMPUTADOS: S.M.T.–.M.M.M.–.N.Á.–.T.G.–.G.M. – CASTILLO ISABEL – RAMOS PATRICIA – CASTRO DANIELA (SOBRESEÍDOS)
FIRMANTES: BALLADINI – LUTZ – S.N. EN ABSTENCIÓN (NO FIRMA POR COMISIÓN DE SERVICIOS)
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “SEGHEZZO, M.T. y otros s/Incumplimiento de los deberes de funcionario público s/Apelación s/Casación” (Expte.Nº 24282/10 STJ), puestas a despacho para resolver, y
Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 661) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
- El señor J. doctor A.Í.B. dijo:
1.- Mediante sentencia interlocutoria Nº 213, del 9 de diciembre de 2009, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- no hacer lugar a los recursos de apelación oportunamente deducidos por el A.F. y la Defensora de Menores e Incapaces, por las razones expuestas en los considerandos. De tal modo, confirmó la sentencia 289/09 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de la misma circunscripción, que había sobreseído totalmente en la presente causa a M.T.S., M.M.M., Á.N., G.T., M.G., I.C., P.R. y D.C., en orden a los hechos endilgados, por aplicación del art. 306 inc. 1º primer supuesto del Código Procesal Penal.
2.- Contra lo decidido, el señor F. de Cámara y la señora Defensora de Menores e Incapaces Nº 2 dedujeron sendos recursos de casación, que fueron declarados admisibles por el a quo.
3.- El señor F. de Cámara sostiene que la sentencia interlocutoria mencionada es nula, dada la ausencia de
///2.- fundamentos para confirmar el sobreseimiento, conforme con el art. 98 del rito. Luego de una reseña de las actuaciones que entiende pertinentes, se opone al voto de la mayoría en cuanto deniega el recurso de apelación sin desarrollar un análisis propio, pues se remite “sin más” a los argumentos de la resolución recurrida (fs. 611/612), por lo que debe anularse. En tal sentido, considera que la instancia revisora no podía delegarse en los fundamentos del J. de Instrucción, puesto que “de la Alzada (se) exige cuanto menos una fundamentación explicitada igual o de mayor entidad que los argumentos controvertidos por el recurso”.-
Señala a continuación la necesidad de la tarea valorativa en la apelación, los argumentos expuestos en su recurso y el derecho aplicable. En sustento de sus planteos, menciona las fugas sistemáticas de las menores, el conocimiento de dicha circunstancia por parte tanto del personal del instituto que tenía contacto directo con ellas como de los funcionarios superiores del cual dependían, y considera acreditada la existencia de una restricción alimentaria y de higiene generalizada para las menores alojadas en el CAINA, por los horarios establecidos para ello.
Respecto del encuadre jurídico, menciona los deberes instituidos mediante Resolución 4834/07 del Ministerio de Familia, y alega que las medidas adoptadas presuntamente a nivel del personal en contacto con las menores luce desproporcionado y lesivo de los derechos explicitados en tal resolución y sus anexos sobre la modalidad de tratamiento autorizada. Igualmente, “la adopción de estas
///3.- restricciones a las alojadas, por el personal de inferior jerarquía, y de un modo generalizado implica la omisión del personal superior (del que estos agentes dependían), de cumplimentar el deber de reglamentar y supervisar el funcionamiento de la institución. La amplitud de lo constatado, más bien implica el conocimiento y convalidación de parte de las autoridades superiores señaladas”. Expresa que la falta de fundamentación también se advierte cuando se niega relevancia a las nuevas pruebas propuestas por el F. (fs. 583/598).
4.- La señora Defensora de Menores e Incapaces Nº 2 esgrime igual agravio que el señor F. de Cámara en cuanto a que el Tribunal a quo remite a lo sostenido por el J. cuya decisión se apeló. Agrega que la fórmula empleada es dogmática y carente de fundamentación, y reitera sus agravios apelatorios respecto de que la imputadas tenían el deber de guarda de las niñas allí alojadas (arts. 35 y 36 Ley 4109 y 32, 33 y ccdtes. Ley 26061).
En lo que hace al deber de seguridad, aduce que el Estado tiene la obligación de proveer los medios suficientes para impedir las evasiones pues se presume que sus propias inconductas podrían colocar a las niñas en una situación de peligro. Entonces, afirma, en el caso existió culpa penal por violación del deber de cuidado, atento a la posición de garante de los derechos de éstas.
La funcionaria se opone asimismo a que pueda considerarse cumplido el deber legal de restaurar derechos cuando se sometía a las jóvenes a un maltrato institucional por negligencia en el actuar, con violación del deber de
///4.- guarda, al no impedir las fugas indiscriminadas y permitir una evidente situación de exposición y riesgo de las menores albergadas. En abono de su reclamo, menciona el Decreto Nº 324/03 del Poder Ejecutivo Provincial, subpuntos 16 y 16.1, y la Resolución Nº 4834/07 del Ministerio de Familia, apartado 2.
Alega que la señora T., como Coordinadora del CAINA, tenía conocimiento de las fugas de las niñas y que sus directivas para proceder eran esperar quince minutos luego de producidas, hacer la exposición en la Comisaría y levantar la exposición ante su reaparición. Refiere que las fugas eran sistemáticas y que la actuación era sólo formal, lo que permite inferir la existencia de dolo por cuanto pudo haberse tomado una serie de medidas para diagramar una estrategia de contención.
En cuanto a la alimentación, sostiene que la única respuesta fue la implementación de una política de control que endureció la forma del trato institucional, al privarlas de aquélla con la obligatoriedad de horarios a cumplimentar. Cita la Resolución Nº 365 del Ministerio de Familia, complementaria de la Nº 4834/07, que prohíbe tomar como medida disciplinaria la privación de la alimentación o de descanso o la imposibilidad de recibir visitas familiares.-
En su segundo agravio afirma que no tomar medidas para evitar las fugas constituye una conducta de la cual deriva la existencia de dolo. En este sentido, entiende que se debe ubicar la decisión en el verdadero marco situacional en el que fue adoptada para dilucidar la finalidad que guió el comportamiento funcional. La figura penal requiere que la
///5.- acción se lleve a cabo a sabiendas de la contrariedad existente entre el acto funcional y el orden normativo con el fin específico de quebrarlo.
Como sustento normativo, explica que el Decreto 324/03 define la estructura organizativa y el rol de implementar y supervisar los programas, el funcionamiento y el monitoreo del centro en cuestión. La Resolución 4834/07 del Ministerio de Familiar determina la obligación del coordinador del CAINA de mantener una constante y permanente comunicación con la Delegación. Agrega que el art. 37 inc. c de la Convención Internacional de los Derechos del Niño prevé que éstos serán tratados con humanidad y de manera tal que tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad. Reitera que las imputadas conocían perfectamente la situación del CAINA, por lo que no puede sostenerse su ajenidad.
En su tercer agravio cuestiona la falta de valoración de la causa 41394/08, “GALINDO”, que tramita ante el mismo Juzgado de Instrucción, en la que los testimonios dan cuenta de las irregularidades investigadas en éste y del conocimiento mencionado.
5.- De la totalidad del requerimiento de instrucción sólo es necesario considerar el sobreseimiento total dispuesto en relación con los hechos numerados primero y segundo. En cuanto al primero, se trata de diferentes fugas, reiteradas, del Hogar Caina Niños y Adolescentes Mujeres de la ciudad de Viedma. Las menores habían regresado al Hogar por su propia voluntad y se ignoran los lugares donde pernoctaron durante su ausencia. Acerca del siguiente, trata
///6.- de que en determinadas condiciones de tiempo, en el mismo lugar, las menores habían sido maltratadas al impedírseles higienizarse, desayunar, almorzar y cenar fuera del horario establecido, de manera autoritaria e infundada. Detalla que cuando no concurrían a tales horarios se les impedía bañarse, cortándoles el agua caliente y/o cerrando los baños con llave. En el caso de no asistir a comer, se les impedía luego, ocultando los alimentos en armarios o depósitos bajo llave. Se agrega que a los menores se les daban alimentos ya vencidos.
6.- El señor J. de Instrucción no advierte un ejercicio doloso o abuso de autoridad, por tanto tampoco un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, considera que no se determinaron los deberes concretos violentados u omitidos. En este orden de ideas, señala que dos de las imputadas -la Subsecretaria de Promoción Familiar y la Directora de N. y Adolescencia de Promoción Familiar- no tendrían ningún contacto concreto con lo actuado. Advierte, sí, una gestión con falencias, una mala administración, en donde la incapacidad obedece también a la carencia de elementos, todo lo que sería propio de un reproche administrativo. A lo anterior suma una ruptura en las órdenes jerárquicas, puesto que quienes operaban en el propio Hogar decidían cuáles cumplir. Incluso, continúa el magistrado, algunas de las operadoras desconocían los reglamentos de dicho Hogar. De tal modo, la situación se les había tornado inmanejable, sin personal para controlar las fugas, que de aisladas pasaron a ser masivas y reiteradas. En consecuencia, en cuanto a este punto advierte impericia y
///7.- desconocimiento de normas elementales de pedagogía.-
Respecto del segundo hecho reprochado, considera que no ha sido acreditado como impedimento de higienizarse y alimentarse, sino que se trató de una actitud torpe de fijar horarios para establecer reglas...

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