Source: http://www.upyd.es/contenidos/noticias/508/112233-Programa_de_UPyD_para_las_Elecciones_al_Parlamento_Europeo_2014
Timestamp: 2016-07-23 13:05:00+00:00

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| Programa de UPyD para las Elecciones al Parlamento Europeo 2014
European Parliament Elections 2014: Election Manifesto (English) Lectura fácil Vídeo: Sosa Wagner explica de forma sencilla el programa de UPyD Audio programa electoral al Parlamento Europeo 2014 (formato MP3)1 - LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE EUROPA 1.1 - LA CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA 1.2 - EL FUTURO DE EUROPA: UNA DEMOCRACIA MEJOR 1.2.1 - Dos visiones sobre el futuro de Europa: soberanía nacional o democracia continental 1.2.2 - El avance del nacionalismo amenaza a la Unión Europea 2 - PROPUESTAS PARA AVANZAR EN LA UNIÓN POLÍTICA DE EUROPA 2.1 - LA CIUDADANÍA EUROPEA Y SUS DERECHOS 2.2 - REFORMA DE LAS INSTITUCIONES: PARLAMENTO, COMISIÓN, CONSEJO Y TRIBUNAL EUROPEO 2.3 - UNA VERDADERA UNIÓN POLÍTICA 2.3.1 - Una Europa transparente y libre de corrupción 2.3.2 - Una Europa con una sola voz en el mundo: política internacional, seguridad y defensa 2.3.3 - Una política europea común de inmigración 2.3.4 - Europa, líder en cooperación al desarrollo y solidaridad internacional 3 - IMPULSO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y DE LA UNIÓN FISCAL.. 3.1 - LA CRISIS DEL EURO 3.2 - DIEZ PROPUESTAS PARA LA UNIÓN MONETARIA 3.3. - ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3.3.1 - Energía 3.3.2 - Medio ambiente 3.4 - INDUSTRIA, COMERCIO, CRÉDITO Y P.A.C. 3.4.1 - Industria, comercio y crédito 3.4.2 - Política Agraria Común (PAC), agricultura y pesca 4 - LA EUROPA SOCIAL: PROPUESTAS DE UNIÓN LABORAL, CULTURAL, EDUCATIVA Y SOCIAL EUROPEA 4.1 - HACIA UN AUTÉNTICO ESPACIO EUROPEO DEL EMPLEO 4.1.1 - Creación de una Seguridad Social Europea 4.1.2 - Creación de una Inspección de Trabajo europea 4.1.3 - Empleo juvenil, lucha contra la precariedad y los abusos, y contra el paro de larga duración y en mayores de 45 años 4.2 - SANIDAD 4.3 - EDUCACION 4.3.1 - Educación obligatoria y secundaria 4.3.2 - Educación superior y universidades 4.3.3 - Investigación y ciencia 4.4 - CULTURA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 4.4.1 - Medidas para el libre desarrollo de la sociedad de la información 4.5 - POLITICAS DE IGUALDAD 4.5.1 - Apoyo a la discapacidad
1 - LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE EUROPA
1 - Unión Progreso y Democracia es un partido inequívocamente nacional y europeísta: no hay contradicción entre ambos principios. Creemos necesario el avance de la unión política, económica, social y cultural de Europa porque potencia el progreso de la democracia y, por tanto, de la libertad e igualdad de los ciudadanos europeos, que deben ser los protagonistas de la construcción europea. Europa debe ser mucho más que una asociación de gobiernos de Estados nacionales. Por eso las decisiones políticas europeas deben estar sometidas al mismo control democrático que los requeridos en cada uno de los Estados miembros de la Unión para aprobar sus leyes nacionales, y deben perseguir análogos objetivos de mejora de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos. La ciudadanía europea debe ser el fundamento y motor de la Unión Europea. Europa debe ser un espacio donde sea posible trabajar por la libertad, la igualdad y el progreso personal y colectivo.
1.1 - LA CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA
2 - La conversión pacífica de un continente enzarzado durante siglos en terribles guerras entre los Estados, teatro de matanzas y de persecuciones exportadas a buena parte del planeta, en una unión política original y sin precedentes, basada en los ideales de la democracia y en la integración de los Estados antaño enemigos, es un avance histórico de enorme valor como ejemplo de superación política del nacionalismo, la xenofobia y los antagonismos heredados. La Unión Europea es el modelo de iniciativas similares emprendidas por todo el resto del mundo.
3 - Sin embargo, la crisis política, económica y social que afecta en diversos grados a la práctica totalidad de países miembros de la UE amenaza con paralizar el progreso de la unión debido al renacimiento de los egoísmos nacionales y de la xenofobia, al aumento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, y al pobre funcionamiento de las instituciones europeas, en buena parte suplantadas por los gobiernos de los Estados miembros a través del Consejo Europeo y del Eurogrupo. Esta sustitución comporta el riesgo de reducir la UE a una mera sociedad de Estados, unidos para ciertos intereses económicos pero carentes de la verdadera unión política basada en una ciudadanía real y efectiva.
4 - Necesitamos dar un nuevo impulso a la construcción de Europa, frenada por los intereses de los gobiernos y de los viejos partidos e instituciones nacionales, y carente de un impulso ciudadano firme y decidido. La profundización de la unidad europea, con verdaderos avances hacia la integración financiera y fiscal, y no sólo monetaria -que la crisis ha demostrado insostenible por sí sola-, requiere progresos simultáneos en la integración política, social, laboral y educativa. Es una condición necesaria para superar la profunda crisis que afecta a España y otros países de la Unión. Ni el estancamiento ni el retroceso de la Unión Europea son alternativas aceptables, salvo para los nacionalismos, sean estatales o separatistas, empeñados en volver al antagonismo entre países, al miedo al diferente y al rechazo de un mundo globalizado, percibido como amenaza.
5 - La crisis ha favorecido un espíritu nacionalista contrario a las instituciones comunitarias, a la emigración y a otros países de la UE, culpados de los problemas domésticos reales o imaginarios. La instauración de la zona euro y el consecuente proceso de integración monetario no otorgó a las instituciones europeas las indispensables competencias económicas y fiscales. La inexistencia de un mercado europeo de la deuda integrado ha motivado la adopción de mecanismos de estabilidad pactados por los Estados y supervisados por la llamada "troika". Es injustificable que las exigencias derivadas de tener una moneda común, administrada por instituciones no siempre elegidas democráticamente o solo tecnocráticas, lleguen a anular las competencias de los parlamentos y gobiernos nacionales elegidos en las urnas. Pero los gobiernos nacionales y los viejos partidos, como se ha visto claramente en España, han preferido culpar a Europa y sus instituciones, y a Alemania en particular, de muchos problemas propios. Los parlamentos nacionales, como es evidente en España, no participan en los debates europeos por falta de interés de los gobiernos y de los partidos dominantes. Los gobiernos también tratan de atribuirse el mérito de medidas que, en realidad, corresponde a Europa; así, la bajada de la prima de riesgo de España es consecuencia no de la mala política fiscal del gobierno de Rajoy, sino de la compra masiva de deuda española y otros países emprendida por el BCE para defender al euro de la especulación.
6 - Europa no es ni puede ser sólo un mercado: debe ser una democracia plena y avanzada, basada, como prevé el artículo dos del Tratado de la Unión, en valores de inclusión, solidaridad, tolerancia y progreso, guiada por valores e ideales compartidos. La unión democrática es esencial para evitar que la unión monetaria arrase los progresos históricos en materia de igualdad, bienestar y justicia social. En una auténtica democracia economía y moneda son medios que permiten la consecución de fines colectivos y personales como más y mejor educación, una cultura más rica o un medio ambiente protegido, así como una mayor autonomía personal, basada en una igualdad de oportunidades efectiva, para lograr una existencia más libre. Es fundamental restaurar esta escala de valores en la Unión Europea.
7 - Necesitamos reforzar la legitimidad de las instituciones europeas otorgando más poder al Parlamento Europeo, que debe asumir plenas competencias legislativas, desarrollar una políticacomún de seguridad y defensa, e implementar una política exterior común. Esto requiere abrir un verdadero proceso constituyente. El Tratado de Lisboa debe ser plenamente aplicado para que la UE tenga una sola voz, y se debe considerar un punto de partida, no la meta. Avanzar en la integración europea es la mejor forma de combatir el auge del nacionalismo, la xenofobia y el euroescepticismo, y también de superar la crisis económica y financiera.
8 - Europa debe ser el dominio de la libertad personal y de la igualdad de derechos y oportunidades que inspiró al europeísmo histórico, la raíz de la idea misma de democracia nacida en la antigua Grecia y reaparecida en los siglos siguientes en muchas ciudades medievales bajo diferentes formas. Las instituciones europeas deben implicarse con mayor compromiso y voluntad en la inclusión y en la lucha contra toda discriminación y exclusión, sea o no violenta, por razón de sexo u orientación sexual, género, lengua, origen, religión o convicciones e ideas políticas, y en la lucha permanente contra la pobreza y la exclusión social mediante un mayor empeño en la igualdad de oportunidades y la movilidad social. El mantenimiento del Estado de bienestar y de los derechos sociales debe ser un objetivo permanente del europeísmo.
1.2 - EL FUTURO DE EUROPA: UNA DEMOCRACIA MEJOR
9 - Europa no es una nación, ni tiene identidad nacional, sino una unión supranacional de nuevo tipo, basada en la conciencia de una cultura política común desde hace siglos, con ciertos modos básicos de entender el Estado, los poderes públicos, la legalidad, la libertad, las instituciones, la sociedad y el papel de los individuos. Europa debe construir su unidad a partir de los Estados nacionales miembros. La conciencia europea se expresa en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, en la defensa de las libertades que amparan, y en la existencia de una cultura común, por encima de las diferencias y lenguas, que hizo que Europa emergiera en la Edad Media como civilización consciente de compartir ese fundamento básico.
10 - Europa debe cultivar esta cultura común y al mismo tiempo tejer los intereses ciudadanos también comunes que nos obligan a permanecer unidos: la calidad de vida y la protección al consumidor; los derechos de los trabajadores, su dignidad, su seguridad y su libertad de movimientos; el mercado interior; la política económica, fiscal y tributaria europeizadas; la disciplina segura de los bancos, de los seguros y de nuestras inversiones; las redes energéticas y de transporte y telecomunicaciones; la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, etc.
1.2.1 - Dos visiones sobre el futuro de Europa: soberanía nacional o democracia continental
11 - Existen hoy dos visiones antagónicas sobre el futuro de Europa: una pivota en torno a la conservación de la soberanía nacional, y otra en torno al desarrollo de la democracia. La primera recela de las instituciones comunitarias, sosteniendo que basta con establecer normas para coordinar las políticas europeas como las adoptadas durante la crisis financiera: normas de supervisión de los presupuestos nacionales, de control del déficit y de supervisión bancaria. Durante la presente crisis ese sistema de excepciones ha demostrado excesiva rigidez y causado evidente desapego ciudadano. En el fondo es una visión antipolítica que reduce la UE a un catálogo de normas, como el Tratado del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) para la estabilidad financiera de la zona euro, que acotan el margen de maniobra de los Estados soberanos. Esta concepción, contraria a una verdadera unión política, queda encubierta por una jerga burocrática incomprensible y una maraña de siglas y acrónimos; en los casos extremos, es partidaria de recuperar competencias europeas para devolverlas a los Estados miembros.
12 - UPyD defiende avanzar en la unión política de la UE profundizando en la calidad democrática de sus instituciones. Por tanto, al tiempo que se desarrollan las estructuras para la unión bancaria, fiscal y económica, hay que promover una unión política digna de tal nombre, es decir, que garantice la democracia, la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas. Comisión Europea y Parlamento Europeo deben tener competencias y libertad para decidir políticas sustantivas, porque Europa necesita un Gobierno y un Parlamento auténticos de tipo federal, con un catálogo de competencias federales europeas y otras de sus Estados miembros en sus diferentes niveles administrativos (regiones y municipios).
13 - Las reglas administrativas y financieras no pueden constreñir la iniciativa política, como ocurre en la actualidad. Esto es muy nocivo para la democracia e inútil para la política económica, como ha demostrado la lentitud e incapacidad para tomar decisiones que salvaran el euro y relanzaran la actividad económica. La transferencia de soberanía nacional a mecanismos administrativos como el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), opacos y que no rinden cuentas ante nadie, no es aceptable. Debemos progresar en la unión política y económica bajo control democrático, evitando el recurso a mecanismos de excepción.
14 - La democracia no es un lujo, sino el requisito para conseguir un desarrollo económico sostenible y basado en la igualdad de oportunidades. Hemos de insistir en la vieja idea de Condorcet: o todo el mundo tiene los mismos derechos o no los tendrá nadie. O construimos una UE fuerte que pueda influir políticamente en el mundo para que todos disfruten los derechos políticos y sociales de que disfrutamos los europeos, o los perderemos en beneficio de modelos menos o nada democráticos, más autoritarios y despiadados.
1.2.2 - El avance del nacionalismo amenaza a la Unión Europea
15 - El avance del nacionalismo en sus diversas formas, tanto del separatismo de las falaces "naciones sin Estado" como de los Estados nacionales ya existentes, y siempre aliado a la xenofobia, el racismo y el irracionalismo, representa hoy la mayor amenaza contra la democracia y, por ende, contra el progreso de la unidad europea. Como dijo el presidente Mitterrand, "le nationalisme, c"est la guerre!": el nacionalismo es la amenaza latente de guerra que previene la unidad de Europa. Entender las identidades nacionales, sean tradicionales o inventadas, como bienes a proteger del europeísmo, es oponerse a los valores de libertad, igualdad, inclusión, progreso y cultura que representa el europeísmo. Nacionalismo y unión europea son incompatibles. Nos comprometemos a promover el europeísmo y sus valores, y a oponerse en las instituciones europeas, como ya lo hacemos en las españolas, a los avances del nacionalismo y de sus políticas reaccionarias de exclusión, separación y discriminación.
16 - España es un país debilitado, poco influyente en la UE justo cuando la construcción europea afronta años decisivos. Debemos conseguir influencia en Europa porque hemos decidido integrarnos en ella, y para profundizar en la unión y avanzar en la federalización europea. Influir en Bruselas, contar en Europa, ha de ser una prioridad para cualquier gobierno de España. La escasa presencia de españoles en las instituciones, tanto en la cúspide como en las salas de máquinas de la Comisión, Parlamento, Consejo, BCE, etc., resulta perjudicial. Debemos y podemos contribuir a reinventar Europa, implicando a todas las instituciones políticas españolas de todos los niveles y popularizando este objetivo en la sociedad.
17 - El nuevo mandato de cinco años del Parlamento Europeo que comienza en 2014 será crucial para el destino de Europa. La UE desarrollará políticas clave en al menos tres aspectos: unión política, política exterior, y unión económica y monetaria. En relación con esta agenda, los representantes de UPyD en el Parlamento Europeo trabajarán para:
Proponer y apoyar medidas de avance de la unidad política, social, laboral, fiscal, económica y cultural de Europa, dando más competencias a las instituciones europeas, especialmente al Parlamento, y simplificando el organigrama institucional y los procesos y procedimientos de tomas de decisión.
Profundizar los controles democráticos de las instituciones europeas para que sean transparentes, eficientes y responsables ante los ciudadanos.
Fomentar la participación activa de los ciudadanos de Europa en el progreso de la Unión, representando sus legítimos intereses y fomentando las iniciativas cívicas europeas.
Apoyar a las instituciones europeas defendiéndolas del egoísmo de los gobiernos, del intervencionismo y de la parálisis burocrática.
Profundizar la integración económica de Europa extendiéndola al campo fiscal, laboral y presupuestario.
Promover y defender la Europa Social como parte esencial e irrenunciable de la unión económica y política.
Impulsar una verdadera política exterior común de la UE, apoyada en una política común de defensa.
2 - PROPUESTAS PARA AVANZAR EN LA UNIÓN POLÍTICA DE EUROPA
2.1 - LA CIUDADANÍA EUROPEA Y SUS DERECHOS 18 - Los ciudadanos europeos debemos adoptar las decisiones que conformen nuestro futuro. Por eso el Parlamento Europeo es la institución clave para la legitimidad democrática de la UE. Debe tener plena capacidad legislativa y de control efectivo de las instituciones europeas.
19 - El Tratado de Lisboa de 2007 representa numerosos avances, pero dista todavía de nuestra aspiración máxima: una Constitución política de tipo federal que combine una estructura institucional común, que represente democráticamente a todos los ciudadanos europeos, y que se adecúe a los principios del Estado de Derecho con el respeto a la diversidad histórica y cultural de cada Estado miembro.
20 - El ideal de ciudadanía europea debe ser el pilar central de la construcción de la UE: los derechos de libre circulación y residencia han de ser ampliados a otros de contenido socio-económico relativos a la protección social y sanitaria de todos los ciudadanos europeos, dondequiera que se encuentren, ampliando también el derecho a la plena participación política, con sufragio activo y pasivo con independencia del país de residencia en la UE. Debe derogarse la posibilidad de comprar la ciudadanía europea a cambio de una inversión económica en vivienda, deuda o negocios, directamente o tras obtener un permiso de residencia, vigente en varios países europeos (Malta, Chipre, Austria, Reino Unido, Portugal, España y otros), porque degrada y banaliza la ciudadanía, convertida en un estatus sin otro valor que el monetario y reservado a extracomunitarios opulentos, incluso a los implicados en tráficos y actividades ilegales.
21 - Necesitamos una estrategia europea de educación ciudadana más efectiva y directa que involucre a las instituciones educativas y medios de comunicación de los Estados miembros, cuyo objetivo sea desarrollar una ciudadanía europea activa. Todos los ciudadanos europeos deben conocer la importancia del proceso de integración europeo en sus vidas, y los mecanismos de protección de los derechos reconocidos por los Tratados. Debe haber en el currículo educativo de todos los estudiantes europeos una asignatura sobre ciudadanía y conciencia común europea, fomentando el uso de la bandera y de los símbolos europeos.
22 - La UE debe ser garante de las libertades de los ciudadanos y no tolerar ningún tipo de injerencia en su vida privada. Sólo se admitirá la limitación al derecho a la intimidad en aquellos casos que impliquen la lucha contra el crimen, en especial contra el terrorismo internacional, y siempre con las debidas autorizaciones judiciales en el marco de la legalidad y del respeto a los derechos humanos.
2.2 - REFORMA DE LAS INSTITUCIONES: PARLAMENTO, COMISIÓN, CONSEJO Y TRIBUNAL EUROPEO
23 - La estructura institucional actual debe ser reformada para ahondar la democracia, reforzando las instituciones propiamente europeas en sintonía con las prácticas y reglas del parlamentarismo. Se debe atribuir al Parlamento Europeo el derecho a ejercer la iniciativa legislativa, del que hoy carece, y la Comisión europea debe actuar como un verdadero Gobierno europeo para evitar quedar al dictado de los líderes de los Estados nacionales. También debe facilitarse el ejercicio de la iniciativa legislativa popular prevista en los Tratados de la UE para mejorar la participación democrática.
24 - La UE necesita una estructura institucional conformada según el principio clásico de división de poderes, que asegure: la legitimidad democrática de las instituciones europeas el principio de legalidad y su control jurisdiccional
el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos europeos
una administración eficaz y transparente que asegure la consecución de los objetivos de la Unión Europea consagrados en los Tratados.
25 - Existe un evidente choque de legitimidades entre, por un lado, el Consejo, que representa los intereses nacionales, y la Comisión que, como guardiana de los Tratados, defiende los principios europeos. El Parlamento goza de legitimidad democrática y visión europea, y es colegislador en pie de igualdad con el Consejo, pero carece de iniciativa legislativa y, en suma, de suficiente poder legislativo. El entrecruzamiento de legitimidades territoriales y democráticas de diversa naturaleza favorece en última instancia al Consejo y, por ende, estimula el nacionalismo en vez del europeísmo. Otorgar nuevas funciones al Comité de las Regiones, como reclaman nacionalistas y regionalistas, no haría sino fortalecer la confusión institucional en beneficio de intereses localistas.
26 - El Parlamento Europeo (PE), como institución representativa de los ciudadanos europeos elegida por sufragio universal, debe
tener plena iniciativa legislativa en su ámbito de competencias, que debe abarcar todos los asuntos en que los Estados han cedido soberanía a las instituciones europeas o lo hagan en un futuro.
asumir el papel de control de las instituciones ejecutivas y técnicas, incluyendo el nombramiento de los Comisarios y Directores Generales y de los Directores de los entes y agencias reguladoras y supervisoras.
ejercer, además de la investidura de la Comisión Europea (Presidente y Comisarios), la moción de censura de su actuación en su caso, así como la de los comisarios individuales en casos graves.
perfeccionar y aumentar los mecanismos a disposición del PE para ejercer su función de control de la acción exterior de la UE. refrendar el nombramiento de los responsables de las más altas instituciones comunitarias.
27 - Debe acabarse con el "nomadismo" del Parlamento Europeo, consecuencia del reparto de sus actividades entre Estrasburgo (plenos), Bruselas (comisiones, reuniones de los grupos) y Luxemburgo (sede de su secretaria general), que encarece y complica innecesariamente su trabajo, estableciéndose una única sede.
28 - La Comisión Europea, como órgano de preparación y ejecución de la política de la UE, y como guardián de la legalidad europea, ha de ser reforzada y reestructurada para que funcione como un verdadero Gobierno de la UE en las materias de su competencia exclusiva según los Tratados. La figura principal de Presidente de la Comisión ha de coincidir con la de Presidente del Consejo Europeo en una misma persona, que asuma la jefatura del ejecutivo comunitario y la máxima representación de la UE en el exterior. El Presidente de la Comisión propondrá el número y distribución de las carteras de Comisarios de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia de gestión. La legitimidad democrática del Colegio de Comisarios está garantizada por el voto de investidura y el derecho a la moción de censura del Parlamento Europeo, lo que le permite actuar legítimamente como un genuino Gobierno de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias. Para conseguir estos cambios debe promoverse la reforma del Tratado de Lisboa.
29 - El Consejo, bien actuando como Consejo Europeo o Consejo de Ministros según sus diversas formaciones sectoriales, y con el auxilio del COREPER (Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea), limitará su ámbito de actuación a las competencias compartidas o exclusivas de los Estados nacionales, evitando toda intervención en asuntos relacionados con las competencias exclusivas de la Unión Europea, que deben ser gestionadas por la Comisión Europea. La función consultiva, no vinculante, del Consejo Económico y Social, y del Comité de las Regiones, deberá contar con los instrumentos adecuados para que pueda desarrollarse de una forma ágil y eficaz. 30 - Reducir la proliferación de agencias europeas y comités. Su número se reducirá tras la realización de un estudio de racionalización en base a los principios de transparencia, eficiencia y no duplicación de funciones. La simplificación, agilización y transparencia de los protocolos y procedimientos de toma de decisiones es vital, definiendo con claridad las reglas de juego, las competencias de cada órgano, y la eliminación de solapamientos y duplicidades de agencias, comités, comisarías y presidencias.
31 - Creación de un espacio electoral europeo que promueva la equiparación de circunscripciones electorales nacionales y un sistema electoral único al Parlamento Europeo, basado en el principio de proporcionalidad, y la exigencia de las mismas condiciones de sufragio a todos los candidatos. Este nuevo sistema electoral facilitará la creación de partidos constituidos a nivel europeo.
32 - Supresión o conversión del Consejo Europeo. Ahora está formado por los Jefes de gobierno de los Estados miembros y por el Presidente, y es el órgano que promueve el proceso integrador europeo y define las grandes líneas orientadoras de la estrategia de la Unión Europea. El diseño institucional original no preveía las reuniones formales de los Jefes de Estado y de Gobierno como institución comunitaria. Se trata de la mayor rémora para el funcionamiento de la UE y perturba gravemente el funcionamiento ordinario de las instituciones comunitarias, mediante la protección que ejercen los Jefes de Estado y de Gobierno de sus empresas e intereses, y su resistencia a acabar con monopolios históricos e intereses enquistados que sostienen los egoísmos nacionales. Las reuniones del Consejo suponen una duplicidad de representación de los Estados porque estos ya participan plenamente en el procedimiento legislativo ordinario previsto en los Tratados a través del Consejo de la UE. La construcción europea no puede someterse a los dictados del Consejo Europeo y, de mantenerse su existencia, las reuniones deben celebrarse fuera de la arquitectura institucional de la UE. 32 bis - El Consejo de la UE, a saber, el Consejo de Ministros, es el órgano representativo de los Estados miembros y asegura la defensa de sus intereses. Su función principal es la de órgano colegislador y de control presupuestario, junto con el PE. En la arquitectura federal de la UE, el Consejo debería reorientarse hacia la "segunda cámara" de los sistemas federales, cuyas características ya comparte en cierta medida. Entre tanto, y con carácter general, el Consejo Europeo tomará sus decisiones por mayoría cualificada, existiendo solamente derecho de veto temporal cuando el Gobierno de un Estado miembro alegue un interés vital. El COREPER (Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea) asistirá al Consejo en sus funciones, pudiendo actuar por delegación y por escrito en la toma de decisiones relativas a sus funciones consultivas y co-legislativas cuando así fuera coveniente.
33 - El Tribunal de Justicia de la UE garantiza el respeto al derecho europeo. Su competencia debe alcanzar a todas las acciones de la UE, y tendrá jurisdicción en todas estas cuestiones en el territorio de todos los Estados miembros. Actualmente está formado por un juez por cada Estado miembro. El nombramiento de los jueces y los abogados generales deberá ser propuesto por la Comisión, previa consulta con el "comité de sabios" previsto en el tratado de Lisboa, pero dichos nombramientos habrán de ser refrendados por el PE, y por el parlamento nacional del Estado de origen del juez. El mandato de los jueces del Tribunal terminará al alcanzar su edad de jubilación, salvo que medie supuesto de incapacitación. 33bis - Es necesario impulsar la cooperación judicial europea, fundamental y necesaria en procesos de extradición o comisiones rogativas de cualquier diligencia, y para la validez o reconocimiento inmediato de cualquier sentencia dentro de la UE sin necesidad de exequatur. Se debe articular esta cooperación mediante mecanismos específicos y un observatorio europeo especializado. También debe crearse una Oficina Europea de Atención a las Víctimas que permita acceder automáticamente en toda la UE a los derechos y beneficios reconocidos.
34 - La Carta de los derechos fundamentales de la UE ha de ser vinculante para todos los Estados miembros sin excepción. Se ha de abrir plenamente a los ciudadanos el control jurisdiccional de las instituciones europeas.
35 - Propondremos el inicio de un verdadero proceso constituyente que dote a la Unión Europea de una Constitución política de tipo federal que garantice el avance hacia cotas superiores de integración en todos los campos, sin menoscabo de las competencias de los Estados y de sus Constituciones en aquellas competencias que, de acuerdo con el principio de subsidariedad y de participación y control democrático, sigan siendo mejor gestionadas por los Estados miembros de la Unión y sus instituciones nacionales.
2.3 - UNA VERDADERA UNIÓN POLÍTICA
2.3.1 - Una Europa transparente y libre de corrupción
36 - Para garantizar la buena administración y el correcto funcionamiento de las instituciones europeas, proponemos las siguientes medidas:
limitación de mandatos de todos los cargos electos, y de designación política en algunas instituciones europeas.
las Representaciones de la Comisión en los Estados miembros desarrollarán una actividad informativa exhaustiva sobre las políticas de la UE y sus efectos sobre los ciudadanos y, en colaboración con las administraciones públicas y los agentes sociales de los Estados miembros, recabando toda la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias.
Desarrollar el Estatuto del Defensor del Pueblo u Ombudsman europeo, informando a la ciudadanía de su existencia y facilitando el acceso a sus servicios, ampliando sus competencias y dando amplios poderes a OLAF para investigar los casos de fraude sin límite, favoreciendo las denuncias de forma anónima.
los Defensores del Pueblo de cada Estado miembro formarán parte de una red coordinada por el Ombudsman europeo para facilitar la labor de denuncia de los ciudadanos europeos por actos de mala administración de las instituciones europeas. Impulsar la investigación de los casos de fraude y corrupción que afectan a las instituciones europeas y al uso de los fondos europeos por las administraciones de los Estados miembros, dotando de los medios necesarios a los organismos de control.
37 - Creación de una fiscalía europea antifraude. El fiscal será nombrado a propuesta de la Comisión y refrendado por el PE. Tendrá poderes plenos para investigar, en coordinación con los fiscales nacionales, todas las instituciones y organismos dependientes, así como a los Estados miembros de la UE en lo que afecte a los intereses financieros de la UE, de acuerdo con un Estatuto aprobado por el PE que asegure plenamente su eficacia.
38 - Regulación de la actividad de los grupos de presión o lobbies, que actúan en defensa de intereses sectoriales, empresariales y ciudadanos. Si bien su legítima labor de información a parlamentarios y miembros de la Comisión Europea puede cumplir un papel beneficioso para una toma adecuada de decisiones, el control y transparencia actuales son insuficientes, especialmente en el PE. Se debe exigir el registro obligatorio de estos grupos y establecer un código de conducta acorde con los principios de transparencia y lucha contra la corrupción.
2.3.2 - Una Europa con una sola voz en el mundo: política internacional, seguridad y defensa
39 - La UE ha de ser un actor creíble y activo en la escena mundial, superando la debilidad de los países miembros y las contradicciones entre los distintos intereses nacionales europeos. Los fines fundamentales de Europa en política exterior y de seguridad están plenamente reflejados en los Tratados: un mundo en paz y justicia, donde rijan plenamente el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Con esa finalidad, la UE promoverá una reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que lo convierta en un órgano más equilibrado geográficamente y respetuoso con el Derecho Internacional, que pueda intervenir ante graves violaciones de derechos humanos sin posibilidad de veto de ningún Estado. A falta de una representación única, los Estados miembros que participen en dicho Consejo de Seguridad, así como en las demás Organizaciones Internacionales, deberán hacerlo con una voz única. La UE asumirá el tratado internacional sobre comercio internacional de armas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, como parte de su compromiso con el Derecho Internacional y desarrollará la normativa necesaria para su aplicación efectiva por todos los Estados miembros. La UE continuará apoyando activamente la no proliferación y el desarme nuclear. 40 - La política exterior y de seguridad de la UE debe quedar bajo la dirección de la Comisión. El Comisario encargado de la política exterior y de seguridad representará a la UE en las relaciones internacionales y dirigirá el Servicio Europeo de Acción Exterior, respondiendo directamente ante el Parlamento Europeo. El Consejo de Asuntos Exteriores del Consejo de la UE asesorará a la Comisión en política exterior y de seguridad, y en el sistema de prevención y seguimiento de crisis.
41 - La UE ha de promover de manera especial la paz y la seguridad en aquellas zonas -principalmente África, Oriente Medio y Europa Central y del Este- que afectan a la seguridad de sus ciudadanos y de sus intereses, asumiendo mayores responsabilidades. Fomentará en dichas regiones los valores democráticos, el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y la integración regional, sin descartar el uso de la fuerza para impedir graves violaciones de los derechos humanos o la instauración de regímenes terroristas. La defensa de los principios éticos y valores que constituyen la base de la sociedad europea deben condicionar la acción de la UE en el mundo frente a aquellos gobiernos que vulneran los Derechos Humanos, y las Instituciones Europeas deberán apoyar las causas justas de los pueblos sometidos a la tiranía, la falta de libertad, la discriminación, el exilio, la ocupación ilegítima de su territorio, o el robo de sus recursos naturales, como ocurre hoy en día en numerosos países y regiones del planeta.
42 - Sin una política exterior común no es posible desarrollar una política de defensa europea que, a su vez, necesitará contar con unas Fuerzas de Defensa comunes para resultar creíble. Por tanto, profundizar en la política exterior común y en la defensa común implica desarrollar capacidades militares comunes. Los Estados de la UE van mermando sus presupuestos para Defensa, lo que debería compensarse con iniciativas y proyectos comunes. Nuestras Fuerzas Armadas, tras el importante cambio estratégico consecuencia de la globalización, caminan lentamente hacia un nuevo modelo de Defensa, donde hay que hacer frente a riesgos y amenazas tanto compartidos como propios. Pero la reducción de garantías presupuestarias que necesita ese nuevo modelo pone en grave peligro la disposición de una Defensa eficiente. Asegurar la capacidad de combate aligerando costes es una misión muy compleja y a veces raya lo imposible. Por tanto, hay que establecer prioridades e invertir esfuerzos donde se pueda conseguir mayor eficiencia y flexibilidad estratégica.
43 - Pese a las previsiones del Tratado de Lisboa para impulsar la cooperación militar entre los Estados de la UE, los progresos hacia la "Eurodefensa" han sido mínimos. Por tanto, hay que comenzar a dar pasos hacia una auténtica estructura militar europea común, como la creación de un Cuartel General permanente multinacional al servicio de las operaciones independientes de la OTAN, y un mayor consenso sobre las reglas de utilización, planeamiento, despliegue, mando, control y coste económico de las Agrupaciones Tácticas Conjuntas o Grupos de Combate (Battlegroups).
44 - Como primera prioridad, la UE debe gestionar la seguridad en su zona de influencia más cercana, que abarca la zona septentrional del eje Guinea-Somalia y Oriente Medio. Este debe ser el objetivo del fortalecimiento y consolidación de la Agencia Europea de Defensa como institución responsable de la defensa de la UE, propiciando un trabajo político eficaz y generoso para perfilar el uso conjunto de los recursos militares de los que disponen los Estados de la UE.
45 - Solo una defensa de Europa común, integrada y coherente, podrá permitir aspirar a una base industrial y tecnológica capaz de asegurar una producción propia de todos los sectores necesarios para mantener una industria moderna, capaz de cubrir tanto las capacidades actuales permanentes necesarias y las nuevas o las futuras, como la ciberdefensa, la necesidad de mejorar y compartir inteligencia, la defensa basada en misiles, las armas de energía dirigida o los desarrollos de robots autónomos.
46 - El impulso de una política europea de defensa implica la cesión de soberanía militar de los Estados miembros, que tienen importantes intereses industriales y de I+D+i, y por ello será un punto muy controvertido que exigirá altura de miras y ambición política para evitar duplicidades y antagonismos, garantizando a los Estados sus legítimos intereses en este campo mientras se desarrolla una defensa europea capaz de garantizar la integridad y seguridad de todos los Estados miembros. Proponemos la creación de las Fuerzas Armadas de la UE, entendiendo que la seguridad de la Unión debe ser autónoma y poseer las capacidades militares necesarias para garantizar su propia seguridad. Ésta debe ser concebida y compartida por los miembros de la Unión, comprometiéndose todos y cada uno de ellos a la defensa colectiva del conjunto de la UE y de cada uno de sus miembros.
47 - Profundizar el concepto de Identidad Europea de Seguridad en el marco de la OTAN. La OTAN y la UE deben intensificar su cooperación y asociación estratégica definiendo el tipo de alianza y sus enfoques, pues la existencia de intereses, amenazas o prioridades no siempre coincidentes exigen que Europa tenga una capacidad de defensa autónoma.
Sólo una seguridad integrada europea que sea coherente, eficaz e inmediata podrá garantizar la seguridad de los Estados y coordinará los equipos policiales de los diferentes Estados implicados.
2.3.3 - Una política europea común de inmigración
48 - Europa es un espacio unificado de libertades y ningún Estado miembro podrá ser una excepción, permanente o temporal, a las obligaciones y derechos europeos. Es necesaria una política migratoria comunitaria con un respeto estricto al Derecho Internacional y a los derechos humanos, aplicada en las mismas condiciones en todo el territorio de la UE. Esta normativa común comprenderá la de asilo y protección humanitaria para personas desplazadas por conflictos armados, los criterios de admisión y estancia de inmigrantes y de visados en general, y la normativa de reunificación familiar, de manera que todos los residentes legales disfruten de plena libertad de circulación dentro de la UE, con un único permiso de residencia europeo. Junto a la legítima defensa de las fronteras y de la legislación en materia laboral, deben impulsarse planes de integración más amplios y adecuados, gestionando la inmigración irregular con mayor vocación inclusiva, al mismo tiempo que se buscan políticas para hacer frente a las causas profundas del fenómeno migratorio en los países de origen.
49 - La política común supondrá la gestión conjunta de la acogida de inmigración de acuerdo con una estrategia europea que tenga en cuenta las necesidades de empleo en su conjunto, facilitando en primer lugar la movilidad de trabajadores europeos y extranjeros con permiso de trabajo. Se establecerá una ventanilla única europea en terceros países para visados en la UE.
50 - La Comisión coordinará la protección de las fronteras exteriores de la UE, desarrollada de manera conjunta y solidaria por todos los Estados miembros, que compartirán los medios humanos y materiales adscritos al control de fronteras y flujos migratorios. Las ciudades de Ceuta y Melilla pasarán a integrarse a todos los efectos en la Unión Aduanera europea a todos los efectos, como territorios de pleno derecho de la Unión Europea y por tanto fronteras de la UE. Ceuta y Melilla recibirán una especial atención a las necesidades específicas derivadas de su situación estratégica en el norte de África y meta habitual de migraciones irregulares y actuación de mafias de tráfico de personas. Es necesario desarrollar planes específicos de actuación y prevención de la inmigración irregular, colaborando en la correcta atención de las necesidades materiales de los inmigrantes irregulares, imprescindible para garantizarles unas condiciones de vida dignas durante su internamiento. El FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores) abrirá delegaciones o agencias en ambas ciudades, impulsando el Plan de Fronteras Inteligentes.
50 bis - Esta política migratoria deberá ser financiada de manera que pueda prevenir y actuar contra el tráfico ilícito de personas, y ante flujos masivos de inmigración irregular. Deben adoptarse estrategias de lucha contra la trata de personas, adoptando medidas que permitan la integración social y laboral de sus víctimas, y que desincentiven la demanda de explotación que contribuye a la reproducción del fenómeno. La normativa europea incluirá los criterios de regularización, repatriación y control de los inmigrantes irregulares establecidos dentro de la UE, además del respeto de los Derechos Humanos y de la legalidad internacional. Los acuerdos de asociación de la UE con terceros Estados han de exigir la cooperación activa en el control de los flujos migratorios irregulares, la lucha contra el tráfico ilícito de personas y el contrabando, y la repatriación de inmigrantes irregulares.
2.3.4 - Europa, líder en cooperación al desarrollo y solidaridad internacional
51 - La UE es el principal actor internacional en cooperación. Promoverá de forma decidida un desarrollo global sostenible del que forme parte la democratización de los Estados receptores de ayudas, el respeto a los derechos humanos, la aplicación del principio de buen gobierno y la protección del medioambiente. La UE mantendrá los recursos comprometidos en la Estrategia del Milenio, sin renunciar, salvo por fuerza mayor, al objetivo de alcanzar el 0,7% de su renta dedicada a la ayuda al desarrollo. Con el fin de que estos esfuerzos consigan sus objetivos, la UE buscará mayor coherencia de sus políticas de cooperación con las que definen materias como agricultura, pesca, energía o comercio, que afectan decisivamente a los países con menor índice de desarrollo humano. Hay que promover la investigación y transformación de las causas estructurales que se encuentran detrás de crisis como la alimentaria o medioambiental, cuyo impacto es más trágico en los países más pobres.
52 - La ayuda europea ha de mejorar su eficacia con más flexibilidad y dinamismo, simplificando los procedimientos de intervención y estableciendo asociaciones estratégicas con otros donantes internacionales. Los objetivos principales de la ayuda europea serán los Estados en situaciones de extrema pobreza y víctimas de conflictos. El desarrollo sostenible de los países y regiones emisores de migración masiva por razones económicas es indispensable para eliminar las causas últimas de flujos que amenazan con hacerse inmanejables. La Comisión debe coordinar una estrategia común que asegure la coherencia y eficacia de los programas, y que incluya un capítulo sobre investigación para el desarrollo. Las ayudas públicas al desarrollo, directas o indirectas, deben ser evaluadas con transparencia para comprobar su buen empleo, eficacia y eficiencia. Todo ello debe ir acompañado por una apuesta más decidida por una educación para el desarrollo que ayude a que la cooperación y la ayuda humanitaria sean mejor comprendidas y apoyadas por una sociedad civil mejor informada.
3 - IMPULSO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y DE LA UNIÓN FISCAL
3.1 - LA CRISIS DEL EURO
53 - La crisis actual ha puesto en evidencia la dualidad económica de la zona euro, con los países del norte en proceso de recuperación y los países periféricos envueltos en una profunda crisis de deuda soberana y con muy bajas expectativas de crecer en el medio plazo. Desde el principio de las turbulencias financieras se ha impuesto la visión de que la crisis es el resultado de la falta de disciplina fiscal y del exceso de endeudamiento de los países de la periferia. Según esta interpretación, son los países fiscalmente irresponsables y poco competitivos los que deben ajustar sus economías, siendo la devaluación interna (o austeridad) el único camino posible para la resolución de la crisis. La devaluación interna como solución a la crisis impone una solución asimétrica en la que el ajuste recae casi exclusivamente en las economías más débiles.
54 - El diseño de gobernanza económica de la zona euro no contempló ningún tipo de coordinación para aspectos que han resultado claves en la crisis: la zona euro nació con insuficiencia institucional para solventar problemas bancarios a nivel supranacional, y sin mecanismos de transferencia fiscal ni mercado de deuda unificado. Es más, el diseño de la zona euro no contempló los dos mecanismos fundamentales de los que se han dotado las economías de mercado para hacer frente a la naturaleza inestable de la actividad económica: el efecto estabilizador del Presupuesto público y el papel de prestamista de última instancia del Banco Central.
55 - La zona euro ha transformado las políticas macroeconómicas en un conjunto de relaciones asimétricas entre una política monetaria centralizada, una política fiscal restringida y una política salarial no coordinada. En consecuencia, la Unión Monetaria Europea sufre crecientes desequilibrios estructurales entre los Estados miembros. El mal diseño del euro es corresponsable de generar los desequilibrios macroeconómicos que son la causa última de la actual crisis, pero también de la inestabilidad fiscal y de la crisis de deuda soberana, provocada por la crisis financiera. La crisis de la zona euro es, en realidad, una combinación de cuatro crisis estrechamente interrelacionadas: de crecimiento, financiera, de deuda e institucional.
56 - Desde un punto de vista institucional, la respuesta a la crisis se ha caracterizado por euroesclerosis y un sistema opaco de toma de decisiones. La primera en forma de incapacidad para tomar decisiones en tiempo y forma. En segundo lugar, la gobernanza económica de la zona euro viola el principio básico de "no imposición sin representación". Resolver la crisis del euro implica no sólo atender a todas las dimensiones de la misma, sino comprender las interacciones que se producen entre las cuatro crisis y, de forma muy particular, entre las que emanan de la crisis institucional. De ahí que el progreso en la unión política bajo control democrático, con la mejora de las instituciones, de su representatividad y legitimidad, sea indispensable para superar la crisis.
57 - La creencia en que un bajo crecimiento de los salarios nominales en relación a la productividad permite recuperar la competitividad y promover el crecimiento tiene poca base empírica. Está demostrada la importancia de la tecnología y de los procesos de innovación para asegurar la competitividad a largo plazo de una economía, mientras que la reducción de costes, salarios y precios no parece favorecerla. El ajuste a la baja de los salarios no resolverá los problemas estructurales que ha generado la crisis, y mucho menos si se abandona la inversión en I+D+i y en economía productiva, como ha sucedido en España.
3.2 - DIEZ PROPUESTAS PARA LA UNIÓN MONETARIA
58 - Proponemos las siguientes medidas para corregir la deficiente gobernanza económica de la zona euro:
1 - Unión Bancaria que incorpore la mutualización de la deuda provocada por las crisis bancarias, incluyendo la generada por el rescate bancario español. El mecanismo de resolución habrá de ser común, estar concluido en un plazo no superior a tres años, contar con unos recursos suficientes y estar gobernado por una autoridad resolutiva con capacidad de respuesta rápida y con criterios supranacionales.
2 - Separación de las actividades propias de la banca comercial de las de banca de inversión, para evitar la repetición de crisis financieras.
3 - Avanzar hacia un mecanismo de recursos propios menos dependiente de los Estados miembros. Para ello es conveniente la puesta en marcha del impuesto sobre las transacciones financieras en la UE ("tasa Tobin"), favoreciendo su extensión a otros países de fuera de la Unión.
4 - Un Banco Central Europeo que tome medidas activas para terminar con la fragmentación de los mercados financieros nacionales y emprenda programas finalistas en los que la financiación de las entidades esté vinculada a la concesión de crédito (especialmente a las Pymes), y acepte explícitamente el papel de prestamista de última instancia en las crisis de deuda pública nacional. El PE debe refrendar el nombramiento del gobierno del BCE, que corresponderá a la Comisión a propuesta de los Estados miembros de la Unión Monetaria.
5 - Unión Fiscal que no se limite al control de los déficits públicos, sino que incorpore impuestos compartidos y permita la transferencia de recursos entre países de la UE, evitando la competencia fiscal sobre los beneficios empresariales y el ahorro, así como las prácticas de evasión fiscal a través de territorios dependientes de Estados Miembros, como Gibraltar, o de terceros estados.
6 - Mayor Presupuesto de la Unión que dé más importancia a gastos que promuevan el crecimiento, como la I+D y la protección de la propiedad intelectual, el empleo juvenil, la inversión en infraestructuras y la cohesión territorial. Incrementar los recursos presupuestarios destinados al objetivo "Inversión en crecimiento y empleo" para el período 2017-2020.
7 - Mayor dotación de recursos comunes para la Estrategia de Crecimiento Europa 2020.
8 - Una política regional que no olvide a las regiones víctima de los efectos producidos por las ampliaciones de la Unión y que ponga mayor énfasis en los proyectos de infraestructuras transfronterizas. Canarias mantendrá su estatus de Región Ultraperiférica (RUP) y contará con un nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) que beneficie a todos sus ciudadanos y cree empleo, además de compensar los efectos de la insularidad y lejanía.
9 - Decidida promoción de la competencia y la innovación en los mercados de la Unión, especialmente los de servicios, unificando las normativas y supervisores que afectan al transporte por carretera, aviación, ferrocarriles o navegación. Promover auditorías europeas que certifiquen que las inversiones en infraestructuras se ajusten a un profundo estudio previo de impacto económico, social y medioambiental. Consecución de un mercado único digital europeo.
10 - Una Política Agraria Común que reconozca el papel de conservación medioambiental que desempeñan los agricultores europeos, que favorezca la modernización del sector, su rejuvenecimiento y la calidad de los productos, y que se proponga combatir la despoblación del medio rural.
3.3. - ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
59 - Mercado europeo de la energía que tienda a la homogenización de los costes soportados por hogares y empresas, e incentive el ahorro y la eficiencia energética, con un modelo comunitario de asignación de costes incurridos para la prestación de servicios y de los impuestos y peajes aplicables. Este mercado mejoraría la igualdad de condiciones para la competencia industrial, y también el coste de la factura doméstica. Tiene particular importancia intensificar las interconexiones de todo tipo.
60 - La energía debe ser barata, competitiva, estable, sostenible y disponible para todos. Necesitamos una política energética común para toda Europa, con Planes Energéticos aprobados por el Parlamento Europeo, donde primen los conceptos de aumento de la competitividad, regulación común, independencia energética, conectividad entre los países y regiones, y libertad y transparencia del mercado. Es necesario avanzar en los procesos tecnológicos con mayor seguridad para los ciudadanos y el medio ambiente, investigando y maximizando el uso de todos los recursos propios, tanto los renovables como aquellos que no lo sean. Todas las fuentes de energía disponibles, sus procesos de transformación, distribución y consumo, deben ser investigadas y evaluadas de forma homogénea y libre de cualquier prejuicio basado en doctrinas políticas o ideológicas, utilizando métodos de evaluación completos, adecuados y contrastables. Debe reforzarse la educación y la política energética orientada a promover el consumo responsable y el ahorro, desarrollando las tecnologías que permiten ganancia de eficiencia en hogares y empresas.
61 - Necesitamos una Directiva marco que regule las actividades de exploración y producción de los yacimientos de gas no convencional tipo "shale gas", "coal bed methane" y "tight gas" mediante técnicas de perforación horizontal y de fracturación hidráulica (fracking). Debe tenerse en cuenta la seguridad de suministro y la protección de medio ambiente, incluyendo normas precisas sobre el agua y las sustancias utilizada en los procesos, los acuíferos atravesados por los sondeos, la microsismicidad inducida y los costes de esta fuente de energía. Es necesario un amplio debate sobre esta técnica de producción de energía en el seno de la UE, con el objeto de que todos los ciudadanos europeos adquieran un conocimiento profundo y riguroso de las ventajas e inconvenientes -económicos, técnicos y medioambientales- de este sistema de extracción, y puedan decidir libremente y con pleno conocimiento de causa sobre su utilización. No se debe ignorar que esta fuente está llamada a revolucionar el panorama energético en Europa, como ya lo ha hecho en EEUU y Canadá. Pero su desarrollo seguro y sostenible requiere un amplio desarrollo de la normativa medioambiental comunitaria aplicable, y la creación de un organismo comunitario que vele por su estricto cumplimiento, por la evaluación de las exploraciones y explotaciones, y por la armonización de legislaciones en los diferentes Estados miembros de la UE. 62 - Energía Nuclear: es necesario un amplio debate sobre este tipo de producción de energía eléctrica en el seno de la UE, con el objeto de que todos los ciudadanos europeos adquieran un conocimiento profundo y riguroso de las ventajas e inconvenientes -económicos, técnicos y medioambientales- de esta fuente de energía, y puedan decidir libremente y con pleno conocimiento de causa sobre su utilización. Para las plantas actualmente en funcionamiento dentro de los países de la UE, proponemos establecer convenios entre las plantas nucleares gemelas, estudiando las fortalezas y debilidades, y proponiendo mejoras de las prácticas de mantenimiento, principalmente las de seguridad.
63 - Europa, y particularmente España, ha hecho un gran esfuerzo para impulsar las fuentes de energía renovables, sobre todo la eólica y la solar (termosolar y fotovoltaica, especialmente), además de los biocombustibles y biomasa. Sin embargo, el desarrollo de esta política en algunos Estados miembros, como España, ha tropezado con las consecuencias de una mala planificación económica-financiera, y con los efectos de la crisis y la caída de la demanda de energía, agravados por la injerencia política para proteger los rasgos oligopólicos del sector, provocando inaceptable inseguridad jurídica. Por otra parte, las fuentes renovables ya son una parte importante de la generación. En el sector del transporte, la consecución de los objetivos en materia de renovables debe promover un cambio en el modelo de transporte, mitigando la dependencia energética del sector y sin comprometer la seguridad alimentaria en los países productores de agrocarburantes convencionales.
64 - La política energética europea en materia de renovables debe mantener la promoción de las fuentes de energía renovables, y especialmente de las que han conseguido altos niveles de eficiencia, dentro de una política general de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, protección del medio ambiente, y promoción de la autonomía, el ahorro y la eficiencia energética, de acuerdo con los objetivos señalados en la Iniciativa Europa 2020. En este sentido, es importante aprobar una regulación europea, común a todos los Estados miembros, que promueva legalmente innovaciones como el autoconsumo con balance neto, proteja al sector de la inseguridad jurídica resultante de constantes cambios regulatorios como los experimentados en España, y promueva los cambios necesarios para liberar al sector energético de los rasgos oligopólicos que frenan la innovación en la generación, distribución, eficiencia y ahorro, dificultando la transparencia y competitividad del mercado.
3.3.2 - Medio ambiente
65 - Apoyamos el desarrollo de una política europea común sobre el mercado del agua, con un nuevo modelo de gestión más eficiente, dinámico y sostenible. La racionalización del uso de recursos naturales como el agua conlleva básicamente el desarrollo de las políticas de ahorroy optimización de los recursos, haciendo este sector más sostenible económica y medioambientalmente. La crisis económica ha agravado la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos. Por eso es necesario revisar y reformular los medios y métodos para mejorar la consecución de los objetivos de la política común de aguas en la UE.
66 - Costes reales de los impactos medioambientales: las actividades que conlleven una alteración medioambiental han de internalizar todos los costes ocultos. Es necesario que el Parlamento Europeo legisle en este sentido, visto el insuficiente empeño de las autoridades nacionales. La fiscalidad medioambiental debe desarrollarse, básicamente, por la vía del IVA e Impuesto de Sociedades, que deberían tender a unificarse en el seno de la UE y dedicarse de forma preferente a I+D+i para energías renovables y medios de ahorro de energía y agua.
67 - Mecanismos de defensa del Medio Ambiente: la conservación del patrimonio natural europeo y la protección de la biodiversidad, la ordenación del territorio, las evaluaciones de impacto medioambiental y la educación ambiental son los puntales de la política conservacionista, y deben ser objeto de supervisión, seguimiento y control por parte de la UE dado que afectan a territorios, recursos y ecosistemas extensos que desbordan las fronteras nacionales.
3.4.1 - Industria, comercio y crédito
68 - Apoyamos el objetivo estratégico de que la industria represente un 20% del PIB Europeo, acabando con la laminación de nuestra industria para convertir a Europa en un área económica de servicios. Promoveremos la adopción de medidas eficaces para poner freno a la deslocalización de la producción industrial europea fuera del territorio de la Unión. También para modificar el reglamento del Fondo Europeo de Adaptación de la Globalización (FEAG) de tal forma que se incremente la dotación del mismo y se permita que una parte pueda destinarse a medidas que favorezcan la reindustrialización de regiones cuyo mercado laboral se haya deteriorado por fenómenos de deslocalización industrial.
69 - Se revisarán, a la vista del nuevo orden mundial, las concesiones favorables a determinados países que han evolucionado favorablemente y, sobre todo, se les exigirán condiciones sociales y de empleo adecuadas a sus nuevos niveles de desarrollo económico.
70 - El Parlamento Europeo apoyará la consecución de un Acuerdo Comercial con Estados Unidos como factor positivo de relanzamiento de la actividad económica y salida de la crisis. Dicho Acuerdo debe respetar los estándares europeos de salud pública, protección ambiental y protección de los consumidores.
71 - Consecución de un mercado único digital europeo en el 2015, y potenciación de las infraestructuras de transportes (short sea-shipping, ferrocarriles, aeropuertos) en un modelo integrado de logística y de transportes europeos. Impulsaremos medidas para homogeneizar y simplificar los trámites administrativos para crear empresas en la UE, impulsando fórmulas jurídicas europeas para las sociedades anónimas, cooperativas y otras.
72 - Una política europea que obligue a la banca e instituciones financieras a dar prioridad a la concesión de créditos, especialmente a Pymes, para reanimar la economía productiva. Las privatizaciones y liberalizaciones de servicios no pueden originar la desprotección de los ciudadanos. Frente a la categoría clásica del servicio público han surgido otras figuras jurídicas como las "obligaciones de servicio" que se imponen a determinadas empresas privadas, como las de telecomunicaciones o las empresas eléctricas y del sector de hidrocarburos y derivados, para asegurar la distribución y el suministro de energía en los términos establecidos por ley. Se trata de imponer "obligaciones de servicio" en el ámbito de la actividad bancaria, como ya existen en otros sectores económicos de interés general, para lo que existen los instrumentos jurídicos adecuados y compatibles con su naturaleza de empresas privadas, con la libertad para diseñar su negocio y las reglas de la competencia de los mercados.
3.4.2 - Política Agraria Común (PAC), agricultura y pesca
73 - Propondremos cambios significativos en la reglamentación comunitaria para que se cumpla el objetivo de garantizar una producción viable de alimentos, y se contribuya a gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptando medidas para hacer frente al cambio climático, de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2020, permitiendo un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación en la actividad agrícola y la viabilidad de las zonas rurales. Estos cambios deben implementarse de forma que garanticen una distribución y gestión de las subvenciones que responda a criterios de equidad, transparencia y proporcionalidad que sirva para hacer más sólido el tejido de la población rural. Los pagos directos se deben supeditar al cumplimiento de prácticas más respetuosas y beneficiosas para el medio ambiente y con la calidad de los productos, que deben ser objetivos prioritarios. 74 - La Seguridad Alimentaria o Garantía de Abastecimiento es un asunto fundamental. Para su correcta planificación consideramos necesario plantear una revisión intermedia de la PAC en 2017, con los ajustes necesarios para asegurar dicha garantía a partir de las producciones europeas. 75 - Desarrollo de los principios de la nueva Política Pesquera Común, fomentando la recuperación de ecosistemas marinos y la gestión sostenible de los recursos como requisitos para garantizar el futuro de las poblaciones pesqueras:
promoviendo el desarrollo de una industria pesquera competitiva y sostenible a largo plazo.
garantizando la aplicación de los nuevos criterios para el reparto de fondos europeos y fomentando la reconversión al sector de ocio y turístico, cultivos marinos y transporte. potenciando las prácticas selectivas y de bajo impacto, y la pesca artesanal o a pequeña escala.
Fomentando la investigación para mejorar la gestión de recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura.
Extendiendo el plan de acción estratégica marítima de la región atlántica al Mediterráneo y regiones ultraperiféricas.
76 - Con el objetivo de mejorar y dinamizar las economías del sector agrario en clave de sostenibilidad, y como prioridad en el desarrollo rural, es necesaria la promoción de nuevos canales alternativos, e imprescindible la organización de la cadena alimentaria dentro de un marco razonable de relaciones comerciales transparentes y libre de prácticas desleales, y siempre teniendo en cuenta las disposiciones legales en materia de defensa de la competencia. Es importante también mejorar los sistemas de control veterinario y vacunación obligatoria
77 - Desarrollo de la normativa europea para regular y controlar el poder de las grandes distribuidoras de productos agrarios, mediante:
medidas reglamentarias fuertes que no distorsionen la cadena del valor.
definir las "prácticas abusivas" como conceptos claros y delimitados, instaurando un marco de control eficaz.
introducción de instrumentos para asegurar los pagos y mejorar en la transparencia en la formación de precios.
creación de un Defensor del Comercio Agroalimentario de la UE y de los Estados Miembros.
aplicación de las reglas de modo que otorguen más poder negociador a productores y cooperativas. 78 - El envejecimiento de la población rural y el abandono de tierras productivas deben frenarse incentivando la incorporación de jóvenes a la actividad rural. Por ejemplo, favoreciendo los sistemas de agrupación productiva o comercial de las explotaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras, y mejorando los sistemas de asesoramiento basados en las organizaciones de productores. 79 - En cuanto al sector lácteo, existe incertidumbre por la finalización del sistema de cuotas lácteas, previsto para 2015. Es necesaria una evaluación europea del impacto de esta medida, que apunta al descenso de los precios de la leche, y la Comisión Europea debe estudiar posibles medidas adicionales para paliar posibles efectos negativos en el sector.
80 - Fortalecimiento de las estructuras de Inspección Europeas alimentarias, de inversión en Biotecnología y, en general, en actividades de I+D de la industria agroalimentaria relacionadas con las normas sobre OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y con la Huella de Carbono, teniendo en cuenta la aplicación del principio de reciprocidad en los acuerdos agrícolas suscritos con países extracomunitarios. Consideramos necesario un debate abierto y riguroso, basado en evidencias científicas y económicas contrastables, sobre los beneficios, consecuencias y riesgos de la biotecnología en general y de los OGM en particular.
81 - Prevenir el desperdicio alimentario, un lastre económico, ambiental, sanitario y moral. Entendemos que la UE debe abordar este asunto tanto desde el punto de vista de los productores, estableciendo políticas anti cíclicas de organización de mercados y conservación de excedentes, como del interés del consumidor, permitiendo el acceso a excedentes tanto a la población vulnerable como en general. Esto hace imprescindible una distribución con etiquetado y normas para un consumo seguro y anti despilfarrador. La política preventiva del desperdicio debe incluir acuerdos con Bancos de Alimentos y otras organizaciones del sector.
4 - LA EUROPA SOCIAL: PROPUESTAS DE UNIÓN LABORAL, CULTURAL, EDUCATIVA Y SOCIAL EUROPEA
82 - El debilitamiento de la unión política de Europa, coincidente con la crisis económica y del euro, tiene como primera consecuencia el debilitamiento de la Europa social. Se ha argüido que el Estado de bienestar y las políticas igualitarias se deben sacrificar para salvar el euro, como si las conquistas sociales (pensiones, seguridad social, asistencia a los desfavorecidos, etc.) fueran las responsables de los despilfarros y la mala gestión que inflaron las burbujas financiera, inmobiliaria o de infraestructuras. La realidad, demostrada desde el siglo XIX, es que el progreso en la igualdad favorece el crecimiento económico de Europa, mientras que el crecimiento de la desigualdad y la permisividad con la exclusión social no sólo son fenómenos injustos, sino que terminan afectando muy negativamente a la economía por varias vías, como la caída del consumo y el aumento de la conflictividad social y laboral.
83 - El progreso de la "Europa social" es necesario para la calidad democrática de la unión política de Europa, y también para la salida de la crisis económica y la instauración de una unión monetaria estable. El llamado "Estado de bienestar" es una invención propiamente europea, ligada al concepto de una ciudadanía no sólo dotada de libertades civiles y políticas, sino basada en la igualdad jurídica y de oportunidades como premisas de la libre competencia, la innovación y la iniciativa privada en una economía social de mercado. Por tanto, el progreso de la democracia, tal como se ha concebido históricamente en Europa, está íntimamente vinculado al de la igualdad social. Entendemos que la consecución de una ciudadanía europea común siempre debe incorporar los objetivos de la inclusión social y de la lucha contra la desigualdad y la exclusión por razones económicas. Apoyamos la Plataforma Europea contra la pobreza y la exclusión como una de las iniciativas de la Estrategia Europea 2020 para el crecimiento sostenible e integrador, dentro del objetivo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
84 - Los Tratados de la UE reconocen hoy la libertad de circulación y establecimiento de los trabajadores y emprendedores europeos, pero son necesarias nuevas medidas que permitan a los ciudadanos hacer un uso efectivo de esa libertad. Propondremos que se faciliten a los desempleados los medios necesarios para buscar trabajo y formarse profesionalmente en cualquier Estado de la Unión Europea, permitiendo que los desempleados perceptores de una prestación, contributiva o asistencial, la sigan percibiendo aunque se desplacen de un Estado a otro.
85 - Mayor coordinación entre Estados en materia de protección de los parados, incluyendo la creación de un complemento europeo de las prestaciones nacionales con cargo al Fondo Social Europeo. Este complemento europeo debería permitir al desempleado que se desplace a otro Estado la percepción de una prestación proporcional al nivel de vida de aquel Estado, de manera que cuente con medios de vida suficientes mientras busca trabajo o emprende una actividad empresarial.
86 - Avanzar en la coordinación de los servicios públicos de empleo europeos, creando una base de datos laborales común que permita a cualquier ciudadano de la Unión acceder a todas las ofertas de empleo y formación que gestionan estos servicios públicos, superando el limitado acceso que actualmente proporciona la Red EURES. En este sentido, el Fondo Social Europeo debería dedicar más recursos a subvencionar la participación de trabajadores desempleados en acciones de formación en Estados de la Unión distintos al suyo de origen, aprovechando mejor los recursos formativos de los servicios públicos de empleo europeos.
4.1.1 - Creación de una Seguridad Social Europea
87 - Debe crearse una institución europea que garantice coberturas mínimas comunes a todos los ciudadanos de la UE, dotando de contenido material a la ciudadanía europea según los principios de igualdad, equidad y solidaridad, con independencia de origen nacional. Esta medida tendría efectos positivos en la movilidad dentro de la UE, superando las diferencias de cobertura y financiación del sistema de Seguridad Social, distintos en cada Estado. Los principios guía de una Seguridad Social Europea serán: a) principio de igualdad de trato entre los nacionales de los Estados de la UE. b) principio de conservación de los derechos adquiridos.
d) principio "pro rata temporis", en el que cada país paga su parte en función del tiempo cotizado.
4.1.2 - Creación de una Inspección de Trabajo europea
88 - La creación de un sistema de Seguridad Social europeo y de instrumentos de empleo como fondos de formación, prestaciones de desempleo europeas, iniciativas de empleo, etc., hace necesaria crear un cuerpo especializado comunitario encargado de velar por el cumplimiento de la normativa conforme a estándares europeos más exigentes que los nacionales, y por la exigencia de las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar de los incumplimientos detectados. La Inspección de Trabajo Europea también será competente para denunciar, y sancionar en su caso, la discriminación laboral en materia de retribuciones, temporalidad y promoción de las mujeres empleadas.
4.1.3 - Empleo juvenil, lucha contra la precariedad y los abusos, y contra el paro de larga duración y en mayores de 45 años
89 - El futuro de la UE depende de 94 millones de europeos de entre 15 y 29 años, de los que en 2011 solo trabajaba el 34%, con un desempleo juvenil en 2011 del 21% (los estudiantes no se consideran población activa). Otro colectivo de 14 millones de jóvenes, los denominados "NINI", está excluido del mercado laboral y de la educación, con enormes costes económicos y sociales. En 2011 se valoraron las pérdidas económicas debidas a la desvinculación de los jóvenes del mercado de trabajo en 153.000 m€ (1,2% PIB UE). Es imprescindible adoptar medidas específicas de carácter europeo para promover el empleo juvenil, la formación de los "NINI" y la integración en el mercado laboral.
90 - Las políticas de empleo son adoptadas por los Estados, sin que la participación de la UE vaya más allá de meras recomendaciones u obligaciones genéricas que los Estados se encargan de concretar, lo que impide comparar y evaluar la eficacia de esas medidas. Se debe establecer un seguimiento y una evaluación rigurosos para poder fundamentar la formulación de las políticas de empleo eficaces, basadas en indicadores comunes y homogéneos, estableciendo protocolos de buenas prácticas a nivel europeo para el diseño y aplicación de las políticas.
91 - El empleo temporal y precario afecta de modo especial a los jóvenes. La propia Comisión Europea ha mostrado su preocupación: en 2013 el 42% de los jóvenes que trabajan en la UE tenían un contrato temporal. Aunque la contratación temporal puede ser beneficiosa en un primer momento para facilitar la transición entre la educación y el mundo laboral, no puede convertirse en empleo precario permanente. Se debe incentivar la contratación indefinida frente a la temporal, destinando ayudas europeas únicamente a la generación de empleo de calidad, estable y sostenible mediante el establecimiento de un "Programa Europeo Para el Empleo Estable". También medidas para combatir el fraude en la contratación temporal y en el "trabajo por cuenta propia", prácticas muy extendidas.
92 - Especial atención a los colectivos vulnerables con mayor probabilidad de exclusión del mercado laboral, como enfermos y discapacitados, los de bajo nivel de estudios, los mayores de 45 años y los procedentes de la inmigración. Se les debe facilitar la cualificación necesaria para acceder al empleo y evitar la exclusión social, un problema estructural que debe abordarse de manera sistemática.
93 - Creación de un "Programa Europeo de Formación Mínima" que establezca la vuelta a los estudios reglados de las personas que lo abandonaron prematuramente y para los casos de fracaso escolar, estudiando la posibilidad de acreditar sus competencias profesionales adquiridas tomando como referencia el Marco Europeo de Cualificaciones. Programa específico para desempleados mayores de 45 años, en grave peligro de exclusión social. Para desarrollar procesos adecuados de acreditación de competencia profesional, los fondos deben dotar de medios y personal adecuado a los centros que impartan esa formación,
4.2 - SANIDAD
94 - El derecho a la salud y a la asistencia sanitaria es un derecho fundamental, por lo que una auténtica ciudadanía europea comporta desarrollar un sistema europeo de salud a partir de los sistemas existentes. Por otra parte, la población europea es cada vez más móvil entre los diferentes Estados de la UE por todo tipo de razones -laborales, educativas, profesionales, turismo y segunda residencia-, y eso hace indispensable establecer programas comunes y evaluables de promoción y prevención de la salud. Tienen particular importancia: una cartera mínima europea de servicios sanitarios de atención primaria.
programas para la tercera edad, teniendo en cuenta el envejecimiento demográfico en toda Europa. calendario vacunal europeo adaptado regionalmente, con las vacunas que hayan demostrado más eficacia epidemiológica.
un registro europeo de profesionales sanitarios convenientemente actualizado, y con planes de estudios armonizados para facilitar la libre circulación y acreditación de profesionales.
desarrollo de programas de formación de especialistas con contenidos y duración comunes para todos los países de la Unión.
promover el desarrollo de las especialidades de enfermería, fisioterapia y técnicos superiores sanitarios.
protocolos europeos de detección y tratamiento de enfermedades infecciosas, estableciendo convenios de prevención con países terceros con alto grado de morbilidad del SIDA y otras afecciones.
protocolos europeos de detección y tratamiento de trastornos y enfermedades mentales.
potenciar la práctica de la Actividad Física y el Deporte en todas las edades, con la intensidad adecuada a cada edad, para la mejora y mantenimiento de la salud física y psíquica.
95 - Progresar en la consecución de la igualdad sanitaria para todos los europeos, lo que significa recibir asistencia de calidad en todos los países de la UE. El desarrollo de la Tarjeta Sanitaria Europea permitirá el pleno acceso a los servicios públicos de salud de cualquier país de la Unión de acuerdo con normas y derechos comunes, lo que deberá completarse con sistemas para compartir información clínica de pacientes que viajan por Europa. Las Administraciones deberán resolver entre ellas los gastos generados, sin sobrecargar de gestiones burocráticas a quienes hayan necesitado asistencia, tomando las medidas necesarias para prevenir o penalizar posibles abusos.
96 - La mejora de la calidad de la asistencia y los servicios sanitarios de los distintos sistemas de salud aconseja la creación de un Sistema Europeo de Acreditación y Evaluación de Centros y Servicios Sanitarios, basado en el modelo de la Joint Commision. Se debe fomentar la participación de los sistemas de salud nacionales en modelos de calidad europeos, como el EFQM o ISO, que faciliten una certificación basada en normas comunes.
97 - La Unión Europea ha hecho un gran esfuerzo por desarrollar de una manera efectiva un Espacio Europeo de Educación Superior que facilite tanto el intercambio de estudiantes entre universidades y centros de diversos países, a través del exitoso programa de becas Erasmus, como del programa Marie Curie de incentivos para la promoción de programas de intercambios académicos e investigación. Esta política debe mantenerse, reforzarse con nuevos objetivos, y continuar activa en la Formación Profesional (programa Leonardo), la educación obligatoria y secundaria (programa Comenius), y de adultos (programa Grundvig).
4.3.1 - Educación obligatoria y secundaria
98 - Inclusión en todos los sistemas educativos de los países miembros de la UE de materias comunes relativas a la historia y cultura europea, y sobre los Tratados y las instituciones de la UE. Estas asignaturas deben promover los valores democráticos y proporcionar los conocimientos básicos sobre lo que nos une a los europeos: el tormentoso pasado de enfrentamientos y guerras, la superación de ese pasado con la creación de instituciones políticas, y la existencia de una cultura común que constituye la verdadera identidad supranacional de los ciudadanos europeos.
99 - El éxito de los programas de creación de un Espacio de Europeo de Educación Superior debe reforzar los programas análogos dedicados a la educación obligatoria y secundaria (Comenius), incentivando el intercambio de alumnado y docentes, la colaboración entre centros educativos de distintos países, y muy especialmente el intercambio de experiencias educativas de calidad que puedan mejorar los sistemas educativos de los países miembros, incluyendo programas de evaluación educativa europeos análogos al PISA de la OCDE. Dichos programas de evaluación deben ser transparentes en su periodicidad, tribunales y miembros que los componen, y evaluables a su vez por los agentes implicados y evaluados.
100 - El lógico respeto a las características de cada país y a las tradiciones y legislaciones educativas nacionales, así como a la diversidad de lenguas, no debe ser óbice para aspirar a constituir un verdadero Espacio Educativo Europeo con objetivos y métodos comunes, tanto para reforzar mediante la educación la idea y práctica de la ciudadanía europea, un objetivo esencial, como para facilitar y favorecer el desplazamiento de las familias y escolares entre los diversos países de la UE.
4.3.2 - Educación superior y universidades
101 - Incentivos a la movilidad laboral de jóvenes a través de la red EURES. En términos generales, mejorar el nivel educativo contribuye a disminuir la duración de búsqueda de empleo e incrementa las expectativas salariales de los jóvenes. No obstante, la crisis actual ha menguado considerablemente la capacidad de contratación de empresas y las posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo. Consideramos pertinente que la Comisión Europea, a través de su red EURES, promueva incentivos para la movilidad laboral de jóvenes desempleados con una cualificación profesional relevante.
102 - Las universidades europeas deben ser uno de los motores de desarrollo social, económico y cultural de Europa. No basta con la muy positiva movilidad académica del alumnado y del profesorado para fomentar las relaciones y experiencias entre ciudadanos europeos. Hay que potenciar la investigación comunitaria, y el Grupo de Investigación es un instrumento interesante para materializar la colaboración entre profesores y académicos de los centros universitarios europeos, construyendo un espacio de investigación europeo común.
103 - Incentivos a la movilidad de docentes y estudiantes dentro de la Unión, simplificando y armonizando las diferentes becas y ayudas para estudiantes en el seno de la Unión. El desarrollo del sistema Erasmus debe ser supervisado para evitar que acabe en un recorte encubierto de número de becas y de su cuantía. Al contrario, debe crecer la inversión europea en estas becas, con una base fiscal progresiva para hacerlas accesibles a la mayoría de los universitarios europeos. Las becas de movilidad deben aumentarse en número y cantidad, multiplicando los intercambios. Se debe resolver la finalización de los estudios en otra universidad europea distinta de la de origen, estableciendo tablas de convalidacioÌn que faciliten continuar los estudios.
104 - Supervisión y armonización del proceso "Bolonia" en la UE, que debe asegurar que cada Estado miembro tenga establecido su propio Espacio Universitario propio a nivel nacional como requisito para acceder al Espacio Universitario Europeo de manera ordenada, lo que implica:
revisar el concepto y práctica de la autonomía universitaria, separando la gestión económica y administrativa de la académica y científica, con el fin de procurar en todo momento que éstas últimas no se encuentren subordinadas a las primeras.
Unificar criterios de contratación de personal docente e investigador, promoviendo la movilidad y diferenciando ambas carreras como ocupaciones que requieren cualidades diferentes, y ambas complementarias en el cumplimiento de la misión universitaria.
revisar la financiacioÌn y administracioÌn de las universidades, y racionalizar y unificar el cataÌlogo de titulaciones universitarias, paso previo para potenciar un verdadero Espacio Universitario y la movilidad real en la UE.
4.3.3 - Investigación y ciencia
105 - El Tratado de Lisboa estableció el objetivo de un 3% del PIB en inversión en I+D como media de los países miembros de la UE. Existen importantes esfuerzos de coordinación, movilidad y distribución de recursos de la UE a través del programa Horizonte 2020. La mayoría de estos recursos se obtienen de forma competitiva entre investigadores, instituciones y empresas de la UE. Sin embargo, cada Estado miembro de la UE decide cómo invierte sus recursos públicos en I+D, y se producen frecuentes e importantes altibajos en la inversión de algunos países, algo altamente lesivo para un sector que requiere una inversión continuada, estable y duradera.
106 - Las diferencias nacionales generan desigualdad en las posibilidades de acceso a los programas y subvenciones europeas para investigación. Los países mejor preparados y con más y mejor inversión en I+D tienen más probabilidades de conseguir las subvenciones competitivas de la UE. Además de desigualdad, esto genera diferencias de velocidad y dispersión muy altas. Es necesario desarrollar una verdadera política europea de I+D que minimice y compense las diferencias de inversión entre los Estados y empresas, considerando la ciencia y tecnología europea como un sistema integrado que facilite:
el máximo aprovechamiento de la cooperación en los distintos niveles de actuación.
una mejor coordinación de las políticas europeas y nacionales.
la consolidación de las capacidades estructurales.
la creación de redes de equipos de investigación.
una mayor movilidad de las personas y las ideas.
107 - Apoyaremos el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación mediante el nuevo Programa Marco Europeo de I+D+I, Horizonte 2020, y de la iniciativa denominada "Unión por la innovación", que tiene como objetivo mejorar las condiciones de financiación y acceso a la investigación y la innovación, a fin de garantizar que las ideas innovadoras puedan convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y empleo, desde la investigación hasta la comercialización.
108 - La UE debe trabajar hacia la unión de políticas en I+D a través de normativas y/o directivas europeas de obligado cumplimiento. En particular, todos los Estados miembros han de dedicar un porcentaje mínimo de su PIB a I+D+i para conseguir el 3 % de inversión del PIB comunitario, con mecanismos de financiación complementaria para los Estados miembros que no alcancen el 2 % de su PIB. Promoveremos que el Programa Marco Europeo de I+D+I, Horizonte 2020 incluya medidas como: la mejora de incentivos fiscales, la creación de un "Fondo de Fondos" mixto público-privado de Capital Riesgo, especializado por sectores de producción, para superar el retraso histórico europeo con respecto a EE.UU.
la apuesta por sectores tecnológicos de alto riesgo y por equipos de vanguardia en proyectos de investigación básica.
El apoyo a la investigación en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.
la generación de herramientas financieras adecuadas que permitan apostar por grandes proyectos innovadores a largo plazo.
la mejora de las condiciones laborales del personal investigador joven para atraer a los mejores talentos del mundo y evitar la preocupante "fuga de cerebros" que sufre la UE.
la apertura de mercados y la internacionalización de empresas, productos y servicios innovadores mediante incentivos económicos y logísticos, desarrollando un entramado de apoyo logístico para las pequeñas y medianas empresas europeas.
la creación de un sistema europeo de carrera profesional de investigación, y de titulación y evaluación del personal investigador.
la creación de plataformas tecnológicas a nivel europeo (clusters y networks) como vehículo de competitividad e internacionalización de empresas y grupos de investigación.
el desarrollo de proyectos multidisciplinares que fomenten las sinergias entre diferentes áreas tecnológicas y de conocimiento. la creación de un programa de pasarelas, intercambio y tutorización entre investigadores y empresarios de los diferentes Estados miembros de la UE.
Revisión de los sistemas actuales, excesivamente burocratizados, de administración y gestión de recursos para la investigación, simplificando los trámites, aliviando la carga administrativa y evitando en lo posible compartimentar recursos y objetivos.
implantar un sistema europeo único de patentes y propiedad intelectual, para hacerlo más competitivo.
creación de un organismo de evaluación del ROI (Return On Investment) del "Fondo de Fondos" de carácter científico-financiero, para evaluar el cumplimiento de programas, beneficios obtenidos y su reparto proporcional en la inversión mixta público-privada.
109 - Promover la igualdad entre hombres y mujeres en la investigación y la innovación, para integrar la dimensión de género en la ciencia y en las programaciones y estrategias de investigación e innovación. Se fomentarán medidas para que las mujeres no abandonen la carrera investigadora en edades críticas y decisivas, facilitando así la accesibilidad a los puestos de trabajo en todas las etapas de la carrera investigadora.
4.4 - CULTURA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
110 - Pese al importantísimo papel de la cultura en la formación de una conciencia europea y en la promoción del europeísmo, la historia de la Unión Europea ha sido hasta ahora sobre todo la historia de un Mercado Común, mientras las políticas culturales quedaban en manos de los Estados y las regiones. Sin embargo, la percepción común de compartir una cultura de enorme riqueza y complejidad debe ponerse el servicio de la construcción europea, pues ya no es solo propia de las élites sino de cualquier persona educada, y también de amplias mayorías gracias al turismo. Es necesario establecer políticas europeas para el estudio, protección y conservación del patrimonio histórico-artístico europeo, de promoción de la creación cultural, y de difusión de la cultura europea en la educación obligatoria de los Estados miembros de la Unión, superando las visiones más centradas en lo local y nacional. También es de interés la promoción de Europa como destino turístico en otros continentes en los que, paradójicamente, hay una percepción más clara de la cultura y el patrimonio europeo como un todo.
111 - La cultura debe ser un elemento fundamental de unión de los ciudadanos europeos. Una fiscalidad cultural común ayudaría en este sentido, con un IVA Cultural reducido para el conjunto de la Unión Europea, protección de la industria del libro con IVA súper reducido y equiparación del libro electrónico al de papel. El mercado del arte también debe tener un tratamiento fiscal común en los Estados miembros de la UE para erradicar la competencia desleal entre galerías y ferias de arte, así como el mecenazgo y el patrocinio privado de actividades culturales.
113 - Debate en el Parlamento Europeo de un proyecto de Ley de Mecenazgo y micromecenazgo (crowdfunding) para toda la Unión Europea, que tenga como objetivo favorecer el patrocinio privado en todos los ámbitos de la cultura y la investigación, así como difundir y promover tipos de financiación alternativa.
114 - Promover la presencia de artistas y productos culturales europeos en América, Asia y otros mercados emergentes mediante la creación de una Oficina Europea de apoyo a la exportación de bienes culturales y de internacionalización de la cultura que proporcione asesoramiento, información especializada y acceso a fuentes de financiación.
4.4.1 - Medidas para el libre desarrollo de la sociedad de la información
118 - La promoción de los valores de igualdad es un elemento esencial del proyecto europeo. Así, en el artículo 2 del tratado de la CE se proclama el fomento y respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías, así como la igualdad entre la mujer y el hombre. El artículo 3 establece la supresión de las desigualdades de género, la exclusión social y la discriminación, así como la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño en los objetivos, las estrategias y las acciones comunitarios. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión hace referencia de forma expresa a la importancia de las políticas de igualdad. Esta voluntad política se ha traducido en numerosas Directivas y otras iniciativas del Parlamento Europeo que han mejorado de forma sustancial las cotas de igualdad en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en este ámbito. Un ejemplo es el que pone de manifiesto la Carta de la Mujer 2010, que señala ámbitos de actuación específicos que siguen vigentes para el próximo periodo de mandato del Parlamento Europeo, y también la Estrategia 2020.
119 - Deben reforzarse las políticas encaminadas a la total integración laboral, en el contexto actual de crisis, de las personas con mayores dificultades de inserción, como las personas con discapacidad, el colectivo transexual y personas portadoras del VIH/SIDA. 120 - La tasa de actividad y el nivel de empleo femenino han experimentado mejoras importantes que lo aproximan al objetivo de Lisboa del 60%. Sin embargo, persisten grandes desigualdades entre Estados miembros con cifras que oscilan entre el 37% y el 73% que es necesario abordar.
121 - Mayor equiparación entre las condiciones de mercado de trabajo para hombres y mujeres con vistas a erradicar las situaciones de desigualdad actualmente existentes: la menor remuneración media de las mujeres frente a los hombres tanto en periodo laboral como de retiro, la calidad del trabajo desempeñado, especialmente en lo relativo a temporalidad y empleo a tiempo parcial, y el acceso a la promoción laboral y a puestos de dirección y de participación política. 122 - Para acometer la reducción de estas desigualdades es necesario:
Impulsar los permisos y excedencias parentales iguales entre los dos progenitores. Seguir fomentando las medidas de conciliación para mujeres y hombres en las empresas.
Garantizar los servicios sociales de guarderías y atención a dependientes.
123 - Impulso del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población de la Unión, sin discriminación alguna y con especial atención a la educación sexual, a través de Directivas europeas que garanticen el acceso a estos servicios, independientemente del sesgo ideológico de los gobiernos de los estados miembros.
124 - Combate contra la violencia de género, y a favor de los sectores más desprotegidos frente a las diversas formas de violencia: niños, adolescentes, mayores, minorías étnicas, mujeres y personas con discapacidad.
125 - Debe garantizarse la protección de los menores en su derecho al contacto con ambos progenitores, y con sus familias extensas, en caso de disolución del vínculo entre éstos. Promoción de la custodia compartida como método preferente para garantizar este interés del menor. Esto es especialmente importante en el caso en el que los progenitores residan en diferentes Estados miembros, o cuando uno de ellos resida en un país tercero. Debe regularse el consentimiento de ambos progenitores para los cambios de residencia del menor.
126 - La población de la Unión Europea envejece a un ritmo sin precedentes. Debe impulsarse una nueva cultura basada en los derechos de las personas mayores, promoviendo un cambio de mentalidad y de actitudes sociales respecto al envejecimiento. Los mayores, como las personas con discapacidad, no deben ser consideradas como meros receptores de medidas de bienestar social, sino miembros activos de la sociedad con sus propias aportaciones al interés general.
127 - Desarrollo, mediante iniciativas legislativas, del artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que consagra el derecho de los mayores a una vida digna e independiente, y a participar de la vida social y cultural. Impulsar el desarrollo del derecho a las prestaciones y servicios para las personas dependientes.
128 - La lucha contra la trata de personas, moderna forma de esclavitud, debe ser otro eje de la política europea en materia de igualdad. La Unión Europea constituye uno de los destinos principales de esta forma de atentado contra los derechos humanos, pero también contiene en su seno focos de victimación que deben abordarse con urgencia, como el trabajo forzado, la mendicidad y la explotación sexual. Deben fomentarse políticas europeas de lucha contra las redes de trata, que actúan en su práctica totalidad a escala transnacional. La Estrategia de la UE hacia la Erradicación de la Trata de Personas 2012-2016 se debe impulsar de forma decidida.
129 - Impulso de políticas que profundicen y consoliden la protección de minorías. En relación con la minoría LGBTI, las diferencias de trato legal entre los Estados miembros son también importantes, incluso con retrocesos en algunos de ellos. Y también falta una política integral de protección de estos derechos, como ha sido recientemente señalado por el Comité de Derechos Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo.
130 - Debe promoverse una Directiva Marco de protección de los derechos efectivos de la población LGBTI, de la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en los ámbitos del empleo, educación, salud, libertad de reunión y expresión y asilo. Esta Directiva deberá garantizar el reconocimiento, entre los Estados miembros, de los matrimonios igualitarios y de los vínculos alternativos en igualdad de condiciones con los matrimonios heterosexuales, incluyendo la posibilidad de adopción y de guardia y custodia de menores, garantizado en el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que reconoce el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, y en el artículo 21 que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual.
131 - Garantías contra la discriminación de las minorías étnicas, en particular la mayor de ellas, la romaní o gitana, por parte de todos los Estados miembros. El desarrollo de la Estrategia Europea de Inclusión de la Población Gitana debe complementarse con el pleno cumplimiento de la Directiva 2012/29/UE, incluyendo sanciones a los Estados que las incumplan. Cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de DD.HH. y de la Observación nº 7 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con los desalojos forzosos de población sin ofrecer alojamiento alternativo adecuado.
132 - Como criterio de establecimiento de relaciones preferentes con terceros países, la UE debe exigir el respeto a los DD.HH. en general, y a las minorías LGBTI en particular.
133 - Considerando que la introducción de cláusulas sociales en la contratación y la concesión de subvenciones públicas es un valioso instrumento para fomentar la igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación, y para la lucha contra la exclusión social, apoyaremos la aprobación de una Directiva Europea en esta materia con la inclusión expresa de la cláusula social horizontal, que es una novedad del Tratado de Lisboa esencial para la contratación pública sostenible y para la integración de criterios sociales horizontales en todo el procedimiento de contratación.
4.5.1 - Apoyo a la discapacidad
134 - Casi 80 millones de ciudadanos de la UE sufren una discapacidad más o menos grave. Los obstáculos físicos a que se enfrentan, como el acceso a los centros de enseñanza o al lugar de trabajo, les hace más vulnerables a la exclusión social. El nivel más bajo de empleo y educación significa que el índice de pobreza de las personas discapacitadas es un 70% mayor que la media. La Estrategia Europea en Materia de Discapacidad tiene por objeto facilitar a esas personas una existencia autónoma y el ejercicio de sus derechos ciudadanos con la eliminación de obstáculos a la inclusión.
135 - Aprobación del Acta Europea de Accesibilidad, que deberá abordar entre otros ámbitos la accesibilidad al entorno construido y al transporte, y el acceso a bienes, productos y servicios, TIC y medios de comunicación etc. Su objetivo es evitar la fragmentación del mercado y hacer más atractiva la producción y prestación de bienes y servicios accesibles, un avance significativo sobre la legislación existente en numerosos Estados miembros.
136 - Aumentar las sanciones a cualquier entidad que discrimine por discapacidad, conculcando el derecho a la igualdad efectiva en cualquier rincón de la UE. Se debe exigir la aplicación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Europa, instrumento legal que ha supuesto un cambio radical en la visión de las personas con diversidad y que hace de la discriminación una cuestión de derechos humanos que afecta al acceso a la justicia, a la libertad de circulación, a la participación en la vida política y pública, a la educación y el empleo, y a la protección contra la tortura, la explotación y la violencia.
137 - La normativa sobre discapacidad debe ser uniforme, clara y concisa en toda la Unión Europea, especialmente en la definición de los criterios de homologación, identificación y reconocimiento, en todo el territorio de la Unión, de los documentos emitidos en cualquier país miembro que acrediten la situación de discapacidad y de las prestaciones derivadas de la misma.
138 - Impulsar el reconocimiento europeo de la figura del Asistente Personal de las personas en situación de dependencia, delimitando sus funciones y creando para ella un perfil profesional y académico, así como los cambios legales que favorezcan la creación de Oficinas de Vida Independiente con financiación pública, gestionadas por las personas con discapacidad.
139 - Facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en la Unión Europea, armonizando las ayudas e incentivos al empleo ordinario, a la promoción de los centros especiales de empleo, y a empresas de inserción y empleo autónomo para personas con discapacidad. Promover medidas de asesoramiento destinados a las empresas, sobre todo a las PYMES, y extender a toda la UE la aplicación de cuotas de reserva de empleo para personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores. 140 - Impulsar la "educación adaptada" con normas europeas que ofrezcan respuestas personalizadas a las necesidades especiales de los alumnos discapacitados dentro del entorno educativo. Promover el cumplimiento de la Declaración de Riga del 2006 sobre "Tecnologías de la Información y la Comunicación para una sociedad inclusiva", para avanzar en la accesibilidad a la sociedad de la información. Apoyar las iniciativas culturales que sean inclusivas para personas con discapacidad.
141 - Creación de una red europea de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana para que se cumpla el derecho a la igualdad. Para ello es necesario un Plan Integral de Atención Temprana, de ámbito europeo, que garantice la atención a niños de 0 a 6 años, con trastornos en el desarrollo o riesgos de padecerlo por cualquier causa, y a sus familias. Estas acciones tendrán un planteamiento global y el objetivo de facilitar el máximo desarrollo de los niños, el bienestar de sus familias y su integración social. © UPyD - Tel: 91 598 22 86. Fax: 91 389 63 50. Apdo. Correos 500. 28080 - Madrid | Aviso legal y Política de Cookies | Mapa web | Optimizado a 1024 x 768 píxeles | La gestión de las cookies en el sitio de Unión Progreso y Democracia

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