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Timestamp: 2019-07-17 09:29:18+00:00

Document:
Resolución de TEAF Bizkaia, 5640, 09-07-2009 | Iberley
Artículo 9.2 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Bizkaia
Exención para las rentas percibidas por incapacidads permanente cualificada.
Rentas exentas.La exención prevista en la normativa del impuesto para las pensiones por incapacidad permanente total cualificada es aplicable a las reconocidas como tales por la Seguridad Social, sin que resulte de aplicación a las reconocidas por la Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente total, que no adquieren la naturaleza de cualificadas por el mero hecho de que el perceptor alcance la edad de 55 años.
En la Villa de Bilbao, a 9 de julio de 2009, reunido el Tribunal Económico-administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha adoptado el siguiente
Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 1774/2008, promovida por DON XXX, contra Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007.
PRIMERO.- La parte actora presentó en fecha 24 de junio de 2008 declaración por el concepto y ejercicio anteriormente señalados, en la que consignó una cantidad a ingresar de 9861,64 euros.
SEGUNDO.- El Servicio de Tributos Directos practicó liquidación provisional en la que rectificó la declaración anteriormente citada, con un resultado final a ingresar de 20.204,95 euros.
TERCERO.- En fecha 14 de agosto de 2008 se interpone recurso de reposición contra la mencionada liquidación, recurso que fue desestimado por Acuerdo del Servicio de Tributos Directos.
CUARTO.- Contra el citado acuerdo se promueve en fecha 30 de diciembre la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la rectificación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos documentos estima pertinentes en defensa de su derecho.
SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación equivale a determinar si se debe considerar o no exenta la pensión percibida por la esposa de la parte actora.
TERCERO.- De conformidad con la documentación obrante en esta Hacienda Foral la parte actora presentó declaración-liquidación en la que consignó en concepto de ingresos de trabajo personal la cantidad de 69.600,00 euros.
El contribuyente es requerido a fin de que justifique entre otros, 'certificado de retenciones por rendimientos del trabajo personal (modelo 10T) del cónyuge al objeto de acreditar la naturaleza de la prestación satisfecha por el INSS'.
Tras contestar al requerimiento la Administración de Tributos Directos practica liquidación provisional en la que modifica los rendimientos de trabajo consignando la cantidad de 88.809,26 euros en base a 'ingresos de trabajo personal no consignados por el declarante y/o su cónyuge que constan en esta Hacienda Foral'.
En la presente instancia manifiesta que la pensión permanente total que percibe su cónyuge ha adquirido la naturaleza de cualificada por ser la declarante mayor de 55 años, y que el no reconocer tal calificación '...produciría un doble perjuicio al recurrente, en virtud de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, ya que por una parte le impediría disfrutar de por vida, de un incremento del 20% sobre la pensión y además, desde la entrada en vigor de la Norma Foral 6/2006, esto es, desde el 1 de enero de 2007, se le impediría también disfrutar del beneficio de la exención de su pensión en el Impuesto sobre la renta de las personas Físicas', produciéndose con esta situación una vulneración de los principios constitucionales de capacidad económica e igualdad, tal y como pone de manifiesto el Ararteko en su Recomendación 6/2008 de 14 de abril.
QUINTO.- El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, preceptúa en su artículo 137 que '1. La invalidez permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados:
Así, englobada en la incapacidad permanente total por la inhabilitación al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, se prevé la incapacidad permanente total cualificada. Se trata de un subtipo de incapacidad permanente total que prevé un incremento de la pensión de un 20% para los trabajadores que por las circunstancias que se expresan a continuación encuentren especiales dificultades para obtener empleo en una actividad distinta de la habitual anterior: tener 55 o más años; falta de preparación; circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1646/1972, de 23 junio, que señala que '1. El derecho a incremento de la pensión por incapacidad permanente total previsto en el número 4 del artículo 11 de la Ley 24/1972 (RCL 1972, 1166) se reconocerá, en su caso, a los trabajadores declarados en dicha situación a partir del 1 de julio de 1962, siendo competente, a estos efectos, el mismo Organismo que reconozca o hubiere reconocido la pensión. 2. El requisito de edad exigido en el precepto legal citado será, como mínimo, de cincuenta y cinco años.3. El incremento a que el presente artículo se refiere consistirá en un 20 por 100 de la base reguladora que se tome para determinar la cuantía de la pensión.4. El incremento quedará en suspenso durante el período en que el trabajador obtenga un empleo'.
En el caso de trabajadores del Régimen Especial de Autónomos, la prestación de incapacidad es igual a la del Régimen General salvo las peculiaridades establecidas para este régimen especial, regulado en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. En el artículo 38 del citado Decreto, en su redacción dada por el Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre reconocimiento del incremento de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los trabajadores por cuenta propia, se regula la misma.
SEXTO.- De conformidad con la documentación obrante en esta Hacienda Foral, la esposa de la parte actora percibe una prestación de pensión de incapacidad permanente total por importe de 19.209,26 euros y 2113,02 euros de retenciones.
En primer lugar, y en contestación a la alegación de que el no reconocer tal calificación produciría un doble perjuicio, ya que le impediría disfrutar de por vida de un incremento del 20% sobre la pensión, señalar que la competencia para reconocer la cualificación es del Instituto Nacional de la Seguridad Social a instancia del interesado siempre y cuando que se cumplan los requisitos señalados por la normativa más arriba referida, por lo que el hecho del reconocimiento de la exención a efectos fiscales no implica que la prestación por incapacidad permanente total que percibe la contribuyente tenga el carácter de cualificada para mayores de 55 años.
Tal y como se ha señalado anteriormente, para considerar exenta la pensión por incapacidad permanente total, la normativa fiscal requiere por un lado, que esta sea reconocida a la contribuyente por la Seguridad Social, o por las entidades que la sustituyan, y por otro lado, que sea consecuencia de incapacidad permanente total cualificada de mayores de 55 años, extremo que en el presente caso no ha quedado acreditado.
SEPTIMO.- En segundo lugar, la parte actora señala los argumentos esgrimidos por el Ararteko en su Resolución 6/2008, de 14 de abril, por la que se recomienda al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa que promueva la modificación de la tributación de las prestaciones por incapacidad permanente total en el IRPF.
La citada Resolución señala que 'En el Régimen General de Seguridad Social, las pensiones por incapacidad permanente total para la profesión habitual se pueden incrementar en un 20% cuando la edad del perceptor supere los 55 años y la falta de preparación general o especializada, así como las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia dificulten la obtención de un empleo en una actividad distinta de la habitual anterior. A esta pensión incrementada se le conoce con el nombre de 'pensión por incapacidad permanente total cualificada' y, desde el 1 de enero de 2007, es la única que conserva el carácter de exenta en el IRPF, junto a la de incapacidad permanente absoluta y la de gran invalidez.
En cuanto a los regímenes especiales, agrario, del mar y autónomos, fue el Real Decreto 463/2003 el que extendió el referido incremento del 20% a este colectivo, pero esta extensión tuvo lugar varios años más tarde que en el régimen general y nació con una importante limitación subjetiva, ya que su aplicación quedó restringida a las situaciones de incapacidad permanente que se declararan a partir del 1 de enero de 2003 (Disposición adicional única del RD 463/2003).
Así pues, a día de hoy, una persona que tenga la condición de pensionista por incapacidad permanente total desde una fecha anterior al 1 de enero de 2003 únicamente tiene acceso a la pensión incrementada o cualificada si procede del régimen general de la seguridad social, pero no puede obtenerla si pertenece al régimen especial agrario, al del mar o a autónomos'.
Así, el Ararteko eleva la Recomendación que a continuación se transcribe al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa 'Que promueva las iniciativas oportunas ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, con el fin de eliminar la discriminación injustificada que la redacción actual del artículo 9. 2º y 3º de la Norma Foral 10/2006, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas proporciona a las personas que perciben, como única fuente de ingresos del trabajo y/o de actividad, una pensión por incapacidad permanente total no cualificada'.
La Ley 3/1985, de 27 de febrero del Ararteko, señala en su artículo 11 que podrá 'c). Señalar las deficiencias de la legislación formulando recomendaciones a fin de dotar a la actuación administrativa y a los servicios públicos de la necesaria objetividad y eficacia en garantía de los derechos de los administrados. Estas recomendaciones podrán dirigirse al Parlamento, Gobierno, Juntas Generales, Diputaciones Forales, Ayuntamientos o a las Entidades u Organismos a que se refiere el artículo 9.1.d)'.
Sin perjuicio de las consideraciones realizadas por el Ararteko en su Resolución y las alegaciones efectuadas por la parte actora al señalar que '...se produciría una vulneración de los principios constitucionales de CAPACIDAD ECONÓMICA (ya que se otorgaría la exención a quien dispone de mayor capacidad económica) y de IGUALDAD (se gravaría de manera diferente idénticas manifestaciones de riqueza) reconocidos respectivamente en los artículos 31.1 y 14 de la Constitución Española de 1978', hay que señalar que en lo relativo a la posible nulidad de la liquidación impugnada en base a la supuesta inconstitucionalidad o ilegalidad de la norma en que aquélla se fundamenta, debe señalarse que si bien los órganos colegiados competentes para resolver reclamaciones económico-administrativas reciben la denominación de Tribunales, es evidente que los mismos no tienen carácter judicial sino administrativo y sus acuerdos constituyen actos administrativos, por lo que el ámbito de la vía económico-administrativa no alcanza la legalidad de las normas reguladoras de los tributos por estar limitado, única y exclusivamente a los actos de aplicación de los mismos, resultando evidente la incompetencia de conformidad con el artículo 234 de la Norma Foral General Tributaria, de este Tribunal Económico-administrativo Foral para pronunciarse respecto a la constitucionalidad o no de la disposición señalada por el reclamante, a la vista de lo cual se hace preciso declarar que la liquidación impugnada ha sido practicada de conformidad a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente.
Así, que de conformidad con lo expuesto, y ya que la Norma Foral 6/2006, sólo reconoce la exención de la pensión de incapacidad permanente total cualificada de mayores de 55 años y reconocida por la Seguridad Social, o por las entidades que la sustituya, y dado que en el presente caso este extremo no ha quedado acreditado no procede acceder a la pretensión de la parte actora.

References: Artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 137
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 38
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 234