Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62160&nrobol=1078304_P
Timestamp: 2018-10-22 03:15:09+00:00

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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a los acuerdos de Comités, corresponde pronunciarse en particular acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Educación Superior, con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.783-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 34ª, en 19 de julio de 2017 (se da cuenta).
Educación y Cultura: sesión 71ª, en 12 de diciembre de 2017.
Educación y Cultura: sesión 83ª, en 23 de enero de 2018.
Sesión 72ª, en 13 de diciembre de 2017 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión del 13 de diciembre de 2017.
La Comisión de Educación y Cultura deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos permanentes 7; 9; 10; 15; 17; 18; 21; 22; 24; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 38; 40; 47; 48; 50; 52; 56; 59; 60; 61; 70; 74; 76; 77; 78; 79; 81, numerales 3), 5), 10), 14), 26), 30), 33), 34), 35), 36), 37), 43), 44), 46), 48), 49); 82; 84; 86; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 113; 114; 115; 116; 117; 118 y 124 y los artículos transitorios primero, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo cuarto, décimo séptimo, vigésimo, vigésimo tercero, vigésimo sexto, trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo cuarto, trigésimo sexto, cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero, cuadragésimo quinto y cuadragésimo sexto no han sido objeto de indicaciones en la discusión general ni de modificaciones en el segundo informe, razón por la cual corresponde darlos por aprobados. No se trata de normas de quorum especial.
--Se aprueban reglamentariamente los artículos reseñados por el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, señores Senadores, existe un conjunto de normas orgánicas constitucionales dentro del articulado que se votarían en primer término, de acuerdo con lo que se ha propuesto.
Ellas corresponden a los artículos permanentes 8, letra e); 20, inciso primero, letra b), letras i) y j) párrafos segundos, e inciso final; 34; 51, inciso primero; 81, números 1), 2), 4), 6), 8), 9), 25), 39) y 40); 101; 119, numerales 1), 2), 3), 4), 5) y 6), y 120, número 14), y la disposición segunda transitoria. Como ya mencioné, se trata de normas con rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto favorable de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 21 votos afirmativos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Había un acuerdo para efectuar una sola votación respecto de todos estos artículos, entendiendo que ninguno de ellos ha sido objeto de petición de votación separada.
--Se aprueban los artículos recién individualizados (28 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, se ha propuesto poner en votación los artículos que recibieron indicaciones aprobadas por unanimidad.
Las normas son las siguientes: artículos permanentes 1; 2; 3; 4; 5; 8, letras a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); 16; 19; 20, letras c), d), e), f), g), h), i), j), k), salvo la palabra "controladores", l) m), n), o), q), r), s), t), u), v); 23; 25; 26, en todas sus letras, salvo la f); 29, incisos primero y final; 35; 36; 37; 39, en todas sus letras, salvo la a); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 51, incisos segundo a quinto; 57; 58; 62; 65; 67; 68; 69; 71, en todas sus letras, salvo la b); 72; 73; 75; 80; 81, numerales 7), 8), 12), 13), 15), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 27), 28), 29), 31), 32), 38), 41), 42), 45), 47); 83; 87, en todas sus letras, salvo la a); 101; 102; 109; 112; 119, número 7); 121; 123, y los artículos transitorios tercero; cuarto; quinto; décimo quinto; décimo sexto; décimo noveno; vigésimo primero; vigésimo segundo; vigésimo cuarto; vigésimo quinto; vigésimo séptimo; vigésimo octavo; trigésimo tercero; trigésimo cuarto, encabezado y letra a); trigésimo sexto; trigésimo octavo; cuadragésimo, y cuadragésimo cuarto.
Debo hacer presente que el artículo 66 estaba en esta lista, pero se ha renovado una indicación que recae en él.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Procederemos a abrir la votación sobre estas disposiciones, exceptuando el artículo 66, respecto del cual se ha renovado una indicación.
--Se aprueban los artículos anteriormente reseñados (28 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Guillier, Harboe, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En cuanto al artículo 66, que quedó pendiente, se ha renovado la indicación N° 234, para agregar en su inciso primero -que termina con las expresiones "y plazos previstos en sus estatutos."-, luego del punto aparte, que pasaría a ser punto seguido, la siguiente frase: "Con todo, el total de hombres o mujeres en el órgano colegiado, no podrá ser mayor al sesenta por ciento del total respectivo.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión particular, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, consulto al señor Secretario a qué consejo se refiere, porque, de hecho, el Ejecutivo acogió lo relativo a los nombramientos que hace la Alta Dirección Pública.
Entonces, la indicación puede ser extemporánea.
Por eso, pido que se aclare a qué órgano colegiado se hace alusión en ella.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación hace referencia al órgano colegiado del artículo 66, que en su inciso primero dice lo siguiente: "Las instituciones de educación superior que estén constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro deberán contar, al menos, con un órgano colegiado de administración superior, llámese directorio, junta directiva, consejo superior o cualquier otra denominación (en adelante "órgano de administración superior"),...".
Entiendo que la indicación renovada se refiere precisamente a ese órgano.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, el artículo 66 trata de la junta directiva. La indicación renovada se refiere, entonces, a la forma de organización interna de los establecimientos. Por lo tanto, inmiscuirse en lo relativo a quiénes son nominables puede chocar contra la manera como se elige a los miembros de la junta.
Sobre todo en instituciones como las universidades, no es sano que interfiramos directamente para decir quiénes deben integrar sus órganos superiores.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, voy a argumentar exactamente en la misma línea en que lo hizo la Senadora señora Von Baer.
En la parte final del artículo 66 se dice que cada entidad deberá tener una suerte de órgano superior, "el cual será designado en la forma y plazos previstos en sus estatutos.".
Cuando se dictan normas de esta índole hay que pensar permanentemente en el concepto de "autonomía universitaria".
En este caso en particular, las universidades tienen distintos mecanismos para designar a los miembros de su instancia superior.
Es indudable que, de alguna manera, una disposición como la que se propone interfiere en lo que establecen los estatutos.
Uno puede entender perfectamente cuál es la finalidad que se persigue con la indicación renovada: avanzar en términos de paridad. Pero esto hay que compatibilizarlo con la autonomía universitaria.
Las universidades integran sus organismos superiores conforme a sus estatutos internos. Y estos son propios de la autonomía de ellas. En consecuencia, deben ser respetados.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la idea de la indicación renovada es tener cierta mirada de género que permita presencia equitativa en el órgano colegiado. Y por eso decimos que no podrá excederse el sesenta por ciento del total de hombres o de mujeres.
Lo que proponemos no tiene nada que ver con lo señalado por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pues cada universidad verá cómo concreta la política de equidad de género en la integración del órgano colegiado.
Por consiguiente, es un error sostener que nuestra indicación atenta contra la autonomía universitaria.
Nosotros estamos defendiendo un principio que nos parece importante: el de que haya presencia equitativa de mujeres en el órgano de administración superior, sea cual fuere su nombre: junta directiva, consejo superior, en fin.
Nadie dice cómo las universidades van a elegir a los miembros del órgano colegiado. Estamos planteando la existencia de una mirada de género, lo que nos parece relevante. Porque, normalmente, en dicho órgano la presencia femenina es muy escasa, casi invisible; las mujeres están en franca minoría.
Por lo tanto, con esta indicación renovada estamos dando un paso significativo.
Repito: nuestra proposición nada tiene que ver con la manera como cada universidad elegirá a los miembros del órgano colegiado.
El señor COLOMA.-Señor Presidente, escuché con atención a la colega que me precedió, y debo decir que la indicación renovada implica el establecimiento de una autonomía tutelada.
¡Hay autonomía o no la hay!
Porque existen distintas formas de entender ese concepto.
Obviamente, el tipo de personas nombradas tiene que ver con la identificación que la institución desea lograr en muchos aspectos.
Yo no veo por qué generar una tutela por la vía de condicionar lo que es propio de la libertad universitaria, que no es un concepto de ahora: tiene su raíz en el concepto de universidad.
No se trata de algo que surgió de repente. La autonomía universitaria -dicho sea de paso, ella ha sido objeto de divisiones, de discusiones o de conflictos (probablemente ha estado en el alma de los más grandes que ha habido en Chile)- tiene que ver precisamente con la forma de entender el concepto de libertad. Y si se entiende condicionado a la lógica de un porcentaje de hombres y mujeres para la integración de un órgano colegiado, por ejemplo, ello significa involucrarse en algo que va mucho más allá de lo que envuelve el concepto de autonomía universitaria.
¿Por qué de repente, por ejemplo, no puede haber una visión que valore más a la mujer y le dé un porcentaje mayor en la integración del órgano colegiado? ¡Eso es propio de lo que cada institución vaya determinando!
A mi entender, esto de condicionar, de tratar de tutelar, de generar una norma que restrinja la autonomía apunta en el sentido contrario a la esencia de ese concepto, que en forma centenaria (insisto: no es algo de ahora) ha estado en el eje de todas las discusiones vinculadas a la universidad.
Por eso, me parece que se trata de un mal diseño -además, se repite en otras partes de este proyecto-, el cual no tiene que ver con la idea original del legislador. Es una de esas cosas que se van incorporando en el curso de la tramitación. Por cierto, no afecta al sentido último del proyecto, pero establece una forma restringida de entender la autonomía universitaria, lo que -es mi juicio al menos- implica transitar por el camino incorrecto.
Por tanto, concuerdo con los dos Senadores que intervinieron al comenzar el debate de la indicación renovada, quienes marcaron que la proposición formulada contraría la verdadera autonomía universitaria.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, llama la atención que de nuevo se recurra al argumento de la autonomía universitaria para objetar una norma que en nada afecta al proyecto educativo, a los objetivos, a la definición de cada casa de estudios superiores.
Además, aquello no es nuevo en esta iniciativa. De hecho, quedó contemplado, por ejemplo, a propósito del comité de expertos para la fijación de aranceles sin que nadie argumentara que podría afectar la autonomía universitaria.
Mediante la indicación renovada simplemente estamos diciendo que un género no podrá superar en 60 por ciento al otro. Y creo que eso enriquece la mirada.
Probablemente lo que el Presidente electo, Sebastián Piñera, hizo esta mañana cuando anunció que su Gabinete iba a tener 7 mujeres en un total de 23 ministros va un poco en esa dirección. Realizó un gran esfuerzo.
Por eso, me sorprende que parlamentarios de las bancas del frente no apoyen esta indicación.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, debo recordar que hace pocos días este mismo Senado despachó el proyecto de ley sobre universidades estatales. Allí también se creó un consejo superior, pero no se estableció cuota alguna. Ello, precisamente porque hay que dejar a las universidades que, conforme a su autonomía, resuelvan sobre el particular en sus estatutos.
Opino que en este caso, cuando estamos hablando de la Ley General de Educación Superior, debemos actuar de la misma forma.
Por eso, el artículo 66 está bien concebido: deben ser los estatutos los que regulen este tipo de materias.
Señor Presidente, me llama la atención la intervención del Senador Quintana, quien considera que, a propósito del punto específico de la determinación de cuota, no es propio hablar de autonomía, pues esta no se limita por tal hecho.
Sobre el particular, es importante saber en qué consiste la autonomía de una institución.
Cabe recordar que la palabra "autonomía" viene de "autonormarse". Es decir, hay un tipo de instituciones que tienen competencia para definir sus normas al objeto de alcanzar sus fines.
Eso es lo propio de la autonomía.
Por eso, ella siempre se ha reclamado en el ámbito universitario, para asegurar que las presiones (políticas, económicas, religiosas; las que sean) no interfieran en las decisiones que toma el respectivo plantel para avanzar en sus fines propios: docencia, investigación, en fin.
En tal sentido, cuando uno empieza a poner restricciones por la vía de decir cómo se ha de estructurar el órgano superior, de alguna manera está decidiendo en vez de la institución, fijando criterios que esta debe acoger obligatoriamente.
Es muy distinto decir, por ejemplo, "Las instituciones deberán definir cómo van a asumir una integración de mayor paridad", porque ese es un criterio que se recomienda y que cada uno asumirá según su parecer. Pero fijar una cuota ya entra en el ámbito propio de la autonomía.
Yo no tengo la indicación aquí -lamentablemente, no se entregó- para poder comentarla con mayor propiedad. Sin embargo, tras el debate que he oído, me parece que hay que tener mucho cuidado con la intromisión en materias propias del concepto esencial de la autonomía, que es la facultad de autonormarse, de regularse a sí mismo para cumplir los fines propios de la institución.
Con la indicación renovada, la ley en proyecto está yendo más allá de lo que le corresponde y tomando decisiones propias de la institución, la cual determina en sus estatutos de qué modo quiere estructurar su consejo superior.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, yo creo que esta discusión podría ser larga y, al mismo tiempo, entretenida.
Desde el Comité PPD escuché intervenciones que hablaban del origen de la autonomía.
El origen de la autonomía universitaria data de los años 1000, 1100, 1200, cuando las universidades no dependían del Estado. Al contrario, querían independizarse del soberano, tener capacidad para opinar y decidir con tranquilidad y libremente.
Por eso se crea el concepto de "autonomía": para protegerse del soberano.
Lo que ha evolucionado en el tiempo es que la autonomía es precisamente la forma de autogobernarse, pero dentro de ciertos parámetros.
Sin ir más lejos, en Estados Unidos, por ejemplo -lo hemos dicho varias veces-, una universidad que exigiera a su rector seguir su orientación religiosa podría existir. Y de hecho así ocurre. En ese país se posibilita que algunas universidades exijan ser católico para ocupar el cargo de rector. Lo que no está permitido es recibir recursos públicos, pues de lo contrario se rompe el principio de igualdad ante la contratación: el equal opportunity employer.
Lo que quiero decir es que, cuando se regulan desde el Estado las normas de una sociedad, resulta posible establecer criterios que orienten la toma de decisiones internas.
Entonces, a quienes ven esta indicación renovada como un atentado contra la autonomía universitaria les digo que simplemente se trata de una forma de señalar que las sociedades progresan y que una forma de hacerlo es la consagración de marcos normativos mínimos.
Si una universidad estableciera como principio escrito que los extranjeros o las personas de color no podrán ser profesores titulares, o que quienes pertenezcan a determinada confesión religiosa no serán aceptados como académicos...
El señor LAGOS.- Lo que estamos haciendo acá es bien sencillo, señor Presidente. No sé por qué genera tanta dificultad. Yo pensé que esta parte del proyecto iba a ser de fácil despacho.
--Se rechaza la indicación renovada (14 votos en contra, 9 a favor y un pareo).
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, Hernán Larraín, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Girardi, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Quintana, Quinteros y Tuma.
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley que establece incentivos al retiro para los funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, y les otorga el derecho a percibir la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882, en la forma que indica (boletín N° 11.585-05).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Dentro del punto 2, en el artículo 81 se aprobaron varios numerales.
Respecto de dicho artículo, la Senadora señora Goic y otros señores Senadores renovaron una indicación para agregar un número 6), nuevo, que dice lo siguiente:
"De manera transversal a todas las dimensiones, la institución debe establecer mecanismos que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que componen la comunidad educativa. Son contrarias a ello las conductas de acoso sexual y laboral, así como la discriminación arbitraria. La institución debe contar con políticas y mecanismos claramente definidos que prevengan, sancionen y reparen el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria.".
El señor ALLAMAND.- ¿Qué página?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Página 153 del comparado.
El señor ALLAMAND.- Para poder seguir la discusión, solicito que la Secretaría explique exactamente en qué artículo incide la indicación renovada.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación recae en el artículo 81, que comienza en la página 146 del boletín comparado y tiene varios numerales. Ya se aprobaron los números contenidos en el documento que se entregó a la Mesa: 7, 8, 12, 13, 15, 17, 19 y 20. La indicación renovada agrega al artículo 81 un número 6), nuevo, que de aprobarse obligará a modificar los numerales siguientes.
La señora GOIC.- Señor Presidente, esta indicación busca establecer, respecto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (este ya tiene incorporados criterios y dimensiones de evaluación, con aspectos tales como docencia y resultados del proceso de formación orientados a la calidad; políticas de desarrollo y objetivos estratégicos institucionales; sistema interno de aseguramiento de la calidad que abarque la totalidad de las funciones que desarrolla la institución; políticas y mecanismos de vinculación con su entorno local; investigación, creación e innovación mediante el desarrollo de actividades de generación de conocimiento), también la dimensión, que hemos planteado de manera transversal, vinculada con la forma como las instituciones de educación superior garantizan el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad educativa, especialmente en materias que tienen que ver con acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria.
Tenemos ejemplos recientes, como el de la Universidad de Valparaíso, que ha establecido un reglamento que permita alertar de situaciones de acoso sexual y ver de qué manera se tramitan, cómo se procede frente a ellas, en fin.
Se trata, además, de una institución que da muestras de la forma en que se enfrentan situaciones que se daban desde hacía años, sobre todo en el caso de acoso sexual de docentes hacia las alumnas.
Entonces, nos parece que esa dimensión también debe estar incorporada y que lo adecuado es que las universidades establezcan mecanismos para abordar estos casos, detectarlos y prevenirlos, en función de respetarse la integridad de todas las personas y con un foco especial: el acoso a las alumnas. Ese es el objetivo que se persigue.
Es una indicación muy similar a otra que iba en la misma línea, presentada durante la discusión en la Comisión por el Honorable señor Montes, que tenía que ver con tomar medidas o ser activos frente a una situación que hoy día ha quedado lamentablemente en evidencia, ante la cual queremos proteger no solo a las alumnas, sino también a la institución de educación superior.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Montes.
Para nosotros, este no era un tema. A la audiencia de la Comisión de Educación, al igual que a la de Hacienda, llegaron los distintos gremios de todas las universidades, donde el problema del acoso laboral y del acoso sexual presenta un desarrollo mucho mayor que el que pensábamos. De ahí surgió, por distintos lados, la indicación.
Apoyo lo que la Honorable señora Goic propone incorporar, porque es preciso dar señales mucho más contundentes al respecto. Así lo han pedido los trabajadores -las mujeres, especialmente-, porque se da una realidad que está desbordando lo que imaginamos desde fuera.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo la impresión de que la indicación apunta a incluir la norma en un sitio mal ubicado. Esta parte del proyecto hace referencia al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y al parecer se quiere incorporarla, concretamente, entre las tareas que le corresponden al Comité de Coordinación, que estará integrado por el Subsecretario de Educación Superior, el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, el Superintendente de Educación Superior y el Presidente del Consejo Nacional de Educación. Es una entidad que, como bien lo dice su nombre, velará por la coordinación en los procesos de acreditación. Ello no tiene que ver con el contenido del texto que nos ocupa.
Creo que nadie está en desacuerdo con lo que se plantea, pero cabe hacer presente que no guarda ninguna relación, en cuanto al lugar donde se quiere poner -salvo que me equivoque-, con el Sistema Nacional de Acreditación.
El señor WALKER (don Ignacio).- La referencia está mal hecha.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, en la misma línea que el Senador señor García, a mí me da la sensación de que se pretende situar la disposición en una forma equivocada. Por eso, quería comprender con qué dice relación.
Entiendo que discutimos el punto en otra parte al abordarlo durante la tramitación del proyecto de ley.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Es preciso determinar bien dónde irá el texto. Se agrega un número 6, nuevo -ya se contempla ese número-, y se alude al artículo 81, que dice relación con otro cuerpo legal.
El señor COLOMA.- ¡Es preciso rechazarlo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido a la Sala dejar pendiente el pronunciamiento y revisar al final.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, se ha renovado una indicación mal formulada. No podemos votarla, simplemente.
Y si eso se hace, tendremos que rechazarla.
El señor COLOMA.- Es una renovación.
La señora VON BAER.- Ello no se realizó -repito- correctamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Goic, una de los autores.
La señora GOIC.- Señor Presidente, solo deseo dar una explicación.
La indicación tiende a establecer un punto adicional a las cinco dimensiones que es preciso considerar para la acreditación, las cuales tienen que ver con docencia y resultados del proceso, políticas de desarrollo y objetivos estratégicos, en fin. Son las enumeradas previamente. Lo planteamos de manera transversal por referirse a ellas. A eso obedece la ubicación. Las medidas se pueden tomar respecto de cualquiera.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Voy a dejarla pendiente, de todas maneras, porque la Secretaría me dice que tiene que verificar en el informe. Tal como se encuentra el texto, surge una imposibilidad, porque no guarda correspondencia con lo demás. Vamos a ver la disposición rechazada, por qué se está renovando y dónde.
Mientras tanto, continuaremos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- De acuerdo con el documento entregado a la Mesa, corresponde poner en votación los artículos propuestos por las Comisiones de Educación y de Hacienda respecto de los cuales no se han renovado indicaciones ni se ha solicitado votación separada.
Son los siguientes: 6, en todas sus letras, salvo la b); 53; 54; 55; 81, números 9), 11), 16) y 18); 120, números 1), 2), 3), 4), salvo las letras a) y d), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17) y 18), y vigésimo noveno transitorio.
Estas normas son de quorum simple.
La señora VON BAER.- ¿Es el paquete 3?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En efecto.
--Por 24 votos a favor y un pareo, se aprueban las disposiciones individualizadas.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El número 4 del documento entregado a la Mesa dice relación con la votación separada pedida para el artículo 20, número 14, letra b), norma orgánica constitucional.
La disposición expresa:
"b) En el inciso segundo, elimínase la expresión ", lo que requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto".".
La señora VON BAER.- Señor Presidente, el texto se refiere a que el Ministerio, al nombrar un administrador de cierre en una institución de educación superior, tiene que contar con el visto bueno del Consejo Nacional de Educación. Ello es especialmente importante, porque, de esa manera, se resguarda el contrapeso en una resolución tan significativa.
De hecho, al ocuparse en el proyecto de ley sobre el administrador provisional, el Tribunal Constitucional ponderó, para poder aprobar un administrador de cierre nominado por la Secretaría de Estado, la existencia de dicho mecanismo.
El Ejecutivo elimina este último en la decisión, que ahora ya no tomará la Cartera, sino la Superintendencia de Educación Superior. Cuando lo discutimos en el órgano técnico, nos dijo que, desde su punto vista, ya no se necesita, porque ella es una institución ya no política, sino técnica e independiente.
El contrapeso no tiene que ver con que la nominación del Ministerio diga relación con un ente político. Se trata de una determinación tan trascendental y es tan importante resguardar el debido proceso, que resulta relevante contar con un organismo que ejerza ese papel y, por lo tanto, pueda asegurar este último.
Tanto es así que la Superintendencia podría tomar decisiones que llevaran a la reestructuración de una entidad de educación superior o a su cierre, y que, a raíz de ello, se tuviese que nominar un administrador. En ese sentido, sería una suerte de juez y de parte, porque su resolución se traduciría en que fuera preciso efectuar tal designación y la adoptaría sin un contrapeso.
El punto fue especialmente relevante para que el Tribunal concluyera que el debido proceso en el nombramiento de administradores de cierre se hallaba garantizado, por lo que esta era constitucional.
Nosotros creemos que, con el cambio en la norma, la Superintendencia podría adoptar decisiones que llevaran al cierre de una institución y efectuar la designación ella misma. En tal sentido, el debido proceso no se encontraría resguardado para nada.
Por eso, consideramos un error la exclusión del Consejo Nacional de Educación y que pueden surgir problemas en el Tribunal Constitucional, pues la institución decidiría sola, sin el contrapeso que en este momento ejerce el primero.
De ahí que votaremos en contra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, creo que el asunto es muy importante: involucra lo que hacen el Ministerio y la Superintendencia y dónde participa o no el Consejo.
A nosotros nos parece que, al existir la Superintendencia, procede que nombre al administrador provisional. Es parte de su tarea.
Cuando no se había establecido, evidentemente se buscaba un equilibrio entre un órgano político, como la Cartera, y el Consejo Nacional de Educación.
En la situación que nos ocupa interviene la Superintendencia, pero es preciso comprender que la Secretaría de Estado se encarga siempre de la revocación del reconocimiento oficial, así como otorga el reconocimiento inicial. No sé si me doy a entender. Por lo tanto, eso no está en juego.
Repito que el nombramiento de la persona que tendrá que velar por el proceso es propio de un órgano como la Superintendencia.
Eso es todo lo que estamos discutiendo.
El señor MONTES.- Señor Presidente, comparto la proposición.
Discutimos el asunto en las Comisiones, y había un acuerdo más general, según entiendo.
No corresponde que el Consejo tome una decisión de carácter administrativo como la de dar el paso para el nombramiento de un administrador provisional. Ello quedó así en la ley actual porque no había otro organismo. Al ser creada la Superintendencia, es lógico que sea la que tiene que regular el sistema y llevarlo adelante. Es su tarea.
En cuanto al debido proceso, este forma parte del procedimiento de revocación, que incluye un conjunto de instancias en que la universidad, efectivamente, tiene la posibilidad de defenderse, de cuestionar.
A mí me parece muy complicado dotar al Consejo Nacional de Educación de funciones que no le competen. Ello se hizo antes porque no había alternativa. Es una entidad que tiene que tomar decisiones sobre ciertos contenidos, como los currículums.
En lo personal, estimo que ese órgano cuenta con más funciones que las debidas, pues el Congreso ha renunciado a tener una opinión sobre ciertas materias sustantivas en la educación y se ha quedado solo en los temas administrativos, financieros o institucionales.
En particular respecto de lo que se trata, juzgo que no procede que el Consejo intervenga en la etapa de nombramiento de los administradores para entrar en un proceso de ordenamiento, dado que una institución podría perder su condición de autorizada, la que se revocaría.
Por eso, soy partidario de votar a favor de la proposición.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, este tema es muy importante. Y cada uno debe tratar de explicar su posición.
Aquí hay decisiones intrusivas -así se llaman; no es que sean buenas o malas- que afectan a determinadas instituciones. Y el modelo de una resolución de esa naturaleza siempre debe distinguir al que es parte del que es juez. Ese es un principio muy razonable.
Este Parlamento ha ido lenta pero sostenidamente generando mecanismos en ese sentido: por ejemplo, creó los tribunales tributarios para que el Servicio de Impuestos Internos no sea juez y parte. Sus propias autoridades aquí socializaron lo peligroso que era tal situación en la lógica de buscar justicia, de dar a cada cual lo suyo.
Los tribunales ambientales también siguen ese criterio: los que fiscalizan no pueden ser los mismos que dan la orden de sancionar o toman las decisiones.
Ese es un principio cada vez más extendido dentro de la Administración Pública y de lo que uno supone que debe ser el objetivo de una sociedad más institucional.
Ahí radica el tema de fondo.
Hoy día, cuando una universidad está en una situación de esa naturaleza y el Ministerio requiere nombrar un interventor, se debe hacer la consulta previa al Consejo Nacional de Educación. Y ello está bien, porque el Ministerio asume un rol fiscalizador para tales efectos y, si va a adoptar una medida mayor, debe preguntarle a alguna institución.
Eso fue aprobado en este Senado. Es parte de la legislación que creó el concepto de los administradores en este ámbito, iniciativa que en su momento -si ustedes recuerdan- fue objeto de una profunda discusión.
Entonces, más allá de lo que se pueda plantear, yo no veo la razón para cambiar ese criterio. Y se establece que sea la Superintendencia, que es el organismo que fiscaliza, la que tome la máxima decisión, que, en este caso, puede llegar incluso al cierre de la institución.
¿Es razonable eso? ¿Es sano, desde un punto de vista institucional, disponer que un organismo sea juez y parte?
Mi impresión es que nosotros debemos avanzar en el sentido contrario, distinguiendo lo que es una fiscalización de lo que es una sanción.
Por eso la Senadora Von Baer decía que la decisión del Ministerio debe ser con consulta previa al Consejo Nacional de Educación. No estamos inventando un órgano; no estamos tratando de exportar o importar una institución. Solo buscamos que el sistema que fue diseñado justamente para asegurar los contrapesos en las decisiones más complejas sea correcto y nos deje a todos tranquilos.
Considerando que el próximo Gobierno obviamente va a jugar un rol y que la Superintendencia tiene un sistema de elecciones que va rotando, lo lógico es que exista contrapeso en cada institución para que las medidas adoptadas no dependan de un gobierno A, B o C, o de un superintendente A, B o C. Conviene que se mantenga la obligación de pedir al Consejo Nacional de Educación su opinión respecto de estas decisiones "drásticas" o "intrusivas", según como se las llame.
Entiendo el principio que sustenta la modificación; pero al final no resulta bien lo que se está planteando.
Reflexionemos sobre el modelo que deberíamos buscar. Concedamos que es el siguiente: que no existan instituciones que sean juez y parte.
¡Eso es lo que deberíamos buscar!
No se está pidiendo que el Ministerio recurra a un órgano que no sabe nada de educación, como sería solicitar una acción a la justicia. ¡No se está pidiendo nada que escape del campo! Se está instalando el rol del Consejo Nacional de Educación como contraparte para tomar decisiones severas.
Por eso, señor Presidente, hago una especial reflexión respecto del modelo social que toda institución requiere, y no solo en materia educacional. Esto debería replicarse en todos los ámbitos si realmente queremos generar una sociedad más justa, que es lo que todos intentamos lograr. Por lo menos, así lo hemos planteado.
En consecuencia, no me parece correcta la modificación propuesta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido autorización a la Sala para abrir la votación.
En votación el artículo 120, numeral 14), letra b).
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, cuando aprobamos la ley Nº 20.800, que crea el Administrador Provisional y el Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior, siempre dijimos que lo más importante eran los estudiantes: asegurar su continuidad de estudios y ver cómo se reubican.
¡Lo central son los estudiantes!
La norma que ahora estamos discutiendo se refiere a un proceso que está bastante avanzado, pues supone que la universidad cuestionada ya presentó una serie de problemas administrativos, financieros, académicos y es candidata al cierre.
No se trata de que el Consejo Nacional de Educación no se pronuncie. Este ya lo hizo en la fase en que debía hacerlo: la correspondiente a la revocación del reconocimiento oficial.
¡Entonces intervino; ahí fue escuchado!
El CNED es el organismo encargado de los planes y programas, de la aprobación de los aspectos curriculares. Ese es su rol. De consiguiente, incorporarlo en esta instancia podría incluso retrasar el proceso.
Y yo no hablaría de contrapeso, porque dicho organismo no está llamado a cumplir ese papel. De hecho, habría que discutir incluso cómo se genera su composición.
En definitiva, señor Presidente, aquí estamos hablando de una universidad que está en una fase terminal, de cierre, con una investigación avanzada de parte del administrador provisional. Y lo que hemos hecho en esta iniciativa es traspasar las facultades que otorga la ley Nº 20.800 a la Superintendencia de Educación Superior, que es un órgano altamente especializado.
Esta discusión me hace recordar la que sostuvimos hace un par de años, a propósito de la situación de la JUNJI, que hacía de todo: construir jardines infantiles, establecer normativas, fiscalizar. ¡Todo! Y, bueno, por eso creamos la Subsecretaría de Educación Parvularia, para ir ordenando un poco las funciones de cada una.
Hoy día contamos con un ente altamente especializado, que es la Superintendencia, órgano al que le corresponde pronunciarse en este momento.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, solo haré un par de breves comentarios respecto a la conversación que estamos sosteniendo.
En quienes son partidarios de la modificación no se entiende bien el cambio de criterio, porque, cuando se convino que la facultad de nombrar al administrador de cierre la tenía el Ministerio, se estableció que era conveniente requerir esta suerte de consulta o ratificación al Consejo Nacional de Educación. Es decir, el organismo rector máximo de la educación, el Ministerio, tenía la necesidad de solicitar el visto bueno o la aquiescencia del CNED a efecto de lograr mayor consistencia en la decisión que se adoptase.
La facultad no cambia, solo que ahora se le otorga a la Superintendencia de Educación Superior. En tal caso, ¿por qué razón ahora no va a ser necesario lo establecido cuando la atribución recaía en la Cartera de Educación?
La facultad es la misma: nombrar un administrador de cierre.
Cuando esta la tenía el Ministerio, nadie discutía que debía ser con acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación. Ahora que la facultad es de la Superintendencia, se quiere evitar esa consulta.
¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la justificación?
En consecuencia, señor Presidente, lo conveniente y razonable es mantener la necesidad de requerir el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación.
¿En qué molesta esa consulta?
¿Cuál es el perjuicio?
¿Cuál es la equivocación que podría tener lugar?
En consecuencia, hay que rechazar la modificación en análisis.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo entiendo que la facultad para revocar el reconocimiento oficial de una universidad y para nombra un administrador de cierre sigue siendo del Ministerio de Educación.
El texto del inciso primero del artículo 20 aprobado en general por el Senado dice: "la Superintendencia enviará los antecedentes al Ministerio de Educación" -¡al Ministerio de Educación!, lo resalto- "para que, de estimarlo procedente," -¿quién? ¡El Ministerio, pues!- "dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior".
Luego, el segundo inciso de la normativa vigente señala: "Cuando se decrete la medida de revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, el Ministerio de Educación" -¡el Ministerio de Educación!- "deberá nombrar un administrador de cierre, lo que requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.".
La última parte es la que se quiere eliminar.
Sigue siendo la Cartera de Educación la que revoca el reconocimiento oficial y la que nombra el administrador de cierre.
Por lo tanto, hay que mantener la norma. El Ministerio debe cumplir esa atribución, previo pronunciamiento del CNED.
Eso es lo lógico y lo coherente.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, no logro comprender la actitud de los colegas de las bancas de enfrente, a menos que imagine que los animan otros propósitos. Como no quiero creer eso, trataré de entender su lógica.
Aquí estamos hablando de una etapa posterior a la del administrador provisional, tras la cual ya se han agotado todas las posibilidades y, producto de esa situación, la Superintendencia envía los antecedentes al Ministerio de Educación para que este, de estimarlo procedente, inicie el proceso de revocación del reconocimiento oficial.
Es decir, la Superintendencia ya se ha pronunciado.
La norma que estamos modificando es anterior a la existencia de la Superintendencia. El proyecto ahora le entrega a esta una facultad para pronunciarse en esta materia.
Por eso es responsabilidad del Ministerio de Educación dar el próximo paso.
Sería bueno preguntarse cuál es el rol del Consejo Nacional de Educación. ¿Es necesario? ¿Por cuánto tiempo?
A mi juicio, teniendo a la vista todas sus atribuciones, no corresponde que dicho organismo esté pronunciándose sobre un acto administrativo propio de la autoridad pertinente, que en este caso es el Ministerio de Educación. Este es el encargado de nombrar un administrador de cierre, luego de que la Superintendencia de Educación Superior se ha pronunciado sobre el particular, ha entregado la información y se han cumplido todos los plazos.
Debe existir una instancia que resuelva, pero en ello no es necesario que esté involucrado el CNED, que, por regla general, se dedica a otras áreas (currículum, planes de estudios) y tiene otra lógica.
Por ende, votamos a favor de la proposición de eliminar la expresión señalada. Nos parece que está obsoleta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto a la Sala que estamos votando una norma que requiere quorum orgánico constitucional, por lo que no rigen los pareos.
--Se rechaza la letra b) del numeral 14) del artículo 120, recaída en el inciso segundo del artículo 20 de la ley Nº 20.800, por no reunir el quorum constitucional exigido (20 votos a favor y 8 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Pérez Varela y Prokurica.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para aprobar la norma recién votada, se necesitaban 21 votos favorables.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, se ha pedido votación separada de un conjunto de disposiciones.
La idea es votarlas en tres paquetes, como se indica en la página 3 del documento que se hizo llegar a la Mesa.
En primer lugar, veremos las normas del Paquete Nº 1, que son las siguientes:
Artículos 6, letra b); 39, letra a); 49; 85; 87, letra a); 88 a 95; 96, excepto la frase "Con todo, en igualdad de puntajes se deberá preferir a las postulantes mujeres"; 97 a 100, y los artículos sexto, séptimo, décimo segundo, décimo tercero, trigésimo séptimo y trigésimo noveno transitorios.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, este paquete de normas contiene cuatro materias.
La primera dice relación con los criterios que se deben cumplir para entrar al Consejo de Rectores.
La nueva norma establece que, para incorporarse a ese organismo, las instituciones deben cumplir ciertos requisitos. El punto radica en que una de esas condiciones es contar con una acreditación de al menos cinco años.
El primer problema que surge es que actualmente hay universidades estatales en el CRUCh que no tienen cinco años de acreditación. O sea, hay rectores en el Consejo cuyos planteles no cumplen el referido requisito, pese a exigirlo para los nuevos miembros.
La otra situación que sucede -y también resulta bastante extraña- es que instituciones que forman parte del Consejo de Rectores y cuentan con cinco años de acreditación siguen perteneciendo al organismo, aunque en el futuro caiga su período de acreditación.
Entonces, cabe preguntarse: ¿qué es finalmente el CRUCh?
Nosotros creemos que dicho Consejo debiera estar integrado por las universidades de mayor prestigio y excelencia en el país. Por tanto, no nos parece correcto que en ese grupo haya rectores de planteles que no cumplen con la acreditación mínima de cinco años. Y, de hecho, es así hoy día: hay universidades estatales en dicho organismo que no cumplen tal exigencia.
En el futuro puede ocurrir lo mismo con una universidad privada: entrar al CRUCh luego de lograr los cinco años de acreditación y después perder el requisito. ¡Seguirá formando parte del Consejo, aunque ya no cuente con acreditación!
Creemos que ese criterio se establece simplemente para proteger a las universidades estatales.
Un segundo punto se refiere a las infracciones que puede perseguir la Superintendencia, lo cual se establece en el artículo 49 (página 101 del boletín comparado).
El inciso tercero señala: "La Superintendencia no podrá perseguir las infracciones cometidas transcurridos cuatro años desde que hubiere terminado de cometerse el hecho. Este plazo se suspende cuando se inicia el procedimiento sancionatorio, con la notificación del infractor y se interrumpe cada vez que se cometa una nueva infracción.".
¿Qué significa eso? Que el proceso sancionatorio, en estricto rigor, no termina nunca, porque si la institución comete otra infracción, vuelve a correr el mismo plazo.
En tal caso, señor Presidente, la infracción no va a prescribir nunca.
En ese sentido, creemos que esta no es una regulación correcta.
Tercero, una parte de los artículos de este primer paquete se refiere a los aranceles regulados.
Para que exista la gratuidad, los aranceles deben ser fijos. Y nosotros tenemos dudas -personalmente, tengo algunas muy fuertes- en cuanto a que los expertos del grupo destinado a determinar los aranceles no se equivoquen.
Eso puede llevar a nuestro sistema de educación superior a una situación de gran precariedad, como lo dijo también el Senador Montes durante la discusión del proyecto en la Comisión.
Con todas las limitaciones que estamos estableciendo en materia de financiamiento, estamos llevando a nuestras instituciones de educación superior a una situación de gran precariedad, ya sea porque no habrán suficientes recursos para desarrollar investigación o porque el Estado no está poniendo fuertes e importantes fondos para financiarla.
Yo les pido de verdad que revisen lo que pasa a nivel internacional en cuanto a la inversión que se hace en investigación, porque en nuestro país les estamos cerrando las llaves a las universidades. ¡Todas las llaves! Puede que en la fijación de aranceles se cometa algún error y dejemos a nuestro sistema de educación superior desfinanciado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede terminar, Su Señoría.
La señora VON BAER.- El cuarto punto se refiere a la fijación de las plantas por decreto con fuerza de ley y no por una ley discutida en el Congreso.
Nosotros, señor Presidente, creemos que ello significa entregar al Ejecutivo atribuciones que debería ejercer el Parlamento. Este tiene que revisar las plantas. Lo hemos hecho en otros ministerios, donde, por último, hemos analizado la cubicación de las plantas. Y en esta ocasión no vimos nada. Nunca se discutió de plantas de ninguna de las instituciones que se están creando: ni de la Superintendencia ni de la Subsecretaría. Y a nosotros nos parece que eso significa pasar por encima de las atribuciones que tiene el Congreso.
El señor CHAHUÁN.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor COLOMA.- ¡Que hable la señora Ministra!
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, solo haré algunas aclaraciones con respecto a lo que ha expresado la Senadora señora Von Baer.
En primer lugar, en relación con el tema del CRUCh.
Este organismo fue creado por ley hace ya muchísimos años, cuando se estableció un número de instituciones tradicionales del país, independientemente de su acreditación. Correspondió a un momento especial, en que se dijo "Estas son las instituciones tradicionales de Chile". Y luego comenzaron a crearse las universidades privadas.
Evidentemente, los requisitos que se exigen para ser parte de un conjunto de instituciones, que tienen un prestigio especial en el país, etcétera, no los tuvieron originalmente las que ya pertenecen al Consejo, por las cuales, sin embargo, existe un reconocimiento social, global, por el aporte que han hecho a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, no hay una discriminación.
Hace un tiempo, cuando se instauró la gratuidad, efectivamente se planteó por qué había instituciones con tres años de acreditación. En esa oportunidad se entregaron recursos para apoyarlas. Hoy día, las tres están acreditadas por cuatro años y más.
En la actualidad, dos estatales están bajo el número de años que se exige, pero ello guarda relación con el tema de la acreditación de la investigación, que fue uno de los puntos que acordamos en la Comisión (donde estaba la señora Senadora), en términos de decir: "Deja de ser obligatoria y queda solamente para las instituciones de excelencia".
Por lo tanto, una exigencia mayor no debería constituir un problema especial para aquellos establecimientos que quieran ingresar al CRUCh y ser reconocidos por el país como parte de este Consejo.
Es segundo término, quiero hacer presente que sí existen plazos, los que rigen para todo el sector: dos años para la caducidad de los procedimientos sancionatorios, y cuatro para la prescripción. Ello se encuentra establecido en normas de carácter general. Por ende, también se cumple con las disposiciones de la Superintendencia.
En cuanto al tema del arancel regulado, el cual, sin duda, podría ser mejor explicado por el señor Ministro de Hacienda, se señala que quienes los fijen podrían equivocarse. Evidentemente, todos los seres humanos y todas las instituciones pueden equivocarse en un momento determinado. Pero estamos hablando de siete expertos que tendrán, como tarea, realizar un estudio que no quede sujeto solo a la situación de una entidad, sino que permita abrir el proceso y así dar garantías a todas las instituciones en esta materia.
Efectivamente, hoy existe la necesidad de tener aranceles regulados al entregarse recursos públicos a las universidades, para que estos mayores fondos no suban los aranceles a un grupo de estudiantes, sino que realmente se traspasen en términos de bajar esta cantidad de recursos. Chile -todos lo sabemos- es uno de los países donde las familias ponen más dinero para que sus hijos estudien en las universidades, y no queremos que toda la institución se financie con aranceles absolutamente liberados. Por eso lo estamos dejando solo para el décimo decil.
Finalmente, con respecto al tema de las plantas, señalamos el número de funcionarios y fuimos más explícitos ayer en la Comisión de Hacienda, pero, por supuesto, hay documentos que están a disposición de la señora Senadora y de quien quiera saber cuál es la planta de la Superintendencia. En el caso de la Subsecretaría, se parte de lo que hoy es la División de Educación Superior del Ministerio y se ajusta en una cantidad de funcionarios muy mínima.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de a lo menos tres aspectos del paquete uno, como se ha llamado a esta petición de votación separada.
Lo primero tiene que ver con un criterio general. Resulta deseable que los requisitos de ingreso a determinada institución se apliquen tanto a los que van a ingresar como a los que ya pertenecen a ella, si es que estos últimos pierden las condiciones de elegibilidad.
Es, repito, un concepto general. Aquí no estamos discutiendo algo al voleo; estamos viendo el tema del CRUCh. Y entendemos que está bien que este organismo, como sinónimo de excelencia, pueda establecer determinados requisitos para quienes quieran acceder a dicha categoría. Pero admitamos una cosa: si pide ciertos requisitos, es razonable que a los que ya están se les aplique un criterio similar a los que ingresan.
Sin embargo, aquí se está diferenciando. Y creo que todas las diferenciaciones, para este efecto, son bastante arbitrarias. Porque está bien que se pueda pedir, en este caso, cinco años de acreditación, pero, si una entidad que ya está no los tiene o llega a perder esta condición, admitamos que resulta discutible que ella, como tal, está cumpliendo su objetivo al exigirles a otras lo que por sí misma no puede cumplir.
Me acuerdo que este era un tema que se discutía mucho a propósito de convenios internacionales y de acuerdos de otra naturaleza: la existencia de un concepto de igualdad, que es esencial y que, en mi opinión, aquí se está vulnerando. Yo no digo que esa sea la idea matriz de esta parte de la iniciativa -por eso nos estamos absteniendo-, pero admitamos que no resulta sano que haya criterios diferentes para el ingreso y para la permanencia entre instituciones que, teóricamente, buscan un estándar distinto del resto. No me parece que ello sea bueno.
Segundo, se habla del tema de los aranceles regulados.
¿Dónde está, a mi juicio, el asunto de fondo? Yo no soy partidario del criterio de fijación de precios. Lo considero un concepto anticuado dentro de la economía. Se ha demostrado hasta el cansancio. Y no se trata de si sean buenas o malas las personas que efectúen la fijación. Es, vuelvo a decirlo, una cuestión de fondo.
Las cosas que influyen para fijar un precio, en este caso el arancel, obviamente tienen relación directa con el futuro de determinada institución. Y las personas, a veces por presiones, a veces por visiones diferenciadas, pueden entender que el costo de cierto arancel debe ser equis. Pero es posible que una universidad tenga, como se señalaba, programas de investigación, de extensión o científicos, como lo vimos largamente en el Congreso del Futuro, una de las grandes instancias que hay en Chile y que poco se valora en este Senado, a pesar de los esfuerzos que se realizan en ese ámbito. En efecto, allí se comprueba que mucha de la investigación existente se lleva a cabo a través de las universidades, y, obviamente, uno de los elementos que la permiten efectuar tiene que ver con los aranceles.
Entonces, si uno fija un arancel, de alguna manera está afectando la autonomía de una institución para cumplir con su vocación. Fijar precios no es un buen consejero en ningún lugar. Es algo que hemos aprendido, una y otra vez, incluso en forma muy dolorosa, porque trae aparejados ciertos efectos. No es una cosa neutral, ni tiene que ver, como se decía, con que las personas que hagan la fijación sean muy calificadas o calificadísimas. Al final, siempre habrá un criterio individual que pugnará con lo que puede desear una institución universitaria, con la cual, indudablemente, es posible discrepar.
Por último, ya casi como la campanada de la agonía, se aplica un criterio permanente, que no es responsabilidad de este proyecto -lo quiero dejar en claro-, de entregar toda la fijación de plantas al criterio presidencial, por bueno (o no tan bueno) que este pueda ser. Tal vez haya una mejora -no lo sé-, pero no me parece una sana visión traspasar roles que le corresponden al Parlamento.
Lo que más me inquieta, en todo caso, de este paquete de normas, que contiene ideas muy diferentes, es la diferencia de requisitos para acceder y permanecer en una misma institución, así como el concepto de fijación de precios, que a mi juicio constituye un error en esta y en cualquier otra materia.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, solo para retomar el tema del CRUCh.
Me parece que uno de los avances que arroja este proyecto para la educación superior es, precisamente, la apertura de ese organismo a la entrada de nuevas instituciones. No hay duda de que mantener el hermetismo del Consejo de Rectores como hasta ahora era algo que simplemente no guardaba relación ni con los tiempos actuales ni con la diversificación y la amplitud que exhibe nuestro sistema de educación superior.
Estimo que el planteamiento formulado desde la Oposición es al menos susceptible de ser analizado con detención. Cabe formularse aquí la siguiente pregunta: ¿es razonable establecer requisitos de ingreso que, al mismo tiempo, no se apliquen para la permanencia o la existencia previa de los actuales miembros del organismo? ¡Cómo va a ser razonable aplicar un conjunto de exigencias para quienes deseen incorporarse a una institución y que algunos de sus antiguos integrantes simplemente no cumplen! Más aún: ¡cómo no va a ser razonable que la misma institución establezca un mecanismo para que, si después del ingreso se pierden las condiciones que permitieron dicho ingreso, exista una sanción o una consecuencia!
Con esta posibilidad de ampliar el CRUCh estamos generando una situación doblemente incorrecta: primero, que una institución exija condiciones que no aplica a sus actuales miembros, y segundo, que si quienes han ingresado a ella dejan de cumplir los requisitos de incorporación no se produzca efecto alguno.
En consecuencia, este es un asunto que deberá revisarse más adelante. Y por eso nosotros vamos a votar en la forma que se ha señalado.
El señor MONTES.- Señor Presidente, se nos está pidiendo votar a favor o en contra de un paquete de normas que es bien variado. Y yo creo que hay que aprobar este conjunto de medidas que vienen en el proyecto.
En esto no hay que equivocarse: hay que aprobar.
Algunas disposiciones se refieren a cambiar la conformación histórica del CRUCh mediante la posibilidad de ingreso de universidades que cumplan condiciones bastante exigentes.
¿Es bueno o no que exista un grupo de universidades con mayor trayectoria, con mejores condiciones, donde estén todas las estatales más algunas privadas?
Claramente, es muy importante.
En este proyecto el CRUCh se desvaloriza en algunos puntos debido a ciertas decisiones adoptadas a propósito de las Becas Bicentenario, que eran exclusivas para las instituciones del Consejo y que Senadores de enfrente hicieron que quedaran en igualdad de condiciones. El G9 todavía no se da cuenta de lo que ocurrió, pero sí lo hará a partir del próximo año. Son medidas que en el punto siguiente voy a decir cuánto le cuestan al Estado, aunque es mucho.
Es necesario mantener el CRUCh y nos vamos a jugar por que así sea, a partir de lo que ha sido históricamente, aun cuando se incorporen otras instituciones, etcétera. Si algunas pierden la acreditación estatal, tienen que superarse. Esa es nuestra obligación.
Respecto de ciertas universidades privadas, hemos aprobado recursos, no solo en el último tiempo, como dijo la señora Ministra; muchas veces se han entregado para que instituciones no acreditadas se acrediten. ¿Por qué? Porque queremos que lo hagan, que todas sean de calidad; no que sean malas.
A varias universidades hay que exigirles mucho más, incluyendo a algunas estatales. Ya mejoraron, pero tienen que mejorar más. Y todo el plan de recuperación apunta a eso.
Por ejemplo, resulta incomprensible que en la página de la Superintendencia no estén las disposiciones que ella dicta, tal como lo contempla el artículo 39, letra a), que quieren eliminar. Es inentendible, pues es necesario que tales normas estén ahí.
En cuanto a los aranceles, ¿las universidades pueden cobrar lo que ellas quieran, que es lo que ha ocurrido en el último tiempo, en que los precios han ido subiendo y subiendo, hasta llevarnos a ser el país con los aranceles más caros?
Si hay gratuidad, es imposible que haya libertad de aranceles. Tiene que haber una cierta forma de regularlos. Se ha planteado un procedimiento de regulación, con dos vertientes: una, constituida por una ecuación que ve los distintos factores que entran, y la otra, referida a la información histórica. Eso permite mantenerlos con una base de realidad.
Para lo anterior se propone crear comisiones de expertos, que también se está pidiendo rechazar, aunque esté compuesta por especialistas muy calificados que tendrán que recibir información, ir probando y darse un tiempo, no breve, para ir generando un sistema que determine los aranceles.
Si no aprobamos eso, ¿libertad de precios y que cada uno haga lo que quiera, a pesar de que se trata de un bien monopólico? Son pocas las universidades y muchos los interesados. ¿Y podrán cobrar lo que quieran?
La verdad es que eso no resulta razonable y, además, es totalmente incompatible con la gratuidad, porque la impediría.
El otro tema que se objeta son las plantas. Se faculta al Presidente de la República para fijarlas y para un conjunto de otras cosas, pero bajo ciertas condiciones.
Yo comparto con la Derecha de que no es bueno que ello quede tan genérico en la ley. Aquí está así y lo mismo ha ocurrido en los últimos cuerpos legales que hemos despachado. Por eso, a partir del próximo Gobierno nosotros vamos a ser particularmente rigurosos en cuanto a que las plantas vengan en la ley, siguiendo la reflexión del Senador Coloma. En algunos casos será más posible; en otros, dependerá de los tiempos y las condiciones que haya.
El tema de las plantas se votó todas las veces que salió -porque también apareció en otras partes- y, en definitiva, se aprobó entregar estas facultades, así como plantear las condiciones. Prácticamente toda la Comisión, salvo la UDI, estuvo de acuerdo en ambos procesos.
Pienso que hay que votar a favor el paquete uno, ya que es necesario contar con este conjunto de medidas que le dan consistencia a la iniciativa. Votar en contra significaría vaciarla de un corazón fundamental en lo que se refiere a la forma de determinar el arancel regulado, tanto en su forma permanente como temporal, porque aquí también se está pretendiendo echar abajo las normas transitorias relativas a la fijación de aranceles.
Me parece muy inconsistente votar que no, y por eso pienso que hay que aprobar este paquete.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me quiero referir, con mucho respeto, al tema de la fijación de aranceles, pues creo que aquí estamos haciendo política pública y debemos hacer una buena política pública.
Lo ideal, sin duda alguna -y en tal sentido comparto los dichos del Senador Coloma-, es que, si existe un mercado competitivo, sea el propio mercado el que fije los precios. Eso está archidemostrado.
Sin embargo, como expresaba el Senador Montes, claramente, y en todas las partes del mundo así ha sido reconocido -se lo digo al Senador Coloma, por su intermedio, señor Presidente-, la educación superior no es un mercado competitivo, con múltiples oferentes y múltiples demandantes. Aquí hay poder de mercado y, por tanto, es menester que la política pública vaya en auxilio del consumidor -en este caso el estudiante- a efectos de que el oferente no extraiga el llamado "excedente".
Aun así -para las bancadas de la Nueva Mayoría-, hemos dejado en completa libertad para fijar aranceles a las universidades que no reciben gratuidad.
El señor ALLAMAND.- ¡Era que no...!
La señora VON BAER.- ¡Eso parecería inconstitucional...!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Creo estar hablando con harto respeto, señora Senadora.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el señor Ministro.
El señor LAGOS.- ¡Tranquilo, Ministro! ¡Lo que pasa es que hablan por la herida...!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Entonces, señor Presidente, en teoría -y estoy seguro de que estarán de acuerdo los economistas del otro sector-, si existe insuficiente competencia, es menester proteger al demandante del oferente, lo cual está aceptado en todas partes del mundo.
Pero, como no hemos querido ser muy intrusivos, en el caso de las universidades que no reciben financiamiento público -esta es una información que es importante que tengan presente los Senadores del sector que en marzo asumirá el Gobierno-, hemos permitido que haya libertad de aranceles, sabiendo, eso sí, que es posible que se extraiga parte del excedente del demandante sobre la base del poder de mercado que el oferente tiene sobre el demandante.
Ahora, cuando las universidades reciben recursos públicos, aquello es doblemente problemático porque, si el Estado subsidia al estudiante, ya sea a través de la gratuidad o en la forma de becas o créditos, en un mercado no competitivo se puede terminar subsidiando al oferente y no al demandante. O sea, los fondos públicos terminan yendo a la universidad y no al estudiante.
Por eso, es menester que se ponga cierto marco a la fijación de aranceles para la protección del estudiante, a fin de que no sean las familias las que financien algo distinto de la docencia.
Entonces, se trata de un precio justo.
No obstante, debo señalar que en este "prueba y error" -porque nadie sabe exactamente qué es un arancel justo- se han ido efectuando modificaciones. Y esto es importante que lo escuchen.
Odontología, que es lejos la carrera con las mayores brechas producto de los aranceles topados en 40 por ciento para el séptimo decil y en 60 por ciento para el octavo y el noveno deciles, tenía un arancel regulado muy bajo, porque había sido promediado con otras carreras de la salud más baratas. Pero su arancel se reajustó ahora, el año 2018.
Por tanto, parte importante del déficit, particularmente de las Universidades Diego Portales, Finis Terrae y Católica, va a ser mitigado con el reajuste que se aplicó al arancel de la carrera de Odontología.
Ese proceso deberá seguir realizándose -lo digo para las futuras autoridades-, a fin de continuar aislando más correctamente cada carrera con su costo.
Porque, en definitiva, hoy día este es un elemento más bien inercial de la historia. Pero la existencia de cierta banda de regulación -como ocurre en todos los países del mundo-, que no tiene por qué ser un punto fijo de los aranceles cuando hay recursos fiscales envueltos, constituye una buena política pública: significa garantizar que los recursos públicos vayan al estudiante y no al oferente.
Por tanto, estimo que lo ejecutado por el Gobierno en esta materia no tiene ningún afán controlador, sino que un objetivo de protección, como es nuestro deber.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, quiero hacer una pequeña reflexión.
Una de las razones por las que se discute lo relativo a la fijación de aranceles es que resulta evidente que si el Estado no le entrega recursos a una institución esta no tiene cómo fijar aranceles. Lo digo porque en un minuto se planteó que era una dádiva y una actitud generosa del legislador no fijar aranceles a instituciones que no reciben un peso y que no están adscritas a la gratuidad.
El tema de fondo tiene que ver con la existencia de un desfinanciamiento de las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad. Entonces, mi percepción es que lamentablemente una política pública, que puede estar muy bien inspirada, está afectando la calidad de la educación.
Yo conversé con académicos de la Universidad Diego Portales, quienes me contaron lo que está pasando. Es difícil que una institución se niegue a ingresar a un sistema donde sus estudiantes reciben aporte estatal. Ello, incluso comunicacionalmente, es relevante.
Son pocas las universidades que pueden darse el lujo de decir: "No voy a entrar a la gratuidad". Pero una vez que ingresan a ella reciben recursos insuficientes para garantizar un proyecto educativo de calidad, considerando la tremenda complejidad de una institución que, además, quiera hacer bien la pega.
Desde ese punto de vista, uno ve que, lamentablemente, se están cercenando recursos para la investigación, para la vinculación con el medio.
Entonces, ahí radica el problema de fondo. ¿Por qué una universidad tendría que subir el arancel de los estudiantes que no están suscritos a la gratuidad? ¿Solo para rentar más? ¡No!
Es perfectamente posible verlo bajo la lógica de que esa institución está desfinanciada. Y lo está porque lo que recibe por jóvenes beneficiarios de la gratuidad no es suficiente para garantizar una educación y un proyecto educativo de calidad.
De ahí que muchas universidades planteen hoy día: "Si no me dejan subir el arancel de los deciles que no están siendo beneficiados por la gratuidad, la verdad es que me encuentro en una especie de zapato chino, ya que necesito superar los déficits producto de una política improvisada". De hecho, hoy día estamos legislando de manera muy rápida respecto a una política que se ha implementado a través de la Ley de Presupuestos.
Muchos dirán que probablemente esta política tiene, más que nada, un componente ideológico. Pero si por último hay un componente ideológico detrás y las ideas son válidas, entonces tratemos de implementarlas de manera tal de no afectar la calidad de instituciones que han mejorado la cobertura universitaria, que en Chile era bajísima.
Aquello se olvida cuando uno discute estos temas. El populismo y la demagogia campean. Todos critican el CAE; pero, en su minuto, el CAE permitió que numerosos jóvenes que jamás habrían tenido la oportunidad de ir a la universidad pudieran hacerlo. Cabe recordar que en 1990 nadie del quintil más pobre estudiaba en la educación superior. Sin embargo, actualmente, uno de cada cuatro jóvenes pertenecientes a ese quintil lo hace. Además, la cobertura universitaria subió de 250 mil estudiantes, en 1990, a un millón 250 mil.
Entonces, a mi juicio, las cosas se deben mirar desde esa perspectiva, y hacernos cargos de cuál es la cultura vigente en el ámbito de la educación superior, la cual se ha ido construyendo, para bien o para mal, con el esfuerzo de distintos sectores.
Señor Presidente, quería aportar esta pequeña reflexión al debate. Porque si uno lo aprecia desde afuera, dice: "Hay que fijar los aranceles para proteger a los estudiantes". Y, por otro lado, agrega: "También debemos garantizar la gratuidad o el financiamiento de la educación de los jóvenes sin sacrificar la calidad". Porque esta última es, finalmente, lo más importante en una institución de educación superior.
El señor COLOMA.- Solo deseo intervenir por un minuto para contestarle al Ministro Eyzaguirre -por su intermedio, señor Presidente-, con la misma seriedad con que él intervino, porque la verdad es que él hizo un planteamiento serio.
Puede que a él le moleste el concepto de "fijación de precios", pero no sé cómo describirlo de manera distinta.
Eso sí, me interesa esclarecer lo siguiente.
Cuando el señor Ministro habla de "excedentes", da la impresión de que las universidades lucraran o se apropiaran de eso. Sin embargo, se trata de instituciones sin fines de lucro; o sea, el excedente se llama "investigación".
Entonces, digamos las cosas en su contexto exacto. Aquí no están los buenos contra los malos, ni se trata de que alguien se apropie de los excedentes, sino de cómo las instituciones investigan en un país como el nuestro, muy carente de investigación.
Repito, por segunda vez, si hay un dato que el Ministro de Hacienda conoce mejor que yo es que lo que se invierte en ciencia, tecnología e investigación es muy precario -digámoslo bien-, y no solo en este Gobierno, sino también en los anteriores.
Entonces, no me parece justo que se argumente como si se tratara de los estudiantes versus un pseudo lucro universitario. ¡No! Hay que ver cómo se genera investigación en un país que la necesita. Ese es el tema de fondo. Porque no necesariamente tendrán los mismos criterios quienes fijen el precio de un arancel: puede ser que lo hagan en función del costo de determinada carrera, pero es posible que no consideren adecuadamente la investigación.
Ese fue el sentido. Por eso advertí que, como es un asunto discutible, nos íbamos a abstener. De modo que las cosas hay que decirlas como son: no puedo usar un sinónimo distinto para la fijación de precios.
Se podrá decir que es un mercado imperfecto. Es un mercado amplio. Lo que pasa es que está en juego un tema complejo para el Estado: la falta de investigación. Y, desde mi punto de vista, de alguna manera ello debe ser considerado en el cálculo de un arancel.
--Se aprueba el paquete N° 1 de las normas ya individualizadas (18 votos a favor, 9 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín, Prokurica, Rossi y Patricio Walker.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, solicito que pida la anuencia de la Sala para que se fije un plazo de treinta minutos para presentar indicaciones al proyecto que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. El Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización está de acuerdo en ello.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Hacienda para analizar en general y en particular el proyecto sobre incentivo al retiro de los funcionarios del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, el paquete número 2 de normas que se votarán en conjunto contiene las siguientes disposiciones:
Artículo 20, letras a) y k), en la parte que dice "controladores", letra i), inciso final, y letra p); artículo 26, letra f); artículos 63, 64 y 71, letra b); artículo 96, en la frase que dice: "Con todo, en igualdad de puntajes se deberá preferir a las postulantes mujeres"; artículo 120, numeral 4), letras a) y d), numeral 7), letra d), numeral 8), numeral 9), numeral 14), letra b); artículo 122, y los artículos transitorios décimo octavo, trigésimo, trigésimo cuarto, desde el literal b) hasta el inciso final, y trigésimo quinto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el grupo de normas señaladas por el señor Secretario.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, tal como en los paquetes anteriores, en este se regulan varias cosas distintas. Lo más relevante tal vez es que se entregan a la Superintendencia facultades normativas generales, en circunstancias de que no debiera hacerse, porque ese órgano no es un tribunal. Y eso lo dijo el Tribunal Constitucional en su fallo respecto al SERNAC.
De hecho, en el artículo 20, letra p), se señala que la Superintendencia va a poder "Aplicar e interpretar administrativamente los preceptos".
Usualmente, lo que hace una Superintendencia es aplicar una norma, no aplicar e interpretar. En consecuencia, aquí se le está dando a la Superintendencia una facultad que no debiera tener un órgano administrativo.
Por eso, nosotros creemos que esta disposición, tal como ocurre con la letra i) del artículo 26, que también le da a la Superintendencia la posibilidad de interpretar administrativamente -y no solamente aplicar- leyes, reglamentos y normas, puede tener serios problemas de constitucionalidad.
Por otra parte, vimos en las normas anteriores la regulación de los aranceles. Pero esta última no solamente se establece para los alumnos que están en gratuidad, que es lo que hemos tenido hasta ahora, sino que también se regulan los aranceles de los estudiantes que no se encuentran en gratuidad en instituciones que ingresan a gratuidad.
Eso es particularmente delicado, porque a una institución que entra en gratuidad hoy día no se le fija ninguna norma respecto a los estudiantes que no están en gratuidad. Sin embargo, el proyecto pone ciertos rangos según los cuales se puede fijar el precio de los aranceles de los estudiantes que no están en gratuidad.
Dada esa regulación, varias de las instituciones que hoy día están en gratuidad han manifestado su preocupación por un posible desfinanciamiento.
Yo quiero hacer aquí un punto. El Ministro decía que el problema era que los estudiantes estaban financiando las universidades que eran caras. La pregunta es por qué algunas universidades son caras. ¿Son instituciones que tienen apoyo del Estado con entrega de fondos basales? ¿Son instituciones que hacen investigación e investigación de calidad?
Porque, señor Presidente, puede suceder que, por querer bajar -y me parece muy bien- los aranceles de los estudiantes, finalmente se termine afectando la investigación que se realiza en nuestro país.
Si ese no es el propósito buscado, lo que debiera haber hecho el Ejecutivo es subir fuertemente, con la misma mano con la que se fijan y regulan los aranceles de los estudiantes que no están en gratuidad, los fondos para investigación.
Eso no sucedió. Solamente se hizo una parte. Y lo que ha ocurrido en otros países en que se opta por este tipo de regulaciones es que sus instituciones de educación superior se han quedado atrás respecto de otros países que adoptan diferente tipo de políticas. Y yo creo que nosotros no podemos darnos el lujo de seguir quedándonos atrás en investigación.
Porque, tal como lo decía, hay instituciones que están anunciando que no van a poder permanecer en la gratuidad si esta regulación de los aranceles de los estudiantes que están fuera de la gratuidad se mantiene en el proyecto. Es probable que el Gobierno esté posibilitando con estas normas un inicio de fuga de la gratuidad de algunas instituciones que han entrado en ella.
Quiero decirlo con claridad, y espero que los Senadores de las bancas del frente lo escuchen bien: cuando el próximo año instituciones que hoy día están en gratuidad digan que no van a permanecer en gratuidad...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene un minuto más, para poder concluir su intervención, señora Senadora.
Cuando el próximo año instituciones que hoy día están en gratuidad señalen que no van a permanecer en gratuidad, no digan que es por una falla del Gobierno que viene. Es una falla de este Gobierno. Porque hoy día las instituciones ya están anunciando por la prensa que tienen problemas específicamente con esta regulación.
Nosotros lo dijimos en la Comisión: no regulen los aranceles de los estudiantes que no están en gratuidad, porque es eso lo que a muchas universidades les permite mantener la calidad de la institución y la investigación.
Yo creo que este puede ser el primer gran problema que enfrente la aplicación de la gratuidad para muchas instituciones de nuestro país. Por eso, nosotros vamos a votar en contra de estas regulaciones.
Termino, señor Presidente, solo enunciando que aquí también están los gatillos para la gratuidad, pero a ellos ya no me alcanzo a referir.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, en este paquete de normas hay aspectos absolutamente fundamentales para el proyecto. Ellos tienen que ver, claramente, con el diagnóstico general de la situación de desregulación de las universidades en nuestro país y con la necesidad de evitar la teoría del péndulo -o sea, pasar desde la desregulación a la sobrerregulación-, a fin de contar con una legislación bastante más equilibrada, que hemos debatido ampliamente. Este no es un tema que se esté discutiendo a la rápida, ahora último. Llevamos más de tres años entre preparar el proyecto, discutirlo, adecuarlo, etcétera, lo que al menos debe quedar en la historia de la ley.
Me interesa señalar que en estas normas se prohíbe el controlador con fines de lucro. Existe la posibilidad de que un plantel tenga dentro del grupo de los organizadores alguna institución con fines de lucro, pero la idea es que no tenga un controlador con tales fines, porque eso efectivamente estaría en contra del espíritu de la ley, y no me refiero solo a la iniciativa que estamos discutiendo ahora, sino incluso a la original, a la que dio lugar a que las universidades fueran instituciones sin fines de lucro.
En segundo término, señor Presidente, en cuanto al tema de las facultades de la Superintendencia para dictar normas e interpretarlas, quiero decir que el SERNAC es un servicio, no una Superintendencia. Su función, evidentemente, es distinta, otra. Y realmente podemos arrepentirnos después por no dotarla de facultades que tienen todas las Superintendencias que existen en el país: dictar normas generales para todas las personas que están reguladas y, también, interpretar otras normativas. Eso es propio de la Superintendencia; es una característica de ella.
Tratándose del SERNAC, quedaban atrás de él también los tribunales de justicia. En este caso, si la Superintendencia no tuviese estas atribuciones, nos quedaríamos con una situación vacía en que no se podrían dictar normas claras para el conjunto del sistema.
Nos parece que eso sería un error.
En cuanto a las diferencias de aranceles, debo decir que hay al menos tres universidades categorizadas con nota siete, que es la máxima, y tienen diferencias enormes de aranceles entre unas y otras. Por lo tanto, la calidad y el arancel no van de la mano. Y las tres tienen capacidad de investigación, etcétera.
Esa es una primera situación.
Y la segunda es que, para compensar a las instituciones que entraron en gratuidad y que no recibían fondos basales de investigación, se creó un fondo de investigación que este año asciende a más de 7 mil millones, justamente para disminuir esta brecha y compensar la tarea investigativa.
El señor COLOMA.- ¡No, no!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, por su intermedio, me quiero dirigir con el mayor respeto a la Senadora Von Baer.
En su argumento, ella me ha dado la razón, porque ha dicho -lo estuve conversando con el Senador Coloma; no quiero hacer de esto una discusión ideológica, sino una buena discusión de política pública- que las universidades carentes de fondos para la investigación se han visto obligadas a subir los aranceles y eso demuestra claramente que el oferente tiene poder de mercado, ya que puede cobrar al estudiante lo que requiere para investigación.
Entonces, lo apropiado desde el punto de vista de la asignación de recursos, tal como ustedes lo han argumentado persuasivamente en el caso de las pensiones, es que el Estado con rentas generales financie la investigación y el estudiante pague por lo que efectivamente cuesta la docencia. De lo contrario, usted está haciendo subsidio cruzado en los hombros de las familias.
Ustedes van a gobernar, Senadora Von Baer -por su intermedio, señor Presidente-, y se lo estoy diciendo con el mayor respeto. Existen el fondo de apoyo a la investigación, como lo acaba de mencionar la Ministra, para el conjunto de las universidades, que subió a 7 mil millones; el Convenio Marco para las universidades del Estado, y el Convenio de Desempeño para las universidades del G9. Además, en el Presupuesto año a año ustedes pueden ir calibrando la cantidad de recursos basales a la oferta -se lo estoy diciendo realmente con mucho respeto- para evitar que se estrangule a la universidad. Yo estoy de acuerdo con usted.
Sin embargo, lo que no se puede hacer es que, por no estrangular a la universidad, se estrangule al estudiante.
Tiene toda la racionalidad del mundo dar una banda para los aranceles. No obstante -en eso estoy de acuerdo con usted-, hay que apoyar, por el lado del subsidio a la oferta, el evitar que se estrangule a la universidad. Pero lo correcto no es simplemente dejar aranceles libres; eso no es lo correcto. Todas las universidades que están en gratuidad, ya sea que cuenten con el fondo de apoyo a la investigación, el Convenio Marco, el Convenio de Desempeño, poseen fondos basales que se podrán calibrar año a año.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, quiero referirme a otro de los aspectos incluidos en este paquete número 2, quizás uno de los más polémicos, que es el relativo a los famosos gatillos a partir de los cuales deben desencadenarse los fenómenos de aumento de la gratuidad.
Lo primero que habría que señalar, para quienes siguen esta transmisión, es que ya tenemos aprobada la disposición conforme a la cual la gratuidad al 60 por ciento se transforma en ley de la república. Por lo tanto, aquí la discusión no se relaciona con dicho porcentaje. El 60 por ciento ha sido ratificado y la votación ya ha tenido lugar.
El punto importante es ver cómo se avanza hacia delante. Y quizás lo primero que habría que recordar es cuál fue la promesa inicial que en esta materia formuló el actual Gobierno. Este planteó que la gratuidad universal se conseguiría en un horizonte de tiempo conforme al cual en el año 2017 avanzaría hasta el 70 por ciento y en el año 2020 alcanzaría el 100 por ciento.
Sin embargo, la gratuidad que estamos aprobando en este proyecto dista mucho de ser una gratuidad universal. Es, en el mejor de los casos, una gratuidad en la medida de lo posible, como ha señalado otro colega. ¿Por qué en la medida de lo posible? Porque simplemente se establecen escenarios futuros para avanzar desde el actual 60 por ciento al 70, al 80, al 90 y eventualmente al 100 por ciento.
Es curioso, señor Presidente, que en esta materia existan hoy día opiniones tan diferentes respecto de cuándo se van a materializar las hipótesis a partir de las cuales se gatillen estos mecanismos para poder avanzar en los distintos gradientes de esta gratuidad.
Algunos sostienen que para avanzar del 60 al 70 por ciento nuestro país requerirá diez años; otros, que para llegar hasta el 80 por ciento se precisarán veinte años; otros, que para alcanzar el 90 por ciento pueden ser necesarios cuarenta y eventualmente cincuenta años. Es decir, estamos frente a una hipótesis imposible de materializar hoy día.
Lo que tenemos es una hipótesis, simplemente una proyección que supuestamente indica en qué momento nuestro país va a tener determinados ingresos fiscales, que corresponden a un porcentaje del PIB, a partir de lo cual debieran gatillarse los avances en la gratuidad.
Frente a eso hay dos mecanismos.
El que propone el Gobierno es que esto se genere en forma automática. Producido el efecto de que los ingresos fiscales sean un porcentaje del PIB tendencial, entonces, automáticamente se genera ese gatillo.
Otros sostenemos que producido ese evento lo que debiera existir es un proyecto de ley para que el Congreso que en ese minuto esté en funciones sea el que determine cuál es el avance específico en materia de gratuidad, teniendo en cuenta que los países no solo deben avanzar en gratuidad, sino en un conjunto de otros requerimientos sociales de distinto tipo.
La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿cuál es el Congreso constitucional y políticamente autorizado para disponer de gastos que se pueden producir en varias décadas más, el actual o aquel Parlamento que se encuentre en funciones cuando se produzcan tales gatillos?
Es evidente, desde el punto de vista constitucional, que lo que el constituyente ha querido hacer es que sea el Congreso que esté en funciones aquel que, en definitiva, determine la prioridad del gasto.
Más aún, ¡cómo va a ser razonable que este Parlamento pueda determinar para un gobierno que puede tener lugar en cuarenta años más a qué debe destinar los recursos cuando se produzcan las hipótesis que hemos señalado!
En consecuencia, señor Presidente, nosotros vamos a insistir en que la forma correcta de avanzar en gratuidad es que cuando se generen los gatillos, más que un mecanismo automático, sea necesaria la presentación de un proyecto de ley para que el Congreso en funciones determine el gasto que corresponda en esa oportunidad.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, es bien rara la manera de votar que adoptamos, porque al final hay paquetes bien heterogéneos sobre los que debemos pronunciarnos en su conjunto. Bueno, Barrera no es Ministro ni tampoco Subsecretario, ¡pero él tiene la capacidad de ordenarnos...!
No voy a referirme a los controladores, pues ya lo mencionó la señora Ministra. Aquí está claro lo que implica tener controladores y el efecto que puede generar en el conjunto de la sociedad. Son organizaciones sin fines de lucro que cuando una empresa quiere aportar, una vez que lo hace se dirige, se gestiona y se proyecta con sus propias condiciones e institucionalidad.
Se ha planteado otra materia, respecto de la cual considero que hay que tener mucho cuidado si se votara en contra. Me parece que la contabilidad de todas las universidades debe ser pública; cualquiera puede conocerla. Y hemos señalado con mucha fuerza que el sistema contable de todas las universidades tiene que ser el IFRS de la Contraloría. Así, serían comparables unas con otras y se podría visualizar cuál es la real situación del conjunto de los movimientos de determinada institución.
Respecto a la rendición se dio todo un debate, porque existe cierta ambigüedad en el proyecto de ley, pues el texto propone que se rinde cuentas a la Superintendencia. Pero si el día de mañana la Contraloría considera que la rendición del aporte institucional presenta inconsistencias y hay que revisarla, va a decirle a la institución: "Quiero que me explique estos datos".
La otra posibilidad es que la Contraloría solo pueda operar a través de la Superintendencia, que es lo que ocurre hoy día. Porque, según lo acordado en la Ley de Presupuestos, el órgano contralor está controlando más al Ministerio que a las propias instituciones. Y esto quedó así. Insistimos mucho junto con otros parlamentarios, pero no logramos convencer al Gobierno de que el sistema de contabilidad, de rendición, de control tenía que ser en profundidad y público.
Estas son instituciones que cumplen funciones públicas, reciben recursos públicos, se les permite tener un título como instituciones de la sociedad. Bueno, lo mínimo es que haya transparencia en todos estos aspectos. Eso quedó a mitad de camino, y esperamos que la interpretación sea en los términos que se plantea.
En relación con esto, existe una discusión fuerte con la Contraloría -¡fuerte!-, pues esta considera que no puede investigar los gastos si de 10 mil solo ve 3 mil, porque claramente se le desdibuja la posibilidad de saber qué se hace con los recursos.
Otro punto en debate es que se cuestiona la facultad de la Superintendencia y lo que se busca es reducirla prácticamente a nada. Es la misma lógica del Tribunal Constitucional con el SERNAC. Algunos personeros de Oposición me han dicho que lo que pretende la Derecha es llegar a tribunales contencioso-administrativos. O sea, que las superintendencias no existan y que haya una instancia en la cual se presenten los casos y desde ahí se empiece a actuar. ¿Qué significa esto? Que entre que surge el problema y este se enfrenta se va a dar un período mucho más largo; va a ser mucho más difícil; la ciudadanía quedará desprotegida en muchos sentidos. Y eso no nos parece bien en lo absoluto.
Quiero referirme a la acreditación voluntaria. Para evitar confusiones, la ley en proyecto dispone que la acreditación es obligatoria para las instituciones y para determinadas carreras. Para el resto, en la medida que el sistema madure va a ir ofreciendo posibilidades para acreditarse voluntariamente en otras áreas. Pero la acreditación estará a cargo de un organismo público. La acreditación privada se termina; no existirá más. Ahora habrá una acreditación pública, a cargo de una agencia pública. Y habrá carreras que obligatoriamente tendrán que acreditarse, mientras las otras lo harán cuando el sistema ofrezca alguna alternativa.
Finalmente, el tema de los gatillos habría que explicarlo un poquito más. En este sentido, al escuchar lo que manifestó un Senador que habló antes, constato que no quiere oír los argumentos que se dan, porque la situación no es como él la señala.
Lo que se plantea aquí es que para el séptimo decil, una vez que los ingresos públicos lleguen a determinado nivel, se produce el gasto. Aquí no se está acordando ningún gasto. Lo que se hace es que este se va a generar solo cuando los ingresos públicos lleguen a cierto nivel.
Podríamos haber dicho otra cosa. A estas alturas, dadas las proyecciones económicas, creo que lo lógico hubiera sido señalar que nos íbamos a hacer cargo del séptimo decil en dos o tres años más. Porque el séptimo decil debería tener la posibilidad de acceder a la gratuidad en educación.
A mi juicio, eso hay que pelearlo en el movimiento social; en el debate parlamentario, en otras instancias, a fin de avanzar más rápido. Porque estamos hablando de sectores medios. Alguien que está en el séptimo decil, que tiene dos niños, en verdad no puede sostenerse.
Quiero aclarar una cosa: aquí no se está predefiniendo el gasto por sí solo, sino que se está definiendo que a partir de ciertos ingresos hay cierto gasto.
Cuando establecimos la carrera docente, definimos gastos para muchos gobiernos de aquí hacia delante, no para cuatro, cinco o seis, sino para muchos. Cuando fijamos la pensión básica asistencial, también definimos gastos para muchos gobiernos. Al sexto decil lo definimos como gasto. Pero en este caso no es gasto, pues cuando se dé la condición de ingreso determinada ahí recién se establece el gasto. No se podría haber sido más riguroso, más serio, más responsable con las cuentas públicas.
Insisto: si algo tenemos que pelear es que el séptimo decil entre cuanto antes a la gratuidad, porque la economía chilena, por el escenario internacional -no por el manejo de ahora, porque todavía no llega el nuevo Gobierno-, por el comercio mundial, por el cobre, presenta una situación que le permitiría incorporar el séptimo decil a la gratuidad de la educación, cosa que no pudo hacer la actual Administración.
Finalmente, las normas que plantea la Ministra respecto de la Superintendencia se encuentran en el marco de la ley.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me quiero referir precisamente a los gatillos para ir cubriendo a mayores grupos y a más familias con el sistema de gratuidad en educación. Entiendo que ya se votó, de manera unánime, la gratuidad hasta el sexto decil.
Lo que ocurre es que, de acuerdo con la norma que se nos propone, para gatillar la gratuidad al séptimo decil, la carga fiscal -entendida como la recaudación tributaria más otros ingresos fiscales- tendría que ser un 23,5 por ciento del producto interno bruto tendencial. Para pasar al octavo decil, debería ser de 24,5 por ciento. Para llegar al noveno decil, 26,5 por ciento. Y para que sea universal, la carga fiscal tendrá que alcanzar un 29,5 por ciento del producto interno bruto tendencial.
El Ministro de Hacienda, aquí presente, don Nicolás Eyzaguirre, en la Comisión de Hacienda fue sumamente claro ayer cuando sostuvo: "Miren, alcanzar mayores niveles de carga fiscal no va a ser posible si no hay un alza de tributos". Y agregó que él, aunque no debe tomar la decisión, sugeriría no subir el impuesto a las empresas, por los efectos que podría generar en el empleo, pero sí a las personas.
En primer lugar, quiero recordar que en la reforma tributaria que nos propuso la Presidenta Bachelet al asumir su segundo Gobierno en 2014, la carga tributaria de las personas, la tasa máxima, bajó de 40 a 35 por ciento. Y se disminuyó porque se consideraba que era una carga muy alta y, además, porque permitía el diseño de distintas formas de elusión.
Señor Presidente, hoy día en países con un nivel medio de desarrollo, como es el caso de Chile, la carga fiscal no es una materia en la que seamos enteramente libres para resolver, porque hay que mirar lo que ocurre con nuestros competidores a fin de no ahuyentar la inversión.
A mi juicio, si en algo hay consenso actualmente en materia económica es que Chile necesita mucho más inversión para que nuestra economía recupere altas tasas de crecimiento y la capacidad de crear más empleo con mejores remuneraciones.
¿Qué es lo que más me preocupa de esta norma? Una presión por aumentar los impuestos; una presión para que tengamos nuevas reformas tributarias, porque en la medida en que se alcancen estos niveles de producto interno bruto tendencial se gatilla una mayor gratuidad. Pero eso puede significar dispararnos en los pies, señor Presidente. Eso puede implicar que por tener cargas tributarias más altas terminemos obteniendo menor recaudación, porque finalmente las recaudaciones se afectan, y ya lo vimos con la reforma tributaria que aprobamos. Y digo que "aprobamos" porque todos nosotros, todos quienes estamos en esta Sala, aprobamos esa reforma tributaria en 2014.
Entonces, hemos visto que muchas veces se produce el efecto contrario: en lugar de tener más recaudación, se contrae la economía y obtenemos menos recaudación.
Aquí hay un peligro latente. Así de claro, señor Presidente: hay un peligro latente. No me parece prudente que despachemos un proyecto de ley que finalmente significa presionar para que suban los impuestos.
De otro lado, señor Presidente, creo que tal como aquí se dijo, nosotros también tenemos otras demandas sociales urgentes.
Cito como ejemplo el tema de las pensiones, particularmente de las pensiones más bajas.
Si el día de mañana decidiéramos aumentar algún impuesto para tener una recaudación permanente a fin de implementar una mejora permanente de pensiones, ¿podríamos hacerlo o ese aumento va a significar que incrementamos la carga fiscal y automáticamente tenemos que gatillar un mayor gasto por gratuidad?
Estas normas son peligrosas, señor Presidente. ¡Son peligrosas!
Aquí lo prudente, lo que correspondería hacer es que en la medida en que nuestro país fuera teniendo mayores ingresos, con leyes que fueran despachando los distintos Congresos, pudiéramos ir aumentando la gratuidad.
El señor COLOMA.- No, todavía no, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, si en algo coincido con el Senador Montes es en que esta forma de empaquetar los temas hace muy difícil un debate. Para una próxima ocasión me gustaría ver cada cosa en su mérito. Ahora voy a concentrarme, brevemente, en tres.
Primero, aunque no sea grato, el tema de los aranceles influye mucho, probablemente no en las universidades estatales, pero sí en el resto de los planteles.
Me llegó una carta -imagino que varios la habrán recibido- del G9, donde me señalan: "lamentamos enterarnos por la prensa que el Gobierno ha aprobado duplicar los recursos destinados al Plan de Fortalecimiento para las Universidades Estatales. Lo anterior sin considerar ningún mecanismo de apoyo para nuestras universidades, evidenciando un sesgo, falta de reconocimiento y una clara discriminación a un grupo de universidades que forman parte del CRUCh que históricamente han recibido apoyo y financiamiento de parte del Estado para impulsar su desarrollo", y agregan varias cosas más.
La carta está firmada por los rectores de la Universidad Federico Santa María, de la Universidad Austral de Chile, de la Universidad Católica del Norte, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Concepción, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad Católica del Maule, de la Universidad Católica de Temuco y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Esta es la complejidad que reviste el tema de los aranceles. Uno no habla por generar problemas, sino porque observa que hay una desigualdad en cuanto a los recursos que se entregan a las universidades; que existe una diferenciación, a mi juicio, no razonable entre las universidades estatales y las universidades del G9 u otro tipo de instituciones. Y esto es lo que genera el debate respecto de la cuestión arancelaria.
Si hubiera habido -y el Ministro lo dijo- un apoyo estatal diferente en materia de investigación o de fortalecimiento, por ejemplo, probablemente esta discusión sería de otra naturaleza. Pero esta es la discusión que tenemos y de ella debemos hacernos cargo.
En segundo lugar está el asunto de los gatillos.
Yo tengo una profunda duda, más bien desde la perspectiva democrática, en cuanto a qué significa que los ingresos de futuros gobiernos queden cooptados por decisiones que toma el actual Parlamento. Y lo digo no solo en función de la próxima Administración, porque -alguien lo ha expresado- tal vez los indicadores no lo van a señalar dentro de un plazo corto.
No creo que sea un buen sistema -yo por lo menos no lo apruebo- el de condicionar ingresos futuros; en este caso, de las universidades.
¿Qué ocurrirá si el próximo Gobierno -yo, por ejemplo, impulso un mejoramiento importante en materia de pensiones- dice que, en función de determinadas condiciones, la Administración que lo suceda deberá usar sus ingresos exclusivamente para solventar determinados beneficios?
La democracia tiene que ver con la alternancia en el poder, con la capacidad de tomar decisiones. Pero si ahogamos a los gobiernos venideros diciéndoles, no cómo gastar lo que tienen, sino de qué manera gastar lo que pueden llegar a tener, me parece que eso pugna con el sentido democrático profundo de darle a una institución los mecanismos suficientes para salir adelante.
Por último, señor Presidente, dentro del escasísimo tiempo de que dispongo, debo subrayar que, en materia de superintendencia -lo dije a propósito de otras instituciones-, nunca me ha parecido razonable que un organismo norme, fiscalice, interprete y sancione. Lo considero excesivo. Eso vuelve a traer al tapete la vieja cuestión de ser al mismo tiempo juez y parte.
Por cierto, la Superintendencia de Educación debe existir. Pero facultarla para normar, fiscalizar, interpretar y sancionar implica darle un poder enorme dentro del funcionamiento de la institucionalidad, cualquiera que sea.
La lógica de las superintendencias es que tengan un rol en el desarrollo de las instituciones. Pero no pueden ser todos los roles. Ahí es cuando uno pregunta si no hay una forma más compensada en términos de no tener el poder absoluto.
Esa es una de las interrogantes que quedan con pocas respuestas. Porque puede existir un modelo que no le entregue a la Superintendencia todas las facultades. Por algo -insisto- se han creado instituciones sancionatorias distintas de las que fiscalizan, de las que interpretan y, sobre todo, de las que norman.
Sé que estas materias abordan muchos tópicos, señor Presidente. Pero creo que aquí está el quid de esta discusión.
Por las razones que he dado, opino que este conjunto de normas debe votarse en contra, pues no colabora al diseño de una ley mejor. Más bien crea instituciones de mayor complejidad y genera la captura de los ingresos futuros de los gobiernos. Y ello no tiene que ver -insisto- con la próxima Administración, sino con la lógica de comprometer tales ingresos, lo que, a mi entender, no apunta en un sentido correcto.
Además, tales disposiciones reflejan una diferencia en la significación de cuestiones como la arancelaria, que tiene que ver con la forma como se distribuyen actualmente los fondos generales para la educación.
Razón tenía el Senador Rossi cuando hablaba de la importancia futura de la educación parvularia.
Entonces, si de alguna manera vamos generando este tipo de acciones, cada día tendremos menos manejo para utilizar los recursos en cosas que uno legítimamente pueda estimar necesarias.
Por eso, señor Presidente, frente a este conjunto de normas, voto en contra.
El señor MONTES.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡No!
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo también creo que este bloque es demasiado heterogéneo y perfectamente podría haber sido objeto de dos debates.
En él hay varios temas. Uno de ellos son las facultades de la Superintendencia de Educación, sobre lo cual se ha debatido bastante en la Sala.
Yo simplemente quisiera recordar que en la Comisión para el Mercado Financiero, órgano de creación muy reciente que remplazó a la Superintendencia de Valores y ya está en operación, tenemos todo lo que aquí se le ha criticado a la Superintendencia de Educación, y mucho más, pues se trata de un ente con facultades sancionatorias. Por lo tanto, existe la posibilidad de dictar normas; hay facultad administrativa de interpretación, e incluso, atribuciones muy intrusivas para los efectos de detectar las transgresiones a la normativa pertinente. Se trata de un órgano de data muy reciente, cuyo establecimiento este Senado aprobó.
En segundo término, me parece fundamental lo señalado en la Sala por el colega Montes en cuanto a la contabilidad pública. Lo decía también el Contralor en algunas de las sesiones en las que nos acompañó.
Cumpliendo toda la normativa legal -no estoy haciendo juicio alguno-, la Universidad de Chile se lleva por concepto de gratuidad 32 mil millones de pesos; la Universidad Autónoma, que le sigue, 29 mil millones.
Entonces, ¡cómo no procurar que esos recursos vayan íntegramente a los fines que la ley en proyecto está estableciendo!
Por consiguiente, si bien la contabilidad pública se halla en el ámbito de la fiscalización ejercida por la Superintendencia, la Contraloría va a tener mucho que decir sobre el particular.
Esperamos que las normas que aprobemos no den lugar a dos interpretaciones.
En tercer lugar está el tema de los aranceles, sobre el cual acá se ha discutido mucho.
Yo simplemente quiero señalar cuáles son los planteles y las carreras que más incrementan sus aranceles para las matrículas de 2018: Universidad del Desarrollo Región Metropolitana, Medicina y Odontología; Universidad Andrés Bello Región Metropolitana, Medicina y Odontología; Universidad del Desarrollo Región del Biobío, Odontología; Universidad San Sebastián Región Metropolitana, Medicina; Universidad Mayor Región Metropolitana, Medicina y Odontología; Universidad Mayor Región de La Araucanía, Medicina y Odontología.
Algunas de esas universidades privadas son de bastante prestigio. No sé si hay necesariamente coincidencia con las mejor rankeadas en nuestro país (entiendo que no).
Me llamó la atención que un Senador recién abogue por el G9 como ya lo hicimos todos. En efecto, en la Comisión acordamos por consenso que sus basales de desempeño se establecieran por ley y no mediante glosa. Pero la verdad es que, cuando se incrementaron sustantivamente las Becas Bicentenario, a quienes hoy día defienden al G9 no los escuché decir ninguna palabra en defensa de los recursos estatales y de las universidades del G9, que han generado bienes públicos y están en diversas regiones de nuestro país.
Por supuesto, aquí se suman otras universidades, como la UDP y la Finis Terrae, que tienen arancel.
Ese es el problema. Y lo digo a propósito de la discusión que planteaba la Senadora Von Baer respecto de las universidades que, por supuesto cumpliendo los requisitos, van a acceder a la gratuidad institucional, pues algunos estudiantes no tendrán el beneficio.
Entonces, acá el punto se encuentra -y esto tiene mucho que ver con la discusión sobre los gatillos- en los alumnos del séptimo decil, quienes -es bueno decirlo para información de las personas que están siguiendo este debate- pertenecen a familias cuyo ingreso per cápita mensual es del orden de los 255 mil pesos.
Obviamente, cada decil está muy pegado al que le antecede o al que le sucede. Pero particularmente los deciles más próximos en términos de ingreso per cápita son el sexto y el séptimo: conforme a la ley, 200 mil pesos per cápita el sexto y 255 mil el séptimo.
Entonces, surgen las siguientes preguntas: ¿Estamos hablando de familias adineradas? ¿Estamos hablando de los grandes intereses económicos de nuestro país?
No: ¡recién aquí estamos hablando de clase media!
Por lo tanto, finalmente universidades como la Finis Terrae y la UDP, en carreras que no figuran entre las mejor rankeadas a nivel nacional, van a incrementar los costos y harán que paguen el mayor valor sus estudiantes por concepto de investigación.
Solo quiero llamar la atención sobre el punto, señor Presidente.
Por último, en el minuto adicional que Su Señoría gentilmente me otorgará, quiero referirme al tema de los gatillos, sobre el cual hay algo que no se ha dicho.
Existe una preocupación razonable -y uno puede entender a la Derecha- en cuanto a que se requeriría una ley especial para dar el salto hacia el séptimo decil.
Es probable que nos encontremos con que automáticamente, fruto del crecimiento, de la vilipendiada reforma tributaria, dentro de dos o tres años nos encontremos con la posibilidad de acceder casi de manera automática al séptimo decil.
Yo creo que, más que una inquietud de algunos sectores por cómo se beneficia a los estratos medios o incluso medios pobres, para el próximo Gobierno debiese ser motivo de alegría hallarse sin haberlo querido con una situación de ese tipo. Ojalá sea así.
El Senador Montes ha planteado que probablemente va a existir una mayor presión social para acceder a aquello. Es factible.
Pero, señor Presidente -y con esto termino-, ¿dónde está el punto? En que solo el 9 por ciento de los recursos que vamos a tener como consecuencia de una mayor recaudación tributaria irá a los gastos de educación superior, a financiar el incremento de deciles.
Es decir, el Gobierno que asumirá en marzo próximo dispondrá de 90 por ciento, si se encuentra con la gratuidad en el séptimo decil en el transcurso de su mandato, para destinarlo a otras necesidades igualmente prioritarias, como señaló recién un Senador de las bancas del frente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación al objeto de que Sus Señorías funden el voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Bien. Se abre...
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Dije que no, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda una sola intervención: la del Senador señor Ignacio Walker.
El señor GIRARDI.- La escucharemos igual.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, escucharemos a Su Señoría y después abriremos la votación.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, quiero expresar las razones por las cuales no puedo votar a favor de las normas sobre financiamiento institucional para la gratuidad.
Se nos hace pronunciarnos en un paquete, pero el aspecto medular, como ha quedado claro durante el debate, es el relativo al financiamiento institucional de la gratuidad. ¿Por qué? Porque, aparentemente -repito: aparentemente-, los artículos 82 y 83 permanentes de este proyecto de ley generan la gratuidad universal. Sin embargo, como sabemos, eso es solo en apariencia. De hecho, esta iniciativa no garantiza la gratuidad universal. Y opino que es así.
Yo nunca he creído en la gratuidad universal en educación superior; y lo he dicho a lo largo de tres años.
Primero, porque es imposible financiarla. Son 4 mil millones de dólares; el informe financiero habla de 3 mil 500 millones, pero son 4 mil millones (de hecho, lo que invierte el sector privado en educación superior asciende a 4 mil 500 millones; digamos 4 mil millones). ¡La mitad de toda la reforma tributaria en régimen dedicada solo a gratuidad en educación superior! Olvidémonos de educación parvularia, de educación técnico-profesional.
Segundo, porque es regresiva.
¡Cómo le explicamos a nuestro país que 99 por ciento de la población financia la educación superior del 1 por ciento más rico, que detenta 30 por ciento del ingreso nacional!
¿Cómo le explicamos eso? Porque se trata de cien por ciento: eso significa la gratuidad universal.
Es, entonces, regresiva.
Y tercero, porque yo tengo un acuerdo político desde el año 2011, cuando era Presidente de la Democracia Cristiana, con los cinco presidentes de los partidos que hoy son parte de la Nueva Mayoría: gratuidad hasta el 70 por ciento de menores ingresos.
Entonces, se crea mediante los artículos 82 y 83 la apariencia -repito: la apariencia- de una gratuidad universal que no es tal. ¿Por qué no es tal? Porque lo permanente de este proyecto, por años, por décadas, es el artículo trigésimo cuarto transitorio.
Estamos de acuerdo unánimemente con la gratuidad para el 60 por ciento de menores ingresos. Ahí no hay matices. Eso está aprobado.
Yo avanzaría al séptimo decil.
Una familia de cuatro personas con un ingreso de entre 750 mil pesos y un millón no es rica.
Un profesor con 10 años de ejercicio docente que gana un millón de pesos no puede educar a dos hijos en el nivel universitario.
Sin embargo, de ahí para delante el proyecto en debate, como está construido, es engañoso, pues crea la apariencia de la gratuidad universal -ella no existe en esta iniciativa- y la realidad de la gratuidad en la medida de lo posible después del séptimo decil, dejando amarrado hacia el futuro en forma permanente, a través de los gatillos, el acceso automático desde el referido decil para arriba.
No. Todos lo sabemos: 23,5 por ciento de la carga tributaria, por lo que en el proyecto se llama "ingresos fiscales estructurales", para el séptimo decil.
Creo que está bien. Como ley, yo llegaría hasta ahí. Después el legislador avanzará, de acuerdo a las políticas públicas y a la voluntad popular.
De ahí para delante, 24,5 por ciento, 26,5 por ciento, 29,5 por ciento; o sea, Dinamarca, Suecia, Noruega. Y todos sabemos que faltan 30, 40 a 50 años para llegar a eso.
Señor Presidente, a mí no me parece que sea una buena política pública crear la apariencia, la sensación, la imagen de que se está avanzando en gratuidad universal cuando eso no es cierto. Porque este proyecto -y hay que decírselo a nuestro país- no garantiza gratuidad universal: ni ahora, ni en 5, ni en 20 ni en 30 años. Está garantizando gratuidad en la medida de lo posible, pero mediante gatillos que establecen automatismos que me parecen una mala política pública.
Por eso, me voy a abstener.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, yo comparto las palabras del Senador Ignacio Walker en cuanto a que este proyecto es engañoso.
Es verdad. Porque se dice que se va a alcanzar la gratuidad universal, pero no se sabe cuándo, aunque ella sí se establece.
Yo tampoco comparto la gratuidad universal.
Para mí al menos, es distinto lo planteado recién por el Senador Quintana en el sentido de financiar la gratuidad hasta el 70 por ciento. Podemos discutirlo como país si se da la situación económica y dependiendo de las otras preocupaciones nacionales en su minuto. Pero pagarles con recursos de todos los ciudadanos la universidad a las familias más ricas no me parece bien.
En un país como el nuestro, ese no es el camino adecuado. Tenemos muchas necesidades aún.
Lo que a mí no me gusta de los gatillos propuestos es que obligan al Gobierno, independiente de lo que esté sucediendo en el territorio nacional, a gastarse la plata en la gratuidad.
Creo que hay que considerar aquello cuando hablamos del 70 por ciento más vulnerable. ¿Pero tratándose del 80, del 90, del 100 por ciento...?
Pensemos en los montos de las pensiones actuales e imaginemos que Chile crece, se decide hacer otra reforma tributaria y se acuerda gastar los recursos en el mejoramiento de aquellas, pero sucede que tenemos aprobados desde enero de 2018 gatillos que obligan a priorizar la gratuidad para 80 o 90 por ciento de la educación superior.
En mi concepto, el punto respectivo debe discutirse en su mérito. Porque, por ejemplo, nuestro país puede estar en una situación de catástrofe, pero los gatillos obligan automáticamente a destinar la plata al pago de la universidad de los hijos de las familias más ricas.
En seguida, señor Presidente, por su intermedio quiero decirle respetuosamente al señor Ministro de Hacienda -quizás no lo vio- que nosotros nos abstuvimos en el tema de los aranceles, pues al respecto tenemos una duda.
Entendemos que la gratuidad no se puede establecer si no hay para ella regulación de aranceles. Y también entendemos el argumento técnico.
¿Pero sabe qué sucede, señor Presidente? Nosotros consideramos que la regulación es supercompleja y puede provocar graves problemas.
Este proyecto de ley es tan ambicioso y regula tantos ámbitos al mismo tiempo que es imposible no equivocarse en alguno.
A mi entender, en esta iniciativa hemos legislado de manera extraordinariamente rápida, sin escuchar bien a todos los actores. No se nos permitió hacerlo, pues en el Senado no tuvimos suficiente tiempo.
De verdad, espero que no hayamos incurrido en demasiados errores. Pero, sí, estimo altamente probable que sean muchos.
Lo manifesté al principio de la tramitación: no puedo hacerme responsable, como Senadora de la República, de la manera en que se ha tramitado el proyecto de ley. Ello le corresponde en forma absoluta al Gobierno de la Presidenta Bachelet y a los parlamentarios de la Nueva Mayoría. Nosotros no quisimos que se procediera como se ha hecho.
Y abrigamos bastantes dudas. Me surgen numerosas interrogantes respecto de cómo quedó el sistema de acreditación. ¡De verdad no sé si está bien!
En cuanto al valor del arancel de los alumnos sin gratuidad, ¡ojo, señor Presidente! En la Comisión de Hacienda nos dimos cuenta ayer -no lo advertimos antes-...
Solicito un minuto más.
La regulación es automática. Y el señor Ministro dice: "No importa, porque ustedes podrán solucionar la situación con otros fondos de que disponen". ¡Pero si rige en 2018 para muchas instituciones! ¿Cómo ello se va a arreglar si el Gobierno no lo hizo? ¡Insisto en que la aplicación es automática! Eso es lo que motiva nuestra alerta. Se lo digo con mucho respeto -por su intermedio, señor Presidente- al titular de Hacienda.
Varias entidades pueden enfrentar dificultades de financiamiento en el año en curso. ¡Porque ya no están los recursos!
Repito que hay problemas por haber tramitado rápido una materia muy amplia. Entonces, de verdad no somos responsables de los tropiezos que experimente la ley en proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, después de escuchar al Senador señor Ignacio Walker dan ganas de que se reabra el debate y de que nos demos tiempo para intervenir, porque hace un conjunto de afirmaciones tremendamente discutibles y hay distintos puntos de vista al respecto. Las plantea como la única visión posible. Desgraciadamente, en la Sala no hemos tenido la oportunidad de ocuparnos en ello, aunque sí en la Comisión.
Su Señoría se desmarca de la iniciativa juzgando que se pueden perjudicar otros objetivos sociales; que se deja condicionado al siguiente Gobierno.
Hemos argumentado de distinta manera en el sentido de que el fundamento es otro. Y no se saca nada con explicarlo si no se escucha. Porque el Gobierno lo ha hecho.
Hemos expresado que los "gatillos" no son otra cosa, frente a situaciones de ingreso determinadas, que elevar la gratuidad en los aranceles.
No voy a decir más. No quiero entrar en una controversia mayor con el señor Senador. Pero esta es la situación que genera confusión en el país.
La Honorable señora Von Baer sostiene que no hubo tiempo para debatir. ¡La Comisión de Educación celebró veinte audiencias! El problema es que su forma de trabajar incluye muchas para la discusión general y, después, poquitas sesiones para la discusión particular. No es lo que hacen otros órganos técnicos: se discute en general, se aprueba la idea de legislar, y luego se va al fondo y se buscan alternativas para la votación particular. Eso ya ocurrió con la educación pública escolar y nuevamente sucede ahora.
¡Se afirma que se perjudicará completamente a la educación parvularia! ¡Interpelo a la señora Ministra para que precise cuánto estamos gastando hoy día en ese ámbito, en relación con la educación superior! ¡No se toma en cuenta todo lo que han ido aumentando los recursos! ¡No se ha asumido que estamos alcanzando niveles internacionales en las características de las nuevas salas cuna, los tamaños, las salas de expansión! Entonces, a partir de ello, se descalifica el conjunto del enfoque y de la acción.
Nosotros pensamos que una sociedad más igualitaria requiere más oportunidades de educación para distintos sectores. Y a estas alturas, después de escuchar distintos argumentos de la Oposición, pero también del Senador señor Ignacio Walker, me arrepiento de haber aceptado la teoría del gatillo. ¡Deberíamos habernos jugado desde el comienzo porque el séptimo decil entrara al sistema en dos o tres años más y porque eso quedara en la ley, y porque el próximo Gobierno tuviera que ver con el octavo y el noveno!
¡Hay mala voluntad para entender lo que se dice y por qué se dice!
Se afirma que se van a comprometer en el futuro los recursos públicos. ¡Todos los proyectos lo hacen! ¡Es lo propio de las legislaciones! Y los Gobiernos serios lo hacen dentro del espacio de gasto de que disponen. El actual ha sido muy riguroso al considerar aquel que le corresponde. Al decirse ciertas cosas a la Dirección de Presupuestos, la respuesta es: "Se acabó el espacio", "Se redujo el espacio". O sea, hay una lógica más responsable de la que se supone. Y la próxima Administración podrá constatarlo cuando se instale.
A mi juicio, deberíamos haber dedicado mucho más tiempo a debatir qué universidad necesitan Chile y el mundo, qué viene en el conocimiento, cuáles son los grandes desafíos por delante. No hubo espacio para ello. ¡Nos ahogamos en la cuestión institucional y del financiamiento, y no contamos con el oxígeno y la visión para mirar en conjunto lo que requiere el país!
¡Lo mismo nos pasó con la educación escolar, donde toda la discusión, al final, decía relación con un comité intermedio! Y estuvimos en eso cuatro o cinco meses, en vez de ocuparnos en la índole de esa etapa.
El Congreso debe sacar lecciones de todo ello. Espero que para el futuro podamos enriquecer nuestro debate y discutir acerca de más valores, más sentidos, más objetivos. Y tratemos de concordar los procedimientos y los aspectos técnicos, porque muchas veces no son lo central, sobre todo en el tiempo actual.
Me parece que es preciso votar a favor todo el paquete. Rechazarlo es desnaturalizar el proyecto. Significa eso y nada más que eso.
Si hubiera unanimidad, ¡retiremos los gatillos! y pongamos, en cambio, que los siete primeros deciles estarán cubiertos en un máximo de dos o tres años más. ¡Propongo a la Mesa someterlo a la consideración de la Sala! Si hubiera consenso, podríamos hacerlo. Sería más claro para el país, para los sectores medios. El Gobierno puso otra metodología, que a mucha gente le cuesta entender.
Es preciso votar a favor todo lo que aquí se ha planteado.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, el Senador señor Montes tiene razón: el asunto fue discutido en la Comisión de Educación.
Celebramos ocho sesiones. Asistieron 38 personas: rectores de universidades estatales, privadas, del CRUCh, no del CRUCh, expertos. De ellas, 35 o 36 se mostraron manifiestamente en contra del proyecto. Estuve en todas las reuniones, porque las presidí. Los invitados eran de la más variada índole política. Se manifestaron cualitativamente contrarios y críticos.
Se presentaron ¡695 indicaciones!, 83 de ellas del Gobierno. ¡Bien!
Estas últimas ayudaron a algo que varios habíamos advertido. Lo señalé la semana pasada en una entrevista con el titular "No podemos pasar de la desregulación a la sobrerregulación". ¡Bien!
Mejoraron las normas sobre la Superintendencia y la Subsecretaría.
Dejamos sin efecto el acceso común obligatorio, que votamos en contra. Porque, evidentemente, más que poner una camisa de fuerza a las instituciones de educación superior, queremos fortalecerlas, y que este último sector florezca en todos los niveles: estatales, no estatales, CRUCh, no CRUCh; en todos los deciles, etcétera.
Cuando se formulan 695 indicaciones en una iniciativa cuya discusión lleva un año y medio y que ha permanecido cinco meses en el Senado, ¡algo anda mal!
¿Estamos apurados? Lo estamos. ¡Y eso es una mala política! Pero, haciendo un esfuerzo, de buena fe, hemos acogido una parte muy importante de las indicaciones y mejorado el texto. Mas el financiamiento institucional de la gratuidad es engañoso, porque se borra con el codo lo que se escribe con la mano.
Y recojo al tiro el guante de mi Honorable colega. Deberíamos haber llegado hasta el séptimo decil de aquí a un par de años. Si hay unanimidad, podemos definirlo inmediatamente. No tengo ningún problema.
Quiero valorar lo que se ha hecho. Por ejemplo, en el proyecto de las universidades estatales dimos rango legal al acuerdo marco para las del CUECh. ¡Bien!
También le estamos dando aquí la misma condición al G9, con el basal por desempeño. ¡Bien! Porque no se puede discriminar. Son instituciones del CRUCh con historia.
Pero quiero decirlo también: la mayoría de la matrícula en la educación superior no se halla en el CRUCh. Y tenemos pocas noticias para ellos, salvo ciertas condiciones, como becas y créditos, y una norma sobre el financiamiento de la investigación, que está bien.
Mas valoro lo de dar rango legal en el proyecto mencionado al acuerdo marco para las universidades del CUECh. ¡Bien! Ello, para no estar año a año considerando el punto en el Presupuesto.
¿Basal por desempeño? ¿G9? Rango legal. ¡Bien!
Aporte fiscal directo. Valoro que, al final, el Gobierno lo contemplara para todas las instituciones del Consejo de Rectores y no solo para las estatales, como había pasado en algún momento en el Presupuesto. Eso constituye un avance.
Después están los llamados "CAP". Se aumenta a 1,4 cuando se trata del séptimo decil o a 1,6 en los casos del octavo y del noveno deciles, esto es, un 40 o un 60 por ciento por ciento sobre el arancel, respectivamente. ¡Bien!
Perdón por insistir, pero vayamos al artículo trigésimo cuarto transitorio. Digamos al país que para alcanzar al octavo decil es preciso llegar al 24,5 por ciento de la carga tributaria -hoy estamos en el 21,6-; que el noveno requiere un 26,5 por ciento del PIB, y que el último exige que los ingresos fiscales estructurales representen el 29,5 por ciento. Es decir, gratuidad universal no hay.
Estoy de acuerdo con eso, pero no con la forma en que estamos adelantando. Porque es engañoso decir al país en los artículos permanentes: "Hay gratuidad universal", para después manifestar en los artículos transitorios: "Hay gratuidad en la medida de lo posible", que es la realidad.
En tal sentido, me parece que esta es una mala política pública, y, por eso, no puedo votar a favor.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, creo que el colega Montes ha puesto una nota de racionalidad en un debate extremadamente "tecnicista" respecto de una iniciativa muy importante para el futuro del país.
La cuestión no se resolverá con el tecnicismo, como lo ha expuesto el Senador señor Ignacio Walker, si pasamos del 24,5 por ciento de los ingresos fiscales al 29,5.
Llamamos la atención, durante todo el debate, acerca de que el número de egresados en Psicología, en Periodismo y en un conjunto de carreras extralimita absolutamente las demandas y necesidades del país, en particular en el caso de los abogados.
En la discusión no ha habido un minuto para definir qué universidad necesita el país y qué espera Chile de la formación de sus jóvenes en estas instituciones. A muchos los estamos condenando a la cesantía. Sus padres han gastado una millonada y se han endeudado con la ilusión de que sus hijos obtendrán un trabajo bien remunerado, pero el mercado laboral es cruel y hay miles de postulantes detrás de un solo empleo.
Por eso, cuando escucho a la Oposición, a la Derecha, aseverar que las regulaciones son muchas, quiero recordarle a la Senadora señora Von Baer -por su intermedio, señor Presidente- que cuando ellas no existían se cometieron atropellos, excesos y colusiones. O sea, la peor lacra del país se expresó en el abuso; en un sistema que no permitía lucrar, pero en el que ello constantemente se hacía con el silencio ¡cómplice! de muchos. Hubo bastantes que se hicieron ricos y millonarios -las autoridades electas- usufructuando de las universidades, donde dicha ganancia era un ilícito.
Lo expuse cuando era Presidente de la Comisión de Educación del Senado: "El que comete un delito es un delincuente". Y ahí se perpetraron delitos, porque se violó la ley. En la educación superior no se podía lucrar y muchos lo hicieron y quieren seguir.
Por eso es que la Superintendencia resulta necesaria para que haya regulaciones. Porque si algo no ha funcionado en el modelo es la libre competencia para los libremercadistas. El mercado no se autorregula. Y es cruel, por cierto. Si el Estado no interviene para tal efecto, los abusadores ganan la batalla. Lo que hemos intentado desde esa instancia es regular el mercado para cumplir objetivos: la felicidad, el bienestar común, el buen vivir, y no el lucro y el enriquecimiento de unos pocos.
Entonces, es algo que comprendo. Cuando Andrés Chadwick, por quien tengo la mayor estimación, era integrante de esta Corporación, discutíamos en el sentido de que no había que acreditar a las universidades. El Senador que habla era Presidente de la Comisión de Educación. Tampoco era preciso hacerlo con relación a las carreras. O sea, se trataba de la libertad absoluta.
A la Derecha no le gustan las regulaciones, sino el mercado. Pero ha quedado demostrado que este es incapaz de autorregularse.
Por eso es que, en materia del debate acerca de los aranceles, planteamos una fórmula: quienes tengan ingresos y conciencia no accederán a la gratuidad y podrán pagar la educación de sus hijos.
Siento que, cuando debatimos si regular o no el séptimo decil, así como el sexto, tenemos que pensar en la clase media. A una familia de dos profesionales no le alcanza el ingreso para cubrir a tres hijos estudiando en la universidad. ¡No le alcanza! Porque las remuneraciones de esas personas no van al alza, sino a la disminución.
Por eso, es preciso regular los aranceles si queremos una mayor igualdad. En ese aspecto, las universidades privadas se han extralimitado y castigado a la clase media, cuyos hijos no han podido ingresar a las estatales o públicas y han tenido que acudir a ellas, que cobran millonadas.
Por último, los gatillos. Aspiro a que si Chile crece haya una mejor distribución del ingreso. Y la manera más conveniente de lograrlo, la más democrática, es a través de la educación. Si el país gana más, espero que eso se traduzca en un mayor bienestar y una mejor vida para los chilenos. Si hay más crecimiento económico, mayores rentas fiscales, en materia de "gatillos", habrá acceso a la redistribución y la clase media podrá decir: "Mi hijo estudia gratuitamente, aun cuando yo podría pagar la carrera; pero dispongo también de una facilidad en el acceso".
Hemos pasado demasiado tiempo pensando solo en los pobres. También se requiere una preocupación por la clase media ilustrada, que recibe bajos ingresos.
Soy contrario a las votaciones en paquete, pero el acuerdo de Comités la estableció así, y es lo que hay. En ellas no es posible distinguir lo que se puede rechazar de lo que se apoya. Como estoy de acuerdo, en este caso, con la mayoría de las proposiciones, aunque no con todas, votaré por la aprobación.
Ojalá el tema no sea motivo de una confrontación ideológica, sino de un encuentro político, porque lo único que quiere la sociedad chilena es una distribución adecuada del ingreso, para lo cual el mejor camino es la educación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Lagos.
El señor ALLAMAND.- ¡Que sea corto, por favor...!
El señor LAGOS.- Seré breve, porque dispongo solo de cinco minutos. Ya he perdido cinco segundos por Su Señoría.
Pensé que no íbamos a sostener hoy la presente discusión, pues entiendo que tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Educación del Senado ella fue larga entre todos los parlamentarios involucrados directamente en las conversaciones. Porque acá hubo, al final del día, un principio de acuerdo, aunque sin manos alzadas, por supuesto.
La Presidenta Bachelet propuso en su campaña la gratuidad universal, concepto difícil de entender para algunos, en tanto que otros encontrábamos que tal vez podía faltar un aspecto de oportunidad.
¿En qué minuto llegó? Ciertamente, el Senador que habla no aprobará un proyecto de ley -y lo dijo en su momento- en virtud del cual le pagarán la universidad de su hijo en las condiciones del Chile actual, cuando existen campamentos, gente que no dispone de alcantarillado, pensiones bajas. Hay una serie de demandas.
Otra cosa es comprenderla como un derecho. Y eso sí se halla establecido y existe en otros países, que han resuelto la falta de alcantarillado, la existencia de campamentos y las bajas pensiones, entre otros asuntos.
En el texto se conjugan los artículos permanentes y la disposición transitoria con relación al famoso "gatillo", para comunicar los dos conceptos. Ese fue el entendimiento en ambos lados de la Sala.
Por eso es que puedo entender la existencia de discrepancias en aspectos concretos...
¿Puedo pedir, por favor, que bajen la voz las personas que conversan al fondo de la Sala?
Lamento que algunos declaren ahora hallarse sorprendidos, por estimarse que se engaña al expresar una cosa el texto permanente y otra el transitorio. No. Aquí no se engaña. Se dice exactamente eso. Como noción, como valor, se establece la gratuidad universal y se regula la forma en que se extenderá. Y se determinan mecanismos. Se contemplan los CAP para esos efectos.
Podemos discutir si es lo mejor, pero no se embaucó a nadie, porque ello se establece como concepto y se instituye un mecanismo de transición para ese camino.
Lo que sí engaña y hace mal a la política es cuando alguien, como Presidente de partido, firma gustoso un programa de Gobierno que establece la gratuidad universal y, tan pronto se gana, hay un desmarque. Porque hubo un entendimiento, del cual la discusión legislativa es un fruto. Y que alguien me corrija si no es así.
Por eso, se llegó a un acuerdo, entre otras cosas, con fuerzas que piensan distinto y con las que podemos discutir.
Mi Honorable colega Montes tiene razón. En una de esas, hicimos un "mal negocio", porque quedó pendiente el setenta por ciento en función de la fórmula. Y mejor así: damos la batalla directa por esa parte, todos nos movilizamos y presionamos a la Hacienda Pública.
¿En qué hubiéramos terminado? En ese mismo porcentaje, tal vez. ¡Vaya a saber uno!
Pero, en definitiva, encuentro que es una buena solución, pues no hay populismo: no se va a financiar si no están los recursos.
No imagino que alguien en su sano juicio hoy en Chile esté disponible para financiar la educación superior del hijo o la hija de un Senador en ejercicio, porque existen otras necesidades.
Eso se refleja en las disposiciones transitorias de este proyecto de ley. ¡Porque somos responsables!
Alguien podría argumentar -¡ojo!- que estamos en condiciones de llegar al séptimo decil gracias al alza del precio del cobre, entendiendo que eso costaría unos 350 millones de dólares. ¡Se podría hacer!
Lo planteamos durante la discusión en la Comisión de Hacienda: ¿alguien tiene dudas de que va a aumentar la carga tributaria en Chile?
Se dicen muchas cosas respecto del Gobierno del Presidente Piñera en materia tributaria, pero va a aumentar la recaudación, porque a medida que un país crece, la sociedad se pone más sofisticada; mejoran las condiciones de vida, y surgen demandas distintas.
La clase media en Chile ¿qué nos va a pedir? Educación (sobre todo, superior), salud y pensiones. Son las principales demandas desde el punto de vista del gasto.
Con la carga tributaria actual, no lo podemos hacer. Todos los países que han recorrido ese camino contaban con una carga impositiva mucho más fuerte y con derechos más amplios.
Entonces, es mejor apoyar con ganas, con gusto.
Si uno firmó un programa de Gobierno, debe asumirlo y no decir que no lo leyó. Puede señalarse durante la votación: "Me habría gustado algo mejor", pero no que no se está haciendo lo que se comprometió.
Se planteó la gratuidad universal como concepto: está en el articulado permanente y se establece un mecanismo de transición o de gradualidad para avanzar en esa materia.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quisiera referirme a una afirmación que hizo el Senador Ignacio Walker.
Efectivamente fueron más de 35 los invitados a la Comisión. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras iniciativas que el Congreso ha aprobado, por distintas razones -tal vez carecemos de investigadores avanzados, aplicados en estas materias, como hubo por montones a raíz del debate de los proyectos sobre nueva educación pública, carrera docente, entre otros-, en esta ocasión optamos, fundamentalmente, por escuchar a rectores.
Seamos claros: los rectores tienen intereses corporativos legítimos -no tiene nada de malo-, de instituciones que aspiran a que su actividad (negocios, en unos casos; grandes proyectos educativos, en otros) sigan su curso en virtud del statu quo, consecuencia de la manera en que el Senado ha abordado estos temas.
Por ello, no me sorprende que 35 o 37 personas hayan hablado en contra de la iniciativa, pues quieren que nada varíe.
Hoy se propone un cambio, después de 37 años, al sistema de la contrarreforma. ¡Porque eso fue lo que ocurrió el 81! ¡Una contrarreforma!
Algunos incluso creen que podría haber otra más ahora, pero lo veo difícil, aunque, a juzgar por algunos titulares en educación, ¡quién sabe cómo se van a desarrollar las materias que estamos legislando!
Pero lo cierto es que había una completa desregulación.
El segundo aspecto que quiero abordar, señor Presidente, es el relativo al acceso común.
En mi opinión, es obligatorio, aunque algunos no lo ven así. ¿Por qué pienso que es obligatorio? Porque a las instituciones adscritas a la gratuidad finalmente se les va a aplicar el referido sistema de acceso.
Claro, en el Senado se nos cayó la palabra "común". Hubiese sido mucho más interesante tener un marco que regulara a tales universidades, así como se les establecen otros requisitos para acceder a la gratuidad.
Para todos los efectos, van a estar obligadas a cumplir el sistema de acceso, que es más transparente y cuenta con dos subsistemas.
Uno de ellos es el técnico profesional, respecto del cual durante muchas décadas no hemos hecho nada.
Quiero destacar el rol de la Ministra de Educación y de la Subsecretaria Valentina Quiroga en la manera de abordar los asuntos en esta área. Habrá que establecer una estrategia nacional, que deberá ser revisada cada cinco años, pero con la especificidad de cada sector. Porque no es lo mismo acceder a un instituto técnico profesional o a un CFT que ingresar a una universidad.
Habrá una plataforma de información común y mayor equidad. La Subsecretaría y los órganos pertinentes deberán definir cuáles serán los mecanismos más idóneos.
¿La PSU?
Acaba de terminar el proceso de admisión y, una vez más, la realidad arroja lo que porfiadamente nos muestra siempre: dicha prueba es simplemente un reproductor de inequidad, porque les va mejor a aquellos estudiantes que cuentan con un mayor capital cultural. Debemos hacernos cargo de eso. De alguna manera, ahí quedamos al debe.
Por supuesto, la diversidad de instrumentos en ese ámbito -no solo la PSU- también es parte de este sistema común, que será obligatorio para las instituciones que decidan acogerse a la gratuidad.
El Ministro Eyzaguirre planteó con mucha claridad en la última sesión de la Comisión de Educación, cuando aprobamos este proyecto, que la gratuidad propuesta por la Presidenta Bachelet (consagrada como derecho universal en esta iniciativa, de manera gradual y responsable, con un itinerario para seguir accediendo a ella hasta llegar al cien por ciento) no requerirá otra ley. Bastará que el día de mañana el país tenga una mayor recaudación para poder financiar la gratuidad de todos los estudiantes que van a la educación superior.
La frase que majaderamente se repite: "El Estado le va a pagar la educación a los más ricos" ¡es falsa! Desde el séptimo decil en adelante, se va a precisar de una reforma tributaria, de gobiernos que estén dispuestos a jugársela, en el entendido de que una mínima parte de esos recursos iría a la gratuidad. En tal caso, los gobiernos tendrán recursos para otras cosas.
Finalmente, no puedo dejar de decir algo respecto de la condición mixta del sistema. Todos hablamos de ello, pero sucede que las instituciones de educación superior del Estado representan un 16 por ciento de toda la matrícula.
Ahí uno se pregunta: "Bueno, ¿dónde está el derecho a elegir, del cual muchas veces se hacen gárgaras?".
Señor Presidente, considerando que el 45 por ciento de los estudiantes pone en primera preferencia a las universidades del Estado; que la OCDE tiene una matrícula pública estatal del 69 por ciento y Estados Unidos, del 73 por ciento, cabe concluir que estamos al debe.
--Se aprueba el paquete N° 2 de las normas ya individualizadas (13 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones y 2 pareos).
Votaronpor la afirmativa las señoras Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma y García-Huidobro.
Se abstuvieron los señores Rossi, Ignacio Walker y Patricio Walker.
No votaron, por estar pareados, los señores García y Pérez Varela.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, respecto al artículo 29 (páginas 75 y 76 del comparado), la Comisión de Hacienda aprobó, por mayoría, suprimir el inciso segundo.
En el documento que se entregó a la Mesa se plantea votar el texto del artículo 29 despachado por la Comisión de Educación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo?
--Se aprueba el artículo 29 propuesto por la Comisión de Educación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Solo queda pendiente una indicación renovada de la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, en la página 12 del comparado, la letra i) establece lo siguiente: "Respeto y promoción de los derechos humanos. El respeto y promoción por los derechos humanos deberá regir siempre la actuación del Sistema y de las instituciones de educación superior en relación a todos los miembros de su comunidad, tanto en sus propuestas formativas, de desarrollo organizacional, como también en las relaciones de trabajo y aprendizaje.".
La idea es incorporar al final de dicha letra lo que habíamos planteado hace un momento: "El acoso sexual y laboral, así como la discriminación arbitraria atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.".
Es el contenido de la indicación que había quedado pendiente, que sugiero incluir entre los principios consagrados en la norma ya leída.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Requiero la unanimidad de la Sala para poder considerar y votar esta indicación.
¿La damos por aprobada?
El señor MONTES.- Señor Presidente, estoy de acuerdo, pero antes quiero dar un dato.
¿Qué pasó con los recursos para la educación parvularia? Desde el 2010 hemos multiplicado 3,3 veces el presupuesto: pasamos de 422 mil millones a 1,4 billones.
En educación superior, pasamos de 709 mil millones a 1,6 billones.
O sea, el presupuesto para la educación preescolar -se lo digo al Senador Ignacio Walker- es casi el 17 por ciento del total; el de educación superior, un 17 por ciento también. O sea, hay cierta consistencia en lo que se ha hecho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Su intervención no tenía que ver con la indicación...!
El señor MONTES.- ¡No! ¡No tenía que ver...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, ¿se daría por aprobada la indicación?
--Se aprueba la indicación presentada por la Senadora señora Goic en los términos señalados, quedando aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el Gobierno de la Presidenta Bachelet está culminando su gestión con la tranquilidad de haber dado respuesta a las prioridades que definió la ciudadanía hace cuatro años, especialmente una educación pública gratuita, inclusiva y de calidad.
Cumplió con el aspecto central de las reformas que se propuso en materia tributaria, laboral y educacional.
En este último plano, relevó la educación preescolar; aseguró la inclusión y gratuidad escolar; sentó las bases de una nueva educación pública; revalorizó el rol de los docentes; creó nuevas universidades y centros de formación técnica públicos en todas las regiones, y finalmente, reformó el sistema de educación superior, incluyendo el fortalecimiento de las universidades estatales.
Se trata de una obra maciza, sin precedentes en la historia de Chile.
Seguramente, será necesario incorporar correcciones, adecuaciones y mejoras a algunos aspectos de las leyes aprobadas; también resolver omisiones que se arrastran hasta ahora, como el Estatuto de los Asistentes de la Educación, compromiso que permanece vigente.
Con todo, el alcance y la profundidad de las reformas efectuadas marcarán el camino del desarrollo de nuestro país por varias generaciones.
Es cierto que la ciudadanía acaba de elegir una administración de distinto signo. Pero los cambios impulsados no terminan en un gobierno. Nunca fue ese el propósito. Se trata de una empresa de largo aliento, un objetivo estratégico como país, como el Metro de la Capital, que fue planificado hace más de cincuenta años y que sucesivos gobiernos se encargaron de concretar, línea tras línea. Con algunas variantes, ese plan maestro diseñado hace décadas se mantiene hasta hoy.
De la misma manera, la reforma educacional está destinada a transformarse en la base de un modelo de desarrollo para el país, que nunca podremos dar por acabada y a la cual cada gobierno deberá hacer su contribución.
Se han abierto puertas y se han construido puentes para incorporar a millones de niños y jóvenes a una educación inclusiva y de calidad que les permita hacer un aporte real al desarrollo del país.
Se podrán realizar cambios, modificar uno u otro aspecto, pero ningún gobierno podrá cerrar las puertas que se han abierto ni destruir los puentes que se han levantado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muchas gracias, señor Senador.

References: artículo 66
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 artículo 66
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 artículo 81
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 artículo 20
 resolución 
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 artículo 120
 artículo 20
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 artículo 20
 artículo 49
 artículo 39
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Artículo 20
 artículo 26
 artículo 96
 artículo 120
 artículo 122
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e contrario
 artículo 29
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