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Timestamp: 2019-08-25 07:36:56+00:00

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02. Los elementos del contrato - Derecho UNED
02. Los elementos del contrato
2.4 El autocontrato
3 La libre formación del consentimiento y los vicios de la voluntad
3.2 El error como vicio del consentimiento
3.2.1 Requisitos del error como causa de anulabilidad del contrato
3.2.2 Error de hecho y de derecho
3.2.3 Otros supuestos de error
3.4 La intimidación
3.5 Régimen común de la violencia y la intimidación
3.6 El dolo
3.6.1 Noción y requisitos
3.6.2 El dolo omisivo
3.6.3 El dolo del tercero
4 El objeto del contrato
4.1 Requisitos del objeto del contrato
5 La causa del contrato
5.1 El artículo 1274 CC y la causa en sentido objetivo
5.2 La causa atípica
5.3 Causa y motivos: la irrelevancia de los motivos
5.4 La causa ilícita, el artículo 1275 CC: los motivos ilícitos y la causa en sentido subjetivo
5.5 Contratos causales y contratos abstractos
El artículo 1.459 prohíbe comprar a tutores y mandatarios bienes de sus representados.
El art. 244.4º prohíbe ser tutores a quienes “tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor incapacitado”.
Sin embargo, el legislador actual mira con menos desconfianza la figura de la autocontratación, y en algunas disposiciones normativas recientes se la admite expresamente, por ejemplo, en la vigente Ley de Fundaciones, 50/2002, de 26 de diciembre.
La libre formación del consentimiento y los vicios de la voluntad
El Ordenamiento jurídico vela en todo caso porque el consentimiento contractual se preste por los contratantes de forma libre y consciente. Por ello, cuando el consentimiento ha sido fruto del error, de la coacción o del engaño, declara viciado el contrato y permite que sea anulado por el contratante que ha sufrido tales interferencias en la formación de su consentimiento o voluntad de contratar.
En tal sentido, dispone el artículo 1.265 Código Civil que “ será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”. A tales anomalías en la formación del consentimiento se les conoce, técnicamente, como vicios de la voluntad o vicios del consentimiento.
El Código Civil no ofrece una definición del error en cuanto vicio del consentimiento porque en el artículo 1.266 el término error tiene la significación usual: equivocación, falsa representación mental de algo.
En el artículo 1.266 se regulan los requisitos fundamentales que comportan que el error sea relevante o no con vistas a privar de eficacia al contrato celebrado. La jurisprudencia es sumamente rigurosa en la acreditación y prueba de esos requisitos para evitar que las alegaciones de una de las partes, basadas sencillamente en la creencia subjetiva de la existencia del error, desemboquen en la ineficacia contractual.
Requisitos del error como causa de anulabilidad del contrato
Según el artículo 1.266 del Código Civil: “Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo” .
Determinar si el error de derecho tiene alcance invalidante respecto al contrato celebrado es una cuestión que ha provocado dudas y vacilaciones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia dado el principio de que “ la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento” .
En la actualidad la jurisprudencia suele ser muy estricta en el reconocimiento del error de derecho como causa de anulación del contrato, según la cual ha de admitirse “ con extraordinaria cautela y carácter excepcional” .
Otros supuestos de error
El Código Civil es suficientemente explícito al definir las situaciones en que se violenta la voluntad o manifestación del consentimiento de una de las partes contratantes. Según el artículo 1.267 “ hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible”. Tal fuerza irresistible se dará en todos los casos de violencia física absoluta. En tales casos no es que el consentimiento esté viciado, es simplemente que no hay consentimiento.
La intimidación es otro de los “ vicios de la voluntad” o deficiencia del consentimiento que puede comportar la invalidez del contrato.
Según el artículo 1.267.2 consiste en “ inspirar a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes” .
La amenaza ha de ser de tal naturaleza que “ inspire un temor racional y fundado” que lleve a prestar un , consentimiento inicialmente no deseado. El Tribunal Supremo exige que entre el temor y el consentimiento debe existir un nexo eficiente de causalidad.
La amenaza ha de estribar en el anuncio de una mal inminente y grave ya que otro tipo de “ advertencias” o “ avisos” no merecen el calificativo de intimidación. El Código Civil requiere expresamente que el mal anunciado recaiga directamente sobre la persona o sobre los bienes del contratante o sobre los de sus familiares más cercanos.
El último párrafo del artículo 1.267 contempla el denominado temor reverencial: “el temor de desagradar a las personas a quienes se les debe sumisión y respeto no anulará el contrato”. Esto es, el temor reverencial no es relevante para el Derecho en tanto no tenga naturaleza intimidatoria; por tanto, el contrato celebrado será válido y eficaz.
Pese a que en el contrato celebrado bajo violencia física absoluta realmente no hay consentimiento, mientras que en el caso de la intimidación está viciado, el artículo 1.268 dispone que “los contratos celebrados con violencia e intimidación serán anulables”. Dicho mandato normativo suele ser comúnmente muy criticado, ya que se considera que los contratos celebrados bajo violencia deberían ser nulos de pleno derecho por inexistencia absoluta del consentimiento y ser éste un elemento esencial del contrato.
Así, afirma el artículo 1.269 que “ hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. Por su parte, el artículo 1.270 dispone que “ para que el dolo produzca la nulidad de los contratos deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios” .
Que el dolo no haya sido empleado por las partes contratantes. En el caso de dolo por ambas partes suele hablarse de compensación de dolo para poner de manifiesto que el de una parte anula o compensa la relevancia del dolo de la otra parte.
El dolo puede consistir también en conductas pasivas o reticentes que, resultando a la postre engañosas, induzcan a contratar a quien no hubiera llegado a hacerlo en caso de habérsele hecho saber cuanto, consciente y deliberadamente, le oculta la otra parte.
No se excluye la existencia de dolo cuando una tercera persona actúa a consecuencia de una maquinación de uno de los contratantes (se habla con un amigo perito para que certifique una falsa y notoriamente agrandada tasación de la finca que se quiere vender) ya que la intervención del tercero es sencillamente material: quien conspira o maquina es, propiamente hablando, el contratante maligno.
Conforme a los artículos 1.271 y 1.273, los requisitos del objeto del contrato son tres: licitud, posibilidad y determinación.
Licitud. Del artículo 1.271 se deduce que tanto las cosas cuanto los servicios objeto del contrato han de ser lícitos. Respecto de las cosas el Código excluye del ámbito contractual “las cosas que están fuera del comercio”. Y en relación con los servicios se excluyen todos los servicios que sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.
Posibilidad. El Código Civil dispone en el articulo 1.272 que “no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles”
Determinación o determinabilidad. Una vez perfeccionado el contrato, se requiere que la cosa o el servicio que constituyen su objeto queden determinados (artículo 1.273). En caso contrario, sería necesario un nuevo pacto o acuerdo de las partes. El Código Civil no requiere como condición sine qua non que el objeto del contrato quede absolutamente determinado, sino que le basta con que el objeto sea determinable “sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes”.
El artículo 1274 CC y la causa en sentido objetivo
El Código Civil al referirse al elemento causal del contrato (artículo 1.274) comienza por distinguir entre contratos onerosos y gratuitos, estableciendo que:
Causa y motivos: la irrelevancia de los motivos
La causa ilícita, el artículo 1275 CC: los motivos ilícitos y la causa en sentido subjetivo
Según el artículo 1.975, “los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a la ley o a la moral”.
La causa no puede entenderse sólo y exclusivamente como objetiva función socioeconómica del tipo contractual utilizado por las partes. El sentido del artículo 1.275 es permitir que, en su caso, la función socioeconómica del tipo contractual, abstractamente considerada, no excluya de forma necesaria la valoración del fin práctico perseguido por las partes. Con lo cual, el artículo 1.275 está dando entrada, en determinados casos, incluso los motivos contrarios al ordenamiento puedan originar la ilicitud de la causa concreta.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia, aun partiendo del carácter objetivo y abstracto de la causa, acaba defendiendo que los aspectos subjetivos de los contratantes cuando el fin práctico perseguido por los mismos es contrario a las leyes o a la moral. Los contratos que presentan aspectos desviados del sentir común acaban siendo declarados nulos de pleno derecho en atención a su causa ilícita.
Contratos causales y contratos abstractos
Nuestro Derecho es abiertamente causal y requiere la existencia de tal elemento. El artículo 1.277 dispone que, “aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras que el deudor no pruebe lo contrario ".
El Código Civil presume la existencia y licitud de la causa contractual, que beneficiará al acreedor de la relación obligatoria.
Por tanto, en el Derecho español no puede hablarse propiamente de contratos abstractos, ni siquiera en aquellas declaraciones de voluntad unilaterales (reconocimiento de deuda, promesa de deudor) que algunas veces se califican como abstractas. Por excepción, hay títulos de crédito (letra de cambio y cheque) que sí funcionan conforme a las reglas de abstracción material, bajo ciertas circunstancias.

References: artículo 1274
 artículo 1275
 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 1274
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