Source: http://www.oas.org/XXXIIGA/espanol/documentos/informe_venezuela.htm
Timestamp: 2017-10-22 08:29:58+00:00

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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA - SITUACIÓN EN VENEZUELA
VIGÉSIMO NOVENO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P
18 de abril de 2002 AG/doc.9 (XXIX-E/02)
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA,
EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES. 811 (1315/02)
“SITUACIÓN EN VENEZUELA
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811 (1315/02) Situación en Venezuela
Washington D.C. abril 18 de 2002
Me corresponde como Secretario General de la OEA rendir en este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General el informe que dispuso nuestro Consejo Permanente mediante resolución CP/RES. 811 (1315/02) en desarrollo del Artículo 20 de la Carta Democrática. En dicha resolución se me ordenó investigar los hechos ocurridos el 11 y 12 de abril, y emprender las gestiones necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática.
Tan pronto los Presidentes del Grupo de Río concluyeron su reunión en Costa Rica el pasado viernes 12 de abril, fui informado de sus decisiones tanto por el Presidente Miguel Angel Rodríguez como por su Canciller Roberto Rojas. Con ellos tuve la oportunidad de intercambiar opiniones a lo largo del día y con la Presidenta de nuestro Consejo, la Embajadora Margarita Escobar, estuvimos atentos a sus deliberaciones. Al finalizar dicha reunión procedimos a hacer algunas consultas con el fin de dar cumplimiento a la solicitud presentada por el Grupo de Río, en el sentido de reunir lo antes posible el Consejo Permanente. Los Presidentes también me pidieron que tomara contacto con la realidad política de Venezuela a través de los medios que considerara mas adecuados.
Es conveniente señalar que el grupo de Río consideró la renuncia del Presidente Chávez como un hecho cumplido, así como también la destitución del vicepresidente y de su gabinete, por lo cual no se solicitó su restitución como parte de las acciones necesarias para defender el orden constitucional.
En sesiones informales y privadas el viernes en la noche y el sábado anteriores, bajo la acertada dirección de la Embajadora Margarita Escobar, el Consejo examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del orden constitucional y los lamentables hechos de violencia, y expresó su solidaridad con el pueblo de ese país. En la mañana del sábado, el que se autodenominaba presidente del gobierno de transición, llamó a la OEA para informar que se había alterado el orden constitucional y para hacer algunas otras afirmaciones que estaban contenidas en un mensaje que fue circulado a las delegaciones. También dijo que se querían hacer representar en la reunión por un funcionario de la misión de Venezuela y que luego enviarían cartas credenciales. Todo ello se puso en conocimiento de las misiones. Yo le expresé a él que al día siguiente viajaría a Caracas con el mandato que me diera el Consejo Permanente.
El Secretario General, según lo autorizó el Consejo Permanente, se hizo acompañar de las embajadoras Margarita Escobar, Presidente del Consejo Permanente, y Lisa Shoman, Representante de Belice y vocera del CARICOM. Algunos de los embajadores del Grupo de Río no me pudieron acompañar por la rapidez con la que se tuvo que desplegar la misión. Las embajadoras me han dado apoyo y consejos muy valiosos, pero debo aclarar que todo lo afirmado por mí, en reuniones privadas o ante los medios de comunicación en dicha misión, así como el contenido de este informe, son de mi exclusiva responsabilidad.
Ustedes sabrán comprender la dificultad de rendir un informe sobre los hechos. No obstante, me he propuesto hacer una presentación sucinta sobre los antecedentes de lo ocurrido entre 11 al 13 de abril, la cual de ninguna manera puede interpretarse como una justificación de la alteración del orden constitucional. Es apenas un contexto en el cual se dieron los sucesos trágicos del 11 de abril.
En la muy difícil coyuntura que han vivido las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela, juzgué también oportuno mirar aspectos de la vida institucional del país en relación con disposiciones de la Carta Democrática.
Tendría que comenzar por decir que es necesario señalar, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario, que los organizadores de la manifestación convocada por la oposición política y muchas organizaciones sociales en los días precedentes y en el propio 11 de Abril, son diferentes de quienes usurparon el poder, detuvieron al Presidente Chávez y trataron de instaurar lo que llamaron un gobierno provisional, cuyo ejercicio del mando encontró un amplio y generalizado rechazo no solo por su origen fáctico, sino además por las decisiones que tomó y que significaban el cierre de los organismos elegidos popularmente, la intervención del poder judicial y de todos los organismos del llamado “poder moral”, y en la práctica la derogatoria de la Constitución y de muchos de los actos realizados bajo su desarrollo.
Podemos afirmar que el gobierno que estaba apenas en la fase de instauración, sin ninguna legitimidad democrática, fue fruto de decisiones tomadas por los militares. En carta, que fue del conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo que se auto calificó como gobierno provisional expresamente reconoció la ruptura constitucional.
Para fortuna de las instituciones democráticas de Venezuela, esa alteración del orden constitucional fue revertida por la reacción de buena parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y por una vigorosa respuesta ciudadana, tanto de defensores como de opositores del gobierno del Presidente Chávez.
Como parte de la responsabilidad que ustedes me encomendaron, me reuní con un amplio grupo de voceros de algunas de las principales instituciones del país como el Presidente Hugo Chávez y su canciller; la mesa directiva de la Asamblea Nacional; El Fiscal General de la Nación, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Presidente del Tribunal Superior. Igualmente me reuní con el Cardenal y los representantes de la Conferencia Episcopal; algunos grupos de la sociedad civil; con representantes de algunos de los principales diarios, cadenas de televisión y radiales; con la Central de Trabajadores de Venezuela; los miembros de los partidos de Oposición en la Asamblea Nacional; y con otras personalidades que llevaron documentos en los que fijaban posición sobre los hechos ocurridos e interpretaban a su juicio la realidad Venezolana.
De las conversaciones con los diferentes sectores quisiera resaltar lo siguiente:
El Presidente de la República en todas sus alocuciones ha hablado de reflexionar, de rectificar, de enmendar. Aseguró “que no habría ánimos revanchistas, ni persecuciones, ni abusos”. Ha dicho que lo ocurrido representa una “inmensa lección”; “que se debe hacer una profunda reflexión”; que hay que actuar ahora con “calma y cordura”; que es necesario “corregir lo que sea necesario corregir”; “restablecer el dialogo”.
Habló también de la “unidad respetando las diferencias” y señaló que como un primer paso convocaría el Consejo Federal de Gobierno para que sirva de epicentro para el diálogo con todos los sectores y para alcanzar el mayor consenso posible en materia económica, social y política. También señaló que el Presidente designado de PDVSA, como la junta por él designada, habían renunciado, con lo cual se puso fin al asunto que dio origen a las últimas jornadas de protesta.
Aunque una buena cantidad de personeros de instituciones ajenas al gobierno han aceptado la llamada del Presidente al diálogo, aun después de los fatídicos hechos del 11 y 12 de abril, existe una excesiva polarización no solo de los protagonistas naturales de la política, como lo son el gobierno, los partidos y las bancadas de oposición, sino de casi todas las organizaciones laborales, empresariales, de la sociedad civil, los representantes de algunos de los otros poderes del Estado y los medios de comunicación. Esa excesiva polarización tiene connotaciones de intolerancia que en la práctica impiden el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos que permitan cierto entendimiento para mantener la paz social. Pareciera prevalecer el convencimiento según el cual es inevitable una renovada confrontación entre amigos y contradictores del gobierno, lo que podría desembocar en mayor protesta social.
Quiero igualmente señalar una práctica peligrosa de deliberación en la Fuerzas Armadas, que determina que muchos protagonistas de la vida pública vivan atentos a lo que los oficiales de las distintas armas opinan del acontecer político, incluidas las ordenes de su Comandante en Jefe, el Presidente Constitucional de la República. Muchos buscan fundamentos para tal forma de deliberación en un articulo de la Constitución.
Los sectores de oposición y otros protagonistas de la vida social toman de diferentes maneras distancia de las normas constitucionales. En particular expresan inquietudes sobre la separación e independencia de los poderes públicos y la falta de contrapesos, como que sus titulares fueron escogidos por las mayorías que imperaron en la Asamblea. Los diputados de oposición llaman la atención sobre una reciente providencia del Tribunal Supremo de Justicia que señaló que el período presidencial comenzó a partir del mes de enero del 2002.
Después de los acontecimientos que ya hemos mencionado se han incrementado las denuncias de violación de los derechos humanos, de intimidación, de vandalismo y saqueos, de pérdidas de vidas y personas heridas. Esto ha ocurrido antes, durante y después de la reciente crisis. Nosotros enviamos estas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en algunos casos, a la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Esta Misión recibió numerosas quejas sobre la responsabilidad en estos hechos de los Círculos Bolivarianos, grupos de ciudadanos u organizaciones de base que apoyan el proyecto político del Presidente. Muchos sectores los responsabilizan de violaciones a los derechos humanos, de actos de intimidación y de saqueos.
Los representantes de los dueños de los medios de comunicación y un grupo de periodistas consideran que los Círculos Bolivarianos son la mayor amenaza a la libertad de prensa y expresión. Varios de estos casos se han puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator para la libertad de Expresión. Haría bien el gobierno en trabajar en estos aspectos y disipar muchas de las graves preocupaciones que han surgido.
Los representantes de las cadenas de televisión se quejan de la manera abrupta como se interrumpieron las señales de los canales de televisión privados abusando según ellos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esto produjo una sistemática suspensión de su programación con largas intervenciones del Presidente y de otros funcionarios del poder ejecutivo en los días previos al 11 de abril. Reclaman también que el gobierno, según lo recomienda la CIDH, haga “ una condena categórica a las agresiones de las que han sido objeto los trabajadores de comunicación social”.
Por otra parte las autoridades que representan los poderes del Estado señalaron la falta de objetividad de algunos medios para informar sobre los sucesos que condujeron a la restauración del orden constitucional. Algunos medios han registrado esa preocupación o queja sobre lo acontecido, y han dado explicaciones que no soy llamado a calificar como satisfactorias o no, así como no lo soy de la validez de las quejas referidas.
Los miembros de los partidos de oposición en la Asamblea Nacional consideran conculcados sus derechos como minorías. Llamaron la atención sobre el uso de los mecanismos de la ley habilitante. Esta es una vieja disposición en las Constituciones de Venezuela que da al ejecutivo un gran poder legislativo. El gobierno del Presidente Chávez hizo uso amplio de tales facultades, y ello ha demostrado la gran resistencia que genera la aprobación de normas sin el proceso de transacciones que se da en el debate parlamentario y sin la discusión pública que se daría en la Asamblea.
La Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) planteó la imperiosa necesidad de que el poder ejecutivo acepte la escogencia de sus directivos conforme al resultado de la elección convocada por iniciativa del propio gobierno nacional. Esta Central y sus directivos tienen el reconocimiento de la OIT, y ese reclamo se puede también mirar a la luz del artículo 10 de la Carta Democrática. Los directivos de la CTV también reclaman la convocatoria del diálogo Tripartito.
Por estas consideraciones, en las reuniones con los diferentes sectores señalé acciones que a mi juicio se deben acometer con urgencia para evitar ulteriores expresiones de descontento que pudieran dar origen a la repetición de los trágicos sucesos del 11 y 12 de abril. En todo caso es importante que hoy se reiteren algunos de los considerandos y dispositivos de la resolución del Consejo, sobre todo en lo referente a la condena de cualquier quebrantamiento del orden constitucional y de los violentos sucesos que llevaron a la muerte de un numero apreciable de personas.
La OEA, sus países miembros, el resto de la Comunidad Internacional y algunas organizaciones como la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal podrían prestar su concurso para propiciar el diálogo y asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Quisiera resaltar además algunas acciones que se deben tomar para desactivar algunos de los más graves conflictos, recuperar la gobernabilidad, ganar estabilidad política y propiciar la recuperación económica.
Es fundamental que todos los sectores de la sociedad, por lo menos la totalidad de los que he citado, busquen mecanismos o acuerdos que permitan hacer del respeto a la Constitución la base fundamental y el marco de acción para todos los protagonistas de la vida pública venezolana.
Es indispensable un acuerdo para que el artículo 350 de la Constitución no se interprete como un derecho general a la rebelión. Tal interpretación puede llevar a más y peores actos de violencia. Todos deben poner de su parte para un acuerdo en tal sentido.
Es esencial que gobierno, oposición, fuerzas sociales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, se comprometan a rechazar toda forma de deliberación de la fuerza pública y respalden la aplicación de los códigos militares que sancionan tales conductas. También es esencial que se abandone la interpretación según la cual el citado artículo de la Constitución puede servir de base a la conducta de oficiales de distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza en tal sentido se podría dar pie a que se presenten nuevos actos de insubordinación contra la autoridad civil. Esta Asamblea debería ser categórica al señalar la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, tal como lo señala el articulo cuarto de la Carta Democrática.
Existe la imperiosa necesidad de acudir solo a los medios pacíficos. El estado, sin que sobre ello pueda haber la menor duda, debe mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Se deben investigar las denuncias según las cuales hay sectores que están poniendo en peligro ese componente esencial de la seguridad pública. En todo caso cualquier uso de las armas debe hacerse bajo autorización y dentro de la normatividad acordada o dispuesta por las Fuerzas Armadas.
Es muy importante para la democracia venezolana que la investigación sobre el desenlace trágico de las manifestaciones del 11 de abril se realice de manera que sus conclusiones sean aceptadas por todos, y que los responsables reciban todo el peso de la ley. Lo que señalo no debería interpretarse como un menoscabo de los poderes legítimamente constituidos. Con un buen grado de voluntad política podría conseguirse tal resultado. En todo caso hay que aprender de lo ocurrido porque cuando se dan manifestaciones de varios centenares de miles de personas los riesgos son enormes.
Se nos informó que en el seno de la Asamblea Nacional se ha avanzado en conformar una Comisión de 25 miembros que se encargaría de investigar los hechos, aunque existen diferencias en cuanto al nombre de la Comisión, al mecanismo de integración y a su composición.
Gobierno y oposición deberían hacer lo que esté a su alcance para afianzar la independencia de los poderes y establecer sus debidos contrapesos. Más allá de la importancia de asegurar la supremacía de la Constitución, es fundamental restablecer la confianza en el estado de derecho y asegurar que todos los estamentos sociales estén dispuestos a acatarla. Así lo dispone el articulo cuarto de la Carta Democrática.
Cualquier acuerdo entre los distintos sectores de la vida venezolana debe pasar, como lo señala la Carta Democrática, por el pleno respeto a la libertad de expresión y por ende de prensa. Debe quedar claro que cualquier queja o deficiencia debe resolverse conforme a la Declaración de Chapultepec. Esta Secretaría expresó públicamente su confianza en que el gobierno del presidente Chávez resolverá de manera satisfactoria las preocupaciones de seguridad e intimidación que alegan los representantes de Medios de Comunicación con los que me reuní.
En el tema de la televisión, es importante acordar un código de conducta que, mas allá de la legislación, asegure la compatibilidad de las transmisiones de interés publico con la programación normal.
La comunidad internacional debería prestarle a Venezuela apoyo para asegurar que de nuevo los partidos y las agrupaciones o movimientos políticos sean los principales protagonistas de la vida pública. El vacío que han dejado y que han pretendido llenar otros sectores sociales ha demostrado de manera palmaria sus limitaciones. Aquí cabrían acciones en el marco del artículo quinto de la Carta Democrática.
Quiere esta Misión agradecer la hospitalidad y adecuado apoyo que recibió del Gobierno del Presidente Chávez. Espero haber cumplido con la disposición de nuestro Consejo Permanente al someter este informe a su consideración. La OEA debe estar a disposición del gobierno y el pueblo de Venezuela para que de la trágica experiencia vivida se puedan colegir actitudes y acciones que nos aseguren que estos hechos infaustos y trágicos no se vuelvan a repetir.
AG01879S01.DOC

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Artículo 20
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 350