Source: http://organismosddhhmza.blogspot.com/
Timestamp: 2016-05-27 18:02:35+00:00

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Por Horacio Verbitsky Por dos resoluciones del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquirió uniformes para sus fuerzas de seguridad a dos empresas de los hermanos Alicia y Alberto Kanoore Edul. Montenegro es el principal sostenedor del comisario Jorge “Fino” Palacios como jefe de la policía metropolitana, a pesar de los reclamos de familiares de las víctimas del atentado a la asociación mutual judía de Buenos Aires y de organismos defensores de los derechos humanos. Palacios trabajó junto con Montenegro en algunas partes de la investigación por la voladura del edificio de la DAIA y la AMIA de la calle Pasteur al 600, en julio de 1994, que fueron señaladas como irregulares por la Corte Suprema de Justicia, como el maltrato y la coacción a algunos testigos y sus filmaciones clandestinas. Palacios estaba a cargo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y Montenegro era fiscal. Los Kanoore Edul son empresarios textiles y las contrataciones de Montenegro se realizaron sin seguir los procedimientos legales. ¿Para cuándo el regreso de Carlos, Munir, Emir y Amira? Teléfonos En la causa AMIA el fiscal Alberto Nisman solicitó que Palacios fuera procesado por encubrimiento dado que los policías a sus órdenes que debían allanar el domicilio de Kanoore Edul se estacionaron allí a las 8 de la mañana, tres horas después hubo dos llamadas de un teléfono de Palacios a dos de Kanoore Edul y el allanamiento recién se inició después de las cinco de la tarde. Luego de esos llamados, las escuchas judiciales mostraron que los ocupantes de la casa sabían que se preparaba el allanamiento y que recurrieron al gobierno del entonces presidente Carlos Menem para impedirlo. Palacios dijo que el llamado de un oficial de su unidad sólo buscaba confirmar que Kanoore estuviera en la casa. También se lo acusa por la desaparición de 66 casetes y sus transcripciones, entre ellos los que corresponden a las escuchas a Kanoore Edul. El abuelo de Kanoore Edul es originario del mismo pueblo sirio de los padres del ex presidente Carlos Menem. En cuanto se produjo el atentado fueron objeto de investigación, pero según el fiscal Nisman todo se detuvo cuando el hermano presidencial Munir Menem solicitó que no fueran molestados. La fuente de esa información es un ex colaborador del destituido juez Juan José Galeano. Carlos Menem negó esa intervención al ser indagado por el juez Ariel Lijo este año. Esta es la denominada “pista siria” de la investigación, aunque tanto Alberto como Alicia son argentinos nativos de segunda generación. De acuerdo con Lijo, esa línea se abandonó a partir del 1 de agosto de 1994, cuando el padre de Kanoore Edul visitó la casa de gobierno. Los uniformes El Boletín Oficial Nº 2955 incluye la resolución 352 sobre compra de uniformes para el personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, firmada por Montenegro el 30 de abril de 2008. Invocando el carácter de imprescindible y urgente de esa adquisición, el ministro dispuso omitir los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado. Así dispuso en forma directa la compra de uniformes por 97.104 pesos a Texticorp, empresa en la que figura como titular Alicia Z. K. Edul. Al mes siguiente, la resolución 432, del 30 de mayo de 2008, le adjudicó otros 800 sweaters por 61.600 pesos, ya que otra empresa que había cotizado mejor precio que Texticorp informó que no podía proveer la mercadería. La K de Alicia Edul corresponde al apellido Kanoore, que con suma prudencia fue omitido en la resolución ministerial. Alicia es una de las hermanas de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Pocos días antes Nisman había pedido la detención de Carlos y Munir Menem, de los ex jefes de la SIDE, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, del ex juez Galeano y de Palacios por obstaculizar la investigación sobre Kanoore Edul. El Boletín Oficial 3092, del 9 de enero de este año, incluye la Resolución 1039, del 20 de noviembre de 2008, sobre la adquisición de uniformes para el personal de las direcciones generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística y Defensa Civil y del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. En este caso se adjudicó la contratación por 417.754,95 pesos a la firma Kanoore Edul Alberto. Más de medio millón de pesos por contratación directa y en un caso ocultando el apellido. La defensa Hace cinco años, en un extenso trabajo de impugnación a los cargos contra Kanoore Edul, Alejandro Olmos Gaona, hijo del fallecido Alejandro Olmos, el militante nacionalista que denunció la ilegalidad de la deuda externa, recapituló los datos en contra del comerciante, porque los hijos de ambos fueron compañeros en el Colegio del Salvador. Salvo paréntesis, aquí se sigue su relato. Los domicilios de Kanoore Edul en la calle Constitución 2745, 2633 y 2695 fueron allanados el 31 de julio de 1994 por el Departamento Protección del Orden Constitucional, que también detuvo a Alberto. El procedimiento fue ordenado porque desde un teléfono celular de la firma Aliantex SRL, con domicilio legal en Constitución 2695 y cuyo socio gerente era Kanoore, se hizo un llamado a Carlos Telleldin. Además Aliantex estaba a 70 metros del terreno de la calle Constitución 2657, en el cual la empresa Volquetes Santa Rita dejó un contenedor similar al que acababa de descargar en la sede de la AMIA, momentos antes de la explosión. En la agenda telefónica secuestrada en el allanamiento figuraba la anotación “Youseff Surami-Mezquita/Rabbani”. En su declaración indagatoria del 16 de febrero de 2000, Kanoore Edul dijo que no conocía al diplomático iraní Rabbani ni había estado nunca en la mezquita de la calle San Nicolás. También negó toda vinculación con la empresa de volquetes. Tres funcionarios municipales declararon que ellos habían pedido el servicio de volquetes para la limpieza de ese terreno. Kanoore Edul reconoció que había efectuado numerosas llamadas, una de ellas al domicilio de Telleldin, porque estaba buscando una camioneta Trafic para su empresa y había visto una en oferta en el diario Clarín. Pero negó conocer a Telleldin y haber visitado su domicilio. (Antes había declarado que la llamada la hizo su chofer, quien citado por la justicia lo negó y demostró que la comunicación se produjo un día feriado en el que no trabajó.) Nada por aquí De acuerdo con el relato de Olmos Gaona, Palacios informó al juez que según el sistema Fulcrund Find “del entrecruzamiento de los abonados Alberto J. Kanoore Edul, con Carlos A. Telleldin y Eduardo Telleldin, no surgía la existencia de ningún otro llamado, a excepción del registrado el día 10 de julio”. Palacios tampoco encontró nada llamativo en las conversaciones telefónicas de Kanoore con su primo, el policía bonaerense Víctor Chabán. Galeano volvió a indagar a Kanoore como imputado pero le dictó la falta de mérito, confirmada por la Cámara Federal. Olmos Gaona dice que el padre de Kanoore contribuyó para comprar el departamento que Menem ocupaba en la calle Cochabamba, como pied à terre en Buenos Aires cuando era gobernador de La Rioja, que la familia fue a saludarlo cuando asumió la presidencia y que le pidieron que agilizara un crédito que habían solicitado en el Banco Nación. Pero atribuye la sospecha de encubrimiento por parte de Menem a las afirmaciones de un arrepentido de la inteligencia iraní, cuya seriedad pone en duda. Añade que a raíz de la publicidad negativa recibida los Kanoore quebraron y perdieron todos sus bienes, lo cual sería prueba de su falta de vinculación con millonarios grupos fundamentalistas. También consigna que Alicia Kanoore Edul está casada con un primo de Monzer Al Kassar (hoy condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos por conspirar para matar a ciudadanos y militares estadounidenses) pero afirma que sólo hubo un contacto fugaz entre ambos. (Otro primo de Al Kassar, Mnawar Tarbuch, se casó con la prima de Menem, Amira Akil). La conclusión de Olmos Gaona es que el estallido se produjo por explosivos colocados dentro del edificio y que pudo ser parte de la misma lucha interna entre facciones israelíes que condujo al asesinato del ex premier Yitzhak Rabin. La misma línea de defensa-acusación sigue el abogado de Kanoore Edul en la causa, Juan Gabriel Labaké. El trabajo de Olmos Gaona es especialmente crítico con el responsable de contrainteligencia de la SIDE, Jaime Stiuso, a quien atribuye haber instalado la pista siria en torno de Kanoore Edul, sin elementos consistentes. Ese es también el argumento que esgrime en su defensa el comisario Palacios, cuya unidad antiterrorista compitió con el sector de la SIDE que conducía Stiusso, como se hizo evidente durante el juicio oral del Tribunal Federal 5. Oscuros intereses Alejandro Rúa tuvo a su cargo la oficina del ministerio de Justicia que revisó en forma crítica el expediente de la causa AMIA. A su juicio, tanto Palacios como el ministro Montenegro tuvieron su parte en las irregularidades para “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”, lo cual condujo a la confirmada nulidad de lo actuado. La Corte Suprema dijo que el juicio oral y público dejó en evidencia que los funcionarios policiales comandados por Palacios actuaron contra “las mínimas exigencias de seriedad que la actividad les impone guardar como representantes del Estado a cargo de la investigación de tan graves hechos”. Según el fallo del tribunal oral confirmado por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema, el trato a los testigos contravino las disposiciones legales, mediante “el allanamiento de sus viviendas, detenciones y comparecencia esposados a la sede del juzgado”, luego de pasar por la Unidad Antiterrorista de Palacios. Una mujer contó que la sacaron de su casa y la llevaron a declarar “como si yo fuera una presidiario”. Le tomaron las huellas digitales y le leyeron los derechos de los imputados, pese a que sólo era testigo, y luego de un largo aislamiento la llevaron a presencia de Palacios, quien la intimidó. Le dijo “depende de usted irse o quedarse, según lo que usted diga”. La mujer insistió en que no sabía nada y Palacios la derivó a dos oficiales interrogadores, antes de llevarla al juzgado, previo paso por un médico forense, completamente desnuda. “Me dieron trato de preso. Subo por las escaleritas esposada”. También le sacaron los cordones y aritos. “Yo no entendía por qué y me decían que era porque me podía ahorcar.” Todo eso “me llamó la atención” y “no me sentí como una testigo, porque creo que los testigos no van esposados a declarar”. Otra persona contó en el juicio oral que un testigo analfabeto “volvió aterrado” del juzgado de Galeano. Para intimidarlo, antes de declarar le dijeron que lo enviarían a la cárcel de Olmos. También le pegaron: “quise agarrar el sanguche y me pegaron un cachetazo”. El Gulag Para la Corte Suprema esas vejaciones sufridas por meros testigos pusieron en evidencia “el empleo abusivo de las herramientas que la ley establece para investigar delitos”, y que las escenas reseñadas “recuerdan a las vívidamente relatadas por Alexander Solzhenitsyn en su libro El Archipiélago de Gulag”. A ello se suma, concluye la sentencia, “la intimidación del comisario Palacios antes de su declaración”. La sentencia también menciona la “actividad indebida” de Palacios al interrogar a uno de los policías bonaerenses detenidos. Para la Cámara de Casación “el fin no puede justificar los medios empleados para llegar a un resultado en una investigación, por más dificultosa que ésta se presente”. Pese a ello, Guillermo Montenegro sostuvo en la legislatura porteña que Palacios era “el mejor jefe de Policía que puede tener la ciudad”. También reconoció su amistad con el ex fiscal José Barbaccia, quien está procesado por las irregularidades que llevaron a la nulidad del caso AMIA. Podría haberlo estado el propio Montenegro quien, en cambio, fue promovido a juez federal, cargo del que pidió licencia para asumir como ministro de Maurizio Macri. Rúa menciona el tramo de la sentencia del tribunal oral sobre el caso de Miriam Salinas, a quien Galeano amenazó con “graves imputaciones, incluso la participación por el atentado, para obtener declaraciones testimoniales incriminantes hacia otros encausados”. Luego de intimidarla, Galeano le propuso una “espuria negociación”: la desvincularía del proceso si incriminaba a otra persona. En otros casos, “la moneda de cambio ofrecida por el juez consistió en omitir, mediante el ocultamiento de pruebas de cargo que comprometían a quien negociaba, alguna evidente imputación”, y que “en todos los casos el magistrado instructor otorgaba, a quien aceptara ese oscuro pacto, la reserva de su identidad en la declaración que luego se utilizaría como prueba de cargo. De esta forma se excluía, fácilmente, el eventual contralor de las partes”. Sonría La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Galeano, de Barbaccia y del también ex fiscal Eamon Mullen al acreditar “objetivamente la existencia de una clara presión” sobre Salinas, que en una semana pasó de imputada sobreseída a “testigo de identidad protegida en el mismo caso”. El tribunal afirmó que la mujer “fue coaccionada por Galeano” para que declarara como él quería. Estuvo tres días detenida, pero no en una unidad penitenciaria o de detención “sino sobre un colchón en el piso de la oficina judicial”. A la mañana declaró ante Barbaccia. El tribunal del juicio consignó que “las irregularidades evidenciadas no deben ser exclusivamente atribuidas al magistrado instructor y a los funcionarios intervinientes”, y que “la declaración de Miriam Salinas se recepcionó y filmó en la fiscalía del doctor Montenegro”, donde se encontraba instalado uno de los equipos permanentes de la SIDE para las filmaciones clandestinas. El 23 de octubre de 2008, Lijo careó a Galeano con su ex prosecretario Claudio Lifschitz. Acerca de las filmaciones que utilizaban para extorsionar, Galeano intentó rebatir que en su despacho hubiera una cámara fija. Lifschitz replicó que “las cámaras que estaban instaladas en la fiscalía del doctor Montenegro eran fijas” (foja 13.798 del expediente), es decir que no fueron colocadas para la ocasión. La Ciudad de Buenos Aires ya sabe lo que le espera con tal ministro y cual jefe de policía. Permalink: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-128889-2009-07-26.html Publicado por
Amenazan a militante de la LADH por el caso de Floreal Avellaneda
Comunicado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Buenos Aires En el día de hoy, la compañera María Soledad Laruffa, militante de la filial Merlo de la LADH, fue amenazada por desconocidos en su teléfono celular donde profirieron insultos y reclamos ”que la corte con eso de los derechos humanos”. En el día de ayer, en el predio de Quinta Seré, donde antaño funcionara el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Mansión Seré a cargo de la Aeronáutica, en el marco de una jornada de conmemoración organizada por la dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Morón, se realizó un acto de reclamo de justicia para Floreal Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista asesinado a los quince años de edad en 1976. Ante las cinco mil personas presentes primero se proyectó el video “El Negrito vive”, luego habló la vicepresidenta nacional de la Liga y madre del Negrito Floreal, Iris Avellaneda y seguidamente la compañera María Soledad Laruffa le obsequió una remera estampada con el rostro del Negrito en nombre de los jóvenes de la Liga. La amenaza se inscribe en los preparativos del histórico juicio por el Negrito que será el primero en examinar el accionar del terrorismo de Estado en el ámbito de Institutos Militares, entre los cuales estaba el de Campo de Mayo, que comenzará el 27 de abril contra el Gral. Santiago Omar Riveros y sus cómplices. La responsabilidad de la seguridad de los luchadores por los derechos humanos es una de las obligaciones internacionales que el Estado Argentino asumió al firmar los Pactos y Convenios Internacionales inscriptos en la Constitución Nacional desde 1994 particularmente en la “Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso del Poder” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985.. Exigimos que dicha responsabilidad se efectivice en éste y todos los casos. Liga Argentina por los Derechos del Hombre GRACIELA ROSENBLUM, presidenta JOSE ERNESTO SCHULMAN, secretario Publicado por
La Cámara Federal de Mendoza liberó a Oscar Dopazo
Los camaristas: Julio Petra, Alfredo López Cuitiño y Carlos Pereyra González firmaron la resolución que libera al coronel Oscar Dopazo. La sala "A" de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza otorgó la excarcelación al coronel Oscar Orlando Dopazo, quien fuera jefe de Inteligencia del G2 en los ´70 y está imputado por violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y torturas. Así, uno de los acusados en la provincia por delitos de lesa humanidad (con prisión domiciliaria desde agosto de 2004) recuperará la libertad y en esas condiciones esperará la hora del juicio. Sin embargo, es muy probable que este primer caso impulse al resto de los imputados y procesados en las 60 causas ligadas a los crímenes de la última dictadura a reclamar igualdad de derecho y, por lo tanto, pidan su excarcelación. De hecho, ayer la defensa del ex coronel Tamer Yapur, a quien se le achacan los mismos delitos y fue segundo de la Octava Brigada) ya había hecho un pedido similar La resolución en cuestión lleva la firma de Julio Petra, Alfredo López Cuitiño y Carlos Pereyra González y, previo a comunicar la decisión, se aclara que en el expediente -que llegó desde el despacho del juez federal Walter Bento, tras un planteamiento del defensor oficial- "no se señala qué riesgos procesales estarían presentes en caso de que el imputado recuperase su libertad, ni cuáles eran las pruebas que lo acreditan". Tras lo cual redondean la resolución señalando: "No existiendo a "prima facie" peligro de fuga, ni riesgo de las comisión de nuevos delitos, como por el que fue indagado, ni pruebas que demuestren que puede presionar a los testigos y que con su libertad se altera el orden público. Entendemos -afirman los tres camaristas- que corresponde acceder al beneficio de la excarcelación, el que eventualmente podría revocarse si se demuestra y prueba alguno de los extremos señalados. Esta decisión de la Cámara abre una polémica puertas adentro de los Tribunales Federales. Concretamente, el Ministerio Público federal ya mostró su disidencia con la medida y teme que se produzca el efecto dominó que lleve a todos los imputados en estos casos a conseguir su libertad. Ante esto, ya se encuentran preparando todos los recursos extraordinarios que sean necesarios para evitar que los ex militares y ex policías detenidos sean liberados mientras esperan la resolución de las causas. Precisamente, algunos fiscales (en Cuyo hay 10, bajo la órbita de Santiago Teruel) consideraron en estricto off the récord que "la Cámara se apresuró" con esta resolución y que por "respeto a la sociedad" habría que haber esperado. Finalmente dijeron que confían en que los planteamientos que harán "lleven las cosas a su justo lugar". Los fundamentos La Cámara reconoce en sus argumentos la "seriedad del delito, su grave reproche social y la eventual severidad de la pena prevista para el caso", también hace referencia a la detención de Dopazo (desde el 28 de julio de 2004), que "excede el plazo legal previsto", por lo cual la "denegación de la excarcelación solicitada no puede fundarse exclusivamente en la gravedad del delito imputado, sino que el Tribunal debe atender las circunstancias objetivas y subjetivas que en el caso concreto permiten formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad del mantenimiento de la medida de coerción". En esta resolución, para muchos considerada como "un hecho nuevo" dentro de la Justicia Federal, también se hace referencia a que el imputado tiene 75 años y una insuficiencia cardiovascular crónica, concluyendo que Dopazo "no tiene antecedentes penales ni ha sido declarado rebelde en ninguna oportunidad". Los camaristas recuerdan en su escrito que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en las causas Lardone y Padovani, "resolvió conceder las excarcelaciones de los imputados por delitos similares a los aquí investigados". Tras lo cual resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y conceder la excarcelación a Dopazo, bajo "caución juratoria". Diario Los Andes - La Justicia federal liberó a un militar imputado por secuestros y torturas Publicado por
Jornada en la Cárcel de Devoto
JORNADA 12 DE SETIEMBRE Desde las 9 hs. CARCEL DE VILLA DEVOTO Bermúdez 2651 Queridos Compañeros y amigos: Un conjunto de militantes populares que estuvimos presos en Devoto queremos invitarlos para el 12 de septiembre desde las 9 horas a una jornada por la memoria y en homenaje a la resistencia de todos los compañeros y familiares como así también a los muertos o secuestrados en la cárcel o sus inmediaciones, víctimas del terrorismo de estado y a todos los que contribuyeron a tirar abajo a la dictadura. Queremos compartirlo con todos ustedes dejando un testimonio concreto con una placa recordatoria y una visita dentro del penal. Finalizada ésta, se leerán unas palabras junto con las adhesiones y cantaremos juntos algunas entrañables canciones que supimos entonar entre los pabellones. Nos gustaría contar con todas las queridas presencias ante estos momentos donde el peso de las ausencias permanece. Grupo de Ex presos políticos de la cárcel de Villa Devoto Publicado por
(click en la foto para ir a la nota de BBC) Fueron necesarios más de 30 años para poder ver a este asesino preso. Fueron necesarias todas las luchas, todas las marchas, todos los escraches... y un día como ayer, un claro día como ayer, finalmente se hizo justicia y Menéndez está preso, preso en cárcel común y condenado a perpetua. PRESO. 30 mil compañeros detenidos desaparecidos. PRESENTES Publicado por
Tres individuos roban en la sede de las Madres de Plaza de Mayo
BUENOS AIRES, 22 Jul. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) - Tres asaltantes robaron hoy las oficinas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, y se llevaron dinero y pertenencias de los empleados, y uno de los ladrones fue detenido cuando escapaba del lugar. "Este hecho no pasa de ser un atentativa de robo común y corriente, sin ningún tipo de vinculación política, en principio", dijo Sergio Schoklender, apoderado de la fundación, quien añadió que "afortunadamente no lastimaron a nadie". El ladrón detenido por la policía llevaba un bolso con las pertenencias robadas a los empleados, por lo que las víctimas pudieron recuperar todos los objetos que les habían sustraido. El robo se inició a las 9.30 de hoy en las oficinas que la Fundación tiene sobre las calle Alsina a unas pocas manzanas del Departamento Central de la Polucía Federal. Como en el lugar no había dinero, los ladrones optaron por asaltar a los empleados. Un vecino de las oficinas donde se produjo el asalto, vio a los asaltantes y llamó a la policía. Los ladrones ya se habían ido del lugar, después de salir por una ventana. Uno de los ladrones fue detenido a pocas manzanas de allí y los otros dos lograron escapar. La Fundación Madres de Plaza de Mayo tiene un centro docente y además lleva adelante varias iniciativas sociales, como la construcción de viviendas populares y la instalación de centros sanitarios. Publicado por
Marcha 24 de Marzo de 2009
Escrache a tribunales diciembre de 2008
Comisario (R) Carlos Rico Tejeiro
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