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Timestamp: 2017-01-24 11:13:26+00:00

Document:
SALA DE CASACION CIVIL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
EJECUCION DE SENTENCIA TERCERIA ADHESIVA
la recurrente no ostenta la condición intrínseca de parte, sino que alega ser
suscriptor con el demandante de una opción de compra venta, sobre los inmuebles
objeto del juicio principal, por lo que, efectivamente, tienen interés en
acompañar a la accionada y propender a su éxito en la controversia. ...
los límites de este tipo de intervención, pues como antes se adelantó, su
participación se dirige a coadyuvar a la parte a vencer y no a ejercer su
representación o, incluso, a contraponerse con la parte principal que pretende
ayudar, lo cual lo excluye de la relación subjetiva procesal, pues cualquier
resolución no recaerá sobre él. Sólo en casos excepcionales, según lo prevé el
artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, se podía estimar como
litisconsorte activo o pasivo al tercero interviniente y, por consecuencia,
capaz de ejercer los recursos procesales de impugnación, entre ellos el de
casación. Efectivamente, señala la norma citada:
“Cuando según las disposiciones del Código Civil, la
sentencia firme del proceso principal haya de producir efectos en la relación
jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria, el interviniente
adhesivo será considerado litisconsorte de la parte principal, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 147.”
tanto, será necesario para que se active dicha excepción que la decisión
recurrida haya producido efectos en la relación jurídica del interviniente adherido
artículo 1.474 del Código Civil denunciado, establece lo que debe entenderse
por venta, vale decir, lo que caracteriza al señalado contrato; la recurrente
alega que el juzgado superior le negó aplicación al mismo por cuanto determinó
que el contrato que DERNIER COSMETICS, C.A., había celebrado con el demandante
ciudadano Diego Arguello, “…que el contrato de opción de compra venta
(al igual que los contratos preliminares) no equivale a compra-venta, a pesar
de contener las bases necesarias para su consumación (objeto, precio, etc.), ni
concede, al menos salvo pacto en contrario, la posesión sobre la cosa vendida
al eventual comprador, más bien lo que crea es la posibilidad para el optante
(eventual comprador) de aceptar o no la opción y para el promitente (eventual
vendedor) la indisponibilidad del derecho objeto del contrato (derecho de
propiedad sobre el bien) durante un tiempo en él determinado…)”.
Sobre el punto de si el
contrato de opción de compra-venta puede estimarse una venta, la jurisprudencia
de esta Sala ha sostenido el criterio según el cual, efectivamente, si están
presentes los elementos de consentimiento, objeto y precio debe considerarse
una verdadera venta, así se colige de sentencia N° 116 del 12/4/05, expediente
N°04-109 en el juicio de Ana Morela Serrano Iriarte y otro contra Trina Cecilia
Ruiz Velutini, donde se estableció:
la trascripción antes realizada, la Sala observa que el juez de alzada
consideró que las partes al suscribir el contrato de opción de compra venta,
realizaron una verdadera venta, al darse los dos elementos esenciales objeto y
precio del cual se dio un anticipo, y la tradición había quedado diferida para
el pago del saldo del precio, al momento de obtenerse el crédito por los
accionantes, y el cumplimiento por la demandada vendedora de la transferencia
de la propiedad del inmueble en forma registral.
observa la Sala, que el juez superior, contrariamente a lo denunciado, realizó
una acertada interpretación del artículo 1.167 del Código Civil, pues en la
misma el juzgador señaló la existencia de un contrato de opción de compra-venta
y un documento privado celebrado entre las partes, en el cual quien lo
incumplió fue la demandada, estando perfectamente facultados los actores para
solicitar el cumplimiento del contrato, situación fáctica que forma parte del
supuesto de hecho de la referida norma, que es precisamente lo planteado en el
juicio…”.
El criterio reseñado
fue abandonado en sentencias recientes en las que se estableció lo contrario,
vale decir, que no deben considerarse los contratos de opción de compra venta
una verdadera venta, sino contratos preparatorios aun cuando llenen los
requisitos de consentimiento, objeto y precio, así se plasmó en las decisiones
N°. 358 de fecha 9/7/09, caso Ada Preste contra Desarrollos 20699, C:A, N°. 460
del 27/10/10, caso Tomar contra sucesión Capuzzi y N°. 198 del 12/5/11, caso
Luís Francisco Rodríguez contra Rosalba Peña.
Ahora bien, luego de
realizar un estudio profundo y documentado sobre el asunto, esta Máxima
Jurisdicción Civil, estimó pertinente retomar el criterio inveterado que se
había abandonado y, por vía de consecuencia establecer que el mismo debe
equipararse a la venta pura y simple, tomando en consideración que se produzca
el cruce de consentimientos en los contratantes y siempre y cuando se
encuentren presentes, claramente, en dicho contrato de opción de compra venta
los requisitos del objeto y precio.
Advierte la Sala que
el sub iudice, se encuentra efectivamente en la situación tal y
como la establecía la jurisprudencia que se retoma y que, se repite, consideró
que cuando en un contrato de opción de compra-venta se encontraran presentes
los elementos de consentimiento, precio y objeto, ello equivaldría a un
contrato de venta, razón por la que debe valorarse el contrato de opción de
compra venta en análisis, como una verdadera venta.
Considera la Sala, que
en el caso bajo estudio debió ser aplicado desde el inicio el criterio pacífico
y reiterado, que consideraba la promesa bilateral de venta como venta, pues la
presente demanda fue presentada el 4 de agosto de 2006, y admitida el 5 de
octubre de 2006, folio 22 de la primera pieza del expediente. Quiere esto decir,
que cuando el accionante demandó, estaba vigente el citado criterio de la Sala
de Casación Civil. De esta forma, no podía aplicársele al caso bajo estudio el
cambio jurisprudencial establecido en sentencia N°. 358 de fecha 9/7/09, caso
Ada Preste contra Desarrollos 20699, C:A., pues no puede exigírsele al
demandante que adecúe su pretensión procesal a un criterio futuro, que todavía
no había sido establecido. Más bien la demanda fue cónsona con la doctrina
vigente para ese momento. Por tal motivo, considera la Sala que al abandonarse
el criterio del 9 de julio de 2009 para este caso concreto, no lesiona los
intereses de los sujetos procesales ni la expectativa plausible, pues siempre
sería aplicable al caso bajo estudio, la interpretación doctrinaria de la Sala
anterior y que ahora se retoma.
razonamientos expuestos y a la jurisprudencia señalada, es concluyente afirmar
que en el caso bajo decisión, el ad quem negó esa posibilidad,
expresando que el controvertido era sólo un contrato preparatorio de opción de
compra-venta, razón por la que infringió el artículo 1.474 del Código Civil por
falta de aplicación, por lo que se declara procedente esta parte de la
denuncia. Así se decide.
En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta, intentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano DIEGO ARGÜELLO LASTRES, patrocinado judicialmente por los profesionales del derecho Elio E. Castrillo, Roxana Frontini, Pura Olivares, José Enrique D’ Apollo, Eduardo Quintero y Gabriel Falcone, contra la ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RIO, representada judicialmente por los abogados Luís Boris Sohit Vivas y Edelberto Sardi Díaz y asistida ante esta sede por el profesional del derecho Juan Manuel Raffalli, donde intervino como tercera adhesiva la empresa DERNIER COSMETICS, C.A., representada judicialmente por los abogados Juan Manuel Raffalli, Rafael De Lemos, Andres Halvorssen, José Manuel Ortega, Luís Alberto Ortiz, Juan Carlos Senior, Juan Carlos Oliveira Bomoni y Manuela Navarro; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, el 30 de enero de 2012 dictó sentencia declarando sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la accionada y con lugar la demanda, confirmando, aunque con diferentes fundamentos, la decisión apelada y condenó a la demandada al pago de las costas procesales.
Con motivo del vencimiento del período constitucional de los Magistrados Antonio Ramírez Jiménez y Carlos Oberto Vélez, se convocó respectivamente a las Magistradas Suplentes designadas por la Asamblea Nacional, Aurides Mercedes Mora e Yraima Zapata Lara, quedando reconstituida la Sala de Casación Civil de la siguiente forma: Magistrada Yris Peña Espinoza, Presidenta; Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, Vicepresidenta; Magistrado Luís Ortíz Hernández, Magistrada Aurides Mercedes Mora y Magistrada Yraima Zapata Lara. Concluida la sustanciación del recurso de casación, la ponencia que inicialmente había sido atribuida al Magistrado Carlos Oberto Vélez, recayó en la persona de la Magistrada Yraima Zapata Lara, quien con tal carácter suscribe el presente fallo:
“…En relación a la legitimidad del tercero como recurrente en casación, la doctrina pacífica y reiterada de la Sala, entre otras, en sentencia Nº 141 del 13 de julio de 2000, caso Hugo Martínez contra Sucesión de Félix Zerpa Prada y otros, expediente Nº 00-112, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció:
En el caso bajo examen, el recurso de casación que hoy ocupa la atención de esta Suprema jurisdicción, fue anunciado por el tercero Massimo Coghe, alegando su condición de accionista de la intimada, contra la sentencia del Tribunal Superior que declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandada, con fuerza de cosa juzgada el decreto intimatorio y revocó el fallo dictado por el Tribunal de la cognición, que había declarado la inadmisibilidad de la presente acción
Esto dicho en otras palabras, significa que el tercero interesado, ciudadano Massimo Coghe, ciertamente no ostenta ningún carácter, condición o capacidad que le permita actuar o representar a la sociedad de comercio hoy intimada, debido a que –se repite- no es la persona capaz de representar a la accionada
PRESENTADO POR LA DEMANDADA MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RÍO
“…Primera Contradicción: La Recurrida determina en su texto que la tercera adhesiva Denier Cosmetics C.A., no deriva un derecho real en virtud del contrato de opción de compra que suscribió con el demandante en fecha 20 de enero de 2009, uno de cuyos anexos es un contrato de venta propiamente dicho suscrito por el demandante y dicha empresa, sin embargo, de manera contradictoria, incluso en un mismo párrafo la propia Recurrida declara la inexistencia de ese derecho real a favor de Denier Cosmetics C.A., y simultáneamente la validez del mismo calificándolo como innominado.
Segunda Contradicción: En el punto f.4 relativo a las pruebas, la recurrida se refiere al contrato de opción de compraventa suscrito por la tercera adhesiva Dernier Cosmetics, C.A., con el ciudadano Diego Arguello Lastres en fecha 20 de enero de 2009, el cual consta el documento autenticado ante la Notaría Segunda de Chacao bajo el número 13 Tomo 3 de los libros respectivos. Este contrato fue traído a los autos por Dernier Cosmetics, C.A., para acreditar su interés legítimo y directo en este proceso. Pero es el caso que la Recurrida, incluso en un mismo párrafo, declara tal contrato como una prueba ‘impertinente’ pero a la vez le da valor probatorio para acreditar la celebración de un segundo contrato de opción de compraventa celebrado entre Dernier Cosmetics, C.A. y el accionante Diego Arguelles Lastres.
Es obvio que la Recurrida mezcla y confunde los contratos de opción de compraventa, incluso el que declaró supuestamente ‘impertinente’ y al mismo tiempo válido, en virtud de ello, esta contradicción y la supuesta impertinencia del contrato de fecha 20 de enero de 2009, le dan tal opacidad al fallo que hacen difícil y contradictoria su comprensión y contenidos lo cual deriva en una abierta falta de motivación…” (Resaltado es del texto transcrito).
“…Ergo, con relación a la intervención de la tercerista adhesiva simple o coadyuvante, sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., se hace oportuno hacer unas cortas consideraciones, como precisar que el contrato de opción de compra-venta (al igual que los contratos preliminares) no equivale a compra-venta, a pesar de contener las bases necesarias para su consumación (objeto, precio, etc.), ni concede, al menos salvo pacto en contrario, la posesión sobre la cosa vendida al eventual comprador, más bien lo que crea es la posibilidad para el optante (eventual comprador) de aceptar o no la opción y para el promitente (eventual vendedor) la indisponibilidad del derecho objeto del contrato (derecho de propiedad sobre el bien) durante un tiempo en él determinado.
Ello así, es inadmisible la posición asumida por la vendedora, ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RÍO, de excusarse en su obligación de hacer la tradición de los bienes inmuebles dados en venta en razón de haberse celebrado un contrato de opción de compra-venta con la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A.
No obstante ello, como se expresó, en virtud del denominado principio de adquisición procesal o prueba presunta, se encuentra acreditado que la ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RÍO aparece como socia y representante legal de la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., y que, supuestamente, al decir de la mencionada sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., ésta ha estado haciendo su giro comercial en los inmuebles objetos (sic) del contrato de compra-venta sub iudice, inclusive, con anterioridad a su celebración.
En efecto, la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., ha incoado ante esta Alzada una tercería adhesiva o ad adiuvandum para coadyuvar al no vencimiento de la parte demandada, ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RÍO, y como tercerista adhesiva simple que es en el sub iudice, deriva su cualidad en razón de que al celebrar, a posteriori del contrato de venta bajo litis, un contrato de opción de compra-venta con el ciudadano DIEGO ARGÜELLO sobre los mismos bienes inmuebles, se hizo titular de un derecho real sobre los mismos (el cual no define), y señalando además que, aparece como poseedora de buena fe siendo el justo título el contrato de opción conforme el artículo 788 del Código Civil.
En efecto, según la doctrina mayoritaria (Aguilar Gorrondona, entre otros) en nuestro caso, en materia de derechos reales impera el sistema del numerus clausus o de la serie hermética de los derechos reales, según el cual, no pueden crearse las personas derechos reales distintos a los expresamente regulados por la ley. Siendo así, no pueden concebirse derechos reales sui generis como el del optante –invocado por la tercerista adhesiva- devenido de la celebración de un contrato de opción de compra-venta sobre un bien inmueble, aun cuando se registre el documento, dado que éste no está expresamente establecido en la ley.
Ergo, al no existir por parte de la tercerista adhesiva, sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., derecho de posesión sobre los dos (02) bienes inmuebles dados en venta en el contrato bajo litis, debe establecerse que es la parte demandada, ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RÍO, la persona que siempre ha ejercido la posesión sobre los mismos, y por tanto, la mencionada sociedad comercial DERNIER COSMETICS, C.A., al ser una simple detentadora sin derecho o título propio oponible a terceros debe, en todo caso, acatar de buena fe el desiderátum contenido en esta sentencia. En consecuencia, se debe ordenar la tradición de los dos (02) bienes inmuebles dados en venta. Y así se establece.
Cabe señalar, que, en caso de existir un derecho de posesión precaria o exigible sobre los bienes inmuebles del contrato de compra-venta sub iudice, bien la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., puede hacer uso de la protección posesoria que prevé el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil…” (Resaltado y negrillas de la Sala)
“…Se observa que la prueba sub examen es una copia certificada de una documental autenticada, a saber, de un contrato de opción de compra-venta. Y si bien el tercero adhesivo debe aceptar la causa en el estado en que se encuentra (Art. (Sic) 380 CPC), en principio sería inadmisible la promoción de un documento autenticado en Alzada (Art.(Sic) 520 eiusdem). Empero, al tratarse del instrumento de donde emana el interés jurídico de la tercera adhesiva y que hizo admisible su intervención tercerista, para lo cual se requiere sólo prueba fehaciente-entiéndase cualquier documento de fecha cierta- (Art. (Sic) 379ibidem), en consecuencia, se le da valor… … En consecuencia se acredita la celebración de un segundo contrato de opción de compra-venta entre el ciudadano DIEGO ARGÜELLO y la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., sobre los dos (2) mismos inmuebles objeto del contrato de venta del sub iudice, pero que, en todo caso carece de pertinencia . Y así se establece…”.(Mayúsculas del texto)
“…En efecto ciudadanos Magistrados, la recurrida ha concluido erradamente en este proceso con efectos declarativos, que la tercera adhesiva Dernier Cosmetics, C.A., no ostenta ningún derecho real sobre los inmuebles objeto de la entrega material demandada por el ciudadano Diego Arguello Lastres. Ha concluido incluso la Recurrido (Sic) que Dernier Cosmetics, C.A., no tiene justo título para poseer los inmuebles sobre la premisa errada de que el contrato de Opción de Compra suscrita en esa sociedad mercantil y el demandante en fecha 20 de enero de 2009 el cual cursa en autos en instrumento autenticado ante la Notaría Segunda de Chacao bajo el número 13 Tomo 3 de los libros respectivos, es un contrato simplemente preparatorio del cual no deriva Dernier Cosmetics, C.A., ningún derecho. Este error ha sido fundamental en este debate judicial, ya que de concluirse efectivamente que Dernier Cosmetics, C.A., sí ostenta derechos sobre los referidos inmuebles, las consecuencias directas es que esa empresa ostenta la condición de litisconsorte necesario y por ende yo tendría una causa impeditiva para cumplir la orden contenida en el propio fallo.
Es de hacer notar ciudadano Magistrados, que la recurrida obvia por completo que un anexo del documento autenticado que contiene es denominado ‘opción de compra’, es un contrato de venta propiamente dicho, pero aún más pasa por alto la recurrida que conforme a ese contrato de compra-venta el precio pactado fue la cantidad de Bs. 203.608,50, y al momento de celebrarse la denominada opción, Dernier Cosmetics, C.A., pagó la cantidad de Bs. 235.000,00 supuestamente en calidad de arras, pero evidentemente esa suma excede en Bs. 31.391,50 el precio de venta pactado por las partes porque el comprador recibió la totalidad del precio desde el momento mismo en que se celebró la supuesta opción que realmente es una venta. En consecuencia no estamos en presencia de un contrato simplemente ‘preparatorio’ ni mucho menos ante una eventual expectativa de compra, pues habiéndose pagado el precio, ese instrumento autenticado de fecha 20 de enero de 2009, es una verdadera venta y por ello es oponible por Dernier Cosmetics, C.A., al demandante Diego Arguelles Lastres, por lo cual la Recurrida erró al calificarlo jurídicamente y negarle tales efectos.
Finalmente ha negado la Recurrida con este error el juzgamiento, aplicación al artículo 788 del Código Civil por cuanto el mencionado contrato de fecha 20 de enero de 2009, celebrado entre el demandante Diego Arguelles Lastres y Dernier Cosmetics, C.A., en virtud del cual el accionante vendedor recibió del precio de venta pactado, representa un título que justifica la presencia de Dernier Cosmetics, C.A., en los inmuebles litigiosos, Es decir, la presencia de buena fe de Dernier Cosmetics, C.A., en dichos inmuebles, se justifica precisamente por haber importantes suma de dinero para adquirirlos y la Recurrida ha obviado esta importante consideración…” (Resaltado es del texto transcrito).
En consecuencia, el Juez de reenvío que resulte competente, deberá confrontar el título que exhibe el demandante con el documento que invoca la demanda y el tercero adhesivo, a fin de determinar el mejor derecho y las consecuencias jurídicas derivadas de ellos. Así se decide.
“…Ni siquiera la tercerista adhesiva, sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., invocó, conforme al derecho societario, que posee los bienes inmuebles objetos del contrato de compra-venta sub litis, porque se le dieron en aporte a título de uso y goce como arrendataria o como comodataria, por ejemplo, es decir, un simple derecho de posesión precaria, sino que, por el contrario, invocó un inexistente derecho real sui generis que se tiene supuestamente como parte optante en virtud de una relación convencional nacida de un contrato de opción de compra-venta.
Ergo, al no existir por parte de la tercerista adhesiva, sociedad mercantil DERNIER COSMETICS,C.A., derecho de posesión sobre los dos (2) bienes inmuebles dados en venta en el contrato bajo litis, debe establecerse que es la parte demandada, ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RIO, la persona que siempre ha ejercido la posesión sobre los mismos…” (Resaltado y negrillas de la Sala).
“…En efecto, como parte de su solicitud de reposición de la causa contenida en su escrito de fecha 11 de mayo de 2011, Dernier Cosmetics, C.A., ha denunciado que en este proceso el demandante Domingo Arguello Lastres se encuentra domiciliado en los Estados Unidos de Norteamérica, por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código Civil, dicho demandante debió presentar fianza suficiente para garantizar el pago de lo que pudiera ser juzgado o sentenciado en Venezuela.
Visto lo anterior, en el caso de autos, es obvio que la recurrida negó aplicación al artículo 36 del Código Civil, pues de haberlo aplicado necesariamente hubiera declarado la reposición de la causa solicitada por Dernier Cosmetics, C.A., o al menos hubiera suspendido el proceso hasta tanto fuera consignada la respectiva fianza o caución…”.
“…A) El Hecho Concreto: la Recurrida estableció un hecho cuya inexactitud resulta de las actas e instrumentos que obran en el expediente. En efecto, la Recurrida estableció de una manera presuntiva y equivocada que entre otras razones, por ser yo socia y representante legal de Dernier Cosmetics, C.A., debe entenderse que soy yo y no esa empresa, quien ‘siempre ha ejercido la posesión’ sobre los inmuebles objeto de la venta, cuando lo cierto es que quien viene ocupando y operando en las instalaciones industriales que constituyen el objeto de este proceso, es precisamente Dernier Cosmetics, C.A..
B) Las actas e instrumentos que desvirtúan el hecho falso: Ahora bien ciudadanos Magistrados, es el caso que conforme el contrato de opción de compraventa suscrito en fecha 20 de enero de 2009 entre la tercera adhesiva Dernier Cosmetics, C.A. y el demandante, el cual cursa en autos y ha sido asumido como prueba por la Recurrida, esa empresa erogó una importante suma de dinero en calidad de arras. Ese contrato y las erogaciones que en virtud del mismo ha hecho Dernier Cosmetics, C.A., tuvieron su causa precisamente en que se trata de un establecimiento industrial ocupado por esa sociedad mercantil, y concretamente el sitio en donde la misma opera, por ello tenía todo el sentido que dicha empresa adquiriera los inmuebles sobre los cuales además pesaban dos litigios en ese momento. Nótese en este sentido que incluso uno de los anexos de dicha opción y que forma parte integrante de la misma, es un contrato de compraventa propiamente dicho celebrado entre Dernier Cosmetics, C.A., y el demandante y en el texto de esa venta, así como en el de la opción misma, se señala claramente que los lotes de terreno son parte de la Urbanización Industrial Tejerías e incluso que sobre los mismos se encuentran edificaciones y galpones industriales cuyo (Sic) superficie es de 4.656,46 mts2. Estos elementos por cierto son pasados por alto en el dispositivo de la Recurrida.
Pero además Ciudadanos Magistrados, los propios apoderados del demandante diego Arguello Lastres, aunque aparentan negarlo, realmente han admitido en dos ocasiones durante este proceso que la posesión de ambos inmuebles la ostenta Dernier Cosmetics, C.A., aduciendo tendenciosamente, por supuesto, que esa posesión no ha sido autorizada por su mandante. Es de hacer notar además que dichos apoderados no han demostrado en ningún momento haber exigido a Dernier Cosmetics, C.A., que les hiciera entrega de los susodichos inmuebles industriales.
Como se puede apreciar resulta claro que los apoderados del demandante asumieron clara e inequívocamente en el documento autenticado de fecha 20 de enero de 2009 contentivo de la segunda opción de compraventa que para esa fecha Dernier Cosmetics, C.A., operaba en os inmuebles objeto de este juicio, de no haber sido así, cómo se aplicaba que en dicho documento autenticado fuera esa la dirección de notificaciones establecida por amabas (Sic) partes. Independientemente del incierto alegato de la falta de autorización, el cual ha quedado desvirtuado con la aceptación de dicha dirección de notificaciones, lo cierto es que los apoderados de la parte actora han admitido que Dernier Cosmetics, C.A., ocupa el inmueble. De todo lo expuesto se concluye que la recurrida ha establecido erróneamente que yo y no la tercera adhesiva Dernier Cosmetics, C.A., quien ostenta la posesión del inmueble, aunque curiosamente señala al mismo tiempo que dicha empresa es detentadora de los mismos inmuebles y que se existir un derecho de posesión precaria, ‘puede hacer uso de la protección posesoria prevista en el artículo 546 del Código de procedimiento Civil.
D) Las suposición falsa incluyó en el dispositivo del fallo: En efecto, la suposición falsa de la recurrida según la cual yo he sido la poseedora de los inmuebles y la falta de aplicación de las normas aquí denunciadas, fueron determinantes en el dispositivo de la sentencia, pues si la Recurrida no hubiera incurrido en este vicio de suposición falsa, hubiera admitido la existencia de derechos posesorios sobre los inmuebles por parte de Dernier Cosmetics, C.A., con la inevitable consecuencia de haber tenido que reconocer que esa empresa es un tercero adhesivo litisconsorcial reponiendo la casa u en el dispositivo del fallo, y que es Dernier Cosmetics, C.A., y no quien tiene cualidad para hacer entrega material de los bienes inmuebles, máxime cuando ésta ha había hecho la tradición legal en el oficina de registro competente. Por todo lo anterior solicitamos que sea declarada con lugar esta denuncia y se decrete la nulidad de la sentencia Recurrida…” (Resaltado es del texto transcrito).
“…Empero, no escapa a esta sentenciadora el hecho de que la ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RÍO aparece como socia y representante legal de la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., (f. 124 y ss.; 129 y ss.) lo cual se tiene por probado en virtud del principio de adquisición procesal o prueba presunta. Así mismo, señala la tercera adhesiva que es ésta, es decir, la mencionada sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., la persona que ha estado haciendo su giro comercial en los inmuebles objeto del contrato de compra-venta sub iudice, inclusive, con anterioridad a su celebración.
Ergo, con relación a la intervención de la tercerista adhesiva simple o coadyuvante, sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., se hace oportuno hacer unas cortas consideraciones, como precisar que el contrato de opción de compra-venta (al igual que los contratos preliminares) no equivale a compra-venta, a pesar de contener las bases necesarias para su consumación (objeto, precio, etc.), ni concede, al menos salvo pacto en contrario, la posesión sobre la cosa vendida al eventual comprador, más bien lo que crea es la posibilidad para el optante (eventual comprador) de aceptar o no la opción y para el promitente (eventual vendedor) la indisponibilidad del derecho objeto del contrato (derecho de propiedad sobre el bien) durante un tiempo en él determinado.
No obstante ello, como se expresó, en virtud del denominado principio de adquisición procesal o prueba presunta, se encuentra acreditado que la ciudadana MARÍA ISABEL GÓMEZ DEL RÍO aparece como socia y representante legal de la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., y que, supuestamente, al decir de la mencionada ciudadana y empresa mercantil, ésta última ha estado haciendo su giro comercial en los inmuebles objetos del contrato de compra-venta sub iudice, inclusive, con anterioridad a su celebración.
A tal respecto, conviene traer a colación al Dr. Mauricio Rodríguez Ferrara, quien nos explica que el contrato de opción sólo genera efectos obligatorios para las partes, incluso tratándose de aquellos contratos que tengan por objeto bienes inmuebles y estén sometidos al Registro Público. No hay ningún obstáculo para registrar el documento de opción en el Registro Público. Pero no se obtiene ninguna ventaja con el registro como sí lo es el caso de España y Cuba, donde el optante adquiere un derecho real y puede ejercer la opción incluso contra cualquier tercero al que se le haya transferido el bien. Además, el registro de la opción tiene, en esos países, preferencia a cualquier otro derecho real (hipoteca, por ejemplo) que se registre con posterioridad. En nuestra legislación no. Para que el contrato de opción genere efectos reales, en atención a los cánones de nuestro sistema jurídico (igual en Italia) es menester que haya una norma jurídica expresa que sustente dichos efectos, inexistente hasta el momento en nuestra legislación (vid. RODRÍGUEZ FERRARA Mauricio, El Contrato de Opción, Colección de Monografías Jurídicas, Livrosca C.A., Caracas 1994, Pág. 78)
Cabe señalar, que, en caso de existir un derecho de posesión precaria o exigible sobre los bienes inmuebles del contrato de compra-venta sub iudice, bien la sociedad mercantil DERNIER COSMETICS, C.A., puede hacer uso de la protección posesoria que prevé el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil…”. (Mayúsculas del texto).
Así en sentencia N° 397 de fecha 8/11/08 en el expediente N° 11-233, juicio de Marcia Contreras Fernández y otra contra Marisela Coromoto León Decan, se reiteró:
En sentencia Nº 845 del 10/12/08 , expediente Nº 2008-00008, en el juicio de Martha Virginia Gillés Redondo, contra Jorge Eliécer Peñuela Ortega con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, se ratificó:
Sobre la suposición falsa esta Sala, entre otras decisiones, en la N° 339 de fecha 30 de julio de 2002, aún vigente, caso Nazareno Enrico D’Ambrosio Rea y otra contra Inversiones Bricalla, S.A., expediente N° 2002-000032, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, ratificó lo siguiente:
“...esta Sala de Casación Civil, establece los siguientes requisitos: a) por cuanto la falsa suposición constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 320 ejusdem; b) por cuanto la suposición falsa consiste en dar por demostrado un hecho positivo, particular y concreto sin el apropiado respaldo probatorio, debe indicarse el mimo con el contexto de la denuncia; c) por cuanto existen tres sub-hipótesis de suposición falsa contempladas en el artículo 320 ejusdem, especificar de cuál de dichas sub-hipótesis se trata; d) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) la denuncia, como infringidos, por falsa o falta de aplicación, de los preceptos o normas jurídicas que en la recurrida se utilizaron o se dejaron de utilizar, respectivamente, como resultado del hecho particular, positivo y concreto, falsamente supuesto; normas jurídicas que pueden ser tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo; f) en indisoluble conexión con el requisito expuesto en el literal anterior, está la exigencia de que se explique las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia...”
“...De conformidad con la doctrina que esta Corte ha expresado por vía de interpretación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, el 3º caso de falso supuesto ocurre cuando el Juzgador da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo no mencionados en la sentencia. Lo primero que se advierte es la necesidad de que el Juez dé por probado un hecho positivo, afirmativo y concreto; y luego, que ese hecho aparezca en el proceso por alguna otra prueba escrita (documento o acta del expediente) que haya sido silenciada en la sentencia.
Por otra parte, el falso supuesto se caracteriza por el establecimiento de un hecho mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta, según el sentido que desarrolla doctrinariamente el ordinal 3º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, en el concepto de ese vicio de valoración de la prueba no es posible incluir infracciones de otra índole, como serían la omisión de análisis y pronunciamiento sobre presuntas pruebas oportunamente producidas, pues tales vicios podrían implicar una violación directa de los artículos 12 y 162 del Código de Procedimiento Civil, cuya censura sólo procede dentro del marco conceptual de un Recurso por Quebrantamiento Forma, pero en modo alguno relacionado con el cargo de falso supuesto, como de manera totalmente equivocadas se ha formulado en la presente denuncia...’”.
Asimismo afirma el Maestro Márquez Áñez, “...en la base conceptual del falso supuesto se encuentra siempre una conducta positiva del juez, que se materializa en la afirmación o establecimiento de un hecho, que no tiene, en sentido absoluto o en sentido relativo, un adecuado respaldo probatorio.” (“El Recurso de Casación, La cuestión de Hecho y el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”, Publicaciones UCAB, Caracas 2000, pp. 143 y siguientes)…”. (Resaltado del texto)
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

References: resolución 

artículo 381
 artículo 147

artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 788
sui generis
 artículo 546
 artículo 788
sui generis
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 546
 artículo 546
 artículo 313
 artículo 320
 artículo 320
 artículo 435
 artículo 435
 artículo 320
 artículo 326