Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00175-2009.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:45:57+00:00

Document:
SUP-RAP-175/2009
EXPEDIENTE: SUP-RAP-175/2009
ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ALBERTO PICASSO BARROEL
MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA
SECRETARIOS: VALERIANO PÉREZ MALDONADO Y MAURICIO LARA GUADARRAMA
México, Distrito Federal, a veintiséis de junio de dos mil nueve.
VISTOS para resolver los autos del expediente citado al rubro indicado, relativo al recurso de apelación promovido por Eduardo Arguijo Valdenegro, en su calidad de Presidente del Secretariado Estatal de Nuevo León del Partido de la Revolución Democrática, y Alberto Picasso Barroel, en su carácter de candidato a diputado federal en el distrito electoral 08 del Estado señalado, en contra de la resolución CG276/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la denuncia presentada por Eduardo Arguijo Baldenegro en contra de la empresa editorial el Sol , S. A. de C. V., con nombre comercial "El Norte", por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales identificado con el número de expediente SCG/QEAB/JL/NL/048/2009; y
PRIMERO.- Antecedentes. De los hechos narrados y de las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:
1. El nueve de mayo dos mil nueve, Eduardo Arguijo Baldenegro y Alberto Picasso Barroel, en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática y candidato registrado ante el Instituto Federal Electoral por el distrito 8, respectivamente, en el Estado de Nuevo León, presentaron escrito denunciando hechos en contra de la Editora El Sol , S. A. de C. V., con el nombre comercial "El Norte", que en su opinión resultan violatorios de los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; y 341, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2. El doce de mayo de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el oficio número CLNL/763/09 de once del mismo mes y año, suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Local en el Estado de Nuevo León de dicho Instituto, mediante el cual remitió el escrito de denuncia referido.
3. El dieciocho de mayo de dos mil nueve, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral ordenó, entre otras cuestiones: formar el expediente SCG/QEAB/JL/NL/048/2009, tramitarlo como procedimiento administrativo sancionador ordinario y elaborar el proyecto de resolución en el que se propusiera el desechamiento de plano del procedimiento referido.
4. El dos de junio de dos mil nueve, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral aprobó el proyecto de resolución.
5. El ocho de junio de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG276/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la denuncia presentada por Eduardo Arguijo Baldenegro y Alberto Picasso Barroel, en contra de la empresa editorial El Sol , S. A. de C. V. con nombre comercial "El Norte" por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales identificado con el número de expediente SCG/QEAB/JL/NL/048/2009.
SEGUNDO.- Recurso de apelación.- En contra de la resolución referida en el numeral 5 del apartado que antecede, el dieciséis de junio de dos mil nueve, Eduardo Arguijo Valdenegro, en su calidad de Presidente del Secretariado Estatal de Nuevo León del Partido de la Revolución Democrática, y Alberto Picasso Barroel, en su carácter de candidato a diputado federal en el distrito electoral 08 del Estado señalado, presentaron demanda de recurso de apelación.
TERCERO.- Trámite. La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación y lo remitió a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con el escrito de demanda, el informe circunstanciado y demás constancias atinentes.
CUARTO.- Turno. Por acuerdo de veintidós de junio del año en curso, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior ordenó registrar e integrar el expediente SUP-RAP-175/2009, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual se cumplimentó a través del oficio TEPJF-SGA-2149/2009, respectivo suscrito por el Secretario General del Acuerdos.
QUINTO.- Tercero interesado. Durante la tramitación del presente recurso de apelación no compareció tercero interesado alguno.
SEXTO.- Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad el Magistrado Instructor admitió el presente recurso de apelación y declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia; y
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracciones III, inciso g), y V, 189, fracciones I, inciso c), y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 40, párrafo 1, inciso b), 42 y 44, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con la que desecha la queja interpuesta en contra de la Editorial el Sol, S. A. de C. V., en un procedimiento administrativo sancionador ordinario.
SEGUNDO.- Procedencia. Por ser su examen preferente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se analizará en principio si el presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, incisos a) y b); 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso b), fracciones I y II, de la citada ley adjetiva electoral.
Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar tanto la denominación del partido político, como el nombre del candidato a diputado federal en el distrito electoral 8 en el Estado de Nuevo León apelantes, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como los nombres de las personas autorizadas para tal efecto. Igualmente, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa la resolución combatida y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa de los apelantes.
Oportunidad. La demanda se presentó oportunamente, toda vez que los recurrentes señalan que tuvieron conocimiento de la resolución impugnada el doce de junio del presente año, habiendo presentado la demanda del presente recurso el dieciséis siguiente, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días previsto en el artículo 8° de la citada ley adjetiva electoral.
Legitimación y personería. El presente recurso de apelación fue interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Eduardo Arguijo Valdenegro, Presidente del Secretariado Estatal en Nuevo León, quien tiene facultades de representación, pues en términos del artículo 13, párrafo 5, inciso e) de sus Estatutos, se desprende que la presidencia del partido en el Estado tiene la función de representarlo legalmente para efecto de la presentación de demandas, terceros interesados y toda clase de escritos relacionados al trámite de medios de impugnación en materia electoral, así como a Alberto Picasso Barroel, en su calidad de candidato a diputado federal en el distrito electoral 08 en el Estado de Nuevo León por el instituto político mencionado.
Aunado a que la autoridad responsable señala que atento a lo previsto por el artículo 18, párrafo 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, manifiesta que los señalados actores signantes del recurso de apelación se ostentan como presidente del Secretariado Estatal y candidato a diputado federal como ya quedó señalado, por lo que se colman los extremos de legitimación y personería previstos en el artículo 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Interés jurídico. Tanto el Partido de la Revolución Democrática como Alberto Picasso Barroel, en su calidad de candidato a diputado federal en el distrito electoral 08 en el Estado de Nuevo León por el instituto político mencionado, tienen interés jurídico, pues fueron quienes presentaron la denuncia primigenia en contra de la Editorial el Sol, S. A. de C. V., con el nombre comercial "El Norte", por hechos que consideraron resultaban violatorios de los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; y 341, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Definitividad. El presente recurso de apelación cumple con este requisito, en virtud de que los recurrentes impugnan una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, la cual no puede ser controvertida a través de otro juicio o recurso.
Tras lo anterior y toda vez que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia, es procedente analizar el fondo de la controversia planteada por el apelante.
TERCERO.- Acto impugnado. La resolución materia del recurso de apelación, en lo que interesa, es del tenor siguiente:
I. Con fecha doce de mayo de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el oficio número CLNL/763/09 de fecha once del mismo mes y año, suscrito por el Lic. Roberto Villarreal Roel, Consejero Presidente del Consejo Local en el Estado de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite el escrito de queja suscrito por los CC. Eduardo Arguijo Baldenegro y Alberto Picasso Barroel, Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática y candidato registrado ante el Instituto Federal Electoral por el distrito 8, respectivamente, en el estado de Nuevo León quienes denuncian hechos en contra de la Editorial el Sol, S. A. de C. V. con el nombre comercial "El Norte", que en su opinión resultan violatorios de los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la ley de Delitos de Imprenta; y 341, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Dicha denuncia en la parte que interesa es del siguiente tenor:
"H E C H O S
1.- En fecha 18 de febrero del 2009, el Dr. Alberto Picasso Barroel acudió a las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática para solicitar su registro como precandidato para diputado federal por el distrito federal 8 que comprende el municipio de Guadalupe; La comisión estatal de Candidaturas y la Comisión Nacional de Candidaturas avaló la postulación tanto, en el periodo para precandidato como para la candidatura en los términos solicitados inicialmente por el Dr. Picasso. Lo anterior ratificado, por el Consejo General del IFE en la sesión especial celebrada el 2 de mayo del 2009 a las 20:00 horas, realizando la publicación por medios electrónicos sobre la candidatura del Dr. Picasso para el distrito 8 federal en el Estado de Nuevo León el mismo 2 de mayo.
2.- En fecha 6 de mayo del año del 2009, el PERIODICO EL NORTE publica en su sección LOCAL en la página 1, con el editor Humberto Castro y el responsable de la nota Verónica Ayala lo siguiente:
Falsifica título de doctor, PRD lo postula
Busca Alberto Picasso una Diputación federal; lo expulsa la UANL desde 2004.
El PRD postuló como candidato a diputado federal por Nuevo León a un aspirante que fue expulsado de la UANL por ostentar un título apócrifo.
Alberto Picasso Barroel es el candidato perredista por el distrito 9 federal, y quien fue expulsado de la Universidad en el 2004 por ostentar un título de médico cirujano y Partero, cuando no existe ningún comprobante de que haya concluido sus estudios.
Picasso Barroel tenía un expediente abierto, ya que había cursado estudios parciales de esta carrera, pero al ser expulsado cerró las posibilidades de obtener su título profesional.
El distrito 9 federal tiene su cabecera municipal en Linares y lo integran 16 municipios: Allende, Aramberri, China, Doctor Arroyo, Doctor Coss, Galeana, General Bravo, General Terán, Zaragoza, Hualahuises, Iturbide, Mier y Noriega, Montemorelos, Rayones y Santiago.
La sesión del 23 de junio del 2004, el Consejo Universitario de la UANL resolvió su denuncia turnada por el departamento escolar y de archivo en contra del ahora candidato perredista por ostentar en diferentes instituciones un título apócrifo.
‘La comisión de honor y justicia de este consejo se permite informar acerca de una denuncia turnada por la Dirección del Departamento escolar y de Archivo de la UANL en contra del C. Alberto Picasso Barroel’, señala el dictamen.
‘Quien a pesar de que curso estudios parciales de la carrera de médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, ha presentado en diversas instituciones un título profesional apócrifo de esta carrera, cuando que no existe en nuestros archivos de ese departamento ni de la facultad ningún comprobante de que dicho ciudadano haya concluido dichos estudios’.
De acuerdo con el dictamen emitido por el máximo órgano de la UANL este resolvió la expulsión del ahora candidato perredista.
‘Que el C. Alberto Picasso Barroel sea expulsado de la Universidad’, señala el primer punto de la resolución.
Su nombre aparece también en la página de Internet del PRD como parte de la propuesta de candidatos a Diputados federales de mayoría relativa.
3.- En fecha 8 de mayo del año del 2009 a las 13:00 horas aproximadamente los denunciantes acudieron a las instalaciones del periódico EL NORTE para solicitar el derecho de réplica en los términos legales y de la siguiente información:
a.- El Doctor Alberto Picasso Barroel cuenta con un título profesional y una cédula profesional de la Licenciatura en medicina General, siendo el folio de la segunda 5759330.
b.- El Doctor Picasso Barroel es candidato por el PRD en el distrito federal 8, y durante el proceso interno partidista siempre contendió por este distrito, de tal forma de que se corrija la publicación de su es candidato por el distrito 9 ya que el candidato de este distrito es el C. Raúl González Barrera.
c.- Que el derecho de réplica se publique en la misma página de la publicación del día 6 de mayo, es decir, en la página 1 de la sección local.
Lo anterior fundamentado en la LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA, en su Artículo 27.- (Se transcribe).
4.- En la fecha 7 de mayo del año en curso el periódico EL NORTE pública un intento de escolio –en la página 1-, haciendo más palmarias las violaciones de los derechos del ciudadano Doctor Alberto Picasso Barroel, al establecer lo siguiente:
Asegura perredista ser doctor ‘legítimo’ Candidato a diputado federal dice que la SEP le valida desempeño, pese a que la UANL lo expulsó en el 2004. Página 2.
En la página 2 el Norte pública:
Dice perredista ser médico ‘legítimo’
Pese a que la UANL lo expulsó en el 2004 por ostentar un título apócrifo, el perredista Alberto Picasso Barroel se proclamó ayer médico legítimo.
El candidato a diputado federal dijo que empezó a ejercer como médico al terminar la carrera en los años noventas, con el tiempo en agosto del 2008, su desempeño profesional le permitió titularse mediante el acuerdo 286 de la SEP, que promueve la titulación por experiencia laboral.
‘Yo fui estudiante de la facultad de medicina de la UANL, concluí la carrera y la Universidad me otorgó la pasantía y la asignación del servicio social’ afirmó.
‘Por razones económicas me vi en la necesidad de ejercer en todo este tiempo con carta de pasante’.
‘Pero la Secretaría de Educación Pública promueve la titulación por experiencia laboral. Yo fui evaluado por la SEP de allí se deriva el título y la cédula profesional, correspondiente’. Agrego mostrando ambos documentos.
Sin embargo, el perredista, que fue perfilado al distrito 9 federal y finalmente registrado como candidato al distrito 8 no acreditó los estudios que le habrían permitido ejercer su profesión y luego tramitar su título.
Lo único presentado por el candidato es el título de licenciado en Medicina General y la cédula profesional número 5759330 ambos expedidos por la SEP.
Cuestionado sobre su expulsión de la UANL y el señalamiento de que no termino sus estudios, el candidato perredista solo dijo que no tenía ningún conocimiento al respecto.
‘Yo no sabía de esa situación’ expreso.
Ayer se publicó que en junio del 2004 el Consejo Universitario acordó expulsar a Picasso Barroel al decretar que ostentaba un título apócrifo cuando en realidad tenía solo estudios parciales en la Carrera de médico Cirujano y Partero.
Tras la publicación el secretario general Jesús Ancer, confirmo ayer que el ahora perredista no terminó sus estudios mientras curso asignaturas en la Facultad de Medicina entre 1972 y 1989 que no realizó el servicio social y por consecuencia no obtuvo la carta de pasante.
‘El cursó la mayor parte de la carrera quedando algunas asignaturas pendientes, llegó hasta sexto año. Su kardex está incompleto’ dijo.
5.- El periódico EL NORTE no publicó la réplica en la página 1, contrario a lo que ordena la ley, este medio impreso continúa informado –en la publicación del 7 de mayo- que el Dr. Picasso contendió, se perfiló o quería contender por el distrito 9 solo con el fin de no publicar que fue un error total insertar al distrito 9 en la publicación del 6 de mayo, evidenciando una sindéresis en un muy alto grado; el periódico el norte inserta una réplica tendenciosa al calificar entrecomillado de ‘legítimo’ al Dr. Picasso, a pesar de que le fue mostrado en original los documentos que acreditan al denunciante, como profesional para ejercer la medicina, el interés jurídico del PRD es que en el territorio en donde se distribuyó la emisión del día 6 de mayo se corrija el status profesional del Dr. Picasso y la clara determinación de los candidatos registrados por el distrito 8 y 9 federales para las diputaciones federales. Los preceptos violados son el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 27 de la LEY DE DELITOS DE IMPRENTA."
Para acreditar los hechos narrados el denunciante ofrece las siguientes pruebas: a) Documental Pública consistentes en Evaluación con folio 100021-03 firmada por el Coordinador del Área de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC en la que consta que Alberto Picasso Barroel presentó el examen general para el egreso de la licenciatura en medicina general el 7 de marzo del 2003 con un indicio de 1154, considerado con mención honorífica; 2.- Circular DAC286/001/2004 en la que el Director General de acreditación incorporación y revalidación de la SEP autoriza para expedir título y cédula profesional a Alberto Picasso Barroel por haber tenido éxito en el proceso global de evaluación para la acreditación de conocimientos adquiridos. 3.- Título de Licenciado en Medicina expedido por la SEP a Alberto Picasso Barroel el 20 de agosto del 2008 registrado a fojas 519 libro a575 número 7. El 26 de noviembre del 2008 en la dirección de profesiones de la SEP. 4.- Cédula Profesional de Licenciatura en Medicina General a nombre de Alberto Picasso Barroel con folio 5759330, expedida por la dirección general de profesiones.
b) Documental consistente en la publicación del Periódico "El Norte", página 1 de fecha 6 de mayo de 2009, con el Editor Humberto Castro y responsable de la nota Verónica Ayala
c) Documental consistente en la publicación del Periódico "El Norte", página 1 de fecha 7 de mayo de 2009
d) Documental consistente en la publicación del Periódico "El Norte", página 1 y 2 de fecha 7 de mayo de 2009
e) Documental consistente en la constancia de mayoría otorgada a nombre del C. Eduardo Arguijo Baldenegro como Presidente del Secretariado estatal de Nuevo león del partido de la Revolución Democrática
II. Por acuerdo de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo por recibido el oficio y anexos señalados en el resultando anterior, y ordenó lo siguiente: 1.- Tener por recibida la documentación de cuenta y formar el expediente número EXP. SCG/QEAB/JL/NL/048/2009; 2. Tramitarlo como procedimiento administrativo sancionador ordinario; y, 3.- Elaborar el proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento de plano del procedimiento administrativo sancionador ordinario.
III. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 363, párrafos 1, inciso d) y 3; en relación con el 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en sesión de fecha dos de junio de dos mil nueve, por lo que:
1. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral es competente para resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 118, párrafo 1, incisos h) y w); 356 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, los cuales prevén que dicho órgano cuenta con facultades para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas, así como los sujetos a que se refiere el artículo 341 del mismo ordenamiento, se desarrollen con apego a la normatividad electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; asimismo, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento que sustancia el Secretario del Consejo General y el proyecto de resolución que analiza y valora la Comisión de Quejas y Denuncias.
2. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los artículos 363, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 30, párrafo 2, inciso e) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral establecen que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la queja deberán ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento o sobreseimiento de la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
3. En el asunto que nos ocupa, del análisis a las constancias que se proveen, se advierte la actualización de una causa de desechamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 363, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de enero de dos mil ocho, mismo que entró en vigor a partir del quince de enero del mismo año, en relación con lo previsto en el artículo 362, párrafo 8, inciso c) del mismo ordenamiento, por lo que el presente procedimiento ordinario sancionador debe desecharse, según se analiza a continuación.
En principio, debe señalarse que el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario General del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de conformidad con el criterio sostenido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-246/2008, se encuentra facultado para dictar la admisión o desechamiento de plano de las denuncias que se tramiten en los procedimientos especiales sancionadores.
Ahora bien, como se señaló con antelación, el presente procedimiento sancionador ordinario dio inicio con motivo del escrito de queja presentado por los CC. Eduardo Arguijo Baldenegro y Alberto Picasso Barroel, Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática y candidato registrado ante el Instituto Federal Electoral por el distrito 8, respectivamente, en el estado de Nuevo León que en su consideración podrían constituir violaciones a la normatividad constitucional, legal y reglamentaria en materia electoral federal.
Los hechos denunciados en síntesis se refieren a lo siguiente:
a) Que en la publicación que se denuncia de fecha 6 de mayo de 2009, del periódico "El Norte", sección local, página 1, editor Humberto Castro, responsable de la nota Verónica Ayala, se publicó lo siguiente:
* Falsifica título de doctor, PRD lo postula.
* Busca Alberto Picasso una Diputación Federal; lo expulsan la UANL desde 2004.
* Alberto Picasso Barroel, es el candidato perredista por el distrito 9 federal.
b) Que en fecha 6 de mayo de 2009, los denunciantes acudieron a las instalaciones del citado periódico para solicitar el derecho de réplica de la siguiente información:
* El Doctor Alberto Picasso Barroel cuenta con título profesional y cédula profesional de la Licenciatura en Medicina General, con número de folio 5759330.
* El Doctor Alberto Picasso Barroel es candidato por el PRD en el Distrito Federal 8, y durante el proceso interno partidista siempre contendió por ese distrito, de tal forma de que se corrija la publicación de que es candidato por el distrito 9 ya que el candidato de este distrito es el C. Raúl González Barrera.
* Que el derecho de réplica se publique en la misma página de la publicación del día 6 de mayo.
c) Que el periódico "El Norte" no publicó la réplica en la página 1 como le fue solicitado, de conformidad con la Ley de Imprenta, particularmente en su artículo 27.
Bajo esta premisa, este órgano resolutor estima que el presente asunto debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 363, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que los denunciantes mencionan que la violación consiste en la negativa de el periódico distribuido por Editora El Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", de la rectificación que en tiempo y forma solicitaron a dicha editorial, por incurrir en afirmaciones impresas con el carácter de tendenciosas y sin sustento alguno en la publicación del día 6 de mayo de 2009 en ese periódico en la página 1, la cual contenía hechos que no son ciertos en contra del Doctor Alberto Picasso Barroel, candidato registrado por el partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Federal Electoral para contender para diputado federal en el proceso electoral 2008-2009 por el distrito 8 en Nuevo León toda vez que solicitaron el derecho de replica a la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", a efecto de que fuera publicado que el Doctor Alberto Picasso Barroel cuenta con título profesional y cédula profesional de la Licenciatura en Medicina General, con número de folio 5759330 y que el mismo es candidato por el PRD en el Distrito Federal 8, y durante el proceso interno partidista siempre contendió por ese distrito, de tal forma de que se corrigiera la publicación de que el Doctor Alberto Picasso Barroel, es candidato por el distrito 8 ya que el candidato del distrito 9 es el C. Raúl González Barrera, no obstante, el día 7 del mismo mes y año el citado Diario publicó un tipo de escolio, en la página 1 haciendo más palmarias las violaciones de los derechos del Doctor Alberto Picasso Barroel, violando en su perjuicio lo señalado en el artículo 6 Constitucional, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta, en virtud de que las diversas expresiones publicadas dañan la imagen de su candidato, al informar al electorado en forma negativa.
Del análisis de los hechos denunciados se desprende lo siguiente:
Que la nota periodística que fue aportada por los quejosos es insuficiente para tener por acreditado el hecho de que la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", haya realizado algún acto violatorio de la normatividad electoral, con la publicación de fecha 6 de mayo de 2009, así como de la publicación del 7 de mayo de 2009, toda vez que de la lectura de las mismas se advierte solamente la opinión de la periodista y no se desprende que haya sido pagada por algún partido político, agrupación política nacional, candidato, aspirante a algún cargo de elección popular o por alguna de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público por lo que no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y si bien la violación a que aluden los quejosos podría vulnerar lo señalado en el artículo 6 Constitucional, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta, la misma no se encuentra vinculada con la materia electoral, tal y como se señala en los propios artículos 6° y 27 ya citados mismos que señalan lo siguiente:
Artículo 6o.- (Se transcribe).
Artículo 27.- (Se transcribe).
Por otra parte, en el Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el punto 4, relativo a Disposiciones Transitorias se estableció lo siguiente:
"4 Disposiciones Transitorias.
Siendo el derecho de réplica una de las aportaciones más significativas de la reforma constitucional y considerando que en el Cofipe (sic) se establecerá su aplicación a favor de los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, remitiendo las normas y procedimiento a la ley reglamentaria respectiva, se establece un plazo perentorio al honorable Congreso de la unión para que expida la referida ley.
En efecto, el artículo Décimo Transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contenido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, dispuso lo siguiente:
"DÉCIMO. A más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6º. de la Constitución.".
A la fecha esa ley reglamentaria no ha sido expedida.
Ahora bien, conviene precisar que el artículo 233, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala lo siguiente:
"Artículo 233
3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.
4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia.
Por su parte el artículo 341 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala quienes son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales y el artículo 345 del mismo ordenamiento señala las conductas o infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código, mismos que a continuación se transcriben:
"Artículo 341.- (Se transcribe).
"Artículo 345.- (Se transcribe).
Derivado de las disposiciones señaladas en párrafos anteriores se colige que la nota periodística que mencionan los quejosos, no constituye un acto en materia electoral que pueda afectar el debido desarrollo del proceso electoral y a su resultado, y menos que contravenga los principios constitucionales que debe revestir toda elección; de lo que se colige, que los hechos apuntados por los impugnantes no actualizan la hipótesis prevista en el artículo 345, inciso d).
En ese sentido, esta autoridad considera que se actualiza la causal de notoria improcedencia prevista en el artículo 363, párrafo 1, inciso d) y con el párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:
"Artículo 363.- (Se transcribe).
En razón de lo anterior, y al haberse actualizado la causal de improcedencia antes aludida, el presente procedimiento sancionador ordinario debe desecharse.
4. Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1 y 370, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente:
PRIMERO.- Se desecha la queja interpuesta en contra de la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", en términos de lo dispuesto en el considerando 3 del presente fallo.
SEGUNDO.- Notifíquese en términos de ley la presente Resolución.
TERCERO.- En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de junio de dos mil nueve, por seis votos a favor de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestro Alfredo Figueroa Fernández y Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez.
CUARTO.- Demanda de recurso de apelación. En contra de dicha resolución, tanto el Partido de la Revolución Democrática como el ciudadano candidato a diputado federal formulan los siguientes agravios:
1.- En fecha 6 de mayo del año del 2009, el Periódico El Norte publica en su sección Local en la página 1, con el editor Humberto Castro y el responsable de la nota Verónica Ayala lo siguiente:
(Se transcribe)
2.- En fecha 6 de mayo del año del 2009 los sucritos acudimos a las instalaciones del periódico EL NORTE para solicitar el derecho de réplica en los términos legales y de la siguiente información:
c- Que el derecho de réplica se publique en la misma página de la publicación del día 6 de mayo, es decir, en la página 1 de la sección local.
3.- El 7 de mayo del presente año el periódico EL NORTE publicó en las páginas 1 y 2, lo siguiente:
4.- El 8 de mayo de 2009 ante la reiterada conducta del periódico El Norte, respecto de la información citada en los numerales anteriores del presente capítulo de hechos, en la que se ha deformado hechos o situaciones referentes a las actividades de la candidatura del distrito 08 de Nuevo León, sin otorgar el derecho de réplica o rectificación, los suscritos nos vimos en la necesidad de formular denuncia ante el Instituto Federal Electoral.
5.- El 8 de junio de 2009 el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió resolución en el expediente SCG/QEAB/JL/NL/048/2009 formado con motivo de la denuncia presentada por los suscritos en contra de la Empresa Editorial el Sol, S. A. de C. V. con nombre comercial "El Norte", identificada con la clave CG276/2009, en los términos siguientes:
Resolución que no obstante que no nos ha sido notificada, los suscritos tuvimos conocimiento de la misma el 12 de junio del presente año.
Lo anterior, ocasiona al partido político que represento, los siguientes:
AGRAVIO PRIMERO
ORIGEN DEL AGRAVIO.- Lo constituye el considerando tercero y el punto primero de la resolución que se impugna, por el que se desecha la queja interpuesta en contra de la Editorial el Sol, S. A. de C. V. con el nombre comercial "El Norte",
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS: Lo son los artículos 6; 14; 16; 41,133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 párrafo 1; 2, párrafo 4; 3, párrafos 1 y 2; y 105, párrafos 1, incisos a) y d) y 2; 118, párrafo 1, incisos t) y w); 233, párrafos 1, 3 y 4; 341, párrafo 1, inciso d); 355; 363, párrafos 1, inciso d) y 3; 366, párrafo 1; del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente; y 30, párrafo 2, inciso e) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. Asimismo se viola el Lineamiento general aplicable en los noticiarios de radio y televisión respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos, durante el proceso electoral federal del año 2009.
CONCEPTO DE AGRAVIO.- El Consejo General señalado como autoridad responsable de la resolución que se impugna, viola en perjuicio de los suscritos los principios de legalidad, objetividad y certeza, así como el derecho de réplica, todos ellos en materia electoral, previstos en los preceptos constitucionales y legales que se citan como violados.
En la resolución que se impugna la responsable viola el principio de congruencia, propio del principio de legalidad, en virtud de que en el considerando 1 de la resolución impugnada determina en un primer término que es competente para conocer de la denuncia formulada por los suscritos en contra de la Editorial el Sol, S. A. de C. V. con el nombre comercial "El Norte", ante la renuencia de realizar la rectificación ante información tendenciosa en la que deformo hechos y situaciones relacionadas con la profesión y candidatura del suscrito Alberto Picasso Barroel a diputado federal del distrito 08 de Nuevo León, sin que hasta la fecha se nos haya otorgado el derecho de réplica o rectificación por los hechos denunciados. Sin embargo, en el considerando 3 de la misma resolución impugnada, determina que se actualiza la causa de desechamiento, prevista por el artículo 363, párrafo 1, inciso d), en relación con lo previsto en el artículo 362, párrafo 8, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuestión que resulta contradictoria en virtud de que las disposiciones en que funda su determinación, establecen lo siguiente:
Artículo 363.- (Se transcribe)
Como puede apreciarse los considerandos de la responsable resultan contradictorios puesto que por una parte determina su competencia para conocer del la denuncia formulada por los sucritos en términos de lo dispuesto en los artículos 118, párrafo 1, incisos h) y w); 341; 356 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales "... los cuales prevén que dicho órgano cuenta con facultades para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas, así como los sujetos a que se refiere el artículo del mismo ordenamiento, se desarrollen con apego a la normatividad electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; asimismo, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento que sustancia el Secretario del Consejo General y el proyecto de resolución que analiza y valora la Comisión de Quejas y Denuncias."
No obstante lo anterior, en el considerando 3 de la resolución que se impugna se contradice y determina aplicar de manera ilegal, sin la debida motivación y fundamentación como causa de improcedencia la de incompetencia para conocer del asunto planteado por hechos o actos que no constituyan violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La falta de legalidad de la resolución impugnada en el sentido de falta de competencia para conocer del asunto plateado se confirma con las propias estimaciones de la responsable al señalar:
Es decir, al no actualizarse el desechamiento de plano de la queja formulada por los sucritos y al ser conocida por el Consejo General, no es posible que se actualice la causa de improcedencia por falta de competencia y por ello, resulta contradictoria la resolución que se impugna en las consideraciones de la misma.
Por otra parte, en el considerando 3 de la resolución impugnada no obstante que la responsable determina de manera inicial que los hechos denunciados pudieran constituir "... violaciones a la normatividad constitucional, legal y reglamentaria en materia electoral federal." Determina que:
"... el presente asunto debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 363, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que los denunciantes mencionan que la violación consiste en la negativa de el periódico distribuido por Editora El Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", de la rectificación que en tiempo y forma solicitaron a dicha editorial, por incurrir en afirmaciones impresas con el carácter de tendenciosas y sin sustento alguno en la publicación del día 6 de mayo de 2009 en ese periódico en la página 1, la cual contenía hechos que no son ciertos en contra del Doctor Alberto Picasso Barroel,..." "..., en virtud de que las diversas expresiones publicadas dañan la imagen de su candidato, al informar al electorado en forma negativa."
Concluyendo la responsable por una parte que la nota periodística que fue aportada por los quejosos es insuficiente para tener por acreditado el hecho de que la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", haya realizado algún acto violatorio de la normatividad electoral, con la publicación de fecha 6 de mayo de 2009, así como de la publicación del 7 de mayo de 2009, toda vez que:
"... de la lectura de las mismas se advierte solamente la opinión de la periodista y no se desprende que haya sido pagada por algún partido político, agrupación política nacional, candidato, aspirante a algún cargo de elección popular o por alguna de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público por lo que no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y si bien la violación a que aluden los quejosos podría vulnerarlo señalado en el artículo 6 Constitucional, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta, la misma no se encuentra vinculada con la materia electoral, tal y como se señala en los propios artículos 6° y 27 ya citados mismos que señalan lo siguiente:"
De la cita anterior se desprenden tres aspectos sustanciales que causan perjuicio a los suscritos, los cuales son contarios al principio de legalidad electoral previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al derecho de réplica reconocido en la propia Carta Magna, estos aspectos son a saber:
a) Que las notas periodísticas cuyo contenido se reclama constituyen tan sólo la opinión de una periodista;
b) Que de los hechos denunciados no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
c) Que los hechos denunciados que la violación a que aludimos los sucritos no se encuentra vinculada con la materia electoral y que es insuficiente para acreditar el hecho de que la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", haya realizado algún acto violatorio de la normatividad electoral y que sólo podría vulnerar lo señalado en el artículo 6 Constitucional, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta.
Al respecto, es de señalar que el contenido de las notas periodísticas no constituye una opinión de una periodista, sino que evidentemente se puede apreciar la difusión de información imprecisa y tendenciosa deformado hechos o situaciones referentes a las actividades del suscrito como candidato a diputado federal, no obstante tal elemento no puede constituir fundamento de la resolución impugnada al tratase de un elemento respecto al fondo del asunto el cual no ha sido posible valorar en virtud del sentido de la resolución que decreta el desechamiento de la queja hecha valer por los suscritos.
Por lo que hace a la estimación de la responsable en el sentido de que los hechos denunciados no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debe decirse que tal fundamentación resulta insuficiente e imprecisa en virtud de que tal disposición normativa consta de cuatro distintas hipótesis normativas de posibles infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo que la identificada con el inciso d), relativa al incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no es estudiada de manera específica y particular por la responsable, de allí la ilegalidad de la resolución que se impugna.
Por lo que hace a las estimaciones de la responsable en el sentido de que los hechos denunciados y que la violación reclamada no se encuentra vinculada con la materia electoral y que es insuficiente para acreditar el hecho de que la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con el nombre comercial "El Norte", haya realizado algún acto violatorio de la normatividad electoral y que sólo podría vulnerar lo señalado en el artículo 6 Constitucional, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta.
Al respecto es de señalar que la responsable no obstante que cita el artículo 6 de la Constitución Federal en donde se establece el derecho de réplica será ejercicio en los términos dispuestos por la ley, omite relacionarlo con el artículo 233, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde de manera específica y particular se establece que en materia electoral los candidatos contamos con la posibilidad de ejercer el derecho de réplica previsto en el artículo 6 de la Constitución Federal respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades, como es el caso que nos ocupa y que fue motivo de la resolución que se impugna.
En el mismo artículo 233, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que en materia electoral el derecho de réplica se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables, como se puede apreciar de la cita siguiente (con subrayado y remarcado):
Artículo 233.- (Se transcribe)
Es así que contrario a lo estimado por la responsable, el derecho de réplica previsto en el artículo 6 de la Constitución Federal encuentra regulación y aplicación específica en materia electoral, estableciendo como sujetos legitimados para ejercerlo a las candidaturas reguladas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que se encuentra la de candidatos a diputados federales. Asimismo, se prevé que en materia electoral este derecho se ejercerá independiente a las responsabilidades o daño moral que prevean otras leyes en materia de imprenta, civiles y penales, es decir, su ejercicio para que sean aclaradas informaciones que presenten los medios de comunicación, cuando los candidatos consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades, es materia electoral.
Ahora bien, no obstante que el párrafo 4 del artículo 233 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008 por el que se expidió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que el derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia y que a más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución, respectivamente, es de señalar que el párrafo 3 del artículo 233 antes citado, ya establece y regula los supuestos, alcances y sujetos legitimados y obligados para el ejercicio del derecho de réplica en materia electoral, por lo que conforme al artículo 6 de la Constitución Federal, se encuentran establecidos en materia electoral definidos los términos legales para el ejercicio de éste derecho, en consecuencia, el ejercicio de este derecho se encuentra garantizado y con las normas instrumentales en materia electoral, el cual debe ser garantizado por la autoridad señalada como responsable en los términos previstos en los artículos 1, párrafo 1; 3 y 105, párrafo 1, incisos a) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De conformidad con lo anterior resultan aplicables los criterios de jurisprudencia que se citan a continuación:
MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Se transcribe).
No obstante lo anterior, a mayor abundamiento es de señalar que la autoridad responsable debió observar lo dispuesto por los artículos 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por los artículos 1, párrafo 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debiendo garantizar el derecho constitucional de réplica en el caso que nos ocupa. En razón de lo anterior resultan aplicables en su sentido el criterio de jurisprudencia que se citan a continuación:
No. Registro: 190,963
XII, Octubre de 2000
Tesis: P. /J. 114/2000
ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). (Se transcribe).
Otro elemento que ratifica la incorporación del derecho de réplica a la materia electoral la encontramos en los "Lineamientos generales aplicables en los noticiarios de radio y televisión respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos, durante el proceso electoral federal del año 2009." Expedidos por el Instituto Federal Electoral en septiembre de 2008 conforme a lo dispuesto por el artículo 49, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se reconoce el ejercicio de dicho derecho en materia electoral, en los términos siguientes:
"DERECHO DE RÉPLICA
Los partidos políticos coinciden en que la información errónea, si no se aclara inmediatamente, puede tener efectos negativos importantes en el desarrollo de una contienda electoral. De conformidad con el artículo 64, párrafo 3 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral del Instituto Federal Electoral, que a la letra señala: "Los resultados del monitoreo que se mencionan en el artículo 76, párrafo 8, del Código, así como las grabaciones base de los mismos, podrán ser puestos a disposición del interesado para el ejercicio del derecho de réplica, en los términos de la ley de la materia", las peticiones de aclaración deben ser tomadas en cuenta con celeridad con la finalidad de que el auditorio conozca ambas posturas del hecho noticioso, en estricto cumplimiento a la legislación vigente."
Siendo que en el caso que nos ocupa las peticiones de aclaración no han sido tomadas en cuenta por el medio de comunicación denunciado Editorial el Sol, S.A. de C. V. con el nombre comercial "El Norte", en tiempo y forma.
En consecuencia, con independencia de que los hechos denunciados y motivo de la resolución que se impugna, puedan vulnerar lo señalado en el artículo 6 Constitucional, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta, corresponde a la autoridad responsable conocer el fondo del asunto planteado.
Ahora bien, la autoridad responsable viola lo dispuesto por el artículo 118, párrafo 1, inciso t) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al dejar de observar y cumplir con su atribución de requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal, en el caso que nos ocupa lo es el derecho de réplica que en la resolución que se impugna, la responsable se declara incompetente para conocer respecto de su ejercicio no obstante de encontrase previsto en el artículo 133, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por otra parte, es de señalar que la responsable al decretar la improcedencia en la resolución que se impugna viola el principio de legalidad electoral constitucional al omitir realizar los actos necesarios para la restitución del derecho violado de réplica en materia electoral, por lo que conforme al considerando 1 y contrario a los considerandos 2 y 3 de la resolución que se impugna, es procedente que la responsable conozca y resuelva las quejas relativas al derecho de réplica previsto en el artículo 233, párrafo 3, en relación con el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo aplicable el procedimiento sancionador electoral sumario preventivo, con independencia de las posibles sanciones en materia electoral u alguna otra, por lo que resulta procedente la revocación del acuerdo impugnado a efecto de que se reponga la tramitación del procedimiento, procediendo a emplazar a Editorial el Sol, S.A. de C. V. con el nombre comercial "El Norte" para que alegue lo que su derecho convenga, garantizando su derecho de audiencia; al respecto resultan aplicables los criterios de jurisprudencia que se citan a continuación:
PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA INSTAURARLO. (Se transcribe)
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y FINALIDAD. (Se transcribe)
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. TIENE FACULTADES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EN CONTRA DE MILITANTES, DIRIGENTES PARTIDISTAS, PARTICULARES O AUTORIDADES. (Se transcribe)
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Por último, manifiesto que hago míos los argumentos y razonamientos contenidos en los votos particulares presentados por los Consejeros electorales Marco Antonio Baños y Alfredo Figueroa, como si a la letra se insertaren como parte del presente escrito de recurso de apelación, en obvio de repeticiones innecesarias y en relación con las disposiciones Constitucionales y legales que se han citado como violadas en perjuicio de los suscritos.
A efecto de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes:
QUINTO.- Agravios y estudio de fondo. En el escrito inicial de demanda, los recurrentes plantean contra la resolución impugnada, medularmente, lo siguiente:
1.- Que la autoridad responsable en forma indebida funda y motiva la resolución impugnada, violando con ello el principio de congruencia, toda vez que en su considerando 1 determina que es competente para conocer de la denuncia formulada en contra de la Editorial el Sol, S. A. de C. V., con el nombre comercial "El Norte", y en su considerando 3 concluye que se actualiza la causa de desechamiento por falta de competencia prevista en el artículo 363, párrafo 1, inciso d), en relación con el diverso 362, párrafo 8, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2.- Que son tres aspectos que la autoridad responsable afirma y que causan perjuicio a los recurrentes, a saber: a) Que las notas periodísticas cuyo contenido se reclama constituyen tan solo la opinión de una periodista; b) Que de los hechos denunciados no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y c) Que los hechos denunciados no se encuentran vinculados con la materia electoral y que es insuficiente para acreditar el hecho de que la Editorial el Sol, S. A. de C. V. con el nombre comercial "El Norte", haya realizado algún acto violatorio de la normatividad electoral y que sólo podría vulnerar lo señalado en el artículo 6º Constitucional, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta.
Al respecto, señalan los recurrentes lo siguiente:
Que el contenido de las notas periodísticas no constituyen una opinión de una periodista, sino que la difusión de información imprecisa y tendenciosa deformó hechos o situaciones relacionados con las actividades del candidato a diputado federal postulado por el Partido de la Revolución Democrática, además de que ese argumento no puede constituir fundamento de la resolución al tratarse de un aspecto materia de fondo del asunto, el cual no es posible valorar en un acuerdo que decreta su desechamiento.
La conclusión de la autoridad responsable de que los hechos denunciados no actualizan la hipótesis del artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es insuficiente e imprecisa en virtud de que tal disposición consta de cuatro hipótesis de posibles infracciones de los ciudadanos, dirigentes, afiliados a partidos políticos o, en su caso, a cualquier persona física o moral, siendo que la identificada en el inciso d) no es estudiada de manera específica por la autoridad responsable.
Además, no obstante que la autoridad responsable cita el artículo 6º de la Constitución Federal omite relacionarlo y estudiar el caso a la luz del artículo 233, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al derecho de réplica en materia electoral, máxime que la propia autoridad incorpora el derecho de réplica en los "Lineamientos Generales aplicables en los noticiarios de radio y televisión respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos, durante el proceso electoral federal del año 2009".
3.- Que la autoridad responsable transgrede lo dispuesto en el artículo 118, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al dejar de requerir a la Junta General Ejecutiva que investigue los hechos vinculados con el derecho de réplica en cuestión, no obstante encontrarse previsto en el artículo 233, párrafo 3, del código sustantivo señalado.
4.- Que la autoridad responsable omite realizar los actos necesarios para la restitución del derecho violado de réplica en materia electoral, con lo que considera que es procedente que dicha autoridad conozca y resuelva las quejas relativas al derecho de réplica previsto en el artículo 6º de la Constitución en relación con el diverso 233, párrafo 3, del código electoral federal citado, siendo aplicable el procedimiento sancionador electoral sumario preventivo, de ahí que solicite se reponga el trámite del procedimiento sancionador y emplazar a la editorial el Sol S. A. de C. V, con el nombre comercial "El Norte", para que alegue lo que a su derecho convenga.
Ahora bien, los agravios arriba resumidos, por razón de método se estudiarán en un orden distinto al planteado por los recurrentes, resultando aplicable la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 04/2000, visible en la página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados."
En primer lugar, se estudian los agravios identificados con los numerales 2 y 4 del resumen que antecede, en los cuales los actores sustancialmente aducen que, contrario a lo que afirma la responsable, las notas periodísticas no constituyen una opinión de una periodista, sino que difunden información imprecisa y tendenciosa que deformó hechos o situaciones relacionados con las actividades del candidato postulado por el Partido de la Revolución Democrática, máxime que dicho argumento de desechamiento corresponde al fondo del asunto.
Asimismo, que la conclusión de la autoridad responsable de que los hechos denunciados no actualizan la hipótesis del artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es insuficiente e imprecisa, en tanto que no analiza el inciso d) de manera específica.
Por último, que la autoridad responsable omitió realizar los actos necesarios para la restitución del derecho de réplica, resultando aplicable el procedimiento sancionador electoral sumario preventivo, solicitando al efecto que se reponga el trámite y se emplace a la Editorial denunciada para que alegue lo que a su derecho convenga.
En concepto de esta Sala Superior los agravios arriba relacionados son fundados por las siguientes razones:
Resulta necesario referir el marco normativo que regula el derecho de réplica así como este derecho en relación con la materia electoral.
Al respecto, el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:
"Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Por otra parte, los dictámenes de las cámaras del Congreso de la Unión que originaron la disposición que antecede, señalan lo siguiente:
En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos de la Cámara de origen, esto es, la de Senadores, de doce de septiembre de dos mil siete, en relación con la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala lo siguiente:
Finalmente, en lo que hace a los cambios aprobados por estas Comisiones Unidas respecto del contenido de la Iniciativa bajo dictamen, es necesario precisar que han resuelto aprobar la propuesta del Grupo de Trabajo para adicionar el primer párrafo del Artículo 6º de la Constitución a fin de colmar un vacío que hasta la fecha subsiste en nuestro orden jurídico. Nos referimos al derecho de réplica con que toda persona debe contar frente a los medios de comunicación social. La única ley en que ese derecho se encuentra consagrado, la Ley de Imprenta, antecede a la Constitución de Querétaro de 1917 y su inoperancia se constata desde hace décadas. Al introducir en la Constitución el derecho de réplica será posible que el Congreso de la Unión actualice de manera integral el marco jurídico que tutela y protege el derecho a la información, tal y como fue la intención del Constituyente Permanente con la reforma al propio artículo 6º en comento en reforma promulgada en fechas recientes.
Además, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, de la Cámara de Diputados, de trece de septiembre de dos mil siete, se señala en relación con el derecho de réplica lo siguiente:
Para los efectos, estas comisiones someten a consideración de esta soberanía los argumentos que motivan su aprobación.
La Minuta propone adicionar en el primer párrafo de este artículo constitucional el derecho de réplica, para así incorporarlo al conjunto de normas que regulan el ejercicio de la garantía individual de libre expresión de las ideas.
Estas Comisiones Unidas consideran acertada la propuesta en tanto que permitirá complementar las reformas recientemente aprobadas por el Constituyente Permanente al propio Artículo 6º en comento. La libertad de expresión debe gozar de la protección más amplia tanto para los emisores de las ideas como para sus receptores, de forma tal que cualquier persona esté en posibilidad de replicar informaciones que resulten contrarias a sus legítimos derechos. La ley establecerá las reglas para el ejercicio del derecho de réplica frente a los medios de comunicación social.
Ahora bien, por otra parte, el artículo 233, párrafos 3 y 4, así como el artículo décimo transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, establece lo siguiente:
4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia."
"Décimo.- A más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución."
En el dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con proyecto de dictamen que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de once de diciembre de dos mil siete, se señala:
Siendo el derecho de réplica una de las aportaciones más significativas de la reforma constitucional y considerando que en el Cofipe se establecerá su aplicación a favor de los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, remitiendo las normas y procedimiento a la ley reglamentaria respectiva, se establece un plazo perentorio al honorable Congreso de la Unión para que expida la referida ley.
De lo anterior, se desprende lo siguiente:
- En el artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, se reconoce el derecho fundamental de réplica.
- En el artículo 233, párrafos 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho fundamental de réplica.
- El derecho de réplica que se reconoce a los partidos políticos, a los precandidatos y candidatos es respecto de la información que se presente en los medios de comunicación, cuando se estime que ha deformado hechos o situaciones relacionados con sus actividades.
- El derecho fundamental de réplica se ejercitará conforme lo determine la ley de la materia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.
- En los dictámenes de las Comisiones de la Cámara de Senadores como la de Diputados del Congreso de la Unión, tanto para la reforma al artículo 6º constitucional y 233, párrafos 3 y 4, del código sustantivo electoral arriba señalados, por una parte, se estableció la importancia del derecho de réplica con que toda persona debe contar frente a los medios de comunicación; y por otra, dado que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se introducía ese derecho para los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, se estimó necesario establecer un plazo perentorio para que el Congreso de la Unión expidiera la respectiva ley sobre el particular.
- En atención a ese plazo perentorio, se estableció el treinta de abril de dos mil ocho como límite para que el Congreso de la Unión expidiera la ley reglamentaria del derecho de réplica, sin que a la fecha se haya emitido.
En este sentido, considerando que el derecho de réplica es un derecho fundamental, contemplado como tal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito electoral, se convierte en instrumental de diversos derechos políticos-electorales, en la especie, del de ser votado, lo expuesto puede advertirse del código sustantivo electoral, el cual es menester precisar su alcance a la luz del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece:
"Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial."
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986, determinó que el artículo citado de la Convención reconocía el derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible y que de conformidad con el artículo 1.1., los Estados Partes tenían la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción.
Asimismo determinó que cuando el derecho de rectificación no pudiera hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tenía la obligación de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias.
En este sentido, como ya ha quedado señalado, constitucionalmente se encuentra reconocido el derecho de réplica, y en específico en materia electoral, en el artículo 233, párrafo 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el artículo 6º de la Constitución Federal respecto de la información que presenten los medios de comunicación cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades; asimismo que el referido derecho se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia.
Ahora bien, es el caso que todavía no se emite la referida ley que regule lo relativo al derecho de réplica.
Debe decirse que el derecho de réplica involucra diversos derechos, como el relativo a conocer información verdadera o exacta, el cual resulta relevante al momento de que sea tomada una decisión o determinación; asimismo está relacionado con el derecho al honor, reputación o consideración de una persona o grupo de personas.
El derecho a la honra y la dignidad está previsto en el artículo 17 del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone:
Por lo tanto, la ley debe proteger esos derechos contra ataques ilegales, entre los cuales están aquellos que no tienen sustento y dicha protección se da en primer término a través del derecho de réplica.
Dentro de la doctrina se ha mencionado el alcance de este derecho de réplica, habiéndose señalado que no es un instrumento para propiciar un debate entre personas o para ilustrar las diferencias de criterio entre ellas, pues cuando lo que se expresan son opiniones, las mismas deben analizarse por las vías correspondientes (civiles, penales o administrativas).
En el marco del derecho electoral, el derecho de réplica cobra especial importancia, pues en aras de buscar el apoyo o el rechazo hacia determinado partido político, precandidato o candidato del electorado, eventualmente es difundida información inexacta o errónea respecto de los sujetos mencionados, con lo que resulta necesario que dicha información sea rectificada en aras de que los votantes cuenten con los mejores elementos para emitir el sufragio correspondiente y que el principio de equidad en el derecho a ser votado no sea violado.
En esta materia, el derecho aludido cobra una dimensión particular pues el mismo se encuentra inserto dentro de un contexto democrático, el cual tiene como uno de sus objetivos el derecho del electorado a contar con información veraz en aras de que pueda emitir un sufragio razonado y apegado a la realidad.
De lo anterior se desprende la necesidad relativa a que además de poderse expresar ideas e información libremente, el electorado cuente con la misma de forma veraz y oportuna.
Asimismo, se destaca la dimensión particular del derecho de réplica, al garantizar al afectado la rectificación cuando considere que se han deformado los hechos o situaciones referentes a sus actividades o a su persona, en particular a su honra y reputación lo que a su vez le genere perjuicio en torno a la percepción del electorado.
Por otro lado, se hace notar la dimensión social del derecho de réplica, relativa a la recepción de nueva información que confronte con la difundida por los medios de comunicación, permitiendo el restablecimiento de la veracidad y equilibrio de la misma, lo cual es indispensable para la adecuada formación de la opinión pública y la existencia de una sociedad democrática.
En la especie, la autoridad responsable señala en el acuerdo de desechamiento materia del presente recurso de apelación, sustancialmente, lo siguiente:
a) Que se actualiza la causa de desechamiento con fundamento en el artículo 363, párrafo 1, inciso d), en relación con el diverso 362, párrafo 8, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
b) Que los denunciantes mencionan que la violación consiste en la negativa del periódico distribuido por la Editora el Sol, S. A. de C. V., con el nombre comercial "El Norte, de la rectificación que en tiempo y forma solicitaron a dicha editorial, por incurrir en afirmaciones impresas (sic) con el carácter de tendenciosas y sin sustento alguno en la publicación de seis de mayo del año en curso, la cual contenía hechos que no son ciertos en contra de Alberto Picasso Barroel, candidato a diputado por el Partido de la Revolución Democrática; no obstante, el día siete del mismo mes y año, en citado diario publicó un tipo de escolio haciendo más palmarias las violaciones de los derechos de Alberto Picasso Barroel.
c) Que las notas periodísticas aportadas por los quejosos, de seis y siete de mayo del presente año, son insuficientes para acreditar el hecho de que la Editora haya realizado algún acto violatorio de la normatividad electoral, pues de la lectura de las mismas:
- Se advierte solamente una opinión de la periodista;
- No se desprende que haya sido pagada por algún partido político, agrupación política nacional, candidato, aspirante a algún cargo de elección popular o por alguna de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes federales, locales o municipales; órganos autónomos, o cualquier otro ente público;
- Consecuentemente, no se actualiza la hipótesis del artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
- Si bien la violación reclamada podría vulnerar lo señalado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta, la misma no se encuentra vinculada con la materia electoral.
d) Que a la fecha, la ley reglamentaria del derecho de réplica no ha sido expedida.
e) Transcritos los artículos 233, párrafo 3, 341 y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, concluye lo siguiente: "Derivado de las disposiciones señaladas en párrafos anteriores se colige que la nota periodística que mencionan los quejosos, no constituye un acto en materia electoral que pueda afectar el debido desarrollo del proceso electoral y a su resultado, y menos que contravenga los principios constitucionales que debe revestir toda elección; de lo que se colige, que los hechos apuntados por los impugnantes no actualizan la hipótesis prevista en el artículo 345, inciso d)." por lo tanto, la autoridad responsable consideró que se actualizaba la causal de notoria improcedencia prevista en el artículo 363, párrafo 1, inciso d) y 3 del código federal electoral.
En este contexto, resulta necesario hacer referencia el contenido de la nota periodística de seis de mayo de dos mil nueve, publicada en la sección local, en la página 1 del periódico "El Norte":
"Falsifica título de doctor; PRD lo postula
Busca Alberto Picasso
una Diputación federal;
lo expulsa la UANL
Alberto Picasso Barroel es el candidato perredista por el Distrito 9 federal, y quien fue expulsado de la Universidad en el 2004 por ostentar el título de Médico Cirujano y Partero, cuando no existe ningún comprobante de que haya concluido sus estudios.
Picasso Barroel tenía su expediente abierto, ya que había cursado estudios parciales de esta carrera, pero al ser expulsado cerró la posibilidad de obtener un título profesional.
El Distrito 9 federal tiene su cabecera en Linares y lo integran 16 municipios: Allende, Aramberri, China, Doctor Arroyo, Doctor Coss, Galeana, General Bravo, General Terán, Zaragoza, Hualahuises, Iturbide, Mier y Noriega, Montemorelos, Rayones y Santiago En la sesión del 23 de junio del 2004, el Consejo Universitario de la UANL resolvió una denuncia turnada por el Departamento de Escolar y de Archivo en contra del ahora candidato perredista por ostentar en diferentes instituciones un título apócrifo.
"La Comisión de Honor y Justicia de este Consejo se permite informar acerca de una denuncia turnada por la Dirección del Departamento Escolar y de Archivo de la UANL en contra del C. Alberto Picasso Barroel", señala el dictamen.
"Quien a pesar de que cursó estudios parciales de la carrera de Médico Cirujano y Partero en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, ha presentado en diversas instituciones un título profesional apócrifo de esta carrera, cuando que no existe en los archivos de ese Departamento ni en los de la Facultad ningún comprobante de que el citado ciudadano haya concluido dichos estudios".
De acuerdo con el dictamen emitido por el máximo órgano de la UANL, éste resolvió la expulsión del ahora candidato perredista.
"Que el C. Alberto Picasso Barroel sea expulsado de la Universidad", señala el primer punto de la resolución.
Su nombre aparece también en la página de internet del PRD como parte de la propuesta de candidatos a Diputados federales de mayoría relativa."
De esta forma, en la denuncia los actores señalan que el mismo día acudieron a las instalaciones del periódico "El Norte" para solicitar el derecho de réplica de la siguiente información:
a).- Que el doctor Alberto Picasso Barroel cuenta con un título y cédula profesional de la licenciatura en medicina general, cuyo número de folio de este último es 5759330.
b).- Que el doctor señalado es candidato del Partido de la Revolución Democrática en el "distrito federal 8" y durante el proceso interno partidista siempre ha contendido por este distrito, de tal forma que se corrija la publicación de que es candidato por el distrito 9, ya que el candidato de este último es Rául González Barrera.
c) Que la réplica se publica en la misma página de la publicación del día seis de mayo, es decir, en la página 1 de la sección local.
Refieren los actores en el escrito de denuncia que al día siguiente se publicó en el mismo periódico un intento de escolio, el cual, a su parecer, hizo más palmarias las violaciones de los derechos de Alberto Picasso Barroel, dicha publicación es del tenor siguiente:
"Dice perredista ser médico 'legítimo'
El candidato a Diputado federal dijo que empezó a ejercer como médico al terminar la carrera en los años noventa y, con el tiempo, en agosto de 2008, su desempeño profesional le permitió titularse mediante el Acuerdo 286 de la SEP, que promueve la titulación por experiencia laboral.
"Yo fui estudiante de la Facultad de Medicina de la UANL, concluí la carrera, y la Universidad me otorgó la pasantía y la asignación del servicio social", afirmó.
"Por razones económicas me vi en la necesidad de ejercer en todo este tiempo con carta de pasante.
"(Pero) la Secretaría de Educación Pública promueve la titulación por experiencia laboral. Yo fui evaluado por la SEP, de ahí se deriva el título y la cédula (profesional) correspondiente", agregó mostrando ambos documentos.
Sin embargo, el perredista, que fue perfilado al Distrito 9 federal y finalmente registrado como candidato al Distrito 8, no acreditó la supuesta terminación de los estudios que le habrían permitido ejercer la profesión y luego tramitar su título.
Lo único presentado por el candidato es el título de "Licenciado en Medicina General" y la cédula profesional número 5759330, ambos expedidos por la SEP.
Cuestionado sobre su expulsión de la UANL y el señalamiento de que no terminó sus estudios, el candidato perredista sólo dijo que no tenía ningún conocimiento al respecto.
"Yo no sabía de esa situación", expresó.
Ayer se publicó que en junio de 2004 el Consejo Universitario acordó expulsar a Picasso Barroel al detectar que ostentaba un título apócrifo cuando en realidad tenía sólo estudios parciales en la Carrera de Médico, Cirujano y Partero.
Tras la publicación, el secretario general de la UANL, Jesús Áncer, confirmó ayer que el ahora perredista no terminó sus estudios mientras cursó asignaturas en la Facultad de Medicina, entre 1972 y 1989, que no realizó el servicio social y, por consecuencia, no obtuvo la carta de pasante.
"Él cursó la mayor parte de la carrera quedando algunas asignaturas pendientes, llegó hasta sexto año. Su kárdex está incompleto", dijo."
En vista de estas notas periodísticas, los ahora recurrentes adujeron en la denuncia primigenia la existencia de una violación consistente en la negativa del periódico distribuido por la Editora el Sol, S. A. de C. V., con el nombre comercial "El Norte", de la rectificación correspondiente, no obstante, que el día siete del mismo mes y año, el citado diario publicó un tipo de rectificación, la cual, en concepto de los actores, hizo más evidentes las violaciones de los derechos de Alberto Picasso Barroel.
De esta forma, la autoridad responsable consideró que las notas periodísticas aportadas por los quejosos, de seis y siete de mayo del presente año, eran insuficientes para acreditar el hecho de que la Editorial señalada haya realizado algún acto violatorio de la normatividad electoral, pues de la lectura de las mismas, desprendió sólo la opinión de la periodista, aunado a que de ellas no derivaba que hubiesen sido pagadas por algún partido político, agrupación política nacional, candidato, aspirante a algún cargo de elección popular o por alguna de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes federales, locales o municipales; órganos autónomos, o cualquier otro ente público, con lo que consideró que no se actualizaba la hipótesis del artículo 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahora bien resulta necesario precisar que derivado de la nota periodística publicada el seis de mayo del año en curso, los recurrentes señalan que solicitaron la rectificación correspondiente, habiendo sido publicada una segunda nota al día siguiente, la que a su parecer, se trata un intento de escolio que hace más evidentes las violaciones que adujo.
En este caso se examina el contenido de la primera de las notas señaladas, tomando en cuenta que partir de la misma se desprende en esencia la impugnación alegada en torno al derecho de réplica.
Al respecto, esta Sala Superior, contrario a lo que afirma la autoridad responsable, en la nota periodística de seis de mayo del año en curso, advierte que no sólo se refleja la opinión de los periodistas que las suscriben, pues de ellas también se relacionan hechos, de los cuales los denunciantes consideran debió existir derecho de réplica, particularmente, los relativos a la expulsión de Alberto Picasso Barroel de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ostentar un título apócrifo, así como que dicho ciudadano es el candidato del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 9 federal.
No le asiste la razón a la responsable en los motivos en los cuales basa su desechamiento por lo siguiente:
La autoridad administrativa señala en la resolución impugnada que las notas periodísticas aportadas por los quejosos son insuficientes para acreditar una violación a la normatividad electoral, porque de ellas sólo se advierte una opinión de la periodista que la suscribe y que no se desprende que dicha nota haya sido pagada por algún partido político, candidato u otro.
Lo erróneo del razonamiento de la responsable reside en el hecho de que parte de la premisa falsa de que en el ámbito electoral el derecho a la honra y la reputación de un candidato no puede verse violado por la simple opinión de periodistas y que para que dicha violación se dé se requiere que un actor político financie la publicación de una nota difamante según el interesado.
Si bien los periodistas como todo ciudadano tienen la garantía del derecho constitucional de la libertad de expresión, éste no es ilimitado, ya que tiene como límite el derecho a la dignidad de todo ciudadano. Esta limitante en materia electoral tiene una doble vertiente: el derecho de la honra que tiene todo candidato o partido político y el derecho a la información que tiene todo ciudadano en su calidad de elector. Por lo tanto, lo que escribe un periodista en un medio de comunicación respecto de un candidato debe ser veraz, sobre todo cuando es crítico y, en caso de contener elementos que ponen en tela de juicio la reputación del candidato el medio de comunicación está obligado a respetar el derecho de réplica en los términos solicitados dentro del marco legal. La responsable al determinar en la resolución impugnada que la opinión de una periodista no puede configurar una irregularidad en materia electoral carece de sustento en virtud de que implica que los periodistas tienen una libertad de expresión ilimitada que puede estar por encima del derecho a la honra y a la reputación, lo cual no es acorde ni con los principios constitucionales que rigen las elecciones y, en particular el de la equidad, ni con los principios de toda democracia. Tan es así que el derecho de réplica en el ámbito electoral no debe ser entendido sólo entre candidatos o partidos políticos, sino también entre estos y periodistas o reporteros, en virtud de que también estos últimos pueden difundir información que vulnere el derecho a la dignidad y que a la vez desinforme a los electores.
Tan es así, que el legislador federal al crear el derecho de réplica en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció que lo pueden ejercer los partidos políticos, candidatos o precandidatos respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que ésta ha deformado hechos o situaciones. De ello, se desprende que el legislador dispuso que el derecho de réplica surte para toda información que difundan los medios de comunicación sin limitarlo al tipo de fuente de donde emana la información divulgada.
Tampoco le asiste la razón a la responsable cuando motiva su desechamiento al determinar que no se advierte de las notas periodísticas que éstas hayan sido pagadas por algún partido político, candidato o actor político. En efecto, la autoridad administrativa parte de la premisa falsa consistente en que para que se configure una violación en materia electoral debe existir atrás del acto denunciado o impugnado un financiamiento de índole política, pues seguir dicho razonamiento implicaría que los particulares podrían financiar notas denostativas de candidatos o partidos políticos pudiendo quedar impunes por no tener un carácter político. Permitir esto sería además autorizar el fraude a la ley porque con este sistema tanto partidos como candidatos podrían realizar actos negativos de campaña a través de ciudadanos.
En este sentido, el artículo 233, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el artículo 6º de la Carta Magna, respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.
Tomando en cuenta este precepto y considerando que la nota periodística de seis de mayo señalado contenía hechos, de los cuales no estaban conformes respecto de su descripción y que los denunciantes son tanto un partido político así como un candidato a un cargo de elección popular de carácter federal, es inconcuso que los denunciantes se encontraban al amparo del referido precepto para ejercer el derecho de réplica que estimaron les asistía, no obstante que al día siguiente se publicó otra nota periodística en el periódico referido, la cual consideraron los denunciantes que si bien trató de rectificar lo publicado el día anterior, lo único que propició fue agravar la situación.
En este sentido, en concepto de esta Sala Superior se está en presencia de una situación que pudiese implicar la posible transgresión del derecho de réplica previsto en el artículo 6º de la Carta Magna en relación con el diverso 233, párrafo 3, del código sustantivo electoral.
Por otra parte, resulta errónea la conclusión de la autoridad responsable de que la nota periodística que mencionan los denunciantes no constituye un acto en materia electoral que pueda afectar el debido desarrollo del proceso electoral y su resultado, y menos que contravenga los principios constitucionales que debe revestir toda elección y que, si bien la violación a la que aluden podría vulnerar el artículo 6º constitucional y 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, la misma no se encuentra vinculada con la referida materia.
Lo erróneo de tal conclusión radica de que del análisis de la nota periodística de seis de mayo de dos mil nueve, se debe tomar lo siguiente:
- El encabezado de la nota periodística señala: "Falsifica titulo de doctor; PRD lo postula".
- Dentro del texto de la nota se señala que el Partido de la Revolución Democrática postuló como candidato a diputado federal por Nuevo León a un aspirante que fue expulsado de la Universidad Autónoma de Nuevo León por ostentar un título apócrifo.
- Que Alberto Picasso Barroel es el candidato perredista por el distrito 9 federal y quien fue expulsado por la Universidad en el año dos mil cuatro por ostentar el título de Médico Cirujano y Partero, cuando no existía ningún comprobante de que haya concluido sus estudios.
- Se señala la cabecera del distrito 9 y los municipios que lo integran.
- Que el nombre del señalado candidato también aparece en la página de Internet del Partido de la Revolución Democrática como parte de la propuesta de candidatos a diputados federales de mayoría relativa.
En las relatadas condiciones, de la nota periodística en comento, acorde con lo antes expuesto, se considera que existen los elementos suficientes para estimar que la misma hace referencia a un candidato a diputado federal, el distrito electoral en el que contiende, así como al partido que lo postula.
Aunado a lo anterior, la nota periodística en comento se emitió dentro del periodo de campañas electorales, pues de acuerdo con los artículos 223, apartado 1, inciso b), en relación con el 237, apartado 3, la fase de campañas electorales correspondiente al proceso electoral federal en curso, dio inicio el tres de mayo del presente año y la nota periodística se publicó el seis de mayo siguiente.
Por lo tanto, dados los sujetos que se refieren en la nota periodística, el contenido que hace referencia a la condición del candidato y el distrito electoral federal por el que contiende, así como el periodo en el cual fue publicada dicha nota, es factible concluir que la misma guarda relación con la materia electoral.
Por lo que respecta al agravio en que la autoridad responsable no estudia de manera específica lo establecido en el artículo 345, inciso d), del código sustantivo electoral, debe decirse que les asiste la razón a los actores, pues en efecto, dicha autoridad debió analizarlo a la luz de que el derecho de réplica sí se encontraba protegido tanto por la Constitución General y el Código electoral de la materia, con lo que en obvio de razones no era procedente el desechamiento de la denuncia primigenia.
En este sentido, al haber quedado acreditado que la nota periodística no corresponde exclusivamente a una opinión de la periodista y que la misma se encuentra vinculada con la materia electoral, la autoridad responsable debió haber admitido la denuncia y dar inicio el procedimiento sancionador y, en su oportunidad y de resultar procedente determinar si había existido o no la violación al derecho de réplica conforme a los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 233, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De esta forma, si bien tratándose del derecho de réplica, existe un marco constitucional y legal en materia electoral, y aún no se emite la legislación atinente, ello no es obstáculo para que la autoridad responsable deje de analizar la cuestión planteada, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, la vigencia de una garantía fundamental prevista en la Constitución Política no se puede sujetar al ritmo del Poder Legislativo encargado de emitir las leyes que desarrollan dicha garantía.
Los artículos 1° y 133 de nuestra Carta Magna establecen, por una parte, que las garantías previstas en ella no podrán restringirse salvo en los casos previstos por la propia Constitución y, por otra, que la Constitución es ley suprema por lo que los jueces deben apegarse a ella.
Sostener, como lo hace la responsable, que una garantía establecida en la Constitución, en este caso el derecho de réplica, no puede ejercerse por un ciudadano porque aún no se ha expedido la ley reglamentaria, equivale a hacer nugatorio la garantía de acceso a la justicia.
Cabe señalar que un derecho fundamental existe en cuanto la Constitución Política lo estipula, por lo tanto es vigente. Si el legislador ha sido omiso en expedir la ley reglamentaria de dicho derecho compete a las instancias administrativas y jurisdiccionales integrar y aplicar directamente la Constitución. En el caso que nos ocupa, la responsable debía también en el ejercicio de su función aplicar el artículo 233, párrafo 3 del Código Electoral.
Esta Sala Superior ha sostenido en los juicios identificados con las claves SUP-RAP-17/2006 y SUP-JRC-163/2006, el criterio consistente en que el Instituto Federal Electoral tiene implícitamente la obligación de aplicar directamente preceptos constitucionales y legales aún ante la omisión legislativa de expedir leyes reglamentarias.
En efecto, en dichos precedentes la Sala Superior sostuvo que de una revisión de la normativa electoral federal aplicable se desprende que, ante el planteamiento, queja o denuncia que haga un partido político o candidato ante el Instituto Federal Electoral, aportando elementos de prueba respecto del incumplimiento de los principios rectores de un proceso electoral, la existencia de facultades o atribuciones expresas conferidas al propio Consejo General para:
- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto (artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).
- Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal (artículo 118, párrafo 1, inciso t), del referido ordenamiento legal).
Esta Sala Superior ha sostenido que la existencia de estas atribuciones o facultades explícitas se complementa con la existencia de una facultad implícita consistente en que, para hacer efectivas las atribuciones precisadas en los párrafos antecedentes, resulta necesario que el Consejo General del Instituto Federal Electoral cuente con la facultad de prevenir o corregir la comisión de conductas ilícitas, así como tomar las medidas pertinentes para restaurar el orden jurídico válido y garantizar el debido desarrollo del proceso electoral, así como a la luz de los principios constitucionales y legales que más adelante se precisan y de los fines asignados legalmente al Instituto Federal Electoral que también se indican con posterioridad.
Lo anterior en el entendido, en primer lugar, de que, en todo caso, las facultades implícitas no son autónomas sino que dependen de una facultad principal, a la que está subordinada y sin la cual no existirían. Una facultad implícita tiene el propósito de hacer efectiva una facultad expresa o explícita.
En segundo lugar, sin el reconocimiento y ejercicio de estas facultades implícitas, las atribuciones o facultades expresas conferidas a la autoridad electoral, en ciertos casos, podrían dejar de ser funcionales y, por lo tanto, resultarían inaplicables en un caso concreto.
Así, por ejemplo, las mencionadas atribuciones expresas o explícitas conferidas al Consejo General del Instituto Federal Electoral de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, o requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal podrían ser, en la práctica, en ciertos casos, disfuncionales, al no reconocer la existencia y no ejercer ciertas facultades implícitas que resultan necesarias para hacer plenamente efectivas o funcionales aquellas atribuciones, de tal manera que se garantice la celebración de una elección libre y auténtica.
En tercer lugar, en un Estado constitucional democrático de derecho no es válido que los órganos jurisdiccionales o administrativos se auto-atribuyan facultades implícitas.
Cabe señalar que las facultades implícitas han de deducirse, inferirse o extraerse de otras facultades expresamente reconocidas en el orden jurídico.
En esta medida, la existencia de facultades implícitas, en tanto dependientes o subordinadas de las atribuciones expresas, es compatible con el principio de legalidad, de observancia estricta en materia electoral, en atención a lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales.
Sirve de apoyo a lo anterior la ratio essendi de la tesis relevante de esta Sala Superior, con el rubro: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA, publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tesis relevantes, páginas 656-657.
En el presente caso, la existencia de las mencionadas facultades implícitas no es autónoma sino que está subordinada a las facultades o atribuciones expresas primeramente precisadas, por lo que éstas tienen el carácter de principales.
Asimismo, en lo concerniente a los fines asignados al Instituto Federal Electoral y a su relación con las atribuciones o facultades conferidas al Consejo General, como uno de los órganos centrales del mismo y órgano superior de dirección, los fines establecen la dirección en que deben ejercerse las atribuciones. Es decir, las atribuciones están en función de los fines, así como de los valores del ordenamiento jurídico electoral expresados, por ejemplo, en los principios constitucionales que deben regir en toda elección para ser considerada válida, entre otros, la celebración de elecciones libres y auténticas, el de legalidad y el de igualdad en la contienda electoral.
Lo anterior significa que, a partir de una interpretación de carácter funcional, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en relación con el artículo 3, párrafo 2, del código electoral federal, dada la validez de los principios constitucionales que debe cumplir toda elección democrática (de manera destacada, el de la igualdad en la contienda electoral) y puesto que el Instituto Federal Electoral tiene como fines, entre otros, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, así como garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, entonces esta Sala Superior entiende que las atribuciones explícitas del Consejo General en el sentido de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego al invocado código electoral federal y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como requerir al órgano competente investigue hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal, entre otras atribuciones, deben estar encaminadas a la consecución de tales fines y, en general, de los principios estructurales del ordenamiento jurídico electoral, así como de los principios y valores y bienes protegidos constitucionalmente.
Lo anterior en el entendido de que, por razones conceptuales y normativas, debe hacerse una puntual distinción entre fines y atribuciones. Al respecto, cabe destacar que en ningún momento se pretende considerar a los fines apuntados como fuente de atribuciones. Es claro que la facultad implícita del Consejo General prevista en el inciso w) del párrafo 1 del artículo 118 del código electoral federal, consistente en conocer de las infracciones y en su caso imponer las sanciones que correspondan en los términos previstos por el código, guarda directa y necesaria relación con las facultades explícitas contempladas para dicho órgano en los inciso h) y t) del propio precepto y artículo 109 del mismo ordenamiento, en tanto que es únicamente el alcance de tales atribuciones el que se interpreta a la luz de los principios constitucionales y legales, así como los fines asignados legalmente al Instituto Federal Electoral.
Sostener una interpretación opuesta del ordenamiento jurídico electoral (por ejemplo, afirmar que las normas que establecen fines institucionales tienen un efecto limitado) haría disfuncional el ordenamiento, ya que privaría de sus efectos a las disposiciones que establecen los fines del Instituto Federal Electoral, haría perder a los principios constitucionales en sentido estricto su status normativo al convertirlos en normas programáticas o meras declaraciones retóricas en sentido peyorativo y, consecuentemente, se soslayaría el carácter normativo que tiene la Constitución federal.
Ahora bien, en virtud de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las disposiciones jurídicas aplicables tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que arriba quedaron señaladas, se concluye que un partido político nacional o cualquiera de los sujetos legitimados está en posibilidad de hacer valer alguna supuesta irregularidad para que la autoridad electoral administrativa federal, en ejercicio de sus atribuciones legalmente encomendadas, en particular de su atribución de vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al propio código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 118, párrafo 1, inciso h), del invocado ordenamiento, y a efecto de salvaguardar los principios de toda elección democrática, tome las medidas necesarias, en su caso, para restaurar el orden jurídico electoral violado, con independencia de las sanciones que, por la comisión de infracciones administrativas, se pudiera hacer acreedor el partido político responsable o cualquiera de los sujetos obligados, determinaciones que, en todo caso, son susceptibles de control jurisdiccional ante esta jurisdicción constitucional.
Lo anterior es así, toda vez que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala Superior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene un carácter normativo y vinculatorio. De ahí el reconocimiento de los principios constitucionales que deben observarse para que cualquier tipo de elección sea considerada válida, en conformidad con la tesis de esta Sala Superior, cuyo rubro es: ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA, publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo tesis relevantes, páginas 525-527.
Entre tales principios se encuentran: Las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre secreto y directo; la igualdad y, en su caso, equidad en la contienda; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral y el control de la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales.
De lo anterior, se desprende que la ausencia de una ley sobre el derecho de réplica que regule ese derecho fundamental vinculado con la materia electoral, no es óbice para que el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones tome las medidas pertinentes cuando se hace valer ante él una violación electoral que incide, además, en los principios rectores de todo proceso electoral.
Finalmente, por lo que respecta al agravio de los actores relativo a que la autoridad responsable omitió realizar los actos necesarios para la restitución del derecho de réplica, resultando aplicable el procedimiento sancionador electoral sumario preventivo, de ahí que se solicita que se reponga el trámite y se emplace a la Editorial denunciada para que alegue lo que a su derecho convenga, se estima que les asiste la razón a los incoantes.
Al respecto, si bien el actor solicita la implementación de un procedimiento sancionador electoral sumario y para ello cita las tesis cuyos rubros son: "PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y FINALIDAD." y "PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL PARA INSTAURARLO.", debe decirse que los referidos procedimientos se establecieron tomando en cuenta situaciones distintas a la que en la especie dio origen la denuncia, es decir, esos criterios se dieron por falta de regulación expresa en la ley ordinaria respecto de un procedimiento sumario preventivo.
De esta forma debe destacarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales regula dos tipos de procedimientos sancionadores, el ordinario y el especial.
Las diferencias en el trámite y resolución de las quejas o denuncias relativas a los dos procedimientos administrativos sancionadores referidos, pueden sintetizarse en el siguiente cuadro comparativo, desde la presentación de la queja o denuncia o bien del inicio de oficio, hasta el momento de la resolución, atendiendo a los plazos previstos en la legislación electoral:
Presentación de la queja o denuncia o inicio del procedimiento oficioso
Ratificación de la denuncia o queja 3 días NO APLICA
Remisión a la Secretaría Ejecutiva 48 horas inmediatamente
Revisión de requisitos de procedencia
No procede prevención
No se precisa plazo
24 horas para resolver, dentro de los 5 días para admitir.
Dentro de las 48 hrs. previstas para la celebración de la audiencia
Emplazamiento y contestación
5 días para contestar, posteriores al emplazamiento
48 hrs. posteriores a la admisión. Audiencia de pruebas y alegatos.
40 días desde la recepción. Se puede ampliar hasta por 40 días más
La investigación se hace con las constancias de autos y el contenido de la audiencia de pruebas y alegatos
Vista con la investigación
5 días para alegatos
15 mins. a cada parte en la audiencia
10 días después de la vista. Se puede ampliar por 10 días más
24 horas después de concluida la audiencia
Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias
Plazo no previsto
Sesión de Comisión de Quejas y Denuncias
1 día para convocar a sesión, que se debe celebrar no antes de 24 hrs.
En caso de ser rechazado el proyecto, plazo para su nueva elaboración
Remisión al Consejo General
No se establece plazo
Sesión del Consejo General de resolución
3 días posteriores a la entrega del proyecto a los Consejeros
Convocatoria al Consejo General para sesión dentro de las 24 horas posteriores a la entrega del proyecto
En caso de empate, por ausencia de un Consejero
Segunda votación. Si persiste el empate, el proyecto debe ser presentado en sesión posterior, cuando esté la totalidad de consejeros
En la sesión convocada el Consejo General debe resolver
Tiempo total mínimo sin ampliaciones de plazos; sin rechazo del proyecto de resolución y sin empate en la votación-
64 días aprox.
5 ó 6 días aprox.
Tiempo total estimado con ampliaciones de plazos y rechazo de proyecto sin empate de la votación 129 días aprox.
Como se puede observar, en principio, el procedimiento especial sancionador previsto en el artículo 367 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, está previsto para conocer actos y conductas relacionadas con violaciones a las disposiciones en materia de radio y televisión y que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos y cuando constituyan actos anticipados de campaña o precampaña.
Ahora bien, para determinar el tipo de procedimiento que se debe instaurar, es menester tomar en cuenta no sólo al hecho objeto de la queja o denuncia, y a que ésta se presente o no durante proceso electoral, sino también a la materia sobre la que verse la denuncia de mérito.
En este sentido, de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, primer párrafo, y 6º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 233, párrafo 3, 367 y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es factible concluir que tratándose de presuntas violaciones al derecho de réplica se debe instaurar un procedimiento especial sancionador por lo siguiente:
De los artículos 1º, primer párrafo y 6º, primer párrafo, de la Constitución señalada, se desprende que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse o suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece, asimismo, reconoce como garantía fundamental al derecho de réplica.
Del artículo 367 del código electoral mencionado se desprende que el procedimiento especial sancionador es procedente cuando se denuncien la comisión de conductas: 1.- Que violen lo establecido en el artículo 41, base III, o en el diverso 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.- Que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en ese código sustantivo electoral; o 3.- Que constituyan actos de precampaña o campaña.
Por otra parte, se hace notar que el artículo 368, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se encuentra inserto dentro del libro séptimo, título primero, capítulo cuarto, denominado este último "Del procedimiento especial sancionador", el cual establece que los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre o calumnie sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada.
Al respecto, debe decirse que esa regla tiene como finalidad la protección de información veraz difundida por los partidos políticos o terceros en contra de otro partido político o de sus candidatos o precandidatos, según sea el caso.
De esta forma el derecho de réplica en materia electoral en términos del artículo 233, párrafo 3, del código señalado, tiene por objeto que los partidos políticos, precandidatos y candidatos puedan ejercerlo respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.
Al resultar factible que se instaure el procedimiento especial sancionador con motivo de la difusión de información que denigre o calumnie, es razonable estimar que en materia de derecho de réplica debe asistir la misma razón, en cuanto que para su tutela se debe implementar el procedimiento referido, pues a través del derecho de réplica se trata de proteger la información veraz y por ende la adecuada percepción respecto del partido político, precandidato o candidato.
Además, una eventual violación al derecho de réplica, por la propia naturaleza de éste, debe ser resuelta con expeditez, en virtud de que si este derecho se ejerce mucho después de la difusión de la información que se pretende corregir, la réplica ya no tendría los mismos efectos en los electores, por lo que el procedimiento ordinario no satisface la necesidad de urgencia existente en este ámbito.
Lo anterior es así, dado que contrario al procedimiento sancionador ordinario, el cual para su culminación puede ser de sesenta y cuatro a ciento veintinueve días aproximadamente, en tanto que en el procedimiento especial sancionador es de cinco a seis días aproximadamente.
Asimismo, la inmediatez necesaria se justifica en virtud de los plazos breves existentes en las etapas del proceso electoral, entre éstas la duración de las campañas electivas.
En este sentido, para garantizar el derecho de réplica es exigible un procedimiento sumario que haga posible en un plazo perentorio la posibilidad de formular una rectificación sobre los hechos o situaciones que se estiman deformados, por lo tanto, atendiendo los dos tipos de procedimientos sancionadores que prevé el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el procedimiento especial sancionador, atendiendo sus reglas y plazos perentorios, es el que se debe instaurar en casos relacionados con el derecho mencionado.
Bajo esa premisa y en caso de concluirse que existe la violación reclamada, por lo tanto, procedente la rectificación correspondiente, a efecto de implementar esta última, se estima conveniente tomar como criterio orientador lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, en tanto se expide la ley de la materia para el ejercicio del derecho de réplica a que se refiere el artículo 233, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con base en las consideraciones expuestas, como se señaló, son fundados los agravios analizados, consecuentemente, con fundamento en el artículo 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es revocar el acuerdo de desechamiento impugnado, así como el acuerdo del Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de dieciocho de mayo de dos mil nueve, dictado en el expediente SCG/QEAB/JL/NL/048/2009 y se ordena al Secretario Ejecutivo referido que, en caso de no actualizarse una diversa y evidente causa de improcedencia, inmediatamente, admita y sustancie la denuncia de mérito dentro del procedimiento especial sancionador y, en su oportunidad, proceda en términos del artículo 370 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ante lo fundado de los agravios estudiados, resulta innecesario analizar el resto de los mismos, al encontrarse colmado la pretensión toral de los actores.
PRIMERO.- Se revoca la "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. EDUARDO ARGUIJO BALDENEGRO EN CONTRA DE LA EMPRESA EDITORIAL EL SOL, S. A. DE C. V. CON NOMBRE COMERCIAL "EL NORTE", POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE EXP. SCG/QEAB/JL/NL/048/2009", número CG276/2009, emitida el ocho de junio de dos mil nueve, en términos del considerando quinto de esta sentencia.
SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo del Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de dieciocho de mayo de dos mil nueve, dictado en el expediente SCG/QEAB/JL/NL/048/2009.
TERCERO.- Se ordena al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que en caso de no actualizarse una diversa y evidente causa de improcedencia, inmediatamente admita y sustancie la denuncia primigenia dentro del procedimiento especial sancionador y, en su oportunidad, proceda en términos del artículo 370 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
NOTIFÍQUESE, personalmente a los recurrentes en el domicilio señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la sentencia, al Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del referido Instituto; y, por estrados a los demás interesados.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 27; 28; 29, párrafos 1 y 3, inciso a), y 48, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 45
 resolución 
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 Artículo 27
 artículo 6
 artículo 27
 resolución 
 artículo 363
 artículo 341
 resolución 
 artículo 363
 artículo 362
 artículo 27
 artículo 363
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 345
 artículo 6
 artículo 27

Artículo 6

Artículo 27
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 artículo 233
 artículo 6
 artículo 341
 artículo 345
 artículo 345
 artículo 363
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 artículo 363
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Artículo 363
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 artículo 27
 artículo 345
 artículo 6
 artículo 27
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 artículo 345
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 artículo 6
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 233
 artículo 6
 resolución 
 artículo 233

Artículo 233
e contrario
 artículo 6
 artículo 233
 artículo 6
 artículo 233
 artículo 6
 artículo 49
 artículo 64
 artículo 76
 resolución 
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 118
 resolución 
 artículo 133
 resolución 
 resolución 
 artículo 233
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 363
 artículo 345
 artículo 6
 artículo 27
 resolución 
 artículo 345
 artículo 6
 artículo 233
 artículo 118
 artículo 233
 artículo 6
 artículo 345
 artículo 6
 artículo 6
 Artículo 6
 artículo 6
 Artículo 6
 artículo 233
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 233
 artículo 6
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 artículo 1
 artículo 233
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 363
 artículo 345
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 345
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 artículo 233
 artículo 6
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 artículo 345
 artículo 17
 artículo 233
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 118
 artículo 109
 artículo 118
 resolución 
 resolución

 resolución 
 artículo 367
 artículo 367
 artículo 41
 artículo 368
 artículo 233
e contrario
 artículo 27
 artículo 233
 artículo 47
 artículo 370
 artículo 370