Source: http://wwwinfogap.blogspot.com/2011/05/uso-de-la-fuerza-y-derechos-humanos-el.html
Timestamp: 2017-03-25 05:53:57+00:00

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ILas acciones armadas en curso contra Libia, dirigidas y ejecutadas por la OTAN, bajo cobertura de la resolución 1973 (2011), aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 17 de marzo de 2011, vuelven a poner sobre la mesa una cuestión de fondo en Derecho Internacional: la relación entre uso de la fuerza y protección de los derechos humanos. Para entender el tema, es preciso ir a los antecedentes. En enero de 2011, manifestantes libios, al calor de los exitosos movimientos populares de Túnez y Egipto, salen a las calles de varias ciudades, entre ellas Bengasi, en demanda de mejoras sociales. El Gobierno reacciona anunciando un fondo de inversión de 24.000 millones de dólares. No obstante, a partir del 15 de febrero, las manifestaciones se reavivan y derivan en rebelión contra el “hombre fuerte” de Libia, Muamar el Gadafi, quien lleva 42 años en el poder. Los rebeldes asaltan y queman distintas instalaciones y dependencias del Gobierno en Bengasi y otras ciudades. Los choques con las fuerzas de orden público se hacen enfrentamientos armados. La deserción de mandos y tropas del ejército y su paso a las filas de los rebeldes convierten las protestas en guerra civil. Libia se divide en dos bandos, con un fuerte componente tribal. El Gobierno responde, ahora, con duras amenazas contra los alzados, a los que llama “ratas” que perseguirá “casa por casa” hasta exterminarlas. Estas declaraciones, causan rechazo general y alimentan a quienes piden una acción en Libia. En tanto, en días sucesivos, los rebeldes, partiendo desde Bengasi, toman otras ciudades de la costa libia y del interior. El Gobierno reacciona con energía y, pese a los bombardeos de la OTAN, logra recuperar buena parte de las ciudades y estabilizar el frente de lucha en Brega.
La resolución 1970 remite “la situación imperante en la Jamahiriya Árabe Libia desde el 15 de febrero de 2011 al fiscal de la Corte Penal Internacional”. No parece haber duda, pues, de que tanto la resolución 1970 como la 1973 están fundamentadas en la presunta o real percepción de que, desde el 15 de febrero de 2011, el Gobierno libio ha perpetrado graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en perjuicio de una parte de su población. El Consejo de Derechos Humanos, por su parte, adoptó el 3 de marzo, la resolución A/HRC/RES/S-15/1, en la que, entre otras duras consideraciones, expresaba su“profunda consternación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia y condena enérgicamente los recientes acontecimientos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas en este país, incluyendo ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, detención y tortura de manifestantes pacíficos, algunos de los cuales pueden constituir también crímenes de lesa humanidad”.
“Cuando los derechos humanos están protegidos por tratados internacionales, esta protección se traduce en disposiciones previstas en el texto de los mismos tratados y están destinadas a verificar o asegurarse del respeto de esos derechos”. La CIJ quiere decir que, en caso de denuncias de violaciones de derechos humanos, los distintos tratados internacionales contienen disposiciones y mecanismos para investigar las denuncias y para constatar –o desmentir– si tales denuncias son reales. A raíz de la insurrección popular que se dio en Nicaragua, en 1978, contra la dictadura de la familia Somoza, la Guardia Nacional del dictador perpetró terribles masacres y atrocidades contra la población civil, que fueron ampliamente divulgadas por la prensa internacional. Estas atrocidades fueron denunciadas ante el organismo regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), que encargó una investigación de las denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH designó una comisión investigadora, que viajó a Nicaragua a finales de 1978, realizó un informe (OEA/Ser.L/V/II), que luego presentó a la OEA, donde quedó documentada la veracidad de las denuncias presentadas y se pudieron probar los crímenes perpetrados por la dictadura somocista. El organismo regional actuó como debía: primero investigar las denuncias, luego adoptar las medidas del caso, si las denuncias se confirman y si acaso se considera procedente adoptar medidas. Este es, por demás, el orden lógico en otros ámbitos del Derecho, en aplicación del principio de que toda persona (o Estado) es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. En ese sentido cabe recordar el informe Un Programa para la Paz, presentado en 1992 por el entonces secretario general de la ONU, Boutros Boutros Ghali. En dicho informe, Ghali recordaba que el artículo 42 de la Carta autorizaba al Consejo de Seguridad a iniciar acciones militares de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, pero que una acción de esa naturaleza “solo debe iniciarse si han fracasado todos los medios pacíficos”. Es decir, era imprescindible, primero, recurrir al agotamiento de los medios pacíficos de solución de controversias, tal y como manda el artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas y establece el Derecho Internacional, antes de autorizar acciones militares. Las acciones que impliquen el uso de fuerzas militares sólo podrían autorizarse después de fracasar, vale recalcar, los medios pacíficos. Este es un punto medular, porque la primera obligación de un Estado, grupo de Estados o de organizaciones internacionales es recurrir a cualquiera de los medios de solución pacífica de controversias, norma que es corolario, hermana gemela de la prohibición general de la amenaza y el uso de la fuerza, que dispone el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Con el Gobierno de Libia se actuó de forma inversa. Primero se procedió a condenar a su Gobierno; segundo, no se hizo intento alguno de recurrir al abanico de medios de solución pacífica que ofrece el Derecho Internacional; luego se adoptaron medidas coercitivas y, finalmente, se autorizó que una coalición de Estados, dirigida por EEUU y la OTAN recurriera al uso de la fuerza para crear una “zona de exclusión aérea”. Posteriormente, la misión de la coalición ha derivado en acciones armadas a favor de uno de los bandos, con el propósito deliberado de derrocar al Gobierno libio. Destaca, en esta línea, el desinterés de la ONU y otros actores regionales en realizar una inspección in situ sobre la situación de los derechos humanos en Libia, dando oportunidad a su Gobierno a presentar posiciones y a la comisión investigadora a determinar la magnitud y realidad de las denuncias presentadas. El Gobierno libio ha sido, adrede, condenado a una indefensión rampante. ¿Podría ser considerado este modus operandi compatible con el sistema internacional de defensa y protección de los derechos humanos? Para responder a esta pregunta no es preciso hacer construcciones teóricas. Basta recurrir a lo dicho por la CIJ, en el parágrafo 268 de su sentencia de 1986, respecto a la pretensión del Gobierno de EEUU, de justificar los actos de uso de la fuerza en nombre de la defensa de los derechos humanos:

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 2