Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/SL-2015/as20153L223.html
Timestamp: 2019-03-25 18:10:56+00:00

Document:
as20153L223
Auto Supremo Nº 223/2015-L.
Expediente: LP. 663/2010.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y forma de fs. 318 a 327, interpuesto por Miguel Ángel Pascual Díaz, contra el Auto de Vista Nº 110/2010 de 16 de abril de 2010, cursante de fs. 315, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso social de cobro de beneficios sociales, seguido por Claudia Patricia de Alencar Rojas y María de los Ángeles Oviedo Hernández, contra el recurrente, el auto que concedió el recurso de fs. 332, los antecedentes del proceso y:
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales, en cumplimiento al Auto de Vista Nº 031/2007 de 31 de enero (fs. 284), la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 052/2007, de 21 de julio de 2007 cursante de fs. 294 a 298, declarando Probada la demanda de fs. 6 a 8, debiendo el demandado Miguel Ángel Pascual Díaz, cancelar a las actoras la suma total de Bs. 23.306,72 (veintitrés mil trescientos seis 72/100). De los cuales a favor de Claudia Patricia Alencar Rojas, por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación, sueldos devengados, comisiones, horas extras y dominicales, la suma total de Bs. 11.575,65 (once mil quinientos setenta y cinco 65/100), y para María de los Ángeles Oviedo Hernández, por los mismos conceptos la suma total de Bs. 11.653,36 (once mil seiscientos cincuenta y tres 36/100); de los montos referentes a la indemnización y desahucio serán objeto de actualización, en ejecución de fallos de conformidad al D.S. 23381 de 29 de diciembre de 1992.
En grado de apelación deducida por ambas partes, de fs. 301 a 302 y de fs. 305, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncio el Auto de Vista Nº 110/10 de 16 de abril de 2010 de fs. 315, confirmando en parte la Sentencia Nº 052/2007, debiendo deducirse de la liquidación practicada, el monto que excede por dominicales, por lo que corresponde solo el reconocimiento de 3 domingos para Claudia Patricia Alencar Rojas y 2 domingos para María de los Ángeles Oviedo Hernández, manteniendo subsistente los demás conceptos.
Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 318 a 327, interpuesto por el nombrado recurrente, en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:
Acusó que el auto de vista, incurrió en errónea valoraron la prueba, desconociendo que dentro de un proceso judicial, lo que se debe buscar y conocer es la verdad histórica de los hechos, para llegar a una correcta fundamentación de la sentencia, facultando al juez rechazar cualquier solicitud cuando esta persiga un fin prohibido por la ley, que, del memorial de la demanda, se denota una xenofobia vergonzosa, al señalar su nacionalidad, como si mereciera un trato diferente, así como indicar que obligaba a las actoras comer sus alimentos en los sanitarios, como si fuese costumbre de las personas chilenas comer ahí, al señalar que desconocían su situación legal en este país. Asimismo refiere que no se tomó en cuenta que su persona se encontraba de viaje, por lo tanto no pudo haberlas despedido como tampoco su esposa quien no las contrató, hecho que fue aclarado ante instancias de la Jefatura de Trabajo.
Que, en el proceso se evidencia que el inspector de trabajo Jorge Botello también es abogado patrocinante, siendo esto una flagrante violación a las normas de ética profesional del abogado que debe comportarse con lealtad procesal, que si bien el derecho laboral es proteccionista del trabajador esto no debe ser un abuso que induzca al juzgador al error.
Que de las afirmaciones realizadas en la sentencia y auto de vista impugnado, se evidencia como común denominador la aplicación del art. 154 del Código Procesal del Trabajo, con relación a que se hubiese reconocido adeudar a las actoras de 3 y 2 domingos únicamente; asimismo, para determinar el retiro de las actoras no se consideró que su persona se encontraba de viaje y no podía haberlas despedido, con o sin causal, y tampoco que su esposa pudo haberlo hecho por teléfono, como señalan no fue ella la que les contrató, encontrándose esto afirmado en el memorial de demanda, que señala que en fecha 11 de febrero su persona se encontraba de viaje, declaraciones que deben ser consideradas conforme el art. 164 del CPT, disposición en la que el juez y el tribunal ad quem debieron en justicia, derecho y debido proceso negar lo demandado, tampoco consideraron ni compulsaron estos extremos con las declaraciones testificales de descargo, las mismas que señalaron que las demandantes se dieron por despedidas y que su persona se encontraba de viaje, también manifestaron que su persona como a cualquier otro empleado les daba un buen trato, carga de prueba que no ha sido considerada ni en sentencia ni en el auto de vista; que en fecha 18 de febrero de 2004, tuvieron una reunión en el bufete de la abogada de las actoras en la que su esposa se negó haberlas despedido, extremos reconocidos en la sentencia de primera instancia, cuando de manera textual refiere: “…fueron las señoritas las que renunciaron al cargo expresamente a su esposa vía telefónica, por lo cual la esposa del señor les pidió que esperan su regreso para solucionar el asunto y de acuerdo al informe de la encargada del local, ellas habían renunciado porque no soportaban ninguna llamada de atención de ella, ... indica además que al momento de su llegada no se presentaron a trabajar y en su lugar le mandaron una citación del Ministerio de Trabajo”, declaración que no fue tomada y como fundamento de su resolución se amparan en el art. 66 y 150 del CPT, olvidando hacer justicia, la misma que se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, y si bien la valoración corresponde a los jueces de instancia conforme el art. 1286 del CC y 397 del CPC, sin embargo al haberse demostrado el error en la valoración de la prueba conforme el art. 253. 3) del CPC, se demuestra que el retiro de las demandantes es voluntario, aspecto demostrado por los estados de cuenta corriente de fs. 143 a 147, 164 y 165, que acreditan que son las actoras quienes adeudan la suma de $us. 535,47 María de Alencar Rojas y $us. 502,47 María de los Ángeles Oviedo Hernández, importes adeudados por las prendas de vestir que sacaron de la tienda, incluso al 50% del precio de comercialización, importes que la única forma de cobrar era mediante la compensación del trabajo de las mismas en la tienda, importes que ascienden a Bs. 8.000 que no podrán ser cobrados, además de la injusticia de la sentencia y el auto de vista.
Acusó que se transgredieron las normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, vulnerando el art. 140 del CPT, al tramitar el proceso como si hubiera contestado la demanda en forma afirmativa y en algunas partes habría intentado desconocer los derechos que corresponden a las actoras.
Agrega el memorial de fs. 195, fue firmado y sellado únicamente por el abogado Jorge Botello, el mismo que presentó como abogado y por la apoderada momentáneamente impedida, sin embargo este memorial no es de mero trámite, por lo que debió ser rechazado por el juez de instancia, al no cumplir con lo preceptuado en el art. 92 del CPC, y al encontrarse fuera del alcance del art. 93 del CPC, sin embargo dicho memorial donde fue presentada la prueba fue admitida, y recepcionada.
Que conforme la notificación de fs. 142, el plazo de prueba de 10 días fue abierto mediante Auto de 11 de junio de 2005, que cursa a fs. 141 vta., empezando el 23 de agosto y venciendo el 7 de septiembre de 2005; sin embargo, la audiencia señalada para los testigos de cargo fue para el día 12 de septiembre, es decir cuando el periodo de prueba ya había vencido, bajo el argumento que sus testigos de cargo no se encontraban en la ciudad se solicitó nueva audiencia, la que no se llevó a cabo a raíz de que no fue notificada conforme a derecho al encontrarse en despacho el expediente, y que el juez a quo con el fundamento de evitar mayores perjuicios a las partes señalo nuevamente audiencia para el 26 de septiembre, pero de la revisión de la notificación la misma se realizó en el domicilio señalado, no existiendo ningún indicio ni prueba que hubiese sido realizada dicha diligencia en otro domicilio procesal.
Concluye señalando que, en mérito a lo expuesto interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, solicitando a este tribunal que en el hipotético caso de que no se case el auto de vista en todas sus partes y declare improbada la demanda, al haberse transgredido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, declaren la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta el auto de apertura de termino de prueba de fs. 141.
CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma e ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso, previamente a su consideración se aclara que, habiendo sido presentado en el fondo y en la forma, y tomando en cuenta la finalidad de cada uno de ellos, toda vez que el planteamiento del recurso en el fondo busca modificar el contenido de una resolución en la que se habría incurrido en errores in iudicando, mientras que el recurso de casación en la forma responde a errores in procedendo, infiriendo la nulidad de actuaciones por vulneraciones a las formas esenciales del proceso, situación que de ser evidenciada por el tribunal de casación, no requiere consideración en el fondo; razón por la cual se resuelve primeramente en la forma, sin que ello represente modificación alguna de los contenidos del recurso planteado, guardando la debida congruencia; estableciéndose por lo tanto, lo siguiente:
Resolviendo en la forma, en relación con el reclamo de se transgredieron las normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, vulnerando el art. 140 del CPT, cuando se tramita el proceso como si hubiera contestado la demanda en forma afirmativa en algunas partes he intentado en otras desconocer los derechos legítimamente le corresponden a las actoras. Que conforme la notificación de fs. 142, el plazo de prueba de 10 días fue abierto mediante Auto de 11 de junio de 2005, que cursa a fs. 141 vta., empezando el 23 de agosto y venciendo el 7 de septiembre de 2005; sin embargo, la audiencia señalada para los testigos de cargo fue para el día 12 de septiembre, es decir cuando el periodo de prueba había vencido.
Al respecto, previamente es necesario considerar que en el entendimiento del principio de legalidad (especificidad), manda que no hay nulidad sin ley especifica que lo establezca; por otro lado nadie puede fundar nulidad o indefensión originado en sus propios actos, siendo pertinente transcribir la máxima “nemo auditur propiam turpitudinem allegans”, que significa: “nadie será oído si alega su propia torpeza”, que emerge del principio de protección, en virtud de este principio que se funda en la moralidad, la nulidad sólo será declarada a petición de la parte perjudicada por el acto viciado, si no contribuyó a éste; en el caso de análisis el recurrente pretende que exista una presunta nulidad de actuados cuando el propio demandado, no reclamó en primera instancia estos supuestos errores procedimentales, toda vez que en el proceso no se evidencia que hubiera hecho los reclamos ahora traídos en casación, conforme dispone el art. 258. 3): “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del art. 252.”
Que, en el caso de autos, al no haber reclamado en tiempo oportuno se ha dado por convalidado, por el consentimiento de la parte, precluyendo su derecho, por tanto la nulidad solicitada, que no se justifica de manera alguna.
Resolviendo la casación en el fondo, se establece lo siguiente:
Con referencia a que el auto de vista, se incurrió en errónea valoraron la prueba, facultando al juez rechazar cualquier solicitud cuando esta persiga un fin prohibido por la ley, existiendo xenofobia con su persona; al respecto corresponde señalar que, si lo que pretendía el recurrente era acusar error de derecho o de hecho en la valoración de la prueba, no es suficiente el desarrollo de la cronología de los hechos, sino demostrar en qué consiste el error o falsedad, considerando que de acuerdo con la abundante y constante jurisprudencia nacional, se ha establecido que en aplicación del art. 1286 del Código Civil y del art. 397 del Código de Procedimiento Civil, la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, debiendo apreciarlas de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.” (Las negrillas son añadidas). Nótese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador.
Adicionalmente, es oportuno aclarar que en la interposición del recurso de casación, sea en el fondo, en la forma o ambos, se ha convertido en costumbre, dar por entendido que se debe aplicar el principio iura novit curia; sin embargo, se debe tener presente, como expresa Juan Carlos Lozano Bambarén en su obra, Recurso de Casación Civil, Editora Jurídica Grijley, primera edición, Lima, 2005, p. 173-174, que dicho principio “…sólo rige en las instancias de mérito, pues son éstas las que aprecian y valoran las pruebas, establecen la relación fáctica y determinan el derecho aplicable. La Corte Suprema no conoce los hechos, no aprecia prueba y sólo se pronuncia sobre el derecho invocado en el recurso de casación, y en su caso sobre aquellos vicios que atentan contra el debido proceso. De donde resulta claro que el citado principio procesal no es aplicable en el recurso de casación.” Que, en la especie, el recurrente se limita a mencionar una serie de omisiones sin fundar sus reclamos conforme las normas expuestas; tampoco se evidencia que haya existido xenofobia alguna en las resoluciones dictadas, mas por el contrario el tribunal de apelación en el auto de vista impugnado ha actuado conforme la sana critica.
Con referencia a que su persona se encontraba de viaje, por lo que no pudo despedir a las actoras como tampoco su esposa porque no las contrato; sobre el particular claramente se evidencia que las demandantes fueron despedidas por la esposa del recurrente, conforme sale de la misma contestación a la demanda y demás actuados en el proceso, toda vez que siendo el proceso social una instancia para precautelar los derechos de los trabajadores, éste puede acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que la carga de la prueba corresponde al empleador; vale decir, que siguiendo la línea protectiva del derecho social, estipula la obligación del empleador para desvirtuar los extremos demandados por las actoras, que en la especie, está demostrado que la relación laboral fue interrumpida de manera unilateral, aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente en aplicación del inciso h) del art. 3 y de los arts. 66 y 150, todos ellos del Código Adjetivo Laboral, sobre la base del principio de inversión de la carga de la prueba; en virtud del cual, el empleador se encuentra obligado a desvirtuar las afirmaciones o pruebas presentadas por la demandante, bajo alternativa de presunción de certidumbre, como dispone la parte in fine del art. 160 del mismo cuerpo legal; como consecuencia de lo descrito, se concluye que las actoras desarrollaron tareas o labores por cuenta ajena, a favor del recurrente, a cambio de una remuneración, como consta en el cuaderno procesal, que tampoco fueron desvirtuadas por el empleador; por lo que se demuestra que el tribunal de alzada hizo la valoración y compulsa adecuada de los actuados.
Con relación a que el inspector de trabajo Jorge Botello también es abogado patrocinante, siendo esto una flagrante violación a las normas de ética profesional del abogado que debe comportarse con lealtad procesal, al ser este punto ajeno a la litis no corresponde pronunciamiento alguno.
De las afirmaciones realizadas en la sentencia y auto de vista impugnado, las mismas tienen como común denominador la aplicación del art. 154 del Código Procesal del Trabajo, con relación a que se hubiese reconocido adeudar a las actoras de 3 y 2 domingos únicamente; al respecto de la revisión del proceso se evidencia que el recurrente afirmó adeudar a las actoras, conforme señala en su recurso de apelación de fs. 321; “comprobó este punto a fs. 14 a 50 de obrados donde se comprueba que a una actora le debo por tres domingos y a la otra por dos, tal como costa en el libro de entrada y salida y en los registros de la Empresa DETAKTA, que monitorea los días y horas que la tienda se abre, registros presentados desde la fecha que las actoras trabajaron hasta el último día que dejaron de asistir, fecha que inclusive coinciden con lo que ellas señalan en la demanda”.
Respecto a que se acredito que las actoras también le adeudan recurrente la suma de $us. 535,47 María de Alencar Rojas y $us. 502,47 María de los Ángeles Oviedo Hernández, importes que adeudan por las prendas de vestir que sacaron de la tienda, incluso al 50% del precio de comercialización, y que la única forma de cobrar era mediante la compensación del trabajo de las mismas en la tienda, importes que ascienden a Bs. 8.000 que no podrán ser cobrados, además de la injusticia de la sentencia y el auto de vista; al respecto corresponde señalar que, este punto no fue objeto de discusión ni resolución en el proceso, asimismo conforme lo dispuesto por el parágrafo IV de su art. 48, que dispone “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”, es decir que, por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, los beneficios sociales gozan de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, tienen privilegio y preferencia de pago sobre otros hechos que no fueron desvirtuados en el proceso.
Por lo señalado, resultan injustificables los argumentos de forma y fondo acusados en el recurso, de lo que se concluye que el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, por lo que, no habiendo incurrido el tribunal de alzada, en la vulneración de las normas invocadas, corresponde aplicar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del art. 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del art. 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 318 a 327, con costas.

References: resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 273
 artículo 252