Source: http://www.slideshare.net/Alinamica/76648415-derecho-pucp62
Timestamp: 2016-02-10 11:37:32+00:00

Document:
76648415 derecho pucp62
Fundamentos basicos del derecho
by Edgarli Bustos
Alinamica
© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009Av. Universitaria 1801, Lima 32, PerúTeléfono: (51 1) 626-2650Fax: (51 1) 626-2913feditor@pucp.edu.pewww.pucp.edu.pe/publicacionesDiseño de carátula e interiores: i designDiagramación de interiores: Juan Carlos García M.El contenido de los artículos publicados en DERECHO PUCP es responsabilidadexclusiva de los autores.Las tarifas de subscripción pueden verse en la última página de la revista.Derechos Reservados. Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, totalo parcialmente, sin permiso expreso de los editores.ISSN: 0251-3412Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 95-0868Registro del Proyecto Editorial: 31501360900257Primera edición: junio de 2009Tiraje: 600 ejemplaresImpreso en Tarea Asociación Gráfica EducativaPasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú
D i r e c to r Alfredo Villavicencio Ríos Co n s e j o Ed i to r i a l Alberto de Belaunde de Cárdenas Jorge Danós Ordóñez Iván Meini Méndez Ana Teresa Revilla Vergara Pedro Tomatis Souverbielle E q u i p o Ed i to r i a l Mario Drago Alfaro Mónica Nuñez Salas Miguel Morachimo RodríguezA s i s t e n t e Ad m i n i s t r at i va Manuela Fernández Castillo
Co n s e j o Co n s u lt i v o In t e r n ac i o n a l German Bidart Campos Antonio Cancado Trindade Francisco Fernández Segado Héctor Fix Zamudio Peter Häberle Jutta Limbach Pablo Lucas Verdú Antonio Ojeda Avilés Javier Pérez de Cuéllar Américo Plá Rodríguez Alessandro Pizzorusso Umberto Romagnoli Néstor Pedro Sagüés Tomás Salvador Vives
contenido	9	Presentación	11	La formación humanista y en valores éticos seguirá siendo la marca de identidad de los egresados de la Facultad	Entrevista a Walter Albán Peralta, Decano de la Facultad de Derecho PUCP A l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s / Alberto de Belaunde de Cárdenas	21	La reforma del Poder Judicial debe tener una dimensión política de la que no se habla Marcial Antonio Rubio Correa	45	La cohesión social y el Ministerio Público en América Latina L u i s Pá s a r a	69	La información y la toma de decisiones en la política pública judicial: una reflexión a partir del análisis de la carga procesal en el Perú Wilson Hernández Breña	87	La otra justicia: fundamentos, desarrollo y avances legislativos del arbitraje en el Perú M a r i o C a s t i l lo F r e y r e / R i c a r d o Vá s q u e z K u n z e / R i ta S a b r o s o M i n aya	0 1	1 Pecados capitales, mentiras verdaderas de la reforma: enfrentando el silencio cómplice M a r í a A n t o n i e ta D e lg a d o M e n é n d e z115	El acceso a la justicia como condición para una reforma judicial en serio J av i e r L a R o s a C a l l e129	Discrecionalidad e independencia del juez como base para la reforma de justicia en el Perú Juan Morales Godo143	El fundamento constitucional de la justicia comunal Juan Carlos Ruiz Molleda167	La edificación de la moral relevante para la política y el Derecho Los aportes de las éticas deontológicas y las éticas comunicativas de raíz kantiana R e y n a l d o B u s ta m a n t e A l a r c ó n
191	Formación en valores: ¿responsabilidad de la Facultad de Derecho? B e at r i z B o z a D i b ó s / Fernando Del Mastro Puccio217	La actualización de la ética profesional: declaraciones, interpretaciones y recomendaciones del Colegio de Abogados de Chile Pa b l o F u e n z a l i d a C .247	Consideraciones sobre ética, derecho y ambiente P i e r r e F oy Va l e n c i a263	El principio de equidad en la Ley General del Ambiente: ética y justicia ambiental I va n K . L a n e g r a Q u i s p e275	El ejercicio subordinado de la abogacía: límites e implicancias de las cargas deontológicas sobre la relación laboral del abogado Marielena Houghton Soto289	Graduación de sanciones en la responsabilidad del abogado por las faltas cometidas por personas no-abogadas que se encuentran bajo su supervisión G lo r i a Z u b i z a r r e ta R o n d ó n305	Concurso de ensayos de estudiantes: menciones honrosas M i g u e l Á n g e l S o t o / S a n d r a V i o l e ta E c h a i z Moreno /María Gracia Osores Guiulfo309	Crónica del claustro317	Reseñas bibliográficas319	Guevara Gil, Armando. Espejismos desarrollistas y autonomía comunal: el impacto del los proyectos de desarrollo en el lago Titicaca (1930-2006). Lima: PUCP Departamento Académico , de Derecho, 2007321	Meini Méndez, Iván. El dominio de la organización en Derecho penal. Colección Derecho PUCP Lima: Palestra Editores, . 2008.322	A rce Ortiz, Elmer. Régimen laboral de los artistas en el Perú. Colección Derecho PUCP Lima: Palestra Editores, 2008 .
PresentaciónEn el marco del 90 aniversario de la Facultad de Derecho de nuestraquerida Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho PUCP co-mienza con este número una nueva etapa, dirigida a consolidar su rolcomo vocero del quehacer académico de los docentes y estudiantes desu claustro. Para ello, en primer lugar, no solo adopta una nueva pre-sentación gráfica, sino que se torna de periodicidad semestral, de modoque se amplíe el espectro para la publicación de ensayos y se tenga unamayor cercanía e impacto en los temas que la agenda pública o jurídicaponga a debate.A su vez, se ha incorporado a dos estudiantes al Consejo Editor, previaselección por méritos, y se ha llevado a cabo un concurso de ensayos deestudiantes, que busca incentivar el desarrollo de la investigación querealizan nuestros alumnos en las diversas asignaturas. El ensayo gana-dor se publica en este número y, para las tres menciones honrosas, sepresentan reseñas que dan cuenta de sus principales alcances. En elcampo docente, se ha buscado una relación más intensa con las dis-tintas áreas de conocimiento y se ha recibido una importante cantidadde colaboraciones.También se le da una orientación temática. Debe resaltarse que, en esteprimer número, se han elegido las dos materias a través de las cuales lasautoridades de nuestra Facultad buscan proyectarla hacia la sociedad: lareforma del sistema de justicia, y la ética y responsabilidad profesional.Se presentan, así, catorce ensayos alrededor de tales materias, de nues-tros profesores y docentes invitados de España y Chile, a los que acom-paña una entrevista al decano, doctor Walter Albán Peralta, en la queda cuenta de su visión respecto del rol que debe cumplir una instituciónen los tiempos en que vivimos.A todos ellos extendemos nuestro profundo agradecimiento, así como a lajefa del Departamento, doctora Elvira Méndez Chang. Debe sumarse aello nuestro reconocimiento a la señalada labor de Mario Drago Alfaro,Mónica Núñez Salas y Miguel Morachimo Rodríguez, integrantes delequipo que ha tenido bajo su responsabilidad la coordinación y diversastareas de elaboración, revisión y corrección del material publicado, asícomo a Manuela Fernández Castillo, por su valioso apoyo administrativo. Alfredo Villavicencio Ríos Editor general
La formación humanista y en valores éticosseguirá siendo la marca de identidad de losegresados de la FacultadEntrevista a Walter Albán Peralta, Decano de la Facultadde Derecho PUCPA l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s /Alber to de Belaunde de CárdenasEstando por terminar la primera década del siglo XXI, ¿cuáles consi-dera que son los ejes de preocupación principal en la conducción deuna Facultad de Derecho comprometida con el país?Nuestra Facultad no solamente tiene por delante el reto de acreditarniveles de excelencia académica que le permitan mantenerse como lamás prestigiosa en el país y entre las mejores en la región latinoameri-cana, sino que, además, este esfuerzo debe ir de la mano con el objetivode formar profesionales comprometidos con una realidad que demandacambios profundos en lo que se refiere al sistema judicial vigente y alejercicio de la profesión del abogado. En esta dirección, constituyen ejesprincipales de acción, en el presente decanato, la propuesta al país de unnuevo Código de Ética para abogados y abogadas, cuya difusión y debatehemos iniciado recientemente, así como contribuir a la reforma judicialde manera efectiva, a partir de la propuesta que la CERIAJUS entregóhace casi cinco años, particularmente en lo que atañe a los desafíos pen-dientes en materia del acceso a la justicia.Resultan muy sugerentes los dos temas de proyección que ha decidorealzar en su decanato, ¿considera que existe alguna relación entre laética profesional del abogado y la reforma del sistema de justicia?Desde luego, muchas de las deficiencias de nuestro sistema judicial es-tán directamente relacionadas con las carencias en la formación de losnuevos profesionales del Derecho y a un ejercicio que tiende a desarro-llarse, cada vez más, ajeno al respeto de los valores y principios éticosque debieran orientar su realización. No podemos soslayar en ello elimpacto negativo que deriva del crecimiento desordenado de la canti-dad de facultades de Derecho a nivel nacional, que termina arrojandoanualmente al mercado una cantidad de abogados muy superior a la queeste podría absorber en condiciones adecuadas. Esta situación se agravacuando constatamos que, en la actualidad, los colegios de abogados noofrecen medios eficaces para controlar las malas prácticas de sus miem-bros, al mantenerse vinculados a códigos de ética en gran medida obso-letos y al carecer de instrumentos eficaces de sanción de aquellas. ISSN: 0251-3412
12 ¿Cuáles son las principales actividades a realizar en los campos de la ética profesional y la reforma de la justicia? En noviembre pasado, durante una ceremonia pública que tuvo lugar en nuestro auditorio en el Fundo Pando, presentamos ante las principales autoridades del país involucradas en el quehacer jurisdiccional el Pro- yecto del Nuevo Código de Ética que, desde hacía un año atrás, habían venido elaborando las asociaciones de estudiantes de nuestra Facultad, con la colaboración de un grupo de docentes liderado por la doctora Beatriz Boza. Hoy este proyecto es intensamente debatido en sesiones semanales con los miembros de nuestra planta docente y próximamente iniciaremos su difusión y debate en las principales ciudades del país, con la colaboración de las facultades de Derecho que forman parte de la red de universidades que integran el consorcio con la PUCP . En lo que respecta a la reforma judicial, hemos puesto especial énfasis en la situación de las rondas y comunidades campesinas y nativas. Estas, aunque conforme con el artículo 149 de la Constitución les asiste el de- recho de contar con una jurisdicción especial, se ven permanentementea l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s / A l b e r t o d e B e l a u n d e d e C á r d e - atropelladas al ser sus dirigentes objeto de persecución penal por parte de las autoridades de la jurisdicción estatal, bajo acusaciones de delito en las modalidades de secuestro o usurpación de funciones. Se trata de un tema delicado y de profundo contenido social, ante el cual se requie- re una aproximación seria y reflexiva que contribuya a dar luces y así esclarecer una situación que para muchos resulta todavía novedosa y confusa. Es allí donde la Universidad debe prestar su concurso y aportar conocimiento y análisis. En ese sentido, hemos promovido —y seguiremos haciéndolo durante todo el año 2009 y los años siguientes— distintos espacios de reflexión y debate sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisdicción especial que la Constitución les reconoce. En esa dirección, a manera de experiencia piloto, venimos desarrollando una labor orientada a crear espacios de diálogo entre rondas campesinas y autoridades estatales en la región San Martín, y contamos para ello con el apoyo de la agencia GTZ de la Cooperación Alemana. Paralelamente, en el ámbito académico, hemos diseñado un curso que explora los temas sustantivos involucrados en esta problemática y nos encontramos avocados a incorporar en el Plan de Estudios de nuestra Facultad los contenidos sobre los derechos de estos pueblos y su juris- dicción especial. Un proyecto que toca ambos temas —la reforma del sistema de justi- cia y la ética profesional— es el del pro bono. ¿Cuál es la importancia del pro bono y qué rol cumplirá la Facultad de Derecho en dicho programa?
Se trata de una deuda que los profesionales del Derecho mantenemosdesde hace mucho tiempo atrás con la sociedad y con el país. Se sabeque, en una realidad con tan profundas desigualdades sociales y en laque los niveles de pobreza y pobreza extrema llegan a porcentajes tan 13altos como los que tenemos en el Perú, son muchísimas las personas que La formaciónno se encuentran en condiciones de acceder al patrocinio de sus casos humanista y en valores éticosmediante la contratación de un abogado o abogada de su elección. De seguirá siendola misma manera, son conocidas las deficiencias del actual sistema de la marca dedefensa pública de oficio en los tribunales, limitado a escasos ámbitos identidad dedel quehacer jurisdiccional y ofrecido en condiciones que no garantizan los egresadosmínimos estándares de calidad en el servicio. de la FacultadPodemos preguntarnos entonces si acaso resulta ético que, en una si-tuación como la descrita, los profesionales del Derecho que ejercen exi-tosamente en el ámbito privado no presten cuando menos un tiempomarginal de su labor a la atención de casos mediante la modalidad del a l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s / A l b e r t o d e B e l a u n d e d e C á r d e n a spro bono. La respuesta es, decididamente, no. Se requiere, sin embargo,generar los mecanismos y espacios adecuados para hacer posible quelos servicios pro bono puedan brindarse de manera extendida y eficien-te. Otra vez entonces corresponde a la institución universitaria y, par-ticularmente, a nuestra Facultad de Derecho brindar su concurso paracontribuir al diseño y la puesta en práctica de un sistema de ejercicio probono en Lima, extensible progresivamente al resto del país, a partir denuestro consorcio con las facultades de Derecho que forman parte dela red.Hay quienes sostienen que la ética es algo que uno trae consigo ensu formación y que no es necesario un curso al respecto. ¿Qué opinade dicha afirmación? La ética, como otros aspectos del desarrollo personal, supone una cons-trucción constante. En consecuencia, sería un error que la formaciónuniversitaria obviara esta importante dimensión de la tarea educativa.Por lo demás, la experiencia práctica somete al profesional del Derecho,día a día, a situaciones y dilemas de contenido ético, frente a los cualesno siempre es fácil establecer la línea de conducta exigible o correcta.Ese es el sentido de un curso de ética, orientado a reforzar valores y prin-cipios de esta naturaleza, que brinde al mismo tiempo pautas precisas deactuación frente a contingencias propias del ejercicio profesional en laactualidad.Pero ciertamente un curso de ética resulta insuficiente y, por ello, laevaluación del actual Plan de Estudios y las propuestas para su modi-ficación contemplan un componente ético de carácter transversal enla currícula. Al mismo tiempo, se ha examinado con detenimiento lasprácticas y usos que prevalecen en la Facultad en torno a las relacionesentre los propios estudiantes, así como las de estos con las autorida-des y el personal docente y administrativo. Todo ello comprende una
14 dimensión de enorme incidencia en la formación de nuestros estudian- tes, que, sin embargo, suele ser ignorada, por no formar parte de la malla curricular propiamente dicha. Esta constatación ha llevado a quienes han trabajado más estos aspectos a denominarla la «currícula oculta», cuya trascendencia obliga a un examen minucioso de tales relaciones, a fin de garantizar su adecuación a las reglas y principios éticos que inten- tamos promover a lo largo de toda la formación universitaria. ¿Por qué existen tan pocos estudiantes con vocación por la judicatura? Esta falta de vocación de nuestros egresados por la judicatura constituye ya una constante que es necesario examinar con todo detenimiento. Probablemente ello tiene que ver con la escasa legitimidad de la función jurisdiccional en nuestro medio, que se proyecta a una percepción ne- gativa acerca del rol que cumple la magistratura en los juzgados y tribu- nales ordinarios. En este sentido, basta con reparar en la ubicación que el Poder Judicial ocupa en todas las encuestas de opinión en las que se mide el grado de confianza en las instituciones, para verificar la baja esti-a l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s / A l b e r t o d e B e l a u n d e d e C á r d e - ma que la ciudadanía guarda respecto de jueces y fiscales en general. De otro lado, los continuos y frustrados intentos por llevar a cabo una reforma integral del sistema judicial han terminado por generar des- aliento y escepticismo acerca de las posibilidades materiales de superar los viejos problemas de centralismo, burocratismo, dilación de procesos, corrupción y otros que afectan gravemente su actual funcionamiento. De cualquier manera, esta perspectiva tiene que ser revisada, al tener presente que las actuales deficiencias del aparato judicial constituyen sin duda uno de los obstáculos más serios para un ejercicio ético de la profesión del abogado. Si queremos elevar los estándares éticos de los profesionales del Derecho, no podemos renunciar a promover el cambio y a una mejora permanente de los servicios de justicia, lo que demanda a la vez que, progresivamente, un mayor número de nuestros egresados opten por integrarse a la magistratura. La comisión encargada de evaluar el Plan de Estudios de la Facultad ha elaborado un perfil ideal del egresado. ¿Cuáles son las principales características de dicho perfil? ¿Qué medidas concretas deben to- marse para que este se cumpla? Este es uno de los instrumentos más valiosos con los que cuenta la Co- misión que evalúa el Plan de Estudios, para definir el sentido de los cam- bios o mejoras que habría que realizar en la actual currícula. Este perfil de salida del estudiante de nuestra Facultad, incide de manera especial en el sentido ético de la profesión, a la par de un sólido conocimiento del Derecho y su relación con las disciplinas afines. Este egresado debe ha- ber desarrollado además, habilidades y competencias profesionales que le permitan iniciar su ejercicio profesional de manera exitosa, cualquiera
sea el ámbito en el que decida hacerlo, pero siempre con integridad ysentido de responsabilidad social.Para que la Facultad se encuentre en condiciones de garantizar ese perfil 15de egresado, resulta indispensable realizar algunos ajustes en el actual La formaciónsistema de enseñanza. A tal efecto, se viene trabajando intensamente en humanista y enlas medidas a adoptar en función de cuatro áreas formativas: el ámbito valores éticosde los valores; de las competencias interpersonales; de conocimientos y seguirá siendode las aptitudes profesionales. la marca de identidad de¿Qué espera de los estudiantes de Derecho durante los próximos los egresadosaños? ¿Existe algún rol que deban asumir más allá de las aulas? de la FacultadHace algunos años, fueron invitados dos antiguos dirigentes de la FE-PUC. Ellos habían liderado desde diferentes, y en ocasiones antagónicasopciones políticas, el movimiento estudiantil en nuestra universidad ha-cia fines de los sesenta. Al ser interrogados acerca de cómo evaluaban a l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s / A l b e r t o d e B e l a u n d e d e C á r d e n a ssus años de dirigentes estudiantiles, ambos coincidieron en que la pre-gunta que los estudiantes trataban de responder en aquellos días, no era¿Cómo puede la universidad asegurar mi futuro personal y profesional?Sino más bien, ¿Cómo puede la universidad, asegurar el futuro del país yqué podemos hacer para contribuir a ello? Pues bien, creo que esa es lacaracterística de nuestra universidad, el estudiante no termina encerra-do en un microcosmos de conocimientos especializados, preparándosepara insertarse en un segmento de la realidad que le garantice prestigio yéxito personal. El egresado de la PUCP en general, y de nuestra Facultaden especial, sin renunciar a un legítimo desarrollo individual, ubica suejercicio profesional a partir de una visión del país y de los problemasmás graves que esa realidad demanda atender.Desde esa ubicación y a partir de los valores éticos, formación humanis-ta y sentido de responsabilidad social, inherentes a la formación recibidaen nuestras aulas, no es difícil advertir las tendencias predominantes enlas opciones que adoptan nuestros egresados. Esta ha sido y estoy seguroseguirá siendo la marca de identidad de los egresados de la Facultad.Los tiempos cambian sin embargo y, con ello, los desafíos a los que de-bemos hacer frente. Por eso requerimos renovarnos permanentemente,a fin de dotar a los futuros profesionales del Derecho, de todas las herra-mientas que les permitan hacer frente con éxito a esos nuevos retos. Delos egresados de nuestra Facultad, espero un rol de liderazgo en el país,particularmente en el ámbito del funcionamiento del sistema judicial,a fin de contribuir a una mejora sustantiva del mismo, que le posibili-te cumplir cabalmente su misión, hoy en gran medida desatendida, deresolver conflictos, proteger los derechos fundamentales y controlar losabusos del poder.Se dice que una universidad que no investiga no es una universidad.¿Cómo se planea incentivar la investigación entre los alumnos, en
16 especial tomando en cuenta que cada vez son menos los alumnos que deciden elaborar una tesis al graduarse? Esta es sin duda una cuestión central, y ha sido abordada a profundidad por la comisión que evalúa el Plan de Estudios de la Facultad. En esa dirección, las medidas que habrán de adoptarse próximamente, al con- cluir con su labor la citada comisión, contemplan diferentes aspectos que se hace indispensable atender e impulsar, para obtener una avance significativo en lo que toca a la tarea de investigar en la universidad. Los factores que hoy desalientan esta actividad, esencial en la formación superior, son múltiples y, en consecuencia, no resulta aconsejable en- sayar respuestas aisladas, o que no respondan a una visión de conjunto respecto al rol que corresponde a la universidad y a los profesionales del Derecho. En esa perspectiva, se ha previsto promover la investigación en varios niveles, comenzando por la ampliación de la labor de investigación en la plana docente de la Facultad, particularmente con quienes prestan susa l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s / A l b e r t o d e B e l a u n d e d e C á r d e - servicios a tiempo completo a través del Departamento de Derecho. La Facultad de Derecho cumple noventa años. ¿Cuál considera que ha sido su principal aporte a nuestro país? A lo largo de estas décadas, la Facultad de Derecho de la PUCP ha formado profesionales de primer nivel en las distintas ramas del conoci- miento y especialización profesional. Se puede afirmar, sin temor a caer en la exageración, que tanto en el ámbito público como en el privado los abogados y abogadas formados en esta universidad han sobresalido nítidamente en función de su calidad como profesionales y de los valores que saben proyectar en su ejercicio cotidiano. Por lo demás, nuestra Facultad ha estado siempre a la vanguardia de la innovación en la metodología de enseñanza del Derecho. La reforma emprendida a fines de los años sesenta marcó un hito tanto en el país como en la región latinoamericana, al zanjar drásticamente con la en- señanza basada sobre recursos memorísticos y clases magistrales; se la centró, entonces, en el desarrollo de capacidades analíticas y de razona- miento lógico. El abogado y la abogada de la PUCP se distinguen desde entonces por una aproximación creativa ante el fenómeno jurídico, que trasciende la literalidad de los textos normativos y la rigidez de los códi- gos, y que adentra en la compleja realidad de los hechos y las situaciones ante las que debe poner en práctica su conocimiento y competencia profesional. Otro aspecto importante a considerar como aporte desde la PUCP es el hecho de que la plana docente de las principales universidades que cuentan en el país con facultades de Derecho se ha nutrido —y conti- núa haciéndolo— de profesores o abogados egresados de nuestra Facul- tad. En este sentido, es un dato sugerente el hecho de que las principales
facultades de Derecho de universidades privadas en Lima tienen o hantenido en su conducción a docentes de la nuestra.En la misma dirección, ubicamos la producción académica de nuestros 17docentes, multiplicada por un fenómeno inédito en nuestro medio, La formacióncomo el que representa la vertiginosa labor que cumplen nuestras aso- humanista y enciaciones de estudiantes, que publican desde años atrás sendas revistas valores éticosde gran prestigio y reconocimiento en el mundo del Derecho. seguirá siendo la marca deFinalmente, a través de actividades de proyección social, clínicas jurídi- identidad decas, extensión y educación continua, además de las que inciden directa- los egresadosmente en la elaboración de estudios y propuestas para la mejora de los de la Facultadservicios de justicia en el país, nuestra Facultad complementa esta laborde proyección hacia la comunidad y mantiene una vocación de serviciopermanente hacia esta, rasgo que, como queda dicho, la caracteriza des-de sus orígenes. a l f r e d o v i l l av i c e n c i o r í o s / A l b e r t o d e B e l a u n d e d e C á r d e n a s
La reforma del Poder Judicial debe tener unadimensión política de la que no se hablaMarcial Antonio Rubio Correa*SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.– II. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y,DENTRO DE ELLA, EL PODER JUDICIAL, ESTÁN MAL PENSADOS EN ELPERÚ.– III. EL PODER JUDICIAL NO ES UN PODER POLÍTICO DENTRO DELESTADO Y DEBE SERLO.– IV. UNA RAÍZ HISTÓRICA DE LA NATURALEZAPOLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.– V. EL MODELO DE UNJUEZ QUE «APLICA» LA LEY LLEGA HASTA NOSOTROS Y TAMBIÉN TIE-NE ORIGEN POLÍTICO.– VI. LA INTERVENCIÓN DE MONTESQUIEU EN ELDISEÑO DEL MODERNO PODER JUDICIAL.– VII. CÓMO PODER DISEÑARLAS FUNCIONES DE UN PODER JUDICIAL CON SUS DIMENSIONES POLÍ-TICA Y TÉCNICO-JURÍDICA.– VIII. EL ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA ELGOBIERNO DEL PODER JUDICIAL.– IX. A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL.I. IntroducciónEste es un escrito que no juzga ni critica la conducta de persona alguna.Pretende explicar lo que nos parece un problema estructural en el PoderJudicial y en su reforma para desarrollo y progreso de la administraciónde justicia. Guardamos el mayor respeto por la labor de los magistradosjudiciales pero, para decirlo de manera gráfica, consideramos que va enun vagón del tren del Estado que no está concebido para avanzar a lavelocidad de desarrollo de los otros. También pensamos que no se tratade reformarlo o remozarlo sino de repensarlo en el contexto de la organi-zación constitucional del Estado.Utilizaremos aquí el concepto de lo político como el interés y trabajo porla cosa pública, no como lucha de los partidos políticos por hacerse delpoder y gobernar. Consideramos que la administración de justicia tieneuna dimensión técnico-jurídica que le es consustancial, pero cuyo obje-tivo definitivo no es resolver todos los procesos judiciales posibles sino pacifi-car la sociedad y eliminar eficientemente sus conflictos con las armas delDerecho. Creemos que los jueces peruanos, de buena fe, consideran quesu tarea es lo primero y que, a la larga, por una serie de costumbres quese transforman en cultura institucional, pueden sacrificar la pacificaciónal activismo de la resolución de procesos. Creemos que, si una reflexiónreposada sobre estos temas nos lleva a esta conclusión, debemos tratarde cambiar esa cultura institucional y las bases organizativas sobre lasque reposa.*	Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la PUCP desde 1994. Vicerrector Académico de la PUCP. ISSN: 0251-3412
22 La agenda técnica de la reforma del Poder Judicial ha sido desarrollada extensamente en los trabajos internacionales sobre el tema y, también, está claramente especificada en el ámbito interno peruano. Puede ser revisada en el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Ad- ministración de Justicia – CERIAJUS, diseñado en Lima el 23 de abril de 2004. También hay aportes al tema en la obra Gobierno y adminis- tración del Poder Judicial, organización de la función jurisdiccional y sistema de carrera judicial de la que es editor Francisco Eguiguren; en el trabajo de Javier de Belaunde, titulado La reforma del sistema de justicia. ¿En el camino correcto?; y en el libro editado por Henry Pease García y Giofianni Peirano Torriani, a propósito del Seminario durante los noventa años de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre reforma del Estado peruano. No obstante ello, y a pesar de que el informe de la CERIAJUS tiene un alto grado de aceptación como núcleo de ideas, no ha sido debidamente ejecutado en los cuatro años y medio que han transcurrido desde su finalización y presentación pública. La pregunta es: si la reforma judicial es tan importante y hay ideas claras, ¿por qué no se lleva a cabo? Existe un conjunto de elementos a tener en cuenta para dar respuesta a esta pregunta. Usualmente se esgrimen falta de decisión política, falta de presupuesto y falta de voluntad de ejecución. Nosotros, sin embargo, creemos que tras esta incapacidad de realizar la reforma hay, también, un problema de estructura política del Poder Judicial, y de ello trata este artículo. Si este problema se aborda y resuelve, tal vez la reforma del Poder Judicial vaya hacia delante; tal vez, no. Pero, si no se aborda, no habrá tal reforma, como no la ha habido en todos estos años. II . L a a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a y, d e n t r o d e e l l a , e l P o d e r J u d i c i a l , e s tá n m a l p e n s a d o s en el Perú La Constitución peruana es, para nosotros, un texto normativo de mu- chas buenas intenciones pero con tremendos defectos formales, demarcial rubio correa La versión íntegra del informe puede consultarse en la siguiente página www.congreso.gob.pe/ comisiones/2004/ceriajus. Eguiguren Praeli, Francisco José (coordinador). Gobierno y administración del Poder Judicial, organización de la función jurisdiccional y sistema de carrera judicial. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2002. Belaunde López de Romaña, Javier de. La reforma del sistema de justicia ¿En el camino correcto? Lima: Instituto Peruano de Economía Social de Mercado y Konrad Adenauer Stiftung, 2006. Capítulo V: «Exposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y Presidente del Poder Judicial, doctor Francisco Távara C.». En Henry Pease García y Giofianni Peirano Torriani (editores). Reforma del Estado peruano. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2008. La nuestra es la única Constitución Política de Estado que conocemos en el mundo que tiene una errata oficial que cumplió un cuarto de siglo el 31 de diciembre de 2008: precisamente, al tratar de los principios y derechos de la función jurisdiccional que aquí nos ocupan, puede verse que el inciso 15 del artículo 139 está íntegramente repetido dentro del inciso 14. Sin duda, una desatención del mecanógrafo que se convierte en fuente oficial de Derecho sin que el Congreso haya hecho profilaxia legislativa elemental y de decencia a lo largo de veinticinco años.
técnica y de concepto. Esto es perfectamente aplicable al tema de admi-nistración de justicia y del Poder Judicial. Repasémoslos brevemente.El artículo 139, inciso 1, de la Constitución dice: « Son principios y 23derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la La reforma delfunción jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción algu- Poder Judicialna independiente, con excepción de la militar y la arbitral […]». debe tener una dimensiónNo entraremos aquí en la discusión de si la militar y la arbitral son ju- política de larisdicciones. El hecho es que no hay unidad y exclusividad de función que no se hablajurisdiccional, mas si hay entidades independientes que ejercen juris-dicción. Además, el inciso 1 del artículo 139 de la Constitución estáequivocado, porque otros dispositivos constitucionales también otorganatribuciones jurisdiccionales independientes al Jurado Nacional de Elec-ciones (artículos 142 y 181), al Tribunal Constitucional (artículo 202) ya las autoridades comunales dentro de sus ámbitos territoriales (artículo149). A nuestro criterio, el artículo 142 de la Constitución también dacarácter jurisdiccional a la evaluación y ratificación de jueces en manosdel Consejo Nacional de la Magistratura, pero, que sepamos, esto no seha sostenido por otros y tampoco ha aparecido en las enumeraciones delTribunal Constitucional cuando trata de los órganos con jurisdicción.De manera que hay desorden y desestructuración dentro de la Cons-titución cuando se tratan los temas de administración de justicia y delos órganos encargados de ella. Es mala señal respecto a la importanciaque el constituyente da a estos aspectos del Estado y de la pacificaciónsocial.Vinculado con este primer defecto, hay uno segundo: sistemáticamente,el capítulo VIII del título IV de la Constitución se denomina «Poder Ju-dicial», pero su contenido más trascendente lo constituyen los principiosy derechos de la función jurisdiccional, normados en el artículo 139, quedeben ser obedecidos por todos aquellos que ejercen jurisdicción y no solopor el Poder Judicial, como podría hacer suponer una equivocada inter-pretación por la ubicación de la norma dentro del sistema jurídico.La organización del Poder Judicial no es clara en absoluto, como sí lo sonla del Legislativo o la del Ejecutivo: marcial rubio correa –	El artículo 143 dice, simplemente, que «El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración». Los	El tema es relevante porque el Tribunal Constitucional tuvo que hacer explícitamente esta precisión. Dijo: «32. Conforme a lo expuesto, ningún órgano estatal está autorizado para funcionar desvinculado de la Norma Suprema, toda vez que las denominadas “garantías judiciales”, consagradas tanto en nuestra Norma Fundamental como en la Convención Americana de Derechos Humanos, no sólo son de aplicación en sede del Poder Judicial, sino también en cualquier otro ámbito en el que se ejerza, formal o materialmente, funciones de naturaleza jurisdiccional, como es el caso de los órganos que integran la jurisdicción militar». Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 09 de junio de 2004 en el expediente 0023_2003_AI_TC, sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo; en diversos artículos del decreto ley 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar; del decreto ley 23214, Código de Justicia Militar; y de la ley 27860, del Ministerio de Defensa.
24 órganos jurisdiccionales están mencionados, cuando menos con refe- rencias esenciales, pero los de gobierno y administración no lo están en absoluto. –	La distinción entre lo que pertenece al ámbito jurisdiccional y los de gobierno y administración no es clara ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A nuestro criterio, las atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema, establecidas en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y las del Consejo de Go- bierno del Poder Judicial, establecidas en el artículo 81 del mismo cuerpo legal, no tienen una clasificación adecuada y, por tanto, no distinguen en forma debida lo jurisdiccional de lo demás. En el libro editado por Francisco Eguiguren con el título Gobierno y administra- ción del Poder Judicial, organización de la función jurisdiccional y sistema de carrera judicial ya citado antes, todo el capítulo I de la primera parte está destinado a estudiar este tema. Nosotros trabajaremos sobre ello en páginas posteriores. –	La Corte Suprema es descrita en la Constitución como un órgano de funciones estrictamente jurisdiccionales y no como un órgano de con- ducción de la administración de justicia. El artículo 141 de la Carta dice: «Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173». –	Los magistrados de la Corte Suprema son seleccionados y elegidos por sus cualidades jurisdiccionales, no por su capacidad de gobernar una es- tructura institucional de miles de jueces y de más de diez mil empleados, con presencia en todo el territorio nacional. Todas estas normas demuestran que, en el plano constitucional, el Po- der Judicial y su conducción, así como la administración de justicia en general, están tratados desprolijamente, sin un orden consistente y una clasificación de funciones que tenga racionalidad dentro del concepto moderno de la gestión de instituciones públicas. Este desorden, que es del constituyente y no del juez, es una clara demostración de que, en materia diseño institucional, el Perú no tiene una idea clara de cómomarcial rubio correa legislar la administración de justicia y el Poder Judicial. III . E l P o d e r J u d i c i a l n o e s u n p o d e r p o l í t i co d e n t r o d e l E s ta d o y d e b e s e r lo En el Perú, el Poder Judicial no es, desde el punto de vista institucional, un poder político, y las razones son a nuestro juicio dos: La primera, que no tiene legitimación electiva y, por consiguiente, el poder que ejerce carece de fundamento democrático. Debemos destacar
que, a nuestro criterio, el juez que realiza función jurisdiccional debe te-ner competencia profesional y no legitimación democrática, pero quienejerce el gobierno del Poder Judicial sí debe tenerla, sea una persona oun organismo colegiado. Esto, desde luego, exige que previamente al di- 25seño institucional del Poder Judicial se diferencien los aspectos que per- La reforma deltenecen a la política y administración, de un lado, y los que pertenecen Poder Judiciala la labor propiamente jurisdiccional, del otro, a fin de separarlos como debe teneratribuciones específicas de cada grupo de magistrados: los políticos y los una dimensión política de lajurisdiccionales. que no se hablaLa segunda, que el Poder Judicial parece tener actualmente por misiónesencial dar trámite a los procesos de manera técnica y no la que cree-mos es su misión esencial: pacificar el país. Esto, en nuestro criterio, semuestra de diversas maneras. Algunas, al azar, son las siguientes: a.	La Corte Suprema no ha considerado como su función impulsar la ju- risprudencia vinculante en el país. Solo en los últimos tiempos, y sin negar la importancia de estos recientes aportes, ha iniciado esta tarea de manera fragmentaria. b.	Tampoco la Corte Suprema ha promovido convertirse de instancia de resolución de procesos en órgano de orientación de la actividad juris- diccional con una carga procesal menos agobiante, que le permita dictar sentencias de fondo como precedentes vinculantes y en los temas tras- cendentales. c.	Muchas veces, un tribunal no tiene rubor alguno en devolver el trámite de un largo proceso a sus primeros pasos al dictar la existencia de una nulidad, sin evaluar ni fundamentar si regresar a las primeras fojas el ex- pediente es mejor para la pacificación que aplicar la regla invalidante. El culto a la forma es una prueba sumamente indicativa de la preferencia de la misión técnica por sobre la misión política de pacificar. d.	Los jueces tienen una inmensa sabiduría sobre los procesos y sus prin- cipales problemas de celeridad. Sin embargo, nunca se ve que el Po- der Judicial como conjunto sea una fuerza poderosa de modificación y simplificación de los procedimientos existentes. Antes bien, su actitud inmensamente preponderante es aplicarlos tal como son. marcial rubio correaPodríamos añadir muchos otros elementos de hecho, pero solo estos yademuestran claramente, a nuestro juicio, que no está en el debate usualde los jueces su tarea de pacificación social sino que, más bien, dan pre-ferencia a su actuar de manera técnicamente adecuada, con un apegoespecial a las formas. En nuestra opinión, este es un tema de culturainstitucional y no uno de incapacidad: los jueces asumen que las cosas	El Tribunal Constitucional ha dictado sentencias en las que ha regulado las materias de las cuales se ocupará y aquellas otras de las que no —y que considera deben ser transferidas al proceso contencioso- administrativo—. No hay empeño semejante en la Corte Suprema, la que, aunque tiene una regulación distinta a la del Tribunal Constitucional, no ha mostrado un real interés en asumir esta actitud.
26 se hacen así. Solo cuando las instituciones son sopladas por una enérgica conducción de transformación, se animan a repensar su quehacer y a transformarlo. Aún con conducción política enérgica, tal cometido sue- le ser solo parcialmente logrado. El tema es, pues, de falta de estructuras para la conducción política y no de incapacidad para llevar adelante el cambio. Por ello sostenemos que el Poder Judicial tiene una dimensión política esencial y ella debe ser abordada para lograr efectivamente su reforma y desarrollo. Los clásicos del pensamiento liberal, que son los que diseñaron el Estado que tenemos hoy, siempre consideraron que la autoridad común que zanja conflictos entre los ciudadanos es esencial para la existencia de la sociedad. John Locke es uno de ellos: consideraba que en el Estado de Naturaleza todos teníamos el poder de defendernos de las agresiones de los demás pero, al mismo tiempo, que la humanidad pasó a vivir en sociedad porque eso era un progreso. El requisito para vivir en socie- dad fue que todos renunciáramos a nuestra fuerza para defendernos por nosotros mismos y la transfiriéramos a una autoridad que, con la ley preestablecida, zanjara los conflictos. Mucho de eso tenía que ver con la administración de justicia: 87.- Al nacer el hombre —como ya hemos probado— con derecho a la libertad perfecta y a disfrutar sin cortapisas todos los derechos y privile- gios que le otorga la ley de naturaleza, y en igual medida que cualquier otro hombre o grupo de hombres en el mundo, no sólo tiene por natura- leza el poder de proteger su propiedad es decir, su vida, su libertad y sus bienes, frente a los daños y amenazas de otros hombres, sino también el de juzgar y castigar los infringimientos [sic] de la ley que sean cometidos por otros, y en el grado que la ofensa merezca; tendrá incluso el poder de castigar con la pena de muerte cuando, en su opinión, la atrocidad del crimen así lo requiera. Ahora bien, como no hay ni puede subsistir sociedad política alguna sin tener en sí misma el poder de proteger la propiedad y, a fin de lograrlo, el de castigar las ofensas de los miembros de dicha sociedad, única y exclusivamente podrá haber sociedad política allí donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya entregado en manos de la comunidad, en todos aquellos casos en que no esté imposibilitado para pedir protección de la ley que haya sido establecida por la comunidad misma. Y así al haber sido excluidomarcial rubio correa todo juicio privado de cada hombre en particular, la comunidad viene a ser un árbitro que decide según normas y reglas establecidas, imparciales y aplicables a todos por igual, y administradas por hombres a quienes la comunidad ha dado autoridad para ejecutarlas. Y de este modo, la comunidad decide las diferencias que puedan surgir entre sus miem- bros en cuestiones de derecho, y castiga aquellas ofensas que algún miembro haya cometido contra la asociedad [sic], con las penas que la ley haya estipulado. Guiándonos por todo esto, nos resultará fácil averiguar quiénes componen, y quiénes no, una sociedad política. Aquellos que están unidos en un cuerpo y tienen una establecida ley
común y una judicatura a la que apelar, con autoridad para decidir entre las controversias y castigar a los ofensores, forman entre sí una sociedad civil; pero aquellos que carecen de una autoridad común a la que apelar —me refiero a una autoridad en este mundo— continúan en el estado 27 de naturaleza; y, a falta de otra persona, cada uno es en sí mismo juez y La reforma del ejecutor, lo cual es lo mismo que decir, como ya he mostrado antes, que Poder Judicial se halla en el más absoluto estado natural. debe tener una dimensiónLa administración de justicia está, en este texto, en el corazón de la política de lapolítica, y es razonable que así sea: no se podrá construir una sociedad que no se hablafraterna y de progreso si priman los conflictos irresolubles y la justicia porpropia mano sobre la racionalidad de la ley y la autoridad pública quecumple la función política —interés por la cosa pública— de pacificar yaunar esfuerzos en vez de fragmentarlos. Este es el origen verdadero dela función política de la administración de justicia y del Poder Judicialen el Estado contemporáneo, y tal función no caducó, sino que está pre-sente como un prerrequisito de la organización política. Por eso es queaun hoy consideramos al Poder Judicial como uno de los tres poderespolíticos del Estado.Para que el Poder Judicial fuera un auténtico poder político del Estadodebería tener unos órganos de conducción política que no se mezclarancon los órganos de función jurisdiccional ni interfirieran en su tarea,pues estos últimos deben mantener su característica de ser entidadestécnicas de resolución de conflictos. La historia de la administración dejusticia en el Perú demuestra que esta pareja de órganos judiciales no haido de la mano.La razón por la que ello ha ocurrido es, creemos, que al Poder Judicialsiempre se le ha dicho lo que hoy le dice la Constitución a la Corte Su-prema, según reseñamos antes: que su función es resolver procesos judi-ciales. Sin embargo, consideramos que alguien dentro del Poder Judicial,que no es quien resuelve los conflictos con técnica-jurídica, debe tenerla función de pensar en la pacificación de la sociedad y en la relaciónentre dicha pacificación y la técnica.El ser humano de hoy tiene una autoapreciación, dentro de la historiade la humanidad, de ser el más desarrollado, el más tecnificado, el que marcial rubio correapor fin conoce las cosas. Esto lo hace suponer, en el caso del Derecho,que nuestro sistema es mucho mejor que los que lo precedieron y queestá mejor organizado. Sin embargo, la historia nos demuestra que no esasí: que en el pasado hubo sistemas jurídicos extraordinariamente efi-cientes para el desarrollo de la humanidad —tal como ese desarrollo eraentendido entonces, naturalmente— y que no fue cierto que la políticay la técnica debieran estar divorciadas para que ello ocurriera. Todo locontrario.	Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Madrid: Tecnos, 2006, pp. 44 y 86.	En realidad, los seres humanos de cada momento de la historia creyeron lo mismo.
28 IV . U n a r a í z h i s t ó r i c a d e l a n a t u r a l e z a política de la administración de justicia La idea de que la política —entendida como aquí hemos dicho que la concebimos— no tiene nada que ver con la administración de justicia es falsa, cuando menos, en la historia de los dos grandes sistemas occiden- tales de Derecho: el romano-germánico y el anglosajón. En el Derecho romano de los primeros tiempos —desde los orígenes monárquicos hasta probablemente el siglo IV a.C., lo que incluye el pe- ríodo inicial de la vigencia de la Ley de las XII Tablas, fechada en el 450 ó 451 a.C.— el impulso principal de la aplicación del Derecho fue realizado por el Colegio de Pontífices Romano, una institución en la que se entremezclaban la labor jurisdiccional y religiosa. Era un órgano de constitución originalmente patricia y que, es fácil verlo, dirigía los aspectos jurídicos de la Roma de los primeros tiempos desde un lugar de preeminencia social, religiosa y política, que entonces eran tres dimen- siones completamente entrelazadas de la vida pública. Dice al respecto el digesto: Y así, casi en la misma época nacieron estos tres derechos a partir de la ley de las Doce Tablas: de ellas derivó el derecho civil y, de ellas procedió la formación de las acciones de la ley. Pero la ciencia de la interpretación de estas leyes así como el conocimiento de las acciones se hallaban en el colegio de los pontífices, de los que se designaba uno que cada año atendiera a los pleitos privados. Y el pueblo se atuvo a esta costumbre durante casi cien años.10 A su vez, Javier Paricio añade: Aunque los pontífices formaran parte de la organización institucional romana desde tiempos muy remotos y tuvieran una autoridad enorme en el ámbito sacral, quizá su nota distintiva frente a otros sacerdotes fue- ra su capacidad y preparación intelectual, que los habilitaba como guar- dianes idóneos de los saberes y conocimientos más importantes para la comunidad, y por eso mismo no nos puede resultar extraño que durante la República muchos de los más importantes dirigentes de la aristocracia senatorial pertenecieran al colegio de pontífices, cuya condición, por lo demás, no resultó desde antiguo incompatible con otros cargos demarcial rubio correa gobierno. En este sentido cabe recordar que Cicerón, en el siglo I a.C., encontraba encomiable y debida a inspiración divina la tradición de los maiores [sic] que hacía descansar la dirección religiosa y política en las mismas manos.11 El año 367 a.C., fue establecido el pretor y, en 242 a.C., se separó a los pretores urbano y peregrino. Ellos fueron magistrados elegidos, 10	Digesto 1.2.6. Versión castellana por A. D’Ors, F. Hernández-Tejero, P. Fuenteseca, M. García-Garrido y J. Burillo. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1968. 11	Paricio, Javier. Los juristas y el poder político en la antigua Roma. Granada: Editorial Comares, 1999, pp. 26-27.
con imperium y iurisdictio, que a lo largo de los siguientes dos a tres siglosrenovaron y vigorizaron decisivamente el Derecho romano en todo tipode relaciones: las de los romanos con los extranjeros, las de los extranje-ros entre sí y las de los romanos entre sí. 29 La reforma delEl pretor no era un juez sino un político que prometía determinadas faci- Poder Judiciallidades y características jurisdiccionales y que era elegido en función de debe tenertales promesas. Las propuestas de protección jurídica establecidas por el una dimensiónpretor fueron pronto recogidas en el Edicto del pretor, un documento que política de lacreció con los años. Se dice que las elecciones de los pretores se hicieron que no se hablapoco a poco de manera tal que el candidato prometía añadir determina-das vías de protección jurídica al edicto ya acumulado.El pretor realizaba la primera etapa del proceso romano y luego el juzga-miento era realizado por el juez, quien juzgaba según las reglas estableci-das por el pretor para el caso. Dice Kunkel: […] los romanos designaban con ius dicere y con el término de él de- rivado, iurisdictio, la actividad del magistrado jurisdiccional, el cual no daba él mismo la sentencia, sino que tenía únicamente la función de dirigir el proceso; más aún, sólo la de introducirlo. En la época republi- cana y en el procedimiento ordinario de la época del principado daban siempre la sentencia jueces privados. […] La tajante división del curso del proceso en el estadio introductorio ante el magistrado (el proceso in iure) y la verdadera resolución ante el juez o jueces (alud iudicem) se fue convirtiendo, de este modo, en una nota característica del proceso civil romano, la cual sólo había de desaparecer con el procedimiento extraordinario de la época imperial.12La iurisdictio era la labor política del magistrado elegido; la iudicatio era lalabor del juez nombrado: La iurisdictio es la primera función propia de determinados magistrados romanos. Consiste, desde un punto de vista técnico, en determinar, ius dicere, la norma jurídica aplicable al caso concreto, dare actionem, o, en su caso, la ausencia de norma jurídica al respecto, lo que desembocaría en la negación de la actio, denegare actionem, y, en consecuencia, del cauce procesal para conocer de la supuesta pretensión. La iudicatio se- marcial rubio correa ría, en la primera etapa de bipartición del proceso, la función propia del juez unipersonal o del órgano colegiado, competente para valorar la prueba de los hechos alegados por las partes y decidir la solución del conflicto mediante la aplicación de la disposición legal predeterminada por el magistrado.1312	Kunkel, Wolfgang. Historia del Derecho romano. Barcelona: Editorial Ariel, 1985, pp. 94-96.13	Fernández de Buján, Antonio. Jurisdicción y arbitraje en Derecho romano. Madrid: Iustel Portal Derecho S.A., 2006, pp. 58-59.
30 En etapa posterior, son los juristas dotados de ius publice respondendi quienes impulsan nuevamente, durante otros dos o tres siglos, el desa- rrollo del Derecho romano hasta sus más altas expresiones. Pero estos juristas no eran simples especialistas: habían recibido del príncipe la atri- bución de dar respuestas jurídicas. El primero que otorgó esta autoridad a los juristas, según dicen los textos históricos del Derecho, fue el propio Augusto y la tradición fue seguida por los siguientes príncipes o empera- dores. Sobre la vinculación con la autoridad política se puede encontrar esta referencia: La frase fundamental que las fuentes ofrecen sobre el ius publice res- pondendi ex auctoritate principis corresponde al enchiridion de Pomponio, donde indica: «divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent», es decir, que el divi- no Augusto, para que la autoridad del derecho (o de los juristas) fue- ra mayor, estableció que respondieran ex auctoritate eius, lo cual parece que debe interpretarse en el sentido de que el princeps, que tenía una auctoritas no parangonable a la de nadie, «reforzaba» o «aumentaba» la auctoritas de los juristas.14 Y luego el mismo autor añade lo siguiente: Por lo que respecta a la eficacia de la respuesta (responsum) del jurista privilegiado en el caso concreto, ha sido, como casi todo en este ámbito, muy discutido. A mi modo de ver, resulta difícil sustraerse a la interpre- tación de que si las respuestas de los juristas privilegiados tenían una auctoritas mayor como consecuencia de venir reforzada por la acutoritas imperial, esas respuestas tenían que tener una consideración superior por parte de los jueces, y con toda seguridad debieron ser vinculantes oficialmente, al menos desde la época de Tiberio.15 De manera que también en los juristas del Derecho clásico romano hay una participación del poder público, no en lo que dicen, pero sí en su posibilidad de decirlo y de ser escuchados con especial atención. Se trate del Colegio de Pontífices, del pretor o del jurista con ius publice respondendi, cualquiera de ellos ejerce el Derecho romano con interven- ción directa del poder público en la generación de la respuesta jurídi- ca misma. Es evidente, por tanto, que en esta inmensa vertiente delmarcial rubio correa Derecho occidental, y teniendo en cuenta sus peculiares instituciones políticas a lo largo del tiempo, la actividad jurisdiccional tiene una clara participación política, no obstante la cual se conforma un sistema jurídi- co de indiscutible trascendencia conceptual y técnica. La historia es distinta en el Derecho anglosajón, pero no es menos di- recta la participación política: el derecho común inglés tiene su origen en la Corte del Rey que imparte justicia en nombre directo de él, muchas 14	Fernández de Buján, Antonio. Op. cit., pp. 61-62. 15	Ibid., p. 63.
veces con su participación y, además, no solo por razones de justicia,sino también económicas, porque los ingresos que la monarquía inglesatuvo en aquellos siglos por los mandatos reales a raíz de procesos judicia-les fueron cuantiosos: «[…] en 1301 se registró que Eduardo I “obtuvo 31grandes tesoros” para pagar sus campañas militares “haciendo que la La reforma deljusticia cayera sobre los malhechores”».16 Poder Judicial debe tenerEste mismo autor nos dice lo siguiente sobre la Corte Real inglesa del una dimensiónsiglo XII: política de la que no se habla Tal fue la actividad de esa corte real durante los setenta años siguientes que en 1180 se pudo escribir un tratado sobre Las leyes y costumbres de Inglaterra que se basó solamente en su funcionamiento. El tratado, tradicional pero dudosamente atribuido a Sir Ranulf de Glanvill (justi- ciero de Inglaterra 1180-1189), da la impresión de que la variedad de costumbres locales no había desaparecido para nada; de modo que el libro sólo presenta abiertamente un aspecto del Derecho de ese tiempo. El gran paso adelante del autor fue el tratamiento de las costumbres arraigadas de la corte real como constituyendo el jus et consuetudo regni, la ley y la costumbre del reino. […] Glanvill y sus jueces colegas bajo el Rey Enrique II (1154-89) produjeron un sistema coherente de Derecho inglés derivando autoridad máxima del Rey. En contraste con este siste- ma uniforme, la costumbre local se vería a lo más como excepcional y a lo menos como recusable.17Y para el siglo XVII inglés se dijo lo siguiente: Los jueces de las cortes de common law eran, evidentemente, servido- res del Rey. […] el Rey era la fuente de toda justicia y ellos, solamen- te sus diputados: esta era la teoría fundamental del sistema, según la tradición, y era imposible romper con ella. […] Con estas palabras, escritas en 1908, Frederick Matiland, probablemente el más grande historiador del Derecho inglés, describía la posición de la magistratura en la Inglaterra de principios del siglo XVII. La relación de los jueces con el Príncipe y, en general, con el poder político, no era muy diferente, desde un punto de vista constitucional, de la que regía en el continente, donde se había impuesto el absolutismo monárquico.18 marcial rubio correa16	Baker, J.H. An Introduction to English Legal History. Londres: Butterworths, 1979, p 13. Traducción de María Elena Padilla Bendezú utilizada en los materiales de enseñanza del curso Historia de la Jurisdicción en la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, durante el primer semestre de 2000. La referencia a estos materiales es común para las demás citas de este libro en su versión en español. Para las dos citas incorporadas que nosotros hacemos, el autor cita Croniques de London. Camdem Society, 1844, pp. 28-29.17	Baker, J.H. Op. cit., p. 12.18	Diez-Picazo, Luis Maria. «Il modello europeo di magistratura: un approccio storico». En Magistrati e potere nella storia europea. Boloña: Societá Editrice Il Mulino, 1997, p. 23. Traducción de María Fiorina Sanguinetti Chirif, utilizada en los materiales de enseñanza del curso Historia de la Jurisdicción en la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, durante el primer semestre de 2000. Esta referencia a la traducción es común para las siguientes citas de la misma obra colectiva. El autor cita a Maitland, F.W. The Constitutional History of England. Cambridge: 1979 [1908], p. 267.
32 También el sistema anglosajón se construye sobre la base de la inter- vención del plano político, no en la decisión del juez pero sí en la admi- nistración de justicia. Las variantes históricas son diversas pero la regla es la misma: la concepción política de la solución de los conflictos es esencial para el desarrollo del Derecho, aunque la labor estrictamente jurisdiccional deba ser técnicamente desarrollada por los jueces. Es tan necesario lo uno como lo otro. La política estuvo presente en el origen y desarrollo de estos dos siste- mas altamente técnicos. Por supuesto, la política los acompañó en su desarrollo durante la Edad Media y a través de la época moderna que comienza a partir de fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Solo que en estos tiempos la judicatura fue primero de clase noble y, luego, ocupada por jueces que compraron sus cargos a la corona. Fueron perío- dos de influencia política y de alta clase social en la judicatura, pero no son ejemplares para nuestro propósito en este texto. V . E l m o d e lo d e u n j u e z q u e « a p l i c a » l a l e y l l e g a h a s ta n o s ot r o s y ta m b i é n t i e n e o r i g e n p o l í t i co Un giro importante en la historia de la judicatura es el que ocurre en la Revolución francesa. Ella luchó contra los parlamentos jurisdicciona- les franceses heredados del Antiguo Régimen, que pretendieron seguir aplicando las antiguas lois fondamentales como alternativa conservadora frente a las nuevas leyes que dictó la Asamblea Nacional en aquel mo- mento. Esto llevó a los revolucionarios a exaltar el valor de la ley y a postergar las demás fuentes del Derecho, con lo que convirtieron al juez en lo que hoy denominaríamos un simple «funcionario de aplicación del Derecho positivo». Una interesante referencia a esto es la siguiente: La transformación radical del modelo de magistratura se debió, enton- ces, a circunstancias y exigencias específicas de los revolucionarios fran- ceses. Vale la pena mencionar dos de ellas. Por una parte, lo que ha sido bautizado como el «leggicentrismo» (leyes-centralismo) de la Revolu- ción Francesa [sic], es decir la elevación de la ley, que es la expresión de la voluntad general, a una garantía suprema de libertad y de igualdad.19marcial rubio correa Este rol central de la ley llevó a la formación de un sistema monista de fuentes normativas —todas las otras fuentes (costumbres, jurispruden- cia de las cortes, etc.) existen como tales y tienen carácter obligatorio sólo en la medida en que sean reconocidas por el Derecho codificado y, sobre todo, ha creado la necesidad institucional de someter al juez a la supremacía de este sistema. Un tipo idealizado de juez demasiado culto, 19	En este punto, en la obra se cita de la siguiente manera: entre muchos otros, Baker, K.M. «Costituzione». En F. Furet y M. Ozouf. Dizionario critico della rivoluzione Francese (Diccionario crítico de la Revolución francesa). Bompiani: 1994; García De Enterria, E. La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución francesa. Madrid: 1994.
desenvuelto y consciente de su propia importancia, sería demasiado in- compatible con la nueva fe legalista.20Se puede así ver que el culto a la ley positiva que muestra mucha de la 33actividad jurisdiccional tiene su origen en una decisión política: el juez La reforma deldeja de ser un agente de interpretación y de aplicación de principios Poder Judicialgenerales del Derecho y solamente aplica la ley. Fue muy fácil transferir debe tenereste principio de la Francia revolucionaria al Perú independiente, en el una dimensióncual las nuevas reglas debían convivir con las coloniales, pero en un política de lasentido republicano e independiente. En el Perú, no se podía sustituir a que no se hablatodos los jueces de golpe, como no lo pudo hacer tampoco la Revoluciónfrancesa; pero sí se les podía imponer la aplicación de la ley positiva. Asíocurrió y aún no hemos roto completamente con ello.VI . L a i n t e r v e n c i ó n d e M o n t e s q u i e u e n e l d i s e ñ o del moderno Poder JudicialDel espíritu de las leyes, de Montesquieu, es un libro fundamental paralas ideas de organización del Estado contemporáneo. El tema de la sepa-ración de poderes que se le atribuye como creación más importante sehalla dentro del libro en el capítulo que trata de la Constitución inglesa.Allí, Montesquieu desarrolla sus ideas sobre la base de lo visto en laInglaterra posterior a la Revolución Gloriosa de 1688 y, sobre lo estricta-mente referente al Poder Judicial, dice lo siguiente: Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil. Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder eje- cutivo del Estado.21Puede verse que, en la configuración de Montesquieu, el Poder Judicial marcial rubio correano tiene el perfil claro que ha logrado ahora. Entonces se trataba de un«poder ejecutivo del Estado» y tenía por finalidad resolver los problemasque ahora llamaríamos «penales» y «civiles». Hay que notar, también,que no existe una clara diferenciación entre la sanción in iudicando yla ejecución material de dicha sanción. Tampoco Montesquieu analizalos detalles de la vinculación de estos dos conceptos con la iurisdictio: elPoder Judicial no es tratado con claridad en esta obra.20	Diez-Picazo, Luis Maria. Op. cit., p. 30.21	Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Madrid: Tecnos, 1972, p. 151.
34 Y luego, Montesquieu añade lo siguiente: El poder judicial no debe darse a un Senado permanente, sino que lo deben ejercer personas del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescrita por la ley, para formar un tribunal que solo dure el tiempo que la necesidad lo requiera. De esta manera, el poder de juzgar, tan terrible para los hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a determinado estado o profesión. Como los jueces no están permanentemente a la vista, se teme a la magistratura, pero no a los magistrados. Es preciso incluso que, en las acusaciones graves, el reo, conjuntamente con la ley, pueda elegir sus jueces, o al menos que pueda recusar tantos que, los que queden, puedan considerarse como de su elección.22 En este texto, su tratamiento del tema se centra en el aspecto in iudi- cando. No adopta ni discute el concepto de iurisdictio que venía desde Roma y que formaba parte de la tradición conceptual del tema de la ad- ministración de justicia. En realidad, este segundo párrafo de Del espíritu de las leyes es aun más restringido que el anterior, porque, en el primero, la atribución era perseguir el delito y solucionar los problemas privados de las personas, en tanto que este último trata, en estricto sentido, de juzgar y resolver. No hay una concepción del Poder Judicial dentro de la organización total del Estado. Al ser esta la concepción de Montesquieu, y habiendo sido él una pieza clave en el desarrollo del sistema de separación de poderes en la historia reciente, es imaginable que se privara al Poder Judicial de la dimensión política de la iurisdictio romana. Si a esto sumamos la pretensión exitosa de los revolucionarios franceses en el sentido de que los jueces conser- vadores fueran la «boca de la ley» y que no aplicaran con sus raciocinios las leyes anteriores a la revolución, tenemos una explicación histórica más o menos cabal de por qué el Poder Judicial ha llegado hasta nosotros como es ahora. VII . C ó m o p o d e r d i s e ñ a r l a s f u n c i o n e s d emarcial rubio correa un poder judicial con sus dimensiones política y técnico-jurídica Tal vez, antes de elaborar las líneas generales de propuesta sobre la com- binación de lo político y lo técnico-jurídico dentro del Poder Judicial, sea importante decir por qué creemos que el tema debe ser abordado, en lugar de insistir una vez más solo en la dimensión técnico-jurídica. Nuestra preocupación es política y consiste en que, fueran democráticos o tiránicos, tolerantes o intolerantes, ingeniosos o torpes, los poderes 22	Ibid., p. 152.

References: artículo 149
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 artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 142
 artículo 139
 artículo 143
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 141
 artículo 173
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