Source: http://www.precedentejudicial.co/implicaciones-para-los-operadores-juridicos.html
Timestamp: 2019-05-23 11:27:41+00:00

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​​2. implicaciones para los operadores jurídicos
“…La importancia práctica del fenómeno que estamos considerando no tiene necesidad de largos comentarios, dado que se presenta a los ojos de todos: la investigación y el uso del precedente jurisprudencial son hoy en día la herramienta del oficio cotidiano del jurista práctico….”
Precedente y Jurisprudencia
Doctrina probable*
​ Sentencia C-621/15 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 (parcial) de la Ley 1564 de 2012.
Cambio de pregunta para los operadores jurídicos:
¿Frente a estos hechos o situaciones fácticas?
¿Que norma(s) debo aplicar?
Cambia a o se complementa con:
¿Que decisiones judiciales debo aplicar?
​Por ello, preguntarse " ¿Cuál es el holding [o la ratio] de un caso?', es en realidad preguntar: `¿Cuáles situaciones fácticas puede decirse que la regla de derecho de ese caso gobierna?', es decir, ¿Para cuáles casos futuros constituye la decisión de ese caso una autoridad vinculante?
​¿Publicación de los precedentes? ¿Localización de los precedentes?
¿Problemas metodológicos: para reconocer, interpretar y seguir precedentes?
¿Cómo llegar a conocer las sub-reglas de una manera sistemática?
¿El énfasis en la búsqueda se efectuara por el principio jurídico que gobierna los hechos o por los hechos del caso?
¿Cómo conocer la modularidad de la sub-regla?
¿Qué efectos puede tener las modificaciones y vigencia de la fuente normativa que se utilizó como sustento de la decisión?
¿Relevancia de los precedentes para la práctica del litigio?
¿Qué implicaciones puede tener frente a las estrategias de un proceso?
¿Sera posible realizar "predictibilidad" de las decisiones judiciales?
¿La Argumentación jurídica debe cambiar?
*Sub-regla = Ratio decidendi
“Los juristas necesitan tanto un método para interpretar o aplicar los precedentes como un instrumento teórico que les permita determinar el peso y el estatus del precedente judicial en la argumentación jurídica práctica” (Pierluigi Chiassoni).
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Los árbitros están obligado por el precedente judicial? Un estudio comparativo entre Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y BrasilGuilherme Amaral Rizzo
ARTÍCULO 10. Artículo subrogado por el artículo 4. de la Ley 169 de 1889, el nuevo texto es el siguiente: Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. ​
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-836 de 2001, siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia.
​Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.
NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.
NOTA 1: Los incisos 1° y 7° fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2011, entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.
NOTA 2: La expresión "sentencia de unificación" y el numeral 3° del inciso 5° fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-588 de 2012.
Inciso modificado por el art. 616, Ley 1564 de 2012. Del escrito se dará traslado a la administración demandada por el plazo de treinta (30) días para que aporte las pruebas que considere. La administración podrá oponerse por las mismas razones a que se refiere el artículo 102 de este Código.
NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-588 de 2012.
ART. 303.—Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.
5. Interponer los recursos extraordinarios de que trata este código.
6. Solicitar la aplicación de la figura de la extensión de la jurisprudencia, y la aplicación del mecanismo de revisión eventual de providencias de que trata este código.
7. Adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales.
PAR.—Presentada la solicitud de la conciliación, el agente del Ministerio Público, de oficio o por solicitud de la parte convocante, verificará la existencia de jurisprudencia unificada que resulte aplicable al caso, de acuerdo con lo regulado en el presente código sobre la materia. De confirmarlo, si la autoridad demandada expresa su negativa a conciliar, suspenderá la audiencia para que el respectivo comité de conciliación reconsidere su posición y si es del caso, proponga una fórmula de arreglo para la reanudación de la audiencia o manifieste las razones por las cuales considera que no es aplicable la jurisprudencia unificada.
NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621 de 2015.
Sentencia C-621/15 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 (parcial) de la Ley 1564 de 2012.
Artículo 614. Extensión de la jurisprudencia.
Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días.
El término a que se refiere el inciso 4° del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero.
La figura del presente judicial comenzó a ser utilizada desde sus inicios por la Corte Constitucional, dando una interpretación amplia al concepto del término “ley” del articulo 230 de la Constitución:
“Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, en sus diferentes salas y secciones acompañaron a la Corte Constitucional y comenzaron a emplear esta figura jurídica.
En su devenir se produjeron un sin número de pronunciamientos de diversos asuntos para perfilar y darle los contornos necesarios a esta significativa figura jurídica. Varios de ellos con posiciones uniformes o encontradas, dentro o fuera de las mismas secciones, salas y altas Cortes.
Con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 20111) se introdujeron en esta jurisdicción las figuras de la “sentencia de Unificación” y la extensión de la misma (arts. 270, 10, 102, 614, 256, 269, 271, 303). Una variedad – colombianizada - del precedente judicial.
Luego vino la ley 1564 de 2012, que expidió el Código General del Proceso, que en su art. 7 dispuso:
“Artículo 7. Legalidad. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley”.
Dando fuerza vinculante a la Doctrina Probable.
En algunas leyes de procedimiento de los últimos quince años se dio vida a la figura de la doctrina probable, dando fuerza vinculante a la jurisprudencia cuanto existiera un número determinado de ellas, por lo general tres o cinco.
De esta forma se encuentran en un mismo momento las figuras jurídicas del precedente judicial (vinculante y persuasivo), el antecedente jurisprudencial, la jurisprudencia, la jurisprudencia en vigor, las sentencias de unificación y la doctrina probable.
Ahora con la reforma a la justicia, se presentan tres actos legislativos con tres versiones diferentes para modificar el art. 230 de la Constitución:
Es claro que en estos momentos que se desea darles a los pronunciamientos de las altas cortes un carácter vinculante.
Pero dada las posiciones encontradas de las Altas Cortes y de muchos doctrinantes se está en una posición “eclética” de cómo hacerlo.
En el proyecto de cambio radical se toma una posición muy clara, tiene fuerza vinculante. Es fuente.
En el proyecto del Ministerio de Justicia, se solicita introducir un parágrafo, incorporando la figura de la sentencia de unificación. En primer término, no se necesita una reforma constitucional, basta una ley que reforme el articulo 7° del código general del proceso. En segundo término, se toma una posición intermedia, la jurisprudencia sigue siguiendo un criterio auxiliar, pero en el parágrafo, que se pretende introducir, se le da obligatoriedad a la sentencia de unificación de las Altas Cortes. Es decir, no pero sí.
Con el proyecto de algunos integrantes del Centro Democrático, acontece algo similar. Se toma la figura del precedente con un toque de la doctrina probable, se necesita un número de jurisprudencias para que sea precedente. Y se pretende establecerse que la regla, la subregla o la “Ratio decidendi” debe ser expresa, expuesta en la parte resolutiva, y se determina que es obligatoria en forma horizontal y vertical y que su modificación (¿modularidad’) requiere las tres cuartas de los miembros de la corporación.
En este tema se necesita un pronunciamiento de las altas Cortes que sirva de guía a los ponentes y a las Comisiones, al Senado y a la Cámara de Representantes, a los administradores de Justicia y al País, sobre la modificación o no del artículo 230 de la Constitución y de cómo debe ser.
Proyecto de reforma a la justicia – texto propuesto para primer debate (... para hacer de la jurisprudencia una fuente vinculante):
* Sentencias de unificación (que introduce la reforma a la justicia)
Sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado (CPACA)
Sentencia de unificación en tutela de la Corte Constitucional
Precedente Judicial de las altas Cortes (Ratio decidendi)
Autoprecedente (todos los casos iguales deberán ser fallados de la misma forma, reforma al art. 230 C.N. y Código General del Proceso art. 7)
Doctrina probable (Ley 153 de 1887 art. 10 y Código General del Proceso art. 7- Obligación de exponer las razones para apartarse de la doctrina probable)
Providencias emitidas en el recurso de casación (Código General del Proceso art. 333 – Algunos fines del recurso: defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y unificar la jurisprudencia nacional)
Jurisprudencia (como criterio auxiliar de la actividad judicial, art. 230 C.N.)
Proyecto de reforma a la justicia – texto aprobado en primer debate (... para hacer de la jurisprudencia una fuente vinculante):
art. 4 adicionase el siguiente parágrafo al artículo 230 de la Constitución Política: "Los jueces en sus providencias deberán acatar las sentencias de unificación de las altas cortes según lo defina la ley. Todos los casos en que los supuestos de hecho y de derecho sean iguales deberán ser fallados de la misma forma, y la ley establecerá requisitos y procedimientos para unificar la jurisprudencia, incluso entre las altas cortes, y regulará la estabilidad de la jurisprudencia".
El proyecto de reforma a la justicia para hacer de la jurisprudencia una fuente vinculante – Propuesta del Informe de ponencia para segundo debate:
Proyecto de reforma a la justicia para hacer de la jurisprudencia una fuente vinculante – texto aprobado en plenaria del senado (audio de televisión), se adiciona parágrafo:

References: artículo 7

ARTÍCULO 10
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 102
 artículo 7

Artículo 614
 artículo 102
 artículo 230
 artículo 230