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Timestamp: 2020-04-05 09:08:01+00:00

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Informe Anual 2018 Cap. G colombia - Página 11
Información relevante proporcionada por las partes PRIMERO.- Reconocimiento de víctimas
Declarativa SEGUNDA.- Medidas relacionadas con la satisfacción del derecho a la justicia.
TERCERA.- Medidas relacionadas con el derecho a la verdad y la reconstrucción de la memoria. El Estado se compromete a realizar las siguientes medidas conmemorativas
CUARTA.- Medidas encaminadas a la realización del derecho de las víctimas a una reparación integral.
QUINTA.- Garantía de no repetición.
*Información proporcionada no relevante
La CIDH solicitó información actualizada a las partes, los días 25 de julio y 7 de septiembre de 2018.
El Estado proporcionó información el 5 de septiembre de 2018, la que fue trasladada para observaciones de los peticionarios y quienes presentaron observaciones con posterioridad.
PRIMERO.- Reconocimiento de víctimas
El Estado reconoce como víctimas del Caso 11.007 Masacre de Trujillo, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las víctimas que se acrediten como tal en la investigación No. 040 que adelanta por los hechos del caso el Despacho 17 de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hasta la fecha dentro la investigación penal se han acreditado las siguientes víctimas […]18. En caso que la Investigación No. 040 que adelanta por los hechos del caso, el Despacho 17 de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconozca nuevas víctimas, estas serán beneficiarias de las acciones descritas en los numerales 1 y 2 de la cláusula cuarta del presente acuerdo.
SEGUNDA.- Medidas relacionadas con la satisfacción del derecho a la justicia.
Las partes reconocen los avances que han existido en materia de justicia en el presente caso, así como la persistencia de algunas dificultades. En razón de ello, con el fin de continuar con la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos y búsqueda e identificación de los desaparecidos, así como la entrega digna de los cuerpos a sus familiares; la Fiscalía General de la Nación, conformará un Grupo de Trabajo integrado por el Fiscal 17 Especializado adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH, un fiscal local, dos investigadores y un analista, con el fin de que adelanten con criterio de priorización las actividades investigativas dentro del radicado No. 040 que cursa por la Masacre de Trujillo.
Según lo indicado en el Informe de Homologación de este acuerdo, los peticionarios indicaron que luego de que la investigación fuera asignada a la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, se reportaron algunos avances significativos, entre los cuales se contaba la interposición de un recurso de revisión por parte de la Fiscalía, contra decisiones absolutorias del 4 de enero de 1991 del Juzgado 3º de Orden Publico de Bogotá, y de la decisión del 20 de septiembre de 1994, del Tribunal Superior del Orden Público, a favor de Henry Loaiza Ceballos, Diego Montoya Sánchez, Alirio Urueña Jaramillo y Diego Rodriguez Vasquez, lo que consideran que “permitió su posterior investigación; así como la judicialización y condena de varios responsables”.
Según lo informado por los peticionarios, el 16 de diciembre de 2009, el Juez Tercero Penal del Circuito de Buga profirió sentencia condenatoria a 30 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años, en contra de Henry Loaiza Ceballos, alias “el Alacrán” por el homicidio de Daniel Arcila Cardona y Mauricio Castañeda, sin beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, prisión domiciliaria, ni libertad condicional. Adicionalmente, el 2 de enero de 2012, la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, habría calificado el mérito del sumario de Henry Loaiza por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad respecto de 41 víctimas. Posteriormente, el 22 de marzo de 2013, el Juzgado 3º Penal Especializado del Circuito de Buga habría proferido dos sentencias contra Loaiza. La primera se refería a una condena a 20 años de prisión, multa de 8.333 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (S.M.L.M.V.) e interdicción en el ejercicio de funciones públicas por 10 años, por el secuestro agravado de 22 personas, homicidio agravado de 42 personas, una desaparición forzada y 2 tentativas de homicidio. La segunda condena impuso una pena de 30 años de prisión, por el homicidio agravado contra Ordonel Ospina Vélez, Alberto Mejía y Jairo Antonio Ortiz Sánchez, y además a pagar la suma de 1.000 S.M.L.MV., a favor de familiares de algunas víctimas. Finalmente, la decisión impuso una interdicción en el ejercicio de los derechos y funciones públicas durante 10 años.
Por otro lado, el 7 de octubre de 2010, el Juzgado 4º del Circuito de Bogotá, profirió una sentencia en contra de Alirio Urueña Jaramillo, quien era mayor del ejército al momento de los hechos, y lo encontró penalmente responsable del delito de homicidio agravado contra los hermanos Rubiel Ider, José Alben y José Dornel Cano Valencia, y contra el señor Ricardo Burbano, y se le condenó a 44 años de prisión, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y la condena al pago de daños materiales y morales en un monto de 20,000 gramos oro. Asimismo, dentro del marco del proceso disciplinario en contra de Alirio Urueña Jaramillo por los hechos ocurridos en Trujillo, el Procurador General de la Nación emitió la Resolución No. 35 de 1995 a través de la cual resolvió sancionar con destitución al agente, en su calidad de oficial del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palace, con sede en Buga, Valle del Cauca, por su conducto oficial durante los meses de marzo y abril de 1990 en el municipio de Trujillo. El Estado informó el 13 de abril de 2007, que contra dicha resolución, el investigado interpuso un recurso de reposición, que fue decidido el 28 de mayo de 1996 por la misma autoridad, considerando que la via gubernativa se encontraba agotada por lo cual no correspondía pronunciarse sobre el recurso interpuesto. El Estado agregó que la destitución del Mayor del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña se hizo efectiva mediante Resolución No. 09183 de octubre 3 de 1995.
En relación a la cláusula segunda del acuerdo de solución amistosa por medio de la cual se establece el compromiso de crear un “Grupo de Trabajo integrado por el Fiscal 17 Especializado adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH, un fiscal local, dos investigadores y un analista, con el fin de que adelanten con criterio de priorización las actividades investigativas dentro del radicado No. 040 que cursa por la Masacre de Trujillo”; la CIDH toma nota de la información suministrada por el Estado en su comunicación de 7 de julio de 2016, en la cual informa de la creación de dicho Grupo de Trabajo a través de Resolución No. 01991 de 21 de noviembre de 2014 de la Fiscalía general de la Nación. Dicho grupo está integrado por un (1) fiscal de apoyo, dos (2) investigadores y un (1) analista. Según lo informado por el Estado, el Grupo de Trabajo ha avanzado en la elaboración de un listado de las personas reportadas como desaparecidas dentro de la investigación, luego de lo cual se ordenó realizar una jornada de toma de muestras de sangre a las víctimas y/o sus familiares, y se realizaron entrevistas a las mismas en el municipio de Trujillo. Para dichas actividades se habría contado con el apoyo del Departamento de Criminalísticas del C.T.I (Cuerpo Técnico de Investigación). Adicionalmente, el Estado informó que se han realizado recorridos en los municipios ribereños del Rio Cauca, desde Tuluá en el Departamento del Valle del Cauca, hasta el municipio de Marsella, en el Departamento de Risaralda, a efectos de levantar un listado de N.N. inhumados en la zona entre marzo y abril de 1990. Asimismo, la investigación estaría coordinando con otra investigación del grupo de Exhumaciones de Justicia Transicional, a efectos de ampliar la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.
Al respecto, los peticionarios indicaron que si bien valoran positivamente los avances en materia de justicia y la designación del fiscal de apoyo al caso y de los dos investigadores del CTI, solo un investigador ha asumido funciones y aun no se ha realizado la asignación del analista correspondiente, por lo cual consideraron que persisten dificultades en materia de justicia. Los peticionarios también indicaron, de manera general y sin especificar fecha, que Henry Loaiza alias “El Alacrán” remitió una carta, por intermedio de su abogado, a las víctimas del presente caso en la que pidió “perdón público y extensivo a los familiares de las víctimas, de los hechos ocurridos en ese municipio, de la denominada masacre de Trujillo”. Frente a lo anterior, los peticionarios indicaron que la AFAVIT emitió un comunicado público, en el cual indicaron “en este contexto de los Acuerdos de paz, donde adherimos al SI a la paz, en una actitud de reconciliación con justicia social, acogemos la solicitud de perdón de Henry Loaiza, como una forma a restituir su dignidad humana, oportunidad de cambio y crecimiento de vida, y para el pueblo en general, que fue víctima, a la aplicación de una verdadera justicia”. Al mismo tiempo, la AFAVIT exigió a Loaiza la ampliación de su declaración para la ubicación de los desaparecidos y su aporte a la reparación a través del pago de las indemnizaciones establecidas como parte de su condena dentro del marco de la investigación No. 040.
En su Informe Anual, la Comisión dio cuenta de que el 29 de septiembre de 2017, los peticionarios indicaron que existe un retraso injustificado en los procesos penales encaminados a juzgar y sancionar a los responsables, toda vez que las audiencias han sido suspendidas. Con respecto a los procesos en etapa de juzgamiento, resaltaron que se ha avanzado en el proceso judicial contra Diego Montoya y Alirio Urueña, que, en marzo de 2016, fue confirmada y ejecutoriada la sentencia en contra del señor José Fernando Berrio, quien fue condenado a 28 años de prisión por su participación en los hechos de la Masacre, y finalmente, el proceso en contra del paramilitar Rigoberto Tabares Henao se encuentra desde hace 2 años en el despacho para fallo, sin que exista pronunciamiento alguno.
El 17 de octubre de 2017, el Estado indicó que en cuanto a las medidas relacionadas con la satisfacción del derecho a la justicia, la investigación del caso es adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la cual el 29 de junio de 2017, destacó que luego de la convocatoria a juicio de las cabezas visibles de la organización criminal, la investigación se priorizó en la vinculación de particulares y demás integrantes de la Fuerza Pública, respecto de los cuales elementos de juicio dan cuenta de su responsabilidad. Sobre la búsqueda e identificación de desaparecidos señaló que el Grupo de Trabajo establecido en la cláusula segunda del acuerdo de solución amistosa, inició desde el mes de marzo de 2016, el desplazamiento por los municipios ribereños del rio Cauca, con el fin de ubicar cuerpos inhumados sin identificar entre los años de 1989 a 1994; así en distintos municipios se desarrollaron diligencias como resultado del escaneo de 2,539 documentos, correspondientes a las necropsias y defunciones de cuerpos no identificados de los corregimientos y veredas de municipio de Tuluá y Trujillo, y al escaneo de 3,463 documentos correspondientes a las actas de levantamiento a cadáver, necropsias, defunciones de cuerpos no identificados y libros radiadores de Fiscalías de los corregimientos y veredas de municipios ribereños al rio Cauca.
El 4 de julio de 2018, los peticionarios presentaron información referente a la medida cautelar, en dicha comunicación indicaron vagamente que AFIVIT ha logrado la búsqueda de los desaparecidos, con la prueba de ADN de los familiares y se han iniciado las exhumaciones de parte de la Fiscalía y el CTI en el cementerio de Marsella Risaralda.
El 26 de septiembre de 2018, el Estado remitió un escrito detallando las siguientes actuaciones durante el 2018 para el cumplimiento de la medida: El 16 de enero de 2018, se continuó con la audiencia pública causa 2014-0069 que se adelanta en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle, contra Diego Montoya y Diego Rodríguez. El 18 de enero de 2018, en aras de continuar con las labores tendientes a la búsqueda y ubicación de desaparecidos, se solicitó el cruce de información de las muestras (sangre) genéticas tomadas a los familiares de las víctimas en el mes de julio de 2017 y el SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres). El 18 enero 2018, se realizó reunión en la Dirección de Fiscalías Seccional Risaralda, presidida por el Director Regional, el señor Fiscal 220 de Justicia Transicional, la Coordinación Criminalística Seccional Risaralda, la Coordinación Laboratorio de Identificación, la Coordinación de Atención a Víctimas y Usuarios y el despacho fiscal de conocimiento, a fin de dar inicio al plan de intervención el cementerio ubicado en el municipio de Marsella (Risaralda). El 30 enero 2018, se ordenó la ubicación de titulares depósitos judiciales pertinentes. El 21 de febrero de 2018, se practicó inspección judicial al Archivo Central del Complejo Carcelario, Penitenciario y Metropolitano de Bogotá. El 22 de febrero de 2018, se continuó la audiencia pública causa 2014-00080 que adelanta el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle, contra el teniente coronel retirado Alirio Urueña Jaramillo. El 5 de marzo de 2018, se ordenó análisis molecular de ADN y cotejo a los restos óseos encontrados en la vereda El Contento y El Muñeco jurisdicción de Trujillo (Valle), con las muestras que reposan en el sistema CODIS de los familiares de las víctimas. El 23 de marzo de 2018, se rindió la declaración de José Manuel Prada. El 2 de abril de 2018, se ordenó adelantar diligencia de inspección judicial al Grupo de Gestión Documental del INPEC. El 20 de abril de 2018, se ordenó por la toma de muestras de sangre a los familiares de los desaparecidos que no reposan en el sistema CODIS (Sistema de Índice Combinado de ADN) en el municipio Trujillo (Valle). El 20 de abril de 2018, culminó juicio en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializados de Buga, adelantado contra los señores Diego Montoya y Diego Rodríguez. El 15 de mayo de 2018, se ordenó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Bolívar, para la toma de muestras a los familiares del desaparecido Oscar Pulido Rozo. El 16 y 18 de mayo de 2018, se adelantaron las jornadas de toma de muestras de sangre y entrevistas a los familiares de los desaparecidos de los sucesos violentos acaecidos en Trujillo. El 17 de mayo de 2018, se realizó declaración de la señora Nilsa Giraldo Rendón. El 21 y 23 de mayo de 2018, se realizó acompañamiento a las víctimas durante las exhumaciones realizadas en el cementerio Marsella (Risaralda). El 30 de mayo de 2018, se comisionó al Laboratorio de Genética del Cuerpo Técnico de Investigación Nivel Central para toma de muestras de sangre en tarjeta FTA al señor Manuel Arias Prada. El 31 de mayo de 2018, se ordenó ubicación, identificación y elaboración de acta de supervivencia a la señora Rubiela Buitrago Orozco, reportada como desaparecida el 28 de mayo de 1992 en el municipio de Trujillo (Valle). El 6 de junio de 2018, se ordenó que se enviaran las muestras biológicas tomadas a los familiares del desaparecido Oscar Pulido Rozo en Medicina Legal y CF Seccional Bolívar a la Seccional Bogotá. El 18 de junio de 2018, se profirió resolución mediante la cual se resuelve situación jurídica del mayor retirado Fabio Guillermo Guzmán Cuervo y coronel retirado Roberto Pabón Castillo, de la Policía Nacional”.
Al respecto, la parte peticionaria observó que aún persisten las dificultades para interrogar al señor Montoya debido a su aprehensión en Estados Unidos. De igual forma, él no fue incluido en el proceso penal por las desapariciones de Daniel Arcila y Mauricio Castañeda. Por otro lado, dentro del proceso en contra de Alirio Urueña, se tiene programada audiencia para presentación de alegatos finales el 3 de diciembre de 2018. En relación a la búsqueda de personas desaparecidas, las exhumaciones de restos mortales en los municipios de Sevilla y Marsella fueron realizadas en junio pasado. En este trámite se tomaron muestras de ADN a cerca de 30 familiares de personas desaparecidas. A la fecha, los exámenes forenses y de cotejo de ADN están siendo realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Finalmente, dentro del marco del proceso penal, se designó una fiscal de apoyo para el desarrollo del proceso. Dentro de las labores investigativas que ha realizado, incluyó en la investigación a integrantes de la fuerza pública que para la época hacían parte activa del Batallón de Ingenieros No. 3 'Coronel Agustín Codazzi' y el Batallón de Infantería No. 23 'Vencedores'; y que no habían sido incluidos sino hasta este año gracias a declaraciones de miembros del Batallón de Artillería No. 3 'Batalla de Palacé'.
TERCERA.- Medidas relacionadas con el derecho a la verdad y la reconstrucción de la memoria.
El Estado se compromete a realizar las siguientes medidas conmemorativas:
1. Un Acto de conmemoración encabezado por un alto funcionario del Estado, con participación de autoridades públicas, los familiares de las víctimas y sus representantes en el Municipio de Trujillo-Valle en el mes de abril del año 2016. Esta medida estará a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Un documental audiovisual sobre los esfuerzos realizados por los familiares de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia a lo largo de los años. Adicionalmente, este documental deberá reivindicar la memoria de las víctimas y de sus familiares. El documental tendrá una duración de 45 minutos y su realización comprende la producción, presentación y proyección en un canal público nacional. Esta medida estará a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
El 26 de septiembre de 2018, el Estado informó que la implementación de esta medida fue concertada entre la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos –en representación del Estado colombiano- y los representantes de los peticionarios, quienes acordaron el contenido del documental, así como las fechas y lugares de los actos de lanzamiento y horarios de emisión, a través de la señal pública de televisión. El Estado indicó que el documental “Voces de Trujillo, Un Retorno a la Vida”, se presentó el 16 de marzo de 2018 a partir de las 10:30 a.m. en las instalaciones del Teatro Municipal de Trujillo, Valle del Cauca, y el 24 de abril de 2018, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá. Los actos públicos fueron presididos por la Dra. Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y contaron con la participación de las víctimas y sus familiares, AFAVIT, CCAJAR, así como autoridades del nivel municipal, departamental y nacional.
Adicionalmente, el documental audiovisual fue emitido en el Canal Institucional, canal público en Colombia, los días 29 de diciembre de 2017 y 29 de abril de 2018.Las fechas, horas y orden del día de los Actos Públicos fueron previamente concertadas entre las partes. De igual manera, se convinieron las fechas de emisión del documental en el canal
Institucional. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, hizo entrega al CCAJAR y a AFAVIT de 400 copias físicas en DVD del Documental “Voces de Trujillo, Un Retorno a la Vida”. Las copias del documental fueron entregadas a las víctimas y asistentes a los actos públicos”.
Al respecto, los peticionarios observaron que efectivamente se dio cumplimiento total a la medida.
La Comisión verificó que el documental Voces de Trujillo se encunetra disponible en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3gFIBLCL0Uw
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento total y así lo declara.
Otorgar un apoyo económico por sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000) a la Asociación Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT) para que sea invertido en el desarrollo de una agenda cultural que aporte al mejoramiento del parque Monumento de Trujillo Valle del Cauca, como medida de reparación simbólica que reivindique y dignifique la memoria de las víctimas y sus familiares. Esta medida estará a cargo del Ministerio de Cultura, entidad que realizará seguimiento a la inversión de los recursos. Adicionalmente el Ministerio de Cultura se compromete a gestionar con la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca, un monto por veinticinco millones de pesos ($25.000.000) para apoyar a AFAVIT en actividades de memoria.
Estas medidas tendrán en cuenta a los familiares de las víctimas que fallecieron por pena moral y su implementación será concertada con los familiares de las víctimas y sus representantes.
En su Informe Anual, la Comisión dio cuenta de que los peticionarios indicaron que se han desembolsado veinticinco millones de pesos ($25’000.00) en cumplimiento del acuerdo, monto que se ha destinado a la realización de talleres culturales con el grupo infantil “Jimmy García Peña”, el grupo juvenil y el grupo de matriarcas de Trujillo. Los peticionarios anunciaron que continúan a la espera del desembolso de sesenta y cinco millones de pesos ($65’000.000) antes de la finalización de 2016.
El 10 de abril de 2017, el Estado informó en relación al punto 3 de la cláusula 3, que el Ministerio de Cultura realizó las gestiones administrativas correspondientes para incorporar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda mediante Resolución 3257 de 2016, por el mondo de sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000), a partir de ese proceso y una vez incorporados los respectivos recursos, tanto el Ministerio en referencia como la Dirección de Poblaciones de esa entidad suscribió el Convenio de Asociación No. 2690/16 del 2016 con AFAVIT, con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para el desarrollo de una agenda cultural que aporte al mejoramiento del parque Monumento de Trujillo, Valle del Cauca, como medida de reparación simbólica que reivindique y dignifique la memoria de las víctimas y sus familiares. El Estado indicó que se realizaron diversas actividades para la consolidación de la agenda cultural para el mejoramiento del parque, en la cual se incluyó el apoyo de actividades comunitarias de memoria del conflicto y construcción de paz con sociedad civil; igualmente se llevaron a cabo talleres comunitarios de diseño, conceptualización, entre otros, dándole protagonismo a la memoria de las comunidades; y por último, en lo referente al monto de los veinticinco millones de pesos M/CTE ($25.000.000), el Estado señaló que dicho monto fue debidamente desembolsado y destinado a la realización de los talleres culturales con el grupo infantil “Jimmy García Peña”, el grupo juvenil y el grupo de matriarcas de Trujillo. Por lo anterior, el Estado solicitó a la Comisión, se declarase el cumplimiento del numeral 3 de la cláusula tercera.
Al respecto, en el 2018 los peticionarios indicaron que la medida ha sido recibida a satisfacción por parte de AFAVIT por tanto, también debe declararse cumplida.
Reparación pecuniaria: El Estado se compromete a indemnizar mediante el procedimiento establecido en la Ley 288 de 1996, los perjuicios inmateriales y materiales a que haya lugar a favor de los familiares directos de las víctimas que se reconozcan en la investigación No. 040 que cursa por los hechos en la Fiscalía 17 Especializada de la Dirección de DDHH y DIH, que aún no han sido indemnizados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta medida se hará efectiva una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH y estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.
El pago de la indemnización se realizará en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la sentencia o auto aprobatorio de la conciliación.
En su Informe de Homologación la Comisión observó que la gran mayoría de las víctimas ha sido indemnizada; que serían pocos los familiares que aún no han accionado los mecanismos correspondientes; y que se han pagado entre ochocientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil dos pesos ($899’948.002) y mil ciento setenta y nueve mil millones novecientos cincuenta y siete mil trescientos ochenta y tres pesos ($1.179’957.383).
El 4 de julio de 2018, los peticionarios indicaron que la AFAVIT ha logrado realizar las negociaciones con el Estado para el pago de la reparación moral, psicosocial y económica para las 42 familias de la AFAVIT.
El 26 de septiembre de 2018, el Estado informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros dispuesto en la Ley 288 de 1996, tramitó la expedición del acto administrativo, mediante el cual se emitió concepto favorable para llevar a cabo el proceso indemnizatorio derivado del cumplimiento de esta cláusula. Como resultado de la actuación supra, el Comité de Ministros expidió la Resolución 4871 de 27 de junio de 2017, en cumplimiento de la cual, el Ministerio de Defensa Nacional y los representantes de los peticionarios emprendieron a partir de mayo de 2018, las diligencias de conciliación prejudicial previstas en la indicada ley, como requisito previo para que el Tribunal Administrativo competente constituya el título judicial para el pago, a través de un auto aprobatorio de la conciliación alcanzada.
Al respecto, los peticionarios observaron que el 5 de marzo, el 23 de mayo y el 7 de junio de 2018 se realizaron audiencias ante la Procuraduría 127 Judicial II para asuntos administrativos, funcionaria a quien le correspondió el reparto para el desarrollo del proceso. En estas audiencias no se lograron concretar los conceptos, ni los montos por los cuales las víctimas serían indemnizadas. En virtud de esos desacuerdos, hubo acercamientos entre el Ministerio de Defensa y los representantes de víctimas para concertar los conceptos y montos de la indemnización. No obstante, el Ministerio de Defensa no dio respuesta concreta sobre el momento en el cual se llevaría a cabo dicha reunión. Debido a eso, el 9 y 18 de abril se presentaron derechos de petición al Ministerio de Defensa solicitando dicha concreción. Ninguna de las solicitudes fue respondida, por lo que el 14 junio de 2018 se presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa. Solo hasta este momento, el Ministerio dio respuesta a la solicitud, programándose para el 26 de julio una primera reunión. Debido a eso, el juez de instancia que conoció de la acción declaró la carencia del objeto en ese procedimiento. Luego de esto, se dieron reuniones el 31 de julio, el 13 de agosto y el 10 de septiembre de 2018. Además, se desarrollaron audiencias ante la procuraduría 127 Judicial II para Asuntos Administrativos el 20 de junio, el 31 de julio y el 28 de agosto de 2018. Finalmente, en el marco de la audiencia del 20 de septiembre de 2018, las partes alcanzaron un acuerdo sobre las indemnizaciones.
Ahora bien, según lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 288 de 1996, el acuerdo alcanzado debe ser convalidado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por eso, el acuerdo fue radicado ante el Tribunal el 20 de septiembre de 2018. A la fecha, se está a la espera de la convalidación. Los peticionarios resaltaron que el proceso ha sido demorado a partir de los obstáculos que el Ministerio de Defensa ha interpuesto, a pesar de que este procedimiento no es contencioso, sino consensuado.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el nivel de cumplimiento continúa siendo parcial.
El Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de asistencia y reparación que ofrece el Estado colombiano, mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Se incluirá en el Registro Único de Víctimas a los familiares directos de las víctimas reconocidas en el marco de la solución amistosa.
Parágrafo: En la eventualidad de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deje de existir, esta medida será cubierta por la entidad que asuma sus funciones.
En su Informe de Homologación la Comisión observó que el Estado informó que se solicitó a los peticionarios la identificación de los familiares de las víctimas que participarían en la jornada de orientación para víctimas del caso en el Municipio de Trujillo que se llevará cabo próximamente, de manera que se pueda identificar a dichos familiares y establecer si se encuentran en el Registro Único de Víctimas RUV, así como las circunstancias en las que se encuentran sus procesos de reparación individual. En la actualidad, la Unidad para Víctimas se encontraría cotejando con su base de datos para conocer la situación de cada víctima e incluyendo en el RUV a las personas que no se encuentren registradas como tales. Los peticionarios, por su parte, indicaron que no se han incluido a todas las víctimas en el Registro Único de Víctimas (URAIV) y que habían remitido a la UARIV 53 proyectos productivos para las víctimas. Asimismo, señalaron que dicha entidad habría rechazado las solicitudes alegando una falta de competencia para su tramitación, al ser el Ministerio de Trabajo o de Agricultura las entidades a cargo de los programas propuestos.
Los peticionarios consideraron que dicha respuesta por parte de la UARIV es restrictiva del contenido del punto 2 de la cláusula cuarta del acuerdo de solución amistosa.
El 26 de septiembre de 2018, el Estado informó que El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió, con la Nota S-GSORO-18-024170 de 6 de junio de 2018, una solicitud a los peticionarios de diligenciar el formato requerido por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas para proceder a la inclusión de las víctimas en el Registro Único de Víctimas – RUV. Esta solicitud fue reiterada en razón a que los formatos remitidos por los peticionarios en el mes de marzo de 2018 presentaban unas inconsistencias en su diligenciamiento. Es importante señalar que, por petición de los representantes, en el mes de diciembre de 2017, se efectuó un taller en el municipio de Trujillo destinado a los potenciales beneficiarios, en el diligenciamiento del formato requerido por la entidad implementadora de la medida. El Estado colombiano se encuentra a la espera de que los representantes remitan los formatos diligenciados para avanzar así en el cumplimiento de esta cláusula, en los términos acordados.
Al respecto, los peticionarios confirmaron la información proporcionada por el Estado e indicaron que por medio de comunicación del 13 de marzo de 2018, se remitieron formularios en formato Excel a la UARIV por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron devueltos el 6 de junio del mismo año. La UARIV fundamentó la devolución en que se encontraban incluidos familiares que no son susceptibles de ser reconocidos como víctimas en el marco del artículo 3 de la ley 1448 de 2001, y en que la información diligenciada no se encontraba en el formato dispuesto por la UARIV para los fines. Atendidas las observaciones, los formularios fueron enviados nuevamente el 23 de octubre de 2018.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo continúa estando pendiente.
Se realizarán las gestiones administrativas necesarias con el objeto de lograr la titulación de las viviendas construidas. Esta medida estará a cargo de la Alcaldía del municipio de Trujillo-Valle y se cumplirá en el término de seis meses a partir de la firma del presente acuerdo de solución amistosa. El seguimiento al cumplimiento de este compromiso estará a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
En su Informe de Homologación la Comisión observó positivamente el mejoramiento de 105 viviendas y la construcción de 36 viviendas para los familiares de las víctimas durante la fase de negociación en cumplimiento de las recomendaciones de la CISVT. El detalle del proyecto de construcción de las 36 viviendas fue explicado por el Estado en su escrito de 16 de marzo de 2010, en el cual indicó que, a raíz de un convenio interadministrativo entre FONADE y el antiguo INURBE, se pudieron ejecutar los proyectos de vivienda con un trabajo de obra que duro aproximadamente 6 meses, y que dichas obras fueron entregadas el 18 de enero de 2010. Al respecto los peticionarios indicaron en su escrito de 12 de agosto de 2013, que si bien se había realizado la entrega material de los inmuebles, el Estado debía avanzar en la escrituración y registro de los mismos para una eventual entrega formal. Asimismo, el 21 de octubre de 2016, los peticionarios indicaron que a esa fecha no se contaba con una respuesta por parte de la Alcaldía de Trujillo para avanzar en el proceso de titulación.
El 26 de septiembre de 2018, el Estado informó que una vez surtidos los trámites pertinentes, el 22 de diciembre de 2017, se llevó a efecto, en el Parque Monumento de las Víctimas de Trujillo, un acto público de entrega de las escrituras de las viviendas construidas. El Estado proporcionó un diagrama en el cual la Notaria Única de Trujillo, Valle del Cauca relaciona los predios titulados a nombre de las víctimas. El Estado indicó que la Alcaldía Municipal de Trujillo, realizó el saneamiento de la tradición de los predios donde estaban construidas las viviendas que fueron entregadas a víctimas del Caso de la Masacre de Trujillo, de los predios afectados con el loteo llevada a cabo por medio de la escritura pública No. 429 de 7 de septiembre de 2011 Notaría de Riofrío y el predio de mayor extensión. Posteriormente, la Alcaldía Municipal de Trujillo procedió a realizar el trámite requerido para la expedición y registro de las resoluciones de adjudicación, las cuales fueron protocolizadas a través de escritura pública. En el proceso de titulación adelantado por la Alcaldía Municipal se mantuvo una comunicación permanente con AFAVIT y los beneficiarios de la medida de reparación, con quienes se revisó cada una de las adjudicaciones de las viviendas.
Al respecto, los peticionarios observaron que en el fin de semana entre el 15 y el 18 de diciembre de 2017 se realizó el acto público de entrega de las escrituras de las viviendas, presidido por el alcalde de Trujillo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Con este acto, se entiende concluida la titulación y entrega de vivienda en condiciones dignas por parte del Estado y solicitaron a la CIDH declarar el cumplimiento de dicha medida.
El Estado a través del Ministerio del Interior se compromete a continuar brindando acompañamiento y asistencia técnica al Municipio de Trujillo-Valle en la construcción, actualización y seguimiento al plan integral de prevención a violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH realizado en el Municipio de Trujillo-Valle.
En su Informe de Homologación, la Comisión dio cuenta de que el 14 de octubre de 2015, se realizó un taller de actualización del Plan Integral de Prevención del Municipio de Trujillo (en adelante “PIP”), con acompañamiento técnico de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y con la participación de delegados de la Consejería Presidencia para los Derechos Humanos, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Protección Regional Valle, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Red Unidos, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, miembros del Cuerpo de Defensa Civil, la Alcaldía Municipal, el Hospital Santa Cruz, las organizaciones de Víctimas de Trujillo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y otras entidades y organizaciones municipales y departamentales. Con posterioridad a la organización del taller, se habría realizado un proceso de consolidación de la información recaudada para realizar un Plan Integral de Prevención (PIP) del Municipio de Trujillo Valle 2015, que fue socializado con los representantes de las víctimas, el 17 de marzo de 2016. Según lo indicado por el Estado, el PIP es una herramienta de implementación de una política pública de prevención que permita enfrentar los factores de riesgo o disminuir su impacto de la comunidad. El Estado agregó que dicha herramienta permitiría definir los criterios de articulación y coordinación interinstitucional entre la nación, el departamento y el municipio, para establecer un marco de actuación y las orientaciones que en materia de prevención debe adoptar el ente territorial. El Estado resaltó que el PIP se formula, define, valida y legítima con la participación de las autoridades territoriales, representantes de la sociedad civil, autoridades étnicas, las víctimas, la fuerza pública y demás actores encargados de establecer el marco de actuación en materia de prevención. Finalmente, el Estado indicó haber socializado la información del PIP, el 29 de junio de 2016, con diferentes entidades de orden territorial y nacional con el fin de lograr compromisos puntuales de cada una de las entidades de conformidad con sus competencias.
En su Informe Anual de 2017, la CIDH tomó nota de que el Estado indicó que de conformidad con las competencias del Ministerio del Interior en materia de asistencia técnica a entes territoriales para la formulación y puesta en marcha de los Planes Integrales de Prevención y Protección, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior realizó una jornada interinstitucional para la socialización y retroalimentación del Plan Integral de Prevención y Protección del municipio de Trujillo el 29 de junio del 2016, con la participación de diferentes entidades de orden nacional y territorial, con el fin de analizar y acordar compromisos frente a las acciones específicas para la puesta en marcha del Plan. Igualmente, se pactó la realización de un Consejo de Seguridad Ampliado, presidido por la Gobernadora del Valle del Cauca, con el objeto de impulsar las acciones acordadas. Adicionalmente señaló que, para el 2017, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a través del Grupo de Gestión Preventiva del Riesgo, priorizó al municipio de Trujillo para desarrollar un trabajo permanente e impulsar las acciones definidas en el PIPP, actualizado para el año 2015.
Frente a esta medida, ambas partes presentaron información no relevante para efectos del seguimiento de la CIDH en el 2018.
*Información proporcionada no relevante (la información fue proporcionada dentro del plazo especificado por la CIDH pero no se refiere a las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una de las clausulas, está desactualizada, o es repetitiva de la información presentada en años anteriores sin presentar nueva información).
Tomando en consideración la información disponible, la Comisión considera que la medida continúa teniendo un nivel de ejecución parcial.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 3