Source: http://aladda.es/stjue-2-4-2020-caso-stim-sami-c-753-18-alquiler-de-vehiculos-provistos-de-aparato-receptor-instalado-de-serie-y-comunicacion-al-publico-no-hay-acto-de-comunicacion-ni-por-tanto/
Timestamp: 2020-05-28 20:28:05+00:00

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STJUE 2/4/2020. Caso Stim/SAMI. C- 753/18. Alquiler de vehículos provistos de aparato receptor instalado de serie y comunicación al público. No hay “acto de comunicación” ni, por tanto, comunicación al público. – Aladda
El alquiler de vehículos provistos de receptores de radio no constituye acto alguno de comunicación pública por no concurrir el primero de los dos elementos requeridos. No hay “acto de comunicación” sino simple puesta a disposición de medios materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación, en los términos previstos en el Considerando 27 de la DSI y declaración concertada sobre el art. 8 TODA. Ello hace innecesario entrar a analizar el segundo elemento del concepto (“público). Tampoco resulta necesario abordar la segunda cuestión, en la que se preguntaba por la relevancia del volumen de la actividad de alquiler y la duración de los contratos.
1. El caso ya fue objeto de una primera reseña en este blog con ocasión de las Conclusiones del Abogado General. Corresponde ahora hacer lo propio con la sentencia que ha dado respuesta a la primera de las dos cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo de Suecia, obviando la segunda por no ser necesario abordarla.
2. El origen de la controversia esta en dos litigios. En el primero, la demandante era la entidad de gestión Stim (equivalente a nuestra SGAE) y la demandada una empresa de alquiler de automóviles Fleetmanager. Stim sostenía que Fleetmanager llevaba a cabo una actividad de comunicación pública al alquilar a particulares y empresas vehículos provistos de receptores de radio o, al menos, contribuía con ello a que otros lo hicieran. El segundo litigio se centraba en la misma problemática, aunque con los papeles procesales intercambiados, pues era una empresa de alquiler de vehículos, NB, la que demandaba a SAMI (entidad de gestión de derechos afines de los artistas, equivalente a nuestra AIE), a fin de que el juzgado declarase que no estaba obligada a pagar remuneración alguna en concepto de comunicación pública.
3. Ambos casos acabaron llegando al Tribunal Supremo de Suecia, que consideró conveniente someter al TJUE dos cuestiones: 1ª) “El alquiler de vehículos equipados de serie con un receptor de radio, ¿tiene como consecuencia que el arrendador de los vehículos es un usuario que realiza una “comunicación al público” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 [de derechos de autor y afines en la sociedad de la información, DSI] o del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 [de alquiler y préstamo y derechos afines, DAPDA]?”; y 2ª)“¿Qué pertinencia tiene, en caso de tener alguna, el volumen de la actividad de alquiler de vehículos y los períodos de alquiler?
4. La sentencia del Tribunal de Justicia (2/4/2020, C-753/18, Stim/SAMI) se pronuncia en línea con las Conclusiones del AG, aunque, antes de entrar en el fondo, resuelve una cuestión de carácter procesal
1) Improcedencia de la reapertura de la fase oral del procedimiento
5. Stim y SAMI habían pedido la reapertura de la fase oral alegando, a la vista de las Conclusiones, que parecía haber algún malentendido en cuanto a la distinción entre las esferas privada y pública, al efecto de determinar la existencia de comunicación al público, con el consiguiente riesgo de que el Tribunal tuviera que decidir sin estar bien informado al respecto. La sentencia, sin embargo, rechaza la pretensión. La reapertura de la fase oral cabe, incluso de oficio, cuando el Tribunal “considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una argumentación que no ha sido debatida entre las partes” (pfo. 22 de la sentencia). No, en cambio, cuando sólo se pretende formular “observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General”. Semejante trámite, que vendría a ser una especie de réplica, no está contemplado en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (vid. su art. 83).
2) Respuesta a la primera cuestión: No hay “acto de comunicación”, cosa que hace innecesario entrar a valorar el elemento “público”
2.1) Transversalidad del concepto de comunicación pública
6. El Tribunal de Justicia, en algunas ocasiones, ha sacado punta al hecho de que la controversia sobre la comunicación pública afecte a derechos de autor o, por el contrario, a derechos afines. Así lo hizo, por ejemplo, en el conocido y polémico caso SCF o Del Corso (15/3/2012, C-135/10) en el que, paseando sobre el filo de la navaja, afirmaba que “de la comparación de los artículos 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 [DSI] y 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 [DAPDA, actual Directiva 2006/115] se desprende que el concepto de «comunicación al público» que figura en estas disposiciones se utiliza en contextos que no son idénticos y persigue objetivos que, aunque sean similares, son parcialmente divergentes” (pfo. 74, subrayado añadido). Y añadía: “En efecto, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 confiere a los autores un derecho de carácter preventivo que les permite interponerse entre eventuales usuarios de su obra y la comunicación al público que estos usuarios quizás desearan realizar, con el fin de prohibirla. Por el contrario, el derecho que confiere el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas es un derecho de carácter compensatorio, que no puede ejercerse antes de que un usuario utilice un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, para una comunicación al público” (pfo. 75, subrayado añadido).
7. En Stim/SAMI el Tribunal se olvida de esas peligrosas distinciones y se acoge a la ortodoxia que ha proclamado en la mayor parte de ocasiones, para recordar que el concepto de comunicación al público del art. 3.1 DSI y del art. 8.2 DAPDA, debe interpretarse en sentido coincidente y a la luz de los conceptos equivalentes de Derecho Internacional (Tratados de la OMPI de Derecho de Autor, y de Interpretación o Ejecución y Fonogramas, TODA y TOIEF respectivamente).
2.2) Concepto de comunicación al público: “acto de comunicación” y “público”
8. Para responder a las cuestiones planteadas por el tribunal sueco, la sentencia echa mano de su propia doctrina acerca de la noción de comunicación al público, afirmando que: “según reiterada jurisprudencia, el concepto de «comunicación al público» reúne dos elementos cumulativos: un «acto de comunicación» de una obra y la comunicación de esta a un «público»” (pfo. 30, subrayado añadido). Los casos citados por el Tribunal al hacer esta afirmación son: AKM (16/3/2017, C-138/16, Austria: la transmisión simultánea completa y sin cambio de emisiones de la televisión nacional no es una comunicación al público cuando se trata de una simple modalidad técnica de comunicación y el público que la recibe ya ha sido tenido en cuenta), Renckhoff o Córdoba (7/8/2018, C-161/17, Alemania: hay comunicación al público cuando una escuela sube a su página electrónica un trabajo escolar que incluye una fotografía que su autora había descargado de la página de una agencia de viajes que contaba con la autorización del fotógrafo)y NUV y GAU o Tom Kabinet (19/12/2019, C-263/18, Holanda: la comercialización de libros electrónicos, mediante descarga, para su uso permanente, no está comprendida en el concepto de distribución sino en el de de comunicación pública y, por tanto, está excluida la posibilidad de “reventa” al amparo del principio de agotamiento).
2.3) La simple puesta a disposición de medios materiales no es en sí misma una comunicación al público
9. Para decidir si concurre el primero de los dos elementos (“acto de comunicación”), el Tribunal, recurre a una frase compleja ya utilizada en resoluciones anteriores y que, en frío, no permite hacer muchas predicciones. La decisión, dice el Tribunal, requiere “una apreciación individualizada a la luz de varios criterios complementarios, de naturaleza no autónoma y dependientes unos de otros”, que deberán aplicarse “tanto individualmente como en sus interacciones recíprocas, en la medida que, en las diferentes situaciones concretas, pueden darse con intensidad muy variable” (pfo. 31, subrayado añadido, con remisión al caso Stichting Brein, 14/6/2017, C-610/15: hay comunicación al público cuando el responsable de una plataforma en red indexa obras protegidas y proporciona el motor de búsqueda para que sus usuarios puedan localizarlas e intercambiarlas en redes peer to peer).
10. Entre los criterios a valorar, manejado en otras resoluciones anteriores, se incluye “el papel ineludible del usuario y el carácter deliberado de su intervención”. En este sentido, “el usuario lleva a cabo un «acto de comunicación» cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus clientes acceso a una obra protegida, especialmente cuando, si no tuviera lugar tal intervención, los clientes no podrían, o difícilmente podrían, disfrutar de la obra difundida” (pfo. 32, subrayado añadido; en esta ocasión con cita de los casos SCF o Del Corso, 15/3/2012, C-135/10: no hay comunicación al público en la difusión gratuita de fonogramas en la consulta de un dentista; PPL Irlanda, 15/3/2012, C-162/10: hay comunicación al público cuando un hotel proporciona a sus clientes fonogramas en formato físico o digital y un aparato para poder escucharlos; y, de nuevo, Stichting Brein, 14/6/2017, C-610/15, vid. supra).
11. Se diría, a la vista del párrafo precedente, que el Tribunal parece entender que el criterio expuesto concurriría en el caso Stim/SAMI, pues las empresas de alquiler son conscientes de que los vehículos incorporan receptores de radio y, desde luego, sin éstos, los conductores no podrían acceder a las emisiones pese a hallarse dentro de la zona de cobertura; por más que no sean ellas las que instalan los aparatos, pues normalmente lo habrá hecho el fabricante del vehículo.
12. No es claro que sea esa la línea de pensamiento del Tribunal, aunque apunta a ello el uso de una expresión adversativa (“ahora bien”) al reemprender su argumentación para echar mano del Considerando 27 DSI, según el cual: “la mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación no equivale en sí misma a una comunicación en el sentido de [dicha] Directiva” (pfo. 33, subrayado añadido; vid., en el mismo sentido, la declaración concertada al art. 8 del TODA: “Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna. […]”).
13 Sin mayores explicaciones, el Tribunal afirma que ese es precisamente el caso de Fleetmanager y NB. No hay “acto de comunicación” pues solo facilitan medios materiales para que otros lo lleven a cabo: “Así sucede con el suministro de un receptor de radio integrado en un vehículo de alquiler, que permite captar, sin ninguna intervención adicional por parte de la empresa de arrendamiento, la radiodifusión terrestre accesible en la zona en la que se encuentre el vehículo” (pfo. 34, con cita del pfo. 32 de las conclusiones del AG). Para redondear su argumentación, y a modo de contraste, la sentencia recurre al caso Reha Training (31/5/2016, C‑117/15: comunicación pública en un centro de rehabilitación en cuya sala de espera y salas de ejercicios hay televisores instalados). Una cosa es, viene a decir, alquilar vehículos provistos de receptor de radio y otra, como en Reha Training, “[transmitir] deliberadamente a [la] clientela obras protegidas mediante la distribución de una señal a través de receptores que han instalado en su establecimiento” (pfo. 35).
14 Cabe observar, sin embargo, que el recurso a Reha Training para marcar distancias (es esto-no es esto) resulta un poco interesado. Habría sido más productivo que el Tribunal nos explicara la diferencia entre Stim/SAMI y PPL Irlanda. ¿Por qué hay “comunicación” cuando un hotel proporciona a sus clientes un aparato lector de fonogramas y unos cuantos ejemplares y no la hay cuando una empresa de alquiler de vehículos facilita aparatos de radio preinstalados en los mismos, y al parecer también lectores de CD (cfr. pfo. 16, con referencia a NB)? ¿Serían diferentes las cosas si se tratara de aparatos extraíbles y el cliente pagara un plus para que se le entregaran junto con el automóvil alquilado?…
15. Las preguntas anteriores no tienen por objeto poner en cuestión el sentido de la decisión del Tribunal de Justicia sino apuntar la necesidad de proporcionar más criterios para saber, a priori, cuándo se puede entender que una intervención con pleno conocimiento de sus consecuencias no va más allá de la “mera puesta a disposición de medios materiales” y cuándo, en cambio, constituye un verdadero “acto de comunicación”.
16. Quizá, para reforzar su decisión, el Tribunal podría haber acudido al caso Diváni Akrópolis (18/3/2010, C-136/09: televisores en habitaciones de hotel), resuelto mediante Auto sobre la base del precedente de SGAE/Rafael Hoteles (7/12/2006, C-306/05: televisores en habitaciones de hotel) en el que se dijo que: “la simple fourniture d’installations physiques, telle que visée au point 46 de l’arrêt SGAE, précité, doit s’entendre comme la seule activité de vente ou de location d’appareils de télévision exercée par des entreprises spécialisées. De telles entreprises ne sauraient, en effet, de ce seul fait, être considérées comme réalisant un acte de communication au public” (pfo. 40 ; el Auto motivado sólo está disponible en griego y francés). Vender o alquilar televisores o aparatos de radio es sólo facilitar medios para comunicar; no es comunicar.
2.4) ¿El habitáculo del vehículo, un espacio “público”?
17. Stim y SAMI sostenían que Fleetmanager y NB no solo facilitaban aparatos de radio y lectores de CD que permitían disfrutar de obras y prestaciones musicales, sino también el espacio adecuado para hacerlo. Tal espacio, calificado por las entidades de gestión como “público”, sería el propio habitáculo del vehículo. El Tribunal rechaza, sin embargo, tal alegación con el doble argumento de que “el suministro de tal espacio, al igual que el suministro de los propios receptores de radio, no constituye un acto de comunicación” y, además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que “el carácter privado o público del lugar en el que se produce la comunicación no tiene relevancia alguna” (pfo. 37, con remisión al caso SGAE/Rafael Hoteles, cit. supra).
2.5) Conclusión: No hay comunicación al público
18.Tras razonar que, dada la ausencia de un acto de comunicación “no procede examinar si tal puesta a disposición [de medios materiales] debe considerarse una comunicación a un «público» (pfo. 38), el Tribunal concluye que: “El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que el arrendamiento de vehículos automóviles equipados con un receptor de radio no constituye una comunicación al público en el sentido de estas disposiciones” (decisión).
2.7) Falta de respuesta a la segunda pregunta
19. Como sabemos, el Tribunal Supremo de Suecia también había preguntado acerca de la relevancia que podía tener para apreciar la existencia o no de comunicación al público el volumen de la actividad de alquiler de vehículos y el tiempo de duración de los contratos. La pregunta queda sin respuesta por no ser necesaria una vez visto el sentido de la primera. En cualquier caso el AG, en sus Conclusiones, había sugerido dar también una respuesta negativa (vid. la reseña publicada en este mismo blog, pfos. 12 a 16).

References: artículo 3
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8