Source: https://tc.vlex.es/vid/2004-ca-41008137
Timestamp: 2020-07-12 20:02:46+00:00

Document:
STC 77/2008, 7 de Julio de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 41008137
Número de Recurso: 5912-2004
Recurso de amparo 5912-2004. Promovido por don J.L. frente a los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que desestimaron su recurso contra el Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz) sobre sanción disciplinaria por desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos de defensa en el procedimiento administrativo sancionador y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: recurso de amparo mixto; pliego de cargos que incorpora el parte de denuncia y pruebas impertinentes; resoluciones judiciales estereotipadas.
Sentencia citada en: 111 sentencias, 12 artículos doctrinales
STC 77/2008, de 7 de julio de 2008
En el recurso de amparo núm. 5912-2004, promovido por don J.L., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Celia Fernández Redondo y asistido por el Abogado don Juan Carlos Medrano Pizarro, posteriormente sustituido por doña Rosa María Rosa Centen, contra el Auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de 6 de septiembre de 2004, que desestimó el recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 10 de junio de 2004, desestimatorio a su vez del recurso de alzada contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz) de 5 de diciembre de 2003, adoptado en el expediente sancionador núm. 1156-2003. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte el Abogado del Estado, en la representación que ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Centro Penitenciario de Algeciras el 23 de septiembre de 2004, recibido en el Registro General de este Tribunal el 30 de septiembre del mismo año, don J.L. manifestó su voluntad de interponer recurso de amparo contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento. En el mismo escrito solicitaba el nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio para formular la demanda de amparo, siendo designados doña Celia Fernández Redondo como Procuradora y don Juan Carlos Medrano Pizarro como Abogado. Tras las referidas designaciones, el 1 de diciembre de 2004 se presentó la demanda de amparo.
Los fundamentos de hecho relevantes para la resolución de este recurso, son los siguientes:
En virtud de parte emitido por funcionario del Centro Penitenciario de Algeciras, el Director del Centro acordó, mediante Resolución de 29 de octubre de 2003, incoar procedimiento disciplinario (núm. 1156-2003) contra el interno don J.L., como consecuencia de que los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2003 el funcionario de servicio en el módulo de régimen especial le ordenó que recogiera los útiles de limpieza (fregona, escoba y recogedor) y realizase la limpieza de su celda, a lo que se negó el interno manifestando “no voy a recogerlos”, observándose posteriormente que no había realizado la limpieza de la celda.
Durante la tramitación del expediente, el interno solicitó que le fuese facilitado el acceso a las pruebas de cargo, en particular el parte disciplinario que motivó la incoación del expediente y el escrito del Jefe de Servicios elevando dicho parte al Director del Centro. También solicitó conocer los números de identificación del funcionario que libró el parte y del Jefe de Servicios; que se aportasen los soportes de grabación del sistema de video-vigilancia; así como la declaración de los funcionarios que prestaban servicio en el módulo de régimen especial y del que libró el parte disciplinario.
Tras haberse presentado el pliego de descargos, el 5 de diciembre de 2003 la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario acordó imponer al recurrente en amparo una sanción de treinta días de privación de paseos y actos recreativos comunes, como responsable de una falta grave prevista en el art. 109.b del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo.
El demandante de amparo interpuso recurso de alzada contra el acuerdo sancionador, ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional. En su recurso alegó: 1) Que el 27 de septiembre de 2003 le fueron retirados los utensilios de limpieza de su celda por el funcionario encargado del módulo de aislamiento; y al día siguiente el mismo funcionario le ofreció tales utensilios para que procediera a la limpieza de su celda y los devolviese transcurridos de 15 a 30 minutos, no aceptándolo el recurrente porque en ese momento la celda estaba limpia, deseando simplemente guardarlos para cuando los necesitase, por lo que niega haber desobedecido orden alguna; 2) Que se ha vulnerado su derecho de defensa (art. 24.2 CE) por impedírsele mantener comunicación no intervenida con sus Abogados; 3) Que también se ha vulnerado el art. 24.2 CE al denegársele el acceso al material probatorio consistente en el parte del funcionario; 4) Que se ha vulnerado su derecho a la prueba (art. 24.2 CE) al haberse denegado inmotivadamente la práctica de las pruebas solicitadas en el pliego de descargos; 5) Que si bien no reconoce haber desobedecido orden alguna, de haberse producido tal desobediencia lo hubiese sido a una orden que el funcionario no había dado en el ejercicio legítimo de sus funciones, ya que el horario establecido en las normas de régimen interior para proceder a la limpieza de la celda ya había transcurrido, infringiéndose así los arts. 25 de la Ley Orgánica general penitenciaria (en adelante, LOGP) y 5.2.b del Reglamento penitenciario; 6) Que, aun en el caso de haber desobedecido, la infracción cometida no se correspondería con una falta grave prevista en el art. 109.b sino con una falta leve del art. 110.b del Reglamento penitenciario, ya que la supuesta desobediencia no habría causado alteración de la vida regimental y de la ordenada convivencia.
El recurso de alzada fue desestimado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitencia mediante Auto de 10 de junio de 2004, cuyo razonamiento jurídico único expresa: “Está acreditado en las actuaciones la comisión de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta, correctamente calificad[os] como constitutivos de una falta del art. 109-B del Reglamento Penitenciario aprobado por R.D. 1201/1981 de 8 de mayo, por lo que siendo la sanción impuesta proporcional a la entidad del hecho, procede confirmar el acuerdo impugnado”.
El interno presentó recurso de reforma, en el que reiteró las alegaciones contenidas en el de alzada. El recurso fue desestimado por Auto de 6 de septiembre de 2004 en consideración a que: “Las alegaciones contenidas en el escrito del recurrente no aportan hechos, razones o argumentos distintos a los ya expuestos en el recurso de alzada sino que contienen una interpretación subjetiva y diferente de los hechos o la valoración jurídica que se hacen en el auto recurrido, por lo que procede su desestimación”.
El demandante de amparo alega la vulneración de los derechos fundamentales a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a no ser sancionado por hechos no constitutivos de infracción administrativa (art. 25.1 CE). Tras señalar que no ha existido por su parte desobediencia o incumplimiento de norma alguna y que, en el peor de los casos, debió jugar a su favor la presunción de inocencia, que entronca con el principio in dubio pro reo, fundamenta la petición de amparo en dos consideraciones:
Por providencia de 6 de febrero de 2006 la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, obrando ya en Secretaría testimonio de las actuaciones judiciales y administrativas, se acordó, a tenor de lo establecido en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para que emplazase a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, a fin de que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Mediante otra providencia de la misma fecha se acordó formar la correspondiente pieza separada de medidas cautelares y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y al recurrente en amparo, para que alegaran lo que estimasen pertinente en relación con la petición de suspensión interesada.
Por diligencia de ordenación de 14 de marzo de 2006 se dio vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y partes personadas para que, dentro del plazo común de veinte días, pudieran presentar alegaciones, conforme al art. 52 LOTC.
La representación procesal del recurrente dio cumplimiento al trámite de alegaciones conferido, mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2006, en el que se ratifica cuanto fue expuesto en la demanda de amparo.
El Abogado del Estado cumplimentó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado el 4 de abril de 2006, en el que solicita la desestimación del recurso de amparo. Comienza observando que las alegaciones del recurrente no han discurrido tanto por la negación del hecho básico constitutivo de la infracción sancionada (esto es, la falta de limpieza de la celda y el rechazo de los medios de limpieza) cuanto por un intento de justificar su conducta. Pero la condición de interno no sólo conlleva la permanencia en un establecimiento penitenciario, sino también una serie de deberes entre los que figura acatar las normas de régimen interior y las órdenes del personal penitenciario. La orden de recibir los útiles de limpieza, de efectuar ésta y de devolver aquéllos, constituye una medida perfectamente adecuada a los deberes higiénicos y de limpieza inherentes a la convivencia en prisión. Cualquiera que fuera la práctica seguida con anterioridad sobre este particular, la orden debió cumplirse.
El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones en escrito registrado el 24 de abril de 2006, en el que, tras recordar la doctrina de este Tribunal acerca de los derechos de las personas internas en centros penitenciarios, estima que la parca argumentación contenida en los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria parece obedecer a una formulación estereotipada o genérica, sin que pueda considerarse una desestimación tácita de las cuestiones planteadas, pues resulta absolutamente imposible deducir cuáles son los motivos fundamentadores de la respuesta o su ratio decidendi; de modo que el interno no ha recibido respuesta fundamentada alguna frente a las concretas pretensiones deducidas ante el órgano judicial al tiempo de impugnar el acuerdo sancionador del Centro Penitenciario, quebrándose así su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Solicita la anulación de los Autos dictados en alzada y en reforma por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la retroacción del procedimiento, a fin de que el órgano judicial motive debidamente su resolución, sin que sea necesario pronunciarse sobre la queja referida al derecho a la práctica de la prueba (art. 24.2 CE). No obstante, para el caso de que no prosperase la alegación relativa al art. 24.1 CE, entiende el Fiscal que las pruebas propuestas por el interno no afectan de manera esencial al thema decidendi de los hechos por los que se había incoado el expediente disciplinario ni se trata de pruebas decisivas en términos de defensa.
El 19 de marzo de 2007 la representación procesal del demandante de amparo puso en conocimiento del Tribunal que el Letrado don Juan Carlos Medrano Pizarro había causado baja colegial como ejerciente. Librado oficio al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la designación de nuevo Abogado de los de turno de oficio, recayó en doña Rosa María Rosa Centen, a quien se tuvo por nombrada mediante diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2007.
Por providencia de 3 de julio de 2008 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 7 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
La demanda de amparo, presentada por don J.L., se dirige contra el Auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de 6 de septiembre de 2004, desestimatorio del recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 10 de junio de 2004, que desestimó en alzada su queja contra el Acuerdo de 5 de diciembre de 2003 de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Algeciras (Cádiz), mediante el que se le impuso una sanción de treinta días de privación de paseos y actos recreativos comunes, como responsable de una falta grave prevista en el art. 109.b del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo (“desobedecer las órdenes recibidas o resistirse a cumplirlas activa o pasivamente”), aplicable según lo establecido en la disposición derogatoria del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el vigente Reglamento penitenciario.
Conforme ha quedado expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta resolución, se queja el demandante, en primer lugar, de la vulneración del derecho a la prueba (art. 24.2 CE) como consecuencia de que en la fase instructora del expediente sancionador le fue denegada la práctica de las pruebas que propuso (la incorporación a las actuaciones del parte disciplinario y de los soportes de grabación del sistema de video-vigilancia, así como la declaración de diversos funcionarios). Alude también a la vulneración del derecho a no ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no sean constitutivas de infracción (art. 25.1 CE). Por último, denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) como consecuencia de que los Autos de 10 de junio y 6 de septiembre de 2004 no dieron respuesta a las cuestiones planteadas en los recursos de alzada y reforma presentados contra el Acuerdo sancionador.
Nos encontramos ante un recurso de amparo de naturaleza mixta, resultado de la acumulación de dos pretensiones impugnatorias en una misma demanda, en la que el primer reproche que el demandante de amparo dirige contra la actuación de la Administración penitenciaria alude a la vulneración del art. 24.2 CE, por habérsele denegado el acceso al material probatorio de cargo consistente en el parte de incidencias que motivó la incoación del procedimiento sancionador.
La segunda de las quejas dirigidas contra la actuación administrativa es la referida a la denegación de las pruebas cuya práctica solicitó el demandante en el curso del expediente disciplinario, lo que, a su juicio, ha supuesto la vulneración del art. 24.2 CE.
Se alude también en la demanda de amparo a la vulneración del derecho a no ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no sean constitutivas de infracción, según la legislación vigente en aquel momento (art. 25.1 CE). Sin embargo, esta última queja está simplemente enunciada en el escrito de demanda y ayuna de todo desarrollo argumental, lo que nos impide entrar a analizarla, pues debemos recordar, una vez más, que pesa sobre el recurrente la carga de facilitar a este Tribunal las alegaciones fácticas y jurídicas precisas a fin de dilucidar si ha mediado vulneración de los derechos fundamentales para cuya protección se interesa el otorgamiento del amparo constitucional (entre otras, SSTC 155/1999, de 14 de septiembre, FJ 1; 100/2003, de 2 de junio, FJ 2; 123/2006, de 24 de abril, FJ 3; y 155/2007, de 2 de julio, FJ 1).
Descartada la impugnación planteada por la vía del art. 43.1 LOTC, resta enjuiciar la queja encuadrada en el art. 44 LOTC, que se dirige contra los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria dictados en alzada y reforma, por considerarlos incursos en incongruencia omisiva generadora de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Llegados a este punto debemos fijar, con arreglo a lo dispuesto en el art. 55 LOTC, el alcance del amparo otorgado, atendiendo a la peculiaridad que concurre en los amparos de naturaleza mixta. Según ha quedado expuesto, hemos rechazado los reproches dirigidos contra el acto administrativo. Por el contrario, hemos apreciado que en el proceso judicial subsiguiente se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial congruente con las pretensiones deducidas en el propio proceso.
Estimar parcialmente la demanda de amparo presentada por don J.L.:
Declarar la nulidad, sin retroacción de actuaciones, de los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de 10 de junio y 6 de septiembre de 2004.
STC 156/2009, 29 de Junio de 2009
STS 528/2012, 21 de Junio de 2012
STSJ Canarias , 23 de Noviembre de 2001
STSJ Aragón 481/2007, 16 de Mayo de 2007
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References: resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
in dubio
 Real Decreto 
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 resolución