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03/21/14 | IurisCivilis
En Derecho Familia, Derecho Matrimonial, Doctrina, Jurisprudencia, Obligaciones Dinerarias por Joseraloga // 21.3.14 // 1 comment
La Figura de la Pensión Compensatoria en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo
En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de tratar el tema de la pensión compensatoria. En el artículo titulado “La pensión compensatoria por causa de separación o divorcio. El desequilibrio económico”, publicado en el mes de junio de 2008, definimos la pensión compensatoria como aquella que se concede al cónyuge perjudicado económicamente por la separación o divorcio y que trae su causa de la producción de una situación de desequilibrio económico. Habiendo transcurrido, desde entonces, unos cuantos años, me parece necesario actualizar los contenidos de estos artículos y nada mejor que hacerlo con la reciente sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado hace unos dos meses.
Pues bien, la reciente STS de 19 de Febrero de 2014 - Roj: STS 635/2014 - Nº de Recurso: 2258/2012 - Nº de Resolución: 91/2014, siendo Ponente el Magistrado Sr. Francisco Javier Orduña Moreno, y resolviendo un recurso de casación dimanante en Primera Instancia de unos Autos de Divorcio Contencioso, en su Fundamento Jurídico Segundo – Apdo. 3, realiza un pormenorizado análisis de la naturaleza jurídica y de los presupuestos necesarios para la concesión de la pensión compensatoria, fijando la doctrina jurisprudencial aplicable a esta figura jurídica. Análisis Jurídico que no me resisto a compartir con todos vosotros.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SALA I CIVIL DE FECHA 19 - 02 - 2014
Pensión compensatoria: naturaleza jurídica y presupuestos para su concesión. Ejercicio profesional de ambos cónyuges. Desequilibrio económico. Doctrina jurisprudencial aplicable.
SEGUNDO.- 1. La parte demandada, al amparo del ordinal tercero del artículo 477.2 LEC , interpone el recurso de casación que articula en un único motivo , alegando la infracción del art. 97 CC y de la jurisprudencia de esta Sala contemplada en las SSTS de 22 de junio de 2011 , 23 de enero de 2012 , y 14 de abril de2010, entre otras, planteando que de existir desequilibrio, éste no tiene la consideración de compensable de conformidad con el art. 97 CC , al no haberse acreditado que es consecuencia de una disminución de las posibilidades de la esposa, por su dedicación a la familia o contribución personal a las actividades del esposo, sin que tan siquiera se haya establecido un límite temporal a la pensión fijada, pese a los reconocidos ingresos de la esposa y el desarrollo de su actividad profesional.
- Según aclara la citada jurisprudencia, tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. De esto se sigue que, a diferencia de la pensión alimenticia, en la compensatoria no hay que probar la existencia de necesidad, toda vez que, como se ha dicho, el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo. Lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge.
- En sintonía con lo anterior, siendo uno de los razonamientos que apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, resulta razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia.
A la luz de esta doctrina, la existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, con respecto a la situación que tenían hasta entonces, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica, sin el cual no es posible el reconocimiento de la pensión compensatoria. Los dos puntos de referencia obligada son el momento de la ruptura -que ha de servir para comparar las situaciones económicas vigentes hasta ese instante con las posteriores- y el elemento personal, - pues lo que se han de comparar son las situaciones personales de ambos cónyuges referidas a ese momento-.
La duda que a veces se ha planteado es si es posible apreciar el citado desequilibrio, y por tanto, fijar una pensión, cuando cada cónyuge tiene una calificación profesional determinada y ejerce su profesión. Esta Sala (STS de 17 de julio de 2009 [RC nº 1369/2004]) se ha pronunciado al respecto diciendo que, en principio, la mera independencia económica de los esposos no elimina el derecho de uno de ellos a recibir una pensión, pues a pesar de que cada cónyuge obtenga ingresos, puede haber desequilibrio «cuando los ingresos de uno y otro sean absolutamente dispares». Por tanto, valorando esta afirmación en sentido contrario, la independencia económica impedirá que nazca el derecho a la pensión cuando se produzca una situación equilibrada, compatible con diferencias salariales, si no son notorias. Si ambos esposos trabajan, y sus ingresos, valorando la situación inmediatamente anterior a la ruptura con la que van a tener que soportar a resultas de esta, no son absolutamente dispares, la mera desigualdad económica no se va a traducir en la existencia de un desequilibrio para el más desfavorecido susceptible de ser compensado mediante una pensión a cargo del que lo fue en menor medida, pues lo que la norma impone es una disparidad entre los ingresos de carácter desequilibrante.
En Derecho Civil, Derecho Procesal, Doctrina, Jurisprudencia, Obligaciones Dinerarias por Joseraloga // 21.3.14 // Dejar un Comentario
Las Sentencias a reserva de Liquidación ex artículo 219 LEC. Criterios Jurisprudenciales
Las sentencias a reserva de liquidación se encuentran contempladas en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, cuya regulación prohíbe expresamente diferir a la fase ejecutiva la realización de cualquier tipo de operaciones complejas de liquidación, admitiendo en determinados casos que la iliquidez de la sentencia de condena.
Estas sentencias son resoluciones de condena de fallo ilíquido que precisan la práctica de algún incidente de liquidación en la que se determinará el «quantum» de la prestación con arreglo a las bases de liquidación fijadas en la misma sentencia. Como hemos indicado, en la actualidad, y debido a su carácter antieconómico y a las dilaciones indebidas que ocasionaban estas sentencias, permitidas por la LEC de 1881, la vigente ley procesal las prohíbe en sus arts. 209.4 y 219.
En efecto, con la anterior legislación procesal se había convertido en una práctica judicial habitual que, con base en el prudente artículo 360 LEC 1881, se postergarse a la fase de ejecución la cuantificación de la condena pecuniaria en aquellos supuestos en los que existía una imposibilidad real de fijar la cantidad líquida o liquidable - mediante el establecimiento de las bases para proceder a su liquidación.
Por tanto, contraviniendo el loable espíritu de esta norma – garantizar la tutela jurisdiccional en aquellos supuestos en los que a la parte demandante le resulta imposible cuantificar con exactitud la condena pretendida ni fijar las bases para ello -, y siendo palpables los beneficios obtenidos por el actor, se convirtió en una abusiva práctica habitual omitir la determinación cuantitativa en aquellas demandas cuya pretensiones condenatoria tenían su origen en frutos, intereses o daños y perjuicios. De esta forma, todo lo relacionado a la liquidación de la deuda quedaba aplazado para realizarlo posteriormente dentro de un incidente que se ventilaba en fase de ejecución.
En este sentido, transcribimos literalmente el contenido del referido artículo 360 LEC 1881 - en la redacción operada por la reforma de 1984-, dónde se aprecia claramente la sana intención del legislador: “Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible ni lo uno ni lo otro se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia.”
La doctrina jurisprudencial pone de relieve la bondad de este sistema instaurado por este precepto en relación a las sentencias de condena a reserva de liquidación, entre otras, en la STS de 22 de febrero 2011 y reiterada por la STS 19 de diciembre de 2011:
“En asuntos sometidos a la LEC 1881, esta Sala ha declarado, en relación con las sentencias dictadas con reserva de liquidación, que el principio de congruencia no impide que la respuesta judicial se produzca con flexibilidad (STS de 18 de marzo de 2004), de modo que cuando se estima que es imposible la fijación del quantum [cuantía] o incluso de las bases de la liquidación, el artículo 360 LEC 1881 permite dictar la condena a reserva de fijar su cuantía y hacerla efectiva en ejecución de sentencia. Es una facultad discrecional del tribunal diferir a la ejecución de sentencia las determinaciones de la cuantía o saldos de liquidaciones que deben practicarse por las partes, como también lo es la de fijar la cuantía en la propia sentencia si se cuenta con elementos para ello a juicio del tribunal de instancia en el ejercicio de las facultades de valoración de la prueba que le son propias. Como declara la STS de 21 de julio de 2000, acordar si una cantidad está determinada, o debe determinarse en período de ejecución de sentencia, pertenece al campo de la quaestio facti [cuestión de hecho] que no tiene acceso a la casación por el cauce de la incongruencia (SSTS de 20 de diciembre de 2006, RC n.º 5188/1999, 18 de septiembre de 2009, RC n.º 879/2005)”.
Sin embargo, esta situación cambió con la entrada en vigor de la vigente ley de ritos que ha establecido límites para dictar sentencias de condena con reserva de liquidación, poniendo especial cuidado el legislador de que esta figura procesal estuviera limitada exclusivamente a casos muy excepcionales en los que fuera imposible dictar una sentencia de condena a cantidad liquida o liquidable. Ahora bien, no puede negarse la existencia de determinados supuestos en los que realmente no cabe otra posibilidad que diferir la liquidación de la deuda para un momento posterior bien en fase de ejecución o mediante un procedimiento declarativo posterior, tal como establece el artículo 219.3 LEC.
Por tanto, la normativa establecida en la vigente ley procesal tiene como objetivo principal acabar con los principales problemas prácticos que ocasionó el uso abusivo del art. 360 LEC 1881, sin eliminar totalmente la posibilidad de obtener una condena ilíquida a quien realmente tenga muy difícil cuantificar su pretensión o se enfrente a especiales dificultades probatorias.
En cuanto a la doctrina jurisprudencial este parece ser el criterio seguido por numerosas sentencias del Tribunal Supremo a la hora de interpretar el artículo 219 LEC. En este sentido, la STS de 17 de junio de 2010 explícita las razones de esta regulación:
“La sentencia de 18 diciembre 2009 explica las razones de esta regulación y dice que “El artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha puesto fin a una viciosa practica de pedir y de conceder determinadas indemnizaciones, cuya concreción dejaban los Tribunales para la ejecución de sentencia, sumando un juicio a otro, sin tener en cuenta que la prueba de su importe tiene su lugar específico en el curso del proceso y no en su ejecución. [...]. El artículo responde a la idea, reiterada en la ley, de que las partes, como consecuencia del principio dispositivo y de aportación que rige en el proceso civil, fijen con absoluta claridad y precisión lo que constituye su objeto, no solo en lo cuantitativo sino en lo cualitativo, siempre sobre la idea de que se conoce lo que se reclama y que lo pueden incorporar a los escritos iniciales, para someterlo a la necesaria contradicción y prueba, cuando se ejerciten acciones a las que se refiere la norma, haciéndolo bien de forma directa, bien mediante la consignación de las bases con arreglo a las cuales deba efectuarse la liquidación a través de una simple operación aritmética; norma que ha restringido considerablemente los casos en que la reserva sea imprescindible, evitando de esa forma "ejecuciones complejas, a veces más que el propio proceso de declaración" (STS 18 de mayo de 2009)". Por ello, la sentencia de 15 julio 2009 dice que "[...] dejar la determinación de la exacta cantidad a la ejecución de la sentencia no supone una infracción que comporte la declaración de nulidad de la sentencia, porque se ajusta a lo establecido en el artículo 219.2 in fine LECiv (en un sentido parecido, STS 818/2008, de 3 octubre)", en un caso en que se discutía la cuantía de unas determinadas rentas".
La STS de 16 de enero de 2011, ha establecido la doctrina general sobre el régimen de las sentencias con reserva de liquidación en la vigente Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, reiterada por la STS de 14 de enero de 2013, al declarar que:
“Expusimos en la sentencia 993/2011, de 16 de enero, que el legislador del año 2000 estableció "de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas ", en un intento de " superar la problemática que se planteaba, con anterioridad, en la aplicación del artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado". También señalamos que, para corregir la situación, entendió, " con sana intención, que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo y a ello responden los preceptos procesales que se examinan". Añadimos que, siendo la normativa saludable para el sistema procesal, un excesivo rigor en su aplicación podía " afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva [...] ", puesto que dejar a los litigantes perjudicados sin indemnización podía afectar al derecho fundamental e infringir la prohibición de indefensión. Concluimos que, "para evitarlo, es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales - contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial -, permitan dar satisfacción a su legítimo interés".
En base al principio dispositivo o de justicia rogada que inspira e informa al sistema de tutela procesal – cfr. art. 216 LEC-, la vigente ley rituaria impone a la parte demandante el deber de cuantificar el valor de la demanda, para conformar con exactitud el objeto de la pretensión solicitada – cfr. arts. 253.1 en relación con los arts. 251 y 252 LEC. Por otra parte, en función del principio de congruencia que viene obligado a respetar el Juez a la hora de dictar el fallo– cfr. art. 218 LEC - , la referida ley procesal exige que en la sentencia se fije con claridad el valor la cantidad objeto de la condena, posibilitando el conocimiento del futuro pronunciamiento sobre las costas judiciales y condicionando la ejecución de la resolución - pues la ésta únicamente será ejecutiva cuando la cantidad referida sea líquida o, en su caso, liquidable, tal como previenen los arts. 571 a 579 LEC.
En este sentido, la STS de 28 de noviembre de 2013 establece la procedencia de la reserva de liquidación aun no pedida expresamente en la demanda por la parte demandante declarando que la sentencia dictada no vulnera el principio de congruencia que establece el artículo 218 de la LEC:
“Ya la antigua jurisprudencia, bajo la vigencia del art. 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, había declarado que «[...] entra dentro de la congruencia así entendida tanto la determinación del total importe como el deferir la exacta cuantificación para ejecución de sentencia sobre las bases que la resolución establece[...]» (sentencia de 3 de febrero de 1990). El cambio que supone el art. 219 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del art. 360 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil no supone obstáculo a la aplicación de este criterio jurisprudencial al supuesto objeto de este recurso, en que la reserva de liquidación supone tan solo una estimación parcial de la pretensión.”
En efecto, teniendo en cuenta que la sentencia de condena ilíquida carece completamente de eficacia ejecutiva, el art. 290.4ª LEC prohíbe taxativamente la reserva de liquidación en la fase de ejecución, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 219 LEC, que se encarga de prohibir de forma expresa y con carácter general las sentencias de condena con reserva de liquidación, dejando abierta la puerta a la posibilidad prevista en el apartado 3º del referido precepto.
A estos efectos, señala el artículo 219 LEC que:
3. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades”.
Por tanto, de conformidad con este precepto resulta meridianamente claro que la condena siempre ha de ser líquida, de cuantía concreta y determinada o, en su defecto, fácilmente liquidable mediante meras operaciones aritméticas a partir de las bases fijadas en la propia sentencia; previendo únicamente la excepción prevista en el art. 219.3º LEC que contempla la posibilidad de relegar la liquidación para un proceso declarativo posterior cuando se solicite la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada.
La doctrina jurisprudencial sobre el alcance y objeto de este precepto se establece en la STS de 22 de abril de 2013 que razona lo siguiente:
“El artículo 219 LEC -como el artículo 209.4 LEC - se refiere a los procesos cuyo objeto es la reclamación de una cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase. Estas normas permiten una interpretación comprensiva de cualquier pretensión condenatoria cuya liquidez no se pueda precisar y no solo limitada a aquellos casos en los que el único objeto del proceso haya sido la condena al pago de una cantidad de dinero o de otra clase de productos. Así se ha declarado por esta Sala siguiendo la línea interpretativa que se mantuvo en la aplicación del 360 LEC 1881, más allá de la estricta literalidad de la norma, permitiendo su aplicación a cuantos supuestos no fueran a priori susceptibles de concretar la liquidez de las sumas objeto de la controversia (STS de 13 de Octubre del 2010, RIPC n.º 146/2007 ). De acuerdo con este criterio, el artículo 219 LEC es de aplicación cuando, tras pedirse en la demanda la reparación in natura [en la sustancia original] de los defectos de construcción, se acumula, con carácter subsidiario, la pretensión de condena al pago de los costes de reparación de los defectos de construcción, para el caso de falta de cumplimiento voluntario de la acción principal, ya que esta pretensión de la demanda, aunque subordinada al incumplimiento de lo pedido como pretensión principal, es de condena al pago de una cantidad de dinero determinada ( STS de 13 de Octubre del 2010 RIP n.º 146/2007 ).”
Las STS de 4 de marzo de 2011 – Fundamento Jurídico Cuarto -, y la citada ut supra de 19 de diciembre de 2011 - Fundamento Jurídico Tercero-C -, realizan una interpretación del artículo 219.2 LEC:
“El artículo 219.2 LEC solo permite relegar a la fase de ejecución de sentencia la determinación exacta del importe de la condena si se fijan con claridad y precisión las bases para su liquidación. Esta, en principio, deberá consistir en una simple operación aritmética, según la literalidad de la LEC, aunque cabe imaginar otros supuestos en que la necesidad de evitar la indefensión justifique esta posibilidad. Fuera de los supuestos en que concurra la pertinente justificación, según indica expresamente el artículo 219.3, inciso primero, LEC, no se permitirá al tribunal que al dictar sentencia la condena se efectúe con reserva de liquidación para la fase de ejecución. Este sistema normativo se completa con lo previsto en el artículo 219.3, inciso segundo, LEC, conforme al cual «se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando esa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades». Las razones por las que se establecen estas reglas se fundan en la necesidad de proteger la tutela judicial efectiva y es por ello que deben aplicarse en este caso.”
Ahora bien, en relación con el artículo 219.3º LEC, cabe indicar que llama la atención que el mismo no haga mención expresa de la condena al pago de daños y perjuicios. El precepto delimita su propio ámbito de actuación cuando señala que la condena solicitada ha de ser relativa al pago de una cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos. Sin embargo, el antecesor de este precepto – el art. 360 LEC 1881 -, sí contemplaba expresamente la condena al pago de daños y perjuicios, por lo que la solución más racional será incluirlos dentro de la expresión que utiliza la norma procesal de “pago de una cantidad de dinero”.
La referida STS de 14 de enero de 2013 relaja los requisitos que deben observarse en estos supuestos en que se solicita que se reserve la liquidación a otro proceso declarativo.
“La interpretación del artículo 219, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil que propone la recurrente como fundamento del motivo, incurre en ese exceso, pues, conforme a ella, debería ser desestimada una pretensión declarativa del derecho a ser indemnizado en una medida a determinar en otro proceso, por el hecho de no ser la única deducida en la demanda, al habérsele acumulado otras - entre ellas, la fundamental y previa de que se califique la conducta de la demandada como ilícita y, por tal, como fuente de la obligación de indemnizar -. En respuesta a tal planteamiento, expuso el Tribunal de apelación que no se advertía razón para considerar que la norma mencionada excluye la posibilidad de una acumulación objetiva de acciones a aquella, tanto más las que hay que entender implícitamente ejercitadas. Y, al fin, que lo que el artículo 219, apartado 3, rechaza es, tan sólo, que el demandante no deduzca aquella pretensión declarativa de su derecho a ser indemnizado en la medida que se determine en otro proceso, sino otra distinta que resulte incompatible, de modo que estimarla fuera incongruente.
La interpretación que del artículo 219, apartado 3, hace el Tribunal de apelación es la correcta, conforme a los elementos lógico y sistemático que están al servicio del intérprete, en cuanto atribuye a las palabras " cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada " el sentido que resulta adecuado al fin o motivo de la norma y que es respetuoso con las demás del ordenamiento procesal del que forma parte, sobre las materias afectadas.”
Fuente consultada: Notas sobre las sentencias con reserva de liquidación. Artículo publicado en la Revista Jurídica Práctica de Tribunales. Revista Procesal Civil y Mercantil, núm. 26, abril 2006. Autor: Mercedes Fernández López. Profesora de Derecho Procesal Universidad de Alicante.

References: artículo 477
 artículo 219
 artículo 360
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 artículo 219
 artículo 219
 artículo 219
 artículo 219
in fine
 artículo 360
 resolución 
 artículo 218
 resolución 
 artículo 219
 artículo 219
 artículo 209
 artículo 219
 artículo 219
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