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Timestamp: 2018-08-20 05:22:14+00:00

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Revoltillo y ley General de Discapacidad, notas al Real Decreto-legislativo 1/2013 | Francisco Javier Pozo Moreira
Revoltillo y ley General de Discapacidad, notas al Real Decreto-legislativo 1/2013
En técnica legislativa, un Texto Refundido (TR) es la forma de legislación delegada más simple, al consistir en el mero cumplimiento por el Ejecutivo del mandato del legislador para ordenar, en una norma con valor de ley (Real Decreto legislativo, RD-legislativo), una normativa dispersa en varias leyes.
Así pues, el Real Decreto-legislativo 1/2013, de 29 noviembre (BOE 3 de diciembre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con Discapacidad y de su Inclusión Social no viene sino a refundir tres leyes sobre la materia:
la Ley 13/1983, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos [LISMI],
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad [LIONDAU] y
la Ley 47/2007, de 26 diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad [LISMID].
La habilitación al Ejecutivo (materializado por el Ministerio el dia 29 y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30.11.2013) viene de la Disp. F. 2ª de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [LACPEDI], en la redacción dada por la D.F. 5ª de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que establecía como finales de diciembre 2013 el plazo de la delegación legislativa.
La articulación del RD-legislativo sigue la ordenación y esquema de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro ordenamiento jurídico conforme Ley 26/2011 LACPEDI, con un
Título I (derechos y obligaciones),
Título II (Igualdad de oportunidades y no discriminación) y
Título III (Infracciones y sanciones).
En lo referido a los principios, y en consonancia con la Convención, se reconoce a las personas discapacitadas como titulares de derechos y el consiguiente deber de garantía de los mismos por los poderes públicos. Se supera, así, el concepto asistencial de décadas pasadas: las personas con discapacidad pasan de ser objeto de tratamiento y protección social a ser considerados ciudadanos libres y titulares de derechos (Ley 26/2011).
En cuanto a la forma de la refundición, el rótulo del RD-legislativo contiene el término “general” que es equívoco. La catalogación de disposición de carácter general viene dada por su especial trascendencia, en cuanto a su aplicación generalizada al conjunto de un colectivo o población destinataria, lo que no sucede en el presente caso, pues el RD-legislativo no refunde todas las normas sobre discapacidad (no incluye la Ley 26/2011 LACPEDI ) ni tiene tal alcance totalizador o transcendente, pues, como señala el dictamen 9/2013 del C.E.S., el RD-legislativo “no agota todos los aspectos y problemas pendientes de resolución en la lucha contra la discriminación por motivo de la discapacidad”.
Precisión: el rótulo de normativa “general” (al igual que la Ley General de la Seguridad Social LGSS [así denominada desde el Decreto 2065/1974 y mantenido en el actual RD-legislativo 1/1994 TR de la LGSS] o la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios RD-legislativo 1/2007), lo que conllevará que el futuro reglamento de desarrollo deba ser igualmente catalogado de disposición de carácter general y ser aprobado previa consulta al Consejo Nacional de Discapacidad y a las Comunidades autónomas (Disp.F 3° RD-legislativo 1/2013) y también previo dictamen del Consejo de Estado (Ley Orgánica 3/1980).
En lo relativo al derecho al trabajo, el RD-legislativo reproduce en su art. 35 el contenido del art. 37 de la LISMI (en la redacción dada por la Ley 62/2003). La novedad es la introducción (art. 35.6 y 7 del RD-legislativo) de dos previsiones contenidas en el Directiva 2000/78 CE, que no fueron traspuestas a nuestro ordenamiento por la Ley 62/2003, como son:
El acoso por razón de la discapacidad
La tipificación como acto discriminatorio la orden genérica de discriminar por razón de la discapacidad.
Así pues, las definiciones de todos los tipos de discriminación completando el marco jurídico de prohibición de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones:
Discriminación directa, ante situaciones de trato peyorativo por razón de su discapacidad.
Discriminación indirecta, ante situaciones adoptadas en base a criterio aparentemente neutro se origina u ocasiona, en la práctica, una desventaja al colectivo de personas discapacitadas (Discriminación por impacto adverso).
Discriminación por asociación, ante situaciones discriminatorias motivadas por la relación con una persona discapacitada (p. ej., un trato peyorativo al progenitor de una persona con discapacidad y solicita un permiso para atenderla).
Discriminación por acoso, antes situaciones en la empresa que buscan atentar contra la dignidad de una persona con discapacidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante o humillante
Discriminación múltiple, para garantizar los derechos de quienes pueden estar en esta situación de acusada vulnerabilidad. En este sentido, se protegerá de manera singular a las niñas, niños y mujeres con discapacidad.
Las medidas de defensa jurídica frente a la discriminación se aplicarán con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad. En la actualidad, hay 1,45 millones de ciudadanos (entre 16 y 64 años) con certificado de discapacidad en 2012 (fuente: Instituto Nacional de Estadística, encuesta “El Empleo de las Personas con Discapacidad).
Precisión: la actuación discriminatoria puede darse en trabajadores que no cuenten con un certificado oficial de discapacidad, ahora bien, como he tenido ocasión de aclarar [La Tutela Judicial de las nuevas causas de discriminación: La cláusula abierta de no discriminación del art. 14 de la Constitución en las relaciones laborales. Ed. Andavira 2012 (377 páginas) ISBN 84-8408-764-1], sí hay , en cambio, que acreditar indiciariamente que tal decisión empresarial tiene una base irrazonable de desigualdad, en un panorama discriminador, fundada en un dato relevante de tal discapacidad (STC 62/2008). Y en los casos de discriminación directa ejemplificativa, de un real trato peyorativo que va más allá de los meros actos puntuales de diferenciación desfavorable, –pues éstos no repercuten globalmente en la posición que el individuo con discapacidad ocupaba en la sociedad (STC 13/2001)–, pues, de generalizarse, sería inaplicable (la mitad de la población tiene discapacidad visual y necesita lentes correctoras).
En el ámbito del empleo, el Real Decreto-legislativo clasifica, por primera, vez los tipos de empleo a través de los que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo:
Empleo (con apoyo en el mercado) ordinario de trabajo, de las empresas y administraciones públicas, incluidos los servicios de empleo con apoyo (RD 870/2007), incluyendo la cuota del 2% en empresas de más de 50 trabajadores, y, en su caso, las medidas alternativas (RD 364/2005)
Empleo protegido (apoyo a la inserción): en centros especiales de empleo (que figuren inscritos como tales en el Registro correspondiente) y enclaves laborales (RD 290/2004).
Empleo autónomo (apoyo al autoempleo): con las medidas previstas en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero)
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Publicado en Laboral, Recursos Humanos Etiquetas: apoyo al empleo de personas con discapacidad, Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, discriminación directa, discriminación indirecta, Igualdad de oportunidades, Ley General de Discapacidad, no discriminación, Real Decreto legislativo
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6 opiniones en “Revoltillo y ley General de Discapacidad, notas al Real Decreto-legislativo 1/2013”
julio 23, 2014 a las 11:21 am
julio 11, 2015 a las 11:25 am
Es justo que se refunden y hayan quedado derogadas las leyes anteriores referidas al caso de discapacidad.Ahora segun el real decreto 1/2013 de 29 de noviembre unifica a la misma interpretacion estatal y de comunidad autonoma ya que a nivel estatal por tener la invalidez permanente total tenias reconocida una minusvalia de 33% y la comunidad autonoma en el momento que presentabas la documentacion por la que te habian concedido la invalidez perrmanente total tiraban muy por debajo y sin derecho a recurso de nin gun tipo.Mi pregunta seria si ahora se puede pedir que a nivel de comunidad autonoma te reconozcan el mismo grado del 33% que de entrad tienes por tener reconocida la invalidez permanente total. gracias
agosto 4, 2015 a las 11:46 am
La pensión de incapacidad permanente total que reconoce el INSS lo es en referencia a tus limitaciones laborales, el reconocimiento y declaración del grado de discapacidad de cada comunidad autónoma por la limitaciones para tu vida diaria y afectación familiar (que no tiene que coincidir con las laborales), por ello, no hay legalmente esa equiparación automática de grados de incapacidad que señalas entre una y otra Administración.
enero 24, 2016 a las 6:05 pm
Artículo 2. Acreditación del grado de minusvaiía.
1. A los efectos de lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el grado de minusvaiía igual al 33 por ciento se acreditará mediante los siguientes documentos:
a) Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales(IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
A estos efectos, en ningún caso será exigible resolución o certificado del IMSERSO u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente para acreditar el grado de
minusvaiía igual al 33 por ciento de los pensionistas a que se hace referencia en los párrafos
a) y b) del artículo 1.2 de este real decreto.
Legalmente, y a todos los efecto, se tiene la consideración de discapacitado. Otra cosa es que muchos ayuntamientos se pasen esta ley por el arco del triunfo.
Tomas Barreda Diaz dice:
octubre 6, 2015 a las 12:48 pm
Tengo certificado de discapacidad del 43 % con baremo de movilidad reducida positivo (7 puntos.
Solicite en abril de 2015 a mi ayuntamiento una plaza de estacionamiento en la calle lo mas cerca de mi domicilio pues necesito muletas para desplazarme. Pues estamos en octubre de 2015 y el Ayuntamiento continua dandome largas a pesar de que he preguntado en reiteradas ocasiones como esta el tema.
En mi opinion el ayuntamiento esta incumpliendo el art. 30 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece que “los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad.”
¿Denunciar? ¿A donde?
noviembre 2, 2015 a las 10:19 am
Conforme la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tienes derecho a conocer el estado de tramitación de tu solicitud, igualmente a que te digan si el transcurso del tiempo sin resolver es positivo (te lo conceden) o negativo (no te lo conceden y tienes que recurrir). Para ello tienes que pedir certificación del acto administrativo presunto.

References: resolución 
 Real Decreto 
 real decreto 

Artículo 2
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1