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Timestamp: 2019-01-24 05:24:38+00:00

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Bdj n.° 86/18 – Jurisprudencia actualizada LABORAL (14/12/2018) – Boletín Digital Judicial
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Desde Boletín Digital Judicial les acercamos resoluciones de los tribunales de la provincia sobre temas relevantes de Derecho Laboral. En el diseño de la presente edición se destaca el aporte de los redactores Silvina Barbatti Dechiara, Guillermo Cerdá López, Ivana Caeiro Maldonado y Martín Abel Fernández, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora Silvia Kiatkovski. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.
Dependencia: Juzgado de Conciliación de Primera Nominación, Secretaría 2.
Autos: “Romero Ariel Gustavo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Ejecutivo – Cobro de Crédito Laboral (art. 68 inc. 1 LPT)”, expediente n.° 7041245.
Resolución: Auto Interlocutorio n.° 224.
Fecha: 3/12/2018.
Jueza: Sofía Andrea Keselman Procupez.
El trabajador que había sufrido un accidente de trabajo, inició demanda ejecutiva en base a la Resolución del Servicio de Homologación que integra la Comisión Médica jurisdiccional, por el cual se le reconocía la incapacidad derivada del siniestro. La accionada interpuso excepción de inhabilidad de título arguyendo que el instrumento en que la demanda se sustentaba era inhábil al efecto, por cuanto no se bastaba a sí mismo, no contenía una obligación de pagar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y que el documento que se presentaba como cosa juzgada administrativa reflejaba una deuda inexistente e inexigible. La actora resistió esa defensa alegando que se trataba de una deuda líquida, cuantificada y exigible, que surgía de un instrumento público emanado de la Comisión Médica jurisdiccional que había determinado el grado de incapacidad por el accidente laboral sufrido. Asimismo expuso que la cuantía indemnizatoria había sido calculada por el área técnica competente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y sus decisiones no fueron apeladas por la demandada. El tribunal rechazó la incidencia articulada y mandó a llevar adelante la ejecución.
JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Instrumento público.
La resolución emitida por el Servicio de Homologación que integra la Comisión Médica jurisdiccional, en tanto en él intervienen funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, constituye un instrumento público en los términos del art. 289 del Código Civil y Comercial y art. 68 de la Ley 7987.
JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Deuda fácilmente liquidable.
Aun cuando es cierto que en la resolución emitida por el Servicio de Homologación que integra la Comisión Médica jurisdiccional no se expresa numéricamente el monto de la prestación a la que se halla obligada la accionada, la falencia apuntada no es por sí apta para privar de eficacia al título. Ello, en tanto el mismo puede ser válidamente integrado con otros elementos que se hallan en el mismo expediente administrativo que aquél concluye. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la deuda reclamada es fácilmente liquidable, toda vez que para establecer el monto correspondiente a las prestaciones dinerarias establecidas en el sistema de riesgos del trabajo respecto del porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica, basta con la realización de una simple operación aritmética en función de la fórmula legal y la retribución correspondiente al actor que fuera informada al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) y de los recibos de haberes extendidos por la propia accionada.
JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Exigibilidad del crédito. Cosa juzgada administrativa.
El art. 2 de la Ley 27348 prescribe que los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley 20744. La alusión que hace la Ley 27348 a la cosa juzgada en los términos del art. 15 de la LCT no es inocua. El texto de dicho art. 15 de la LCT, en la redacción conferida por la Ley 25345 (art. 44), expresamente determina el valor de cosa juzgada de la homologación administrativa. Así, pese a que como principio general la cosa juzgada es considerada un atributo exclusivo de la jurisdicción, el art. 15 de la LCT, le otorga explícitamente valor de cosa juzgada a las resoluciones homologatorias emitidas por la Autoridad Administrativa Laboral, y lo propio hace la Ley 27348. En efecto, esta última expresamente asigna el valor de cosa juzgada administrativa a lo decidido por la Comisión Médica, incorporando dicho valor, por ende, al derecho sustancial, confiriéndole así, por razones prácticas, los caracteres antedichos.
JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Exigibilidad del crédito.
La coercibilidad importa la exigibilidad de lo resuelto, esto es su posibilidad de ejecución coactiva. De conformidad a ello, transcurrido el plazo para deducir recurso con relación a lo resuelto por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica, la decisión en el punto ha pasado a autoridad de cosa juzgada, lo que importa la posibilidad de exigir coactivamente el pago de la prestación dineraria prevista legalmente respecto de la incapacidad determinada. Ella no se halla sujeta a condición ni plazo alguno, en tanto la ley no estipula un término al que se encuentre supeditado el cumplimiento de aquélla por parte de la ART o empleador obligado.
JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Razonabilidad de la vía.
Resulta irrazonable pretender que el trabajador damnificado, que inició el trámite previo, obligatorio y excluyente previsto en la legislación nacional y local, habiendo obtenido una resolución que lo contenta y que no fue cuestionada por quien se encuentra legalmente obligada al pago, deba luego iniciar una acción ordinaria al solo efecto de procurar el abono de la suma correspondiente a la prestación dineraria cuya liquidación se encuentra contemplada en el propio expediente administrativo tramitado con intervención de ambas partes, y del que fueron impuestas con motivo de la audiencia celebrada de modo previo a la emisión de aquélla. Una exégesis semejante afectaría uno de los objetivos esenciales del sistema de infortunios del trabajo, cual es el resarcitorio, y que se encuentra previsto en el art. 4 de la Ley 24557 y reiterado en el art. 1 de la Ley 26773, en cuanto este último determina que “las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y ‘automaticidad de las prestaciones’ dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias”.
JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Intereses. Tasa legal. Cómputo
La ley 24557, en su art. 12 –texto según Ley 27348– determina, en el inc. 3°, que “a partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación”. Ello así, estando fijada legalmente la tasa de interés a aplicar al caso corresponde estar a la misma. En cuanto a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, la ley vigente determina que, cuando media acuerdo entre las partes, las prestaciones dinerarias que se liquiden como consecuencia de la homologación deberán ser puestas a disposición del trabajador o de sus derecho habientes dentro de los cinco días (conf. artículo 4 del Anexo I a la Ley 27348 y el art. 13 de la Resolución de SRT n.° 298). Toda vez que respecto de los casos en que no ha mediado acuerdo nada dispone el Sistema de Riesgos del Trabajo, corresponde arbitrar igual solución, aplicando aquellas previsiones por analogía (conf. art. 2 del CCC ). Luego, los intereses comenzaran a correr a partir del quinto día hábil siguiente al de la notificación de la resolución expedida por el Servicio de Homologación.
Dependencia: Sala Primera de la Cámara del trabajo de Córdoba, Secretaría 2.
Autos: “Cerezo Gabriela Patricia c/ Cooperativa de Trabajo Independencia Limitada y Otros – Ordinario – Despido”, expediente 3214463.
Resolución: Sentencia n.° 410.
Fecha: 17/10/2018.
Juez: Ricardo Agustín Giletta.
Análisis documental: Guillermo Cerdá López (redactor) y Silvia Kiatkovski (tutora).
La actora interpuso demanda laboral en contra de la Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda., el presidente de su Consejo de Administración y de la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social. Denunció haber trabajado para la cooperativa durante tres años y medio en un complejo turístico de propiedad de la asociación mutual, realizando tareas de mucama. Consideró que la relación se estructuró en fraude a la ley, ya que se la hizo figurar como un vínculo cooperativo, cuando en realidad se trataba de un contrato de trabajo. El tribunal admitió la demanda en contra de la asociación mutual y de la cooperativa; y la rechazó en contra de la persona física codemandada. Consideró a la actora como empleada de la asociación mutual demandada con la correlativa solidaridad de la cooperativa, por mediar una situación de intermediación contemplada en el art. 29 de la LCT. No obstante ello, analizó la situación desde el punto de vista de la vinculación cooperativa, y determinó que el objeto societario de la cooperativa demandada violentaba la prohibición legal, en tanto proporcionaba personal para la explotación del hotel perteneciente a la asociación mutual.
SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO. COOPERATIVA DE TRABAJO. Provisión de personal para todo el desempeño del tomador. Intermediación. Solidaridad.
Si la cooperativa de trabajo (sea genuina o no), proporcionaba a un tercero los ‘recursos humanos’ para “todo” su desempeño, nos encontramos frente a la figura del art. 29 de la LCT. En este contexto, resulta absolutamente innecesario discutir si la cooperativa era genuina o in re ipsa fraudulenta ya que el art. 29 de la LCT no formula distingos al respecto. En efecto, la norma establece que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”, sin contener ninguna excepción en base a la persona prestataria. Si una empresa (unipersonal, cooperativa, sociedad comercial, irregular, o bajo cualquier otra figura) proporciona personal para que se integre a la estructura empresaria del tomador del servicio, ese personal es considerado empleado de éste, y desaparece entonces el nexo entre la empresa que brinda la mano de obra y el trabajador. Con ello deviene inoficiosa la calidad de socia genuina y plena de la cooperativa o lo contrario.
SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO. COOPERATIVA DE TRABAJO. Provisión de personal para todo el desempeño del tomador. Intermediación. Solidaridad. Empleador. Principio iura novit curia.
Si se colocó el trabajo personal de la accionante en la estructura empresaria (en el sentido de la LCT) de la asociación mutual demandada, en una tarea ordinaria, continua e imprescindible de ésta, medió una situación de intermediación contemplada en el artículo 29 de la LCT. En consecuencia, se considera a la actora como dependiente de la asociación mutual demandada. En el caso, la trabajadora no invocó que la mutual fuere la empleadora, calidad que atribuyó a la Cooperativa de Trabajo, e incurrió así en una confusión ante la complejidad de la vinculación. Pero delineados y probados los hechos (que son los que marcan los términos de la traba de la litis), la aplicación de la norma incumbe al juez conforme la regla del principio iura novit curia.
COOPERATIVA DE TRABAJO. Caracteres. Diferencia con otros tipos cooperativos. Acto cooperativo.
Las cooperativas de trabajo se asientan en el trabajo físico o intelectual de sus asociados. A diferencia de los otros tipos cooperativos, no alcanza aquí con la aportación de un capital económico, que igualmente existe; por el contrario, lo que define en esencia a estas organizaciones es la prestación del trabajo personal de los asociados en pro de llevar adelante la empresa comunitaria. Esta dación de labores orientada a la consecución del objeto común se enmarca en la previsión de “acto cooperativo” contenida en el artículo 4 de la Ley 20337 y resulta incompatible por su naturaleza con la concepción del contrato de trabajo dependiente para con la misma cooperativa y el art. 27 de la LCT.
COOPERATIVA DE TRABAJO. Partes de la relación asociativa.
Existen en la relación asociativa de la cooperativa de trabajo dos partes: el trabajador cooperativo, que desarrolla su trabajo para integrarlo dentro del objeto societario, utilizando así el servicio brindado por la sociedad que compone y la empresa cooperativa que proporciona la organización, el marco laboral y lo administra. La vinculación generada en torno a este contrato es única e inseparable en sus calidades (socio y trabajador), a diferencia de la figura del socio-empleado, en que cada una de las relaciones puede ser generada y resuelta en forma independiente.
COOPERATIVA DE TRABAJO. Incompatibilidad entre la cooperativa y el trabajo exclusivamente para terceros. Desnaturalización de la figura cooperativa.
El proporcionar mano de obra para terceros no puede constituir el objeto de una cooperativa de trabajo. Existen cuestiones fundamentales para desnudar esta incompatibilidad entre la figura cooperativa y el trabajo exclusivamente para terceros. Al incorporarse a la sociedad, el socio cooperativo toma a su cargo dos obligaciones básicas: la de efectuar el aporte al capital social, integrándolo a través de dinero o bienes susceptibles de ejecución forzada; y la de cumplir con el trabajo personal necesario para que la sociedad pueda desarrollar su objeto. A su vez, la cooperativa presta al socio el servicio esencial de la contratación, que es su red organizacional empresaria, permitiéndole trabajar y producir. En los casos en que el trabajo del asociado es cumplido dentro de la infraestructura empresarial de un tercero, se diluye el servicio brindado por la cooperativa. No existe la “cobertura empresaria” que debe la entidad al asociado; no hay un proyecto de trabajo común al que el socio aporte sus brazos o su esfuerzo intelectual. Por el contrario, la organización a la cual el obrero se incorpora es ajena; su servicio ya no es recibido por la cooperativa para administrarlo bajo una idea común, sino que es dado directamente a un tercero para que lo aproveche en su beneficio.
COOPERATIVA DE TRABAJO. Trabajo exclusivamente para terceros. Estructura empresaria provista por un tercero. Principio de autonomía cooperativa.
Cuando a la ‘estructura empresaria’ en la que trabaja el asociado no la pone la cooperativa de trabajo sino un tercero, la función de la cooperativa aparece como de mera discusión de intermediación por el precio del trabajo colectivo, lo que no condice con el deber organizacional básico. Y ello no se desdibuja con el hecho de que la función de supervisión hubiere sido prestada por la cooperativa; por el contrario, marca un extremo de confusión, o de mimetización, casi total, que altera también el principio de autonomía cooperativa.
COOPERATIVA DE TRABAJO. Desnaturalización de la figura cooperativa. Objeto prohibido.
No es lo mismo conformar un equipo de trabajo cooperativo y brindar un servicio de limpieza y mucama de manera puntual, que proporcionar una mucama permanente en un complejo vacacional no explotado por la cooperativa, como ocurre en el caso. Ello se agrava con el contexto que evidencia que en realidad todo el personal del complejo era provisto por la cooperativa. De esta manera se advierte que el trabajo prestado, inserto dentro de la laxitud del objeto social, en la forma en que ha sido brindado en este caso concreto, evidencia una incompatibilidad con la figura cooperativa, ya que contraría aspectos esenciales del trabajo cooperativo y se encuentra además expresamente prohibido por el art. 40 de la Ley 25877. Tal norma no habla de restringir las habilitaciones o autorizaciones futuras a cooperativas que brinden mano de obra a terceros, sino que directamente prohíbe su funcionamiento en lo relativo a ese objeto y con esa mecánica.
COOPERATIVA DE TRABAJO. Funcionamiento interno de la cooperativa. Participación democrática e igualitaria de los asociados.
Lo que marca la diferencia de las cooperativas con el resto de las entidades es no solamente lo inescindible de las calidades de socio y empleado (es socio porque trabaja, y trabaja porque es socio) sino también el grado de participación democrática e igualitaria de los asociados, que hace al espíritu cooperativo, reseñada en la máxima “un socio, un voto” acuñada en la génesis misma del cooperativismo. No importa la cantidad de trabajo prestado, ni el capital suscripto, ni la importancia jerárquica del socio dentro de la organización laboral interna, ni la diversa calidad del servicio dado. Todos tienen derechos igualitarios en el control de la empresa. Para ello, se han diseñado instrumentos tendientes a garantizar la participación democrática en este ámbito. En tal sentido, además del principio de libre incorporación o de ‘puertas abiertas’ (art. 17 segundo párrafo, Ley 20337); el libre acceso a los registros de asociados en forma directa y por intermedio de la sindicatura a los demás libros de la empresa (art. 21), se presenta como fundamental la participación de todos los asociados en la asamblea cooperativa (art. 47), que es la autoridad máxima de la vida del ente.
Dependencia: Sala Primera de la Cámara del Trabajo, Secretaría 1.
Autos: “Rivadera Cristian Alberto c/ Roberto Maretto y Cía SRL y otros – Ordinario – Despido”, expediente 3202377.
Resolución: Sentencia n.° 340.
Fecha: 12/9/2018.
Juez: Víctor Hugo Buté.
Análisis documental: Ivana Caeiro Maldonado (redactora) y Silvia Kiatkovski (tutora).
Luego de celebrado un convenio de desvinculación ante la Secretaría de Trabajo, el trabajador formuló rescisión ante el órgano administrativo, denunciando la falta de cumplimiento de la segunda cuota pactada. Aclaró su real fecha de ingreso y categoría. Invocó, además, la insuficiencia del acuerdo por ser violatorio al art. 15 de la LCT. Con motivo en esta presentación, se elaboró un dictamen y posteriormente se resolvió homologar el acuerdo suscripto. El trabajador interpuso demanda planteando los mismos términos que había formulado ante el órgano administrativo y que había reiterado a través de piezas postales cursadas a la empleadora. La demandada interpuso defensa de cosa juzgada administrativa. El tribunal rechazó la defensa, analizó el convenio de desvinculación tramitado ante la Secretaría de Trabajo y constató la existencia de fraude en perjuicio del reclamante. En consecuencia, admitió parcialmente la demanda.
CONTRATO DE TRABAJO. NOTIFICACIÓN. Eficacia. Teoría de la recepción. Frustración de la notificación. Causas imputables a la vía elegida.
Las misivas direccionadas al ente societario empleador han cumplido el cometido de anoticiar debidamente a la empresa destinataria si no obstante haber sido devueltas por el distribuidor (correo), aparece correcto el destino consignado. Si bien es cierto que la teoría de la recepción consagra el principio de que quien elige el medio de comunicación asume los riesgos que acarrea cuando la notificación se frustra, empero ello resulta de este modo en tanto y en cuanto esta circunstancia responda a causas imputable solo a la vía elegida (vgr: demora en el despacho telegráfico o pérdida de la pieza postal por el distribuidor, etc.). Entonces, queda claro que no puede enrostrarse responsabilidad al remitente del envío, cuando las epístolas despachadas se vieron malogradas como resultado de que el domicilio se encontraba “cerrado” y además se dejó constancia por el correo de “aviso de visita”. Al respecto, el contrato de trabajo impone a las partes el deber recíproco de adoptar pautas de conductas que se compadezcan con el cumplimiento de sus obligaciones –ello es inherente a un buen empleador y a un buen trabajador–, tanto al momento de celebrar, ejecutar o de extinguir el ligamen vincular.
CONTRATO DE TRABAJO. ACUERDO CELEBRADO ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Notificación. COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA.
Frente a la demanda del trabajador cuestionando el acuerdo de desvinculación celebrado ante la Secretaría de Trabajo, la defensa de cosa juzgada administrativa no resulta de recibo si no se adjuntó ninguna constancia fehaciente que demuestre que el acto homologatorio de tales actuaciones fue notificado al trabajador para que adquiera plena firmeza. Ello, pues los actos administrativos de carácter particulares quedan supeditados a su efectiva notificación (habida cuenta que los de carácter general deben ser publicados). Es decir, necesitan, inexorablemente, ser comunicados debidamente para que se satisfagan todos los recaudos formales.
CONTRATO DE TRABAJO. ACUERDO CELEBRADO ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. FRAUDE. Abuso del empleador. Principio de buena fe.
Deviene suspicaz que, no obstante detentar varios trabajadores de la empresa distinta antigüedad en el empleo, categorización y remuneración mensual, convinieron mediante acuerdo celebrado en la Secretaría de Trabajo cobrar idénticas sumas y por los mismos conceptos acordados. Se concluye entonces que no ocurrió como creían los trabajadores que “cada empleado hacia su arreglo”. Las pruebas documentales revelan que se trató de convenios sustancialmente iguales, enmascarando una disolución contractual en los términos del art. 241 de la LCT. Con esta maniobra, la patronal pretendió evitar afrontar el pago de cualquier monto indemnizatorio. Además sorprende el hecho de que los empleados concurrieran con el patrocinio del mismo letrado, al que todos aseguran que jamás lo eligieron. Estas irregularidades patentizan la existencia del fraude legis en perjuicio de los trabajadores, que condena explícitamente el art. 14 de la LCT. Respecto de dichos trabajadores, se configuró un abuso de su ignorancia, desconocimiento y necesidad de seguir con la fuente laboral. No hay duda alguna que se violentó además, palmariamente, el principio de buena fe que debe reinar en todo sinalagma contractual.
Autos: “Abbes, Romina Yazmín c/ EPEC Empresa Provincial de Energía de Córdoba – Procedimiento sumario – Acción de reinstalación, expediente n.° 6322503.
Resolución: Auto n.° 256.
Fecha: 30/10/2018.
Jueces: Cristián Requena, Enrique Andrés María Rolón y Víctor Hugo Buté.
Análisis documental: Martín Abel Fernández (redactor) y Silvia Kiatkovski (tutora).
La trabajadora interpuso la acción prevista en el art. 66 de la LCT en contra de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), a fin de que se restablezcan las condiciones laborales alteradas ilegalmente por la patronal, mediante el dictado de dos resoluciones de su directorio. Denunció un ejercicio abusivo del ius variandi y reclamó que se la reinstale en sus funciones. El juez de conciliación consideró que el vínculo entre la actora y la demandada era puramente de carácter administrativo, por lo que decidió que era incompetente el fuero laboral y rechazó la demanda. Apelada la resolución, la Cámara del Trabajo hizo lugar al recurso, determinó la competencia del fuero laboral y ordenó al a quo que resuelva sobre el fondo de la cuestión.
CONTRATO DE TRABAJO. EMPLEO PÚBLICO. Ley aplicable.
En principio, cuando el sujeto a quien se atribuye la condición de empleador es la Administración Pública (nacional, provincial o municipal) o un ente estatal descentralizado autárquico, la relación se rige por las normas del derecho administrativo y su contralor corresponde al fuero contencioso administrativo. Pero ello, siempre y cuando no se configure una contemplación normativa expresa en sentido contrario, tal como sucede con el derecho del trabajo, en su faz sustancial. El art. 2 a) de la LCT prevé de manera expresa una excepción cuando dispone que las disposiciones de la ley no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.
CONTRATO DE TRABAJO. EMPLEO PÚBLICO. Empleados de la EPEC. IUS VARIANDI. Competencia en razón de la materia.
Los empleados de la EPEC, por encontrarse esta empresa pública inserta en el régimen de los convenios colectivos de condiciones de trabajo (CCT), dirimen sus cuestiones laborales ante los tribunales con competencia laboral: despidos, sanciones disciplinarias, indemnizaciones por muerte, incapacidad absoluta, etc., así como también cuando se trata de la denuncia de un ejercicio ilegítimo del ius variandi, o sea, del cambio arbitrario de condiciones de trabajo. Es decir, como EPEC tiene a su personal encuadrado en distintos CCT, el conflicto planteado a raíz del ejercicio del ius variandi por parte de la empresa engasta en la excepción prevista taxativamente por el art. 2 a) de la LCT. Ese encuadramiento es lo que habilita la aplicación de la norma referida, aun cuando pudiera tratarse de personal no convencionado, ya que igualmente se trata de trabajadores en relación jurídica de dependencia. Es por ello que el fuero laboral posee aptitud o ratio materiae para entender jurisdiccionalmente.
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 Resolución 
 artículo 15
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 artículo 770
 artículo 4
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 artículo 29
 artículo 4