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Timestamp: 2017-06-26 20:34:22+00:00

Document:
DERECHO PENAL COLOMBIA: agosto 2011
Radicación: 11001 6000 102 2009 00360 01 Procedencia: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Imputado: ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA Delitos: PECULADO POR APROPIACIÓN Y OTRO
Los presupuestos formales a que alude la norma en cita se concretan en la inferencia razonable surgida de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva. Para dilucidar este aspecto se debe establecer que por lo menos las conductas imputadas cuenten con un mínimo de elementos o evidencias de las que se infiera la posible autoría o participación del ex Ministro ARIAS LEIVA, en esos cargos.
Se le atribuye el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contenido en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 que en su tenor literal consagra: “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos…” Conforme la anterior descripción típica, son supuestos para la realización del tipo objetivo: 1.) Ostentar la calidad de servidor público y ser el titular de la competencia funcional para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato.
Por su parte el Art. 209 de la Constitución Política, en concordancia con el Art. 23 de la Ley 80 de 1993, prevén que la contratación estatal debe ser desarrollada con acatamiento de los principios de economía, transparencia, responsabilidad, igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad, publicidad y selección objetiva, en consonancia con los fines del Estado. Sobre este marco normativo, se desarrolla el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por lo anterior, las actuaciones de quienes intervienen en la contratación estatal deberán desarrollarse con arreglo a estos postulados superiores y a los principios de transparencia, economía y responsabilidad definidos en los Arts. 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1.993, e igualmente, con sujeción al deber de selección objetiva previsto en el Art. 29 de esta normatividad.
En el sub examine, se encuentra fehacientemente probada la calidad de servidor público del imputado para el momento de los hechos como se demuestra con el decreto de nombramiento, el acta de posesión. Ahora, en esa calidad y como titular de la Cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, le corresponde entre un cúmulo de funciones propias del cargo, suscribir a nombre de la Nación los contratos relativos a asuntos propios del Ministerio, conforme a la ley, a los actos de delegación del Presidente y a las demás normas pertinentes, con las que desarrolla su actividad funcional. Es decir, que tenía la calidad de funcionario público, circunstancia que lo investía de la competencia funcional para la suscripción de convenios y contratos.
Tampoco se le aplican los principios de confianza y buena fe, pues como lo ha precisado el máximo Tribunal de Justicia: “cuando la función de celebrar contratos normativamente radica en un específico servidor público y no ha sido expresamente delegada en otro, sino que, como en este caso, sólo ha delegado en funcionario de menor rango el deber de adelantar los trámites previos a la celebración del contrato, se exige por el ordenamiento que despliegue la máxima diligencia y cuidado al momento de adoptar la decisión final que le corresponde, pues en ese instante reasume la administración del riesgo y por ende se hace responsable de realizar una conducta prohibida, ya que la normatividad exige que sus actuaciones estén presididas por el cumplimiento de los principios y valores constitucionales, los fines de la contratación, la protección de los derechos de la entidad que representa, las reglas sobre administración de bienes ajenos y los postulados de la ética y la justicia” De tal manera que su deber se extiende también en la observancia o verificación del cumplimiento de los requisitos legales esenciales antes de proceder a la tramitación, celebración o liquidación del contrato, y vigilar su ejecución.
En esta ocasión el Ministerio sólo atinó a incorporar un documento titulado “estudio previo para la celebración de contratación directa”, pero que de su contenido no se evidencia estudio alguno sobre necesidad, conveniencia, factibilidad o prefactibilidad, pues no se consigna cuál era el sector agropecuario que iba a beneficiarse con esos apoyos económicos no reembolsables por resultar afectados con la internacionalización de la económica de mercadeo, para determinar qué personas naturales o jurídicas podían administrar los recursos de los beneficiarios para proteger sus ingresos y competitividad, de manera que dicho presupuesto legal se incumplió. El pliego de condiciones es otro requisito que se desprende del numeral 5 del artículo 24 de la ley de contratación, que tiene relación directa con el principio de transparencia, pues prevé el contenido de los pliegos de condiciones o términos de referencia.
La Fiscalía también señaló que nunca se suscribió acta de inicio de estos convenios razón por la que indicó, y así también lo entiende el Despacho, que para dichos efectos se toma el primer acto de desarrollo del objeto contractual que en el caso del convenio en estudio, se pudo verificar que en la clausula 9 del mismo, se constituye como obligación del IICA presentar al comité administrativo del convenio el plan operativo para su ejecución. Al observarse su primera actividad, ésta se desarrolló el 2 de enero de 2007, es decir un día antes de la constitución y aprobación de la garantía.
En cuanto al delito de Peculado por apropiación a favor de terceros, señala el artículo 397 que “el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de su funciones…”. De la descripción del tipo penal se pueden colegir las siguientes situaciones: 1. Que el sujeto activo sea servidor público;
Como ya se acreditó el doctor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, ostentaba la calidad de servidor público al desempeñarse como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, que es un organismo principal de la administración pública nacional y hace parte, junto con la Presidencia de la República y los Departamentos Administrativos, del sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Público, de conformidad con la Constitución Política Nacional y la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes, con autonomía y presupuesto propio, lo que necesariamente lo ubica como una entidad en la que el Estado posee bienes, que naturalmente son administrados por su representante legal, entre ellos, los recursos con los que ejecuta su función, con lo cual se satisfacen, dos de los tres ingredientes del tipo. Sobre el tercer presupuesto de este tipo penal en particular, la Jurisprudencia ha señalado “la relación que debe existir entre el funcionario que es sujeto activo de la conducta de peculado por apropiación y los bienes oficiales puede no ser material sino jurídica y que esa disponibilidad no necesariamente deriva de una asignación de competencias, sino que basta que esté vinculada al ejercicio de un deber funcional.” También ha dicho que cuando la norma alude a la apropiación, lo que quiere significar es que el servidor público siendo garante de los recursos del Estado, es la persona que puede consumar el punible por la disposición directa que tiene sobre los bienes y que para la apropiación no requiere que los recursos ingresen materialmente a sus arcas, sino que, con clara lesión al bien jurídico de la administración pública, se destinen sin más a las de terceros . Señala la Fiscalía que el segundo componente en la ley denominado apoyo a la competitividad buscaba preparar el sector agropecuario ante la internacionalización de la economía, mejorar la productividad, adelantar procesos de reconversión en todo el sector agropecuario, hecho que tampoco sucedió, en la medida que lo único que aconteció fue el acrecimiento del patrimonio de grandes productores agrícolas, en detrimento del erario público, pues en el marco de este segundo componente, denominado apoyo a la competitividad, previó la posibilidad de destinar recursos para, entre otras actividades, promover las transferencia de tecnología, cofinanciando proyectos de adecuación de tierras e infraestructura de riego y drenaje de los productores agrícolas del país, lo que ocurrió de manera parcial.
Por lo tanto, aunque el riesgo que el imputado no conjuró no fue previsto a través de la modalidad de división fraudulenta de predios, sí estaba claramente advertido de antemano, luego le asiste razón a la Fiscalía en este específico punto, aunque con los matices aquí señalados. En consecuencia, ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA probablemente falto a su deber de evitar un riesgo claramente advertido y previsto. En segundo lugar, la defensa trata de desvirtuar una de las principales conclusiones de la Fiscalía, según la cual, pese a su denominación formal, los convenios suscritos por el ex ministro ARIAS LEIVA con el IICA no tuvieron en la práctica ninguna relación con actividades de cooperación técnica y científica, sino con administración de recursos públicos. Para tal efecto, allega el informe final de evaluación de los resultados de la ejecución del programa AIS, donde la firma consultora Econometría señala que AIS “se ha convertido en un importante instrumento de la política agropecuaria del país”, y destaca “los impactos sobre las innovaciones tecnológicas”, en lo que tiene que ver con “material genético o insumos especiales o mejorados”.
Al respecto, observa el Despacho que si bien es cierto la consultoría especializada constató algunos resultados concretos del programa AIS “sobre las innovaciones tecnológicas”, ello no indica en manera alguna que tal resultado se dio gracias al apoyo técnico y científico del IICA, como se esperaba que ocurriera en virtud de los convenios y del dinero que le desembolsó el Estado para tales fines. La Fiscalía demostró, sin oposición alguna por parte de la defensa, que el IICA no proporcionó capacitación técnica, conocimiento especializado y/o tecnología, pues el personal contratado por el organismo internacional se limitó a cumplir funciones meramente administrativas, relacionadas con la convocatoria pública de riego y drenaje. Lo que la firma consultora constató como resultado de la ejecución del programa AIS no es otra cosa que lo que los beneficiados hicieron motu proprio con el dinero que les desembolsó el Estado, sin la asistencia técnico-científica de la entidad contratada para tales fines, que se limitó a desarrollar actividades de gestión de una convocatoria pública, completamente desprovistas de cualquier contenido tecnológico o científico, como bien lo destacó en su intervención el representante del Ministerio Público. En ese orden de ideas, resulta probable que lo que en la práctica ejecutó el IICA fue una administración de recursos públicos, presentada como cooperación técnica y científica, a efectos de eludir las exigencias legales en materia de contratación (licitación pública), tal como lo señaló la Fiscalía y lo reiteró el Ministerio Público. Con dicha inferencia de ilegalidad, resulta indiferente apelar a la amplia experiencia del IICA en este tipo de proyectos o a ciertos resultados concretos que el programa produjo, pues lo que se cuestiona no es la bondad de los fines y resultados, sino los medios ilegales empleados para conseguirlos. Es tan cierto esto, que la propia entidad contratista (IICA), en la propuesta de cooperación que presentó al MADR, claramente señaló que el medio para cumplir los objetivos de la cooperación consiste en administrar “los recursos destinados a la financiación de los componentes de divulgación y evolución del Programa AIS, así como los correspondientes a la Convocatoria 2007 de sistemas prediales de riego y drenaje”. Si bien es cierto también se habló de “acompañamiento”, es claro que sólo se cumplió lo relativo a la administración de recursos. Y como complemento de lo anterior, acerca de la naturaleza jurídica real (no formal) de los convenios celebrados entre el MADR y el IICA, la Fiscalía demostró cómo el propio Ministerio de Agricultura, al registrar en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el programa AIS, a través de la ficha Estadística Básica de Inversión (EBI), reconoció que “el proyecto no realizará ninguna actividad de ciencia, tecnología o innovación”. En resumen, la incidencia final que haya podido tener el programa en aspectos tales como innovaciones tecnológicas, no desvirtúa el hecho, admitido en su momento por el propio MADR, de que el objeto real de los convenios fue la administración de recursos públicos, mas nunca se propuso desarrollar actividades de ciencia, tecnología o innovación. Frente a la hipótesis defensiva de que el IICA y MADR fueron víctimas de particulares inescrupulosos, será el Juez de conocimiento a quien le compete decir al respecto, no siendo este el escenario propicio para ello.
“es decir, de aquellas disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la autoridad judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la decisión judicial” . En concreto, la detención preventiva es una medida cautelar que busca asegurar a las personas sindicadas de haber cometido un delito para evitar su fuga y garantizar la efectiva investigación, juzgamiento e imposición de la pena en caso de llegar a desvirtuarse la presunción de inocencia y determinarse la responsabilidad penal del sindicado .
A partir de la sentencia C-1198 de 2008, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 310 de la ley 906 de 2004 modificado por el artículo 24 de la ley 1142 de 2007, debe el operador jurídico ceñirse a la observación de los demás componentes, como son los consagrados en los artículos 308 y 310 ibídem, como expuso: “La preceptiva del artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, según la cual para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, pero que, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente las demás circunstancias allí contenidas, no atiende los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento y al establecer como suficientes la gravedad y la modalidad de la conducta se desconocen esos criterios y con ello el principio de libertad que cobija el proceso penal y el de legalidad de la medida preventiva para su privación, pues se olvida que no es suficiente ese criterio para determinar la procedencia o no del decreto de la misma, es imperativo que se consulte su necesidad. Empero, para evitar ambigüedad en su lectura e interpretación serán declaradas exequibles, bajo el entendido que para el funcionario judicial, al momento de determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad, no es suficiente la gravedad y la modalidad de la conducta punible, sino que siempre deberá valorar, bajo las finalidades que la Constitución le ha otorgado a esa clase de medidas preventivas, además de los requisitos contenidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, las demás circunstancias contenidas en los numerales 1° a 4° del artículo 310 ibídem”. El desarrollo constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal ha discurrido en hacer efectiva la detención preventiva como mecanismo excepcional, frente a la presunción de inocencia que supone el principio de responsabilidad penal únicamente para quienes han sido condenados, por lo tanto es necesario que las causales de privación de libertad durante el proceso estén expresamente previstas e interpretadas restrictivamente, por manera que corresponde al legislador, dentro de la libertad de configuración, señalarlas en desarrollo de los principios y valores constitucionales. Desde la vigencia de la actual Constitución Política aparece, como mecanismo excepcional, la detención preventiva como medida cautelar de carácter personal a pesar de la vigencia de principios como la presunción de inocencia y las demás garantías procesales previstas en los artículos 28 y 29 de la Carta. Uno de los requisitos previstos en el artículo 308 de la ley 906 de 2004 y referido por la Corte Constitucional en la sentencia a la que se ha hecho mención, es el relacionado con: “1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia”. Este primer numeral del artículo 308 de la ley 906 de 2004, así no lo hubiere referido concretamente la Sentencia C-1198 de 2008, debe leerse en forma sistemática con el artículo 309, denominado obstrucción a la justicia, que permite entender cuándo la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la afectación a la administración de justicia, pues en éste se aclara que es procedente, cuando: “…existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”. La preservación de la prueba dentro del proceso penal fue la razón que motivó al legislador para justificar la imposición de la detención preventiva por cuanto al existir motivos razonablemente fundados en que el procesado o acusado, directa o indirectamente puede llegar a tener injerencia en los elementos probatorios que formarán parte de la investigación o en la fase de juzgamiento de las pruebas a practicar en la audiencia pública, indican la tensión entre los dos derechos fundamentales, siendo necesario en ese momento procesal que se le otorgue mayor valor al debido proceso por encima del derecho a la libertad, pues solo de la aducción de la prueba, en forma legal y oportuna y de su posterior valoración, es como el funcionario judicial puede llegar a tomar una decisión definitiva en torno a la responsabilidad penal. Y precisamente, una de las finalidades constitucionales por las que la Fiscalía General de la Nación está peticionando contra el imputado y Ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, medida de aseguramiento, es la de riesgo de obstrucción a la justicia, aunado a la del peligro que éste representa para la comunidad. De manera que según ese organismo, son dos los fines o finalidades constitucionales, de los tres de que trata la preceptiva 308 de la nueva codificación procesal penal, en sus numerales uno y dos, lo que se dan en el caso concreto, que de tener cabida, por reunirse los requisitos formales y sustanciales (factor objetivo y subjetivo), daría lugar a esa excepción restrictiva al régimen de las libertades de que trata el artículo 395 de la norma en cita y a la que tanto hizo alusión la defensa de ARIAS LEIVA, durante su intervención; dejando de una vez en claro que basta el cumplimiento de uno cualquiera de esos fines para imponer medida de aseguramiento.
Asimismo, no es cierto que el señor defensor aportó a la actuación los medios de convicción que desdicen o desvirtúan los traídos por la Fiscalía, conforme aquel lo sostiene y para lo cual trajo a la audiencia las declaraciones que ante notario público rindieron los doctores CLAUDIA MORA PINEDA y MANUEL FERNANDO MAIGUASHCA OLANO, viceministra de aguas y de medio ambiente y del viceministro de minas, respectivamente, quienes bajo los apremios del juramento dieron fe que lo que el ex Ministro ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA habló con los otros coimputados en el penal, que no tenía ninguna relación con la investigación de Agro Ingreso Seguro; cuando la defensa técnica del investigado ni siquiera demostró que estos exponentes hubieran ingresado al Centro Carcelario donde se encuentran los otros investigados de AIS; pero si en gracia de discusión lo hubiera probado, ellos mismos aseguran que sólo ingresaron una vez y allí coincidencialmente se encontraba el imputado, luego no les consta nada sobre las restantes nueve visitas del señor ARIAS, como lo asegura la defensa. Además, partiendo de las reglas de la experiencia, resulta apenas natural que las personas que hagan causa común tengan como tema principal de conversación precisamente aquello que los vincula, en la medida que resultaría impensable que otros temas distintos a éste permita sostener múltiples conversaciones durante tantas y tan extensa visitas.
Sin embargo, lo que se advierte en la declaración de ROMERO MERCADO, va mucho más allá de unas reuniones meramente informativas que tienen por objeto la fijación de una posición institucional frente a las investigaciones disciplinarias y penales que se estaban adelantando. Sobre el particular así se expresó el deponente en interrogatorio a indiciado efectuado el 18 de julio de 20011, por el investigador de Policía Judicial OCTAVIANO CASAS: “(…) Otra reunión se llevó a cabo en el Club San Andrés en la calle 73 con 9, el 16 de enero de 2010, la presidió JUAN CAMILO SALAZAR, estaba CAMILA REYES, HELIO DUARTE y GISELA TORRES, nos comunicaron de las citaciones de la fiscalía y nos contaban de las preguntas que estaban haciendo la fiscalía y proponiendo las respuestas, esto de una manera muy sutil como si fuera un curso de repaso de los procedimientos que debía hacer el Ministerio en el proceso. Hubo una cuarta reunión en la oficina de ARIAS LEIVA cerca del parque de la 93, en el edificio donde hace unos años colocaron una bomba, eso fue más o menos con ocasión del pliego de cargos de la procuraduría que salió el martes, la reunión la hicieron el sábado anterior, en ella participó ANDRES FELIPE ARIAS, que estaba con los escoltas…, el señor ARIAS LEIVA preguntó quién faltaba, el Ministro comunicó que iba a salir el pliego de cargos de la procuraduría, que él conoció por una fuente de confianza de los cargos de él; pero que no tenía conocimiento quien más podría estar en esos cargos…”.
Esta versión al ser analizada con el rigor de la sana critica, merece para el Despacho credibilidad, toda vez que la persona que la rinde dadas sus particulares condiciones (ex Director de Desarrollo Rural) conoce de primera mano la situación de la que está dando cuenta; además de que como integrante del equipo de trabajo no tiene interés en señalar o acusar sino de respaldar a sus compañeros. Analizando en conjunto los anteriores elementos de conocimiento (visitas al Centro de Reclusión vs testimonio de ROMERO MERCADO), el despacho advierte un patrón de conducta del imputado que permite apuntalar lo anteriormente establecido con las múltiples y prolongadas visitas del Ex Ministro al Centro Carcelario; con lo que queda claro, reitera el Despacho, que estas entradas a la prisión no fueron actos humanitarios o de solidaridad, tal como lo arguyó la defensa sino que las mismas tuvieron como propósito inducir a los coimputados a obrar con reticencia; conclusión a la que se logra llegar dada la manifestación del deponente JAVIER ENRIQUE ROMERO MERCADO. En ese orden, el Despacho no puede dejar pasar desapercibido, como tampoco lo dejó pasar la Fiscal General de la Nación, las posteriores reuniones y encuentros “casuales” que tuvieron beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro con el ex Ministro ANDRES FELIPE, es decir las llevadas a cabo en el Restaurante “Andrés Carne de Res” y el del Club de Ingenieros de Bogotá, ambos en el mes de septiembre de 2009, pocos días después que la revista Cambio destapara el escándalo (24 de septiembre de 2009) del AIS. Allí lo que se trató no fue de limpiar la imagen de la ex reina de belleza y actriz VALERIE DOMINGUEZ TARÚD para el caso del “spot” sino más bien de evitar que ese escándalo trascendiera y llegara a conocimiento de los órganos de control, llámese contraloría, procuraduría o Fiscalía. Ello deviene del interrogatorio que rindiera el señor JUAN MANUEL DÁVILA JIMENO el 16 de mayo de 2011 ante un Fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Delitos Contra la Administración Pública, cuando señaló:
Ahora, el hecho de que el ente investigador haya activado el aparato judicial desde comienzos del escándalo que surgió con el informe de la revista cambio o con posterioridad, y que la Fiscalía durante ese lapso hasta ahora vinculó legalmente a la actuación al ex ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, haya recaudado abundante elementos materiales de prueba, en manera alguna por ello se puede inferir que no hay fines constitucionales para hacer cumplir, dado que el acervo probatorio no se reduce a la prueba documental que ciertamente ha recaudado con eficacia la Fiscalía, sino que la misma también comprende la testimonial sobre la que el imputado sí ha tenido cierta interferencia y hay probabilidad que la siga teniendo. En cuanto al peligro para la comunidad, que según la Fiscalía representa el imputado, al tener en cuenta el número de delitos atribuidos y la naturaleza de los mismos, la defensa considera que el mencionado peligro resulta incompatible con la presunción de inocencia, pues aquella no tiene fines de carácter procesal, al perseguir la defensa la prevención especial que corresponde a uno de los fines que se siguen a través de la pena privativa de la libertad, por lo que dicho juicio de valor se contrae a la sentencia, luego de agotado el respectivo juzgamiento y no a una etapa previa como en la que nos encontramos.
Sobre este punto resulta oportuno citar la sentencia C-154 de 2007 con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra donde expone que: “La compatibilidad de la detención preventiva con los textos constitucionales ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, por lo que puede inferirse que las disposiciones que tienden a reforzar dicha institución persiguen un fin legítimo. La Corporación ha manifestado que tal herramienta es concordante con la Constitución y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto que, precisamente, tiene un carácter preventivo, no sancionatorio”.
Zanjado el tema, véase entonces que los delitos de peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, imputados en concurso homogéneo y sucesivo, por los menos fluyen en tres de los citados convenios, con lo que igual número de conductas se endilgan, es decir que al verificar el concurso heterogéneo mínimamente se estaría hablando de seis delitos y al observar su gravedad, la modalidad y su naturaleza, necesariamente se arriba a la conclusión que ellos se encuentran dentro de los que mayor reproche merecen, si se tiene en cuenta que los mismos son cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo o con ocasión de ellos, afectando de manera seria la administración pública. Dicho bien jurídico pretende, entre otros fines, la protección a la comunidad que debe entender que la comisión de estos comportamientos, por su evidente gravedad, merecen tratamiento drástico en procura del fortalecimiento de su confianza en la ley y el ordenamiento jurídico, por cuanto un tratamiento benigno como el que se pretende por la defensa crearía la sensación que no hay correspondencia entre el menoscabo producido y su consecuencia procesal, esto es, la medida de aseguramiento.
La medida resulta evidentemente adecuada para conseguir cualquiera de los dos fines, pues es indiscutible que la restricción de la libertad de locomoción le impide a una persona desviar o impedir la eficaz y recta impartición de justicia o afectar bienes jurídicos sociales importantes, como en este caso los recursos estatales y la administración pública. En punto de la necesidad de la medida, a juicio del despacho le asiste razón a la defensa en cuanto a que no tiene ninguna incidencia frente al fin de proteger a la comunidad. En efecto, teniendo en cuenta que el imputado ya no tiene disponibilidad material ni jurídica de poder y/o recursos públicos, el riesgo que él representa para la comunidad ya ha sido debidamente conjurado, máxime cuando la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el término de 16 años, como bien lo advirtió el señor defensor y es de público conocimiento.
En consecuencia, fuerzan las anteriores razones concluir que la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión es jurídicamente procedente, por lo que en este aspecto el despacho, en ejercicio de la función de control de garantías, accederá a lo solicitado por la Fiscalía. Por las razones anteriores este Despacho considera que es procedente la imposición de medida de aseguramiento en contra del imputado. Ahora bien, satisfecho uno, varios o todos los requisitos señalados en el artículo 308, o sea, lo relacionado con la necesidad de imponer medida de aseguramiento, se procederá a determinar si la medida peticionada por la Fiscalía corresponde a la privativa de la liberta o no.
Para optar por las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, la Ley 906 deja en claro en el artículo 313 que frente a la detención preventiva en establecimiento de reclusión, es necesario que se verifique que el delito por el que se procede se trate de aquellos que son competencia de los jueces penales de circuito especializados; ó que sea investigable de oficio y que tenga señalada una pena mínima de cuatro (4) años o más de prisión. Como vemos los cargos imputados al ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural fue como autor de los delitos previstos en los artículos 410 y 397 del código represor cuyas penas superan con creces el quantum punitivo de los cuatro años de que trata la aludida preceptiva del Sistema Procesal Penal contenido en la ley 906 de 2004.
Por todo lo antes expuesto, el Despacho R E S U E L V E:

References: artículo 410
 artículo 24
 artículo 397
 artículo 310
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 308
 artículo 310
 artículo 308
 artículo 308
 artículo 309
 artículo 395
 artículo 308
 artículo 313