Source: https://ukhamawa.blogspot.com/2009/10/texto-comentado-del-decreto-124-del.html
Timestamp: 2018-03-20 08:09:02+00:00

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Ukhamawa Noticias: Texto comentado del Decreto 124 del "Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en Chile".
Texto comentado del Decreto 124 del "Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en Chile".
Por la importancia que reviste su difusión, entregamos este documento completo para su conocimiento, comentarios y difusión..
Ukhamawa Noticias.
Se trata de un acto irresponsable que ataca a la esencia del Convenio 169. Un Decreto inconducente, que solo creará mayores conflictos, y privará al propio Estado de la principal potencialidad del Convenio 169, para la prevención y resolución de los mismos: la consulta, el diálogo, la participación. En suma, el Decreto 124 es un nuevo y profundo error político del Gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de política indígena.
3) Que el artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2 de Convenio N° 169 consagra el deber general de consultar a los pueblos indígenas interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
4) Que el artículo 7 N° 1 oración segunda de Convenio N° 169 consagra el derecho de los pueblos indígenas interesados a participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente;
5) Que el artículo 34 del Convenio N° 169 establece que la naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país;
[Falacia y mala fe: la flexibilidad a que refiere el art 34 del Convenio no implica arbitrariedad ni faculta para incumplir los requisitos esenciales de las normas establecidas en el Convenio. La flexibilidad en el caso del Convenio 169 se refiere a la diversidad de situaciones en que se encuentran los pueblos indígenas. No es una claúsula para una "flexibilidad" de las obligaciones. La flexibilidad no suprime la obligatoriedad y no puede utilizarse como excusa para la tergiversación de las normas o el incumplimiento].
6) Que, con fecha 25 de junio de 2008, se dictó el Instructivo Presidencial N° 5, el que contempla, entre otras medidas, la incorporación en el quehacer de los organismos públicos de la consideración de los planteamientos que provengan de los pueblos indígenas, mediante un procedimiento que permita canalizar información relevante a las comunidades indígenas, recabar sus opiniones y observaciones sobre las iniciativas que estén destinadas a ellas o puedan afectarles directamente, y establecer el deber para los organismos públicos de entregar una respuesta fundada. Desde la dictación del señalado Instructivo, esta medida ha sido puesta en práctica por diversos organismos públicos;
[Este "visto " pretende someter al Convenio a una norma local irrelevante - un mero instructivo presidencial redactado por el ex-Comisionado-, y que tergiversa a la consulta. Se transgrede la Convención de Viena del Derecho de los Tratados Art 27: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado"]
7) Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 N° 3 del Convenio N° 169, éste entrará en vigor para el Estado de Chile doce meses después del registro de su ratificación; es decir, el 15 de septiembre de 2009;
8) Que una vez que el Convenio entre en vigencia, los artículos 6 N° 1 letra a) y N° 2, y 7 N° 1 oración segunda del Convenio N° 169 pasarán a formar parte de la legislación vigente ya que dichas normas tienen el contenido y precisión necesarias que las hablita para ser aplicadas sin otros trámites como fuente del derecho interno;
[FALSO: El Informe del Relator señala expresamente que: "el Relator Especial enfatiza que tal reglamento debe ser consultado previamente con los pueblos indígenas del país y debe contemplar los requisitos esenciales de la consulta establecidos en las normas internacionales" ]
10) Que se dará inicio a un proceso de consulta a los pueblos indígenas, a nivel nacional, acerca del procedimiento para llevar a cabo los procesos de consulta, de acuerdo a los artículos 6 N° 1 letra a) y N° 2, y 7 N° 1 oración segunda de Convenio N° 169;
11) Que, atendido lo anterior, se hace necesario adoptar un mecanismo que regule la consulta y la participación de los pueblos indígenas interesado estableciendo procedimientos claros, transparentes y sistemáticos, a fin de lograr una adecuada implementación de las respectivas normas del Convenio;
12) Que, asimismo, el inciso primero del artículo 34 de la ley N° 19.253 señala que los servicios de la administración del Estado, cuando traten materia que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones que reconoce dicha ley;
[El artículo 34 de la Ley Indígena se refiere a "escuchar" no al deber de consultar, tal como se establece en el art 6 y 7 del Convenio. La ratificación del Convenio ha reformado directamente al art. 34. Sin embargo este reglamento pretende someter al Convenio a una norma local y estándar inferior. Se transgrede la Convención de Viena del Derecho de los Tratados Art 27: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado"
El art. 34 de la Ley Indígena dice:
Eso es completamente distinto al deber de consultar establecido en el artículo 6 del Convenio 169. En su momento en propio Tribunal Constitucional chileno, en el año 2000, desechó la tesis del Gobierno de Lagos que pretendía asimilar ambas normas. El Tribunal Constitucional concluyó que la Consulta establecida en el Convenio 169 era de naturaleza jurídica distinta, dados sus requisitos esenciales de diálogo, de buena fe, tendiente a acuerdos y a realizar de manera apropiada. ]
13) Que, a la fecha, el artículo 34 de la ley N° 19.253 no ha sido reglamentado;
[ Falacia, mala fe e ilegalidad. El artículo 34 de la Ley Indígena se refiere a "escuchar" no al deber de consultar, tal como se establece en el art 6 y 7 del Convenio. La ratificación del Convenio ha reformado directamente al art. 34. Sin embargo este reglamento pretende someter al Convenio a una norma y estándar inferior, de recabar meras opiniones.
[Falso. El reglamento pretende desconocer la naturaleza jurídica y requisitos esenciales de la consulta: "diálogo genuino entre ambas partas signadas por comunicación y entendimiento, mutuo respeto y buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común". Los Comités de Expertos de la OIT y el Relator de la ONU, James Anaya han señalado que "recabar opiniones NO es una consulta"].
[Falacia. El reglamento pretende desconocer los estándares internacionales de la consulta y la participación e imponer sistemas arbitrarios definidos por el Estado].
[Falso: deben ser consultados todos los proyectos de inversión que afecten derechos indígenas aunque no se encuentren directamente en tierras indígenas.
[ Denominación impropia y discriminatoria. La ratificación del Convenio 169 ha reemplazado la expresión "etnias" por "pueblos" en el ordenamiento jurídico chileno].
[Falso y contrario a las normas internacionales. Este artículo plantea un estrecho criterio territorial para definir la posible afectación, y al mismo tiempo omite la evaluación de impacto en los derechos de los pueblos indígenas
Los órganos de control de la OIT han afirmado explícitamente que: "la consulta prevista en el párrafo 2 del artículo 15, procede respecto de los recursos de propiedad del Estado que se encuentren en las tierras que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera, tengan o no título de propiedad sobre los mismos.
Respecto al criterio de afectación de derechos, el reglamento los omite flagrantemente. Una medida legislativa o administrativa puede tener tanto o más efectos directos sobre los pueblos y sus derechos sin estar referida necesariamente a un espacio territorial específico].
[Falso. Este artículo plantea una regla arbitraria, contraria a las normas internacionales sobre consulta, y que invade un ámbito privativo de los pueblos indígenas, cual es la definición de su propia representatividad, tal como lo han reiterado los Comités Tripartitos de la OIT. Los órganos de control de la OIT han señalado al respecto que "dada la diversidad de los pueblos indígenas, el Convenio no impone un modelo de institución representativa, lo importante es que estas sean el fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas" ]
Artículo 10.- Buena fe. La consulta debe efectuarse de buena fe, lo que implica respetar los intereses, valores y necesidades de los pueblos indígenas interesados así como entregar toda la información relevante, absolver dudas, hacerse cargo de las observaciones, sea para acogerlas o rechazarlas, y en este último caso hacerlo fundadamente.
[La "buena fe" no consiste en meros procesos informativos. Una consulta de buena fe implica ante todo que es tendiente a un acuerdo, que se debe cumplir por las partes, tal requisito se pretende incumplir con este reglamento, como pone en evidencia el artículo 12, al establecer que nada impide que los organismos estatales realicen las medidas que pretenden].
Artículo 11. Procedimiento apropiado. La consulta debe realizarse de una manera apropiada a las circunstancias, lo que implica considerar la realidad de los pueblos indígenas a ser consultados y utilizar una metodología que permita que todos quienes puedan verse afectados conozcan la posible medida y sus consecuencias tengan un espacio para emitir sus planteamientos.
[Este artículo es falaz y debe ser leído junto con los artículos 18, 19 y 20. La mala fe en materia de "procedimiento apropiado" queda en evidencia en los artículos 18, 19 y 20 que imponen plazos perentorios y arbitrarios y reducen todo el proceso a un mero recabar observaciones y un trámite, sin ningún tipo de diálogo tendiente a acuerdos, sin consideraciones de tipo cultural, geográfico ni temporal.
Como señala el Informe del Relator Anaya: "el carácter adecuado de las consultas tiene una dimensión temporal, que de nuevo depende de las circunstancias precisas de la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de decisión. En los términos de la OIT, "se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas del país puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar efectivamente en las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturales y sociales… si éstos no se tienen en cuenta, será imposible cumplir con los requisitos fundamentales de la consulta previa y la participación"]
[Este artículo, al igual que el Art 9., plantea una regla arbitraria, contraria a las normas internacionales sobre consulta, y que invade un ámbito privativo de los pueblos indígenas, cual es la definición de su propia representatividad, tal como lo ha reiterado los Comités Tripartitos de la OIT. Los órganos de control de la OIT han señalado al respecto que "dada la diversidad de los pueblos indígenas, el Convenio no impone un modelo de institución representativa, lo importante es que éstas sean el fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas" ]
[Falso: Las medidas legislativas son los proyectos en cada una de sus fases de tramitación en que pueden sufrir transformaciones. Reducir las consultas solo a las ideas matrices, es incumplir la finalidad de la institución de la consulta, cual es, garantizar la incidencia de los pueblos indígenas en las decisiones que les afectan].
Medidas administrativas son las nuevas políticas, planes y programas, con excepción de aquéllos contemplados en el artículo 21 de este reglamento, elaboradas por los órganos de la administración del Estado señalados en el artículo 4° del presente reglamento, que afecten directamente a los pueblos indígenas interesados.
[Falso. Deben ser consultadas TODAS las políticas, planes y programas, sean nuevos o antiguos, en la medida que estos tengan efectos actuales y/o futuros sobre los pueblos indígenas y sus derechos. El Convenio 169 es una norma de derecho público que rige en acto, y no puede pretenderse eludir su cumplimiento en el caso de aquellas políticas, planes y programas ya dictados sin la consulta a los pueblos y que les afectan en acto, con efectos presentes y futuros].
[Falso. La consulta efectiva no es un evento, es un proceso iterativo. Debe consultarse en todas las fases de hechura de políticas, planes, programas, y leyes, en tanto en esas fases pueden tomarse decisiones distintas que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas].
[Falso. La pertinencia de la consulta debe ser establecida en consulta con los propios pueblos interesados, lo que exige procesos de información y transparencia. Lo que está en juego es la afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas, y la juridicidad de los actos del Estado. No puede dejarse en manos de los órganos de la administración que por sí y ante sí estimen cuando "corresponde" una consulta. Deben existir garantías y contrapesos frente a la arbitrariedad.
Mientras esté vigente la Ley 19.253 CONADI debe ejercer un rol de fiscalizador, similar función debe cumplir la Institución de Derechos Humanos y la Contraloría General de la República. En las respectivas Cámaras debe constituirse comisiones de asuntos indígenas que emitan un informe por cada proyecto de ley en trámite. Los Tribunales de Justicia, a su vez deben acoger recursos de protección frente al incumplimiento del deber de Consultar. Y otro tanto corresponde al Tribunal Constitucional. La no realización de la consulta acarrea la sanción de nulidad de derecho público e inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa].
[Falso. Las normas internacionales establecen que la consulta es un proceso de diálogo de buena fe tendiente a acuerdos. Meros procesos informativos y recabar observaciones NO son una consulta válida].
Artículo 19.- Sistematización y ponderación de observaciones. Vencido el plazo establecido en el artículo anterior, y en el término de treinta días, el árgano de la administración del Estado respectivo deberá sistematizar las observaciones recibidas, analizarlas, ponderarlas debidamente y elaborar un Informe Final del proceso de consulta. En todo caso, si las características de las observaciones recibidas lo ameritan, el órgano de la administración del Estado respectivo podrá prorrogar el plazo hasta por treinta días más.
[Tal procedimiento deja en evidencia que este Reglamento no trata de una consulta válida, esto es, un diálogo de buena fe tendiente a acuerdos, sino que reduce la obligación de consultar a una mera encuesta de opinión y a un formalismo].
[Este artículo junto a los anteriores 18 y 19, deja en evidencia que este Reglamento no trata de una consulta válida, esto es, de un diálogo de buena fe tendiente a acuerdos, sino de una mera encuesta de opinión y un formalismo]
[Reduccionismo y Arbitrariedad. Este artículo tiene tres afectos contrarios al Convenio 169. En primer lugar reduce el alcance del Art 7, limitando la participación a un recabar opinión (al remitir la participación a lo definido en el artículo 3° de este "reglamento"). En segundo lugar, se reduce esa "participación" solo a "planes y programas de desarrollo nacional o regional" dejando tácitamente fuera una amplia gama de políticas estatales sectoriales y locales. En tercer lugar, se deja al arbitrio de las autoridades la definición de "pertinencia" de cumplimiento del deber de consultar.
La pertinencia de la consulta y participación debe ser establecida en consulta con los propios pueblos interesados, lo que exige procesos de información y transparencia. Para determinar la afectación deben considerarse aspectos territoriales, los derechos e intereses indígenas. Lo que está en juego es la afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas, y la juridicidad de los actos del estado. No puede dejarse en manos de los órganos de la administración que por sí y ante sí estimen cuando "corresponde" una consulta. Deben existir garantías y contrapesos frente a la arbitrariedad].
[La pertinencia de la consulta y participación debe ser establecida en consulta con los propios pueblos interesados, lo que exige procesos de información y transparencia. Lo que está en juego es la afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas, y la juridicidad de los actos del estado. No puede dejarse en manos de los órganos de la administración que por sí y ante sí estimen cuando "corresponde" una consulta. Deben existir garantías y contrapesos frente a la arbitrariedad.
La finalidad no es emitir un informe burocrático sino, garantizar la efectiva incidencia de los pueblos indígenas, y la protección y cumplimiento de sus derechos en las medidas administrativas, legislativas, políticas, planes y programas estatales].
Articulo Transitorio.- Una vez que entre en vigencia el presente reglamento, se dará inicio a un proceso de consulta a los pueblos indígenas acerca del procedimiento para llevar a cabo los procesos de consulta y participación, en conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la ley N° 19.253 y en los artículos 6 N° 1 letra a; N° 2, y 7 N° 1 oración segunda del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
http://www.politicaspublicas.net/panel/imp/392-decreto-124.html

References: resolución 
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 34
 artículo 38
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 6
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 15

Artículo 10
 artículo 12

Artículo 11
 artículo 21
 artículo 4

Artículo 19
 artículo 3
 artículo 34