Source: https://manualzz.com/doc/760993/familia--servicios-sociales-y-protecci%C3%B3n-de-la-dependencia
Timestamp: 2019-01-23 11:49:04+00:00

Document:
Familia, servicios sociales y protección de la dependencia | manualzz.com
Bosch | VEZ-221-ICCS | Familia, servicios sociales y protección de la dependencia
Familia, servicios sociales y protección
15 y 16 noviembre 2010
Las Jornadas, celebradas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDC fueron
inauguradas por la Excma. Sra. Dª. Mª José Martínez López, Vicerrectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, el Ilmo. Sr. D. Narciso de Gabriel, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Educación, y el Director de la Obra Social de Caixa Galicia,
D. Manuel Aguilar López. Responsable del acto de clausura es el Decano de la Facultad
de Sociología, Ilmo. Sr. D. Antón Alvarez Sousa.
• “Dependencia y prevención de la autoprotección” Dª. Mª Carmen Meléndez Arias.
Licenciada en Derecho y especialista en Derecho de Familia, Civil, Penal y Administrativo
“Familia y envejecimiento: tensiones y desafíos” Dra. Isabel Dias. Profesora del
Departamento de Sociología de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto
• “La adopción internacional”. D. Manuel Baelo Alvarez. Profesor de la Facultad de
Educación de la Universidad de Extremadura
• “Los retos del estado mexicano frente a las familias migrantes” Dra. Mª Eugenia
Anguiano Téllez. Profesora del Departamento de Estudios Sociales. El Colegio de
la Frontera Norte. Méjico.
• La emancipación y la dependencia de los jóvenes en Galicia. Un acercamiento a las
claves sociológicas de la situación. Ariadna Rodríguez Teijeiro. Doctora en Sociología. Universidade da Coruña.
• “Psicosociología en el ambiente laboral. Otro enfoque en prevención de riesgos laborales”: Dª Mª Isabel Zamora Francisco. Ingeniero de Minas. Técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial.
Ponencias y Comunicaciones. Textos y Resúmenes
Dependencia y prevención de la autoprotección
Mª Carmen Meléndez Arias.
Licenciada en Derecho y especialista en Familia, Civil, Penal y Administrativo
La pérdida progresiva de capacidad, es un problema que puede afectar tanto a las personas con discapacidad, como a las que siendo plenamente capaces de obrar y no padeciendo discapacidad alguna, por razones de edad o determinadas enfermedades, ven
disminuir progresiva y gradualmente su capacidad natural.
La incapacitación judicial no siempre es la solución al problema, unas veces porque, la
delimitación de la capacidad de obrar plena o suficiente y de la incapacidad es dificultada por momentos de lucidez, y en otras, porque, al tratarse de un familiar próximo, el
sentimiento de es de rechazo a aquella.
Es un derecho inalienable de toda persona el regular las situaciones por las que atraviesa a lo largo de su vida, siempre dentro del marco que la ley le otorga, y por supuesto,
también de su futura incapacidad, más cuando es posible, el diagnóstico de la enfermedad y su evolución respecto a la capacidad de obrar.
FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN DE LA DEPENDENCIA
La pretensión, es que, la intervención judicial se limite a los supuestos estrictamente
necesarios, en caso de conflicto para decidir el cumplimiento o incumplimiento de las
estipulaciones establecidas por el interesado.
No se trata solo de suplir la voluntad de la persona que sufre la pérdida de capacidad
de obrar, sino de que todo el que sea capaz pueda prever su propia protección en el
supuesto de que se dé esa situación en el futuro.
El objeto común es la puesta a disposición de quien lo necesite, de los instrumentos necesarios para la protección de sus intereses personales y patrimoniales, que le permitan
una vida digna cuando no pueda decidir por sí mismo.
2. Dimensión sociodemográfica del envejecimiento poblacional y la dependencia
El envejecimiento de la población es un fenómeno definido a partir del aumento de
la proporción de mayores de 65 años con respecto al total de la población. Se mide a
través del Índice de Envejecimiento, es decir, del cociente entre la población mayor de
65 años y la población total, multiplicado por 100. Este indicador expresa el peso de la
población mayor en la población total. En el caso de España, al 1 de enero del año 2009,
es del 16,9 por 100 y del 21,7 por 100 en Galicia.
Se diferencia del Índice de Vejez (cociente entre los mayores de 65 años y la población
de entre 0 y 14 años, multiplicado por 100) en que éste hace referencia a la renovación
de una sociedad. Es por eso que también se le denomina Coeficiente de Renovación. Y
que, también para el caso de España y en la misma fecha es del 114,7, es decir, que por
cada 100 menores de 14 años tenemos a 114 personas mayores de 65 años. En Galicia
se eleva a 191,7 este porcentaje.
En 1997 por cada persona de 65 años y más, había 5,20 personas de 0 a 64 años; en el
2020 se prevé que haya sólo 4 personas. A estos datos demográficos hay que añadir el
incremento que experimenta la población mayor de 85 años. La dependencia también
se incrementa notablemente con la edad: en el conjunto de mayores afecta al 32,2 por
100, y al 63,6 por 100 si nos referimos a los de 85 y más años. La Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia aprobada en el año 2006, pretende dar solución a las necesidades de, entre otros, las personas
mayores de 65 años con algún tipo de dependencia física o cognoscitiva con el fin de
Todo ser humando es persona, y esa personalidad no puede el ordenamiento jurídico
atribuirla de forma aleatoria, conforme determina la doctrina legal, estando obligado,
pues a determinar qué es persona. Y esa doctrina considera mayoritariamente que ser
persona equivale a tener aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, por ello
personalidad equivaldría a capacidad jurídica. En la persona existen dos clases de capacidad: a). capacidad jurídica y b). capacidad de obrar
La capacidad de obrar depende del estado civil, de la edad, de ser capacitado o incapacitado, etc. Esta capacidad puede ser plena o encontrarse limitada o restringida. Se
denomina capacidad de obrar plena cuando el sujeto puede realizar por sí mismo, con
plena eficacia actos jurídicos o algunos tipos de ellos.
El “deber general de respeto a la persona”, es algo de lo que ya habló el profesor De
Castro1, fundamentándolo en la idea de que “el hombre, como persona, tiene un valor
intrínseco que se manifiesta en el significado institucional de la persona”, derivado de
“su dignidad de ser racional de propios fines, que el Derecho Civil respeta y protege”.
El profesor Serrano García2, alude al “deber universal de respeto a la persona”, que se
fundamenta en la dignidad convirtiéndose en “un derecho a la búsqueda de la felicidad
a través del ejercicio libre de sus aptitudes”.
La protección de las personas vulnerables, en la actualidad es una acción subsidiaria, y un
principio “supletorio del de autonomía de la persona con discapacidad, y entrará en acción
cuando la autoprotección por medio de la autonomía individual no pueda conseguirse”3.
En definitiva, las decisiones que se adopten como medida de protección atenderán “al
sistema de valores y a las necesidades de la persona incapacitada y no al criterio del
encargado de su protección”, como bien dice el profesor Serrano García4.
1 De Castro y Bravo, Federico (1970) Compendio de Derecho Civil, Introducción y Derecho de la
Persona, 5ª Edición Madrid, Pág. 164 y 165.
2 Serrano garcía, Ignacio (2008) en Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tratamiento sistemático de la Ley 41/2003, Iustel, Madrid, página 96.
3 García Pons, Antonio (2008) Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español. La Convención Internacional de 13 de diciembre de 2006, Madrid, ED Universitaria Ramón
Areces. Pág. 50
4 Serrano García, Ignacio en Protección Patrimonial de las Personas con discapacidad. Tratamiento sistemático de la Ley 41/2003.
Puente de la Fuente5, califica como “una de las expresiones máximas de la libertad
individual”, la posibilidad de “poder organizar y regular la esfera personal y patrimonial para el momento en el que se pierda esa libertad, lo que sucede cuando se pierde
la capacidad de discernir y, por tanto, de decidir inteligentemente; cuando se pierde el
control de los propios actos; de la realidad”, que denomina “posibilidades de previsión
de futuro de la persona”.
Esa previsión afecta a tres situaciones: la enfermedad terminal, lo que se conoce como
morir con dignidad, a la que el Derecho corresponde con las llamadas instrucciones
previas, declaración de voluntades anticipadas, o testamento vital; la organización de
la guarda para el supuesto de ser incapacitado judicialmente: autotutela; y resolver la
situación que origina la perdida progresiva de facultades, físicas, sensoriales, o intelectivas, desde su comienzo hasta que se constituya la institución de guarda que proceda,
por el mandato preventivo.
4. La Previsión de la Incapacitación y de la Guarda de la Persona y de los Bienes
Con las instituciones que analizamos a continuación, se pretende la organización de
las situaciones de incapacidad susceptibles de incapacitación judicial y sometimiento
a tutela o curatela.
En un principio la previsión de la tutela se identificaba con la designación del cargo
tutelar, el significado actual de la autotutela es mucho más amplio abarcando la organización de la autoprotección en todos sus aspectos: personal y patrimonial.
4.1. La Autotutela en el Código Civil
La autorregulación de la tutela es introducida, en el Código Civil por la Ley 41/2003, de
18 de noviembre, de Protección patrimonial de las personas con discapacidad, añadiendo
un nuevo párrafo al articulo 223, que queda redactado con el siguiente literal: “asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento publico notarial adoptar cualquier
disposición relativa a su propia persona y bienes incluida la designación de tutor”
El poder de determinación del contenido de las previsiones voluntarias de la tutela, está
limitado por la legislación aplicable en cuestiones como los requisitos de idoneidad
del cargo tutelar para su nombramiento; la salvaguarda de la autoridad judicial, nunca
5 Puente de la Fuente, Fernando (2007) El mandato preventivo, en La Protección Jurídica del discapacitado, II Congreso Regional. Valencia, Tirant lo Blanch, págs. 144-169
se pondrá constituir voluntariamente una tutela sin mediar la intervención del Juez,
la declaración judicial de incapacitación como requisito previo a la constitución de la
institución de guarda etcétera.
Respecto a la prevalencia de la disposición legal o de la voluntaria en caso de colisión,
no existe un criterio definido debiendo estar a la calificación de la disposición legal de
que se trate, si es imperativa o dispositiva.
4.2. Ley 2/2006, de 14 de julio, de Derecho Civil de Galicia
Galicia tiene su propia regulación de la autotutela, en la Ley 2/2006, de 14 de julio, de
Derecho Civil de Galicia, que dedica a la institución los artículos 42 al 45.
El articulo 42 se encarga de la definición: “en previsión de una eventual incapacidad,
cualquier persona mayor de edad, podrá designar en escritura publica la persona o personas, físicas o jurídicas, para que ejerzan el cargo de tutor. Del mismo modo, podrá
nombrar sustitutos de los designados para ejercer la tutela, y excluir a determinadas
personas para el cargo”.
El articulo 43 establece la posibilidad de delegación de nombramiento de tutor: “la
persona interesada también podrá delegar en su cónyuge u otra persona la elección del
futuro tutor entre una pluralidad de personas físicas o jurídicas, previamente identificadas o relacionadas en escritura pública”.
Entendemos, que no es una delegación en el amplio sentido del concepto, sino una
elección entre los candidatos señalados o propuestos por el interesado, y que se encomienda a personas de confianza. Esa delegación, puede ser de utilidad, sobre todo si se
prevé un cambio de circunstancias, o se duda de la idoneidad futura de los candidatos.
El articulo 44 concede una amplia libertad para ordenar la tutela, estableciendo que
“asimismo el interesado podrá: 1º. Fijar la retribución del futuro tutor, y señalar las
reglas generales de funcionamiento y contenido de la tutela prevista, en especial en lo
que se refiere al cuidado de su persona y 2º. Proponer medidas de vigilancia y control
de la actuación tutelar, así como reglas para la administración de sus bienes”.
Digamos que el Derecho gallego, permite una amplia y completa regulación de la tutela, que va mas allá del nombramiento de un tutor y de la delegación previa elección
del precitado nombramiento en una persona de su confianza, permitiendo al interesado
diseñar su protección personal, y la administración de su patrimonio, a la vez que prever los medios de vigilancia y control de su ejercicio.
La Ley 2/2006, de 14 de julio, de Derecho Civil de Galicia, es más explicita que el
artículo 223 del Código Civil, previendo expresamente en el articulo 42 la designación
de “la persona o personas, físicas o jurídicas, para que ejerzan el cargo de tutor”; de
“sustitutos de los designados para ejercer la tutela”; y “excluir a determinadas personas
para el cargo”, y en el 43 la delegación del nombramiento de tutor en una persona de
confianza como es el cónyuge o cualquier otra de su elección, como son hijos o familiares, que apreciarán las necesidades de protección, cuando el interesado no pueda
apreciarlas al sufrir la pérdida de su capacidad.
4.3. La autotutela
4.3.1. Previsiones en la esfera personal
El articulo 223 del Código Civil habla de “cualquier disposición relativa a su propia
persona y bienes”, expresión general que no especifica a que disposiciones concretas
se refiere, y que en principio incluye todas las relativas al cuidado y atención personal,
como es, la manifestación de que persona física o jurídica quiere que vele por él, el
centro o la residencia donde quiere vivir, si quiere vivir en su domicilio y ser atendida
por una o varias personas determinadas, los cuidados médicos que quiere que se le
presten, y todos aquellos extremos que considere oportunos.
4.3.2. Previsiones en la esfera patrimonial
Las previsiones patrimoniales se refieren a la administración de los bienes, cuestión en
la que debemos tener en cuenta que existen normas de carácter imperativo que no se
pueden ignorar6.
La reforma de la Ley 41/2003, ofrece la posibilidad de regular la administración de los
bienes, mediante la afectación de los mismos a la satisfacción de las necesidades vitales
del incapacitado judicialmente o del discapacitado no incapacitado.
6 Véase el estudio del profesor Serrano García, en Protección patrimonial de las personas con
discapacidad citada.
Nos referimos al patrimonio protegido, que puede ser constituido por “la propia persona con discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar
suficiente”7, en previsión de su futura incapacidad.
Si el propio beneficiario del patrimonio protegido es el constituyente del mismo, establecerá en el documento público de constitución las reglas de administración.8
4.3.3. Fiscalización y Control de la Tutela
El artículo 223 del Código Civil, se refiere a los órganos de fiscalización de la tutela en
las disposiciones paternas, entendiéndose que también afecta a las de autotutela.
Sin embargo, el articulo 44/2º de la Ley Gallega si dispone expresamente la proposición de “medidas de vigilancia y control de la actuación tutelar”.
El Ministerio Fiscal es el órgano de vigilancia, y el Juez el de control, la función controladora de este ultimo tiene su máxima expresión en la autorización prevista en el articulo 271 del Código Civil, para los actos de disposición patrimonial o de administración
especial, especificados en el precitado precepto. El objeto del artículo 271 del Código
Civil, es proteger el patrimonio del incapacitado de posibles abusos exigiendo la justificación en su interés de los actos de administración especial. Además, el tutor tiene la
obligación de rendir cuentas, y es responsable civil y penalmente de su actuación en el
ejercicio de la tutela9, lo que significa otro control.
4.4. La Incapacitación Voluntaria
La auto-incapacitación o incapacitación voluntaria es otra reforma que introduce la
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, como una posibilidad más de ejercicio de la autonomía de la voluntad en
la protección de la propia persona y bienes, legitimando al presunto incapaz a instar la
demanda de su propia incapacitación10.
7 Articulo 3/1/a de la LPPD.
8 Articulo 5/1 de la LPPD.
9 En esta cuestión citamos como ejemplo la siguiente bibliografía: Candau Pérez, Alfonso, (2003)
Responsabilidad del Tutor. Extinción de la tutela. Rendición de cuentas. La protección jurídica
del discapacitado, I Congreso Regional, Junta de Castilla y León, Valencia, Tirant lo Blanch;
Palomino Díez, Isabel, (2006) El tutor, Valencia, Tirant lo Blanch.
10 Articulo 757/1º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El profesor Serrano García11, señala como un supuesto de viabilidad de la auto-incapacitación, los de incapacitación parcial con sometimiento a curatela, argumentando
que “el curatelado no es un sujeto privado de capacidad, sino, mas bien, un sujeto que
tiene que ser asistido en determinados actos para los que si tiene capacidad, aunque
no pueda realizarlos solo. De forma que el curatelado ni es un incapaz, ni tiene un
Díaz Alabart12, se manifiesta también en este sentido afirmando que las posibilidades de
la incapacitación voluntaria, “quedará condicionada o limitada por el grado de discapacidad que padezca el sujeto, por cuanto será posible el ejercicio de la facultad reconocida en el articulo 757/1º de la LEC cuando el sujeto pese a su presunta incapacidad,
goce de capacidad suficiente para iniciar el procedimiento, pues en aquellos casos en
los que la discapacidad sea de mayor entidad el sujeto no podrá ya no plantearse su
incapacitación sino tan siquiera ser consciente de la misma”.
La legitimación del presunto incapaz para promover su propia incapacitación, induce a
confusiones sobre todo en el orden procesal, alertando sobre la pretensión de incluir en
el procedimiento el principio dispositivo, extremo peligroso, si tenemos en cuenta, que,
la capacidad es una cuestión de orden público.
5. La Previsión de la Protección Pérdida de Capacidad
5.1. El Mandato Preventivo13
La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las personas con
discapacidad añade un nuevo párrafo al articulo 1732, disponiendo que: “el mandato
se extinguirá también, por la incapacitación sobrevenida del mandante a no ser que
en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para
el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En
11 Serrano garcía, Ignacio, (2008) Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tratamiento sistemático de la Ley 41/2003, pág. 193.
12 La protección jurídica de las personas con discapacidad, pág. 199.
13 En nuestro estudio seguimos a Serrano García, Ignacio (2008) Protección patrimonial
de las personas con discapacidad. Tratamiento sistemático de la Ley 41/2003, Madrid,
Iustel; Puente de la Fuente, Fernando (2007) El mandato preventivo, en La Protección
Jurídica del discapacitado, II Congreso Regional. Valencia, Tirant lo Blanch, pág. 144169; Pereña Vicente, Montserrat (2007) Autotuela y mandato de protección futura en el
Código de Napoleón. La Ley de 5 de marzo de 2007. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año 83, nº 703, sep-oct, págs 2235-2253
estos casos el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el
organismo tutela o posteriormente a instancia del tutor”.
Con esta modalidad de mandato que no se extingue con la incapacidad del mandante,
si este dispuso su continuación en esa circunstancia, se quiere prever la protección de
1º. La previsión de la incapacitación judicial.
2º. Que el poderdante quiera prever el supuesto de la incapacidad no declarada judicialmente, buscando evitar la incapacitación. El problema que suscita este supuesto es
la determinación del momento en que esa incapacidad se presenta, es decir, que tipo de
discapacidad, que extensión, y como se acredita su existencia.
Puente de la Fuente14, nos remite al dictamen de un médico, o mejor el de un organismo
neutral como la Comisión de Valoración de Minusvalías, encargada de expedir el certificado acreditativo del grado de discapacidad, o el que pudiera sustituirle, o que tenga
esas competencias en la Comunidad Autónoma correspondiente
3º. El tercer supuesto es que el otorgante prevea la pérdida de facultades intelectivas y/o
volitivas, y la incapacitación judicial, haciendo constar que el apoderado lo será para ambos casos, regulando su actuación, delimitando sus funciones, y las del tutor o curador.
5.2. Tipos de Mandatos Preventivos
5.2.1. Mandato o Poder con Subsistencia
El mandato o poder con subsistencia, es aquel, en el que el mandante dispone su continuación para el caso de que se produzca su incapacidad.
Se trata de un poder normal con la única peculiaridad de que el poderdante establece
una cláusula especifica de subsistencia y eficacia para el supuesto de su incapacidad
5.2.2. Poderes Preventivos o Poder con Causalización
El segundo supuesto del articulo 1.732 párrafo 2º del Código Civil, para cuando “el
mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme
a lo dispuesto por este”; es el poder con cláusula de causalización.
14 Obra cit. Pág. 158
El poder carece de efectos en el momento de su otorgamiento, quedando pendiente
hasta que se certifique la incapacidad o inaptitud prevista por el poderdante, o la declaración judicial de incapacidad, según haya establecido.
Esta modalidad es el autentico apoderamiento preventivo, al ser otorgado en previsión
de la futura incapacidad del poderdante, incluyendo tanto la discapacidad, la inaptitud
o falta de facultades, la incapacidad de hecho no declarada judicialmente, o la incapacitación judicial, abarcando un amplio abanico de supuestos de carácter temporal,
o permanente en los que la persona no pueda prestar validamente su consentimiento,
según apreciación al amplio arbitrio del apoderado.
Este poder puede configurarse para que surta efecto simplemente, cuando se constate
la incapacidad o discapacidad volitiva y/o mental de hecho de aquél, buscando no llegar a la incapacitación judicial.
Otra opción, es la de que el mandato surta efectos en caso de incapacidad de hecho, con
el objeto de iniciar los trámites pertinentes para la declaración judicial de incapacidad
y constitución de la institución de guarda que proceda.
5.3. La Revocación del Apoderamiento o Mandato Preventivo.
La revocación y la modificación del apoderamiento preventivo no plantean problema
alguno cuando el mandante continúa siendo capaz de obrar, el problema surge cuando
el poderdante deviene incapaz de obrar, sobre todo si no estableció las previsiones precisas para solventar esta situación.
Sobrevenida la incapacidad de obrar del mandante, la revocación del poder tendrá lugar
según lo haya dispuesto en el cuerpo del referido documento, a tal fin, el poderdante
deberá prever con exactitud la extinción o coexistencia del mandato preventivo con
el régimen de guarda que se constituirá como consecuencia inherente a la declaración
judicial de incapacidad.
Cuando el poderdante no haya dispuesto nada respecto a la extinción del mandato o
apoderamiento preventivo, una vez incapacitado el tutor puede instar la revocación,
que será estimada o desestimada por el juez.
5.4. El Control de la Gestión del Mandato Preventivo: La Rendición de
El articulo 1.720 del Código Civil, afirma que “todo mandatario está obligado a dar
cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del
mandato, aún cuando lo recibido no se debiera al segundo”.
La rendición de cuentas es el acto de control de la gestión del apoderado, como lo es la
rendición anual de la gestión anual del tutor, y la cuenta general justificada del ejercicio
de la tutela que se extingue. En el apoderamiento, la forma de practicar la rendición de
cuentas depende que el poderdante esté en ese momento incapacitado judicialmente o
Al control del tutor añadimos la supervisión del Juez, en cumplimiento de su función
de salvaguarda del ejercicio de las funciones tutelares, al que dará cuenta el tutor en su
rendición anual de cuentas o en la cuenta general justificada al final de la tutela.
En este supuesto, lo más oportuno es que el poderdante haga una previsión expresa en
el apoderamiento, respecto a quien o que órgano de la naturaleza que sea, se redirán las
cuentas de la gestión de los asuntos encomendados, en el caso de una incapacidad de
hecho y de que no existan personas legitimadas para exigirla.
En el supuesto contrario, cuando el apoderamiento no contiene tal previsión y se produce la incapacidad de obrar de hecho del poderdante, el apoderado actuará sin tener a
quien dar cuentas del cumplimiento o incumplimiento de los encargos recibido.
En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de acudir al Fiscal, a fin que inste la
extinción del poder al constituir sus efectos un perjuicio para los intereses del incapaz
de obrar, acordando a quien deberá rendir cuentas el mandatario, que en el supuesto de
no existan parientes será ante el Juez.
6. La Previsión de la Protección de la Inaptitud
6.1. Las Instrucciones Previas15
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define en
su articulo 11 las instrucciones previas como el documento, en virtud del cual, “una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de
que esta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no
sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y tratamiento de salud o, una
vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo, o de los órganos del mismo”.
Anterior es la regulación de Galicia que en la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora
del Consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, en el articulo
5 párrafo 1º define las voluntades anticipadas, expresión indistintamente utilizada a
instrucciones previas y testamento vital, como “el documento en el cual una persona
mayor de edad con capacidad de obrar suficiente y libremente, expone las instrucciones
que se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad”:
En el documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas intervienen varios
sujetos, por un lado el paciente que es la persona que manifiesta su voluntad con la
intención de que se cumpla; el destinatario de la declaración que el es médico y profesionales sanitarios que en su día se ocupen de la atención sanitaria, cuya identificación
es indeterminada hasta el momento en el que se produzca la enfermedad; y la persona
designada como interlocutor o representante del paciente al objeto de que actúe como
transmisor de la voluntad emitida, y supervisor de su cumplimiento.
Dos son los contenidos esenciales de las instrucciones previas: la atención, cuidado y
tratamiento de la salud, sobre todo en situaciones terminales, y las intervenciones quirúrgicas, el destino del cuerpo y/o de los órganos vitales del mismo, una vez producido
el fallecimiento, y el internamiento en un centro de salud o residencial.
15 Utilizamos la siguiente bibliografía Arce y Flórez-Valdés, Joaquín (2003) “La incapa-
cidad eventual de autogobierno, y las declaraciones anticipadas, (La Tutela del Siglo
XXI)”, Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Luis Diez-Picazo, Madrid Civitas,
págs 207-219. Durán Corsanego, Emilio (2007) La autorregulación de la tutela, Madrid, Ed. Universitaria Ramón Areces y Serrano garecía, Ignacio (2008) Protección patrimonial de las personas con discapacidad, Tratamiento sistemático de la Ley 41/2.003,
Madrid, Editorial Iustel.
6.2. Límites de las Instrucciones Previas
Los limites aplicables son los generales de todas las estipulaciones nacidas de la autonomía de la voluntad, de manera, que, no pueden formularse instrucciones previas
contrarias a la ley, en el sentido de que no pueden constituir un instrumento para la
practica de la eutanasia o el auxilio al suicidio, conductas delictivas en nuestro Ordenamiento Jurídico.
El segundo límite a semejanza de la moral y las buenas costumbres es la Lex Artis o
buenas practicas médicas, en orden sobre todo, a la aplicación de tratamientos paliativos que eviten sufrimientos, y la prolongación artificial de la vida con tratamientos
No se pueden aplicar las instrucciones que no se correspondan con el supuesto de hecho, que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas, quedando constancia razonada en la historia clínica del paciente, de las anotaciones relacionadas con
La Ley del Galicia, en el apartado 3 del articulo 5, también establece como límites de
las voluntades anticipadas, las referidas en la Ley de autonomía del paciente, afirmando que: “no podrán tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones
contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se correspondan exactamente con lo expresado en el momento de emitir la voluntad anticipada”
6.3. Forma de las Instrucciones Previas
El artículo 11 de la ley del paciente señala que las instrucciones previas constarán por escrito, sin exigir una forma especial determinada, remitiendo a la legislación autonómica.
La Ley Gallega, en su articulo 5, prevé la forma de las voluntades anticipadas, estableciendo que: “2. Tendrá que haber constancia fehaciente de que este documento
está otorgado en las condiciones expuestas en el apartado anterior. A estos efectos,
la declaración de voluntades anticipadas deberá formalizarse mediante alguno de los
b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos,
como mínimo, no podrán tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar
vinculados por relación patrimonial con el otorgante”, previendo la incorporación
del documento de voluntades anticipadas a la historia clínica del paciente.
Se pretende el más absoluto respeto a la voluntad manifestada por una persona, respecto a como quiere ser cuidada en los últimos momentos de su vida, y a tal fin, como
en todas las previsiones es imprescindible garantizar la constancia del contenido de las
mismas, así como garantizar su cumplimiento.
En los países desarrollados se ha producido en los últimos años un fuerte incremento de
la población anciana, dándose al mismo tiempo una sensible reducción en las edades de
Por otro lado, la presencia de enfermedades crónicas e invalidantes, tales como las
demencias y su prevalencia en aumento progresivo en estas edades finales de las personas, supondrá también un aumento de la dependencia, siendo ésta recíproca entre los
cuidados y los cuidadores.
La reducción en la composición de los núcleos familiares ya está propiciando que la
carga del cuidado de la dependencia recaiga sobre un número limitado de los familiares
que son, fundamentalmente, las mujeres. Y, además, el cuidado de la dependencia requiere, no solo dedicación afectiva, sino también cualificación profesional.
Esta realidad hace que las personas tomen conciencia de su situación actual y prevea la
que será la perspectiva futura.
Hasta no hace mucho las leyes contemplaban las figuras y los procedimientos para la
protección de las personas que perdieran sus facultades y devinieran en dependientes.
Estas figuras eran, principalmente, la incapacitación, la tutela y la curatela. Pero la velocidad del cambio es cada vez más acelerada y nuevas realidades impulsan el motor
de la actualización de las estructuras sociales, entre las cuales se encuentra la normativa
jurídica de los países.
En nuestro caso, cabe concluir que una de las innovaciones más destacada es la que
ha sido objeto de este estudio: la posibilidad de que sean las personas, cuando aun disfruten de un buen estado de salud física y mental, las que, a través de figuras como la
previsión de la autoprotección puedan disponer, con el amparo de la ley, el futuro, su
futuro, el que consideren más adecuado y deseable, el de sus personas y el de sus bienes. En este sentido se plasma la cada vez mayor capacidad de conocimiento, decisión,
libertad e independencia de las personas.
• Arce y Flórez-Valdés, Joaquín, (2003) “La incapacidad eventual de autogobierno,
y las declaraciones anticipadas, (La Tutela del Siglo XXI)”, Estudios Jurídicos en
Homenaje al Profesor Luis Diez-Picazo, Civitas, Madrid, págs. 207-220.
• Badosa Coll, Ferrán, (1993) “La Autotutela”, Estudios Homenaje al Profesor Lacruz Berdejo, Volumen II Barcelona, Bosch, págs. 903-931.
• Castillo Tamarit, José, (2001) “Tutela, autotutela, protección de menores”, Revista
Jurídica del Notariado, nº 39, julio-septiembre, págs. 39-53.
• Castro y Bravo, Federico de, (1970) Compendio de Derecho Civil, Introducción y
Derecho de la Persona, 5ª Edición, Madrid.
• Díaz Alabart, Silvia, (2004) Protección jurídica de las personas con discapacidad.
Madrid, Ibermutuamur, Producción P y CH&Asociados SL.
• Durán Cossanego, Emilio, (2007) La autorregulación de la tutela, Madrid, Ed. Universitaria Ramón Areces.
• García Pons, Antonio, (2008) Las personas con discapacidad en el ordenamiento
jurídico español. La Convención Internacional de 13 de diciembre de 2006, Madrid,
ED Universitaria Ramón Areces.
• Leña Fernández, Rafael, (1997) El notario y la protección del discapacitado, Madrid, Consejo General del Poder Judicial.
• Palomino Díez, Isabel, (2006) El tutor, Valencia, Tirant lo Blanch.
• Pereña Vicente, Montserrat, (2007) “Autotuela y mandato de protección futura en el
Código de Napoleón. La Ley de 5 de marzo de 2007”. Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, año 83, nº 703, págs. 2235-2253
• Puente de la Fuente, Fernando, (2007) “El mandato preventivo”, La Protección
Jurídica del discapacitado, II Congreso Regional, Junta de Castilla y León, (coord.
Ignacio Serrano García), Valencia, Tirant lo Blanch.
• Seoane Rodríguez, José Antonio, (2005) “La definición de la discapacidad intelectual”, Discapacidad Intelectual y Derecho, IV Jornadas Aequitas, 2ª Edición La
Llave, revisada y aumentada, págs. 135-171.
• Serrano García, Ignacio, (2008) Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tratamiento sistemático de la Ley 41/2003. Madrid, Ed. Iustel.
Família e Envelhecimento: Tensôes e Desafios
Isabel Dias.
Profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Letras de la Universidad
de Oporto (Portugal)
1. Presentação
Esta imagem faz-nos recordar, no que diz respeito à família, “uma espécie de idade
ouro perdida”
Nestos tempos os casamentos ainda eram numerosos; os divórcios eram raros; a taxa
de fecundidade era elevada.
Ou seja, a família, do ponto de vista dos indicadores demográficos, encontrava-se de
A queda acentuada dos referidos indicadores, alimentou durante algum tempo o discurso de crise na família.
Nos anos 90do século passado, este discurso de crise praticamente desapareceu, dando
lugar a uma espécie de redescoberta da importância dos laços familiares e do peso da
instituição na sociedade moderna.
A análise da família actual não pode deixar de fazer referência à família de outrora. Porém, tal tem que ser feito de uma forma menos mistificada. A família tradicional era duplamente desigual: os homens dominavam as mulheres; os pais dominavam os filhos.
Nos nossos dias: a imagem da mulher no lar é menos frequente; a repartição dos papéis sexuais é mais incerta e variável; as crianças fazem, cada vez mais, a sua aprendizagem fora do círculo familiar; vêem os pais separarem-se – são mais elevadas as
taxas de divórcio.
São inúmeros os jovens que vivem apenas com um dos pais; São mais elevadas as taxas
de recasamento; Subiram os valores da coabitação; Desceram os valores da fecundidade; Aumentou a esperança média de vida; È maior a autonomia face aos laços de
A família encontra-se em mudança e democratizou-se. Mais complexa, a família contemporânea é mais exigente. No nosso país, inúmeros estudos revelam que ela continua
a ser representada como um valor fundamental e como um dos domínios mais importantes na vida dos indivíduos e no qual eles mais confiança depositam.
2. Algumas dinâmicas de mudança da família na sociedade portuguesa
A análise dos principais indicadores sócio-demográficos é reveladora de um processo
de rápida modernização da estrutura familiar portuguesa.
Em Portugal, do ponto de vista da dimensão e composição dos agregados familiares
houve um aumento do número de famílias clássicas.
○○ Este aumento foi na ordem dos 16% entre 1991 e 2001.
○○ Tal aumento não teve impacto na dimensão média da família, que passou
de 3,1, em 1991, para 2,8 pessoas, por família em 2001 e 2,1 pessoas em
○○ A dimensão média da família diminuiu em todo o país.
Porém, as regiões autónomas (3,3 pessoas por família) e as região norte (3,0) são as que
apresentam valores mais altos.
Em Portugal, observa-se uma diminuição do número de famílias com filhos:
○○ 2007: 56,8%
○○ 2006: 57,3%
○○ 2001: 60,0%
Em 2007, as famílias com duas pessoas passaram a representar 29,2% do total de famílias em Portugal; as famílias com três pessoas passaram a representar 26,3% e com
uma pessoa representavam 17,1%. As famílias mais numerosas (de 5 ou mais pessoas)
perderam importância relativa. Em 2007 eram 7,8% do total de famílias . Em 1960 os
agregados com mais de cinco pessoas representavam 17,1% do total de famílias.
O casal com filhos continua a ser o núcleo familiar predominante. Em 2007, as famílias
com filhos representavam 56,8%.
Contudo aumentou a importância relativa dos núcleos de casais sem filhos (28,8% em
1991; 30,9% em 2001).
Porém, aumentou a importância das famílias: Apenas com um filho: 31,5%; Com 2
filhos: 20,5%; Diminuiu a relevância das famílias: Com 3 filhos: 3,9%; Com 4 filhos e
mais: 0,9%
As famílias de pessoas sós aumentaram em Portugal: Passaram de 13,8%, em 1991,
para 17,3%, em 2001. São compostas principalmente por mulheres mais velhas. Representam 39,5% do total das pessoas sós.
Neste domínio, Portugal aproxima-se da tendência europeia. Em 2005, nos países da
União Europeia cerca de 30% das mulheres com idades entre os 65 e os 74 anos viviam
sozinhas, para apenas 13% dos homens (Eurostat, 2008).
Porém, alterou-se o peso relativo dos núcleos conjugais com e sem filhos. As famílias
unipessoais passaram de 13,8%, em 1991, para 17,3%, em 2001. Estas são compostas
sobretudo por mulheres idosas (representam 39,5% do total das pessoas sós). E os divórcios aumentaram cerca de 90% entre 1991 e 2001.
Nesta data, a taxa de divorcialidade situou-se em 1,8 divórcios por mil habitantes.
Os divórcios aumentaram cerca de 90% entre 1991 e 2001.
Nesta data, a taxa de divorcialidade situou-se em 1,8 divórcios por mil habitantes. Actualmente a taxa de divorcialidade atingiu 2,2 por mil habitantes.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da taxa de divorcilaidade entre 2001 e 2007.
Fonte: INE – Estatísticas Demográficas e Estimativas da Pop. Residente, 2008.
Quadro nº I. Taxa bruta de divórcio. (Permilagem)
Taxa de divorcialidade por regiões (2006)
Lisboa e Vale do Tejo detêm a primeira posição: 2,5 divórcios por mil habitantes.
Depois o Algarve: 2,4.
Segue-se, a Região Autónoma dos Açores - 2,4 divórcios por mil habitantes.
As taxas mais baixas continuam a pertencer:
○○ Região do Norte: 2,0 divórcios por mil habitantes.
○○ Centro e Alentejo: ambas com 1,9 divórcios por mil habitantes.
• Em 2007, foram realizados 25 255 divórcios. Destes:
○○ 24 968 diziam respeito a casais residentes em território nacional;
○○ 287 a casais residentes no estrangeiro.
• Em 2007, a idade média ao divórcio ultrapassou os 40 anos (40,4 anos: HM):
○○ Homens: 41,6 anos
○○ Mulheres: 39,3 anos
○○ A duração média do casamento à data do divórcio foi de 14,3 anos.
5. Tendências da conjugalidade
Os Censos mais recentes são igualmente reveladores de três tendências importantes ao
nível da conjugalidade:
1. O aumento das pessoas que vivem em casal, em particular os casais sem
2. O avanço consistente dos casamentos de facto.;
3. A expressão significativa da recomposição familiar.
Cresceu a coabitação, registando-se entre os dois momentos censitários uma variação
de 96,1%.
Em 2001, a recomposição familiar passou a ser quantificada. Atingiu 1,7% do total dos
núcleos familiares residentes de casais.
Em 2007 os casamentos de segunda ordem foram: 10 614. Os casais recompostos têm
uma maior predisposição para a formação de famílias mais numerosas, em virtude da
presença de filhos de um ou dos dois membros do casal.
As famílias monoparentais também viram crescer a sua importância.
Em Portugal, a monoparentalidade é uma situação essencialmente vivida no feminino.
Após uma separação ou divórcio, quase sempre as mulheres é que ficam com a guarda
Em 1991 cerca de 86% do total são mulheres que viviam com os filhos solteiros de
qualquer idade, enquanto os homens não chegavam a representar 14%.
E. A. Madeira
Quadro nº II. Estrutura das familias monoparentais por regiâo
A monoparentalidade “tradicional”, começou a decair progressivamente para dar lugar
a uma monoparentalidade por “ruptura conjugal”, a qual está relacionada com certos
factores sociais, designadamente:
○○ O declínio da duração média do casamento.
○○ O aumento dos níveis de escolaridade obrigatória.
○○ O peso crescente das mulheres no mercado de trabalho.
○○ A interiorização do divórcio como norma e não como desvio.
Actualmente, neste âmbito, existe uma diversidade de situações do ponto de vista sociológico:
○○ Há famílias monoparentais que vivem isoladas e outras que residem com
○○ Existem mães solteiras muito jovens com filhos pequenos e mães viúvas a
viver com filhos adultos;
○○ Há pais sós inseridos no mercado de trabalho e outros que nunca trabalharam.
O aumento das famílias monoparentais jovens aponta para um movimento real. Estas
são sobretudo famílias de mães sós, não havendo, por isso, nos últimos 20 anos nenhum
sinal de mudança neste domínio.
De qualquer modo, as famílias monoparentais em Portugal não apresentam características muito distintas das dos outros países da União Europeia:
○○ Predominam em todos os países da União Europeia as famílias monoparentais femininas;
○○ Em todos os países os pais/mães sós tendem a ter apenas um filho.
○○ Em Portugal é mais elevada a proporção de famílias monoparentais a viver
em agregados domésticos com dois ou mais núcleos familiares.
○○ No nosso país, quase um terço dos núcleos monoparentais vive com “outras
pessoas” em agregados domésticos de famílias alargadas ou múltiplas.
○○ A par destas dinâmicas de mudança na família em Portugal, importa registar,
6. Adiamento da conjugalidade e da parentalidade, com repercussões ao nível do
○○ Os homens e as mulheres casam cada vez mais tarde (2007):Homens: 32,2
anos; Mulheres: 29,7 anos
○○ Taxa bruta de nupcialidade em Portugal:
• 2007: 4,4 casamentos por mil habitantes.
• 2006: 4,5 casamentos por mil habitantes.
○○ Em 2007:
• 31,8% dos nubentes já possuíam residência anterior comum (26,6% em
• Aumentou a percentagem de casamentos entre portugueses e estrangeiros
para 12,3% (10,3% em 2006).
Nos últimos anos, o casamento deixou de estar associado à parentalidade.
Diminui a natalidade e a fecundidade.
○○ Em 2007, o índice sintético de fecundidade (ISF) foi:
• 1,33 crianças por mulher
○○ A taxa bruta de natalidade passou::
• 2002: 11,0 nascimentos por mil habitantes.
• 2007: 9,7 nascimentos por mil habitantes.
Em Portugal, a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho:
○○ Em 2007 foi de 28,2 anos.
○○ Em 2001 era de 26,2 anos.
A maternidade, por opção, voltou, a partir de 1999, a ser tardia.çNeste caso, o adiamento do nascimento do primeiro filho, está associado:
○○ Á facilitação do acesso a contraceptivos;
○○ Á maior segurança proporcionada por meios de diagnóstico mais seguros.
Todas estas mudanças resultam:
○○ De um planeamento mais eficaz da procriação;
○○ Da “emergência de novos valores e representações” sobre:a conjugalidade;
○○ A criança;
○○ Infância;
○○ A sexualidade;
○○ O corpo;
○○ A própria condição da mulher na família e na sociedade portuguesa.
Hoje as mulheres estão definitivamente instaladas no mercado de trabalho. A taxa de
actividade feminina passou de 45,4%, em 2001, para 48,1%, em 2007.
O aumento acentuado da participação feminina no mercado de trabalho é uma das mudanças que teve mais impacto, ao longo das últimas décadas, na organização da vida
familiar em Portugal (Wall e Guerreiro, 2005). Em 2001, 83% das mulheres com idades
entre os 25 e os 34 anos eram activas.
As mulheres com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos, 80% encontram-se
igualmente inseridas no mercado de trabalho. As mulheres são também as mais afectadas pelo desemprego em Portugal.
Quadro nº III. Taxa de desemprego em Portugal. INE. Inquérito ao emprego (2008)
Tais alterações contrariam o velho “contrato de género”, baseado na segregação dos
papéis sexuais, cabendo ao homem o desempenho estrito do papel instrumental (“ganha-pão”) e à mulher o papel doméstico e “expressivo”. Este “contrato” de género tem
vindo a sustentar profundas desigualdades entre os sexos.
No domínio do mercado de trabalho, são três as principais desigualdades enfrentadas
pelas mulheres em Portugal:
1. A segregação ocupacional;
2. A sua concentração em empregos a tempo parcial;
3. A disparidade ao nível de remunerações.
A primeira desigualdade refere-se ao facto de homens e mulheres se concentrarem em
diferentes tipos de trabalho com base na noção de que há “empregos para homens e
empregos para mulheres”. As mulheres ocupam geralmente profissões mal remuneradas e rotineiras (e.g., secretariado, prestação de cuidados a terceiros, trabalho social,
A segregação ocupacional com base no género pode ser vertical e horizontal.
Segregação vertical: revela a tendência para as mulheres se concentrarem em postos de
trabalho com pouca autoridade e espaço para ascenderem, enquanto os homens ocupam
posições mais poderosas e influentes.
As mulheres também são mais raras nas equipas dirigentes. Nalguns casos, é-lhes permitida uma certa aproximação aos lugares de chefia, mas o chamado “tecto de vidro”,
que enquadra as suas trajectórias profissionais, retém-nas nos lugares intermédios.
Segregação horizontal: refere-se à tendência para homens e mulheres ocuparem diferentes categorias de trabalhos.
Neste sentido, as mulheres tendem a ocupar posições administrativas e domésticas, ao contrário dos homens, situados em posições mais qualificadas. A concentração das mulheres
em empregos a tempo parcial emerge como uma desigualdade de género importante.
Apesar da baixa remuneração, da precariedade do trabalho, das oportunidades limitadas de progressão de carreira, muitas mulheres optam por este tipo de ocupação como
forma de conciliarem as “obrigações” familiares com o trabalho.
Mais recentemente, tem-se vindo a observar um movimento com vista à paridade entre
homens e mulheres em termos salariais.
Contudo, ainda persistem sérias desigualdades: As mulheres auferem um salário médio
inferior ao dos homens e encontram-se sobre representadas nos sectores com empregos
pior remunerados e sub representadas no topo da distribuição do rendimento.
14.126,4
14.922,0
14.537,0
15.395,0
16.595,0
17.126,0
17.605,6
9.981,9
10.555,0
11,978,8
13.356,8
13.730,8
3.874,8
Quadro nº IV. Salários médios anuais dos homens e das mulheres na indústria e serviços em Portugal (fonte:
A inserção massiva das mulheres no mercado de trabalho confronta-se assim com inúmeros constrangimentos: quer da esfera do trabalho e do emprego, quer da esfera familiar. Um desses constrangimentos está ligado existência de uma fraca rede de guarda e
de prestação de cuidados a crianças.
Portugal é um dos países em que a taxa de cobertura dos equipamentos públicos destinados às crianças é das mais baixas da União Europeia (Torres e Silva, 1998). Em países do Norte da Europa, como por exemplo a Noruega, Suécia e Dinamarca, as taxas de
actividade das mães trabalhadoras estão associadas a uma forte rede de equipamentos
sócio-educativos públicos e privados e outros apoiados pelo Estado.
Na ausência de tais equipamentos ou perante a sua insuficiência, são mais frequentes
○○ Das mães que não trabalham no exterior,
○○ Que interrompem a sua actividade laboral,
○○ Ou que a praticam em regime de tempo parcial.
Globalmente, a tendência em Portugal, é para a manutenção da actividade profissional
das mulheres, mesmo após o nascimento do segundo filho.
Contudo, são acrescidas as tensões a que estas mães trabalhadoras passam a estar sujeitas.
A manutenção da actividade profissional faz-se, para grande parte das mulheres, a par
da manutenção das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos, o que se traduz na
chamada “dupla jornada de trabalho” (Segalen, 1999)
Hoje muitas mulheres sentem-se cansadas pelo trabalho e culpabilizadas pela menor
atenção que consideram dar aos filhos (Torres e Silva, 1998).
Os “novos pais” cooperam mais com as mulheres na educação e na prestação de cuidados aos filhos.
O conjunto de mudanças apresentadas têm repercussões ao nível do envelhecimento
7. O envelhecimento em Portugal
O número estimado de idosos em Portugal es de 1.849,8 e calcula-se que sejam três
milhões em 2050. E eram 708.560 em 1960.
7 026,2
7 091,3
7 132,8
7 138,9
10 329,3
75 e + anos
85 e + anos
Fonte: INE – Estimativas da População Residente, 2008.
Quadro nº V. Estrutura da População residente por grupos etários
Quadro nº VI. Indice de Envelhecimento por egiâo (NUTS II) 2007
Índice Dependência de
Fonte: INE – Estimativas da População Residente, 2008
Quadro nº VII. Indices funcionais relativos à estrutura etária
• Índice Dependência Total: Indivíduos dos 0-14 e com 65 e + anos por 100 indivíduos dos 15-64 anos.
• Índice Dependência de Jovens: Indivíduos dos 0-14 anos por 100 indivíduos dos
• Índice Dependência de Idosos: Indivíduos com 65 e + anos por 100 indivíduos dos
15-64 anos.
• Índice de Juventude da População em idade activa: Indivíduos dos 15-39 anos por
100 indivíduos dos 40-64 anos.
• Índice de Envelhecimento: Indivíduos com 65 e + anos por 100 indivíduos dos 0-14
• Índice de Longevidade: Indivíduos com 75 e + anos por 100 indivíduos dos 65 +
• Número de idosos no país por cada 100 jovens: 114. Calcula-se que em 2050 a relação seja de 243 por cada 100.
Fonte: INE – Tábuas completas de mortalidade para Portugal, 2004-2006 e 2005-2007.
Quadro nº VIII. Esperança de Vida à Nascença (Anos)
Proporção de idosos na população do município de Idanha-a-Nova, o mais envelhecido
do país es do 41%.
Há 453 idosos por cada 100 jovens.
A proporção de idosos na população do município de Ribeira Grande, Açores, o mais
jovem de Portugal e do 9,5%.
Há 34 idosos por cada 100 jovens. O número de idosos no país por cada 100 jovens es
do 109. Calcula-se que em 2050 a relação seja de 243 por cada 100.
Peso dos idosos com 65 anos ou mais nos 10% da população mais pobre em termos de
rendimento: 27,1%.
Número de idosos que em 2001 estavam a viver em lares/residências legalizados em
Portugal: 51.000. E 85% tinham mais de 75 anos.
Número de pessoas em lista de espera para lares, centros de dia e apoio domiciliário nas
misericórdias do país: 17.000.
É o que pode esperar viver em média uma mulher son 81 anos. Em 1960 a expectativa
de vida era de 66 anos. Entre os homens já era e continua a ser mais baixa (75 anos).
O peso das mulheres entre a população idosa em 2004 e do: 58%.
O número de idosos com 80 anos ou mais, praticamente quadruplicaram desde 1960.
Prevê-se que até 2050 possam ser já 950 mil, reflectindo um crescimento mais significativo do que qualquer outro grupo etário: 401.008.
Constata-se que a população idosa tem vindo a aumentar em relação à activa, aumento
que tem sido mais significativo no que diz respeito à população feminina.
Importa salientar que entre os idosos, o grupo que mais cresceu, na década de setenta
e oitenta, foi o de 75 e mais anos. A partir dos anos oitenta, passou a verificar-se um
crescimento significativo no grupo dos idosos com mais de 85 anos e a própria população idosa está a envelhecer.
Em 2020, os idosos passarão a representar 18,1% da população e os jovens 16,1%.
Paralelamente, assistiremos a um aumento da proporção dos idosos com mais de 75
anos: em 2020 representarão 7,7% da população.Tal significa que no presente e num
futuro próximo existirão mais idosos acima dos 85 anos, sendo, portanto, maior a probabilidade de se virem a encontrar numa situação de dependência.
Comparativamente ao passado, hoje existem menos familiares potencialmente disponíveis para prestarem cuidados (diminuição da dimensão média das famílias, redução do
número de filhos). Ao menor número de filhos, junta-se a maior dificuldade de conciliar
a vida familiar com a profissional. Em Portugal, esta dificuldade é mais acentuada devido à crescente participação das mulheres no mercado de trabalho.
8. Políticas Sociais
As medidas relacionadas com a prestação de cuidados aos idosos dependentes têm-se
centrado, na última década, nos seguintes domínios:
○○ Aumento e desenvolvimento da oferta de equipamentos e serviços;
○○ Melhoria da qualidade dos serviços;
○○ Reforço dos direitos dos trabalhadores adultos com idosos dependentes.
A oferta de equipamento e serviços (lares, centros de dia, apoio domiciliário) tem aumentado à custa do chamado terceiro sector (privado não lucrativo), mas a procura
continua a exceder a oferta.
Nos últimos anos, a expansão da oferta tem sido impulsionada por vários programas
governamentais de âmbito nacional, designadamente:
1. Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII)
2. Programa Idosos em Lar (PILAR)
3. Programa Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI).
Este programa tem como objectivo o desenvolvimento do sector dos serviços
de apoio domiciliário, bem como o alargamento dos seus horários de funcionamento (mais horas durante o dia, funcionamento a tempo inteiro, reforçar
o seu funcionamento durante o fim de semana).
4. A nível regional têm surgido algumas medidas inovadoras.
É o caso da rede AJUDA, inscrita no plano regional de emprego do Alentejo.
Esta medida visa incentivar a criação de respostas de apoio social através de
acções de formação para prestadores de serviços às famílias e da concessão
de apoios financeiros e de outra natureza para criação de iniciativas empresariais neste domínio.
5. Incremento dos serviços de inspecção aos equipamentos e serviços
6. Benefícios sociais: os trabalhadores que prestam cuidados a familiares em
linha ascendente não beneficiam dos mesmos direitos do que aqueles que
prestam cuidados a familiares em linha descendente.
A Lei 4/84, 5 de Maio, passou a conferir a todos os trabalhadores o direito de faltar ao
trabalho, até 30 dias por ano, para prestarem assistência aos filhos menores de 10 anos
ou deficientes de qualquer idade.
No caso de doença grave ou acidente de cônjuge, filhos com mais de 10 anos ou familiares em linha ascendente apenas permite faltar 15 dias por ano para prestação de
Os subsídios introduzidos em 1989 (Decreto-lei 29/89, 23 de Janeiro), para idosos ou
adultos deficientes que dependem de assistência permanente de terceiros são muito
O Subsídio por Assistência de terceira Pessoa, agora designado por Complemento
por Dependência, é atribuído de acordo com o grau de dependência do idoso: o valor
máximo para o ano de 2000 correspondia a 90% do valor da pensão social de invalidez
e velhice do regime não contributivo.
A insuficiência de equipamentos e serviços, assim como de benefícios socais e fiscais,
fazem com que a prestação de cuidados recaia fundamentalmente na família. Ora, esta
é uma realidade em mudança, dada a taxa de actividade feminina em Portugal (65%).
Um inquérito nacional (Torres et al., 2000), sobre a divisão do trabalho pago e não pago
entre homens e mulheres dos 20 aos 50 anos, revela-nos:
○○ O 13% dos inquiridos neste grupo etário tem um familiar em situação de
○○ Os cuidados aos idosos são assegurados:
• Pelos cônjuges (10%);
• Por outros familiares (82%);
• Por serviços formais ou informais pagos (5%);
• Por outros serviços não pagos (3%).
A importância dos cônjuges e dos serviços é maior quando a pessoa idosa dependente
vive numa instituição ou na sua própria casa. Pelo contrário, quando o idoso dependente vive em casa de familiares, os cuidados são predominantemente prestados por estes
9. Tipo de apoios solicitados pelos familiares:
• Apoio dos serviços de apoio domiciliário em regime de tempo inteiro
(cerca de 8 h dia);
• Equipamentos Sociais (tipo Centros de Dia) com horários de
funcionamento mais alargados;
• Melhoria da formação profissional das pessoas que prestam serviços
a idosos;
• Aumento da ajuda financeira do Estado para as famílias com um
idoso ou mais a cargo.
10.Impactos a nível individual e familiar decorrentes da prestação de cuidados a
1. Rotinas diárias: acréscimo de tarefas; introdução de novas rotinas (e.g., levar
e buscar o idoso ao centro de Dia, levantar mais cedo para cuidar do idoso,
ter que vir a casa à hora do almoço, etc.).
2. Trabalho profissional dos cuidadores: necessidade de alteração dos horários de
trabalho; diminuição da concentração para o desempenho das actividades.
3. Actividades sociais e de lazer: diminuição geral da realização destas actividades
por falta de tempo ou de disponibilidade “mental”; dificuldade em “sair para
fora” durante os fins de semana ou impossibilidade de fazer férias.
4. Diminuição do tempo dedicado às crianças dependentes: decorrente de
uma falta efectiva de tempo livre; ausência de disponibilidade “mental”
5. Domínio das relações familiares: observam-se dois tipos de impactos,
designadamente à ocorrência de conflitos entre os filhos do idoso dependente;
e conflitos conjugais.
6. Impacto no domínio da saúde pessoal: os impactos anteriormente citados
acabam por ter repercussões, de formas variadas, na saúde (física e
psicológica) dos familiares que prestam cuidados.
11.Alguns testemunhos dos impactos referidos
Os familiares prestadores de cuidados despendem muito tempo e energia de forma a
cuidar do idoso dependente.
“Por vezes é cansativo, não é que seja difícil, é sim um cansaço muito grande, ela é uma
pessoa bastante pesada e quando eu a levo da casa de banho para a sala eu chego lá completamente exausta por causa da força que faço para a conseguir segurar”. (Filha de idosa
O cansaço físico e psicológico é dos custos mais referidos:
“Não é a minha mãe, é a mãe dele e não é uma situação alegre, provoca alguma depressão e
isso reflecte-se depois na disponibilidade para o trabalho”. (Nora de idosa dependente).
“A gente não pode sair ao fim de semana, não pode… há uma série de coisas que não podemos fazer, estamos muito limitados” (E1).
“Eu sempre dormi muito pouco, mas isso é agravado por eu estar sempre com a preocupação de a ir ver (durante a noite), depois às vezes chego aqui (ao trabalho) e estou estoirada” (E20).
12.Conclusâo
Independentemente das tensões provocadas pelo envelhecimento da população, não
podemos pensar que as relações entre gerações se deterioraram.
Pelo contrário, observa-se que os laços entre gerações são mais importantes que anteriormente, devido a uma maior convivência no tempo entre os membros de gerações
diferentes (verticalização).
13.Fontes:
• Sâo José; José; Wall, Karin; Correia, Sónia V. (2002), “Trabalhar e cuidar de um
idoso dependente: Problemas e Soluções”, Lisboa, ICS (Working Paper).
• INE – Instituto Nacional de Estatística.
• Observatório dos Idosos e Grandes Dependentes da União das Misericórdias Portuguesas;
• Instituto da Segurança Social.
Isabel Dias. Pofessora Auxiliar com Agregação
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. mdias@
La Adopción Internacional y la prevención del interés
Manuel Baelo Álvarez.
Profesor de Sociología de la Universidad de Extremadura
Desde un punto de vista ontológico, el Derecho es un fenómeno social y como tal es
consustancial al propio ser humano como “homo socialis”.
Bajo el aforismo romano, “ubi societas, ubi ius, ibi societas”, allí donde hay Sociedad
es necesario el Derecho, y allí donde hay Derecho hay Sociedad.
Antonio Fernández-Galiano, Catedrático de Filosofía del Derecho, establecía magistralmente la relación intrínseca entre ambas disciplinas, ya que “allí donde existen
relaciones sociales, allí donde se desarrolle un mínimo de vida social, allí está presente
el Derecho”.16 El también Catedrático de Filosofía del Derecho, Ramón Soriano Díaz,
16 Fernández-Galiano, A. y de Castro Cid, B. Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho
Natural, Editorial Universitas, Madrid, 2001, pág. 67.
se pronuncia en estos términos a la hora de analizar la interdependencia en relación al
objeto de estudio del Derecho y de la Sociología Jurídica, ya que ésta “se ocupa de la
influencia de los factores sociales en el derecho y de la incidencia que éste tiene, a su
vez, en la sociedad; la mutua interdependencia de lo social y lo jurídico.” 17
La Sociología del Derecho como disciplina científica, estudia el Derecho desde el paradigma de la Sociología, no como una expresión del “deber ser”, no como una realidad
normativa (no analiza su normatividad y su juridicidad, es decir, la interpretación literal
de la norma jurídica), sino como un “mero fenómeno social, simple hecho (factum),
pura manifestación del ser que nace, opera, se transforma y extingue en conexión causal con otros acontecimientos de la vida social.”18
Para el Profesor de Sociología en la Universidad de Valencia, José Pérez Adán, la Sociología reconoce como premisa propia “la posibilidad de ver la realidad tal y como
es” por ello, la realidad es “interpelante e inteligible; y lo es en el sentido de que el
sociólogo puede conocer lo universal partiendo de lo particular”;19 de la norma jurídica se podrá conocer la Sociedad y las consecuencias de la aplicación de dicha norma
en la realidad social, en lo universal, en lo global, tanto en términos de efectividad y de
eficiencia como de funcionalidad socio-jurídica.
La Sociología Jurídica es una ciencia comprehensiva de la experiencia y de la realidad
social, mostrando cómo se comportan los hombres ante las normas jurídicas y analizando sociológicamente la conducta jurídica en cuanto conducta social; mientras que
la ciencia jurídica, es comprehensiva-normativa ya que nos muestra cómo los hombres
deben comportarse (deber ser) ante las normas jurídicas garantizando las formas de
relación social desde su licitud o ilicitud.20
Para Eugen Ehrlich, considerado uno de los precursores en el estudio de la Sociología Jurídica, el “derecho primario y prioritario es el derecho de la sociedad, el que la sociedad sin más aditamentos crea por sí misma y espontáneamente”, ya que el Derecho es
un orden interno y normativo de las relaciones sociales y, por lo tanto, tiene funciones
subsidiarias sobre la propia Sociedad al regular y normativizar la conducta humana.
17 Soriano Díaz, R, Sociología del Derecho, Ariel Derecho, Barcelona, 1997, pág. 17.
18 Montoro Ballesteros, A. Sistema de teoría fundamental del Derecho. Tomo I, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1999, pág. 87.
19 Pérez Adán, J. Sociología. Concepto y uso, Eunsa, Navarra, 1997, pág. 33.
20 Reale, Miguel. Introducción al Derecho, Ediciones Pirámide, Madrid, 1977, pág. 241.
Así, del Derecho forman parte una serie de instituciones anteriores a las propias leyes
del Estado, consuetudinarias y emanadas de la Ley Natural, tales como la familia, el
matrimonio, la adopción, la maternidad, las corporaciones, la posesión, los contratos y
las sucesiones. Dichas instituciones, no derivan del Derecho positivo, ni han sido introducidas por medio de normas jurídicas o de leyes, ya que emanan del derecho consuetudinario; por ello, y como señala Friedrich Carl von Savigny, eminente jurisconsulto alemán,
éste es el “Derecho auténtico” al ser la expresión inmediata y espontánea del Volksgeist
(el espíritu del pueblo), es socialmente eficaz al ser reconocido e incorporado como una
práctica habitual en la colectividad.21
La Sociedad crea las normas jurídicas y, por lo tanto, instituciones como la familia, la
adopción, el matrimonio o la maternidad son anteriores al propio concepto del Estado y de
la Ley, ya que la norma jurídica está condicionada por la Sociedad y no podrá surgir “si
en la sociedad no han surgido las instituciones a las que se reconduce”, y existe en cuanto
“es aplicable y mientras permanezca su presupuesto social”.22
2. Las Adopciones Internacionales en España
Atendiendo a los datos estadísticos en materia de Adopción Internacional publicados
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el Instituto Nacional de Estadística
y por el Ministerio de Sanidad y Política Social realizaremos una breve reflexión sobre
la evolución social y demográfica de las Adopciones Internacionales en España, desde
el año 1990 hasta el año 2008, ambos inclusive.
Entre el año 1990 y el año 2008, se han adoptado por vía internacional a 39.479 niños,
siendo España, en términos absolutos, el primer país europeo y el segundo a nivel mundial, detrás de los EE.UU. registrando una de las tasas de Adopción Internacional más
altas del mundo, 12´3 niños por cada 100.000 habitantes, llegando incluso a duplicar
la tasas de adopción de Suecia o Dinamarca, países con una dilatada experiencia desde
los orígenes de la Adopción Internacional.
Este exponencial y vertiginoso crecimiento se ha llevado a cabo en un periodo de tiempo muy limitado, de las 39.479 Adopciones Internacionales registradas entre el año
1990 y el año 2008, casi el 96% se han tramitado a partir el año 1995.
21 Cfr. Reale, Miguel. Introducción al Derecho (1977), pág. 98.
22 Ehrlich, Eugen. La sociologia del diritto, Revista internazionale di Filosofia del Dirrito, 1992, págs.
102-07. Citado por Treves, Renato. La Sociología del Derecho, orígenes, investigaciones, problemas.
Ariel Derecho, Barcelona, 1988, pág. 86-88; Cfr. Soriano Díaz, R. Sociología del Derecho (1997), pág.
125; Cfr. Montoro Ballesteros, A. Sistema de teoría fundamental del Derecho (1999), pág. 89-90.
2.1. Periodo 1997-2004
En el año 1997 se habían registrado en España 849 Adopciones Nacionales y 942 Adopciones Internacionales. Pero si comparamos estos datos con la registros del año 2003,
descubriremos cómo en menos de cinco años, la Adopción Internacional se incrementa
en más de un 300%, pasando de los 942 menores adoptados por vía internacional del año
1997 a la cifra de 3951 menores adoptados durante el año 2003, e incluso, con un incremento interanual entre el periodo 2003-2004 con tasas superiores al 40%, de los 3951
menores adoptados durante el año 2003 a los 5541 niños adoptados en el año 2004.
Sin embargo, en los EE.UU., atendiendo a los datos publicados por la Office of Children’s
Issues, el incremento en el número de menores adoptados por vía internacional entre los
años 1999-2004, fue tan sólo de un 37%, en comparación con las cifras relativas superiores
al 300% de España, pasando de los 15719 menores adoptados por familias estadounidenses
en el año 1999 a los 21654 del año 2003.
2.2 Periodo 2005-2006
Esta tendencia al alza se generaliza en todos los países receptores de menores (Italia,
Francia, Suecia, Dinamarca, Holanda, EE.UU. o Canadá). Transversalmente, si comparamos los datos relativos a los EE.UU. veremos cómo entre el año 1990 y el 2004, en
un periodo de catorce años, se ha producido un incremento relativo de más del 200%
en el número Adopciones Internacionales (7093 adopciones constituidas en el año 1990
frente a las 22990 del año 2004).
En España sólo tres años han bastado, entre el periodo 1997-2000, para que los porcentajes en el número de Adopciones Internacionales se igualan a los estadounidenses (942
adopciones por vía internacional durante el año 1990 frente a las 3062 del año 2000).
Analizando la variación interanual en el periodo 2005-2006, frente al incremento del
14,2 % en el caso español, en los EE.UU. las Adopciones Internacionales disminuyen
en un 9%, una tendencia que se mantendrá constante hasta la actualidad.
2.3 Periodo 2005-2007
Desde el año 2005, el “boom” de la Adopción Internacional en España se empieza
contener, descendiendo paulatinamente las adopciones que se han constituido por vía
internacional, mientras que las Adopciones Nacionales se han ido incrementando. Durante el año 2007, las Adopciones Internacionales disminuyeron un 18,4%, con lo que
el número de menores adoptados se redujo en 791 menores (de las 4472 Adopciones Internacionales en el año 2006 a las 3681 durante el año 2007). Este descenso fue mayor
que el del año 2006 en términos relativos, ya que éste fue del 17,8 %, al producirse 951
Adopciones Internacionales menos que durante el mismo periodo del año 2005.
En los EE.UU. el descenso interanual 2005/2007 en términos relativos fue del 13,7 %,
ya que durante el año 2007 se efectuaron 3125 adopciones menos que durante el mismo periodo del año 2005 (de las 22734 Adopciones Internacionales del año 2005 a las
19609 del año 2007).
2.4 Periodo 2007-2008
Durante el año 2008 se invierte la tendencia en el número de adopciones entre China
y Rusia. El país asiático con 619 Adopciones Internacionales se convierte en el tercer
destino preferente, superado por Etiopía con 629 adopciones y por la Federación Rusa,
con más de 900 menores adoptados, convirtiéndose este último en el país preferido por
las familias españolas a la hora de adoptar a un menor.
El 40% de las Adopciones Internacionales durante el año 2008 se tramitaron en Rusia,
aun así, en términos relativos se produce un descenso de un 5,86% entre el periodo
2007-2008 (de las 955 Adopciones Internacionales tramitadas durante el año 2007, a
las 899 adopciones del año 2008).
Tanto Rusia como Etiopía permiten durante este periodo la Adopción Internacional
a las familias monoparentales y a las personas solteras sin ningún tipo de limitación;
mientras que en China desde el 1 de mayo del 2007, se han endurecido drásticamente
los requisitos exigidos a los solicitantes de Adopción Internacional, exigiendo acreditar
la condición de no homosexual al solicitante soltero mediante documento público (declaración ante Notario).23 En Etiopía, sin embargo, más de un 40% de las 629 adopciones que se tramitaron durante el año 2008 fueron de familias monoparentales.
23 Si bien, antes de la reforma del CCAA se destinaba un 8% del total de las adopciones a las personas solteras, en la actualidad la adopción en China por parte de familias monoparentales es
meramente testimonial, dando las autoridades chinas siempre prioridad a los matrimonios.
Fuente: Elaboración Propia en base a los datos estadísticos publicados entre el periodo 19972008 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Sanidad y Política Social, United States Department of State.
El descenso en el número de solicitudes y de menores adoptados por vía internacional
se atribuye, principalmente, al endurecimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes por parte de las autoridades chinas, a las restricciones en la acreditación y
autorización de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAIS) y a
la suspensión de las adopciones por vía libre con la Federación Rusa, a la reducción
en el cupo de menores susceptibles de ser adoptados en los principales países emisores
de menores, al aumento en los plazos de tramitación de los expedientes de Adopción
Internacional, por ejemplo, en China el tiempo de espera en la asignación de un menor
ha pasado de los 12 meses en el año 2005 a superar con creces los cuatro años,24 y la
actual coyuntura económica, que ha hecho disminuir drásticamente el número de solicitudes, ya que a diferencia de la Adopción Nacional que es prácticamente gratuita,
el coste económico asociado a una Adopción Internacional (viaje, estancia en el país
origen del menor, honorarios y donativos) oscila en relación al país de procedencia del
menor, entre los 15.000 y los 50.000 euros, lo que imposibilita que muchas familias no
24 Por ello muchas Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han decido autorizar la tramitación simultanea de dos expedientes de adopción internacional, siempre y cuando
uno en uno de los países en los que se tramite el “doble expediente” no se exija la exclusividad.
puedan asumir los gastos asociados a la Adopción Internacional, y por consiguiente,
opten por las Adopciones Nacionales.
3. Las Adopciones Internacionales en la Federación Rusa
El 2 de Febrero del año 2009 a instancia del Consulado de España en Rusia y de las propias autoridades rusas, la Comisión Interautonómica de Directoras y Directores Generales de las Entidades Públicas con competencia en el ámbito de la protección social a la
infancia del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, decide suspender con la
Federación Rusa las adopciones internacionales por protocolo público o por vía libre, es
decir, aquellas adopciones en las que la familia contrata directamente en el país de origen
del menor a un profesional que hará la veces de “mediador privado” y que representará a
los futuros adoptantes ante las autoridades administrativas del país de origen del menor.
Conforme a lo previsto en el Art. 4.2 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional,25 la Comisión Interautonómica, en el ejercicio de las funciones conferidas por la Ley de Adopción Internacional,26 y ante la falta de garantías adecuadas en
el proceso adoptivo, decide suspender las adopciones internacionales por “vía libre”
como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, tras desmantelar una red que presuntamente falsificaba todo tipo
de certificados y documentos oficiales, previo cobro de cantidades que oscilaban entre
los 48.000 y los 56.000 euros, con el fin de agilizar los expedientes administrativos.
Tras la constatación de dichas prácticas delictivas, contrarias a los principios inspiradores de la Adopción Internacional, desde el 2 de Febrero del 2009 las ECAI son las
únicas entidades autorizadas para realizar procesos de intermediación con la Federación Rusa.27
25 El Art. 4.2 de la Ley de Adopción Internacional, establece que “las Entidades Públicas
de Protección de Menores podrán establecer que, con respecto a un determinado Estado, únicamente se tramiten solicitudes de adopción internacional a través de entidades
colaboradoras acreditadas o autorizadas por las autoridades de ambos Estados, cuando se constate que otra vía de tramitación presenta riesgos evidentes por la falta de
garantías adecuadas”.
26 El Art. 4.4 de la Ley de Adopción Internacional, establece que “a efectos de la decisión a adoptar
por la Entidad Pública competente en cada Comunidad Autónoma en los supuestos previstos en
los apartados 1 y 2 de este artículo, se procurará la correspondiente coordinación autonómica, pudiendo someterse dicha decisión a la consideración previa del correspondiente órgano de
coordinación institucional de las Administraciones Públicas sobre adopción internacional, así
como del Consejo Consultivo de Adopción Internacional”.
27 El País, 14 febrero del 2009, “Veto de las Comunidades a la adopción libre en Rusia”; Diario de
Córdoba, 21 de octubre del 2008, “Una pareja permanece en Moscú al ser estafada en la adop-
4. Las Adopciones Internacionales en China
Desde el 1 de mayo del 2007, un año antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos
de Pekín, el gobierno chino ha endurecido los requisitos de idoneidad que deben cumplir los futuros adoptantes para poder constituir una adopción en China.
Para ello, el China Center of Adoption Affaire (CCAA) ha modificado el Art.6 de la
Adoption Law of the Peoples Republic of China, de 1 de abril de 1992, y el Art.4 de las
Measures for Registration of Adoption of Children by Foreigners in the People’s Republic of China, de 3 de noviembre de 1993, con el objetivo de fomentar la Adopción
Nacional y el Acogimiento Familiar.
Dichos cambios normativos han sido motivados por la presión internacional ejercida
sobre la política china de control de natalidad y de discriminación social hacia la población infantil femenina, lo que provoca el abandono y la institucionalización en orfanatos de miles de niñas y su posterior Adopción Internacional; un negocio muy lucrativo
para las autoridades chinas que entra en contradicción con la imagen de modernidad y
de prosperidad social y económica que la República Popular China quería proyectar al
mundo durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Entre los nuevos requisitos establecidos por el CCAA, las autoridades chinas exigen a
los futuros adoptantes un nivel académico y de instrucción igual o superior al Bachillerato o el nivel de Formación Profesional equivalente, carecer de antecedentes penales y
no tener enfermedades físicas, mentales o discapacidades en el momento de constituir
la adopción. Se incluye, entre las patologías que desestiman la idoneidad, la obesidad
mórbida (índice de masa corporal del solicitante superior al 40%) y cualquier tipo de
trastorno mental, incluida la depresión, la epilepsia y la ansiedad.
El CCAA establece que los solicitantes deben tener como mínimo 30 años de edad, y
como máximo 50, y se excluye a las parejas del mismo sexo y a las parejas de hecho,
ya que la adopción está destinada para matrimonios, formados por la unión de un hombre y una mujer, como así lo reconoce la Constitución de la República Popular de China.
Cuando los solicitantes hubieran realizado la petición de adopción en primeras nupcias,
previa comprobación del certificado emitido por el Registro Civil, el plazo desde que ha
ción de 2 niños”; El Mundo, 27 de octubre del 2008, “Seis detenidos por falsificar documentos
para las adopciones de niños rusos”; El País, 23 de octubre del 2008, “La trama de adopciones
en Rusia cobraba 25.000 euros por expediente”; Diario de Córdoba, 28 de octubre del 2008,
“Desde 14.000 a 56.000 euros según la forma de tramitación. Creixer Junts, la única Entidad
Colaboradora reconocida. La Junta pone a disposición de la Policía sus 250 expedientes”.
trascurrido el matrimonio hasta la petición de adopción debe ser superior a los dos años; sin
embargo cuando alguno de los solicitantes hubiera estado casado o mantenido una relación
de convivencia análoga al matrimonio, el plazo se amplia de los dos a los cinco años
Además, el CCAA exige que la futura unidad familiar cuente con un patrimonio neto supe-
rior a los 80.000 dólares, y unos ingresos anuales de 10.000 dólares por cada miembro,
incluido el niño a adoptar.
5. Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de
Con la promulgación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, el legislador institucionaliza ex
novo los plenos derechos y beneficios del matrimonio a las parejas del mismo sexo que
conviven “more uxorio”, modificando así la concepción secular y consuetudinaria del
matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
La Ley 13/2005, de 1 de julio, también reconoce el derecho a la adopción y a la tutela
compartida, y supera el nexo presente desde los anales del Derecho entre matrimonio y
reproducción. Por ello, y ante la imposibilidad biológica de “descendencia in natura”
entre dos personas del mismo sexo, la descendencia ficticia o irreal, es decir, la adoptiva
que se sustenta en el consentimiento social y no en el natural, será la única alternativa.
5.1. Matrimonio entre personas del mismo sexo: Un análisis desde el Derecho
Formalmente, fue Dinamarca en el año 1989, con la aprobación de la Act on Registered Partnership de 7 de Junio de 1989 (Lov om registreret partnerskab. Lov nr. 372,
que entró en vigor el 1 de Octubre de 1989), el primer país que equiparó en relación a
determinados derechos y deberes, las uniones entre personas del mismo sexo (“parejas
registradas”) con los matrimonios, salvo las excepciones previstas expresamente en
relación a la guarda, custodia y adopción de menores.
Para el Investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Kerman Calvo Borobia, la normativa danesa supuso un “ejemplo paradigmático de una política
familiar incompleta” relativa a “derechos inter partes de los miembros de la unión homosexual y los derechos frente al Estado”. Y aunque la Lov om registreret partnerskab
no reconocía plenos derechos en relación a la descendencia, “impulsó la diseminación
de una narrativa en la que se daba carta de naturaleza a la posibilidad de legalizar el
matrimonio homosexual”.28
Aún así, el matrimonio entre personas del mismo sexo, sólo ha sido admitido en los ordenamientos jurídicos de Holanda, por la Ley de 2 de abril del 2001, de Bélgica, por la Ley
de 13 de febrero del 2003,29de Canadá, por la Ley de 20 de julio del 2005,30de Suecia por
la Ley de 1 de abril del 2009, de Sudáfrica por la Civil Union Bill de 14 de noviembre del
2006,31de México por el Decreto de modificación del Código Civil para el Distrito Federal
de 29 de diciembre del 200932y en algunos de los Estados que forman parte de los EEUU,
como son Iowa, New Hampshire, Hawaii, Maine, Alaska, Vermont y Massachussetts.
5.2.- Adopción compartida por parejas del mismo sexo. Importancia de la normativa
española en el Derecho Comparado
Desde el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, en la obra compiladora Instituciones, Libro
I, Título XI, Fragmento IV, se establecía que la adopción debe imitar a la naturaleza;
por ello, la institución adoptiva siempre se ha normativizado en los diferentes orde28 Calvo, Kerman. Reconocimiento, ciudadanía y políticas públicas hacia las uniones homosexuales
en Europa, REIS (Revista española de investigaciones sociológicas), CIS, Madrid, Núm. 129,
Enero-Marzo 2010, págs. 47-50.
29 Publicada en el Boletín Oficial de 28 de Febrero del 2003. Se puede consultar un análisis exhaustivo de la normativa belga en materia de matrimonio en: Murillo Muñoz, M. Matrimonio y
Convivencia en pareja en el ámbito de la Unión Europea. Hacia un nuevo modelo de matrimonio,
Dykinson, Madrid, 2006, págs. 245-48.
30 Con anterioridad a la promulgación de la Ley de 20 de julio de 2005, las provincias cana-
dienses de Ontario, Québec, British Columbia, Saskatchewan, Yukon, Manitoba, Terranova
y Labrador y New Brunswick incorporan a sus diferentes ordenamientos jurídicos los matrimonios entre personas del mismo sexo. En Ontario, con fecha de 10 de junio de 2003, en
la British Columbia, con fecha de 8 de julio de 2003, en Québec, con fecha de 19 de marzo
de 2004, en el territorio de Yukon, con fecha de 14 de julio de 2004, en Manitoba con fecha
de 16 de septiembre de 2004, en Nova Scotia, con fecha de 24 de septiembre de 2004, en
Saskatchewan, con fecha de 5 de noviembre de 2004, en Terranova y Labrador, con fecha
de 21 de diciembre de 2004, y en New Brunswick, con fecha de 23 de junio de 2005.
31 Tras el fallo judicial en el caso Marie Fourie y Cecilia Bonthuys, de la Supreme Court of
Appeal, con fecha de 30 de noviembre de 2004 y de la Constitutional Court, con fecha
de 1 de diciembre del 2005.
32 Con la modificación del Art. 146 del Código Civil, por medio del Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, publicado el 29 de diciembre del 2009 en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el matrimonio ex. Art. 146 del Código Civil pasa de ser “la unión libre de un
hombre y una mujer” a la “unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en
donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.
namientos como una relación jurídica de filiación entre aquellas personas en las que
pueda existir biológicamente descendencia, es decir, entre un hombre y una mujer.
«Minorem natu non posse maiorem adoptare placet: adoptio enim naturam imitatur et
pro monstro est, ut maior sit filius quam pater».
«Una persona no puede adoptar a otra mayor ya que la adopción imita la naturaleza y
a los ojos de ésta, se consideraría monstruoso que el hijo fuera mayor que el padre. ».
(Instituciones. Libro I, Título XI, Fragmento IV).
Con la promulgación de la Ley 13/2005, el 1 de julio del año 2005, la legislación española reconoce el derecho a la adopción conjunta, ya sea nacional o internacional, a las
parejas del mismo sexo, produciéndose un efecto “bola de nieve” en los ordenamientos jurídicos de Sudáfrica e Islandia (2006), Israel (2008), Dinamarca, Gran Bretaña,
México y Uruguay (2009).
Los antecedentes de la Ley 13/2005, en el reconocimiento pleno de la adopción y tutela
compartida, los encontramos en la legislación holandesa de 1 de abril del 2001, en la legislación de algunos de los territorios de la Commonwealth de Australia durante el año
2002 (Estado de Australia Occidental y en el Territorio de la Capital Federal – ACT) y
en la legislación sueca del año 2003.34
El 5 de diciembre del 2005, tras la promulgación de la Ley 13/2005 española, entraba
en vigor en Gran Bretaña (en los territorios de Gales y de Inglaterra) la Civil Partnership Act 2004.
El 17 de junio del 2006, Islandia aprueba la Lög um breytingu á lagaákvæðum er varða
réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun) nr. 65/2006, por la
que se modifica la Ley de Adopción (Lögum um ættleiðingar, nr. 130/1999).35
33 Justiniano. Instituciones (Corpus Iuris Civiles) Traducción castellana de d’Ors, Hernández-Tejero, Fuenteseca, García Garrido y Burillo, III Vols., Aranzadi, Pamplona, 1968-1976.
34 Con la aprobación de la Lagen om adoption för par som ingått partnerskap träder i kraft de 1 de
35 Ley por la que se modifica el Estatuto jurídico de los homosexuales: http://www.althingi.is/
altext/stjt/2006.065.html, y también se puede consultar la legislación adoptiva de Islandia en:
http://www.althingi.is/altext/stjt/1999.130.html.
El 14 de Noviembre del 2006, el Parlamento sudafricano promulga la “Civil Union
Bill” tras el fallo judicial de la Corte Constitucional de Sudáfrica, en el caso “Minister
of Home Affairs and another v. Fourie and another”, Case C.C.T. 60/04, de 1 de diciembre de 2005.
En Febrero del 2008, la Fiscalía General del Estado de Israel,36 tras diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo, interpreta en un sentido garantista la Ley de Adopción
5741-1981 y autoriza las adopciones compartidas a las parejas del mismo sexo.
En marzo del 2009, el Parlamento de Dinamarca aprueba, con 63 votos a favor y 53 en
contra, la iniciativa llevada a cabo por el diputado y miembro de la oposición, Simon
Emil Ammitzbøll, para modificar la Act on Registered Partnership de 7 de Junio de
1989, permitiendo a las parejas del mismo sexo inscritas en el Registered Partnership
adoptar de forma conjunta.
En Escocia, desde el 28 de septiembre del 2009 se autoriza la adopción compartida a las
parejas del mismo sexo tras la entrada en vigor de la Adoption and Children (Scotland)
Act 2007, que fue sancionada el 15 de enero del 2007.
Uruguay promulga el 18 de septiembre del 2009 la Ley Nº 18.590 que modifica las
disposiciones de los Art. 139-40 de la Ley Nº 17.823, de 7 de septiembre de 2004, del
Código de la Niñez y la Adolescencia, referidas a la adopción.37
El 29 de diciembre del 2009, México reforma el Art. 39138 del Código Civil, con la
entrada en vigor del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código
Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
36 Einhorn, Talia. Same-sex family unions in Israeli law, Utrecht Law Review, Vol.4, Issue 2, June
2008, págs. 230-31.
37 Art. 139.- Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre
o madre del hijo habido dentro del matrimonio o habido fuera del matrimonio reconocido del otro cónyuge o concubino, siempre que el niño, niña o adolescente haya perdido
todo vínculo con el otro progenitor. (…) Esta adopción sólo podrá llevarse a cabo una
sola vez, respecto al niño, niña o adolescente.
Art. 140.- Pueden ser adoptados aquellos niños, niñas y adolescentes (…) siempre que se cumplan los siguientes requisitos: D) Que el o los adoptantes tengan al menos 25 años de edad, (…)
Tratándose de cónyuges o concubinos, deben computar al menos cuatro años de vida en común.
38 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado el 29 de diciembre del
2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Federal, publicado el 29 de diciembre del 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. La nueva redacción del Art. 391 CC dispone lo siguiente: “los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado
como hijo y aunque sólo uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere
el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de
los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años de edad cuando menos. Se deberán
acreditar, además, los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.”
6. Los Contratos de Gestación: Análisis social y jurídico en la vigente Ley sobre
Técnicas de Reproducción Asistida y en el Derecho Comparado
La Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, recoge
en su artículo 10.1 la prohibición expresa de cualquier tipo o modalidad de “contrato
o acuerdo de gestación” en relación al “non nato”, ya sea a título oneroso o a título
gratuito. Además declara como nulo de pleno derecho el acuerdo de voluntades inter
partes cuyo fin sea la renuncia pactada de la filiación materna a favor del contratante
o de un tercero, siendo en todo caso, la gestante, en base al aforismo paulino “mater
semper certa est”,39 la madre legal del recién nacido, con independencia de la nulidad o
ilicitud del acuerdo de voluntades entre la gestante y la parte comitente.
La posterior modificación normativa en materia de reproducción asistida, con la promulgación de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción
Humana Asistida, no modifica el contenido del Art. 10.1 en relación al “contrato o
acuerdo de gestación” y, por lo tanto, se mantiene vigente dicha prohibición en nuestro
Entre las denominaciones usadas por la Doctrina para nombrar genéricamente a los
contratos de gestación encontramos múltiples acepciones, todas ellas equivalentes con
la terminología elegida en la presente exposición, como pueden ser “la maternidad
subrogada”, “la maternidad por sustitución”, “la maternidad de reemplazo”, “la gestación por sustitución”, “el vientre de alquiler” o “la maternidad de alquiler”.40
39 El Digesto de Justiniano. Traducción castellana de d’Ors, Hernández-Tejero, Fuentese-
ca, García Garrido y Burillo, III Vols., Aranzadi, Pamplona, 1968-1976. Libro II, Título
IV, Ley V.
40 Ignacio Benítez Ortúzar, Profesor de Derecho Penal, señala como a título oneroso “cuando exis-
te una contraprestación económica para la madre que presta su útero“ la maternidad subrogada
“se ha venido llamando alquiler de útero o madre de alquiler, situación facilitada por las técnicas
de fecundación in vitro”. Benítez Ortúzar, I. Aspectos jurídico-penales de la reproducción asistida
y la manipulación genética humana, Edersa, Madrid, 1997, pág.192.
Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),41 define la maternidad subrogada como “el
acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a
un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién
nacido en favor de otra mujer que figurará como madre de éste”; sin embargo la Profesora de Derecho Civil, Marina Pérez Monge, completa la definición de la maternidad
subrogada, aportando a dicho “acto reproductor” su carácter netamente contractual, ya
sea a título oneroso o gratuito, y por medio del cual una mujer aporta “únicamente la
gestación, o también su óvulo, comprometiéndose a entregar el nacido a los comitentes (una persona o pareja, casada o no), que podrán aportar o no sus gametos; en
este último caso, los gametos procederán de donante (masculino y/o femenino).”42
En el Derecho comparado, tan sólo en la India, Gran Bretaña, Israel, Ucrania, Rusia,
México y algunos de los estados que forman parte de los EE.UU. (especialmente en
California y Florida) se permite legalmente la maternidad subrogada, aunque de forma
muy restrictiva y limitada, a excepción de los EE.UU. y de la India, países en los que la
maternidad sustitutiva se ha convertido en una práctica muy lucrativa y rentable para la
multitud de asesores jurídicos y de agencias especializadas que ofertan entre sus servicios, a las parejas extranjeras (con independencia de su condición sexual o idoneidad),
la posibilidad de tener un hijo por subrogación.
En la India, aunque no exista una ley que permita de forma expresa la maternidad
subrogada, tras el fallo de la Corte Suprema de la India43 en el caso de Baby Manji Yamada vs. Union Of India & Anr de 29 de septiembre del 2008, se legitima la validez de
los contratos de gestación a título oneroso.
En la actualidad, India se ha convertido en uno de los destinos preferidos en el “mercado mundial de vientres de alquiler” debido a sus reducidas tarifas y la variedad de clínicas y agencias que ofertan entre sus servicios la maternidad sustitutiva o subrogada.
Mientras que en los EE.UU. los gastos pueden llegar a superar los 80.000 dólares, en
41 Gómez Sánchez, Y. El derecho a la reproducción humana, Marcial Pons, Madrid, 1994,
42 Pérez Monge, M. La filiación derivada de técnicas de reproducción asistida, Centro de Estudios
Registrales, Madrid, 2002, pág. 329.
43 Baby Manji Yamada v. Union of India et al., Writ Petition No. 369 of 2008, Supreme Court of
India. N346 (Sept.29, 2008).
la India todo el proceso oscila entre los 25.000 y los 30.000 dólares (incluido el viaje,
alojamiento y la compensación económica a la madre gestante).44
En los Estados Unidos, el Gobierno federal carece de competencias en materia de Derecho de Familia, por ello, el legislador en cada uno de los estados posee plena autonomía
a la hora de regular los contratos de gestación. Sin embargo, la gran mayoría de las
legislaciones estatales carece de leyes que regulen la validez o nulidad de los contratos
de gestación, siendo los Tribunales Federales (de Primera Instancia, de Apelación y la
Corte Suprema) los que determinen la legalidad de la maternidad subrogada.
La paradoja del sistema jurídico estadounidense surge cuando, por ejemplo, en Michigan, Louisiana o en el District of Columbia sancionan como un delito los contratos de
gestación y prohíben expresamente en sus ordenamientos la maternidad subrogada,45
mientras que en los estados de California, New Jersey, Illinois o Massachusetts se permite
cualquier tipo o modalidad de maternidad sustitutiva, medie o no contraprestación económica, con independencia del estado civil y la orientación sexual de la parte comitente.
Como hemos visto, la legislación española prohíbe cualquier tipo o modalidad de “contra-
to o acuerdo de gestación” en relación al “non nato”. El Art. 24.2 de la Ley 14/2006,
establece que todas aquellas infracciones en materia de reproducción humana asistida
serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del
44 El 5 de agosto del 2009, el Gobierno de la India convoca a la Law Comisión of India,
Report No.228, con la finalidad de regular jurídicamente la maternidad subrogada; por
ello, es previsible que durante el año 2010 la India cuente con una normativa específica
que regule los contratos de gestación. Véanse las actas del Government of India, Law
Commission of India, Need for Legislation to Regulate Assisted Reproductive Technology Clinics as well as Rights and Obligations of Parties to a Surrogacy, pág.11.
45 Véase la legislación del Estado de Michigan: MCL 722.857 Surrogate parentage contract prohibited; surrogate parentage contract as felony; penalty. Sec. 7:
(1) A person shall not enter into, induce, arrange, procure, or otherwise assist in the
formation of a surrogate parentage contract under which an unemancipated minor female or a female diagnosed as being mentally retarded or as having a mental illness or
developmental disability is the surrogate mother or surrogate carrier.
(2) A person other than an unemancipated minor female or a female diagnosed as being
mentally retarded or as having a mental illness or developmental disability who enters
into, induces, arranges, procures, or otherwise assists in the formation of a contract
described in subsection (1) is guilty of a felony punishable by a fine of not more than
$50,000.00 or imprisonment for not more than 5 years, or both..
oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro
orden que puedan concurrir.
Por ello, junto a las sanciones administrativas y en ponderación a la gravedad de los
hechos, será el iter críminis el que determine la concurrencia de los elementos del tipo
penal, que se inicia con el acuerdo de voluntades y se perfecciona tras el nacimiento del
menor y la renuncia pactada de todos los derechos de la madre gestante, el que pueda
ser constitutivo de una comisión de los delitos tipificados en los artículos 220, 221 y
399 del Código Penal.46
7. Ineficacia, Validez y Disfuncionalidad de la Ley 13/2005. La Maternidad Sustitutiva
como una alternativa a la Adopción Internacional por parejas del mismo sexo.
Desde una perspectiva funcionalista, hasta la promulgación de la Ley 13/2005, de 1 de
julio, por la que se permite y posibilita la adopción conjunta como matrimonio a las
parejas del mismo sexo, dando carta de legitimidad a sus aspiraciones y reconociendo
legalmente sus derechos; la Adopción Internacional en España cumplía social y jurídicamente los rasgos de funcionalidad,47como sistema social y como acción social,
propuestos por el eminente sociólogo estadounidense Robert K. Merton.
La normativa estatal en materia de adopción permitía el correcto funcionamiento del
sistema social y de la acción social (Adopción Internacional), en equilibrio y consonancia con la normativa de los principales países emisores de menores, hecho que se
manifestaba cuantitativamente en el elevado número de solicitudes de Adopción Internacional tramitadas y formalizadas a través de los cauces legales dispuestos al efecto,
46 El Art. 220.2 del Código Penal contempla en la consumación de dicha actuación un delito
de “ocultación o entrega de hijo” con el elemento subjetivo e intencional de alterar o
modificar dolosamente su filiación real, en concurso medial con el ilícito de la “suposición de parto” ex. Art. 220.1 del Código Penal. Además, dicha actuación también podría
incurrir en el tipo penal del Art. 221. CP, que contempla como sujetos activos del ilícito
tanto a la madre biológica como a la parte comitente y a los posibles intermediarios si el
“contrato de gestación” fuera a título oneroso y mediara contraprestación y compensación
económica entre ambas partes con la finalidad de establecer una relación análoga a la de
filiación e inscribir en el Registro Civil como propio y no de la gestante al menor fruto del
contrato de gestación tras el alumbramiento, para perfeccionar el tipo penal de la inveraz
maternidad y dar así credibilidad jurídica a dicha actuación, lo que también supondría un
delito de falsedad en documento público previsto en el Art. 399 del Código Penal.
47 La funcionalidad, es toda “consecuencia observable producida por la presencia de un elemento
en el seno de un sistema social, la cual aumenta o mantiene su grado de integración” Giner, Salvador. Sociología, Nexos, Barcelona, 1985, págs. 53-54.
ya fueran éstas constituidas por solteros, por familias monoparentales, por familias
nucleares o por familias extensas.
Dicha normativa tenía consecuencias manifiestas sobre los participantes de la acción social (sobre las partes implicadas en el proceso adoptivo), siendo desde un primer momento conocidas e intencionadas, pero también tenía consecuencias latentes, no intencionadas, desconocidas y no comprendidas ni deseadas por las partes implicadas en el proceso
adoptivo. Sin embargo, tanto las consecuencias manifiestas como las consecuencias latentes, cumplían el criterio sociológico de la funcionalidad ya que contribuían al ajuste, a
la adaptación y a la estabilidad del sistema social (Adopción Internacional).
Aunque la normativa interna estatal anterior a la Ley 13/2005 no otorgaba carta de
legitimidad en igualdad de derechos y deberes a la adopción conjunta por parte de
parejas del mismo sexo o por solteros que declaraban abiertamente su homosexualidad
con los matrimonios o las parejas formadas por personas de distinto sexo, de forma
latente, el sistema social en su conjunto sancionaba de forma positiva la función social
de dicha normativa y se constituían de forma efectiva adopciones por vía internacional
sin vulnerar la normativa interna ni las costumbres culturales y sociales de los Estados
emisores de menores.
La paradoja surge con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de
parejas del mismo sexo. El legislador redacta una norma en base a los principios y a
la sensibilización de la sociedad española sin tener en cuenta las costumbres socioculturales y la normativa de los principales países emisores de menores en relación a la
Por ello, la función manifiesta de la norma, no sólo no se cumple, sino que incide de
forma negativa en todo el sistema social (Adopción Internacional).
Robert K. Merton, se refería a este tipo de consecuencias observables, funcionalmente
negativas para el equilibrio del propio sistema social y que suponen una amenaza a la
propia cohesión social de la norma como consecuencias disfuncionales.
Aunque la Ley 13/2005, de 1 de julio, sea formal y materialmente válida desde la
perspectiva de la ciencia jurídica, su carácter disfuncional la convierte en parcialmente
ineficaz, lo que provoca en última instancia, que los destinatarios de la Ley, es decir,
las parejas del mismo sexo que decidan adoptar como matrimonio conjuntamente, por
vía nacional puedan constituir la adopción satisfactoriamente, pero no puedan adoptar
por vía internacional, ya que en ninguno de los países en los que se permite la adopción
compartida (Gran Bretaña, Holanda, México, Australia, Dinamarca, Sudáfrica, Uruguay e Islandia) existe la posibilidad real de adoptar a sus nacionales.
Luis Díaz-Picazo, Catedrático de Derecho Civil, vincula la eficacia de la norma con “el
logro de los propósitos perseguidos por el autor de la norma, como norma, por parte
de sus destinatarios y su real aplicación”;48por ello, y como señala Gregorio Peces
Barba, “una norma es eficaz cuando los sujetos a los que va dirigida la norma, se comportan de acuerdo con la misma”.49
Y aunque la ineficacia y la disfuncionalidad están estrechamente unidas, una norma
por el mero hecho de ser válida no tiene que ser eficaz, e incluso una norma puede ser
válida, pero su eficacia limitada o parcial, y a la vez ser disfuncional, como sucede con
la Ley 13/2005, de 1 de julio.50
La disfuncionalidad en relación a los destinatarios de la norma, imposibilita la Adopción Internacional; por ello, para poder ejercer sus “supuestos derechos” de paternidad/maternidad, las parejas del mismo sexo que decidan adoptar como matrimonio
conjuntamente, o bien vulneran e infringen la legalidad para poder adoptar por vía
internacional sin ocultar su condición sexual y su estado civil, o deciden recurrir a las
múltiples agencias e intermediarios que ofertan servicios de “maternidad sustitutiva”
en el extranjero, generalmente en los EE.UU., en la India y en Ucrania.
Por ello, y sin entrar en condicionamientos políticos, ideológicos, religiosos o morales,
deberemos señalar que la institución adoptiva, entendida desde un sentido jurídico y
social plenamente moderno, debe encaminarse a la protección del interés superior del
menor “favor minoris”, como principio inspirador de todas las actuaciones mediante
la correcta selección de la idoneidad de los adoptantes para el ejercicio de la patria
potestad, por encima de los intereses personales de los adoptantes y de las aspiraciones
de diversos colectivos y grupos de interés, por muy legítimas que éstas sean.
48 Díaz-Picazo, Luis. Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, Ariel, Barcelona, 1973,
pág. 193.
49 Peces-Barba, Gregorio. Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 27.
50 Aunque la norma sea valida, para Hans Kelsen la validez “es el modo de existencia específica de
las normas y supone su vigencia formal y obligatoriedad, no es eficaz, es decir, el nivel de aceptación y de cumplimiento en la sociedad” Núñez Encabo, M. El Derecho, ciencia y realidad
social, Universitas, Madrid, 1993, pág. 47.
Y como no existe derecho a la “reproducción in natura”,51 tampoco existe el supuesto
“derecho a la adopción”. La adopción no es un derecho ni para las parejas homosexuales, ni para las parejas heterosexuales, ni para los solicitantes solteros, ni para los matrimonios; la adopción es un derecho de carácter tuitivo para los intereses del adoptando,
para aquel menor en situación de desamparo, de desprotección o de desarraigo.
Analizando la legislación y la jurisprudencia de aquellos Estados que legitiman la maternidad sustitutiva, no podemos hablar estrictamente de “compraventa de menores”, sino
de un pago o compensación por las molestias ocasionadas durante el embarazo y la gestación, formalizando un acuerdo volitivo entre la madre subrogante y los futuros padres que
se perfecciona con la entrega del menor y la renuncia pactada de la filiación materna
Como hemos visto, una de las alternativas a las parejas del mismo sexo, formadas
generalmente por dos hombres, que decidan tener descendencia conjunta es recurrir a
los contratos de gestación en el extranjero, ya que en España la maternidad subrogada
es constitutiva de delito conforme a lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida y en el Código Penal.
Debora L. Spar, profesora de la Harvard Business School, en su obra, The Baby Business: How Money, Science, and Politics Drive the Commerce of Conception, señalaba
cómo tradicionalmente el único medio que tenían las madres sustitutas para engendrar
hijos era “comprometerse en una relación sexual con el futuro padre” pero con la aparición de las técnicas de Inseminación Artificial “la concepción prescindió del sexo,
permitiendo que un hombre dejara embarazada a una madre de alquiler sin ni siquiera
haberla conocido”. 52
51 Sólo la Constitución de 1974 de la extinta Yugoslavia recogía en el Art. 191 el “derecho a procrear” como el derecho de la persona a “resolver sobre tener. o no tener hijos. Este derecho únicamente podrá limitarse para proteger la salud”. Benítez Ortúzar, I. Aspectos jurídico-penales
de la reproducción asistida y la manipulación genética humana, Edersa, Madrid, 1997, pág.195.
Lo que si reconocen las diferentes Declaraciones de Derechos Humanos y demás instrumentos
normativos es el “derecho a fundar una familia” ex. Art. 16 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (adoptada y proclamada por la asamblea general de las Naciones Unidas en
su resolución 217A de 10 de diciembre de 1948), ex. Art.23.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996), ex. Art. 9 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza 7.12.2000. Diario Oficial de las Comunidades Europeas. ES
18.12.2000, 2000/C 364/01) y ex. Art. II-69 del Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa, 6 de agosto de 2004, (CIG 87/04).
52 Spar L. Debora. Baby Business: Como el dinero, la ciencia y la política condicionan el negocio
de la infertilidad, Tendencias, Barcelona, 2006, pág. 129.
Al separar el lazo genético del vinculo de gestación “llegó a ser más fácil para los
tribunales y observadoras asignarles un papel de contratos y dar con una nueva definición de <<madre>>”.53
Y aunque en términos estrictamente formales no podemos hablar de una “compraventa
de menores”, en los contratos de gestación, lo que en realidad se produce es una cosificación de la propia esencia del ser humano y una patrimonialización de la filiación y
de la maternidad, ya que el “non nato” y la “madre subrogante” serán objeto de tráfico
mercantil y contractual, mediante la utilización de las técnicas de reproducción asistida54 para poder separar la procreación humana de la sexualidad.
Por ello, ante la ausencia o la imposibilidad de tener descendencia “in natura” como
sucede con las parejas del mismo sexo, y ante la disfuncionalidad de la Ley 13/2005,
de 1 de julio, para poder adoptar por vía internacional de forma conjunta, se justifica
que tanto el non nato, ya sea concepturus o nasciturus, como la subrogante puedan ser
objeto de “res extra comercium” en el extranjero.
Así, la maternidad sustitutiva, se convierte en una alternativa más a la Adopción Internacional con la finalidad de satisfacer los deseos de potenciales padres a cambio de una
contraprestación económica para la madre gestante, ya que dicho negocio jurídico no
tiene fines altruistas o filantrópicos, en consecuencia, se formaliza la paternidad/maternidad con independencia del “interés superior del menor”, de la “idoneidad” de los futuros adoptantes para ser padres y de la integridad física y moral de la madre gestante.
53 Cfr. Spar L. Debora. Baby Business: Como el dinero, la ciencia y la política condicionan el
negocio de la infertilidad (2006), pág. 143.
54 Entendemos por técnicas de reproducción asistida el “conjunto de métodos biomédicos
que conducen a facilitar, o sustituir, a los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana, como la deposición del semen en la vagina, la progresión de los espermatozoides a través de la vías genitales femeninas, la capacitación
del espermatozoide una vez eyaculado, la fertilización del óvulo por el espermatozoide,
etc.” Santamaría Solís, L. Técnicas de reproducción asistida. en Tomás Garrido, G.
Manual de Bioética, Ariel, Barcelona, 2001, pág. 377.
Los retos del Estado mexicano frente a las familias
emigrantes en Estados Unidos
Como es sabido, los cambios demográficos asociados al decremento de la fecundidad, el
incremento de la esperanza de vida y las migraciones, influyen en el tamaño, estructura
y dinámica de las poblaciones y las familias. Adicionalmente, como anota una autora,
la incorporación masiva de las mujeres a la vida pública, económica y política “ha impactado la organización y distribución de responsabilidades y derechos entre hombres y
mujeres, particularmente dentro de las familias” (Arriagada 2007: 10). En este trabajo
vamos a referirnos a las transformaciones que en años recientes experimentaron la estructura y organización familiar de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos,
asociándolas con el interés del Estado mexicano por mantener vínculos con sus nacionales en el exterior y focalizando dos programas de atención a la salud y a la educación.
Si bien, este flujo laboral de carácter internacional tiene una historia de más de un siglo,
nos interesa enfocar el cambio reciente observado en el patrón migratorio de carácter
temporal y circular que predominó durante casi todo el siglo XX y que adquirió un
carácter de emigración más permanente en las últimas dos décadas como resultado
no sólo de un amplio proceso de reunificación familiar ocurrido a partir de 1986, sino
también del progresivo endurecimiento en la vigilancia y el control de la frontera sur
estadounidense iniciado en 1993. A pesar de esa transformación de emigrantes temporales y circulares hacia residentes permanentes en el exterior, éstos mantienen vínculos
frecuentes y activos con su país de origen.
2. Cambios recientes en la migración mexicana a Estados Unidos
A diferencia del modelo predominantemente urbano de familia conyugal nuclear de
jefatura masculina característico de los años del desarrollo estabilizador mexicano de
la segunda mitad del siglo XX55, los emigrantes mexicanos que en esa época laboraban
en los Estados Unidos, particularmente aquellos que lo hacían de manera temporal y
circular, por lo general procedían de localidades rurales y familias extensas que de55 Hablando en términos sociológicos weberianos, en el caso mexicano podríamos considerar este
modelo como un tipo ideal constituido por un pequeño grupo familiar con un proveedor económico varón, su cónyuge femenina primordialmente dedicada a las labores del hogar y secundariamente a labores asalariadas y un número de hijos que en promedio decreció de 6.5 a 1.8 entre
1950 y 2000.
sarrollaban amplias redes sociales para apoyar no sólo el proceso migratorio sino la
subsistencia misma de sus miembros en sus comunidades de origen y en los lugares
de destino. Esos emigrantes procedían mayoritariamente de familias y comunidades
rurales localizadas en el centro occidente de México y sus destinos laborales en Estados Unidos se concentraban ampliamente en Texas, California e Illinois. En las últimas
dos décadas del siglo XX, por una parte, la emigración laboral mexicana a Estados
Unidos fue perdiendo su carácter temporal, circular y de origen predominantemente
masculino y rural, adquiriendo un patrón de establecimiento más permanente en el
destino, así como una notoria dispersión hacia nuevos destinos y sectores laborales en
Estados Unidos, y equilibrando la participación de hombres y mujeres procedentes de
localidades rurales y urbanas a lo largo y ancho de México. Esta transformación en el
patrón migratorio modificó los espacios de la reproducción familiar y laboral en los
dos países, fortaleciendo la reunificación en destino y desarrollando nuevos vínculos
entre las comunidades de origen y destino, ya no sólo asociados a la movilidad laboral
temporal y circular sino al progresivo establecimiento residencial de las familias en
Estados Unidos. Por otra parte, a la par que las familias de los emigrantes reducían
su tamaño (especialmente por la disminución del número promedio de hijos tanto en
México como en Estados Unidos), se modificaba la proporción y composición de sus
integrantes en origen y destino, ampliándose en éste último gracias a la reunificación
familiar, pero conservando lazos afectivos y familiares extensos en ambos países.
En la actualidad, los mexicanos constituyen el grupo de extranjeros inmigrantes más
numeroso en los Estados Unidos. En el año 2009, entre la población extranjera residente en Estados Unidos, los nacidos en México sumaron 11 millones y medio de personas,
cantidad que representó casi un tercio (32%) de todos los extranjeros residentes en ese
país y dos tercios (66%) de los inmigrantes denominados Hispanos (Passel y Cohn,
2009). Entre los trabajadores y residentes no autorizados, en el año 2008 el número de
mexicanos alcanzaba poco más de 7 millones, cantidad que representaba el 59% del
total de extranjeros no documentados o irregulares (Pew Hispanic Center, 2009). Si se
suman las diferentes categorías de residentes de origen mexicano (ciudadanos, inmigrantes autorizados, trabajadores temporales y trabajadores no autorizados), su número
supera cualquier otro conjunto de extranjeros residentes en Estados Unidos.56
56 El segundo grupo más numeroso de inmigrantes extranjeros residentes en Estados Unidos es de
origen Filipino; sin embargo, su magnitud alcanza sólo el 5% del conjunto de inmigrantes extranjeros (Pew Hispanic Center, 2009).
Evolución numérica de la población nacida en México residente en Estados Unidos, 1900-2009
Fuente: Fix, Zimmermann y Passel (2001:11); Passel y Cohn (2009)
De acuerdo con información del Migration Policy Institute (Batalova, 2008), en el año
2006, del conjunto de los residentes en Estados Unidos nacidos en México, un 55.9%
eran hombres y un 44.1% mujeres. El 78.3% de ellos era población adulta en las edades más activas de la vida productiva (entre los 18 y 54 años de edad), un 10.1% eran
menores de 18 años y un 11.6% mayores de 55 años. Adicionalmente, el 27.9% llegó a
Estados Unidos a partir del año 2000, poco más de la tercera parte lo hizo en la década
de los años 1990 (34.1%), una quinta parte en los años 1980 (20.5%), sólo el 11.5%
entre 1970 y 1979 y un 6% antes de 1970. Estas cifras nos presentan el perfil de una
población más o menos equilibrada entre hombres y mujeres, pero aún con predominio
masculino, altamente concentrada en las etapas más activas de la vida productiva y
reproductiva, y que se trasladó mayoritariamente de México a Estados Unidos en las
últimas dos décadas, época en que este último país destinó más recursos monetarios,
humanos y tecnológicos a incrementar la vigilancia y control de su frontera con México, intentando con ello desalentar la inmigración no autorizada o indocumentada.
De este conjunto de residentes extranjeros nacidos en México, entre los que tenían más
de cuatro años de edad, el 74.5% tenía un manejo limitado del idioma inglés, un 22.7%
declararon hablarlo muy bien y sólo el 2.8% hablar solamente inglés. Entre los mayores
de 25 años, el 60.2% tenía estudios básicos pues no concluyeron o no cursaron estudios
secundarios o bien carecían de diploma alguno que los certificase. Sólo un 5% había cur-
Características seleccionadas de los mexicanos residentes en Estados Unidos, 2006
Fuente: Batalova, J. (2008), Mexican Immigrants in the United Status, Migration Policy Institute,
sado estudios universitarios o superiores, proporción que contrastaba con el 26.7% registrado entre los otros adultos extranjeros residentes en Estados Unidos. Finalmente, entre
los mayores de 15 años, el 85.7% de los hombres se encontraban incorporados formalmente al mercado laboral estadounidense y el 50.2% de las mujeres (Batalova, 2008).
A partir de 1990, entre los emigrantes mexicanos se registró una notable diversificación de sus orígenes tanto en el medio rural como en el urbano, se produjo una mayor
participación de mujeres y jóvenes que feminizaron y rejuvenecieron el conjunto, y
se observó una prolongación en la temporalidad de las estancias en Estados Unidos
(Tuirán, 2006). De acuerdo con información de la Encuesta sobre migración en la frontera norte de México (EMIF), uno de cada cinco mexicanos que ingresaron a Estados
Unidos en el año 2008 procedía de dos entidades con muy reciente trayectoria migratoria internacional, Chiapas y Veracruz, desplazando a un segundo sitio a dos entidades
tradicionalmente expulsoras que, sin embargo, continúan aportando emigrantes al flujo
internacional, Guanajuato y Michoacán, y otro par de ellas aparecían entre las primeras
seis entidades expulsoras, Oaxaca y Sonora (Terrazas, 2010). Otras dos características
recientes de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos son su dispersión geo-
gráfica y sectorial, pues ya no se concentraban en los tres estados tradicionalmente receptores (Texas, California e Illinois) sino que formaban parte de los cinco grupos más
numerosos de inmigrantes en 42 de los 52 estados de la Unión Americana, ocupando en
29 de ellos el primer sitio; y su ocupación disminuyó notoriamente en el sector primario
de la economía estadounidense, incrementándose en los sectores secundario y terciario
en proporciones respetivas del 4%, 36% y 60% (Tuirán, 2006). Finalmente, en el año
2008, 3.4 millones de mexicanos habían legalizado su residencia permanente en Estados Unidos; la enorme mayoría de ellos (93.9%) fueron admitidos por sus vínculos con
familiares cercanos que ya eran ciudadanos estadounidenses (Terrazas, 2010).
En síntesis, en las últimas dos décadas del siglo XX, el antiguo patrón de emigración
temporal mexicana mayoritariamente conformada por varones de origen rural empleados estacionalmente en labores agrícolas dio paso a un progresivo asentamiento de familias en Estados Unidos, cuyos miembros varones y mujeres procedentes de contextos
rurales y urbanos en México se empleaban mayoritariamente en los sectores secundario
y terciario, a pesar de su limitado manejo del idioma y sus niveles básicos de estudios.
Por lo mismo, una amplia proporción de ellos laboraban en empleos precarios o habían
establecido opciones de autoempleo en condiciones aún más precarias.
Teniendo en cuenta este contexto demográfico y laboral de la emigración mexicana a Estados Unidos, el impulso reciente de la institucionalización de la política mexicana hacia
sus nacionales en el exterior ha dado prioridad, además de la defensa consular de sus
derechos, a programas educativos y de salud, mismos que referimos a continuación.
3. La institucionalización de la política mexicana hacia sus emigrantes
A partir de 1990, el Estado mexicano empezó a modificar su política y acción pública
hacia sus emigrantes residentes en Estados Unidos, quienes actualmente constituyen el
11% de su población nacional, magnitud equivalente al segundo estado o entidad federativa más poblada del México57. De una “política de no tener política”, como la denominó Manuel García y Griego (1988), se discurrió hacia la institucionalización de la
acción estatal mediante la creación de entidades expresamente destinadas a la atención
de los mexicanos en el exterior. Esta transformación se ha asociado no sólo a la ingente
57 Mientras que en el año 2006 se reportaron 11.5 millones de mexicanos residentes en Es-
tados Unidos, en ese año se estimaba que el Estado de México era la entidad federativa
más poblada del país con 13.7 millones de habitantes, seguido por el Distrito Federal
con 8.7 millones de personas. INEGI, 2005; Batalova, 2008.
magnitud numérica de esa población mexicana, sino a su creciente protagonismo en la
escena política en los dos países (González Gutiérrez, 2006; Délano, 2006).
Como han destacado diversos autores, la transformación de las políticas de los estados
de origen hacia sus comunidades en el exterior responden no sólo a las necesidades
expresadas por una población emigrante cada vez más numerosa, sino también y sobre
todo a su creciente y activa participación en los ámbitos político y económico, tanto
en origen como en destino. En el caso del gobierno mexicano, el interés por mejorar la
protección y ampliar las posibilidades de apoyo hacia sus emigrantes residentes en Estados Unidos a través de canales formalmente institucionalizados, debía “preservar el
principio de no intervención”. Ello requería, por una parte, desarrollar un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del marco legal y del sistema político estadounidenses
con la finalidad de desarrollar nuevas áreas de cooperación bilateral y promover acciones específicas respetando siempre el principio de no intervención; por otra, ampliar el
espectro de interlocutores políticos desarrollando nuevos vínculos entre los dos países
y considerando la vecindad como una oportunidad para la integración de sus economías
y sus sociedades, y no como un obstáculo (Delano, 2006).
La acción estatal mexicana fue institucionalizada en un primer momento con el establecimiento del Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior (PCME) en 1990 y en
el año 2003 con la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Con la
instauración del IME, el estado mexicano reconoció la urgente necesidad de atender a
su población residente en Estados Unidos, que en la página electrónica del propio IME
“El compromiso del Gobierno de México con los mexicanos que viven y trabajan en el exterior, se traduce en la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), órgano
desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores”. (IME, http://www.ime.gob.mx)
Desde el inicio de los años 1990, uno de los esfuerzos más notables de la acción consular
mexicana fue la activa promoción en el registro y expedición del documento de identificación de los mexicanos en los Estados Unidos (fuesen estos residentes autorizados o no
autorizados) a través de la “Matrícula consular”, documento válido como identificación
personal. En 2006, alrededor de 4 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos
contaban con su matrícula consular (González Gutiérrez, 2006). Como sistema de registro, se consignan el municipio y estado de origen, el género, nivel de escolaridad y el
lugar de destino de los mexicanos residentes en Estados Unidos, información relevante
para la actuación geográficamente focalizada del estado mexicano hacia sus residentes
en el exterior (además de la proporcionada por los registros censales y de encuestas).
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México detalla lo propio del documento de la
“La Matrícula Consular mexicana es un documento oficial emitido por el Gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior. Es un documento exclusivo para mexicanos;
es válido para retornar a México; y no puede ser utilizado para viajar a otros países o para la
realización de trámites migratorios.
Por tratarse de un documento de alta confiabilidad y seguridad, la Matrícula es aceptada por
numerosas oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas; y en algunos estados [de Estados Unidos], para
tramitar la licencia de manejo. La utilización de la Matrícula consular desencadena una serie
de transacciones financieras positivas y permite el acceso a un sinnúmero de trámites de la
vida diaria.” (IME, Estadísticas de los mexicanos en el exterior, http://www.ime.gob.mx)
La activa acción consular de los años 1990 daría paso a la institucionalización de programas y acciones a través del IME, entidad que desarrolla sus actividades de servicio y
enlace con las comunidades mexicanas en estrecha coordinación con los 50 Consulados
establecidos en Estados Unidos, cuya localización geográfica resulta de suma utilidad
congruente con la concentración poblacional de los mexicanos residentes en Estados
Unidos (véase Mapa 1 al final del documento).
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) es el organismo del gobierno mexicano que
busca conjugar los esfuerzos y armonizar las acciones del sector público (consulados, dependencias del poder ejecutivo y las oficinas de atención al migrante a nivel estatal), las comunidades organizadas (clubes de oriundos y diversas formas de organización comunitaria), el
sector académico (centros de estudios y universidades), sector empresarial, la red de talentos
y personas que de alguna manera contribuyen a lograr un objetivo en común: el bienestar de
nuestros connacionales, sin importar su lugar de residencia. El IME trabaja con y a través de
la red consular en América del Norte, primero para conocer a través de ellos las necesidades de
las comunidades y, segundo, para canalizar la atención especializada y profesional a nuestros
connacionales. Por otro lado, el IME se encarga de sistematizar y difundir información que
promueve un mejor nivel de vida para los mexicanos en el exterior. (IME, 2009:7)
De esta forma, la labor central del IME es establecer vínculos entre los emigrantes
mexicanos, asociaciones de oriundos, entidades no gubernamentales, instituciones públicas y organizaciones del sector privado tanto en México como en Estados Unidos
con la finalidad de promover alianzas estratégicas para la atención de las necesidades
de educación, salud, organización comunitaria, protección consular y promoción de
negocios expresadas por las comunidades mexicanas residentes en el vecino país del
norte. Al igual que ocurre con las políticas de integración, las políticas de emigración
tienen consecuencias no sólo para los emigrantes sino también para sus familias, por
ello en su diseño y aplicación los programas binacionales de atención a los mexicanos
en el Estados Unidos han tenido en consideración la movilidad característica de este
El cuadro 1 presenta brevemente las áreas de atención que estructuran las acciones del
IME y los programas establecidos en cada una de ellas. Dos áreas prioritarias de atención y servicio para el IME, que detallaremos en el siguiente apartado, han sido la salud
y la educación, pues el estado mexicano considera que a través de ellas puede mejorarse
el capital social y humano de los emigrantes y sus familias.
• Apoyo para la formación de asociaciones de mexicanos en el
• Directorio electrónico de Organizaciones y Clubes de Oriundos
• Actividades y programas diversos para la preservación de la identidad y la cultura mexicana
• Semana tradicional de la gastronomía y cultura mexicanas
• Convención Nacional Asociación de Restauranteros mexicanos
• Seminario de Gastronomía mexicana
• Jornadas y programas sobre uso productivo de remesas y mejores
prácticas en intermediación financiera dirigidos a la población de
habla hispana, y apoyados por entidades bancarias
Juegos deportivos de los mexicanos en el exterior (JUDEME)
Clínicas de preparación deportiva
Plan vacacional de verano para niños y jóvenes de 6 a14 años
Asociación mexicano-americana del deporte
Proyecto “Paisano invierte en tu tierra”
Empresas sociales en zonas expulsoras de migrantes (MIDE)
Fideicomiso de Inversión del migrante en el estado de Guanajuato
Mujeres envasadoras de Nopal
• Educación virtual, abierta y a distancia: Bachillerato y educación
superior abiertos, en línea y a distancia.
• Plazas comunitarias: Atención a jóvenes y adultos para cursar
estudios de primaria, secundaria, bachillerato y capacitación para
el trabajo. Equipadas con salas de educación presencial, de usos
múltiples y de equipo de computo. - Programas de educación para
el trabajo, el hogar y la salud.
• Ventanillas de Salud
• Semana binacional de salud
• Programa “Vete sano, regresa sano”
• Mi casa en México: programa de vivienda para mexicanos en el
Fuente: Instituto de los mexicanos en el exterior, http://www.ime.gob.mx/
Cuadro 1. Áreas y programas de atención del IME
4. El IME y los programas de atención a la salud y educación de los emigrantes
En el año 2003 en el estado de California, el IME inició un primer programa piloto en
el área de salud en los condados de San Diego y Los Ángeles, dos zonas de alta concentración de emigrantes mexicanos en Estados Unidos. Acorde con su función y objetivos, la labor del IME fue organizar talleres de trabajo en México con los oficiales de
la salud que atendían a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos con la finalidad
de explorar cómo establecer estaciones de atención más eficaces. En los consulados se
establecieron espacios físicos destinados a proporcionar información sobre la provisión
de servicios de salud. Como lo expresó el anterior Director Ejecutivo del IME:
“… las “ventanillas de salud” [son] un sistema de referencias de servicios de salud (disponibles en hospitales y clínicas comunitarias) que opera en las instalaciones de los consulados.
Las ventanillas tienen como propósito orientar a los usuarios de los servicios consulares
sobre el tipo de atención médica a la que tienen derecho, ayudarlos a concertar las citas y
establecer un mecanismo de seguimiento sobre el tratamiento que reciben. Como se podrá
suponer, este tipo de asistencia es especialmente importante para los trabajadores indocumentados y sus familias, cuyo temor a ser denunciados y eventualmente deportados los lleva
a evitar cualquier tipo de auxilio médico cuando lo requieren, incluso tratándose de hijos
nacidos en Estados Unidos”. (González Gutiérrez, 2006:206)
En el mismo documento, el autor destacó que en el año 2006: “Estas ventanillas se
encuentran operando ya en las ciudades de Chicago, Dallas, McAllen, El Paso, Tucson,
San Diego y Los Ángeles; estas dos últimas, en su etapa piloto, operaron con apoyo del
California Endowment y han atendido a más de 156,000 personas en un lapso de tres
años. Las tres ventanillas de salud establecidas en los consulados de la frontera recibieron apoyo de la Comisión Binacional de Salud Fronteriza” (Ibidem).
En respuesta a una de las necesidades más urgentes expresadas por los emigrantes, el
programa Ventanillas de salud se extendió posteriormente a otros 32 consulados en ese
país. Vale la pena mencionar que cuando algún programa resulta exitoso, como práctica
general el IME lo disemina en otras localidades con alta concentración de inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos, utilizando para ello la red consular establecida en ese
país y colaborando estrechamente con las organizaciones de los propios inmigrantes,
las asociaciones de negocios y las instancias gubernamentales de ambos países (Laglagaron, 2010).
Un segundo programa de salud al que el IME ha dado relevancia y continuidad es el
denominado Semana binacional de salud, cuyo objetivo es mejorar el acceso y la calidad de la salud para los emigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos a través
de talleres de trabajo en los que se diseminan consejos y recomendaciones de salud, se
realizan revisiones médicas y se proporciona información relevante sobre la salud de
niños, mujeres y adultos en general, con apoyo de la Secretaría de Salud de México:
“… la “semana binacional de salud”… anualmente busca movilizar recursos y llamar la atención sobre la salud de los migrantes mediante la organización de ferias de salud y conferencias
académicas en diferentes regiones de Estados Unidos…” (González Gutiérrez, 2006:206)
En el año 2007, la Secretaría de Salud (SS) de México se sumó formalmente a estas
dos iniciativas con la finalidad de apoyar conjuntamente con el IME los programas de
salud dirigidos a los mexicanos en el exterior. Desde el año 2000, en un marco más
amplio de atención a la salud de grupos vulnerables y comunidades marginadas, esa
misma Secretaría ha desarrollado el programa “Vete sano, regresa sano”, dirigido a los
emigrantes internos e internacionales. El programa pretende “reducir la vulnerabilidad
de los migrantes a través de acciones de promoción de la salud, aplicadas en los sitios
de origen, tránsito y destino, abordando el control de los determinantes de la salud de
la población migrante y de sus familias” y tiene como objetivo general “contribuir a la
protección de la salud del migrante y su familia, con participación coordinada intrainstitucional e intersectorial, impulsando acciones de promoción de la salud y prevención,
en su lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esta población sea resiliente
y capaz de manejar los determinantes de su salud y mejorar sus entornos”. (Secretaría
de Salud, 2007:37-38)
Respecto a los programas educativos, como primera acción el IME también organizó
consultas a través de grupos de enfoque, en los que los emigrantes mexicanos identificaron la educación como una de sus tres prioridades (González Gutiérrez, 2006). En
colaboración con diversas instituciones educativas del sector público y de los gobiernos
estatales mexicanos, el IME promueve múltiples programas educativos. A través de la
red consular, se distribuyen cientos de miles de libros de texto gratuitos, alcanzando
un millón en el bienio 2007-2008, y se promueven y apoyan programas continuos de
alfabetización y estudios de primaria, secundaria, bachillerato abierto y a distancia y
otros programas educativos dirigidos a adultos. Para ello, el IME se apoya en otro de
sus exitosos programas denominado “Plazas comunitarias”. En el año 2006 existían
189 Plazas Comunitarias ubicadas en 28 estados de la Unión Americana. (González
Gutiérrez, 2006).
“Con el apoyo de las nuevas tecnologías, las plazas comunitarias ofrecen servicios educativos de alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato abierto y a distancia, educación
media superior, inglés como segunda lengua, temas de cultura general, de educación para
la vida y el trabajo, y de computación. A partir del 2005, todos estos programas se han visto
fortalecidos con la creación del Programa de Becas IME, mediante el cual, al amparo de un
fondo de 10 millones de pesos anuales, el gobierno de México ofrece apoyos económicos
para los estudiantes mexicanos inscritos en los cursos de educación para adultos que ofrece
por medio de la red consular” (Ibidem).
En 2007 se atendieron cerca de 17 mil estudiantes en las Plazas Comunitarias establecidas 35 estados de la Unión Americana. En mayo del 2008, en la ciudad de Chicago
se realizó al primer encuentro nacional de Plazas Comunitarias, con la participación
de más de 200 centros de estudio que impartían programas educativos para adultos en
español e inglés. A de ese mismo año, el IME había establecido 373 Plazas Comunitarias. Un esfuerzo paralelo en materia educativa son las Jornadas Informativas que se
realizan desde septiembre de 2003. A finales de 2008 se habían realizado once Jornadas
Informativas con un total de 371 entidades participantes (IME, 2009).
Otro esfuerzo digno de mencionar en materia educativa es el Programa Binacional
de Educación Migrante (PROBEM) cuyo objetivo es atender la educación básica de
“niños y jóvenes que cursan sus estudios, una parte del año escolar en México y otra
en Estados Unidos de América” con la finalidad de que “no interrumpan la continuidad
de sus estudios y se incorporen de manera adecuada y oportuna a las escuelas tanto en
México como en Estados Unidos de América” (Secretaría de Educación Pública, 2006).
En el marco del PROBEM, el IME organiza anualmente el “Programa de Intercambio
de Maestros México-Estados Unidos”, cuyo objetivo primordial es “que profesores
mexicanos y estadounidenses compartan métodos de enseñanza-aprendizaje que les
permite mejorar el aprovechamiento de los niños migrantes mexicanos con los que trabajan”. De acuerdo con información del IME, en el año 2008, 140 maestros mexicanos
de 19 estados del país atendieron alrededor de 20,000 niños de origen mexicano en 17
estados de los Estados Unidos. (IME, 2009:25).
Una de las virtudes del IME ha sido establecer una agenda focalizada de servicios y
orientarla a poblaciones específicas dentro del enorme conjunto de mexicanos residentes en Estados Unidos. Entre las prioridades establecidas por la propia comunidad de
emigrantes internacionales destacan la atención a la salud y los programas educativos.58
Los múltiples programas que promueve y organiza el IME, además de considerarse una
respuesta institucionalizada del gobierno mexicano a sus nacionales residiendo en el
exterior –el 95% de ellos en los Estados Unidos– representan un cambio en la forma de
entender y ejercer su vinculación con sus emigrantes, que adicionalmente se traduce en
una nueva forma de hacer “una política de emigración” que afortunadamente relevó a
“la política de no tener política”.
A diferencia de la anterior y prolongada etapa histórica en que la movilidad de los
trabajadores mexicanos a Estados Unidos se caracterizó por su estacionalidad y circularidad y la composición del flujo por un origen predominantemente rural y altamente
masculino e individualizado, en las recientes dos décadas las nuevas corrientes de emigrantes mexicanos cambiaron ese patrón por uno de asentamiento más permanente en
el vecino país del norte, incorporándose más mujeres y menores y reunificando a las
familias en ese país, e integrando nuevos emigrantes urbanos y rurales procedentes de
casi todo el territorio mexicano.
La dimensión numérica, la composición familiar y el protagonismo de los mexicanos
en el exterior, así como el contexto singular de una transformación histórica en la es58 Vale la pena reconocer que uno de los factores de éxito en las acciones emprendidas y
resultados logrados por el IME, ha sido la tenaz labor de su primer Director Ejecutivo,
el ministro Carlos González Gutiérrez, un académico de formación y, por que no decirlo, ejemplar servidor público, quien durante sus primeros años como integrante del
Servicio Exterior Mexicano trabajó muy cercanamente con los mexicanos residentes
en el condado de Los Ángeles, jurisdicción con la mayor concentración poblacional de
tructura y dinámica de la política mexicana que tras 70 años de partido único dio un
giro definitivo hacia la alternancia, fueron factores múltiples que determinaron una
nueva relación entre el estado mexicano y sus emigrantes internacionales. Los esfuerzos centrados en una activa protección consular durante la década de los años 1990, al
iniciar el nuevo milenio dieron paso a una política institucionalizada que, por una parte,
pretende mejorar el capital humano y social de los emigrantes a través de programas
concretos de apoyo a la educación, la salud y la organización comunitaria con la finalidad de lograr una mejor integración en el destino y, por otra, aspira a mantener activos
y constantes los vínculos afectivos con el país de origen, promoviendo programas deportivos, gastronómicos y culturales, pero también intenta fomentar afanosamente una
relación económica con los emigrantes canalizando sus remesas al financiamiento de
proyectos productivos y a la inversión inmobiliaria en México; situaciones que en la
actualidad no son excepcionales sino más bien ampliamente practicadas por los estados
nacionales hacia sus emigrantes en el exterior.
Transcurridas dos décadas del cambio en la política del Estado mexicano hacia sus
nacionales en el exterior y siete años de la formación del IME, tiempo en que la nueva
política de emigración transitó de la protección consular de los individuos a la promoción de la integración de las familias a la sociedad de destino traducida en acciones
concretas para incrementar su capital social y humano y mantener activos los vínculos
con el país de origen, han iniciado las evaluaciones de esa acción gubernamental. Por
ahora, éstas son reconocidamente positivas, si bien los cuestionamientos principales se
ubican en la incapacidad de la economía y el estado mexicanos para brindar opciones
laborales a sus ciudadanos que han emigrado de manera permanente, situación que implica una pérdida de capital humano y social para el país. De cualquier forma, el apoyo
a esa población en el exterior es revelador de dos procesos sociales del México actual:
una nueva política de emigración tendiente, por una parte, a fortalecer los vínculos con
los emigrantes que han decidido residir en forma más estable en Estados Unidos y, por
otra, a brindar opciones concretas para mejorar su vida cotidiana en el destino, y una
diáspora muy activa que ha conseguido mayor atención gubernamental al emigrar que
al permanecer en el país de origen.
MAPA 1. Distribución de los Consulados mexicanos en Estados Unidos. Fuente: Laglagaron, 2010: 11
• Arriagada, I. (2007), “Familias latinoamericanas: cambiantes, diversas y desiguales”, en Papeles de Población, núm. 53, julio-diciembre, pp. 9-22, http://redalyc.
uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11205302
Batalova, J. (2008), Mexican Immigrants in the United Status, Migration Policy
Institute, Washington, DC, http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.
cfm?id=679#1
• Délano, A. (2006), “De la ‘no intervención’ a la institucionalización: La evolución de las
relaciones Estado-diáspora en el caso mexicano”, en González Gutiérrez, C. (coord.),
Relaciones Estado-Diáspora: perspectivas de América Latina y el Caribe. Miguel Angel Porrúa, México, pp. 145-189, http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/delano3.pdf
• Fix, M., Zimmermann, W. y Passel, J.S. (2001), The Integration of Immigrant Families in the United States, Urban Institute, Washington, DC, http://www.urban.org/
url.cfm?ID=410227.
• García y Griego, M. y Verea Campos, M. (1988), México y Estados Unidos frente a
la migración de indocumentados, El Colegio de México, México.
• González Gutiérrez, C. (2006), “Del acercamiento a la inclusión institucional: la experiencia del Instituto de los Mexicanos en el Exterior”, en González Gutiérrez, C.
(coord.), Relaciones Estado-Diáspora: aproximaciones desde cuatro continentes,
Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 181-220, http://www.ime.gob.mx/investigaciones/
bibliografias/cgg5.pdf
• Instituto de los Mexicanos en el Exterior, http://www.ime.gob.mx
• IME (2009), Reporte de actividades del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 2007-2008, México, http://www.ime.gob.mx/ime2/images//reporte_actividades_07_08.pdf
• INEGI (2005), Perfil sociodemográfico de los Estados Unidos Mexicanos. �������
II Conteo de Población y Vivienda, México, (Disco compacto).
• Laglagaron, L. (2010), Protection through Integration: The Mexican Government’s
Efforts to Aid Migrants in the United States, Migration Policy Institute, Washington, DC, http://www.migrationpolicy.org/pubs/IME-Jan2010.pdf
• Papademetriou D.G. y Terrazas, A. (2009), Immigrants and the Current Economic
Crisis: Research Evidence, Policy Challenges, and Implications, Migration Policy
Institute, Washington, DC, http://www.migrationpolicy.org/pubs/lmi_recessionJan09.pdf
• Passel, J. y Cohn, D. (2009), Mexican Immigrants: How Many Come? How Many
Leave? Pew Hispanic Center, Publications, Report, July 22, 2009, http://pewhispanic.org/files/reports/112.pdf
• Pew Hispanic Center (2009), Mexican Immigrants in the Unites States, 2008. Fact
Sheet, April 15, 2009, http://pewhispanic.org/files/factsheets/47.pdf
• Secretaría de Educación Pública (2006), Programa Binacional de Educación Migrante 2006-2007, México, http://www.sep.gob.mx/work/appsite/probem/index.html
• Secretaría de Salud (2007), Vete sano, Regresa sano. Programa de acción específico
2007-2010. México,http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/vete_sano_regresa_sano.pdf
• Terrazas, A. (2010), Mexican immigrants in the United States, Migration Policy
cfm?id=767#11
• Tuirán, R. (2006), “La migración mexicana hacia Estados Unidos: las reformas en
puerta y los retos futuros”, en Papeles de Población, núm. 48, abril-junio, pp. 9-31,
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11204802
La emancipación y la dependencia de los jóvenes en
Galicia. Un acercamiento a las claves sociológicas de la
Doctora en Sociología.- Universidade da Coruña.
En los últimos años, la emancipación familiar y, en concreto, el bajo índice de la misma
entre los jóvenes, se ha venido situando como una de las preocupaciones de la sociedad
actual. En efecto, diversas instituciones están invirtiendo tiempo y dinero en analizar y
comprender una realidad que mantiene a los jóvenes en el hogar paterno hasta una edad
tardía con respecto a generaciones anteriores, permaneciendo en una situación de dependencia. Teniendo en cuenta que cuando se habla de dependencia en el entorno familiar,
lo más frecuente es pensar en la figura de la persona dependiente física, psíquica o intelectual. Pero para la juventud no emancipada también hay otros tipos de dependencia,
como puede ser la económica, la residencial o la de la falta de un trabajo estable.
2. Definición de juventud y emancipación
Para abordar dicha problemática primero es necesario aclarar los conceptos de juventud
y de emancipación. En concreto, el concepto de juventud se puede abordar desde diferentes perspectivas entre las cuales destacamos, en primer lugar, la denominada como
perspectiva empírica que define a la juventud de manera descriptiva como un grupo
social diferenciado de los adultos -y en última instancia de la sociedad-, con una ideo-
logía y un estilo de vida propios. Esta orientación se encuentra en los planteamientos de
autores como Ortega y Gasset o Talcott Parsons. Para el primero, las nuevas generaciones son el motor de la historia como portadoras de nuevos valores y promesas de futuro.
Por su parte, Parsons plantea la existencia de una “cultura juvenil” con sus propias
normas y valores y promotora de la integración y la reproducción del sistema social.
En segundo lugar, otras perspectivas promueven descripciones del concepto de juventud
centrándose en la idea de la construcción social del mismo. En este sentido, Bourdieu
concibe a los jóvenes como una unidad social con unos intereses comunes que son atribuidos a una determinada edad definida biológicamente, todo ello sobre la base de que
la edad es un dato socialmente manipulable. En efecto, mientras la edad es, sin duda, un
aspecto biológico de las personas, “la categorización de los ciclos de edad, o periodos
vitales, es un producto de las sociedades en las que vivimos. La delimitación de las fases
de la vida, las funciones que les atribuimos y los ritos de paso que las delimitan dependen del momento histórico y del lugar donde se produzcan” (Jiménez, 2008: 17)59.
Por último, una tercera perspectiva contempla la juventud como una etapa transicional
hacia la edad adulta, siendo ésta la más adecuada para nuestro análisis. El hecho es que
la juventud se está alargando “respaldada por el hecho de que actualmente los jóvenes
no estabilizan sus vidas, no pasan o lo hacen tardíamente por los ritos de paso necesarios para entrar en la edad adulta” (Jiménez, 2008: 21).
Por otra parte, ¿qué se entiende por emancipación? En términos generales, la emancipación se podría definir como la consolidación, creación o establecimiento de una nueva
unidad residencial considerándose como uno de los momentos indicativos del paso a la
adultez. Si en otros tiempos el proceso de emancipación juvenil se instituía en la transición de la escuela al trabajo, en la actualidad el principal indicador de dicho proceso es la
transición residencial del hogar paterno al hogar propio dada, variabilidad en el momento de terminar los estudios así como la inestabilidad e incorporación tardía al mercado
laboral que en épocas anteriores constituían indicadores estables de dicho proceso.
Según Garrido y Requena (1996) la emancipación supone la liberación de las ataduras
de la familia de origen que son fruto de la dependencia primero fisiológica y, más tarde,
59 En efecto, en las sociedades preindustriales no existía la juventud como grupo social ya que el
paso de la infancia a la madurez era instantáneo. A mediados del siglo XX el periodo de juventud
era más corto y en la actualidad la juventud como ciclo vital se alarga en el tiempo y se caracteriza
por trayectorias vitales más inciertas, variables e inestables.
jerárquica, relacional y económica de los adultos. Sin embargo y más hoy en día, la
variación del lugar de residencia -del hogar paterno al hogar propio- no necesariamente ha de implicar, como veremos, la disolución de las dependencias existentes con la
En el conjunto de España los tiempos, trayectorias y condiciones de la emancipación
están cambiando. Y la importancia de analizar en qué consiste esa serie de cambios
reside en la influencia que pueden ejercer en la sociedad del futuro. Si bien a lo largo de
los años noventa el índice de jóvenes emancipados se situaba por debajo del 17% -y en
descenso-, con la entrada en el nuevo siglo, y concretamente desde el año 1999, la tasa
de emancipación invierte su tendencia y comienza a aumentar hasta situarse en el año
2007 en casi un 30% (según datos de la Encuesta de Población Activa).
Y es que a pesar de las condiciones estructurales por la que atraviesa la sociedad poco
propicias para animar a los jóvenes a emanciparse, lo cierto es que los datos demuestran que la tasa de emancipación ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, dos
hechos importantes se esconden tras ese aumento: a) los hogares jóvenes formados por
población inmigrante que, sin duda, han influido en tan importante aumento de la tasa
de emancipación; y b) las condiciones nada favorables e inadecuadas en las que muchos jóvenes toman la decisión de emanciparse, dando lugar al surgimiento de un nuevo modelo denominado por Alonso y Pemán (2008) como “emancipación precaria”60.
4. Peculiaridades de la emancipación en Galicia
En el informe elaborado por el Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI) del Consejo de la Juventud de España en el año 2006, las Comunidades de Asturias, Galicia y
Cantabria eran las que presentaban una menor tasa de emancipación (frente a Baleares,
Cataluña y La Rioja que presentan mayores cotas de emancipación de los jóvenes).
Posteriormente, en el OBJOVI de 2009, Galicia continua ocupando el tercer lugar (con
un 40% de población joven emancipada), seguida de Asturias (con un 38%) y Cantabria
(36%) -en este caso, frente a Baleares (58%), Comunidad Valenciana (53%) y La Rioja
(52%)- como aquellas en las que existe una mayor tasa de emancipación.
El caso es que si bien la emancipación juvenil de Galicia parece ser una de las más bajas
de España (dos tercios de los jóvenes gallegos de 18 a 34 años todavía viven en casa
de sus padres), los datos relativos a la Renta Básica de Emancipación (RBM) de los
60 Susceptible de acabar convirtiéndose en una “hipoteca generacional”.
últimos años -que sitúan a Galicia en cuarto lugar por detrás de Cataluña, Andalucía y
Madrid en número de solicitudes presentadas-, reflejan la existencia de una intención
real de los jóvenes gallegos por independizarse.
¿Cuál es el problema entonces? Circunstancias tales como los menores salarios y el
endurecimiento de las condiciones de acceso a una vivienda que han tenido lugar en
los últimos años son sólo, como veremos a continuación, algunas de las causas de ese
retraso forzoso de la emancipación. Y en general, las principales causas de este fenómeno son similares a las de las demás comunidades autónomas que presentan bajas
tasas de emancipación.
5. Factores estructurales en el retraso de la emancipación
Hay autores que plantean el proceso de emancipación desde una perspectiva eminentemente economicista en la que los ciclos económicos, el precio de la vivienda, el
mercado laboral o la prolongación del periodo de formación se consideran las variables
independientes que condicionan en última instancia el proceso de emancipación. En
efecto, existe una serie de factores socioeconómicos que inciden de manera directa en
el actual retraso en la emancipación de los jóvenes gallegos.
En primer lugar, las dificultades económicas (fundamentalmente, la inestabilidad laboral y el paro). Para poder alcanzar la emancipación residencial, esto es, el traslado
desde el hogar paterno a la vivienda propia, primero es necesario haber alcanzado la
emancipación económica, es decir, a) la adquisición de autonomía en el consumo; b)
la capacidad de gestión y de decisión sobre los gastos; y c) la subsistencia a través de
Es obvio que la situación en la que se encuentra el mercado laboral no facilita la emancipación de los jóvenes; paro, inestabilidad laboral, salarios bajos, contratación precaria…61 Y siendo el empleo la fuente primordial de obtención de ingresos propios que
permiten la independencia económica respecto a la familia de origen, podemos decir
que el mercado de trabajo se plantea como uno de los condicionantes estructurales de
61 Una idea interesante en este sentido es la que proponen Salvador y Serracant (2003) de que debido
a dicha situación del mercado laboral, los jóvenes de hoy en día se encuentran en una situación
de privación social con respecto a las generaciones anteriores; es decir, que no pueden reproducir las pautas y posiciones sociales de sus padres. Se encuentran inmersos en lo que los autores
denominan como una “desclasificación generacional” que afecta a otros ámbitos como el de la
estabilidad, las relaciones familiares o el ocio.
la emancipación de los jóvenes dando lugar a una sociedad en la que, según Castel, “los
viejos tienen el futuro más asegurado que los jóvenes” (1997: 448).
En segundo lugar, la prolongación de la etapa de formación derivada de los estudios
universitarios. En las últimas décadas se ha producido una enorme expansión del sistema educativo que ha dado lugar a dos fenómenos: a) la universalización del acceso a
la formación; y b) el aumento del nivel educativo del conjunto de la sociedad. En este
sentido, la educación ha adquirido una gran importancia al considerarse como una plataforma para alcanzar el bienestar y la promoción laboral, así como un bien en sí mismo
que proporciona los recursos necesarios para el desarrollo personal y social.
Pues bien, fenómenos como la salida del sistema educativo y la consiguiente entrada
en el mercado laboral, generalmente unidos al momento de la emancipación juvenil,
suponen hoy en día uno de sus mayores escollos. Y es que la prolongación de los años
de estudio junto con las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado laboral -así
como su entrada en el mismo en condiciones de inestabilidad y precarización- repercuten negativamente en el alcance de la independencia económica necesaria para llegar
Y en tercer lugar, la dificultad de acceso a la vivienda. Hablamos en este caso de lo que
se podría definir propiamente como el proceso de emancipación residencial el cual implica dejar de convivir bajo el mismo techo en el hogar paterno para iniciar la construcción de un nuevo hogar. Pues bien, este salto se está viendo dificultado por situaciones
estructurales tales como las características del mercado de la vivienda. Y es que nuevamente nos hallamos ante un condicionamiento estructural ya que mientras el mercado
laboral tiende a la inestabilidad y a la flexibilización, el mercado de la vivienda, por su
parte, es cada vez más rígido y sujeto a las condiciones de las entidades concesionarias
de créditos y de préstamos hipotecarios.
En concreto, tres problemas específicos acucian al mercado de la vivienda en España; a
saber, los precios elevados en un sistema de propiedad, la escasez de viviendas disponibles en el mercado de alquiler y las deficiencias en la provisión de vivienda pública.
Todo ello hace que incluso jóvenes integrados en el mercado laboral no puedan tampoco acceder a una vivienda debido al elevado coste de los alquileres y la dificultad
de acceder a un préstamo hipotecario. En efecto, los alquileres son muy elevados en
relación a los sueldos, de manera que los jóvenes de Galicia tendrían que emplear el
71,9% de su salario neto para pagar el importe de una hipoteca media (según el último
informe del Consejo de la Juventud de España).
Este hecho parece incidir en el surgimiento de una tendencia –ya ampliamente extendida en otros países de Europa- de compartir el alquiler con compañeros de piso o
pareja para poder hacer frente al pago de la vivienda (un 8% en 2006 frente al 69% de
los jóvenes hasta 29 años que aún viven en casa de sus padres y el 25% que vive en su
propia casa, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas) o incluso recurrir
al alquiler de habitaciones, muy extendido en el Reino Unido, por ejemplo.
6. Factores sociológicos en el retraso de la emancipación
A pesar del peso y la trascendencia de estos factores de naturaleza estructural creemos
que tales condicionamientos no explican por sí solos la baja emancipación juvenil de
nuestros días. Existen, a nuestro juicio, diversos fenómenos sociológicos implícitos en
el pronunciado retraso de la emancipación de los jóvenes de hoy en día.
En primer lugar y centrándonos sobre todo en las generaciones más jóvenes, existe un
cambio en la concepción de las relaciones de pareja; menor tendencia al compromiso,
expectativas de hijos lejanas, etc. que resta premura al deseo de independencia e intimidad que aporta la construcción de un nuevo hogar propio.
En segundo lugar, y desde nuestro punto de vista uno de los factores más determinantes
de la emancipación voluntaria tardía62, es el cambio de estatus del joven dentro del
ámbito familiar producido en las últimas décadas.
Los factores que hace unas décadas empujaban a los jóvenes a buscar su emancipación
se basaban en la falta de libertad en el ámbito familiar, la imposición de tareas y obligaciones, mayor autoridad paterna y valores centrados el esfuerzo y la independencia.
Por el contrario, el estatus del joven en el ámbito familiar de hoy en día es radicalmente
opuesto; es decir, existe una mayor -en algunos casos, total- libertad de movimientos
(en cuanto a tema de horarios, por ejemplo), menores responsabilidades y obligaciones,
sustento económico, y en definitiva, una mayor comodidad que hace que los jóvenes
“se encuentren a gusto en casa”.
Detrás de este hecho, a nuestro juicio, se encuentra el cambio social producido entre
las generaciones de jóvenes de finales de los años sesenta -los cuales abandonaban
62 Distinguimos entre emancipación tardía voluntaria como aquella protagonizada por jóvenes que,
aunque podrían hacerlo, no desean marcharse del hogar paterno, y emancipación tardía forzosa
como la que padecen los jóvenes que, aunque queriendo, las condiciones económicas y/o laborales no les permiten independizarse.
el hogar paterno en cuanto tenían la oportunidad-, y los jóvenes de hoy en día que, aún
teniendo oportunidad, no tienen intención alguna de marcharse de casa63. Obviamente,
los condicionamientos económicos hacen que ese modelo de independización deje de
ser viable en la actualidad, sin embargo, existe un sector de la juventud gallega que,
incluso teniendo empleo y posibilidades de emancipación, no tienen intención de marcharse del hogar paterno.
7. El regreso de jóvenes al hogar paterno
En definitiva, podemos hablar de la existencia de diferentes perfiles de jóvenes no
emancipados: a) aquellos cuyos condicionamientos económicos no les permiten emanciparse; b) jóvenes que, aunque puedan permitírselo económicamente, no desean marcharse del hogar paterno; un tercer perfil cada vez más en aumento debido a la situación
de crisis económica, que es c) el de los jóvenes -y ya no tan jóvenes- que debido a
las circunstancias de precariedad bajo las cuales comienzan su etapa como individuos
independientes; inestabilidad laboral, paro o bajos sueldos, así como el paso por una situación de divorcio o ruptura sentimental, se ven obligados a regresar al hogar paterno.
Y d) un cuarto perfil, nada despreciable, conformado por aquellos jóvenes que aunque
independizados, necesitan la ayuda económica paterna para poder subsistir (lo que se
denominaría como emancipado semidependiente).
En definitiva, pese a los empeños de las grandes marcas de cosméticos, la edad biológica no se puede retrasar, pero lo que parece que sí podemos y con el tiempo convendrá
quizá retrasar, son los elementos socioculturales que definen etapas vitales como la
juventud o la adultez.
• Alonso Población, E. y Pemán Mariño, D. (2008): Juventud urbana en Asturias.
Emancipación, trabajo y redes familiares, Consejo de la Juventud del Principado
de Asturias, Oviedo.
• Boletín del Observatorio Joven de Vivienda (2006), Madrid, Consejo de la Juventud
• Boletín del Observatorio Joven de Vivienda (2009), Madrid, Consejo de la Juventud
63 Este perfil de joven nos llevaría a hablar de la generación ni-ni (jóvenes que ni estudian, ni trabajan) tan en boga últimamente en los medios de comunicación (artículos de prensa, debates,
realitys, etc.) los cuales merecerían un análisis aparte.
• Castel, R. (1997): La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado, Buenos Aires, Paidós.
• Garrido, L. y Requena, M. (1996): La emancipacón de los jóvenes en España, Madrid, Injuve.
• Jiménez Roger, B. (et. al.) (2008): La emancipación precaria. Transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI, Opiniones y Actitudes nº
61, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.
• Salvador, A. y Serracant, P. (2003): For ever Young. ¿Vulnerabilidad social juvenil
o vulnerabilidad social generacional? Ponencia del IV Congreso Catalán de Sociología, Grupo de trabajo Edad y generaciones, 6 y 7 de abril.
Psicosociología en el ambiente laboral. Otro enfoque en
Mª Isabel Zamora Francisco
Ingeniero de Minas. Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad
en el Trabajo e Higiene Industrial.
Con la Ley de Prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se
estableció un concepto, que sin ser nuevo, si se normalizó y caracterizó, como es la
adaptación física y psicológica del puesto de trabajo al trabajador.
En este sentido, el Reglamento de los Servicios de prevención, RD 39/1997, de 7 de
enero, definió cuatro especialidades para el desarrollo de la acción preventiva por parte
de la empresa, tres de ellas de ámbito “clásico”: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y Medicina en el trabajo. Asimismo, estableció una nueva especialidad denominada Ergonomía y Psicosociología aplicada.
Estas especialidades no tienen un ámbito particular y restringido para cada una de ellas,
sino que se encuentran interrelacionadas, reflejándose esta situación desde la propia estructura formativa de los técnicos de nivel superior en prevención de riesgos laborales.
Los contenidos que desarrolla la Ergonomía y Psicosociología aplicada en el ámbito laboral aparecen ligados al análisis de las cargas psicológicas y mentales (estrés, carga mental,
insatisfacción laboral entre otras), de las físicas y ambientales del puesto de trabajo, tales
como el ruido, la iluminación, temperatura o contaminantes, y su relación con los factores
psicosociales (sobrecargas de trabajo, responsabilidades, ambigüedad del rol, turnos de
trabajo, expectativas profesionales, etc.) dentro de la organización empresarial.
En particular, la ergonomía trata de adaptar las condiciones del puesto de trabajo al
trabajador, y la psicosociología aplicada al ámbito laboral abarca el conocimiento social del ambiente de trabajo, llevando a cabo la determinación de la carga mental del
trabajador en su puesto de trabajo.
Lo que hoy se entiende por condiciones de trabajo, no sólo se refiere a situaciones físicas y materiales donde las personas desarrollan su trabajo, sino también al conjunto
de relaciones, cargas y presiones físicas, psicológicas y sociales que , dentro de una
organización, determinan el desempeño profesional.
Los factores psicosociales tienen una definición y clasificación diferente en función del
organismo que lo define o clasifica. Sin embargo, son muy similares en contenido.
Los organismos de ámbito internacional más relevante que estudian estos condicionantes laborales son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Administración para Seguridad y Salud en el Trabajo
(OSHA) y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Americano (NIOSH).
Las empresas deben tener en cuenta que los resultados de un bajo conocimiento de
las consecuencias de los problemas psicosociales en el ámbito laboral (estrés, carga
mental, insatisfacción laboral,…) influyen negativamente en el rendimiento laboral
y, tanto de manera indirecta como directa, constituyen una causa generadora de accidentes laborales. Por ello, es importante prevenir los efectos de los factores psicosociales negativos en el trabajo, así como llevar a cabo un correcto análisis psicosocial
con el fin de identificar las causas del llamado “absentismo psicológico” en las organizaciones empresariales.
La inclusión de esta comunicación en unas jornadas referidas a la familia, los servicios
sociales y la protección de la dependencia, cobra pleno sentido debido al hecho incuestionable de que la siniestralidad laboral, en sus diferentes formas, frecuentemente
origina distintos grados de dependencia, situaciones que han de ser asumidas desde
la familia o desde los servicios sociales. Por consiguiente, es fundamental el conocimiento de esos riesgos y las fórmulas preventivas así como la concienciación desde
la psicosociología en el ambiente laboral que supondrán una protección frente a estas
contingencias y la evitación de situaciones con repercusiones, frecuentemente graves,
en las personas, las familias y la sociedad.
La importancia de estos conocimientos no se está contemplando solamente desde una
perspectiva legal, sino también desde la dimensión educativa como se puso de manifiesto en el borrador del nuevo Decreto de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad, de promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universitaria y de regulación de la formación superior en Prevención de Riesgos Laborales, con
inclusión en los planes de estudio de materia y legislación de Riesgos Laborales para
impartir en las Universidades y reflejando la valoración como requisito en el ámbito de
las acreditaciones la integración transversal de la Prevención de Riesgos Laborales en
2. Sistemática de desarrollo y aplicación práctica
En el ámbito legislativo, la normativa por la que se ha venido rigiendo esta acción preventiva es la siguiente:
○○ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
○○ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. Especialidades en Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito de actuación.
○○ Áreas clásicas:
○○ Área nueva
• Ergonomía y Psicología aplicada
○○ Ergonomía es la adaptación de las condiciones del puesto de trabajo al trabajador.
• Psicología aplicada. Supone el conocimiento social del ambiente laboral y
la Determinación de la carga mental del trabajador en su puesto de trabajo.
4. Factores que intervienen en la adaptación del puesto de trabajo:
○○ Factores físicos.
○○ Factores psicosociales
○○ Factores organizacionales
○○ Factores funcionales.
5. Factores psicosociales en ergonomía:
Son las exigencias ambientales (no físicas) derivadas de las interacciones sociales en
el medio de trabajo. Por ejemplo: expectativas laborales, motivaciones profesionales,
Trabajar bien pasa por trabajar agusto, tanto en el sentido físico como en el psicológico.
6. Actuaciones para mejorar los factores psicosociales del trabajo:
1. Definir cuales son los factores psicosociales que afectan al entorno laboral.
2. Establecer qué relación tienen con la salud de las personas y con la salud de
3. Conocer cuáles son las principales limitaciones para controlarlas y mejorarlas.
7. Tipos de factores psicosociales (Según la OIT)
1. Factores Físicos y Ambientales.
2. Factores Psicológicos o Individuales.
3. Factores Sociológicos u Organizacionales del medio.
Psicológicos o Individuales
• Sobrecargas de trabajo
• Ambigüedad y conflicto
• Salario e incentivos.
Sociológicos u Organizacionales
• Clima y estructura de la
• Modos de la dirección
• Cohesión y apoyo grupal
• Contenido de las tareas
• Disponibilidad, desplazamientos, etc.
8. Factores psicosociales del trabajo trabajo (Según la OMS)
○○ Condiciones de trabajo:
• Horario de trabajo, estilo de dirección, salario, posibilidades de promoción,
grupo de trabajo, tamaño de la empresa.
○○ Condiciones de la tarea:
• Automatización, monotonía, responsabilidad, desarrollo de actitudes.
9. Efectos de los factores psicosociológicos
○○ La carga mental de trabajo
○○ El estrés laboral
○○ La satisfacción laboral
Relación entre los factores psicosociales con la salud de las personas y con la salud de
○○ Carga mental: Se analiza el grado de saturación sobre las personas.
○○ La carga mental depende de la persona, estableciendo demandas y habilidades mentales en relación con las capacidades de las personas. La carga
mental mide el grado de saturación sobre el trabajador.
○○ Estrés: Se consigue definir una respuesta adaptativa compleja ante las situaciones tensas.
○○ El estrés laboral está relacionado con las características extrínsecas de las
tareas y con los aspectos organizativos del trabajo, las sobrecargas cualitativas y cuantitativas, ambigüedad y conflicto de roles o funciones, déficits de
formación y participación, responsabilidades, etc.
El cronoestrés, es el estrés derivado de la organización del tiempo, como el
trabajo por turnos, el trabajo de noche o la distribución y organización de las
10.Satisfacción e insatisfacción laboral.
• Factor directamente relacionado con el tercer componente del triángulo de fuego de
las organizaciones: con las compensaciones del trabajo.
• Compensaciones del trabajo
○○ Retribuciones materiales: salario, estatus, categoría.
○○ Retribuciones psicológicas: trato personal, estímulos profesionales, reconocimientos, participación, cohesión grupal, apoyo organizacional
• Principales consecuencias de la carga mental y el estrés laboral
○○ Absentismo físico: Accidentes, enfermedades y ausencias.
○○ Absentismo psicológico: Desimplicación, negativismo, cuestionamiento de
la credibilidad y legitimidad organizativa.
○○ Absentismo psicosomático: Ansiedad (estrés), síndrome del “qumado” (burn
out), sinestrosis.
• Principales limitaciones para controlar y/o mejorar los factores psicosociales
○○ Identificar y evaluar las situaciones
○○ Trivializaciones de los factores psicológicos y psicosociológicos del trabajo
○○ Limitaciones de una visión sistemática (psicosistemática y sociosistemática)
○○ Infravaloración de los “efectos combinados” de los factores psicosociales
○○ Dificultad de los cambios de actitud en las personas y en la organización.
El análisis ergonómico y psicosocial del trabajo real, y no solo del oficial, sirve para
constatar y cuestionar algunos “mitos” del trabajo.
Sirve para identificar las causas del absentismo psicológico o preabsentismo en las
En esta exposición, hemos tratado de presentar factores y circunstancias metodológicas
y de tipo psicosocial en el ambiente laboral, en el cual entendemos que están llamados
a desempeñar sus funciones profesionales tanto sociólogos como educadores sociales,
desde diferentes especialidades y cualificaciones vinculadas a los servicios sociales y a
los departamentos de Recursos Humanos en toda su amplitud.

References: artículo 223
 artículo 223
 artículo 271
 resolución 
 artículo 11
 artículo 10
 resolución 
 Real Decreto