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Timestamp: 2017-07-21 04:40:01+00:00

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Índice sistemático Sinopsis artículo 112
En un sistema de Gobierno parlamentario las relaciones entre el Ejecutivo y las asambleas representativas están presididas por una relación de confianza, que supone que el primero sólo puede mantenerse en el poder en la medida que cuente con el respaldo mayoritario de las segundas. Consiguientemente, el Gobierno cesa cuando se rompe esta relación de confianza. La caída gubernamental puede deberse a causas diversas, pero todas ellas con el común denominador de implicar la falta de apoyo mayoritario en las Cámaras. Tal es el caso, en primer lugar, de las mociones de censura y de las cuestiones de confianza, como medios directos de verificación de esta confianza. Pero, también puede ocurrir a través de medios indirectos, que tácitamente implican la desaparición de esta relación de afinidad política, como la aprobación de una moción ordinaria descalificando al Gobierno en algún aspecto importante, o la desaprobación de alguna ley o de algún crédito considerado esencial para su política. Sin embargo, en los sistemas de parlamentarismo racionalizado, como el español, la exigencia de responsabilidad política tiene cauces específicos. En particular, existen dos: la moción de censura y la cuestión de confianza. Ambas están dotadas de los mismos efectos: la destitución del Gobierno. La aprobación de la primera y la desaprobación de la segunda determinan por imperativo constitucional (artículo 114) la caída del Ejecutivo. La cuestión de confianza es un instrumento para la exigencia directa de responsabilidad política que se debe a la iniciativa del propio Gobierno. De hecho, es su distinto origen lo que la diferencia esencialmente de la moción de censura: ésta es una iniciativa parlamentaria y aquélla lo es gubernamental.
Esta iniciativa suponía que el Gobierno hacía de la aprobación de un texto legal una cuestión de confianza, de tal modo que o se aprobaba éste en los términos presentados o se abría una crisis gubernamental y la posible convocatoria anticipada de elecciones. De este modo, la cuestión de confianza, aunque formalmente un procedimiento de responsabilidad gubernamental, acaba convirtiéndose en un instrumento de refuerzo del Gobierno frente al Parlamento. La cuestión de confianza permite al Gobierno bloquear cualquier retraso o enmienda en la aprobación de una ley. La perspectiva de desencadenar una crisis política en caso de denegar la confianza solicitada, con el consiguiente riesgo de provocar una disolución anticipada de las asambleas y unas nuevas elecciones, de resultado no siempre seguro, impulsa a muchos parlamentarios a someterse con mayor o menor agrado a la demanda gubernamental.
La cuestión de confianza se mantiene y llega hasta nuestros días, en determinados países incluso asociada a la aprobación de un texto legislativo. Así, la vigente Constitución francesa de 1958 la regula expresamente con este alcance. En Italia, donde la Constitución calla al respecto, la praxis ha sido claramente tolerante con esta modalidad de responsabilidad política y hubo que esperar al Reglamento de la Cámara de Diputados de 1971 para llegar a un mínimo de reconocimiento formal (el Reglamento del Senado del mismo año seguiría guardando silencio). Esta figura se entendía muy bien en el parlamentarismo que podríamos bautizar como clásico. Se corresponde con sistemas de mayorías más bien débiles, con grupos parlamentarios relativamente indisciplinados e integrados. Pues la cuestión de confianza no afronta el peligro de las críticas o iniciativas de la oposición, por definición minoritaria, sino el de la debilidad de la mayoría. Cuando en las filas de ésta aparecen fisuras o vacilaciones, la cuestión de confianza actúa como un elemento reintegrador, que fuerza a la misma a mantenerse como tal, prolongando su apoyo al Gobierno. Por lo mismo, este procedimiento ocupa un lugar menos destacado en los actuales sistemas parlamentarios, de fuerte disciplina de partido, donde la cohesión de la mayoría impide que surja el supuesto de hecho que lo justifica. La seguridad con que cuenta el Gobierno de que sus propuestas y medidas serán respaldadas en términos generales por la mayoría disminuye en medida apreciable, la necesidad de recurrir a este expediente. Este es el caso de España, como luego se comenta. Pero también de Alemania. El artículo 68 de la Ley Fundamental sólo se ha aplicado tres veces, y dos de ellas para un fin absolutamente atípico, distinto de la exigencia de responsabilidad política: posibilitar la disolución anticipada de la Asamblea federal (Bundestag), de otro modo inviable en dicho país. La mayoría que apoya al canciller vota conscientemente en contra de su cuestión de confianza, para permitir la aplicación de la disolución prevista en el artículo 68.1. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal, de 16 de febrero de 1983, dio por buena esta práctica saldando así la polémica que suscitó.
La cuestión de confianza se somete y resuelve por el Congreso, sin participación del Senado, lo que resulta coherente con los artículos 99 y 108. Los supuestos que habilitan para presentar esta iniciativa son dos: sobre el programa y sobre una declaración de política general. Conscientemente, se deja al margen la posibilidad de su planteamiento en relación con un proyecto legislativo, de tal modo que su aprobación implique, como en el pasado, la de este último. No sólo no se menciona sino que un voto particular presentado con este fin no fue considerado, lo que revela el deseo del constituyente contrario a esta posibilidad. La cuestión sobre su programa parece referirse a la rectificación del programa inicial, cuya aprobación ya fue conferida al amparo del artículo 99.3 o, en su caso, del artículo 113. Más imprecisa es la referencia a una declaración de política general. Pero debe entenderse como expresiva de aquellas adiciones o declaraciones que, sin afectar al programa originario, tienen una importancia política considerable. En este sentido, puede imaginarse el acaecimiento de un suceso inesperado (catástrofe natural, ataque bélico, rebelión interna, repentina crisis económica) que exige una toma de postura del Gobierno cara a la opinión pública. La trascendencia de uno de estos supuestos -rectificación del programa inicial y declaración sobre una situación inesperada y grave- explica que el Gobierno pueda sentirse forzado a presentar una cuestión de confianza. En cualquier caso, este deber será político o moral pero nunca jurídico. Desde la perspectiva legal, el Presidente del Gobierno estará actuando discrecionalmente al obrar así.
Otra característica de la cuestión de confianza en la Constitución es la exigencia de mayoría simple para que pueda entenderse otorgada. Este requisito es congruente con el elemento decisivo del proceso de investidura, a saber, la mayoría simple en la segunda votación, pues la mayoría absoluta en primera votación es una exigencia jurídicamente inocua: si no se obtiene, puede procederse a la segunda votación por mayoría simple, que queda a la postre como trámite decisivo. Con la fórmula del artículo 112 se ha querido facilitar la estabilidad de los Gobiernos, rebajando al mínimo posible los requisitos para entender que se sigue manteniendo la confianza parlamentaria. Es cierto que un Presidente del Gobierno que obtuvo la investidura por mayoría absoluta y después confirma la confianza por mayoría simple demostrará haber perdido parte de sus apoyos originarios, lo que puede implicar un coste político cara al electorado. Sin embargo, no hay nada reprobable en ello, ni legal ni políticamente. Es más, debe asumirse como normal que el ejercicio del poder implique algún desgaste. Si en la cuestión de confianza se alcanza la mayoría simple, se habrá logrado lo que realmente importa: testimoniar que el Presidente conserva la confianza de la representación popular. El artículo 174 del Reglamento del Congreso de los Diputados desarrolla las previsiones constitucionales sobre la cuestión de confianza. Su apartado 1 exige que la cuestión de confianza se presente en escrito motivado, resultando presumible que dicho escrito pueda contener bien el texto íntegro del programa o declaración gubernamental, bien, únicamente, una síntesis del mismo, de tal modo que el grueso del programa o declaración se exponga durante el debate parlamentario. Este escrito debe aparecer acompañado de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros, lo que sin duda se refiere al cumplimiento del trámite deliberativo de este órgano. El escrito debe ser calificado por la Mesa de la Cámara, lo que supone la verificación del cumplimiento de los requisitos formales. El Presidente del Congreso debe proceder entonces a convocar una sesión, pero sin que se fije plazo al efecto (apartado 2).
El artículo 21.4 de la Ley 50/1997, del Gobierno, excluye que el Presidente en funciones pueda someter la cuestión estudiada. 3. la cuestión de confianza en la práctica
Las circunstancias ya aludidas de imposibilidad de presentar esta iniciativa asociada a un texto legislativo y de fuerte disciplina de los partidos políticos han determinado un uso muy escaso y acaso también anómalo de esta figura. La falta de ventajas tangibles y la en general estabilidad en las filas de la mayoría han hecho innecesaria su aplicación. Tan sólo en dos ocasiones se ha hecho uso de la cuestión de confianza y, en ambas, por circunstancias que no parecen corresponder a la necesidad de reagrupar las fuerzas de la mayoría en un momento de crisis. La primera fue sometida por el Presidente Suárez en 1980 y se debatió los días 16, 17 y 18 de septiembre. Según una opinión muy difundida, buscaba contrarrestar ante la opinión pública el desgaste sufrido meses antes por la moción de censura promovida por la oposición socialista. La segunda fue presentada por el Presidente González el 5 de abril de 1990 para subsanar la atípica votación de investidura al comienzo de la IV legislatura, en la que no participaron todos los Diputados como consecuencia de unos recursos presentados contra los resultados electorales proclamados.

References: artículo 112
 artículo 112
 artículo 68
 artículo 68
e contrario
 artículo 99
 artículo 113
 artículo 112
 artículo 174
 artículo 21