Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2003-00464-36058-de-octubre-16-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_3920af850a75410a8fdbd65264fdacf6&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-27 03:50:54+00:00

Document:
﻿ AUTO 2003-00464/36058 DE OCTUBRE 16 DE 2015
AUTO 2003-00464 DE 16 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:REVOCATORIA DE LOS ACTOS PROPIOS. EL PRINCIPIO DEL RESPECTO POR EL ACTO PROPIO DEVIENE EN CORRELATIVO A LA CONFIANZA LEGÍTIMA QUE INSPIRA, EN CUANTO TIENE QUE VER CON EL COMPROMISO DE LA AUTORIDAD CON LAS SITUACIONES QUE LA MISMA GENERA Y QUE LE IMPONE MANTENERSE EN LO RESUELTO, SIN PERJUICIO DE ADOPTAR LOS CORRECTIVOS QUE LA SITUACIÓN EXIGE, DE AHÍ LA PREMISA DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, QUE ADVIERTE SOBRE LA CARGA DE RESPONDER AL ADMINISTRADO POR LAS SITUACIONES QUE LAS MISMAS AUTORIDADES GENERAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRESUNCIÓN DE LA BUENA FE, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
Auto 2003-00464/36058 de octubre 16 de 2015
Rad.: 20001-23-31-000-2003-00464-01 (36058)
Actor: Loreto Carreño y otros
Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil quince.
Encontrándose el asunto de la referencia para resolver el grado jurisdiccional de consulta de la Sentencia de 28 de febrero de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el despacho advierte que se configura una causal insaneable de nulidad, la cual se declarará de oficio.
i) El 13 de febrero de 2003, los señores Loreto Carreño, Silvina Rojas Yaruro; Alvenio, Ciro, Orlando, Jereel, Vianes y Nelver Carreño Rojas; Pablo Carreño Rojas en su nombre y en representación del menor Pablo Andrés Carreño Vega; Jacqueline Arenas Rodríguez en su nombre y en representación de los menores Darly Johanna, Jonathan y Juan Pablo Carreño Arenas y Jader Carreño Arenas, a través de apoderado, presentaron demanda de reparación directa contra el departamento del Cesar para que se le declare “responsable administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales y por daños a la vida de relación ocasionados a [los demandantes] con motivo de las graves lesiones corporales en accidente de tránsito de que fue víctima el señor Pablo Carreño Rojas (...) en hechos sucedidos el día 29 de julio de 2002 en el municipio de Valledupar (Cesar), protagonizados por el señor Darío Hernández Martínez, en su condición de conductor (empleado público) del Departamento del Cesar, quien atropelló con un vehículo oficial que conducía en actos propios del servicio (...) ocasionándole una merma en su capacidad laboral del 80% y la pérdida total de goce fisiológico o daños a la vida en relación, en una evidente, presunta y probada falla en el servicio”.
ii) Una vez cumplida la etapa procesal de primera instancia, el 28 de febrero de 2008, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió:
“1. —Declarar que el Departamento del Cesar es administrativamente responsable por los daños causados al señor Pablo Carreño Rojas, en hechos ocurridos el 29 de julio de 2002, dentro del marco de las circunstancias que se dejaron relatadas en los considerandos de este fallo.
2. —Como consecuencia de la declaración anterior, se condena al Departamento del Cesar a pagar a Pablo Carreño Rojas por concepto de perjuicios materiales la suma de Doscientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Ocho Mil Novecientos Diez Pesos M.cte. ($251.908.910).
3. —Como consecuencia de la declaración anterior, se condena al Departamento del Cesar a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:
A Pablo Carreño Rojas (60) salarios mínimos legales mensuales, la misma suma para su esposa Jacqueline Arenas Rodríguez y la suma de Treinta (30) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los hijos Jader, Darly Johana, Jonathan y Juan Pablo Carreño Arenas al igual que para el menor Paul (sic) Andrés Carreño Vega.
Para sus padres Loreto Carreño y Silvina Rojas se reconoce por perjuicios morales la suma de Treinta (30) salarios mínimos legales mensuales para cada uno y sus hermanos Jereel, Nelver, Ciro, Vianes, Orlando y Alvenio Rojas Carreño, la suma de Diez (10) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.
4. —Como consecuencia de la declaración anterior, se condena al Departamento del Cesar a pagar por concepto “Daño a la Vida de Relación” las siguientes sumas:
Para Pablo Carreño Rojas y para su esposa Jacqueline Arenas Rodríguez perjuicios por los “daños a la vida de relación”, en cuantía de Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.
5. —Niéganse las demás sumas súplicas de la demanda.
6. —Sin costas.
7. —A esta Sentencia se le dará cumplimiento de acuerdo con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
8. —En firme esta providencia archívese el expediente”.
iii) La anterior decisión fue notificada mediante edicto fijado en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar, según constancia visible a folio 352 del Cuaderno principal, tal como se transcribe a continuación:
“Expediente 2003-0464.
Clase de Negocio: Acción de Reparación Directa
Magistrada Ponente: Dra. Liliana Orozco Daza
Fecha de Sentencia: veintiocho de febrero de 2008.
Se Deja Constancia que para Notificar a las Partes y Demás Interesados del Fallo Anterior, Se Fija El Presente Edicto, en lugar público de la Secretaría de esta Corporación por el término legal de tres (3) días hoy, Cinco de Marzo de 2008, a las ocho (8) de la mañana.
Tulia A. Daza Lemus
Se deja constancia que el presente Edicto permaneció fijado en lugar público de la Secretaría de esta Corporación por el término legal de tres (3) días hoy, Siete de Marzo de 2008, a las seis (6:00) de la tarde.
“Tulia A. Daza Lemus”
Contra la anterior decisión las partes no interpusieron recurso alguno.
iv) En el folio 353 del cuaderno principal, obra constancia del archivo proceso de la que se lee:
“Tribunal Administrativo del Cesar, Secretaría. Valledupar, Catorce de Marzo de 2008.
En cumplimiento de lo ordenado en auto que antecede, se procede al Archivo de las presentes diligencias.
v) El 2 de abril de 2008, el apoderado de la parte actora, mediante memorial visible a folio 354 del cuaderno principal, elevó al tribunal a quo solicitud para la expedición de copias: “(...) se sirva expedir a mis costas (sic) fotocopia debidamente autenticada de la sentencia que acaba de ser proferida por el despacho de la H. Magistrada Dra. Liliana Orozco Daza, con su respectiva constancia de notificación y ejecutoria, indicando que es la primera copia que de ella se expide y que por tal motivo, presta merito ejecutivo (Art. 115 del C.P.C.)”.
Conforme a la anterior solicitud, el Tribunal Administrativo del Cesar, el 8 de abril de 2008, ordenó la expedición de las copias auténticas solicitadas, así como de los poderes conferidos por los demandantes con su respectiva certificación de vigencia, a costa de la parte actora. La certificación fue expedida por la Secretaría del Tribunal el día 16 del mismo mes y año y retirada por el apoderado de la parte actora ese mismo día, tal como consta en el folio 356 del cuaderno principal.
vi) El 25 de junio de 2008, el departamento del Cesar, a través del Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, mediante memorial solicitó la remisión del proceso de la referencia a esta Corporación con el fin de que “se surta el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que la condena impuesta en este evento reúne los requisitos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo”.
Atendiendo a la solicitud de la entidad demandando, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto de 31 de julio de 2008, resolvió:
“1. Declárase la ilegalidad del numeral Octavo de la Sentencia de febrero 28 de 2008, proferida dentro del proceso de la referencia. El numeral Octavo quedará así: Consúltese la presente providencia sino fuere apelada, una vez en firme archívese el expediente.
2. Por Secretaría desarchívese el expediente y remítase al Consejo de Estado para que se surta el grado de consulta”.
Laanterior providencia fue notificada por edicto fijado en la Secretaría del Tribunal el 6 de agosto y desfijado el día 11 del mismo mes y año.
vii) El 8 de agosto de 2008, la parte actora, a través de apoderado, presentó escrito de impugnación contra la Sentencia dictada el 28 de febrero del mismo año, que el Tribunal Administrativo del Cesar, el 21 de agosto de 2008, rechazó por extemporáneo y dispuso la remisión del expediente a esta Corporación para efectos de tramitar el grado jurisdiccional de consulta. No obstante el rechazo de la alzada, el apoderado de la parte actora presentó escrito de sustentación el día 26 de agosto de 2008.
viii) El 16 de enero de 2009, encontrándose el asunto para avocar conocimiento sobre la consulta a la Sentencia de 28 de febrero de 2008, esta Corporación resolvió:
“1. Avócase el grado jurisdiccional de consulta en relación con la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 28 de febrero de 2008.
2. Admítese el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 28, de febrero de 2008”.
ix) El 20 de febrero de 2009, se corrió traslado a las partes para alegaciones finales en cumplimiento del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo. Traslado del que hizo uso el Ministerio Público.
Corresponde a este despacho decidir sobre la nulidad procesal advertida, por revivir un proceso legalmente concluido, en cuanto se admitió un recurso rechazado por extemporáneo, mediante providencia debidamente ejecutoriada, sin perjuicio de grado de consulta.
2. Término para impugnar la sentencia de primera instancia. Legislación vigente al tiempo de la interposición del recurso.
El artículo 173 del Código Contencioso Administrativo establece que una vez dictada la sentencia, conforme lo dispone el artículo 103 ibídem, debe notificarse personalmente a las partes o por edicto, según lo previsto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil —se resalta—:
“ART. 323.—Notificación de sentencias por edicto. Las sentencias que no se hayan notificado personalmente dentro de los tres días siguientes a su fecha, se harán saber por medio de edicto que deberá contener:
Por su parte, el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por emisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, respecto de la oportunidad y requisitos para interponer el recurso de apelación contra sentencias dispuso —se resalta—:
“ART. 352.—Modificado por el art. 36, Ley 794 de 2003 Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez que dictó la providencia, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres días siguientes. Si aquélla se dicta en el curso de una audiencia o diligencia, el recurso deberá proponerse en forma verbal inmediatamente se profiera; el juez resolverá sobre su procedencia al final de la misma.
Conforme a las normas antes transcritas, el término para impugnar la sentencia de primera instancia, antes de entrada en vigencia la Ley 1395 de 2010, era de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que se fija el edicto, ante el juez que profirió la decisión, mismo que resolvía si concedía.
De igual manera, el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, en lo que tiene que ver con el procedimiento para la apelación de sentencias previó:
“ART. 212.—Modificado por el art. 51, Decreto Nacional 2304 de 1989, En el Consejo de Estado el recurso de apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento.
3. Nulidades procesales y oportunidad
Pará preservar el debido proceso, el legislador establece causales de nulidad de aplicación e interpretación restrictiva, dirigidas, en todo caso, a preservar la litis en el marco de la igualdad que le es propia, de suerte que, salvo circunstancias insalvables, el afectado tendrá siempre la posibilidad de sanear las irregularidades que así lo admitan, de donde se colige que ninguna nulidad puede proponerse cuando se ha dado lugar a ella o se actuó sin advertirla o proponerla, pudiendo hacerlo(1).
De conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el proceso es nulo en todo o en parte, en los siguientes casos —se resalta—:
9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en, el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto, se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.
Ahora, teniendo en cuenta la facultad de sanear el procedimiento, es deber del juez declarar las irregularidades que advierte y decidir en consecuencia.
4. Del principio de la confianza legítima frente a las decisiones judiciales ejecutoriadas.
La Corte Constitucional ha definido la confianza legítima como un principio constitucional del que son titulares los asociados y que obliga a las autoridades a su retroalimentación, en cuanto inspirado en el de buena fe y en el respeto por el derecho ajeno y no abuso del propio, les impide actuar precipitadamente para cambiar lo previamente decidido intempestivamente “sin que se otorgue un período razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u, omisión”(2).
Se ha detenido la Corte en virtud del artículo 83 constitucional en las expectativas serias y fundadas generadas en los administrados por las autoridades capaces de dar lugar a situaciones que exigen respeto y permiten calificar como arbitrarias las decisiones que las desconocen sin más. Señala la jurisprudencia:
“Con fundamento en ese precepto constitucional, la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que las relaciones con la comunidad han de ceñirse a este principio, lo que implica de una parte, el deber de proceder con lealtad en, las relaciones jurídicas y, de otra, el derecho a esperar que los demás procedan de la misma forma(3). Esta exigencia, se predica de todas las relaciones de derecho que asume especial relevancia en aquéllas en las que participa la administración, dado el poder del que se encuentra investida. De tal manera, este principio irradia toda la actividad del Estado y de él se derivan otros, como el respeto por el acto propio y la confianza legítima.
Por ello, la Corte Constitucional ha indicado que es deber de la administración actuar en sus relaciones jurídicas con los particulares de manera consecuente con sus conductas precedentes, de manera que los administrados no se vean sorprendidos con conductas que resulten contrarias a sus expectativas legítimamente fundadas”(4).
Por su parte la jurisprudencia constitucional atendiendo el principio de la seguridad jurídica procesal previsto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, ha puesto de presente:
“Además, es bien sabido que en aras de la seguridad procesal, la ley, en principio, no permite que los autos puedan modificarse de oficio. Lo máximo que el funcionario puede hacer, es proceder a su reforma siempre y cuando haya mediado recurso de reposición o solicitud de aclaración. Del inciso segundo del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 139, del Decreto 2282 de 1989, que sólo autoriza para aclarar de oficio autos dentro del término de su ejecutoria, no puede deducirse una facultad amplia para la reforma oficiosa de tales providencias”(5).
4.1. Revocatoria de los actos propios. Principio de la buena fe.
El principio del respecto (sic) por el acto propio deviene en correlativo a la confianza legítima que inspira, en cuanto tiene que ver con el compromiso de la autoridad con las situaciones que la misma genera y que le impone mantenerse en lo resuelto, sin perjuicio de adoptar los correctivos que la situación exige, de ahí la premisa de venire contra factum proprium, que advierte sobre la carga de responder al administrado por las situaciones que las mismas autoridades generan. Al respecto la jurisprudencia constitucional señala:
“11. La buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para convertirse en un postulado constitucional (CP art. 83). Este trascendental principio exige de los particulares y de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta (“vir bonus”).
La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales circunstancias, (...).
13. El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el “venire contra factum proprium”, según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad del Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares. La revocatoria directa irregular que se manifieste en la suspensión o modificación de un acto administrativo constitutivo de situaciones jurídicas subjetivas, puede hacer patente una contradicción con el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, si la posterior decisión de la autoridad es contradictoria, irrazonable, desproporcionada y extemporánea o está basada en razones similares. Este es el caso, cuando la administración, luego de conceder una licencia de funcionamiento a una persona para el ejercicio de una determinada actividad, luego, sin justificación objetiva y razonable, procede a suspender o revocar dicha autorización, con el quebrantamiento consecuente de la confianza legítima y la prohibición de “venir contra los propios actos”(6).
De manera que, conforme a la jurisprudencia antes transcrita, la buena fe comporta, de una parte, la confianza de que las autoridades actuaran de la misma forma que definieron y de otra la obligación de actuar conforme a los presupuestos preestablecidos y en concordancia con lo previamente resuelto, es decir sin transgredir la lealtad y la confianza que sus decisiones imprimen en las relaciones jurídicas. En otras palabras, el resultado de la conducta que sirve de fundamento a la confianza no puede alterarse al arbitrio de su propio autor, lo que, trasladado a la administración de justicia, se traduce en la firmeza de las decisiones que han alcanzado ejecutoria y en la perentoriedad de las etapas del juicio.
En el asunto de la referencia se depreca la responsabilidad del departamento del Cesar por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión de “las graves lesiones corporales en accidente de tránsito de que fue víctima el señor Pablo Carreño Rojas (...) en hechos sucedidos el día 29 de julio de 2002 en el municipio de Valledupar (Cesar), protagonizados por el señor Darío Hernández Martínez, en su condición de conductor (empleado público) del Departamento del Cesar, quien atropelló con un vehículo oficial que conducía que conducía en actos propios del servicio (...) ocasionándole una merma en su capacidad laboral del 80% y la pérdida total de goce fisiológico o daños a la vida en relación, en una evidente, presunta y probada falla en el servicio”. Pretensión que el Tribunal Administrativo del Cesar concedió el 28 de febrero 2008.
En el asunto de la referencia advierte el despacho que se configura la nulidad insaneable prevista en el artículo 140 numeral 3, por revivir un proceso legalmente concluido, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora fue presentado y rechazado por el a quo por extemporáneo, es decir que no se acompasa con lo dispuesto en los artículos 323 y-352 del Código de Procedimiento Civil y 173 y 212 del Código Contencioso Administrativo.
Lo anterior, como pasa a explicarse:
1) La decisión, objeto de apelación, fue notificada mediante edicto fijado en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar, según constancia visible a folio 352 del cuaderno principal, el 5 de marzo de 2008 y desfijado el día 8 del mismo mes y año, tal como se transcribió en el acápite de los antecedentes.
2) El 2 de abril de 2008, el señor apoderado de la parte actora, mediante memorial visible a folio 354 del cuaderno principal, solicitó al a quo, a su costa, copias auténticas de la sentencia con “su respectiva constancia de notificación y ejecutoria, indicando que es la primera copia que de ella se expide y que por tal motivo, presta merito ejecutivo (Art. 115 del C.P.C.)”. Copias que el tribunal ordenó el día 8 del mismo mes y año y que el apoderado retiró el día 16 siguiente, tal como consta en el folio 356 del cuaderno principal.
3). El 25 de junio de 2008, el departamento del Cesar, a través del Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, solicitó la remisión del proceso de la referencia a esta Corporación con el fin de que “se surta el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que la condena impuesta en este evento reúne los requisitos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo”. Petición a la que el Tribunal Administrativo del Cesar accedió mediante auto de 31 de julio de 2008, notificado por edicto fijado el 6 de agosto y desfijado el día 11 del mismo mes y año.
4) El 8 de agosto de 2008, la parte actora, a través de apoderado, remitió al tribunal escrito con el que pretendió impugnar la Sentencia dictada el 28 de febrero del mismo año, es decir cuando la decisión se encontraba debidamente ejecutoriada. Impugnación que el tribunal, el 21 de agosto de 2008, resolvió rechazar por extemporánea y remitir el expediente a esta Corporación para efectos de tramitar el grado jurisdiccional de consulta.
Huelga reclamar, finalmente, lealtad procesal, como quiera que el apoderado de la parte actora conocía de la ejecutoria de la sentencia, respecto de los intereses que representaba, al punto que canceló y retiró las copias, a su costa, con constancia de ejecutoria y mérito ejecutivo. De donde, al margen de la consulta en curso, lo cierto es que esta no le revive a Ias partes la oportunidad de impugnar y como el despacho incurrió en un error se declarará de oficio la nulidad de lo actuado; respecto de la impugnación a partir del auto que admitió el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora.
1. DECLARAR DE OFICIO la nulidad del numeral segundo del auto de 16 de enero de 2009, por el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia del 28 de febrero de 2008 proferida por, el Tribunal Administrativo del Cesar, conforme a las razones expuestas en esta providencia y en su lugar RECHAZARLO DE PLANO.
2. DECLARAR EJECUTORIDA la Sentencia proferida el 28 de febrero de 2008 por el Tribunal Administrativo del Cesar, salvo lo que tiene que ver con el grado jurisdiccional de consulta.
En firme este proveído vuelva para continuar con la actuación.
Consejera: Stella Conto Díaz del Castillo.
1. López Blanco Hernán Fabio, Instituciones del Derecho Procesal Civil Colombiano, Editorial ABC Bogotá, Tomo I, página 711.
2. T-472 de 2009.
3. C-544 de diciembre 1º de 1994 y C-496 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
4. T-895 de 2010.
5. T-177 de 1995.
6. T-475 de 1992.

References: artículo 176
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 173
 artículo 103
 artículo 323
 artículo 352
 artículo 267
 artículo 212
 artículo 140
 artículo 267
 artículo 83
 artículo 309
 artículo 309
 artículo 1
 artículo 140
 artículo 184