Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-ee-lt.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2019-10-22 19:03:32+00:00

Document:
Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Estonia
La Constitución de Estonia no contempla un derecho a un medio ambiente de una determinada calidad que puedan invocar los particulares ante los tribunales o en los procedimientos administrativos. http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000K1&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=p%F5hiseadus Sin embargo, estipula que todos los ciudadanos están obligados a preservar el medio ambiente y a compensar los daños causados a este (artículo 53). Los recursos naturales son considerados patrimonio nacional y, como tal, deben ser utilizados económicamente de conformidad con el artículo 5. La Constitución declara que todos los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos por el Estado y su legislación. De conformidad con el artículo 15, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la justicia si se han violado sus derechos y libertades. Las leyes y los diferentes actos jurídicos pueden ser impugnados como inconstitucionales, y los tribunales están obligados a revisar esas impugnaciones. El artículo 24 establece normas más detalladas para los procedimientos judiciales. Las vistas judiciales habitualmente están abiertas al público y las resoluciones se hacen públicas. Los procedimientos no pueden ser transferidos a un tribunal que no sea el que la ley determina si una de las partes en litigio no está de acuerdo. Todos los ciudadanos tienen derecho a asistir al procedimiento judicial del que son parte y a recurrir ante un tribunal superior de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación.
La partes en los procedimientos administrativos o judiciales pueden invocar directamente los acuerdos internacionales si:
Estos son suficientemente precisos (proporcionan todos los detalles) y
No existe legislación nacional en la materia o
la legislación nacional contradice el acuerdo internacional.
Los organismos administrativos y los tribunales también han aplicado el Convenio de Aarhus y sus normas sobre el acceso a la justicia directamente en ausencia de legislación nacional sobre una determinada cuestión (por ejemplo, la capacidad procesal). El Tribunal Supremo (en su resolución nº 3-3-1-43-06) también lo ha hecho. El nuevo Código de procedimientos judiciales administrativos (aplicable con fecha 1 de enero de 2012) contiene normas relativas al acceso a la justicia (en especial sobre la capacidad procesal) de las ONG de protección ambiental basadas en las prácticas judiciales en la materia.
El sistema judicial de Estonia tiene tres niveles (de inferior a superior):
Tribunales de lo contencioso-administrativo y juzgados comarcales;
audiencias (Tallín y Tartu);
En el nivel más bajo, los asuntos administrativos, es decir, los casos contra las actividades de la administración pública (se incluyen la mayoría de los litigios en materia ambiental) se tratan en un tribunal especializado. No obstante, los jueces del Tribunal de distrito y del Tribunal Supremo se especializan en uno de los tres ámbitos (es decir, Derecho administrativo, civil o penal). En el nivel más bajo de los tribunales (tribunales de lo contencioso-administrativo y juzgados comarcales), las instancias judiciales se dividen en juzgados: Hay 4 juzgados de los tribunales de lo contencioso-administrativo y 15 de los juzgados comarcales (uno para cada comarca de Estonia). La Sala de Revisión Constitucional del Tribunal Supremo revisa la constitucionalidad de la legislación y las decisiones de:
El Parlamento (Riigikogu);
La Junta del Parlamento;
El Presidente de Estonia y
La revisión de la constitucionalidad de la legislación o de las decisiones anteriormente mencionadas puede ser iniciada por:
cualquier tribunal;
El Presidente de Estonia;
Canciller de Justicia (Defensor del Pueblo);
un Consejo de Gobierno local (municipio), o
Los particulares no tienen derecho a iniciar directamente la revisión constitucional de la legislación. Sin embargo, pueden solicitar la revisión en otro proceso judicial, o bien pueden dirigirse al Canciller de Justicia. Por otra parte, la constitucionalidad de las decisiones anteriormente mencionadas puede ser impugnada directamente por particulares cuyos derechos se hayan visto afectados por las decisiones. Los tribunales son los principales órganos independientes para la resolución de litigios; solamente hay un número limitado de tribunales de arbitraje. No existen otros tribunales u organismos de resolución de litigios en materia ambiental que los juzgados. El poder judicial de Estonia es independiente. Los jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo, los juzgados comarcales y las audiencias son nombrados por el Presidente de Estonia a propuesta de los jueces del Tribunal Supremo. Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Parlamento. La resolución de litigios en los tribunales estonios es principalmente de naturaleza contenciosa, es decir, el Tribunal decide que una de las partes tiene razón (al menos parcialmente) y que la otra ha hecho algo ilícito (al menos en parte). En las causas civiles y administrativas, las partes también pueden alcanzar un acuerdo en el Tribunal. La judicial también es una opción en los asuntos administrativos (no es posible en las causas penales) si todas las partes en litigio la aceptan.
No existen tribunales ni juzgados especializados en asuntos ambientales. En su mayor parte, los litigios ambientales presuponen un acto de algún organismo de la administración pública y, por tanto, son atendidos en primer lugar por los tribunales de lo contencioso-administrativo y, después, por jueces especializados de las audiencias y del Tribunal Supremo. Si una persona o empresa ha dañado gravemente el medio ambiente o ha incumplido obligaciones importantes dirigidas a la protección del medio ambiente (por ejemplo, si ha manipulado ilegalmente residuos y al hacerlo ha generado un peligro para el medio ambiente), la Fiscalía puede presentar cargos penales. http://www.prokuratuur.ee/en Los asuntos penales se conocen en primera instancia en los juzgados comarcales, seguidamente en las audiencias y, finalmente, en el Tribunal Supremo, por parte de jueces especializados en esta materia. En Estonia la búsqueda de un foro de conveniencia, esto es, la búsqueda del órgano jurisdiccional más favorable para la persona que presenta una demanda ante un tribunal, es limitada en materia ambiental. Una causa administrativa es atendida por el tribunal en cuya jurisdicción tiene su sede el organismo administrativo cuya acto se ha impugnado. Si hay dos o más demandados en la jurisdicción de tribunales diferentes, el demandante puede elegir libremente entre esos tribunales, a menos que el Código de procedimientos judiciales administrativos contenga normas de competencia exclusiva que favorezcan a uno de los tribunales. El Tribunal administrativo que recibe la demanda de un particular en primer lugar debe comprobar si esta ha sido presentada ante el tribunal adecuado. Si la demanda se ha presentado ante el tribunal indebido, este la transferirá al órgano judicial correcto.
Si el demandante o el demandado no están satisfechos con la sentencia (kohtuotsus) del Tribunal Administrativo (1ª instancia), pueden recurrir a la audiencia (2ª instancia). El derecho de recurso a la audiencia también puede ser ejercido por un particular que no presentó la demanda inicial, pero cuyos derechos se han visto afectados por la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Las mismas personas tienen derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo (3ª instancia, final) si no están satisfechas con la sentencia dictada por la audiencia. Para recurrir, la persona que interpone el recurso debe motivarlo, demostrando que el tribunal inferior:
ha aplicado la legislación sustantiva de manera incorrecta;
ha quebrantado significativamente las normas del procedimiento judicial, o
no ha hecho un uso adecuado de las pruebas (esta puede ser la motivación de un recurso ante la audiencia, pero no ante el Tribunal Supremo).
En determinadas situaciones, un tribunal pueden finalizar los procedimientos con una orden (kohtumäärus) en lugar de una sentencia. En esta situación, la persona afectada por la orden judicial puede interponer recurso contra esta ante el Tribunal que la dictó. Ese tribunal examina el recurso y puede estimarlo; Si considera que cumple todos los requisitos, pero no está de acuerdo con su contenido, el recurso contra la orden judicial es transferid o a la audiencia para su revisión. En este caso, los recursos contra las órdenes judiciales de los tribunales de primera instancia (tribunales de lo contencioso-administrativo) son resueltos con una orden de la audiencia. El recurso contra esa orden, así como otras órdenes de las audiencias (tribunales de 2ª Instancia) puede ser interpuesto ante el Tribunal Supremo por las personas afectadas por la orden judicial.
Cuando dictan sentencia sobre decisiones administrativas, los tribunales estonios tienen derecho a revisar la legalidad de la Decisión y a anularla en su totalidad o en parte. Los tribunales no tienen derecho a modificar el contenido de las decisiones administrativas; Esto puede ser alterado por los organismos administrativos si deciden adoptar una nueva decisión en la materia. El Tribunal también puede requerir al organismo administrativo que lleve a cabo una determinada acción o que adopte una decisión, pero no puede prescribir el contenido exacto de dicha acción o decisión si el organismo administrativo goza de un margen para la discreción. Son pocas las características específicas de las causas ambientales comparadas con los procedimientos judiciales en otras causas administrativas en materia de:
acceso a la justicia (capacidad procesal) y
Derecho a impugnar los actos procesales (menetlustoimingud) de los organismos administrativos.
En primer lugar, el Código de procedimientos judiciales administrativos contiene una disposición especial (artículo 292) sobre la capacidad procesal en materia ambiental. De conformidad con las normas de esa disposición, se presupone la capacidad procesal de las ONG ambientalistas si el acto del organismo administrativo impugnado está relacionado con objetivos de protección del medio ambiente o con una actividad previa de dicha ONG. De conformidad con la definición, una ONG es:
una organización sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo estatutario la protección del medio ambiente y cuyas actividades van dirigidas a fomentar dicha protección;
una asociación de personas que no constituye una entidad independiente que, de conformidad con un contrato escrito de asociación, promueve la protección ambiental y representa las opiniones de una proporción considerable de la población local.
La promoción de la protección del medio ambiente se entiende en un sentido amplio, que incluye la protección de los elementos naturales con el fin de proteger la salud humana, así como la investigación y la educación en el campo del patrimonio cultural natural. En segundo lugar, la posibilidad de impugnar los actos procesales de los organismos administrativos es más amplia en materia ambiental. Los actos procesales (menetlustoimingud) son actos de un organismo administrativo preparatorios de la decisión final o del acto administrativo (haldusakt): por ejemplo, las decisiones de examen de la EIA. Es posible impugnar los actos procesales en dos casos, de conformidad con la sección 45(3) del Código de procedimientos judiciales administrativos:
Si los derechos del ciudadano (distintos de los derechos procesales) se vulneran con independencia de la decisión final;
la ilegalidad del acto procesal condujera inevitablemente a una decisión final o a otra actividad que vulneraría los derechos de un particular.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo reconocen que el Derecho ambiental es un ámbito del Derecho en la que las normas procesales desempeñan un papel significativo para adoptar una decisión lícita; En consecuencia, los actos procesales pueden, en principio, ser impugnados. En cada caso se decide si se cumple una o las dos condiciones necesarias para los impugnar actos procesales.
En materia administrativa (incluidas las cuestiones ambientales), los tribunales pueden adoptar distintas medidas de oficio. En primer lugar, los tribunales están obligados a garantizar que se investigarán todas las circunstancias pertinentes del asunto. De ser necesario, el tribunal puede practicar pruebas por iniciativa propia. Los tribunales pueden incluir a terceros en el litigio, si consideran que la sentencia puede incidir en los derechos de esas personas. También pueden cambiar de oficio las fechas previstas para los actos procesales que deben realizar las partes (por ejemplo, facilitar una traducción, contestar al acto, etc.), dictar una sentencia complementaria que especifique o complete la sentencia inicial o dictar medidas cautelares.
Si un organismo administrativo se niega a divulgar la información solicitada por un particular, debe notificarle su decisión y sus motivos en un plazo de 5 días hábiles. Este período puede ser ampliado a 15 días si la petición debe ser detallada o si reunir la información requiere mucho tiempo. Sobre la denegación de la información solicitada se considera un acto administrativo y debe contener información sobre la posibilidad, el lugar, la hora y el procedimiento para impugnar la denegación, de conformidad con la sección 57(1) de la Ley de procedimiento administrativo. En el caso de que un particular pida tener acceso a información ambiental y se le deniegue ese acceso, o de que la petición sea contestada de forma errónea o inadecuada, el particular tendrá derecho a:
a) presentar una impugnación ante la Inspección para la protección de datos de Estonia o bien; http://www.aki.ee/en
b) presentar una demanda ante el tribunal administrativo.
En ambos procedimientos, el particular tiene derecho a impugnar la legalidad de la denegación o de la contestación deficiente y a pedir la anulación de la decisión o solicitar la adopción de una nueva decisión. Presentar una impugnación ante la Inspección para la protección de datos de Estonia no excluye la posibilidad de presentar posteriormente un recurso ante el Tribunal contra la denegación inicial o la contestación errónea o inadecuada, o contra la decisión dictada por la Inspección tras la impugnación. Para presentar una impugnación ante la Inspección para la protección de datos de Estonia, tendrá que hacer una declaración oral o escrita en un plazo de 30 días a partir de la fecha en la que se comunica el rechazo etc. oral desafíos serán registradas por la Inspección para la protección de datos de Estonia. Por ejemplo, el nombre y los datos de contacto de la persona que presenta la impugnación, los motivos, la demanda exacta, etc. (se puede consultar la lista completa de los elementos requeridos en el artículo 76 de la Ley del Procedimiento Administrativo). http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse El particular puede presentar el recursos ante el tribunal administrativo por correo, mediante su entrega en mano en la secretaría del juzgado o por medios electrónicos (correo electrónico o el sistema de información electrónica (E-toimik)). http://www.e-toimik.ee/ En función del remedio judicial solicitado, existen diferentes plazos.
30 días si se solicita la anulación de la decisión denegatoria de la petición;
1 año si se pide una respuesta por la demora del organismo administrativo;
3 años si se pretende que el Tribunal declare ilícito el acto del organismo administrativo (sin embargo, la declaración de ilicitud no implica la anulación automática de la Decisión).
En las impugnaciones ante la Inspección para la protección de datos de Estonia y en los recursos ante los tribunales administrativos, el particular puede recurrir a un representante legal (o asesor), si bien no es obligatorio. Los tribunales (así como la inspección para la protección de datos de Estonia) tienen acceso a la información que es objeto del litigio. Esto es necesario para evaluar la legalidad de los actos del organismo administrativo en cuestión. Los tribunales no pueden divulgar esta información por iniciativa propia, pero pueden solicitar que se divulgue la información cuando no existen motivos para su restricción (por ejemplo, amenazas para la seguridad nacional o de especies protegidas).
Los procedimientos administrativos en materia ambiental son habitualmente abiertos. Esto significa que el público es informado de dichos procedimientos y se pone a su disposición la solicitud de un acto administrativo y el proyecto de acto. En el caso de los permisos ambientales y los procedimientos de EIA, cualquier ciudadano tiene derecho a presentar observaciones orales o por escrito. En otros procedimientos, los particulares tienen derecho a formular observaciones si tienen un interés legítimo en el asunto o si sus derechos pueden verse afectados por el acto administrativo. En los asuntos más importantes, también se organiza una vista pública. Es posible consultar las normas generales de los procedimientos administrativos abiertos en las secciones 46 a 50 de la Ley de procedimientos administrativos. http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40071K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=haldusmenetluse Especificaciones adicionales de los procedimientos administrativos en materia ambiental en muchas leyes especiales relativas a los permisos medioambientales, la evaluación del impacto ambiental y la ordenación del territorio, por ejemplo, Ambient Air Act, Ley de aguas, evaluación de impacto ambiental y los sistemas de gestión ambiental, la Ley de ordenación territorial, etc. Act
Si el particular no está satisfecho con una decisión administrativa, puede presentar una demanda ante un tribunal o una impugnación administrativa (vaie). Las impugnaciones administrativas son revisadas por el organismo administrativo de supervisión del responsable de la Decisión inicial. En determinados casos, los recursos son revisados por el mismo organismo que adoptó la Decisión inicial, concretamente si:
el organismo administrativo está bajo el control directo de un Ministerio;
La ley no contempla un supervisor para ese organismo administrativo.
Las impugnaciones administrativas son opcionales, es decir, no es necesario presentarlas con el fin de poder interponer posteriormente una demanda judicial. No obstante, el interesado tiene derecho a interponer una demanda judicial también después de que la impugnación administrativa haya sido revisada, si no está satisfecho con la resolución dictada. Los tribunales revisan tanto la legalidad sustantiva como procesal de las decisiones administrativas. La revisión de la legalidad procesal significa que los tribunales comprobarán si se han vulnerado los derechos procesales del demandante. En algunos casos, esto puede servir de base para la anulación de decisiones adoptadas a la conclusión de dichos procedimientos (si las irregularidades procesales pueden haber influido en la Decisión). La revisión de la legalidad sustantiva significa que los tribunales comprueban si las leyes han sido aplicadas correctamente por parte del organismo administrativo al adoptar la Decisión impugnada. Los tribunales también tienen derecho a comprobar si los datos empleados por los organismos administrativos como fundamentos de sus decisiones eran correctos y si los organismos administrativos habían recopilado toda la información necesaria. Por otra parte, los tribunales pueden revisar si las decisiones son proporcionales y que no se han cometidos errores de criterio evidentes; por ejemplo, que se ha dado prioridad a los intereses económicos sin tener en cuenta los intereses sociales o ambientales conflictivos. Además, si no se han cometido errores de criterio evidentes, el Tribunal no podrá decidir si el criterio se utilizó de la mejor manera (la más apropiada, eficaz, etc.).
Los particulares pueden impugnar planes ordenación territorial a diferentes niveles (nacional, comarcal, planes completos y detallados) ante los tribunales administrativos. Todos los ciudadanos tienen capacidad procesal ante los tribunales para impugnarlos. Además, los criterios aplicables habitualmente en los procedimientos judiciales administrativos (sobre todo, la vulneración de los derechos) no son de aplicación. Para impugnar una decisión el particular debe interponer una demanda ante los tribunales administrativos, donde se tramitará el procedimiento judicial administrativo habitual. http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjad http://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts El demandante puede contar con representación (o asesoramiento) legal durante el procedimiento judicial, si bien no resulta obligatorio. Al revisar una decisión de ordenación territorial, los tribunales comprobarán si la decisión fue lícita, es decir, si el procedimiento administrativo se llevó a cabo de manera correcta y se aplicó correctamente la legislación sustantiva. Los tribunales también evaluarán si el organismo administrativo dispuso de todos los datos necesarios y que tuvo en cuenta todas las consideraciones pertinentes. Dado que los organismos administrativos disponen de un amplio margen de criterio en materia de ordenación territorial, los tribunales no pueden anular una decisión basándose en la eficiencia, la adecuación, etc., a menos que se cometa un error de criterio grave. Esto sucedería por ejemplo cuando el organismo administrativo da prioridad a las consideraciones económicas sin tener en cuenta las necesidades en materia de protección de la naturaleza sin una explicación adecuada.
Las medidas provisionales (protección provisional de los derechos de las personas) pueden ser aplicadas por parte del Tribunal en cualquier fase del procedimiento judicial. En los asuntos que implican planes de ordenación territorial solamente son de aplicación las normas generales sobre medidas cautelares. Los tribunales pueden dictar medidas cautelares basándose en la demanda de una de las partes en litigio, pero también por iniciativa propia. Al mismo tiempo, solamente se dictan en caso de que la ejecución de la sentencia se vea amenazada: por ejemplo, si la actividad del titular del permiso pudiera cambiar o dañar el medio ambiente de manera irreversible. En los casos que conciernen a permisos de PCIC no hay normas especiales sobre medidas cautelares.
Las decisiones de examen de la EIA (decisiones sobre la incoación del proceso de la EIA) se consideran actos procesales (menetlustoimingud). Esto significa que solo es posible impugnarlas de manera separada de las decisiones finales (por ejemplo, los permisos ambientales), si:
vulneran los derechos del ciudadano (distintos de los derechos procesales) con independencia de la decisión final;
la ilegalidad del acto procesal conduciría inevitablemente a una decisión final o a otra actividad que vulneraría los derechos de un particular.
De conformidad con la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (por ejemplo, los asuntos 3-3-1-63-11 y 3-3-1-101-09) las decisiones de examen de la EIA pueden ser impugnadas por separado solamente si el organismo administrativo tenía la obligación legal de iniciar el proceso de EIA. http://www.nc.ee/?id=142 Si la decisión de examen se basó en el criterio (es decir, el organismo administrativo tenía la opción de iniciar el proceso) no podrá ser impugnada separadamente de la decisión final (por ejemplo, un permiso en materia de contaminación del aire ambiente o un permiso de PCIC). Para impugnar un examen de la EIA por separado, el particular debe interponer una demanda ante los tribunales administrativos, donde se tramitará el procedimiento judicial administrativo habitual. http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/haldusasjad http://www.kohus.ee/en/estonian-courts/contacts Para tener capacidad procesal ante los tribunales, el demandante debe demostrar que sus derechos han sido vulnerados o que sus intereses legítimos están afectados de manera directa. Se presupone la vulneración de los derechos de las ONG de protección del medio ambiente. Los tribunales comprueban si el procedimiento se llevó a cabo de manera correcta y si la decisión fue adoptada de conformidad con la ley. Los tribunales limitan su revisión del criterio de los organismos administrativos solamente a los usos indebidos evidentes.
Las decisiones de evaluación de la EIA (decisiones sobre el contenido y el alcance de la EIA) se consideran actos procesales (menetlustoimingud). Esto significa que un particular puede impugnarlas separadamente de las decisiones finales (por ejemplo, permisos ambientales), si:
Para impugnar una evaluación de la EIA por separado, el particular debe interponer una demanda ante los tribunales administrativos, donde se tramitará el procedimiento judicial administrativo habitual. Para tener capacidad procesal ante los tribunales, el demandante debe demostrar que sus derechos han sido vulnerados o que sus intereses legítimos están afectados de manera directa. Se presupone la vulneración de los derechos de las ONG de protección del medio ambiente. Los tribunales comprueban si el procedimiento se llevó a cabo de manera correcta y si la decisión fue adoptada de conformidad con la ley. Los tribunales limitan su revisión del criterio de los organismos administrativos solamente a los usos indebidos evidentes.
Las decisiones finales de la EIA (la aprobación de la EIA por parte de un organismo administrativo) se consideran actos procesales (menetlustoimingud). Esto significa que un particular puede impugnarlas separadamente de las decisiones finales (por ejemplo, permisos ambientales), si:
Las autorizaciones del proyecto son expedidas separadamente de la aprobación de las declaraciones de la EIA y se consideran actos administrativos que pueden ser impugnados ante los tribunales si vulneran los derechos de un particular. Para impugnar las decisiones de la EIA separadamente o para impugnar la autorización final del proyecto, el particular debe interponer una demanda ante los tribunales administrativos, donde se tramitará el procedimiento judicial administrativo habitual. Para tener capacidad procesal ante los tribunales, el demandante debe demostrar que sus derechos han sido vulnerados o que sus intereses legítimos están afectados de manera directa. Se presupone la vulneración de los derechos de las ONG de protección del medio ambiente. El demandante puede contar con representación (o asesoramiento) legal durante el procedimiento judicial, si bien no resulta obligatorio. No es necesario que participe activamente en la consulta pública, que formulen observaciones, etc., para tener capacidad procesal, en caso de que sus derechos están siendo vulnerados directamente. Sin embargo, en la práctica una participación activa en los procedimientos puede resultar importante para impugnar deficiencias menores, menos evidentes en los procedimientos de EIA y la declaración de EIA. Por tanto, se recomienda participar en la toma de decisiones lo antes posible. La vulneración de los derechos procesales, sin embargo, no concede el derecho a impugnar las decisiones de evaluación, examen o aprobación de la EIA, ya que se trata de actos procesales (menetlustoimingud). Los tribunales comprueban si el procedimiento se llevó a cabo de manera correcta y si la decisión fue adoptada de conformidad con la ley. Los tribunales limitan su revisión del criterio de los organismos administrativos solamente a los usos indebidos evidentes. Al revisar decisiones de la EIA de manera separada o junto con la autorización del proyecto, los tribunales también están autorizados a verificar las conclusiones fundamentales y técnicas. Sin embargo, no pueden reemplazar el contenido del acto administrativo; únicamente se les autoriza a anularlo si las conclusiones se consideran incorrectas.
Las medidas cautelares (protección provisional de los derechos de las personas) pueden ser aplicadas por el Tribunal en cualquier fase de los procedimientos judiciales y, en principio, también en los asuntos que conciernen a la EIA de conformidad con las normas generales. Los tribunales pueden dictar medidas cautelares basándose en la demanda de una de las partes en litigio, pero también por iniciativa propia. No obstante, los tribunales aplican las medidas cautelares solamente cuando la ejecución de la sentencia se ve amenazada: por ejemplo, daños irreversibles causados al medio ambiente. Dado que las decisiones finales de la EIA no permiten a una persona iniciar un proyecto que pueda dañar el medio ambiente (para desarrollar actividades se debe expedir un permiso basado en la decisión final de la EIA), los tribunales habitualmente no dictan medidas cautelares en dichos procedimientos.
Los particulares pueden impugnar las decisiones de expedir permisos de PCIC de la Junta de Medio Ambiente (Keskkonnaamet) ante los tribunales administrativos. http://www.keskkonnaamet.ee/eng Para tener capacidad procesal ante los tribunales, el demandante debe demostrar que la decisión vulnera sus derechos; En el caso de las ONG de protección del medio ambiente, dicha vulneración se da por supuesta. Para impugnar una decisión el particular debe interponer una demanda ante los tribunales administrativos, donde se tramitará el procedimiento judicial administrativo habitual. http://www.just.ee/10165 El demandante puede contar con representación (o asesoramiento) legal durante el procedimiento judicial, si bien no resulta obligatorio. No es necesario que participe activamente en la consulta pública, que formulen observaciones, etc., para tener capacidad procesal, en caso de que sus derechos están siendo vulnerados directamente por la Decisión. Por otra parte, si lo hace y sus derechos procesales son vulnerados, esto supondría un motivo distinto para tener capacidad procesal ante los tribunales de Estonia. Asimismo, en la práctica, la participación en los procedimientos administrativos puede resultar importante para impugnar violaciones de la ley menores y menos evidentes. Por tanto, se recomienda participar en la toma de decisiones lo antes posible. Los tribunales comprueban si el procedimiento se llevó a cabo de manera correcta por parte de la Junta de medio ambiente y si la decisión de expedir el permiso de PCIC se adoptó de conformidad con la ley. Los tribunales también están autorizados a verificar las conclusiones fundamentales y técnicas. No obstante, no pueden reemplazar el contenido de la decisión de expedir el permiso o el permiso en sí, sino que únicamente están autorizados a anular la Decisión si la consideran ilícita. La anulación de la decisión también acarrearía la no validez del permiso expedido. Las medidas provisionales (protección provisional de los derechos de las personas) pueden ser aplicadas por parte del Tribunal en cualquier fase del procedimiento judicial. En los asuntos que implican permisos de PCIC solamente son de aplicación las normas generales sobre medidas cautelares. Los tribunales pueden dictar medidas cautelares basándose en la demanda de una de las partes en litigio, pero también por iniciativa propia. Al mismo tiempo, solamente se dictan en caso de que la ejecución de la sentencia se vea amenazada: por ejemplo, si la actividad del titular del permiso pudiera modificar o dañar el medio ambiente de manera irreversible. En los casos que conciernen a permisos de PCIC no hay normas especiales sobre medidas cautelares.
En materia ambiental, los particulares puede interponer una judicial directamente contra particulares o personas jurídicas solamente para obtener una indemnización de daños y perjuicios, o para proteger sus derechos de propiedad. Estas demandas están reglamentadas por actos de Derecho privado, principalmente la Ley del derecho de las obligaciones y la Ley del derecho de propiedad. http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=V%F5la%F5igusseadus+%28seisuga+18%2E07%2E2011%29 http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0004K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=asja%F5igusseadus Las demandas de indemnización por daños y de protección de la propiedad son atendidas en primera instancia por los tribunales comarcales. Si el daño está causado por actividades peligrosas para el medio ambiente, el demandante puede solicitar una indemnización por:
daños a su persona (daños a la salud, etc.);
daños a su propiedad;
daños causados por el deterioro de la calidad ambiental;
gastos relacionados con la contención de los daños;
gastos relacionados con la atenuación de las consecuencias del daño;
daños derivados de la aplicación de medidas de atenuación.
El demandante tiene derecho a una indemnización extracontractual por daños y perjuicios si el daño fue causado ilícitamente y la persona responsable es culpable, es decir, si el daño fue causado por negligencia o de manera intencionada. En algunos casos se aplica una responsabilidad estricta, esto es, se concede la indemnización por daños y perjuicios aunque el autor de los daños no los causara por negligencia o de manera intencionada. Para proteger su propiedad, el particular pueden reclamar la eliminación de cualquier vulneración de sus derechos de propiedad.
Si un asunto ambiental está relacionado con una decisión administrativa, el particular puede presentar una demanda ante los tribunales administrativos directamente contra el organismo estatal que adoptó la Decisión (por ejemplo, la Junta de Medio Ambiente). En estos procedimientos es posible reclamar:
la anulación, en su totalidad o en parte, del acto administrativo (la decisión final);
que se promulgue un acto administrativo o que se lleve a cabo una determinada actividad;
la prohibición de que se promulgue un acto administrativo o de que se lleve a cabo una determinada actividad;
una indemnización por los daños y perjuicios causados en virtud del Derecho público;
la eliminación de las consecuencias ilícitas de un acto administrativo o de una actividad;
el establecimiento de la nulidad de un acto administrativo, la ilegalidad de un acto administrativo o una actividad, u otras circunstancias de hecho relacionadas con una relación de Derecho público.
Es importante señalar que la anulación de un acto administrativo por parte de un tribunal pone fin al mismo, por lo que ya no generará derechos y obligaciones. El establecimiento de la ilegalidad de un acto administrativo por parte del Tribunal, por otra parte, no supone su fin automático, sino que el acto debe ser derogado por el propio organismo administrativo.
En materia de responsabilidad ambiental, la autoridad que detecta el daño e identifica a las personas responsables y que tiene derecho a adoptar las medidas necesarias es la Junta de medio ambiente. http://www.keskkonnaamet.ee/eng El Ministerio de Medio Ambiente es responsable de notificar a las autoridades de los otros Estados miembros de la UE aquellos casos en que el daño tenga naturaleza transfronteriza. http://www.envir.ee/?set_lang_id=2 Para hacer valer la responsabilidad ambiental, en primer lugar se debe presentar una solicitud de intervención ante la Junta de medio ambiente. Las demandas de intervención pueden presentarse si:
El demandante está afectado o puede estarlo por el daño al medio ambiente;
El demandante tiene un interés legítimo en el asunto; o
sus derechos han sido vulnerados por el daño al medio ambiente o por la amenaza del mismo.
En el caso de las ONG ambientalistas, la vulneración de derechos e intereses legítimos se da por supuesta. Si la Junta de Medio Ambiente se niega a intervenir y el demandante quiere hacer valer la responsabilidad ambiental en los tribunales, en primer lugar debe agotar todos los procedimientos administrativos. Esto significa que debe interponer un recurso administrativo (vaie) ante el Ministerio de medio ambiente en un plazo de 30 días. El Ministerio dictará su decisión al respecto en un plazo de 30 días. Tras agotar los procedimientos de recurso administrativo, el interesado puede interponer una demanda ante los tribunales administrativos. Para impugnar la decisión adoptada sobre su demanda de intervención, la decisión debe vulnerar sus derechos o bien debe afectar a sus intereses legítimos. Los tribunales tienen derecho a demandar que la Junta de Medio Ambiente ejecute la demanda de responsabilidad ambiental.
Si una persona infringe el Derecho ambiental, los procedimientos penales pueden ser incoados por las autoridades. Los actos sancionados se dividen en dos categorías:
Las faltas en materia ambiental son tratadas por la Inspección de medio ambiente (Keskkonnainspektsioon), mientras que los delitos son perseguidos ante los tribunales por la Fiscalía (prokuratuur). http://kki.ee/eng/ http://www.prokuratuur.ee/en Si alguien desea impugnar la acción, la inacción o la omisión de una autoridad pública, tiene derecho a interponer un recurso administrativo (vaie). Los recursos administrativos son en su mayor parte una alternativa opcional a los procesos judiciales; no deben ser agotados antes de presentar una demanda. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad ambiental, los recursos administrativos deben ser utilizados antes de poder presentar una demanda ante los tribunales. Si alguien considera que un acto legislativo es inconstitucional o que determinada acción, inacción u omisión de una autoridad pública infringe sus derechos constitucionales, también puede presentar una demanda ante la Cancillería de Justicia (õiguskantsler). http://oiguskantsler.ee/en El canciller de justicia revisa la constitucionalidad del acto legislativo o de la acción de una autoridad pública y tiene derecho a formular recomendaciones y propuestas dirigidas a solucionar la situación.
El Canciller de Justicia es un funcionario independiente que desempeña dos funciones: http://oiguskantsler.ee/en es el organismo general de petición (contra las autoridades públicas) y el guardián de la constitucionalidad, que revisa los actos legislativos. Si alguien considera que un acto legislativo (sea de un gobierno nacional o local) es inconstitucional, puede presentar una demanda al canciller de Justicia. El canciller está facultado para:
proponer el legislador modifique el acto en conformidad con la Constitución;
enviar un memorando al autor del acto legislativo (si todavía está siendo redactado);
enviar un informe al Parlamento (Riigikogu) enunciando los problemas.
Si alguien considera que sus derechos constitucionales han sido vulnerados por una autoridad pública, también puede presentar una demanda a la Cancillería de Justicia. El canciller está facultado para formular:
una recomendación para actuar de manera lícita y según los principios de buena administración;
una sugerencia para eliminar la vulneración.
Si las recomendaciones o las sugerencias no son tenidas en cuenta, el Canciller de Justicia puede enviar un informe a la autoridad de control del organismo en cuestión, al Gobierno de la República y al Parlamento (Riigikogu). Las recomendaciones y las sugerencias son definitivas y no pueden ser recurridas en los tribunales. Aunque no son jurídicamente vinculantes para la autoridad en cuestión, habitualmente son tenidas en cuenta tanto por las autoridades públicas destinatarias como por sus supervisores.
La inspección de medio ambiente es el principal organismo estatal responsable de la aplicación del Derecho ambiental. Aquí se incluye la investigación de las faltas y los delitos cometidos por personas o empresas en el ámbito del Derecho ambiental. En el caso de las faltas, la Inspección de medio ambiente también tiene derecho a imponer multas. Las faltas también se castigan con el arresto (arest), que puede ser ordenado por los tribunales en relación con las solicitudes de la Inspección de medio ambiente. Si una persona detecta contaminación o un incidente ambiental, debe notificarlo a la inspección de medio ambiente, que se encargará de investigar el asunto.
La Fiscalía tiene el derecho exclusivo de presentar cargos ante los tribunales por infracciones penales cometidas por personas o empresas. Esto también se aplica a los delitos ambientales; La investigación corre a cargo de la Inspección de medio ambiente. Las infracciones criminales pueden ser castigadas con sanciones financieras (rahaline karistus) o con pena de prisión, ambas medidas impuestas por los tribunales. La acusación particular no se contempla en Estonia; la acción penal solamente puede ser ejercida en los tribunales por la Fiscalía. http://www.prokuratuur.ee/en Esto también es de aplicación en el ámbito del Derecho ambiental.
De conformidad con la Ley de procedimientos administrativos y el Código de procedimientos judiciales administrativos, se usan las siguientes normas generales para determinar quién tiene derecho a impugnar la actuación de las autoridades públicas. Estas normas no son de aplicación a la impugnación de las decisiones sobre ordenación territorial, que pueden ser impugnadas por cualquier persona que alegue su ilegalidad.
Vulneración de derechos individuales o restricción de libertades individuales debido a la acción de las autoridades públicas. Los derechos o las libertades pueden emanar directamente de la constitución o de otras leyes.
Vulneración de derechos individuales debido a la acción de las autoridades públicas. En materia ambiental, las personas afectadas directamente por la acción administrativa también pueden presentar una solicitud. Este interés directo debe estar relacionado con los intereses legítimos de la persona; La acción de la autoridad pública debe tener una incidencia significativa y real sobre dichos intereses.
En el caso de las ONG que trabajan en el ámbito de la protección ambiental, se presupone la vulneración de derechos o de libertades.
En el caso de las ONG que trabajan en el ámbito de la protección ambiental, se presupone la vulneración de derechos o el interés directo.
Los grupos creados ad hoc solamente tienen derecho a impugnar la acción administrativa en materia ambiental y si desarrollan su actividad en el ámbito de la protección del medio ambiente. Para tener capacidad procesal en los procedimientos de recurso administrativo se requiere una vulneración de derechos o libertades, pero también se presupone para dichos grupos ad hoc.
Los grupos ad hoc solamente tienen derecho a presentar demandas judiciales en materia ambiental si desarrollan su actividad en el ámbito de la protección del medio ambiente. Para que estos grupos ad hoc tengan capacidad procesal se requiere una vulneración de derechos o un interés directo, pero en su caso también se presuponen.
En el caso de las ONG de la UE pertenecientes al ámbito de la protección ambiental, la vulneración de derechos o el interés directo se presuponen en áreas reglamentadas por el Derecho comunitario (por ejemplo, PCIC, EIA), de conformidad con el principio de no discriminación.
Las autoridades estatales no pueden impugnar la actividad de otras autoridades públicas, ya que no son entidades jurídicas separadas. Al mismo tiempo, las autoridades municipales pueden impugnar la actividad de otras autoridades públicas si se vulneran sus derechos o se restringen sus libertades. Lo mismo es de aplicación a otras personas jurídicas públicas (por ejemplo, universidades, fundaciones públicas, etc.).
Las autoridades estatales no pueden impugnar la actividad de otras autoridades públicas, ya que no son entidades jurídicas separadas. Al mismo tiempo, otras personas jurídicas públicas (por ejemplo, universidades, fundaciones públicas, etc.) pueden impugnar la actividad de otras autoridades públicas si sus derechos son vulnerados.
Las autoridades municipales también pueden impugnar la actividad de otras autoridades públicas si se vulneran sus derechos o si la actividad impugnada obstaculiza o perjudica el desempeño de sus funciones.
La mayor parte de la legislación sectorial y procesal en el ámbito del Derecho ambiental no contiene disposiciones especiales sobre la capacidad procesal. Esto sucede asimismo en el ámbito de las evaluaciones de impacto ambiental y del control y la prevención integrados de la contaminación. Así pues, cualquier persona tiene derecho a presentar una demanda de conformidad con las normas del Código de procedimientos judiciales administrativos. Sin embargo, en el campo de la ordenación territorial existen normas especiales; Las normas en materia de capacidad procesal son diferentes a las de otros ámbitos del Derecho administrativo, como la legislación ambiental. De conformidad con la Ley ordenación territorial, cualquier persona tiene derecho a recurrir a los tribunales administrativos a decisión de establecer un plan ordenación territorial si:
sus derechos han sido vulnerados o sus libertades se han visto restringidas;
considera que la decisión es contraria a la legislación o a otros actos jurídicos.
Esto significa que puede impugnar la decisión administrativa final relativa a un plan de ordenación territorial por motivos de legalidad, sin demostrar que le afecta. El Canciller de Justicia es una entidad jurídica independiente; Por lo que tiene derecho a impugnar la actividad de las autoridades públicas para proteger sus propios derechos, sea interponiendo un recurso administrativo o ante el Tribunal. Además, la Cancillería de Justicia tiene derecho a incoar procedimientos disciplinarios contra los jueces. Además, la Cancillería de Justicia tiene derecho a incoar procedimientos disciplinarios contra los jueces por incumplimiento ilícito de sus deberes profesionales o cumplimiento inapropiado. Los procedimientos disciplinarios son debatidos por una Sala disciplinaria compuesta por jueces de diferentes niveles del sistema judicial. Los fiscales tienen capacidad procesal exclusiva en los procesos penales, esto es, solamente ellos pueden presentar cargos por infracciones penales (kuriteod). La inspección de medio ambiente tiene capacidad procesal ante los tribunales en el caso de las faltas ambientales (väärteod). La Inspección puede imponer sanciones por faltas ambientales por iniciativa propia; Por su parte, el arresto solamente puede ser impuesto por los tribunales previa solicitud de la inspección.
En los procedimientos judiciales en materia ambiental, el interesado puede optar por representarse a sí mismo o por mediación de un representante legal. Es posible contratar a las siguientes personas para obtener representación ante los tribunales:
abogados (advokaat) que pertenecen al Colegio de abogados de Estonia; http://www.advokatuur.ee/?id=4&PHPSESSID=e2c9799e016cde30434d1dec06f20c67
personas con formación jurídica superior, es decir, personas que han obtenido al menos un máster en Derecho o una cualificación equivalente.
Solo los abogados jurados puede representarle ante el Tribunal Supremo de Estonia. Los representantes legales tienen derecho a actuar en nombre de su representado, aunque no esté presente. No obstante, el representado puede limitar las competencias de su representante contractual. La limitación de las competencias será considerada por el Tribunal solamente si el representado la notifica al Tribunal y a las otras partes. Los tribunales solamente pueden tener en cuenta limitaciones para:
finalizar los procedimientos con un acuerdo; o
renunciar a un acto.
El interesado también puede contar con asesores en los procedimientos judiciales en materia ambiental. A diferencia de los representantes legales, los asesores legales generalmente no están autorizados a actuar en nombre de su cliente ni en su ausencia. No obstante, tienen derecho a tomar parte en los procedimientos junto al interesado y a formular declaraciones y reclamaciones, etc., que serán atribuidas al interesado, a menos que las corrija de inmediato. Los tribunales también explicarán este derecho al interesado si decide recurrir a un asesor. Los interesados en consultar una lista con todos los bufetes jurídicos asociados al Colegio de abogados de Estonia, clasificada por su localización, pueden visitar este enlace. https://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates?attorney_filter%5Bregion%5D=&attorney_filter%5Bletter%5D=&attorney_filter%5Btype%5D%5B%5D=Assotsieerunud+liige Muchos bufetes destacados también citan el Derecho ambiental como un campo en el que ofrecen servicios jurídicos (como la representación legal), por ejemplo:
También presta asistencia jurídica (incluida la representación legal) en materia ambiental el Centro de Derecho ambiental de Estonia. http://k6k.ee/en Esta última es una ONG de interés público; Por lo que no puede prestar asistencia jurídica en asuntos en los que esto sea contrario a los intereses públicos.
En materia ambiental, al igual que en otras materias administrativas, el demandante debe presentar pruebas que respalden su reclamación. Deberá aportar pruebas a su demanda o bien en el marco de los procedimientos preliminares (antes de la vista del asunto) a más tardar. Si el demandante no puede presentar pruebas (por ejemplo, cuando los datos obran en poder de un particular que se niega a compartirlos), debe explicar por qué no le resulta posible hacerlo y dónde se encuentran las pruebas. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes, puede pedir al demandante que las suministre o puede recopilarlas por su cuenta. Si el demandante no presenta pruebas para respaldar una reclamación y el Tribunal no es capaz de recopilar pruebas por su cuenta, el Tribunal puede decidir que la demanda carece de fundamento. En principio, el Tribunal no tiene preferencias por un determinado tipo de prueba. Además, las partes no pueden limitar los tipos de pruebas admisibles ni dar prioridad a unos tipos de pruebas sobre otros. Todas las pruebas son evaluadas desde todos los puntos de vista, en su conjunto y de manera objetiva, teniendo asimismo en cuenta los vínculos entre diferentes pruebas. Los jueces dictan la resolución final sobre la prueba de una reclamación basándose en su conciencia. El interesado debe presentar pruebas durante los procedimientos preliminares (antes de la vista del asunto) a más tardar. Una vez iniciada la vista, solamente se podrán aportar nuevas pruebas en los siguientes casos excepcionales:
Si el tribunal no organiza una vista (por ejemplo, en procedimientos por escrito) y no se fija un plazo de presentación de pruebas antes del inicio de la vista;
Si la presentación de pruebas nuevas no retrasa los procedimientos judiciales; o
si el interesado puede demostrar que tiene un buen motivo para el retraso.
Los tribunales pueden solicitar a una parte en el procedimiento o a su empleado, a cualquier autoridad pública, compañía de seguros o entidad de crédito (por ejemplo, banco, fondo de inversión) que facilite la información que resulte necesaria para resolver el litigio y que se supone que confía a dicha persona. Los tribunales fijan un plazo dentro del cual las partes están obligadas a facilitarla información. Si incumplen esa obligación, el tribunal puede imponer una multa. Si el demandante quiere utilizar el dictamen de un perito en un procedimiento judicial como prueba, puede contratarlo y presentar esa prueba. Como alternativa, puede solicitar al tribunal que recabe el peritaje en los procedimientos preliminares (antes de la vista judicial). Los tribunales pueden solicitar el dictamen pericial para determinar una cuestión que sea importante para el asunto y que requiera los conocimientos de un perito. Los dictámenes periciales son tratados como otros tipos de pruebas, es decir, son evaluados junto con otra información pertinente para determinar si una reclamación ha sido demostrada o no. Por tanto, no son directamente vinculantes para los jueces. Por otra parte, los tribunales no pueden impugnar los resultados del dictamen pericial por iniciativa propia.
Si se impugna una decisión administrativa ante los tribunales o bien por medio de un recurso administrativo (vaie), esto no afectará automáticamente a su efecto jurídico. Esto significa que, a pesar de la impugnación, la decisión todavía puede ser ejecutada. Por ejemplo, si la Decisión autoriza a una empresa a emitir contaminantes al aire ambiente, puede hacerlo aunque se haya presentado una demanda judicial contra la decisión. En principio, las decisiones administrativas pueden ser ejecutadas desde el momento en que son válidas. Si la decisión no ha sido anunciada públicamente, será válida tan pronto como la persona a la que va dirigida sea notificada. Si la decisión debe ser anunciada públicamente, habitualmente es válida el 10º día siguiente al de su publicación. Impugnar un acto por medio de un recurso administrativo (vaie) o bien ante los tribunales no afecta automáticamente a la validez de la Decisión. Esto significa que esta puede ser ejecutada inmediatamente después de haber obtenido validez. Si se impugna una decisión administrativa relativa a un asunto ambiental en los tribunales, es posible solicitar medidas cautelares. Al mismo tiempo, las medidas cautelares pueden ser aplicadas en cualquier momento por parte del Tribunal, también por iniciativa propia. Las medidas cautelares pueden adoptar varias formas. Se puede solicitar al Tribunal que:
suspenda la validez o la ejecución de la decisión administrativa;
prohíba al organismo administrativo que adopte la Decisión impugnada;
exija al organismo administrativo que adopte la Decisión impugnada;
embargue activos;
prohíba a la persona a la que se destina la decisión (por ejemplo, una compañía minera que ha obtenido un permiso de extracción) que lleve a cabo actividades reglamentadas por la decisión o la obligue a llevarlas a cabo o establezca obligaciones para esa actividad; por ejemplo, ofrecer garantías al interesado.
Si el demandante opta por impugnar una decisión administrativa por medio de un recurso administrativo (vaie), también puede solicitar que el Tribunal dicte medidas cautelares. El interesado puede solicitar medidas cautelares en cualquier momento durante el procedimiento judicial o el recurso administrativo (vaie), por lo que no existe un plazo. El demandante no debe facilitar una garantía contra los posibles daños o pérdidas económicas que puedan derivarse de la aplicación de las medidas cautelares. Al mismo tiempo, debe pagar una tasa por la solicitud. En su solicitud de medidas cautelares, el interesado debe indicar como mínimo lo siguiente:
El objeto del litigio;
Las razones para presentar la solicitud (circunstancias que la hacen necesaria);
la medida cautelar preferida;
su identificación personal y sus datos de contacto.
Las medidas cautelares solamente son aplicadas por los tribunales si la protección de los derechos del interesado o la consecución del objetivo de su recurso fuese impracticable o imposible. Los tribunales adoptan una decisión sobre las medidas cautelares mediante una resolución judicial. Es posible impugnar esta resolución presentando un recurso en un plazo de 15 días a partir de su adopción. Es necesario dirigir el recurso al juzgado comarcal, pero debe presentarse en el Tribunal administrativo que dictó la resolución que se desea impugnar. El tribunal administrativo considerará la admisibilidad del recurso y preparará la revisión en el juzgado comarcal o la efectuará por su cuenta.
Si una persona desea presentar una demanda ante los tribunales deberá tener en cuenta dos categorías de posibles costas: gastos judiciales (kohtukulud) y gastos extrajudiciales (kohtuvälised kulud). Los gastos judiciales son costas esenciales para la vista del asunto, esto es, la tasa estatal (riigilõiv), la fianza y las costas procesales esenciales (por ejemplo, costas relacionadas con los testigos, los peritos, la obtención de pruebas, etc.). Los gastos extrajudiciales son costas que no son esenciales para la vista del asunto; por ejemplo, los honorarios de los asesores jurídicos y representantes contractuales, los gastos de viaje de los participantes en el procedimiento, los salarios no percibidos debido al litigio, etc. Si desea iniciar un procedimiento contra una decisión administrativa, debe pagar la correspondiente tasa estatal. También debe pagar otra tasa por recurrir ante el juzgado comarcal una sentencia o una resolución judicial de los tribunales administrativos. Los importes aplicables pueden consultarse en la Ley de tasas estatales; Para más información, puede consultarse aquí.https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-ee-en.do?init=true&member=1
Los tribunales administrativos pueden eximir a una parte del pago de las tasas estatales y la fianza así como de las costas procesales esenciales (por ejemplo, las relacionadas con los testigos, los peritos, la obtención de pruebas, etc.). Una parte puede quedar exenta de las costas en su totalidad o en parte. Otra opción es que las costas no se paguen por adelantado de una vez (como estipula la norma), sino a plazos. Para obtener una exención, el interesado debe solicitarla. En la solicitud deberá facilitar la siguiente información:
procedimientos a los que se aplica la exención;
su función en esos procedimientos, así como las principales reclamaciones;
El fundamento de su reclamación o de su objeción.
Si el interesado solicita la exención como persona física (particular) debe añadir una declaración sobre su situación financiera (y también sobre la de su familia), así como otros documentos que demuestren esa declaración. Los formularios de la Declaración y la solicitud de exención, así como toda la información adicional, están disponibles en la página web del Ministerio de Justicia. https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 La solicitud debe ser redactada en estonio o bien en inglés. Si se solicita la exención como representante de una persona jurídica (organización), se debe añadir una copia de los estatutos de la organización y la copia certificada del informe anual correspondiente al ejercicio anterior. Tras recibir la solicitud y los documentos adicionales, el Tribunal decidirá si exime al solicitante de las costas y en qué medida. La exención se concede solamente si el solicitante no puede pagar las costas debido a su situación económica y si se supone que su participación puede tener éxito. No se conceden exenciones si:
el interesado no tiene capacidad procesal;
los posibles beneficios de la sentencia para el interesado no son proporcionales al coste de las cosas, o si
La impugnación no le permite alcanzar sus fines.
No se presta asistencia financiera directa para los procedimientos judiciales. El interesado solamente puede ser eximido de las costas que debe pagar por adelantado (véase más arriba) o recibir asistencia jurídica financiada por el Estado. Además de ser eximido de las costas, el interesado también puede recibir asistencia jurídica financiada por el Estado. La asistencia jurídica del Estado la prestan abogados (miembros del colegio de abogados) que inicialmente son pagados por el Estado. Esto no significa que esta ayuda sea incondicionalmente gratuita. En determinados casos, el interesado deberá pagar una parte de las costas o pagarlas en plazos antes o bien después de la sentencia. Las condiciones de las solicitudes y de las revisiones de solicitudes son las mismas que para la exención de costas por parte del Tribunal (véase más arriba). Los formularios y la información adicional figuran en la página web del Ministerio de Justicia. https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 Habitualmente los bufetes jurídicos no ofrecen asistencia jurídica, aunque pueden darse casos excepcionales. Existen dos consultorios jurídicos gratuitos en los que estudiantes de Derecho prestan asistencia jurídica a la población de manera gratuita; se encuentran en Tallín y en Tartu. Ninguno de los consultorios jurídicos gratuitos ha definido los ámbitos en los que prestan asistencia. Por otra parte, como estudiantes, su conocimiento de áreas específicas como el Derecho ambiental puede ser limitado. Además de los consultorios jurídicos gratuitos gestionados por estudiantes, en Tallín, Tartu y Jõhvi desarrollan su actividad (lo hacían hasta el 15 de diciembre) «farmacias jurídicas». En estos centros, abogados profesionales prestan asistencia jurídica gratuita, pero por desgracia ninguno de ellos está especializado en Derecho ambiental. El Centro de Derecho ambiental de Estonia es una organización de Derecho ambiental de interés público que funciona en Tartu. Anteriormente ha ofrecido justicia gratuita al público a proyectos concretos. Además, presta asistencia jurídica gratuita en materia ambiental al público de manera regular. Para obtener más información sobre las condiciones del servicio, recomendamos visitar su página web. http://k6k.ee/activities/legal-services
En Estonia no existen unos plazos de aplicación general para todas las decisiones administrativas. Sin embargo, se contemplan unas fechas límite específicas para determinados tipos de decisiones. Por ejemplo, la Junta de Medio Ambiente está obligada a adoptar una decisión sobre una solicitud de permiso ambiental integrado en un plazo de 120 días. Si el organismo administrativo prevé que no podrá dictar su decisión dentro del plazo previsto por la ley, debe notificar al solicitante el período probable y explicar los motivos del retraso. Si los derechos de un solicitante son vulnerados debido a un retraso, el interesado tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios por ese retraso, o bien puede impugnar el retraso ante los tribunales administrativos o por medio de un recurso administrativo (vaie). En los casos en que el Derecho lo contemple, el retraso puede ser considerado una aprobación tácita de una solicitud (por ejemplo, un permiso). Si el interesado desea presentar una demanda contra un acto administrativo en materia ambiental, habitualmente debe hacerlo en un plazo de 30 días. El plazo comienza en la fecha en que se le notificó la Decisión. De manera excepcional, el plazo en que se puede presentar la demanda puede prologarse hasta un máximo de tres años, si el demandante:
solicita una compensación por los daños causados por un organismo administrativo;
solicita la anulación de los efectos ilegales de un acto administrativo;
desea que el acto administrativo sea declarado ilícito.
El tribunal revisará en primer lugar la demanda y concederá 15 días para modificarla o completarla si contiene defectos menores. Cuando se organiza una vista judicial, el período entre la presentación d e la demanda a las otras partes y la vista debe ser de al menos 30 días. El demandante puede presentar nuevos hechos o peticiones tras presentar una demanda solamente si el tribunal puede comunicarlos a las otras Partes como mínimo 7 días antes de la vista judicial. En el caso de los procedimientos por escrito, se autorizan si pueden ser presentados a las otras partes al menos 7 días antes de la fecha establecida para presentar documentos. El Tribunal debe adoptar y dictar su sentencia en un plazo de 30 días a partir de la última vista judicial (o de la fecha establecida para presentar documentos en el caso de los procedimientos por escrito). En casos excepcionales (por ejemplo, cuando el volumen de material sea inusualmente grande o cuando el asunto sea muy complejo) este plazo puede ampliarse hasta 60 días. Para interponer un recurso ante los juzgados comarcales contra la sentencia dictada por los tribunales administrativos, el plazo disponible es de 30 días a partir de su publicación. Los recursos ante el Tribunal Supremo contra las sentencias de los juzgados comarcales también deben ser presentados en un plazo de 30 días. Si se desea impugnar una resolución judicial, se debe presentar el recurso en un plazo de 15 días. Dado que los asuntos ambientales pueden ser bastante diferentes en cuanto a su complejidad, tanto de hecho como de Derecho, es difícil indicar cuánto puede durar el asunto. Otro factor que dificulta evaluar la duración de los asuntos ambientales ante los tribunales es la escasa práctica en este ámbito. Sin embargo, el tiempo medio de procedimiento en los tribunales de primera instancia de 2013 tiene su origen en lo siguiente:
Asuntos civiles: 168 días
Asuntos penales: 262 días
Delitos menores — 62 días
Asuntos administrativos: 144 días
Dado que los asuntos ambientales son bastante complejos en comparación con muchas otras causas administrativas, pueden tardar más que la media. No existe un plazo concreto para resolver los asuntos de este tipo, solamente un requisito muy general para resolverlo dentro de «un período de tiempo razonable». No obstante, existe un plazo para dictar sentencia una vez el Tribunal ha reunido información suficiente. Tras la última vista judicial o tras la fecha establecida para presentar documentos en el caso de los procedimientos por escrito, el Tribunal está obligado a hacer pública la sentencia en un plazo de 30 días. Solamente de manera excepcional (por ejemplo, cuando el volumen de material es grande o si el asunto es altamente complejo, de hecho o de Derecho) se puede ampliar este plazo hasta 60 días. No es posible recurrir una sentencia solamente porque se dictó con retraso. Tampoco es posible reclamar daños y perjuicios debido al retraso, a menos que el juez también haya cometido una infracción penal (por ejemplo, si ha aceptado un soborno para demorar la sentencia). De cualquier manera, se deben adoptar medidas disciplinarias contra un juez si no dicta sentencia a tiempo y si lo hace de manera dolosa o negligente. Las medidas disciplinarias contra los jueces solamente pueden ser adoptadas por los presidentes de los tribunales administrativos y los juzgados comarcales y por el Presidente del Tribunal Supremo, además del Canciller de Justicia. http://oiguskantsler.ee/en
Como norma, la impugnación de las decisiones en materia ambiental solamente es posible después de la decisión final o del acto administrativo (haldusakt), por ejemplo, un permiso ambiental, un plan de ordenamiento del territorio, etc. — se ha emitido. Por tanto, las decisiones ambientales habitualmente son impugnadas una vez el procedimiento administrativo dirigido a tomar una decisión administrativa que afectaría a los derechos individuales se complete. No se dispone de información exhaustiva, detallada y de fácil comprensión sob re el acceso a la justicia en materia ambiental. De manera adicional, la mayor parte de los materiales disponibles han sido compilados antes de la adopción del nuevo Código de procedimientos judiciales administrativos, y parte de la información podría ser actualizada. No obstante, existen algunas fuentes de información que pueden resultar de utilidad:
información sobre el ejercicio de una acción ante los tribunales administrativos, normas procesales, etc. Dado que solo hay un número muy limitado de aspectos específicos en el ámbito del Derecho ambiental (principalmente, unas normas menos estrictas sobre la capacidad procesal), es de aplicación en su mayor parte (en estonio);
asesoramiento sobre el acceso a la justicia para grupos ad hoc en materia ambiental (en estonio)
algunos consejos sobre el acceso a la justicia en materia ambiental (en estonio)
Existen dos métodos oficiales de resolución alternativa de litigios que se pueden utilizar en materia ambiental. En primer lugar, se puede poner fin a un proceso judicial por medio de un acuerdo. En segundo lugar, desde el 1 de enero de 2012 (desde la entrada en vigor del nuevo Código de procedimientos administrativos) la conciliación es un procedimiento más. Las partes pueden alcanzar un acuerdo como resultado de unas negociaciones extrajudiciales entre ellas. Si el acuerdo puede afectar a los derechos de terceros, es necesaria la aprobación de estos. Con el fin de poner fin a un asunto mediante un acuerdo, el tribunal debe aprobarlo. Los tribunales pueden denegar la aprobación si el acuerdo es ilegal, imposible de cumplir o vulnera los derechos de terceros que no han sido incluidos en los procedimientos. La conciliación es un tipo especial de procedimiento judicial administrativo en el que las partes resuelven un litigio por medio de negociaciones bajo la dirección de un juez. Los procedimientos de conciliación solamente se utilizan si las partes y los terceros así lo acuerdan. Las partes pueden decidir que abandonan el procedimiento de conciliación en cualquier momento; En tal caso, se emplearán los procedimientos contenciosos habituales para resolver el litigio. La conciliación solamente es posible en los tribunales administrativos (tribunales de primera instancia).
En general, a un ciudadano extranjero que quiera impugnar una decisión administrativa ante los tribunales administrativos de Estonia se le aplicarán las mismas normas procesales. Si alguien desea actuar como representante de una persona jurídica (organización) extranjera, debe presentar pruebas adicionales de su capacidad jurídica y de sus representantes autorizados. Los procedimientos judiciales solamente se celebran en estonio, lo que significa que todos los documentos y las declaraciones habitualmente son traducidos o interpretados. De manera excepcional, es posible presentar declaraciones en otra lengua, sin traducción ni interpretación si el declarante no habla estonio pero todas las otras partes comprenden sus declaraciones. Si se presenta una declaración por escrito o un documento en una lengua extranjera, el tribunal exigirá que sea traducida por quien la presenta o que se organice su traducción. El Tribunal no requerirá que se traduzca el documento si fuese desproporcionadamente complicado o imposible. Si se requiere a una parte que presente una traducción y no lo hace en la fecha establecida por el Tribunal, se desestimará el documento o la declaración por escrito. También es posible pedir al Tribunal que organice la traducción (en tal caso, la parte que lo solicita debe pagar por ese servicio). En la medida de lo posible se recurre a traductores jurados. Por sus servicios se paga una tasa estatal. Si una parte no habla estonio, el Tribunal incluirá un traductor en los procedimientos a petición de esa parte o por iniciativa propia. Si esto no puede hacerse de inmediato, el tribunal requerirá a la parte que encuentre un intérprete o un representante que hable estonio. Si la parte no lo hace en la fecha establecida por el Tribunal, la demanda puede ser desestimada. Si resulta desproporcionadamente complicado o imposible, el tribunal puede buscar un traductor por su cuenta. En cualquier caso, el interesado deberá pagar las costas asociadas. Si el tribunal organiza la traducción, se pueden utilizar traductores judiciales.
Si un ciudadano extranjero desea impugnar una decisión administrativa que tiene consecuencias para el medio ambiente en Estonia, puede hacerlo de conformidad con las mismas normas que los nacionales y las empresas de Estonia. Más aún:
Solamente se puede impugnar en los tribunales estonios los actos de los organismos administrativos de Estonia;
se puede impugnar tanto la legalidad procesal como la legalidad sustantiva del acto;
Como norma, el interesado está autorizado a impugnar un acto administrativo (haldusakt) si vulnera sus derechos;
En materia ambiental, el interesado también puede impugnar un acto administrativo que afecta a sus intereses legítimos;
En el caso de las ONG de protección del medio ambiente y de las asociaciones de personas, la vulneración de derechos y el interés legítimo afectado se dan por supuestos;
De manera excepcional, el interesado también puede impugnar actos procesales administrativos (menetlustoimingud) de organismos administrativos (si vulneran sus derechos con independencia del acto final, o si en última instancia conducen a un acto final ilícito);
tanto los particulares como las organizaciones (personas jurídicas) pueden presentar una demanda; En materia ambiental, una asociación de personas no constituida en entidad jurídica también puede presentar una demanda excepcionalmente.
No existen normas específicas para los asuntos que implican problemas ambientales en otros países. Sin embargo, los principios de no discriminación son de aplicación en el Derecho comunitario. Esto significa que si una determinada cuestión ambiental está reglamentada por el Derecho de la UE (por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, la calidad del aire ambiente, etc.), el acceso a los tribunales de los nacionales de otros países comunitarios debe ser equiparable al de los nacionales. Así pues, un ciudadano de otro país de la UE puede presentar una demanda ante un tribunal de Estonia en aquellos casos en que un acto (decisión) administrativo derive en problemas ambientales en su país de origen. Como de costumbre, se puede impugnar tanto la legalidad procesal como la legalidad sustantiva del acto. Para tener capacidad procesal, el demandante debe demostrar que sus derechos han sido vulnerados o bien que tiene su interés legítimo está afectado por el acto administrativo. El principio de no discriminación también es de aplicación para otras normas procesales además de la capacidad procesal. El interesado tiene derecho a solicitar asistencia jurídica estatal (también puede cumplimentar la solicitud en inglés; puede encontrarse más información en la página web del Ministerio de Justicia. https://www.just.ee/en/state-legal-assistance-0 El demandante también tiene derecho a pedir la protección provisional de sus derechos. No obstante, hay que señalar que los procedimientos judiciales tienen lugar en Estonia; Por tanto, el demandante puede necesitar un intérprete si no habla estonio. Los gastos de interpretación también pueden ser cubiertos por la asistencia jurídica estatal. De conformidad con el principio de no discriminación, cuando el acto administrativo impugnado se fundamenta en la legislación de la UE, se aplican las mismas normas que para los autóctonos se aplicará para determinar qué extranjeros pueden impugnarlo. Esto significa que una actividad puede ser impugnada por las siguientes entidades extranjeras:
particulares (personas físicas);
organizaciones (personas jurídicas);
asociaciones contractuales de personas que no son personas jurídicas (no registradas como tales),
se hayan vulnerado sus derechos o
estén afectados sus intereses legítimos.
En el caso de las ONG de protección ambiental y las asociaciones contractuales, se presupone la vulneración de derechos o el interés legítimo. El demandante no puede elegir un país para interponer su demanda en materia ambiental de conformidad con el Código de procedimientos judiciales de Estonia. Según este código, no es posible interponer una demanda contra organismos administrativos de otros países ante los tribunales estonios. Por otra parte, solamente se puede interponer una demanda contra un organismo administrativo de Estonia ante el tribunal administrativo estonio que tenga competencia judicial en la sede territorial de ese organismo administrativo.
Constitución de la República de Estonia (en estonio)
Constitución de la República de Estonia (en inglés, de 28.06.2007)
Código de procedimientos judiciales administrativos (en estonio)
Código de procedimientos judiciales administrativos (en inglés, de 1.01.2013)
Ley de los tribunales (en estonio)
Ley de los tribunales (en inglés, de 1.1.2012)
Ley del Canciller de Justicia (en estonio)
Ley del Canciller de Justicia (en inglés, enero de 2007)
Centro de Derecho ambiental de Estonia (CDAE): ONG en materia de Derecho ambiental de interés público
Justicia & Medio ambiente: red europea de organizaciones de Derecho ambiental de la que el CDAE es miembro.
Canciller de Justicia (actúa como Defensor del Pueblo)
Página web de los tribunales estonios con información sobre los procedimientos judiciales administrativos.

References: artículo 5
 artículo 15
 artículo 24
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 artículo 76
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