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Timestamp: 2018-06-25 11:27:36+00:00

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Actividad nuclear en la Argentina: demasiadas preguntas | NORMA MORANDINI
Proyectos de comunicación | Labor parlamentaria
Actividad nuclear en la Argentina: demasiadas preguntas
A más de una década y media de la sanción de la ley que regula la gestión de los residuos radioactivos, la actividad nuclear en nuestro país continúa rodeada de hermetismo.
La H. Cámara de Senadores de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la actividad nuclear en la República Argentina y el cumplimiento, en particular, de las leyes 24.804 y 25.018:
1. En tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha identificado 376 instalaciones con aplicaciones industriales y 890 centros e instalaciones productoras de radioisótopos para la medicina, el agro, la industria y la investigación y el desarrollo, y que todas ellas son generadoras de residuos radiactivos mayoritariamente pertenecientes a emprendimientos privados no estatales, indique cuáles son las razones por las que aún no se ha constituido el “Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos”, creado en el año 1998 mediante el art. 13 de la ley 25.018 y que debía conformarse con los aportes de los generadores de residuos radiactivos.
2. Cuál fue el destino de los aportes que debían realizar los generadores de residuos radiactivos desde la sanción de la ley 25.018 y que debían ser aplicados al “Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos”. Detalle los montos totales percibidos anualmente bajo este concepto desde la promulgación de la mencionada norma.
3. Por qué razón el Poder Ejecutivo Nacional aún no ha enviado el “Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos” al Congreso Nacional para su aprobación, conforme lo establecido en el artículo 9º de la ley 25.018, a pesar de haber sido ya elaborado por la CNEA y aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
4. Por qué razón nuestro país aún no cuenta con repositorios o sistemas de disposición final de residuos radiactivos de alta, media o baja actividad generados por la actividad nuclear estatal y privada, considerando que se encuentran operativas las centrales nucleares denominadas ATUCHA I y II, CAREM 25, Central Nuclear Embalse, al tiempo que está en estudio la construcción de dos nuevas centrales nucleares.
5. Si se encuentra en estudio la adopción de sistemas de “ciclo cerrado” destinados al reprocesamiento y reconversión del combustible gastado en las centrales nucleares, a fin de minimizar el consumo de recursos naturales no renovables y los riesgos biológicos y químicos asociados a su gestión.
6. En tanto la planta de producción de dióxido de uranio localizada en la ciudad de Córdoba fue clausurada en forma definitiva por parte de las autoridades locales, precise los motivos por los cuales la Autoridad Regulatoria Nuclear renovó -mediante resolución 722/14- la licencia de operación solicitada por su propietaria, Dioxitek S.A.
7. En razón de que el 7/11/12 se suscribió un acuerdo entre la Municipalidad de Córdoba, Dioxitek S.A. y la CNEA mediante el cual la empresa estatal se comprometió a trasladar la planta de procesamiento de dióxido de uranio emplazada en la ciudad de Córdoba en un plazo que no podría exceder el 07/11/2014, detalle las tareas realizadas hasta la fecha tendientes a dar cumplimiento al compromiso asumido a más de 6 meses de expirado el plazo acordado. En el mismo sentido:
a) Remita copia del “Plan de Traslado” y los correspondientes informes de avance elaborados en el marco del mencionado acuerdo.
b) Precise la fecha estimada para la conclusión del plan de retiro y desmantelamiento de la actual planta.
8. Remita copia del programa de trabajo para la remediación ambiental del depósito de colas de mineral de uranio identificado como “El Chichón”, localizado en el predio de la actual planta de Dioxitek S.A., desarrollado por la CNEA en el marco del citado Acuerdo (cfr. clausula TERCERA). Asimismo:
a) Indique si la mencionada propuesta fue aprobada por las autoridades municipales y, en caso afirmativo, cuál es el estado de avance de las tareas previstas;
b) Remita copia del Estudio de Impacto Ambiental y del Informe de Evaluación Radiológica elaborado a tales efectos.
c) Precise si el Estudio de Impacto Ambiental ya fue presentado a las autoridades competentes y, en caso afirmativo, cuál es la fecha estimada para la realización de la correspondiente audiencia pública, conforme el régimen normativo específico y el propio Acuerdo.
9. En qué fechas fueron presentados ante el Honorable Congreso de la Nación el “Informe Anual de Actividades” –cfr. artículo 16º de la Ley 24.804- y los “Informes Anuales” – crf. artículo 9º de la ley 25.018- correspondientes a los años 2013 y 2014.
El consumo de energía eléctrica en la Argentina ha crecido en la última década en desigual proporción a la expansión de la oferta de generación eléctrica. En buena medida, ese crecimiento se explica porque los patrones de consumo residencial se han transformado por el impulso de las bajas tarifas a fuerza de subsidios. Basta comparar la ratio de consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) de los últimos años para advertir que era necesario replantear el mercado con proyección de largo plazo por sobre la coyuntura y los costos políticos individuales. Así es como se observa que mientras el consumo per cápita para el año 2002 fue de 2.017 kWh/año, ese mismo indicador ascendió a los 2.967 kWh/año en 2011. En 2014 se observa una caída en los niveles alcanzados del orden de los 2.500 kWh/año.
Como contrapartida del consumo, es necesario analizar la generación bruta de energía eléctrica que debe responder a esa demanda creciente. La producción bruta de energía eléctrica en 2002 fue de 83.19 millones de kWh; el 54% a partir del gas, 27% de energía hidroeléctrica, el 9,4% del petróleo, un 2,2% a partir del carbón, y el 5,39% (5,82 millones de kWh) de origen nuclear. En 2014 la energía nuclear proporcionó más de 5.788 GWh de electricidad -alrededor del 4.95% de la generación total-, como consecuencia de los trabajos de extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse, por los que está operando al 80% de su capacidad instalada.
En este contexto, el presidente Néstor Kirchner relanzó en el año 2006 las obras de construcción de la central nuclear Atucha II, que habían sido iniciadas en 1980 y abandonada 14 años después. Con esta iniciativa el gobierno nacional decidió reimpulsar en nuestro país el plan nuclear a pesar de que en el contexto internacional ya se comenzaba a discutir su peligrosidad. Atucha II debió ser rediseñada casi por completo tras la desaparición de la empresa Kraftwerk Union Aktiengesellschaft (controlada de Siemens) diseñadora y constructora del reactor KWU, cuya tecnología se planeaba implementar. Fue recién a finales del año 2014 cuando se informó definitivamente la puesta en servicio de esta central eléctrica. También a instancias del Poder Ejecutivo, en noviembre de 2009 el Congreso aprobó la ley 26.566, que declara de “Interés Nacional” la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse (CNE) y la construcción de una cuarta planta atómica. En el mes de agosto de 2011 el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido, anunció la puesta en marcha de la etapa final de las obras destinadas a la prolongación de la vida útil de la CNE por 30 años y a incrementar su potencia en el orden del 5% por sobre su capacidad actual.
Quienes postulan el uso de la energía nuclear como fuente de generación de energía eléctrica argumentan que aquella supone un significativo ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) si se compara con las fuentes tradicionales, como las que resultan de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, ésta es una verdad a medias. En la actualidad sólo se utiliza la energía nuclear para generar energía eléctrica, por lo que aun si la usáramos como fuente única sólo estaríamos reduciendo una mínima parte del total de las emisiones que el sector energético produce por la quema de combustibles fósiles, ya que la mayor parte de ese consumo proviene del transporte terrestre -automotor-, es decir, de su uso en los motores de combustión.
Al analizar el uso civil -no militar- de la tecnología nuclear resulta fundamental concentrarse en uno de los mayores inconvenientes que provoca: la generación de residuos y la dificultad para gestionarlos. Como en toda actividad industrial, la aplicación de las diversas tecnologías nucleares genera una fracción de residuos que no se pueden reciclar ni reutilizar, éstos son los denominados residuos radiactivos.
La particularidad de estos residuos es que por su nivel de radiactividad no pueden descartarse como residuos convencionales y deben ser gestionados de manera diferenciada. Este tipo de residuos está compuesto principalmente por elementos (isótopos) inestables y la naturaleza de los elementos inestables es tender a la estabilidad, a través de un proceso en el que emiten radiación. Estas emisiones se conocen como “decaimiento radiactivo” y tienen diferentes características según cada elemento. La gran variedad de residuos radiactivos y su peligrosidad varía según sea la etapa del ciclo del combustible que analicemos: la producción de combustibles y operación de centrales nucleares, producción de radioisótopos para medicina nuclear, investigación, aplicaciones industriales, entre otros. En Argentina se desarrollan aún hoy todas estas actividades, desde la extracción del mineral de uranio, la generación de electricidad en centrales nucleares hasta el desarrollo de reactores de investigación y aplicaciones en la medicina, el agro y la investigación científica. La mayoría de estas actividades generan residuos radiactivos de baja o muy baja actividad, pero también se generan residuos de alta actividad, sobre todo en la operación y mantenimiento de centrales nucleares.
Si bien es cierto que Argentina es uno de los pocos países en proceso de desarrollo que ha registrado un considerable avance en el campo nuclear y cuenta con capacidades para alcanzar el ciclo nuclear completo, no menos cierto es que países como Alemania han anunciado que abandonarán, tras el desastre nuclear ocurrido en la central nuclear de Fukushima, la tecnología nuclear como fuente de generación energética en el próximo decenio.
En nuestro país la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue creada en 1950 en el ámbito del Poder Ejecutivo y es el organismo encargado del estudio, desarrollo y aplicación de todos los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía nuclear. El concepto de seguridad radiológica incluye desde su inicio operaciones tan variadas como la minería del uranio, la producción de radioisótopos o la operación de reactores de investigación hasta reactores de potencia para generación de energía eléctrica. La seguridad radiológica es uno de los pilares en los que se debe apoyar la sustentabilidad de toda actividad nuclear en Argentina y en el mundo.
La gestión de los residuos radiactivos se encuentra regulada por la ley 25.018. Esta norma establece en su artículo 9º que la CNEA deberá elaborar en un plazo de seis meses a partir de su promulgación un “Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos” que incluirá el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos -creado por el artículo 10º. Dicho plan y sus actualizaciones serán enviados al Poder Ejecutivo nacional, quien previa consulta a la Autoridad Regulatoria Nuclear lo elevará al Congreso de la Nación para su aprobación por ley. A pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la ley 25.018, el 19 de octubre de 1998, la política del Estado en materia de gestión de residuos radiactivos no es pública. Ha pasado más de una década y media y aún no se ha remitido al Parlamento el mencionado “Plan” para su sanción, a pesar de estar elaborado por la CNEA conforme se desprende de los informes presentados al H. Congreso de la Nación sobre “Gestión de los residuos radioactivos y de los combustibles gastados en la República Argentina” entre los años 2007 y 2011. Mayor grado de secretismo le otorga el reconocimiento que realizó la Jefatura de Gabinete de Ministros en su informe Nº89 al Senado de la Nación respecto a que el mencionado Plan ya fue elaborado por la CNEA, aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear y enviado a la Secretaría de Energía de la Nación, pero nunca fue ingresado para su debate en el Congreso de la Nación.
Por otro lado, el artículo 13º de la citada ley crea el “Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos”, que debía constituirse a partir de la promulgación de la norma y cuyo destino exclusivo sería el financiamiento del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, a cargo de la CNEA. Este fondo se conformará con los aportes de los generadores de residuos radiactivos. Sin embargo, a más de 16 años desde la sanción de la norma desconocemos si el Fondo ha sido constituido, así como también qué destino se dio a los aportes que los generadores de residuos debieron efectuar para este fin. Es por esta razón que solicitamos al Poder Ejecutivo nos informe los motivos por los cuales el Estado se resiste a dar cumplimiento a la implementación de la herramienta que el legislador oportunamente creó, al tiempo que es necesario conocer el destino de aquellos recursos financieros cuyo cargo no debía ser otro que la gestión y tratamiento de una categoría de residuos cuya peligrosidad es reconocida por la propia industria.
La actividad nuclear, por tratarse de una actividad riesgosa, debe estar sometida a controles exhaustivos, con rigurosidad técnica y apegada a la normativa nacional e internacional. No menos importante resulta considerar la publicidad de la información de todo cuanto a esta actividad compete, sobre todo porque en nuestro país la actividad nuclear sólo es utilizada para fines pacíficos y no militares, lo que torna irracional el hermetismo que rodea a esta industria a pesar de transmitir en todo documento y conferencia de prensa que se cumple con las más estrictas medidas de seguridad homologadas por los organismos de control internacional.
No hay participación ciudadana posible sin acceso a la información pública ambiental, un derecho consagrado por el Principio 10 de la Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río ´92). Este Principio establece la inescindible relación entre la participación ciudadana en la gestión de un ambiente sano, el acceso a la información pública y el posterior acceso a la justicia y, como contrapartida, la obligación de los Estados a garantizar estos derechos. En el caso de la actividad nuclear, con dos centrales operativas – una de ellas con sobrevida útil de dudosa autenticidad-, una pronta a ser puesta en servicio y dos más en análisis para su construcción, minas de uranio sobre las que pesa la obligación de remediar desde hace más de 14 años, una industria de purificación de uranio y elaboración de Cobalto 60, la transparencia en la gestión debería ser el estandarte de las autoridades estatales, respecto de una actividad tan dicotómica como la nuclear, ya que puede ser tan útil para salvar vidas como para destruirlas.
Sin embargo, las autoridades regulatorias parecen dialogar únicamente entre entendidos, escatiman la información técnica aduciendo razones de seguridad nacional respecto de una actividad que no es utilizada para un fin bélico, retrasan el cumplimiento de remediar los daños producidos sobre el ambiente por la industria extractiva del uranio, infringen su obligación con respecto al Poder Legislativo ya que los informes exigidos se presentan con más de dos años de atraso, incumplen sistemática y reiteradamente la responsabilidad de elaborar programas de gestión de residuos radiactivos e informan que determinadas industrias incluidas en el ciclo de vida de la actividad nuclear no generan residuos radiactivos, pretendiendo que la ciudadanía confíe en ampulosas declaraciones periodísticas de funcionarios que anuncian el fin pero olvidan explicar los medios.
Transcurridos 11 años del anuncio del Plan Energético Nacional formulado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -en mayo de 2004- se firmó, en el marco de la Segunda Reunión de Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica Argentina-China que se realizó en la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), con el presidente de la Administración Nacional de Energía y vicepresidente de la China National Nuclear Company (CNNC) un acuerdo en el que ratifican el trabajo conjunto para la construcción de la cuarta central nuclear en la Argentina. En tanto que en el marco de la 58ª. Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se suscribieron los acuerdos con la empresa estatal rusa Rosatom para la construcción de la quinta central nuclear en territorio nacional. Acuerdo que luego fue extendido por el Ministro de Planificación, Arq. Julio De Vido, al suscribir en el mes de abril de 2015 un nuevo acuerdo con la rusa Rosatom para la construcción de la sexta central nuclear en la Argentina.
Asimismo, durante el presente año se pondrá en servicio el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, instalación de la CNEA, ubicada en la Provincia de Río Negro, en el paraje Pichileufú Arriba, sitio donde se producirá el uranio enriquecido utilizado para potenciar el combustible para los reactores nucleares.
También este año se dará comienzo, con más de cuatro años de postergación desde su fecha prevista y recomendada inicialmente, a las obras de “Extensión de la Vida Útil de la Central Nuclear Embalse” generando residuos propios de este tipo de obras así como potenciando aún más los residuos radiactivos futuros producto de su re potenciación en más de un 25%.
El panorama planteado en el marco del denominado “Plan Energético” que elaboró el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no parece haber dado resultados satisfactorios y nos demuestra que en los últimos dos años el Estado nacional se abocó a unificar la matriz energética bajo una fuente única cuya peligrosidad ha quedado demostrada en cada uno de los incidentes ocurridos a lo largo de la historia. La matriz parece centralizarse en la energía generada a partir de la tecnología nuclear y si bien es cierto que nuestro país posee el ciclo completo, no menos cierto es que no estamos preparados para minimizar los impactos negativos y potencialmente dañinos que sus residuos producen sobre el ambiente y la salud de la población.
Los residuos que este tipo de industria produce no son reutilizables ni reciclables y por su nivel de actividad no pueden ser descartados como residuos convencionales. En nuestro país, se ha optado por un criterio de clasificación de los residuos radiactivos por niveles (muy bajo, bajo, medio, alto) de acuerdo con el tipo de radiación y decaimiento de los elementos que contienen, pero no se cuenta con las instalaciones dedicadas a la gestión de los residuos de media y alta radiactividad, por lo que desde el comienzo de las operaciones de las centrales se han depositado provisoriamente en origen. Más alarmante aún resulta el reconocimiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros en su Informe Nº 89 respecto a que todos los sistemas de disposición final han culminado su operación y a que en la actualidad se encuentran operativos sólo dos depósitos de almacenamiento interino para fuentes selladas en desuso y residuos de muy bajo nivel de actividad provenientes de la operación de algunas instalaciones nucleares, pero sin respuesta para la totalidad de las fuentes. Sera recién, pero no se cuenta con certezas, para el año 2020 que se proyecta poner en servicio el primer repositorio de residuos de nivel bajo y medio, lo que revela una preocupante falta de programación y visión de futuro.
La obligación del Estado es garantizar la protección radiológica de la población de modo permanente y establecer, para el largo plazo, medidas que garanticen la seguridad de la población así como el derecho a gozar de un ambiente sano tal como lo consagra la Constitución Nacional. Por tales razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.-
Pedido de acceso a la información pública a la Comisión Nacional de Energía Atómica
Respuestas parciales de la Comisión Nacional de Energía Atómica
Pedido de acceso a la información pública: Dioxitek S.A
Pedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
[ VER PROYECTO EN SENADO.GOV.AR ]

References: artículo 9
 resolución 
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 13