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Timestamp: 2020-04-02 05:04:46+00:00

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Áreas de actuación Procedimientos Mediación bancaria Reclamación de accidentes
El Real Decreto Ley ratifica que los juzgados y tribunales no se cierran: Las profesiones legales siguen funcionando
Tal como adelantó ayer Confilegal, los servicios esenciales fijados por consenso por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las 12 Comunidades Autónomas con competencias en justicia transferidas, que fueron establecidos por el secretario de Estado de Justicia en su resolución de 14 de marzo pasado, siguen operativos. No hay cierre ni de juzgados ni de órganos judiciales. Así se desprende de la lectura del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, aprobado hoy por el Consejo de Ministros por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales. “Los abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos que presten asistencia en el ámbito de la Administración de Justicia, podrán seguir ejerciendo su actividad profesional y realizar los desplazamientos que sean necesarios en orden a asistir a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta manera, cumplir con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020″, dice la Disposición adicional primera de dicho Real Decreto Ley, que lleva el epígrafe “Actividad profesional y servicios esenciales en la Administración de Justicia”. En su punto 2 –el anterior es el primero– añade: “Los abogados podrán, asimismo, realizar desde su despacho profesional los desplazamientos necesarios para asistir a las actuaciones procesales mencionadas en el apartado anterior, así como para asesorar a las personas físicas y jurídicas para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo“.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia sobre las tarjetas revolving que precisa los criterios que deben aplicarse para considerar que los intereses de este tipo de préstamos son usurarios y, por tanto, nulos. En su primera sentencia de 2015 sobre estas tarjetas -previstas para créditos rápidos con mayor interés-, el Alto Tribunal anuló un crédito a un interés del 24,6%. Esta vez anula otro -de una tarjeta de WiZink Bank- con un interés del 26,82%. Aunque la conclusión sea la misma en ambos casos, los razonamientos para llegar a ella han sido diferentes. Hasta ahora, el Supremo había establecido que el término de comparación para decidir si un interés es usurario era la media de los créditos al consumo (por entonces, algo más de un 9%) que publicaba el Banco de España. Si doblaba esa media, debía considerarse excesivo y anularse. La novedad de la sentencia notificada este miércoles es que el Supremo precisa que la comparación no debe hacerse con la media de esos créditos al consumo normales, sino con la media de intereses cobrados en la categoría específica de tarjetas revolving. Anteriormente el Banco de España no desglosaba esa categoría. Eso supone que ahora el Supremo acepta que las tarjetas revolvingpuedan doblar los intereses de los créditos al consumo sin que por ello deban necesariamente considerarse usurarios. Por el contrario, si el interés está próximo a la media, será aceptable, lo que abre la puerta a que la media de estos créditos se aleje de la de los préstamos al consumo habituales sin riesgo de nulidad. La sentencia atempera esta consecuencia. Ahora ya no indica que sea necesario duplicar el interés medio para ser un crédito usurario, dado que todas estas tarjetas ya aplican un interés muy elevado. "El tipo medio del que, en calidad de 'interés normal del dinero', se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de 'interés normal del dinero' menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura", dice la sentencia.
El Juzgado Mercantil número 1 de Badajoz ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre el reparto de gastos hipotecarios cuando una cláusula se declara abusiva, a raíz de una demanda colectiva interpuesta por Adicae. La jueza ha cuestionado el reparto de gastos hipotecarios que establece el Tribunal Supremo y ha preguntado a Europa si, una vez que la cláusula ha sido declarada nula por abusiva, distribuir dichos gastos va en contra del derecho de la UE y su legislación. La magistrada también ha cuestionado si deben distribuirse por mitad entre prestamista y prestatario los gastos de notaría y gestoría, o si deben imponerse igualmente al prestatario los gastos de tasación del inmueble y el impuesto que grava la constitución de la hipoteca, recordando los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva Europea 93/13/CEE de 1993 que hacen referencia a estas consideraciones y añade el "efecto restitutorio" que se deriva de la aplicación de estas nulidades. El IRPH de un millón de hipotecas, el gran frente judicial de la banca en 2020 E. SANZ La Justicia europea deberá pronunciarse durante el ejercicio que está a punto de comenzar sobre el IRPH, las novaciones hipotecarias con cláusulas suelo o el vencimiento anticipado La jueza también ha recordado que el Tribunal Supremo ha dictado "resoluciones contradictorias entre sí" en un escaso periodo de tiempo "que han llevado a juzgadores, consumidores y banca a una preocupante situación de inseguridad jurídica". Además, ha solicitado que la cuestión se tramite por el procedimiento acelerado, al considerarlo "necesario" por los "graves e irreparables daños" que la situación puede estar provocando a los usuarios españoles. Por todo ello, ha apelado a la necesidad urgente de unificar los criterios interpretativos para "evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias que provoquen un grave e irreparable daño a los consumidores". Se trata de la primera vez que una acción de cesación colectiva sobre la abusividad de estos gastos hipotecarios en España llega al Tribunal de Justicia Europeo.
La Comisión Europea, en sus observaciones escritas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se ha posicionado a favor de las personas afectadas por el índice hipotecario español IRPH, oponiéndose frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo. En nuestro país hay un millón de familias que esperan con expectación el futuro fallo del TJUE sobre esta cuestión prejudicial Este escrito de conclusiones de la Comisión Europea, que supone un hito histórico de gran importancia en la batalla judicial contra el IRPH, fue dado a conocer por los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin. Las conclusiones de la Comisión se enmarcan en el contexto de una cuestión prejudicial relativa al IRPH planteada por un juzgado de Barcelona a petición del despacho de abogados Urbe, colaboradores del despacho donostiarra Abogados Res,de Ortiz y Erauskin. El TJUE ha sido interpelado para que aclare si la sentencia de Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017, en la que eximía la cláusula IRPH de todo control de transparencia, es ajustada al derecho comunitario. Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía dos votos particulares que afirmaban sin ambages que el fallo era contrario a derecho. Lo que debe resolver dicha cuestión prejudicial según Erauskin tiene que ver con si la incorporación de un índice oficial como el IRPH al contrato está exenta de cualquier control de transparencia (como defiende el Tribunal Supremo en su sentencia 669/2017 de 14 de diciembre de 2017), o si por el contrario la cláusula relativa al IRPH debe ser incorporada al contrato de manera transparente (como defienden muchos tribunales de primera y segunda instancia y también los dos magistrados del Tribunal Supremo en su voto particular). Siguiendo el procedimiento habitual, el TJUE solicitó a las partes, los estados miembro y a la Comisión Europea sus observaciones escritas relativas a la cuestión planteada, y la Comisión Europea ha respondido con un escrito de 40 páginas en el que se opone frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo español y se alinea con el voto particular, cuya explicación califica de “acertada y muy clara”. Tras recibir todas las observaciones, el abogado general del TJUE redactará ahora sus conclusiones. La opinión de la Comisión tiene un gran peso en las conclusiones del abogado general, y los dictámenes del Tribunal son mayoritariamente conformes con la opinión del abogado general. “Es por tanto muy probable que el Tribunal Supremo vuelva a ser corregido por Europa. Estamos en un momento histórico y muy esperanzador para las familias afectadas por el IRPH, que según nuestras estimaciones fue empleado en más de 1,3 millones de hipotecas”, apunta Erauskin. La doctrina del Supremo, en entredicho Si el TJUE responde a la cuestión prejudicial en la línea recomendada por la Comisión, los tribunales españoles deberán juzgar si la cláusula IRPH fue incorporada a los contratos con la suficiente transparencia, y en caso de no ser así deberán expulsarla del contrato. Se anularía por tanto la doctrina que quiso imponer el Supremo, afirmando que a esta cláusula no cabía aplicar ningún control de transparencia. El voto particular contenido en dicha sentencia, que puede ser avalado ahora por Europa, expresaba una opinión bien distinta: “no cabe poner en duda que el índice de referencia IRPH tanto al tenor de su fórmula matemática de cálculo, como por su peculiar configuración (incluye comisiones y además gasto del cliente, y se calcula por una media no ponderada) presenta una complejidad de compresión para el consumidor medio que lo hace idóneo como elemento o componente susceptible del control de transparencia”. Ningún contrato hipotecario referido al IRPH explica su configuración ni sus numerosas desventajas para el consumidor. Por ejemplo, un catedrático de estadística certificó que es un índice “muy poco robusto” y “manifiestamente mejorable”, y añadió que las entidades tienen capacidad para “incidir, influir, manipular y condicionar el resultado final” del índice. Esto significa que todas las cláusulas IRPH fueron incorporadas sin transparencia y, por tanto, todas ellas acabarían siendo declaradas nulas por los tribunales, exactamente igual que las cláusulas suelo. El TJUE también debe pronunciarse sobre las consecuencias de esta nulidad. La Comisión, en sus observaciones, recuerda que la consecuencia de la nulidad es la expulsión de la cláusula del contrato, y por tanto los contratos referidos a IRPH deberían quedar sin interés. El informe de la Comisión Europea conocido ayer es muy claro en lo que respecta al deber de transparencia, obligando al profesional a explicar al consumidor, antes de la firma del contrato, cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido su evolución de este tipo en el pasado así como su posible evolución futura y compararlo con el resto de tipos utilizados en el mercado. Además, dice el informe “corresponde al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación una cláusula contractual como la controvertida en caso de estimarla abusiva, manteniendo el resto del contrato si el mismo puede subsistir sin esta cláusula”. De esta manera, la Comisión Europea desmonta la argumentación del Alto Tribunal español que consideraba que el carácter oficial del índice constituía por sí mismo garantía suficiente para los consumidores españoles. Esto es algo perfectamente factible, y de hecho ya ha sido dictado por varios juzgadores en sus sentencias de nulidad de IRPH. Sólo para el hipotético caso de que algún juzgador determine que, por algún motivo particular, un contrato de préstamo no puede continuar sin interés, la Comisión recomienda que las partes acuerden un índice sustitutivo y que, en caso de falta de acuerdo, sea el juzgador quien determine el uso de un índice más habitual, como el Euribor, sin modificar el diferencial pactado. Pero, como ya se ha dicho, esto no debería ser necesario porque tanto el Código Civil como el Código de Comercio establecen que los préstamos son por defecto gratuitos. IRPH Stop Gipuzkoa, plataforma de afectados creada a raíz de la aparición del citado índice, valora de forma extremadamente positiva esta noticia histórica, y anima a todas las familias afectadas a “resistir hasta que llegue la tan esperada justicia”. Este pronunciamiento de la Comisión Europea coincide en el tiempo con las preguntas formuladas al Gobierno en el Congreso por En Marea (Unidos Podemos). Los diputados Marcos Guerrero y Vanessa Agustiahan realizado varias preguntas sobre IRPH y solicitan la comparecencia de los abogados Maite Ortiz y José Maria Erauskin. Publicado en Sin categoríaDeja un comentario
La Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de agosto de 2018 se pronuncia sobre los intereses de demora de los préstamos hipotecarios y sobre la cesión de créditos respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo y por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona en dos asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17. 1.- CESIÓN O COMPRA DE CRÉDITOS FRENTE A UN CONSUMIDOR La primera cuestión prejudicial (asunto C-96/16) fue planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona. Dos consumidores suscribieron con el Banco Santander dos contratos de préstamo: en el primero, el tipo de interés ordinario era del 8,50% y el interés de demora del 18,50%; el segundo, fijaba un tipo de interés ordinario del 11,20% y un interés de demora el 23,70%. Ante el impago de las cuotas mensuales, el Banco declaró el vencimiento anticipado de estos contratos y presentó demanda de ejecución de los créditos que tenía frente a los consumidores. Aunque en los contratos no se contemplaba esta posibilidad, el Banco cedió en escritura pública estos créditos a un tercero, el cual solicitó suceder al Banco Santander en el procedimiento de ejecución. El juez de Barcelona planteó al TJUE cuestión prejudicial sobre si los consumidores tienen derecho a recomprar su deuda y a extinguirla abonando al tercero el importe que pagó por la cesión más los intereses, las costas y los gastos aplicables. En concreto, tiene dudas sobre la compatibilidad de la Directiva 93/13 con una práctica empresarial de cesión o compra de créditos por un precio exiguo sin que exista una cláusula contractual específica en este sentido, sin que el deudor sea informado previamente de la cesión ni de su consentimiento a la misma y sin ofrecerle la oportunidad de recomprar su deuda para extinguirla reembolsando al cesionario el importe que éste pagó por la cesión. Posición del TJUE: El TJUE entiende que la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores no es aplicable a una práctica empresarial de cesión de créditos frente a un consumidor, sin que la posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, sin que éste haya tenido conocimiento previo de la cesión ni haya dado su consentimiento y sin que se le haya ofrecido la posibilidad de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses, gastos y costas del proceso al cesionario. Es decir, considera que la Directiva sobre cláusulas abusivas “se aplica únicamente a las cláusulas contractuales y no a las meras prácticas” obviando con ello que las prácticas no consentidas expresamente son cláusulas ex artículo 82.1 del TR de la Ley de consumidores y usuarios. Señala también el TJUE que la mencionada Directiva no es aplicable a disposiciones nacionales como los artículos 1535 del Código Civil (sobre la venta de créditos litigiosos), ni a los artículos 17 y 40 de Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la transmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en los procedimientos en curso. 2.- INTERESES DE DEMORA ABUSIVOS EN CONTRATOS DE PRÉSTAMO Por otro lado, la mencionada cuestión prejudicial se pregunta sobre las circunstancias que deben tenerse en cuenta para examinar el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas de las condiciones generales que fijan el tipo de interés de demora aplicable y sobre las consecuencias que tendría tal declaración de abusividad. En primer lugar el TJUE analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia y después expone su criterio así como las consecuencias jurídicas si se declarasen abusivos. El Tribunal Supremo refiriéndose a préstamos personales celebrados con consumidores estableció en Sentencias de 22 de abril, 7 y 8 de septiembre de 2015 que eran abusivos los intereses de demora que superaran en dos puntos el interés remuneratorio. Esta doctrina se hizo extensiva a los préstamos hipotecarios en las Sentencias de 23 de diciembre de 2015, 18 de febrero de 2016 y 3 de junio de 2016. Partimos de la diferencia entre intereses remuneratorios e intereses de demora, mientras los primeros son aquellos que se cobran como remuneración por la entrega de un capital en concepto de préstamo, los segundos tienen carácter indemnizatorio y se cobran cuando el consumidor incumple sus obligaciones de pago. En sentido similar, la segunda cuestión prejudicial se planteó por el Tribunal Supremo (Asunto C-94/17) en un caso en el que un consumidor celebró con el Banco Sabadell un contrato de préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda familiar. En la fecha de los hechos, el interés se devengaba al tipo del 4,75% y el contrato establecía que los intereses de demora se calcularían al tipo del 25%. El consumidor, que se había retrasado en los pagos, interpuso una demanda contra el Banco solicitando que se declarara nula esta última cláusula por entender que era abusiva. Posición del TJUE: EL TJUE señala que la Directiva 93/13 no se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, conforme a la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado. El TJUE señala que si bien esta jurisprudencia del TS no parece formar parte de las disposiciones más rigurosas que los Estados miembros pueden adoptar a fin de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores con arreglo a la Directiva 93/13, ya que no tiene fuerza de ley ni constituye una fuente del derecho, la elaboración de un criterio jurisprudencial responde al objetivo de protección de los consumidores que persigue la citada Directiva. De ésta se desprende que su finalidad no es tanto garantizar un equilibrio contractual global entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato como evitar que se produzca un desequilibrio entre esos derechos y obligaciones en detrimento de los consumidores. 3.- CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD El TS cuestionó si la declaración de nulidad del interés moratorio debía conllevar la nulidad de la cláusula del interés remuneratorio. El TJUE considera también en esta Sentencia que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la jurisprudencia del TS cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato. El TJUE recuerda que, según la Directiva, cuando el juez nacional detecta una cláusula contractual abusiva únicamente está obligado a dejarla sin aplicación para que no produzca efectos vinculantes frente al consumidor, pero no está facultado para variar su contenido. En definitiva, el objetivo de la Directiva consiste en proteger al consumidor y en restablecer el equilibrio entre las partes del contrato, dejando sin aplicación las cláusulas declaradas abusivas y manteniendo, en principio, la validez de las restantes cláusulas del contrato en cuestión. Noticia que proviene de Abogacia.es
En una sentencia con fecha de 12 de noviembre pero hecha pública este viernes, la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de la asociación de consumidores ADICAE en el marco de su macrodemanda por cláusulas suelo contra unas 40 entidades bancarias. Esto supone que al menos los más de 9.000 perjudicados que suscribieron dicha demanda podrán pedir la retroactividad total desde la firma de la hipoteca. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, señala que “en cuanto a los efectos de la sentencia, uno de ellos es el de prohibir a las entidades bancarias seguir utilizando cláusulas suelo en este tipo de prestamos. Al mismo tiempo, este fallo judicial “beneficia a cualquier hipotecado que tenga una cláusula suelo en dicho préstamo. Tendrán derecho a reclamar esa devolución del dinero pagado de más en el momento que el fallo adquiera firmeza”. Ya el pasado mes de junio, esta publicación anunció que la Audiencia Provincial de Madrid había rechazado hasta 26 recursos interpuestos por diversas entidades bancarias contra ADICAE. Más en: confilegal
El año que acaba de empezar se puede convertir en un año clave para la banca española. Además de tener que empezar a hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, tras el Real Decreto de Pedro Sánchez, se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine la nulidad del IRPH, sobre todo tras la entrega de un informe contundente por parte de la Comisión Europea que declaraba que dicho índice aplicado por las entidades financieras españolas es una cláusula abusiva. Una más. Diario16, a través de los testimonios de varios afectados, ya ha informado de que los bancos con quienes tienen contratada su hipoteca referenciada al IRPH les están llamando por teléfono o enviándoles cartas en las que les ofrecen una modificación de su préstamo a un interés fijo que oscila, dependiendo de la entidad, entre el 1,7 y el 2% pero, en ningún caso, se les ha ofrecido la devolución del dinero cobrado de más en estos años o una cantidad concreta. Sólo el cambio de índice de referencia. ¿Por qué ahora y no hace 5 años? El miedo a lo que Europa pueda determinar tiene que ver con ello. Esta estrategia de intentar llegar a acuerdos con los afectados, al igual que ocurre con otras presuntas estafas bancarias, no es más que un reconocimiento implícito de la responsabilidad porque si se hubiese hecho todo bien, si no existiera una cláusula abusiva, la banca no ofrece motu proprio un acuerdo extrajudicial con los afectados. Sin embargo, ¿qué es lo que pretende realmente la banca española? No las tienen todas consigo puesto que en la Justicia europea no tienen la capacidad de influencia que con la de aquí. Saben que el informe de la Comisión Europea es demoledor para sus intereses, por más que tengan el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, apoyo que el Congreso de los Diputados ya ha exigido que se retire y que, si el presidente es coherente con sus palabras, debería ser retirado en breve. El hecho de que Goldman Sachs estimara que el coste para el sistema financiero español iba a ser superior a los 40.000 millones de euros es un indicio importante, ya que dicho informe del banco de inversión norteamericano no es más que la advertencia del poder financiero a la Justicia europea de que una sentencia favorable provocaría una catástrofe en la banca española. La realidad es que esas ofertas no quieren más que intentar contentar al mayor número de víctimas del IRPH posibles con un cambio de índice, pero, eso sí, sin pagar un euro de lo cobrado de más. Es decir, que intentan arreglar los efectos de una cláusula abusiva con otro abuso ya que esas cantidades ya fueron cobradas en su momento. De ahí la importancia que están dando los despachos de abogados que llevan con los afectados del IRPH desde el principio a que no se firme ningún acuerdo puesto que, al igual que ocurrió con los bonos de fidelización del Santander, una de las cláusulas de esos acuerdos a los que pretende llegar la banca es la no presentación de medidas legales. Por tanto, no devuelven el dinero cobrado de más e impiden a los afectados que, de haber una sentencia favorable del TJUE, renuncien a recibir ese dinero. Publicado en Banca
Tal y como hemos visto en los testimonios recogidos por Diario16 de los afectados del IRPH, en los primeros años de la década del 2000 la banca comercializaba este índice con la etiqueta de «estable», algo así como una especie de protección para las familias ante la inestabilidad de los tipos de interés o una subida del Euribor muy exagerada. Hubo directores de oficina que lo recomendaron de manera muy insistente y, según nos confirmaron varios afectados, se llegó a realizar una especie de presunto «cambiazo», es decir, que en las notarías los representantes de las entidades presentaban un contrato referenciado al IRPH cuando lo acordado en la sucursal lo era a Euribor. Sin embargo, a pesar de que existen testimonios documentales de estos hechos, los juzgados rechazaron estas pruebas. Además, en la gran mayoría de los casos, los comerciales o los directores, hicieron estas promesas de manera verbal. Sin embargo, las propias entidades financieras dejaron un rastro en los folletos de publicidad donde se recomendaba la firma de hipotecas referenciadas al IRPH, llegando a indicar que era más estable que el Euribor o que éste índice, en comparación con el IRPH, era inseguro o «una montaña rusa». Una de las más importantes entidades de España afirmaba en uno de estos folletos que el IRPH «es el que mejor le puede proteger de variaciones repentinas. Recomendamos que indexe su hipoteca al IRPH». La misma entidad afirmaba en otra publicidad que «indexado al IRPH, se beneficiará de uno de los índices más estables y, por lo tanto, con menos riesgo de sufrir grandes oscilaciones en sus cuotas mensuales». Una antigua caja de ahorros afirmaba en su publicidad, ya en el año 2012, que el IRPH ofrece una mayor estabilidad en las cuotas del préstamo en períodos de fluctuación de tipos de interés en el mercado». Por tanto, de esta publicidad se desprendía que: El IRPH protege de variaciones repentinas del tipo de interés. Minimiza el riesgo de subida de las cuotas mensuales. Dichas cuotas son estables. En 2003 el IRPH es «reconocido» y «publicado» por el Banco de España, pero en la versión de 2008 pasa a ser «recomendado» por el Banco de España. El IRPH es estable y representativo. Sin embargo, la gráfica de la evolución del IRPH y el Euribor podemos ver que el primero siempre ha estado por encima del segundo y que, a medida que el Euribor se acercaba al valor 0 el IRPH se mantenía estable y, por lo tanto, aumentaba la diferencia. Estas prácticas abusivas de la banca con el IRPH, que son comparables con lo que se hizo con las preferentes, fueron negadas por las entidades, pero reconocieron que las hipotecas referenciadas a Euribor han sido más ventajosas y achacaron las diferencias de las cuotas en que era imprevisible la evolución de los tipos de interés, argumento que los propios folletos publicitarios niegan, puesto que, a pesar de que en el año 2008 se produjo una gran bajada del 3% del Euribor, seguían ofertando el IRPH como un índice «de los más estables y representativos del mercado hipotecario y que proporciona garantía y estabilidad». Publicado en IRPH
Las entidades bancarias se revelan como el principal canal de contratación de este tipo de productos (57%) muy por encima de la propia aseguradora (46%) o los intermediarios (43,2%), según un estudio realizado por la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, ADICAE a finales del pasado año en el marco del proyecto “Consumidores a todo riesgo”, desarrollado por la asociación y subvencionado por la AECOSAN (actualmente Dirección General de Consumo). El objetivo de este estudio ha sido el de fomentar la reflexión por parte del consumidor de su contrato de seguro, analizando las formas de comercialización existente, distribución, canales de reclamación y el papel que deben tener las asociaciones de consumidores en este contexto concreto. Este dato pone de manifiesto la hegemonía de la banca en las ventas cruzadas que tanto ha criticado la asociación y que suponen una fuente inagotable de abusos y de conflictos para los consumidores. Casi la mitad de los encuestados reconoce que el seguro contratado le ha venido impuesto por el vendedor al contratar otro producto financiero, generalmente hipotecas. Publicado en Hipoteca
Me consta que las entidades financieras han empezado a mover ficha a la espera del fallo de los tribunales El IRPH, o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, ha sido uno de los tipos de referencia más empleados en España junto al Euribor. De él se esperaba que no llegara a subir tanto como éste, pero sin embargo, ha resultado ser considerablemente más caro para los prestatarios. Actualmente estimamos que existen en España más de un millón de hipotecas referenciadas al IRPH. En los préstamos hipotecarios suelen referirse a dicho índice como «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda libre, concedidos por el conjunto de entidades». En cuanto a la situación actual del IRPH reseñar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a principios del año 2.018 admitió a trámite las cuestiones prejudiciales relativas al mencionado índice, y es por ello que se espera que a lo largo del año 2.019 se pronuncie sobre tal cuestión, confiando que la sentencia sea a favor de los consumidores dado el informe realizado por la Comisión Europea, que contradice a nuestro Tribunal Supremo, el cual en 2.017 estableció que el IRPH no implicaba un abuso por parte de los bancos y que es equiparable al Euribor. Me consta que las entidades financieras, a sabiendas del más que posible fallo de Europa a favor del consumidor, han empezado a mover ficha ofreciéndoles a los afectados por el IRPH llegar a acuerdos consistentes en eliminar esta cláusula del préstamo y establecer un tipo fijo para el resto de años de la hipoteca. Mi consejo es NO aceptar el mencionado acuerdo y esperar a que se pronuncie el TJUE. Además este tipo de acuerdos, al igual que sucedió con los de las cláusulas suelo, no restituyen las cantidades pagadas de más por los consumidores. Finalmente recordar que un proceso de reclamación suele durar entre 9 y 15 meses, en primera instancia, es decir, siempre que no sea recurrido por el banco. Una vez tengamos sentencia, debemos de esperar 20 días hábiles (alrededor de un mes) a que ésta sea firme, y a continuación la entidad demandada dispondrá de otros 20 días hábiles para consignar de forma voluntaria el dinero. En el supuesto de no realizarlo, se deberá proceder a ejecutar la sentencia. En definitiva, suele tratarse de procesos lentos y algo tediosos, sobre todo por la cantidad de obstáculos que suelen poner los bancos, pero si todo sigue su curso habitual acabarán resolviéndose a favor del consumidor. Es por ello que recomendamos mucha paciencia y no desistir en la lucha de nuestros derechos.
Los tribunales frenan la ejecución de hipotecas que vencen por un impago. Las hipotecas comercializadas durante el boom inmobiliario se les están atragantando a las entidades financieras. Devolución de intereses indebidamente cobrados por las cláusulas suelo, gastos hipotecarios, y, ahora, las cláusulas de vencimiento anticipado, que están paralizando la ejecución de miles de desahucios. Como su nombre indica, estas estipulaciones se incorporan al contrato de préstamo para posibilitar que el prestamista recupere el total del capital concedido si ve peligrar su cobro por el impago de algunas letras. Pero, ¿cuántas? Una gran cantidad de las hipotecas concedidas en esos años de intensa actividad inmobiliaria preveían que el banco pudiera resolver el contrato y recuperar todo su dinero si el deudor dejaba de pagar cualquiera de los plazos. Una cláusula que era legal hasta el año 2013, cuando se exigió que se dejara de pagar al menos tres cuotas (artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Pues bien, la mera existencia de este tipo de estipulaciones en el contrato, que suponen una garantía desproporcionada respecto al riesgo asumido, está motivando que los juzgados rechacen de plano cientos de desahucios solicitados por los bancos. Más info en ElPais
Su dictamen, no vinculante, abre la puerta a anular cláusulas hipotecarias en un fallo con el que la banca se juega hasta 44.000 millones El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE ha emitido hoy sus conclusiones sobre el uso del índice hipotecario español IRPH en las que se suma a las tesis de las asociaciones de consumidores y la Comisión Europea pronunciándose a favor de anularlo cuando se comercializara con opacidad, lo que podría acabar costando miles de millones de euros a la banca española. El abogado general ha decretado que la cláusula está sujeta a la normativa comunitaria y puede ser anulada por falta de transparencia, lo que supone un nuevo varapalo al criterio del Tribunal Supremo que avaló este índice y consideró que al ser parte mollar del contrato no quedaba sujeto al control de opacidad. El abogado general del TJUE argumenta que el uso de este índice era una opción abierta frente al uso de otros más comunes, como el euríbor, y asevera que dada su complejidad la validez que tiene está sujeta a que el cliente fuera debidamente informado de su cálculo y repercusiones. El criterio de Maciej Szpunar no es vinculante para el tribunal de la Corte de Luxemburgo, que deberá dictar un fallo definitivo entre finales de este año y el arranque de 2020, si bien las conclusiones de los abogados generales, una suerte de fiscales, suelen anticipar el signo de los fallos en la mayoría de ocasiones. Noticia de El Pais

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 resolución 
 Real Decreto 
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 Resolución 
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 artículo 82
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