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Timestamp: 2019-09-19 00:52:53+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 970766, 22-05-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970766 de 22 de Mayo de 2000
Fecha: 22 de Mayo de 2000
Núm. Resolución: 970766
Señala el interesado que la liquidación practicada por la Sección no fue motivada, resultando viciado el acto liquidatorio y que sólo produce efectos transcurridos seis meses desde notificación, por tanto, el recurso interpuesto no es extemporáneo. El Órgano desestima la pretensión, ya que, las notificaciones no motivadas surtirán efecto desde la fecha en que se pague la deuda tributaria, como ocurre en este caso, en que, se notifica el 18 de noviembre de 1996, se paga la deuda el 11 de diciembre y se recurre el 4 de abril, es decir, transcurrido el plazo de un mes para interponer los recursos, puesto que, no estamos ante error de hecho sino de derecho. No cabe aplicar plazo de seis meses de convalidación de actos sin efectos propios.
1º) Efectos de los actos no motivados 2º) Extemporaneidad de recurso.
En examen de recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1995.
Habiéndose revisado por la Sección gestora del Impuesto, mediante la correspondiente liquidación provisional, autoliquidación formulada en su día por el interesado en relación con el Impuesto y año de referencia, tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a correspondiente inadmisión por parte de la dicha Sección gestora, viene al respecto el interesado a interponer ante este Organo el presente recurso insistiendo en la impugnación del dicho acto liquidatorio en punto a pretendida deducción por inversión en vivienda y señalando que su reclamación ante la Oficina gestora no debió haberse considerado extemporánea, y ello porque el acto liquidatorio del caso ha de tenerse por inválido al carecer de motivación suficiente, de suerte que sólo podía surtir efectos una vez transcurridos seis meses desde su notificación, siendo irrelevante en el caso y en cuanto a ese particular de eficacia del acto y de consiguiente apertura de plazo alguno para su impugnación el hecho de haberse efectuado el ingreso de la deuda resultante.
1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.
2.- Por lo que se refiere a la alegación del interesado de que la liquidación del caso no contenía la debida motivación del hecho de haberse suprimido en ella la deducción de que se trata por inversión en vivienda, cabe ver que, así como la Ley General Tributaria, a la hora de determinar el contenido de las notificaciones de actos liquidatorios (vale decir, el contenido de estos propios actos) señala que tal contenido habrá de albergar la expresión de los elementos esenciales de aquéllos y sólo alude a una suerte de motivación cuando estemos ante un aumento de base imponible por sobre la declarada por el sujeto pasivo, en cuyo caso habrán de expresarse de forma concreta los hechos y elementos que motiven tal aumento, la normativa navarra, carente de una regulación general de las liquidaciones tributarias mediante una norma cual la General Tributaria del Estado, habla, en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de una forma indiscriminada (artículo 100 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo), de que las liquidaciones ?serán notificadas al contribuyente, en todo caso, con expresión: a) De los elementos esenciales de la misma y su motivación?. Si de ahí ha de sacarse la conclusión de que esa norma navarra ha pretendido ir más allá de lo establecido en el Estado por la dicha Ley General Tributaria, habrá de estarse a que en el presente caso se produjo ese señalado vicio del acto liquidatorio. Pero, dicho lo anterior, ha de verse que, centrada la impugnación en lo que era el contenido del acto administrativo de liquidación (extremo referente a pretendida aplicabilidad de deducción por inversión en vivienda; después, además, cuestión de hallarse insuficientemente motivado aquel acto al no haber expresado precisamente el motivo de la supresión de tal partida), lo que no vino a impugnarse fue el acto de notificación propiamente dicho. Y en relación con todo ello ha de verse que el dicho artículo 100 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, señala el contenido que han de tener los actos de liquidación tributaria (los esenciales constitutivos del acto y su motivación; los relativos a su eventual impugnación; y los relativos al pago de la deuda). Y agrega que ?las notificaciones que no cumpliesen los requisitos anteriores (en el presente caso, el ya señalado requisito de motivación del hecho de haberse suprimido una deducción por inversión en vivienda que venía consignada en la autoliquidación del interesado) surtirán efecto, no obstante, desde la fecha en que el contribuyente se dé expresamente por notificado, interponga el recurso procedente o efectúe el pago de la deuda tributaria?. Y esto último (así, por ejemplo, el hecho de haberse efectuado el pago) se formula de forma irrestricta y sin condicionamientos, pues ha de entenderse que tal pago presupone el conocimiento del acto y no tiene por qué poseer el mero carácter que el contribuyente pretende atribuirle. Los efectos del pago vienen dados en estos casos por la Ley, con independencia de cuál sea el sentido que ese pago tenga en el ánimo y en la intención del interesado. Y solamente en el distinto caso de no haberse dado una actuación de las señaladas estaríamos ante supuesto en que, si se tratase de notificación personalmente hecha al interesado y que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubiese omitido algún otro requisito, tendríamos que sólo el transcurso de ese plazo de seis meses convalidaría la notificación practicada, salvo que antes se hubiese instado la práctica de una adecuada notificación, en cuyo caso habría de estarse a la espera de nueva notificación del acto en debida forma. Pero, habiéndose producido aquí la notificación (de acto con contenido no íntegro: motivación incompleta) en 18 de noviembre de 1996, se produjo el pago de la deuda en 11 de diciembre de ese año; y correspondiente escrito de reclamación contra el fondo (y no precisamente solicitud alguna de práctica de adecuado acto notificador con contenido integrado también por la motivación debida) se presentó en 4 de abril de 1997, es decir, fuera del plazo establecido para la impugnación de actos de liquidación tributaria, teniendo presente que, según lo dicho más arriba, no cabe estar a plazo alguno de seis meses de convalidación, arbitrado por la Ley para evitar una inacabable situación de existencia de un acto administrativo no productor de sus efectos propios. En el caso, como se ha dicho, los tales efectos ha de entenderse que se dieron con el hecho del pago de la deuda tributaria resultante del acto liquidatorio de que se trata. Y, así, habiendo de contar a partir de ahí el correspondiente plazo de recurso, ha de tenerse presente que si aquel acto liquidatorio de la Sección gestora incurrió en algún error (no se afirma, sin embargo, que ello hubiera ocurrido), un tal hipotético error sería calificable no como de hecho sino como de derecho, ya que para poder hablar de error de hecho se precisa la concurrencia de las dos circunstancias consistentes en que, por una parte, el tal error resulte patente a la vista de documentos obrantes en el expediente en el momento en que se dictó el acto administrativo impugnado y, por otra parte, que ese referido error resulte detectable sin necesidad de interpretar e interrogar, ni siquiera mínimamente, la correspondiente normativa tributaria aplicable al punto concreto a que el interesado se refiera. Y como eso no es predicable del presente caso en punto a la pretensión del recurrente, pues su aceptación o no exige el análisis e interpretación de la correspondiente normativa tributaria; no siendo, pues, posible hablar aquí de un supuesto o hipotético error de hecho, no cabe estar al correspondiente amplio plazo de cinco años establecido para la corrección de tales errores (aritméticos o materiales), sino que resulta aplicable en todo su rigor y perentoriedad el plazo establecido para la interposición de correspondientes recursos. Pues bien: siendo ese plazo el de un mes, resulta claro que el interesado dejó que transcurriese antes de impugnar el acto liquidatorio de que se trata. En definitiva que la tal impugnación ha de tenerse por extemporáneamente formulada y, por tanto, ante la falta de ese ineludible presupuesto procedimental de actividad impugnatoria en plazo, no le es dado a este Organo adentrarse en el conocimiento del fondo del asunto planteado por el interesado.
Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda señalar la improcedencia de entrar a conocer de pretensión deducida por Don (?) en impugnación llevada a cabo respecto de acto de liquidación tributaria que le fue practicado por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 1995, y ello por razón de extemporaneidad de la tal impugnación, con lo que han de quedar confirmados en sus propios términos el acto liquidatorio de que se trata y la resolución de la Sección gestora que vino a mantenerlo.
Eficacia de los actos administrativos
Contenido de la notificación
Efectos del pago
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Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 27/04/2001 Núm. Resolución: 980264
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Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 17/10/2000 Núm. Resolución: 960743
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Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 07/06/2001 Núm. Resolución: 980120

References: Resolución 
 artículo 100
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