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Timestamp: 2018-04-25 18:03:53+00:00

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El amparo y la identidad de género | Domingo Rondina
Inicio 2011 El amparo y la identidad de género
C. G. C/ REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DELA PROVINCIA S/ AMPARO.
A ello añádase que a la luz de normas constitucionales vigentes, muy particularmente luego de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional la mera existencia de recursos administrativos u otros procesos judiciales que permitan obtener la protección del derecho, no obstan por sí solos a la admisibilidad y procedencia de la acción de amparo, atento lo expresamente normado por el art. 43 de la Constitución Nacional, en cuanto declara expedita la acción de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo…”, debiendo prevalecer la norma más favorable a la protección de los derechos humanos, conforme pacífica jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo normado por el art. 31 de la Constitución Nacional.
Corresponde también citar a esta altura del razonamiento que “si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios necesarios para solucionar controversias, su exclusión por existir otros recursos administrativos o judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencia” (CSJN, “Y., G. C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra, cit”); que “el mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales, a los fines de sustentar la improcedencia de una acción de amparo, implica desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad de aquella acción para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a través de ella, contaría con dichas vías alternativas, pues, de otro modo, cabría considerar que la Constitución Nacional, en su art. 43, ha establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable” (CSJN, “Freidenberg…”, cit.) y que “resulta meramente dogmática la exigencia de la necesidad de mayor debate y prueba y la invocación de la existencia de otras vías, cuando no se acredita en forma concreta cuáles habrían sido los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso”, así como que “la existencia de otras alternativas procesales que puedan obstar a su procedencia no debe formularse en abstracto sino que depende (en cada caso) de la situación concreta a examinar” (Fallos: 329:2179, entre muchos otros) (CSJN, in re: “Rozniatowski, Rosa Cristina”, LA LEY 2009-C, 272).
Por tanto, se CASA la sentencia en embate, conforme a la siguiente doctrina legal: “Corresponde revocar la sentencia de segunda instancia que, con sustento en que el amparo no era la vía apta para realizar el planteo, confirmó el rechazo “in limine” de la demanda incoada por esa vía (a efectos de obtener el reconocimiento de la amparista como persona transgénero femenino y por ende una orden judicial al Registro Civil a fin de que se confeccione una nueva acta de nacimiento en la que se la registre como tal), toda vez que dicho rechazo fue decidido sin considerar debidamente la índole del reclamo realizado y la naturaleza de los derechos en juego, sobre la base de apreciaciones meramente rituales y sin brindar una adecuada respuesta al planteo de la amparista tendiente a demostrar la admisibilidad de la acción. Ello, en tanto el reclamo impetrado no revela una manifiesta inadmisibilidad que permita coartar de plano el derecho de la actora a requerir la intervención del órgano jurisdiccional por la vía sumarísima del amparo y, a través de ella, obtener una decisión de mérito sobre el fondo de la pretensión esgrimida”, dictándose como sustitutiva la siguiente: “II.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en autos, y en consecuencia, REVOCAR la resolución de fecha 26/7/2010 en cuanto resolvió declarar inadmisible la vía del amparo para dirimir la cuestión planteada. En consecuencia, vuelvan los autos a primera instancia a fin de que prosiga la causa según su estado”.
Tampoco se trata de una resolución judicial que aún sin ser definitiva se equipare a tal, por obstar a la proposición eficaz de las mismas pretensiones en otro proceso, ya que, como expresamente señala el tribunal de alzada, las pretensiones articuladas pueden serlo en un juicio ordinario. En síntesis: se trata de una sentencia que ni se pronuncia sobre las cuestiones de fondo integrativas de las pretensiones articuladas, ni impide la proposición de las mismas en otro proceso ordinario de conocimiento. De donde no se satisface, respecto al acto jurisdiccional que se pretende atacar por la impugnación casatoria, los requisitos positivos y negativos exigidos por los -ex- arts. 813, inc. “a” y 814 del CPCC” (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 552 del 09/8/2010 y fallos allí citados).
3.1.- Es sabido que en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, la idoneidad procesal de la vía expedita y rápida del amparo presupone la necesaria concurrencia de tres requisitos: a) inexistencia de otro medio judicial más idóneo; b) un acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, se encuentren afectados de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y c) que ese acto o esa omisión lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos y garantías reconocidos por la constitución, un tratado o una ley. Requisitos semejantes existen en la Constitución provincial (art. 37), como en el art. 50 del CPC, cuando establecen los presupuestos que deben concurrir para la viabilidad del amparo: que el acto u omisión produzca una lesión, restricción, alteración o amenaza del derecho cuya tutela se reclama; que la misma sea actual o inminente; que esa lesión o amenaza de tal haya sido producida por un acto o hecho caracterizado por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; y que exhiba certeza el derecho cuya tutela se requiere (cfr. CSJTuc., sentencia N° 1181 del 18/11/2008). Según lo ha destacado esta Corte Suprema de Justicia, frente a un planteo de amparo el tribunal deberá analizar si las cuestiones propuestas resultan compatibles con el acotado marco de debate inherente a la vía intentada y con las limitaciones probatorias de esta vía procesal sumarísima. Cuando la complejidad del objeto aparece reñida con el estrecho cauce del proceso, habrá que concluir acerca de la inidoneidad de la vía de amparo (cfr. CSJTuc., sentencia N° 655 del 26/8/1997, “Argañaraz, Ricardo Ignacio y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”; cc. Nº 97 del 27/02/2006). De allí que según doctrina legal del tribunal, “A efectos de analizar la concurrencia del requisito constitucional del amparo -la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la conducta lesiva- los jueces deben verificar si la complejidad del objeto resulta compatible con el estrecho marco de debate que caracteriza a la vía intentada, y en caso negativo declarar la inidoneidad del carril procesal transitado para el ejercicio”.
4.- No se me escapa que el planteo de autos excede la sustitución de los prenombres de la actora registrados en su partida de nacimiento, pues también reclama la modificación del sexo indicado en el mismo instrumento para adecuarlo al femenino con el que se identifica, según lo han puesto de relieve tanto la actora como el Sr. Vocal que me precede. Ello no impide subrayar que siendo una de las pretensiones, la modificación de sus prenombres, para la resolución del sublite habrá de recurrirse a las disposiciones pertinentes de la ley N° 18.248. En particular su art. 15, que excepciona el principio de inmutabilidad del nombre y apellido de las personas, luego de ser asentados en su partida de nacimiento, cuando el caso presenta “justos motivos” cuya valoración compete al órgano jurisdiccional.
De lo expuesto se sigue que a más de la función identificatoria del nombre, inescindible de la realidad personal de cada individuo, se trata de un instituto que interesa al orden público, no sólo por las relaciones del sujeto con el Estado sino “como medio de seguridad y garantía de las relaciones intersubjetivas, en el complejo medio social en que vivimos…” (cc. Pliner, Adolfo, El dogma de la inmutabilidad del nombre y los “justos motivos” para cambiarlo, LL 1979-D, 276). Por ello, se ha dicho que el cambio de nombre no es asunto librado a la exclusiva voluntad de los interesados, ya que “El principio de inmutabilidad responde a la satisfacción de intereses públicos y privados” (cita de La Ley on line, AR/JUR/250/1992). En el caso de personas adultas, que ya han proyectado su actividad en el medio social donde se desenvuelven, el nombre adquiere mayor relevancia como identificación respecto de terceros, que también son protegidos por la ley al establecer el principio de inmutabilidad, y también los recaudos para obtener su modificación cuando medien justos motivos. Esta labor axiológica ha sido confiada a la prudente valoración judicial, y en todo caso exige apreciar las circunstancias del caso particular atendiendo a los intereses en juego, con intervención del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y del Ministerio Fiscal (arg. art. 17 de la misma ley). Como se ha dicho, la resolución a dictarse no sólo atañe a los intereses particulares de la actora, toda vez que el eventual acogimiento de lo peticionado traerá aparejadas otras consecuencias legales que deben ser atendidas en el marco del sistema legal vigente.
5.- En mérito a lo expresado, no concurre en autos el recaudo autónomo y específico de la definitividad sentencial o la calidad de equiparable a tal de la sentencia que se ataca, y tampoco se advierte gravedad institucional que autorice la apertura de la instancia casatoria reclamada, a cuyo efecto es insuficiente la mera alegación de los derechos y garantías que se entienden vulnerados. No se verifica que lo resuelto exceda los intereses de la parte actora, quien cuenta con una vía sumaria para ejercitar sus pretensiones, en un marco cognoscitivo que prima facie aparece idóneo para debatir y acreditar las alegaciones fundadas en su concreta realidad personal, en cuanto reclama priorizar el “sexo social y psicológico” por sobre el morfológico o biológico. Por ende, no se configura un supuesto de objetiva gravedad institucional que exceda el mero interés personal de la amparista, atento a las constancias de autos y naturaleza del objeto de la demanda. Según lo dicho, aún cuando frustra la vía procesal utilizada, ello no importa la frustración de los derechos invocados por la actora, pues quedan abiertas vías procesales de reparación ulterior, sin que se verifique un agravio irreparable.
E. C. C/ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE MENDOZA S/ AMPARO.
En orden a justificar la admisibilidad de la vía recursiva intentada, explica que su condición de mujer transgénero y su identidad real se encuentran en discordancia con todos los registros públicos del Estado y que tal divergencia le resulta lesiva y humillante; solicitando la aplicación de un criterio de excepción a aquel que prescribe que las sentencias que rechazan la acción de amparo, pero dejan subsistente el acceso a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria, no tienen carácter definitivo. Considera que tal principio no es absoluto y admite excepciones cuando lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, citando el caso “Portal de Belén” de la Corte de la Nación en apoyo de tal tesitura. Asimismo, concluye la accionante que el caso sub iudice encuadraría en un supuesto de gravedad institucional y, por tanto, solicita que se declare la inaplicabilidad del art. 749 del CPCCT, y la aplicación de los arts. 748 inc. 2 y 750 del referido digesto ritual. Justifica, asimismo, la gravedad institucional argüida en la propia denegación del acceso al amparo y en la vulneración de garantías constitucionales expresas, cómo ser el debido proceso legal y el derecho a ser oída, citando normas de jerarquía constitucional en supuesto sostén de su reclamación. En razón de ello, peticiona una audiencia personal con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, previa a la resolución del recurso de casación planteado.
Se funda el presente recurso extraordinario local, asimismo, en la supuesta falta de fundamentación que residiría en la consideración efectuada en la Alzada de que “la circunstancia que en otra jurisdicción se haya habilitado la vía del amparo para dirimir una cuestión afín a la planteada en el presente caso, en base a los antecedentes y presupuestos allí expresados, no importa, que en el presente caso contemplado en su contingencia y especificidad se arribe a idéntica conclusión”, estimando la demandante que cuando en un Estado se ha reconocido, de alguna manera, el contenido de un derecho humano, este debe interpretarse de la manera más extensa, por aplicación del principio Pro Homine o Pro Persona, el que impregna -en el razonamiento impugnativo- todo el régimen jurídico de los derechos humanos, citando el conocido caso “Tania Luna”, como sustento de su discurso argumentativo.
Finalmente, considera equívoca la posición de la Excma. Cámara al juzgar que “…la urgencia se soluciona con un trámite ordinario combinado con una medida de no innovar”, infiriéndose de la lógica de la impugnación que no existe medida de no innovar que pueda impedir las agresiones a las que se vería sometida la accionante cotidianamente.
El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias del art. 751 del CPCCT; la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho (art. 750 procesal), y si bien no se ha propuesto expresamente doctrina legal, esta Corte tiene dicho que “el requisito ineludible de expresión de la doctrina legal importa precisar la interpretación de la norma que el recurrente estima aplicable al caso. No constituye, sin embargo, un recaudo que revista formas sacramentales, si en el escrito casatorio se ha desarrollado en forma clara la “quaestio juris” de la que surge de manera implícita la doctrina legal sustentada” (CSJTuc, sentencia Nº 435, del 14/12/1992, en autos “Díaz de Serrano Gracia vs. Serrano José s/ Rendición de Cuentas -Rec. Queja por Casación Denegada-”), y siendo que resulta deducible de los agravios impetrados, la doctrina que pretendería sentar el agraviado; el recurso deviene admisible.
El agravio central de la recurrente se orienta a demostrar que, a diferencia de lo considerado en la sentencia cuestionada, no existe un medio judicial más idóneo que el amparo para ejercitar su pretensión de ser reconocida como mujer transgénero, con las consecuentes rectificaciones en el acta de nacimiento y demás registros, a efectos de que quede asentada correctamente su identidad de género y su nombre usual (en realidad se trata de un reconocimiento desde la perspectiva jurídica de un “prenombre” que ya le pertenece a la amparista desde su propia perspectiva existencial), permaneciendo registralmente inalterados su apellido y demás datos personales. Por tanto, y a los fines de dar adecuada solución a la cuestión bajo análisis, elthema decidendumpuede circunscribirse a la determinación de si existe o no una vía judicial más idónea que el amparo para tramitar una reclamación como la descripta. La cuestionada conclusión a la que arriba el a quo en el sentido de que el digesto ritual civil y comercial contiene una vía procesal más idónea, cual es el proceso sumario legislado en el art. 392 inc. 2. apart. b) para los juicios de inscripción, rectificación, cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil (coincidente con el procedimiento previsto en el art. 84 in fine de la ley 26.413) no resulta argumentación eficiente para justificar el rechazo in limine del amparo promovido puesto que, en rigor, la principal petición de la actora se encamina a obtener una declaración que va más allá de una simple rectificación registral de sexo o cambio de prenombre en su partida de nacimiento (Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, en un meduloso fallo, ante una pretensión análoga: sentencia del 21/3/2007, en “C., H.C., LLBA 2007 -octubre-, 997). El objeto esencial del amparo incoado se encuentra dirigido a alcanzar un reconocimiento de la condición de mujer transgénero que reviste presuntamente la accionante, siendo las rectificaciones registrales requeridas, una consecuencia directa y necesaria de lo primero. Así las cosas, no luce razonable rechazar in limine la vía del amparo para obtener la protección jurisdiccional requerida, que además aparece, cuanto menos, como senda procedimental igualmente idónea, que el carril sumario indicado en la sentencia impugnada. De todos modos, cualquiera sea el nombre que la demandante le dé a sus peticiones (cambio de nombre, reasignación registral de sexo, reconocimiento de género etc.), subyace en ellas un doloroso reclamo por su dignidad, que debe ser objeto de una pronta respuesta por los tribunales, no contribuyendo a ello, la decisión de la alzada.
Refuerza aún más lo considerado, el texto del art. 17 de la ley 18.248, en cuanto prescribe que la modificación, cambio o adición de nombre o apellido, tramitará por proceso “sumarísimo”, que en nuestro derecho local resulta asimilable al proceso de amparo. Por tanto, y para el caso que se considerase que la pretensión de la actora no trasciende a la de un mero cambio de prenombre -y sexo- en las partidas registrales, nos encontraríamos, entonces, ante un conflicto de regulación legislativa ya que, por un lado, los juicios de inscripción, rectificación, cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil se rigen por el proceso sumario previsto en el art. 392 inc. 2. apart. b) del CPCCT; mientras que la modificación, cambio o adición de nombre o apellido debe encauzarse por el sumarísimo del art. 17 de la ley 18.248. En ese contexto, por aplicación del principio “pro homine” (que impera en el ámbito de los derechos humanos), y partiendo de la concepción que lo que se reclama es específicamente un “derecho humano” (Fernández, Silvia Eugenia, “Transexualismo y derecho al nombre”, en LL 2008-F, 38), debería aplicarse un criterio hermenéutico, por el cual debe acudirse a la norma más amplia o a la de interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, y a la más restringida cuando se establecen limitaciones a los mismos (Pinto, Mónica,“El principio pro homine. criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”,en La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales, CELS y Editorial del Puerto, Bs. As., 1997, p. 167). En virtud de ello, si existe duda acerca de la adecuación de la vía sumaria o de la sumarísima a la acción promovida, debe estarse a una exégesis amplia de tal facultad, lo que en el caso que nos ocupa se traduce en la imposibilidad de descartar el proceso de amparo como medio útil a los fines perseguidos por la accionante.
Por su parte, una interpretación armónica de las disposiciones del Código Procesal Constitucional, a la luz del texto de la máxima jerarquía normativa del art. 43 dela C.N., permite afirmar que aquellos supuestos en que liminarmente se verifican los presupuestos constitucionales del amparo (arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesión actual o inminente y existencia de un derecho cierto), la vía judicial más idónea es la del amparo, salvo que el ordenamiento jurídico prevea otra más rápida, expedita o que confiera algún beneficio que el trámite de aquél no contemple, lo que no se observa en el proceso sumario al que remite la sentencia sub discussio (ello, independientemente, de la discusión sobre el carácter directo o subsidiario que reviste el amparo, puede verse Sbdar, Claudia B,Amparo de Derechos Fundamentales, 1era. ed., Buenos Aires-Madrid, Ciudad Argentina, 2003, p. 127 y siguientes).
Amayor abundamiento, no puede dejar de considerarse que los procesos de reconocimiento de la identidad de género vienen adquiriendo significativa importancia en los debates jurídicos doctrinarios (ver Graciela Medina,“Transexualidad. Evolución Jurisprudencial en la Corte Europea de Derechos del Hombre”, en LL, 22/02/2000; Blasi, Gastón Federico, “El Cambio de sexo ¿está comprendido en la esfera de la intimidad de las personas, de su moral autorreferente o es un tema de orden público?, en LLBA 2005 -Marzo- 149; Rivera, Julio César, “Transexualismo: Europa condena a Francia y la Casación cambia su jurisprudencia”, en ED, t. 151, p.915; entre muchos otros), en el derecho comparado (Vgr. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso “Rees c/ Reino Unido” del año 1986; caso “B. c/ Francia” del 25 de marzo de 1992; caso “Grant c/ Reino Unido” del 23 de agosto de 2006, entre otros) y registra positiva recepción en nuestra jurisprudencia nacional (Vgr. SCJBA, sentencia del 21/3/2007, en “C., H. C.”; Cám. 1ª de Apel. Civil y Com. San Nicolás, sentencia del 11/8/1994, en “L., J. C.”, LLBA 1994, 871 y JA 1995-II, p. 380 y siguientes; Juzgado Civil y Com. Nro. 9 San Isidro, sentencia del 12/11/1998, en “M., J.C.” LLBA 1999-1106; Juzgado de 1ª Inst. Civil y Com. Nº 8 Quilmes, sentencia del 15/5/1997, en “N.N.”, LLBA 1997, 959; Trib. Apel. San Nicolás, en “N. de la R.”, LLBA, 1995-871; Juzg. Correc. 4 Mar del plata, sentencia del 16/3/2009, “S.E.L.”; Juzgado Crim.y Correc. Nº 1 de Transición de Mar del Plata, sentencia del 2003/10/06 “N.N.”; Trib. Familia Nº 1 Quilmes en “K.,F.B.”, LL, 201-F, 217; Juzg. Iª Inst. de Distrito Civil y Com. 4ª Nom. Rosario, sentencia del 21/5/1999; en “N.N.”, en LL 2000-D, 854 – LL Litoral 2000, 300), muchos de los cuales tramitaron por la vía del amparo (Vgr. Cam. Apel. Civil y Com. Jujuy, Sala I, sentencia del 17/8/2007, en “R., O.F. c.Estado Provincial, en LLNOA 2007 -octubre-.930; Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Transición de Mar del Plata, sentencia del 06/10/2006 “N.N.”, en LLBA 2005 -Marzo 149, también puede verse “B., M.E. s/ Acción de amparo”, en JA, número especial Bioética, 03/11/1999. Especialmente ver voto del Dr. Pedro Hooft, Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, sentencia del 10/4/2008 en “P:R:L:”), habiéndose sostenido, en el último de los antecedentes citados, que “la acción constitucional de amparo interpuesta, tiende en el caso a la tutela de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la identidad personal, que en el caso se vincula de manera inescindible con la identificación de las personas y consecuentemente con el nombre, a partir del reconocimiento y protección jurídica de valores fundamentales todo ello asociado de manera íntima con la idea misma de dignidad como valor constitucional fundante, reconocido a su vez como tal en los diversos instrumentos de materia de derechos humanos”. Es que, como ha manifiestado parte de la doctrina “por su contenido personalísimo, el no reconocimiento de estos derechos lleva lisa y llanamente a la llamada “muerte civil” de la persona transexual, lo cual resulta incompatible con una visión amplia de la juridicidad en el Estado Constitucional de Derecho, cuyo único centro debe ser la persona humana” (Testa, María Verónica, “Transexualidad y derecho a la identidad”, LLBA 2010 -mayo-, 365).
La novel concepción del derecho a la identidad sexual, distinta a la tradicional visión de la problemática, y la falta de legislación específica sobre la temática concreta exigen un mayor esfuerzo de los magistrados para efectivizar los caminos procedimentales a través de los cuales los particulares puedan ver protegidos sus derechos. El personalísimo derecho a la identidad de género o sexual, a más de constituirse como una exigencia constitucional (Bidart Campos, Germán J. “Notas de Actualidad Constitucional”, en E.D. 104/110-1983, t. 104, p. 1010/1028; punto XV, “Derecho a la Identidad Sexual”, p. 1024), también involucra toda una serie de derechos fundamentales como son el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la libertad personal, a la personalidad, a la salud en sentido integral, a la igualdad y no discriminación, a la vida privada, al proyecto y a la adecuada calidad de vida, al nombre y a la efectiva garantía judicial de los mismos; conforme lo normado en los arts. 14, 16, 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional; arts. 3, 5, 11, 18, 24, 25 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 2 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; arts. 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y concordantes del bloque federal constitucional; derecho éste que incluso ha llegado a ser calificado como un “derecho a la verdad” (Bidart Campos, Germán J, “La modificación registral del sexo y el cambio de documentación -El derecho a la verdad y la identidad sexual-”, en LL 2001-F, 216). En este contexto, es obligación del pretor velar, a través de la sentencia, por hacer efectivos los derechos y libertades de las personas, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino.
En este marco, no podemos sino juzgar que la vía constitucional del amparo deviene idónea para garantizar los derechos reclamados por la actora, más si partimos de la base que “por medio del derecho a la identidad, se protege la vida humana en su radical realidad que es la propia persona humana en sí, única, indivisible, individual y digna. Toda persona tiene derecho a su propia identidad, a su verdad personal, a ser considerado como realmente es, a ser “él” y no “otro” (Gil Domínguez, Andrés, “El derecho a la identidad en un caso de hermafroditismo: un interesante estándar constitucional”, en LLBA 1999, 1104). Al respecto, Bidart Campos refiriéndose específicamente a la problemática que nos ocupa, ha sostenido que nos encontramos ante “un drama de la vida biográfica de un ser humano concreto” que impide la procedencia de visiones reduccionistas como la que se traduce en la sentencia ahora cuestionada, toda vez que “…un enfoque puramente jurídico y hasta mejor diríamos exageradamente normativo, resulta parcial…” (Bidart Campos, Germán J. “El cambio de identidad civil de los transexuales transformados”) en JA. 1990-III-103/111). Es que “la complejidad y riqueza del ser humano, que genera la periódica aparición de nuevos derechos de la persona reside, básicamente, en su ser libertad…. La dignidad del ser humano se sustenta en su ‘ser’ libertad. El derecho protege, a través de una construcción normativa -consuetudinaria o legal- valiosamente creada, tanto la posibilidad de que su libertad pueda ejercerse en la vida de convivencia social como, asimismo, tutela cualquier interés existencial derivado de su propia dignidad…” (Fernández Sessarego, Carlos, “Apuntes sobre el derecho a la identidad sexual”, LL, 1999-IV, 889/901) y es, en definitiva, misión de los jueces proveer a la eficiente protección de esa libertad y dignidad. No vemos como llegar a ese resultado obstaculizando procesalmente la efectiva seguridad contra las ofensas que denigran o desconocen dicha dignidad.
Por el modo de resolución del presente recurso extraordinario no resulta necesario dar tratamiento a los restantes agravios esgrimidos, ni al pedido -de la amparista- de audiencia personal con los miembros de esta Corte Suprema de Justicia dela Provincia, lo que podrá requerirse en el estadio e instancia procesal oportuna.
Las pretensiones esgrimidas podrán ser propuestas a través de otro proceso, y ello determina la inadmisibilidad del recurso de casación intentado en la especie toda vez que, de acuerdo al art. 748 del CPCC, las sentencias definitivas que dejen abierta una vía de reparación, sea por conocimiento ordinario o sumario, en ningún caso son pasibles del remedio casatorio. En igual sentido, tiene dicho este Superior Tribunal que “La declaración de inadmisibilidad de la vía sumarísima del amparo por existir otras vías eficaces para actuar las pretensiones incoadas en la demanda no es un acto jurisdiccional que, agotadas las etapas de iniciación y desarrollo del proceso, decide actuar o denegar las pretensiones que fueran objeto del juicio; en otra palabra, una sentencia que dirima la controversia poniendo fin al pleito”. Por lo demás, tampoco se trata de una resolución judicial que aún sin ser definitiva se equipare a tal, por obstar a la proposición eficaz de las mismas pretensiones en otro proceso, ya que, como expresamente señala el tribunal de alzada, las pretensiones articuladas pueden serlo en un juicio ordinario. En síntesis: se trata de una sentencia que ni se pronuncia sobre las cuestiones de fondo integrativas de las pretensiones articuladas, ni impide la proposición de las mismas en otro proceso ordinario de conocimiento. De donde no se satisface, respecto al acto jurisdiccional que se pretende atacar por la impugnación casatoria, los requisitos positivos y negativos exigidos por los -ex-arts. 813, inc. “a” y 814 del CPCC” (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 552 del 09/8/2010 y fallos allí citados).
Según lo ha destacado esta Corte Suprema de Justicia, frente a un planteo de amparo el tribunal deberá analizar si las cuestiones propuestas resultan compatibles con el acotado marco de debate inherente a la vía intentada y con las limitaciones probatorias de esta vía procesal sumarísima. Cuando la complejidad del objeto aparece reñida con el estrecho cauce del proceso, habrá que concluir acerca de la inidoneidad de la vía de amparo (cfr. CSJTuc., sentencia N° 655 del 26/8/1997, “Argañaraz, Ricardo Ignacio y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”; cc. Nº 97 del 27/02/2006). De allí que según doctrina legal del tribunal, “A efectos de analizar la concurrencia del requisito constitucional del amparo -la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la conducta lesiva- los jueces deben verificar si la complejidad del objeto resulta compatible con el estrecho marco de debate que caracteriza a la vía intentada, y en caso negativo declarar la inidoneidad del carril procesal transitado para el ejercicio”.
De lo expuesto se sigue que a más de la función identificatoria del nombre, inescindible de la realidad personal de cada individuo, se trata de un instituto que interesa al orden público, no sólo por las relaciones del sujeto con el Estado sino “como medio de seguridad y garantía de las relaciones intersubjetivas, en el complejo medio social en que vivimos…” (cc. Pliner, Adolfo, El dogma de la inmutabilidad del nombre y los “justos motivos” para cambiarlo, LL 1979-D, 276). Por ello, se ha dicho que el cambio de nombre no es asunto librado a la exclusiva voluntad de los interesados, ya que “El principio de inmutabilidad responde a la satisfacción de intereses públicos y privados” (cita de La Ley on line, AR/JUR/250/1992). En el caso de personas adultas, que ya han proyectado su actividad en el medio social donde se desenvuelven, el nombre adquiere mayor relevancia como identificación respecto de terceros, que también son protegidos por la ley al establecer el principio de inmutabilidad, y los recaudos para obtener su modificación cuando medien justos motivos. Esta labor axiológica ha sido confiada a la prudente valoración judicial, y en todo caso exige apreciar las circunstancias particulares atendiendo a los intereses en juego, con intervención del Registro Civil y Capacidad de las personas y del Ministerio Fiscal (arg. art. 17 de la misma ley). Como se ha dicho, la resolución a dictarse no sólo atañe a los intereses particulares de la actora, toda vez que el eventual acogimiento de lo peticionado traerá aparejadas otras consecuencias legales que deben ser atendidas en el marco del sistema legal vigente.

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