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Timestamp: 2018-03-23 06:06:43+00:00

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Reparaciones by Ruben - issuu
Todos los contenidos que integran la metodología asi como las diversas fuentes complementarias las puedes consultar en la herramienta virtual ReformaDH:
<www.reformadh.org.mx> Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos
“reformaDH es un herramienta de educación en derechos humanos que busca aportar elementos de análisis sobre los temas que incluye y abonar algunas consideraciones a los debates que se encuentran abiertos y en construcción”.
Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf ). Contenidos: Yuria Saavedra Álvarez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam); Maestra en Protección Internacional y Europea de los Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Utrecht, Holanda, y doctorante en el Programa de Posgrado en Derecho de la unam. Cuenta con estudios especializados en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Derecho Penal Internacional. Es profesora por Concurso de Oposición en la Facultad de Derecho de la unam y tutora en la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México. Hasta febrero de 2013 se desempeñó como abogada senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh). Grupo coordinador de la metodología: Magdalena Cervantes Alcayde (scjn), Luis Miguel Cano (scjn), Marycarmen Color Vargas (oacnudh), Ricardo Alberto Ortega Soriano (cdhdf ), Ana Karina Ascencio Aguirre (cdhdf ) y José Ricardo Robles Zamarripa (cdhdf ). Consultoría pedagógica: Viridiana Anaid Lobato Curiel. Editor responsable: Alberto Nava Cortez. Cuidado de la edición: Bárbara Lara Ramírez y Haidé Méndez Barbosa. Diseño y formación: María Eugenia Lucero Saviñón, Ana Lilia González Chávez y Gabriela Anaya Almaguer. Distribución: Jacqueline Ortega Torres, María Elena Barro Farías, Eduardo Gutiérrez Pimentel y José Zamora Alvarado.
Primera edición, 2013 D. R. © 2013, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Av. Universidad 1449, col. Florida, pueblo de Axotla, del. Álvaro Obregón, 01030 México, D. F. www.cdhdf.org.mx D. R. © 2013, Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez núm. 2, col. Centro, del. Cuauhtémoc, 06065 México, D. F. www.scjn.gob.mx D. R. © 2013, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alejandro Dumas núm. 165, col. Polanco, del. Miguel Hidalgo, 11560 México, D. F. www.hchr.org.mx isbn: 978-607-468-545-9 (Obra completa) isbn: 978-607-468-552-7 (Módulo 7) El contenido de los módulos que conforman este proyecto es responsabilidad exclusiva de las y los autores y no representa en forma alguna la opinión institucional de la scjn, la oacnudh, la cdhdf ni de las instituciones a las que se encuentran adscritos. Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta. Se autoriza la reproducción total o parcial de la presente publicación siempre y cuando se cite a la fuente.
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Presentación del módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Presentación de la problemática: Caso Kawas Fernández vs. Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Primer diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Análisis del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Indemnizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Medidas de satisfacción y garantías de no repetición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Segundo diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Desarrollo de las variables de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Concepto de reparación por la violación de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 La reparación por violación de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Evaluación final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Materiales de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente. Las instituciones a cargo de la elaboración de la Metodología para la Enseñanza de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, Reformadh, reiteran su posición en el sentido de que todas las autoridades sin excepción se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad de Estado en la implementación de esta compleja transformación constitucional; y, en especial, reconocen aquella que enfrentan las y los operadores de justicia, particularmente quienes tienen en sus manos la impartición de justicia o funciones asociadas con la defensa –tanto jurisdiccional como no jurisdiccional– de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos. Lo anterior implica, entre otras cuestiones, el replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además del desarrollo de una profunda reflexión sobre el papel de la impartición de justicia en un Estado democrático y constitucional de derecho. En estas condiciones, es importante resaltar que un cambio de tal envergadura requiere de estrategias y mecanismos adecuados y eficaces para garantizar que las nuevas disposiciones constitucionales alcancen los fines para los cuales han sido diseñadas. Por tal motivo, asegurar el efecto útil de la reforma constitucional antes señalada sólo será posible en la medida en que las instituciones, la sociedad y la academia exploren a profundidad los alcances de la multiplicidad de herramientas con las que ahora cuentan de manera indubitable.
El material que se encuentra a su disposición ha sido elaborado a partir de una metodología de enseñanza basada en el análisis de casos y problemas, cuya finalidad primordial consiste en proporcionar a las y los lectores –desde operadoras y operadores jurídicos hasta cualquier persona interesada– una orientación clara y didáctica para la aplicación práctica de las herramientas hermenéuticas y conceptuales que proporciona el nuevo marco constitucional inaugurado a partir de 2011. Asimismo, el presente esfuerzo busca que las personas desarrollen competencias para realizar el diagnóstico de casos, así como estimular sus capacidades de investigación en aras de fortalecer los procesos de argumentación mediante los cuales se soportan los elementos para la solución de los problemas jurídicos. Al respecto, es necesario apuntar que los contenidos propuestos en cada uno de los módulos que conforman la presente metodología fueron construidos con la expectativa de desarrollar un piso mínimo sobre el cual puedan cimentarse a futuro otras aproximaciones a la temática, por lo que, desde luego, pueden ser objeto de una mayor profundización en el marco de diseños académicos más amplios a través de planes y/o programas de estudio de las propias universidades. Las instituciones que hemos participado en este esfuerzo esperamos que la Metodología para la Enseñanza de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, desarrollada para la elaboración del presente material, contribuya a fortalecer los procesos de trasformación de la cultura jurídica del país y siente las bases de métodos de enseñanza del derecho a partir de nuevos esquemas y metodologías acordes con el enfoque de derechos humanos.
La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 incorporó una obligación fundamental a cargo del Estado en materia de derechos humanos, es decir, la obligación de “reparar”. Así, el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) señala: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Si bien es importante la inclusión expresa del deber de reparar en el artículo mencionado, debe resaltarse que no se trata de una noción que fuera ajena al orden jurídico mexicano. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado ampliamente el deber de reparar las violaciones de derechos humanos. En particular, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, especialmente, el párrafo primero del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde el 2 de marzo de 1981, establecen esta obligación: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
Por eso, la expresión “en los términos que establezca la ley” a los que relaciona el artículo 1º constitucional el deber de reparar “es equívoca e insuficiente”, pues parece que no toma en cuenta que “la materia se ha reelaborado bajo la doble luz concurrente de la tradición y la normativa nacional y la tradición y
la normativa internacional”.1 Una correcta interpretación de dicha disposición tendría que ser en dos sentidos: 1) que nada impide que el legislador nacional, al regular la materia, disponga estándares o criterios de reparación establecidos por el Derecho Internacional y, 2) que dicho artículo no es óbice para que los órganos internacionales de derechos humanos determinen las reparaciones pertinentes cuando se establezca la responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos humanos, en el ámbito de su competencia, independientemente de lo que considere el legislador nacional.2 Estos dos puntos son correctos pues el párrafo tercero del artículo 1º constitucional debe ser leído conjuntamente con lo dispuesto por su párrafo segundo, es decir, que las “normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. En esta misma línea, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado el contenido del deber de reparar en términos más amplios que los del otorgamiento de una mera indemnización o compensación pecuniaria, como suele ser entendida en el ámbito interno de los Estados, pues la reparación debe ser “integral”. Asimismo, la reparación no se limita al ámbito penal sino que procede en todo caso en el que se hayan violado derechos humanos. Con el objetivo de proporcionar herramientas para una correcta implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en lo referente al deber de reparar, en el presente módulo se hará referencia a la teoría general de las reparaciones desarrollada a nivel internacional, haciendo un énfasis especial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues es el ámbito en el cual se ha conceptualizado con mayor precisión lo que implica la “reparación integral” así como la vasta gama de posibilidades de reparación a cargo de los Estados.
Sergio García Ramírez, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º constitucional bajo la reforma de 2011)”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 2011, p. 172. Cfr. Miguel Carbonell, “Una nota sobre las reparaciones de hechos violatorios de derechos humanos”, en Sufragio. Revista especializada en derecho electoral, México, núm. 8, diciembre de 2011, p. 32.
El 3 de abril de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) emitió una sentencia en el caso Kawas Fernández vs. Honduras mediante la cual condenó al Estado por la falta del deber de garantía del derecho a la vida de la señora Kawas Fernández y por los daños que la falta de investigación provocó en sus familiares. Blanca Jeannette Kawas Fernández fue una defensora del medio ambiente en Honduras y presidenta de la Fundación Prolansate, creada en 1990 con el objetivo de cuidar las áreas circundantes a la Bahía de Tela, en dicho país, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa región. El trabajo de la señora Kawas Fernández consistía en atender las denuncias de daño ambiental en la región pero también se distinguía por hacer denuncias públicas de tala ilegal y tenía una posición de claro rechazo a proyectos de desarrollo económico en la zona que afectaban el medio ambiente. El 6 de febrero de 1995 la señora Kawas Fernández falleció al recibir un disparo en la nuca mientras trabajaba en su casa con su asistente. Días antes de su muerte había organizado una marcha en la ciudad de Tela en protesta por la iniciativa del Estado de Honduras de otorgar títulos de propiedad en el Parque Nacional Punta Sal. Testigos indicaron haber visto en una camioneta a dos jóvenes armados que irrumpieron en la casa, y posteriormente se escucharon dos disparos de arma de fuego. Una patrulla de la Fuerza de Seguridad Pública acudió al lugar para levantar el cadáver. Sin embargo, las autoridades policiales, dirigidas por el sargento Ismael Perdomo, deliberadamente no realizaron las diligencias necesarias para detener a los posibles autores materiales ni retenes policiales. El 7 de febrero de 1995, al día siguiente de los hechos, el Juzgado de Paz de lo Criminal de la ciudad de Tela inició algunas averiguaciones por la presunta comisión del delito de “asesinato consumado” en perjuicio de la señora Kawas Fernández. Ordenó la inspección judicial del lugar de los hechos y el reconocimiento médico del cadáver. Además, durante las seis semanas siguientes recibieron las declaraciones testimoniales de 27 personas. La última de ellas se recibió el 23 de marzo de 1995, correspondiente a un coronel del Ejército de apellido Amaya, sospechoso de haber tenido algún tipo de participación en la planeación de la muerte de la señora Kawas Fernández, por tener divergencias con ella.
El 6 de marzo de 1995 el sargento Ismael Perdomo presentó ante las autoridades de la Dirección de Investigación Criminal a Juan Francisco López Mejía, un joven de 16 años de edad, como presunto responsable de los hechos. Confesó su culpabilidad e inculpó a dos familiares suyos. Sin embargo, nunca se ejecutó la orden de captura de tales personas porque el joven declaró que su confesión había sido obtenida bajo coacción. Desde 1995 hasta la fecha de emisión de la sentencia de la Corte Interamericana se habían apersonado como representantes del Ministerio Público siete fiscales. El 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal presentó un informe del caso indicando que había grandes intereses de por medio y que, por lo mismo, los oficiales de investigación asignados al caso corrían mucho peligro. Las prácticas de diligencias probatorias se reiniciaron ocho años después, es decir, a mediados del año 2003, luego de que el caso fue elevado al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A raíz de ello, el 29 de agosto de 2003 el Juzgado de Paz de lo Criminal de Tela recibió la ampliación de la declaración de uno de los testigos, quien indicó que había sido amenazado por el sargento Ismael Perdomo. El 30 de octubre de 2003 la Dirección General de Investigación Criminal (dgic) recibió las declaraciones de ocho personas, algunas de las cuales ya habían declarado en el año 1995. La dgic emitió varios “informes” sobre el caso en los que señaló algunas hipótesis sobre el asesinato principalmente referidas a las actividades de protesta de la ambientalista. Además, en dichos informes se indicó que existen indicios de que funcionarios públicos planificaron la muerte y obstruyeron la investigación, y se reiteró que algunos de los testigos podrían correr peligro de muerte. También existen reportes de los investigadores a cargo del caso solicitando recursos y protección para la realización de su trabajo. Debido a que el caso se encontraba en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el 18 de noviembre de 2003 el Departamento de Capacitación y Asesoría del Ministerio Público emitió un Informe técnico-jurídico sobre el caso en el cual señaló que de los testimonios rendidos se desprende que la muerte de la señora Kawas Fernández estaba vinculada a su trabajo por la defensa del medio ambiente en la Fundación Prolansate. Asimismo, el informe subrayó la presunta participación de agentes del Estado en los hechos. El Ministerio Público recomendó la realización de diversas diligencias judiciales, entre otras, la solicitud de captura contra el sargento Perdomo y el diseño de una estrategia de protección a testigos. El 2 de marzo de 2004 el fiscal solicitó al Juez de Letras Seccional de Tela que ordenara la captura del sargento Perdomo por “suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y coacciones en perjuicio de la administración pública”. El 10 de marzo de 2004 el juzgado decretó la prohibición de salir del país al sargento así como de comunicarse con los testigos y transitar por los lugares donde ellos concurrieran. Posteriormente, se emitió un auto de prisión en su contra y se le denegó una solicitud de sobreseimiento definitivo por prescripción del delito imputado. Esta decisión fue impugnada. La apelación fue admitida pero resuelta dos años después declarando que la orden de captura expedida estaba viciada de nulidad ya que se hizo sin haberse presentado el requerimiento fiscal correspondiente de acuerdo con el ordenamiento procesal penal vigente. Debido a que el caso no tenía fiscal asignado en ese momento la orden de captura no volvió a solicitarse. Durante los años 2007 y 2008 el Juzgado de Letras Seccional de Tela requirió la práctica de algunas diligencias probatorias, entre ellas, la búsqueda
de Juan Francisco López Mejía. De estas diligencias se determinó que el joven López Mejía, quien había sido coaccionado a autoinculparse por los hechos del caso, murió de forma violenta en el año 2008. Hasta el día de emitida la sentencia de la Corte idh el proceso penal iniciado por la muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández seguía en etapa preliminar, es decir, en la fase de investigación. No se han identificado a los autores de su asesinato ni se ha formalizado denuncia penal contra persona alguna. Tampoco hay constancia de que durante estos años se hayan puesto en práctica medidas internas para proteger a testigos. De esta manera, el homicidio de la señora Kawas Fernández sigue impune y sus familiares han tenido que soportar el daño ocasionado por la muerte de su familiar y por la negligencia e inactividad de las autoridades, a pesar de haberlas apoyado con viáticos y hospedaje durante algunas visitas a la zona de los hechos para realizar las investigaciones. Durante la década posterior a la muerte de la señora Kawas se han reportado actos de agresión, amenazas y ejecuciones de varias personas dedicadas a la defensa del medio ambiente en Honduras. Según los expedientes existen personas condenadas por estos hechos, aunque no todos los responsables han sido capturados ni tampoco se ha identificado a sus autores intelectuales. A pesar de la creación del Grupo de Investigación para las Muertes de los Ambientalistas, adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad de Honduras, no se ha implementado una política integral tendiente a la protección de los defensores y defensores de los derechos humanos, particularmente, de los defensores del medio ambiente. Por lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández fue planificado y ejecutado por personas de la zona, es decir, por personas que la conocían; que existió una estructura compleja encargada de llevar a cabo y de ocultar el asesinato; que hubo participación de agentes estatales en la obstrucción de la investigación y en la amenaza a testigo y en actos de coacción para desviar la investigación; que hubo negligencia en la práctica de pruebas y en la detención de los supuestos autores materiales; y, que habían transcurrido casi 14 años desde que sucedieron los hechos sin que se hubieran determinado las correspondientes responsabilidades. La Corte Interamericana también consideró que si bien el asesinato de la señora Kawas Fernández había obedecido a ciertos intereses particulares, de las circunstancias específicas podía concluirse que los hechos se facilitaron por la intervención de personas que actuaron al amparo de su investidura de agentes estatales. Por lo tanto, dado que el Estado no llevó a cabo una investigación seria, completa y efectiva de la muerte de la señora Kawas Fernández, conforme a los deberes de respeto y garantía de los derechos que se desprenden del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte idh estimó que la República de Honduras había violación el artículo 4.1 de la Convención Americana, que consagra el derecho a la vida, en perjuicio de la señora Kawas Fernández. Por otro lado, dado que la obligación de emprender una investigación seria, completa y efectiva de lo ocurrido, tratándose de un caso de muerte violenta, es un derecho de los familiares de la víctima por constituir la parte interesada en la búsqueda de justicia y beneficiarios de la reparación correspondiente, la Corte Interamericana consideró que Honduras había violado los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, referidos a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de la señora Kawas Fernández por no haber
realizado la investigación de los hechos, proceso y sanción de los responsables de la muerte de la señora Kawas Fernández dentro de un plazo razonable. En concreto, la Corte Interamericana consideró que no se había asegurado un acceso a la justicia a los familiares. Lo anterior también fue tomado en cuenta por la Corte Interamericana para declarar la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de este instrumento, por el sufrimiento y angustia adicional que la falta de investigación causó a sus familiares. Finalmente, la Corte Interamericana también declaró la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación del derecho consagrado en el artículo 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, al considerar que su actividad, particularmente, su trabajo de denuncia y oposición frente a la explotación de los recursos naturales de ciertas áreas protegidas en el municipio de Tela, Honduras, fue uno de los motivos de su muerte. La Corte idh consideró que ello, de manera evidente, resultó en una privación de su derecho a asociarse libremente.
Primer diagnóstico A partir de la información proporcionada, y con base en su experiencia previa, realice un primer diagnóstico sobre las reparaciones en materia de derechos humanos en el ámbito internacional respondiendo a las siguientes interrogantes: •	•	•	•
¿Considera que existe algún deber de reparación? ¿Qué se debe reparar? Especifique su respuesta. ¿A quiénes se debe reparar y por qué? ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para determinar las reparaciones correspondientes? En su opinión, ¿qué medida o medidas deben adoptarse para reparar?
En la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, la Corte idh señaló que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Con fundamento en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Corte Interamericana ha ordenado reparaciones por violación de derechos humanos. En primer lugar, la Corte Interamericana señaló que se considera “parte lesionada” a aquellas personas que hayan sido declaradas víctimas de violaciones de algún derecho humano. Por ello, estimó como “parte lesionada” a las siguientes personas: Blanca Jeannette Kawas Fernández, Jacobo Kawas Cury, Blanca Fernández, Jaime Alejandro Watt Kawas, Selsa Damaris Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández. Por lo tanto, dichas personas fueron acreedoras de las reparaciones. El señor James Gordon Watt no fue considerado parte lesionada, a pesar de haber sido solicitado por los representantes, porque no fue declarado víctima de la violación de algún derecho.
Indemnizaciones Daño material Por concepto de “daño emergente”, en equidad la Corte Interamericana ordenó al Estado el pago de US $600.00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Blanca Fernández por el traslado al funeral de su hija, y la misma cantidad a favor Carmen Marilena Kawas Fernández, por el mismo concepto. También en equidad, ordenó al Estado el pago de US $800.00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos de traslado al funeral de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández de sus hijos Selsa Damaris y Jaime Alejandro, y de US $300.00 (trescientos dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos del funeral de la señora
Blanca Jeannette Kawas Fernández. Esta última cantidad debía ser entregada al señor Jacobo Kawas Fernández quien, asimismo, debía otorgar las cantidades correspondientes a los familiares que habían cubierto dichos gastos. De acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cantidad correspondiente al señor Jacobo Kawas Cury, ya fallecido, debía entregarse por partes iguales a sus hijos, tomando en cuenta que al momento de su muerte se encontraba separado de la señora Blanca Fernández. Finalmente, se ordenó al Estado que pagara la cantidad de US $1 000.00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Jacobo Kawas Fernández, por los gastos incurridos durante la investigación de los hechos del caso. Por otro lado, por lo que corresponde a la “pérdida de ingresos”, con base en la equidad, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la privación de la vida de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández y su expectativa de vida probable, la Corte Interamericana ordenó al Estado pagar la cantidad de US $70 000.00 (setenta mil dólares de los Estados Unidos de América), los cuales, de acuerdo a su jurisprudencia, debían ser distribuidos por partes iguales entre sus hijos. Daño inmaterial La Corte Interamericana señaló que una sentencia declaratoria de violación de derechos humanos constituye per se una forma de reparación. Sin embargo, por las circunstancias del caso concreto, estimó pertinente determinar el pago de una compensación, fijada en equidad, por concepto de daños inmateriales a favor de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, considerados víctimas de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento internacional. Por lo tanto, la Corte Interamericana ordenó al Estado el pago de US $20 000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Selsa Damaris y Jaime Alejandro Kawas Fernández, para cada uno de ellos; US $20 000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Blanca Fernández y del señor Jacobo Kawas Cury, para cada uno; US $10 000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Jacobo Kawas Fernández y, US $5 000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Carmen Marilena y del señor Jorge Jesús, ambos de apellidos Kawas Fernández, para cada uno. También indicó que la cantidad correspondiente al señor Jacobo Kawas Cury, ya fallecido, debía entregarse por partes iguales a sus hijos. Por otro lado, aunque no fue solicitado ni por la Comisión ni por los representantes, dado que el daño inmaterial infligido a la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández fue evidente en el caso concreto, la Corte Interamericana ordenó al Estado el pago de una compensación de US $50 000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por los daños morales sufridos por la víctima. Dado que la señora Kawas Fernández está fallecida, dicha cantidad debía ser entregada en su totalidad y en partes iguales a sus hijos.
Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables Teniendo en cuenta los hechos del caso, particularmente las deficiencias en la investigación de los hechos, la Corte Interamericana dispuso que el Estado debía conducir eficazmente los procesos penales que se encontraban en trámite tanto en relación con el asesinato de la señora Kawas Fernández como con la obstaculización de su debida investigación, así como los que se llegaran a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos del caso, y aplicar efectivamente las consecuencias que la ley prevea. El Estado debía conducir y concluir las investigaciones y procesos pertinentes en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos. Para ello, el Estado debía remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidieran la debida investigación de los hechos. Además, la Corte Interamericana también ordenó al Estado aplicar la ley interna con el fin de otorgar protección efectiva a todos aquellos testigos de los hechos relacionados con la muerte de la señora Kawas Fernández, y ofrecer garantías a aquellas personas que desearan rendir testimonio. El Estado debí conducir y concluir con la debida diligencia y en un plazo razonable toda denuncia de coacción, intimidación o amenaza que presentaran los testigos en el proceso penal interno, y adoptar las medidas que la ley previera para su investigación. Al respecto, la Corte Interamericana también ordenó al Estado asegurar que los fiscales y cualquier otro funcionario encargado de la investigación y proceso del asesinato de la señora Kawas Fernández contaran con los medios idóneos y la protección necesaria para impulsar la investigación y proceso de los responsables por los hechos del caso. En relación con este rubro, finalmente, la Corte idh ordenó al Estado que asegurara que las víctimas tuvieran pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones y procesos internos, y que hiciera público el resultado del proceso para que la sociedad hondureña pueda conocer la determinación judicial de los hechos y sus responsables.
Medidas de satisfacción y garantías de no repetición Publicación de las partes pertinentes de la Sentencia La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) dispuso que el Estado publicada en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional en Honduras, por una sola vez, varios párrafos de la Sentencia, incluyendo la parte resolutiva de la misma. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional La Corte idh ordenó al Estado que realizara un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del en desagravio a la memoria de la señora Blanca Jannette Kawas Fernández, durante el cual se hiciera referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la Sentencia. Este acto debía llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales y con la participación de los familiares de la señora Kawas Fernández declaradas víctimas, si así lo desea14
ban. La realización y particularidades de la ceremonia pública debían consultarse previa y debidamente con los familiares. Levantamiento de monumento y rotulación del Parque Nacional Por considerarlo pertinente, la Corte idh ordenó al Estado el levantamiento de un monumento en memoria de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, así como la rotulación del parque nacional en Honduras que lleva su nombre. En dicho rótulo debía dejarse constancia que la víctima murió en defensa del medio ambiente y de dicho parque nacional, en particular. El Estado también debía realizar una ceremonia de develación del monumento en el cual estuvieran presentes autoridades estatales y los familiares de la señora Kawas Fernández declaradas víctimas. Atención psicológica Con base en los daños sufridos por los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, la Corte idh estimó conveniente disponer que el Estado brindara atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones de salud especializadas, a aquellos familiares considerados víctimas que así lo solicitaran. Dicho tratamiento debía ser brindado por personal e instituciones especializadas en la atención de los trastornos y enfermedades que presenten tales personas como consecuencia de los hechos del caso. El tratamiento debía prestarse por el tiempo que fuera necesario e incluir el suministro de los medicamentos que eventualmente se requirieran, así como tomar en consideración los padecimientos de cada uno de los beneficiarios relacionados con los hechos del caso, después de una evaluación individual. Otras pretensiones reparatorias Como una forma de contribuir a que hechos como los caso no se repitieran, la Corte idh consideró pertinente ordenar al Estado la realización de una campaña nacional de concientización y sensibilización, dirigida a funcionarios de seguridad, operadores de justicia y población general, sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos. Costas y gastos La Corte Interamericana fijó en equidad la cantidad de US $19 000.00 (diecinueve mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos incurridos durante la tramitación del caso ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dicha cantidad debía ser liquidada al señor Jacobo Kawas Fernández, quien entregaría a los representantes la cantidad que correspondiera. Este monto ya incluía los gastos futuros en que pudiera incurrir la familia de la señora Kawas Fernández a nivel interno o durante la supervisión del cumplimiento de la Sentencia ante la Corte idh.
Segundo diagnóstico Como complemento a las interrogantes planteadas en el primer diagnóstico del caso es importante que usted contemple lo siguiente: •	•	•	•
¿Cuál es el fundamento de la reparación? ¿Qué hechos son relevantes para la reparación? ¿Quién debe reparar? ¿Qué tipo de daños deben repararse?
Ahora bien, ante las interrogantes formuladas, para poder abordar la problemática planteada en el caso de una forma más integral y desde una perspectiva de derechos humanos es importante tener presente el concepto de “reparación” por la violación de derechos humanos y la teoría de las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, particularmente, a partir de la jurisprudencia de la Corte idh. Estos temas serán desarrollados a través de las herramientas teóricas que integran el presente módulo.
Concepto de “reparación” por la violación de derechos humanos Teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos
La obligación de reparar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos Elementos que deben tomarse en cuenta para determinar las reparaciones
Restitución Acreedores de las reparaciones Satisfacción Diversos tipos de reparaciones
Concepto de reparación por la violación de derechos humanos En la sentencia Kawas Fernández vs. Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte idh”, “Corte” o “Corte Interamericana”) encontramos que “es un principio de Derecho Internacional que “toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”.3 Por lo tanto, las violaciones de derechos humanos conllevan el incumplimiento de obligaciones internacionales que cuando hayan provocado un daño, generan para los Estados responsabilidad internacional y, en consecuencia, la obligación de reparar. Como en cualquier sistema jurídico, la noción de “responsabilidad” implica la sustitución de la obligación primaria por la obligación secundaria o subsidiaria, es decir, la de reparar las consecuencias de la infracción.4 En ese sentido, la “reparación” es un “término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido”.5 En el Derecho Internacional tradicional, es decir, aquél en el que se reconocen y se establecen obligaciones vis à vis los Estados, la obligación de reparar surge entre dos o más entes igualmente soberanos, cuyas relaciones son gobernadas bajo el principio de reciprocidad. En esta rama del Derecho es ampliamente aceptado que las formas de reparación pueden ser la restitutio in integrum, en primer lugar, y si ésta no es posible, la compensación, la satisfacción y las garantías de no repetición.6 En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estas formas de reparación adquieren un sentido particular por tratarse de obligaciones que tienen los Estados hacia los individuos. Es decir, se trata de una relación en la que es el Estado, actuando soberanamente, el que reconoce derechos humanos a las personas y, correlativamente, adquiere determinadas obligaciones en función de ello. Por lo tanto, es una relación que no se rige por la reciprocidad. De esta forma, la Corte idh, se ha referido al: [c]arácter especial de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicha Convención, así como los “demás tratados de derechos humanos, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes”.7
Corte idh, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, serie C, núm. 196, párr. 156. Cfr. Brigitte Stern, “The obligation to make reparation”, en James Crawford, et. al., comps., The law of international responsibility, Nueva York, Oxford University Press, 2010, p. 564. Cfr. Corte idh, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998, serie C, núm. 39, párr. 41. Al respecto, puede consultarse el Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, particularmente, el artículo 42. Cfr. Informe de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 53º período de sesiones (23 de abril a 1º de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001). Asamblea General de las Naciones Unidas, 56º período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/56/10). Corte idh, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, serie C, núm. 55, párr. 41 y Corte idh, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, serie C, núm. 54, párr. 42.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la reparación no sólo es una obligación que el Estado debe satisfacer sino que, a su vez, configura un derecho humano en favor de las personas. En este punto es importante precisar que el derecho a la reparación tiene dos dimensiones: una procesal y una sustantiva.8 Conforme a la primera, los Estados tienen el deber de proveer o garantizar recursos efectivos en el ámbito doméstico. Esto se traduce, básicamente, en el derecho de acceso a la justicia, mediante el cual toda demanda o reclamo por la violación de derechos humanos debe ser atendida y decidida por las instancias estatales pertinentes.9 Este aspecto o dimensión de la reparación está reconocido por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, el artículo 25 de la Convención Americana. Continuando con el desarrollo de este módulo debe considerarse que el aspecto sustantivo se refiere al resultado de la demanda o reclamo, es decir, al remedio o reparación, en sentido estricto, de ser procedente.10 En estos términos, el Derecho Internacional general y, sobre todo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se han ocupado más de esta segunda dimensión. En particular, esta última rama del Derecho ha desarrollado el deber de reparar tomando en cuenta la especificidad de la materia. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es el ámbito en el cual la teoría de las reparaciones y su puesta en práctica se ha desarrollado veloz y considerablemente, particularmente, mediante las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ha sido descrito, “la Corte pugna por acercarse al ideal de ofrecer reparaciones plenas para la violaciones a los derechos humanos en la medida en que el derecho internacional lo permite”.11 Al respecto, cabe señalar que la relación entre reparación e indemnización, conceptos comúnmente asimilados, es una de género a especie toda vez que, como veremos, las reparaciones pueden tomar diversas formas, y la indemnización es sólo una de ellas. Por esta razón, enseguida nos referiremos ampliamente a la obligación de reparar que se desprende de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La reparación por violación de los derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos La obligación de reparar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos El artículo 63.1 de la Convención Americana establece que: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte [Interamericana] dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad concul-
Cfr. Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 2ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 7. Ibidem. Ibidem. Douglass Cassel, “El alcance e impacto cada vez mayores de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Armin Von Bogdandy, et. al., comps., La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un jusconstitucionalecommune en América Latina?, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 2010, p. 245.
En sus primeras sentencias, la Corte idh interpretó dicho artículo ordenando sólo indemnizaciones como reparación.12 No obstante, sin duda, actualmente ésta es una de las disposiciones más desarrolladas por la Corte y, además, una de las más complejas.13 La Corte Interamericana ha establecido que el texto del artículo 63.1 de la Convención Americana contiene una norma de derecho consuetudinario que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional en materia de responsabilidad de los Estados.14 Por lo tanto, la obligación de reparar que impone dicha disposición se rige por el Derecho Internacional en todos sus aspectos: su alcance, su naturaleza, sus modalidades, y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual puede ser modificado por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su Derecho interno.15 Por ello, en opinión de la Corte, “ninguna parte (del artículo 63.1 de la Convención Americana) hace mención ni condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado Parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo”.16 La Corte no sólo declara la violación de determinados derechos humanos sino, además, por medio de sus sentencias puede ordenar al Estado la adopción de medidas reparativas que van más allá del pago de una mera indemnización. Al respecto, si bien la Corte Interamericana también ha señalado que
Por ejemplo, en las siguientes sentencias: Corte idh, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989, serie C, núm. 7, párrs. 38 a 52; Corte idh, Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989, serie C, núm. 8, párrs. 36 a 50. “Las complicaciones de (dicha disposición) han suscitado una constante reflexión jurisprudencial que permita hacer luz donde hay algunas sombras y construir, a fuerza de sentencias, un corpus sobre las reparaciones. A éste han llegado, desde luego, las enseñanzas de la jurisprudencia formada por otros órganos internacionales, frecuentemente acogida por la Corte Interamericana, y de una copiosa doctrina. Es interesante advertir cómo se avanza en el espacio de las reparaciones en cada nueva sentencia sobre la materia que dicta la Corte, e incluso en las resoluciones de fondo”. Cfr. Sergio García Ramírez, “Las Reparaciones en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos”, en Memoria del Seminario El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del siglo xxi, tomo i, San José, Corte idh, 2005, p. 131. Del mismo autor también puede consultarse “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones”, en Sergio García Ramírez, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Porrúa, 2007, pp. 271 a 343. Cfr. Corte idh, Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993, serie C, núm. 15, párr. 43. Cfr. Corte idh, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996, serie C, núm. 29, párr. 37 (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); Corte idh, Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997, serie C, núm. 31, párr. 16 (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); Corte idh, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, op. cit., supra nota 7, párr. 42 (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); Corte idh, Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998, serie C, núm. 43, párr. 49 (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y Corte idh, Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998, serie C, núm. 42, párr. 86 (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Corte idh, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., supra nota 14, párr. 30.
una sentencia condenatoria puede ser por “sí misma una forma de reparación y satisfacción moral”,17 lo cierto es que siempre ha ordenado el pago de indemnizaciones y/o la adopción de otras medidas no pecuniarias. Elementos que deben tomarse en cuenta para determinar las reparaciones Si usted fuera juez de la Corte Interamericana y conociera del caso Kawas Fernández, ¿qué elementos tomaría en cuenta para determinar la reparación? A efecto de ordenar el tipo de reparación o reparaciones que debe llevar a cabo el Estado, la Corte idh analiza el nexo causal entre los hechos, las violaciones de derechos humanos declaradas y los daños acreditados.18 Éstos últimos han sido agrupados en dos rubros generales, es decir, en daño material y daño inmaterial. El primero se refiere estrictamente a “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”,19 mientras que el segundo comprende “tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas”, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.20 Para el daño material, la Corte idh normalmente toma en cuenta el daño emergente y el lucro cesante o la pérdida de ingresos. En ambos casos, la reparación puede consistir en el otorgamiento de una determinada cantidad de dinero por concepto de indemnización. Sin embargo, en algunas ocasiones, la Corte ha ordenado otro tipo de medidas como, por ejemplo, de restitución o de satisfacción.21 En ocasiones, también se ha ordenado reparación por daño al patrimonio familiar, para el cual normalmente ha correspondido una compensación pecuniaria.22 Para el daño inmaterial, la Corte idh valora los perjuicios de carácter psicológico o físico, en los cuales en la mayoría de los casos se ha ordenado medidas de rehabilitación, como atención psicológica, psiquiátrica o física, aunque también medidas de satisfacción o indemnización. Particularmente tratándose de daños de carácter físico, la investigación, proceso y sanción de los responsables puede ser otra forma de reparación, por ejemplo, en casos de tortura.23 Otro tipo de perjuicio que se enmarca en
Corte idh, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999, serie C, núm. 44, párrs. 72. Cfr. Corte idh, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, serie C, núm. 245, párr. 281. Corte idh, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002, serie C, núm. 91, párr. 43. Cfr. Corte idh, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001, serie C, núm. 77, párr. 84. Cfr. Corte idh, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, serie C, núm. 148, párr. 375; y Corte idh, Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006, serie C, núm.144, párr. 307. Cfr. Corte idh, Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, serie C, núm. 100, párr. 88; y Corte idh, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005, serie C, núm. 132, párr. 78. Cfr. Corte idh, Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, serie C, núm. 187, párr. 175.
el daño inmaterial es el daño moral, el cual es una categoría más genérica pues incluye perjuicios a la honra así como dolor y sufrimiento a causa de las violaciones de derechos humanos cometidas. El daño moral normalmente es reparado mediante una indemnización, aunque también puede ser resarcido mediante medidas de satisfacción, rehabilitación y de restitución, dependiendo de las características del caso. En este sentido, la mayoría de las veces, sobre todo tratándose de violaciones graves y masivas a los derechos humanos, la investigación, proceso y eventual sanción de los responsables también tiene un papel importante como reparación del daño moral.24 Otro tipo de daño considerado, aunque en menor medida, es el daño al proyecto de vida el cual consiste en el perjuicio a: [L]a realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. […] Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. […] no se trata de un resultado seguro, que haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable -no meramente posible- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos.25
Por lo tanto, el daño al proyecto de vida puede ser entendido como “una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, [que] implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable”.26 Por su naturaleza, este tipo de daño ha sido resarcido a través de medidas restitutorias, de satisfacción y de rehabilitación. De esta manera, la Corte toma en cuenta, de la manera más amplia, las consecuencias que una violación de derechos humanos genera en las víctimas, dando sentido, por lo tanto, al concepto de “reparación integral del daño”. En el caso Kawas Fernández vs. Honduras, por la naturaleza de los hechos y las violaciones de derechos humanos cometidas, al ordenar y precisar las reparaciones, la Corte Interamericana consideró tanto al daño material como el daño inmaterial, y para ambos ordenó el pago de determinadas cantidades como indemnización. Ahora bien, aunque no se encuentra explícitamente, el resto de medidas ordenadas por la Corte también tienen la intención de reparar el daño inmaterial y, particularmente, el daño moral, sobre todo por el sufrimiento causado a los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández a consecuencia de los hechos. Además del daño, es importante tomar en cuenta las pretensiones de reparación de la Comisión Interamericana pero, sobre todo, las de las víctimas. Inclusive, ante ofrecimientos del Estado de medidas que podrían remediar las violaciones de derechos humanos cometidas, la Corte Interamericana puede valorar si son acordes y suficientes teniendo en cuenta las características del caso concreto. No obstante, la Corte idh puede no conceder todas las solicitudes de reparación de las víctimas o la Comisión Interamericana o, inclusive, las propuestas por el Estado, si considera que no tienen relación con los hechos o con las violaciones, o si estima que otras medidas son suficientes para cubrir todos los
Cfr. Corte idh, Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, serie C, núm. 232, párr. 185. Corte idh, Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 17, párrs. 148 y 149. Ibid, párr. 150.
aspectos de las violaciones de derechos humanos y los daños producidos,27 o si las partes no han justificado o argumentado adecuadamente sus pretensiones. Por ello, la Corte Interamericana ha señalado que “el deber de motivación y fundamentación de las pretensiones de reparaciones y costas no se cumple con solicitudes genéricas a las que no se adjunta prueba o argumentación, de hechos o de derecho, que permita analizar su finalidad, razonabilidad y alcance”.28 En el caso Kawas Fernández, la Corte idh concedió todas las medidas de reparación solicitadas por la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas por considerarlas acordes en función de los hechos y las violaciones de derechos humanos declaradas, así como de los daños considerados. Sin embargo, la Corte idh no concedió la solicitud de que se ordenara al Estado de Honduras la adopción de una política pública de erradicación de la violencia contra las defensoras y los defensores del medio ambiente. En su lugar, la Corte Interamericana estimó que en el caso concreto, como garantía de no repetición de los hechos, y dado que es una obligación de los Estados garantizar que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin peligro o amenazas, era conveniente ordenar al Estado la realización de una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de las actividades que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Sin embargo, esta campaña no se limitó a funcionarios estatales, sino a la población en general. Acreedores de las reparaciones El caso Kawas Fernández trata primordialmente sobre la ejecución extrajudicial de la señora En nuestro caso sólo se privó de la vida a una persona, la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, a quien correspondía algún tipo de reparación. ¿Por qué la Corte Interamericana ordenó reparaciones también a los familiares de la señora Kawas Fernández?; partiendo de la base de que usted estime que se debe reparar esta violación, ¿considera que otros elementos del caso permiten la inclusión de más personas como acreedoras de reparación?, ¿a quiénes y por qué hechos? Toda persona declarada como víctima de violación de derechos humanos por la Corte Interamericana es considera como “parte lesionada” y, por lo tanto, como acreedora a reparaciones.29 Cabe señalar que el concepto de “víctima” que utiliza la Corte idh abarca tanto a las denominadas víctimas “directas” como a las “indirectas”, aunque en las sentencias no se hace esta distinción pues, en consideración de la Corte idh, ambas son simplemente “víctimas”. En tal sentido, el artículo 2.33 del Reglamento la Corte Interamericana30 define el término víctima como “la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo con una sentencia proferida por la Corte”.
Por ejemplo, puede verse el Caso Torres Millacura vs. Argentina. Cfr. Corte idh, Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011, serie C, núm. 229, párr. 205. Corte idh, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, serie C, núm. 205, párrs. 455, inciso iv, 450 y 493. Cfr. Corte idh, Caso Díaz Peña vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012, serie C, núm. 244, párr. 149. Reglamento aprobado por la Corte idh durante su lxxxv Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, en vigor desde el 1 de enero de 2010.
Al respecto, es importante tener presente que, en casos de violación de derechos humanos, sobre todo cuando los hechos revisten una especial gravedad, no sólo quienes serían víctimas “directas” son acreedoras a reparaciones sino, además, algunas personas, principalmente los “familiares”, pueden también recibir algún tipo de reparación, como comúnmente sucede en caso de desaparición forzada de personas.31 Además, en tales casos, “la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, lo que hace presumir un daño a su integridad psíquica y moral”.32 En este sentido, los familiares de una víctima directa pueden ser acreedores a reparación sin que, necesariamente, sean sus “derechohabientes”. Es decir, puede haber familiares que, sin tener esa calidad, deban recibir algún tipo de reparación, dependiendo del tipo de relación o lazo filial que tuvieron con la víctima directa y del impacto que les haya causado lo sucedido a ésta,33 siempre y cuando, como consecuencia, ello haya configurado alguna violación de derechos humanos adicional que sea también atribuible al Estado.34 El Caso Kawas Fernández vs. Honduras versa principalmente sobre la ejecución extrajudicial de una defensora del medio ambiente. Por la situación de violencia contra los defensores ambientalistas en Honduras, aunado a los hechos concretos que rodearon a su muerte y a la falta de investigación de tales hechos, la Corte Interamericana estimó también como víctimas a los familiares que tenían un vínculo estrecho con la señora Kawas Fernández, es decir, su padre, su madre, hermanos e hijos. La Corte idh consideró que el Estado había provocado a tales personas sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades estatales de investigar los hechos, lo cual afectó su integridad psíquica y moral. Por lo tanto, como víctimas, la Corte Interamericana también ordenó medidas de reparación a su favor.
Por ejemplo, por la naturaleza y gravedad de los hechos, los familiares de personas desaparecidas forzadamente pueden llegar a ser considerados como víctimas de la violación del derecho reconocido en el artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo al “derecho a la integridad personal”, pues: “[E]s posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de realizar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”. Cfr. Corte idh, Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012, serie C, núm. 240, párr. 270. Idem. Como señala Sergio García Ramírez: “El régimen de protección que erige el Pacto de San José no hace distinción alguna entre las afectaciones directas y las indirectas, ni atiende al carácter mediato o inmediato de aquéllas. La fuente de la lesión es una sola: la conducta ilícita del agente del Estado. La caracterización del resultado también es una: violación de un derecho, en la especie, del derecho a la integridad psíquica. El efecto jurídico para el Estado es el mismo: obligación de reparar el daño causado ilícitamente. La determinación del tribunal es idéntica en ambos supuestos: pago de cierta cantidad como indemnización por daño inmaterial, alivio del dolor causado”. Cfr. Sergio García Ramírez, Voto concurrente razonado, Corte idh, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, serie C, núm. 101, párr. 61. En sintonía con dicho estándar, en el marco nacional, la Ley General de Víctimas señala en su artículo 4° que es víctima con derecho a reparación, tanto la persona que sufre directamente el daño, como sus familiares o personas que están a su cargo con una relación inmediata con la víctima, así como cualquier persona que sufra alguna afectación en sus derechos por auxiliar a la víctima. Estos dos últimos casos se tratan de víctimas indirectas, pero sin importar el tipo de víctima que sea se adquiere la calidad de tal mediante la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos por la propia Ley.
Diversos tipos de reparaciones ¿Considera que la indemnización o compensación es la única forma de reparación? ¿Por qué? Los diversos “modos específicos” de reparar “varían según la lesión producida.”35 Por ello, si no es posible la restitutio in integrum, como en la mayoría de los casos no lo es, la Corte Interamericana ordena al Estado la adopción de otras medidas para reparar “las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”, como indica el artículo 63.1 de la Convención. Estas medidas son: la investigación, proceso y eventual sanción de los responsables, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición y la indemnización compensatoria, además del pago de costas y gastos.36 A continuación nos referiremos a las medidas que a lo largo del desarrollo de su jurisprudencia ha ordenado la Corte Interamericana. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables37 ¿Qué considera que comprende la obligación genérica de investigar los hechos, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos? ¿Por qué la ordenó la Corte Interamericana en el Caso Kawas Fernández en los términos ya señalados? Anteriormente referimos que la reparación tiene dos dimensiones, es decir, la procesal y la sustantiva. Particularmente, la primera implica que el Estado garantice el derecho de acceso a la justicia, es decir, que cualquier demanda o reclamo por la violación de derechos humanos sea atendida y decidida por las instancias estatales pertinentes, para lo cual los Estados deben crear y garantizar recursos efectivos para ese efecto. Por eso, podría cuestionarse si el deber de “investigar”, en la forma en que es normalmente ordenado por la Corte, es una reparación o, antes bien, es una obligación previa que el Estado
Corte idh, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 7, párr. 41; Corte idh, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, serie C, núm. 117, párr. 89; Corte idh, Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 17, párr. 48; y Corte idh, Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 17, párr. 85. En la Ley General de Víctimas se establece que la reparación integral comprende el restablecimiento de la situación anterior, la reparación del daño moral, la rehabilitación de la víctima, la satisfacción, las medidas de no repetición, la compensación, la reparación colectiva (derecho de grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros) y el pago de gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado y se trate de delitos o violaciones graves a derechos humanos. Podemos ver que en la Ley se prevén, en su mayoría, las mismas medidas de reparación que la Corte usualmente dicta, salvo por la denominada “reparación colectiva” que, en realidad, no es una medida de reparación autónoma sino que sólo se refiere a la titularidad de la reparación. Sin embargo, a lo largo del documento se señalan algunas acciones concretas por las que se realizan estas medidas. Por ejemplo, en el artículo 13 se enlistan, entre otras, las siguientes acciones: la restitución de todos los bienes o valores de la víctima que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades; el pago de salarios o percepciones cuando por las lesiones se cause incapacidad para trabajar; el pago de los tratamientos médicos que la víctima requiera como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, así como los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en municipio o delegación distinto al del enjuiciamiento, entre otros. Para acceder a un desarrollo de los deberes específicos del Estado en materia de derechos humanos desde una perspectiva de las obligaciones a cargo del Estado puede acudir al módulo 6 de la Metodología.
debe llevar a cabo independientemente de si la ordena o no la Corte Interamericana como reparación. Precisamente, los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran el “derecho de acceso a la justicia”, conforme al cual, los Estados tienen el deber de investigar toda violación de derechos humanos, procesar y, de ser el caso, sancionar a los responsables. Esta obligación también se deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana, pues dicha disposición impone a los Estados el deber de “garantizar” los derechos. Conforme a este deber, los Estados deben “evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte Interamericana como ‘la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana’”.38 De cualquier manera, comúnmente la Corte Interamericana ordena la investigación, proceso y sanción de los responsables como una forma de reparación autónoma cuando el Estado ha cometido violaciones de derechos humanos, especialmente, cuando éstas configuran o pueden configurar delitos39 o conductas que deban ser sancionadas administrativa o disciplinariamente en el ámbito interno.40 Sin embargo, debe precisarse que no en todos los casos la Corte ha ordenado al Estado esta forma de reparación. Por ejemplo, existen casos que plantean situaciones de mero derecho que no implican que deba realizarse investigación alguna por parte del Estado. Ello dependerá de los hechos concretos del caso y de las pretensiones de reparación de la Comisión Interamericana y de las víctimas.41 La obligación de investigar es una de las más importantes medidas de reparación ordenadas por la Corte idh.42 Inclusive, en las sentencias de los últimos años, pueden notarse que se trata de la primera medida que la Corte Interamericana ordena, lo cual refleja la importancia que le otorga. Además, se trata de una de las reparaciones más complejas y desarrolladas por la Corte idh. La investigación y proceso abarca no sólo a los autores materiales e intelectuales sino también a cómplices, encubridores y a todos aquellos que hubieren tenido participación en los hechos que generaron la violación de los derechos.43 Además, en el marco de esta obligación, la Corte también ha ordenado que las víctimas y sus familiares tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones, de acuerdo con la normativa interna y la Convención Americana.44
Corte idh, Caso TiuTojín vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008, serie C, núm. 190, párr. 69. Cfr. Corte idh, Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009, serie C, núm. 209, párr. 331. Cfr. Corte idh, Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, serie C, núm. 242, párr. 172. Por ejemplo, el Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, que versa básicamente sobre el derecho a la propiedad privada y a la indemnización justa por expropiación. Cfr. Corte idh, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, serie C, núm. 179, párr. 134. Otros casos son Corte idh, Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005, serie C, núm. 126; y Corte idh, Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, serie C, núm. 133. Ambos casos tratan sobre la prohibición de la aplicación de la pena de muerte. La Ley General de Víctimas reconoce como derecho de las mismas que se investiguen las violaciones a sus derechos pero no se considera como una forma de reparación, artículo 7º, fracción xxii. Cfr. Corte idh, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, op. cit., supra nota 7, párr. 74. Cfr. Corte idh, Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002, serie C, núm. 95, párr. 118.
Como ya mencionamos, el deber de sanción abarca medidas tanto de carácter administrativo como penal, según corresponda.45 Además, no se limita solamente a la sanción de funcionarios públicos sino también de cualquier particular que entorpezca, desvíe o dilate indebidamente las investigaciones tendientes a aclarar la verdad de los hechos.46 Es decir, el deber de sanción se extiende no solamente a aquellos responsables de los hechos generadores de las violaciones alegadas sino también a cualquier persona que obstruya su efectiva investigación, proceso y sanción. Por otro lado, al ordenar la investigación de los hechos, la Corte Interamericana ha establecido que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para incumplir con sus obligaciones internacionales y, por lo tanto, las que se derivan de la Convención Americana. Por ejemplo, la Corte ha señalado que las leyes de amnistía obstaculizan la investigación y el acceso a la justicia. En este sentido, los Estados deben adoptar las disposiciones de derecho interno necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación.47 Entre otras limitantes también se encuentran figuras e instituciones internas como la prescripción y las excluyentes de responsabilidad, así como otras medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria, por lo tanto, el Estado debe abstenerse de aplicarlas.48 Particularmente con relación a la prescripción, en múltiples ocasiones la Corte ha establecido que la prescripción no debe operar tratándose de violaciones graves de derechos humanos, y que para la aplicación de este beneficio las autoridades competentes deben fundar su decisión en una exhaustiva valoración probatoria.49 En casos donde es común el hostigamiento y amenazas para impedir el impulso de denuncias y el esclarecimiento de los hechos para encubrir a los responsables, normalmente agentes estatales, la Corte ha señalado que para garantizar un debido proceso el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a las víctimas de tales hostigamientos y amenazas que busquen entorpecer el proceso.50 Por lo tanto, el Estado no sólo debe remover los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad, sino que también debe otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso. Con ese fin, el Estado debe adoptar medidas concretas para fortalecer su capacidad investigativa, entre otras, se debe dotar a las entidades correspondientes de los recursos humanos, económicos, logísticos y científicos suficientes
Ibid. Ibidem, párr. 119. Cfr. Corte idh, Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 45, párr. 118; Corte idh, Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 17, párr. 105; Corte idh, Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001, serie C, núm. 87, párr. 42; y Corte idh, Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, serie C, núm. 162, párr. 226. Cfr. Corte idh, Caso Del Caracazo vs. Venezuela, op. cit., supra nota 45, párr. 119, Corte idh, Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004, serie C, núm. 108, párr. 83, Corte idh, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004, serie C, núm. 109, párr. 263; y Corte idh, Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, serie C, núm. 114, párr. 259. Cfr. Corte idh, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, serie C, núm. 163, párrs. 292 y 293. Cfr. Corte idh, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, op. cit., supra nota 35, párr. 199; y Corte idh, Caso Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2004, serie C, núm. 116, párr. 94.
para que puedan realizar el procesamiento adecuado de toda prueba científica y de otra índole, con la finalidad de esclarecer los hechos delictivos.51 Por otro lado, la Corte idh ha reiterado que los responsables, sobre todo, cuando se trata de funcionarios públicos, deben ser juzgados y sancionados por tribunales competentes. En estos normalmente se han presentado conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la militar.52 La Corte idh también ha establecido que aunque existan dificultades de orden interno que impiden la identificación de los responsables subsiste el derecho de los familiares de conocer la verdad, por lo que la obligación de investigar, juzgar y sancionar subsiste hasta su total cumplimiento.53 La investigación no solamente ha sido ordenada por la Corte en casos donde hay una situación de impunidad total, es decir, en donde existe inactividad por parte del Estado. En varios casos donde no obstante que existen investigaciones en curso al momento de dictar sentencia o en donde ya han sido llevadas a cabo la Corte idh ha ordenado que el Estado debe continuar con los procesos para la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.54 La impunidad parcial puede darse en diferentes hipótesis: la falta de sanción de alguno de los responsables,55 la investigación y sanción por tribunales incompetentes,56 la investigación, proceso y sanción solamente por algunos hechos violatorios de derechos humanos y no por su totalidad,57 el no agotamiento de las líneas de investigación,58 el juicio y condena en ausencia de cierta categoría de personas que se han beneficiado de la inefectividad de la sanción.59 Además, la Corte Interamericana no sólo se ha remitido al deber general de los estados de investigar y sancionar sino que, además, ha especificado la materia a que deben referirse tales investigaciones dependiendo de los hechos del caso y de las violaciones declaradas.60 Incluso, en circunstancias específicas, la
Cfr. Corte idh, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, op. cit., supra nota 37, párr. 134. Cfr. Corte idh, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 49, párrs. 256 y 257; Corte idh, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, op. cit., supra nota 24, párr. 97. Cfr., además, Corte idh, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, serie C, núm. 134, párr. 202; Corte idh, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, serie C, núm. 140, párrs. 189, 201 y 203; y, Corte idh, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, op. cit., supra nota 23, párrs. 333 y 334. Cfr. Corte idh, Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997, serie C, núm. 34, párr. 90. Cfr. Corte idh, Caso El Amparo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996, serie C, núm. 28, párr. 61; Corte idh, Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998, serie C, núm. 38, párr. 47; Corte idh, Caso Las Palmeras vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2002, serie C, núm. 96, párr. 67; Corte idh, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, op. cit., supra nota 53, párr. 298; y Corte idh, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, op. cit., supra nota 53, párr. 267. Cfr. Corte idh, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, op. cit., supra nota 35, párrs. 272 y 275 y Corte idh, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004, serie C, núm. 110, párr. 237. Cfr. Corte idh, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, op. cit., supra nota 49, párr. 257. Cfr. Corte idh, Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., supra nota 48, párr. 224; Corte idh, Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 155; y Corte idh, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, serie C, núm. 160. Cfr. Corte idh, Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, serie C, núm. 165, párr. 166. Cfr. Corte idh, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, op. cit., supra nota 53, párr. 296. Cfr. Corte idh, Caso Del Caracazo vs. Venezuela, op. cit., supra nota 45, párr. 118.
Corte ha ordenado al Estado que adopte medidas, incluyendo de carácter diplomático, para facilitar la extradición de los responsables.61 En la mayoría de los casos, a la vez que ordena la investigación, la Corte Interamericana también ha ordenado que el Estado debe divulgar públicamente los resultados de la investigación y sanción a los responsables,62 pues el conocimiento de la verdad, además de ser un medio de reparación para la víctima y sus familiares, tiene un alcance mayor pues también es una forma de esclarecimiento fundamental para que la sociedad pueda desarrollar sus mecanismos propios de reproche y prevención de violaciones a los derechos humanos.63 En este sentido, la divulgación de los resultados de la investigación es ordenada, sobre todo, tratándose de casos sobre violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos,64 sobre violaciones cometidas en el pasado en el marco de contextos particulares, como dictaduras,65 o de casos que reflejan algún problema estructural en relación con determinados derechos humanos.66 El caso Kawas Fernández también trató el tema de la impunidad de los hechos en dos sentidos. En primer lugar, el de su ejecución extrajudicial, pues hasta el momento de haberse dictado la sentencia las autoridades no habían iniciado formalmente una investigación al respecto. Por otro lado, la sentencia también se refiere a la obstrucción en las investigaciones informales llevadas a cabo por diversos órganos del Estado. Esta obstrucción básicamente consistió en la amenaza a testigos y funcionarios estatales, además del encubrimiento del delito. Otro aspecto que resaltó la Corte Interamericana es que ya habían transcurrido aproximadamente 14 años y, no obstante, los hechos aún no habían sido esclarecidos. Tomando en cuenta todo lo anterior, conforme a su jurisprudencia, la Corte ordenó al Estado la investigación completa de los hechos que produjeron la muerte de la señora Kawas Fernández y, por lo tanto, la conducción efectiva de los procesos penales relativos a la obstaculización de la debida investigación de su ejecución extrajudicial. Sin embargo, para ello, la Corte Interamericana consideró importante dar algunas pautas más específicas al Estado. Por ejemplo, le requirió garantizar la protección de los testigos y de los funcionarios estatales encargados de la investigación, y atender toda posible denuncia de coacción, amenaza o intimidación contra ellos. En relación con estos últimos, y dado que en la sentencia también se estableció que los funcionarios que realizaron investigaciones informales no contaban con los elementos necesarios para tal fin, la Corte también ordenó al Estado garantizarles los medios económicos y logísticos idóneos. De esta forma, la Corte Interamericana abarcó todos los aspectos relevantes necesarios para una debida investigación de los hechos.
Cfr. Corte idh, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, serie C, núm. 153, párr. 166 y Corte idh, Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., supra nota 48, párr. 227. Cfr. Corte idh, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001, serie C, núm. 71, resolutivo cuarto y Corte idh, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 21, párr. 73. Cfr. Corte idh, Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, serie C, núm. 147, párr. 196; Corte idh, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, op. cit., supra nota 53, párr. 266; Corte idh, Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C, núm. 136, párr. 78; Corte idh, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006, serie C, núm. 149, párr. 245; y Corte idh, Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, serie C, núm. 152, párrs. 193. Cfr. Corte idh, Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, serie C, núm. 211, párr. 236. Cfr. Corte idh, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, op. cit., supra nota 62, párr. 165. Cfr. Corte idh, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, op. cit., supra nota 30, párr. 455, inciso iv).
Restitución ¿En qué consiste la restitución como medida de reparación? ¿Por qué no la ordenó la Corte Interamericana en el caso Kawas Fernández? La restitución tiene como objetivo volver a la víctima a la situación anterior a la violación de derechos humanos. Por lo tanto, la restitución no solamente se refiere al aspecto material, sino también al ejercicio de derechos.67 Comúnmente, como medidas de restitución, la Corte ha ordenado, por ejemplo, que se dejen sin efecto sentencias internas, tanto penales como civiles,68 la eliminación de antecedentes penales o disciplinarios,69 el restablecimiento de la libertad de una persona,70 la reincorporación al cargo que ostentaba la víctima previamente a la violación de derechos humanos sufrida,71 así como la restitución de ciertos bienes o valores a la víctima.72 Además, en casos que involucran los derechos de comunidades indígenas, la Corte ha ordenado medidas de restitución que tienen que ver con la tenencia o propiedad de territorios originarios o ancestrales, así como con su uso y goce. Así, por ejemplo, ha ordenado la devolución de tierras, la delimitación y titulación como una manera de asegurar el derecho de propiedad,73 y si la restitución no fuera posible, la entrega de tierras alternativas.74 En casos más recientes, la Corte ha ordenado medidas de restitución innovadoras. Por ejemplo, en un caso sobre la entrega de una menor en adopción sin el consentimiento de su padre biológico, entre otros temas, la Corte Interamericana ordenó “establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el señor Fornerón y su hija. Ello implica un proceso de acercamiento progresivo de manera de comenzar a construir un vínculo entre padre e hija […]”.75 Asimismo, en otro caso que versa sobre el otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio indígena, lo cual
La Ley General de Víctimas señala en su artículo 67 que la restitución será, de ser posible, en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades, si hubieren sido despojadas, en cualquier forma, de ellos. En dicho artículo, enlista los derechos susceptibles de restitución: la libertad, los derechos jurídicos; la identidad; la vida y unidad familiar; la ciudadanía y los derechos políticos; el regreso digno y seguro al lugar de residencia; el empleo, y la devolución de los bienes garantizando su efectivo y pleno uso y disfrute. En los casos en donde la víctima ha sufrido una condena ilegítima, la restitución comprende, además de la libertad, la eliminación en los registros de antecedentes penales. Cfr. Corte idh, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, núm. 107, párr. 195; Corte idh, Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009, serie C, núm. 193, párr. 195; y Corte idh, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011, serie C, núm. 238, párrs. 105. Cfr. Corte idh, Caso Bayarri vs. Argentina, op. cit., supra nota 25, párr. 161. Cfr. Corte idh, Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, serie C, núm. 33, párrafo 84. Cfr. Corte idh, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009, serie C, núm. 197, párr. 163. Cfr. Corte idh, Caso Tibi vs. Ecuador, op. cit., supra nota 49, párr. 237. Cfr. Corte idh, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001, serie C, núm. 79, párr. 164; y Corte idh, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006, serie C, núm. 146, párr. 210. Cfr. Corte idh, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005, serie C, núm. 125, párr. 217. Corte idh, Caso Fornerón e hija vs. Argentina, op. cit., supra nota 41, párr. 160.
implicó la penetración de explosivos de alto poder en varios sitios de dicho territorio y, con ello, el riesgo a su población, la Corte ordenó al Estado “neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la totalidad de la pentolita en superficie, realizando una búsqueda de al menos 500 metros a cada lado de la línea sísmica E16 a su paso por el territorio Sarayaku […]”.76 Además, en cuanto al concepto de plena restitución, la Corte ya ha ordenado medidas que, por el contrario, tienen una vocación “transformadora” de una determinada situación disfuncional preexistente a la comisión de la violación, “de tal forma que las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo sino también correctivo”.77 Así, por ejemplo, con base en la existencia de una situación de discriminación estructural, la Corte Interamericana ordenó medidas que no solamente abarcaban cambios en elámbito público sino también con el privado, teniendo en cuenta los estereotipos que sustentaban conductas de violencia contra la mujer y su impunidad. Entre otras medidas, la Corte ordenó que el Estado continuara implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en temas tales como derechos humanos y género, perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigido a diversos funcionarios públicos, además de un “programa de educación” destinado a la “población en general”.78 En el caso Kawas Fernández es evidente que no podía volverse a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos humanos pues la víctima está muerta, por lo tanto, su vida no puede serle restituída. Por ello, la Corte no ordenó medida alguna de restitución. Satisfacción ¿Qué comprende la “satisfacción” como medida de reparación? ¿Por qué la Corte Interamericana estimó pertinente ordenarla en el caso Kawas Fernández? Las medidas de satisfacción están “dirigidas a reparar el daño inmaterial (sufrimientos y las aflicciones causados por la violación, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas)”.79 La Corte Interamericana ha dicho que estas medidas también pueden comprender “actos u obras de alcance o repercusión pública, como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata, pretendiendo de esta manera la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos”.80 Es decir, estas medidas “buscan reparar el daño inmaterial”, pero “no tienen alcance pecuniario, sino que tienen una repercusión pública”.81 Por tratarse de medidas de satisfacción para las víctimas, la orden de la Corte Interameri-
Corte idh, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, op. cit., supra nota 20, párr. 293. Corte idh, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, op. cit., supra nota 30, párr. 450. Ibíd., párrs. 541 y 543. Ídem, párr. 579. Ibidem. Corte idh, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C, núm. 111, párr. 208.
cana para que el Estado las lleve a cabo depende, en gran medida, de lo que aquéllas hayan solicitado, siempre y cuando las pretensiones tengan nexo causal con los hechos establecidos y las violaciones de derechos humanos declaradas.82 Entre las principales medidas de satisfacción que ha ordenado la Corte Interamericana se encuentran la publicación de su sentencia y la realización de actos públicos reconocimiento de responsabilidad internacional.83 En cuanto a la primera, durante varios años la Corte ordenó la publicación de la sentencia84 tanto en el diario o gaceta oficial del Estado responsable como en uno o dos diarios de circulación nacional. Actualmente, la publicación de la sentencia completa o un resumen de la misma elaborado por la Corte, dependiendo del caso, se ordena sólo en el diario oficial, mientras que en los diarios de circulación nacional se publica solamente el resumen de la misma.85 Estos resúmenes hacen más accesible y comprensible el contenido de las sentencias al público en general pues se elaboran con un lenguaje menos técnico, aunque no por ello menos riguroso, cumpliendo con ello el propósito de la medida de satisfacción que es el divulgar la sentencia en la sociedad. Además, en ocasiones la Corte también ha ordenado que la sentencia íntegra esté disponible en alguna página o sitio web oficial del Estado durante determinado tiempo.86 Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que, particularmente tratándose de casos que involucran los derechos de comunidades indígenas, la Corte Interamericana ha dispuesto que la sentencia o el resumen sean traducidos por el Estado al idioma de dicha comunidad indígena, previamente a su publicación y difusión.87 Además, en este tipo de casos, en ocasiones también se ha estimado conveniente que la difusión de la sentencia se haga no sólo de forma escrita sino también radial en español y en el idioma de la comunidad indígena respectiva, dado que ello puede hacer más accesible el contenido de la misma.88 Finalmente en cuanto a este tema, en casos que involucran hechos sensibles para las víctimas, la Corte Interamericana ha condicionado la publicación de la sentencia o su resumen a la autorización que aquéllas eventualmente otorguen.89
Así, por ejemplo, la Corte Interamericana comúnmente ordena la publicación de sus sentencias en diarios oficiales y de amplia circulación nacional. Sin embargo, en el caso Torres Millacura vs. Argentina, las víctimas expresamente indicaron que no deseaban este tipo de medida de reparación. Por lo tanto, la Corte no la ordenó. Cfr. Corte idh, Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, op. cit., supra nota 29, párr. 172. En el mismo tenor, la Ley General de Víctimas se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes medidas de satisfacción: verificación de los hechos y su revelación pública; búsqueda de las personas desaparecidas y de los restos de las personas asesinadas; declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos; aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos; y, la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas. Las notas al pie de página y determinados párrafos o secciones no son publicados por orden de la Corte por no ser necesarios para la difusión de la sentencia. Cfr. Corte idh, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, op. cit., supra nota 69, párr. 108. Cfr. Corte idh, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, serie C, núm. 241, párr. 120. Cfr. Corte idh, Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, serie C, núm. 127, párr. 253. En este caso, inclusive, la Corte ordenó la traducción de la sentencia al idioma inglés y, además, al miskito, sumo y rama, por ser todos idiomas de las comunidades étnicas e indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua a las que pertenecen las víctimas de este caso. Cfr. Corte idh, Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, op. cit., supra nota 39, párr. 108. Cfr. Corte idh, Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, serie C, núm. 215, párr. 247; y Corte idh, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, serie C, núm. 216, párr. 229.
Por otro lado, para la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad generalmente la Corte da ciertas pautas mínimas que el Estado debe cumplir para que se logre su propósito como medida resarcitoria de satisfacción.90 Esto no quiere decir que, posteriormente, las víctimas y/o sus representantes acuerden otro tipo de elementos adicionales a los ordenados por la Corte, siempre y cuando ello tenga relación con los hechos del caso y las violaciones de derechos humanos pertinentes. Entre las pautas indicadas normalmente por la Corte Interamericana se encuentran: que el Estado haga referencia a los hechos propios del caso, incluyendo el contexto general dentro del cual tuvieron lugar, y a las violaciones de derechos humanos declaradas; que exista la participación y acuerdo, en la mayor medida posible, de las víctimas y/o sus representantes por lo que respecta al lugar, fecha y hora para su realización; que durante el acto estén presentes, además de las víctimas, altas autoridades del Estado, particularmente de las directamente involucradas, y que el acto se difunda a través de medios de comunicación.91 Existen otro tipo de medidas de reparación que pueden ordenarse dependiendo, en gran medida, de la particular gravedad de los hechos y las violaciones de derechos humanos, del contexto general en el que ocurrieron y de las víctimas mismas. Por ejemplo, el levantamiento de monumentos en conmemoración de las víctimas. Para ello, la Corte ha dispuesto que el diseño y el lugar donde se ubique el monumento sean acordados entre el Estado y las víctimas, que su develación se haga mediante una ceremonia pública en presencia de aquéllas y, normalmente, que se coloque una placa en donde se haga constar que el monumento fue construido como una forma de reparación para las víctimas, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana.92 También se ha ordenado que el Estado otorgue becas de estudio, incluyendo gastos de manutención u otros gastos correspondientes a eventuales matrículas y material educativo, a favor de las víctimas y/o sus familiares,93 o en beneficio de otras personas como una forma de conmemorar a la víctima o víctimas.94 Por otro lado, la Corte también ha ordenado que el Estado nombre una calle, plaza o escuela en memoria de las víctimas,95 realice un video documental sobre la vida de la víctima o víctimas, o sobre alguna temática relacionada con el caso concreto,96 o lleve a cabo otras medidas de alcance colectivo, particularmente, programas sociales o la creación de fondos de desarrollo, que deben realizarse independientemente de las obras que el Estado implemente con cargo al presupuesto nacional en la zona o región correspondiente. Esto último es relevante en casos que involucran los derechos de miembros
Aunque en ocasiones el reconocimiento público de responsabilidad también puede tener un efecto como “garantía de no repetición”. Cfr. Corte idh, Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, serie C, núm. 221, párr. 266; y Corte idh, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012, serie C, núm. 239, párr. 264. Cfr. Corte idh, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, op. cit., supra nota 49, párr. 273; y Corte idh, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, op. cit., supra nota 53, párr. 278. Cfr. Corte idh, Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001, serie C, núm. 88, párr. 80; Corte idh, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, op. cit., supra nota 56, párr. 237; y Corte idh, Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011, serie C, núm. 237, párr. 336. Cfr. Corte idh, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010, serie C, núm. 213, párr. 233. Cfr. Corte idh, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, op. cit., supra nota 22, párr. 103 y Corte idh, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, op. cit., supra nota 64, párr. 199. Cfr. Corte idh, Caso Contreras y otros vs. El Salvador, op. cit., supra nota 26, párr. 210.
de comunidades indígenas. Así, por ejemplo, la Corte ha dispuesto que el Estado: realice mejoras y obras de mantenimiento al sistema de comunicación vial entre las comunidades afectadas y su cabecera municipal; construya sistemas de alcantarillado y suministro de agua potable, dote de personal docente capacitado en enseñanza intercultural y bilingüe en los centros de educación de las comunidades, establezca un centro salud con el personal y las condiciones necesarias y que capacite al personal de dicho lugar en atención médica y psicológica para que las víctimas que necesiten tratamientos especializados lo reciban en el centro de salud.97 Tomando en cuenta los hechos, sobre todo el contexto de violencia contra los defensores del medio ambiente en Honduras, en el caso Kawas Fernández la Corte Interamericana estimó relevante ordenar al Estado una de las medidas más comunes de satisfacción, es decir, la publicación de algunos párrafos de la sentencia, incluyendo sus puntos resolutivos, en el diario oficial del Estado y en otro diario de amplia circulación nacional. Asimismo, como normalmente sucede en casos sobre la ejecución extrajudicial de una persona, la Corte también consideró que el Estado debía realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Obviamente, en el caso concreto, este acto no tenía como efecto la satisfacción de la víctima principal, es decir, la señora Kawas Fernández, pues ya se encontraba fallecida. Sin embargo, dada la afectación psíquica de sus familiares ocasionada por los hechos, y el impacto que la muerte de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández tuvo en su medio profesional, como quedó establecido en la sentencia, este tipo de medida de reparación, como satisfacción, tiene un efecto importante pues el reconocimiento de responsabilidad debía realizarse en presencia de los familiares. Pero, por otro lado, el hecho de que el acto fuera público implicaba una posibilidad importante para que los medios de comunicación pudieran difundirlo. Otra medida de satisfacción ordenada en el caso Kawas Fernández fue el levantamiento de un momento en su memoria y la rotulación de un parque nacional dejando constancia de que la víctima había fallecido por defender el medio ambiente y, particularmente, dicho parque nacional. Rehabilitación ¿Qué implica la “rehabilitación” como medida de reparación? ¿Por qué la Corte Interamericana estimó necesaria la rehabilitación de los familiares de la señora Kawas Fernández? Esta medida implica, básicamente, la atención médica y/o psicológica o psiquiátrica que debe garantizar el Estado a las víctimas. De conformidad con los principios y directrices básicos sobre reparaciones, a las que ya hemos hecho referencia, este tipo de medida debe incluir también servicios jurídicos y sociales.98
Cfr. Corte idh, Caso Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala, op. cit., supra nota 51, párrs. 110 y 111; y Corte idh, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005, serie C, núm. 124, párrs. 213 a 215. Por su parte, la Ley General de Víctimas señala en el artículo 68 que las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y dependiendo del caso, servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos, legales, sociales, educativos y de capacitación laboral. Además, se dará un trato especial cuando las víctimas sean menores, o cuando aquellas tengan hijos o adultos mayores que dependan de ellas.
La provisión de atención médica y/o psicológica o psiquiátrica normalmente ha sido ordenada de manera tal que sea el Estado el que, a través de sus instituciones públicas, brinde de forma inmediata y gratuita el tratamiento especializado pertinente por el tiempo que sea necesario a favor de las víctimas que así lo requieran y soliciten, preferentemente en los lugares o sitios más cercanos a su lugar de residencia. Esto incluye también el suministro gratuito de medicamentos. No obstante, el Estado podrá brindar esta medida de reparación a través de instituciones especializadas privadas o de la sociedad civil, siempre y cuando ello sea gratuito para las víctimas.99 La Corte Interamericana también ha ordenado que el Estado pague determinada suma de dinero a favor de la víctima para cubrir tratamientos médicos y/o psiquiátricos si ésta no residiera en el territorio del Estado responsable a consecuencia de las violaciones de derechos humanos sufridas, además de otras circunstancias, y si no tuviera intenciones de regresar al mismo.100 Además, los tratamientos pueden ser individuales o colectivos, dependiendo de las circunstancias y necesidades particulares de las víctimas y del tipo de daño sufrido.101 Los tratamientos psicológicos o psiquiátricos que se realizan de forma colectiva son particularmente importantes en casos que involucran a varios miembros de una o más familias,102 así como a integrantes de una comunidad indígena.103 Por otro lado, como ejemplo del otorgamiento de medidas consistentes en servicios y suministros de bienes, podemos mencionar que la Corte Interamericana ha ordenado el suministro de agua potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de una comunidad indígena, la realización periódica de campañas de vacunación y desparasitación que respeten sus usos y costumbres, la entrega de alimentos en calidad y cantidad suficientes para asegurar una alimentación adecuada, la instalación de letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario adecuado, y la dotación de los materiales y recursos humanos necesarios para garantizar el acceso a la educación básica para los niños y niñas, de conformidad con sus tradiciones culturales y garantizando la protección de la lengua indígena.104 En el caso Kawas Fernández la Corte consideró que sus familiares padecían sufrimiento y angustia, además de sentimientos de inseguridad, frustración e impotencia por la falta de investigación de los hechos. Ello dio lugar a que se declarara la violación de su derecho a la integridad psíquica y moral. Por lo tanto, la Corte ordenó que el Estado debía proporcionar atención psiquiátrica y/o psicológica a los familiares que así lo solicitaran. Un aspecto importante es que dicho tratamiento debía comprender la provisión de los medicamentos que fueran necesarios, en su caso, y circunscribirse a los padecimientos que estuvieran directamente relacionados con los hechos.
Cfr. Corte idh, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, serie C, núm. 212, párrs. 255 y 256; Corte idh, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, op. cit., supra nota 95, párr. 235; y Corte idh, Caso Familia Barrios vs. Venezuela, op. cit., supra nota 94, párr. 330. Cfr. Corte idh, Caso Contreras y otros vs. El Salvador, op. cit., supra nota 26, párr. 201. Ibíd., párr. 200. Cfr. Corte idh, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, op. cit., supra nota 95, párr. 235. Cfr. Corte idh, Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, op. cit., supra nota 65, párr. 270. Cfr. Corte idh, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, serie C, núm. 214, párr. 301.
Garantías de no repetición ¿Qué son las “garantías de no repetición? ¿Por qué se consideran medidas de reparación? ¿Por qué la Corte Interamericana estimó pertinente ordenarlas en el caso Kawas Fernández? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta medida de reparación? Se trata de medidas de alcance general, es decir, tienen un efecto más allá del caso concreto, aunque estrictamente se derivan de éste pues deben tener un nexo causal. Las garantías de no repetición tienen como propósito prevenir o evitar que los hechos que dieron origen a las violaciones declaradas no vuelvan a suceder.105 Estas medidas son importantes, sobre todo, cuando en los Estados existen patrones recurrentes de hechos similares y violaciones de derechos humanos.106 Existe una variedad de garantías de no repetición. Enseguida haremos mención sólo a las medidas ordenadas con más frecuencia por la Corte Interamericana. Por un lado, la Corte ha considerado necesaria la adopción o reforma de legislación interna, o la adopción de medidas administrativas o de otro tipo, cuando el caso presenta alguna cuestión que, por ausencia o por aplicación de determinadas normas, se haya generado la violación o violaciones de derechos humanos alegadas. Por ejemplo, en algunos casos la Corte Interamericana ha ordenado a los Estados que tipifiquen el delito de desaparición forzada de personas cuando dichos Estados son Partes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual impone dicha obligación en su artículo iii, y si la falta de tipificación ha impedido la correcta investigación, proceso y sanción de los responsables de dicha conducta.107 Tratándose de la misma temática pero en otro sentido, la Corte ha prescrito que el Estado modifique la tipificación del delito de desaparición forzada de personas si no cumple con todos los elementos señalados en el artículo ii de la Convención mencionada y si ello ha tenido efectos adversos para su debida investigación.108 Lo mismo ha sido ordenado tratándose del delito de tortura.109 En un caso
En el marco jurídico nacional se señalan como medidas de no repetición las que tienen como objetivo evitar que las víctimas vuelvan a ver lesionados sus derechos y evitar que se repitan hechos similares. Entre ellas encontramos un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad; las garantías de competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y del debido proceso; la limitación en la participación en el gobierno e instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan participado de alguna forma en la comisión de violaciones de los derechos humanos; así como la exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad que participaran en violaciones de los derechos humanos; protección de grupos vulnerables por su trabajo, como son los profesionales del derecho, la salud, la información y defensores de los derechos humanos; la educación a la población en general respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad y la adaptación normativa para ajustar el marco nacional al internacional. Aquí cabe precisar que las medidas de no repetición de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no solamente están dirigidas a evitar que las víctimas concretas vuelvan a sufrir las violaciones de derechos humanos sino que tienen un alcance general, es decir, tienden a evitar que cualquier otra persona sufra esas violaciones. Cfr. Corte idh, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, op. cit., supra nota 87, párr. 92. Cfr. Corte idh, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002, serie C, núm. 92, párrs. 97 y 98. Cfr. Corte idh, Caso Radilla Pacheco vs. México, op. cit., supra nota 40, párr. 344. Cfr. Corte idh, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, serie C, núm. 186, párr. 259.
más reciente, se ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para tipificar la “venta” de niños y niñas, para que “el acto de entregar un niño o niña a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.110En aspectos procesales, también se ha dispuesto que el Estado adecue su ordenamiento interno a efecto de cumplir con las “garantías judiciales” reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana111 o con la “protección judicial” prevista en el artículo 25 de dicho instrumento.112 Por el contrario, la Corte también ha ordenado la derogación y reforma de normas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, por ejemplo, tratándose de la libertad de pensamiento y de expresión.113 En cuanto a medidas que involucran actos preponderantemente de carácter administrativo, en casos que involucran derechos de miembros de comunidades indígenas, la Corte Interamericana ha considerado necesario que el Estado adopte las medidas necesarias, particularmente de carácter administrativo, para crear y establecer registros de nacimiento y defunción cercanos al lugar de residencia de las comunidades,114 y para instituir sistemas o procedimientos eficaces de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales115 a efecto de hacer efectivo su derecho de propiedad, tomando en cuenta el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.116 En casos relativos a los derechos de las personas privadas de la libertad, se ha ordenado la adopción de las medidas pertinentes para “fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de detención, con el propósito de garantizar condiciones de detención adecuadas y el respeto a las garantías judiciales”.117 En similar sentido, la Corte también ha estimado necesario que el Estado realice las acciones necesarias para mejorar las condiciones carcelarias de manera tal que sean compatibles con los derechos reconocidos por las normas internacionales de derechos humanos.118 Ahora bien, las garantías de no repetición no sólo están relacionadas con cambios o reformas legislativos o administrativos. En algunas sentencias, la Corte también ha estimado que el poder judicial debe llevar a cabo un control de convencionalidad para que “las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales” se apliquen de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues ésta es intérprete última de la Con-
Corte idh, Caso Fornerón e hija vs. Argentina, op. cit., supra nota 41, párr. 177. En el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, esta orden implicaba que dicho Estado legislara a efecto de hacer efectivo “el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, como indica el artículo 8.2.h de la Convención Americana. Cfr. Corte idh, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, op. cit., supra nota 69, párr. 198. Por ejemplo, en el caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, la Corte dispuso que el Estado debía tomar las medidas necesarias para que el recurso de amparo fuera un recurso simple, rápido, adecuado y efectivo para tutelar los derechos humanos “e impedir que se convierta en un medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial como factor para la impunidad […]”. Cfr. Corte idh, Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, op. cit., supra nota 65, párrs. 238 y 242. Cfr. Corte idh, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C, núm. 135, párr. 254. Cfr. Corte idh, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay, op. cit., supra nota 105,párr. 308. Ibíd., párr. 310. Cfr. Corte idh, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, op. cit., supra nota 75, párr. 225. Corte idh, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, op. cit., supra nota 24, párr. 112. Cfr. Corte idh, Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, serie C, núm. 180, párr. 183.
vención Americana. Por ejemplo, esto se ha ordenado en varias ocasiones tratándose de la aplicación excepcional de la justicia militar,119 y de la proscripción de la discriminación por la orientación sexual de las personas.120 Otra medida comúnmente ordenada por la Corte Interamericana como garantía de no repetición es la capacitación o programa de formación para funcionarios estatales, como “una manera de brindar al funcionario público nuevos conocimientos, desarrollar sus capacidades, permitir su especialización en determinadas áreas novedosas, prepararlo para desempeñar posiciones distintas y adaptar sus capacidades para desempeñar mejor las tareas asignadas”.121Este tipo de medida depende, por supuesto, de la temática involucrada en el caso concreto. Asimismo, en función de ello, la Corte también puede precisar el tipo de funcionarios que deberán recibir la capacitación o que deberán ser beneficiarios del programa de formación como, por ejemplo, jueces, agentes del ministerio público o fiscales, personal de policía y de centros penitenciarios, militares, personal médico, etc. Estas capacitaciones pueden versar sobre temas generales de derechos humanos, tales como los principios y normas de protección de estos derechos, particularmente, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero también sobre aspectos más específicos tales como las condiciones de detención adecuadas, la atención médica a personas privadas de la libertad,122 el trato que deben recibir en situaciones de alteración del orden público en centros penitenciarios,123 los estándares internacionales sobre la debida investigación de la desaparición forzada de personas124 y la tortura,125 la aplicación de la justicia militar,126 orientación sexual y no discriminación,127 etc. La capacitación puede incluir que la sentencia dictada en el caso respectivo sea estudiada como “lección aprendida” por la corporación o institución estatal directamente involucrada en los hechos, o ser incorporada como “elemento pedagógico”.128 En un número menor de casos, la Corte Interamericana ha ordenado que el Estado implemente programas de educación o campañas nacionales de concientización y sensibilización dirigidos, entre otros, a la población en general, sobre derechos de las mujeres, género y estereotipos,129la importancia de la protección a los niños y jóvenes, sobre todo aquellos en situación de riesgo social,130 y la importancia de la labor de los defensores del medio ambiente y sus aportes en la defensa de los derechos humanos.131
Cfr. Corte idh, Caso Radilla Pacheco vs. México, op. cit., supra nota 40, párr. 340, Corte idh, Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, op. cit., supra nota 90, párr. 231 y Corte idh, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, op. cit., supra nota 90, párr. 220. Cfr. Corte idh, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, op. cit., supra nota 92, párr. 284. Corte idh, Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009, serie C, núm. 200, párr. 251. Cfr. Corte idh, Caso Tibi vs. Ecuador, op. cit., supra nota 49, párr. 263 y 264. Cfr. Corte idh, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, op. cit., supra nota 58, párr. 452. Cfr. Corte idh, Caso Radilla Pacheco vs. México, op. cit., supra nota 40, párr. 347, inciso b) y Corte idh, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, serie C, núm. 217, párr. 258. Cfr. Corte idh, Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, serie C, núm. 218, párr. 280. Cfr. Corte idh, Caso Radilla Pacheco vs. México, op. cit., supra nota 40, párr. 347, inciso a). Cfr. Corte idh, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, op. cit., supra nota 92 párr. 271. Cfr. Corte idh, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, op. cit., supra nota 24, párrs. 106 y 107. Cfr. Corte idh, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, op. cit., supra nota 30, párr. 541. Cfr. Corte idh, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, op. cit., supra nota 64, párr. 201. Cfr. Corte idh, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, op. cit., supra nota 5, párr. 214.
Anteriormente señalamos que otra de las medidas de satisfacción ordenadas por la Corte en el caso Kawas Fernández fue el levantamiento de un monumento en su memoria y la rotulación de un parque nacional. Sin embargo, de la sentencia se desprende que estas medidas también tienen un efecto como garantía de no repetición, pues la Corte señaló que dichas medidas buscaban “conservar viva la memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández y evitar que hechos como los del […] caso se repit[ieran]”.132 Indemnizaciones ¿Qué comprenden las “indemnizaciones” como forma de reparación? ¿Qué tipo de daños abarca? ¿Por qué la Corte ordenó esta medida de reparación? ¿A favor de quienes? Ésta es la medida de reparación más común ordenada por la Corte Interamericana. Como señalamos, se encuentra expresamente prevista en el artículo 63.1 de la Convención Americana. La indemnización comprende tanto los daños materiales como los inmateriales.133 Respecto al primero, la Corte Interamericana considera las consecuencias patrimoniales de las violaciones de derechos humanos que hayan sido declaradas, la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Todo esto, normalmente, la Corte lo ha abordado en dos rubros principales: el daño emergente y el lucro cesante o pérdida de ingresos, como ya lo mencionamos inicialmente. Por otro lado, el daño inmaterial comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas, el menoscabo de valores muy significativos para ellas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas o sus familiares. A esto ya hicimos referencia con anterioridad. Un aspecto importante es que la Corte Interamericana ha puntualizado que las indemnizaciones tienen un carácter compensatorio y no sancionatorio,134 es decir, su naturaleza y monto dependen del daño ocasionado, por lo cual “no pueden significar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores”.135 Por la misma razón, la Corte ha desestimado “pretensiones de indemnizaciones ejemplarizantes o disuasivas”.136 El cálculo de la indemnización por daño material se realiza tomando en cuenta las pretensiones de las víctimas y la prueba aportada para ello. Sin embargo, si por algún motivo las víctimas no pudieron presentar prueba para los gastos reclamados por este rubro como, por ejemplo, cuando ha transcurrido mucho tiempo luego de la comisión de los hechos y las víctimas no pudieron conservar todos los com-
Ibidem, párr. 206. A nivel nacional, la Ley de Víctimas señala que la compensación, como se denomina a esta medida, se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial. Establece que algunos son el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales, incluidos los daños permanentes y la pérdida de ingresos; así como el lucro cesante; los perjuicios morales y los daños causados a la dignidad de la víctima, así como los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales (artículo 70). Cfr. Corte idh, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., supra nota 14, párr. 38. Corte idh, Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, op. cit., supra nota 48, párr. 202. Corte idh, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, op. cit., supra nota 7, párr. 44.
probantes necesarios,137 la Corte puede calcular con base en la equidad el monto que el Estado deberá pagar por este concepto,138 tomando en cuenta los gastos que estén debidamente acreditados. Para el daño inmaterial no es posible asignar un equivalente monetario fijo o exacto, por lo cual el cálculo de su monto es realizado con base en la equidad, en aplicación razonable del arbitrio judicial, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero.139 Ahora bien, la Corte puede llegar a determinar que el cálculo de las indemnizaciones correspondientes se haga en el ámbito interno si considera que es lo más adecuado dependiendo de las características del caso, por ejemplo, tratándose de salarios caídos de trabajadores arbitrariamente despedidos,140 indemnización por expropiación,141 salarios,142 y pensiones.143 En otras ocasiones, la Corte Interamericana puede tomar en cuenta que a nivel interno ya se ha otorgado algún tipo de reparación de carácter pecuniario por los mismos hechos y violaciones, por lo cual puede ya no ordenar indemnización en el ámbito interamericano. Al respecto, la Corte ha señalado que “de existir mecanismos nacionales para determinar formas de reparación, esos procedimientos y resultados pueden ser valorados […]”, pero si esos “mecanismos no satisfacen criterios de objetividad, razonabilidad y efectividad para reparar adecuadamente las violaciones de derechos reconocidos en la Convención declaradas por [la Corte], corresponde a ést[a], en ejercicio de su competencia subsidiaria y complementaria, disponer las reparaciones pertinentes”.144 Si la Corte decide, no obstante, ordenar el pago de ciertas cantidades como indemnización, puede determinar que el Estado deduzca la cantidad ya pagada previamente al monto que la Corte Interamericana establezca en su sentencia. No obstante, en caso de que la cantidad otorgada en el ámbito interno sea mayor, ésta no podrá disminuirse a consecuencia de la ordenada por la Corte.145 En la Corte Interamericana también ha habido casos en los cuales, durante el proceso, las víctimas o sus representantes y el Estado llegaron a un acuerdo que incluyó, entre otros, la determinación de diversos montos por concepto de reparación por daño material e inmaterial. En tales casos, la Corte puede ya no ordenar indemnizaciones si considera que tales montos son adecuados en el caso concreto.146 Finalmente, en otros casos las víctimas han renunciado expresamente a la reparación de tipo pecuniaria. En
Cfr. Corte idh, Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, serie C, núm. 226, párrs. 143 y 145. Cfr. Corte idh, Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, op. cit., supra nota 33, párr. 313. Cfr. Corte idh, Caso Del Caracazo vs. Venezuela, op. cit., supra nota 45. Cfr. Corte idh, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, serie C, núm. 72, párr. 205. Cfr. Corte idh, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo, op. cit., supra nota 42, párr. 134. Sin embargo, posteriormente la Corte Interamericana tuvo que realizar el cálculo de la indemnización debido a que las partes no pudieron llegar a un común acuerdo al respecto, tal como había sido determinado por la Corte. Cfr. Corte idh, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011, serie C, núm. 222, párrs. 91 a 101. Cfr. Corte idh, Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, op. cit., supra nota 23, párr. 304. Cfr. Corte idh, Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003, serie C, núm. 98, párr. 178. Corte idh, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, op. cit., supra nota 95, párr. 246. Cfr. Corte idh, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, op. cit., supra nota 23, párr. 376. Cfr. Corte idh, Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador, op. cit., supra nota 55, párrs. 55 y 56; y Corte idh, Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, op. cit., supra nota 65, párr. 281.
tal sentido, y dado que el otorgamiento de indemnización puede ser concedida expresamente a petición de las víctimas o sus representantes, la Corte Interamericana no la ha ordenado.147 Como ya lo mencionamos, en el caso Kawas Fernández la Corte Interamericana ordenó al Estado el pago de ciertas cantidades como indemnización por los rubros de daño material e inmaterial. Por lo que se refiere al primero, la indemnización comprendió el daño emergente, dentro del cual se incluyeron los gastos realizados durante la investigación de los hechos pero sólo por lo que se refiere a los “recursos materiales, económicos y de apoyo logístico a fin de dar impulso” a la investigación y, además, los gastos para el funeral de la señora Kawas Fernández y para que algunos miembros de su familia pudieran acudir al mismo. Los gastos para el “impulso de la investigación” no deben confundirse con los que corresponderían por las costas y gastos, pues fueron erogaciones extraordinarias que no debieron haberse realizado. En la sentencia se estableció que algunos familiares de la señora Kawas Fernández proporcionaron voluntariamente este tipo de apoyo con la intención de que la investigación avanzara. Sin embargo, se trata de gastos que la justicia hondureña debió haber garantizado. Por ello es que corresponden al rubro de daño emergente. Por otro lado, en el daño material también se incluyó la pérdida de ingresos, para lo cual la Corte tomó en cuenta la declaración del impuesto sobre la renta de la señora Kawas Fernández. De cualquier manera, dado que la Corte no contaba con los elementos necesarios para poder determinar con la mayor exactitud del monto de la indemnización, ésta fue calculada con base en la equidad. Este mismo estándar fue utilizado para el cálculo de la indemnización por el daño inmaterial a favor de los familiares de la señora Kawas Fernández. Para este concepto fue determinante que la Corte Interamericana hubiera establecido que sus familiares tenían algunos padecimientos, sobre todo, de orden psíquico y moral, a consecuencia de los hechos. Pero, dado que es muy difícil tasar el sufrimiento de una persona, la indemnización por daño inmaterial siempre es calculada con base en la equidad, como sucedió en el caso concreto. Costas y gastos ¿Por qué el pago de costas y gastos forma parte de la “reparación”? ¿Qué aspectos comprende? ¿Qué consideró relevante la Corte Interamericana para ordenar el pago de costas y gastos en el caso Kawas Fernández? Este rubro no se encuentra expresamente señalado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Sin embargo, la Corte Interamericana ha interpretado que las costas y gastos están comprendidos en el concepto de reparación establecido en dicha disposición, “puesto que la actividad desplegada por la o las víctimas, sus derechohabientes o sus representantes para acceder a la justicia internacional implica erogaciones y compromisos de carácter económico que deben ser compensados al dictar sentencia condenatoria”.148 Las costas y gastos abarcan aquellos generados tanto en el ámbito interno como en el
Cfr. Corte idh, Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., supra nota 92, párr. 297. Corte idh, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001, serie C, núm. 76, párr. 212.
sistema interamericano, es decir, ante la Comisión y Corte Interamericanas.149 Para su cálculo deben tomarse en cuenta “la acreditación de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable”.150 Al respecto, la Corte considera sólo los gastos realizados por las víctimas o sus representantes que estén estrictamente relacionados con la tramitación del caso concreto.151 Además, al igual que con las indemnizaciones, si las víctimas no pueden presentar prueba para todos los gastos reclamados, la Corte puede calcular con base en la equidad el monto que el Estado deberá reintegrar por este concepto, “siempre que los montos respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.152 Finalmente, cuando existen acuerdos entre las víctimas y sus representantes en los cuales se haya fijado una cuota litis como honorario, la Corte Interamericana no ordenará al Estado el pago de costas y gastos.153 En el caso Kawas Fernández, la Corte Interamericana destacó que algunos montos solicitados no estaban relacionados exclusivamente con el caso sino con otros también contra Honduras que estaban siendo tramitados ante la Corte o la Comisión Interamericana, y que algunos casos no se derivaban exclusivamente del litigio del caso, sino a otro tipo de actividades de promoción y difusión del mismo. La Corte Interamericana sí tomó en cuenta los gastos ocasionados por el litigio del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin embargo, dado que los representantes no lograron comprobar todos los gastos alegados, finalmente la Corte fijó el monto respectivo con base en la equidad.
A nivel nacional, la Ley en su artículo 13, fracción vi, establece el pago de costas y gastos hechos al asesor jurídico cuando sea privado y se trate de delitos o violaciones graves a derechos humanos. Corte idh, Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011, serie C, núm. 236, párr. 150. Cfr. Por ejemplo, en el caso Torres Millacura vs. Argentina, la Corte Interamericana señaló que había gastos reclamados por los representantes que no guardaban relación alguna con el litigio de dicho caso como, por ejemplo, la compra de un disco compacto de música, orquídeas, objetos de arte, etc. Cfr. Corte idh, Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, op. cit., supra nota 29, párr. 199. Corte idh, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, op. cit., supra nota 125, párr. 289. Cfr. Corte idh, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit., supra nota 100, párr. 289.
1.	En el Derecho Internacional la obligación de reparar por la violación de derechos humanos se rige por el derecho interno de los Estados. a)	Verdadero b)	Falso 2.	A efecto de ordenar el tipo de reparaciones que debe llevar a cabo el Estado cuando ha cometido violaciones de derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza el nexo causal entre: a)	Los hechos, las violaciones de derechos humanos declaradas y las partes lesionadas b)	Los hechos, las reparaciones que ofreció el Estado llevar a cabo y los daños acreditados. c)	Los hechos, las violaciones de derechos humanos y el sufrimiento de las víctimas. d)	Los hechos, las violaciones de derechos humanos declaradas y los daños acreditados. 3.	Los tipos de daños por la violación de derechos humanos pueden ser: a)	Material e inmaterial b)	Material y moral c)	Inmaterial y moral
4.	El daño material se refiere estrictamente a la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, _______________________ y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. a)	Las aflicciones causadas a las víctimas b)	Los gastos efectuados con motivo de los hechos c)	El daño al proyecto de vida. d)	El daño al patrimonio familiar. 5.	El daño inmaterial comprende los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, ______________________________, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. a)	El lucro cesante de las víctimas. b)	El daño emergente de las víctimas c)	El menoscabo de valores significativos para las personas d)	La necesidad de tratamiento psicológico para las víctimas 6.	Sólo las víctimas directas de violaciones a derechos humanos son consideras como “parte lesionada” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, como acreedoras a reparaciones. a)	Falso b)	Verdadero 7.	Del siguiente listado, indique cuáles son los tipos de reparación por la violación de derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 1.	Investigación de los hechos violatorios de derechos humanos 2.	Restitución 3.	Rehabilitación
4.	Satisfacción 5.	Garantías de no repetición 6.	Reparación transformadora 7.	Indemnización 8.	Costas y gastos a)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 b)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d)	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 8.	Además de reparar el daño inmaterial, las medidas de ____________ pueden comprender actos u obras de alcance o repercusión pública, como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata, pretendiendo de esta manera la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos. a)	Rehabilitación. b)	Satisfacción c)	Restitución d)	Investigación 9.	¿En qué tipo de medida de reparación se ubica la capacitación o realización de programas de formación para funcionarios estatales? a)	Satisfacción b)	Restitución c)	Garantías de no repetición d)	Rehabilitación 45
10.	En el caso Kawas Fernández Vs. Honduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado el levantamiento de un monumento en memoria de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández y la rotulación de un parque nacional. ¿Qué tipo de medidas de reparación son estos actos? a)	Satisfacción y restitución b)	Indemnización y rehabilitación c)	Satisfacción y garantías de no repetición d)	Garantías de no repetición e indemnización
García Ramírez, Sergio, Voto concurrente razonado, Corte idh, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, serie C, núm. 101, párr. 61. ———, “Las Reparaciones en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos”, en Memoria del Seminario El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del siglo xxi, tomo i, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, 82 pp. ———, “Reparaciones de fuente internacional por violación de derechos humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º constitucional bajo la reforma de 2011)”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/unam, 2011, 33 pp. Nash, Claudio, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2ª ed., Santiago, Universidad de Chile, 2009. Rodríguez Rescia, Víctor Manuel, “Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”, en Revista iidh, núm. 23, enero-junio 1996, 20 pp.
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———, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, serie C, núm. 196. ———, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. ———, Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. ———, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, serie C, núm. 205. ———, Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009, serie C, núm. 209. ———, Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, serie C, núm. 211. ———, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, serie C, núm. 212. ———, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010, serie C, núm. 213. ———, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, serie C, núm. 214. ———, Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, serie C, núm. 215. ———, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, serie C, núm. 216. ———, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, serie C, núm. 217. ———, Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, serie C, núm. 218. ———, Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, serie C, núm. 221. ———, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011, serie C, núm. 222. ———, Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, serie C, núm. 226. ———, Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011, serie C, núm. 229. ———, Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, serie C, núm. 232. ———, Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011, serie C, núm. 236. ———, Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011, serie C, núm. 237. ———, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011, serie C, núm. 238. ———, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012, serie C, núm. 239. ———, Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012, serie C, núm. 240.
———, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, serie C, núm. 241. ———, Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, serie C, núm. 242. ———, Caso Díaz Peña vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012, serie C, núm. 244. ———, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, serie C, núm. 245.
Otros documentos Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, particularmente, el artículo 42. Cfr. Informe de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 53º período de sesiones (23 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001). Asamblea General de las Naciones Unidas, 56º período de sesiones, Suplemento No 10 (A/56/10).
Todos los contenidos que integran la metodología así como las diversas fuentes complementarias las puedes consultar en la herramienta virtual ReformaDH:
Teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos se terminó de editar en mayo de 2013. Para su composición se utilizaron los tipos Adobe Garamond Pro y Verdana.
En el marco del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente y comprometida con la ecología y el cuidado del planeta, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal edita este material en versión electrónica para reducir el consumo de recursos naturales, la generación de residuos y los problemas de contaminación.

References: artículo 1
 artículo 63
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 63
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 25
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 63
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 42