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Timestamp: 2019-06-25 20:26:05+00:00

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Power Daño
Ana María Martorella. A.P.A.I. Asociación Argentina para la Prevención del Abuso y el Abandono Infantil.
Abuso sexual infantil, Intervención judicial, Revictimización, Estrés postraumático.
Actualmente, los casos de ASI intrafamiliar requieren la intervención de los Juzgados de Familia y de Garantías de la Provincia de Buenos Aires, y en algunos casos los mismos tramitan en Juzgados Civiles y Comerciales. En todos los casos se puede observar una marcada ausencia de conocimiento acerca de las características propias del psiquismo infantil en evolución y sus implicancias frente a la victimización en los casos de ASI intrafamiliar, por parte de los actores en la función pública que los lleva a revictimizar al menor al exponerlo a la re-evocación de los episodios traumáticos en ambientes desprovistos de confiabilidad emocional y de acompañamiento terapéutico. Se agrava aún más la situación si se tiene en cuenta que el testimonio del menor involucra a un miembro de su entorno familiar como figura agresora, de allí que la carátula judicial se refiera a los Autos como “Abuso Sexual agravado por el vínculo”, es decir que nos encontramos frente a una representación del incesto con todo lo que esto conlleva en la estructuración del psiquismo del individuo en crecimiento y desarrollo. Por ello, se podría elaborar la hipótesis de que los niños que han sido víctimas de abuso sexual intrafamiliar y que, a su vez, han sido expuestos a situaciones testimoniales en los diferentes estrados judiciales presentan mayor probabilidad de manifestar signo-sintomatología psíquica patológica. Los trastornos observados en los menores nombrados en primer término demuestran marcado fracaso de sus mecanismos de defensa que los llevan a fragmentación y/o escisión de sus funciones Yoicas asociado al Síndrome de Estrés Postraumático.
Con el objeto de comprender los efectos de la tramitación del abuso sexual infantil en los diferentes Juzgados Provinciales donde los niños víctimas deben dar testimonio como denunciantes de la agresión sufrida, se ha investigado acerca de los procedimientos judiciales según las legislaciones actuales en diferentes provincias argentinas y la implementación de las mismas. Así mismo, se ha encontrado información oficial sobre la modalidad de intervención judicial en otros países latinoamericanos. Motivó dicha investigación lo observado en diversos casos de la propia experiencia profesional de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil intrafamiliar que han debido atestiguar en algún momento del proceso legal (Asesoría de Menores e Incapaces, Penal, etc.), quienes con posterioridad a su paso por estos escenarios judiciales manifestaron posteriormente alguna forma de signo sintomatología compatible con Trastorno de Estrés Postraumático: somatizaciones endócrinas, digestivas, respiratorias; desestructuración psíquica de tipo psicótico; intentos de suicidio; reexposición a situaciones de riesgo; identificación con el agresor; depresión; etc. Por ello, a fin de lograr un mayor entendimiento de la problemática planteada, se deberá conocer claramente cada uno de los marcos teóricos involucrados que aporten a la resolución de este conflicto. Entre ellos, se definirá el abuso sexual infantil y sus efectos neurobiológicos, se desarrollarán las teorías del desarrollo que han identificado el grado de compromiso del desarrollo psíquico infantil a partir de las situaciones de abuso sexual infantil, se enumerarán las características del Síndrome de Stréss Postraumático que se manifiesta en estos casos, al mismo tiempo que el conocimiento actual de las patologías infantiles psicóticas y psicosomáticas. Por otro lado, será imprescindible conocer las características de los escenarios judiciales a las que son expuestos los niños y jóvenes que deben transitarlos, como por ejemplo, la Cámara Gesell. Para el logro de una comprensión más acabada del problema, se deberá tener en cuenta lo establecido en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño en lo referente al abuso sexual infantil en sus Artículos 12 y 19.
1.-Abuso Sexual Infantil
∑ Helter & Kempe ( 1976 ) : Abuso Sexual es todo aquello que involucre a niños y
adolescentes , dependientes y mentalmente inmaduros, en actividades sexuales que ellos no pueden comprender conscientemente, para las que ellos no poseen capacidad de autorización consciente , o que violan tabúes sociales en relación a los roles familiares. National Center on Child Abuse & Neglect ( USA ) : Cualquier contacto u otra interacción entre un niño y un adulto, siendo el niño usado para estimular el placer sexual del adulto o cualquier otra persona . El abusador puede ser menor de 18 años, pudiendo ser considerado
como abusador si existe una diferencia significativa de edad entre él y su víctima, o si el abusador presiona o controla los hechos y actitudes de la víctima . ABUSO SEXUAL INFANTIL CIE 10 : Eje V Situaciones Psicosociales Anómalas en su punto
I : Relaciones Intrafamiliares Abuso Sexual : Acto ejercido por los responsables del cuidado del niño .
Asalto Sexual : Actos sexuales cometidos por personas que no son responsables del cuidado
del niño. Los padres que abusan sexualmente a sus hijos pueden también asaltar a otros niños fuera de su familia como también permitir que sus hijos sean abusados por otros. Prostitución Infantil : Es una forma de abuso infantil. Cuando los adultos tienen sexo con niños, el niño es siempre la víctima.
Formas de Abuso Sexual Infantil:
Caricias en los genitales del niño ;
Caricias por parte del niño en los genitales del agresor ;
coito, violación y sodomía;
voyeurismo ;
estimulación genito-oral ;
estimulación verbal ;
exhibicionismo ;
explotación comercial a través de prostitución , y
la producción de material pornográfico .
Esta patología tipificada en el Eje V del DSM IV ( Manual de Salud Mental) se refiere a las Situaciones Psicosociales Anómalas Asociadas en su punto 1 (Relaciones Intrafamiliares) de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales (CIE 10): angustia; dependencia materna; enuresis; constipación; somatizaciones dérmicas, otorrinolarigológicas y digestivas sin causa aparente; agresividad; conductas omnipotentes reactivas; posición sexual invertida; disociación defensiva durante el proceso identificatorio no resuelto; confusión de roles familiares; sentimientos y deseos de muerte; enfrentamiento constante con el episodio traumático a través de simbolizaciones y de juegos sexuales inadecuados; agotamiento psíquico; dificultades en la comunicación verbal y social; depresión; inmadurez emocional y regresiones; ambivalencia afectiva; ansiedad de separación; desvalorización; culpa; desequilibrio emocional y psíquico; dibujo de genitales inadecuado para sexo y edad; secretos; ocultamientos; inseguridad; déficit atencional e hiperactividad; sentimientos de soledad; terrores; baja tolerancia a la frustración; evasión y distorsión de la realidad; dificultades evocatorias del hecho traumático; agotamiento psíquico; remisión total o parcial de la sintomatología como consecuencia de la revelación del abuso .
Efectos negativos en el desarrollo cerebral.
Los cambios se pueden documentar por electroencefalograma ( EEG ) y resonancia magnética nuclear ( RMN ).
∑ Ondas cerebrales anormales clínicamente significativas en pacientes con historia de trauma
temprano están presentes en proporción doble con respecto a no-abusados, y en el 72 % de individuos con abuso físico o sexual comprobado. Anormalidades EEG izquierdas son dos veces más comunes que las derechas en el grupo de abusados.
∑ La prueba de coherencia EEG demostró disminución de desarrollo del hemisferio izquierdo,
especialmente regiones temporales. Evidencias RMN : el hipocampo izquierdo de pacientes abusados es más pequeño que en los controles sanos, de manera que se puede postular que alterando el desarrollo del hipocampo
izquierdo, el abuso infantil provoca déficits en la memoria verbal y síntomas disociativos. ∑ Los experimentos con potenciales evocados demuestran que los sobrevivientes de abuso tienden a usar su hemisferio izquierdo cuando piensan en memorias neutrales, pero usan su
hemisferio derecho cuando evocan recuerdos de hechos traumáticos. Los sujetos control tuvieron respuesta bilateral más integrada.
La negligencia y el abuso sexual se asocian a mayor reducción del tamaño en las porciones mediales del cuerpo calloso y a atenuada actividad en el vermis cerebeloso.
∑ Estas alteraciones pueden elevar el riesgo de depresión, ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, síntomas disociativos, deterioros mnésicos, y trastorno de personalidad border.
El abuso temprano modela el cerebro para que sea más irritable, impulsivo, suspicaz, y propenso a reacciones de cólera que la mente racional es incapaz de controlar.
Aportes científicos de diferentes disciplinas, como la biología y la medicina que actualmente logran demostrar “daño cerebral en sobrevivientes víctimas de abuso infantil físico, sexual o emocional, mediante el uso diagnóstico de electroencefalografía y de imágenes por resonancia magnética, en especial en el hemisferio izquierdo del sistema nervioso central (regiones temporales)
e imágenes de hipocampo izquierdo de menor tamaño (involucrado en funciones afectivas) que provocan déficits en la memoria verbal y síntomas disociativos; junto a investigaciones de potenciales evocados que demuestran que los sobrevivientes abusados tienden a usar su hemisferio izquierdo cuando piensan en recuerdos neutrales, pero usan su hemisferio derecho cuando evocan recuerdos de hechos traumáticos, en ausencia de la respuesta bilateral integrada normal; mientras que otros estudios han logrado comprobar que el abuso sexual ha sido asociado a una mayor reducción en tamaño de las porciones mediales del cuerpo calloso y a actividad atenuada del vermis cerebeloso, lesiones que podrían aumentar el riesgo de depresión, trastornos de pánico, trastorno de estrés postraumático, síntomas disociativos, trastornos de memoria, y trastorno de personalidad borderline; queda claro que el abuso temprano modela el cerebro para que sea más irritable, impulsivo, desconfiado, y dispuesto a zozobrar en arranques que la razón no puede controlar” (TEICHER,Martin ; Brain Abnormalities Common in Survivors of Childhood Abuse. Cerebrum 2000; 2:50-67). Esto viene demostrado a partir de conocimientos actuales que sostienen que “el ambiente social temprano, por intermedio de la madre (o de quien cumpla funciones cuidadoras) influye directamente en la evolución de las estructuras del Sistema Nervioso Central y del aparato psíquico del niño. Durante los períodos críticos de crecimiento y desarrollo, esta interacción afectiva induce determinadas respuestas mediadas por hormonas y neurotransmisores que influyen en la maduración estructural de áreas específicas del Sistema Nervioso Central. Los primeros años de vida son particularmente importantes para la maduración de regiones fronto-límbicas (áreas involucradas en funciones del lenguaje y la afectividad, que demuestran daño marcado en casos de autismo y psicosis), encargadas de la regulación emocional. La modalidad de las interacciones afectivas de la díada madre-hijo (es decir, figura maternante cuidadora – hijo) queda así impresa (o internalizada) en el sistema nervioso en desarrollo del niño, sirviendo de modelo para las futuras relaciones objetales (interpersonales) a lo largo de la vida. De esta manera, estas experiencias tempranas dan forma al desarrollo de una personalidad única, con capacidades y vulnerabilidades propias” (YUNES, Roberto; BRAIER, Marcia; Psiquiatría Infanto Juvenil. Actualización del Diagnóstico y Tratamiento en Psiquiatría, N° 9).
2.-Teorías del Desarrollo: Teoría del Apego elaborada por Bowlby .
Se puede entender actualmente aquello que Bowlby planteara con la Teoría del Apego en relación al abuso infantil al decir : “… Una situación especial ( aunque no insólita ) en la que se produce un conflicto entre la conducta afectiva y la conducta de alejamiento, es la que se produce cuando la figura de apego es también la que provoca temor, al recurrir, quizás, a amenazas o actos de violencia. En esas condiciones las criaturas más pequeñas , pertenezcan o no al género humano, no suelen huir de la figura hostil sino, por el contrario, aferrarse a ella. Esta propensión puede desempeñar un rol de importancia en los denominados pacientes fóbicos cuya incapacidad para dejar sus hogares suele darse en respuesta a la actitud amenazadora de sus padres” ( BOWLBY , John ; El Psicoanálisis como arte y ciencia . Tavistock Centre, London , The Review of Psychoanalysis , 1979 , Vol. 6 , N° 3 , Cap. VI ) . El mismo autor nos ayuda a comprender las conductas de los niños víctimas de abuso en otro artículo : “Un descubrimiento importante es el grado en que dos o más experiencias adversas interactúan de modo tal que el riesgo de una perturbación psicológica se multiplica, a menudo varias veces. No sólo existe este efecto poderosamente interactivo de las experiencias adversas sino una posibilidad mayor de que alguien que ha tenido una experiencia adversa, tenga otra. Así, las experiencias adversas de la infancia tienen efectos de dos tipos, por lo menos. En primer lugar, hacen al individuo más vulnerable a partir de experiencias adversas. En segundo, hace que existan más probabilidades de que él o ella se enfrenten con otras experiencias semejantes. Aunque las primeras experiencias adversas son, con toda probabilidad, totalmente independientes de la mediación de los individuos implicados, es probable que las posteriores sean consecuencia de las acciones de él o de ella, acciones que se derivan de esos trastornos de la personalidad a los cuales han dado origen las primeras experiencias” ( BOWLBY, John ; Una base segura - Cap. 2 “Los orígenes de la Teoría del Apego” . Ed. Paidós ) . Otra autora, Juliet Hopkins, nos provee más información al respecto: “La Teoría del Apego arroja más luz sobre el poderoso apego que un niño abusado puede desarrollar hacia un padre abusador.
Cuando la fuente de inseguridad de un niño es también la fuente de temor y peligro, el chico es colocado en una posición de conflicto perpetuo e irresoluble.
3.- Síndrome de Stréss Postraumático
Existe bibliografía que hace referencia a la coincidencia del mismo en casos de abuso sexual infantil ( Nishith P, Resick P A - Journal Abnormal Psychologie , Feb. 2000 ) , que también puede expresarse con déficit atencional ( Weinsten D , Staffelbach D, Biaggio M - Clinical Psychology Revew , Abril de 2000 ) y depresión ; habiéndose comprobado el eventual riesgo de fracaso en el uso de los mecanismos de defensa y sus derivaciones psicopatológicas en este caso particular , en que cada niño demuestra poseer un YO débil y escasa tolerancia a la frustración frente a las pérdidas. Con el objeto de facilitar la comprensión de este Síndrome, será necesario definir el trauma, su clasificación según el DSM IV, el trastorno de stréss agudo y sus etapas junto a las modificaciones fisiológicas observadas, los síntomas disociativos y otros síntomas acompañantes, los rasgos asociados al hecho traumático y al TEPT ( trastorno de Estrés Postraumático), el trastorno adaptativo y las comorbilidades dependientes de la serie complementaria. Trauma : Presencia de trastornos emocionales en el sujeto, producto de la exposición a eventos de naturaleza grave o catastrófica. Cualquier hecho grave, de carácter amenazante, exige un esfuerzo importante de afrontamiento, que se manifiesta en la víctima de distintas maneras: pesadillas o reminiscencias, apatía, irritabilidad, perturbaciones emocionales, trastornos del sueño, ansiedad, preocupación, etc. Provoca desesperanza, pérdida de religión y pérdida de identidad ( identificación con el agresor?, Ferenczi, 1929).
Trastorno de Estrés Agudo: Se refiere a las personas expuestas a un acontecimiento traumático, que han experimentado, presenciado o le han explicado un hecho caracterizado por muerte o amenazas para su integridad física o la de los demás (guerras, terrorismo, catástrofes, desaparición de familiares, secuestros, accidentes, torturas,etc.), y que han respondido con temor, desesperanza u horror intenso. Las alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad, o interfieren con su capacidad de llevar a cabo tareas indispensables como para explicar el hecho traumático. El efecto del trauma en el interior del organismo se cronifica y modifica su neurobiopsicología. Puede durar un mínimo de 2 días hasta un máximo de 4 semanas. Pueden desarrollar un TEPT.
4.- Enfermedades Psicosomáticas
Entre los indicadores
infantil hemos hallado de manera frecuente algunas
patologías de las denominadas psicosomáticas. Para abordar el tema me parece necesario aclarar
“psicosomática”
el Dr. Luis Chiozza quien considera que las “enfermedades o trastornos psicosomáticos”
enfermedad orgánica son expresiones simbólicas de conflictos inconcientes. Nos basamos en considerar que la dualidad mente-cuerpo, alma-cuerpo, psíquico-somático es una construcción teórica motivada por nuestra imposibilidad de percepción conciente de la unidad del hombre. Por tanto debemos alternar entre la observación de las modificaciones orgánicas que la enfermedad
análisis de los conflictos inconcientes que enferman
incompatibles, ambas interpretaciones de la enfermedad, pueden ser contempladas como las dos
imposible afirmar que hay
psicosomáticas y otras que no lo son. Hablamos muchas veces de causas, efectos o influencias de lo
o de lo somático en lo psíquico. Hablamos otras veces del cuerpo expresando a lo psíquico o de lo
hablamos de psiquis y soma representándose o substituyéndose recíprocamente. En todos estos
Debemos tener presentes dos postulados, y disponernos a que el campo de nuestra atención oscile entre el uno y el otro. El primero consiste en afirmar que toda significación histórica se manifiesta bajo la forma de una realidad física, aunque ésta puede adquirir en la conciencia, el carácter de presente, pasada o futura. El segundo consiste en afirmar que toda realidad física constituye una plenitud de significado histórico. Las patologías más frecuentes que encontramos en los casos de abuso sexual infantil que, como señalamos más arriba, son portadoras de significado, el que nos
resultará muy útil a la hora de realizar la evaluación y diagnóstico del mismo son:
Patologías del aparato respiratorio como broncoespasmos, neumonía, asma, anginas.
Patologías de la piel, excemas, salpullidos.
Enuresis, encopresis, dureza en la materia fecal, bolos fecales.
5.- Declaración Internacional de los Derechos del Niño establece en su Artículo 12: 1. “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niños, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Mientrastanto, en el Artículo 19 dice: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación , incluido el abuso sexual , mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; 2. Estas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación , tratamiento y observación ulterior de los casos antes descriptos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.
6.- Características de los Escenarios Judiciales.
The NSW Child Protection Council's Systems Abusre Committee hace sus aportes en su publicación de febrero de 1994 con respecto a los Efectos de la falta de coordinación y consistencia del sistema en los niños victimizados : vacíos en la entrega de los servicios y respuesta limitada de los mismos, con la consecuencia lógica que los niños tienen que relacionarse con muchos profesionales sin que ninguno asuma la responsabilidad del caso en lo que se refiere a su evaluación y seguimiento, lo que significa que los niños tengan que repetir su historia tantas veces como personas intervengan, lo que a su vez impediría proveer un sentido de continuidad para el niño, lo cual aparece descripto como el Síndrome No-es-mi-responsabilidad que trae aparejado la fragmentación de los servicios y la falta de consideración de las necesidades reales del niño victimizado. Por otro lado, las entrevistas en las audiencias judiciales en las que se intenta investigar el abuso sexual, contienen preguntas que intentan establecer cómo se siente o sintió el niño con respecto al abuso y al abusador . Esta información es considerada importante ya sea como indicadora de que al niño le disgustó y/o le afectó adversamente el abuso/ el abusador, lo que es probable que fortalezca el relato y mejore las oportunidades de que la entrevista sea transcripta como evidencia para la Corte. Sin embargo, el examen de las transcripciones de las entrevistas con niños revelan que las preguntas colocan a los niños en relación a sus sentimientos ante la producción de escasas respuestas satisfactorias. En el caso de niños de 5 ( cinco ) años de edad, en lugar de expresar sus sensaciones o sentimientos en las partes de su cuerpo que fueron abusadas, ellos sólo logran describir las acciones realizadas por el abusador. Los datos obtenidos de la vida real sugieren que los sentimientos, tanto físicos como emocionales, son difíciles de describir en un discurso espontáneo, aunque el niño presente sus competencias lingüísticas desarrolladas para su edad evolutiva. Esto podría deberse a que la situación de la entrevista inhibe a los niños y a que los niños abusados presentan menor capacidad para expresar sus emociones con respecto a los no abusados. Según un estudio realizado con niños, aquellos cuya edad era de 5 años sólo pudieron expresar felicidad, tristeza, dolor o lastimaduras, enojo, miedo. Este mismo estudio demostró que una vez que los niños han adquirido representaciones simples, el desarrollo próximo mayor en su desarrollo emocional conceptual ocurre a una edad promedio de 7.3 años, y este desarrollo ve la primera apreciación de la coexistencia de diferentes emociones . Más específicamente, todos los
niños de 5 años respondieron a cada situación con un solo adjetivo descriptivo de emoción. A su vez, se pudo comprobar que los varones presentan mayores dificultades en esta área que las niñas hasta la edad de 10 años. Harter y Whitesell sugieren que sólo después de los 6 años de edad los niños pueden entender sentimientos simultáneos de valencia opuesta (ej. amor / odio). Por lo tanto, los niños pequeños no solamente presentan habilidad limitada para expresar conceptos emocionales sino que también presentan limitación en la variedad de expresiones en lo que respecta a estos conceptos. Esto tendría entonces implicancias en las entrevistas judiciales para los niños pequeños, por ejemplo en lo que se refiere a cómo se siente el niño con respecto al abusador:
1) Los datos claramente sugieren que sería muy difícil para un niño pequeño fortalecer su relato con estas preguntas debido a que el vocabulario descriptivo de emociones a una temprana edad está algo empobrecido. Los niños de 5 años de edad pueden describir emociones positivas en términos de felicidad y emociones negativas en términos de tristeza. Ningún niño de 5 años, ni los mayores de 7 años, pudo expresar miedo, enojo o ansiedad. 2) La respuesta emocional a la coerción puede ser de particular importancia en la situación de la entrevista, pero ningún niño pequeño produjo el vocabulario necesario para expresar el concepto de coerción o presión. 3) La expresión de emociones simultáneas de valencia opuesta dirigida a un mismo objeto sólo aparece a los 11 años de edad. Este hallazgo es importante si se tiene en cuenta que el abusador es una persona cercana al niño, por eso cuando se le pregunta a un niño menor de 8 años, que ha referido haber sido abusado sexualmente por su padre, “si le gusta o quiere al padre”, íntimamente esta es una pregunta difícil de responder, aunque lo más habitual es que responda afirmativamente. Claramente, debido a que la expresión simultánea de gusto y disgusto por un mismo objeto ha demostrado ser conceptual y lingüísticamente difícil, tales respuestas requieren ser juzgadas cuidadosamente. En relación al ambiente en el que los niños son entrevistados en los juzgados , Dunn y Brown ( 1994 ) observaron que los niños “pueden operar en su mejor nivel de madurez cuando son emocionalmente neutrales y pierden sus habilidades sociales cuando están enojados o defraudados”. Es también más fácil para los niños pequeños expresar sus sentimientos proyectados a la figura del abusador (ej. “Yo no quiero que mi papá esté triste”). Además es necesario recordar que muchos niños abusados presentan dificultades en el lenguaje según Beeghly y Cicchetti (1994) lo que agrega mayor peso en lo que se refiere a la sobre-estimación de las habilidades de los niños en situaciones de la vida real. Se puede predecir que los niños en una situación de entrevista judicial no actúan tan bien como aquellos niños control de la misma edad expuestos a un ambiente más confiable, debido a que el tópico de la investigación inhibe las competencias lingüísticas del niño y a menudo demanda emociones simultáneas de valencia opuesta. En las situaciones donde las emociones relatan tópicos íntimos / atemorizantes, hasta los de 14 años de edad presentan signos de lucha interna. El mensaje es claro, los profesionales deben ser cuidadosos en su uso de preguntas en la búsqueda de emociones de niños pequeños porque , más que reveladoras del distrés del niño en relación al abuso, las preguntas pueden equivocadamente promover la impresión de que el niño no es lingüísticamente capaz de ofrecer evidencia (Aldridge, Michelle; Wood, Joanne; Talking about Feelings: Young Children’s Ability to Express Emotions. Child Abuse & Neglect, The International Journal, Vol. 21, N° 12 , 1997). En lo que se refiere a nuestro modo de interpretar la evidencia que aparece como conflictiva, primero debemos aceptar que los niños se pueden confundir cuando una pregunta se formula nuevamente una vez que ellos ya han dado la respuesta correcta; segundo, debemos considerar cuál es el efecto sobre los niños si son entrevistados por un extraño omnisapiente que aparece insatisfecho con su primera respuesta , junto a su gran confusión sobre el alcance del conocimiento experto conocido por un entrevistador que posee una fotografía del padre o lo acompaña. Sería aconsejable en estos casos realizar las entrevistas con video de modo que todas las partes puedan evaluar el alcance de las influencias contextuales no- verbales . En este párrafo, haré referencia a una Monografía del Departamento de Justicia de USA, de la oficina de Programas de Justicia , la Oficina para Víctimas de Crímenes: “Rompiendo el ciclo de violencia :
Recomendaciones para mejorar la respuesta de la Justicia Penal a los niños víctimas y
testigos” (Reno, Janet; Holder, Eric; Fisher, Raymond; Robinson, Laurie; Brennan,Noel; Turman,Kathryn; Breaking the Cycle of Violence: Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office for Victims of Crime, Junio 1999). Según los resultados de esta investigación los niños expuestos a violencia puede que no revelen el trauma durante meses o años, pero estos niños
deben ser identificados rápidamente aunque ellos no desarrollen síntomas asociados al trauma. También se pudo comprobar que los niños víctimas presentan mayor probabilidad de sentirse culpables comparados con adultos víctimas, e igual que los adultos ellos se sienten turbados cuando tienen que hablar sobre los hechos traumáticos; así mismo la mayoría de los niños no son capaces de inventar historias de abuso y los falsos argumentos son la excepción; los niños revelan el abuso y los hechos relacionados con los eventos traumáticos a pesar del tiempo. Esta misma monografía descalifica un sistema diseñado para adultos con múltiples entrevistas que no utilizan un lenguaje adecuado al desarrollo del individuo; las demoras y aplazamientos; el testimonio repetido; la falta de comunicación entre los profesionales; el temor a la exposición pública; la falta de comprensión de los complejos procedimientos legales; el contacto cara a cara con el acusado; las prácticas que son insensibles a las necesidades evolutivas; un riguroso interrogatorio cruzado; falta de adecuado sostén y servicios para las víctimas; ubicación del niño que lo expone a la intimidación, la presión o el abuso continuo; preparación inadecuada para dar testimonio; falta de evidencia más allá del testimonio del niño. Mientras tanto, basándose en el trabajo de Lipovsky, J. Y Stern, P (Preparing Children for Court : An Interdisciplinary Work ), estos mismos autores sugieren innovar prácticas y programas mediante la aplicación de prácticas confiables para los niños; uso de personal entrenado en entrevistas con niños; inclusión de abogados y clínicos de la víctima en las primeras instancias para colaborar en el manejo de esta situación; preparar a los
niños para la corte de modo que sea adecuado a
su estadío evolutivo; utilizar un equipo
multidisciplinario en los casos de manoseo que involucre a niños víctimas. Recomiendan también la utilización de especialistas en entrevistas con niños para la conducción de una entrevista forense con un niño sobre los hechos traumáticos vividos por el mismo niño, siendo también muy importante el ambiente en que el niño es entrevistado; no se debe ignorar el hecho de que el niño haya sido testigo de violencia contra un hermano; se deben reducir el número de entrevistas a las que el niño tenga que asistir; minimizar el número de personas involucradas en el caso; mejorar la calidad de la evidencia descubierta para el proceso penal o el litigio civil; proveer información esencial a la familia y a los prestadores de servicio de protección del niño; minimizar la posibilidad de conflicto entre los prestadores de servicio con las diferentes ideologías; los casos que involucran niños testigos también incluyen complejas discusiones médicas y de las relaciones familiares por lo que se recomienda que se comparta la información, la destreza pericial, y la experiencia con otros profesionales para mejorar la calidad del servicio. El documento presentado en las III JORNADAS NACIONALES DE ÉTICA Y I CONGRESO NACIONAL INTERDISCIPLINARIO DE ÉTICA APLICADA por Dora Greif, “El menor y las estrategias de abordaje institucional en los Tribunales de Menores”, en julio de 1991, la autora declara que: “La intervención de los menores en la Institución Judicial de Menores supone un abordaje multidisciplinario desde el punto de vista jurídico-médico-psicológico-asistencial. Ello se canaliza a través de la llamada Función Tutelar que cumple el Juez, con el asesoramiento directo de otros profesionales que se desempeñan en la Institución (abogados, médico, psicólogo y asistentes sociales). Todo menor que transita por el campo de la Ley y sus efectos, queda a merced de un atravesamiento multidiscursivo y sujeto a un impacto que, en su intervención, debería ejercer efectos reparatorios sobre la situación que determina el pasaje por el Juzgado: abandono, maltrato, transgresión de la que ha sido autor o víctima, y que – ineludiblemente- marcará en lo sucesivo su devenir existencial. De ahí, nos lleva tan delicada situación, a replantearnos los modelos tradicionales con los que operamos desde nuestro aporte profesional a la Institución y en quien recaerá finalmente nuestra intervención.
En nuestro país las provincias de Río Negro, Neuquén, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, Misones, Salta, Santiago del Estero, San Luis, Catamarca, Corrientes, han incorporado la Cámara Gesell como herramienta judicial de trabajo en sus legislaciones en lo que respecta a las declaraciones de menores víctimas o testigos de delitos. Se fundan dichas adhesiones en la Ley Parlamentaria 23.849 promulgada el 16 de octubre de 1990 y que receptara la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en 1959 y la Declaración de Ginebra de 1924, y se traducen- en palabras de Travieso- en la obligación de aplicar sus normas en el territorio de los Estados que la han ratificado, incurriendo en responsabilidad internacional de acuerdo al trato que cada Estado le dé a los niños. Así mismo, adquirió rango constitucional en la reforma de la Carta Magna (art. 75 inc. 22 CN año 1994), constituyendo el instrumento específico
que regula la vida jurídica de todos los menores de 18 años de edad, y cuya intención ha sido afirmar expresamente que “los niños son titulares de derechos fundamentales”. Los derechos de los niños integran la tercera generación de los Derechos Humanos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño implica un cambio radical de concepción de los niños al dejar de considerarlos como objetos de protección para empezar a considerarlos “sujetos de derechos”. Por lo tanto, el Derecho interno que regule las materias de la infancia, debe concebir a los niños como sujetos de derechos y no como simples destinatarios de acciones asistenciales o de control social ejecutadas por el Estado. Este cambio de paradigma abraza los postulados de la llamada “doctrina de la protección integral” que ve al niño como sujeto de derecho, a diferencia de la anterior “doctrina de la situación irregular” que lo enfocaba como un objeto de protección. La Convención señala que el niño deja de ser un incapaz a quien se debe auxiliar y rescatar benéficamente, y pasa a ser considerado un sujeto cuyos derechos deben ser respetados por la familia, el Estado y la comunidad. Las disposiciones de la C.I.D.N. al interior de un sistema jurídico nacional, cumplen para Cillero Bruñol, los siguientes cometidos: reafirmar que los niños, como personas humanas, tienen iguales derechos que todas las personas; especificar estos derechos para las particularidades de la vida y la madurez, como los derechos de participación; regular los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos de los niños o de su colisión con los derechos de los adultos; y orientar y limitar las actuaciones de las autoridades públicas y las políticas públicas con relación a la infancia. “El carácter de niño implica una verdadera categorización real y formal de los individuos que pueden denominarse como tales, y conlleva la ostentación de un “status jurídico” superior al del resto de las personas físicas. Entendemos gramatical, conceptual e ideológicamente más adecuado al término niño que el término menor : el primero de idea de esa minoría social titular de amplias y mayores prerrogativas, el segundo nos trae a la mente una suerte de estado de minusvalía o de falta de capacidad” (Feldman, Gustavo). Los Derechos del Niño son también Derechos Humanos. En tal sentido, afirma Bidart Campos, que el niño es sujeto activo de los mismos derechos humanos de todas las personas con la peculiaridad situacional de su vida, de su entorno, de sus necesidades, de “su caso” bajo proceso judicial. Por ello, los jueces que lo resuelven deben ser jueces aptos para comprenderlo, y entrenados en un amplio conocimiento de las normas aplicables y en la valoración de las circunstancias de cada caso. La C.I.D.N. faculta a los magistrados a efectuar una administración de justicia más ágil, ello en el entendimiento de que pueden disponer aquellas medidas o diligencias que se encuentren aún más allá de lo solicitado por las partes en un juicio o controversia en concreto, bajo la proclama de una mejor defensa de los derechos del niño, derechos cuya priorización resulta de un deber constitucional. La Constitucionalidad de la Cámara Gesell requiere su análisis. Siguiendo el trabajo de Mariana Guerrero, se puede señalar que la reforma en cuestión, coloca al niño en calidad de objeto de medidas judiciales y no sujeto de derechos tal como lo proclama la CIDN. De manera entonces, se contrapone al verdadero ejercicio del derecho que emana del artículo 12 de la Convención, pues impide que el niño víctima o testigo de ciertos delitos pueda comparecer, cuando así lo desee, ante el juzgador para dar su versión de los hechos ocurridos. El contacto entre le juez y el menor, resulta fundamental pues la decisión judicial se elaborará sobre la base de la percepción que el juez haya tenido, con relación con los dichos del menor volcados directamente en su presencia. Por otra parte, en lugar de dar mayor protección, se ha profundizado la angustia de los niños que ya padecen como víctimas o testigos de delitos, prohibiendo el contacto directo con el juez. Por un lado se presume la ineptitud de toda víctima menor, y por otro, se subestima a la autoridad judicial, al negar una práctica judicial que sea respetuosa de los derechos de las víctimas menores. La reforma se aleja además, del derecho de jurisdicción (art. 33 de la CN) y de la garantía del debido proceso (art.18 de la CN, Pacto de San José de Costa Rica –art. 7,8, 25- , Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (art. 2,9,14), Convención sobre Discriminación Racial (arts. 5 y 6), Convención sobre los Derechos del Niño ( art. 12). En efecto, los niños, que conforme a la Convención, tienen el derecho a ser oídos, no pueden tener un real acceso a la justicia, para procurar una efectiva tutela judicial. El debido proceso requiere dar oportunidad al justiciable de participar de él. Por otra parte, no debemos olvidar que el procedimiento establecido por la ley restringe los derechos del imputado, por cuanto se le impide tener un efectivo control de la prueba, el que se garantiza a través de los principios de inmediación y plena contradicción. Si bien la ley puede
establecer ciertas restricciones, privilegiando otros intereses en juego que estima de mayor relevancia, las excepciones serán legítimas en la medida que en el caso concreto, se advierta la inconveniencia o los graves riesgos que pueda correr el niño, al tener una participación en el proceso equivalente a la de un adulto. Ello se ve patente cuando la ley niega la posibilidad al menor testigo a deponer en el debate, sin ni siquiera distinguir diferentes edades y situaciones, que obviamente resultan determinantes para evaluar si los intereses del niño estarán por encima de los derechos del imputado. En definitiva para la Ley, la obligatoriedad del procedimiento establecido por la reforma, presumiendo que por la sola condición de ser niño víctima o testigo no se está en condiciones de comparecer frente aun tribunal, resulta de dudosa constitucionalidad.
Antes de comenzar a hablar de la Cámara Gesell y su utilización en los procesos de investigación penal sobre los hechos de tipo sexual, debemos primeramente hacer una breve referencia a ellos, para que se pueda comprender mejor el por qué se haría necesario recurrir a este aparentemente novedoso sistema de interrogación y recolección de datos. Los actos que ejercen los abusadores son percibidos por sus víctimas en primer término como estímulos internos intrusivos sobre su cuerpo y su mente. Ya en un segundo momento se produce en ellos una respuesta en forma de reacción pulsional de manera que la misma no logre ser discriminada. Se trata entonces de un sometimiento corporal al que se le suma la exigencia de silencio –muchas veces mediando amenazas de males peores e incluso la muerte de la propia víctima o de su entorno familiar-, que implica complicidad entre el abusador y el abusado y contradice los mandatos de la cultura. Las víctimas soportan un cúmulo de sensaciones que van desde el dolor físico hasta la humillación, lo que expresan a través de una sensación que podría describirse como de aturdimiento. Ese estado consiste en una percepción sin conciencia, una sensorialidad sin registro representacional. A menudo ocurre que ellos no recuerdan las características del episodio, y que muchas veces intenten convencerse de que, en realidad, nunca ocurrieron tales hechos. Tal negación, de ser sostenida a lo largo del tiempo, afectará su psiquis con efectos devastadores, llegando incluso en algunos casos, a que las/os pacientes evoquen las escenas de abuso de manera totalmente desafectada insistiendo en el hecho de su ausencia en el acontecimiento, dado que les resulta imposible ligar el afecto experimentado con cualquier pensamiento sobre lo que vivieron y que muchas veces es negado por el entorno. Las víctimas del abuso sexual infantil pasan a ser sólo cuerpos de los que el adulto puede servirse para obtener placer sexual; son “dóciles cuerpos” a los que fácilmente se puede someter por aquellos que
son llamados a cuidarlos y darles afecto. Con respecto a la construcción del relato se debe tener en cuenta que para elaborar un traumatismo de esta índole, es necesario que el sujeto pueda construir un relato, lo que hace necesario realizar un trabajo sobre la memoria. Luis Horstein (1993) afirma que: "Recordar no es sólo traer a la memoria ciertos sucesos aislados, sino formar secuencias
significativas. (
Es ser capaz de construir la propia existencia en la forma de un relato del cual
... cada recuerdo es sólo un fragmento". Construir un relato es asimismo un acontecimiento discursivo que contribuye a la elaboración de identidades, lo que involucra el intercambio y la transmisión. Como interpretación de los hechos, el relato involucra una búsqueda de sentido, de origen, de causa; pero en cuanto enunciado, comprende un lugar y un tiempo de la enunciación que marca la relación de mutua determinación del relato con el lugar que el sujeto que lo enuncia ocupa en el sistema de relaciones sociales, sin embargo no por ello debe creerse que sea un proceso puramente
lingüístico. Él revela la existencia de distintas versiones del pasado y se constituye en un sitio de conflicto y legitimación, todo lo cual demuestra la cabal importancia. “La memoria se construye también mediante prácticas individuales, grupales o sociales que contribuyen a la producción, reproducción o transformación de los relatos. Las prácticas privadas de rememoración que, por hallarse fuera del ámbito público, pueden conservar una independencia relativa del discurso dominante, brindan a los sujetos el material con el cual re-construir la experiencia. Sin embargo, cuando la experiencia es de "catástrofe social", la búsqueda de sentido parece una empresa imposible, pudiéndose sostener solamente si se comparte con aquellos que son atravesados por la misma experiencia. […] El abuso sexual infantil tiene el efecto de una violenta intromisión que irrumpe sorpresivamente sobre la subjetividad. Esos efectos suelen también ser provocados por fuertes situaciones sociales que, al modo de un trauma acumulativo, cobran en su modalidad más
peligrosa la forma de la desesperanza y el escepticismo más radical. Sólo la confesión de los delitos cometidos, el juicio y el castigo permiten que la memoria se recupere y las redes simbólicas de la historia vuelvan a entramarse, alojando la subjetividad”. Dentro de este concepto general, y teniendo siempre presente que esta temática involucra a varias ciencias tales como la Medicina, la
Psicología, la Psiquiatría, la ciencia jurídica, etc., la misma será analizada desde el punto de vista Jurídico, más precisamente dentro de la ley penal.
LA ACTUACIÓN DEL PODER JUDICIAL FRENTE A HECHOS DE ABUSO
Ante la mera sospecha de que un niño ha sido abusado sexualmente, resulta imprescindible la actuación del poder judicial. Ello no sólo por su poder coercitivo para tomar medidas que detengan el abuso, sino también para que brinde un marco adecuado a la tarea terapéutica. Debemos empero diferenciar claramente el ámbito de actuación de la Ley Penal, del de otros fueros tales como el de Menores y Familia -cuya finalidad inmediata en este tipo de supuestos es la prevención o la protección del mismo cuando el menor ya ha sido víctima-. El proceso penal tiene como objetivo primordial el esclarecimiento de los supuestos hechos delictivos y en su caso a la sanción de los responsables, toda vez que su fin inmediato es la consecución de la verdad objetiva, sin ocuparse de la situación del menor –casos en los que para ello acude al Juez de Menores, quien tiene competencia para ello, y al Juez de Familia, según el caso y de acuerdo a los sujetos que se encuentren involucrados-. Debemos, asimismo, tener presente que gracias a un largo proceso de concientización en el proceso penal, a éste también le corresponde hacer primar el interés superior del niño. Ello implica que se hace imperioso establecer procedimientos que eviten provocar nuevos daños a los menores que resultan víctimas de abuso sexual sin afectar el derecho de defensa del/os imputados, todo según las normativas vigentes a nivel constitucional y los pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido e incorporado a su Carta Magna. La Convención Internacional de los derechos del Niño (aprobada por las Naciones Unidas en el año 1989), fue promulgada por nuestro parlamento en el año 1990 mediante la ley 23.849, adquiriendo rango y supremacía constitucional en 1994 mediante la reforma que se hizo de nuestra Ley Suprema que la incorporó. Ella impone a los estados que la hubiesen ratificado la obligación de aplicar sus normas en sus territorios, incurriendo en responsabilidad internacional de acuerdo al trato que cada Estado le de a los niños. Como aspectos principales de esta norma, los cuales deben ser incluidos en el derecho interno del estado suscriptor, debemos mencionar el tener que concebir a los niños como sujetos de derecho otorgándoles una protección integral. “El Interés Superior del Niño” ha sido aludido por el Art. 12 de la misma Convención disponiendo: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor”. Es por esa razón que se comienza a reformar nuestra legislación local, desde el Código Penal mediante la ley 25087 del año 1999, hasta los Códigos Procesales Nacional y Provinciales. En la provincia de Córdoba, mediante la ley Nº 9197 se introdujo mejoras al CPP que beneficia la situación de las víctimas de delitos dentro del proceso penal. A tal fin, modificó el art. 96 – introduciendo el derecho a ser informado y que los menores sean acompañados por personas de su confianza- e incorporó el art. 221 bis reglamentando en forma detallada el trato que deberá brindársele al menor de 16 años que ha sido víctima de delitos contra la Integridad Sexual, cuando este deba comparecer ante un órgano judicial, debiendo considerar especialmente el “interés Superior del menor”, pero sin dejar de lado el derecho de defensa de las partes –ello según el juego de “pesos y contrapesos” (“método de balanceo” o “balancín test”) que deben ser valorados y sopesados por los magistrados cuando hay dos o más derechos resguardados por la constitución en razón de su misma jerarquía-. Estas reformas han intentado combatir la llamada “victimización secundaria” consistente en aquellos sufrimientos soportados por las víctimas, los testigos y sobre todo los sujetos pasivos de un delito, que son provocados por las instituciones encargadas de impartir justicia tales como: policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones penitenciarias, etc.; la que debe ser diferenciada de la “victimización primaria” la cual consiste en las consecuencias que sufre la víctima directa de un crimen; y de la “victimización terciaria” que es la estigmatización que la sociedad realiza luego sobre la víctima.
Una vez comprendidos los conceptos desarrollados en los párrafos precedentes, pasaremos a informarnos sobre la Cámara Gesell. Se trata de un habitáculo o espacio particular que fue ideado y diseñado para observar "en vivo" interactuar a personas, sin que éstas se percaten de ello y de
esta forma se sientan intimidadas por quienes son los "observadores" (en nuestro caso, operadores judiciales; jueces, fiscales, defensores, abogados particulares, entre otros). De esta forma, a través de distintos mecanismos, los observadores pueden ver y oír lo que pasa en ese espacio, pero no a la inversa. Para implementar o montar este dispositivo se suelen separar dos habitaciones contiguas con una suerte de vidrio espejado o similar, que posibilita mirar desde una de las habitaciones lo que pasa en la otra. O también, dotando de cámaras video-filmadoras a un gabinete reacondicionado para ello, en el que se retransmite en vivo el albur de este interrogatorio a otra sala o recinto, donde se ubicarán las partes intervinientes y el juez. Originariamente se la creó para observar y estudiar la conducta de los niños, sin que éstos se inhiban ante las miradas de terceros. En la actualidad se la implementa en facultades de psicología. Este "laboratorio de observación", hoy conocido popularmente por ser objeto de diversos productos televisivos, que debe su nombre a su creador (el psicólogo y pediátra estadounidense Arnold Gesell, 1880-1961), fue luego redescubierto por el Poder Judicial, que le dio expresa acogida en diversas provincias del país bajo una novel finalidad como norte: evitar la doble victimización de los menores víctimas o testigos de delitos de índole sexual.
Cuando Arnold Gesell la creó, lo hizo para observar las conductas de los chicos sin que éstos se sintieran presionados por la mirada de un observador.
Por su parte, el acto por el cual dicho experto escucha el relato del niño damnificado, si bien debe ser llevado a cabo observando ciertas previsiones instituidas para evitar su ulterior repetición y a su vez garantizar el derecho de defensa en juicio, no guarda las características propias de una declaración testimonial ni reviste las formalidades de ese medio probatorio en particular, pues tan sólo constituye una entrevista que además debe llevarse a cabo en un ámbito especialmente acondicionado a ese efecto y no en un despacho del órgano instructor, ni mucho menos en la sala de audiencias de un tribunal oral. De todos modos, tanto las partes como la propia agencia judicial que dispone la medida (fiscalía o tribunal), exclusivamente se encuentran habilitados a seguir sus alternativas desde otro sitio, a través de elementos técnicos destinados al efecto, pudiendo intervenir durante su desarrollo sólo en forma indirecta y a través del psicólogo actuante, quien habrá de canalizar sus inquietudes del modo que considere prudente para garantizar la integridad psíquica del menor.
En la ciudad de Córdoba, los instructores y los defensores del imputado, pueden hacer preguntas al niño, las que serán formuladas mediante un intercomunicador ubicado a ambos extremos del vidrio al profesional de la salud actuante, quien será el encargado de dirigirlas al menor víctima. Todo ello resguarda el principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN), la que impone que no se pueden
establecer privilegios o excepciones que excluyan a unos lo que se les concede a otros en iguales circunstancias. Al tratar la declaración de menores abusados en sede judicial, se expresó que era
poner fin a las prácticas interrogativas que se producen en el ámbito judicial, tanto en
la esfera de la instrucción como en la de los juicios orales y que revictimizan a los niños
Pero a nivel provincial en Córdoba, y teniendo en cuenta que si bien el art. 221 bis del CPP –
incorporado por ley 9197- entró en vigencia el 15/12/2004, el Tribunal Superior de Justicia con fecha 11/06/2002 ejerciendo su poder reglamentario había firmado el “Acuerdo Reglamentario nº 24 Serie B” –aconsejando y estimulando el uso de la Cámara Gesell instalada por el Servicio de Psicología Forense ya en el año 2000-, en el cual se resolvió:
1- Reconocer como prácticas judiciales convenientes para minimizar la victimización secundaria, la recepción de declaraciones de niños víctimas en el ámbito de “Cámara Gessell” del Servicio de Psicología Forense ubicada en el “Palacio de Justicia II”. 2- Agradecer al Servicio de Psicología Forense, a los Fiscales de Instrucción y a las Cámaras en lo Criminal, la iniciativa en el uso de la Cámara Gesell para recibir en su ámbito las declaraciones de niños víctimas. 3- Poner en conocimiento de los Tribunales, Asesorías y Fiscalías de los Fueros de Menores y Familia de los procedimientos utilizados en el Fuero Penal a fin de estimular que se adopten similares procedimientos en la recepción de declaraciones de niños en el espacio mencionado. Y por último:
Instruir al Área de Infraestructura para que en otros Centros Judiciales se proyecten espacios que posibiliten a los jueces, Fiscales y profesionales de las áreas técnicas utilizar la “Cámara Gesell”. La Norma en el CPP de Córdoba queda establecida a través de los siguientes Artículos:
ART. 221 bis: Cuando se trate de una víctima o testigo de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Capítulos II, III, IV y V, que a la fecha en que se requiera su comparencia no haya cumplido los dieciséis (16) años de edad, se seguirá el siguiente procedimiento:
1) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo del Poder Judicial de la Provincia, pudiendo ser acompañado por otro especialista cuando el caso particular lo requiera, ambos designados por el órgano que ordene la medida, procurando la continuidad del mismo profesional durante todo el proceso, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho órgano o las partes, salvo que excepcionalmente y por razones debidamente fundadas, el fiscal lo pudiera autorizar. El órgano interviniente evitará y desechará las preguntas referidas a la historia sexual de la víctima o testigo o las relacionadas con asuntos posteriores al hecho. 2) El acto se llevará a cabo de conformidad a los artículos 308 y 309 del presente Código, en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, cuando ello fuere posible. 3) El órgano interviniente podrá requerir al profesional actuante, la elaboración de un informe detallado, circunscripto a todos los hechos acontecidos en el acto procesal. 4) A pedido de parte, o si el órgano interviniente lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente, o en su defecto, mediante cualquier otra modalidad que preserve al menor de la exposición a situaciones revictimizantes, sin perjuicio del derecho de defensa. En tal caso, previo a la iniciación del acto, el órgano interviniente hará saber al profesional a cargo de la entrevista, las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate del reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el órgano interviniente, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado, quien a todos los efectos será representado por el defensor, debiendo con posterioridad, imponérsele y posibilitarle el acceso al informe, acta, constancias documentales o respaldos fílmicos del acto. Cuando se trate de menores que a la fecha de ser requerida su comparencia hayan cumplido los dieciséis (16) años de edad y no hubieren cumplido los dieciocho (18) años, el órgano interviniente, previo al acto o a la recepción del testimonio, requerirá informe al especialista acerca de la existencia de riesgos para la salud psicofísica del menor respecto de su comparendo ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto precedentemente. La norma se refiere al menor víctima que deba comparecer ante la justicia no habiendo cumplido los 16 años de edad. Otorga un tratamiento especial por parte del encuadramiento
diferenciado por la edad de la víctima, a tenor del incompleto desarrollo intelectual que se le adjudica. De su texto, surge que el propósito del legislador ha sido el de garantizar a la víctima menor de 16 años un impacto menor sobre su intelectualidad y psicología con respecto a la victimización producto de un delito cometido. Se prohíbe que en los casos en que se requiera su comparencia ante la organización judicial sean “interrogados de forma directa por el tribunal o las partes” (inc. 1), en los casos en que se requiera su comparencia ante la organización judicial,
debiendo ser entrevistados sólo por psicólogos especializados en niños y/o adolescentes designados por el Tribunal, salvo que “excepcionalmente” y por razones debidamente fundadas, el fiscal lo autorizara. En otro orden, resulta asimismo novedoso el agregado de la última parte de este inciso que también prohíbe al Fiscal de la causa y obviamente a las otras partes del proceso, interrogar a la víctima acerca de su historia sexual.
Se indica también que el lugar en el que deberán ser llevadas a cabo las entrevistas, será especialmente acondicionado con implementos acordes a la edad y etapa evolutiva del menor (inc. 2), dándole la facultad al órgano interviniente para requerir al facultativo encargado de llevar a cabo la entrevista un informe detallado del acto (inc. 3). A los efectos de viabilizar la vigencia del contradictorio, está previsto en la norma (inc. 4) la posibilidad que las partes y el tribunal (o fiscal) puedan seguir directamente, las alternativas de las entrevistas desde el exterior del lugar en que se llevan a cabo; y en caso de necesitarse un reconocimiento de lugares o cosas, un profesional designado por el Tribunal deberá acompañar al menor vedándose la presencia del imputado. A continuación el último párrafo del artículo comentado, trata acerca de las víctimas que tengan entre 16 y 18 años (estos no cumplidos aún) los que antes de su deposición como tales deberán ser evaluados por un especialista que informará sobre la existencia de riesgo para su salud psicofísica en caso de comparencia ante los estrados. En caso de ser afirmativa la respuesta del especialista, se actuará de acuerdo a lo previsto por ese mismo artículo para aquellos menores que no hubieren cumplido aún 16 años.
Teniendo en cuenta que para el caso de determinados testigos (vgr. Presidente, Gobernadores, etc.) se faculta que los mismos puedan prestar sus declaraciones por escrito y sólo en forma excepcional concurran en forma personal ante los organismos judiciales que investigan o
juzgan los hechos, y que este procedimiento no es cuestionado habitualmente ni como violatorio del debido proceso (desde el punto de vista de los imputados) ni desde la doctrina en general, ello significa que se acepta pacíficamente que hay personas que en virtud de su actividad y responsabilidad quedan exentas de presentarse ante un tribunal tradicional -uno, o tres jueces, fiscal, defensor e imputado- tanto en la etapa de instrucción de una causa penal como de juicio oral, siendo que estas personas declararán en su residencia oficial, en su despacho, o bien lo harán por escrito.
La citada normativa vigente debe ser analizada entonces con mayor detenimiento y teniendo muy presente la situación de los niños abusados. Ello toda vez que, si razones de Estado o cualesquiera otras que puedan invocarse, permiten al funcionario evitar el sometimiento a un interrogatorio de las partes en pleno juicio, con muchísima más razón -tanto jurídica como moral- deben serlo los niños.
No olvidamos sin embargo que los niños tampoco están obligados a concurrir al estrado judicial (existiendo una prohibición legal concreta de que lo hagan), deben hacerlo a la Cámara Gesell en donde obligatoriamente habrá de desarrollarse el acto de la entrevista con el psicólogo, salvo que razones excepcionales debidamente corroboradas en el
sumario, tornen aconsejable su realización en otro lugar (vgr. impedimentos físicos o mentales que condicionen la ejecución del acto, cuando no pueda aplazarse su producción, y deba
efectuarse en un hospital o en el domicilio de la víctima).
Los menores de dieciséis años, no prestan juramento de decir verdad, ya que no son punibles por su edad y por ende no quedan sujetos a las penalidades del falso testimonio. Al interrogarnos sobre la situación de los menores comprendidos por el artículo 221 bis del C.P.P., aquéllas víctimas previstas en el art. 96 que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido dieciséis años de edad y no hubieren cumplido los dieciocho, aparece la primera laguna
que revela la normativa
interviniente aconseje el procedimiento en Cámara Gesell por considerar la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados, se
estaría otorgando al mismo un beneficio legal que no poseen sus similares que deban deponer como testigos en un tribunal por cualquier otro tipo de ilícito. Ello así ya que el procedimiento formal seguido por el órgano encargado de recibir un testimonio en tales supuestos (juzgado, fiscalía o policía judicial) es diferente al acto informal que debe ser conducido por el psicólogo infantil en aquéllas hipótesis.
En este sentido, las agencias judiciales, policiales o las representativas del Ministerio Público son las únicas que se encuentran autorizadas para recibir lo que estrictamente se identifica como "declaración testimonial" en el marco de un proceso penal. De tal modo, éstas deben observar el procedimiento que la normativa procesal impone al respecto referentes a instruir del testigo acerca de las penas por falso testimonio, tomarle juramento de decir verdad, interrogarlo con relación a las generales de la ley, velar porque el sujeto declare a viva voz y sin consultar notas o documentos, invitarlo a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate e inquirirlo luego al respecto, y finalmente labrar un acta con estricto arreglo a lo dispuesto por los arts. 218 y ss del C.P.P. ya que de no respetarse tales previsiones la misma puede ser fulminada con la grave sanción de nulidad.
Es entonces imperioso que, en los supuestos en los que menores de entre dieciséis y dieciocho años necesariamente deban deponer mediante el método especial ahora previsto por la norma, el juez (o el fiscal) previo a la iniciación del acto deberán advertir al declarante sobre su obligación de decir verdad de cuanto supieren, para que luego a través de su actuario se proceda a labrar el acta respectiva de todo lo que acontezca en la Cámara Gesell, siguiendo sus alternativas desde el exterior, tal como estipula el precepto de señalado. El psicólogo por su parte se limitará a desarrollar el acto de acuerdo al método que estime más conveniente, aunque respetando los cánones planteados por la norma, sin verse en la necesidad de asumir una actitud poco cordial que podría atentar contra la indefectible relación de confianza que debe establecer con el entrevistado para que este devele sus desventuras. Si el procedimiento comentado se lleva a cabo dando la debida intervención a las partes, notificándolas con antelación de la realización, y luego durante su producción se les permite "hacer interrogar" al niño a través del profesional que realiza la entrevista –en la provincia de Córdoba ello se realiza mediante un intercomunicador existente en cada uno de los recintos donde se desarrolla la entrevista y aquél donde está la defensa con el juez o fiscal-, no es dable considerar que el debido proceso o del derecho de defensa en juicio del imputado se vea vulnerado. Sin embargo, es práctica usual en los tribunales de Córdoba -ya que posee un circuito cerrado de televisión con videograbadora incluida- y hace a una mejor técnica investigativa, el filmar íntegramente el contenido del encuentro. Ello es una previsión que permitirá en el futuro el acceso a su contenido tantas veces como sea necesario, no sólo por parte de los psicólogos y psiquiátras forenses a quienes se les encomiende corroborar la existencia del abuso y de otros colegas con los cuales aquéllos estimen necesario reexaminar el material, sino también de los peritos que a lo largo del proceso propongan las partes para examinar los resultados que arroje la experticia realizada por los primeros. Asimismo, y no por ello menos importante, es que gracias a este recaudo, se podrá controlar su tenor por los anteriormente nombrados y fundamentalmente por el tribunal oral que eventualmente resulte designado en la etapa de juicio. Una ventaja adicional a la filmación de la Cámara Gesell consistiría en no someter a la víctima o el testigo al interrogatorio de diferentes personas en ocasiones múltiples. Ello no sólo disminuiría la carga traumática que para el niño conllevan las repeticiones, sino que también evitaría la posible contaminación del material derivada de la continua re-instalación en el niño de los hechos invocados. El tratamiento judicial del delito de abuso sexual busca esclarecer un hecho consumado, en donde muchas veces la única prueba que justifica o da sustento a la actuación de la justicia está dada por la declaración de los menores; esta tiene que ser lo más contundente posible. Es muy importante entender esto porque con esta reforma se busca que ese esclarecimiento de la verdad que lleva a que el menor víctima tenga que rememorar hechos angustiosos sea lo menos traumática posible, es por eso que se deja en manos de profesionales psicólogos la toma de declaración en menores de 16 años.
Pero la ley ha dejado escapar cuestiones muy importantes. Si se tuvo en cuenta para la reforma la revictimización que produce la simple declaración en tribunales, se dejó de lado otra de las causales que produce un efecto traumático en la víctima como es la cantidad de declaraciones a la que son sometidas en los diferentes estadios de la causa, por más que sean tomadas por especialistas en el área. En la práctica en el fuero penal se le vuelve a tomar exposición al menor por más que este ya haya sido sometido a un estudio interdisciplinario por otro fuero. Esa es una cuestión fundamental a tener en cuenta por nuestros legisladores.
El dispositivo de la Cámara Gesell es "importado" por el Poder Judicial a los efectos de crear un procedimiento protectorio para la declaración de los niños en sede judicial cuando han sido víctimas o testigos de delitos contra la vida o la integridad sexual, previéndose que la misma sólo podrá realizarse en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, e implementada por un psicólogo. Como lo expone claramente Hugo Gatti, autor del proyecto rionegrino, este procedimiento fue implementado, en las provincias del Neuquén y Río Negro a través de las leyes Nº 2.523 y Nº 4.134, respectivamente. La normativa de ambas provincias establece, con algunos matices, que la modalidad será obligatoria para la interrogación de menores que fueron víctimas o testigos de delitos sexuales (aunque en Río Negro se la extiende con buen criterio para otros tipos de delitos). Disponen, asimismo, que esta interrogación debe hacerse por única vez y por un psicólogo especialista en niños o adolescentes y sin posibilidad de que el tribunal o las partes de este proceso pueda interrogar en forma directa a estas personas. Ambas leyes pretenden ser tuitivas del menor y están imbuidas en la misma tónica, la de salvaguardar al menor que es parte de un proceso judicial, ya sea como víctima o testigo.
La opinión de los expertos no se hizo esperar, aún antes de que fueran "consultados" al respecto. Tanto fue así que psicólogos de la provincia del Neuquén, a través del organismo que los agrupa, es decir el Colegio Profesional de Psicólogos, tachó este mecanismo directamente de inconstitucional y su planteo lo hizo justamente en sede judicial. El 28 de noviembre del 2006, el Tribunal Superior de la provincia del Neuquén rechazó una acción de inconstitucionalidad intentada por el Consejo Provincial de Psicólogos de Neuquén. Estos pretendían allí que se declarara inconstitucional la ley de Neuquén Nº 2.523 que incorpora la "cámara Gesell". Esta nueva incorporación al procedimiento penal ha sido un verdadero 'parteaguas' en la opinión pública y sobre todo en lo relacionado a los operadores llamados a implementarla. Pues si bien tiene entusiastas simpatizantes, también es duramente criticado por los detractores de esta modalidad de interrogación, principalmente psicólogos y abogados. Centrando la crítica no sólo en el hecho de que la modalidad no salvaguarda al menor, sino que además es inconstitucional.
El Consejo de Psicólogos de Neuquén, sin escatimar críticas, menciona sin ambages que con la implementación de esta norma existe una sustitución de la tarea jurisdiccional de la persona del juez a la persona del psicólogo, afectando su incumbencia profesional y
llevándolo, indirectamente, a la violación del secreto profesional. Por otra parte, desplaza la actividad pericial, ya que se solicita al psicólogo que intervenga como actor principal, recibiendo el testimonio de la víctima o testigo. Y se utiliza uno de los principales instrumentos con que cuenta el psicólogo, como es la entrevista, para convertirla en un acto judicial, testimonial. También, aluden a
la imposibilidad de implementación de la norma jurídica frente a la inexistencia de psicólogos especialistas en niños y/o adolescentes y a la ausencia de infraestructura en el Poder Judicial. Incluso más, a raíz de la implementación de la Cámara Gesell en diversas provincias se está gestando, a nivel nacional, una convocatoria federal de psicólogos forenses para efectuar un pronunciamiento nacional en contra de esta implementación.
Que se ponga a un psicólogo al frente de la entrevista no quiere decir que se asegure la indemnidad psicológica del niño, pues la misma no deja de ser intrusiva y, por defecto, no espontánea, máxime si el profesional retransmitirá preguntas efectuadas por un tercero, juez, fiscal, abogados de parte, etc., lo que los excluye de su propia disciplina, como ellos mismos lo expresaron y peor aún si en el ámbito judicial no existen especialistas.
Junto a este consistente planteo, debemos
implementar mecanismos o
sistemas cuando
plantear la dificultad que presenta
prevé una
presupuestaria o los medios materiales para su instrumentación, ni la posibilidad material o logística para echarlos a andar (en este caso el armado de la Cámara Gesell implica reformas edilicias, adquisición de equipos de audio, videofilmación, contar con psicólogos especializados en todos los juzgados penales de la provincia, entre otras cosas). La consecuencia de ello será la de trasladar luego a los juzgados la problemática de implementar estos mecanismos obligatorios, los que sin recibir partidas presupuestarias extras, ni contar con profesionales idóneos deben implementar métodos caseros o improvisados para poder cumplir la ley o, directamente, tener que lidiar con un sistema que se vuelve prohibitivo a la hora de su implementación.
Carlos Rozanski sostiene sin ambages que "cuando se obliga a un niño abusado a sentarse ante un tribunal, se lo está silenciando y, de tal modo, se violan sus derechos elementales; concretamente, su derecho a ser oído". Nadie cuestiona como inconstitucional, ni supone que atenta contra la libertad de las personas, el hecho de que, en determinadas situaciones, los menores no puedan actuar por sí bajo pena de nulidad sino que deban tener un representante legal o un tutor. La opinión acerca de que estos cuidados constituirían un ataque al derecho a ser oído olvida que, antes de la existencia de esta ley, nadie velaba por lo que el niño podía querer tener y no tenía. Así, si no quería declarar ante el juez en la forma tradicional, no se le ofrecía alternativa alguna para hacerlo de modo tal que su intimidad, su integridad y su psiquis fueran protegidas.
Mientrastanto, el Poder Judicial de la provincia de Salta ha reglamentado que los niños que sean víctimas o testigos de delitos que atenten contra la integridad sexual, podrán declarar usando la Cámara Gesell ubicada en el subsuelo de la Ciudad Judicial, lo que permitirá que no se vea afectada su integridad psicológica. La Corte de Justicia a través de la Acordada 9827, estableció que la declaración del menor se haga en un ámbito que no sea intimidatorio.
Una de las provincias que ha incorporado este dispositivo es San Luis y por disposición del Superior Tribunal de Justicia estará destinado a la Primera Circunscripción Judicial. Mediante Acuerdo Nº 331, el Superior Tribunal de Justicia autorizó a la Dra. Estela Inés Bustos, Juez de Familia y Menores de la Primera Circunscripción Judicial, a aceptar y recibir este equipamiento, el cual está destinado a la recepción de testimonios de niños y adolescentes, víctimas o testigos de delitos o de violencia familiar, procurando reducir su revictimización. La Dra. Bustos será la encargada de arbitrar los medios necesarios a tal fin, sugerir las medidas a adoptar y, también, deberá realizar las estadísticas de su utilización.
De acuerdo a todo lo detallado en los párrafos precedentes, se podría concluir que:
∑ La testimonial de los niños víctimas de ASI durante los procesos judiciales es anticonstitucional y viola lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ∑ La Declaración de los Derechos del Niño no es adecuadamente comprendida por aquellos
profesionales involucrados con la labor judicial, en lo que se refiere a la consideración del niño como “sujeto de derecho”. Hay quienes que, como Diego Freedman, Mariana Guerrero, Eduardo Carrera, Gustavo
Gati y Pablo Iribarren, entre otros, confundidos y desinformados acerca de las necesidades infantiles, señalan que el interés superior del niño se ha convertido en el "Caballo de Troya" de la Convención, fundamentando que: “La vaguedad e indeterminación del término permite múltiples interpretaciones con un amplio margen de discrecionalidad para la autoridad, debilitando los derechos que consagra la Convención. De esta forma, se filtra nuevamente, el concepto de niño como objeto de protección. Con el argumento de resguardarlo y evitar una posible revictimización, se desconoce su derecho a comparecer ante la autoridad judicial para ser escuchado. Estos profesionales no demuestran gran interés por el bienestar del niño víctima ya que, según ellos, la ley niega la posibilidad al menor testigo a deponer en el debate, sin ni siquiera distinguir diferentes edades y situaciones, que obviamente resultan determinantes para evaluar si los intereses del niño estarán por encima de los derechos del imputado”, a quien a las claras se ve que priorizan. ∑ La utilización de la Cámara Gesell presenta diversas controversias fundadas tanto desde lo
que le corresponde al motivo de su creación (diagnóstico y terapéutico) como a la constitucionalidad de su uso para niños víctimas que deben aportar prueba durante el proceso judicial, precisamente por la inadecuada interpretación de lo establecido por la CIDN al considerarlo “sujeto de derecho” y no “objeto de protección”. Por otro lado, es cuestionable el rol del psicólogo como agente de salud comprometido en la
labor judicial pericial, donde debe violar el secreto profesional, y así mismo no respetar la modalidad de trabajo para la que fuera entrenado como profesional sanitario al no respetar los tiempos y necesidades del niño durante su vínculo. El acto por el cual el experto escucha el relato del niño damnificado, si bien debe ser llevado a cabo observando ciertas previsiones instituidas para evitar su ulterior repetición y a su vez garantizar el derecho de defensa en juicio, no guarda las características propias de una declaración testimonial ni reviste las formalidades de ese medio probatorio en particular,
pues tan sólo constituye una entrevista que además debe llevarse a cabo en un ámbito especialmente acondicionado a ese efecto y no en un despacho del órgano instructor, ni mucho menos en la sala de audiencias de un tribunal oral, ni en lugares nada hospitalarios como son los Juzgados. El único organismo en reclamar la inconstitucionalidad de la ley de Neuquén Nº 2.523 que incorpora la "Cámara Gesell" ha sido el Colegio de Psicólogos, centrando la crítica no sólo en el hecho de que la modalidad no salvaguarda al menor, sino que además es inconstitucional. Menciona sin ambages que con la implementación de esta norma existe una sustitución de la tarea jurisdiccional de la persona del juez a la persona del psicólogo, afectando su incumbencia profesional y llevándolo, indirectamente, a la
violación del secreto profesional. Por otra parte, desplaza la actividad pericial, ya que se solicita al psicólogo que intervenga como actor principal, recibiendo el testimonio de la víctima o testigo. Y se utiliza uno de los principales instrumentos con que cuenta el psicólogo, como es la entrevista, para convertirla en un acto judicial, testimonial. Que se ponga a un psicólogo al frente de la entrevista no quiere decir que se asegure la indemnidad psicológica del niño, pues la misma no deja de ser intrusiva y, por defecto, no espontánea, máxime si el profesional retransmitirá preguntas efectuadas por un tercero, juez, fiscal, abogados de parte etc., lo que los excluye de su propia disciplina, como ellos mismos lo expresaron y peor aún si en el ámbito judicial no existen especialistas, por lo que deben implementar métodos caseros o improvisados para poder cumplir la ley sin tener en cuenta a la víctima infantil.
El tema a discutir se ubica centralmente en el área de un saber específico, evitando así que la ley pueda ser el producto de la falta de información de los hacedores del proyecto y la falta de consulta al colegio profesional, como los psicólogos cuestionaron. Tampoco es garantía para la integridad del menor la elección del sexo del entrevistador que, en el caso de la Legislación Cordobesa, determina que para menores de 12 años se indica un entrevistador femenino, lo cual podría interpretarse como un intento de ofrecer una figura maternante más cálida y contenedora.
Llama la atención que la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se refiera a la Herida narcisista, que provoca en el seno del servicio de justicia, que la producción principal de la prueba provenga de profesiones de la salud mental.
Desde esta perspectiva se califica a la psicología como “una ciencia blanda” que a diferencia de las “ciencias duras” no es confiable en sus conclusiones . El fallo del Superior Tribunal neuquino reaviva la crítica y deja la puerta abierta, pues declara inadmisible la acción del Colegio de Psicólogos "por cuestiones formales": no fue debidamente fundada, a criterio del tribunal. Es decir, éste rechazó la acción sin agotar la discusión de fondo y sin alcanzar a expedirse sobre la inconstitucionalidad alegada, pudiendo volverse a la carga con este planteo. Y dejó tras de sí varios interrogantes abiertos; no sólo el de si esta modalidad cumple la finalidad tuitiva que se propone la norma o, por el contrario, si multiplica los problemas, sino también el de si esta ley es constitucional o no. A raíz de la implementación de la Cámara Gesell en diversas provincias se está gestando, a nivel nacional, una convocatoria federal de psicólogos forenses para efectuar un pronunciamiento nacional en contra de esta implementación. No es el caso del Colegio de
Psicólogos de Mar del Plata – Distrito IX, cuyas autoridades actuales no han actuado adecuadamente en el caso de la Psicológa Procesada por su participación como terapeuta de los niños víctimas de ASI en una escuela católica y difundido por los medios en 2007. Si bien se establece en la CIDN que sólo podrá declarar el niño víctima que así lo desee, no se tiene en cuenta en ningún caso esta premisa, ni el significado de deseo que un niño le pueda dar; como tampoco se consideran las dificultades naturales que surgen tanto de la inmadurez propia del niño como de los efectos del trauma sufrido en relación a su déficit mnésico y lingüístico que influirían negativamente tanto en la prueba como tal como en su psiquismo ya dañado. Si tenemos en cuenta que también se ve afectada la regulación de las emociones del niño víctima, queda claro que se hallará en situación de desamparo e indefensión frente a la interpretación y valoración de sus propios sentimientos y los de aquellos que interactúen con él. Y cuando el tratamiento judicial del delito de abuso sexual, buscando esclarecer un hecho consumado, en donde muchas veces la única prueba que justifica o da sustento a la actuación de la justicia está dada por la declaración de los menores; establece que su declaración tiene que ser lo más contundente posible, demuestra un profundo desconocimiento de los déficits funcionales a nivel cognitivo y lingüístico referidos en los párrafos previos, a la vez que se contradice cuando establece que durante su declaración testimonial el menor víctima tenga que rememorar hechos angustiosos de forma lo menos traumática posible.
Ni que hablar de que estos menores no pueden responsabilizarse de sus dichos, por eso la Justicia establece que no son punibles. Con respecto a las condiciones de confiabilidad que pueda ofrecer la Cámara Gesell en un ámbito judicial se puede afirmar que no se cumplen en la mayoría de los casos analizados (ej. ubicada en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Salta, otros detenidos asistiendo al ámbito judicial, la ausencia de dispositivos de circuito cerrado y/o intercomunicadores, etc.), y esto evidencia que el niño se verá nuevamente victimizado por la adversidad propuesta por
el sistema judicial deficitario ya sea en su infraestructura como en sus recursos humanos, y que el niño percibirá seguramente como intimidatorio. La Legislación Cordobesa determina que “el acto se llevará a cabo de conformidad a los artículos 308 y 309 del presente Código, en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, cuando ello fuere posible”.
Si bien en la Pcia. De San Luis por disposición del Superior Tribunal de Justicial mediante el Acuerdo Nº 331, autorizó a la Dra. Estela Inés Bustos, Juez de Familia y Menores de la Primera Circunscripción Judicial, a aceptar y recibir el equipamiento de la Cámara
Gesell destinado a la recepción de testimonios de niños y adolescentes, víctimas o testigos de delitos o de violencia familiar, procurando reducir su revictimización, y a pesar de habérsele encargado de arbitrar los medios necesarios para realizar las estadísticas de su utilización, no se ha encontrado información con datos estadísticos referidos a su uso. Tampoco se ha encontrado objeción al uso de este dispositivo sin experiencia previa con niños abusados sexualmente. En mi experiencia no siempre se ha tenido en cuenta el informe requerido como especialista
acerca de la existencia de riesgos para la salud psicofísica del menor respecto de su comparendo ante los estrados. La ausencia de entrenamiento previo por parte de jueces y fiscales acerca del tipo de
conductas y lenguaje esperables en cada etapa evolutiva de los niños, agravado más aún por el trauma padecido, no tiene en cuenta que estos niños son víctimas que deben soportar un cúmulo de sensaciones que van desde el dolor físico hasta la humillación en un estado de percepción sin conciencia, una sensorialidad sin registro representacional, a quien le es imposible ligar el afecto experimentado con cualquier pensamiento sobre lo que ha vivido y que muchas veces es negado por el entorno. Si ahora los niños son considerados “sujetos de derechos”, ¿por qué los agentes tribunalicios siguen colocando en el lugar de “objetos de protección” a las víctimas, a quienes no logran
proteger lo suficiente al revictimizarlos por considerarlos “dóciles cuerpos” a los que fácilmente se puede someter por aquellos que son llamados a cuidarlos y darles afecto? Sólo en un caso tiene en cuenta que tanto el art. 12 de la CIDN como los postulados propuestos por la ley establecen que el niño puede tener a su propio representante (ej. terapeuta) al momento de declarar ya sea para acompañarlo o dar testimonio en su lugar. Ejemplo de ello en la provincia de Córdoba, mediante la ley Nº 9197 se introdujo mejoras al CPP que beneficia la situación de las víctimas de delitos dentro del proceso penal. A tal fin, modificó el art. 96 –introduciendo el derecho a ser informado y que los menores sean acompañados por personas de su confianza-
∑ Tampoco se tiene en consideración que cuando los niños se equivocan, ésto es
primariamente un efecto de la decodificación y de la pobreza de sus habilidades de la metamemoria; que los niños se sienten turbados cuando tienen que hablar sobre los hechos traumáticos y que no son capaces de inventar historias de abuso, argumento sostenido por aquellos que defienden el “síndrome de alienación parental” que no se encuentre en ninguna clasificación de Salud Mental como son el DSM IV y el CIE 10. Las atribuciones del Juez, en lo fáctico, están ligadas no estrictamente a la Ley como
resultado del ordenamiento jurídico, y sí a los Modelos Parentales primarios incorporados y que se expresan en la práctica a través de las expectativas personales y demanda social imperante, que sintetiza modelos generados sobre tendencias paternalistas de características diversas: endogámicas (incestuosas?), reparadoras, indulgentes, sancionadoras, etc. No obstante, se observa que, aún hoy, a pesar de la nueva legislación que indica el uso de
Cámara Gesell para realizar la testimonial de los niños víctimas, la defensa técnica lo considera un agravio para los imputados por considerar que la norma mencionada vulnera normas constitucionales, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y “diversos convenios internacionales suscriptos por nuestro país”, por privilegiar la investigación por sobre el interés del menor al prescindir del daño psicológico que el procedimiento impugnado puede ocasionarle al niño. Consideran, además, quizás por desconocimiento científico, estos profesionales del Derecho, que el procedimiento de la Cámara Gesell viola las garantías del juez natural, al “delegar la manipulación del niño en un técnico”, como también la de la defensa en juicio, ya que entiende que el juez y los demás auxiliares del proceso se convierten en meros espectadores al acto. La comunicación entre la Institución Judicial (comunicación activa y directa) con los distintos
Servicios de Psicopatología y otras instituciones afines con el tratamiento del menor es escasa o excluyente. El carácter de niño implica una verdadera categorización real y formal de los individuos que pueden denominarse como tales, y conlleva la ostentación de un “status jurídico” superior al del resto de las personas físicas, más allá del principio de inocencia del imputado/victimario. El hecho de necesitar "cuidados especiales" no lo convierte en "inepto", como expresan algunos profesionales del derecho.
Los jueces deben recordar que la C.I.D.N. faculta a los magistrados a administrar una mejor defensa de los derechos del niño, derechos cuya priorización resulta de un deber constitucional.
Con respecto a la construcción del relato se debe tener en cuenta que para elaborar un traumatismo de esta índole, es necesario que el sujeto pueda construir un relato, lo que hace necesario realizar un trabajo sobre la memoria. "Recordar no es sólo traer a la memoria
ciertos sucesos aislados, sino formar secuencias significativas. (
Es ser capaz de construir
la propia existencia en la forma de un relato del cual cada recuerdo es sólo un fragmento". Sólo la confesión de los delitos cometidos, el juicio y el castigo permiten que la memoria se
recupere y las redes simbólicas de la historia vuelvan a entramarse, alojando la subjetividad. Cuando la experiencia es de "catástrofe social", la búsqueda de sentido parece una empresa
imposible, pudiéndose sostener solamente si se comparte con aquellos que son atravesados por la misma experiencia. Carlos Rozanski sostiene, sin ambages, que "cuando se obliga a un niño abusado a sentarse
ante un tribunal, se lo está silenciando y, de tal modo, se violan sus derechos elementales; concretamente, su derecho a ser oído". Nadie cuestiona como inconstitucional, ni supone que atenta contra la libertad de las personas, el hecho de que, en determinadas situaciones, los menores no puedan actuar por
sí bajo pena de nulidad sino que deban tener un representante legal o un tutor. No se tiene en cuenta que la intimidación que produce este tipo de actos, aun en adultos,
impacta mucho más fuertemente en un niño. De ningún cuidado especial goza entonces, y allí sí se produce una violación a su libertad y a su derecho a ser oído. Lejos de constituir estos procedimientos un ámbito propicio que favoreciera la disposición a declarar, estimulan lo contrario: el temor, la contradicción, la negativa a recordar o a expresar. Es la consagración del derecho a callar. Ante la mera sospecha de que un niño ha sido abusado sexualmente, resulta imprescindible la actuación del poder judicial. Ello no sólo por su poder coercitivo para tomar medidas que detengan el abuso, sino también para que brinde un marco adecuado a la tarea terapéutica.
∑ El proceso penal tiene como objetivo primordial el esclarecimiento de los supuestos hechos
delictivos y en su caso a la sanción de los responsables, toda vez que su fin inmediato es la consecución de la verdad objetiva, sin ocuparse de la situación del menor; mientras que a éste también le corresponde hacer primar el interés superior del niño. Se hace imperioso establecer procedimientos que eviten provocar nuevos daños a los menores que resultan víctimas de abuso sexual.
Se debe considerar que el “interés superior de los niños”, en el caso del Abuso Sexual Infantil en particular, depende exclusivamente del acuerdo que se logre a través del trabajo interdisciplinario de todos aquellos que están involucrados con esta problemática. Además, se deben superar, para ello, las intromisiones disciplinarias que llevan a la tan nociva confusión de roles a la que venimos acostumbrados, fundadas en la herida narcisista de los actores que los conduce a conductas y actitudes omnipotentes que en nada benefician a los niños de la sociedad del futuro. El hecho de que el Poder Judicial y los Legisladores hayan descubierto la Cámara Gesell como probable instrumento que facilite la obtención de pruebas en el caso del abuso sexual infantil a partir de la declaratoria testimonial de los niños víctimas, no significa que deba cerrarse el capítulo de investigación. Cada caso es particular y merece especial atención el hecho de que los protagonistas del uso judicial de la Cámara Gesell son precisamente aquellos seres naturalmente más inmaduros (no ineptos) y, aún más, que presentan daño psicofísico padecido por el abuso, el cual los ubica nuevamente en la eventual revictimización institucional. Por lo tanto, queda pendiente la revisión de las prácticas actuales a partir del trabajo interdisciplinario e interinstitucional dedicándose a medir los resultados y efectos en el aparato psíquico infanto juvenil. Además, la falta de experiencia y entrenamiento de los actores del Poder Judicial pone en tela de juicio la implementación de este recurso, creado para fines sanitarios, que debe ser acondicionado en ámbitos judiciales que no sólo no están estructuralmente preparados para la
instalación de la Cámara Gesell, sino que tampoco cuenta con elementos de socialización lúdica para los niños respetando sus edades e intereses. Se debe reflexionar acerca del interés social de la persecución penal a costa del aumento del sufrimiento de la víctima; no sirve a nadie que, por el contrario, demostrado está aumenta los perjuicios derivados de la victimización. Si bien ya existe un ejemplo de reclamo por parte del Colegio de Psicólogos de la Pcia. de Neuquén, no se ha registrado ningún otro caso similar en otros distritos. Así mismo, los Psiquiátras Infanto Juveniles deberían pronunciarse al respecto, como así también deberían expedirse sobre la no existencia del “síndrome de alienación parental” ya que este trastorno no se encuentra incluido en las clasificaciones de Salud Mental Americana ni Internacional (DSM IV y CIE 10, respectivamente), e informar explícitamente y a la brevedad a los magistrados, fiscales y otros actores del poder judicial sobre este tan particular tema que expone a los niños víctimas a situaciones de mayor revictimización durante su tránsito por los escenarios tribunalicios. Y para finalizar, un interrogante: ¿el derecho del niño a ser oído, debería interpretarse quizás en oír su deseo de no tener que contar nuevamente su historia traumática a profesionales desconocidos y que no le ofrecen la seguridad de un proceso terapéutico que alivie sus sufrimientos por el daño producto de su victimización primaria?
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References: resolución 
 Artículo 12
 Artículo 19
 artículo 12
 artículo 221
 artículo 3