Source: https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62413&legiid=489
Timestamp: 2019-10-17 07:39:10+00:00

Document:
EXIGENCIA DE INCLUSIÓN DE NOMBRES DE PARLAMENTARIOS AUTORES DE MOCIÓN EN DECRETO PROMULGATORIO DE LEY RESPECTIVA
ENMIENDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN DE VOCALES Y DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN PROCESOS ELECCIONARIOS
ENCARCELAMIENTO IRREGULAR E INJUSTO DE EXFRENTISTA SEÑOR JORGE MATELUNA ROJAS. OFICIO
ABANDONO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL EN PUERTO AISÉN E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES. OFICIOS
INCUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA EN ARICA. OFICIOS
RETIRO DE ESTADOS UNIDOS DE ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN
INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE REGIÓN DE ATACAMA A RAÍZ DE DESASTRE CLIMÁTICO DE 2015. OFICIO
INFORMACIÓN ACERCA DE MONTO Y DESTINO DE RECURSOS RECAUDADOS POR IMPUESTO ESPECÍFICO A LA MINERÍA. OFICIO
PREOCUPACIÓN POR SEQUÍA DE LAGUNA DE ACULEO. OFICIO
INQUIETUD POR CAMBIO EN REQUISITO DE DURABILIDAD DE HORMIGONES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CANAL CHACAO. OFICIOS
Castro Prieto, Juan Enrique
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda; de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
El señor MONTES (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 12ª, ordinaria, en 2 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó, con la enmienda que señala, el proyecto de reforma constitucional, despachado por el Senado, que consagra el derecho a la protección de datos personales (boletín N° 9.384-07).
-Artículo 2°, N° 2, del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; y artículos 170 a 179; 185, 190 y 193 del Código Tributario.
-Artículo 22 del decreto con fuerza de ley N° 707, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
Da respuesta a requerimiento de información, formulado en nombre de la Senadora señora Órdenes, con la adhesión del Senador señor Bianchi, relativo a la Red de Parques de la Patagonia.
Remite antecedentes, en respuesta a solicitud expedida en nombre de la Senadora señora Allende, acerca de la tramitación del decreto que regula el área marina costera protegida y que crea el parque "Mar de Juan Fernández".
De la señora Directora Nacional de Acuicultura (S) del Servicio Nacional de Pesca:
Contesta consulta, realizada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre las concesiones de acuicultura otorgadas a la empresa individualizada.
Certificado relativo al segundo informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las plantas de personal del mencionado Servicio (boletín N° 11.484-11).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena (boletín N° 7.691-13).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo sobre el Estatus y las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas", suscrito en Bruselas el 15 de diciembre de 2014 (boletín N° 11.512-10).
El señor MONTES (Presidente).- Señoras Senadoras y señores Senadores, el proyecto que traspasa el hospital Padre Hurtado a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente ya lleva mucho tiempo circulando por ambas Cámaras.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para poner dicha iniciativa en el primer lugar de la tabla de la sesión de hoy, pues además entiendo que contó con una aprobación unánime en su discusión general.
El señor ALLAMAND.- Perfecto.
El señor QUINTEROS.- Conforme.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo para que la Comisión de Educación y Cultura pueda funcionar paralelamente con la Sala, a partir de las 16:30, con el objeto de escuchar al candidato y a las candidatas que nos ha propuesto el Presidente de la República para el Directorio de Televisión Nacional de Chile.
Es importante señalar que el lunes de la semana en curso el mencionado órgano técnico ya recibió a la Ministra Secretaria General de Gobierno, señora Cecilia Pérez, para conocer alcances más generales acerca de la visión que el Gobierno tiene respecto de la televisión pública, del canal estatal y, particularmente, de la capitalización de Televisión Nacional de Chile, ley que fuera aprobada por este Parlamento.
En consecuencia, señor Presidente, si lo tiene a bien, le solicito que recabe el acuerdo para que la Comisión pueda sesionar en paralelo con la Sala a partir de las 16:30.
El señor ALLAMAND.- Sí, señor Presidente.
El señor HARBOE.- Conforme.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de proseguir, saludo a los alumnos del cuarto medio del Colegio Superior Cambridge, de Providencia, quienes vienen a cargo del señor Vitelio Ramírez.
¡Muy bienvenidos a nuestra Corporación!
El señor ARAYA.- Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo para que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización pueda sesionar paralelamente con la Sala el próximo miércoles 16 de mayo en la mañana.
Nosotros teníamos programada para hoy una reunión a la cual nuestros invitados habían confirmado su asistencia, pero debimos suspenderla en virtud de que se iba a celebrar la sesión especial relativa al Tribunal Constitucional.
Por ello, postergamos la citación a nuestros invitados, quienes ya nos confirmaron su participación para la próxima semana.
Entonces, a fin de no dilatar más el inicio de la tramitación de determinados proyectos de ley, solicito a Sus Señorías que nos permitan funcionar de forma paralela con la Sala el próximo miércoles 16 de mayo, mientras se desarrolla la sesión especial relativa al Tribunal Constitucional.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Senador señor Araya?
El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, les pido que nos ayuden a dar el quorum respectivo, si es necesario.
El señor MONTES (Presidente).- Conforme a lo resuelto hace pocos momentos por la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado a la red del Servicio Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las plantas y el encasillamiento del personal del mencionado establecimiento, con certificado relativo al segundo informe de la Comisión de Salud.
Salud (segundo, certificado): sesión 14ª, en 9 de mayo de 2018.
Sesión 9ª, en 11 de abril de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue discutida y aprobada en general en sesión de 11 de abril del año en curso y cuenta con un certificado de la Comisión de Salud, el cual deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1, 2 y 3, permanentes, y los artículos primero a décimo cuarto y décimo sexto, transitorios, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación o discusión.
El señor MONTES (Presidente).- Puede continuar, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por otra parte, la Comisión de Salud efectuó dos enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición del referido órgano técnico respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se consignan las modificaciones introducidas por la Comisión de Salud y el texto como quedaría de ser aprobadas.
El señor MONTES (Presidente).- El proyecto tuvo una larga discusión en general. Se estaba a la espera de unas indicaciones. De las tres que se solicitaron entiendo que el Ejecutivo presentó una, en acuerdo con los gremios.
En votación las enmiendas unánimes.
--Se aprueban las modificaciones unánimes propuestas por la Comisión de Salud (31 votos favorables) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Rincón y los Senadores señores Chahuán, Girardi, Guillier y Navarro.
El señor MONTES (Presidente).- Saludamos al tercero medio del Colegio Maitenes de Melipilla, que viene acompañado por la señora Roxana Fuentes.
¡Bienvenidos a nuestra Corporación!
Boletín N° 11441-07
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción parlamentaria, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.441-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 13ª, en 8 de mayo de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la normativa en estudio es establecer que en el decreto promulgatorio de una ley que se haya iniciado en una moción se consigne, a continuación del nombre de aquella, el de los Diputados o Senadores autores de la referida iniciativa.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto en general y en particular por ser de artículo único. Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela) y lo despachó en particular por igual unanimidad, con la enmienda que consigna.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 9 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, se me ha pedido que informe este proyecto en representación del Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador Francisco Huenchumilla.
La iniciativa que ahora consideramos tiene por objetivo establecer que en el decreto promulgatorio de una ley que se haya iniciado en una moción se consigne de manera obligatoria, a continuación del nombre de aquella, el de los Diputados o las Diputadas, los Senadores o las Senadoras autores de la referida propuesta legislativa.
Este proyecto tuvo su origen en una moción presentada en la Cámara de Diputados y procura dar una mayor publicidad al trabajo legislativo que realizan muchos parlamentarios y parlamentarias.
Como Sus Señorías saben, el trámite de promulgación de la ley corresponde a una atribución del Presidente de la República. En efecto, el artículo 32, número 1o, de la Constitución Política de la República establece que es una facultad del Jefe de Estado "Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas".
Asimismo, el artículo 72 de la Carta Fundamental establece que "Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley".
Por su parte, el Título Preliminar del Código Civil regula, en el artículo 6o, el trámite de promulgación de la ley. Este precepto dispone que "La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos" que establece la ley.
Desde hace varios años se ha establecido la práctica parlamentaria de comunicar al Ejecutivo, junto con el texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, los nombres de los Diputados o las Diputadas, los Senadores o las Senadoras que lo presentaron a tramitación.
En consecuencia, el objetivo de este proyecto es reconocer legalmente dicha práctica e incorporarla de manera obligatoria a nuestra legislación.
Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión acordó sustituir el texto aprobado por la Cámara de Diputados con el fin de agregar un inciso segundo, nuevo, al artículo 6o del Código Civil. Mediante aquel se establece que "El decreto supremo promulgatorio de una ley iniciada en una moción deberá contener, a continuación del nombre de aquella, el de los diputados o senadores autores de la referida iniciativa".
Esta fórmula nos ha parecido más adecuada que la propuesta por la Cámara de Diputados, dado que simplemente recoge en forma textual la actual práctica parlamentaria. Igualmente, estimamos que por razones de sistematicidad esta enmienda se debe realizar al Código Civil.
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores Huenchumilla, Allamand, De Urresti, Pérez Varela y quien habla, aprobamos en general y en particular esta iniciativa, y proponemos a la Sala que proceda de la misma manera.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en dar por aprobado en forma unánime el proyecto en los términos que está?
El señor KAST.- No, señor Presidente.
El señor KAST.- Señor Presidente, quiero manifestarme en contra de esta iniciativa por varios motivos.
En primer término, creo que no prestigia mucho el que estemos tratando de ponerle apellidos a distintos proyectos de ley, particularmente, por la inflación que existe hoy día en la generación de diversas propuestas legislativas, práctica que desgraciadamente se da tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Como señalé considero que no prestigia para nada nuestra actividad legislativa esta lucha por tratar de ponerle apellido a las iniciativas.
Adicionalmente, se presenta otro problema: existen muchos proyectos sobre una misma materia. En consecuencia, tenemos una gran historia de propuestas legislativas que se han presentado, por ejemplo, siete veces. ¿El apellido de qué parlamentario se le pondría al texto? ¿Del que estaba al último y consiguió el favor del Gobierno para que se lo patrocinara? Con ello, ¿qué sucede con toda la labor legislativa de años de otros que tal vez ya no están en el Congreso, que quizás ni siquiera salieron reelegidos? ¿Será botada a la basura?
Por lo tanto, honestamente, quiero plantear mi objeción a este proyecto. Creo que no significa un aporte. Obviamente, está inspirado en una buena idea al tratar de darle mayor prestigio a nuestra labor parlamentaria. Sin embargo, considero que en la forma en que está redactado no resuelve de buena manera el problema.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, entiendo que la objeción del Senador Kast dice relación más bien con la forma que con el fondo. Porque si hay algo claro respecto del equilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en lo que he denominado la "monarquía presidencial", es que, abiertamente, el Congreso Nacional es un colegislador.
Las leyes no solo son hechas por el Gobierno, sino también por el Parlamento. Y las promulgadas llevan las firmas del Presidente de la República y del Ministro respectivo. Pero a veces (digámoslo claramente) los Ministros ni siquiera vienen a la Sala, ni siquiera conocen el proyecto pertinente.
Los Ministros tienen una batería interminable de asesores y, por cierto, bastantes más recursos que los parlamentarios para trabajar las iniciativas.
Parte de nuestro desprestigio deriva de la falta de educación cívica de la ciudadanía.
Se dice que los parlamentarios tenemos tres atribuciones principales: legislar, fiscalizar (en el caso de los Diputados) y representar.
El Tribunal Constitucional resolvió sobre la facultad de representar después de que algunos parlamentarios me llevaron a esa instancia por haber participado en una marcha de la CUT.
¡Diez contra cero ganamos en el Tribunal Constitucional, donde se ratificó que también es función del parlamentario representar los intereses de sus electores para atender sus demandas y buscar soluciones dentro de los márgenes de la ley!
Eso equivaldría a que se puede participar en una marcha si ella está autorizada. Pero podemos marchar y representar los intereses de nuestros electores frente a la autoridad.
En cuanto a la ley, mi experiencia personal tras tres períodos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado es que todavía hay jóvenes y no tan jóvenes que me preguntan: "¿Y qué hacen ustedes?". Y les he respondido: "Hacemos la ley".
La Ley de Amamantamiento, que me llena de orgullo, les otorga a las madres trabajadoras una hora al día, con pago de remuneración, para ir a amamantar a su hijo a la sala cuna -puede hacerlo aunque no exista sala cuna-, o bien, para acumular ese tiempo y abandonar sus labores más temprano.
¡Nueve años nos demoramos en la Comisión de Trabajo y en la Sala de la Cámara de Diputados en estudiar y aprobar el proyecto pertinente!
Bueno: vino el Gobierno de la Presidenta Bachelet, puso urgencia y se aprobó la iniciativa.
Yo menciono con gran orgullo la Ley de Amamantamiento cuando me preguntan "¿Qué hacen ustedes? ¿Para qué sirven los Senadores y los Diputados?". Y agrego: "Hacemos leyes para proteger a los ciudadanos, a las personas". Y me refutan: "Pero sí leí la ley. Aquí está. No se dice que usted trabajó en ella".
La ley la firmaron la Presidenta de la República y un par de Ministros.
Entonces, me insisten: "No queda claro que usted haya trabajado en esto".
Ello, porque cuando se promulga la ley no está el nombre de los parlamentarios que le dieron origen.
Esta es una cuestión en la que se halla en juego el equilibrio entre los Poderes del Estado.
En Chile hay tres Poderes del Estado, los cuales son autónomos y mantienen el equilibrio entre ellos.
Resulta de justicia, entonces, que cuando la ley es de origen parlamentario figure el nombre del autor de la moción respectiva.
Es más: yo creo que las leyes debieran llevar también la firma del Presidente de la Cámara de Diputados y la del Presidente del Senado.
¿O ambos están de pintamonos? ¿O cumplen una función meramente decorativa? ¿O no participan?
Esto es una herencia de la monarquía presidencial. Es una herencia de la corona española que nos persigue, que radica todo el poder en el Presidente de la República.
Los intendentes -y lo decía en este Hemiciclo el Senador Ignacio Walker- son una institución que viene desde 1778: ¡más de 230 años!
¡Chile es el único país de América -incluidos Canadá, Estados Unidos y todas las naciones centroamericanas, a veces despreciadas o mal valoradas- que no elige democráticamente a sus gobernadores!
En la Región del Biobío aún existe un intendente elegido a dedo. En 2020 vamos a elegir al gobernador regional por votación popular.
¿De dónde viene el resabio que posibilita que en Chile haya intendentes, institución de 231 años que no existe en ningún país de América (no de América Latina)?
Bueno, el resabio de la monarquía presidencial se expresa en el hecho de que el Presidente de la República, la monarquía presidencial, determina que en las leyes que hace con el Congreso Nacional como colegislador no exista rastro de los miembros de este Poder del Estado, ni menos aún de quienes presentaron la moción respectiva, salvo que se trate de leyes populares, como la Ley Bustos-Seguel, que llevan el nombre de su autor.
En mi opinión, es de justicia y contribuye al equilibrio de los Poderes del Estado que en la ley figure al menos el nombre del primero que presentó la iniciativa.
Porque, en efecto, se da lo que dice el Senador Kast en el sentido de que se clonan los proyectos de ley y se hacen textos iguales. Y si son amigos o regalones del Presidente de turno, le dicen: "Ponga este primero".
Podría citar 10, 15 casos de proyectos de este Senador que fueron planteados por parlamentarios regalones del Gobierno de turno.
Señor Presidente, esta iniciativa solo ratifica la necesidad de reconocer un elemento esencial: el derecho de autor, que es parte sustantiva de la función.
La ley en proyecto va a prestigiar al Congreso Nacional y, por lo tanto, obligará a los parlamentarios, no a presentar 20 o más mociones, sino a aprobar proyectos de ley.
Yo he formulado más de 400 mociones.
El colega Chahuán me decía "Yo soy quien ha presentado más proyectos" (Su Señoría ha formulado alrededor de 500).
Sin embargo, la pregunta es cuántos han sido aprobados.
Por consiguiente, uno debe concentrarse en iniciativas necesarias, de consenso, para poder concretarlas como ley.
Señor Presidente, con orgullo, quiero decir que el primer decreto promulgatorio de una ley se dictó tras el despacho por este Parlamento del proyecto de ley que le quitó la asignación de recursos a CEMA Chile (la Cámara de Diputados lo aprobó cuando yo ya era Senador). Y dice: "... iniciado en moción del Diputado Navarro".
Así, le quitamos los recursos a CEMA Chile, que no los ocupaba en nada conocido, y se los dimos a Bomberos, a la Cruz Roja de Chile y a las Aldeas SOS.
Fue un gran proyecto de ley, que hizo un significativo aporte a esas tres instituciones.
Pues bien, como se trata de un decreto, el Presidente de turno lo puede hacer. O sea, si es un proyecto del Senador Kast, por ejemplo, el Presidente Piñera le pondrá "... iniciado en moción del Senador Kast".
Ahora, esto no puede ser arbitrario -lo hizo la Presidenta Bachelet con un proyecto del Senador que habla-; no puede quedar al criterio del Presidente de la República: debe estar normado, al objeto de que haya igualdad ante la ley para todos los parlamentarios. Y si los autores son varios, se pondrán sus nombres, porque todos participan en nuestro trabajo legislativo.
El Parlamento cumple la función de colegislar con el Ejecutivo, un Ejecutivo monárquico que tiene mucho más poder que el Congreso Nacional.
Señor Presidente, ¿alguien le pregunta cuánto gana un Ministro?
Se dice que los Senadores ganamos 20, 30, 40 millones -al respecto hay una disputa-, y se suman todas las asignaciones otorgadas para nuestra tarea propia.
Sin embargo, nadie les pregunta a los Ministros cuánto gastan en automóviles, en traslados, en viajes; o sea, todos los gastos adicionales propios de su función.
Lo mismo se dice en el caso de los gerentes generales de las empresas estatales: que ganan 20 millones, más todos los gastos de funcionamiento.
Entonces, yo creo que mientras más claridad cívica tengamos sobre la función parlamentaria el resultado será mejor.
No nos limitemos: ¡mostremos lo que hacemos!
Señor Presidente, yo considero que debe haber equilibrio.
Nosotros somos colegisladores. ¿Por qué va a existir un solo legislador?
El señor MONTES (Presidente).- Ha despertado pasiones este proyecto.
Están inscritos los Senadores señores Harboe, Allamand y (nuevamente) Kast y la Senadora señora Rincón.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Desea plantear un punto de Reglamento, Su Señoría?
La señora RINCÓN.- No me había inscrito para este proyecto, señor Presidente.
Como se trató sobre tabla una iniciativa y no alcancé a llegar a la votación, únicamente solicito que se agregue mi pronunciamiento favorable.
El señor GIRARDI.- Y también el mío.
El señor MONTES (Presidente).- Se agregarán los votos afirmativos de los Senadores señora Rincón y señor Girardi.
El señor MONTES (Presidente).- Están en las tribunas alumnos de cuarto medio del Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, de Renca, acompañados por la profesora Daniela Mora.
El señor MONTES (Presidente).- Se agregó a la lista de oradores el Senador señor Moreira.
Escucharemos oportunamente la intervención de Su Señoría.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, tras escuchar la intervención del Senador Kast, me parece importante precisar un par de cosas.
Primero, la idea no es poner el nombre del autor de la moción en el proyecto, sino en la ley; porque se trata de la promulgación.
Y segundo, tampoco se busca -contrariamente a lo que se podría pensar a propósito de la intervención de Su Señoría- que determinada ley lleve el nombre de alguien.
Las leyes tienen una denominación, la que se relaciona con la materia que regulan.
En el caso de la ley N° 20.967, que dice "Regula el cobro de servicios de estacionamiento", se contempló en el decreto promulgatorio el nombre de todos los señores Diputados que presentaron la moción respectiva.
Eso emana de un acto voluntario, no de un mandato legal.
Lo que se plantea ahora es que la ley, manteniendo su denominación, solo consigne quiénes fueron sus autores o autoras.
Porque el trabajo parlamentario tiene un sinnúmero de funciones. Una de ellas -no sé si es la más importante, pero le destinamos harto tiempo- es la legislativa. En ejercicio de esta función, legisladores y legisladoras presentamos proyectos de ley con los que a veces el Gobierno no está de acuerdo y, pese a esto, logramos aprobarlos en el Parlamento. Sin embargo, al final no se consigna en ninguna parte la autoría de las leyes pertinentes.
A nuestro juicio, aquello implica cometer una injusticia contra quienes han trabajado arduamente y de manera muy honesta y transparente, para llevar adelante determinada iniciativa de ley.
Sus Señorías deben de recordar que hacia el año 2011, cuando tramitábamos el proyecto que dio origen a la denominada "Ley DICOM", tuvimos una férrea oposición del Gobierno de Sebastián Piñera. No obstante, esa iniciativa contó con una gran mayoría de votos en el Congreso Nacional. Y la sacamos adelante. Pero ¡después había carteles que decían "¡Cumplimos!"...!
Porque cada Gobierno aprovecha su espacio.
Yo no reclamé por aquello. Pero, sí, creo que uno debe reivindicar el trabajo que hace.
Al final del día, lo que hemos de reivindicar como legisladores es la vuelta a nuestra naturaleza, a nuestro origen: legislar, en vez de tratar de cumplir funciones de alcalde o de concejal, funciones asistencialistas; de regalar un conjunto de cosas.
El mejor parlamentario no puede ser el que regala más; no puede ser el que remplaza más la función del alcalde. El mejor parlamentario es el capaz de traducir en ley, en visión de sociedad, lo que los ciudadanos requieren para tener una mejor calidad de vida. Y eso se llama "texto legal".
En consecuencia, yo reivindico este proyecto de ley, pues creo que está entre las funciones esenciales del Parlamento la de legislar, y, por tanto, reivindico también la labor hecha.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, la reciente intervención del Senador Harboe de alguna manera hace casi innecesarias las palabras que quiero expresar.
A decir verdad, yo considero extraordinariamente significativo este proyecto, porque releva la importancia que reviste la función legislativa.
Varios de nosotros hemos tenido muchas veces la oportunidad de participar en procesos electorales. Y lo cierto es que a mí siempre me ha sorprendido el hecho de que en los foros o en los debates, e incluso en los materiales de propaganda, muy pocos parlamentarios colocan exactamente cuáles son las leyes de su autoría.
En otros países la situación es exactamente a la inversa: el parlamentario que se repostula deja evidencia de su trayectoria legislativa. ¿Y qué hacen los electores? Llevan un récord, un registro, una bitácora donde constan las votaciones de los congresistas y, sobre todo, las piezas legislativas en que han intervenido.
Yo estoy convencido de que aquello contribuye al realce de la tarea propiamente legislativa, como señalaba el Senador Harboe.
Sin embargo, sucede que, en la actual situación -para decirlo en forma muy clara-, ser buen o mal legislador es absolutamente indiferente, pues no hay ninguna forma práctica para dejar constancia del trabajo abnegado, esforzado, muchas veces diligente que se ha efectuado para sacar adelante determinada pieza de legislación. Y, como se acaba de señalar acá, la ley correspondiente, que muchas veces tiene autoría completa en el Parlamento, al momento de promulgarse simplemente queda sin trazabilidad y, en consecuencia, nadie puede saber quiénes contribuyeron a su redacción o a su elaboración.
De otro lado, señor Presidente, con relación a lo que manifestaba un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, debo puntualizar que aquí no se trata de poner el nombre del parlamentario a la ley, lo que sería una cosa muy distinta.
Hay países donde muchas veces las leyes se conocen tradicionalmente por el nombre de sus autores.
Este no es el caso. Aquí la ley va a mantener el nombre que diga relación con su contenido y en el epígrafe se le hará un agregado para indicar a los autores del proyecto o a quienes han contribuido a su elaboración.
Señor Presidente, considero que la ley en proyecto tiene muchas ventajas y es importante, necesaria, y le da realce a nuestro trabajo legislativo.
El señor KAST.- Señor Presidente, se han tocado temas relevantes, y me parece que hay argumentos valorables en distintas direcciones.
Yo solo quiero formular algunas preguntas que creo que permiten entender la dificultad de esta iniciativa.
Primero, ¿quién es el autor de un proyecto de ley?
¿Es quien lo ingresa? ¿O aquel -o aquellos- que presenta una serie de indicaciones relevantes en la Comisión? ¿O alguien que no estuvo en su autoría (incluso, puede tratarse de una iniciativa del Ejecutivo) pero le dedicó bastante tiempo, muchas horas?
Tras ver la agenda legislativa del Gobierno anterior (también conocemos la del actual), muchas veces nos percatamos de que los autores de la moción no eran necesariamente los autores de la ley promulgada.
Entonces, primero, hay una pregunta conceptual: quién es el autor de un proyecto de ley. Y creo que la iniciativa que nos ocupa no da una respuesta adecuada.
Por otra parte, se habla de injusticias.
Sabemos que tenemos inflación de proyectos de ley. Ya señalaba recién el Senador Navarro que muchos parlamentarios se dedican a inflar iniciativas porque quieren tener un buen récord. Y da lo mismo lo que pase.
Eso es una muestra bastante correcta de una mala labor legislativa: simplemente, se trata de mostrar números. Y todos sabemos que ello ocurre.
Entonces, gastamos muchas horas de asesores y del Congreso, llenamos papeles lisa y llanamente para tratar de vernos bien.
Si hablamos de injusticia, yo pregunto qué pasa, por ejemplo, si cinco parlamentarios han presentado igual número de proyectos sobre la misma materia y luego un sexto formula otro que es tomado e impulsado por el gobierno de turno, que deja en la nada las iniciativas de esos cinco congresistas.
El proyecto que nos ocupa esta tarde no soluciona el problema y crea un incentivo perverso mayor que el actual.
Sabemos que los gobiernos de turno tienden a agarrar una iniciativa de un parlamentario de su coalición que esté dormida. Ello, a menos que quiera hacer algún gesto político para tratar de generar cierto tipo de alianza.
Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con este proyecto? El problema se va a exacerbar.
Señor Presidente, no estoy diciendo que esta iniciativa no se halla bien intencionada. La comparto completamente. Comparto las palabras de los Senadores Allamand y Harboe en el sentido de que debemos buscar fórmulas que prestigien nuestro trabajo legislativo y le den mayor notoriedad.
Mi punto estriba en que esta iniciativa de ley genera en la dinámica política incentivos perversos que no ayudan.
Primero, no soluciona el problema de la inflación de proyectos.
Ahora, señor Presidente, si me pregunta a mí, yo digo -y es una sugerencia que se podría pensar hacia el futuro- por qué no nos autoexigimos un poco más. O sea, que cada vez que uno presente un proyecto deba hacer referencia a iniciativas anteriores recaídas en la misma materia y que ello quede en la historia de la ley, para que no ocurra lo que acaba de decir el Senador Navarro en cuanto a que muchas veces uno ha visto iniciativas muy parecidas que simplemente se plantean para hacer el punto: ¡A mí me preocupa el tema!
Insisto: creo que este proyecto de ley, muy bien intencionado, en la práctica va a generar distorsiones y externalidades que, desgraciadamente, no van con el espíritu original.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Nos visitan docentes de la Corporación de Educación Gladys Lazo, de San Bernardo.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, opino que esta iniciativa debería pasar con bastante más sencillez y menos drama desde el punto de vista de la autoría de los proyectos de ley.
Yo estimo válido, legítimo y lógico que quien presenta un proyecto en el que trabajó desde su origen como moción tenga el debido reconocimiento en el momento de la promulgación de la ley correspondiente. Esto, más allá de que se considere o no a aquellos que durante la tramitación formulan indicaciones, en fin.
En mi concepto, el valor fundamental está centrado en quien formuló la moción; en aquel que trabajó en la construcción de la idea, en la elaboración del texto, en el estudio de los antecedentes.
Es muy distinta la presentación posterior de indicaciones, que corresponden a la discusión propia del asunto. Pero creo que bajo ninguna circunstancia podemos dejar de dar valor al reconocimiento a quienes formularon el planteamiento respectivo.
Estimo que el texto es bastante sencillo. Contribuye también a hacer justicia, pues a veces ocurre, por lo demás, que no quedan consignados quienes han sido precisamente los promotores. Y la cuestión me parece válida. No sé si se ayuda o no a la construcción de un mayor prestigio de la labor parlamentaria, pero es algo que dice relación con un derecho natural, legítimo, de reconocer la autoría de una moción.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en verdad, cuando se escucha el debate, se tiende a creer que lo importante es el nombre del parlamentario -Diputado o Senador- que en determinado momento presentó un proyecto.
Por mi parte, no considero de esa manera la iniciativa que nos ocupa, la cual aprobaré. Creo que su sentido es muy distinto.
En el Capítulo IV de la Constitución, el artículo 32 dice:
"Son atribuciones especiales del Presidente de la República:
"1°. Concurrir a la formación de las leyes".
Y el artículo 46, que inicia el Capítulo V, sobre el Congreso Nacional, expresa:
"El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes".
El Primer Mandatario y las dos ramas del Congreso, entonces, concurren a la formación de las leyes. Nuestro ordenamiento jurídico le da exclusividad al primero para algunas iniciativas y el Senado cuenta con atribuciones para otras que no se encuentran en ese caso.
Absolutamente todos y cada uno de los pasos se hallan determinados: cómo debe ser la presentación y cuál es la tramitación. En definitiva, hay una regulación completa.
Lo no regulado es cuando el debate ha concluido, habiendo aprobado el proyecto la Cámara de Diputados y el Senado, y viene la promulgación, acto que da eficacia jurídica a todo el trabajo. Uno de los elementos establecidos por la Carta como una de las funciones fundamentales del Congreso Nacional, de una y otra rama legislativa, cual es concurrir a la formación de las leyes, no cuenta con ninguna expresión.
Creo que se equilibra todo el proceso en que ambos poderes concurrimos a la formación de las leyes -por eso es que somos colegisladores-, encontrándose establecida en nuestro ordenamiento constitucional la regulación del inicio, de la tramitación, de la manera de despachar y de los quorums.
Donde no aparece ninguna norma es en el momento en que se da eficacia, cuando toda ley debe ser conocida por los ciudadanos. A mí me parece que ahí tiene que haber una expresión. ¿Cómo se concreta? A través de quienes han presentado -la iniciativa en debate me parece bien- las mociones.
Mas incluso las firmas del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara también tienen que consignarse en los proyectos de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, a lo mejor, porque el concepto de concurrir a la formación de la ley -como le escuché decir en otra ocasión al Honorable señor Lagos- tiene que contar con esa expresión en el acto final constituido por la promulgación.
No sé si estamos votando solo en general o el texto es de artículo único. No vi bien la tabla. Debiéramos aprobarlo y ver la manera de perfeccionarlo, quizás, para que en el último acto, que es la promulgación, quede expresado de una manera coherente el mandato que nos entrega la Carta: concurrir a la formación de la ley.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El proyecto está en segundo trámite.
Después vamos a acordar el plazo de indicaciones, si le parece a la Sala. Ello, si alguien lo pide, por supuesto.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, seré breve.
No creo que la iniciativa en debate vaya a ser de una gran trascendencia, por dos razones desgraciadas. La primera de ellas es que los proyectos que se pueden originar por una moción no son los más importantes, generalmente. Los que significan cambiar una institución, crear toda una nueva legislación o generar una institucionalidad provienen en nuestro país solo del Ejecutivo, lamentablemente.
La segunda dice relación con una particularidad extraña de nuestro sistema: las iniciativas tienen que ser presentadas por Senadores o Diputados y no por un Diputado y un Senador juntos, lo que daría una posibilidad mucho mayor de ser reconocida a una que fuera de envergadura.
Ahora, hay países en los cuales todos los proyectos llevan los nombres de sus autores, sin perjuicio de que, como dijo mi Honorable colega Harboe, también incluyen un título que hace referencia a su contenido. La lista es agotadora, pero se pueden identificar algunos.
En Estados Unidos, por ejemplo, la ley Bayh-Dole, de la cual son autores dos Senadores, se asocia a la generación de un sistema de propiedad intelectual extraordinariamente exitoso que hoy día regula toda esa materia.
La ley Dodd-Frank, cuyos autores son un Senador y un Diputado, neutralizó parte importante de la crisis financiera de 2008.
La ley Simpson-Rodino reguló hasta hoy gran parte de los asuntos migratorios. En su momento pareció muy progresista, pero la verdad es que hoy día se halla completamente superada.
¿Qué quiero decir con ello? A mí me parece razonable que cuerpos legales de importancia sean recordados por el nombre de los legisladores que les dieron origen. Muchos otros no serán relevantes, porque probablemente son muy pequeños.
Estimo una buena práctica reconocer el nombre de un Senador o un Diputado que haga una contribución que realmente valga la pena recordar. Sería una mezquindad no hacerlo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La Mesa saluda a nuestros visitantes del cuarto medio del Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, Región Metropolitana.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, como se ha dicho, hay distintas miradas. Algunos expresan: "¡Para qué hablamos tanto!". Bueno, el Hemiciclo es para debatir.
Evidentemente, no se trata de una iniciativa que de alguna manera implicará una significación demasiado grande para el país.
Siendo distinta mi opinión, coincido solo con el setenta por ciento de lo expresado por el Senador señor Kast, representante de Evópoli y excandidato presidencial.
Seré muy breve: no es que esté en contra del proyecto, pero voy a rechazarlo.
Como mi Honorable colega Insulza, ex Canciller, ex Secretario General de la OEA, ha considerado que mediaría también una cuestión de mezquindad si no se acogiera el texto, replico que este tiene mucho de autorreferencia.
Aquí todos legislamos. Puede que unos más y otros menos. Si se trata de competencia, basta ser miembro de la Comisión de Constitución, el órgano técnico con más desarrollo de la discusión de iniciativas.
Entonces, creo que es preciso respetar a las personas que pensamos distinto. Pero el mundo no se viene abajo por el asunto.
Además, todos los años se publican estadísticas.
Por otra parte, se consulta la página web, donde aparecen los nombres de los autores de los proyectos. Si se preguntara a la estadística cuántos chilenos pinchan la página del Congreso Nacional y especialmente la del Senado, créanme Sus Señorías que la respuesta los sorprendería: son muchos más que quienes van a votar. Tenemos que estimularlos a hacerlo, desde luego.
Por lo tanto, reitero mi posición. Todos legislamos: unos más, otros menos. Todos aportamos a la discusión.
Juzgo también mezquino que quienes apoyen las leyes aparezcan con nombre y apellidos. A mi juicio, el anonimato es mejor para el país -se habla tanto del prestigio de esta Corporación y del Congreso-, sin perjuicio de que la gente sabrá igual quién es quién: el que legisla más y el que legisla menos.
Lo importante es que lo hagamos por el bien de Chile y que las estadísticas indiquen que las leyes que propongamos lleguen y beneficien a la gente. ¡Eso es más relevante que la autorreferencia!
Por eso, voy a votar en contra.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que soy partidario de la iniciativa. Estimo muy importante que la huella del trabajo quede consignada finalmente dentro del proceso legislativo.
¿Y por qué lo planteo? Porque, lamentablemente, muchas veces ha existido una mala práctica del Ejecutivo.
¿Qué hace este último? Frente a un proyecto de parlamentarios, presenta un mensaje muchas veces sin una alusión a lo planteado con anterioridad, sin trazar una huella del trabajo legislativo, y el colegislador termina siendo el legislador principal y de alguna manera ninguneando la labor realizada en esta Corporación, como también en la Cámara de Diputados, y que ciertamente es parte de nuestra función esencial.
Ello lo hemos visto un sinnúmero de veces. En asuntos tan importantes como la telefonía y la portabilidad numérica, por ejemplo, el Ejecutivo presentó una iniciativa sin mencionar las tramitadas inicialmente en el Congreso, algunas de ellas incluso en segundo trámite constitucional.
El Senador que habla, al revés, establecería adicionalmente la posibilidad de fusionar proyectos en primero o en segundo trámites, para que en definitiva constaran todas las autorías de las personas que han estado trabajando en determinadas materias. Eso no significaría contemplar el nombre del parlamentario en el texto, sino poner de relieve, finalmente, el trabajo legislativo.
¿Por qué lo señalo? ¡Porque los chilenos ignoran lo que hacemos en el Congreso! ¡No saben del trabajo en Comisiones! ¡No están viendo la presente sesión, salvo algunos pocos conectados al canal del Senado!
Por lo tanto, creen que la política dice relación tan solo con los cinco minutos que asignan los medios nacionales, generalmente ocupados por descalificaciones o por las voces más altisonantes, y desconocen la actividad en cada una de las Comisiones del Congreso.
El llamado que quiero formular, en consecuencia, es a que nosotros también valoremos nuestra propia labor. En la medida en que el esfuerzo de las señoras Senadoras y los señores Senadores finalmente sea puesto de relieve, lograremos que la acción que despleguemos como parlamentarios sea considerada un aporte por la opinión pública.
¡Desde el propio Congreso también se ningunea la actividad de los parlamentarios! Así es muy difícil volver a generar la confianza ciudadana en nuestro trabajo.
Nosotros no ocupamos titulares por la gran cantidad de proyectos de ley que despachamos. Desafío al señor Presidente a revisar la prensa. ¡A ver cuántos de los aprobados todos los días en que sesionamos finalmente son objeto de alguna pequeña nota en un medio de comunicación!
El Senador que habla es partidario incluso de que publiquemos un inserto, como ocurría antiguamente, cuando la opinión pública podía leer un resumen de las sesiones del Congreso e imponerse de la labor tanto en Sala como en Comisión.
Si no podemos asignar valor a nuestro trabajo, le estaremos dando la razón a la opinión pública, no informada de nuestra actividad, en el sentido de que esta es una caja negra en la cual no se hace nada, se duerme y no se realiza la pega.
Algunas encuestas indican que el mayor acuerdo en la opinión pública se refiere a que en el Congreso no somos capaces de sacar proyectos de ley que digan relación con las demandas ciudadanas y que no contamos con una conexión...
Señor Presidente, necesito un minuto más, por favor.
El señor CHAHUÁN.- Gracias.
La iniciativa en debate va en la dirección correcta de revalorizar nuestro esfuerzo. Quiero pedir a la Mesa que precisamente pongamos en valor la labor realizada.
Insisto en que se elabore un extracto, como el publicado en el diario El Mercurio de Santiago antes de 1973, a fin de poder consignar cada trámite legislativo de los distintos proyectos de ley, tanto en lo atinente a las sesiones de Sala como a las de Comisión.
Si no podemos valorar nuestro trabajo, nadie lo hará por nosotros.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me parece que no debiera prolongarse mucho este "semidebate", si puedo llamarlo así, o intercambio de ideas, porque no reviste una gran trascendencia. Creo que probablemente podemos avanzar en otras materias.
Con todo, deseo consignar que juzgo, en general, que se sigue una cierta dirección correcta por algo verdadero y ya dicho: en general, la ciudadanía no comparte lo que hace el Congreso, además de no comprenderlo. Normalmente, lo único que registra la prensa es algún asunto muy polémico, pero lo que menos se puede resaltar y se conoce es la parte legislativa.
En ese sentido, me parece bien que nosotros mismos logremos, con una iniciativa como la que nos ocupa, que no quede sometido a la voluntariedad o no de un Gobierno, simplemente, la no mención de la autoría a la hora de promulgar una ley originada en una moción.
No es algo que acostumbre hacer, pero consignaré que he experimentado una satisfacción muy personal por haber presentado un proyecto -me acompañó en ello el Senador señor Harboe, junto a otros colegas que no recuerdo- que hoy día les permite ser jueces a personas ciegas. Ello se inspiró en un muchacho en quinto año de leyes cuya vocación era entrar al Poder Judicial y descubrió que no era posible, de acuerdo con nuestro Código Civil.
Logramos que esa moción se transformara en ley y fuera promulgada -ello ocurrió en el Gobierno pasado-, y no se incluyó referencia alguna en los términos considerados. Se siente una cierta frustración, por el caso que la motivó.
Por supuesto, las leyes no debieran llevar nombre. De otro modo, debió haber sido el de Darío Alfaro, quien era dicho estudiante.
Entonces, lo que quiero expresar es que es cierto que a veces no se hace tal reconocimiento; es cierto que resulta un tanto injusto que en un régimen tan presidencial como el nuestro quede sometido a la voluntad del gobierno de turno reconocer en determinado momento a los autores de una moción que después llega a convertirse en ley.
En tal sentido, comparto el propósito de esta iniciativa. Me parece bien, porque es una manera de mostrar la fuente de inspiración o el origen de un proyecto que se transformó en ley, lo cual muchas veces es poco reconocido.
Ahora bien, también llamo la atención sobre cierta conducta que nos compete y que apela a nuestro propio sentido de responsabilidad. Algo mencionó el Senador Kast al respecto, y creo que hay algo de verdad en ello.
Nosotros mismos debemos ser cuidadosos. Efectivamente, a veces hemos tenido hasta diez mociones sobre una misma materia, y algunas han sido presentadas mucho después de que fue ingresada la primera. Entonces, se genera prácticamente una reproducción de mociones ya planteadas con anterioridad.
Creo que la Mesa debiera vigilar ese asunto y, cuando ello ocurra, plantear que se fusionen o hacer un llamado de atención sobre el particular, pues no es saludable que incurramos en situaciones de ese tipo, las cuales son de nuestra responsabilidad.
Por lo tanto, voy a votar afirmativamente esta iniciativa por la línea que ha establecido; porque implica el reconocimiento del trabajo parlamentario; porque es una forma también de dar a conocer el esfuerzo, la inspiración o las razones que motivan la presentación de una moción que luego se transforma en ley, y porque de repente hay que dar estos pasos para que los ciudadanos conozcan un poco más sobre una de las principales funciones de quienes los representan: el trabajo legislativo.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, este proyecto es muy simple, pero no por ello el debate deja de ser trascendente, por cuanto detrás de él está la capacidad de los parlamentarios de presentar iniciativas de ley.
Esa es la discusión de fondo.
Nos encontramos en un régimen presidencial. Así se ha establecido. Se han presentado múltiples proyectos para modificar el sistema e ir hacia una relación más equitativa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero no ha sido posible, pues todavía no hay mayoría para lograr aquello. Luego vendrá un debate constitucional, en que seguramente saldrá de nuevo a la palestra cuáles son las atribuciones de los distintos Poderes del Estado.
El hecho concreto es que, producto de la experiencia adquirida de la marcha de nuestra institucionalidad hasta el año 73, el Parlamento sí tenía iniciativa legal, por ejemplo, en materias que irrogaban gastos o que cambiaban la orgánica de funcionamiento del Estado.
Así también se aprobaron proyectos de ley que no contaban con financiamiento, que eran absolutamente inoperantes, que más bien le generaban un mal manejo a la Administración Financiera del Estado y que producían más problemas que beneficios.
La situación hoy día es distinta.
En tal sentido, me parece que el proyecto busca que al menos haya una relación entre el Ejecutivo y el Congreso respecto de las iniciativas o ideas que se transforman en ley producto del trabajo parlamentario.
Señor Presidente, cuando uno llega al Parlamento rápidamente se da cuenta de las reglas del juego y entra en la lógica de conseguir que las mociones o ideas legislativas, aun cuando no se trate de iniciativas propias, logren salir a la luz. Y para eso se requiere, normalmente, un trabajo de convencimiento, de acuerdo y de complemento con el Ejecutivo.
Esa fue la experiencia que viví yo por lo menos en uno de los primeros proyectos de ley que presenté, que tenía que ver con el financiamiento del deporte en nuestro país.
Era una muy buena idea. Pero prontamente me di cuenta de que carecía de iniciativa sobre la materia. El Ejecutivo de la época no patrocinó dicha iniciativa y, como existían otras prioridades y necesidades, me dijeron: "Su propuesta es muy bonita, pero inadmisible; no la vamos a respaldar ahora, sino más adelante".
Conseguí el patrocinio del Gobierno después de varios años. Luego tuve que convencer, ejercer presión, socializar el proyecto hasta lograr un acuerdo que se tradujo en la primera ley sobre financiamiento del deporte de manera permanente, para no estar dependiendo del sistema de pronósticos deportivos de la época.
Eso motivó que después estableciéramos una ley especial del deporte; creáramos una institucionalidad en la materia, en fin.
Para ninguna de esas cuestiones teníamos iniciativa.
En la historia de la ley no quedó consignado el hecho de que fuimos parlamentarios -algunos todavía estamos acá- los que participamos en la generación de toda esa seguidilla de leyes que hoy son sumamente importantes.
Alguien señaló recién: "Esto es para exacerbar el ego de cada cual". No lo creo, señor Presidente. Pienso que se trata de un esfuerzo conjunto, del cual al menos debiera dejarse alguna constancia, pero siendo conscientes de que en este sentido nuestras limitaciones son muy altas.
Yo sostengo que este debate es trascendente, a diferencia de lo que planteó una colega antes, pues estamos cayendo en un populismo exacerbado, en que la propia institucionalidad del Congreso está sobrepasando sus facultades al declarar algunas mociones como constitucionales, en circunstancias de que no lo son.
En efecto, en el Senado nos hemos encontrado con una cantidad enorme de proyectos que claramente debieron ser declarados inadmisibles; pero, producto del voluntarismo, del populismo, de la presión comunicacional y social, nos hemos visto obligados a legislar sobre asuntos que después se nos vuelven en contra. Es cosa de ver la experiencia respecto de la ley sobre estacionamientos: la gratuidad era vox populi y se le ofreció a la gente algo que no era posible cumplir, como se comprobó después en la práctica.
Por eso, señor Presidente, cuesta lograr un equilibrio.
El proyecto, que es muy sencillo, solo dice: "El decreto supremo promulgatorio de una ley iniciada en una moción deberá contener, a continuación del nombre de aquella, el de los diputados o senadores autores de la referida iniciativa.".
En ciertos casos puede ser complejo definir a los autores, por la cantidad de mociones similares presentadas. Y las más de las veces quienes firman (o firmamos) las mociones no son los que después llevan a cabo el estudio del proyecto. Lo señaló un señor Senador: en las Comisiones no siempre están legislando los autores de la moción respectiva.
Me parece que habrá que buscar una fórmula que permita hacer la referencia adecuada, pero de una manera incluso más institucional.
En la historia de la ley queda establecido quiénes participaron en su tramitación; quiénes la votaron a favor o en contra; qué han dicho sobre ella; qué han consultado; de qué manera han aportado.
Y tal vez sea nuestra tarea como Congreso ser capaces de socializar o dar a conocer esa información. Pero no podemos exigir que en un decreto promulgatorio quede establecido aquello.
Voto a favor de este proyecto, pues creo que pone en debate el tema de fondo: la capacidad del Congreso Nacional y de los parlamentarios de presentar iniciativas de ley.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y 4 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Aravena y los señores Castro, Kast y Moreira.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Le parece a la Sala el jueves 17 de mayo?
Boletín N° 10847-06
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, Harboe, Espina, Larraín y Matta, que modifica las leyes Nos 20.640 y 18.700 en lo relativo a la designación de vocales y al expendio de bebidas alcohólicas en los procesos electorales que señala, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.847-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Araya y Harboe y de los entonces Senadores señores Espina, Larraín y Matta):
En primer trámite: sesión 40ª, en 10 de agosto de 2016 (se da cuenta).
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es establecer que en las elecciones primarias en que participe un partido o pacto solo podrán ser vocales de mesa los militantes de las colectividades políticas que disputan la primaria y los independientes. Asimismo, se propone terminar con la prohibición de venta de alcohol en el día de una elección.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Quinteros.
Cabe tener presente que los dos artículos permanentes requieren, para su aprobación, el quorum especial de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, de conformidad con lo establecido en la disposición decimotercera transitoria de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Carta Fundamental; esto es, el voto favorable de 26 señores Senadores.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 6 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Tiene la palabra el Senador señor Araya, uno de los autores de la moción y Presidente de la Comisión de Gobierno.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, esta iniciativa de ley, como muy bien dijo el señor Secretario, nació de una moción que presenté junto con los Senadores Harboe, Espina, Larraín (ahora Ministros los dos últimos) y Matta (hoy Diputado).
Básicamente, se pretende legislar respecto de dos materias.
La primera dice relación con quienes pueden ser vocales en las elecciones primarias.
Cuando se legisló sobre la designación de candidatos a alcalde, a parlamentarios o a Presidente de la República, el Congreso Nacional mantuvo la regla general de que cualquier persona, salvo la que estuviera afectada por alguna inhabilidad legal, podría ser vocal.
Después de realizada la primera elección primaria legal -en mi caso, para postular a representar las comunas de Antofagasta, Tocopilla y Calama, principalmente-, recibimos una serie de reclamos de personas que fueron designadas vocales respecto de partidos políticos o pactos electorales de los cuales no eran adherentes. Sostenían, con justa razón, que esa era una carga absolutamente innecesaria que no les correspondía soportar, en atención a que en las primarias los conglomerados políticos solo buscan designar a sus candidatos. No se elige en esa oportunidad a la autoridad que, en definitiva, ejercerá el cargo.
En razón de eso presentamos esta iniciativa, la que obviamente deberá ser objeto de perfeccionamiento. A tal efecto y si es aprobada por la Sala, pediremos un plazo para formular indicaciones.
El objetivo es que sean designados vocales de mesa en las elecciones primarias solamente quienes militan en los partidos políticos que adhieren al pacto electoral respectivo y los independientes que lo suscriben. Queremos que una persona que no esté interesada en participar o pertenezca a una tienda política distinta no termine como vocal.
Eso ocurrió, por ejemplo, en las primarias de la Alianza por Chile para designar a su candidato presidencial. Muchos militantes de partidos de la Nueva Mayoría terminaron como vocales ese día y reclamaron, con justa razón: "¿Por qué nosotros tenemos que estar recibiendo los votos de los candidatos de la Derecha?".
Se propone que solo sean designados como vocales en una elección primaria quienes militen en los partidos o pactos participantes y los independientes que adscriban a ellos.
De esa forma, se liberará de dicha carga electoral a aquellos chilenos que no estén interesados en participar en la designación de los candidatos de determinado sector político.
El segundo objetivo del proyecto de ley tiene que ver con una prohibición que, a mi juicio, ha ido quedando un poco obsoleta: la de vender alcohol el día de las elecciones.
Todos sabemos que rige la ley seca a partir de las cinco de la mañana hasta dos horas después del acto electoral, lo que se traduce, básicamente, en la prohibición de expendio de alcohol en botillerías, restoranes, pubs, bares y locales afines.
Sin embargo, se da el contrasentido de que la gente igual consume alcohol, porque se abastece el día anterior a la elección.
Dicha prohibición, en cierta medida, limita la libertad de trabajo, pues ese tipo de establecimientos cuentan con una alta afluencia de público los domingos.
Hoy día, con una democracia que ha llevado a cabo varios procesos electorales bastante limpios, en los que no ha habido inconvenientes, creemos que esas prohibiciones tienen que ir eliminándose.
Por lo demás, hay que considerar que el mayor flujo de votación se da, principalmente, antes de almuerzo. Al poner término a la ley seca no se perjudicará el acto electoral.
Aclaro que no estamos modificando las normas que entregan el control del orden público a Carabineros, a los jefes de plaza. Si llega una persona en estado de ebriedad a un local de votación, obviamente estará cometiendo una falta contemplada en la ley, motivo por el cual será detenida y sacada del recinto.
Asimismo, en el caso de las primarias, este tema generó cierta preocupación y se observaron algunas particularidades.
Por ejemplo, para elegir candidatos a alcalde hubo primarias en una comuna de la Región Metropolitana, y ahí rigió la ley seca; pero ello no ocurrió en la comuna contigua, que no tuvo primarias. Las personas podían cruzar una calle -¡era absurdo!- y encontrar locales en los que sí había venta de alcohol.
En esa línea, creemos que si se levanta tal prohibición, no afectará en nada el normal desenvolvimiento del proceso electoral.
Por eso pensamos que es tiempo de derogar la norma pertinente.
Si no se estima conveniente hacerlo para las elecciones generales, al menos debiéramos incorporar alguna precisión respecto de las primarias.
Por esas razones, solicito a esta Sala, señor Presidente, aprobar en general el proyecto, que se refiere a la designación de vocales en las elecciones primarias y al término de la ley seca en todo acto electoral.
Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Lo consultaré.
Tiene la palabra al Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me tocó participar como observador electoral en el proceso de paz que hubo en Colombia, donde se votó el desarme de las FARC. He estado también en Ecuador, en la última elección presidencial, donde ganó Lenin Moreno.
La particularidad en ambos países es que los vocales de mesa son jóvenes universitarios pagados por el Estado, ciudadanos que voluntariamente quieren participar.
Se establece un mecanismo eficaz, mediante el cual ningún ciudadano es sometido a dicha tarea contra su voluntad.
Miro las cifras de votación de las elecciones municipales en Chile y veo que sufraga solo el 30 por ciento de los electores. Además, uno siente que es forzada la participación de los vocales.
Ante ello, como ha dicho el Senador Araya, me parecen bien las modificaciones que tiendan a facilitar la designación de los vocales de mesa.
El proyecto de ley debiera ser objeto de perfeccionamiento, de tal manera de viabilizar mucho más su objetivo.
Sin embargo, si las elecciones primarias, que son financiadas por el Estado -gran avance en materia de transparencia de los partidos-, quedan en manos solo de los militantes de los partidos -¡todos sabemos cómo se realizan las elecciones internas en las colectividades políticas!-, que están organizados por lotes, por sensibilidades, por grupos o como se quiera, vamos a repetir aquello de que el que tenga más militantes va a tomar más vocalías de mesa.
Ese es un elemento a destacar, por cuanto la garantía de autonomía y el hecho de no tener relación con el resultado de la elección dan prueba de estar en presencia de primarias transparentes.
Si son solo los militantes, cabe la posibilidad de que "cuenten con un tenedor", porque claramente en las primarias participan poco.
Siento que ahí hay un elemento que vale la pena revisar. El procedimiento propuesto sería muy similar al que ocupan los propios partidos para realizar sus elecciones internas. Dejar participar solo a los militantes, voluntarios o adherentes podría restarle legitimidad y credibilidad al proceso.
Tal vez habría que buscar un mecanismo que conjugue todo aquello: el efecto no deseado de la convocatoria a ser vocal (al no ser partícipe de una coalición política), sin dejar de garantizar la transparencia, y la incorporación de innovaciones en la constitución de las mesas en torno a la participación de voluntarios pagados de manera más sistemática, como la de estudiantes universitarios, que -reitero, recordando la experiencia de Colombia y Ecuador- genera gran eficacia, mucha diversidad, mucha garantía, mucha rapidez en el proceso, debido a que había una alta especialización al respecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, voy a votar en contra de este proyecto porque no estoy de acuerdo con ninguna de las dos ideas básicas que están en él.
Las elecciones primarias son instancias institucionales que hemos creado en Chile para ordenar o formalizar determinado tipo de elecciones en la república.
Por lo tanto, no veo ninguna razón para que la calidad de militante de un partido o de independiente impida que una persona sea vocal en una mesa. Se supone que las obligaciones de todos los ciudadanos son iguales y que la corrección con que deben actuar en una mesa de votación es la misma, sean militantes de determinado partido o del partido antagónico.
Creo que esto significa volver atrás en la idea de las primarias voluntarias, por así decir, o, como también se las denominaba, primarias informales o extrainstitucionales. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo que se propone.
Además, realmente creo que es una buena práctica la prohibición de ciertos espectáculos. Aquí se está derogando la prohibición de expender bebidas alcohólicas y una serie de cosas por el estilo, pero se mantiene la de los eventos deportivos. Me parece bien. No veo por qué pueda perjudicar el hecho de que no haya expendio de bebidas alcohólicas el día de una elección.
Entonces, considero una buena práctica no tener expendio de bebidas alcohólicas, más que no sea para que la fila frente a los locales de expendio no sean mayores a las filas de quienes están al lado esperando votar.
Por eso, señor Presidente, yo no estoy de acuerdo con este proyecto. Entiendo que sería posible arreglar algunas cosas en la discusión particular, pero, como no coincido con las dos ideas que contempla, lo voy a votar en contra.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, pienso que en materia de elecciones nosotros debiéramos avanzar para que la vida cotidiana de las personas fuera lo más normal posible. Otros países se han encaminado en esa línea y les ha ido bastante bien. Por lo tanto, en lo que respecta a eliminar la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas, estoy abierto a la discusión.
Donde verdaderamente considero que se comete un error y es un retroceso, tal como señaló el Senador Insulza, es en el hecho de establecer que los vocales debieran ser solo militantes de partidos o independientes afines a los partidos que participen en una primaria. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en Chile hace algún tiempo fue incorporar la institucionalidad del Estado a ciertas definiciones de los partidos.
Hoy día nuestra estructura jurídica normativa establece elecciones internas para dichas colectividades, donde los vocales deben ser militantes de ellas, y los votantes, afiliados. Pero, en lo concerniente a las elecciones primarias, el universo se amplía y se aplica otra ley en forma supletoria. ¿Qué normativa rige esas elecciones? Rige, supletoriamente, la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la cual, entre otras cosas, dispone que los vocales deben ser designados a través de un mecanismo implementado por el SERVEL y cumplir ciertas obligaciones el día de los comicios.
¿Con qué finalidad se hizo eso? Para que los partidos y las coaliciones pudieran determinar, institucionalmente, la elección de sus candidatos, sea a Presidente, a parlamentario o a alcalde, cuando los participantes sean más de uno.
Y tenemos poca experiencia en eso: no más de tres o cuatro elecciones presidenciales y dos o tres elecciones parlamentarias y municipales en las que se ha utilizado este sistema, el cual ha funcionado bien, dando garantía a las personas, a la ciudadanía -que es lo más importante-, a los candidatos y a los partidos.
En consecuencia, no veo razón para que una parte fundamental de esa ley (vuelvo a citarla: la N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios) sea modificada, porque una facción primordial de esa legislación está constituida por los vocales.
¿Cuál es el rol de los vocales? Garantizar, institucionalmente, que el acto que se desarrolla es absolutamente limpio y transparente. Da exactamente lo mismo si tienen o no militancia en algún partido. Ellos están para cumplir el rol de garantizar que el resultado de la mesa en que cumplen su función es el correcto. Y por eso los partidos que llevan candidatos a una primaria o los mismos candidatos tienen derecho a colocar apoderados en cada una de las mesas.
Por lo tanto, estimo que lo que sugiere el proyecto en esa parte viene a debilitar el esquema de las elecciones primarias, que lleva muy poco tiempo vigente en nuestro país pero que en ese corto período ha demostrado que funciona bien. Nadie aquí, en esta Sala, podría poner en cuestionamiento el resultado de su funcionamiento. Por lo tanto, no se advierte ninguna razón para modificarlo.
En cuanto al otro aspecto, relacionado con el expendio de bebidas alcohólicas, habría que ver realmente la incidencia del proceso en la vida cotidiana, por qué tiene que ser en día feriado. Podemos ir avanzando en esa otra línea y uno estar abierto al debate, pero, señor Presidente, no me parece que debilitar la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios sea el camino adecuado y correcto.
Ello abriría espacio para poner en duda los resultados de una elección primaria. Si participaran solo militantes de los propios partidos, habría un cuestionamiento. Y hoy día nadie cuestiona a los vocales, porque se encuentran bajo el control del SERVEL, de los tribunales electorales y de los apoderados de las distintas colectividades.
Por eso, señor Presidente, sigamos con nuestro sistema electoral como ha estado funcionando hasta ahora; sigamos teniendo elecciones limpias y transparentes, y sigamos, ojalá, promoviendo las elecciones primarias, para que esa misma transparencia y ecuanimidad motive a la gente a participar.
No hay duda de que ser vocal es una carga. Así está definido. No le estamos dando a la persona un día feriado: es una carga, pero absolutamente necesaria para la transparencia de nuestra democracia.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, cuando estamos haciendo grandes esfuerzos por incentivar a la población a participar en los procesos electorales, cuando una elección primaria justamente tiene por objeto validar a un candidato que represente a determinado sector, siendo, por tanto, un sistema democrático y participativo, llama la atención que se quiera limitar la participación como vocales a los militantes de partidos.
En efecto, en el nuevo artículo 28 que se pretende incorporar a la ley N° 20.640 se establece que solo podrán ser designados como vocales de mesa en las elecciones primarias en que solo participe un partido político o pacto electoral aquellas personas que militen en los partidos que formen parte de dichos comicios. Manifestamos nuestro reparo al respecto. Si bien la intención del proyecto es clara en cuanto a que la mayoría de las personas no son militantes y, por lo tanto, no se interesan en demasía en los procesos de elección primaria, ello genera situaciones que producirán problemas al momento de realizarse la elección.
Cuando participe más de un pacto en una elección primaria, ¿quiénes podrán ser designados como vocales, en definitiva, si en una misma mesa se recibirán los sufragios tanto de un sector político como del otro sector involucrado en dicho proceso?
Creo que hoy más que nunca tenemos que considerar la idea de cómo incentivar efectivamente la participación democrática de la ciudadanía.
A mí, más que estar legislando sobre un proyecto de ley de estas características, me gustaría saber cómo podemos incorporar tecnología; cómo la gente podría votar en diferido; cómo, en términos concretos, sería posible estimular la participación de la comunidad para no tener el triste espectáculo de que en una comuna vote apenas el 10 por ciento del padrón electoral o, incluso, de que cuando haya elecciones presidenciales y parlamentarias ni siquiera se alcance el 50 por ciento del electorado.
Por otra parte, se pretende eliminar la restricción de la venta de alcohol. Coincido con otros parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra en orden a que nosotros debiésemos impactar lo menos posible en la vida cotidiana de quienes participan en estos procesos democráticos.
Si bien hoy solo se está modificando el inciso segundo del artículo 128 de la ley N° 18.700 en lo que dice relación al expendio de bebidas alcohólicas, me preocupa que el día de mañana avancemos en otros ámbitos y también se puedan desarrollar espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales y un proceso de elección democrática pase a segundo plano, en circunstancias de que todos, de una forma u otra, debemos seguir consolidando la participación ciudadana.
Por tales razones, señor Presidente, voto en contra de este proyecto.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, entiendo que estamos en la discusión general, vale decir, debatiendo si nos abrimos a la idea de legislar respecto de esta materia. No estamos analizando de manera particular los artículos que el proyecto contiene.
Por lo tanto, parto diciendo que esta me parece una tremenda iniciativa, y felicito a los Senadores que la han suscrito, porque creo que hay normas que tienen canas. Creo que la de la prohibición de venta de alcohol claramente tiene muchas canas y está muy añeja, pues hoy día los que quieren beber compran con tiempo o por internet y toman igual. En consecuencia, es una materia que debiéramos actualizar.
En cuanto a la designación de militantes de partidos como vocales, me parece que es algo a lo que tenemos que abrirnos a revisar.
Todos nosotros no solo participamos en las elecciones, sino que somos actores de ellas, y más de una vez hemos sido reprendidos, primero, porque los vocales que asumen este desafío llevan una, dos, tres, cuatro, cinco o más veces en esa función. A mí me ha tocado ver hasta en siete oportunidades a las mismas personas en las mesas de mi circunscripción. Por eso, es un tema que deberíamos aprovechar de revisar a propósito de este proyecto.
Lo segundo es que no podemos obligar a la gente a ser vocal o ministro de fe en elecciones que de verdad no le empecen, o de las que no se sienten parte, a menos que derechamente nos replanteamos la obligatoriedad de la participación en los procesos electorales, porque ahí, obviamente, entraríamos en otra discusión.
Por lo tanto, señor Presidente, felicito esta iniciativa, a pesar de no compartir todo su texto, pues creo que hay que revisar si eximimos o no a los militantes de algún partido político que no sea parte de la primaria, aunque sí coincido con otras de sus propuestas, pues me parece que hay normas que de verdad tenemos que actualizar.
Y aprovecho de plantear un tema que no figura en el proyecto de ley: por qué no volver a la vieja tradición republicana en que las elecciones se realizaban en una fecha determinada, sin importar si caía o no en día domingo. ¿Por qué? Porque concuerdo con el Senador Pérez Varela -y me sorprende concordar con él- en cuanto a que ojalá, al igual que en otros países, las elecciones transcurrieran en un día normal, para que todos entendiéramos que debemos ser parte de ellas y actores en las decisiones del destino de nuestra nación. Por tanto, si es día laboral, el empleador deberá darle facilidades al trabajador para que vaya a votar. Pero ese día no tiene por qué ser declarado feriado para que todos puedan participar, porque, como ahora además votar es voluntario, la gente no va y entonces el feriado no sirve de mucho a tal objetivo.
Entonces, creo que este proyecto de ley, que recoge aspectos que se relacionan con la modernidad y con el sentido común de la gente, nos abre un espacio privilegiado para que en la discusión particular revisemos estas y otras materias.
Por lo tanto, a pesar de no compartir todas y cada una de las disposiciones contenidas en la iniciativa, apruebo la idea de legislar.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente nos encontramos discutiendo la idea de legislar en relación con una moción parlamentaria.
Con mucha rapidez quiero decir que estoy de acuerdo con el planteamiento de derogar el inciso segundo del artículo 128 de la ley N° 18.700, referido a la prohibición de expender bebidas alcohólicas para el consumo en un local o fuera de él, etcétera. Esto porque, en verdad, ya no tiene sentido: la realidad del país ha cambiado y es completamente distinta.
Yendo al tema más de fondo, contenido en el artículo 1° de la iniciativa, que agrega un nuevo artículo 28 a la ley N° 20.640, a mí no me parece adecuado que en las elecciones primarias sean vocales solo aquellos militantes de los partidos que participan, pues con ello se pierden dos cosas: primero, el objetivo de hacer primarias abiertas más allá de los partidos y más allá de los militantes, a fin de que participe más gente, no solo en la votación, sino también en el proceso de elección para definir las candidaturas a Presidente y a otros cargos. Creo que la experiencia que hemos tenido hasta ahora ha sido positiva en ese sentido.
Y lo segundo es que, evidentemente, entregar al SERVEL y a la ley orgánica la organización objetiva e imparcial de estos eventos pasa necesariamente porque cualquier ciudadano pueda ser sorteado para formar parte de las mesas que se constituirán en determinada elección, sea independiente o no y sin que tenga que ser militante de alguno de los partidos que participan.
Eso me parece elemental.
También pareciera que hay cierto nivel de inconstitucionalidad en términos de lo que significa la aplicación de la Ley de Partidos, pues los afiliados a una colectividad pueden mantener la reserva de su militancia. Y si la designación de vocales se restringe solamente a los militantes se acaba ese principio de reserva, que debiera estar garantizado.
En consecuencia, señor Presidente, como estoy de acuerdo con el artículo 2°, voy a aprobar la idea de legislar, pero desde ya anuncio que estoy en contra de su artículo 1°, que votaré en contra en la discusión particular.
Y lo último que quiero señalar es que me parece que en el boletín comparado, en el texto de la ley vigente, se repite en el inciso tercero todo lo ya establecido en el inciso primero, que dice: "El día de una elección o plebiscito, hasta dos horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que éstos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral".
El inciso tercero repite exactamente lo mismo, con la diferencia de que su encabezado señala: "La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición". Se refiere, obviamente, a los recintos que infringen las normas que prohíben la venta de alcohol; no a los eventos deportivos, pues dichas actividades, para poder realizarse, deben ser calificadas por la propia fuerza pública. Entonces, si esta los autoriza, mal podría estar clausurándolos, pues habría sido ella misma la que permitió su funcionamiento.
Es un tema de orden, me imagino, que se podrá corregir más adelante.
Volviendo al tema de fondo, señor Presidente, voy a aprobar la idea de legislar, en el entendido de que considero adecuado que vayamos hacia una normalidad en términos de la voluntariedad del voto y que este se vaya expresando más por conciencia que por obligación.
La declaración de feriado nace porque el voto era obligatorio, lo mismo que todas las otras restricciones, pues se buscaba darle a la gente todas las facilidades del mundo para que pudiera ir a sufragar y cumplir con su obligación. Cuando modificamos el sistema, todo aquello quedó prácticamente en entredicho.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, creo que este es un debate oportuno, que aborda dos instituciones, debiendo abordar tres.
En la época llamémosla "de la otra república" yo conocí el proceso de designación de vocales gracias a un destacado falangista, el primer parlamentario de su colectividad en aquel tiempo, don Jorge Rogers Sotomayor, que terminó los últimos días de su vida residiendo en Rengo.
En conversaciones con él resultaba bastante ilustrativo saber cómo eran designados los vocales. Los partidos, que eran los más interesados en quiénes eran designados, cumplían una función, para asegurar un control republicano sobre los procesos electorales. Y a mí me parece que innovar en esa materia nos hace bien, porque habrá voluntarios que quieran llevar a cabo dicha labor. Pero, sin duda, una de las funciones de los partidos democráticos de nuestro país, reconocidos por ley, es colaborar en el desenvolvimiento de las elecciones.
Ahora bien, el no expendio de bebidas alcohólicas durante los procesos electorales es una medida que quizás correspondía a aquellas épocas, cuando a alguien le daban un zapato para ir a votar y le entregaban el par a la vuelta, luego de facilitar copia de la cédula. Eran otros tiempos, ya superados.
Es evidente que uno no puede estar tomando en la vía pública; menos en los recintos electorales, pero no veo por qué debería extenderse esa prohibición a mi casa, o a algún otro lugar donde esté almorzando o cenando.
La Senadora Rincón ya indicó una cosa obvia: hoy se compra por internet y el producto lo van a dejar al domicilio.
Es una situación absolutamente distinta que, en mi opinión, vale la pena analizar. Pero también creo que vale la pena abordar el otro debate -y sería bueno que el Senado tuviera la voluntad de hacerlo-: si la participación ciudadana en las elecciones es un derecho o un deber.
Yo he planteado desde siempre que tiene que ser un deber ciudadano. Mi convicción es que el voto obligatorio es bueno para la sociedad. Considero un error pensar que el proceso electoral es un elemento más del mercado, en que uno tiene que hacer, entre comillas, "atractivo" el votar; o en que las campañas deben apuntar a convencer, y no solo en las ideas. Porque no nos engañemos: en las campañas electorales una parte del debate son las ideas; pero, por desgracia, hay muchos otros factores involucrados. Y quizá en la medida en que el voto sea obligatorio vamos a conseguir que se comprometan a estar más informados.
El complemento del proceso de educación cívica, que va a ser una obligación en nuestro país, debería permitir que abordáramos también ese debate en el marco de esta iniciativa de ley, a través de una indicación.
Sé que en este tema hay opiniones transversales. En verdad, cuando se estableció el voto voluntario, con quien más coincidí en los debates de ese tiempo fue con el entonces Senador Pablo Longueira, pues él estaba convencido de que el voto debe ser obligatorio, de que tiene que ser considerado un deber ciudadano.
Yo me inscribo en esa convicción, señor Presidente.
Voy a respaldar la idea de legislar, para cambiar las leyes N° 20.640 y N° 18.700, entendiendo que también deberíamos abordar, de una vez por todas, otro debate que está muy asociado a este: cuáles son las personas que participan.
En lo personal, siempre he sido partidario de la inscripción automática y el voto obligatorio. Y, si alguien quiere restarse del proceso, que tenga la obligación de ir a retirarse y anularse de los registros electorales, a diferencia de lo que ocurre hoy en día.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, independientemente del mérito de la discusión de fondo que hemos tenido, creo que estamos frente a un problema; porque de acuerdo al artículo 19, número 15°, de la Constitución Política la nómina de los militantes de los partidos es reservada.
Esa es una disposición constitucional. Por lo tanto, es de naturaleza absoluta: por ningún motivo esa nómina puede tener publicidad. Y desde el momento en que usted nombra los vocales de un partido político, los está dando a conocer a todo el mundo; pasan a ser públicos.
En consecuencia, me parece que esta iniciativa contraría el número 15° del artículo 19.
Ahora, todos entendemos que hay una norma del artículo 18 del Texto Constitucional en virtud de la cual la inscripción es automática, de modo que todos somos ciudadanos. Y otra disposición más adelante dice que, en definitiva, el ser vocal es una carga pública, tal como lo señaló aquí un señor Senador. Pero otra cosa es que a alguien lo nombren vocal de mesa por pertenecer a un partido político, porque la propia Carta Fundamental garantiza la reserva en esa materia.
Entonces, yo simplemente planteo esta duda de constitucionalidad, sin entrar en el mérito de las cuestiones sustantivas que han expuesto aquí los distintos señores Senadores. Pero, a mi juicio -repito-, este proyecto claramente infringe el número 15° del artículo 19.
Respecto de la situación planteada por el Honorable señor Pizarro, quiero decir también que si uno va a la página 2 del boletín comparado no puede sino advertir que existe un error de hecho: donde dice "Artículo 116" -que no corresponde a ninguna norma aquí- se repite el inciso primero del artículo 128.
Claramente, es un error de hecho: está transcrito en la página 2, luego de la expresión "Artículo 116", el inciso primero del artículo 128.
Habría que borrar eso, de manera que el inciso terminara con la palabra "disposición": "La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición", con lo cual pasaría a ser el inciso segundo, pues el inciso segundo actual está siendo derogado por este proyecto.
Por lo tanto, voy a votar en contra.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Al parecer, las últimas intervenciones han despertado el interés por retomar el debate.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto en general, primero, porque estoy de acuerdo con la derogación de la prohibición de venta de alcohol. Como aquí se ha dicho reiteradamente, hay que legislar en concordancia con lo que ocurre día a día, y esa prohibición ya no tiene ningún efecto en la actualidad.
Respecto de la norma que limita la designación de vocales de mesa, estoy de acuerdo con ella, sin perjuicio de estimar que debe haber una discusión particular mucho más pormenorizada. No comparto las aprensiones de quienes han señalado que estaría vulnerándose la Constitución o la reserva de los militantes de partidos políticos. A mi juicio, eso se puede obviar en la discusión particular. No creo que el día de mañana, si esto llegara a ser ley, se deba hacer un nuevo padrón electoral para nombrar vocales. El propósito podría lograrse simplemente por la vía de crear una nueva causal de inhabilidad respecto de quienes sean designados para esa tarea.
Creo que el debate debe plantearse y es importante que las dudas que surjan se resuelvan en la discusión particular.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, las palabras del Senador Huenchumilla tienen que hacernos reflexionar. Mirando la norma, tiendo a encontrarle razón. Porque, al final, el artículo 19, número 15°, cuando genera el derecho de asociarse plantea la naturaleza de la nómina de los militantes.
Y esto no es menor. Por algo se encuentra en la Constitución. Porque el derecho de asociación a un partido político es una acción que el Constituyente ha definido como privada, como íntima. Y ello es particularmente válido con lógicas políticas cambiantes, donde uno puede pasar de ser gobierno a ser oposición y sentir que puede de alguna manera inhibirse a esa participación. Por algo se dispone esta cautela especial.
Y tiene razón el Senador Huenchumilla en cuanto a que al final esto se estaría violentando por la naturaleza misma de lo que significa ser vocal. Ser vocal es ser un ministro de fe, para estos efectos; pero además, la nómina de los convocados para esa labor se publica en los diarios de las regiones, de cada comuna, porque tienen que estar reflejados en el padrón y pueden eventualmente cambiarse.
Entonces, ¿dónde queda la privacidad si el día de mañana yo veo quiénes son los vocales de la Nueva Mayoría? Imaginemos que van a hacer primarias y que van a seguir siendo Nueva Mayoría. ¡En eso no me meto...! O hablemos de Chile Vamos, que espero que sí mantenga una misma línea. Alguien podría señalar: "Mire, estos son". Me parece que ello es como violentar en la forma más brutal la misma norma, porque se va a decir: "Estos señores, para estar en esta lista, tienen que ser militantes de tal o cual partido". Y eso no conversa con la obligación constitucional. Más bien, la violenta, la provoca.
En ese sentido, el señor Senador tiene razón.
Yo me estoy acordando ahora de que en la última elección primaria presidencial se dio una cosa bien curiosa: había, para los que fuimos a votar,...
El señor LAGOS.- ¡No lo recuerden...!
El señor COLOMA.- ¡Es un lindo recuerdo...!
El señor LAGOS.- ¡Yo quería ser vocal...!
El señor COLOMA.- Quiero decir que había situaciones diversas: la de aquella persona independiente que debía optar por qué cédula votar, y eso se lo daba a elegir el vocal; y la de quienes estaban militando en un partido, los cuales tenían solo acceso a un tipo de voto.
Escuché en la radio -efectivamente sucedió- que para efectos del control político -y esto era bastante más suave- hubo algunos apoderados, no vocales, que, al existir una lista, empezaron a anotar el nombre de los vocales (por ejemplo, Pedro Pérez), porque obligatoriamente debían ser de determinado partido. ¡Eso se consideró una infracción electoral hasta hace poco tiempo! Y, en su momento, hubo procesos y gente enjuiciada por ello.
El proyecto de ley va mucho más allá: obliga a quien quiera ser vocal a dar a conocer su militancia en un partido, lo que hasta ahora por lo menos -si alguien pretende cambiar la Constitución puede ser discutible- ha sido amparado por la reserva, justamente para que no sea objeto de algún tipo de presión.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que el debate ayuda. A veces uno llega a este con ideas preconcebidas. Sin embargo, me parece que estamos ante una reflexión que hace fuerza, que genera raciocinio.
No pienso que nos equivoquemos a través de esta norma. Y, dicho sea de paso, esto no fomentará la participación en las primarias ni va a generar un voto más. ¡Ninguna de las dos cosas, para ser franco! Para algunos podrá ser más o menos cómodo, pero no creo que alguien vaya a votar debido a este cambio.
Eso, sí, podríamos estar modificando las reglas del juego respecto del derecho de asociación. Y eso lo considero delicado.
Ello es un argumento suficiente para sumarme a la votación en contra.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la verdad es que tengo varias dudas sobre este proyecto, porque, primero, en él se mezclan dos temas completamente diferentes.
Eso, de partida.
En efecto, a mí me llama bastante la atención que pongamos en una sola iniciativa dos materias verdaderamente diferentes, que no tiene mucho sentido agrupar en un texto, como es el caso de que en las elecciones primarias en que concurra un solo partido o pacto solo puedan ser vocales de mesa los militantes de esas agrupaciones.
Bueno, uno podría decir: "Sí, en las primarias de un solo partido o pacto es razonable que voten los militantes de ese partido o pacto". Sin embargo, si un mismo conglomerado político decide hacer una primaria con sus militantes, pero también con independientes, resulta difícil entender por qué no les sería posible a estos intervenir como vocales de mesa, en circunstancias de que se acepta su votación.
El otro punto que combina el proyecto, y que no se entiende, guarda relación con la eliminación del inciso segundo del artículo 128 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que no permite la venta de alcohol el día de la votación.
Ahora, pienso que la ciudadanía quiere que transparentemos nuestros procesos cada vez más. Y, por eso, es un gran logro el mecanismo de elecciones primarias que nosotros generamos.
En la actualidad dicho sistema es regulado por el Servicio Electoral. Pero surgió de una iniciativa enviada incluso cuando éramos Concertación, Nueva Mayoría, en que planteamos la importancia de la participación de muchos en la decisión de quiénes serían nuestros candidatos presidenciales. Así, instauramos el mecanismo de las primarias, que hoy -como dije- es regulado por el Servicio Electoral.
Es evidente la relevancia de la incorporación de más personas en dicho proceso y, obviamente, de la participación de independientes.
Por eso me cuesta entender, salvo el caso de que uno pudiera decir: "Bueno, esto es una primaria de un partido exclusivamente" (una `primaria cerrada', como la llaman a veces los partidos), "y solo pueden votar los militantes". Eso, quizás uno lo podría entender. Pero si se trata de un proceso abierto en donde puede participar más de un partido, ¿por qué la cerramos? ¿Por qué vamos a impedir la participación de independientes?
Y, como lo señalé antes, esto se mezcla con otro tema radicalmente distinto, respecto al cual, aparentemente -por la información de que dispongo-, nuestra legislación sigue la línea del derecho comparado. O sea, más bien se tiende a prohibir el expendio de alcohol en un proceso eleccionario.
Yo preferiría permitirlo. Entiendo que la persona que desea consumir bebidas alcohólicas las compra antes de las elecciones. Eso es evidente. O sea, en este sentido, el ciudadano que quiere ingerirlas una vez que pase el momento de su votación, almorzando en familia, en fin, de todas maneras lo hace. Se prepara. Es así. Lo sabemos.
Entonces, la pregunta más bien es: ¿A quién beneficia, o a quién perjudica esto, entre comillas? Evidentemente, a las botillerías o a los locales de expendio de alcoholes si se mantiene lo que hasta ahora rige. Pero -como decía- la gente se prepara con anterioridad.
Por lo tanto, francamente me surgen numerosas dudas y hay reparos que hacer. La mezcla de materias no me convence. Asimismo, tengo mis cuestionamientos -como lo he señalado- acerca de la negativa para que los independientes puedan ser vocales, en caso de que así se contemple en la ley de primarias, y solo se les permita a los militantes de partidos.
En consecuencia, espero que en el trámite de la discusión en particular podamos aclarar estos puntos, pues hace falta.
Por eso quería señalar estos comentarios: sinceramente, a mí me produce muchas dudas el proyecto en la forma como está.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría, no creo que tengamos debate en particular de esta iniciativa, pues se requieren 26 votos a favor para la aprobación de la idea de legislar.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ¿entiendo que la iniciativa es de quorum especial?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.
El señor LAGOS.- Se ve difícil su aprobación, no lo voy a negar.
Con todo, el Senador Coloma señaló algo que entusiasma: lo bueno del proyecto es que promueve el debate. Y uno escucha diversas opiniones, algunas de las cuales hacen más sentido que otras.
Es cierto que la iniciativa abarca dos materias distintas.
Doy por descontando que el tema del expendio de bebidas alcohólicas durante un proceso eleccionario es algo completamente anacrónico, así que no tengo dificultad con ello. ¡Ninguna! Porque puede darse el absurdo de que en alguna comuna se realicen primarias, y en la localidad vecina, no. Entonces, en una se prohibirá el expendio de alcoholes, y en la otra, no: Primarias en Valparaíso y no en Viña del Mar, por ejemplo. ¡De qué estamos hablando!
Epílogo: esa parte la doy por descontada.
Lo entretenido del debate es qué ocurre respecto al otro asunto.
Yo entiendo que ser vocal de mesa en una elección hoy -como está regulado- es una carga que impone el Estado. Si usted sale sorteado para ser vocal debe serlo, a menos que tenga una buena excusa, y si no cumple, eventualmente recibe una sanción.
Para hacerlo más humano, el Estado ha dispuesto un estipendio para aquellas personas que son vocales. No se le llama ni "sueldo" ni "paga", pero ¡es un emolumento en dinero! ¿Correcto? O sea, el Estado, para hacerlo más llevadero (porque hay que estar muchas horas en el proceso eleccionario), saca plata y paga a quienes cumplen con esta carga. O sea, es una carga porque está obligado a participar, pero tiene una retribución, una mitigación.
Respecto a lo que propone la primera parte de este proyecto, como los partidos pueden realizar elecciones primarias en algunas comunas de Chile, que yo comparto, cabe preguntarse si el vocal independiente debería estar obligado a participar en ellas.
Entonces, se ha dado toda una discusión, que no voy a repetir. Pero yo planteo el siguiente análisis: el problema que tenemos acá es que no queremos abordar el tema de fondo: el voto voluntario o que el Estado se haga cargo de contar los votos, ¡que el Estado se haga cargo de contar los votos! Porque hoy, sin este proyecto de ley, alguien que ni siquiera vota en la elección presidencial, ¡que ni siquiera vota en la presidencial!, puede salir sorteado para ser vocal. Y se le dice: "Es una carga y usted tiene que ir a contribuir por su país". ¡Me parece muy bien! Pero con ese criterio también puede contribuir votando, así sea que vote en blanco o que anule su voto.
Es decir, hacemos algo raro: jugamos a la libertad para decidir si el voto es voluntario, pero le exigimos a alguien que vaya a contar los votos y a fiscalizar el proceso.
Por consiguiente, la pregunta es: ¿Por qué le exijo a un individuo fiscalizar un proceso en el cual no quiere participar?
Yo sé por qué lo hacemos: lo comparto como idea, pero me hago trampa. Porque tampoco le exijo votar a ese ciudadano o ciudadana.
Entonces, lo que hace el proyecto es hacerse cargo de la realidad existente, de esa contradicción: "Te doy la libertad de no votar, pero te exijo que vayas a contar los votos de los que sí quieren votar".
A mi juicio, todos deberían votar obligatoriamente. Así, no tendríamos esta discusión, porque se diría que todos tienen que concurrir al proceso electoral.
Por eso que esta iniciativa es buena, entre otras cosas: por el debate que genera. Porque a mí me gustaría ver una regla distinta de la que tenemos hoy para los vocales.
Creo que es sano decir: "Ustedes quieren participar en las elecciones primarias de Chile Vamos o en las del Frente Amplio. Sin embargo, ustedes, los de la Nueva Mayoría, como no fueron capaces de hacerlas, no vayan a contar los votos de los demás, porque no tienen interés". ¿O alguien podría entender que hay interés?
Entonces, siento que tenemos algo muy contradictorio que no hemos asumido.
Yo me pregunto: ¿qué hacen otros países en su proceso de primarias? ¿Cómo lo resuelven las naciones más sofisticadas que nosotros?
Algunos dicen que ser vocal es voluntario. Bueno, entonces permitamos que en Chile también sea voluntario y veamos qué pasa. Tal vez haya menos vocales que votos. Y veo que se ríe el Senador García-Huidobro.
¡Para qué nos engañamos! Damos libertad para votar y hacen grandes discursos quienes creen en el voto voluntario -algunos de los presentes lo aprobaron-, pero les exigen al resto de los chilenos que creen en el voto voluntario que vayan a contar los votos.
Este proyecto, por lo menos, hace un mínimo de justicia. Porque hasta ahora usted puede no sentirse interpelado a participar de una primaria, pero lo obligan a ir a contar los votos.
Y no es algo que no convoque, sino que provoca rechazo de los ciudadanos el hecho de que a uno lo obliguen a ir a contar los votos de un conglomerado del cual no se siente parte, aunque sea independiente.
Señor Presidente, entiendo que no se alcanzarán los votos necesarios, lamentablemente. Por lo mismo, llamo a todos quienes dicen que creen en el voto voluntario para que presenten luego una moción a fin de que también sea voluntaria la función de vocal o, en su defecto, que esa tarea la asuma el Estado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, creo que es interesante el debate que se dio en la Sala, independiente de cuál sea el resultado de la votación.
A mi juicio, llegó el momento de discutir en serio qué queremos como sistema electoral en Chile: voto obligatorio, voto voluntario, primarias, no primarias, etcétera.
Voy a hacerme cargo de un par de argumentos que se entregaron en la discusión.
En mi concepto, hay una diferencia fundamental entre las elecciones generales y las primarias.
En las elecciones generales hay un interés de todos los ciudadanos para elegir quiénes serán sus autoridades (alcaldes, concejales, parlamentarios, consejeros regionales, Presidente de la República).
En el caso de las primarias, no se da igual interés, razón por la cual sigo sosteniendo que ser vocal no debiera ser una carga pública.
Lo que persigue la elección primaria es un interés particular respecto de un partido político o un conglomerado de partidos políticos en orden a determinar quiénes pueden ser sus candidatos a las elecciones generales.
De ahí, entonces, que estimo que no debiera existir esta carga pública para los ciudadanos que no quieren participar en esa elección primaria, que habría de ser soportada por los independientes y los adherentes o militantes de los partidos políticos.
Una segunda línea argumental, para hacerme cargo de lo que planteó el Senador Huenchumilla y que respaldó en su minuto el Senador Coloma, dice relación con la constitucionalidad del proyecto.
En mi opinión, el hecho de que establezca que solo serán vocales de mesa los independientes y los adherentes de un partido político que va a participar en las primarias no vulnera la garantía constitucional del resguardo que debe tener el Servicio Electoral respecto de quiénes son militantes de los partidos políticos. Porque en ningún minuto se va a publicar o se va a señalar que fulano equis es militante de tal partido. Eso no se sabrá, porque habrá un sorteo entre independientes y militantes de partidos.
El SERVEL, en ningún caso, hará tal publicación.
Si la norma en análisis se llegara a aprobar, el SERVEL va a tomar la lista de todos los militantes de partidos e independientes, hará el sorteo tal cual lo hace en la actualidad y, a partir de eso, se van a generar las listas de vocales.
A mi juicio, tal procedimiento no implica en ningún caso vulnerar la prohibición de reserva que tiene el Servicio Electoral respecto de quiénes son militantes de partidos.
Lo anterior queda ejemplificado en lo siguiente.
Cuando se conoce la lista de los electores, el Servicio Electoral, a contrario sensu, elimina a quienes no pueden serlo. Sabemos que el SERVEL, entre otras, elimina a las personas que han perdido la ciudadanía por haber cometido algún crimen y se hallan condenadas a una pena que las inhabilita para ejercer derechos políticos.
Eso también es materia de reserva. Nadie podría argüir que el SERVEL, al hacer tal exclusión, está vulnerando dicha reserva o demostrando que tal persona no puede votar en razón de estar inhabilitada.
Mi impresión es que, de acuerdo con lo que se plantea hoy día, no existe un problema de constitucionalidad, pues el Servicio Electoral no revela quiénes militan en un partido.
Dicho lo anterior, señor Presidente, mantengo mi voto a favor del proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No podía ser de otra manera, señor Senador, pues usted es autor de la iniciativa. Sin embargo, están dadas las explicaciones.
El señor COLOMA.- ¡Se han visto cosas peores, señor Presidente...!
--Se rechaza la idea de legislar (16 votos en contra, 13 a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Aravena y Muñoz y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Galilea, Harboe, Kast, Lagos, Letelier, Navarro y Soria.
Se abstuvieron las señoras Órdenes y Van Rysselberghe y el señor Pérez Varela.
Boletín N° 8731-06
Boletín N° 5588-06
El señor KAST.- ... que están vivas. De hecho, se encuentran inauguradas y tiene el nombre de un político.
Al señor Ministro de Educación, solicitándole URGENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LICEO POLITÉCNICO DE TALTAL.
A los señores Alcalde de Cartagena y Presidente del Consejo Regional de Valparaíso, consultándoles sobre ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE INCUMPLIMIENTO DE PAGOS POR EMPRESA ACARMA MONTAJES INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN LTDA. EN PROYECTOS "CÓDIGOS BIP".
Al señor Jefe de la Quinta Zona Policial, Región de Valparaíso, a fin de que se informe acerca de SUFICIENCIA DE VEHÍCULOS EN UNIDAD POLICIAL DE COMUNA DE EL TABO.
Al señor Contralor General de la República, para solicitar INSTRUCCIÓN A MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES EN ORDEN A INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGULADOR.
Al señor Ministro de Educación, pidiéndole informar sobre FECHA PARA APROBACIÓN FINAL DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ESCUELA BÁSICA BERNARDO O'HIGGINS, DE COMUNA DE PORVENIR.
Al señor Ministro de Salud, requiriéndole ADECUACIÓN, ANTE PROBLEMAS DE COSTOS DE PEQUEÑAS EMPRESAS, DE REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE CALDERAS DE AGUA, VAPOR Y EQUIPOS AUTOCLAVES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que informe acerca de POLÍTICA CONTRA DÉFICIT HABITACIONAL EN PUERTO NATALES Y POSIBILIDAD DE CESIÓN DE TERRENOS DE REGIMIENTO LANCEROS.
A la señora Ministra de Energía, pidiéndole PERMANENCIA DE HUSO HORARIO DIFERENCIADO EN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, solicitándole señalar MOTIVOS DE CIERRE DE OFICINA PARA PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS INDÍGENAS DE PUERTO AISÉN, Y MEDIDAS PARA PRONTA REAPERTURA.
Al señor Ministro de Salud, pidiéndole MEDIDAS PARA INCORPORACIÓN DE CABINA DE FOTOTERAPIA EN SERVICIO DE SALUD DE AISÉN.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, recabándole información en torno a PROCESO DE POSTULACIÓN 2018 A PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES EN CIUDAD DE COIHAIQUE.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El primer turno de Incidentes corresponde al Comité PAÍS e Independientes.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, quien dispone de 4 minutos, más 7 que le cedió el Comité Demócrata Cristiano.
El señor NAVARRO.- Le agradezco a la bancada democratacristiana la cesión de parte de su tiempo.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a plantearle a esta Sala una situación inaudita, extraordinaria, inaceptable, que constituye un escándalo de grandes proporciones.
Como ha señalado el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se trata de una injusticia, no de un error judicial.
Hablo del caso de Jorge Mateluna Rojas, quien está prisionero desde hace 5 años tras un sinfín de irregularidades cometidas durante un juicio que lo condenó a 16 años de cárcel y en el que para incriminarlo hubo audios inaudibles, pruebas implantadas con posterioridad por Carabineros, errores intencionales, etcétera.
Su madre murió mientras Jorge Mateluna, a quien no se lo autorizó para asistir al funeral, estaba en la cárcel.
El daño que se le ha causado a Jorge es terrible. Se trata de una situación fuerte que debe ser denunciada y conocida.
Se ha establecido como prueba la transcripción de los audios de la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO).
Frente a esa adulteración, Jorge Mateluna y su equipo de abogados presentaron una ampliación de querella. Y, a pesar de que las transcripciones son oficiales -están firmadas por funcionarios públicos de Carabineros que, además, hoy son carabineros-, se le puso "inaudible" a un audio que es absolutamente audible. Ello, justo en una parte que permite determinar con certeza que no es verdadera la versión de los carabineros aprehensores de que se habían demorado cierta cantidad de tiempo en detener a un "asaltante", pues pasó mucho más tiempo: ¡cinco veces más! En realidad, detuvieron a Jorge Mateluna, luego de hacerle un control de identidad y de revisarle sus documentos, al comprobar que era un exfrentista.
La adulteración de instrumento público ameritó la ampliación de la querella.
En este caso, un funcionario de Carabineros miente abiertamente ante el tribunal y le expresa al juez: "... un testigo reconoció a Jorge Mateluna". Pero durante el juicio es descubierto en la mentira y simplemente dice: "Fue un error". Y lo hace en un tono que es imposible describir con palabras.
Yo los invito a escuchar el audio, a que lo conozcan. Lo que dice constituye una burla.
Es triste comprobar que en muchísimos casos -no solo en este- funcionarios de Carabineros han implantado pruebas.
¡La credibilidad de Carabineros está en juego!
Hay en este juicio una confesión de un funcionario de Carabineros, quien dice: "Al día siguiente de la detención de Jorge Mateluna, van al lugar de la detención él y un grupo de funcionarios del OS-9, y plantan las especies que supuestamente le habrían incautado a Mateluna. Las ponen en el lugar y las fotografían.".
El abogado de Mateluna pregunta: "¿Qué es lo grave de esto?". Aquí lo que se hizo fue plantar evidencia (...) sin contarle jamás al Fiscal ni a la defensa. Eso se llama "montaje".
¡A Jorge Mateluna, Carabineros de Chile le hizo un montaje!
"Si eso no es un montaje," -pregunta el abogado de Mateluna- "entonces ¿qué es?".
Y sigue el abogado de Mateluna: "Pero lo más grave es que en su caso esto lo supimos después de que ya había sido condenado. Si esto lo hubiéramos descubierto antes de la condena, antes del juicio, no tenemos ninguna duda que debiera haber sido absuelto. Es más, incluso hay un video donde se ve claramente que Jorge Mateluna no es ninguno de los asaltantes. El asaltante más alto mide 1,73 metros, y está confeso. Y al que se sindica como el N° 2 -ese video lamentablemente no lo vio el tribunal-," (el tribunal que condenó; porque Carabineros lo ocultó) "al que sindican como Jorge Mateluna es mucho más bajo, mide 1,69 metros, y Mateluna mide sin zapatos 1,82 metros.".
Otra de las irregularidades graves es que las ropas que imputan tienen ADN; sin embargo, no es el de Jorge Mateluna.
Esto es increíble: se encontró ADN, pero de una tercera persona, de una persona no identificada. No se trata de Jorge Mateluna.
Aquella es una prueba exculpatoria. Lamentablemente, de eso no hay mención en la sentencia.
Cuando se hizo el control de detención, Mateluna estaba vestido con chaqueta y pantalón verdes. Pero no le sacaron fotos en el lugar; no aislaron el sitio del suceso. Y el asaltante, según los únicos dos testigos oculares, estaba vestido con chaqueta y pantalón ¡negros!
A esos dos testigos oculares nunca se les pidió reconocer a Jorge Mateluna en una rueda de presos o en fotografías de él.
No se explica en ninguna parte cómo el asaltante, quien iba con chaqueta y pantalones negros, se cambió la ropa.
Hay otros detenidos, señor Presidente.
Alejandro Astorga, quien fue aprehendido y está confeso y condenado, declaró ante el tribunal que Jorge Mateluna no tuvo participación en los hechos. Sin embargo, ello no fue considerado por aquel.
Señor Presidente, si a Jorge Mateluna lo hubieran detenido en su condición de exfrentista, lo razonable habría sido tener en cuenta si podía pensar en cometer delitos cuando contaba con un muy buen trabajo, con una pareja estable y no enfrentaba ninguna necesidad económica.
Se está considerando un recurso de revisión ante la Corte Suprema, porque los hechos son escandalosos.
Hay una querella en contra de cuatro funcionarios públicos miembros de Carabineros de Chile.
Existe un sinnúmero de pruebas impresionantes. Un peritaje antropométrico de la defensa muestra claramente que Jorge Mateluna no era uno de los asaltantes, pero no se le dio valor. Es preciso recordar que los reales autores fueron detenidos pocos minutos después.
Un perito de Carabineros dice que "el asaltante Sanhueza, su ropa coincide con uno que aparece en el video, y que el señor Astorga también vestía una ropa que coincidía con otro en el video. Pero respecto de la ropa de Jorge Mateluna no hubo pronunciamiento. No se dijo nada en el peritaje. Y la defensa le preguntó por qué no hizo esa comparación. El perito respondió textualmente: "Que no quise precisarlo en el informe porque no había evidencias tajantes". Es decir, cuando la evidencia era favorable a Mateluna, no se consignó en el informe.". Y cuando un elemento podía inculparlo, fue incorporado.
Claro, Jorge Mateluna es un exfrentista, pero perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre los 13 años y los 18 y estuvo preso entre los 18 y los 30. Eso es cierto. Fue indultado por la Presidenta Bachelet.
Tuve la oportunidad de conocerlo durante el anterior proceso de indulto y de ir a verlo a la cárcel de Alta Seguridad, donde hoy día se encuentra. Deseo compartir con ustedes que, cuando salió en libertad al cumplir su condena, trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura. Montó una productora de arte que ganó proyectos importantes, colaboró con CODEPU y trabajó con el dramaturgo y guionista Guillermo Calderón en la obra Escuela. Ahí surgió una amistad muy importante con la gente del mundo de la cultura y del teatro. Hay obras de teatro -invito a verlas- y videos.
Lo único que los antecedentes me hacen señalar es que los montajes que hemos conocido, la operación Huracán y la acción en contra de las comunidades mapuches forman parte de una condición que se naturalizó en Carabineros. Es decir, se hizo normal inculpar a un inocente y montar pruebas.
No es sustentable que en un país como Chile alguien esté preso después de escucharse audios y haberse visto pruebas exculpatorias, con las adulteraciones señaladas.
No es posible, bajo ninguna excusa, personal o de cualquier tipo, que alguien no sienta de verdad vergüenza por lo que está pasando con Jorge Mateluna, por el actuar de Carabineros, y no deje de sentirse incómodo por permitirse este tipo de injusticia.
Muchas de las pruebas estuvieron ocultas, otras fueron adulteraciones y otras no aparecieron. No estuvieron al alcance de la defensa porque ¡se limitaron!
Una de las principales con que se cuenta es un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI), el cual concluyó que la estatura registrada de Mateluna no cuadra con el tamaño de la persona que en el video se ve asaltando el banco -¡se observa a todos los participantes y ninguno de ellos cuadra con la condición física del primero!-, elemento usado por la Fiscalía Occidente como evidencia en el juicio para declararlo culpable.
Su defensa, representada por el abogado Jaime Madariaga, se encuentra ad portas de recurrir a la Corte Suprema para que se revise la condena.
Un equipo de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que incluye al decano, Davor Harasic, y a los abogados Lupi Aguirre y Marcelo Oyharcabal, quienes trabajan también en el Consejo de Defensa del Estado, se ha sumado a la cruzada para denunciar y demostrar jurídicamente que en efecto se ha cometido, como dije, no un error...
No se ha cometido un error judicial, sino una grave injusticia.
Quiero que mi intervención y el importante conjunto de documentos se hagan llegar al General Director de Carabineros, señor Hermes Soto, a fin de que pueda tomar conocimiento de manera oficial de los hechos.
Se vive una nueva etapa en esa institución. Confiamos en que la credibilidad se recuperará. Se ha registrado una profunda reflexión al interior de la entidad, a la que todos respetamos. Queremos que siga siendo parte de la vida ciudadana y que merezca la mayor consideración de todos los ciudadanos.
Algunos elementos causaron mucho daño a Carabineros. No sé si se mantienen los que propiciaron la investigación, falsificaron las pruebas e hicieron cometer una injusticia, pero existe el deber moral, el deber judicial y el deber ético de que la situación sea investigada en su seno.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los Comités Evópoli y Revolución Democrática no ocuparán su tiempo.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente se han solicitado dos intervenciones, entre las cuales se dividirán los trece minutos disponibles.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en una audiencia realizada la semana recién pasada, un grupo de 17 trabajadores me representaron una situación gravísima, relativa, no al cierre o término, sino al abandono, más que nada, de una obra pública en ejecución: ni más ni menos que un jardín infantil en el sector de Ribera Sur, en Puerto Aisén.
El establecimiento atendería a 96 niños y se halla asociado a un proyecto de 142 viviendas de la misma empresa: Gabriel García EIRL.
¿Cuál es la situación curiosa? Dichas unidades fueron dejadas por la constructora en la etapa de ejecución. Colateralmente, esta llevaba adelante el importante proyecto para los niños, el cual, además, se hallaba incluido en la meta del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
¿Qué sucede, en definitiva, en este minuto? Al haberse abandonado las obras, se presenta la grave circunstancia de que los 17 trabajadores han quedado entregados a su suerte y carecen de un referente al cual recurrir. Se encuentran pendientes remuneraciones legítimas y hay imposiciones declaradas y sin pago, las cuales se están acumulando.
Tengo en mi poder el lindo diseño del jardín infantil y la constancia de las buenas intenciones expresadas en las palabras de las autoridades de la época, que destacaban el gran impacto que iba a tener la obra.
Todos valoramos la meta en salas cunas y jardines infantiles impulsados en el Gobierno pasado. Sin perjuicio del papel de la dirección regional de la JUNJI, incluso se creó una estructura complementaria abocada precisamente a la materialización del propósito presidencial.
El jardín iba a atender a modestas familias de Puerto Aisén, por una parte, y los trabajadores, por la otra, se ven hoy en la indefensión, obviamente. Por eso, solicito que mi intervención se haga llegar a las autoridades sectoriales, a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, a la Inspección del Trabajo, al Intendente y al Ejecutivo, para que se asuma cabalmente lo que significará el incumplimiento del contrato.
Es preciso que los trabajadores ejerzan su legítimo derecho a recibir sus remuneraciones. Y resulta curioso: las imposiciones se declararon, pero no se pagaron. No comprendo cómo se cursa un contrato con estados de pagos de por medio si la empresa no cumple con las obligaciones salariales involucradas.
Quiero formular también un llamado para que la defensoría laboral se haga cargo del asunto, porque los afectados, ante su indefensión, han tenido que recurrir, más encima, a la contratación de abogados privados. Como no son personas de recursos, ello disminuirá lo que logren obtener en el juicio laboral.
A mi juicio, la situación expuesta es absolutamente impresentable. Los 17 trabajadores concurrieron a la reunión del sábado recién pasado y el señor Juan Constanzo Orellana, su representante, entre comillas, planteó la necesidad de que el problema sea corregido desde el ámbito público.
El Gobierno no tiene nada que ver. Son cuestiones que vienen asumidas, porque, en definitiva, medió una muy mala gestión del contrato, así como de las viviendas, y la misma empresa abandonó las dos obras.
Por lo tanto, más allá de la circunstancia, creo que estas personas merecen legítimamente el cumplimiento de las prestaciones adeudadas, fundamentalmente el pago de remuneraciones y de obligaciones previsionales, sin perjuicio de la intervención del ente público. Todos sabemos que esa es la primera provisión cuando se liquida un asunto de esta naturaleza.
Solicito que mi exposición sea enviada a las autoridades que mencioné y que se les haga justicia a los 17 trabajadores víctimas del mal manejo de un contrato público y de una empresa que ha abandonado irresponsablemente la obra y la ha dejado sin ningún resguardo, quienes han perdido su fuente de trabajo y a los que no se les han cumplido obligaciones laborales.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Sandoval, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo restante del Comité Unión Demócrata Independiente, puede intervenir el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, en el año 2016, autoridades y ejecutivos de la empresa sanitaria de la Región de Arica y Parinacota anunciaron en los medios de comunicación que la ciudad de Arica contaría en el primer semestre de 2018 con una planta desalinizadora de una capacidad de doscientos litros por segundo y que implicaba una inversión inicial de treinta millones de dólares. Ello vendría a solucionar el problema de la cantidad y calidad del agua potable necesaria para el desarrollo local.
Transcurridos dos años desde la fecha del anuncio, deberíamos estar viendo la ejecución de la obra, que se encontraba enmarcada en los proyectos hídricos de gran envergadura planteados en el Gobierno anterior. En esa época se manifestó expresamente: "hoy vemos orgullosos los frutos del plan de inversión en recursos hídricos".
Estamos en 2018 y la anunciada planta debería hallarse en funciones o por comenzar a operar. Sin embargo, podemos constatar, con absoluta decepción, que no hay nada de nada, lo que implica que la urgente necesidad de contar con una solución de recursos hídricos para Arica, en cantidad y calidad, se encuentra insatisfecha y ha sido objeto de una verdadera burla, con el perjuicio que eso conlleva para una zona desértica como la nuestra.
Es por ello que solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a fin de que informen, con carácter de urgente:
1.- Cuál es el real estado de avance del proyecto de la planta desalinizadora para la ciudad de Arica.
2.- Quiénes son los responsables de que el anuncio estuviera certificado con los elementos técnicos necesarios para poder llevar adelante una iniciativa de estas características y cuáles son las razones de que hoy no se encuentre concluida y en pleno funcionamiento, de acuerdo con lo anunciado. Muy por el contrario, se evidencia que ni siquiera se ha iniciado el proceso de construcción.
Y, finalmente, cuáles son las medidas y los plazos que se pueden considerar para que la instalación sea una realidad.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, entiendo que esta parte de la sesión es para que los Senadores generalmente expongan asuntos relativos a su Región o determinados aspectos del interior del país. Por mi parte, voy a ocuparme en un tema internacional, porque estimo difícil dejar pasar más de 24 horas sin poner en cuestión un hecho que, a mi juicio, implica un grave riesgo para la paz mundial en el futuro.
Me refiero a la decisión del Presidente de los Estados Unidos, adoptada anoche, de denunciar el acuerdo a que las cinco principales potencias nucleares -es decir, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y los mismos Estados Unidos, además de Alemania- habían llegado con la República de Irán, para restringir las posibilidades de este país de seguir desarrollando un supuesto proceso de enriquecimiento de uranio que lo hubiera llevado a contar en corto plazo con un arma nuclear.
No ha sido una sorpresa, en realidad, sino que se ha seguido la línea de ese Mandatario en su campaña electoral, cuando adoptó una serie de compromisos que mucha gente esperaba que no cumpliera, porque se estimaban realmente desequilibrantes de la paz mundial, como el desahucio del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ahora se plantea lo del tratado con Irán. Otros más vendrán en el futuro, probablemente.
Deseo consignar que este no es solo un hecho que tiene alarmado a todo el mundo, sino que también de alguna manera rompe con un proceso que se ha venido desarrollando durante cerca de cincuenta años. El año 1970 fue fundamental para la distensión y desnuclearización, habiéndose firmado el llamado "Tratado de No Proliferación Nuclear", suscrito por la gran mayoría de los países del mundo.
Cuando ese instrumento se firmó, había cinco potencias nucleares "aceptadas", por así decirlo, reconocidas como tales en el tratado, que eran precisamente Estados Unidos, la en ese momento Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y la República Popular China.
Sin embargo, había ya al menos cuatro países -lo son hoy- con armas nucleares: Sudáfrica, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán. Los tres últimos eran en ese momento repúblicas soviéticas, pero hoy día son independientes y se han despojado de ese tipo de armamento.
También existía el riesgo de Israel.
Lo importante es que en el mundo había cerca de 25 países denominados "de umbral", es decir, con la capacidad de construir armas nucleares aun cuando no lo hubieran hecho. Entre ellos, dicho sea de paso, se incluían algunos de nuestra propia región que buscaban experimentar en ese ámbito.
El Tratado de No Proliferación Nuclear ha llevado a que hoy se registren todavía los mismos cinco países. Solo otros tres, que no lo suscribieron: India, Paquistán y Corea del Norte -esta última lo hizo, pero lo denunció después-, se han atrevido a construir armas nucleares. No existen muchos casos en la misma situación, salvo el de Israel, que se dice que cuenta con armamento nuclear "no autorizado", por así decirlo, y el de Irán, que estaba puesto en cuestión.
Para eso se suscribió el Tratado. Se negoció durante varios años y se llegó a una cantidad de resultados importantes, como el compromiso de Irán de dejar de producir el noventa y ocho por ciento del uranio enriquecido que registraba, así como de someterse a todo tipo de salvaguardias y a revisión, con la posibilidad de que los países suscriptores inspeccionaran en cualquier momento si pensaban que ello era necesario, para asegurarse de que estuviera cumpliendo.
Más allá de lo que afirme el Presidente de los Estados Unidos, el instrumento internacional se ha cumplido. Y lo digo no precisamente por creer que Irán no ha intentado construir una bomba nuclear y no esté en condiciones de hacerlo, sino porque nadie ha demostrado, hasta ahora, que haya faltado de manera alguna a ese compromiso.
El señor Netanyahu, Primer Ministro de Israel, anunció hace días una cantidad de transgresiones que le permitieron al Presidente Trump decir que Irán había mentido. Eso no es así. Todo lo denunciado por el primero era anterior a la firma del acuerdo, que de alguna manera reaccionaba ante ello, por lo tanto, y cumplía su cometido.
En consecuencia, creo que nos encontramos en una situación particularmente grave, que es necesario que nuestro país considere.
Chile también ha hecho un gran esfuerzo en materia de restricción sobre el tema nuclear. Cuando se retornó a la democracia, nosotros no éramos miembros activos del Tratado de Tlatelolco; no habíamos ratificado el Tratado de No Proliferación Nuclear; no participábamos en ninguno de los acuerdos sobre el particular. Hoy día los suscribimos todos.
El llamado "Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares" (TPCE) aún no es ley de la república, no porque no se haya ratificado en este Congreso -se hizo e, incluso, se depositó la notificación en Naciones Unidas-, sino porque todavía no entra en vigencia dicho instrumento en el organismo internacional.
En definitiva, tenemos una carta limpia para manifestar lo que nos parezca sobre este asunto.
Yo espero, sinceramente, que el Gobierno de Chile, así como celebró hace pocos días el acuerdo -o aparente acuerdo- entre las dos Coreas respecto del tema nuclear -ya veremos qué ocurre porque, al parecer, Estados Unidos también pretende presentarle a Corea del Norte, no un acuerdo, sino un ultimátum para que se deshaga de todo su arsenal nuclear-, sea muy vigoroso para condenar lo que ha ocurrido, que, a mi juicio, pone en riesgo la estabilidad de un régimen internacional de casi cincuenta años, que ha dado resultados y que está gravemente amenazado, no solamente por la denuncia de este tratado, sino también por los anuncios del Gobierno norteamericano respecto de un incremento y una modernización de su arsenal nuclear, todo lo cual podría llevar al mundo a una carrera armamentista que creíamos terminada hace ya bastante tiempo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Han solicitado la palabra dos señores Senadores en el tiempo del Partido Renovación Nacional e Independientes, que cuenta con once minutos para distribuir.
Tiene la palabra al Senador señor Prohens.
El señor PROHENS.- Señor Presidente, quiero solicitar que se oficie al Subsecretario de Hacienda, con copia al Director de Presupuestos, para que informe en el más breve plazo respecto a los destinos de los recursos derivados de la ley Nº 20.833, que otorgó financiamiento a la reconstrucción de la zona norte afectada por el sistema frontal de mal tiempo acaecido a partir del día 25 de marzo del año 2015 en la Región de Atacama.
Necesito conocer el monto total y destino de dichos fondos, detallado año por año, a contar de la dictación de la ley, y pido que se aclare si efectivamente un porcentaje importante de esos recursos se encuentra depositado, sin uso, en algún banco nacional o internacional.
El señor PROHENS.- Adicionalmente, junto con el Senador señor García-Huidobro, solicito que se curse un oficio en los mismos términos indicados anteriormente, a fin de que se evacúe un informe respecto al monto y destino de los recursos recaudados en virtud de la ley Nº 20.026, que establece un impuesto específico a la actividad minera, y la ley Nº 20.469, que introduce modificaciones a la tributación de esta actividad.
Pido el detalle de las inversiones realizadas con dichos recursos y de los fondos sin ejecutar que se originan en esas leyes aprobadas por el Congreso.
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre del señor Senador y del Honorable señor García-Huidobro, conforme al Reglamento.
El señor PROHENS.- Por último, señor Presidente, por la prensa hoy día me enteré de que la laguna de Aculeo está seca.
Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, quiero solicitar que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que, en el ámbito de sus competencias y a través de las pertinentes direcciones y divisiones, evacúe un informe detallado acerca de las causas y consecuencias de la desaparición de uno de los acuíferos más importante de la zona central.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo restante, tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, quiero informar un hecho que para mí es de la más alta gravedad, y no me cabe ninguna duda de que para el señor Presidente de la República también lo es.
El puente sobre el canal Chacao implica una inversión de 740 millones de dólares, y la ingeniería exigida debe cumplir con los más altos estándares de calidad, los mismos que se usan para la construcción en cualquier parte del mundo de puentes similares a este, y con una durabilidad de sus hormigones de 100 años.
La empresa consideró y aceptó tal exigencia en las bases técnicas, que fueron revisadas por la consultora a cargo de ello.
Es más, el Ministerio de Obras Públicas adquirió los equipos para realizar los ensayos de esos hormigones.
Sin embargo, a finales del año 2017, se envió una orden del Laboratorio Nacional de Vialidad para bajar el requisito de la durabilidad -repito: ¡bajar el requisito de la durabilidad!-, decisión que daña la calidad de ese futuro puente y, por ende, la imagen de Chile.
Esto hay que investigarlo. ¿Quién dio la orden? ¿Quién está detrás de una decisión tan perjudicial para ese proyecto?
¿No serán los mismos que estuvieron detrás de las decisiones del puente Loncomilla o del puente Caucau?
Esto no solo daña la durabilidad del puente sobre el canal Chacao, sino que también es un atentado al principio de la probidad en la función pública, ya que el país pagará el mismo precio por una obra de menor calidad.
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Obras Públicas, me preocupa esta situación, ya que el llenado del primer pilote del puente más grande de Chile está próximo a ejecutarse.
Por lo tanto, agradeceré que se informe con urgencia sobre lo señalado a Su Excelencia el Presidente de la República para su conocimiento, y que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que revise los cambios introducidos al proyecto inicial y los rectifique, y al señor Contralor General para que realice las auditorías correspondientes a la licitación y a la ejecución del proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los Comités restantes no harán uso de sus tiempos.
--Se levantó a las 19:22.

References: artículo 32
 artículo 72
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 18
 artículo 28
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 19
 artículo 128