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Timestamp: 2015-05-29 12:03:28+00:00

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PRESUNCI�N DE INOCENCIA Y PRUEBAS DE ALCOHOLEMIPRESUNCI�N DE INOCENCIA Y PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA
Aurelia Mar�a Romero Coloma. Abogada
El derecho a la presunci�n de inocencia consagrado por nuestra Constituci�n en su articulo 24.2 viene incardinado en una larga lista o elenco de derechos. Aparece reconocido en el T�tulo I de la Carta Magna. por lo que tiene rango de fundamental, siendo inherente a la condici�n de persona y se encuentra en correlaci�n con el respeto y la consideraci�n a que todo ser humano es acreedor, en cualquier caso y circunstancia, para preservar la dignidad.
En este estudio, voy a intentar poner de manifiesto las interconexiones que se dan entre el derecho a la presunci�n de inocencia y las pruebas de alcoholemia en relaci�n con los delitos contra la seguridad del tr�fico, a trav�s de distintas Sentencias que se han dictado en nuestro pa�s sobre este tema.
El derecho a la presunci�n de inocencia, el principio in dubio pro reo, el derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra s� mismo.
Una vez consagrado constitucionalmente el derecho a la presunci�n de inocencia, ha dejado de ser un puro principio general del Derecho para convertirse en un derecho fundamental, que vincula a todos los poderes p�blicos y que es de aplicaci�n inmediata. Tal presunci�n es s�lo iuris tantum, de manera que puede ser desvirtuada por prueba en contrario, pero para tal desvirtuaci�n es necesaria una m�nima actividad probatoria, producida con las garant�as procesales, que, de alg�n modo, pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, 1a culpabilidad del imputado. Es el Tribunal Constitucional quien ha de estimar, en caso de recurso de amparo, si existe o no prueba suficiente que pueda destruir la presunci�n de inocencia, tal como lo estim� el Alto Tribunal en Sentencia de 28 de julio de 1981. En concreto, el Tribunal Constitucional estim� que el derecho a la presunci�n de inocencia no es incompatible con la adopci�n de medidas cautelares, siempre que se adopten por resoluci�n fundada en Derecho, que ha de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, seg�n la Sentencia de 26 de noviembre de 1984.
El derecho a la presunci�n de inocencia desenvuelve su eficacia cuando existe falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no re�nen las garant�as procesales.
La presunci�n de inocencia est� recogida en distintos Textos Legales, como la Declaraci�n de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789; en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948 y en la Convenci�n de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, aprobado en Roma en 1950.
La constitucionalizaci�n en nuestro pa�s del derecho a la presunci�n de inocencia ha significado la superaci�n definitiva del sistema de valoraci�n legal de la prueba. En la actualidad, nuestro sistema procesal penal se basa en la consagraci�n de la valoraci�n de la prueba en conciencia, tal como recoge el art�culo 741 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.CRIM.). Igual valoraci�n en conciencia se recoge en diversos preceptos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien en este �ltimo corpus procesal se alude a las llamadas �reglas de la sana cr�tica�.
El sistema de prueba legal o tasada es, hoy en d�a, estimado como caduco, estrecho de miras y anticuado. El derecho a la presunci�n de inocencia es una de las garant�as m�s esenciales y relevantes con las que el ciudadano cuenta cuando se ve inmerso en un proceso. Es evidente que a ning�n ciudadano se le puede cargar con la prueba de demostrar su inocencia, porque es precisamente �sta la que se presume hasta que se pruebe lo contrario en el correspondiente proceso y con todas las garant�as constitucionales actualmente reconocidas, seg�n Ignacio Morales[1], todav�a tiene este derecho una mayor amplitud, ya que no se trata s�lo de presumir la inocencia en el estrecho marco de las relaciones jur�dicas y del acatamiento a las normas legales, sino de presumir le buena fe en e1 ciudadano y la adecuaci�n de sus comportamientos a las costumbres. los h�bitos y las conductas que en su entorno y ambientes profesionales, sociales y familiares tienen predicamento y aceptaci�n.
La voluntad y la intenci�n del legislador elevaron el derecho a la presunci�n de inocencia a la categor�a de derecho fundamental de la persona. La funci�n del Tribunal Constitucional en relaci�n con la suficiencia o insuficiencia de las pruebas necesarias para desvirtuar la presunci�n de inocencia, ha sido concretada en la Sentencia de. 29 de noviembre de 1983, seg�n la cual al Alto Tribunal corresponde unicamente comprobar si ha existido una m�nima actividad probatoria de cargo que pueda desvirtuar dicha presunci�n, pero respetando la valoraci�n efectuada por el Tribunal Penal, pues el Tribunal Constitucional no es un �rgano revisor o una tercera instancia.
�scar Alzaga entendi� esta presunci�n de inocencia en el sentido de que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio tramitado con las debidas garant�as, implicando el juicio penal en s� mismo y en la fase de investigaci�n que le precede la b�squeda de la verdad material sobre el delito en cuesti�n, porque acusar sin pruebas no s�lo es odioso, sino que puede llegar a constituir calumnia[2].
�Quid del principio in dubio pro reo? Ante todo, hay que partir de la base de que el derecho a la presunci�n de inocencia y el principio in dubio pro reo no significan la misma cosa. De ah� que se haga precisa la distinci�n.
in dubio pro reo significa que la falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia, Por ello, en caso de duda, de incertidumbre cuando no exista una certeza absoluta de la culpabilidad, hay que resolver en favor del imputado. Este principio jurisprudencial pertenece al momento de la valoraci�n o apreciaci�n probatoria y se ha de aplicar cuando, habiendo prueba, exista una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.
El derecho a la presunci�n de inocencia, en cambio, supone que exista falta absoluta de pruebas o que las practicadas no han reunido los requisitos o garant�as procesales.
En cuanto al derecho a no declarar contra s� mismo y a no confesarse culpable, parece oportuno, brevemente, referirse a la evoluci�n hist�rica experimentada. Hay que recordar que, en aquellas �pocas en que el enjuiciamiento criminal estaba inspirado en el principio inquisitivo se consideraba al imputado como la mejor fuente de conocimiento de los hechos, con el objetivo de lograr su confesi�n o reconocimiento de los hechos que le perjudicaban. As�, se admit�a y practicaba el tormento, que fue, por fin, abolido por la Constituci�n de C�diz de 1812.
Nuestra L.E.CRIM. acogi�, afortunadamente, principios m�s humanitarios y de corte liberal, por los que se proscribi� el juramento para los inculpados, exhort�ndolos solamente a decir la verdad y con la advertencia, hecha por el Juez, de que deb�an responder de una manera precisa y clara y conforme a la verdad a las preguntas que les hicieren. ex articulos 387 y 392 de la citada Ley Procesal penal. A mayor abundamiento, se prohibi� ejercer sobre la persona del inculpado cualquier medio de coacci�n o amenaza y se procur� que aqu�l conservara en todo momento la calma y la serenidad de juicio, ofreci�ndole la oportunidad de descansar, prohibiendo los cargos y reconvenciones y estableciendo una sanci�n disciplinaria al Juez que infringiera estos preceptos procesales.
La Constituci�n del 78 se hizo eco de lo dispuesto en nuestra L.E.CRIM. y abund�, adem�s, en dichos aspectos, estableciendo categoricamente el derecho de los inculpados a no declarar contra si mismos y a no confesarse culpables. Con la promulgaci�n de la Carta Magna lleg� a su c�spide la evoluci�n liberal y humanitaria y se derog�, de modo virtual, el art�culo 395 de la L.E.CRIM., seg�n el cual el imputado no pod�a excusarse de contestar a las preguntas que se le dirig�an a pretexto de incompetencia del Juez, tal como dict� la Sentencia de 7 de diciembre de 1984, del Tribunal Supremo.
Este derecho constitucional es, l�gicamente, renunciable. Por v�a negativa, el Alto Tribunal en Sentencia de 4 de octubre de 1983 ha declarado que el deber de someterse a un control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar contra si mismos y a no confesarse culpables, pues no se obliga al detectado a emitir una declaraci�n que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una modalidad especial de pericia, exigi�ndole una colaboraci�n no equiparable a la declaraci�n comprendida en el �mbito de los derechos proclamados en los art�culos 17.3 y 24.2 de la Constituci�n.
Si el imputado tuviera, legalmente, el deber de decir la verdad, se le estar�a exigiendo, en los supuestos de culpabilidad, que renunciara a la defensa de su libertad, en aras del alcance de la verdad. Esta exigencia, de darse, ser�a injusta e irracional. Nos encontramos ante la vigencia del principio memo tenetur ederse contra se. Fenech, en este aspecto, lleg� incluso a mantener que a los derechos del imputado hab�a que contemplarlos en un doble aspecto: Derechos procesales del imputado como parte procesal que es, y derechos naturales del imputado como persona humana, y el respeto de tales derechos se logra evitando que sea v�ctima de coacciones f�sicas y/o ps�quicas, mediante las cuales se le arranquen declaraciones perjudiciales para �l, lo que, a su vez, se logra adoptando medidas de diversa �ndole, como la relevaci�n del juramento, con la exhortaci�n, �nica y exclusivamente, de decir verdad, la prohibici�n de la capciosidad en las preguntas o de que �stas sean sugestivas. as� como la prohibici�n del empleo de coacciones y/o amenazas.
Seguidamente hay que analizar la incidencia de las pruebas de alcoholemia, en el derecho a la presunci�n de inocencia.
Derecho a la presunci�n de inocencia y pruebas de alcoholemia
Hay que partir de la base de que, para que se cometa el delito de conducci�n de veh�culo de motor bajo la influencia de bebidas alcoh�licas, tipificado en el art�culo 379 del vigente C�digo Penal, no basta simplemente con que una persona haya ingerido bebidas alcoh�licas, sino que ha de quedar acreditado, de alg�n modo, que la intoxicaci�n et�lica se traduce en la imposibilidad de conducir con le seguridad debida, sin poner en peligro la vida, integridad o bienes de las personas, bien mediante la prueba de aire espirado, bien mediante el oportuno an�lisis de sangre, lo que ser� suficiente para dictar Sentencia condenatoria, si bien s�lo en aquellos casos en que la concentraci�n alcoh�lica sea de tal grado o elevada que necesariamente cualquier persona, independientemente de sus condiciones f�sicas, haya de verse afectada en la seguridad de la conducci�n. En aquellos casos en los que no existe tal concentraci�n elevada, siendo la conducci�n correcta, no cometi�ndose ning�n tipo de anomal�as, no cabr� el tipo expresado genericamente, sino que habr� que analizar en cada caso concreto los dem�s signos externos que el conductor presentare, para constatar si efectivamente estaba o no bajo los efectos del alcohol, porque, es sabido que una misma cantidad de alcohol consumida por varias personas tiene una eficacia o influencia distinta en cada una, seg�n sus caracter�sticas o condiciones f�sicas. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de febrero de 1989, declar� que
�se estima a efectos m�dico legales, con referencia al individuo medio, que a partir de 1,50 gramos la influencia de alcohol en la conducci�n es probable, y cierta a partir de los 2 gramos.�
Es evidente que hay que analizar cada caso concreto, as� como los signos externos que presentare el conductor, para constatar si, efectivamente se encuentra bajo los efectos del alcohol tal como ha quedado rese�ado antes.
La Sentencia de 25 de mayo de 1999, en un supuesto de conducci�n bajo la influencia de bebidas alcoh�licas, explicita que era indiscutible que el acusado iba conduciendo correctamente su veh�culo cuando fue parrado en un control preventivo, sin haber cometido infracci�n alguna, que su comportamiento fue educado y su capacidad de exposici�n era clara. Le hicieron dos pruebas, con un intervalo de 24 minutos, y ambas dieron id�nticos resultados, lo que no es frecuente, ya que lo normal es que, aumente o disminuya en alguna cent�sima, lo que plante� una interrogante sobre el estado y fiabilidad del aparato con que se practicaron. La tasa de alcoholemia en sangre fue de 1.56 gramos por litro, o sea, el margen m�nimo en el que la influencia de alcohol en la conducci�n es s�lo probable. En el atestado nada consta sobre la deambulaci�n, por lo que se cre� una duda razonable que, en base al principio in dubio pro reo, se resolvi� a favor de �ste en evitaci�n de todo posible error, absolviendo al apelante del delito por el que hab�a sido condenado. La Sentencia la dict� la Audiencia Provincial de Granada.
La tambi�n dictada por la Audiencia provincial de Granada, de 30 de octubre de 1999, declar�, asimismo, que el acusado hab�a ingerido bebidas alcoh�licas, habi�ndolo admitido as� durante la instrucci�n de la causa y en el juicio oral. La cantidad ingerida estaba en torno a las dos o tres copas de vino. La prueba de alcoholemia que se le practic� dio positiva, en concreto 0,76 y 0,72 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, as� como que presentaba algunos signos externos t�picos de la persona que se encuentra bajo la influencia del alcohol: ojos brillantes, pupilas algo dilatadas, olor a alcohol y habla pastosa.
Sin embargo, el presente supuesto se complicaba bastante, ya que, al lado de estos signos externos, o, junto a ellos, ten�a otros que denotaban precisamente lo contrario, como el rostro sin ning�n detalle que destacara, es decir, no ten�a sudores, ni palidez, su comportamiento fue normal y educado y su capacidad de expresarse era igualmente normal, estando el �ndice de alcoholemia en el l�mite m�nimo a partir del cual la influencia en la conducci�n es probable, ya que ten�a 1,52 y 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre. Pero lo verdaderamente importante. -y llamativo- fue que el acusado iba conduciendo su veh�culo correctamente cuando fue parado por un control rutinario, sin que hubiera cometido infracci�n alguna.
Todo ello condujo a pensar que se estaba ante una serie de datos que induc�an a pensar en un estado de influencia et�lica. Pero, frente a ellos, hab�a otros datos que abonaban precisamente lo contraria o la posibilidad contraria, creando una duda razonable que, en base al principio in dubio pro reo, se resolvi� a favor del acusado, al objeto de evitar todo posible error, por lo que se estim� el recurso y se absolvi� el apelante por el delito por el que ven�a condenado.
Parece oportuno plantearse la cuesti�n de si, en relaci�n con el derecho a la presunci�n de inocencia, son admisibles las pruebas indiciarias en el delito de conducci�n bajo la influencia de bebidas alcoh�licas.
En este sentido, hay que recalcar que son pruebas indiciarias aquellas que se dirigen a demostrar la certeza de unos hechos (indicios), que no son los constitutivos de delito, sino de los que pueden inferirse �stos y la participaci�n del procesado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y l�gico existente entre los hechos probados y los que se tratar de probar.
Sobre tan delicada cuesti�n no hay inconveniente en afirmar que el derecho a la presunci�n de inocencia no se opone a que, la convicci�n judicial, en un proceso penal, se pueda formar sobre la base de una prueba de indicios, por lo que hay que concluir que este tipo de prueba es compatible con el derecho a la presunci�n de inocencia. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1985 puso claridad en este controvertido tema, diciendo que �es un hecho que en los juicios criminales no siempre es posible esa prueba directa por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Prescindir de la prueba indiciaria conducir�a, en ocasiones, a la impunidad de ciertos delitos y, especialmente, de los perpetrados con particular astucia, lo que provocar�a una grave indefensi�n social.�
De todas formas, estimo que la prueba indiciarla es peligrosa y puede llevar a conculcar el derecho a la presunci�n de inocencia. Este factor es algo que, sin duda, no se oculta. De ah� que el propio Tribunal Constitucional, en la Sentencia mencionada con anterioridad, recuerde, de alg�n modo, la distinci�n entre prueba de indicios y sospechas. As�, la prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados, en primer lugar.
En segundo lugar, los hechos constitutivos del delito deben deducirse de esos hechos a trav�s de un proceso mental razonado y acorde con tas reglas de! criterio humano.
En tercer lugar, si los mismos hechos probados permiten diversas conclusiones o interpretaciones, el Tribunal debe razonar por qu� elige la que estima probada.
Y, por �ltimo, no es suficiente para considerar culpable al acusado que su versi�n de los hechos no sea conveniente o, resulte contradicha por la prueba, pero su versi�n constituye un dato que, el Juzgador deber� aceptar o rechazar razonadamente.
Al hilo de estas consideraciones, corresponde examinar ahora la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 5 de noviembre de 1999. El supuesto enjuiciado se refer�a a un delito de conducci�n bajo la influencia de bebidas alcoh�licas. Su Fundamento de Derecho Primero razonaba afirmando que �el recurso se fundamenta en la vulneraci�n de los principios de presunci�n de inocencia, previsto en el art�culo 24 de la Constituci�n, as� como del in dubio pro reo, por el error en la apreciaci�n de la prueba cometido por el Juzgador de la Primera Instancia..., y tanto con respecto al delito de conducci�n bajo la influencia de bebidas alcoh�licas, como referente al de desobediencia al sometimiento a las pruebas de impregnaci�n de ellas, inferido tacitamente, a�adiendo cuestiones jur�dicas con respecto a este �ltima.
Es sabido c�mo a veces se discute y analiza si ambos principios, el de presunci�n de inocencia y el de in dubio pro reo, son de una misma coincidencia, con identidad y hasta confusi�n, o son diferentes; as�, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28-7-81 se formul� voto particular en el que se dec�a que la presunci�n de inocencia, que en su formulaci�n latina del in dubio pro reo ha estado presente en nuestro Ordenamiento y en la propia jurisprudencia como principio general...� y as� se entiende como emanaciones ambas formulaciones del principio general del favor reo que inspira el proceso penal moderno. Pero, a parte de esas excepciones jurisprudenciales y doctrinales, se viene de modo m�s general diferenci�ndolos para no ver en la proclamaci�n constitucional de la presunci�n de inocencia una especie de duplicado innecesario del otro viejo principio. Y as� proclam� la Sentencia T.S. de 31-1-93 que el principio in dubio pro reo no resulta comprendido con el art�culo 24 de la Constituci�n, que crea a favor de los ciudadanos el derecho a ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario mediante prueba bastante para destruir dicha presunci�n; el in dubio pro reo se dirige al Juzgador como norma interpretativa para establecer en aquellos casos en los que se ha desarrollado actividad probatoria normal, si las pruebas dejaren duda en el �nimo del Juzgador sobre la existencia de la culpabilidad del acusado, deber� por humanidad y justicia absolv�rsele; con lo cual, el primer principio se refiere a la existencia o no de prueba que lo desvirt�e y el segundo envuelve un problema subjetivo de valoraci�n probatoria.
Por tanto, aunque est�n pr�ximos, no pueden confundirse, uno atiende a la protecci�n frente al vac�o probatorio, el otro ante una duda razonable.
Se hace referencia, en esta importante Sentencia, a las pruebas directas y a las indirectas o de indicios, citando a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de mayo del 99, que afirm� que la convicci�n judicial que se alcanza a trav�s de la prueba de indicios, en la que el hecho objeto de prueba no es el constitutivo de delito, sino otro intermedio que permite llegar a �l a trav�s de una regla de experiencia, el nexo existente entre el hecho base y el hecho en consecuencia, que ha de ser coherente, l�gico y racional, seg�n la Sentencia del Alto Tribunal 169/1996. La falta de concordancia con las reglas del criterio humano se puede producir tanto por falta de l�gica o de coherencia en la inferencia como por el car�cter excesivamente abierto, d�bil o indeterminado de la misma. Pero el control de todo ello ha de ser extremadamente cauteloso en esta sede.
El Fundamento de Derecho Segundo declar� que �respecto al delito de conducci�n bajo la influencia de bebidas alcoh�licas, se dice en el escrito de recurso que no existe prueba de alcoholemia que as� lo acredite; sin perjuicio de lo que se dir� en cuanto a la prueba de medici�n de la influencia de aquellas bebidas, es sabido c�mo la constataci�n de la influencia de ellas para estimar conjugado el tipo del art�culo 379 del C�digo Penal como dirigido a la protecci�n de la seguridad del tr�fico rodado, no s�lo puede inferirse de la medici�n indicada, bien por aire expirado, bien por an�lisis de la concentraci�n en sangre, sino por otros datos, s�ntomas o actuaciones que as� lo acrediten, pues la injerencia de dichas bebidas producen efectos al exterior evidentes cuando lo son en la medida que es necesaria para la configuraci�n del tipo.
En el escrito se dice que s�lo tom� dos copas de vino y que aparc� correctamente; olvida que consta en el atestado no s�lo esas dos, sino otras de ponche y co�ac, de evidente mayor alta concentraci�n alcoh�lica; por otra, la actuaci�n inicial de los agentes de la autoridad fue motivada por el estacionamiento indebido por parte del acusado del veh�culo que conduc�a, par�ndolo anormalmente y, como dijo uno de aqu�llos en el acto del juicio oral, los otros veh�culos ten�an que irse al carril de la izquierda para rebasarlo. Si examinamos los signos f�sicos y de comportamiento del acusado, reflejados en el atestado, son los m�s indicativos de la notable influencia de las bebidas alcoh�licas en su organismo, a m�s de lo dicho, desde olor a alcohol, congestionado, con evidentes rojeces en mejilla y nariz, ojos brillantes..., pupilas dilatadas, hasta el habla pastosa y falta de conexi�n l�gica en las expresiones, sin olvidar el movimiento oscilante de 1a verticalidad del cuerpo.
De todo ello se extrae la conclusi�n de que en el momento en que fue examinado por los agentes, sus facultades f�sicas y ps�quicas estaban notablemente influidas por la injerencia de bebidas alcoh�licas, lo que comporta la deducci�n l�gica de que, cuando unos momentos antes, el acusado hab�a conducido su veh�culo esas facultades necesariamente estaban mermadas para la direcci�n y control del m�vil que pilotaba, por lo que conjug� el tipo del art. 375 del C�digo Penal, lo que conlleva la desestimaci�n del recurso en este aspecto; sin que sea acogida siquiera la alegaci�n del mareo por el cigarro que se fum�, pues, aun cierto, es obvio que deb�a conocer que ello supondr�a un agravamiento de la anterior injerencia de las bebidas indicadas, aminorando m�s las facultades dichas, ni que la sentencia, en cierto modo contradictoria, deniega la aplicaci�n de la atenuante de embriaguez, pues por una parte no era operante, dada la pena impuesta por el otro delito de desobediencia, pueden no ser coincidentes ambos conceptos, y este Tribunal ha explicado bien, como lo hizo el de primera instancia, a pesar de lo anterior, la influencia en la conducci�n de su injerencia con conculcaci�n de la seguridad en la conducci�n�.
El Fundamento de Derecho Tercero de esta Sentencia entr� a considerar el delito de desobediencia tipificado en el art. 380 del C�digo Penal, calific�ndolo de grave y remitiendo al art. 556 del mencionado corpus legal. La conducta consiste en una omisi�n, cual es la negativa al sometimiento a las pruebas legalmente establecidas para comprobar la influencia de bebidas alcoh�licas en el organismo del conductor requerido para ello por los agentes de la autoridad. La negativa a ese sometimiento puede hacerse de una manera expresa, a trav�s de la manifestaci�n, clara y terminante., del sujeto requerido. O bien, de forma t�cita, simulando querer hacer la prueba medidora mediante la actividad personal del soplado en la v�lvula del aparato, que debe hacerse con una cierta intensidad, cuando en realidad no se quiere, bastando para ello con no impulsar el aire expirado con la fuerza suficiente como para poner en marcha y efectividad el proceso de an�lisis.
El conductor se neg�, en principio, a someterse a la prueba, pero, m�s tarde, acudi� a ella. Pero no logr� que el aparato medidor realizase su funci�n por falta de intensidad en la expiraci�n, aunque fueron ocho los intentos, voluntarios o involuntarios.
El Juzgador de Primera Instancia se decant� por estimar negativa t�cita al sometimiento a la prueba. Pero el Tribunal dud� si en realidad, el acusado demostr� su negativa mediante el soplado defectuoso o bien si, dadas sus condiciones f�sico-ps�quicas sus facultades no eran las id�neas para la realizaci�n de la prueba. La Audiencia razon� acerca del estado en que se encontraba el conductor por la injerencia de bebidas alcoh�licas. Se sabe que �stas influyen de manera notable en las pruebas. Al Tribunal le cupo la duda de si los repetidos intentos fueron debidas a la negativa real a someterse a las pruebas de medici�n, o si las condiciones en las que el conductor se encontraba le impidieron, en realidad realizarla en la forma debida para que el aparato medidor funcionase correctamente, ante ello, prim� la duda en favor del reo, de acuerdo con el art�culo 24 de nuestra Constituci�n.
La prueba de alcoholemia tiene en nuestro pa�s un car�cter orientativo. As� se desprende de la Sentencia del Alto Tribunal de 7 de octubre de 1985, al establecer que al detenido corresponden los derechos contenidos en el apartado 3 del articulo 17 de la Constituci�n. Pero no est� en esta situaci�n quien conduce un veh�culo de motor y es requerido policialmente para su verificaci�n, porque ni el as� requerido queda, s�lo por ello, en esta situaci�n en el sentido constitucional del concepto, ni la realizaci�n del an�lisis entra�a exigencia alguna de declaraci�n autoincriminatoria del afectado, y si s�lo la verificaci�n de una pericia t�cnica de resultado incierto y que no exorbita, en s�, las funciones propias de quienes tienen como deber la preservaci�n de la seguridad del tr�nsito y, en su caso, en m�rito de lo dispuesto en el art�culo 492.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la detenci�n de quien intentare, cometer un delito o lo estuviere cometiendo.
Esta �ltima Sentencia citada tambi�n declar� que en modo alguno puede considerarse inconstitucional por no violar el art�culo 17.3 de la Constituci�n la previsi�n normativa de una prueba tendente a determinar el grado de alcohol en la sangre de los conductores de veh�culos de motor, y ello sin perjuicio de que la forma de realizaci�n de dicha prueba pueda presentar aspectos de relevancia constitucional, seg�n los Autos del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 1983 y 30 de enero de 1984.
Hay que recalcar que la realizaci�n de la prueba de alcoholemia, as� como la comprobaci�n por otro medio, por agentes del orden p�blico, de la identidad y estado de los conductores no requiere de las garant�as inscritas en el art�culo 173 de la Constituci�n, dispuestas especificamente en protecci�n del deterido y no de quienquiera que se halle sujeto a las normas de polic�a de tr�fico.
A la vista de las Sentencias examinadas y de los planteamientos efectuados, cabe concluir en que la presunci�n de inocencia o, por mejor decir, el derecho a la presunci�n de inocencia, por propia definici�n, s�lo ha de ata�er a la existencia misma del hecho delictivo y a la participaci�n en el mismo del acusado. S�lo y exclusivamente a tales extremos principales y no a cualesquiera otras cuestiones, como la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. As� lo ha puesto do manifiesto tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, declarando que la inocencia de la que trata o a la que hace referencia el art�culo 24 de la Constituci�n ha de entenderse en el sentido de no autor�a, no producci�n del da�o o no participaci�n en los hechos, como una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias, entre otras muchas, de 28 de abril y 11 de mayo de 1998).
S�lo la apreciaci�n de circunstancias agravantes, si las mismas determinan un tipo delictivo distinto, por ejemplo, pi�nsese en el hurto y el robo, o en el homicidio y asesinato, resulta observada por la presunci�n de inocencia -las Sentencias del Alto Tribunal 140/1985 y 25/1988 Se refieren precisamente, al hurto y robo, rechaz�ndose, en todo caso, el examen de. circunstancias eximentes o atenuantes a la luz de la presunci�n de inocencia (Sentencias del Tribunal Constitucional 211/1992, 195/1993 y 133/1994).
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc�a de 24 de Abril de 1999, al considerar este extremo, puso de manifiesto que �el recurso est� destinado al fracaso, habida cuenta que se ci�e exclusivamente a la apreciaci�n de tales circunstancias modificativas, concretadas en la eximente incompleta del art. 21.1� del C�digo Penal, y en la atenuante de alcoholemia, 2� de ese mismo precepto. La apreciaci�n de su concurrencia cae, pues, radicalmente fuera del �mbito de la apelaci�n y, por tanto, de las posibilidades revisoras de esta Sala. No puede, pues, hablarse de vulneraci�n de presunci�n de inocencia, si el recurso no pone en duda ni la realidad del hecho delictivo, ni la participaci�n en �l de la acusada. El motivo, por ello, no puede acogerse.�
Ha de quedar claro, no obstante. que todas las pruebas practicadas, tal como exige el art�culo 24 de nuestra Constituci�n, han de llevarse a cabo con todas las garant�as legales necesarias, en este sentido es importante rese�ar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ja�n de 19 de marzo de 1999. en la que, en relaci� con un delito de conducci�n bajo la influencia de bebidas alcoh�licas, se interpuso recurso de apelaci�n en base a un primer motivo sobre error en la apreciaci�n de la prueba, al no constar una conducci�n an�mala, ni que la ingesta de bebidas alcoh�licas hubiera ejercido una influencia negativa en la conducci�n.
El motivo no prosper�, ya que el Juzgador de Instancia hab�a valorado correctamente las pruebas practicadas obrantes en autos y ratificadas en el acto del juicio oral y de las que result� probado un hecho objetivo indiscutible, que el acusado, al practic�rsele la prueba de alcoholemia, dio un resultado positivo de 0,94 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y 0,88 en una segunda prueba que se le practic� al cabo de casi media hora m�s tarde. El conductor accedi�, asimismo, a que se le extrajera sangre, para que se practicara la prueba de laboratorio y �sta se llev� a cabo arrojando un resultado de 2,62 gramos por litro de saneare, graduaci�n que supera en exceso el l�mite permitido. En las pruebas se hac�a constar la certificaci�n de verificaci�n del etil�metro con el que se llev� a cabo la primera medici�n, que le declara conforme para la misma y que se realiz� dentro del plazo de vigencia. Todo ello unido a los s�ntomas externos que el Conductor presentaba, tales como ojos brillantes y rojizos, aliento a alcohol, pronunciaci�n titubeante y repetitiva, abatimiento, rostro congestionado y deambulaci�n vacilante, lo que hace quebrar la presunci�n de inocencia que proclama el art�culo, tantas veces citado, 24 de la Constituci�n.
La infracci�n, por tanto, se hab�a consumado, al ser un delito de peligro abstracto o gen�rico, no siendo necesario demostrar la efectiva puesta en peligro de bienes jur�dicos ajenos, y ni siquiera el modo de conducir an�malo o irregular. Es decir, la infracci�n se entiende cometida o se consuma por el hecho de conducir en las circunstancias que ya han sido relatadas y se presume ex lege et iuris et de iure el peligro para la seguridad jur�dica en tal estado.
Se invoc� un Segundo motivo sobre infracci�n de precepto legal, aduci�ndose la necesidad de que las pruebas de alcoholemia se practicaran con las necesarias garant�as.
Este segundo motivo tampoco tuvo favorable acogida ya que en las actuaciones constaba que la prueba de alcoholemia se practic� con todos los requisitos legales e igualmente la prueba de extracci�n de sangre se practic� con la advertencia del ATS de no utilizar alcohol. Cumplidos estos requisitos el tubo de sangre fue conservado en una nevera de las dependencias policiales y el an�lisis fue realizado por el laboratorio de la Consejer�a de Salud de forma correcta y bajo la direcci�n de un t�cnico analista y la supervisi�n del director del laboratorio.
Era evidente, por tanto, que las pruebas practicadas se hab�an llevado a cabo con todas las garant�as legales que son necesarias y requeridas para cumplir el mandato contenido en el art�culo 24 de nuestra Constituci�n.
Estimo que, en otro caso, la eventual insuficiencia de condiciones o garant�as de la prueba de alcoholemia no supone, sin embargo, que haya de apreciarse una absoluta carencia de actividad probatoria, pero siempre y cuando el Juzgador disponga de la declaraci�n del conductor. reconociendo haber ingerido bebidas alcoh�licas, tal como declara la Sentencia del Alto Tribunal de 23 de septiembre de 1987. En este sentido, hay que recordar de nuevo que el derecho a la presunci�n de inocencia puede ser desvirtuado por una m�nima actividad probatoria, producida con las garant�as procesales y que pueda entenderse de cargo, pudi�ndose deducir la culpabilidad del acusado.
Morales Lupi�nez, Ignacio: �Alcance del derecho a la presunci�n de inocencia� en el bolet�n del ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, n�mero 4, febrero de 1983.
Alzaga, �scar: La Constituci�n Espa�ola de 1978. Comentario sistem�tico. Madrid 1979. p�g. 238.

References: in dubio
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e contrario
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