Source: https://boletinjuridico.wordpress.com/2015/07/20/ley-152015-de-2-de-julio-de-la-jurisdiccion-voluntaria-y-parte-v/
Timestamp: 2018-07-18 10:57:13+00:00

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Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (y parte V) – BOLETIN JURIDICO MENSUAL
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (y parte V).
(al ser autónoma, adelantamos la parte final del comentario, a la espera de publicar la parte IV que termina el estudio de los expedientes notariales)
II.- Expedientes del registro mercantil.
En el ámbito del RP las principales novedades ya se habían producido con la Ley 13/2015, de 24 de junio, y han sido objeto de cometario anterior en este mismo Boletín. Destacar ahora la incorporación de la conciliación a cargo del Registrador sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el RP, RM u otro Registro Público que sea de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, en concurrencia con N y SJ (art. 103.bis LH). Por eso ahora nos vamos a centrar en los nuevos expedientes de RM. Destacar, no obstante, que en el ámbito exclusivamente judicial hay algunos expedientes mercantiles que resultan de gran interés, y ahora sólo mencionamos: exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad –arts. 112/116 LJV-, disolución judicial de sociedades –arts. 125/128 LJV-. Otros, en cambio, se atribuyen al SJ y al N, pero no al RM, como el expediente de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio –arts. 132/135 LJV- y el nombramiento de peritos en los contratos de seguro –arts. 136/138 LJV. Eliminamos en la exposición que sigue, por innecesarios, los epígrafes referidos a Registro y Legislación civil afectada.
1.1.- Reducción forzosa del capital.
+ En los supuestos de adquisición originaria por SA de acciones propias con infracción de lo dispuesto en el art. 134 LSC, la sociedad deberá enajenarlas en el plazo máximo de un año a contar desde la primera adquisición; transcurrido este plazo, los administradores procederán de inmediato a convocar Junta General -JG- para que acuerde la amortización con la consiguiente reducción del capital. En el caso de que no se hubiera reducido en el plazo de dos meses, se hace posible la reducción forzosa del capital por el RM, que es la novedad ahora incorporada (art. 139.3 LSC). Igual ocurre en el supuesto de adquisición derivativa realizada por SA (remisión ex art. 147 LSC).
+ En la adquisición derivativa de participaciones propias por SRL el plazo de enajenación/amortización es de tres años; transcurrido este plazo, el RM podrá acordar la amortización, con la consiguiente reducción del capital (art. 141.2 LSC).
b) Alternatividad: la reducción también se puede acordar por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (art. 124 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
c) Competencia: el RM del domicilio social; no parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues contra la resolución desfavorable sólo cabe recurso ante el JM.
+ Es necesario acreditar un interés ante el RM; es de suponer que el solicitante acreditará ante el RM el hecho de la adquisición.
+ Los administradores está obligados a solicitar la reducción registral del capital cuando el acuerdo de la JG hubiera sido contrario a esa reducción o no pudiera ser logrado; habrán de acreditar ante el RM esta circunstancia. Un problema puede surgir cuando el acuerdo contrario a la reducción haya sido impugnado judicialmente, y no parece que el RMN entonces esté en condiciones de resolver (arg. ex art. 6.2 LJV).
e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 129.3 LJV)
+ A la espera del RRM, podría seguirse un sistema parecido al del art. 353 RRM en cuanto al asiento de presentación y la apertura de expediente; cuando no se haya solicitado por los administradores, se les habría de dar la oportunidad de oponerse.
+ El RM habrá de acordar la amortización de las acciones propias, dando nueva redacción a los artículos de los estatutos sociales relativos a la cifra del capital social y a las acciones, con las indicaciones a que se refieren los arts. 121 y 122 RRM (arg. ex art. 173 RRM). No está claro si existe derecho de oposición de los acreedores en esta reducción (en la SRL, cuando se hubiera previsto en los estatutos, art. 333 LSC), salvo que la sociedad dote reservas indisponibles por igual cuantía (v. Resolución de 16/11/2006). Pero esta decisión corresponde a la sociedad. De haber derecho de oposición, los administradores habrán de encargarse de la publicación de la reducción y hacer la oportuna manifestación ante el RM.
+ Si por virtud de la resolución del RM el capital social resultara inferior al mínimo legal, el RM suspenderá la inscripción y extenderá nota de cierre provisional hasta que se presente en el RM la escritura de transformación, de aumento del capital social en la medida necesaria o de disolución (art. 173 RRM).
g) Resolución y efectos: la resolución del RM decretando la reducción, quizá no sea directamente inscribible si hay derecho de oposición, en cuyo caso la inscripción habrá de esperar a que se cumplan esos requisitos adicionales; de todos modos, la decisión favorable o desfavorable será recurrible ante el JM; no obstante, respecto de la favorable, sorprende un poco la posibilidad de recurrir una resolución cuando ya esté practicado el asiento, salvo que se deba esperar el plazo de posible recurso para su práctica (para el SJ, v. art. 21 LJV).
h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
i) Entrada en vigor: 23/07/2015.
1.2.- Enajenación forzosa.
+ En el caso de acciones/participaciones de la sociedad dominante cuando la adquirente es una SA no puede ordenarse la reducción de capital a falta de enajenación, pues esta reducción depende de la JG de la sociedad dominante; tampoco podría ordenarse a los administradores de la sociedad dominante que enajenen las acciones/participaciones de la filial; por eso la solución legal era la enajenación judicial de las mismas. La reforma dispone ahora que esa enajenación podrá hacerse también por el RM (art. 139.4 LSC).
+ Cuando la adquirente es una SRL el art. 141.3 LSC dispone que las acciones/participaciones deberán ser enajenadas en el plazo de un año, pero no hacía referencia a una posible enajenación judicial, y ahora tampoco alude a la enajenación registral. No obstante, puede aplicarse el mismo criterio previsto para la SA.
b) Alternatividad: la enajenación también se puede acordar por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (art. 124 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
d) Legitimación: es necesario acreditar un interés ante el RM, que puede estar referido, tanto a la dominante, como a la dominada; es de suponer que el solicitante acreditará ante el RM el hecho de la adquisición.
f) Trámites esenciales del procedimiento: el RM ordenará la enajenación y sus condiciones esenciales, que habrán de respetar el régimen legal/estatutario de la sociedad dominante, pero la enajenación ha de acomodarse a las reglas generales, sin provocar un asiento específico.
g) Resolución y efectos: la decisión favorable o desfavorable habría de ser recurrible ante el JM.
1.3.- Convocatoria de junta general.
a) Ámbito de aplicación y objeto: el RM podrá convocar la JG en varios supuestos,
+ JG ordinaria o prevista en los estatutos que no hubiera sido convocada dentro del plazo legal o estatutario (art. 169.1 LSC).
+ JG a solicitud de la minoría, que no hubiera sido convocada para su celebración dentro del plazo de dos meses (art. 169.2 LSC).
+ En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de algunos de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cuando la JG se convoque sólo para el nombramiento de administradores (art. 171 LSC).
+ Otro supuesto especial similar al anterior, es la convocatoria de JG de una sociedad disuelta para proceder sólo al nombramiento de un liquidador (art. 377.1 LSC).
+ La nueva regulación también se aplica a la Sociedad Anónima Europea (art. 492.2 LSC).
b) Alternatividad: la convocatoria también se puede acordar por el SJ (art. 117 LJV), determinándose la competencia por el JM del domicilio social (art. 118.1 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
c) Competencia: el RM del domicilio social; parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues nada se dice en contra de la aplicación de la regla general.
d) Legitimación: a solicitud de cualquier socio o de la minoría correspondiente, según los casos. En espera de un desarrollo reglamentario, podemos prestar atención al art. 119 LJV; por eso, el expediente se iniciará mediante escrito solicitando la convocatoria de la JG, en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompañando los estatutos, los documentos que justifiquen la legitimación y el cumplimiento de dichos requisitos; si la JG fuera ordinaria, la solicitud deberá fundamentarse en que no se ha reunido dentro de los plazos legalmente establecidos; si la JG solicitada fuera extraordinaria, se expresarán los motivos de la solicitud y el orden del día que se solicita; también se podrá solicitar en el escrito que se designe un presidente y secretario para la JG distintos de los que corresponda estatutariamente.
e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 118.3 LJV)
f) Trámites esenciales del procedimiento: es necesario dar audiencia a los administradores; en el procedimiento ante SJ se cita a los administradores a una comparecencia, pero en el RM parece que habrían de alegar por escrito, una vez se les haya dado traslado de la solicitud admitida (arg. ex 354.2 RRM)
+ Si el RM accediere a lo solicitado, convocará la JG en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, y designará al presidente y secretario de la misma (con libertad, sin atender a las previsiones legales o estatutarias). El lugar establecido deberá ser el fijado en los Estatutos, y si no lo estuviera deberá estar dentro del término municipal donde radique el domicilio de la sociedad. Adviértase que en la SA la minoría podría solicitar del RM la inclusión de nuevos puntos en el orden del día (art. 172 LSC).
+Si se solicitare simultáneamente la celebración de una JG ordinaria y extraordinaria podrá acordarse que se celebren conjuntamente.
+ Contra la resolución por el que se acuerde la convocatoria de la JG no cabrá recurso alguno; contra la desestimatoria, parece que los generales (también contra una desestimación parcial, cuando no se hayan incluido en el orden del día todos los puntos solicitados, pero su estimación supondrá una nueva convocatoria limitada a los que finalmente se acepten en el recurso).
+ En el procedimiento ante SJ una vez obtenida la aceptación de quien haya sido designado para presidirla, la resolución convocando a la JG deberá ser notificada al solicitante y al administrador. En caso de no aceptación de la persona designada, el RM judicial nombrará a otra que la sustituya.
+ Desde el punto de vista material, el RM ordena la convocatoria, pero en la práctica era habitual que el órgano judicial entregara la convocatoria a los administradores, al solicitante o al designado presidente para llevar a cabo su publicación/comunicación, que en ocasione no se ajustaba a los términos legales/estatutarios, generando ulteriores problemas de inscripción (p. ej., Resolución de 24/01/2006). En la práctica, para hacer el llamamiento puede ser necesario que los administradores suministren al RM determinada información (p. ej., identidad y domicilio de los socios).
+ El RM no puede ordenar que se levante acta notarial de JG (aunque se pida por el solicitante), para esto se aplican las reglas generales.
h) Gastos: expresamente dispone el art. 170.4 LSC que los gastos de la convocatoria registral serán de cuenta de la sociedad, y entre esos gastos han de incluirse los aranceles del RM, no sólo los asociados a la publicidad del anuncio (de hecho, ahora no hay norma para los de convocatoria por el SJ, pues el art. 170.4 LSC sólo alude a la “registral” y nada se dice en el art. 119 LJV, con el riesgo de tener que aplicar la regla general de los gastos a cargo del solicitante, art. 7 LJV); al margen de esto, se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
1.4.- Auditor.
En materia de nombramiento de auditor con arreglo al art. 265 LSC, no se amplía la competencia del RM, sino que se implanta el principio de alternatividad al atribuir la misma competencia al SJ por el procedimiento de los arts. 120-123 LJV, y por eso ahora no lo estudiamos (v. arts. 350 y ss. RRM; para los gastos, es probable que deba minutarse como acto de jurisdicción voluntaria con arreglo a la futura regulación). No obstante, sí que se ha producido un cambio respecto de la revocación, que deja de corresponder al JM y se asigna ahora al SJ o al RM, con el consiguiente nombramiento de otro (art. 266 LSC). Asimismo, con carácter más general, el art. 40 CCom, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que obliguen a someter las cuentas anuales a la auditoría de una persona que tenga la condición legal de auditor de cuentas, y de lo dispuesto en los art. 32 y 33 de este CCom, dispone que todo empresario vendrá obligado a someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas, en su caso, de su empresa, cuando así lo acuerde el SJ o el RM del domicilio social del empresario si acogen la petición fundada de quien acredite un interés legítimo.
1.5.- Liquidador.
+ El RM puede nombrar liquidador cuando la JG convocada para cubrir las vacante no lo hubiera hecho (art. 377.2 LSC); aunque constituye un tema debatido en relación con el nombramiento judicial, no parece que el RM pueda hacer el nombramiento inicial de liquidador –sólo le corresponde cubrir una vacante, y la “vacabet” presupone un nombramiento aceptado anterior-, cuando tal designación por la JG fuera necesaria (p. ej., no hay conversión del administrador). En la práctica puede ser un problema en situaciones límite donde el acuerdo resulte imposible, pues tampoco puede hacerlo el SJ (el art. 120 LJV remite a los casos “en que la ley prevea”, y estos se limitan a los del art. 377.2 LSC).
+ En la SA el RM podrá acordar la separación del liquidador, cualquiera que haya sido su forma de su designación (por el mismo RM, por la JG, por conversión, pero no cuando haya sido nombrado por SJ; art. 380.2 LSC), cuando lo soliciten accionistas que representen la vigésima parte del capital.
+ Como supuesto especial, transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la JG el balance de liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del RM la separación de los liquidadores (art. 389 LSC)
b) Alternatividad: también se puede hacer por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (arts. 120-123 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
c) Competencia: el RM del domicilio social, y en el caso de separación de un liquidador de SA nombrado por el RM tendrá que ser el mismo RM que lo nombró (aunque en el intervalo la sociedad hubiera trasladado su domicilio a otra provincia); no parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues contra la resolución desfavorable sólo cabe recurso ante el JM
d) Legitimación: para el nombramiento cualquier interesado, que habrá de acreditar que la JG convocada no adoptó el acuerdo; para la separación en SA, sólo quienes tenga el 5 % del capital y acrediten la justa causa invocada. En ambos casos deberán acompañar los documentos en que apoye su solicitud. En el supuesto especial de retraso, el socio sólo ha de acreditar su condición de tal (otro solicitante su interés legítimo) y que han pasado tres años, nada más, pues le corresponde al liquidador justificar la dilación.
e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 121.3 LJV).
f) Trámites esenciales del procedimiento: en el nombramiento, cuando quede algún liquidador en el ejercicio del cargo (mancomunado), se le deberá dar audiencia, previo traslado del escrito de solicitud (arg. ex 123 LJV). En la separación, necesariamente al liquidador afectado.
g) Resolución y efectos: la resolución en cualquier sentido sólo será recurrible ante el JM; en el supuesto especial de nuevo nombramiento por retraso de los anteriores, el RM deberá fijar el régimen de actuación de los nombrados, con independencia de lo previsto en los estatutos. Aceptado el nombramiento se procederá a su inscripción; la inscripción de la separación parece automática.
1.6.- Interventor.
a) Ámbito de aplicación y objeto: nombramiento de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación en la SA a instancia de una minoría (art. 381 LSC).
c) Competencia: el RM del domicilio social; no parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues contra la resolución desfavorable sólo cabe recurso ante el JM
d) Legitimación: los accionistas que representen la vigésima parte del capital social; sólo han de acreditar este porcentaje y que la sociedad está en liquidación.
f) Trámites esenciales del procedimiento: debería darse audiencia a los liquidadores, pues, aunque la designación no requiere “motivo” alguno, los liquidadores podrían oponer que los solicitantes no tienen el porcentaje de capital necesario.
g) Resolución y efectos: la resolución por la que se acuerde o rechace el nombramiento será recurrible ante el JM; una vez aceptado, será inscribible.
1.7.- Convocatoria de la asamblea de obligacionistas.
a) Ámbito de aplicación y objeto: cuando el comisario no atienda oportunamente la solicitud de convocatoria de la asamblea efectuada por obligacionistas que representen la vigésima parte de las obligaciones emitidas y no amortizadas, podrá realizarse la convocatoria por el RM (art. 422.3 LSC).
b) Alternatividad: también se puede hacer por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (arts. 130-131 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
d) Legitimación: el expediente se iniciará mediante escrito solicitando la convocatoria de la asamblea, en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompañando los estatutos sociales y, en su caso, el reglamento del sindicato, los documentos que justifiquen la legitimación y el cumplimiento de dichos requisitos (arg. ex 131.1 LJV).
e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 129.3 LJV).
f) Trámites esenciales del procedimiento: hay que dar audiencia al comisario.
g) Resolución y efectos: el RM convocará la asamblea en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, de conformidad con el reglamento del sindicato y el contenido de la solicitud (arg. ex art. 131.2 LJV). No parece que el RM pueda designar un nuevo comisario en sustitución del que no hubiera cumplido con su obligación de convocar la asamblea (cfr. con el SJ art. 131.2 LJV). Contra la resolución por la que se acuerde la convocatoria de la asamblea general no cabrá recurso alguno; contra la desestimatoria, parece que los generales.
1.8.- Constitución del sindicato de obligacionistas.
Para terminar con este epígrafe, el art. 6 de la Ley 211/1964, de 14 de diciembre, según la nueva redacción de la DF 15ª Ley 15/2015, atribuye al RM del domicilio de la entidad emisora la competencia exclusiva para constituir el sindicato de obligacionistas a solicitud de obligacionistas que representen, como mínimo, el 30 % del total de la serie o emisión, previa deducción de las amortizaciones realizadas, cuando la entidad emisora no lo hubiera hecho.
III.- Otras cuestiones de interés.
Para concluir, simplemente indicamos algunas cuestiones que no han sido mencionadas anteriormente, pero resultan de interés notarial:
+ Normas de Derecho Internacional Privado en relación con la inscripción en Registros Públicos de resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria, en su caso dictadas por autoridades no pertenecientes a órganos judiciales (arts. 11 y 12 LJV).
+ Nombramiento por el SJ de defensor judicial (arts. 27 y ss LJV).
+ Mediadas de fiscalización de la tutela o curatela establecidas en testamento o documento público notarial (art. 45 LJV).
+ Autorización a aprobación judicial para actos de disposición/gravamen sobre bienes de menor/persona con capacidad modificada judicialmente (arts. 61 y ss LJV; en particular, art. 65 LJV para los supuestos en que es necesaria pública subasta).
+ Intervención judicial en los casos de desacuerdo en la administración de bienes gananciales (art. 90 LJV).
+ Autorización judicial en determinados supuestos de aceptación/repudiación de herencia (art. 94 y ss LJV).
+ El documento público extranjero no dictado por un órgano judicial es título para inscribir el hecho o acto de que da fe siempre que cumpla los siguientes requisitos: que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado; que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen; que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado; que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible con el orden público español. Este régimen jurídico será aplicable a las resoluciones pronunciadas por órganos judiciales extranjeros en materias cuya competencia corresponda, según la LJV, al conocimiento de autoridades españolas no judiciales (DA 3ª Ley 15/2015).
+ Nueva regulación de las causas de indignidad para heredar, así como para ser testigo en los testamentos (arts. 681, 756 CC).
+ Suprime la posibilidad de dispensa judicial de edad para contraer matrimonio (art. 48 CC).
+ Gratuidad de determinados expedientes registrales que fueron incorporados a la LH por la Ley 13/2015 (DF 19ª Ley 15/2015).
NOTA FINAL: con carácter general la interpretación del art. 2.1 CC plantea dudas acerca de si el día de la entrada en vigor es aquel en que se cumplen los veinte días (“entrarán en vigor a los veintes días”, es decir el vigésimo), contados desde el día después de la publicación de una Ley en el BOE, o si dicho día ha de trascurrir por entero, en cuyo caso la entrada en vigor se produce el vigésimo-primero (v. Jordi LLUCH, “El cómputo de la vacatio legis, o la importancia del vigésimo día”, Diario LA LEY, nº 8.026, 19/02/2013). En la exposición hemos optado por indicar el día vigésimo, sin perjuicio de que sean las 24 horas del mismo, según la interpretación que se acoja.

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