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Timestamp: 2019-08-17 12:49:07+00:00

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Derecho Societario de Julio Rougès: LAS ACCIONES 27-5-2013
LAS ACCIONES 27-5-2013
2) Las tasas de interés activas han sido, por largos períodos, inferiores a la inflación; es decir, negativas en términos reales (en el presente, subsiste para muchas empresas ese esquema que supone un subsidio). Siendo así, las empresas encontraron más provechoso recurrir al endeudamiento bancario -pues sus pasivos tendían a licuarse por el solo transcurso del tiempo, o especulando con una devaluación que finalmente se produce- que aumentar su capital mediante la oferta pública de sus acciones.
Como las sociedades que tienen posibilidad de acceder a la financiación bursátil son las de grandes dimensiones, y estas mismas, por la eventual proximidad o más fácil acceso de sus directivos y socios controlantes a los funcionarios de turno y por su solvencia real o aparente, son las que pueden obtener créditos preferenciales de bancos oficiales o privados, la opción de la capitalización bursátil ha quedado descartada.
3) Aun en épocas de tasas de interés elevadas, existe en Argentina la inconfesada esperanza -la mayor parte de las veces, confirmada por los hechos- de que no serán pagadas nunca. La inflación crónica y los saltos hiperinflacionarios, la lentitud de los procesos judiciales, las ventajas que la ley y la praxis judicial dan al deudor concursado (durante décadas se sostuvo que la suspensión de intereses abarcaba también la desvalorización monetaria), la imposibilidad para los acreedores de capitalizar judicialmente intereses con la misma periodicidad que en lo extrajudicial (arts. 623 del Código Civil y 569 del Código de Comercio); las normas y fallos permisivos hacia los deudores; la pesificación de todas las obligaciones (decreto 212/2002), todo ello ha coadyuvado a que en general, sea negocio por estos lares el endeudamiento, pues las sanciones para el incumplidor virtualmente no existen. Siendo así, la financiación bursátil es un deslucido competidor.
En Inglaterra, a fines del siglo pasado, no existía una legislación específica para sociedades por acciones sino una Companies Act. En 1908 se resolvió incorporar un régimen para las sociedades cerradas, bajo el nombre de "private companies"[8], de donde pasó a otras legislaciones, a veces con denominaciones distintas ("closely held corporations" en los Estados de la Unión que siguieron ese molde).
Por otra parte, si bien algunos ordenamientos los aluden -por ejemplo, la ley 17.811 que disciplinaba la oferta pública de títulos valores (derogada por la ley 26.831); la ley 20.643 sobre depósito colectivo de títulos valores- no contienen un cuerpo orgánico de preceptos específicamente aplicables a aquéllos, en tanto tales, sino como objeto de oferta pública o de depósito colectivo. La noción es recogida, profundizada y tratada exhaustivamente por la doctrina, pero no existe un conjunto normativo que los abarque y siente sus principios generales [11]
No es igual el régimen de las acciones nominativas --nuevamente obligatorias a partir de la ley 24.587- y las escriturales -también nominativas, por la forzada identificación de su titular- cuando su registro es llevado por la misma sociedad. En estos últimos supuestos, no es necesaria la presentación de ningún instrumento para concurrir a la asamblea, bastando con la comunicación a la firma, para que ésta los anote en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas (art. 238).
Si bien no hace a la esencia de los títulos valores el carácter abstracto, sí es frecuente su asociación con tal naturaleza. En lo que a la acción concierne, no es un título abstracto, sino causal. Su causa es el contrato o estatutos, que acotan los derechos y marcan las obligaciones del accionista; consecuentemente, sus relaciones jurídicas con la sociedad jamás pueden emanciparse de los negocios jurídicos basales que dieron nacimiento a la acción.
Si se reconociera carácter de título autónomo a la acción, quien la adquiriese dentro del plazo de prescripción fijado por el art. 251 de la L.S., podría impugnar las asambleas con prescindencia de la eventual conformidad del enajenante con la resolución asamblearia, pues la plenitud de su derecho no derivaría de los derechos del transmitente. Sin embargo, el régimen legal es distinto, pues los ausentes deben acreditar la calidad de accionistas a la fecha de la resolución impugnada.
e) del patrimonio neto de la sociedad, al efecto del ejercicio del derecho de receso, y del balance que a tal efecto se adopte: un balance especial (artículos 77, inciso 2, 78, 83, inciso 1), b), 85, 88, II) o de ejercicio; o si la sociedad tiene como activo, aunque no se contabilice, un "valor llave";
Las acciones pueden tener voto simple o plural (art. 216) -ambas "ordinarias" por contraposición a las "preferidas" (art. 194, primer párrafo)-[29]; y gozar de preferencias patrimoniales (art. 217) o carecer de ellas. Otra clasificación que coexiste con la anterior es la de acciones rescatables -normal, pero no necesariamente preferidas[30]- o no rescatables[31]; en este último caso, cuando el rescate no está preestablecido en las condiciones de emisión, sin perjuicio del derecho que siempre asiste a la sociedad de así disponerlo (arts. 220 y 235, L.S.C.).
Y si el resultado de la división fuere un número no entero, puede hacerse cesar el condominio sobre la parte divisible, subsistiendo aquél únicamente por las fracciones residuales, o los condóminos disponer la compensación en dinero de las diferencias.
Limitándonos por ahora al canje de acciones -aunque lo que está en tela de juicio es la prescriptibilidad del carácter de socio- el mismo debe ser coetáneo o posterior a la capitalización de fondos disponibles por la sociedad (art. 92, inc. b) del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires); es decir, las acciones a entregar por canje deben ser integradas (art. 189, L.S.C.). El concepto de acciones liberadas -por capitalización de reservas, saldos de revalúos o ajuste integral del capital- implica dos cosas:
Suponiendo que la totalidad del capital social ejercite su voto en las asambleas, y dado que las acciones privilegiadas tienen cinco votos por acción (“y); podemos igualar a “y” con 5 “x”, pues es la relación que equipara los votos de cada una de las clases.
Dado que “y” = 5 x, podemos escribir la ecuación anterior de la siguiente forma:
x + 5x = 100; o lo que es igual: 6 x = 100
x= 100/6 = 16,66...
Dado que el 100 % del capital social se compone -en la hipótesis aquí analizada- por acciones de cinco votos (“y”) y de un voto (“x”), las acciones de voto plural que equiparen los votos de las de voto simple será el 16,66... %. Los titulares de acciones con cinco votos solamente necesitan poseer el 16,66...% del capital social más un voto para prevalecer en las asambleas, aunque asistan los accionistas que representan la totalidad del capital. Esta proporción necesaria para controlar la voluntad social se reduce aún más, si -como ocurre habitualmente- una parte del capital no asiste o carece de derecho de voto.
Redondeando, es evidente que las acciones con cinco votos que representen 17% del capital prevalecen, aunque esté presente y tenga voto el 100% del capital, sobre el 83% de acciones con un voto, porque 85 (17 x 5)> 83.
* Un dividendo fijo expresado en términos porcentuales, condicionado a la existencia de utilidades suficientes (arts. 68 y 224). Por lo general, esos dividendos son acumulativos; es decir, que si en un ejercicio o varios no se distribuyen, la diferencia se acumula para sumarse a las de ejercicios posteriores en que existan ganancias a distribuir. Suelen ser rescatables según las condiciones de emisión.
Mediante resolución nº 208/92, publicada en el Boletín Oficial del 2 de junio de 1992, la Comisión Nacional de Valores creó una nueva categoría, autorizando la emisión, por parte de las sociedades comprendidas en el régimen de la oferta pública, de las llamadas "acciones de participación". Sustituyó así el art. 14 de las Normas (T.O. en 1987 y sus modificaciones) por un nuevo texto.
* Al no ser acción ordinaria, carecerá de voto y por ello de toda posibilidad de injerencia en las decisiones sociales. Tampoco dispondría del derecho de suscripción preferente (art. 194, L.S.C.). Inclusive, a nivel doctrinario se le ha negado derecho de voto en la asamblea extraordinaria aun para decidir sobre alguna de las materias comprendidas en el cuarto párrafo del art. 244[56] sin perjuicio de la aprobación o ratificación por una asamblea de la clase, cuando la decisión afecte sus derechos (art. 250), en particular, para el caso que la asamblea general se proponga el retiro voluntario del régimen de la oferta pública (art. 14, apartado V de las normas, según Resolución Nº 208).
* Tampoco tiene derecho de voto en la asamblea general en caso de que se suspendiere o retirare su cotización bursátil -lo que sí ocurre con las acciones preferidas (art. 217 in fine)- circunstancia que descarta que pueda asignarse a las acciones de participación tal naturaleza. Únicamente les asiste el derecho de receso (art. 14, apartado V de las Normas, cf. Resolución Nº 208).
La realidad es que las acciones de participación no se han impuesto en el mercado. Ninguna de las publicaciones de difusión masiva contiene información diferenciada sobre las acciones de participación que se negocian en plaza.
Las reglas enunciadas son una aplicación particular de los principios sentados por los arts. 13, inc. 5, 189 y 92 (dado que el accionista cuyas acciones se rescatan no puede estar situado en peor situación que el excluido).
Pero no es así. El depósito colectivo se aparta de las reglas del derecho común en cuanto a la propiedad de los bienes fungibles. Conforme a las reglas del derecho civil, cada vez que éstos se entregan, quien los recibe adquiere su dominio[61]. Aplicaciones de ese principio son los arts. 2191 (depósito irregular) y 2245 (mutuo) del Código Civil; y por tal motivo el mismo cuerpo legal establece que no son reivindicables "las cosas muebles cuya identidad no puede ser reconocida, como el dinero, títulos al portador, o cosas fungibles" (art. 2762).
¿Quiénes son los depositantes? Las personas autorizadas para efectuar depósitos colectivos a su orden, por cuenta propia o ajena (art. 30, inc. b). En la mayor parte de los casos, será por cuenta de terceros (comitentes); y cuando así no ocurra, se confundirán las calidades de comitente y depositante (art. 34). Pueden asumir ese carácter los bancos, compañías financieras, agentes de bolsa y extrabursátiles inscriptos, y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión, respecto de los títulos valores de éstos (art. 32). Efectúan depósitos colectivos a su orden, por cuenta del comitente o propia (art. 30, inc. b).
Salvo que existan restricciones estatutarias a la transferencia, le asiste un derecho contra la sociedad a que se le reconozcan las facultades propias del status socii[68]. El principio de libre transmisibilidad (art. 214) se vería desvirtuado si dependiera del arbitrio de la sociedad inscribir o no la transmisión. Una interpretación sistemática de la ley no admite la incongruencia de que en la sociedad de responsabilidad limitada -tipo social en el que teóricamente la enajenación no es tan libre ni indiferente a la sociedad como en la anónima, ya que comporta modificación del contrato- la cesión de cuotas sea oponible a la sociedad desde la notificación (art. 157, 2º párrafo), y que no sea aplicable esa regla en el caso de venta de acciones.
Publicado por Julio Rougès en 12:03

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 Resolución 
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 Resolución