Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-101-04.htm
Timestamp: 2020-01-22 08:49:16+00:00

Document:
C-101-04
El estricto respeto del principio de legalidad del delito, el proceso y la pena, tiene varias razones de ser. Por una parte, constituye una manifestación del principio de separación de los poderes públicos: A los Estados de derecho les repugna la idea de que quien tiene el poder de reglamentar la ley o de ejecutarla, tenga también la facultad de promulgarla y esto es así desde el surgimiento de la modernidad política. Por otra parte, la determinación legal del delito, el proceso y la pena por parte de la instancia legislativa, asegura que las decisiones que se tomen respecto de esos ámbitos, tan ligados a los derechos fundamentales de la persona, sean tomadas luego de un intenso proceso deliberativo en el que se escuchan todas las fuerzas políticas con asiento en el parlamento. Así, al ciudadano se le otorga la garantía de que las leyes que regulan su existencia han sido expedidas con el concurso de sus representantes. Finalmente, el estricto respeto del principio de legalidad en esas materias es también una garantía de seguridad jurídica: Se desvanece el peligro de que las prohibiciones, los procesos y aún las penas, por no estar específicamente determinados, sean urdidos sobre la marcha y, en consecuencia, acomodados a las urgencias coyunturales que asalten a sus reglamentadores o ejecutores. De allí que esta Corporación haya indicado que “En desarrollo del principio de legalidad del proceso, todos los elementos de éste deben estar íntegra y sistemáticamente incorporados en la ley, de manera que no pueden, ni las partes, ni el juez, pretender que el mismo discurra por cauce distinto al previsto en la ley”.
1. La norma, en lo demandado, dispone que cuando se trate de las contravenciones consagradas en la Ley 745 de 2002, se aplicará el procedimiento consagrado en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1996. No obstante, esta ley fue derogada por la Ley 600 de 2002 y sólo subsiste para ese tipo de contravenciones.
2. Al remitir a un procedimiento ya derogado, el artículo 5 de la Ley 745 viola el debido proceso pues cuando se trate de las contravenciones en ella consagradas, no se cumplirá la exigencia constitucional relacionada con la necesidad de una ley preexistente al acto que se imputa. Además, vulnera el derecho de igualdad en tanto se discrimina a los autores de tales contravenciones y el derecho de acceso a la administración de justicia en cuanto él no puede garantizarse si no hay un procedimiento que aplicar.
1. El procedimiento consagrado en la Ley 228 de 1996, al que remite la norma demandada, sí está vigente pues el artículo transitorio del Código de Procedimiento Penal de 2000 dispuso que los procesos iniciados antes de su vigencia, por las contravenciones consagradas en aquella ley, se tramitarían siguiendo el procedimiento en ella previsto.
2. Tratándose de una norma que continúa formando parte del ordenamiento jurídico vigente, bien podía el legislador remitir a ella sin vulnerar por ello la Carta.
3. Las leyes preexistentes a que hace alusión el inciso segundo del artículo 29 superior, son aquellas que tienen naturaleza sustancial, es decir, aquellas que determinan los delitos y las penas, mas no las normas procesales.
3. Los actores plantean el tema de la inexequibilidad parcial del artículo 5º de la Ley 745 de 2002 como consecuencia de la derogatoria de la Ley 228 de 1995 por la Ley 600 de 2000. Según su razonamiento, ésta última ley derogó las normas procesales contenidas en la Ley 228. Por ello, la remisión que el artículo demandado hace a varias disposiciones de esta ley es, en verdad, una remisión a una ley derogada. De ello los actores infieren que la remisión a una ley derogada, para que se aplique el procedimiento allí consagrado, es contraria a la Carta pues ese procedimiento no se puede aplicar y al no poder hacerlo, las contravenciones respecto de las cuales se previó su aplicación no podrán ser ni investigadas ni sancionadas.
Y en la parte procesal, integrada por los artículos 16 a 42, el legislador tomó determinaciones relacionadas con la competencia, la querella o oficiosidad, la calificación de la situación de flagrancia, la intervención especial de la Fiscalía, la audiencia preliminar en caso de querella, la comunicación al Ministerio Público, el decreto y práctica de pruebas, la audiencia de juzgamiento, la privación de la libertad, el trámite de la segunda instancia, el desistimiento, la extinción de la acción por reparación, la libertad por vencimiento de términos, la conciliación, la acción civil, la conexidad entre delitos y contravenciones, el reparto, el conflicto de competencia, las comisiones, la aceptación de responsabilidad y la concurrencia de disminuciones punitivas. Aparte de ello, dispuso que en lo no previsto se aplique el Código de Procedimiento Penal y en lo relacionado con desistimiento, prescripción y nulidades, la Ley 23 de 1991; ordenó la presentación de estadísticas mensuales por los jueces; le ordenó al ejecutivo la ampliación de las cárceles, reiteró la reserva judicial de la libertad y dispuso la vigencia de la ley a partir de la fecha de su publicación[1].
a. El consumo de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia en presencia de menores de edad.
b. El consumo de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia en el domicilio y con riesgo grave para la unidad y sosiego de la familia.
c. El consumo, porte o almacenamiento de estupefacientes o sustancias que generen dependencia, en cantidad considerada como dosis personal, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a los mismos o en el domicilio de menores.
d. La autorización o tolerancia del consumo de dosis personal de sustancias estupefacientes, o que produzcan dependencia, por parte de menores de edad, o en presencia de éstos, en establecimientos de comercio de esparcimiento público.
a. En primer lugar, asigna la competencia para conocer de las contravenciones tipificadas en sus artículos 1º y 2º a los jueces penales o promiscuos municipales.
b. En segundo lugar, ordena que tales funcionarios deben sujetarse al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995.
c. En tercer lugar, indica que ese procedimiento “para este efecto conservará su vigencia”.
d. Y, en cuarto lugar, dispone que en todo caso se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal.
a. El proyecto de ley 17 de 2000 Senado, presentado por el Senador Rodrigo Rivera Salazar, se orientaba a la tipificación como contravención del uso de la dosis personal de estupefacientes. El proyecto estaba integrado por 4 artículos, el segundo de los cuales disponía:
Serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas en esta ley los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento establecido en la Ley 228 de 1995” (Gaceta del Congreso No.290 de 2000, resaltado de la Corte). El contenido de este artículo fue aprobado en los dos debates surtidos en el Senado de la República.
En ningún caso se ordenará la privación de la libertad del imputado, salvo en el supuesto de renuencia a pagar la multa dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia que la impusiere” (Gaceta del Congreso No.440 de 2001).
a. La Ley 228 consagraba un sistema procesal integral y coherente, aplicable a las contravenciones especiales en ella tipificadas. Ese sistema desarrollaba muchos aspectos inherentes al régimen procesal de esas contravenciones y si bien remitió al Código de Procedimiento Penal, lo hizo únicamente con carácter subsidiario pues el procedimiento aplicable estaba ya configurado. En esas condiciones, la remisión al procedimiento establecido en el proyecto de la Ley 228 era constitucionalmente legítima pues ésta consagraba un sistema procesal contravencional que bien podía aplicarse a tres de las contravenciones tipificadas en la Ley 745.
b. Esta situación cambia radicalmente cuando la remisión no se hace a todo el sistema procesal contravencional consagrado en la Ley 228 sino únicamente a los aspectos procesales consagrados en algunas de sus disposiciones. Esto es así por cuanto se presentan muchas situaciones para las que no existen normas aplicables que sean consecuentes con la índole contravencional de la conducta y del procedimiento a partir de ella adelantado. Con esta técnica remisiva, el sistema procesal consagrado en esa ley se desarticula, generándose así un procedimiento incoherente y confuso.
c. Como la remisión no se hace al sistema procesal contravencional consagrado en la Ley 228, sino sólo a unas de sus disposiciones, debería darse cumplimiento, en principio, a lo dispuesto en la parte final del artículo 5º demandado y, en consecuencia, dar aplicación a los principios rectores del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, esto no es posible, al menos, por dos razones. En primer lugar, porque la remisión a algunas de las normas procesales consagradas en la Ley 228 deja sin regulación legal muchas situaciones procesales que no pueden superarse con la sola invocación de los principios rectores del proceso penal. Y, en segundo lugar, porque se trata de sistemas procesales sustancialmente diferentes pues unas son las exigencias impuestas para la investigación y sanción de una contravención y otras las exigencias que se deben atender cuando se trata de la investigación y sanción de un delito. Se trata de esquemas procesales diversos y lo son a tal punto, que a aquél no le es aplicable la estructura básica de investigación, acusación y juzgamiento que la Carta impone a éste.
d. La Ley 745 consagra cuatro contravenciones. De ellas, tres son de investigación oficiosa: Las tipificadas en el inciso primero del artículo 1º, en el artículo 2o y en el artículo 7o. Una, en cambio, es querellable: La tipificada en el parágrafo del artículo 1º. Y, como se indicó, en el procedimiento aplicable también hay diferencias: En tanto que para las contravenciones tipificadas en los artículos 1º y 2º se aplica el procedimiento consagrado en varios artículos de la Ley 228 de 1995, para la contravención tipificada en el artículo 7º se sigue el procedimiento consagrado en el Libro Primero del Código Contencioso Administrativo. Este distinto régimen se lo advierte con claridad en el siguiente esquema:
a. Consumo de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia en presencia de menores de edad.
Ley 745 de 2002, artículo 1º, inciso 1º.
Jueces penales o promiscuos municipales
Ley 228 de 1995, artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26.
b. Consumo de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia en el domicilio y con riesgo grave para la unidad y sosiego de la familia.
Ley 745 de 2002, artículo 1º, parágrafo.
c. Consumo, porte o almacenamiento de estupefacientes o sustancias que generen dependencia, en cantidad considerada como dosis personal, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a los mismos o en el domicilio de menores.
Ley 745, artículo 2º.
d. Autorización o tolerancia del consumo de dosis personal de sustancias estupefacientes, o que produzcan dependencia, por parte de menores de edad, o en presencia de éstos, en establecimientos de comercio de esparcimiento público.
Ley 745 de 2002, artículo 7º.
Decreto 01 de 1984, Libro Primero.
Como se ha visto, el artículo 5 de la Ley 745 hace una remisión, entre otras disposiciones, al artículo 21, inciso primero, de la Ley 228. Este artículo consagraba una audiencia preliminar “en caso de querella”. Se trataba de una audiencia en la que al funcionario le explicaba al querellado la calificación de los cargos, se podían pedir o presentar pruebas, se determinaba su conducencia y pertinencia y se decretaban pruebas de oficio. Esta norma era comprensible en el sistema procesal contravencional establecido en la Ley 228 pues todas las contravenciones allí tipificadas eran querellables. Sólo cuando se presentaba captura en flagrancia había lugar a investigación oficiosa.
e. Aparte de lo expuesto, existen otras situaciones respecto de las cuales no existe claridad alguna en cuanto al procedimiento aplicable. Así ocurre, por ejemplo, cuando no es posible individualizar o identificar al investigado, pues se ignora si las diligencias deben archivarse, el término a partir del cual se debe tomar esa decisión y la actitud por asumir en caso de surgir pruebas que permitan identificar al imputado. Igual situación se presenta con el ejercicio de la acción civil: Se desconoce si ella es procedente, es decir, si se puede adelantar al interior del proceso contravencional o de manera independiente y ante los jueces civiles. Lo mismo ocurre con la aceptación de responsabilidad del imputado pues se ignora si el juez debe continuar con el procedimiento o si debe proferir fallo condenatorio con base en esa aceptación. Nada se sabe tampoco sobre otras instituciones como el desistimiento, la prescripción de la acción contravencional y de la sanción y el régimen de nulidades.
12. De este modo, para la Corte es claro que el legislador, mediante la remisión a algunas de las normas procesales consagradas en la Ley 228, no configuró un sistema procesal contravencional coherente sino que reguló sólo algunas de las situaciones que se presentan en la investigación y sanción de las contravenciones tipificadas en los artículos 1º y 2º de la Ley 745. Como consecuencia de ello, en estas actuaciones concurren muchas situaciones respecto de las cuales no existe legislación aplicable. Así ocurre, como se vio, con la imposibilidad de realizar - en dos de esas contravenciones- la audiencia preliminar en la que se formulan los cargos y se piden y aportan pruebas, con la imposibilidad de identificar o individualizar al investigado, con el ejercicio de la acción civil y con la aceptación de responsabilidad por parte de aquél. Estas situaciones, que no son las únicas, son frecuentes en esos procesos contravencionales. No obstante, se desconoce la manera como deben ser afrontadas y solucionadas por los jueces competentes.
13. La conducta punible, el proceso y la pena son las categorías fundamentales del sistema penal. En las sociedades civilizadas cada una de esas categorías debe ser determinada por la ley y debe estarlo de manera cierta, previa y escrita. Cierta, por cuanto debe definirse con certeza el ámbito de las prohibiciones, procesos y sanciones de tal modo que los ciudadanos sepan a qué atenerse en su diaria convivencia. Es decir, con seguridad deben conocer qué comportamientos no están permitidos, a qué reglas procesales se somete la persona a la que se le impute una conducta prohibida y cuáles son las consecuencias sobrevinientes en caso de ser encontrado responsable de ella. Previa, en cuanto se trata de decisiones normativas que deben ser tomadas por la ley antes de los hechos que generan la imputación penal. Esto es, las normas que configuran las conductas punibles, los procesos y las sanciones deben estar predeterminadas. Y escrita, por cuanto se trata de normas con rango formal de ley. Es decir, para la predeterminación de la conducta punible, el proceso y la pena, existe reserva de ley.
Entre los artículos de la Ley 228 y el Código de Procedimiento Penal en su parte fundamental no existía una incompatibilidad jurídica manifiesta, ni siquiera una sospechosa discrepancia que obligara al juez constitucional a retirar los primeros del ordenamiento jurídico. Si así hubiera ocurrido, no cabe duda de que la decisión habría sido la pertinente. Sin embargo, en la Sentencia, la decisión mayoritaria no pudo estructurar una verdadera oposición normativa que justificara la eliminación del procedimiento remitido. Como tal incompatibilidad no era ostensible –ni siquiera probable, agrego- el juez constitucional debió dejar en manos del juez penal la integración de las disposiciones objeto de aplicación. En el marco teórico jurídico, en el plano meramente normativo, nada impedía la convivencia entre las disposiciones legales y constitucionales citadas.
Aún cuando comparto la declaración de inexequibilidad de las expresiones “con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21 inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia”, que hacen parte del artículo 5º de la Ley 745 de 2002, tal como lo manifesté al discutirse el proyecto en la Sala Plena, me veo precisado a aclarar el voto por cuanto el Código de Procedimiento Penal vigente (Ley 600 de 2000), a mi juicio derogó las contravenciones especiales que se establecieron en la Ley 228 de 1995, y dispuso, simplemente, que los Jueces Penales Municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de dicho Código, es decir antes del 24 de julio de 2001, por aquellas conductas que eran consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995, para cuyo juzgamiento tales jueces “aplicarán el trámite allí previsto”.
De esta manera, es claro para el suscrito magistrado que el artículo 5º de la Ley 745 de 2002 cuando hace referencia “al procedimiento previsto para las contradicciones especiales en los artículos 21, inciso primero 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia”, en realidad hace referencia a los números de unos artículos de una ley ya derogada y, como consecuencia de ello, esa referencia resulta inexequible por cuanto establece la competencia para juzgar con normas que ya salieron del ordenamiento jurídico por expresa disposición legal.
Con el acostumbrado respeto, la suscrita Magistrada procede a aclarar su voto en la sentencia de la referencia mediante la cual se declaró inexequible la expresión “con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia”, contenida en el artículo 5° de la Ley 745 de 2002, por cuanto si bien estoy de acuerdo con la decisión que fue adoptada, no lo estoy en cuanto a las motivaciones que la apoyan, por las razones que paso a explicar.
1. Evolución de la regulación legal de los procesos contravencionales en Colombia.
Bajo la Constitución de 1886, el tema de las competencias atribuidas por el legislador a las autoridades de policía en materia juzgamiento de hechos punibles fue objeto de numerosas polémicas[2]. Al respecto, cabe señalar que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 31 de mayo de 1984[3] consideró que vulneraba la Carta Política una ley mediante la cual se había conferido competencia a los inspectores de policía para que conocieran de delitos. Por el contrario, en ese mismo fallo, se estimó ajustada a la Constitución la decisión del legislador de atribuir dicha competencia a tales funciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva, en lo atinente a la instrucción y juzgamiento de contravenciones.
"De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional procederá en cada caso a declarar la constitucionalidad de las normas acusadas que atribuyan a las autoridades de policía la facultad de privar de la libertad a las personas e imponer penas de arresto; pero se trata de una constitucionalidad condicionada puesto que ella se fundamenta en el artículo 28 transitorio, por lo cual sólo opera hasta tanto el legislativo expida la ley que le confiera por vía definitiva a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionados actualmente con pena de arresto." [4]
Como consecuencia de la declaración de inexequibilidad del decreto 1370 de 1995- sentencia C-466 de 1995[5]- se produjo también la de todos los decretos legislativos dictados con fundamento en él. Razón que motivó al Gobierno Nacional para presentar un proyecto de ley que luego se convirtió en la 228 de 1995, con el fin de asignar a los jueces penales el conocimiento de las contravenciones especiales, en cumplimiento del artículo 28 transitorio del Estatuto Superior, y así evitar la congestión en las inspecciones de policía, que habían demostrado su ineficiencia para juzgar a los responsables de tales hechos punibles, lo que constituía factor de impunidad[6].
“Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto”. ( negrilla fuera de texto ).
“Según se observa, la norma acusada mantiene incólume la ley 228 de 1995 en lo tocante a los procesos iniciados antes de la vigencia de la ley 600 de 2000 por las conductas consideradas como contravenciones en aquella ley, ratificando a la vez la competencia de los Jueces Penales Municipales y el procedimiento preexistente a la ley 600 de 2000. Lo que equivale a decir que al entrar a regir esta ley, si bien se conservan los tipos contravencionales y las concomitantes sanciones de la ley 228 de 1995 para las respectivas conductas cometidas bajo su vigencia, es lo cierto que en materia procedimental se le dará aplicación a la ley 600 a partir del 24 de julio de 2001 respecto de la iniciación y trámite de los procesos que sobre tales conductas sea menester adelantar desde esta fecha. Preceptiva ésta que se ajusta nítidamente a los lineamientos del debido proceso que destaca la Constitución Política en su artículo 29, pues tal como lo ha reiterado esta Corporación...” ( subrayado fuera de texto ).
Al respecto, cabe señalar que el nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, tipificó como delito ciertos comportamientos que anteriormente se encontraban previstos como contravenciones especiales en la Ley 228 de 1995. Así por ejemplo, el “ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no justificada” ( art. 9 ), que había sido declarado inexequible por la Corte en sentencia C- 626 de 1996, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, fue tipificado como delito de receptación ( art. 447 ); otro tanto sucedió con las lesiones culposas ( art. 120 del nuevo C.P.), las lesiones culposas agravadas ( art. 121 del nuevo C.P. ) y el hurto calificado ( art. 240 del nuevo C.P. ).
Posteriormente, mediante la Ley 745 de 2002, se tipificaron una nuevas contravenciones relacionadas con el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia. En cuanto a las sanciones, la ley prevé la imposición de las respectivas multas, convertibles en arresto, hasta por cinco días. En lo que concierne a la autoridad competente para conocer de tales comportamientos, el legislador dispuso que fueran los jueces penales o promiscuos municipales “con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia. En todo caso, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal”. Así pues, el legislador, en vez de haber diseñado un procedimiento específico, decidió remitirse a un trámite procesal que se encontraba derogado.
2. Los efectos hacia el futuro de la Ley 228 de 1995 ya se habían agotado en virtud del artículo transitorio de la Ley 600 de 2000, y por ende, el Congreso de la República no podía, indebidamente, extenderlos a otros supuestos de hecho completamente distintos.
En el presente caso, mediante el artículo transito contenido en la Ley 600 de 2000, el legislador ya había extendido en el tiempo algunos efectos de la Ley 228 de 1995, en el sentido de que los jueces penales municipales continuarían conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, por las conductas consideradas como contravenciones especiales tipificadas en la Ley 228 de 1995 “y aplicarán el trámite allí previsto”. Una vez cumplida la finalidad y el objeto del artículo transitorio, como todos los de su especie, desaparecen por completo del mundo jurídico. Así pues, al momento de expedirse la Ley 745 de 2002, por medio de la cual se consagraron otras contravenciones que no guardan relación alguna con aquellas que fueron tipificadas en la Ley 228 de 1995, esta última normatividad se encontraba expresamente derogada por la Ley 600 de 2000, y sus efectos ultraactivos, acordados por el artículo transitorio del C.P.P. también habían cumplido su cometido en relación con las causas contravencionales allí mencionadas. De tal suerte que al legislador le estaba vedado acordar nuevamente efectos ultraactivos a la Ley 228 de 1995, pretendiendo abarcar de esta forma, hipótesis y destinatarios completamente distintos a los originarios de la citada normatividad, por cuanto, se insiste, las contravenciones consagradas en la Ley 228 de 1995 son completamente distintas de aquellas que aparecen tipificadas en la Ley 745 de 2002. En otros términos, el legislador vulneró, en el presente caso, los principios generales que gobiernan la aplicación de la ley procesal en el tiempo.
1° La Constitución no señala una carga de fundamentación especial cuando se trata de la remisión a normas que en la medida en que han estado vigentes puedan continuar regulando situaciones surgidas a la luz de las mismas. Inclusive tratándose de normas derogadas por disposiciones legales bien puede darse la provisión legal de aplicación de esas normas a situaciones a que se refiera una ley posterior, siempre y cuando esa referencia permita identificar claramente los contenidos que serán aplicables dentro del nuevo contexto normativo.
2° En ese orden de ideas es claro en el caso presente que si bien la Ley 228 fue derogada por la Ley 600 de 2001, la Ley 745 dispuso que los procesos iniciados antes de su vigencia por las contravenciones establecidas en la Ley 228, se habrían de tramitar siguiente el procedimiento en ella previsto.
Demanda de inconstitucionalidad con­tra el artículo 5°, parcial, de la Ley 745 de 2002.
Aunque estoy de acuerdo con la decisión final a la que llegó la Sala Plena en la sentencia C-101 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), aclaro mi voto para manifestar que el legislador sí puede revivir un procedimiento citando de manera expresa las normas que lo regulan, sin que tenga transcribir integralmente su texto. Lo importante es analizar en cada caso si la expresión de la voluntad del Congreso es explícita y clara al respecto, tal como sucedió en este caso.[7]
[1] Esta Corporación hizo varios pronunciamientos de constitucionalidad sobre diversas disposiciones de la Ley 228 de 1995. En varios de ellos declaró la inexequibilidad de distintas disposiciones que hacían parte de esa ley: Sentencias C-364-96, C-430-96, C-542-96, C-626-96, C-746-98, C-357-99 y C-1112-00.
[2] Manuel Gaona Cruz, Control y reforma de la Constitución en Colombia, Bogotá, 1988, p. 333.
[3] Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 31 de mayo de 1984.
[4]Corte Constitucional , Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[5]M.P. Carlos Gaviria Díaz
[6] Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7] En el trámite legislativo de la Ley 745 de 2002 el Presidente de la República objetó la decisión de revivir apartes del procedimiento consagrado en la Ley 228 de 1996, objeción que fue explícitamente rechazada por el Congreso de la República, por creer que sí era conveniente revivir el procedimiento aludido.

References: artículo 5
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 5