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Palazzi – El Habeas data y el derecho al olvido
Posted: febrero 23rd, 1997 | Author: pablopalazzi | Filed under: Argentina, derecho al olvido, Habeas Data | Comentarios desactivados
EL HÁBEAS DATA Y EL “DERECHO AL OLVIDO”
publicado en Revista Jurisprudencia Argentina , cardiologist tomo 1997-I-33.
SUMARIO: I. El caso.- II. La decisión de 1ª instancia.- III. El fallo de Cámara.- IV. Consideraciones sobre la caducidad de datos personales almacenados en registros informatizados: a) Reglamentación razonable del derecho a recolectar y difundir información nominativa; b) La difusión de datos pasados puede lesionar el derecho a la privacidad; c) La caducidad del dato como motivo de procedencia del hábeas data; d) El principio de finalidad en la recolección de datos personales; e) Existencia de discriminación; f) Proyectos de reforrma y de reglamentación del hábeas data; g) Derecho comparado.- V. Conclusión
El fallo que anotamos incursiona en uno de los problemas que plantea la recopilación de datos personales en registros informatizados.
Un particular interpuso acción de hábeas data a los fines de suprimir los datos que mantenía una agencia de informes comerciales, sosteniendo que los mismos estaban caducos por haber transcurrido un lapso excesivo de tiempo. Los datos consistían en inhabilitaciones para operar con cuentas corrientes que el actor había tenido hacía más de diez años en tres bancos. Argumentó asimismo que la existencia de esa información le causaba un perjuicio en su esfera patrimonial, puesto que le dificultaba el acceso al crédito y la posibilidad de obtener una tarjeta de compras.
La demandada sostuvo que los datos eran dados de baja a los diez años, negándose a suprimirlos pues entendió que (i) la información cuestionada era cierta y (ii) que al difundir los datos a terceros, siempre se aclaraba que las inhabilitaciones estaban vencidas.
II. LA DECISIÓN DE 1ª INSTANCIA (1)
La juez de 1ª instancia hizo lugar a la pretensión del actor. Primero analizó la aplicación del amparo al proceso de hábeas data, la legitimación, tanto activa como pasiva y la competencia. No repetiremos aquí los fundamentos, que han sido prolijamente enunciados en la decisión, a la cual remitimos. En segundo lugar -y esto es lo importante-, el fallo hizo lugar a la demanda, reconoció la caducidad del dato basada en el “derecho al olvido” y la arbitrariedad de la negativa a suprimirlo.
Para así decidir la sentencia recurrió al Derecho Comparado, señalando que ciertos ordenamientos jurídicos -la legislación francesa y alemana-, establecen la eliminación del dato por el transcurso del tiempo o cuando ya no resulte indispensable para la finalidad para la cual fue recolectado.
Seguidamente se citaron las conclusiones de Jornadas y congresos e incluso de proyectos de reforma del Código Civil que se inclinan por aceptar la supresión del dato antiguo o caduco, al que se lo define como “aquel que por efecto del tiempo ha perdido virtualidad, ha devenido intrascendente a los efectos de cualquier efecto jurídico relativo a la ejecutabilidad”. La conservación indefinida de este dato caduco -siempre según la decisión de primera instancia-, impide el derecho al olvido, que da lugar al principio según el cual “ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado”.
Y aplicando lo expuesto al caso concreto razonó que “es innegable que en el caso el dato es caduco; si se piensa en términos de prescripción civil superaría el plazo de prescripción liberatoria…”. Se citó también el art. 51 CP. - , que prohíbe informar la existencia de sentencias condenatorias penales pasado cierto tiempo. Así concluyó que la negativa a suprimir los datos sobre inhabilitaciones no vigentes a más de 10 años era arbitraria, ordenando la supresión en las bases de datos de la demandada de la información referente al actor. La decisión fue apelada por la vencida.
La Cámara Civil (2) revocó lo decidido por la juez de 1ª instancia. No queda muy claro cuál fue el fundamento de la decisión, sobre todo porque el fallo no se refiere al “derecho al olvido” que había sido reconocido y tan bien fundado en la instancia anterior.
La alzada se basó en las siguientes premisas:
i) la acción de hábeas data es procedente siempre que de los registros surjan inexactitudes o que estos puedan provocarle cierta y determinada discriminación al actor.
ii) los datos cuestionados carecían de inexactitudes, porque contenían expresos agregados con asiento de las fechas en que las tres inhabilitaciones habían vencido. iii) la actora sostiene que la demandada publica datos relativos a su intimidad y con ello genera discriminación, pero no impugnó esos datos por inexactos.
iv) la actividad de la demandada no afecta el honor e intimidad ni resulta discriminatoria a la vida de relación del actor. La sala recuerda: a) la ausencia de reglamentación sobre la materia y b) que la información se orienta a actividades de índole estrictamente comercial y crediticia.
v) Por último, el fallo termina señalando que la entidad demandada es típicamente comercial a la luz del art. 8 CCom. - y que guarda sus datos durante 10 años. Entonces la sala concluye que “…no es arbitrario o producto de un excesivo rigor informático, a raíz de concordar con la obligación mercantil derivada del art. 67 CCom. - , según la cual es el período de conservación de los libros y documentación a su vez exigida por el art. 44 de ese cuerpo legal” (3).
IV. CONSIDERACIONES SOBRE LA CADUCIDAD DE DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN REGISTROS INFORMATIZADOS
Personalmente no compartimos las conclusiones a las que arriba la alzada. Consideramos que la sentencia de primera instancia resolvió en forma razonable la cuestión acerca de si un particular puede solicitar la supresión de información sensible que por el transcurso del tiempo ha devenido obsoleta o caduca, esto es, ha perdido utilidad.
Reconocemos que el tema es complejo, pues plantea la posibilidad de aceptar en el hábeas data otros motivos distintos a la falsedad o discriminación, lo que a nuestro juicio debe tener respuesta afirmativa.
Para arribar a tal conclusión nos basamos en lo siguiente: en primer lugar, en nuestro sistema constitucional no existen derechos absolutos; por lo tanto no podría sostenerse válidamente que un recolector de datos pueda almacenar indefinidamente información sensible y como contrapartida que el registrado no pueda suprimirla pasado cierto tiempo. Asimismo, si bien el art. 43 sólo hace referencia a la falsedad o discriminación, es posible aceptar la caducidad como motivo para habilitar la vía del hábeas data, puesto que la difusión de datos caducos puede originar discriminación por parte de otros sujetos que reciban esos datos sensibles. Añadimos que con esa conducta se afecta el principio de finalidad.
Además, si el hábeas data protege los derechos a la intimidad y a la identidad, cabe recordar que la difusión injustificada de datos del pasado ha sido juzgada como afectación a estos derechos.
Por último, tanto los ordenamientos jurídicos extranjeros como los proyectos de reforma del Código Civil y de reglamentación del hábeas data receptan la caducidad del dato, lo que demuestra que la solución de primera instancia en modo alguno era antojadiza. Desarrollaremos estos argumentos seguidamente.
a) Reglamentación razonable del derecho a recolectar y difundir información nominativa
Sabido es que nuestra Constitución no reconoce derechos absolutos de propiedad y libertad, puesto que estos están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio. De ahí que la Corte Suprema haya dicho que el ejercicio de las industrias y actividades de los particulares puede ser reglamentado en la proporción que lo requiera la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral, el bienestar general y aún el interés económico de la comunidad (4). No cabe ninguna duda de que estas actividades pueden ser reglamentadas también en aras de preservar la intimidad de las personas registradas.
Si bien es lícito recolectar información crediticia a los fines de resguardar el crédito -lo que en definitiva beneficia a toda la comunidad-, ello no obsta a la posibilidad de hallar un límite a dicho almacenamiento. Por eso la analogía que realizó el fallo de 1ª instancia con las normas civiles y penales nos parece acertada. Las reglamentaciones de esas situaciones demuestran que en nuestro ordenamiento jurídico la imposición de límites temporales al ejercicio de derechos es constitucionalmente válida y forma parte, en definitiva, del balance de valores que encontramos en toda sociedad.
De esa forma se logra conciliar los derechos a trabajar y ejercer una industria lícita (art. 14 CN. - ) -para el recolector de datos-, y el derecho a la intimidad en cabeza del registrado (art. 19 - y 43 - CN.) (5). Cierto es que esa limitación debería en principio provenir de la ley, pero nada impide que una sentencia judicial, a través de una interpretación como la que realizó la juez de 1ª instancia lo acepte.
A nuestro entender, el término de 10 años es razonable (art. 28 CN. - ), pues (i) el plazo es más que suficiente para darle un valor útil a la información (6) y (ii) además no se coloca al recolector de información en una situación desigual frente al registrado si se le permite tener ese dato por un plazo determinado. A nuestro juicio se trata de la fijación de límites temporales para el ejercicio de un derecho que en forma alguna vulnera la igualdad constitucional (7).
b) La difusión de datos pasados puede lesionar el derecho a la privacidad
Si el hábeas data protege la intimidad (8) -y también la identidad (9)-, cabe recordar que cierta jurisprudencia ha reconocido como violación de ese derecho la revelación en forma innecesaria de hechos pasados que estaban olvidados.
Como ejemplo de ello señalamos el leading case estadounidense “Melvin v. Reid” (10). Allí, la actora, cuyo nombre original era Gabriel Darley, había ejercido la prostitución y había estado involucrada como imputada en un juicio por homicidio. Después de haber sido absuelta logró abandonar la vida licenciosa que llevaba, casarse con un hombre llamado Melvin y con éste comenzó a llevar una vida decente y respetable, entablando nuevas amistades con gente que desconocía su pasado. Siete años después se estrenó una película, The Red Kimono, donde se narraba la verdadera historia, con su nombre original, lo que reveló su pasado a sus actuales amistades y en definitiva terminó arruinando su vida. La actora accionó por invasión a la privacidad y el tribunal, basándose en una cláusula constitucional del estado de California que otorgaba a todos los hombres el derecho de “procurar y obtener la felicidad”, hizo lugar a la demanda.
El hecho en definitiva consistió en el uso sin autorización del anterior nombre de la actora para hacer una película sobre su vida pasada. El tribunal entendió que se estaba revelando un hecho que era verdadero, pero juzgó que el uso innecesario del nombre de la actora y la revelación de su pasado a sus nuevos amigos y asociados introdujo un elemento que en sí mismo era una transgresión a su derecho a la privacidad.
Es decir que se concluyó que el uso y difusión de un dato verdadero puede ser violatorio de la intimidad y reserva de un individuo, cuando éste tiene cierta antigüedad (11).
Análogamente, creemos que la difusión de la información de inhabilitaciones en cuentas corrientes bancarias con la antigüedad que presentaban en el caso, por más que se aclarara que estaban desactualizadas, era lesivo de la intimidad del accionante.
c) La caducidad del dato como motivo de procedencia del hábeas data
Es cierto que el art. 43 CN. - permite el hábeas data sólo cuando exista falsedad o discriminación, y ésta fue la postura de la Cámara.
¿La caducidad del dato está contemplada en el texto constitucional? En principio, un dato, por su vejez podría crear discriminación, por ejemplo por impedir a una persona obtener algo que obtienen otros que están en la misma situación, como ser un crédito o una tarjeta de compras (casualmente ésto fue lo que se argumentó en el caso).
El hecho de que la Constitución nada diga sobre la caducidad del dato, no debe impedir pasar por alto el art. 33 CN. - (cláusula de los derechos no enumerados) que permite incluir -aun después de la reforma de 1994-, a los derechos no enunciados explícitamente en el texto constitucional. Para ello recordamos que la Corte Nacional tiene dicho que:
“La Constitución, en su condición de instrumento de gobierno, debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de todas las demás” (12).
La doctrina, con anterioridad a la reforma de 1994, había sugerido apelar a la autointegración, es decir recurrir a las demás normas y principios constitucionales para hacer frente a los problemas que las nuevas tecnologías y en especial la informática causaban a la intimidad (13).
Sentado ello, vemos entonces como posible que si el hábeas data permite el control de los datos personales y la protección de la intimidad (14), ese derecho se ejerza suprimiendo información caduca, esto es, que ha perdido virtualidad por el transcurso del tiempo (arts. 19 - , 33 - y 43 - CN.).
Además, la doctrina ha aceptado la procedencia del hábeas data cancelatorio con fundamento en otros motivos. Así Ekmedkjian y Pizzolo (h.) lo aceptan contra los datos obsoletos o los que deban permanecer reservados (15). Para Gozaíni, la facultad de requerir la cancelación o la corrección de los datos inexactos otorga el denominado “derecho al olvido”, esto es, el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado (16). En igual sentido se han pronunciado la doctrina española (17), francesa (18) e italiana (19).
Por último, la situación podría encuadrarse asimismo dentro del abuso de derecho (art. 1071 CC. - ) porque el recopilador de datos, al difundir un dato antiguo y que ha perdido utilidad, está ejerciendo abusivamente ese derecho a informar y trabajar en detrimento del derecho a la privacidad del registrado.
d) El principio de finalidad en la recolección de datos personales
También creemos que se afecta el principio de finalidad que debe existir en toda recolección de datos. Básicamente, este principio consiste en permitir la recolección de datos en ficheros automatizados siempre y cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimas para los que hayan sido obtenidos (20).
Aunque este principio no tiene recepción específica en nuestro ordenamiento, está ampliamente contemplado en las legislaciones del derecho comparado (21) y también en los proyectos de reglamentación del hábeas data.
Y aplicando estos principios al caso concreto, si el dato tiene por finalidad saber quién está inhabilitado, vencida la inhabilitación, que tiene un plazo máximo de sesenta meses (Comunicación “A” 2329 – 21-IV-95 – OPASI-2 – RENOM-1, punto 1.8.), carecería de sentido seguir difundiendo el dato y por lo tanto su conservación devendría arbitraria, esto es sin derecho. ¿Qué sentido tiene saber que hace diez años una persona fue inhabilitada para operar en cuenta corriente bancaria, si desde hace otros tantos es un puntual cumplidor de sus obligaciones comerciales? Aquella inhabilitación no refleja sino un dato pasado que puede o no ser objetivo para determinar su solvencia o su comportamiento futuro.
Nos parece que el registro del dato es más grave aun cuando lo realiza una empresa privada destinada a proveer informes, pues sólo el Banco Central es el autorizado legalmente a poseer esta información, a los fines de que durante esa inhabilitación ninguna entidad financiera del país dé curso a las solicitudes de apertura de cuentas corrientes interpuestas por el inhabilitado (OPASI 2, pto. 1.8.3). Pero sucede en la práctica que eliminado el dato de la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados que posee el Banco Central, la difusión del mismo por parte de una entidad privada produce los mismos efectos que tiene cuando lo realiza la entidad rectora en materia financiera.
e) Existencia de discriminación
Dijimos también que la divulgación de datos caducos puede originar discriminación por parte de otros sujetos. En el caso que anotamos, el actor argumentaba que la difusión de datos por parte de la demandada le causaba un perjuicio en su esfera patrimonial, pues le dificultaba el acceso al crédito y a la posibilidad de tener una tarjeta de compras.
Y bien podría argumentarse que la existencia del dato caduco lo discriminaba en la medida en que no le permite obtener lo que otros obtienen estando en la misma situación. Es decir, que las entidades financieras le deniegan la posibilidad de abrir una cuenta u obtener una tarjeta de compras, mientras que otros sujetos que están en las mismas condiciones (vgr. personas cuya inhabilitación esté vencida pero no registrados) los pueden obtener.
Un primer problema estaría dado por la legitimación pasiva del reclamo, pues en este caso la discriminación no proviene de quien difunde el informe sino de quien lo recibe (el banco). Es decir, si bien la actividad de difundir datos caducos genera discriminación por parte de otras personas, ello no permite encontrar el motivo de procedencia de hábeas data contra el banco de datos.
Sin embargo, nos parece que por más que la discriminación no provenga del banco de datos demandado sino de la entidad financiera, el primero actúa como causa originaria de la misma, pues de no difundir el dato caduco, esta discriminación no existiría. Además, la conducta de proveer información antigua y que no refleja necesariamente el estado patrimonial del registrado, sino un mero dato histórico que pertenece a su intimidad constituye una conducta arbitraria que termina causándole una situación discriminatoria. Y esta discriminación no es sino una violación al principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN. - ).
Recordamos que en la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el principio de igualdad consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias y que dicha garantía no se afecta en tanto las distinciones establecidas por el legislador no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de diferenciación, aunque el fundamento sea opinable.
En el caso “Sejean”, la Corte dijo que se encuentra dentro del espíritu del art. 16 CN. - y de las leyes dictadas en su ejercicio, “la reinserción en el cuerpo social de quienes han delinquido, y en general, el brindar aun a quienes son víctimas de sus propios desaciertos la posibilidad de recomponer su existencia” (22).
Quizás la alusión al art. 51 CP. - que realizó la sentencia de grado sea un claro ejemplo de la existencia de discriminación cuando se trata de la caducidad de datos personales que pertenezcan al pasado. Este artículo establece que el registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos (23) en los siguientes plazos: a) si la sentencia es de carácter condicional, a los diez años del dictado de la misma, b) si la condena es privativa de la libertad de cumplimiento efectivo, la caducidad se produce una vez transcurridos diez años a partir de la extinción de la pena impuesta y c) en los casos de condenas a pena de multa o inhabilitación, la caducidad del registro de la sentencia respectiva se produce una vez transcurridos cinco años de la extinción de la multa o inhabilitación impuestas.
Este artículo fue introducido al Código Penal en 1984 por la ley 23057 - (LA 1984-A-24). El mensaje del Poder Ejecutivo del 13/12/83 decía que introducía un texto:
“Destinado a evitar uno de los males característicos de nuestra vida jurídica en los últimos años: el etiquetamiento de las personas”.
“No se prohíbe la existencia de registros, que además de ilusoria puede resultar perjudicial (por ejemplo: registros policiales de modus operandi), pero se prohíbe que, cuando esos asientos dejen de ser legalmente útiles, se informe en base a ellos” (24).
El diputado Lorenzo H. Cortese, por su parte, sostuvo: “Hasta ahora, quien tenía la desgracia de delinquir una vez en su vida quedaba con un estigma que lo perseguía para siempre. De aquí en más tendrá ese hombre la posibilidad de evitar el etiquetamiento por una circunstancia adversa, muchas veces no querida o motivada por factores de esta sociedad, que tiene muchos defectos que debemos reparar. De manera que cuando transcurran los términos que marca la nueva legislación -es decir, diez años a partir del cumplimiento de la pena-, ese antecedente ya no podrá ser informado por ningún instituto que lo tenga registrado” (25).
El senador Felipe Celli, remarcó que las informaciones, para evitar el etiquetamiento, no deben proporcionarse cuando han dejado de ser útiles. Añadiendo textualmente:
“Por otra parte, en un Derecho penal moderno basado en el estado de Derecho, no puede decirse que la pena acompañará al delincuente durante toda su vida, porque ello implicaría establecer que existen ciudadanos de segunda clase. Ya demasiado lo castiga la sociedad cuando lo marca y margina, impidiéndole reingresar a la vida libre con las mejores posibilidades para no delinquir y en igualdad de condiciones con las demás personas. Este es, en síntesis, el objetivo que persigue este art. 51″.
Es evidente cuál es el espíritu del art. 51 CP. - : evitar la estigmatización de quien delinquió, considerando que, luego de un plazo, cabe liberarlo de su historia criminal, mediante la caducidad de los registros respectivos (26). Análogamente, en el caso que comentamos, la caducidad de los datos dispuesta por la juez de 1ª instancia tenía el mismo fundamento: evitar la estigmatización del ciudadano frente al manejo que de sus datos se realizan, más cuando el tiempo transcurrido es más que razonable para restarle validez o utilidad al dato.
f) Proyectos de reforma y reglamentación del hábeas data
En nuestro país, el Proyecto de reformas del Código Civil redactado por la Comisión del Ministerio de Justicia estableció la posibilidad de cancelar los datos caducos -aunque no los definía-, y exigir su utilización conforme a la finalidad para la que fueron recogidos (art. 114 del proyecto) (27).
También los actuales proyectos de reglamentación de la garantía del art. 43 CN. - establecen un límite temporal para el almacenamiento de información crediticia.
Por ejemplo el proyecto presentado por el senador Eduardo Menem (28) establece en el inc. 4 art. 25, bajo el título “Prestación de servicios de información crediticia” que “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos de carácter personal que sean significativos para evaluar la solvencia económico- financiera de los afectados durante los últimos diez años”.
El Proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados y elevado al Senado de la Nación el 5/6/96, al regular la prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito establece en el art. 32 inc. 4 que “sólo se podrá tratar datos de carácter personal que sean determinantes para evaluar y apreciar la solvencia patrimonial y el crédito de su titular con una antigüedad no mayor de cinco años”.
Por último, el Proyecto de Ley de Hábeas data del diputado César Arias (29) – siguiendo a la legislación española-, establece en su art. 25 inc. 3 que los registros de titularidad privada “sólo podrán archivar registros o ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los afectados, cuando sean adversos y no se refieran a más de seis años”.
Dijimos que también el derecho comparado presenta legislaciones que se inclinan por aceptar una limitación temporal al almacenamiento de informes comerciales.
Así, la ley francesa (30) -una de las más antiguas en la materia-, establece en su art. 36 que el registrado podrá exigir que sean rectificadas, completadas, clarificadas, actualizadas o borradas las informaciones que le conciernen que sean inexactas, incompletas, erradas o perimidas o cuya recolección o uso, comunicación o conservación esté prohibida (31).
España también reglamentó el art. 18 de su Constitución mediante la Ley Orgánica 5/1992 del 29 de octubre de “regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal”. En su art. 28 inc. 3 establece que “sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los afectados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años”.
En Noruega el art. 15 ley 48 - sobre registro de datos personales establece que “toda empresa de información crediticia se asegurará de que los datos utilizados para información crediticia sean completos en la medida de lo posible y de que no se utilicen datos susceptibles de inducir a una actitud injustificada o indebidamente negativa frente a la persona a la que se refieran. Los datos que al finalizar el año natural tengan una antigüedad de tres o más años, sólo se podrán utilizar si fuere manifiesto que continúan siendo de significación sustancial para una apreciación correcta de la persona a que se refieran”.
En los Estados Unidos, la regulación de datos personales se halla normada por gran cantidad de leyes públicas y privadas. Una ley especial fue sancionada en 1970 para establecer el marco legal de las empresas proveedoras de informes comerciales, denominada Fair Credit Reporting Act (FCRA) (32). La ley entre otros aspectos de interés prohíbe a las agencias de información crediticias “proveer información adversa que tenga más de siete años de antigüedad” (cuando se trate de datos relativos a juicios, sentencias, deudas fiscales, registros de arrestos o antecedentes penales e información adversa en general) y de más de diez años cuando se trate de procesos relativos a quiebras o casos del Capítulo XI (Chapter 11) (33) de la Bankruptcy Act.
El tema que abordamos en esta nota demuestra que existen aún muchas cuestiones por solucionar respecto del hábeas data y la regulación de la información económica y financiera. El fallo comentado muestra que en la materia existe un gran vacío legislativo y judicial que reclama una reglamentación urgente.
Una interpretación que se atenga a la lectura literal del art. 43 de la Constitución - , dirá que el hábeas data sólo procede frente a la existencia de falsedad o discriminación. La respuesta adecuada a esa objeción pasa necesariamente por una valoración constitucional previa (34).
Esa valoración previa debe pasar por considerar que el hábeas data -como garantía constitucional-, es una nueva forma de garantizar al ciudadano de una sociedad cada vez más informatizada el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ello, la misma deber ser interpretada en consonancia con el tiempo y la realidad actuales. En una sociedad de la información como la que vivimos, debemos tomar conciencia de que el hábeas data está destinado a evitar los peligros que el manejo irregular de la información puede generar.
En síntesis, nuestras conclusiones son las siguientes:
1. De lege lata consideramos que una interpretación constitucional conduce a aceptar la posibilidad de que un particular pueda solicitar la supresión de información que por el transcurso del tiempo ha perdido virtualidad. El fundamento de ello quedó plasmado en la resolución de primera instancia que motivó este comentario.
2. De lege ferenda, nos parece que la ley reglamentaria que se sancione debería contemplar un límite temporal para los recolectores de datos (35).
(1) Juzg. Nac. Civil, n. 91, 5/3/96 – “FF., E. P. v. Organización Veraz S.A. s/amparo sumarísimo”.
(2) C. Nac. Civ., sala G, 10/5/96 – “FF., E. P. v. Organización Veraz S.A. s/amparo sumarísimo” [J C.971066].
(3) Pareciera entonces que para la Cámara tiene la misma naturaleza la información crediticia almacenada en los registros de la demandada y los libros de comercio y documentación contable que una empresa comercial debe llevar por imperativo legal. La confusión entre uno y otro concepto es sorprendente. Poco y nada tiene que ver la obligación que pesa sobre un comerciante de llevar sus libros en forma legal con el plazo que la demandada sostuvo que conservaba la información. Lo increíble es que de esta confusión la Cámara concluye que no es arbitrario o producto de un “excesivo rigor informático” el almacenamiento de datos que realiza la demandada.
(4) Ver por ejemplo los casos de Fallos 199-466 y 483 (JA 1944-III-793) y 200- 450 (JA 1945-I-633).
(5) La doctrina se pronuncia favorablemente respecto de este equilibrio. Ver entre otros Velázquez, Rafael B., “Protección jurídica de datos personales automatizados”, Ed. Colex, Madrid, 1993, p. 72.
(6) Téngase en cuenta que además estas sanciones no pueden durar más de 60 meses, como lo establece la Comunicación “A” 2329 – 21-IV-95 – OPASI-2 – RENOM- 1, punto 1.8. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la inhabilitación en la quiebra, que a partir de la ley 24522 - cesa de pleno derecho al año de la fecha de sentencia de quiebra, o de la que fuere fijada como cesación de pagos (art. 236). Informar este dato como actual con posterioridad a la rehabilitación equivaldría en principio a proveer información inexacta o desactualizada. Sin embargo nos parece que el límite para dar información debería consistir en un plazo uniforme para cualquier clase de datos, y no en función del plazo de prescripción que existe en cada caso concreto.
(7) Nótese que el art. 28 CN. - , si bien permite regular los derechos constitucionales, también establece su inalterabilidad, al requerir que su reglamentación lo sea mediante leyes razonables. Así, mientras que nos parece que no podría prohibirse en forma absoluta al recolector de datos juntar información sobre los individuos, sí parece constitucionalmente razonable establecer un límite al ejercicio de tal derecho.
(8) Bidart Campos, Germán, “La informática y el derecho de la intimidad”, ED 107-921; Bergel, Salvador D., “El hábeas data: instrumento protector de la privacidad”, en Rev. del Derecho Privado y Comunitario n. 7, p. 211; Rubinzal Culzoni; Miguel A. Ekmekdjian, “La garantía del hábeas data en el Proyecto de Ley de Unificación de la Legislación Civil y Comercial”, en Rev. Jurídica de Buenos Aires, 1989-II-III, p. 72 y también en “El hábeas data en la reforma constitucional”, en LL 1995-E-946; Sagüés, Néstor, “Elementos de Derecho Constitucional”, Ed. Astrea, Bs. As., 1993, t. II, p. 86, y más recientemente en su artículo “Amparo, hábeas data y hábeas corpus en la reforma constitucional” en LL 1994-D-1151; Bianchi, Alberto, “Hábeas data y derecho a la privacidad”, en ED 161-866; Colautti, Carlos E., “Reflexiones preliminares sobre el hábeas data”, en LL 1996-C-917; Bazán, Víctor, “El hábeas data después de la reforma constitucional”, ED 163-825 y Bekerman, Jorge, “La protección del dato personal y los bancos de datos -en especial informatizados- con fines crediticios”, LL 1994-A-667.
(9) Entre los autores que lo identifican con el derecho a la identidad ver Rivera, Julio C., “Instituciones del Derecho Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1993, ns. 775 y 785, ps. 99 y 116 y la opinión del citado autor en la mesa redonda sobre el tema “Impacto de la Reforma Constitucional en la actividad empresaria”, 25/10/94, Universidad Argentina de la Empresa. También Pucinelli, Oscar R., “La garantía del hábeas data: perspectiva comparatista” en Boletín Informativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional”, año XI, n. 114, octubre de 1995, p. 4; Guastavino, Elías P., “Responsabilidad Civil y otros problemas jurídicos en computación”, Ed. La Rocca, Bs. As., 1987, p. 136 y Cifuentes, Santos, “La preservación de la privacidad frente al desafío tecnológico”, en Primer Seminario sobre Protección de Datos y Acceso a la información, p. 35, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Informática y Desarrollo, 1995.
(10) 112 Cal. App. 285, 297 Pac. 91 (1931).
(11) Para un análisis de la jurisprudencia relativa a la revelación o publicación de hechos privados ver el trabajo de William L. Prosser, “Privacy”, publicado en California Law Review, vol. 48, n. 3, agosto de 1960. Pese a la fecha en que fue escrito, la clasificación que realizó Prosser de las formas de transgresión al derecho a la privacidad aún sigue teniendo vigencia en el derecho norteamericano.
(12) Fallos 167-221; 190-571; 194-371; 240-319; 304-1186.
(13) Sagüés, Néstor P., “Elementos de Derecho Constitucional”, Ed. Astrea, Bs. As., 1993, t. II, p. 87.
(14) Corte Suprema, sentencia del 13/2/96, “Dirección General Impositiva v. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, JA 1996-II-295 - . Allí el tribunal señaló que “en la era de las computadoras el derecho a la intimidad ya no puede reducirse a excluir a los terceros de la zona de reserva, sino que se traduce en la facultad del sujeto de controlar la información personal que de él figura en los registros, archivos y bancos de datos”.
(15) Ekmedkjian, Miguel y Pizzollo (h.), Calogero, “Hábeas data. El derecho a la intimidad frente a la revolución informática”, Ed. Depalma, Bs. As., 1995, p. 100.
(16) Gozaíni, Osvaldo A., “El Derecho de Amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de la Constitución Nacional - “, Ed. Depalma, Bs. As., 1995, p. 186; en igual sentido Sabsay, Daniel A. y Onaindía, José M., “La Constitución de los argentinos”, Ed. Errepar, 1994, p. 152/59.
(17) Orti Vallejo, Antonio, “Derecho a la intimidad e informática. (Tutela de la persona por el uso de ficheros y tratamientos informáticos de datos personales. Particular atención a los ficheros de titularidad privada)”, Ed. Comares, Granada, ps. 149/154 y Pérez Luño, Antonio E., “Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución”, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, p. 370.
(18) Kayser, Pierre, “La protection de la vie privée”, Ed. Económica y Presses Univ. d’Aix-Marseille, París y Aix-en-Provence, 1984, p. 130. El autor, refiriéndose a personas que han tenido un pasado negativo, sostiene que estas tienen un “derecho al olvido”, un derecho indispensable para que la carga de su pasado no las aplaste, haciéndolas perder el sentimiento de su libertad y les impida renovar o rehacer su personalidad.
(19) Vittorio Frosini, “Il Diritto nella Societá Tenologica”, Ed. Giuffré, Milano, 1981, p. 9.
(20) Davara Rodríguez, Miguel A., “Derecho Informático”, Ed. Aranzandi, Navarra, 1993, p. 72.
(21) Véase por ej. en España (art. 4 ley orgánica 1/1992 del 29/10/92); Irlanda (art. 2 ley de protección de datos de 1988); Gran Bretaña (Principios ns. 2 y 4 referenciados en el art. 2 ap. 1 Ley de protección de datos de 1984, Anexo, Parte I) y art. 5 del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal hecho en Estrasburgo el 28/1/81.
(22) Corte Sup., 27/11/86, “Sejean, Juan B. v. Zaks de Sejean, Ana M. s/inconstitucionalidad del art. 64 ley 2393<HD+> - <HD->” (ALJA [1853-1958] 1-151) (Fallos 308-2286, consid. 13 del voto del Dr. Fayt, p. 2291); JA 1986-IV-587, (consid. 13 en p. 590).
(23) Entiende Núñez que esto prácticamente equivale a la inexistencia de lo registrado (Núñez, Ricardo C., “Las disposiciones generales del Código Penal”, p. 232, comentario al art. 51, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1988).
(24) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 12/1/84, p. 628.
(25) Diario de Sesiones, cit. 12/12/84, p. 681.
(26) Ledesma, Guillermo A. C., “Un caso de caducidad registral y de aplicación inmediata de reglas de conducta al condenado condicionalmente (arts. 51 - y 27 bis - CP.)”, en JA 1995-IV-476.
(27) Nos referimos a la Comisión creada por el decreto 468/92 - e integrada por los Dres. Augusto C. Belluscio, Salvador Darío Bergel, Aída Kemelmajer de Carlucci, Sergio Le Pera, Julio César Rivera, Federico Videla Escalada y Eduardo A. Zannoni. Ver “Reformas al Código Civil. Proyecto y Notas de la Comisión designada por decreto 468/92 - “, Ed. Astrea, Bs. As., 1993, p. 30.
(28) Cfr. Senado de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Diario de Asuntos entrados, año XII, n. 10, 13/3/96, p. 156.
(29) Proyecto de Ley de hábeas data presentado por el diputado de la Nación Dr. César Arias, ingresado el 26/6/95.
(30) Ley 78-17, del 6/1/78, sobre informática, ficheros y libertades, publicada en el Boletín Oficial de la República Francesa el 7/1/78, ps. 227/231.
(31) El artículo en su idioma original dice así: “Le titulaire de droit d’acces peut exiger que soient rectifiées, complétés, clarifiées, mises á jour ou effancées les informations le concernant qui soient inexactes, incompletes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite…”
(32) 15 U.S.C. n. 1681ff.
(33) Peter B. Maggs, John T. Soma y James A. Sprowl, “Computer Law. Cases. Comments. Questions”, Westpublishing, St. Paul, Minn., 1992, p. 500 y ss.
(34) Laurence Tribe, en su obra “Constitutional Choices”, Harvard University Press, 1985, centra su análisis sobre el alcance de diversos derechos y garantías constitucionales, justamente a partir de las opciones que se le presentan al intérprete en función de una elección previa del tipo de sociedad que se desea, y de los límites que se le marquen al gobierno y a los terceros que habrán de regirla.
(35) Insistimos en que si por vía legislativa se prohíbe a las agencias de informes distribuir datos de una antigüedad determinada no se avasalla ninguno de sus derechos ni se las pone en desigualdad con los registrados sino que se reglamenta en forma razonable una actividad que es beneficiosa para toda la comunidad en cuanto brinda transparencia y seguridad al mercado financiero previniendo préstamos a personas insolventes, al permitir recopilar esa información y difundirla durante un tiempo razonablemente útil.
Tribunal: C. Nac. Civ., sala G
Partes: FF., Esteban P. v. Organización Veraz S.A.
Publicado: JA 1997-I-26.
AMPARO – Hábeas data – Caducidad de los datos almacenados – Procedimiento – Competencia
Ver nota de PABLO A. PALAZZI al final
1ª INSTANCIA.- Buenos Aires, marzo 5 de 1996.
El Sr. Esteban P. FF. fue inhabilitado para operar en cuentas corrientes por el Banco Central de la República Argentina, en las siguientes fechas:
- abril 1984 a pedido del Bank of América
- mayo de 1985 a pedido del Banco del Suquía
- enero de 1986 a pedido del Banco do Brasil.
Esta información consta en la base de datos de Organización Veraz S.A., quien la suministra a sus clientes.
Ante la existencia de registros sobre sus inhabilitaciones para operar en cuentas corrientes, en la base de datos de Organización Veraz S.A., el Sr. FF. acciona por amparo para que estos datos sean suprimidos, en razón de que ellos están caducos por el largo transcurso del tiempo entre que las inhabilitaciones se produjeron y la actualidad, en que se sigue brindando tal información. El accionante manifiesta que el suministro de esta antigua información le produce daño en su esfera patrimonial, porque le disminuye o dificulta el acceso al crédito y al uso de tarjeta de crédito.
La empresa demandada plantea la incompetencia en razón de la materia y señala que normalmente “los datos de los hechos o actos registrados de la persona física o ideal los dan de baja a los 10 años de vencido el plazo de vigencia de cada uno de ellos”. No obstante lo cual se niega a suprimir de sus registros los datos sobre “la inhabilitación vencida” del actor señalando que: a) La inhabilitación existió, por lo cual la información es veraz. b) Que su parte informa que la inhabilitación está vencida, por lo cual la información no está caduca.
Para determinar si corresponde hacer lugar a la demanda hay que examinar:
a) Si el hábeas data procede por la vía del amparo.
b) Si el actor y el demandado están legitimados activa y pasivamente para el ejercicio del hábeas data.
c) Si este tribunal es competente.
d) Si corresponde ordenar la supresión de los datos del actor suministrados por la demandada en razón de su caducidad. Para lo cual he de analizar:
- Caducidad del dato
- Arbitrariedad de la negativa a la supresión.
No hay discusión entre las partes en cuanto a la aplicación directamente operativa, mediante el amparo, del hábeas data previsto en la Constitución Nacional (1), aun cuando éste no se encuentra reglamentado. Lo que no exime al tribunal de tratar el tema atento a los principios en juego, lo que conllevaría a su rechazo aún de oficio de no ser directamente operativo.
Por mi parte coincido con la postura de las partes y destaco que en esta línea se encuentran todos los autores que han estudiado el tema, lo que me exime, en honor a la brevedad, de ampliar su desarrollo y tratamiento (conf. Adolfo Rivas en “El amparo y la nueva Constitución de la República Argentina”, LL 1994-E- 1330; Jorge Vanossi, “El hábeas data no puede ni debe contraponerse a la libertad de los medios de prensa”, en ED 159-948; Alberto Bianchi, “Hábeas data y Derecho a la privacidad”, ED 161-866; Néstor P. Sagüés, “Amparo, Hábeas data y Hábeas corpus en la reforma constitucional”, LL 1994-D-1151; Salvador D. Bergel, “El Hábeas data: instrumento protector de la intimidad”, en Rev. de Derecho Privado y Comunitario n. 7, p. 215; Bidart Campos, Germán, “Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino”, t. VI, La reforma constitucional de 1994, Ediar, 1994, p. 321; Puccinelli, Raúl O., “Hábeas data: aportes para una eventual reglamentación”, ED 161-913; Gozaíni, Osvaldo A., “El derecho de amparo”, Ed. Depalma, Bs. As., agosto de 1995, p. 153 y ss.; Quiroga Lavié, Humberto, “El Amparo, el Hábeas data y el Hábeas corpus en la reforma de la Constitución Nacional”, en “La reforma de la Constitución Nacional”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, p. 163; Dromi, Roberto y Menem, Eduardo, “La Constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada”, Ediciones Ciudad Argentina, 1994, p. 168).
Por lo demás, esta interpretación surge de la ubicación del instituto en el art. 43 del texto Constitucional - , cuyos tres primeros párrafos hacen referencia al amparo. Es así como nuestros constituyentes de 1994 elevaron el amparo a una categoría principal, directa, justiciable y sin restricciones, instalado en el ámbito de las garantías y legitimaciones extraordinarias, en protección a los derechos constitucionales. Es decir que el amparo es directo en cuanto su ejercicio es alternativa principal, no subordinado a ningún otro procedimiento administrativo o judicial cuando se hallan en juego la amenaza o menoscabo de derechos esenciales reconocidos por la Constitución Nacional.
Por otra parte es doctrina de la Corte Suprema inclinarse a interpretaciones procesales que favorezcan y no que dificulten los fines perseguidos por la Constitución Nacional (conf. Corte Sup., “Antorcha, Cía. Argentina de Seguros y otras”, sentencia del 14/12/93).
Es preciso tener presente que el citado art. 43 CN. - consagra lisa y llanamente una acción expedita, término que significa que la garantía en cuestión obrará sin impedimento ni otros condicionamientos que no sean los que establece el propio ordenamiento constitucional (conf. Rivas, Adolfo A., “El amparo y la nueva Constitución de la República Argentina”, LL 1994-E-1334), de tal suerte que queda dicho y con particular referencia a la pretensión aquí intentada, que el hábeas data no es sino una subespecie de la acción de amparo específico que, como fuera señalado, encuentra su marco formal en las previsiones de la ley 16986 - (2) (conf. autor y ob. cit., p. 1335).
Además ello, surge de la exposición de los hechos:
i) Que no existen recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan dar eficacia a la garantía consagrada por el art. 43 CN. - , debiéndose interpretar asimismo que la redacción del art. 43 en la nueva Constitución Nacional - permite la interposición directa de la vía del amparo.
ii) Que el acto impugnado o la información suministrada no emana del Poder Judicial ni ha sido adoptada por aplicación de la ley 16970<HD+> - <HD->.
iii) Que la intervención requerida en autos, al encaminarse pura y exclusivamente a la supresión de información relativa al amparista, archivada en registros o bancos de datos, no puede comprometer directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia de la prestación de algún servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales.
iv) Que los datos o informaciones obrantes en los registros o bancos de datos en la entidad demandada, no requieren debate alguno ni amplitud de prueba.
v) Que los datos cuya supresión se requiere no se encuentran vigentes. Y se corresponden con inhabilitaciones vencidas que el demandado se niega a suprimir de sus registros.
Por todas las argumentaciones vertidas, la vía de la acción de amparo elegida, es procesalmente procedente.
No puede obstar a la procedencia de esta vía constitucional el hecho de que la misma no haya sido aún reglamentada. Tal fue el criterio que emana de los casos “Siri” y “Kot” de 1957 y 1958 respectivamente, donde la Corte Suprema creó pretorianamente la acción de amparo. Los constituyentes de 1994 incorporaron en la Constitución Nacional al amparo como herramienta de protección de los derechos y garantías constitucionales.
III. Legitimación activa y pasiva
El art. 43 CN. - dice “toda persona…”.
Por lo tanto, el accionante posee legitimación activa para accionar.
La presente acción de hábeas data se ejerce contra Organización Veraz S.A. por ser ésta la titular de los registros donde se suministran los datos cuya supresión se persigue.
El texto constitucional, cuando habla de registros privados, los restringe a aquéllos “destinados a proveer informes”. Veraz S.A. es uno de ellos, puesto que la información que posee en sus registros (i) ha trascendido a terceros, como lo prueban sus dichos y el resumen que se agrega a f. 1; (ii) es fuente de información comercial y bancaria en el medio en que se desempeña la actora, según surge del informe que en copia encabeza el expediente.
Con lo cual, la demandada está legitimada pasivamente.
Ha dicho la jurisprudencia sobre la competencia del hábeas data que “si la acción de hábeas data se relaciona con situaciones reguladas por el derecho privado y el registro o base de datos pertenece a un particular, corresponde que la jurisdicción ordinaria sea la competente para juzgar el tema” (C. Cont.-Adm. Córdoba, sala 1ª, 29/3/95, “García de Llanos s/hábeas data”, LL 1995-C-948).
La competencia ordinaria, por tratarse de un particular que ve lesionado su derecho a la intimidad, es la civil.
Es que la determinación de la competencia reconoce su sustento en la naturaleza de la pretensión incoada, no en el contenido contradictorio de la postura del demandado (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 6ª, 23/9/76, ED II-153, n. 8; Fassi- Yáñez, “Código Procesal “, t. 1, p. 18).
V. Hábeas data
La reforma constitucional que entró en vigencia en 1994 introdujo entre las novedades referentes a la defensa de los derechos y garantías constitucionales, en forma expresa, las acciones de hábeas corpus y amparo, que ya tenían consagración legal y jurisprudencial y, además amplió la acción de amparo de todas las constancias y datos que consten en registros y bancos de datos de organismos públicos e, inclusive, privados, cuando se dedicasen a proveer informes.
Esta acción de amparo específica, comúnmente denominada hábeas data, se encuentra consagrada en el art. 43 - párr. 3º de la nueva Constitución de 1994 que dice:
“Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros y bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes; y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas”.
Los derechos que surgen de la norma transcripta son, según la doctrina especializada en el tema: a) el derecho de acceso a la información; b) el derecho de actualización; c) el derecho de rectificación o cancelación; d) el derecho de inserción.
Lo que se pretende en el presente es la cancelación del dato en razón de encontrarse caduco.
La caducidad del dato como motivo de la cancelación está expresamente prevista en el art. 36 de la ley francesa del 6/1/78 relativa a la informática, que establece que el titular del derecho de acceso puede exigir que las informaciones que le afecten y fueran inciertas, incompletas, equívocas o “caducas” o cuya colecta, utilización o comunicación estuviese prohibida, sean rectificadas, completadas, aclaradas, actualizadas o “canceladas”.
Considero válido en la fundamentación de esta sentencia hacer referencias a doctrina y jurisprudencia extranjera de países del mismo sistema jurídico que el nuestro, máxime en un supuesto como éste en que no existe reglamentación del hábeas data, ya que el derecho comparado es una disciplina auxiliar del derecho nacional positivo y fuente material de derecho, al cual pueden recurrir en algunos casos los jueces para resolver los conflictos que se le plantean; asimismo contribuye a reforzar las soluciones dadas por nuestras leyes, permitiendo estudiar el valor a dar al hábeas data, en un contexto más amplio.
Al abordar la resolución del presente hábeas data no busco dimensiones utópicas, como pretender descubrir la existencia de un derecho universal en esta materia; por el contrario, incorporo al conocimiento integral y sistemático del fenómeno jurídico de las bases de datos informatizadas, otras soluciones dadas en países que -como el nuestro- pertenecen a la familia romano-germánica, lo que permite una comprensión mayor del problema.
Como bien señala el constitucionalista Vanossi, el recurrir al derecho comparado no es una mera jactancia de erudición o de conocimiento de otra lengua sino que es un método eficaz que ayuda a una mejor comprensión del derecho patrio (Vanossi, Jorge R., “¿Existe un derecho constitucional comparado?”).
Es que “pretender encerrar la ciencia jurídica dentro de las fronteras de un Estado y querer exponerla o perfeccionarla sin tomar en cuenta la teoría y la práctica extranjera no significa otra cosa que limitar las potencialidades del jurista para el conocimiento y la acción. El nacionalismo jurídico es más bien provincialismo, inconciliable con el auténtico espíritu científico, y representa un empobrecimiento y un peligro para la aplicación del derecho nacional” (Jauffret Spinosi, Camille-Rene, David, “Les gransds systèmes de droit contemporains”, p. 9).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha realizado una recepción del derecho extranjero para fortalecer la interpretación de la ley en el fallo del 22/11/94 caratulado “Manauta, Juan J. y otros v. Embajada de la federación rusa s/daños y perjuicios”, ED 162-88, con nota de Ramayo, Alberto, “El derecho extranjero como argumento”, en ED 162-1182.
Es por ello que considero útil recordar lo ya dicho relativo a la legislación francesa, como así también lo expuesto en el art. 14 inc. 3 ley alemana federal de protección de datos del 6/1/78, que dispone que los datos de índole personal deben ser destruidos cuando su almacenamiento fuera ilícito o cuando lo pida el interesado en los casos en que su conocimiento ya no resulte indispensable para el ente almacenador con vistas al desempeño conforme al derecho de las funciones de su competencia.
Siguiendo la línea legislativa francesa y alemana entiendo que el sujeto afectado tiene el derecho a lograr la supresión del dato obrante en un registro informatizado, cuando el dato sea impertinente para la finalidad perseguida por la base de datos o en el supuesto en que en función del transcurso del tiempo no resulte necesario mantener el dato en el registro (conf. Bergel, ob. cit., p. 209).
En el caso traído a resolutivo entiendo que en virtud del tiempo transcurrido los datos sobre inhabilitaciones para operar en cuenta corriente, producidos hace más de diez años, se encuentran caducos y el accionante tiene derecho a obtener su cancelación.
En sentido similar al que señalamos se expidió por unanimidad en el primer “Congreso Internacional de Derecho de Daños” en homenaje al Prof. Dr. Jorge Mosset Iturraspe, la Comisión sobre la Intromisión a la Intimidad y los medios masivos de comunicación, señalando entre los Modos de intromisión a la intimidad a través de la informática:
… 2.4 La subsistencia del dato caduco en la base de datos.
Por otra parte, en el mismo Congreso se destacó también por unanimidad que toda “Intromisión se presume ilegítima siempre que no medie una causa de justificación”.
De acuerdo a estas conclusiones (que en su oportunidad suscribí) debo afirmar que es ilícita la subsistencia del dato caduco en la base de datos de la demandada, ya que no media consentimiento del interesado ni existe un interés público prevaleciente.
En igual corriente se expidieron por unanimidad los miembros de la comisión sobre “Responsabilidad Civil por ilicitudes informáticas en el procesamiento de datos personales” en las Jornadas en Homenaje al profesor Jorge Bustamante Alsina, Bs. As., U.M.S.A., 1990, señalando que:
“1. La potencialidad dañosa del procesamiento de datos personales adquiere especial virtualidad en el daño ocasionado a la persona.
2. Los riesgos probables son: “c) Conservación indefinida de los datos obtenidos impidiendo el derecho al olvido”.
Aplicando estas conclusiones en este litigio se deduce que la subsistencia del dato caduco indefinidamente en la base de datos de la demandada impide el derecho al olvido.
Los proyectos de reforma al Código Civil realizados en los últimos años también han tratado el tema sujeto a resolución, en sentido similar a la legislación antes citada y teniendo en consideración las conclusiones de Jornadas y Congresos. Así el proyecto de Código Civil elaborado por la Comisión Especial de Unificación Legislativa designada por decreto 468/92 - estableció en sus arts. 113 y 114 lo siguiente:
Art. 113: “No es admitida la acumulación de información nominativa en registros informatizados, salvo consentimiento expreso del interesado o autorización legal previa”.
Art. 114: “La acumulación de datos nominativos en registros informatizados debe hacerse respetando el derecho del sujeto a verificar la amplitud y tenor de los recogidos, el de exigir y lograr la corrección y actualización de ellos, incluyendo la cancelación de los datos caducos, y su utilización conforme a la finalidad para la que fueron recogidos. Los datos nominativos no pueden ser hechos conocer a terceros sin conformidad expresa del interesado o disposición legal que lo autorice.
Hasta acá he señalado que los datos en cuestión están caducos y que de esta manera se vulnera el derecho a la intimidad, impidiéndose el derecho al olvido, con una conducta que ha de estimarse ilícita por carecer del consentimiento del afectado y de un interés público superior que la avale. Réstame señalar que la negativa a la supresión de tales datos aparece como un proceder arbitrario y que se presume que causa daño, por lo cual ha de mandarse a suprimir, teniendo en cuenta la finalidad específica de la acción de amparo.
Pero para mayor claridad he de precisar:
a) Caducidad del dato.
b) Derecho al olvido.
c) Arbitrariedad de la negativa a suprimir el dato caduco.
d) Potencialidad dañosa.
a) Caducidad del dato:
Trátase en la especie de inhabilitaciones para operar en cuentas corrientes bancarias producidas en los años 1984/1985/1986, es decir hace 12, 11 y 10 años.
El dato caduco es el dato que por efecto del transcurso del tiempo, ha perdido virtualidad, ha devenido intrascendente a los efectos de cualquier efecto jurídico relativo a la ejecutabilidad.
Es innegable que en el caso el dato es caduco; si se piensa en términos de prescripción civil superaría el plazo de prescripción liberatoria más largo, y sería equivalente al plazo de prescripción adquisitiva con justo título.
Es importante tener en cuenta la aplicación de leyes análogas en la materia y en la especie tiene relevancia la norma citada por el actor, contenida en el Título VIII, Reincidencia, art. 51 inc. 2 CP. - , párrafo que dispone:
“El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos: después de transcurridos 5 años desde su extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación. En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado…”.
Al respecto, en la legislación española la LORTAD establece en sus arts. 28 a 30 pautas sobre Servicios de información sobre solvencia patrimonial y en el ap. 3 del art. 28 establece como límite concerniente a los datos que pueden ser objeto de tratamiento con fines de información de solvencia, a aquellos que sean determinantes para enjuiciar la misma. Asimismo “previene el límite temporal de seis años -si los datos son adversos- como el mayor período al que puede extenderse la información” (Orti Vallejo, Antonio, “Derecho a la intimidad e informática”, Ed. Comares, Universidad de Granada, 1994, p. 186).
b) El derecho al olvido:
En definitiva lo que se busca proteger permitiendo la supresión del dato caduco es el “derecho al olvido”. Este es, el principio a tenor del cual ciertas informaciones (vgr. antecedentes penales prescriptos) deben ser eliminados de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado (Gozaíni, Osvaldo A., “El derecho de amparo”, p. 187).
c) Arbitrariedad de la negativa a suprimir el dato caduco:
En el presente, la negativa a suprimir los datos sobre inhabilitaciones no vigentes de más de 10 años es absolutamente arbitraria, y contraria a la doctrina de los propios actos, máxime cuando la demandada en su contestación expresamente manifiesta normalmente “los datos de los hechos o actos registrados de la persona física o ideal los dan de baja a los 10 años de vencido el plazo de vigencia de cada uno de ellos”.
d) Potencialidad dañosa:
Es indiscutible la potencialidad dañosa de informes sobre inhabilitaciones para operar en cuenta corriente bancaria, que pueden llevar a que se niegue el crédito o el seguro. Casos como éstos han dado lugar a acciones por daños y de rectificación de la información contra el banco o contra la entidad proveedora del informe. Por ejemplo los casos estadounidenses “Thompson v. San Antonio Retail Merchants Ass’n” (682 F.2d 509, 1982) y “Lowry v. Credit Bureau, Inc. of Georgia” (444 F. Supp. 54). Pero lo cierto es que en esta materia hay que tener en cuenta que la tutela de los derechos de la personalidad y en particular el de la intimidad, no puede quedarse en el “resarcimiento, sino que es necesario eliminar la fuente de daño potencial. En el caso de la utilización informática de datos, esa eliminación de la fuente del daño no sería otra cosa que la cancelación del fichero” (Orti Vallejo, ob. cit., p. 174).
Por todas las consideraciones expuestas y en mérito a lo dispuesto por el art. 1071 bis y concs. CC. - , resuelvo:
1) Hacer lugar a la demanda de amparo interpuesta por el Sr. Esteban P. FF. contra Organización Veraz S.A. y, en consecuencia, condenar a estos últimos suprimir de sus bases de datos la información concerniente a las inhabilitaciones de Esteban P. FF. para operar en cuenta corrientes, dictadas por el Banco Central de la República Argentina, en las siguientes fechas: abril 1984 a pedido del Bank of América, en mayo de 1985 a pedido del Banco del Suquía, enero de 1986 a pedido del Banco do Brasil; costas a cargo de la demandada vencida, a cuyo efecto y atento lo prespripto por los arts. 6, 7 y concs. del arancel, reformado por la ley 24432 - , regúlanse los honorarios de los letrados de la actora.- Graciela Medina.
2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, mayo 10 de 1996.- Considerando: 1. No corresponde admitir hechos nuevos en la alzada, a mérito de la forma de concesión del recurso y lo dispuesto por el art. 275 CPr. - , como por lo demás lo dice el accionante al responder las quejas.
2. Por otra parte, tampoco ha de prosperar el recurso de nulidad, que integra el memorial, ya que comprendido por el de apelación, pero circunscripto al error in procedendo, la sala discrepa con los argumentos de la emplazada, que se funda en la omisión de la apertura a prueba e igual comportamiento al no declarar la causa de puro derecho y llamar “autos para sentencia” sucesivamente. La vía sumarísima a la que se ajusta el asunto enerva estos argumentos; pero además, en lo particular, la naturaleza del asunto refleja que era superflua la declaración de testigos propuestos a f. 23 vta., única que aportó esa parte, junto con la documental (arg. art. 364 Ccit.).
Tampoco comparte la sala que la jueza haya violado el principio de congruencia, sobre la base de los argumentos señalados, a los que suma la quejosa la “creación de los términos datos caducos” por parte de aquélla. Es bien sabido, por carecer de autonomía este remedio, que pueden repararse a través de la apelación, cuando como en el caso, el tribunal de alzada a continuación examine el derecho con jurisdicción plena (arg. art. 253 Ccit.).
3. En concreto, las pretensiones fueron nítidamente expuestas por el demandante y la defensa ejercida por la empresa accionada releva de contar con mayores elementos de ponderación.
En efecto, el origen del hábeas data, en lo que a esta cuestión fue circunscripto, es explicable en función con el desarrollo de la informática que cuenta con protección constitucional a través de las reglas que tutelan la libertad de comerciar, trabajar, propiedad, etc. Frente a este avance de la técnica, se alza la situación de los registrados en archivos y bancos de datos, cuya tutela merece análoga protección constitucional, pero en la medida en que aquellos contengan información equivocada, antigua, falsa, con potenciales fines discriminatorios, lesiva del derecho a la intimidad de las personas, etc. (conf. Sagüés, Néstor P., “Amparo, hábeas data y hábeas corpus en la reforma constitucional”, LL 1994-D-1158).
Consecuentemente, se trata de sintetizar la posibilidad de ser atendible la acción promovida, siempre que de los registros surjan inexactitudes o que éstos puedan provocarle cierta y determinada discriminación. Este es el punto neurálgico, que aquí cabe apreciar; porque ambas partes están contestes en que, pese al contenido de la “información” existente en los archivos de la emplazada, estrictamente carecen de inexactitudes, porque contienen expresos agregados, con asiento incluso de fechas, de que en los tres supuestos las causas de inhabilitación han vencido.
Fue éste el aspecto atacado en la demanda; temporalmente, sostiene, que publica su intimidad y actúa a modo de discriminación. Ninguno de estos conceptos comparte la sala; debido a que, paralelamente, no los impugna por inexactos.
Menos puede sostenerse que incursionen en el terreno del honor e intimidad y con ello resulten discriminatorios en la vida de relación del actor; parece oportuno recordar, por un lado, la ausencia de reglamentación sobre la materia. Por otro, como se orienta a actividades de índole estrictamente comercial, crediticias, etc., median suficientes razones para afirmar que la confidencialidad requiere un marco estricto de análisis, que sin duda no es el querido por el actor y que la a quo tuvo específicamente en cuenta el pronunciarse, con sujeción a los efectos de la caducidad, derecho al olvido o arbitrariedad de la negativa a supresión del dato, etc. (además del art. 51 CP. - ).
Sobre la base de estas consideraciones, entonces, preciso era adoptar algún método de información a terceros, si las normas no lo procuran hasta el presente (arg. art. 16 CC. - ).
Ahí es posible encontrar el nudo de este asunto, si incluso se toman las consideraciones puestas de relieve por la resolución de grado. La entidad demandada, típicamente comercial a la luz del art. 8 y concs. CCom. - -fue asimismo señalado por esa parte al contestar la demanda-, afirma que guarda sus datos durante diez años, tan es así, que en la actualidad y de acuerdo a lo expuesto en el memorial, subsistirían sólo los dos últimos, es decir aquéllos producidos en los años 1985 y 1986 respectivamente.
Consecuentemente, no es arbitrario o producto de un excesivo rigor informático, a raíz de concordar con la obligación mercantil derivada del art. 67 CCom. - , según la cual es el período de conservación de los libros y documentación, a su vez exigida por el art. 44 de ese cuerpo legal.
En síntesis, si los interesados cuentan con libre acceso y la supresión se realiza bajo las pautas que han sido expuestas, corresponde acoger los agravios de la empresa “Organización Veraz S.A.”; corroborada si se quiere, con la afirmación no negada que integró el memorial, bajo subtítulo de hecho nuevo, acerca de la obtención de dos tarjetas de crédito de circulación en plaza.
Por todo ello, se resuelve: revocar la resolución de fs. 26/31; con costas de ambas instancias al vencido (art. 69 CPr. - ).- (Omissis…).- Carlos A. Bellucci.- Roberto E. Greco.- Leopoldo Montes de Oca.

References: De lege lata
 resolución 
De lege ferenda
 resolución 
 resolución 
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