Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-885-de-diciembre-3-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_0eeb0496955d01e6e0530a01015101e6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 19:11:26+00:00

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SENTENCIA T-885 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:NO PROCEDE EL AMPARO DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL DE LOS DOCENTES POR EL NO RECONOCIMIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR TRABAJAR EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, PUES SE ACLARÓ QUE PARA ÉSTA CASO EXISTEN OTROS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA JUDICIAL EFICACES PARA PROTEGER LOS DERECHOS EN CONFLICTO Y EVITAR LA OCURRENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, AUXILIO DE TRANSPORTE, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, PAGO DEL SALARIO, PASIVOS LABORALES, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, BONIFICACIÓN DEL DOCENTE, BONIFICACIÓN ESPECIAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL, PAGO DE PASIVOS LABORALES, RECONOCIMIENTO DE LOS PASIVOS LABORALES
2. Con Resolución número 174 de 2007, Fonvivienda dio apertura a la convocatoria de postulaciones al subsidio de vivienda para población en situación de desplazamiento entre el 8 de junio y el 13 de julio de 2007. A este proceso se postuló el actor para ser beneficiario de subsidio de vivienda en dinero por un valor de $15.450.000m/cte. Durante el trámite surtido ante esa entidad, obtuvo el estado de “calificado”, sin que a la fecha se le haya adjudicado el mencionado subsidio, se le haya definido su situación o se le haya indicado materialmente en qué etapa del proceso se encuentra(2).
3. El actor presentó peticiones relacionadas con la entrega del subsidio de vivienda en el año 2013 ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esa entidad pública con escrito del 5 de agosto de 2013, dio respuesta a la solicitud presentada por el ciudadano en los siguientes términos: “... teniendo en cuenta la magnitud de hogares que se encuentran en estado calificado dentro del proceso de convocatoria para la población desplazada efectuada en el año 2007, le informó que Fonvivienda no puede ofrecer a su hogar fecha probable de asignación del subsidio”(3).
4. En declaración rendida ante el Juzgado Promiscuo de Puerto Asís, Putumayo, el 7 de marzo de 2014, el actor expuso lo siguiente: i) ha tenido dos hogares y es padre de 4 hijos, una de ellas menor de edad; ii) actualmente no convive con ninguna de sus parejas, vive con un hermano; y iii) trabaja con él en labores de construcción y percibe $20.000 diarios(4).
Conoció de la acción de tutela en única instancia, el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Asís, Putumayo. El fallador de instancia avocó conocimiento por auto del 3 marzo de 2014 y ordenó vincular al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda.
El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) profirió sentencia el 11 de marzo de 2014, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor, con fundamento en las siguientes razones: i) el orden de asignación de los subsidios de vivienda se edifica sobre el derecho a la igualdad de las personas desplazadas que aguardan pacientemente por el auxilio; ii) el derecho a la vivienda digna es de aplicación progresiva y está atado a la capacidad presupuestal de la entidad pública competente; y iii) no existe una condición de extrema urgencia en la condición personal del actor, que acredite un perjuicio irremediable, toda vez que en la declaración rendida ante el Juzgado el 7 de marzo de 2014, indicó que trabaja para una construcción en la que gana $20.000 diarios.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, con escrito radicado en la Secretaria General de esta corporación del 15 de octubre de 2014, solicitó a la Sala decretar la nulidad de todo lo actuado, por existir presuntamente la causal contenida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso por la supuesta indebida notificación del “... traslado de la tutela y fallo de primera instancia”(7).
La solicitud de nulidad formulada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, fue negada por la Sala con auto de 23 de octubre de 2014, debido a que al haber realizado un genuino acto procesal de parte, posterior a su solicitud de nulidad, presentado informe probatorio como litisconsorte por pasiva el 17 de octubre del mismo mes y año, convalidó y saneó la irregularidad. A esta conclusión llegó la Corte, con fundamento en el artículo 136, numeral 2, del Código General del Proceso, que prescribe que la nulidad se considerará saneada cuando la parte interesada la convalidó de forma expresa, antes de haber sido renovada la actuación irregular.
En esa misma providencia, se ordenó requerir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, para que dieran cumplimiento al auto de 6 de octubre de 2014, e informaran al Despacho las razones de la falta de postulación del actor a los proyectos de vivienda en Bogotá y Puerto Caicedo-Putumayo, según lo indicó el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, providencia que solo fue notificada hasta el 30 de octubre de 2014.
El 24 de octubre de 2014, el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, radicó escrito en cumplimiento de lo ordenado por la Sala en auto del 6 de octubre de 2014, con el que dio respuesta a las preguntas formuladas en la mencionada providencia.
En último lugar, el DPS se refirió a la particular situación del accionante Jorge Hernán Bedoya Saavedra en los siguientes términos: i) se encuentra registrado en el RUV (antes RUPD) como población en condición de desplazamiento con residencia declarada en Bogotá y el municipio de Puerto Caicedo-Putumayo y en el programa Red Unidos, según la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE; ii) su estado es “calificado” de acuerdo a la información remitida por Fonvivienda; iii) el hogar está identificado como potencialmente beneficiario en el tercer escalón de priorización del grupo de población desplazada para 7 proyectos de vivienda en Bogotá y el municipio de Puerto Caicedo-Putumayo; iv) Fonvivienda no ha realizado el procedimiento de convocatoria y postulación para estos proyectos de vivienda; y v) el actor debe realizar el proceso de postulación ante Fonvivienda y radicar los documentos exigidos por la ley en los plazos y condiciones que determine esa entidad.
Frente al caso concreto del ciudadano Jorge Hernán Bedoya Saavedra, manifestó Fonvivienda, que se encuentra postulado en la convocatoria -Desplazados 2007 y en estado “calificado”, con el siguiente puntaje(12):
Finalizó su intervención con la advertencia de que si bien “... el hogar tiene la priorización por ostentar el estado de calificado dentro de las convocatorias adelantadas por el Fondo Nacional de Vivienda dirigidas a población desplazada..”(14), este podrá acceder al subsidio “... siempre y cuando cumpla con los requisitos y condiciones definidos en el Decreto 1921 de 2012 modificado por el Decreto 2164 de 2013”(15).
“De conformidad con la normativa que regula el proceso de asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, corresponde al hogar realizar la postulación al proyecto de vivienda para el cual fue habilitado como potencial beneficiario, una vez abierta la convocatoria por el Fondo Nacional de Vivienda y en este sentido, no se ha hecho efectiva la entrega material del subsidio familiar de vivienda en especie por la ausencia de postulación...”(16).
En relación con el proyecto de vivienda ubicado en el municipio de Puerto Caicedo-Putumayo, informó que:
“... se encuentra en construcción el proyecto Luís Alfonso Agudelo, el cual cuenta con 200 soluciones de vivienda. El avance de obra es de 14.67% y el alcalde del municipio y el director de Fonvivienda pactaron la composición poblacional que tendrá el proyecto (...) el porcentaje (...) que se destinará a población desplazada es del 70 que equivale a 140 viviendas. No obstante no puede garantizarse que el accionante sea beneficiario en dicho proyecto, puesto que deberá postularse una vez se de apertura a la convocatoria ”(17).
“... a la fecha no se ha postulado en ninguno de las convocatorias abiertas para la postulación de hogares en los proyectos de vivienda que se ejecutan en la ciudad de Bogotá. Es importante mencionar que el acto de postularse corresponde al hogar, la competencia de Fonvivienda consiste en dar apertura a la convocatoria, pero es el accionante quien deberá surtir dicho trámite. (...) el tendrá la posibilidad de realizar dicha postulación en las convocatorias que se realicen tanto para el proyecto del municipio de Puerto Caicedo, como para los proyectos de la ciudad de Bogotá, puesto que en Bogotá hay 4761 viviendas de las cuales se han asignado 1379”(18).
1. El actor se encuentra vinculado al trámite de adjudicación del subsidio familiar de vivienda en especie, en el que esta: i) registrado en el RUV (antes RUPD) como población en condición de desplazamiento con residencia declarada en Bogotá y en el Municipio de Puerto Caicedo-Putumayo, de acuerdo con información de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV; ii) registrado en la base de datos de la Red Unidos con residencia declarada en Puerto Asís – Putumayo, conforme a lo informado por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE; y iii) es identificado como hogar potencialmente beneficiario en el tercer escalón de priorización del grupo poblacional en condición de desplazamiento para los siguientes proyectos de vivienda(19):
Putumayo Puerto Caicedo Urbanización Luis Alfonso Agudelo
4. El proyecto de vivienda ubicado en Puerto Caicedo-Putumayo y en el que se ofrecen 200 viviendas, en encuentra en fase de ejecución y el avance de obra es del 14.67%. Se fijó la composición poblacional y el 70% del proyecto está dirigido a la población desplazada, lo que corresponde a 140 soluciones de vivienda.
4. Esta corporación ha señalado que, atendiendo el carácter subsidiario de la acción de tutela, su procedencia cuando existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes reglas jurisprudenciales: i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario(23); ii) procede la tutela como mecanismo definitivo: cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, población desplazada entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos(25).
6. Ahora bien, tratándose del derecho a la vivienda digna, la vulnerabilidad de la población desplazada es manifiesta y se justifica el uso de la acción de tutela, “... puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”(30).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la Opinión Consultiva 4(33), desarrolló la naturaleza del derecho fundamental a la vivienda(34) en los siguientes términos: “... no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.
Además de lo anterior, para el comité: i) el derecho a la vivienda está íntimamente ligado a otros derechos humanos que encuentran su fundamento en la dignidad inherente a la persona humana; y ii) se enfoca hacia el concepto de vivienda adecuada, lo que implica disponer “... de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”(35).
En el caso de la población desplazada, el derecho a la vivienda digna adquiere una especial dimensión ius fundamental, ya que así lo ha reconocido la Corte, al señalar que “...el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia, susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela”(40) y que “... se concreta frente a personas de especial protección constitucional como los desplazados por lo que automáticamente reviste un carácter de fundamental y autónomo”(41).
“... toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.
El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos” (negrillas fuera de texto).
15. El literal a) del artículo 5º de la Ley estatutaria mencionada anteriormente, establece como sujetos obligados a brindar de manera oportuna y eficiente la información a “Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”.
Breve reseña sobre la evolución de la política pública de vivienda para población desplazada en Colombia
17. Con la Ley 3 de 1991 se creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, del que hacen parte las entidades públicas y privadas que tienen como objetivo la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación y legalización de títulos de vivienda de interés social. La finalidad de este sistema es la coordinación, planeación y ejecución de las actividades que tales entidades realizan para garantizar la racionalidad y eficiencia en la distribución de los recursos. Uno de los instrumentos creados por la mencionada ley, fue el subsidio familiar de vivienda, que tenía como finalidad subvencionar a los hogares que carecen de recursos para obtener o mejorar una vivienda(52), pues se trata de “...un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley”(53).
18. Con la expedición de la Ley 387 de 1997 se buscó posteriormente, la adopción de “... medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. y se radicó en cabeza del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, la competencia para desarrollar “...programas especiales de vivienda para atender las necesidades de la población desplazada por la violencia”(54).
Así las cosas, esta corporación por Auto 8 de 2009, ordenó el “Replanteamiento de la Política de vivienda para la población desplazada” con base en las fallas en su concepción y fundamentación desde su adopción hace más de 10 años. La Corte constató
“...los precarios resultados que arroja la aplicación de los mecanismos de facilitación de vivienda: (i) como lo reconocen el gobierno, los organismos de control y la comisión de seguimiento, la asignación de subsidios de vivienda se encuentra lejos de cubrir la demanda real(62). (ii) La proporción de la ejecución de los subsidios adjudicados es menor que la mitad. Más del 50% de los recursos asignados a una solución de vivienda no acaban siendo destinados a dicho fin(63). Dados estos dos datos, se constata que menos de uno de cada veinte desplazados ha logrado hacer efectiva alguna ayuda de vivienda(64). (iii) Algunos indicadores sugieren que, aún los subsidios que son efectivamente ejecutados no son suficientemente efectivos. Así, sólo el 13% de aquellos desplazados que han utilizado el subsidio habitan en una vivienda que cumple con todas las condiciones necesarias para el goce efectivo del derecho. En comparación, la Corte observa que el 7.5% de la población desplazada registrada habita en una vivienda que presenta todas las condiciones que satisfacen el goce efectivo del derecho(65). Ambos datos reflejan la inidoneidad de la política para conseguir resultados suficientes. Ello también tiene como consecuencia que, dada la dificultad de conseguirlos y la poca ayuda que representan en términos reales, la solicitud de subsidios de vivienda por parte de la población desplazada disminuyó de 64% de las personas desplazadas registradas en 2001, a 53% de ellas en 2006(66)”(67).
Este tribunal también identificó, en el mencionado auto, el problema del cierre financiero de las viviendas debido a que “...los hogares desplazados no cuentan con suficientes recursos para cubrir la financiación no subsidiada por el Estado. Esa es una de las razones principales por las que se ejecutan pocos subsidios adjudicados”(68).
Ante este panorama, la Corte ordenó al “...Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Director de Acción Social y la Directora del Departamento Nacional de Planeación, dentro de la respectiva órbita de sus competencias, reformular la política de vivienda para la población desplazada”(69). La cual debía estar dirigida a proveer el acceso a “alojamiento y vivienda básicos” de la población desplazada con estímulo de la oferta de soluciones de vivienda y el respeto por el enfoque diferencial y de derechos(70) de este grupo de especial protección constitucional.
22. En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4911 de 2009, con el que atendió las ordenes proferidas por la Corte y cambió el rumbo de la política pública de atención de vivienda de la población desplazada, para focalizarse en la generación de oferta de vivienda suficiente y direccionada a este especial grupo vulnerable, a través del otorgamiento de subsidios para el desarrollo de obras de urbanismo y la concurrencia coordinada de las entidades territoriales para la ejecución de los proyectos(71), la posibilidad de aplicar los subsidios asignados en cualquier municipio o zona del país, tanto en suelo rural como urbano(72), entre otras.
25. Según el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, en la actualidad, frente a esta nueva política, se tienen dificultades de coordinación y articulación entre las entidades que comparten la competencia en el procedimiento de asignación de subsidios de vivienda, en especial el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda que realiza el proceso de convocatoria y postulación, debido a que de 94.370 soluciones de vivienda, solo han sido seleccionados definitivamente como hogares desplazados beneficiarios 20.544.
“... entre agosto de 2010 y diciembre de 2013, se han legalizado 11.166 subsidios de vivienda familiar, esto representa subsidios que ha recibido efectivamente el beneficiario de cada una de las bolsas establecidas en Fonvivienda y entre las cuales se encuentra el Programa de Vivienda Gratuita, esta cifra representa tan solo un 12.98% de los subsidios asignados, que son subsidios que se adjudican mediante resolución y representan un posible beneficio para el ciudadano, que se concreta cuando se materializa la compra de una vivienda a través de una escritura pública. De los recursos considerados en el período de análisis, los subsidios asignados corresponden aproximadamente a $1.8 billones, de los cuales se han legalizado aproximadamente $121.890 millones”(77).
27. En relación con los proyectos de vivienda, la Contraloría halló que
“... existen unos proyectos identificados y viabilizados, sin embargo no se ha surtido todo el proceso administrativo y legal que permita definir estos proyectos y determinar una fecha de entrega efectiva de la vivienda a sus beneficiarios, por lo cual no existe certeza de la iniciación de los proyectos de vivienda por parte de los oferentes, ni la realización y desarrollo de los mismos...”(78).
Culminó su informe la Contraloría, con un hallazgo administrativo relacionado con el incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Así las cosas, concluyó “... que a diciembre de 2013 [hay] un incumplimiento en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo para la estrategia de Vivienda y Ciudades Amables en lo relacionado con el Fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda”(79).
a) Fase de composición poblacional.
En esta primera etapa del procedimiento, de competencia del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, se lleva a cabo la identificación de los departamentos, municipios y ciudades en los que se desarrollarán proyectos de vivienda. Una vez cumplido el proceso de geolocalización de los proyectos de vivienda, corresponde a esa misma entidad definir la composición poblacional de cada uno de ellos, a través de “... la suma de todos los porcentajes por “grupo de población” establecidos para cada proyecto de vivienda que se desarrolle en el marco del programa de vivienda gratuita”(80).
i) Población de la Red Unidos.
b) Identificación de potenciales beneficiarios.
“1. Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos, Siunidos, o la que haga sus veces.
2. Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales­Sisben III o el que haga sus veces.
5. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por Fonvivienda o él que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar.
b) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados antes de la entrada en vigencia del presente decreto, por los consejos municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes Clopad), avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes Crepad) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
c) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de hogares localizados en zonas de alto riesgo. Elaborados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto por los consejos municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes Clopad), avalados por los consejos departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes Crepad) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La razón de que existan más hogares que números de soluciones de vivienda en el proyecto se justifica “...ya que no todas las familias identificadas como potenciales culminan el procedimiento de selección”(84).
“Fonvivienda, mediante acto administrativo, dará apertura a la convocatoria a los hogares potencialmente beneficiarios de acuerdo con los listados contenidos en la resolución emitidia por el DPS, para su postulación ante Fonvivienda o el operador que este designe, y durante el término establecido por Fonvivienda mediante resolución”.
Fonvivienda rechazará las postulaciones presentadas por los hogares cuando(90): i) el postulante comparta el mismo hogar potencial beneficiario con otro postulante; ii) el subsidio familiar de vivienda haya sido efectivamente aplicado en una solución de vivienda; iii) alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas; y, iv) alguno de los miembros del hogar haya sido sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 3 de 1991.
d) Selección definitiva de hogares beneficiarios.
En el último escalón de priorización para seleccionar 20 hogares que accederán a igual número de soluciones de vivienda, deberá acudirse al sorteo, que se “... realiza luego de que se ha efectuado una selección directa sobre los hogares más pobres y vulnerables y sólo en el evento en que el número de hogares del ultimo orden de priorización supere el número de viviendas. (...) las condiciones y parámetros aplicados para realizar sorteos, es el resultado de una sistemática y minuciosa focalización enmarcada en la normatividad”(96).
38. Una vez el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, ha efectuado la selección definitiva de los hogares beneficiarios, el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, deberá expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda a los hogares beneficiados(97).
“... la emisión de una orden por parte del juez constitucional está supeditada al respeto de los eventuales turnos asignados por la entidad para sufragar esas prestaciones, con el fin de no afectar el derecho a la igualdad de terceros que estén a la espera de una erogación similar”(100), por lo que a través de la acción de tutela “... no se pueden irrespetar los turnos establecidos para la realización de pagos o actividades de la administración”(101), puesto que “... no existe criterio razonable que justifique darle prioridad a alguna persona en especial, ya que en similares condiciones no puede haber trato diferencial”(102).
a) Política pública en materia de subsidios de vivienda a la que puede acceder la población en situación de desplazamiento. La entidad encargada de la dirección de la política pública en materia de subsidio de vivienda deberá proporcionar a los potenciales beneficiarios, información clara, precisa y oportuna, sobre el contenido, alcance y objetivos de la misma. Para tales efectos, empleará en sus informes un adecuado enfoque diferencial que atienda las especiales condiciones de las personas desplazadas, sin limitarse a la mera transcripción de normas legales o reglamentarias.
b) Durante el procedimiento administrativo de adjudicación de subsidios: en cualquier estado del procedimiento administrativo de adjudicación, los hogares en condición de desplazamiento interesados en la asignación del subsidio de vivienda en especie, incluyendo a los hogares en estado de “asignado” o “calificado”, podrán solicitar de Fonvivienda o el DPS, información relacionada con:
ix) La forma en que se hará la selección definitiva de los hogares que pretenden beneficiarse del subsidio. En caso de sorteo, deberán ser informados con la debida antelación y de manera clara precisa y con enfoque diferencial, sobre el procedimiento utilizado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, que en todo caso deberá atender los principios de razonabilidad y objetividad.
48. De otra parte, llama la atención lo expuesto por la entidades públicas accionadas, en especial del Fondo Nacional de Vivienda, Fonviviena, en relación con la exigencia al hogar del actor de volver a presentar documentos y surtir el trámite de postulación ante esa institución, para los proyectos de vivienda ubicados en Bogotá y Putumayo, no obstante estar postulado a la convocatoria de entrega de subsidios de vivienda desde el año 2007 y encontrarse en estado “calificado”. Además, en múltiples oportunidades el ciudadano presentó peticiones a la entidades accionadas y en las respuestas ofrecidas por las mismas, nunca se le informó sobre la necesidad de que surtiera el proceso de postulación ante Fonvivienda.
49. Al someter la medida administrativa al test de proporcionalidad estricto para el caso del actor “... en el cual la carga de la argumentación juega a favor de los derechos fundamentales limitados y en contra de las normas que limitan; por ende, se aplica frente a intervenciones (...) muy restrictivas de los derechos fundamentales”(106), se encuentra que el Gobierno Nacional estaba en la obligación de respetar el contenido mínimo del derecho a la vivienda digna de los hogares desplazados materializado en los deberes de las entidades públicas de, entre otros: la eliminación de barreras que impidan el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia estatal.
Debido a esta situación, el artículo 8º del Decreto 1921 de 2012, modificado por el artículo 5 del Decreto 2164 de 2013, estableció como criterios de priorización de los hogares que hacen parte del grupo poblacional en condición de desplazamiento, el hecho de ser beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbana asignado por Fonvivienda que no se haya aplicado, o aquellos que se encuentren en estado de “calificado” en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por Fonvivienda, que se hayan postulado a la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007.
50. La particular situación del actor indica que: i) se postuló a la convocatoria de entrega de subsidios de vivienda del año 2007, adelantada por Fonvivienda y se encuentra en estado de “calificado”; ii) tiene un puntaje de 45 siendo el puntaje máximo en el departamento de putumayo de 52; iii) se encuentra registrado en la Red Unidos administrada por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE; iv) está identificado como hogar potencial beneficiario en el tercer escalón de priorización del grupo de población desplazada para seis (6) proyectos urbanísticos en la ciudad de Bogotá y uno (1) en el municipio de Puerto Caicedo-Putumayo; y, v) Fonvivienda no ha realizado el proceso de convocatoria y postulación para estos proyectos urbanizables y vi) el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, manifestaron que el hogar del actor debe presentar nuevamente documentos y surtir el trámite de postulación, exigencia que ha sido considerada desproporcionada por existir otros medios menos gravosos para satisfacer los derechos fundamentales de la población desplazada(108).
En el presente caso el actor no se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad adicional a su condición de desplazado, razón por la cual no es procedente que la Sala ordene la alteración de los órdenes de priorización para la adjudicación de los subsidios de vivienda a favor del accionante. En efecto, el actor manifestó en la tutela que es discapacitado, pues afirmó tener prótesis en una de sus piernas, sin embargo, no ha perdido su capacidad para laborar, puesto que también manifestó trabajar en una construcción y percibir la suma de $20.000 m/cte. al día(109). Además, no reviste graves situaciones adicionales de indefensión que justifiquen la intervención del juez de tutela para que se asigne de manera inmediata el subsidio de vivienda solicitado por el ciudadano, tal y como fue reconocido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Sin embargo, conforme a lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del 11 de marzo de 2014, por la vulneración del derecho a la información del actor y la imposición de barreras administrativas desproporcionadas, para el acceso al procedimiento de asignación de subsidios de vivienda en especie.
52. De otra parte, las cifras presentadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, en relación con la falta de ejecución del procedimiento de asignación de subsidios de vivienda, debido a que de las 94.370 soluciones de vivienda existentes en el país, solo han sido seleccionados definitivamente como hogares desplazados beneficiarios 20.544, son preocupantes ante la actual vulneración de derechos fundamentales de la población desplazada, lo que denota el incumplimiento de las órdenes impartidas por esta corporación en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. Por esta razón la Sala proferirá los siguientes remedios estructurales, que involucran al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, por ejercer competencias compartidas en el procedimiento de asignación de subsidios de vivienda:
a) En el perentorio término de ocho (8) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, deberá adelantar los procesos para dotar a los desplazados de la información exigida por la Ley 1712 de 2014, sea en su página web, informando como operan las nuevas políticas públicas y su situación particular para asegurar su acceso y la transparencia en la gestión.
b) En el término perentorio de ocho (8) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, las entidades accionadas deberán informar a la Sala de Seguimiento de la Sentencia T- 025 de 2004, para lo de su competencia, la implementación de las medidas para no restringir los derechos de acceso a los procedimientos administrativos de asignación de subsidios de vivienda en especie, mediante exigencias desproporcionadas para los desplazados en estado de “calificado” y “asignado” de la convocatoria del año 2007, puesto que las prácticas de solicitud de documentos para postulación de los hogares a las convocatorias de Fonvivienda, que han sido expuestas en esta providencia, pueden llegar a ser inconstitucionales, si se vislumbra, en cada caso concreto que son desproporcionadas.
c) Con fundamento en el principio de colaboración armónica y coordinación estratégica en el ejercicio de las competencias compartidas, Fonvivienda y el DPS deberán aunar esfuerzos para adelantar hasta su terminación, los procedimientos de adjudicación definitiva de subsidios de vivienda en especie que se encuentren pendientes.
d) Dentro de los ocho (8) meses siguientes contados a partir de la notificación de esta sentencia, las entidades accionadas deberán presentar, a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, un informe en el que expongan de manera justificada, con indicadores de gestión, del cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, en especial la situación de los proyectos urbanísticos que consolidan la oferta de soluciones de vivienda a la población desplazada, su iniciación, desarrollo y finalización, para de esta manera determinar una fecha de entrega efectiva a sus beneficiarios.
53. Dada la importancia de los informes rendidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS(110) y por el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda(111), la Sala ordenará que por Secretaría General se trasladen sendas fotocopias de las pruebas aportadas a este proceso, a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 para lo de su competencia.
3. ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a informar de manera, clara y concreta, la actual situación del actor frente a la adjudicación del subsidio de vivienda en especie, en los estrictos términos del fundamento jurídico 46 de esta providencia.
9. TRASLADAR sendascopias pruebas aportadas en este proceso, contenidas en los informes rendidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social , DPS(112) y por el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda(113), con destino a la Sala Especial de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 para lo de su competencia.
Magistrados: Gloria Stella Ortiz Delgado—Martha Victoria Sáchica Méndez (e)—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(1) Folios 9 y 10 cuaderno principal.
(2) Folio 44 cuaderno principal.
(3) Folio 3 cuaderno principal.
(4) Folios 45 y 46 cuaderno principal.
(5) Folios 27 al 35 cuaderno principal.
(6) Folio 38 cuaderno principal.
(7) Folio 18 cuaderno de revisión.
(8) Folio 34 cuaderno de revisión.
(9) El programa Red Unidos está dirigido por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, entidad que tiene como objetivo “... participar, con otras entidades competentes y los entes territoriales, en la formulación de política pública para la superación de la pobreza extrema y coordinar la implementación de la estrategia nacional de superación de la pobreza extrema a través de la articulación con actores políticos y privados y la promoción de la innovación social, entre otros”. (D. 4160/2011, art. 2º).
(10) Folio 67 cuaderno de revisión.
(12) Folios 81 y 81 cuaderno de revisión.
(13) Folio 82 cuaderno de revisión.
(16) Folio 102 cuaderno de revisión.
(18) Folio 103 cuaderno de revisión.
(19) Folios 45 y 45 cuaderno de revisión.
(24) Sentencias T-800 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio., T-436 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas, y T-108 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
(25) Sentencias T-328 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería, y T-789 del 11 de septiembre de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(27) Sentencia T-585 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Fund. Jur. 2.3.
(30) Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa fund. 5.2.
(32) Al respecto ver Sentencia C-244 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(37) Sentencia T-021 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(44) Sentencia T-645 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en sentencias T-328 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-159 de 2011 Humberto Antonio Sierra Porto.
(46) La constitucionalidad fue revisada por la Corte Constitucional en Sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle. Y según su artículo 33 rige a los seis (6) meses a partir de la fecha de su promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional, la cual se verificó con la publicación en el diario oficial número 49.084 de seis (6) de marzo de 2014.
(47) Artículo 7º Ley 1712 de 2014.
(50) Artículo 8 ibídem.
(53) Artículo 6º Ley 3 de 1991.
(57) Contraloría General de la República. Informe de Auditoría a Políticas Públicas. Política pública: Vivienda y ciudades amables Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” 2010-2013, de 13 de junio de 2014, pág. 19.
(58) Folio 67 cuaderno de revisión.
(61) Folio 68 cuaderno de revisión.
(62) Ver el decimosexto informe de la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, pág. 35, los diferentes informes de la comisión de seguimiento, y la información proporcionada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según los cuales llegando a mediados del 2008, a menos de uno de cada diez desplazados había sido asignado un subsidio de vivienda.
(67) Auto 8 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Párrafo 62.
(68) Ibídem párrafo 63.
(69) Ibídem párrafo 67.
(71) Folio 68 cuaderno de revisión (informe presentado a esta Sala por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.
(73) Folio 68 cuaderno de revisión.
(74) Contraloría General de la República. Informe de auditoria a políticas públicas. Política pública: Vivienda y ciudades amables Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” 2010-2013, de 13 de junio de 2014, pág. 11 y 12.
(75) Ibídem, páginas 12 y 13.
(76) Folio 68 cuaderno de revisión. Ver también Contraloría General de la República Ob. Cit., pág. 13.
(77) Contraloría General de la República Ob. Cit. páginas 22-23.
(78) Ibídem. pág. 24.
(80) Artículo 2º, Decreto 1921 de 2012, modificado por el artículo 1º del Decreto 2164 de 2013.
(81) “El Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, remitirá al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, la información de los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie y los porcentajes de composición poblacional de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 4º de este decreto, para que el DPS en el término de un (1) mes calendario contado a partir del momento de recibo de la información, entregue al Fondo Nacional de Vivienda la resolución con el listado de potenciales beneficiarios para cada uno de los proyectos”.
(82) Artículo 9º, Decreto 1921 de 2012 modificado por el artículo 6º del Decreto 2164 de 2013.
(83) Folio 30 cuaderno de revisión.
(84) Folio 30 cuaderno de revisión.
(85) Folio 30 cuaderno de revisión.
(86) Parágrafo 2, artículo 8º, Decreto 1921 de 2012.
(87) Folio 31 cuaderno revisión.
(91) Folio 31 cuaderno de revisión.
(93) Folio 32 cuaderno de revisión.
(94) Parágrafo 5 del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012.
(95) Folio 32 cuaderno de revisión.
(105) Folios 38-44 cuaderno principal y folios 27-82 cuaderno de revisión.
(108) Folios 45 y 82 del cuaderno de revisión.
(109) Folios 44-46 cuaderno principal.
(110) Que obra a folios 27 a 64 del cuaderno de revisión.
(111) Que obra a folios 66 a 82 del cuaderno de revisión.
(112) Que obra a folios 27 a 64 del cuaderno de revisión.
(113) Que obra a folios 66 a 82 del cuaderno de revisión.

References: Resolución 
 artículo 133
 artículo 136
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 30
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 33
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 6
 Artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 resolución 
 Artículo 9
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 12