Source: http://www.derechoshumanos.net/jurisprudencia/procesos/discriminacion/edad/STS-2187-2011-discriminacion-por-edad-CNP.htm
Timestamp: 2017-12-14 10:06:14+00:00

Document:
STS 2187/2011 - SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 21 de marzo de 2011, anulación límite de edad en Cuerpo Nacional de Policía por discriminatorio - Fundación ACCIÓN PRO DERECHOS HUMANOS (www.derechoshumanos.net)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (ESPAÑA) - STS 2187/2011
Recurso: Derechos Fundamentales 626/2009
(STS 2187/2011)
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso contencioso-administrativo núm. 626/2009, interpuesto por don JAVIER GARCÍA ESPINAR y por la ASOCIACIÓN STOP-DISCRIMINACIÓN, representados por el procurador don Luis Mellado Aguado, contra las resoluciones de 7 de septiembre y 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convocó oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía y se publicó la lista definitiva de admitidos y excluidos; así como contra la desestimación por silencio de los recursos de reposición interpuestos frente a esas resoluciones y contra los posteriores Acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de enero y 23 de abril de 2010 que declararon inadmisibles dichos recursos administrativos.
PRIMERO.- Por escrito presentado el 1 de diciembre de 2009 en el Registro General de este Tribunal Supremo, el procurador don Luis Mellado Aguado, en representación don JAVIER GARCÍA ESPINAR y de la ASOCIACIÓN STOP-DISCRIMINACIÓN, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la antes mencionada resolución de 7 de septiembre de 2009 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y contra la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto "per saltum" ante el Consejo de Ministros.
SEGUNDO.- Por otros escritos registrados el 11 de marzo y el 15 de julio de 2010 se solicitó ampliación del recurso a la resolución antes mencionada de 18 de diciembre de 2009 y a la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto contra ella "per saltum" ante el Consejo de Ministros y, también, a esos Acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de enero y 23 de abril de 2010 a los que también ya se ha hecho referencia.
CUARTO.- Evacuando el traslado conferido, el procurador Sr. Mellado Aguado, en representación de los recurrentes, presentó escrito el 15 de julio de 2010 en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, solicitó a la Sala que:
- Se declare contraria a Derecho y nula de pleno derecho, la exclusión del proceso selectivo impugnado de D. Javier García Espinar y de cuantas personas han resultado excluidas por superar la edad máxima, exclusión que se declara en la Resolución impugnada de Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (...) procediendo a su anulación.
- Se declaren contrarios a Derecho y nulos de pleno derecho, los Acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de enero y 23 de abril (...) por el que se inadmiten los recursos administrativos interpuestos (...) frente a a la Resolución de 7 de septiembre de 2009 (....) y la Resolución de 19 de diciembre de 2009.
- Se declare el derecho de D. Javier García Espinar a no ser discriminadas (sic) por razón de edad y fecha de su nacimiento en la convocatoria impugnada y el ingreso en la categoría de Inspector de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía.
- Se declare el derecho de D. Javier García Espinar a ser restituido en su derecho a no ser discriminado por razón de edad en la convocatoria impugnada.
Por el "Tercero" se fijó la cuantía del recurso en indeterminada, en función --se dijo-- del objeto del mismo y en atención a lo que se dispone en el artículo 42.2 de la Ley de la Jurisdicción.
QUINTO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito presentado el 20 de septiembre de 2010, en el que suplicó a la Sala que se inadmita el recurso respecto de la ASOCIACIÓN STOP-DISCRIMINACIÓN y se desestime respecto de don Javier García Espinar y, subsidiariamente, que se desestime respecto de todos los recurrentes.
SEXTO.- El MINISTERIO FISCAL ha interesado sentencia que estime el recurso, por entender que los actos administrativos impugnados han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente reconocidos en los artículos 14 y 23.2 CE y, en consecuencia, proceda a la anulación de los pasajes que se citan en el siguiente sentido:
La Resolución de 18 de diciembre de 2009, en el sentido de extraer de la lista de excluidos por causa de haber sobrepasado el límite de edad al recurrente D. Javier García Espinar".
SÉPTIMO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo el día 9 de marzo de 2011.
PRIMERO.- El actual recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don JAVIER GARCÍA ESPINAR y la ASOCIACIÓN STOP-DISCRIMINACIÓN por los trámites del procedimiento especial de los derechos fundamentales de la persona, se dirige contra las resoluciones de 7 y 18 de diciembre de 2009 , de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por las que, respectivamente, se convocó oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía y se publicó la lista definitiva de admitidos y excluidos; así como contra la desestimación por silencio de los recursos de reposición que fueron planteados frente a las anteriores resoluciones y contra los posteriores Acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de enero y 10 de abril de 2010 que declararon inadmisibles dichos recursos administrativo.
Y los acuerdos del Consejo de Ministros antes mencionados inadmitieron ese recurso por no apreciar legitimación en el Sr. GARCÍA ESPINAR y en la ASOCIACIÓN STOP-DISCRIMINACIÓN. Y lo que se razonó para ello fue que:
"(...) no se acredita en absoluto por el recurrente Sr. García Espinar , en cuanto persona física, ni por las restantes personas recurrentes, que hayan participado o hayan estado en condiciones de participar en la convocatoria impugnada, o al menos, en convocatoria relacionada con la impugnada o hayan tenido relación alguna con procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, extremo que tampoco se acredita respecto de cualquiera de los asociados pertenecientes a la Entidad recurrente".
En el actual proceso contencioso-administrativo se reclama de nuevo la nulidad del indicado artículo 2.1 b) de la resolución de 7 de septiembre de 2009, que exige para ser admitido a las pruebas selectivas que convoca:
Y también la nulidad del artículo 7 b) del Real Decreto 614/1995, que dispone:
SEGUNDO.- En la demanda se explica que el Sr. García Espinar, nacido el ************* y, por tanto, con más de treinta años en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, fue excluido del proceso selectivo por resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (BOE del 4 de enero de 2010), precisamente por "falta del requisito de edad". De ahí que se afirme no entender lo que ha sido declarado al respecto en los acuerdos del Consejo de Ministros a propósito de la legitimación.
Se señala que dicho requisito de edad impide a quienes la hayan superado acceder a la función pública en la Escala y Cuerpo a que se refiere la convocatoria y crea incertidumbre sobre quienes podrán participar en ella, pues dependerá de cuando se publique. Se afirma también que tal requisito no se justifica porque las pruebas físicas y médicas garantizan por sí solas la idoneidad física de los aspirantes; pruebas de las que se destaca su rigor, muy superior, se dice, al de las previstas para acceder al Cuerpo de Mozos de Escuadra y a las Fuerzas Armadas. Se sostiene que hay medios para garantizar las capacidades de los policías en activo y por ello el límite de edad máxima es innecesario, aunque no discute que se establezca para determinados puestos de trabajo en los que se requiera una juventud acentuada. Y se aduce, así mismo, que la situación de segunda actividad permite atender los casos en que, antes de la edad de jubilación, se haya producido la pérdida de facultades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones (artículo 6.1 de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre).
En otros de sus pasajes, la demanda apunta que las funciones policiales cada vez están más incardinadas con el uso de las tecnologías y menos con la fuerza física. Menciona "innumerables ejemplos de extraordinaria capacidad con edades incluso muy superiores a la de treinta años", entre los que destaca a deportistas de variadas especialidades que, de seguirse el criterio de la resolución impugnada, habría impedido a diversos campeones de España, de Europa y del mundo, ganadores de medallas, participar en las competiciones en que lograron sus triunfos. Y otro tanto se dice respecto de la edad de participantes en las Olimpiadas de Policías y Bomberos de 2006.
La demanda incluye después sus fundamentos de derecho, en los que se desarrollan diversos razonamientos sustentados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución y en la aplicabilidad del Capítulo II, del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (dedicado a las "Medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato"), destacando que en él se trasponen las Directivas 2000/78/CE y 2000/43/CE.
Y se alega, además, la primacía del Derecho Comunitario, la interpretación más favorable a los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales, el carácter de valor superior del ordenamiento que la Constitución reconoce al principio de igualdad y el principio de interdicción de la arbitrariedad establecido por su artículo 9.3.
Más adelante se ofrecen estos términos de comparación para poner de manifiesto la discriminación que es objeto de queja: los nacidos antes del 19 de octubre de 1979, los que cumplen en los primeros meses del año y los que lo hacen en los últimos, los aspirantes al ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía y los que aspiran a acceder a otros cuerpos policiales funcional y estructuralmente análogos (Mozos de Escuadra), los funcionarios en activo del Cuerpo Nacional de Policía que pueden optar a las mismas plazas por promoción interna sin límite de edad, y los que lo hagan por oposición libre para los que el límite se fija en treinta y cinco años, frente a quienes como el Sr. García Espinar solamente pueden hacerlo hasta los treinta.
TERCERO.- El Abogado del Estado pide la inadmisión del recurso por falta de legitimación en la asociación recurrente y también en don ***********, don ************ y doña **************, a quienes califica de demandantes.
Luego, tras reconocer la legitimación del Sr. García Espinar, aborda la cuestión de fondo negando que sean fundadas las vulneraciones que se denuncian de los artículos 14 y 23.2 CE, como también las que han sido referidas a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre y la Directiva 2000/78 CE.
"No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objeto sea legítimo y el requisito, proporcionado".
Luego transcribe esta declaración de la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1982, de 3 de agosto, recogida a su vez en la posterior sentencia 37/2004, de 11 de marzo:
CUARTO.- Debemos comenzar nuestro examen por las causas de inadmisibilidad opuestas por el representante de la Administración, y ya debe decirse que es de compartir la falta de legitimación opuesta en relación con la ASOCIACIÓN STOP-DISCRIMINACIÓN, pues ésta no acredita más que el interés por la defensa de la legalidad, interés que la jurisprudencia considera insuficiente para sustentar la imprescindible legitimación.
Bastará para justificarlo tener presente que el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea la incorpora la edad entre las causas por las que prohibe discriminar [Carta que la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007, reproduce en atención al artículo 10.1 de la Constitución].
En el actual caso litigioso, nos encontramos con que se ha exigido en la resolución de convocatoria una edad máxima distinta de la señalada para la jubilación en virtud de la previsión de una norma reglamentaria: la contenida en el artículo 7 b) del Real Decreto 614/1995. Y esta última es una disposición anterior al Estatuto Básico del Empleado Público, dictada, por tanto, en este punto al amparo del artículo 30.1 b) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado que, a su vez, se remitía a la establecida para cada Cuerpo [y era supletoria para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 2/1986].
SEXTO.- Llegados a este punto, e insistiendo en que únicamente nos interesa la edad máxima fijada en esta convocatoria, entendemos relevantes para nuestro pronunciamiento estos datos:
Son términos de comparación que estimamos válidos porque todos ellos exteriorizan situaciones que no presentan diferencias sustanciales con la situación personal en que se encuentra el Sr. García Espinar.
Y, también, se ha de recordar que el artículo 34.2 de la Ley 62/2003, a propósito de la no discriminación en el trabajo, contemplando en particular el acceso al empleo, expresa que el principio de igualdad supone la ausencia de discriminación directa o indirecta, entre otras circunstancias personales, por la edad; y, además, establece que las diferencias de trato que se fundaran en ella
"no supondrán discriminación cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o del contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituye un requisito profesional esencial y determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado".
Sólamente nos falta añadir para completar nuestro razonamiento que no advertimos en este pronunciamiento contradicción con lo manifestado en la sentencia 75/1983 del Tribunal Constitucional, ni con la Directiva 2000/78/CE, invocadas ambas por el Abogado del Estado.
Y tampoco con la segunda, transpuesta por la Ley 62/2003, pues nuestra razón de decidir es la falta de justificación razonable de por qué es necesario limitar a quienes no hayan cumplido treinta años el acceso por el turno libre a la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía.
1º.- Que inadmitimos el recurso contencioso-administrativo núm. 626/2009 interpuesto por la ASOCIACIÓN STOP-DISCRIMINACIÓN.
2º.- Que estimamos en lo sustancial ese mismo recurso en cuanto interpuesto por don JAVIER GARCÍA ESPINAR contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de enero y 23 de abril del 2010 que inadmitieron los recursos de reposición que fueron deducidos contra las resoluciones de 7 de septiembre y 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por las que se convocó oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, y se publicó la lista definitiva de admitidos y excluidos; y como consecuencia de ello
a) anulamos los acuerdos del Consejo de Ministros impugnados;
b) anulamos el requisito de edad establecido en la letra b) del artículo 2.1 de la resolución de 7 de septiembre de 2009;
c) reconocemos el derecho del recurrente a no ser excluido por razón de su edad del proceso selectivo a que se refieren las resoluciones recurridas; y
3º.- Que no hacemos imposición de costas.
4º.- Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 10
 resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 2
 resolución