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Timestamp: 2017-05-27 12:01:33+00:00

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Comentarios a la consulta pública del borrador de Real Decreto RISP
Por josema - Estrategia - 15 December 2010 Hace unos días, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con el de Política Territorial y Administración Pública, han abierto a consulta pública el borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Este post recoge los comentarios desde CTIC a dicho borrador.
Ante todo, desde CTIC queremos agradecer la oportunidad de poder realizar comentarios a dicho borrador y esperamos que este tipo de aperturas a consulta pública se produzcan con mayor asiduidad. Es posible que algunos de los comentarios excedan los límites de un Real Decreto, y comprendemos que dicho desarrollo debe estar enmarcado dentro del alcance establecido en la ley de referencia. Pero permítansenos estas pequeñas libertades con el objetivo adicional de generar más debate sobre aspectos de la ley y del marco de la reutilización en España que creemos debieran ser reformados en un futuro, preferiblemente cercano.
Si bien ahondaremos en estas cuestiones posteriormente, los problemas generales más importantes que vemos son los siguientes:
el borrador de RD (al igual que la ley) vuelve a ser de cumplimiento voluntario, lo que se refleja en varios “procurarán”, “podrán”… es hora de que sea de cumplimiento obligatorio a no ser que existan razones que justifiquen en casos muy concretos la no puesta a reutilización de la información pública
en este sentido apreciamos positivamente los intentos del borrador en dar paso a una puesta a disposición más proactiva, intentando minimizar el estilo reactivo, si bien creemos que se queda corto en este sentido, dejando la puerta demasiado abierta al cumplimiento con el RD mediante la segunda opción
se vuelven a quedar fuera muchos tipos de información de alto valor añadido; ejemplo: publicaciones científicas procedentes de proyectos financiados con fondos públicos, archivos culturales…
se recalca la posibilidad de sancionar a los reutilizadores por diversos incumplimientos, pero:
algunos de ellos no están del todo claros aunque pueden dar lugar a sanciones graves (desnaturalización, por ejemplo)
no se contempla ningún tipo de mecanismo sancionador por incumplimiento para la Administración
nos parece muy positivo que se refuerce el impulso al uso de formatos electrónicos, estándares abiertos y accesibles y el establecimiento de una figura responsable RISP en los organismos
nos parece confusa la diferenciación entre la publicación de la información en las respectivas sedes electrónicas y el catálogo centralizado y creemos que esta relación debe ser aclarada
el marco de la reutilización debería ser complementado (de una vez) con una ley de transparencia y acceso a la información adecuada, que esperamos pueda seguir este mismo camino de consulta pública en vez del que ha venido siguiendo de filtraciones a los medios de comunicación y otros terceros.
Para empezar y, aunque pueda parecer trivial, creemos que es importante hacer un apunte sobre el título del borrador en cuestión: “Borrador de proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público”. Este documento realiza un cambio sustancial con respecto a la ley 37/2007 en lo que a su ámbito subjetivo de aplicación se refiere y, para no conducir a equívoco, sugerimos se añada al título la coletilla “en la Administración General del Estado”.
Se restringe el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 37/2007, de ahí que propongamos el cambio en el título reflejado anteriormente.
El apartado 3 refiere a las excepciones previstas en el artículo 3 de la Ley 37/2007. Algunas de las mismas pueden llegar a ser barreras infranqueables según la interpretación (unilateral) que se realice por parte del organismo en cuestión, concretamente aquella que se refiere a “ser titular de un derecho o interés legítimo.”
Especialmente en este último asunto creemos altamente recomendable y útil la realización de un estudio extenso en la AGE sobre el impacto de la reutilización en algunos de los conjuntos de información excluidos como, por ejemplo, la información registral, que si bien se puede acceder de forma tradicional en pequeños trozos mediante el pago de unas tasas, no entra dentro del ámbito de la Ley, ni le será de aplicación el futuro RD derivado del presente borrador.
Se vuelve a hablar de “documento reutilizable”. Esto ya nos causó problemas en la revisión del primer borrador del Manual Aporta. La Ley 37/2007 define documento como “…toda información cual quiera que sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada”.
En el mundo del Open Data en el que nosotros trabajamos los datos se explotan preferiblemente en crudo, con el mayor nivel de desagregación posible. Creemos que la no distinción de estos casos puede dar lugar a problemas posteriores que resaltaremos en el artículo 8.
Coincidimos plenamente con los comentarios aportados por Pro Bono Público sobre este artículo, en los que se propone añadir texto que refleje que en los nuevos desarrollos se incluirán las cláusulas necesarias que permitan respetar o incorporar formatos en bruto, procesables y accesibles de modo automatizado.
Entre otros áreas de actuación, es de todos sabido que CTIC tiene una grandísima experiencia y tradición en el desarrollo de políticas de accesibilidad Web, como pioneros en este campo en España. Nuestra experiencia en ese terreno y en el campo del Open Data coincide plenamente con la justificación dada: si se tiene en cuenta desde el principio, el coste se minimiza o se anula, y adicionalmente se produce algo que es de mayor calidad.
Adicionalmente nos parecen muy acertada las referencias a formatos en bruto, procesables, accesibles automáticamente, utilizando estándares abiertos , y que sean accesibles a personas con discapacidad.
Nos complace especialmente la creación de la figura del responsable RISP. Sugerimos que en sus funciones, función c) se añada que (en el caso de recursos denegatorios) deberá indicar las vías de recurso a instancias superiores a las que pueda acogerse el solicitante, según está previsto en el apartado 7 del artículo 10 de la Ley 37/2007.
Adicionalmente, en la función g), nos gustaría ver más proactividad sobre los acuerdos exclusivos, tendente a su eliminación. Por lo tanto, más allá de incluir una referencia, se debería elaborar un informe detallado sobre su justificación e idealmente una hoja de ruta para su eliminación.
De nuevo coincidimos plenamente con las aportaciones de Pro Bono Público en este sentido. Nos parece que la redacción sugerida para el apartado 1 aporta mayor claridad.
En los apartados 2 y 3 nos preocupa la aparición de “procurarán” y “podrán” respectivamente. Si RISP, como el borrador presupone en uno de sus grandes objetivos, favorecerá el crecimiento económico, se crearán negocios que faciliten productos y servicios de valor añadido en base a la información puesta a disposición de los reutilizadores (como ya ha empezado a ocurrir). Dichos negocios necesitarán de unas mínimas garantías, por ejemplo si un conjunto de información sólo es útil si se facilita en tiempo real, de poco servirá el facilitarlo con un día de retraso. Las modificaciones propuestas al apartado 1 antes referidas, paliarían en parte este problema, si bien en nuestra experiencia el problema mayor habitual son el de la calidad de la información puesta a disposición, así como el de la “desaparición” de la propia información. No se debería pues, excluir completamente la responsabilidad de la Administración en estos dos casos. ¿Qué ocurre si dicho negocio no puede acceder a la información en cuestión por dejación o error por parte de la Administración? ¿Y si el servicio ofrecido genera conclusiones erróneas en base a la información ofrecida simplemente porque ésta no es correcta o es de baja calidad?
Adicionalmente se debería tener en cuenta lo que pasará con las distintas versiones de la información en el tiempo (si se archivarán o no y como) y sobre los cambios de propiedad de la misma, por ejemplo, cuando un organismo desaparece o cambia de nombre. Es necesario un mecanismo que tenga estos dos aspectos en cuenta. Al menos proponemos que se elimine “procurarán garantizar” y se sustituya por “garantizarán” y el final se cambie por “disponibilidad en el tiempo, completitud e integridad”.
Sobre el apartado 4, el caso de la aplicación de tasas debería ser altamente excepcional. De nuevo nos remitimos a la recomendación de estudiar a fondo porqué se cobran dichas tasas, en qué casos, y si realmente son necesarias o no. Se debe favorecer, salvo justificación de necesidad absoluta, la reutilización gratuitamente o en el peor de los casos a coste marginal.
Creemos que puede causar confusión la responsabilidad que se atribuye a los responsables RISP de los organismos en cuanto al catálogo, adicionalmente a la previamente desarrollada en el borrador sobre la publicación de la información reutilizable en la sede electrónica del propio organismo. Entendemos que la idea subyacente es que el catálogo no contenga la información en sí, si no sólo la metainformación, que quizás en un principio se deba actualizar por parte del responsable pero que en un futuro podría agregarse de forma automatizada a partir de la disponible en las respectivas sedes electrónicas.
Esta es nuestra recomendación, que ya hicimos extensiva en la reciente workshop privada de la Comisión Europea sobre un potencial portal pan-europeo, en la que señalamos que el catálogo sólo debería almacenar información si ofrecía algún tipo de servicio de valor añadido, por ejemplo, conversión a un formato que facilite más la reutilización.
Si esta es la teoría subyacente en el borrador, creemos debería explicitarse más para no llamar a confusión. Si no lo es, sugerimos que lo sea.
Se habla de fijación de líneas estratégicas y coordinación, pero vemos dos problemas potenciales:
No se habla de soporte. ¿Quién dará soporte legal, técnico, otros, a los organismos? Creemos que esto es muy necesario y debe ser considerado y añadido.
¿Cómo se evaluará periódicamente? Podemos decir desde la experiencia que esto no es, en absoluto, trivial y que necesita de un análisis muy detallado y de la creación de algún tipo de metodología de monitorización y evaluación específica.
Coincidimos plenamente con las apreciaciones de Pro Bono Público sobre la posibilidad de extractar la información. Ya nos habíamos referido a este problema anteriormente cuando hablábamos de “documento reutilizable” y la diferencia que existe con lo que se conoce como “conjunto de datos” (dataset) en el mundo del Open Data. Las modificaciones propuestas son extremadamente necesarias y la extractación de información, siempre y cuando se mantenga la integridad del extracto no debería suponer una interpretación de desnaturalización de la misma, y es necesaria en muchos de los casos para poder procesarla y mezclarla con otros extractos y producir aplicaciones y servicios de valor añadido.
Nos complace ver que el supuesto c) se reserva a casos excepcionales. En todo caso, el uso de los supuestos b) y c) deberían ir siempre acompañados de una justificación detallada.
Adicionalmente en el caso de las licencias-tipo, sugerimos se incluya la creación de un marco de licencias para la AGE, en el que se propondría el uso de diversas licencias tipo procesables automáticamente y a poder ser ya existentes en el ámbito internacional (y que aparecen mencionadas en el borrador) como CC, EUPL, GPL y otras, de forma que se facilite la labor de los responsables RISP y que a toda información reutilizable le sea asignada una o varias de estas licencias. Recomendamos la revisión, entre otros, del trabajo hecho a este respecto por el Gobierno de Nueva Zelanda.
Después de varias lecturas del segundo párrafo del apartado 2, seguimos sin entenderlo adecuadamente. Sugerimos su edición y simplificación.
Nos parece acertada su inclusión ya que la experiencia nos dicta que esto suele ser una preocupación para quien empieza en la materia.
Un apunte también desde la experiencia sobre “siempre y cuando los medios técnicos y económicos lo permitan”. Hemos visto en muchos casos que se realiza la disociación a la hora de publicar en formatos tipo papel y que este tipo de disociación es comprendido y se utilizan los medios necesarios para realizarla. Sin embargo a la hora de hablar de formatos electrónicos (donde debe ser aún más fácil y menos costoso) existe un cierto rechazo e incluso en ocasiones se valora aplicar tasas por los costes incurridos. Sugerimos, como hicimos en casos anteriores, que si esa frase permanece, se añada la obligatoriedad de ofrecer una justificación detallada de la imposibilidad de llevar a cabo la disociación.
Lamentamos la disposición adicional primera. Somos conscientes que cualquier tipo de puesta en marcha requiere de esfuerzos y que en los tiempos que vivimos, una aportación presupuestaria sería de gran ayuda. Igualmente comprendemos que es extremadamente complicado por la propia situación presupuestaria de la Administración. No obstante, esperamos que se puedan buscar algunas vías de ayuda, quizás vía Proyecto Aporta, para amortiguar el efecto de esta disposición.
Nos agrada ver el apartado 1 de la disposición adicional segunda y su referencia al ENI. Siempre hemos mantenido desde CTIC que, bien realizada, la puesta a disposición de información reutilizable contribuye a un incremento de la interoperabilidad y, por ende, de la eficiencia de la Administración. Además, creemos que este apartado intenta paliar las preocupaciones que mostramos anteriormente sobre la calidad de la información y su persistencia en el tiempo, aunque sólo sea una parte (pero importante) de la solución.
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Consulta ciudadana sobre RISP en el Ayuntamiento de Gijón
Por Rubén Martín - Estrategia - 24 August 2010 Cuando una administración como el ayuntamiento de Gijón sigue una política de apertura de datos a través de formatos abiertos se consiguen varios objetivos importantes. Por un lado se logra mejorar la transparencia de muchas de las actividades llevadas a cabo por dicha administración. Por otra parte, también se fomenta la participación ciudadana a través de la reutilización de información procedente del sector público. Esta participación puede resultar a menudo en nuevas ideas de negocio y servicios que son beneficiosas para la sociedad.
Web de la consulta ciudadana del Ayuntamiento de Gijón
Una parte muy importante de una estrategia RISP es el análisis e identificación de la información susceptible de ser publicada para su reutilización. Para realizar esta tarea no sólo se debería tener en cuenta el conocimiento experto proveniente de consultores, sino que se debería contar con la opinión de todas las partes interesadas, como es la ciudadanía, las empresas que construyen aplicaciones basadas en los datos, las propias administraciones, etc.
Como primera iniciativa de la estrategia RISP que va a llevar a cabo, el ayuntamiento de Gijón abre un foro público a través del cual se puede proponer ideas y sugerencias. Se invita a que cualquier ciudadano o ciudadana opine sobre el tipo de información del que le gustaría disponer, los formatos ideales para facilitar su tratamiento (HTML, XML, CSV, JSON, etc.) o cualquier otro comentario al respecto.
¡ Participa ahora en la consulta !
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Consulta ciudadana sobre RISP en el Ayuntamiento de Zaragoza
Por martín - Estrategia - 14 July 2010 Una parte muy importante de una estrategia RISP es el análisis e identificación de la información susceptible de ser publicada para su reutilización. Para realizar esta tarea no sólo se debería tener en cuenta el conocimiento experto proveniente de consultores, sino que se debería contar con la opinión de todas las partes interesadas, como es la ciudadanía, las empresas que construyen aplicaciones basadas en los datos, las propias administraciones, etc.
Consulta Ciudadana sobre Reutilización de Información en Zaragoza
Siguiendo estos principios de análisis e identificación de datos públicos, el Ayuntamiento de Zaragoza, en plena acción de enriquecimiento de su catálogo de datos público, está llevando a cabo una consulta ciudadana para conocer las necesidades de la comunidad y de esta forma intentar satisfacer la demanda existente en esta materia. A través de la plataforma consultadatos.zaragoza.es se pretende recabar información sobre las necesidades y así poder exponer datos que la sociedad demanda.
Cualquiera puede participar en la encuesta a través de la exposición libre de sugerencias sobre qué datos se deberían publicar y reutilizar. Este foro, además de permitir la opinión al respecto de información que no se encuentra pública en la web, permite especificar los formatos (páginas web, hojas de cálculo, ficheros XML, etc.) más propicios para su aprovechamiento. Dentro de la consulta, se puede opinar libremente, sugerir ideas propias y valorar las ideas propuestas por otros acerca de dos temas principales:
Datos que me gustaría reutilizar, y
Aplicaciones con datos públicos
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 10