Source: http://en.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw7&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28SEC200106130149.CODI.%29
Timestamp: 2020-01-17 13:46:44+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 149, de 13/06/2001
Año 2001 VII Legislatura Comisiones. Núm. 149
COMISION DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTIN CONDE BAJEN
celebrada el miércoles, 13 de junio de 2001
--Dictaminar el Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 5 de marzo) (Número de expediente 621/000029).
Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Senadores, se abre la sesión. Anuncio a los señores Senadores que antes de las doce y media no se efectuará la votación, por si tienen que atender otros compromisos con otras Comisiones.
Para debatir las enmiendas números 2 a 23, 32 a 76 y el veto número 1, tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Si no he entendido mal, ¿debo debatir conjuntamente el veto y las enmiendas? El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor Senador.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Señorías, deseamos decirlo claro desde el principio, tanto en la Comisión como en el Pleno: esta reforma no contribuye a resolver los problemas en el mercado de trabajo, es simplemente un favor a los empresarios que no parecen ser capaces de afrontar proyectos empresariales sin la precarización laboral. En nuestra opinión, son insaciables a la hora de exprimir los recursos del trabajo, sin que se conozca su contribución solvente al control de la inflación, a la solidaridad o a la creación de unas mejores condiciones económicas.
Una y otra vez se constata la falta de autonomía de este Gobierno respecto a la patronal, la entrega del mercado de trabajo a las demandas de la patronal. La irrupción en un proceso negociador de agentes sociales no sólo ha supuesto una grave quiebra del modelo de negociación colectiva, que se ha mostrado eficaz en los últimos cinco años, sino que niega la autonomía de los agentes sociales y establece un grave precedente de cara al futuro.
Uno tiene la impresión, bastante fundada, de que el sacrificio de la lucha contra la precarización y la ruptura de la negociación ha sido el precio que el Gobierno ha debido pagar para que los empresarios acepten paralizar durante tres años algunos elementos irracionales demandados sobre el sistema y otros cuestiones, como la seguridad social, y aceptar su participación en el acuerdo sobre pensiones.
La lógica implícita en este comportamiento es evidente: calmar la voracidad de la patronal ofreciendo la precarización y la falta de calidad en el trabajo como moneda de cambio.
La imposición de una reforma laboral sin acuerdo constituye un cambio muy grave respecto a la cultura de diálogo y consenso laboral que se había afirmado en los últimos años, y abre un período de incertidumbre que hará ineficaces cualquiera de las medidas impulsadas en el mercado de trabajo.
Con este proyecto, el Gobierno ha optado, rompiendo su compromiso de fortalecer el diálogo social, por las posiciones y exigencias de otros.
El diálogo entre los agentes sociales ha sido torpedeado por el Gobierno desde el principio, avalando las peticiones de la patronal, una patronal consciente, cómo no, de que el Gobierno de la derecha legislaría a favor de sus propuestas e intereses.
La actitud del Gobierno, insisto, fractura unas relaciones laborales basadas en el acuerdo y en el diálogo. Este es el escenario político que nos presenta esta reforma del mercado de trabajo. La afirmación de la precariedad, esto es, de un modelo dual de rentas y calidad del empleo, la afirmación de la imposición sobre la negociación, la conversión del Gobierno en última trinchera de la patronal, la opción por la tensión en el mercado de trabajo frente al acuerdo: lb;: ésa es la responsabilidad del Gobierno y ése es el modelo que se pretende imponer.
Pero, además, las explicaciones del Gobierno para defender esta reforma envían a la sociedad española un mensaje de desánimo sobre las posibilidades de crear empleo de calidad.
Señorías, no es cierto que las limitaciones de las políticas de empleo se encuentren en las regulaciones laborales, ni menos aún que no pueda hacerse otra cosa que fomentar la precariedad para crear puestos de trabajo. El empleo sigue siendo el mayor problema de la economía y de la sociedad española, a pesar del período de bonanza económica que hemos vivido. En el año 2000, la relación entre contratos y disminución de empleo es de 90 a 1, es decir, hacen falta 90 contratos para reducir en 1 el número de parados y paradas.
Esto es lo que debe alentarnos, lo que debe exigir del Gobierno y de los agentes sociales una respuesta. Estas respuestas no están en las reformas impuestas del mercado de trabajo, en incentivos que se convierten en regalos, sino en la afirmación de una nueva cultura de la creación de empleo.
Mientras el Gobierno explora e impulsa la línea del favor político y laboral a la patronal, se desprecian posibilidades de intervención en la reducción de lajornada de trabajo, control de horas extraordinarias, control de relevo; esto es, se renuncia a intervenir con políticas que fomentan empleos de calidad para vivir en la ficción del empleo precario y sin derechos.
El Gobierno del Partido Popular ha despreciado a más de 1.200.000 ciudadanos y ciudadanas quienes, por ejemplo, suscribieron las iniciativas legislativas populares, por un lado, para la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, por otro, para el control de la subcontratación en el sector de la construcción y una mayor prevención en los riesgos laborales, ésta última auspiciada, por cierto, por la Federación de la Construcción de Comisiones Obreras.
Consideramos que los contenidos de ambas iniciativas son necesarios para mejorar las condiciones laborales y potenciar la creación de empleo estable y con derechos. No es menos importante buscar instrumentos que permitan una reinversión de parte del excedente empresarial con la creación de empleo, de tal forma que un porcentaje de aquél se dirigiese a la formación de capital fijo generador de puestos de trabajo. Asimismo, hay que explorar, como hemos debatido en otros momentos, las posibilidades de los nuevos yacimientos de empleo.
Por el contrario, la reforma del mercado de trabajo que se propone supone una reforma desequilibrada del mercado de trabajo a favor de las demandas patronales que abandonan el objetivo, ampliamente compartido por la sociedad española, de afrontar el problema de la temporalidad, sustituyéndolo por el aumento de la discrecionalidad del empresario.
En una palabra, este proyecto camina en la dirección contraria a la creación de empleo, renuncia a introducir medidas de sobrecoste para la contratación temporal facilitando su desarrollo, desnaturaliza los acuerdos anteriores ampliando las causas de temporalidad, modifica unilateralmente el contrato indefinido de fomento, introduce cláusulas de despido para trabajadores estructurales de las Administraciones Públicas o empresas que contraten con ellas, y por último, renuncia a establecer un régimen riguroso de control en contratas y subcontratas.
Las medidas contempladas en su momento por el Ejecutivo --que ya están en esta Cámara-- de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, según titula el proyecto, pueden acabar siendo contraproducentes. Primero, porque, como he señalado, la creación de empleo no depende de reformas laborales, y en segundo lugar, aunque sí podrán actuar sobre la caída del empleo, los contenidos del proyecto no abordan con garantías el problema de la precariedad laboral.
Sabemos, señorías, además, que las reformas impuestas, y sin contar con la aceptación de las organizaciones sindicales, llevan el marchamo del fracaso. No parece posible reducir la temporalidad limitando a doce meses, en vez de los trece meses y medio anterior, la duración del
contrato eventual, cuando únicamente el 0,2 del total de contratos eventuales supera el año de duración, o estableciendo una indemnización de ocho días por año trabajado cuando la duración media del total de contratos temporales supera escasamente los tres meses, dando lugar a potenciales cuantías indemnizatorias ridículas, por un salario medio de 88 pesetas al día más o menos. Estas medidas, en suma, como decimos, son insuficientes, casi ornamentales, que no evitarán que los empresarios sigan abusando de los contratos temporales para cubrir puestos de trabajo estables, que es el elemento central y la intención de los agentes sociales, de los sindicatos, cuando iniciaron las anteriores negociaciones.
Por el contrario, la reforma desvirtúa aún más el contrato para la formación, convirtiéndolo en un auténtico cajón de sastre del subempleo al incluir colectivos muy heterogéneos, al margen de su edad. Un contrato temporal, el formativo, pensado para el aprendizaje de los jóvenes sin titulación y que inician su vida laboral no puede ser utilizado para trabajadores inmigrantes, desempleados de muy larga duración o en situación de exclusión social, pues supone marginar sus capacidades y someterlos al mercado laboral como mano de obra barata y vulnerable. Las características de este contrato, que no da derecho a prestaciones por desempleo, y con un salario que puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, hacen que sea injustificable su aplicación para estos colectivos, insistimos, al margen de la edad.
De la misma forma, es sintomática la actuación del Gobierno con relación al trabajo a tiempo parcial. En el año 1998 los sindicatos y el Gobierno acordaron una regulación del contrato indefinido a tiempo parcial que ahora es regresivamente reformada unilateralmente por parte del Gobierno.
Eliminar el tope del 77 por ciento de horas máximas con relación a la contratación a tiempo completo, acabar con la consolidación de las horas complementarias y aumentar discrecionalmente el poder del empresario en la distribución de la jornada laboral, significa, simple y llanamente, eliminar garantías para quienes desean trabajar a tiempo parcial. Lo que se propone es precarizar las condiciones laborales de jóvenes y mujeres, que son los principales destinatarios de esta modalidad de contratación, por cierto --y subrayo-- de forma un tanto discriminatoria. Con esta nueva regulación, será muy difícil compaginar, por ejemplo en el caso de los jóvenes trabajo y estudio o, con carácter general, conciliar la vida laboral y familiar al situar ese tipo de contratos en la discrecionalidad de la jornada y también del horario y día, y por tanto se produce una distorsión --no tiene nada que ver con otros debates que hemos tenido para favorecer a otros colectivos--. Esto es una contradicción, a ver si el Grupo Parlamentario Popular me lo explica.
Frente al aumento de la temporalidad en el conjunto del sector público (15 por ciento en 1996 y más de 20 por ciento en la actualidad), proceso ligado a la amortización de empleo público, se crea un contrato de inserción temporal, sin duración máxima, para la Administración. El objeto del mismo es demasiado general: realizar una obra o servicio de interés general, o social, como para delimitar la causa del contrato y no está claro el salario que deberá aplicarse a los trabajadores contratados bajo esa modalidad. Pero lo más importante es que no va a contribuir a reducir la temporalidad en las Administraciones Publicas.
Como digo, son medidas improcedentes, ineficaces y regresivas algunas, de cara a disminuir la elevada temporalidad que soporta el mercado laboral.
Esta reforma laboral no pretende reducir la temporalidad, busca presionar aún más a la baja sobre los costes laborales, que es el elemento central de toda reforma laboral en los últimos años con diferentes Gobiernos.
Este es el meollo de la reforma: insistir en el trillado y anunciado camino de reducir el precio del trabajo suprimiendo paulatinamente los denominados costes no salariales del trabajo. Los incentivos, cada vez mayores, superan el carácter temporal con el que fueron concebidos en el año 1997, y resulta inaceptable que se modifiquen incluso contratos de carácter temporal, tal como se hace con el contrato de inserción temporal de nueva creación. Además, es inadmisible que el coste de estas políticas, transferencia de renta a las empresas, lo siga sufragando el Inem con recursos que provienen de las prestaciones al desempleo.
Izquierda Unida presenta esta enmienda a la totalidad, con texto alternativo, porque considera imprescindible un conjunto de medidas para crear empleo de mayor calidad y reducir hasta niveles tolerables la temporalidad en el empleo. El texto alternativo, las enmiendas que se presentan, contienen una serie de medidas, alternativas unas, modificación parcial otras, a las propuestas del Gobierno que, aplicadas de forma integral conducirían, en nuestra opinión, a la regulación de un mercado de trabajo más estable y de más calidad.
Señorías, esta reforma es un freno a todas las reflexiones sobre la ausencia de calidad y derechos en el mercado de trabajo; falsea cualquier perspectiva de igualdad de oportunidades y sitúa como la única posibilidad de perspectiva del empleo español la temporalidad y la disminución del precio, hoy de los costes indirectos, mañana del salario.
Este es el mensaje que se lanza a la sociedad con esta reforma y que este Senador de Izquierda Unida no compartirá con ustedes en el caso de que pretendan llevarla a efecto.
Las enmiendas las voy a defender globalmente. Quiero señalar la número 61, que se refiere a los contratos fijos-discontinuos. Parece que el Grupo Parlamentario Popular también ha presentado una enmienda en este sentido. Pretende introducir en el texto actual sobre las bonificaciones la figura del fijo-discontinuo, que me parece mentira que todos nos hayamos olvidado de ella, incluidos los sindicados, lo cual me extrañó muchísimo en su momento. Lo digo porque no se ha hecho mención de ello hasta hace muy pocas semanas. Yo me di cuenta al analizar el texto y me puse a trabajar en este asunto para introducir dicha figura en una disposición transitoria con el mismo tenor, para dar cuerpo y sentido a esa enmienda.
En las enmiendas que nosotros presentamos, aprovechando la coyuntura para discutir sobre las medidas de carácter socio-laboral que permitan mejorar el mercado de trabajo, junto a propuestas alternativas, hay enmiendas que
vienen a expresar los elementos centrales de esta reforma. Estas enmiendas pretenden, fundamentalmente, mejorar el contrato para la formación porque creemos, como he dicho antes en la defensa del veto, que lo convierte en un cajón de sastre del subempleo.
No voy a cansarles haciendo mención a todos los artículos porque tenemos mucho trabajo, pero tienen que ver con diferentes colectivos, por ejemplo, el de los trabajadores extranjeros que ocupan el empleo peor remunerado y en condiciones más irregulares. Se les somete a un tipo de contrato de formación por el que sus salarios serían inferiores al del resto de la plantilla ya que, si el convenio colectivo no dice lo contrario, el salario es el mínimo interprofesional descontándole a éste, además, el tiempo destinado a la formación, lo que supone marginar aún más sus capacidades y entregarlos al mercado como mano de obra barata y más vulnerable de lo que lo son actualmente. Por tanto, en todo caso hay que reforzar la oferta formativa para este colectivo con otro tipo de cuestiones --idiomas, formación, formación continua, adaptación de titulaciones, etcétera--, pero sin sobrecargar su condición de trabajadores subempleados.
Ocurre lo mismo con los desempleados que llevan más de tres años sin actividad laboral, inscritos en el Inem. Este colectivo necesita una orientación profesional a fondo donde se pongan de manifiesto sus capacidades a través de planes que sean formativos y realistas, que se adapten a lo que ocurra en el mercado laboral; lo último que necesita es un contrato para la formación para señores, por ejemplo, de cierta edad, que tienen una familia y les ofrecen unas condiciones laborales increíbles. Además, este tipo de contrato tampoco da derecho al desempleo en todos los casos, si no me equivoco, aunque tengo que mirar bien el texto del Gobierno por si, a última hora, ha hecho alguna modificación.
En el caso de los desempleados en situación de exclusión social ocurre lo mismo, como con otros colectivos, y es algo que nos parece increíble.
Ya he hablado antes del contrato a tiempo parcial y, en cuanto al contrato de inserción temporal hemos presentado enmiendas en lo relativo a las Administraciones Públicas. Proponemos enmiendas para potenciar proyectos de utilidad social, servicios de proximidad y servicios medioambientales pero, lógicamente, hay otras alternativas que son mejores al establecimiento de un contrato de estas características que, insisto, tiene los perfiles que antes he planteado.
En cuanto a las indemnizaciones, pensamos que la propuesta de los sindicatos en la mesa de diálogo fue la de, si me permiten la expresión, castigar la temporalidad a través, esencialmente, de pagos de los empresarios a la Seguridad Social; sin embargo y para equilibrar, los sindicatos estaban dispuestos a reducir en un punto la cuota a la Seguridad Social, por ejemplo, para el conjunto de los trabajadores. Con esta medida no se pretendía castigar al conjunto de los empresarios sino la temporalidad porque existe un abuso y, además, unos contratos fuera de ley en este momento.
En cualquier caso, todas son enmiendas en esta dirección. Como ustedes ya tienen los textos, únicamente me queda decir que estoy dispuesto en esta sesión a hacer las transacciones que sean necesarias para mejorar este texto y, por tanto, me brindo a la negociación, a la concertación y al acuerdo porque, aunque corresponde fundamentalmente a los sindicatos, la patronal y el Gobierno, también debemos hacer lo posible en sede parlamentaria para mejorar esta llamada reforma laboral.
Doy por defendidas todas las enmiendas parciales.
Pasamos ahora a debatir las enmiendas 24 a 31, suscritas por el Senador Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (El señor Cámara Fernández pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: El portavoz de Coalición Canaria me ha pedido que me encargue de dar por defendidas sus enmiendas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Constará que han quedado defendidas y asumidas por el Senador Cámara. (El señor Cámara Fernández pide la palabra.) Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: El Senador Quintana también me había pedido lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra por primera vez, Senador Cámara, manifesté que íbamos a debatir las enmiendas números 2 a 23, suscritas por el Senador Quintana González. Por lo tanto, en su turno de palabra hemos entendido que ha hecho la defensa de esas enmiendas.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Entonces, ¿se entiende que he dado por defendidas las todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto?
El señor PRESIDENTE: Eso es. Todas las del Grupo Parlamentario Mixto y, en este caso, también las de Coalición Canaria.
Debatimos ahora la enmienda número 1, presentada por el Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Puede llamar la atención el hecho de que sólo hayamos presentado una enmienda --teníamos dos pero, anteriormente, se nos aceptó una relativa a los sectores agrícola y pesquero--, pero es que creemos que con ella queda claro lo que significa para nosotros este decreto convertido ahora en proyecto de ley y este tipo de medidas, independientemente de lo que haya ocurrido en su negociación previa.
En algunos periódicos se ha comentado que ésta es una reforma de corto aliento y si realmente creemos que el mercado laboral está cambiando y hay que ir adaptándolo, está claro que no es sólo una cuestión de modalidades de contratación sino que implicaría también, además de reformas laborales, las económicas y fiscales. Como hemos venido manifestando, estamos ante un cambio de tal calado que se puede hablar de una nueva cultura de las relaciones laborales y por tanto, creemos que una reforma en ese sentido debería ser más ambiciosa.
No hemos querido entrar a discutir los propios mecanismos que figuran en la ley porque no es éste el problema a la hora de establecer los principios de esta nueva cultura; seguramente habría que emplear algunos mecanismos ya existentes e implementar otros. Sin embargo, estamos hablando de que algunos de los principios con los que se habían empezado a dar pasos en el Estado --y ahí estaríamos de acuerdo con las enmiendas de veto que hemos estado leyendo-- se están viendo afectados por esta reforma. Por lo tanto, creemos que los grandes valores que se estaban planteando en este momento han quebrado y eso es suficiente para que también quiebre la confianza en este tipo de reforma que se nos plantea.
No es una cuestión sobre cuáles son los mecanismos de contratación o los elementos que se van a plantear sino, quizá, de preservar precisamente esos principios algo más intangibles, pero que son más eficaces si luego queremos generar unos cambios y que, además, se vean favorecidos, se efectúen y no se defrauden. Quizá no sea necesario dar tanta importancia a estos elementos, pero estamos convencidos de que son precisamente los que van a favorecer un clima que luego va a hacer que estas reformas vayan a funcionar.
Por otro lado, la falta de participación de los agentes sociales que no tienen capacidad para poder plantear sus alternativas, se suma a nuestra desconfianza, en principio, con la manera en que se ha planteado esta reforma. ¿Por qué opina esto mi Grupo Parlamentario? Al final de esta enmienda planteamos una salvaguarda competencial, queremos que se incluya un nuevo artículo y un mandato legal para que la Administración del Estado transfiera esta gestión. Nuestra enmienda incluye dos puntos: en el primero de ellos planteamos esa salvaguarda competencial en el sentido de considerar que el programa del Estado resulta independiente de lo que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción económica, que es el caso en el que estaríamos nosotros; y, el segundo punto, supone ese mandato legal para que la Administración del Estado transfiera la gestión del programa a las Comunidades Autónomas que conjugan en sus estatutos las competencias de ejecución de la legislación laboral con las de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que es el caso en que nos encontramos nosotros y en el que podría también encontrarse Cataluña.
Por lo tanto, y ya lo hemos apuntado en anteriores ocasiones, nos encontramos con un proyecto de ley en el que nuevamente las peculiaridades de nuestro hecho diferencial vuelven a ser atacadas.
Creemos que el Estado intenta mantener esa gestión centralizada, y sigue siendo casualidad que sea en el área sociolaboral, que como ya hemos manifestado alguna vez, donde más quiebra de confianza ha suscitado en el propio Estatuto en los últimos años, y nuevamente en el Estado se ven reticencias continuas para entender que estamos ante un Estado autonómico y que hay que seguir profundizando en él. Creemos que no soporta una lectura del Estatuto y, además, en cuanto a la financiación también choca con el régimen de concierto económico y las líneas de financiación que se marcan. En este sentido podríamos hablar sobre todo de las bonificaciones, respecto a las cuales se hace una interpretación que podrá ser válida desde algún punto de vista pero no desde el nuestro. Por tanto, como no existe ese diálogo nos vemos obligados a presentar estos aspectos que para nosotros intentan salvaguardar precisamente todo nuestro ámbito de competencia.
Lo que hemos planteado desde hace tiempo es que existe un marco de relaciones laborales autónomo, que además es bueno que se vaya desarrollando para profundizar en este Estado Autonómico. Creemos que nuevamente siguen dándose aquí las condiciones por la existencia de agentes sociales, por la existencia de un mercado de trabajo con una serie de elementos, instrumentos y empresas que se han desarrollado de distinta manera, pero que también han llegado a sus propias negociaciones y a sus formas de solventar los conflictos, etcétera, y que debe ser reflejado como una experiencia más y es bueno que se desarrolle porque va a servir para el resto, ya que todo lo que es bueno va a ser útil para todo el mundo. Por todo ello, con esta enmienda nos vemos obligados a definir lo que para nosotros es prioritario, sin entrar en la valoración de los mecanismos, porque la propia reforma nos parece de corto aliento y porque, además, afecta directamente al régimen competencial del que nos hemos dotado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Vamos a debatir ahora las enmiendas números 119 a 146 y el veto número 3, presentado todo ello por el Senador don Ramón Espasa i Oliver.
Tiene la palabra el Senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir con una rapidez notable en la medida en que creo que el debate ha empezado hace tiempo pero va a continuar a lo largo de los años siguientes porque la reforma del mercado laboral debe producirse, pero el texto que se nos presenta ahora para ser aprobado como ley no constituye la reforma del mercado laboral que España necesita en este momento. No va a conseguir los objetivos que se propone y, es más, seguramente va a crear problemas nuevos superpuestos a los que se pretendía resolver, en buena parte porque es el resultado de una reforma desequilibrada del mercado de trabajo, más preocupada por conseguir mejores condiciones de una de las partes sociales que por conseguir una mejor situación en el futuro.
Esta es nuestra interpretación, y creemos que ese texto es inadecuado y va a ser contraproducente porque no se inscribe en la línea de la nueva cultura necesaria, basada en el pacto social, imprescindible para abordar los problemas de la marcha de la vida económica y de la capacidad de solidaridad de todos los sectores de la sociedad. Seguramente no será el único punto de una reforma perjudicial, se anuncian otros, por ejemplo, sobre la vida y efectividad de los convenios, y creo que esto es malo.
Aunque sólo sea para dar un toque de atención o de alarma o elevar una voz que afirme que el pacto social es indispensable y que el Gobierno no puede actuar sólo en sentido de parte, sino que debe actuar impulsando y forzando al pacto social entre los agentes sociales como un elemento clave de la política social, debería indicarse ahora de una forma clara que este texto no se adecua a esta filosofía indispensable, gobierne quien gobierne, para conseguir unas relaciones laborales y el mercado laboral que este siglo necesita.
Por tanto, nosotros mantenemos una posición de veto a este texto. Hemos hecho algunas aportaciones en enmiendas parciales que intentan, dentro de una filosofía que no es la nuestra, hacer el texto menos lesivo. En ese sentido, como depende de los grupos parlamentarios su aceptación, no voy a entrar en su defensa; desearía que, como mínimo, se aceptaran, pero sigue preocupándome como elemento capital el hecho de la necesidad de encontrar una vía de reforma del mercado laboral basada en el diálogo entre los agentes sociales y, por lo tanto, la configuración de un pacto social que no va a ser el mismo que el de los años cincuenta, pero que en todo caso es indispensable para que la economía y la sociedad española tengan el lugar que les corresponde en el siglo XXI. Por tanto, doy por defendidos el veto y las enmiendas parciales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Molas.
Pasamos al debate de las enmiendas números 147 a 164, suscritas por el Senador don Salvador Servià i Costa, que tiene la palabra.
El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no voy a defender una a una mis enmiendas, sino que simplemente daré nuestro concepto general para intentar con nuestras 18 enmiendas mejorar el texto de una ley que, evidentemente, no nació como nos hubiera gustado, con un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, y que como decía el Senador Molas, no es una auténtica reforma, sino que podríamos definirlo mejor como unas medidas urgentes de mejora.
Como estamos de acuerdo en que es una mejora proponemos detalles en nuestras enmiendas, que básicamente se refieren, en primer lugar, a repescar aquellas entidades sin ánimo de lucro que en los últimos tres años han hecho convenios de colaboración en actividades relacionadas con la prestación social sustitutoria. Nuestra idea es que pueda hacerse en un programa de fomento del empleo para el 2001. En segundo lugar, aportamos algunas precisiones para intentar que la admisión de los trabajadores extranjeros, sobre todo los cualificados, sea más fácil. Y, después, trabajamos mucho en el asunto de las empresas específicas de promoción e inserción social, sobre todo en las bases de recuperación de personal de sectores que están en la exclusión.
Doy por defendidas todas las enmiendas y manifiesto al Grupo mayoritario que presentaré en el momento oportuno tres transaccionales a sus enmiendas números 168, 171 y 183, porque creo que en realidad casi todos los Grupos estamos de acuerdo en lo que es mejora de los puntos más importantes que hoy estamos debatiendo aquí. Realmente de todas las enmiendas se deduce un trabajo en el que se podrían hacer transaccionales sobre muchísimos puntos, trabajo que difícilmente se podrá completar hoy y por ello entre hoy el Pleno haremos algo que casi tendría que hacer un ordenador con un programa de reordenación de textos. Evidentemente mantendremos vivas para el Pleno todas las enmiendas, excepto las que sean transaccionadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Servià.
Debatimos ahora las enmiendas números 77 a 118 y la propuesta de veto número dos, suscritas por el Senador Romero Calero, que va a repartir su turno de intervenciones con el Senador De la Fuente, de su grupo parlamentario.
Tiene la palabra el Senador Romero.
El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, con el permiso del señor Presidente, voy a defender el veto del Grupo Parlamentario Socialista, así como las enmiendas números 90 a 118. Las números 77 a 89 las defenderá mi compañero, el Senador De la Fuente.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que la forma en que se ha abordado la reforma del mercado de trabajo no ha sido adecuada.
En primer lugar, entendemos que el Gobierno es responsable directamente de que no se haya conseguido un acuerdo social que hubiera implicado a los agentes sociales en la reforma del mercado de trabajo. No hay duda de que las reformas laborales que aborda el proyecto de ley hubieran sido mucho más eficaces y hubieran tenido mucho más sentido si se hubieran desarrollado en el contexto de un acuerdo entre los agentes sociales, acuerdo que fue buscado con insistencia tanto por la Unión General de Trabajadores como por Comisiones Obreras a lo largo de varios meses y que solamente la cerrazón de la Confederación de Empresarios, con la certeza de que si no se llegaba a un acuerdo el Gobierno, apoyado en el grupo mayoritario de las Cámaras, promovería una legislación de acuerdo con sus intereses, no ha hecho posible el que efectivamente se pudiera llegar a un acuerdo.
Entendemos que el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración no aborda con rigor y en profundidad los problemas que actualmente tiene el mercado de trabajo en España; problemas que básicamente se caracterizan por el alto índice de temporalidad, la baja tasa de actividad femenina
y las rigideces que se producen sobre todo en la movilidad geográfica, lo que conlleva que Comunidades Autónomas españolas estén en situación prácticamente de pleno empleo, incluso con demandas de empleo, y, por el contrario, otras Comunidades tengan tasas de desempleo todavía muy elevadas y, desde luego, por encima de la media nacional y de la media comunitaria.
La temporalidad no se aborda adecuadamente en el proyecto de ley, como hemos tenido ocasión de poner de manifiesto tanto en la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, como en las enmiendas parciales debatidas en el Congreso de los Diputados, fundamentalmente porque no se incide en su causalidad. En el ordenamiento laboral español la temporalidad tiene un tratamiento de causalidad que debe ser reforzado.
No obstante, lejos de reforzarse, con las medidas que se proponen en el proyecto de ley se suaviza, se generaliza, por lo que, a nuestro juicio, no se van a abordar de manera consecuente los problemas derivados de la misma.
Los problemas ocasionados por la baja tasa de ocupación femenina, que hacen que nuestra estructura productiva esté muy desequilibrada y que una de nuestras asignaturas pendientes en relación con nuestros socios comunitarios sea precisamente la elevación de la tasa de actividad y del empleo femenino, entendemos que tampoco se abordan con contundencia en este proyecto de ley que se nos remite. Va a seguir existiendo discriminación en relación con el empleo femenino y, tal como tendremos ocasión de poder plantear en el debate de las enmiendas que hemos suscrito, las propuestas dirigidas específicamente a elevar la tasa de ocupación femenina, más que una discriminación positiva suponen de hecho una discriminación negativa.
Por último, las cuestiones relativas a las rigideces de la oferta geográfica de empleo en España no se contemplan en este proyecto de ley.
Por el contrario, éste insiste en un tratamiento de la temporalidad al que antes me refería, sin reforzar la causalidad que justifica la temporalidad, abordando instrumentos de contratación que no son adecuados, generalizando el contrato de formación de manera indiscriminada, incluso a colectivos que en ningún caso se sostiene que puedan ser objeto de un contrato de formación, y dando un tratamiento no adecuado al contrato a tiempo parcial. Este tipo de contrato en nuestra tasa de ocupación todavía tiene unos márgenes que nos permiten avanzar de manera esperanzada por lo menos hacia ese 20 por ciento de la media comunitaria --no digo ya hacia ese treinta y tantos por ciento del país líder por lo que respecta al contrato a tiempo parcial en Europa, que, como bien saben sus señorías, es Holanda--, pero el tratamiento que el proyecto de ley da al contrato a tiempo parcial lo pone al servicio de la discriminación contractual de los empresarios más que convertirlo en un instrumento de contratación.
Mención singular merece el trato que el proyecto de ley da al pretendido reforzamiento de un instrumento que en la reforma de 1997 aparece como una de sus estrellas en referencia al fomento del empleo estable, éste basado fundamentalmente en el abaratamiento del despido para determinados colectivos y en las bonificaciones de cotizaciones sociales, el cual se ha manifestado como un instrumento con cierta utilidad, aunque yo lo pongo entre comillas teniendo en cuenta que la temporalidad en el año 1996 alcanzaba el 34 por ciento de la ocupación laboral en España en 1994 y que en el año 2000 supera ampliamente el 32 por ciento, es decir, se ha reducido en algo más de un punto la temporalidad, a costa, eso sí, tal como se ha puesto de manifiesto por anteriores intervinientes en este debate y otros debates en esta Cámara, de haber incrementado de manera muy notable la rotación.
Se extienden estas medidas de fomento del empleo estable, basadas, insisto, en el abaratamiento del despido y en las bonificaciones de las cotizaciones, a colectivos de mujeres de manera indiscriminada, es decir, considerando a todas las mujeres empleadas en sectores donde están subrepresentadas, que prácticamente son todos, por lo que de esta manera establece un elemento de discriminación claramente negativo, de tal suerte que, respecto a una licenciada en informática y un licenciado en informática, que van a desarrollar el mismo trabajo en la misma empresa, ésta, a la hora de prescindir de uno de los dos, optará por el despido de la mujer porque le va a costar bastante más barato que si despide al hombre.
Por tanto, por este conjunto de cuestiones, por cómo se ha abordado el contenido del proyecto de ley que hoy empieza a debatir esta Cámara y su filosofía, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene una propuesta de veto al proyecto.
En relación con las enmiendas concretas que nuestro Grupo presenta --naturalmente, vamos a dar por defendidas todas y cada una de las mismas, aunque no hagamos mención expresa a su número y al artículo concreto relacionado--, en aras de la brevedad y la economía de tiempo, a continuación voy a referirme, igual que luego hará mi compañero, el Senador De la Fuente, sólo a algunas enmiendas concretas.
Las enmiendas 90 y 91 pretenden una regulación más seria y rigurosa respecto a algunos problemas graves que afectan al mercado de trabajo en España, que son los que se derivan de la contratación y la subcontratación y, muy especialmente, de la sucesión de empresas cuando nos estamos refiriendo a la sucesión de contratas.
Voy a hacer una mención expresa a la emienda número 96, porque establece una coordinación tácita, explícita, en materia de prevención de riesgos laborales entre el empresario principal y el contratista. El gravísimo incremento en la siniestralidad laboral que se produce en España tiene un origen clarísimo en el uso indiscriminado de la subcontratación. Por otra parte, de todos es bien sabido que tenemos una buena Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin embargo aparece una laguna clara en la coordinación para la prevención de riesgos laborales entre el empresario principal y los contratistas, y en la enmienda número 96 hemos querido introducir un mecanismo de coordinación que supla esta laguna.
La enmienda número 98 introduce un nuevo Capítulo III, que modifica la Ley de Infracciones y Sanciones. Anuncio de antemano que haré en el momento oportuno una oferta de emienda transaccional al grupo parlamentario
mayoritario para que podamos llegar a un acuerdo en una materia especialmente sensible, y en la que considero que todos podemos estar de acuerdo, que es cómo se debe de abordar la sanción de determinadas conductas no adecuadas en la legislación laboral en su conjunto.
La enmienda número 103 se refiere a una posibilidad que introduce el texto del proyecto de ley en cuanto a que se pueda utilizar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para contratar a investigadores profesionales en centros de investigación, con el requisito de que sean doctores y, además, con una serie de condiciones adicionales. No nos parece que el mecanismo adecuado para contratar a personas muy cualificadas --de hecho, deben de ser las más cualificadas que tengamos en la sociedad española, que tengan ya el título de doctor y una experiencia de investigación y de docencia-- sea el instrumento del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores; nos parece que se debería utilizar otro mecanismo que no fuera el del contrato en prácticas.
La enmienda número 106 se refiere a la bonificación de cuotas de Seguridad Social para mujeres que estén contratadas en sectores donde se encuentren subrepresentadas. Nosotros creemos que la baja tasa de actividad femenina a la que me he referido anteriormente exige medidas directas de fomento de la contratación femenina, pero medidas que deben de ser de discriminación positiva, y en ningún caso negativa. Rechazamos absoluta y rotundamente que se pueda despedir a una mujer con un despido más barato que el de un hombre, sólo porque en ese sector de la producción --que son prácticamente todos-- las mujeres estén representadas en menor número que los hombres. Sin embargo, sí creemos que se deben de establecer medidas de discriminación positiva, como las que proponemos en la enmienda número 106, para que se bonifiquen las cuotas de la Seguridad Social para este tipo de contratos a mujeres.
La enmienda número 108 también se refiere a una discriminación positiva en las cotizaciones a la Seguridad Social mediante bonificaciones que traten de contratos de colectivos como inmigrantes o parados de larga duración.
La enmienda número 109 creemos que es de justicia. Si bien es cierto que determinadas bonificaciones de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen sin duda un decremento de los costes laborales para las empresas, y por tanto un incentivo para la contratación de estos colectivos, no es menos cierto que esto debe ser un interés del conjunto de la sociedad española, y no solamente de los que cotizan a la Seguridad Social. Por tanto, estas bonificaciones dirigidas a incentivar en positivo las contrataciones de determinados colectivos deben de ser con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y en ningún caso con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social, como se viene haciendo, a través de las cotizaciones por desempleo. Por otro lado, es una medida contemplada en su día en el Pacto de Toledo.
Insisto en que doy por defendido todo el conjunto de enmiendas a las que no me he referido expresamente, que incorporan toda una serie de disposiciones nuevas que abordan ciertas cuestiones que no se han contemplado en el proyecto inicial, y me voy a referir concretamente a la enmienda número 116 porque propone la creación, en la Conferencia Sectorial de Trabajo del Estado español, de un programa de inspección de trabajo que contemple de manera expresa la prevención de riesgos laborales como materia de la inspección, que sea objeto de un programa coordinado en todo el Estado; la igualdad de trato entre hombre y mujer; la no causalidad de la contratación temporal, el tratamiento de las horas extraordinarias. Nosotros creemos que esas cuatro materias, que por otra parte son hoy objeto de atención por parte de las correspondientes Inspecciones de Trabajo provinciales, deben contemplarse en un programa de inspección de trabajo a nivel estatal.
Ya anuncio que voy a proponer tres enmiendas transaccionales, referidas a las enmiendas números 171, 173 y 181, del Grupo Parlamentario Popular.
Mi compañero el Senador De la Fuente se referirá ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 1 del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Romero.
Tiene la palabra el señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE SAMPRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista paso a defender las enmiendas al Proyecto de Ley 5/2001, de 2 de marzo, que son las números 77 a 89, al artículo 1, y que hacen referencia fundamentalmente a la contratación temporal y a las modificaciones respecto al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
El mercado de trabajo español sufre las consecuencias de la temporalidad en los contratos, y su rotación, pues cada vez duran menos; la alta tasa de temporalidad produce una gran precariedad en el empleo y, como consecuencia, una alta siniestralidad, que es insoportable para un mercado de trabajo que se considere sano.
El Gobierno propone, en su motivación de la reforma que nos ocupa, reducir la alta tasa de temporalidad, y para ello, desde mi punto de vista y el del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre del cual hablo, incomprensiblemente nos ofrece una nueva estrella de contratación temporal: el contrato de inserción, que nuestra enmienda trata de suprimir, más allá, desde luego, del 1º de enero del año 2001, porque no lo comprendemos, y me gustaría que sus señorías del Grupo Parlamentario Popular nos diesen alguna luz respecto a este contrato de inserción, y por qué se aplaza su entrada en vigor hasta el 1º de enero del próximo año 2002.
Me gustaría que me aclarasen si estos contratos tienen ese aplazamiento como consecuencia de los distintos convenios de las Administraciones Públicas en vigor, como son los convenios Inem-corporaciones locales, como son los planes de empleo rurales para zonas rurales deprimidas en el ámbito de los consejos comarcales de empleo, o como son otros planes de empleo rural de otras regiones. Esa preocupación es, desde mi punto de vista, grave. El Gobierno no se compromete seriamente para evitar preventivamente
los abusos de la contratación temporal y utiliza tan sólo una referencia a la negociación colectiva, dejándolo pasar.
El Grupo Socialista cree que es de justicia tomar medidas y hacer todos los esfuerzos para reducir la alta tasa de temporalidad que está soportando nuestro mercado de trabajo. En esa línea, voy a pasar directamente, para no extenderme, a las enmiendas concretas.
La enmienda número 77, en consonancia con nuestra percepción de la innecesaria inclusión de este nuevo contrato de inserción, propone la modificación del artículo primero, apartado uno, excluyendo dicho contrato. Esta enmienda la formulamos en coherencia con la enmienda de supresión al apartado ocho de este artículo primero, por el que se incorpora una nueva letra d) al apartado uno del artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que más adelante veremos.
La enmienda número 78, de modificación, se refiere al artículo primero, apartado dos, y propone la siguiente redacción de la letra a) del apartado dos del artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo al contrato para la formación: Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas. No se aplicará el límite máximo de edad cuando se acredite formación suficiente y el contrato se concierte con un trabajador minusválido.
No me voy a extender puesto que lo tenemos perfectamente plasmado en la justificación de la enmienda.
La enmienda número 79, de modificación, se refiere al artículo primero, apartado tres. Proponemos la siguiente redacción del artículo 12, relativo al contrato a tiempo parcial, contrato fijo-discontinuo y contrato de relevo: El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada a tiempo completo establecida en el Convenio Colectivo de aplicación o, en su defecto, a la jornada ordinaria máxima legal.
La enmienda número 80, de modificación, se presenta al artículo primero, apartado cuatro, y propone la siguiente redacción del apartado 3 del artículo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa. La justificamos porque, en vez de clarificar qué debe entenderse por trabajo fijo-discontinuo, con el consiguiente fraude en la utilización de la contratación temporal que produce esta indefinición, el proyecto de ley, en su artículo primero, apartado nueve, introduce una nueva categoría de trabajo fijo discontinuo, el que se produce en fecha incierta, respecto del cual la negociación colectiva determinará su modalidad a tiempo parcial, con lo que abunda en una mayor confusión e inseguridad jurídica.
La enmienda número 81 es de modificación y la justificamos porque en la regulación del contrato a tiempo parcial que contiene el proyecto de ley que se enmienda aumenta la discrecionalidad del empresario en la delimitación de la jornada, con el consiguiente aumento de la inseguridad para el trabajador y su repercusión en su vida laboral y familiar.
La enmienda número 82 se refiere al artículo primero, apartado seis.
Nosotros defendemos que sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial de duración indefinida cuya prestación de servicio durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año sea inferior al 77 por ciento de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, de la jornada ordinaria máxima legal. En el caso de contrato de trabajo fijo-discontinuo, sólo se podrá pactar la realización de horas complementarias cuando los trabajadores, dentro del período de actividad, realicen una jornada reducida respecto de los trabajadores a tiempo completo.
Creemos que la regulación de las horas complementarias que efectúa el proyecto de ley que se enmienda conculca los derechos del trabajador a la consolidación de la jornada que viene realizando a través de las horas complementarias, a pesar de haber aumentado su realización al doble, y atenta contra un elemento consustancial al contrato de trabajo, la voluntariedad, al impedir la denuncia del pacto de las horas complementarias, pues no sirve a este efecto la renuncia motivada. Se recobran, pues, los derechos del trabajador conculcados y se introducen nuevas previsiones que refuerzan la voluntariedad del trabajador en la realización de las horas complementarias.
La enmienda número 83 es de adición y les ofrecemos una transaccional.
Por lo que he entendido se tratará posteriormente. No obstante, se establece una regulación más flexible del contrato de relevo y se introducen nuevas previsiones que hacen del mismo un instrumento idóneo para luchar contra la temporalidad y la precariedad del mercado laboral.
La enmienda número 84 se refiere al artículo primero, apartado siete, y es de supresión. La presentamos en coherencia con la enmienda de adición de un nuevo apartado siete porque se da una nueva redacción al artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La enmienda número 85 también es de supresión y está referida al artículo primero, apartado ocho, en coherencia con la enmienda en que se solicita la adición de un nuevo apartado siete.
La número 86 es también de supresión y está referida al artículo primero, apartado nueve, también en coherencia con la enmienda de modificación del apartado cuatro, y de adición de un nuevo apartado siete por el que se da nueva redacción al artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En la número 87 se propone la adición de un nuevo apartado siete que sustituya al actual apartado siete del proyecto de ley. La justificación de esta enmienda se basa en que pretendemos que el refuerzo del principio de estabilidad y la lucha contra la temporalidad debe realizarse a través de una apuesta decidida y rotunda del principio de causalidad que antes exponía mi compañero el Senador Romero. La reducción en un mes y medio de los contratos eventuales que realiza el proyecto de ley en el apartado siete de su artículo primero, no ataja los problemas de la
temporalidad. Se tata de introducir límites claros que eviten el fraude y el abuso de derecho en la utilización de los contratos temporales, su encadenamiento y concatenación.
A través de la regulación propuesta se refuerza la causalidad en la contratación temporal. Se establecen presunciones a favor de los contratos indefinidos y a jornada completa con la intención de impedir el fraude de ley y el abuso de derecho en la utilización de esta contratación. A la vez, en coherencia con la enmienda presentada al artículo primero, apartados cuatro y cinco, se suprimen todas las referencias al trabajador fijo discontinuo.
La enmienda número 88 al artículo primero, apartado ocho nuevo, es de adición. Tratamos de incorporar un nuevo apartado 8 en el artículo 34 con la siguiente redacción: Mediante la negociación colectiva se podrá establecer la posibilidad de que el trabajador acuerde con el empresario el disfrute de los tiempos de descanso, fiestas, permisos, y vacaciones de duración superior a la mínima establecida en esta sección. Lo justificamos en concordancia con las directrices para la política de empleo de la Unión Europea que reclaman una nueva organización del trabajo al que deberán adaptarse las empresas y los trabajadores. La introducción de este crédito horario dentro del Estatuto de los Trabajadores significa, desde el punto de vista del Grupo Socialista, una nueva reordenación del tiempo de trabajo acorde con la nueva realidad social que demanda fórmulas flexibles de la prestación laboral también para conciliar lo más posible la vida familiar y profesional del trabajador.
Presentamos también la enmienda número 89, de adición al artículo primero, apartado nueve, en relación con las horas extraordinarias. Nos parece que deberán tener la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior.
Hay además otras apreciaciones en las que no entraré puesto que están reflejadas en la propia enmienda.
La nueva redacción del artículo 35 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se inserta en las directrices en concordancia con la política de empleo de la Unión Europea, que demandan una organización más flexible del tiempo de trabajo. A su vez, se regula de forma más estricta y segura su ejecución. La ejecución de las horas extraordinarias reduce su número y se facilita su sustitución por tiempo de descanso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador De la Fuente.
A continuación, debatimos las enmiendas números 165 a 188 del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la Senadora Do Campo, quien ha manifestado su intención de repartir el turno con el Senador Fernández Sánchez.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, voy a defender las enmiendas de mi Grupo Parlamentario, pero antes me gustaría referirme a los vetos que se han presentado a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Perdón, Senadora. En ese caso, ¿va usted a acumular el turno en contra en esta intervención?
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista han defendido conjuntamente el veto y sus enmiendas. Por tanto, nosotros pretendemos agrupar en una sola intervención el turno en contra del veto, defender nuestras enmiendas y rechazar las que tenemos repartidas.
El señor PRESIDENTE: Está bien, señoría. Puede hacerlo así.
Desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos estar en absoluto de acuerdo con algunos de los argumentos expresados en defensa de los vetos.
Tanto el Gobierno como nuestro propio Grupo consideramos que hay que seguir trabajando para obtener mayor cantidad y calidad de empleo. Por ello consideramos positivo y necesario este proyecto de ley.
En sus intervenciones ustedes coinciden con nosotros en que hay falta de diálogo social, un diálogo, en opinión de nuestro Grupo Parlamentario, que debe ser promovido por todas las partes y no por una de ellas en concreto, como parecían expresar sus señorías cuando hacían alusión a la cerrazón que a este respecto existe entre los empresarios.
Tenemos que reconocer que nos hubiera gustado alcanzar la misma cantidad de diálogo que se produjo con motivo de la reforma de 1997, pero en esta ocasión, ante la falta de acuerdo de los agentes sociales, el Gobierno ha tenido que actuar en esta reforma en busca del interés general, del interés de los trabajadores, de los empresarios y de la sociedad en general.
Ustedes dicen que en España hemos perdido calidad y cantidad de empleo, pero las cifras también nos dicen todo lo contrario, y si no, revisen ustedes el registro de la EPA o el de afiliaciones a la Seguridad Social.
Si hablamos de calidad, también debemos decir que el empleo que hay hoy en día es mejor que el que teníamos hace siete años. Y si hablamos de temporalidad, tenemos que recordar las cifras de 1984, cuando era del 6 por ciento. En 1996 la temporalidad era del 35 por ciento, y en el momento actual es de un 32 por ciento. Es decir, hemos bajado tres puntos. Nosotros consideramos que eso no es suficiente y que tenemos que seguir avanzando en ese terreno, pero tampoco se debe negar lo evidente, aunque reconocemos este exceso de temporalidad laboral que preocupa al Grupo Popular y al Gobierno y que intentaremos resolver entre todos.
En cuanto a la lucha contra la temporalidad, desde nuestro Grupo vemos como algo positivo el mecanismo de indemnización que se introduce con esta reforma, inexistente hasta ahora, que servirá para aproximar los costes extintivos del contrato temporal y del indefinido. Son esos ocho días de indemnización por despido improcedente en esos contratos temporales, así como el que se hayan incrementado hasta un 36 por ciento en la cotización a la Seguridad
Social aquellos contratos de duración inferior a siete días. Sin lugar a dudas esto evitará que sigamos teniendo situaciones de altas bajas y de bajas altas con tanta asiduidad.
Con respecto a los contratos de formación a los que los portavoces de los diferentes grupos han hecho referencia, tenemos que decir que para nosotros la formación no sólo implica juventud sino que se le debe proporcionar a quienes carezcan de ella, independientemente de que se esté o no inscrito en el Inem y e independientemente de la edad. Lo que nosotros proponemos con este proyecto de ley es que personas que estaban condenadas a la marginalidad puedan tener también una oportunidad de formación dentro del mercado laboral español. Ojalá que todas las personas que vinieran a España tuviesen una formación incluso con titulaciones reconocidas por nuestro propio sistema educativo, pero como sus señorías saben, la realidad es bastante distinta.
Ustedes también critican que la contratación de formación pueda ser utilizada por personas procedentes de otros países y que, como se ha definido en intervenciones en el Congreso de los Diputados, eso llegue a ser un cajón de sastre. No tenemos que olvidarnos de que hasta 1987 para los contratos formativos la edad era hasta los 26 años, e incluso a los universitarios se les podía admitir en la fórmula de aprendizaje. Es decir, que se critican este tipo de cosas pero también hay que decir que antes teníamos opciones que no nos resultaban tan positivas.
Ustedes critican el contrato parcial en España. Quizá no haya conseguido los objetivos que nos marcábamos, por ejemplo, el de aproximarnos a los otros países de la Unión Europea, pero no por ello debemos dejar de impulsarlo, sobre todo viendo que es una forma útil para poder conciliar la vida familiar con la laboral. Se trata de una forma laboral con vistas a que muchas mujeres puedan incorporarse al mercado de trabajo que nosotros intentaremos seguir impulsando ya que para el Gobierno y para nuestro Grupo Parlamentario el trabajo de las mujeres constituye una preocupación.
Para no alargarme demasiado, puesto que tiene que intervenir a continuación mi compañero, terminaré refiriéndome a los vetos.
Siendo objetivos, tenemos que reconocer que la cantidad y la calidad del empleo en España las ha dado este Gobierno. Ahí están esos dos millones y medio de nuevos puestos de trabajo cuando antes tantas personas estaban en el paro. Ahí está una Seguridad Social con más de 15 millones 600.000 cotizantes. Y por fin tenemos una Seguridad Social con superávit, cosa que antes no teníamos.
Paso ya a la defensa de nuestras enmiendas, diciendo antes que las de Coalición Canaria vamos a rechazarlas en los mismos términos en que han sido defendidas. No vamos a entrar en el detalle.
En la enmienda número 165 proponemos modificar el párrafo 6 del preámbulo. Lo que pretendemos con ello es que las modificaciones que el texto de la ley incorporará al régimen jurídico del contrato de relevo aparezcan también recogidas en este preámbulo, sobre todo en coherencia con nuestra enmienda número 171.
La enmienda número 166, de modificación, también afecta al preámbulo y el objeto es evitar la utilización abusiva de la contratación temporal de corta duración. Para ello, por un lado, se corrige una errata del texto y, por otro, se suprimen las referencias a la eliminación del antiguo artículo 12 del Real Decreto-ley, que no resultan procedentes dado que el preámbulo de una ley debe explicar y justificar su contenido pero no sus omisiones o los aspectos en los que se aparte del Real Decreto-ley.
En la enmienda número 167 se propone añadir un párrafo último al texto del preámbulo, y ello porque la ley, además de sus finalidades específicas, también constituye un instrumento para la trasposición al Derecho español de las Directivas 98/50 y 99/70, que no estaban incorporadas a nuestro ordenamiento. Por tanto, en cumplimiento de la obligación formal y de respeto al Derecho comunitario, las normas españolas de trasposición deben incluir expresamente en sus preámbulos una referencia a la disposición comunitaria objeto de la trasposición, que es lo que hacemos con esta adición al preámbulo.
Respecto a la enmienda número 168, que pretende la supresión del inciso final de ese tercer párrafo, responde a una mejora técnica para evitar dudas sobre los requisitos que deben reunir los trabajadores extranjeros para poder celebrar un contrato para la formación.
La enmienda número 169, referida a una modificación del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, sobre los contratos a tiempo parcial y de relevo, es también totalmente técnica, como habrán visto ustedes.
La enmienda número 170 es una mejora técnica para evitar dudas sobre los requisitos que deben concurrir para la válida renuncia del pacto de horas complementarias, y para ello proponemos sustituir el texto de la letra g).
Con la enmienda número 171, que hace referencia al contrato de relevo, pretendemos introducir algunas novedades en la regulación del contrato de relevo del artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, con objeto de adecuar su redacción a las modificaciones introducidas por la reforma en la regulación del tiempo parcial y a los nuevos objetivos y realidades de la política de empleo. La principal novedad radica en la posibilidad de concertar la jubilación parcial que da origen al contrato de relevo no sólo en los años anteriores al cumplimiento por el relevado de la edad de jubilación, sino también, una vez cumplida ésta, en los años sucesivos.
Con la enmienda número 172, referida a los convenios colectivos, proponemos sustituir el texto del apartado 5 por la razón de no limitar a los convenios de carácter sectorial la posibilidad de establecer medidas dirigidas a prevenir los abusos en la contratación temporal, posibilitando que los convenios de ámbitos inferiores, en particular los convenios de empresa, puedan contemplar también medidas de control y de limitación de la contratación temporal abusiva. Además, como mejora técnica, se suprime el término «adicionales», que no tiene sentido en el contexto del apartado 5 en el que se inserta.
La enmienda número 173, sobre la subcontratación, es simplemente una mejora de la redacción para evitar posibles confusiones sobre el momento en que debe facilitarse la información.
La enmienda número 174, relativa a la sucesión de empresa, también pretende una mejora de la redacción suprimiendo los excesivos signos de puntación para mayor claridad en la interpretación de la norma.
En cuanto a la enmienda número 175, referida a la extinción del contrato y a la indemnización, la supresión de la referencia a la negociación colectiva responde a una mejora técnica, pues siempre puede mejorar --valga la redundancia-- en este tipo de materias lo dispuesto en las normas legales. Por otra parte, se mantiene la referencia a la normativa que sobre la materia pudiera existir y que, en su caso, sea diferente a la que se establece con carácter general; tal es el caso de la que es de aplicación a las empresas de trabajo temporal, que eleva la indemnización aplicable a 12 días.
En la enmienda número 176, que trata de la extinción del contrato con las Administraciones Públicas o con entidades sin ánimo de lucro, proponemos también una modificación que es una mejora técnica. Pretendemos añadir una letra e) que debe operar sólo en el caso de extinciones individuales de puestos de trabajo, mientras que las extinciones colectivas deben seguir los trámites del procedimiento de despido colectivo; así lo impone, además, el respeto a la Directiva europea sobre despidos colectivos.
En la enmienda número 177, de modificación, referida a las bonificaciones de contratación de trabajadores fijos discontinuos, proponemos una mejora técnica para incluir expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de apoyo a la contratación estable de los trabajadores fijos discontinuos --enmienda a la que también hacía referencia el señor Cámara--, ya que puede acceder al régimen de bonificaciones establecido con carácter general, y ello es lo que pretende aclarar el texto propuesto.
La enmienda número 178 propone una modificación a efectos del contrato para la formación.
En la enmienda número 179, referida a los incentivos de los fijos discontinuos, proponemos también una mejora técnica para incluir expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de apoyo a la contratación estable de aquellos trabajadores fijos discontinuos bien por la vía de contrataciones iniciales, bien por la de transformaciones, y que, por tanto, puedan acceder también al sistema de régimen de bonificaciones establecido con carácter general.
La enmienda número 180 es de adición y se refiere a las empresas de trabajo temporal. Con ella añadimos un punto 3 para posibilitar una mayor duración de los contratos de trabajo de las empresas de trabajo temporal y que, en consecuencia, tengan una mayor estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados. De esta forma se intenta dotar de una mayor seguridad jurídica a la situación, haciendo innecesaria la extinción del contrato al finalizar cada puesta a disposición y la realización de un contrato nuevo.
Con la enmienda número 181, de modificación, nosotros pretendemos adaptar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social a las modificaciones llevadas a cabo en este proyecto de ley e incluso en otras disposiciones, cubriendo aquellos aspectos que todavía no están tipificados por ley. Por tanto, por razones de claridad, optamos por redactar nuevamente el texto íntegro de este artículo decimotercero para recoger las modificaciones de diversos preceptos de la Ley de Infracciones y Sanciones.
La enmienda número 182 es simplemente una mejora técnica con la que tratamos de dar un título a esta disposición en coherencia con la técnica seguida en el resto del proyecto: «Cotización a la Seguridad Social en los contratos temporales de corta duración.» La enmienda número 183 se refiere a la contratación de personas en riesgo de exclusión social. Para nosotros resulta conveniente completar dicha regulación en la materia con la de las llamadas empresas de promoción e inserción laboral. En el marco de esta ley, la presente enmienda se ciñe al ámbito de la legislación laboral de competencia del Estado, sin perjuicio de otras competencias normativas que correspondan a las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 184 es también una mejora técnica, recogiendo simplemente una modificación en la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, es decir, al día siguiente a su publicación.
La enmienda número 185 pretende una mejora técnica en coherencia con lo expuesto en la enmienda relativa a la modificación de la disposición final segunda.
La enmienda número 186 tiene dos objetivos distintos: por un lado, la adición de la letra f), que obedece a razones técnicas, y por otro la adición de la letra d). Con ello se persigue que puedan aplicarse los beneficios del «coste-cero» tanto si la empresa que quiere sustituir a un trabajador en período de descanso por maternidad, adopción o acogimiento y por riesgo durante el embarazo lo hace a través de un contrato de interinidad que celebre directamente, como si la sustitución se hace a través de una empresa de trabajo temporal. Efectivamente, hasta ahora, cuando había ese tipo de contratos de puesta a disposición entre una empresa usuaria y una empresa de trabajo temporal, por excepción expresa de la norma, la empresa no podía aplicar esos beneficios previstos legalmente. Con esta modificación se pretende variar el Real Decreto-ley en cuanto a los contratos de puesta a disposición.
La enmienda número 187, referida a la disposición final segunda, es también una mejora de la técnica normativa puesto que la naturaleza de esta disposición sobre los contratos de inserción no es la de una disposición transitoria, sino la de una disposición final al referirse a la entrada en vigor de una parte de la ley.
La enmienda número 188, referida también a las horas complementarias, es de adición, porque entendemos que el texto desaparecido contiene una importante llamada a la negociación colectiva y sirve para garantizar la legalidad de la realización de las horas complementarias. En consecuencia, proponemos reincorporar el texto desaparecido con una nueva letra h), que sería la que cerraría este apartado.
A continuación, voy a manifestar nuestra posición frente a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos. Comenzaré con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aunque ya le anuncio que al finalizar las exposiciones es posible que con dos de sus enmiendas podamos llegar a una transacción.
Vamos a rechazar la enmienda número 32, porque la exigencia de que todos los contratos tengan que ser de
forma escrita introduciría una rigidez excesiva en materia de contratación. Nosotros consideramos que hay otros elementos que garantizan suficientemente la formalización de la relación laboral y, por tanto, vamos a rechazar esa enmienda.
La enmienda número 33, que se refiere al contrato de formación sin límite de edad para las personas discapacitadas, también la vamos a rechazar.
Consideramos que el texto actual fomenta la contratación a través de los contratos de formación para colectivos con especiales dificultades de inserción y, por lo tanto, consideramos positivo dejarlo como está y rechazar su enmienda.
Con respecto a la enmienda 34, en la que se hace referencia a los trabajadores que llevan más de tres años sin actividad laboral, pensamos que su propuesta es más restrictiva que la que contempla el proyecto al añadir la necesidad de que tengan que acreditar la condición de demandante de empleo durante un período de años. No la consideramos positiva por la restricción que usted propone.
La enmienda número 35, que se refiere a la condición de excluido social en los supuestos del contrato de formación, también se la vamos a rechazar.
Con respecto a la enmienda número 36, también referida a la modificación en la contratación en formación de los extranjeros, consideramos que sus propuestas son más restrictivas que nuestro proyecto. Por lo tanto, la vamos a rechazar.
La enmienda 37 hace referencia a la modificación del nuevo párrafo del Estatuto de los Trabajadores para que los representantes de los trabajadores tengan conocimiento previo sobre los contratos que se realizan con colectivos sin límite de edad. Tenemos que resaltar que esta enmienda es contradictoria con su propia enmienda número 33, donde ustedes piden la supresión de los nuevos colectivos sin límite de edad, mientras que en ésta se plantean requisitos adicionales para la contratación de estos colectivos. Por tanto, la vamos a rechazar.
Las enmiendas números 38 y 39 las vamos a rechazar, porque pretenden suprimir toda la reforma del contrato a tiempo parcial, si bien ofrecen una justificación que hace referencia a una sola parte de la nueva regulación. A nuestro entender, la supresión por el proyecto de ley de los límites de jornada establecidos con anterioridad para el trabajo a tiempo parcial por el Real Decreto constituye una de las modificaciones más importantes introducidas en el contrato a tiempo parcial y atiende, además, al objeto de adecuar la directiva europea.
Con respecto a la enmienda número 40, he de decirle que la vamos a rechazar. El nuevo texto del artículo garantiza suficientemente el conocimiento por el trabajador contratado a tiempo parcial sobre cuándo ha de prestarse el trabajo, conteniendo ya una mención específica a la distribución de las horas de trabajo sin que sea viable una determinación exacta de los días de trabajo.
La enmienda número 41, relativa a la consolidación de las horas complementarias, también la vamos a rechazar. Usted plantea en materia de horas complementarias, básicamente, volver a la situación anterior, al Real Decreto-Ley, por lo que volveríamos a tener más rigidez y la inutilidad que teníamos hasta el momento.
En cuanto a la enmienda 42, relativa a la renuncia del pacto de horas complementarias, he de decirle que su planteamiento en esta materia supone volver al Real Decreto. Hay que tener en cuenta que la nueva letra g) del artículo, que se ha incorporado en el trámite llevado a cabo en el Congreso de los Diputados, permite la renuncia por parte del trabajador al pacto de horas complementarias en determinadas condiciones. Por tanto, no sería necesaria esta enmienda.
Su enmienda número 43 la vamos a rechazar. Ustedes intentan limitar la realización de horas complementarias, pero no explican por qué debe llevarse a cabo esa limitación. Por tanto, no consideramos que debamos aceptarla.
La enmienda 44, relativa a la consolidación de las horas complementarias, también la vamos a rechazar.
Con respecto a la enmienda número 45, relativa a los contratos de inserción, he de decirle que viene a delimitar lo que es el ámbito de aplicación del nuevo contrato de inserción. No obstante, el texto que se aprobó en el Congreso de los Diputados incorpora una nueva disposición adicional quinta por la que se introduce una nueva disposición en la ley del Estatuto de los Trabajadores. Como consideramos que eso es más aclaratorio que la citada enmienda, no vamos a aceptarla.
La enmienda número 46 tampoco se la vamos a aceptar.
En cuanto a la enmienda 47, relativa a los contratos de inserción, no consideramos que en estos momentos se la podamos aceptar. Está proponiendo la eliminación de una nueva figura del contrato temporal de inserción laboral para los demandantes de empleo como fórmula de incorporación de los mismos a los programas de mejora de su ocupabilidad, financiada por los servicios públicos de empleo.
Con respecto a la enmienda 48, también relativa a los contratos de inserción, he de decirle que no la vamos a aceptar porque ya se ha incorporado en el texto aprobado en el Congreso de los Diputados una modificación más adecuada.
La enmienda 49, relativa a la financiación de los servicios públicos de empleo para pagar los costes laborales de alguna modalidad contractual, la vamos a rechazar porque no aporta novedades en la ordenación de esta nueva modalidad contractual.
La enmienda número 50, de modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para extender a todo convenio colectivo las facultades que el proyecto reconoce, no la vamos a aceptar. He de decirle que la enmienda es idéntica a la número 151 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y consideramos que esta última es más favorable. Pero, después, podríamos hablar de una transaccional entre estas enmiendas.
Vamos a rechazar las enmiendas números 51 y 52, que pretenden evitar los abusos en los contratos temporales, porque pensamos que tal objetivo se recoge perfectamente en el propio proyecto y que no es necesario incorporar esta enmienda.
Con respecto a la 53, donde se refieren a la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas, he decirle que ese tema ya
ha sido objeto de muchos debates parlamentarios y que se ha analizado en varios informes, por lo que no consideramos que tengamos que debatirlo en este momento. (El señor Cámara Fernández: Seguiremos insistiendo.) La enmienda número 54, relativa también a las horas extraordinarias, no la consideramos necesaria, ya que las limitaciones que usted propone son injustificadas y darían una extrema rigidez a este ámbito.
La enmienda 55 tampoco la vamos a aceptar, porque se refiere a la jubilación forzosa y creemos que tal materia queda contenida en el acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social firmado por el Gobierno y los agentes sociales. Consideramos que no conviene introducirlo aquí.
La enmienda número 56 también la rechazamos, ya que su contenido ya fue aprobado y ha habido una modificación en la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados, no viéndose esta cuestión afectada por la posible admisión de otras enmiendas y, en concreto, por la aceptación de la enmienda 175 del Grupo Parlamentario Popular, que sigue manteniendo ese carácter de mínimo indisponible para lo que es la negociación colectiva.
La enmienda número 57 también la vamos a rechazar. Usted plantea la supresión de la medida y da otros argumentos sobre los criterios a los que debería responder la misma, pero es que, además, se corresponde con otra enmienda presentada por su Grupo, la número 58. Por eso, consideramos que ninguna de las dos debe ser aceptada. Rechazamos la enmienda 58 porque las modificaciones que ya se han hecho en el texto del Congreso de los Diputados nos parecen más adecuadas.
En relación a la número 59, relativa a los trabajadores afectados por una incapacidad permanente total, debo decir que tampoco la vamos a aceptar.
En cuanto a la número 60, referida a las bonificaciones, no entendemos la propuesta restrictiva efectuada por su Grupo, dado que no aporta nada al cambio y a las previsiones de financiación de este proyecto, por coherencia, además, con otras enmiendas.
Con respecto a la número 61, concuerda con la enmienda 179, del Grupo Parlamentario Popular. No obstante, consideramos más acertada nuestra redacción, por lo que se podría transaccionar con la nuestra.
En cuanto a la número 62, que proponen suprimir el inciso «temporalmente», no la vamos a aceptar, ya que la bonificación pretende facilitar la entrada en el mercado de trabajo, aun con contrato temporal, de un colectivo con especiales dificultades.
Vamos a rechazar la enmienda número 63, pues consideramos que el Inem ya sufraga las políticas activas de empleo.
La número 64 la vamos a rechazar.
La enmienda número 65 no la vamos a aceptar, por limitar el alcance y la eficacia de la medida de fomento de la estabilidad del empleo contenida en esta disposición.
Con respecto a la número 66, debo decir que en el actual texto ya se prevé la evaluación por el Gobierno de sus efectos para determinar su mantenimiento y proponer las modificaciones necesarias, por lo que no la consideramos necesaria.
Vamos a rechazar la número 67. La posibilidad de celebrar contratos para el fomento de la contratación indefinida con mujeres no supone una discriminación, debido a que no se establece con carácter general, sino que se limita a los sectores donde tienen mayores dificultades de reinserción.
Con respecto a la número 68, debo decir que la vamos a rechazar, así como la 69.
En cuanto a las números 70, 71, 72, 73 y 74, van a ser rechazadas.
Vamos a rechazar la enmienda 75, ya que el texto actual supone un avance en la flexibilización de la edad de jubilación.
Con respecto a la número 76, de supresión de la letra c, también la rechazamos, pues no comprendemos qué se pretende al suprimir la cláusula derogatoria en cuestión, ya que con otras enmiendas se alude a esa justificación y la consideramos incoherente con otras de ellas.
Pasando a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, debo decir, brevemente, que la vamos a rechazar. Con respecto a la primera parte de la enmienda, estimamos que el programa de fomento de empleo se aplica a todas las Comunidades Autónomas, ya que se trata de normas dictadas por el Estado en virtud de su competencia exclusiva en materia de legislación laboral y de planificación general de la actividad económica, prevista en el artículo 159.1, 7º y 13 de la cotización.
En relación con la segunda parte de su propuesta, debo señalar que no podemos aceptar la asunción del compromiso político del traspaso de lo que es la gestión y el seguimiento de los programas de fomento de empleo basados en el disfrute de bonificaciones como si de una política más de fomento de empleo se tratase, ya que la aplicación de este programa implica el régimen económico de la Seguridad Social y, por lo tanto, no se trata de una materia susceptible de traspaso. Por lo tanto la vamos a rechazar.
En relación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, debo indicar que vamos a rechazar la número 147, ya que se trata de una expresión perfecta y directamente inteligible, sin necesidad de recurrir a interpretaciones jurisprudenciales, como sí ocurre en cambio con la propuesta de su Grupo.
Vamos a rechazar la número 148, ya que consideramos que la definición de los contratos no puede depender de lo que se diga en cada convenio colectivo, sino que ha de ajustarse a unos parámetros legales de carácter general y objetivo.
Con respecto a la número 149, no la vamos a aceptar, por cuanto en el texto actual ya figura esa posibilidad que ustedes intentan incorporar y no la consideramos necesaria.
En cuanto a la número 150, no va a ser aceptada, pues consideramos que el proyecto trata de otorgar mayor flexibilidad y amplitud a la capacidad de la negociación colectiva para establecer el número máximo de horas complementarias, sin que se adviertan motivos para reducir del 60 por ciento propuesto por el proyecto al 50 por ciento que ustedes proponen.
Con respecto a la número 151, será alguna de las que trataremos al finalizar el debate. Consideramos que puede ser aceptada, por las razones apuntadas por el Grupo Parlamentario. No obstante, resulta casi idéntica a nuestra enmienda número 172, que proponemos como transacción a la suya número 151 e incluso a la 129 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. La enmienda número 172 contiene, además de los objetivos perseguidos por el enmendante, alguna mejora técnica adicional, y quedaría para ser discutida más tarde.
En relación a la número 152, concuerda exactamente con la número 155 suya y con la 177, del Grupo Parlamentario Popular, por lo que se podría llegar a una transacción.
Vamos a rechazar la número 153, ya que ustedes pretenden distinguir entre dos colectivos de parados de larga duración, los que superan los seis meses sin llegar a los doce, y los que rebasan esta cifra. Este proyecto ha tratado de ampliar la cobertura de colectivos con carácter general y, por lo tanto, no la vamos a aceptar.
La número 154 va ser rechazada, ya que la consideramos innecesaria.
La número 155 concuerda también con la 177, del Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, aunque no coincide exactamente, se puede llegar a una transacción con la redacción establecida en la nuestra.
Con respecto a la número 156, también se corresponde con la número 179, que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Consideramos más adecuada nuestra redacción y podremos más tarde llegar a una transaccional.
En cuanto a la número 157, la vamos a rechazar con los mismos argumentos que ha sido rechazada la número 153.
Igualmente, y con los mismos argumentos, rechazamos la número 158.
En cuanto a la número 159, la vamos a rechazar en los mismos términos que la número 154, por considerarla innecesaria.
Con respecto a la número 160, concuerda con la 156 de su Grupo y con la 169 del nuestro, por lo que podríamos llegar a una transaccional con nuestra redacción.
En relación a la número 161, la vamos a rechazar, pues aunque la propuesta es coherente, no obstante está introduciendo un cierto desequilibrio entre los ingresos de la protección por desempleo, con una caída neta de los mismos, estimada en 120.000 millones de pesetas anuales, 180.000 millones de menor recaudación por la contratación indefinida y 60.000 de mayores ingresos por la temporal.
En cuanto a la número 162, por la que se regulan las empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, es una de las que podemos aceptar y al finalizar el debate intentaremos llegar a un acuerdo al respecto.
La enmienda número 163 la vamos a rechazar porque ustedes intentan abundar en los beneficios en favor de la mujer cuando se producen episodios de maternidad ya reconocidos en el artículo 6º y en la disposición adicional segunda. Además, nosotros hacemos hincapié en el contenido del acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social firmado por el Gobierno y los agentes sociales, y no consideramos necesario introducirla.
Por último, vamos a rechazar la enmienda número 164 porque, por un lado, supondría premiar el mero cumplimiento de las normas vigentes y por otro, resultaría de difícil aplicación práctica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
El Senador Fernández tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Con la venia, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, para agotar el tiempo de mi Grupo.
Quiero ratificar todos los argumentos que ha dado mi compañera la Senadora Do Campo, y dar otros para esta reforma en la que tenemos que corregir una legislación preexistente que, en su mayoría, ha sido hecha por otros gobiernos, en este caso socialistas. Entendemos que con esta reforma vamos a corregir aquellos objetivos que habíamos planteado de nuestra campaña electoral.
Vemos que por parte de los portavoces y de sus señorías se repite el mismo discurso habido en el Congreso de los Diputados y que no existe un argumento sólido que sustente estas enmiendas, que se han defendido de forma genérica. Por tanto, es un discurso multirreincidente donde, de forma genérica, como he dicho antes, se vienen a plantear determinados asuntos ya manidos por parte de los portavoces.
Nuestro objetivo en la reforma es hacer efectivo el contrato a tiempo parcial. Estamos acudiendo paulatinamente a un crecimiento de empleo, y creo que ningún portavoz de los que me han precedido en el uso de la palabra, salvo mi compañera Do Campo, lo ha puesto de manifiesto.
Afortunadamente, tenemos un mayor crecimiento de empleo, y entendemos que esta reforma laboral va a tener unos objetivos importantes para ello.
Se va a dar nueva regulación a los contratos formativos y se van a modificar diversos aspectos de la contratación temporal que creemos que son sustantivamente importantes para esta reforma con la que queremos lograr mayor creación de empleo, y estamos seguros de que lo vamos a conseguir.
En nuestro país, el número de empleados ha crecido en dos millones y medio durante estos últimos cuatro años. Con esta reforma, vamos a tener una incidencia importante en el mercado de trabajo por un contrato indefinido más atractivo. Se amplían los colectivos que se pueden encontrar con contratos de 33 días, para que el mayor número posible de trabajadores acceda a un contrato estable que resulte atractivo a los empresarios. Antes abarcaba a los jóvenes de 18 a 30 años, y ahora de 16 a 30; antes eran parados de larga duración y ahora son parados de seis meses o más, y antes y después, mayores de 45 años y discapacitados, y se produce una gran novedad en las mujeres y en profesiones subrepresentadas. Es una reforma que contempla mayores bonificaciones y a más colectivos. Reciben bonificaciones todos los contratos indefinidos de mujeres, ya que uno de los objetivos importantes del Gobierno es
que la mujer esté totalmente representada en el mercado laboral.
Por otra parte, esta reforma limita la temporalidad excesiva. Se reducen las diferencias entre contratos temporales y contratos indefinidos, y se establece una indemnización en todos los contratos temporales, salvo en los formativos, de relevos, de interinidad e inserción de ocho días. La negociación colectiva no podrá establecer limitaciones al uso excesivo y sucesivo de contratos temporales y hay mejora en los derechos de los trabajadores temporales. Se limita el contrato eventual a una duración máxima de doce meses y el contrato a tiempo parcial es de régimen europeo que, lógicamente, va a tener una incidencia importante en las Pymes, que son las que crean un mercado laboral en este país, que van a verse muy implicadas y muy constreñidas, como lo estaban anteriormente a la reforma, pero ahora van a tenerlo mucho mejor. Por tanto, es un contrato pensado para acomodar el trabajo a la vida personal y a sus necesidades.
Se van a eliminar las limitaciones, se mantiene el régimen privilegiado de protección social y, sobre todo, va a haber una incidencia importante en el empleo de la mujer, que es el primer problema y la gran oportunidad del mercado del trabajo español. El Gobierno y el Partido Popular creen que es un potencial humano importante, y que con estas tasas va a crecer el empleo femenino, lo que va a suponer un mejor activo para aproximarnos a Europa.
Se va a imponer impulsar el fomento de empleo en las mujeres tras la maternidad, y se va a bonificar en un cien por cien durante doce meses el empleo de mujeres paradas de larga duración que se incorporen al trabajo dentro de los dos años siguientes a la maternidad. Se van a eliminar los costes de la Seguridad Social de la mujer durante el descanso de maternidad y se desarrollará un programa de fomento de estabilidad de empleo de la mujer.
Consideramos que hay que incentivar los contratos formativos, un nuevo contrato de inserción y la prohibición de jubilación obligatoria, que también se trata en esta reforma laboral, y que es una reforma que viene a paliar las diversas circunstancias que se han mantenido.
Los portavoces de algunos grupos parlamentarios han hecho un uso muy liviano de su intervención. Me voy a limitar a rechazar las enmiendas que han presentado el Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria e Izquierda Unida. Sin embargo, quisiera detenerme en algunos argumentos que, por parte el Grupo Parlamentario Socialista, se han manifestado.
Algún portavoz ha dicho que esta reforma no es la adecuada. Sin embargo, no ha habido enmiendas, salvo las genéricas, que den una alternativa de mejora en el empleo en esa situación de inadecuación.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un voluminoso número de enmiendas, algunas de ellas, aunque sean rechazadas, pueden ser comentadas, las números 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87 y 89, y la 91, 98, 96, 103, 108 y 109, defendidas por sus dos portavoces. El hecho de que no se comenten las restantes enmiendas no significa que carezcan de importancia para su Grupo ni, por supuesto, para el mío.
Estas enmiendas son rechazadas por nuestro Grupo por los siguientes motivos: la número 79, porque en principio consideramos que la definición de trabajador a tiempo completo no debería dar lugar a una excesiva discrecionalidad; la 80, porque no comparte nuestra justificación sobre la confusión de inseguridad jurídica a que conduce este proyecto de ley; la 81, porque resta la flexibilidad necesaria para el contrato a tiempo parcial. Respecto a la enmienda 83, creemos que es mejor la enmienda 171, del Grupo Parlamentario Popular, que ha defendido mi compañera Do Campo.
También rechazamos las enmiendas 87, 88 y 89, así como la número 91 porque puede generar mucha litigiosidad y unas consecuencias inadecuadas, y consideramos que el texto tal como está es el que debe prosperar por ser más coherente con la reforma que se lleva a cabo en estos momentos.
Las números 96, 98, 103, 108 y 109 también las rechazamos por falta de coherencia o de plasticidad dentro de la reforma. De esa manera, nuestro Grupo rechaza todas las enmiendas presentadas.
Hay tres propuestas transaccionales que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, las números 171, 173 y 182, que podemos comentar al término del debate.
Para no agotar todo el tiempo, quiero mantener lo que tanto la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra como quien les habla en estos momentos han expresado --que ha hecho una rápida exposición por falta de tiempo y por economía procesal--, porque entendemos que es una reforma totalmente adecuada al mercado laboral.
Se abre un turno de portavoces con cinco minutos máximo de tiempo de intervención para cada uno.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, preferimos, si puede ser, interrumpir un momento para estudiar las transaccionales y así poder intervenir posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por tiempo de diez minutos. A la una menos diez se reanudará la sesión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senadora Do Campo.
Vamos a incluir en el dictamen las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto a las enmiendas de Convergència i Unió, la número 151 decae en favor de la 172 del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta el portavoz de Convergència i Unió que decaiga su enmienda número 15l? (El señor Servià i Costa hace signos afirmativos.)
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Lo mismo ocurre con las enmiendas 152 y 155 de Convergència i Unió, con respecto a nuestra enmienda número 177.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta el portavoz de Convergència i Unió que decaigan sus enmiendas números 152 y 155? (El señor Servià i Costa hace signos afirmativos.)
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: También ocurre lo mismo con las enmiendas números 156 y 160 de Convergència i Unió, con respecto a la 179 del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a hacer la misma pregunta, para que conste en el «Diario de Sesiones», ¿acepta el portavoz de Convergència i Unió que decaigan sus enmiendas números 156 y 160? (El señor Servià i Costa hace signos afirmativos.)
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Las demás enmiendas del Grupo Parlamentario Popular las incorporamos al dictamen.
Si el Senador Cámara no tiene inconveniente, voy a dar primero la palabra al Senador Aurrekoetxea porque tiene prisa y ha solicitado intervenir en primer lugar. (El señor Cámara Fernández hace signos afirmativos.) Senador Aurrekoetxea, tiene la palabra.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Voy a intervenir brevemente porque mi Grupo Parlamentario sólo ha presentado una enmienda, que ha sido rechazada.
Como he dicho en mi primera intervención, creemos que hay suficientes motivos para que, en este momento del procedimiento, estemos en contra del proyecto de ley que se ha presentado y, por tanto, mantenemos viva nuestra enmienda para su tramitación en el Pleno.
En primer lugar, si me permiten, quiero preguntar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular si mi enmienda número 50 está ya subsumida.
El señor PRESIDENTE: Senadora Do Campo, conteste con brevedad. Nos estamos saltando el procedimiento, pero vamos a intentar llegar a un entendimiento.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: La enmienda es la misma que la número 172 del Grupo Parlamentario Popular, que también corresponde a la numero 150 de Convergència i Unió, con lo cual se adjunta al dictamen nuestra enmienda número 172.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Do Campo.
Tiene la palabra el señor Cámara.
Por tanto, para que conste retiro la enmienda número 50 porque ya queda recogida. De todas formas espero que de aquí al Pleno sean vistas y estudiadas las enmiendas presentadas, pues aunque han sido rechazadas por el Grupo mayoritario algunas mejoran el texto. Puedo entender que no se esté de acuerdo con el grueso fundamental de las enmiendas críticas al proyecto, pero creo sinceramente que algunas mejoran el texto, incluso técnicamente. En cualquier caso, ésta es mi demanda junto con las enmiendas referidas a las empresas de inserción y la que «in voce» he presentado al Grupo Parlamentario Popular, que se ha prometido estudiar de aquí al Pleno.
Deseo intervenir en este turno de portavoces para contestar a tres aspectos muy rápidamente. Mantengo lógicamente los términos del veto y las enmiendas no recogidas. Pero quiero expresar respecto al empleo en España que es literalmente falso que haya habido sustancialmente --subrayo sustancialmente-- una bajada sustantiva --valga la redundancia-- de la calidad en el empleo, porque a pesar de que se han mencionado cifras del 35 por ciento en su momento y ahora del 32 por ciento, con un tres por ciento de diferencia, a mí me sale que la bajada de la temporalidad está en torno al dos por ciento, a pesar de que se ha dado un montón de dinero como incentivo. La bajada de la temporalidad no solamente no es suficiente, sino que es altamente insuficiente. El mercado de trabajo en España se sigue caracterizando por el mantenimiento de la temporalidad y la excesiva rotación.
El segundo aspecto al que me quería referir es el de los famosos ocho días de indemnización. La verdad es que no tiene mucho sentido. Todos ustedes son personas inteligentes y coincidirán conmigo en que en su momento hubo un contrato, el de fomento del empleo, con doce días de indemnización. Fue un contrato tremendo para aumentar la precarización laboral, sin embargo, no fue útil para bajar la temporalidad y ya desapareció. Lo digo porque si no he entendido mal, se ha dicho que es la primera vez que se incluye una indemnización en los contratos temporales, pero ya hubo uno con doce días y no sirvió para bajar la temporalidad.
Mucho menos se va a conseguir con los ocho días de indemnización y un salario medio de 88 pesetas día. Haciendo las cuentas resulta que en el mejor de los casos tendría 88 pesetas por día, y para los contratos de un año, si no me equivoco, porque esos contratos en el conjunto de la contratación representan el 0,19 por ciento, unos 9.000 contratos del total de la contratación anual, por ejemplo, del año 2000. Por tanto, es un tanto es un tanto ridículo. Más que esa indemnización mejor hubiera sido para combatir la temporalidad que se hubiese puesto freno al abuso de la temporalidad y optar por el aumento de las cotizaciones; a lo mejor bajando las cotizaciones en medio o en un punto
con el fin de compensar el conjunto de las contrataciones. Esto no se ha hecho así; yo me remito a la que pusieron encima de la mesa los sindicatos; no se ha tenido en cuenta en absoluto la posición de los sindicatos en aquella mesa negociadora y, por tanto, quiero rechazar esta cuestión.
En cualquier caso, señorías, se trata de hacer un buen debate en el Pleno. Ojalá que algunas de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, entre ellas las mías, sean tenidas en cuenta de aquí al Pleno por el bien de nuestro mercado laboral que, indiscutiblemente, tiene que adaptarse a la etapa de segmentación que vivimos en el campo de las relaciones laborales. Tenemos que mejorar esta situación pero por la vía de atajar los problemas estructurales, nunca por la vía de la flexibilidad, porque ya tenemos un mercado laboral muy flexible en su acceso; se han disminuido derechos cuando se está trabajando, y se ha facilitado la salida del mercado laboral, con despidos más fáciles y más baratos. Por tanto, creo que ya está bien de reformas que vayan siempre en perjuicio de los mismos, cuando nuestros trabajadores son los más productivos de toda Europa por la relación entre los costes laborales y la productividad que generan.
Por todas estas razones, reitero mis posiciones, rechazo los argumentos del Grupo mayoritario, y espero que sean flexibles de aquí al Pleno para conseguir un acuerdo mayor.
Nuestras enmiendas no han sido incorporadas y, por tanto, lo lógico es que no haya ninguna sorpresa al anunciar que mantenemos nuestra oposición en este momento procesal. Mantendremos y defenderemos nuestras enmiendas para el Pleno y esperamos que allí algunas de ellas puedan incorporarse al texto definitivo para mejorar así el sentido general del decreto-ley tramitado como proyecto de ley que ahora estamos discutiendo.
Tiene la palabra el Senador Servià.
Manifiesto nuestra pequeña satisfacción porque el Grupo mayoritario haya admitido a trámite una transacción que habíamos propuesto sobre su enmienda número 168. A cambio nosotros hemos admitido enmiendas suyas y hemos dejado decaer por coincidencia cinco de las nuestras. Este uno a cinco supone un desequilibrio, y esperemos que en el Pleno, donde mantendremos vivas siete u ocho de nuestras enmiendas, consigamos un trato más favorable. Igualmente mantendremos nuestro intento de transacción sobre sus enmiendas números 180 y 183.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene las enmiendas presentadas en este trámite al no haberse incorporado ninguna de ellas al dictamen. Si ya el texto que se nos proponía en el proyecto no nos gustaba por ser manifiestamente mejorable, y en ese sentido hemos querido introducir una serie de enmiendas, el texto del dictamen que incorpora ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular nos gusta todavía menos. Creemos que ahora vía enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se incorporan al dictamen algunas cuestiones que pueden resultar especialmente graves para el marco de las relaciones laborales en España, fundamentalmente aquellas que inciden en vulnerar la causalidad de la contratación temporal --la incorporación de la enmienda número 180 del Grupo Parlamentario Popular al texto del dictamen va en esa dirección-- o las que se derivan de la inclusión y del tratamiento que se le da a las empresas de inserción.
Insisto en que si el texto que llegó al debate en Comisión nos parecía que no contemplaba adecuadamente lo que debiera ser la reforma del mercado de trabajo, lo que ha quedado en el texto del dictamen incorporando algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular es aún más gravoso.
Por tanto, confío en que en el trámite de debate en Pleno podamos establecer algunos acuerdos que permitan la mejora del texto del proyecto, porque, si bien comprendo que el Grupo Popular no pueda aceptar enmiendas de los grupos de la oposición referidas a cuestiones estratégicas o cuestiones políticas de fondo, entiendo menos que algunas cuestiones relativas a aspectos técnicos de la ley, que a nuestro juicio la mejoran, como las relativas a la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones, o cuestiones que nosotros creemos que están contempladas en el Pacto de Toledo, como la separación de fuentes de financiación y, por tanto, la financiación de las bonificaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, etcétera, no hayan sido consideradas positivamente. Así pues, confiamos y esperamos que el Grupo Popular pueda aceptarlas en el trámite de Pleno.
Por mi parte, ofrezco todos los esfuerzos posibles del Grupo Socialista para insistir en aquellas enmiendas transaccionales que hoy no han podido ser aprobadas a fin de que puedan ser objeto de acuerdo por el conjunto de los grupos y, naturalmente, en primer lugar por el grupo mayoritario, en el trámite de Pleno.
Esperamos que no estén totalmente cerradas para el debate en Pleno todas estas cuestiones y reitero la decisión del Grupo Socialista de mantener el conjunto de enmiendas presentadas en Comisión para entonces.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Romero.
Tiene la palabra la Senadora Do Campo.
Consideramos que la introducción de las enmiendas que ha aportado el Grupo Parlamentario Popular ha mejorado el texto del proyecto de ley. No puedo compartir la opinión de los Senadores de los diferentes grupos.
Con respecto al Senador Cámara, que hacía referencia a la bajada de los tramos de temporalidad --él decía que un dos por ciento y esta Senadora que un tres por ciento--, independientemente de que la temporalidad se ha bajado en España, seguimos reconociendo que aún es alta y que la debemos modificar, por lo que, lógicamente, se seguirá trabajando en esa línea, para rebajar esa temporalidad que tanto nos preocupa a todos.
Manifiesto a los representantes de los grupos que seguimos abiertos al diálogo en lo que queda de tramitación desde el debate en Comisión hasta el Pleno, tiempo durante el que seguiremos estudiando las enmiendas que ustedes mantienen vivas, con la idea de poder transaccionar algunas.
Sin más, me remito a lo que pueda ser el debate en Pleno, manifestando que seguimos abiertos a este diálogo.
Pasamos, por tanto, a la votación del veto número 1, presentado por el Senador Cámara Fernández.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, seis; en contra, 12; abstenciones, una.
A continuación, votamos el veto número 2, del Senador Romero Calero.
Votamos el veto número 3, del Senador Espasa i Oliver.
Pasamos a votar el texto del dictamen con las modificaciones incorporadas por el grupo mayoritario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el texto.
Compete ahora a la Comisión designar un representante para la presentación del dictamen ante el Pleno.
¿Alguna propuesta por parte de los grupos? (Pausa.)
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Creo que estamos todos de acuerdo en que sea el propio Presidente.

References: artículo 15
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 159
 artículo 6