Source: http://www.conflictosmineros.org/2018/09/index.html
Timestamp: 2020-08-11 04:27:42+00:00

Document:
septiembre | 2018 | Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Arica: Pueblos se movilizaron en defensa del territorio y contra la minería
28 septiembre, 2018 Autor: Leyla Noriega Zegarra, Los pueblos precordilleranos y cordilleranos.
Más de 150 personas de los pueblos originarios del territorio Arica y Parinacota, junto a organizaciones sociales, culturales, ambientales y personas de los valles y ciudadanía en general, participaron en la “Gran Movilización por la Defensa del Territorio y Aguas: No a la Minería”, que se realizó este 27 de septiembre en Arica.
La acción autoconvocada por los pueblos de Belén, Chapiquiña, Pachama, Copaquilla, Lupica, Saxamar, Tignamar, Guallatire, Livilcar, Zapahuira, Socoroma, Putre, Caquena, Timar, Pachica y el valle de Azapa, buscó visibilizar la oposición de los pueblos a la minería que amenaza las formas de vida tradicionales y afectación al medioambiente, exigiendo al gobierno que reconozca los territorios ancestrales y no los apropie como fiscales. Asimismo, cuestionaron el Plan Maestro de Repoblamiento para Parinacota que anunció el gobierno, estrategia que no cuenta con la participación de los pueblos.
La movilización pacífica partió en la plaza Los Leones donde se dirigió hasta SERNAGEOMIN, organismo que recibe las solicitudes de exploraciones minera; luego las y los manifestantes llegaron a la CONAF institución pública a la que emplazaron a informar los daños de flora y fauna que están realizan los proyectos mineros que hoy están afectando a la Región. Por calle Juan Noé la marcha se detuvo en CONADI, Poder judicial y oficinas de enlace de las comunas de Camarones y Putre, ocasión donde se solicitó a las autoridades comunales que expresen públicamente su postura ante la minería y apoyen en esta lucha a los territorios.
Finalmente, la movilización llegó al frontis de la Intendencia Regional para hacer entrega de una carta donde se exige que: el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.
La reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.
La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.
Y eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.
Cabe destacar que la Gobernación Provincial no autorizó el recorrido solicitado, a pesar que la carta fue enviada hace más de 15 días de anticipación, hecho que los pueblos calificaron de arbitrario y discriminatorio. Según las y los organizadores, no descartan realizar las acciones pertinentes por vulneración de derecho a la libertad de expresión a los pueblos originarios.
Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, autoconvocados en la ciudad de Arica, en el marco de la defensa de los DERECHOS TERRITORIALES establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente:
Que el actual gobierno del Presidente Sr. Sebastián Piñera, tiene el deber de reconocer el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, donde su fundamento no descansa en la existencia de un título o una inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI, sino, en la ocupación y el uso tradicional que de las tierras y territorios han hecho o hacen desde tiempos inmemoriales.
Que el gobierno tiene el deber de tomar las medidas que sean necesarias para regularizar la propiedad territorial, con el fin de garantizar su debida protección y dar solución a las legítimas reivindicaciones territoriales, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.
Que la titulación de territorios indígenas, ya tiene precedentes en los gobiernos anteriores, que mediante la acción del Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena lograron titular territorios indígenas en la segunda región, situación que demuestra que solo se requiere de voluntad política del actual gobierno para delimitar los territorios de las comunidades indígenas territoriales de esta región.
Las comunidades indígenas rechazamos la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, al establecer que nuestro sistema jurídico no reconoce el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, desconociendo la dimensión colectiva y espiritual; relación especial que poseen nuestras comunidades indígenas territoriales. Asimismo, condenamos la separación de la tierra y el agua, establecida en el Código de Aguas, pues la correspondencia de ambas es necesaria para la supervivencia, desarrollo y continuidad de nuestras formas de vida.
Exigimos la derogación del Decreto Exento Nº215 emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que destina aproximadamente 9.000 hectáreas al Ministerio de Defensa para la instrucción y entrenamiento militar de la VI División del Ejército, territorios que le pertenecen histórica y ancestralmente a la Comunidad de Socoroma.
La comunidades indígenas territoriales rechazamos como eje de desarrollo la minería en nuestros territorios, ya que se contrapone a nuestra visión de desarrollo basada en la agricultura, ganadería y el turismo patrimonial, decisión que se toma bajo el amparo de los derechos a la autonomía territorial y la libre determinación, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En consecuencia, rechazamos la exploración minera de la empresa transnacional Rio Tinto Mining and Exploration Ltda., en territorio de la comunidad territorial de Belén, debido a que afecta su forma tradicional de vida, provoca un daño irreparable al patrimonio cultural y natural existente en su territorio y genera división en su comunidad.
Por lo tanto, exigimos al gobierno, a través su representante en la región, la Intendenta Sra. María Loreto Letelier Salsilli, lo siguiente:
a) Que el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.
b) Que la reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.
c) La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.
d) Eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.
Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, continuaremos con el proceso de defensa y protección de nuestros territorios y aguas, no cederemos ante la arremetida de proyectos mineros y no descansaremos hasta que el Estado elimine la minería como eje de desarrollo en nuestros territorios y reconozca jurídicamente nuestros derechos territoriales ancestrales.
El regreso de las consultas populares
28 septiembre, 2018 Autor: Equipo de investigación Territorios de Paz, El Espectador.
Durante el 2017 se celebraron siete consultas populares todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos.
Las Consultas Populares contra la minería y el petróleo han descubierto una ciudadanía crítica y propositiva que demanda escenarios de participación para tomar decisiones sobre su territorio, especialmente sobre la protección del agua y la naturaleza. También se han convertido en un instrumento de reafirmación identitaria alrededor de la tradición campesina y agraria de la región andina y llanera.
Los resultados son incontrovertibles, de nueve consultas realizadas, nueve han resultado victoriosas. Todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos, e incluso superaron la votación de los alcaldes electos en 8 de los 9 municipios, exceptuando Tauramena. De las 9 consultas adelantadas, 7 se celebraron sólo en el año 2017; una bola de nieve de autonomía y democracia directa que se cierne sobre las locomotoras del “desarrollo” extractivista.
El gobierno, sin más recursos legales, optó por una salida: el presupuesto. En una interpretación sui generis que contradecía la propia conducta del Ministerio de Hacienda y de la Registraduría en las consultas populares celebradas con anterioridad, el gobierno alegó que las consultas de los niveles locales y departamentales debían ser financiadas por los propios entes territoriales. En la práctica, esta decisión política ataba el derecho fundamental a la participación a la disponibilidad presupuestal de los municipios.
Pero su jugada fue más audaz. Al presentarlo como un conflicto de competencia inhibió a los municipios de financiar a muto propio las consultas hasta tanto este conflicto no fuera dirimido, decisión que continúa pendiente en el Consejo de Estado. La Registraduría, no tuvo otra opción que solicitar a los alcaldes abstenerse de fijar fecha para celebrar las consultas populares que ya habían agotado todo el proceso que atraviesa las diferentes ramas del poder público: alcaldía, concejo municipal, tribunal administrativo. En la provincia del Sumapaz quedaron en vilo las consultas de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, y al menos otras 10 se encuentran pendientes a nivel nacional.
Ante esta situación, Territorios de Paz (TERREPAZ) una articulación de profesionales y colectivos de investigación, en coordinación con líderes y lideresas comunitarias de San Bernardo y Fusagasugá, elaboraron 2 acciones de tutela, una para cada municipio, que alegaron la violación del derecho a la participación y a la igualdad.
La primera en ser fallada favorablemente fue la de San Bernardo. En sentencia de segunda instancia del 15 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la interpretación hecha por el Gobierno del artículo 33 de la ley 1757 de 2015 según la cual esta norma le asignaría una responsabilidad fiscal a los municipios de financiar las consultas promovidas desde el nivel local.
El Tribunal concluyó que el factor económico no puede ser una traba para el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente los que involucran el ejercicio de la soberanía popular, y que la interpretación del Gobierno hace un “análisis sesgado y restrictivo de las normas” que constituiría una limitante para el ejercicio de la democracia participativa, especialmente para municipios débiles económicamente, trasladando la decisión de la consulta popular de la autoridad pública al ordenador del gasto.
Sobre esas consideraciones, el Tribunal le otorgó 15 días a la Registraduría para solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos para la consulta popular de San Bernardo. Y una vez hecha la solicitud, el Ministerio contaría con 10 días para girarlos.
El 15 de julio de 2018 el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá llegó a la misma conclusión en relación con Fusagasugá y adoptó idéntica orden. El juez reafirmó que existiendo una tensión entre el derecho fundamental a la participación ciudadana y el principio de legalidad del gasto, en la ponderación el segundo debe ceder ante el primero.
No obstante, sólo hasta el 13 de agosto la Registraduría recibió una respuesta positiva del Director General del Presupuesto Público Nacional, aprobando los recursos necesarios para realizar las consultas populares de Fusagasugá y San Bernardo, y también la revocatoria de mandato del Alcalde de La Calera. Aunque la consulta popular del municipio de Pasca se encontrara en la misma situación que la de sus vecinos sólo que sin fallo de tutela, el Ministerio de Hacienda no le ha asignado recursos.
Los alcaldes de los 2 municipios sumapaceños, en acuerdo con las organizaciones promotoras, decidieron convocar a la ciudadanía para el próximo domingo 21 de octubre. Ese día, tras haber sido congeladas por más de un año a voluntad del gobierno, los habitantes de Fusagasugá y San Bernardo harán historia nuevamente y se darán cita para aprobar o reprobar las actividades de exploración/explotación petrolera y minera en sus territorios.
Recién se conformaron los comités de impulso que harán campaña por el “No”, su consigna es una apuesta ciudadana por la vida, la defensa del territorio y la vocación campesina, más allá de cualquier distingo político. El gobierno responde con la inclusión de un “mico” en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que le daría piso legal a su posición frente al presupuesto de las consultas populares.
Impulsadas por los colectivos que han abanderado la defensa de la ecorregión del Sumapaz como Nuestro Páramo, Guacaná, Gusta Guchipas, Veeduría Ambiental y Tierra Libre, se esperan jornadas intensas de pedagogía en barrios y veredas, y los acostumbrados cierres culturales que envíen el mensaje de que cuando es el pueblo quien decide, el pueblo se alegra, canta, baila y hace fiesta. Las consultas son apenas un peldaño de una tarea más profunda, el ordenamiento comunitario del territorio es allí donde los conocimientos campesinos se ponen a prueba con las decisiones colectivas.
En el siglo de la democracia participativa, será un 21 de octubre cuando la gente del común le vuelva a decir a sus gobernantes: nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotros ¡Agua sí, Petróleo No!
Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-regreso-de-las-consultas-populares-articulo-814187
Construir nuestro propio modelo de desarrollo
28 septiembre, 2018 Autor: Movimientom4.org
En Honduras se ha vuelto casi una normalidad el hecho que las comunidades se levanten en protesta contra la instalación de una minera, de una hidroeléctrica o de un proyecto turístico. La razón es simple: estos proyectos representa la expulsión de la misma comunidad, la privatización de los ríos y la contaminación del ambiente. Oponerse es defender la vida, así lo han entendido las comunidades.
Los inversionistas, nacionales y extranjeros, van y se instalan sin importar la opinión de los habitantes que siempre han vivido en esa comunidad. El reclamo es que esos proyectos invaden, no son consultados con sus pobladores. Es así como la resistencia se ha expandido por casi todos los departamentos del país, principalmente los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Intibucá, Atlántida, Colón, Choluteca, Valle.
Ya El Salvador nos ha dado luces de la ruta que se debe seguir para buscar prohibir en el país los proyectos que buscan generar jugosas ganancias para unos pocos y la muerte para muchos. En El Salvador desmontaron todas las mentiras que la industria habla. Se venden como el centro del desarrollo del país. Generan empleos y riquezas a los estados. Datos que son refutados incluso por el propio Instituto Nacional de Estadísticas que señala que la minería no genera siquiera los 12 mil empleos directos, y si se le sumarán los empleos indirectos de toda la industria minera, éstos llegan ni siquiera a 20 mil empleos en un país de desempleados.
El gran mito del modelo extractivista es que generan riqueza económica sin embargo en las comunidades donde se instalan se respira pobreza, no generan empleos ni los ingresos justos en los pagos de impuestos e incluso muchas de esas empresas están exoneradas del pago de tributos.
Honduras está avanzando a momentos críticos y muy peligrosos donde la protesta social se criminaliza y se persigue a los rostros visibles del descontento nacional. Pero esta difícil situación de conflictividad, donde los mineros y los hidroeléctricos ponen a pelear a los hondureños contra los propios hondureños, es la oportunidad para construir nuestra propia visión desde el desarrollo tomando en cuenta la protección y conexión directa con los bienes comunes.
Según los números y el análisis que realiza el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Fosdeh, Honduras se puede dar el lujo de rechazar el modelo extractivo porque no genera riqueza más bien provoca más pobreza. Ésta es la oportunidad.
Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/construir-nuestro-propio-modelo-de-desarrollo/
Colombia: los miedos que genera la delimitación del páramo de Pisba
28 septiembre, 2018 Autor: Juan David Olmos / Semana Sostenible y Mongabay Latam
Conflicto Relacionado: Paramo Pisba
El afán por delimitar los complejos de páramos dejó un problema social en Pisba. No se consultó a la población y mucha gente quedó dentro de los límites. Entre los campesinos persiste la incertidumbre sobre su futuro.
Este páramo es uno de los más poblados de Colombia. Cerca de 6500 personas viven y desarrollan actividades de agricultura, ganadería y minería en él. El reto para el gobierno colombiano es garantizar su protección sin perjudicar las condiciones de vida de las personas que viven ahí.
No es la niebla. Desde hace un tiempo el panorama es borroso en el complejo de páramos de Pisba, ubicado en la frontera entre los departamentos de Casanare y Boyacá, en el oriente de Colombia. Sus habitantes sienten que el gobierno nacional los puso en una gran disyuntiva: escoger entre su sustento o el agua. La intención de preservar y conservar el recurso hídrico llevó a que en 2015 se prohibieran las actividades mineras y la mayoría de prácticas agropecuarias en zona de páramo. La sensación para ellos es que eso significará, de facto, la obligación de abandonar sus tierras ancestrales.
La delimitación de Pisba, la única que falta de los 36 complejos de páramos colombianos, determinará en qué zona los pobladores pueden seguir trabajando normalmente. Anteriormente, hubo un proyecto de delimitación que cobijó a cerca de 6500 campesinos —y convirtió a Pisba en el páramo más habitado del país—, pero quedó aplazado por una acción de tutela que falló el Tribunal Administrativo de Boyacá el 9 de agosto de 2018. Ahora, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) tiene un año para definir nuevamente el área que será objeto de protección.
Todo empezó hace poco más de un año, cuando unos contratistas del Ministerio de Ambiente llegaron a “socializar” el proyecto sobre la delimitación del páramo que estaba elaborando la entidad. José Lisandro Rojas, un líder de la comunidad del municipio de Tasco, los ayudó a convocar a los campesinos de la zona y a organizar diversos talleres. No llegaron a consultar, sino a comunicar: “Tal es la ‘nueva’ zona de páramo y, por ley, ahí no pueden volver a explotar la tierra”. “Nadie verificó dónde estábamos, dónde había potrero o ecosistema virgen; solo trazaron la frontera desde un escritorio”, cuenta José Lisandro, con el tono seco y tajante propio de esa región de Boyacá.
Básicamente les dijeron que montaña adentro de la carretera de la vereda Calle Arriba es páramo y que allá no podían dedicarse a ninguna actividad. No hay una línea natural geográfica de donde empieza el páramo. En algunas zonas el páramo está arriba de los 2900, en otras, sobre los 3100. En otros casos, la delimitación sigue la línea de una carretera. Una división aparentemente aleatoria que, como podría esperarse, tiene muy molestos a los oriundos de los 12 municipios que comparten este complejo de páramos: Chita, Gámeza, Jericó, Labranzagrande, Mongua, Pisba, Socotá, Socha y Tasco, en Boyacá, y La Salina, Sácama y Támara, en Casanare.
A José Lisandro le parece absurdo que consideren que su parcela hace parte del páramo. En sus dos hectáreas de tierra no hay frailejones, ni paja blanca, ni musgo, ni ninguna característica típica de este ecosistema. Su terreno, en la vereda Calle Arriba, se ve exactamente igual que el de sus vecinos al otro lado de la carretera: una parcela de pasto, otra de tierra negra revuelta por la papa recién cosechada y la vegetación propia de un bosque altoandino. Ellos pueden seguir cultivando sin problemas, pero él no.
Esta es la situación generalizada de muchos de los 6234 habitantes del páramo de Pisba. Allá llegaron sus ancestros hace más de 200 años a colonizar los valles de las quebradas que bajan de las montañas entre los 3000 y 3500 metros, cuenta Freddy Acevedo, otro poblador de la región. Desde entonces se vive de la minería de carbón, la ganadería y el cultivo de papa, amapola, maíz, habas, trigo y cebada.
Freddy, por ejemplo, ha pasado sus 33 años cultivando papa en su parcela, a unos 3100 metros de altura, en el municipio de Gámeza, Boyacá. Con este trabajo sostiene a su esposa y sus dos hijos, pero ahora teme que el gobierno lo obligue a irse. “No nos corrió la guerrilla, que estaba por todos estos lados —hubo dos tomas del municipio en 1995 y 2000—. Y ahora es el gobierno el que nos va a sacar corriendo”.
A pesar de ese miedo, el desplazamiento de las personas no está contemplado en la norma. La reciente Ley de Páramos es clara en que las únicas prohibiciones sobre la zona protegida serán las actividades de minería, la construcción de infraestructura, la quema y disposición final de residuos, la fumigación y el uso de maquinaria para actividades agropecuarias. La pequeña agricultura será posible, pero dependerá del Plan de Manejo Ambiental que expidan las corporaciones autónomas regionales (CAR) sobre la zona. En este caso Corpoboyacá y Corporinoquia.
Pero, de todas formas, el rumor que corre entre los pobladores del páramo es que los van a desalojar, de una manera u otra. El mismo alcalde de Gámeza, Édgar Cruz, lo asegura: “Sí va a haber expropiaciones porque si la gente no va a poder cultivar, cuidar un animal o explotar la parte minera, ¿de qué va a subsistir? Este tipo de resoluciones, obviamente, va a obligar a que la gente abandone sus parcelas. En Bogotá, el senador ponente del proyecto, Luciano Grisales, lo que nos dice es que la delimitación se hace porque se hace. ‘Así nos toque meter el Esmad’ (grupo especial de la Policía colombiana que opera en manifestaciones, protestas y disturbios)”, asegura.
Ahora, la preocupación del alcalde Cruz es que las autoridades ambientales no aprovechen los 11 meses extra que les dio el Tribunal Administrativo de Boyacá para consultar la delimitación con los habitantes. Ya ha transcurrido un mes y aún no ha tenido contactos con el ministerio. En teoría, el 10 de septiembre la cartera terminó el cronograma de actividades para la nueva delimitación, y así lo presentó a los medios de comunicación. Pero aún no se conocen los detalles y el alcalde Cruz niega haberlos recibido. Semana Sostenible y Mongabay Latam contactaron al Ministerio de Ambiente para conocer más detalles sobre el proceso, pero no hubo respuesta.
Ante la falta de claridad, los rumores en la zona vuelan. “A este ritmo, va a haber una explosión social”, dice José Lisandro.
¿Por qué no consultaron?
El 26 de mayo, el Mads publicó el proyecto de resolución con el que delimitaba el páramo de Pisba, apegándose en su totalidad a la línea que trazó en 2013 el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt a escala 1:100.000. Pero, Carlos Sarmiento, exinvestigador del instituto y quien coordinó la recolección de estos insumos, explica que se pensó como una sugerencia para el gobierno, no algo definitivo.
“Para el Humboldt, la delimitación era una decisión más política que técnica, ya que se puede hacer por diferentes variables: se podría reconocer lo que queda de vegetación de páramo, y posiblemente limitar su capacidad de recuperación y de abastecimiento de agua, o delimitar lo que debería ser páramo, y terminar afectando a un montón de gente”, señala Sarmiento.
El instituto optó por esta última opción, consciente de que en 2002 el ministerio había emitido una resolución en la que reconocía como zona de páramo todo lo que alguna vez lo fue, incluyendo el terreno transformado. Además, según Carlos Sarmiento, el proyecto ‘Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos: páramos y humedales’ que reportaron al gobierno debían ser solo una guía. En otras palabras, la intención era delegarle al ministerio la decisión política de integrar o no los factores sociales.
Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 dejó escrito que se debían seguir los criterios del Humboldt y que cualquier cambio de rumbo en la línea debía estar plenamente sustentada científicamente. “En la práctica, le dijeron al ministerio que se limitara a los insumos que ya había trazado el Instituto”, explica Sarmiento. De ahí que la delimitación pase actualmente por muchos lugares a 2900 metros de altura, en zona de bosque altoandino y por predios como los de Freddy y José Lisandro.
Arriba en el páramo
Mientras tanto, entre los 3400 y 3600 msnm, donde se empiezan a ver las primeras muestras de páramo virgen y algunos frailejones de hasta 90 centímetros de altura, se sigue apreciando una degradación del ecosistema.
Esto sucede, en parte, porque la delimitación quedó en veremos. El fallo de la acción de tutela alargó un año más la prohibición de la minería. No por nada fueron los empleados de una gran minera multinacional, Bulk Trading, quienes presentaron la tutela ─mecanismo legal que busca proteger los derechos fundamentales de los colombianos—. Hoy, muchas mineras siguen operando en la vereda El Mortiño del municipio de Socha, “arrojando todas las aguas residuales a la quebrada El Tirque”, dice Campo Elías Rodríguez, profesor de la vereda y activista ambiental.
En 2017, Rodríguez presentó por medio de la Defensoría del Pueblo una acción popular que logró cerrar una mina de la empresa Carbones Andinos y con la que el Tribunal Administrativo de Boyacá exhortó al Mads a delimitar el páramo en escala de 1:25.000 (más detallada que la actual 1:100.000) para diciembre del año pasado. Pero el ministerio no cumplió con esa fecha, y ahora, “por las acciones de las empresas mineras, que han engañado a la gente diciendo que los van a sacar, reversaron ese mandato”, cuenta.
Mientras tanto, Rodríguez asegura que empresas mineras siguen explotando carbón a solo un par de metros de la laguna de Socha y echando su aguas residuales a la quebrada El Tirque. Hernando Bello, socio de Agrocoal, una de ellas, se defiende diciendo que “la gente es envidiosa. Muchos dicen que estamos pinchando acuíferos y contaminando el agua, pero nada que ver, acá el agua que se infiltra es muy poca”.
Como sea, las aguas de El Tirque, de las que se surte el acueducto del municipio de Socha, muestra el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano más alto de la zona y el segundo más alto de Boyacá, según datos de 2016.
Muchos campesinos que viven en lo más alto de Pisba siguen sacando su ganado a pastar en zonas de páramo virgen. Son pocos los que, como Carlos Márquez, tienen la opción de poner sus 400 hectáreas a la venta e irse a trabajar debajo de la línea de páramo —aunque no hay cómo, ya que ante la eventualidad de una delimitación, nadie quiere comprarlas. Él espera, al menos, tres millones por hectárea, pero la venta no sale ni por ese precio—.
Márquez sabe que la única opción es que las compre el Estado. Esto es, de hecho, lo que piden muchos de los dueños de páramo virgen. Si no se puede tocar la tierra, que el municipio se encargue de ella y les reconozcan su valor.
“Uno no entiende, si no se podía vivir acá, para qué pusieron escuelas en el páramo (hay dos), y para qué nos pusieron luz, y sin que lo pidiéramos siquiera”, cuenta Camilo Cruz, otro habitante de la vereda de Santa Bárbara, en Tasco.
Una vez degradado el ecosistema de páramo, este puede tardar mucho en recuperarse. Depende de la zona, la intensidad y el tipo de explotación, dice Carlos Sarmiento, pero, en general, “allá los tiempos de recuperación son muy diferentes. La actividad minera en el páramo de Chingaza finalizó en los años setenta, y hasta hoy la recuperación de la zona es apenas un paquetico de musgo pequeño. Nada que ver con lo que era. Y eso es poco; en algunos casos, el daño es irreversible”.
Lo extraño es que la mayoría de campesinos entienden que la delimitación sí se debe hacer, pero insisten en que debe hacerse con la comunidad. “Acá ha cambiado la cultura. Antes la gente llegaba y tumbaba frailejones para hacer potrero. Ya no. Uno quizás no es el más consciente, pero sí entiende un poquito, y sabe que si cuida la fuente de agua eso lo va a beneficiar”, dice Martín Salamanca, administrador de una finca en la vereda Daita, en Gámeza.
En el municipio de Tasco, por ejemplo, los grupos ambientalistas montaron hace dos años un paro en la vía para sacar a la minera Hunza Coal por explotar en el páramo. Mauricio Reyes, uno de los manifestantes y hoy concejal del municipio, cuenta que lograron, “a punta de quejas a Corpoboyacá y visitas a medios, que las autoridades al fin se atravesaran”. Y en Socha está el caso del profesor Campo Elías Hernández como muestra de que en la zona cada vez hay mayor conciencia medioambiental.
Para Carlos Sarmiento, las cosas van por buen camino: la Ley de Páramos, como el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, sugiere la necesidad de ayudar a cambiar poco a poco el modo de vida de los campesinos. Eso sí, “el manejo tiene que ser diferencial. Debe haber una zonificación que reconozca unas áreas de conservación estricta, pero otras de uso sostenible”.
En ese sentido, el concejal Mauricio Reyes asegura que “se puede hacer un cambio de actividad productiva, lo que no se puede es que sea de un día para otro. Tiene que ser con apoyo técnico del Estado”. Reyes está a la espera de ver “qué se inventa el gobierno”. Eso sí, para él, la cosa no se logra mientras el Estado quiera solucionar el problema detrás de un escritorio, sin meterse la mano al bolsillo para apoyar la reconversión productiva de los campesinos y sin meterse los pies en las botas, para recorrer la región de principio a fin.
Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/paramo-de-pisba-problema-social-colombia/
Por decisión del ANA, tierras de comunidades terminarían inundadas con aguas contaminadas con metales
28 septiembre, 2018 Autor: Red Muqui.org
Más de 100 comuneros y representantes de 11 comunidades campesinas de las regiones de Pasco y Junín se movilizaron ayer frente a las oficinas de la Autoridad Nacional del agua ANA. Exigen que se anule una resolución que trae como consecuencia la inundación de sus tierras con aguas contaminadas con metales tóxicos provenientes del Lago Chinchaycocha en Junín.
El ANA al emitir la Resolución No 369-2018-ANA-AAAX MANTARO, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, ha aprobado un programa de descargas de la represa que se encuentra cerca al Lago Chinchaycocha. Los pobladores afirman que se hecho de manera arbitraria, sin considerar el volumen almacenado ni los impactos para las tierras de las comunidades que se usa para la ganadería en época de verano. Esta resolución aprueba una cota Máxima, o límite de embalse de la represa, de 4,081.5 msnm que las comunidades señalan no es sustentable.
Hermogenes Solórzano Bermúdez, fiscal del comité de vigilancia ambiental comunal Chinchaycocha, afirmó que por más de 80 años las comunidades circundantes al Lago Chinchaycocha son inundadas sus tierras anualmente por las aguas provenientes es del rio San Juan desde Pasco, aguas que contienen metales pesados, de pasivos mineros de Pasco. Esta situación se agravaría con la decisión del ANA. Así se estaría contaminando miles de hectárea de tierras productivas para la ganadería, así como ponen en riesgo el habitad de miles de especies de aves, y otras especies alto andinas que anidan en el lago.
Solórzano aseguró que en los alrededores del Lago Chinchaycocha hay pasivos ambientales mineros que pertenecen a la empresa estatal Activos Mineros y que estaban en proceso de remediación. Con el aumento de descargas se cubriría con agua los pasivos mineros, y los trabajos de remediación no se culminarían.
Los funcionarios del ANA recibieron a un comité de representantes. Solorzano aseveró que se espera que la Institución realice los estudios técnicos pertinentes y no los perjudique. También pide que se investigue a la empresa Electro Perú, hidroeléctrica que opera en la zona y a la que culpan de constantes inundaciones y desviaciones de cauce del río San Juan.
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/792-por-decision-del-ana-tierras-de-comunidades-terminarian-inundadas-con-aguas-contaminadas-con-metales
Los datos del canon minero y los desafíos del desarrollo regional
28 septiembre, 2018 Autor: Cesar Flores Unzaga ,Cooperacción.org
En julio se presentaron las cifras del canon minero distribuido para el año 2018[1]. Las transferencias de canon mostraron una mejoría respecto al año anterior, lo cual es una buena noticia para las regiones. Así, en el 2017 se transfirieron a los gobiernos sub nacionales (regionales y locales) por este concepto S/.1,862 millones, mientras que en el 2018 las transferencias llegaron a S/.3,157 millones.
A pesar de esta mejora, el canon sigue mostrando una alta volatilidad y aún se encuentra por debajo de los niveles pico que alcanzó en el 2007 o 2012. Por ejemplo, en el 2012 Arequipa recibió S/.781 millones y en el 2018 S/.531 millones, en el 2012 La libertad recibió S/.547 millones y en el 2018 S/.254 millones, en el 2012 Cusco recibió S/.357 millones y en el 2018 S/.211 millones, tendencia que se repite en las demás regiones. Sólo en Ancash las transferencias de canon en el 2012 y 2018 han sido similares, alcanzado S/.1,003 y S/.1,085 millones, respectivamente. En la mayoría de regiones con actividad minera el nivel más bajo de transferencia de canon se produjo el 2016 debido a la caída de los precios de los minerales.
Luego de 25 años de expansión minera, cabe preguntarse, si el canon minero está siendo efectivo para sentar las bases del desarrollo regional. Además de la volatilidad ya expuesta, su actual diseño presenta varios cuestionamientos.
Uno de las principales críticas es que genera una fuerte desigualdad entre jurisdicciones distritales, provinciales y regionales. Los ratios de distribución de la empresa Las Bambas en Apurímac, que actualmente ya paga regalías, orientan el 25% de los recursos transferidos de la minería hacia el distrito de Challhuahuacho y el 20% a los otros cinco distritos de la provincia de Cotabambas. Por su parte, el resto de distritos, provincias, gobierno regional y universidades en Apurímac recibirán el 55% restante. Generar este tipo de desarrollo desigual no ha sido positivo para mejorar las condiciones de vida y dinamizar la economía en espacios territoriales ampliados como el nivel provincial o regional y, más bien, han favorecido las lógicas de “enclave”. Ciertamente, la propuesta del canon comunal, planteada en el Congreso, que concentraría el 30% de los recursos que recibe el gobierno distrital en las comunidades de influencia directa agravaría esta situación[2].
Otro de los problemas en el diseño del canon es que está determinado por ley básicamente a obras de infraestructura. En efecto, en los últimos años el canon ha sido utilizado principalmente para la construcción de carreteras, mantenimiento de infraestructura, infraestructura educativa, saneamiento, entre otros. Sin embargo, el cierre de las brechas de infraestructura sólo es una de los ejes que favorecen el desarrollo a largo plazo. Waldo Mendoza en su análisis sobre las barreras al crecimiento de Cajamarca identifica cuatro factores que deberían abordarse para sostener el desarrollo de esta región: a) reducción de déficits en infraestructura, y en educación y salud[3], b) complejidad económica y productividad, c) institucionalidad y d) planificación local y regional. Por ejemplo, se reclama constantemente la falta de capacidades en los niveles de sub nacionales de gobierno, sin embargo, los recursos del canon están vetados para el fortalecimiento de la institucionalidad local. Para que las regiones y el país den un siguiente paso en la senda de un desarrollo integral debe avanzar en cada uno de estos ejes de manera paralela y articulada, y los recursos del canon podrían ayudar en ello.
En setiembre de este año se aprobó la ley 30848 que permite ampliar los usos del canon dentro de las regiones para el financiamiento de programas de vivienda social impulsados por el gobierno nacional[4]. A pesar del impacto positivo en la población, lo cierto es que en el Perú se ha tendido a canalizar el aporte al desarrollo que podría tener la minería preferentemente a través del sector construcción –un común denominador de la mayoría de las propuestas recientes–. Este diseño refleja además un direccionamiento del canon hacia una lógica economicista pues este tipo de gasto conduce a aumentar el PBI regional y nacional en el corto plazo.
En la otra orilla, están retos no atendidos con este tipo de recursos como la lucha contra la anemia que presenta un alto índice en varias regiones con actividad minera. Como se sabe una respuesta a este problema requiere de una inversión menor en infraestructura y un mayor gasto corriente, siendo su abordaje clave y urgente para salvaguardar y fortalecer las capacidades humanas de corto y largo plazo de muchos compatriotas en situación de vulnerabilidad. Caminar en esta ruta, no obstante, requiere de un abordaje multidimensional e integral del desarrollo.
[1] El canon se publica y se distribuye a las regiones en el mes de julio.
[2] Actualmente la mayoría de comunidades de zonas de influencia directa reciben ya un aporte social preferencial por parte de las empresas mineras, lo que ha generado importantes brechas de atención social respecto al resto de comunidades del mismo distrito y provincia.
[3] Incluye cobertura y calidad del servicio.
[4] Modificación del artículo 6 de la Ley del canon (Ley 27506):
6.2. […] También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo MIVIVIENDA, según corresponda. […]
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-datos-del-canon-minero-y-los-desafios-del-desarrollo-regional/
28 septiembre, 2018 Autor: LA Razón / Remamx.org
Además de destruir la naturaleza, la minería informal está creando zonas en las que impera la explotación sexual.
Según alerta un estudio presentado días atrás por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la minería no solamente está destruyendo la biodiversidad de varios municipios del norte de La Paz, Potosí y de Oruro; sino que además ha creado zonas donde impera la prostitución, la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando.
En efecto, esta investigación, elaborada con el apoyo de la Embajada de Suecia, la organización holandesa de Cooperación Sudamericana ICCO y el movimiento Vuela Libre, logró identificar lenocinios en los que se explotan sexualmente a adolescentes e incluso a niñas provenientes de diferentes regiones del país en lugares en los que miles de cooperativistas se han asentado en busca de metales preciosos. En concreto, este fenómeno se habría arraigado en los municipios paceños de Caranavi, Guanay, Tipuani, Teoponte y Mapiri; en Uncía y Llallagua (Potosí); en la localidad orureña de Huanuni y en las ciudades capitales de Potosí y Oruro.
Si bien se conocen casos de mujeres que fueron forzadas para trasladarse de un lugar a otro, este estudio alerta que el principal gancho para atraer a las víctimas de este nefasto negocio sería la falsa promesa de un empleo bien remunerado en centros mineros. Promesa ofertada incluso por agencias de trabajo que termina convirtiéndose en una pesadilla cuando las adolescentes engañadas llegan a su lugar de destino.Este fue el caso por ejemplo de una muchacha beniana de 16 años que fue contactada para trabajar en una pensión en Guanay, pero que terminó siendo explotada sexualmente. De igual manera, una mujer de Beni denunció a la Defensoría del Pueblo que su hija de 13 años fue llevada hasta Teoponte por un minero para trabajar como cocinera, pero terminó convirtiéndose en una víctima más de la violencia sexual.
Hablamos de una terrible realidad que no es desconocida por las autoridades locales ni tampoco por las fuerzas del orden. Por caso, el Alcalde de Mapiri confirmó a este diario que existen “indicios” sobre la presencia de menores que estarían siendo explotadas sexual y laboralmente en ese municipio. Pero como la municipalidad no habría recibido denuncias al respecto, no han tomado cartas en el asunto. A su vez, el Director de la FELCC de La Paz confirmó que tienen información sobre la existencia de “lenocinios en centros auríferos, en la frontera entre Perú y Bolivia”, donde las mujeres bolivianas estarían siendo explotadas sexualmente.
Estos testimonios ponen en relieve la imperiosa urgencia de adoptar políticas de Estado encaminadas a poner un alto a la minería informal, tanto más importantes por cuanto se trata de una actividad que no solo destruye el patrimonio natural de todos los bolivianos sin aportar ni un solo centavo al erario público, sino que además, y peor aún, está creando zonas donde la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando son moneda corriente, como bien alerta el informe que suscita este comentario.
Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/explotacion-sexual-y-mineria/
Avalan Consulta Popular contra la minería y las represas en Timaná
28 septiembre, 2018 Autor: Héctor Fabio Muñoz Figueroa , La Voz de la Región
La Registraduría Municipal del Estado Civil, notificó a los promotores de la iniciativa que las firmas y demás trámites realizados desde hace varios meses para impulsar una elección que permita a la ciudadanía decidir si se implementan o no represas y proyectos de minería, se ajusta a la Ley.
Mediante la Resolución No. 025 de 2018, la Registraduría certificó el cumplimiento de los requisitos que el Comité Impulsor de la Consulta Popular que un grupo de ciudadanos timanenses conformó para preguntarle a la comunidad si aceptan o no la implementación de proyectos minero energéticos y la construcción de represas para generación eléctrica.
El escrito, avaló las firmas necesarias para impulsar el llamado a urnas establecido en la legislación y que permitirá a la ciudadanía manifestarse conforme al mecanismo de participación ciudadana.
Pedro Nel Jiménez Sterling, impulsor de la iniciativa indicó que desde el pasado mes de diciembre se realizaron en varios sectores de Timaná una serie de actividades informativas tendientes a concientizar a la comunidad sobre el peligro que pueden implicar para el territorio la incursión de proyectos de ese tipo, por lo que se dieron a la tarea de recolectar las firmas necesarias para convocar la figura de participación.
Tras recaudar los apoyos y presentarlos a la Registraduría Municipal del Estado Civil, ésta analizó cada una de las etapas del trámite y certificó que este se ajusta a lo dispuesto en la normatividad certificando que la Consulta Popular podrá ser convocada.
De las 5.337 firmas recolectadas, 3.037 son válidas y dado que solo se requieren 1.553 para lograr que el tramite siga su curso, el registrador Luis Eduardo González Pama notificó la decisión de legalidad del proceso.
Ahora será el Concejo Municipal de Timaná quien en sesiones extraordinarias ratifique la consulta para lo cual deberán mediante un Acuerdo Municipal solicitar al Tribunal Administrativo del Huila que certifique el llamado a elecciones mediante el estudio del proceso ciudadano.
Así las cosas, indico Jiménez Sterling, una vez el cabildo timanense defina en 20 días hábiles y el Tribunal Administrativo del Huila haga lo propio luego de otros 15 días, serán notificados el gobierno nacional y las autoridades electorales junto con el alcalde municipal para que se haga la elección popular en la que los habitantes de Timaná respondan SI o NO a la pregunta: “ESTÁ USTED DE ACUERDO CON QUE EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA SE EJECUTEN PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA A MEDIANA Y GRAN ESCALA?”.
“La Consulta Popular, de ser avalada por las instancias subsiguientes, podría realizarse entre enero y febrero de 2019, y constituiría un hito en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución Política de Colombia”, finalizó el dirigente social.
Fuente:http://lavozdelaregion.co/avalan-consulta-popular-contra-la-mineria-y-las-represas-en-timana/
Gobierno ordena paralización de faenas en empresas del Barrio Industrial Quintero Puchuncaví
27 septiembre, 2018 Autor: Minsal.cl
Conflicto Relacionado: Ventanas-Codelco-Puchuncaví
Con la aprobación del Decreto Supremo que permite establecer la Alerta Sanitaria para la zona de Quintero Puchuncaví, se informa la implementación de las siguientes medidas para la reducción de fuentes emisoras contaminantes, las que entran en vigencia a partir de las 00:00 horas de este jueves 27 de septiembre:
1. Paralización de las principales fuentes emisoras de dióxido de Azufre:
– Codelco Ventanas deberá detener 3 de los 9 ciclos de operación diaria, reduciendo así en un tercio sus emisiones.
– AES Gener deberá detener completamente su unidad generadora Número 1, la más antigua y contaminante del complejo.
2. Paralización total de operaciones generadoras de compuestos orgánicos volátiles en las empresas del sector hidrocarburos.
Las empresas Oxiquim, Copec, Gasmar, ENAP Quintero, Enex y GNL Quintero, deberán paralizar las siguientes fuentes o actividades:
– Tratamiento de RILES con hidrocarburos que no cuenten con sistemas de cubrimiento que eviten atmósferas explosivas.
– Emisiones fugitivas por almacenamiento y movimiento de productos volátiles en estanques de techo fijo.
– “Venteos” de gases COV’s por parte de las embarcaciones en la bahía Quintero Puchuncaví.
– Carga de camiones en islas que no estén dotadas de sistemas de control de emisiones evaporativas.
– Ejecución de mantenciones de estanques y sistemas de tratamiento.
– Adicionalmente, se establece la exigencia de operar en forma óptima las antorchas, es decir, a máximo flujo y con encendido automático.
Estas medidas deberán hacerse efectivas de manera inmediata a partir de las 00:00 horas de este jueves 27 de septiembre, con la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que establece la Alerta Sanitaria en la zona y estarán vigentes al menos por 48 horas, y hasta que las empresas presentes en el barrio industrial Quintero Puchuncaví entreguen sus respectivos Planes Operacionales, que serán solicitados por la SEREMI de Salud de la V Región y que permitirán establecer las nuevas medidas sanitarias cada vez que la situación así lo requiera.
Adicionalmente, y con los recursos propios de la alerta Sanitara, se reforzarán los planes de fiscalización del cumplimiento de todas estas medidas en las empresas señaladas porque, tal como lo ha señalado el Presidente Sebastián Piñera, la salud de las personas es lo primero.
Fuente:http://www.minsal.cl/gobierno-ordena-paralizacion-de-faenas-en-empresas-del-barrio-industrial-quintero-puchuncavi/
27 septiembre, 2018 Autor: Asamblea de Vecinos por el NO A LA MINA- Esquel
En Chubut, algunos funcionarios están tan obsesionados con la zonificación como las empresas. Siguen sin comprender que la gente no quiere minería. O tal vez lo comprendan pero no les importe.
La zonificación minera «es una decisión que pasa por la cabeza del Gobernador, que está estudiando y escuchando a los sectores» dijo Martín Cerdá, titular del área de Hidrocarburos del Chubut, a FM del Viento de Puerto Madryn. Agregó que se avanzó en conversaciones con los directivos de la minera Pan American Silver, que “el Gobernador va a tomar la mejor decisión para los chubutenses. Y para tomar esa decisión para que no haya errores, no haya equivocaciones, se necesita tener mucha información, los consensos sociales, tener claras cuestiones de regulación impositiva» y que «esto se llevará al ámbito de la Legislatura para que los diputados puedan tratar el cambio o no de esta ley que hoy tenemos».
Al parecer, Cerdá tiene serios inconvenientes para comprender la realidad. Y la legalidad. Pero desborda de un optimismo tal que roza la soberbia. O el desprecio hacia la gente.
Los gobernantes y funcionarios deben escuchar al pueblo. La realidad demuestra que la gran mayoría de los chubutenses que habitan la meseta rechazan el Proyecto Navidad y que, al igual que la inmensa mayoría de las ciudades costeras, son conscientes de que la minería en la provincia agotaría un bien escaso como es el agua, indispensable para la vida misma. Es curioso que la “realidad” de Cerdá sea la misma que las de las empresas extractivas.
En cuanto a la “legalidad”, resulta increíble que a 15 años de la sanción de la Ley 5001, actual Ley 68, Cerdá desconozca el art. 2 de la norma que reza, textualmente: “El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley”.
Ciento veinte días son cuatro meses Cerdá. Y aunque ud. vea a Navidad como «un proyecto serio, sumamente responsable y sustentable.” Y sostenga que «Ninguna empresa que desarrolle la actividad minera quiere tener un problema con el medio ambiente porque eso impacta directamente en los que invierten en la actividad, porque las empresas cotizan en bolsa. Y ante un mínimo error se pueden ver perjudicadas sus acciones. Entonces nadie quiere meter la pata, nadie quiere no tener recaudos en el medio ambiente» creemos necesario sugerirle que se remita a los repetidos y tristes incidentes ocurridos en Veladero o a los hechos recientemente conocidos ocurridos en Santa Cruz . La seguridad del pueblo de Chubut no está al resguardo de su soberbia Sr. Cerdá. Tampoco de las prácticas puramente acumulativas de las empresas mineras.
Asamblea de Vecinos por el NO A LA MINA- Esquel
Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42006-obsesionados-con-la-zonificacion

References: artículo 14
sui generis
 artículo 33
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 artículo 6
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