Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/5914
Timestamp: 2020-05-31 20:20:40+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 312/2006
SENTENCIA 312/2006, de 8 de noviembre
ECLI:ES:TC:2006:312
1. El día 19 de mayo de 2000 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional un escrito del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala, de 2 de mayo de 2000, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, por su posible contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los arts. 117.3 y 118 CE.
2. La cuestión trae causa del recurso contencioso-administrativo núm. 52/97, promovido por don Francisco García-Moreno Fernández contra la Resolución de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, de 18 de noviembre de 1996, por la que se concedió a doña Ana Cáceres Marzal autorización provisional para la apertura de una oficina de farmacia en la localidad de Valverde de Leganés (Badajoz).
Doña Ana Cáceres Marzal en fecha 9 de agosto de 1996 solicitó el traslado de la oficina de farmacia de la c/Nueva de San Roque, núm. 16, a la c/Mariana Pineda, núm. 8, de Valverde de Leganés, lo que fue autorizado por Resolución de la Consejería de Bienestar Social de 6 de septiembre de 1996. Don Francisco García-Moreno Fernández interpuso recurso contencioso-administrativo contra la referida Resolución (núm. 2462/96), que no consta en las actuaciones remitidas con el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad que hubiera sido resuelto por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el momento de suscitarse la misma.
Doña Ana Cáceres Marzal en fecha 2 de octubre de 1996 solicitó autorización provisional para la apertura de la oficina de Farmacia en la localidad de Valverde de Leganés, c/María de Pineda, núm. 8, al amparo de la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, que le fue concedida por Resolución de la Consejería de Bienestar Social de 18 de noviembre de 1996. Don Francisco García-Moreno Fernández interpuso recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución (núm. 52/97), en el que se suscita la presente cuestión de inconstitucionalidad.
3. Concluidos los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 52/97, con suspensión del término para dictar Sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por providencia de 27 de enero de 2000, acordó oír a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días formulasen alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre “determinados artículos de la L. A. Farmacéutica de Extremadura 3/96 de fecha 25 de junio, dependiendo el fallo de su validez y existiendo dudas respecto de su constitucionalidad por motivos de competencia”.
4. En el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad el órgano judicial proponente realiza, en síntesis, las siguientes consideraciones:
a) Comienza por señalar que para la resolución de la controversia suscitada en el proceso a quo resulta imprescindible la aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, por cuanto la autorización discutida se ha otorgado precisamente con base en la citada disposición.
b) Seguidamente la Sala proponente analiza si la mencionada disposición transitoria segunda pudiera lesionar lo dispuesto en el art. 24.1 CE, en relación con los arts. 117.3 y 118 CE. El primero de los citados preceptos constitucionales otorga a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva; por su parte el art. 117.3 CE dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde a los Jueces y Tribunales determinados por las Leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan; y, en fin, el art. 118 CE impone la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como de prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. A partir de dichos preceptos constitucionales concluye afirmando que el proceso de ejecución goza de protección constitucional, por lo que no cabe duda de que si una norma con rango de ley impide la efectividad de las resoluciones judiciales se dará el supuesto contemplado en el art. 5 LOPJ a efectos de promover la oportuna cuestión de inconstitucionalidad, pues el legislador está sometido al art. 24.1 CE, de modo que no tiene cabida en nuestra Constitución ninguna ley o régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto sea el de sacrificar de forma desproporcionada el pronunciamiento de una resolución judicial firme o, en otras palabras, que no exista de forma manifiesta proporción entre el interés perseguido por la ley y el concreto interés encarnado por el fallo a ejecutar.
5. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de septiembre de 2000, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, registrada con el núm. 2861-2000; dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, al Fiscal General del Estado, así como a la Asamblea y al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo improrrogable de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que tuvieran por conveniente; y, en fin, publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Extremadura”.
6. Mediante escrito registrado en fecha 6 de octubre de 2000 la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó que la Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones.
7. Mediante escrito registrado en fecha 11 de octubre de 2000 el Abogado del Estado manifestó que el Gobierno no formularía alegaciones en este procedimiento.
8. La Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 11 de octubre de 2000, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
a) Opone como óbice procesal a la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad que la providencia de fecha 27 de enero de 2000, por la que se abrió la fase de alegaciones a las partes acerca de la pertinencia de su planteamiento, no se ajustó a Derecho, al no indicarse en la misma precepto alguno, ni esbozar ningún razonamiento en los que pudiera fundarse la posible duda de constitucionalidad, refiriéndose únicamente a “determinados artículos de la Ley de atención farmacéutica de Extremadura de los que existe duda respecto de su constitucionalidad por motivo de competencia”.
Pues bien, es doctrina constitucional reiterada que la providencia que abre dicha fase de alegaciones ha de concretar “los preceptos legales cuestionados y las normas constitucionales (STC 166/1986)”, cuya colisión da pie al planteamiento de la cuestión (SSTC 185/1990, de 24 de abril; 11/1999, de 11 de febrero). En este caso la providencia de 27 de enero de 2000 no satisface dichos requisitos, por lo que las partes tuvieron que atender a los argumentos expuestos por la actora, sin conocer en el momento procesal oportuno los motivos en los que la Sala consideraba que podía fundarse el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
b) En cuanto al tema de fondo suscitado, la Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura comienza por referirse a los presupuestos de hecho de la presente cuestión, de los que destaca que por Resolución de 30 de mayo de 1996 se le concedió a doña Ana Cáceres Marzal una autorización para la apertura de una oficina de farmacia en una localidad extremeña, al amparo del art. 3.1 b) del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, para atender a un núcleo de población de menos de 2000 habitantes. En ningún momento se ha impedido la revisión judicial de dicha autorización, ni consiguientemente el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva en todos sus aspectos, pues la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia en fecha 9 de septiembre de 1999, que anuló la referida autorización. Sentencia que no es aún firme por estar recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
c) A continuación la Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura expone la evolución del régimen jurídico de las autorizaciones de apertura de oficinas de farmacia.
El citado Real Decreto establecía un procedimiento que podía denominarse “general” de autorizaciones de apertura de farmacia, que constituía una especie de sistema concursal entre farmacéuticos (art. 4), regulando la Orden de 21 de noviembre de 1999 la forma de computar los méritos y las circunstancias que alegaran los solicitantes. Pero lo cierto es que dicho sistema en la realidad no funcionó, debido, por una parte, a la resistencia de los Colegios profesionales de farmacéuticos a su aplicación mientras tuvieron atribuidas competencias a tal fin, y, por otra parte, a la normativa tan restrictiva a la que se ha hecho referencia.
d) Con esta nueva regulación se pueden atender las necesidades de salud pública de la población en el ámbito farmacéutico. Ahora bien, el problema se planteaba respecto a las numerosas oficinas de farmacia autorizadas por la Junta de Extremadura con arreglo a la normativa anterior pero recurridas ante los Tribunales y que afectaban a muchos núcleos de población en los que, de acuerdo con la nueva normativa, podrían autorizarse nuevas oficinas de farmacia. No era posible ofertarlas en concurso hasta que los Tribunales se pronunciaran, pero, además, en el caso de que el pronunciamiento fuera desfavorable se perjudicaría sensiblemente a la población afectada, puesto que, si se acordaba el cierre de la farmacia, podían pasar varios meses hasta que se realizara la convocatoria y la resolución del concurso para volver a adjudicarla, con lo que los habitantes del núcleo donde hubiera estado ubicada la oficina de farmacia sufrirían durante bastante tiempo un perjuicio inmerecido que supondría un atentado contra su derecho a la salud constitucionalmente reconocido.
Así pues es evidente que la disposición legal cuestionada lo único que pretende es regular un régimen transitorio, sólo aplicable en los supuestos de poblaciones en las que, de acuerdo con los nuevos criterios de planificación farmacéutica, cabe autorizar una oficina de farmacia en el caso de anularse la farmacia ya autorizada al amparo del régimen jurídico anterior. Régimen provisional que pervive sólo hasta que se celebre el concurso definitivo de adjudicación con arreglo a la nueva normativa y que afecta a un escaso número de farmacias abiertas hoy en día. El objetivo que se pretende con este régimen transitorio no es otro que “asegurar la continuidad en la prestación del servicio farmacéutico”, es decir, que no se reduzca el nivel de atención farmacéutica alcanzado en dicha localidad hasta que se proceda a la apertura de la nueva oficina de farmacia con arreglo a los nuevos criterios de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio.
e) La disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, no tiene como objeto impedir la ejecución de las sentencias, ni el resultado de su aplicación es sin más el de su inejecución. Pero tampoco puede admitirse una extensión ilimitada de los efectos de una Sentencia.
El derecho de quien ha obtenido una sentencia judicial a su favor a su ejecución está protegido, entre otros, por el art. 24.1 CE, dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, y constituye un principio esencial de nuestro Ordenamiento jurídico, siendo una de las más importantes garantías para el funcionamiento del Estado de Derecho. Ahora bien, este principio fundamental no es ilimitado ni en el fondo ni en la forma, sino que debe ajustarse e interpretarse adecuadamente (STC 166/1998). En este sentido, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional sobre el mismo, ha de precisarse, en primer lugar, que las sentencias han de ejecutarse “en sus propios términos” (SSTC 67/1984, 167/1987 y 92/1988), lo que implica que este derecho a la ejecución que tiene todo ciudadano no es ilimitado, puesto que, por propia definición, impide que el órgano judicial que ha dictado la resolución “se aparte sin causa justificada de lo previsto en el fallo” (STC 210/1993). La segunda condición que matiza el derecho es la inmodificabilidad de las sentencias en fase de ejecución, lo que obliga necesariamente al órgano judicial a determinar si, en el momento de proceder a la ejecución de una resolución judicial, se ajusta o no al fallo y, en consecuencia, si las medidas adoptadas son o no correctas. La tercera característica es el “respeto a los límites de la pretensión” en los que se produjo la resolución judicial que se pretende ejecutar. Como conclusión de lo expuesto ha de afirmarse también que cualquier exceso en la fase de ejecución de una sentencia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues la ejecución de una resolución judicial no puede ser ciega, siendo posible “una interpretación razonada de la sentencia a ejecutar” (STC 180/1990).
f) A las precedentes consideraciones la Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura añade que es igualmente doctrina jurisprudencial asentada que la ejecución de una sentencia no puede realizarse en sus estrictos términos cuando se den determinadas circunstancias, entre ellas, una alteración sobrevenida del marco jurídico de referencia (SSTC 4/1988; 114/1990; SSTS de 3 de mayo de 1989; 23 de enero de 1996; 22 de enero de 1997). En este caso se ha producido una clara alteración sobrevenida del marco jurídico de referencia, puesto que la primera Sentencia que se pronuncia tiene como objeto el examen de un acto administrativo dictado al amparo de la legislación en materia de oficinas de farmacia que, con arranque en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento, estaba constituida por el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, y la Orden que lo desarrolla, mientras que la autorización provisional de apertura se enmarca dentro de una legislación absolutamente novedosa en cuanto a su contenido, como es la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica.
9. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 17 de octubre de 2000, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
a) El Fiscal General del Estado considera que la cuestión de inconstitucionalidad debe ser desestimada, sin necesidad de entrar en cuestiones tales como si, obtenida la oportuna ejecución provisional -mediante la prestación de una importante caución- y resuelta la casación antes de que se suscitase la cuestión de inconstitucionalidad, nos encontramos más bien ante un supuesto de ejecución de sentencia firme o de ejecución provisional, como afirma la Sala.
Es más que discutible que no se haya producido la ejecución provisional en sus propios términos. Como alegó la demandada en el recurso contencioso-administrativo, la Sentencia en su día dictada —que ya es firme— anuló la inicial autorización —entonces definitiva— de apertura de farmacia por aquélla solicitada e incluso ordenó su clausura. La nueva apertura se produce por una autorización provisional efectuada al amparo de la norma cuestionada. Pues bien, parece evidente la diferencia entre una autorización definitiva —únicamente sometida a control judicial— y otra provisional, sometida, para que se convierta en definitiva, a los complejos requisitos establecidos en la norma. Por ello puede afirmarse que hubo ejecución provisional en sus propios términos y que, en consecuencia, falla la premisa de que parte la Sala proponente.
b) Para el caso de que este Tribunal no lo entendiera así, el Fiscal General destaca que ciertamente la Sala proponente da la importancia que se merece al derecho a la tutela judicial efectiva —que incluye el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos—, pero parece olvidar que los Jueces y Tribunales han de resolver en todo caso sometidos al imperio de la Ley (art. 117.1 CE) y que un cambio normativo tan importante como el realizado en materia de servicios de farmacia —Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio, derogado por la Ley 16/1997, de 25 de abril, como norma estatal, y la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica— afecta o puede afectar, lógicamente, a decisiones adoptadas tanto por los órganos administrativos como judiciales que están en todo caso sometidos a dichas normas legales.
En consecuencia la tutela judicial efectiva que se dispensa mediante la ejecución provisional de una sentencia puede ceder ante el cambio normativo producido, en tanto en cuanto resulta evidente que su finalidad no es hacer ineficaces las resoluciones judiciales, sino determinar y regular el mejor modo de prestación del servicio sanitario- farmacéutico, lo que permite afirmar que el legislador autonómico —que, en cuanto nada se cuestiona, es competente para ello— tiene un margen de apreciación tanto en lo que se refiere a los establecimientos definitivos como a una regulación transitoria, supeditada al cumplimiento de unos requisitos y a un nuevo procedimiento de autorización definitiva una vez quede resuelta en vía judicial el objeto litigioso.
En definitiva, el Fiscal General del Estado entiende que la presente cuestión de inconstitucionalidad debe ser desestimada, bien porque la norma legal objeto del proceso constitucional no ha incidido en el derecho a la tutela judicial efectiva, bien porque, si se afirma tal incidencia, la misma está plenamente justificada mediante una adecuada ponderación de los intereses en conflicto: de una parte, el derecho de un particular a obtener una ejecución provisional -que se traduce en el presente caso en el ejercicio monopolístico de la profesión de farmacéutico-; de otra, el interés general de la prestación continua y satisfactoria, a juicio del legislador, de la atención farmacéutica, que es uno de los aspectos en que se manifiesta el derecho a la salud, que ha de considerarse un interés constitucionalmente protegido y suficientemente relevante como para que pueda predominar —de acuerdo con el margen de apreciación que corresponde al legislador— frente a aquél.
10. El Letrado de la Asamblea de Extremadura evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 18 de octubre de 2000, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
Esta es la autorización provisional que se pretende combatir en el recurso contencioso- administrativo núm. 52/97, del que trae causa la presente cuestión de inconstitucionalidad. Se trata de la autorización para la apertura de una oficina de farmacia de carácter provisional otorgada al amparo de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, que establece nuevos parámetros para la prestación del servicio de farmacia, al revisar las condiciones de establecimiento de la prestación sanitario-farmacéutica, y que otorga una protección provisional a quienes acrediten una situación de hecho que haga suponer la prestación de un servicio en las condiciones mínimas establecidas por la nueva norma. No es más que el efecto del tránsito de una situación jurídica anterior a la nueva que supone una modificación en las condiciones y requisitos establecidos para la prestación del servicio de atención farmacéutica, tratando de respetar las situaciones de autorización provisional, sin perjuicio del pronunciamiento posterior de los Tribunales mediante la sentencia definitiva que se dicte.
11. El día 14 de agosto de 2000 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional un escrito del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala, de 20 de julio de 2000, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, por su posible contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los arts. 117.3 y 118 CE.
12. La cuestión trae causa del recurso contencioso-administrativo núm. 345/97, promovido por doña Adela Álvarez Mellado, don Tomás Blanca Adame y don Matías Leza Tizón contra la Resolución de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, de 14 de enero de 1997, por la que se concedió a doña María Dolores Ruiz Álvarez autorización provisional para la apertura de una oficina de farmacia en la localidad de Miajadas.
13. Conclusos los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 345/1997, con suspensión del término para dictar Sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por providencia de 7 de junio de 2000, acordó oír a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días formulasen alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, por posible vulneración del art. 24.1 C.E., en relación con sus arts. 117.3 y 118.
14. En el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reproduce la argumentación recogida en su anterior Auto de 2 de mayo de 2000, por el que se acordó el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad registrada con el núm. 2861- 2000. Argumentación de la que se ha dejado constancia en el apartado 4 de los antecedentes de esta Sentencia y que ahora se da por reproducida a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
15. La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de diciembre de 2000, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, registrada con el núm. 4573-2000; dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, al Fiscal General del Estado, así como a la Asamblea y al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo improrrogable de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que tuvieran por conveniente; y, en fin, publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Extremadura”.
16. Mediante escrito registrado en fecha 27 de diciembre de 2000 el Abogado del Estado manifestó que el Gobierno no formularía alegaciones en este procedimiento.
17. El Letrado de la Asamblea de Extremadura evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 10 de enero de 2001, en el que reprodujo sustancialmente las alegaciones efectuadas con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2861-2000, recogidas en el apartado 10 de los antecedentes de esta Sentencia, interesando, en consecuencia, de este Tribunal que dictase Sentencia desestimatoria de la presente cuestión de inconstitucionalidad y declarase expresamente la adecuación de la disposición legal cuestionada a la Constitución.
18. La Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 16 de enero de 2001, en el que reprodujo sustancialmente las alegaciones efectuadas con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2861-2000, recogidas en el apartado 8 de los antecedentes de esta Sentencia, salvo en el extremo relativo al óbice procesal que opuso a la admisión a trámite de esta última cuestión, interesando, en consecuencia, de este Tribunal que dictara Sentencia desestimatoria de la presente cuestión de inconstitucionalidad y declarase expresamente la adecuación de la disposición legal cuestionada a la Constitución.
19. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 18 de enero de 2001, en el que, dada la identidad de una y otra cuestión de inconstitucionalidad, se remetió, dándolas por reproducidas, a las alegaciones efectuadas con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2861-2000, recogidas en el apartado 9 de los antecedentes de esta Sentencia, interesando, en consecuencia, de este Tribunal Constitucional que dictase Sentencia desestimatoria de la presente cuestión de inconstitucionalidad, previa su acumulación a la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2861-2000.
20. Mediante escrito registrado en fecha 23 de enero de 2001 el Presidente en funciones del Congreso de los Diputados comunicó que la Cámara no se personaría en el procedimiento, ni formularía alegaciones.
21. El Pleno del Tribunal Constitucional, tras evacuar las partes personadas el correspondiente trámite de alegaciones, por ATC 270/2005, de 21 de junio, acordó acumular la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4573-2000 a la registrada con el núm. 2861-2000.
22. Por providencia de 8 de noviembre de 2006 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el mismo día.
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura plantea sendas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, disposición cuyo tenor literal es el siguiente:
“Con el fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio farmacéutico, el titular de la Consejería de Bienestar Social podrá otorgar autorizaciones provisionales de Oficinas de Farmacia para aquellas que hayan sido autorizadas con anterioridad por la Junta de Extremadura y se encuentren en tramitación judicial, incluidas aquellas sobre las que haya recaído resolución denegatoria, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1ª. Que cumplan los requisitos de planificación de Oficinas de Farmacia previstos en esta Ley.
2. Que así lo soliciten los titulares de las autorizaciones en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Las autorizaciones provisionales caducarán cuando se realicen los procedimientos definitivos de autorización. En dichos procedimientos, que se convocarán una vez recaiga sentencia firme, sólo podrán participar aquellos solicitantes que en su momento iniciaran el expediente de apertura dentro de esa localidad y en el mismo núcleo en que fue autorizada, siempre que no disponga de Oficina de Farmacia abierta en la actualidad distinta de la que es objeto del mismo”.
2. Con carácter previo al enjuiciamiento del tema de fondo suscitado es preciso examinar el óbice procesal que la Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura opone a la admisión de la primera de las cuestiones planteadas, registrada con el núm. 2861-2000, por estimar que no se ha cumplido debidamente el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal dispuesto en el art. 35.2 LOTC. Argumenta al respecto que la providencia de 27 de enero de 2000, por la que por vez primera se abrió dicho trámite de audiencia, no se ajustó a los requisitos legalmente exigidos, pues el órgano judicial ni precisó el precepto legal cuestionado, ni esbozó ningún razonamiento en el que pudiera fundarse la posible duda de constitucionalidad, por lo que las partes y el Ministerio Fiscal tuvieron que atender a los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito de demanda. Asimismo la Sala en la providencia de 9 de marzo de 2000, por la que se abrió por segunda vez el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, se limitó a mencionar, sin más precisión, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), cuya amplitud y contenido plural impide entender debidamente cumplimentado el requisito procesal del trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal establecido en el art. 35.2 LOTC.
Es doctrina constitucional reiterada que el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal previsto en el art. 35.2 LOTC debe satisfacer dos funciones que le son inherentes: de un lado, garantizar una efectiva y real audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal ante una posible decisión de tanta entidad como lo es la apertura de un proceso constitucional, poniendo a disposición del órgano judicial un medio que le permita conocer con rigor la opinión de los sujetos interesados; y, de otro lado, facilitar el examen por parte de este Tribunal acerca de la viabilidad de la cuestión misma y el alcance del problema constitucional en ella planteado. En tal sentido, este Tribunal ha insistido en que la importancia del trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC no puede minimizarse reduciéndolo a un simple trámite carente de más trascendencia que la de su obligatoria concesión, cualesquiera que sean los términos en que ésta se acuerde, debiendo versar las alegaciones de las partes y del Ministerio Fiscal fundamentalmente sobre la vinculación entre la norma citada y apreciada por el órgano judicial como cuestionable y los supuestos de hecho que se dan en el caso sometido a su resolución, así como sobre el juicio de conformidad entre la norma y la Constitución. Por ello la providencia por la que se otorgue el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal ha de especificar los preceptos legales cuestionados y los preceptos constitucionales que se consideren por aquélla vulnerados, o bien, a falta de una cita concreta de los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados, ha de identificar mínimamente la duda de constitucionalidad —indeterminación relativa— ante quienes han de ser oídos, para que sobre la misma puedan versar las alegaciones, exigiendo en todo caso tal indeterminación relativa que las partes hayan podido conocer el planteamiento de la inconstitucionalidad realizado por el órgano judicial y, atendiendo a las circunstancias del caso, situarlo en sus exactos términos constitucionales y pronunciarse sobre él. Finalmente es preciso que en el Auto de planteamiento de la cuestión no se introduzcan elementos nuevos que los sujetos interesados en el proceso no hayan podido previamente conocer ni, por ello, apreciar o impugnar su relevancia para el planteamiento de la cuestión, privándose así al órgano judicial de la opinión de aquéllos y no facilitándoles su reflexión sobre los mismos, pues ello es susceptible de desvirtuar el trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC [por todas, SSTC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 4; 126/1997, de 3 de julio, FJ 4 a); 120/2000, de 10 de mayo, FJ 2; AATC 152/2000, de 13 de junio; 65/2001, de 27 de marzo; 199/2001, de 4 de julio; 3/2003, de 14 de enero; 367/2003, de 13 de noviembre; 60/2005, de 2 de febrero; 56/2006, de 15 de febrero; 135/2006, de 4 de abril; 164/2006, de 9 de mayo].
3. Es conveniente examinar el contexto normativo en el que se inserta la disposición legal cuestionada, antes de proceder a su enjuiciamiento constitucional.
La Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica tiene como objeto principal, según se indica en su art. 1, regular y planificar la prestación de la atención farmacéutica dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Para su consecución el legislador autonómico, en el ejercicio de su competencia en materia de sanidad e higiene y en el marco de la legislación básica del Estado (Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio, posteriormente derogado por la Ley 16/1997, de 25 de abril), entre otras medidas legislativas que adopta, sustituye los criterios que en materia de autorización de oficinas de farmacia se establecían en el preconstitucional Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, por el que se regulan los procedimientos de autorización, establecimiento, transmisión e integración de oficinas de farmacia, por unos nuevos criterios con los que se pretende responder a las peculiaridades geográficas y demográficas de la Comunidad Autónoma. En ese sentido, a los efectos que ahora interesan, se señala en la exposición de motivos de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, que “la obligatoriedad que tienen los poderes públicos de garantizar la adecuada prestación del servicio farmacéutico en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, es la razón por la cual la Comunidad Autónoma debe amoldar la normativa sobre autorización de Oficinas de Farmacia a las peculiaridades geográficas y demográficas de la región extremeña dado que la regulación actual [Real Decreto 909/1978, de 14 de abril], al exigir un incremento [sic] demográfico de 4.000 habitantes para la autorización de una nueva Oficina de Farmacia imposibilita de hecho la apertura en todos los pueblos y ciudades de la región, excepto en las capitales. Por otra parte -continúa la exposición de motivos- la vía excepcional del núcleo de población de al menos 2.000 habitantes, que contempla el art. 3.1.b) del Real Decreto 909/1978, tampoco sirve como instrumento eficaz en el caso de la región extremeña, pues al exigir una distancia mínima de 500 metros con las Oficinas de Farmacia ya existentes y dadas las características urbanísticas de nuestros pueblos, esta vía excepcional resulta prácticamente inviable. Igualmente la vía excepcional del artículo 3.1.b) tampoco permite la instalación de Oficinas de Farmacia en pedanías y entidades locales menores, pues aunque son núcleos aislados de población, casi nunca alcanzan la cifra de 2.000 habitantes, dándose la paradoja de que un municipio de 500 habitantes tendría derecho a una Oficina de Farmacia y una entidad local menor de 700 habitantes no”. Así pues, se concluye al respecto en la exposición de motivos, “el objetivo principal de la presente norma es el desarrollo del artículo 8.5 [actual 8.4] del Estatuto de Autonomía, estableciendo los criterios generales de planificación y ordenación farmacéutica a fin de incardinar este servicio de interés público dentro del Sistema Nacional de Salud, teniendo como marco lo preceptuado en el artículo 88 de la Ley del Medicamento”.
En consecuencia los criterios de planificación establecidos en el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, para la autorización de la apertura de oficinas de farmacia son sustituidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura por los que aparecen recogidos en los arts. 8 a 10 de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio. De conformidad con las nuevas previsiones de la Ley autonómica se dispone como principio básico de planificación en orden a la apertura de oficinas de farmacia la posibilidad de que pueda existir al menos una oficina de farmacia en todos los municipios y también en las entidades locales menores, poblados, pedanías o cualquier otra entidad inferior al municipio siempre que tengan una población superior a 400 habitantes. Asimismo se establece que la proporción de oficinas de farmacia será de una por cada 1.800 habitantes, previéndose que las autorizaciones de las siguientes oficinas de farmacia sean por tramos a partir de 1.801-3.600 habitantes, 3.601-5.400 habitantes y así sucesivamente. Se reducen las distancias mínimas entre oficinas de farmacia a 250 metros, que es la misma distancia que deben guardar respecto a los centros sanitarios, pretendiéndose con este criterio de planificación, según se indica en la exposición de motivos de la Ley, “adecuar el establecimiento de Oficinas de Farmacia a las peculiaridades urbanísticas de nuestros pueblos”. Por lo que se refiere al procedimiento para la concesión de autorización para la apertura de una nueva oficina de farmacia, se prevé su adjudicación mediante concurso por la Administración autonómica en función de un baremo de méritos, respetando en todo momento el mandato constitucional de igualdad, libre concurrencia y publicidad (art. 11). Y, en fin, se regulan también los requisitos técnicos y materiales que deben reunir los locales de las oficinas de farmacia (art. 13).
4. Centrada la duda de constitucionalidad en la posible vulneración por la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE), conviene traer a colación la doctrina de este Tribunal referente al significado y extensión del mencionado derecho fundamental en los extremos y aspectos que interesan para la resolución de este proceso. En este sentido, hemos de precisar que pese a la confusión a la que puede inducir la redacción de los Autos de planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad, en los que el órgano judicial se refiere unas veces a un pronunciamiento firme de ejecución provisional y otras a la ejecución provisional de la Sentencia de instancia, en realidad lo que cuestiona en uno y otro supuesto, como revelan las circunstancias determinantes de los procesos en los que se han planteado las cuestiones de inconstitucionalidad, es la constitucionalidad de la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, por hacer imposible o ilusoria, a juicio del órgano judicial, la ejecución provisional de las sentencias dictadas en instancia en aplicación del régimen jurídico precedente a la ley autonómica (Real Decreto 909/1978, de 14 de abril) y que anularon las autorizaciones de apertura de oficinas de farmacia concedidas por la Administración autonómica. En efecto, la concreta duda de constitucionalidad que al órgano judicial le suscita la disposición legal cuestionada se plantea en relación con la ejecución provisional de la sentencia de instancia que acuerda la anulación de la autorización concedida al amparo del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, encontrándose pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto contra ella ante el Tribunal Supremo. En este contexto el Auto por el que se acuerda la ejecución provisional de dicha Sentencia ciertamente es firme, pero dicha resolución y, por tanto, también su firmeza, reviste un carácter meramente instrumental respecto a la Sentencia cuya ejecución provisional ha sido acordada por el órgano judicial.
a) Situada la duda de constitucionalidad en el ámbito de la ejecución provisional de las resoluciones judiciales, ha de recordarse que este Tribunal ha afirmado reiteradamente que una de las proyecciones del derecho reconocido en el art. 24.1 CE es el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la efectividad otorgada por el Ordenamiento, lo que implica, de un lado, el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios términos y, de otro, el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas (SSTC 171/1991, de 16 de septiembre, FJ 3; 198/1994, de 4 de julio, FJ 3; 197/2000, de 24 de julio, FJ 2; 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4, entre otras muchas). Ahora bien, tratándose de la ejecución provisional de las sentencias, hemos precisado que no estamos ante un derecho fundamental directamente comprendido en el art. 24.1 CE, sino ante un derecho de configuración legal, que el legislador puede establecer en los diferentes órdenes jurisdiccionales sometiéndolo a determinados requisitos y garantías, dictados tanto en interés de la buena administración de justicia como en orden a la adecuada protección de los intereses de las partes en el proceso (SSTC 80/1990, de 26 de abril, FJ2; 87/996, de 21 de mayo, FJ 3; 105/1997, de 2 de junio, FJ 2; 191/2000, de 13 de julio, FJ 8; 266/2000, de 13 de noviembre, FJ 4; 5/2003, de 20 de enero, FJ 5). Incluso, supuesto el reconocimiento por el legislador del derecho a la ejecución provisional de las sentencias, hemos afirmado que no se trata de un derecho absoluto, pues ni siquiera el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes —directamente derivado del art. 24.1 CE— se presenta como un derecho absoluto —como, por otra parte, no lo es ningún derecho fundamental (STC 105/1997, de 2 de junio, FJ 4)—, habiendo admitido al respecto este Tribunal que el legislador puede establecer límites al pleno acceso a la ejecución de las sentencias, siempre que sean razonables y proporcionales respecto de fines constitucionalmente lícitos para el legislador (SSTC 4/1988, de 21 de enero, FJ 5; 113/1989, de 22 de junio, FJ 3; 292/1994, de 27 de octubre, FJ 3; 176/2001, de 17 de septiembre, FJ 2).
b) En este sentido, en relación con el derecho a la ejecución en sus propios términos de las resoluciones judiciales firmes, que deriva directamente, como hemos señalado, del art. 24.1 CE, y que constituye, por tanto, un canon de constitucionalidad bastante más riguroso que el derivado del derecho a la ejecución provisional de las sentencias, este Tribunal ha declarado que uno de los supuestos en los que el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos no impide que ésta devenga legal o materialmente imposible “es, precisamente, la modificación sobrevenida de la normativa aplicable a la ejecución de que se trate, o, si se quiere, una alteración de los términos en los que la disputa procesal fue planteada y resuelta, ya que, como regla general, una vez firme la Sentencia, a su ejecución sólo puede oponerse una alteración del marco jurídico de referencia para la cuestión debatida en el momento de su resolución por el legislador ... [S]iendo de recordar al respecto que el legislador ha previsto mecanismos para atender supuestos de imposibilidad legal o material de cumplimiento de las Sentencias en sus propios términos” (STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 9, con cita de la STC 41/1993, de 8 de febrero, FJ 2).
El Tribunal no ha descartado, sin embargo, que se puede infringir el art. 24.1 CE en aquellos supuestos en los que el efecto directo de una ley o del régimen jurídico de una materia en ella establecido sea, precisamente, el de impedir que un determinado fallo judicial se cumpla. En este sentido ha afirmado que podría producirse una lesión del art. 24.1 CE en aquellos supuestos en los que los efectos obstativos de una ley o del régimen jurídico en ella establecido para una concreta materia fuesen precisamente hacer imposible de forma desproporcionada que un determinado fallo judicial se cumpla, pues siendo indudable que la Constitución reconoce al legislador un amplio margen de libertad al configurar sus opciones, no es menos cierto que también le somete a determinados límites, entre ellos el que se deriva del art. 24.1 CE. Lo que se corresponde con la importancia que posee el logro de una tutela judicial efectiva y el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes en un Estado de Derecho como el que ha configurado nuestra Constitución en su art. 1.1, y constituye, además, patrimonio común con otros Estados de nuestro entorno europeo [art. 3, en relación con el art. 1 a) del Estatuto del Consejo de Europa, hecho en Londres el 5 de mayo de 1949]. Por tanto, “no tiene cabida en nuestra Constitución aquella ley o el concreto régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme. Si se quiere, dicho en otros términos, cuando de forma patente o manifiesta no exista la debida proporción entre el interés encarnado en la Ley y el concreto interés tutelado por el fallo a ejecutar. Pues en este caso, atendidas las características del proceso y el contenido del fallo de la Sentencia (SSTC 153/1992, de 3 de mayo, FJ 4, y 91/1993, de 15 de marzo, FJ 3), cabría estimar que tal Ley sería contraria al art. 24.1 en relación con los arts. 117.3 y 118 CE, al faltar la debida proporción entre la finalidad perseguida y el sacrificio impuesto (STC 4/1988, de 21 de enero, FJ 5)” (STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 11).
5. El examen de la constitucionalidad de la disposición legal cuestionada requiere determinar, en primer lugar, si existe o no el presupuesto del que parte la Sala al exponer la duda de constitucionalidad. Formalmente, como sostiene en su escrito de alegaciones la Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, es cierto que constituyen títulos jurídicos distintos la autorización conferida al amparo del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, anulada por la Sentencia cuya ejecución provisional se pretende, y la autorización provisional conferida con cobertura en la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio. No obstante, como admite el Fiscal General del Estado, no puede negarse que esta disposición transitoria, al permitir que la Administración autonómica pueda conceder autorizaciones provisionales a aquellas oficinas de farmacia cuyas autorizaciones previas otorgadas al amparo del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, han sido impugnadas jurisdiccionalmente, o anuladas por resolución judicial en aplicación del régimen jurídico precedente al que introduce la ley autonómica, hace legal o materialmente imposible o ilusoria la ejecución provisional en sus términos de las Sentencias que declaren la nulidad de las autorizaciones concedidas por la Administración autonómica con base en el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, pues aquellas autorizaciones provisionales impiden que se lleve a efecto la clausura de la oficina de farmacia cuya autorización ha sido anulada. De modo que la disposición legal cuestionada se erige en obstáculo a la ejecución provisional en sus propios términos de la Sentencia contraria a la apertura de la oficina de farmacia, pese a que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el derecho a la ejecución provisional de las sentencias recurridas en casación estaba reconocido en la derogada Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 (art. 98, en la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal de la Ley de enjuiciamiento civil, Ley de enjuiciamiento criminal y Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa), como también lo está ahora en la vigente Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 94.1).
6. Sentado el presupuesto en el que se sustenta la duda de constitucionalidad del órgano promotor de las cuestiones de inconstitucionalidad, hemos de indagar a continuación si la finalidad perseguida por la disposición legal cuestionada es constitucionalmente legítima. Al respecto hemos de resaltar, como ya hemos tenido ocasión de señalar, que esta disposición se inserta en el contexto normativo del nuevo régimen jurídico que establece en materia de atención farmacéutica la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio. Entre otras finalidades la ley pretende, en lo que aquí y ahora interesa, amoldar la preconstitucional normativa sobre establecimiento y autorización de oficinas de farmacia (Real Decreto 909/1978, de 14 de abril), a “las peculiaridades geográficas y demográficas de la región extremeña” —como se indica en la exposición de motivos—, superando de esta forma los obstáculos que se derivaban del régimen jurídico precedente a la apertura de oficinas de farmacia en todos los pueblos y ciudades de la Comunidad Autónoma, excepto en las capitales. En definitiva, con unos criterios de planificación menos restrictivos que los recogidos en el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, y a la vez más adaptados a las peculiaridades geográficas y demográficas de la Comunidad Autónoma, la ley pretende facilitar el acceso de la población a la atención farmacéutica mediante, entre otras medidas, la apertura de más oficinas de farmacia. En este contexto normativo se inserta su disposición transitoria segunda, cuya finalidad, como en ella misma se reconoce, es asegurar la prestación del servicio farmacéutico de acuerdo con los nuevos criterios de planificación que se establecen en la ley autonómica, permitiendo la continuidad, hasta su adjudicación definitiva, de aquellas oficinas de farmacia autorizadas al amparo del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, y que satisfacen los nuevos criterios de planificación farmacéutica, pese a que se encuentren impugnadas en vía jurisdiccional e incluso haya recaído resolución judicial anulando la autorización. Así pues la disposición legal cuestionada trata de impedir los perjuicios que para la población de distintas localidades que ha alcanzado un determinado nivel de atención farmacéutica pudieran derivarse de la clausura de oficinas de farmacia en aplicación del régimen jurídico precedente, cuando, sin embargo, éstas se acomodan a los nuevos criterios de planificación farmacéutica que establece la ley autonómica, evitando mediante la concesión de autorizaciones provisionales que las poblaciones de esas localidades se vean privadas de dichas oficinas de farmacia durante el tiempo que transcurra entre su clausura, como consecuencia de la ejecución de las sentencia anulatorias de la autorización precedente, y la convocatoria y resolución de los concursos para su definitiva adjudicación, que inevitablemente tienen que producirse al acomodarse la apertura de tales oficinas de farmacia a los nuevos criterios de planificación farmacéutica. De modo que el único interés perseguido por la disposición legal cuestionada no es otro que el de asegurar y mantener en beneficio del interés de la población el nivel de atención farmacéutica del que ya disfrutaba o había disfrutado, y que se adecúa a los nuevos criterios de planificación recogidos en la ley autonómica, hasta tanto se lleven a cabo la convocatoria y resolución de los procedimientos de adjudicación definitiva, que determinarán la caducidad de las autorizaciones provisionales.
Las precedentes consideraciones permiten concluir que la finalidad perseguida por la disposición legal cuestionada es una finalidad legítima en atención al bien constitucionalmente protegido. En efecto, no requiere mayor esfuerzo argumental la afirmación de que una medida como la contemplada en la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, mediante la que se pretende facilitar a la población un mayor nivel de atención farmacéutica, garantizándole el que ya disponía, y que se adecúa a los nuevos criterios de planificación establecidos por el legislador hasta tanto se proceda a la adjudicación definitiva de las oficinas de farmacias provisionalmente autorizadas, conecta con intereses constitucionalmente relevantes, como son los relativos a la protección de la salud (art. 43 CE). Precepto que, no sólo reconoce en su apartado primero el derecho a la salud, sino que en su apartado segundo encomienda a los poderes públicos “tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las personas y servicios necesarios”. En este sentido no es ocioso señalar que la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad configura las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios (art. 103.2), habiéndose referido a ellas este Tribunal como “establecimientos sanitarios privados de interés público” que satisfacen el “interés público sanitario presente en la dispensación de medicamentos”, estando conectado el desempeño de la titularidad de una oficina de farmacia a intereses relativos a la protección de la salud (STC 109/2003, de 5 de junio, FFJJ 3, 8, 13 y 14; en el mismo sentido, STC 153/2003, de 17 de julio, F J 3).
7. Por último, en la ponderación de los intereses en conflicto ha de concluirse que no cabe apreciar en este caso la existencia de una manifiesta o patente desproporción entre el interés encarnado en la disposición legal cuestionada y el concreto interés tutelado por el fallo de la Sentencia cuya ejecución provisional se pretende.
Type et numéro d'enregistrement Cuestión de inconstitucionalidad 2861-2000, 4573-2000
Planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura respecto a la disposición transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de atención farmacéutica.
Es legítima la finalidad perseguida por la disposición cuestionada de facilitar a la población un mayor nivel de atención farmacéutica hasta que se proceda a la adjudicación definitiva de las oficinas de farmacias provisionalmente autorizadas al conectar con intereses constitucionalmente relevantes, como son los relativos a la protección de la salud [FJ 6].
El interés general de la población en que se le facilite un adecuado nivel de atención farmacéutica, es lo suficientemente relevante para que pueda predominar frente al interés de un particular a obtener una ejecución provisional [FJ 7].
La disposición impugnada, al permitir que la Administración autonómica pueda conceder autorizaciones provisionales a aquellas oficinas de farmacia cuyas autorizaciones previas han sido anuladas por resolución judicial en aplicación del régimen jurídico precedente, hace ilusoria la ejecución provisional en sus términos de las Sentencias que declaran la nulidad [FJ 5].
La ejecución provisional de las sentencias no es un derecho fundamental directamente comprendido en el art. 24.1 CE, sino un derecho de configuración legal, que puede establecerse sometido a determinados requisitos y garantías, dictados tanto en interés de la administración de justicia como en el de las partes en el proceso (SSTC 80/1990, 5/2003) [FJ 4 a)].
No tiene cabida en nuestra Constitución la Ley o el régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto sea el de sacrificar el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme cuando no exista la debida proporción entre el interés encarnado en la Ley y el concreto interés tutelado por el fallo a ejecutar (SSTC 4/1988, 73/2000) [FJ 4 b)].
La efectividad de la tutela judicial obtenida en el marco de una determinada ley no es de por sí razón suficiente para afirmar un posible vicio de inconstitucionalidad de una ley ulterior que modifique aquélla en cuya aplicación se obtuvo la tutela, si dicha ley nueva se acomoda a los límites constitucionales [FJ 4 b)].
Doctrina sobre el trámite de audiencia en la cuestión de inconstitucionalidad (SSTC 166/1986, 120/2000; AATC 152/2000, 164/2006) [FJ 2].
Artículo 98 (redactado por la Ley 10/1992, de 30 de abril), f. 5
Artículo 43, ff. 6, 7
Artículo 8.4 (redactado por la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo)
Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio. Ampliación del servicio farmacéutico a la población
Artículos 8 a 11, 13, f. 3
Disposición transitoria segunda, ff. 1 a 6
Contenido del derecho a la tutela judicial efectivaContenido del derecho a la tutela judicial efectiva, ff. 4, 5
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, ff. 4, 7
Derechos de configuración legalDerechos de configuración legal, ff. 4, 7
Ponderación de interesesPonderación de intereses, f. 7
Atención farmacéuticaAtención farmacéutica, ff. 4 a 7
Modificación legal sobrevenidaModificación legal sobrevenida, f. 4
Oficinas de farmaciaOficinas de farmacia, ff. 4 a 7
Ejecución de sentenciasEjecución de sentencias, ff. 4, 7
Ejecución provisional de resoluciones judicialesEjecución provisional de resoluciones judiciales, ff. 4, 5, 7
ExtremaduraExtremadura, ff. 4 a 7

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 artículo 3
 artículo 8
 artículo 88
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Artículo 98

Artículo 43

Artículo 8