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Timestamp: 2018-03-23 03:35:16+00:00

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Ley 3/2003 de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 3/2003 DE 26 DE MARZO, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DE 3 DE ABRIL; BOE DE 24 DE ABRIL)
Título I. Principios generales (Arts. 1 a 4)
Art. 3. Principios de actuación
Art. 4. Estructura territorial
Título II. La organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Arts. 5 a 19)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 5 y 6)
Art. 6. Órganos y unidades administrativas
Capítulo II. Las consejerías y su estructura interna (Arts. 7 y 8)
Art. 7. Las consejerías
Capítulo III. Los consejeros (Arts. 9 a 11)
Art. 9. Los consejeros
Art. 10. De las atribuciones de dirección
Art. 11. De las atribuciones de gestión
Capítulo IV. Los órganos directivos de las consejerías (Arts. 12 a 16)
Art. 12. De los titulares de los órganos directivos
Art. 13. De los secretarios generales
Art. 14. De las atribuciones de los secretarios generales
Art. 15. De los directores generales
Art. 16. De las atribuciones de los directores generales
Capítulo V. Órganos colegiados (Arts. 17 a 19)
Art. 17. De los órganos colegiados
Art. 18. Requisitos generales de creación
Art. 19. Requisitos formales para la creación
Título III. La competencia (Arts. 20 a 33)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 20 a 23)
Art. 20. Principios de competencia
Art. 21. Instrucciones, circulares y órdenes de servicio
Art. 22. La abstención
Art. 23. La recusación
Capítulo II. La transferencia de la titularidad de la competencia (Art. 24)
Art. 24. La desconcentración
Capítulo III. La transferencia del ejercicio de la competencia (Arts. 25 a 29)
Art. 25. La delegación interorgánica
Art. 26. La delegación en favor de la administración instrumental
Art. 27. Publicidad y eficacia
Art. 28. La avocación
Art. 29. La delegación en favor de los entes territoriales
Capítulo IV. Otras formas de ejercicio de la competencia (Arts. 30 a 33)
Art. 30. La encomienda de gestión
Art. 31. La delegación de firma
Art. 32. La suplencia
Art. 33. La suplencia de los titulares de los órganos directivos y de otros órganos
Título IV. Derechos de los ciudadanos (Arts. 34 a 41)
Art. 34. Principios generales
Art. 35. Derecho de atención adecuada
Art. 36. Derecho a la imparcialidad administrativa
Art. 37. Derecho de presentación de escritos y documentos
Art. 38. Derecho de acceso a archivos y registros
Art. 39. Derecho a la calidad de los servicios públicos
Art. 40. Derecho de petición
Art. 41. Derecho de información
Título V. La actividad administrativa (Art. 42 a 69)
Art. 42. Forma de los actos administrativos
Capítulo I. La lengua (Arts. 43 y 44)
Art 43. Uso de las lenguas cooficiales en la actuación administrativa
Art. 44. Uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos administrativos
Capítulo II. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo (Arts. 45 a 52)
Art. 45. Del inicio del procedimiento, la declaración responsable y la comunicación previa
Art. 46. Tramitación y custodia de los expedientes
Art. 47. Efectos de la presentación de solicitudes y documentos
Art. 48. Actuaciones y documentación de los expedientes
Art. 49. Información de los procedimientos en tramitación
Art. 50. Duración de los procedimientos
Art. 51. Efectos del silencio
Art. 52. Ejecución de los procedimientos
Capítulo III. De la revisión de los actos en vía administrativa (Arts. 53 a 60)
Art. 53. El agotamiento de la vía administrativa
Sección 1.ª La revisión de los actos y de las disposiciones (Arts. 54 a 56)
Art. 54. Revisión de actos y disposiciones nulos
Art. 55. Declaración de lesividad de actos anulables
Art. 56. Revocación y rectificación
Sección 2.ª El régimen de recursos (Arts. 57 a 60)
Art. 57. Recurso de reposición
Art. 58. Recurso de alzada
Art. 59. Sustitución de los recursos administrativos
Art. 60. Recurso extraordinario de revisión
Capítulo IV. Las reclamaciones previas (Art. 61)
Art. 61. Reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral
Capítulo V. La actuación administrativa en materia tributaria (Art. 62)
Art. 62. Procedimientos en materia tributaria
Capítulo VI. La contratación administrativa (Arts. 63 a 66)
Art. 63. Régimen
Art. 64. Órganos de contratación
Art. 65. Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Art. 66. Recurso especial en materia de contratación
Capítulo VII. Potestad sancionadora (Arts. 67 y 68)
Art. 67. Principios de la potestad sancionadora
Art. 68. Órganos competentes
Capítulo VIII. Responsabilidad patrimonial (Art. 69)
Art. 69. El régimen de la responsabilidad patrimonial
Título VI. Servicios Jurídicos (Arts. 70 a 76)
Capítulo I. El asesoramiento jurídico (Arts. 70 a 72)
Art. 70. La Abogacía de la comunidad autónoma
Art. 71. Los servicios jurídicos de las consejerías
Art. 72. Coordinación
Capítulo II. La representación y defensa en juicio (Arts. 73 a 76)
Art. 73. Régimen general
Art. 74. Representación de los entes instrumentales (Derogado)
Art. 75. Autorizaciones para actuar
Art. 76. Comunicación con los órganos judiciales
Título VII. De las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma con las demás Administraciones públicas (Arts. 77 a 86)
Art. 77. Régimen general
Art. 78. Convenios de colaboración
Art. 79. Convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas
Art. 80. Firma de convenios y acuerdos
Art. 81. Autorización por el Consejo de Gobierno de convenios y acuerdos
Art. 82. Registro de convenios y acuerdos
Art. 83. Planes de actuación conjunta
Art. 84. Organizaciones personificadas de gestión
Art. 85. Consorcios
Art. 86. Sociedades mercantiles públicas (Derogado)
Primera. Excepciones del régimen general
Segunda. Actos administrativos dictados por los consejos insulares
Tercera. Secretarías generales
Cuarta. Inventario general de los órganos colegiados
Quinta. La Lengua
Sexta. Utilización de medios informáticos y telemáticos
Séptima. Inventario de los procedimientos administrativos
Octava. Sistema de gestión documental de los archivos
Única. Administración instrumental (Derogada)
Según establece la disposición adicional vigésima de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre (BOE de 30 de enero de 2004), de medidas tributarias y administrativas, todas las referencias al Departamento Jurídico de la comunidad autónoma contenidas en la presente Ley deberán entenderse realizadas a la Abogacía de la comunidad autónoma.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.—1. Esta ley regula, en el marco del régimen jurídico común a todas las administraciones públicas, la organización y el funcionamiento de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como las especialidades del procedimiento que le resultan de aplicación.
Artículo 2. Personalidad jurídica.—1. La Administración de la comunidad autónoma sirve con objetividad los intereses generales y desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo.
Artículo 3. Principios de actuación.—1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears actúa de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia, de jerarquía, de descentralización, de desconcentración y de coordinación, con sumisión plena a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 4. Estructura territorial.—La Administración de la comunidad autónoma se estructura fundamentalmente en órganos con competencia central. En consecuencia, cuando las características de la materia lo exijan, y de acuerdo con los mecanismos legalmente previstos, los consejos insulares y los municipios deben asumir, en el ámbito territorial establecido, las facultades ejecutivas correspondientes a competencias de la Administración autonómica.
Artículo 5. Órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.—1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears está constituida por órganos jerárquicamente ordenados.
Artículo 6. Órganos y unidades administrativas.—1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica y comprenden los puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de su cometido a una jefatura superior común.
Artículo 7. Las consejerías.—La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se organiza en consejerías, a las que corresponde el desarrollo de uno o de diversos sectores de actividad administrativa funcionalmente homogéneos.
Artículo 8. La organización interna de las consejerías.—1. Las consejerías, para el ejercicio de sus funciones, se estructuran en:
Artículo 9. Los consejeros.—1. Los consejeros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros del Gobierno, dirigen y gestionan la actividad administrativa de la consejería en los sectores correspondientes y asumen la responsabilidad inherente a esta dirección.
Artículo 10. De las atribuciones de dirección.—1. En todo caso, corresponde a los consejeros:
Artículo 11. De las atribuciones de gestión.—Corresponden a los consejeros, en el ámbito de las competencias materiales atribuidas a su consejería, las funciones siguientes:
Artículo 12. De los titulares de los órganos directivos.—1. Los titulares de los órganos directivos serán nombrados libremente por el Gobierno atendiendo a criterios de competencia profesional y de experiencia. En el ejercicio de sus funciones les resulta de aplicación:
Artículo 13. De los secretarios generales.—1. Los secretarios generales son los órganos directivos encargados de la gestión de los servicios comunes, así como de las funciones de asesoramiento jurídico y de apoyo técnico.
Artículo 14. De las atribuciones de los secretarios generales.—Corresponde al secretario general:
Artículo 15. De los directores generales.—1. Los directores generales son los órganos directivos encargados de la gestión de una o de diversas áreas funcionalmente homogéneas de cada consejería.
Artículo 16. De las atribuciones de los directores generales.—Corresponden a los directores generales las siguientes funciones:
Artículo 17. De los órganos colegiados.—1. Son órganos colegiados de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears aquellos que se creen de acuerdo con esta ley y que estén formados por tres o más personas, a los que se les atribuyan funciones administrativas de deliberación, asesoramiento, propuesta, seguimiento, control o decisión.
Artículo 18. Requisitos generales de creación.—Para la creación de un órgano colegiado se deben prever expresamente:
Artículo 19. Requisitos formales para la creación.—1. La creación de órganos colegiados de la Administración de las comunidad autónoma requiere norma específica en el caso de que se le atribuyan funciones de decisión, de propuesta, de emisión de informes preceptivos, o de seguimiento y control de otros órganos de la Administración.
Artículo 20. Principios de competencia.—1. La competencia es irrenunciable y la ejercerán los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia por el ordenamiento jurídico, salvo que su ejercicio se atribuya a otros órganos en las formas previstas legalmente.
Artículo 21. Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.—1. Los órganos superiores y directivos impulsan y dirigen la actividad administrativa por medio de instrucciones, circulares u órdenes de servicio.
Artículo 22. La abstención.—1. Los titulares de los órganos y el personal de la Administración de la comunidad autónoma y de su administración instrumental se abstendrán de intervenir en el procedimiento cuando incurran en alguna de las causas establecidas en la legislación estatal básica.
Artículo 23. La recusación.—1. Los interesados en un procedimiento pueden promover la recusación de los titulares de los órganos y del personal de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de su administración instrumental, cuando se cumpla alguna de las causas establecidas para la abstención en la legislación estatal básica.
Artículo 24. La desconcentración.—1. El Gobierno y los consejeros, en uso de su potestad reglamentaria, pueden desconcentrar las competencias propias de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma en otros jerárquicamente dependientes de éstos.
Artículo 25. La delegación interorgánica.—1. Los órganos administrativos, mediante acto motivado, podrán delegar el ejercicio de sus competencias, conservando la titularidad de las mismas, en otros órganos de la Administración autonómica del mismo rango o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes.
Artículo 26. La delegación en favor de la administración instrumental.—1. En los términos previstos en el artículo anterior, los consejeros podrán delegar el ejercicio de sus competencias en los órganos de dirección de los entes que integran la administración instrumental, adscritos a su consejería, siempre que este ejercicio sea compatible con el objeto y las finalidades del ente.
Artículo 27. Publicidad y eficacia.—La delegación de competencias, así como la revocación, producirán efectos a partir de su publicación en el Butlletí Oficial de las Illes Balears.
Artículo 28. La avocación.—1. La competencia se ejerce por avocación cuando los órganos superiores y directivos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears atraen el conocimiento y la resolución de un procedimiento determinado que corresponde, por cualquier título de atribución, a sus órganos dependientes.
Artículo 29. La delegación en favor de los entes territoriales.—Las competencias atribuidas a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se pueden delegar en otra administración territorial de las Illes Balears, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y en la normativa reguladora de los entes territoriales.
Artículo 30. La encomienda de gestión.—1. Las actividades de carácter material, técnico o de servicios de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma podrán encomendarse a otros órganos de la misma administración, incluidos otros entes públicos dependientes de ésta, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos apropiados para llevarlas a cabo. La encomienda de gestión se formalizará por acuerdo expreso de los órganos o de las entidades que intervengan.
Artículo 31. La delegación de firma.—1. Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar, en materias de su competencia atribuida por cualquier título, la firma de las resoluciones y de los actos administrativos en los titulares de los órganos o de las unidades administrativas que de ellos dependan, salvo los supuestos indelegables establecidos en esta ley.
Artículo 32. La suplencia.—1. Los titulares de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se substituirán en sus funciones, de manera temporal, en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante, de acuerdo con lo que establece esta ley, salvo lo que disponga la normativa específica para los miembros del Gobierno.
Artículo 33. La suplencia de los titulares de los órganos directivos y de otros órganos.—1. La suplencia de los titulares de los órganos directivos se llevará a cabo de la siguiente manera:
Artículo 34. Principios generales.—1. Los ciudadanos, en las relaciones con la Administración de la comunidad autónoma, tienen los derechos establecidos en esta ley, además de los que les reconozca la legislación básica del Estado.
Artículo 35. Derecho de atención adecuada.—Cualquiera que establezca una relación con la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears tiene derecho a ser atendido con cortesía, diligencia y confidencialidad, sin discriminaciones por razón de sexo, lengua, raza, religión, condición social, nacionalidad, origen u opinión.
Artículo 36. Derecho a la imparcialidad administrativa.—Los ciudadanos tienen derecho a que todos los órganos y todas las unidades administrativas integrantes de la Administración de la comunidad autónoma traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa, sin dilaciones indebidas.
Artículo 37. Derecho de presentación de escritos y documentos.— 1. Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar escritos y documentos en cualquier registro dependiente de la Administración autonómica, así como a obtener constancia de dicha presentación. Los encargados de los registros no podrán limitar o impedir la presentación por razones formales o derivadas del contenido del escrito, salvo en el caso de que del mismo documento no puedan extraer la información mínima necesaria para su tramitación.
3. Los ciudadanos tienen derecho a realizar por vía telemática los trámites necesarios para acceder a una actividad de servicios y a su ejercicio.
Este párrafo ha sido añadido por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre (BOCAIB del 25), de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
VIGENTE DE 3 DE JULIO DE 2010 A 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.
Artículo 37. Derecho de presentación de escritos y documentos.—1. Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar escritos y documentos en cualquier registro dependiente de la Administración autonómica, así como a obtener constancia de dicha presentación. Los encargados de los registros no podrán limitar o impedir la presentación por razones formales o derivadas del contenido del escrito, salvo en el caso de que del mismo documento no puedan extraer la información mínima necesaria para su tramitación.
Artículo 38. Derecho de acceso a archivos y registros.—1. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a los archivos y registros administrativos en los términos previstos en la normativa vigente.
Artículo 39. Derecho a la calidad de los servicios públicos.—1. Los ciudadanos tienen derecho a exigir aquellos niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos establecidos por los órganos competentes.
Artículo 40. Derecho de petición.—1. Cualquier ciudadano tiene el derecho de petición ante la Administración de la comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica que lo regula.
Artículo 41. Derecho de información.— 1. Cualquier ciudadano tiene derecho a ser informado de los asuntos que le afecten. Para ello se constituirán unidades de información y atención ciudadana en las sedes y dependencias principales de cada consejería.
d) Informar y poner al alcance de las personas interesadas los modelos de declaración responsable y comunicación previa, que tendrán que incluir de manera expresa y clara los requisitos exigidos en cada caso, y que tendrán que estar publicados en el web de la comunidad autónoma, así como la relación permanentemente actualizada de todos los procedimientos en que se admiten.
Esta letra d) ha sido añadida por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre (BOCAIB del 25), de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Artículo 41. Derecho de información.—1. Cualquier ciudadano tiene derecho a ser informado de los asuntos que le afecten. Para ello se constituirán unidades de información y atención ciudadana en las sedes y dependencias principales de cada consejería.
Artículo 42. Forma de los actos administrativos.—La forma de los actos administrativos, salvo que una ley exija específicamente otra, es la siguiente:
Artículo 43. Uso de las lenguas cooficiales en la actuación administrativa.— La Administración de la comunidad autónoma y las entidades que integran la administración instrumental podrán utilizar el catalán y el castellano, indistintamente, en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas. También podrán utilizarlos indistintamente en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a recibir respuesta en la lengua cooficial utilizada o en la que soliciten.
VIGENTE DE 3 DE JULIO DE 2003 A 21 DE JULIO DE 2012.
Artículo 43. Uso del catalán en la actuación administrativa.—1. La Administración de la comunidad autónoma y las entidades que integran la administración instrumental utilizarán el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas. También lo utilizarán normalmente en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los interesados a recibirlas en castellano, si lo solicitan.
Artículo 44. Uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos administrativos.— 1. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la comunidad autónoma y por las entidades que integran la administración instrumental se pueden emplear indistintamente el catalán y el castellano, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a presentar escritos y documentos, a hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en la lengua cooficial que deseen. Si no manifiestan en qué lengua cooficial quieren recibir la respuesta, se entenderá que optan por recibirla en la que hayan utilizado al dirigirse a la Administración.
Artículo 44. Uso del catalán en los procedimientos administrativos.—1. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la comunidad autónoma y las entidades que integran la administración instrumental se utilizará el catalán, sin perjuicio del derecho de los interesados a presentar escritos y documentos, a hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano.
Artículo 45. Del inicio del procedimiento, la declaración responsable y la comunicación previa.— 1. Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud de la persona interesada, y se les tiene que asignar un código de identificación indicativo del tipo de expediente de que se trata, y del número correlativo dentro del año de inicio, que también tiene que constar.
Este artículo 45 ha sido redactado por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre (BOCAIB del 25), de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Artículo 45. Identificación de los expedientes.—Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud de persona interesada y se les debe asignar un código de identificación indicativo del tipo de expediente de que se trate, debiendo constar también el número correlativo que en el año, desde su inicio, le corresponda.
Artículo 46. Tramitación y custodia de los expedientes.—La tramitación de los procedimientos y la custodia de los expedientes corresponde al órgano responsable del procedimiento, que debe identificar, en su caso, al instructor correspondiente.
Artículo 47. Efectos de la presentación de solicitudes y documentos.—La presentación de solicitudes y documentos, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica del procedimiento administrativo común, producirá efectos en relación con el cumplimiento de los plazos por los ciudadanos. No obstante, el cómputo del plazo establecido para resolver y notificar empezará a computarse desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
Artículo 48. Actuaciones y documentación de los expedientes.—1. El instructor del procedimiento hará constar mediante diligencia las actuaciones que los interesados lleven a cabo ante la Administración, o las que realice él mismo, que sean de interés para la tramitación del expediente.
Artículo 49. Información de los procedimientos en tramitación.—La información sobre el estado o el contenido de los procedimientos en tramitación y la identificación de las autoridades y de los funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, sólo podrá facilitarse a quienes tengan la condición de interesado en el procedimiento o a sus representantes legales, y la deberán aportar las diversas unidades de gestión de la Administración de la comunidad autónoma.
Artículo 50. Duración de los procedimientos.—1. Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comunidad autónoma son los que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no podrán exceder de seis meses, salvo que una ley establezca uno más amplio o así se prevea en la normativa comunitaria europea.
Artículo 51. Efectos del silencio.— En los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada, el transcurso del plazo habilitado para resolver el procedimiento y notificar la resolución sin que se haya notificado la resolución expresa faculta a la persona interesada para entender estimada la solicitud por silencio administrativo, excepto en los procedimientos siguientes, en los cuales se ha de entender desestimada:
b) Los procedimientos previstos en una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o en una norma de derecho comunitario.
Esta letra b) ha sido redactada por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre (BOCAIB del 25), de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Artículo 51. Efectos del silencio.—En los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada, el transcurso del plazo habilitado para resolver el procedimiento y notificar la resolución sin que se haya notificado la resolución expresa faculta a la persona interesada para entender estimada la solicitud por silencio administrativo, excepto en los procedimientos siguientes, en los cuales se ha de entender desestimada:
Artículo 52. Ejecución de los procedimientos.—Las medidas de ejecución previstas en los acuerdos y las resoluciones deberán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado.
Artículo 53. El agotamiento de la vía administrativa.—1. Agotan la vía administrativa:
Artículo 54. Revisión de actos y disposiciones nulos.— 1. Los procedimientos de revisión de actos nulos se iniciarán de oficio por el órgano autor del acto o a solicitud de persona interesada. La resolución de estos procedimientos corresponderá al consejero competente por razón de la materia, salvo que el acto provenga de una comisión delegada o del Consejo de Gobierno, en cuyo caso corresponderá a éste último.
VIGENTE DE 3 DE JULIO DE 2010 A 29 DE JULIO DE 2010.
Artículo 54. Revisión de actos y disposiciones nulos.—1. Los procedimientos de revisión de actos nulos se iniciarán de oficio por el órgano autor del acto o a solicitud de persona interesada. La resolución de estos procedimientos corresponderá al consejero competente por razón de la materia, salvo que el acto provenga de una comisión delegada o del Consejo de Gobierno, en cuyo caso corresponderá a éste último.
Artículo 55. Declaración de lesividad de actos anulables.— 1. Los procedimientos para la declaración de lesividad de los actos anulables los iniciará el órgano autor del acto.
Artículo 55. Declaración de lesividad de actos anulables.—1. Los procedimientos para la declaración de lesividad de los actos anulables los iniciará el órgano autor del acto.
Artículo 56. Revocación y rectificación.—1. La revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, aritméticos y de hecho en actos y disposiciones administrativas corresponderá al órgano que hubiera dictado el acto o la disposición.
Artículo 57. Recurso de reposición.—1. Contra los actos que agotan la vía administrativa se puede interponer con carácter potestativo un recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó.
Artículo 58. Recurso de alzada.—1. Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que no agoten la vía administrativa, así como los actos de trámite en los casos previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo, serán susceptibles de recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
Artículo 59. Sustitución de los recursos administrativos.—1. El recurso de alzada y el de reposición se podrán substituir por otros procedimientos de impugnación o de reclamación, de conciliación, de mediación y de arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas que no estén sometidos a instrucciones jerárquicas. Esta substitución se podrá establecer en supuestos o en ámbitos sectoriales determinados cuando la especificidad de la materia así lo justifique y, en todo caso, por ley.
Artículo 60. Recurso extraordinario de revisión.—El recurso extraordinario de revisión se interpondrá y resolverá en los términos que prevé la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
Artículo 61. Reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral.—1. El plazo para la interposición de las reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral es el que prevén las normas específicas sobre el plazo de prescripción o de caducidad del ejercicio de cada acción.
Artículo 62. Procedimientos en materia tributaria.—1. Los procedimientos administrativos en materia tributaria se regirán por su normativa específica.
Artículo 63. Régimen.—Los contratos que formalice la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se regirán por la legislación básica del Estado y por la normativa autonómica que la desarrolla.
Artículo 64. Órganos de contratación.— 1. Los consejeros son los órganos de contratación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y formalizan los contratos en nombre de ésta, sin perjuicio de las facultades de autorización que en esta materia tiene atribuidas el Consejo de Gobierno.
Este apartado 3 ha sido añadido por la Ley 7/2012, de 13 de junio (BOIB del 23), de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
VIGENTE DE 3 DE JULIO DE 2003 A 23 DE JUNIO DE 2012.
Artículo 64. Órganos de contratación.—1. Los consejeros son los órganos de contratación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y formalizan los contratos en nombre de ésta, sin perjuicio de las facultades de autorización que en esta materia tiene atribuidas el Consejo de Gobierno.
Artículo 65. Junta Consultiva de Contratación Administrativa.—1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa es el órgano consultivo específico de la Administración de la comunidad autónoma y de su administración instrumental en materia de contratación.
Artículo 66. Recurso especial en materia de contratación.—1. Contra los actos de los órganos de contratación podrá interponerse un recurso especial en materia de contratación. Este recurso, al cual resulta de aplicación el régimen jurídico previsto en la legislación básica para el recurso de reposición, tendrá carácter potestativo, lo resolverá la Junta Consultiva de Contratación y substituirá, a todos los efectos, al recurso de reposición.
Artículo 67. Principios de la potestad sancionadora.—La potestad sancionadora de la Administración de la comunidad autónoma se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción e interdicción de la concurrencia de sanciones.
Artículo 68. Órganos competentes.—1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos administrativos que la tengan atribuida expresamente por disposición de rango legal o reglamentario. En defecto de atribución expresa, la competencia para el inicio del procedimiento sancionador corresponderá al consejero competente por razón de la materia.
Artículo 69. El régimen de la responsabilidad patrimonial.— 1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados ante la Administración de la comunidad autónoma, los resolverá el consejero competente por razón de la materia, previo dictamen, si procede, del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
En el caso de que la norma de creación o los estatutos de los entes instrumentales no establezcan los órganos competentes para resolver, deben aplicarse lo establecido en el apartado 1 de este artículo de acuerdo con la consejería de adscripción.
VIGENTE DE 3 DE JULIO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
Artículo 69. El régimen de la responsabilidad patrimonial.—1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados ante la Administración de la comunidad autónoma, los resolverá el consejero competente por razón de la materia, previo dictamen, si procede, del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
Artículo 70. La Abogacía de la comunidad autónoma.— 1. El asesoramiento jurídico del presidente y del Gobierno corresponde, con carácter general, a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma, los cuales se integran en la Abogacía de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. La dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma de las Illes Balears tendrá la condición de órgano directivo de los previstos en el artículo 5.4 de esta ley asimilado en rango a una dirección general, cuyo titular ha de ser un funcionario público del cuerpo de abogados del Estado o del cuerpo superior de abogados del Estado o del cuerpo superior de abogados de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
La regulación, las características, el nombramiento y el régimen de suplencia de la dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma se regirá por la normativa reglamentaria de desarrollo de la presente ley, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.1en relación con el nombramiento por el Gobierno de las Illes Balears.
3. La estructura y el régimen de funcionamiento de la Abogacía de la comunidad autónoma, así como el sistema de acceso al cuerpo superior de abogados de la Administración de la comunidad autónoma, se regirán por la normativa reglamentaria de desarrollo que dicte el Consejo de Gobierno.
Este artículo 70 ha sido redactado por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre (BOE de 30 de enero de 2004), de medidas tributarias y administrativas.
Artículo 70. El Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma.—1. El asesoramiento jurídico del presidente y del Gobierno corresponde con carácter general a los abogados de la Administración de la Comunidad Autónoma, que se integran en el Departamento Jurídico de ésta.
Artículo 71. Los servicios jurídicos de las consejerías.—Todas las consejerías dispondrán de un servicio jurídico, al que corresponderán las funciones de asesoramiento en derecho de los órganos superiores y directivos de las consejerías y, en los términos que establezca la norma correspondiente, las de intervención en los procedimientos administrativos.
Artículo 72. Coordinación.— 1. Los servicios jurídicos de las consejerías actuarán en coordinación con el Departamento Jurídico de la comunidad autónoma.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 8.3 de la presente ley el Consejo de Gobierno, a propuesta de la dirección de la Abogacía, podrá fijar la estructura orgánica y las funciones de los servicios jurídicos de las consejerías a efectos de conseguir la efectiva coordinación de los mencionados servicios.
Este apartado 3 ha sido añadido por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre (BOE de 30 de enero de 2004), de medidas tributarias y administrativas.
Artículo 72. Coordinación.—1. Los servicios jurídicos de las consejerías actuarán en coordinación con el Departamento Jurídico de la comunidad autónoma.
Artículo 73. Régimen general.— 1. La representación y la defensa en juicio de la Administración de la comunidad autónoma ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales corresponde al abogado titular de la dirección de la Abogacía y a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma.
Este apartado 1 ha sido redactado por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre (BOE de 30 de enero de 2004), de medidas tributarias y administrativas.
Artículo 73. Régimen general.—1. La representación y la defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales corresponde a los abogados de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 74. Representación de los entes instrumentales.— [...]
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA LEY 10/2003, DE 22 DE DICIEMBRE (BOE DE 30 DE ENERO DE 2004). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2004 A 29 DE JULIO DE 2010.
Artículo 74. Representación de los entes instrumentales.—1. La representación y la defensa en juicio de los entes que integran la administración instrumental de la comunidad autónoma corresponde a los abogados de la Abogacía de la comunidad autónoma, salvo que la norma de creación y regulación disponga otra cosa.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las empresas públicas y fundaciones del sector público autonómico, a no ser que, previamente, se haya suscrito el convenio correspondiente.
VIGENTE DE 3 DE JULIO DE 2003 A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
Artículo 74. Representación de los entes instrumentales.—1. La representación y la defensa en juicio de los entes que integran la Administración instrumental de la comunidad autónoma corresponde a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma, salvo que la norma de creación y regulación de éstos disponga otra cosa.
Artículo 75. Autorizaciones para actuar.—1. La interposición de acciones, el desistimiento y el asentimiento en todo tipo de procesos por parte de la Administración de la comunidad autónoma requerirá la autorización del Consejo de Gobierno o, en caso de urgencia, la del presidente, que deberá informar de ello al Consejo de Gobierno en la primera reunión que se lleve a cabo.
Artículo 76. Comunicación con los órganos judiciales.—1. Las notificaciones, las citaciones y el resto de comunicaciones judiciales dirigidas a la representación procesal de la comunidad autónoma, para que puedan entenderse válidamente realizadas, deberán practicarse en la sede del Departamento Jurídico de la comunidad autónoma y en la persona de uno de sus abogados.
Artículo 77. Régimen general.—1. Las relaciones entre la Administración de la comunidad autónoma y las demás administraciones públicas, además de por las previsiones contenidas en la presente ley, se regirán por:
Artículo 78. Convenios de colaboración.—1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears podrá suscribir convenios de colaboración con las demás administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 79. Convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas.—1. La comunidad autónoma de las Illes Balears podrá suscribir convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y la prestación de servicios propios de sus competencias, en los términos establecidos en el artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Artículo 80. Firma de convenios y acuerdos.—1. Corresponderá al presidente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en la letra h) del artículo 11 de la Ley del Gobierno de las Illes Balears, la firma de los convenios de colaboración y de los acuerdos de cooperación con el Estado y las comunidades autónomas, así como la de aquéllos que se suscriban con órganos constitucionales o estatutarios.
Artículo 81. Autorización por el Consejo de Gobierno de convenios y acuerdos.—Corresponderá al Consejo de Gobierno:
Artículo 82. Registro de convenios y acuerdos.—1. Se crea el Registro de convenios y acuerdos, como instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos firmados por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 83. Planes de actuación conjunta.—1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las demás administraciones públicas podrán concertar planes de actuación conjunta cuando, en un determinado sector administrativo, concurra una comunidad de intereses.
Artículo 84. Organizaciones personificadas de gestión.—Para finalidades de interés común, la Administración de la comunidad autónoma puede constituir con otras administraciones públicas organizaciones personificadas de gestión que pueden adoptar las siguientes formas:
Artículo 85. Consorcios.—1. El Gobierno de las Illes Balears puede acordar la creación o la integración de la Administración de la comunidad autónoma en consorcios con otras administraciones públicas y, si procede, con entidades sin ánimo de lucro, entre las que exista una comunidad de intereses para la consecución de finalidades de interés público común.
Artículo 86. Sociedades mercantiles públicas.— [...]
VIGENTE DE 3 DE JULIO DE 2003 A 29 DE JULIO DE 2010.
Artículo 86. Sociedades mercantiles públicas.—Para la prestación de servicios con contenido económico que no impliquen ejercicio de autoridad y que afecten a los intereses de la Administración de la comunidad autónoma y de otras administraciones públicas, pueden constituirse sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca total o mayoritariamente, a las entidades afectadas, en los términos que prevea la normativa de la administración instrumental de la comunidad autónoma.
Disposición adicional primera.—Se exceptúan de la aplicación del régimen general previsto en esta ley para los órganos colegiados, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears y las comisiones delegadas del Gobierno.
Disposición adicional segunda.—1. Contra los actos administrativos dictados por los consejos insulares en el ejercicio de las competencias que les haya atribuido por delegación la comunidad autónoma, procede la interposición del recurso en interés de la delegación ante el Consejo de Gobierno de les Illes Balears, de conformidad con lo previsto en la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares.
Disposición adicional tercera.—Todas las referencias que la legislación vigente hace a las secretarías generales técnicas y a los secretarios generales técnicos se entienden realizadas, respectivamente, a las secretarías generales y a los secretarios generales.
Disposición adicional cuarta.—En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, la Administración de la comunidad autónoma ha de realizar el inventario general de los órganos colegiados integrados en ella.
Disposición adicional quinta.—Salvo que una ley disponga otra cosa, las determinaciones lingüísticas establecidas en los artículos 43y 44 son también exigibles:
Disposición adicional sexta.—Los ciudadanos de las Illes Balears se han de poder relacionar con la Administración de la comunidad autónoma por vías informáticas o telemáticas. A estos efectos, el Gobierno ha de establecer el marco normativo que permita:
Disposición adicional séptima.—1. El Gobierno de les Illes Balears ha de establecer, progresivamente, las modificaciones normativas necesarias para la racionalización y la simplificación de los procedimientos administrativos vigentes.
Disposición adicional octava.—Se determinará reglamentariamente el sistema de gestión documental de los archivos de la Administración de la comunidad autónoma, entendiéndose por tal las actuaciones de planificación, control, uso, conservación, eliminación y transferencia de documentos, al objeto de racionalizar y unificar su tratamiento y conseguir una gestión eficaz y rentable.
Disposicón transitoria única.— [...]
Disposicón transitoria única.—Hasta que se apruebe una nueva regulación de la administración instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, todas las referencias que esta ley hace a la administración instrumental se entenderán hechas, mientras continúe en vigor, a la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Disposición derogatoria única.—	Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la presente ley, y expresamente:
Disposición final primera.—Se autoriza al Gobierno de les Illes Balears para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley.
Disposición final segunda.—Esta ley entrará en vigor tres meses después de su íntegra publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 resolución 

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 45

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50
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Artículo 51
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Artículo 51
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Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54
 resolución 

Artículo 54
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Artículo 55

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 70

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72
 artículo 8

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 74

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79
 artículo 17

Artículo 80
 artículo 11

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 86