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Timestamp: 2019-08-24 06:51:52+00:00

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C-619 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020034635CC-SENTENCIAC619201117/08/2011CC-SENTENCIA_C_619__2011_17/08/2011200346352011Sentencia C-619/11 PRUEBA DE EMBRIAGUEZ A CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL QUE SE PRODUCEN LESIONES PERSONALES U HOMICIDIO- No supone una desigualdad de trato frente a los peatones, ni sugiere una desventaja probatoria para el conductor sobrio que haya lesionado a un peatón ebrio/ PRUEBA DE EMBRIAGUEZ A CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL QUE SE PRODUCEN LESIONES PERSONALES U HOMICIDIO- No se configura una omisión legislativa relativa DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Línea jurisprudencial/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA- Línea jurisprudencial DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Condiciones EMBRIAGUEZ EN CONDUCTORES- Implica per se una infracción de transito, incluso si no se ha presentado un accidente PRUEBA DE EMBRIAGUEZ A CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL QUE SE PRODUCEN LESIONES PERSONALES U HOMICIDIO- Inexistencia de desventaja probatoria para el conductor sobrio que haya lesionado a un peatón ebrio PEATONES Y CONDUCTORES- Distinción Si bien el denominado Código de Tránsito establece algunas regulaciones, e incluso sanciones, a algunas conductas de los peatones (arts 57 y ss Ley 769 de 2002), las responsabilidades de tránsito se circunscriben a los conductores. El Código de Tránsito (Ley 769 de 2002) dispone multas para peatones en ciertas hipótesis (art. 58 de Ley 769 de 2002), pero la regulación del detalle de las actividades y el componente sancionatorio del Código en mención (arts. 131 y ss) se refiere mayormente a los conductores. El parágrafo 2° del artículo 58 del Código de Transito describe esta idea, al sostener que "Los peatones que queden incursos en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad y conducta." Mientras que las sanciones a conductores implican entre otros, suspensión de la licencia, retención del vehículo, procedimientos administrativos y contravencionales (arts.134 y ss Ley 769 de 2002). JUEZ CONSTITUCIONAL- No puede crear otra excepción a los controles basados en normas constitucionales, que pretenden garantizar derechos fundamentales en el contexto de recolección de pruebas en una investigación penal Referencia: expediente D- 8406
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOD 8406CONSTITUCIONALIDADDavid Alberto Ruiz JaramilloDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 149 (parcial) de la Ley 769 de 2002.Identificadores20020034636true53231Versión original20034636Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 149 (parcial) de la Ley 769 de 2002.
Si bien el denominado Código de Tránsito establece algunas regulaciones, e incluso sanciones, a algunas conductas de los peatones (arts 57 y ss Ley 769 de 2002), las responsabilidades de tránsito se circunscriben a los conductores. El Código de Tránsito (Ley 769 de 2002) dispone multas para peatones en ciertas hipótesis (art. 58 de Ley 769 de 2002), pero la regulación del detalle de las actividades y el componente sancionatorio del Código en mención (arts. 131 y ss) se refiere mayormente a los conductores. El parágrafo 2° del artículo 58 del Código de Transito describe esta idea, al sostener que "Los peatones que queden incursos en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad y conducta." Mientras que las sanciones a conductores implican entre otros, suspensión de la licencia, retención del vehículo, procedimientos administrativos y contravencionales (arts.134 y ss Ley 769 de 2002).
Para el demandante la situación descrita vulnera el principio de igualdad (art. 13 C.N), pues "frente a una posible reclamación por parte de la víctima o sus herederos en el incidente de reparación o en el proceso civil, [procesos que se pueden generar a raíz de un accidente de tránsito] se dejaría sin prueba a la parte que pudiera llegar a alegar (…) [que el peatón lesionado incurrió autónoma e irresponsablemente en una situación de riesgo, o alegar] una disminución del monto a indemnizar por encontrarse [el peatón en cuestión], en estado de embriaguez". Alega que lo anterior resulta en un desequilibrio procesal injustificado, ya que esta prueba es de fácil recaudo al momento del accidente. De ahí concluye también, que la norma vulnera el principio constitucional del debido proceso (art. 29 C.N)
Así -continúa- a la determinación jurídica de la conducción de vehículos como una actividad peligrosa, razón por cual es objeto de regulaciones especiales de tránsito, se debe agregar que existen "estudios realizados a nivel internacional, que evidencian que en países como España, según la Dirección General de Tráfico, durante el año 2008, el 22% de peatones fallecidos presentaba índices de alcoholemia positivos, el 5,3 por ciento había tomado drogas y otro 11,2 por ciento estaba bajo efectos de algún tipo de psicofármacos, como antidepresivos o ansiolíticos, en el momento del accidente. Por otro lado en Australia a través de un estudio encargado por la Comisión de accidentes del motor y que aparece en la publicación del mes de mayo de 2010 de la Revista de Medicina Legal y Forense, se concluyó que la única manera de reducir las lesiones de peatones y la muerte de los mismos, en accidente de tránsito, es limitar el consumo de alcohol y llevar a cabo pruebas de alcoholemia al azar, pues según el estudio, entre 2003 y 2008, 53 peatones murieron en el sur de Australia, donde, salvo cinco de ellos, habían estado bebiendo antes de su accidente. Adicional a ello, diferentes análisis realizados por médicos legistas[2] muestran que son más graves las lesiones en víctimas intoxicadas, que aquellas producidas en los que estaban sobrios, pues evidentemente ante la ocurrencia de un accidente de tránsito su capacidad de respuesta es ostensiblemente menor."
Por lo anterior concluye que la extensión de la obligación de la práctica de la prueba de alcoholemia a los peatones, en los términos de la disposición acusada, implica entonces mayor garantía de protección "a los asociados, de esta manera se está recolectando el material probatorio pertinaz, para establecer de forma veraz quién o quiénes pudieron ser responsables en el accidente de tránsito y de esta manera que la sanción respectiva sea impuesta a quien en realidad tuvo responsabilidad en la ocurrencia del mismo."
De otro lado explica que en la alusión a la vulneración del derecho al debido proceso, "el actor no expuso ni desarrollo de manera específica, ni tampoco presentó argumentos suficientes que permitan determinar de manera cierta las razones por las que estima que la norma acusada vulnera la Carta. En esas condiciones se tiene que en su alegato no existen elementos que permitan a la Corte Constitucional plantearse un problema cierto de constitucionalidad, que amerite el examen de fondo de dicha Corporación."
Explica el interviniente que del principio general de igualdad del artículo 13 de la Constitución, interpretado sistemáticamente junto con el contenido del derecho al debido proceso (art 29 C.N), forma parte también el principio de igualdad probatoria. Éste "persigue que exista igualdad de oportunidades para pedir y obtener que se practiquen las pruebas pertinentes, y de la misma forma, y de la misma forma encontrar la posibilidad de contradecir las que se alleguen en su contra."
En este orden -afirma-, si se piensa en un proceso de responsabilidad cuya base probatoria es el procedimiento de tránsito y transporte, el cual a su vez sólo provee la certeza de que los conductores estaban o no en estado de embriaguez al momento del accidente; y en dicho accidente se han visto involucrados también peatones, entonces se configura un trato probatorio desigual.
Para explicar lo anterior argumenta que el trato desigual se configura "en la medida en que la norma prevé como presunto responsable de la infracción al conductor". Con la consideración adicional de que en estos casos de accidentes de tránsito entre automóviles y peatones sólo puede exonerarse de la responsabilidad "demostrando una causa extraña como culpa exclusiva de la víctima, intervención de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito." Por lo cual un conductor sobrio que lesione en accidente de tránsito a un peatón imprudente en estado de embriaguez estaría en desventaja para probar su cuidado y la negligencia del peatón, si es que al momento del procedimiento de tránsito realizado a propósito del incidente sólo se recolecta la prueba de embriaguez del conductor, y no la del peatón.
Concluye que "existe violación al principio de igualdad probatoria, en tanto que se favorece a una de las partes respecto de la obtención de un elemento material probatorio trascendental, pues la prueba idónea para dar fe del grado de alcohol en el cuerpo, es el resultado obtenido de la práctica de la prueba de alcoholemia (…)"
4.Intervención de la Defensoría del Pueblo
En este orden, en relación con la distinción a la que alude el demandante derivada de la norma acusada, asevera que "no puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entreesas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón". Y concluye que la disposición demandada no exhibe ninguna de las consecuencias anteriores, por lo cual no puede sostenerse que sea contraria al principio de igualdad.
De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación rinde concepto de constitucionalidad número 5132 en el proceso de la referencia. La vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la norma demandada "bajo el entendido de que a los peatones involucrados en accidente de tránsito, también se les debe realizar la prueba de embriaguez cuando se produzcan lesiones u homicidio."
Para la Vista Fiscal, es claro que los deberes frente al consumo de alcohol o a la realización de cualquier actividad que ponga el riesgo el desempeño del tránsito, no corresponden únicamente a los conductores. Explica que "un peatón que se aventura a deambular por las vías públicas en estado de embriaguez, merced a la disminución de sus condiciones sensoriales y motoras, expone tanto su vida y su integridad física como la de los demás a un inminente peligro. Esta circunstancia, por desventura frecuente, no puede ser ignorada sal momento de examinar un accidente de tránsito, pues no puede suponerse que en todos los casos las únicas personas cuya embriaguez es relevante, sean los conductores. En caso de accidente de tránsito con lesionados o con víctimas mortales lo razonable, equitativo y justo, es que todas las personas involucradas en él, sean conductores o peatones, se sometan a la prueba de embriaguez".
Por último, aclara el Procurador que la relevancia de la inequidad que sugiere la norma se materializa en el hecho de que los accidentes de tránsito "generan una serie de responsabilidades penales, disciplinarias, civiles y administrativas, que no pueden concentrarse per se en los conductores como lo hace la norma demandada, al disponer que sólo estos deben ser enviados a la prueba de embriaguez. Esta visión de los accidentes de tránsito centra la responsabilidad en el conductor, y desdeña otras posibilidades que son verosímiles y razonables, como puede ser la de que la responsabilidad sea exclusiva del peatón-víctima embriagado, por su obrar culpable, o que las responsabilidad sea concurrente, entre varios involucrados que se encuentran en estado de embriaguez."
5.- Ha sostenido la Corte, que la omisión legislativa relativa tiene lugar cuando el legislador regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que "no cobija a todas los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia".[4] Adicionalmente, para su configuración se requiere que el legislador haya incumplido un deber expresamente impuesto por el Constituyente, pues como lo ha señalado esta Corporación, sin deber no puede haber omisión[5]. Se trata, entonces, de una regulación que deja por fuera "otros supuestos análogos"[6] que debieron haber sido incluidos, a fin de que la misma armonizara con el texto superior; o que dicha condición jurídica, aún habiendo sido incluida, resulta insuficiente o incompleta frente a situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos.
De manera genérica la jurisprudencia ha previsto que la omisión legislativa relativa supone dos condiciones, a saber: "i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental[7]."[8]
6.- Por regla general, cuando se trata de una omisión legislativa relativa, el remedio para la inconstitucionalidad advertida no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales. Así, "como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución."[9]
7.- De otro lado, la Corte ha declarado también, que no tiene competencia para conocer acerca de demandas dirigidas en contra de omisiones legislativas absolutas. Para ello se ha sustentado en considerar que "(i) no es metodológicamente posible el examen de constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de control[11], (ii) es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución[12]. Finalmente, la ausencia de regulación de una determinada materia no necesariamente puede ser objeto de reproche constitucional, ya que los silencios del Legislador en determinados casos son expresiones de su voluntad."[13]
Otro evento en el que se planteó a la Corte una omisión legislativa absoluta como causal de inexequibilidad, se presentó en el estudió adelantado en la sentencia C-542 de 2008. En aquella ocasión, se analizó la constitucionalidad del artículo del Código Sustantivo del Trabajo que dispone el sometimiento obligatorio a arbitramento de conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo. El cargo de inconstitucionalidad sustentó la presunta configuración de una omisión legislativa, en la ausencia de una regulación que definiera con claridad el concepto de servicios públicos esenciales y el listado de cuáles son estos servicios. La Corte consideró que ello configuraba una omisión legislativa absoluta y por ello desestimó el cargo. En este caso también se evidencia que la imposibilidad de la Corte para decidir de fondo sobre la omisión referida, radica en que ello de implicaría que esta Corporación definiera cuáles son los servicios públicos esenciales; lo cual constituiría una extralimitación en sus competencias de control de constitucionalidad.
Las razones que sustentan la anterior conclusión se refieren a que (i) la desigualdad endilgada a la norma no supone desigualdad de trato, en tanto el alcance de la misma se refiere específicamente a la conducta de los conductores y no a la de los peatones. Por lo tanto (ii) el contenido normativo acusado no sugiere una desventaja probatoria para el conductor sobrio que haya lesionado a un peatón ebrio, entre otras cosas porque la recolección de la prueba de embriaguez no depende exclusivamente de la autoridad de tránsito y su práctica debe ser considerada a la luz de algunos derechos fundamentales del ciudadano. Y, (iii) la norma analizada no sugiere que el legislador haya omitido alguno de sus deberes constitucionales, pues esto implicaría presumir de manera irrefutable que la disposición acusada busca favorecer al peatón ebrio en detrimento del conductor sobrio en el contexto de los accidentes de tránsito en que se encuentren involucrados ambos. Presunción que no encuentra razones constitucionales de peso que la sustenten. En lo que sigue se desarrollarán los argumentos precedentes.
13.- El artículo 149 de la Ley 769 de 2002, se encuentra en el Titulo iv denominado "Procedimientos y Sanciones", en su Capítulo vii titulado "actuación en caso de infracciones penales". El aparte acusado dispone entonces el procedimiento a seguir en caso de accidente de tránsito cuyo resultado pueda llegar a configurar una infracción penal, valga decir lesiones personales u homicidio; y los términos de dicho procedimiento son consecuencia lógica de la prohibición genérica de conducir bajo los efectos del alcohol (art. 26 Ley 769 de 2002). En este orden, como quiera que está prohibido conducir en estado embriaguez, la obligatoriedad de enviar a los conductores en caso de accidente a la prueba de alcoholemia, se presenta como el curso de acción coherente en dos sentidos.
Por lo anterior, para la Corte es claro que el conductor sobrio puede solicitar que se le practique la prueba de alcoholemia al peatón lesionado o fallecido, presuntamente ebrio. Justamente, el inciso siguiente al que se analiza en la presente sentencia, dispone que en el supuesto del accidente de tránsito con lesiones u homicidio "el informe o el croquis, o los dos, serán entregadosinmediatamentea los interesadosy a laautoridad instructora competente en materia penal".
16.- De otro lado, no puede dejar de considerarse que la obtención de la información sobre el grado del grado de alcohol en la sangre (alcoholemia) de un ciudadano conductor, está específicamente regulada en el Código de Tránsito en el artículo 150, según el cual "las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez (…)". Lo que significa que el legislador ha otorgado una facultad excepcional a la autoridad de tránsito en este asunto, que resulta de suma importancia en el contexto de la norma acusada, el cual como se ha dicho se refiere al procedimiento de determinación de la responsabilidad penal derivada de un accidente de tránsito.
El carácter excepcional de la facultad otorgada por el legislador a la autoridad de tránsito en la norma estudiada, se refiere al hecho de que forma parte de los procedimientos para determinar la responsabilidad penal, la regla general del artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, según la cual las actividades que adelante la policía judicial, en desarrollo del programa metodológico de la investigación "que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales únicamente se podrán realizar con autorización previa proferida por el juez de control de garantías, a petición del fiscal correspondiente". Y, si la excepción a lo anterior en la misma legislación procedimental penal, la configura una serie de actuaciones taxativamente contenidas en los artículos 213 a 245 del Código de Procedimiento Penal, dentro de las cuales no se encuentra la obtención de la prueba de alcoholemia, ello querría decir que el Código de Tránsito en efecto se erige como otra excepción a la regla general mencionada.
Exequible el aparte ... Artículo 149 LEY_769_2002_06/07/2002
[1]ARTÍCULO 148. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.En caso de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de Procedimiento Penal.
[2][Cita del aparte transcrito]Departamento de Cirugía del Centro Médico Memorial, de Savannah, GA 31403-3089, EE.UU.
[4]Cfr. Sentencia C-891A de 2006, fundamento jurídico No. 3.1.
[5]Cfr. Sentencia C-543 de 1996, fundamento jurídico No. 1.
[7]Véase, sentencias C-543 de 1996, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, C-185 de 2002, C-311 de 2003 y C-875 de 2005.
[8]Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-423/06.
[9]Cfr. Sentencia C-1064 de 2001.
[10]Ver entre otras, la sentencia C-543 de 1996
[11]En la sentencia C-543 de 1996 sostuvo este Tribunal: "Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad es evaluar si el legislador al actuar ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta".
[12]Sentencia C-504 de 1995. En el mismo sentido sostuvo enla sentencia C-146 de 1998: "(…) son inconstitucionales por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación."
[13]Sentencia C-038/06, fundamento jurídico 6. Critério reiterado en sentencia C-831 de 2007
[14] En la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el artículo 336 dispone que son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros "Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección." En la Constitución de Portugal de 1976 el artículo 279 establece lo siguiente: De la inconstitucionalidad por omisión, Cuando la Constitución resulte incumplida por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer aplicables las normas constitucionales, el Consejo de la Revolución podrá recomendar a los órganos legislativos competentes que las dicten en un plazo razonable." En el caso de Brasil se establece lo siguiente: "Declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida destinada a dar efectividad a una norma Constitucional, se comunicará al Poder Competente para la adopción de las providencias necesarias y, tratándose de órgano administrativo, para que se haga en treinta días."
[15]En otro caso reciente, en sentencia C-149 de 2009, la Corte analizó el asunto relativo a si los requisitos académicos para ostentar el cargo de defensor de familia, al exigir al aspirante uno de siete programas de postgrado, todos ellos relacionados con componentes curriculares de Derecho o de estudio de la Familia, excluyó injustificadamente otros programas de postgrado que estuviesen relacionados con las actividades propias del defensor de familia. Así pues, se encontró que en efecto se había excluido sin justificación constitucional alguna, otros programas académicos de esta índole cuyos componentes curriculares atendían a las funciones del defensor de familia. En este caso, el componente excluido de la regulación se refería a la posibilidad de relacionar las actividades del cargo en mención con la variedad de programas de postgrado para abogados en Colombia. Dicha deficiencia no correspondía a un elemento mínimo, pero tampoco se trataba de la ausencia total en la regulación del requisito analizado, por ello la Corte podía declarar la existencia de una omisión legislativa relativa o una absoluta. Y, luego de sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de usurpar competencias, declaró pues la existencia de una omisión relativa e incluyó un criterio general consistente en que el requisito en cuestión se entendía satisfecho con uno de los siete programas aludidos en la norma o con algún otro relacionado directamente con las actividades específicas del cargo, y dejó que en la práctica otras autoridades determinaran cuáles serían concretamente estos programas directamente relacionados con el quehacer de los defensores de familia. La decisión tuvo un salvamento de voto cuyo sentido fue precisamente la imposibilidad de la Corte de llenar el vacío de esta manera, pues aquello que se dejó a otras autoridades, en práctica iba a ser determinado por autoridades administrativas, cuando su disposición implicaba reserva de ley.

References: artículo 58
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 58
 artículo 13
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 246
 Artículo 149
 artículo 336
 artículo 279