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Timestamp: 2017-12-15 02:18:42+00:00

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¿Qué es la comisión por cuotas impagadas o posiciones deudoras?
En la gran mayoría de los préstamos, las entidades bancarias suelen incluir una cláusula titulada según el banco comisión por cuotas impagadas, comisión por vencimientos impagados o comisión por posición deudora.
Dicha cláusula, contempla una comisión a abonar por el cliente, prevista en origen para compensar al banco los gastos que le ocasionan la regulación de dicho adeudo.
Frecuentemente, estas comisiones las aplica el banco, con independencia de que le haya supuesto un gasto efectivo a la entidad la regulación de la posición deudora o la cuota impagada, y sin justificar al cliente los gastos asumidos por dicha gestión, aplicándose de manera automática.
En los últimos años, son numerosas las sentencias que han declarado la nulidad de la cláusula que establece una comisión por cuotas impagadas o posiciones deudoras, con fundamento en los siguientes argumentos:
1.- Por imponer gastos por servicios no efectivamente prestados por la entidad, y que sean inherentes a la concesión o administración del préstamo.
O bien por la falta de justificación de los gastos asumidos por parte del banco, por lo que el cliente ignora que gasto se factura realmente.
2.- Por imponerse de manera conjunta a una comisión por mantenimiento y gestión.
Estos gastos, los incluyen frecuentemente las entidades en el propio préstamo o de la cuenta asociada al mismo, lo que deja sin sentido la comisión por posiciones deudoras.
3.- Otro motivo es que esta comisión carece de sentido al establecerse en el préstamo una cláusula de intereses moratorios, precisamente para compensar al banco los posibles descubiertos o posiciones deudoras.
Esto supone una doble penalización para el cliente.
4.- Por ser una sanción desproporcionadamente alta para el cliente.
5.- Por falta de reciprocidad, al no contemplarse a favor del consumidor una facultad similar.
6.- Por entender que son gastos inherentes a la posición de prestatarios de la entidad. Esto es, que la misma debe dotarse de medios personales y materiales para controlar los impagos.
7.- Por la falta de negociación de la cláusula en el momento de la contratación del préstamo, o por no aparecer en la oferta vinculante o en la información precontractual, con precisión de su cuantía, concepto y fechas de devengo.
La Audiencia Provincial de Sevilla recoge todos estos argumentos, y declara la nulidad de la cláusula de posiciones deudoras por entender que no fue negociada, si no impuesta por la entidad, y por lo tanto no consentida expresamente.
Además, señala que no responde a ningún servicios efectivamente prestado por el banco, que los gastos que pudieran generarse por el impago de una cuota son daños y perjuicios que deben entenderse incluidos en los intereses moratorios
En el mismo sentido se han pronunciado otras Audiencias provinciales como la de Madrid, Gijón, Guipúzcoa, Ourense o Córdoba.
Ejemplo de cláusula de comisión por vencimientos impagados CAIXABANK, S.A.
Comisión por reclamación de vencimientos impagados.-
Esta operación devengará la cantidad establecida en el apartado 4.4 “Comisión por reclamación de vencimientos impagados”, señalado como tal en el ANEXO I, por cada cuota pactada que resulte impagada en su vencimiento, a satisfacer en el momento que se produzca la reclamación.
4.4 Comisión por reclamación por vencimientos impagados: 18.-€
Ejemplo de cláusula de comisión por posición deudora Banco Popular Español, S.A.
Unos gastos de comunicación y gestión por petición de reeembolso de 34 euros, que se percibirán una sola vez por cada posición deudora vencida o excedida que la cuenta haya mantenido, para compensar los gastos de su regulación.
Ejemplo de cláusula reclamación de cuotas impagadas de Banco Sabadell, S.A.
Reclamación de cuotas impagadas.-
La demora en el pago de las cuotas del préstamo igual o superior a cinco días naturales, devengará una comisión por gestión de reclamación de cuotas impagadas de 30,00 euros.
Efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de comisión por cuotas impagadas.
Declarada la nulidad de la cláusula en base a la abusividad de la misma, procede eliminar los efectos que la cláusula nula haya podido desplegar. Esto es , la restitución de las prestaciones objeto de la misma del artículo 1.303 del Código Civil.
De este modo, la entidad condenada deberá eliminar la cláusula del contrato de préstamo, no pudiendo aplicarla en el futuro.
Además, deberá devolver lo cobrado en exceso por la cláusula de comisión por posición deudora o las cuotas impagadas desde la fecha de cada devengo con sus intereses legales.
Sentencia de cláusula suelo contra Banco CEISS
Declaración de nulidad de la cláusula suelo, eliminación del préstamo hipotecario y devolución de cantidades.
Nuestro despacho ha vuelto a conseguir un resultado favorable para el cliente obteniendo una Sentencia de cláusula suelo contra BANCO CEISS, por la que se declara la nulidad de la cláusula suelo de la hipoteca concertada por el cliente co
n CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, actual BANCO CEISS.
La cláusula suelo tenía el siguiente contenido:
“TERCERA-BIS.- Revisión del tipo de interés
1.- Revisión y tipo de referencia aplicable.
Transcurrido el periodo inicial antedicho, el tipo aplicable será revisado con periodicidad anual hasta la cancelación del préstamo.
El tipo de interés nominal aplicable se fijará, al inicio de cada sucesivo periodo adicionando un diferencial de 1,00 puntos porcentuales al índice de referencia denominado EURIBOR DOCE MESES, sin que el resultante pueda ser inferior al 2,50% si el cliente cumple los criterios de bonificación previstos más adelante, sin que pueda ser inferior al 3,00 %.”
La Sentencia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla, declara que la cláusula citada es una condición general de la contratación, debido al carácter predispuesto de la cláusula, su imposición por una de las partes de la cláusula, y el hecho de estar pensada para incluirse en una pluralidad de contratos. Estos requisitos aparecen contemplados el artículo 1 de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación. Además de ello, se cumplen los requisitos citados por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de Mayo de 2013, como son:
Contractualidad: se trata de “cláusulas contractuales” y su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión.
Imposición: su incorporación al contrato deber ser impuesta por una de las partes (…) de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato nada más puede obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo de la cláusula.
Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas para tal fin.
Así, acreditada la condición de consumidor y usuario de cliente demandante, la sentencia procede a aplicar a la cláusula el doble control de transparencia, esto es, un primer control relativo al modo de inclusión en el contrato y un segundo control encaminado a la comprensibilidad real de la cláusula.
De tal modo, el juez llega a la conclusión de que la cláusula suelo no puede superar ninguno de dichos controles. “El primero, relativo a la incorporación al contrato porque no consta firmado por los actores documento alguno acreditativo de haber recibido oferta vinculante que regula la Orden Ministerial de 5 de Mayo de 1994.”
“Tampoco se ha seguido en la escritura ese orden riguroso exigido imperativamente por la citada Orden”, en cuyo Anexo II se indica que la cláusula limitativa a la variación del tipo de interés o suelo debe ser incluida en la Estipulación Tercera Bis de la escritura.
También respecto al formato de la escritura de préstamo hipotecario, señala la Sentencia que “la complejidad de la escritura se incrementa al no constar en la misma las condiciones financieras del préstamo con garantía hipotecaria, remitiéndose en todo a un anexo.”
Por tanto, “tampoco puede superar el segundo de los citados controles, puesto que no se ha simulado ningún escenario con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, no se ha ofrecido información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo”. De este modo, no pudo comprenderse de modo real el alcance y repercusión que la cláusula tendría en el futuro.
La consecuencia es la declaración de nulidad de la cláusula suelo, con base en la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación, Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 1303 del Código Civil, conllevando la eliminación de la cláusula suelo del préstamo hipotecario.
En cuanto a los efectos retroactivos derivados de la declaración de nulidad de la cláusula, es decir, la devolución de lo cobrado en exceso por la existencia de la cláusula suelo, se condena a BANCO CEISS a devolver al cliente las cantidades cobradas en exceso por la cláusula suelo desde la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Mayo de 2013 hasta la actualidad, incrementado en el interés moratorios.
A partir de ahora, el cliente pagará únicamente lo que le corresponda, conforme a la cotización del Euribor y su diferencial, beneficiándose de las bajas cifras de dicho índice durante el resto del plazo de la hipoteca.
Acciones BANKIA ¿cómo recuperar su inversión?
¿Compró acciones BANKIA confiando en la imagen de solvencia que daba la entidad? ¿Necesita recuperar su inversión? A continuación le explicamos cómo:
Si compró acciones BANKIA desde su salida a bolsa (el 20 de Junio de 2.011) sepa que puede reclamar la nulidad de la suscripción de sus acciones por no reflejar las cuentas de la entidad el verdadero estado financiero de la misma.
Así lo están considerando multitud de tribunales a lo largo del territorio nacional, declarando la nulidad del contrato de compraventa de acciones celebrado con la entidad bancaria, debiendo ésta reintegrar al cliente la cantidad correspondiente al precio de adquisición de las acciones más los intereses legales desde esa fecha hasta el dictado de la sentencia.
De este modo, Juzgados como los de Valencia, Mataró, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Oviedo, Logroño, Cádiz, etc. han aplicado la doctrina de los hechos notorios, basada en que no es necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general, con fundamento en la repercusión social , las innumerables reclamaciones de clientes por preferentes y subordinadas, mediática en prensa, radio y televisión, política, con la implicación de distintas cajas de ahorro, que han tenido los acontecimientos relacionados Bankia, así como el procedimiento penal ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
Dicha doctrina de los hechos notorios, resulta suficiente, sin ser necesaria ninguna prueba más, para acreditar:
– 28 de Junio de 2.011: Se produjo el acuerdo de la Junta de accionistas de BANKIA para la salida a Bolsa mediante la emisión de una Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS)
– 29 de Junio de 2.011: BANKIA emitió un Folleto de Emisión para la OPS, que se registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
– 20 de Julio de 2.011: se produjo la salida a bolsa de BANKIA, mediante la emisión de 824572253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal y una prima de emisión por acción de 1,75 euros (en total 3,75 euros por acción), siendo la inversión mínima exigida de 1000 euros, que significaba la ampliación del capital por importe de 1649 millones de euros.
– Noviembre de 2011: Banco Valencia, S.A. (filial de BANKIA) es intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por sus activos tóxicos, ante lo cual,
– 27 de Noviembre de 2.011: BANKIA mandó un comunicado a la CNMV informando que no tenía problemas de solvencia.
– 8 de Diciembre de 2.011: European Banking Authority (EBA) advierte a BANKIA de la necesidad de provisionar 763 millones de euros, ante lo que BANKIA manda un nuevo comunicado a la CNMV informando de su cómoda situación de solvencia.
– 30 de Abril de 2.012: finaliza el plazo para que BANKIA presente ante la CNMV sus cuentas anuales correspondientes al 2011 auditadas, lo que se llevó a cabo extemporáneamente el 4 de Mayo de 2012, reflejando un beneficio de 304.748.000 ( o de 309 millones de euros según las cuentas pro forma)
– 7 de Mayo de 2.012: Dimisión del presidente de BANKIA.
– 9 de Mayo de 2.012: BANKIA es intervenida por el FROB, comenzando un descenso en picado del valor de las acciones.
– 25 de Mayo de 2.012: la CNMV acuerda la suspensión de cotización en bolsa de BANKIA.
Este mismo día, BANKIA presenta nuevas cuentas auditadas del ejercicio 2.011, en este caso con unas pérdidas de 2979 millones de euros, frente a los 309 de beneficio que afirmaba el 30 de abril de 2.012
También ese día, BANKIA solicita 19.000 millones de euros para recapitalizar la entidad.
Lo relatado deja bastante claro que la situación de solvencia que planteaba la entidad, a la fecha de emisión de las acciones, no se ajustaba a la verdadera a la verdadera situación económica de la mima.
Todos los clientes que adquirieron acciones en las fechas indicadas están facultados para reclamar la nulidad de la suscripción, con independencia de sus conocimientos financieros, la información facilitada y la documentación entregada en el momento de la celebración del contrato.
Valores Santander. Características y riesgos del producto
1.- Valores Santander ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
La emisión de Valores Santander, en septiembre de 2007, fue la mayor captación de deuda que ha hecho una entidad financiera en España y sirvió para financiar la compra de parte de ABN AMRO por parte del Banco Santander.
2.- Bonos convertibles
Es un instrumento de deuda que ofrece una rentabilidad periódica a sus tenedores y que, al cabo de un periodo determinado de tiempo, se transforma en acciones, convirtiendo a los acreedores en accionistas.
3.- La polémica de la emisión
Banco Santander consiguió atraer la atención de numerosos clientes con una fuerte acción comercial y la oferta de una rentabilidad muy alta, del 7,3% el primer año y de Euribor más 2,75 puntos hasta su vencimiento, en 2012. El problema es que la conversión se hizo a un precio que no estaba fijado de antemano y, en el momento de la conversión, los títulos del Santander cotizaban a casi la mitad de su valor.
4.- Riesgos del producto Valores Santander
Desde su inicio, la comercialización del producto no estuvo exenta de polémica, habiendo sido objeto de innumerables procedimientos judiciales por parte de los clientes para la recuperación de su inversión.
De este modo, el Contrato de Depósito o Administración de Valores contaba con un condicionamiento genérico, e impreciso de difícil lectura y comprensión, según se ha reconocido en abundantes Sentencias.
Esta imprecisión en el condicionado del contrato ha sido contemplada, entre otras en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo nº 240 de 1 de Octubre de 2.014, al exponer “no constan que se acompañe más documentos explicativos acerca de en qué consisten esos “Valores San”, su naturaleza, derechos y obligaciones que asume cada uno de los contratantes, plazo de vigencia del contrato, posibilidades o no de cancelación anticipada y otros extremos importantes que pudieran afectar al mismo.”
Pese a que el Contrato no se establecía con claridad, lo clientes adquirían eran unos “Valores Santander” cuya operativa futura quedaba condicionada al resultado de la OPA de adquisición del BANCO ABN AMOR.
De tal modo, de no adquirirse ese Banco por el Santander, se amortizaban los valores el 4 de Octubre de 2008, con el reembolso al titular tanto del capital invertido como del importe resultante de aplicar, sobre el nominal, el 7,30% anual, en concepto de intereses. En caso de que se adquiriera el Banco, los valores se canjeaban necesariamente en obligaciones con una proyección futura de conversión, obligatoriamente en acciones ordinarias del Banco Santander de nueva emisión.
Además, el contrato preveía unas fechas concretas en las que el canje podía hacerse voluntariamente por el cliente, siendo éstas el 4 de octubre de 2008, 4 de octubre de 2009, 4 de octubre de 2010, 4 de octubre de 2011 y obligatoriamente, de no se haberse hecho con anterioridad, el 4 de octubre de 2012, momento en el que el contrato quedaba consumado, pasando el titular de los valores a ser accionista del Banco.
En otros pronunciamientos, lo definen como “producto de renta variable, de naturaleza compleja, híbrida, pues si inicialmente se trata de bonos / obligaciones, con una rentabilidad variable, en el primer año del 7,30% y en los años sucesivos de Euribor más 2,75%, posteriormente ese producto se convierte necesariamente en acciones del Banco Santander, canje que (…) podía realizarse voluntariamente en unas fechas concretas, y lo más tardar el 4 de octubre de 2012, momento en que el canje se producía obligatoriamente.”
5.- Características del producto Valores Santander
En ocasiones, a los clientes se les facilitaba un ““Tríptico de condiciones de emisión de los Valores Santander”, con las características de la emisión.
Pese a ello, multitud de Tribunales como la AP de León, han concluido:
“En este caso, la adquisición de los VALORES SANTANDER controvertidos tuvo lugar sin haber sido aportada por la entidad bancada una información clara, transparente y suficiente sobre la naturaleza del producto y sus riesgos, sin explicaciones sobre su carácter de convertible en acciones y como tal dependiente la inversión de su cotización.
Pues bien, analizando nuevamente el contenido de los documentos señalados, consideramos que no cumplen con las exigencias de ofrecer una información clara del producto que estaban ofreciendo a su cliente. El aspecto más relevante de la inversión se centraba en la obligación de conversión de los valores en acciones del Banco de Santander que es finalmente el riesgo que se asume cuando se decide la compra. Y esta cuestión pasa completamente desapercibida en el total del contenido de los documentos que aporta la entidad bancaria demandada que no ha logrado acreditar que el actor tuviera conocimiento del producto contratado.
La información contenida en el tríptico aportado con la contestación no resulta fácil de entender y no cumple con los requisitos de información exigidos legalmente cuando es la entidad bancaria la que ofrece y asesora sobre un determinado producto de inversión.”
Este modo de comercialización del producto llevó a la confusión de multitud de clientes que efectivamente no conocían lo que estaban contratando, viéndose obligados a la interposición de procedimientos judiciales para la recuperación de la inversión.
Plazo de caducidad para reclamar la nulidad de los valores santander
En los últimos años se han sucedido multitud de pronunciamientos judiciales en orden al cómputo del plazo de caducidad para ejercitar la acción de nulidad sobre contratos de adquisición de Valores Santander y otros productos bancarios.
Uno de los productos que más reclamaciones acumula por parte de los clientes son los llamados “Valores Santander”, los cuales se comercializaron fundamentalmente durante los años 2.007, 2.008 y 2.009.
La vulneración en la comercialización de los Valores Santander del deber de información de las verdaderas y completas características del producto, así como de sus riesgos, la falta de documentación entregada, y su falta de adecuación al perfil del inversor minorista, sin conocimientos financieros, han sido algunos de los argumentos más utilizados en reclamaciones judiciales interpuestas contra la entidad, para la declaración de nulidad del contrato de adquisición de dicho producto financiero.
Pero, el hecho de que su adquisición se produjera hace varios años, unido a que la gran mayoría de los clientes no advirtieron los perjuicios económicos derivados de los mismos hasta años después de su comercialización, han suscitado dudas sobre si ha finalizado el plazo de caducidad previsto, o por el contrario, aún es posible su reclamación judicial.
A este respecto, debemos señalar que el Artículo 1.301 del Código Civil, dispone:
“La acción de nulidad sólo durará cuatro años.
En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.”
Por tanto, el plazo de cuatro años deberá comenzar su cómputo en el momento de la consumación del contrato. El momento de la consumación ha sido objeto de precisión por parte del Tribunal Supremo mediante su Sentencia de 10 de Abril de 2014, en línea con Sentencias anteriores como Sentencias de 5 de Mayo de 1983, 11 de Julio de 1984, 27 de Marzo de 1989 y 11 de Junio de 2003.
Este momento de la “consumación” no puede confundirse con el de la perfección del contrato. La consumación se produce cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes. De tal modo, la acción para instar la nulidad del contrato de adquisición de Valores Santander nace cuando tanto Banco como clientes han cumplido de manera completa las obligaciones asumidas (consumación del contrato), momento a partir del cual empezará a correr el plazo de 4 años de caducidad previsto en el artículo 1.303 del Código Civil.
De este modo, la perfección y la consumación del contrato son conceptos diferentes: el contrato se perfecciona cuando se presta consentimiento por ambas partes sobre la cosa y la causa que han de ser objeto del contrato pero se consuma cuando se da cumplimiento a las obligaciones contraídas (con la perfección del contrato surgen las obligaciones y con la consumación su cumplimiento). (SAP León 30/2014 de 6 de Marzo)
Los Valores Santander contemplaban la posibilidad de ser canjeados por acciones voluntariamente el 4 de Octubre de 2.008, 2.009, 2.010 y 2.011, sin embargo, tenían prefijados una fecha de canje obligatorio por acciones del Banco Santander para la el 4 de Octubre de 2012.
Por este motivo, el contrato de adquisición de Valores Santander ha sido considerado en multitud de sentencias como un contrato de tracto sucesivo, pues de no acudir al canje voluntario previsto, las obligaciones seguían generando intereses a Euribor +2,75% hasta la fecha de canje obligatorio de 4 de Octubre de 2012.
Así, con arreglo a la doctrina expuesta la única posible fecha a tener en cuenta a los efectos del cómputo de cuatro años sería, en todo caso, no la de compra de los valores (en 2007) sino la de la conversión obligatoria en acciones (04/10/2012), por lo que en ningún caso habría transcurrido el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 1301 del Código Civil.”
Por tanto, el plazo de caducidad para reclamar la nulidad de los Valores Santander culminará el 4 de Octubre de 2.016.
Sentencia de preferentes favorable al cliente
Nuestro Despacho ha vuelto a conseguir una Sentencia estimatoria en el procedimiento interpuesto por unos clientes de para la recuperación del importe invertido en participaciones preferentes de BANKIA (anterior CAJAMADRID).
Concretamente, se interpuso el procedimiento en nombre de la viuda e hijos del cliente que contrató las participaciones preferentes por un importe de 72.000.-€, bajo la creencia de que contrataba un depósito a plazo fijo de muy bajo riesgo, como anteriormente había realizado.
A continuación esbozamos los aspectos más destacables de la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Dos Hermanas (Sevilla).
Nulidad del contrato de participaciones preferentes y características del producto
Para la declaración de nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes, el juzgador tiene en cuenta la naturaleza y sustento legislativo de las participaciones preferentes, así como la consideración de las mismas por el Banco de España como instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho de amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del supervisor (en este caso, el de las entidades de crédito, el Banco de España).
También se señala que no otorgan derechos políticos, ni derechos de suscripción preferentes respecto de futuras emisiones, tienen carácter perpetuo, subordinados a cualquier otro crédito de la entidad, el pago de la remuneración está condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la entidad de crédito emisora, respecto de su liquidez sólo puede producirse mediante su venta en un mercado secundario.
De la información facilitada al cliente
La información facilitada al cliente sobre el producto fue mínima y sesgada, no informando de los verdaderos riesgos de la inversión, por lo que al contratar, el cliente prestó un consentimiento erróneo, bajo la creencia de que se trataba de un producto sin riesgo, como acostumbraba.
Así, establece la Sentencia “Al propio tiempo, en los apartados siguientes al propio artículo 79 bis, se establecen unas condiciones para la obtención de la información, que debe responder a los objetivos de inversión del cliente, incluyéndose información sobre el horizonte temporal deseado para la inversión, sus preferencias en relación con la asunción de riesgos, su perfil de riesgos y las finalidades de la inversión y deber ser de tal naturaleza que el cliente pueda, desde el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión. También se indica en este precepto, que cuando la entidad no obtenga la información señalada en las letras anteriores, no podrá recomendar servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente, ni gestionar su cartera.”
“No obstante lo anterior, no puede desconocerse que si bien determinados productos, en su origen e ideación, tenían como destinatario a un sector muy concreto de la población (personas con conocimientos avanzados en materia de inversiones en los mercados de valores), en el panorama financiero actual no puede decirse que esto se así; muy al contrario, la realidad muestra que la comercialización de los productos financieros complejos (el de la participaciones preferentes lo es) se ha generalizado “ofreciéndose” a personas, como se ha dicho, con conocimientos escasos o nulos sobre tales productos ( en muchos casos sin siquiera saben qué es lo que están contratando) y en los que la entidad bancaria no adopta precisamente en la contratación una actitud pasiva, sino que es la que viene a ofrecer a sus clientes tales productos, en ocasiones, a personas respecto de las cuales resulta muy discutible que les pueda siquiera convenir.”
Obligación del Banco de probar que existió información veraz y suficiente sobre el producto
El juez tiene en consideración la obligación de la entidad bancaria de probar que el cliente fue correctamente informado.
Así lo dispone la Sentencia al referir: “La carga de probar la existencia de información suficiente al cliente pesa sobre la entidad demandada”.
“La entidad demandada se limita a decir que hubo información suficiente verbal, pero no lo prueba, ni siquiera llama a declarar como testigos a los empleados que llevaron a cabo supuestamente dicha información, y se limita a afirmar que un cuestionario escrito, mecanografiado, sin firmar por el cliente (doc. nº 26 de la demanda), acredita que recibió dicha información, cuando no es más cierto que dicho documento no hace prueba alguna de la recepción ni de la comprensión de la información, pues es poco probable que lo redactara el Sr. X a máquina, al carecer de estudios, y, si fue redactado por la entidad bancaria, no está siquiera firmado, por lo que nada prueba.”
Fallo favorable al cliente
El Fallo de la Sentencia declara la nulidad del contrato de participaciones preferentes suscrito, condenando a BANKIA a devolver a los clientes los 72.000.-€ de la inversión, más los intereses legales, con imposición de costas a la parte demandada.
De este modo, el cliente ha podido recuperar la totalidad de su inversión, incrementada en los intereses legales desde la fecha de la contratación (mayo de 2009) sin que haya asumido ningún coste, al haber sido condenada la Entidad bancaria al abono de las costas del procedimiento.
Esta Sentencia se suma a los numerosos casos de procedimientos judiciales dirigidos por este Despacho sobre participaciones preferentes, todas ellas con resultado satisfactorio para los clientes.
Nulidad de la cláusula de intereses de demora en los préstamos
En la siguiente entrada, y tal como hicimos días atrás con la titulada “Nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamos”, vamos a comentar algunos de los motivos para la declaración de nulidad de la cláusula de intereses de demora.
Como ya comentamos, en los últimos meses, y en virtud de las facultades otorgadas a los jueces mediante la Ley 1/2013, de 14 de Mayo, por la que se modificó el Art. 561.1.3º de la LEC, los mismos podrán pronunciarse sobre el carácter abusivo de una o varias de las cláusulas del contrato cuya ejecución se pide. Dicho artículo quedó redactado de la siguiente forma:
“Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas.”
Pues bien, una de las cláusulas cuya abusividad se aprecia con mayor frecuencia es la relativa a los intereses moratorios establecidos los contratos de préstamo.
Ejemplo de cláusula de intereses de demora
“En los supuestos de demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago, tanto de principal como de intereses, y sobre ambos conceptos, se aplicará el interés nominal de demora del 22,500% anual, iniciándose el devengo de dicho interés desde el día siguiente al señalado para el pago de cualquiera de los vencimientos, que no resulte atendido total o parcialmente.”
Según ha tenido oportunidad de señalar el Tribunal Supremo en Sentencias como la de 12 de Marzo de 1.991, los intereses remuneratorios suponen una contraprestación a la entrega del capital prestado, mientras que los intereses moratorios tienen una finalidad indemnizatoria de los perjuicios derivados del incumplimiento contractual por el prestatario.
De este modo, los intereses moratorios no tienen la naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción o pena con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones.
La normativa en la que se fundamenta la declaración de nulidad de la citada cláusula aparece contenida, a nivel comunitario, en la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de Abril de 1.993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y la jurisprudencia dictada por el TJUE, y desarrollada principalmente en el Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante TRLGDCU), y la Ley 7/1998 de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, con base normalmente en el incumplimiento de los requisitos que deben darse en las cláusulas celebradas con consumidores, esto es, concreción, claridad, sencillez, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes etc.
En especial, los Arts. 85.6 y 87 TRLGDCU; “Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.”
Así, el Tribunal supremo se ha pronunciado en supuestos similares, como la STS de 7 de Mayo de 2.002, donde declara que “por el hecho de que los pactos sobre intereses de demora, anatocismo y cláusula penal sean permitidos por el Código civil no escapan a la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908, que se refiere en el art. 1º a la estipulación de un interés, sin distinguir su clase o naturaleza”– ni tampoco se ha de ignorar que, para que dicha Ley considere nulo el interés establecido en el contrato, su Art. 1 requiere que “se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.
A modo de ejemplo, en el año 2.011 el tipo de interés legal de demora para operaciones comerciales estaba fijado en el 8,25 % según Resolución de 28 de Junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2011, por lo que imponer al consumidor un interés de demora superior al 20% ha de reputarse como abusivo, debiendo declararse, por tanto, la nulidad de dicha cláusula.
Nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamos
En la actualidad, y en virtud del Art. 561.1.3º LEC añadido por el Art. 7.Tres de la Ley 1/2013, son muchos los Juzgados que al encontrarse con una reclamación basada en un contrato de préstamo, dan traslado previamente a la parte demandada para que se pronuncie sobre la posible nulidad de alguna de esas cláusulas.
De esta forma, la actuación de oficio del Tribunal conlleva de acuerdo con la doctrina del TJUE, no sólo la facultad de considerar la cláusula ineficaz de oficio, sino la imposibilidad de integrar la cláusula conforme a las reglas de Derecho interno. Esto supone que la cláusula abusiva, al declararse la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamos, del tipo que sea, no puede ser reinterpretada conforme al espíritu de las parte en el resto del contrato, sino que debe eliminarse del mismo, teniéndose por no puesta.
Una de las cláusulas más polémicas en estos casos son las denominas de “vencimiento anticipado” o terminología similar, consistentes en que la falta de pago de una sola cuota faculta al Banco para resolver el contrato y reclamar la totalidad de lo prestando junto con los intereses nominal pactado y los intereses de demora.
Ejemplo de cláusula de vencimiento anticipado:
“La Entidad prestamista podrá resolver el contrato y dar por vencido el plazo concedido, pudiendo exigir el pago inmediato de la totalidad del capital, tanto el adeudado como el pendiente de vencer, de los intereses devengados, e incluso los de mora que se devenguen, gastos y costas que procedan, por falta de pago, total o parcial, de una cualquiera de las cuotas de amortización o intereses, o las del periodo de carencia si lo hubiera, incluyendo todos los conceptos que la integran, o por el incumplimiento de alguna otra obligación esencial que venga impuesta legalmente.”
Dichas cláusulas pueden ser declaradas nulas en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, donde se establece:
“Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable.”
A este respecto, están produciéndose multitud de pronunciamientos, del que destacamos la Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander, mediante Auto de 11 de octubre de 2013. Dicha resolución se basa, entre otros motivos, en la proximidad de la finalización del plazo de amortización del préstamo, ya que únicamente restaban cuatro mensualidades para la finalización del mismo. Por tanto, resuelve:
“TERCERO: Consecuencia de lo expuesto es que no puede despacharse la ejecución solicitada, que se basa precisamente en el vencimiento anticipado del préstamo, pues si la referida cláusula se considera nula por abusiva, así debe acordarse en el sentido de inaplicarse la misma. Inaplicarse significa, por oposición, que no puede moderarse o ajustarse en unos términos más proporcionados.”
Conforme al Art. 82.1 Ley General de Consumidores y Usuarios son cláusulas abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”, añadiendo, en el apartado tercero del mismo artículo que “el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa”.
“2.3. Préstamos hipotecarios a tipo de interés variable que incorporan acotaciones a las variaciones de los tipos de interés
Son precisamente estas cláusulas las que, últimamente, han suscitado dudas acerca de su legalidad, ante la posibilidad de ser consideradas abusivas, en la medida en que impiden a los prestatarios vinculados por este tipo de pactos, beneficiarse en toda su amplitud de las bajadas de tipos que se han originado en la actual coyuntura económica.”
“Más concretamente, en materia de préstamos hipotecarios es de especial relevancia la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, aplicable a los préstamos con personas físicas en los que la garantía hipotecaria recaiga sobre una vivienda, cuya cuantía no rebase los 150.253,03 € (sin perjuicio de que dicha Orden, al menos en materia de información al cliente, sea aplicada habitualmente por las entidades con carácter general a las operaciones de préstamo hipotecario, aunque rebasen esa cuantía). Cuando el tipo pactado en un préstamo hipotecario es variable, la citada Orden Ministerial establece que el correspondiente contrato deberá incluir necesariamente una cláusula 5 con el contenido obligatorio siguiente:
El Banco de España no puede pronunciarse sobre esta cuestión, que en última instancia debe ser resuelta por los Tribunales de justicia y que, en todo caso, requeriría un análisis individualizado de las concretas circunstancias de cada caso,”
El pasado 20 de Marzo, el Tribunal Supremo comunicó su decisión de anular las cláusulas suelo de las hipotecas, si bien, dicha anulación no conllevará la devolución de las cantidades percibidas por la Entidad financiera, dado que dicha cláusula será de aplicación hasta el momento de su anulación.
– El Tribunal Supremo entiende que es viable la solicitud judicial de anulación de dicha cláusula en los casos de falta de transparencia en la información facilitada por la Entidad financiera a sus clientes. Para entender realizada dicha obligación de información, no será suficiente que el Banco haga constar dicha cláusula en la Escritura de hipoteca.
– Esta falta de información en el momento de la firma de la hipoteca, y el desconocimiento de funcionamiento de dicha cláusula, supone un vicio en el consentimiento prestado por el cliente, es decir, que de haber sido correctamente informado sobre el verdadero alcance y trascendencia de la cláusula suelo de su hipoteca, no la hubiera firmado.
– Resulta excepcional que pese a declarar la nulidad de la cláusula, no imponga la devolución de las cantidades percibidas por la Entidad en virtud de dicha cláusula, lo cual conlleva un considerable perjuicio para el cliente.
– La expresada Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, se aparta de la línea jurisprudencial que estaban aplicando las Audiencias Provinciales que declaraban la nulidad de dicha cláusula por su carácter abusivo, esto es, por la falta de reciprocidad de derechos y deberes que conlleva dicha cláusula para las partes, al ser un contrato de adhesión en el que no se permite al cliente la negociación del clausulado.
– Esta Sentencia vinculará a los Jueces y Magistrados de los Tribunales, si bien, no impide a los Bancos seguir comercializando dicha cláusula, únicamente obliga la prestar una correcta información sobre la misma al cliente.
– Casos particulares.
No es conveniente la interposición de una demanda colectiva para este tipo de supuestos, dado que la anulación de la cláusula suelo de la hipoteca del cliente va a depender de la información recibida, lo que no podrá ser igual en todos los casos. El Tribunal conocerá caso por caso si se ha cumplido o no con ese deber de información.
Las obligaciones subordinadas son productos de renta fija a largo plazo, te las vendían como producto bancario rentable, aunque conllevan un alto riesgo y una baja liquidez. Es un producto híbrido entre la deuda y las acciones. Sirve para que las empresas (ya sean entidades financieras o no) se financien y puedan, de esa forma, tener dinero para realizar inversiones. De esta forma, cuando llega el vencimiento la empresa que captó el dinero debe devolverlo íntegramente. Además durante el plazo deberá pagar unos intereses prefijados (ya sea un tipo de interés fijo o variable anualmente similar a una hipoteca con una referencia como el Euribor más un diferencial).
La deuda subordinada tiene un vencimiento determinado, esto es, posee una fecha de emisión y de cierre determinada (dependiendo del banco que lo emita) y sin posibilidad de rescate anticipada a la fecha final.
Si quiere Vd. disponer del dinero antes de plazo (suelen ser largos, a más de 5 años) tendrá que ponerlas a la venta como si de una acción se tratara, en este caso en un mercado secundario. De este modo, existe la posibilidad de que perdamos parte o la totalidad del capital.
El principal problema radica en que a diferencia de otros productos bancarios, existe un riesgo vinculado directamente a la solvencia de la entidad emisora. Pudiendo perder, no solo, los intereses pactados sino también el capital invertido.
1.- No están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que, en caso de quiebra, el Estado no debe responder ni devolver parte de la inversión a los inversores por lo que son estos los que asumen todo el riesgo en una inversión de este tipo.
2.- Dependen directamente de la solvencia de la entidad.
3.- Si el banco que las emite baja su solvencia por debajo de un nivel determinado, entra en pérdidas o no alcanza unos beneficios definidos en el contrato, el inversor se queda sin el rendimiento pactado (intereses).
4.- En caso de quiebra de la entidad, no solo pueden perder el rendimiento, sino que, los inversores de subordinadas están detrás de los bonos ordinarios o pagarés en prioridad de cobro (pueden perder el capital invertido).
5.- Al igual que las participaciones preferentes, cotizan en el mercado SEND (Sistema Electrónico de Negociación de Deuda) donde se pueden comprar y vender entre particulares o sociedades las obligaciones subordinadas antes de su vencimiento aunque el precio de negociación puede estar por debajo de la inversión inicial.
Las Obligaciones Subordinadas son un producto complejo con riesgos superiores a los de una cuenta o depósito tradicional , por lo que el perfil del inversor de este tipo de productos debería ser un inversor especializado y con conocimientos financieros e invertir siempre cantidades ahorradas que el cliente se pueda permitir perder, no deberían ser los ahorros necesarios para vivir, a semejanza de las inversiones en la bolsa. Siempre debemos recordar la idea de que a mayor rentabilidad de un producto, el que sea, mayor riesgo estamos asumiendo.
Las Participaciones Preferentes son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada.
Las Participaciones Preferentes presentan similitudes y diferencias tanto con la renta fija como con la renta variable. Por su estructura son similares a la deuda subordinada, pero a efectos contables se consideran valores representativos del capital social del emisor, que otorgan a sus titulares unos derechos diferentes de los de las acciones ordinarias (ya que carecen de derechos políticos, salvo supuestos excepcionales, y del derecho de suscripción preferente).
En España, el mercado en el que cotizan la mayoría de los valores de renta fija y las Participaciones Preferentes es AIAF.
El primer año la remuneración suele ser fija y alta. A partir del segundo año, normalmente está referenciada al Euribor (u otro tipo de referencia) más un determinado diferencial. Esta remuneración está condicionada a que la entidad emisora de las Participaciones obtenga beneficios suficientes. Este tipo de productos remuneran muy por encima de los depósitos, con cifras que superan el 7 % anual.
– La entidad se reserva el derecho de suspender estas participaciones preferentes al cabo de un plazo determinado.
– El capital no está garantizado. Una vez se quiere recuperar la inversión hay que ponerlas en venta en un mercado secundario. Esto significa que su valor está sometido a cotización, por lo que cuando quieras tu dinero de vuelta puedes haber perdido una parte considerable
– El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no cubre las inversiones realizadas en participaciones preferentes. Por tanto, si quiebra el banco, pierdes tu inversión.
– Tienen muy baja liquidez. Como son a perpetuidad, el proceso para recuperar la inversión depende de una compra-venta, así que es engorroso y puede demorarse incluso meses. Si tienes una urgencia, puede significar un problema
– Si la entidad no ha tenido beneficios ni ha pagado dividendos ese año, puede no cobrar su cupón anual.
Son instrumentos sin vencimiento determinado o indefinido, aunque el emisor se suele reservar el derecho de cancelación a partir del quinto año.
Al cotizar en mercados organizados, la adquisición de los mismos se puede llevar a cabo, tanto en los mercados de valores primarios como secundarios.
– Si adquirimos en el mercado primario, el coste de adquisición será el nominal de emisión.
– Si adquirimos en el mercado secundario, el coste de adquisición vendrá representado por un porcentaje sobre el nominal de emisión, en donde el nominal va a ser 100%. En el mercado secundario, se pueden adquirir participaciones a valores por debajo del nominal con relativa facilidad, como por ejemplo al 90%.
Ej. Emisión de Participaciones Preferentes a 1.000 euros, y la adquiere en el mercado primario. Paga Vd. 1.000 euros por participación. Pero una vez emitidas, esta participación fluctuará su valor en función de la oferta y demanda compradora en cada momento y rara vez por encima del valor de emisión.
Una vez que la cotización está supeditada a un mercado de renta fija, se le presupone cierto grado de liquidez, pero en este caso, la liquidez es mínima. Es decir, si compra Participaciones Preferentes, es muy probable que no pueda venderlas al mismo coste de adquisición.
En la propia emisión de Participaciones Preferentes se fija la rentabilidad anual que se va a ofrecer mediante el pago de intereses periódicos. Esta rentabilidad debe ser bastante elevada por los motivos expuestos anteriormente, es decir, presentan liquidez casi nula y pueden mantenerse en cartera de manera indefinida. Para que veamos algún ejemplo concreto, en este mercado se pueden conseguir rentabilidades muy superiores a los títulos normales de renta fija.
El detalle importante sobre esta rentabilidad es la posibilidad de suspensión de pago de los intereses si se dan determinadas condiciones adversas para el emisor, como puede ser incurrir en pérdidas o afrontar nuevas inversiones que aconsejen no pagar intereses.
La consideración de los rendimientos que se obtiene es la propia de cesión de capitales a terceros, tributando al 21% por los intereses cobrados e integrando parte de la base imponible del ahorro y no sujetos a retención de IRPF o sociedades, En el caso de vender por debajo del valor de adquisición o por encima, la diferencia tributa como ganancia o pérdida patrimonial.

References: artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 1303
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 1301
 artículo 79
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución