Source: http://ley.exam-10.com/law/45465/index.html?page=8
Timestamp: 2020-04-06 15:29:15+00:00

Document:
La Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos
La Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, artículo 10, indica que corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito regulado por la misma las siguientes competencias:
4) El ejercicio de las potestades de comprobación, inspección, sanción, revisión y demás medidas de control que afecten a las actividades clasificadas y espectáculos públicos, en los supuestos previstos en el apartado anterior
2.1.8.1.13.- Juventud:
Según la Ley 7/2007 de 13 de abril, Canaria de la Juventud, los Ayuntamientos canarios tienen atribuidas las competencias siguientes (art.8):
c) La elaboración de planes, programas y acciones juveniles de ámbito municipal, de acuerdo con la planificación lobal.
2.1.8.1.14.- Igualdad entre mujeres y hombres (genérica):
La Ley 1/2010, de 26 de febrero Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, artículo 4, indica que serán principios generales de actuación de todos los poderes públicos de Canarias, en el marco de sus competencias los siguientes:
17. La coordinación, entendida como la ordenada gestión de competencias entre las administraciones públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de lograr una mayor eficacia tanto en las políticas a aplicar como en la ejecución del presupuesto, donde se debe tender a su optimización y evitar la duplicidad de gastos para los mismos fine
2.1.8.1.15.- Empleo (genérica)
A tenor de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo modificada por Ley 3/2011, de 18 de febrero (art.21):
El Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias queda integrado por el conjunto de las actividades, los servicios y las prestaciones desarrolladas por organizaciones o entidades públicas o privadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de la política de formación y empleo del Gobierno de Canarias.
2.1.8.1.16.- Educación y formación permanente de personas adultas de Canarias (genérica)
De conformidad con la Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación permanente de personas adultas de Canarias (art.24) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la colaboración del resto de las administraciones públicas y entidades privadas, garantizará la consecución de los fines, principios y objetivos previstos en esta Ley, así como el eficaz desarrollo de sus líneas programáticas
2.1.8.1.17.- Cooperación internacional (genérica)
Dispone la Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación internacional para el desarrollo que (art.22) “a instancia de las Entidades Locales se creará el Fondo Canario Local de Cooperación internacional al desarrollo con el fin de fortalecer las acciones de cooperación que se realicen en la Comunidad autónoma y aumentar la eficiencia de los recursos locales destinados a este fin”
Dicha Ley debe complementarse con la reciente Ley 2/2014 de 25 de marzo de la acción y del servicio exterior del Estado que prevé la posibilidad de que las Entidades Locales puedan celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional, siempre y cuando sea previsto expresamente por el propio Tratado, el cual les atribuya competencia para ello y verse sobre materias de su competencia.
2.1.8.2.- ¿CUALES SON LOS SERVICIOS MINIMOS OBLIGATORIOS PARA LOS MUNICIPIOS EN CANARIAS ATENDIENDO AL NÚMERO DE HABITANTES?
2.1.8.2.1 Según el Artículo 26.1.a LBRL:
1) Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
Desaparece el servicio de control de alimentos y bebidas, el cual, a tenor de la Disposición Transitoria Tercera a partir del 30 de junio de 2014, pasará a ser desempeñado por la Comunidad Autónoma Por lo tanto, los municipios canarios deberían prestar solo estos servicios declarados obligatorios dejando de prestar el de control de alimentos y bebidas. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el artículo 47 de la Ley Territorial 11/1994 de 26 de julio, de ordenación sanitaria de Canarias les atribuye en materia de salud pública, entre otros apartados, “el control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humano, así como los medios de su transporte”
2.1.8.2.1.2 Según el Artículo 26.1.b LBRL:
Sin embargo respecto al tratamiento de residuos, la Ley estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (art.12.5) establece:
No obstante lo anterior, debe de precisarse que, sin perjuicio de que la competencia resulta claramente atribuida a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, al referirse el precepto genéricamente a las EELL, se incluyen en esta denominación a los CbI y llevarse a cabo la prestación del servicio público a nivel insular, como se ha apuntado más atrás, por razones de eficacia y eficiencia, así como desde el punto de vista ecológico.
2.1.8.2.1.3. Artículo 26.1.c LBRL:
Ya no aparece la genérica “prestación de servicios sociales” sino sólo las urgentes. En este sentido, dicha modificación ha de ponerse en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Racionalización según la cual con fecha 31 de diciembre de 2015 “las Comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. Ahora bien, a tenor del apartado 4 de dicha Disposición Transitoria ello “se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones provinciales o entidades equivalentes” de conformidad con lo dispuesto en el art. 27.
Ello ha de ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales según el cual, entre otros extremos, corresponde a los Ayuntamientos, en el marco de lo dispuesto en la legislación básica de régimen local34, lo siguiente:
Estudio y detección de las necesidades en su ámbito territorial.
Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del termino municipal, de acuerdo con la planificación global realizada por la comunidad autónoma.
Gestionar los servicios sociales comunitarios de ámbito municipal.
Gestionar las funciones y servicios que le sean delegados o concertados por la comunidad autónoma de Canarias o los cabildos insulares.
Supervisar y coordinar, en el municipio, los servicios sociales municipales con los de la iniciativa privada del mismo ámbito, de conformidad con las normas de coordinación que dicte la comunidad autónoma, con la finalidad de alcanzar las previsiones de la planificación general.
Gestionar prestaciones económicas y colaborar en lo que reglamentariamente se establezca en la gestión de las prestaciones económicas y subvenciones de los cabildos y la comunidad autónoma en lo que se refiere a servicios sociales en su ámbito municipal.
Formación permanente y reciclaje del personal de los servicios sociales de estas corporaciones.
Dada la restricción operada en la Ley 27/2013, en materia de servicios sociales, y relacionando con lo que indica el artículo 13 de la ley territorial canaria, no todos los servicios sociales que hasta la fecha se vienen prestando por los municipios canarios tendrían cobertura normativa a excepción de los servicios comunitarios previstos en las letras a) y e) del Art. 6.3 de la ley canaria conceptuados como servicios sociales o comunitarios (nivel primario del sistema) y que a continuación se transcriben:
Especial relevancia podría tener para los municipios de menos de 20.000 habitantes la desaparición del servicio de ayuda a domicilio, que se contiene en el apartado c) del artículo 6.3 de la Ley territorial y que dada la remisión normativa a la legislación de régimen local que hace esa Ley, en coherencia con los términos del 26 LBRL en la nueva redacción, no podrían ser prestados por los municipios que no alcanzasen dicha cifra de población.
En esta misma materia, sin embargo, ha de tenerse en cuenta que conforme a la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (art.12.2) corresponden a los Ayuntamientos canarios las siguientes competencias (sin remisión normativa a los términos de la legislación básica) “En particular, corresponden a los ayuntamientos canarios, a través de los servicios básicos de asistencia social o de los órganos y unidades administrativas que se determinen en sus normas orgánicas, las competencias siguientes:
m) Cualesquiera otras que se contemplan en esta ley o se les atribuyan por el ordenamiento jurídico
Respecto a protección civil, ha de tenerse en cuenta que la Ley 2/1985 de 21 de enero de Protección civil otorga a las Corporaciones Locales la potestad sancionatoria en esta materia lo cual resulta paradójico si no se presta el servicio. En este apartado, resulta preciso mencionar que si muchos de los Ayuntamientos canarios por su población no tuviesen competencias en esta materia, resultaría forzado el mantenimiento de este servicio sin soporte competencial.
Sin embargo, esta materia podría tener encaje en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias la cual indica que “El Gobierno de Canarias y las corporaciones locales están obligadas a coordinar sus actuaciones a los fines establecidos en la presente Ley, para lo cual deben facilitarse cuanta información sea precisa a fin de que los cuerpos de policía y otros servicios de seguridad y emergencias colaboren eficazmente” En este sentido, el artículo 2 de dicho texto legal indica como actuaciones las siguientes:
f) La transparencia y el suministro de información a los medios de comunicación en función de las necesidades del servicio y sin perjuicio del deber de secreto profesional y de la reserva que requiera la eficacia de las investigaciones
Respecto a la competencia para la construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas de uso público, nos podemos preguntar ¿que pasaría con las instalaciones deportivas que han construido y mantienen los municipios de menos de 20.000 habitantes? ¿tendrían que dejar de prestar ese servicio y le correspondería al CbI?. La respuesta estriba en que por una parte, la división en el artículo 26 por habitantes, de las competencias propias del artículo 25, significa que se trata de una obligación legal mínima de su prestación. Por otra parte, el precepto en su apartado 1 abre con un “…deberán prestar…”, el articulo 25.1.l) atribuye a los municipios la prestación de la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre, con lo cual resulta perfectamente asumible por los municipios, el mantenimiento de su prestación, al tratarse de una competencia propia.
2.1.8.2.1.4.- Artículo 26.1.d LBRL:
Ha de reseñarse que en la redacción anterior del apartado, aparecía “protección del medio ambiente”. Ahora se utiliza la expresión genérica “medio ambiente” pero restringido al urbano entendiéndose por éste, según la Nota del Ministerio, lo relativo a los parques y jardines públicos, la gestión de los residuos sólidos urbanos y la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Ahora bien, ello en nuestro ámbito territorial, ha de ponerse en relación con la Ley Territorial 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias cuyo artículo 10 bajo la rúbrica “Competencias de los municipios” indica lo siguiente:
2.1.8.2.- ¿QUE COMPETENCIAS LES ATRIBUYE A LOS MUNICIPIOS COMO PROPIAS LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS POR MEDIO DE SU LEGISLACIÓN DE REGIMEN LOCAL?
La Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, es promulgada en desarrollo de la legislación básica del estado en materia de régimen local, a virtud de la habilitación prevista en el Estatuto de Autonomía35. Las competencias municipales se encuentran recogidas en el Capítulo II del Título I de la misma, aunque en el art. 4, desarrolla el reconocido constitucionalmente, principio de la garantía institucional de la autonomía local, se enumeran los criterios del régimen competencial de los mismos en base a:
a) La necesariedad de que se atribuya gestión por los municipios de los asuntos públicos de interés vecinal.
d) La atribución de las competencias que permitan hacer efectiva esa participación.
e) La facultad de los municipios para conformar y ejecutar una política municipal propia y diferenciada en el marco de tales competencias y participar en la configuración de las políticas sectoriales, insulares y autonómicas, que les afecten.
Dicha atribución competencial llevada a cabo por el legislador sectorial autonómico deberá ajustarse a los siguientes principios (arts. 5 a 9):
ausencia de duplicidad administrativa y
Las técnicas de atribución competencial usadas son la transferencia como propias y las delegadas por el Estado, la CCAA y los Cabildos Insulares.
La Ley determina ya como propias a transferir a los municipios canarios (art.11) las siguientes materias:
Fomento y promoción del desarrollo económico y social municipal en el marco de la planificación autonómica.
En cuadro comparativo con las garantizadas por el LRBRL:

References: artículo 10
 artículo 4
 Artículo 26
 artículo 47
 Artículo 26
 Artículo 26
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 25
 Artículo 26
 artículo 10