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Timestamp: 2017-12-11 17:09:29+00:00

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MINAM: Faltan establecer otros LMP para que todas las empresas pasen por fiscalización ambiental
EN CALIDAD AMBIENTAL AIRE
La Directora General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), Juliana Becerra, reconoció que existen ciertos Límites Máximos Permitidos (LMP) que aún no han sido aprobados para ciertos sectores, como la minería, y que debido a ello, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no alcanza a fiscalizar a todas las empresas que generan emisiones.
Durante su presentación en la Audiencia Pública “Calidad ambiental del aire y salud pública”, organizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la funcionaria del MINAM especificó que solo se cuenta con cinco normas para los LMP de emisiones.
La del sector minero metalúrgico (1996) que necesita ser revisada y actualizada, aseguró que el MINAM ya trabaja en ello; En Transporte (2012), en industria cementera (2002), pesquería (2009) e hidrocarburos (2010).
“Los LMP están sujetos a fiscalización ambiental. Ahora debemos trabajar para fijar los que faltan para que el OEFA cumpla con su labor. Hay muchas empresas y sectores industriales que aún no cuentan con LMP”, indicó mientras presentaba la propuesta de Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA-Aire).
Falta reconocer Calidad Ambiental
Becerra reconoció que existe una brecha enorme entre la ejecución y evaluaciones, y el conocimiento real de la calidad ambiental en todas las zonas del Perú. Incluso mencionó que esto ha sido detectado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su evaluación de desempeño ambiental.
“Hay deficiencia en la infraestructura de una red de monitoreo, salvo en Lima y Callao. En los demás lugares del Perú, existe solo información aislada de campañas de monitoreo que intentan evaluar el cumplimiento de los ECA. Sumado a ello, tenemos protocolo de monitoreo de calidad del aire del año 2005, y que no es cumplido por todos aquellos que realizan monitoreo”, apuntó.
GESTA La Oroya responde
Alejandro Guadalupe, miembro del Consejo departamental del Colegio de Ingenieros de Huancayo, cuestionó que el MINAM argumente que es necesario aumentar los ECA – Aire porque es “imposible llegar a los parámetros de 20 microgramos por m3 en el corto plazo, dado que ello depende de la tecnología instalada, los aspectos económicos y la capacidad de la gestión de la calidad del aire el cual está en proceso de fortalecimiento”.
“Con esto dan carta abierta a las trasnacionales que no pueden instalar una ‘tecnología de punta’, y que en el Perú no se lo podemos exigir. La misma Doe Run ha reconocido que cuenta con maquinaria obsoleta, por eso emiten dióxido de azufre en cantidad”, remarcó Guadalupe, quien además denunció que el MINAM haya elegido a un funcionario de la empresa Doe Run integre el GESTA de La Oroya como juez y parte.
Por su parte, Christian Huaylino, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y representante legal de 79 afectados por contaminación en La Oroya, lamentó que el MINAM proponga subir más de 12 veces el límite de contaminación cuando el sistema de salud en La Oroya es bastante precario y no se da abasto para atender a toda la provincia de Yauli.
Recordó que en el 2009 el ECA en La Oroya era de 80 microgramos por m3, luego en el 2013 se estableció que debería ser 20 microgramos por m3 en todo el país. Luego se sacó una norma que permitía una excepción y se regrese a 80 microgramos por m3 en la cuenca atmosférica de Arequipa, Ilo y La Oroya. Y este es el estándar actual.
“El MINAM ahora propone 250 microgramos por m3, y a esto se suma la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que le permitirá al nuevo operador del complejo metalúrgico de La Oroya, iniciar con un nivel de 365 microgramos por m3 que irá bajando durante 14 años hasta llegar al nivel actual. Es decir, hasta el 2030, la exposición a metales pesados será más intensa para la población”, advirtió.
Sustento de ECA
Durante su presentación, la Directora General de Calidad Ambiental del MINAM, aseguró que, para elaborar el decreto, se revisaron las directrices sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2005, 2001, 1987 y 1979, y ver cómo es que esta entidad trabaja sus estándares.
Además, citó otros documentos de referencia como el del Ministerio de Salud de Canadá (2016), y de la Environmental Protection Agency (EPA), el cual se centra en dióxido de azufre.
Por qué un nuevo ECA Aire
“Hemos concluido que los decretos supremos deben ir en uno solo, y así alinear la Política del Aire a la Política nacional del Ambiente, e integrar al Sistema Nacional de Gestión Ambiental”, puntualizó.
Recordó que en el año 2001 fue la primera vez que se formularon los ECA – Aire en el Perú. Luego, cuando se creó el MINAM en el 2008 se establecen y modifican los ECA, y además de incluir el dióxido de azufre, se incluye el valor de material particulado como nuevo parámetro.
“Este trabajo empezó en setiembre tras una revisión y diagnóstico de la normativa del MINAM, y en noviembre del 2016 se creó un grupo de trabajo interno (R.M. N°331-2016-MINAM) que ha venido coordinando sostenidos algunas reuniones con otros sectores del Estado y la Sociedad Civil”, reveló.
El MINAM tiene la función de elaborar los ECA y los lineamientos para su aplicación. Son de alcance nacional y debe elaborar los ECA de aire, agua y suelo
Los ECA y LMP son instrumentos de gestión ambiental y establecen niveles de concentración y parámetros de diferentes sustancias físicas, químicas y biológicas
Fotos: Radio Nacional / RED MUQUI
MINAM propone cambios en ECAs para aire: La vida y la salud no pueden depender de intereses económicos
RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del país, que desde el año 2003 acompaña a comunidades y poblaciones de zonas mineras, ante la reciente pre publicación del MINAM del Decreto Supremo que aprueba los ECA para aire, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
Cuestionamos la pretención de aplicar medidas regresivas desde el MINAM, proponiendo incrementar en 8 veces más el nivel de dióxido de azufre establecido en el país y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS); es decir, de 20 µg/m3 media en 24 horas, a 250 µg/m3 de SO2, y respecto del material particulado del aire, que propone incrementar al doble, pasando el valor de PM2.5 para 24 horas, de 25 a 50 µg/m3, sin considerar que son partículas muy finas, que penetran con facilidad a las vías respiratorias y la sangre, aumentando el riesgo de morbilidad y mortalidad prematura, por exposiciones a corto y largo plazo.
Si no se disponen de estudios epidemiologicos nacionales y se tienen daños hitóricos al ambiente (pasivos ambientales), podemos confirmar que se tratan de medidas que no están orientadas a la prevención del riesgo a la salud; en cambio, pretenden invisibilizar los daños a los ecosistemas y condiciones ambientales para la preservación de la vida en general.
De otro lado, constatamos que no hay un nivel de coordinación entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud que son las entidades responsables de aplicar acciones precautorias y preventivas en resguardo de la salud; por lo que, se legisla el establecimiento de ECAs sobre la lógica de medición de impactos económicos especulativos, en perjuicio de la salud ambiental y humana.
Con éstas medidas, se evidencia que existen: de un lado, presión de parte de las empresas involucradas para obtener más utilidades a costa de la vida de las personas y el ambiente, y de otro lado, la permisividad de las autoridades de turno con una visión meramente economicista.
Si bien es importante que se haya incorporado el mercurio gaseoso en el ECA Aire, cuya fuente de contaminación está identificada en la minería artesanal y la pequeña minería, sin embargo, también se hace necesario y oportuno incorporar otros parámetros como el Arsénico, Cobre y Cadmio, que provienen de actividades económicas como la minera (complejos metalúrgicos, tajos abiertos, relaveras, entre otros). Esto es importante no sólo para prevenir afectación a la salud por metales pesados en dichas zonas, sino para evidenciar los daños a la salud ya sufridos, en zonas que no cuentan con estudios epidemiológicos como ocurre en La Oroya en Junín y Huari en Ancash, entre otras.
La propuesta normativa no cuenta con alguna disposición que permita la revisión o actualización y mejora periódica de los ECA para Aire, y la integración de otros parámetros que actualmente no están establecidos.
Ante tal situación, es importante establecer procesos de vigilancia y monitoreo ambiental participativos y la conformación de Comités con las organizaciones locales, y adicionalmente a ello, establecer la alternativa del monitoreo pasivo, que se realiza con equipos adecuados y que debiera contar con el soporte técnico del MINSA. Con esta propuesta se puede disminuir la “excusa de muchas empresas –sobre todo empresas mineras- que no asumen su responsabilidad ambiental” al no admitir que son una fuente de contaminación de material particulado, y tienen un “respaldo” por el vacío legal que existe en nuestra normativa ambiental.
Las medidas tomadas con éste Decreto Supremo, de aprobarse, afectan de manera directa el derecho de vivir en un ambiente saludable y equilibrado para el pleno desarrollo de la vida, el mismo que debe ser garantizado por el Estado a través de sus autoridades. Pese a esa responsabilidad, hasta la fecha no se tienen estudios epidemiológicos que demuestren la inocuidad para los niveles de SO2 en el aire y de otros metales pesados y riesgosos, y los daños sobre la salud por exposición respiratoria de niños, mujeres, gestantes y personas mayores.
Finalmente, consideramos que el tiempo brindado por el MINAM es muy corto para brindar aportes, y más bien deben hacerse públicos las opiniones de las entidades nacionales e internacionales consideradas como sustento, y sumar la opinión de la OMS, los informes de los GESTAS de calidad de aire de por lo menos las 13 regiones priorizadas a nivel nacional, donde se ha impulsado, y de las instancias del sector salud, a fin de considerarlas como elementos que generen una revisión de la actual propuesta y sustenten el documento final de ECAs Aire, y para ello es necesario tener el tiempo suficiente.
EN SEGUNDA VOTACIÓN DEL PLENO
Durante su intervención, el congresista y autor del proyecto, Oracio Pacori reiteró que lo que se busca es fortalecer la institucionalidad ambiental que ha sido debilitada por dicha ley, promovida por el gobierno de Ollanta Humala.
“El artículo 19 de la Ley 30230 ha impedido al OEFA imponer sanciones a las empresas que afectan el medio ambiente e inclusive esta norma ha sido utilizada para que grandes empresas mineras, petroleras y pesqueras reduzcan las multas que les fueron impuestas. No podemos seguir con esta situación que únicamente beneficia a grandes actores privados”, recordó Pacori.
Asimismo, recordó que la Ley N° 30230 no ha cumplido con reactivar la economía al debilitar la fiscalización ambiental en los últimos 3 años.
“La prevención y corrección, a través de sanciones leves, no ha sido disuasivo; por el contrario, ha aumentado las infracciones. Es claro que el artículo 19 de esta norma no ha dado resultados para remediar y resolver la contaminación ambiental producto de las actividades extractivas”, aseveró Pacori.
Es así que el legislador refirió que, en el sector minero, las infracciones ambientales se han incrementado en un 62%; mientras que el sector de hidrocarburos, en un 14.8%.
Ante el pleno, el congresista de Puno remarcó que, para este proyecto, se ha contado con la opinión del Ministerio de Economía y del Ambiente. Desde ambos sectores se remitieron los resultados del enfoque "preventivo" de la Ley N°30230.
Parte de la sustentación ante el pleno, estuvo a cargo de la congresista María Elena Foronda, también presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en donde la iniciativa se aprobó el 9 de diciembre del 2016.
“En este tiempo de vigencia del artículo 19 (2014-2017), el OEFA informó a la comisión que ha detectado infracciones ambientales, pero de nada ha servido porque no ha podido actuar. Los departamentos de Piura, Loreto, Cusco, Lima y Callao los más afectados por la cantidad de sanciones no impuestas, ni multas percibidas”, señaló.
Foronda resaltó que, en el texto sustitutorio del proyecto, se ha planteado que se deroguen o modifiquen todas aquellas normas que se oponen a esta ley. Es decir, cualquier norma que promueva debilitar las funciones de sanción del OEFA.
“Todos estamos viviendo los impactos de no prevenir, nadie en su sano juicio puede decir que toda esta crisis que estamos viviendo no se deba a ello. Si nosotros logramos la aprobación de esta ley lograremos instaurar las competencias de fiscalización ambiental, a tener una prevención sostenible y así evitar lo más de 200 conflictos socioambientales”, advirtió ante el pleno del Congreso.
Salvedad para MYPES
La semana pasada, la iniciativa de ley de Pacori (N° 269/2016-CR) fue respaldada por 99 votos a favor y uno solo en contra. No obstante, la mesa directiva decidió que sea sometida a segunda votación ante la existencia de otro proyecto de ley contrario.
El congresista y presidente de la Comisión de Producción y Microempresa, Mario Mantilla, objetó que derogar del todo el artículo 19, debido a que su iniciativa legislativa (1076/2016-CR) proponía el OEFA haga una excepción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES).
“Si la autoridad ambiental detecta infracciones por parte de MYPES, solo aplicará medidas correctivas y suspenderá el proceso de sanción. Si las empresas cumplen con la medida correctiva impuesta por OEFA, el proceso pasará a ser concluido”, indicaba la propuesta de Ley de Mantilla.
Ante ello, el Congreso decidió tomar en cuenta esta excepción e incluirla como una disposición complementaria transitoria, la cual establece que el régimen del artículo 19 de la Ley N°30230 se mantendrá vigente por un periodo de 3 años para las MYPES, establecidas en el artículo 5 de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, y que no desarrollen actividades extractivas.
La ley aprobada por el Congreso de la República será remitida al Poder Ejecutivo, que tiene 30 días para observarla o proceder a su promulgación.
Congreso insiste en esperar opinión del MEF para aprobar devolución de facultades sancionadoras al OEFA
POR UNA SEMANA MÁS
Ahora que APEC terminó, se espera que funcionarios den opinión técnica sobre proyecto de Ley que deroga artículo de Ley N° 30230
Los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, decidieron dar ocho días más de plazo para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analice el proyecto de Ley (N° 00269/2016-CR) que propone derogar el artículo que le restó facultades de sanción al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) desde el 2014.
En la sesión del martes 22 de noviembre se esperaba contar con un informe técnico por parte del Ejecutivo, y desde la Comisión de Economía y Presupuesto del Congreso. Sin embargo, no llegó ningún documento, ni respuesta a este pedido del grupo de trabajo encargado del Ambiente en el Legislativo.
El autor del proyecto de ley, el congresista Oracio Pacori, recordó que para aprobar el dictamen de esta iniciática se cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente (Minam) y el mismo OEFA.
“Es importante tener la opinión del MEF, pero ya se le ha dado un plazo de una semana, y en vista que no hay respuesta, sería bueno ya someterlo al voto y que de esta manera pueda ya pasar al pleno”, indicó durante su participación en la Comisión.
Asimismo, el legislador destacó algunas de las recomendaciones del informe de evaluación sobre el desempeño ambiental del Perú 2016, a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Espacio internacional que el Perú aspira a formar parte, hace tiempo.
“Es necesario consolidad y profundizar el control de las actividades con incidencias sobre el medio ambiente y la salud, así como de la calidad de vida de las personas. Además de garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del OEFA y el SINEFA, y mejorar su coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, citó.
En ese sentido dijo que esta opinión de la OCDE determina la importancia de la derogatoria del artículo 19 de la “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país” (N° 30230).
Pese a ello, los congresistas decidieron darle mayor plazo al MEF. El congresista Freddy Sarmiento y Edwin Vergara, ambos de la bancada de Fuerza Popular, adujeron que la falta de respuesta del Ejecutivo responde a la realización de la APEC en Lima.
Vergara insistió en que se requiere contar con el análisis del MEF para que el dictamen del proyecto de Ley de Pacori “vaya fortalecido” al pleno y no corra el riesgo de ser devuelto a la comisión. Aun así, reiteró estar de acuerdo con la propuesta legislativa.
Proponen derogar otro artículo más
A su turno, el congresista César Villanueva, planteó que también se considere la derogatoria del artículo 20 de la referida Ley, al otorgarle facultades a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para establecer zonas reservadas mediante Decretos Supremos, con lo cual le resta competencias al Minam.
“Este artículo también puede generar problemas sociales y ambientales, ya que se cruza con decisiones que toman respecto al Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE)”, observó.
La OCDE es una organización internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de economía de mercado.
Los representantes de los 30 países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros.
Nov 30, -0001 1529 Noticias

References: artículo 19
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 artículo 5
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 artículo 20