Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd337-2010.html
Timestamp: 2016-02-11 13:00:01+00:00

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Publicado en BOE n�m. 71 de 23 de Marzo de 2010
Delitos de defraudación a la Seguridad Social y delitos contra los derechos de los trabajadores	Pilar Gómez Pavón, Carmen Armendáriz León, Félix María Ped
57 € + IVA TODO Contratación Laboral	Redacción CISS 123 € + IVA Nóminas y Seguros Sociales Manuel Planas Gómez
127,72 € + IVA Sumario
�Modificaci�n del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataci�n en el sector de la construcci�n
�Modificaci�n del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m�nimas de seguridad y salud en las obras de construcci�n
�Validez de certificaciones conforme al sistema de acreditaci�n de la formaci�n anterior a la entrada en vigor del real decreto
�Referencias al aviso previo en las obras de construcci�n
�Especialidades y medios exigibles para la acreditaci�n de las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n
�Conciertos anteriores a la entrada en vigor del real decreto
�Acuerdo de criterios b�sicos sobre la organizaci�n de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevenci�n
Las modificaciones contenidas en este real decreto responden �ntegramente a la adaptaci�n del ordenamiento jur�dico a los objetivos fijados por la Estrategia Espa�ola de Seguridad y Salud en el Trabajo para el per�odo 2007-2012.
La pr�ctica totalidad del contenido del real decreto se dirige a la modificaci�n del Reglamento de los Servicios de Prevenci�n aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. No obstante se incluyen modificaciones puntuales en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataci�n en el sector de la construcci�n y se deroga expresamente el articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m�nimas de seguridad y salud en las obras de construcci�n, por necesidades derivadas de la adaptaci�n de la Directiva sobre servicios de mercado interior.
En cuanto a la modificaci�n del Reglamento de Servicios de Prevenci�n, pueden distinguirse dos �reas tem�ticas: la dirigida a facilitar el cumplimiento de la normativa de prevenci�n a las empresas, en particular para las peque�as y medianas, de un lado y, de otro, la encaminada a mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de prevenci�n de riesgos laborales, con especial atenci�n a las entidades especializadas que act�an como servicios de prevenci�n.
En cuanto a lo primero, se pretende lograr un mejor y m�s eficaz cumplimiento de la normativa de prevenci�n de riesgos laborales en las empresas. Para ello, y sin merma de la calidad, se pretende racionalizar y simplificar su gesti�n en prevenci�n de riesgos laborales, lo que se consigue, en primer lugar, permitiendo a las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevenci�n que puedan realizar de manera simplificada el plan de prevenci�n de riesgos laborales, la evaluaci�n de riesgos y la planificaci�n de la actividad preventiva, siempre que ello no suponga una reducci�n del nivel de protecci�n de la seguridad y salud de los trabajadores, para lo que contar�n con el apoyo de una gu�a orientativa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; en segundo lugar, que estas mismas empresas que realicen las actividades preventivas mediante recursos propios dispongan de un proceso simplificado de auditor�a de sus sistema de gesti�n de la prevenci�n y, en tercer lugar, ampliando de seis a diez el n�mero de trabajadores de las empresas en las que el empresario puede asumir de manera personal el desarrollo de la actividad preventiva.
En cuanto a lo segundo, el real decreto incide en importantes cuestiones que influyen significativamente en la calidad y eficacia del sistema de prevenci�n de riesgos laborales de las empresas, as� como la participaci�n de las entidades especializadas que han de intervenir junto al empresario en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Todas estas cuestiones han sido objeto de debate y discusi�n, primero globalmente en un grupo de trabajo constituido por la Administraci�n General del Estado y las comunidades aut�nomas y seguidamente, de forma ordenada y sistem�tica, con las organizaciones sindicales y empresariales. De dicho proceso de debate result� un documento de consenso referido a las �actuaciones para la mejora de la calidad y eficacia del sistema de prevenci�n de riesgos laborales�, que ha guiado la elaboraci�n del presente real decreto en estas cuestiones y que deber� dirigir igualmente el ulterior desarrollo normativo que completar� la reforma.
Las l�neas establecidas en el real decreto que marcan la reforma dirigida a la mejora de la calidad y la eficacia del sistema de prevenci�n de riesgos laborales son las siguientes:
1. Se dota al sistema de prevenci�n de riesgos laborales de fortaleza y solidez. Ello a su vez implica constituir un marco jur�dico m�s seguro para quienes operan en este sector para lo cual: se adecua el procedimiento de acreditaci�n de dichas entidades especializadas conforme a lo se�alado en la reciente modificaci�n de la Ley de Prevenci�n de Riesgos Laborales por parte de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el sentido de establecer una acreditaci�n �nica para estas entidades (eliminando el tr�mite de acreditaci�n provisional existente hasta la fecha); se salvaguarda el papel que dicho sistema otorga a las entidades especializadas, definiendo mejor tanto los requisitos de acreditaci�n como el campo de actuaci�n (y de exclusi�n) de tales servicios. La mejor definici�n de los requisitos de acreditaci�n garantiza, por otro lado, una homogeneidad en la acreditaci�n de la entidad especializada en todo el territorio espa�ol, con independencia de la comunidad aut�noma que la haya otorgado; se definen las causas de revocaci�n de la acreditaci�n y el procedimiento correspondiente, con las debidas garant�as. En este sentido, se refuerza la intervenci�n de las distintas autoridades laborales de tal manera que, sin alterar el sistema de acreditaci�n actual, cada comunidad aut�noma pueda comprobar en su territorio el mantenimiento de los requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicio de prevenci�n ajeno.
2. Se favorece el aumento de la calidad del servicio a prestar a las empresas por las entidades especializadas lo que se consigue, en primer lugar, mediante una definici�n m�s completa del contenido de los conciertos de servicio de prevenci�n ajeno con las empresas, como garant�a ineludible para �stas y para los trabajadores de la cobertura que les debe dispensar la entidad; en segundo lugar, sentando las bases de los recursos, tanto humanos como materiales, de que deben disponer los servicios de prevenci�n ajenos para prestar un servicio de calidad, que han de estar en relaci�n con factores diversos, en especial, tama�o y actividad de las empresas y n�mero de trabajadores cubiertos por los conciertos. Esto exigir�, en todo caso, una orden para su desarrollo. Tambi�n se prev� el desarrollo adicional en cuanto a la configuraci�n de las �reas de los servicios de prevenci�n que se ocupen de la especialidad de medicina del trabajo, a cuyo efecto se establece en una disposici�n final la necesidad de una norma reglamentaria a aprobar por los Ministerios de Sanidad y Pol�tica Social y Trabajo e Inmigraci�n, que contenga el marco jur�dico del Acuerdo de criterios b�sicos sobre la organizaci�n de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevenci�n; en tercer lugar, se potencia la interdisciplinariedad de los servicios de prevenci�n ajenos que habr�n de disponer para su acreditaci�n de las cuatro especialidades o disciplinas preventivas fijadas en el Reglamento de los Servicios de Prevenci�n, sin perjuicio de establecer un plazo de adaptaci�n de un a�o para las entidades ya acreditadas.
3. Se definen y clarifican los requisitos de los servicios de prevenci�n mancomunados de acuerdo con las recomendaciones de la Estrategia Espa�ola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 para lo cual se toman como referencia los de los servicios de prevenci�n ajenos, si bien con una cierta modulaci�n al tenerse presente el criterio de potenciaci�n de los recursos propios que tambi�n marca la Estrategia.
4. Se mejora el tratamiento de la informaci�n de las entidades especializadas y se permite un mejor conocimiento de los datos por las autoridades y los ciudadanos, para lo que se modifica el contenido de la disposici�n referente a registros de las entidades especializadas y as�, se fijan las finalidades de uso de los datos a incorporar a los mismos, se propicia la comunicaci�n telem�tica de dichos datos y la interconexi�n de los registros auton�micos mediante la creaci�n de una base de datos inform�tica gestionada por el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, todo ello con expresa salvaguardia de la confidencialidad de la informaci�n de acuerdo con la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de datos de car�cter personal.
Por otra parte, se han incluido modificaciones en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataci�n en el sector de la construcci�n, sobre el libro de subcontrataci�n y el c�mputo de socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado.
La disposici�n derogatoria afecta, en primer lugar, a la disposici�n transitoria tercera del Reglamento de los Servicios de Prevenci�n sobre acreditaci�n de la formaci�n para la realizaci�n de funciones de niveles intermedio y superior en materia de prevenci�n de riesgos laborales, al existir en la actualidad titulaciones oficiales aprobadas por las autoridades competentes que cumplen con los requisitos de formaci�n m�nima exigidos en los art�culos 36 y 37 de la citada norma y, en segundo lugar, al articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m�nimas de seguridad y salud en las obras de construcci�n en materia de aviso previo en consonancia con la modificaci�n introducida en este sentido en el Real Decreto-ley 1/1986 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que introduce un nuevo apartado 3 del articulo 6 con el objetivo de refundir en uno solo los tr�mites de aviso previo y comunicaci�n de apertura del centro de trabajo.
La nueva redacci�n del articulo 18 del Reglamento de los Servicios de Prevenci�n implica la derogaci�n de su apartado 4, sobre posibilidad de eximir por la autoridad laboral del cumplimiento de algunas condiciones exigidas a los servicios de prevenci�n ajenos en coherencia con el sentido de la reforma, que promueve la total interdisciplinariedad de estas entidades especializadas. No obstante, se modula el efecto de esta derogaci�n con lo se�alado en el segundo p�rrafo de la disposici�n transitoria primera.
Este real decreto se dicta de conformidad con el art�culo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de la disposici�n final tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y en su elaboraci�n han sido consultadas las organizaciones sindicales y empresariales m�s representativas y o�da la Comisi�n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigraci�n, con la aprobaci�n previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 19 de marzo de 2010,
Uno. Se a�ade un nuevo apartado 4 al art�culo 2, con la siguiente redacci�n:
�4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podr�n reflejar en un �nico documento el plan de prevenci�n de riesgos laborales, la evaluaci�n de riesgos y la planificaci�n de la actividad preventiva.
Este documento ser� de extensi�n reducida y f�cil comprensi�n, deber� estar plenamente adaptado a la actividad y tama�o de la empresa y establecer� las medidas operativas pertinentes para realizar la integraci�n de la prevenci�n en la actividad de la empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en funci�n del nivel de riesgos, as� como el plazo para su ejecuci�n.�
Dos. El apartado 1 del art�culo 11, queda redactado de la siguiente manera:
�1. El empresario podr� desarrollar personalmente la actividad de prevenci�n, con excepci�n de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias:
b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no est�n incluidas en el anexo I.
d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el cap�tulo VI.�
Tres. El apartado 5 del art�culo 15, queda redactado de la siguiente manera:
�5. La empresa deber� elaborar anualmente y mantener a disposici�n de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del comit� de seguridad y salud la memoria y programaci�n anual del servicio de prevenci�n a que se refiere el p�rrafo d) del apartado 2 del art�culo 39 de la Ley de Prevenci�n de Riesgos Laborales.�
Cuatro. El art�culo 17 queda redactado de la siguiente manera:
Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevenci�n ajenos 1. Podr�n actuar como servicios de prevenci�n ajenos las entidades especializadas que re�nan los siguientes requisitos:
a) Disponer de la organizaci�n, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempe�o de su actividad.
b) Constituir una garant�a que cubra su eventual responsabilidad.
c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuaci�n como servicio de prevenci�n, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 22.
d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones se�aladas en el art�culo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales, que hubieran concertado.
2. Para actuar como servicio de prevenci�n ajeno, las entidades especializadas deber�n ser objeto de acreditaci�n por la administraci�n laboral, previa aprobaci�n de la administraci�n sanitaria, en cuanto a los aspectos de car�cter sanitario. La acreditaci�n se dirigir� a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento mencionados en el apartado anterior.�
Cinco. El art�culo 18 queda redactado en los siguientes t�rminos:
Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n ajenos 1. Las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n ajenos deber�n contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensi�n y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar, el tipo de actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicaci�n y tama�o de los centros de trabajo en los que dicha prestaci�n ha de desarrollarse, de acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
2. En todo caso, dichas entidades deber�n:
a) Contar con la acreditaci�n de la autoridad laboral competente en las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonom�a y psicosociolog�a aplicada.
b) Disponer como m�nimo de un t�cnico que cuente con la cualificaci�n necesaria para el desempe�o de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el cap�tulo VI, por cada una de las especialidades o disciplinas preventivas se�aladas en el p�rrafo anterior, salvo en el caso de la especialidad de medicina del trabajo que exigir� contar, al menos, con un m�dico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa. Asimismo deber�n disponer del personal necesario que tenga la capacitaci�n requerida para desarrollar las funciones de los niveles b�sico e intermedio previstas en el cap�tulo VI, en funci�n de las caracter�sticas de las empresas cubiertas por el servicio.Los expertos en las especialidades mencionadas actuar�n de forma coordinada, en particular en relaci�n con las funciones relativas al dise�o preventivo de los puestos de trabajo, la identificaci�n y evaluaci�n de los riesgos, los planes de prevenci�n y los planes de formaci�n de los trabajadores.
c) Disponer en los �mbitos territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, como m�nimo, de las instalaciones e instrumentaci�n necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, an�lisis y evaluaciones habituales en la pr�ctica de las especialidades citadas, as� como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas b�sicas, en los t�rminos que determinen las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
3. Sin perjuicio de la necesaria coordinaci�n indicada en el apartado 2 de este art�culo, la actividad sanitaria contar� para el desarrollo de su funci�n dentro del servicio de prevenci�n con la estructura y medios adecuados a su naturaleza espec�fica y la confidencialidad de los datos m�dicos personales.�
Seis. El apartado 2 del art�culo 19 queda modificado en los siguientes t�rminos:
�2. Las entidades asumir�n directamente el desarrollo de aqu�llas funciones se�aladas en el art�culo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que hubieran concertado y contribuir�n a la efectividad de la integraci�n de las actividades de prevenci�n en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jer�rquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan:
a) Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realizaci�n de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.
b) Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios materiales que estimen necesarios para prestar el servicio en condiciones y con un tiempo de respuesta adecuado, sin perjuicio de la obligaci�n de contar con car�cter permanente con los recursos instrumentales m�nimos a que se refiere el art�culo 18.�
Siete. Se modifica el art�culo 20, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
Concierto de la actividad preventiva 1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de la actividad preventiva y deba desarrollarla a trav�s de uno o varios servicios de prevenci�n ajenos a la empresa, deber� concertar por escrito la prestaci�n. Dicho concierto consignar�, como m�nimo, los siguientes aspectos:
a) Identificaci�n de la entidad especializada que act�a como servicio de prevenci�n ajeno a la empresa.
b) Identificaci�n de la empresa destinataria de la actividad, as� como de los centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando se trate de empresas que realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de construcci�n, incluir� expresamente la extensi�n de las actividades concertadas al �mbito de las obras en que intervenga la empresa.
c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicaci�n para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el art�culo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizar�n para el desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Dichas actuaciones ser�n desarrolladas de acuerdo con la planificaci�n de la actividad preventiva y la programaci�n anual propuestas por el servicio y aprobadas por la empresa.Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y as� se especifique en el concierto, �ste deber� consignar:
1.� Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de prevenci�n ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las m�quinas, equipos e instalaciones y la verificaci�n de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificaci�n e inspecci�n establecidas por la normativa de seguridad industrial, as� como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protecci�n.
2.� Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de prevenci�n ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar mediciones al respecto, sin perjuicio de la inclusi�n o no de estas mediciones en las condiciones econ�micas del concierto.
3.� Si se concierta la especialidad de ergonom�a y psicosociolog�a aplicada, el compromiso del servicio de prevenci�n ajeno, de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa.
4.� El compromiso del servicio de prevenci�n ajeno de revisar la evaluaci�n de riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jur�dico, en particular, con ocasi�n de los da�os para la salud de los trabajadores que se hayan producido.
5.� Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de trabajo sometidos a la normativa de seguridad y salud en obras de construcci�n, se especificar�n las actuaciones a desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.
d) La obligaci�n del servicio de prevenci�n de realizar, con la periodicidad que requieran los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoraci�n de la implantaci�n de las actividades preventivas derivadas de la evaluaci�n.
e) La obligaci�n del servicio de prevenci�n de efectuar en la memoria anual de sus actividades en la empresa la valoraci�n de la efectividad de la integraci�n de la prevenci�n de riesgos laborales en el sistema general de gesti�n de la empresa a trav�s de la implantaci�n y aplicaci�n del plan de prevenci�n de riesgos laborales en relaci�n con las actividades preventivas concertadas.
f) El compromiso del servicio de prevenci�n de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realizaci�n de las actividades concertadas.
g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevenci�n ajeno los da�os a la salud derivados del trabajo.
h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevenci�n ajeno las actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboraci�n y coordinaci�n de todos ellos.
i) La duraci�n del concierto.
j) Las condiciones econ�micas del concierto, con la expresa relaci�n de las actividades o funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.
k) La obligaci�n del servicio de prevenci�n ajeno de asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los �rganos de representaci�n especializados, en los t�rminos establecidos en la normativa aplicable.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 28.2.b), las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n deber�n mantener a disposici�n de las autoridades laborales y sanitarias competentes, una memoria anual en la que incluir�n de forma separada las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho per�odo, indicando en cada caso la naturaleza de �stos.
Igualmente, deber�n facilitar a las empresas para las que act�en como servicios de prevenci�n la memoria y la programaci�n anual a las que se refiere el apartado 2.d) del art�culo 39 de la Ley de Prevenci�n de Riesgos Laborales, a fin de que pueda ser conocida por el Comit� de Seguridad y Salud en los t�rminos previstos en el art�culo citado.�
Ocho. Se modifica el art�culo 21, que queda redactado como sigue:
Servicios de prevenci�n mancomunados 1. Podr�n constituirse servicios de prevenci�n mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simult�neamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los t�rminos previstos en el apartado 3 del art�culo 15 de esta disposici�n.
Por negociaci�n colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el art�culo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisi�n de las empresas afectadas, podr� acordarse, igualmente, la constituci�n de servicios de prevenci�n mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un pol�gono industrial o �rea geogr�fica limitada.
Las empresas que tengan obligaci�n legal de disponer de un servicio de prevenci�n propio no podr�n formar parte de servicios de prevenci�n mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque s� de los constituidos para empresas del mismo grupo.
2. En el acuerdo de constituci�n del servicio mancomunado, que se deber� adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las empresas afectadas en los t�rminos establecidos en el art�culo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales, deber�n constar expresamente las condiciones m�nimas en que tal servicio de prevenci�n debe desarrollarse.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho servicio de prevenci�n debe desarrollarse deber�n debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de cada uno de los comit�s de seguridad y salud de las empresas afectadas.
Asimismo, el acuerdo de constituci�n del servicio de prevenci�n mancomunado deber� comunicarse con car�cter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el supuesto de que dicha constituci�n no haya sido decidida en el marco de la negociaci�n colectiva.
3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jur�dica diferenciada, tendr�n la consideraci�n de servicios propios de las empresas que los constituyan y habr�n de contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deber�n disponer de los recursos humanos m�nimos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevenci�n ajenos de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recursos materiales, se tomar� como referencia los que se establecen para los servicios de prevenci�n ajenos, con adecuaci�n a la actividad de las empresas. La autoridad laboral podr� formular requerimientos sobre la adecuada dotaci�n de medios humanos y materiales.
4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitar� a las empresas participantes.
5. El servicio de prevenci�n mancomunado deber� tener a disposici�n de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria la informaci�n relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y forma de participaci�n de las mismas.�
Nueve. Se modifica el art�culo 23, que queda redactado como sigue:
Solicitud de acreditaci�n Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de prevenci�n deber�n formular solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los siguientes extremos:
a) Nombre o denominaci�n social, n�mero de identificaci�n fiscal y c�digo de cuenta de cotizaci�n a la Seguridad Social.
c) �mbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, as� como previsi�n del n�mero de empresas y volumen de trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad preventiva, en funci�n de los recursos humanos y materiales previstos.
d) Previsi�n de dotaci�n de personal para el desempe�o de la actividad preventiva, debidamente justificada, que deber� ser efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios, y con indicaci�n de su cualificaci�n profesional y dedicaci�n, especificando su �mbito territorial de prestaci�n de servicios.
e) Identificaci�n de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva ubicaci�n.
f) Compromiso de tener suscrita una p�liza de seguro o garant�a financiera equivalente que cubra su responsabilidad, por una cuant�a m�nima de 1.750.000 euros, efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios. El importe de la cobertura ser� anualmente actualizado en funci�n de la evoluci�n del �ndice de precios al consumo, sin que la citada cuant�a constituya el l�mite de la responsabilidad del servicio.
g) Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con otras entidades para la realizaci�n de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.�
Diez. El art�culo 24 queda redactado de la siguiente forma:
Autoridad competente 1. Ser� autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de acreditaci�n formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de prevenci�n el �rgano competente de la comunidad aut�noma o de la Ciudad con Estatuto de Autonom�a donde radiquen sus instalaciones principales. Esa misma autoridad laboral ser� competente para conocer, en su caso, de la revocaci�n de la acreditaci�n.
2. La acreditaci�n otorgada ser� �nica y tendr� validez en todo el territorio espa�ol, conforme al procedimiento regulado a continuaci�n.�
Once. El art�culo 25 queda modificado con la siguiente redacci�n:
Procedimiento de acreditaci�n 1. Recibida la solicitud se�alada en el art�culo 23, la autoridad laboral remitir� copia a la autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, a los fines previstos en el apartado 5 del art�culo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria comunicar� a la autoridad laboral su decisi�n acerca de la aprobaci�n del proyecto en cuanto a los requisitos de car�cter sanitario.
2. Al mismo tiempo, la autoridad laboral competente solicitar� informe de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social y de los �rganos t�cnicos en materia preventiva de las comunidades aut�nomas o, en el caso de las ciudades con estatuto de autonom�a de Ceuta y de Melilla, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, as� como aquellos otros que considere necesarios acerca de los aspectos no contemplados en el apartado anterior.
3. La autoridad laboral competente recabar� informe preceptivo de todas las comunidades aut�nomas en las que la entidad haya indicado que pretende desarrollar su actividad. La autoridad sanitaria competente har� lo mismo respecto de las autoridades sanitarias afectadas y en relaci�n a la comprobaci�n del cumplimiento de los requisitos sanitarios.
El informe de las autoridades laborales afectadas versar� sobre la suficiencia de los medios materiales y humanos de los que va a disponer la entidad solicitante y se manifestar� sobre la procedencia o improcedencia de la acreditaci�n.
4. Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas recabar�n, a su vez, informe de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social y de sus �rganos t�cnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, as� como cuantos otros informes considere necesarios.
5. La autoridad laboral, a la vista de la decisi�n de la autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictar� y notificar� la resoluci�n en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del �rgano administrativo competente para resolver, acreditando a la entidad o denegando la solicitud formulada. Dicho plazo se ampliar� a seis meses en el supuesto previsto en el apartado 3.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resoluci�n expresa, la solicitud podr� entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con el art�culo 31.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales.
6. Proceder� dictar resoluci�n estimatoria por parte de la autoridad laboral competente cuando se compruebe el cumplimiento de todos los extremos se�alados en el art�culo 23.
La resoluci�n estimatoria, que deber� especificar los �mbitos de actividad de la entidad especializada, se notificar� a las autoridades laborales afectadas, inscribi�ndose tales datos en el Registro al que se refiere el art�culo 28.
7. Contra la resoluci�n expresa o presunta de la autoridad laboral podr� interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el �rgano superior jer�rquico correspondiente.�
Doce. El art�culo 26 queda redactado en los siguientes t�rminos:
Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento 1. Las entidades especializadas deber�n mantener, en todo momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevenci�n establecidos en este real decreto y en sus disposiciones de desarrollo.
A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligaci�n, las entidades especializadas deber�n comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variaci�n que afecte a dichos requisitos de funcionamiento.
2. Las autoridades laboral y sanitaria podr�n verificar, en el �mbito de sus competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, comunicando a la autoridad laboral que concedi� la acreditaci�n las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.
3. Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien directamente o a trav�s de las comunicaciones se�aladas en el apartado anterior, la autoridad laboral que concedi� la acreditaci�n comprobara el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, podr� revocar total o parcialmente la acreditaci�n otorgada conforme al procedimiento que se establece en el art�culo 27. La revocaci�n o suspensi�n parcial se entender� referida �nicamente al �mbito territorial de actuaci�n de la entidad especializada donde se hayan comprobado las deficiencias.
4. Asimismo, la acreditaci�n podr� ser revocada por la autoridad laboral competente, como consecuencia de sanci�n por infracci�n grave o muy grave de las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n ajenos, de acuerdo con el art�culo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En este caso, el procedimiento de revocaci�n se iniciar� s�lo en virtud de la resoluci�n administrativa firme que aprecie la existencia de infracci�n grave o muy grave.�
Trece. Se da nueva redacci�n al art�culo 27 en lo siguientes t�rminos:
Revocaci�n de la acreditaci�n 1. La autoridad laboral competente iniciar� el expediente de revocaci�n de la acreditaci�n mediante acuerdo, que se notificar� a la entidad afectada y que contendr� los hechos comprobados y las irregularidades detectadas o bien el testimonio de la resoluci�n sancionadora firme por infracci�n grave o muy grave de las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n ajenos, de acuerdo con art�culo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2. Las comprobaciones previas al inicio del expediente sobre el mantenimiento de los requisitos de funcionamiento exigibles al servicio de prevenci�n ajeno podr�n iniciarse de oficio por las autoridades laborales o sanitarias o en virtud de los informes emitidos por los �rganos especializados de participaci�n y representaci�n de los trabajadores en las empresas en materia de prevenci�n de riesgos laborales.
3. Si la autoridad que lleve a cabo las comprobaciones fuera distinta a la autoridad laboral que acredit� al servicio de prevenci�n ajeno, remitir� a �sta informe- propuesta con la exposici�n de los hechos comprobados y las irregularidades detectadas.
4. En su caso, la autoridad laboral competente podr� recabar los informes que estime oportunos de las autoridades laborales y sanitarias correspondientes a los diversos �mbitos de actuaci�n territorial de la entidad especializada, que habr�n de ser evacuados en el plazo de quince d�as.
5. Tras las comprobaciones iniciales y los informes previstos, la autoridad laboral competente notificar� a la entidad especializada el acuerdo a que se refiere el apartado 1 y abrir� un plazo de quince d�as para las alegaciones de la entidad.
6. Si con posterioridad a la fase de alegaciones se incorporaran nuevas actuaciones al expediente, se dar� nuevamente audiencia a la entidad especializada para que formule nuevas alegaciones, con vista a lo actuado, por plazo de diez d�as, a cuyo t�rmino quedar� visto el expediente para resoluci�n.
7. La resoluci�n se notificar� en el plazo m�ximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciaci�n del expediente de revocaci�n conforme al apartado 1 y declarar� una de las siguientes opciones:
a) El mantenimiento de la acreditaci�n.
b) La suspensi�n total o parcial de la acreditaci�n cuando el expediente se haya iniciado por la circunstancia se�alada en el apartado 3 del art�culo anterior.
c) La revocaci�n definitiva de la acreditaci�n cuando el expediente se deba a la concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del art�culo anterior.
En el caso del p�rrafo b), la resoluci�n habr� de fijar el plazo en el que la entidad debe reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que, en caso contrario, la acreditaci�n quedar� definitivamente revocada. Si la entidad especializada notificara el cumplimiento de las citadas condiciones o requisitos dentro del plazo fijado en la resoluci�n, la autoridad laboral competente, previas las comprobaciones oportunas, dictar� nueva resoluci�n en el plazo m�ximo de tres meses levantando la suspensi�n acordada o revocando definitivamente la acreditaci�n.
8. La resoluci�n se notificar� a la entidad especializada, al resto de autoridades laborales y sanitarias que hayan intervenido y al Registro establecido en el art�culo 28 donde se anotar�, en su caso, la revocaci�n o suspensi�n de la acreditaci�n mediante el correspondiente asiento.
9. Si no hubiese reca�do resoluci�n transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo que inicia el expediente de revocaci�n conforme al apartado 1, sin c�mputo de las interrupciones imputables a la entidad, se producir� la caducidad del expediente y se archivar�n las actuaciones, de lo que se librar� testimonio a solicitud del interesado.
10. Asimismo, si no se hubiese notificado resoluci�n expresa transcurridos tres meses desde la fecha de la comunicaci�n por la entidad especializada a la autoridad laboral del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la resoluci�n que suspendi� la acreditaci�n, se producir� la caducidad del procedimiento y la resoluci�n en que se declare ordenar� el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el art�culo 92 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
11. Contra las resoluciones de la autoridad laboral cabr� la interposici�n de recurso de alzada ante el �rgano superior jer�rquico correspondiente en los plazos se�alados en el art�culo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.�
Catorce. El art�culo 28 queda redactado en los t�rminos siguientes:
Registro 1. En los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas o de la Administraci�n General del Estado, en el caso de las ciudades con estatuto de autonom�a de Ceuta y de Melilla, se crear� un registro en el que ser�n inscritas las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como servicios de prevenci�n, as� como las personas o entidades especializadas a las que se haya concedido autorizaci�n para efectuar auditor�as o evaluaciones de los sistemas de prevenci�n de conformidad con lo establecido en el cap�tulo V de esta disposici�n.
2. La configuraci�n de los registros deber� permitir que, con independencia de la autoridad laboral competente que haya expedido la acreditaci�n:
a) Los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevenci�n ajenos o entidades auditoras.
b) Las entidades especializadas puedan cumplir sus obligaciones de comunicaci�n de datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento con las autoridades laborales competentes.
c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo as� como los �rganos t�cnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan tener acceso a toda la informaci�n disponible sobre las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevenci�n ajenos o entidades auditoras, al margen de la autoridad que haya expedido la acreditaci�n.
3. Los �rganos a los que se refiere el apartado 1, enviar�n a la Direcci�n General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, en el plazo de ocho d�as h�biles, copia de todo asiento practicado en sus respectivos registros.
4. Los datos que obren en los Registros de las autoridades competentes se incorporar�n a una base de datos cuya gesti�n corresponder� a la Direcci�n General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
La configuraci�n de esta base de datos deber� permitir a las comunidades aut�nomas que sus respectivos registros cumplan las funciones que se le atribuyen en el apartado 2.
5. Las relaciones entre las autoridades laborales se regir�n por el principio de cooperaci�n y de acuerdo con lo establecido en el art�culo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
6. La gesti�n de los datos obrantes en los Registros se llevar� a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de datos de car�cter personal. Los datos de car�cter personal no podr�n usarse para finalidades distintas de aqu�llas para las que tales datos hubieran sido recogidos.�
Quince. El apartado 3 del art�culo 29 queda redactado de la siguiente manera:
�3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no est�n incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditor�a por el limitado n�mero de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerar� que han cumplido la obligaci�n de la auditor�a cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificaci�n sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma seg�n modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este art�culo.
La autoridad laboral registrar� y ordenar� seg�n las actividades de las empresas sus notificaciones y facilitar� una informaci�n globalizada sobre las empresas afectadas a los �rganos de participaci�n institucional en materia de seguridad y salud.�
Diecis�is. El apartado 4 del art�culo 30 queda redactado de la siguiente manera:
�4. La primera auditor�a del sistema de prevenci�n de la empresa deber� llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificaci�n de la actividad preventiva.
La auditor�a deber� ser repetida cada cuatro a�os, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo ser� de dos a�os. Estos plazos de revisi�n se ampliar�n en dos a�os en los supuestos en que la modalidad de organizaci�n preventiva de la empresa haya sido acordada con la representaci�n especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deber� repetirse cuando as� lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los �rganos t�cnicos en materia preventiva de las comunidades aut�nomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la �ltima auditor�a.�
El art�culo 33 queda redactado en los siguientes t�rminos:
Autorizaci�n 1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditor�a del sistema de prevenci�n habr�n de contar con la autorizaci�n de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud ante la misma, en la que se har�n constar las previsiones se�aladas en los p�rrafos a), c), d), e) y g) del art�culo 23.
2. La autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictar� resoluci�n autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el Registro del �rgano administrativo competente. Transcurrido dicho plazo sin que haya reca�do resoluci�n expresa, la solicitud podr� entenderse desestimada.
3. Ser� de aplicaci�n a la autorizaci�n lo previsto para la acreditaci�n en los art�culos 24 y 25 as� como lo dispuesto en el art�culo 26 en relaci�n con el mantenimiento de las condiciones de autorizaci�n y la extinci�n, en su caso, de las autorizaciones otorgadas.�
Dieciocho. El apartado 2 del art�culo 37 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�2. Para desempe�ar las funciones relacionadas en el apartado anterior ser� preciso contar con una titulaci�n universitaria oficial y poseer una formaci�n m�nima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendr� una duraci�n no inferior a seiscientas horas y una distribuci�n horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.�
Diecinueve. La disposici�n final primera queda redactada en los siguientes t�rminos:
Habilitaci�n reglamentaria 1. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigraci�n, previo informe de la Comisi�n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci�n de lo establecido en el presente real decreto.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborar� y mantendr� actualizada una gu�a orientativa, de car�cter no vinculante, para la elaboraci�n de un documento �nico que contenga el plan de prevenci�n de riesgos laborales, la evaluaci�n de riesgos y la planificaci�n de la actividad preventiva, seg�n lo dispuesto en el art�culo 5.3 de este Real Decreto.�
Modificaci�n del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataci�n en el sector de la construcci�n Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el art�culo 11, con la siguiente redacci�n:
�En las cooperativas de trabajo asociado se computar�n a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores ser�n computados de manera an�loga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:
a) La duraci�n de su v�nculo social.
c) A que hayan superado la situaci�n de prueba o no.�
Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 en el art�culo 15, con la siguiente redacci�n:
�3. En el libro de subcontrataci�n se anotar� la persona responsable de la coordinaci�n de seguridad y salud en la fase de ejecuci�n de la obra as� como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecuci�n de la obra.�
Modificaci�n del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m�nimas de seguridad y salud en las obras de construcci�n �nico. Se da nueva redacci�n al apartado 1 del art�culo 19, en los siguientes t�rminos:
�1. La comunicaci�n de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deber� ser previa al comienzo de los trabajos y se presentar� �nicamente por los empresarios que tengan la consideraci�n de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.
La comunicaci�n de apertura incluir� el plan de seguridad y salud al que se refiere el art�culo 7 del presente real decreto.�
Validez de certificaciones conforme al sistema de acreditaci�n de la formaci�n anterior a la entrada en vigor del real decreto Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposici�n derogatoria, los t�cnicos cuya formaci�n en materia de prevenci�n de riesgos laborales hubiese sido acreditada sin efectos acad�micos mediante certificaci�n, expedida al amparo de la disposici�n transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci�n, obtenida antes de la entrada en vigor de este real decreto, podr�n seguir desempe�ando las funciones referidas en los art�culos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997.
Asimismo, aqu�llos cuya formaci�n en la fecha de publicaci�n de este real decreto estuviese en curso de ser acreditada sin efectos acad�micos mediante la certificaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior, una vez obtenida la misma, tendr�n plena capacidad para desempe�ar las funciones referidas en los art�culos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997.
Igualmente, los t�cnicos de prevenci�n de riesgos laborales que, en su d�a, obtuvieron la certificaci�n de formaci�n equivalente expedida por la autoridad laboral, al amparo de la disposici�n adicional quinta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevenci�n y dem�s disposiciones concordantes, seguir�n teniendo plena capacidad para desempe�ar las funciones para las que se certific� su formaci�n.
Referencias al aviso previo en las obras de construcci�n Las referencias que en el ordenamiento jur�dico se realicen al aviso previo en las obras de construcci�n deber�n entenderse realizadas a la comunicaci�n de apertura.
Especialidades y medios exigibles para la acreditaci�n de las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n Las entidades especializadas acreditadas para actuar como servicios de prevenci�n antes de la entrada en vigor de este real decreto deber�n estar en condiciones de ser acreditadas en las cuatro disciplinas o especialidades preventivas y contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos a que se refiere el art�culo 18 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci�n, en el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de este real decreto.
No obstante, la autoridad laboral, previo informe, en su caso, de la sanitaria, en cuanto a los aspectos de tal car�cter, podr� acreditar y permitir que durante un plazo de dos a�os act�en como servicios de prevenci�n ajenos entidades especializadas que no cuenten con expertos en la especialidad de Medicina del Trabajo. Este plazo se contar� a partir de la entrada en vigor del real decreto al que hace referencia la disposici�n final primera.
Servicios de prevenci�n mancomunados Los servicios de prevenci�n mancomunados ya constituidos a la entrada en vigor de esta norma, deber�n cumplir lo dispuesto en el art�culo 21.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci�n, en el plazo de un a�o a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Conciertos anteriores a la entrada en vigor del real decreto Los conciertos entre empresas y servicios de prevenci�n ajenos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto deber�n adaptarse a lo dispuesto en el art�culo 20.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci�n antes del 1 de septiembre de 2010.
Alcance de la derogaci�n 1. Queda derogada la disposici�n transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci�n.
2. Queda derogado el art�culo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m�nimas de seguridad y salud en las obras de construcci�n.
Acuerdo de criterios b�sicos sobre la organizaci�n de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevenci�n Los Ministerios de Sanidad y Pol�tica Social y Trabajo e Inmigraci�n, en el plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, aprobar�n conjuntamente un real decreto que contenga el marco jur�dico del Acuerdo de criterios b�sicos sobre la organizaci�n de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevenci�n, una vez acordado por las autoridades sanitarias en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y o�do por la Comisi�n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Habilitaci�n para el desarrollo reglamentario Se habilita al Ministro de Trabajo e Inmigraci�n para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicaci�n y desarrollo de este real decreto.

References: Real Decreto 
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