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Timestamp: 2020-07-10 12:58:20+00:00

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Registro Oficial. 31 de ENERO del 2002
Jueves, 31 de Enero del 2002
REGISTRO OFICIAL No. 506
\n 2256-B Ratificase el \n Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
2256-C Ratificase el instrumento internacional\n de "Protocolo Facultativo de la Convención\n sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación\n contra la Mujer".
2256-D Ratificase el instrumento internacional\n de El Convenio Internacional del Café del 2001.
2258 Refórmase el Decreto\n Ejecutivo No 1666 publicado en el Registro Oficial No \n 370 de 17 de julio del 2001.
2297 Mientras dure la ausencia\n en el país del Presidente Constitucional de\n la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, del 29\n de enero al 1 de febrero del 2002, deléganse \n atribuciones al señor doctor Marcelo Merlo Jaramillo,\n Ministro de Gobierno y Policía.
\n ACUERDO
\n 0787-A Expídese el\n Reglamento interno para la constitución y funcionamiento\n de la Comisión Técnica de Consultoría.
\n JB-2002-423 Sustitúyese\n el inciso segundo del articulo 3 de la Sección IV \n "Disposiciones Generales".
\n SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS Y SEGUROS:
\n SB-2002-0034 Nómbrase\n liquidador de ECUAPORP S.A .Corporación Ecuatoriana de\n Inversiones Sociedad Financiera, en liquidación al abogado\n Juan Carlos Cassinelli Cali.
SB-2002-0035 Nómbrase liquidador de la\n compañía Confianza Sociedad Financiera S.A., en\n liquidación al abogado Juan Carlos Cassinelli Cali.
SB-2002-0036 Nómbrase liquidador\n de la Sociedad Financiera PAFISA S.A., en liquidación\n al economista Víctor Hugo Albán Romero.
SB-2002-0037 Nómbrase liquidador de Almacenera\n Altresa S.A. en liquidación al economista Victor Hugo\n Albán Romero.
SB-2002-0038\n Nómbrase\n liquidador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito \n "8 de Septiembre" Ltda., en liquidación\n al economista Víctor Hugo Albán Romero.
SB-2002-0039 Nómbrase liquidador\n de la Corporación de Garantía Crediticia para el\n Fomento de la Microempresa, "Corpomicro" , en\n liquidación al economista Víctor Hugo Albán\n Romero.
SB-2002-0040 Nómbrase liquidador de \n la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para\n Vivienda Manabí, en liquidación al abogado \n Fabián Kon Dueñas.
SB-DN-2002-0041\n Calificase\n al señor Luis Gonzalo Espíndola Poveda, para que\n pueda ejercer el cargo de perito avaluador en las instituciones\n del sistema financiero que se encuentran bajo control.
\n 38-93 Industrias Maestro S.A.\n en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas.
90-98 Maria Laura Pastrano en contra\n del Ministro de Finanzas y Crédito Público.
114-98 Gasolinera Andina en contra\n del Ministro de Finanzas y Crédito Público.
4-99 Gasolinera Oriental en contra del Ministro\n de Finanzas y Crédito Público.
60-99 Gasolinera Granja Puyo en contra de Ministro\n de Finanzas y Crédito Público.
1-2000 Inmobiliaria Faji S.A. en contra de la\n I. Municipalidad de Guayaquil
17-2000 Manufacturas, Armadurias y\n repuestos Ecuatorianos SA MARESA en contra del Director\n General del Servicio de Rentas.
\n -\n Cantón Loreto: Que reforma parcialmente a\n la Ordenanza que reglamenta la prestación del servicio\n del camal municipal y la determinación y recaudación\n de la tasa de rastro.\n \n
No. 2256-B
Que el 7 de octubre de 1998, se suscribió el 'Estatuto\n de Roma de la Corte Penal Internacional";
Que el Tribunal Constitucional, mediante Resolución\n No. 038-2001-TP de 22 de febrero del 2001, de acuerdo a las disposiciones\n de los artículos 162 y 276, numeral 5 de la Constitución\n Política del Estado dictaminó la conformidad constitucional\n de dicho instrumento Internacional;
Que el Honorable Congreso Nacional, mediante Resolución\n número R-23-137 de 17 de diciembre del 2001, en aplicación\n de los artículos 161 y 130, numeral 7 de la Ley Suprema\n de la República aprobó el mencionado estatuto;
Que dicho instrumento internacional es conveniente para los\n intereses del país, y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n del Estado,
ARTICULO PRIMERO.- Ratificar el "Estatuto de Roma de\n la Corte Penal Internacional", cuyo texto lo declara Ley\n de la República y compromete para su observancia el Honor\n Nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- Procédase a depositar el Instrumento\n de Ratificación ante el Secretario General de la Organización\n de las Naciones Unidas, para dar cumplimiento al artículo\n 125 del mencionado estatuto.
ARTICULO TERCERO.- Cuando dicho Instrumento Internacional\n entre en vigencia, publíquese en el Registro Oficial.
ARTICULO CUARTO.- Encárgase la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro Relaciones Exteriores.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 17 de enero del 2002.
f) Jaime Marchán, Ministro de Relaciones Exteriores,\n encargado.
No. 2256-C
Que el 10 de diciembre de 1999 se suscribió el "Protocolo\n Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación\n de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer";
Que el Tribunal Constitucional mediante Resolución\n No. 109-2001-TP de 10 de julio del 2001 conforme a lo dispuesto\n en el numeral 5 del artículo 276 de la Constitución\n Política del Estado, dictaminó la conformidad de\n dicho protocolo con la Ley Suprema de la República;
Que el Honorable Congreso Nacional de acuerdo con las atribuciones\n que le confieren los artículos 161 y 130 numeral 7 de\n la Constitución Política, aprobó el mencionado\n protocolo mediante Resolución No. R-23- 134 de 22 de noviembre\n del 2001;
Que luego de examinar el referido Instrumento Internacional\n lo considera conveniente para los intereses del país;\n y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del articulo 171 de la Constitución Política\n de la República,
ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el siguiente Instrumento Internacional:
"Protocolo Facultativo de la Convención Sobre\n la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación\n contra la Mujer".
Cuyo texto lo declara Ley de la República y compromete\n para su observancia el Honor Nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese el mencionado Instrumento\n Internacional en el Registro Oficial.
ARTICULO TERCERO.- Encárgase la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 17 días\n del mes de enero del año dos mil uno.
No. 2256-D
Que el 28 de septiembre del 2000, en el octogésimo\n segundo período de sesiones del Consejo Internacional\n del Café, mediante Resolución número 393,\n se adoptó el "Convenio Internacional del Café\n de 2001"
Que el presente convenio fomente la cooperación internacional\n en materia de comercio del café y el desarrollo de los\n países productores y exportadores de dicho grano;
Que luego de examinar el referido Instrumento Internacional\n lo considera conveniente para los intereses del país;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del articulo 171 de la Constitución Política\n de la República.
ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el siguiente
"El Convenio Internacional del Café de 2001".
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 17 días\n del mes de enero año dos mil dos.
f.) Jaime Merchán, Ministro de Relaciones Exteriores,\n encargado.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1666, publicado en el.\n Registro Oficial No. 370 de 17 de julio del 2001 se crearon el\n Consejo Nacional de Competitividad con el objetivo de asesorar\n al Presidente de la República en los temas relacionados\n con el mejoramiento de la competitividad permanente del país,\n para acelerar su desarrollo integral, así como el Consejo\n Consultivo como organismo consultor y de apoyo del referido Consejo\n de Competitividad, el cual está integrado por líderes\n provenientes de los sectores productivos estratégicos\n y académicos del país;
Que pera cumplir a cabalidad los objetivos planteados, se\n debe procurar la mayor participación de los sectores que\n inciden en la competitividad, y se debe establecer mecanismos\n que permitan su reunión y desempeño en forma ágil;\n y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 9 del Art. 171 de la Constitución Política de la\n República,
Las siguientes reformas al Decreto Ejecutivo No. 1666, publicado\n en el Registro Oficial No. 370 de 17 de julio del 2001
Art. 1.- A continuación del literal f) del Art. 1,\n añádanse los siguientes literales:
"g) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado\n permanente; y,
h) Un representante de la Asociación de Municipalidades\n del Ecuador AME."
Art. 2.- Al final del Art. 8 añádase el siguiente\n inciso:
"El Presidente del Consejo Consultivo, será elegido\n de entre sus miembros, de conformidad con las normas que establezca\n el Reglamento dictado por ese Organismo.
Las actuaciones y resoluciones del Consejo Consultivo tendrán\n que supeditarse a las políticas y decisiones dictadas\n por el Consejo Nacional de Competitividad.
Art. 3.- En el literal a) del Art. 12, suprímase la\n frase: "y del Consejo Consultivo de Competitividad.".
De la ejecución del presente decreto, que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese los ministros de Economía y\n Finanzas y de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca\n y Competitividad.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito. a 21 de enero del 2002.
f) Gustavo Noboa Bejarano. Presidente Constitucional de la\n República.
f.) Richard Moss Ferreira, Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad.
f.) Carlos Julio Emanuel, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es fiel, copia del original.- Lo certifico:
Que el señor Vicepresidente Constitucional de la República,\n Ing. Pedro Pinto Rubianes, del 25 al 31 del presente mes y año,\n se encontrará ausente del país, realizando visitas\n oficiales a las repúblicas de Honduras y Guatemala; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 169 de la Constitución Política de la República,\n que prevé en ausencia temporal del Presidente de la República,\n el orden de delegación.
ARTICULO ÚNICO.- Mientras dure la ausencia del país\n del Presidente Constitucional de la República, Dr. Gustavo\n Noboa Bejarano, en la República de Bolivia del 29 de enero\n al 1 de febrero del 2002, delégase al señor doctor\n MARCELO MERLO JARAMILLO, Ministro de Gobierno y Policía,\n el ejercicio de las atribuciones a las que se refieren los artículos\n 153, 171, 180, 181 y 182 de la Constitución Política\n de la República.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de enero del 2002.
N0 0787-A
Que mediante Decreto Ley No. 15 de 20 de febrero de 1989,\n publicado en el Registro Oficial No. 136 de 24 de febrero de\n 1989, se promulgó la Ley de Consultoría;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 90 de 14 de septiembre\n de 1989, publicado en el Registro Oficial No. 278 de 19 de los\n mismos mes y año se expidió el Reglamento a la\n Ley de Consultoría;
Que es necesario normar el Reglamento Interno de la Comisión\n Técnica que tendrá a su cargo la responsabilidad\n de precalificación, selección, negociación\n y adjudicación de los concursos de consultoría;\n y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 11 del\n Reglamento a la Ley de Consultoría,
Expedir el presente Reglamento interno para la constitución\n y funcionamiento de la Comisión Técnica de Consultoría\n para el Ministerio de Salud Pública.
De la constitución de la Comisión Técnica\n de Consultoría.
Art. 1.- Para los concursos de consultoría con personas\n naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, intervendrá\n la Comisión Técnica de Consultoría del MSP\n conformada de la siguiente manera:
a) El Ministro o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Director Nacional Financiero o su delegado;
c) El Director Nacional de Asesoría Jurídica\n o su delegado;
d) El Director de la unidad que solicite el servicio que se\n va a contratar; y,
e) Un técnico especialista en el servicio que se va\n a contratar nombrado por el Presidente de la comisión.
Actuará como Secretario un ahogado delegado por el\n Director Nacional de Asesoría Jurídica o su delegado.
Art. 2.- La Comisión Técnica tendrá total\n autonomía para precalificar cuando el caso lo requiera,\n calificar, seleccionar, negociar, adjudicar y celebrar el respectivo\n contrato y en fin para ejercer sus atribuciones y desarrollar\n sus actividades dentro del proceso de contratación a su\n cargo y responsabilidad, con sujeción a la Ley de Consultoría,\n a su reglamento de aplicación al presente reglamento y\n más normas legales y reglamentarias aplicables.
Sus atribuciones estarán encaminadas a precautelar\n los intereses públicos y del MSP tanto en los aspectos\n técnicos como contractuales.
Art. 3.- De ser necesario la comisión puede conformar\n una o más subcomisiones de apoyo o a su trabajo, y podrá\n asesorarse con los técnicos o especialistas que considere\n convenientes.
Art. 4.- La Comisión Técnica para cumplir con\n sus funciones y obligaciones dentro del proceso de contratación\n de consultoría dispondrá de los siguientes plazos\n máximos e impostergables:
a) Para la precalificación 20 días;
b) Para la calificación y selección de ofertas\n 40 días; y,
c) Para la negociación y adjudicación del contrato\n 20 días.
Art. 5.- Los miembros de la Comisión Técnica\n de Consultoría serán convocados con por lo menos\n 48 horas de anticipación al día en que vaya a celebrarse\n la respectiva sesión.
Art. 6.- Las convocatorias a los miembros de la Comisión\n Técnica de Consultoría contendrán;
a) Lugar, fecha y hora de la sesión; y,
b) Objeto de la sesión con copias de los documentos\n que vayan a ser conocidos.
Art. 7.- El quórum para las sesiones de la Comisión\n Técnica de Consultoría del MSP se establecerá\n con la presencia de la mayoría de sus miembros.
Art. 8.- El voto de cada miembro de la Comisión Técnica\n de Consultoría del MSP siempre será razonado y\n podrá ser afirmativo o negativo y en caso de empate, lo\n dirimirá el voto del Presidente.
Art. 9.- Las actas de las sesiones de la Comisión Técnica\n de Consultoría del MSP serán sometidas a su aprobación\n en la sesión subsiguiente en la que se conoció\n el asunto. Si alguno de los miembros de la Comisión Técnica\n no hubiere estado presente en la respectiva sesión podrá\n abstenerse de votar.
Las actas de las sesiones aprobadas serán suscritas\n por todos los miembros de la Comisión Técnica que\n hubieren asistido a la sesión respectiva y estarán\n certificadas por el Secretario.
Art. 10.- El Ministerio de Salud Pública convocará\n a concurso de consultoría mediante invitaciones por la\n prensa por dos días consecutivos, por lo menos en dos\n diarios de mayor circulación del país editados\n en ciudades diferentes, a fin de que los interesados presenten\n sus ofertas, las mismas que deben cumplir las bases y los términos\n de referencia aprobados y legalizados.
Cuando se trate de concursos privados, la convocatoria se\n hará mediante invitación escrita y simultáneamente\n a un máximo de seis y un mínimo de tres consultores.
Art. 11 . - Se someterán a concursos de consultoría\n en el Ministerio de Salud Pública los contratos de prestación\n de servicios profesionales especializados, que identifiquen,\n planifiquen, elaboren o evalúen proyectos de desarrollo,\n en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño\n u operación. Comprende además los servicios profesionales\n especializados en supervisión, fiscalización y\n evaluación de proyectos, así como los servicios\n de asesoría y asistencia técnica, elaboración\n de estudios económicos, financieros de organización,\n de administración, de auditoría e investigación.
Art. 12.- Los concursos de consultoría serán;
PÚBLICOS.- Cuya cuantía estimada del contrato\n sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n cuatro cien milésimos (0,00004) por el monto del Presupuesto\n Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
PRIVADOS.- Cundo la cuantía estimada del contrato sea\n superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente un\n cien milésimo (0,00001) por el monto del Presupuesto Inicial\n del Estado del correspondiente ejercicio económico y sea\n inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente cuatro\n cien milésimos (0,00004) por el monto del Presupuesto\n Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
Cuando el monto del contrato sea inferior o igual al valor\n que resulte de multiplicar el coeficiente un cien milésimo\n (0,00001) por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del\n correspondiente ejercicio económico, se podrá celebrar\n el contrato sin necesidad de concurso.
Art. 13.- Las personas naturales y/o jurídicas que\n para los efectos de este reglamento se denominarán consultor\n o consultores, interesados en la convocatoria acreditarán\n ante el MSP, los siguientes requisitos básicos:
a) La documentación que acredite la capacidad académica,\n técnica, legal y administrativa para realizar los trabajos\n de consultoría en el país y estar habilitados legalmente\n para ejercer su profesión o actividad y de haberse inscrito\n en el Registro de Consultoría;
b) Antecedentes y experiencia técnica en la realización\n de trabajos similares;
c) Antecedentes y experiencia del personal asignado a la ejecución\n de contratos de consultoría y en casa de compañías\n o asociación de éstas, la participación\n mínima del personal de planta;
d) Plan de trabajo, metodología propuesta y certificación\n de que se conoce las condiciones generales, particulares y físicas\n del proyecto materia de la consultoría;
e) Capacidad económica y disponibilidad de los instrumentos\n y equipos necesarios para la realización de la consultoría;
f) Cuando intervengan compañías nacionales o\n extranjeras asociadas se tomará en consideración,\n adicionalmente, los procedimientos y metodologías que\n ofrezcan la consultoría extranjera para ser efectiva la\n transferencia de tecnología y la mayor y mejor utilización\n de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos;\n y,
g) Cualquier otra información requerida, en la Ley\n de Contratación Pública.
Art. 14.- La convocatoria contendrá, de manera especial,\n las condiciones generales del concurso, la clase de consultores\n que se requiere para ejecutar el proyecto, el monto estimado\n del contrato y la determinación de la forma de pago, la\n indicación del lugar el día y la hora en las que\n se entregará y recibirá las propuestas, las instrucciones\n y demás documentos que ilustren a los participantes y\n cualquier otro requerimiento que se considere necesario para\n acreditar la solvencia moral, técnica y económica\n de los proponentes. También se deberá solicitar\n la justificación de su existencia legal, conforme lo determina\n la Ley de Compañías, y Art. 5 de la Ley de Consultoría,\n así como la presentación del nombramiento del representante\n legal en el Ecuador, si se tratare de compañías\n extranjeras y/o de personas jurídicas.
Art. 15.- Las bases de los concursos serán preparadas\n por el Director o responsable de la unidad del MSP involucrada\n en el proyecto y aprobadas por la Comisión Técnica\n de Consultoría del MSP. En las bases se incluirá\n los términos de referencia de los trabajos de consultoría\n a contratarse.
En las bases de cada concurso público se establecerá\n la obligación de las compañías consultoras\n extranjeras o asociaciones de éstas de presentar sus propuestas\n técnicas y económicas, asociadas con una o más\n compañías consultoras nacionales o mediante la\n presentación de un documento que pruebe el compromiso\n de futura asociación con éstas.
Además en las bases del respectivo concurso se deberá\n establecer las modalidades de asociación entre consultoras\n nacionales y extranjeras, como lo determina el Art. 8 de la Ley\n de Consultoría, asunto que se definirá en cada\n caso en función a los campos, actividades o a las áreas\n para las que el Comité de Consultoría haya autorizado\n expresamente la participación extranjera.
Una vez aprobadas las bases, se solicitará los informes\n de ley, de conformidad con los Arts. 14, 18, 108 del Reglamento\n de la Ley de Consultaría y 65 de la Ley de Contratación\n Pública, según el caso.
Tanto en los concursos PÚBLICOS como en los PRIVADOS\n los interesados podrán solicitar a la Comisión\n Técnica de Consultoría del MSP las aclaraciones\n necesarias sobre las bases y condiciones del concurso, de conformidad\n con el contenido de los Arts. 33 y 58 de la Ley de Consultaría.
Art. 16.- En la convocatoria pública se fijará,\n para cada caso, según se trate de precalificación\n o calificación, el valor no reembolsable por los derechos\n de inscripción debiendo obligatoriamente el Secretario\n de la Comisión Técnica de Consultaría del\n MSP, abrir un registro de las personas naturales y/o jurídicas\n que hubieren adquirido las bases y los demás documentos.
Además, antes de proceder a la convocatoria del concurso,\n se deberá contar con las certificaciones de disponibilidad\n suficiente de fondos en la institución contratante para\n cubrir el valor del contrato de consultaría de conformidad\n a lo dispuesto por el Art. 58 de la LOAFYC, y por el Art. 31\n de la Ley de Presupuesto del Sector Público.
Art. 17.- En base a la evaluación de los datos proporcionados\n por las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la\n labor de consultaría y conforme al puntaje que se le asigne\n a cada uno de ellas, la Comisión Técnica de Consultaría\n del MSP a través de su Secretaría, procesará\n un banco de datos, clasificando a las firmas o compañías\n registradas de acuerdo a su especialidad y capacidad técnica\n para efectuar dichos trabajos de consultaría.
El referido banco de datos deberá permanecer abierto\n con la finalidad de que las personas y/o las firmas interesadas\n acrediten información adicional tales como cambios de\n razón social, aumento de capital, nuevos contratos celebrados\n o cualquier otro dato que incide en su especialidad o capacidad.
Art. 18.- Las ofertas deberán ser presentadas en dos\n sobres:
El sobre No. 1 contendrá los documentos que acrediten\n la capacidad técnica y la experiencia del personal asignado\n al proyecto y particularmente del profesional que actuaría\n como supervisor del mismo. Esta información deberá\n estar íntimamente vinculada con aquellas determinadas\n en el Art. 11 de este reglamento. La Comisión Técnica\n de Consultaría del MSP, podrá solicitar adicionalmente\n los documentos que estime necesarios, tales como el organigrama\n de distribución del personal, el programa y cronograma\n de trabajo, el certificado de la Contraloría General del\n Estado que acredite no encontrarse en mora con las entidades\n de que trata el Art. 1 de la Ley de Contratación Pública\n y el certificado de cumplimiento de obligaciones con el IESS.
El sobre No. 2 contendrá la oferta económica,\n el análisis de precios, el cronograma valorado de trabajo,\n la respectiva garantía y la fórmula polinómica\n propuesta.
Art. 19.- De conformidad con el Art. 18 de la Ley de Consultaría,\n son exigibles las siguientes garantías:
- De fiel cumplimiento del contrato.
- De fondo de consultaría.
- De buen uso del anticipo.
Estas garantías deben ser rendidas en los momentos\n cronológicos previos a cada contratación y concurrencia\n a ella, para afianzar en debida forma los intereses del Estado.
La garantía de fiel cumplimiento se presentará.\n en forma previa a la celebración del contrato. De acuerdo\n con lo establecido por el Art. 18 de la Ley de Consultoría,\n el monto de esta garantía será equivalente al 5%\n del valor del contrato.
En los contratos referidos en los literales b) y c) del Art.\n 12 de la Ley de Consultaría, el Ministerio retendrá\n el 5% de los pagos que hiciere por cuenta del contrato, excluyendo\n los costos reembolsables, respecto de los cuales el' consultor\n no perciba o deduzca honorarios. El 5% retenido, se depositará\n a nombre del contratista en el "Fondo de Consultaría"\n en una cuenta especial.
El monto de la garantía por el anticipo contractual,\n corresponderá al 100% del valor que se entregue por ese\n concepto, garantía que se irá reduciendo en la\n proporción en que se vaya amortizando el anticipo.
Es obligación de los consultores mantener en vigencia\n las garantías presentadas, de conformidad con la ley y\n los términos contractuales establecidos.
Las garantías serán devueltas o canceladas,\n conforme se vayan extinguiendo las obligaciones que afianzarán\n de acuerdo con el Art. 20 de la Ley de Consultaría.
Los derechos del Fisco y/o del Ministerio de Salud Pública\n sobre las garantías presentadas y previstas en la Ley\n de Consultada tendrán preferencia sobre todo otro crédito.
Si bien, de acuerdo con el Art. 23 de la Ley de Consultaría\n en los contratos cuya cuantía no exceda de la base establecida\n en el literal a) del Art. 12, no son exigibles las garantías\n establecidas en la ley, el Ministerio de Salud Pública\n tiene la facultad de adoptar las medidas del caso, a fin de precautelar\n sus intereses.
DE LA CALIFICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
Art. 20.- Para la calificación de los consultores se\n pedirá las propuestas técnica y económica\n en sobres separados.
En la fecha y hora señaladas en la convocatoria se\n procederá a la apertura de los sobres que contengan las\n propuestas técnicas, en base a cuya información\n se definirá el orden de calificación.
Art. 21.- Luego de la calificación a la que se refiere\n el Art. 24 de la Ley de Consultoría x' los artículos\n 38, 39, 40, 41, 61 y 64 de su reglamento de aplicación\n y el Art. 18 de este reglamento, en el día y hora señalados\n para el efecto se abrirá los sobres que contengan las\n propuestas económicas de las personas naturales y/o, jurídicas\n calificadas en los dos primeros lugares. Cuando la diferencia\n en el puntaje final no exceda del 5% entre ellas se negociará\n en orden sucesivo el costo de los servicios y los términos\n del contrato. De no llegarse a algún acuerdo, se darán\n por terminadas las negociaciones y se seguirá con el siguiente\n consultor calificado, siguiendo igual procedimiento.
Cuando la diferencia entre las dos tinas naturales y/o jurídicas\n calificadas en los primeros lugares excediere el porcentaje indicada\n en el inciso anterior, solamente se abrirá el sobre que\n contenga la propuesta económica del calificada en primer\n lugar.
Para determinar el puntaje, que permita establecer el orden\n de prelación por parte de la Comisión Técnica\n de Consultaría del MSP se cumplirá estrictamente\n lo prescrito en las disposiciones que constan en el inciso primero\n de este artículo, según se trate de concurso público\n o privada.
Las negociaciones tendrán el carácter de confidencial\n y no se podrá reiniciar negociaciones con quienes no se\n llegó a un acuerdo.
Adicionalmente toda negociación se ajustará\n a lo preceptuado en los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento\n a la Ley de Consultada.
Art. 22.- Una vez cumplidas las disposiciones de los artículos\n anteriores, la Comisión Técnica de Consultoría\n del MSP baja su responsabilidad, procederá a adjudicar\n el contrato salvaguardando los intereses del Estado y del Ministerio\n de Salud Pública.
Realizada la adjudicación, el Presidente de la comisión\n comunicará por escrito a los interesados el resultado\n del concurso.
Art. 23.- Inmediatamente después de la adjudicación\n del contrato se notificará al proponente favorecido a\n fin de que procede, en el plazo máximo de 15 días,\n a rendir la garantía necesaria equivalente al 5% del valor\n del contrato y conforme al Art. 17 de este reglamento.
Art. 24.- Cuando la consultaría requerida puede realizarse\n por consultores nacionales sin participación extranjera,\n se seguirán los procedimientos que se señalan en\n los artículos 11, 12. 13, 14 y más aplicables del\n Reglamento a la Ley de Consultoría.
En los casos en que el MSP establezca que no existe consultaría\n nacional y que es necesaria la participación de la consultada\n extranjera, para la celebración del respectiva contrato\n las compañías consultoras extranjeras deberán\n asociarse con una o varias compañías consultaras\n nacionales calificadas como idóneas, para dar cumplimiento\n a lo que dispone el Capítulo III de la Ley de Consultaría\n y artículos 7 y 8 de su reglamento de aplicación.\n Para proceder de este modo se deberá disponer en forma\n previa del informe del Comité de Consultaría.
La asociación se constituirá mediante contrato\n por escritura pública y contendrá las siguientes\n estipulaciones:
a) Nombre, clase, nacionalidad y domicilio de las compañías\n que se asocien, cuya existencia se demostrará con el certificado\n conferido por el Registrador Mercantil y en el caso de consultoras\n extranjeras con los certificados de existencia y de haber obtenido,\n el domicilio legal en el país, otorgados por los organismos\n competentes;
b) Objeto social de la asociación que será necesariamente,\n la elaboración del correspondiente estudio de consultaría\n a las actividades que se proponga;
c) Duración de la asociación que no podrá\n ser inferior al plazo de ejecución de los contratos de\n consultaría estipulados en su objeto social;
d) Domicilio de la asociación que será el mismo\n de la sede principal del MSP;
e) Modalidad o forma de participación de cada una de\n las compañías consultoras integrantes de la asociación;
f) Nombramiento del Procurador Común de la asociación,\n determinación de sus atribuciones, deberes y procedimiento\n para su remoción;
g) Determinación de los derechos, obligaciones y responsabilidades\n de las compañías asociadas, particularmente en\n lo relativo a la Dirección Técnica y Administrativa\n para la ejecución de la consultaría; y,
h) Las demás que sean de interés de los asociados.\n El nombre de la asociación será necesariamente\n el que resulte de la unión de las denominaciones por razones\n sociales de las compañías que la constituyan pero\n en el contrato de la asociación se podrá, además,\n señalar las siglas que utilizará, a las cuales\n siempre se antepondrá la palabra "Asociación"
Art. 25.- En los casos señalados en los literales a)\n y b) del Art. 12 de la Ley de Consultaría, el MSP determinará\n que la contratación directa o el concurso de consultaría\n se circunscriba a las compañías consultoras o consultores\n individuales inscritos en el Registro de Consultaría,\n adjuntándose a los procedimientos señalados en\n el reglamento a la mencionada ley y en el presente reglamento.
El Ministerio de Salud Pública deberá remitir\n a la Secretada Técnica del Comité de Consultaría,\n todo contrato de consultaría cuya cuantía sea superior\n a la establecida en el literal a) del Art. 12 de la Ley de Consultaría,\n para de este modo cumplir con las disposiciones de los artículos\n 33, 34, 35 y 41 de este mismo cuerpo de ley.
Art. 26.- El objeto de la consultaría que por su monta\n esté sujeto al concurso no podrá subdividirse para\n eludir los procedimientos establecidos en la Ley de Consultada\n y su reglamento. La transgresión dará lugar a la\n destitución del funcionario correspondiente, sin perjuicio\n de las responsabilidades que se le imputen.
Se entenderá que no existe subdivisión cuando\n el contrato tenga por objeto la elaboración de un estudio\n dentro de una o más fases previstas en una programación\n global y siempre que el alcance del estudio así concebido\n permita su utilización o ejecución.
Art. 27.- Queda terminantemente prohibido a las personas naturales\n o jurídicas, incluidos sus representantes legales o socias\n que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios\n de un proyecta, participar en el concurso para la ejecución\n del respectivo proyecto que le hubiese sido adjudicado y en la\n provisión de los correspondientes equipos o materiales.
Los servidores públicos que hubieren intervenido en\n la elaboración de los documentos para un concurso de consultada,\n o en el proceso de contratación respectiva, no podrán\n prestar sus servicios profesionales para la ejecución\n del contrato de consultada, aún en el caso que hubiesen\n renunciado a sus funciones.
Art. 28.- La terminación anticipada, unilateral o por\n mutuo acuerdo, de los contratos de consultaría así\n coma las controversias relativas a su ejecución, se regirán\n por las normas establecidas en los artículos 40 de la\n Ley de Consultada, 68 del reglamento a la misma y a las disposiciones\n pertinentes de la Ley de Contratación Pública.
Para la solución de las controversias de carácter\n técnica, derivadas de la elaboración de toda contrato\n de consultaría, se establecerá el procedimiento\n de arbitraje, sin perjuicio de los mecanismos de solución\n estipuladas contractualmente.
Art. 29.- Los miembros de la Comisión Técnica\n de Consultaría del MSP, los funcionados que hubieren elaborado\n las bases y en general, los integrantes de toda Comisión\n Técnica de Consultaría, serán personal y\n pecuniariamente responsables por sus acciones u omisiones, cuando\n éstas pueden ser calificadas de dolosas o negligentes'\n y responderán por los daños y perjuicios que se\n deriven de sus actuaciones contra el MSP o contra terceros.
Art. 30.- En los concursos de consultada sean públicas\n o privados, la Comisión Técnica podrá declarar\n desierto el proceso, de ser el caso, conforme a lo dispuesto\n en los artículos 50 y 59 del Reglamento a la Ley de Consultaría.
Art. 31.- En todo lo que no estuviere prevista en este reglamento\n se estará a lo prescrito en la Ley de Consultaría,\n su reglamento de aplicación y demás normas legales\n y reglamentarias pertinentes.
Art. 32.- Queda terminantemente prohibido a los funcionarios\n del MSP convocar a concursos de consultada, sin observar las\n disposiciones de este reglamento, la Ley de Consultaría\n y su reglamento a la misma.
Art. 33.- El presente reglamento, deja sin efecto jurídico\n a todas las disposiciones reglamentarias respectivas que a la\n fecha de su promulgación se encuentren vigentes o se opongan\n al mismo.
ARTICULO FINAL- El presente acuerda entrará en vigencia\n a partir de la suscripción sin perjuicio de su publicación\n en el Registra Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad\n de San Francisca de Quito, Distrito Metropolitana, a 18 de diciembre\n del 2001.
f) Dr. Patricia Jamriska Jácome, Ministro de Salud\n Pública.
Es fiel copia del documento que consta en archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remito en caso necesario.\n Lo certifico, en Quito, a 18 de diciembre del 2001.
f) Jefe, Documentación y Archivo, Ministerio de Salud\n Pública.
N°\n JB-2002-423
Que en el Subtítulo V "Inversiones en el capital\n de instituciones del sistema financiero del exterior", del\n Título II "De la constitución y organización\n de las instituciones del sistema financiero privado", de\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Junta Bancaria, consta el Capitulo 1 "Inversiones\n de las instituciones del sistema financiero en el capital de\n instituciones del sistema financiero del exterior";
Que mediante oficio No. 20122 de 5 de octubre del 2001, el\n Procurador General del Estado, reconsidera y aclara el pronunciamiento\n contenido en el oficio No. 19722 de 13 de septiembre del 2001,\n que es vinculante y de aplicación obligatoria, relacionado\n con la aplicación del artículo 64 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;
Que es necesario revisar dicha norma con el propósito\n de armonizarla con el criterio emitido por el Procurador General\n del Estado; y,
ARTICULO 1.- Sustituir el inciso segundo del articulo 3, de\n la Sección IV "Disposiciones generales" del\n Capitulo I "Inversiones de las instituciones del sistema\n financiero en el capital de instituciones del sistema financiero\n del exterior", del Subtitulo V "Inversiones en el capital\n de instituciones del sistema financiero del exterior", del\n Título II. "De la constitución y organización\n de las instituciones del sistema financiero privado", (página\n 47) de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancada, por el siguiente:
"La sociedad controladora, el banco o la sociedad financiera\n que hagan cabeza de grupo, responderá de las pérdidas\n patrimoniales de las instituciones financieras del exterior,\n hasta por el valor de sus propios activos, entendiéndose\n como tal, hasta por el monto invertido en dicha institución."
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los diez días del mes de enero del año dos mil\n dos.
f) Econ. Miguel Dávila Castillo, Presidente de la Junta\n Bancaria.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días\n del mes de enero del año dos mil dos.
f.) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario de la\n Junta Bancaria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia.- Lo certifico\n - f) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Prosecretario Técnico - 16\n de enero del 2002.
N°\n SB-2002-0034
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS
Que mediante Resolución No. JB-98-048 de 5 de marzo\n de 1998, se dispuso la liquidación de los negocios, propiedades\n y activos de la compañía ECUACORP SA. Corporación\n Ecuatoriana de Inversiones Sociedad Financiera, con domicilio\n principal en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil,\n provincia del Guayas y sucursal en la ciudad de Quito, cantón\n Quito, provincia de Pichincha;
Que con Resolución No. SB-99-0226 de 3 de mayo de 1999,\n se nombró al abogado Gonzalo Merizalde Nicola como liquidador\n definitivo de la compañía ECUACOR.P S.A. Corporación\n Ecuatoriana de Inversiones Sociedad Financiera, en liquidación;
Que el literal q) del artículo 180 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en\n concordancia con el artículo 3, Sección IV, Capítulo\n 1, Subtítulo III del Título Xl de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, establece que el liquidador de una institución\n financiera podrá ser designado o removido libremente por\n el Superintendente de Bancos;
Que la Dirección de Liquidaciones, mediante memorando\n No. DDL-2001-751 de 19 de diciembre del 2001, ha recomendado\n el cambio del liquidador; y,
ARTICULO 1.- Dejar sin efecto, a partir de la inscripción\n de la presente resolución en el Registro Mercantil, el\n nombramiento conferido mediante Resolución No. SB-99-0226\n de 3 de mayo de 1999, al abogado Gonzalo Merizalde Nicola como\n Liquidador definitivo de ECUACORP S.A. Corporación Ecuatoriana\n de Inversiones Sociedad Financiera, en liquidación.
ARTICULO 2.- Nombrar liquidador de ECUACORP SA. Corporación\n Ecuatoriana de Inversiones Sociedad Financiera, en liquidación;\n al abogado Juan Carlos Cassinelli Cali,.quien tendrá,\n para los fines del proceso liquidatorio, todas las facultades\n que establecen las leyes para los liquidadores, en especial aquellas\n que tienden a proteger los intereses de trabajadores, inversionistas\n y acreedores en general, de acuerdo con las normas sobre prelación\n legal establecidas en la Codificación de la Ley General\n de Instituciones del Sistema Financiero.
ARTICULO 3.- Delegar al abogado Juan Carlos Cassinelli Cali,\n conforme lo dispuesto en el articulo 2, Sección I, Capitulo\n I, Subtitulo II del Título XI de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, el ejercicio de la jurisdicción coactiva, que\n la ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en\n la Sección Trigésima Primera del Título\n Segundo del Código de Procedimiento Civil, para que actúe\n en calidad de empleada recaudador y proceda al cobra de las obligaciones\n vencidas a favor de la entidad en liquidación; y, la emulsión\n de órdenes de cobro, generales o especiales.
El liquidador nombrado, como Juez de Coactivas, organizará\n los expedientes respectivas según las normas previstas\n en el Capitulo 1 "Normas para el Ejercicio de la Jurisdicción\n Coactiva por parte de la Superintendencia de Bancos", Subtítulo\n II del Título XI de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, y deberá\n informar al Superintendente de Bancos periódicamente sobre\n el estado de los juicios.
ARTICULO 4.- Disponer que en el plaza de diez días,\n contados a partir de la inscripción de la presente resolución\n en el Registro Mercantil, los liquidadores saliente y entrante\n levanten el inventado de las bienes de propiedad de la financiera\n y suscriban el acta de entrega recepción correspondiente.
ARTICULO 5.- Disponer que el señor Registrador Mercantil\n del cantón Guayaquil inscriba esta resolución en\n los regist

References: artículo 171
 artículo 276
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 64
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 180
 artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 resolución