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Timestamp: 2018-11-15 06:46:20+00:00

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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS RELIGIOSOS - LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMÚN - LA EMBARGABILIDAD DE SUS BIENES. LOS CÁNONES PROPIOS DE LA IGLESIA Y EL ALCANCE DEL APOYO DE ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. GRATUITAMENTE, COMO ASIMISMO PASARLO A UN EQUIPO DE AUDIO O CELULAR, COMO DESEE.
La embargabilidad de los bienes de culto.
El Artículo 2345 del Código Civil en cuanto refiere que “Los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias, y están sujetas a las disposiciones de los artículos 33 y 41. Esos bienes pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos, y a las leyes que rigen el patronato nacional” es inaplicable al aquellos casos de responsabilidad contractual con escuelas religiosas pero que no propagan como tarea fundamental, la religión católica.
Ello así por cuanto la extensión de la aplicación de dicha norma, a todos los casos, involucraría una extensión de un derecho que no puede usarse sin abusar del mismo ( artículo 1071 Cód. Civil ).
Ello desde que de otra manera involucraría, en otro caso, una grave irresponsabilidad de los educadores y de las autoridades del colegio para con respecto al alumnado.
Y en este sentido no encuentro ninguna diferencia de tratamiento para con respecto a las Escuelas Públicas o Privadas.
En efecto, para el supuesto de no pagarse la indemnización, o la deuda de que se trate, de orden civil, o comercial, que, por derecho puede corresponder, so pretexto de “inembargabilidad” de todos los fondos y activos financieros que forman parte de la actividad de la empresa escolar, podrían existir actos u omisiones antijurídicas, en las que, la responsabilidad delante de los habitantes de la Nación, no existiría.
Se llegaría al extremo de concluirse que, derivado de toda lógica, que ante una orden judicial de pago, dicha inembargabilidad le constituiría, ya, con base en el artículo 2 de la Constitución Nacional, en un Estado Independiente y no lo es. Pudiera concluirse que no estarían obligadas a respetar las sentencias judiciales.
En razón de ser la Iglesia católica una persona jurídica pública (conforme. Artículo 33 del Código Civil ), se admite la existencia de un dominio público eclesiástico y de un dominio privado eclesiástico.
Corresponde al primero las cosas directamente afectadas al culto de Dios, tales como vasos altares, templos, ornamentos sagrados. Esas cosas son inalienables, imprescriptibles e inembargables mientras subsista la afectación al destino indicado, el cual no puede modificarse sino por determinación de la autoridad eclesiástica.
La interpretación pacífica de la doctrina es concordante en afirmar que el artículo 2345 del Cód. Civil se refiere a las cosas que sirven directa e indirectamente al culto o a la función propia de la iglesia, incluso a la función de apostolado, caridad, misión etc. Reitero, puede ser indirecta, pero esa indirección debe ser lo fundamental en la escuela religiosa o, mejor dicho, en la educación religiosa dentro del culto católico apostólico romano.
No es función propia de la iglesia, sino una extensión, propalar la educación no religiosa. Aún cuando la disciplina y/o materias sean de orden religioso, vinculadas al culto católico apostólico romano.
Es una gran ayuda a la sociedad y una colaboración muy satisfactoria para la función del Estado.
Sólo la fe que es la que hace al culto y ello nada tiene que ver con la educación laica, correspondiendo a los Estados Nacionales y Provinciales, como titulares, el ejercicio de las políticas tendientes a lograr el bienestar general en este sentido, tal como se señala en nuestra Carta Magna en su artículo 5°: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
De donde se sigue una suerte de alianza de apoyo con la Iglesia Católica, más no atribuciones o prerrogativas “contra legem”, como en los casos de responsabilidad por la custodia de los alumnos, se presentaría un impedimento de embargo, cuando no hay pago, sobre bienes que puedan estar en el comercio laico. Esta situación se presenta generalmente ante la ley laboral. Nada cambia el origen de la deuda, sea de responsabilidad emanada de un contrato o no.
En este sentido, la Iglesia, puede ser equiparable a un particular, quien colabora con los Estados Nacionales y Provinciales, a tales fines. En el mismo sentido el canon 796 expresa: “Entre los medios para realizar la educación, los fieles tengan en mucho las escuelas, que constituyen una ayuda primordial para los padres en el cumplimiento de su deber de educar.”. Pero en modo alguno se entiende que esa educación tendrá un continente de religiosidad o ponga o pueda poner en peligro lo dispuesto por el artículo 2 de nuestra Carta Magna al decir: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano” ( artículo 2 de la Constitución Nacional ).
Y, por otra parte, resulta realmente ajeno a ciertas cuestiones, especialmente las laborales, el si desde el punto de vista ético es admisible o no el accionar de una escuela, desde que la ética sólo puede formar parte de la personalidad individual, correspondiendo únicamente, a la conciencia y modo de ser de cada uno de los individuos ( artículo 19 de la Constitución Nacional. ), no pudiéndose oponer una calidad de origen religiosa, al establecimiento educativo, a una persona que no presenta en ese sentido una objeción de consciencia.
La objeción de consciencia, no puede ser opuesta por la escuela de origen católico. La objeción de consciencia sólo supone un omitir, no un hacer ( para ver el tema de objeción de consciencia haga clic aquí ). No puede configurar una resistencia a la autoridad, nunca una irresponsabilidad.
Por consiguiente, para el supuesto de falta de pago de los reclamos indemnizatorios, pagos, cumplimientos y responsabilidades en general, de orden civil u otras vinculaciones jurídicas relativas a responsabilidades, no son inaplicables las normas sobre inembargabilidad ante la falta de pago.
En cuanto a la legitimación pasiva de las propias accionadas, escuelas, colegios, universidades, surge de diversas disposiciones del derecho canónico, en cuanto a la capacidad que tienen, por sí mismas de contratar, ( cánones 1284 y 1286) que señalan que los administradores de bienes “en los contratos de trabajo y conforme a los principios que enseña la Iglesia, han de observar cuidadosamente también las leyes civiles en materia laboral y social”.
No puede caber duda que son fuente de derecho invocable dichos cánones, desde que si la Constitución Nacional apoya al culto católico en todas sus formas.
Asimismo el canon 1290, en ayuda de mi posición señala: “Lo que en cada territorio establece el derecho civil sobre los contratos, tanto en general como en particular, y sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud del derecho canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico”
Por otro lado, las escuelas, colegios y universidades, sólo poseen una mera autorización para funcionar.
El canon 801 señala: “Los institutos religiosos que tienen por misión propia la enseñanza, permaneciendo fieles a esta misión suya, procuren dedicarse a la educación católica también por medio de sus escuelas, establecidas con el consentimiento del Obispo diocesano”, lo que indica que la estructura laica, es usada como herramienta para la difusión de la fe católica, o funcionalmente, o fundamentalmente laica, está exenta, por consiguiente, de la protección del embargo ante la falta de pago.
Lo que es lo mismo que decir, que la estructura de la enseñanza, cuando fundamentalmente es laica, y secundariamente religiosa, sólo constituye un apoyo de la Iglesia al conocimiento, que aprovecha para difundir la fe católica, pero no involucra, directamente a la misma fe, sino que usa a la enseñanza laica para introducir esos fines.
Desde un punto de vista objetivo, esto no puede ser considerado como equivalencia a una creencia o culto. Así es tenido en cuenta por muchos padres al momento de contratar la enseñanza a sus hijos.
Que se pueda aprovechar cualquier forma de difusión de una idea, no significa que la idea sea la sustancia. Un cartero puede distribuir panfletos políticos, pero es un cartero.
De otra forma, resultaría extremadamente abusivo, el pretender no pagar deudas, - cualquier fuere su fuente - e imponer el pretexto de la inembargabilidad, por el hecho de ser brazo extendido de la Iglesia Católica.
Una serie de instrucciones pueden ser dadas por la Iglesia, siendo su provecho, solamente la fe cristiana, y fines recaudatorios a ese objetivo o para ayudar a esa finalidad.
Si en lo económico, pueden recibir ayuda, como donaciones, eso no tiene nada que ver con el patrimonio propio con el que cuentan. No interesa el origen, ni la fe de los donantes o de qué manera se integra el patrimonio. Corre por cuenta de las instituciones educativas, adherirse o no a la fe católica como a cualquier otra. Esto es indiferente a la responsabilidad.
Y, por lo tanto, aunque pudieran entenderse como instituciones de carácter público, la demanda debe dirigirse contra los institutos escolares, y no contra la Iglesia, por razón de que, la autorización mencionada, tiene por única finalidad, la propagación de la enseñanza y, en algún grado, de la fe católica, no dándose por supuesto, otras razones, aunque pudieran recibir y o dar ayuda económica como señala el canon 1261 el cual dice: “Los fieles tienen libertad para aportar bienes temporales en favor de la Iglesia” Por su lado el canon 1262 refuerza esta posición ya que señala que “Presten ayuda a la Iglesia los fieles mediante las subvenciones que se les pidan y según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal.”, ello junto o conjugado con el canon 1263, que señala que Para subvenir a las necesidades de la diócesis, el Obispo diocesano tiene derecho a imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción, que sea proporcionado a sus ingresos, oído el consejo de asuntos económicos y el consejo presbiteral; respecto a las demás personas físicas y jurídicas sólo se le permite imponer una contribución extraordinaria y moderada, en caso de grave necesidad y en las mismas condiciones, quedando a salvo las leyes y costumbres particulares que le reconozcan más amplios derechos. y semejantes ).”, todo esto sólo indica el origen de los fondos, pero no que pertenezcan a la Iglesia o a sus funciones o estén bajo custodia del Estado. Y por otro lado si el obispo diocesano puede imponer un tributo moderado, esto está demostrando la autarquía financiera o económica con la que se sustentan de distintas formas, con un patrimonio propio.
Rige el principio de que la responsabilidad contraída por deudas y obligaciones de las distintas personas jurídicas de los Institutos religiosos, pues ello está dicho en el canon 639 y que parte del principio que “de las deudas y obligaciones responde el que las contrae”
Esto marca la notable diferencia entre la Iglesia y su sistema de funcionamiento en lo tocante a su fin y la autonomía económica de la que se sirven las instituciones educativas no religiosas.
Como veremos, se trata en el caso, conceptualmente, de una empresa docente puede al efecto, hacer clic aquí para la determinación de la responsabilidad.

References: Artículo 2345
 artículo 1071
 artículo 2
 Artículo 33
 artículo 2345
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 19