Source: https://www.abogados10.net/prevaricacion-administrativa/
Timestamp: 2019-04-21 14:22:58+00:00

Document:
Delito de prevaricación administrativa - Todo lo que necesitas saber
Prevaricación administrativa ¿En qué consiste y cómo denunciarlo?
Hoy venimos a darte toda la información sobre el delito de prevaricación administrativa: qué es, cómo denunciarlo y qué modelo de querella escrito se debe utilizar.
1 ¿Qué es la prevaricación administrativa?
2.1 Ejemplo de prevaricación administrativa
3 ¿Cómo denunciar la prevaricación administrativa?
3.1 Modelo de querella escrito
El año 2018 estuvo marcado por constantes noticias sobre masters de dudoso prestigio y tratamiento presuntamente de favor hacia personalidades políticas o alumnos de prestigio, así como falsificación de documentos. Los casos de Pablo Casado, Cristina Cifuentes o Carmen Montón salieron a la luz gracias a investigaciones periodísticas y en todos ellos participaba la Universidad Rey Juan Carlos como centro de docencia que llevaba a cabo estas prácticas.
Sin embargo, la docencia no es el único ámbito en el que la prevaricación administrativa actúa como delito. La concesión por parte de las autoridades académicas de un máster o cualquier otro título universitario sin que el beneficiario haya cumplido los requisitos necesarios exigidos para dicha obtención es un hecho que se integra en el tipo penal que a continuación describiremos.
El de prevaricación administrativa es un delito vinculado directamente con la función pública y administrativa y se comete cuando una autoridad o un funcionario público dictan una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia.
Como decimos, la docencia no es el único sector o ámbito profesional en el que se dan estas prácticas, pues en otras situaciones han salido a la luz casos en los que funcionarios o Administraciones Públicas han mediado de manera interesada en procesos de contratación a través de oposiciones.
El delito de prevaricación administrativa está descrito en el artículo 404 del Código Penal, que dice lo siguiente:
Este artículo guarda especial relación con el artículo 9.3 de la Constitución Española que establece la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El delito de prevaricación administrativa ocupa no solo el artículo 404 del Código Penal, sino también los siguientes, del 404 al 406.
En el 404 se incluye la prevaricación por dictado de resolución.
En el 405 se fijan las penas de prevaricación por nombramiento de cargo público.
El artículo 406 incluye los casos en los que una persona acepta la propuesta, nombramiento o toma de posesión a sabiendas de que carece de los requisitos legalmente exigibles, lo que significa que se trata de prevaricación por aceptación de cargo público.
El delito de prevaricación pública tiene como objeto vigilar que los poderes públicos, autoridades y funcionarios, sigan siendo sometidos en sus decisiones y resoluciones al ordenamiento jurídico, sirviendo de manera objetiva a los intereses generales con total cumplimento de las leyes sin que, en ningún caso, puedan adoptar las decisiones contrarias al derecho o arbitrarias.
Ejemplo de prevaricación administrativa
Un ejemplo de prevaricación administrativa que no siempre viene a la cabeza como este tipo de delito es el exceso en la concepción democrática del poder, en el que este comienza a ser controlado judicialmente en sus desviaciones y excesos, llegando incluso a la exigencia de responsabilidad penal cuando en el ejercicio de ese poder se produce una “aplicación” torcida del Derecho, lo que supone, en definitiva, el núcleo de la aplicación.
En democracia, la desviación del poder y la corrupción política y administrativa son incompatibles, de modo que hay que ejercer un fuerte control democrático de todos los actos administrativos.
Un caso conocido de prevaricación administrativa fue el castigo que impuso el Tribunal Supremo al juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita. El juez fue condenado a doce meses de multa y 10 años de inhabilitación por su actuación en el expediente de adopción de una menor por una mujer lesbiana.
El Alto Tribunal aceptó los recursos presentados por el fiscal, la acusación particular y la defensa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que había condenado al juez a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en atender la solicitud de adopción de la niña.
Otro ejemplo conocido que afecta al sistema judicial fue el que vivió el hoy diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano. Serrano fue inhabilitado en 2011 por dos años a razón de un delito de prevaricación administrativa por alargar de forma ilegal las vacaciones de un niño con su padre, sin consultar a la madre, para que pudiese ir a una procesión.
Serrano era en 2010 titular del juzgado de Familia 7 de Sevilla y en la Semana Santa de ese año decidió que un niño podía alargar durante dos días las vacaciones que tenía establecidas para estar con su padre, para que así pudieses salir en procesión con una cofradía en Viernes Santo.
Dictó esta resolución pasando por encima del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que tramitaba el divorcio, a petición del abuelo paterno del pequeño, escuchando al niño y sin informar de nada a la madre, quien tenía la custodia.
¿Cómo denunciar la prevaricación administrativa?
En caso de ser consciente de un acto que pueda ser tratado como un delito de prevaricación administrativa, las posibilidades que se abren son dos: la denuncia o la querella.
La diferencia principal es que en la denuncia, a diferencia de la querella, el denunciante no interviene personalmente como parte acusadora en el desarrollo del proceso penal. En ambas acciones se pueden denunciar tanto delitos públicos como privados.
La persona denunciante o querellante efectúa un escrito para poner en conocimiento del juez unos hechos que cree que presentan las características de delito.
Si se trata de una querella, la persona denunciante ha de manifestar en la querella la intención de intervenir en el procedimiento judicial como parte acusadora, pudiendo apartarse del mismo en cualquier momento.
El juez o Tribunal deciden en cada caso si admita o no a trámite la querella interpuesta.
Con la denuncia, son el Juez, el Ministerio Fiscal o la policía quienes se han de interesar por los actos denunciados. Si los hechos denunciados resultan ser falsos, el denunciante puede incurrir en responsabilidad civil y penal.
Otra diferencia entre denuncia y querella es que en la denuncia no se necesita ni abogado ni procurador, y puede realizarse por escrito o de palabra ante el funcionario correspondiente.
En la querella han de figurar los siguientes datos:
El juez o el tribunal al que se dirige la querella.
Nombre, apellidos y vecindad del querellado. En caso de desconocer la identidad del querellado se ha de indicar su descripción y todas las señas de las que se dispongan y que puedan contribuir a su identificación.
Junto a la querella deben aportarse documentos o pruebas que sirvan para acreditar los hechos objeto de la misma o indicar dónde pueden encontrarse.
Modelo de querella escrito
Para visualizar un modelo de querella escrito podemos consultar en Internet, pues muchos bufetes de abogados y blogs especializados en Derecho ponen a disposición de internautas y clientes documentos de carácter gratuito en el que se incluyen todos los formalismos y lo único que se ha de rellenar son los datos personales, los hechos a denunciar, la identidad del querellado y la fecha de la querella.
Todos los modelos de querella han de presentarse en un juzgado por escrito y la estructura es similar. En primer lugar, un procurador se presenta, expone los motivos por los que se presenta la querella y la súplica de que se admita a trámite la querella.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece como interés jurídico protegido del delito el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan a su actuación: el servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y la absoluta objetividad en el cumplimento de sus fines.
De este modo, y atendiendo a la jurisprudencia del Alto Tribunal, los requisitos exigidos para poder hablar de delito de precarización administrativa son los siguientes:
El carácter objetivo, esto es, dictar una resolución injusta en un asunto administrativo, contraria a derecho o ilegal.
El carácter subjetivo: el dolo consistente en dictar a sabiendas una resolución a sabiendas de su injusticia, lo que quiere decir que se conoce el carácter injusto e ilegal de dicha resolución, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado.
Se entiende que para cometer un delito de prevaricación administrativa, el autor de los hechos debe ser una autoridad o un funcionario público, figuras que vienen descritas en el artículo 24 del Código Penal:
al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia.
Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal:
La jurisprudencia admite la resolución administrativa a cualquier acto administrativo, escrito o verbal, de contenido claramente decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o al conjunto de la ciudadanía. Y por injusta aquella que, por arbitraria, además de ilegal, carece de cualquier interpretación razonable.
Para entrar en un tipo ilícito de prevaricación administrativa es necesario que se den las dos circunstancias: la irregularidad o ilegalidad y la injusticia por arbitrariedad.
El derecho penal, y en concreto, el delito de prevaricación administrativa no debe sustituir al procedimiento contencioso administrativo como fiscalizador de la corrección y la legalidad de las resoluciones administrativas.
La prevaricación administrativa solo debe actuar en los casos en las que las resoluciones incluyen ese plus consistente en la arbitrariedad y el conocimiento de la injusticia que se comete.
Si no ocurren ilegalidades patentes, groseras, clamorosas o flagrantes, es posible que no estemos en un caso de conducta delictiva de prevaricación administrativa, sino simplemente ante irregularidades cuyo cauce de persecución es la jurisdicción contenciosa, y no la vía penal.
Plazos para aceptación de la herencia y requisitos...

References: resolución 
 artículo 404
 artículo 9
 artículo 404
 artículo 406
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución