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Timestamp: 2019-09-21 06:52:53+00:00

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Justicia en Bolivia: 2018
El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, informó que 12 fiscales de la División Corrupción Pública del Ministerio Público fueron removidos de sus cargos tras ser acusados por presunta corrupción y otros hechos irregulares.
Señaló que en contra de los fiscales removidos se plantearon varias denuncias de presunta corrupción, que fueron conocidas en su momento y ahora incluso se analiza la posible destitución de los funcionarios involucrados.
Abogado pide dinero para cancelar a un fiscal y juez
BOLIVIANOS sería la suma que "sonsacó" el abogado identificado con el apellido Barrera, según Marco Borda.
Un abogado solicitó dinero a su cliente con la finalidad de pagar a un juez y un fiscal para sacarlo de Cantumarca, penal donde está recluido preventivamente por el delito de violación.
La denuncia la hizo pública el abogado Marco Borda, quien dijo que actualmente su colega está "desaparecido", luego de "soncarle" dinero a su propio cliente.
Lamentó que su colega haga quedar mal a los profesionales que estudiaron derecho porque, según él, no se puede engañar a las personas.
Actualmente, se presentó una querella en el Ministerio Público contra este ciudadano para que comparezca y se defienda de la acusación.
"Este abogado a sonsacado la suma de 4.500 bolivianos a una persona que enfrenta un proceso penal por el delito de violación", afirmó a los medios de prensa.
Borda dijo que el hecho ocurrió hace seis meses y, a la fecha, el abogado esta "desaparecido" porque ni siquiera acudió a la declaración informativa ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
Finalmente, dijo que ahora espera que las autoridades requieran lo que manda la ley.
En las últimas horas la fuerza del orden detuvo Ronald Iturri a que tiene seis antecedentes delictivos desde el 2006, el ministerio público pide su detención en Chonchocoro.
La Policía denunció que la justicia liberó a 20 de los 29 delincuentes que fueron aprehendidos la semana pasada durante tres operativos que se realizó en un solo día. Al respecto el director de la Unidad Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Juan José Millán, lamentó que las autoridades judiciales no hayan tomado en cuenta los antecedentes delictivos.
“Me atrevo a decir que la mayoría de ellos (delincuentes aprehendidos en flagrancia) están siendo beneficiados con la libertad, inclusive sin tomar en cuenta los antecedentes y el prontuario que en materia aportamos a la autoridad jurisdiccional. Los jueces aún no están cooperando en este tema ya que están aplacando con otro tipo de criterios”, cuestionó Millán.
El pasado viernes el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga presentó a 28 personas involucradas en hechos delictivos, los cuales eran miembros de tres bandas delictivas que operaban en las principales zonas comerciales de La Paz.
La autoridad policial señaló que existe un trabajo de coordinación con el ministerio público, para evitar que estas personas puedan quedar en libertad. Lamentablemente esta misma situación no se replica con los miembros del Tribunal Departamental de Justicia, quienes son los que benefician con medidas alternativas a la detención.
En las últimas horas la policía aprehendió a Hugo Iturri, quien con la compañía de otras dos personas ingresó a una tienda en la zona de Achachicala para sustraer objetos de valor. El propietario al percatarse de ese hecho lo persiguió hasta detenerlo, pero este sujeto le ocasionó varias heridas con un cuchillo de mesa.
Millán explicó que este sujeto cuenta con seis antecedentes delictivos desde el 2006 hasta octubre del presente año, el fiscal que lleva el caso está pidiendo la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por su peligrosidad.
“Esperamos que en esta ocasión se pueda determinar la detención preventiva en Chonchocoro que ha sido el pedido del fiscal de materia. Esperamos que las autoridades jurisdiccionales obren conforme a Derecho y puedan enviarlo a ese centro penitenciario”, añadió.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no logró designar a los 80 vocales que tenía previsto debido a los antecedentes penales que registran la mayoría de los postulantes, informó el presidente de la máxima instancia judicial, magistrado José Antonio Revilla.
En sesión extraordinaria, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia priorizó la designación de 30 vocales para cargos acéfalos en los 9 departamentos, no obstante de que el objetivo inicial fue cubrir 80 cargos acéfalos.
Revilla señaló que la decisión de asignar sólo 30 vocales fue asumida luego de verificar los indecentes penales de los postulantes.
“Deberíamos nombrar 80 vocales, han sido nombrados una fracción, un número de 30, contrastadas las nóminas correspondientes con antecedentes penales, nos hemos encontrado con que muchos postulantes tiene antecedentes penales, consiguientemente, dado el poco tiempo que disponemos, ya que el Tribunal supremo entre en vacación se ha visto por conveniente priorizar las acefalías”, remarcó la máxima autoridad del TSJ.
Las designaciones pendientes fueron diferidas para enero del siguiente año, una vez cumplida la contrastación de la información para no causar descrédito ante la población, En tal razón, los magistrados en Sala Plena decidieron tomarse un tiempo hasta enero para analizar la situación de los postulantes con antecedentes penales, explicó Revilla. “Se ha nombrado por unanimidad las acefalías, tomando en cuenta los criterios meritocráticos y los primeros de las listas”, dijo el presidente del TSJ, tras aclarar que los nuevos vocales deben reemplazar a los que cumplieron su mandato constitucional de cuatro años de ejercicio.
Los vocales designados para cada departamento son los que la Sala Plena consideró pertinente y adecuada para el idóneo cumplimiento del cargo.
Para el departamento de Pando fueron designados los abogados Luis Gonzalo Vargas Terrazas y David Zeballos Burgoa; para Beni los vocales, Marlene Arteaga Vaca, Roberto Ismael Nacif Suárez y Haider Echalar Justiniano; para Potosí los vocales Ronald M. Baldivieso Flores, Remberto Elías López Ll., Ingrid A. Arizaga Flores y Luis Condori Sunagua; para Tarija Yenny Cortez Baldivieso y Ernesto Félix Mur; para Chuquisaca Iván Sandoval Fuetes; a Oruro fueron designados los vocales Hernán Ocaña Marzana, Juan Carlos Selaya Rojas y Filimón Comdori Callizaya, para Cochabamba los vocales Jesús V. Gonzales Milan, Patricia Torrico Ortega, Juan Edgar Balderrama B., Mirtha Mabel Montaño Torrico, Claudia G. Morales Orellana y Pablo Antezana Vargas; para La Paz fueron designados los vocales Eddy Aruquipa Cubillas, Iván Ramito Campero Villalba, Cesar Wemceslao Portocarrero C., Silvia M. Portugal Espinoza, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Rosario Verónica Sánchez S; finalmente para Santa Cruz fueron designados los vocales Ever Alvares Orellana, Arminda Méndez Terrazas y Efrain Cruz Limachi.
Las nueva autoridades serán posesionadas en enero del siguiente año en cada uno de sus distritos judiciales por el magistrado representante de su Departamento.
TCP declara improcedente recurso contra ley del TIPNIS
El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra la ley que anula la intangibilidad al territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), fue declarado improcedente por esta instancia.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional ha dispuesto la improcedencia del mismo” afirmo el Magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado.
Como se recordará, el año pasado, diputados de Unidad Demócrata (UD) presentaron en Sucre un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra de la Ley que anula la intangibilidad del TIPNIS.
En ese entonces, el diputado Norman Lazarte, que encabezó la delegación, hizo la presentación, y al momento de hacerlo precisó que se trata de una acción de inconstitucionalidad abstracta, puesto que a su criterio la norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
Lazarte señalaba que la Ley estaba contra la biodiversidad protegida por la Constitución y tratados internacionales. En el memorial se observaba, por ejemplo, que la norma vulnera el artículo 342 de la CPE que obliga al Estado a mantener el equilibrio en el medio ambiente.
Asimismo, el opositor indicaba que en el recurso también se solicita medidas cautelares, para evitar que se aplique la ley mientras se decide su constitucionalidad.
El fundamento de la demanda indicaba que sigue vigente en la Constitución, en su artículo 385, la preservación de las áreas protegidas, y los artículos 388 y 403 protegen a los territorios indígenas.
El TIPNIS tiene una doble condición para su protección, por ser parque nacional y territorio indígena, por lo tanto su resguardo no sólo está garantizado en la Carta Magna y las leyes sino en convenios internacionales.
El oficialismo en la Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS que básicamente levanta la “intangibilidad” y abre la posibilidad de que se construya la vía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari resistida desde antes de 2011. EL DIARIO y otros medios.
Fiscalía General: Presunta militancia política de Lanchipa se trata de un error
El jefe de la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, aclaró que el titular de esta institución, Juan Lanchipa Ponce, no es militante de ninguna agrupación política y que el hecho de que figure en listas del Movimiento Al Socialismo (MAS) debe ser atribuido a un error del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Como es de conocimiento público desde algunas semanas atrás se han encontrado varios errores en el sistema de registro de militantes que administra el TSE donde muchos ciudadanos aparecieron como militantes de diferentes partidos políticos y éste es uno de esos casos”, dijo Tarquino, de acuerdo a un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Según los datos arrojados por el sistema Yo Participo del TSE, Lanchipa estaría registrado como militante de uno de los partidos políticos existentes en el país; sin embargo se trataría de una “falsa militancia” debido a un “error de sistema” del Tribunal Electoral.
El Funcionario recordó que el pasado 22 de agosto el actual Fiscal General del Estado presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional diferentes requisitos, entre ellos el respectivo certificado de no militancia otorgado por el TSE, para postularse y habilitarse para el cargo.
“Sería ilógico que la actual autoridad luego de acreditar su no militancia el 22 de agosto, tres semanas después se inscriba a un partido político estando en plena carrera de selección para Fiscal General”, dijo Tarquino a tiempo de indicar que en las últimas horas ya se habría realizado el respectivo trámite de rigor ante el TSE para anular esa “falsa militancia”.
LEY N° 1027 - LEY DE ABROGACIÓN DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL
LEY N° 1027
LEY DE 25 DE ENERO DE 2018
LEY DE ABROGACIÓN
ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017, “Código del Sistema Penal”.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Efraín Chambi Copa, Patricia M. Gómez Andrade, Alicia Canqui C, Margarita del C. Fernández Claure.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Octavio Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez MINISTRO DE EDUCACIÓN E INTERINO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
LEY N° 1025 - LEY DE DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 137 Y 205 DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL
LEY N° 1025
LEY DE 10 DE ENERO DE 2018
LEY DE DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 137 Y 205
ARTÍCULO ÚNICO. Se derogan los Artículos 137 y 205 de la Ley N° 1005 de fecha 15 de diciembre de 2017, “Código del Sistema Penal”.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Milton Claros Hinojosa, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Ariana Campero Nava.
Posted by AHM at 7:54 PM No comments:
Por decisión del fiscal de distrito, William Alave, quedó sin efecto la denuncia contra vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como consecuencia de la aparición de inscripciones no autorizadas en partidos políticos.
El abogado que se atribuyó la representación de al menos 500 personas, Omar Durán, expresó su desacuerdo ante esta determinación debido a que al momento de presentar la queja adjuntó la autorización de las personas afectadas.
El jueves, el abogado presentó una acusación penal en contra de los miembros del TSE (María Choque, presidenta; Antonio Costas, vicepresidente; Lucy Cruz, vocal; Idelfonso Mamani, vocal, y Dunia Sandoval, vocal), ante la Fiscalía, por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración o modificación del padrón electoral.
Alave dio a conocer que la queja no contaba con la facultad otorgada por ley para que se obre a nombre de los 500 afectados, y por ello hoy la instancia judicial desestimó la denuncia.
El vocal del TSE, Idelfonso Mamani, dijo que desconoce la demanda contra los vocales y sólo se remitió a señalar que por decisión de Sala Plena se resolvió que las personas que desean presentar los formularios para anulación, renuncias y restitución de sus antecedentes de militantes tienen plazo hasta el 5 de diciembre.
De acuerdo con el TSE, hasta el 29 de noviembre 34.744 personas acudieron a dependencias del Órgano Electoral para regularizar su situación de militancia.
Además aseguró que el calendario electoral se cumple de acuerdo con lo planificado y que el 13 de diciembre se hará a conocer el padrón de militancia.
El médico Jhiery Fernández inició este jueves un proceso penal contra la exjuez Patricia Pacajes por difamación y calumnia, después de que lo vinculó a un supuesto "grupo delincuencial".
"Hemos presentado el día de hoy una demanda en un proceso privado", indicó Cristian Alanes, abogado de Fernández.
Presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Córdova, informó ayer que para prestar un mejor servicio a la sociedad, se requiere contar con al menos 300 juzgados, los 240 actualmente existentes son insuficientes. A pesar de ello, los operadores de justicia cumplirán la vacación judicial anual del 4 al 30 de diciembre.
Explicó que el Distrito de La Paz es el que mayor carga procesal tiene a nivel nacional y que esta gestión la carga procesal subió en 40 por ciento.
“Hay una sobrecarga en el trabajo. A diario se están llevando entre cinco a seis audiencias en el TDJ. La proporcionalidad en la capacidad humana de los jueces para atender las audiencias no es equilibrada, pero se lo está haciendo”, dijo.
Por otro lado, informó que en La Paz se dispuso vacación judicial del 4 hasta el 30 de diciembre del presente año en el marco de la Ley 810.
“Se van a quedar juzgados en materia penal para atender todos los casos con detenido y los nuevos casos que se vayan a presentar durante la vigencia de la vacación. Se está quedando una sala penal y los juzgados necesarios. En la ciudad de La Paz se están quedando dos juzgados cautelares, el mismo criterio se está manejando en la ciudad de El Alto, estamos viendo tratar de ver una equidad entre la necesidad que tiene la población y el número de juzgados que se van a quedar”, aclaró.
Anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió suspender la vacación judicial de esta gestión porque tienen trabajo pendiente. Al respecto, Campero explicó que dicha suspensión es solo para el personal del TSJ que tiene su sede en Sucre.
El representante del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Américo Araníbar, informó que la próxima semana iniciarán procesos penales y disciplinarios contra seis jueces que participaron en el caso bebé Alexander.
El informe de auditoría legal al proceso contra el médico Jhiery Fernández reveló que existen indicios de faltas graves y gravísimas cometidas por seis jueces, siete funcionarios judiciales y establece que ocho fiscales son responsables de retardación de justicia.
Aranibar explicó que tras recibir el informe de auditoría jurídica a la sentencia 05/2018 del caso bebé Alexander, en Sucre, esta instancia viene preparando las denuncias correspondientes contra cinco exmagistrados y uno (Rolando Chaca) que continúa en ejercicio de sus funciones.
“Los procesos no solamente se harán contra los doctores Patricia Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida sino contra los jueces de instrucción que han conocido este caso del bebe Alexander, me refiero a los doctores Enrique Morales, Rolando Chaca y Lía Cardozo”, dijo.
La autoridad judicial manifestó que entre el lunes o martes de la próxima semana presentarán denuncias ante un juez disciplinario por las faltas graves, así como procesos penales ante el Ministerio Público.
Aranibar aclaró que en septiembre se inició un proceso disciplinario contra la exjuez Patricia Pacajes, por revelar hechos de un caso declarado en reserva, misma que concluyó el lunes con su destitución definitiva.
Empero sigue en curso otro proceso disciplinario por retardación en la remisión de obrados al tribunal de alzada del caso bebé Alexander, contra los tres jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, compuesta en ese entonces por Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladis Guerrero.
“Este se encuentra en curso, entendemos que el juez disciplinario ya va a emitir una resolución definitiva sancionando a los exjueces Mérida, Guerrero y Pacajes”, anunció.
Consultado por el sistema judicial que en los últimos meses ha sido muy cuestionado por el accionar de algunos magistrados, manifestó que en esta nueva gestión del CM está seleccionando jueces probos y desde la próxima gestión serán evaluados periódicamente de manera integral, misma que incluirá un estudio psicológico.
“Se está viendo la meritocracia para que puedan entrar jueces probos, al margen de ello está la evaluación y permanencia de los jueces, es decir que los mismos van a ser evaluados a partir del próximo año de manera permanente y periódica”, apuntó.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Iván Córdova, manifestó que se pidió al CM que se tenga mucho cuidado en la selección de jueces, debido a los últimos hechos que salieron a la luz.
“El juez es un profesional especializado en un área, es una persona que debe contar con una madurez social, solvencia académica, experiencia en el tema judiciario y el juez es humano, es por eso que también nosotros debemos asumir todos esos componentes para que en definitiva tengamos jueces profesionales, que nos permitan que la justicia ingrese en un proceso de cambio. Es importante hacer una reingeniería en algunos elementos de la formación de jueces”, aseveró.
Por otro lado, informó que ayer posesionó a dos nuevos jueces para atender los casos del Tribunal Décimo de Sentencia.
Esta gestión, tres jueces fueron descubiertos en estado de ebriedad presidiendo audiencias, en junio los jueces Daniel Huaynoca y Tomás Condori fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en el Tribunal Tercero de Sentencia y el 22 de noviembre el juez Ramiro Quenta, del Tribunal de Sentencia VIII de La Paz, fue aprehendido, por segunda vez, dirigiendo una audiencia ebrio.
“Estamos presentando la denuncia formal por el consorcio de jueces, fiscales, abogados y partes dentro del Tribunal Décimo de Sentencia, en relación al doctor Roberto Mérida y su relación y vínculo ilegal que tendría con el abogado Sergio Rivera y la exfiscal Susana Boyán, a objeto de apropiarse de los bienes del señor Nelson Estrada dentro de una declaratoria de herederos de un millón y medio aproximadamente”, aseveró.
Zeballos explicó que el 19 de noviembre de 2018 recusaron al exjuez Roberto Mérida porque era patrocinado por el jurista Sergio Rivera R., quien también es abogado de Paolowa Estrada, una de las denunciadas en el caso.
“A través de la recusación, se me hace llegar este documento que es la Resolución Disciplinaria Nº 26/2017, dentro del caso 309/2016 donde la denunciada es Susana Boyán y su abogado es Sergio Rivera, abogado que también es apoderado de la parte que se está queriendo expropiar de los bienes del señor Nelson Estrada, que ya ha sido denunciado por la exjuez Patricia Pacajes”, aclaró.
El jurista explicó que en diferentes audiencias el extinto Nelson Estrada fue amedrentado ya que al ser víctima se lo interrogó como acusado, tratando de obtener elementos ilegales.
“En audiencia dijeron queremos elementos para un parricidio, cuando el señor Estrada no se encontraba en Bolivia, se ha mencionado un robo y hurto en contra de la esposa del señor Estrada, misma que se encuentra en el penal de Obrajes, pese a que nunca encontraron ese dinero. Tenemos audios que demuestran que la misma denunciante dice que ese dinero jamás ha existido”, refirió.
Las denuncias contra jueces, fiscales y el jurista se presentaron luego de que la exjuez Patricia Pacajes denunciara a este consorcio ante el Consejo de la Magistratura.
Al respecto, Roberto Mérida y el abogado Rivera anunciaron por separado una demanda penal en contra de la exjuez Pacajes por el delito de calumnia, pues ella lo denunció por consorcio de jueces y fiscales, acusación que según dijeron es falsa.
Video Justicia niega libertad para Franclin Gutierrez, pero puede ir al funeral de su hijo
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LEY N° 1011 - PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
Artículo Único. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 33 y 37 de la Ley N° 401 de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el “Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Nuestra Señora Santa María de la Asunción, República del Paraguay.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, René Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta.
Posted by AHM at 8:45 AM No comments:
Caso “bebé Alexander” CM: 27 jueces, fiscales y funcionarios cometieron faltas graves y gravísimas
El decano del CM, Omar Michel Durán, informó que la auditoría también develó que entre el 90 y 95 por ciento de los funcionarios del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz tienen responsabilidades.
“Lamentamos mucho que hayan habido tantas fallas, tantos errores”, dijo este jueves en conferencia de prensa, en la ciudad de Sucre, sede de sus funciones.
Explicó que la auditoría, solicitada por la defensa legal del médico Jhiery Fernández, que fue condenado a 20 años de cárcel por la supuesta violación al bebé Alexander sin pruebas científicas ni testificales, contiene más de 260 hojas de informe, que constituye una radiografía de todo lo acontecido en el proceso.
Fernández permaneció recluido desde el 16 de diciembre de 2014 y el pasado 10 de octubre dejó el penal de San Pedro, cuando una juez dispuso medidas sustitutivas, entre ellas detención domiciliaria.
El bebé Alexander falleció el 13 de noviembre de 2014, y según investigaciones de la Fiscalía de La Paz, dirigida entonces por Patricia Santos, el deceso se produjo por una presunta violación. A casi cuatro años del hecho, existe confusión sobre lo sucedido en un hogar de asistencia a menores dependiente de la Gobernación de La Paz.
El informe contenido en más de 260 fojas, describe a detalle los presuntos delitos cometidos por los funcionarios, como la suspensión de 106 audiencias de las 221 programadas.
Asimismo, aclaró que por el Ministerio Público participaron 14 fiscales en ambas etapas, la preparatoria donde procede la investigación y la de juicio oral. En ambas etapas destaca la participación de Edwin Blanco, Susana Boyán, mientras que en la etapa preparatoria además de los mencionados, destacan Patricia Santos, Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco, Gastón Corrales, Leopoldo Ramos, entre otros.
La consejera Dolka Gómez aclaró que como CM no pueden valorar la sentencia misma, sino sólo revisar las cuestiones de forma que tiene incidencia en las jurisdiccionales.
“Este proceso se está sustanciando todavía, porque aún está en apelación con un plazo ya extemporáneo. Las autoridades jurisdiccionales determinarán cuál será la sanción, o la próxima vía que se tenga que seguir”, dijo.
Video Abogado de Medico Fernandez, explica las avances del Caso, LA JUSTICIA APESTA!!!
Fiscal departamental de Potosi declara 15 bolivianos de patrimonio
Quince bolivianos supuestamente es el patrimonio de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, de acuerdo con la declaración jurada en la Contraloría del Estado, pero ella lo niega.
De acuerdo con el extracto de la declaración jurada de bienes y rentas de la autoridad, extraída de la página web de la Contraloría, el total de bienes activos Choque tiene Bs 15.00, en deudas pasivos 0.00, patrimonio neto 15.00 y rentas pasivos de 39.618 bolivianos.
La declaración jurada fue declarada, según la página web, el 31 de octubre de 2018.
Al respecto, la flamante autoridad negó que haya declarado esa suma y dijo estar sorprendida.
"¿Quince bolivianos? Ha debido existir un error", expresó con una carcajada y dijo que hay un error porque, según ella, no fue esa su declaración jurada que hizo.
"Se ha realizado la declaración del sueldo que estaba percibiendo como jueza cautelar, y no es esa la cantidad", complementó.
Choque develó que su patrimonio no supera los 20.000 bolivianos porque tiene una familia y ello genera muchos gastos.
"Los gastos son inmensos, el sueldo que se gana mensual y algunos ahorros, no hay más", aseveró la fiscal departamental de Potosí en declaración a este diario.
Proceso a fiscales Ministerio Público espera informe departamental
La Fiscalía General del Estado espera el informe final de las investigaciones a fiscales y autoridades a cargo del proceso en el caso “bebé Alexander”, para tomar las acciones que correspondan, afirmó ayer la autoridad del Ministerio Público, Juan Lanchipa Ponce.
La máxima autoridad del Ministerio Público remarcó que esta tarea fue delegada a una comisión de fiscales para que realice un exhaustivo trabajo de investigación tanto en el denominado “bebé Alexander” como en cada uno de los casos en este distrito, proceso aún en curso a cargo ahora del fiscal departamental, William Alave.
“Vamos a esperar los resultados de esta comisión para pronunciarnos al respecto”, puntualizó el Fiscal General a tiempo de señalar que la investigación encargada a esa comisión no se limitará a determinados actores, sino deben participar todas las autoridades llamada por ley y el Ministerio Público debe garantizar la participación de todas las partes para establecer la verdad histórica de los hechos.
En este contexto, Lanchipa aseguró que todos los antecedentes que hacen en cada uno de los casos en investigación, de manera específica en el caso “bebé Alexander”, la grabación de audio de la exjuez Patricia Pacajes acerca de ese proceso, exautoridad judicial en detención preventiva por violar la confidencialidad en ese proceso.
“Todo está en manos de la investigación para que nosotros en base a las conclusiones de la comisión podamos tomar algunas acciones, entretanto no podemos emitir ningún criterio”, remarcó la autoridad del Ministerio Público.
Con relación a las investigaciones que hacen al caso del Banco Unión, la autoridad señaló aún se encuentra en etapa de investigación y será mediante la Fiscalía de La Paz que se conocerán los alcances de la investigación, apuntó.
Con relación a las investigaciones y auditoría al caso “bebé Alexander”, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró sus dudas acerca del procedimiento dispensado además de haber advertido contradicciones en la sentencia dictada contra el médico Jhiery Fernández, principal acusado en este proceso.
Exfiscal en funciones administrativas Autoridades señalan que Blanco debe ser investigado
La reasignación de funciones al exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, causó rechazo por haberle confiado tareas de alta sensibilidad como el control del registro biométrico, ante la imposibilidad de alejarlo del Ministerio Público; sus nuevas funciones debieran ser de mínimo riesgo y relevancia en la Fiscalía de Distrito.
Edwin Blanco fue designado ayer para cumplir funciones en la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones del Ministerio Público, sin especificar el cargo que ocupará, bajo supervisión del fiscal de materia Omar Yujra.
El fiscal del Distrito, William Alave, firmó el memorándum de designación, el pasado 1 de noviembre, mediante el cual recomienda a Blanco “esmero y responsabilidad en el desempeño de las tareas encomendadas”.
Al respecto, Blanco afirmó que sus nuevas funciones no le generan ningún malestar puesto que la labor en el Ministerio Público se puede hacer en cualquier cargo y siempre son complejas.
Blanco fue el centro de la polémica los últimos meses debido a la actuación de la Fiscalía en el caso bebé Alexander.
Respecto a los procesos que se le siguen por el caso del bebé Alexander, dijo que no le han notificado, pero él no se ha escapado y presentará sus descargos. Aseguró que en su gestión de Fiscal Departamental actuó con “absoluta legalidad” y no se ha desviado ningún caso.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Sergio Choque, aseveró que con los antecedentes que Blanco tiene dentro de la institución, debería ser alejado del cargo y ser investigado de acuerdo a norma, sin ningún tipo de beneficio y con un proceso transparente.
Por otro lado, el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez, aseguró que lo que debiera hacer el Fiscal General del Estado es retirar a Blanco por los antecedentes de corrupción que tiene y dar un ejemplo de que las cosas dentro del Ministerio Público se harán de acuerdo a ley.
“No puede estar en la Fiscalía una persona que hizo mala gestión y que mandó a la cárcel a gente inocente, estar en otro cargo dentro de la Fiscalía, es como un premio”, aseguró.
En ese contexto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró que los derechos y garantías que establece la Constitución Política del Estado, no privilegian, sino que alcanza a todos.
“Nosotros hemos señalado que vamos a respetar los derechos laborales, pero no hemos señalado que no haya inamovilidad, eso significa que ha ingresado a una condición de Fiscal III”, explicó.
A su turno, el diputado Rafael Quispe aseguró que el exfiscal Blanco se cuidó de no salir del Ministerio Público ya que tiene un hijo nacido en julio y otro que viene en camino, por lo que goza de inamovilidad laboral.
Asimismo, aseguró que debe existir un proceso disciplinario contra Blanco, y como autoridad nacional seguirá de cerca las denuncias que existen en contra suya.
“Nosotros lo hemos denunciado por incumplimiento de deberes en varios casos relevantes. Como era Fiscal Departamental, es el responsable de todos los casos como el Fondo Indígena, Chaparina, Banco Unión, Alexander y otros, donde nunca se cumplieron plazos procesales”, dijo.
Justicia otorga abogados a la familia de la niña Tatiana Barreto, víctima de infanticidio hace tres años
La familia de la niña Tatiana Barreto cuenta con el apoyo legal del Ministerio de Justicia, que consiste en un equipo de abogados para que los representen en el juicio seguido contra la mamá de la niña y su padrastro, acusados de infanticidio.
Tatiana también era de nacionalidad paraguaya y tenía tres años al momento de su muerte. Estaba en el país a cargo de su madre, Fátima Velásquez, quien residía en Bolivia junto a su nueva pareja, Rubén Graff. La mujer solicitó un permiso especial para traer a la niña durante tres meses, para luego devolverla al cuidado de su papá, en ese tiempo habrían cometido una serie de abusos físicos contra la menor, que derivaron en su muerte.
Óscar Barreto, padre de la menor, destacó el apoyo que el Ministerio de Justicia le brinda a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y la Dirección General de la Niñez y Personas Adultas Mayores, instancias que coadyuvan en el seguimiento de este caso, que se ventila en instancias judiciales y que debe ser vigilado por la familia a la distancia, ya que todos residen en Paraguay.
En una nota pública escrita en la página oficial de la familia Barreto denominado “Justicia para Tati” que se difunde en las redes sociales, Barreto comentó que en febrero pasado estuvo por Bolivia en una audiencia del juicio por infanticidio contra Fátima Velásquez (madre de la niña) y su novio Rubén Graff.
En esa oportunidad recurrió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucionalpara solicitar el patrocinio de un abogado de la institución para que atienda su caso. “Recurrí a este ministerio porque he visto como el ministro de Justicia, Héctor Arce, defiende a capa y espada a los niños”, aseveró.
Manifestó que continuará luchando, para que se llegue a hacer justicia. “Agradezco a toda la comunidad boliviana y paraguaya, a la gente que no ha olvidado a Tati, al Ministro de Justicia y a su equipo, que Dios los bendiga, mi esperanza está puesta en todos ustedes. Mi familia y yo no descansaremos jamás, hasta tener justicia y la repatriación de los restos de Tati”, escribió Barreto.
Exfiscal Blanco renuncia a su cargo en el Ministerio Público
El exfiscal departamental, Edwin Blanco presentó su renuncia al cargo de fiscal de materia en el Ministerio Público, argumentando cuestiones familiares y que recibió mejores ofertas laborales.
Williams Alave, actual fiscal departamental de La Paz dispuso que Blanco se encargue del biométrico en el Ministerio Público, es decir que debía registrar periódicamente a los imputados que se beneficiaron con medidas sustitutivas, además de atender la ventanilla de información a la población.
Blanco señaló a los medios de comunicación que "recibió ofertas laborales más benignas" y que su familia también lo motivó a dimitir a la Fiscalía debido al seguimiento mediático del cual es objeto.
El exfiscal culminó su gestión como representante departamental del Ministerio Público hace casi dos semanas, en medio de cuestionamientos a su labor investigativa dentro del caso Alexander y la sospecha de que implicó intencionalmente al principal sospechoso de ese hecho, el doctor Jhiery Fernández.
Justamente en el marco de estas labores, Blanco debía tomar el registro biométrico periódico de el médico Fernández que se benefició con la detención domiciliaria, luego de permanecer casi cuatro años en prisión, gracias a un audio filtrado donde la exjueza Patricia Pacajes revela que fue sentenciado a 20 años siendo inocente por la presunta violación del bebé Alexander.
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Autoridades del Ministerio Público Incertidumbre en labor de nuevos fiscales
Los nuevos fiscales de Distrito posesionados ayer, en Sucre, no son esperanza de cambio real en el Ministerio Público por su afinidad con el Gobierno, este hecho pone en duda la labor que deben desempeñar afirmó ayer el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, luego de que se conociera públicamente a las autoridades.
“Al parecer, lo que se está haciendo es pagar favores en función de la competencia que hubo entre los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora los que salieron en otros lugares les están dando las fiscalías de distrito, seguramente para pagar las promesas de lo que ya a todas luces parece haber sido una campaña interna dentro del MAS para elegir al FGE”, refirió Ortiz.
Aseguró que el fiscal general, Juan Lanchipa, está directamente vinculado al Gobierno y a personas como el Ministro de Justicia, por lo que no espera que trabajen con la independencia que se requiere en el Ministerio Público.
En tanto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que la mayoría de las autoridades posesionadas ayer son los mejores calificados en el proceso de selección a Fiscal General del Estado (FGE) que realizó la Asamblea Legislativa.
En criterio del diputado Amilcar Barral, de UD, Lanchipa respetó las mejores notas que obtuvieron los aspirantes a la FGE, por lo que espera que estos demuestren en la práctica todo lo que demostraron en teoría.
“Les demos el beneficio de la duda, ya que esta gente ha demostrado que tenía el mayor puntaje en la preselección de candidatos a Fiscal General, esperemos hagan bien las cosas y ojalá que su gestión sea más transparente que la de sus antecesores”, apuntó.
En solemne acto realizado ayer en instalaciones de la Fiscalía General de Estado (FGE), en la capital del Estado, los nueve fiscales de distrito prestaron juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. El evento contó con la presencia del ministro de Justicia, Héctor Arce Z., y las altas autoridades del Órgano Judicial.
En la oportunidad, Lanchipa recomendó a las nuevas autoridades trabajar en función a dos desafíos: Recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal de más de 236 mil causas vigentes en todo el país.
El Ministro de Justicia destacó el hecho de que muchos de los fiscales departamentales posesionados deriven de los mejores puntuados por la Asamblea Legislativa.
“Es una señal que merece nuestra felicitación porque se valora la meritocracia, la capacidad y el esfuerzo que han demostrado en su postulación y sean reconocidos con un cargo importante como es una fiscalía departamental”, expresó.
Asimismo, el Titular de Justicia manifestó que el país está viviendo tiempos de crisis en la administración de justicia y recordó que el año 2009 se identificaron tres problemas medulares: Las leyes, elemento humano y la falta de recursos en infraestructura, informática entre otros.
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Mamani conduce la Dirección de Justicia Indígena
El dirigente indígena originario campesino Hilarión Mamani Navarro asumió la dirección de la oficina de Justicia Indígena, con el objetivo de fortalecer y revalorizar las leyes de este sector.
Desde 2013, Mamani se desempeñó como jilliri apu mallku del ejecutivo nacional del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y esta labor fue destacada por el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Como apu mallku del Conamaq, impulsó una de las cinco instituciones del Pacto de Unidad que participó en la Cumbre Nacional de Justicia Indígena Originario Campesina, realizada en agosto en Cochabamba.
Trabajará de manera directa con el viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, Gilvio Janayo.
Entre 1995 y 2002 realizó labores de minería y sus habilidades para la dirigencia lo catapultaron al cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. De 2010 a 2011 fue subalcalde de un distrito originario de la Alcaldía Municipal de Cotagaita, provincia Nor Yungas del departamento de Potosí.
Hasta 2013 también fue jatun cacique de la nación chichas wisijsa.
Janayo señaló que los conocimientos y la trayectoria de Mamani serán de gran ayuda para la justicia indígena.
Recuperar la confianza de la población y resolver la carga procesal de más de 230 mil causas vigentes a escala nacional son los desafíos que deberán resolver los nuevos fiscales departamentales, que ayer fueron posesionados en la ciudad de Sucre.
En el acto de posesión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, les recordó a las nuevas autoridades “que las expectativas y esperanzas del pueblo boliviano en las labores que cumplirán tienen el objetivo de lograr una justicia transparente, oportuna, eficaz y sin discriminación”.
Asimismo, dijo que una de las acciones que llevará adelante el Ministerio Público en los próximos años será implementar un nuevo modelo de gestión fiscal, para lo cual ejecutará reformas organizativas y cambios sustanciales en la metodología de trabajo.
Agregó que el sistema acusatorio requiere un Ministerio Público ágil para cumplir con la investigación, a fin de lograr una persecución eficiente mediante un cambio del producto y del perfil del talento humano.
“Los fiscales de todo el Estado deben saber que no se debe acusar la ilegalidad con otras ilegalidades, por ello estamos sometidos a los principios constitucionales y debemos hacerlo sin negligencias, sin dejar a la víctima. Fiscales, está en sus manos proteger”, manifestó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó que algunos de los nuevos fiscales departamentales fueron designados como un reconocimiento a las calificaciones que obtuvieron durante el proceso de selección meritocrática del Fiscal General del Estado.
“Es una señal que merece la felicitación porque se valora la meritocracia y el esfuerzo es reconocido con un cargo de notable importancia para bien de todos los ciudadanos”, señaló.
Lanchipa posesiona a nuevos fiscales departamentales seleccionados por méritos
Nueve fiscales departamentales fueron posesionados hoy por el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, que decidió conformar su equipo de trabajo con los postulantes que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección realizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El titular del Ministerio Público planteó dos retos para las flamantes autoridades: recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal vigente que ascienden a 236.000 procesos vigentes.
"Trabajaremos en función de los derechos de los ciudadanos y el bien común", aseguró Lanchipa en el acto de posesión, realizado en la Capital Constitucional de Bolivia, Sucre.
A nombre de las nuevas autoridades, Álvaro Mauricio Nava Morales, fiscal del departamento de Chuquisaca, agradeció la confianza en los fiscales y aseguró que optimizarán el trabajo por el bien de la población.
A su turno, el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, destacó que los designados son quienes obtuvieron las mejores notas en el proceso de elección de ALP y manifestó su esperanza de que puedan avanzar para superar los problemas que agobian a la justicia boliviana.
"Los bolivianos somos una nación que cree en sí misma, somos un ejemplo a seguir. Si somos los primeros en crecimiento económico también podemos mejorar hasta ser un ejemplo de justicia", afirmó en su discurso.
Los nueve fiscales departamentales:
La Paz: Williams Alave
Santa Cruz: Mirael Salguero
Potosí: Roxana Choque
Oruro: Orlando Zapata
Pando: Juan Carlos Cuéllar
Beni: Nuria González
Chuquisaca: Mauricio Nava
La mamá de ‘Chumita’ no volverá a la cárcel; un juez de Argentina le otorgó el perdón humanitario
El juez federal argentino Ernesto Hansen benefició a Claudia S. E., la mamá de ‘Chumita’, con la excarcelación (libertad) por lo que ahora podrá quedarse junto a sus tres hijas en su natal Montero, Santa Cruz, según publicó el portal infobae.
La madre fue detenida en Argentina, transportando cocaína para pagar la quimioterapia de su hijo 'Chumita', de 13 años, quien murió el 17 de octubre a causa de un cáncer terminal.
La historia de la madre boliviana se conoció gracias a este sitio web, que publicó su caso, luego que fue detenida en la cárcel de Güemes, Argentina, casi por un año.
Claudia solicitaba a las autoridades judiciales que le otorguen un permiso humanitario para retornar a Bolivia y cuidar a su hijo en sus últimos días de vida.
Al conocerse el drama de la madre boliviana, el Defensor del Pueblo coadyuvó en las gestiones y en coordinación con los defensores de la mujer, en Argentina, se logró un permiso de 30 días para que retorne al país. A estas gestiones se sumó el Ministerio de Justicia, que inicialmente buscaba una ampliación del permiso, y luego perfilaba tramitar un perdón humanitario.
El defensor oficial de Claudia, Andrés Reynoso, declaró a Infobae que la Fiscalía de Jujuy requirió más información sobre el caso, que fue proporcionada de manera rápida por el Gobierno de Bolivia y apoyó la solicitud de excarcelación
Al conocer la buena noticia, la madre de Chumita declaró al medio argentino desde Montero: "Se hizo justicia, estoy contenta, feliz, quiero agradecer a Infobae por contar mi historia y a mis defensores porque también ellos se han movilizado. Tengo a mi hijita acá conmigo, estoy muy agradecidísima, me voy a quedar con mis hijitas, me queda salir adelante, trabajar para mantenerlas a ellas y no volver a separarme".
De acuerdo al programa “Carlos Valverde en La Red”, la Fiscal otorgó al denunciante, Rolando Américo Enríquez Cuellar, 24 horas para subsanar los observaciones que se hizo basada en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 260.
“La estamos denunciando por discriminación y racismo que tiene una pena de tres a siete años de cárcel y le pedimos a la señora Gina Foianini, que se entregue a la Justicia o caso contrario pedimos a la Fiscalía que detenga a esta señora, porque es un peligro para la sociedad”, informó Enríquez Cuellar tras formalizar esa denuncia.
Valverde manifestó que Rolando Cuellar es dirigente de Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS), y sospechoso de participar en el atentado del 21 de junio de 2008 contra canal 4 de la Red Unitel de Yacuiba.
El canal 4 de la Red Unitel de la ciudad de Yacuiba (Tarija) sufrió en la madrugada del 21 de junio de 2018 un atentado con dinamita que sólo causó destrozos materiales.
Asimismo, dijo que el 4 de mayo de 2010 fue visto en un grupo que intentaba tomar las oficinas de la Dirección Departamental de Trabajo en Santa Cruz.
Sobre el caso del escupitajo, el vicepresidente García aseguró la pasada semana que no asumirá ninguna acción contra la mujer porque está dispuesto a seguir sufriendo agresiones.
“Estoy dispuesto a que me sigan escupiendo, no voy a cambiar de actitud, voy a seguir defendiendo a la gente pobre. En lo personal yo no (voy a asumir ninguna acción). Si defender a la gente humilde, a los trabajadores y campesinos me va a generar agravios, estoy dispuesto a recibirlos”, sostuvo.
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References: artículo 342
 artículo 385
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 158
 artículo 55