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Timestamp: 2020-03-30 10:15:58+00:00

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2018 - 08 - LA JUSTICIA DICTA SENTENCIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MEDIOS VECINALES | Observatorio del Derecho a la Ciudad
2018 - 08 - LA JUSTICIA DICTA SENTENCIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MEDIOS VECINALES
En fecha 13 de agosto de 2018, el Juez Guillermo Scheibler en la causa judicial caratulada "SERRES , LUIS ALBERTO Y OTROS C/ GCABA S/AMPARO - OTROS", Expte. N° A1899-2018/0, dictó sentencia haciendo lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenó la suspensión de los efectos de la resolución 813/18 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social, hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en autos.
En los FUNDAMENTOS de la sentencia se expresa que la Resolución N°813/2018 "adopta un sistema o método de cálculo distinto al previsto a tal fin en la ley 2587, en virtud del cual el valor de referencia no sería ya mensual sino semestral y teniendo en consideración el mejor descuento sobre el precio compulsado que hayan ofrecido los proveedores (...) A esto cabe agregar que dicha modificación habría realizado a priori, sin respetar el principio de legalidad ni de jerarquía normativa ya que la modificación del sistema expresamente reglado por el legislador en la ley 2587 se habría introducido mediante la resolución cuestionada. A esta altura no puede soslayarse que como un modo de cristalizar el mandato que emerge del artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, la ley 2587 conforma un régimen de fomento para determinados medios de comunicación, aquellos de carácter gratuito y escala vecinal. En este sentido, resultaría relevante detenerse en el hecho que tal como surge de sus propios considerandos, la resolución impugnada pretendería aplicar en tal ámbito un sistema instaurado para regular situaciones distintas con otro tipo de medios de comunicación (resolución 197-SECM-16)".
CAUSA JUDICIAL: "SERRES , LUIS ALBERTO Y OTROS C/ GCABA S/AMPARO - OTROS", Expte. N° A1899-2018/0.
1. Que, a fs. 1/32, se presentaron los actores e iniciaron la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), con el objeto de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 813/2018 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social y de toda normativa y actos que derivaren de ella, por entender que atenta contra lo dispuesto en la ley 2587, la 2176, el decreto N° 333/09, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.
2. Que, a fs. 123/127, dictaminó la Sra. Fiscal de primera instancia quien propició el rechazo de la acción por la vía del amparo, fundamentalmente por no advertir un obrar manifiestamente arbitrario por parte del Gobierno de la Ciudad, sino la determinación de un método de cálculo que, prima facie, no se contradice de modo palmario con el bloque de normas que rige la materia, en particular la ley 2587 (v. fs. 126).
3. Que contra dicha sentencia, los actores interpusieron recurso de apelación (cfme. fs. 138/68).
4. Que en tales condiciones, a fs. 197 resultó desinsaculado este juzgado. A fs. 198 se hizo saber el juez que iba a conocer y una vez consentido dicho auto (v. fs. 199/200), se remitieron las actuaciones la Ministerio Público Fiscal, en atención al carácter colectivo del amparo invocado por los actores en su demanda.
5. Que la procedencia de las medidas cautelares, conforme surge del artículo 15 de la ley 2145, se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurídica que el actor aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo. Se exige, asimismo que su dictado no frustre el interés público y que se fije una contracautela a quien la solicite.
6. Que a fin de sostener la procedencia de la medida cautelar que solicitan, los actores fundan su verosimilitud en el derecho en la modificación del cálculo de la pauta publicitaria fijada por ley, mediante la resolución cuestionada en autos y remiten a lo expresado en el apartado II de su escrito de inicio.
7. Que a fin de analizar la verosimilitud en el derecho del planteo efectuado por la parte actora, cabe recordar la normativa aplicable mencionada en la demanda.
De igual modo, en el artículo 32 del anexo de dicha Resolución, se previó que ?[d]urante la vigencia de la contratación la Dirección General de Planeamiento de Medios está obligada a contratar con aquel proveedor que haya ofrecido el mejor descuento sobre el medio compulsado [...]?.
8. Que con relación al peligro en la demora, cabe destacar que a fin de que resulten admisibles las medidas cautelares, la doctrina y la jurisprudencia exige la concurrencia de ambos requisitos, si bien puede alguno de ellos encontrarse morigerado por la fuerte presencia del otro.
9. Que en definitiva ?dentro del acotado marco de conocimiento de las medidas precautorias?, en atención a los bienes que se encuentran en juego, y al no advertir afectación alguna sobre el interés público con la cautelar pretendida, es que corresponde otorgar la medida precautoria peticionada, teniendo para ello por prestada la caución juratoria ofrecida a fs. 29vta., la que se estima contracautela suficiente y ajustada a derecho teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
II. TENER PRESTADA la caución juratoria ofrecida a fs. 29 vta., de conformidad con lo expresado en el considerando 9.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 15
 resolución 
 artículo 32