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Timestamp: 2020-02-29 09:27:03+00:00

Document:
STC 1/1982, 28 de Enero de 1982 - Jurisprudencia - VLEX 15034907
Fecha de Resolución: 28 de Enero de 1982
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 63 y 191/1981
1. La Constitución atribuye al Estado, entre otras, la competencia exclusiva del art. 149.1.11.ª, de la cual nos interesa muy en concreto lo concerniente a la fijación de las «bases de ordenación del crédito». Estas deben contener tanto las normas reguladoras de la estructura, organización interna y funciones de los diferentes intermediarios financieros, como aquellas otras que regulan aspectos fundamentales de la actividad de tales intermediarios, entre los cuales se insertan legalmente las Cajas de Ahorro. 2. El Real Decreto impugnado se sitúa y trata de resolver problemas derivados tanto de la capacidad de las Comunidades Autónomas, que les reconoce el art. 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, para financiarse mediante operaciones de crédito (emisión o calificación de títulos de renta fija por las Comunidades), como de la competencia que los Estatutos Vasco (art. 11.2 a) y Catalán (art. 10.1 4) reconocen a las respectivas Comunidades sobre el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases, fijadas por el Estado, del crédito, banca y seguros. De este examen general resulta la conclusión de que el Real Decreto 2869/1980 trata, efectivamente, de alguna de esas bases, y persigue objetivos de la política económica y financiera general del Estado, por lo que el Estado no se extralimitó en su competencia al dictarlo, a no ser que en alguno de los preceptos impugnados, en concreto, haya excedido los límites de la noción de bases invadiendo las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 3. El Estado tiene competencia para declarar computables a efectos del coeficiente de fondos públicos sus propios títulos de la Deuda Pública, o aquellos que él mismo avale y que, por consiguiente, comprometen al Tesoro, con arreglo a la competencia exclusiva que le confiere el 149.1.14.ª, de la C. E., en relación con el 149.1.11.ª. En conclusión, hay que afirmar que corresponde al Estado la competencia que éste ha ejercido por medio del art. 2.1 del Real Decreto impugnado, por ser el contenido de éste un elemento básico de la ordenación del crédito. 4. El art. 10.25 de su Estatuto otorga competencia «exclusiva» a la Comunidad en la «planificación de la actividad económica del País Vasco». Ese mismo precepto enmarca la citada competencia dentro del respeto a la «ordenación general de la economía», y como el Estado tiene competencia «exclusiva» precisamente para las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», es claro que ambas competencias «exclusivas» están llamadas objetiva y necesariamente a ser concurrentes, de modo tal que la prioridad «vertical» corresponde en materia de coordinación de la planificación de la actividad económica al Estado en todo el ámbito nacional, y después y con la obligación de someterse a aquella coordinación ha de situarse la correspondiente competencia, en la esfera comunitaria, de los órganos estatutarios del País Vasco. 5. Si con el último inciso del párrafo primero del art. 3 se trata de garantizar la adquisición por las Cajas de fondos de la Comunidad, con el párrafo segundo del mismo artículo se pretende garantizar la adquisición por los mismos intermediarios financieros de los otros títulos computables en el coeficiente de fondos públicos, reservándose el Gobierno la determinación coyuntural de la cuantía del porcentaje. En ambos casos el Gobierno actúa dentro del terreno de la base de ordenación del crédito consistente en lograr la necesaria articulación entre los intereses de la Comunidad y los más generales de ámbito nacional y, por consiguiente, la impugnación dirigida por el representante del Gobierno Vasco contra estos dos preceptos del art. 3 del Real Decreto 2869/1980 no puede ser aceptada. 6. La impugnación del art. 5 carece de fundamento, pues el Gobierno posee competencia para interpretar, a reserva de la interpretación de las normas que prevalezca en la vía jurisdiccional, sus propias disposiciones, y siendo válidas las competencias contenidas en el Real Decreto impugnado no hay razón para privarle de tal potestad ni para impedirle que autorice en concreto al Ministerio de Economía y Comercio para que lleve a cabo por vía delegada esa facultad del Gobierno. 7. La consecución de los intereses de carácter supracomunitario queda confiada a los órganos del Estado, función que en materia de expansión de las Cajas de Ahorro cumple el Banco de España, a quien se le encarga actualmente de las comprobaciones necesarias para conocer o denegar la apertura de nuevas oficinas. El razonamiento expuesto nos obliga a concluir que el art. 4 b) del Decreto 45/1981 del Gobierno Vasco invade una competencia estatal en cuanto pretende que el Departamento de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda autorizar a Cajas domiciliadas en él la apertura de oficinas fuera del mismo. Por todo ello, el art. 4 b) del Decreto 45/1981, ha incurrido en exceso de competencia y el vicio y la nulidad consiguiente del art. 4 b) conlleva necesariamente la del inciso impugnado del art. 1. 8. La competencia atribuida por el art. 5, apartados a) y b), al Departamento de Economía y Hacienda sólo puede considerarse correcta en la medida en que se entienda como una mera sustitución de la función de ejecución del Ministerio de Hacienda, regulada por la legislación estatal, por la del citado Departamento, pero permaneciendo obligado éste al cumplimiento puntual de la legislación estatal vigente sobre distribución de resultados y acumulación de excedentes. 9. La materia de que trata el art. 6.3 del Decreto impugnado incide sobre el comercio exterior, una de las materias económicas reservadas por la Constitución íntegra y exclusivamente al Estado, por lo cual no cabe que en ella ninguna Comunidad pueda asumir competencias ni siquiera de ejecución. Por consiguiente, debe corresponder al Gobierno de la nación conceder o denegar, en los casos en que sea preceptiva, la citada autorización previa. 10. El Decreto 715/1964, de 26 de marzo, y las disposiciones complementarias se entienden tácitamente incluidos en la cláusula genérica de remisión del art. 7.1 y el Gobierno Vasco deberá actuar de acuerdo con tales normas cuando ejerza las competencias del párrafo 1 a), que sólo dentro de esta interpretación del art. 7.1 puede eludir el vicio de incompetencia que se le imputa. 11. El art. 10 del Decreto ha de ser interpretado en conexión con la Disposición final 1.ª. En este sentido significa:a) Que el Departamento de Economía y Hacienda no tiene potestad sancionadora sobre las Cajas por el incumplimiento de las normas de carácter monetario; b) que cualquier facultad sancionadora suya se entiende sin perjuicio de las facultades que en materia de disciplina atribuyen las disposiciones legales al Banco de España; c) que dentro de esos límites legales tiene sobre las Cajas, en virtud de las competencias de ejecución que le asigna el art. 11.2 a) del Estatuto, potestades sancionadoras; d) que podrá imponer las sanciones pertinentes por propia iniciativa o a propuesta del Banco de España.
Sentencia citada en: 443 sentencias, 131 artículos doctrinales, 37 disposiciones normativas, 28 resoluciones administrativas
En los conflictos positivos de competencia números 63 y 191 acumulados por Auto de 22 de septiembre de 1981. El primero fue planteado por el Gobierno Vasco, representado y defendido por el Abogado del Colegio de Madrid don Jesús G. P., en relación con el Real Decreto 2869/1980, de 30 de diciembre, «por el que se establecen las condiciones y el orden de prioridad para la computabilidad de los valores de renta fija emitidos directamente o calificados por las Comunidades Autónomas en el coeficiente de fondos públicos de las Cajas de Ahorro». El segundo fue promovido por el Abogado del Estado, frente al Decreto del Gobierno Vasco 45/1981, de 16 de marzo, «sobre régimen de dependencia de las Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma del País Vasco». Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco T. y V..
1. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 10 de enero el Real Decreto 2869/1980, el Gobierno Vasco requirió el 9 de marzo al Gobierno de la Nación (en adelante, el Gobierno) para que derogara determinados preceptos del referido Decreto y anulara otros por estimar que todos ellos versaban sobre materias de la competencia de aquella Comunidad Autónoma. El Gobierno, por acuerdo adoptado el 10 de abril, decidió no atender al requerimiento del Gobierno Vasco por entender que el Real Decreto 2869/1980 fue dictado en uso de las competencias que le reconoce la Constitución para la ordenación y coordinación general de la economía. El Gobierno Vasco, a través del Abogado don Jesús G. P., a quien había facultado para ello el 4 de mayo, planteó ante este Tribunal, el 9 del mismo mes, conflicto positivo de competencia contra el citado Real Decreto.
4. El Gobierno, por medio del Abogado del Estado, presentó el 12 de junio el oportuno escrito de alegaciones pidiendo a este Tribunal: 1) Que deniegue todas y cada una de las pretensiones de adverso deducidas por el Gobierno Vasco, y 2) que declare que corresponde al Estado la titularidad de la competencia en virtud de la que ha sido dictado el Real Decreto 2869/ 1980, en especial en cuanto a los arts. 2 (en la parte objeto del conflicto), 3 (en la parte objeto del conflicto) y 5 del citado Real Decreto.
9. El 28 de octubre entró en el Registro del Tribunal el escrito de alegaciones presentado por don Jesús G. P. en nombre del Gobierno Vasco. Los principales argumentos contenidos en él en defensa del Decreto impugnado son los siguientes:
2. Aunque el Gobierno Vasco, en su escrito de 7 de mayo, no impugna todo el Real Decreto 2869/1980, de 30 de diciembre (en adelante, Real Decreto), sino tan sólo alguno de sus preceptos, lo cierto es que su argumentación apenas va dirigida en particular sobre cada uno de ellos, y en su mayor parte se orienta a demostrar que el Gobierno carece de competencia para dictarlo y que la Comunidad Autónoma no resulta vinculada por él mismo. Este planteamiento obliga a dar respuesta genérica a las principales cuestiones suscitadas por el Gobierno Vasco. Su razonamiento, en síntesis, se sustenta en las siguientes afirmaciones: a) En relación con las bases de la ordenación de crédito (art. 149.1.11.ª de la C. E.), el Estado sólo puede ejercer su competencia por medio de un instrumento jurídico muy concreto: las Leyes marco; b) En la actual situación de transitoriedad, la Comunidad Autónoma sólo está vinculada, según la disposición transitoria 7.1 del E. V., por las «actuales leyes del Estado», locución en la que «leyes» equivale a Leyes formales; c)Como consecuencia de tal interpretación de la transitoria 7.1 del E. V., el Gobierno Vasco afirma que el Gobierno de la Nación no es ya competente para dictar disposiciones con rango inferior al de Ley que sean vinculantes para la Comunidad Autónoma; d) La más importante ley preconstitucional sobre la materia debatida es la ley de bases de ordenación del crédito y banca de 14 de abril de 1962, pero ésta responde a una concepción centralista y unitaria del Estado, por lo cual en cuanto afecta al «reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ha quedado incontrovertiblemente derogada por la disposición derogatoria tercera de la Constitución».
Las anteriores consideraciones obligan a rechazar la argumentación dirigida por el representante del Gobierno Vasco contra el Real Decreto 2869/ 1980 como totalidad.
Que el Estado tiene competencia para declarar, como se declaran, computables a efectos del citado coeficiente sus propios títulos de la Deuda Pública, o aquellos que él mismo avale y que por consiguiente comprometen (en virtud del art. 116.5 de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977) al Tesoro y forman parte de la Hacienda Pública (art. 2 de la misma Ley), está fuera de duda con arreglo a la competencia exclusiva que le confiere el 149.1.14 de la Constitución en relación con el 149.1.11. En tal sentido, en cuanto la cláusula impugnada contiene una declaración de computabilidad de los citados títulos, la impugnación por vicio de incompetencia debe ser rechazada.
STSJ Aragón 187/2008, 6 de Marzo de 2008
STSJ Comunidad de Madrid 271/2007, 24 de Abril de 2007

References: Real Decreto 
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