Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/346
Timestamp: 2020-07-09 04:44:46+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 93/1984
SENTENCIA 93/1984, de 16 de octubre
ECLI:ES:TC:1984:93
En el recurso de amparo núm. 412/1983, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña María del Pilar García Gutiérrez, en nombre y representación de don Francisco Rodríguez Flórez de Quiñones, bajo la dirección letrada del mismo, contra la Sentencia de 29 de abril de 1983, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo núm. 510.661/1980. En el asunto han comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien expresa el parecer de la Sala.
1. En 10 de junio de 1983, la Procuradora doña María del Pilar García Gutiérrez formula recurso de amparo contra la Sentencia de 29 de abril de 1983, dictada en única instancia por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo núm. 510.661/1980 (número Sría. 127/1980), interpuesto por la misma en nombre del actor, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto ante la Presidencia del Gobierno en 31 de julio de 1979, contra el acto administrativo intitulado diligencia de integración del recurrente en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias y contra el Decreto 2044/1973, de 26 de julio; con la súplica de que se declare la nulidad de la Sentencia impugnada, ordenando se retrotraigan las actuaciones procesales a la fase de conclusiones o, en su defecto, se declare nula la Sentencia referida con mandato a la Sala de modo expreso para que en la nueva que sea dictada se entre a conocer de la cuestión de fondo.
c) La Sentencia contra la que se solicita el amparo declara inadmisible el recurso contencioso y no entra a conocer de la cuestión de fondo; para ello argumenta que el recurso se produce contra un Decreto y que la legitimación para impugnarlo corresponde exclusivamente a las Entidades a que se refiere el art. 28.1 b) de la Ley de la Jurisdicción, interpretación que le parece inadecuada al actor, además de citar el art. 39 de la propia Ley por entender que para el cumplimiento del Decreto no hacía falta un acto de sujeción individual, y de estimar que es dudosa la vigencia del art. 28 citado, con sus limitaciones, por contradecir patentemente lo establecido en el art. 106.1 de la Constitución, y más si este último se relaciona con el art. 24.1 de la misma, con lo que quedaría incurso el núm. 3 de la disposición derogatoria de la propia Norma Fundamental.
«CONSIDERANDO: que contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo intitulado diligencia de integración del hoy actor en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias y contra el Decreto 2044/1973, de 26 de julio, por la representación procesal de don Francisco Rodríguez Flórez de Quiñones, catedrático numerario de Escuelas de Comercio, integrado en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias, con destino en la Escuela de Estudios Empresariales de Sevilla, se interpone el presente recurso contencioso-administrativo postulándose que se declare no ajustados a Derecho los actos impugnados asignando al recurrente el coeficiente 5,5 con la consiguiente repercusión, conforme a las disposiciones vigentes, en los niveles o índices de proporcionalidad, trienios, grado, pagas extraordinarias y complementos retributivos; a cuyas pretensiones se opone el Abogado del Estado alegando, en primer lugar, su inadmisibilidad, y en segundo término, su desestimación confirmando los actos recurridos por ser conformes a Derecho.
FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo, promovido por el Procurador doña Pilar García Gutiérrez, en nombre y representación de don Francisco Rodríguez Flórez de Quiñones, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo intitulado diligencia de integración del actor en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias, y contra el Decreto 2044/1973, de 26 de julio, sin hacer expresa declaración sobre las costas causadas.» b) En la demanda formulada por el actor ante la jurisdicción contencioso-administrativa se expone -fundamento de Derecho 3- que el recurso contencioso se ha interpuesto respecto al Decreto 2044/1973 conforme al art. 39.2 y 4 de dicha Ley; y asimismo en cuanto al fondo del asunto -fundamento de Derecho 5- que el acto administrativo impugnado y el Decreto no son ajustados a Derecho por infringir el Decreto citado de modo abierto el art. 108.4 de la Ley General de Educación y la jurisprudencia reiterada de la Sala.
Partiendo de esta doctrina, la Sala no estima que la regulación por la L.J.C.A. de un procedimiento especial en materia de personal sea contraria al art. 14 de la Constitución, por cuanto no puede calificarse de discriminatoria ya que tiene un fundamento objetivo y razonable; pues, en efecto, dada la existencia de una relación de supremacía especial entre la Administración y los funcionarios -condición que posee el actor-, la resolución con rapidez de las cuestiones litigiosas que se planteen aparece como de interés público, no siendo una medida desproporcionada para la consecución de la finalidad pretendida el que el procedimiento sea de carácter sumario. En definitiva, la opción elegida por el legislador preconstitucional, que no es la única posible dentro del marco de la Constitución, no resulta incompatible con la misma, y por ello la Sala no puede estimar derogados los arts. 113 y siguientes de la L.J.C.A. por la disposición derogatoria (núm. 3) de la Norma Fundamental.
d) En cuanto a la declaración de inadmisibilidad del recurso contencioso contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto 2044/1973, de 26 de julio, el actor plantea la cuestión de si la inadmisión por falta de legitimación, en aplicación del art. 82 b) en conexión con el 28.1 b) de la L.J.C.A., afecta al derecho fundamental establecido por el art. 24.1 de la Constitución, entendiendo que el citado artículo 28.1 b) puede haber sido derogado por la Norma Fundamental.
7. El art. 55.1 de la LOTC establece, por lo que ahora interesa, que la Sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: a) declaración de nulidad de resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos; b) reconocimiento del derecho o libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado; c) restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 412-1983
Inadmisión de recurso contencioso-administrativo formulado por el actor contra desestimación presunta del recurso de reposición contra acto administrativo intitulado diligencia de integración del recurrente en el Cuerpode Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias
La formulación del recurso de revisión contra Sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa sólo se considera como requisito previo al recurso de amparo en relación a aquellas violaciones de derechos fundamentales alegadas por el actor, que han sido contempladas por la L.J.C.A. al establecer los motivos del recurso de revisión y cuya reparación sería objeto propio del mencionado recurso.
La igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable.
La regulación por la L.J.C.A. de un procedimiento especial en materia de personal no es contraria al art. 14 de la C.E., por cuanto tiene un fundamento objetivo y razonable, ya que, dada la existencia de una relación de supremacía entre la Administración y los funcionarios, la resolución con rapidez de las cuestiones litigiosas que se planteen aparece como de interés público, y no es una medida desproporcionada para la consecución de la finalidad pretendida el que el procedimiento sea de carácter sumario.
No viola el art. 24.1 de la C.E. el hecho de que el procedimiento especial seguido no comprenda el trámite de conclusiones, pues no ha privado al actor del derecho a ser oído, toda vez que en el contencioso se hayan aplicado los principios de contradicción e igualdad entre las partes cuya observancia forma parte del contenido del derecho fundamental.
No se aprecia falta de congruencia cuando la Sentencia se mueve dentro de las pretensiones de las partes.
La tutela jurisdiccional resulta otorgada con plena eficacia cuando la decisión consiste en negar de forma no arbitraria o irrazonable la concurrencia del presupuesto procesal necesario para conocer del fondo del proceso.
En sede de amparo constitucional la comprobación de la existencia de una Sentencia de inadmisión fundada o razonada en Derecho debe conducir a la desestimación del mismo sin entrar a analizar si la causa de inadmisión apreciada por el Tribunal ordinario se dio o no en el proceso correspondiente.
La inadmisión del recurso contencioso no se ha producido en aplicación razonada de una causa legal si no se encuentra en la Sentencia razonamiento alguno que apoye tal inadmisión.
Es improcedente que la Sala efectúe un juicio abstracto acerca de la constitucionalidad de un precepto en un recurso de amparo que no precisa tal declaración.
Artículo 28.1 b), f. 5
Artículo 82 b), f. 5
Artículo 102.1 a), ff. 1, 2
Artículo 102.1 b), ff. 1, 2
Artículo 102.1 g), ff. 4, 6
Decreto 2044/1973, de 26 de julio. Catedráticos y Profesores de Universidad, Escuelas Universitarias y Bachillerato: coeficiente multiplicador
Artículo 24.1, ff. 1, 2, 4, 5, 7
Artículo 41.1, ff. 2, 6
Alcance del fallo en recurso de amparoAlcance del fallo en recurso de amparo, ff. 6, 7
Control de la constitucionalidad de la leyControl de la constitucionalidad de la ley, f. 5
Objeto del recurso de amparoObjeto del recurso de amparo, f. 5
Relación de supremacía entre las Administraciones públicas y los funcionariosRelación de supremacía entre las Administraciones públicas y los funcionarios, f. 3
Cuestiones de personalCuestiones de personal, f. 3

References: resolución 
 artículo 28
 resolución 
 resolución 

Artículo 28

Artículo 82

Artículo 102

Artículo 102

Artículo 102

Artículo 24

Artículo 41