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Timestamp: 2018-10-16 06:10:29+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00220 de diciembre 3 de 2012
SENTENCIA 2008-00220 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN. LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y CONCURRENTES DEFINIDOS PARA LA DECLARATORIA DE REPETICIÓN SON LOS SIGUIENTES: I) LA CALIDAD DE AGENTE DEL ESTADO Y SU CONDUCTA DETERMINANTE EN LA CONDENAII) LA EXISTENCIA DE UNA CONDENA JUDICIAL, UNA CONCILIACIÓN , UNA TRANSACCIÓN O DE CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DE CONFLICTOS QUE GENERE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR UNA SUMA DE DINERO A CARGO DEL ESTADOIII) EL PAGO EFECTIVO REALIZADO POR EL ESTADO Y IV) LA CUALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DETERMINANTE DEL DAÑO REPARADO POR EL ESTADO, COMO DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ACCIÓN DE REPETICIÓN, EMPLEADO PÚBLICO, RAMA JUDICIAL
Sentencia 2008-00220 de diciembre 3 de 2012
Rad.: 66001-23-31-000-2008-00220-01 (40.704)
Actor: Nación - Rama Judicial
Demandado: Elider Antonio Tapasco Manso
La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 25 de noviembre de 2010, con fundamento en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 7º de la ley 678 de 2001 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003—.
Precisa la Sala que en el sub lite, los hechos que dieron origen a la condena proferida el 31 de agosto de 2005 por el Tribunal Administrativo de Risaralda en contra de la entidad demandante, se produjeron el 29 de marzo de 2001, fecha en la cual se originó el hurto del vehículo de propiedad del señor Gaviria Orozco que se encontraba secuestrado a órdenes del Juzgado Civil Municipal de Pereira y, que con fundamento en tal situación, el citado señor procedió a instaurar la demanda de acción de reparación directa tendiente a que se declarara la responsabilidad de la Nación-Rama judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. De tal manera que en los aspectos de orden sustancial son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991, 77 y 78 del Decreto-Ley 01 de 1984(2).
Así mismo, se advierte que en cuanto a las normas procesales por ser éstas de orden público y que rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato, se aplican las contenidas en la Ley 678 de 2001, tanto para los procesos que se encontraban en curso al momento en que empezó su vigencia, así como los procesos que se iniciaron con posterioridad a dicho momento, con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación””(3).
3. Elementos para la procedencia de la acción de repetición
Por otro lado, la Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias(4) los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición(5).
a) Copia simple de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda de 31 de agosto de 2005, mediante la cual declaró la responsabilidad de la Nación-Rama judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en atención al hurto que padeció el señor Gaviria Orozco del vehículo de su propiedad que se encontraba secuestrado a órdenes del Juzgado Civil Municipal de Pereira (fls. 59 a 79 cdno. 1).
b) Copia auténtica de la Resolución 3582 de 28 de noviembre de 2005 mediante el cual el director ejecutivo de administración judicial da cumplimiento a la sentencia de 31 de agosto de 2005. En la mencionada resolución se estableció la suma de $ 70.057.985 en favor del señor Hernán Ariel Gaviria Orozco correspondiente a $ 66.248.532 por perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y por intereses moratorios $ 3.820.453 (fls. 80 a 86 cdno. 1)
c) Copia auténtica de la orden de pago 2004 de 26 de diciembre de 2005 mediante la cual se ordena pagar al señor Gerardo Bernal Montenegro, apoderado del señor Hernán Gaviria Orozco la suma de $ 70.068.985. Aparece al final del escrito pagaduría general cheque 50027750 del Banco Popular con fecha 19 de diciembre de 2005 y aparece también un escrito en el que dice “consig. Anexa de Bancolombia dic. 20-2005 cte. #073-044544-38 (…)” (fl. 87 cdno. 1).
d) Copia auténtica de una consignación de Bancolombia por un valor de $ 70.068.985 en la cuenta 03-044544-38 al señor Gerardo Bernal Montenegro y el nombre del depositante Rama judicial (fl. 89 cdno. 1).
e) Oficio del director seccional de administración judicial con fecha 27 de noviembre de 2007 mediante la cual indicó que el señor Elider Antonio Tapasco Manso fue nombrado como secuestre por el Juzgado Primero Municipal de Pereira en el proceso de responsabilidad civil adelantado contra el señor Hernán Gaviria Orozco (fl. 90 cdno. 1).
f) Copia auténtica de la diligencia de secuestro de 22 de enero de 2000 mediante el cual se designó como secuestre al demandado (fl. 134 cdno. 1).
g) Copia auténtica de la denuncia presentada por el señor Elider Antonio Tapasco Manso (fls. 135 y 136 cdno. 1).
Se advierte por la Sala que la parte demandante dentro de los documentos allegados con el escrito de demanda, aportó la sentencia de 31 de agosto de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, documento que se encuentra en copia simple.
En cuanto al valor probatorio de los documentos, si bien la Sección Tercera(9) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en cuanto a la primera disposición, los documentos “se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”. Por su parte, el artículo 254 del mismo cuerpo normativo establece los casos en los cuales las copias tienen el mismo valor probatorio del original:
2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente(10).
Conforme a lo anterior, se ha sostenido que “la ley le da a las copias un valor probatorio similar al del documento original, pero, como es obvio, la diligencia que da fe de que la copia que se sella corresponde al documento original o a una copia debidamente autenticada, debe ser cumplida directamente por el funcionario autenticante, sin que pueda suplirse con la adjunción de una simple copia con la atestación original referida. En otros términos, toda copia debe tener un sello de autenticación propia para poder ser valorada como el documento original”(11), por lo que no se toma en cuenta ni son valoradas las copias simples.
Sin embargo, en el presente caso la parte demandada en su contestación de la demanda admitió dentro de los hechos alegados, la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Por lo tanto, la parte demandada no desconoció el documento, ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.
Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fueran apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(12), por lo tanto serán valorados por la subsección para decidir el fondo del asunto(13).
Ahora bien, respecto del primer requisito, (calidad del agente) está probado que el señor Elider Antonio Tapasco Manso para el momento de los hechos, actuaba como secuestre dentro del proceso ordinario de responsabilidad extracontractual promovido por el señor Álvaro Jaramillo Ramírez contra el señor Hernán Ariel Gaviria Orozco y otro. Tal calidad se desprende del oficio emitido por el director seccional de administración judicial (fl. 90 cdno. 1) y la copia auténtica de la diligencia de secuestro de 22 de enero de 2000 mediante el cual se designó como secuestre al demandado (fl. 134 cdno. 1).
Para acreditar el segundo de los requisitos (condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), dentro del proceso obra copia simple de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda con fecha 31 de agosto de 2005, mediante el cual se declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la condena al pago de perjuicios materiales en favor del demandante, por el hurto de vehículo secuestrado y que se encontraba en poder del aquí demandante en atención a las funciones establecidas en la ley.
Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó copia auténtica de la Resolución 3582 de 28 de noviembre de 2005 mediante el cual el director ejecutivo de administración judicial da cumplimiento a la sentencia de 31 de agosto de 2005 (fls. 80 a 86 cdno. 1); copia auténtica de la orden de pago 2004 de 26 de diciembre de 2005 mediante la cual se ordena pagar al señor Gerardo Bernal Montenegro, apoderado del señor Hernán Gaviria Orozco la suma de $ 70.068.985 (fl. 87 cdno. 1) y, copia auténtica de una consignación de Bancolombia por un valor de $ 70.068.985 en la cuenta 03-044544-38 al señor Gerardo Bernal Montenegro y el nombre del depositante Rama judicial (fl. 89 cdno. 1).
Ahora bien, se ha puntualizado por parte de la Sección Tercera que de acuerdo con el artículo 1625(14) del Código Civil, se establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación esta llamada a ser cumplida y por lo tanto, a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(15). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(16), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(17) de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare).
Conforme a lo anterior, en los términos del artículo 1626 del Código Civil, el pago es la ejecución de la prestación debida y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1757(18) ibídem. En consecuencia, no basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza en relación con la extinción de la obligación.
“En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago(19), y en derecho comercial, el recibo(20), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha(21) (…)”(22).
A este respecto la Sala ha precisado(23):
“(…) Lo anterior, por cuanto quien alega haber efectuado un pago, debe probar plenamente que así fue (C.C., art. 1626 y 1757)(24), siendo insuficiente su sola afirmación en tal sentido; conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil (art. 232), en principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito(25), pero en casos como el presente, no basta que la entidad pública, parte demandante en el proceso, interesada en obtener la condena del demandado, aporte documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma y la orden de pago al acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la manifestación expresa de éste sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación.
“En las anteriores circunstancias, y ante la ausencia de la prueba del pago efectivo de la indemnización a la que fue judicialmente condenada la entidad demandante, requisito que es fundamental para la prosperidad de las pretensiones, como que es el que habilita a la Administración para repetir en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, resulta imposible acceder a las mismas (…)”(26). (Subrayado por la Sala).
En el mismo sentido se pronunció la Sala en reciente sentencia del 8 de julio de 2009(27):
“… En relación con el caso concreto es necesario resaltar, tal y como se expuso en sentencia proferida por la Sala el 1º de octubre de 2008(28), que si la responsabilidad cuya declaratoria se pretende se deriva directamente del pago de una condena judicial por parte la entidad pública por razón de la actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados, lo mínimo que se debe acreditar es la realización efectiva de dicho pago, para lo cual se requiere una constancia de la cancelación de la indemnización que hubiere emanado de la beneficiaria y/o acreedora que hubiere recibido dicho pago, (…) pues dicha prueba constituye el elemento determinante para la procedencia de esta clase de acciones, dado que el pago concreta el daño que da origen a la acción”.
Empero, la entidad demandante en el sub lite, no podía pretender acreditar el pago solamente con la resolución, la orden de pago y una copia en la que se observa una consignación en la cuenta corriente del apoderado del demandante de la acción de reparación directa y que, además, no da cuenta de que se haya producido el pago efectivo de la condena, pues tales documentos no acreditan que efectivamente la obligación hubiese sido extinguida por la entrega real de determinada suma de dinero al acreedor; resulta entonces necesario que el acreedor originario dé cuenta del pago.
Es decir, la mera certificación, constancia o manifestación que expide el deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor, o la declaración o manifestación de éste respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma(29).
1. Revóquese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 23 de noviembre de 2010 y en su lugar se deniegan las pretensiones de la demanda, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
(4) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente 22056; 3 de octubre de 2007, expediente 24844; 26 de febrero de 2009, expediente 30329; 13 de mayo de 2009, expediente 25694; 28 de abril de 2011, expediente 33407, entre otras.
(5) Sentencia de 28 de abril de 2001, expediente 33407.
(7) Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente 30327.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; 31 de agosto de 2006, expediente 28448; 21 de mayo de 2008, expediente 2675; 13 de agosto de 2008, expediente 35062, entre otras.
(11) Posición reiterada en sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 26227.
(12) Posición que puede verse en sentencia de la Subsección C, de 18 de enero de 2012, expediente 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9666; 21 de febrero 21 de 2002, expediente 12789; 26 de mayo de 2010, expediente 18078; 27 de octubre de 2011, expediente 20450.
(13) Posición reiterada en sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920. En cuanto a las acciones de repetición, pueden observarse la misma posición en las sentencias proferidas por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado de 19 de mayo de 2012, expedientes 26044, 30328 y 30040
(14) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
(15) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida —pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc.
(16) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.
(17) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002.
(18) Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.
(22) Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 18621.
(23) Sentencia del 11 de febrero de 2010, expediente 16458.
(24) ART. 1626.—“El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.
(25) ART. 232.—“(…) Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.
(26) Sentencia de 27 de noviembre de 2006, expediente 29002.
(27) Sentencia del 8 de julio de 2009, expediente 22120.
(28) Sentencia 1º de octubre de 2008, expediente 22.613.
(29) A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total —no sólo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad—, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda”. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 16887.

References: artículo 129
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 artículo 254
 Resolución 
 artículo 1625
 artículo 1626
 artículo 1757
 Artículo 1625
 Artículo 1626