Source: https://tc.vlex.es/vid/fes-ugt-c-v-s-174866
Timestamp: 2019-08-24 03:18:00+00:00

Document:
STC 229/2002, 9 de Diciembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 174866
Número de Recurso: 887/1999
Recursos de amparo 887/99 y 889/99 (acumulados). Promovidos por FES-UGT y don Carlos C. V. respecto a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, en litigio contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., le negó el derecho de optar entre la readmisión o el abono de la indemnización por despido improcedente. Vulneración de la libertad sindical: garantías de un delegado sindical ante un despido producido después de su destitución. Voto particular.
Sentencia citada en: 109 sentencias, 17 artículos doctrinales
En los recursos de amparo acumulados núms. 887/99 y 889/99, promovidos respectivamente por la Federación Regional de Servicios de la Unión General de Trabajadores-Madrid (FES-UGT) y don Carlos C. V., ambos representados por la Procuradora de los Tribunales doña Elisa Hurtado Pérez y asistidos, la primera, por el Abogado don José Antonio Serrano Martínez y, el segundo, por la Letrada doña Susana Bravo Santamaría, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de diciembre de 1998, en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4473/97, que casó la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de octubre de 1997, dictada en procedimiento de despido. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Infante Sánchez y asistido del Letrado don Pedro Jiménez Gutiérrez. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito presentado en el Juzgado de guardia de Madrid el día 27 de febrero de 1999, la Procuradora de los Tribunales doña Elisa Hurtado Pérez, en nombre y representación de la Federación Regional de Servicios de UGT-Madrid (FES-UGT), interpuso recurso de amparo, turnado con el núm. 887/99, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1998, dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4473/97, que estimó el recurso interpuesto contra la Sentencia de 3 de octubre de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 2009/96 contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 29 de los de Madrid de 20 de noviembre de 1995.
Por escrito presentado en el Juzgado de guardia de Madrid el día 27 de febrero de 1999, la Procuradora de los Tribunales doña Elisa Hurtado Pérez, en nombre y representación de don Carlos C. V., formuló recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada, siendo turnado con el núm. 889/99.
El soporte fáctico de las demandas de amparo lo constituyen los siguientes hechos:
El Sr. C. V. interpuso demanda por despido nulo o subsidiariamente improcedente tras la comunicación de su cese, por parte de la empresa, en junio de 1995. El Banco Bilbao Vizcaya le imputaba faltas de desobediencia en su trabajo y transgresión de la buena fe contractual. Al procedimiento acudió como coadyuvante FES-UGT, dada la condición de afiliado del actor. Éste, además, había ostentado la de delegado sindical de dicho sindicato en la empresa demandada durante el período comprendido entre el mes de abril de 1991 hasta el mes de marzo de 1995.
La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 29 de Madrid de 20 de noviembre de 1995 estimó la demanda rectora del proceso, con declaración de la improcedencia del despido. Rechazaba para ello que la extinción hubiera tenido un carácter antisindical, razonando que no se encontraba conectada a la afiliación o acción sindical del actor sino a tensiones creadas entre el trabajador y la empresa a raíz de una previa reclamación judicial de categoría profesional y diferencias salariales. Con relación a los motivos esgrimidos por la demandada como causa del despido, el Juzgado estimó que ninguna de las faltas imputadas en la carta de la empresa revestía la gravedad necesaria para justificar la extinción disciplinaria, por lo que la declaró improcedente, condenando a la empresa a estar y pasar por tal declaración y a que, "a opción del actor", de conformidad con los arts. 54, 55, 56 y 68 LET, lo readmitiese en el puesto de trabajo o le abonara la indemnización correspondiente.
La parte actora no recurrió la Sentencia en suplicación, recurso que sí fue interpuesto por la empresa y resultó desestimado por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 1997. La Sala rechazaba los motivos relativos a las causas del despido, que sostenían su procedencia, manteniendo su insuficiencia para justificar la medida extintiva, y se refería detalladamente al derecho de opción de art. 56.4 LET, facultad de elección reconocida al trabajador en el fallo de la Sentencia de instancia que también había sido impugnada por la empresa en su recurso. A juicio de ésta, no correspondía aquel derecho al trabajador puesto que ya no era delegado sindical en el momento del despido y porque, además, las garantías de los delegados sindicales a las que llama la remisión del art. 10.3 LOLS son sólo las establecidas en el art. 68 LET, lo que excluiría la prevista en el art. 56.4 LET. El Tribunal Superior se opuso a ello razonando que las garantías sindicales se extienden a todas las reconocidas a los representantes de los trabajadores, tal como prevén los correspondientes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, en lo concerniente a la relevancia de la pérdida en un momento anterior al despido de la condición de delegado sindical, al haber sido destituido por su sección sindical [supuesto que, decía el banco, debería asimilarse a los de dimisión o revocación a los que expresamente alude el art. 68 c) LET, determinando como en ellos una excepción al derecho de opción a favor de quien fue representante pero ya no lo es], mantuvo la Sala que existían claras diferencias entre ambas figuras -destitución de delegados sindicales (art. 10.1 LOLS) y revocación de representantes unitarios (art. 67.3 LET)- y que esa circunstancia impedía por defecto subsumir la primera situación en el supuesto de la revocación del representante unitario al que hace mención el art. 68 e) LET. En cualquier caso, concluía el Tribunal, la finalidad del derecho de opción es común en ambos representantes "y no constando el procedimiento de destitución -a efectos de poder asimilarlo o no al de revocación- y la circunstancia además de que la causa de despido fue la represalia patronal a sus reclamaciones laborales, plantearse la concesión de la opción a la empresa carece de sentido, pues lo que delinea la Sentencia es un despido contrario al principio de indemnidad que, integrado jurisprudencialmente en el derecho de tutela judicial efectiva (STC 143/93) abocaría a una readmisión obligatoria conforme a la exigencia del art. 55 apdos. 5 y 6 del ET".
La sociedad demandada interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue estimado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de diciembre de 1998. Se planteaba contradicción doctrinal tanto con relación a la titularidad del repetido derecho de opción, como en cuanto a la inaplicabilidad de dicha garantía en el caso de autos, habida cuenta que el trabajador no era ya delegado sindical en el momento del despido, al haber perdido previamente esa condición por causa equiparable a las excepciones previstas en la LET (destitución equivaldría, a su criterio, a revocación). Por motivos de orden lógico, la Sentencia de la Sala de lo Social comenzaba abordando esta última cuestión. Tras adoptar como premisa lo dispuesto en los Convenios 98 y 135 y la Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, así como citar la STC 143/1985 (probablemente por la STC 142/1985) para hacer recordatorio de la integración de las garantías de los representantes en el contenido de la libertad sindical, destacaba el Tribunal Supremo el carácter esencial de la conexión entre la facultad de opción y la inmunidad del representante. Sin embargo, consideraba que el actor carecía de esa facultad puesto que la revocación a la que se refiere el art. 68 c) LET sería equivalente a la destitución del delegado sindical, manteniendo que entre ambas concurren únicamente diferencias terminológicas pero no de fondo: "Tanto en uno como en otro supuesto estamos ante la anulación de esta representatividad en virtud de decisión de las personas o de la Entidad que la concedió, contemplándose así uno de los supuestos del cese de las garantías, pues las mismas únicamente se gozan cuando la pérdida de la condición del representante lo es únicamente por la causa natural del transcurso del tiempo, pero no en los supuestos en [los] que la misma tiene lugar por esa revocación o destitución, o por voluntad del propio interesado en virtud de su dimisión". En consecuencia, resultan de todo punto irrelevantes las razones por las cuales la Sección Sindical procedió a la destitución como delegado sindical del Sr. C.. siendo lo único significativo que esa destitución tuvo lugar.
Los recursos de amparo consideran contraria al art. 28.1 CE la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de reconocer a la empresa el derecho de opción entre la readmisión y la indemnización tras la declaración de improcedencia del despido del Sr. C.. Los recurrentes invocan en su favor nuestra jurisprudencia sobre el derecho a la actividad sindical, a la constitución de secciones sindicales y a las garantías de sus representantes como parte integrante del art. 28.1 CE. En concreto, aducen que aquellas garantías no preservan sólo al delegado sindical de forma individualizada frente a actos de represalia empresarial (garantía de indemnidad), sino que entrañan también la protección de un interés colectivo del sindicato como tal, de manera que su desatención produce consecuencias negativas en la acción representativa en la empresa. Respecto al controvertido derecho de opción, destacan que supone mucho más que un mero cambio en la titularidad de la persona legitimada para concretar la forma de condena de un despido improcedente, determinando también la privación al empresario de la facultad para prescindir de su vinculación laboral con el representante sindical, asegurando su continuidad en la empresa.
Los recursos referidos fueron admitidos a trámite por providencias de la Sección Segunda de este Tribunal, de 17 de enero de 2000. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC se solicitaba a los órganos judiciales de instancia, suplicación y casación la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieren sido parte en el procedimiento, excepto de los recurrentes en amparo, al objeto de que pudieran comparecer, si lo deseaban, para defender sus derechos.
En el recurso núm. 887/99 se personó el Procurador de los Tribunales don Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., y la Procuradora doña Elisa Hurtado Pérez, en nombre y representación de don Carlos C. V.. Así se hizo constar en diligencia de ordenación de 1 de diciembre de 2000, en la que, por lo demás, se tenían por recibidos los testimonios de las actuaciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Juzgado de lo Social núm. 29 de Madrid, y se concedía un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores don Manuel Infante Sánchez y doña Elisa Hurtado Pérez para que alegaran lo que estimaran pertinente, de conformidad con el art. 83 LOTC, en relación con la posible acumulación de los recursos de amparo núms. 887/99 y 889/99 solicitada por la Procuradora doña Isabel Hurtado Pérez en nombre de don Carlos C. V..
Mediante providencia de 29 de enero de 2001, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones a las partes y al Ministerio Fiscal para que presentaran las alegaciones que convinieran.
El 23 de febrero de 2001, el Ministerio Fiscal interesó la concesión del amparo. Parte de que el derecho que tienen determinadas secciones sindicales de empresa a estar representadas por delegados sindicales, con las competencias y garantías del art. 10.3 LOLS, constituye un derecho de origen legal, cuya configuración y límites corresponde determinar al legislador. Bajo esas circunstancias, la noción de "revocación" utilizada por el art. 68 e) LET no puede razonablemente hacerse equivaler sin más con la de "destitución o cese" de los delegados sindicales, puesto que con respecto a éstos y al no ser electivo su cargo, ni hallarse sujeto a término o a la duración de un plazo preestablecido, cualquier cese dispuesto por la sección sindical en la empresa no puede interpretarse siempre como un acuerdo de carácter sancionador o de censura, privando en todos los casos de la oportuna garantía de indemnidad a aquel delegado que simplemente fuera sustituido en el cargo por otro. De ahí que, al concluir el Tribunal Supremo que en ambos supuestos (revocación y destitución) concurre una pérdida de confianza en la persona afectada, que excluiría invariablemente y por la equiparación el controvertido derecho de opción, omitió la Sala de lo Social una sustancial diferencia de principio, a saber: la desemejanza de los dos elementos que se comparan, pues son heterogéneos los conceptos de representante unitario y delegado sindical, que ni tienen igual origen (en un caso elección por los trabajadores y en el otro designación por los afiliados), ni participan de equivalente régimen de desempeño (ya que, dice el Fiscal, en el primer caso al miembro del comité de empresa le puede ser revocado su mandato o bien mantenerse en el cargo hasta transcurrir el término previsto, mientras que en el segundo no existe término predefinido o duración de la representación).
Por consiguiente, una razonable interpretación de los arts. 10.3 LOLS y 68 e) LET, permitiría concluir que el legislador pretende evitar que la garantía de indemnidad se extienda a aquellas personas que no han ejercido adecuadamente la actividad sindical que por los trabajadores les fue encomendada (revocación), o bien a aquellas otras que carecen de interés personal en ejercitarla (dimisión), pues en ambos supuestos es evidente que se habría producido una falta de confianza en el representante sindical, manifestada en el primer caso expresamente por los trabajadores y en el segundo apreciada por el propio representante, que advirtiendo tal falta de confianza decide abandonar el cargo. Ese elemento de confianza sería exigible para poder asimilar otros supuestos (como el de la destitución del delegado sindical), lo que lleva al Ministerio público a afirmar que se ha producido en esta ocasión la vulneración del derecho fundamental. En su opinión, no sólo no se produjo ninguna pérdida de confianza por parte de la sección sindical con respecto a la actuación del Sr. C., sino que, por el contrario, según habría reconocido el sindicato, la destitución vino causada exclusivamente por la disminución del crédito horario disponible para los delegados sindicales. Sólo así se explicaría que su sindicato se constituyera como coadyuvante en el proceso y que haya planteado en su propio nombre recurso de amparo ante este Tribunal. No había, en definitiva, posibilidad de equiparar esta destitución con una revocación por extinción de la confianza, siendo por ello contraria al art. 28.1 CE la denegación al Sr. C. del derecho de opción del art. 56.4 LET.
Por escrito registrado el 7 de marzo de 2001, el Procurador don Manuel Infante Sánchez, en la representación que ostenta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), presenta sus alegaciones de oposición a la concesión del amparo. Respondiendo a la demanda de amparo, esgrime una primera razón para defender la corrección constitucional del pronunciamiento del Tribunal Supremo: la identidad de revocación y destitución desde el prisma de la capacidad subjetiva para adoptar la medida (quienes designan pueden revocar al representante legal, lo mismo que puede destituir al delegado sindical quien lo nombró). En segundo lugar, se opone a que la causa real del cese del Sr. C. en su condición representativa fuera la disminución del crédito horario. Esa pretendida justificación, dice, ni consta en las actuaciones, ni fue alegada en el proceso a quo, ni se declaró probada. Los términos literales de la remisión que el art. 10.3 LOLS realiza a la LET, añade, refuerzan la decisión judicial impugnada, dado que la clara voluntad del legislador respondería a asegurar idénticas garantías a los representantes sindicales que a los unitarios, lo que quiere decir que el paralelismo en el régimen jurídico, traído a colación por el Tribunal Supremo y extensible no sólo a las garantías sino también a sus excepciones, nacería del propio texto legal, siendo, por ello, que la Sentencia recurrida respetó la regulación de referencia. Aduce, finalmente, que el Tribunal Supremo admitió los dos motivos de su recurso de casación para la unificación de doctrina pero resolvió sólo el segundo (relativo a la equiparación entre remoción en el cargo por el Sindicato y revocación de representantes legales en asamblea de trabajadores), dejando imprejuzgado el primero (por innecesario tras la estimación de aquél). Ese primer motivo, sin embargo, justificaría igualmente el derecho de elección del BBVA. En efecto, la opción tampoco correspondía al Sr. C. por razones temporales, concretamente porque no era delegado sindical en el momento del despido y no le era de aplicación, entonces, el art. 56.4 LET. A diferencia de lo que concierne a las garantías del art. 68 LET, no cabría extender la cobertura del derecho de opción del art. 56.4 más allá del momento de expiración del mandato representativo.
El día 8 de marzo de 1999 efectuaron conjuntamente sus alegaciones la representación procesal de don Carlos C. V. y de la Federación Regional de Servicios de la UGT Madrid. Insistiendo en lo ya alegado en sus demandas, se oponen a la equiparación entre revocación del mandato de un representante unitario y destitución de un delegado sindical por parte de su sección sindical.
Por Acuerdo de la Presidencia de 9 de diciembre de 2002, en uso de las facultades conferidas por el art. 80 LOTC, en relación con el art. 206 LOPJ, al haber quedado en minoría, en la Sala, la posición mantenida por el Magistrado Ponente don Roberto García-Calvo y Montiel, se designó como nueva Ponente a la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde.
Por providencia de 12 de septiembre de 2002 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año, en que se inició el trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
La cuestión que debemos resolver en el presente proceso constitucional de amparo consiste en determinar si la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de diciembre de 1998, en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4473/97, que casó la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de octubre de 1997, dictada en procedimiento de despido, resulta contraria al derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE). El alto Tribunal consideró, en síntesis, que el recurrente carecía de la titularidad del derecho de opción entre la readmisión y la extinción del contrato con abono de indemnización consiguiente a la declaración de improcedencia de su despido, conclusión que alcanza tras asimilar la revocación de los miembros del comité de empresa y delegados de personal a la que se refiere el art. 68 c) LET y la destitución como delegado sindical del Sr. C., condición que perdió por decisión de su sindicato en fechas cercanas a la extinción de su contrato de trabajo. A dicha asimilación se le asignan consecuencias sobre el derecho de opción que el art. 56.4 LET reconoce a los delegados sindicales que, a la vista de las circunstancias del caso, se entiende ejercitable por la empresa.
Los recurrentes en amparo, tanto el Sr. C. como la Federación Regional de Servicios de la Unión General del Trabajadores-Madrid (FES-UGT), destacan que el ejercicio del derecho de opción objeto de controversia tiene un alcance que supera con mucho el mero cambio en la titularidad de la persona legitimada para concretar la forma de condena de un despido improcedente al resolverse, en último extremo, la posibilidad de que en el empresario obtenga o quede privado de la facultad de prescindir de su vinculación laboral con el representante sindical. En segundo lugar, discrepan los recurrentes de la asimilación efectuada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo impugnada entre la revocación del representante unitario (mediante asamblea de los trabajadores, art. 67.3 LET) y la destitución del delegado sindical (por decisión de la sección sindical). Una asimilación que, entienden, en la medida en que ha servido para denegar el derecho de opción al trabajador, lesiona el art. 28.1 CE. Por otro lado, aducen, el nombramiento y destitución de los delegados sindicales no se somete al procedimiento previsto para los representantes unitarios en la Ley del estatuto de los trabajadores, ni hay equivalencia en el tiempo del mandato ni tampoco son iguales las reglas de elección o el procedimiento de publicidad, ya que se trata de dos tipos de representación diferentes. Concluyen que el delegado sindical se mantiene en su puesto por designación de la sección con arreglo a lo dispuesto en los estatutos del sindicato, sin que su destitución esté en todo caso enlazada a una pérdida de confianza, ya que puede deberse a otras causas.
La representación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., se opone a la concesión del amparo. Considera, en primer lugar, existente la identidad entre revocación y destitución desde el prisma de la capacidad subjetiva para adoptar la medida (quienes designan pueden revocar al representante legal, lo mismo que puede destituir al delegado sindical quien lo nombró). En segundo lugar, se opone a que la causa real del cese del Sr. C. en su condición representativa fuera la disminución del crédito horario. Esa pretendida justificación, a su juicio, ni consta en las actuaciones, ni fue alegada en el proceso a quo, ni se declaró probada. Los términos literales de la remisión que el art. 10.3 Ley Orgánica de libertad sindical (LOLS) realiza a la Ley del estatuto de los trabajadores, añade, refuerzan la decisión judicial impugnada, dado que la clara voluntad del legislador respondería a asegurar idénticas garantías a los representantes sindicales que a los unitarios, lo que quiere decir que el paralelismo en el régimen jurídico, traído a colación por el Tribunal Supremo y extensible no sólo a las garantías sino también a sus excepciones, nacería del propio texto legal, siendo, por ello, que la Sentencia recurrida respetó la regulación de referencia. Aduce, finalmente, que el Tribunal Supremo admitió los dos motivos de su recurso de casación para la unificación de doctrina pero resolvió sólo el segundo (relativo a la equiparación entre remoción en el cargo por el sindicato y revocación de representantes legales en asamblea de trabajadores), dejando imprejuzgado el primer motivo (por innecesario tras la estimación de aquél) que hubiera, igualmente, justificado el derecho de opción del BBVA.
Sin necesidad de proceder en este momento a un recordatorio exhaustivo de la jurisprudencia constitucional acerca de las secciones sindicales de empresa y los delegados sindicales de aquéllas, es preciso adoptar como premisa de partida la distinción que nuestra doctrina ha efectuado entre ambas figuras en cuanto a su integración en el contenido del art. 28.1 CE.
Precisado el marco constitucional con arreglo al que debemos resolver la cuestión planteada, centraremos nuestros análisis en la decisión de la Sentencia recurrida.
Ceñido el objeto de la demanda de amparo únicamente a determinar si la asimilación jurídica entre destitución del delegado sindical y revocación del representante unitario alcanza a lesionar el art. 28.1 CE, en la medida en que la misma priva arbitrariamente al delegado sindical Sr. C. de una garantía prevista legalmente para el ejercicio de sus funciones como representante sindical en la empresa, como es la inmunidad frente a decisiones extintivas a través del derecho de opción, conviene precisar en el presente caso el canon de enjuiciamiento que delimita el ámbito de nuestra jurisdicción (art. 4 LOTC).
Como hemos venido señalando, el Tribunal Supremo hizo equivalentes las nociones de revocación y destitución al considerar que "tanto en uno como en otro supuesto estamos ante la anulación de esta representatividad en virtud de decisión de las personas o de la entidad que la concedió", entendiendo, por ello, que fuera de las causas de extinción natural del mandato representativo por el transcurso del tiempo, el resto de situaciones en las que interviene la voluntad de quienes otorgaron o recibieron dicha representación -revocación o destitución-, o la propia del interesado, deben ser subsumidas dentro de la excepción que contempla el art. 68 c) LET.
Conviene, sobre dicha base, proceder a analizar el modo en el que el Tribunal Supremo ha procedido a integrar la remisión normativa que efectúa el art. 10.3 LOLS al art. 68 c) y, por extensión, al art. 67.3 LET, a cuyo tenor: "solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del Comité de Empresa durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de sus electores y por mayoría absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto". A tal fin hemos de valorar si tal decisión judicial alcanzada ha obviado el ámbito y el significado de un derecho fundamental y de considerar a continuación si ha desconocido el contenido del derecho fundamental a la libertad sindical del Sr. C..
Asienta, en primer lugar, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo su razonamiento en la correcta adecuación del modo en que se produjo la referida destitución trazando, en este punto, un evidente paralelismo con el régimen revocatorio que para los representantes unitarios establece el art. 67.3 LET y que parte de la premisa de que, lógicamente, a quien confirió el mandato es a quien puede corresponder su revocación. A tal efecto, es preciso tener presente que el sistema de designación de los delegados sindicales previsto en nuestro ordenamiento -basado en la elección por y entre los miembros de la sección sindical (art. 10.1 LOLS)- y la definición de sus funciones por referencia al marco espacial de la empresa o centro de trabajo, justifican la existencia de una vinculación estrecha y directa entre delegados y afiliados al sindicato en estos ámbitos. La opción legal por este sistema de elección del delegado apoya su definición como "representantes o mandatarios de la sección sindical", como tuvimos oportunidad de señalar en la STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4. La destitución supone una elección de signo contrario -una contra-elección para el representante afectado-, por lo que requerirá de un procedimiento similar al seguido para la atribución del cargo. Por ello, y en tanto exigencia del principio de funcionamiento democrático (art. 7 CE), la posibilidad de revocar el mandato representativo del delegado sindical debe residir, precisamente, en el grupo que le designó. Así pues, aunque no se especifique la forma concreta en que se ha de producir la misma, es evidente que deberán adoptarse las garantías precisas para evitar una decisión no auténtica.
Para efectuar la valoración que nos compete en relación con la adecuación a la exigencia de efectividad del derecho fundamental a la libertad sindical de la resolución impugnada, es necesario partir de las tres siguientes premisas. En primer lugar, que los estatutos sindicales pueden regular el sistema de designación o elección de los delegados, la duración de su mandato, las causas de su extinción o las fórmulas para proceder a su revocación. Estatutos que, en todo caso, se encuentran limitados por el principio democrático, a tenor del cual los mandatos representativos deben estar sometidos a revisiones ciertas y periódicas y, en todo caso, a la remoción por sus electores ex art. 4.2 c) LOLS. En segundo lugar, que no es posible aplicar por analogía las normas sobre subsistencia del mandato de los representantes unitarios a los sindicales, dado que existen circunstancias esenciales de divergencia que lo impiden, por lo que no existe identidad de razón, al partirse en la normativa de representación unitaria de la base de la duración determinada del mandato electoral, y depender, en cambio, la duración de la condición de delgado sindical de lo que establezcan los estatutos del correspondiente sindicato o de los acuerdos que pudieran adoptarse en el seno de la sección sindical. Y en fin que, en ausencia de expresa previsión estatutaria que establezca un período de atribución del mandato, la destitución del delegado sindical se convierte en el método usual de pérdida de dicha condición pues, tal y como señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si la revocación es la causa extintiva excepcional del representante unitario, la destitución es la usual del delegado, siendo la primera reglada y la segunda discrecional, lo cual llevaría, como ponen de manifiesto los recurrentes en su demanda de amparo, a que si se pretenden equiparar las garantías del delegado sindical con el representante legal de los trabajadores aquél debería permanecer en su cargo de manera indefinida.
Ciertamente, la equiparación producida por el legislador entre las representaciones sindicales y unitarias (art. 10.3 LOLS) ha de alcanzar a las excepciones de las garantías comunes a ambas representaciones, como señala la empresa comparecida en este proceso. Pero también ha de permitir asimilar el propio régimen de garantías pues, en caso contrario, se incumpliría el mandato legal equiparador contra la determinación expresa del art. 10.3 LOLS y del art. 56.4 LET, precepto este último que se refiere expresamente a los delegados sindicales. En efecto, la Sentencia impugnada, al fundamentar sus argumentos, omite la sustancial diferencia de principio que separa a los órganos que une por remisión el art. 10.3 LOLS -los representantes unitarios y los delegados sindicales- que ni tienen igual origen (en un caso elección por los trabajadores y en el otro designación por los afiliados), ni participan de equivalente régimen de desempeño de sus funciones representativas, ya que como, ha quedado dicho, en el primer caso, al miembro del comité de empresa le puede ser revocado su mandato o bien mantenerse en el cargo hasta transcurrir el término previsto; mientras que, en el segundo, no existe término predefinido o duración de mandato, abandonando su cargo el delegado sindical, en el caso de los pertenecientes a UGT, mediante destitución.
Pues bien, el anterior resultado no se alcanzaría de aceptarse la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo. Si cierto es que el concepto "destitución" resulta una noción desafortunada al incluir su significado ideas heterogéneas que van desde la revocación, de matiz claramente excepcional, hasta cualquier otra fórmula normal de remoción, también lo es que el alto Tribunal fundamenta su resolución en el hecho de que "únicamente" en aquellos supuestos en que la pérdida de la condición representativa se produce por la "causa natural del transcurso del tiempo" es aplicable la regla que contiene el art. 68 c) LET. De lo anterior se concluye que sólo si el mandato representativo otorgado al representante se encuentra sometido a un expreso término de duración resultará aplicable la garantía legalmente establecida, lo que, a sensu contrario, implica que todos los supuestos de finalización del mandato en los que no concurra dicha causa natural quedarán sometidos a la excepción del ya citado art. 68 c) LET. Este modo de razonar convierte en regla la excepción en el caso de que no exista, sin perjuicio de la conveniencia de su previsión, una expresa previsión estatutaria que someta a un concreto plazo de duración la representación de los delegados sindicales, tal y como ocurre en el caso del sindicato UGT. Por ello, y admitiendo que otras interpretaciones que no partieran de la anterior premisa debieran considerarse conformes a la Constitución, debe concluirse que la expuesta, al impedir la equiparación en las garantías que impone el art. 10.3 LOLS y convertir en imposible su aplicación a los delegados sindicales pertenecientes al sindicato recurrente y, más en concreto al Sr. C., dado que en ningún caso la forma de finalización de su mandato podía haber quedado subsumida dentro de la "causa natural por el transcurso del tiempo", única alcanzada por la garantía legal según la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo, opera, en último extremo, una restricción injustificada y desproporcionada en el libre ejercicio del derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE) de los recurrentes.
Como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, el supuesto de revocación del mandato de los representantes unitarios "no puede razonablemente hacerse equivaler, sin más, a la de destitución o cese de los delegados sindicales, puesto que con respecto a éstos y al no ser electivo su cargo, ni hallarse sujeto a término o a la duración de un plazo preestablecido, cualquier cese dispuesto por la sección sindical en la empresa -fuere cual fuere su motivación-, siempre se entendería como un acuerdo de carácter sancionador o de censura, privando en todos los casos de la oportuna garantía de indemnidad a aquel delegado que simplemente fuera sustituido en el cargo por otro". Hemos, por todo ello, de concluir que la interpretación mantenida de hacer equivaler toda destitución a la revocación del mandato, produce un notable desequilibrio en el régimen de garantías que tienen atribuidas las representaciones sindicales en el seno de la empresa y, especialmente, los delegados sindicales, desequilibrio contrario a lo establecido por nuestra Constitución y las normas internacionales aplicables en esta materia. Todo lo cual nos conduce a la estimación del presente recurso de amparo.
Estimar los recursos de amparo promovidos respectivamente por la Federación Regional de Servicios de la Unión General de Trabajadores-Madrid (FES-UGT) y don Carlos C. V. y, en su virtud:
Anular la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de diciembre de 1998, en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4473/97.
Voto particular que formula el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 887/99 y 889/99.
Los derechos adicionales de libertad sindical, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical (SSTC 201/1999, de 8 de noviembre, y 132/2000, de 16 de mayo). Esas garantías -de las que forma parte el derecho de opción en el despido improcedente- constituyen una tutela suplementaria, de articulación legal, de la protección de la acción sindical, que tiene la finalidad de otorgar a los representantes sindicales una protección específica en atención a la compleja posición jurídica que los mismos asumen frente a los empresarios, tratándose de evitar con ellas, en lo que ahora nos atañe (art. 56.4 LET), su desvinculación laboral a través de un simple acto unilateral, y antijurídico, como es el despido improcedente.
Establecido, pues, que en el litigio que se sometía a la decisión de este Tribunal estaba directamente concernido el derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE) en el contenido adicional citado, el paso siguiente era fijar el límite de nuestras facultades de control, habida cuenta que el debate se refería de modo inmediato a la aplicación de normas de rango infraconstitucional -en concreto al art. 56.4 LET y a sus posibles conexiones con el art. 68 c) LET- que atribuyen unafacultad de elección en caso de improcedencia del despido disciplinario que pasa a integrar el contenido del derecho fundamental que se invoca.
Siendo ese el canon, es preciso recoger los términos de la sentencia recurrida. Esta consideraba que el derecho de opción correspondía a la empresa, con base en las siguientes premisas: 1) Parte de una conexión funcional entre la facultad de opción del art. 56.4 LET y la inmunidad que proporciona al representante sindical el ejercicio de sus funciones. 2) Parte en segundo lugar, -aunque sea de modo implícito, pues no lo justifica ni lo resuelve expresamente-, de que la facultad de opción frente al despido improcedente de un delegado sindical (art. 56.4 LET) puede extenderse, como sucede en la situación regulada en el art. 68 c) LET, durante el año siguiente a la expiración del mandato salvo que, como en éste, se hubiera producido por revocación o dimisión, hipótesis que se acoge a pesar de que el art. 56.4 LET ni contempla expresamente la protección temporal ampliada que contiene el art. 68 c) LET para otros despidos (los producidos por razón del ejercicio de la representación), ni se remite ex profeso a ella. 3) Apoyado el Tribunal Supremo en la posibilidad de aquella integración, sostiene la denegación del derecho al Sr. C. en la inclusión del supuesto de destitución de delegados sindicales dentro de la excepción de revocación de representantes unitarios, a la que se refiere el art. 68 c) LET. Tanto en una como en otra circunstancia, dice la Sala Cuarta, estaríamos ante la anulación de la representatividad en virtud de decisión de las personas o de la entidad que la concedió, importando el hecho de la destitución y no sus razones. Así, la protección temporalmente ampliada por el art. 68 c) LET encuentra también acomodo en los terrenos de la opción del despido declarado improcedente (art. 56.4 LET), si bien con los límites y excepciones previstas en aquel primer precepto, que son interpretadas como se ha indicado (destitución equivale, a esos efectos, a revocación).
Integración de los arts. 68 c) y 56.4 LET.
En el FJ 3 esa cuestión clave no se resuelve, aunque la integración o combinación de esos preceptos constituya el fundamento mismo del derecho que se invoca. Tal como se han planteado las cosas en el proceso, nadie parece discutir que al Sr. C. puede llegar a corresponderle el derecho de opción del art.56.4 LET únicamente si procede una armonización del régimen de este precepto con las garantías adicionales del art.68 c) LET. En otros términos, si no fuera posible la integración de ambos preceptos, ni siquiera sería posible afirmar la hipótesis de la titularidad del derecho (por cuanto, en principio, el Sr. C. no está comprendido en el ámbito subjetivo del art. 56.4 LET según la inequívoca redacción de éste). Pese a ser el problema citado de tal trascendencia en la resolución del recurso de amparo, obviamos todo pronunciamiento. De esa manera, presumimos -aunque no justificamos la posibilidad misma- que el régimen del art. 56.4 LET (derecho de opción en la improcedencia del despido) alcanza a todos los sujetos protegidos por el régimen del art. 68 c) LET. Esto es, partimos de que una regulación (la del 56.4 LET -derecho de opción-) que no incluye expresamente a los exdelegados sindicales en su ámbito de imputación (pues literalmente se predica de quienes fueran delegados sindicales o representantes unitarios en el momento del despido) les es sin embargo aplicable.
Actuamos, pues, como si se tratara de un mero problema de legalidad que no nos compete, asumiendo lo sentado (implícitamente) en el proceso a quo sin enunciar posición constitucional alguna, aunque nos era exigible hacerlo al afectar a un contenido del art.28.1 CE. Esa obligación de pronunciamiento se acentuaba además por otras razones de envergadura: a) El tenor literal del art.56.4 LET es otro y lo que importaba, precisamente, era la configuración legal del derecho discutido; b) El BBVA planteaba en el trámite de alegaciones ante este Tribunal, como hizo en el proceso, tanto la corrección jurídica de la equiparación entre revocación y destitución (motivo por el que se estimó su recurso de casación en la sentencia ahora anulada por la nuestra) como también, junto a ello, lo que es fundamental, la improcedencia de la integración de los artículos 56.4 y 68 c) LET. Así, se oponía al recurso de amparo del Sr. C. con apoyo en el mismo doble motivo que adujo para sostener su recurso de casación. De ahí que insistiera en nuestra sede en su interpretación de la Ley, pero también advirtiera de un problema de congruencia de la Sentencia impugnada a tener en cuenta por este Tribunal -dado que, a su juicio, el primer motivo de la casación que no fue resuelto (la improcedencia de la integración de los preceptos) justificaría igualmente el derecho de elección del BBVA-. En otras palabras, que el Tribunal Supremo no llegara a ocuparse de ese plano del problema al entenderlo innecesario (pues había estimado el recurso de la empresa por la otra causa -equiparación entre revocación y destitución-) no podía excusar su tratamiento en nuestra Sentencia en el caso de que, como ha sucedido, se anulara la resolución impugnada. Esa fundada alegación del BBVA, sin embargo, ha encontrado nuestro silencio por respuesta. No sólo no resolvemos la cuestión fundamental de la integración (que es la premisa de todo lo demás), sino que anulamos la resolución impugnada provocando con ello un grave problema de incongruencia.
Yo daré al menos mi opinión. El tenor literal del art. 56.4 LET es claro, regulando una tutela materialmente imprescindible y subjetivamente definida a favor de los representantes legales y sindicales (que lo sean) en el momento de su despido. Por otra parte, cuando el legislador ha querido proteger a los exdelegados lo ha hecho expresamente (por ejemplo, en el propio art. 68 c) LET ex art.10.3 LOLS). Existiendo esos férreos obstáculos en el tenor literal de la Ley, no puede presumirse sin más la integración de los arts.56.4 y 68 c) LET, ampliando sin razonamiento alguno el derecho de opción en beneficio de los exdelegados. Al contrario, la integración y la derivada ampliación de la protección debe justificarse, cosa que no se hace en nuestra Sentencia. Hubiera bastado decir que esa lectura combinada ni restringe indebidamente el derecho de opción en los despidos disciplinarios improcedentes (pues sucede lo contrario, al permitir que la cobertura que ofrece el primer precepto al delegado sindical se amplíe, gracias al segundo, al ex-delegado), ni puede considerarse contraindicada en la opción legislativa (toda vez que cabe imaginar supuestos en los que la protección típica del exdelegado frente al despido contrario a la función representativa -arts. 68 c) LET / 10.3 LOLS- comparta el mismo fundamento que el merecido -aunque no regulado expresamente- en una extinción pretendidamente disciplinaria que sea sospechosa, sin embargo, vista la improcedencia de la causa alegada por la empresa, de constituir un fraude "contra-representación"). El canon del contenido adicional -que consiste, resumiendo lo ya dicho, en que la interpretación judicial del derecho no sea indebidamente restrictiva- permitía llegar a esa conclusión favorable a la consideración conjunta de los dos preceptos.
Canon de enjuiciamiento.
Resolución del supuesto enjuiciado.
Mi opinión sobre el caso es bien distinta. La sostengo en el canon de control del contenido adicional y en la búsqueda de la protección que debe darse, y preservarse a mi modesto entender, a la libertad sindical. En efecto:
1) No creo que pueda decirse en línea de principio que sea irrazonable la asimilación jurídica entre destitución (del delegado sindical) y revocación (del representante unitario) que efectúa el Tribunal Supremo en la sentencia recurrida, aunque resulta muy dudosa por ser de distinta naturaleza la representación, el origen del nombramiento y las posibles causas de la extinción de la condición en cada caso. Al margen de esa aproximación teórica, en el caso concreto sí podía afirmarse que la ratio decidendi de la Sentencia resultó irrazonable, pues no cabe justificar en la mera intervención del sindicato -al margen por completo de los motivos de su decisión en el caso concreto- la restricción de los derechos adicionales de libertad sindical frente al despido improcedente del Sr. C., que le correspondían (en el entender de los órganos judiciales) a tenor de la vis atractiva del art. 68 c) LET sobre el art. 56.4 LET. En otras palabras, equiparar en abstracto la destitución a la revocación, extendiendo a aquélla la desprotección que el art. 68 c) asigna a ésta sin exigir, en el caso concreto, algún tipo de correspondencia causal de la destitución acordada con el supuesto ordinario de la revocación, supone una limitación del derecho fundamental -en el contenido adicional controvertido- que no encuentra explicación ni en su finalidad ni en otros derechos o intereses constitucionales que la norma legal haya tomado en consideración al establecer la regulación de referencia (canon, insisto, que corresponde aplicar).
Frente a ello no podría objetarse que el art. 56.4 LET se aplica siempre que exista improcedencia del despido, con independencia de la razón determinante de esa calificación, como ha dicho en alguna ocasión el Tribunal Supremo. Esa jurisprudencia se refiere a despidos de quienes eran representantes de los trabajadores en el momento extintivo, y no a exdelegados como el recurrente en amparo. Tal doctrina, por tanto, no serviría para rechazar lo que digo, toda vez que el problema suscitado en este caso consiste en discernir si cabe o no ampliar el ámbito de imputación subjetiva del art. 56.4 LET a los exdelegados sindicales. No está en cuestión, dicho de otra forma, determinar qué es lo que pasa y por qué dentro del marco ordinario de actuación del art. 56.4 LET (despidos de delegados sindicales y representantes unitarios). Está en cuestión, muy al contrario, si cabe ampliar su cobertura literal con base en el art. 68 c) LET, que responde, inequívocamente, a una concreta finalidad (la protección frente a actos extintivos "contra-representación"). En consecuencia, completar la protección a tenor de un precepto pero dejando al margen el fundamento que lo inspira constituye, a mi juicio, un operación integradora insostenible.
Sobre esos fundamentos concluyo que no había justificación alguna para reconocer al Sr. C. el derecho de opción. La extinción de su contrato de trabajo descansó en razones disciplinarias, consideradas en el proceso insuficientes en su gravedad para respaldar la resolución contractual, lo que llevó a la declaración de improcedencia del acto extintivo. Pero lo que decidía esta vez era que la sentencia de instancia declaró, motivadamente, la total desvinculación entre el despido y las razones de representación laboral alegadas por el actor, descartándose con ello incluso la sospecha de un fraude o de una causa extintiva encubierta contra su función o condición representativa. Esa declaración fue consentida por el propio Sr. C., que ni siquiera sostuvo su queja a través de un recurso de suplicación que podría haber formalizado y no interpuso. El art. 56.4 LET, de ese modo, actuaba completamente al margen de la finalidad del art. 68 c) LET, impidiendo una operación integradora de los dos preceptos, con autonomía de lo que proceda decir sobre la conjunción de ambos en otras situaciones, a tenor de lo expuesto.
En definitiva, atendiendo a la configuración legal del contenido adicional del derecho fundamental, debieron desestimarse estos recursos de amparo acumulados. Alegadas por la empresa razones disciplinarias y declarado improcedente el despido, no podía atribuirse al Sr. C. el derecho de opción del art. 56.4 LET, pues para que la garantía se desenvolviese a su favor faltaba el requisito principal previsto en la Ley (que el despedido "fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical") lo mismo que faltaba el elemento imprescindible para la combinación del art. 56.4 con el art. 68 c) LET (el factor representativo que caracteriza a éste y que fue expresamente excluido en el proceso). Por ello, a pesar de diferir en las razones, deberíamos haber confirmado que, como sostuvo la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el derecho de opción entre readmisión e indemnización correspondía a la empresa demandada en el proceso, no habiéndose producido la vulneración constitucional que se denuncia.
SAP Murcia 209/2009, 2 de Octubre de 2009
STSJ Asturias 675/2010, 5 de Marzo de 2010
SAP Vizcaya 39/2018, 22 de Mayo de 2018
SAP Huelva, 27 de Abril de 2004

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