Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Chile.12233.htm
Timestamp: 2017-03-29 15:03:56+00:00

Document:
1. El 1º de noviembre de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la Corporación de Promoción de Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- (en adelante “los peticionarios”), en contra de la República de Chile (en adelante, “el Estado” o “el Estado chileno”) en la cual se alega que los señores Víctor Améstica Moreno, Alberto Araneda Muñoz, Héctor Martínez Vázquez, Oscar Sepúlveda Alarcón y Alejandro César Sánchez Canales, todos ellos miembros de Carabineros de Chile[2] (en adelante “los Carabineros”), fueron víctimas de un proceso de calificación realizado por las autoridades de Carabineros de Chile violatorio de sus derechos básicos y luego despedidos de la institución, sin que se haya realizado una decisión judicial sustantiva sobre la vulneración de sus derechos. Alegan, asimismo que sus respectivas cónyuges Jenny Burgos Orrego, Marisol Valencia Poblete, Johanna Valdebenito Pinto, Carmen Araya Cordero y María Angélica Olguín (en adelantes “las esposas de los Carabineros”), fueron discriminadas por ser sus esposas. 2. Los peticionarios alegaron que el Estado era responsable por la violación del derecho a la protección de la honra y la dignidad, reunión, propiedad privada, igualdad ante la ley y protección judicial consagrados en los artículos 11(2), 15, 21, 24 y 25 de la Convención Americana. Con relación a la admisibilidad del reclamo, los peticionarios alegaron que se agotaron los recursos existentes en el plano interno para buscar la protección de las garantías violentadas. El Estado por su parte sostiene que los peticionarios no han probado ninguna de sus alegaciones en sede interna y que no se ha violado ninguno de los derechos alegados. Solicita que se desestimen los reclamos de los peticionarios y que la petición sea declarada inadmisible.
3. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluye que es competente para conocer la petición presentada por los peticionarios y que ésta es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
11. En relación a las supuestas víctimas de esta petición, que eran funcionarios de Carabineros, la petición señala que: Víctor Améstica Moreno, fue notificado el 7 de julio de 1998 de la eliminación de la institución de Carabineros. Sostiene que se le informó que la baja se debía a “no haber cumplido el deber de comunicar al mando institucional lo que estaba sucediendo en la villa fiscal que habitaba, en relación a las movilizaciones”.[4] Señala que se le dio de baja sin mostrarle ninguna notificación formal. Indica que se lo privó de las instancias de revisión a las que tenía derecho. Asimismo, sostiene que informalmente se le indicó que la razón de su baja se debió a la participación de su esposa en la manifestación del 27 de abril. Agrega que los dos años anteriores a la calificación en Lista 4 de eliminación, fue calificado en la Lista 1 de méritos.
13. Al referirse a la admisibilidad, los peticionarios sostuvieron que agotaron los recursos disponibles dentro de la Institución de Carabineros. Indican que el 18 de julio de 1998 interpusieron sendos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de los despidos. Señalan que todos ellos fueron acumulados. Indican que el 28 de enero de 1999 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso sosteniendo que no le correspondía entrar a examinar los fundamentos que tuvieron en cuenta las Juntas Calificadoras para determinar la calificación que tuvo como consecuencia la baja de los Carabineros ya que las Juntas eran soberanas y añadió que de entrar a examinar los fundamentos que se tomaron en cuenta para la calificación se constituiría en otra instancia. 14. Indican que esta resolución fue confirmada por la Corte Suprema de Chile el 28 de abril de 1999, la cual consideró respecto del proceso de calificación que “no se evidencia ni se ha demostrado en autos que fuera el fruto de la arbitrariedad o el abuso, o contrario al ordenamiento constitucional o legal, lo que desde ya obsta el acogimiento de los recursos intentados, sin que sea menester entrar en el análisis de las garantías que se han dado como amagadas”. [5]
25. Respecto a los derechos que se alegan como violados el Estado señaló, refiriéndose al derecho a la honra y dignidad, que la Corte Suprema había determinado que no se habían podido probar las alegaciones de las aquí presuntas víctimas, en particular lo relativo a la supuesta vigilancia o seguimientos permanentes. El Estado considera que “el que alega algo debe probarlo”. Sostiene que el Estado no intervino en la vida familiar de las supuestas víctimas, ni en sus relaciones íntimas. El Estado señala que, sin embargo, por el estatuto especial que rige a los Carabineros, sus familias deben ceñirse a ciertas normas acordes con la clase de actividad que desarrollan los funcionarios y que no son asimilables a las de un civil común. 26. En relación con el derecho de reunión, el Estado señala que las esposas de los Carabineros efectivamente se reunieron y ejercieron ese derecho y que, además, obtuvieron autorización legal de la Intendencia de Santiago. 27. Respecto del derecho de propiedad, el Estado señala que el derecho de propiedad sobre el empleo no es absoluto en Chile y que el proceso de calificación al que se someten los funcionarios públicos es prueba de ello. Señala el Estado que el artículo 21 de la Convención subordina el uso y goce de los bienes al interés social, lo que en esta situación, considera el Estado, es evidente ya que de lo contrario se obligaría al Estado a mantener funcionarios ineficientes o con desvíos de conducta, tornando, en el caso del policía, en un peligro para la sociedad.
ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión
37. Finalmente la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. B. Requisitos de Admisibilidad
38. El artículo 46(1) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. 39. El Estado no presentó objeciones preliminares relacionadas con la falta de agotamiento de los recursos internos. En consecuencia, la Comisión Interamericana considera que el Estado chileno no invocó en esta petición la falta de agotamiento de los recursos internos en las primeras etapas del procedimiento. 40. La Corte Interamericana ha establecido en reiteradas oportunidades que “la excepción de no-agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado”. 41. Por lo tanto, la Comisión considera que el Estado chileno renunció a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, ya que no la presentó en la primera oportunidad procesal que tuvo, es decir, en su respuesta a la petición que dio inicio al trámite. 2. Plazo de presentación de la petición
42. En la petición bajo estudio la CIDH ha establecido la renuncia tácita del Estado chileno a su derecho de interponer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. En tal sentido, la CIDH observa que la petición original fue recibida el 1º de noviembre de 1999. Asimismo, la última decisión de un tribunal interno fue el 28 de abril de 1999. Por consiguiente, la CIDH considera que fue presentada dentro de un plazo razonable. 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada
43. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados
44. El Estado solicitó a la Comisión que desestime la denuncia, porque cumplió con las obligaciones impuestas por la Convención respecto de los artículos que los peticionarios alegan como violación. 45. La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si hay o no una violación de la Convención Americana. A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir si se exponen los hechos que caracterizan una violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana, y si la petición es “manifiestamente infundada” o sea “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo. 46. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión, al establecer dos claras etapas de admisibilidad y fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para establecer una violación. 47. Respecto de la presente petición, la Comisión considera que los argumentos presentados por el Estado requieren un análisis del fondo del asunto, para ser resueltos. La CIDH no encuentra, en consecuencia, que la petición sea “manifiestamente infundada” o que sea “evidente su improcedencia”. Por otro lado, la CIDH considera que, prima facie, los peticionarios han acreditado los extremos requeridos en el artículo 47(b) y (c). 48. Aun cuando no han sido invocados por los peticionarios, y en aplicación del principio iuria novit curia, la Comisión Interamericana considera además que los hechos descritos podrían constituir violaciones de los derechos a las garantías judiciales, la libertad de expresión y a la protección de la familia. Asimismo, la Comisión considera que podrían constituirse violaciones a las obligaciones que tiene el Estado en virtud de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.
50. La Comisión concluye que tiene competencia para examinar el caso presentado por los peticionarios sobre la presunta violación a los derechos a la protección de la honra y la dignidad, reunión, propiedad privada, igualdad ante la ley y protección judicial, todos ellos relacionados con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adecuar la legislación interna a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. 51. En función de los argumentos de hecho y de derecho expuestos anteriormente y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

References: resolución 
 artículo 21
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47