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Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección de menores desamparados y de la adopción. TITULO I. Normas Generales
Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección de menores desamparados y de la adopción
Vigencia desde 02 de Febrero de 1997. Esta revisión vigente desde 17 de Febrero de 1999
REGLAMENTO de protección de los menores desamparados y de la adopción TITULO INormas Generales
La Dirección General de Atención a la Infancia tiene atribuidas, dentro del ámbito territorial de Cataluña, el ejercicio de las competencias sobre protección de los menores desamparados y sobre la adopción que otorga la Ley 37/1991, de 30 de diciembre.
1. La Dirección General de Atención a la Infancia ejerce las funciones tutelares de los menores en situación de desamparo y la guarda de los menores en los términos establecidos en la legislación civil catalana.
2. La representación de los menores desamparados es ejercida por la Dirección General de Atención a la Infancia mediante el Subdirector general de Atención a la Infancia dentro del ámbito territorial de Barcelona, y de los Jefes de Atención a la Infancia en los ámbitos territoriales de Girona, Lleida y Tarragona.
A partir de: 11 noviembre 2005
Número 2 del artículo 2 redactado por la Disposición Adicional 1.ª del D [CATALUÑA] 243/2005, 8 noviembre, de modificación parcial de la estructura del Departamento de Bienestar y Familia («D.O.G.C.» 10 noviembre).
La competencia territorial, a los efectos de asistencia y protección de la infancia y la adolescencia, vendrá determinada por el lugar de residencia de los padres, o del padre o de la madre que tenga la guarda del menor, o por el lugar de residencia de los representantes legales o guardadores del menor.
Cuando la competencia territorial no se pueda determinar de acuerdo con lo que establece el párrafo anterior, se determinará inicialmente por el lugar donde se encuentre el menor, sin perjuicio de su reintegración ulterior al lugar de residencia de los familiares que puedan hacerse cargo de él o al organismo de protección competente del lugar en que el menor tenga establecidas sus relaciones familiares y sociales.
Al menor extranjero que se encuentre en Cataluña en situación de desamparo, se le aplicará la legislación civil catalana sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y la Dirección General de Atención a la Infancia acordará las medidas de protección adecuadas en interés del menor. Se tendrán en cuenta, en su caso, las disposiciones en relación a los menores extranjeros contenidas en la Ley orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y las libertades de los extranjeros en España y en las normas reglamentarias que se desarrollan.
En los casos de adopción de menores originarios del extranjero, en los supuestos del párrafo anterior, se aplicarán, cuando sea posible, las disposiciones generales del artículo 13 bis sobre adopción internacional de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de menores vigente en Cataluña.
La Dirección General de Atención a la infancia adoptará las medidas más convenientes para conseguir la protección efectiva de los menores desamparados, contando con la ayuda y colaboración de las entidades públicas y privadas, relacionadas con la infancia y la adolescencia, debidamente autorizadas. La Dirección General de Atención a la Infancia coordinará las actuaciones pertinentes a efectos de conseguir la eficiencia y eficacia necesarias.
Cualquier persona, especialmente los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, que tengan conocimiento de una situación de desamparo o de una en la que sea previsible la situación de desamparo de un futuro recién nacido, lo comunicará de forma inmediata a la Dirección General de Atención a la Infancia, a fin de efectuar la oportuna coordinación con la red sanitaria y de servicios sociales, en su caso, y poder adoptar las medidas procedentes para hacer efectiva su protección.
La Dirección General de Atención a la Infancia promoverá las actuaciones legales necesarias en defensa de los derechos e intereses de los menores respecto de los cuales tenga asumidas funciones tutelares.
CAPITULO IIProcedimiento para la asunción de funciones tutelares
Cuando la Dirección General de Atención a la Infancia tenga conocimiento de la situación de desamparo en la que se encuentre o pueda encontrarse un menor, se incoará el expediente oportuno, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes.
1. Los equipos técnicos competentes valorarán razonadamente la existencia de factores de riesgo social que justifiquen la apreciación de la situación de desamparo y, si es necesario, propondrán esta declaración.
2. Se considerará que existen factores de alto riesgo social cuando en relación al menor se dé la concurrencia de indicios de los supuestos siguientes, por parte de sus padres, tutores o guardadores:
a) Que el menor sea abandonado por parte de las personas a las cuales corresponde por ley ejercer las funciones de guarda.
b) Que se haya producido negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, higiénicas, de salud o educativas del menor.
c) Que los padres, tutores o guardadores o las personas que convivan o estén relacionadas directamente con el menor sufran una enfermedad mental que repercuta negativamente sobre él.
d) Que los padres, tutores o guardadores o las personas que convivan o estén relacionadas con el menor sean drogodependientes y repercutan negativamente sobre él.
e) Que se haya suministrado al menor sustancias psicotrópicas o de cualquier otra sustancia tóxica sin causa médica justificada.
f) Que se hayan infligido al menor maltratos físicos o psíquicos, abusos sexuales, explotación u otros maltratamientos de naturaleza análoga.
g) Que no hayan vínculos afectivos o éstos tengan muchas carencias, por incumplimiento de los deberes de protección por parte de los padres, tutores o guardadores y que están establecidos por la Ley para la guarda de los menores.
h) Que se induzca al menor a la mendicidad, delincuencia o prostitución.
i) Que se dé cualquier desatención o imprudencia que atente contra la integridad física o psíquica del menor.
j) Que se dé una desescolarización reiterada o continuada.
k) Cuando se aprecien objetivamente otros factores que imposibiliten el desarrollo integral del menor.
Para apreciar la procedencia de la declaración de la situación de desamparo se solicitarán los informes sociales, médicos, psicológicos, pedagógicos o policiales, si es necesario, y también de las posibilidades de atención en la propia familia o familia extensa o, en su caso, ajena.
El órgano competente para declarar mediante resolución el desamparo es la directora general de Atención a la Infancia.
Cuando el desamparo haga necesaria la separación del menor de su núcleo familiar, será necesario indicar el plan de mejora a seguir para favorecer su retorno a la familia, siempre que sea posible. Esos mismos informes se podrán solicitar para apreciar cualquier cambio de medida.
Los equipos técnicos, en su intervención durante el proceso de estudio y evaluación, deben escuchar al menor de más de doce años y a los que tengan la patria potestad o guarda del menor, siempre que sea posible.
También escucharán al menor de menos de doce años si tiene suficiente conocimiento.
Los equipos técnicos podrán solicitar información a otras personas que puedan aportar datos sobre la situación del menor y de su familia o guardadores.
Por otro lado, cuando sea posible, completarán los datos personales y la documentación relativa al menor y a su familia que sean relevantes para el expediente y toda la información y certificados que aporten los interesados. Todos estos datos y documentos se aportarán al expediente administrativo del menor.
Los padres o guardadores del menor podrán comparecer ante los equipos técnicos y aportar los informes para un mejor conocimiento de los hechos y circunstancias relevantes para el expediente. En este caso, se hará constar documentalmente las manifestaciones de los padres o guardadores. Los informes o documentos aportados deberán unirse al expediente.
Para proponer la medida de protección adecuada para la atención y el desarrollo integral del menor, se analizará y estudiará su situación de riesgo, y su realidad personal, social y familiar. El análisis se llevará a cabo en el propio medio natural del menor, o bien en los centros de acogida o en las familias acogedoras. El análisis de la situación de riesgo comportará la evaluación razonada del estado físico, psicológico, afectivo, educativo y sociofamiliar del menor.
Los equipos técnicos priorizarán la medida de protección de atención en la propia familia cuando se prevea que la situación de desamparo puede ser modificable mediante la acción de las intervenciones técnicas adecuadas.
En la propuesta técnica de medida de protección se especificará razonadamente y de forma clara y concisa:
a) El plan de mejora.
b) El alcance de la medida, con la previsión de su duración y de la forma en que se ha de ejercer.
c) Cuáles serán los objetivos concretos a alcanzar y por los cuales se propone la medida.
Una vez complementada la información necesaria a que se refieren los artículos anteriores, los equipos técnicos elaborarán de forma razonada la propuesta técnica que previa validación del servicio correspondiente y con el asesoramiento de los servicios jurídicos, será elevada a la directora general de Atención a la Infancia quien dictará la resolución correspondiente.
A partir de: 20 marzo 2001
Artículo 16 redactado por el artículo 1 del D [CATALUÑA] 62/2001, 20 febrero, de modificación parcial del Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección de menores desamparados y de la adopción («D.O.G.C.» 28 febrero).
CAPITULO IIIDel ejercicio de la tutela
La Dirección General de Atención a la Infancia ejercerá las funciones tutelares mediante los órganos citados en el capítulo I, en las condiciones específicas previstas en la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares.
Las medidas de protección adoptadas podrán ser revisadas y modificadas en cualquier momento, en función de su evolución.
Cuando el menor tutelado disponga de bienes propios, la Dirección General de Atención a la Infancia actuará conforme a las disposiciones de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares.
En caso que fuera necesario y cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá promover el nombramiento judicial de un administrador patrimonial.
CAPITULO IVDe la guarda administrativa
SECCION IProcedimiento para la constitución de la guarda
En los casos previstos en el artículo 9 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de protección de los menores desamparados y de la adopción, los padres o guardadores de un menor podrán solicitar a la Dirección General de Atención a la Infancia que asuma la guarda temporal.
Esta solicitud se podrá formular ante los servicios sociales de atención primaria, que deberán canalizarlo mediante los servicios sociales especializados de atención a la infancia y adolescencia del territorio donde resida la familia, o directamente a estos últimos.
Una vez formulada la solicitud, se iniciará el expediente correspondiente, donde constará la información acreditativa de las circunstancias de fuerza mayor concurrentes, el plan de mejora a seguir para favorecer el retorno del menor a su familia, y que se ha escuchado al menor de más de 12 años y al menor de menos de 12 años si tiene suficiente conocimiento. Los servicios técnicos correspondientes valorarán la solicitud y la documentación que consta en el expediente y se elevará la propuesta de medida que, previa validación del servicio correspondiente y con el asesoramiento de los servicios jurídicos, será resuelta por la directora general de Atención a la Infancia, que designará en la misma resolución, el recurso familiar o residencial pertinente y acordará la constitución de la guarda.
Cuando la solicitud se haya formulado ante los servicios sociales especializados de atención a la infancia y a la adolescencia, éstos la deberán valorar con las formalidades y requisitos previstos en el artículo anterior y la deberán remitir con el informe propuesta correspondiente, a la Dirección General de Atención a la Infancia, que resolverá de acuerdo con lo que dispone el artículo precedente.
SECCION IIDel ejercicio de la guarda
La Dirección General de Atención a la Infancia, mientras tenga la guarda temporal de un menor, dispondrá que sea atendido mediante acogida simple en familia o acogida simple en institución.
El director del centro residencial o las personas que acojan al menor, ejercerán la guarda bajo la vigilancia de la Dirección General de Atención a la Infancia, a la que deberán facilitar información periódica, semestralmente como mínimo, sobre la situación y atención al menor, sin perjuicio del seguimiento que efectúen los servicios correspondientes.
La guarda temporal del menor cesará a solicitud de los padres, del tutor o de los guardadores, cuando estén en situación adecuada para hacerse responsables de él.

References: artículo 2
 artículo 13
 resolución 
 resolución 

Artículo 16
 artículo 1
 artículo 9