Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/1322
Timestamp: 2020-06-05 10:47:26+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 116/1989
SENTENCIA 116/1989, de 22 de junio
ECLI:ES:TC:1989:116
En el recurso de amparo 1.142/1987, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Juan Corujo y López Villamil, en nombre y representación de don Manuel Macías Payo, contra Sentencia de 23 de julio de 1987, dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid en apelación núm. 476/1986. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Procurador de los Tribunales don Francisco Alvarez del Valle García, en nombre y representación de don Benjamín Juárez Gómez, siendo Ponente el Magistrado don Antonio Truyol Serra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El Procurador de los Tribunales don Juan Corujo y López Villamil, en nombre de don Manuel Macías Payo, interpuso recurso de amparo, mediante escrito que tuvo su entrada el 13 de agosto de 1987, contra Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid de 23 de julio de 1987.
b) Don Benjamín Juárez Gómez y su esposa adquirieron tal edificio el 24 de abril de 1978 e instaron poco después ante el Ayuntamiento de Zamora un expediente contradictorio de ruina que no prosperó.
d) Ante el cambio de la Corporación municipal y del Gobernador civil, instado por el señor Juárez nuevo expediente gubernativo, concluyó éste por Resolución del Gobernador civil de 18 de enero de 1984, por la que se autorizó la demolición de la finca.
e) Contra esta Resolución interpuso el solicitante de amparo recurso de reposición que fue desestimado, y contra la denegación, recurso contencioso- administrativo, que fue estimado por Sentencia de la correspondiente Sala de la Audiencia Territorial de Valladolid de 27 de mano de 1985, por la que fue anulada la Resolución del Gobernador civil recurrida -la de 26 de marzo de 1984- y se declaró vigente la anterior Resolución del mismo -la de 3 de junio de 1982, denegatoria de la autorización de demolición-; Sentencia que fue apelada por el señor Juárez ante el Tribunal Supremo.
f) En enero de 1986, después de apelada dicha Sentencia, el señor Juárez y su esposa formularon contra el hoy solicitante de amparo demanda sobre resolución del contrato de arrendamiento del local, amparándose -se dice- en la ya anulada Resolución del Gobernador civil de 26 de marzo de 1984.
g) La demanda fue desestimada por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zamora de 26 de marzo de 1986, que fue recurrida en apelación por el señor Juárez, para la Audiencia Territorial de Valladolid.
i) Finalmente, y a pesar de que en el acto de la vista se hizo constar la confirmación por el Tribunal Supremo de la anulación de la Resolución del Gobierno Civil de Zamora de 26 de marzo de 1984, y de que se interesó -se dice- como diligencia para mejor proveer que se solicitase testimonio de dicha Sentencia del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid dictó Sentencia de 23 de julio de 1987 por la que, estimando el recurso de apelación interpuesto contra la del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Zamora de 26 de marzo de 1986, revocó esta última Sentencia, estimó la demanda formulada por el señor Juárez y su esposa y declaró resuelto el contrato de arrendamiento.
4. La Sección Segunda acordó, por providencia de 10 de noviembre de 1987, poner de manifiesto la posible existencia de la causa de inadmisibilidad del art. 50.2 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por cuanto la demanda pudiera carecer manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional. Formuladas alegaciones por la parte recurrente y por el Ministerio Fiscal, dicha Sección resolvió admitir a trámite el presente recurso de amparo por providencia de 21 de diciembre de 1987; y por nueva providencia de 29 de febrero de 1988, acusar recibo de las actuaciones remitidas por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid y del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zamora, tener por comparecido en el recurso a don Benjamín Juárez Gómez y en su nombre y representación al Procurador don Francisco Alvarez del Valle, y de conformidad con el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dar vista de las actuaciones por plazo de veinte días a los Procuradores don Juan Corujo López Villamil y don Francisco Alvarez del Valle, en la representación por cada uno ostentada, así como al Ministerio Fiscal, a fín de que pudieran formular las alegaciones que estimaran pertinentes.
6. La representación procesal de don Benjamín Juárez Gómez, por escrito que tuvo su entrada el 30 de marzo de 1988, formuló las alegaciones que a continuación y en síntesis se exponen: 1.ª) la de que la Sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid objeto del presente recurso de amparo ha dado a los litigantes intervinientes en el proceso, con respecto a los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, idéntico trato al recibido por otros litigantes en procesos y situaciones anteriores idénticos, conforme a la doctrina jurisprudencial que en el escrito se cita, dictada en interpretación de los arts. 78 y 79 de la L.A.U. e invocada por la parte compareciente en su demanda de resolución de contrato de arrendamiento. 2.ª) que al demandante de amparo no le ha faltado la tutela jurisdiccional garantizada por el art. 24 de la Constitución ni en vía contenciosa, ni en la civil, y que dicho demandante convierte su recurso de amparo en una tercera instancia en la que pretende revisar las valoraciones o fundamentos de una Sentencia judicial firme. 3.ª) que, si hipotéticamente afectara la Sentencia aquí impugnada al derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo, la de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo también afectaría al mismo derecho del compareciente; pero que lo ocurrido es que ambas Sentencias ponen fín a sus respectivos procedimientos y que la Sala de lo Contencioso- Administrativo no vincula a la Sala de lo Civil. 4.ª) que es inadmisible el razonamiento del demandante de amparo, que fundamenta su petición de amparo en su indefensión por no haber solicitado la Sala como diligencia para mejor proveer testimonio de la Sentencia del Tribunal Supremo, pues no consta en las actuaciones que en el acto de la vista se solicitase -como gratuitamente se afirma- tal diligencia; las diligencias para mejor proveer no constituyen un derecho del justiciable, sino del juzgador, si entiende que son necesarias; decir que el acto de la vista era el único momento procesal válido para solicitar un testimonio es ignorar el art. 506.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y en cuanto a la Sentencia impugnada, no desconoce la de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 5.ª) que la Sentencia impugnada no se fundamenta, como ha dicho el Ministerio Fiscal en el trámite de admisión, en un «error patente», sino en una interpretación de los correspondientes artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tema carente de dimensión constitucional y ajeno a la competencia del Tribunal Constitucional. En consecuencia, suplicó la desestimación del recurso de amparo.
Type and record number Recurso de amparo 1142-1987
Contra Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid en apelación dimanante de procedimiento sobre resolución de contrato de local de negocio.
Se reitera doctrina anterior de este Tribunal, según la cual (STC 79/1989), no existiendo norma legal que establezca relación de litispendencia entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la civil, corresponde a cada una de ellas, en el ejercicio independiente de la potestad que le confiere el art. 117.3 C.E., decidir si se han cumplido o no los presupuestos de las pretensiones que ante ellas se ejerciten. [F.J. 3]
Órdenes civil y contencioso-administrativoÓrdenes civil y contencioso-administrativo, f. 3

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