Source: https://beta.e-justice.europa.eu/45/ES/divorce_and_legal_separation?NORTHERN_IRELAND&action=print&init=true
Timestamp: 2020-01-21 15:35:11+00:00

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En Irlanda del Norte, la normativa relativa al divorcio se recoge en la Ley sobre causas matrimoniales de 1978 [Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978]; en lo sucesivo, «Ley de 1978».
Un cónyuge puede obtener el divorcio si presenta una solicitud por escrito (denominada «escrito de demanda») ante un tribunal. La persona que pide el divorcio recibe el nombre de «demandante», mientras que a la otra parte se le denomina «demandado». El demandante debe demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, para lo que deberá presentar pruebas fehacientes de alguno de los cinco hechos que se indican a continuación en la pregunta 2. Una demanda de divorcio no puede presentarse dentro de los dos primeros años del matrimonio. No obstante, se pueden utilizar pruebas de esos dos años para demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable.
La única causa de divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. En general, a fin de mostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, el demandante debe probar uno o varios de los siguientes hechos:
Que el demandado ha cometido adulterio. Este hecho no podrá alegarse si, después de tener constancia del mismo, el demandante continúa conviviendo con el demandado durante más de seis meses o durante períodos más cortos que en total sumen más de seis meses.
Que el demandado haya tenido una conducta poco razonable, es decir, que se haya comportado de tal forma que el demandante no se vea capaz de continuar conviviendo con él. Este hecho no será válido si las partes han convivido durante seis meses o más después de la fecha en que tuviera lugar el último incidente de conducta irracional.
Que el demandado haya abandonado al demandante durante un periodo continuado de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda.
Que las partes hayan vivido separadas durante un periodo continuado de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda, y el demandado dé su consentimiento para la concesión del divorcio.
Que las partes hayan vivido separadas durante un periodo continuado de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda. No se precisa del consentimiento del demandado, quien podrá oponerse al divorcio si alega que le provocaría dificultades económicas importantes o de otro tipo.
Al valorar si el demandado ha abandonado al demandante o si las partes han vivido separadas durante un periodo continuado, no se tendrán en cuenta los períodos (que no superen seis meses en total) en que las partes hayan reanudado la convivencia. No obstante, tales períodos no contarán como parte del período de abandono del hogar o de separación.
Si el tribunal considera satisfactorias las pruebas que justifican que el matrimonio se ha roto irreparablemente, dictará una resolución provisional de divorcio (la resolución judicial previa al divorcio o decree nisi).
El proceso de divorcio finaliza cuando la resolución provisional se convierte en firme. Se puede solicitar que la sentencia condicional se convierta en sentencia firme de divorcio a las seis semanas y un día de haberse dictado la sentencia condicional. Si la solicitud no se presenta en el plazo de doce meses a partir de la fecha en que se dicte la sentencia condicional, se puede solicitar al demandante que presente una declaración jurada (affidávit) para justificar el retraso. En determinadas circunstancias, el demandado podrá solicitar la sentencia firme. Las partes no podrán volver a contraer matrimonio hasta obtener la sentencia firme de divorcio.
No existen normas específicas que rijan las relaciones después del divorcio. No obstante, las partes ya no tendrán la obligación de convivir y, si la esposa ha adoptado el apellido de su marido, podrá decidir volver a utilizar su apellido de soltera.
La Ley de 1978 contiene disposiciones de gran alcance que permiten al tribunal pronunciarse sobre los bienes de las partes y regular sus acuerdos económicos, tanto entre las partes como en relación con los hijos de la unidad familiar.
Al pronunciar la sentencia de divorcio o posteriormente, el tribunal puede dictar órdenes sobre
pagos periódicos;
pago de una cantidad a tanto alzado;
reparto de los bienes;
reparto de la carga de la pensión alimenticia o de asignación de los fondos de pensiones.
Antes de dictar una resolución, el tribunal estudiará todas las circunstancias del caso. No obstante, dará siempre prioridad al bienestar de los hijos de la unidad familiar menores de dieciocho años.
Después del divorcio, ambos progenitores conservarán la responsabilidad parental sobre los hijos del matrimonio y el deber permanente de mantener a los menores que hayan registrado como hijos de la unidad familiar.
Si hay hijos menores de dieciséis años, o mayores de esa edad que estén estudiando o recibiendo formación profesional, el demandante debe cumplimentar un formulario (formulario M4) donde se establezcan los acuerdos en relación con ellos. En el formulario se insta a las partes a tratar de llegar a un acuerdo en relación con las propuestas para el futuro de sus hijos. No obstante, si no llegan a un acuerdo, el demandado tendrá la oportunidad de presentar sus observaciones sobre los acuerdos propuestos, y el tribunal podrá ejercer sus competencias en el marco de la Ley del menor [Children (Northern Ireland) Order 1995], para decidir, por ejemplo, dónde deben vivir los hijos.
El deber de pagar alimentos al otro cónyuge cesará con el divorcio, salvo en el caso en que el tribunal haya dictado un auto de pago o reparto de bienes.
Una demanda de separación judicial puede presentarse si un matrimonio se rompe pero, por un motivo u otro, el demandante no quiere obtener el divorcio. Si el demandante obtiene una sentencia de separación judicial, desaparece la obligación de convivencia. No obstante, no podrá volver a contraer matrimonio. Se puede presentar una demanda de divorcio tras haber obtenido una resolución de separación judicial.
Al presentar una demanda de separación judicial, no es necesario demostrar que el matrimonio se ha roto de forma irreparable.
Los cónyuges no tendrán que continuar conviviendo. Si existe una sentencia de separación judicial y uno de los cónyuges fallece sin hacer testamento (intestado), sus bienes se distribuirán como si el otro cónyuge también hubiese fallecido y este perderá todos los beneficios que hubiera podido obtener. Las competencias del tribunal en cuanto al reparto de bienes son prácticamente las mismas tanto para la separación judicial como para el divorcio. No obstante, el tribunal no puede dictar un auto en materia de reparto de pensiones.
Una sentencia de nulidad se concede si el demandante demuestra que el matrimonio es nulo o anulable. Un matrimonio nulo es aquel que nunca debería haberse celebrado y que se considera que nunca ha tenido valor legal. Un matrimonio anulable se reconoce y continúa hasta su disolución.
Un matrimonio es nulo y no válido si se demuestra alguno de los siguientes hechos:
Las partes tienen una relación de parentesco muy cercana.
Una de las partes es menor de dieciséis años.
No se han llevado a cabo los trámites apropiados del matrimonio.
Las partes no son de sexos diferentes (la pareja debe estar compuesta de un hombre y una mujer).
Si se trata de un matrimonio polígamo celebrado fuera de Irlanda del Norte, uno de los cónyuges estaba domiciliado en Irlanda del Norte en el momento de contraer matrimonio.
Un matrimonio es anulable si se demuestra alguno de los siguientes hechos:
No se ha consumado por la incapacidad de uno de los cónyuges.
Uno de los cónyuges se ha negado a consumarlo.
Una de las partes no dio un consentimiento válido para contraer matrimonio (por ejemplo, porque actuó bajo presión o coacción para dar su consentimiento o porque estaba equivocada acerca de la naturaleza de la ceremonia).
En el momento del matrimonio, uno de los cónyuges padecía una enfermedad mental.
En el momento del matrimonio, uno de los cónyuges sufría una enfermedad de transmisión sexual.
En el momento del matrimonio, la esposa estaba embarazada de una persona que no era su marido.
Si se solicita una declaración de nulidad basada en uno de los cuatro supuestos anteriores, deberá presentarse en el plazo de tres años a partir de la fecha en que se celebró el enlace. No obstante, en determinadas circunstancias, el tribunal puede admitir a trámite una demanda presentada fuera de dicho plazo.
Si la demanda se fundamenta en los últimos dos hechos, el demandante tendrá que demostrar que, en el momento del matrimonio, no tenía constancia de la enfermedad o del embarazo de su cónyuge.
El tribunal no invalidará un matrimonio anulable si el demandado demuestra que:
El demandante sabía que el matrimonio podría anularse, pero se comportó como si creyera razonablemente que no se solicitaría la anulación.
Si un matrimonio se declara nulo, no tendrá validez alguna y se tratará como si nunca hubiera existido. Si un matrimonio es anulable, se tratará como si no hubiera sido válido desde la fecha de la sentencia firme de nulidad.
Existen una serie de organismos en Irlanda del Norte que prestan servicios de mediación (por ejemplo, Relate). La mediación puede facilitar los trámites del divorcio, entre otros, los acuerdos económicos y las cuestiones relativas a la responsabilidad parental.
Las demandas de divorcio, separación judicial o nulidad pueden presentarse en el Tribunal Superior (High Court) o en un tribunal de condado competente en divorcios (divorce county court). No obstante, si un demandado recurre una demanda presentada en un tribunal de condado, el caso se elevará al Tribunal Superior.
Las direcciones y los números de teléfono de los tribunales están disponibles en el sitio web del Northern Ireland Courts and Tribunals Service.
Para poder incoar procedimientos judiciales en este ámbito, deberá presentar una serie de formularios en el tribunal competente acompañados de:
el certificado de matrimonio original (no una fotocopia), acompañado de una traducción jurada y de una declaración jurada si el matrimonio se celebró fuera de Irlanda del Norte;
la partida de nacimiento original de todos los hijos de la pareja menores de dieciocho años (debe ser una versión completa donde aparezcan todos los detalles de los padres y los hijos);
una copia de las resoluciones judiciales a las que se haga referencia en la demanda;
el original, además de dos copias, de cualquier acuerdo (por ejemplo, el régimen económico) que vaya a formalizar el tribunal;
las costas procesales (la secretaría del tribunal podrá informar sobre las tasas en vigor).
La secretaría del tribunal podrá facilitar copias de los formularios y explicar cómo cumplimentarlos. No obstante, el personal del tribunal no puede ofrecer asesoramiento letrado o decirle lo que debe alegar.
El interesado tiene derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. No obstante, el nivel de ayuda económica facilitada, si procede, está sujeto a una comprobación de los recursos económicos. A pesar de ser considerado apto para beneficiarse de ayuda económica, deberá realizar una aportación para cubrir los costes. En virtud de un acuerdo, esta aportación podrá reembolsarse al departamento de asistencia jurídica gratuita (Legal Aid Department) durante un período de tiempo. Además de criterios de admisibilidad financiera, también deberá superar la evaluación de los fundamentos, es decir, demostrar la existencia de fundamentos razonables para incoar el proceso o defenderse ante el tribunal y que, en las circunstancias del caso, hay razones para concederle la asistencia jurídica gratuita.
Una sentencia firme de disolución o nulidad del matrimonio no puede recurrirse si la parte perjudicada ha tenido la oportunidad de apelar contra la sentencia provisional (decree nisi) y no lo ha hecho. Asimismo, los autos dictados con el consentimiento de las partes solo pueden recurrirse con la autorización del tribunal. El tribunal de apelación tiene competencias para ratificar, anular o modificar la resolución original.
El Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, «el Reglamento»), establece que las resoluciones judiciales de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictadas en un Estado miembro se reconocerán en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno (distinto del establecido en el propio Reglamento).
Una parte interesada puede solicitar el reconocimiento de la sentencia, y las razones para denegar el reconocimiento están estrictamente limitadas (por ejemplo, el reconocimiento podrá denegarse si la resolución es contraria al orden público).
La solicitud de reconocimiento debe presentarse ante el Tribunal Superior de Irlanda del Norte.
Si el Reglamento no es aplicable, podrá aplicarse el artículo 46 de la Ley sobre Derecho de familia de 1986 (Family Law Act), que establece las condiciones generales para el reconocimiento de un divorcio, una separación legal o una anulación obtenidos en el extranjero.
Las solicitudes de reconocimiento de divorcios, separaciones o anulaciones concedidos en el extranjero deben presentarse ante el Tribunal Superior. La solicitud se presenta en forma de demanda, que deberá ir acompañada de una copia de la resolución de divorcio, separación o anulación.
Habida cuenta de que el Tribunal Superior es el organismo competente para el reconocimiento de divorcios, separaciones o anulaciones matrimoniales (en virtud del Reglamento y de la Ley sobre Derecho de Familia de 1986), las objeciones al reconocimiento propuesto también se resolverán en dicho Tribunal. Los motivos de denegación del reconocimiento se establecen en el artículo 15 del Reglamento y en el artículo 51 de la Ley sobre Derecho de Familia de 1986.
Si un tribunal de Irlanda del Norte decide que tiene jurisdicción para tramitar el divorcio, la separación o la anulación, aplicará la legislación de Irlanda del Norte.
Un tribunal de Irlanda del Norte será competente para conocer de asuntos de divorcio o separación judicial (aunque el matrimonio se haya celebrado en el extranjero) si:
el Reglamento le reconoce dicha competencia; o.
en virtud del Reglamento, ningún tribunal de un Estado contratante (es decir, uno de los Estados que inicialmente era parte del Reglamento o un Estado que lo adoptó posteriormente) es competente en la materia y una de las partes tenía su domicilio en Irlanda del Norte cuando se incoaron los procedimientos judiciales.
Un tribunal de Irlanda del Norte tendrá jurisdicción para conocer de los asuntos de nulidad matrimonial (aunque el matrimonio se haya celebrado en el extranjero) si:
el Reglamento le reconoce dicha competencia; o
en virtud del Reglamento, ningún tribunal de un Estado contratante tiene competencia en la materia y una de las partes de la unidad matrimonial:
tenía su domicilio en Irlanda del Norte en la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales;
falleció antes de dicha fecha teniendo su domicilio en Irlanda del Norte o tuvo su residencia habitual en Irlanda del Norte durante un año hasta la fecha del fallecimiento.
Puede encontrar más información sobre la asistencia jurídica gratuita en el sitio web Northern Ireland’s Legal Aid Department.
Puede encontrar más información sobre la mediación en los sitios web Relate NI y UK College of Family Mediators.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 resolución 
 artículo 15
 artículo 51