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Timestamp: 2020-02-19 20:28:47+00:00

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664-BUCR-09. res solicita 82 % movil jubilaciones petroleros YPF | Jubilación | Salario
Artículo 1°.- SOLICITAR a los señores legisladores nacionales por la provincia de Santa Cruz ante el Congreso de la Nación Argentina, promuevan las iniciativas parlamentarias, políticas y legislativas, conducentes a la modificación del régimen legal previsional nacional en sus partes pertinentes, con el fin de establecer un haber jubilatorio equivalente al 82 % móvil en la determinación, liquidación y pago de las jubilaciones de los trabajadores del petróleo y gas de la República Argentina.
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ENTRO: 07/10/2009
PROY Nº: 664
Artículo 1°.- SOLICITAR a los señores legisladores nacionales por la provincia de
Santa Cruz ante el Congreso de la Nación Argentina, promuevan las iniciativas
parlamentarias, políticas y legislativas, conducentes a la modificación del régimen
legal previsional nacional en sus partes pertinentes, con el fin de establecer un
haber jubilatorio equivalente al 82 % móvil en la determinación, liquidación y pago
de las jubilaciones de los trabajadores del petróleo y gas de la República
Artículo 2º.- PROPONER como texto del régimen legal especial solicitado, el
“Artículo 1º. Se establece para el personal de la actividad de
exploración y explotación de hidrocarburos de la República Argentina,
el régimen especial previsional, con percepción del 82% móvil de la
remuneración total según los requisitos y modalidades de la presente
Artículo 2º. Se entienden comprendidos en los términos del artículo
primero a todos los trabajadores que se desempeñen o en la actividad
de exploración y explotación de hidrocarburos, y a quienes lo hayan
hecho en empresas de la misma actividad del Estado Nacional.
Artículo 3º. Tendrán derecho a la jubilación del presente régimen los
trabajadores que acrediten la cantidad de años de servicios
computables en cualquier régimen comprendido en el sistema de
reciprocidad jubilatoria, de los cuales quince años continuos o veinte
años discontinuos deberán ser de la actividad hidrocarburífera.
Artículo 4º. Se considerará remuneración total para el cálculo del
haber previsional a la percibida en una o más empleadoras, incluidos
suplementos y compensaciones sujetos a aporte, por un lapso mínimo
de veinticuatro meses consecutivos, los que deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de cese definitivo. Los montos
que provengan de actividades simultáneas se adicionarán sólo cuando
provengan de la misma actividad y hasta el monto estipulado por la
Cuando la mayor remuneración no pudiera contabilizarse por
incumplimiento del plazo mínimo previsto en el párrafo precedente el
haber se calculará tomando como base la remuneración anterior que
hubiere permanecido por igual término.
Artículo 5º. El aporte personal a cargo de los trabajadores
comprendidos en la presente ley será el definido en el artículo 11 de la
ley 24.241 y sus modificatorias y reglamentarias del SISTEMA
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) al que se le adicionará una
alícuota diferencial del 2 %. La contribución patronal a cargo del
empleador se incrementará en un 5 % por sobre la prevista para el
Artículo 6º. El haber previsional calculado según las normas de la
presente ley, no podrá ser inferior al cien por ciento (100 %) del salario
básico de convenio para la actividad petrolera, con más los
adicionales remunerativos correspondientes.
Artículo 7º. Retiro Por Invalidez. Tendrán derecho a percibir Retiro por
Invalidez los trabajadores que se incapaciten en forma total física o
intelectual por cualquier causa y que no tengan derecho a Jubilación
Ordinaria. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez
produzca en su capacidad laborativa una disminución del 66% o más.
Artículo 8º. La determinación de la disminución de la capacidad
laboral estará a cargo de las comisiones médicas dependientes de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, bajo las normas de
procedimiento y revisión que establecerá la reglamentación.
Artículo 9º. El haber de la prestación de jubilación por Invalidez será
calculado bajo las condiciones y porcentajes de la Jubilación
Artículo 10º. Pensión por Fallecimiento. En caso de muerte del
jubilado, del beneficiario de jubilación por Invalidez o del trabajador en
la actividad descripta en el artículo 2º, gozarán de pensión por
fallecimiento los derechohabientes que se enumeran en el Art. 53 de
la ley 24.241 sus modificatorias y reglamentarias.
Artículo 11º. El haber de la pensión por fallecimiento se calculará bajo
las condiciones y porcentajes de la Jubilación Ordinaria.
Artículo 12º. Las disposiciones de la presente ley no son aplicables
para la obtención y determinación del haber de la Jubilación por Edad
Artículo 13º. Movilidad. Los haberes previsionales serán móviles y
estarán ligados a los aumentos de los salarios de los trabajadores en
Artículo 14º. Prestaciones otorgadas por una ley anterior. Los
beneficiarios de prestaciones de jubilación ordinaria, retiro por
invalidez y pensión por fallecimiento otorgadas bajo el amparo de las
leyes 18.037, y 24.241 y sus modificatorias podrán solicitar la inclusión
en sus términos, siempre que se acrediten los extremos de ésta y se
devengarán desde la solicitud.
Artículo 15º. La presente ley regirá a partir del día siguiente al de su
promulgación.”
Artículo 3º.- COMUNIQUESE a los señores Diputados Nacionales y Senadores
Nacionales por la Provincia de Santa Cruz.
Por el presente proyecto de resolución, venimos a
promover la modificación de la legislación nacional provisional vigente en lo
pertinente, por intermedio de los legisladores nacionales por la provincia de Santa
Cruz en el Congreso Nacional, promoviendo a tal fin las iniciativas políticas,
parlamentarias y legislativas conducentes para que la totalidad de los jubilados de
la actividad laboral del petróleo y gas de la Republica Argentina, sea beneficiada
con la determinación y liquidación de su haber previsional equivalente al 82 %
móvil, calculada sobre la mejor remuneración percibida durante los últimos 24
meses anteriores al cese de prestación de servicios.
En nombre de los jubilados y pensionados de la
desaparecida empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de la
empresa GAS DEL ESTADO, y de las empresas privadas de la misma actividad,
que perciben una jubilación deplorable, que han visto rota toda proporcionalidad
entre el haber previsional y el salario real que percibieron en actividad, venimos a
promover la modificación de las leyes nacionales y su respectiva reglamentación
que resulte pertinente, a fin de reconocérseles la percepción de un haber
jubilatorio no inferior al 82 % móvil.
El régimen previsional argentino es un sistema de
reparto solidario que tiene por finalidad esencial pagar con sus ingresos las
prestaciones previsionales en los términos del Art. 14 bis Constitución Nacional.
Desde que se eliminó el régimen de capitalización con
la sanción de la ley n° 26.425 -20 noviembre 2008-, la ANSES tiene recursos
suficientes para pagar correctamente los haberes, restablecer la escala de
proporcionalidad y el carácter sustitutivo de las jubilaciones respecto de los
salarios, y fijar el 82% móvil como pauta de actualización.
Desde el 1/4/1991, en adelante, se congelaron las
prestaciones previsionales, produciendo esta medida un deterioro importante en
los haberes que impactó, en mayor medida, con la salida de la convertibilidad
(01/2002).
Este deterioro no fue subsanado, ni por los gobiernos,
ni por los fallos de la Corte, dado que estos últimos solo se aplican en los juicios
individuales al negarse ANSES a generalizarlos a todos los casos similares.
En 1991, solo el 20% de los jubilados percibían el
mínimo de $ 150, mientras que el 80 % cobraba una suma mayor; hoy la situación
es prácticamente la inversa, el 80% percibe el mínimo de $ 770, y el 20% cobra
por encima de ese valor. Claramente se puede apreciar que los jubilados y
pensionados han sido sacrificados durantes más de dos décadas argumentando
La ANSES fue desfinanciada deliberadamente, primero
por la reducción de las contribuciones patronales y, luego, por la transferencia de
los aportes de los trabajadores a las AFJP. La eliminación del régimen de
capitalización, no ha servido hasta la fecha para mejorar la situación de los
jubilados, por el contrario, se ha mantenido el atraso y envilecimiento en las
prestaciones. Seguimos reclamando el reestablecimiento de las contribuciones
patronales en su totalidad.
En la actualidad se obliga a cientos de miles de
jubilados a realizar un juicio, durante años, para obtener en una sentencia lo que
ya fue reconocido por la Corte, y los jueces en casos similares (Sánchez, Badaro,
etc.). Mientras tanto asistimos a una disposición discrecional y arbitraria de los
recursos de la ANSES, tanto para financiar al Estado, como a los privados.
En lugar de funcionar como un régimen de reparto
solidario ANSES funciona como un sistema de capitalización, que presta o invierte
el dinero en distintos emprendimientos. Se subvierten en forma deliberada los
fines de la institución de la seguridad social. En vez de garantizar el pago de las
jubilaciones y pensiones los recursos previsionales son invertidos en distintas
operaciones de salvataje de empresas, necesidades coyunturales del Estado o
préstamo de dinero a sectores de mayor capacidad económica de la sociedad. Es
decir, los recursos de la ANSES –salario diferido de los trabajadores- sirven para
financiar a grupos económicos y a sectores altos o medios con recursos. En
ningún caso para mejorar la calidad de vida de los trabajadores o de los jubilados
que no son destinatarios de esos préstamos.
Estamos en presencia de una práctica de solidaridad
inversa, de los que menos tienen a favor de los que más tienen, o del propio
Estado que mantiene un sistema tributario regresivo, en que, también, pagan más
impuestos los que menos tienen.
Entendemos que los recursos previsionales deben
destinarse para cumplir con los fines y derechos reconocidos por la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para que todos los
jubilados y pensionados tengan una vida digna.
Decimos hay recursos en el sistema previsional. Hay
recursos para elevar la jubilación mínima por encima de la línea de la pobreza y
acorde con las necesidades de una canasta básica familiar; hay recursos para que
se vincule la jubilación mínima con el salario mínimo vital y móvil, elevando los
haberes inmediatamente a $ 1.600.; hay recursos para restablecer la
proporcionalidad entre los haberes y el salario en actividad -82 % móvil-.
El dinero recuperado de las AFJP es dinero de los
trabajadores, afectado a un fin solidario y de reparto, está siendo utilizado con
fines diferentes, ni siquiera vinculados con los sectores de la sociedad de menos
recursos, generando, además, incertidumbre sobre el futuro de todo el sistema
La realidad muestra que no se quiere cambiar esta
realidad, para restablecer los derechos de los trabajadores activos y pasivos de la
actividad del petróleo y gas, estatales y privados, el 82% móvil, vinculado con el
salario en actividad, como derecho humano fundamental.
El presente Proyecto de ley trae consigo la
reivindicación que implica restituir un régimen jubilatorio que estuvo vigente, que
acordó a los trabajadores el derecho a percibir el 82% móvil del salario que
percibían al momento de jubilarse -siempre que se cumpliera con un mínimo de
recaudos los que en éste nuevamente se recrean- y que fue derogado por la
necesidad de sustentar un sistema con severas necesidades y en protección del
En efecto, la Ley 22.955 sancionada en 1983 estableció
un régimen jubilatorio que generó como beneficio - previa acreditación de ciertas
condiciones - el derecho al 82% móvil del personal estatal. Sin embargo la Ley
23.966 de Emergencia Económica dispuso entre otras medidas, en el Título I del
"Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social" en su Título V, la
Derogación de regímenes de jubilaciones especiales, entre los que estaba
contemplada la ley 22.955. Dejó sin vigencia a todas aquellas disposiciones que,
modificaban requisitos o condiciones fijados por la ley 18.037. Pero antes de que
la derogación de los regímenes especiales se hiciese efectiva, se dictaron un
conjunto de disposiciones destinadas a mantener, aunque con restricciones,
sistemas previsionales que se consideraron que justificaban un tratamiento
diferenciado en virtud de las características de sus actividades. Tal el caso de la
ley 24.016 para los docentes, la ley 24.017 para actividades insalubres, tareas
penosas y riesgosas, determinantes de vejez prematura y la ley 24.018 para los
representantes de los tres poderes del Estado de la ex Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires etc. Por su parte, la ley 24.019 restableció la vigencia, a partir del
1/1/1992, de los sistemas jubilatorios de los investigadores científicos y
tecnológicos, guardaparques nacionales, personal del servicio exterior de la
Nación, etc. El régimen de la ley 22.955, no fue repuesto ni se creó uno nuevo
para abarcar las actividades que habían justificado su instalación. Por tal motivo, a
partir del 1/1/1992, en virtud de la ley 23.966 los trabajadores dedicados a esas
tareas pasaron nuevamente al sistema general de la ley 18.037. Situación que se
mantuvo al dictado de la ley 24.241 que creo el sistema Integrado de Jubilaciones
Sin perjuicio de ello, la ley 24.019, en la segunda parte
del Art. 4, dispone: que los que ya eran beneficiarios de los regímenes derogados
por la ley 23.966 y sus futuros causahabientes, como por ejemplo la ley 22.955,
conservarán todos los derechos de las leyes vigentes a la fecha del cese del titular
o al 31/12/1991. En punto a la movilidad, introdujo una restricción solo temporal
por el plazo de cinco años, ya que a partir de su promulgación "los montos móviles
de las jubilaciones no podían superar el 70%, de las remuneraciones asignadas a
la categoría, cargo, o función que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la
jubilación...". Es decir, que desde el 1/1/1992, los trabajadores antes
comprendidas por la ley 22.955, son regidos por el sistema común aplicable a
todos los empleados en relación de dependencia. La ley 24.019 mantuvo para
ciertos trabajadores la movilidad de la ley 22.955 a fin de priorizar la concreta
prestación de servicios bajo ese régimen, lo que no ocurrió con el personal no
docente de universidades públicas que vuelve a quedar incorporadas en el marco
de la ley 18.037, que no había perdido su vigencia por aplicación de la ley 22.955
sino que solamente había modificado los requisitos y o condiciones establecidas
en la ley general.
Con el advenimiento del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, se consolidó esta injusta situación que luego se reforzó
con el dictado de la ley de Solidaridad Provisional, 24.463, que en la parte final de
su Artículo 7° estableció: ‘…En ningún caso esta movilidad podrá consistir en
una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de
los activos.’
En el contexto actual, lejos de sostenerse la situación
antes descripta, el Sistema se ha convertido en superavitario, a tal punto que la
creación del Fondo de Sustentabilidad propicia el pago de compromisos del
sistema, lo que pone de relieve el cambio de condiciones y hace oportuno el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Es casi ocioso reiterar, que con la ESTATIZACION
TOTAL DEL SISTEMA, y las modificaciones introducidas en cuanto al
financiamiento global del sistema, no hay justificación alguna en sostener la
inaplicabilidad de un régimen que plasmaba garantías constitucionales que hoy no
solo están ausentes, sino que constituyen actos de discriminación flagrante frente
a las reivindicaciones de otros colectivos –Ej.: la reciente aprobación de la ley del
82 % móvil para los docentes universitarios, por el Senado de la Nación el pasado
20 de agosto, aún pendiente de promulgación-.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna dispone "El
Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter integral
e irrenunciable...". El principio de integralidad se refiere a la protección global
contra las contingencias sociales. El principio de irrenunciabilidad destaca el
carácter obligatorio de la incorporación a los sistemas de seguridad social...".; El
artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
establece "Toda persona tiene derecho a que la seguridad social la proteja contra
las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
provenientes de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios de subsistencia."; El artículo 25 inciso 1 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos dice "Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el
bienestar, y en especial el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad" .
Más allá de lo dogmático, actuarialmente el incremento
porcentual del 2% en los aportes obligatorios y del 5 % en las contribuciones
patronales, abonan financieramente la ecuación de sustentabilidad del régimen.
Entonces, es pertinente promover la modificación de
esta legislación especial en las partes pertinentes por ante el Congreso Nacional,
canalizando dicha iniciativa a través de los legisladores nacionales por la Provincia
de Santa Cruz, destacados en el seno dicho Parlamento.
En el entendimiento de que es una medida de absoluta
justicia la aplicación irrestricta del 82 % móvil, para todos los jubilados de la
actividad laboral vinculada a la exploración y explotación de petróleo y gas natural,
es que propiciamos la sanción expeditiva del presente proyecto de resolución.
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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
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Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

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 artículo 2

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 3
 Artículo 7
 artículo 14
 artículo 25