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Timestamp: 2018-09-24 14:16:33+00:00

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﻿ Sentencia 1990-00842 de abril 14 de 2010
CONTENIDO:SALVEDADES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO APLICAN FRENTE A LAS PARTES CONTRATANTES. ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007 DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE EL DERECHO A EFECTUAR SALVEDADES LE ASISTE A CONTRATISTA Y CONTRATANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATISTA, DERECHOS DEL CONTRATISTA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARTES DEL CONTRATO, DERECHOS DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Sentencia 1990-00842 de abril 14 de 2010
Actor: Asesoría técnica comercial S.A.
Hay que destacar que en los diferentes cuadernos que componen el expediente, obran muchos documentos aportados en copia simple, es decir, que no se trata de documentos originales ni de copias autenticadas ante notario, o provenientes de funcionario público, artículos 252 y 254 Código de Procedimiento Civil, de manera que la Sala no los valorará. Esto ocurre, especialmente, con el legajo denominado “anexos del cuaderno 3”.
No obstante, sí está acreditado, con prueba documental y testimonial válidamente aportada y practicada, que entre las partes se celebró el contrato al que aluden los hechos de la demanda y de la contestación, folios 4 a 13, cuaderno 1, y que el departamento de Antioquia declaró su caducidad, mediante las resoluciones 0126 y 0216 de 1990 —esta última confirmó la primera— (fls. 27 a 36, cdno. 1), porque el contratista no cumplió con la obligación de adquirir un número mínimo de botellas de aguardiente que produce la Fábrica de Licores de Antioquia, para distribuirlas en los EE. UU. Esta razón sirvió de fundamento para la primera decisión.
Sin embargo, al resolver el recurso de reposición, y en virtud de los argumentos expuestos por el recurrente, la entidad amplió sus consideraciones y precisó la decisión aduciendo que el contratista incumplió la capacidad ofrecida para gestionar en los EE. UU los trámites necesarios para hacer la exportación del licor, los cuales demostró desconocer. De otro lado —agregó la entidad—, la FLA fue diligente en los trámites que tenía a cargo para colaborar con el contratista en las gestiones que se debían adelantar ante las autoridades de EE. UU. Todo esto condujo a calificar al contratista de incapaz para desarrollar el negocio, pues la FLA fue diligente al atender las necesidades que aquél tenía para obtener la aprobación que se requería para exportar el producto hacia los EE. UU.
En el recurso de apelación que se estudia, el apelante cuestionó que los actos administrativos demandados solo adujeron una razón para declarar la caducidad —el incumplimiento en la adquisición de las cantidades mínimas anuales de licor—, mientras que el a quo agregó otras razones que justificaron la decisión administrativa, es decir, analizó presuntos incumplimientos del contratista que no alegó la entidad estatal, a quien le correspondería hacerlo.
Para la Sala, el análisis del a quo es correcto, pues no es verdad que la única razón aducida por el departamento, para declarar la caducidad, haya sido el incumplimiento de “las compras mínimas”, porque en la segunda resolución -y ante los argumentos de defensa del contratista- le justificó el alcance de las infracciones, relacionadas con el problema de cumplimiento de la más importante obligación del contrato objeto de este proceso: la compra del licor a la FLA.
De otro lado, en relación con la mora que el apelante imputa al actor, por la falta de cuidado y esmero en el cumplimiento de sus obligaciones, la Sala encuentra que desde el momento en que se adjudicó el contrato y hasta su legalización, la conducta de la parte actora no fue tan diligente como ella pretende mostrar, porque está acreditado que el 28 de octubre de 1988 la FLA le remitió la minuta del contrato para la firma —comunicado 1000868 (fls. 104 a 105, cdno. 1)—, gestión sobre la cual tuvo que insistir la entidad, un mes y medio después, para que Asesoría Técnica Comercial S.A. la regresara —comunicación de diciembre 9 de 1988, identificada con el Nº 101997 (fl. 113, cdno. 1)—. Finalmente, el documento solo retornó el 22 de diciembre de 1988 -(casi dos meses después) comunicación suscrita por el adjudicatario Nº atc-378 (fl. 106, cdno. 1)—. El contrato, finalmente, lo suscribió el departamento el 12 de enero de 1989.
Posteriormente, el contrato se legalizó el 14 de marzo de 1989. Sin embargo, el contratista aportó el 5 de abril de 1989 el comprobante de publicación, de manera que su diligencia no está precisamente demostrada en estos hechos —folios 107, cuaderno 1—.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones principales del negocio, en la fase inicial, informan los peritos que desde el 9 de marzo de 1989 —es decir, antes de la legalización— el contratista, a través de un agente suyo en los EE. UU., inició oportunamente el trámite para obtener la autorización de exportación del licor desde la ciudad de Medellín, pero resulta que le devolvieron los papeles aportados, porque diligenció mal el modelo que exigía la autoridad gubernamental encargada de ello, es decir el BATF —Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms— (fl. 406, cdno. 5). Se trató de una pérdida de tiempo, desde los primeros días, indiscutiblemente imputable al contratista, que empieza a mostrar desde muy temprano que no estaba preparado para ejecutar el contrato, y que carecía de la experiencia en la distribución de licores en los EE. UU.; la que aseguró tener cuando presentó su propuesta.
Continuando con ese trámite, el actor prueba con la comunicación atc-460, de abril 19 de 1989 —folio 108, cuaderno 1—, que solicitó al gerente de la FLA un informe técnico que tuviera “una sinopsis del proceso del aguardiente antioqueño así como también el análisis de laboratorio sobre el mismo producto”, con el fin de avanzar en el proceso de aprobación de la “etiqueta” de los productos a exportar, requisito que exigía el BATF para autorizar la introducción del licor. Esta solicitud fue atendida por la FLA el 25 de abril de 1989 —comunicación 105747 (fl. 110, cdno. 1)—, es decir, menos de una semana después, tiempo que la Sala estima —al igual que lo hizo el a quo y el Ministerio Público—, bastante oportuno para colaborar con el contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, atendiendo a la complejidad de la información solicitada. De esta manera, en lugar de demostrarse la falta de colaboración de la FLA, lo que se acredita es su gestión eficaz para facilitar al contratista los trámites que se obligó a realizar para exportar el licor.
Con posterioridad, el 9 de mayo siguiente —según el dictamen pericial— el contratista pidió a la FLA que le entregara, en idioma inglés, los textos de las etiquetas que identificarían el producto. Aquí se debe aclarar, según se deduce de las pruebas y los argumentos de las partes, que la “aprobación de la etiqueta” era la condición exigida para exportar el producto, de allí que el trámite en el BATF de los EE. UU. giraba alrededor de este asunto. Pues bien, lo cierto es que el 22 de mayo siguiente la FLA entregó lo solicitado. Para la Sala no deja de sorprender que esta petición no se le hubiera hecho antes a la entidad —pues el contratista había pedido los textos en español—, lo cual muestra, a estas alturas de la ejecución del contrato —dos meses después de iniciado—, que aquél no tenía claro el trámite que debía adelantar ante las autoridades de los EE. UU. Pero en medio de todo, el tiempo de respuesta de la FLA fue bastante bueno, es decir, que para este momento no se le puede imputar desidia o mora en la atención de las solicitudes que le hacía el contratista —folio 406, cuaderno 5—.
Los peritos dan cuenta de otra solicitud del contratista, de índole técnica, necesaria para continuar con el proceso de aprobación de la etiqueta. Se trataba de remitirle la “aclaración sobre mosto en la elaboración del aguardiente antioqueño”. Ese mismo día la entidad pública respondió esta solicitud —folio 407, cuaderno 5—. Hasta ahora el actor tampoco demuestra de qué manera la FLA no cumplió sus obligaciones, y en cambio comienza a perfilarse la idea de que era él quien desconocía el trámite para obtener la autorización que le permitiera introducir el licor a los EE. UU., lo que empezaba desesperar a la entidad, pues quería vender su producto en dicho mercado.
Para el mes de agosto —5 meses después de legalizado el contrato— el contratista aún no había cumplido ninguna de sus obligaciones, porque frente a varias preguntas que la Compañía Aseguradora del contratista le formuló a la entidad estatal —deseosa de conocer, por su propia iniciativa, el estado de ejecución del contrato—, la entidad le respondió que aún no contaban con la autorización para ingresar el licor a los EE. UU., ni se había adquirido una sola botella de licor de las que se había comprometido el contratista en ese año —folios 1 a 2, cuaderno 2—.
Días después ese mismo análisis se lo presentó la FLA al contratista, preocupada por la falta de avance en la ejecución del contrato —comunicación 108506, folio 4, cuaderno 2—, quien respondió admitiendo que: “realmente no esperábamos tener tantas dificultades ante las autoridades de Estados Unidos para la aprobación de la etiqueta, requisito indispensable para la introducción en este territorio de los licores…”. A continuación prometió enviar a EE. UU. un empleado de la sociedad para agilizar la aprobación de los permisos. Finalmente, le pidió a la FLA: “comprender que cuando se trata de trámites oficiales ante autoridades estatales estas son lentas y complicadas” —comunicación atc-522 de agosto 12 de 1989, folio 5, cuaderno 2—.
La Sala deduce de esta comunicación que para la fecha —cinco meses después de legalizado el contrato— era evidente el retraso, y que la responsabilidad no era de la FLA, porque Asesoría Técnica Integral S.A. admite que se debe a los múltiples trámites administrativos en los EE. UU., que impiden desarrollar adecuadamente el contrato. Por lo menos, ninguna imputación de culpabilidad le endilga a la entidad estatal, cuando pudo hacerlo, si acaso para esa fecha las circunstancias lo indicaban. Por el contrario, el actor se excusa con su contratante, y le pide comprensión por la demora que han ocasionado los trámites a su cargo.
Entre otras cosas, esta declaración del contratista se contradice con la oferta que presentó para obtener la adjudicación del negocio, pues allí afirmó conocer suficientemente el mercado de la comercialización de licores en los EE. UU., y no es lógico que un experto en el negocio tenga tantos inconvenientes —y sobre todo, algunos tan elementales— para obtener los permisos y cumplir con los requisitos administrativos y técnicos que exigían las autoridades norteamericanas para comercializar los productos de la FLA.
El 23 de agosto, no obstante, el contratista informa a la entidad pública que por fin obtuvo la aprobación de la etiqueta, en sus palabras, “después de un largo viacrusis”, y que a partir de la fecha se podía exportar el licor —comunicación atc —533, folio 54, cuaderno 2—. También indicó que se debían hacer cambios en las etiquetas, por instrucciones o condiciones impuestas por el organismo competente de los EE. UU. —es decir, por el BATF—.
Continuando con este proceso de la autorización, a finales de septiembre de 1989 el contratista advirtió que se presentó otro tropiezo durante el trámite, porque la etiqueta aprobada era distinta a otra autorizada por la misma autoridad norteamericana, solo que a otro contratista del departamento de Antioquia que comercializaba el licor pero en los Estados de Georgia y Florida, y sobre la cual la FLA estaba interesada en que se unificaran, por razones comerciales y económicas —los costos de producción—. Finalmente se informó que se superó el impase, el 19 de septiembre del mismo año.
El contratista hizo el primer pedido de licor, bastante pequeño por cierto, sobre el cual la FLA le manifestó, el 20 de octubre de 1989 — folio 74, cuaderno 2—, que había separado un buque que trasportaría la mercancía el 3 de noviembre, pero que se requería la carta de crédito para hacer el despacho. La FLA, finalmente, no la recibió, de manera que debió cancelar todos los preparativos, quedando mal con las empresas comprometidas en la logística de la exportación — folio 75, cuaderno 2—.
Finalmente, se constituyó la carta de crédito, pero el 2 de noviembre la FLA advirtió al contratista que no cumplía con las exigencias de este instrumento de pago — folio 82, cuaderno 2—. Luego, el 22 de noviembre, la FLA acepta que se corrigieron los problemas, pero ahora resultó que la vigencia de la carta de crédito estaba próxima a vencerse, de allí que tampoco fue posible adelantar las gestiones para la exportación, hasta tanto la prorrogara el contratista — folio 84, cuaderno 2—.
Todavía el 12 de diciembre de 1989 la FLA seguía esperando al contratista, y pidiéndole que corrigiera los defectos de la carta de crédito — folio 80, cuaderno 2—. Ya habían trascurrido 9 meses de ejecución del contrato, y se había superado varios meses atrás el problema de la autorización para ingresar el licor a los EE. UU.
En enero 26 de 1990 aún no se ha realizado ningún despacho a los EE. UU. Pero el contratista le solicita a la FLA que tenga presente que la etiqueta aprobada vence el primero de marzo, de manera que pide imprimir nuevas para hacer su registro. Esta solicitud fue atendida por la FLA el 31 de enero, y prometieron entregar el 15 de febrero las nuevas — folio 91, cuaderno 2—. Finalmente esto se cumplió, según consta en la comunicación de 13 de febrero de 1990 — folio 92, cuaderno 2—. No cabe duda que la atención de la entidad a esa solicitud fue bastante aceptable, y es inadmisible imputarle mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Por el contrario, da cuenta de una gestión eficiente en relación con el esfuerzo que se hacían para exportar el producto de la FLA hacia los EE. UU.
Próximo a cumplir un año de ejecución, tres funcionarios de la FLA —incluido el gerente y un miembro de la junta directiva— viajaron a finales del mes de febrero a los EE. UU., para verificar la situación en la cual se encontraba el cumplimiento del contrato de comercialización, el cual hallaron en pésimo estado — folios 12 y 20, cuaderno 2—. A su regreso recomendaron declarar la caducidad del contrato, porque durante todo ese tiempo tan solo habían exportado 9.600 botellas de aguardiente antioqueño de 750 cm. y 1.200 botellas de 375 cm. —informe de visita que obra a folios 95 a 102, cuaderno 2—. Téngase en cuenta que el contratista se comprometió a adquirir a la FLA 84.000 botellas de aguardiente antioqueño de 750 cm, en el primer año; y 50.400 de crema de café en el mismo período —Cl. 5 del contrato—.
Además del análisis probatorio realizado, y para acreditar que la actuación de la FLA se ajustó a lo que en su momento le correspondía ejecutar, los peritos designados en el proceso indicaron que esta entidad contaba con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato suscrito con el actor, atendiendo al volumen y a la logística empresarial con que contaba la empresa — folios 402 y 409, cuaderno 5—. Igualmente, agregaron que estaba probado que la FLA tenía experiencia en la exportación de licores a los EE. UU., de manera que no se trataba de una entidad inexperta en el negocio, porque conocía la forma de ejecutar las obligaciones que como contratante asumió con el actor. Incluso —añadió el peritazgo—, hacia los Estados de Georgia y la Florida —para la fecha de los hechos— se exportaba el licor, pero téngase en cuenta que allí el contratista encargado del negocio era otro, con quien el departamento de Antioquia suscribió un contrato similar al del caso sub iudice.
Esto ratifica a la Sala que el producto que se debía exportar no fue la causa del problema en la ejecución del contrato –ni siquiera el actor afirma esto-, y del mismo modo la FLA no fue la responsable. Todo obedeció, según determinaron los peritos, y la Sala fácilmente colige lo mismo, a que “... no era posible exportar a New York o cualquiera de los otros Estados, sin el lleno de los requisitos exigidos por las autoridades federales y estatales...” —folio 411, cuaderno 5—. Esta conclusión se enfatiza a folio 413 del peritazgo.
En conclusión, el actor no acreditó los vicios que dice tienen los actos administrativos demandados. Por el contrario, la Sala encuentra probada la diligencia de la entidad en el cumplimiento de sus obligaciones, y el incumplimiento del contratista de las suyas, que fueron la causa final de que no se pudiera ejecutar el contrato, sobre todo, de que no se cumpliera la expectativa legítima de la FLA de vender el licor que debía distribuirse en parte de los EE. UU.
Todo esto le reportó grandes perjuicios a la entidad, entre ellos, la reducción de las ventas, la falta de posicionamiento de la marca en la mayor parte de los EE. UU., y la pérdida de tiempo y dinero durante el lapso en que estuvo vigente el contrato.
Finalmente, la Sala aclara que ni siquiera es necesario pronunciarse sobre la posible imputación de responsabilidad a un tercero por el incumplimiento del contrato, como lo era el BATF, pues el actor no dirigió su demanda en tal sentido, ni se esforzó en probar esto. Además, tampoco se habría acreditado que hubiera ocurrido, ya que tan pronto se superó parcialmente el impase con las autoridades de los EE. UU., tampoco se cumplió el contrato, toda vez que el contratista no compró a la FLA el licor suficiente, cuando pudo exportarlo legalmente.
De esta manera, resulta injustificada la acusación contra los actos administrativos demandados, que en criterio del apelante lo fue por falsa motivación, porque la entidad estatal actuó con descuido, impericia, negligencia y falta de preparación organizacional, así como de experiencia, lo que imposibilitó la exportación del licor, “haciendo estériles los esfuerzos del contratista para el logro del requisito… la consecuencia es que el contratista no pudo culminar las gestiones para la obtención de las licencias y los despachos para cumplir las cuotas mínimas pactadas para el primer año.” — folio 537, cuaderno principal— Es evidente que estos calificativos le son imputables, pero al actor, quien a juzgar por las pruebas analizadas no acreditó su diligencia sino la mora en el cumplimiento de las obligaciones, tanto de la inicial, la que viabilizaba la exportación —es decir, la aprobación de la etiqueta— como de la subsiguiente, es decir, la adquisición del licor para exportarlo.
Finalmente, no se dejará pasar por alto la declaración rendida por el señor Fabio de Jesús Upegui Montoya, quien fue miembro de la junta directiva de la FLA, y manifestó que, en su criterio, la responsabilidad de los hechos era de la entidad, porque era su obligación “... suministrar en forma oportuna y adecuada las etiquetas necesarias para su registro, correspondiendo a la Fábrica de Licores de Antioquia... y que la demora en la entrega de las mismas es solamente imputable a ella...”. Agregó que “... el contratista había hecho todas las diligencias, con esmero con cuidado y con la rapidez que le permitían las circunstancias...” — folios 147 a 148, cuaderno 1—. De este mismo estilo son otras afirmaciones, donde destaca favorablemente la actividad adelantada por el contratista, e imputa a la administración la culpa por el resultado negativo del contrato.
Frente a esta declaración, la Sala no puede menos que confrontarla con el resto del acervo probatorio, para concluir que carece de respaldo, en casi todas sus apreciaciones, pues de la prueba documental y pericial, bastantes coincidentes y coherentes en estos mismos temas, se deduce con facilidad que la FLA atendió con prontitud los requerimientos del contratista, y que en cambio éste se tardó demasiado en cumplir parte de sus obligaciones —concretamente la de obtener las autorizaciones para exportar el licor— y que otras, definitivamente, no las atendió como lo había prometido —se alude a las compras mínimas de licor correspondientes al primer año de ejecución—
Está demostrado que luego de declararse la caducidad, las partes suscribieron, el 24 de julio de 1990, el acta de liquidación del contrato, donde hicieron constar que el negocio jurídico se había celebrado —literal A) del acta—, que tenía un plazo de 48 meses —literal B) del acta—, que el contratista tenía la obligación de hacer unas compras mínimas de licor —literal C)—, que el departamento declaró al caducidad del contrato —literal D)— y que por tanto “... las partes acordaban dar por liquidado el contrato de la referencia —literal E)—, luego de lo cual se suscribió el documento por parte de la gobernadora del departamento y por el representante legal de la sociedad contratista.
En éste último caso, el esfuerzo que realizan puede frustrarse, es decir, no conducir a una liquidación de mutuo acuerdo, ya que las diferencias pueden ser tan profundas que impiden suscribir un documento que resuelva la situación. Cuando esto acontece, la ley contempla la posibilidad de que la administración liquide el contrato, es decir, que lo haga unilateralmente, asumiendo el poder excepcional de declarar el estado en que queda el negocio jurídico.
En este sentido, constituye requisito para la prosperidad de las pretensiones de la acción contractual la existencia de la inconformidad, que debe estar expresa y escrita en el acta de liquidación bilateral. Por esto ha considerado la Sala —sentencia de julio 6 de 2005. Expediente 14.113. C.P. Alier Hernández Enríquez— que: “... la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero si debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad…”(2) .
Este criterio aplica tanto en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, como en vigencia de la Ley 80 de 1993, y actualmente con la reforma introducida por la Ley 1.150 de 2007. En relación con las dos primeras disposiciones, la tesis se aplicó con fundamento en un criterio jurisprudencial(3) y legal(4), y frente a la última ley citada aplica, además, por disposición normativa expresa en tal sentido —artículo 11—, precepto que simplemente recogió la construcción que durante muchos años hizo el juez administrativo(5).
Pero en esta perspectiva urgen dos precisiones. En primer lugar, que el inciso final del art. 11 —citado al pie de página—, dispone que la parte que tiene derecho a efectuar salvedades, en el acta de liquidación bilateral, es el contratista, lo cual siendo cierto es insuficiente, pues resulta injustificado entender, a partir de allí —y por exclusión— que el contratante —es decir, el Estado— no tiene el mismo derecho, aduciendo que la norma no le adjudica esa oportunidad. La Sala entiende que se trata de un derecho para ambas partes: de un lado, porque a la luz del artículo 13 de la C.P.(6) resulta injustificado sostener lo contrario y, de otro lado, porque lógicamente nada se opone a que también el contratante deje observaciones por su inconformidad con el resultado del contrato.
“El acta que se suscribe, sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él...”(7).
Aplicadas estas ideas al caso sub iudice, advierte la Sala que a folios 103 a 104 del cuaderno 2 del expediente obra, en documento original, el acta de liquidación final del contrato, suscrita el 24 de julio de 1990 por los representantes legales de las partes. Allí simplemente se hizo constar, entre otras cosas menores, que se suscribió el contrato, y que luego el departamento de Antioquia declaró la caducidad. Para la Sala, esta acta no contiene lo que técnicamente debe calificarse como documento bilateral que salde el contrato, porque liquidar según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa:
“Liquidar. 1. tr. Hacer líquido algo sólido o gaseoso. U. t. c. prnl., 2. tr. Hacer el ajuste formal de una cuenta. 3. tr. Saldar, pagar enteramente una cuenta. 4. tr. Poner término a algo o a un estado de cosas. 5. tr. Gastar totalmente algo, especialmente dinero, en poco tiempo. Liquidó su hacienda en unos meses. 6. tr. Desistir de un negocio o de un empeño. 7. tr. Romper o dar por terminadas las relaciones personales. Fulano era mi amigo, pero ya liquidé con él. 8. tr. vulg. Desembarazarse de alguien, matándolo. 9. tr. vulg. Acabar con algo, suprimirlo o hacerlo desaparecer. 10. tr. Com. Dicho de una casa de comercio: Hacer ajuste final de cuentas para cesar en el negocio. 11. tr. Com. Vender mercancías en liquidación. 12. tr. Der. Determinar en dinero el importe de una deuda.”
Por tanto, la ausencia de este contenido mínimo impide asignarle a un documento —como el suscrito en el presente caso— la capacidad y la aptitud para liquidar el contrato, por adolecer del sustrato mínimo para entender que lo hace.
“Esta conclusión no cambia porque existan pruebas en el proceso acerca de las reclamaciones que durante la ejecución del contrato, presentó el consorcio demandante al IDU (fls. 66 y 68, cdno. 2), las cuales fueron negadas reiteradamente por dicha entidad (fls. 67 y 70-71). Tal circunstancia, sin embargo, no eximía al contratista de cumplir la carga de dejar las constancias concretas de inconformidad correspondientes, en el acta de liquidación, momento determinante para estos efectos, y el único relevante para que su actitud tenga efectos jurídicos a posteriori, en relación con la posibilidad de demandar” (sent. de jul. 6/2005. Exp. 14.113. C.P. Alier Hernández Enríquez).
Esta idea se reitera en la sentencia de mayo 20 de 2009 —Expediente 16.076. C.P. Mauricio Fajardo Gómez—, la cual dispuso:
“Esta conclusión no cambia porque existan pruebas en el proceso acerca de que algunas de las reclamaciones hubieren sido presentadas durante la ejecución del contrato, así: las solicitudes de ampliación del plazo en la ejecución de las obras se realizaron el 10 de enero de 1989 y el 10 de abril de 1989 (fls 71 y 94 del cdno. 1) y la actualización de precios se pidió el 13 de febrero de 1989 (fls. 73 y 74 cdno. 1). Tal circunstancia, sin embargo, no eximía al contratista de cumplir la carga de dejar las constancias concretas de inconformidad correspondientes en el acta de liquidación, momento determinante para estos efectos y el único relevante para que su actitud tenga efectos jurídicos a posteriori.
La conclusión no varía si contra el acto administrativo —en su debida oportunidad—, se interpuso el recurso de reposición, para que se revoque o modifique la decisión. El simple hecho de hacerlo solo da cuenta de que el contratista estaba inconforme con lo decidido, en ese momento, pero eso no lo exime de hacer constar en el acta su discrepancia, al final del contrato. De hecho, en este lugar también aplican las razones expuestas, esto es, que “Debe recordarse que el acto de liquidación se constituye en la expresión final de la autonomía de la voluntad de las partes que bien pueden disponer de sus derechos y obligaciones; puede acontecer que algo que fue motivo de inconformidad en el pasado resulte finalmente olvidado o que se haya comprendido -por la fuerza de las razones de la otra parte- que la exigencia no tenía razón de ser”(9).
Ahora -para detallar el tema aún más-, desde luego que si el acto administrativo contractual se demanda durante la ejecución del contrato, y antes de que se liquide bilateralmente —lo cual es posible—, se confirma con pletóricas razones la tesis expuesta, toda vez que en tal caso la decisión de poner la diferencia en manos del juez, previo a que se liquidara el negocio jurídico, se ajusta a lo analizado. En otras palabras, todo esto pone a salvo la posibilidad que tienen las partes de acudir al juez antes de liquidar el contrato, sin que sea necesario dejar luego constancia, en el acta, sobre el conflicto que ya el juez tiene en sus manos.
(1) Incluso, el Código Fiscal de Antioquia —Ordenanza 96 de 1985, aportada al proceso en copia auténtica— disponía en el artículo 234 —aplicable al caso concreto—:
“4. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme al artículo 43 de la presente ordenanza.
“Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, los contratos de suministros y de obras públicas deberán liquidarse una vez se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mimos.” —documento final ubicado en el cuaderno 2—
(2) En esta línea de pensamiento expresó esta Sección en la sentencia de 14 de febrero de 2002 —Expediente 13.600—: “... no es dable jurídicamente exigir, como lo pretende el demandado, que la objeción contenga una relación completa, sustentada y detallada de cada uno de los rubros respecto de los cuales existe la divergencia; lo que es importante es que haya manifestado su desacuerdo en forma clara y concreta”.
En este sentido también expresó la Sala: “De acuerdo con lo anterior, la nota dejada por el demandante en el acta de liquidación del contrato suscrita el 8 de abril de 1991 me reservo el derecho a reclamar, así para el juzgador pueda entenderse que es para pretender el reconocimiento de lo que reclamó directamente a la administración sin resultado positivo alguno, no abrió la instancia judicial para su examen al haber aceptado en forma expresa el acta de liquidación. Por ello, la pretensiones del demandante no están llamadas a prosperar ya que la liquidación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes y sin salvedades expresas y concretas impide el examen judicial de la revisión de los precios del contrato” (sent. de mar.9/2000, exp. 10.778.)
“Pero si el acta se suscribe con salvedades o la elabora unilateralmente la administración ante la negativa del contratista a suscribirla, le queda abierta a éste su posibilidad de impugnarla jurisdiccionalmente ante el juez del contrato.” (sent. de feb. 20/87, exp. 4838. Actor: Ingeniería Civil Ltda.)
(4) En la sentencia de esta Sección, de julio 6 de 2005 —Expediente 14.113. C.P. Alier Hernández Enríquez—, se manifestó que existen dos razones que dan soporte normativo a esta exigencia: “A este respecto se debe precisar que, el deber de dejar en el acta de liquidación, en forma clara y concreta, las constancias o reclamaciones, sí tiene fundamento normativo y por eso mismo es exigible en las relaciones contractuales.
“En segundo lugar, este deber se funda en el ‘principio de la buena fe’, el cual inspira, a su vez, la denominada ‘teoría de los actos propios’, cuyo valor normativo no se pone en duda, pues se funda, en primer lugar, en el artículo 83 de la C.P., según el cual ‘las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante estas’, y en forma específica, en materia contractual, en el artículo 1603, según el cual ‘los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella’.
“Queda, entonces, claro que la posición del a quo, compartida por esta Sala, tiene fundamento normativo suficiente, razón por la cual esta jurisdicción ha exigido su cumplimiento en las actas de liquidación bilateral de los contratos estatales” (negrillas fuera de texto)
(5) Dispone el inciso final del artículo 11 de la Ley 1.150 de 2007 que: “Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo” (negrillas fuera de texto).
(7) Sentencia de mayo 17 de 1984 —Expediente 2796. M.P. José Alejandro Bonivento—, reiterada en la sentencia de 9 de marzo de 2000 —Expediente 10778—
(8) Sentencia de noviembre 20 de 2003, Expediente 15.308. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Así mismo había expresado la Sección que: “... El acta que se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él. ... ”(sent. de jun. 22/95, Exp. 9965, C.P. Daniel Suárez Hernández)
(9) Sentencia de mayo 20 de 2009, Expediente 16.076 —C.P. Mauricio Fajardo Gómez—

References: ARTÍCULO 11
 resolución 
 artículo 13
 artículo 234
 artículo 43
 artículo 83
 artículo 1603
 artículo 11