Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A053-09.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:30:47+00:00

Document:
A053-09
Auto 053/09
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
CONFLICTO DE COMPETENCIA-Conocimiento de la Corte Constitucional para dirimir controversias entre autoridades judiciales de jurisdicciones distintas y que carecen de superior jerárquico común/CORTE CONSTITUCIONAL-Juez común de la jurisdicción constitucional
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE AUTORIDADES DE DIFERENTES JURISDICCIONES-Competencia de la Corte Constitucional
ACCION DE TUTELA-Es necesario vincular a otros no indicados por el accionante
ACCION DE TUTELA-Juez puede identificar con certeza las autoridades demandadas después de avocado su conocimiento/ACCION DE TUTELA-Competencia a prevención/DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Establece reglas de simple reparto y no de competencia
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Tribunal Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura/ACCION DE TUTELA CONTRA MINISTERIO DE EDUCACION-Competencia de Tribunal Administrativo
Referencia: expediente ICC-1357
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil nueve (2009)
1.- El señor Daniel Bayona Mendivieso, en representación de su hija Sara Sofía Bayona Rodríguez, interpone acción de tutela contra el Ministerio de Educación y el Departamento de Casanare ante los jueces del circuito de Yopal.
2.- Lo anterior, al señalar que le fue negado un cupo educativo en el nivel de pre-escolar, por no haber cumplido los 5 años de edad. En efecto, la menor contaba con 4 años y 8 meses al momento de la interposición de la acción.
3.- El Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, mediante Auto del 1 de diciembre de 2008, se declaró incompetente en el conocimiento de la acción, por cuanto dentro de las entidades accionadas se encontraba una entidad del orden nacional, esto es el Ministerio de Educación. En consecuencia, remite el proceso a los Tribunales o a los Consejos Seccionales de la Judicatura.
4.- Por su parte, el Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del 3 de diciembre de 2008, señaló que a pesar de encontrarse demandando el Ministerio de Educación, de los hechos del caso se concluía que en realidad la responsabilidad recaía en el Departamento de Casanare. En este sentido, ordenó la devolución del expediente a los jueces del circuito.
5.- Repartido nuevamente el proceso, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal señaló que no compartía los argumentos del Tribunal Administrativo de Casanare, por cuanto la conducta asumida por el Departamento es producto del cumplimiento de directrices expedidas por el Ministerio de Educación, contenidas en normas tales como el Decreto 2247 de 1997. En este sentido, la responsabilidad del Ministerio debe discutirse en el proceso y no en el auto admisorio.
6.- El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante Auto del 10 de diciembre de 2008, remite el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencia presentado.
Así las cosas, dado que el presente conflicto de competencias se presentó entre autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones, esto es, Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”
2.- Para resolver el conflicto que ahora se analiza debe considerarse las entidades públicas contra las cuales el accionante interpuso la acción de amparo. En este sentido, la Sala constata que la acción de tutela de la referencia fue interpuesta contra entidades de diferente nivel y naturaleza, lo cual imponía que el reparto se hiciera al juez de mayor jerarquía[3].
3.- No obstante esta regla de reparto, el Tribunal Administrativo de Casanare, resolvió in limine, tener sólo como demandado al Departamento de Casanare, y no al Ministerio de Educación. Frente a esta situación, la Sala Plena de esta Corporación ha dicho que: “el juez de conocimiento de una acción de amparo no le corresponde determinar a priori contra quienes debe dirigirse la acción de tutela. En este sentido, el accionante está poniendo en consideración de una autoridad judicial una presunta vulneración de sus derechos fundamentales, que considera están siendo desconocidos por las autoridades contra las que se dirige, y en consecuencia, el funcionario debe proceder a determinar, en la sentencia, la responsabilidad de las mismas.”[4]
4.- Bien puede suceder que todas las entidades o los particulares indicados en la solicitud de amparo constitucional no sean responsables de la amenaza o vulneración de los derechos. Así mismo, el juez de conocimiento, durante el trámite de la acción, puede advertir que es necesario vincular a otros no indicados por el accionante (Art. 13 Decreto 2591/91).[5]
5.- La anterior posición ha sido reiterada por esta Corporación en la definición de casos similares. En efecto, en el Auto A-112 de 2006[6] la Corte Constitucional consideró que no existe ninguna facultad que permita al juez determinar de pleno y antes de proferir sentencia, la responsabilidad de las entidades públicas frente a una posible vulneración de los derechos fundamentales[7]. En la citada providencia se señaló:
“En estas condiciones, sólo después de avocado el conocimiento de la acción de tutela o incluso con posterioridad a la práctica de pruebas, cuando ello es necesario[8], es que el funcionario judicial puede identificar con certeza, en cada caso, las autoridades públicas o los particulares que violaron o amenazaron o no el derecho fundamental objeto de protección constitucional.
De esta manera, conforme lo ha precisado esta Corte[9], si el Presidente de la República y las demás autoridades del orden nacional contra las que el señor Casallas Moreno interpuso la acción de tutela son o no responsables de la vulneración de sus derechos fundamentales es un asunto que, precisamente, deberá ser resuelto al momento de adoptar el fallo con el cual habrá de concluir el trámite de instancia, por la autoridad judicial a la cual se repartió el escrito de tutela conforme a las reglas del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, en este caso, a la Sección Segunda Subsección “C” del Tribunal Administrativo del Cundinamarca
En este punto, resulta relevante recordar que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela, la cual es a prevención conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[10] Además no puede soslayarse que le asiste derecho al accionante para dirigir la acción ante el juez o corporación de su elección.[11] Desde esta perspectiva, ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano y mucho menos el acto administrativo mencionado facultaba al citado Tribunal Administrativo para abstenerse de conocer de la acción de tutela incoada.” (Subrayado fuera del texto)
6.-Se tiene entonces que al encontrarse demandada una autoridad pública de carácter nacional, esto es el Ministerio de Educación, la competencia se radica en cabeza de los Tribunales o de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
7.-En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin de que asuma el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por Daniel Bayona Mendivieso contra el Departamento del Casanare.
PRIMERO: REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por Daniel Bayona Mendivieso contra el Departamento del Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, al Tribunal Administrativo de Casanare, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
SEGUNDO: Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 053 DE 2009
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[12] Dice así la disposición citada:
[3] Debe recordarse que los incisos primero y sexto del numeral 1 del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", establecen lo siguiente: “Artículo 1º.- Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.”||“Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.” (Resaltado fuera de texto)
[4] Auto 288 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[5] Cfr. Auto 271 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[7] En el Auto 298 de 2002:M.P. Manuel José Cepeda Espinosa se consideró
“El Decreto reglamentario 1382 de 2000 estableció que la acción presentada debía ser repartida a los Tribunales Administrativos y así se dispondrá en la parte resolutiva. Si el Presidente de la República o el Ministro de Hacienda y Crédito Público son o no responsables dentro del proceso de tutela en cuestión es un asunto que, precisamente, deberá ser resuelto por el juez competente, en este caso, el Tribunal Administrativo del Tolima.”
[8] Cfr. Artículo 18 del Decreto 2591 de 1991.
[9] Cfr. Auto 298 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] Cfr. Auto 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[12] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .

References: artículo 86
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 37
 Artículo 18