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Timestamp: 2019-06-19 09:43:00+00:00

Document:
Tribunal Aduanero Nacional Expediente N° 2004 117
Expediente N° 2004 - 117
Voto N° 220 - 2004
Sentencia N° 145 - 2004. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las diez horas treinta minutos del día primero de julio del año dos mil cuatro.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor ………., agente aduanero inscrito con la Agencia de Aduanas ……., en contra de la resolución N° RES-DCF-….-2004 del 26 de marzo de 2004, emitida por la Dirección General de Aduanas.
I.- Mediante resolución N° RES – DCF - …. – 2004, dictada a las 08:00 horas del 26 de marzo del año 2004, la Dirección General de Aduanas, resolvió declarar sin lugar el recurso de revisión jerárquico presentado en contra de la resolución Nº RES-DCF-203-2002 de las 14:00 horas del 12 de noviembre de 2002, en lo que a la multa se refiere, confirmando la sanción impuesta por un monto de $500.00 de conformidad con el artículo 236 inciso k) de la Ley General de Aduanas, por haber tramitado y presentado el despacho aduanero de 438 cartones conteniendo vino, sin la cancelación efectiva del impuesto específico o sea por haber demostrado en expediente administrativo que el comprobante de pago Nº ……., se presentó dieciocho días después del levante de la mercancía según la declaración de importación definitiva Nº …….. de fecha 13-11-98, de la Aduana Santamaría, situación que en criterio de la Administración Activa reputa como incumplimiento de los artículos 35 inciso a) de la LGA y 112 del Reglamento a la LGA. (Folios 55, 73, 98 a 104, y documentos originales anexos a la declaración aduanera de importación definitiva)
II.- Contra la resolución RES–DCF-….–2004, el interesado, interpone recurso de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, y se apersona dentro del plazo otorgado por la Dirección mediante la resolución RES-DNTJL-PA-003-2004 del 3-5-2004, alegando en defensa de sus derechos los siguientes aspectos: 1) El acto impugnado no es claro ni preciso, por cuanto afirma que no se canceló el impuesto al IFAM cuando en realidad si se comprueba el pago del respectivo tributo específico; 2) Los artículos 35 a) de la LGA y 112 de su Reglamento no sancionan con multa la falta endilgada; 3) Pide la aplicación del artículo 12 del Código Penal por considerar que la reforma introducida con el inciso 25 del artículo 236 le resulta más beneficioso, porque al no haber perjuicio fiscal no existe hecho que sancionar; 4) Alega prescripción pues los hechos se remontan al 13-11-98 y el acto final fue notificado el 29-03-2004. Además solicita se anulen las resoluciones recurridas. (Folios 106 a 109; y 120 a 123)
III.- En las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso de apelación.
Redacta el licenciado Desiderio Soto Sequeira; y,
I. Objeto de la litis En este asunto se discute la imposición de una multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, en contra del recurrente, por determinar la Administración Aduanera que incurrió en la infracción prescrita en el artículo 236 inciso k) de la Ley General de Aduanas, por haber tramitado y presentado el despacho aduanero con fecha 13-11-98, sin la cancelación efectiva del impuesto específico o sea por haber demostrado que el comprobante de pago Nº …… con fecha 9-12-98 del impuesto específico ante el IFAM, se presentó dieciocho días después del levante de la mercancía autorizado por la aduana, según la declaración de importación definitiva Nº ……..
II. Admisibilidad del recurso de apelación En forma previa se avoca este Órgano al estudio de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto conforme la Ley General de Aduanas, es decir, para determinar si en la especie se cumplen los presupuestos procesales, que son necesarios para constituir un procedimiento válido. En tal sentido dispone LGA que contra la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas, cabe recurso de apelación para ante este Tribunal, el cual debe presentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto impugnado. También el citado artículo condiciona la admisibilidad a dos requisitos procesales: 1-tiempo y 2- forma; es decir, la alzada debe ser presentada en el plazo de 3 días hábiles. Así las cosas, tenemos que en este caso la resolución recurrida, fue notificada al interesado en fecha 29 de marzo de 2004, y el recurso de apelación interpuesto el 02 de abril de 2004, dentro del plazo legalmente permitido. Además al haber sido presentado por la persona interesada y afectada con la imposición de la multa, se cumple el presupuesto procesal relativo a la capacidad procesal de la parte que intervienen en el procedimiento, siendo entonces que en la especie, se cumplieron los requisitos de admisibilidad, motivo que por el cual el Tribunal tiene por bien admitido el recurso de apelación.
III. Prescripción Alega prescripción pues dice que los hechos se remontan al 13-11-98 y el acto final fue notificado el 29-03-2004, habiendo transcurrido el plazo de los cuatro años que disponía la Aduana para actuar. Respecto a este alegato debe también ser rechazado, pues el artículo 231 de la LGA, se refiere al acto de apertura como punto de partida para determinar la prescripción de los procedimientos de sanción, por lo cual teniendo que en la especie la Administración Aduanera actúo dentro del plazo de ley; dado que dentro de los cuatro años conoció la infracción administrativa, en vista de que la falta endilgada al haber ocurrido el 13 de noviembre de 1998, pues esa fecha es la que toma en consideración el artículo 55 inciso c) y 231 de la LGA, para computar el plazo de prescripción. Por ello al haber notificado la resolución de apertura del procedimiento sanción mediante la resolución Nº RES-DCF-203 -2002 de las 14:00 horas del 12 -11- 2002, al interesado el mismo doce de noviembre de ese año, cumple el procedimiento con la normativa, puesto que el acto de inicio tiene el efecto legal de interrumpir la prescripción, motivo por el cual se debe rechazar este extremo del recurso.
IV. Alegato genérico de nulidad En sus pretensiones el recurrente pide la anulación de las resoluciones recurridas, sin señalar en forma concreta los motivos de nulidad en que se fundamenta; punto sobre el cual se dicta pronunciamiento contrario a la pretensión, toda vez, que no encuentra el Tribunal vicios administrativos que generen la nulidad absoluta del procedimiento, puesto que no evidencia indefensión alguna en los términos de los artículos 169 y siguientes de la LGA y en especial del 223; que determinen tal declaratoria. Por el contrario, de los autos se desprende que el administrado ha tenido pleno conocimiento del asunto, y ha ejercicio materialmente los derechos de defensa y debido proceso, porque ha planteado los recursos que le legislación aduanera le concede, provocando la revisión y control de legalidad de los actos dictados por las autoridades aduaneras. Siendo entonces que la actuación administrativa respeta el principio de legalidad y debido proceso que prescriben los artículos 11, 39 de la Constitución Política y 230 a 234 de la Ley General de Aduanas, por lo cual se rechaza el alegato de nulidad.
V. Aspectos de Fondo 1) Dentro de los argumentos de fondo plantea el recurrente que el acto impugnado no es claro ni preciso, por cuanto en él afirma la Administración Aduanera que no se canceló el impuesto específico por tratarse de vinos que estaban afectos a ese impuesto, cuando en realidad el expediente tiene por bien probado el pago del respectivo tributo. En este punto señala el colegiado que la resolución ….. en su considerando V consigna que el levante de las mercancías a nivel aduanero se autorizó el 13 de noviembre de 1998, mismo día en que fue aceptada la declaración aduanera de importación definitiva, en los términos expuestos por el artículo 55 inciso a) de la LGA, mientras que el comprobante de pago …… relativo al impuesto específico, determina que se canceló en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, sucursal San José, hasta el día 09-12-98, según se puede leer del sello colocado por el banco recaudador. Precisamente el procedimiento sancionador tiene por objeto, determinar la procedencia o no de la sanción administrativa ante el hecho endilgado al recurrente en el sentido de haber presentado el comprobante en cuestión pasados 18 días, contados desde el momento del levante autorizado por la Aduana Santamaría y la comprobación del pago del impuesto específico, hecho que la administración lo reputa como infracción administrativa en los términos prescritos por el artículo 35 inciso a), 236 inciso k) de la Ley General de Aduanas, y 112 del Reglamento a la LGA, y sobre los cuales gira la defensa del recurrente. Razón por la cual el Tribunal no puede considerar que se haya dado un procedimiento oscuro, impreciso o incongruente, como lo hace ver el recurrente, porque el objeto del procedimiento lo ha tenido claro el administrado y sobre el mismo ha planteado su defensa en las distintas instancias administrativas, oponiéndose a la sanción. Por tal razón, debe ser rechazado este extremo del recurso, ya que ha permitido al administrado conocer y plantear sus argumentos de defensa, en pleno ejercicio de sus derechos.
2) Otro alegato refiere a que los artículos 35 a) de la LGA y 112 de su Reglamento no sancionan con multa la falta endilgada; situación que nos lleva al análisis de esas normas en conjunto con las demás disposiciones normativas que establecen obligaciones formales a cargo de ese auxiliar, y el artículo 236 inciso k) en el que fundamenta la sanción, dado que es importante aclarar la condición y forma en que dicho auxiliar ejerce la actividad aduanera y asume responsabilidades por sus actos u omisión. En este sentido, debemos hacer énfasis que la actividad de este auxiliar, ha sido calificada por el propio ordenamiento jurídico como la prestación de servicios profesionales en forma habitual, y en condición de representante legal del mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero, y los actos derivados de él. Tal participación resulta obligatoria en una variedad de regímenes aduaneros, dentro de los cuales se encuentra la importación definitiva, porque representa los intereses de terceros, en razón de la especialidad, en el conocimiento de la materia aduanera.
En este sentido, son aplicables al caso los criterios externados, en otros asuntos similares al presente, donde se hace ver que la actividad de los agentes aduaneros trasciende el simple ejercicio del comercio, pues laboran al amparo de normas comunitarias centroamericanas y nacionales, que prescriben un régimen especial de derechos y obligaciones, por ostentar la condición de auxiliares de la función pública aduanera. En este orden de ideas, podemos citar los artículos 30 a 34, 94 del CAUCA II que señalaban la calidad en que participaban los agentes aduaneros, persona física o jurídica, durante los procesos aduaneros, sean estos regímenes, trámites, u operaciones aduaneras, misma normativa que es complementada por los artículos 28 a 32, 33 y 35, 268 y 269 de la Ley General de Aduanas, Ley 7557, pues en estas se dice que el agente aduanero es un auxiliar de la función pública aduanera, autorizado para actuar, en las condiciones y requisitos previstos por el CAUCA II y en esta ley, prestando sus servicios de manera habitual a favor de terceros. También informa, el régimen jurídico que los regula, que son igualmente auxiliares las agencias aduanales, autorizadas hasta ese momento, puesto que las personas jurídicas debían cumplir las obligaciones y responsabilidades impuestas al agente aduanero persona física.
Partiendo de estos conceptos, tenemos que la actividad de este representante aduanero, revierte una importancia para la administración aduanera, porque se convierten en coadyuvantes de los órganos públicos en la gestión aduanera, y por tal razón el Estado procedió a regular el ámbito de sus competencias, sometiéndolos a una serie de obligaciones básicas y específicas (para cada auxiliar aduanero), dado su condición de auxiliar y por ostentar la representación de los intereses de terceros.
Así las cosas el agente aduanero debe cumplir al momento de transmitir o presentar las declaraciones aduaneras, no sólo con la información exigida por el ordenamiento jurídico aduanero, comunitario y nacional, sino que debía respetar una serie de formalidades derivadas de las demás leyes específicas creadoras de los Impuesto de Consumo, Ventas, 1% a la Importación y leyes que crean impuestos específicos para cigarrillos y bebidas alcohólicas, porque su deber le imponía la formulación de la declaración aduanera bajo fe de juramento, consignando no sólo la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, valor aduanero, sino también los tributos aplicables y sus alícuotas, dentro de los cuales figuraba el impuesto específico para licores, así como el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen esas mercancías, según lo previsto en el CAUCA II, la LGA, su Reglamento, en otras leyes creadoras de tributos específicos, como el caso de la Ley 5792 del primero de setiembre de 1975, reformada por Ley Nº 7972 DEL 22-12-99 y demás modificaciones. (Ver entre otros los artículos 35 inciso a), 55 inciso a), 57, 86 de la LGA, 112, 237 siguientes y concordantes del DE-25270-H Reglamento a la LGA)
Como se puede apreciar, dentro del bloque de legalidad a tomar en consideración por este auxiliar de la función pública, se encontraban las regulaciones del impuesto específico que afectaban la importación definitiva de licores extranjeros, Ley 5792, y sus reformas (Mediante la Ley 7972 del 22 de diciembre de 1999) que crea un impuesto específico para la importación de licores extranjeros. El incumplimiento achacable en este caso fue por no haber presentado en tiempo la cancelación del impuesto específico, contado el plazo desde la aceptación de la declaración aduanera, por cuanto aún respetando el término de 15 días establecido por el IFAM en oficio 162-2000, para la comprobación del pago de este impuesto ante las autoridades aduaneras, las partes manifiestan tener por bien probado que tal pago se dio transcurridos 18 días del levante de las mercancías, situación que hace aparecer al procedimiento sancionador dentro del marco de legalidad imperante en ese momento.
Por otra parte, en cuanto a la pretendida aplicación del artículo 12 del Código Penal, en el entendido de que regula como una excepción a la regla prevista por el artículo 11, para aplicar el régimen sancionador más favorable, debemos informar que el presente caso no reporta un cambio normativo que resultare menos perjudicial para el recurrente, donde el juez deba aplicar la sanción menor, por las siguientes razones. En este punto la normativa aduanera, tiene norma expresa para regular el derecho aplicable a las infracciones aduaneras, en el artículo 55 inciso c) que a la letra dice: “En los delitos y las infracciones tributarias aduaneras, se aplicará el régimen tributario vigente en la fecha de comisión del delito o la infracción,… por lo que al ocurrir la falta por no haber presentado el comprobante de pago del impuesto específico, por tratarse de vinos que les afectaba el impuesto creado por ley específica, al momento del levante autorizado por la aduana o dentro del plazo de 15 días contados a partir de la aceptación, hecho que ocurre el 13-11-98, determinamos que se encontraba vigente la Ley 7557, denominada Ley General de Aduanas, misma que en su artículo 236 inciso k), establece la multa a cargo del agente aduanero que incurra en errores o inexactitudes en las declaraciones de importación definitiva, porque su actuación no es diligente pues no se apegó al régimen jurídico imperante en ese momento.
Regla general que aplica también para el ordenamiento jurídico penal, pues en principio, rige para el caso particular, la ley que estaba vigente al momento de ocurrir el hecho que se pretende juzgar; o sea, la que estaba vigente en el momento en el que éste se realiza o produce. Siendo claro el texto del artículo 11 del Código Penal en este sentido al disponer que los “hechos punibles se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión”. (Sobre el tema de la aplicación de la ley penal en el tiempo citamos la resolución 00581 del quince de junio de dos mil uno de la Sala Tercera de la Corte, y las resoluciones 110-2004, 116-2004, 131-2004, de este tribunal administrativo).
Por el contrario la obligación de presentar el comprobante de pago del impuesto específico fue objeto de modificación mediante Ley Nº 7972 DEL 22-12-99, donde se impone el deber de presentarlo en el momento previo al desalmacenaje del producto, efectuado por las aduanas, de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 5.- El impuesto creado en el artículo 1 de la presente ley se liquidará y pagará de la siguiente manera:
b) En las importaciones o internaciones, en el momento previo al desalmacenaje del producto, efectuado por las aduanas. No se autorizará desalmacenarlo si los interesados no presentan el comprobante correspondiente al pago del impuesto, documento que en la declaración aduanera deberá consignarse por separado.
Por ello, determinamos que por no estar en presencia del presupuesto de excepción a la regla para poder aplicar retroactivamente una disposición sancionadora, más benigna a los intereses reclamados, como lo alega el recurrente, sino que el asunto trata de los casos regulados en el artículo 236 y en particular el inciso k) como regla especial cuando se cometan errores, omisiones o inexactitudes en las declaraciones de importación definitiva, o por incumplir el agente aduanero deberes formales regulados por el bloque de legalidad, no encuentra motivo el colegiado para resolver el asunto con la norma más benigna, cumpliéndose de esa forma con el requisito de tipicidad.
Además, es dable recordar a las partes que si bien las autoridades administrativas están obligadas a guiar el procedimiento administrativo sancionador respetando las garantías de los ciudadanos, y los principios inspiradores del orden penal, también es igualmente cierto y aceptado por la jurisprudencia constitucional que tal procedimiento no guarda el mismo rigor que el proceso penal, pues existen ciertos matices, propios del derecho administrativo, puesto que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, pero en el administrativo, al ser menos rígido y exigente, dado que persigue la protección del orden social general, donde comprenden hechos que pueden ser calificados como violación de deberes del funcionamiento, como lo es el deber de presentar ante la autoridad aduanera el comprobante de pago del impuesto específico. (Sobre los matices del derecho sancionador administrativo y diferencias entre el orden penal y administrativo pueden consultarse las resoluciones de la Sala Constitucional Nº 3929-1995, de las 15:24 horas del 18 julio 1995; 03409- 2001 de las 15:19 horas del 2 de mayo de 2001)
3) Sobre la aplicación del artículo 236 inciso k de la LGA al caso. Para determinar si esta conforme a derecho la decisión de la Administración, al imponer la multa ante el hecho señalado; debe el colegiado comenzar el análisis, manifestando que en forma reiterada se ha pronunciado, respecto la estructura y alcances de la sanción contenida en el artículo 236 inciso k; donde se asume como válido el criterio de que al ejercer funciones sancionadoras en sede administrativa se deben respetar los principios de orden penal, que respetan y brindan garantías al administrado de origen constitucionales, y penal, pero con matices según hemos indicado.
En este apartado debemos destacar el elemento culpabilidad, pues supone la existencia de la imputabilidad o sea la condición del infractor que lo hace capaz de actuar culpablemente, ya sea a título de dolo o culpa, porque se fundamenta en el principio de que no hay pena sin culpa, es decir, debe realizarse una valoración de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación.
Este sentido, el principio de culpabilidad en el campo de las sanciones impuestas por la Administración Tributaria, al presentar matices diferentes que los exigidos en el orden penal, pues el artículo 69 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (y que corresponde al actual artículo 71), permite que se pueda imponer sanciones incluso a título de mera negligencia. Ello nos lleva, a mantener el criterio de que basta que la acción cometida le sea reprochable a título culposo, sin que requiera demostrar que el presunto infractor actuó o infringió la normativa, con dolo o intención. En efecto, el Tribunal en la sentencia 069-00 argumentó que en tanto el Servicio Aduanero Nacional como la Tributación Directa están calificadas dentro del orden jurídico tributario y aduanero como Administración Tributaria, (En materia aduanera ver art. 8 LGA). Por lo tanto, resulta aplicable en materia aduanera, la disposición contenida en el anterior artículo 69 del CNPT, (actual artículo 71), que dice: “Artículo 69. Elemento subjetivo de los hechos ilícitos tributarios. Los hechos ilícitos tributarios únicamente son sancionables si son realizados con dolo o culpa, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios.”
Partiendo del concepto expuesto, vemos que el artículo 236 inciso k) cumple con la estructura exigida para los tipos sancionadores, porque señala un sujeto que puede cometer la falta y cuya condición a ostentar es la credencial de agente aduanero. De igual forma la norma aplica para las declaraciones aduaneras de los regímenes de importación o exportación definitivos, presentados o transmitidos por un agente aduanero, describiendo tres conductas posibles de sancionar, así:
1-presentar o transmitir la declaración aduanera de importación o exportación omitiendo cualquiera de los requisitos documentales para:
determinar la obligación tributaria aduanera:
o para demostrar el cumplimiento de otros requisitos
2- presentar o transmitir la declaración aduanera de importación o exportación omitiendo la información requerida por esta ley o sus reglamentos para:
3- Realizar la declaración aduanera de importación o exportación con errores o inexactitudes.
Como vemos los hechos endilgados en este asunto, son por haber declarado el agente aduanero y transmitido datos incorrectos relacionados con la importación definitiva, en cuanto al comprobante de pago del impuesto específico por tratarse de vinos el objeto del desalmacenaje. Así las cosas, ha tenido por bien demostrado la autoridad aduanera que el agente presentó y transmitió la declaración aduanera omitiendo la información requerida por esta ley, las demás leyes creadoras de tributos o sus reglamentos, en cuanto al comprobante del pago del impuesto específico, motivo, considera este órgano colegiado, que no alcanza problemas de tipicidad, pues la infracción atribuida al recurrente la contiene el artículo 236 k) de la LGA. Por ello en lo tocante a la sanción propiamente dicha, no encuentra problemas el caso, pues el legislador, en forma expresa dispuso sancionar con multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, al agente aduanero, que adecúe su comportamiento a las acciones u omisiones previstas en este tipo sancionador, no existiendo ningún vicio en cuanto a tipicidad se refiere. En tal sentido, debe quedar también constando que del expediente, no se desprenden elementos que permitan llegar al convencimiento de que estamos ante una omisión intencional por parte del agente recurrente, porque tal infracción sí se pudo imputar a título de culpa, porque el recurrente omitió satisfacer un deber propio de su función cual es transmitir, insertar o declarar y demostrar la satisfacción del pago del impuesto específico por tratarse de licores extranjeros afecto a ley especial, por lo que no existiendo causa eximente de responsabilidad, resulta procedente la actuación sancionadora de la autoridad aduanera. (Ver arts. 57, 58, 86 LGA),
En efecto, en el caso resulta evidente o notoria que el agente aduanero como profesional y asesor en materia de aduanas y comercio exterior, además de su condición de auxiliar de la Administración, no puede desconocer sus obligaciones como tales, siendo esencial dentro de ellas, el que declare conforme la información que permita determinar que han satisfecho las obligaciones tributarias impuestas por otras leyes, como lo es en el caso la Nº 5792 y sus reformas. (En cuanto a las obligaciones y participación del agente en materia aduanera son vinculantes las argumentaciones de la Sala Constitucional insertas en la sentencia N° 2002-00843 del 30 de enero del 2002).
Consecuentemente, esta sede administrativa no encuentra motivo en el presente asunto para variar los reiterados criterios entorno a la responsabilidad del agente aduanero ante errores como el endilgado, pues el expediente particular, demuestra que el agente multado no tuvo la debida diligencia al momento de presentar el comprobante de pago del impuesto específico que fue entregado 18 días después del levante de las mercancías autorizado por la aduana competente, lo que evidencia que desplegando más atención, de esa misma forma pudo evitar la vulneración del régimen aduanero, por lo que siendo la falta de diligencia, una de las formas en que se manifiesta la culpa, según ha señalado la doctrina y sostenido el Tribunal, debemos concluir que la imposición de la sanción en este asunto se conforma con el derecho que le regía.
Con fundamento en el artículo 104 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, artículos 204, 205 a 210 de la Ley General de Aduanas, y demás consideraciones de hecho y de derecho: Por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la resolución recurrida. Se da por agotada la vía administrativa. Remítanse los antecedentes a la Dirección General de Aduanas. Voto salvado del Lic. Reyes Vargas quien declara inadmisible el recurso. Voto salvado del Lic. Juárez Ruiz quien declara la nulidad por falta de competencia. Asimismo salva el voto el Lic. Gómez Sánchez quien declara con lugar el recurso y anula todo lo actuado en expediente.
Elizabeth Barrantes Coto
Alejandra Céspedes Zamora Luis Alberto Gómez Sánchez
Carlos Manuel Rodríguez Jiménez Desiderio Soto Sequiera
Luis Alberto Juárez Ruiz Dick Rafael Reyes Vargas
Voto reservado del licenciado Reyes Vargas a la sentencia 2004-145. No comparte el suscrito lo resuelto y por ello salvo mi voto el que sustento en las siguientes consideraciones:
Es claro en la legislación que, el Tribunal Aduanero Nacional resulta jerarca impropio respecto del Servicio Nacional de Aduanas única y exclusivamente en materia técnica aduanera, estándole excluida la materia administrativa, estatutaria, y de responsabilidad.
Ahora bien, no comparte el suscrito que todo acto que en materia técnica aduanera dicte el Servicio Nacional de Aduanas tenga alzada ante el Tribunal Aduanero Nacional. En efecto en conformidad con los artículos 88, 92 y 93 del CAUCA II (principio de taxatividad recursiva) tales actos únicamente tienen recurso de reconsideración ante el Gerente de la Aduana respectiva y de revisión jerárquica ante el Director General de Aduanas. Es contra lo resuelto por el Director General de Aduanas, que el CAUCA II admite la posibilidad de que ello pueda ser recurrido, pero eso sí, sujeto a condición de que la legislación interna lo admita. Sea la impugnación de las resoluciones que en primera o segunda instancia dicte el Director General de Aduanas solo es posible en tanto la legislación interna lo admita y la nuestra congruente con ello estatuye en los artículos 203 y 204 el recurso de apelación para ante el Tribunal Aduanero pero únicamente contra aquellos actos dictados en un procedimiento ordinario. Es decir la vía Administrativa solo se agota mediante un procedimiento ordinario.
Por lo anterior y dado que en materia de infracciones se ha otorgado competencia al Servicio de Aduanas para sancionar las administrativas y tributarias pero sujetándole a dos procedimientos distintos según la naturaleza de la sanción. Así dispone el artículo 234 un procedimiento sumario para aquellas cuya sanción sea multa y el ordinario para los hechos sancionables con suspensión.
Resulta que es en el procedimiento ordinario en donde se prevé la alzada para ante el Tribunal Aduanero (art. 204) mas no sucede igual en tratándose del procedimiento sumario regulado en el artículo 234. Más aún, el artículo 192 párrafo primero expresamente dispone la inaplicabilidad de la fase recursiva del procedimiento ordinario a otros de distinta naturaleza.
Ahora bien, dado que el presente procedimiento lo es uno sumario y que en razón de los artículos 88, 92 y 93 citados hemos de estarnos al principio de taxatividad recursiva y puesto que el numeral 234 no prevé recurso alguno, debe el presente ser declarado mal admitido. Debe la parte ante la inconformidad de lo resuelto acudir en la misma vía administrativa al procedimiento ordinario con el fin de que en un proceso de pleno o de conocimiento se revise lo actuado, en su defecto entender que al no existir ulterior recurso esta expedita la vía para acudir al órgano jurisdiccional competente.
DICK RAFEL REYES VARGAS
Voto Salvado del licenciado Juárez Ruiz a la sentencia 2004-145. Me separo del voto de mayoría por cuanto no comparto lo resuelto, pues considero que la Dirección General de Aduanas no es competente para conocer materia de sanciones relacionada con el impuesto del 10% sobre los licores y cervezas extranjeras administrado por el IFAM.
El asunto que se discute es la imposición por parte de la Dirección General de Aduanas de una multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, en contra del Agente Aduanero …….. por considerar que este incurrió en la infracción prescrita en el artículo 236 inciso K) de la Ley General de Aduanas por haber cancelado en forma tardía el impuesto específico ante el IFAM.
A manera de resumen se puede decir que el tributo al IFAM fue creado en el artículo 36 de la Ley sobre Venta de Licores Nº 10 de 7 de octubre de 1936 y sus reformas y mediante Decreto Ejecutivo Nº 11284-G de 29 de febrero de 1980 se reglamenta la Administración de los tributos correspondientes al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), aprobado en el acuerdo primero, artículo tres de la sesión extraordinaria 1137, celebrada por la Junta Directiva del IFAM, el 25 de mayo de 1983, publicado en La Gaceta 127 de 06 de julio de 1983.
El articulado del citado decreto establecía con claridad que la administración, determinación, fiscalización y recaudación del referido tributo en el momento en que ocurrieron los hechos le correspondía al IFAM, lo que hace concluir que es el único competente para sancionar las conductas surgidas de todos los actos derivados de la recaudación de dicho tributo y no la Dirección General de Aduanas como se ha sostenido a través de todo el procedimiento de sanción. Lo anterior se deriva en virtud que el artículo IV y siguientes del referido decreto señalan que el importador o desalmacenador (agencia aduanal), están en la obligación de presentar previo al desalmacenaje de la mercancía, una copia de la póliza o formulario aduanero, para ser calculado el correspondiente impuesto por el IFAM el que a su vez confecciona el entero de pago. Asimismo señala que los reclamos que surjan respecto a la recaudación y administración de los impuestos serán resueltos por el IFAM, agregando que si el reclamo se fundamenta en clasificación arancelaria, faltantes de mercancía y tipo de cambio aplicable, de previo al envió del expediente, la Dirección General de Aduanas deberá rendir informe según corresponda, sobre los aspectos mencionados, a fin de que sirvan de base a la institución para resolver, como requisito para el trámite anterior se señala que se debe aportar póliza de importación debidamente certificada con el respectivo sello del IFAM.
Queda claro entonces que la competencia para determinar y exigir el pago de la obligación tributaria correspondía al IFAM, conforme a las normas vigentes al momento de ocurrencia de los hechos según declaración aduanera de importación Nº ……. con fecha de aceptación de 13 de noviembre de 1998. Esto es así puesto que era el que declaraba la existencia y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia.
En la práctica el Agente Aduanero le remitía la factura y demás documentación correspondiente al IFAM para que este determinará la base imponible, la alícuota y el quantum debetur a cargo del sujeto pasivo del tributo, siendo además que los actos emitidos por este que producían efectos en contra del importador podían ser recurridos ante dicho instituto, según la normativa indicada. Por su parte la Dirección General de Aduanas lo que hacia era recibir y digitar la información que le proporciona el IFAM. Esa situación se mantiene así hasta la entrada en vigencia de la ley 7972 de 22 de diciembre de 1999 que señala que la administración y fiscalización del impuesto sobre las bebidas alcohólicas corresponde a la Dirección General de Tributación y que la recaudación de dicho impuesto al momento de la importación le corresponde a las aduanas, señalando a su vez en el párrafo final del artículo 5 de dicha ley que en materia de sanciones y multas, son aplicables a este tributo las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Por su parte el artículo 149 del Código Tributario señala que las sanciones administrativas tributarias serán impuestas por los órganos de la Administración Tributaria que dicten los actos administrativos mediante los cuales se determinen los tributos o, en su caso los ingresos por retenciones a cuenta de ellos.
Todos estos elementos hacen concluir que la Dirección General de Aduanas no tenía la competencia para sancionar al Agente Aduanero Miguel Ángel Ortiz Sánchez inscrito con la Agencia Aduanal ………, por lo tanto se debe declarar la nulidad de la sanción impuesta al recurrente.
Luis Alberto Juárez Ruiz
Voto salvado del licenciado Gómez Sánchez. Me aparto del voto de mayoría N° 220- 2004, sentencia Nº 145, por lo siguiente.
La sanción impuesta al sujeto infractor por la Dirección General de Aduanas, lo es por incumplimiento de las obligaciones consignadas en los artículos 35 inciso a) de la Ley General de Aduanas y 112 de su Reglamento: El primero de ellos se refiere a la actuación personal del agente aduanero en las actividades propias de su función y representar a su mandante, en forma diligente y con estricto apego al régimen jurídico aduanero y el segundo, versa sobre el patrocinio fiel. No expone la Dirección General de Aduanas en los diferentes actos dictados, si el agente aduanero no actuó personalmente o si por el contrario no represento a su mandante adecuadamente y tampoco se desprende de los autos que se diera una u otra situación, lo que de darse tampoco implicaría una sanción conforme al numeral 236 inciso k) que tipifica otras conductas y no las que estima quebrantadas el a quo.
Luis Alberto Gómez Sánchez

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 236
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 236
 artículo 236
 resolución 
 resolución 
 artículo 231
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 55
 artículo 35
 artículo 236
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 55
 artículo 236
 artículo 11
 resolución 
 artículo 1
 artículo 236
 artículo 236
 artículo 236
 artículo 69
 artículo 71
 artículo 69
 artículo 71
 artículo 236
 artículo 236
 artículo 104
 resolución 
 artículo 234
 artículo 234
 artículo 192
 artículo 236
 artículo 36
 artículo 5
 artículo 149