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Timestamp: 2020-02-29 02:07:22+00:00

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Vigencia desde 04 de Mayo de 1998. Revisión vigente desde 09 de Marzo de 2004 hasta 13 de Junio de 2006
TÍTULO II. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo
CAPITULO I. Clasificación del suelo
CAPITULO II. Derechos y deberes de los propietarios
TÍTULO III. Valoraciones
TÍTULO IV. Expropiaciones
TÍTULO V. Supuestos indemnizatorios
L 1/2006 de 13 Mar. (Régimen Especial del municipio de Barcelona)
L 10/2003 de 20 May. (medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes)
Apartado 2.º del artículo 9 redactado por el número uno del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Artículo 15 redactado conforme establece el apartado dos del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Artículo 16 redactado por el número tres del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Artículo 27 redactado por el número cuatro del artículo 1 de Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Número 4 del artículo 28 redactado por el número cinco del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Número 5 artículo 28 introducido por el número cinco del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Disposición transitoria primera redactada por el número seis del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Disposición transitoria segunda redactada por el número seis del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Disposición transitoria tercera redactada por el número seis del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo). Disposición transitoria quinta redactada por el número seis del artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes («B.O.E.» 21 mayo).
--> TC, Pleno, S 164/2001, 11 Jul. 2001 (Rec. 3004/1998)
Número 1 del artículo 16 declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 11 julio 2001. Artículo 38 declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 11 julio 2001. Disposición final única declarada inconstitucional en sus referencias a los artículos 16.1 y 38 (sic) por Sentencia TC (Pleno) 164/2001, 11 julio («B.O.E.» 14 agosto).
RDL 4/2000 de 23 Jun. (medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes)
Número 2 del artículo 9 redactado por el número uno del artículo 1 del R.D.-Ley 4/2000, 23 junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes («B.O.E.» 24 junio). Artículo 15 redactado por el número dos del artículo 1 del R.D.-Ley 4/2000, 23 junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes («B.O.E.» 24 junio). Número 1 del artículo 16 redactado por el número tres de artículo 1 del R.D.-Ley 4/2000, 23 junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes («B.O.E.» 24 junio). Número 3 del artículo 16 introducido por el número tres del artículo 1 del R.D.-Ley 4/2000, 23 junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes («B.O.E.» 24 junio; Corrección de erratas («B.O.E.» 28 julio)).
--> Ley 6/1998, 13 abril, derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo), el 1 de julio de 2007.
Las sucesivas reformas de nuestra legislación urbanística han ido incrementando la complejidad de este sector del ordenamiento jurídico al multiplicar, a veces innecesariamente, las intervenciones administrativas en las distintas fases de los procesos de desarrollo urbano, lo que, unido a la limitación de la oferta de suelo, ha contribuido decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables la conclusión de las operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendo imprevisible su coste y dificultando una adecuada programación de las correspondientes actividades empresariales, con el consiguiente encarecimiento del producto final.
Dentro de estos concretos límites, que comprenden inequívocamente la determinación de las distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana, la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado. Y ello de acuerdo con el planeamiento y la legislación territorial o sectorial, en razón de sus valores ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos o culturales, de su riqueza agrícola, forestal, ganadera o de otra índole, o de su justificada inadecuación para el desarrollo urbano. Hay que tener presente, asimismo, que la reforma del mercado del suelo en el sentido de una mayor liberalización que incremente su oferta forma parte de la necesaria reforma estructural de la economía española, para la que el legislador estatal tiene las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española.
Esta es la idea general de la que la Ley parte con el propósito de no introducir, desde la definición del estatuto jurídico básico de la propiedad del suelo, rigideces innecesarias que puedan impedir el despliegue por los legisladores autonómicos y por las Administraciones públicas competentes, de políticas urbanísticas más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias en el contexto de una economía cuya globalización la hace especialmente sensible a los cambios de coyuntura.
En lo que concierne a los criterios de valoración del suelo, la Ley ha optado por establecer un sistema que trata de reflejar con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, renunciando así formalmente a toda clase de fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento aparente, contradicen esa realidad y constituyen una fuente interminable de conflictos, proyectando una sombra de injusticia que resta credibilidad a la Administración y contribuye a deslegitimar su actuación.
Este método es, tanto en el suelo no urbanizable como en el urbanizable aún no incluido en un concreto ámbito para su desarrollo, o para el que no se hayan establecido las condiciones de dicho desarrollo, el de comparación con los valores comprobados de otras fincas análogas, habida cuenta de su régimen urbanístico, situación, tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento. Para los casos en que esa comparación no sea posible, en los citados suelos --sin desarrollo previsible a corto plazo-- el método alternativo será el de capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo de acuerdo con su estado y naturaleza, que es el método tradicional.
El Título IV de la Ley se ha limitado a incluir los preceptos imprescindibles para enmarcar el ejercicio en este sector, por las distintas Administraciones públicas, de la potestad expropiatoria, a la que serán aplicables sin más las normas generales vigentes que regulan ésta. Remite, asimismo, para la determinación del justiprecio, a los criterios generales establecidos en el Título III, acabando con la actual e injusta dualidad de criterios que trata de distinta manera al propietario expropiado y al que no lo es.
El Título V, por su parte, ajusta simplemente al régimen jurídico de la propiedad del suelo que establecen los Títulos I y II de la Ley la regulación precedente de las indemnizaciones por alteración del planeamiento y de las limitaciones o vinculaciones singular impuestas por éste que no sean susceptibles de distribución equitativa por los mecanismos de reparto de beneficios y cargas que establezca la legislación urbanística.
La Ley ha querido mantenerse absolutamente en el marco de las competencias del Estado claramente delimitadas por la sentencia de 20 de marzo de 1997 del Tribunal Constitucional ya citada, por lo que ha renunciado a incidir lo más mínimo en los aspectos relativos al planeamiento, a la gestión urbanística y al control de aquél y de ésta.
Por último, las disposiciones transitorias de la Ley procuran evitar a ultranza las soluciones de continuidad, estableciendo reglas de aplicación directa en función de la situación de los procesos de desarrollo y ejecución del planeamiento y obviando la exigencia de la previa adaptación de los planes para la efectividad de la reforma, en razón de la negativa experiencia acumulada con motivo de las reformas precedentes.

References: artículo 9
 artículo 1
 Artículo 15
 artículo 1
 Artículo 16
 artículo 1
 Artículo 27
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 16
 Artículo 38
 artículo 9
 artículo 1
 Artículo 15
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 149