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Timestamp: 2018-02-21 18:46:02+00:00

Document:
Radicación No. 11321
Acta No. 75
Decide la Corte la impugnación interpuesta por la sociedad URBANA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. contra el fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 13 de agosto de 2004, que denegó la acción de tutela promovida contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGÁ y la SALA CIVIL FAMILIA AGRARIA del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
La sociedad Urbana Ingeniería y Construcción Ltda. instauró la acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la justicia.
En sustento de sus pretensiones adujo como hechos, entre otros, que Rubén Darío García Mora promovió en su contra un proceso ordinario de mayor cuantía para obtener la resolución de la promesa de compraventa de la casa de habitación No. 15 de la manzana A del Conjunto El Mirador de Pekín; que propuso las excepciones de inexistencia de la promesa de compraventa, por no haber sido suscrita por la demandada, y la de tacha de falsedad; esta última como incidente, pero se le dio el trámite de perentoria; que el referido documento apareció con firma similar a la del representante legal, autenticada ante Notario, ante el cual jamás compareció para tal fin; que la apoderada judicial del demandante lo retiró y procedió a reformar la demanda para evitar la tacha de falsedad; que pese a lo anterior el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasuga declaró la obligación de restituir, decisión que fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal de Cundinamarca.
Sostiene que las citadas providencias rompen las exigencias procesales de la acción de resolución de contrato y las sustanciales en las que se soporta su existencia y validez.
Pretende con esta acción, que se tutelen los derechos fundamentales invocados, vulnerados por los funcionarios judiciales accionados; que se ordene dictar sentencia en derecho dentro del ordinario de resolución de contrato promovido por Rubén Darío García Mora contra Urbana Ingeniería y Construcción Ltda., “fallando la excepción de TACHA DE FALSEDAD propuesta como perentoria y probada a través de la confesión ficta del demandante y la conducta procesal de las partes al retirar el documento espúreo como prueba.”
Los Magistrados accionados se remitieron a las consideraciones de su providencia del 29 de enero de 2003 y manifestaron que la promesa de compraventa aludida no fue considerada como prueba y que la devolución del dinero recibido que se impuso a la demandada no se apoyó en el citado documento.
El interviniente, Rubén Darío García Mora, manifestó a la Corte que la sociedad accionante estuvo representada por un profesional del derecho y tuvo todas los recursos y medios de defensa consagrados en el ordenamiento procesal, por lo que no fue vulnerada en sus derechos fundamentales.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 13 de agosto de 2004, denegó el amparo deprecado aduciendo, entre otras razones, que “...el Tribunal al desatar la apelación presentada de cara al fallo de primera instancia, no lo confirmó, sino que apuntalado en objetivas reflexiones revocó la sentencia de prima instancia para, a vuelta de declarar la nulidad de la mencionada promesa de compraventa, disponer las restituciones mutuas, en concreto disponer la devolución de las sumas que se probó recibió la accionante como prometiente vendedora...”; y que “...el amparo incoado luce improcedente, dado no se utilizaron las herramientas legales idóneas para discutir la problemática que constituye el detonante de la tutela instaurada, de donde aflora, por ende, la imposibilidad para dispensar la protección de marras, toda vez que, itérase, el ordenamiento positivo patrio establece otros medios de defensa judicial, para corregir las posibles irregularidades en que el perito hubiere podido incurrir.”
Inconforme con la decisión la sociedad accionante la impugnó mediante escrito en el que reitera las razones que expuso en su demanda de tutela.
Esta Sala de la Corte ha explicado que por razón de los principios constitucionales de cosa juzgada, separación de jurisdicciones y autonomía judicial, en ejercicio de su función constitucional carece el juez de tutela de facultades para interferir asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales y para modificar las providencias por ellos dictadas, pues no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política ha fijado a jurisdicciones como la ordinaria y la de lo contencioso administrativo ni decidir puntos de derecho cuyo conocimiento les ha sido a ellas reservado; por manera que, independientemente de su jerarquía, el juez que decide una acción de amparo no está legalmente habilitado para revisar un proceso ya resuelto por la autoridad judicial competente.
Por tal motivo, en la sentencia del 12 de diciembre de 1996, precisó la Sala que:
“... al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.”
En consecuencia, no le corresponde a esta Corporación en sede de tutela modificar las providencias del 18 de septiembre de 2002, del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGÁ, y del 29 de enero de 2003, de la SALA CIVIL FAMILIA AGRARIA del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, proferidas en el proceso ordinario de resolución de contrato promovido por RUBÉN DARÍO GARCÍA MORA contra URBANA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., pues, como lo ha explicado la Sala de manera uniforme, el excepcional mecanismo de la tutela no puede ser utilizado para dejar sin efectos sentencias o providencias judiciales, como las citadas, que la sociedad accionante considera le vulneraron los derechos fundamentales invocados.
Lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política y para respetar los efectos de cosa juzgada de la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, mediante la cual la Corte Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.
En casos como el presente, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
“…el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia de 1° de octubre de 1992 tiene el efecto obligatorio, erga omnes, de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la “norma de normas.”
“Una decisión jurisdiccional adoptada como culminación de un proceso será siempre una sentencia judicial y nunca podrá configurar una “vía de hecho”. Ello será así aun en aquellos casos en que pudiera pensarse que el fallo resulta equivocado, pues de la probabilidad del error no está exenta ninguna decisión humana…” (Sentencia del 2 de marzo de 1998, radicado 3103).
Y en la sentencia del 11 de abril de 2002, radicación 7542, consideró:
“El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio. Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica.
“La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos procesales. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.”
Las anteriores breves reflexiones tornan improcedente el amparo constitucional y obligan a confirmar el fallo impugnado, por razones diferentes.
1.-Confirmar el fallo impugnado, por razones diferentes.
2.-Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 243
 artículo 1
 artículo 30