Source: http://www.diarioderivera.com.ar/2018/01/24/la-justicia-avalo-al-gobierno-y-los-docentes-no-tendran-paritaria-nacional/
Timestamp: 2019-11-12 05:56:14+00:00

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La Justicia avaló al Gobierno y los Docentes no tendrán paritaria nacional – Diario de Rivera
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La jueza laboral Alicia Pucciarelli rechazó el amparo presentado por la Unión de Docentes Argentinos y cada provincia deberá negociar los aumentos salariales con los gremios.
Revés judicial para los docentes. La jueza laboral Alicia Pucciarelli rechazó el amparo que había sido presentado el año pasado el gremio UDA, uno de los cinco sindicatos con representación nacional, que pretendía el Gobierno llame a paritaria nacional.
Desde el gremio, no obstante, adelantaron que apelarán el fallo en febrero, apenas se reabra la administración judicial y que ampliarán la denuncia contra el Gobierno por conductas antisindicales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El Gobierno no tiene por qué ponerse contento. Es un fallo de primera instancia y vamos a apelar hasta llegar a la Corte Suprema”, dijeron.
SENTENCIA DEFINITIVA No 6849
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO No 60
AUTOS: “UNION DOCENTES ARGENTINOS C/ MINISTERIO DE
EDUCACION Y DEPORTES DE LA NACION Y OTRO S/ JUICIO
SUMARISIMO” (CNT 19774/2017)
VISTO: estos autos que se encuentran en estado de dictar sentencia de los cuales
A fs. 8/32 vta. se presenta UNION DOCENTES ARGENTINOS, entidad
sindical con Personería Gremial 1477, promoviendo acción de amparo sindical
en los términos del art. 47 de la ley 23.551, persiguiendo el cese de conducta
antisindical y la afectación del derecho constitucional a la negociación colectiva,
conforme previsión de la ley 26075 artículo 10 y decreto 457/2007, que dice
llevado adelante por el ESTADO NACIONAL a través de su MINISTERIO DE
EDUCACION Y DEPORTES DE LA NACION y la autoridad de aplicación, el
Explicándose a tales fines refiere que la acción tiene origen en la “ilegal
vía de hecho que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional a través de su Ministerio de
Educación de la Nación y ante la omisión de la autoridad de aplicación
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) para limitar el
derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al trabajo de los
docentes de gestión pública y de gestión privada de toda la República Argentina,
representados por nuestra entidad sindical con personería gremial impidiendo el
debido proceso de todos los trabajadores con la negación deliberada de la
instancia de la Negociación Colectiva para el sector docente prevista en la ley
26075 artículo 10 y su decreto 457/2007 que derivan en una indiscutible
denegación de justicia” (sic). Dice integrar la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo para el sector docente desde el año 2007 como miembro
paritario titular, representando al sector de trabajadores, junto con cuatro
organizaciones, la CEA, el SADOP, la CTERA y la AMET. Dice a su vez dicha
Comisión integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, como autoridad de aplicación y miembros de su
gabinete y por el sector del “ESTADO EMPLEADOR” (sic) el Ministerio de
Educación y Deportes, representado por su titular Analista de Sistemas Esteban
Bullrich y miembros de su gabinete o designados por este; también integran esa
Comisión, continúa diciendo, los representantes del Consejo Federal de
Firmado por: ALICIA N. PUCCIARELLI, JUEZ NACIONAL
#29595711#197170909#20171229114437886
Educación, representados regularmente por Ministros de Educación de las
Provincias y por su Secretario ad-litem. Dice además sobre la vigencia del fondo
nacional de compensación salarial docente, previsto en el art. 9 de la ley 26075 y
los fondos que prevé la Ley Nacional del Fondo de Incentivo Docente (Ley
FONID). Se acciona por “múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores
y sus organizaciones nucleadas en la UDA, denunciando expresamente que el
Gobierno, la brutal injerencia y restricción a la negociación colectiva
implementada en la no reapertura de la negociación colectiva para el sector
docente”, a pesar dice, de su insistente reclamo atento que “el salario docente se
encuentra sensiblemente afectado por la creciente inflación y el contexto
socioeconómico adverso del corriente año 2017”. Dice a ello agregarse que de
los acuerdos realizados en el mes de febrero del año 2016 no se han
cumplimentado ocho puntos, negándose a cumplir o desconociendo el actual
Ministro de Educación y Deportes de la Nación el cumplimiento efectivo de los
acuerdos señalados. Dice así que se afecta las garantías que tutelan la libertad y
democracia sindical (Conv. no 87 sobre Libertad Sindical y Protección del
Derecho de Sindicación) y a la Negociación Colectiva y no Injerencia (cfr.
Convenio números 98, 151, y 154) sobre el Derecho de Sindicación y de
Negociación Colectiva, sobre la Administración Pública ya que mediante la no
convocatoria de nueva ronda de negociación colectiva, el no cumplimiento de los
puntos acordados de febrero de 2016 “afectan el salario de nuestros
representados” (sic). Que, a comienzos del año 2017 el Ministro de Educación y
Deportes de la Nación públicamente “oficializó” su intención de pasar por alto la
paritaria nacional docente y dejar esa negociación salarial en manos de las
provincias. Dice ilegal saltear esa instancia con base en lo determinado por el art.
10 de la ley 26.075, reglamentado por el decreto 457/2007. Refiere que así se
hizo desde el año 2007 firmándose distintas actas paritarias por los mismos
actores sociales, incluso en esta misma gestión se firmó la del 25 de febrero del
2016, reconociendo el plexo normativo que dice, ahora pretende desconocer. Da
detalles de hechos desde 1961 referidos a la transferencia de los servicios
educativos primarios de la jurisdicción nacional a la provincial. Dicen que esa
transferencia fue justificada tanto en términos político-administrativos cuanto en
términos curriculares. Dice durante el año 2016 cumplidas medidas de acción
directa orgánicamente resueltas con abstención de prestar tareas ejercitando el
derecho de huelga del art. 14 de la CN. Dice haber sido medidas de neto carácter
reivindicativo persiguiendo afianzar la garantía constitucional de una retribución
justa, para el conjunto de los trabajadores a quienes las entidades gremiales del
sector representan. Ninguna de las medidas legitimas del 30 de marzo, 12 y 13 de
mayo y 14 de octubre del 2016 en el ámbito personal y territorial de las
Universidades Nacionales ni las del 4 de abril, 29 de abril, 24 de agosto, 2 de
septiembre, 27 de setiembre, 4 de octubre del 2016 en todo el ámbito nacional de
actuación personal y territorial, fueron tenidas en cuenta por la cartera educativa
nacional. Al comienzo del año 2017 dice los salarios de los docentes debajo de la
línea de pobreza, deteriorados por la creciente inflación. El 9 de enero del 2017
dice haber instado el mecanismo previsto en el decreto 457/20007 solicitando la
reapertura de la Convención ̈Colectiva de trabajo para el sector docente, ley
26.075 artículo 10, al Ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca y al
Ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich, el plazo venció el día 31 se
enero de 2017 y la solicitada apertura de la negación colectiva no fue realizada.
Dice que se venía anunciando desde diciembre el conflicto por indicación de la
cartera educativa nacional de que no llamaría a la paritaria federal, atravesó todo
el verano entre pedidos de audiencia que no tuvieron respuesta y desembocó dice
en las medidas de fuerza de comienzos del marzo del 2017. Dice además a fs. 15
in fine reducido el Fondo Compensador, por recorte de la Nación del fondo de
Incentivo Docente, que reciben las siete provincias más complicadas. Dice así
que la “paritaria nacional” es un ámbito de discusión para que los salarios no
dependan de la situación financiera de cada gobernación, como pasó luego de
que durante la gestión de Carlos Menem, las escuelas fueron traspasadas a las
provincias, pero sin los fondos correspondientes para pagar los sueldos. Dice que
sin el colchón que otorga la paritaria nacional habrá disparidad de ingresos: los
distritos con recursos recompondrán los sueldos y las provincias pobres darán lo
que puedan” (sic). Dice por los argumentos que expone a fs. 15 vta. que el
reclamo por la paritaria excede el tema salarial quedando sin ámbito de “diálogo”
de no ser convocada la formación, docente, el plan de capacitación docente
gratuito firmado en el ámbito de la paritaria federal, que por otra parte sufrió
recortes significativos, la continuidad de los programas socioeducativos, donde
los maestros trabajan contratados, la construcción de escuelas, la definición de
los contenidos educativos básicos para todo el país. Dice que la no convocatoria
es actuada a pesar de los reiterados pedidos de las organizaciones sindicales con
personería gremial integrantes de la comisión negociadora del Convenio
Colectivo para el sector docente, (UDA, CTERA, AMET, SADOP Y CEA). Dice
así afectados el principio de continuidad de los acuerdos y convenios colectivos.
Dice ser la paritaria nacional docente un instrumento de regulación del conflicto
sindical que favorece los procesos de mediación entre los actores de gobierno del
sistema educativo para contribuir a su gobernabilidad. Fija el piso salarial
docente en todo el país para lo que se denomina “cargo testigo” e
institucionaliza un fondo compensador financiado por el gobierno nacional para
un grupo de provincias con dificultades para solventar el costo acordado de
salario mínimo nacional; ese mecanismo desactiva conflictos en algunas
jurisdicciones, una vez logrado el acuerdo a nivel nacional. Otorga un marco de
referencia salarial: cada provincia toma el valor fijado en la paritaria nacional y
lo discute con los sindicatos en su propia jurisdicción para establecer así un
nuevo piso, mayor o igual al nacional. Dice desde la creación de la Paritaria
Nacional Docente, los salarios docentes se han incrementado notoriamente en
términos reales, aun considerando el contexto inflacionario. Refiere al
crecimiento del salario mínimo docente desde 2008 en una evolución del 750%
en un periodo en que la inflación medida por el Congreso fue de 219%. Dice que
la afectación de la negociación colectiva ocasiona la afectación del salario
docente. Queda dice, de tal suerte claro que el salario docente en la Rep.
Argentina es complejo y es abonado por las jurisdicciones provinciales y la
jurisdicción nacional. Argumenta en torno a la inactividad de la administración,
como material, cita doctrina. Dice afectado el salario docente, afectación del
principio de progresividad, del principio de buena fe en las negociaciones
colectivas, transgresión de la normativa de la O.I.T. en referencia al personal
docente, afectación del principio de la supremacía irrestricta de la Constitución
Nacional art. 31 C.N. y demás principios que enumera a fs. 28 y sgtes. Funda en
derecho, ofrece prueba. Por ello y lo que en más expone solicita tener por
promovida la demanda de amparo sindical y requiere la traba de una medida
cautelar innovativa ordenando al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social de la Nación, proceder a la conformación de la comisión negociadora
conforme normativa vigente y oportunamente se haga lugar al amparo con
El ESTADO NACIONAL se presenta y contesta demanda a fs. 181/206
vta., argumentando en torno a la inhibición de la Jurisdicción Nacional para
resolver un conflicto provincial afirmando la inexistencia de una acción y menos
aún una omisión de sus representados que pueda ser considerada una práctica
antisindical a la luz de las normas nacionales e internacionales y sosteniendo que
los acuerdos suscriptos por la aquí accionante revelan que se obligó a negociar
las cuestiones esenciales que aquí pretende en jurisdicciones provinciales. De ahí
que dice incompetente a la Justicia Nacional del Trabajo para atender los
conflictos que en materia salarial son motivo de discusión y objeto de medidas de
fuerza que atentan en forma directa con el normal desenvolvimiento del curso
lectivo y con vulneración del derecho a la educación que asiste al alumnado de
todas las provincias del territorio argentino. Dice importante tener presente que el
ESTADO NACIONAL NO ES EMPLEADOR DE LOS DOCENTES, carácter
que sí tienen los estados provinciales y ellos son por tanto los competentes para
dirimir las cuestiones de discusión salarial con los docentes. Dice así que la
pretensión de la actora es una controversia de interés dirigida a presionar sobre la
pauta salarial en el nivel equivocado ya que debe articularse en las respectivas
jurisdicciones donde se despliega la actividad y se negocian las escalas
retributivas. A fs. 184 vta./189 vta., entre otros aspectos de la demanda es negado
que el salario se viera afectado por las medidas del Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación, que exista una afectación de la negociación colectiva y
que se incurriera en arbitrariedad e ilegalidad manifiesta mediante una vía de
hecho. A continuación establece que la cuestión se enmarca en la Ley de
Educación Nacional No 26.206, Ley de Financiamiento Educativo No 26.075, el
Decreto 457/07 y los Acuerdos suscriptos por la actora y el resto de los
representantes gremiales del sector docente de fechas 27 de febrero de 2015 y 25
de febrero de 2016. Luego refiere los antecedentes normativos que ha venido
regulando la actividad docente a partir de la vigencia de la ley 26.075 y los
aspectos convenidos por las partes signatarias a partir del 1o de marzo de 2008,
acuerdo homologado por decreto 1.023/08 indicando a fs. 190 vta./191 lo allí
acordado en distintas materias. De igual modo se hace referencia luego al
acuerdo de fecha 23 de febrero de 2009 homologado por decreto 1.120/10 (ver fs.
191/192) y lo actuado en el acuerdo del 22 de febrero de 2011 homologado por el
decreto 922/11, destacando a esta altura que a partir de la transferencia de los
servicios educativos a las provincias son éstas quienes tienen la exclusiva
competencia de la regulación y administración en sus jurisdicciones de las
condiciones salariales de su personal docente. Luego refiere al antecedente de
febrero de 2012 y al artículo 9 de la ley 26.075 que creara en el ámbito del ex
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología el programa salarial de
compensación docente, contexto en el cual se dictara la Resolución MTESS No
229/2012, señalando que el salario fijado sería importe de referencia para dar
cumplimiento a las trasferencias en las provincias que integran el Programa
Nacional de Compensación Docente creado por el art. 9 de la ley 26.075.
Sostiene que los antecedentes referidos denotan claramente que las entidades
gremiales docentes ejercieron el derecho constitucional de negociación colectiva
que les asiste viendo reflejado en tales convenios la regulación tanto de la
actividad como el tema salarial por lo que dice no comprenderse la motivación
por la cual priva la accionante al alumnado de las provincias del Derecho a la
Educación constitucional que les asiste. Cuestiona la motivación de la actora a
que considere vulnerado su derecho a la negociación colectiva mediante una
supuesta omisión del Estado Nacional, si como describe ha ejercido su derecho
junto con el resto de las entidades gremiales que representan a los docentes.
Tanto así dice, que fue en el mismo año 2016 por acuerdo del 25/02/2016 que se
convino un piso salarial con reajuste automático. Dice no ajustada a derecho la
actitud de la entidad gremial que coloca su derecho a la negociación colectiva por
encima de la garantía constitucional a la educación, “CUANDO SU DERECHO
NO HA SIDO VULNERADO EN LO ABSOLUTO”, dice así que el único daño
producido e irreversible es la privación al alumnado de clases incumpliéndose lo
pactado y violentando la propia ley que la actora pretende reivindicar. La
accionante ha perdido de vista el fin primero que es la educación. Dice que la ley
25.864 “SE ENCUENTRA PLENAMENTE VIGENTE”, esa norma nacional fija
un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivo de clases para los
establecimiento educativos del todo el país en los que se imparta educación
inicial, educación general básica y educación polimodal o sus respectivos
equivalentes. Dice no asistirle a la entidad actora el derecho al reclamo que incoa
toda vez que SU DERECHO SE ENCUENTRA INTACTO. Luego argumenta en
torno al art. 10 de la ley 26.075 y dice que no significa analizar la cuestión desde
la perspectiva de la ley 14.250 omitiendo considerar la dinámica convencional de
los docentes. Dice que no estamos frente a un convenio colectivo de actividad
típico. Dice que los derechos y obligaciones de los docentes se acuerdan a otro
nivel porque el “Estado Nacional no resulta empleador de los docentes y el
acuerdo de fecha 27 de febrero de 2015 receptó esta circunstancia al concertar las
partes que la negociación se debe instar a nivel jurisdiccional” (sic). Así señala
que en el Acta Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2015, la cláusula 8va.
estableció “PARITARIAS JURISDICCIONALES”, acordándose promover las
negociaciones colectivas jurisdiccionales conforme lo establecido en el art. 67
inc. l de la ley 26.206. Dice que de esta forma los actores reivindicaron a nivel
colectivo su aptitud negocial jurisdiccional al entender que a través del acuerdo
aludido se respetaba el concepto general contenido en una norma dictada 10 años
atrás. Así ello, luego en el 2016 en oportunidad de celebrar el Acta Acuerdo del
25 de febrero se fijó el piso mínimo del salario de los docentes que rige
actualmente a nivel nacional con cláusula de ajuste automático que torna
innecesaria la discusión periódica. Dice que la posición de la actora confunde las
distintas fuentes del derecho colectivo de trabajo a pesar de encontrarse el caso
perfectamente diferenciado del régimen general de la ley 14.250. Dice así que las
características de los acuerdos a los que alude son pautas de actuación para un
escenario posterior: “el de los Convenios Jurisdiccionales” donde se negocia
expresamente el contenido de las materias articuladas. Dichas pautas se
establecieron en el 2015 y en el 2016, no constituyendo una obligación del
Estado Nacional volver sobre ese esquema normativo en tanto ya cumplió con la
obligación legal de convocar a los interesados a delinear la base sobre la que
operaran los negociadores locales. Argumenta en relación al significado de
acuerdo intersectorial o marco. Dice así encontrarnos enfrente a un Acuerdo Base
que dejó reguladas las pautas de la negociación a otro nivel. El acuerdo del 25 de
febrero de 2016 estableció la forma de resolver el punto que ahora se intenta
desconocer por vía de la acción intentada. Insiste en que la restante negociación
que en rigor dice ser la paritaria salarial docente concreta es la que debe llevarse
a cabo en cada jurisdicción por así haberlo pactado las partes. Advierte que de
ordenarse al Estado Nacional convocar la Comisión Paritaria Nacional se estaría
soslayando que muchas provincias ajustaron su proceder a ambos acuerdos del
2015 y del 2016 y no solo convocaron a la negociación paritaria jurisdiccional
para el corriente año sino que han celebrado sus respectivos acuerdos salariales.
Se reitera en el concepto de que el Estado Nacional no es empleador de los
docentes, adjudicando tal carácter a los Estados Provinciales. Destaca que la
entidad actora en su demanda reconoce plenamente que encontrándose vigente el
Acuerdo del 25 de febrero de 2016 el salario fue objeto de sustanciales
incrementos. En consecuencia dice la propia actora reconoce esta evolución del
mínimo salarial docente aseverando que en febrero de 2016 se contemplaron
pautas de ajuste automático para ello, las cuales, agrega, rigen de ahí en adelante
la paritaria docente. De ahí que dice que la referencia a un supuesto “derecho
alimentario vulnerado” que introduce la demanda es una premisa falsa toda vez
que está garantizada la intangibilidad del haber docente en el espacio del
Acuerdo Base citado, febrero 2016. A continuación es referida como ejemplo de
que algunas jurisdicciones provinciales cerraron ya las paritarias con distintas
fórmulas a la situación acontecida en la Provincia de Buenos Aires que y en
ejercicio de sus facultados como empleadora dictó la conciliación obligatoria
mediante disposición 86/17 de la Dirección Provincial de Relaciones Laborales
del Ministerio de Trabajo, conciliación avalada por el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata el 9 de marzo de 2017
en la causa que cita a fs. 196. Igualmente es sostenida la improcedencia de la vía
intentada negando estar en presencia del supuesto contemplado por el art. 47 de
la L.A.S. Cita jurisprudencia y sostiene que la U.D.A. pretende el
desconocimiento de los propios compromisos que asumió por lo que dice no
verificarse una causal de práctica antisindical en cabeza del Estado Nacional sino
que por un lado existe ya entre las partes la tal “pretendida” negociación y sin
perjuicio de ello se advierte un claro incumplimiento de la entidad sindical actora
de los recaudos normativos para instar la convocatoria que pretende. Dice así
llamar la atención sobre el hecho que en tanto en su demanda UDA cita la
recopilación 2006 (del Comité de Libertad Sindical de la OIT No 939), que dice
que los acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes, o el 940
conforme el cual el respeto mutuo de los compromisos asumidos en los acuerdos
colectivos es un elemento importante del derecho de negociación colectiva y
luego omita concurrir a la paritaria jurisdiccional a la que ella misma se
comprometió. Resalta que el interés público comprometido es indiscutible y que
el Ministerio de Trabajo ha actuado en un todo conforme a derecho de acuerdo a
la competencia atribuida por la legislación vigente. Por ello dice la acción
solicitada no puede tener acogida favorable. No existe en el caso configuración ni
actual ni inminente de daño alguno a la entidad actora que la haga merecedora
del reconocimiento judicial de su pretensión cuando la intangibilidad de su
salario como la actualización del mismo se encuentra asegurada en el acuerdo
por ella consentido y arribado en el 25/02/2016. Por su parte indica que si la
accionante entendió que existió una omisión al tratamiento de su planteo de
negociación colectiva en la Administración la vía adecuada de sustanciación era
el pronto despacho y eventualmente el posterior amparo por mora, conforme art.
10 y 28 ley 19.549, más allá de que no se comprende que no es el típico caso de
negociación colectiva, si hubiera considerado que existía una omisión en el
tratamiento de su petición debía haber sustanciado un amparo por mora. Dice así
haberse utilizado una vía procesal oblicua, el amparo sindical, para obtener un
pronunciamiento judicial sobre un tema que merece otro tratamiento con mayor
debate y prueba. Por eso dice la acción debe ser rechazada. A continuación
fundamenta en relación al Bien Público Educación y a su doble naturaleza, por
un lado un derecho subjetivo que le asiste a todos los ciudadanos y por otro lado
y a la par un servicio fundamental que en gran parte se encuentra a cargo del
Estado. La Educación Pública permite la igualdad de oportunidades, favorece las
relaciones sociales y es la base del progreso económico que da lugar el estado de
bienestar. Dice así que confrontando la situación que está atravesando hoy día el
alumnado y el dictado de clases en algunas jurisdicciones provinciales se puede
advertir que quien se alza contra el Estado Nacional pretendiendo hacer valer sus
derechos se encuentra ejercitándolos en forma abusiva. Vuelve sobre lo acordado
en febrero de 2016 conforme es expresado a fs. 199/200. Igualmente hace
referencia al bien público educación en juego con fundamento en los arts. 5 y 14
de la Constitución Nacional y afirmando que la problemática que informa el
presente caso implica a la postre la vulneración de la Convención de los
Derechos del Niño incorporada por el art. 75 inc. 22 de la C.N en tanto los priva
del derecho fundamental a la educación, en particular se vulneran los arts. 28 y
29 de la C.N., conforme expresa a fs. 200 vta./201, además de la referencia
puntal a otras declaraciones y convenciones internacionales conforme detalle de
fs. 202. Dice así que la cuestión traída a conocimiento de esta jurisdicción excede
de la mera convocatoria a paritarias nacionales para traspolarse a un conflicto
entre las garantías que le asiste a los educandos y el ejercicio abusivo del
derecho. Haciendo referencia a las actuaciones administrativas con particular
enfoque de lo acordado en febrero de 2016 se reitera en el concepto de que el
Estado Nacional no es empleador ni abona los salarios docentes sino que
establece una base o piso salarial nacional a partir del cual puede negociar cada
provincia el salario que se ajuste a la situación específica de su jurisdicción, tal y
como, dice, lo llevaron a cabo en las respectivas negociaciones paritarias las
provincias de San Luis, Salta, Misiones, La Pampa, entre otras. Destaca
asimismo que las presentaciones de diversa índole y temática efectuada por la
actora ante la cartera ministerial exhiben incumplimientos de los requisitos
establecidos en el art. 5 del decreto 457/07 conforme es expresado a fs. 203 vta.,
por lo que dice que no surge de ninguna presentación de la hoy actora en el
expediente administrativo que se ofrece como prueba la enumeración de la
temática sometida a la negociación que pretende, prescindiendo incluso de la
nominación de los integrantes por parte del gremio para constituirla. Así dice que
nunca fue emplazado el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
Nación a convocar a una comisión negociadora por lo que dice no existe caso
contencioso. A continuación argumenta en torno a la violación del principio de
violación de poderes de acogerse la vía conforme esta intentada y como colofón
dice que el ejercicio del derecho de huelga al igual que todos los derechos no es
absoluto pues existe bienes muy necesarios de los cuales no puede prescindirse
como es el BIEN PUBLICO EDUCACIÓN. Afirma que la privación de clases al
alumnado de las provincias atropella de manera incontestable el derecho
constitucional a la educación y cita fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Por todo lo expuesto y lo que más expone solicita se rechace la acción
incoada por improcedente con costas.
Conforme fs. 277/278 vta., el 23 de mayo de 2017 por vía de apelación la
Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, Sala VIII, desestimó la medida
Sin dejar de advertirse que con el planteo de la acción subyace un
complejo conflicto que excede en mucho el marco debido a su tratamiento en
esta jurisdicción por la vía escogida, el análisis exhaustivo de la postura del
amparista, en cotejo con lo actuado y acordado oportunamente en sede
administrativa en el marco del expediente No 1243441/07, en particular en
relación a las Actas del 27 de febrero de 2015 y del 25 de febrero del 2016, no
revela la existencia de un acto u omisión de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta
por parte del Estado Nacional, en los términos que requiere la admisibilidad de la
vía procesal elegida.
En el contexto normativo de que se trata y a la luz de la doctrina sentada
por el Alto Tribunal, frente a una acción sumarísima lo que corresponde precisar
es si la conducta del Estado Nacional, en el ejercicio de sus facultades, puede ser
reputada o no, por su contenido, como ostensiblemente ilegítima o
manifiestamente arbitraria, en los términos del art. 43 de la Constitución
Nacional, 47 de la ley 23.551, 1 de la ley 19.986 y arts. 321 y 498 del CPCCN,
que son las normas adjetivas que supeditan a la existencia de la antijuridicidad
notoria, la posibilidad de intervenir judicialmente fuera de las vías ordinarias
(Del Dictamen FG N° 39.840 del 9/3/05, Dr. Álvarez, al que adhiere la Sala
CNAT Sala IV Expte N°1464/05 Sent. Int. N° 43.012 del 21/3/2005 “Asociación
de Empleados de la DGI de la Nación c/ Estado Nacional. Ministerio de Trabajo
s/ amparo”).
En esa dirección es observado que el planteo del amparista no logra
configurar un caso de manifiesta ilegalidad en el obrar del Estado Nacional a la
luz de lo acordado en el año 2016 en orden a la pauta salarial y a las paritarias
jurisdiccionales previstas en el Acuerdo del año 2015 a fin de promover las
negociaciones colectivas jurisdiccionales, conforme lo establecido en el art. 67
inc. l de la ley 26.206.
Se acompaña en esta apreciación lo manifestado por el Estado Nacional
en orden a que del análisis integrador de las normas en juego surge acuerdo por
el cual y sin perjuicio de lo que los Sindicatos negocien colectivamente en cada
una de las jurisdicciones provinciales, de garantizarse un salario docente que a
partir del año 2016 no podría ser menor a un 20% por encima del salario mínimo
vital y móvil y que sin perjuicio de lo que se acuerde en la partidaria salarial
docente, si esto ocurriere, automáticamente deberá actualizarse. Esto es y a
diferencia de lo que venía aconteciendo con acuerdos que le precedieran que
referían para un periodo anual un salario mínimo para el cargo testigo-maestro de
grado jornada simple sin antigüedad o equivalente, en el año 2016 se estableció a
nivel nacional un piso mínimo de salario docente con una cláusula de ajuste
automático que es advertido por el Estado Nacional como innecesario de
discusión periódica.
Desde otro enfoque igualmente es advertido que de las constancias del
Expte. 1243441/07 que se tiene a la vista, no surge que la pretensión de la Unión
Docentes Argentinos de formar una comisión negociadora haya sido plasmada
indicando por escrito las materias objeto de la negociación y nominando a sus
integrantes, esto es en orden a lo estipulado por el art. 10 de la ley 26.075 y en
cumplimiento con lo establecido por el art. 5 del dec.457/2007, conforme bien es
destacado por el Estado Nacional a fs. 203/204.
De tal suerte dentro del limitado marco cognitivo que permite la vía
procesal elegida no se advierte por parte del Estado Nacional omisión
manifiestamente ilegal o arbitraria en orden a lo preceptuado por el art.10 de la
ley 26.075 y dec. 457/2007 tal como aparece pretendido e igualmente es
observado que el juicio de amparo constituye un remedio excepcional por lo que
procede únicamente cuando se logra acreditar un daño cierto, concreto, actual o
inminente a un derecho del cual es titular el amparista, a causa de un obrar
manifiestamente ilegítimo o arbitrario.
Así conforme ha sostenido tradicionalmente la Corte Suprema de la
Nación, para que proceda el amparo la conducta debe ser manifiestamente
contraria a derecho, en tanto si la ilegalidad de la conducta no surge de modo
manifiesto y en forma clara e inequívoca, esto es sin necesidad de un largo y
profundo estudio de los hechos, ni de un amplio debate y prueba, la vía de
amparo no será idónea. Dicho en otras palabras, no solo la conducta estatal debe
revelarse como manifiestamente contraria a la legitimidad sino que también el
agravio al derecho debe ser manifiesto y grave. Esta excepcional vía no se revela
idónea ante materias o cuestiones meramente opinables ni es el medio adecuado
para dilucidar el sentido último de preceptos legales complejos y encontrados
(conforme CSJN Fallos, 325: 2583; 320: 2509; 326: 417; 330: 4144; 319: 2955).
Paritaria docente 2018-01-24

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
in fine
 artículo 9
 Resolución