Source: http://www.inmigrantesargentinos.com/240-2007.htm
Timestamp: 2014-09-23 14:21:09+00:00

Document:
El BOE publica el
Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, que entrar� en vigor dentro de un mes, momento en el que quedar� derogago el Real Decreto 178/2003. El nuevo texto incorpora al Ordenamiento la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Uni�n y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Algunos aspectos destacables de este nuevo Real Decreto son:
Incorporaci�n de las parejas de hecho a los supuestos de aplicaci�n Desempe�o de actividad laboral (no necesaria para el sustento) de familiares a cargo Regulaci�n de la Tarjeta de residencia y Tarjeta de Residencia Permanente de familiar de ciudadano de la Uni�n Regulaci�n m�s amplia del mantenimiento del derecho de residencia a los miembros de la familia, en los casos de fallecimiento, salida de Espa�a y desaparici�n del v�nculo matrimonial, reflejando en este �ltimo caso, entre otros, los supuestos referidos a violencia dom�stica y resoluciones judiciales relacionadas con la custodia. Derecho a la residencia permanente por residencia legal durante un periodo continuado de cinco a�os.
Regulaci�n m�s amplia de las limitaciones por razones de orden p�blico, seguridad p�blica y salud p�blica.
Referencia expresa a la Confederaci�n Suiza y los nacionales de Estados miembros de la UE a los que se aplican medidas transitorias para regular su acceso al mercado de trabajo espa�ol. Modificaci�n del Reglamento de la Ley 4/2000 en el que se establece una cl�usula de facilitaci�n para familiares a cargo y parejas estables que no re�nan los requisitos del RD 240/2007, as� como una referencia expresa a miembros de la familia de un ciudadano espa�ol.
CAP�TULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Art�culo 1. Objeto. Art�culo 2. Aplicaci�n a miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
Art�culo 3. Derechos. CAP�TULO II. ENTRADA Y SALIDA.
Art�culo 4. Entrada. Art�culo 5. Salida. CAP�TULO III. ESTANCIA Y RESIDENCIA.
Art�culo 6. Estancia inferior a tres meses. Art�culo 7. Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
Art�culo 8. Residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n.
Art�culo 9. Mantenimiento a t�tulo personal del derecho de residencia de los miembros de la familia, en caso de fallecimiento, salida de Espa�a, nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio, separaci�n legal o cancelaci�n de la inscripci�n como pareja registrada, en relaci�n con el titular del derecho de residencia. CAP�TULO IV. RESIDENCIA DE CAR�CTER PERMANENTE.
Art�culo 10. Derecho a residir con car�cter permanente.
Art�culo 11. Tarjeta de residencia permanente para miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
CAP�TULO V. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD, TRAMITACI�N, EXPEDICI�N Y RENOVACI�N DE CERTIFICADOS DE REGISTRO Y TARJETAS DE RESIDENCIA.
Art�culo 12. Tramitaci�n y resoluci�n de las solicitudes. Art�culo 13. Renovaci�n de las tarjetas de residencia.
Art�culo 14. Expedici�n y vigencia del certificado de registro y de la tarjeta de residencia. CAP�TULO VI. LIMITACIONES POR RAZONES DE ORDEN P�BLICO, SEGURIDAD P�BLICA Y SALUD P�BLICA.
Art�culo 15. Medidas por razones de orden p�blico, seguridad y salud p�blica. Art�culo 16. Informe de la Abogac�a del Estado.
Art�culo 17. Garant�as procesales. Art�culo 18. Resoluci�n. DISPOSICI�N ADICIONAL PRIMERA. Atribuci�n de competencias.
DISPOSICI�N ADICIONAL SEGUNDA. Normativa aplicable a los procedimientos. DISPOSICI�N ADICIONAL TERCERA. R�gimen especial de aplicaci�n a los ciudadanos de algunos Estados no miembros de la Uni�n Europea ni Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo. DISPOSICI�N TRANSITORIA PRIMERA. Solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.
DISPOSICI�N TRANSITORIA SEGUNDA. Atribuci�n transitoria de competencias. DISPOSICI�N TRANSITORIA TERCERA. R�gimen especial de los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea a los que se apliquen medidas transitorias para regular su acceso al mercado de trabajo espa�ol. DISPOSICI�N DEROGATORIA �NICA. Derogaci�n normativa.
DISPOSICI�N FINAL PRIMERA. Incorporaci�n de derecho de la Uni�n Europea. DISPOSICI�N FINAL SEGUNDA. Facultad de desarrollo. DISPOSICI�N FINAL TERCERA. Modificaci�n del Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. DISPOSICI�N FINAL CUARTA. Normativa subsidiaria y supletoria.
DISPOSICI�N FINAL QUINTA. Entrada en vigor. Espa�a se adhiri� a las Comunidades Europeas como Estado miembro de pleno derecho el 1 de enero de 1986, siendo necesario en aquellos momentos dictar el Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y trabajo en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, en el que se regulaban las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en Espa�a por parte de los ciudadanos de sus Estados miembros para la realizaci�n de actividades por cuenta ajena o por cuenta propia o para prestar o recibir servicios al amparo de lo establecido en el
Tratado de la Comunidad Econ�mica Europea.
Posteriormente, el Consejo de las Comunidades Europeas adopt� el Reglamento (CEE) 2194/1991, de 25 de junio de 1991, relativo al per�odo transitorio aplicable a la libre circulaci�n de los trabajadores entre Espa�a y Portugal y los restantes Estados miembros, y las Directivas 90/364/CEE, relativa al derecho de residencia; 90/365/CEE, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer una actividad profesional, y 93/96/CEE, relativa al derecho de residencia de los estudiantes, lo que motiv� que se dictase el
Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas.
La entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, del Acuerdo ratificado por Espa�a el 26 de noviembre de 1993, sobre el Espacio Econ�mico Europeo, as� como la necesaria adecuaci�n del
citado Real Decreto a la Jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto 267/83, Diatta contra Land Berlin), obligaron a modificar el
Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, por el
Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, y por el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre.
Debe tambi�n recordarse la vigencia, desde 1 de junio de 2002, del
Acuerdo, de 21 de junio de 1999, entre la Comunidad Europea y la Confederaci�n Suiza, sobre libre circulaci�n de personas, por el que a los ciudadanos suizos y a los miembros de su familia les es de aplicaci�n el mismo tratamiento que a los ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y a sus familiares.
La firma, el 28 de julio de 2000, en Marsella, por los Ministros del Interior de Francia, Alemania, Italia y Espa�a, de una Declaraci�n en la que se compromet�an a suprimir la obligaci�n de poseer una tarjeta de residencia en determinados supuestos, obligaba a introducir las correspondientes adaptaciones en el r�gimen contemplado en los reales decretos mencionados, por lo que se hizo necesario introducir la no exigencia de tarjeta de residencia para los ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo que fueran activos, beneficiarios del derecho a residir con car�cter permanente, estudiantes o familiares de estas personas que sean a su vez ciudadanos de los mencionados Estados.
Por otra parte, se consider� necesaria la elaboraci�n de un nuevo texto normativo que derogara los entonces a�n vigentes
Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas;
Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, que lo modificaba, as� como el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre, y por ello se aprob� el
Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
Posteriormente, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Uni�n Europea han valorado la necesidad de codificar y revisar los instrumentos comunitarios existentes, con objeto de simplificar y reforzar el derecho de libre circulaci�n y residencia de todos los ciudadanos de la Uni�n Europea, lo que ha hecho necesario un acto legislativo �nico, con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho.
Dicho acto legislativo lo ha constituido la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Uni�n y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.� 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/ CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. Dicho instrumento comunitario ha modificado el Reglamento (CEE) 1612/68, relativo a la libre circulaci�n de los trabajadores dentro de la Comunidad, y ha derogado diversas Directivas CEE en materia de desplazamiento y residencia, estancia de trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, establecimiento y libre prestaci�n de servicios, y residencia de los estudiantes nacionales de los Estados miembros.
La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, regula el derecho de entrada y salida del territorio de un Estado miembro, el derecho de residencia de los ciudadanos de la Uni�n y de los miembros de su familia, y los tr�mites administrativos que deben realizar ante las Autoridades de los Estados miembros. Asimismo regula el derecho de residencia permanente, y finalmente establece limitaciones a los derechos de entrada y de residencia por razones de orden p�blico, seguridad p�blica o salud p�blica.
En todo caso, la aprobaci�n de la citada Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, ha hecho necesario proceder a incorporar su contenido al Ordenamiento jur�dico espa�ol, todo ello de acuerdo a lo dispuesto por los
art�culos 17 y
18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea relativos a la ciudadan�a de la Uni�n, as� como a los derechos y principios inherentes a la misma, y al principio de no discriminaci�n por raz�n de sexo, raza, color, origen �tnico o social, caracter�sticas gen�ticas, lengua, religi�n o convicciones, opiniones pol�ticas o de otro tipo, pertenencia a una minor�a nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientaci�n sexual.
Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el
art�culo 1.3 de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, en su redacci�n dada por las
Leyes Org�nicas 8/2000,
11/2003 y
14/2003, debe recordarse que
dicha Ley Org�nica es de aplicaci�n para las personas incluidas en el �mbito de aplicaci�n de este Real Decreto en aquellos aspectos que pudieran serles m�s favorables.
Igualmente, el derecho a la reagrupaci�n familiar se determina como un derecho inherente al ciudadano de un Estado miembro, pero asociado necesariamente al ejercicio de su derecho de libre circulaci�n y residencia en el territorio de los otros Estados miembros, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria y con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este sentido, para regular la reagrupaci�n familiar de ciudadanos espa�oles que no han ejercido el derecho de libre circulaci�n, se introduce una
disposici�n final tercera que, a su vez, introduce dos nuevas
disposiciones adicionales, decimonovena y
vig�sima, en el
Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Estas Disposiciones protegen especialmente al c�nyuge o pareja de ciudadano espa�ol y a sus descendientes menores de veinti�n a�os, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.
El presente Real Decreto ha sido informado por el Foro para la Integraci�n Social de los Inmigrantes, por la Comisi�n Permanente de la Comisi�n Laboral Tripartita de Inmigraci�n y por la Comisi�n Interministerial de Extranjer�a.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, y del Interior, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros, en su reuni�n del d�a 16 de febrero de 2007, dispongo:
1. El presente Real Decreto regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulaci�n, estancia, residencia, residencia de car�cter permanente y trabajo en Espa�a por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Uni�n Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, as� como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de orden p�blico, seguridad p�blica o salud p�blica.
Art�culo 2. Aplicaci�n a miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
El presente Real Decreto se aplica tambi�n, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los t�rminos previstos por �ste, a los familiares de ciudadano de otro Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, cuando le acompa�en o se re�nan con �l, que a continuaci�n se relacionan:
A su c�nyuge, siempre que no haya reca�do el acuerdo o la declaraci�n de nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio o separaci�n legal.
A la pareja con la que mantenga una uni�n an�loga a la conyugal inscrita en un registro p�blico establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Uni�n Europea o en un Estado parte en el Espacio Econ�mico Europeo, que impida la posibilidad de dos registros simult�neos en dicho Estado, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripci�n, lo que deber� ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripci�n como pareja registrada se considerar�n, en todo caso, incompatibles entre s�.
A sus descendientes directos, y a los de su c�nyuge o pareja registrada siempre que no haya reca�do el acuerdo o la declaraci�n de nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio o separaci�n legal, o se haya cancelado la inscripci�n registral de pareja, menores de veinti�n a�os, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.
A sus ascendientes directos, y a los de su c�nyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya reca�do el acuerdo o la declaraci�n de nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio o separaci�n legal, o se haya cancelado la inscripci�n registral de pareja.
Art�culo 3. Derechos.
1. Las personas incluidas en el �mbito de aplicaci�n del presente Real Decreto tienen derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio espa�ol, previo el cumplimiento de las formalidades previstas por �ste y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el mismo.
2. Asimismo, las personas incluidas en el �mbito de aplicaci�n del presente Real Decreto, exceptuando a los descendientes mayores de veinti�n a�os que vivan a cargo, y a los ascendientes a cargo contemplados en el art�culo 2.d del presente Real Decreto, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestaci�n de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los espa�oles, sin perjuicio de la limitaci�n establecida en el
art�culo 39.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
No alterar� la situaci�n de familiar a cargo la realizaci�n por �ste de una actividad laboral en la que se acredite que los ingresos obtenidos no tienen el car�cter de recurso necesario para su sustento, y en los casos de contrato de trabajo a jornada completa con una duraci�n que no supere los tres meses en c�mputo anual ni tenga una continuidad como ocupaci�n en el mercado laboral, o a tiempo parcial teniendo la retribuci�n el citado car�cter de recurso no necesario para el sustento. En caso de finalizaci�n de la situaci�n de familiar a cargo y eventual cesaci�n en la condici�n de familiar de ciudadano de la Uni�n, ser� aplicable el
art�culo 96.5 del Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000.
3. Los titulares de los derechos a que se refieren los apartados anteriores que pretendan permanecer o fijar su residencia en Espa�a durante m�s de tres meses estar�n obligados a solicitar un certificado de registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n, seg�n el procedimiento establecido en la presente norma.
4. Todos los ciudadanos de la Uni�n que residan en Espa�a conforme a lo dispuesto en el presente Real Decreto gozar�n de igualdad de trato respecto de los ciudadanos espa�oles en el �mbito de aplicaci�n del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este derecho extender� sus efectos a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.
Art�culo 4. Entrada.
1. La entrada en territorio espa�ol del ciudadano de la Uni�n se efectuar� con el pasaporte o documento de identidad v�lido y en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular.
2. Los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo efectuar�n su entrada con un pasaporte v�lido y en vigor, necesitando, adem�s, el correspondiente visado de entrada cuando as� lo disponga el Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo, por el que se establece la lista de terceros pa�ses cuyos nacionales est�n sometidos a la obligaci�n de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros pa�ses cuyos nacionales est�n exentos de esa obligaci�n. La expedici�n de dichos visados ser� gratuita y su tramitaci�n tendr� car�cter preferente cuando acompa�en al ciudadano de la Uni�n o se re�nan con �l.
La posesi�n de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n, v�lida y en vigor, expedida por un Estado que aplica plenamente el Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresi�n gradual de los controles en las fronteras comunes, y su normativa de desarrollo, eximir� a dichos miembros de la familia de la obligaci�n de obtener el visado de entrada y, a la presentaci�n de dicha tarjeta, no se requerir� la estampaci�n del sello de entrada o de salida en el pasaporte.
3. Cualquier resoluci�n denegatoria de una solicitud de visado o de entrada, instada por una persona incluida en el �mbito de aplicaci�n del presente Real Decreto deber� ser motivada. Dicha resoluci�n denegatoria indicar� las razones en que se base, bien por no acreditar debidamente los requisitos exigidos a tal efecto por el presente Real Decreto, bien por motivos de orden p�blico, seguridad o salud p�blicas. Las razones ser�n puestas en conocimiento del interesado salvo que ello sea contrario a la seguridad del Estado.
4. En los supuestos en los que un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, o un miembro de su familia, no dispongan de los documentos de viaje necesarios para la entrada en territorio espa�ol, o, en su caso, del visado, las Autoridades responsables del control fronterizo dar�n a estas personas, antes de proceder a su retorno, las m�ximas facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios, o para que se pueda confirmar o probar por otros medios que son beneficiarios del �mbito de aplicaci�n del presente Real Decreto, siempre que la ausencia del documento de viaje sea el �nico motivo que impida la entrada en territorio espa�ol.
Art�culo 5. Salida.
Los ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, y los miembros de su familia con independencia de su nacionalidad, tendr�n derecho a salir de Espa�a para trasladarse a otro Estado miembro, ello con independencia de la presentaci�n del pasaporte o documento de identidad en vigor a los funcionarios del control fronterizo si la salida se efect�a por un puesto habilitado, para su obligada comprobaci�n, y de los supuestos legales de prohibici�n de salida por razones de seguridad nacional o de salud p�blica, o previstos en el
Art�culo 6. Estancia inferior a tres meses.
1. En los supuestos en los que la permanencia en Espa�a de un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, cualquiera que sea su finalidad, tenga una duraci�n inferior a tres meses, ser� suficiente la posesi�n de pasaporte o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en territorio espa�ol, no comput�ndose dicha permanencia a los efectos derivados de la situaci�n de residencia.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior ser� de aplicaci�n para los familiares de los ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, que no sean nacionales de uno de estos Estados, y acompa�en al ciudadano de uno de estos Estados o se re�nan con �l, que est�n en posesi�n de un pasaporte v�lido y en vigor, y que hayan cumplido los requisitos de entrada establecidos en el art�culo 4 del presente Real Decreto.
Art�culo 7. Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
1. Los ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo tienen derecho a residir en territorio espa�ol por un per�odo superior a tres meses. Los interesados estar�n obligados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisar�a de Polic�a correspondiente, su inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros. Dicha solicitud deber� presentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en Espa�a, si�ndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el que constar� el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su n�mero de identidad de extranjero, y la fecha de registro.
2. Junto con la solicitud de inscripci�n, deber� presentarse el pasaporte o documento nacional de identidad v�lido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que dicho documento est� caducado, deber� aportarse copia de �ste y de la solicitud de renovaci�n.
1. Los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo especificados en el art�culo 2 del presente Real Decreto, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompa�en o se re�nan con �l, podr�n residir en Espa�a por un per�odo superior a tres meses, estando sujetos a la obligaci�n de solicitar y obtener una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n.
2. La solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n deber� presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en Espa�a, ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisar�a de Polic�a correspondiente. En todo caso, se entregar� de forma inmediata un resguardo acreditativo de la presentaci�n de la solicitud de la tarjeta, que ser� suficiente para acreditar su situaci�n de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta. La tenencia del resguardo no podr� constituir condici�n previa para el ejercicio de otros derechos o la realizaci�n de tr�mites administrativos, siempre que el beneficiario de los derechos pueda acreditar su situaci�n por cualquier otro medio de prueba.
3. Junto con el impreso de solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n, cumplimentado en el modelo oficial establecido al efecto, deber� presentarse la documentaci�n siguiente:
Pasaporte v�lido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que el documento est� caducado, deber� aportarse copia de �ste y de la solicitud de renovaci�n.
Documentaci�n acreditativa, en su caso debidamente traducida y apostillada o legalizada, de la existencia del v�nculo familiar, matrimonio o uni�n registrada que otorga derecho a la tarjeta.
Certificado de registro del familiar ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo al que acompa�an o con el que van a reunirse.
Documentaci�n acreditativa, en los supuestos en los que as� se exija en el art�culo 2 del presente Real Decreto, de que el solicitante de la tarjeta vive a cargo del ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo del que es familiar.
Tres fotograf�as recientes en color, en fondo blanco, tama�o carn�.
4. La expedici�n de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n deber� realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la presentaci�n de la solicitud. La resoluci�n favorable tendr� efectos retroactivos, entendi�ndose acreditada la situaci�n de residencia desde el momento de su solicitud.
5. La tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n tendr� una validez de cinco a�os a partir de la fecha de su expedici�n, o por el per�odo previsto de residencia del ciudadano de la Uni�n o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, si dicho periodo fuera inferior a cinco a�os.
Art�culo 9. Mantenimiento a t�tulo personal del derecho de residencia de los miembros de la familia, en caso de fallecimiento, salida de Espa�a, nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio, separaci�n legal o cancelaci�n de la inscripci�n como pareja registrada, en relaci�n con el titular del derecho de residencia.
1. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, su salida de Espa�a, o la nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio, separaci�n legal o cancelaci�n de la inscripci�n como pareja registrada, no afectar� al derecho de residencia de los miembros de su familia ciudadanos de uno de dichos Estados.
2. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, en el caso de miembros de la familia que no sean ciudadanos de uno de dichos Estados, tampoco afectar� a su derecho de residencia, siempre que �stos hayan residido en Espa�a, en calidad de miembros de la familia, antes del fallecimiento del titular del derecho. Los familiares tendr�n obligaci�n de comunicar el fallecimiento a las autoridades competentes.
Transcurridos seis meses desde el fallecimiento salvo que haya adquirido el derecho a residir con car�cter permanente, el familiar deber� solicitar una autorizaci�n de residencia, de conformidad con lo previsto en el
art�culo 96.5 Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social. Para obtener la nueva autorizaci�n deber� demostrar que est� en alta en el r�gimen correspondiente de seguridad social como trabajador, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, o que disponen, para s� y para los miembros de su familia, de recursos suficientes, o que son miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos.
3. La salida de Espa�a o el fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo no supondr� la p�rdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga atribuida la custodia efectiva de �stos, con independencia de su nacionalidad, siempre que dichos hijos residan en Espa�a y se encuentren matriculados en un centro de ense�anza para cursar estudios, ello hasta la finalizaci�n de �stos.
4. En el caso de nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio, separaci�n legal o cancelaci�n de la inscripci�n como pareja registrada, de un nacional de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, con un nacional de un Estado que no lo sea, �ste tendr� obligaci�n de comunicar dicha circunstancia a las autoridades competentes. Para conservar el derecho de residencia, deber� acreditarse uno de los siguientes supuestos:
Duraci�n de al menos tres a�os del matrimonio o situaci�n de pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio, divorcio o separaci�n legal, o de la cancelaci�n de la inscripci�n como pareja registrada, de los cuales deber� acreditarse que al menos uno de los a�os ha transcurrido en Espa�a.
Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisi�n judicial, de la custodia de los hijos del ciudadano comunitario, al ex c�nyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
Cuando se acredite que han existido circunstancias especialmente dif�ciles como haber sido v�ctima de violencia dom�stica durante el matrimonio o situaci�n de pareja registrada, circunstancia que se considerar� acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protecci�n a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia dom�stica, y con car�cter definitivo cuando haya reca�do sentencia en la que se declare que se han producido las circunstancias alegadas.
Resoluci�n judicial o mutuo acuerdo entre las partes que determine el derecho de visita, al hijo menor, del ex c�nyuge, c�nyuge separado legalmente o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, cuando dicho menor resida en Espa�a y dicha resoluci�n o acuerdo se encuentre vigente.
Transcurridos seis meses desde que se produjera cualquiera de los supuestos anteriores, salvo que haya adquirido el derecho a residir con car�cter permanente, el ex c�nyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo deber� solicitar una autorizaci�n de residencia, de conformidad con lo previsto en el
art�culo 96.5 Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social. Dicho plazo de seis meses podr� ser prorrogado, en el supuesto de la letra c anterior, hasta el momento en que recaiga resoluci�n judicial en la que se declare que se han producido las circunstancias alegadas. Para obtener la nueva autorizaci�n deber� demostrar que est� en alta en el r�gimen correspondiente de seguridad social como trabajador, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, o que disponen, para s� y para los miembros de su familia, de recursos suficientes, o que son miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos.
RESIDENCIA DE CAR�CTER PERMANENTE.
1. Son titulares del derecho a residir con car�cter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en Espa�a durante un per�odo continuado de cinco a�os. Este derecho no estar� sujeto a las condiciones previstas en el cap�tulo III del presente Real Decreto.
A petici�n del interesado, la Oficina de Extranjeros de la provincia donde �ste tenga su residencia o, en su defecto, la Comisar�a de Polic�a correspondiente, expedir�, con la mayor brevedad posible y tras verificar la duraci�n de la residencia, un certificado del derecho a residir con car�cter permanente.
2. Asimismo, tendr�n derecho a la residencia permanente, antes de que finalice el per�odo de cinco a�os referido con anterioridad, las personas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
El trabajador por cuenta propia o ajena que, en el momento en que cese su actividad, haya alcanzado la edad prevista en la legislaci�n espa�ola para acceder a la jubilaci�n con derecho a pensi�n, o el trabajador por cuenta ajena que deje de ocupar la actividad remunerada con motivo de una jubilaci�n anticipada, cuando hayan ejercido su actividad en Espa�a durante, al menos, los �ltimos doce meses y hayan residido en Espa�a de forma continuada durante m�s de tres a�os.
La condici�n de duraci�n de residencia no se exigir� si el c�nyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano espa�ol o ha perdido su nacionalidad espa�ola tras su matrimonio o inscripci�n como pareja registrada con el trabajador.
El trabajador por cuenta propia o ajena que haya cesado en el desempe�o de su actividad como consecuencia de incapacidad permanente, habiendo residido en Espa�a durante m�s de dos a�os sin interrupci�n. No ser� necesario acreditar tiempo alguno de residencia si la incapacidad resultara de accidente de trabajo o de enfermedad profesional que d� derecho a una pensi�n de la que sea responsable, total o parcialmente, un organismo del Estado espa�ol.La condici�n de duraci�n de residencia no se exigir� si el c�nyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano espa�ol o ha perdido su nacionalidad espa�ola tras su matrimonio o inscripci�n como pareja con el trabajador.
El trabajador por cuenta propia o ajena que, despu�s de tres a�os consecutivos de actividad y de residencia continuadas en territorio espa�ol desempe�e su actividad, por cuenta propia o ajena, en otro Estado miembro y mantenga su residencia en Espa�a, regresando al territorio espa�ol diariamente o, al menos, una vez por semana. A los exclusivos efectos del derecho de residencia, los per�odos de actividad ejercidos en otro Estado miembro de la Uni�n Europea se considerar�n cumplidos en Espa�a.
3. Los miembros de la familia del trabajador por cuenta propia o ajena que residan con �l en Espa�a tendr�n, con independencia de su nacionalidad, derecho de residencia permanente cuando el propio trabajador haya adquirido para s� el derecho de residencia permanente por hallarse incluido en alguno de los supuestos del apartado 2 anterior, expidi�ndoseles o renov�ndose, cuando fuera necesario, una tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Uni�n.
4. A los efectos contemplados en el apartado 2 anterior, los per�odos de desempleo involuntario, debidamente justificados por el servicio p�blico de empleo competente, los per�odos de suspensi�n de la actividad por razones ajenas a la voluntad del interesado, y las ausencias del puesto de trabajo o las bajas por enfermedad o accidente se considerar�n como per�odos de empleo.
5. Si el titular del derecho a residir en territorio espa�ol hubiera fallecido en el curso de su vida activa, con anterioridad a la adquisici�n del derecho de residencia permanente en Espa�a, los miembros de su familia que hubieran residido con �l en el territorio nacional tendr�n derecho a la residencia permanente siempre y cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que el titular del derecho a residir en territorio espa�ol hubiera residido, de forma continuada en Espa�a, en la fecha del fallecimiento durante, al menos, dos a�os.
Que el c�nyuge sup�rstite fuera ciudadano espa�ol y hubiera perdido la nacionalidad espa�ola como consecuencia del matrimonio con el fallecido.
6. A los efectos del presente art�culo, la continuidad de la residencia se valorar� de conformidad con lo previsto en el presente Real Decreto.
7. Se perder� el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio espa�ol durante m�s de dos a�os consecutivos.
1. Las autoridades competentes expedir�n a los miembros de la familia con derecho de residencia permanente que no sean nacionales de otro Estado miembro de la Uni�n europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, una tarjeta de residencia permanente, en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del �rgano competente para su tramitaci�n.
La solicitud deber� presentarse en el modelo oficial establecido al efecto, durante el mes anterior a la caducidad de la tarjeta de residencia, pudiendo tambi�n presentarse dentro de los tres meses posteriores a dicha fecha de caducidad sin perjuicio de la sanci�n administrativa que corresponda. Dicha tarjeta ser� renovable autom�ticamente cada diez a�os.
2. Junto con la solicitud de la citada tarjeta de residencia permanente, deber� presentarse la documentaci�n siguiente:
Pasaporte v�lido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que dicho documento est� caducado, deber� aportarse copia de �ste y de la solicitud de renovaci�n.
Documentaci�n acreditativa del supuesto que da derecho a la tarjeta.
3. Las interrupciones de residencia no superiores a dos a�os consecutivos, no afectar�n a la vigencia de la tarjeta de residencia permanente.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD, TRAMITACI�N, EXPEDICI�N Y RENOVACI�N DE CERTIFICADOS DE REGISTRO Y TARJETAS DE RESIDENCIA.
Art�culo 12. Tramitaci�n y resoluci�n de las solicitudes.
1. Las solicitudes de los certificados de registro y tarjetas de residencia previstos en el presente Real Decreto se presentar�n personalmente en el modelo oficial establecido al efecto, se tramitar�n con car�cter preferente y se resolver�n conforme a lo previsto en los art�culos 7, 8 y
11 del presente Real Decreto.
2. La solicitud y tramitaci�n del certificado de registro o de las tarjetas de residencia no supondr� obst�culo alguno a la permanencia provisional de los interesados en Espa�a, ni al desarrollo de sus actividades.
3. Las Autoridades competentes para tramitar y resolver las solicitudes de certificado de registro o de tarjetas de residencia que se regulan en el presente Real Decreto podr�n, excepcionalmente, recabar informaci�n sobre posibles antecedentes penales del interesado a las autoridades del Estado de origen o a las de otros Estados.
4. Asimismo, cuando as� lo aconsejen razones de salud p�blica y seg�n lo previsto en al
art�culo 15 del presente Real Decreto, podr� exigirse al interesado la presentaci�n de certificado m�dico acreditativo de su estado de salud.
Art�culo 13. Renovaci�n de las tarjetas de residencia.
En caso de que fuese necesaria la renovaci�n de la tarjeta de residencia antes de la adquisici�n del derecho a residir con car�cter permanente, dicha renovaci�n se tramitar� conforme a lo dispuesto en el presente Real Decreto, si bien en el caso de ascendientes y descendientes no se exigir� la aportaci�n de la documentaci�n acreditativa de la existencia del v�nculo familiar que da derecho a la expedici�n de la tarjeta.
Art�culo 14. Expedici�n y vigencia del certificado de registro y de la tarjeta de residencia.
1. La expedici�n del certificado de registro o de la tarjeta de residencia se realizar� de conformidad con los modelos que determinen las Autoridades competentes y previo abono de la tasa correspondiente, de conformidad con la legislaci�n vigente de tasas y precios p�blicos, cuya cuant�a ser� la equivalente a la que se exige a los espa�oles para la obtenci�n y renovaci�n del documento nacional de identidad.
2. En todo caso, la vigencia de los certificados de registro y tarjetas de residencia contemplados en el presente Real Decreto, y el reemplazo de �stos por un documento acreditativo de la residencia permanente o una tarjeta de residencia permanente, respectivamente, estar� condicionada al hecho de que su titular contin�e encontr�ndose en alguno de los supuestos que dan derecho a su obtenci�n. Los interesados deber�n comunicar los eventuales cambios de circunstancias referidos a su nacionalidad, estado civil o domicilio a la Oficina de Extranjeros de la provincia donde residan o, en su defecto, a la Comisar�a de Polic�a correspondiente.
Esta caducidad por ausencia no ser� de aplicaci�n a los titulares de tarjeta de familiar de ciudadano de la Uni�n vinculados mediante una relaci�n laboral a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones, inscritas en el registro general correspondiente y reconocidas oficialmente de utilidad p�blica como cooperantes, y que realicen para aqu�llas proyectos de investigaci�n, cooperaci�n al desarrollo o ayuda humanitaria, llevados a cabo en el extranjero. Tampoco ser� de aplicaci�n a los titulares de dicha tarjeta que permanezcan en el territorio de otro Estado miembro de la Uni�n Europea para la realizaci�n de programas temporales de estudios promovidos por la propia Uni�n.
LIMITACIONES POR RAZONES DE ORDEN P�BLICO, SEGURIDAD P�BLICA Y SALUD P�BLICA.
Art�culo 15. Medidas por razones de orden p�blico, seguridad y salud p�blica.
1. Cuando as� lo impongan razones de orden p�blico, de seguridad p�blica o de salud p�blica, se podr� adoptar alguna de las medidas siguientes en relaci�n con los ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, o con los miembros de su familia:
Impedir la entrada en Espa�a, aunque los interesados presenten la documentaci�n prevista en el art�culo 4 del presente Real Decreto.
Denegar la inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros, o la expedici�n o renovaci�n de las tarjetas de residencia previstas en el presente Real Decreto.
Ordenar la expulsi�n o devoluci�n del territorio espa�ol.
�nicamente podr� adoptarse una decisi�n de expulsi�n respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en Espa�a, si existen motivos graves de orden p�blico o seguridad p�blica. Asimismo, antes de adoptarse una decisi�n en ese sentido, se tendr�n en cuenta la duraci�n de la residencia e integraci�n social y cultural del interesado en Espa�a, su edad, estado de salud, situaci�n familiar y econ�mica, y la importancia de los v�nculos con su pa�s de origen.
2. Aquellas personas que hayan sido objeto de una decisi�n de prohibici�n de entrada en Espa�a, podr�n presentar, en un plazo no inferior a dos a�os desde dicha prohibici�n, una solicitud de levantamiento de la misma, previa alegaci�n de los motivos que demuestren un cambio material de las circunstancias que justificaron la prohibici�n de entrada en Espa�a.
La Autoridad competente que resolvi� dicha prohibici�n de entrada deber� resolver dicha solicitud en un plazo m�ximo de tres meses a partir de su presentaci�n.
Durante el tiempo en el que dicha solicitud es examinada, el afectado no podr� entrar en Espa�a.
3. La continuidad de la residencia referida en el presente Real Decreto se ver� interrumpida por cualquier resoluci�n de expulsi�n ejecutada v�lidamente contra el interesado.
4. En los casos en los que una resoluci�n de expulsi�n vaya a ejecutarse m�s de dos a�os despu�s de haberse dictado, las autoridades competentes deber�n comprobar y valorar posibles cambios de circunstancias que pudieran haberse producido desde el momento en el que se adopt� la decisi�n de expulsi�n, as� como la realidad de la amenaza que el interesado representa para el orden p�blico o la seguridad p�blica.
5. La adopci�n de una de las medidas previstas en los apartados anteriores 1 a 4 se atendr� a los siguientes criterios:
Habr� de ser adoptada con arreglo a la legislaci�n reguladora del orden p�blico y la seguridad p�blica y a las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia.
Podr� ser revocada de oficio o a instancia de parte cuando dejen de subsistir las razones que motivaron su adopci�n.
No podr� ser adoptada con fines econ�micos.
Cuando se adopte por razones de orden p�blico o de seguridad p�blica, deber�n estar fundadas exclusivamente en la conducta personal de quien sea objeto de aqu�llas, que, en todo caso, deber� constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un inter�s fundamental de la sociedad, y que ser� valorada, por el �rgano competente para resolver, en base a los informes de las Autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente. La existencia de condenas penales anteriores no constituir�, por s� sola, raz�n para adoptar dichas medidas.
6. No podr� adoptarse una decisi�n de expulsi�n o repatriaci�n respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, salvo si existen motivos imperiosos de seguridad p�blica, en los siguientes casos:
Si hubiera residido en Espa�a durante los diez a�os anteriores, o:
Si fuera menor de edad, salvo si la repatriaci�n es conforme al inter�s superior del menor, no teniendo dicha repatriaci�n, en ning�n caso, car�cter sancionador.
7. La caducidad del documento de identidad o del pasaporte con el que el interesado efectuara su entrada en Espa�a, o, en su caso, de la tarjeta de residencia, no podr� ser causa de expulsi�n.
8. El incumplimiento de la obligaci�n de solicitar la tarjeta de residencia o del certificado de registro conllevar� la aplicaci�n de las sanciones pecuniarias que, en id�nticos t�rminos y para supuestos similares, se establezca para los ciudadanos espa�oles en relaci�n con el Documento Nacional de Identidad.
9. Las �nicas dolencias o enfermedades que pueden justificar la adopci�n de alguna de las medidas del apartado 1 del presente art�culo ser�n las enfermedades con potencial epid�mico, como se definen en los instrumentos correspondientes de la Organizaci�n Mundial de la Salud, as� como otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, de conformidad con la legislaci�n espa�ola vigente.
Las enfermedades que sobrevengan tras los tres primeros meses siguientes a la fecha de llegada del interesado, no podr�n justificar la expulsi�n de territorio espa�ol.
En los casos individuales en los que existan indicios graves que lo justifiquen, podr� someterse a la persona incluida en el �mbito de aplicaci�n del presente Real Decreto, en los tres meses siguientes a la fecha de su llegada a Espa�a, a un reconocimiento m�dico gratuito para que se certifique que no padece ninguna de las enfermedades mencionadas en este apartado. Dichos reconocimientos m�dicos no podr�n exigirse con car�cter sistem�tico.
Art�culo 16. Informe de la Abogac�a del Estado.
1. La resoluci�n administrativa de expulsi�n de un titular de tarjeta o certificado requerir�, con anterioridad a que se dicte, el informe previo de la Abogac�a del Estado en la provincia, salvo en aquellos casos en que concurran razones de urgencia debidamente motivadas.
2. Sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes, la resoluci�n de la Autoridad competente que ordene la expulsi�n de personas solicitantes de tarjeta de residencia o certificado de registro ser� sometida, previa petici�n del interesado, a examen de la Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado o de la Abogac�a del Estado en la provincia. El interesado podr� presentar personalmente sus medios de defensa ante el �rgano consultivo, a no ser que se opongan a ello motivos de seguridad del Estado. El dictamen de la Abogac�a del Estado ser� sometido a la autoridad competente para que confirme o revoque la anterior resoluci�n.
Art�culo 17. Garant�as procesales.
1. Cuando la presentaci�n de recurso administrativo o judicial contra la resoluci�n de expulsi�n vaya acompa�ada de la solicitud de una medida cautelar de suspensi�n de la ejecuci�n de dicha resoluci�n, no podr� producirse la expulsi�n en s� hasta el momento en que se haya adoptado la decisi�n sobre la medida cautelar, excepto si se da una de las siguientes circunstancias:
Que la resoluci�n de expulsi�n se base en una decisi�n judicial anterior.
Que las personas afectadas hayan tenido acceso previo a la revisi�n judicial.
Que la resoluci�n de expulsi�n se base en motivos imperiosos de seguridad p�blica seg�n lo se�alado en el art�culo 15.5.a y d del presente Real Decreto.
2. Durante la sustanciaci�n del recurso judicial, el interesado no podr� permanecer en territorio espa�ol, salvo en el tr�mite de vista, en que podr� presentar personalmente su defensa, excepto que concurran motivos graves de orden p�blico o de seguridad p�blica o cuando el recurso se refiera a una denegaci�n de entrada en el territorio.
Art�culo 18. Resoluci�n.
1. Las resoluciones de expulsi�n ser�n dictadas por los Subdelegados del Gobierno o Delegados del Gobierno en las comunidades aut�nomas uniprovinciales.
2. Las resoluciones de expulsi�n fijar�n el plazo en el que el interesado debe abandonar el territorio espa�ol. Excepto en casos de urgencia debidamente justificados, en los que la resoluci�n se ejecutar� de forma inmediata, en los dem�s supuestos se conceder� al interesado un plazo para abandonarlo, que no podr� ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificaci�n de la resoluci�n. Las citadas resoluciones deber�n ser motivadas, con informaci�n acerca de los recursos que se puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien se debe formalizar.
DISPOSICI�N ADICIONAL PRIMERA. Atribuci�n de competencias.
Las competencias en materia de recepci�n de comunicaciones o resoluci�n de solicitudes en el �mbito del presente Real Decreto no expresamente atribuidas ser�n ejercidas por el Jefe de la Oficina de Extranjeros de la provincia en la que el solicitante tenga su domicilio.
DISPOSICI�N ADICIONAL SEGUNDA. Normativa aplicable a los procedimientos.
En lo no previsto en materia de procedimientos en el presente Real Decreto, se estar� a lo dispuesto en la
Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, en
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas y del procedimiento administrativo com�n, y en su normativa de desarrollo, con car�cter supletorio y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y el derecho derivado de los mismos.
DISPOSICI�N ADICIONAL TERCERA. R�gimen especial de aplicaci�n a los ciudadanos de algunos Estados no miembros de la Uni�n Europea ni Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
1. En virtud del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederaci�n Suiza sobre libre circulaci�n de personas, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, a los ciudadanos suizos y a los miembros de su familia les es de aplicaci�n lo previsto en el presente Real Decreto.
2. En virtud de acuerdos celebrados entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y Estados no miembros de la Uni�n Europea ni Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, por otra, a los ciudadanos de dichos Estados terceros y a los miembros de su familia les ser� de aplicaci�n lo previsto en el presente Real Decreto para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulaci�n, estancia, residencia y trabajo en Espa�a, cuando ello sea conforme con lo establecido en dichos acuerdos.
DISPOSICI�N TRANSITORIA PRIMERA. Solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto se tramitar�n y resolver�n conforme a lo previsto en �l, salvo que el interesado solicite la aplicaci�n de la normativa vigente en el momento de la solicitud y siempre que ello sea compatible con las previsiones del presente Real Decreto.
DISPOSICI�N TRANSITORIA SEGUNDA. Atribuci�n transitoria de competencias.
En las provincias en las que a�n no haya sido creada la correspondiente Oficina de Extranjeros, las competencias en el �mbito del presente Real Decreto no expresamente atribuidas ser�n ejercidas por el Subdelegado del Gobierno o por el Delegado del Gobierno en las comunidades aut�nomas uniprovinciales.
DISPOSICI�N TRANSITORIA TERCERA. R�gimen especial de los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea a los que se apliquen medidas transitorias para regular su acceso al mercado de trabajo espa�ol.
Los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Estados miembros que se incorporen a la Uni�n Europea, podr�n verse sometidos a determinadas limitaciones de acceso al mercado de trabajo espa�ol en virtud de lo establecido en las Actas de adhesi�n de dichos Estados y de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Gobierno en cada caso respecto a la aplicaci�n de un per�odo transitorio sobre esta materia.
Las medidas transitorias que regulen su situaci�n como trabajadores por cuenta ajena, que en ning�n caso supondr�n menoscabo alguno del resto de derechos contemplados en tanto que ciudadanos de la Uni�n Europea, determinar�n la obligaci�n de proveerse de la correspondiente autorizaci�n de trabajo por cuenta ajena. Las autorizaciones necesarias habr�n de ser solicitadas y tramitadas seg�n lo previsto en la
Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, y su normativa de desarrollo, teniendo en cuenta lo establecido por las citadas Actas de adhesi�n y por el acervo comunitario aplicable.
Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, as� como todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Mediante el presente Real Decreto se incorpora al derecho espa�ol la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Uni�n y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n� 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.
1. El titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Ministerio del Interior, podr� adoptar las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicaci�n del presente Real Decreto que requieran la aprobaci�n de la oportuna orden ministerial, y de las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicaci�n del mismo que corresponden a los Centros directivos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Ministerio del Interior, y del Ministerio de Administraciones P�blicas, en el �mbito de sus respectivas competencias.
2. Asimismo, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n podr� adoptar las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicaci�n del presente Real Decreto que requieran la aprobaci�n de la oportuna orden ministerial, ello con independencia de la competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de la pol�tica del Gobierno en materia de extranjer�a e inmigraci�n, y de las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicaci�n del presente Real Decreto que corresponden a los centros directivos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n en el �mbito de sus competencias.
DISPOSICI�N FINAL TERCERA. Modificaci�n del Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, queda modificado como sigue:
Uno. Se introduce una
disposici�n adicional decimonovena:
DISPOSICI�N ADICIONAL DECIMONOVENA. Facilitaci�n de la entrada y residencia de los familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, no incluidos en el �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
Las Autoridades competentes facilitar�n, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, y en el presente Reglamento, la obtenci�n del visado de residencia o, en su caso, de una autorizaci�n de residencia por circunstancias excepcionales, a quien sin estar incluido en el art�culo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, acompa�e a un ciudadano de la Uni�n o se re�na con �l, y se halle en una de las siguientes circunstancias:
Sea otro familiar con parentesco hasta segundo grado, en l�nea directa o colateral, consangu�nea o por afinidad, que, en el pa�s de procedencia, est� a cargo o viva con el ciudadano de otro Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, o cuando por motivos graves de salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que dicho ciudadano se haga cargo de su cuidado personal,
sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro de la Uni�n Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, con la que el ciudadano de la Uni�n mantiene una relaci�n estable debidamente probada.
Las autoridades exigir�n la presentaci�n de acreditaci�n, por parte de la autoridad competente del pa�s de origen o procedencia, que certifique que est� a cargo del ciudadano de la Uni�n o que viv�a con �l en ese pa�s, o la prueba de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad que requieran estrictamente que el ciudadano de la Uni�n se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. Igualmente se exigir� prueba suficiente de la existencia de una relaci�n estable con el ciudadano de la Uni�n.
Las autoridades competentes estudiar�n detenidamente las circunstancias personales en las solicitudes de entrada, visado o autorizaciones de residencia presentadas y justificar�n toda denegaci�n de las mismas.
Dos. Se introduce una
disposici�n adicional vig�sima:
DISPOSICI�N ADICIONAL VIG�SIMA. Normativa aplicable a miembros de la familia de ciudadano espa�ol que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
1. El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, ser� de aplicaci�n, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los t�rminos previstos por �ste, a los familiares de ciudadano espa�ol, cuando le acompa�en o se re�nan con �l, y est�n incluidos en una de las siguientes categor�as:
A sus ascendientes y a los de su c�nyuge, siempre que no haya reca�do el acuerdo o la declaraci�n de nulidad del v�nculo matrimonial, divorcio o separaci�n legal, que vivan a su cargo, siempre que en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, fueran titulares de una tarjeta de familiar de residente comunitario en vigor o susceptible de ser renovada, obtenida al amparo del
2. La reagrupaci�n familiar de ascendientes directos de ciudadano espa�ol, o de su c�nyuge, se regir� por lo previsto en la
secci�n II del cap�tulo I del t�tulo IV del presente reglamento.
DISPOSICI�N FINAL CUARTA. Normativa subsidiaria y supletoria.
1. La entrada, permanencia y trabajo en Espa�a de los familiares de los ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, incluidos en el �mbito de aplicaci�n del presente Real Decreto, se regir�n por la
Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, en aquellos casos en que no quede acreditada la concurrencia de los requisitos previstos en el presente Real Decreto.
2. Las normas de car�cter general contenidas en la citada
Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, as� como las normas reglamentarias vigentes sobre la materia, ser�n aplicables a los supuestos comprendidos en el �mbito de aplicaci�n del presente Real Decreto, con car�cter supletorio y en la medida en que pudieran ser m�s favorables y no se opongan a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, as� como en el Derecho derivado de los mismos.
El presente Real Decreto entrar� en vigor al mes de su publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Estado.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Mar�a Teresa Fern�ndez de la Vega Sanz.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto