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Timestamp: 2018-07-17 01:35:39+00:00

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ANALISIS ETICO-JURIDICO DEL ARTICULO 131 DEL CODIGO CIVIL
Juan Ignacio Retamal Parada
Universidad del Derecho
Etimológicamente familia procede de la voz familia, por derivación de famulus, que a su vez deriva del osco famel, que significa siervo, y más remotamente del sánscrito vama, hogar o habitación, significando, por consiguiente, el conjunto de personas y esclavos que moraban con el señor de la casa. Por eso es que en sentido vulgar todavía se habla de familia para referirse a las personas que moran en un mismo techo, sometidas a la dirección y recursos del jefe de la casa.1
La doctrina ha elaborado algunas definiciones, es así como don Manuel Somarriva dice que es un “conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, del parentesco o de la adopción” (Derecho de Familia, Editorial Nacimiento, edición 1963 Nº 3, pág. 10). En termino similares la define don José Castán Tobeñas que señala que es un “conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción), a las que la ley le atribuye algún efecto jurídico” (José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, t. V, vol. 1º, pág.28).
Así la Real Academia Española define familia como “grupo de personas emparentadas entre si que viven juntas”, “conjunto de ascendientes descendientes, colaterales y afines de un mismo linaje”, “hijos o descendencia”.
En todo caso, en nuestra legislación se extraña una definición legal de familia, así lo único que existe es una referencia en art. 815 del Código Civil para fines muy limitados.
2.- Constitucionalización de la familia.
Bien es sabido que la familia constituye el núcleo fundamental de toda sociedad civilizada, por lo que el constituyente no se puede abstener de tratarla y darle un rango constitucional a esta solemne institución por la trascendencia e importancia que esta tiene en el desarrollo, tanto material como espiritual de todo ser humano.
Así nuestra carta fundamental en su art. 1º inciso 2º expresa: “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Más adelante señala “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta…..”.
Ahora bien, surge el problema de determinar cuál es el verdadero alcance de esta declaración, en el sentido de que si abarca sólo a la familia legalmente constituida, familia unida por el vinculo matrimonial entre los cónyuges, o bien, a toda familia aún a aquella en que no existe matrimonio y sólo una relación de hecho entre el hombre y la mujer y de estos con sus hijos.
Al respecto la doctrina se ha pronunciado y sin querer extendernos en este punto mencionaremos algunas posturas, así para don Gonzalo Figueroa Yañez la Constitución se refiere a ambas, siendo “deber del Estado dar protección y propender al fortalecimiento de una y otra” (Persona, Pareja y Familia, Editorial Jurídica de Chile 1995, págs. 70-72). En el mismo sentido Jorge Ovalle, “Pareja y Familia”, artículo publicado en El Mercurio, el 22 de Noviembre de de 1995. Por la misma vertiente el profesor Carlos Peña González (Carlos Peña González, “¿Hay razones constitucionales fuertes en favor de un estatuto igualitario?, artículo que forma parte del Libro Homenaje al Profesor Fernando Fueyo, Instituciones Modernas de Derecho Civil, Edit. ConoSur, 1996, págs. 140-150).
Ahora, en sentido contrario se encuentran Hernán Corral Tanciani, para quien “si el concepto constitucional de familia debe tener un contenido determinado, éste no puede ser otro –a falta de declaración expresa en el texto o en las actas- que la familia fundada en el matrimonio. Otras formas de convivencia podrán ser más o menos admisibles jurídicamente, pero lo que la Constitución declara como núcleo fundamental de la sociedad, es la familia edificada sobre la base de la unión personal de los cónyuges” (Familia y Derecho, Universidad de los Andes, colección Jurídica, Santiago, 1994, Pág. 30). En el mismo sentido, Hugo Rosende Alvarez (“Algunas consideraciones acerca de los efectos unitarios de la filiación matrimonial y extramatrimonial”, Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. XCII, I parte, pág. 1).
Nuestra posición es a favor de la protección constitucional de toda familia, aún cuando no se encuentre esta fundamentada en un vínculo matrimonial legalmente constituido. Estimamos esto porque no se puede estar dependiendo de un contrato (aunque se distingue claramente do todo otro contrato de índole patrimonial), para obtener dicha consagración y protección. Si así fuera como podríamos dejar afuera a aquellas familias para loa cuales lo único que realmente importa es la bendición de su Dios para dar validez y sustento a su unión, sin perjuicio de que en ocasiones contraen matrimonio por los efectos legales que este produce, como en materia de filiación y sucesión, por ejemplo, pero no por la convicción de que ese acto jurídico sea el verdadero soporte de su unión, así el matrimonio para estas personas no seria si no un medio y no un fin.
Sin ir más lejos, nuestra propia Constitución en su art. 1º, como solemne apertura del texto fundamental señala “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, así una persona recién nacida cuyos padres no hayan celebrado matrimonio, ya por ese sólo hecho no se encontraría en igualdad con otra cuyos progenitores efectivamente se encuentren casados, y nos encontraríamos violando la Constitución ya desde su propio inicio.
Por último el Pacto de San José de Costa Rica –ratificado por Chile- establece en un mismo precepto la igualdad de todos los hijos y la protección de la familia, por lo que aparece de manifiesto que el espíritu de dicho tratado es precisamente la protección de toda familia al manifestar que todos los hijos deben ser iguales y no menciona en parte alguna cierta división entre hijos de filiación matrimonial y no matrimonial.
3.- Concepto de matrimonio.
El origen de la palabra matrimonio no es claro. Corrientemente se hace derivar de la voz latina matrimonium, que provendría de las voces matris munium, gravamen o cuidado de la madre. Comentando esta derivación, las Decrétales de Gregorio IX decían que “para la madre, el niño es, antes del parto, gravoso, por cuya razón el legítimo enlace del hombre y de la mujer se ha denominado matrimonio, más bien que patrimonio” (citado por Castán ob. Cit., pág 100). Agrega Castán que este origen es poco seguro y le parece más aceptable hacerla derivar de matreum muniens, que significa la idea de defensa y protección de la madre, desde que, en efecto, el matrimonio tiene por función garantizar el cumplimiento de los deberes del hombre hacia la madre de sus hijos” (ob. cit., pág. 101). (René Ramos Pazos, Derecho de Familia, Tercera edición actualizada con la Ley Nº 19.585 y con la Ley Nº 19.620, sobre adopción, Editorial Jurídica de Chile, 2000, pág. 27).
Nuestra legislación, más específicamente el Código Civil contiene una definición legal de matrimonio en su art. 102, que señala “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por yoda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
De este concepto podemos extraer los elementos del matrimonio, los que son:
Es un contrato;
Es un contrato solemne;
Que celebran un hombre y una mujer;
Por el cual se une actual e indisolublemente y por toda la vida;
Con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente.
4.- Efectos del matrimonio.
El matrimonio constituye una institución de la cual derivan importantes efectos, los cuales en ciertos casos llevan a ciertas personas a celebrarlo sin tener como una convicción personal y espiritual el celebrarlo legalmente, sino como ya se ha mencionado anteriormente en este trabajo, como una forma de “beneficiarse” con todas las consecuencias que de él derivan.
En efecto, para ciertas personas sería ideal que estos efectos pudieran emanar de una unión religiosa, la cual es la verdaderamente satisface su alma y espíritu en una decisión tan importante y trascendente como lo es la de unirse por toda la vida a una persona que se ama, formar una familia juntos y hacer trascender su existencia más allá incluso de la misma muerte.
Lo expresado anteriormente puede ser motivo de discusión en la actualidad por la posibilidad que tienen los contrayentes de ratificar legalmente su unión religiosa y el rol que realmente cumple esa ratificación, cuyo debate se encuentra abierto.
Los efectos propiamente tales del matrimonio son:
Relaciones personales de los cónyuges (derechos y obligaciones de que tratan los artículos 131, 133 y 134);
Filiación matrimonial; y
Bien, ahora nos corresponde analizar el primero de estos efectos, para así poder desarrollar un análisis del artículo 131 del Código Civil.
5.- De las relaciones personales de los cónyuges.
Por la especial naturaleza del matrimonio, y por todo lo que implica y significa a través del tiempo la convivencia de los cónyuges, es que en su desarrollo se van a ir suscitando distintos tipos de relaciones y situaciones, que legislador decidió de cierto modo tratar de regular, pero como en muchas otras situaciones el derecho no se puede inmiscuir en circunstancias propias del día a día, que sólo los cónyuges con sus hijos deberán regular en su hogar para así poder llevar una armonía familiar que logré un pleno desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia.
Así, en cada hogar, dependiendo de la educación que hayan recibido los cónyuges y de la manera en que se complementan es posible apreciar en cada familia distintos usos, costumbres, tratos, etc., que constituyen verdaderas “pequeñas legislaciones”, en cada hogar, así por ejemplo si un hijo llega tarde a la casa, probablemente recibirá una sanción, como un castigo de prohibirle salir en una semana.
Entonces, si bien el legislador trata y regula en cierta manera estas relaciones personales, las cuales si se incumplen igualmente traen consecuencias jurídicas de relevancia, estimamos que es la propia familia o los mismos cónyuges los que deben regular estas situaciones y de no ser así creemos que esas relaciones probablemente llevaran a un fracaso familiar y por ende a un quiebre del vinculo matrimonial.
La jurisprudencia tratando este tema de los deberes y obligaciones de los cónyuges señala la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en un considerando de su sentencia del 29 de Mayo de 1990: “El contrato solemne del matrimonio, impone a los cónyuges deberes y obligaciones que son de la esencia de la relación contractual, que en verdad significan o representan un modo de vida diferente que deben adoptar, incorporando a la convivencia diaria elementos sin los cuales no es posible su permanencia, constándose entre ellos los deberes de fidelidad, socorro, asistencia y ayuda mutua y cohabitación o deber de hacer vida en común”. (Cap. Punta Arenas, 29-V-1990, cons.8º, Rol 6.350).
6.- Análisis ético-jurídico de los derechos y obligaciones de los cónyuges de que trata el art. 131 del Código Civil.
Estos derechos y obligaciones entre los cónyuges se encuentran regulados en el titulo VI del libro primero del Código Civil, en sus artículos 131, 132, 133, 136 y en la ley de matrimonio civil art. 33.
Estos derechos y deberes son los siguientes:
Deber de socorro;
Deber de ayuda Mutua;
Deber de respeto y protección recíprocos;
1) Deber de fidelidad.
El artículo 131 del Código Civil señala: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe……..en todas las circunstancias de la vida”.
De la disposición anterior se desprende este deber que es de la mayor importancia por todo lo que implica la vida conyugal y la especial naturaleza del matrimonio.
Comúnmente este deber se suele relacionar solamente a aquella fidelidad de carácter sexual, lo que limita de manera sustancial la disposición legal en cuestión.
En efecto, sin duda alguna este deber de fidelidad debe comprometer a los cónyuges a ser fieles en ese sentido, toda vez que la decisión de contraer matrimonio, por lo general, es una manifestación de los sentimientos que tiene uno de los contrayentes para con el otro, implica en cierta medida a una renuncia de involucrarse sentimentalmente con otra persona que no sea su cónyuge, lo que claramente se ve facilitado si la mencionada manifestación de voluntad es fruto del amor entre marido y mujer, y no otro motivo como por ejemplo conveniencias de carácter económico o matrimonios por circunstancias extraordinarias, como por ejemplo un embarazo no deseado de la mujer en que los contrayentes son obligados o presionados por sus padres para casarse, en ocasiones para no sufrir un reproche social de su entorno, que no miraría con buenos ojos una situación de esa naturaleza.
Como señalamos, este deber de fidelidad implica todo un despliegue de buena fe que debe existir entre los cónyuges, una obligación de total transparencia entre ellos, de no existir mentiras ni falacias en todo orden de cosas, se requiere un deber moral de decirse la verdad.
Éticamente, este deber, por la naturaleza misma del matrimonio requiere ser cumplido a cabalidad por ambos cónyuges, tanto interna como externamente, toda vez que si bien en apariencias toda la relación aparece como formalmente estable y saludable, estimamos que solamente va a ser cosa de tiempo para que esa relación comience a deteriorarse, por la conexión que debe existir en la pareja, la cual se debe satisfacer en todo sentido, lo cual si no ocurre por parte de alguno de ellos, el otro claramente lo va a sentir, lo que significaría un eventual quiebre conyugal.
Ahora, el incumplimiento de este deber de fidelidad, aparte de todas las consecuencias que puede tener en la relación de os cónyuges, también trae aparejado una serie de consecuencias jurídicas, las cuales son:
Separación judicial, siempre que ella constituya una violación grave de este deber (art. 26 Ley de matrimonio civil).
Divorcio, si igual que en el caso anterior constituye una violación grave de este deber. (art. 54 Ley de matrimonio civil).
Separación judicial de bienes, si existía el régimen de sociedad conyugal y “el marido, por su culpa, no cumple” con esta obligación de fidelidad (art. 155 inciso 2 del Código Civil).
Supuesta la configuración de una causa genérica de separación judicial en el inciso primero del artículo 26 de la ley 19.947, constituida por una falta imputable al otro cónyuge “siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio”, el adulterio, calificado por la ley civil como “grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio” se alza como un supuesto que da pie para invocar la separación judicial, si bien ha de tenerse en cuenta las limitaciones que imponen los incisos segundo y tercero del mismo artículo, a saber:
No puede invocarse el adulterio cuando existía previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges.
La acción para impetrar la separación judicial corresponde únicamente al cónyuge que no ha dado lugar a la causal.
En el caso de decretarse la separación judicial, el juez está obligado a efectuar en la sentencia la declaración correspondiente al cónyuge que hubiera dado lugar a la separación por su culpa, de la cual se dejará constancia en la subinscripción (art. 35 Ley de matrimonio civil), generándose todas las consecuencias que la ley vincula a los efectos de la separación judicial por culpa de uno de los cónyuges:
De acuerdo con la nueva redacción del artículo 172 del Código Civil: “El cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que hubiere hecho al culpable, siempre que éste haya dado causa al divorcio o a la separación judicial por adulterio”.
El cónyuge que ha dado causa a la separación judicial por su culpa sólo tendrá derecho para que el otro cónyuge le provea de lo que necesite para su modesta sustentación, pero “en este caso, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad a él” (art. 175 del Código Civil).
Se altera el derecho de los cónyuges a sucederse entre sí (art. 35 Ley de matrimonio Civil), pues de acuerdo con el nuevo inciso 1 del artículo 994 del Código Civil: “El cónyuge separado judicialmente, que hubiere dado motivo a la separación por su culpa, no tendré parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido”, y en virtud de la nueva redacción del la parte final del inciso 2 del artículo 1182 pierde su calidad de legitimario: “Tampoco lo será (legitimario) el cónyuge que por su culpa haya dado ocasión a la separación judicial”.
Causa de divorcio.
La causa genérica para que un cónyuge solicite la declaración del divorcio está constituida, al tenor del inciso primero del artículo 54 de la ley 19.947, por “falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio”, y queda dicho que el adulterio representa una “grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio”, pero además el número 2 del inciso segundo del citado artículo 54 de la ley señala que se incurre en la causal para para demandar el divorcio cuando ocurre una: “trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio”.
Causa para que la mujer impetre la separación judicial de bienes.
Si la mujer estaba casada en régimen de sociedad conyugal y su marido ha dado causa a la separación judicial, el juez podrá decretar la separación de bienes, de acuerdo con la nueva redacción del inciso 2 del artículo 155 del Código Civil: “También la decretará si el marido, por su culpa no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos 131 y 134, o incurre en alguna causal de separación judicial, según los términos de la Ley de Matrimonio Civil”.
El artículo 131 del Código Civil señala: “Los cónyuges están obligados……….a socorrerse………..en todas las circunstancias de la vida”.
Si bien, cierta doctrina y jurisprudencia le han dado a este deber un carácter estrictamente patrimonial y más específicamente el relacionado al deber de alimentos que recae sobre los cónyuges del uno para el otro, establecido en el art. 321 del Código Civil, estimamos que respecto del primero de estos aspectos, un criterio concordante, toda vez que otro tipo de ayuda o prestación estarían incluidos en los siguientes deberes del art. 131 del Código Civil.
Ahora bien, limitar esta obligación al sólo deber de alimentos del art. 321 del Código Civil, no sería una correcta interpretación, toda vez que ambos cónyuges al iniciar su vida en matrimonio tienen que contribuir a su mutuo desarrollo a través de todo tipo de prestaciones de carácter patrimonial, como por ejemplo, mejorar la situación previsional, laboral, etc., y toda otra clase beneficio que represente un bienestar para el otro cónyuge, todo esto, eso si, dentro de sus posibilidades, ya que nadie puede estar obligado a lo imposible.
El matrimonio, por su naturaleza, le exige a los cónyuges un deber moral de socorrer en este sentido al cónyuge que se encuentre circunstancialmente en un momento determinado de su vida marital en una situación de debilidad, toda vez que al momento de contraer matrimonio, estos se comprometieron a compartir y unir sus vidas en todo sentido, lo que abarca tanto el ámbito espiritual como el patrimonial.
La jurisprudencia se ha mencionado al respecto, expresando:
En sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción del 24 de Mayo de 1999, confirmada por la Corte Suprema en Casación el 21 de Junio de 2000, se declara que:”Contrariamente a lo sostenido por la actora, todos los antecedentes que obran en autos llevan a la conclusión que el demandado ha cumplido cabalmente con el deber de socorro tanto respecto de su cónyuge como de sus hijos. Que así resulta del mérito de la causa sobre alimentos Rol Nº 6.195 del Juzgado de Menores de esta ciudad, tenido a la vista, en que las partes llegaron a un avenimiento sin que fuere menester que se agotaran las etapas procesales para fijar el monto de la pensión alimenticia y sin que el demandado haya tenido que ser apremiado para cumplir dicho avenimiento (Cap. Concepción, 24-V-1999, Cons.6º, Rol 1.145-98).
La Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia del 4 de Agosto de 2000, por ejemplo ha declarado que simplemente representan el cumplimiento del deber de socorro, consagrado en el artículo 131 del Código Civil, las actuaciones del marido consistentes en afiliar a su cónyuge, separada de hecho, a una Institución de Salud Provisional, y el constituirse en fiador solidario del pago de las rentas de arrendamiento de la casa en que habita su cónyuge.
Legalmente, este deber se verá fuertemente condicionado según el régimen matrimonial que los cónyuges decidan escoger para el desarrollo de su matrimonio.
En el evento de un quebrantamiento de este deber do socorro puede provocar alguna de las siguientes sanciones:
Siempre que ella “constituya una violación grave” de este deber (art. 26 Ley de Matrimonio Civil).
Si al igual que en el caso anterior constituye una “violación grave” de este deber (art. 54 Ley de Matrimonio Civil), en cuyo inciso 2º número 2 se prevé como constitutiva de dicha causal a la trasgresión grave y reiterada del deber de socorro propio del matrimonio
Esto si existía el régimen de sociedad conyugal y “el marido, por su culpa, no cumple” con esta obligación de socorro (art. 155 inciso 2 del Código Civil).
El artículo 131 del Código Civil, establece este deber al señalar: “Los cónyuges están obligados a………ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”.
Este deber, por el compromiso de vida que implica el matrimonio, se entiende por su propia naturaleza, los cónyuges al celebrar la unión se potencian, pasan a ser de cierto modo una comunión distinta de cada uno considerado individualmente.
Así, tanto en el bien como en la adversidad, los cónyuges deben estar siempre al lado el uno del otro, ser el soporte de su pareja en los momentos en que especialmente lo requiera el otro, que lo haga sentir seguro, que en el momento de tropezar, ahí va a estar su ayuda, su soporte, su complemento.
Entonces, concluimos, en relación a este deber, que debe existir una incondicionalidad entre los cónyuges, en el sentido de no fallarse en ninguna circunstancia, bajo ningún respecto y no nos cabe duda, de hecho, de que si la unión fue fruto de una verdadera manifestación de sentimientos, que no tiene otro nombre que no sea amor, esta ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida se va a dar de manera espontánea respecto de cualquiera de los cónyuges.
Al respecto, la Ley de las Siete Partidas disponía:“Si algunos de los que fuesen casados, cegase o se ficiese sordo o contrecho o perdiese sus miembros por dolores o por enfermedades o por manera cualquier, por ninguna destas ni aún que se ficiese gafo non debe el uno desamparar al otro por guardad la fe e la lealtat que se comprometieron en el casamiento, antes deben vivir en uno et servir el sano al otro et proveerle de las cosas que menester le fueren segunt su poder”.
En caso de quebrantamiento de este deber se pueden aplicar las mismas sanciones que en el caso anterior.
4.- Deber de respeto y protección recíprocos.
En la parte final del artículo 131 se expresa: “El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos”.
Este último deber que menciona el artículo 131 del Código Civil dice relación directa con la comunidad de vida que implica el matrimonio, para la cual es indispensable un debido cumplimiento de estos deberes.
En efecto, los cónyuges para lograr un saludable desarrollo del matrimonio, sin duda alguna, deben respetarse y protegerse mutuamente, toda vez que estimamos que ambos, además del amor que deben sentir el uno para el otro, también por el hecho de contraer matrimonio, estos se deben admirar mutuamente, ver en la persona del otro una figura a la cual respeta y también protege en toda situación o circunstancia que se va a suscitar en el desarrollo de su vida conyugal.
Así, ciertamente, si alguno de los cónyuges pasa llevar alguno de estos deberes, lo más probable es que esa relación se va a resentir, y la comunidad de vida que mencionamos al inicio de este punto, claramente se verá afectada y tendrá como consecuencia altamente probable una ruptura del vínculo matrimonial
En el caso de incumplimiento de estos deberes se aplicarán las mismas sanciones que las expresadas en el caso anterior.
1.- Castán Tobeñas, José, Derecho Civil Español Común y Foral, t. V, vol. 1º.
2.- Corral Tanciani, Hernán, Familia y Derecho, Universidad de los Andes, colección Jurídica, Santiago, 1994.
3.- Figueroa Yañez, Gonzalo, Persona, Pareja y Familia, Editorial Jurídica de Chile 1995.
Ovalle, Jorge, “Pareja y Familia”, artículo publicado en El Mercurio, el 22 de Noviembre de de 1995.
4.- Peña González, Carlos, “¿Hay razones constitucionales fuertes en favor de un estatuto igualitario?, artículo que forma parte del Libro Homenaje al Profesor Fernando Fueyo, Instituciones Modernas de Derecho Civil, Edit. ConoSur.
5.- Ramos Pazos, René Derecho de Familia, Tercera edición actualizada con la Ley Nº 19.585 y con la Ley Nº 19.620, sobre adopción, Editorial Jurídica de Chile, 2000.
6.- Somarriva, Manuel,Derecho de Familia, Editorial Nacimiento, edición 1963 Nº 3.
7.- Rosende Alvarez, Hugo, Algunas consideraciones acerca de los efectos unitarios de la filiación matrimonial y extramatrimonial”, Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. XCII, I parte.
posted by Filosofía del Derecho @ 1:59 PM

References: artículo 131
 artículo 131
 artículo 26
 artículo 172
 artículo 994
 artículo 1182
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 155
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131