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Timestamp: 2020-04-03 18:19:14+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 312, de 29/04/2013
cve: DSCD-10-CO-312
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 312
Del diputado don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista sobre:
- Actividad judicial en el partido judicial de Almazán en las últimas cinco anualidades, así como localidades y entidades que han sido atendidas en la última anualidad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014377). (Número de expediente 181/000764) ... (Página2)
- Actividad judicial en el partido judicial de El Burgo de Osma en las últimas cinco anualidades, así como localidades y entidades que han sido atendidas en la última anualidad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014378). (Número de expediente 181/000765) ... (Página2)
- Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente 121/000041) ... (Página2)
DEL SEÑOR DIPUTADO DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- ACTIVIDAD JUDICIAL EN EL PARTIDO JUDICIAL DE ALMAZÁN EN LAS ÚLTIMAS CINCO ANUALIDADES, ASÍ COMO LOCALIDADES Y ENTIDADES QUE HAN SIDO ATENDIDAS EN LA ÚLTIMA ANUALIDAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/014377). (Número de expediente 181/000764).
- ACTIVIDAD JUDICIAL EN EL PARTIDO JUDICIAL DE EL BURGO DE OSMA EN LAS ÚLTIMAS CINCO ANUALIDADES, ASÍ COMO LOCALIDADES Y ENTIDADES QUE HAN SIDO ATENDIDAS EN LA ÚLTIMA ANUALIDAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/014378). (Número de expediente 181/000765).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Justicia. En primer lugar, consta en el orden del día la contestación a las preguntas 184/014377 y 184/014378. Como quiera que a la Mesa llegó con posterioridad a la inclusión en el orden del día un escrito del diputado don Félix Lavilla Martínez, autor de las preguntas que no habían sido objeto de contestación en tiempo y forma y habían pasado a tener que ser respondidas en la primera Comisión de Justicia de manera verbal por algún responsable del Gobierno, y en el escrito el señor Lavilla Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, da por retiradas dichas preguntas, en consecuencia se deja constancia de esta retirada de las preguntas que no tienen que ser contestadas.
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día sería la ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa: proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial por el que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La ponencia encargada de informar el referido proyecto de ley es la siguiente: por el Grupo Parlamentario Popular, los diputados don Leopoldo Barreda de los Ríos, don José Miguel Castillo Calvín y doña Sara Cobos Trallero; por el Grupo Parlamentario Socialista, los diputados don Antonio Camacho Vizcaíno y don Julio Villarrubia Mediavilla; por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la diputada doña Montserrat Surroca i Comas; por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el diputado don Gaspar Llamazares Trigo; por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, la diputada doña Rosa María Díez González; por el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, el diputado don Emilio Olabarrría Muñoz; y, finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, el diputado don Joan Tardà i Coma. Si sus señorías no tienen ninguna objeción, ¿damos por aprobada la ratificación de la constitución de esta ponencia por asentimiento? (Asentimiento). Así consta.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Emitir dictamen por esta Comisión a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley orgánica del reforma del Consejo General del Poder Judicial por el que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Como es costumbre, en la tramitación de los proyectos de ley en esta Comisión la defensa de las enmiendas se hará del grupo menor al mayor y si algún grupo no hubiera presentado enmiendas tendrá también un tiempo para fijar posiciones. En principio, el tiempo es de diez minutos para cada grupo.
Teniendo también en consideración el volumen de enmiendas que hay de algunos grupos esta Presidencia será flexible en la interpretación de ese tiempo, pero les recuerdo a sus señorías que en un debate en Comisión -pese al calado que tengan todas y cada una de sus enmiendas- han de tener esa capacidad de concentrar su discursos, sus reflexiones, en esos diez minutos, que es el plazo tradicional en esta Comisión, y creo que en la mayoría de las comisiones de esta Cámara.
Sin más preámbulos, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, que van de las enmiendas números 6 a la 27 y de la 114 a la 141. Señor Tardà, tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado un total de veintinueve enmiendas, las numeradas entre la 114 y la 142. Conocen cuál es el posicionamiento republicano respecto a esta iniciativa del Gobierno. Fue expresado mediante la presentación de una enmienda a la totalidad que fue sustanciada hace pocos días en sesión plenaria. Tendremos ocasión de volver a valorar el posicionamiento definitivo en función del trámite que hoy aquí se inicia. De ahí que procederé a defender nuestras enmiendas en función también de aquello que hasta el momento ha sido expresado por la mayoría parlamentaria en ponencia.
Solicitamos que en el artículo 558.1 quede reflejado de manera explícita que el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus competencias por ley, y respetando lo establecido por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ciertamente, esta enmienda, la 114, es coherente con la número 139, a través de la cual reclamamos la inclusión de un nuevo título VII en el cual bajo el epígrafe consell de justícia de Catalunya se reconozca a este órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña y se incorpore a la ley la salvaguarda: que las atribuciones del consejo se interpretarán sin perjuicio del órgano catalán, así como su constitución y sus reservas. En todo caso, lamentamos que, a la espera de lo que hoy ocurra, se opongan a ello. Lamentablemente, no tienen interés en dar cabida al consell de justícia de Catalunya, porque veo que ni tan solo aceptan la enmienda de Convergència i Unió que les insta a llevarlo a cabo en un plazo de tiempo. Estaremos expectantes de lo que opine y vote el Grupo Socialista. Decimos esto porque recordamos declaraciones de los líderes socialistas, catalanes y españoles, afirmando que el estropicio generado por el Tribunal Constitucional, laminando las competencias estatutarias, podría resolverse mediante la modificación de leyes orgánicas. Pues bien, hoy tienen la oportunidad de votarlo. Quisiera destacar también la enmienda 118 al punto 563.2, relacionado con la memoria del Consejo General del Poder Judicial que debe remitirse a las Cortes anualmente. Entendemos que deben añadirse, además del capítulo sobre el impacto de género en el ámbito judicial, dos nuevos capítulos, uno referido a la actividad del presidente -con gasto detallado, es la enmienda que nosotros llamas Dívar- y otro sobre el proceso de normalización de las lenguas cooficiales en el sistema, en los jueces y magistrados -enmienda que titulamos Magán Perales, en recuerdo de aquel infausto juez que siempre tenía por objetivo laminar y menospreciar el uso de la lengua catalana en el sistema judicial, cosa que le valió la reprobación del mismo órgano judicial-. Señorías, los 20 vocales deben ser elegidos bajo el principio de presencia paritaria de hombres y mujeres. Aquí no hay vuelta de hoja. No puede ser que la justicia no dé ejemplo. Esperamos que salga adelante nuestra enmienda 121 al artículo 567.1. Resulta extraño que un hombre tan moderno como Gallardón no lo haya incluido en su proyecto de ley. De hecho, sorprende que sean tan meticulosos pretendiendo asegurar que haya un mínimo de 3 vocales con más de veinticinco años de antigüedad y que no sean exigentes para garantizar la presencia de mujeres.
Señorías, deseo presentarles la enmienda 122 relativa a los artículos 567.2 y 567.3. Postulamos que cada una de las Cámaras de las Cortes elija por mayoría de tres quintos a dos hombres y a dos mujeres entre juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión para conformar los 8 vocales que mandata la Constitución. Respecto a los vocales correspondientes al turno judicial, hemos pretendido incorporar un criterio para romper con la tradición de elección bipartita y de reparto de vocales entre los dos grandes partidos y generar una necesidad de diálogo y consenso entre la gran mayoría de grupos parlamentarios. Según esta propuesta se mantendría la fórmula mayoritaria de tres quintos en el Senado, pero limitando la capacidad de elección a 3 vocales. Asimismo, el Congreso de los Diputados elegiría a los 9 restantes, pero establecemos un sistema de doble aval. Proponemos que cada 110 diputados, como mínimo, avalen una terna de 3 vocales de entre los seleccionados por el turno judicial, sin que ningún diputado pueda avalar a más de una terna. Con este procedimiento los dos grandes partidos no podrían ignorar a las minorías parlamentarias sino que se deberían poner de acuerdo con ellas. En la práctica eso significaría, por ejemplo, que en esta legislatura se deberían poner de acuerdo, como mínimo, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Convergència i Unió, Partido
Nacionalista Vasco y UPyD. Se establece un margen de 20 diputados para que una minoría no pueda bloquear el proceso y, por otro lado, que deban ser ratificados por la mayoría de la Cámara, de manera que se otorga a la mayoría una capacidad de veto. El hecho de tener que ponerse de acuerdo los partidos pretende avanzar no solo en la pluralidad sino en que no se elija al vocal más identificado con un partido sino a uno competente y de consenso. Sin duda, planteamos una fórmula novedosa que sabemos que el bipartidismo no puede aceptar porque va en contra de sus intereses. No obstante, estamos dispuestos a aceptar cualquier otra fórmula que nos planteen que evite que Partido Popular y Partido Socialista se repartan -tal como se dice popularmente- el pastel. Por cierto, señorías, hay que suprimir el artículo 570.1 -enmienda 12- para evitar el filibusterismo parlamentario que pudiera darse por intereses partidistas. Recuerden el espectáculo del Tribunal Constitucional. Reclamamos con la enmienda 125, que se relaciona con el artículo 570.2, que en caso de que las Cámaras no hubiesen efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de vocales el consejo saliente continúe en funciones, no pudiendo hasta entonces proceder a la elección de un nuevo presidente; no obstante, establecemos que esta prórroga es provisional y no puede enquistarse. Si en un periodo máximo e improrrogable de seis meses el Parlamento no ha elegido a los vocales que les corresponda estos deberán ser escogidos por la propia carrera judicial.
Quisiéramos destacar, señorías, en aras de fomentar la participación y profundización de la democracia, una serie de enmiendas: primero, la necesidad de que los vocales asignados por turno judicial comparezcan para ser evaluados por las Cámaras que los deben elegir, como reclama nuestra enmienda 125. La enmienda 135 pretende que sea elevada para la consideración del Pleno cualquier cuestión considerada relevante por 5 vocales, de manera que la composición sesgada de una comisión no sea determinante para obviar un debate e imponer un criterio que no es de consenso. Consideramos también que las quejas que reciba la ciudadanía relacionadas con la Administración de Justicia deben tener respuesta inmediata, comprometida y diligente. De ahí que no comprendamos por qué razón en el punto 560.1.20.ª se explicita que en ningún caso darán derecho a la incoación de un procedimiento, lo cual queremos resolver y superar con la enmienda 115. De igual manera entendemos, con la enmienda 119, que los miembros del consejo deben comparecer ante las Cámaras cuando así lo soliciten las mismas, sin ningún tipo de cortapisa ni dilación y que el control externo del gasto del organismo debe correr a cargo del Tribunal de Cuentas, razón por la cual demandamos -enmienda 120- la inclusión de un nuevo punto 4 al artículo 565. Con las enmiendas 129 y 130, relativas a los artículos 579.2 y 580.1 defendemos que los vocales del consejo desempeñen su cargo con carácter exclusivo. En caso de que no se considere esta demanda de dedicación exclusiva y el cargo de vocal se compatibilice con un servicio en algún cuerpo de la Administración, deberán garantizarse los refuerzos necesarios para no perjudicar la función -enmienda 311-.
Respecto a las propuestas de transacción realizadas sobre nuestras enmiendas, aceptamos la transacción sobre nuestra enmienda 116 de adición de un nuevo apartado al artículo 560.1 para sumar una nueva atribución al consejo para proponer medidas de refuerzo de un determinado órgano judicial que lo requiera justificadamente. No aceptaríamos, sin embargo, las enmiendas transaccionales que establecen criterios generales respecto a la paridad de género sin establecer un mínimo -un mínimo, digo- de 60-40.
Finalmente -para que no se me olvide, quiero dejar constancia de que damos por defendidas las enmiendas de los compañeros diputados señor Baldoví y señora Fernández, de Compromís y de Bloque Nacionalista Galego respectivamente-, quisiera opinar sobre la enmienda del Grupo Popular, que nos ha chocado -de hecho no la entendemos-, quien ha aprovechado -algo en lo que todos estamos de acuerdo que debe hacerse, como es la trasposición de directivas europeas- para endosarnos una reforma de la Ley de Extranjería. Nosotros entendemos que este no es el lugar ni la forma más democrática de hacerlo, porque francamente incluso no da pie a poder enmendarlo, al menos en el trámite del Congreso. Forma parte de las capacidades reglamentarias; si así lo han hecho, mal hecho está, aunque es correcto porque se ajusta al Reglamento. Al margen de esto, a nuestro entender, se vulnera el principio de no devolución porque francamente hablar del concepto jurídicamente indeterminado de peligro para la seguridad es una forma muy poco razonable. Fíjense que la enmienda del Grupo Popular dice -en el apartado a)-: si existen motivos razonables para considerar que constituye un peligro para la seguridad de España. Nos parece que esta indeterminación, francamente, pone en jaque el concepto jurídico que debe garantizar a estas personas en aras del principio de no devolución. Por ejemplo, no entendemos cómo casa, cómo se puede aunar lo pretendido con aquello que es sagrado, como es el derecho a vivir en familia de estas personas. Así pues, desconocemos si el Grupo Popular tiene alguna voluntad de transaccionar esta iniciativa, pero de entrada nos despierta una oposición categórica.
Muchas gracias, señor presidente, por su flexibilidad.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que la enmienda número 9 -no es de su señoría, es de un compañero de grupo- se mantiene para votación.
El señor TARDÀ I COMA: Sí, sí. Damos por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Todas. Tenía una transaccional, pero en principio, como no es el del señor Tardà, la someteremos a votación en sus propios términos con independencia de la transaccional.
El señor TARDÀ I COMA: Quizás sí, porque no he recibido ninguna indicación.
El señor PRESIDENTE: Exacto. Lo que tengo que preguntarle en todo caso en cuanto a la enmienda 116, que es de su señoría, es si la sometemos a votación.
El señor TARDÀ I COMA: No, en la medida que hemos aceptado la transaccional.
El señor PRESIDENTE: ¿La retiramos entonces?
El señor TARDÀ I COMA: Sí, sí.
A continuación pasamos a la defensa de las enmiendas de la 80 a la 113, presentadas por el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco. Para su defensa, tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me gustaría iniciar mi intervención indicando que las expectativas generadas por el Grupo Popular en relación con la aceptación de enmiendas se circunscriben a la aceptación de una enmienda del grupo parlamentario que en este momento represento.
El señor PRESIDENTE: Más alto, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Decía que las expectativas de aceptación de enmiendas del grupo parlamentario mayoritario, el Grupo Popular, se limitan a una de las treinta y cuatro que el señor presidente ha comentado. Esto no estimula la imaginación, señor presidente, ni tampoco la vocación por hacer un trabajo aseado en la defensa de las mismas. En todo caso, nosotros no renunciamos a poner de manifiesto que, presentando más enmiendas que la mitad de los preceptos que configuran este importante proyecto de ley, estamos de hecho refutando el propio modelo de consejo del Poder Judicial que el Grupo Popular, el grupo mayoritario concibe o configura; refutando el propio modelo nuestras enmiendas son de difícil aceptación. Yo reconozco el esfuerzo de los portavoces del Grupo Popular por aceptar una enmienda de todas las presentadas por mi grupo, pero todas las demás tampoco eran fácilmente aceptables, en tanto en cuanto contradicen exactamente las esencias o los principios filosóficos que inspiran este proyecto, que a nosotros nos preocupa, porque estamos hablando del órgano de gobierno de un poder del Estado. No es una cuestión baladí ni es un debate irrelevante. Es un debate muy relevante, es una cuestión muy importante, señor presidente.
Nuestras enmiendas se incardinan fundamentalmente en un ámbito triple. En primer lugar, se ha perdido -me quiero dirigir a los portavoces del Grupo Popular- una gran oportunidad, la de debatir sobre las competencias de los consejos autonómicos de las comunidades autónomas, que ya están positivizados por el ordenamiento jurídico. No estamos hablando de algo sujeto a manifestaciones de lege ferenda. Estamos hablando de algo vinculado a la lege lata. Ya diversos estatutos de autonomía prevén la existencia de consejos autonómicos del Poder Judicial y se ignora palmariamente en este proyecto de ley cualquier referencia a las competencias de los consejos autonómicos del proyecto de ley. Desde la enmienda 80 hasta la 89 de mi grupo parlamentario, todas se incardinan en la traslación de las competencias que siguen residiendo en el Consejo General del Poder Judicial del Estado español a consejos autonómicos del Poder Judicial sobre cuestiones que hacen referencia a la gobernación de la justicia, de la Administración de Justicia o -parafraseando la nomenclatura del Tribunal Constitucional y de su jurisprudencia- la administración de la Administración de Justicia, señor presidente. Desde esa perspectiva el propio Tribunal Constitucional no ha comentado o no ha realizado ningún tipo de aseveración de cuál es la fórmula razonable sino que ha dicho todo lo contrario, que nada está escrito en la naturaleza de las cosas. Tratándose de un órgano sin competencias jurisdiccionales -si estuviéramos hablando de la jurisdicción, puedo reconocer que la jurisdicción es única, en virtud de la proclamación
constitucional pertinente-, del órgano de gobierno de la Administración de Justicia, nada está escrito en la naturaleza de las cosas -parafraseando a Lucrecio-.
Desde esa perspectiva, todas las competencias gubernativas que ejerce el Consejo General del Poder Judicial son susceptibles de traslación a consejos autonómicos del Poder Judicial, todas aquellas que sean territorializables por su propia naturaleza y que no tengan una dimensión supraterritorial. Desde esa perspectiva, nosotros pedimos todas en relación con los consejos autonómicos del Poder Judicial, ajustando el órgano de gobierno del Poder Judicial a la estructura de un Estado pretendidamente compuesto, aunque cada vez en mi grupo parlamentario tenemos más dudas, señor presidente, sobre el carácter compuesto del Estado español por los mecanismos diversos de recentralización de competencias que estamos observando recurrentemente Real Decreto-ley tras Real Decreto-ley. Esta hubiese sido una buena oportunidad para ajustar un órgano de gobierno, un órgano gubernativo, aunque sea el órgano gubernativo un poder del Estado, a los requerimientos de un Estado compuesto. En cuanto al ámbito de la inspección -sería lo relativo a la enmienda número 80 de nuestro grupo-, al ámbito de las instrucciones -que están prohibidas impartir a los jueces y tribunales-, al ámbito del régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales, todas estas cuestiones son puramente instrumentales. Le podría citar todas las que no tienen por qué estar residenciadas, por ser territorializables, necesariamente en un órgano de naturaleza o ámbito estatal, sino que pueden ser residenciadas sin ninguna dificultad funcional, sin contradecir el artículo 122 de la Constitución y sin contradecir ningún aspecto vinculado a la eficiencia de la Administración de Justicia, en órganos autonómicos del Poder Judicial. Esta es una de las oportunidades perdidas que seguramente lamentaremos. Decía don Juan Alberto Belloch -a la sazón ministro de Justicia hace algún tiempo, en una de las reflexiones interesantes, no muy frecuentes, que hemos tenido oportunidad de escucharle- lo siguiente: Así como en el Estado español el Poder Ejecutivo se ha ajustado a los requerimientos de un Estado compuesto y existen gobiernos autonómicos, el Legislativo se ha ajustado a los requerimientos de un Estado compuesto y existen parlamentos autonómicos, el Poder Judicial, incluso en su dimensión puramente administrativa y en los ámbitos sujetos al derecho administrativo -actos de naturaleza administrativa-, sigue rígidamente centralizado. Esta es una deficiencia -así la calificaba él y yo comparto esta opinión- o una atrofia democrática que tendremos que resolver. No se ha querido resolver en esta ley, no sé por qué razones, señor presidente, pero seguramente ni en esta ley ni en ninguna otra. Quizás es que no se corresponda con la identidad en relación con este órgano que posee el Partido Popular, el partido mayoritario, o algún otro partido de esta Cámara: la descentralización o el ajuste del órgano de gobierno de la Administración de Justicia a los requerimientos de un Estado compuesto, no de un Estado unitario, como es en este momento el Estado español.
Dicho esto, en segundo lugar, el bloque de enmiendas siguiente -lo voy a agrupar desde una perspectiva temática, señor presidente, porque sería muy prolija la enunciación enmienda por enmienda de todas las que ha presentando mi grupo parlamentario- se relaciona con nuestra preocupación por la degradación institucional que se acomete en relación con el Consejo General del Poder Judicial. Señor presidente, no es concebible que un órgano que ha estado compuesto históricamente desde su inicio por 20 vocales y un presidente, que a su vez es el presidente del Tribunal Supremo, todos ellos en régimen de dedicación exclusiva con un trabajo intenso -yo le puedo asegurar que el trabajo es intenso por una comprobación no solo empírica, porque me haya aproximado desde una perspectiva intelectual empíricamente al trabajo del Consejo, sino experimental porque he sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y el volumen del trabajo y la cualidad del trabajo de sus 20 vocales requiere un régimen de dedicación exclusiva-, se transforme en un órgano de dedicación exclusiva para solo 6 de sus componentes, los que vayan constituyendo de forma rotatoria los 6 miembros de la comisión permanente. Los otros estarían en un régimen deletéreo, difícil de definir; utilizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional podríamos decir que en un régimen casi anfibológico, señor presidente. Yo no sé cuál es el régimen de dedicación, pero sin embargo se les exige, paradójicamente, la asistencia a los plenos, la realización de las funciones propias de todos los vocales mediante una formulación normativa puramente retórica. Si un juez de los 12 vocales que forman parte de la carrera judicial o una vocal de los 8 que ostentan la condición, siempre discutible, de juristas de reconocido prestigio tiene que dedicar sus horas libres, las horas que le quedan disponibles tras el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, del órgano jurisdiccional del que es titular, o después del ejercicio de sus funciones o de su trabajo en su actividad jurídica, como operador jurídico, es difícil pensar que el régimen de dedicación que formalmente o retóricamente se les exige pueda ser eficazmente cumplido por estas personas. Los que van a trabajar
son los 6 miembros de la diputación permanente, que son los únicos que van a ostentar el régimen de dedicación exclusiva. Llama poderosamente la atención esta degradación, que no es solo numérica -solo 6 personas o 6 vocales con dedicación permanente- sino que es también cualitativa en tanto en cuanto si lo que se pretende es mantener sistemas de rígido control desde otras instituciones públicas, particularmente del Poder Ejecutivo central o del Poder Legislativo, a uno le asalta la sospecha de que quizás instrumentalmente se esté pensando en términos inconscientes o en términos conscientes de que sea más fácil controlar a 6 vocales y sea más difícil o más fácil distribuir en un régimen perverso de cuotas a 6 vocales que a 20. A mí -y aquí discreparía con el señor Tardà- no me preocupa que el sistema de selección parlamantaria -tiene que ser íntegramente parlamentaria- admita vetos o tenga un número de votantes o un número de legitimación de votos de diputados y senadores alto. El problema es que existan garantías suficientes en la ley para que la neutralidad de los vocales, de los que van a constituir el Consejo General del Poder Judicial esté suficientemente acreditada. Esto no se hace con número de votos o posibilidades de vetos alternativos a los votados, sino por otro sistema de selección de personas que, mediante su trayectoria profesional, hayan podido acreditar anteriormente que su posición no está vinculada no a los intereses políticos -estamos hablando ya casi de un concepto aristotélico-, sino a los intereses partidistas. Y esta "despartidización" -expresión o vocablo que no existe todavía en la RAE, pero que lo asumirá a corto plazo seguramente- (Risas) es la que a mi grupo le preocupa. ¿Cómo se consigue esto? El sistema de las audiencias en la Comisión de Justicia es evidentemente un buen sistema para acreditar, pero esto se consigue porque en el ámbito de los operadores jurídicos, en el ámbito del derecho, no es difícil que la gente se conozca y que la gente pueda acreditar la vinculación o desvinculación desde una perspectiva de sintonías que son siempre legítimas a posiciones más conservadoras o menos conservadoras, pero sí es fácil identificar quienes están próximos a determinados partidos y quienes garantizan la neutralidad que un órgano de estas características debe afrontar o debe garantizar en todo caso para un eficaz ejercicio de sus funciones, que no siendo jurisdiccionales, señor presidente, son cuasi jurisdiccionales, porque raya en lo jurisdiccional la competencia de designar a todos los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo, a todos los presidentes de las audiencias provinciales, a todos los miembros y al presidente de todas las salas de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Aquí vamos otra vez al debate autonómico. ¿Por qué no los tribunales de justicia o las salas de gobierno de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas deben estar vinculados a la opción parlamentaria de los parlamentos autonómicos que representan? Esta es una disfunción grave y que no se corrige en este proyecto de ley, señor presidente, que sigue manteniendo -y vuelvo a parafrasear al señor Belloch- una estructura rígidamente centralizada, uniformadora y ajena a los requerimientos de la estructura constitucional del Estado español, que es un Estado compuesto.
Dicho esto, señor presidente, quiero indicarle que esto nos preocupa, pero también la desatención a cuestiones tan relevantes en relación con la designación de magistrados -voy acabando, señor presidente- que deban desempeñar sus funciones allá donde exista o un derecho civil propio, una lengua cooficial, o un derecho foral, que el desconocimiento de estos aspectos tan relevantes para el ejercicio de la función jurisdiccional -derecho civil propio, la lengua cooficial o el derecho foral, en su caso- no se convierta no en un mérito -en nuestra opinión, aunque hemos ubicado nuestra enmienda y lo reconocemos como mérito-, sino en un perfil. Hay zonas en donde el nivel de catalanohablantes, de gallegohablantes, de vascoparlantes, es tan intenso que tendría que constituir un perfil para el acceso a la función el conocimiento de la lengua cooficial. Es una opinión y es algo que yo, cuando fui vocal del Consejo General del Poder Judicial, intenté conseguir. Se convirtió en los reglamentos del Poder Judicial solo en un mérito. Tiene que ser más que un mérito en un Estado compuesto donde el volumen de hablantes de la lengua cooficial, pero sobre todo el volumen de litigios que se basan en un derecho civil propio o en un derecho foral es de tal dimensión, que el desconocimiento de estos sectores del ordenamiento jurídico haría que la función jurisdiccional no se ejerciera pertinentemente. Por otra parte, y con esto acabo, señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, es que aquí, primero, no le aceptan a uno prácticamente más que una enmienda; y luego, hay que hacerlo a uña de caballo todo, pues qué quiere que le diga... No voy a hablar del decoro legislativo de esta Cámara porque ya he perdido la fe en esta circunstancia hace mucho tiempo, pero yo pensaba que en leyes de esta dimensión se podría recuperar parte de él. Vamos a verlo, señor presidente; no lo tome como una alusión personal, porque no es usted el responsable de esta
circunstancia. Son las circunstancias las responsables de este problema. Al revés; y usted me entiende perfectamente lo que le quiero decir.
El desapoderamiento de las potestades reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial es una forma más de la desmembración o el desapoderamiento de las competencias del órgano, y el Gobierno recupera potestades reglamentaria o de ejecución reglamentaria que hasta este momento pacíficamente se le reconocían al propio Consejo General del Poder Judicial. Se trata de limitar el Poder Judicial. ¿Y por qué se trata de limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial? Pues porque en esta coyuntura, de repente, nos hemos encontrado con cohortes nuevas de jueces más jóvenes que han empezado a refutar explícitamente políticas gubernamentales. En el ámbito de los desahucios, cuestiones prejudiciales presentadas por jueces del Estado español han provocado sentencias deslegitimadoras de la legislación española en materia hipotecaria y en materia de desahucios, tanto en la Ley Hipotecaria como en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el ámbito de los ERE o de la descausalización acometida por la reforma laboral de las causas del despido objetivo, son los jueces de lo social los que están causalizando lo que el legislador descausalizó. En el ámbito de la corrupción, señor presidente, resulta lacerante escuchar a 46 jueces decanos del Estado español -que son los 46 jueces decanos existentes, no hay ni uno más- que la corrupción es sistémica, forma parte del sistema. Reflexión que a mí me parece exagerada, pero en todo caso sí habría que decir que es verdad que es abundante. Desde esa perspectiva, uno tiene la impresión de que desmembrando o debilitando la estructura de poder de una Administración de Justicia que empieza a ser belicosa o beligerante con determinadas políticas sectoriales del Gobierno -o determinadas políticas del Gobierno- sea una opción de política legislativa basada precisamente en esta circunstancia, en que los jueces ahora son críticos y que los jueces ahora no eran sumisos. Yo, sensu contrario, no quiero que se me interprete que pienso o que puedo realizar la afirmación de que fueron sumisos otrora los jueces, pero sí eran unos jueces que mantenían una actitud en la aplicación, en la hermenéutica...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor, se lo ruego.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo, señor presidente, de verdad.
...en la interpretación de las leyes, literalista, positivista. Y en este momento nos encontramos con jueces que realizan interpretaciones de las leyes espiritualistas y que están, desde una perspectiva casi rayana en el uso alternativo del derecho, transformando la realidad que los demás poderes públicos del Estado y particularmente este, el Legislativo, están desestructurando, haciendo regresar peligrosísimamente. Desde esa perspectiva, a mí me preocupa esta circunstancia y por eso hemos presentado las enmiendas que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, respecto de la enmienda 102 de su grupo, que tiene una transaccional, ¿la mantiene para votación?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La transacción ofertada nos resulta satisfactoria, señor presidente. Hace referencia al Centro de Documentación Judicial y nos gusta, primero, porque el Centro de Documentación Judicial, como sabe su señoría, está radicado en San Sebastián, Donostia-San Sebastián. Y en segundo lugar, nos gusta también porque... (Risas)
El señor PRESIDENTE: Señoría, solamente quiero saber si la retira o no la retira.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La retiró y la doy por aceptada.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que serían ocho enmiendas, de la 286 a 293. Para su defensa, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Creo que a estas alturas la posición de nuestro grupo sobre el tema que se trae hoy aquí es sobradamente conocida. Nuestra portavoz Rosa Díez ya denunciaba en el Pleno el otro día lo que para nosotros no es más que una especie de reparto de cromos entre los partidos grandes para, simplemente, dejar las cosas como estaban y no acometer una de las reformas que para nosotros es una de las más importante para nuestro país. Desde Unión Progreso y Democracia, señorías, no nos cansaremos de repetir que las razones que explican la crisis económica en la que nos
encontramos y también la crisis institucional que padecemos tiene mucho que ver con la corrupción, son las mismas razones que explican la corrupción. Y ésta a su vez se debe a la falta de controles independientes y, especialmente, a la politización de la justicia. Hoy creemos que aquí se vuelve a desperdiciar otra ocasión para que, en definitiva, nuestro país mejore. Porque con unos controles independientes -unos controles que parece que a ninguno de los partidos grandes les conviene- y con una justicia eficaz no se habría podido producir, por poner un par de ejemplos, el escándalo de las cajas de ahorros que hemos tenido que rescatar con un dinero público que muy bien nos vendría ahora mismo para poder mejorar nuestra economía, crear empleo, etcétera. Un rescate que ha sido necesario para paliar las locuras que se hicieron desde esas cajas de ahorros que estaban controladas en muchos de sus gobiernos por el Partido Socialista o por el Partido Popular, para paliar el desastre que crearon todas esas locuras, ruinas, financiación de proyectos electoralistas y sueldos millonarios que coexistieron con una justicia española que, señorías, no dijo ni mu y que a menudo abrazaba al poderoso antes de defender a tantos ciudadanos españoles. Una fiscalía que, por ejemplo, tampoco dijo nada cuando se elaboró una estafa única en el mundo, la de las preferentes. Un rescate encubierto bajo el Gobierno del Partido Socialista y bajo el auspicio también del Partido Popular de 30.000 millones de euros -el 80% de los cuales estaba puesto por jubilados españoles-, un rescate que en ninguna otra parte del mundo se llevó a cabo porque en ninguna otra parte del mundo se permitió por las instituciones ni por las fiscalías que se vendiera un producto como este, que era un producto complejo a gente que era, simplemente, ahorradora y no inversionistas, que era para quien debiera estar destinado este tipo de productos. Los fiscales no lo persiguieron, los controles que teóricamente eran independientes no dijeron nada al respecto y al final hemos tenido que ser nosotros los que llevásemos este tema a la Audiencia Nacional.
El día que se mencionó el tema que nos trae hoy aquí en el Pleno nuestra portavoz dijo -y creo que de forma muy acertada- que estábamos asistiendo a su reparto de una tarta. Ahora mismo hemos escuchado también algunas críticas de partidos nacionalistas, pero en el fondo lo que estaban haciendo no era más que pedir también una porción de esa tarta. Nosotros no queremos parte alguna, ni parte, ni guinda, ni nada -como dijo Rosa Díez-, pero desgraciadamente sí nos encontramos con una responsabilidad que repetidamente estamos teniendo que llevar a cabo, porque la justicia politizada española no lo hace, y es que los fiscales no persiguen, y eso es lo que hemos hecho nosotros al denunciar en la Audiencia Nacional el tema Bankia, el tema de las remuneraciones excesivas e inmorales que han tenido algunos de los directivos, el tema de las preferentes, etcétera.
Señorías, personalmente me avergüenza ser ciudadano de un país con unas instituciones que tienen tan justita madurez democrática y nula voluntad de garantizar su independencia, pero afortunadamente lo suplo con el orgullo de pertenecer a un partido que no tiene ningún complejo a la hora de presentarse ante la Audiencia Nacional e intentar que se haga justicia al respecto. Me parece importante volver a recordar -haré solamente una pequeña referencia a las enmiendas que hemos presentado- que nuestra crisis económica, nuestra crisis institucional y también nuestra crisis moral han sido posibles porque ante estos desmanes que se han producido en nuestro país por parte de los delincuentes ha habido una sensación de impunidad acostumbrados a usar las instituciones como si fueran su cortijo particular y a no ser perseguidos seriamente por una justicia que -no olvidemos- ellos mismos decidían por quién y cómo iba a ser impartida. Voy a evitar hacer ese discurso técnico, simplemente voy a explicar que algunas de las mejoras que nosotros hemos propuesto tienen que ver con eso, con la despolitización de la justicia, con abrir el número de colectivos que podrían elegir el órgano de los jueces. Nosotros querríamos que también estuvieran ahí a la hora de elegir a sus órganos los fiscales, los secretarios judiciales, los abogados, para minimizar la acción que los partidos políticos puedan tener en decidir quién y cómo se imparte justicia en nuestro país, para intentar garantizar la independencia y la separación de poderes. También hemos hablado en alguna de esas enmiendas de la necesidad de reformar, por ejemplo, la oficina judicial.
Para terminar, quisiera decir brevemente que me quedo francamente con la frustración de ver cómo otra vez más el Gobierno se desdice, porque como bien le recordó al señor Gallardón Rosa Díez el otro día en el Pleno, el Partido Popular dijo una cosa cuando estaba en la oposición, una cosa nada más llegar al poder y hoy aquí nos trae otra completamente diferente. El PP vuelve a vender humo en la oposición o al llegar justito al poder, pero al final no cumple lo prometido, y me parece que de nuevo pierde una oportunidad única de acometer una de las reformas más necesarias para que no se repita el pasado, para que cese el latrocinio, señorías, la utilización de las instituciones, para que España tenga de una vez una
separación de poderes efectiva que impida, entre otras cosas, los desmanes que hemos sufrido durante todos estos años y que nos han dejado en la difícil situación que vivimos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, que son las enmiendas de la 28 a las 79, es decir, cincuenta y dos enmiendas, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Nunca mejor dicho la defensa, porque prácticamente no han sido tenidas en cuenta y creo que no van a ser tenidas en cuenta de aquí al Pleno. Es el principal problema que tenemos en esta Comisión, el problema que tiene que ver con el papel vergonzoso del Parlamento en relación con determinadas Leyes y con la marea de Decretos que el Gobierno somete a nuestra consideración. Habíamos saludado que estuviéramos ante una ley, aunque con desconfianza, porque nos daba la oportunidad de enmendar y debatir, incluso la oportunidad de consensuar y de pactar, pero hemos visto como eso no es así, y en este caso tendría que decirle al ministro Gallardón, cuando me acusó de pesimista, que he sido el realista, dicho en sentido republicano.(Risas). He sido el realista porque decía que no iba a haber sensibilidad por parte del Gobierno con respecto a las enmiendas y que finalmente la actitud del Gobierno que había traído una ley con oposición no solo social sino también política, se iba a consolidar finalmente en una aprobación de la ley únicamente con sus votos. Tengo la impresión de que eso es así, a tenor del trabajo de la ponencia, y mucho sería decir hablar de trabajo, no porque no hayamos querido sino porque el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular tenían ya una bitácora de vuelo establecida que no contaba con el resto de los grupos parlamentarios más que en enmiendas puramente sintácticas, en enmiendas menores que no han alterado el proyecto del Partido Popular y que, en nuestra opinión, hacen de él un mal proyecto.
¿Por qué es un mal proyecto, en nuestra opinión? En primer lugar, no estoy de acuerdo con que sea una oportunidad perdida, creo que es una involución, una marcha atrás, un paso atrás en nuestro modelo de gobierno de los jueces. Estoy convencido de ello y lo explicaré. En ese sentido iban nuestras enmiendas, en que no fuera un paso atrás sino hacia adelante en relación con el órgano del gobierno de los jueces. En segundo lugar, además de ser una involución, es una imposición, que es verdad que está vestida de un proyecto de ley pero tiene el olor y el color de un Decreto-ley claramente, porque es aquello de o lo tomas o lo dejas; es el mismo planteamiento que en los Decretos-leyes con los que el Gobierno ha anegado durante mucho tiempo, demasiado tiempo, esta Cámara. En tercer lugar, señorías, tiene también el sabor de la mentira, y aquí quiero decir que el señor ministro de Justicia ha mentido a esta Cámara en diversas ocasiones en las enmiendas de totalidad a su Ley del Consejo General del Poder judicial, porque cuando nosotros le criticamos que no había tenido voluntad de diálogo, nos dijo que esa voluntad de diálogo empezaba en la ponencia, y que además no solamente era voluntad de diálogo sino voluntad de acuerdo y que hubiera una mayoría mucho más allá de la mayoría del Partido Popular. Ha sido, podríamos decir, una impostura del ministro Gallardón porque finalmente la asunción de las enmiendas ha sido mínima, la deliberación prácticamente nula y el consenso inexistente. Va a pasar como en Pedro y el lobo, que el día que veamos al consenso, nos va a sorprender, porque lo hemos llamado tantas veces y tan pocas veces lo hemos utilizado, que probablemente nos llevemos una sorpresa.
Señorías, además esta ley, al igual que la preocupación que teníamos a veces en el Senado, trae un viajero, podemos decir que es el octavo pasajero, y además un viajero peligroso en nuestra opinión. Una modificación de una ley orgánica, de la Ley de Extranjería, que tiene distintas interpretaciones; a nosotros nos han llegado hoy diferentes interpretaciones. En primer lugar, la formal. Es inaceptable que en una enmienda del Grupo Parlamentario Popular se modifique una ley orgánica como es la Ley de Extranjería en el marco de la Ley del Consejo General del Poder Judicial. Qué tendrá que ver una cosa y la otra, señorías, nada, no tiene nada que ver. Pero es que además esa modificación mediante una disposición final a la Ley 4/2000, en nuestra opinión es peligrosa. En nuestra opinión es una modificación que podría entrar en contradicción con legislación internacional, con la Convención de Ginebra, por ejemplo; además, como tenemos el precedente reciente de un intento de expulsión de un kurdo a Turquía que tuvo que paralizar la Audiencia Nacional, nos parece que esta iniciativa tiene algo que ver con eso, con la expulsión de residentes sujetos a protección internacional que en nuestra opinión no tienen por parte de nuestro Estado todas las garantías mediante esta iniciativa, esta enmienda empotrada -hay que decir empotrada- en la Ley del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, si teníamos razones para el rechazo, ahora tenemos aún más cuando se pretende modificar de manera involutiva la Ley del Consejo General del
Poder Judicial y al mismo tiempo -ya que el Pisuerga pasa por Valladolid- la Ley de Extranjería con una enmienda empotrada.
¿Qué problemas detectamos nosotros en el Consejo General del Poder Judicial que creíamos que iba a abordar la iniciativa del Gobierno o que íbamos a abordar todos en ponencia? En primer lugar, el problema del reparto bipartidista corporativo, ese reparto escabinado que ha traído como consecuencia los problemas que hemos visto en los últimos tiempos en el Consejo General del Poder Judicial: la polarización del consejo traducido en vez de órgano de gobierno en órgano parlamentario; otras veces acuerdos polémicos en el consejo a nivel público con la teoría del reparto entre distintas organizaciones, sean estas políticas o corporativas; la opacidad del consejo en el caso Dívar o la vis expansiva en el trabajo del consejo con competencias que en algunos casos tienen más que ver con el Ministerio de Justicia que con el propio Consejo General del Poder Judicial. Ahí creíamos que estaban los problemas. Pues bien, el Gobierno considera que esos no son los problemas, que sus problemas son otros. Sus problemas, a tenor de la iniciativa legal y de las enmiendas aceptadas en la ponencia, son, en primer lugar, el control político del Consejo General de Poder Judicial. Con las medidas adoptadas por el Gobierno tanto en relación con las mayorías necesarias para tomar decisiones en el Consejo General del Poder Judicial como en relación con la fórmula de elección de los miembros muestran un consejo que pasa de un reparto bipartidista imperfecto, bipartidista corporativo, a un monopolio político; un monopolio político en primer lugar en el Senado -podríamos decir aquello de que la banca se lo lleva todo- y luego en el Congreso. Esa es la opinión que tenemos con respecto a las enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que estamos ante un asalto a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial sin ningún tipo de pluralismo, es un monopolio del Consejo General del Poder Judicial por parte de la mayoría conservadora.
En segundo lugar, señorías, el Gobierno muestra su desconfianza hacia las organizaciones judiciales, una desconfianza por la cual plantea un mecanismo sui generis entre lo plebiscitario y lo estamental que mantiene -ese modelo plebiscitario y estamental- a lo largo de toda la ponencia. Señorías, por tanto, una contrarreforma y una involución en un Consejo General del Poder Judicial donde no se abordan los problemas sino que fundamentalmente la preocupación del Gobierno es una mayoría política de control y de tutela del Consejo General del Poder Judicial y, en consecuencia, de control y de tutela de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que es un gravísimo error, una involución inaceptable, un marchamo más de descrédito para la política, para el Gobierno y por extensión para las fuerzas políticas parlamentarias.
Señorías, termino hablando de este procedimiento que hemos seguido con relación a las modificaciones de la ley. Ante mi escepticismo con respecto a la voluntad del Gobierno de escuchar a las organizaciones o negociar con las fuerzas políticas, el ministro Gallardón me dijo que era un pesimista y que en el proceso de ponencia se abría la negociación. Si esa es la apertura de la negociación, podemos decir que no se ha abierto siquiera un resquicio a la negociación, nada de negociación. Llegamos a la Comisión para luego ir directamente a Pleno con esta Ley del Consejo General del Poder Judicial, que es la ley del consejo popular del Poder Judicial, no tiene otro nombre, porque no ha habido voluntad de diálogo ni de negociación. Espero equivocarme y que en el último momento haya voluntad de diálogo, pero hasta ahora ni diálogo, ni negociación, ni consenso; podría decir que ni trámite de audiencia, porque las dos reuniones de la ponencia han sido una caricatura de ponencia, señorías.
En la intervención en el Pleno hablé de una obra de Dürrenmatt, que era La visita de la vieja dama, pero yo aquí tendría que hablar de Justicia, de Dürrenmatt, que muestra que es fácil deslizarse de la justicia a la farsa. En este caso es fácil deslizarse de la política parlamentaria a la farsa; en estos momentos a lo largo de la ponencia no ha habido en este trabajo parlamentario ninguna voluntad de diálogo ni de acuerdo. Yo responsabilizo directamente al ministro de Justicia del fracaso del diálogo, de otro fracaso más del diálogo por parte del Gobierno, que no ha intentado siquiera no ya dialogar, sino ni dar trámite de audiencia a las fuerzas políticas parlamentarias. Por tanto, la responsabilidad de la impostura, de la mentira y del fraude es en este caso del ministro de Justicia en esta Ley del Consejo General del Poder Judicial, una ley muy importante que sin lugar a dudas marcará, como lo ha hecho la Ley de las Tasas Judiciales, una orientación por parte del Gobierno, una orientación política equivocada y en mi opinión una orientación en la relación parlamentaria que tiene más que ver con la autocracia que con la democracia, más que ver con la posición de monopolio que con compartir ya sea la deliberación, ya sea el acuerdo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que son treinta y cuatro, de la 182 a la 215.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Surroca i Comas.
La señora SURROCA I COMAS: Como bien saben, señorías, nuestro grupo parlamentario ha mantenido una posición de cierta prudencia a lo largo de la tramitación parlamentario de este proyecto de ley porque confiaba en que precisamente en las distintas fases de su tramitación se mejoraría sustancialmente el texto del proyecto incorporando aportaciones de los distintos grupos en fase de enmiendas al articulado, tal y como ofreció reiteradamente el señor ministro de Justicia en el reciente debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley. Ahora bien, llegamos hoy aquí, después de haber participado en las dos ponencias previas a esta Comisión, con la constatación de que esa voluntad por el momento ha quedado en el aire en la escena del debate parlamentario, y en cambio el gesto de diálogo con los grupos ha sido prácticamente inexistente. Porque ¿creen que se puede alcanzar un consenso y diálogo real con un calendario tan atropellado como el que estamos viviendo? Recuerden que el debate de las enmiendas a la totalidad lo mantuvimos precisamente la semana pasada y que a día de hoy ya hemos ventilado la ponencia y esta Comisión. El paso fugaz de este proyecto por la Cámara deja entrever la ausencia de voluntad del Gobierno y de la fuerza parlamentaria que lo sustenta para alcanzar el necesario consenso que hemos reclamado unánimemente todos los grupos, y no por capricho, sino porque una reforma de estas características, que incide directamente en una institución fundamental para nuestro Estado de derecho, requiere el amparo de una gran mayoría plural, con participación del máximo número de grupos parlamentarios en la reformulación del modelo, cosa que no sucede en el presente caso. Pero, además, esa tramitación atropellada en el tiempo impide también profundizar debidamente en una reforma compleja, amplia, de calado y que requeriría un análisis sosegado para poder valorar adecuadamente el alcance de determinadas reformas que se proponen.
Pasando ya nuestras enmiendas, Convergència i Unió, como se ha recordado, ha presentado un total de treinta y cuatro enmiendas al articulado de este proyecto de ley orgánica, concretamente de la 182 a la 216, de las cuales han sido únicamente aceptadas en sus propios términos las enmiendas 186, 183 -en esta misma Comisión, hace un momento nos lo ha anunciado el portavoz del Grupo Popular- y 187. De hecho, tampoco son enmiendas de un calado especial. Por otra parte, la 191 ha sido transaccionada con otras de otros grupos. En términos generales, lo que pretenden nuestras enmiendas es mejorar sustancialmente el contenido del proyecto en dos sentidos. El primero tiene que ver con un bloque de enmiendas que pretende que se dé cumplimiento a lo que dispone el Estatuto de Autonomía de Cataluña en lo referente al Poder Judicial y en concreto a la designación de su órgano de gobierno y la creación de los consejos autonómicos. El segundo bloque de enmiendas persigue básicamente garantizar la independencia del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial frenando el desapoderamiento que a nuestro entender se pretende estatuir con esta reforma. En este ámbito hemos seguido el criterio de no modificar lo que ya venía funcionando bien. Por ello en determinados casos proponemos que se mantenga la formulación vigente en la actual Ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial.
No vamos ahora a defender singularmente nuestras enmiendas, sino que solamente destacaremos las que a nuestro criterio son más relevantes. Así, dentro del primer bloque mencionado destacaríamos la enmienda 211, en la que proponemos la redacción de una nueva disposición adicional donde se contemple que el Gobierno, en el segundo semestre de 2013, presente el correspondiente proyecto de ley para impulsar la creación de los consejos de justicia autonómicos en el ámbito del Poder Judicial que prevén los estatutos de autonomía ya aprobados, a los efectos de que produzca una desconcentración de competencias del Consejo General del Poder Judicial a favor de los consejos de justicia autonómicos. Desde nuestro punto de vista es incomprensible que la presente reforma no recoja esta previsión cuando hay siete estatutos de autonomía que así lo disponen, y cuando además en el caso de Cataluña ha sido avalado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. En definitiva, estamos hablando del cumplimiento de lo dispuesto en la ley. Además, esto tampoco ha pasado desapercibido en los preceptivos informes al anteproyecto de reforma por cuanto el mismo informe del Consejo General del Poder Judicial dice literalmente al valorar el artículo 559 del entonces anteproyecto: En el contexto de ese precepto, resulta el momento oportuno y adecuado que el texto del anteproyecto legislativo de reforma del Consejo General del Poder Judicial contemple la existencia de consejos de justicia autonómicos en aquellas comunidades autónomas donde lo prevea así su estatuto de autonomía. Y añade -cosa que compartimos totalmente- que si la voluntad de reducir las competencias del consejo que se justifican por el prelegislador pasa por dotarlo de una estructura más eficiente es el momento -al abordar esa reforma- de dar cabida a las previsiones estatutarias en los estatutos de autonomía de estas siete comunidades autónomas. Son
palabras del consejo que ponen de manifiesto con suma claridad una omisión en el proyecto, omisión que se ha mantenido y que exige una rectificación porque, de lo contrario, supondría mantener una configuración del órgano de gobierno de jueces y magistrados que no se corresponde con las previsiones estatutarias de esas siete comunidades autónomas. Se va a perpetuar una situación por falta de voluntad política, optando por incumplir una vez más la ley en vez de aprovechar la ocasión para dar cumplimiento a estas previsiones estatutarias. Y no nos sirve el argumento de que habrá una ulterior reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial donde se verá esa cuestión, porque precisamente en este proyecto se han incluido aspectos que ni siquiera tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Hablo, por ejemplo, de las dos enmiendas del Grupo Popular que quedarán incorporadas a la ley y que se refieren a una materia tan alejada del órgano de gobierno del consejo como son los permisos de larga duración o los expedientes de expulsión en materia de extranjería. Por lo tanto, con los consejos autonómicos estamos reclamando el cumplimiento de la ley y lo que pretende en estos momentos el Gobierno es posponer y eludir esta cuestión.
Siguiendo con aprovechar la reforma para dar cumplimiento a los estatutos de autonomía, hemos preparado otra enmienda, la 192, que tiene por objeto recoger la previsión del artículo 180 del Estatuto de Autonomía de Cataluña -no afectado tampoco por la sentencia del Tribunal Constitucional-, referente a la designación de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y por el cual la Generalitat participa en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial en los términos que establezcan las leyes o, en su caso, el ordenamiento parlamentario. Pues bien, esta previsión, por lo que se refiere a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, fue debidamente introducida en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. En cambio, está pendiente aún lo correspondiente en cuanto a la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, es necesario también, para dar cumplimiento a dicho precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, introducir esa participación de la Generalitat en el proceso de designación de los vocales del consejo y por ello nuestra enmienda propone un nuevo apartado 3 en el artículo 567 que recoja esa previsión estatutaria.
En cuanto al segundo bloque de enmiendas, pretende fundamentalmente mantener competencias esenciales del consejo que garantizan su independencia con respecto al Ejecutivo, tal y como prevé la propia Constitución española. En ese ámbito, es importante para la institución que mantenga la potestad reglamentaria en los mismos términos de la ley vigente. No compartimos esta restricción en las hasta ahora facultades reglamentarias del consejo, especialmente en lo que se refiere al estatuto de la carrera judicial, y precisamente en ese sentido se han formulado nuestras enmiendas 184 y 189. Por otra parte, nos preocupa el desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial, que con este proyecto sufre una importante reducción de competencias del pleno a favor de la comisión permanente, cuya composición es además variable. Por ello, hemos formulado distintas enmiendas destinadas a mantener en el pleno determinadas competencias a nuestro entender esenciales y así se refleja en las enmiendas 202, 203, 204, 206 y 207. Tampoco compartimos la supresión del actual régimen de incompatibilidades; creemos que ello puede poner en cuestión la necesaria independencia que debe mantener el órgano de gobierno del Poder Judicial. Mediante la nueva redacción del estatuto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se establece un doble régimen de vocales: por una parte, los integrantes de la comisión permanente, que podrán desarrollar sus funciones de forma exclusiva estando a su vez en situación de servicios especiales y, por otra parte, el resto de vocales, que deberán permanecer en servicio activo si pertenecen a algún cuerpo funcionarial o judicial, o bien deberán continuar ejerciendo su función profesional si es un profesional liberal, abogado o procurador. En el ámbito de jueces y magistrados esta previsión va en detrimento del mandato constitucional del artículo 127 de la Constitución española y a la vez afecta a la independencia de los jueces en la medida en que la subordinación gubernativa entre jueces y magistrados puede verse resentida. Igualmente, por lo que respecta a los juristas es evidente que el ejercicio de la profesión muy fácilmente puede interferir en el cumplimiento de la obligación de asistencia a los actos obligatorios del órgano. Por todo ello, hemos presentado la enmienda número 198, que tiene por objeto mantener el régimen vigente de incompatibilidades, el cual consideramos más adecuado a las características del órgano de gobierno del Poder Judicial y evitaría las disfunciones que hemos expuesto. No obstante, de forma subsidiaria o alternativa hemos planteado las enmiendas números 212, 213 y 214 para el supuesto de que se mantuviera la previsión de compatibilidad prevista en el proyecto y cuya finalidad es que para los vocales que integren el consejo y cualquiera de sus comisiones y a su vez deban continuar en servicio activo o desarrollando sus funciones profesionales se prevea la posibilidad de
suspender vistas u otros actos del proceso que requieran su asistencia personal, dado que el apartado 3 del artículo 579 fija la obligación de asistir al pleno y a las comisiones de que formen parte y en caso contrario no podrían compatibilizar ambas actividades, todo ello modificando las correspondientes leyes procesales. Tenemos que decir que en la ponencia el Grupo Parlamentario Popular nos trasladó su voluntad de transaccionar estas tres enmiendas, pero, sorprendentemente, al final se nos ha dicho que no han encontrado la redacción adecuada, cosa que a nuestro entender es incomprensible porque incorporar estas enmiendas, aunque fuera en forma de transacción, habría reducido en gran medida los desajustes que va a provocar el nuevo modelo sin el régimen de incompatibilidades.
Por último, también destacaríamos de este segundo bloque de enmiendas las números 194 y 208. La primera es referente a la renovación parcial del órgano, extremo que nosotros proponemos suprimir, toda vez que puede ser contrario al mandato del artículo 122.3 de la Constitución, que establece, como bien saben, un mandato de cinco años para todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial que hayan sido nombrados. Por lo tanto, la renovación de los vocales del consejo debe llevarse a cabo en unidad de acto, como se ha venido haciendo hasta este momento. Según nuestro criterio, lo contrario supondría vulnerar el mandato constitucional. Y con la enmienda 208 proponemos que la comisión permanente esté compuesta de 8 vocales, más el presidente. No 3 más 2, como prevé la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular, y ello porque consideramos que esta composición mejoraría la gobernanza del principal órgano de gobierno, teniendo en cuenta las amplias funciones que ahora se le atribuyen, y además debiendo rotar anualmente de forma obligatoria y no potestativa.
Damos por defendidas el resto de enmiendas que no han sido incorporadas, esperando mayor receptividad del Gobierno en lo que falta de tramitación parlamentaria, aunque en este caso sinceramente no somos demasiado optimistas.
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Son setenta enmiendas, de la 216 a la 285. En primer lugar tiene la palabra su portavoz, el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, vamos a hacer doble turno de intervención. Don Antonio Camacho intervendrá inmediatamente después.
En primer lugar, si me permite, señor presidente, en cuanto a la tramitación de este proyecto de ley, una vez más, siendo suave, tengo que hablar de falta de respeto al Parlamento. Otra vez es una tramitación atropellada, sin diálogo, sin debate, sin propuestas, sin consenso, con una auténtica perversión del lenguaje en relación con lo que dice el señor ministro continuamente en la Cámara, la última vez el 18 de abril en el debate de totalidad, de que se iba a buscar el consenso. No se ha aceptado absolutamente nada, salvo temas puntuales de redacción y poco más, a ninguno de los grupos de la Cámara. No solo eso, sino que se han auto enmendado notablemente para hacer todavía más sectario y partidista el proyecto de ley que hoy, por lo que oído, van a dictaminar solo con sus votos. Por lo tanto, una vez más, al igual que todas las leyes que están tramitando, señor presidente, nuestra respetuosa pero firme protesta formal por esta falta de respeto al Parlamento y esta devaluación de la calidad democrática en la forma y, lo que es peor, como ahora comentaré, en el fondo. Solo para aplicar su ley a su conveniencia en el sistema de elección de vocales han tramitado en lectura única y por vía de urgencia nada menos que la suspensión del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha dado lugar a la Ley 1/2013, de 11 de abril. Solo para ese fin, con dudas más que razonables de legalidad. Señores del Partido Popular, la justicia, y sobre todo las reglas del juego, deben ser y son una cuestión de Estado y ustedes se lo están saltando. Están rompiendo consensos básicos que estaban durando ya muchos años y creando con ello inseguridad jurídica, y están aprobando algo que va a tener de vigencia el tiempo que ustedes duren en el Gobierno, que es más que previsible que no sea demasiado. Pero es lamentable que en una democracia consolidada tengamos que andar hablando en estos términos.
Señorías, se produce en este proyecto de ley un ataque a la independencia del Poder Judicial sin precedentes en nuestra democracia; un desapoderamiento del consejo absolutamente notable; una ocupación política del Poder Judicial sin precedentes. Solo algunos ejemplos a título indicativo. La redacción del artículo 570 del proyecto de ley, por el que pretenden poder renovar con los tres quintos del Senado, supone un auténtico atentado a la propia Constitución, en primer lugar, pero desde luego a todas las normas básicas de consenso. Pretender una renovación parcial, absolutamente ad hoc, para ocupar políticamente el Poder Judicial es simplemente una indecencia desde el punto de vista político y democrático. Utilizar esto como argumento de desbloqueo del órgano cuando solo sirve ad hoc para una
ocasión concreta, es difícilmente justificable. Ustedes tendrán que explicarlo, porque ¿es previsible, con normalidad, que en el futuro se produzca una situación en la que algún partido político tenga tres quintos en el Congreso o en el Senado? Probablemente sea difícil, pero en todo caso quedaría en manos de quien lo tuviera de forma unilateral rompiendo reglas esenciales del consenso. Por lo tanto, con esta decisión, ¿qué es lo que pretenden? Ocupar absolutamente todos los órganos, todas las instancias del Poder Judicial, quizá por el temor a las cosas que tienen pendientes y a lo que pueda venir en el medio plazo. No lo sé, ustedes nos explicarán por qué.
Igualmente liquidan y eliminan otro espacio que el Tribunal Constitucional tiene reiteradamente manifestado de incremento de legitimidad en absolutamente la totalidad de los nombramientos cuando se pone un quórum cualificado y obliga al consenso. Ustedes lo destrozan también y quedan en su mayoría la totalidad de los nombramientos, rompiendo otra vez consensos necesarios, minorías de bloqueo que tienen que garantizar a la oposición -no solo al grupo mayoritario de la oposición, podemos coincidir con otros grupos- el control y la negociación necesaria.
Se produce, señor presidente, una sobrerrepresentación excesiva de miembros del Tribunal Supremo; un sistema presidencialista a costa del órgano colectivo del Consejo General del Poder Judicial; unos poderes impropios para hacer y deshacer por parte del presidente del Tribunal Supremo, pudiendo incluso elegir, destituir a quien ha elegido el órgano que es el propio vicepresidente. Además, crean el nuevo del Tribunal Supremo, que es absolutamente innecesario. Producen, como decía antes, un desapoderamiento importante y grave del consejo. No solo no avanzan en aspectos de transparencia con comparecencias de los vocales, con más comparecencias del presidente -no solo para la explicación de la memoria- siempre y cuando no se trate de asuntos jurisdiccionales. No aceptan tampoco la publicidad de los debates, de las deliberaciones del consejo, sino que con sus propias enmiendas dan alguna vuelta de tuerca para limitar incluso el derecho de información de los propios vocales.
Poco hacen -es de lo poquito, algún paso pero absolutamente insuficiente- sobre la paridad entre hombres y mujeres en el conjunto de los órganos. Y también ponemos -y voy concluyendo- más que en cuestión el sistema de liberación parcial de vocales, de algunos vocales -unos pocos sí y el resto no-, porque va a traer muchos más problemas que aportaciones positivas con la excusa del ahorro, que está más que demostrado que es escaso, si no nulo, y además hay otros contenidos dentro del desarrollo del propio proyecto de ley que aumentan el gasto y no producen ahorro alguno, por ejemplo, en todo el aspecto de la nueva regulación del cuerpo de letrados.
En definitiva, señorías, estamos ante una grave contrarreforma que ha conseguido -es lo único positivo que yo le encuentro a este proyecto de ley-, por primera vez que yo recuerde, y ya soy un poco veterano, poner absolutamente a todos los operadores jurídicos de todo el país, conservadores, progresistas y a todo el elenco de partidos políticos en contra de las continuas contrarreformas ultraconservadoras de este Ministerio de Justicia y de este Gobierno, que ustedes con su mayoría absoluta están usando y abusando, devaluando -como decía antes- la calidad de nuestra democracia y limitando y disminuyendo los derechos y libertades en este país. Es su responsabilidad, ustedes sabrán lo que están haciendo, pero espero que les quede poco tiempo para seguir atropellando de esta forma.
Y cedo la palabra, si le parece bien al presidente, a mi compañero.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a continuación el señor Camacho tiene la palabra.
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Vamos a dar por reiteradas las enmiendas presentadas y vamos a intentar brevemente establecer algunas de las cuestiones que nos preocupan esencialmente en el proyecto presentado por el Gobierno. Desconocemos cuál es el motivo de fondo que ha llevado al Ministerio de Justicia a plantear tan profunda reforma del Consejo General del Poder Judicial, esperemos que no tenga nada que ver con el momento actual, desde el punto de vista judicial, del partido que sustenta al Gobierno, pero lo cierto es que la reforma es tan profunda, la reforma es tan intensa que condiciona, como ya han dicho todos los grupos políticos que han intervenido, la independencia de un órgano constitucional básico que gobierna uno de los poderes del Estado. Y que eso es así lo pone de manifiesto el hecho de que todos los jueces a través de sus asociaciones han puesto de manifiesto el ataque a la independencia de este proyecto, que el propio actual consejo ha sido extraordinariamente crítico con la reforma y que, desgraciadamente, en la regulación de uno de los órganos de gobierno de uno de los poderes del Estado el partido en el Gobierno carece de cualquier consenso parlamentario porque, por lo que se ha visto hoy, la norma va a ser aprobada con los únicos votos del Partido Popular.
Nos preocupan muchas cosas. Creemos que era necesario hacer una reflexión en torno a la autonomía presupuestaria, pero creo que el Partido Popular y el Gobierno van muy lejos con la reflexión que han hecho al establecer una enmienda como la 144, que señala que cuando el consejo en ejercicio de sus propias competencias acuerde políticas que impliquen un incremento de gasto, ello requiere necesariamente el voto afirmativo o el informe positivo por parte de la administración actuante, supone dejar la autonomía presupuestaria del consejo, y por lo tanto el ejercicio de competencias esenciales en un Estado de derecho, en manos probablemente de incluso un jefe de negociado de un ministerio. Incurren en el absurdo, a la hora de racionalizar las competencias del consejo, de excluir del consejo competencias que solo tiene el consejo, como es la regulación de las condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes de los jueces, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la Sentencia 4/2000. Esa competencia está en el consejo o no está en ningún lado, y el Partido Popular y el Gobierno la excluyen, sin embargo, del consejo. A través de nuestras enmiendas nosotros llevamos a cabo una racionalización de las competencias del consejo, pero manteniendo las que son esenciales, las relativas al Estatuto de jueces y magistrados, las relativas a las asociaciones judiciales y las relativas a las condiciones accesorias de las actuaciones judiciales que tengan que ser objeto de reglamentación en aplicación de la ley orgánica.
Por lo que se refiere al régimen de mayorías, en el artículo 560, tal y como ha sido enmendado por el Grupo Parlamentario Socialista, se establecen con claridad cuáles son las competencias que debe tener el consejo, se establece un régimen de motivación y de transparencia, que es absolutamente necesario, y se establece un régimen cualificado de votación en aquellos asuntos que son esenciales para el funcionamiento del órgano: nombramiento de presidente, vicepresidente, comisiones, magistrados del Supremo. Ese es el sistema que consideramos adecuado, con las notas de transparencia y las notas de publicidad que incluimos. No sé cuál es la razón que lleva al Partido Popular a reducir las mayorías, pero no hay ninguna duda de que un magistrado del Supremo elegido por 11 votos tendrá menos consenso, tendrá una menor legitimación que uno elegido con mayor consenso. Por lo que se refiere a la renovación parcial -ya lo ha dicho mi compañero-, creemos que la renovación tal y como se articula es profundamente contraria al artículo 122.3 de la Constitución y, además, es absolutamente innecesaria. Ninguno de los grupos parlamentarios que están presentes en esta Comisión ha bloqueado nunca la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ninguno, con excepciones, ha sido el propio Partido Popular el que bloqueó en su momento durante mucho tiempo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, hubiera bastado con el compromiso del partido que sustenta al Gobierno de que no iba a volver a realizar el filibusterismo que hizo en su momento desde el punto de vista de bloqueo del Tribunal Constitucional y no pasar a un sistema que, ante un posible bloqueo, lo que hace es dejar en manos del Partido Popular, por la mayoría que tiene en el Senado, la elección de los vocales.
Por lo que se refiere a la composición del consejo, era necesaria una reflexión en torno a si el número de vocales es o no el adecuado, si la composición y la estructuración son correctas, pero esa reflexión ciertamente no ha existido. Y si ya el proyecto nos preocupaba inicialmente, enmiendas como la 175 del Grupo Popular nos alarman profundamente porque deja en manos de la comisión permanente la decisión de qué documentación se ha de dar o no a los miembros del consejo. En definitiva, constitucionaliza a través de esta norma el consejo con vocales de primera y vocales de segunda. Tampoco nos gusta el modelo presidencialista de consejo, en el que el presidente nombra y cesa a su voluntad al vicepresidente y tiene un poder excesivo. No hay que olvidar que estamos hablando de un consejo en el que 20 vocales son elegidos por las cámaras, lo cual es un aspecto positivo de la reforma, y el presidente es elegido por esos vocales. No puede darse ese poder omnímodo al presidente. Consideramos más adecuado un modelo que reserve las competencias esenciales al pleno y en el que las comisiones simplemente desbrozan o preparan las decisiones del pleno. Creemos que el Partido Popular debe modificar su postura, debe reflexionar al menos un momento y establecer un modelo que se adapte más a lo que la Constitución, a lo que el constituyente quería del órgano de gobierno.
Finalmente, nos sorprende ese temor reverencial, esa desconfianza absoluta que tiene el Partido Popular a las asociaciones judiciales con el establecimiento de una disposición que señala que el reglamento de las asociaciones solo podrá ser modificado mediante ley orgánica. El Partido Popular viene demostrando en este último año que desconfía, que tiene miedo y que intenta controlar todas aquellas asociaciones que de alguna manera articulan voluntades que pueden ser contrarias a las ideas que presiden su labor de Gobierno. El Partido Socialista considera, sin duda, que es importante oír a la sociedad, que es importante oír lo que la sociedad dice en cada momento, pero que también es importante oír a aquellas asociaciones que representan a una parte importante de la carrera judicial, que en algunas
ocasiones defienden intereses corporativos pero en la mayor parte de sus reflexiones lo que vienen a hacer es defender un modelo de justicia democrática y adaptada a lo que la Constitución quería que fuera el órgano de gobierno, que desgraciadamente desaparece profundamente con esta reforma llevada a cabo por el Partido Popular.
Termino agradeciendo la benevolencia del presidente en cuanto al cómputo de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Les pregunto a los portavoces del Grupo Socialista en relación con las enmiendas a las que se les ha hecho propuesta de transacción en ponencia y que estarían o no pendientes de retirar.
¿Enmiendas 216, 217, 218?
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: La 216 y 217 las mantenemos y la 218 la retiramos.
El señor PRESIDENTE: ¿Enmiendas 222, 223, 226, 228, 229, 233?
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Las mantenemos.
El señor PRESIDENTE: ¿Enmienda 234?
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Está aceptada e incluso creo que está incluida en la ponencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Por tanto, retirarían esta?
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Sí.
El señor PRESIDENTE: ¿Enmiendas 245, 250, 259, 270 y 277?
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Las mantenemos. Vamos a aportar una modificación a nuestra enmienda 271, donde había un error. La tengo redactada por escrito y se la entrego a la letrada.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Asimismo pregunto a su señoría sobre la enmienda 276 de su grupo.
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: La mantenemos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Finalmente, para fijar posiciones, dado que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular ya están incluidas en su integridad en el informe de la ponencia, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la diputada señora Cobos Trallero.
La señora COBOS TRALLERO: Señorías, el objeto de esta Comisión es analizar el informe de la ponencia del proyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, inicio mi turno de intervención para fijar posición en relación con las enmiendas presentadas a este proyecto de ley orgánica. Si me lo permiten previamente, me gustaría hacer alguna valoración sobre el sentido y finalidad de este proyecto que ahora abordamos.
En esta Comisión estamos debatiendo la tramitación de un proyecto de ley importante y necesario, con el que entendemos que, a pesar de nuestras discrepancias, todos los grupos deberíamos estar de acuerdo. Este proyecto tiene tres objetivos fundamentales, como nos recordó el ministro de Justicia en el debate de enmiendas a la totalidad. En primer lugar, la agilización del consejo en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, de manera que se articulen los mecanismos que eviten los bloqueos que se producían tanto en la constitución como en la renovación del consejo. En segundo lugar, la simplificación del órgano, dotándole de una estructura más simple y con un menor coste económico, de acuerdo con los criterios de racionalización de la estructura administrativa que estamos llevando a cabo todas las administraciones de todos los poderes del Estado. Y en tercer lugar, por su profesionalización, introduciéndose criterios que priman el mérito y la experiencia. Queremos a los mejores. En definitiva, se pretende conseguir un órgano de gobierno más operativo.
Este proyecto garantiza la independencia de los jueces, respeta escrupulosamente el artículo 122 de la Constitución y presenta un Consejo General del Poder Judicial más plural, más transparente y más competitivo. Dicho todo esto, hoy nos toca hablar de enmiendas. Son muchas las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios -doscientas noventa y tres- y, por lo tanto, no tenemos tiempo
para abordarlas una a una, por lo que me referiré a ellas de una forma un poco más general. A grandes rasgos, tenemos que señalar la voluntad de consenso, la capacidad de negociación y de diálogo tanto por parte del Gobierno como de este grupo parlamentario, aunque también quería señalar que el mayor o menor tiempo en la tramitación parlamentaria, siempre y cuando se cumplan los trámites legales, como es el caso de este proyecto de ley, no garantiza una mejor legislación.
Señorías, es un proyecto importante y conocemos la urgencia de su tramitación y de su aprobación porque en septiembre, tal y como establece la ley, se tiene que elegir a los nuevos miembros del consejo. Como decía, quiero destacar la voluntad de consenso tanto del Gobierno como de este grupo. De hecho, de todas las enmiendas presentadas, setenta y ocho son aceptadas o transadas. Quería destacar que hemos aceptado o transado enmiendas de todos los grupos parlamentarios, salvo del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por lo que me gustaría hacer alguna referencia. La primera enmienda que nos presenta Unión Progreso y Democracia, la número 286, hace referencia a la supresión del proyecto de ley al completo, lo que rechazamos, en primer lugar, por coherencia, dado que rechazamos la enmienda a la totalidad que presentó este grupo y, en segundo lugar, porque estamos en el debate de enmiendas al articulado y no a la totalidad. El resto de enmiendas que nos presentan son rechazadas porque tratan temas que no corresponden a esta reforma, sino a la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, porque modifican la esencia del proyecto; o no se aceptan porque desvirtúan el modelo que pretende implantar el proyecto de ley orgánica. Lo mismo sucede con la mayor parte de las enmiendas del resto de grupos que hemos rechazado. Pero querría hacer una mención especial a alguna de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Vasco. Muchas de las enmiendas presentadas por estos grupos, sobre todo las del Grupo Parlamentario Vasco, hacen referencia a los consejos autonómicos y como ya se dijo en el debate de enmiendas a la totalidad, creo que no es momento. Ahora nos toca hablar del Consejo General del Poder Judicial, de su reforma conforme a la Constitución, y de ellos no dice nada la Constitución. Por tanto, este tema corresponderá y se tratará en la tramitación del proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial. Nos sigue llamando la atención la obsesión de algunos grupos por mantener mecanismos de bloqueo a la renovación del consejo y entendemos que es muy demostrativo de dónde tienen sus intereses estos grupos, que está muy lejos de mejorar el consejo y de mejorar la justicia.
En cuanto a las enmiendas transadas, la mayoría son para mejorar y aclarar el texto. Pero otras afectan al fondo, como la enmienda de transacción a la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural; 121 y 122 del Grupo Parlamentario Mixto; 191 del Grupo Parlamentario Catalán, y 222 del Grupo Parlamentario Socialista, que supone la incorporación de una disposición adicional segunda. Esta disposición establece que en el procedimiento de selección de los vocales se tendrá en cuenta la paridad entre mujeres y hombres, conforme al artículo 14 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Por otra parte, también querría hacer referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, muchas de ellas correcciones técnicas, adecuaciones terminológicas; otras, aceptadas por resultar más acordes con la finalidad del proyecto o por afectar a temas importantes, como modificación de aspectos sustanciales de la ley. En definitiva, todas ellas para dar más coherencia y mejorar este proyecto de ley que hoy debatimos. Pero por su importancia, tenemos que hablar de la enmienda 166, que modifica el artículo 610, y que hace referencia a la Comisión de Igualdad. Esta enmienda introduce un párrafo al artículo, incluyendo expresamente por primera vez y con rango de ley orgánica una nueva competencia a esta Comisión, que es el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la violencia de género. La finalidad de esta enmienda es conceder un reconocimiento expreso a una de las competencias naturales de esta Comisión de Igualdad, y ello a través del Observatorio contra la violencia de género. Observatorio que fue constituido en el año 2002 por un Gobierno del Partido Popular mediante un convenio celebrado con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el propio Consejo General del Poder Judicial y al que se sumaron posteriormente la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía. Observatorio que venía desarrollando esta función a lo largo de estos años pero que hasta ahora carecía de regulación legal.
En cuanto a las enmiendas 180 y 181, a las que ha hecho referencia el resto de grupos, lo único que hemos hecho es trasponer una directiva europea. Y finalmente, anunciamos que aceptamos las enmiendas 183, del Grupo Parlamentario Catalán; 281, del Grupo Parlamentario Socialista, y presentamos transacción a la 102, del Grupo Parlamentario Vasco y 276, del Grupo Parlamentario Socialista. Para terminar, quiero
agradecer el esfuerzo de todos los grupos en fase de ponencia y en fase de enmiendas porque creo que, al final, todos pretendemos mejorar este proyecto. Y quiero agradecer el trabajo de las letradas de la Comisión, que con sus enmiendas y observaciones técnicas han aportado perfeccionamiento al texto. Pero, sobre todo, quiero agradecer a mis compañeros de ponencia su esfuerzo en esta tramitación, porque son ellos quienes han llevado a cabo las negociaciones. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, suspendemos la sesión durante cinco minutos para ordenar las votaciones. En cinco minutos justos estaremos llamando a votar.
Ruego mientras tanto, si les parece, a los señores portavoces que se acerquen a la Mesa. (Pausa).
A efectos de aclaraciones, antes de proceder a la votación, ¿alguien desea intervenir? (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra). Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perdón, señor presidente. Se trata de una transacción que ha sido aceptada en sus propios términos; lo digo fundamentalmente porque es la primera que se me acepta en esta legislatura. Solo para celebrar la circunstancia. La transacción está aceptada.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más necesita alguna aclaración? (El señor Tardà i Coma pide la palabra). Señor Tardà, tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Cuando he intervenido he anunciado que retirábamos la enmienda número 116 porque había sido incluida en una transaccional, pero cuando he escuchado a la diputada del Grupo Parlamentario Popular he visto que no ha hecho alusión a ello, con lo cual, no sé si he escuchado mal o es que no debo retirarla.
El señor PRESIDENTE: Señora Cobos.
La señora COBOS TRALLERO: Señoría, he comentado las transadas en general; no he hecho hincapié en la misma.
El señor PRESIDENTE: Entonces la damos por retirada. (Pausa).
Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por el señor Baldoví Roda. En una primera votación, las enmiendas 8, 10 y 13.
En un segundo bloque, las enmiendas 6, 7, 12, 14, 15 y 16.
El tercer bloque sería la enmienda número 9, que sometemos a votación.
Por último, votamos la enmienda número 11 del diputado señor Baldoví Roda.
A continuación, también dentro del Grupo Parlamentario Mixto, votamos en tres bloques las enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, las enmiendas números 21, 22 y 23.
Un segundo bloque de la señora Fernández Davila serían las enmiendas 17, 18, 19, 20, 24, 25 y 26.
Un tercer bloque de la señora Fernández Davila sería la enmienda 27.
Un tercer bloque del Grupo Parlamentario Mixto serían las enmiendas presentadas por el señor Tardà i Coma. Lo haremos en doce votaciones separadas. En primer lugar, la enmienda 114.
En segundo lugar, las enmiendas 115, 120, 124, 133, 134, 136, 137 y 141.
Un tercer bloque sería la enmienda 118.
En cuarto lugar, la enmienda 117.
Votamos la enmienda 119.
Pasamos a votar la enmienda 121.
Votamos a continuación la enmienda 122.
Votamos en un mismo bloque las enmiendas 123, 126, 127, 128, 132, 138 y 140.
Pasamos a votar la enmienda número 125, también del diputado señor Tardà.
Votamos a continuación en bloque las enmiendas 129, 130 y 131.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23, abstenciones, 1.
Votamos la enmienda número 135.
Para finalizar el paquete de enmiendas presentadas por el diputado señor Tardà i Coma, votamos la enmienda 139.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Nacionalista Vasco. Lo haremos en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas 85, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 99, 103, 109, 110, 112 y 113.
En un segundo bloque serían las enmiendas 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108 y 111.
A continuación, y en un solo bloque, votamos todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, las 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 y 293.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, que lo haremos en once bloques. En primer lugar, las enmiendas 29, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 79.
Un segundo bloque de enmiendas serían las números 37 y 66.
En un tercer bloque votaríamos la enmienda número 70.
A continuación, la enmienda número 71.
Votamos, a continuación, la enmienda 72.
Votamos, a continuación, la enmienda número 73.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 2.
Votamos, a continuación, la enmienda número 74.
Pasamos a votar la enmienda número 75.
Votamos, a continuación, la enmienda número 76.
Votamos, a continuación, la enmienda número 77.
Con ello damos por finalizado el bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Lo vamos a hacer en cinco bloques. En primer lugar, la enmienda número 183.
A continuación votamos las enmiendas 182, 188, 190, 193, 194, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211 y 215 en un solo bloque.
En un tercer bloque votamos las enmiendas 184, 185, 199, 200 y 202.
En un cuarto bloque votamos las enmiendas 189, 192, 195, 196 y 208.
Por último, votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pasamos, a continuación, a la votación de las enmiendas del Grupo Socialista. Lo haremos en dos bloques. En primer lugar, enmienda 281.
A continuación, votamos el resto de enmiendas que siguen vivas.
A continuación, vamos a votar las enmiendas transaccionales y de corrección técnica, en dos bloques. En primer lugar, votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda 102 del Grupo Parlamentario Vasco. A lo largo de la Comisión se han repartido dos versiones. La segunda es la última y definitiva versión, de acuerdo con lo manifestado por el Grupo Popular y el Grupo Vasco. ¿Queda claro o damos lectura a la misma para que no haya errores? (Denegaciones).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, 1.
En segundo lugar, votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda 276 del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Villarrubia Mediavilla: Esa la hemos mantenido). ¿Sostiene una transaccional? Un segundo, señor Mediavilla. (Pausa). Señor Villarrubia, de acuerdo con el artículo 114.3 del Reglamento, durante la discusión de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en ese momento por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. ¿Qué quiere decir este artículo? Que a diferencia del Pleno, en donde hay que retirar la enmienda para poder votar la transaccional, en Comisión se permite votar la transaccional sin necesidad de que la enmienda haya sido retirada. En consecuencia, sometemos a votación la enmienda transaccional del Grupo Popular a la enmienda 276 del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Villarrubia Mediavilla: Votaremos que no). Está en su derecho, señoría. (Risas). Yo lo que le explico es que el error que puede tener su señoría es por la diferencia que hay entre cómo se articula este tipo de procedimientos en Comisión y cómo se articula en el Pleno de la Cámara.
Señorías, sometemos a votación la enmienda transaccional del Grupo Popular.
Y, por último, señorías, votamos el dictamen del proyecto de ley según el informe de la ponencia, con las enmiendas aprobadas incorporadas y las correcciones técnicas de las letradas, que las conocen sus señorías también, que han sido incorporadas al informe de la ponencia, las correcciones técnicas que han sido distribuidas.

References: artículo 558
 artículo 567
 artículo 570
 artículo 570
 artículo 565
 artículo 560
de lege ferenda
 artículo 122
sui generis
 artículo 559
 artículo 180
 artículo 16
 artículo 567
 artículo 127
 artículo 579
 artículo 122
 artículo 112
 artículo 570
 artículo 560
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 14
 artículo 610
 artículo 114