Source: https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3110-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica.html
Timestamp: 2019-09-23 15:52:23+00:00

Document:
La nueva ley, que ahora pasa a revisión de la Corte, aumenta la transparencia del gobierno, aunque sectores como la defensa y la seguridad mantendrán la cultura del secreto.
Uno de los problemas más grandes para el acceso a la información pública en Colombia es la cultura del secreto, en contravía del principio general de que todo es público y la reserva es la excepción.
Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) “frecuentemente, los funcionarios no consideran la información como pública y por lo tanto, no son conscientes de su deber de permitir su publicidad.” Además, las normas vigentes no garantizan el acceso porque son anteriores a la Constitución de 1991 y en muchas ocasiones no contemplan los estándares elaborados por la Corte Constitucional o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La alianza Más Información Más Derechos, conformada actualmente por Transparencia por Colombia, Dejusticia, la FLIP, el Proyecto Antonio Nariño (PAN) y Corporación Ocasa, tuvo en cuenta estos problemas para elaborar un proyecto de ley de acceso a la información. Esta propuesta recogió experiencias y recomendaciones internacionales y de la Corte Constitucional y fue presentada a finales del año pasado.
Durante el proceso legislativo, el proyecto sufrió cambios, como es apenas natural. Se aprobaron medidas importantes en términos de transparencia. Pero algunos apartes del texto definitivo se desviaron del interés inicial y no garantizan el derecho de acceso a la información. La Corte Constitucional deberá revisar estos temas.
Cuando se solicita información pública suele crearse un clima de tensión entre lo público y lo privado: ¿hasta dónde llega la intimidad de un funcionario público? ¿Qué debe hacerse si la información afecta intereses comerciales de una entidad del Estado?
Un ejemplo de esta situación fue la experiencia reciente de una periodista regional. Su sala de redacción recibió denuncias contra la Oficina de la DIAN en su departamento. Por este motivo solicitó “la relación detallada desde 2007 a julio de 2011 sobre gastos de tiquetes aéreos y terrestres, viáticos, y nómina de los empleados” de dicha entidad. La respuesta fue negativa. Argumentaron que lo solicitado interfería “con el núcleo esencial del derecho a la intimidad, el cual está constituido dentro de una órbita reservada para cada persona”.
Transcurrieron aproximadamente seis meses para que la periodista obtuviera lo que pidió. Al final, el Consejo de Estado dijo que “no está solicitando otra cosa que la información contenida en el presupuesto general de la entidad”.
¿Cómo dirime la nueva Ley este tipo de conflictos? El artículo 18 establece las limitaciones al acceso a la información que pueda afectar intereses particulares. Según este, se podrá negar información de manera motivada cuando cause daño al “…derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la ley 1437 de 2011”.
Sobre esto último quedan dudas. El artículo 24 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que se reservará la información incluida en las hojas de vida, historia laboral y expedientes pensionales, que afecte a la intimidad: es decir, no la totalidad del documento. Aunado a lo anterior se encuentra la reserva sobre documentos “en construcción”, o que no sientan una posición definitiva.
Otro problema frecuente para acceder a información pública es la existencia de zonas grises. Las empresas comerciales e industriales del Estado, las prestadoras de servicios públicos y los partidos políticos, entre otros, son entidades que, pese a manejar recursos públicos y temas de interés para la ciudadanía, suelen negar información. La razón esgrimida es que están sujetas a un régimen privado.
El sector de la defensa y la seguridad es uno de los más complicados para obtener la información que debería ser pública.
Un caso ilustrativo le ocurrió a Juan Esteban Mejía, periodista de Medellín, quien quiso averiguar sobre el sistema de fotomultas que se adoptó en su ciudad recientemente. Encontró que para ejecutar esta política había un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y UNE, entidad prestadora de servicios públicos, conformada en un 99,99 por ciento por fondos del Estado.
El periodista procedió a pedir información sobre costos y métodos de selección de contratistas encargados de la venta, instalación y mantenimiento de cámaras para recolectar las fotomultas. La respuesta fue negativa en muchos puntos, argumentando que es información comercial de UNE, por lo que debe permanecer reservada. Al no estar de acuerdo, Mejía acudió al recurso de insistencia y está esperando el fallo.
Para resolver el anterior problema, el artículo 5 de la ley define unos “sujetos obligados”, para dejar claro quiénes deben entregar información. Dentro de esta norma se incluyen, entre otros, los partidos políticos, las empresas industriales y comerciales del Estado, y quienes prestan servicios públicos, con relación al cumplimiento de ese encargo.
Además de dichos avances, deben tenerse en cuenta varios puntos importantes de la ley:
Se crea la obligación de formular una política pública de acceso a la información;
Las entidades deberán entregar de forma proactiva información sobre presupuesto, funcionarios, resultados de auditorías, y contratación, entre otros;
Se reduce el periodo máximo de las reservas: el tope, según la ley 57 de 1985, eran 30 años, pero ahora es de 15, prorrogable por hasta 15 más, previa autorización del superior jerárquico de cada rama del poder público y órganos de control;
Se deja claro que si parte de una información reservada, no significa que todo el documento lo sea.
Además, se dan garantías para los ciudadanos que solicitan información: se establecen reglas para decir cuándo se reserva información y se facilita el uso de la tutela:
Sobre el primer punto, la Ley indica que para reservar información deberá aplicarse una regla establecida por la Corte Constitucional: la reserva debe constar en la ley o en la Constitución y, al mismo tiempo, debe probarse el daño al interés o derecho protegido con esta.
En relación con la tutela, recordemos que la Ley 57 de 1985 impedía su uso cuando se alegara que la información es reservada. Debía acudirse al recurso de insistencia, que es muy poco eficaz. El artículo 28 de la Ley establece, en la práctica, que se podrá usar la tutela después del recurso de reposición, que se agota cuando no se usa en el término legal de 3 días.
¿Excepciones de siempre?
El periodista Mejía solicitó información relacionada con los llamados “falsos positivos”. En escrito dirigido al Ejército Nacional pidió información referente a diez casos de personas dadas de baja e identificados como guerrilleros: sobre las circunstancias de la muerte, sobre la unidad que la llevó a cabo y si ocurrió en el marco de alguna operación militar.
El Ejército contesto que "por tratarse de asuntos relacionados con la estructura militar y concernientes con la defensa y seguridad nacional, dichos datos solamente pueden ser suministrados en virtud de un mandato judicial proveniente de autoridad judicial competente.”
El artículo 18 establece las limitaciones al acceso a la información que pueda afectar intereses particulares
El periodista acudió a la tutela y la Corte Suprema concedió el acceso a la información pedida por considerar que el Ejército contestó “sin exteriorizar ningún argumento que conduzca a entender que la seguridad nacional se encontraría comprometida con la respuesta”.
En este aspecto no se avanzará con la ley aprobada: poco antes del tercer debate, el Ministerio de Defensa solicitó que se incluyera un parágrafo en el artículo 5 según el cual “Se exceptúan de la aplicación de esta ley y por tanto gozan de reserva legal la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales”.
Por otra parte la Sentencia 491/07 de la Corte Constitucional afirma como requisito para reservar información que “la norma que establece el límite es precisa y clara en sus términos, de forma tal que no ampare actuaciones arbitrarias o desproporcionadas de los servidores públicos”. Si esto se tiene en cuenta, la propia Corte deberá declarar inconstitucional aquel parágrafo, al igual que el aparte del artículo 21 donde se indica que “ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”.
Por último, habría que establecer cuál será la entidad encargada de promover y proteger el acceso a la información. En países como Chile y México se crearon entidades nuevas e independientes. En Colombia se le asignarán unas funciones al Ministerio Público para cumplir esta misión.
Esta entidad deberá contar con los medios suficientes para garantizar el cumplimiento de esta ley en todo el país, incluyendo las regiones donde la cultura del secreto y la falta de recursos siguen siendo factores de retraso.
* Abogado con especialización en periodismo de la Universidad de los Andes y asesor de acceso a la información de la Fundación Para la Libertad de Prensa.
Tags: Constitución de 1991,	Corte constitucional,	Libertad de prensa,	información pública,	Emmanuel Vargas Penagos
-1 # haugusto 28-07-2012 18:54
Emmanuel, al leer su articulo se deduce que usted es demasiado inocente o se hace el inocente, prefiero pensar en lo primero. De ser así ha pasado su vida viviendo sobre la espuma de la superficie.
0 # Gustavo Velasquez Ma 31-07-2012 02:07
De manera respetuosa me permito hacer este comentario, respecto al derecho a la información y el debido proceso consagrado en los artículos 23 y 29 de la C.P.N. Derechos fundamentales que a diario son vulnerados por entidades del Estado Colombiano que administran nuestros recursos naturales y económicos, en su calidad de servidores públicos y aun más por aquellos que dicen administrar justicia con equidad. Cosa que no debe ser así, pues los que participamos en elegir de nuestros gobernantes, deben dar y ejercer dentro de sus funciones un trato justo,razonable , adecuado y respetuoso a todos los ciudadanos que hacemos parte de este país y hacemos uso del derecho al sufragio
0 # MARIA VALERO 30-01-2013 10:08
Respetado dr. Vargas Penagos
Leo con entusiamos su preocupacion. Pues he pedido informacion al Instituto nacional de salud sobre bases publicas de sistema de vigilancia en salud publica y me responden con un NO por ser
privada, no la pido a nivel individuo sino municipio, semana y anos 2000 a 2012.
Usted puede ayudarme soz docente e investigadora no compro ni vendo informacion
MV Valero
0 # Solicitud de información — Hernando Rozo Pacheco 22-05-2019 22:15
Solicité copia de certificado como técnico de seguridad vial de un agente de transito y me niegan está petición basándose en la ley 1437 articulo 24 y la sentencia t129 de 2002.

References: artículo 18
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 21