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Timestamp: 2019-12-10 00:48:07+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 812, de 17/09/2003
Año 2003 VII Legislatura Núm. 812
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MARÍA POSADA MORENO
celebrada el miércoles, 17 de septiembre de 2003
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de adhesión a la Union Europea de la República de Chipre, la República de Eslovaquia, la República de Eslovenia, la República de Estonia, la República de Hungría, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia y la República Checa. (Número de expediente 121/000161.) ... (Página 25577)
- Sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua provincia de Guinea Ecuatorial. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002178.) ... (Página 25581)
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- Sobre concesión de prórroga a los becarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/002229.) ... (Página 25588)
- Sobre becarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002238.) ... (Página 25588)
Dictamen sobre: - Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000239.) ...
(Página 25593)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002. (Número de expediente 110/000240.) ... (Página 25593)
- Convenio número 180 de la Organización Internacional de Trabajo relativo a las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, hecho en Ginebra el 22 de octubre de 1996. (Número de expediente 110/000241.) ...
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau en materia inmigración, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2003. (Número de expediente 110/000242.) ... (Página 25593)
- Canje de cartas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República Francesa sobre el régimen fiscal de las instituciones docentes y culturales, por el que se modifica el acuerdo actualmente vigente, de 28 de febrero de 1974, hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002.
(Número de expediente 110/000243.) ... (Página 25593)
- Protocolo que modifica el convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Europol) y el protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas el 28 de noviembre de 2002.
(Número de expediente 110/000244.) ... (Página 25594)
- Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003. (Número de expediente 110/000245.) ... (Página 25594)
- Acuero para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Islámica de Irán, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2002. (Número de expediente 110/000246.) ... (Página 25594)
- Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000247.) ...
(Página 25594)
- Canje de notas, de fechas 13 y 21 de febrero de 2003, constitutivo de acuerdo entre España e Irlanda para la extradición de nacionales, complementario al artículo 6 del Convenio europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957. (Número de expediente 110/000249.) ... (Página 25594)
- Acuerdo entre la República Francesa y el Reino de España sobre la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002. (Número de expediente 110/000257.) ... (Página 25594)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003. (Número de expediente 110/000258.) ... (Página 25595)
- Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, hecho en Bruselas el 18 de noviembre de 2002. (Número de expediente 110/000248.) ... (Página 25595)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Bulgaria, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000250.) ... (Página 25596)
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- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Lituania, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000251.) ... (Página 25596)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República Eslovaca, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000252.) ... (Página 25596)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Eslovenia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000253.) ... (Página 25596)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Estonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000254.) ... (Página 25596)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Letonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000255.) ... (Página 25596)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Rumanía, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000256.) ... (Página 25596)
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE ESLOVAQUIA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, LA REPÚBLICA DE MALTA, LA REPÚBLICA DE POLONIA Y LA REPÚBLICA CHECA. (Núméro de expediente 121/000161.)
Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. El primer punto del orden del día es emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Chipre, la República de Eslovaquia, la República de Eslovenia, la República de Estonia, la República de Hungría, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia y la República Checa.
A este proyecto de ley, según el informe de la ponencia, se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, se llama enmienda porque va por el trámite de enmienda, pero se trata de correcciones técnicas, para que donde dice, por ejemplo, República de Eslovaquia, se utilice la denominación oficial que es la de República Eslovaca. Se trata exclusivamente de eso.
Respecto al artículo de modificación, se hace la misma corrección y en la enumeración de los Estado se ajusta a la denominación oficial. No nos importa que todo esto se considere mejora técnica, simplemente queremos que se refleje adecuadamente en el lenguaje correcto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra su portavoz.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, sin ánimo de sustituir a mis compañeros portavoces, permítame manifestar mi pasmo al comprobar que el Grupo Popular no tiene nada más que decir sobre la ampliación de la Unión Europea y el Grupo Socialista tampoco. ¿Estamos estrictamente en un turno de enmiendas? No lo entiendo bien.
El señor PRESIDENTE: Estamos discutiendo una enmienda que se ha propuesto que podría haber sido considerada ciertamente como corrección técnica. Ya que ha sido considerada como enmienda, estamos concediendo un turno a favor; yo esperaba un turno en contra, que sería muy favorable para el turno a favor, y en tal caso abriría un turno de intervenciones. Por supuesto que el señor portavoz tiene perfecto derecho a hablar en este turno.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: De todos modos quiero dejar constancia de que en un trámite legislativo suele haber un solo turno. En este caso se realiza todo
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junto, la fijación de posiciones sobre la ley y las enmiendas. No me parece bien que se haya distinguido una cosa de la otra, pero no vamos a entrar en tecnicismos reglamentarios.
Mi grupo va a dar su apoyo a estas enmiendas, que efectivamente introduce mejoras técnicas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Casañ para fijar la posición del Grupo Popular en relación con las enmiendas.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: El Grupo Popular quiere felicitar al Grupo Socialista, autor de la enmienda, por su maravillosa iniciativa que mejora el texto de ley. Iniciativas como esta es lo que debemos traer a este Parlamento, porque el Parlamento es el que tiene la última palabra en el trámite legislativo. Todas las iniciativas -vengan del grupo que vengan, y sobre todo cuando vienen del primer grupo de la oposición- tendentes a mejorar el texto de la ley, demuestran la importancia de esta Parlamento y son un ejemplo claro de lo que debe ser la actitud de los distintos grupos políticos en el seno de la Cámara.
Por todo ello, señor presidente, el Grupo Popular acoge favorablemente esta enmienda y votara a favor.
El señor PRESIDENTE: Intervenciones de los portavoces sobre el contenido del proyecto. El orden de intervención será de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La ley que estamos aquí debatiendo, que de forma original por imperativo constitucional según se ha interpretado desde las ampliaciones anteriores es de hecho la ratificación de un tratado, se convierte en ley orgánica. Ello tiene su sentido en la medida en que supone una implícita modificación constitucional por la implícita cesión de soberanía que conlleva la incorporación de todos estos países a los propios mecanismos de toma de decisión de la Unión Europea. El acto que estamos celebrando es de inmensa trascendencia, lo digo para que al menos conste en el "Diario de Sesiones" y todos los que estamos aquí lo tenemos que destacar. No se percibe en la calle la realidad de que lo que estamos aquí aceptando es que la Europa que hemos conocido hasta ahora sea algo absolutamente distinto dentro de unos meses. Sin duda, esto puede sonar a declaración retórica y todos vamos a hacer proclamas de la importancia del momento, que pueden sonar más o menos a compromiso europeísta. Sólo el tiempo y a muy corto plazo va a demostrar a todos (a sindicatos agrarios, a sindicatos industriales, a asociaciones de pequeños comerciantes, a asociaciones empresariales, a organizaciones profesionales, a entidades estudiantiles, a todos aquellos agentes sociales que, de una forma u otra, suelen hacer llegar su voz al Congreso o al Senado cuando se está debatiendo una iniciativa), sólo, insisto, a muy corto plazo se calibrará que lo que estamos tratando es de enorme, de inmensa importancia.
Desde un punto de vista político el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha prestado su apoyo en todo momento sin matices, sin reservas a la ampliación de la Unión Europea, y hoy es un momento para reiterarlo de forma solemne. Frente a los resquemores que pueden tener algunos, nosotros creemos que lo que estamos materializando hoy con este acto, y en su momento en el Pleno con la aprobación de esta ley orgánica, es un acto debido, una obligación moral de todos los países, de lo que se venía en llamar la vieja Europa, los que ya estábamos dentro.
En su momento, cuando este debate se replantee en el Pleno haremos una valoración política de mayor calado. Quiero dejar clara esta cuestión.
Querría hacer una matización ténico-política al menos para su constancia en el "Diario de Sesiones". Mi grupo se planteó formular una enmienda a esta ley, habría sido una especie de disposición adicional con un formato jurídico complicado y por eso rechazó hacerlo. Por ello ha planteado su iniciativa -que ahora voy a explicar- como una proposición no de ley en la Comisión Mixta para la Unión Europea. A pesar de que todo ello se va a debatir y votar en su momento como proposición no de ley en la Comisión Mixta para la Unión Europea mi grupo considera importante dejar constancia de ello hoy en el "Diario de Sesiones". Se trata de la posibilidad que tiene España y que esperamos que ejerza España de suspender los períodos transitorios que se han pactado y que están incluidos en estos textos respecto de todos estos países candidatos en materia de movilidad laboral, de libre circulación de trabajadores. Sería una vergüenza que España, país de emigración, país que sufrió en sus propias carnes el miedo cuando entró en la Unión Europea a que los trabajadores españoles invadieran París y Frankfurt (ese miedo fue absolutamente desmentido por la realidad de los hechos), actuara así. Se comprobó perfectamente que lo que fue la adhesión produjo el efecto inverso: al existir una creciente igualdad de condiciones los trabajadores españoles que estaban por toda Europa emprendieron el camino de regreso, que todavía continúa. Por tanto, eso nos obliga moralmente -y también desde el punto de vista social y económico- a tomar la delantera en la aceptación de trabajadores de los países candidatos en España.
Cuando en su momento dos o tres países -un tercer país se sumó- exigieron a los países candidatos a la ampliación de la Unión Europea que se estableciera un período transitorio, según el cual durante un primer plazo prorrogable por un segundo y un tercer plazo no podrían entrar a trabajar en igualdad de condiciones con los trabajadores comunitarios en los distintos países miembros de lo que hoy es la Unión Europea, España en ese momento dijo no, en ese momento sostuvo que eso no había que hacerlo. Cuando eso finalmente se ha establecido de forma paradójica, España, pudiendo levantar de forma unilateral esa
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reserva, no lo está haciendo; e incluso, lo cual pone a España todavía en una situación más complicada desde el punto de vista político, ya estamos detrás de otros países que sí lo han hecho. Inglaterra ya ha declarado, al igual que Dinamarca, Holanda y algún otro Estado que también lo ha hecho, de forma unilateral y a reserva de situaciones de crisis en un ámbito regional o sectorial concreto que el día siguiente, veinticuatro horas después de la adhesión de estos países a la Unión Europea todos sus trabajadores y trabajadoras tendrán exactamente la misma libertad de circulación que tienen en su territorio los trabajadores comunitarios.
Esto es algo que creemos que tiene que hacer España -que pedimos al Gobierno de España que haga-; e insisto en que era complicado saber si desde el punto de vista jurídico o político, convenía más plantearlo como una enmienda a la ley de tramitación de la adhesión o como un compromiso político, y hemos optado por la segunda fórmula. Esta es, por tanto, nuestra única reserva al proceso global de negociación de la adhesión.
En cuanto a lo demás, en el fondo estamos aprobando hoy lo que ha sido la negociación, en la cual unos han ganado y otros han perdido, y en la que hay aspectos concretos sobre los que está por ver en la práctica en qué situación dejan a determinados sectores españoles. No hemos llegado a tener nunca en la subcomisión de seguimiento de la ampliación -cuyo funcionamiento ha sido bastante pobre por distintas razones que no son imputables a nadie en particular- un auténtico informe del impacto de la ampliación en los distintos sectores económicos, por más que lo hemos pedido. Lo pedimos, pero España no lo tiene; si lo tiene, no lo tiene esta Cámara. Por tanto, percibimos cierto desconocimiento sobre cuál va a ser la realidad, sobre lo que ocurrirá en España en los distintos sectores al día siguiente de la ampliación. Es obvio que en el ámbito agrícola el impacto será relativamente pequeño, porque no son grandes países agrícolas, excepto uno, y el que lo es no lo es exactamente en los sectores que afectan a España, según nos cuentan. Sin embargo, en el ámbito industrial no es así evidentemente; de modo que veremos cuáles son las consecuencias prácticas -que serán espectaculares en cualquier caso- de lo que estamos decidiendo hoy aquí.
Termino diciendo, señor presidente, que apoyamos sin reservas la realidad de la ampliación, lo que no significa que no haya que prepararse para la ampliación. Creo que son dos cosas distintas, y en España la sociedad, la mal llamada clase política y los poderes sociales de todo tipo han confundido la aceptación general y no matizada de la ampliación de la Unión Europea con la impresión de que aquí no pasaba nada. No, pasa mucho; es espectacular lo que nos va a pasar a partir de ahora, y una cosa es que estemos de acuerdo con ella y otra distinta que no estemos preparados. Eso es algo que sufriremos en su momento, y que nos obligará a tomar decisiones a gran velocidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Los socialistas lógicamente van a apoyar esta ley orgánica y se felicitan porque el Grupo Parlamentario Popular haya podido consultar, por fin, sobre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado y de las que aquél no tenía criterio en la ponencia dada la profundidad de las mismas. Es bueno que haya habido un dictamen de los servicios jurídicos del Estado para que se hayan podido incorporar por fin estas enmiendas de un calado político tan grande.
La ampliación es algo que no debe pasar desapercibido, que no debe pasar como un mero acto protocolario con la tramitación de esta ley orgánica en la Comisión y en el Pleno. Estamos -se ha dicho- ante uno de los retos más importantes que tiene planteados la Unión Europea. Quisiera recordar en este momento la visión que tuvo España; España, y no sólo el Gobierno socialista de España, porque en aquel momento se logró configurar un amplio consenso político en este Parlamento en torno a dos ejes: el de la ampliación, de la reunificación de Europa, comenzando por la reunificación alemana, y el eje de la profundización de Europa. La incorporación de las políticas de cohesión con el fin de que, al mismo tiempo que Europa se planteaba como objetivo extenderse... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Estrella.
Por favor, el orador está en el uso de la palabra y no se le oye.
Siga, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Al mismo tiempo que Europa se planteaba entre sus objetivos prioritarios abrir sus puertas a una serie de países que había pertenecido desde siempre a Europa, pero que habían estado situados por avatares de la historia fuera de los términos que representan el proyecto político de la Unión Europea; al mismo tiempo -digo- ese proceso de ampliación tenía que ir unido a otro de corrección de profundas desigualdades y desequilibrios -que aún existen- dentro de la Unión; de ahí las políticas de cohesión y la convergencia en términos económicos y sociales dentro de Europa. Creo que esa ha sido una visión que ha contribuido a acelerar la convergencia de España con Europa, pese a que algunos tuvieron la miopía de no verlo en su momento. La ampliación va a traer más solidez y más peso a Europa y al mismo tiempo traerá también más complejidad porque hará más difícil la toma de decisiones. Ello no es ajeno al proceso de reformas que se está viviendo desde el Tratado de Niza; lo estamos viendo ahora mismo. (Rumores.) Me refería al proceso de transformación y de reformas institucionales que se está viviendo en estos momentos, acabada la convención en la Conferencia Intergubernamental.
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Creemos que es importante ser conscientes de que la ampliación nos traerá, junto con el mayor peso de Europa -por su población y por su importancia económica, comercial, etcétera-, dificultades de ajuste en las economías de estos países, que van a tener que afrontar procesos sobre los que España ha tenido ya algunas experiencias, aunque partiendo de circunstancias distintas; y al mismo tiempo supone una enorme oportunidad.
Nosotros querríamos hacer una llamada de atención -lo hemos dicho en otras ocasiones- sobre la ausencia de interés o de conciencia de los retos y oportunidades que trae la ampliación para un país como España. No se entiende, por ejemplo, que España no tenga todavía embajadas en los tres países bálticos; ellos sí las tienen en España. España no se está preparando adecuadamente para la ampliación; no se está haciendo todo el esfuerzo necesario para que, por ejemplo, nuestra tasa de inversiones en estos países -en los países de la ampliación- no sea la que es, que no alcanza el 3 por ciento de la inversión exterior de España. Nuestro comercio exterior con estos países no alcanza el 2 por ciento del total.
Esto tendría que situarse entre las prioridades del Gobierno; es una posición que comparten los grupos parlamentarios, y así se desprende de las discusiones que hemos mantenido en la Comisión Mixta para la Unión Europea: hay que corregir ese déficit para que España esté en condiciones de utilizar con profundidad y con beneficio mutuo las oportunidades que supondrá la ampliación.
Es cierto que también presenta retos, ya que, por su situación actual, esos países van a ser socios, pero serán también competidores de España.
Tampoco se está preparando España en términos de competitividad, lo cual podría tener un efecto negativo sobre la percepción de la ampliación por parte de la sociedad y de los sectores económicos españoles. La ampliación podría percibirse como una amenaza a nuestra seguridad económica, cuando no debería ser así; y no lo sería si estuviéramos adecuadamente preparados en términos de competitividad. Ahora mismo nuestro modelo de competitividad se basa en gran medida en el factor trabajo; en unas condiciones determinadas de precariedad, por ejemplo, del factor trabajo. En esos términos no podemos competir con estos países; son países que por su nivel de renta ganarán siempre en ese terreno. Nuestra competitividad con ellos debe basarse eminentemente, siguiendo los parámetros de Lisboa, en una mejor formación, en una mayor inversión en formación y en capacidad tecnológica, y en un aumento de la productividad, lógicamente. Solo así crearemos un proceso de integración armónico en el que España no salga perjudicada.
Se ha hablado aquí de la subcomisión, que existe todavía en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que venía siguiendo el proceso de ampliación; no con gran interés ni con gran profundidad. Coincido con el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en que no se puede atribuir una responsabilidad exclusiva, independientemente de que nosotros creamos que hay quien tenía especial responsabilidad en que esta subcomisión produjera un informe. Todavía estamos a tiempo, porque estamos en el momento en que la subcomisión debe evaluar el impacto de la ampliación sobre España y la perspectiva de futuro de la ampliación. No obstante, creemos que hay problemas de fondo en el funcionamiento de esta Cámara; que hay ausencia de medios técnicos al servicio de las comisiones, que se evidencia con un solo ejemplo: la Comisión para la Unión Europea del Parlamento de Finlandia, con 19 miembros, tiene un staff de 25 personas; la comisión equivalente de este Parlamento tiene un staff de dos letrados -que no son necesariamente dos personas, sino que normalmente se sustituyen uno a otro en las sesiones- y una persona en la secretaría. Creo que ello evidencia la precariedad y explica quizá las limitaciones que tiene este Parlamento en el ejercicio de su función, y eso es algo que también tendríamos que abordar con urgencia. Por tanto, vamos a apoyar esta nueva ley orgánica. Vemos con simpatía las reflexiones realizadas por el portavoz de Convergència i Unió, que trasladará a la comisión mixta en esa proposición no de ley, como nos anunciaba.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: El portavoz del Grupo Popular se complace al comprobar el buen estado de salud del señor Estrella, que frente al agradecimiento y las lindezas del Grupo Popular responde con su habitual ironía, lo cual demuestra que goza de perfecta salud. El Grupo Popular, señor Estrella, no tiene la ciencia infusa como puede tener cualquier otro grupo de esta Cámara, el Grupo Popular siempre confía en los servicios jurídicos del Estado en trámites tan importantes como el de esta ley, pero el no haber tomado posición en el trámite de ponencia se debe al hecho de que, cuando se convocó la reunión, el grupo que estaba representado con un mayor número de miembros era precisamente el Grupo Popular; el Grupo Socialista sólo estaba representado por el señor García Breva y los demás grupos de la Cámara no estaban presentes en el trámite de ponencia en el que se debió cerrar esta negociación. Por ello, consideramos que dada la solemnidad de esta ley orgánica era muchísimo más conveniente trasladar la reflexión final y la toma de posición al pleno de esta Comisión. Quiero dejarlo claro porque ese fue el único motivo que nos impulsó a esperar al día de hoy, teniendo en cuenta además que no suponía ningún retraso en el trámite parlamentario.
La ley que nos ocupa, como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, hace referencia a un momento de gran transcendencia no solamente política sino estratégica, puesto que da una nueva dimensión al proyecto de construcción europea que, como se ha dicho en algunas ocasiones, sitúa en el
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mapa una nueva Europa, una Europa del siglo XXI. Nos hubiese gustado que no solamente los países que se contemplan en este momento sino también otros, en concreto Bulgaria y Rumanía, que tantos y tan denodados esfuerzos han hecho por entrar en la Unión Europea, estuviesen presentes, pero vemos con satisfacción que la fecha de 2007 está contemplada en el trámite de ampliación; por tanto, dentro de poco tiempo, si todo va bien, podremos admitir y dar la bienvenida a Bulgaria y Rumanía en el seno de la Unión Europea. España siempre ha estado a favor de la ampliación, no sólo por un acto de solidaridad sino también por simple pragmatismo.
Europa estaría incompleta sin ellos, Europa estaría incompleta sin todos esos países de la Europa central y del este que siempre han formado parte de su historia y que siempre han contribuido a la formación de una cultura común. Además, nos interesa tanto en términos de mercado interior, ligados a todos los sectores de la producción, como de tipo internacional por la relación con los demás grupos regionales. Los países que nos ocupan son países esenciales desde el punto de vista estratégico y de la seguridad en un momento de especial sensibilidad en este tema, y no quiero profundizar en ello porque todos sabemos a qué me refiero. En el tema estratégico y de la seguridad Europa necesita de los países que acogemos a partir de ahora.
El Reino de España y el Gobierno del Partido Popular siempre han defendido la ampliación con el único requisito del cumplimiento de los criterios de Copenhague, como no podía ser de otra manera porque desde el punto de vista constitucional de los tratados europeos estos son los requisitos, pero siempre dijo que sería conveniente que no solamente se tuviesen en cuenta los criterios de Copenhague sino que se añadiese a ellos los criterios de Lisboa; criterios de Lisboa, señores portavoces de otros grupos políticos, que impulsó España desde el primer momento. Fue España la que impulsó durante la presidencia portuguesa, junto con el Reino Unido, la estrategia de Lisboa, y dijo con posterioridad que era conveniente que los países de la ampliación pudiesen ir incorporándose a los criterios de Lisboa para que no exista una disfunción, una distancia insalvable entre los mercados de los países actuales de la Unión Europea y de los que se van a incorporar poco a poco. Tal es la importancia que España da a estos nuevos países que, del grupo de siete nuevas embajadas que se abrirán con toda probabilidad antes de final de año, cuatro de ellas corresponden a los países de la ampliación (tres a los tres países bálticos y la cuarta a Malta). A partir de ahora espero que los nuevos países miembros de la Unión hagan frente con seriedad a sus responsabilidades respectivas en el seno de la Unión Europea en los distintos campos: También espero, señorías, que se les dé la oportunidad, como miembros de pleno derecho, de discutir y decidir sobre temas tan importantes para el futuro de la Unión y para el futuro de todos los ciudadanos europeos como es la nueva arquitectura institucional que tanto nos afecta.
El señor PRESIDENTE: Me van a permitir que, rompiendo la tradición de esta presidencia, manifieste mi felicitación a los portavoces de los distintos grupos por su apoyo unánime a este proyecto de ley que desde un punto de vista histórico quizá sea el más transcendente de los que se van a aprobar en esta legislatura.
Vamos a proceder a la votación del texto del proyecto de ley con las enmiendas presentadas y aceptadas por todos los grupos.
- SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES EX RESIDENTES EN LA ANTIGUA PROVINCIA DE GUINEA ECUATORIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número expediente 161/002178.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo y tercer punto del orden del día, que son las proposiciones no de ley. Como hay otras comisiones en funcionamiento, vamos a debatir las dos proposiciones no de ley de forma continuada y al terminar el debate de la segunda se someterán a votación. La votación, por tanto, no será antes de las doce menos cuarto.
La primera proposición no de ley es la relativa a medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua provincia de Guinea Ecuatorial, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene la palabra el señor Guardans. (La señora vicepresidenta, García Arias, ocupa la presidencia.)
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La iniciativa que presenta mi grupo es de esas iniciativas que dan la satisfacción de sentirse auténticamente representante de todo un conjunto de ciudadanos y además de una causa absolutamente justa y noble. Los antecedentes son largos y un poco espesos de detallar. No voy a dar todos los datos, pero sí voy a intentar centrar un poco lo que puede parecer a quienes no estén familiarizados con este tema, que supongo que son la mayoría de los miembros de esta Comisión, un poco extemporáneo o un poco peculiar. El antecedente más remoto, la base última de esta iniciativa es la propia independencia de Guinea, la forma en que se llevó a cabo la independencia de Guinea, con la expropiación de los bienes de
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todos los españoles que estaban allí trabajando y que habían invertido allí sus bienes. Ya por sí sola esa expropiación, exactamente igual como ha ocurrido en otros Estados, como es práctica en derecho internacional y como es práctica que el propio Estado español ha llevado a cabo, daría lugar a la protección diplomática de los ciudadanos españoles por parte del Estado español representándolos ante Guinea, exigiendo las compensaciones por esas expropiaciones y adelantando -insisto, como ocurrió sin ir más lejos en el caso cubano- las indemnizaciones correspondientes para a partir de ahí, negociar un paquete compensatorio con el Estado que ha expropiado. Ese es un poco el marco en el que se basa un régimen de expropiación a ciudadanos españoles por parte de un Estado extranjero o de un Estado que ha pasado a tener su independencia.
En este caso la cosa se complica, desde un punto de vista político y jurídico, porque los españoles que abandonaron Guinea en ese momento volvieron a Guinea y reinvirtieron en Guinea, a petición del Estado español, por impulso del Estado español y siguiendo una solicitud expresa y documentada del Estado español. Por tanto, efectivamente ya no estamos hablando sólo de una responsabilidad del Estado español indirecta, entendida como protección diplomática y posterior derecho de repetición, sino que estamos hablando de una muy probable responsabilidad administrativa directa del Estado como tal, con independencia evidentemente de que fuera el Estado anterior a 1975, porque en este como en tantísimos otros ámbitos hay continuidad de Estado entre el Estado preconstitucional y el Estado postconstitucional en todo aquello que son obligaciones jurídicas de carácter administrativo. Que yo sepa, por poner un ejemplo entre mil, las concesiones de autopistas no quedaron canceladas por el hecho de la muerte de Franco o por el hecho de la aprobación de la Constitución. Sería un poco salvaje -si se me permite la expresión- el intento de pretender que, por el hecho de que cambiara el régimen político español de la dictadura a la democracia, lo que son obligaciones jurídicas del Estado quedaran extinguidas. Esos son los antecedentes remotos de eso. Lógicamente eso lo que ha hecho es provocar que haya una serie de personas, en muchos casos viudas de quienes dirigían en ese momento esas inversiones, que vieron todas sus propiedades extinguidas y que llevan -dicho sea con inmenso respeto a esas personas- reclamando como ánimas en pena por distintas administraciones y tribunales esas compensaciones desde hace muchos años.
En la legislatura anterior, en la última legislatura del Gobierno socialista, en el año 1995, el Grupo Parlamentario Catalán presentó en esta misma Comisión una proposición no de ley para que se estableciera un censo de las personas a las que había que indemnizar y se asumiera el compromiso de indemnizarles. Esa proposición no de ley fue aprobada por unanimidad -y quiero subrayar esto a efectos de la coherencia de cada cual-, porque no estamos hablando de decisiones de Alianza Popular, ya que a veces sobre decisiones que tomó Alianza Popular hoy el Partido Popular considera que en el fondo no hay una auténtica sucesión o quiere liberarse de ellas. No, estamos hablando del Partido Popular de 1995 que, junto con todos los demás partidos de la Cámara y además los partidos mayoritarios en ese momento -el mayoritario con un apoyo también de Convergència i Unió, ¡qué tiempos aquellos de 1995!-, aprobamos por unanimidad esta resolución. (El señor Marín González: ¡Muy bien!-Risas.)
Llegó el año 1996 y se comprobó -y se sigue comprobando hasta hoy- que es muy fácil pedir cosas desde la oposición o apoyarlas desde la oposición y que cuando se llega al Gobierno las cosas cambian de color y de matiz.
Cuando empezó la legislatura en 1996 el Partido Popular, al verse enfrentado a este planteamiento, lo primero que dijo es que no tenía ninguna responsabilidad por ninguna resolución política aprobada en la legislatura anterior, lo cual desde el punto de vista estrictamente político-constitucional probablemente tiene su sentido, que no tiene obligaciones jurídicas, pero tiene muy poco sentido desde el punto de vista de la coherencia con el propio voto. A partir de ahí empieza un itinerario bastante patético de preguntas en el Pleno, preguntas en la Comisión, y solicitud de comparecencias parlamentarias por este grupo parlamentario y por este portavoz y por otros portavoces del mismo grupo, de forma que a veces sorprende y se pregunta qué les pasa a los de Convergència i Unió con Guinea. A los de Convergència i Unió con Guinea les pasa que sencillamente están escuchando a los pocos centenares -porque son sólo unos pocos centenares y además por pura ley de la biología son cada vez menos gente- las que les hacen llegar esta preocupación, muchos de ellos residentes en Cataluña, aunque no todos.
Insisto en que con sucesivas peticiones de comparecencias o con sucesivas preguntas, por escrito, en Pleno o en Comisión, fuimos preguntando qué pasaba con esas indemnizaciones y qué pasaba con esa elaboración del censo. Ahí hemos tenido una evolución por parte del Gobierno, un tanto llamativa, y que hay que dejar aquí, negro sobre blanco, en el "Diario de Sesiones" para que después al menos cada uno responda de sus propios actos ante su electorado y ante sus ciudadanos. A lo mejor esos 300 son unos pocos y merecen menos respeto que otros que griten más en la puerta del Congreso, pero en todo caso nosotros tendremos hoy la conciencia tranquila de haber cumplido con nuestra obligación. ¿Por qué? Porque en esas comparecencias, el único argumento que se nos daba -y no voy a dar todo el listado, porque está en la exposición de motivos de mi proposición no de ley- era que había dificultades técnicas. Por parte del secretario de Estado en su momento, el señor Nadal, se sostuvo que había graves dificultades técnicas para elaborar ese censo. No se cuestionó en ningún momento, como no podía ser de otro modo, la legitimidad de la
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reclamación. Nadie ha puesto en duda, por parte del Estado español o por parte del Gobierno, ni siquiera hasta hace bien poco el Grupo Popular, la legitimidad de la reclamación ni el derecho a reclamar eso. Lo que se ha venido cuestionando una vez y otra es que es un poco difícil materializar ese censo, pero se ha mantenido viva la expectativa a los ciudadanos que llegan reclamando eso. Hasta el punto vergonzoso -y lo digo así, vergonzoso- de que, en ejercicio de su legítimo derecho de petición, muchos de esos ciudadanos se han dirigido directamente -como bien saben los compañeros diputados que a veces hacen los ciudadanos- al presidente del Gobierno -hay gente que escribe cartas al Rey, hay gente que escribe directamente a Presidencia del Gobierno- y unos servicios administrativos eficaces de Presidencia del Gobierno se toman la molestia de contestar estas cartas.
Pues bien, tengo aquí varias de esas cartas de respuesta que llevan el sello de Presidencia del Gobierno, concretamente de la subdirectora general de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que algo comprometerán al Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular cuando por escrito a gente, una y otra y otra, que ha ido a reclamar lo que pasa con esas indemnizaciones, de las cuales depende en muchos casos su propia subsistencia porque es gente que está viviendo de pensiones ínfimas, en el caso de que algunos las tengan, tampoco se les ha cuestionado en ningún momento la legitimidad de su reclamación, sino que se les ha ido diciendo en algunos casos que hay dificultades para elaborar el censo. En otros casos se les ha dicho, por ejemplo, y leo una carta con el sello del Palacio de la Moncloa, abro comillas a efectos del "Diario de Sesiones": Nos indican que consultada la base de datos del secretariado de Gobierno se ha comprobado que no figura usted como peticionario individualizado de estas ayudas, pero bien pudiera usted estar integrado en alguna de las muchas relaciones colectivas de peticionarios presentadas desde la fecha de la independencia de la antigua Guinea española. No obstante, nos informan que el procedimiento para lograr el acceso a estas ayudas, en la fase que compete al citado departamento, consiste en la presentación de un escrito de reclamación en el registro general del Ministerio de la Presidencia, procediendo a la solicitud de los citados beneficios. No se le dice: Oiga, está usted pidiendo la luna o qué nos pide aquí. No, se le dice: Vuelva usted mañana. Es el genuino vuelva usted mañana o vaya usted a la oficina de al lado que no es esta. Esta es una carta de 14 de marzo de 2000, es en la presente legislatura y con el actual Gobierno. Carta de 7 de julio de 2000, tres cuartas de lo mismo, en la que se cita la proposición no de ley que he recordado del año 1995, y la persona que firma esta carta califica que es de imposible cumplimiento, dado que al no existir documentación pública no se puede elaborar un censo de españoles residentes en Guinea Ecuatorial en el momento de la independencia.
Insisto, no se niega el dato, no se niega el derecho, sino que simplemente se cuestiona su posible aplicación. Podría seguir citando distintas cartas, incluso otra, todavía más llamativa -y sobre la cuál ya anuncio que este diputado va a seguir trabajando con los instrumentos que el Reglamento le pone a su alcance-, en la que de forma absolutamente sorprendente y sin que sea capaz de explicar hoy qué significa ese párrafo se llega a decir a un peticionario: Usted no tiene derecho, qué lástima, aunque otras 35 personas sí lo han tenido. Usted no está en la lista de los 35 que han recibido compensación por los bienes perdidos en Guinea Ecuatorial. Cosa que creó gran pasmo en la comunidad -si se puede llamar así- de personas que están a la expectativa de lo que aquí pueda ocurrir y que están siguiendo con inmenso interés la actuación de cada uno de los grupos políticos en este debate.
Termino ya, señora presidenta, manifestando qué es lo que plantea hoy mi grupo político una vez centrado el contexto de todo esto que, insisto, tiene más importancia, la tiene por las personas que hay detrás y la tiene por lo que supone de lealtad a la palabra dada, si se puede utilizar en política y todavía queda algo en política de esa expresión, si todavía existe la sensación de compromiso. Si generar una expectativa a favor de ciudadanos compromete y vincula a alguien, hoy es el momento de demostrarlo. Lo que pide mi grupo político es que se le ponga hilo a la aguja, nada más, que se le ponga hilo a la aguja. ¿Qué es ponerle hilo a la aguja? Es abrir un plazo, a través del Boletín Oficial del Estado, un plazo equis, ni siquiera hemos querido poner exactamente cuál tiene que ser, un plazo equis para una convocatoria por la que todos aquellos que consideren que tienen derecho a indemnización puedan acudir a una ventanilla concreta identificada y presentar su reclamación.
Evidentemente, con el apoyo consular en su momento, por ejemplo, a efectos del registro de la propiedad en Guinea, que es de donde tiene que salir el 95 por ciento de la información sobre lo que está pasando aquí.
En todo caso, que se les dé un plazo para presentar y que, efectivamente, quien no haya podido concurrir dentro de plazo, con toda la publicidad necesaria, quede fuera de esa reclamación, porque en derecho efectivamente al final hay que organizar las cosas de alguna manera. Se trata de que no se siga haciendo el discurso de ustedes tienen razón, pero yo no se la puedo dar porque no sé cómo dársela, que es la situación en la que estamos o estábamos. No sé si el portavoz del Grupo Popular va a repetir -quedo a la expectativa- la respuesta escrita, ahora cambiando de tono, dada por el Ministerio de Asuntos Exteriores -ya no es La Moncloa, ahora es Exteriores- en una carta dirigida a otro de los peticionarios, porque cada uno de ellos, aparte de que existan asociaciones, se defiende y reclama como puede. Ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores ha cambiado de doctrina y contradiciendo a Moncloa, contradiciendo al Grupo Popular
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del año 1995, contradiciendo al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, contradiciendo al ministro de Asuntos Exteriores en el Pleno, contradiciendo al subsecretario de Asuntos Exteriores, ahora comunica por escrito que todo esto es pedir la luna, y entonces con unos argumentos que no desarrolla y que si hubiera desarrollado quien les pidió esta información tampoco lo hubiera entendido porque son todos legos en la materia, con unas alegaciones genéricas al derecho internacional, pretende decir que aquí no existe derecho a nada, que el Estado español no tiene ningún tipo de responsabilidad, que antes de generar unas expectativas de derecho habría que establecer cuál el hecho indemnizable y sobre la base de qué título cabría exigir responsabilidades del Estado español; y continúa: Es principio asentado en el derecho interno, en el derecho internacional y la jurisprudencia que el Estado no es responsable por los hechos acaecidos a sus ciudadanos en el extranjero. A partir de ahí, por lo visto, alguien del ministerio ha dicho que ya está bien de marear la perdiz, que más vale coger al toro por los cuernos y que en lugar de decir que tienen razón pero que no se la pueden dar, más vale denegársela directamente porque su derecho al pataleo no hará mucho ruido. Eso es lo que nosotros garantizamos, ruido, que seguiremos haciendo en su nombre mientras podamos. Por tanto, pedimos a todos los grupos de la Cámara la aprobación de esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias, doña Ludivina): ¿Grupos que quieren intervenir en el debate?
Señor Centella, tiene usted la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy a ser muy breve, porque después de la extensa y bien documentada intervención del diputado Guardans, poco cabe añadir más allá de demostrar nuestro respaldo a esta iniciativa, que evidentemente vendría a hacer justicia, aunque tarde, a una situación que si fue lamentable como se produjo, es más lamentable cómo ha continuado en el tiempo. Es verdad que todo lo que aconteció después de la independencia de Guinea Ecuatorial era también en el marco de un régimen no democrático, donde era mucho más difícil plantear cualquier tipo de reclamación frente a la Administración, pero la verdad es que luego la España democrática no ha sido capaz de poner en su sitio aquellas situaciones evidentemente injustas. Por eso, repito, nuestro grupo va a votar favorablemente y esperamos, con toda sinceridad, que hoy aquí la aprobación de esta proposición no de ley abra una puerta de esperanza a un grupo de personas a las que, aparte de que evidentemente sufren situaciones personales muy difíciles, nosotros también hemos tenido reuniones con ellas, una de las cosas que más les duele es el desamparo de su propio país, porque ellos, entre otras cosas, han jugado un papel en un determinado momento de la historia de este país donde también en cierto modo eran representantes de España en esta antigua colonia, y sentirse ahora desamparados por su propio país es tan doloroso como los problemas materiales que también tienen. Por tanto, repito, vamos a votar favorablemente y esperemos que sea posible su aprobación.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor de Puig.
El señor DE PUIG I OLIVÉ: Anuncio que vamos a votar a favor de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en coherencia con lo que hicimos hace nada más y nada menos que ocho años. Es decir, volveremos a votar prácticamente lo mismo que hace ocho años porque desde hace ocho años no ha pasado absolutamente nada. Eso es lo primero que tenemos que lamentar.
Naturalmente que estamos de acuerdo en que se avance en las medidas para compensar a aquellos ciudadanos que sufrieron perjuicios económicos por el abandono de bienes y actividades en 1968 y posteriormente en 1979 en un evacuación que fue promovida por el propio Gobierno español, por el propio Estado español; es decir, que alguna responsabilidad habrá cuando el propio Gobierno en aquel momento llamó a la evacuación. No digamos ya después del golpe de Estado de 1979 del señor Obiang y todo lo que ha sucedido después de este golpe de Estado. La situación es un poco extraña, como contaba el señor Guardans, porque, por una parte, parece que después de la expropiación no hay derecho a compensación, pero en la misma medida en que no se dice claramente que hay derecho a compensación, nos recuerda el señor Guardans que hay gente que sí ha recibido ayudas y que estamos ahora sí y ahora no. Si algunos han recibido ayudas y compensaciones, que se nos diga por qué otros no las reciben. Esto es de locos. Si el argumento fuera el documento final que nos leía el señor Guardans en el sentido de que posiblemente, según la legislación internacional, no cabría aquí responsabilidad subsidiaria del Estado español, entonces ¿por qué se ha ayudado a algunos? ¿Por qué se ha compensado a gente? ¿Por qué han recibido ayudas? No hablemos ya -y se decía ya en el año 1997, en una de las comparecencias- de cuando se manifestaba que trabajadores por cuenta ajena y pequeños comerciantes habían recibido compensaciones directas. Quienes no las han recibido fueron medianos o grandes propietarios que perdieron sus propiedades, y más aún aquellos 300 que después del golpe de Estado de Obiang se les recomendó volver allí, volvieron allí y resulta que por el intervencionismo de aquel Gobierno y por la situación general, tuvieron que salir con las manos en la cabeza perdiendo todo y además habiendo sufrido un enorme fracaso económico. Estamos de acuerdo en que el culpable es Guinea Ecuatorial,
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el presidente Macías y el presidente Obiang. Eso está claro. (Un señor diputado: El dictador Obiang.) El dictador Obiang, como se me recuerda aquí. Ahora, lo que se pedía en 1995 era que se hiciera un censo, que se estudiaran las formas. Mi compañero Yáñez en aquella ocasión pidió incluso un plazo un poco más largo, de seis a ocho meses, para que el Gobierno informara. Supimos luego, por las iniciativas parlamentarias que presentó el grupo del señor Guardans, en comparecencias y en respuestas a preguntas, que había dificultades y que técnicamente la elaboración del censo era complicada. Todo esto, que el tema es complejo lo ha comprendido todo el mundo, ahora bien, ¡ocho años!, ¡ocho años! ¿Es que alguien nos va a decir que ha habido la máxima voluntad de resolver el asunto? ¿Que se ha hecho aquí una actuación intensa y eficaz para resolver el asunto? Más bien lo que parece es todo lo contrario, que no ha habido el menor interés y que se ha esperado a las distintas sentencias que ha habido del Tribunal Supremo e incluso a los recursos al Tribunal Constitucional para ir dejando pasar el tiempo. Yo tengo una impresión un poco desastrosa, ya que el Gobierno actual, que ya era el mismo en la anterior legislatura, al menos desde 1997, fecha en la que hubo comparecencias y cuando se habló de ello, está dejando pasar el tiempo, que la biología haga su trabajo, porque tal como se nos decía cada vez hay más viudas, y que acabe llegando un momento en que no habrá ni viudas. Así vamos resolviendo el problema, sin resolverlo y sin dar solución desde la perspectiva española. Yo también estoy de acuerdo -y me parece que todos los grupos estarían de acuerdo- en que habría que apretar hasta donde fuera posible e imposible a Guinea Ecuatorial y agotar todas las posibilidades internacionales, presionado para sacar lo que se pueda según el derecho internacional con relación a expropiaciones, golpes de Estado, cambio de régimen, lo que sea, porque es evidente que hubo personas ahí a las que se les despojó de lo suyo y uno tiene la impresión de que esto no se hace. Incluso en estos tiempos en que parece que vamos a democratizar a medio mundo y vamos a conseguir que medio mundo defienda los derechos humanos, ¿por qué no empezamos por Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y hacemos alguna cosa ahí, ya que tenemos además este problema? De eso no oímos hablar.
Nosotros vamos a votar a favor, señora presidenta, de esta proposición no de ley, aunque desgraciadamente viene a decir lo mismo que en 1995, fíjese si hemos viajado poco. Nos parece que la eficacia y la voluntad de avanzar del Gobierno han sido nulas y que es un desastre que estas personas después de tantos años se encuentren olvidadas, marginadas y absolutamente abandonadas porque no parece que tengan futuro. No es que confiemos en que esta proposición no de ley vaya a cambiar mucho las cosas, pero como se decía antes, al menos, tendremos el sentimiento de haber cumplido con la obligación como parlamentarios, como diputados, de defender a nuestros ciudadanos, sobre todo en situaciones como ésta donde hay un trasfondo político detrás y donde existe una realidad histórica detrás de lo que era una antigua colonia. Existe una dejación del Gobierno en resolver este problema, que ya no sería un problema de grandes magnitudes, sino que simplemente consistiría en dar una mínima compensación a aquellos que quedan de los que sufrieron esta tragedia.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias, doña Ludivina): A continuación por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Debo empezar alabando la persistencia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por mantener el debate abierto sobre cuestiones vinculadas a la descolonización de Guinea Ecuatorial a lo largo de tres legislaturas desde el año 1995 en el que se aprobó una proposición no de ley por unanimidad, que es origen y sustancia de la que ahora debatimos, relativa a las medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial. En el año 1995, como bien ha recordado el señor Guardans, estas Cortes daban apoyo a un Gobierno del Partido Socialista y como bien ha recordado el señor Guardans, qué tiempos aquellos. Quizás es que ya se ha olvidado y cuando uno se olvida tan pronto, porque siete años tampoco son tantos, alguna razón tendrá. Insistencia del Grupo Catalán que sin duda pone de manifiesto la sensibilidad que tiene hacia este importante colectivo de ciudadanos españoles, que tuvo que tomar una difícil, una delicada y drástica, diría yo, decisión en el año 1968 dando con ella un giro inesperado a lo que eran sus previsiones de futuro.
Sensibilidad que comparte el Grupo Popular, que nos obliga a todos a situarnos al lado de todas aquellas personas que vivieron unas situaciones económicas, humanas, familiares y personales francamente difíciles definiendo en su conjunto el drama colectivo que supuso el abandono en masa de los intereses españoles establecidos en Guinea.
Sensibilidad que a lo largo de los años, tomando como origen 1995, se ha ido traduciendo en muestras de buena voluntad y hasta en claras manifestaciones de buenas intenciones como lo fue en su día, en el año 1995, la aprobación de forma unánime de la proposición no de ley sobre esta cuestión que inspira, como ha quedado claro, el texto que ahora mismo estamos debatiendo.
Lamentablemente para este asunto el tiempo ha puesto en evidencia que las buenas intenciones por sí solas no bastan, no son suficientes y que para materializarlas en el terreno de lo práctico deben ir siempre acompañadas de criterios objetivos y respaldadas por razones jurídicas. Por ello, entendemos que esta nueva versión de la proposición no de ley del año 1995 no va
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a generar más que nuevas dosis de buenas palabras, más que nuevas dosis de buenas intenciones, levantando quizás unas falsas expectativas en un colectivo muy tocado, en un colectivo mermado, en un colectivo que lleva muchos años reivindicando lo que consideran en justicia, pero que luego la cruda realidad traducirá estas expectativas en frustraciones. Hay que tener presente que la primera gran realidad que cuestiona la viabilidad de lo que se solicita en la proposición del año 1995, y sobre lo que se sigue insistiendo actualmente en la presente, es la elaboración del censo de afectados. Esa buena voluntad, a la que yo he hecho referencia antes, se tradujo en diferentes grupos de trabajo creados a partir de la fecha en el seno delMinisterio de Asuntos Exteriores que no fueron capaces de formalizar en ningún listado, con las máximas garantías de equilibrio, de justicia, de universalidad sobre la población afectada y de equidad que una situación como ésta sin ningún tipo de dudas requiere. La falta de existencia de un listado oficial de residentes en Guinea en el momento de la descolonización y la nueva dimensión de alcance desconocido, no sé si bueno o malo, mejor o peor, pero sin duda de alcance desconocido, que podría provocar lo que se sugirió en la época consistente en la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una convocatoria para la presentación de solicitudes para la inclusión de reclamantes en el censo, con el reconocimiento de un título jurídico o cuanto menos de expectativas de derecho a indemnización que supondría, convierte esta cuestión en principio de procedimiento, en principio de mecánica, de operativa, en un asunto político, económico e incluso jurídico que va, sin duda, mucho más allá de la óptica en que puede ser enfocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores o que puede ser enfocado en el ámbito legislativo por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.
Por otro lado, tampoco podemos olvidar algo que puede parecer crudo y que visto sobre el papel puede distorsionar en lo que en el ámbito de sentimientos en realidad representa, pero que es también lo que han manifestado los propios reclamantes, y es que el Estado guineano nunca expropió las propiedades a los ciudadanos españoles en ese país. La comunidad de españoles con intereses en África, en la que están la mayoría de propietarios en Guinea, señala que la mayoría de españoles que abandonaron el país en el momento de la descolonización regresaron más tarde -y dice literalmente- para hacerse cargo de nuevo de sus establecimientos industriales y explotaciones agrícolas, tras el derrocamiento de Macías y animados a ello por el nuevo régimen de Obiang.
Esta situación se prolongó hasta que el Gobierno guineano intervino los mercados de café y cacao, obligando a los propietarios de las cosechas a venderlas al Gobierno pagando por ellas sólo el 10 por ciento de su valor de mercado. Esto hizo lógicamente que las explotaciones fueran inviables desde el punto de vista económico, por lo que los propietarios abandonaron definitivamente sus plantaciones y regresaron a España. Por tanto, no se puede establecer un derecho de subvención por la pérdida de inmuebles y negocios, tal como solicita la proposición, porque hay que tener en cuenta que dichos activos no fueron abandonados por un proceso expropiatorio, sino que fue debido a que las condiciones jurídicas y económicas ofrecidas por la Administración y por el Gobierno de ese país no eran las más adecuadas para establecer una rentabilidad en dichas inversiones.
En términos generales no sería muy responsable, al margen de la valoración individualizada que podamos hacer de este problema, establecer el precedente de que cualquier inversión en el exterior que no resulte rentable como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno extranjero genere un derecho a ser compensada por el Gobierno español.
Tampoco resulta jurídicamente admisible que al Estado español se le exijan responsabilidades económicas por la concesión de la independencia a una colonia, como fue el caso de Guinea Ecuatorial. En los otros supuestos de descolonización que ha vivido España, como el caso del Sahara, el nuevo Estado resultante del proceso de descolonización que asumió la titularidad de los bienes de los españoles allí afincados, caso de Marruecos en relación con Sáhara, fue el que abonó las indemnizaciones correspondientes a los nacionales afectados. Otra cosa bien diferente, se ha mencionado aquí, son las ayudas de carácter social a la repatriación, por ejemplo, en concepto de gastos de desplazamiento, de auxilio de retorno, de bolsas de viaje o las ayudas a la reinserción debido a la falta de empleo, vivienda y empresas. Ayudas que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en los años 1980, 1981 y 1982, que han ido generando expedientes, prácticamente hasta el año 1998 ó 1999 ha generado ya más de 3.000 expedientes, pero ayudas que siempre se han concedido atendiendo a las circunstancias personales y familiares del perceptor, sin tener en cuenta la pérdida patrimonial real de quien las percibió, ya que en ningún caso tenían carácter indemnizatorio. Al margen de la inconveniencia en sentar dicho precedente y del poco o ambiguo soporte, como se quiera, jurídico que tiene fijar un derecho indemnizatorio, la petición formulada en la proposición no de ley puede también ser discriminatoria. Es un elemento más que hay que tener en cuenta y que se añade a la complejidad de este asunto. Puede ser discriminatoria, ya que otorga a los propietarios de bienes inmuebles y negocios el derecho a ser indemnizados por la pérdida de los mismos, mientras que al resto de españoles no propietarios, residentes en Guinea, cuyas pérdidas económicas fueron probablemente menos cuantiosas pero no necesariamente menos importantes, se les estaría negando la posibilidad de una valoración material de sus pérdidas y una indemnización por las mismas.
Por todo ello, y dejando bien claro que el Grupo Popular en ningún caso desarrolla sus trabajos sobre la base de las
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presiones que pueda haber en la calle originadas por colectivos, y creo que a lo largo de los últimos tiempos hemos dado buena prueba de ello, el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Popular lo único que hacen es gobernar y legislar para el mejor presente, pero paralelamente sembrando para que con el paso del tiempo se encuentre mejores marcos jurídicos, se encuentren mejores condiciones para seguir incrementando la calidad de vida y el nivel que tiene que tener el país.
Vemos que la dirección en la que insiste la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) es la del camino a ninguna parte, es la de empezar a andar muy convencidos de que vamos a llegar al objetivo, pero sin darnos cuenta paralelamente de que a medida de que vamos caminando vamos abriendo más distancia, con lo cual todos nuestros esfuerzos van en una dirección equivocada. En consecuencia, y manteniendo esa sensibilidad en relación con un drama colectivo y, sobre todo, a muchos dramas personales que supuso la retirada de nuestros residentes en Guinea, sin descartar la posibilidad de que hay que saber encontrar de forma real y objetiva sin ceder a cuestiones que pueden parecer muy fáciles o que pueden parecer por sentido común asequibles, pero que luego la realidad normativa y jurídica convierte en imposibles, no podemos dar nuestro apoyo a lo que se propone en la proposición no de ley. En consecuencia, acabo manifestando el voto contrario del Grupo Popular. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias, doña Ludivina): Señor Guardans, hemos sido muy generosos en el tiempo que se ha concedido a todos los intervinientes y, según las previsiones de esta Mesa, incluso nos iríamos acercando a la hora de la votación de estas dos proposiciones no de ley que estaban contenidas en el orden del día. (El señor Guardans i Cambó: Cuestión de orden.) En el momento en que le dé la palabra tendré que abrir un turno para el resto de los grupos y se prolongaría la discusión.
No obstante, tiene la palabra, señor Guardans, a efectos de cuestión de orden.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: A los efectos de orden, señora presidenta, en lugar de tomar la palabra como portavoz pido a la Mesa, en aplicación del artículo del Reglamento que me permite solicitarlo, la lectura de un texto que voy a dar para que sea leído por un miembro de la Mesa.
Especifico cuál es el texto, es el "Diario de Sesiones" del Senado, a efectos de información y para que conste dónde está cada cual y cómo evolucionan las cosas. Es el "Diario de Sesiones" del Senado de 13 de abril de 1988. Quien habla y cuya intervención va a ser leída hoy en voz alta en esta Comisión es el entonces portavoz del Grupo de Coalición Popular, solicitando y pidiendo en 1988 lo mismo que hoy pide Convergència i Unió, y con un párrafo que es especialmente oportuno, ya que el portavoz del Grupo Popular hoy desmiente al portavoz del Grupo Popular del año 1988.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias, doña Ludivina): Se va a dar lectura al texto que señala el señor diputado.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Se da lectura al "Diario de Sesiones" del Senado, número 72, de 13 de abril de 1988, intervención del señor Cañizares Clavijo. Se leen los párrafos a los que ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió y cito textualmente: En el convenio entre España y Guinea firmado el 12 de octubre de 1968 se dice entre otras cosas: De conformidad con las garantías establecidas en la Constitución, el Gobierno se compromete a asegurar el respeto a las personas y a los bienes de los ciudadanos españoles en los mismos términos que a las personas y a los bienes de los guineanos y, en todo caso, con la aplicación del derecho internacional. El tratado fue roto unilateralmente por Guinea y los españoles abandonaron sus bienes obedeciendo órdenes de la embajada española en un intento de salvar sus vidas. Nunca hubo ánimo de renunciar a sus bienes y sí hubo despojo de los mismos. Los bienes de los españoles fueron comprados por éstos al Gobierno español en subastas que realizaba la presidencia del Gobierno y se inscribían en los registros de la propiedad de España. El despojante fue el Gobierno de Guinea Ecuatorial que se apropió de los mismos y los perjudicados fueron los colonos, esos hombres y mujeres arriesgados que sufrieron las duras inclemencias y enfermedades de un clima hostil, que sacrificaron parte de sus vidas para ahora en la vejez encontrarse en la indigencia sin que sus justas reclamaciones sean admitidas. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por lo que tengo entendido, ya que no he estado, ya han intervenido todos los grupos. Una vez terminada la intervención del último grupo se ha pedido la lectura de un texto. Si se pide la palabra, desde luego se reabre el debate.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor presidente, pido la palabra.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Pido la palabra porque al margen de que se ha solicitado la lectura de un texto, luego se ha pedido que se añadiera una coletilla en el sentido de que el "Diario de Sesiones" recogiera el desmentido que el actual portavoz del Grupo Popular hace al portavoz del Grupo Popular del año 1988. Hay una referencia explícita que requiere
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forzosamente una aclaración. Lo que quiero dejar muy claro es que el problema del que estamos tratando es el mismo. En esto estoy plenamente de acuerdo con el portavoz del Grupo Catalán y con los otros portavoces que han intervenido. No obstante, ese problema ha vivido situaciones diferentes y la situación actual no es la misma que la situación del año ochenta y pico que la del año 1990 o la de 1993. Precisamente el transcurso en el tiempo de este problema ha demostrado claramente que la vía iniciada que se dio por buena por la práctica totalidad de los grupos en aquel tiempo no ha sido capaz de resolver la problemática. En consecuencia, no existe ningún tipo de contradicción entre las palabras de este portavoz y la línea argumental del Grupo Popular en la época. Lo que ha variado es la situación y lo que se ha demostrado es que el camino que se tomó no era el correcto. A partir de ahí estamos todos, o al menos así está el portavoz del Grupo Popular, en disposición de encontrar esa nueva orientación que permita dar salida o que permita dar solución a ese drama que vivieron y que siguen en algunos casos viviendo en la actualidad los ex residentes españoles en Guinea.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Las personas que reclaman esto no piden discursos bonitos ni manifestaciones de apoyo. Piden una indemnización, y todo lo que ha hecho el Grupo Popular es decir una serie de palabra bonitas hoy, que constan en el "Diario de Sesiones", pero votar que no a esta propuesta de resolución.
¿Qué he querido con la lectura de ese texto, que sigo manteniendo? Neutralizar, contradecir frontalmente y con palabras de alguien de su propio grupo de hace unos cuantos años el discurso que usted ha intentado mantener diciendo que no hubo confiscación. O la hubo o no la hubo, porque ese es un hecho que está muy lejos en el tiempo, y por mucho que llueva en el año 2050 seguiremos estando hablando de un hecho histórico.
O hubo confiscación de bienes de españoles o no la hubo, y eso será así en el 2003 y en el 2020. Yo lo que le estoy diciendo es que mi grupo dice que la hubo, que ellos dicen que la hubo, que el Gobierno español ha dicho que la hubo, que en 1995 se dijo y que su grupo, en el año 1988, en las palabras que se han leído, dijo, evidentemente, que había habido una confiscación. Luego usted no puede venir en el año 2003 a decir: y en el fondo -está en el "Diario de Sesiones", es lo que usted ha dicho- realmente aquí no hubo expropiación, sino que lo que pasa es que no les compraron al precio que les tenían que comprar. Eso lo ha dicho usted, y está en el "Diario de Sesiones", y eso no se corresponde con la verdad.
Punto primero, que es el que fundamentalmente quería neutralizar con la lectura de ese texto.
Punto segundo, ¿qué es lo que ha cambiado? Que los instrumentos para indemnizar son complejos. Sí, pero yo me limito a señalarle que, las indemnizaciones, todo hecho indemnizatorio, desde un hecho indemnizatorio de una presa que se rompe, desde las Torres Gemelas a un avión que se cae, a un atentado terrorista de Libia, a las indemnizaciones de los nazis, a cualquier fenómeno indemnizatorio de masas, y en este caso las masas son 300 personas, se basa en el establecimiento de unas reglas claras, en concurrir a ese -entre muchas comillas- concurso, se abre un plazo, se explica, se justifican los títulos de cada cual, y a partir de ahí precluye ese plazo y se indemniza. Quien pretenda indemnizar a las víctimas del terrorismo, a cualquier víctima que forme parte de un proceso indemnizatorio masivo, a base de tomar cada caso de forma individualizada, pretendiendo que presente todos sus títulos. Y no sólo eso, sino que como no sabemos si nos dejamos a alguien fuera, no le podemos pagar a usted. Por esa vía le aseguro que el Estado no habría indemnizado a nadie, ni de la colza, ni de nadie. ¿Tiene usted certeza de si se ha indemnizado al cien por cien de las víctimas de la colza? ¿Puede usted garantizar que alguien ha quedado fuera de esa indemnización? Evidentemente no puede. ¿A quién se ha indemnizado? A quien reclamó y quien no reclamó no ha sido indemnizado. Eso es exactamente lo que estamos planteando nosotros.
- SOBRE CONCESIÓN DE PRÓRROGA A LOS BECARIOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/002229.)
- SOBRE BECARIOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002238.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los puntos 3 y 4, que se debatirán conjuntamente, sobre concesión de prórroga a los becarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y sobre becarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para defender la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Con fecha de 11 de junio de 2003 la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, comunicó a todos sus becarios de tercer año, a todos los becarios de la convocatoria del programa
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del año 2000-2001, que sin ninguna consideración ni distinción sus solicitudes quedaban denegadas para un último cuarto año. Se decía textualmente: Su solicitud no ha sido seleccionada en la convocatoria de becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Agencia Española de Cooperación Internacional, 2003-2004 y no será propuesta para la concesión definitiva tras la evaluación de la citada Agencia.
Esta circunstancia niega la oportunidad de concluir en su integridad los estudios para los cuales se otorgaron las becas en la convocatoria 2000-2001, suspendiendo de esta manera lo que había sido una práctica habitual y algo que es a todas luces razonable. La verdad es que ha situado a una serie de becarios, en torno a un centenar de estudiantes extranjeros de postgrado, en una situación muy complicada. Algunos de ellos incluso habían dejado sus puestos de trabajo o sus estudios en sus países, en unas legítimas expectativas que les producían la propia Agencia Española de Cooperación Internacional, y ahora se verán en la imposibilidad de concluir satisfactoriamente sus estudios para los cuales vinieron a nuestro país, ya que no podrán terminar sus tesis doctorales.
Consideramos que estamos ante una situación que es fácilmente subsanable, que debe ser corregida, que no debe mantenerse, y por eso presentamos una proposición no de ley con cuatro puntos: que se respete la legalidad vigente, determinando que la alteración de las reglas preestablecidas sean aplicadas en las futuras concesiones de las becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional; que se concedan las renovaciones, según el plazo previsto por la normativa legal en las respectivas convocatorias; que las prórrogas cumplan los requisitos legales exigidos, toda vez que están por concluirse la tesis doctoral; y que se anulen los actos administrativos regulares emitidos por las autoridades de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por entender que violan las resoluciones del Consejo de Ministros y de la propia Agencia. Creemos que hay que respetar los criterios de las diversas resoluciones de convocatorias de renovación y concesión de becas y, como decía, evitar que se produzca un daño que nos parece que no tiene ningún sentido y que es fácilmente rectificable.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la siguiente proposición no de ley sobre este mismo tema, sobre becarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Decía el portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida que no es la primera vez, desgraciadamente, que hablamos de este tema en el Congreso de los Diputados -en otras ocasiones lo hemos hablado en la Comisión de Cooperación al Desarrollo-. No es la primera vez, insisto, desgraciadamente, y hablando en términos populares, que el Gobierno del señor Aznar deja literalmente tirados a cientos de estudiantes de otros países que ven en las becas de la AECI un futuro de formación para ellos mismos pero también para el futuro de sus países.
Las becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, como sabemos todos, han sido durante más de cincuenta años el instrumento académico más clásico de cooperación con América Latina, Asia, África y Europa del Este, para la formación de doctores. Sin embargo, la Agencia decidió en el año 2001 suspender sus becas de doctorado para alumnos extranjeros. Son aquellos barros, señorías, los que han traído estos lodos. Fue una decisión polémica, a nuestro modo de ver equivocada e injustificada, que además ocasiona múltiples daños a la imagen española en general y a toda la comunidad científica en particular. La suspensión, según se informó desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue consecuencia del traspaso de los fondos previstos para la formación de postgrado y tercer ciclo universitario a la Fundación Carolina para la realización de un programa que no tiene que ver con los anteriores objetivos de excelencia académica, y en cuya elaboración se ha obviado la experiencia y el potencial formativo y científico de las universidades españolas. O al menos así lo consideró la Conferencia de rectores, la oficina del Defensor del Pueblo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Puesto que ya sabemos de la poca atención que presta el Gobierno a cualquier tipo de organización o institución, digamos, que no tiene controlada, quizá convenga recordar también las repercusiones que tiene esta medida sobre la relación coste-beneficio propia de cualquier programa de becas. España ha invertido 120.000 de las antiguas pesetas al mes en cada uno de los doctorandos de la promoción 2000-2001 durante tres años, es decir, bastante más de trescientos millones de las antiguas pesetas, que caen directamente en saco roto si los estudiantes no pueden ultimar sus tesis doctorales en permanente conexión con el director de las mismas, con los laboratorios, las bibliotecas, los archivos o cualquier otro medio necesario. Quien conozca el quehacer investigador sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Esas cifras demuestran que la no renovación de las becas supone, tal y como señala la oficina del Defensor del Pueblo, que se hagan inútiles -cito textualmente- las inversiones de fondos públicos que se han efectuado hasta el momento y parece difícilmente compatible con el principio constitucional de eficacia, cuyo respeto es obligado para todas las autoridades públicas.
Señorías, si errónea fue aquella decisión es aún más preocupante el hecho de que todos los becarios de tercer año hayan recibido una comunicación en la que se les denegaban sus solicitudes de beca para un último cuarto año. Tal renovación, que viene recogida como hecho excepcional en el texto de la convocatoria, ha
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sido concedida habitualmente como norma de hecho desde el inicio de este programa. Porque, señorías, la costumbre también es fuente del derecho y existe una práctica de más de medio siglo que ha consolidado el cuatrienio como el período normal para la realización de las tesis doctorales, hecho con el que contaban los directores de las mismas y los más directamente afectados, los estudiantes. La reiteración a la hora de renovar las becas de cuarto año se produjo también en el curso anterior, el de la promoción 1999-2000. De hecho, la propia AECI, en diciembre de 2002, comunicó a los propios estudiantes la posibilidad de solicitar la prórroga, llegando incluso a enviarles un número de usuario personal con la correspondiente clave de acceso para el envío a través de Internet.
Tan sólo seis meses más tarde la AECI comunicó a todos los estudiantes, sin excepción, la denegación de sus becas de cuarto año, haciendo oídos sordos a la recomendación de la oficina del Defensor del Pueblo, quien consideró que el cambio en la política de becas para extranjeros debería ir acompañada de un período transitorio que haga posible la plena efectividad de las ayudas concedidas hasta 2001. El número de afectados ronda la centena, cien estudiantes que no podrán terminar sus tesis doctorales; cien personas sin fuentes de ingresos, sin seguro médico y que entrarán, si no lo evitamos, en una situación irregular. La suspensión no sólo supone la interrupción de las investigaciones en curso, invalidando el trabajo de los años anteriores, sino que obliga a los investigadores a regresar a sus países sin alcanzar sus objetivos de formación o bien a permanecer en España ilegalmente, digámoslo, ya que su permiso de residencia está directamente vinculado a su trabajo de investigador.
Pensemos, señorías, en el drama personal de cada uno de esos doctorandos.
Son profesionales de primer nivel que han dejado a su familia y a sus amigos para venir a nuestro país con la esperanza de mejorar su formación y poder volver en beneficio de su sociedad. Cada uno de ellos vino con su propio proyecto, pero todos los proyectos fueron diseñados para ser desarrollados durante cuatro años; cada uno de ellos volverá sin terminar su trabajo, habiendo perdido, en el peor de los casos, tres años de su vida, de su carrera científica, o tendrá que trasladarse a otro país para continuar su cometido. Pensemos también en el valor que tiene la renovación de esas becas, tanto en el ámbito de la cooperación y el desarrollo como en lo referente a los compromisos adquiridos por el sistema educativo español y démonos cuenta de que la iniciativa que hoy presentamos se refiere a quienes vinieron por un título académico y que, después de tres años de trabajo, de investigaciones y de sacrificio, volverán, si no lo remediamos hoy, con las manos vacías. Ayer mismo algunos diputados del Grupo Parlamentario Socialista recibíamos un e-mail de algunos de esos becarios que con angustia e incertidumbre nos hacían llegar que el día 15 acababa el plazo en el que la propia AECI se había comprometido a darles una solución.
Espero del Grupo Popular que atienda hoy esta petición, porque el futuro de muchos estudiantes, y también de los países de procedencia de esos estudiantes, está en juego y es nuestra obligación moral echarles una mano.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Poco puedo añadir a las dos intervenciones que me han precedido, en especial a la de la portavoz del Grupo Socialista, que en este punto va a tener todo el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Creo que lo que ha hecho el ministerio en este caso con las becas de la AECI es no sólo tremendamente negativo sino sobre todo un error político de calado, porque se ha metido, si me lo permiten, en un berenjenal absolutamente innecesario, en términos incluso presupuestarios. Se puede modificar -y es legítimo, al menos es algo irrebatible o incuestionable en este ámbito, no se cuestionaría- en adelante la normativa para el acceso a una determinada beca, se puede hacer, se pueden fijar unas condiciones distintas y se pueden dar incluso argumentaciones presupuestarias en esa dirección, pero lo que no se puede hacer es crear una expectativa y menos en el ámbito de las becas, porque todos los que hemos tenido la experiencia de obtener becas de doctorado, no de la AECI pero sí de otro tipo, sabemos lo que es planificarse en trabajo en ese ámbito y durante unos años, para que a mitad de ese proceso, sin que tenga ninguna justificación, esas becas se cancelen por teóricas razones presupuestarias pésimamente explicadas.
Con matices jurídicos sobre la redacción de la de Izquierda Unida pero no de suficiente calado como para que no la apoyemos, y con algo más de rigor en la proposición del Grupo Socialista, nosotros vamos a apoyar la iniciativa que pretende reponer las cosas en su situación original y devolver la beca a la que tienen derecho aquellos a quienes se les ha privado de ella, un derecho que viene dado también, como bien decía la portavoz socialista, por una expectativa basada en la costumbre; yo, más que en la costumbre, diría que en la realidad de los hechos repetidos, en la forma, en la práctica habitual que asimismo vincula a la Administración. Si de cara al futuro la Administración quiere modificar sus requisitos para las becas, que lo haga y discutiremos por qué, con qué motivos y dónde van esos recursos, pero lo que no puede hacer es perjudicar en el curso de sus propios estudios de doctorado a toda una serie de personas de forma absolutamente injustificada.
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Por todo ello, vamos a apoyar esta iniciativa sin ningún lugar a dudas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Lo que yo creo que no se puede hacer es alentar expectativas de presunta legalidad o de presunta coherencia administrativa, porque entiendo que esto puede perjudicar a las personas.
Aclarado esto, diré previamente a mi intervención que el Grupo Parlamentario Popular manifiesta su respeto y su profundo apoyo a todas y cada una de las personas que están afectadas por esta situación, diciendo, además, que conocemos y sabemos que esa situación es bien diferente en muchos casos.
Las iniciativas de los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida deben tener dos tipos de respuestas: una respuesta política y una respuesta técnica. Siempre es así, pero en este caso es más necesario hacerlo de esa manera. Podemos dar una respuesta técnica y olvidarnos de una respuesta política, pero debe tener una respuesta política porque se pretende hacer política con estas iniciativas. Yo recuerdo que fue el señor Rodríguez Zapatero, en su primer debate con el señor Aznar -que por cierto perdió-, quien sacó el tema de las becas y tuvo cumplida respuesta desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico aquella manifestación inexacta de un diputado de esta Cámara que intentaba hacer otras cuestiones.
Es sorprendente, desde nuestro punto de vista, que digan esto tres grupos parlamentarios, e incluyo al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo se han manifestado siempre abiertamente contrarios no a la política de becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, sino a algo más profundo todavía, a que las becas no son un instrumento adecuado de la cooperación para el desarrollo. No lo es la formación superior ni lo es la formación profesional ni la formación de tercer ciclo. Hay iniciativas en la Cámara para demostrar que lo que digo es verdad cuando hablo de los grupos parlamentarios que han intervenido anteriormente a que lo hiciera el Grupo Popular, para intentar que las dotaciones presupuestarias destinadas a la formación de postgrado y a la política de becas fueran suprimidas para -es una opción política- aumentar las dotaciones a la educación básica o a la alfabetización en los países en vías de desarrollo. Nosotros siempre hemos entendido que esto no era correcto, porque en el desarrollo de nuestro programa electoral y de nuestra acción de Gobierno nos parece muy importante, como han dicho aquí tanto el portavoz de Izquierda Unida como la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la formación de tercer grado. Pero tenemos un problema político -y estoy en el curso de la respuesta política a la iniciativa- evidente, que además...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Izquierdo.
Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al interviniente.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Decía que tenemos un problema político, que son las recomendaciones, por ejemplo, del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre la política de becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que entre otras cuestiones nos dice, nos recomienda -recomienda a España- que se elabore una reforma en profundidad de nuestra política de becas. En política de becas, lo de la costumbre consuetudinaria, casi feudal, que se ha esgrimido aquí como argumento importante, no sé si político o técnico, es profundamente contrario a los objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo, a lo que dice el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, porque quizá estamos propiciando la fuga de cerebros y descapitalizando de capital intelectual a los países en vías de desarrollo, y en concreto a los países de América Latina. Esta y otras consideraciones son las que impulsan a un Gobierno, que podrá tener muchas críticas en otros ámbitos, pero no en el del impulso a la cooperación al desarrollo, a seguir. Puede considerarse insuficiente lo que hacemos, como todo en la vida, pero desde el punto de vista de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, en los últimos ocho años el avance es extraordinario. El Gobierno propone e inicia una reforma de la política de becas, precisamente para adecuarla a los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, a nuestra Ley de Cooperación para el Desarrollo, a los planes directores de la cooperación española y a los planes anuales de cooperación. Se propone una profunda reforma de la política de becas, considerando que es un instrumento muy importante -a pesar de que otros grupos piensen lo contrario- de cooperación internacional.
¿Qué se hace? Adecuar la política de becas a los objetivos prioritarios de la cooperación española, tanto desde el punto de vista geográfico como sectorial, para evitar la fuga de cerebros; facilitar la tramitación de becas a través de Internet; adecuar los periodos de becas a las nuevas directrices del tercer ciclo de la normativa educativa española, que también se estaba reformando, y seguir más estrictamente las directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, como ya he dicho. Esto tiene su efecto en una reforma que se produce en el año 2001 y aquí, con su permiso, señor presidente, enlazo con la respuesta técnica, necesariamente técnica, al planteamiento que han hecho los grupos que han intervenido, y repito que nosotros manifestamos nuestro más profundo respeto y apoyo a cada
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una de las personas que están afectadas por esta situación. (Rumores.- Una señora diputada: Eso no les vale.) Estamos seguros de que la legalidad administrativa y jurídica se impondrá y las reclamaciones individuales o colectivas que tengan a bien hacer los afectados por esta decisión -ahora explicaré qué tipo de decisión fue- tendrán cumplida y rápida respuesta de la Administración española -espero- para no afectar gravemente a ningún tipo de situación.
A partir de la convocatoria de becas MAE-AECI de 2001 se establece un año, renovable hasta un segundo año, como periodo habitual para las becas de postgrado en España. Sólo a los últimos becarios de la convocatoria anterior, la del año 2000, que preveía una posible renovación de hasta un cuarto año extraordinario, se les concedió un periodo excepcional en función de sus planes de estudio. Las convocatorias siguientes al 2001 ya no contemplan ese periodo extraordinario y así se comunicó a los beneficiarios de un tercer año, a su vez con la antelación de un año. Se ha hablado de periodo transitorio, se ha hablado de que tienen derecho, de acuerdo con las normas, al cuarto años de prórroga. Esto, sin entrar en el fondo de la cuestión, sino en las formas. No es cierto. Todos los becarios afectados por la no concesión del cuarto año son becarios no de convocatorias anteriores, como se ha dicho -por cierto, no son cientos, como también se ha dicho-, son becarios de una convocatoria que firmaron y saben perfectamente que no tenían derecho ya, porque se había suprimido el cuarto año. Por tanto, lo sabían. Las convocatorias siguientes al año 2001, como en esta, ya no contemplan el periodo extraordinario y así se comunicó a los becarios, con un año de antelación. La mayoría de los becarios -la gran mayoría; digamos que el 90 por ciento-, de acuerdo con sus directores de tesis, con sus centros de estudio, han adecuado sus estudios a esta normativa.
Los actuales beneficiarios de las becas MAE-AECI, más de 3.000, recibieron un correo electrónico -lo ha dicho muy bien la señora Pajín-recordándoles la posibilidad de solicitar renovación, siempre que tuviesen derecho a ello conforme a las bases de la última convocatoria de becas MAE-AECI, Resolución 2211/2002, del BOE de 11 de diciembre de 2002, lo que evidentemente no incluía a los becarios antes referidos de tercer año.
Posiblemente, este correo electrónico fue interpretado erróneamente por algunos de los interesados, que, como becarios, están obligados por la convocatoria a conocer sus becas y a aceptarlas en el momento de recibirlas. Por consiguiente, las convocatorias siguientes a la del año 2001 ya no contemplan el referido periodo extraordinario.
Quiero recordar, señorías -y voy terminando-, que el presupuesto de becas MAE-AECI en el año 2003 es de casi 16 millones de euros, de los que sólo un 20 por ciento se destina a becas de estudios doctorales y que esto afecta a la práctica totalidad de las universidades españolas públicas y privadas; la práctica totalidad de las universidades españolas son receptoras de becarios MAE-AECI.
Termino resumiendo. Primero, felicitamos a los grupos parlamentarios de la oposición por sumarse a un instrumento de la cooperación española que consideramos de capital importancia y en el que no creían, a tenor de las iniciativas que han presentado a lo largo de esta legislatura. Segundo, esperamos que en el futuro, en los debates parlamentarios y en otro tipo de debates sobre esta cuestión, apoyen con la misma insistencia que ahora la política de becas o de formación de profesionales en el tercer ciclo, porque evidentemente es muy importante. Tercero, también esperamos que estén de acuerdo con los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y de la Unión Europea sobre este tipo de políticas e instrumentos de la cooperación para el desarrollo. Señorías, seamos serios. No podemos estar provocando desde una política de formación superior, de cooperación entre países en vías de desarrollo y desarrollados algo tan tremendo como es la fuga de cerebros, la descapitalización de capital intelectual de los países que precisamente necesitan de ese capital. Esa es una razón poderosa. Y, cuarto, estamos completamente seguros de que la Administración española, y en concreto el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha de atender y atenderá individualmente las reclamaciones que, de acuerdo con la legislación aplicable, sea necesario atender.
El señor PRESIDENTE: Con esto termina el debate de esta proposición no de ley y pasamos a las votaciones. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)
Señor Centella, como usted sabe, el debate está muy tasado. Si es por una alusión, sí le daré la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Es a efectos de la votación. Quiero indicar que nosotros retiramos nuestra iniciativa, con lo que sólo se votaría la del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, señor Centella.
En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles residentes en la antigua provincia de Guinea Ecuatorial, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se vota en sus propios términos.
Retirada la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, procedemos a votar la proposición no de ley sobre becarios de la Agencia Española de Cooperación
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Internacional, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a continuación a tratar el dictamen sobre los acuerdos que figuran en el orden del día con los números 5 a 24. ¿Va a intervenir algún grupo sobre alguno de los dictámenes?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, mi grupo va a intervenir respecto de los números 16 a 22, relativos a la ampliación de la OTAN, con una sola intervención para el conjunto de ellos.
El señor HERRERA ANTONAYA: Señor presidente, mi grupo va a intervenir en el punto relativo al acuerdo entre la Unión Europea y sus países miembros, por una parte, y Chile, por otra.
- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2003. (Número expediente 110/000239.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación de los dictámenes sobre los que no va a haber intervenciones. Comenzamos con el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003.
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MANILA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2002. (Número expediente 110/000240.)
El señor PRESIDENTE: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002.
- CONVENIO NÚMERO 180 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO RELATIVO A LAS HORAS DE TRABAJO A BORDO Y LA DOTACIÓN DE LOS BUQUES, HECHO EN GINEBRA EL 22 DE OCTUBRE DE 1996. (Número expediente 110/000241.)
El señor PRESIDENTE: Convenio número 180 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, hecho en Ginebra el 22 de octubre de 1996.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA-BISSAU EN MATERIA DE INMIGRACIÓN, HECHO EN MADRID EL 7 DE FEBRERO DE 2003. (Número expediente 110/000242.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau en materia de inmigración, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2003.
(Número expediente 110/000243.)
El señor PRESIDENTE: Canje de cartas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República Francesa sobre el régimen fiscal de las instituciones docentes y culturales, por el que se modifica el acuerdo actualmente vigente, de 28 de febrero de 1974, hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002.
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(Número expediente 110/000244.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo que modifica el convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y el protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas el 28 de noviembre de 2002.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 8 DE ABRIL DE 2003. (Número expediente 110/000245.)
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003.
- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, HECHO EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE 2002. (Número expediente 110/000246.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Islámica de Irán, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2002.
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA NASA, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2003. (Número de expediente 110/000247.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003.
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 13 Y 21 DE FEBRERO DE 2003, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA E IRLANDA PARA LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES, COMPLEMENTARIO AL ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 1957. (Número expediente 110/000249.)
El señor PRESIDENTE: Canje de notas, de fechas 13 y 21 de febrero de 2003, constitutivo de Acuerdo entre España e Irlanda para la extradición de nacionales, complementario al artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957.
- ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO EN MÁLAGA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002. (Número expediente 110/000257.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre la República Francesa y el Reino de España sobre la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Málaga el 26 de noviembre de 2002.
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- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NAMIBIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN WINDHOEK EL 21 DE FEBRERO DE 2003. (Número expediente 110/000258.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003.
- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE CHILE, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2002. (Número expediente 110/000248.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, hecho en Bruselas el 18 de noviembre de 2002.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Es un motivo de gran satisfacción personal anunciar el voto positivo del Grupo Popular a un acuerdo que nos acerca aún más a un país querido y admirado como es la República de Chile.
Como saben, el acuerdo de asociación ya ha sido ratificado por las instituciones europeas y chilenas y por el Gobierno español y cumplimos hoy con el trámite final de la ratificación por nuestro Parlamento. El contenido de las más de 1.500 páginas es prolijo y probablemente conocido por SS.SS., por lo que sólo voy a señalar algunos de los ejes esenciales de este acuerdo.
De entrada, se trata del acuerdo más ambicioso firmado nunca por un país no candidato a la adhesión y supone la apertura prácticamente total del comercio bilateral, estableciendo un desarme arancelario que va mucho más allá de las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio. Así, en productos industriales, queda liberada la práctica totalidad de las transacciones; en productos agrícolas, se alcanza el desmantelamiento del 97 por ciento de los aranceles de aquí al 1 de enero de 2012, y en el capítulo de servicios generales y financieros se establece el régimen de inversiones más abierto que Chile haya otorgado jamás a un país tercero.
También alcanza el acuerdo a sectores tan importantes para España como el vitivinícola, el pesquero o la cooperación para combatir la inmigración ilegal, el crimen organizado o el narcotráfico. Para dar seguimiento al acuerdo, el Gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 16 de mayo la creación de un consejo que supervisará su aplicación y fomentará el acercamiento económico y social con nuestro país hermano.
En definitiva, nos encontramos en puertas de la creación de una verdadera asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina, que fue precisamente uno de los objetivos fundamentales marcados por José María Aznar durante la Cumbre de jefes de Estado de Europa y América Latina, celebrado en Madrid en mayo del pasado año. Los primeros datos recogidos tras la entrada en vigor de la parte comercial del acuerdo atestiguan lo positivo de esa iniciativa para ambas partes.
Quiero finalizar mi intervención con una reflexión personal. Para mí no es casual que Chile, precisamente el país latinoamericano que más ha confiado en el libre comercio y en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, se haya convertido a su vez en una de las sociedades más sólidas y estables de su región desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista económico, el político o el social. Ello, a mi juicio, pone de manifiesto algo en lo que creo profundamente y de lo que no cabe ninguna duda. La globalización, lejos de constituir una amenaza, ofrece múltiples posibilidades para estrechar lazos entre los pueblos, ayudando a construir sociedades más modernas, estables y desarrolladas. (El señor Marín González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señor presidente, no pensábamos intervenir, sobre todo por una cuestión de pudor, pero simplemente quisiera hacer una pequeña precisión histórica. Es imposible que el presidente del Gobierno, señor Aznar, que sin duda tiene muchos méritos, tuviera nada que ver con la definición del concepto de asociación estratégica aprobada por la Unión Europea que, entre otros frutos, ha producido este acuerdo de libre comercio con Chile. Es imposible. El acuerdo sobre asociación estratégica se decidió en el Consejo Europeo de Madrid en 1995 y se hizo por otro Gobierno. No está nada mal, de vez en cuando, reconocer lo que de bueno ha hecho otro Gobierno. Este mandato de negociación, que ha supuesto el acuerdo de libre comercio más importante para un país que no es un país candidato, tuve la fortuna de hacerlo yo mismo, con lo cual es imposible que el señor Aznar haya producido este tipo de circunstancias históricas.
Yo comprendo la pasión de determinados grupos políticos
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pero, en aras de una buena amistad y relación entre nosotros, no creo que se deban dar estos saltos de gigante en la reciente historia de España.
Perdón por la precisión, que lamento hacer puesto que me crea un poco de pudor personal.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a votar el Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, hecho en Bruselas el 18 de noviembre de 2002.
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000250.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000251.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA ESLOVACA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000252.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000253.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000254.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LETONIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000255.)
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE RUMANÍA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MARZO DE 2003. (Número de expediente 110/000256.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos del orden del día del 16 al 22, que son relativos a la adhesión de una serie de países al Tratado del Atlántico Norte.
Para realizar una intervención sobre todos ellos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Esta misma mañana hemos aprobado la ley orgánica por la que España respalda la incorporación a la Unión Europea de nuevos miembros, algunos de los cuales están en la lista de países que van se van a incorporar a la Alianza Atlántica. Otros de los países que se incorporan a la Alianza Atlántica, como es el caso de Rumania y Bulgaria, son candidatos para incorporarse también en un plazo corto a la Unión Europea. Todo ello refleja el nuevo diseño del mapa europeo, lo que va a ser la nueva Europa, no la de los países que se incorporan, sino la de una Europa mucho más sólida, una Europa donde no existen fronteras, una Europa donde no debieran de existir divisiones entre sus miembros y donde no debiéramos caer en el error de intentar fomentar divisiones entre sus miembros.
Es evidente que, desde el punto de vista institucional, nada tienen que ver la Alianza Atlántica y la Unión Europea, porque son dos organizaciones totalmente distintas, pero a nadie se le escapa la sutil asociación que se estableció precisamente cuando España se incorporó a ambas, cuando había una voluntad de que España formase parte de la OTAN, por parte de otros países europeos y de Estados Unidos, y había alguna aspiración, por parte de España, de incorporarse a la Unión Europea.
Entonces había un argumento que se entendió bastante bien y es que difícilmente se le podía pedir a España, en aquel momento de guerra fría, solidaridad en la defensa y la seguridad de Europa, cuando no había una muestra de solidaridad de Europa con las aspiraciones de España, desde el punto de vista de su incorporación al conjunto de Estados democráticos y a las expectativas de progreso, de bienestar y de modelo social que representaba Europa.
Esto también está en la raíz de la aspiración de estos países, con una paradoja y es que en muchos de ellos es más clara, más neta y menos controvertida su aspiración a incorporarse a la Alianza Atlántica que su aspiración a incorporarse a la Unión Europea, que sí que crea en algunos casos controversias por intereses sectoriales, agrícolas, etcétera. Ello refleja dos cuestiones. En primer lugar, una historia traumática de dominación, de ocupación de sojuzgamiento y de oscuridad, pero por otra refleja también la realidad actual. Estos países ven que la Unión Europea, todavía hoy, no está en condiciones de garantizar su seguridad y por lo tanto entienden que sólo hay una organización que tiene la capacidad militar y las estructuras necesarias para garantizar esa seguridad. Para esos países es muy difícil
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superar la perspectiva desde la que consideran a Rusia, antigua Unión Soviética, como un elemento hostil, hegemónico, que les dominaba, y aceptar que Rusia -y está en el concepto estratégico de Washington, está en distintos documentos de la OTAN y está en la vida cotidiana de la OTAN- es hoy un socio estratégico de la OTAN en la seguridad y en la estabilidad de Europa, como es y debe ser cada día más un socio estratégico de la Unión Europea en el progreso y en la estabilidad.
Estoy seguro de que estos países no se incorporan a la Unión Europea y a la OTAN con el ánimo de que una pese más que la otra, de que se les sitúe cotidianamente en la disyuntiva de tener que optar entre una o la otra.
Esto nos situaría a nosotros mismos en una situación de absoluta esquizofrenia. La pertenencia a la Unión Europea y el respaldo a la profundización de la Unión Europea y a la formación de una política europea de seguridad y defensa no puede ser incompatible con la pertenencia a la OTAN, a una OTAN que ha cambiado profundamente. Este cambio tan profundo ha llevado a España, por ejemplo, a poderse incorporar a su estructura militar integrada porque ya no existe una estructura de mandos en Gibraltar. Esa OTAN, por ejemplo, define su espacio de interés desde el Atlántico a los Urales y no es una ampliación del ámbito de operaciones de la OTAN, sino que es la descripción de una realidad en la que los países que la formamos compartimos con Rusia unos intereses de seguridad comunes, somos socios en la seguridad y en la estabilidad en ese espacio común; una OTAN que hoy tiene unas capacidades militares que están por encima de la capacidad de cualquier otro país u organización, pero que al mismo tiempo hoy, en la situación del mundo actual, donde no existen amenazas directas a nuestra seguridad, tiene una responsabilidad primaria y una orientación cada vez más clara hacia la seguridad y que está atravesando por avatares y por situaciones de crisis, algunas de identidad y otras derivadas de la complejidad de los procesos de toma de decisiones o del propio crecimiento de la identidad europea de seguridad y de defensa.
La organización también ha declarado su voluntad de sumarse a ese objetivo general que es la lucha contra el terrorismo, pero no nos equivoquemos -lo decía no hace mucho el anterior comandante supremo aliado-; en la lucha contra el terrorismo, lo militar está en el último extremo de los instrumentos. La inmensa mayoría de los instrumentos en la lucha contra el terrorismo son de orden político, jurídico y económico. Esto no lo debemos olvidar y no debemos olvidar ese cambio profundo en la naturaleza de la OTAN, con independencia de que los países que han estado bajo la bota soviética puedan tardar algunos años en reconocer y aceptar que no hay una amenaza directa a su seguridad y que formar parte de la OTAN supone simplemente formar parte de un espacio compartido de seguridad y estabilidad en el que inevitablemente están Rusia y los antiguos países de la Unión Soviética.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Hoy aprobamos, como decía el señor Estrella, la ampliación de la Unión Europea, que el mismo señor presidente ha calificado como una ley transcendental en esta legislatura.
Esta ampliación de la OTAN no lo es en menor medida. Es cierto que hubo otros países del Este que ya se habían unido a la OTAN con anterioridad.
De hecho, incluso, en primerísimo lugar, hay que señalar a la República Checa, que fue el anfitrión de la cumbre de la OTAN, celebrada en Praga el noviembre pasado, que fue la que alumbró esta nueva ampliación de la OTAN. La importancia de haber logrado superar las reticencias del antiguo líder del bloque soviético, hoy la Federación Rusa, para convencerle de que muchos de esos países, que tienen fronteras inmediatas con la Federación Rusa, pasaran a formar parte de la OTAN no fue una tarea menor. Es importante señalar, y no conviene olvidar, que muchos países de la actual Alianza Atlántica consiguieron entrar gracias al apoyo incondicional de sus socios y aliados europeos que van a formar también parte, en breve, de la Unión Europea.
Había algún matiz sobre el ritmo y la importancia de la ampliación o el paralelismo de las ampliaciones de la OTAN, de la Alianza Atlántica, y de la Unión Europea entre los Estados Unidos y Europa. En todo caso lo que sí sabemos es que la OTAN, además de ese espacio de seguridad y estabilidad, al que se refería el señor Estrella, es un club de democracias que lo que pretenden es la paz, la libertad y la democracia en el mundo entero. Es un sistema colectivo de defensa, que no ha pasado de moda y que sigue siendo necesario y por eso muchas veces cuando leemos artículos, como el muy desafortunado artículo del señor Pfaff, en el Herald Tribune, hace algunos meses, cuando decía que la OTAN era el pasado y la Unión Europea el futuro, nos damos cuenta de que incluso algunos de los más lúcidos analistas no han entendido muy bien el mundo.
La Alianza Atlántica es la expresión máxima del vínculo transatlántico, la expresión máxima de lo que los europeos queremos o desearíamos que fuera ese vínculo transatlántico; un vínculo transatlántico equilibrado, un vínculo sensato, transparente y basado en el respeto mutuo, no en la subordinación, buscando la coordinación y la colaboración, la sinergia positiva y no la sumisión. Eso es exactamente la expresión máxima de lo que supone la OTAN y eso es exactamente lo que nosotros estamos apoyando con este acto aquí hoy.
Es importante decir también que la OTAN ha entendido que los riesgos a la seguridad colectiva, a las democracias, a la libertad, han cambiado; no es como consecuencia del 11 de septiembre, como tantas veces y de forma errónea, a mi juicio, se ha venido diciendo a lo largo de estos dos años.
La propia OTAN, en su cumbre de abril del año 1999, dijo con claridad que los
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máximos retos a los que se enfrentaría la democracia y la libertad en el siglo XXI serían el terrorismo, el crimen organizado y la interacción entre estos dos. Eso lo dijo en abril del año 1999.
Para terminar, simplemente queremos recordar que la OTAN tiene un papel que jugar en el mundo en el que vivimos hoy, en un mundo de incertidumbres y de amenazas indudables a nuestras libertades y a nuestra convivencia; un papel que ha sabido jugar con importancia, con seriedad, con equilibrio y con responsabilidad, como ha sido en los Balcanes y como ha sido y está siendo en este momento en Afganistán. Estamos convencidos que la OTAN debe ser fortalecida, que el vínculo trasatlántico es una de las fuentes principales de la historia europea, que nosotros no podemos construir Europa en contra de Estados Unidos, pero tampoco se puede construir Europa sometida a los Estados Unidos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de estos dictámenes.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Bulgaria, hecho en Bruselas el 26 de marzo del 2003.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Lituania, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República Eslovaca, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Eslovenia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Estonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Letonia, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Rumania, hecho en Bruselas el 26 de marzo de 2003.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Corrección de error. En el "Diario de Sesiones" número 801, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por esta Comisión el jueves, 28 de agosto de 2003, en la página 25.303, segunda columna, líneas 39 y 43, aparecen dos acotaciones atribuidas erróneamente al diputado señor Ricomá de Castellarnau.

References: artículo 6
 resolución 
e contrario
e contrario
 Resolución 
 ARTÍCULO 6
 artículo 6