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Timestamp: 2019-09-22 14:41:36+00:00

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﻿ SENTENCIA 23302 DE NOVIEMBRE 22 DE 2004
SENTENCIA 23302 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:CONVENCIONES COLECTIVAS. CUANDO EL JUZGADOR DE INSTANCIA FIJA EL ALCANCE DE DISPOSICIONES CONVENCIONALES DE FORMA RAZONABLE, EN PRINCIPIO, LA DECISIÓN ES INTOCABLE EN CASACIÓN, ASÍ LA CORTE NO LO COMPARTA. SOLO CUANDO EL ALCANCE DADO POR EL JUZGADOR DE INSTANCIA PUGNA RADICALMENTE CON EL CONTENIDO GRAMATICAL DE LA CLÁUSULA O CON LA INTENCIÓN EXPLÍCITA DE LAS PARTES AL REDACTARLA, PUEDE ENTRAR LA CORTE A INVALIDAR LA INTERPRETACIÓN REALIZADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN COLECTIVA, RECURSO DE CASACIÓN, APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 23302 de noviembre 22 de 2004
Rad.: 23302
Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil cuatro.
EXTRACTOS: «Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Claudio José Vega Ojeda, Humberto Camargo Cortés, Jesús Helí Pinzón Camargo, José Antonio González Bustos y Herlinda Martínez Ramírez contra la sentencia del 20 de noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario seguido por los recurrentes a la Empresa de Licores de Cundinamarca.
1. Los demandantes promovieron el proceso con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los viáticos de que tratan los artículos 11 y 75 de la convención colectiva de trabajo y el monto de los pasajes aéreos utilizados, por haber participado en diversos certámenes de interés sindical; la reliquidación de las prestaciones sociales legales y extralegales; indexación; intereses de mora y salarios moratorios.
2. Fundamentaron sus pretensiones en los siguientes hechos y omisiones, extraídos del libelo: 1. Son miembros de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Empresas Licoreras, Fábricas e Industrias de Licores de Colombia, subdirectiva Cundinamarca y beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre dicha organización sindical y el ente demandado, en particular la cláusula que contempla el pago de viáticos sindicales y pasajes aéreos, fluviales y terrestres a los miembros del sindicato; 2. A los demandantes Martínez Ramírez, Vega Ojeda y Pinzón Camargo les adeudan los viáticos de 5 días correspondientes a su participación en el Congreso de salud ocupacional y fondos de pensiones realizado en Mar del Plata y Buenos Aires (Argentina) entre los días 4 y 21 de diciembre de 1997; 3. A los demandantes Vega Ojeda, Camargo Cortés y González Bustos les adeudan los viáticos por su participación en la 86ª Conferencia internacional del trabajo (OIT) realizada en Ginebra, Suiza, entre el 31 de mayo y el 19 de junio de 1998; 4. A estos tres últimos también les adeudan los pasajes aéreos; 5. La participación de los demandantes en los citados eventos fue aprobada por la junta directiva del sindicato; 6. Los viáticos son factor de salario, por lo tanto deben tomarse en cuenta para reliquidar las prestaciones sociales de cada uno de los actores; 7. La entidad accionada adeuda a los demandantes diversos conceptos laborales, dentro de los que se incluyen vacaciones, prima de vacaciones, primas de servicios, etc.
3. La demandada no aceptó ninguno de los hechos relevantes de la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas y propuso las excepciones de falta de legitimación activa, cobro de lo no debido y pago. Adujo en su defensa que los viáticos correspondientes al evento de Argentina fueron cancelados en su totalidad y en cuanto a la comisión a Ginebra, manifiesta que esta no fue autorizada por la empresa.
4. El Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 3 de octubre de 2002 (fls. 517 al 525) absolvió a la accionada.
El reparo técnico propuesto por la opositora referente a la insuficiencia de la proposición jurídica es irrelevante, puesto que teniendo en cuenta que lo que aquí se debate es la interpretación de cláusulas convencionales, basta la denuncia como violadas de alguna de las normas legales (CST, art. 467 ó 476) que regulan lo atinente a la contratación colectiva para tener por satisfecha dicha exigencia, requisito con el que la presente demanda cumple con creces.
El primer aspecto en discusión tiene que ver con el alcance de las disposiciones convencionales sobre permisos, viáticos y gastos de transporte contenidas en los artículos 10, 11 y 75 de la convención colectiva de trabajo, punto sobre el que el ad quem sostiene, en líneas generales, que tales cláusulas deben entenderse en el sentido de que el reconocimiento de los viáticos solo procede cuando el desplazamiento ha sido autorizado por la empresa con anterioridad, mediante concertación entre trabajador y empleador, previo establecimiento de la existencia de disponibilidad presupuestal, sin que sea dado asumir, desde ningún punto de vista, que es suficiente la designación de la junta directiva o de la asamblea general del sindicato ordenando el viaje para que surja el derecho al cobro de los viáticos y pasajes y el deber correlativo de la demandada de pagarlos, al paso que la mandataria judicial de los recurrentes esgrime justamente la tesis contraria, es decir, que la convención contiene un mandato imperativo que no tiene por qué estar sujeto a la autorización del viaje por la empresa, a concertación o a la existencia de disponibilidad presupuestal, por cuanto es suficiente la autorización de la comisión por la junta directiva o la asamblea general de la organización sindical para que emerja el derecho.
Tratándose de la fijación del alcance de disposiciones convencionales, ha dicho insistentemente esta corporación, no alcanza a configurarse un error evidente de hecho cuando el juzgador de instancia da a unos de esos preceptos un entendimiento plausible y razonable, dando preferencia a este sobre otras interpretaciones, pues en este caso no hace cosa distinta que hacer uso de la facultad de formar libremente su convencimiento, contemplada en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en tales condiciones su ejercicio interpretativo es, en principio, intocable en casación, así la Corte no lo comparta.
No puede olvidarse que las convenciones colectivas no obstante su naturaleza normativa son en el recurso extraordinario una prueba más y por lo mismo los llamados a fijar su sentido, cuando las partes contratantes tienen discrepancias al respecto, son en primer lugar los jueces de instancia, quienes solamente están obligados a señalar las razones por las cuales otorgaron determinado entendimiento a la cláusula respectiva, sin que esa actitud ponga de presente per se la configuración de un dislate apreciativo por el solo hecho de que alguno de los sujetos procesales tenga una apreciación distinta u opuesta.
Únicamente cuando se advierta que el alcance dado por el juzgador de instancia pugna radicalmente con el contenido gramatical de la cláusula o con la intención explícita de las partes al redactarla, puede entrar la Corte a infirmar dicha interpretación, por cuanto es indudable que en esta hipótesis sí se está en presencia de un error protuberante de hecho.
De manera que la discusión puesta sobre el tapete consiste en determinar si el ad quem incurrió en los yerros endilgados cuando fijó el alcance de los artículos convencionales objeto de la acusación.
Al delimitar en esos términos el problema medular a resolver es obvio que quedan por fuera algunos elementos secundarios y en últimas intrascendentes que son planteados tanto por el ad quem como por la acusación, que sirven básicamente para hacer precisiones conceptuales pero no tienen incidencia en la ratio decidendi del fallo gravado, los cuales de todas formas serán tocados tangencialmente más adelante, en la medida en que sea necesario absolver cada una de las inquietudes esbozadas por la parte recurrente.
Entrando entonces en el examen de la cuestión esencial, se tiene que la interpretación armónica y conjunta de las cláusulas convencionales en mención permite entrever, en primer lugar, que las partes convinieron que la empresa concedería permisos sindicales a los trabajadores designados por la junta directiva o la asamblea general del sindicato para asistir a congresos o plenos, debiendo allegar posteriormente la prueba que acredite la asistencia al certamen (art. 10). Esta disposición, referida al otorgamiento de permisos para la intervención en los eventos detallados y bajo las condiciones allí mismo señaladas, está diciendo con absoluta claridad que la facultad para conceder el permiso está radicada en cabeza de la empresa, que debe autorizarlo antes de que empiece su disfrute efectivo, lo cual es apenas desarrollo lógico del poder de ordenación y subordinación de que dispone el empleador al interior de la empresa.
No estima la Corte que pueda concebirse el postulado normativo como si contuviera una “carta blanca” en cuya virtud el derecho de los trabajadores al permiso nace con la sola designación de la organización sindical para participar en el evento respectivo siendo por consiguiente la autorización de la empresa un simple formalismo ya que esta, en últimas, se encuentra compelida a concederlo en razón del mandato convencional sin que tenga ninguna posibilidad de negarlo o modificarlo, porque de ser así sobraría la expresión “la empresa concederá”, que puede entenderse como si implicara el desarrollo de cierta actividad volitiva o, como dice el tribunal, un juicio valorativo para definir si otorga o no el permiso, y no como un mandato imperativo que condiciona de antemano y en una sola dirección la decisión del empleador.
Razonar en otra forma significa suponer que se está en presencia de una cláusula abierta e indeterminada cuyo contenido prestacional no se agota o por lo menos su agotamiento no resulta previsible ni calculable pues debe realizarse cuantas veces el sindicato lo juzgue necesario, lo cual resulta ajeno a toda lógica, contrario a la técnica de redacción de cláusulas normativas, donde se señala con toda exactitud y detalle el derecho que se crea, amén de que significaría un desplazamiento al sindicato del ejercicio del poder de disposición y mando de los directivos o representantes de la empresa, e incluso de la potestad de ordenación del gasto y de control sobre el presupuesto de la entidad, sin contar con la imposibilidad de fijar el monto presupuestal que se requerirá durante una vigencia fiscal debido a que las demandas del sindicato pueden resultar incuantificables.
De manera que cuando el ad quem sostuvo que el otorgamiento del permiso remunerado contemplado en el artículo 10 de la convención “implica efectivamente un juicio o decisión patronal por incidir en aspectos de índole presupuestal y de conveniencia, a más que por comisiones y permisos al exterior advierte clara y diafanamente (sic) el artículo 75...” no cometió los yerros evidentes de hecho que le achaca la censura, por cuanto tal entendimiento encaja en las posibilidades hermenéuticas del texto en mención.
Ligado a lo anterior, el artículo 11 convencional señala la obligación de la empresa de pagar los pasajes y viáticos en los mismos eventos a que se refiere la cláusula 10. Naturalmente las dos disposiciones son en algunos casos complementarias y así lo entendió el ad quem pese a que en esta parte su redacción no es muy afortunada, en veces contradictoria, aunque también aclaró que se trata de dos figuras diferentes, como es evidente, para lo cual basta señalar que en rigor el permiso no genera ninguna erogación directa y adicional a la remuneración ordinaria como consecuencia de su otorgamiento, mientras que con los viáticos y gastos de transporte ocurre lo contrario.
Si de acuerdo con lo discurrido el entendimiento dado a la cláusula 10 de la convención en el sentido de que la facultad allí contemplada está condicionada a la autorización previa de la empresa, no constituye un exabrupto, mucho menos lo es que se sostenga que la aplicación del artículo 11 ejusdem también supone aquella autorización, con más veras si se tiene en cuenta que en el evento de pasajes y viáticos termina comprometido el presupuesto de la entidad demandada, cuya ejecución está a cargo exclusivamente del ordenador del gasto, y se toma en consideración además que los requisitos para el otorgamiento de los permisos deben ser por lo menos los mismos que para el otorgamiento de los viáticos y gastos de transporte, como quiera que hay correspondencia entre las dos situaciones.
Las mismas razones expuestas a propósito de la interpretación del artículo décimo, con el agregado de la necesidad de soporte presupuestal para la ordenación de gastos, sirven para fijar el alcance de la cláusula once, por lo que en este aspecto tampoco es de recibo la imputación de haber cometido el tribunal un dislate mayúsculo al establecer su alcance. Lo cual resulta reafirmado, por demás, con los documentos de folios 284 a 334, relativos a comisiones sindicales concedidas en años y oportunidades anteriores, en los que consta que en todos esos casos medió la autorización de la empresa para el disfrute de la novedad administrativa y siempre se señaló el rubro presupuestal al que se imputarían los gastos. De modo que tales pruebas antes que simplemente demostrar el pago de comisiones sindicales en todas las ocasiones precedentes, como plantea la acusación, más bien ponen de presente que en todas esas oportunidades el pago se hizo porque el desplazamiento fue autorizado expresamente por la empresa, antes incluso, la mayoría de las veces, del inicio del disfrute de la comisión.
No puede pasar desapercibido que el ad quem también se apoyó en la cláusula convencional 75, particularmente el parágrafo 3º, de donde infirió que el monto de los viáticos, en el caso de misiones oficiales, comerciales y sindicales, se fijará por la gerencia mediante resolución motivada, enunciado que bien puede entenderse en el sentido de que el reconocimiento de los viáticos está condicionado a que la empresa autorice previamente el desplazamiento del trabajador.
De suerte que tanto para efectos de los permisos a que alude el artículo décimo como de los viáticos y gastos de transporte del artículo once, no puede tenerse como disparatada la apreciación del tribunal en cuanto a que en ambos casos se requiere de la autorización previa de la empresa, sin que aparezca evidente que a la luz de las disposiciones analizadas los designados puedan hacer uso a su arbitrio de unos u otros o crear unas situaciones de hecho a espaldas del empleador para forzarlo, contra su voluntad o pese la inexistencia de recursos presupuestales, a realizar unos pagos que no fueron consentidos con anterioridad, como debió ser.
Establecido pues que el tribunal no incurrió en error mayúsculo de hecho cuando señaló la necesidad de autorización de la empresa en los eventos de permisos, comisiones y viáticos que se dejaron precisados, corresponde ahora analizar si en el caso del desplazamiento de tres de los demandantes a la 86ª Conferencia internacional del trabajo se produjo en realidad dicha permisión, como lo pregona la acusación en el error de hecho número once, aduciendo que según los documentos de folios 144 y 145 la demandada accedió a la solicitud de las directivas sindicales de suministrarle dos cajas de Ron Santa Fe Añejo para presentar ese producto ante el mentado evento, con lo cual queda demostrado, a su juicio, que la empresa autorizó dicho viaje. Examinadas las pruebas en mención, en verdad no aparece ni explícita ni implícitamente la mencionada autorización, pues de ellas solamente se infiere que se atendió la solicitud elevada por el presidente y el secretario de la organización sindical en los términos antes descritos, pero no que el gerente de la empresa haya dado el visto bueno para el periplo, máxime cuando este no es solicitado en el oficio de marras. Antes por el contrario, la prueba de folio 144 da un mentís a la afirmación de los impugnantes, como quiera que en ella los firmantes dicen que asistirán a la conferencia “comisionados por la junta directiva de Sinaltralic subdirectiva Cundinamarca, en representación de la Confederación Mundial del Trabajo”. O sea que evidentemente asumieron que era suficiente con esa designación, sin que fuera necesaria la orden de la empresa otorgando la comisión, entendimiento que el tribunal no compartió, ni la Corte tampoco, por cuanto es apenas obvio que es la empleadora quien debió autorizar el desplazamiento del trabajador.
A lo anterior debe agregarse que precisamente en el oficio de folio 146 el gerente de la empresa al tiempo que reconoce en los órganos sindicales la competencia para hacer la delegación —recálcase que utiliza la expresión delegación y no autorización o comisión— manifiesta que queda “en espera de los mencionados documentos para efecto de establecer la viabilidad de la solicitud”, esto es determinar si autoriza o no la comisión. Valga aclarar que la comisión, como generadora de los viáticos y gastos de transporte, debe ser autorizada por la empresa pues al sindicato lo único que le incumbe es designar las personas que van a participar en el evento respectivo, sin que en esa designación vaya implícito o involucrado el pago de los gastos de viaje a cargo de la empleadora.
En el mismo sentido, tampoco puede sostenerse que la única exigencia hecha por la empresa para proceder al pago de los viáticos por la participación en el evento de que se viene hablando fue la presentación de copia del acta donde se hizo la designación correspondiente, puesto que si bien ello parece desprenderse de la carta de folio 127, vista aisladamente, tal aseveración es desmentida por las cartas de folios 146, que se acaba de citar; la de folio 162, suscrita por la directora de servicios administrativos de la fábrica de licores donde después de invocar el Decreto Departamental 223 del 14 de marzo de 1997 recuerda que ese acto estatuye que para el reconocimiento de viáticos es necesario que el funcionario se encuentre en comisión de servicios debidamente autorizada por la autoridad competente; la propia contestación de la demanda en la que textualmente se consignó: “En cuanto a la comisión sindical asistente a la ciudad de Ginebra (Suiza), es pertinente establecer que la misma no fue autorizada por la empresa a la junta directiva del sindicato y por ello no aprueba el pago de dichos viáticos. En este sentido siempre se ha contado con la anuencia de las directivas de la entidad a fin de autorizar los viajes de las comisiones sindicales y el correspondiente pago de los viáticos. Si bien en la convención se encuentra plasmado dicho beneficio en favor del sindicato y los miembros que se designen, es claro que el mismo no puede ser utilizado en forma inconsulta porque ello afectaría el equilibrio en las relaciones obrero-patronales existentes actualmente” (fl. 104); y el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada donde declara que los trabajadores “viajaron sin la correspondiente autorización de la junta directiva de la empresa y sin que existiera el acto jurídico mediante el cual se reconociera estos gastos y sus correspondientes viáticos”.
Por consiguiente, esas pruebas vistas en su conjunto debilitan la afirmación contenida en los errores de hecho siete y trece en cuanto la empresa condicionó el pago de los viáticos a la presentación del acta de junta directiva o asamblea general del sindicato ordenando el viaje a Ginebra y designando para el efecto a algunos de los actores, y resaltan en cambio que la negativa de la empresa se fundamenta en que esta no autorizó el desplazamiento.
Es necesario así mismo aclarar que el tribunal en ningún momento sostuvo que la empresa estaba facultada por las normas convencionales para desautorizar todas las comisiones, porque ello equivaldría a hacer nugatoria la cláusula once, sino simplemente a afirmar que la obligación de reconocimiento de los viáticos por “comisiones sindicales” (ver art. 75, par. 4º de la convención) estaba condicionada a la autorización previa del viaje. Del mismo modo no resulta de recibo el razonamiento de la censura, que tratando de buscar argumentos en respaldo de su perspectiva, plantea que bien podría ocurrir que la demandada se abstuviera de incluir partida para viáticos durante una vigencia para de esa manera burlar la obligación convencional, porque se trata de un juicio hipotético y conjetural, amén de que en ese evento el sindicato tendría facultad para adelantar las acciones judiciales del caso.
En lo que toca con el primero y décimo errores de hechos, relativos en su orden a que los designados al Congreso de salud ocupacional y fondos de pensiones celebrado en Buenos Aires y Mar del Plata (Argentina) aceptaron asumir en forma definitiva el valor de 5 días de viáticos, y que al interior de la empresa existe convicción de que deben cancelarse esos días, tiene que decirse que el ad quem luego de examinar el documento de folio 64, consistente en una carta enviada por el jefe de control interno al subgerente administrativo de la demandada, consideró que de allí se desprende que tres de los demandantes se avinieron a que la empresa les cancelara los viáticos del 4 al 16 de diciembre de 1997 pues ellos asumirían los días restantes, es decir, hasta el 21 del citado mes. La censura aduce que tal documento no fue producido por los reclamantes de esos viáticos y por ende del mismo no puede inferirse que ellos hayan renunciado parcialmente a ese derecho; resaltan que allí se declara, más bien, la viabilidad del pago reclamado y se recomienda a la empresa hacerlo.
En realidad, lo que el tribunal dice es que en el oficio en cuestión, el jefe de la oficina de control interno de la accionada da traslado de la comunicación de algunos de los demandantes de diciembre 2 de 1997 en la que “aceptan que la empresa nos liquide como viáticos del 4 al 16 de diciembre de 1997 y los demás días los asumimos por cuenta nuestra”. Examinado el documento se advierte que ningún error cometió el tribunal pues este no hizo nada diferente que atenerse a su expreso tenor literal. Es más, la misma comunicación reafirma más adelante la existencia de la carta del 2 de diciembre de 1997 cuando dice en el último párrafo: “mediante la cual los designados al congreso manifestaron que aceptaban que la empresa les liquidara los viáticos del 4 al 16 de diciembre de 1997 y los demás días los asumían por su cuenta, obedece a la no existencia de disponibilidad presupuestal para la cancelación del total de viáticos en la fecha de la comisión, por ende se estableció el procedimiento, de asumir por cuenta los demás días”.
Ahora bien, determinar si el ad quem podía darle total pertinencia a esa comunicación en cuanto puso en boca de tres de los accionantes las afirmaciones antes referidas, es asunto jurídico atinente al valor de los documentos públicos. Con todo, cabe tener en cuenta que estos documentos “hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza” (CPC, art. 264), de donde se desprende que no se equivocó el tribunal al darle validez a la manifestación de los accionantes allí incorporada pues se trata de una declaración contenida en un documento público. Es pertinente añadir que ese comunicado contiene dos partes: una propiamente declarativa en que se narran hechos y otra que tiene la característica de un concepto o recomendación; este último segmento no queda comprendido en la hipótesis de la norma legal arriba citada, conclusión que en ningún caso riñe con el principio de indivisibilidad del documento (art. 258 ibíd.) por cuanto este se refiere a unidad temática y no material.
Es conveniente también asentar que la posición oficial de la empresa desde el momento mismo en que autorizó el desplazamiento a Argentina, fue de que solamente asumiría el pago de los viáticos entre el 4 y el 16 de diciembre de 1997, puesto que los días restantes serían asumidos por los viajeros. Las opiniones de funcionarios de la empresa que no son su representante legal, en modo alguno resultan vinculantes para ella ni para los jueces, por ende solo con base en tales dictámenes no puede fundamentarse ni sustentarse una condena.
Finalmente es pertinente anotar que los derechos protegidos con la garantía de irrenunciabilidad son los contemplados en la ley, y no los convencionales, como lo ha dicho esta Sala por mayoría en fallos anteriores.
De conformidad con lo razonado, el cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 20 de noviembre de 2003, en el proceso ordinario laboral seguido por Claudio José Vega Ojeda y otros contra la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Costas en casación, a cargo de los demandantes.

References: artículo 61
 artículo 10
 artículo 75
 artículo 11
 artículo 11
 resolución