Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400138.html
Timestamp: 2019-03-20 23:35:03+00:00

Document:
se201401138
SENTENCIA: 138/2014.
EXPEDIENTE N°: 665/2012.
PARTES: Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Duran
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 14 a 21, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de julio de 2012, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); contestación de demanda de fs. 57 a 59; réplica de fs. 62 a 63, dúplica de fs. 66; decreto de Autos para Sentencia de fs. 68 y demás antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, representada por Teresa Araujo Loayza, en el plazo previsto por el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa, pidiendo la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de Julio de 2012, y se mantenga firme la Liquidación por Determinación Mixta Nº 3889/2011 de 25 de noviembre de 2011 y subsistente la Resolución de Recurso Alzada ARIT/CHQ/RA 0076/2012 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, bajo los siguientes fundamentos:
Con la facultad conferida por la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano, la Administración Tributaria Municipal de Sucre emitió Liquidación por Determinación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 3889/2011 de 25 de noviembre de 2011, misma que recurrida, fue confirmada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca. La Jefatura de Ingresos como órgano facultado para ejercer las funciones de Administración Tributaria según Resolución Técnica Administrativa Nº 001/2010, aplicó lo dispuesto en el art. 97 de la Ley Nº 2492, que regula el Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, asimismo se efectuaron notificaciones de acuerdo a lo dispuesto por el art. 89 del mismo cuerpo legal, en virtud a los datos proporcionados por Teófilo Calderón Céspedes y registrados en el sistema de recaudaciones, datos que en ningún momento fueron objetados por el contribuyente, habiéndose limitado a señalar que el procedimiento empleado por esta Administración Tributaria, no era el que correspondía, sin embargo se cumplió la normativa tributaria, habiendo verificado el vencimiento, para el pago de Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores del motorizado con Placa de Control Nº 655RSB de propiedad de Teófilo Calderón Céspedes correspondiente a la gestión 2006 y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 93 y parágrafo tercero del art. 97 de la Ley Nº 2492, se efectuó la liquidación de la deuda tributaria, no habiéndose vulnerado en ningún momento el derecho al debido proceso y a la defensa, pues solo se efectuó una liquidación en virtud los datos proporcionados por el contribuyente, registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes por el Área de Recaudaciones dependiente de la Jefatura del Departamento de Ingresos vigente desde el año 1993 a través de la Ordenanza Municipal Nº 50/93, además de estar respaldada por Resolución Administrativa Municipal Nº 171/2010.
El art. 70 de la Ley Nº 2492 establece como una de las obligaciones del sujeto pasivo: “Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios y plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria”, que ante el incumpliendo se inició la acción legal correspondiente.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria realizó una serie de consideraciones referentes a los procedimiento especiales, señalando que, para aplicar el procedimientos especial, previsto en el art. 97. III de la Ley citada, deben cumplirse requisitos básicos y según el análisis realizado por la Autoridad de Impugnación Tributaria, referente al art. 97 de la Ley Nº 2492 para una Liquidación Mixta con notificaciones masivas, se debió observar la actualización de datos por parte del contribuyente, ya que dicha actualización debe realizarse para cada procedimiento especial, no pudiendo utilizar la Administración Tributaria Municipal otras anteriores, al haber tenido dicha resolución efecto en su oportunidad. La Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en virtud a los datos proporcionadas por Teófilo Calderón Céspedes y registrados en el sistema informático, estableció que era sujeto pasivo, propietario del vehículo automotor con Placa de Control 655RSB, cuyo dominio tributario pertenece al Gobierno Municipal de Sucre, registrado en el Padrón Municipal de contribuyentes por el Área de Recaudaciones dependiente de la Jefatura del Departamento de Ingresos vigente desde el año 1993 a través de Ordenanza Municipal Nº 50/93, además de estar respaldada por Resolución Administrativa Municipal Nº 171/2010.
El sujeto pasivo Teófilo Calderón Céspedes, no puede alegar que no proporcionó sus datos a la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, toda vez que en base a esos datos aportados en anteriores oportunidades, se realizaron gestiones ante esta administración como constan de las Certificaciones emitidas por el Área de Recaudaciones de las gestiones 2008, 2009 y 2010, reconociendo la existencia de la deuda en forma expresa y ratificando los datos, en base a las cuales se efectuó la liquidación, habiendo solicitado el 30 de diciembre de 2009, de acuerdo con el art. 156 del Código Tributario solicitó el descuento del 80% de la multa por incumplimiento de la obligación tributaria con relación a la gestión observada.
Asimismo, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, señalo que la Determinación Mixta Nº 3889/2011 no tendría el sustento fáctico ni legal, aspecto que fue advertido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, incumpliendo lo establecido en los arts. 99. II de la Ley Nº 2492, 28 de la Ley Nº 2341 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 31 del DS Nº 27113 de Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, aspecto que constituiría un vicio de nulidad, expresamente establecido en el art. 36. II de la Ley Nº 2341.
La Autoridad de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de julio de 2012, ha interpretado erróneamente el art. 97. II y aplicado indebidamente el art. 99. II del Código Tributario Ley Nº 2492, ya que el art. 97. II de la citada norma dispone: “La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación.” Al haberse efectuado la determinación de acuerdo a los dispuesto por el art. 93 del Código Tributario Ley Nº 2492, siendo que el importe a pagar se fija en virtud a los datos aportados por el contribuyente, teniendo como hecho generador para el pago de éste impuesto, el ejercicio del derecho propietario o la posesión de vehículos automotores al 31 de diciembre de cada gestión conforme el art. 2 del DS Nº 24205 de 23 de diciembre de 1995, liquidación que así practicada, tendrá carácter de Resolución Determinativa.
Los datos aportados por el contribuyente se encuentran registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes, que es el banco de datos, cuyo contenido es fiel reflejo de los datos aportados y consentidos por los contribuyentes, mismo que es administrado por el Área de Recaudaciones dependiente de la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo de Sucre vigente desde el año 1993 por Ordenanza Municipal Nº 50/93 respaldada por Resolución Administrativa Municipal Nº 171/2010 que en su art. 1 señala: “Validar la información reproducida por el sistema informático, que refleja los datos proporcionados por los contribuyentes mediante Declaraciones Juradas a través de formularios físicos de empadronamiento, respecto de los datos generales de los contribuyentes y del objeto gravable correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos Automotores y Patentes por actividades económicas. Cualquier discrepancia o desacuerdo que tuviere el contribuyente o sujeto pasivo respecto a la veracidad de la información que reproduce el sistema informático deberá ser comunicado a la administración tributaria en el plazo de 30 días calendario de publicada la presente Resolución, caso contrario, dicha información se tendrá como, válida a todos los efectos jurídicos y/o tributarios”. Así todos lo datos tienen el valor legal a efectos de la liquidación efectuada, que en ningún momento fue objetado por el contribuyente habiendo efectuado de manera regular sus pagos de gestiones anteriores, por consiguiente la AGIT al emitir pronunciamiento sobre algo que no fue pedido por el contribuyente actuó ultra petita.
En virtud a esa errónea interpretación del art. 97. III, y aplicación indebida del art. 99. II de la Ley Nº 2492, al pretender que la liquidación que resulte de la determinación mixta contenga todos los requisitos exigidos y estipulados en el citado artículo, por el hecho de tener el carácter de Resolución Determinativa, en cuanto a sus efectos y no así en cuanto a su forma, como interpreta la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por consiguiente la emisión de la Liquidación Mixta G.M.S/J.D.I. Nº 3889/2011 de 25 de noviembre de 2011, no ameritaba mayor fundamentación que la consignada en la misma de acuerdo a lo dispuesto por el art. 93 y parágrafo tercero del art. 97 de la Ley Nº 2492.
La Resolución Determinativa por Liquidación Mixta, emitida por esta Administración Tributaria cumple con la fundamentación exigida y requerida para el caso, pues no es necesario que dicha argumentación sea ampulosa o exhaustiva como reconoce el Tribunal Constitucional en la SC 0742/2010-R de 26 de julio de 2010, pues este requisito se tendrá por satisfecho aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable permita conocer las razones para tomar una decisión.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, no puede pretender que el procedimiento aplicado por la administración, contenga los mismos requisitos exigidos para una Resolución Determinativa, la misma que es producto de una proceso, que se inicia con un Sumario Contravencional, haciendo la Vista de Cargo las veces de Auto Inicial de Sumario, para que después de un periodo de prueba se dicte Resolución Determinativa que establece la existencia e inexistencia de la deuda e imponga una sanción, en consecuencia la Autoridad General de Impugnación Tributaria, obró de manera ultra petita al haber efectuado errónea interpretación del art. 97. II resolviendo fuera del contexto legal.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 13 de noviembre de 2012 (fs. 27) y corrido traslado a la Autoridad General de Impugnación Tributaria representada por Julia Susana Ríos Laguna, ésta responde a la demanda negativamente (fs. 57 a 59), solicitando se la declare improbada, con los siguientes fundamentos:
Debe aclarase, que el parágrafo III del art. 97 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), establece que la liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de Resolución Determinativa; en consecuencia, para aplicar el procedimiento especial, en el ámbito municipal, según los arts. 92 y 93 de la Ley Nº 2492 Código Tributario y 13. III inc. b) del DS Nº 27310 Reglamento al (Código Tributario), deben cumplirse necesariamente las siguientes condiciones: 1) La exigencia en los antecedentes administrativos, de la publicación previa en un órgano de prensa de circulación nacional o local, de la Resolución Administrativa que establezca las cuantías para practicar las notificaciones masivas, siempre que la notificación se hubiera realizado por este medio; 2) En los antecedentes administrativos de cada caso. Debe constar el documento o formulario en el que se encuentra la aportación de datos del sujeto pasivo; y 3) La liquidación que emita la Administración Municipal debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo y no contener incrementos en la base imponible.
En ese entendido, respecto al segundo requisito, la Administración Tributaria Municipal emite la Certificación Nº 036/2012, indicando que revisada la base de datos el RUAT de vehículos automotores se tiene que: 1) el vehículo con placa de control 655-RSB, con radicatoria en Sucre, Clase Camioneta, Marca Nisan, Tipo Cóndor, Color Blanco, fue registrado a nombre de Teófilo Caldearon Céspedes; del mismo modo señala en la Liquidación Mixta Nº 3889/2011 que información fue proporcionada por el contribuyente y que se encuentra en almacenada en el Sistema Informático Municipal; sin embargo no demostró conforme prevé el art. 76 de la Ley Nº 2492 Código Tributario el medio por el cual tal información fue comunicada por el sujeto pasivo, no existiendo en consecuencia constancia de que los datos consignados en su sistema informático correspondan a los declarados y proporcionados por Teófilo Calderón Céspedes, por lo que no resulta prueba idónea para establecer fielmente los datos técnicos aportados por el contribuyente sobre el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores IPVA de la gestión 2006, que en virtud al art. 97. III del Código Tributario, se establece que la Administración Tributaria no cumplió con éste requisito para aplicar el procedimiento especial.
Respecto al tercer requisito, se evidencia que la liquidación no refleja fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo, pues no existe en antecedentes, documento con el cual se pueda verificar si la liquidación refleja fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo y si ésta no tiene incrementos en la base imponible, por lo que tampoco se cumplió con este requisito. En consecuencia lo manifestado por la Administración Tributaria resulta infundado, en sentido de que la Autoridad General de Impugnación Tributaria hubiera fallado ultra petita, sino más bien se pronunció sobre las cuestiones planteadas por el contribuyente y en aplicación de la normativa tributaria, careciendo de sustento jurídico la demanda contencioso administrativa.
CONSIDERANDO III: Que habiéndose concedido el derecho de réplica previsto en el art. 354. II del Código de Procedimiento Civil, mismo que fue presentado a fs. 62 y la duplica a fs. 66 corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del citado Cuerpo Legal.
Que de la compulsa de los datos del proceso, se establece que el objeto de controversia se circunscribe a determinar:
“Si la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de julio de 2012 interpretó erróneamente el art. 97. III del Código Tributario (Ley Nº 2492) y aplicó indebidamente, el art. 99. II del Código Tributario (Ley Nº 2492), al haber establecido que la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, al emitir Liquidación por Determinación Mixta G.M.S/J.D.I. Nº 3889/2011 de 25 de noviembre de 2011, no cumplió con todos los requisitos establecidos para ella”.
Una vez analizado el contenido de los actos y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:
De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió Liquidación por Determinación Mixta Nº 3889/2011 de 25 de noviembre de 2011, señalando que de acuerdo a los datos presentados por el contribuyente y registrados en el sistema informático de la Administración Tributaria, Teófilo Calderón Céspedes, es sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de conformidad al art. 58 de la Ley Nº 843 correspondiente al vehículo Placa de Control Nº 655 RSB y determinó deuda tributaria por la gestión 2006, en la suma de Bs. 764, liquidación fundada en el parágrafo III del art. 97 y el numeral 3 del parágrafo I del art. 93 del Código Tributario, bajo la modalidad de Determinación Mixta. La citada Liquidación, fue notificada en forma masiva en el 9 y 24 de diciembre de 2011, conforme se tiene de las copias legalizadas extendidas por Correo del Sur, cursantes a fs. 3 a 7 de Antecedentes Administrativos (Anexo 1).
La Liquidación por Determinación Mixta, objeto del presente proceso, fue recurrida en Recurso Alzada por Teófilo Calderón Céspedes a través de su representante legal, invocando vicios de nulidad, recurso que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0076/2012 de 27 abril de 2010, confirmando la Liquidación por Determinación Mixta, esta a su vez fue objeto de recurso jerárquico resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de julio de 2012, anulando resolución de Alzada y Liquidación por Determinación Mixta, disponiendo que la Administración Tributaria Municipal, efectué liquidación conforme el parágrafo III del art. 97 y cumpliendo los requisitos establecidos en el parágrafo II del art. 99 Ley Nº 2492, ambos del Código Tributario.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de Julio de 2012, anulatoria, lo hizo bajo el razonamiento de que la Liquidación por Determinación Mixta Nº 3889/2011 de 25 de noviembre de 2011 efectuada por la Administración Tributaria Municipal no fue conforme a lo establecido en el art. 97. III y parágrafo II del art. 99 de la Ley Nº 2492 Código Tributario, correspondiéndole a este Tribunal verificar si ello es evidente.
De acuerdo al art. 92 del Código Tributario, la Determinación de la deuda tributaria, es el acto por el cual ya sea el sujeto pasivo (contribuyente) o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de deuda tributaria o su inexistencia. Dentro de la formas de determinación tenemos tres formas, la primera realizada por el sujeto pasivo o tercero responsable a través de declaraciones juradas; la segunda por la Administración Tributaria de oficio, y la tercera, donde intervienen tanto el sujeto pasivo o tercero responsable y la administración tributaria, siendo de interés en el presente caso esta última, también llamada determinación mixta regulada por el parágrafo I numeral 3 del art. 93 del Código Tributario Ley Nº 2492 que señala: “Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar”.
Conforme a la doctrina, este tipo de determinación es la que efectúa la Administración Tributaria con la cooperación del sujeto pasivo, y al respecto el art. 97 del Código Tributario Ley Nº 2492, del Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, en su parágrafo III dispone: “La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una determinación de oficio, ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación”. El art. 89 de la misma Ley referente a las Notificaciones Masivas señala: “Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecidos en el Artículo 97° del presente Código, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación.”
Por su parte el DS Nº 27310 que reglamenta el Código Tributario, respecto a las notificaciones masivas en su art. 13 señala: “I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 2492. III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: A. Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV' s) por cada acto administrativo. B. Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria.”
De antecedentes administrativos, se establece que el 25 de noviembre de 2011, la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 3889/2011, estableciendo las obligaciones impositivas por el IPVA, respecto del vehículo con Placa de Control Nº 1655RSB, de propiedad Teófilo Céspedes Calderón, en la suma de Bs. 764.-, correspondiente a la gestión 2006, Liquidación que fue notificada de forma masiva en el periódico de circulación nacional “Correo del Sur”, el 9 y 24 de diciembre de 2011, notificaciones que cumplieron los requisitos establecidos en el art. 89 del Código Tributario y art. 13 de su Reglamento, toda vez que las publicaciones fueron realizadas en un órgano de prensa de circulación local; asimismo se adjuntó la publicación de la Resolución Administrativa J.D.I. Nº 072/2008 que establece las cuantías para practicar notificaciones masivas.
A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97. III del Código Tributario en sentido de que la Liquidación por Determinación Mixta debe contener exactamente los datos proporcionados por el contribuyente, la Administración Tributaria Municipal, respaldó esos datos con Resolución Administrativa Municipal Nº 171/2010, publicada el 6 de octubre de 2010, resolución que validó los datos del sistema informático, respecto a la propiedad de vehículos automotores y que fueron aportados anteriormente por el contribuyente, adjuntando además una certificación del RUAT de 22 de febrero de 2012, que señala que en la base de datos del Registro Único de la Administración Tributaria RUAT de Vehículos Automotores del Municipio de Sucre, existe el registro del vehículo con Placa de Control 655RSB, con radicatoria en Sucre, Marca NISSAN, Tipo Cóndor, Color Blanco registrado como propietario a Teófilo Céspedes Calderón, con C.I. 1126543 Ch; empero, no consta en antecedentes administrativos el medio por el cual esos datos fueron proporcionados por el sujeto pasivo, para ser registrados en el sistemas informático, y que los datos consignados en el sistemas correspondan exactamente a los datos proporcionados por el contribuyente a efectos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores IPVA de la gestión 2006, en consecuencia se tiene que la Administración Tributaria Municipal, no cumplió con lo establecido en el art. 97. III del Código Tributario referido al procedimiento de determinación en casos especiales.
Respecto a que si la Liquidación por Determinación Mixta Nº 3889/2011 de 25 de noviembre de 2011 debía cumplir los mismos requisitos establecidos para las Resoluciones Determinativas fijadas por el parágrafo II del art. 99 Código de Tributario, se tiene que la misma consigna el lugar de emisión y la fecha, así como el nombre o razón social del sujeto pasivo, también contiene algunas especificaciones de la deuda tributaria; sin embargo, no se expresan los fundamentos de hecho y de derecho ni la calificación de la conducta incurrida, y cuales las consecuencias emergentes; en otras palabras, no contiene la debida motivación o justificación, tomando en cuenta que la Liquidación por Determinación Mixta tiene carácter de una Resolución Determinativa, por disposición del art. 97 del Código Tributario Ley Nº 2492.
Cabe acotar a lo ya razonado, que la Liquidación por Determinación Mixta, tiene carácter definitivo, debido a que la norma no prevé que ese cálculo de deuda tributaria efectuado por la Administración Tributaria Municipal plasmada en la liquidación pueda ser modificada, como sucede en un procedimiento de determinación normal, pues al sujeto pasivo se le hace conocer una pretensión de la deuda tributaria, misma que puede ser modificada en función a los descargos que pudiera presentar en etapa probatoria, al contrario de lo que ocurre en la Liquidación por Determinación Mixta, toda vez que en su determinación no existe la fase de descargos, por ello la normativa exige el cumplimiento de ciertos requisitos, puesto que la Liquidación por Determinación Mixta, constituye un título de ejecución tributaria, conforme dispone el art. 108 del Código Tributario.
En consecuencia, la Liquidación por Determinación Mixta al equiparase a una Resolución Determinativa, debe cumplir con los presupuestos establecidos en el art. 99. II del Código Tributario y debe estar suficientemente motivada, más aun si la motivación constituye una garantía constitucional, al respecto la Sentencia Constitucional Nº 0623/2013 de 27 de mayo de 2013 ha establecido sobre la motivación de las resoluciones: “El Tribunal Constitucional Plurinacional en su amplia jurisprudencia, estableció que la fundamentación y motivación que realice un juez o tribunal ordinario a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese sentido, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, ratificando lo señalado en la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, refirió que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.”
En conclusión, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de julio de 2012 interpretó y aplicó correctamente los arts. 97. III y 99. II del Código Tributario Ley Nº 2492, y este Tribunal evidencia que la Liquidación por Determinación Mixta, emitida por la Administración Municipal, no cumplió con los presupuestos necesarios para su emisión, configurándose los presupuestos establecidos en art. 36. II de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 que señala: “No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.” concordante con el art. 55 de su Reglamento establecido por DS N° 27113 de 23 de julio de 2003.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 14 a 21, interpuesta por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0567/2012 de 24 de julio de 2012.

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 Artículo 97
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 artículo 10
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