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Timestamp: 2018-08-17 13:13:15+00:00

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﻿ SENTENCIA 32277 DE MARZO 24 DE 2010
SENTENCIA 32277 DE 24 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:NULIDAD DEL PROCESO PENAL. LA ANULACIÓN DE UNA ACTUACIÓN POR NO ORDENAR OPORTUNAMENTE LA RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL NO PROSPERA, NI REPERCUTE EN LAS GARANTÍAS PROCESALES, CUANDO SE TRATA DE UN ACTO PROCESAL ACAECIDO CON ANTERIORIDAD A LA VINCULACIÓN AL PROCESO MEDIANTE INDAGATORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ERROR DE DERECHO, ERROR DE HECHO, PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA PROCESAL, COMISIÓN DE PRÁCTICA PROCESAL, CASACIÓN DE OFICIO, NULIDAD DEL PROCESO PENAL, IDENTIFICACIÓN POR MEDIO DE FOTOGRAFÍAS DE LA PERSONA
Sentencia 32277 de marzo 24 de 2010
Aprobado Acta 89
Bogotá D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diez.
Aunque el defensor de manera independiente formula las censuras, unas bajo la égida de la causal primera por violación indirecta de la ley sustancial y las restantes al amparo de la tercera, por nulidad, la presentación de las mismas en modo alguno responde al principio de prioridad de obligatorio acatamiento en esta sede casacional.
Efectivamente, debió proponer en primer lugar las situaciones que conllevarían la anulación procesal de la actuación y luego las que devienen de las otras causales de casación, y no postular, como lo hizo, de último los cargos por invalidez del diligenciamiento, pues en caso de prosperar haría inocuo el análisis de las restantes censuras.
La ineludible presentación jerarquizada de los reproches responde a criterios lógicos, toda vez que los vicios in procedendoconducen claramente a cuestionar la validez del proceso y generalmente impiden un fallo de sustitución, en tanto que los formulados por yerros de juicio del fallador, han de partir de tener y aceptar el trámite judicial como legítimo.
Por ello, la Sala en primer lugar hará el análisis de las censuras que formula el recurrente al amparo de la causal tercera de casación, las cuales se estudiarán en conjunto dada su similitud argumentativa.
Concerniente a la causal de nulidad, la Sala ha hecho énfasis en que el actor no sólo debe advertir la entidad del vicio procesal que pregona, sino también citar las normas que estima conculcadas y especificar el momento de la actuación en el cual se produjo demarcando así su radio invalidante.
Además de lo anterior, debe acreditar la injerencia desfavorable que tuvo tal anomalía en el fallo para demostrar cabalmente que al no existir otra manera diversa de restaurar el derecho afectado, se impone la anulación.
En este caso, el ejercicio desplegado por el recurrente apunta a obtener la anulación de la actuación por no haberse ordenado oportunamente la ruptura de la unidad procesal, para ello, pide esa medida desde la primigenia clausura de la investigación ordenada el 4 de agosto de 1999, pretensión para la cual carecería de interés, por cuanto para ese momento su defendido aún no había sido vinculado a la investigación dado que en ese entonces el diligenciamiento se adelantaba únicamente contra Iván Darío Espitia Pérez y Mauricio Beltrán o José Guillermo Agudelo Barrientos.
Si bien en esa decisión se cerró la instrucción respecto de esos dos iniciales procesados, pese a que a uno de ellos (Agudelo) no le había sido resuelta la situación jurídica, el trámite independiente respecto de tales incriminados quedó clarificado seguidamente cuando en la resolución de acusación proferida el 1º de septiembre de 1999 en contra de Espitia Pérez se dispuso compulsar copias de la actuación a fin de que bajo un nuevo radicado se prosiguiera el asunto en contra de Mauricio Beltrán.
Precisamente, a ese expediente autónomo se adicionó luego lo concerniente a Filiberto Ruiz Hernández, y a los policiales Luis Eduardo Manotas Morales —adscrito por la época a la Estación Blas de Lezo de Cartagena—, y José Fidel Herrera Cáceres en virtud de la delación tardía que hiciera Iván Darío Espitia Pérez cuando en una declaración rendida el 27 de febrero de 2002 relacionada con otro diligenciamiento y que luego fue trasladada a este proceso, indicó quiénes habían participado en el plagio de Eloy Rodríguez Mendoza, gerente por la época del Banco Unión Colombiano, precisando la función que cada uno de ellos desempeñó.
Referente a la trascendencia del yerro, el defensor señala que a su asistido se le privó de una adecuada defensa; sin embargo, la Sala no se advierte cómo un acto procesal acaecido con más de dos años de anterioridad a la vinculación mediante indagatoria de Manotas Morales haya repercutido en sus garantías procesales.
Bajo esta óptica, la postura sofística del demandante referente a la afectación de los derechos de su representado le resta a los cargos la idoneidad necesaria para su admisión, pues deviene diáfano el trámite independiente que se adelantó entre el primer vinculado, respecto de los restantes implicados.
También se queda en el simple anuncio la irregularidad relacionada con la indebida subcomisión hecha a un fiscal para recepcionarle indagatoria a Manotas Morales, pues si bien el instituto de las nulidades busca preservar la estructura del proceso y las garantías de los sujetos procesales, el censor no explica la manera como la práctica de esa diligencia puede tildársela de desafuero procesal.
En efecto, la comisión, como procedimiento necesario para atender una diligencia judicial por un funcionario distinto del que por regla general le corresponde, precisamente ante el advenimiento de eventualidades que impiden la ejecución directa por éste, hizo que el 1º de marzo de 2002 la Fiscal Delegada Especializada de Cartagena, que tramitaba el asunto, comisionara a su homólogo destacado ante el Gaula en Bogotá para recibirle la indagatoria a Manotas Morales, una vez fue puesto a disposición de ese despacho y se había ordenado su traslado de Yopal a la capital de la República, pero como tal remisión no se hizo efectiva y por ello resultaba físicamente imposible cumplir tal diligencia, debió otorgarle al comisionado,
“amplias facultades para subcomisionar a la fiscalía ubicada en Yopal (Casanare) sitio donde se encuentra el mencionado detenido.
“Subcomisión que se extiende hasta librar Boleta de custodia del detenido ante la autoridad respectiva, hasta tanto se le resuelva su situación jurídica”.
En ese orden, la funcionaria comitente no se despojó de su función decisoria, al punto que resolvió seguidamente la respectiva situación jurídica (mar. 8/2002), ni tampoco abandonó su compromiso como directora de la investigación; se trató simplemente de la facultad concedida temporalmente a otro funcionario judicial de igual categoría a quien expresamente se le autorizó a subcomisionar por el apremiante término previsto legalmente para escuchar en indagatoria al capturado.
Y en cuanto a la imposibilidad de controvertir al único testigo de cargo, porque según el libelista en la indagatoria de Manotas Morales se le puso de presente si conocía a Iván DaríoOspina Pérez, en vez de Iván Darío Espitia Pérez, tal y como lo subrayaron los funcionarios de instancia se advertía diáfanamente un simple lapsus calami acerca de uno de sus apellidos, lo cual se aclaraba del contexto del interrogatorio en el que se le hizo mención a su grupo de compañeros policiales, lo que permitía ratificar la univocidad respecto de quien le endilgaba cargos por su participación en el referido plagio.
Así las cosas, las censuras que plantea el censor por nulidad no serán admitidas.
Cargos por violación indirecta de la ley sustancial
También ante la identidad de pretensiones, la Corte analizará conjuntamente los reproches que funda el libelista por violación indirecta de la ley en los cuales denuncia: i) error de derecho por falso juicio de legalidad respecto de un reconocimiento fotográfico, ii) error de hecho por falso juicio de existencia acerca de las interceptaciones telefónicas y iii) un yerro fáctico por falso juicio de identidad en la declaración inicial Iván Darío Espitia Pérez.
Es sabido que la casación no corresponde a una instancia adicional, por ello en manera alguna puede pretenderse la intervención ilimitada de la Corte para revisar íntegramente la actuación. El demandante, tratándose de la causal fundada en la violación indirecta de una norma de carácter sustancial debe centrarse en demostrar la ocurrencia de manifiestos errores de hecho o de derecho en la aprehensión y valoración probatoria.
Para el fin anterior, si opta por postular yerros fácticos, debe cotejar detalladamente el contenido material de los elementos de convicción relegados, supuestos o trasmutados en su esencia respecto de lo que de ellos aprehendió o infirió el tribunal, para que de esa comparación surjan errores con entidad suficiente que se reflejen en la parte dispositiva del fallo, identificando para ello falsos juicios de existencia, de identidad o de raciocinio, según el caso.
Pero si el error radica ya no en la contemplación fáctica, sino jurídica de las pruebas, lo adecuado será denunciar que el fallador apreció una prueba que no cumplía con las reglas legales para su aducción o producción al interior del diligenciamiento, o que le negó el valor demostrativo que la ley le atribuía o le dio uno no autorizado legalmente, nominando en uno u otro caso un falso juicio de legalidad o de convicción.
En este caso, en primer lugar el defensor finca un error de derecho por falso juicio de legalidad por haber avalado el tribunal un reconocimiento fotográfico hecho por Iván Darío Espitia Pérez en el cual señaló a Manotas Morales como uno de los autores del plagio de Eloy Rodríguez Mendoza.
De tiempo atrás la Sala ha precisado que el reconocimiento, sea en fila de personas o fotográfico, no se constituye en una prueba autónoma o independiente, por cuanto es una prolongación del testimonio, pero como están contemplados legalmente los requisitos para su práctica (presencia de seis o más personas con características similares a la persona que haya de ser reconocida, previo juramento del testigo, señalamiento, presencia del defensor del proceso en el primer caso, o exhibición de seis fotografías, asistencia del defensor y del representante del Ministerio Público en el segundo caso, según las previsiones de los arts. 303 y 304 de la L. 600/2000), es posible en sede casacional su impugnación a través de la violación indirecta de la ley sustancial con la postulación de un error de derecho por falso juicio de legalidad precisamente por su irregular práctica, yerro limitado a tal acto sin que necesariamente se afecte la prueba que le sirve de contenido.
El 27 de febrero de 2002, una vez que por estos mismos hechos ya había sido condenado el policial Iván Darío Espitia Pérez, un Fiscal de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión lo escuchó en declaración, señalando en ella a los compañeros de esa institución que cometieron el plagio, entre ellos al sargento Manotas, —aclarando que incluso este había participado en el secuestro del ex ministro Fernando Araújo Perdomo—.
Precisó que él se enteró del hecho por cometarios de sus compañeros acerca de que el sargento Manotas para el día de los hechos se encontraba de civil y el patrullero José Herrera, uniformado y utilizando la moto de la policía interceptó el vehículo en el cual se movilizaba la víctima y luego la subieron a un campero Trooper y se dirigieron hacia el Carmen de Bolívar, agregando el declarante que antes no había hecho tales sindicaciones por amenazas que le hiciera el propio sargento Manotas, a la postre su comandante cuando laboró en la Estación de Policía Paraguay de Cartagena.
Y si bien en desarrollo de la declaración le fueron puestas de presente tres fotografías (que correspondían a los policiales José Fidel Herrera Cáceres, Luis Eduardo Manotas Morales y José Luis Truyol Rojas) señalando a los dos primeros como los autores del secuestro, claramente se entiende que no se trató de la práctica formal de un reconocimiento fotográfico, el cual incluso resultaba superfluo ante el evidente trato y cercanía con ellos al compartir sus labores en la institución policial.
La cita realizada por el tribunal únicamente fue para ratificar la credibilidad que merecían las manifestaciones de Espitia Pérez, pues,
“... en todo el desarrollo de su declaración el señor Iván Darío Espitia Pérez, no vaciló en incriminar de manera contundente y directa al sargento Luis Eduardo Manotas Morales como el responsable del plagio del señor Eloy Rodríguez Morales, tan es así que cuando la fiscalía le puso de presente las tres fotografías entre las cuales se hallaban las del señor Manotas Morales y Herrera Cáceres, cuyos nombres estaban cubiertos, con precisión los señaló como los autores de la plurimencionada conducta reprochable. Vale destacar que dicho testimonio hasta este momento no vislumbra la existencia de contradicciones, indecisiones, vacilaciones ni confusiones por parte del declarante, como para merecer desestimación, si no por el contrario la vehemencia con que ineludiblemente involucra a los mencionados sujetos como autores del delito.
Lo curioso y que genera un grado de certeza para la Sala es que en la declaración que rindió el mismo señor Espitia Pérez, pero en esta oportunidad ante la Fiscalía que instruyó la presente investigación, mantuvo las acusaciones contra los mismos señores Luis Eduardo Manotas Morales, Filiberto Ruiz Herrera, José Fidel Herrera Caceres y Robert Mosalve, indicando nuevamente los móviles del suceso criminal, tal y como los había relatado en la anterior declaración, al igual de la manera como se había enterado, el supuesto regalo de los $500.000 que le dieron, la manera como conoció a esos señores y las amenazas que recibió del señor Manotas Morales si lo implicaba en la investigación. En esta ocasión añadió unos datos que demuestran que conocía con alguna precisión a los mencionados señores, como el lugar de la residencia de ellos, su familiares, entre otros”.
En segundo término, el libelista postula un error de hecho por falso juicio de existencia al suponer el juzgador que obraban los registros o elementos que recogían las interceptaciones telefónicas, no obstante, una revisión somera del fallo permite advertir el alejamiento del censor de la realidad procesal, porque una tal afirmación no fue hecha judicialmente, sino que respondía simplemente a los informes de las empresas prestadores del servicio telefónico (móviles y fijos) de las llamadas entrantes y salientes de algunos abonados, de lo cual el tribunal estructuró indicio en contra de Manotas Morales ante,
“... las comunicaciones vía telefónica que se surtieron entre los procesados, así: desde el celular que utilizaba Mauricio Beltrán y Filiberto Ruiz (6435523) se comunicaban con el teléfono de los familiares de la víctima; igualmente se comunicaron con el abonado telefónico de la Estación de Policía Blas de Lezo (6615929) en varias ocasiones; a su vez se comunicaron en variadas ocasiones con el abonado telefónico del procesado Iván Darío Espitia Pérez (6624846) y desde este hubo comunicación en diversas ocasiones y durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1998 con los teléfonos 6435523 perteneciente a Filiberto Ruiz, 6504645 perteneciente a Luis Eduardo Manotas Morales y 6518817 perteneciente al señor Robert Monsalve, comunicaciones estas que no se estiman como coincidentes en razón de que como viene demostrado, todos ellos se conocían y sucedieron precisamente en el intervalo del tiempo en que ocurrió el secuestro que hoy se enjuicia. Ello no impone otra conclusión sino la de que todos ellos concertaron su voluntad de perpetrar el plagio hasta llevarlo a su consumación”.
Además de lo anterior, contrario a abogar por una sentencia absolutoria, el defensor solicita en este reproche invalidar el fallo, —petición propia de la causal basada en la nulidad—, lo que a todas luces constituye un contrasentido.
Ahora, en lo que respecta al yerro fáctico por falso juicio de identidad anunciado por el defensor en relación con la primera atestación de Iván Darío Espitia Pérez, en la cual se refirió a Humberto Manotas, apelativo que difiere del de su representado, la Corte observa la vacuidad del reproche, pues del contexto de la narración se advertía la relación directa con Luis Eduardo Manotas Morales, por cuanto se refería a quien había sido compañero y hasta su comandante en la institución policial, por ello el tribunal refirió que:
“El mencionado testigo categóricamente indicó que se había enterado del secuestro del señor Eloy Rodríguez Mendoza un día que fue a hacer una visita a una residencia en el barrio los Alpes, donde encontró reunidos a los señores Luis Eduardo Manotas Morales, Filiberto Ruiz Hernández, José Fidel Herrera Cáceres y Robert Monsalve, ingiriendo licor, donde el señor patrullero y el sargento Manotas le informaron que en compañía de los otros dos señores habían secuestrado al gerente del Banco Unión, relatando como móvil del suceso que el patrullero Herrera en compañía de otro sujeto, a quien le prestó el uniforme de policía, transportándose en una motocicleta de la Institución interceptaron al señor Eloy Rodríguez Mendoza y lo entregaron al señor Filiberto quien iba conduciendo un jeep campero Trooper de placas CTA-203 estando presente el señor Manotas quien estaba vestido de civil. Indicó igualmente el testigo que estando en el calabozo de la Sijin el señor Manotas Morales, llegó a visitarlo y a intimidarle con palabras amenazantes diciéndole que no fuera a decir nada que lo pudiera comprometer, situación que hizo que guardara silencio para no implicar a los otros ante las autoridades judiciales”.
Bajo esta perspectiva, si en la presunción de acierto y legalidad que ampara el fallo se asume que lo decidido refleja una adecuada apreciación y entendimiento de los hechos y pruebas, así como una correcta aplicación del derecho, el libelista no se detiene a demostrar yerros de entidad en la apreciación probatoria capaces de derruirla.
Así las cosas, dado que las falencias enunciadas no pueden en modo alguno ser enmendadas por la Corte en virtud del principio de limitación que rige el trámite casacional, se impone no admitir la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.
Surge nítida la necesidad de acudir a la facultad oficiosa otorgada a la Corte en relación con dos tópicos:
En primer lugar, ante la violación de la garantía del debido proceso respecto del procesado no recurrente Filiberto Ruiz Hernández, por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal derivada del delito de rebelión aún antes de la emisión del fallo de segundo grado.
En segundo término, por la infracción del principio de legalidad de la pena en relación con todos los enjuiciados relativo a la sanción accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por cuanto su fijación desbordó el límite legalmente establecido en el anterior Código Penal (D.L. 100/80), normatividad aplicable dada la época de ocurrencia de los hechos.
1. De la prescripción de la acción penal.
Es sabido que la actuación posterior al acaecimiento del fenómeno jurídico de la prescripción deviene inválida porque ha cesado para el Estado la facultad de prosecución investigación y juzgamiento propios del poder punitivo.
Acerca de tal tema la Sala ha precisado que si la prescripción de la acción penal ocurre durante la etapa de instrucción o en el período de la causa, pero de todas maneras antes de proferirse la sentencia de segunda instancia, en caso de estar conociendo del recurso de casación contra la misma, lo procedente es casarla oficiosamente, pues,
“... resulta incuestionable que fue dictada (la sentencia) respecto de una acción, que por el fenómeno prescriptivo aludido, ya no podía proseguirse. La presunción de legalidad que ampara los fallos de instancia, se quiebra ante la vulneración del debido proceso, dado que no pueden culminar las instancias mediante decisiones que jurídicamente no pueden proferirse y, como quiera que, por la calificación y admisión de la demanda se ha iniciado el debido proceso de la casación, éste debe culminar en sentencia que le ponga fin.
“Situación distinta se presenta cuando la prescripción de la acción es sobreviniente a la sentencia del ad quem, caso en el cual, a la sentencia de segunda instancia no se le puede atribuir ilegalidad alguna, pues el Estado conservaba incólume su facultad punitiva para dictarla, por consiguiente, en dicha situación, lo indicado es acudir a la cesación de procedimiento(1).
Esa pérdida de la potestad punitiva del Estado originada en el transcurso del tiempo, puede cobijar, como en este caso, a uno de los procesados no recurrentes ya que el fallo impugnado no ha cobrado aún ejecutoria respecto de ningún procesado, dada la imposibilidad legal de reconocer ejecutorias parciales.
Además de lo expuesto, de acuerdo con lo normado en el inciso 4º del artículo 84 de la Ley 599 de 2000, cuando son varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, la prescripción de las acciones se ha de cumplir en forma independiente para cada una de ellas.
En este orden, el fenómeno de la prescripción de la acción penal según lo contemplado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 opera durante la etapa instructiva si transcurre un término igual al máximo de la sanción privativa de la libertad establecida en la ley, pero en ningún caso en un lapso inferior a cinco (5) años, ni superior a veinte (20) años. En caso de que la conducta punible tenga señalada una pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribe en cinco (5) años.
De conformidad con el artículo 86 del mismo estatuto, el término de prescripción se interrumpe con la ejecutoria de la resolución de acusación y comienza a contarse nuevamente por un tiempo igual a la mitad del establecido para la etapa de instrucción, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).
En relación con el comportamiento punible de rebelión, el artículo 125 del Código Penal de 1980, modificado por el Decreto 1857 de 1989 —el cual se acogió en los fallos por favorabilidad—, establecía una pena privativa de la libertad de cinco (5) a nueve (9) años, por lo tanto, el término de prescripción en la fase sumarial es de nueve (9) años, en tanto que para etapa del juicio, como al dividirse este monto no puede ser inferior al mínimo legal, corresponde a cinco (5) años.
En este caso, la resolución de acusación de 3 de marzo de 2003, adquirió firmeza el 22 de agosto de 2003, de acuerdo con el monto punitivo del delito aludido el término de prescripción de la acción penal de cinco (5) años se cumplió el 23 de agosto de 2008, esto es, antes de que se emitiera la sentencia de segundo grado por parte del tribunal la cual sólo se dio el 19 de diciembre de 2008.
Por lo tanto, la Sala casará de oficio y parcialmente la sentencia a fin de declarar la prescripción de la acción penal derivada de esa conducta punible, y ordenará en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado contra Filiberto Ruiz Hernández por la misma.
Por ello, se procederá a la reducción de la pena impuesta al acusado en la medida que ya no puede haber incremento punitivo por el concurso de la conducta punible de rebelión, que el juzgador de primer grado, partiendo de las sanciones fijadas para el delito de secuestro extorsivo veinticuatro (24) años de prisión y multa de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, estableció en dos (2) años de prisión y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, procediendo entonces a excluir tal incremento punitivo.
2. De la legalidad de la pena.
De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, la preexistencia normativa respecto del delito y de la pena se constituye en garantía fundamental, además de límite al poder punitivo estatal.
Así, los ciudadanos deben conocer los comportamientos prohibidos y por lo mismo elevados por el legislador a la categoría de delitos, como la correspondiente sanción previamente establecida a fin de contar con la certeza de que sólo podrán ser sancionados en razón de la comisión de una conducta punible dentro de los límites cuantitativos y cualitativos consagrados con antelación en la ley, sin que éstos puedan desbordarse a discreción o capricho de los funcionarios judiciales.
El principio jurídico según el cual la ley se aplica durante su vigencia tiene una excepción con fundamento en el citado artículo 29 del mandato superior en cuanto ordena que las leyes penales sustantivas y procesales de efectos sustanciales favorables al procesado o condenado, se deben aplicar con preferencia a las que le sean desfavorables.
La Sala ha puntualizado acerca de la sucesión de leyes con ocasión de la expedición del Código Penal de 2000 y el cotejo con el precedente ordenamiento (D.L. 100/80), que no existe impedimento para acudir a la combinación de preceptos con miras a integrar la norma favorable, siempre que se mantenga a salvo la autonomía de cada instituto o materia objeto de regulación.
En este orden, es posible aplicar la norma retroactiva o ultraactivamente, es decir, para hechos acaecidos antes de que entrara a regir, o cuando ya se no se encuentra vigente, respecto de sucesos ocurridos cuando regía, en uno y otro caso, siempre que ello le reporte tratamiento benéfico a la situación del sujeto pasivo de la acción penal judicial.
A partir de la vigencia de la Ley 599 de 2000, en sus artículos 51 y 52 se estableció que la pena accesoria, denominada ahora inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, debe acceder a la pena de prisión por un tiempo igual y hasta por una tercera parte más, siempre que se respete el mínimo de cinco (5) años y el máximo de veinte (20) años salvo lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política respecto de los delitos contra el patrimonio del Estado.
De otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-Ley 100 de 1980, norma vigente para la época de los hechos, la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas no podía, en ningún caso, exceder de diez (10) años.
Bajo este entendimiento, la Sala advierte el error esencial de los juzgadores, porque al determinar la pena accesoria en una duración igual a la aflictiva de la libertad, esto es veinticuatro (24) años de prisión incurrió en flagrante violación de las garantías fundamentales de los enjuiciados a la legalidad de la pena y la favorabilidad, dejando de aplicar el tope máximo establecido en la antigua regulación legal, norma que por hallarse en vigor para el día de los hechos, 21 de octubre de 1998, era plenamente aplicable.
Por lo tanto, corresponde a la Corte restaurar tal garantía y por ello dispondrá casar de oficio y parcialmente el fallo en cuanto atañe a la pena accesoria impuesta a los procesadosLuis Eduardo Manotas Morales, José Guillermo Agudelo Barrientos, José Fidel Cáceres Herrera y Filiberto Ruiz Hernández, para en su lugar establecer su duración en diez (10) años.
Cabe advertir que las demás determinaciones adoptadas en las sentencias de instancia mantienen plena vigencia.
1. NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor de Luis Eduardo Manotas Morales, por las razones dadas en la anterior motivación.
2. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia para DECLARAR PRESCRITA la acción penal derivada de la conducta punible de rebelión imputada a Filiberto Ruiz Hernández y ordenar, en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado en su contra por razón exclusiva de tal delito.
3. PRECISAR que, como consecuencia de lo anterior, la pena a imponer al procesado Filiberto Ruiz Hernández como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado es la de veinticuatro (24) años de prisión y multa de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia en lo que tiene que ver con la pena accesoria impuesta a los procesados Luis Eduardo Manotas Morales, José Guillermo Agudelo Barrientos, José Fidel Cáceres Herrera y Filiberto Ruiz Hernández para fijarla en diez (10) años.
5. PRECISAR que en lo demás el fallo impugnado se mantiene incólume.
(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de octubre 24 de 2003, radicado 17.466. en el mismo sentido Sentencia de 30 de junio de 2004, radicado 18.368.

References: resolución 
 artículo 213
 artículo 84
 artículo 83
 artículo 86
 resolución 
 artículo 125
 resolución 
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 122
 artículo 44