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Timestamp: 2019-06-25 20:26:46+00:00

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LEY ORGÁNICA 3/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en la Comunitat Valenciana. [2019/2591] - DOCV. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana - Legislación - VLEX 772117569
LEY ORGÁNICA 3/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en la Comunitat Valenciana. [2019/2591]
Durante sus más de cuatro años de vigencia, la reforma operada en el Estatuto de Autonomía a través de la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, ha supuesto un salto cualitativo muy importante para las legítimas aspiraciones de la Comunitat Valenciana a la hora de alcanzar el máximo nivel competencial, siempre desde el respeto hacia las competencias del Estado y sin cuestionar ni poner en riesgo la preservación de un modelo autonómico basado en la igualdad y la solidaridad interterritoriales.
Ese distinto modo de afrontar y llevar a cabo una reforma estatutaria ha tenido un inmediato reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En sus sentencias 247/2007, de 12 de diciembre, y 249/2007, de 13 de diciembre, el máximo intérprete de la Constitución enjuició la adecuación a la norma suprema del artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, y estimó que el precepto aludido era perfectamente compatible con la Constitución, sin que de él pudiera derivarse, por tanto, infracción alguna del bloque de la constitucionalidad ni del orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Con sus sentencias 31/2010, de 28 de junio, 46/2010 y 47/2010, de 8 de septiembre, 48/2010, de 9 de septiembre, y 49/2010, de 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha resuelto algunos de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y ha legitimado, mediante la aplicación reiterada de la aludi-
da técnica de la interpretación conforme, muchos de esos controvertidos contenidos, permitiendo así que, en desarrollo de esas previsiones estatutarias, los legisladores estatal y autonómico puedan crear todo un nuevo marco normativo que consolide esa situación sobre la base de la regulación establecida por el estatuto reformado.
Desde la Comunitat Valenciana no se quiso, en su momento, incluir dentro del nuevo Estatuto de Autonomía cláusulas o previsiones que pudieran condicionar indebidamente al Estado en el ejercicio de sus competencias y que, por esto mismo, pudieran ser dudosamente compatibles con la Constitución. Pero en el Fundamento Jurídico 138 de su Sentencia 31/2010, de 28 de junio, el Tribunal Constitucional ha establecido, al enjuiciar la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que un inciso como el antes indicado no vincula a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues los compromisos financieros formalizados en los estatutos de autonomía no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio económico.
Como quiera que el pueblo valenciano aspira legítimamente a recibir del Estado el mismo trato que el pueblo catalán o el andaluz, esta reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana va encaminada a hacer visibles las consecuencias económicas del reconocimiento de una población que alcanza ya los cinco millones de habitantes y que, por tanto, necesita un volumen de inversiones apto para satisfacer las necesidades derivadas del importante crecimiento demográfico acaecido durante los últimos años. No se hace sino reivindicar para la Comunitat Valenciana lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es legítimo para otras comunidades autónomas, más aún en un caso como el valenciano, en el que se arrastra un importante déficit de inversiones a causa del efectivo, pero no reconocido, incremento poblacional.
Por todo ello, el nuevo apartado cuarto del artículo 52 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana prevé que la Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión integrada por la administración estatal, autonómica y local que será la encargada de
velar por el cumplimiento de ese criterio distributivo. El artículo 147.3 de la Constitución española establece que la reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica, En el mismo sentido se pronuncia el artículo 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados. En línea con lo indicado por el precepto constitucional, el título X del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, integrado únicamente por su artículo 81, determina el procedimiento que seguir para llevar a cabo una reforma estatutaria, y atribuye la iniciativa al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios y a las Cortes Generales. En relación con dicho precepto, los artículos 129 y 170 del Reglamento de Les Corts regulan cómo ha de tramitarse la iniciativa de reforma, y el apartado a del artículo 18 de la Ley del Consell asigna a este, entre otras funciones de carácter normativo, la de proponer a Les Corts la reforma del Estatuto de Autonomía. Finalmente, el artículo 10.1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, indica que dicha institución ha de dictaminar, con carácter preceptivo, «los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía».
Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 52, integrado en el título IV, «Las competencias», del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, del siguiente tenor:
4. La Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una comisión integrada por la administración estatal, autonómica y local.
Esta reforma se aprueba al amparo de lo previsto en el artículo 147.3 de la Constitución española y en el artículo 81 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
Esta ley orgánica entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Orden de 4 de diciembre de 1992 por la que se regulan determinados aspectos relacionados con la asignación de cantidades de referencia individuales en el caso de entrega a compradores para la aplicación del régimen de tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos.
Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, de 31 de juliol de 2013, relativa a l’aprovaciò de la convocatòria d’ajudes de minimis de 2013 per als projectes expositius d’arts plàstiques, i de les bases que han de regir-la

References: artículo 17
 artículo 52
 artículo 138
 artículo 147
 artículo 145
 artículo 81
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 52
 artículo 138
 artículo 147
 artículo 81