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Timestamp: 2019-07-16 14:19:01+00:00

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STC 62/1999, 26 de Abril de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354683
STC 62/1999, 26 de Abril de 1999
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 295/1994
1. Por mucho que se flexibilice la exigencia formal de invocación del derecho vulnerado, no se releva totalmente a la parte de precisar su existencia (entre otras, STC 195/1995, fundamento jurídico 2.o). Los términos de esta flexibilidad se concretan en que «aunque no [se] exige inexcusablemente la cita concreta y numérica del precepto constitucional presuntamente lesionado, ni siquiera la mención de su «nomen iuris», sí requiere, al menos, una suficiente acotación del contenido del derecho violado que permita a los órganos judiciales pronunciarse sobre las infracciones aducidas» (STC 176/1991, fundamento jurídico 2.o). Sin embargo, en el asunto que nos ocupa falta toda invocación expresa del derecho a la igualdad; y falta también toda aportación de elementos de comparación suficientes y mínimamente idóneos para poder apreciar una invocación implícita del derecho a la igualdad. 2. Este Tribunal viene exigiendo, de forma invariable, que la alegación de discriminación se funde en términos de comparación idóneos (entre otras, SSTC 112/1996 fundamento jurídico 1.o, y 81/1997, fundamento jurídico 2.o). Esto significa, desde un punto de vista cronológico, y tal como declara la STC 132/1997, que «el principio de igualdad en la aplicación de la Ley sólo opera respecto de decisiones o criterios sentados con anterioridad, no con los que puedan producirse en el futuro; extenderlo a lo que resulte de resoluciones posteriores sería incompatible con el principio de seguridad jurídica que consagra el art. 9.3 C.E. o, al menos, entorpecería la necesaria evolución de la jurisprudencia, ante la posibilidad de someter a revisión todas las Sentencias anteriores contradictorias con las más recientes (SSTC 188/1987, 100/1988, 242/1992, 91/1993, 92/1993 y 152/1994)». 3. Es necesario determinar ahora cuál sea el acto procesal (providencia de admisión o Sentencia) respecto del que poder valorar la existencia de precedentes y, con ello, la posible vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley. En esta opción hay que ponderar adecuadamente otros principios, bienes y valores constitucionales que coexisten con el derecho a la igualdad y que deben marcar su correcta interpretación. En primer lugar, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.) reclama una valoración de los precedentes en relación con el momento de la admisión a trámite, y no con el momento de la resolución definitiva. En anteriores Sentencias (entre otras, SSTC 132/1997 y 29/1998) basamos en el principio de seguridad jurídica la irrevisabilidad de una resolución anterior por comparación con una resolución posterior. Esto es, consideramos que la vigencia del principio de seguridad jurídica justifica que el derecho a la igualdad no actúe respecto de decisiones o criterios futuros. Estimamos ahora que el mismo principio de seguridad jurídica justifica que los precedentes deban referirse al momento de la resolución de admisión a trámite del recurso (acto judicial que resulta de una fiscalización de los requisitos procesales). Otro criterio llevaría a que un cambio jurisprudencial sobre criterios de admisión desencadenase de oficio o a instancia de parte (en virtud del derecho a la igualdad) la revisión de todas las resoluciones de admisión de recursos aún en curso. Tal resultado no sería compatible con el principio de seguridad jurídica. En segundo lugar debe entrar en la ponderación el derecho a la tutela judicial efectiva de la otra parte (recurrente en casación), que resulta muy debilitado si se aprecia como precedente válido (para la inadmisión) una resolución jurisdiccional que no podía ser conocida al tiempo de prepararse e interponerse el recurso de casación. Por el contrario, el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes alegaron la causa de inadmisión no se ve sensiblemente afectado, al quedar el fondo de la cuestión aún pendiente de resolución por medio de la Sentencia que ponga fin al proceso. De acuerdo con las consideraciones anteriores estimamos que no son término de comparación adecuados, para una posible invocación del derecho a la igualdad en la aplicación de los requisitos de admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, los que nacen después de la admisión a trámite del recurso.
Sentencia citada en: 696 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 295/94, interpuesto por doña María A. R. P. doña María T. C. P. y doña María J. S. C. a quienes representa la Procuradora doña Isabel Soberón y García de Enterría, bajo la dirección del Letrado don José Miguel García de Enterría y Martínez-Carande, contra la Sentencia dictada el 27 de octubre de 1993 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en resolución de recurso de casación para unificación de doctrina. Han comparecido el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador don Eduardo Morales Price con la asistencia del Abogado don Luis López Moya, siendo Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Doña María A. R. P. doña María T. C. P. y doña María J. S. C. representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Soberón y García de Enterría, interpusieron el recurso de amparo de que se hace mérito en el encabezamiento mediante escrito que fue presentado el 2 de febrero de 1994, en el que relatan que venían percibiendo del Montepío de Previsión Social para Empleados y Obreros de Puertos unas pensiones de orfandad que tenían reconocidas desde hacía muchos años. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2248/1985, de 20 de noviembre, y en la Orden de 29 de mayo de 1987, dicho Montepío se integró en el Régimen General de la Seguridad Social, estableciéndose que las prestaciones del mismo no incluidas en el mencionado Régimen General serían abonadas por los puertos respectivos. El Puerto Autónomo de Barcelona les notificó que dejarían de percibir sus pensiones de orfandad a partir de abril de 1988.
El Puerto Autónomo de Barcelona interpuso contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como Sentencias contradictorias las dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 11 y el 13 de octubre de 1990 y por la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 20 de diciembre del mismo año. Al impugnar el recurso las allí recurridas, y en esta sede recurrentes, sostuvieron su inadmisibilidad por incurrirse en el escrito de preparación en defectos insubsanables consistentes en no exponer de forma sucinta la contradicción entre Sentencias dictadas en suplicación y no acreditar el pago a aquéllas de la correspondiente pensión hasta el 13 de abril de 1993 (dos años después de haber preparado el recurso de casación), requisitos ambos para la admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina. En la súplica de su escrito se limitaron a pedir la desestimación del recurso por adolecer «del incumplimiento de requisitos exigidos para este recurso extraordinario y porque la Sentencia recurrida no quebranta, sino que mantiene la unidad de doctrina». El Fiscal, en su preceptivo informe, consideró el recurso procedente. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo estimó el recurso en Sentencia que dictó el 27 de octubre de 1993.
6. El Abogado del Estado, por su parte, se opuso a la pretensión de amparo y solicitó el pronunciamiento de Sentencia desestimatoria en escrito registrado el 23 de marzo. En relación con la invocada vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación del requisito legal de exposición sucinta de la contradicción, propio del recurso de casación para la unificación de doctrina, el Abogado del Estado alega, en primer lugar, que el recurso de amparo es inadmisible en virtud del art. 44.1 a) LOTC, por cuanto que quienes solicitan amparo no pusieron de manifiesto el supuesto defecto en la preparación del recurso de casación al personarse ante el Tribunal Supremo. Tampoco recurrieron en súplica la providencia de admisión, que les fue notificada. Por lo tanto no cabe entender, en relación con esta queja, agotados los recursos razonablemente utilizables.
Además, las resoluciones citadas como término de comparación (dos Autos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 13 de noviembre de 1993) son posteriores a la admisión del recurso. Siendo ello así, no valen como adecuado término de comparación (SSTC 92/1993 y 152/1994). La Sala de lo Social del Tribunal Supremo no está vinculada por el art. 14 C.E. a dar aplicación retroactiva a una nueva orientación jurisprudencial. El recurso de casación promovido por el Puerto Autónomo de Barcelona fue preparado, interpuesto y admitido en conformidad con la doctrina legal entonces imperante sobre la redacción del escrito de preparación. La corrección posterior de esa doctrina no tiene por qué llevar ex Constitutione a una Sentencia desestimatoria de la casación por razón de inadmisión, ni mucho menos a una abrupta terminación anormal del recurso según pretendían las aquí solicitantes de amparo.
8. El Fiscal, en escrito registrado el 31 de marzo, pidió el otorgamiento del amparo por entender que la resolución judicial impugnada infringe los arts. 14 y 24.1 de la C.E. Afirma que es cierto que en la Sentencia recurrida no hay pronunciamiento alguno sobre las causas de inadmisión hechas valer por las solicitantes de amparo en su escrito de impugnación del recurso de casación. Añade, acto seguido, que tal silencio no puede interpretarse como una desestimación tácita, citando y transcribiendo parcialmente al efecto las SSTC 38/1993, 212/1993, 245/1993, 246/1993, 274/1993, 279/1993, 280/1993 y 169/1994. Es claro, pues, para el Ministerio Fiscal que se produjo una infracción del art. 24.1 C.E.
La alegación de vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley aparece íntimamente vinculada a la vulneración del art. 24.1 C.E. En el terreno del amparo constitucional sólo es posible entrar en el debate de este motivo si se acepta la respuesta ex silentio, por desestimación tácita o explícita. Entrando a conocer de la litis del recurso, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha venido a desestimar que la preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina se haya efectuado por la entidad allí recurrente de forma procesalmente incorrecta. Si ello se acepta así, preciso es concluir con la demanda de amparo que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se separa de una constante doctrina de dicha Sala en ese punto. El apartamiento de sus precedentes reviste la naturaleza ad hominem, para el caso concreto, lo que supone la violación del art. 14 C.E. Finalmente otro tanto cabe decir respecto del incumplimiento por parte de la empresa recurrente del requisito establecido en el art. 218.3 L.P.L. La cita de dos Autos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo abona la meritada vulneración. Si se acepta la tesis de la inexistencia en este punto de incongruencia por haber concurrido una respuesta implícita bastante, la posible vulneración del art. 14 C.E. vendría dada de nuevo por un pronunciamiento de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que se habría apartado de sus precedentes sin causa justificada.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra una Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, estimando parcialmente el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Puerto Autónomo de Barcelona, privaba a las recurrentes en amparo de las pensiones de orfandad que les habían sido reconocidas por otra de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se imputa a tal Sentencia la infracción del art. 14 C.E. (derecho a la igualdad) y del art. 24.1 C.E. (derecho a la tutela judicial efectiva). La infracción del derecho a la igualdad derivaría de una aplicación del art. 218.2 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral (L.P.L.) entonces vigente (Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril) contraria a los propios precedentes de la Sala, lo que habría dado lugar a una indebida admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, en contra de los intereses de las hoy recurrentes en amparo. La infracción del derecho a la tutela judicial resultaría de la falta de resolución expresa, en la Sentencia que se impugna, a dos causas de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina planteadas por las recurrentes de amparo: falta de «exposición sucinta» (en el escrito de preparación) de la contradicción entre Sentencias dictadas en suplicación y falta de acreditación (en el anuncio del recurso) del abono de pensiones a las recurridas en casación; requisitos procesales establecidos, respectivamente, por los párrafos 2. y 3. del art. 218 L.P.L (hoy 219).
2. Por el Abogado del Estado se ha alegado como causa de inadmisión la falta de agotamiento de los recursos utilizables dentro de la vía judicial, alegato que debe ser analizado en relación con la supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación del art. 218.2 L.P.L. Las recurrentes cifran la discriminación en el hecho de que antes de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ahora recurrida (que es de 27 de octubre de 1993) ya la propia Sala había dictado dos Autos de inadmisión (ambos con fecha de 13 de noviembre de 1992) fundados en la exigencia de cumplimiento riguroso del requisito de «exposición sucinta», en el escrito de preparación, de la contradicción entre Sentencias dictadas en suplicación (art. 218.2 L.P.L.). Resulta que los Autos de inadmisión citados como términos de comparación son posteriores a la providencia de admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, y anteriores a la Sentencia de la propia Sala. En esta situación no era exigible a las recurrentes la invocación del derecho a la igualdad, ni en un hipotético recurso de súplica contra la providencia de admisión (pues en el momento de la admisión aún no se daban los términos de comparación sobre los que fundar la vulneración del derecho a la igualdad), ni en el escrito de impugnación del recurso de casación (pues no hay ninguna resolución jurisdiccional posterior a los precedentes, y anterior a la Sentencia, a la que reprochar un trato desigual). En consecuencia, no concurre aquí la causa de inadmisibilidad del art. 44.1 a) LOTC.
3. En referencia a la alegada discriminación en la aplicación del art. 218.3 L.P.L. (requisito de acreditación del pago de pensiones), sin necesidad de entrar en el análisis de lo alegado por el Abogado del Estado respecto de la falta de agotamiento de la vía judicial, hay que considerar de oficio la posible concurrencia de otra causa de inadmisión: falta de invocación del derecho fundamental vulnerado art. 44.1 c) LOTC. Este Tribunal ha destacado ya en anteriores Sentencias la trascendencia del estricto cumplimiento del requisito procesal de invocación del derecho fundamental vulnerado tan pronto como hubiere lugar para ello. La razón de esta exigencia se encuentra en el carácter subsidiario del recurso de amparo respecto de la tutela judicial de los derechos fundamentales por los órganos jurisdiccionales ordinarios (entre otras: SSTC 168/1995, fundamento jurídico único; 29/1996, fundamento jurídico 2.; 57/1996, fundamento jurídico 2., 143/1996, fundamento jurídico único; 146/1998, fundamento jurídico 3.). También tiene declarado este Tribunal que el momento procesal oportuno para la invocación del derecho fundamental vulnerado en el previo procedimiento judicial es el inmediatamente subsiguiente a aquel en el que sobreviene la pretendida lesión, sin perjuicio de reiterarla en la posterior cadena de recursos (STC 171/1992, fundamento jurídico 3., entre otras).
Del previo proceso a que da lugar este de amparo resulta que, ni en el escrito de impugnación (registrado en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con fecha 29 de diciembre de 1992), ni en el posterior escrito de alegaciones (registrado el 18 de mayo de 1993), se mencionaba expresamente la vulneración del derecho a la igualdad, siendo el caso que para entonces ya existía el término de comparación (Auto del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1991) luego invocado ante este Tribunal. En el escrito de impugnación se menciona una Sentencia de este Tribunal (STC 64/1988) y se citan, sin explicar su contenido, varias Sentencias del extinto Tribunal Central de Trabajo (de 1982, 1983 y 1985). Estos datos jurisprudenciales (por lo demás, difusos y provenientes de órganos distintos al Tribunal Supremo) se aportan en defensa de una determinada interpretación del art. 218.3 L.P.L., pero no son propiamente términos de comparación para un posible juicio de igualdad en la aplicación de la Ley procesal. Es más, el término de comparación que las recurrentes aportan en el presente recurso de amparo (Auto del Tribunal Supremo, de 18 de abril de 1991) ninguna relación guarda con las Sentencias (del Tribunal Constitucional y del Tribunal Central de Trabajo) que se mencionaban en el escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina. De manera que ninguna ocasión tuvo la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de pronunciarse sobre términos de comparación inadecuados y distintos del que hoy se aporta para fundamentar un trato discriminatorio.
Ciertamente que este Tribunal ha apreciado con flexibilidad este presupuesto procesal, pero, por mucho que se flexibilice la exigencia formal de invocación del derecho vulnerado, no se releva totalmente a la parte de precisar su existencia (entre otras, STC 195/1995, fundamento jurídico 2.). Los términos de esta flexibilidad se concretan en que «aunque no (se) exige inexcusablemente la cita concreta y numérica del precepto constitucional presuntamente lesionado, ni siquiera la mención de su nomen iuris, sí requiere, al menos una suficiente acotación del contenido del derecho violado que permita a los órganos judiciales pronunciarse sobre las infracciones aducidas» (STC 176/1991, fundamento jurídico 2.). Sin embargo, en el asunto que nos ocupa falta toda invocación expresa del derecho a la igualdad; y falta también toda aportación de elementos de comparación suficientes y mínimamente idóneos para poder apreciar una invocación implícita del derecho a la igualdad. De aquí deriva que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no pudiera conocer de una presunta infracción del art. 14 C.E. que pudiera restaurar al dictar Sentencia (SSTC 152/1987, fundamento jurídico 1.; 176/1987, fundamento jurídico 3.; 164/1989, fundamento jurídico 3.). En consecuencia, concurre en cuanto al motivo de amparo analizado la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 44.1 c) LOTC.
4. Apreciada la concurrencia de una de las causas de inadmisión, procede entrar en el fondo de las cuestiones restantes. Alegan las recurrentes que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 27 de octubre de 1993, vulnera su derecho a la igualdad, al habérseles aplicado de manera desigual la propia doctrina de la Sala acerca del requisito de admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina contenida en el art. 218.2 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990. Este Tribunal viene exigiendo, de forma invariable, que la alegación de discriminación se funde en términos de comparación idóneos (entre otras, SSTC 112/1996, fundamento jurídico 1., y 81/1997, fundamento jurídico 2.). Esto significa, desde un punto de vista cronológico, y tal como declara la STC 132/1997, fundamento jurídico 7., que «el principio de igualdad en la aplicación de la ley sólo opera respecto de decisiones o criterios sentados con anterioridad, no con los que puedan producirse en el futuro; extenderlo a lo que resulte de resoluciones posteriores sería incompatible con el principio de seguridad jurídica que consagra el art. 9.3 C.E. o, al menos, entorpecería la necesaria evolución de la jurisprudencia, ante la posibilidad de someter a revisión todas las Sentencias anteriores contradictorias con las más recientes (SSTC 188/1987, 100/1988, 242/1992, 91/1993, 92/1993 y 152/1994)».
En primer lugar, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.) reclama una valoración de los precedentes en relación con el momento de la admisión a trámite, y no con el momento de la resolución definitiva. En anteriores Sentencias (entre otras, SSTC 132/1997, fundamento jurídico 7., y 29/1998, fundamento jurídico 2.) basamos en el principio de seguridad jurídica la irrevisabilidad de una resolución anterior por comparación con una resolución posterior. Esto es, consideramos que la vigencia del principio de seguridad jurídica justifica que el derecho a la igualdad no actúe respecto de decisiones o criterios futuros. Estimamos ahora que el mismo principio de seguridad jurídica justifica que los precedentes deban referirse al momento de la resolución de admisión a trámite del recurso (acto judicial que resulta de una fiscalización de los requisitos procesales). Otro criterio llevaría a que un cambio jurisprudencial sobre criterios de admisión desencadenase de oficio o a instancia de parte (en virtud del derecho a la igualdad) la revisión de todas las resoluciones de admisión de recursos aún en curso. Tal resultado no sería compatible con el principio de seguridad jurídica.
En segundo lugar, debe entrar en la ponderación el derecho a la tutela judicial efectiva de la otra parte (recurrente en casación), que resulta muy debilitado si se aprecia como precedente válido (para la inadmisión) una resolución jurisdiccional que no podía ser conocida al tiempo de prepararse e interponerse el recurso de casación. Por el contrario, el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes alegaron la causa de inadmisión no se ve sensiblemente afectado, al quedar el fondo de la cuestión aún pendiente de resolución por medio de la Sentencia que ponga fin al proceso.
Por lo que respecta a la segunda cuestión (exigencia de exposición sucinta de la contradicción entre Sentencias dictadas en suplicación) hay que señalar que la providencia de 13 de julio de 1993 expresamente resuelve que «no ha lugar a poner fin al trámite del recurso», lo que comporta respuesta a todas las alegaciones formuladas por los recurrentes en su escrito de 17 de marzo de 1993, y por tanto, a la cuestión de la falta de exposición sucinta de la contradicción entre Sentencias. A lo anterior hay que añadir que si en el escrito de preparación del recurso de casación aparecía la expresión «Considera esta parte que la Sentencia que ha dictado la Sala a la que me dirijo está en evidente contradicción con los (sic) dictados por (...)», justificación de la contradicción que las hoy recurrentes cuestionaron que fuera siquiera «exposición sucinta», es lo cierto que en el fundamento jurídico 2. de la Sentencia de 27 de octubre de 1993 expresamente se declara que «dicha contradicción ciertamente es evidente», lo que materialmente da respuesta a las quejas de las recurrentes.
A mayor abundamiento, incluso en el hipotético caso de que no se materializara en la Sentencia hoy recurrida una respuesta material a la causa de inadmisión alegada, no por ello estaríamos necesariamente ante un caso de incongruencia omisiva determinante de nulidad. Ya expresamos en la STC 89/1998, fundamento jurídico 6., que «tratándose de omisiones relativas a las causas de inadmisión de un recurso, hemos declarado que aquel derecho (a la tutela judicial efectiva) sólo puede resultar afectado en tanto la falta de respuesta permite un pronunciamiento sobre el fondo que resulta imposible por existir una causa impeditiva (STC 116/1986, fundamento jurídico 3., posteriormente reiterada en SSTC 169/1988, 244/1988, 34/1992, 245/1993)». En la misma Sentencia distinguimos entre incumplimiento formal y material de los requisitos de admisión, siendo la alegación de un incumplimiento meramente formal incapaz en principio de generar incongruencia omisiva. No existe, en consecuencia, vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes.
SAP Cantabria 176/2007, 14 de Marzo de 2007

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