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Timestamp: 2020-04-02 18:12:48+00:00

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Enmienda 25 - Pr cod 1amCom
(20) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección concedida a los trabajadores a la hora de informar sobre infracciones de la legislación laboral. En particular, en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, el artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE ya obliga a los Estados miembros a velar por que los trabajadores o los representantes de los trabajadores no sufran perjuicios a causa de sus peticiones o propuestas a los empresarios para que tomen medidas adecuadas para paliar cualquier riesgo para los trabajadores o eliminar las fuentes de riesgo. Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a plantear cuestiones ante las autoridades nacionales competentes si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
(20) La presente Directiva complementa la protección concedida a los trabajadores a la hora de informar sobre infracciones de la legislación laboral. En particular, en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, el artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE ya obliga a los Estados miembros a velar por que los trabajadores o los representantes de los trabajadores no sufran perjuicios a causa de sus peticiones o propuestas a los empresarios para que tomen medidas adecuadas para paliar cualquier riesgo para los trabajadores o eliminar las fuentes de riesgo. Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a plantear cuestiones ante las autoridades nacionales o de la Unión competentes si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
(21) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección de la seguridad nacional y de otra información clasificada que el Derecho de la Unión o las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor en el Estado miembro en cuestión requieran proteger, por motivos de seguridad, contra todo acceso no autorizado. Además, las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar a las obligaciones derivadas de la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE o de la Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE.
(22) Las personas que informan sobre amenazas o perjuicios para el interés público actúan amparándose en el derecho a la libertad de expresión y de información, consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que incluye el derecho a recibir o comunicar informaciones así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
(26) En primer lugar, la protección deberá aplicarse a la persona que tenga la condición de «trabajador» en el sentido del artículo 45 del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea52, es decir, a la persona que realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «trabajador» debe interpretarse de manera amplia, en particular de modo que incluya a los funcionarios públicos. Por lo tanto, la protección deberá concederse también a los trabajadores que se encuentran en otras relaciones laborales, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duración determinada, los trabajadores en prácticas y los becarios remunerados o no, así como a las personas con un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, las personas con empleos precarios y las que se encuentran en situaciones transfronterizas, que son formas de relaciones laborales en las que las normas habituales de protección contra el trato injusto resultan a menudo difíciles de aplicar. Por último, también debe otorgarse protección a las personas cuyo contrato de trabajo ya ha finalizado.
52 Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum, 66/85, ECLI:EU:C:2002:284; sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2015, Balkaya, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; y sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883;
(27) La protección deberá extenderse también a otras categorías de personas físicas o jurídicas que, sin ser «trabajadores» en el sentido del Derecho nacional o de conformidad con el artículo 45 del TFUE, puedan desempeñar un papel clave a la hora de denunciar infracciones de la ley y que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica en el marco de sus actividades laborales. Por ejemplo, en ámbitos como la seguridad de los productos, los proveedores están mucho más cerca de la fuente de posibles producciones abusivas e ilícitas, o de prácticas de importación o distribución de productos inseguros; en la ejecución de los fondos de la Unión, los consultores que prestan sus servicios se encuentran en una posición privilegiada para llamar la atención sobre las infracciones que lleguen a su conocimiento. Dichas categorías de personas, incluidos los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profesionales independientes, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser objeto de represalias, que pueden adoptar la forma, por ejemplo, de finalización anticipada o anulación del contrato de servicios, la autorización o el permiso; pérdidas comerciales o de ingresos; coacciones; intimidaciones o acoso; inclusión en listas negras o boicot a empresas o daños a la reputación. Los accionistas y quienes ocupan puestos directivos también pueden sufrir represalias, por ejemplo en términos financieros o en forma de intimidación o acoso, inclusión en listas negras o perjuicio a la reputación. Deberá concederse también protección a los candidatos a un empleo o a prestar servicios a una organización y que hayan obtenido información sobre infracciones de la legislación durante el proceso de contratación u otras fases precontractuales y de negociación y puedan sufrir represalias, por ejemplo en forma de referencias negativas a efectos de empleo o de boicot a su actividad empresarial.
Esta Directiva debe respetar que la definición del concepto de «trabajador» es una cuestión nacional para algunos Estados miembros.
(27 bis) De conformidad con los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el artículo 11 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo1bis, todas las instituciones de la Unión están obligadas a adoptar y aplicar normas internas para la protección de los denunciantes.
1bis DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
(28) Una protección eficaz de los denunciantes también implica la protección de otras categorías de personas que aunque no dependan económicamente de las actividades laborales que desarrollan, podrían, no obstante, sufrir represalias por sacar a la luz infracciones. Las medidas de represalia contra voluntarios y trabajadores en prácticas no remunerados pueden consistir en prescindir de sus servicios, en elaborar un informe negativo a efectos de un futuro empleo o en dañar de algún modo su reputación.
(28) Una protección eficaz de los denunciantes también implica la protección de otras categorías de personas que aunque no dependan económicamente de las actividades laborales que desarrollan, podrían, no obstante, sufrir represalias por sacar a la luz infracciones o por apoyar, directa o indirectamente, la notificación de infracciones por parte de los denunciantes. Las medidas de represalia contra voluntarios y trabajadores en prácticas, remunerados o no remunerados, pueden consistir en prescindir de sus servicios, en elaborar un informe negativo a efectos de un futuro empleo o en dañar de algún modo su reputación o sus perspectivas profesionales.
(28 bis) En la misma línea, es importante garantizar la protección de las personas, como los compañeros de trabajo, que asisten al denunciante en el lugar de trabajo, por ejemplo, ofreciendo asesoramiento sobre el modo de proceder, los cauces de denuncia adecuados, la protección ofrecida o la formulación de la denuncia. Estas personas podrían llegar a tener conocimiento de la información revelada y, por tanto, también podrían ser víctimas de represalias. Por este motivo, también deben estar amparadas por la protección prevista en la presente Directiva. Los periodistas de investigación desempeñan asimismo un papel fundamental a la hora de denunciar infracciones del Derecho de la Unión y pueden sufrir medidas de represalia, como los litigios estratégicos, por ejemplo por calumnia o difamación. Por lo tanto, también deben tener derecho a disfrutar de las medidas de protección previstas por la presente Directiva, a fin de salvaguardar la libertad de expresión en la medida en que la legislación nacional no prevea una mayor protección.
(28 ter) La protección eficaz de los denunciantes también debe incluir la protección de toda persona que tenga pruebas de dichos hechos en el sector público o en el privado, pero que no los haya necesariamente presenciado en persona.

References: artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 11