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Timestamp: 2018-10-17 19:00:31+00:00

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﻿ SENTENCIA T-643 DE NOVIEMBRE 21 DE 2016
SENTENCIA T-643 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:PRINCIPIO DE LIMITACIÓN COMO ELEMENTO RECTOR DEL TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA. SE ACLARA QUE SI BIEN ESTA LIMITACIÓN OBRA COMO REGLA GENERAL DE CONDUCTA DE LA SEGUNDA INSTANCIA, NO ES APLICABLE A TODOS LOS JUECES EN TODAS LAS JURISDICCIONES, EN TANTO QUE EL LEGISLADOR O EL CONSTITUYENTE TIENEN LA FACULTAD DE ESTABLECER LA COMPETENCIA PARA QUE UNOS JUECES PUEDAN PRONUNCIARSE EXTRA PETITA, AUN EN SEDE DE IMPUGNACIÓN. ASÍ POR EJEMPLO, ES CLARO QUE LOS JUECES QUE CONOCEN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Y, EN ESPECIAL, DE ACCIONES DE TUTELA), TIENEN LA FACULTAD DE ORDENAR TODAS LAS MEDIDAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, SIN IMPORTAR SI CONOCEN DEL PROCESO EN PRIMERA O EN SEGUNDA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SEGUNDA INSTANCIA, JUEZ, SENTENCIA EXTRA PETITA, IMPUGNACIÓN, IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA JUDICIAL
Sentencia T-643 de noviembre 21 de 2016
Ref.: expediente T-5.550.893
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto-Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
iii) Como tercer cargo, el accionante afirma que el Juzgado 11 Penal supuso la existencia de una prueba que no obra dentro del proceso, cual fue la de entender que las acusadas ya no desempeñaban funciones en la Contraloría General de la República. Así mismo, argumenta que el despacho accionado desconoció los fundamentos de la decisión del Juez 25 Penal del Circuito (que había impuesto la medida de aseguramiento), en especial, aquellos que se refrieron al peligro para la comunidad y al riesgo de obstrucción a la justicia. Por otra parte, en concepto del accionante, la accionada ignoró que las acusadas no reunían los requisitos establecidos en la ley para sustituir la detención en establecimiento carcelario por la domiciliaria, en tanto que el hijo de la señora Edith González es mayor de edad y la señora Mónica Cano no puede considerarse como madre cabeza de familia pues el padre y los abuelos de su hijo se han encargado del cuidado del mismo.
2. Pruebas relevantes allegadas al expediente
— Copia del acta del auto proferido por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, el 27 de noviembre de 2015, por medio del cual se impuso medida de aseguramiento a las acusadas.
— Copia del CD que contiene los audios de audiencia de revocatoria y sustitución de medida de aseguramiento llevada a cabo el 15 de enero de 2016, ante el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
— Copia del acta de la audiencia de revocatoria y sustitución de medida de aseguramiento llevada a cabo el 15 de enero de 2016, ante el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
— Copia del CD que contiene los audios de la audiencia de segunda instancia llevada a cabo el 22 de febrero de 2016, ante el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento.
— (sic)ransliteración de la audiencia de segunda instancia llevada a cabo el 22 de febrero de 2016, ante el Juzagdo(sic) 11 Penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento.
La anterior decisión fue apelada por el accionante, manifestando que el Tribunal no tuvo en cuenta que quien solicita la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento tiene la carga de señalar cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta cuando se decretó la medida de aseguramiento; que debe aportar información legalmente obtenida y/o elementos materiales probatorios nuevos y asegurarse de que, con tales elementos, se desvirtúen los criterios considerados para decretar la medida. En desarrollo de este argumento, el accionante reprocha que el juez constitucional no hubiese tenido en cuenta el hecho de que el Juzgado Once Penal del Circuito “inobservó los criterios por los cuales se privó de la libertad a las acusadas”, al punto que no se refirió a la existencia del peligro a la comunidad sino que únicamente habló de la eventual ocurrencia de una obstrucción a la justicia.
6. Trámite adelantado en sede de revisión
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto-Ley 2591 de 1991, el expediente fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión. Si bien en un primer examen el expediente no fue seleccionado para revisión, dentro del término previsto para ello fueran recibidas sendas insistencias por parte del magistrado Alberto Rojas Ríos y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con los siguientes argumentos:
— Insistencia presentada por el magistrado Alberto Rojas Ríos:
— Insistencia presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:
— Trámite posterior a la presentación de las insistencias:
4. Desde los orígenes de la acción constitucional de amparo, se ha presentado de manera reiterada la discusión en torno a la procedibilidad de la misma para atacar decisiones judiciales que presuntamente vulneran derechos fundamentales. Así, en un primer momento y con ocasión del estudio de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional las normas que contemplaban la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. Posteriormente y haciendo una interpretación no restrictiva de lo establecido por la mencionada sentencia(1), las distintas Salas de Revisión de esta Corporación y su misma Sala Plena, fijaron criterios específicos y taxativos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos en los cuales la vulneración de los derechos fundamentales es notoria y grave, configurándose lo que en su momento se denominó “vía de hecho judicial”(2).
5. Con el desarrollo jurisprudencial subsiguiente, la noción de vía de hecho ha sido concretada y se han fijado reglas y subreglas tendientes a especificar bajo qué supuestos es posible hablar de la procedibilidad de una acción de tutela contra providencias judiciales y garantizar así el carácter excepcional que debe tener esta medida, por los riesgos que comporta para la efectiva administración de justicia y el principio de seguridad jurídica. De este modo, a partir de la Sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994(3) la Corte estableció cuatro defectos que, de presentarse en una providencia, permitirían establecer la existencia de una vía de hecho: “i) defecto sustantivo, cuando la decisión se adopta en consideración a una norma indiscutiblemente inaplicable; ii) defecto fáctico, cuando el juez falla sin el sustento probatorio suficiente para aplicar las normas en que funda su decisión; iii) defecto orgánico, cuando el juez profiere su decisión con total incompetencia para ello; y, iv) defecto procedimental que se presenta en aquellos eventos en los que se actúa desconociendo el procedimiento o el proceso debido para cada actuación”(4).
6. Si bien durante varios años se mantuvieron estos criterios como definitorios de la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, la evolución jurisprudencial suscitada con ocasión de las sentencias C-590 de 2005(5), primero, y SU-913 de 2009, después, permitió introducir a este ámbito el concepto de causales genéricas y específicas de procediblidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, doctrina que absorbió el concepto primigenio de vía de hecho y permitió incluir otros factores tales como la ausencia de la debida argumentación, el apartamiento injustificado del precedente y el desbordamiento de la discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
(vi) Que no se trate de fallos de tutela, de forma tal que se evite que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida”(6).
(vii) Violación directa de la Constitución”(7).
La jurisprudencia constitucional ha definido al defecto procedimental absoluto como aquel yerro que se presenta cuando el funcionario judicial (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia(8); (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”(9). Con todo, esta misma Corte ha establecido que para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto procedimental absoluto, deben reunirse los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-620-13.htm - _ftn25; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”(10). Del mismo modo, en ningún caso procederá una tutela cuando el defecto que se alega es atribuible al afectado.
Por otra parte, el defecto sustantivo o material se configura cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto”(11), ya sea porque, por ejemplo, la norma utilizada ya había sido derogada y no produce ningún efecto jurídico o había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, porque la norma es abiertamente inconstitucional para el caso en concreto y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad o porque, a pesar de que la norma está vigente y es constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó. Así mismo, la jurisprudencia ha entendido que puede presentarse un defecto sustantivo cuando el juez profiere una providencia sin un mínimo de justificación o cuando sin un mínimo de argumentación, desconoce el precedente judicial. Así, la construcción dogmática del defecto sustantivo encuentra asidero en la consideración de que la autonomía judicial para la aplicación e interpretación de la ley no es ilimitada ni absoluta, sino que debe estar circunscrita al orden jurídico vigente y, en especial, al ordenamiento constitucional que contiene los valores, principios y derechos que conforman el Estado social de derecho.
Finalmente, la jurisprudencia ha establecido que el denominado defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”(12) de forma que el juez de tutela sólo tendrá competencia para pronunciarse sobre la invalidez de la decisión cuando se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia. Así, “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (...)”(13).
El desarrollo jurisprudencial ha dado lugar a que el defecto fáctico pueda ser categorizado en tres formas: i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y práctica de pruebas, ii) por la no valoración del acervo probatorio y iii) por la no aplicación de las reglas de la sana crítica. Estas categorías reúnen las dimensiones negativa y positiva de este defecto, que tienen lugar cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, o simplemente omite su valoración, y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-781-11.htm - _ftn43. Así mismo, la dimensión negativa comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Por su parte, la dimensión positiva, se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes para la definición del caso, que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión.
El principio de limitación como elemento rector del trámite de segunda instancia
Con todo, es necesario señalar que la misma Constitución establece la posibilidad de que el legislador establezca excepciones a la regla de que toda sentencia podrá ser apelada o consultada. Esta facultad del legislador, sin embargo, tiene sus propios límites, tales como la imposibilidad de ejercerla de forma que vulnere los derechos humanos y la obligación de justificar la limitación de la doble instancia en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cumplir con un fin constitucionalmente válido(14). Una vez cumplidas esas condiciones, el legislador tiene libertad de configuración para establecer los procedimientos a través de los cuales se podrán materializar los principios a los que se ha hecho referencia, pudiendo preceptuar diferentes medios de impugnación de las decisiones judiciales, como, por ejemplo, recursos ordinarios y extraordinarios, las circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para interponerlos y decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso(15). Por otra parte, dado que la Carta sólo establece expresamente que el derecho a impugnar las sentencias adversas en materia penal y aquellas proferidas dentro de acciones de tutela (arts. 28 y 86), es posible que el legislador establezca procedimientos de única instancia, sin contrarias los postulados constitucionales.
La norma constitucional precitada también contiene el llamado principio de limitación de la segunda instancia, que se traduce en la prohibición de no empeorar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único (principio de no reformatio in pejus). Este principio ha sido considerado un derecho fundamental de los acusados en materia penal, al punto que en ocasiones esta Corte ha revocado sentencias judiciales bajo el argumento de que vulneraron el mencionado principio(16). En desarrollo de estos preceptos superiores, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 20, establece que “Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación. El superior no podrá agravar la situación del apelante único”, aclarando que la constitucionalidad de esta disposición fue condicionada a que se entendiera que las expresiones subrayadas incluyen la posibilidad de apelar todas las sentencias condenatorias, según la Sentencia C-792 de 2014.
Juez de control de garantías. Naturaleza y funciones
La figura del juez con funciones de control de garantías es propia del sistema penal acusatorio y cumple un papel fundamental en el correcto desarrollo de los procedimientos penales, en tanto que es el garante de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en la causa. Como lo ha dicho esta Corte, “Una formulación coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906 de 2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el ámbito jurisdiccional. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. Así, toda actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su legalización o convalidación el sometimiento a una valoración judicial, con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y de la víctima”(17).
Por su importancia, la misma Constitución establece, en su artículo 250, la cláusula general de competencia de los jueces de control de garantías, indicando que pueden adoptar, a solicitud de la Fiscalía, las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso (num. 1º); les asigna el control automático sobre las capturas facultativas que excepcionalmente realice la Fiscalía conforme a facultades que otorgue la ley, así como sobre las diligencias de registro, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones que adelante la fiscalía (núm. 1º inciso 3º y num. 2º(sic)9). Así mismo señala que en caso de requerirse “medidas adicionales que implique afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la autorización por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder proceder a ello” (núm. 3º).
De las medidas de aseguramiento privativas de la libertad y su tratamiento constitucional. Reiteración de jurisprudencia
Lo primero que debe decirse con respecto a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad es que deben tener siempre un carácter excepcional, en vista de que constituyen una limitación del derecho fundamental a la libertad, pilar del Estado Social y Democrático de Derecho. Por eso, esta Corporación ha sido enfática en señalar que las limitaciones a la libertad tienen una reserva judicial como expresión del principio de legalidad de la sanción penal(18) y que, si bien se ha reconocido que la privación de la libertad como medida de aseguramiento no requiere un juicio previo, lo cierto es que es necesario que el legislador establezca de forma clara, precisa y unívoca los supuestos en los cuales es procedente una medida de este tipo, con el fin de no dar lugar a ambigüedades que puedan obrar en detrimento de los derechos fundamentales de las personas(19).
Como lo ha señalado esta Corte en repetidas providencias(20), no es suficiente que los jueces de garantías establezcan la gravedad y la modalidad de la conducta para imponer las medidas de aseguramiento, sino que deben, además, verificar la necesidad de éstas para el caso concreto, su urgencia y si se adecúan o no a los fines constitucionales perseguidos con la imposición de dichas restricciones a la libertad. Del mismo modo, los jueces tienen la obligación de aplicar estas medidas de manera restrictiva, atendiendo al carácter cautelar y excepcional de las mismas. Finalmente, cabe señalar que por su carácter restrictivo del derecho fundamental a la libertad, el ordenamiento procesal penal permite a los defensores que, en cualquier momento a partir de la imposición de una medida de aseguramiento, puedan convocar a una audiencia ante el juez de garantías con el fin de pedir la revocatoria de la misma o su sustitución por una menos restrictiva de los derechos fundamentales.
Sin embargo, la norma penal (L. 906/2004, art. 318) es clara en indicar que la procedencia de esa solicitud está sujeta a que el defensor presente “los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308”. En palabras de la Sentencia C-456 de 2006, lo anterior significa que el defensor tiene la carga procesal de aportar elementos nuevos o que no hayan sido tenidos en cuenta al momento de decretarse la medida de aseguramiento, de forma que el juez pueda decidir si desaparecieron o no los requisitos que se encontraron cumplidos al momento de imponer la restricción cautelar de derechos de los imputados o acusados.
Verificación del cumplimiento de requisitos formales y generales de procedencia en el caso concreto
— Relevancia constitucional: El caso presenta una evidente tensión entre el principio de limitación de la segunda instancia y las funciones de control constitucional de las actuaciones dentro de un proceso penal, que son competencia de los jueces de control de garantías. En ese sentido, se encuentran en juego los derechos fundamentales a la libertad de las acusadas, por un lado, y de las víctimas y el Estado a tener justicia y a mantener la vigencia del sistema jurídico. Así visto, es claro que la situación planteada tiene relevancia constitucional al poner de presente un conflicto entre principios fundamentales contenidos en la Carta de 1991 y de cuya resolución depende la protección de los derechos fundamentales de los involucrados.
— Agotamiento de recursos ordinarios: Se tiene que la Fiscalía, en calidad de accionante, ha agotado todos los recursos ordinarios por cuanto la acción está dirigida contra una decisión de segunda instancia contra la que no proceden más recursos ordinarios o extraordinarios.
— Inmediatez: De acuerdo con lo que consta en el expediente, la acción de tutela fue radicada el 11 de marzo de 2016, es decir, dentro del mes siguiente a que se hubiera proferido la sentencia cuestionada (22 de febrero de 2016). Por ende, se debe considerar satisfecho el requisito de inmediatez.
— El accionante alega, por igual, defectos de fondo e irregularidades procesales en el examen probatorio dentro de la decisión atacada. A pesar de que ya sería suficiente con el defecto de fondo, cabe señalar que los reparos de índole procesal (es decir, la presunta equivocación en la valoración probatoria por parte del despacho accionado), tienen un efecto decisivo en la sentencia que se ataca pues en ellos se fundamentó la resolución de revocar las medidas de aseguramiento impuestas a las señoras González y Cano.
— Por otro lado, el accionante identificó de manera clara los yerros que, considera, se presentaron en la providencia atacada, así como la eventual vulneración derivada de los mismos.
— Finalmente, es claro que la solicitud de amparo bajo estudio no se dirige contra decisiones adoptadas dentro de otro proceso de tutela.
Estudio de fondo sobre la presunta configuración de una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias
Para abordar la solución del caso, la Sala procederá a estudiar cada uno de los alegatos presentados por el señor Fiscal, con el fin de establecer si el Juzgado accionado efectivamente incurrió en alguno de los defectos alegados. Para pronunciarse sobre la acusación de defecto procedimental absoluto, la Sala encuentra necesario evaluar las pruebas presentadas a efectos de establecer si, como lo alega el accionante, el Juzgado 11 Penal del Circuito extralimitó sus competencias. Así, lo primero será determinar en qué términos se produjeron las apelaciones formuladas por las partes dentro del proceso penal, para definir qué cuestiones debían ser resueltas por el despacho accionado: en la grabación de la audiencia de primera instancia realizada el 15 de enero de 2016 ante el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Garantías, el Juez es claro en abrir la vista indicando que ésta había sido convocada a solicitud del defensor de las acusadas, con el propósito de “estudiar la viabilidad jurídica de darle aplicación a una revocatoria de medida de aseguramiento”(21). Igualmente, el defensor en su intervención solicitó que, en caso de que no procediera la revocatoria, entonces se sustituyera la detención intramural por la preventiva en el domicilio de sus poderdantes.
Como puede escucharse en la grabación, el delegado de la Fiscalía General interpuso recurso de apelación, exclusivamente, contra la decisión de otorgar la sustitución de medida de aseguramiento a favor de la señora Cano. Por su parte, el defensor afirmó lo siguiente: “señor juez, de acuerdo con la decisión respecto a Mónica Esperanza Cano y frente a la situación de Edith Rocío, yo propondría una argumentación de apelación”(22). A continuación, el Juez abrió el espacio para que los apelantes justificaran sus recursos, de modo que el representante del ente acusador argumentó que el menor hijo de la señora Cano no se encuentra en estado de desamparo y, además, podía ser cuidado por su padre, quien tenía un trabajo estable. En el caso de la defensa, el abogado sustentó sus recursos reiterando la importancia que tiene el dar prevalencia a los derechos de los menores de edad, garantizándolos a través de la presencia de sus padres en el hogar, así como reiteró la necesidad de considerar la situación familiar de la señora Edith Rocío González para hacer énfasis en la necesidad de que el Estado proteja los derechos de los menores y de los adolescentes, en cabeza del hijo de la señora González, que para ese momento había recién cumplido 18 años y es víctima de la violencia.
“Por parte de la funcionaria del Ministerio Público se han extraído algunas conclusiones en lo referente a el recurso de apelación que se ha interpuesto por parte del abogado defensor, que podrían significar en este caso que se valorara de otra manera por parte del superior funcional; por esa razón, no procederé a declarar desierto ese recurso de apelación que ha sido interpuesto por parte del señor defensor, a objeto de que se revise por parte del superior funcional la solicitud que ha sido planteada. En consecuencia, bajo esas consideraciones, se concede el recurso de apelación que ha sido formulado por parte del representante de la Fiscalía General de la Nación en contra de la decisión que se adoptó de conceder el beneficio sustitutivo de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria a favor de la ciudadana Mónica Esperanza Cano Bedoya y también se concede el recurso de apelación que fue interpuesto por parte del abogado defensor en contra de la decisión que se adoptó de denegar ese mismo beneficio sustitutivo a favor de la ciudadana Edith Rocío González Martínez. Los dos recursos se conceden en el efecto devolutivo a efectos de que se dirima la controversia planteada por los dos recurrentes”(23).
i) Está claro que la decisión del juez de primera instancia fue recurrida por el representante de la Fiscalía y por el defensor de las acusadas, cuyo recurso fue coadyuvado por la representante del Ministerio Público, sin que ella misma hubiese impugnado la providencia.
ii) El ente acusador se pronunció exclusivamente en contra de la decisión de haber otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a la señora Mónica Esperanza Cano.
iii) El defensor afirmó, en un primer momento, que formulaba apelación contra lo resuelto frente a sus dos defendidas, pero al momento de sustentar el recurso, sólo argumentó a favor de que a la señora Edith Rocío González recibiera la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por la de detención domiciliaria con permiso para trabajar. De este modo, es claro que el defensor no presentó ninguna argumentación tendiente a recurrir la decisión adoptada en contra de la señora Cano ni pretendió la libertad de la señora González, sino simplemente que pudiera gozar también del beneficio de detención domiciliaria.
iv) Así lo entendió el juez de primera instancia, quien concedió los recursos de apelación en contra de otorgarle detención domiciliaria a la señora Cano, según lo expuesto por la Fiscalía, y de la decisión de denegar ese mismo beneficio a favor de la ciudadana Edith Rocío González Martínez, como puede observarse en la transcripción precitada.
Efectivamente, como puede escucharse en la grabación y en la transliteración de la audiencia de segunda instancia(24), la jueza realizó un estudio de las pruebas y las relacionó con las causales para decretar las medidas de aseguramiento, estableciendo que habían variado las condiciones de hecho que habían llevado a la imposición de las mismas en primer lugar, sin que se encuentren arbitrariedades en su argumentación. En ese sentido, si se comparan los argumentos esgrimidos por el accionante en el escrito de tutela con aquellos expuestos por la Jueza en la audiencia y en la contestación de la misma(25), puede verse lo siguiente:
— El fiscal considera que la Jueza no tuvo en cuenta que los fundamentos para imponer las medidas de aseguramiento fueron el riesgo de obstrucción a la justicia y el peligro para la sociedad. La jueza, por su parte, afirma que el ente acusador había señalado que había peligro para la víctima, pero que esto había sido desvirtuado por el hecho de que se demostró que ésta se había trasladado de ciudad de manera voluntaria y que no había pruebas de que las acusadas hubiesen tenido intenciones de obstruir a la justicia. En todo caso, no se observa un ejercicio arbitrario por parte de la autoridad judicial, sino una divergencia en cuanto a la valoración probatoria.
— La jueza indica que tampoco existe base para afirmar que, para el momento de la audiencia de segunda instancia, exista peligro para las pruebas, en vista de que ya existió el descubrimiento en audiencia de las mismas. Del mismo modo, afirmó que “el a quo dice que se pueden manipular testigos, pero no hay una base probatoria para deprecar tal situación por lo tanto esto entra en el camino de la especulación”(26). Ante esto último, el Fiscal reprocha en su escrito de tutela que esto significa que “a juicio de la autoridad accionada, el juez de instancia debía probar que las procesadas podían influir en los testigos”(27). A juicio de la Sala, esta es una interpretación tendenciosa de lo dicho por la jueza y, en todo caso, sólo muestra una vez más una disparidad de criterios en cuanto a la valoración probatoria pero no un ejercicio arbitrario de la potestad judicial.
— La jueza entiende que no existe base probatoria para afirmar que las acusadas han entorpecido el trámite del proceso por los cambios en su defensor, que han obligado a reprogramar algunas audiencias. En la tutela, el Fiscal echa de menos que el despacho judicial no se hubiese pronunciado sobre “la actitud de las procesadas, quienes a sabiendas de la renuncia de su defensor desde el 3 de junio de 2015, sólo designaron defensor la última semana de octubre de 2015, lo que llevó a que la audiencia preparatoria fuera reprogramada para el 2 de marzo de 2016, con lo cual retardaron el proceso por cerca de seis meses”. En este punto, la Sala no puede menos que estar de acuerdo con lo expuesto por la jueza en la contestación a la tutela y en la audiencia, cuando afirmó que este hecho por sí mismo no demuestra un ánimo de obstruir a la justicia en tanto que el cambio de defensor y la dilación en la programación de audiencias es una circunstancia normal, (si bien no deseable), en el marco de los procesos del sistema penal acusatorio.
— Finalmente, la Fiscalía reprocha que la Jueza “supuso la existencia de una prueba” al haber afirmado que “(…) cuando fueron impuestas las medidas de aaseguramiento(sic) las procesadas estaban activas en la Contraloría General de la República, en este momento, según nos dicen las partes, están suspendidas. Entonces tenemos que esta circunstancia también varió (…)”(28), especialmente si se tiene en cuenta que el defensor, en la misma audiencia de segunda instancia, afirmó que sus defendidas “cumplen dignamente sus cargos al interior de la Contraloría General”(29) y no hizo referencia a la mencionada suspensión.
En su respuesta, la funcionaria judicial indicó frente a este punto que “eso salió a reducir en la audiencia de revocatoria de la medida, cuando se le dio la palabra a la señora representante del Ministerio Público y sostuvo: “… además que las ya acusadas están suspendidas entonces ya no trabajan en la CGR, por lo tanto, no existen en este momento motivos para mantenerlas privadas de la libertad pues estas circunstancias han desaparecido…”. Esto también se ve en la transcripción de la audiencia de revocatoria de primera instancia que hace la Fiscalía (…). Es de anotar, que esta aseveración no fue controvertida ni por la Fiscalía, ni por la defensa. Por lo tanto, asumí que era cierto, en virtud del principio de la buena fe”(30).
1. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, CONFIRMAR en su integridad las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, respectivamente, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la acción de tutela promovida por el señor José Fernando Perdomo Torres, en su calidad de Fiscal General de la Nación encargado, contra el Juzgado Once (11) Penal del Circuito de Bogotá D.C. con funciones de conocimiento.
2. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa—Alberto Rojas Ríos.
1 En principio, esta interpretación encuentra su origen en lo establecido por la misma sentencia C-543, en el sentido de que “no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente”, con lo cual se debe entender que la tutela es procedente en casos excepcionales, como efectivamente lo ha hecho esta Corporación (Véase también Auto 10 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía).
2 El concepto de “vía de hecho” fue definido tempranamente por la jurisprudencia constitucional como “Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona” (Sentencia T-079 de 26 de febrero de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En el mismo sentido, ver Sentencias T-433 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz y T-158 de 26 de abril de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
4 Ver, por ejemplo, Sentencia T-323 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5 Cabe anotar que los antecedentes inmediatos de esta sentencia se encuentran en las sentencias T-441 de 29 de mayo de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-606 de 17 de junio de 2004, M.P. Rodrigo Uprimmy Yepes y T-608 de 17 de junio de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
6 Sentencia T-217 de 17 de abril de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. Ver también Sentencias C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Treviño(sic) y SU-913 de 11 de diciembre de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
7 Sentencia T-217 de 17 de abril de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. Estas causales fueron desarrolladas extensamente en la ya citada Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Ver, por ejemplo, Sentencias T-996 de 2003, T-638 y T-781 de 2011, entre muchas otras.
9 Sentencia T-778 de 2009, reiterada en Sentencia T-620 de 2013, entre otras.
10 Sentencia T-264 de 2009. Ver también Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
11 Ver, al respecto, Sentencias T-231 de 1994, T-008 de 1998, la C-984 de 1999, T-597 de 2011 y la ya citada T-620 de 2013.
12 Ver Sentencia T-567 de 1998.
13 Ibíd. En el mismo sentido, ver por ejemplo Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto.
14 Cfr. Sentencia C-095 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15 Sentencia C-718 de 2012.
16 Ver, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Sentencia C-979 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Sentencia C-123 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
19 Ver sentencias C-106 de 2004 M.P. José Gregorio Hernández y C-366 de 2014, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20 Por ejemplo, ver sentencias C-1198 de 2008 y la ya citada C-366 de 2014.
21 Audiencia de 15 de enero de 2015, Mins. 1:24 a 1:37.
22 Audiencia de 15 de enero de 2015, Min. 1:42:40 a 1:43:00.
23 Audiencia de 15 de enero de 2015, Min. 2:42:55 y siguientes.
24 Folios 25 a 30, cuaderno principal.
25 Folios 62 a 70 del cuaderno principal.
26 Audiencia del 22 de febrero de 2016, Minuto 20:40.
27 Escrito de tutela, página 17, cuaderno principal.
28 Audiencia del 22 de febrero de 2016, Minuto: 21:01.
29 Audiencia del 22 de febrero de 2016, Minuto: 46:28.
30 Contestación a la acción de tutela, folio 78, cuaderno principal.

References: artículo 20
 artículo 250
 artículo 308
 resolución 
 resolución 
 artículo 36