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Timestamp: 2020-08-08 02:29:44+00:00

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Toda la información del Permiso retribuido recuperable | Cantábrico Abogados
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las per­sonas trabajadoras por cuenta ajena que no presten ser­vicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. (BOE de 29 de marzo).
Este Real Decreto Ley se aplica a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales (se definen en anexo)
Aquellas empresas que hayan solicitado o estén apli­cando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión.
Las personas trabajadoras que puedan seguir desempe­ñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.
Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un per­miso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera corres­pondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.
Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permi­so retribuido.
En el supuesto de que no exista representación legal de las per­sonas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa.
En caso de no conformarse esta representación, la comisión esta­rá integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión represen­tativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco días.
Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje.
El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resul­tante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.
En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá su­poner el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respe­tados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente. Artículo
Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recupera­ble regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordina­rio o en festivos.
En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras inclui­das en el ámbito subjetivo de este real decreto ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efec­tivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.
Continuidad de los servicios de transporte.
Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en este real decre­to-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.
Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar­ma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justi­cia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el pre­sente Real Decreto-Ley.
Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Ad­ministración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instruccio­nes del Ministerio de Justicia.
El permiso retribuido recuperable regulado en este real decre­to-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y sumi­nistros del sector público que sean indispensables para el man­tenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real decreto-ley a las siguientes personas trabajado­ras por cuenta ajena:
Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollán­dose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delega­das.
Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanita­rios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restau­ración que prestan servicios de entrega a domicilio.
Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribu­ción de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las activida­des productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de segu­ridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia disconti­nua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
El mantenimiento de los servicios mínimos de las instala­ciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y
Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sani­taria a animales.
Las de empresas de servicios financieros, incluidos los banca­rios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraes­tructuras de pagos y de los mercados financieros.
Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de ser­vicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e insta­laciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servi­cios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presen­cial de los empleados públicos.
Las que prestan servicios relacionados con la protección y aten­ción de víctimas de violencia de género.
Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar­ma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Jus­ticia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, ges­torías administrativas y de graduados sociales, y servicios aje­nos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, repara­ción de averías urgentes y vigilancia, así como que presten ser­vicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, activida­des de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteo­rológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que partici­pan en los corredores sanitarios.
Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adqui­ridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido conside­rados esenciales.
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer­do de convalidación del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (BOE de 30 de marzo)
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer­do de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 34
 real decreto 
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 Resolución 
 artículo 34
 Real Decreto 
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 Resolución 
 artículo 3

Resolución 
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