Source: http://500x20.prouespeculacio.org/noticies/hipotecas/?print=print-search
Timestamp: 2019-02-18 09:06:35+00:00

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hipotecas - Associació 500x20
El jueves 08 de noviembre de 2018 publicamos en esta web el artículo “CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA: NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA, TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA, DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, CONSTITUYÉNDOSE LA `OBLIGACIÓN PRINCIPAL´ EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL”, en el que intentábamos explicar esa desconocida figura económico-financiera que aparece empotrada en la cláusula de “constitución de hipoteca”, denominada “responsabilidad hipotecaria”
La «responsabilidad hipotecaria» no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el «contrato accesorio» , ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad – en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen – y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”. Por lo tanto, tenemos un capital prestado para hipotecas, en los últimos 25 años, según el I.N.E., de dos billones de euros. Si calculamos una «responsabilidad hipotecaria» media, entre la fluctuación que tiene ésta figura de entre 135% y 200%, de 160% – tirando por lo bajo- estamos ante una cantidad estratosférica de uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) que no tiene ningún tipo de contraprestación para la parte prestataria pero que, sin embargo, esta ficticia y falaz cifra constituye, igualmente a la «obligación principal»: capital prestado, la base imponible sobre la que se calcularán los honorarios de los notarios, registros, gestorías e impuestos como el A.J.D.
¿Sería posible que alguno de esos medios periodísticos que gastan tiempo y recursos para saber a ciencia cierta si ha sido “escupitajo o bufido” podrían dedicar algo de tiempo a denunciar el ordeño sistemático del bolsillo del consumidor de financiación hipotecaria, en la estimable cantidad de 12.000.000.000 € en veinticinco años, amén de lo abonado en un, más o menos, 60% de exceso en honorarios de notarios, registros y gestorías?. Pues, somos pesimistas al respecto.
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“Manda huebos”, y no nos referimos a aquella expresión –con v- que en 1997 se escuchó en el Congreso de los Diputados, ésta es de origen netamente judicial, “mandat opus”, que es lo mismo que decir `la necesidad obliga´. Y sí, es cierto, la necesidad nos obligará a destapar lo que existe detrás de esa actitud `pinochiana´ del Gobierno y Cía.
El Boletín Oficial del Estado de ayer, 08 de noviembre de 2018, publicó el Real Decreto-ley 17/2018, de 08 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y en su punto IV de la `declaración de intenciones´ miente cual bellaco cuando afirma…
“Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista, estableciendo así una excepción a la regla general establecida en el párrafo primero del propio artículo 29.”
El artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , es claro, diáfano y entendible sin posibilidad alguna de mala interpretación del mismo. Dice,
“Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyointerés se expidan.”
en la compra de un inmueble el sujeto pasivo es “ el adquiriente del bien ”, el comprador,
en la constitución de una garantía hipotecaria el sujeto pasivo es “el adquiriente del derecho”, la entidad acreedora,
en la compra de un inmueble, los que “insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan ”serán los sujetos pasivos, es evidente que será el comprador, y
en la constitución de una garantía hipotecaria aquél que “ inste[n] o solicite[n] los documentos notariales, o a quél[los] en cuyo interés se expidan”no puede ser otro que el acreedor o, lo que es lo mismo, la entidad acreedora.
¿Entonces, a que ha venido todo este paripé entre el Poder judicial y el ejecutivo?, pues muy sencillo, el intentar tapar a toda costa uno de los mayores complots conómicos, sino el mayor, que se estableció en este país hace decenios en contra de la ciudadanía. Maquinación financiero- política, que con ayuda de otros estamentos, como el notarial y el registral, han esquilmado los bolsillos de millones de clientes – prestatarios.
Lo triste es que no ha existido hasta ahora el medio de comunicación con los suficientes “bemoles” para destapar esta gigantesca trama, de exprimir y empobrecer al ciudadano, y que al final nos veremos obligados a destaparen estas páginas.
La razón que justifica el enorme poder que tienen las entidades financieras en este país y la compra de voluntades, de todo tipo, que ha supuesto esa execrable forma de actuar, repartiendo decenas de miles de millones entre los intervinientes del contubernio.
En una buena parte de las escrituras de los fondos de titulización, el cedente transfiere todo el negocio, o sea, el clausulado en su totalidad y el banco se subroga a mero administrador o “servicer”.
Incluso el TS lo entiende aplicable a la propia cesión del crédito hipotecario, reconociendo que aunque es cierto que el art. 242 RH admite que el deudor
renuncie a que se le dé conocimiento del contrato de cesión del crédito hipotecario, dicho precepto no puede prevalecer por encima de la normativa
especial en sede de contratos sujetos al TRLGDCU (texto refundido de LGDCU).
Como se lee en nuestro subrayado de uno de los párrafos anteriores, la Jueza, afirma: “..nos encontramos ante una cesión del contrato, ya que implica la transmisión de la relación contractual en su integridad, como conjunto de derechos y obligaciones..” Ahí es donde el abogado de la familia, Andrés Giordana, diferencia en su explicación entre cesión del crédito y cesión del contrato. Una cesión del crédito sería eso, ceder parte de los beneficios, a cambio de la entrega de dinero por el cesionario. es el supuesto negocio que cubre la figura financiera de la titulización. En este caso, la hipoteca de la familia fue cedida-vendida, al fondo FTA2015, propiedad de Spain Residential Finance SARL, del grupo Blackstone y afincada en Luxemburgo – paraiso fiscal-, cuyo servicer o gestor de cobros es Anticipa. (2-3-4)
En el enrevesado mundo financiero y jurídico que representa la titulización, la transmisión contractual suele adquirir nombres del estilo “Plan de negocio” en el caso del FTA2015 (5) o “administración y custodia de activos” en RMBS1 Santander o “derechos conferidos al fondo” en el caso de FonCaixa9 Hipotecario de la Caixa. En todos los casos, el banco se convierte en un prestador de servicios al Fondo, modernamente, un Servicer, gestionando los cobros, las negociaciones, la intermediación y conservando la documentación con la copia hipotecaria ejecutiva. La escritura de todos los Fondos reflejan obligatoriamente esa nueva relación de prestaciones del servicer- banco- al fondo sobre:
La entrega o transmisión del contrato se manifiesta, de tal modo clara, que todas las escrituras de fondos de titulización llevan otro apartado de la nueva relación contractual adquirida por el Banco respecto de los activos cedidos – participaciones PH y certificados hipotecarios CTH- que expresan su carácter de “servicers“:
En la siguiente imagen de la escritura de constitución del Fondo, se explicita claramente que el banco dedicará el mismo mimo en la gestión de los CTH o PH que si fueran “propiedad suya”. Ahí lo dice….. el Banco certifica en la escritura que las hipotecas no son suyas. ¿Qué discusión cabe en los juzgados? ¿de qué discuten los magistrados de Audiencia y jueces de primera Instancia en BCN obstinados en defender que las hipotecas son de los bancos y no han sido vendidas-cedidas?
Otras consecuencias del “contrato secreto” entre banco y Fondo de titulización que el deudor no conoce pero condiciona su contrato.
Vamos a ver otra conclusión de toda esta larga exposición para explicar al lector de que estamos hablando. La cláusula anulada por la jueza se hace porque contraviene los derechos del consumidor: “lo prohíbe expresamente el artículo 86.3 TRLGCU que considera abusivas por limitar los derechos básicos de consumidores y usuarios la -liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste-“. Esa vulneración de derechos del usuario también TIENE A SU CLÀUSULA MADRE, ESCONDIDA DEL IGNORANTE DEUDOR, EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE TITULIZACIÓN:
En este apartado de la escritura del Fondo, el banco, administrador, Servicer, se le impide cualquier clase de negociación con el deudor, ignorante de este contrato secreto, que no tenga el aval del Fondo. O sea, el deudor no puede negociar las condiciones de su contrato, que siendo un contrato entre iguales SÍ tiene derecho, porque la otra parte es un “correveydile” de un tercero que permanece escondido tras el telón juríco-financiero: El Fondo de titulización.

References: Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 Real Decreto 
 artículo 86