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LEY DE TELECOMUNICACIONES - Gaceta Oficial Nº 36.970 de 12 de junio de 2000 de Venezuela ~ Abogados de Venezuela Alexander Racini & Associates Abogados Venezolanos Internacionales
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LEY DE TELECOMUNICACIONES - Gaceta Oficial Nº 36.970 de 12 de junio de 2000 de Venezuela
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Publicada en Gaceta Oficial N° 36.970 de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, lunes 12 de junio de 2000
Ejemplo claro de la inadecuación de la Ley de 1940 a la actualidad, lo constituye el régimen sancionatorio en ella establecido, en cuya virtud “la construcción, instalación o posesión de estaciones radiodifusoras, radiotelegráficas, radiotelevisivas y semafóricas, de líneas cablegráficas, telegráficas o telefónicas, sin autorización expresa del Ejecutivo Federal; o el uso clandestino de esas estaciones, será penado con multa de quinientos a cuatro mil bolívares, o arresto proporcional, además del comiso de los materiales que se hubieren empleado en la instalación” (artículo 23). Asimismo, en materia sancionatoria se prevé que “las infracciones graves a las disposiciones de la presente Ley, de las Convenciones Internacionales ratificadas por Venezuela y de los Reglamentos que se dictaren, que no estén penados especialmente, se castigarán con la suspensión temporal o definitiva de los permisos concedidos. Las demás infracciones se penarán con multas de cincuenta a cuatro mil bolívares o arresto proporcional, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las que puedan aplicarse en virtud de otras leyes” (artículo 24).
Por otra parte, la Ley de 1940 asume una distinción entre “permisos” y “concesiones” en función de que, a diferencia de los primeros mencionados, estas últimas tendrían sustento en el carácter de actividad desarrollada con fines de lucro. Evidentemente que dicha distinción carece de sistemática ante la evolución experimentada por tales conceptos a la luz del Derecho Administrativo.
Igualmente, el artículo 1° de la Ley de 1940 parte de una concepción económica superada, consistente en identificar los servicios de telecomunicaciones con “monopolios naturales” en función de las cuantiosas inversiones que se entendían sólo podían soportarse en el erario público para prestar los servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el Estado se los reservaba en términos absolutos. De allí que la Ley de 1940 prevea que “el establecimiento y explotación de todo sistema de comunicación telegráfica por medio de escritos, signos, señales, imágenes y sonidos de toda naturaleza, por hilos o sin ellos u otros sistemas de transmisión de señales eléctricas o visuales, inventados o procedimientos inventados o por inventarse”. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y el abaratamiento de los costos ha supuesto desde el punto de vista normativo el abandono del binomio señalado (monopolio natural-reserva al Estado), por mecanismos que permiten a este último cumplir sus cometidos sociales a través de instituciones como el “Servicio Universal” y el establecimiento de obligaciones legales especiales. Así, las telecomunicaciones modernas se erigen sobre la base de una actividad económica fuertemente regulada por el Estado, para cuyo ejercicio los particulares requieren las correspondientes habilitaciones por parte del ente técnico del Estado, que está llamado a controlar sus actividades y a sancionar conforme a las penas previstas en la Ley.
Por lo que respecta a los objetivos generales de la Ley, se establecen los siguientes: 1. Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones en adecuadas condiciones de calidad, y velar porque su prestación se haga de manera compatible con los derechos; 2. Procurar las condiciones de competencia entre los operadores de servicios, mediante la adopción de medidas que resulten oportunas a tales efectos; 3. Promover el desarrollo y la utilización de nuevos,la prestación e integración eficiente de más y mejores servicios, redes y tecnologías cuando estén disponibles, con el fin de lograr el acceso a éstos de los habitantes de la República en condiciones de igualdad e impulsar la plena integración territorial, económica y social; 4. Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo de venezolanos en el sector. 5. Procurar el uso efectivo, eficiente y pacífico de los recursos limitados de telecomunicaciones, así como su adecuada protección; 6. Incorporar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal, calidad y metas de cobertura mínima uniforme, y aquellas obligaciones relativas a seguridad y defensa, que los operadores de servicios de telecomunicaciones deban cumplir en situaciones de contingencia, de conformidad con el reglamento de la materia y los planes aplicables que dicte el Ejecutivo Nacional; 7. [AG1] Favorecer el desarrollo armónico de los sistemas de telecomunicaciones en el territorio nacional, de conformidad con la presente Ley, y demás disposiciones legales aplicables; 8. Favorecer el desarrollo de los mecanismos de integración regional en los cuales sea parte la República y fomentar la participación del país en organismos internacionales de telecomunicaciones; y, finalmente, 9. Promover la inversión nacional e internacional para la modernización y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones.
En cuanto al establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios, se consideran actividades económicas de interés general, la Ley señala que para ello se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa y concesión de ser necesarias, en los casos y condiciones que establece la Ley, y en atención a los requisitos y especificaciones establecidas en las Condiciones Generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Asimismo, con fundamento en el carácter de actividad de “interés general”, los servicios de telecomunicaciones podrán someterse a parámetros de calidad y metas especiales de cobertura mínima uniforme, así como a la prestación de servicios bajo condiciones preferenciales de acceso y precios a escuelas, universidades, bibliotecas y centros asistenciales de carácter público (artículo 4).
El espectro radioeléctrico es objeto de especial atención y protección en la Ley, que lo califica como un “bien del dominio público” de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión, en los términos y condiciones establecidos en esta Ley. Excepcionalmente, podrá hacerse uso del espectro radioeléctrico sin necesidad de concesión, en los supuestos previstos en esta Ley. Además, la Ley aporta una definición del espectro radioeléctrico como el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz y que se propagan por el espacio sin guía artificial.
6. Disponer, gratuitamente, de una guía telefónica actualizada, electrónica o impresa y unificada para cada ámbito territorial. Todos los abonados tendrán derecho a figurar en dichas guías y a un servicio de información nacional sobre su contenido, sin perjuicio, en todo caso, del derecho a la protección de sus datos personales, incluyendo el de no figuraren dichas guías;
15. Que se le ofrezcanserviciosde información fielesy gratuitossobre las tarifas vigentes, consultablesdesde el equipo terminal empleado por el usuario, con el objeto depermitir un correcto aprovechamiento y favorecer la libertad de elección;.
El Título III de la Ley, denominado “De la Prestación de Servicios y del Establecimiento y Explotación de Redes de Telecomunicaciones”, está compuesto por dos Capítulos, identificados como: “Disposiciones Generales” y “Del Procedimiento para la Obtención de Habilitaciones Administrativas o la Incorporación de Atributos a las mismas”.
En el Capítulo I se definen las habilitaciones administrativas como el título que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, para el establecimiento y explotación de redes y para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones que a tales fines establezca dicho órgano, de conformidad con esta Ley. Al respecto, es conveniente destacar que la noción de habilitación administrativa que se asume en la presente Ley alude al acto mediante el cual se “levanta” un obstáculo jurídico para el ejercicio de un derecho preexistente, la cual se diferencia conceptualmente de la figura de la “concesión”, -también usada en la Ley- pero para aludir al régimen propio de los bienes del dominio público asociados a las telecomunicaciones.
La Ley reconoce la existencia de situaciones en las que no se requiere de concesión ni habilitación administrativalicencia para la instalación u operación de equipos o redes de Telecomunicaciones: 1. Cuando se trate de equipos de seguridad o intercomunicación que, sin conexión a redes exteriores y sin utilizar el dominio público radioeléctrico, se utilicen dentro de un inmueble o para servir a determinados inmuebles; 2. Cuando se trate de equipos que, a pesar de utilizar porciones del espectro radioeléctrico, hayan sido calificados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de uso libre; 3. Cuando se trate de equipos o redes de telecomunicaciones de órganos de la República, de los Estados o de los Municipios, cuando tales actividades se hagan para la satisfacción de sus necesidades comunicacionales, sin que medie contraprestación económica de tercerosni En casse haga de requerir del uso del dominio público radioeléctricodeberán obtener la concesión correspondiente; 4. Cuando se trate de servicios que utilicen como soporte redes, enlaces o sistemas de telecomunicaciones, con el objeto de ofrecer facilidades adicionales a las definidas como atributos de las habilitaciones administrativas, y aplicando a estas facilidades procesos que hagan posible la disponibilidad de información, la actuación sobre éstos o la interacción con el sistema. Por lo que respecta al último de los numerales mencionados es menester señalar que con el mismo se pretende dar respuesta e incentivar el establecimiento y explotación de servicios hasta ahora denominados como “valor agregado”.
Por último, este Capítulo I del Título III de la Ley introduce un avance regulatorio al consagrar el reconocimiento del fenómeno denominado “convergencia” tecnológica y de servicios, la cual debe propiciar el Estado como instrumento para procurar más y mejores servicios de telecomunicaciones.
La Ley dedica su Título IV a regular la denominada “Administración Pública de las Telecomunicaciones”, comprendiéndola bajo un esquema a dos niveles. Por una parte, el Capítulo I de este Título se encarga de establecer que el Ministerio de Infraestructura es el órgano rector de las Telecomunicaciones en el Estado, y como tal le corresponde establecer las políticas y lineamientos generales que han de aplicarse en el sector de las telecomunicaciones, en concordancia con los planes nacionales de desarrollo que establezca el Ejecutivo Nacional.
Por su parte, el Capítulo II desarrolla los distintos aspectos atinentes al ente técnico del sector como lo es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el cual se configura como un organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa, normativa y administrativa de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones estará adscrita al Ministerio de Infraestructura a los efectos del control de tutela administrativa y le correspondela regulación, planificación,promoción, desarrollo y protección de las telecomunicaciones en todo el territorio nacional, de conformidad con esta Ley y demás normas aplicables (artículo 35). Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá su sede en la ciudad de Caracas, sin perjuicio de que el Presidente de la República en Consejo de Ministros señale otra ubicación.
10. Homologar y certificarequipos de telecomunicaciones;
En cuanto al régimen de los funcionarios y empleados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se prevé que los mismos tengan el carácter de funcionarios públicos, con los derechos y obligaciones atribuidos a los mismos, incluyendo los relativos a su seguridad social y quedarán sujetos a la Ley de Carrera Administrativa en todo lo que no estéprevisto en el Estatuto de Personal de la Comisión, que dicte el Consejo Directivo. En dicho estatuto deberá regularse todo lo relativo a la administración de personal incluyendo ingreso, remuneración, compensaciones, bonificación de fin de año, clasificación de cargos, ascensos, traslados, suspensión, capacitación y adiestramiento, sistema de evaluación, extinción de la relación de empleo público y caja de ahorro (artículo 46). Los obreros al servicio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se regirán por la Ley Orgánica del Trabajo (artículo 47).
Finalmente, en el artículo 50 de la Ley se prevé que en los casos en que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tenga conocimiento de algún hecho que pudiera ser violatorio de disposiciones de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia o sus Reglamentos, lo informará a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia aportándole todos los elementos que coadyuven al conocimiento de la situación, a los fines de que ésta ejerza las funciones que le competen. Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá someter a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia las consultas que considere conveniente. Los pronunciamientos de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, deberán producirse en un lapso no mayor de cuarenta y cinco días. En tal sentido, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia podráncelebrar convenios para establecer los términos, condiciones y mecanismos de colaboración entre ambos organismos, para el cumplimiento de los fines de esta Ley.
El Título V de la Ley, denominado “Del Desarrollo del Sector de las Telecomunicaciones”, está integrado por dos capítulos, a saber: “Del Servicio Universal y su Fondo” y el “Fondo Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones”.
Por lo que respecta al primero de los Capítulos mencionados es necesario señalar que el mismo está a su vez compuesto por dos secciones, denominadas; “Del Servicio Universal” y “Del Fondo de Servicio Universal”, respectivamente. En la Sección Primera se define lo que se entiende por Servicio Universal en el contexto de esta Ley, señalando al efecto que se trata del conjunto de obligaciones especiales que establece el Estado para la satisfacción de objetivos específicos de penetración, acceso, calidad y asequibilidad económica con independencia de localización geográfica, para la prestación de servicios concretos de telecomunicaciones en las áreas en que por razones de mercado no se prevea el alcance de los mismos objetivos en un período determinado. Así, de conformidad con la Ley, el Servicio Universal es una herramienta con la que cuenta el Estado para lograr la satisfacción de propósitosde integración nacional, maximización del acceso a la información, desarrollo educativo y de servicio de salud y reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de telecomunicaciones por la población. De allí que el Servicio Universal se orientará principalmente a los servicios en áreas no urbanas o en lugares considerados de interés estratégico o social (artículo 51).
Asimismo, se establece como prioridad en la asignación de tales obligaciones,a losefectos de alcanzar progresivamente cada una,las siguientes prestaciones: que todos los habitantes del país tengan acceso al servicio telefónico; que todos los habitantes del país tengan acceso a la red mundial de información internet; que todaslas unidades habitacionales del país reciban conexión a las redes telefónicas de acceso al público; que los usuarios discapacitados o con necesidades sociales especiales tengan acceso alosserviciosde telecomunicacionesdisponible al público, en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de los usuarios.
Por otra parte, se prevé en el texto de la Ley que en materia de Servicio Universal la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberá realizar un conjunto de actividades tales como: efectuarlos procesos de Consulta Pública establecidas en la presente Ley; oír la opinión de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia a fin de evitar distorsiones sobre el mercado de las telecomunicaciones como consecuencia de la aplicación de políticas y obligaciones de Servicio Universal (artículo 52); publicar anualmente la lista de áreas geográficas y servicios sujetos a obligaciones de Servicio Universal, cumpliendo con los requisitos que al efecto prevea el reglamento respectivo; someter la asignación de las obligaciones de Servicio Universal, en cada caso, a procesos de selección abiertos en el que podrán participar los interesados; asignar la obligación al interesado que requiera un monto menor del Fondo de Servicio Universal, siempre que se satisfagan con los mismos los requerimientos técnicos y niveles de calidad establecidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (artículo 53); declarar desiertos los procesos de selección, por ausencia de al menos dos ofertas válidas, en cuyo caso asignará directamente a uno o varios prestadores de servicios de telecomunicaciones el cumplimiento de las obligaciones de Servicio Universal (artículo 54).
La Sección Segunda de este Capítulo Primero del Título V de la Ley, se dedica a regular lo concerniente al “Fondo de Servicio Universal”, el cual se crea con el carácter de patrimonio separado dependiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La estructura, organización y mecanismos de control del Fondo de Servicio Universal de Telecomunicaciones, serán los determinados en esta Ley y en el Reglamento respectivo (artículo 55). Asimismo, dicho Fondo contará con una Junta de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, presidida por el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o quien ejerza sus funciones, de conformidad con esta Ley. Además, estará integrada por un representante designado por el Ministro de Infraestructura, un representante designado por el Ministro de Infraestructura, un representante designado por el Ministro de Planificación y Desarrollo, un representante designado por el Ministro de Producción y el Comercio y, un representante designado por las empresas aportantes al Fondo (artículo 57); se establecen las atribuciones de la Junta de Evaluación y Seguimiento, así como la existencia de un Secretario Ejecutivo de la misma (artículos 58 y 59); se regula el origen de los recursos del Fondo de Servicio Universal (artículo 60); se consagra el principio de publicidad de las estimaciones efectuadas así como las conclusiones de lasauditorías correspondientes (artículo 61), a la vez que se establece como obligación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones elaborar y hacer público un informe anual sobre las aportaciones realizadas al Fondo para su financiación y los montos de los subsidios del Servicio Universal que se hubiesen otorgado, pudiendo requerir a tales fines toda la información que estime necesaria a los operadores implicados (artículo 62).
La utilización de los recursos del Fondo de Servicio Universal para fines distintos a los previstos en este Capítulo I del Título V de la Ley, será sancionado de conformidad con la Ley Orgánica de Salvaguarda delPatrimonio Público (artículo 63).
FONDO DEINVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
El Capítulo II del Título V de la Ley, se dedica a regular lo concerniente al “Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones”, el cual, al igual que el Fondo de Servicio Universal, se crea con el carácter de patrimonio separado, pero dependiente del Ministro de Ciencia y Tecnología. La estructura, organización y mecanismos de control de este Fondo, serán los determinados en la Ley y en el Reglamento respectivo (artículo 65). Asimismo, la Ley prevé que dichas actividades estén respaldadas por este Fondo (artículo 66); el origen de sus recursos (artículo 67), así como la existencia de una Junta de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, presidida por el Ministro de Ciencia y Tecnología o quien ejerza sus funciones. Además estará integrada por dos representantes designados por el Ministro de Ciencia y Tecnología, un representante designado por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, un representante designado por el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, un representante designado por las Universidades Nacionales y, un representante designado por las empresas aportantes al Fondo (artículo 68).
Finalmente, se prevé que la utilización de los recursos del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones para fines distintos a los previstos en este Capítulo, será sancionado de conformidad con la Ley Orgánica de Salvaguarda delPatrimonio Público.
Igualmente se regula en la Ley la posibilidad de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mediante acto motivado, proceda a “migrar” a un concesionario de determinadas frecuencia, esto es, a cambiar la asignación de una frecuencia o banda que haya sido otorgada en concesión, en los casos que así lo requiera por razones de seguridad y defensa, o que dicho cambio permita la introducción de nuevas tecnologías y servicios, o permita solucionar problemas de interferencias, o para dar cumplimiento a las modificaciones establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CUNABAF). En los casos citados, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberá otorgar, por adjudicación directa, nuevas bandas de frecuencias disponibles a través de las cuales puedan prestarse los servicios originalmente ofrecidos. En casos de no existir frecuencias o bandas disponibles se realizará la expropiación del derecho de uso que había sido concedido, procediendo en este caso (al igual que en el anterior) a la indemnización a que hubiese lugar (artículo 77).
La Sección Primera de este Capítulo II del Título VI de la Ley establece el procedimiento de selección denominado “oferta pública” para la concesión de uso y explotación del espectro radioeléctrico. Este procedimiento se compone de dos fases, una de Precalificación y una de Selección, esta última a su vez podrá realizarse bajo diferentes modalidades, bien sea por subasta o en función de la satisfacción, en mejores condiciones, de determinados parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para cada proceso de conformidad con la Ley y su Reglamento (artículo 82). Importa destacar que la Ley exceptúa de este procedimiento de Oferta Pública el otorgamiento de concesiones para el uso del espectro radioeléctrico en materia de radiodifusión y televisión abierta, casos en los cuales se procederá por Adjudicación Directa.
La Sección Segunda de este Capítulo, se refiere a la “adjudicación directa”, como otro de los mecanismos establecidos para conceder en uso el espectro radioeléctrico. Al respecto prevé la Ley que corresponde al Ministerio de Infraestructura, por órgano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y previa opinión de la Consultoría Jurídica de éste organismo, el otorgamiento mediante adjudicación directa de concesiones relativas a porciones determinadas del espectro radioeléctrico. En tales casos, se requerirá solicitud de parte interesada y el cumplimiento de los extremos legales, económicos y técnicos que al respecto estén establecidos en la Ley y sus reglamentos (artículo 102).
La Sección Tercera de este Capítulo II del Título VI de la Ley se refiere a la “Comisión de Oferta Pública”, la cual estará conformada por cinco (5) miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que serán: el Director de Operaciones, quien la presidirá; el consultor Jurídico; y otros tres (3) funcionarios designados por el Director General. También establecen la posibilidad de que la Contraloría General de la República designe un funcionario para que este actúe como observador, sólo con derecho a voz, dejando en manos del reglamento la posibilidad de intervención de otros observadores.
La Sección Cuarta del Capítulo II del Título VI, recoge las disposiciones comunes a las secciones precedentes. En tal sentido establece los parámetros concurrentes para determinar que una porción del espectro radioeléctrico está disponible (artículo 110). Además, prevé los supuestos en que no se otorgará la concesión de uso del espectro radioeléctrico a un seleccionado de conformidad con las modalidades establecidas en la Ley: cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones constate que se han suministrado datos falsos o inexactos por parte del seleccionado o adjudicatario, o cuando éstos hayan sido declarados en atraso o quiebra; cuando el seleccionado o adjudicatario renuncie por escrito a tal condición y se lo comunique a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; cuando el seleccionado o adjudicatario no pague dentro de los plazos previstos en el proceso los montos correspondientes en los casos de subasta; cuando de manera sobrevenida el seleccionado o adjudicatario deje de tener las cualidades técnicas, económicas olegales que le permitieron participar en el proceso; cuando surjan graves circunstancias atinentes a la seguridad del Estado que, a juicio del Presidente de la República, hagan inconveniente su otorgamiento (artículo 111).
Así, la Ley asume que los atributos de numeración que se otorguen de conformidad con ella, tendrán carácter meramente instrumental por lo que, frente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no generan para los operadores la consideración de derechos subjetivos o de intereses legítimos cuya modificación,o supresión para el caso en que se encuentren ociosos de conformidad con lo establecido en la respectiva habilitación administrativa, deba indemnizarse. A la vez, se establece que los recursos de numeración no podrán ser transferidos a otro operador,en forma directa o indirecta, sin autorización expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la cual deberá ajustarse a lo establecido en los Planes Nacionales de Numeración (artículo115).
Por otra parte, la Ley introduce la noción “portabilidad numérica” o conservación de la numeración como otro de los pilares esenciales para asegurar las posibilidades de competencia efectiva en algunos servicios, es decir, la obligación que tienen los operadores de los servicios de telecomunicaciones, en el sentido de garantizar a los contratantes de los servicios, en los casos, términos, condiciones y plazos que determine la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que éstos podrán conservar los números que les hayan sido asignados de acuerdo a las modalidades que establezca el ente regulador, basadoen las normas y tendencias internacionales. La conservación de la numeración no debe, en ningún caso, desmejorar la disponibilidad y calidad del servicio.
En este contexto, la Ley establece como obligación mínima que deben satisfacer los operadores de redes de telecomunicaciones, la conservación de los números telefónicos por los contratantes del servicio cuando éstos decidan cambiar de operador o de ubicación física en una misma localidad. Ahora bien, para disfrutar de la conservación de la numeración establecida en la Ley, los contratantes de losservicios deberán estar solventes con el operador que le presta el servicio.
El Capítulo IV del Título VI de la Ley regula uno de los elementos fundamentales en las comunicaciones modernas como lo es el denominado “uso satelital”. Al respecto la Ley establece que corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico asociado a redes de satélites, así como el acceso y la utilización del recurso órbita-espectro para redes espaciales asignadas por la República y registradas a nombre de ésta. Estos recursos podrán explotarse sólo mediante concesión otorgada de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás normas que resulten aplicables, atendiendo a la naturaleza de los mismos (artículo 122). Así, el régimen aplicable al uso de tales recursos estará íntimamente relacionado y condicionado por la naturaleza peculiar de “bienes de la humanidad” que le reconocen los tratados internacionales.
DE LASVIAS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES
El Capítulo V del Título VI de la Ley, está destinado a regular las denominadas “Vías Generales de Telecomunicaciones”, institución ésta, que está fundada en el carácter esencial de determinados elementos que resultan insustituibles conforme los parámetros establecidos por la Ley, lo cual los vuelve bienes escasos, cuyo uso racional y eficiente debe garantizarlo el Estado en función de permitir un verdadero desarrollo de más y mejores servicios de telecomunicaciones en beneficio de los ciudadanos. De allí que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley, toda persona que de manera exclusiva o predominante posea o controle una vía general de telecomunicación, deberá permitir el acceso o utilización de la misma por parte de los operadores de telecomunicaciones que se lo soliciten, cuando su sustitución no sea factible por razones físicas, jurídicas, económicas, técnicas, ambientales, de seguridad o de operación. En este contexto, se entiende por vías generales de telecomunicaciones los elementos que permiten emplazar los medios físicos necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo.
Uno de los temas fundamentales en el ámbito de la regulación moderna en materia de telecomunicaciones lo constituye la Interconexión de redes. En efecto, la interconexión se erige como uno de los pilares esenciales que han de regularse para desarrollar en forma transparente y competitiva en el sector de las Telecomunicaciones. En tal sentido, el artículo 133 de la Ley establece en forma categórica la obligación de interconexión por parte de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, con el objetivo de establecer entre los usuarios de sus servicios, comunicaciones interoperativas y continuas en el tiempo. Asimismo, la Ley señala los principios que han de regir la interconexión, estableciendo como tales los deneutralidad, buena fe, no discriminación, e igualdad de acceso entre operadores.
Por otro lado, las controversiasque surjancon relación a un contrato de interconexión se resolverá entre las partes, de conformidad con los términos del referido contrato, sin embargo, cuando las partes no logren el acuerdo que ponga fin a la controversia, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 de la Ley,la misma será sometida por una o ambas partes, mediante comunicación motivada, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la cual deberá decidir en forma razonada, dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de su presentación, previa audiencia de los argumentos y probanzas de las partes. En dicho plazo, que podrá ser prorrogado por igual tiempo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá realizar inspecciones o fiscalizaciones así como requerir cualquier otra información complementaria que resulte pertinente para la resolución del asunto debatido.
Asimismo, importa destacar que la Ley prohibe a los operadores que con fundamento en la existencia de controversias relacionadas con un contrato de interconexión, dichos operadores procedan a efectuar unadesconexión unilateral. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá ordenar, como medida cautelar o en su decisión final, la desconexión a las redes cuando lo considere procedente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Ahora bien, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberá dictar las medidas que se aplicarán en caso de desconexión autorizada,con la finalidad de minimizar los efectos negativos para los usuarios (artículo 139).
Al respecto se prevé en la Ley que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones habilitará para instalación y operación de estaciones de radioaficionados a personas de nacionalidad venezolana, y a extranjeros residentes en Venezuela o de tránsito en el territorio nacional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su reglamento y demás normas que se dicten sobre la materia (artículo 142). Asimismo, se establece que las estaciones de radioaficionados sólo podrán ser operadas en el territorio de la República por personas habilitadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y se prohibe a su titular usar sus equipos para fines distintos a aquéllos para los cuales se lesotorgó la autorización o permitir que persona alguna opere su estación sin la autorización correspondiente.
El título IX de la Ley, se refiere a la homologación y certificación de los equipos de telecomunicaciones. Al respecto, el artículo 144 de la Ley los somete a homologación ycertificación, con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes de telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico y la seguridad de los usuarios, operadores y terceros. Así, con la finalidad de racionalizar la actividad del Estado en esta materia se prevé que los equipos importados que hayan sido homologados o certificados por un ente u organismo reconocido internacionalmente, no se les exigirá ser homologados o certificados nuevamente en Venezuela, lo cual no obsta para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejerza las funciones de inspección y control establecidas en la Ley. Por lo que respecta a los equipos y aparatos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados en Venezuela, el artículo 145 prevé que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, los homologue y certifique a través de los entes de certificación nacionales o extranjeros que haya reconocido a tales fines.
Para el desarrollo normativo requerido en esta materia de homologación y certificación, el artículo 146 de la Ley establece que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictará las normas técnicas correspondientes yaprobará y publicará una lista de marcas y modelos homologados y los usos que pueden dársele, dicho listado debe mantenerse actualizado. La inclusión en esta lista supone el cumplimiento automático del requisito de certificación, siempre que el uso esté acorde con el previsto en la homologación respectiva. Igualmente se consagra la posibilidad de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones requierala homologación de determinados equipos o instalaciones no destinados específicamentea prestar servicio de telecomunicaciones, pero que, por su naturaleza, puedan ocasionar interferencias a éstos.
El Título XI de la Ley “De los Impuestos, Tasas y Contribuciones”, está compuesto por tres Capítulos, a saber: “De los Impuestos”, “De las Tasas y Contribuciones Especiales” y “Disposiciones Comunes”.
El Título XII de la Ley denominado “Del Régimen Sacionatorio”, está compuesto por tres capítulos, a saber: “Disposiciones Generales”, “De las Sanciones Administrativas” y “De las Sanciones Penales”.
El Capítulo de “Disposiciones Generales” parte del establecimiento del conjunto de sanciones que será posible aplicar en el contexto de la Ley. Así, el artículo 166 se refiere a amonestaciones públicas; multas; revocatoria de la habilitación administrativa o concesión, según el caso; inhabilitación; cesación de actividades clandestinas; comiso de equipos y materiales utilizados para la realización de la actividad; y, finalmente, prisión.
El Capítulo II de este Título XII, está compuesto por dos secciones: “De las infracciones administrativas y sus sanciones” y “Del procedimiento sancionatorio”. En la primera de las Secciones señaladas se tipifican los supuestos que constituyen infracciones administrativas que se castigarán con multas (artículos 167 al 170), con la revocatoria de la habilitación administrativa o concesión y sus consecuencias (artículos 174 y 176), con el comiso (artículo 180), y con la amonestación pública (artículo 177).
No obstante lo amplio del conjunto de supuestos y regulaciones previstas en materia de infracciones administrativas, siguiendo la tendencia internacional en esta materia, se consideró necesario establecer algunos tipos penales. En efecto, el Capítulo III del Título XII, establece un sistema sancionatorio mediante el cual se procura el empleo del “ius puniendi” del Estado en situaciones que ameritan la privación de libertad. En este sentido, los artículos 191 y 192 recogen dos categorías de penas privativas de libertad, en función del rango de la pena que se establece.

References: artículo 1
 artículo 36
 artículo 50
 artículo 129
 artículo 133
 artículo 138
 resolución 
 artículo 144
 artículo 145
 artículo 146
 artículo 166