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Timestamp: 2018-05-27 01:06:49+00:00

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Libertad de expresión: Alberto Amador Leal
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11, así como un Libro Tercero, conformado por los artículos 235 a 246 a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El texto vigente del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley".
Las Comisiones de Gobernación, y de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso General coincidieron en los términos del dictamen presentado al órgano revisor de la Constitución, mediante el que se propuso la adición referida al artículo 6o.; señalando al efecto lo siguiente:
Al aludir el dictamen citado a que "la ley establecerá las reglas para el ejercicio del derecho de réplica frente a los medios de comunicación social", está claro que no puede estar refiriéndose a otra que a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución; toda vez que, como ya se ha reseñado, el derecho de réplica es entendido como parte integrante de una garantía constitucional.
"Un sistema de protección perfecto y total sería el que previera todos los actos sin excepción, que pudieran implicar un ataque o bien una violación a las libertades individuales, de tal manera, que dichos actos fueran sancionados, ya sea por medios preventivos o reparadores; hipótesis que debe ser considerada como un ideal al que se debe aspirar"; e incluso señala ya una aproximación de la jurisprudencia mexicana en tal sentido en sus celebres "Lecciones de Amparo" en las que señala:
Por lo demás, las posibles controversias entre particulares sobre el ejercicio del derecho de réplica que se consagra el artículo 6o., constituiría por naturaleza una controversia de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales y por ningún motivo de autoridad administrativa alguna; correspondiendo al Poder Judicial Federal, de conformidad con el artículo 103, la competencia constitucional para conocer de aquellas que se deriven del libre ejercicio de las garantías que al efecto se consagran en el capítulo primero de la Constitución.
Correspondiendo a los tribunales de primera instancia conocer de una demanda de amparo de tal índole, según quedó establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de aquel país en la sentencia de fecha 20 de enero del año 2000, emitida con fundamento en el artículo 335 de la Constitución dentro de la causa "Emery Mata Millán Vs. Ministerio del Interior y Justicia, viceministro del Interior y Justicia y ciudadana Yelitza Santaella".
La iniciativa que se somete a la consideración de ésta honorable asamblea, un proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
Las empresas de comunicación social, y los titulares de los espacios noticiosos de las mismas, serán considerados de manera conjunta como autoridades para efecto del juicio de Amparo, exclusivamente en tratándose de la obstrucción al ejercicio del derecho de réplica que se contempla en el párrafo primero del artículo 6o. de la Constitución".
Se propone asimismo en la presente iniciativa, adicionar un Libro Tercero a la Ley de Amparo, conformado por los artículos 235 a 246 y denominado "Del Amparo en Materia de Obstrucción al Derecho de Réplica".
La tramitación del juicio de amparo en la materia que nos ocupa, se tramitaría mediante un procedimiento equiparable al del Amparo indirecto ante juez de distrito, señalándose siempre como autoridades responsables de manera conjunta a la empresa de comunicación social y al titular del espacio noticioso en el que se hubiera vertido la información que se pretenda replicar; con la salvedad de que quedaría circunscrita a una audiencia que sería equivalente a la audiencia previa en los juicios de amparo indirecto, inspirándose la regulación propuesta mediante la presente iniciativa en el texto mismo del artículo 131 de la Ley de Amparo en vigor.
Una vez ventilada la audiencia a la que se ha hecho ya mención, el juez de distrito turnaría los autos a vista para dictar la sentencia conducente, misma que vendría a tener una naturaleza equiparable a una suspensión provisional con efectos restitutorios.
Don Ricardo Couto, en las postrimerías de la década de 1920 escribió un gran clásico sobre la materia, el Tratado teórico-práctico de la suspensión en el amparo, en la que se manifestó como un entusiasta partidario de que la suspensión en nuestro juicio de amparo tuviese efectos restitutorios a la manera del Warrant de Mandamus Injuction propio de la jurisprudencia anglonorteamericana, institución que por lo demás fuera la fuente de inspiración de la suspensión en nuestro procedimiento constitucional; siendo de destacarse por lo demás, que el texto trascrito del artículo 27 de la Constitución venezolana se inclina asimismo por atribuir a la suspensión efectos restitutorios.
La regulación del procedimiento de amparo que se propone en la presente iniciativa restringe el recurso de revisión, exclusivamente por lo que concierne a la impugnación de la sentencia definitiva dictada por el juez de distrito; así como en relación al auto que tuviese por desechada la demanda interpuesta por el quejoso.
La negativa a obedecer una sentencia favorable al quejoso en la materia que nos ocupa por parte de las autoridades responsables acarrearía la comisión de un delito federal por parte del responsable del área informativa de la empresa de comunicación social, así como por parte del titular del espacio noticioso que hubiese sido determinado como autoridad responsable en la demanda de amparo respectiva.
Por tratarse de un procedimiento de amparo para ventilarse contra actos de particulares, la presente iniciativa propone estatuir un tipo penal específico de desacato, lo anterior a efecto también de evitar problemas de interpretación, como los que se suscitaron con motivo del proceso de desafuero seguido en 2006 en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En tal ocasión, se esgrimió una interpretación en el sentido de que el artículo 206 de la Ley de Amparo no establecía en si mismo tipo penal alguno, aun cuando dicho precepto remite expresamente al tipo penal contemplado en el artículo 215 del Código Penal Federal.
Atendiendo a dicho antecedente, y en relación a la tipificación penal de una conducta en la propia Ley de Amparo, cabe citar los argumentos expuestos por el mismísimo Ignacio L. Vallarta, ante un tópico análogo, y que vertiera en la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al 4 de agosto de 1882, en la que el ilustre presidente de nuestro máximo tribunal validó la argumentación de un juez de distrito del estado de Guanajuato que sostenía la competencia de la justicia federal para conocer del delito de desacato al mandato de un juez en materia de amparo:
Los tribunales de la Unión –sentenció Vallarta en aquella ocasión– no tienen competencia sino en delitos de orden federal; de aquí se deduce que ellos deben juzgar del delito de desobediencia o resistencia a la justicia federal, supuesto que tal delito versa sobre materia federal; sí el Poder Judicial Federal careciera de los medios necesarios para defender su propia jurisdicción, para conservar expedito el ejercicio de sus atribuciones, para llenar los altos deberes que tiene, él carecería de la condición esencial para la existencia de todo poder público; él no podría evitar que, con la burla de sus propios actos, quedaran también burlados aquellos preceptos del Código supremo.
Con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a la consideración plenaria de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 11, y asimismo se adiciona un Libro Tercero, conformado por los artículos 235 a 246, todos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:
Las empresas de comunicación social, y los titulares de los espacios noticiosos de las mismas, serán considerados de manera conjunta como autoridades para efecto del juicio de amparo, exclusivamente en tratándose de la obstrucción al ejercicio del derecho de réplica que se contempla en el párrafo primero del artículo 6o. constitucional.
Del Amparo en Materia de Obstrucción al Derecho de Réplica
Artículo 235. Los jueces de distrito serán competentes para conocer de toda obstrucción al derecho de réplica contemplado en el primer párrafo del artículo 6o. constitucional.
Artículo 236. El quejoso deberá señalar en su demanda a la empresa de comunicación social en la que se emitieron públicamente alusiones a su persona; identificando por lo demás el horario, el titular del espacio informativo y la denominación comercial del mismo; así como la persona que realizara la declaración que pretenda ser materia de réplica.
Artículo 237. Con una antelación de por lo menos cuarenta y ocho horas previas a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso deberá remitir una promoción por escrito a las autoridades responsables, que se determinan en el segundo párrafo del artículo 11 de este ordenamiento, solicitando el espacio conducente para ejercer el derecho de réplica contemplado en la Constitución, que será el mismo en el que se hubiera vertido la información que se pretende replicar.
Artículo 238. El quejoso deberá acompañar su demanda con la promoción reseñada en el artículo anterior, requisito sin el cual se tendrá por no presentada.
Artículo 239. El quejoso deberá señalar en su demanda como autoridades responsables conjuntas a las que se establecen en el segundo párrafo del artículo 11 de éste ordenamiento.
Artículo 240. Presentada la demanda, el juez de distrito pedirá informe conjunto a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro de veinticuatro horas. Trascurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas en la fecha y hora que se haya señalado en el auto inicial; en la que el juez podrá recibir únicamente la prueba instrumental o en su caso documental privada de la autoridad responsable en que éstas acrediten que ya ha sido puesto a disposición del quejoso el espacio conducente para que ejerza el derecho de réplica que le asiste.
Artículo 241. La prueba instrumental o, en su defecto, la documental privada que podrá ser aportada por las autoridades responsables en la audiencia señalada en el artículo anterior, consistirá en la grabación del espacio noticioso, o en su defecto en un ejemplar de la edición periodística; en las que se constate que el quejoso hubiese ya ejercido su derecho a la réplica.
Artículo 242. El Juez oirá los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiere y del Ministerio Público en la audiencia prevista en el presente capítulo, concluida la cual se dictará sentencia definitiva.
Artículo 243. Por lo que hace a los amparos materia del presente capítulo, procede exclusivamente el recurso de revisión por lo que hace a la impugnación de la sentencia definitiva, así como a la del auto que tenga por no presentada la demanda.
Artículo 244. En la tramitación de los amparos materia del presente libro, no se admitirá más incidente que los concernientes a la competencia judicial.
Artículo 245. En la tramitación de los amparos materia del presente capítulo, son aplicables de manera supletoria y en lo conducente las disposiciones concernientes al Libro Primero, Título Primero y Segundo del presente ordenamiento.
Artículo 246. Se castigará con pena de seis meses a tres años de prisión y con multa equivalente de 50 a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al encargado del área de información de la empresa de comunicación social, así como al responsable del espacio noticioso de la misma, que persistan en negar al quejoso el espacio conducente para ejercer su derecho a la réplica una vez que este haya obtenido sentencia de amparo favorable a su pretensión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2008.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
Fuente: Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número2482-II, 10 de abril de 2008.

References: artículo 71
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 103
 artículo 335
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 131
 artículo 27
 artículo 206
 artículo 215
 artículo 11
 artículo 6

Artículo 235
 artículo 6

Artículo 236

Artículo 237
 artículo 11

Artículo 238

Artículo 239
 artículo 11

Artículo 240

Artículo 241

Artículo 242

Artículo 243

Artículo 244

Artículo 245

Artículo 246