Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221241.htm
Timestamp: 2019-03-25 05:41:31+00:00

Document:
201208-Sala Civil-1-241
Auto Supremo: 241/2012
Expediente: LP-58-12-S.
Partes: Dora Miranda de Hinojosa c/ Hugo Bejarano Vacaflor y otra.
Proceso: Cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 595 a 598, interpuesto por Dora Miranda de Hinojosa, contra el Auto de Vista Nº 109/2012, cursante de fs. 592 a 593, emitido el 2 de abril de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Dora Miranda de Hinojosa contra Hugo Bejarano Vacaflor y Rosario Varela de Bejarano; la concesión de fs. 600; los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Decimocuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 30 de noviembre de 2010 pronunció la Sentencia Nº 725, cursante de fs. 571 a 573, que declaró probada la demanda de fs. 277 a 279, subsanada a fs. 283; improbada la excepción de cosa juzgada y la demanda reconvencional formuladas por la demandada Olga Rosario Varela de Bejarano como consecuencia ordenó el pago por parte de los demandados Hugo Bejarano Vacaflor y Olga Rosario Varela de Bejarano a favor de la actora la suma de $us. 14.000, más el pago de interés del 2% mensual, a liquidarse en ejecución de sentencia al momento de efectivizarse el pago desde el 15 de agosto del año 2000, más el pago de daños y perjuicios a cuantificarse en ejecución.
Contra esa sentencia la parte demandada interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 2 de abril de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 109/2012, cursante de fs. 592 a 593, anulando obrados hasta fs. 254, es decir hasta el memorial de demanda inclusive, y dispuso que el juez A quo, en cumplimiento de la Resolución Nº 362/2007 de fs. 251, remita obrados a la autoridad que corresponda, salvando el derecho de la parte actora para que los haga valer por la vía y competencia establecidas por Ley, con apercibimiento y multa para el juez de la causa en la suma de Bs. 200.
Contra esa resolución de segunda instancia la demandante Dora Miranda de Hinojosa interpuso recurso de casación en el fondo.
La recurrente señaló que el Tribunal de alzada no consideró que la tramitación de la presente causa tuvo su origen en un proceso ejecutivo en el que se emitió la Resolución Nº 362/2007, que declaró probada la excepción de incompetencia, en cuyo mérito se formalizó nueva demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, habiendo, en el período probatorio, demostrado el tipo de moneda de la obligación perseguida que asciende a la suma de $us. 14.000, determinación que fue precisamente lo que motivó la imposibilidad de proseguir con el trámite y sustanciación del referido proceso ejecutivo.
Por otro lado acusó la violación del art. 10 del Código de Procedimiento Civil, al respecto señaló que a través de la demanda interpuesta pretende el cobro de $us. 14.000 que los demandados le adeudan, quienes en lugar de honrar su obligación se limitan a obstaculizar el cobro de los dineros que les entregó.
Finalmente acusó la violación del principio de congruencia y del derecho al debido proceso, a la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.
Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se declare probada la demanda con imposición de costas y demás penalidades previstas por ley.
Éste Tribunal ha establecido en reiteradas oportunidades, siguiendo el criterio sentado por la entonces Corte Suprema de Justicia que, al ser los recursos de casación en la forma y en el fondo dos medios de impugnación distintos, procedentes en supuestos también diferentes, la resolución que se pretende con uno u otro medio también resulta diferente.
Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que unificando la interpretación de las normas jurídicas resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la resolución recurrida contiene infracciones formales y, lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, esta orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en ese caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley. En cambio el recurso de casación en la forma esta orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conllevan la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.
En el caso que se analiza la recurrente cuestionó el pronunciamiento anulatorio del Tribunal de alzada por considerar indebido el fundamento en que se basó dicha determinación, consiguientemente lo que correspondía a la recurrente era peticionar la nulidad del referido Auto de Vista, a fin de que éste Tribunal Supremo de Justicia, evidenciando la indebida nulidad, invalide esa resolución y disponga que el Tribunal de alzada emita un nuevo Auto de Vista que observe la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo la recurrente peticionó se case la resolución recurrida y se resuelva el fondo del litigio confirmando la sentencia, pretensión que resulta imposible de atender, toda vez que el Tribunal de alzada anuló obrados y, como es lógico, no resolvió el fondo del litigio, consiguientemente a éste Tribunal no le está permitido ingresar a considerar el fondo de la controversia, como erradamente pretende la recurrente, estando limitada su competencia a determinar si la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de apelación resulta o no correcta, toda vez que contra una resolución de alzada anulatoria de obrados únicamente es procedente el recurso de casación en la forma y no en el fondo.
Sin perjuicio de lo anterior, que daría lugar a la improcedencia del recurso, corresponde precisar que las normas de competencia son de orden público y en ese sentido corresponde a éste Tribunal, en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento civil, analizar de oficio si la determinación del Tribunal de alzada en sentido de considerar incompetente al Juez A quo resulta o no correcta.
Establecido lo anterior cabe señalar que el Tribunal de alzada fundó la resolución anulatoria de obrados, argumentando que el juez A quo no obstante haber declarado probada la excepción de incompetencia deducida contra la demanda ejecutiva que la actora interpuso contra los ahora demandados, en lugar de abstenerse del conocimiento de la presente causa, la admitió y tramitó, sin tomar en cuenta que el monto demandado era el mismo que se intentó cobrar a través del proceso ejecutivo.
Siendo ese el fundamento de la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem, es pertinente señalar que efectivamente Dora Miranda de Hinojosa interpuso demanda ejecutiva en contra de Hugo Bejarano Vacaflor, persiguiendo el cobro de $us. 14.000, demanda contra la cual el ejecutado opuso excepciones de incompetencia, de falta de fuerza ejecutiva, inhabilidad y falsedad del título, argumentando en lo principal que el documento base de la ejecución no especificaba en ninguna de sus cláusulas si la deuda cuyo pago se reclamaba era en dólares o bolivianos, debiendo considerarse que por disposición legal toda transacción se realiza en bolivianos.
Ante esas excepciones el Juez advirtiendo que efectivamente el documento base de la ejecución no especificaba si la deuda exigida era en moneda nacional o extranjera, mediante resolución Nº 362/2007, de fs. 251 y vlta., declaró probada la excepción de incompetencia, y dispuso la remisión al juez competente o en su caso dispuso que la entonces ejecutante accione en la vía ordinaria para que en ella se determine el tipo de moneda de la obligación reclamada.
En cumplimiento a esa determinación, Dora Miranda de Hinojosa, en la vía ordinaria demandó el pago de $us. 14.000 en contra de Hugo Bejarano Vacaflor y Rosario Varela de Bejarano; debe entenderse que a través de esta nueva acción ordinaria la actora pretende el cobro de $us. 14.000, suma de dinero que según ella le adeudaban los demandados. En consecuencia si la pretensión demandada en un proceso de conocimiento persigue el pago de una determinada suma de dinero, la cuantía a efectos de determinar la competencia del Juez, siguiendo los criterios que establecía la abrogada Ley de Organización Judicial, se establece en consideración a la pretensión perseguida por la actora, correspondiendo a ella la carga de demostrar la certeza del derecho que reclama; situación distinta sucede en el proceso ejecutivo en el que la obligación perseguida debe constar en un título que goce de fuerza ejecutiva.
Consiguientemente no es evidente que el juez de la causa hubiera actuado sin competencia, toda vez que la demanda instaurada está dirigida al cobro de una suma de dinero cuya cuantía corresponde al Juez de Partido en lo Civil y, en virtud a que la propia resolución que declaró probada la excepción de incompetencia dispuso que la actora acuda a la vía ordinaria para la averiguación y determinación del tipo de moneda de la obligación cuyo cumplimiento reclamaba, determinación que es la que precisamente respaldó el accionar de la parte demandante, resultando en consecuencia indebida e injustificada la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de alzada.
Por las razones expuestas, corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia fallar en la forma prevista por los arts. 271-3) y 275 del citado Código de Procedimiento Civil, en relación a lo dispuesto por el art. 254-4) del citado Código, toda vez que con esa determinación el Tribunal Ad quem soslayó pronunciarse sobre el recurso de apelación deducida contra la sentencia y resolver así la controversia sometida a su competencia.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 3) y 275) del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 109/2012, cursante de fs. 592 a 593, emitido el 2 de abril de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, dispone que dicho Tribunal emita nueva resolución atendiendo la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Sin multa.
elator: Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran.

References: Resolución 
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 artículo 253
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 artículo 254
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 resolución 
 artículo 258
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