Source: http://www.sipiapa.org/notas/1211255-peru
Timestamp: 2018-01-17 07:16:32+00:00

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2017 - Reunión de Medio Año - Guatemala - Antigua Guatemala Informes Perú
Durante este período se observa un retroceso a las libertades de prensa y expresión principalmente por el asesinato de tres periodistas.
La prensa desarrolló su labor bajo un clima de agitación política, que recrudeció a partir de las revelaciones y consecuentes investigaciones vinculadas a la corrupción con empresas brasileñas en los sectores público y privado, y que atañe a los últimos tres presidentes y sus respectivos colaboradores.
El 20 de noviembre, el periodista Hernán Choquepata Ordóñez (46) fue asesinado a balazos por desconocidos que ingresaron a su cabina de transmisión mientras conducía el programa "Habla el pueblo", de radio La Ribereña, provincia de Camaná, en Arequipa.
Testigos entrevistados dijeron que dos desconocidos ingresaron a la radio, lo golpearon y le dispararon a la cabeza. Destruyeron los equipos de transmisión y huyeron. Choquepata Ordóñez denunció que venía recibiendo amenazas de muerte. Fue trasladado al hospital a donde llegó sin vida. Periodistas de radio La Ribereña atribuyen el crimen a las duras críticas e informes que difundía el periodista contra políticos de la región.
El 8 de diciembre, la policía detuvo al sicario, Diego Armando Achulli Alarcón, pero fue dejado en libertad por el representante del Ministerio Público en Camaná. El 26 de diciembre, el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, informó que a solicitud de Flor Arapa Mayta, viuda del periodista, el caso de su esposo fue incluido en el Programa de Recompensas contra la Criminalidad que ofrece hasta US$6,000 a quien brinde información sobre el paradero de los culpables.
Otros dos periodistas fueron asesinados durante los últimos cinco meses. Fueron torturados y abandonados en zonas descampadas de los departamentos de Ica y Lima.
El 27 de febrero, el cadáver desmembrado del periodista, editor y productor José Feliciano Yactayo Rodríguez (55) fue encontrado en una maleta quemada, por un grupo de agricultores que intentaban apagar un incendio en los cañaverales de Andahuasi, en Sayán, provincia de Huaura.
Según voceros de la Policía Nacional del Perú (PNP) Yactayo fue torturado y mutilado, lo que dificultó su identificación. Fue visto por última vez el 24 de febrero, cuando unos amigos lo dejaron cerca de su domicilio en Lima. Trabajaba en un documental sobre la reinserción de algunos presos y ex presidiarios a la sociedad. Había expresado temor por su vida. Según la Policía, Yactayo era seguido por desconocidos y venía recibiendo llamadas intimidatorias.
El 13 de marzo se activó el Programa de Recompensas.
En otro hecho, el 6 de marzo, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el cadáver irreconocible encontrado el 26 de febrero en Ocucaje, departamento de Ica, era del periodista Julio Moisés Mesco. Su desaparición fue denunciada el 11 de febrero. Moisés Mesco, que trabajaba en la Municipalidad Provincial de Ica, fue visto por última vez el 8 de febrero cuando se trasladaba desde su domicilio en Pisco Ica. Aún no se ha establecido el móvil del asesinato.
En el país se registraron más de 50 asesinatos de periodistas desde 1982. La mayoría de los casos sigue impune, pese a la ampliación en 2010 de la competencia de los Juzgados y Fiscalías Penales Supra Provinciales de Lima para atender estos crímenes.
Se desarrolla en etapa final el juicio por el asesinato de corresponsal de la revista Caretas Hugo Bustíos, por parte de efectivos militares en Huanta, Ayacucho, en 1988. La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, solicitó 25 años de prisión para el ex ministro del Interior del gobierno del ex presidente Ollanta Humala, Daniel Urresti, como autor mediato del asesinato. Urresti se desempeñaba como jefe del Servicio de Inteligencia del Batallón de Castropampa en Huanta.
Se prevé que la sentencia se conozca en los próximos meses.
Respecto de la controversia sobre la adquisición del Grupo EPENSA por el Grupo El Comercio, estas son las posiciones del Grupo La República y los Grupos El Comercio y Epensa tal como fueron consignadas:
- "El Grupo La República considera que la Sociedad Interamericana de Prensa en su 72° Asamblea Anual de octubre del año pasado, emitió una Resolución invocando al Poder Judicial del Perú para que resuelva la demanda de amparo planteada en noviembre de 2013, por ocho periodistas contra Empresa Editora El Comercio por la adquisición que hiciera de las acciones de Empresa Periodística Nacional (hoy PRENSMART); proceso que debió ser resuelto en un plazo perentorio.
Luego de más de tres años y cuatro meses de presentada la demanda; aún no se dicta una resolución en primera instancia; no obstante que este tipo de procesos debería resolverse en no más de treinta días.
Durante el tiempo transcurrido se ha cambiado varias veces de Juez, se han admitido numerosas articulaciones procesales de los demandados que han dilatado el trámite e incluso ha fallecido uno de los demandantes.
A pesar del pedido de la SIP el proceso sigue envuelto en articulaciones procesales y no se resuelve a la fecha por lo que resulta necesario que la SIP insista exigiendo a las autoridades judiciales peruanas que resuelvan esta controversia; atendiendo a lo manifestado por la propia resolución de la SIP en el sentido que "Justicia que tarda no es justicia. "
- "Para los Grupos El Comercio y EPENSA la adquisición del 54% de las acciones de Empresa Periodística Nacional EPENSA (hoy PRENSMART), "la adquisición", no dio a Empresa Editora El Comercio (GEC) el ¨80% de los medios impresos del país ¨, sino el 80% de los lectores de estos medios. La diferencia es importante: los lectores son libres y tienen otras opciones puesto que, luego de la adquisición, el GEC posee solo 9 de los 60 diarios impresos que existen en el Perú.
Vale la pena precisar, además, que el mercado de los medios escritos es un mercado abierto permanentemente a la llegada de nuevos competidores (de hecho, desde la adquisición han ingresado al mercado y permanecido en él dos diarios de alcance nacional más).
Por otra parte, aun cuando la situación en el mercado de medios impresos peruanos no fuese la descrita, resultaría anacrónico, luego de la aparición de las alternativas digitales a la prensa impresa en el país, considerar al mercado de los medios impresos como el "mercado relevante" para determinar una situación de riesgo a la pluralidad informativa y la libertad de expresión.
Hay que precisar que el "control" del GEC respecto de los tres medios del GLR está referido exclusivamente a la comercialización e impresión: en la antes mencionada adquisición se determinó que el contenido editorial de los tres diarios de PRENSMART quedase en manos de una empresa 100% propiedad de la familia Agois.
PRENSMART y GEC sostienen que no hay asidero para la demanda presentada pues no hay riesgo alguno para las libertades de información y expresión en el Perú con la asociación de ambos grupos. Por lo mismo, a PRENSMART y al GEC también les preocupa la demora habido en el Poder Judicial, considerando que la demanda de amparo debería haber sido declarada improcedente o, en su defecto, infundada a estas alturas. En línea con ello, ambos grupos apoyaron la resolución aprobada por la Asamblea de México, invocando al Poder Judicial a resolver la controversia a la brevedad posible. Al mismo tiempo, los dos grupos se mantienen en su posición de que no corresponde un pronunciamiento de la SIP sobre lo que en realidad es un conflicto comercial entre competidores que en nada afecta a la libertad de expresión y en el que, por lo demás, como lo comprobó la misión enviada en el 2014, no ha habido interferencias políticas".
El magistrado Gilberto Cáceres Ramos del juzgado mixto de Tocache admitió la demanda de Habeas Data presentada contra varios medios de comunicación. Pidió que en un plazo de tres días "bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento" retiren de la red todas las investigaciones periodísticas que relacionan al demandante, Miguel Arévalo Ramírez, con mafias del narcotráfico en el valle cocalero del Alto Huallaga y con cárteles de la droga del extranjero desde los años '80.
Respecto a la invocación del "derecho al olvido" el Consejo de la Prensa Peruana rechazó y denunció las irregularidades procesales del caso. Alertó sobre la peligrosa alusión al "derecho al olvido" y la incongruente interpretación de la Ley de Protección de Datos Personales.
La resolución del 27 de octubre ordenó retirar los vínculos sobre Arévalo y el narcotráfico a los diarios La República, El Comercio, Perú21, Gestión, Trome, Correo, el portal de periodismo de investigación Ojo Público, la revista Caretas, el semanario Hildebrandt en sus Trece, los canales América Televisión, Canal N, Willax Tv, Cable Alfa Televisión y a la compañía estadounidense de tecnología Google.
El 22 de noviembre, el juez anuló la resolución original debido a un "error material involuntario" aunque mantuvo vigente el proceso constitucional de Habeas Data planteado por Arévalo Ramírez.
En enero se creó por medio del Decreto Legislativo N° 1353, una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), calificándola como "Autoridad Nacional", en materia de transparencia y acceso a la información, pero sin atribuciones mínimas para una entidad de esta naturaleza. La norma extiende plazos de respuesta a solicitudes y no sirve para contrarrestar criterios de clasificación, información reservada, confidencial y secreta. Tampoco resuelve el secretismo arraigado en el sector defensa.
Sin embargo, el Decreto incorpora cambios positivos para la Ley de Protección de Datos Personales, entre los que destaca el uso de datos en el marco del "tratamiento que se realiza en ejercicio constitucionalmente válido del derecho fundamental a la libertad de información".
El 7 de marzo fue presentado el "Proyecto de Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población "(PL Nº 1026/2016-CR) por integrantes de la bancada fujimorista.
Está dirigido a intimidar a la prensa y restringir la independencia editorial de los medios en el contexto de la lucha anticorrupción. El Art. 1º señala que el objeto de la ley es "evitar la influencia en contenido y línea editorial, entre otros conceptos análogos, como resultado de la interferencia de los actos de corrupción de titulares o terceros vinculados a los medios de comunicación".
Establece que las personas investigadas por el Ministerio Público, por delitos de corrupción, en agravio del Estado Peruano, no podrán "ser presidente o miembros del Directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación". El impedimento alcanza a "directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio de comunicación."
Otros datos en este período.
El 20 de febrero, los periodistas Antonio Bazán Chero, del diario La Industria, Fátima Constantino y Juan Vejarano, del diario La República y el corresponsal del diario Perú21 Juan Mendoza, informaron que la Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo los denunció por presuntamente haber afectado los derechos de su hijo al difundir pormenores del expediente judicial que da cuenta del proceso de violencia familiar que se sigue contra la propia magistrada y en agravio de su hijo adolescente.
El 13 de febrero, el periodista Luis Amoretti Yupanqui, director del programa Vox Populy, canal 45 BTV, en Chincha departamento de Ica, denunció que fue agredido por policías municipales en circunstancias en que cubría las incidencias de una intervención nocturna contra un grupo de jóvenes en las inmediaciones de la Plaza de Armas local.
El 4 de febrero, el periodista Marco Bonifacio Sánchez, conductor del programa "El Canillita" que transmite Turbo Mix Radio y Televisión, en la ciudad de Cajamarca,fue obligado a subir a un vehículo adonde lo torturaron e incluso intentaron cortarle la lengua. El periodista había denunciado amenazas en represalia a su labor.
El 4 de febrero, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció al director de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional del Gobierno Regional de San Martín, Miguel Ángel Calderón Paz, por condicionar la distribución de publicidad oficial a la cobertura informativa de la administración regional.
El 2 de febrero, los periodistas Asencio Quiñones Molina y Henry Cuevas Centeno conductores del noticiero matutino que transmite el canal 41 Machupicchu TV, en Cusco, fueron atacados por trabajadores del Sindicato de Construcción Civil. La turba forzó la entrada cuando el canal difundía una nota crítica contra Héctor Calla Chura, ex secretario general del sindicato, y destrozaron el estudio de televisión y robaron una cámara filmadora.
El secretario del sindicato se disculpó por la conducta de sus agremiados, pero anunció que presentará una denuncia por difamación contra los periodistas.
El 18 de enero, la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) repudió las limitaciones impuestas a los fotógrafos y camarógrafos para cubrir las reuniones de líderes del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizaba en la ciudad de Lima.
El 5 de enero, Marco Antonio Ramón Huaroto, fotógrafo del diario Perú21, resultó seriamente herido, con cuatro perdigones en el rostro y en la mano izquierda disparados por un policía mientras cubría el enfrentamiento entre la Policía Nacional y un grupo de pobladores en Puente Piedra, provincia de Lima. Huaroto fue trasladado a Estados Unidos para someterse a cirugías oftalmológicas.
El 13 de enero, Hernán Hernández Kcomt, de La República, y la reportera de ATV+ Noticias, canal 9, Karina Aliaga Neyra, fueron heridos con perdigones mientras informaban sobre esa misma protesta.
El 5 de diciembre, Renato Sandoval González, director del diario Correo zona norte, fue condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de S/ 5,000 en concepto de reparación civil por difamación agravada.
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