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Timestamp: 2019-12-09 02:15:05+00:00

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Chile. Corte Suprema suspende Proyecto minero El Morro Goldcorp por incumplimiento de Convenio 169
30/04/2012 Convenio 169 Chile - Noticias Convenio 169
La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dejó sin efecto una resolución de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama que autorizó proyecto minero El Morro de la compañia canadiense Goldcorp, en el sector cordillerano de la provincia de Huasco. Caso Comunidad Agricola los Huasco altinos con Comision de Evaluacion III Region de Atacama
La resolución de la Corte Suprema precisa que se anula la resolución mientras no se realicen las consultas a las comunidades indígenas de la zona, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
“Precisándose que el acto ordenado dejar sin efecto corresponde a la Resolución Exenta N° 49 de fecha 14 de marzo de dos mil once dictada por la Comisión de Evaluación Región de Atacama que califica favorablemente el Proyecto El Morro, en tanto no se subsanen las deficiencias observadas en el fundamento undécimo del fallo en alzada a las consideraciones contenidas en la letra c) en relación a la letra d) del N° 11 de dicha Resolución de Calificación Ambiental.”, dice el fallo.
En fallo unánime (causa rol 2211-2012) los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Pedro Pierry, Sonia Araneda, Maria Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Alfredo Prieto y Arturo Prado, confirmaron la resolución del tribunal de alzada que acogió el recurso presentado en contra del denominado Proyecto Minero El Morro.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta (subrogando a la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había quedado inhabilitada en la causa), señaló en su resolución que: “Según se ha venido razonando y de acuerdo a la transcripción de la Resolución Exenta 049 con relación al reasentamiento de las comunidades humanas o alteración significativa de sistema de vida o costumbres de grupos humanos, el proyecto sólo consideró tres familias de crianceros, además de una persona que pertenece a una de estas familias y “que tiene su majada propia”, por lo que es lógico deducir que los integrantes de la Comunidad Agrícola y especialmente las cuarenta y tres personas individualizadas en la parte expositiva -según certificados de fs. 418 a 460 que acreditan sus calidades de indígena- le es aplicable la normativa nacional e internacional ya referida, debiendo el estudio de impacto ambiental de proyecto El Morro considerarlos específicamente, porque independientemente a la circunstancia que la comunidad agrícola Los Huasco Altinos no haya tenido a la fecha de la elaboración del proyecto un reconocimiento como Comunidad Indígena, lo cierto es que sus integrantes ya individualizados tienen tal calidad y les afecta el proyecto porque se comprobó que son titulares del derecho de dominio inscrito de terrenos respecto de los cuales iniciarán las actividades de explotación la Sociedad Contractual Minera El Morro.
El Estudio de Impacto Ambiental que destaca que los ingresos de estas personas no constituye lo esencial sino también el aspecto cultural en cuanto organiza la vida familiar y las actividades centrales en el proceso de formación de recursos para la economía familiar, constituyen antecedentes que este estudio debió considerar específicamente para la entrega de terrenos, generación de sector de pastoreo, habilitaciones de sectores en condiciones de pastoreo invernal que reconozca la existencia de los mismos y no en forma genérica como lo hizo, desconociendo a los integrantes de estas comunidades de hecho, en consecuencia, incluir sólo tres familias y una persona natural y prescindir específicamente del resto de estas personas que tienen la calidad de indígena comprobada, constituye una ilegalidad que está protegida en la Constitución Política de la República que garantiza la igualdad ante la ley, la no existencia de grupos privilegiados sin que autoridad alguna pueda establecer estas diferencias arbitrarias entre tres familias de crianceros y una persona natural, respecto de todos los integrantes de la comunidad agrícola que acreditaron poseer la calidad de indígenas y que ya fueron enumerados, ilegalidad que justifica acoger excepcionalmente un recurso de protección frente a la calificación favorable del Estudio de Impacto Ambiental porque en la letra c) de la fs. 390 del estudio se proponen medidas de mitigación, entrega de terrenos y generación de sectores de pastoreo alternativo de veranadas únicamente a estas tres de familia de crianceros, desconociéndose a las personas integrantes de la comunidad agrícola.
Este desconocimiento se ha mantenido en el informe reseñado de la recurrida en cuanto se acepta que la comunidad agrícola fue escuchada en diversas reuniones pero sus integrantes no fueron considerados como indígenas, como tampoco existe en el proyecto, en todo su desarrollo, una audiencia específica en cuanto a sus necesidades, perjuicios que le ocasionarán, planes de mitigación y las indemnizaciones correspondientes, de manera que surge indefectiblemente la ilegalidad que afecta al derecho de propiedad que ostentan estos comuneros respecto de un vasto terreno de aproximadamente 395.000 hectáreas y que se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar, denominado Estancia Los Huasco Altinos, ocupado por la comunidad integrada por aproximadamente doscientos sesenta comuneros y sus respectivas familias, quienes descienden de las comunidades Diaguitas que desde tiempos precolombinos han habitado el territorio, lo que está reconocido en la legislación nacional según se ha venido razonando, de manera que desconocer su existencia, en términos de sujetos activos para las acciones de mitigación, reasentamiento e indemnizaciones, constituye una ilegalidad que representa una amenaza concreta a su derecho de propiedad; existiendo por tanto dos rubros que obligan a acoger el recurso; la desigualdad ante la ley que priva la garantía constitucional del N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por hacer diferencias que no tienen justificación y que son ilegales y arbitrarias; y la amenaza al derecho de propiedad como consecuencia del desconocimiento de la calidad de indígenas que requieren un tratamiento especial para los aspectos ya señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. Todas las demás acciones u omisiones no corresponde analizarlas en este recurso porque consisten en aspectos específicos relativos al paisajismo, turismo, sitios de valor antropológicos e históricos que de acuerdo al artículo 11 requieren este estudio, cuya evaluación no demuestra ostensiblemente alguna arbitrariedad o ilegalidad que protege la acción cautelar".
TEXTO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE
Santiago, veintisiete de abril de dos mil doce.
A fojas 622: a lo principal, téngase presente; al otrosí, no ha lugar a los alegatos solicitados.
Al otrosí de fojas 629 y 631: no ha lugar a los alegatos solicitados.
A fojas 635: téngase presente.
A lo principal de fojas 641 y a fojas 649, estése a lo que se resolverá.
Al otrosí de fojas 641, a sus antecedentes.
Precisándose que el acto ordenado dejar sin efecto corresponde a la Resolución Exenta N° 49 de fecha 14 de marzo de dos mil once dictada por la Comisión de Evaluación Región de Atacama que califica favorablemente el Proyecto El Morro, en tanto no se subsanen las deficiencias observadas en el fundamento undécimo del fallo en alzada a las consideraciones contenidas en la letra c) en relación a la letra d) del N° 11 de dicha Resolución de Calificación Ambiental, se confirma la sentencia apelada de diecisiete de febrero de dos mil doce, escrita a fojas 499.
Rol N° 2211-2012.-
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B., Sra. María Eugenia Sandoval G. y los Abogados Integrantes Sr. Alfredo Prieto B. y Sr. Arturo Prado P. Santiago, 27 de abril de 2012.
En Santiago, a veintisiete de abril de dos mil doce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.
DOCUMENTO RELACIONADO: SENTENCIA CONFIRMADA

References: resolución 
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 artículo 19
 artículo 11
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