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Timestamp: 2019-06-20 09:56:03+00:00

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4.8 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Universidad nacional autónoma de méxico
Respeto a la dignidad inherente
La autonomía individual y la independencia de las personas.
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad
4.8 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
En materia de discapacidad a nivel internacional, existen dos instrumentos que determinan los ejes rectores de regulación y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Por un lado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 6 de julio de 1999 en el 29º periodo de sesiones y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en el 61 periodo de sesiones y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 mayo de 2008.
En primer término, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, es un Tratado Regional, el cual se creó para promover el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su protección, desde una perspectiva social, en contraposición con los instrumentos analizados abordados con anterioridad. Aunque nuestro país sigue estando obligado a cumplir con este instrumento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha superado sus disposiciones por muchas razones.
Por su parte la Convención sobre los Derechos del Personas con Discapacidad es considerada un referente inmediato cuando se habla de los derechos de las personas con discapacidad, pues su enfoque completamente social y la coherencia con la que trata al principio de igualdad y no discriminación es visible al garantizar a todas las personas con discapacidad sin importar su deficiencia ni el grado de la misma, todos los derechos y libertades fundamentales, estipulado en el artículo 1 de dicha Convención, además de plantear principios generales y medidas específicas que buscan garantizar la igualdad de oportunidades y su real inclusión en las sociedades.
El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Personas con Discapacidad establece su justificación a partir del derecho humano a la igualdad, refiriéndose a este como:
[…] el derecho que tienen todas las personas, sin ninguna distinción, a todos los derechos y libertades consideradas como de la humanidad.
Es decir, si el derecho a la igualdad es respetado, los demás derechos también lo serán.
La Convención rompe con los parámetros que tradicionalmente habían regido los instrumentos internacionales acerca de este grupo. Por ejemplo, se pueden reconocer estos cambios a partir del reconocimiento de la “diversidad de las personas con discapacidad”, el reconocimiento de los derechos de todas las personas con discapacidad “incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso” y del concepto de discapacidad:
[…] la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Inciso e) del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Personas con Discapacidad).
La diversidad de las personas con discapacidad es ampliada cuando se establece la inclusión de quienes tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Este principio es muy importante pues el estigma con el que cargan las personas con deficiencias mentales e intelectuales, ha provocado que no se les considere objeto de derechos. Estos grupos de deficiencias ayudan a generalizar las medidas de inclusión, lo anterior sin prejuicio del conocimiento de las necesidades de cada persona con discapacidad.
La Convención también introdujo conceptos nuevos que sirven como herramienta para la inclusión real de las personas con discapacidad en las sociedades (artículo 2):
Comunicación: la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
Ajustes razonables: las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Diseño universal: el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Si algo hay que resaltar de la Convención, es que los principios generales establecidos en ésta, sirven para interpretarla, aplicarla y como criterio general para su implementación en los Estados parte. En nuestro país estos principios ya han sido abrazados por nuestro sistema jurídico, tanto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad42, así como en el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación43, donde se recogen estos principios como referentes para la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país.
Los principios de protección a las personas con discapacidad se encuentran contenidos en la Convención, en su artículo 3 y se plasman a continuación:
- Respeto a la dignidad inherente, se habla de dignidad para referirse a que “todos los seres humanos, sin excepción, poseen un haz inherente de derechos, y el más relevante de todos ellos es, sin duda alguna, el reconocimiento y respeto como personas” (Ganzenmüller, 2005, p. 64).
- La autonomía individual y la independencia de las personas. La autonomía individual puede traducirse en el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad; lo que este principio busca es la participación activa en la comunidad como ciudadanos(as) titulares de derechos, sujetos activos que ejercen el derecho a tomar sus propias decisiones sobre su propia existencia, y no meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas (Ganzenmüller, 2005). Lo anterior a través de mecanismos de asistencia de toma de decisiones en lugar de una sustitución de toma de decisiones y medidas de accesibilidad universal. Por otra parte, la independencia a través de la toma de decisiones de vida, es decir de “la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad” (Ganzenmüller, 2005, p. 63).
- La no discriminación, se trata del reconocimiento y respeto a la dignidad humana, y la garantía de que sus derechos y libertades sean igualmente respetadas que a las demás personas. La discapacidad de una persona representa una diferencia para ejercer sus derechos y libertades humanas; al contrario, “todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igualdad medida sin discriminación alguna”, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5, párrafo primero de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, se refiere a las medidas legislativas, administrativas, políticas públicas, programas de promoción de derechos, investigación y desarrollo acerca de medidas de diseño universal y movilidad, campañas de información y en general las medidas necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Pensado para evitar la simulación que los Estados puedan realizar con respecto a una verdadera inclusión y participación de las personas con discapacidad en las sociedades.
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, se refiere a la sensibilización y la toma de conciencia de los Estados y las sociedades para que los estereotipos y prejuicios sean neutralizados y se reconozcan las capacidades y aportaciones que las personas con discapacidad hacen a la comunidad.
- La igualdad de oportunidades, la igualdad que el derecho puede garantizar no es suficiente si socialmente existe una desventaja. Cuando se habla de igualdad de oportunidades se hace referencia a la igualdad en el punto de partida, no en el reparto definitivo de los bienes sociales, el cual depende de los méritos de cada persona (Pérez, 2005, p. 155). La igualdad de oportunidades puede lograrse a través de medidas de inclusión.
- La accesibilidad se refiere a la adopción de medidas pertinentes para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades que las demás personas “al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales” (artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Personas con Discapacidad).
- La igualdad entre el hombre y la mujer, se refiere a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, en el sentido de considerar a la mujer con discapacidad más vulnerable que el hombre con discapacidad. Se trata de proteger a la mujer con discapacidad de la no discriminación en razón de su género.
- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, se refiere a la garantía de un desarrollo integral y una vida digna de este grupo. La igualdad con los demás niños y niñas de su edad debe ser garantizada, además no por tener una discapacidad la niñez debe aprender de manera diferente, deben mantener la libertad de determinarse a sí mismos y de obtener respeto a su cultura y valores. La niñez con discapacidad cuenta con varios factores de riesgo a ser discriminada. Además se trata de garantizar la expresión de las opiniones de la niñez con discapacidad sobre las cuestiones que les afecten y de recibir asistencia apropiada para este fin.
La Convención, previendo la vulneración histórica de los derechos y libertades de las personas con discapacidad, hace énfasis en una serie de medidas necesarias para lograr una vida digna y sin discriminación. Estos son: el derecho a la vida, establecido en su artículo 10; de protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, previsto en su numeral 11; igualdad ante la ley por medio de la personalidad y la capacidad jurídica, contemplado en su dispositivo 12; acceso a la justicia, incluido en su artículo 13; a la libertad y seguridad personales, señalado en el artículo 14; a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, artículo 15; a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, señalado en el artículo 16; a la protección de la integridad personal, previsto en el numeral 17; de la libertad de desplazamiento y nacionalidad, indicado en el artículo 18; el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, enunciado en el artículo 19; a la movilidad personal, previsto en el 20; a la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información pública, descrito en el 21; respeto a su privacidad, indicado en el 22; al respeto en el hogar y de la familia, escrito en el 23; a la educación, previsto en el 24; a la salud, indicado en el artículo 25; a la habilitación y rehabilitación, señalado en artículo 26; al trabajo y empleo, enunciado en el artículo 27; a un nivel de vida adecuado y a la protección social, previsto en el dispositivo 28; a la participación en la vida política y pública, señalado en el artículo 29; de participar en la vida cultural, en actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, plasmado en numeral 30.
Relacionado a lo anterior, es necesario profundizar en tres temas: la accesibilidad, la igualdad ante la ley y la participación en la vida política y pública.
Primero, las personas con discapacidad, sin importar su deficiencia, tienen derecho al reconocimiento y ejercicio de su capacidad jurídica, esto es, a ser titulares de derechos y obligaciones. Lo cual implica la garantía de tomar sus propias decisiones y celebrar sus propios actos jurídicos. “En México la legislación viola tanto de manera formal como informal el derecho a la capacidad jurídica de diversos grupos de la población, principalmente de los niños y las niñas, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad” (CONAPRED, 2013, p. 50). La limitación de la capacidad jurídica trae como consecuencia una afectación a la libertad de expresarse y de opinar sobre situaciones cotidianas que repercuten en su propia vida, la privacidad de sus decisiones, la independencia social, y la vida en comunidad. El caso de las personas con discapacidad es particular, ya que en ocasiones, aunque jurídicamente no se encuentran limitadas, su capacidad jurídica es violentada de facto.
Tradicionalmente se ha facultado a los familiares de la persona con discapacidad, como el padre, la madre o a quien se haga cargo de la persona, para que tome por ella y por completo sus decisiones.
En este caso, el derecho a la independencia, autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad debe ser garantizado a partir del respeto a su voluntad, en cualquiera de las decisiones que se tomen y que le afecten de alguna manera. En nuestro país, esta disposición de la Convención ha tenido repercusiones jurídicas, ya que se ha establecido un criterio por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de amparo en revisión 159/2013. Esta resolución estableció tomar como base la autodeterminación libre de la persona, por medio de la adopción del modelo de asistencia en la toma de decisiones, después de que las personas hayan sido informadas y aconsejadas, para que en última instancia sean ellas mismas quienes tomen sus propias decisiones, lo anterior sin importar lo “no acertado” que pueda ser44.
En segundo lugar, abonando a la garantía de acceso y participación, de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las medidas de accesibilidad son garantizadas para procurar que las personas con discapacidad vivan de manera independiente y puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida, son los Estados quienes se encuentran obligados a garantizarlas. De manera general deben observarse cuatro rubros cuando se habla de accesibilidad: se trata de accesibilidad al entorno físico, en el transporte, en la información y en las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las medidas se aplican a los edificios, las vías públicas, escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; pero también a los servicios de información y comunicación, por medio de la utilización del sistema braille, formatos de fácil lectura y comprensión, así como de asistencia humana o animal.45
Por último, la participación en la vida política y pública se refiere a que las personas con discapacidad participen plena, efectiva y en igualdad de condiciones que los demás, a través de un mínimo de condiciones, como son: “que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar”, además de la protección del voto secreto y de presentarse como candidatas para cargos públicos, por otro lado, “ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda” (artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)
En materia de discapacidad, el Estado mexicano ha tenido la iniciativa de legislar en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Fue en el año 2005 que se promulgó la primera ley en la materia, la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005. Esta ley, al ser general, era aplicable en todo el territorio nacional. El hecho de que hicieran falta criterios uniformes en relación con la discapacidad en aquel momento, provocaban que esta ley corriera una suerte de disposiciones sui generis que por un lado respondían al antiguo esquema de la discapacidad vista como una enfermedad (modelo médico) y por el otro, desde una perspectiva de inclusión social de la discapacidad (modelo social). Tomando en cuenta el contexto en el que fue publicada esta ley, justo antes de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fuera aprobada por la Asamblea General de la ONU, su pronta sustitución por la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011. Este nuevo instrumento legal establece la obligación de impulsar el derecho de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, además de establecer medidas de inclusión y acciones afirmativas para su efectiva inclusión social. Estas medidas, ordenan la ley en su artículo 4, deben dirigirse a las personas con discapacidad que sufren un mayor grado de discriminación como “las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.”
Los principios contemplados en esta ley provienen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad más tres principios establecidos en la ley: equidad, justicia social y transversalidad. En el mismo sentido, en la ley se encuentran establecidos algunos derechos particulares que provienen de la convención como: el derecho a la salud, previsto en el artículo 7, derecho al otorgamiento de seguros de salud o vida, señalado en el artículo 9, igualdad de oportunidad y equidad en cuestiones laborales, mencionado en el artículo 11, derecho a la educación enunciado en el artículo 12, accesibilidad, previsto en el artículo 16, alimentación, vivienda y vestido adecuados, señalado en el artículo 21; a tener una base de datos particular para las personas con discapacidad, artículo 22, al deporte, artículo 24, cultura, artículo 25, acceso a la justicia, prevista en el numeral 28; libertad de expresión, opinión y acceso a la información pública, señalado en el artículo 32. De los principios mencionados en dicho ordenamiento se detecta que no se reconocen todos los establecidos en la Convención, ya que precisamente no se encuentra prevista en ella, la participación en la vida política y pública, ni la igualdad ante la ley.
Aportando a la regulación e implementación de mecanismos que armonicen la introducción de los principios de protección antes mencionados, se crea del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la cual ha demostrado ser muy importante para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ya que como un organismo público descentralizado tiene por objeto:
[…] el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos. (Artículo 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad).
Lo anterior da certidumbre sobre la existencia de un mecanismo institucional que vela por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y verifica que se cumpla con lo establecido en la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
sui generis
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 32