Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/20160218-I.html
Timestamp: 2019-10-16 19:23:08+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4471-I, jueves 18 de febrero de 2016
De la Auditoría Superior de la Federación con el que remite el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2014
• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y al gobierno de la república, para que en el marco del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018, se establezcan jornadas preventivas de información, promoción y verificación de las acciones en materia de protección civil, presentada por el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, el 27 de enero de 2016.
Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Protección Civil para dictamen.
• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a construir el inmueble de la clínica número 58 del Seguro Social, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, presentada por el diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, el 9 de febrero de 2016.
Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social, para dictamen.
La que suscribe, diputada federal Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, sea retirada la iniciativa que crea la Ley General de Beca Salario, la cual presenté el 29 de septiembre de 2015, que fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin más por el momento y en espera de verme favorecida con mi solicitud, quedo de usted como su atenta y segura servidora.
Diputada Lucy Virginia Meza Guzmán (rúbrica)
Por medio de la presente y en alcance al oficio LXII/RJMA/17/16, de fecha 9 de febrero del año en curso, dirigido a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sea retira la iniciativa con proyecto de decreto de ley presentada por el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Morena, y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en fecha 26 de noviembre de año próximo pasado.
Lo anterior obedece a que a la iniciativa en mención se le hicieron cambios, y será presentada ante la mesa directiva una vez hechos los ajustes necesarios. No omito mencionar que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Gobernación, a la cual fue turnada el 1 de diciembre de 2015.
Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, reciba un cordial saludo y mis más distinguidas consideraciones.
Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero, 2016.
Con fundamento en el artículo 79 numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva, sea retirada la siguiente proposición, presentada el pasado 27 de enero del presente año y turnada a la Comisión de Educación Pública y servicios Educativos:
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a promover en todos los niveles la educación con responsabilidad ambiental.
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva, sea retirada la siguiente proposición con punto de acuerdo, presentada el pasado jueves 11 de febrero del presente año y turnada a la Comisión de Justicia.
• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría del Estado de Nuevo León continúe son los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neoleonesa de errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro secuestradores y asesinos del ciudadano Damián González del Río, suscrita por las diputadas Adriana Sarur Torre y Alma Lucía Arzaluz Alonso.
Me refiero a la recomendación número 08-0-09100-07-0526-07-002, determinada por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2008, a través de la cual se solicita a esta secretaría la elaboración anual de un informe sobre las concesiones otorgadas en los ejercicios fiscales concluidos, a fin de presentado ante esa honorable Cámara de Diputados.
En atención a ello y en cumplimiento del artículo 72, último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, me permito remitir el informe anual de concesiones otorgadas por esta dependencia en el ejercicio fiscal 2015, el cual fue enviado por el licenciado Armando Ruiz Massieu Aguirre, director general de Programación, Organización y Presupuesto, en términos del artículo 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 5.1.-263 (adjunto para pronta referencia).
Me refiero al informe mensual sobre las concesiones otorgadas por esta dependencia durante el año 2015, en cumplimiento al artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales.
Al respecto, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me permito solicitar a usted su valiosa intervención para que a través de su amable conducto se haga llegar a la honorable Cámara de Diputados el referido informe, y con ello dar atención al requerimiento legal ante mencionado.
Licenciado Armando Ruiz Massieu A. (rúbrica)
Hago referencia al numeral 11 del Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE 2015), emitido en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que se deberán presentar los informes finales de las evaluaciones mandatadas en el PAE 2015 así como las externas completarías, a más tardar 30 días naturales posteriores a su entrega a la Instancia Coordinadora (en este caso, el Coneval) de conformidad con el cronograma de ejecución (señalado en el numeral 41 del mencionado PAE 2015), a la Comisión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión prevista en las disposiciones aplicables, a la Auditoría Superior de la Federación, a la SHCP a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, a la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP, al Coneval y de manera adicional a la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.
Al respecto, me permito enviarle anexos al presente, los Informes Finales de las siguientes evaluaciones:
• Evaluación de Procesos del Programa de Pensión para Adultos Mayores 2015
• Evaluación de Procesos del Programa de Empleo Temporal 2015
• Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 2015
Adicionalmente, remito las Posiciones Institucionales, en las cuales queda asentada la opinión de las Unidades Responsables de la Operación de los Programas en comento.
Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de enero de 2016, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes, entre otros.
El total de bienes destinados en el mes de enero de 2016 fue de 2,259 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como pieza, litro y kilogramo. Se anexa al presente el informe respectivo.
Mensaje Informe General Armonización Contable Matriz de Datos Básicos
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-2-255, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar DGV/ MVG/ 1.3.-070/ 2016, suscrito por el maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a emprender una campaña nacional de difusión que informe e incentive a la población en general a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio con base en lo establecido en el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.
Me refiero al punto de acuerdo por el cual se exhorta a esta secretaría a emprender una campaña nacional de difusión que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio, con base en lo establecido en el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.
Al respecto, me permito informar que esta dependencia, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha implantado el referido programa nacional con la instalación de 686 centros de acopio a escala nacional, cuya localización puede consultarse en el sitio web www.depositatutele.gob.mx Paralelamente, en noviembre de 2015 se inició una campaña de difusión en medios impresos, digital, radio y televisión, a fin de informar e incentivar a la ciudadanía a la entrega de los televisores analógicos para evitar así la contaminación derivada del desecho inadecuado de estos equipos.
Mario de la Vega Grajales
Me refiero al oficio número DGV/ MVG/ J.3-607/ 2015, mediante el cual remite un punto de acuerdo aprobado en sesión del 15 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Le informo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha elaborado el Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.
En todo el país se han puesto en funcionamiento 686 centros de acopio, en el marco del Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la Transición a la TDT. Su ubicación puede consultarse en el sitio web www.depositatutele.gob.mx
En referencia al exhorto para la difusión del programa, le comento que en noviembre de 2015 dio inicio una campaña de difusión en medios impresos, digital, en radio y televisión para crear conciencia entre la población sobre el riesgo que representa para el ambiente y la salud el desecho inadecuado de los televisores analógicos. Esta campaña tiene el propósito de incentivar a que la ciudadanía lleve sus televisores analógicos a los centros de acopio y evitar así la contaminación derivada del inadecuado desecho de estos equipos.
Arantxa Riveros del Castillo (rúbrica)
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-256 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibañez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/024/2016 suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita efectuar visitas de inspección en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales a efecto de tutelar los derechos laborales de los trabajadores y vigilar su correcta inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2559/15, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre pasado, mismo que a continuación se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco respetuoso de la colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con su homóloga en el estado libre y soberano de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de tutelar los derechos laborales de los trabajadores y, vigilar especialmente los relativos a la correcta inscripción de los mismos, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado.
Segundo. En el mismo marco, se exhorta a que, una vez llevadas a cabo las correspondientes diligencias de visita e inspección, se rindan a esta soberanía los informes que correspondan.”
Al respecto, le expreso que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, siendo importante señalar que la reforma laboral que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, incorporó el principio de trabajo digno o decente, mismo que lo define como aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador ; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
En este sentido, en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), dentro del eje México Próspero, se incluyeron líneas de acción dirigidas a promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social e impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente; en tanto que en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, se establecen los cuatros ejes de la política nacional en materia laboral:
b) Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores;
En dicha línea y en la búsqueda de dar cumplimiento a esta política nacional, el 22 de julio de 2013, se signó el Convenio de Coordinación en Materia de Formalización del Empleo, en el que cada una de las entidades federativas integraron un grupo de trabajo, conformado por los gobiernos de los estados, en las que se encuentran: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); la Secretaría de Economía (SE) y cámaras patronales y de trabajadores.
Derivado de lo anterior, la STPS, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría del Trabajo, implementó el Operativo para la formalización del empleo, mismo que dio inicio el mes de septiembre de 2013, en el cual se realizan visitas de asistencia técnica y asesoría para el combate de la informalidad, con la finalidad de intensificar la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los patrones de inscribir a sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social.
Aunado a ello, es importante mencionar que, en la presente administración, se han practicado un total de mil 461 vistas de inspección en materia de formalización, en el estado de Chihuahua y en específico, a partir de la firma del mencionado convenio, se ha realizado, en los centros de trabajo ubicados en Ciudad Juárez, un total de 430 visitas de inspección en esa materia, mismas que se ven reflejadas en la siguiente tabla:
Derivado de lo anterior, esta secretaría redoblará sus esfuerzos para que, con base en sus recursos humanos y materiales disponibles, conforme sinergias con autoridades de los distintos niveles de gobierno y con organismos privados y sociales involucrados en la protección de los derechos de seguridad social de los trabajadores.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-253 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/023/2016 suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a impulsar y suscribir el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2551/15, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 15 de diciembre último, mismo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados dentro del marco respetuoso de la colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulse y suscriba el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
Al respecto, se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, por tanto, me permito informar a esa soberanía que el objetivo del Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o respecto de otros miembros de su familia directa que, de manera evidente, necesiten de su cuidado o sostén en todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores.
Entre los aspectos principales que contiene el Convenio 156, destacan:
• La aplicación de sus disposiciones; de ser necesario, puede hacerse por etapas, siempre que tales medidas de ejecución se hagan extensivas en todos los casos, a la totalidad de los trabajadores con responsabilidades para con sus hijos.
• Los Estados que ratifiquen el convenio se comprometen a incluir entre los objetivos de su política nacional el permitir que las personas con responsabilidades familiares, que desempeñen o deseen desempeñar un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Asimismo, los Estados deben desarrollar o promover servicios comunitarios –públicos o privados– tales como medios de asistencia a la infancia y a la familia.
• La política a que refiere el convenio, debe estar articulada dentro de la política oficial destinada a promover la igualdad de oportunidad y de trato en todas las esferas de la formación y del empleo.
• Establece la posibilidad de aplicar el Convenio mediante decisiones judiciales y laudos arbitrales.
Con fecha 12 de noviembre de 1982, esta dependencia formuló dictamen sobre el Convenio 156, recomendando en su momento, la no ratificación de éste. El dictamen se formuló en los términos siguientes:
Primera. El Convenio número 156, relativo a Trabajadores con Responsabilidades Familiares, concuerda de manera general con la legislación mexicana.
Segunda. Sin embargo, el artículo 3 del convenio está en contraposición con la legislación mexicana, pues las condiciones de trabajo señaladas por la Ley Federal del Trabajo son derechos mínimos y habría que incorporar en los contratos colectivos y contratos-ley disposiciones encaminadas a conciliar el desempeño del trabajo con las responsabilidades familiares, tales como reducir la duración de la jornada de trabajo y de las horas extraordinarias, etcétera.
Tercera. En el artículo 4 del convenio, hay discrepancia con las leyes mexicanas, pues habla de lograr una igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras en cuanto a ocupaciones y empleo, que conllevan una serie de prestaciones de seguridad social como son el derecho a servicios de asistencia y en las citadas leyes existe discriminación en cuanto a las prestaciones que concede, mientras que otras no están contempladas en la legislación mexicana.
Cuarta. Por lo que respecta al artículo 5 del convenio, el gobierno de México al elaborar sus planes y programas de desarrollo lo hace tomando en cuenta las necesidades de la población en general y aun cuando el Plan Nacional del Empleo sí considera a los trabajadores con responsabilidades familiares, no podría cumplirse con lo especificado en dicho precepto.
Quinta. En cuanto, al artículo 6, en México no se han adoptado las medidas apropiadas o especiales para solucionar los “problemas” de los trabajadores con responsabilidades familiares, por lo que no podría cumplirse con lo señalado en esta parte del Convenio.
Sexta. También existe discrepancia del artículo 7 del Convenio con la legislación mexicana, en cuanto a reintegrarse al trabajo tras una ausencia debida a responsabilidades familiares, pues la ley sólo contempla la ausencia y reingreso por responsabilidades familiares en cuanto a embarazo y parto.
Séptima. En el artículo 11 también existe discrepancia con las leyes mexicanas, pues habla del derecho que deben tener las organizaciones de empleadores y de trabajadores de participar en la elaboración y aplicación de las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones del convenio y en México es una tarea que le corresponde exclusivamente al Estado.
Octava. Por las consideraciones antes mencionadas, se deduce que las disposiciones del Convenio están creando un derecho preferencial hacia los trabajadores con responsabilidades familiares, lo que resultaría en detrimento de los demás trabajadores que no tendrían las mismas oportunidades e igualdad de trato.
En virtud de lo anterior, y mientras subsistan las discrepancias apuntadas, se recomienda la no ratificación del Convenio número 156, sobre La Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares.
Acorde al dictamen citado –aún vigente–, existe contraposición con la legislación nacional en los temas que se muestran a continuación.
El 28 de diciembre de 1987, el Senado de la República en una comunicación dirigida a la Cancillería, manifestó que carecía de facultades legales para sancionar la aprobación del convenio, en virtud de que el instrumento no fue celebrado por el Ejecutivo de la Unión, conforme el artículo 76, fracción I de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En febrero de 2010, se efectuaron consultas a los interlocutores sociales y a las autoridades encargadas de la implementación de las disposiciones de este instrumento. De las respuestas recibidas se concluyó que continúa subsistente la imposibilidad para su ratificación.
Cabe mencionar que el Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2013-2018, establece como parte de la estrategia 3.5. “impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas y los y las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado”. Para ello, se dispuso la acción 3.5.1 que dice “impulsar la ratificación del Convenio 156 de la OIT”.
Bajo ese tenor, la Unidad de Asuntos Internacionales de esta dependencia, en uso, de las facultades concedidas por el artículo 12, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó, en junio de 2014, nuevas consultas para determinaría viabilidad de someter a consideración del Senado el ratificar el Convenio 156. Acorde a las respuestas proporcionadas por las autoridades consultadas, los sindicatos y confederaciones más representativos del país, se advirtió la inexistencia de las condiciones para su ratificación.
Si bien es cierto, que la reforma laboral de noviembre de 2012, logró armonizar sus preceptos con el contenido de diversos convenios internacionales, para conciliar la vida familiar y el trabajo de hombres y mujeres trabajadores (prohibición del patrón de solicitar certificados de embarazo; la posibilidad de trasferir las semanas pre-natales para después del parto; la reducción de la jornada en el periodo de lactancia y el reconocimiento de la licencia de paternidad), también lo es que a la fecha subsisten contraposiciones normativas entre el Convenio con la legislación nacional que impiden su ratificación.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-280, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/022/2016, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la suscripción del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2607/15, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 15 de diciembre último, mismo que a continuación se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.
”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República para que, una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.”
Al respecto, se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito y por tanto, me permito informar a esa soberanía que el objetivo del Convenio 183 sobre la protección de la maternidad en el trabajo, consiste en adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de las mujeres embarazadas o lactantes (licencia de maternidad, de enfermedad o complicaciones, protección del empleo y no discriminación), así como el derecho a interrupciones o reducción de trabajo para la lactancia de su hijo.
Dadas las características del convenio de referencia es importante resaltar que el pasado 5 de octubre del año 2000, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió dictamen sobre el Convenio en cita y en las conclusiones primera, segunda y tercera, así como en la parte final del dictamen, se señaló la no conveniencia de aprobar el convenio.
“Primera: El Convenio Número 183, sobre la protección de la maternidad en el trabajo, 2000, no es acorde con la legislación nacional, toda vez que en su artículo 4 establece Un periodo, de licencia por maternidad equivalente, por lo menos, a catorce semanas, mientras que la legislación nacional establece un periodo mínimo equivalente a doce semanas.
”Segunda: El Convenio Número 183 es superado por la legislación nacional, ya que conforme al artículo 6.3 del convenio, el monto de las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia de maternidad, no debe ser inferior a las dos terceras partes del salario de la mujer trabajadora, pudiendo ser incluso equivalente, según el artículo 7.1 del convenio, a la prestación por concepto de licencia por enfermedad. En la legislación nacional, la prestación referida no debe ser inferior al total del salario, ya que si se equipara a la prestación por licencia de enfermedad, ello significaría una prestación equivalente al 60% del salario de la mujer que presta sus servicios en la iniciativa privada y al 50% a la mujer trabajadora del Estado.
”Tercera: El Convenio Número 183 es superado por la legislación nacional, ya que en su artículo 8.2 establece que la reincorporación de la madre trabajadora, al término de la licencia de maternidad, podrá ser al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración. Este derecho está mejor garantizado por la legislación nacional, ya que el artículo 123, fracciones V, Apartado A, y XI, inciso c), Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las mujeres durante el embarazo tienen derecho a conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.
”Dictamen
”Por las razones antes expuestas y toda vez que el Convenio Número 183, sobre la protección de la maternidad en el trabajo, 2000, no es acorde con la legislación nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social recomienda su no aprobación.”
Del razonamiento expuesto, puede observarse que el orden jurídico nacional en relación al Convenio 183, contiene garantías de mayor protección para las mujeres embarazadas y lactantes; lo cual es positivo, ya que sobre el particular no existe contraposición normativa, pues el instrumento sólo establece los lineamientos mínimos a adoptar por los estados miembros. Por otra parte, en el periodo de licencia de maternidad sí existe contraposición normativa que imposibilita la ratificación del Convenio, considerando que la Ley Federal del Trabajo otorga un periodo de doce semanas, mientras que el instrumento establece la obligación de otorgar catorce semanas como mínimo. Para que el Estado mexicano estuviera en posibilidades de suscribir este convenio, tendría que realizar previamente las adecuaciones legislativas respecto de la norma que se contrapone con la garantía que es distinta en dicho instrumento, y de esta manera no ser sujeto a observaciones de incumplimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En este sentido, el 21 de octubre de 2013, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta dependencia, confirmó la vigencia del dictamen de este instrumento, manifestando que, hasta el momento, prevalece la contraposición normativa ya descrita, lo cual imposibilita la ratificación del Convenio 183.
A mayor abundamiento es importante resaltar, que este Convenio no forma parte del grupo de instrumentos calificados por el Consejo de Administración de la OIT como fundamentales para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo. Aquellos son considerados como fundamentales debido a que los derechos contenidos en ellos, son condición previa para el desarrollo de los demás, por cuanto proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las condiciones de trabajo individuales y colectivas. Siete de estos convenios ya fueron ratificados por parte de México.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-0264, signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/016/2016, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a promover el diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad social de que debe gozar todo trabajador.
México, DF, 2 de febrero de 2016.
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2584/15, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre pasado, mismo que a continuación se transcribe:
“Único. La Cámara de Diputados, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro del contexto de la igualdad de derechos laborales, promueva el diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad social de debe gozar todo trabajador. (sic)
Sobre el particular le informó que se tomó debido conocimiento del punto de acuerdo, al efecto me permito informarle que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se mantiene una mesa de diálogo permanente con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), misma que agrupa a diversas sindicatos de trabajadores de los diferentes órdenes de gobierno, entre ellos el caso que nos ocupa de Cosmogar, AC.
Por ello, esta asociación como las demás integrantes de la UNT han sido recibidas en diversas ocasiones a lo largo de la administración. La STPS participó en una reunión para que el cuerpo colegiado de la organización y sus agremiados tuvieran oportunidad de expresar sus problemáticas directamente al titular del Ejecutivo federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, misma que tuvo verificativo el 27 de abril de 2014.
Derivado del punto de acuerdo en cuestión, el Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS) ha expresado que la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales adscrita a la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, es el área encargada de instrumentar mecanismos institucionales de comunicación y colaboración con organismos empresariales, sindicales, sociales y civiles, siendo una de sus funciones la de atender las solicitudes, requerimientos y comunicaciones que formulen los organismos empresariales, sindicales, sociales y civiles.
Asimismo, el instituto referido señaló que desde diciembre de 2012 a la fecha, el área en comento no tiene registro de solicitud alguna para llevar a cabo una reunión o para el establecimiento de mesas de diálogo, de ninguno de los actores que se mencionan en el exhorto de mérito. No obstante, dicha institución ha refrendado su disposición para mantener un diálogo abierto con las partes con apego a la normatividad.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0283, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCVPS/450/2016 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos, así como garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos.
En atención al oficio SELAP/UEL/311/2611/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informa que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos. Particularmente, a establecer acciones encaminadas a garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan reducir la mortalidad perinatal y/o neonatal, así como la detección de manera oportuna de malformaciones congénitas en el producto. Y a contemplar la existencia y funcionamiento de establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico, se capacite y sensibilice a los prestadores de este servicio de salud con la finalidad de que se brinde con calidad y estricto apego a la ética y al profesionalismo para proteger, en todo momento, el derecho a la salud de las mujeres y niños de nuestro país.”
Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-139-2016 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Instituto Nacional de Salud.
México, Ciudad de México, a 4 de febrero de 2016.
Por instrucciones del Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Dr. Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia al oficio UCVPS/235/2016, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:
“Único. La Cámara de Diputado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos. Particularmente, a establecer acciones encaminadas a garantizar el acceso a las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan reducir la mortalidad perinatal y/o neonatal, así como la detección de manera oportuna de malformaciones congénitas en el producto. T a contemplar la existencia y funcionamiento de establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico, se capacite y sensibilice a los prestadores de este servicio de salud con la finalidad de que se brinde con calidad y estricto apego a la ética y al profesionalismo para proteger, en todo momento, el derecho a la salud de las mujeres y niños de nuestro país. “Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio 2000.032.2016 suscrito por el Director Médico del Instituto Nacional Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, con el propósito de coadyuvar a fijar una postura institucional.
En contestación a su atento oficio número CCINSHAE-DGCIN-77-2016 y al oficio de referencia número UCVPS/235/2016, enviado por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud que fortalezca las acciones encaminadas a reducir la Mortalidad Materna y garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan detectar oportunamente malformaciones congénitas en el producto, este se aprobó en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 15 de diciembre de 2015, al respecto emito la siguiente opinión:
El ultrasonido obstétrico es una herramienta fundamental que puede ser utilizada como un coadyuvante en el tamizaje, detección y tratamiento de las enfermedades maternas y fetales, sin embargo, es necesario operadores capacitados que puedan obtener la información de manera confiable, reproducible y por lo tanto segura para apoyar las decisiones clínicas que al final repercutan en una mejora en la morbilidad y mortalidad de la madre y el feto.
La normativa internacional describe la realización de por lo menos tres estudios de ultrasonografía durante diferentes etapas del embarazo, cada una con diferentes intensiones clínicas, que a continuación se describen.
1. Ultrasonido de primer trimestre (entre 11 y 14 semanas de gestación). Acompañado de una historia clínica dirigida y la mediación de marcadores bioquímicos en sangre materna, es el estudio más importante a realizar en todo el embarazo, debido a que en él es posible realizar el tamizaje y por consiguiente la prevención de enfermedades de alta tasa de morbilidad y mortalidad en el embarazo, como son la preclampsia (segunda causa de muerte en nuestro país), el parto pretérmino (primera causa de morbimortalidad neonatal), restricción del crecimiento con una prevalencia del 12 por ciento en nuestro país y primera causa de la morbilidad y mortalidad relacionada al daño neurológico.
Cabe mencionar que estas tres patologías son susceptibles der prevenidas una vez que las pruebas mencionadas han clasificado a las pacientes como de alto riesgo para padecerlas.
2. Es posible también realizar el tamizaje para defectos estructurales considerando solamente el grupo de alteraciones mayores con una sensibilidad alrededor del 97 por ciento y establecer el riesgo fetal para alteraciones cromosómicas como trisomía 21 (Síndrome de Down), trisomía 13 y trisomía 18. En esta etapa es posible también de manera temprana realizar los procedimientos invasivos (biopsia de vellosidades coriales) para la confirmación de enfermedades no solamente cromosómicas sino también génicas.
3. Para completar el tamizaje integral es posible detectar a localización placentaria, alteraciones de la vascularidad de la placenta relacionadas con mortalidad fetal como la vasa previa y establecer de manera confiable la edad gestacional exacta del embarazo.
4. Ultrasonido de segundo trimestre (entre las 18 y 2 semanas de gestación). En este estudio es posible de manera no ideal, en aquellos casos en los que no se realizó un estudio de primer trimestre clasificar también los riesgos para cromosomopatías y parto pretérmino, con la desventaja que la ventana terapéutica preventiva se reduce de manera sustancial. De manera ideal este estudio es el indicado para detectar de manera precisa los defectos congénitos malformativos, así como, , defectos relacionados con problemas disruptivos, defectos de campo, secuencias malformativas, sindrómicas, sólo por mendionar las más importantes. Es una etapa también en la cual es posible realizar procedimientos quirúrgicos fetales orientados a la corrección paliativa de las alteraciones estructurales detectadas.
5. Ultrasonido de tercer trimestre (de las 28 a las 32 semanas de gestación). Este estudio está principalmente dirigido a la evaluación del crecimiento feral (fetometría y evaluación hemodinámica), información que nos permite clasificar patologías como la restricción del crecimiento intrauterino y el bajo peso al nacer. Identificar la posición definitiva de la placenta y sus características (relacionada con hemorragia, considerada la primera causa de mortalidad materna en nuestro país).
6. en relación al exhorto de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud para dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y detección oportuna de los defectos congénitos; en base a lo anteriormente mencionado, es importante considerar que para llevar a cabo una estrategia con resultados medibles y satisfactorios se requiere no solamente de contar con equipos de ultrasonido, sino de crear programas que cuenten con los recursos disponibles también para la capacitación de recursos humanos que puedan realizar las evaluaciones antes mencionadas y de los espacios físicos ideales para ello. Podríamos enumerar las siguientes sugerencias:
7. Revisión exhaustiva de la norma oficial mexicana de control prenatal para su actualización e integración de la nueva normativa internacional en Medicina Materno Fetal que sugiere como se ha menciona o en la introducción la realización de un estudio de ultrasonido dirigido en cada uno de los trimestres de la gestación (acción para la cual nuestra Institución está dispuesta a colaborar)
8. Crear una red de Unidades de Medicina Materno Fetal n el país integrando por lo menos un centro por cada estado que ofrezca la tención descrita bajo la normativa establecida en la norma oficial mexicana (nuestra Institución puede colaborar en la capacitación técnica operativa y normativa de estos centros en base a nuestro modelo de funcionamiento)
9. Posterior a su supervisión y certificación, estos centros podrán fungir a su vez como centros capacitado res al interior de sus estados.
10. Desde nuestra opinión el punto central del exhorto tal como se menciona en su introducción está dirigido a hacer más eficiente el resultado en dos de los indicadores más importantes en salud materna y perinatal, estamos convencidos que las instrucciones dependientes de la Secretaría de Salud cuenta con los recursos humanos con el conocimiento necesario para planear y operar las distintas etapas de un programa nacional que cubra la necesidad planteada en el documento emitido por la comisión de Salud de la LXIII Legislatura. Sería importante que se asignara a la Secretaría de Salud en presupuesto suficiente para el apoyo y operacionalización de un programa de estas características.
Doctor Rodrigo Zamora Escudero (rúbrica)
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-0282 signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/449/2016 suscrito por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a elaborar un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México, las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y tomar las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.
En atención al oficio SELAP/UEL/311/2610/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
“Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México, las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.”
Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE-DGCINS-160-2016 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.
Hago referencia al oficio UCVPS/299/2016, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo en materia de suicidio.
Al respecto, anexo al presente copia de los oficios DGC-055-2016, suscrito por la doctora María Elena Medina Mora Icaza, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y del SAP/DGC/0272/2016, suscrito por el doctor Eduardo Madrigal de León, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica, en los cuales plasman sus comentarios a la referida iniciativa.
Director General de Coordinación del Instituto Nacional de Salud
Ciudad de México, febrero 3 de 2016.
Estimado doctor Kawa:
En respuesta al oficio número CCINSHAE-DGCINS-92-2016, mediante el cual solicita opinión al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2015, en materia de suicidio, le adjunto de manera electrónica el documento que la contiene.
Doctora María Elena Medina Mora Icaza (rúbrica)
En respuesta al oficio CCINSAHE-DGCINS-92-2016, mediante el cual solicita la opinión al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre, que dice:
“Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetos trazados a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.”
De acuerdo a lo planteado en el Plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suicidio es un problema grave de salud pública, que requiere la atención prioritaria, pero desgraciadamente su prevención y control no son tarea fácil. (SUPRE. OMS, 2012) El Plan SUPRE de Prevención de suicidio plantea lo siguiente:
“En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en 60 por ciento a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.” (SUPRE, OMS, 2012).
Dentro de las intervenciones eficaces sugeridas por dicho plan se encuentran estrategias relacionadas con restricción de acceso a métodos para alcanzar el suicidio (acceso armas de fuego, sustancias tóxicas, etcétera); estrategias dirigidas a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales y abuso de sustancias, estrategias de acercamiento a nivel multisectorial a través del desarrollo de instrumentos diseñados para distintos sectores poblacionales, sin embargo el Plan SUPRE como tal no plantea metas específicas a cumplir sino las intervenciones eficaces así como los desafíos y obstáculos a atravesar, con un único objetivo general en el Plan de Acción de Salud Mental de 2013-2020 de una reducción de 10 por ciento de los índices de suicidio.
Consideramos de acuerdo a lo planteado en el primer informe sobre la prevención del suicidio (2014) que más allá de la necesidad de realizar un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado en México las metas planteadas por el SUPRE, se debe considerar lo planteado en dicho informe como una de las medidas inmediatas e indispensables el desarrollar una estrategia nacional de prevención del suicidio.
Existen en México por parte de la Secretaría de Salud distintas iniciativas como las Estrategias Mexicanas contra el Suicidio (SS Campeche, 2013 http://embamex.sre.gob.mx/paraguay/images/pdf/estrategias_suicidio.pdf) ; y dentro del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se incluyen en sus estrategias algunas relacionadas con la prevención y promoción de la salud mental, así como la reinserción social de los pacientes con trastornos mentales, en referencia al suicidio únicamente se encuentra la Estrategia 3.5 (Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa) y dentro de ella la Estrategia 3.5.3. (Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de suicidios y homicidios con base en evidencia científica).
Por lo anterior el desarrollo de una estrategia nacional de prevención del suicidio permitiría de acuerdo a lo planteado por la OMS enunciar el compromiso del gobierno en relación con el problema del suicidio, consiguiendo a través de esta estrategia sistematizar la respuesta nacional al fenómeno del suicidio. Dicha estrategia deberá incluir lo sugerido por el plan SUPRE de abarcar medidas de prevención, restricción del acceso a medios letales; directrices de difusión mediática, medidas de reducción del estigma y capacitación multisectorial. Consideramos que sería de gran utilidad el uso y difusión de los instrumentos diseñados por la OMS para evaluación dirigidos a grupos específicos sociales y profesionales particularmente relevantes para la prevención del suicidio.
http://www.who.int/mental_health/publications/suicide_prevention/es/
Doctora Claudia Becerra Palars (rúbrica)
Coordinadora de la Clínica de Trastornos del Afecto
En respuesta al oficio número CCINSHAE-DGCINS-92-2016 relativo a la postura de esta institución ante el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en materia de prevención de suicidio, me permito comentar a usted lo siguiente:
La proposición con punto de acuerdo fue presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 24 de noviembre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.
La proposición fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y análisis y aprobada el 9 de diciembre de 2015.
El 15 de diciembre de 2015 fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo siguiente:
“Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado, en México, las metas establecidas en el Plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud, y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.
El suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que en 2012 sucedieron cerca de 804 mil suicidios en el mundo, lo cual representó 1.4 por ciento del total de las muertes ocurridas y la decimoquinta causa de muertes en ese año, con una tasa de 114 muertes por suicidio por 100 mil habitantes.
En México se reporta una tasa de 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual representa l por ciento de las muertes en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de suicidios en jóvenes de 15 a 29 años es de 7.5 y representa 40.8 por ciento del total de suicidios consumados. Esto evidencia la necesidad de seguir sumando esfuerzos para disminuir la prevalencia de muertes por este fenómeno, reducir los riesgos y promover los factores de protección.
En los últimos 20 años, se han hecho esfuerzos importantes para reconocer las causas asociadas al suicidio y reducir la morbimortalidad. En 1999, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la iniciativa SUPRE (Prevención del Suicidio por sus siglas en inglés) con el objetivo de reducir las muertes debidas a este fenómeno. SUPRE destaca que el suicidio es un problema de salud pública de origen multicausal, donde hay una interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Asimismo, recomienda la intervención de un equipo multidisciplinario, para 1a prevención.
En 2013, se adoptó el primer Plan de acción sobre salud mental, durante la 66 Asamblea Mundial de la Salud, que incorpora la prevención del suicidio como una de las tareas prioritarias. Los países miembros, entre ellos México, se comprometieron a reducir en 10 por ciento los suicidios para el 2020 y a elaborar y poner en práctica estrategias nacionales e integrales, prestando especial atención a poblaciones vulnerables.
En este contexto, en nuestro país se incorporó la prevención del suicidio como acción en el Programa Sectorial de Salud, como parte fundamental de la atención a la salud mental. Particularmente, el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018 en la estrategia 3, hace énfasis en el fortalecimiento de acciones en casos de trastorno mentales como comportamiento suicida y propone medidas de prevención del suicidio.
Asimismo, en los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), se brinda atención médico-psiquiátrica especializada, entre otras problemáticas, a personas que tienen conducta del espectro suicida y trastornos relacionados y psicoeducación a sus cuidadores y familiares. También se realizan acciones de información y concientización en el tema, como entrevistas en medios de comunicación y cursos dirigidos a personal de salud, familiares de pacientes y población en general, así como la difusión de folletos informativos.
Por lo anterior, esta institución continuará con su compromiso de brindar atención médico-psiquiátrica a la población que lo requiera y para sumarse a las estrategias propuestas de prevención en la materia.
Doctor Eduardo Ángel Madrigal de León (rúbrica)
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-400, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SESNSP/469/2016, suscrito por el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita estimar la incorporación del municipio de Loma Bonita, Oaxaca, así como de los municipios de Tizimín y Valladolid, del estado de Yucatán; dentro de las demarcaciones beneficiarias por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios para el año 2016.
México, DF., a 11 de febrero de 2016.
En relación con el punto acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de enero del año en curso, mediante el cual “...exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, para que estimen la incorporación del municipio de Loma Bonita, Oaxaca; así como de los municipios de Tizimín y Valladolid, del estado de Yucatán; dentro de las demarcaciones beneficiarias por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios para el año 2016, de conformidad con los lineamientos aplicables, y en alcance al oficio número SESNSP/428/2016, de fecha 28 de enero de 2016, le informo lo siguiente:
El pasado 4 de febrero del presente año, me reuní con el profesor César Benítez Chaparro, presidente municipal de Loma Bonita, Oaxaca, con la finalidad de hacer de su conocimiento las razones por las que su Municipio no resultó beneficiario del subsidio que se otorga .a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública. Asimismo, le expliqué los criterios mediante los cuales se elige a los beneficiarios. El presidente municipal agradeció la información y señaló que trabajará para fortalecer los elementos que eventualmente le permitirían acceder al subsidio.
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-396 signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2016.DGVP.34 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a mantener las acciones necesarias para evitar la práctica de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/0102/16 de fecha 21 de enero de 2016, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 20 de enero, que a continuación se transcribe:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones, mantenga las acciones necesarias para evitar la práctica de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población.
Al respecto, le informo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Es por ello que la Profeco se encarga de aplicar la normatividad para organizar y operar el Registro Público de Contratos de Adhesión; motivo por el cual atiende las solicitudes de registro obligatorio de los modelos de contratos de adhesión, de mutuo con interés y garantía prendaria.
Le comento que el registro obligatorio de los modelos de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria se encuentra establecido dentro de los lineamientos de la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007 (Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria), publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el l de noviembre de 2007. En el punto 2 del citado ordenamiento legal, en el rubro de campo de aplicación, se indica: “La presente NOM es de observancia general en la República Mexicana y es aplicable a todas aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.”
El acto de registro del modelo de contrato de adhesión de mutuo con interés y garantía prendaria se cumple al tiempo que el proveedor solicita la adhesión al contrato tipo que la Profeco ofrece a los proveedores, que por estar alineado a lo estipulado en la LFPC y la NOM-179­SCFI-2007, prevé el cumplimiento a la normatividad correspondiente y por lo tanto el registro de esa solicitud al Registro Público de Contratos de Adhesión, RPCA, como modelo de contrato debidamente registrado.
Este ejercicio de control de modelos de contratos de adhesión, aunado a la obligatoriedad del registro de este tipo de contratos, ofrece al público consumidor la certeza jurídica dentro de la relación de consumo, ya que los modelos de contratos de adhesión registrados en el RPCA cumplen con las disposiciones legales “vigentes en materia de protección al consumidor.
Adicionalmente a lo expuesto, mediante reforma a la LFPC publicadas en el DOF del 16 de enero de 2013, se condicionó la operación de las casas de empeño a la inscripción de éstas en el Registro Público de Casas de Empeño. Con ello, la Profeco cuenta con la atribución de verificar que las casas de empeño transparenten sus operaciones, colocando la debida publicidad en sus establecimientos a fin de que den a conocer a los consumidores los términos y condiciones en los contratos, así como el costo diario y mensual totalizado, expresados en tasa de interés sobre el monto de lo prestado.
• El porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda.
• El precio por gramo para el empeño de metales preciosos.
• El monto total a pagar en intereses, cargos y comisiones.
• Los requisitos y condiciones del procedimiento para la comercialización de la prenda.
• Los requisitos para el desempeño de la prenda.
• Los requisitos y condiciones para el refrendo y procedimiento para la comercialización de la prenda.
• Cantidad de refrendos a los que tiene derecho el consumidor.
• Ramo de prendas aceptadas.
• Que el contrato utilizado para las transacciones comerciales se encuentre registrado ante la Profeco.
Por otra parte la Profeco, en el ámbito de sus atribuciones en materia de verificación, a través del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a “Casas de Empeño”, vigila que las prácticas comerciales que llevan a cabo los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria se ajusten a los dispuesto por la LFPC, así como lo establecido en la NOM-179-SCFI-2007 (Servicios de mutuo con interés de garantía prendaría).
• 534 visitas de verificación a casas de empeño
• 91 establecimientos sujetos a procedimiento administrativo por infracción a la Ley y la NOM-179-SCFI-2007,
• 82 establecimientos fueron sujetos de suspensión,
• 221 básculas y balanzas verificadas, de las cuales se han inmovilizado 05 por presentar diferencias de peso en perjuicio del consumidor.
• Ostentar leyendas que inducen a error o confusión al proveedor (prestamos avalados por Profeco).
Cabe señalar que el Programa de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño 2016 comprende acciones que se reforzaran en los periodos o temporadas de mayor demanda de los servicios, iniciando a partir del 8 de enero por el termino de las festividades decembrinas y compras del día de reyes, en lo que se conoce corno la cuesta de enero; hasta el 29 de enero de 2016; y la segunda etapa a partir del mes de julio por la temporada vacacional y regresos a clases; sumado a acciones de verificación en atención a las denuncias ciudadanas cuando así correspondan.
Finalmente, le comunico que en caso de que la Profeco detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la LFPC, se actuará con base en el marco jurídico aplicable para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-405 signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGJ/03115/2016 suscrito por el Lic. Luis Norberto Cacho Pérez, Director General Jurídico de la Secretaría de Cultura, y de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de Cinematografía a informar sobre el estatus del “Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos”, sus alcances, y resultados medibles, así como los proyectos apoyados por dicha institución durante el año 2015.
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/144/16 de fecha 28 de enero del presente año, mediante el cual informa la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; comunicó el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2015, y que señala:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula, y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos Alejandro González Iñarritu y Gael García Bernal, por los premios otorgados en la 73 edición de los premios Globo de Oro. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine, para que informe sobre el estatus del Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos, sus alcances y resultados medibles, así como los proyectos apoyados por dicha institución durante 2015.
Sobre el particular, hago de su conocimiento la información que al respecto remitió el Instituto Mexicano de Cinematografía, a esta Secretaría:
El Imcine es una institución cultural creada para fomentar el cine mexicano, cuyo objetivo principal es incrementar el acervo cultural de nuestra sociedad, e impulsar la industria cinematográfica de nuestro país, promoviendo la expresión artística y cultural para fortalecer la identidad y diversidad nacionales.
Para las etapas previas a la producción de largometrajes, el Imcine ha consolidado herramientas destinadas a impulsar el proceso de los proyectos cinematográficos en su fase creativa. A través del “Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos”, por el cual se otorga poyos para la escritura de guión y el desarrollo de proyectos, el Imcine persigue incrementar la profesionalización e inserción de los participantes dentro de proceso de la producción cinematográfica.
En tal virtud, el Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos es el mecanismo implementado para fomentar, a partir de argumentos originales o derivados, la escritura de guiones, así como para impulsar la concepción de proyectos cinematográficos en su etapa de desarrollo.
Este programa tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos:
a) Estimular el crecimiento profesional de creadores, adaptadores de guiones cinematográficos, realizadores y productores fílmicos, a través de diversos apoyos como la escritura directa y la participación en asesorías especializadas, para concretar un proyecto de producción en sus aspectos técnicos, económicos y narrativos.
b) Fungir como instrumento de apertura y acercamiento a las posibilidades de financiamiento por parte de instancias públicas y o privadas para acrecentar la formación de guionistas y la consolidación de desarrollos de proyectos cinematográficos.
c) Impulsar la creación de guiones para ficción y animación o líneas argumentales para documental, con un libre contenido temático y artístico, elementos que se requieren para obtener películas de calidad, considerando que el guión o línea argumental representan la materia prima a partir de la cual es posible estructurar una obra cinematográfica.
d) Complementar, año con año el Fepcime (Fichero Electrónico de Proyectos Cinematográficos Mexicanos), frecuentemente consultado por directores y productores de la industria cinematográfica; en busca de proyectos cinematográficos.
e) Fomentar la relación y comunicación entre la producción y la escritura de guiones y escaletas documentales, para promover la realización de proyectos fílmicos, cuya congruencia entre medios, y objetivos den como resultado obras, de calidad, en las que sean optimizados los recursos económicos y los esfuerzos creativos.
f) Contribuir a la obtención de proyectos susceptibles de ser llevados a la producción fílmica, tanto por su viabilidad de producción como por su contribución a la cultura de nuestro país.
En este sentido, beneficiarios de este programa lo representan los escritores, documentalista guionistas profesionales, así como la población estudiantil de las escuelas y talleres cinematográficos del país, compañías productoras, directores y productores interesados en desarrollar un proyecto fílmico, de manera profesional e integral.
El carácter de los apoyos otorgados a través de este Programa comprende el económico y asesorías de diversa índole tanto en escritura de guión como en Desarrollo de Proyectos, lo que variará de acuerdo a la naturaleza del propio proyecto, la disponibilidad de recursos y la recomendación de los órganos de evaluación.
Para el ejercicio de lo antes descrito, el Imcine emite Convocatoria Pública Anual invitando al público en general a participar, en el proceso de selección de apoyo a proyectos, para lo cual se forman comisiones de selección integradas por reconocidos guionistas, directores y productores cinematográficos y, en general, por destacados profesionales del medio artístico e intelectual, quienes tienen a su cargo la selección de los proyectos que serán apoyados durante el ejercicio correspondiente.
Como resultado de estas acciones del 2012 a 2014, el Imcine a través del Programa de Estímulo a Creadores ha otorgado apoyo económico y/o asesorías a 76 guiones para su escritura o reescritura, y 63 apoyos a Desarrollo de Proyectos.
Del universo de 139 proyectos apoyados en este periodo, a la fecha han sido beneficiados para su producción y o postproducción a través de los Fideicomisos coordinados por el Imcine o por el Estímulo Fiscal a que se refiere el artículo 189 de la Ley del ISR., o vía financiamiento privado un total de 24 proyectos cinematográficos, lo que significa que se han producido en promedio un 17.3 por ciento de los trabajos apoyados en el mismo lapso, como se muestra en el siguiente esquema:
Por su parte, como resultado de la Convocatoria 2015 al Programa de Estímulo a Creadores, se reporta que de un total de 409 proyectos inscritos, las comisiones de selección determinaron otorgar apoyo a 46 proyectos (atención a 11.25 por ciento de solicitantes), 26 de ellos para la escritura-reescritura de guiones, y 20 que obtuvieron apoyo para desarrollo de proyecto.
Como se informó anteriormente, el proceso de búsqueda de financiamiento para la realización fílmica, conlleva diversas acciones que llegan a tomar entre uno y tres años, razón por la cual se informa que los 46 proyectos apoyados en 2015, se encuentran en sus etapas ya sean de preparación para ingresar a convocatorias de desarrollo de proyecto, o bien de integración para participar en alguna invitación en busca de apoyo para su producción por parte de esta Institución, o directamente en el sector privado nacional e internacional.
La información anterior da cuenta de los logros alcanzados con el Programa de Estímulo a Creadores, en los últimos .cuatro años, significando un importante semillero de libretos y proyectos cinematográficos para su producción fílmica.
Se adjunta la relación del Padrón de Beneficiarios del Programa de Estímulo a Creadores, en las categorías de “escritura de guión cinematográfico” y “desarrollo de proyectos cinematográficos”; ambos correspondientes a 2015.
Luis Norberto Cacho Pérez (rúbrica)
Toluca de Lerdo, México, a 12 de febrero de 2016.
Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes para comunicarles que, en sesión de esta fecha, la honorable LIX” Legislatura del estado de México tuvo a bien aprobar iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, para adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal, conforme a la iniciativa y dictamen que se adjuntan.
Diputada Nélyda Mociños Jiménez (rúbrica)
Diputado Óscar Vergara Gómez (rúbrica)
Diputado César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica)
Único. En ejercicio del derecho de iniciativa .previsto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en su correlativo 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, preséntese ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, conforme a la siguiente
En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley y en las respectivas competencias que la propia Constitución enmarca, por lo que las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se deberán regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
El Código Penal Federal, publicado el14 de agosto de 1931 en el Diario Oficial de la Federación, es el conjunto de normas legales y sistemáticas que regulan de forma unitaria las normas jurídicas punitivas del Estado al determinar los delitos, penas y medidas de seguridad, para hacer frente a la diversidad de delitos que en la actualidad nos aquejan, para salvaguardar los bienes jurídicamente protegidos, por el Estado y reprimir aquellas conductas antijurídicas, y preservar la seguridad jurídica.
El desarrollo de nuevas tecnologías ha traído consigo grandes e incontables beneficios, generando eficiencia y rapidez y con ello, ahorro de tiempo y recursos. No obstante, también se han abierto las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia, a través de las cuales es posible ocasionar grandes pérdidas económicas o causar importantes daños materiales o morales de índole que atente contra la dignidad humana como es el caso de la discriminación. En este sentido, esta soberanía propone hacer frente a los delitos cometidos en medios informáticos, por lo que resulta necesario que dicho ordenamiento se adecúe a las exigencias que más preocupan hoy en día a nuestra sociedad. Por ello y en congruencia con las diversas acciones de gobierno en esta materia, se hace indispensable contar con un tipo penal que contemple las acciones delictivas llevadas a cabo por medios informáticos, electrónicos y de comunicación, ya que las conductas se han transformado de antisociales para ser antijurídicas.
Por tal razón, es necesario reformar el Código Penal Federal, con el objeto primordial de agravar las penalidades cuando en la comisión de delitos se usen indebidamente bienes, instrumentos, aplicaciones, medios u objetos derivados de la tecnología.
La presente Iniciativa adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, por lo que se somete a consideración de ese honorable Congreso de la Unión el siguiente
Artículo Único: Se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 149 Ter, se adiciona un séptimo párrafo al artículo 149 Ter y un tercer párrafo al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 149 Ter. ...
Cuando para las conductas a las que se refiere este artículo, se publiquen audios, imágenes o videos destinados a denigrar o dañar a una persona o grupo de personas, utilizando medios electrónicos de comunicación alámbrica o inalámbrica, la pena se incrementará en dos tercios.
Artículo 211 Bis 1. ...
Al que sin derecho y sin consentimiento de su titular adquiera información confidencial como contraseñas, claves, nombres de usuario o cualquier otra que permita el acceso a cuentas bancarias, o de correo electrónico, que los identifique como titulares de tales cuentas sin serio, para uso indebido de estas, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y de treinta a ciento veinticinco días multa.
Primero. Publíquese la presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a __ del mes de _____ 2016.
Primero. Publíquese la iniciativa de decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.
Diputado Mario Salcedo González (rúbrica)

References: artículo 77
 artículo 77
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 72
 artículo 7
 artículo 72
 artículo 32
 artículo 145
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 76
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 123
 artículo 189
 artículo 71
 artículo 21
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 211

Artículo 149

Artículo 211