Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-19412.htm
Timestamp: 2017-12-12 00:25:51+00:00

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B.O.E. Nº 282 de 25/11/2005
El principal objetivo de la polÃ­tica econÃ³mica desarrollada por el Gobierno es aumentar el bienestar de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, es preciso impulsar un modelo de crecimiento equilibrado y sostenido, basado en el aumento de la productividad y del empleo, que permita atender las necesidades colectivas y promover una mayor cohesiÃ³n social, al tiempo que facilite la respuesta a los retos derivados de la cada vez mayor integraciÃ³n econÃ³mica en los mercados europeos y mundiales.
El modelo de crecimiento econÃ³mico seguido en los Ãºltimos aÃ±os, aunque ha contribuido a aproximar los niveles de renta per cÃ¡pita de EspaÃ±a a los de los paÃ­ses mÃ¡s avanzados de la UniÃ³n Europea, ha presentado carencias que es indispensable afrontar y corregir. Por un lado se ha apoyado en factores, como el favorable tipo de cambio con que se entrÃ³ en la moneda Ãºnica o la significativa reducciÃ³n de los tipos de interÃ©s, cuyos efectos positivos tienden a moderarse. Por otro lado, este modelo presenta una debilidad estructural que, ademÃ¡s, se ha intensificado en los Ãºltimos aÃ±os: la escasa contribuciÃ³n de la productividad al crecimiento. Esta debilidad ha dado lugar a que el nivel medio de productividad de la economÃ­a espaÃ±ola se haya alejado, en los Ãºltimos aÃ±os, del de los paÃ­ses mÃ¡s avanzados de nuestro entorno, en lugar de converger.
El alejamiento con respecto a los niveles de productividad de los paÃ­ses mÃ¡s avanzados representa un serio riesgo para la evoluciÃ³n de la economÃ­a espaÃ±ola tanto a largo plazo como de forma mÃ¡s inmediata. A largo plazo, la productividad es el principal determinante del crecimiento econÃ³mico y su aumento es esencial para garantizar la sostenibilidad futura del Estado del bienestar, especialmente en el marco de envejecimiento de la poblaciÃ³n al que se enfrenta nuestra sociedad. De forma mÃ¡s inmediata, en el contexto de creciente apertura e integraciÃ³n de la economÃ­a espaÃ±ola en los mercados europeos e internacionales, el aumento de la productividad es indispensable para absorber los incrementos en los costes de producciÃ³n y evitar asÃ­ pÃ©rdidas de competitividad que supondrÃ­an un freno al crecimiento.
En consecuencia, es necesario adoptar reformas que impulsen el aumento de la productividad en el sistema econÃ³mico, entre las que destacan las relativas a la regulaciÃ³n del capital-riesgo, recogidas en esta Ley. Se trata, por esta vÃ­a, de contribuir a situar a la economÃ­a espaÃ±ola en condiciones de comenzar a corregir las carencias de su pauta de crecimiento, como vÃ­a para garantizar su sostenibilidad.
Esta Ley propone dotar a las entidades de capital-riesgo de un marco jurÃ­dico mÃ¡s flexible y moderno que impulse el desarrollo de estas entidades tan relevantes en la provisiÃ³n de financiaciÃ³n a empresas involucradas con las actividades de I+D+i. Esta actuaciÃ³n normativa se enmarca dentro del conjunto de reformas diseÃ±ado por el Gobierno para impulsar un crecimiento econÃ³mico basado en el avance de la productividad con creaciÃ³n de empleo. En este conjunto de reformas se estructuran y coordinan una variedad de actuaciones, en diferentes Ã¡mbitos y con distintos plazos de ejecuciÃ³n, orientadas, en definitiva, a dinamizar la economÃ­a espaÃ±ola y a conseguir un crecimiento econÃ³mico sostenible en el largo plazo.
Los mercados desempeÃ±an un papel fundamental en la financiaciÃ³n de las actividades de I+D+i y de los proyectos empresariales innovadores, tal y como reconoce, de forma contundente, el Â«Plan de AcciÃ³n para el Capital-Riesgo (1998-2003)Â». Este Plan resalta los efectos positivos en la economÃ­a de esta vÃ­a de financiaciÃ³n alternativa a la bursÃ¡til y la crediticia, de difÃ­cil acceso para buena parte de los proyectos innovadores. AsÃ­, su acciÃ³n beneficiosa se proyecta en el impulso que supone para el aumento de la productividad, la creaciÃ³n de empleo y el desarrollo de una cultura empresarial vibrante y emprendedora. AdemÃ¡s, el inversor del capital-riesgo suele incorporar un valor aÃ±adido a la empresa financiada, aportando credibilidad frente a terceros y ofreciendo su experiencia ante dificultades, su asesoramiento y sus contactos. La contrapartida del riesgo asumido y el largo perÃ­odo de maduraciÃ³n necesario suele producirse, en caso de Ã©xito, en forma de plusvalÃ­as. Por ello, el Â«Plan de AcciÃ³n para el Capital-Riesgo (1998-2003)Â» considera que unos mercados de capital-riesgo desarrollados y eficientes constituyen una contribuciÃ³n clave para una economÃ­a competitiva, innovadora y dinÃ¡mica, en la lÃ­nea de los objetivos de la estrategia de Lisboa.
Actualmente nuestro paÃ­s presenta una carencia grave en tÃ©rminos de inversiÃ³n en I+D+i si se compara con los paÃ­ses de nuestro entorno, siendo este uno de los factores que contribuyen a explicar la brecha que nuestra economÃ­a presenta en tÃ©rminos de crecimiento de la productividad. Esto le sitÃºa en una posiciÃ³n de desventaja competitiva en el marco de una economÃ­a cada vez mÃ¡s integrada mundialmente, con los peligros que ello comporta. Por tanto, es un imperativo urgente e inaplazable actuar en este Ã¡mbito mediante la promociÃ³n de elementos dinamizadores de la productividad de la economÃ­a como es el capital-riesgo.
La inversiÃ³n en capital-riesgo en EspaÃ±a se encuentra aÃºn lejos de los volÃºmenes alcanzados en las economÃ­as mÃ¡s avanzadas y se detectan algunos elementos normativos del sector que suponen limitaciones y disfunciones que obstaculizan el desarrollo del mismo. Por ello es preciso flexibilizar y modernizar el rÃ©gimen jurÃ­dico de las entidades de capital-riesgo, de manera que se imprima el impulso imprescindible a la competitividad y oportunidades de inversiÃ³n del sector para situarlo en un nivel equiparable al de los paÃ­ses de nuestro entorno.
Los antecedentes legislativos del capital-riesgo en EspaÃ±a datan de 1976, aÃ±o en que se aprueba el Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, de ordenaciÃ³n econÃ³mica y medidas econÃ³micas, que fue el promotor de las sociedades de desarrollo industrial, como precedentes de las sociedades de capital-riesgo. El rÃ©gimen jurÃ­dico del capital-riesgo actual tiene sus orÃ­genes en los artÃ­culos 12 a 16 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, sobre medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, cuyas disposiciones fueron posteriormente modificadas en diversas ocasiones. Este rÃ©gimen fue profundamente modificado por la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. En su exposiciÃ³n de motivos se alude al capital-riesgo como aquella Â«actividad financiera consistente en proporcionar recursos a medio y largo plazo, pero sin vocaciÃ³n de permanencia ilimitada, a empresas que presentan dificultades para acceder a otras fuentes de financiaciÃ³nÂ».
Esta Ley instituyÃ³ las dos modalidades de entidades, las sociedades y los fondos (administrados por sociedades gestoras), y los sujetÃ³ a un rÃ©gimen de autorizaciÃ³n, supervisiÃ³n, inspecciÃ³n y sanciÃ³n homologable al resto de sujetos que actÃºan en los mercados financieros, atribuyÃ©ndose a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores la potestad de supervisiÃ³n de aquÃ©llas. La Ley obligaba a estas entidades a invertir el 60 por 100 de su activo (el denominado coeficiente obligatorio) en las empresas que constituyen su objetivo, es decir, proyectos innovadores y con gran capacidad de crecimiento, necesitados de financiaciÃ³n para su desarrollo, segÃºn las distintas modalidades de inversiÃ³n existentes (por ejemplo, en funciÃ³n del momento de la vida de la empresa: las llamadas inversiones semilla, arranque, desarrollo, expansiÃ³n, o por sustituciÃ³n en empresas necesitadas de renovaciÃ³n, como pueden ser empresas familiares de segunda o tercera generaciÃ³n, etc.). Dada la diversidad de las posibles modalidades de los tipos de inversiÃ³n que las entidades de capital-riesgo pueden llevar a cabo, las empresas objeto de estas inversiones estarÃ­an caracterizadas por ser empresas Â«no financieras no cotizadasÂ».
En la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, se dispuso que el resto del activo no integrado en el coeficiente obligatorio de inversiÃ³n integrara el coeficiente de libre disposiciÃ³n, de modo que se permite su inversiÃ³n en un listado tasado de activos. Asimismo se establecÃ­an los siguientes lÃ­mites a las inversiones (lÃ­mites de grupo y diversificaciÃ³n): una entidad de capital-riesgo no podÃ­a invertir en una misma empresa mÃ¡s del 25 por 100 de su activo, ni mÃ¡s del 35 por 100 en empresas pertenecientes al mismo grupo y, por otro lado, podÃ­a invertir hasta el 25 por 100 de su activo en empresas pertenecientes a su grupo, con determinadas condiciones. No obstante, se amparÃ³ la posibilidad de que hubiera incumplimientos temporales de las inversiones, dentro de unos lÃ­mites y condiciones.
Si bien la regulaciÃ³n de 1999 se revelÃ³ como un avance notable en el rÃ©gimen jurÃ­dico del capital-riesgo en nuestro paÃ­s, no consiguiÃ³ en su totalidad dotar a la industria de los instrumentos financieros necesarios que situaran al capital-riesgo a un nivel competitivo equiparable a los paÃ­ses de nuestro entorno. Es en la propia regulaciÃ³n financiera de las Entidades de capital-riesgo donde se han advertido ciertas rigideces y limitaciones que lastran el desarrollo definitivo del capital-riesgo en EspaÃ±a.
Por todo ello, la reforma que se aborda en el rÃ©gimen del capital-riesgo con esta nueva Ley se centra en algunos aspectos que se consideran esenciales, respetando el esquema bÃ¡sico recogido en la Ley 1/1999, de 5 de enero, antes expuesto. Junto a ello se opta por una mejora de la sistemÃ¡tica del articulado mediante su reordenaciÃ³n, que aporte mayor claridad y seguridad jurÃ­dica a la norma. Asimismo se ha optado por una regulaciÃ³n amplia, que integre aquellos elementos que sean imprescindibles para que no sea necesario el desarrollo reglamentario de esta norma, aÃºn pendiente, ya que la Ley 1/1999, de 5 de enero, serÃ¡ derogada sin haber llegado a conocer su desarrollo reglamentario. De esta forma se persigue que el nuevo rÃ©gimen de capital-riesgo sea plenamente operativo en lo esencial desde la entrada en vigor de estas modificaciones, y no haya por tanto que acudir a ulteriores desarrollos normativos.
La reforma se inspira en los siguientes pilares: agilizaciÃ³n del rÃ©gimen administrativo de las entidades de capital-riesgo, flexibilizaciÃ³n de las reglas de inversiÃ³n e introducciÃ³n de figuras de la operativa aceptada en la prÃ¡ctica de la industria del capital-riesgo de los paÃ­ses mÃ¡s avanzados.
Por un lado, las reformas que se introducen tienen por objeto flexibilizar el rÃ©gimen administrativo de estas entidades. Con este fin se introducen medidas como la distinciÃ³n entre las entidades de rÃ©gimen comÃºn y rÃ©gimen simplificado en funciÃ³n de la apertura de las entidades que implica un trato administrativo diferenciado. En esta misma lÃ­nea se flexibiliza el rÃ©gimen de los plazos y se mejora el rÃ©gimen del silencio administrativo para los procedimientos de autorizaciÃ³n de constituciÃ³n y los de modificaciÃ³n de sus estatutos y reglamentos de gestiÃ³n de estas entidades. TambiÃ©n se acomete una importante racionalizaciÃ³n de las competencias en la materia, atribuyendo a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, como supervisor del capital-riesgo, el grueso de las competencias de autorizaciÃ³n que se contienen en la norma.
Junto a ello, la reforma busca tambiÃ©n aportar flexibilidad a la actividad mediante la introducciÃ³n de figuras financieras que son comunes en la prÃ¡ctica de los paÃ­ses de nuestro entorno y que estaban limitadas por la anterior regulaciÃ³n, lo cual se traducÃ­a en ataduras innecesarias. De este modo se amplÃ­a el Ã¡mbito de asesoramiento de las entidades y de sus sociedades gestoras, si bien se circunscribe a empresas que sean objetivo de la inversiÃ³n de las entidades. Por otro lado, se permite la posibilidad de que las entidades de capital-riesgo tomen participaciones de empresas no financieras que coticen en el primer mercado con la finalidad de excluirlas de la cotizaciÃ³n, de modo que se les impone la obligaciÃ³n de que la excluyan de la cotizaciÃ³n en un plazo determinado. Asimismo, se ofrece la posibilidad de que estas entidades inviertan en otras entidades de capital-riesgo dentro de unos lÃ­mites. Junto a lo anterior, y con el mismo objetivo de reducir el riesgo, se introducen figuras de diversificaciÃ³n de la inversiÃ³n como son los fondos y sociedades que fundamentalmente inviertan en entidades de capital-riesgo. Esta figura estÃ¡ ideada para atraer al capital-riesgo al inversor minorista. Con estos elementos, sin duda, se aportan al sector nuevas e importantes herramientas que facilitarÃ¡n su actividad de inversiÃ³n productiva.
Las reformas adoptadas mediante esta Ley, que, como se ha seÃ±alado, se integran en un conjunto mÃ¡s amplio, tienen por objeto proporcionar un impulso directo al aumento de la productividad econÃ³mica, a travÃ©s de la renovaciÃ³n del marco jurÃ­dico en el que desarrollan su actividad las entidades de capital-riesgo. Al tiempo, estas reformas pretenden impulsar la confianza y proporcionar una clara seÃ±al a los mercados y agentes econÃ³micos del decidido compromiso de la polÃ­tica econÃ³mica espaÃ±ola con el aumento de la productividad que, junto con la estabilidad presupuestaria y el fomento de la transparencia, se configura como uno de los ejes a travÃ©s de los cuales se contribuye al objetivo de mejora del bienestar de los ciudadanos.
TÃTULO PRELIMINAR
Ãmbito de aplicaciÃ³n
ArtÃ­culo 1. Ãmbito.
La presente Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las entidades de capital-riesgo, en su forma de sociedades y fondos de capital-riesgo, y a las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo constituidas de acuerdo con lo previsto en el siguiente TÃ­tulo, asÃ­ como a las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva que gestionen entidades de capital-riesgo.
ArtÃ­culo 2. Concepto.
Uno. Las entidades de capital-riesgo son entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participaciÃ³n, no coticen en el primer mercado de Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la UniÃ³n Europea o del resto de paÃ­ses miembros de la OrganizaciÃ³n para la CooperaciÃ³n y el Desarrollo EconÃ³micos (OCDE).
Asimismo, se considerarÃ¡n inversiones propias del objeto de la actividad de capital-riesgo la inversiÃ³n en valores emitidos por empresas cuyo activo estÃ© constituido en mÃ¡s de un 50 por 100 por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles que representen el 85 por 100 del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estÃ©n afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad econÃ³mica en los tÃ©rminos previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
Dos. No obstante lo anterior, las entidades de capital-riesgo podrÃ¡n igualmente extender su objeto principal a la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que coticen en el primer mercado de Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la UniÃ³n Europea o del resto de paÃ­ses miembros de la OrganizaciÃ³n para la CooperaciÃ³n y el Desarrollo EconÃ³micos (OCDE), siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotizaciÃ³n dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participaciÃ³n. Asimismo, podrÃ¡n tambiÃ©n invertir a su vez en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en esta Ley.
ArtÃ­culo 3. Actividades complementarias.
Uno. Para el desarrollo de su objeto social principal, las entidades de capital-riesgo podrÃ¡n facilitar prÃ©stamos participativos, asÃ­ como otras formas de financiaciÃ³n, en este Ãºltimo caso Ãºnicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversiÃ³n. Asimismo, podrÃ¡n realizar actividades de asesoramiento dirigidas a las empresas que constituyan el objeto principal de inversiÃ³n de las entidades de capital-riesgo segÃºn el artÃ­culo anterior, estÃ©n o no participadas por las entidades de capital-riesgo. En el caso de los fondos de capital-riesgo, las actividades anteriores serÃ¡n realizadas por las sociedades gestoras. En el caso de las sociedades de capital-riesgo, podrÃ¡n ser realizadas por ellas mismas o bien, en su caso, por sus sociedades gestoras.
Dos. A los efectos de esta Ley, tambiÃ©n tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de empresas no financieras aquellas entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones emitidas por empresas pertenecientes a sectores no financieros.
Tres. A los efectos de esta Ley, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de entidades financieras aquellas que estÃ©n incluidas en alguna de las siguientes categorÃ­as:
a) Entidades de crÃ©dito.
b) Empresas de servicios de inversiÃ³n.
c) Entidades aseguradoras.
d) Sociedades de inversiÃ³n colectiva, financieras o no financieras.
e) Sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva, de fondos de pensiones o de fondos de titulizaciÃ³n.
f) Sociedades de capital-riesgo y sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.
g) Entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones, emitidas por entidades financieras, tal y como se definen en este apartado.
h) Las Sociedades de garantÃ­a recÃ­proca.
i) Las entidades extranjeras, cualquiera que sea su denominaciÃ³n o estatuto, que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades tÃ­picas de las anteriores.
TambiÃ©n tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de entidades financieras, a los efectos de esta Ley, los fondos de capital-riesgo, los fondos de inversiÃ³n colectiva, los fondos de pensiones y los fondos de titulizaciÃ³n.
Cuatro. Las sociedades de capital-riesgo y las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, dentro del objeto social, y los fondos de capital-riesgo, dentro de su objeto principal, no podrÃ¡n desarrollar actividades no amparadas en esta Ley.
ArtÃ­culo 4. Forma jurÃ­dica y clases.
Uno. Las entidades de capital-riesgo pueden adoptar la forma jurÃ­dica de sociedades de capital-riesgo o de fondos de capital-riesgo.
Dos. Asimismo, las entidades de capital-riesgo pueden ser de dos clases: rÃ©gimen comÃºn o rÃ©gimen simplificado.
Son entidades de rÃ©gimen simplificado aquellas que reÃºnan estas caracterÃ­sticas:
a) La oferta de acciones o participaciones debe realizarse con carÃ¡cter estrictamente privado, esto es, sin actividad publicitaria, entendiendo por tal lo dispuesto en el artÃ­culo 3 del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas pÃºblicas de venta de valores.
b) La oferta de acciones o participaciones debe realizarse con un compromiso mÃ­nimo de inversiÃ³n de 500.000 euros exigible a cada inversor. No obstante, no se exigirÃ¡ compromiso mÃ­nimo de inversiÃ³n cuando los inversores sean institucionales, tales como fondos de pensiones, instituciones de inversiÃ³n colectiva, entidades aseguradoras, entidades de crÃ©dito o las empresas de servicios de inversiÃ³n, que realicen habitual y profesionalmente inversiones en valores negociables o instrumentos financieros, ni cuando sean administradores, directivos o empleados de la sociedad de capital-riesgo o de la sociedad gestora de la entidad de capital-riesgo.
c) Deben contar con un nÃºmero de accionistas o partÃ­cipes igual o inferior a veinte. A los efectos del cÃ³mputo de este nÃºmero, no se tendrÃ¡n en cuenta, en su caso, a los inversores institucionales ni a aquellos que sean administradores, directivos o empleados de la sociedad de capital-riesgo o de la sociedad gestora de la entidad de capital-riesgo.
Tres. Son entidades de rÃ©gimen comÃºn las que no reÃºnan alguna de las caracterÃ­sticas seÃ±aladas en el apartado anterior.
ArtÃ­culo 5. Domicilio.
Las entidades de capital-riesgo reguladas en la presente Ley, asÃ­ como sus sociedades gestoras, han de estar domiciliadas en territorio nacional y tener en Ã©ste su efectiva administraciÃ³n y direcciÃ³n.
ArtÃ­culo 6. Reserva de denominaciÃ³n.
Uno. Las denominaciones Â«sociedad de capital-riesgoÂ», Â«fondo de capital-riesgoÂ» y Â«sociedad gestora de entidades de capital-riesgoÂ», o sus abreviaturas Â«SCRÂ», Â«FCRÂ» y Â«SGECRÂ» quedarÃ¡n reservadas a las instituciones autorizadas al amparo de esta Ley e inscritas en el registro administrativo que al efecto existe en la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Dos. Las sociedades de capital-riesgo, los fondos de capital-riesgo y las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo estÃ¡n obligados a incluir en su razÃ³n social la denominaciÃ³n respectiva o su abreviatura, asÃ­ como la clase a la que pertenecen de acuerdo con lo establecido en el apartado Dos del artÃ­culo 4.
Tres. El Registro Mercantil y los demÃ¡s registros pÃºblicos no inscribirÃ¡n aquellas entidades cuya denominaciÃ³n sea contraria al rÃ©gimen establecido en la presente Ley. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serÃ¡n nulas de pleno derecho. Dicha nulidad no perjudicarÃ¡ los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes registros.
Cuatro. Ninguna persona o entidad podrÃ¡, sin haber obtenido la preceptiva autorizaciÃ³n y sin hallarse inscrita en los registros de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, utilizar la denominaciÃ³n a que se refiere el apartado Uno anterior o cualquier otra expresiÃ³n que induzca a confusiÃ³n con ellas.
Cinco. Las personas o entidades que incumplan lo establecido en este artÃ­culo serÃ¡n sancionadas segÃºn lo previsto en el TÃ­tulo IV de esta Ley. Si requeridas para que cesen inmediatamente en la utilizaciÃ³n de las denominaciones continuaran utilizÃ¡ndolas, serÃ¡n sancionadas con multas coercitivas por importe de hasta 300.000 euros, que podrÃ¡n ser reiteradas con ocasiÃ³n de posteriores requerimientos.
SerÃ¡ competente para la formulaciÃ³n de los requerimientos y para la imposiciÃ³n de las multas a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, que tambiÃ©n podrÃ¡ hacer advertencias pÃºblicas respecto de la existencia de esta conducta. Los requerimientos se formularÃ¡n previa audiencia de la persona o entidad interesada y las multas se impondrÃ¡n con arreglo al procedimiento previsto en esta Ley.
Seis. Lo dispuesto en este artÃ­culo se entiende sin perjuicio de las demÃ¡s responsabilidades, incluso de orden penal, que puedan ser exigibles.
SecciÃ³n 1.Âª Entidades de capital-riesgo de rÃ©gimen comÃºn
ArtÃ­culo 7. Condiciones de acceso a la actividad.
Para dar comienzo a su actividad, las entidades de capital-riesgo deberÃ¡n:
a) Haber obtenido la autorizaciÃ³n previa del proyecto de constituciÃ³n por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
b) Constituirse mediante escritura pÃºblica e inscribirse en el Registro Mercantil. Para los fondos de capital-riesgo estos requisitos serÃ¡n potestativos.
c) Estar inscritas en el correspondiente registro administrativo de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
ArtÃ­culo 8. AutorizaciÃ³n.
Uno. La resoluciÃ³n de la autorizaciÃ³n de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, que en todo caso habrÃ¡ de ser motivada, deberÃ¡ notificarse dentro de los dos meses siguientes a la presentaciÃ³n de la solicitud o al dÃ­a en que se complete la documentaciÃ³n exigible. Si en tal plazo no se ha notificado una resoluciÃ³n expresa, la solicitud se entenderÃ¡ desestimada.
Dos. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores sÃ³lo podrÃ¡ denegar la autorizaciÃ³n cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable. En el caso de las sociedades de capital-riesgo, la autorizaciÃ³n podrÃ¡ denegarse tambiÃ©n en los siguientes supuestos:
a) Falta de transparencia del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad.
b) Cuando se deduzca que pueden existir dificultades para inspeccionarla u obtener la informaciÃ³n que la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores estime necesaria para el adecuado desarrollo de sus funciones supervisoras.
Tres. Las resoluciones dictadas por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores en ejercicio de la potestad de autorizaciÃ³n que le atribuye este artÃ­culo pondrÃ¡n fin a la vÃ­a administrativa y podrÃ¡n ser recurridas en vÃ­a contencioso-administrativa.
ArtÃ­culo 9. Requisitos de la solicitud de autorizaciÃ³n.
Uno. La solicitud de autorizaciÃ³n deberÃ¡ incorporar una memoria del proyecto, un folleto informativo, la acreditaciÃ³n de la honorabilidad y experiencia, en los tÃ©rminos seÃ±alados en esta Ley, de quienes desempeÃ±en cargos de administraciÃ³n y direcciÃ³n de la entidad y, en general, cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley.
Dos. La memoria explicativa del proyecto deberÃ¡ contener cuanta informaciÃ³n se precise para permitir una correcta evaluaciÃ³n de la entidad que se pretende crear y entre ella, necesariamente, la correspondiente a la identificaciÃ³n de los promotores, aportantes iniciales previstos y sus respectivas participaciones, siempre que sean, directa o indirectamente significativas, tal y como se definen en el artÃ­culo 27 de esta Ley, relaciÃ³n de los mismos con otras entidades financieras y posibles vÃ­nculos entre ellos, fines y objetivos de la futura entidad, en su caso grupo al que pertenezca, polÃ­tica de inversiones y de distribuciÃ³n de resultados, proyecto financiero de la entidad, asÃ­ como el Ã¡mbito personal y geogrÃ¡fico en el que operarÃ¡.
Tres. El folleto informativo contendrÃ¡ el proyecto de los estatutos o del reglamento, segÃºn proceda, asÃ­ como aquellos aspectos principales de carÃ¡cter financiero y jurÃ­dico de la entidad.
Cuatro. El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, y con su habilitaciÃ³n expresa la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, determinarÃ¡ para cada tipo de entidad, atendiendo a sus especialidades, los requisitos y modelos normalizados de solicitud de autorizaciÃ³n, asÃ­ como los de los documentos que deberÃ¡n acompaÃ±ar la solicitud de autorizaciÃ³n, de acuerdo con los criterios del presente artÃ­culo.
ArtÃ­culo 10. Requisitos para obtener la autorizaciÃ³n.
Uno. Para obtener la autorizaciÃ³n de su constituciÃ³n, las entidades de capital-riesgo deberÃ¡n cumplir los siguientes requisitos:
a) Limitar su objeto al establecido en esta Ley.
b) Disponer del capital social o del patrimonio mÃ­nimos en el plazo y cuantÃ­a establecidos en esta Ley para cada tipo de entidad.
c) En el caso de los fondos de capital-riesgo, designar una sociedad gestora constituida con arreglo a esta Ley o a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva.
Dos. Las sociedades de capital-riesgo cuya gestiÃ³n, administraciÃ³n y representaciÃ³n no estÃ© encomendada a una sociedad gestora deberÃ¡n cumplir, ademÃ¡s de los requisitos a) y b) establecidos en el apartado anterior, los siguientes:
a) Contar con una buena organizaciÃ³n administrativa y contable, asÃ­ como con los medios humanos y tÃ©cnicos, incluidos mecanismos de seguridad en el Ã¡mbito informÃ¡tico y procedimientos de control interno y de gestiÃ³n, control de riesgos, procedimientos y Ã³rganos para la prevenciÃ³n del blanqueo de capitales y normas de conducta, adecuados a las caracterÃ­sticas y volumen de su actividad.
b) Que su consejo de administraciÃ³n estÃ© formado por, al menos, tres miembros y sus consejeros, asÃ­ como sus directores generales y asimilados tengan una reconocida honorabilidad comercial, empresarial o profesional. Concurre tal honorabilidad en quienes hayan venido observando una trayectoria empresarial o profesional de respeto a las leyes mercantiles y demÃ¡s normas que regulan la actividad econÃ³mica y la vida de los negocios, asÃ­ como las buenas prÃ¡cticas comerciales y financieras.
En especial, se entenderÃ¡ que no concurre honorabilidad empresarial o profesional en quien haya sido, en EspaÃ±a o en el extranjero, inhabilitado como consecuencia de un procedimiento concursal, se encuentre procesado, o, tratÃ¡ndose de los procedimientos a que se refieren los tÃ­tulos II y III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral, o tenga antecedentes penales, por delitos de falsedad, contra la Hacienda PÃºblica y contra la Seguridad Social, de infidelidad en la custodia de documentos y violaciÃ³n de secretos, de blanqueo de capitales, de receptaciÃ³n y otras conductas afines, de malversaciÃ³n de caudales pÃºblicos, contra la propiedad, o estÃ© inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer cargos pÃºblicos o de administraciÃ³n o direcciÃ³n de entidades financieras.
c) Que la mayorÃ­a de los miembros de su consejo de administraciÃ³n, asÃ­ como todos los directores generales y asimilados, cuenten con conocimientos y experiencia adecuados en materias financieras o de gestiÃ³n empresarial, asÃ­ como las personas fÃ­sicas que representen a las personas jurÃ­dicas que sean consejeros. Se presumirÃ¡ que poseen conocimientos y experiencia adecuados a estos efectos quienes hayan desempeÃ±ado durante un plazo no inferior a dos aÃ±os funciones de alta administraciÃ³n, direcciÃ³n, control o asesoramiento de entidades financieras o de las empresas comprendidas en el artÃ­culo 2 de la presente Ley, o funciones de alta administraciÃ³n y gestiÃ³n en otras entidades pÃºblicas o privadas.
d) Contar con un reglamento interno de conducta, en los tÃ©rminos previstos en esta Ley.
ArtÃ­culo 11. Registro.
Uno. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores mantendrÃ¡ los siguientes registros pÃºblicos:
f) Registro de entidades de capital-riesgo de rÃ©gimen simplificado.
Dos. Para obtener su inscripciÃ³n en el registro administrativo correspondiente de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, las entidades de capital-riesgo presentarÃ¡n ante el mismo las escrituras de constituciÃ³n o transformaciÃ³n debidamente inscritas en el Registro Mercantil en el caso de las sociedades y los fondos que se constituyan mediante escritura pÃºblica o los documentos que las sustituyan en el caso de los fondos.
Tres. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores dispondrÃ¡ de un plazo de 15 dÃ­as para proceder a la inscripciÃ³n desde la presentaciÃ³n de los documentos seÃ±alados en el apartado anterior. La inscripciÃ³n sÃ³lo podrÃ¡ ser denegada si la documentaciÃ³n presentada se apartara de la inicialmente autorizada o fuera incompleta.
Cuatro. En el caso de los fondos de capital-riesgo no constituidos mediante escritura pÃºblica, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ acordar en un Ãºnico acto la autorizaciÃ³n del fondo y su inscripciÃ³n en el correspondiente registro administrativo. En este supuesto, la inscripciÃ³n se entenderÃ¡ condicionada a la aportaciÃ³n a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores de la documentaciÃ³n necesaria en el plazo previsto en el apartado anterior.
Cinco. No se practicarÃ¡n inscripciones en los registros de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores en caso de que medien mÃ¡s de doce meses entre la fecha de la autorizaciÃ³n previa y la de la solicitud de inscripciÃ³n en el registro correspondiente por causa imputable al interesado. En tal caso la autorizaciÃ³n se entenderÃ¡ caducada.
ArtÃ­culo 12. ModificaciÃ³n de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos.
Uno. Las modificaciones en el proyecto constitutivo, en los estatutos o en el reglamento de gestiÃ³n de las entidades de capital-riesgo deberÃ¡n ser autorizadas por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores. La resoluciÃ³n de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores deberÃ¡ notificarse a los interesados en el plazo de un mes desde la presentaciÃ³n de la solicitud o desde el momento en que se hubiera completado la documentaciÃ³n. Trascurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n, los interesados podrÃ¡n entender estimada su solicitud, con los efectos previstos en el artÃ­culo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del rÃ©gimen jurÃ­dico de las Administraciones pÃºblicas y del procedimiento administrativo comÃºn.
Dos. La solicitud de autorizaciÃ³n de las modificaciones estatutarias podrÃ¡ realizarse, de forma condicionada, por los administradores de la sociedad de capital-riesgo con anterioridad a la aprobaciÃ³n por la Junta General de Accionistas.
Tres. No requerirÃ¡n autorizaciÃ³n previa, aunque deberÃ¡n ser comunicadas posteriormente a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores para su constancia en el registro correspondiente, las modificaciones de los estatutos sociales y de los reglamentos que tengan por objeto:
a) Cambio de domicilio dentro del territorio nacional, asÃ­ como el cambio de denominaciÃ³n.
b) IncorporaciÃ³n a los reglamentos de los fondos de capital-riesgo o a los estatutos de las sociedades de capital-riesgo de preceptos legales o reglamentarios de carÃ¡cter imperativo o prohibitivo, o cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
c) Las ampliaciones de capital con cargo a reservas y dinerarias de las sociedades de capital-riesgo, asÃ­ como las ampliaciones de patrimonio de los fondos de capital-riesgo, hasta alcanzar el patrimonio comprometido.
d) Aquellas otras modificaciones para las que la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, en contestaciÃ³n a consulta previa o, mediante resoluciÃ³n de carÃ¡cter general, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trÃ¡mite de autorizaciÃ³n.
Cuatro. Las modificaciones que tengan lugar en el seno del consejo de administraciÃ³n de las sociedades de capital-riesgo y las sociedades gestoras deberÃ¡n notificarse a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores. TambiÃ©n se le notificarÃ¡n los cambios de directores generales y asimilados, en la forma y con el contenido que la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores determine.
ArtÃ­culo 13. RevocaciÃ³n y suspensiÃ³n.
Uno. La autorizaciÃ³n concedida a las entidades de capital-riesgo sÃ³lo puede ser revocada por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores en los siguientes supuestos:
a) Por el incumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la autorizaciÃ³n.
b) Si no da comienzo a las actividades especÃ­ficas de su objeto social dentro de los doce meses siguientes a la fecha de inscripciÃ³n en el registro especial correspondiente por causa imputable al interesado.
c) Si renuncia de modo expreso a la autorizaciÃ³n.
d) Cuando haya obtenido la autorizaciÃ³n por medio de declaraciones falsas u omisiones o por otro medio contrario al ordenamiento jurÃ­dico.
e) Cuando existan razones fundadas y acreditadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participaciÃ³n significativa en una sociedad de capital-riesgo pueda resultar en detrimento de la gestiÃ³n correcta y prudente de la misma, que daÃ±e gravemente su situaciÃ³n financiera.
f) Por haber sido la entidad declarada en concurso.
g) Cuando se dÃ© alguna de las causas de disoluciÃ³n forzosa previstas en el artÃ­culo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas.
h) Como sanciÃ³n, en los casos contemplados en esta Ley.
i) Por el transcurso de un perÃ­odo superior a un aÃ±o sin ejercer la actividad encomendada en su objeto social.
Dos. El procedimiento de revocaciÃ³n se iniciarÃ¡ de oficio o a instancia de parte, y deberÃ¡ ser resuelto dentro de un plazo de seis meses desde su inicio. Si al finalizar dicho plazo no hubiera recaÃ­do resoluciÃ³n, se producirÃ¡n los efectos previstos en el artÃ­culo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de rÃ©gimen jurÃ­dico de las Administraciones pÃºblicas y del procedimiento administrativo comÃºn. La revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n implicarÃ¡ la exclusiÃ³n del correspondiente registro administrativo.
Tres. Cuando una sociedad de capital-riesgo acuerde su disoluciÃ³n forzosa por alguna de las causas previstas en el artÃ­culo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, se entenderÃ¡ revocada la autorizaciÃ³n. Dicho acuerdo habrÃ¡ de ser notificado a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, la cual procederÃ¡ a eliminar las inscripciones de dicha sociedad de los registros administrativos correspondientes. Se entenderÃ¡ lo mismo cuando la entidad haya renunciado de modo expreso a la autorizaciÃ³n, siguiÃ©ndose los mismos trÃ¡mites.
Cuatro. La autorizaciÃ³n concedida a una sociedad de capital-riesgo podrÃ¡ ser suspendida, total o parcialmente, por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores en el curso de un procedimiento de revocaciÃ³n cuando se infrinjan de manera grave las disposiciones previstas en esta Ley o en caso de apertura de expediente sancionador por infracciÃ³n grave o muy grave. La suspensiÃ³n parcial afectarÃ¡ a algunas de las actividades o al alcance con el que Ã©stas se autorizaron.
SecciÃ³n 2.Âª Entidades de capital-riesgo de rÃ©gimen simplificado
ArtÃ­culo 14. RÃ©gimen de autorizaciÃ³n.
Para poder dar comienzo a su actividad, las entidades de capital-riesgo de rÃ©gimen simplificado deberÃ¡n sujetarse a los requisitos exigidos a las entidades de capital-riesgo de rÃ©gimen comÃºn, con las siguientes especialidades:
a) En el proyecto constitutivo deberÃ¡n hacer menciÃ³n de la intenciÃ³n de sujetarse a las normas de las entidades de rÃ©gimen simplificado.
b) El plazo para resolver la solicitud de autorizaciÃ³n serÃ¡ de un mes desde que los promotores hayan aportado toda la documentaciÃ³n necesaria.
c) En caso de que no sea notificada la resoluciÃ³n dentro de dicho plazo, podrÃ¡ entenderse estimada con los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de rÃ©gimen jurÃ­dico de las Administraciones pÃºblicas y del procedimiento administrativo comÃºn.
d) No precisarÃ¡n de la elaboraciÃ³n del folleto informativo.
ArtÃ­culo 15. ModificaciÃ³n de proyectos constitutivos, estatutarios y reglamentarios y revocaciÃ³n y suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n.
Uno. En tanto no afecten a las tres condiciones bÃ¡sicas que definen a estas entidades como de rÃ©gimen simplificado, para la modificaciÃ³n de los proyectos constitutivos, los estatutos y los reglamentos de estas entidades no serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en los apartados Uno a Tres del artÃ­culo 12, y Ãºnicamente requerirÃ¡n comunicaciÃ³n inmediata a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores para que Ã©sta proceda de manera automÃ¡tica a su inscripciÃ³n en el registro correspondiente, una vez comprobado que las modificaciones se ajustan a lo establecido en esta Ley.
Dos. La revocaciÃ³n y suspensiÃ³n de las entidades de rÃ©gimen simplificado se regirÃ¡ por lo dispuesto en el artÃ­cu-lo 13 de esta Ley.
SecciÃ³n 3.Âª ModificaciÃ³n de rÃ©gimen
ArtÃ­culo 16. ModificaciÃ³n de rÃ©gimen.
En caso de que una entidad de rÃ©gimen comÃºn pretenda acogerse a las normas del rÃ©gimen simplificado, o viceversa, deberÃ¡ solicitar a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores autorizaciÃ³n para dicho cambio conforme a los requisitos y el procedimiento de autorizaciÃ³n de la constituciÃ³n establecidos en la secciÃ³n 1.Âª de este capÃ­tulo I del TÃ­tulo I.
RÃ©gimen de inversiones
ArtÃ­culo 17. RÃ©gimen de actuaciÃ³n.
Las entidades de capital-riesgo deberÃ¡n cumplir en todo momento los requisitos exigidos por esta Ley para su autorizaciÃ³n y los porcentajes de inversiÃ³n en determinados activos fijados por esta Ley y por la normativa que la desarrolle.
ArtÃ­culo 18. Coeficiente obligatorio de inversiÃ³n.
Uno. Las entidades de capital-riesgo adecuarÃ¡n su polÃ­tica de inversiones a los criterios expresamente establecidos en sus estatutos o reglamentos de gestiÃ³n, respectivamente. Se entenderÃ¡ por polÃ­tica de inversiones lo definido en el apartado Cuatro del artÃ­culo 34 de esta Ley.
Dos. En todo caso deberÃ¡n mantener, como mÃ­nimo, el 60 por 100 de su activo computable, definido de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 24 de esta Ley, en acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripciÃ³n o adquisiciÃ³n de aquÃ©llas y participaciones en el capital de empresas que sean objeto de su actividad. Dentro de este porcentaje podrÃ¡n dedicar hasta 30 puntos porcentuales del total de su activo computable a prÃ©stamos participativos a empresas que sean objeto de su actividad, estÃ©n participadas o no por la entidad de capital-riesgo, y hasta 20 puntos porcentuales del total de su activo computable en la adquisiciÃ³n de acciones o participaciones de entidades de capital-riesgo, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 19.
Tres. TambiÃ©n se entenderÃ¡n incluidas en el coeficiente obligatorio de inversiÃ³n las acciones y participaciones en el capital de empresas no financieras que cotizan o se negocian en un segundo mercado de una Bolsa espaÃ±ola o en mercados equivalentes de otros paÃ­ses. A tales efectos se considerarÃ¡n aptos los mercados que cumplan simultÃ¡neamente las siguientes caracterÃ­sticas:
a) Tratarse de un segmento especial o de un mercado de una Bolsa extranjera cuyos requisitos de admisiÃ³n sean similares a los establecidos en la normativa espaÃ±ola para los segundos mercados.
b) Tratarse de un mercado especializado en valores de pequeÃ±as y medianas empresas.
c) No estar situado en un territorio considerado por la normativa espaÃ±ola un paraÃ­so fiscal o en un paÃ­s o territorio cuyas autoridades se nieguen a intercambiar informaciÃ³n con las autoridades espaÃ±olas sobre las materias reguladas en la presente Ley. Los paÃ­ses o territorios que se encuentran en este Ãºltimo supuesto serÃ¡n los contemplados en el artÃ­culo 2 del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los paÃ­ses o territorios como paraÃ­sos fiscales.
Cuatro. En el caso de que una entidad de capital-riesgo tenga una participaciÃ³n en una entidad que sea admitida a cotizaciÃ³n en un mercado no incluido en el apartado anterior, dicha participaciÃ³n podrÃ¡ computarse dentro del coeficiente obligatorio de inversiÃ³n durante un plazo mÃ¡ximo de tres aÃ±os, contados desde la fecha en que se hubiera producido la admisiÃ³n a cotizaciÃ³n de esta Ãºltima. Transcurrido el plazo seÃ±alado, dicha participaciÃ³n deberÃ¡ computarse dentro del coeficiente de libre disposiciÃ³n.
Cinco. El coeficiente obligatorio de inversiÃ³n deberÃ¡ cumplirse al finalizar cada ejercicio social.
ArtÃ­culo 19. InversiÃ³n en entidades de capital-riesgo.
Uno. Las entidades de capital-riesgo podrÃ¡n invertir hasta el 20 por 100 de su activo computable dentro del coeficiente obligatorio de inversiÃ³n en otras entidades de capital-riesgo autorizadas conforme a esta Ley y en entidades extranjeras similares que reÃºnan las caracterÃ­sticas del apartado Dos de este artÃ­culo, siempre que cada una de las Entidades de capital-riesgo o entidad extranjera en que se invierte no tenga invertido a su vez mÃ¡s del 10 por 100 de su activo en otras entidades de capital-riesgo.
Dos. Para que la inversiÃ³n en las entidades extranjeras a que se refiere el apartado anterior se compute dentro del coeficiente obligatorio establecido en el apartado Dos del artÃ­culo 18, serÃ¡ preciso que tales entidades estÃ©n domiciliadas en un Estado miembro de la OrganizaciÃ³n para la CooperaciÃ³n y el Desarrollo EconÃ³micos (OCDE) y que, cualquiera que sea su denominaciÃ³n o estatuto, ejerzan, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, las actividades tÃ­picas de las entidades de capital-riesgo.
Tres. En cualquier caso, la entidad de capital-riesgo inversora deberÃ¡ cumplir con los coeficientes de diversificaciÃ³n de la inversiÃ³n del artÃ­culo 22.
ArtÃ­culo 20. Fondos y sociedades de entidades de capital-riesgo.
Uno. Los fondos y sociedades de entidades de capital-riesgo son aquellas entidades cuyo coeficiente de inversiÃ³n obligatorio se deberÃ¡ ajustar a lo dispuesto en el artÃ­culo 18 con la especialidad que se establece en el siguiente apartado en cuanto al porcentaje mÃ¡ximo de inversiÃ³n en entidades de capital-riesgo.
Dos. Las entidades reguladas en este artÃ­culo deberÃ¡n invertir al menos el 50 por 100 del coeficiente de inversiÃ³n obligatorio de su activo computable en otras entidades de capital-riesgo autorizadas conforme a esta Ley y en entidades extranjeras que reÃºnan las caracterÃ­sticas seÃ±aladas en el artÃ­culo 19.Dos. No podrÃ¡n invertir en cada entidad de capital-riesgo o entidad extranjera mÃ¡s del 40 por 100 de su activo, y deberÃ¡n respetar las reglas de diversificaciÃ³n y limitaciÃ³n de inversiones del artÃ­culo 22. Asimismo, cada una de las entidades de capital-riesgo o entidad extranjera en que se invierta no podrÃ¡ tener invertido, a su vez, mÃ¡s del 10 por 100 de su activo en otras entidades de capital-riesgo.
ArtÃ­culo 21. Coeficiente de libre disposiciÃ³n.
El resto del activo no sujeto al coeficiente obligatorio de inversiÃ³n determinado en el artÃ­culo 18 podrÃ¡ mantenerse en:
b) Participaciones en el capital de empresas distintas de las que son objeto de su actividad segÃºn el artÃ­culo 2 de esta Ley, incluidas participaciones en Instituciones de InversiÃ³n Colectiva (IIC) y entidades de capital-riesgo que no cumplan lo dispuesto en el artÃ­culo 19.
c) Efectivo. En aquellos casos en los que estatutaria o reglamentariamente se prevean reembolsos periÃ³dicos formarÃ¡ parte del coeficiente de liquidez, junto con los demÃ¡s activos especialmente lÃ­quidos que precise el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, o, con su delegaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
d) PrÃ©stamos participativos.
e) FinanciaciÃ³n de cualquier tipo a empresas participadas que formen parte de su objeto social principal.
ArtÃ­culo 22. Limitaciones de grupo y diversificaciÃ³n de las inversiones.
Uno. Las entidades de capital-riesgo no podrÃ¡n invertir mÃ¡s del 25 por 100 de su activo computable en el momento de la inversiÃ³n en una misma empresa, ni mÃ¡s del 35 por 100 en empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades, entendiÃ©ndose por tal el definido en el artÃ­culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
En el caso de las entidades de capital-riesgo de rÃ©gimen simplificado los lÃ­mites anteriores se extenderÃ¡n al 40 por 100 de su activo tanto para la inversiÃ³n en una misma empresa como en empresas pertenecientes al mismo grupo.
Dos. Las entidades de capital-riesgo podrÃ¡n invertir hasta el 25 por 100 de su activo en empresas pertenecientes a su grupo o al de su sociedad gestora, tal y como Ã©ste se define en el artÃ­culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los estatutos o reglamentos contemplen estas inversiones.
b) Que la entidad o, en su caso, su sociedad gestora disponga de un procedimiento formal, recogido en su reglamento interno de conducta, que permita evitar conflictos de interÃ©s y cerciorarse de que la operaciÃ³n se realiza en interÃ©s exclusivo de la entidad. La verificaciÃ³n del cumplimiento de estos requisitos corresponderÃ¡ a una comisiÃ³n independiente creada en el seno de su consejo o a un Ã³rgano independiente al que la sociedad gestora encomiende esta funciÃ³n.
c) Que en los folletos y en la informaciÃ³n pÃºblica periÃ³dica de la entidad se informe con detalle de las inversiones realizadas en entidades del grupo.
Tan sÃ³lo a los efectos previstos en este artÃ­culo se considerarÃ¡ que las empresas en las que participen directamente las entidades de capital-riesgo, que cumplan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 2 de la presente Ley, no son empresas pertenecientes al grupo de la entidad de capital-riesgo de que se trate.
ArtÃ­culo 23. Incumplimientos temporales de las inversiones.
Uno. Los porcentajes previstos en el apartado Dos del artÃ­culo 18, apartado Uno del artÃ­culo 19, apartado Dos del artÃ­culo 20, letra f) del artÃ­culo 21 y apartados Uno y Dos del artÃ­culo 22 podrÃ¡n ser incumplidos por las entidades de capital-riesgo durante los siguientes perÃ­odos:
a) Durante los primeros tres aÃ±os, a partir de su inscripciÃ³n en el correspondiente registro de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
b) Durante veinticuatro meses, a contar desde que se produzca una desinversiÃ³n caracterÃ­stica del coeficiente obligatorio que provoque su incumplimiento.
Dos. En el supuesto de devoluciÃ³n de aportaciones a partÃ­cipes o socios, los coeficientes se computarÃ¡n teniendo en cuenta el patrimonio inicial.
Tres. Cuando se produzca una ampliaciÃ³n de capital en una sociedad de capital-riesgo, que no venga exigida por imperativo legal, o una nueva aportaciÃ³n de recursos a los fondos de capital-riesgo, se podrÃ¡n incumplir los coeficientes indicados en el apartado Uno durante los tres aÃ±os siguientes a la ampliaciÃ³n o a la nueva aportaciÃ³n.
Cuatro. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡, con carÃ¡cter excepcional, eximir del cumplimiento de los porcentajes previstos en el apartado Dos del artÃ­culo 18, en el apartado Uno del artÃ­culo 19, y en el apartado Dos del artÃ­culo 20, o autorizar la ampliaciÃ³n de los plazos a que se refiere el apartado Uno de este artÃ­culo, a solicitud de las sociedades de capital-riesgo o de la sociedad gestora, en atenciÃ³n a la situaciÃ³n del mercado y a la dificultad de encontrar proyectos para cubrir, adecuadamente, el porcentaje mencionado.
ArtÃ­culo 24. Otros lÃ­mites a las inversiones.
El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡n establecer limitaciones a la inversiÃ³n en determinados tipos de activos o actividades, un coeficiente mÃ­nimo de liquidez a mantener, en su caso, por las entidades de rÃ©gimen comÃºn, determinar los conceptos contables que integran el activo computable, es decir, el activo de las entidades de capital-riesgo a efectos de calcular los porcentajes previstos en los artÃ­culos precedentes y establecer lÃ­mites a la financiaciÃ³n ajena que puedan obtener las entidades de capital-riesgo.
ArtÃ­culo 25. Toma de participaciones en empresas no financieras cotizadas en mercados regulados.
Para que la adquisiciÃ³n por la entidad de capital-riesgo de participaciones de empresas no financieras que coticen en un mercado regulado distinto de los enunciados en el apartado Tres del artÃ­culo 18 sea contabilizada dentro del coeficiente obligatorio de inversiÃ³n del apartado Dos del artÃ­culo 18, serÃ¡ preciso que la entidad de capital-riesgo o su sociedad gestora, en su caso, obtenga la exclusiÃ³n de la cotizaciÃ³n de la empresa participada dentro del plazo de un aÃ±o desde la toma de participaciÃ³n. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ autorizar la ampliaciÃ³n de este plazo a solicitud de la sociedad de capital-riesgo o de la sociedad gestora.
Obligaciones de informaciÃ³n y auditorÃ­a
ArtÃ­culo 26. Obligaciones de informaciÃ³n, de auditorÃ­a y contables.
Uno. Sin perjuicio de las obligaciones de informaciÃ³n establecidas con carÃ¡cter general, las entidades de rÃ©gimen comÃºn deberÃ¡n publicar para su difusiÃ³n entre los partÃ­cipes una memoria anual y un folleto informativo, conforme a las siguientes especificaciones:
a) El folleto informativo habrÃ¡ de editarse por la entidad con carÃ¡cter previo a su inscripciÃ³n en el registro administrativo.
b) La memoria anual estarÃ¡ integrada por las cuentas anuales, el informe de gestiÃ³n y el informe de auditorÃ­a.
Estos documentos deberÃ¡n ser remitidos a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores para el ejercicio de sus funciones de supervisiÃ³n y registro, asÃ­ como puestos a disposiciÃ³n de los partÃ­cipes en el domicilio social de la sociedad gestora del fondo de capital-riesgo.
Dos. Los administradores de las sociedades de capital-riesgo o, en el caso de los fondos de capital-riesgo, los de su sociedad gestora estarÃ¡n obligados a formular o aprobar, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, las cuentas anuales, la propuesta de distribuciÃ³n de resultados y el informe de gestiÃ³n. Dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio las sociedades de inversiÃ³n o las sociedades gestoras, en el caso de los fondos de inversiÃ³n, siempre que se trate de sociedades y fondos de rÃ©gimen comÃºn, deberÃ¡n remitir a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores los citados documentos contables junto con el informe de auditorÃ­a. El ejercicio social se ajustarÃ¡ siempre al aÃ±o natural.
Los auditores de cuentas serÃ¡n designados por las Juntas Generales de las sociedades de capital-riesgo o por los administradores de las sociedades gestoras de los fondos de capital-riesgo. La designaciÃ³n habrÃ¡ de realizarse en el plazo de seis meses desde el momento de constituciÃ³n de la entidad de capital-riesgo y, en todo caso, antes del 31 de diciembre del primer ejercicio econÃ³mico que haya de ser examinado, y recaerÃ¡ en alguna de las personas o entidades a que se refiere el artÃ­culo 6 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
El informe de auditorÃ­a y cuentas anuales auditadas de las entidades de capital-riesgo tendrÃ¡ carÃ¡cter pÃºblico.
Tres. Las sociedades de capital-riesgo, las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, asÃ­ como las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva que gestionen entidades de capital-riesgo, deberÃ¡n facilitar a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores cuanta informaciÃ³n se les requiera y, en particular, sobre actividades, inversiones, recursos, patrimonio, estados financieros, accionistas o partÃ­cipes, situaciÃ³n econÃ³mico-financiera, asÃ­ como en lo concerniente a hechos relevantes, con la frecuencia, alcance y contenido que establezcan el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Se considerarÃ¡n hechos especÃ­ficamente relevantes para las entidades de capital-riesgo los que afecten o puedan afectar significativamente a la consideraciÃ³n del valor de las acciones o participaciones y, en particular, toda circunstancia de carÃ¡cter contingente que afecte o pueda influir significativamente en la evoluciÃ³n de los negocios de las entidades participadas, su rentabilidad y su situaciÃ³n financiera, siempre que la inversiÃ³n en la entidad afectada represente al menos un 5 por 100 del activo de la entidad de capital-riesgo.
Cuatro. Las entidades de capital-riesgo deberÃ¡n someter a informe de auditorÃ­a sus estados financieros conforme a lo establecido en la legislaciÃ³n sobre auditorÃ­a de cuentas.
Cinco. Los partÃ­cipes y socios de una entidad de capital-riesgo de rÃ©gimen comÃºn tienen derecho a solicitar y obtener informaciÃ³n completa, veraz, precisa y permanente sobre la entidad, el valor de las acciones o participaciones, asÃ­ como la posiciÃ³n del accionista o partÃ­cipe en la entidad.
ArtÃ­culo 27. RÃ©gimen de las participaciones significativas.
Uno. Cuando un mismo socio o partÃ­cipe, por sÃ­ o por persona interpuesta, adquiera o transmita acciones o participaciones de una entidad de rÃ©gimen comÃºn y, como resultado de dichas operaciones, el porcentaje de capital suscrito o patrimonio que quede en su poder alcance, exceda o quede por debajo del 20 por 100 y todos sus mÃºltiplos, hasta el 100 por 100 del capital social, en los casos permitidos por esta Ley, deberÃ¡ comunicarse a la Entidad en el plazo de diez dÃ­as hÃ¡biles a partir de la adquisiciÃ³n o transmisiÃ³n, el porcentaje del capital o patrimonio que haya quedado en su poder tras la operaciÃ³n.
Dos. El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡n variar los porcentajes considerados participaciÃ³n significativa en aquellos supuestos que consideren necesario, atendiendo a los intereses de los inversores y a las especialidades de este tipo de inversiÃ³n, asÃ­ como fijar el contenido, la forma y periodicidad con que estas informaciones a que se refiere este tÃ­tulo deben ser comunicadas a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
ArtÃ­culo 28. DefiniciÃ³n y rÃ©gimen jurÃ­dico.
Uno. Las sociedades de capital-riesgo son sociedades anÃ³nimas cuyo objeto social principal es el definido en el artÃ­culo 2. PodrÃ¡n realizar las actividades enunciadas en los artÃ­culos 2 y 3 por ellas mismas o a travÃ©s de una sociedad gestora de entidades de capital-riesgo.
Dos. Las sociedades de capital-riesgo se regirÃ¡n por lo establecido en esta Ley, y en lo no previsto por ella, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
Tres. El capital social suscrito mÃ­nimo serÃ¡ de 1.200.000 euros, debiÃ©ndose desembolsar en el momento de su constituciÃ³n, al menos, el 50 por 100 y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres aÃ±os desde la constituciÃ³n de la sociedad. Los desembolsos del capital social mÃ­nimo deberÃ¡n realizarse en efectivo, en activos aptos para la inversiÃ³n de las entidades de capital-riesgo o en bienes que integren su inmovilizado, no pudiendo superar estos Ãºltimos el 20 por 100 de su capital social.
Los desembolsos adicionales al capital social mÃ­nimo o las posteriores ampliaciones de Ã©ste podrÃ¡n realizarse, ademÃ¡s, en inmovilizado o activos financieros aptos para la inversiÃ³n conforme a los artÃ­culos 18 y 21 de esta Ley.
Cuatro. El capital social estarÃ¡ representado por acciones, representadas mediante tÃ­tulos, en cuyo caso serÃ¡n nominativas, o mediante anotaciones en cuenta.
En el caso de las sociedades de capital-riesgo de rÃ©gimen simplificado se permitirÃ¡ la emisiÃ³n de acciones de una clase distinta a la general de la sociedad que sÃ³lo podrÃ¡n ser suscritas por los promotores o fundadores.
Cinco. Quedan prohibidas las remuneraciones o ventajas de los fundadores o promotores previstas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas.
Seis. En sus Estatutos sociales se recogerÃ¡n, ademÃ¡s de las especificaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, la polÃ­tica de inversiones, asÃ­ como la posibilidad de que la gestiÃ³n de las inversiones, previo acuerdo de la Junta General, la realice una sociedad gestora de entidad de capital-riesgo o una sociedad gestora de instituciones de inversiÃ³n colectiva.
ArtÃ­culo 29. ValoraciÃ³n del patrimonio y determinaciÃ³n del valor liquidativo de las acciones de las Sociedades de capital-riesgo.
Uno. El valor del patrimonio de la sociedad de capital-riesgo serÃ¡ el resultado de deducir de la suma de sus activos reales las cuentas acreedoras, determinÃ¡ndose el valor de Ã©stas y aquÃ©llos conforme a los criterios que determinen el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Dos. El valor de cada acciÃ³n serÃ¡ el resultado de dividir el patrimonio neto de la sociedad por el nÃºmero de acciones en circulaciÃ³n.
ArtÃ­culo 30. TransformaciÃ³n, fusiÃ³n, escisiÃ³n y demÃ¡s operaciones societarias.
La transformaciÃ³n, fusiÃ³n, escisiÃ³n y las demÃ¡s operaciones societarias que realice una sociedad de capital-riesgo que conduzcan a la creaciÃ³n de una sociedad de capital-riesgo requerirÃ¡n aprobaciÃ³n previa de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores conforme a lo dispuesto para la autorizaciÃ³n de proyectos de constituciÃ³n en el capÃ­tulo I del TÃ­tulo I de esta Ley, en funciÃ³n de si se trata de una entidad de rÃ©gimen comÃºn o simplificado.
ArtÃ­culo 31. DelegaciÃ³n de la gestiÃ³n.
Uno. Las sociedades de capital-riesgo podrÃ¡n recoger en sus estatutos sociales la posibilidad de que la gestiÃ³n de sus activos, previo acuerdo de la Junta General o por su delegaciÃ³n el consejo de administraciÃ³n, la realice una sociedad gestora de entidad de capital-riesgo o una sociedad gestora de instituciones de inversiÃ³n colectiva o una entidad habilitada para prestar el servicio de inversiÃ³n a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artÃ­culo 63 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
El eventual acuerdo serÃ¡ elevado a escritura pÃºblica e inscrito en el Registro Mercantil y en el correspondiente registro administrativo. Este acuerdo no eximirÃ¡ a los Ã³rganos de administraciÃ³n de la sociedad de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que la normativa vigente les impone.
Dos. La designaciÃ³n de la sociedad gestora serÃ¡ efectiva a partir del momento de la inscripciÃ³n en el registro administrativo del eventual acuerdo de la Junta General o, por su delegaciÃ³n, el Consejo de AdministraciÃ³n.
ArtÃ­culo 32. DefiniciÃ³n y rÃ©gimen jurÃ­dico.
Uno. Los fondos de capital-riesgo son patrimonios separados sin personalidad jurÃ­dica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, cuya gestiÃ³n y representaciÃ³n corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo. Su objetivo principal es el definido en el artÃ­culo 2 y corresponde a la sociedad gestora la realizaciÃ³n de las actividades enunciadas en los artÃ­culos 2 y 3 de esta Ley.
Dos. La condiciÃ³n de partÃ­cipe se adquiere mediante la realizaciÃ³n de la aportaciÃ³n al fondo comÃºn.
ArtÃ­culo 33. Patrimonio.
Uno. El patrimonio mÃ­nimo inicial de los fondos de capital-riesgo serÃ¡ de 1.650.000 euros.
Dos. Las aportaciones para la constituciÃ³n inicial y las posteriores del patrimonio se realizarÃ¡n exclusivamente en efectivo.
Tres. El patrimonio de los fondos de capital-riesgo se constituirÃ¡ con las aportaciones de los partÃ­cipes y sus rendimientos. Los partÃ­cipes no responderÃ¡n por las deudas del fondo sino hasta el lÃ­mite de lo aportado. El patrimonio del fondo no responderÃ¡ por las deudas de los partÃ­cipes ni de las sociedades gestoras.
Cuatro. El patrimonio estarÃ¡ dividido en participaciones de iguales caracterÃ­sticas que conferirÃ¡n a su titular un derecho de propiedad sobre el mismo. Dichas participaciones serÃ¡n nominativas, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de valores negociables y podrÃ¡n estar representadas mediante tÃ­tulos o anotaciones en cuenta.
En el caso de los fondos de capital-riesgo de rÃ©gimen simplificado se permitirÃ¡ la emisiÃ³n de participaciones con caracterÃ­sticas distintas a las participaciones generales del fondo que sÃ³lo podrÃ¡n ser suscritas por los promotores o fundadores.
ArtÃ­culo 34. ConstituciÃ³n del fondo y especificaciones del contenido de su reglamento.
Uno. El fondo se constituirÃ¡ mediante la puesta en comÃºn del efectivo que integrarÃ¡ su patrimonio.
Dos. El contrato de constituciÃ³n podrÃ¡ formalizarse en escritura pÃºblica o en documento privado, habrÃ¡ de ser inscrito en el registro administrativo de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores y en Ã©l deberÃ¡ constar expresamente:
a) La denominaciÃ³n del fondo.
b) El objeto, circunscrito exclusivamente a las actividades contempladas en los artÃ­culos 2 y 3 de esta Ley.
c) El patrimonio del fondo en el momento de su constituciÃ³n.
e) El reglamento de gestiÃ³n del fondo.
Tres. El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, establecerÃ¡ el modelo normalizado de reglamento de gestiÃ³n del fondo de capital-riesgo de rÃ©gimen comÃºn, que deberÃ¡ recoger como mÃ­nimo los siguientes extremos:
a) El plazo de duraciÃ³n del fondo, en su caso.
b) El rÃ©gimen de emisiÃ³n y reembolso de las participaciones, incluyendo, en su caso, el nÃºmero de reembolsos que se garantizan, periodicidad de los mismos, y rÃ©gimen de preavisos, si los hubiera.
c) El plazo de duraciÃ³n de la prohibiciÃ³n de suscripciÃ³n y reembolso, si las hubiese.
d) La periodicidad con la que habrÃ¡ de calcularse el valor de las participaciones a efectos de suscripciÃ³n y reembolso.
e) Normas para la administraciÃ³n, direcciÃ³n y representaciÃ³n del fondo.
f) DeterminaciÃ³n y forma de distribuciÃ³n de resultados.
g) Requisitos para la modificaciÃ³n del contrato de constituciÃ³n, del Reglamento de gestiÃ³n y condiciones para ejercer, en su caso, el derecho de separaciÃ³n por parte del partÃ­cipe.
h) SustituciÃ³n de la sociedad gestora.
i) Normas para la disoluciÃ³n y liquidaciÃ³n del fondo.
j) Tipos de remuneraciÃ³n de la sociedad gestora.
k) La polÃ­tica de inversiones.
Cuatro. Se entenderÃ¡ por polÃ­tica de inversiones, a los efectos del apartado anterior y del apartado Uno del artÃ­culo 18 de esta Ley, el conjunto de decisiones coordinadas orientadas al cumplimiento de su objeto sobre los siguientes aspectos:
a) Sectores empresariales hacia los que se orientarÃ¡n las inversiones.
b) Ãreas geogrÃ¡ficas hacia las que se orientarÃ¡n las inversiones.
c) Tipos de sociedades en las que se pretende participar y criterios de su selecciÃ³n.
d) Porcentajes generales de participaciÃ³n mÃ¡ximos y mÃ­nimos que se pretendan ostentar.
e) Criterios temporales mÃ¡ximos y mÃ­nimos de mantenimiento de las inversiones y fÃ³rmulas de desinversiÃ³n.
f) Tipos de financiaciÃ³n que se concederÃ¡n a las sociedades participadas.
g) Prestaciones accesorias que la sociedad gestora del mismo podrÃ¡ realizar a favor de las sociedades participadas, tales como el asesoramiento o servicios similares.
h) Modalidades de intervenciÃ³n de la entidad gestora en las sociedades participadas, y fÃ³rmulas de presencia en sus correspondientes Ã³rganos de administraciÃ³n.
ArtÃ­culo 35. RÃ©gimen de suscripciÃ³n y reembolso de las participaciones.
Uno. La sociedad gestora emitirÃ¡ y reembolsarÃ¡ las participaciones en el fondo de acuerdo con las condiciones establecidas en su reglamento de gestiÃ³n.
Dos. El valor de cada participaciÃ³n serÃ¡ el resultado de dividir el patrimonio del fondo por el nÃºmero de participaciones en circulaciÃ³n, valorando aquÃ©l de acuerdo con los criterios que establezca el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, y con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Tres. La sociedad gestora podrÃ¡ gestionar por cuenta del emisor la suscripciÃ³n y reembolso de participaciones en fondos de capital-riesgo, asÃ­ como por cuenta ajena su transmisiÃ³n.
ArtÃ­culo 36. AdministraciÃ³n.
Uno. La direcciÃ³n y administraciÃ³n de los fondos de capital-riesgo se regirÃ¡ por lo dispuesto en el reglamento de gestiÃ³n de cada fondo, debiendo recaer necesariamente en una sociedad gestora de entidad de capital-riesgo o en una sociedad gestora de instituciones de inversiÃ³n colectiva con los requisitos que se fijen en este Ãºltimo supuesto, en esta Ley.
Dos. En ningÃºn caso podrÃ¡n impugnarse por defecto de facultades de administraciÃ³n y disposiciÃ³n los actos y contratos realizados por la sociedad gestora del fondo con terceros en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden conforme a lo previsto en la presente Ley.
ArtÃ­culo 37. ValoraciÃ³n del patrimonio, valor liquidativo y distribuciÃ³n de resultados.
Uno. El valor del patrimonio del fondo serÃ¡ el resultado de deducir de la suma de sus activos reales las cuentas acreedoras determinÃ¡ndose el valor de Ã©stas conforme a los criterios que se establezcan por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Dos. El valor liquidativo de cada participaciÃ³n serÃ¡ el resultado de dividir el patrimonio neto del fondo por el nÃºmero de participaciones en circulaciÃ³n.
Tres. Los resultados serÃ¡n la consecuencia de deducir de la totalidad de los ingresos obtenidos por el fondo la comisiÃ³n de la sociedad gestora, asÃ­ como los demÃ¡s gastos previstos en el reglamento de gestiÃ³n del fondo, entre los cuales se incluirÃ¡n los de auditorÃ­a.
ArtÃ­culo 38. FusiÃ³n.
Uno. PodrÃ¡n fusionarse fondos de capital-riesgo ya sea mediante la absorciÃ³n ya con la creaciÃ³n de un nuevo fondo.
Dos. La iniciaciÃ³n del procedimiento requerirÃ¡ el previo acuerdo de la sociedad gestora de los fondos que vayan a fusionarse.
Tres. La fusiÃ³n serÃ¡ previamente autorizada por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores conforme a los procedimientos establecidos en el capÃ­tulo I del TÃ­tulo I de esta Ley para la autorizaciÃ³n de proyectos de constituciÃ³n, en funciÃ³n de si se trata de fondos de rÃ©gimen comÃºn o de rÃ©gimen simplificado.
Cuatro. El proyecto de fusiÃ³n entre dos o mÃ¡s fondos deberÃ¡ tener el siguiente contenido mÃ­nimo:
a) IdentificaciÃ³n de los fondos implicados y de sus sociedades gestoras. En el caso de fusiÃ³n por creaciÃ³n de una nueva entidad, identificaciÃ³n del nuevo fondo.
b) ExplicaciÃ³n del procedimiento para llevar a cabo la fusiÃ³n con indicaciÃ³n de los aspectos jurÃ­dicos y econÃ³micos de la fusiÃ³n.
c) Resumen de la composiciÃ³n de las carteras, destacando, en su caso, las diferencias sustanciales entre los distintos fondos que se fusionan, asÃ­ como de la polÃ­tica de inversiÃ³n que realizarÃ¡ el nuevo fondo o fondo absorbente en el futuro.
d) InformaciÃ³n sobre los Ãºltimos estados financieros auditados, asÃ­ como sobre la posible ecuaciÃ³n de canje resultante con la aplicaciÃ³n de los Ãºltimos estados financieros remitidos a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
e) InformaciÃ³n sobre los efectos fiscales de la fusiÃ³n.
f) En el caso de fusiÃ³n por absorciÃ³n, explicaciÃ³n de todas las modificaciones a incluir en el reglamento de gestiÃ³n y en los folletos completo y simplificado del fondo absorbente. En el caso de fusiÃ³n por creaciÃ³n de un nuevo fondo, inclusiÃ³n del proyecto de reglamento de gestiÃ³n y una memoria explicativa del proyecto con el contenido exigido, con carÃ¡cter general, para la constituciÃ³n de nuevos fondos.
ArtÃ­culo 39. DisoluciÃ³n y liquidaciÃ³n.
Uno. El fondo quedarÃ¡ disuelto, abriÃ©ndose en consecuencia el perÃ­odo de liquidaciÃ³n, por el cumplimiento del tÃ©rmino o plazo, por cese de su gestora sin que otra asuma la gestiÃ³n, o por las causas que se establezcan en su reglamento de gestiÃ³n del fondo. El acuerdo de disoluciÃ³n deberÃ¡ ser comunicado inmediatamente a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, quien procederÃ¡ a su publicaciÃ³n, debiendo ademÃ¡s ser comunicada de forma inmediata a los partÃ­cipes.
Dos. Disuelto el fondo se abre el perÃ­odo de liquidaciÃ³n, quedando suspendido los derechos de reembolso y de suscripciÃ³n de participaciones. La liquidaciÃ³n del fondo se realizarÃ¡ por su sociedad gestora. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ condicionar la eficacia de la disoluciÃ³n o sujetar el desarrollo de la misma a determinados requisitos, con el fin de disminuir los posibles perjuicios que se ocasionen en las entidades participadas.
ArtÃ­culo 40. DefiniciÃ³n y rÃ©gimen jurÃ­dico de las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.
Uno. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo son sociedades anÃ³nimas cuyo objeto social principal es la administraciÃ³n y gestiÃ³n de fondos de capital-riesgo y de activos de sociedades de capital-riesgo. Como actividad complementaria podrÃ¡n realizar tareas de asesoramiento a las empresas no financieras definidas en el artÃ­culo 2 de esta Ley.
Dos. Las sociedades gestoras se regirÃ¡n por lo previsto en esta Ley y, en lo no previsto por ella, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva.
ArtÃ­culo 41. Sociedades gestoras de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva.
Uno. TambiÃ©n podrÃ¡n gestionar fondos de capital-riesgo y activos de sociedades de capital-riesgo, las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva.
Los activos de una sociedad de capital-riesgo los podrÃ¡n gestionar tambiÃ©n las entidades habilitadas para prestar el servicio de inversiÃ³n a que se refiere la letra d) del artÃ­culo 63.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Dos. En todo lo relativo a la gestiÃ³n de fondos de capital-riesgo y de activos de sociedades de capital-riesgo, las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva estarÃ¡n sujetas a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Tres. Las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva que pretendan gestionar entidades de capital-riesgo deberÃ¡n presentar en la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores junto a la solicitud de autorizaciÃ³n de modificaciÃ³n de sus estatutos sociales correspondiente, una memoria descriptiva que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado Dos del artÃ­culo 10 de esta Ley.
Cuatro. Las referencias a las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo contenidas en esta Ley se entenderÃ¡n tambiÃ©n hechas a las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva que gestionen fondos de capital-riesgo o activos de sociedades de capital-riesgo.
ArtÃ­culo 42. Requisitos.
Uno. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo deberÃ¡n ser sociedades anÃ³nimas que reunirÃ¡n los siguientes requisitos:
a) Un capital social mÃ­nimo inicial de 300.000 euros, Ã­ntegramente desembolsado.
b) Las acciones representativas de su capital social podrÃ¡n representarse mediante tÃ­tulos nominativos o mediante anotaciones en cuenta.
c) DeberÃ¡ disponer de una organizaciÃ³n y medios que cumplan con los requisitos de la letra a) del apartado Dos del artÃ­culo 10 de esta Ley.
d) Todos sus administradores y directores generales y asimilados deberÃ¡n cumplir los requisitos de honorabilidad establecidos en la letra b) del apartado Dos del ar-tÃ­culo 10 de esta Ley, y la mayorÃ­a de los miembros de su consejo de administraciÃ³n y directores generales o asimilados, los de la letra c) del apartado Dos del artÃ­culo 10 de esta Ley.
Dos. Las condiciones y requisitos para la autorizaciÃ³n e inscripciÃ³n de las Sociedades Gestoras de entidades de capital-riesgo serÃ¡n los establecidos en la secciÃ³n 1.Âª del capÃ­tulo I del TÃ­tulo I, con las especialidades recogidas en el presente TÃ­tulo, de esta Ley, y con la salvedad de que la sociedad gestora no estÃ¡ obligada a presentar folleto informativo.
Tres. Los procedimientos para autorizar la constituciÃ³n de una sociedad gestora y la modificaciÃ³n de sus estatutos serÃ¡n los previstos en los artÃ­culos 8 y 12, respectivamente, con la particularidad de que corresponde resolverlos al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, a propuesta de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Cuatro. La sociedad gestora deberÃ¡ someter a informe de auditorÃ­a sus cuentas anuales, de acuerdo con lo previsto en el apartado Cuatro del artÃ­culo 26 de esta Ley.
Cinco. El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, podrÃ¡ establecer, en su caso, el rÃ©gimen de recursos propios y las normas de solvencia de las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo. Dicho rÃ©gimen podrÃ¡ tener en cuenta el volumen y riesgo del patrimonio gestionado. TambiÃ©n podrÃ¡ establecer la forma, periodicidad y contenido de las informaciones que deban remitir a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores en relaciÃ³n con dichas obligaciones.
Seis. El capital y, en su caso, los recursos propios que obligatoriamente deban mantener las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo a que se refiere el apartado anterior, deberÃ¡n estar invertidos en cualquier activo adecuado al cumplimiento de su fin social.
ArtÃ­culo 43. Funciones.
Uno. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo actuarÃ¡n en interÃ©s de los partÃ­cipes o accionistas en las inversiones y patrimonios que gestionen, ajustÃ¡ndose a las disposiciones de la presente Ley.
Dos. SerÃ¡n responsables frente a los partÃ­cipes o accionistas de todos los perjuicios que les causaren por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
Tres. Las funciones de las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo serÃ¡n las siguientes:
a) RedacciÃ³n del reglamento de gestiÃ³n de los fondos.
b) Llevanza de la contabilidad de los fondos de capital-riesgo y de los activos de las sociedades de capital-riesgo, con separaciÃ³n de la suya propia.
c) DeterminaciÃ³n del valor de las participaciones y acciones conforme al rÃ©gimen establecido en el reglamento de gestiÃ³n.
d) EmisiÃ³n de certificados de participaciones y demÃ¡s documentos previstos en la presente Ley.
e) DistribuciÃ³n de resultados del ejercicio.
f) Establecimiento de los criterios de inversiÃ³n.
g) DesignaciÃ³n de las personas que participarÃ¡n en los Ã³rganos de gestiÃ³n o administraciÃ³n de las sociedades participadas.
h) DeterminaciÃ³n de los medios y programas de asesoramiento tÃ©cnico, econÃ³mico y financiero.
ArtÃ­culo 44. RevocaciÃ³n.
Uno. La autorizaciÃ³n concedida a una sociedad gestora de entidades de capital-riesgo podrÃ¡ ser revocada por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, a propuesta de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, en los siguientes supuestos:
a) Si no hace uso de la autorizaciÃ³n dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la notificaciÃ³n de la misma.
b) Si renuncia expresamente a la autorizaciÃ³n, independientemente de que se transforme en otra entidad o acuerde su disoluciÃ³n.
c) Si incumple de forma sobrevenida cualquiera de los requisitos para la obtenciÃ³n de la autorizaciÃ³n.
d) Si se incumplen de forma grave, manifiesta y sistemÃ¡tica los requisitos establecidos para el ejercicio de su actividad.
e) Cuando existan razones fundadas y acreditadas de que la influencia ejercida por las personas que posean una participaciÃ³n significativa en la sociedad gestora pueda resultar en detrimento de la gestiÃ³n correcta y prudente de la misma y daÃ±ar gravemente su situaciÃ³n financiera.
f) Cuando se infrinjan de manera grave, manifiesta y sistemÃ¡tica las disposiciones previstas en esta Ley o en el resto de normas que regulen el rÃ©gimen jurÃ­dico de las sociedades gestoras de las entidades de capital-riesgo.
h) Si se hubiera obtenido la autorizaciÃ³n en virtud de declaraciones falsas, omisiones o por otro medio irregular.
i) Si se acuerda la apertura de un procedimiento concursal.
j) Como sanciÃ³n, segÃºn lo previsto en el TÃ­tulo IV de esta Ley.
k) Cuando transcurran mÃ¡s de dos aÃ±os sin realizar la actividad de gestiÃ³n de entidades de capital-riesgo.
Dos. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n para el supuesto de revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n de una sociedad gestora lo dispuesto en los apartados Dos, Tres y Cuatro del artÃ­culo 13 de esta Ley.
ArtÃ­culo 45. SustituciÃ³n de gestoras.
Uno. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo podrÃ¡n solicitar su sustituciÃ³n cuando lo estime procedente, mediante solicitud formulada conjuntamente con la nueva sociedad gestora ante la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, en la que la nueva sociedad gestora se manifieste dispuesta a aceptar tales funciones.
Dos. En caso de declaraciÃ³n de concurso de la sociedad gestora, la administraciÃ³n concursal deberÃ¡ solicitar el cambio conforme al procedimiento descrito en el apartado anterior. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ acordar dicha sustituciÃ³n, bien, cuando no sea solicitada por la administraciÃ³n concursal, dando inmediata comunicaciÃ³n de ella al juez del concurso, o bien, en caso de cese de actividad por cualquier causa. De no producirse la aceptaciÃ³n de la nueva gestora en el plazo de un mes, los fondos de capital-riesgo gestionados quedarÃ¡n disueltos.
Tres. Los efectos de la sustituciÃ³n se producirÃ¡n desde el momento de la inscripciÃ³n de la modificaciÃ³n reglamentaria o estatutaria en la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Cuatro. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, los partÃ­cipes, dentro de los 30 dÃ­as naturales siguientes a la sustituciÃ³n podrÃ¡n liberar sus participaciones en un fondo de capital-riesgo sin cargos ni comisiÃ³n alguna.
ArtÃ­culo 46. DelegaciÃ³n de la gestiÃ³n.
Uno. Previa autorizaciÃ³n de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo podrÃ¡n subcontratar a una tercera entidad parte de la gestiÃ³n de los activos de los fondos de capital-riesgo que gestionan y de las sociedades de capital-riesgo que administren, sin que la responsabilidad de sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo se vea afectada por ello; las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo serÃ¡n solidariamente responsables ante los partÃ­cipes o accionistas de los perjuicios que se pudieran derivar de la actuaciÃ³n de la otra entidad.
Cuando se trate de los activos de sociedades de capital-riesgo, en caso de que la contrataciÃ³n hubiera sido impuesta por Ã©sta, lo que deberÃ¡ acreditarse mediante el correspondiente acuerdo de la Junta General de Accionistas o, por delegaciÃ³n expresa de Ã©sta, del Consejo de AdministraciÃ³n, las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo no serÃ¡n responsables ante los accionistas de los perjuicios que pudieran derivarse de dicha contrataciÃ³n.
Dos. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo podrÃ¡n subcontratar las funciones a que se refiere este artÃ­culo con otras sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, con sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva, entidades habilitadas para prestar el servicio de inversiÃ³n previsto en el artÃ­culo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, o con entidades similares domiciliadas en otros Estados miembros de la OrganizaciÃ³n de CooperaciÃ³n y el Desarrollo EconÃ³micos (OCDE), que no tengan la consideraciÃ³n de paraÃ­so fiscal ni sea un paÃ­s o territorio cuyas autoridades se nieguen a intercambiar informaciÃ³n con las autoridades espaÃ±olas sobre las materias reguladas en la presente Ley, siempre que se acredite que ofrecen unas garantÃ­as no inferiores a las exigidas a las anteriores y estÃ©n habilitadas para la gestiÃ³n del tipo de InstituciÃ³n o de activos objeto de la delegaciÃ³n.
La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ establecer los requisitos que hayan de cumplir estos contratos, que en todo caso deberÃ¡n garantizar la continuidad en la administraciÃ³n de los activos de modo que aquÃ©llos no queden resueltos por la mera sustituciÃ³n de las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, salvo que al acordar dicha sustituciÃ³n se decida tambiÃ©n la de la entidad que gestiona los activos de la entidad.
Normas de conducta, supervisiÃ³n, inspecciÃ³n y sanciÃ³n
ArtÃ­culo 47. Normativa aplicable.
Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestiÃ³n no estÃ© encomendada a una sociedad gestora, asÃ­ como quienes desempeÃ±en cargos de administraciÃ³n y direcciÃ³n en todas ellas, y, sus empleados, estarÃ¡n sujetos a las siguientes normas de conducta:
a) Las contenidas en el TÃ­tulo VII de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, sin perjuicio de las adaptaciones que, en su caso, apruebe el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, o con su habilitaciÃ³n expresa, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
b) Las contenidas en sus reglamentos internos de conducta.
Las entidades a que se refiere el primer pÃ¡rrafo de este artÃ­culo deberÃ¡n elaborar un reglamento interno de conducta de obligado cumplimiento, que regularÃ¡ la actuaciÃ³n de sus Ã³rganos de administraciÃ³n, direcciÃ³n, empleados. Los reglamentos internos de conducta deberÃ¡n desarrollar en todo caso los principios citados en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. El incumplimiento de lo previsto en los reglamentos internos de conducta, en cuanto su contenido sea desarrollo de los principios y requisitos del artÃ­culo 79 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, podrÃ¡ dar lugar a la imposiciÃ³n de las correspondientes sanciones administrativas.
SupervisiÃ³n, inspecciÃ³n y sanciÃ³n
ArtÃ­culo 48. Sujetos.
Quedan sujetos al rÃ©gimen de supervisiÃ³n, inspecciÃ³n y sanciÃ³n de la presente Ley:
d) Cualquier entidad, a los efectos de comprobar la infracciÃ³n de la reserva de denominaciÃ³n establecida en el artÃ­culo 6 de esta Ley.
e) Las sociedades gestoras de instituciones de inversiÃ³n colectiva, en todo lo relativo a la gestiÃ³n de fondos de capital-riesgo y de activos de sociedades de capital-riesgo.
f) Las demÃ¡s sociedades que, de acuerdo con esta Ley, gestionen activos de entidades de capital-riesgo.
ArtÃ­culo 49. Responsabilidad.
Uno. Las sociedades gestoras serÃ¡n responsables en el ejercicio de su actividad de todos los incumplimientos de esta Ley y su normativa de desarrollo, respecto a las entidades que gestionen.
Dos. Las entidades previstas en el artÃ­culo 48 anterior, asÃ­ como quienes ostenten cargos de administraciÃ³n o direcciÃ³n de Ã©stas o actÃºen de hecho como si los ostentaran, que infrinjan lo dispuesto en esta Ley incurrirÃ¡n en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en este TÃ­tulo, con independencia de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. No obstante, cuando se estÃ© tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separaciÃ³n de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible, el procedimiento quedarÃ¡ suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. Reanudado el expediente, en su caso, la resoluciÃ³n que se dicte deberÃ¡ respetar la apreciaciÃ³n de los hechos que contenga dicho pronunciamiento.
Ostentan cargos de administraciÃ³n o direcciÃ³n en las entidades a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, a los efectos de lo dispuesto en este TÃ­tulo, sus administradores o miembros de sus Ã³rganos colegiados de administraciÃ³n, asÃ­ como sus directores generales y asimilados, entendiÃ©ndose por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta direcciÃ³n bajo la dependencia directa de su Ã³rgano de administraciÃ³n o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados del mismo.
ArtÃ­culo 50. Competencias.
Uno. La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ supervisar y recabar de las entidades seÃ±aladas en el artÃ­culo 49 anterior cuanta informaciÃ³n estime necesaria sobre los extremos que interese relacionados con las materias objeto de esta Ley. Con el fin de allegar dicha informaciÃ³n o de confirmar su veracidad, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ realizar cuantas inspecciones considere necesarias.
Dos. Las entidades quedan obligadas a poner a disposiciÃ³n de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores cuantos libros, registros y documentos Ã©sta considere precisos sea cual sea el formato en que se hallen.
Tres. Las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n podrÃ¡n desarrollarse, a elecciÃ³n de los servicios de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores:
b) En los propios locales de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Cuatro. La competencia para la incoaciÃ³n e instrucciÃ³n de los expedientes sancionadores por las infracciones que se describen en el artÃ­culo 52 corresponderÃ¡ a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Cinco. La imposiciÃ³n de sanciones por infracciones muy graves corresponderÃ¡ al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, a propuesta de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
Seis. La imposiciÃ³n de sanciones por infracciones graves y leves corresponderÃ¡ a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
ArtÃ­culo 51. Procedimiento.
Uno. En todo lo no dispuesto en esta Ley, el procedimiento sancionador aplicable a las sociedades de capital-riesgo, a las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y a quienes ejerzan cargos de administraciÃ³n y direcciÃ³n en las mismas, se regirÃ¡ por lo dispuesto en los artÃ­culos 19 a 25 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenciÃ³n de las entidades de crÃ©dito, entendiÃ©ndose hechas a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores las referencias contenidas en la misma al Banco de EspaÃ±a, asÃ­ como por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y su normativa de desarrollo.
Dos. Igualmente serÃ¡ aplicable en el ejercicio de la potestad sancionadora sobre las sociedades de capital-riesgo y las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo lo dispuesto en los artÃ­culos 7, 14, 15 y 27 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervenciÃ³n de las entidades de crÃ©dito.
ArtÃ­culo 52. Infracciones.
Uno. Constituyen infracciones muy graves de las personas fÃ­sicas y jurÃ­dicas a las que se refieren los artÃ­culos 48 y 49 de esta Ley, los siguientes actos u omisiones:
a) Carecer las entidades de capital-riesgo o sus sociedades gestoras de la contabilidad legalmente exigida o llevarla con vicios o irregularidades esenciales que impidan conocer la situaciÃ³n patrimonial y financiera de la entidad.
b) Obtener la autorizaciÃ³n como entidades de capital-riesgo por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, o incumplir, de manera no meramente ocasional o aislada, las condiciones que dieron lugar a su autorizaciÃ³n.
c) Incumplir los porcentajes de inversiÃ³n obligatorios a que se refieren los artÃ­culos 18, 19, 20, 21.f) y 22 de la presente Ley y su normativa de desarrollo cuando de dicho incumplimiento puedan derivarse consecuencias adversas para los socios y partÃ­cipes de las entidades de capital-riesgo y la entidad permanezca en esta situaciÃ³n durante, al menos, veinticuatro meses.
d) La ocultaciÃ³n de informaciÃ³n a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores o el entorpecimiento o resistencia a su actuaciÃ³n inspectora.
e) La utilizaciÃ³n de las denominaciones o siglas reservadas por esta Ley a las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras por entidades o personas no inscritas en los correspondientes registros, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que hubieran podido incurrir.
f) El incumplimiento de las normas de conducta cuando del mismo se deriven perjuicios muy graves para los socios o partÃ­cipes de las entidades de capital-riesgo.
g) Presentar las entidades de capital-riesgo o sus sociedades gestoras deficiencias en la organizaciÃ³n administrativa y contable o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a gestiÃ³n de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la entidad.
h) Las infracciones graves cuando durante los cinco aÃ±os anteriores a su comisiÃ³n hubiera sido impuesta al infractor sanciÃ³n firme por el mismo tipo de infracciÃ³n.
Dos. Constituyen infracciones graves de las personas fÃ­sicas y jurÃ­dicas a que se refieren los artÃ­culos 48 y 49 de esta Ley los siguientes actos u omisiones:
a) El incumplimiento de las obligaciones de informaciÃ³n a socios y partÃ­cipes prevista en el capÃ­tulo III del TÃ­tulo I de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.
b) El incumplimiento del rÃ©gimen de participaciones significativas previsto en el capÃ­tulo III del TÃ­tulo I de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.
c) La fijaciÃ³n de remuneraciones o ventajas a los fundadores a que se refiere el apartado Cinco del artÃ­culo 28 de esta Ley.
d) La determinaciÃ³n del valor de las participaciones de un fondo de capital-riesgo incumpliendo el rÃ©gimen establecido en la normativa aplicable o en el reglamento de gestiÃ³n.
e) La llevanza de los libros de contabilidad con un retraso superior a cuatro meses, asÃ­ como las irregularidades de orden contable cuando no fueran constitutivas de infracciones muy graves.
f) El incumplimiento de los porcentajes de inversiÃ³n obligatorios establecidos en esta Ley, siempre que la entidad permanezca en esta situaciÃ³n durante, al menos, doce meses.
g) Incumplir en perjuicio grave para los partÃ­cipes de un fondo de capital-riesgo el rÃ©gimen de suscripciÃ³n y reembolso de participaciones.
h) La falta de remisiÃ³n a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores de cuantos documentos o informaciones no contempladas en las letras anteriores, deban remitÃ­rsela, o que aquÃ©lla requiera en el ejercicio de sus funciones, siempre que dicho organismo hubiera recordado por escrito la obligaciÃ³n o reiterado el requerimiento.
i) Incumplir las normas de conducta cuando no constituyan infracciones muy graves.
j) Las infracciones leves cuando, durante los dos aÃ±os anteriores a su comisiÃ³n, el infractor haya sido objeto de sanciÃ³n firme por el mismo tipo de infracciÃ³n.
Tres. Constituyen infracciones leves de las entidades y personas a que se refieren los artÃ­culos 48 y 49 de la presente Ley, cualquier infracciÃ³n de esta Ley o disposiciones de desarrollo, que no constituya infracciÃ³n grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.
ArtÃ­culo 53. Sanciones.
Uno. Por la comisiÃ³n de infracciones muy graves se impondrÃ¡ al infractor una o mÃ¡s de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de 150.000 a 300.000 euros.
c) RevocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n como entidades de capital-riesgo o sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.
Las sanciones por infracciones muy graves serÃ¡n publicadas en el BoletÃ­n Oficial del Estado una vez sean firmes en vÃ­a administrativa.
Dos. En todo caso la entidad que hubiese cometido una infracciÃ³n calificada como muy grave deberÃ¡ ingresar en el Tesoro el importe no prescrito de todos los beneficios fiscales de que se hubiere disfrutado desde el inicio de la comisiÃ³n de la infracciÃ³n hasta que se hubiera producido, en su caso, la subsanaciÃ³n, con los intereses de demora correspondientes.
Tres. Por la comisiÃ³n de infracciones graves se impondrÃ¡ al infractor una o mÃ¡s de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe no superior a 150.000 euros.
c) AmonestaciÃ³n pÃºblica, con publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
Cuatro. Por la comisiÃ³n de infracciones leves se impondrÃ¡ al infractor una de las siguientes sanciones:
a) AmonestaciÃ³n privada.
Cinco. AdemÃ¡s de la sanciÃ³n que corresponda imponer al infractor por la comisiÃ³n de infracciones graves o muy graves, se podrÃ¡ imponer una de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administraciÃ³n o direcciÃ³n en la misma, sean responsables de la infracciÃ³n:
a) Multa por importe de hasta 18.000 euros a cada uno de los responsables.
b) SuspensiÃ³n en el ejercicio de todo cargo directivo por plazo no superior a tres aÃ±os.
c) SeparaciÃ³n del cargo con inhabilitaciÃ³n para ejercer cargos de administraciÃ³n o direcciÃ³n en entidades de capital-riesgo o en sus sociedades gestoras por un plazo no superior a cinco aÃ±os.
Seis. Al objeto de graduaciÃ³n de las sanciones establecidas se atenderÃ¡, con las necesarias especialidades, a los criterios fijados en el artÃ­culo 14 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervenciÃ³n de las entidades de crÃ©dito.
ArtÃ­culo 54. Medidas de intervenciÃ³n y sustituciÃ³n.
SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a las sociedades de capital-riesgo y a las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo lo dispuesto para las entidades de crÃ©dito en el TÃ­tulo III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervenciÃ³n de las entidades de crÃ©dito. La competencia para acordar las medidas de intervenciÃ³n o sustituciÃ³n corresponderÃ¡ a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
DisposiciÃ³n transitoria. Plazo de adaptaciÃ³n a la nueva normativa de las entidades existentes.
Las entidades de capital-riesgo autorizadas antes de la entrada en vigor de esta Ley se adaptarÃ¡n a la nueva regulaciÃ³n en el plazo de un aÃ±o, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Queda derogada la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, a excepciÃ³n de las disposiciones adicionales tercera y cuarta.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Con efectos para los perÃ­odos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley se da nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 55, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 55. Entidades de capital-riesgo.
1. Las entidades de capital-riesgo, reguladas en la Ley 25/2005 reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, estarÃ¡n exentas en el 99 por ciento de las rentas que obtengan en la transmisiÃ³n de valores representativos de la participaciÃ³n en el capital o en fondos propios de las empresas o entidades de capital-riesgo a que se refiere el artÃ­culo 2 de la citada Ley, en que participen, siempre que la transmisiÃ³n se produzca a partir del inicio del segundo aÃ±o de tenencia computado desde el momento de adquisiciÃ³n o de la exclusiÃ³n de cotizaciÃ³n y hasta el decimoquinto, inclusive.
Excepcionalmente podrÃ¡ admitirse una ampliaciÃ³n de este Ãºltimo plazo hasta el vigÃ©simo aÃ±o, inclusive. Reglamentariamente se determinarÃ¡n los supuestos, condiciones y requisitos que habilitan para dicha ampliaciÃ³n.
Con excepciÃ³n del supuesto previsto en el pÃ¡rrafo anterior, no se aplicarÃ¡ la exenciÃ³n en el primer aÃ±o y a partir del decimoquinto.
No obstante, tratÃ¡ndose de rentas que se obtengan en la transmisiÃ³n de valores representativos de la participaciÃ³n en el capital o en fondos propios de las empresas a que se refiere el segundo pÃ¡rrafo del apartado 1 del citado artÃ­culo 2, la aplicaciÃ³n de la exenciÃ³n quedarÃ¡ condicionada a que, al menos, los inmuebles que representen el 85 por 100 del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estÃ©n afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad econÃ³mica en los tÃ©rminos previstos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, distinta de la financiera, tal y como se define en la Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, o inmobiliaria.
En el caso de que la entidad participada acceda a la cotizaciÃ³n en un mercado de valores regulado en la Directiva 2004/39/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, la aplicaciÃ³n de la exenciÃ³n prevista en los pÃ¡rrafos anteriores quedarÃ¡ condicionada a que la entidad de capital-riesgo proceda a transmitir su participaciÃ³n en el capital de la empresa participada en un plazo no superior a tres aÃ±os, contados desde la fecha en que se hubiera producido la admisiÃ³n a cotizaciÃ³n de esta Ãºltima.
2. Las entidades de capital-riesgo podrÃ¡n aplicar la deducciÃ³n prevista en el artÃ­culo 30.2 de esta Ley o la exenciÃ³n prevista en el artÃ­culo 21.1 de esta Ley, segÃºn sea el origen de las citadas rentas, a los dividendos y, en general, a las participaciones en beneficios procedentes de las sociedades o entidades que promuevan o fomenten, cualquiera que sea el porcentaje de participaciÃ³n y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones.
3. Los dividendos y, en general, las participaciones en beneficios percibidos de las entidades de capital-riesgo tendrÃ¡n el siguiente tratamiento:
a) DarÃ¡n derecho a la deducciÃ³n prevista en el artÃ­culo 30.2 de esta Ley cualquiera que sea el porcentaje de participaciÃ³n y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones cuando su perceptor sea un sujeto pasivo de este impuesto o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en EspaÃ±a.
b) No se entenderÃ¡n obtenidos en territorio espaÃ±ol cuando su perceptor sea una persona fÃ­sica o entidad contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en EspaÃ±a.
4. Las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisiÃ³n o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o los fondos propios de las entidades de capital-riesgo tendrÃ¡n el siguiente tratamiento:
a) DarÃ¡n derecho a la deducciÃ³n prevista en el artÃ­culo 30.5 de esta Ley, cualquiera que sea el porcentaje de participaciÃ³n y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones cuando su perceptor sea un sujeto pasivo de este impuesto o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en EspaÃ±a.
b) No se entenderÃ¡n obtenidas en territorio espaÃ±ol cuando su perceptor sea una persona fÃ­sica o entidad contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en EspaÃ±a.
5. Lo dispuesto en la letra b) de los apartados 3 y 4 anteriores no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando la renta se obtenga a travÃ©s de un paÃ­s o territorio calificado reglamentariamente como paraÃ­so fiscal.
6. La exenciÃ³n prevista en el apartado 1 anterior no resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando la persona o entidad adquirente de los valores estÃ© vinculada con la entidad de capital-riesgo o con sus socios o partÃ­cipes, o cuando se trate de un residente en un paÃ­s o territorio calificado reglamentariamente como paraÃ­so fiscal, salvo que el adquirente sea alguna de las siguientes personas o entidades:
a) La propia entidad participada.
b) Alguno de los socios o administradores de la entidad participada, y no estÃ©, o haya estado, vinculado en los tÃ©rminos del artÃ­culo 16 de esta Ley, con la entidad de capital-riesgo por causa distinta de la que deriva de su propia vinculaciÃ³n con la entidad participada.
c) Otra entidad de capital-riesgo.
7. La exenciÃ³n prevista en el apartado 1 anterior no resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n a la renta generada por la transmisiÃ³n de los valores que hubieran sido adquiridos, directa o indirectamente, por la entidad de capital-riesgo a una persona o entidad vinculada con la misma o con sus socios o partÃ­cipes siempre que con anterioridad a la referida adquisiciÃ³n exista vinculaciÃ³n entre los socios o partÃ­cipes de la entidad y la empresa participada.
8. Cuando los valores se transmitan a otra entidad de capital-riesgo vinculada, Ã©sta se subrogarÃ¡ en el valor y en la fecha de adquisiciÃ³n de la transmitente a efectos del cÃ³mputo de los plazos previstos en el apartado 1 anterior.
9. A efectos de lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 8 anteriores se entenderÃ¡ por vinculaciÃ³n la participaciÃ³n, directa o indirecta en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.Â»
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Se modifica el apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que queda redactado del siguiente modo:
Â«2. Se considera legislaciÃ³n especial, a los efectos de la aplicaciÃ³n del apartado 1, la regulada en las siguientes normas:
a) Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulaciÃ³n del mercado hipotecario (art. 14 y art. 15, modificado por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre rÃ©gimen de las sociedades y fondos de inversiÃ³n inmobiliaria y sobre fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria), asÃ­ como las normas reguladoras de otros valores o instrumentos a los que legalmente se atribuya el mismo rÃ©gimen de solvencia que el aplicable a las cÃ©dulas hipotecarias.
b) Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero, sobre medidas urgentes en materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo (art. 16).
c) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en lo que respecta al rÃ©gimen aplicable a los sistemas de compensaciÃ³n y liquidaciÃ³n en ella regulados, y a las entidades participantes en dichos sistemas y, en particular, los arts. 44 bis, 44 ter, 58 y 59).
d) Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptaciÃ³n de la legislaciÃ³n espaÃ±ola en materia de entidades de crÃ©dito a la Segunda Directiva de CoordinaciÃ³n bancaria (disposiciÃ³n adicional quinta).
e) Ley 13/1994, de 1 junio, de AutonomÃ­a del Banco de EspaÃ±a (por lo que respecta al rÃ©gimen aplicable a las garantÃ­as constituidas a favor del Banco de EspaÃ±a, del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales de la UniÃ³n Europea, en el ejercicio de sus funciones).
f) Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras (disposiciÃ³n adicional tercera).
g) Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaciÃ³n de valores.
h) Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (art. 100, apartado 5).
i) Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (arts. 26 a 37, 39 y 59), y el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.
j) Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataciÃ³n pÃºblica (capÃ­tulo II del TÃ­tulo I).
k) Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre Saneamiento y LiquidaciÃ³n de las Entidades de CrÃ©dito.Â»
DisposiciÃ³n final tercera. ModificaciÃ³n de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Se modifica el artÃ­culo 30 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 30 ter. RÃ©gimen de las emisiones de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda.
1. Lo dispuesto en este capÃ­tulo serÃ¡ de aplicaciÃ³n a todas las emisiones de obligaciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda siempre que vayan a ser objeto de una oferta pÃºblica de venta o de admisiÃ³n a negociaciÃ³n en un mercado secundario oficial y respecto de las cuales se exija la elaboraciÃ³n de un folleto que estÃ© sujeto a aprobaciÃ³n y registro por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores en los tÃ©rminos dispuestos en el capÃ­tulo anterior.
Asimismo, se entenderÃ¡n incluidas en el pÃ¡rrafo anterior y siempre que cumplan lo dispuesto en el mismo, las emisiones de obligaciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda previstas en el CapÃ­tulo X del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas. Igualmente, el presente capÃ­tulo serÃ¡ de aplicaciÃ³n a la emisiÃ³n obligaciones previstas en la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, por la que se regula la emisiÃ³n de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la forma de anÃ³nimas o por asociaciones u otras personas jurÃ­dicas, y la constituciÃ³n del sindicato de obligacionistas.
No tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de obligaciones o de otros valores que reconocen o crean deuda los valores participativos a que se refiere el pÃ¡rrafo segundo del artÃ­culo 26.2 de esta Ley, tales como las obligaciones convertibles en acciones a condiciÃ³n de que sean emitidas por el emisor de las acciones subyacentes o por una entidad que pertenezca al grupo del emisor.
2. No serÃ¡ necesario el requisito de escritura pÃºblica para la emisiÃ³n de los valores a los que se refiere este capÃ­tulo.
La publicidad de todos los actos relativos a las emisiones de valores a que se refiere este capÃ­tulo se regirÃ¡ por lo dispuesto en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, y no serÃ¡ necesaria la inscripciÃ³n de la emisiÃ³n ni de los demÃ¡s actos relativos a ella en el Registro Mercantil ni su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Registro Mercantil" .
3. Las condiciones de cada emisiÃ³n, asÃ­ como la capacidad del emisor para formalizarlas, cuando no hayan sido reguladas por la ley, se someterÃ¡n a las clÃ¡usulas contenidas en los estatutos sociales del emisor y se regirÃ¡n por lo previsto en el acuerdo de emisiÃ³n y en el folleto informativo.Â»
DisposiciÃ³n final cuarta. ModificaciÃ³n de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva.
Primero. Se modifica el apartado primero del ar-tÃ­culo 2 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva, que queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 2. Ãmbito.
1. Esta Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n:
a) A las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva que tengan en EspaÃ±a su domicilio en el caso de sociedades, o que se hayan constituido en EspaÃ±a y cuya sociedad gestora estÃ© domiciliada en EspaÃ±a, en el caso de fondos.
b) A las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva autorizadas en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea, de acuerdo con la Directiva 85/611/CEE, del Consejo, de 2 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversiÃ³n colectiva en valores mobiliarios (en adelante, la Directiva 85/611/CEE), y que se comercialicen en EspaÃ±a. En este caso, sÃ³lo les serÃ¡n aplicables en su actuaciÃ³n en EspaÃ±a las normas de conducta y rÃ©gimen disciplinario establecidos en el TÃ­tulo VI de esta Ley.
c) A las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva autorizadas en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea no sometidas a la Directiva 85/611/CEE, y a las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva autorizadas en Estados no miembros de la UniÃ³n Europea, en ambos casos cuando se comercialicen en EspaÃ±a.
En cualquier caso, las letras b) y c) anteriores sÃ³lo serÃ¡n de aplicaciÃ³n a las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva de tipo abierto. En ningÃºn caso resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n a estas Instituciones de InversiÃ³n Colectiva el artÃ­culo 30 bis de la Ley 24/1988, de 24 de julio, del Mercado de Valores. A tales efectos, se entenderÃ¡ por InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva de tipo abierto aquella cuyo objeto sea la inversiÃ³n colectiva de los fondos captados entre el pÃºblico y cuyo funcionamiento estÃ© sometido al principio del reparto de riesgos, y cuyas unidades, a peticiÃ³n del tenedor, sean recompradas o reembolsadas, directa o indirectamente, con cargo a los activos de estas instituciones. Se equipara a estas recompras o reembolsos el hecho de que una InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva actÃºe a fin de que el valor de sus acciones o participaciones en un mercado secundario oficial o en cualquier otro mercado regulado domiciliado en la UniÃ³n Europea no se desvÃ­e sensiblemente de su valor liquidativo.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderÃ¡ por comercializaciÃ³n de una InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva la captaciÃ³n mediante actividad publicitaria, por cuenta de la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva o cualquier entidad que actÃºe en su nombre o en el de uno de sus comercializadores, de clientes para su aportaciÃ³n a la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva de fondos, bienes o derechos.
A estos efectos, se entenderÃ¡ por actividad publicitaria toda forma de comunicaciÃ³n dirigida a potenciales inversores con el fin de promover, directamente o a travÃ©s de terceros que actÃºen por cuenta de la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva o de la sociedad gestora de InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva, la suscripciÃ³n o la adquisiciÃ³n de participaciones o acciones de InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva. En todo caso, hay actividad publicitaria cuando el medio empleado para dirigirse al pÃºblico sea a travÃ©s de llamadas telefÃ³nicas iniciadas por la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva o su sociedad gestora, visitas a domicilio, cartas personalizadas, correo electrÃ³nico o cualquier otro medio telemÃ¡tico, que formen parte de una campaÃ±a de difusiÃ³n, comercializaciÃ³n o promociÃ³n.
La campaÃ±a se entenderÃ¡ realizada en territorio nacional siempre que estÃ© dirigida a inversores residentes en EspaÃ±a. En el caso de correo electrÃ³nico o cualquier otro medio telemÃ¡tico, se presumirÃ¡ que la oferta se dirige a inversores residentes en EspaÃ±a cuando la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva o su sociedad gestora, o cualquier persona que actÃºe por cuenta de Ã©stos en el medio informÃ¡tico, proponga la compra o suscripciÃ³n de las acciones o participaciones o facilite a los residentes en territorio espaÃ±ol la informaciÃ³n necesaria para apreciar las caracterÃ­sticas de la emisiÃ³n u oferta y adherirse a ella.
En todo caso, las actividades de venta, enajenaciÃ³n, intermediaciÃ³n, suscripciÃ³n, posterior reembolso o transmisiÃ³n de las acciones, participaciones o valores representativos del capital o patrimonio de la IIC en cuestiÃ³n relacionados con la comercializaciÃ³n de la IIC deberÃ¡ realizarse a travÃ©s de los intermediarios financieros, conforme a lo previsto en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.Â»
Segundo. Se modifican los apartados primero y segundo del artÃ­culo 15 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva, que queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 15. ComercializaciÃ³n en EspaÃ±a de las acciones y participaciones de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva extranjeras.
1. La comercializaciÃ³n en EspaÃ±a de las acciones y participaciones de las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva autorizadas en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea de acuerdo con la Directiva 85/611/CEE, del Consejo, serÃ¡ libre, con sujeciÃ³n a las normas previstas en este artÃ­culo:
a) La InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva deberÃ¡ respetar las disposiciones normativas vigentes en EspaÃ±a que no entren en el Ã¡mbito de la Directiva 85/611/CEE, asÃ­ como las normas que regulan la publicidad en EspaÃ±a.
b) La InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva deberÃ¡ adoptar las medidas que la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores considere necesarias a fin de facilitar los pagos a los accionistas y partÃ­cipes, la adquisiciÃ³n por la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva de sus acciones o el reembolso de las participaciones, la difusiÃ³n de las informaciones que deban suministrar a los accionistas y partÃ­cipes residentes en EspaÃ±a, y, en general, el ejercicio por Ã©stos de sus derechos.
c) La InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva deberÃ¡ presentar ante la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores la siguiente documentaciÃ³n:
1.Âª ComunicaciÃ³n previa del proyecto de comercializaciÃ³n de sus acciones o participaciones en territorio espaÃ±ol, a la que deberÃ¡ adjuntarse copia de la comunicaciÃ³n efectuada a la autoridad supervisora del Estado de origen.
2.Âª Certificado de las autoridades del Estado miembro de origen de la que resulte que la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva reÃºne las condiciones establecidas en la Directiva 85/611/CEE.
3.Âª Reglamento del fondo de inversiÃ³n o escritura de constituciÃ³n de la sociedad de inversiÃ³n.
4.Âª Folleto completo y simplificado.
5.Âª Ãltimo informe anual y Ãºltimo informe semestral.
6.Âª Memoria sobre las modalidades previstas de comercializaciÃ³n de las acciones y participaciones de la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva en territorio espaÃ±ol.
Los documentos a los que hacen referencia los incisos 2.Âª, 3.Âª y 4.Âª habrÃ¡n de presentarse visados por la autoridad competente del Estado de origen. Todos los documentos deberÃ¡n ser acompaÃ±ados por su traducciÃ³n jurada al castellano.
La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ exonerar del cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en este artÃ­culo cuando en la comercializaciÃ³n en EspaÃ±a de estas instituciones concurra alguna de las circunstancias determinantes de la exoneraciÃ³n de publicar folleto previstas en el artÃ­culo 30 bis.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
La comercializaciÃ³n de las acciones y participaciones de las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva se podrÃ¡ iniciar transcurridos dos meses desde la presentaciÃ³n de la documentaciÃ³n establecida en este artÃ­culo, a no ser que antes de la finalizaciÃ³n de dicho plazo la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores emita resoluciÃ³n motivada negando la comercializaciÃ³n por considerar que las modalidades previstas de comercializaciÃ³n no se ajustan a lo que resulta exigible conforme a la Directiva 85/611/CEE.
La ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores podrÃ¡ determinar la forma y plazos en que se le comunicarÃ¡n las modificaciones de la documentaciÃ³n registrada y se difundirÃ¡n a los accionistas y partÃ­cipes residentes en EspaÃ±a dichas modificaciones.
2. La comercializaciÃ³n en EspaÃ±a de las acciones y participaciones de las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artÃ­culo 2 de la presente Ley requerirÃ¡ que con carÃ¡cter previo se acrediten ante la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores el cumplimiento de los siguientes extremos:
a) AcreditaciÃ³n de que la normativa espaÃ±ola regula la misma categorÃ­a de InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva a la que pertenece la instituciÃ³n extranjera y de que la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva estÃ¡ sujeta en su Estado de origen a una normativa especÃ­fica de protecciÃ³n de los intereses de los accionistas o partÃ­cipes semejante a la normativa espaÃ±ola en esta materia.
b) Informe favorable de la autoridad del Estado de origen a la que estÃ© encomendado el control e inspecciÃ³n de la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva con respecto al desarrollo de las actividades de Ã©sta.
Acreditados tales extremos, la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva deberÃ¡ someterse a los siguientes requisitos:
(i) AportaciÃ³n y registro en la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores de los documentos que acrediten la sujeciÃ³n de la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva y las acciones, participaciones o valores representativos de su capital o patrimonio al rÃ©gimen jurÃ­dico que le sea aplicable.
(ii) AportaciÃ³n y registro en la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores de los estados financieros de la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva, preparados y auditados de acuerdo con la legislaciÃ³n aplicable a dicha InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva.
(iii) AportaciÃ³n, aprobaciÃ³n y registro en la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo, asÃ­ como su publicaciÃ³n.
Todos los documentos a los que se refiere este apartado deberÃ¡n presentarse acompaÃ±ados de su traducciÃ³n jurada al castellano.
Para que la InstituciÃ³n de InversiÃ³n Colectiva pueda comercializar sus acciones o participaciones en EspaÃ±a serÃ¡ preciso que sea expresamente autorizada a tal fin por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores y que quede inscrita en los registros de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
La autorizaciÃ³n podrÃ¡ ser denegada por motivos prudenciales, por no darse un trato equivalente a las Instituciones de InversiÃ³n Colectivas espaÃ±olas en su paÃ­s de origen, por no quedar asegurado el cumplimiento de las normas de ordenaciÃ³n y disciplina de los mercados de valores espaÃ±oles, por no quedar suficientemente garantizada la debida protecciÃ³n de los inversores residentes en EspaÃ±a y por la existencia de perturbaciones en las condiciones de competencia entre estas Instituciones de InversiÃ³n Colectiva y las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva autorizadas en EspaÃ±a.
Una vez autorizadas e inscritas en el registro de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores estas instituciones quedarÃ¡n sometidas a las mismas obligaciones de informaciÃ³n que se establecen en la letra b) del apartado 1 anterior.Â»
DisposiciÃ³n final quinta. TÃ­tulos competenciales.
La presente Ley se dicta de conformidad con lo dispuesto en los tÃ­tulos competenciales previstos en el artÃ­culo 149.1, 6.Âª y 11.Âª de la ConstituciÃ³n.
DisposiciÃ³n final sexta. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno podrÃ¡ aprobar las disposiciones que, en su caso, sean necesarias para la debida ejecuciÃ³n y cumplimiento de esta Ley.
Sin perjuicio de lo establecido en el TÃ­tulo III del Libro I del CÃ³digo de Comercio, se faculta al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y, con su habilitaciÃ³n expresa, a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores para, previo informe del Instituto de Contabilidad y AuditorÃ­a de Cuentas, establecer y modificar en relaciÃ³n con las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, las normas contables y modelos a los que deberÃ¡n ajustar sus cuentas anuales, las cuales tendrÃ¡n en cuenta el prolongado perÃ­odo de maduraciÃ³n de las inversiones que realizan las primeras, asÃ­ como los referidos al cumplimiento de los coeficientes que se establezcan; a estos efectos, aquellas informaciones necesarias para verificar el cumplimiento de coeficientes o cualquier otra derivada de la supervisiÃ³n financiera, se deberÃ¡n incorporar a la memoria de las cuentas anuales en un apartado especÃ­fico. TambiÃ©n se establecerÃ¡ la frecuencia y detalle con que los correspondientes datos deberÃ¡n ser suministrados a la ComisiÃ³n o hacerse pÃºblicos con carÃ¡cter general por las propias entidades.
DisposiciÃ³n final sÃ©ptima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrarÃ¡ en vigor en el plazo de un mes, a partir de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
Madrid, 24 de noviembre de 2005.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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