Source: https://www.antifrau.cat/es/15-prevencio/1349-proteccion-de-los-alertadores.html
Timestamp: 2019-09-18 13:44:24+00:00

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Protección de los alertadores mobile
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Las personas alertadoras son una pieza clave en la lucha contra el fraude y la corrupción. Pero denunciar casos de corrupción puede devenir arriesgado ya que quien denuncia comportamientos ilícitos se expone a sufrir represalias en el ámbito profesional e incluso en el personal. La Directiva para la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión (aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de abril por 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones) representa un gran logro para garantizar una protección efectiva y equilibrada de estas personas. Una vez que el Consejo la apruebe, los Estados miembros tendrán dos años para hacer la transposición a la normativa interna.
Esta iniciativa normativa europea no tiene un alcance general (la Directiva establece normas mínimas comunes para proteger a las personas que denuncien determinadas infracciones del Derecho de la Unión), pero, entre otras cosas, ha vuelto a poner de manifiesto el papel clave que desempeñan las personas alertadoras para prevenir y descubrir infracciones, casos de fraude y corrupción y otras conductas que lesionen gravemente el interés público.
La Oficina Antifraude de Cataluña adopta el término "persona alertadora" para hacer referencia a quien advierte sobre comportamientos indebidos, al considerar preferible incluir un matiz positivo frente a términos que incorporan los prejuicios que, aún hoy, arrastra la denuncia, y también para indicar que nos encontramos en un contexto más amplio que el definido para la persona denunciante en el Derecho Administrativo. El término se ha inspirado en el francés "lanceur de alerte", que equivale al whistleblower anglosajón.
Denunciar el fraude y la corrupción no debe implicar ninguna renuncia al bienestar personal; no debe suponer ninguna represalia o acoso; no puede poner en riesgo el ámbito profesional ni el personal, no puede comprometer ni la persona alertadora ni a los que se encuentran en su círculo más cercano.
La Oficina Antifraude de Cataluña reclama la implantación de alternativas seguras al silencio: avanzar en la construcción de un marco normativo integral, introducir reformas organizativas que complementen los cambios legales (incluidos los canales anónimos) e impulsar un cambio cultural que reconozca el valor cívico de la denuncia. Cabe asimismo acompañar a la persona alertadora en todo el proceso.
En este espacio encontraréis documentación e información relativa a la protección de las personas alertadoras: normativa (incluidas iniciativas en tramitación), estudios, artículos y enlaces de interés. También respuestas a las preguntas más frecuentes que se plantean en relación con el alcance de la Directiva europea y su incorporación al Derecho interno.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 (BOE 171, de 19-7-2006), en especial los artículos 13.2 i 33
Unión Europea. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
Resolución (UE) del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en nombre del interés público, revelen información confidencial sobre empresas y organismos públicos
Resolución (UE) del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, sobre transparencia, responsabilidad e integridad de las instituciones, artículos 60 a 67
Unión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo, de 10 de octubre de 2002, relativa a las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario, [COM(2002) 141 final], Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 244/5, de 10 de octubre de 2002
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea (Informe anticorrupción), COM( 2014)038, de 3 de febrero de 2014 y el Anexo 9 sobre España al Informe de lucha contra la corrupción a la UE (pág.4), de 3 de febrero de 2014, COM (2014) 38 final
Informe sobre España 2019, con un examen exhaustivo en relación con la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, de 27 de febrero de 2019, SWD (2019) 1008 final
Informe sobre España 2018, con un examen exhaustivo en relación con la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, de 7 de marzo de 2018, SWD (2018) 207 final
Convenio penal del Consejo de Europa sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, en especial el art. 22
Convenio civil del Consejo de Europa sobre la corrupción (Convenio número 147 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1999, en especial el art. 9
Recomendación CM/Rec (2014)7 adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa de protección de los alertadores, de 30 de abril de 2014
Resolución 1729 (2010) de protección de los alertadores, de 29 de abril de 2010
Mejorar la protección de los alertadores en Europa, moción para Resolución, de 23 de enero de 2018, doc. 14483
Recomendación del Consejo para fortalecer la lucha contra el soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por el Consejo el 26 de noviembre de 2009 (Recomendación núm. IX)
Recomendación del Consejo de la OCDE para mejorar la conducta ética en el servicio público, incluidos los principios para gestionar la ética en el servicio público
Congreso de los Diputados: Proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.
De acuerdo con el artículo 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados, todos los asuntos pendientes de examen quedan caducados en el moment de la disolución.
Parlamento de Cataluña: Proposición de ley de protección integral de los alertadores en el ámbito competencial de la Generalitat.
Parlamento de Cataluña: Proposición de ley de lucha contra la corrupción y de protección de los denunciantes.
Generalitat de Cataluña: Normas de actuación y de régimen interior de la Oficina Antifraude de Cataluña, publicadas en el DOGC 5522, de 9 de diciembre de 2009, las cuales regulan algunas cuestiones relacionadas con el estatuto de los denunciantes ante la Oficina.
Andalucía: a mediados de abril de 2019 finalizó el proceso abierto de participación pública para hacer aportaciones previas a la elaboración del Anteproyecto de ley de lucha integral contra el fraude y la corrupción, creación de una oficina andaluza contra el fraude y la protección de las personas denunciantes.
Aragón: Ley 5/2017, de 1 de junio, de integridad y ética públicas, la cual, en la sección 3 del capítulo V, regula el estatuto del denunciante ante la Agencia de Integridad y Ética Públicas.
Asamblea Regional de Murcia: Proposición de ley de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la cual dedica el artículo 7 a la protección del denunciante.
Asamblea Regional de Murcia: Proposición de ley de gobierno abierto y lucha contra la corrupción de la Región de Murcia, la cual dedica su título VIII a la protección del denunciante.
Castilla y León: Ley 2/2016, de 11 de noviembre, mediante la cual se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la administración pública y se establecen las garantías de los informantes.
Comunidad Foral de Navarra: Ley foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, la cual dedica el capítulo III del título II a la protección de la persona denunciante ante la Oficina.
Comunidad Valenciana: Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, la cual, en el artículo 14, regula el estatuto de la persona denunciante ante la Agencia.
Islas Baleares: Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, el artículo 14 de la cual prevé la creación de un protocolo de actuación para garantizar la protección de los derechos de los denunciantes ante esta Oficina.
Parlamento de Cantabria: Proposición de ley de protección integral de los denunciantes de corrupción.
Parlamento del País Vasco: Proposición de ley relativa a la protección a las personas que alerten de infracciones legales, abusos de derecho y malas prácticas contra el bien común en Euskadi.
Principado de Asturias: Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, la cual dedica el título IV a las denuncias.
La Oficina Antifraude también intervino durante la fase de consulta pública de la propuesta de Directiva y elaboró distintas observaciones y alegaciones a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
Vídeos de la jornada La nueva Directiva europea de protección de los alertadores que la Oficina Antifraude de Cataluña organizó el pasado 29 de mayo de 2019 con la colaboración de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
¿Por qué una Directiva para proteger a las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión?
¿Protege la Directiva quien denuncie cualquier tipo de infracción?
Y en cuanto a alertadores, ¿a qué alertadores se aplica la Directiva?
¿Qué requisitos debe cumplir la persona alertadora para tener derecho a protección?
¿Contiene la Directiva alguna previsión en relación con los canales de denuncia?
¿Qué entidades tienen la obligación de establecer canales y procedimientos internos de denuncia y de tramitación de denuncias?
¿Admite la Directiva las denuncias anónimas?
¿Qué obligaciones impone la Directiva a los Estados sobre confidencialidad?
¿Qué medidas de protección establece la Directiva?
¿Se aplican ya las previsiones de la Directiva?

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 207
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 14