Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S89-05.html
Timestamp: 2018-10-21 06:57:19+00:00

Document:
Cecilla Rosana Nuñez Chipana v. Venezuela, Caso 12.103, Informe No. 89/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005).
11. Los peticionarios alegan que el 16 de febrero de 1998, la señora Cecilia Rosana Núñez Chipana, de nacionalidad peruana, fue detenida por miembros de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) cuando se encontraba desempeñando su labor de docente. Según la petición, la detención se sustentó en un pedido de extradición realizado por las autoridades peruanas que acusaban a la presunta víctima de pertenecer a la organización “Sendero Luminoso”.
12. Los peticionarios alegaron que la presunta víctima fue trasladada a las instalaciones de la DISIP en condiciones que constituyeron tratamientos crueles. Se alega que a la señora Núñez no se le permitió tomar sol a ninguna hora del día durante 85 días, no se le permitió el ingreso de ningún tipo de lectura, se le mantuvo en una celda mínima sin ventilación la cual tenía aproximadamente 32 bombillos fluorescentes que la mantenían a una temperatura sofocante y durante varios días le apagaron los bombillos dejándola en absoluta oscuridad. Además, se señaló que la presunta víctima fue frecuentemente amenazada de muerte y de ser torturada. Los peticionarios también denunciaron que, durante su detención, a la presunta víctima se le impidió conversar en privado con sus abogados. Esta situación se mantuvo hasta el 15 de mayo de 1998, fecha en que la señora Núñez fue trasladada a las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina en la ciudad de Los Teques, en donde “fue parcialmente corregida” la situación constitutiva de tratamientos crueles. Allí se le permitió hablar en privado con sus abogados, pero “para entonces el procedimiento de extradición estaba considerablemente avanzado”.
14. Los peticionarios denunciaron que si bien, desde el 26 de febrero de 1998 la Embajada del Perú en Venezuela comunicó formalmente al Gobierno venezolano la solicitud de extradición y la detención preventiva con fines de extradición, sólo hasta el 24 de marzo de 1998 la presunta víctima fue oficialmente informada por el Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal de que sobre ella pesaba una orden de extradición. Incluso, con anterioridad a dicha notificación, el 8 de marzo de 1998, el Fiscal General de la República ya había presentado ante la Corte Suprema un escrito en el que consignó la opinión favorable del Ministerio Público para que procediera a la extradición. Posteriormente, el 25 de marzo de 1998, el Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia, habiendo sido comisionado por la Corte Suprema de Justicia, tomó declaración a la presunta víctima, quien fue asistida por sus abogados en dicha diligencia. El 26 de marzo el Tribunal devolvió el expediente con las copias de la declaración a la Corte Suprema de Justicia. El 14 de mayo del mismo año, la Sala Penal de la Corte Suprema fijó como fecha para que los abogados defensores presentaran sus escritos conclusivos. En esa misma fecha, la defensa presentó un escrito en el que se oponía a la extradición argumentando que no existían indicios fundados para incriminar a la presunta víctima de los hechos que se le imputaban.
15. El 16 de junio de 1998, la Corte Suprema de Justicia acordó la extradición de la señora Núñez Chipana, la cual se hizo efectiva el 3 de julio del mismo año. Al llegar al Perú, la señora Núñez fue inmediatamente sometida a un proceso penal y fue condenada a 25 años de prisión. Los peticionarios denuncian que la extradición fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, a pesar de que estaba pendiente de decisión un recurso de amparo, presentado por la defensa de la señora Núñez el 19 de junio de 1998, en contra de la sentencia de la Corte Suprema. Este recurso fue finalmente declarado inadmisible por la misma Corte Suprema el 7 de julio de 1998. Alegan los peticionarios que, al substraer a la persona objeto del recurso, el Ejecutivo Nacional “rindió inocua la acción de amparo e irrespetó el principio de autonomía del poder público judicial”.
16. Respecto de la solicitud de asilo en Venezuela, la petición denuncia que el 27 de febrero de 1998, la señora Núñez Chipana solicitó verbalmente asilo al oficial de más alto rango de guardia en la DISIP. Al día siguiente, sus abogados intentaron que ella firmara una petición escrita de asilo y refugio, pero funcionarios de la DISIP le impidieron firmar dicho documento. Finalmente, el 24 de marzo de 1998, al ser trasladada al Tribunal Penal para rendir testimonio, la señora Núñez pudo firmar la solicitud de asilo. Los peticionarios alegan que dicha solicitud nunca fue contestada por el Estado venezolano.
17. Los peticionarios alegan que el Estado venezolano también vulneró con otras irregularidades procesales el derecho a las garantías judiciales de la señora Núñez Chipana en el proceso que condujo a su extradición. En primer lugar, se señaló que las autoridades no informaron con prontitud y detalle suficiente los motivos por los cuales la señora Núñez fue privada de la libertad. En segundo lugar, se apuntó que el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia al informar a los medios de comunicación, desde los primeros momentos de su detención, que la señora Núñez pertenecía a la organización Sendero Luminoso. En cuarto lugar se adujo que la Señora Núñez Chipana no tuvo la oportunidad de comunicarse libre y privadamente con sus defensores. También se denunció la violación al principio de publicidad procesal al ser declarado el expediente como secreto por parte de la Corte Suprema. Finalmente, se denunció la violación al derecho a recurrir el fallo ante juez superior, bajo la alegación de que la señora Núñez fue extraditada antes de que se decidiera el recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema.
22. Según el Estado, la presente denuncia ante la Comisión y aquella presentada ante el Comité contra la Tortura presentan como común denominador la presunta víctima, el planteamiento de los hechos y las mismas alegaciones de orden jurídico. Así, la señora Núñez Chipana invocó ante el Comité contra la Tortura que fue detenida por autoridades de la DISIP bajo acusaciones de haber participado en la colocación de un artefacto explosivo en el Congreso de la República de Venezuela. La peticionaria alegó, además, que desde el momento mismo de su detención fue calificada de pertenecer a la organización sendero Luminoso. Asimismo, alegó que fue recluida en los calabozos de la DISIP en donde recibió un trato irrespetuoso de los derechos humanos, se le impidió firmar documentos en el lugar de detención, no se le permitió tomar luz solar y fue recluida en un calabozo pequeño y sin ventilación.
23. El Estado destaca que en el escrito presentado por la señora Núñez ante el CAT en fecha 21 de septiembre de 1998, la peticionaria invocó y solicitó al Comité que se pronunciara sobre las supuestas violaciones al debido proceso cometidas por el Estado de Venezuela en el procedimiento de extradición. Las presuntas violaciones alegadas fueron: haber dictado sentencia sin considerar el escrito presentado por sus abogados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no habérsele notificado oportunamente los motivos de su detención, y haber ejecutado la sentencia de extradición sin la decisión de la acción de amparo por ella interpuesta. El Estado alega que dichas alegaciones son idénticas a las formuladas por los peticionarios ante la Comisión Interamericana.
24. Asimismo, el Estado señaló que el CAT era competente para pronunciarse sobre todas las violaciones invocadas por la peticionaria. A juicio del Estado, la normativa que rige las competencias y funcionamiento del Comité claramente le facultan para pronunciarse sobre la no expulsión, devolución o extradición de una persona así como sobre las violaciones al debido proceso en los procedimientos de expulsión, devolución o extradición de una persona. Así, el artículo 2, numeral 1, 3 y el artículo 6 de la Convención contra la Tortura establecen los principios de actuación por parte de los órganos del Estado en la tramitación de los procedimientos de expulsión, devolución o extradición, esto es, las reglas del debido proceso.
25. El Estado argumenta que “los derechos que denunciara como violados la ciudadana Núñez Chipana ante la Comisión, se pueden condensar básicamente en la violación al debido proceso”. En este orden de ideas, aduce el Estado, es claro que la petición llevada ante la Comisión contiene básicamente la denuncia de los derechos que se relacionan íntimamente con lo que es la garantía del debido proceso. El Estado concluye que el Comité contra la Tortura ya se pronunció al respecto y la presente denuncia no es más que la reproducción de la petición ya formulada y decidida internacionalmente. En esta medida, la admisión de la presente denuncia significaría el doble juzgamiento del Estado venezolano por el mismo hecho, situación inaceptable en todos los ámbitos o ramas del derecho, incluso los derechos humanos.
26. En consecuencia, el Estado refiere que de los artículos 46 (1)(c) y 47 (d) de la Convención surge el principio de “una vía electa” de cuya aplicación resulta claro que la presentación contemporánea o sucesiva de peticiones sobre los mismos hechos y garantías es inadmisible, como ocurre en el presente caso. Por estas razones, el Estado solicita que la presente petición sea declarada inadmisible al tratarse de un tema ya decidido por otro organismo internacional.
29. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a la señora Cecilia Rosana Núñez Chipana, por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. En relación al Estado, éste ratificó la Convención Americana el 9 de agosto de 1977.
33. El Estado solicitó que el caso fuera declarado inadmisible alegando el incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención relacionados con la duplicación de procedimientos en sede internacional. El Estado argumentó que el presente caso tenía identidad de víctima, hechos y peticiones con una petición presentada ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y decidida por éste en 1998.
34. Los peticionarios respondieron a este argumento del Estado indicando que el alcance de la petición presentada ante el Comité contra la Tortura difiere del alcance de la presente petición. Se alegó que la queja presentada ante el CAT se circunscribió a pedir que se declarara la violación al artículo 3 de la Convención contra la Tortura que se refiere al principio de no devolución, mientras que ante la Comisión Interamericana se invocó la violación de derechos distintos cometidos en contra de la misma persona. Los peticionarios adujeron que ante el CAT no se no se plantearon las violaciones al debido proceso y por ello, el Comité no se pronunció sobre las violaciones posteriormente alegadas ante la Comisión. Con este argumento los peticionarios concluyen que no se cumple el principio de cosa juzgada.
36. La Comisión entra a determinar si en el presente caso se encuentra frente a las condiciones estipuladas por el precitado artículo. La Comisión ha establecido sobre este tema que
Cuando un caso se presenta primero ante una instancia internacional, y luego es esencialmente duplicado y presentado ante otra, se puede identificar y tratar rápidamente la cuestión de la duplicación. Cuando peticiones sucesivas no constituyen claramente una duplicación, puede requerirse un mayor análisis. El hecho de que una comunicación involucre a la misma persona que en una petición anterior, constituye sólo un elemento de duplicación. También es preciso examinar la naturaleza de las denuncias presentadas y los hechos aducidos como fundamento de las mismas. La presentación de nuevos hechos y/o denuncias suficientemente diferentes acerca de la misma persona podría, en ciertas circunstancias y satisfechos otros requisitos aplicables, ofrecer una base para su consideración. También puede señalarse que, cuando una segunda presentación de denuncias se refiere a derechos que no estaban cubiertos por la jurisdicción del órgano ante el cual se presentó la primera petición, el tema, en principio, no será rechazado como duplicación[3].
38. Establecido lo anterior, la Comisión analizará en adelante si en la especie aplica el principio de res judicata. En primer lugar, la Comisión encuentra que no existe controversia entre la identidad existente entre la presunta víctima en las dos peticiones. Igualmente, la Comisión observa que la misma organización no gubernamental fungió como peticionaria ante las dos instancias internacionales. En segundo lugar, la Comisión toma nota de que el Comité contra la Tortura, durante su 21º Período de Sesiones, analizó la Comunicación Nº 110/1998, presentada a favor de la Señora Cecilia Rosana Núñez Chipana en contra de la República de Venezuela. En dicho análisis, el Comité concluyó que
A la luz de lo antedicho el Comité, actuando en virtud del párrafo 22 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que el Estado Parte no cumplió con su obligación de no proceder a la extradición de la autora, lo que revela una violación del artículo 3 de la Convención[8].
39. La Comisión encuentra que los hechos ante ella denunciados el 25 de enero de 1999, se encuentran integralmente relacionados con los hechos previamente analizados y decididos por el Comité contra la Tortura. Así se desprende tanto de las presentaciones realizadas por los peticionarios ante el Comité, como de las propias conclusiones de este órgano internacional. La denuncia sobre las alegadas violaciones al derecho al debido proceso, al derecho a buscar y recibir asilo, y el derecho a la igualdad, junto con el riesgo de ser víctima de tortura, constituyeron la base fáctica analizada y decidida por el Comité. Así se observa del informe del Comité en el que se reproducen las alegaciones de la peticionaria de la siguiente manera
5.3. Con respecto a la solicitud de asilo la autora afirmaba que ni ella ni su abogado habían recibido respuesta alguna al respecto, contrariamente a las afirmaciones del Ministro de Relaciones Interiores al ser interpelado ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Cámara de Diputados. Según éstas el Ministro habría comunicado a la autora mediante oficio de fecha 27 de marzo de 1998 que la solicitud de asilo no estaba acompañada de pruebas de que era perseguida política y que la decisión final correspondía a la Corte Suprema[9].
La frase “sustancialmente la reproducción” significa que debe existir identidad entre los casos. Para que exista dicha identidad se requiere la presencia de tres elementos, a saber: que las partes sean las mismas, que el objeto sea el mismo y que la base legal sea idéntica.
Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C, Nº 61, Párr. 53.
[3] CIDH, Informe Nº 96/98, (Inadmisiblidad), Caso 11.827, Peter Blaine c. Jamaica, 17 de diciembre de 1998, Párr. 42.
[4] Ibídem, Párr. 43.
[7] Véase, por ejemplo, CIDH, Resolución 33/88, caso 9786 (Perú), en OEA/Ser.L/V/II.76, doc. 10, 18 de septiembre de 1989, considerandos d – h; Informe Nº 96/98, (Inadmisiblidad), Caso 11.827, Peter Blaine c. Jamaica, 17 de diciembre de 1998, Párr. 42.
[8] ONU, Comité contra la Tortura, Cecilia Rosana Núñez Chipana v. Venezuela, Comunicación Nº 110/1998, U.N. Doc. CAT/C/21/D/110/1998.

References: artículo 2
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 3
 Resolución