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Timestamp: 2018-03-22 17:49:22+00:00

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}}} Publicado en la Revista del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Órgano Informativo del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, número 1, volumen 1, 17 de julio de 1972, páginas 81 a 87.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
PARA CONOCER DE LAS MULTAS POR
INFRACCIÓN A LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS
La ley que creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, omitió dar categoría de norma legal al principio doctrinario relativo a la presunción de legalidad de los actos administrativos.
Los juicios ante el Tribunal de lo Contencioso son iniciados por particulares, para combatir decisiones de la autoridad administrativa. Consiguientemente es al particular que pretende la anulación, a quien incumbe la carga de la prueba de acuerdo con principios procesales que tienen antecedentes muy antiguos en las Reglas 5a. y 6a. de Derecho, con arreglo a las cuales: "No probando el actor, debe ser absuelto el reo, aunque éste nada haya hecho" y "Al actor incumbe o pertenece la prueba".
Es aquí en donde opera la presunción a que antes se hace referencia, ya que bastará que el actor no aporte pruebas suficientes que demuestren la ilegalidad del acto que haya impugnado, para que el Tribunal deba pronunciar sentencia en la que reconocerá la legalidad y validez del mismo acto.
En los casos en que el particular se inconforma con sanciones impuestas por las autoridades administrativas, existen dos situaciones diferentes:
Puede ocurrir que la autoridad impute al particular: una actitud negativa. Por ejemplo: que no ha solicitado la licencia indispensable para realizar determinadas actividades, o que no dio cumplimiento a otras disposiciones consignadas en las leyes o reglamentos, o que se ha abstenido de cumplir con alguna otra de las obligaciones de hacer. En estos casos el particular debe fundar su demanda en la aseveración de que sí dio cumplimiento a las obligaciones cuya omisión le ha sido imputada. En otros términos el actor fundará su demanda en hechos positivos y tendrá la obligación de aportar pruebas bastantes para demostrar que sí dio cumplimiento a la obligación de que se trate.
Pero puede ocurrir el caso contrario consistente en que la autoridad impute al particular que ha realizado actos concretos que le hacen merecedor de la sanción impuesta y que frente a tal situación el actor funde su defensa en la negativa de haber realizado esos actos.
De conformidad con normas procesales generalmente admitidas quien funda su defensa en negocios, está exento de la obligación de aportar pruebas que no caben para comprobarlas.
En esta situación tendrá que ser la autoridad que impuso la sanción, la que deberá aportar pruebas para demostrar que el particular incurrió en el hecho positivo que motivó la imposición de sanciones.
Así lo han reconocido el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 89 y 220, y los precedentes establecidos por el 'Tribunal Fiscal de la Federación tanto en sentencias de Sala como en Resoluciones de Pleno, entre las cuales me limito a citar las siguientes:
Juicio 3611/71 Concepción Sánchez Vda. de Servín.- Las Autoridades deberán probar los hechos que motiven sus resoluciones, si el afectado los niega... "Tercero.-Está probado en autos que el proveído impugnado está dirigido a Manuel Servín Archer y/o Concepción Sánchez; y que el primero falleció e14 de febrero de 1967, según aparece del acta de defunción expedida ello de febrero de igual año por el Oficial del Registro Civil del Departamento del Distrito Federal en esta ciudad. En estas condi­ciones, y como efectivamente la actora niega que sea propietaria de los vehículos que se mencionan en el proveído y que sea causante del impuesto sobre vehículos propulsados por motores tipo diesel y por motores acondicionados para uso de gas licuado de petróleo, tiene aplicación en el caso el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, al disponer que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado niega lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Por tanto, como la Procuraduría Fiscal de la Federación no ha probado en este juicio que la actora sea propietaria de los vehículos de que se trata, procede declarar la nulidad del proveído impugnado, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que la misma Procuraduría en su contestación no sostienen la validez del proveído impugnado, sino que sólo invoca los artículos 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 89 y 220 del Código Fiscal de la Federación, y en el caso, según los dos primeros, es a la autoridad a quien corresponde probar que la actora es propietaria de los vehículos de que se trata y que es causante de dicho impuesto, y en relación con el artículo 220, no es aplicable en la especie ya que la actora, se repite, niega lisa y llanamente los hechos que se le imputan "(De la sentencia pronunciada por la Primera Sala del H. Tribunal Fiscal de la Federación el 27 de septiembre de 1971)".
Juicio 100 (06) /215/71/2362/71 Aurelio Aguilar Pérez.-La Autoridad Fiscal debe probar los elementos de legalidad del acto administrativo... "También es cierto que la autoridad hacendaria con los métodos modernos de la computación electrónica, puede en un momento dado, precisar las diferentes clases de ingresos que ha obtenido una persona, precisándose conforme al trabajo de estos modernos instrumentos de quién provienen los ingresos. Sin embargo, para que la autoridad pueda producir finalmente una liquidación a cargo de un particular, conforme a los datos arrojados por la máquina computadora, deberán razonarse los datos anteriores, precisándose la fuente de su origen, quién, cuándo y cómo se presentaron las declaraciones de estos terceros y cómo se han precisado los ingresos percibidos por un causante, para poder emitir finalmente una liquidación a cargo del mismo, que resulte debidamente fundada y motivada, para que cumpla con los correspondientes requisitos constitucionales, pues de otro modo la liquidación ni estará fundada ni motivada y su trabajo de investigación resultará baldío. Además al resultar controvertido e impugnado en juicio el acto administrativo, negándose lisa y llanamente por el interesado afectado los hechos q ue se le atribuían, la autoridad debió probar documentalmente los elementos que originaron su liquidación, ofreciendo como prueba de su parte las declaraciones de estos terceros en donde constaban los pagos que habían declarado como deducibles, hechos al señor Aurelio Aguilar y en su caso requerir a los terceros para que exhibieran la documentación comprobatoria correspondiente de estas actividades y en su caso ofrecerla como prueba de su parte. En consecuencia, al no probarse los elementos de la legalidad del acto administrativo, éste fue nulificado correctamente por la Segunda Sala en la sentencia reclamada, aplicando a contrario sensu los artículos 89 y 220 del Código Fiscal de la Federación" (De la resolución plenaria del Tribunal Fiscal de la Federación dictada el 15 de octubre de 1971).
Tampoco resisto la tentación de comentar brevemente algunas otras disposiciones de la Ley que creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, con el riesgo de merecer censuras tal vez justificadas de quienes lean las presentes líneas.
Sólo el tiempo "Padre de todas las cosas" (1) permitirá decidir si ha sido un acierto la inclusión de preceptos con la intención de dar muy amplias facilidades a los particulares y de evitarles formalidades ajenas a nuestra época en las demandas que presenten ante el Tribunal de lo Contencioso, como las que disponen que cuente con personal suficiente para llenar en formas impresas las demandas del público con los datos que proporcionen los interesados y con los que obtengan al informarse aún por la vía telefónica con las autoridades del Departamento del Distrito y que establecen como obligación de las Salas la de suplir las deficiencias de las demandas.
Es indudable el acierto de las disposiciones contenidas en los artículos 84, 86 y 87 de la ley, cuando autorizan a las Salas del Tribunal para que interrumpan, modifiquen o varíen la jurisprudencia previamente establecida, atento el devenir constante de las doctrinas y normas jurídicas y de su interpretación; pero surge al respecto una duda:
En cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 66 el Presidente de la Sala correspondiente está obligado a desechar las demandas en que el particular impugne actos dictados conforme a la jurisprudencia del Tribunal, precepto cuya aplicación impedirá que el caso llegue a conocimiento de la Sala y que haya lugar a la interrupción, variación o modificación de la jurisprudencia previamente establecida.
Es importante consignar que se ha omitido la posibilidad de que el Departamento del Distrito Federal promueva ante el Tribunal la anulación de resoluciones emitidas por dependencias del mismo Departamento favorables al particular y que no se ajusten a las normas legales aplicables. No obstante alguna resolución de la Sala Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctrina exige que frente a decisiones de esa índole, sea indispensable ocurrir a la vía jurisdiccional para que previa audiencia y oportunidad de defensa del particular en cuyo favor se haya creado un interés, sea anulado el acto no ajustado a la ley.
Por último, cabe hacer referencia a una cuestión de suma importancia relativa a la competencia del Tribunal de lo Contencioso, en materia de multas.
La Ley de Justicia Fiscal y el Código Fiscal de la Federación de 1938, al establecer la competencia de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, sólo la crearon para conocer de los juicios contra resoluciones administrativas y definitivas de órganos federales.
En 1946 mediante reforma al mismo Código se amplió el número de las Salas de cinco a siete, y se les asignó competencia para conocer también de los asuntos fiscales del Departamento del Distrito Federal. Igual situación mantiene la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (Artículo 22, fracciones I y IV).
De acuerdo con los antecedentes del Decreto expedido por el H. Congreso de la Unión para establecer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, se trató de la creación de un Tribunal acorde con lo previsto en la fracción I del artículo 104 de nuestra Constitución Política, dotado de plena autonomía para resolver los juicios que los particulares promuevan contra actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Departamento del Distrito Federal, sin distinción alguna.
No obstante lo anterior, los artículos 10 y 21 de la ley mencionada mantuvieron prácticamente la vigencia del artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal.
Posteriormente en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1971, fue publicada la reforma al repetido artículo 22, a fin de excluir de la competencia de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación el conocimiento y resolución sobre la legalidad de multas impuestas por infracción a las normas administrativas del Distrito Federal, conservándoles los juicios relativos a las multas por infracción a las disposiciones fiscales del mismo Distrito Federal.
Consecuentemente, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, órgano jurisdiccional de competencia local, no le corresponde conocer de juicios en los que los particulares impugnen sanciones de autoridades también locales, en cuanto tengan carácter fiscal, y al Tribunal Fiscal de la Federación, órgano jurisdiccional de competencia general, le están reservadas esas cuestiones de orden local.
No resulta fácil precisar los casos en que determinadas infracciones son de naturaleza fiscal, y al respecto debe recordarse que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Fiscal de la Federación, han sustentado criterio variable, y que en distintos fallos han resulto que como las multas entrañan un ingreso público y se hacen efectivas por el procedimiento económico coactivo, todas ellas son de índole fiscal.
Además, el artículo 60 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, enumera las disposiciones fiscales en forma amplia, y algunas de sus fracciones, por ejemplo la IV, puede prestarse a interpretaciones, de todo lo cual resulta la posibilidad de que se susciten problemas para determinar en cada caso, si se surte la competencia del Tribunal Fiscal de la Fede ración o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Las consideraciones que preceden me hacen reflexionar si en vista de que el Tribunal de lo Contencioso, dotado de plena autonomía para emitir sus fallos dentro de lo que la doctrina llama la justicia delegada, que actúa fuera de la administración activa, sin sujeción a la jerarquía administrativa, y como órgano jurisdiccional de competencia local, debería conocer de todas las controversias entre los particulares las autoridades del Distrito Federal, aún en multas de índole fiscal.
Si por el contrario no se estima conveniente que el Tribunal Fiscal de la Federación, órgano jurisdiccional de competencia general, deje de conocer de los juicios en que sean combatidas sanciones de autoridades locales, como son las del Departamento del Distrito Federal, cuando sean de índole fiscal, será prudente que se defina de manera absolutamente clara y precisa, cuáles son las normas, del Distrito Federal, que tengan el carácter de fiscal.
1. Píndaro.- Oda Olímpica.

References: artículo 89
 artículo 220
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 artículo 104
 artículo 22
 artículo 22
 resolución 
 artículo 60