Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531310.html
Timestamp: 2019-03-24 09:01:02+00:00

Document:
as201531310
Expediente: 50/2011-S
Demandante: Luis Amon Soria Prado
Demandado: Sociedad Agrícola, Ganadera e Industrial de Cinti S.A.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 273 y vta., interpuesto por la Sociedad Agrícola, Ganadera e Industrial de Cinti S.A. (SAGIC S.A.), representada legalmente por Ernesto Reinaga Carrasco, contra el Auto de Vista Nº 140/10 de 14 de agosto, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, dentro el proceso social que por pago de beneficios sociales y otros derechos laborales sigue Luis Amon Soria Prado, contra la Empresa SAGIC S.A.; la respuesta al recurso de casación de fs. 276 a 277; el Auto de fs. 278 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
I. 1 Sentencia
Que, interpuesta la demanda y tramitado el proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos laborales, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 056/2009 de 25 de mayo, cursante de fs. 250 a 254 de obrados, declarando probada la demanda de fs. 2 a 3, y subsanada a fs. 5 y vta. de obrados, ordenando a la Empresa SAGIC S.A., a través de su representante legal, cancelar al actor, por los conceptos de indemnización, salarios devengados, vacación, aguinaldo, subsidio familiares, reembolsos y reintegros, la suma de Bs.61.704,78.-(sesenta y un mil setecientos cuatro 78/100 bolivianos) monto referente a la indemnización que será actualizado en ejecución de fallos de conformidad al Decreto Supremo (DS) Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.
Interpuesto el recurso de apelación por la empresa demandada (fs. 259 a 260 vta.), la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió el Auto de Vista 140/10 de 14 de agosto (fs. 270 a 270 vta.), por el que confirmó la Sentencia Nº 056/2009 cursante de fs. 250 a 254 de obrados, con costas.
Por memorial de fs. 273 y vta., la Empresa SAGIC S.A., representada legalmente por Ernesto Reinaga Carrasco, presentó recurso de casación, que de la lectura de su contenido, se advierten como reclamos, los siguientes:
Señaló que, el Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista recurrido, violó lo dispuesto en la Ley Nº 2495 y el Decreto Reglamentario (DR) Nº 27384, así como la Resolución Administrativa (RA) SEP Nº 0213/2004 de 14 de noviembre, pronunciada por la Superintendencia de Empresas; dichas normativas que en lo principal disponen la suspensión de todos los procesos jurisdiccionales iniciados en contra de SAGIC S.A., por el plazo de 90 días calendario, computables conforme al art. 10.II del DS Nº 27384, a partir de la inscripción de la RA SEP Nº 0213/2004 de 14 de noviembre, en el Registro de Comercio (FUNDEMPRESA); en ese sentido, la Empresa SAGIC. S.A., encontrándose dentro del plan de restructuración voluntaria de empresas, no podrá ser demandada, máxime si el demandante no interpuso oponibilidad a la homologación del acuerdo transaccional suscrito entre SAGIC S.A. y sus acreedores.
Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia casar el Auto de Vista recurrido, “anulando el mismo por vulneración de las normas mencionadas”.
Que, así planteado el recurso de casación, ingresando a su análisis con relación al Auto de Vista recurrido y los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:
Se advierte que, la problemática principal y única traída a casación por la parte recurrente, está referida a la previsión normativa contemplada en la Ley Nº 2495 de 4 de agosto de 2003, art. 10.II del DS Nº 27384 y la Resolución Administrativa (RA) SEP Nº 0213/2004 de 14 de noviembre, por las cuales se dispone a favor de la entidad demandada, la suspensión de todos los procesos jurisdiccionales por un término de 90 días calendario, computables a partir de la inscripción de la RA SEP Nº 0213/2004 de 14 de noviembre, en el Registro de Comercio (FUNDEMPRESA), en ese sentido, al encontrarse la Empresa demandada dentro del plan de restructuración voluntaria de empresas, no podrá ser demandada aun en procesos sociales, máxime si el demandante no interpuso oponibilidad a la homologación del acuerdo transaccional suscrito entre SAGIC S.A. y sus acreedores.
Al respecto, es necesario mencionar que el art. 48.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”. Asimismo el párrafo III del mismo art., señala: “los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras no pueden renunciarse y son nulas las convenciones que tienda a burlar sus efectos”.
Por otra parte, el art. 4 del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, en relación a los principios del derecho laboral, dispone: a) Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas del: in dubio pro operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador; de la condición más beneficiosa, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar. d) Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes.
Los dispositivos precedentes anotados otorgan una clara idea de la naturaleza que engloba a los derechos laborales como parte de la rama social del derecho, entendiendo que los derechos sociales son una parte de los derechos económicos, sociales y culturales y por ello, parte de los derechos humanos que aparecen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de forma más genérica también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuyo propósito es que los ciudadanos o habitantes de un país puedan desarrollarse con autonomía, igualdad y libertad, condiciones necesarias para una vida digna.
De ese modo, en el caso que ocupa a éste Tribunal Supremo, si bien es correcto que la normativa enunciada por el recurrente establece: 1) La suspensión por un período de noventa días calendario, de todos los procesos judiciales, administrativos y arbitrales de contenido patrimonial iniciados en contra del deudor y de éste en contra de sus acreedores, computables a partir de la inscripción de la solicitud de apertura, en el Registro de Comercio, y 2) Prohibiendo también durante dicho periodo, el inicio de las acciones legales de contenido patrimonial en contra del deudor y de éste en contra de sus acreedores, bajo sanción de nulidad en el último caso; empero, la conclusión del Tribunal de Alzada, para confirmar lo resuelto por la Juez A quo, fue que: “…si bien el compromiso de pago data del 2003, el Acuerdo de Transacción de Reestructuración Voluntaria entre la empresa y sus acreedores fue inscrito el 25 de abril de 2005, habiendo tenido la empresa tiempo para hacer efectivo el cumplimiento de sus obligaciones” (sic).
En ese sentido, y siendo que la solicitud de la Empresa Sociedad Agrícola Ganadera e Industrial de Cinti S.A. “SAGIC S.A.”, fue aceptada recién mediante Resolución Nº 0213/2004 de 15 de noviembre (fs. 16 a 22), cuando la demanda social que ocupa a la judicatura laboral fue interpuesta ya el 13 de mayo de 2003, es decir, más de un año antes a la aceptación de la solicitud de la Empresa ahora demandante para acogerse al proceso de reestructuración voluntaria, es más, mucho antes de la propia carta solicitud presentada por ésta; por lo cual, queda en definitiva descartada la posibilidad de nulidad del proceso por el hecho de que ésta haya sido iniciada durante el periodo de gracia arriba anotado, máxime si no se tiene constancia de la fecha de inscripción de la referida resolución en FUNDEMPRESA, esto para la suspensión temporal del proceso, conforme se puede advertir por ejemplo de la resolución que cursa de fs. 38 a 45 de obrados.
En ese marco normativo, los argumentos traídos a casación, no demuestran que el Tribunal de Alzada, cuyo fallo se controla en esta instancia de puro derecho, haya vulnerado ley alguna; por cuanto, la situación de hecho y de derecho traída por el recurrente, en sentido de que en contra de la SAGIC S.A., no podría demandarse por encontrarse esta en una etapa de restructuración, no es evidente, conforme se fundamentó precedentemente, por lo que, el reconocimiento de los derechos y beneficios sociales por los de instancia, se encuentra enmarcado a las normas de orden constitucional arriba citadas.
No resulta suficiente alegar que las normas invocadas, establecen en su favor la suspensión temporal de procesos judiciales en su contra, sino demostrar que se cumplieron los presupuestos necesarios para ello, pero además, demostrar legalmente que el hecho de haberse obrado en contra, se encontraría castigado con la nulidad de obrados respectiva, lo cual en el caso que se analiza, ciertamente no concurre, por lo que, los derechos sociales pendientes de pago en favor del trabajador, no pueden soslayarse de ningún modo, máxime si tales derechos se constituyen en irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, debiendo cumplirse su pago a favor del trabajador demandante, lo contrario, significaría desconocer los derechos y beneficios sociales previstos constitucionalmente, así como por las demás normas de carácter sustantivo como la LGT y sus disposiciones conexas.
En ese sentido, el razonamiento desarrollado por el recurrente, en sentido que se habría vulnerado la Ley No. 2494 y el DR Nº 27384, así como la RA SEP Nº 0213/2004 de 14 de noviembre, pronunciada por la Superintendencia de Empresa, no resulta correcto, puesto que dichas normas administrativas, no pueden ni deben estar por encima de la CPE, ni de las leyes laborales sustantivas y adjetivas en la materia.
Bajo estos fundamentos se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 273 y vta., este carece de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna; por lo que, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales conferidas en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 273 y vta., interpuesto por la Empresa SAGIC S.A., representada por Ernesto Reinaga Carrasco, contra el Auto de Vista Nº 140/10 de 14 de agosto, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz. Con costas.
Se regula honorario profesional de abogado en la suma de Bs.-500,00.- que se mandará a pagar por el Tribunal de Alzada.

References: Resolución 
 Resolución 
in dubio
 Resolución 
 resolución 
 resolución