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Timestamp: 2020-03-30 10:55:06+00:00

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PDF Guía del Litigio Constitucional -República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN - Guia Para Litigar Ante Tribunal Constitucional
República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN
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ra Litigar Ante Tribunal Constitucional
Guía para litigar ante el Tribunal Constitucional: actuaciones,
recursos y trámites Francisco Alberto GÓMEZ SÁNCHEZ TORREALVA
ANGAMOS OESTE 526
- MIRAFLORES 710-8900 TELEFAX: (01) 241-2323 www
gacetaconstitucional
recursos y trámites primera Edición FEBRERO 2011 3,270 ejemplares
© Francisco Alberto Gómez Sánchez Torrealva © Gaceta Jurídica S
Prohibida su reproducción total o parcial DERECHOS RESERVADOS D
Nº 822
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2011-02702 LEY Nº 26905 / D
Nº 017-98-ED ISBN: 978-612-4081-58-3 REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501221100922 diagramación de carÁtula Martha Hidalgo Rivero diagramación de interiores Wilfredo Gallardo Calle
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- Perú Central Telefónica: (01)710-8900 Fax: 241-2323
E-mail: [email protected] Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E
San Alberto 201
- Surquillo Lima 34
Introducción Durante los últimos diez años el Tribunal Constitucional ha desempeñado un importante rol en la consolidación del Estado social y democrático de Derecho
Esta institución,
de origen europeo,
fue incorporada a nuestro sistema por la Carta Política de 1979 bajo la denominación de Tribunal de Garantías Constitucionales
Su instauración coincidió con el retorno del Perú a la vida democrática,
momento que incidió de manera significativa debido a que implicó el reconocimiento legal de una serie de demandas sociales materializadas en el referido documento
el rol del Tribunal de Garantías Constitucionales fue bastante limitado
El contexto de la década de 1980 condicionó la escasa actuación de esta institución,
determinando el cese de sus funciones
la esencia de una corte dedicada a resguardar la supremacía constitucional y los derechos fundamentales fue rescatada por la Carta Fundamental de 1993 a través de su reconocimiento por el artículo 201 bajo la denominación de Tribunal Constitucional,
el cual inició sus actividades en 1996
Han transcurrido quince años desde entonces,
tiempo que ha permitido apreciar la evolución de esta entidad
Si bien se ha tratado de gestiones impregnadas del particular
GUÍA PARA LITIGAR ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
matiz de cada Presidente que ha dirigido al colegiado,
sus autoridades han compartido el compromiso por el cumplimiento de sus fines institucionales
A lo largo de este periodo,
el Tribunal Constitucional ha desempeñado un rol importante en el establecimiento de criterios interpretativos respecto a lagunas o vacíos legislativos,
con el propósito de dotarlos de contenido a partir de la aplicación de los principios y derechos constitucionales que hagan posible la concreción de un sistema legal unitario,
carente de antinomias que responda a las máximas desprendidas del contenido de la Constitución Política
debe destacarse el rol desempeñado por el Tribunal en la consolidación del Derecho Procesal Constitucional como disciplina avocada al estudio de los procesos constitucionales orgánicos y de la libertad,
pues a través de su labor didáctica,
reflejada en sentencias dotadas de contenidos claros y específicos,
la comunidad jurídica ha sido partícipe del aprendizaje de una rama del Derecho que ha adquirido protagonismo con motivo de las importantes sentencias expedidas por este colegiado
Cabe señalar que la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional ha coadyuvado en esta misión,
pues la conformación de un cuerpo normativo avocado al estudio sobre la materia ha permitido que se visibilice el objeto de cada proceso constitucional a través de disposiciones que responden a la particular naturaleza del proceso de amparo,
acción popular*,
proceso de inconstitucionalidad y conflicto de competencias
La eficacia en la labor jurisdiccional y pedagógica del Tribunal Constitucional no solo se debe a los factores mencionados,
sino también a su organización contenida en su Ley Orgánica y Reglamento Normativo,
documentos que han hecho posible determinar los procedimientos internos de trámite de los expedientes a su cargo,
como también la conformación de las Salas y del Pleno Jurisdiccional encargados de su evaluación y resolución
el Tribunal Constitucional ha generado un ámbito de protección de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales,
como también de estudio y reflexión que ha sido replicada en foros de pregrado y posgrado,
* Debemos precisar que si bien la acción popular ha sido incorporada en el código sobre la materia,
el Tribunal Constitucional carece de competencias para resolver causas sobre el ámbito de acción del referido proceso
FRANCISCO ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ TORREALVA
haciendo posible la difusión de esta rama del saber jurídico sobre la que hace algún tiempo pocos reparaban
En virtud a ello,
el universo jurídico ha depositado su interés sobre la actuación del Tribunal Constitucional
Es por ello que resulta de suma importancia una obra avocada al estudio sobre la forma en la que el colegiado realiza el trámite de los recursos y demandas interpuestas,
al igual que sobre la descripción de las actuaciones procesales que las partes deben realizar en aras de que su pretensión sea acogida
La trascendencia de una investigación de tales características reside en la especial naturaleza de los procesos constitucionales,
que los dota de una finalidad distinta a los demás procesos: revertir la amenaza o la vulneración de un principio o derecho fundamental
Es por ello que el estudio de los procesos constitucionales y de la actuación de las partes responde a otra lógica,
que no ha sido incorporada en la formación profesional y que,
en muchas oportunidades,
determina el entrampamiento de estos procesos ante el Tribunal debido al desconocimiento de las partes y de sus abogados sobre la competencia del colegiado,
como también por la presentación de pedidos o de recursos que no se adecuan a la naturaleza de estos procesos ni a las competencias del supremo intérprete de la Carta Fundamental
se creyó conveniente elaborar la presente obra,
la cual consta de dos secciones que amparan su carácter didáctico
La primera está avocada a los aspectos generales sobre los procesos constitucionales y el Tribunal Constitucional
En ella se estudian los procesos de la libertad y los procesos orgánicos a partir de sus conceptos,
ámbito de acción,
trámite y modalidades particulares
se expone el rol del Tribunal desde una perspectiva operativa,
que permite identificar sus competencias,
la elección y funciones de sus magistrados,
como también su organización por medio de la Presidencia del Tribunal,
del Pleno y de las Salas
La segunda sección de la obra incorpora los trámites,
actuaciones y recursos ante el Tribunal Constitucional
se analiza el inicio del trámite ante el Colegiado tanto en los procesos de la libertad como en los orgánicos
En los primeros destaca la importancia del recurso de agravio constitucional –cuya interposición y estimación origina que el Tribunal conozca del caso– y también la del recurso de queja,
presentado frente a la denegatoria del
se aborda el inicio del trámite de los procesos orgánicos,
destacándose la interposición de la demanda,
su ingreso y contestación
Estas cuestiones generales permiten que la segunda sección del libro desarrolle el trámite interno a cargo de los diferentes agentes del Tribunal Constitucional,
desde la mesa de partes,
Comisión Calificadora,
asesores jurisdiccionales y magistrados
se analiza la evaluación realizada por el Tribunal sobre la procedencia del caso,
el estudio del expediente,
la vista de la causa,
la votación y la emisión de sentencia,
como también su notificación
esta sección de la obra destaca la actuación de las partes ante el Tribunal Constitucional,
en la que se especifican todas las acciones que pueden realizar tanto el demandante como el demandado cuando la causa se encuentra ante este órgano
Destacan el fundamento de la actuación de las partes,
los lineamientos generales de su actuación,
como la interposición del recurso de reposición
se analiza la sentencia constitucional a través de su estructura,
sentidos resolutivos,
ejecución y represión de actos homogéneos
se incorporan los pedidos de aclaración y de subsanación sobre el contenido de la sentencia
Como corolario,
se incorporan modelos de escritos que pueden ser presentados ante el Tribunal Constitucional,
como son el recurso de queja,
el escrito de apersonamiento,
para tener presente,
vista de la causa,
uso de la palabra,
obtención de copias certificadas del expediente,
aclaración sobre el contenido de la sentencia y de subsanación de error material,
entre otros que facilitarán el ejercicio de la profesión ante el colegiado
Sin otro particular referente al contenido de la obra,
debemos destacar el interés de Gaceta Jurídica en la publicación de obras prácticas que desarrollan,
de manera simple y concreta,
importantes cuestiones en torno al trámite de los procesos constitucionales
nuestro agradecimiento por permitirnos colaborar con tal noble propósito a través de este libro que ha sido elaborado a partir de la experiencia profesional,
la cátedra universitaria y la colaboración permanente de estudiantes y abogados en torno a la discusión sobre los contenidos que componen esta obra
Para todos ellos,
la abogada Silvana Armas Diéguez,
el mayor agradecimiento por enriquecer este material que hoy presentamos a la comunidad jurídica como resultado de un arduo trabajo que esperemos resulte útil a quien tenga a bien revisarlo
Primera parte Aspectos generales sobre los procesos constitucionales y el tribunal constitucional
Los procesos de la libertad
Concepto Los procesos de la libertad están integrados por el hábeas corpus,
cumplimiento y hábeas data,
y han sido incluidos en el Título V de la Constitución Política a favor del resguardo de los derechos fundamentales asignados por el artículo 200 del referido cuerpo normativo,
como propios del marco de actuación de cada uno de ellos
el Tribunal Constitucional ha señalado que a través de ellos “nuestra Norma Fundamental ha consagrado un conjunto de garantías específicas para la protección de los derechos fundamentales,
constituyendo una tutela especializada (a cargo de jueces constitucionales) distinta a aquella tutela común (a cargo de jueces ordinarios)”1,
motivo por el cual los derechos fundamentales “solo podrían ‘realizarse’ en la medida que cuenten con mecanismos ‘rápidos’,
‘adecuados’ y ‘eficaces’ para su protección
Los derechos y sus mecanismos procesales de tutela se constituyen así en el presupuesto indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema democrático”2
En los procesos de la libertad destaca la tutela que brindan a los derechos fundamentales,
comprendidos como “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas o ciudadanos,
con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestación) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto,
prevista así mismo 1 2
STC Exp
Nº 5374-2005-AA,
por una norma jurídica positiva como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones y/o autor de los actos que son ejercicio de estas”3
Esta calificación de los derechos fundamentales hace necesaria la configuración de mecanismos procesales a los que se recurra para la reversión del agravio o de la amenaza cierta e inminente de afectación,
motivo por el cual los procesos de la libertad se erigen en protectores de estos atributos connaturales de la persona y,
hacen viable la configuración del Estado social y democrático de Derecho,
que tiene a la persona humana como depositaria de su accionar
Clasificación de los procesos de la libertad Como se ha expresado,
los procesos de la libertad están compuestos por el hábeas corpus,
hábeas data y cumplimiento,
los cuales serán expuestos a través del detalle de sus principales notas
Proceso de hábeas corpus a
Concepto De los procesos constitucionales consagrados en el artículo 200 de la Carta Política,
el hábeas corpus es el destinado a la protección de la libertad personal y derechos conexos
Esta amplia concepción de su ámbito de protección se justifica en la necesidad de evaluar determinados derechos que escapan a la tutela de la libertad personal,
pero que debido a su innegable vinculación no pueden ser protegidos a través de otros procesos constitucionales,
razón que justifica la inclusión de los derechos conexos a la libertad individual4 como objeto de protección del hábeas corpus
De acuerdo a Mesía Ramírez,
“[e]l hábeas corpus es un derecho humano y a la vez un proceso concreto al alcance de cualquier persona,
a fin de solicitar del órgano jurisdiccional competente el resguardo de la libertad corpórea,
la seguridad personal,
la integridad física,
psíquica o moral,
así como los demás derechos que le son conexos,
nominados o innominados”5
Precisa que “[t]ambién protege a la persona contra cualquier órgano,
público o privado,
que ejerciendo funciones de carácter materialmente jurisdiccional,
adopta 3
En: Derechos y garantías
4 Se recomienda revisar el artículo 25 del Código Procesal Constitucional que reconoce derechos como no ser privado del DNI o a decidir prestar el servicio militar como conexos a la libertad personal
No se piense que la lista de derechos objeto de tutela a través del hábeas corpus se limita a los expresamente señalados,
pues tal como establece su inciso 17,
“[t]ambién procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual,
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”
En lo que respecta a este artículo,
se aludirá al debido proceso,
como contenido de la tutela procesal efectiva,
para fundamentar los supuestos en que procederá la interposición de una demanda de hábeas corpus contra un proceso de la misma naturaleza
5 MESÍA RAMÍREZ,
resoluciones con violación de la tutela procesal efectiva que lesiona su libertad personal”6
De ello se desprende que el proceso de hábeas corpus “abre las posibilidades de demandar ante órganos jurisdiccionales la amenaza,
perturbación o privación del derecho a la libertad personal buscando preservarlo o restablecerlo,
siendo así un medio idóneo para que el derecho a la libertad personal y seguridad individual sea efectivo en toda circunstancia que sea contraria a la Constitución y las leyes,
constituyéndose en una garantía jurisdiccional o remedio procesal específico formando parte de lo que Cappellatti y Fix Zamudio denominan ‘jurisdicción constitucional de la libertad’”7
el Tribunal Constitucional ha señalado que “el inciso 1 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado ha creado el procedimiento de hábeas corpus como remedio procesal destinado a la protección de la libertad individual y de los derechos conexos con él
tiene por propósito esencial,
aunque no exclusivo,
tutelar al individuo ante cualquier privación arbitraria del ejercicio de su derecho a la libertad individual y,
de la libertad locomotora
allí no culmina su objetivo,
pues también mediante este remedio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual,
en todos aquellos casos en que esta se haya decretado judicialmente”8
Derechos tutelados por el hábeas corpus El proceso de hábeas corpus tiene por objeto el resguardo de la libertad individual y de los derechos conexos a ella,
conforme se verá a continuación
• Libertad individual La libertad constituye un atributo del ser humano,
cuya naturaleza se funda en la potestad de desarrollar su existencia de acuerdo a su particular plan de vida
su ejercicio se encuentra delimitado por parámetros establecidos por nuestra legislación,
los cuales hacen posible que la actuación u omisión de los particulares o de los agentes estatales amenacen o perturben los derechos fundamentales de las demás personas
Sobre la base de esta concepción,
se erige la libertad individual y las seguridades personales como atributos fundamentales de suma importancia,
que han sido incorporados en nuestro sistema jurídico a través del artículo 2 inciso 24 de la Constitución y que comprende a la libertad como “un estado que se disfruta en el momento presente,
mientras que el derecho a la
7 NOGUERA ALCALÁ,
“El habeas corpus o recurso de amparo en Chile”
En: Revista de Estudios Políticos (Nueva época)
Nº 102,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
8 STC Exp
Nº 0726-2002-HC,
seguridad añade la certidumbre de que ese estado continuará disfrutándose,
aunque (…) el Estado debe tener la capacidad de defenderse contra quienes dificulten o impidan el orden social,
del que es garante,
recurriendo a privarlos de su libertad”9
el artículo 200 inciso 1 de la Constitución establece que el objeto del hábeas corpus es la protección de la libertad individual frente a la amenaza o vulneración ejercida sobre ella,
lo que a su vez se funda también en la teoría sobre la materia,
al entenderse el hábeas corpus como el instrumento procesal concebido para la “protección de la libertad física y la dignidad personales,
de manera específica contra las privaciones de la libertad ordenadas por autoridades administrativas,
y solo excepcionalmente contra resoluciones judiciales”10
Esta perspectiva del hábeas corpus responde a una concepción restringida sobre su campo de acción,
la cual “se entiende vinculado,
a la protección del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de los derechos fundamentales que se concentran en torno a dicho derecho,
tales como el derecho a la seguridad (artículo 2,
inciso 24 de la Constitución),
a la libertad de tránsito –ius movendi e ius ambulando– (artículo 2,
inciso 11,
de la Constitución) y a la integridad personal (artículo 2º,
inciso 24,
literal h,
de la Constitución)”11
Si bien esta visión se encuentra amparada en nuestro ordenamiento jurídico,
se evidencia la insuficiencia respecto al ámbito de protección de este proceso constitucional,
razón por la cual es necesario comprenderlo a través de su actuación para la defensa de otros derechos fundamentales
• Derechos conexos a la libertad individual Como hemos visto,
la perspectiva inicial del hábeas corpus no resulta la más adecuada,
ya que la libertad individual se encuentra vinculada con otros derechos fundamentales que repercuten directamente sobre ella
aparece la concepción amplia del hábeas corpus,
fundada en que “desde una interpretación constitucional del principio in dubio pro homine (artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional),
se debe acoger una concepción amplia del proceso constitucional de hábeas corpus
no es razonable establecer,
a priori y en abstracto,
un númerus clausus de derechos fundamentales conexos a la libertad personal a efectos de su tutela,
ni tampoco excluirlos a efectos de su protección”12
9 NEWMAN y VASAK
“Derecho a la libertad y seguridad personal”
Citado por SAN MARTÍN CASTRO,
“La privación de la libertad personal en el proceso penal y el derecho internacional de los derechos humanos”
En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano
10 HERNÁNDEZ GÓMEZ,
“Los derechos humanos y la justicia constitucional”
En: Dikaion: Revista de Actualidad Jurídica
Universidad de La Sabana,
11 STC Exp
Nº 9057-2005-HC/TC,
La protección otorgada por el hábeas corpus a los derechos conexos con la libertad individual se origina “como consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual”13,
pues “es legítimo que ante la afectación (
) de aquellos derechos directamente conexos al de la libertad o ante la lesión de derechos diferentes (
) cuya afectación se genere como consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual puedan ser protegidos a través del proceso de hábeas corpus”14
la concepción amplia de este proceso proviene del principio in dubio pro homine,
consagrado en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,
en relación al hábeas corpus,
que “muchas veces,
la vulneración del derecho fundamental a la libertad personal implica la vulneración de otros derechos distintos a los que usualmente se le vincula,
tales como el derecho a la vida (artículo 2,
inciso 1,
de la Constitución),
el derecho a la residencia (artículo 2,
el derecho a la libertad de comunicación (artículo 2,
inciso 4,
de la Constitución) e,
el derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo (artículo 139,
inciso 3,
de la Constitución)”15
DERECHOS TUTELADOS POR EL HÁBEAS CORPUS Derechos tutelados por el hábeas corpus
• Libertad individual • Derechos conexos a la libertad individual
Trámite del proceso de hábeas corpus La afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a ella amerita la interposición de la demanda de hábeas corpus
De acuerdo a los alcances del artículo 26 del Código Procesal Constitucional,
esta podrá ser interpuesta por el afectado o por un tercero,
sin necesidad de contar con abogado
la demanda podrá ser presentada bajo cualquier modalidad (documento escrito,
llamada telefónica o fax,
entre otros) ante cualquier juez penal,
sin que exista la necesidad de pagar tasa alguna
En el documento que contenga la demanda se expresarán de manera precisa los hechos que generan el agravio,
identificando –de ser posible– a las personas que han causado el perjuicio sobre el derecho recurrido
en caso de ser interpuesta de manera verbal,
el juez o el secretario levantarán un acta que registrará el detalle de los hechos narrados
Nº 1429-2002-HC/TC,
Nº 0774-2005-HC/TC,
Conocido el caso,
el juez se constituirá en el lugar de detención y podrá ordenar inmediatamente la puesta en libertad del agraviado,
conforme establece el artículo 30 del Código
En caso que el magistrado considere que no existe vulneración de derecho alguno,
el demandante podrá interponer recurso de apelación contra la resolución que así lo declare dentro de los dos días siguientes a su notificación,
conforme expresa el artículo 35
Una vez que es admitido a trámite el recurso,
el magistrado elevará los autos en el día a la Sala,
la cual deberá emitir pronunciamiento dentro de los cinco días siguientes,
de acuerdo al artículo 36 del Código
De resultar infructuosa la apelación,
el demandante interpondrá recurso de agravio constitucional (RAC) dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución,
conforme expresa el artículo 18
Si es concedido el recurso,
el Presidente de la Sala remite el concesorio,
el escrito del RAC y el expediente al Tribunal Constitucional en el plazo de tres días,
más el término de la distancia
En caso que sea denegado el RAC,
el afectado podrá interponer recurso de queja directamente ante el Tribunal Constitucional dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la denegación,
para lo cual anexará copia de la resolución emitida por segunda instancia y la denegatoria del recurso
El colegiado resolverá la queja dentro de los diez días siguientes de recibida,
pudiendo estimarla y ordenar a la Sala que remita todos los actuados dentro de los tres días siguientes
Una vez que el expediente ha sido remitido al Tribunal Constitucional,
este cuenta con un plazo de veinte días para resolver el caso,
conforme dispone el artículo 20 del Código,
pudiendo estimar o desestimar la demanda incoada
TRÁMITE DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
Constitución del juez
Remisión del caso a Sala
Remisión del caso al TC
Hábeas corpus contra resolución judicial como supuesto más recurrente de demanda sobre la materia En líneas generales,
el hábeas corpus corresponde ser interpuesto por la vulneración o la amenaza cierta e inminente sobre la libertad individual y de
sus derechos conexos
Sobre la vulneración no hay mucho que anotar
tan solo que es la concreción de la agresión a través de un acto u omisión que afecta los mencionados atributos
la amenaza de afectación debe comportar un riesgo inminente de vulneración del derecho que busca ser tutelado,
situación que determina que “no todas las amenazas resultan justiciables (
sino tan solo aquellas que,
en forma actual,
inminente y concreta (
) [ponen en peligro] con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos constitucionales”16
Entre los supuestos más recurrentes de interposición de hábeas corpus encontramos aquellos que provienen de procesos judiciales en trámite en los que la presunta vulneración de la tutela procesal efectiva repercutiría negativamente sobre la libertad individual
Esos supuestos se configuran sobre la base de la concurrencia de los siguientes requisitos: • Resolución judicial firme El Tribunal ha establecido que la condición que configura a una resolución como firme es “que su trámite (…) haya generado una decisión (…) [producto de] una situación procesal en la que ya no es posible hacer prosperar ningún otro recurso o remedio procesal que logre revertir la situación denunciada”17
Lo que hace que prospere una demanda constitucional sobre estas resoluciones,
agrega el Tribunal es “la constatación de que se ha afectado de modo manifiesto alguno de los contenidos protegidos a través de los procesos constitucionales,
el afectado con tales actos o resoluciones,
haya agotado los medios procesales de defensa o impugnación,
de modo que la decisión que viene al juez constitucional sea una que ha adquirido firmeza en su trámite”18
Sobre este particular,
el Tribunal Constitucional ha recordado que la firmeza de las resoluciones judiciales se alcanza cuando “ha sido impugnada y el superior jerárquico ha emitido decisión final confirmándola (ejecutoriada),
también se convierte en firme cuando dicha resolución es consentida,
cuando el justiciable presuntamente agraviado con ella no la impugna,
significado esta conducta el reconocimiento de las bondades de tal decisión o cualquier otra expresión de aceptación de la facultad jurisdiccional”19
• Vulneración evidente a la tutela procesal efectiva El agravio evidente de menoscabo del derecho es apreciado a partir del contenido protegido del derecho
Sobre este aspecto,
la descripción realizada por el artículo 4 del Código refiere a la tutela procesal efectiva como 16 17 18 19
Nº 2064-2004-AA/TC,
Nº 1209-2006-AA,
Nº 1209-2006-AA/TC,
Nº 9598-2005-AA/TC,
un derecho continente que engloba a diversos atributos referidos por el artículo 139 de la Carta Fundamental,
motivo por el cual se hace necesaria la revisión de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional sobre el contenido de cada uno de estos derechos para identificar las cláusulas que configuran a un derecho como tal,
a efectos de contar con criterios que faciliten recurrir al hábeas corpus contra resoluciones judiciales en caso que estos hayan sido vulnerados
REQUISITOS PARA INTERPOSICIÓN DE HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES La interposición de HC contra resoluciones judiciales requiere:
• Resolución judicial firme: resolución ejecutoriada • Vulneración de la tutela procesal efectiva: afectación del contenido del derecho
Proceso de amparo a
Concepto El inciso 2 del artículo 200 de la Constitución realiza una definición muy difusa del proceso de amparo,
comprendiéndolo como aquel cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales que no son protegidos en los demás procesos constitucionales de la libertad
Sin perjuicio de los derechos contemplados por el artículo 37 del Código Procesal Constitucional,
que identifican a los atributos protegidos a través de este proceso,
Abad Yupanqui considera que para tales efectos es “imprescindible determinar cuándo estamos en presencia de un verdadero derecho constitucional y efectuar un adecuado ejercicio de interpretación constitucional para evitar la ‘inflación’ de derechos e impedir que se abra la puerta al amparo en casos que no corresponde”20
el amparo se define por exclusión de los derechos protegidos por los demás procesos,
tarea para la cual la identificación del contenido del atributo recurrido resulta adecuada para establecer si la pretensión se circunscribe dentro de un derecho fundamental susceptible de ser tutelado bajo este proceso constitucional y revertir los efectos adversos ocasionados por su vulneración o evitar la producción de la amenaza cierta e inminente de realización
Derechos fundamentales protegidos por el amparo La lectura de los artículos 4 y 37 del Código Procesal Constitucional revela la existencia de dos categorías de derechos fundamentales que son protegidos a través del proceso de amparo
20 ABAD YUPANQUI,
“El proceso constitucional de amparo”
En: GUTIéRREZ CAMACHO,
La primera de ellas está constituida por los derechos sustantivos,
aquellos inherentes a la persona por su sola calidad humana,
intrínsecos a su esencia y naturaleza
En esta categoría podemos identificar a la igualdad,
ejercicio de confesión religiosa,
opinión y expresión,
intelectual y científica,
inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones,
intimidad y rectificación,
propiedad y herencia,
remuneración y pensión,
acceso a los medios de comunicación social,
ambiente equilibrado,
salud y los desprendidos de la cláusula abierta del artículo 3 de la Constitución
La segunda categoría de derechos fundamentales protegidos por el amparo son los derechos adjetivos o procesales,
aquellos que se desprenden de la tutela procesal efectiva,
comprendida como derecho continente que abarca el acceso a la justicia y el debido proceso,
el libre acceso al órgano jurisdiccional,
al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso,
a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley,
a la obtención de una resolución fundada en derecho,
a acceder a los medios impugnatorios regulados,
a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos,
a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales,
conforme establece el artículo 4 del Código y el artículo 139 de la Constitución
DERECHOS TUTELADOS POR EL PROCESO DE AMPARO Derechos tutelados por el amparo
Derechos sustantivos (art
37 CPConst
) Derechos adjetivos (art
4 CPConst
Trámite del proceso de amparo La afectación de un derecho tutelado por el amparo da lugar a la interposición de la demanda
hay que tomar en consideración que tratándose de un derecho sustantivo,
el plazo para su presentación es dentro de los sesenta días siguientes a su producción,
siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda,
conforme expresa el artículo 44 del Código Procesal Constitucional
Si esto no hubiese sido posible,
el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento
debe precisarse que el recurrente no estará sujeto a dicho plazo si es que se constata que la agresión se produce de manera continua
Cabe precisar que el inciso 3 del mencionado artículo establece que “si los actos que constituyen la afectación son continuados,
el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución”
en caso que la vulneración se haya producido contra alguno de los derechos que componen la tutela procesal efectiva,
será interpuesta solo cuando se trate de una resolución judicial firme dentro de los treinta días siguientes a su notificación
Admitida a trámite la demanda,
el juez concederá al emplazado el plazo de cinco días para que conteste la demanda
En caso que no se deduzcan excepciones o defensas previas y si es que no se solicita informe oral,
el juez expedirá sentencia dentro de los cinco días siguientes a la contestación de la demanda
en el supuesto de solicitarse informe oral y de no deducirse excepciones y defensas previas,
el juez expedirá sentencia dentro de los cinco días siguientes a la realización del referido informe
En caso que el demandado haya deducido excepciones y defensas previas o haya solicitado la nulidad del auto admisorio,
el juez dará traslado de ellas al afectado,
quien deberá de absolverlas dentro de los dos días siguientes de notificada
Transcurrido este plazo,
se dictará el auto de saneamiento procesal
En el supuesto que se estimen las excepciones de incompetencia,
litispendencia,
cosa juzgada y caducidad,
el juez anulará lo actuado y dará por concluido el proceso
el demandante interpondrá recurso de apelación dentro de los tres días siguientes de notificada con la resolución que estima tales excepciones
en caso que se conceda la apelación,
esta será con efecto suspensivo
En el supuesto que se desestimen las excepciones deducidas,
el emplazado apelará tal resolución
de ser concedida,
lo será sin efecto suspensivo
la apelación subirá a sala: si se estiman las excepciones,
se declarará la nulidad de lo actuado,
con lo cual concluirá el proceso
situación distinta se producirá si es que se desestiman las excepciones,
ya que implicará la continuidad del proceso
Una vez que el superior jerárquico se haya pronunciado sobre las excepciones,
el juez se encontrará facultado para expedir sentencia,
la cual podrá ser objeto de apelación dentro del tercer día de notificada (artículo 57 del Código)
Si la apelación es admitida a trámite,
los actuados serán remitidos a la sala dentro de los tres días siguientes a la notificación de su concesión,
tras los cuales concederá tres días al apelante para que exprese agravios (artículo 58)
concederá traslado por tres días,
fijando día y hora para la vista de la causa
Cinco días después de la vista de la causa,
la sala expedirá sentencia (artículo 58)
Si se desestima la pretensión,
el demandante podrá interponer recurso de agravio constitucional dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que le causa agravio (artículo 18)
En caso que la sala deniegue el recurso de agravio constitucional procederá el recurso de queja (artículo 19),
que deberá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la denegatoria
Dicho recurso será resuelto por el Tribunal Constitucional dentro de los diez días de recibido
en caso que el colegiado estime la queja,
conocerá del recurso de agravio constitucional,
ordenando al superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado
Dentro de los treinta días de recibido el expediente,
el Tribunal Constitucional expedirá sentencia (artículo 20),
la que de ser declarada fundada determinará el cese del agravio causado al demandante
Una vez estimada la pretensión,
el Tribunal Constitucional devolverá los actuados al juez de primera instancia,
a efectos de que se ejecute la sentencia en los términos establecidos por el colegiado (artículo 22)
En caso de que el obligado desconozca el mandato del Tribunal Constitucional,
el juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable
TRÁMITE DEL PROCESO DE AMPARO
Contestación y excepciones
Absolución del demandante
Auto de saneamiento procesal
Derivación al TC
Derivación a Sala
Emisión de sentencia
El amparo contra amparo como modalidad peculiar de este proceso El artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece la procedencia de la demanda de amparo contra resoluciones judiciales en el supuesto de vulneración de la tutela procesal efectiva,
comprendida como categoría que alberga a los derechos fundamentales de orden adjetivo mencionados en el artículo 139 de la Carta Fundamental
cabe precisar que el cuestionamiento de una resolución judicial se sustenta en irregularidades suscitadas en torno a ella,
en las que pudieran verse implicadas la vulneración de atributos como el debido proceso,
la motivación o el derecho de defensa
Esto delimita su accionar,
impidiendo que el amparo contra resoluciones judiciales se torne en una figura destinada
a cuestionar el fondo del pronunciamiento emitido en resoluciones expedidas de manera regular
Estas consideraciones hacen viable la interposición del amparo contra amparo,
bajo los criterios contenidos en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 4853-2004-AA/TC,
que a continuación detallamos: • Supuestos de procedencia a
Resolución estimatoria ilegítima de segundo grado que vulnere derechos del demandante o demandado: La cual procederá frente a la “violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales,
o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos establecida en la doctrina jurisprudencial de este Colegiado,
desnaturalizando la decisión sobre el fondo,
convirtiéndola en inconstitucional”21
Resolución desestimatoria de la demanda de segundo grado firme que vulnere derechos fundamentales de un tercero: Precisando que se trata “de un tercero legitimado,
cuya intervención en el proceso haya sido rechazada o en el que no haya solicitado intervenir por desconocer de dicho trámite
o tratándose del propio interesado,
cuando este,
por razones que no le sean imputables,
no haya podido interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional”22
• Pretensión La mencionada sentencia establece las pretensiones que pueden ser susceptibles de ser conocidas a través del amparo contra amparo
establece que “podrá incluir como pretensión lo que ha sido objeto del primer amparo solo si la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental es de tal intensidad que desnaturaliza la decisión misma y la convierte en inconstitucional
no procederá el ‘amparo contra amparo’ por haberse configurado la cosa juzgada constitucional
También puede invocarse como pretensión en el nuevo amparo el desacato manifiesto de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal”23
• Sujetos legitimados para interponer la demanda a
Frente a una resolución estimatoria ilegítima de segundo grado Esta posibilidad se produce cuando se ha vulnerado el contenido de un derecho fundamental o se ha desconocido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional,
razón por la que “podrán interponer una 21 STC Exp
Nº 4853-2004-AA/TC,
demanda de ‘amparo contra amparo’ los directamente afectados,
siempre que tal afectación haya sido debidamente denunciada al interior del primer proceso de amparo y no haya sido respondida por el órgano judicial o lo haya sido de forma insuficiente
También están legitimados los terceros afectados por lo resuelto en el primer amparo que no hayan sido emplazados o no se les haya permitido ejercer su derecho de defensa al interior del primer amparo”24
Frente a una resolución denegatoria de segundo grado Al respecto,
el colegiado señala que “podrá interponer una demanda de ‘amparo contra amparo’ el tercero legitimado que,
pese a haber solicitado su intervención en el primer amparo,
no haya sido admitido o,
teniendo la calidad de litisconsorte necesario,
no haya sido notificado con la demanda
lo podrá interponer el interesado que,
por razones probadas,
se hubiera encontrado imposibilitado de presentar el recurso de agravio constitucional oportunamente
En estos supuestos,
será indispensable que,
en el primer proceso de amparo,
no exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional,
sin importar quién lo haya interpuesto
(…) solo se ha de admitir por una única vez,
sea que lo plantee el agraviado directamente o terceros”25
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CONTRA AMPARO Supuestos de procedencia Requisitos del AA vs
Resolución estimatoria ilegítima de segundo grado
Resolución desestimatoria de segundo grado que vulnera derechos de tercero legitimado
Vulneración del contenido de un derecho fundamental
Demandante del amparo original
Quién puede demandar
Demandado del amparo original
Tercero legitimado
Proceso de hábeas data a
Concepto El inciso 3 del artículo 200 establece que el hábeas data tiene por objeto revertir la acción u omisión de cualquier autoridad que amenace o vulnere los derechos al acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa
Su consagración como proceso constitucional obedece al carácter democrático que implica el alcance de la información pública,
ya que ello permite empoderar a la ciudadanía a través del conocimiento de la gestión de sus autoridades,
este proceso también dota de legitimidad a quien considere que determinado banco de información contiene datos que se refieren a cuestiones íntimas,
cuya permanencia a disposición de cualquier persona que lo recurra podría generar la vulneración de atributos tan inherentes a la persona como es la dignidad
Derechos fundamentales protegidos por el hábeas data El hábeas data tiene por objeto la protección de los derechos al acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa,
consagrados en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política,
• Acceso a la información pública Constituye un componente esencial del régimen democrático,
ya que al promover su difusión se genera la formación del pensamiento y de la opinión,
en tanto concreción de la dignidad que cultiva la dimensión intelectual del ser humano,
haciendo posible el ejercicio de las libertades informativas reconocidas en el artículo 2 inciso 4 de la Carta Fundamental,
constatándose a través de la libertad de expresión,
la dimensión colectiva del acceso a la información pública,
pues “de esta forma se favorece la transparencia de la función pública y afianzamiento del sistema democrático”26
el libre acceso a la información pública comporta que la solicitud sea realizada sin expresión de causa,
no existe la obligación del solicitante de exteriorizar la razón por la que requiere la información
Ello se fundamenta en que la expresión de motivos no es un elemento determinante para la entrega de la información,
ya que al nacer este derecho de la voluntad de la persona y al sustentarse en el carácter democrático del Estado,
las razones de la solicitud devienen en irrelevantes,
no pudiendo ingresar la autoridad a cuestionar el pedido sobre la base de elementos meramente subjetivos,
que responden a motivos estrictamente personales del requirente27
26 MORALES GODO,
“El proceso de hábeas data”
En: Ius et veritas
27 El artículo 61
1 del Código Procesal Constitucional es preciso en señalar los distintos tipos de soporte en que se encuentre contenida la información
dicha lista no debe ser interpretada restrictivamente,
pues teniendo en cuenta el incesante avance de la ciencia,
será posible que,
la información sea registrada en nuevos soportes,
lo cual no deberá representar un obstáculo para el ejercicio del libre acceso,
de acuerdo al artículo 10 de la Ley Nº 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
y sustentado en la afirmación que incluso los derechos fundamentales pueden ser objeto de restricción,
el libre acceso a la información pública tiene determinados límites,
que han sido desarrollados a través del artículo 15 de la Ley Nº 27927,
que modifica la Nº 27806,
circunscribiéndolos a informaciones secretas (que comprenden el ámbito militar y de inteligencia),
reservadas (dentro de la esfera policial y de relaciones exteriores) y confidenciales (referidas a intimidad,
secreto bancario y reserva tributaria,
• Autodeterminación informativa Por su parte,
la autodeterminación informativa es el atributo que “se circunscribe a garantizar que la información o los datos de la persona no puedan ser utilizados en detrimento de su intimidad”28,
a través de la manipulación de los datos contenidos en los ordenadores electrónicos
la intimidad se convierte en primer fundamento que soporta a la autodeterminación informativa
la autodeterminación informativa busca tutelar la reputación,
al proteger este derecho la proyección de la imagen del ser humano,
lo cual incidirá en el resguardo de la dignidad de aquel que pudiera verse afectado con la posible difusión de información personal29
Cabe precisar que la autodeterminación informativa comprende el impedimento y también la supresión de información,
entendida esta última como la obligación del encargado de la base de datos de eliminar la información que atenta contra los derechos fundamentales del requirente
Esto se explica al cuestionarse de qué valdría el impedimento de difusión de información personalísima,
si es que la entidad seguirá conservando tal información
Dicha conservación,
podrá ser considerada vulneradora de los derechos fundamentales,
pues al estar vedado su uso,
deviene en absurda su conservación,
ya que cobijaría el potencial peligro que su resguardo pudiera verse violentado,
originando una difusión fuera de los conductos regulares de la entidad poseedora de la información
DERECHOS TUTELADOS POR EL HÁBEAS DATA Derechos tutelados por el hábeas data
• Autodeterminación informativa
28 STC Exp
Nº 1052-2006-HD/TC,
29 A diferencia de lo que ocurre con el libre acceso a la información pública,
las garantías que se desprenden de la autodeterminación informativa superan el ámbito del sector estatal,
adecuándose a la necesidad de proteger la intimidad,
reputación y,
la dignidad de aquella persona que pudiera verse afectada a través de la difusión de datos personalísimos contenidos en bases de datos de entidades privadas,
que no satisfarían la consecución de una finalidad constitucional
La extensión de la tutela a los bancos de información privada se desprende del primer párrafo del artículo 61
2 del Código,
el mismo que es explicado por el TC,
al considerar que “aun cuando la autodeterminación informativa suponga,
conocer los datos referidos a la persona con el fin de actualizar,
suprimir o rectificar la información existente en todo tipo de archivos,
sean estos públicos o privados,
no existe forma de separar el simple acceso (o conocimiento de los datos requeridos) de los propósitos o finalidades perseguidas [por la autodeterminación informativa]” (STC Exp
Trámite del proceso de hábeas data El artículo 62 del Código Procesal Constitucional dispone que el recurrente deberá reclamar el acceso a la información pública o la autodeterminación informativa a través de un documento escrito,
el cual deberá ser respondido dentro de los diez días útiles siguientes en caso de tratarse del primer supuesto y de dos días en el segundo
En caso de no obtener respuesta o que el pedido sea denegado,
el afectado interpondrá demanda de hábeas data dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del mencionado plazo
el juez concederá al demandado el plazo de cinco (5) días para que conteste la demanda
Si el demandado dedujo excepciones y defensas previas o solicitó la nulidad del auto admisorio,
el juez dará traslado de estas al afectado,
Cinco días después de la vista de la causa la sala expedirá sentencia (artículo 58)
el demandante podrá interponer RAC dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que le causa agravio (artículo 18)
En caso que la sala deniegue el RAC procederá
el recurso de queja (artículo 19),
conocerá del recurso RAC,
que si es declarada fundada determinará el cese del agravio causado al demandante
TRÁMITE DEL PROCESO DE HÁBEAS DATA
Hábeas data contra hábeas data La lectura del artículo 4 del Código Procesal Constitucional nos coloca frente a dos posibles escenarios para la interposición de una demanda constitucional contra resoluciones judiciales
una lectura desde la interpretación constitucional nos hace caer en cuenta que el artículo II del Título Preliminar del Código consagra a la supremacía constitucional y a la defensa de los derechos fundamentales como fines de los procesos constitucionales
Esta perspectiva nos brinda una visión más amplia del proceso de hábeas data que se engarza a la protección del acceso a la información pública y a la
autodeterminación informativa,
contenida en el artículo 61 del Código,
con lo cual se hace viable la consecución de los fines de los procesos constitucionales
comprendemos que la existencia de una resolución judicial firme emitida en un proceso de hábeas data puede generar la vulneración de los derechos objeto de su accionar,
razón por la cual se hace necesaria la interposición de una demanda de igual naturaleza para revertir los agravios causados por la primigenia
consideramos posible la interposición de la demanda de hábeas data contra hábeas data,
siempre bajo la concurrencia de los supuestos contenidos en la STC Exp
Nº 4853-2004-AA/TC y que nos permitimos adecuar a las características de este proceso
• Frente a resoluciones judiciales firmes emanadas de procesos irregulares En este punto es de aplicación lo expresado en el desarrollo del hábeas corpus contra hábeas corpus,
razón por la que es necesario abordar el otro supuesto de interposición del hábeas data contra hábeas data
• Resolución estimatoria ilegítima firme emitida en segunda instancia que vulnera la autodeterminación informativa de un tercero al estimar la demanda de hábeas data que solicitó acceso a información pública Puede darse el caso que se estima una demanda de hábeas data que autoriza el acceso a información pública,
sin percatarse de que parte de su contenido pudiese originar algún perjuicio sobre una tercera persona,
debido a que se comprometen determinados datos sensibles respecto a individuos que no fueron objeto de la controversia original
esta situación genera el agravio sobre la dignidad e intimidad del tercero,
razón por la que es importante recordar lo dicho por el Colegiado al señalar que “determinadas manifestaciones del derecho a la intimidad no importan conservar en conocimiento privativo del titular la información a ella relativa,
sino tan solo la subsistencia de un ámbito objetivo de reserva que,
sirviendo aún a los fines de la intimidad en tanto derecho subjetivo constitucional,
permitan mantener esa información reservada en la entidad estatal que corresponda,
a fin de que sea útil a valores supremos en el orden constitucional,
dentro de márgenes de razonabilidad y proporcionalidad”30
esta situación generaría la vulneración de la reputación,
derecho “estrechamente vinculado con la dignidad de la persona
[siendo] su objeto proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación,
ante sí o
30 STC Exp
Nº 0004-2004-AI,
e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información”31
• Resolución estimatoria ilegítima firme emitida en segunda instancia que vulnera el acceso a la información pública de un tercero al estimar la restricción en la autodeterminación informativa Este se configuraría de la siguiente manera: Habilitado por el artículo 61
2 del Código Procesal Constitucional,
determinada persona interpone un hábeas data32 con el objeto que se restrinja el acceso a información contenida en un acervo público o privado,
pues a través de su libre acceso se vulnera su dignidad,
reputación o derecho a la vida privada
En caso de que el proceso llegue a segunda instancia y la demanda sea declarada fundada,
nos encontraremos frente a una resolución judicial firme que ordena,
sobre la base de la autodeterminación informativa,
contemplada en el artículo 2

References: artículo 201
 resolución

 artículo 200
 artículo 200
 artículo 25
 artículo 200
 artículo 2
 artículo 200
in dubio
in dubio
 artículo 26
 artículo 30
 resolución 
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 18
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 139
 Resolución 
 resolución 
 artículo 200
 artículo 37
 artículo 3
 resolución 
 artículo 4
 artículo 139
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 artículo 4
 artículo 139
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 200
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 61
 artículo 62
 resolución 
 artículo 4
 artículo 61
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 61
 resolución 
 artículo 2