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Timestamp: 2018-09-25 09:53:41+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-00580/4416-13 DE AGOSTO 24 DE 2017
SENTENCIA 2012-00580 DE 24 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:DESNATURALIZACIÓN DEL SIGNIFICADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. CONFORME LO HA ESTABLECIDO LA ACTUAL JURISPRUDENCIA, EL SIGNIFICADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE DE MANERA AUTOMÁTICA INGRESEN FUNCIONARIOS LIBREMENTE DESIGNADOS POR EL NOMINADOR DE LA ENTIDAD SIN HABERSE SOMETIDO A LAS NORMAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO, YA QUE DE ESA MANERA NO SE TIENEN EN CUENTA CONCEPTOS COMO EL MÉRITO Y LAS CAPACIDADES DE LOS ASPIRANTESY POR EL CONTRARIO, SE PERMITE EL PASO A OTRAS FORMAS DE DIVERSA ÍNDOLE PARA ACCEDER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON LO CUAL ES LA DISCRECIONALIDAD DEL NOMINADOR LA QUE RIGE ESTE SISTEMA, Y TAMBIÉN SE IMPIDE DE AQUELLOS CIUDADANOS QUE CREEN TENER LAS CONDICIONES PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO DE ESTA NATURALEZA A NIVEL NACIONAL O TERRITORIAL, TENGAN LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A ELLOS, SIMPLEMENTE PORQUE NO HAY UN MECANISMO QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DE SUS MÉRITOS Y CAPACIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEOS PÚBLICOS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CARRERA ADMINISTRATIVA, CONCURSO DE MÉRITOS, CONCURSO DE EMPLEOS PÚBLICOS
Sentencia 2012-00580/4416-13 de agosto 24 de 2017
Radicación: 25000234200020120058001
No. Interno: 4416-13
Actor: Claudia del Socorro Navarrete Romero
Se circunscribe a determinar si la señora Claudia del Socorro Navarrete Romero es beneficiaria del reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en los términos consagrados en los Decretos 1661 de 1991, 2164 de ese año y 1724 de 1997, al haber ingresado automáticamente al sistema de carrera administrativa de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2.2. Marco jurídico de la prima técnica –DIAN.
En uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 2 de la Ley 60 de 28 de diciembre de 1990(2), el presidente de la República expidió el Decreto Ley 1661 de 27 de junio de 1991(3), en cuyo artículo primero definió a la prima técnica como «un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Asimismo será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los términos que se establecen en este Decreto»; advirtiendo además que tendrán derecho a gozar de este estímulo, según se determina más adelante, los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
El artículo 2 del mencionado decreto estableció dos criterios alternativos para el otorgamiento de la prima técnica, en los siguientes términos:
Artículo 2.- Criterios para otorgar Prima Técnica. Para tener derecho a Prima Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios, siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario o empleado.
Parágrafo 1º.- Los requisitos contemplados en el literal a) podrán ser reemplazados por experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de seis (6) años.
Parágrafo 2º.- La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario acredite.
El artículo 3 ibídem señaló que para tener derecho a la prima técnica por el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada se requiere estar desempeñando un cargo en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo; en tanto que la prima técnica por evaluación del desempeño podría asignarse en todos los niveles. A su vez, el parágrafo del mencionado artículo señaló que «En ningún caso podrá un funcionario o empleado disfrutar de más de una Prima Técnica».
Posteriormente, el Decreto Reglamentario 2164 de 17 de septiembre de 1991(4) señaló como beneficiarios de la prima técnica a «los empleados de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Unidades Administrativas Especiales, en el orden nacional. También tendrán derecho los empleados de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados»(5).
En cuanto a la prima técnica por formación avanzada y experiencia, el artículo 4 dispuso:
Artículo 4.- De la prima técnica por formación avanzada y experiencia. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo, que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente Decreto y que acrediten título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años.
El título de estudios de formación avanzada podrá compensarse por tres (3) años de experiencia en los términos señalados en el inciso anterior, siempre y cuando se acredite la terminación de estudios en la respectiva formación.(negrillas de la Sala)
Parágrafo.- La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe del organismo, con base en la documentación que el empleado acredite.
Ahora bien, el artículo 7.º del citado Decreto 2164 de 1991 confirió facultades al jefe de la entidad o junta o consejo directivo superior, para establecer las necesidades del servicio, la política de personal y la disponibilidad presupuestal, los niveles de escalas o grupos ocupacionales, dependencias y empleos susceptibles de reconocérseles la prima técnica. En ejercicio de esta facultad el Director de la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expide la Resolución No 3682 de 16 de agosto de 1994, y con ella se establece el procedimiento para otorgar la prima técnica, en los siguientes términos:
Artículo 1. Criterios para el otorgamiento de la prima técnica.
A los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se les podrá conceder la Prima Técnica de que trata el literal a) del artículo 2 del Decreto 1661 de 1991, cuando posean requisitos adicionales a los exigidos para el desempeño del cargo, siempre y cuando el desempeño sea meritorio y el Director haya fijado las áreas, niveles y cargos, así como las fechas entre las cuales se recibirán las solicitudes, previo estudio individual de requisitos y méritos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la prima técnica
Parágrafo 2.- El Director fijará las áreas, los niveles y cargos, para lo preceptuado en los incisos sexto y séptimo del presente artículo [..]
Todo reconocimiento de Prima Técnica se realizará según las áreas, los niveles y cargos así como las fechas de recepción de solicitudes que haya fijado el Director, previa certificación de viabilidad presupuestal y estará precedido por solicitud del interesado al Director, que estudiará la Subsecretaría de Recursos Humanos – División de Personal, con base en las normas legales pertinentes y según el procedimiento que a continuación se establece: […]
4.- Para el estudio individual de méritos se tendrá en cuenta además de lo establecido en la ley los [requisitos] contemplados a continuación:
A.- En cuanto a la experiencia
B. En cuanto a los estudios
Parágrafo.- La experiencia y estudios requeridos para la asignación de la Prima Técnica se contarán a partir del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el desempeño de los empleos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de que trata la Resolución No. 01522 del 29 de abril de 1994.
Artículo 6. Requisitos mínimos indispensables para el otorgamiento de la prima técnica.
El título de formación avanzada en programas de postgrados y tres (3) años de experiencia profesional calificada de acuerdo con el artículo 4 de la presente resolución[…]
Parágrafo 3. Se entiende por título de formación avanzada, de postgrado o especialización todo aquel que se haya obtenido como resultado de estudios posteriores a la adquisición del título universitario (profesional) y no inferiores a un año académico de duración, en universidades nacionales o extranjeras, debidamente reconocidas u homologadas de acuerdo con las normas legales que regulan la materia.
Artículo 1. Campo de aplicación de la prima técnica
Artículo 4. Prima técnica por formación avanzada y experiencia.
La prima técnica se otorgará con base en el criterio de que trata el literal a) del Art. 2 del Decreto 1661 de 1991, por lo que solamente se tendrán en cuenta los requisitos que excedan los establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario, previstos por la Resolución No. 01522 de 29 de abril de 1994 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.
A).- En cuanto a la experiencia.
B).- En cuando a la formación avanzada.
Serán valorados los estudios en carreras universitarias; postgrados, como especializaciones, magister y doctorado, siempre y cuando su duración no sea inferior a un año y se hayan desarrollado con posterioridad a un programa de pregrado y posibiliten el perfeccionamiento de la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias. […]
Posteriormente se expidió el Decreto Reglamentario 1724 de 4 de julio de 1997(6), en cuyo artículo 1.º se restringieron los niveles de los cargos susceptibles de tal beneficio, en los siguientes términos:
Artículo 1.- La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder Públicos. (Negrillas de la Sala).
Y en el artículo 4.º se estableció un régimen de transición en los siguientes términos:
Artículo 4.- Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las condiciones para su pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.
Luego, el Decreto 1335 de 1999, que modificó el Decreto 2164 de 1991, estableció que los empleados que tienen derecho a la Prima Técnica por formación avanzada y experiencia, con la modificación que introdujo el Decreto 1724 de 1997, son aquellos que se desempeñen en propiedad en los cargos de niveles Ejecutivo, Asesor y Directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto 2164 de 1991.
En lo que hace referencia a la DIAN, el Decreto 1268 de 1999, «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la contribución de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales», en su artículo 1.°, señaló que los funcionarios de la entidad tendrán derecho a todas las prestaciones sociales y beneficios consagrados en las normas generales para los empleados de la Rama Ejecutiva, más los contemplados en dicho Decreto, que son la Prima Técnica, la Prima de Dirección, Incentivo por Desempeño Grupal, Incentivo al Desempeño en Fiscalización y Cobranzas e Incentivo por Desempeño Nacional.
En relación con la Prima Técnica, el artículo 2 del Decreto en mención, estableció:
Artículo 2. Prima Técnica. Consistirá en un reconocimiento económico que, a criterio del Director General de la Entidad y previa certificación de disponibilidad presupuestal, podrá ser otorgado a servidores de la contribución en los siguientes casos:
Parágrafo 1. Para efectos de asignar la prima técnica ésta se concederá en los mismos términos y condiciones señalados en los decretos generales que regulan la materia.
Parágrafo 2. Los servidores de la contribución pertenecientes al sistema específico de carrera que tengan asignada prima técnica conforme a los normas generales aplicables a los funcionarios públicos, continuarán percibiéndola en los términos y condiciones allí previstas.
Con posterioridad, se expidió el Decreto Reglamentario 1336 de 27 de mayo de 2003(7), en cuyo artículo 1.º se restringieron aún más los cargos susceptibles del beneficio de la prima técnica. Al respecto se dijo:
Artículo 1. La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa Especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público.
Finalmente, el artículo 1.º del Decreto 2177 de 2006, por el cual se modificó el artículo 3.º del Decreto 2164 de 1991, que a su vez fue modificado por el artículo 1.º del Decreto 1335 de 1995, señaló que para adquirir la prima técnica se requerían 5 años de experiencia altamente calificada y que no era válido compensar el título de formación avanzada por experiencia.
2.2.1. Marco jurisprudencial
Esta Corporación en Sentencia SUJ2 No.002/16, expediente 4499-13, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, unificó la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido
de precisar que «los empleados incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del Decreto 2117 de 1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que no desempeñaron el cargo en propiedad, como consecuencia de la superación satisfactoria de un concurso de méritos».
En una oportunidad posterior, en la sentencia del 22 de mayo de 2014 expediente 3824 de 2013 con ponencia del mismo consejero de estado Gustavo Gómez Aranguren, se reformó la anterior tesis, para concluir que el citado artículo 116 no adolece de inconstitucionalidad, por cuanto el Decreto 2117 de 1992 que lo contiene fue expedido en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991, y que por ende los beneficios de que gozaban todas las personas que resultaron incorporadas automáticamente en virtud de tal norma, se mantenían incólumes por tratarse de derechos adquiridos.
Así las cosas, la Sentencia de Unificación SUJ2 No.002/16, abordó el análisis en los siguientes términos:
Por su parte, el artículo 116 del Decreto 2117 de 29 de diciembre de 1992(8), norma expedida en vigencia de la Constitución Política de 1991, dispuso:
ARTICULO 116. PLANTA DE PERSONAL E INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS. La planta de personal que se expida para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá recoger las plantas de las dos entidades que se fusionan, más los cargos necesarios para el cumplimiento de las funciones que en materia de control cambiario y de impuestos territoriales se asumen.
De la simple lectura de los artículos 125 de la Constitución Política y 116 del Decreto 2117 del 29 de diciembre de 1992, se encuentra de manera evidente su contradicción, pues mientras la primera disposición establece como regla general el concurso público para el ingreso y ascenso a los cargos de carrera, el artículo 116 dispuso una incorporación automática a los cargos que integran la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, sin ninguna formalidad ni requisito adicional.
Sobre el particular, es preciso señalar que la Corte Constitucional en diversas oportunidades(9) se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de los sistemas de inscripción automática a carrera administrativa, para concluir que el fundamento de la carrera administrativa está en el mérito y la capacidad de quienes ingresan a ella y por esa razón la verificación de requisitos, la utilización de mecanismos idóneos para la selección de las personas, constituye un elemento fundamental de la función pública, en tanto que con ellos se determina la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus aptitudes personales, su solvencia moral y sentido social de acuerdo con el empleo y necesidades del servicio.
De igual manera, acudiendo a los mismos argumentos, la Corte Constitucional declaró inexequible el sistema de inscripción automática al régimen general de carrera administrativa de los funcionarios del orden nacional(10) y departamental de la Administración(11), en los siguientes términos:
La excepción que establecen las normas acusadas para el ingreso a la carrera administrativa, desnaturaliza el sistema mismo, pues se dejan de lado conceptos como el mérito y capacidades, para darle paso a otros de diversa índole, permitiendo que la discrecionalidad de los nominadores rija este sistema, e impidiendo que todos aquellos que crean tener las condiciones para desempeñar un empleo de esta naturaleza a nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad de acceder a ellos, simplemente porque no hay un mecanismo que permita la evaluación de sus méritos y capacidades.(12)
Esta misma tesis es la que debe adoptarse en esta oportunidad, y que corresponde a la línea jurisprudencial que en su momento tuvo el Consejo de Estado(13) incluso antes de las primeras sentencias de la Corte Constitucional sobre la material, advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de los sistemas de inscripción automática a carrera administrativa, puesto que «para gozar el amparo inherente a una carrera deben cumplirse las etapas y llenarse los requisitos que la ley señala y que carecían de sentido y no tendrían razón de ser si existiese la llamada incorporación automática(14)».
Lo anterior, en razón a que los derechos derivados de la carrera como el derecho a la estabilidad laboral, provienen no del hecho mismo de la inscripción, sino de que la misma ocurra como consecuencia de la superación de un concurso abierto y objetivo que asegure la libre e igual competencia; y una vez surtido y superado dicho concurso, tiene sentido la defensa del derecho a la estabilidad en el cargo, del cual no son titulares los funcionarios de libre nombramiento y remoción, ni quienes son incorporados de manera automática.»
2.3.1. El 1.º de abril de 1991 a través de la Resolución 01137, el ministro de Hacienda y Crédito Público designó a la señora Clara del Socorro Navarrete Romero como supernumerario en el cargo de técnico administrativo nivel 4065 grado 09 en la división de cobranzas de la Administración de Impuestos de Personas Jurídicas de Bogotá, por el término de 3 meses (ff, 196-208 cuaderno principal)
2.3.2. En ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 1647 de 1991, el ministro de Hacienda y Crédito Público incorporó a la parte actora a la nueva planta de personal de la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, a través de la Resolución 3358 de 22 de agosto de 1991 en el cargo de técnico tributario nivel 30 grado 22 (ff.42-46 cuaderno 2).
2.3.3. El 3 de septiembre de 1991 tomó posesión del cargo de técnico tributario nivel 30 grado 22 en la División de Cobranzas de la Administración de Personas Jurídicas (f. 50 ib).
2.3.4. El 31 de mayo de 1993 tomó posesión del cargo de profesional en ingresos públicos II nivel 31 grado 21 en la dependencia cobranza especial personas jurídicas, de conformidad con el «nombramiento, incorporación y ubicación realizado mediante la Resolución 1206 de 31 de mayo de 1993» (f.65).
2.3.5. El 1.º de junio de 1993 la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le comunicó lo siguiente: (f. 67)
Me es grato comunicarle que conforme al Decreto 2117 de 1992, ha sido incorporada automáticamente en el cargo de PROFESIONAL EN INGRESOS PÚBLICOS II NIVEL 31 GRADO 21, con una asignación básica mensual de $362.500 y mediante Resolución 001 de 1 de junio de 2003, ha sido ubicada en la dependencia COBRANZAS- ESPECIAL DE PERSONAS JURIDICAS.
2.3.6. El 2 de junio de 1993 fue posesionada en el cargo de profesional en ingresos públicos II nivel 31 grado 21, de conformidad con la incorporación automática consagrada en el Decreto 2117 de 1992 (f.68).
2.3.7. Por medio de la Resolución 09517 de 18 de noviembre de 2003 expedida por el director general de Impuestos y Aduanas Nacionales comisionó a la demandante por el término de 3 años para el desempeño del cargo de asesor nivel 50 grado 31 (f.253).
De conformidad con el material probatorio previamente relacionado, resulta claro que la actora no puede reclamar los derechos propios de los empleados de carrera administrativa, como es el caso de la prima técnica por el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que la norma de inscripción automática de la cual pretende derivarla, esto es, el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992, es inconstitucional por contrariar el artículo 125 de la Constitución Política y el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública.
En efecto, a la luz de la jurisprudencia vigente se desnaturaliza el significado de la « carrera administrativa», la circunstancia de que de manera automática ingresen funcionarios libremente designados por el nominador de la entidad sin haberse sometido a las normas sobre concurso público, ya que de esa manera «no se tienen en cuenta conceptos como el mérito y las capacidades de los aspirantes; y por el contrario, se permite el paso a otras formas de diversa índole para acceder a la administración pública, con lo cual es la discrecionalidad del nominador la que rige este sistema, y también se impide que aquellos ciudadanos que creen tener las condiciones para desempeñar un empleo de esta naturaleza a nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad de acceder a ellos, simplemente porque no hay un mecanismo que permita la evaluación de sus méritos y capacidades»(15).
Así las cosas, se concluye que la parte demandante no acreditó su desempeño en propiedad en el cargo de profesional en ingresos públicos II nivel 31 grado 21 como parte de un concurso abierto de méritos, requisito fundamental para hacerse acreedora de la prima técnica por el criterio de formación avanzada y experiencia calificada.
Del examen anterior, resulta innecesario verificar las demás exigencias señaladas en el artículo 4º del Decreto 2164 de 1991 para el otorgamiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, pues como ya se vio, la parte actora no logró acreditar el desempeño del cargo en propiedad como resultado de un proceso de selección.
En consecuencia, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones previamente expuestas.
Conforme a las anteriores reglas, se condenará en costas de ambas instancias a la parte actora, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 365 del CGP que establece: «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias»
REVÓCASE la sentencia de tres (3) de julio de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección B, dentro del proceso promovido por Claudia del Socorro Navarrete Romero. En su lugar.
2. CONDÉNASE en costas a la parte actora, las cuales se liquidarán por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2 Ley 60 de 1990, «Por la cual se reviste el Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas en relación con los empleados del sector público del orden nacional».
«Artículo 2. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para adoptar las siguientes medidas en relación con los empleos de las distintas ramas y organismos del poder público[..]…
3 «Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones».
4 «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991».
5 Artículo 1.º inciso segundo.
8 «Por el cual se fusiona la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan disposiciones complementarias».
9 Véase las sentencias C-317 de 1995 y 037 de 1996, en las cuales se declararon inexequibles los sistemas de inscripción automática en la Aeronáutica Civil y en la Rama Judicial.
10 Ley 61 de 1987. Artículo 5: Al entrar en vigencia esta ley, los empleados que estén desempeñando un cargo de carrera sin que se encuentren inscritos en la misma, deberán acreditar, dentro del año inmediatamente siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados para sus respectivos empleos en el manual de requisitos expedido por el Gobierno Nacional o en los Decretos que establezcan equivalencias de dichos requisitos, según el caso. Acreditados tales requisitos o sus equivalencias tendrán derecho a solicitar al Departamento Administrativo del Servicio Civil su inscripción en la Carrera Administrativa
11 Ley 27 de 1992. Artículo 22-. De los requisitos para los empleados del nivel territorial. Al entrar en vigencia esta ley, los empleados del nivel territorial que por virtud de ella llegaren a desempeñar cargos de carrera administrativa de conformidad con las normas vigentes, deberán acreditar dentro del año siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados en los manuales para los respectivos cargos o en las equivalencias establecidas en el decreto 583 de 1984, ley 61 de 1987 y Decreto Reglamentario 573 de 1988.
"Quienes no acrediten los requisitos dentro del término señalado, quedarán de libre nombramiento y remoción. No obstante, si tales empleados continúan al servicio de la Entidad u organismo, podrán solicitar su inscripción cuando lleguen a poseer los requisitos del cargo y los acrediten en debida forma.”
12 Sentencia C-030 de 1997
13 Véase la Sentencia del 25 de febrero de 2016, expediente. 2619-14 Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 4577 del 8 de junio de 1992, Consejera ponente: Clara Inés Forero de Castro. Así mismo, véase las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 10 de abril de 1997, expediente 12198, Consejera ponente Dolly Pedraza de Arenas; 5 de septiembre de 2002, Consejero ponente Alberto Arango Mantilla y del 8 de mayo de 2003, Consejero ponente: Jesús María Lemos (acción popular).
15 Véase la sentencia del 9 de febrero de 2017, expediente 0809-15, Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

References: artículo 2
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 7
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Artículo 1
 artículo 2

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Artículo 6
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Artículo 1

Artículo 4
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 artículo 3
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 artículo 116
 artículo 20
 artículo 116
 artículo 116
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 artículo 116
 artículo 125
 artículo 4
 artículo 365
 artículo 76
 Artículo 1
 Artículo 5
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