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Timestamp: 2017-06-28 15:45:49+00:00

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June 23rd, 2012 Practice areas: Public LawCinco DíasAuthor: Alejandro VidallerLos nuevos mecanismos de financiación para el pago de proveedores de las Administraciones Locales y de las Comunidades Autónomas, aprobados por los Reales Decretos ley 4/2012 de 24 de Febrero y 7/2012 de 9 de Marzo, han supuesto una gran inyección de liquidez para una parte importante de las Administraciones Públicas. Pero, como tantas cosas en este mundo, el reverso de esta moneda tiene aspectos muy criticables. Lo verdaderamente grave es que se han articulado una serie de medidas, calificadas de excepcionales, que en realidad son contrarias a todo el entramado legal tejido durante años con la finalidad de convertir a España en un país "serio" y "seguro" a la hora de realizar operaciones comerciales, incluso con las Administraciones Públicas. El aspecto más controvertido es la renuncia a los intereses y a los costos de cobro como requisito imprescindible para poder ser incluido en la Relación Certificada de facturas de cada una de las Administraciones Públicas. Esta imposición supone un quebrantamiento del artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y del Artículo 3 de la Ley 15/2010 de modificación de la Ley de Medidas contra la Morosidad en Operaciones Comerciales, que a su vez es transposición de una Directiva Comunitaria. La preferencia de pago a los acreedores que asuman la renuncia a los intereses y los costos de cobro no es más que una alteración absolutamente injusta de la prelación de cobros frente a las Administraciones Públicas. ¿Cuál hubiese sido el costo de cumplir la legislación vigente? Sinceramente creo que la merma que ha sufrido la seguridad jurídica en la Contratación Pública ha supuesto un costo mayor. Otro aspecto delicado de este mecanismo es la inclusión, en la relación de facturas pendientes de pago, de algunas facturas que estaban contabilizadas en la famosa cuenta 413 "Obligaciones pendientes de aplicación a presupuesto", y que corresponden a gastos realizados sin cumplir con los requisitos previos de contratación administrativa o sin haber formalizado la necesaria consignación presupuestaria. Gracias a ello se ha podido limpiar el fondo de muchos cajones llenos de viejas facturas que han tenido, de súbito, preferencia de pago. Por si fuera poco, el artículo 5 de Real Decreto-ley establece claramente "sin que esto suponga responsabilidad del interventor en los términos previstos en el artículo 188 del Real Decreto Legislativo 2/2004". Resumiendo: se obliga al interventor a contabilizar las facturas, expedir relaciones certificadas y certificados individuales a los proveedores de unas facturas que no se deberían nunca abonar, porque así lo determina el artículo 32 del anteriormente mecionado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué para resolver el problema de la insolvencia de muchas Administraciones se han tenido que legalizar tantas tropelías?

References: artículo 216
 Artículo 3
 artículo 5
 artículo 188
 Real Decreto 
 artículo 32