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Timestamp: 2020-04-05 16:52:11+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de Enero de 1995. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Serie C No. 20 - Jurisprudencia - VLEX 428297326
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de Enero de 1995. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Serie C No. 20
Fecha de Resolución: 19 de Enero de 1995
Caso: Neira Alegría y otros Vs. Perú
En el caso N.A. y otros,
El 10 de octubre de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) sometió contra el Estado del Perú (en adelante “el Gobierno” o “el Perú”) un caso que se originó en la denuncia Nº 10.078.
La Comisión invocó los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 50 de su propio Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en perjuicio de los señores V.N.A., E.Z.E. y W.Z.E. y solicitó que la Corte “decida sobre este caso conforme a las disposiciones de la Convención, que determine la responsabilidad por la violación señalada y que otorgue una justa compensación a los familiares de la[s] víctima[s]”. En el alegato final (infra párr. 57) la Comisión agregó los artículos 5 y 27 y suprimió el artículo 2.
Según la denuncia presentada ante la Comisión, el 18 de junio de 1986 V.N.A., E.Z.E. y W.Z.E. se encontraban detenidos en el establecimiento penal S.J.B., conocido como “El Frontón”, en calidad de procesados como presuntos autores del delito de terrorismo. Agrega la Comisión que, como consecuencia del amotinamiento producido en ese penal en la fecha indicada, mediante Decreto Supremo Nº 006-86 JUS, el Gobierno delegó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el control de los penales y el Penal S.J.B. quedó incluido en las llamadas “Zonas Militares Restringidas”. Que, desde la fecha en que las Fuerzas Armadas procedieron a debelar los motines, estas personas han desaparecido, sin que sus familiares los hayan vuelto a ver ni a tener noticia sobre ellos y no se ha desvirtuado hasta la fecha la posibilidad de que continúen con vida y se teme por su seguridad e integridad personales.
Afirma la Comisión que el 31 de agosto de 1987 recibió la denuncia del caso, fechada en Lima, Perú, a comienzos de ese mes. El 8 de septiembre de 1987 acusó recibo de la denuncia y solicitó la información correspondiente al Gobierno. Ante la falta de respuesta reiteró el pedido de información en cuatro oportunidades (11 de enero y 7 de junio de 1988, 23 de febrero y 9 de junio de 1989), bajo el apercibimiento establecido en el artículo 42 de su Reglamento. El 26 de junio de 1989 el Gobierno le remitió una respuesta colectiva sobre varios casos en trámite ante ella y el 20 de julio del mismo año la Comisión dio traslado al reclamante de esta información.
El 13 de septiembre de 1989 el reclamante presentó sus observaciones a la respuesta del Gobierno e informó a la Comisión que “ante el Fuero Privativo de Justicia Militar existe un proceso judicial sobre los hechos acaecidos en el Penal ‘San Juan Bautista’ (El Frontón), proceso al [que el peticionario alega haberle sido] negado acceso”.
En la memoria presentada a la Corte, la Comisión informó que el 25 de septiembre de 1989 recibió en audiencia a los representantes de los reclamantes y del Gobierno y que los primeros se refirieron a
la enorme desproporción entre la seriedad del amotinamiento y los medios letales usados en el operativo militar para sofocarlo. Afirmaron que el celo represivo se había materializado en la eliminación de presos que ya no ofrecían resistencia o se habrían rendido. Insistieron, además, en que los internos N., Z. y Z. continuaban en calidad de desaparecidos por cuanto el Gobierno del Perú rehusaba dar cuenta de su paradero y suerte corrida. En cambio, el representante del Gobierno no emitió comentarios.
El 29 de septiembre de 1989 el Gobierno comunicó a la Comisión que el caso se encontraba en proceso judicial ante el Fuero Privativo Militar, por lo que no se había agotado “la jurisdicción interna del Estado” y que “sería conveniente que la CIDH aguarde la culminación de la misma antes de pronunciarse de manera definitiva” sobre el mismo.
La Comisión examinó el caso durante su 77º período ordinario de sesiones y aprobó la resolución 43/90 del 7 de junio de 1990, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
Declarar la admisibilidad de la denuncia base del presente caso.
Declarar inapropiada una solución amistosa al presente caso.
Declarar que el Gobierno del Perú no ha cumplido, con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantía impuestas por los artículos 1 y 2 de la Convención.
Declarar que el Gobierno del Perú ha violado el derecho a la vida reconocido en el artículo 4; el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7; las garantías judiciales del artículo 8 y el derecho a la protección judicial previsto en el artículo 25, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ocasión de los hechos ocurridos en el Penal San Juan Bautista, Lima, el 18 de junio de 1986 que condujeron a la desaparición de los señores V.N.A., E.Z.E. y W.Z.E..
Formular al Gobierno del Perú las siguientes recomendaciones (artículo 50.3 Convención y artículo 47 del Reglamento de la CIDH):
a.	Dé cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Convención adoptando un recurso efectivo que garantice plenamente los derechos fundamentales en los casos de desaparición forzada o involuntaria de personas;
b.	Realice una exhaustiva, rápida e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a los responsables y someterlos a la justicia para que reciban las sanciones que tan grave conducta exige; y determine la situación de las personas cuya desaparición ha sido denunciada;
c.	Adopte las medidas necesarias para evitar la comisión de hechos similares en lo sucesivo;
d.	Repare las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de los derechos antes enunciados y pague una justa indemnización a la parte o partes lesionadas.
Transmitir el presente informe al Gobierno del Perú para que éste se pronuncie sobre las medidas adoptadas para solucionar la situación denunciada dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha de remisión. El Gobierno no está facultado para publicar el presente informe, conforme lo estipulado en el artículo 47.6 del Reglamento de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos].
Someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a menos que el Gobierno del Perú solucione el asunto dentro de los tres meses señalados en el párrafo anterior.
El 11 de junio de 1990 la Comisión notificó la resolución al Gobierno y le informó que el plazo fijado surtía efecto a partir de esa fecha.
El 14 de agosto de 1990 el Gobierno solicitó una prórroga de 30 días, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones. La Comisión le concedió la prórroga solicitada a partir del 11 de septiembre de 1990.
El 24 de septiembre de 1990 el Gobierno informó a la Comisión, entre otras cosas, que el agotamiento de los recursos internos se había producido el 14 de enero de 1987, fecha en que se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales que rechazó la casación en el recurso de hábeas corpus (infra párr. 40). El Gobierno concluyó que la resolución 43/90 de la Comisión debía declararse “insubsistente”.
La Comisión analizó la nota del Gobierno en su 78º período de sesiones y confirmó la decisión de someter el caso a consideración de la Corte.
La Corte es competente para conocer del presente caso. El 28 de julio de 1978 el Perú ratificó la Convención y el 21 de enero de 1981 aceptó la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención.
El 22 de octubre de 1990 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), en cumplimiento del artículo 26.1 del Reglamento, notificó la demanda al Gobierno.
El Gobierno designó como agente al señor M.C.E.B. y como J. ad hoc al doctor J.E.O.I.. El 2 de enero de 1991 fue nombrado como nuevo agente el doctor S.T.T..
Mediante resolución del 12 de noviembre de 1990, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), de común acuerdo con el agente del Perú y los delegados de la Comisión, en consulta con la Comisión Permanente de la Corte (en adelante “la Comisión Permanente”), señaló el día 29 de marzo de 1991 como fecha límite para que la Comisión presentara la memoria a que se refiere el artículo 29 del Reglamento y el 28 de junio de ese mismo año como fecha límite para que el Gobierno presentara la contramemoria.
Estos documentos fueron recibidos el 28 de marzo y 27 de junio de 1991, respectivamente.
El 26 de junio de 1991 el agente peruano interpuso excepciones preliminares de “incompetencia de la Comisión” y de “caducidad de la demanda”. La Secretaría recibió el 31 de julio de 1991 la exposición escrita de la Comisión con sus observaciones y conclusiones sobre tales excepciones preliminares.
El 6 de diciembre de 1991 se realizó una audiencia pública con el fin de oír la posición de las partes sobre las excepciones preliminares.
El 11 de diciembre de 1991, en sentencia adoptada por cuatro votos contra uno, la Corte rechazó las excepciones preliminares...
Decisión del Panel Administrativo nº D2002-0480 of Tribunal Arbitral de la OMPI, July 30, 2002 (case Pfizer Inc. vs. Lorna Kang)

References: artículo 50
 artículo 2
 artículo 42
 resolución 
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 47
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 artículo 26
 resolución 
 artículo 29