Source: https://www.consulta.tse.go.cr/actas/2015/26-2015-del-19-de-marzo-de-2015.html
Timestamp: 2018-01-17 07:16:28+00:00

Document:
TSE, Acta 26-2015
ACTA N.º 26-2015
Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del diecinueve de marzo de dos mil quince, con asistencia de los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron.
A) Nombramiento interino del señor Mariano Villarreal Salazar en la Inspección Electoral. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0907-2015 del 18 de marzo de 2015, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para lo que a bien tenga disponer el Tribunal Supremo de Elecciones, remito a consideración el oficio número IE-166-2015 recibido en este despacho el pasado 11 de marzo que suscribe la Licda. Mary Anne Mannix Arnold, Inspectora Electoral, a través del cual solicita el nombramiento interino que a continuación se detalla:
Plaza de cargos fijos temporalmente vacante en virtud de la incapacidad de su actual titular.
Mariano Villarreal Salazar,
A partir del día siguiente a la firmeza del acuerdo del TSE que así lo disponga y por el plazo de seis meses prorrogables según el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Salarios o hasta que regrese la titular de la plaza a ocuparla, lo que ocurra primero. El candidato labora actualmente en un puesto de Profesional Asistente 1 en el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, por lo que existen 3 clases de por medio para llegar al Profesional Ejecutor 3.
La persona que está nombrada en propiedad en el puesto que se indica es el señor José Joaquín Guzmán Herrera; sin embargo, como él se está desempeñando en un cargo de letrado, la plaza viene siendo ocupada desde julio de 2009 por la señora Rosa Ivette Segura Salas. Indica la Licda. Mannix Arnold que esta última funcionaria se encuentra incapacitada desde el pasado 12 de julio y que probablemente seguirá en esa condición al menos por seis meses más, razón por la cual requiere sustituirla a fin de no afectar el trabajo de su despacho.
No omito indicar que el candidato que se propone ha acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el Manual Descriptivo de Clases de Puestos para la plaza que se indica, por lo que, si el Tribunal no tiene objeciones, el nombramiento que se propone bien podría autorizarse con fundamento en los artículos 25 y 36 del Reglamento a nuestra Ley de Salarios, lo que se haría en el puesto, oficina y por el período que se cita en el cuadro anterior.
Puede apreciarse que la solicitud del nombramiento interino cuenta con el visto bueno de la Secretaría General del Tribunal y con el aval presupuestario de la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Contaduría.".
B) Renuncia por pensión de la funcionaria Milady Canales Castro de la Oficina Regional de Liberia. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0867-2015 del 17 de marzo de 2015, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para lo que a bien tenga disponer el Tribunal Supremo de Elecciones, remito a consideración la nota recibida el 13 de marzo en este despacho que suscribe la señora Milady Canales Castro, Asistente Administrativo 2 de la Oficina Regional de Liberia, mediante la cual presenta la renuncia a su cargo para acogerse al beneficio de pensión por el régimen general de pensiones Ley Marco (Ley No. 7302 del 15 de julio de 1992).
La señora Canales Castro labora para este organismo electoral desde el 16 de julio de 1983 y desea que su cese de funciones sea efectivo a partir del 6 de abril de 2015, motivado para ello en la resolución DNP-OA-2339-2014 que emitió la Dirección Nacional de Pensiones a las catorce horas del 19 de diciembre de 2014.
Se dispone: Tener por presentada la renuncia de la señora Canales Castro, a quien se agradece los servicios prestados a estos organismos electorales, deseándole el mayor de los éxitos en su nueva etapa de vida. Procedan oportunamente con lo de sus cargos la Contaduría, el Departamento Legal y el propio Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME.
A) Listado de nuevos electores en febrero de 2015. Del señor Carlos Arguedas Rojas, Jefe de la Sección de Padrón Electoral, se conoce oficio n.° PE-0540-2015 del 13 de marzo de 2015, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 16 de marzo de 2015, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Le remito un listado que contiene el CONTROL DE NUEVOS ELECTORES, con totales por provincia, partido especial y naturalizados, conforme al período que se detalla, resultado de la tramitación de gestiones cedulares aprobadas en el mes de febrero de 2015.".
A) Invitación a Reunión Extraordinaria de UNIORE en Colombia. De los señores Emiliano Rivera Bravo y Carlos Ariel Sánchez Torres, Presidente del Consejo Nacional Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil, respectivamente, de la República de Colombia, se conoce memorial del 12 de marzo de 2015, recibido –vía correo electrónico– en la Secretaría General de este Tribunal el 16 de marzo de 2015, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En nombre de la Organización Electoral de Colombia, nos es grato manifestarle un cordial saludo y comunicarle que Colombia será la sede de la "Reunión Extraordinaria de la UNIORE", a celebrarse los días 14 al 17 de julio del presente año, en la ciudad de Cartagena, Colombia.
En nombre del Consejo Nacional Electoral y la Registraduria [sic] Nacional del Estado Civil de Colombia, nos complace extenderle una invitación para que dos (2) Delegados del Organismo Electoral que usted preside, nos honren con su participación en este evento.
Los gastos correspondientes [sic] transporte aéreo internacional, hospedaje, alimentación y transporte interno de los delegados designados serán cubiertos por la Organización Electoral de Colombia, con el apoyo logístico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). El arribo de las delegaciones a nuestro país se contempla para el día martes 14 de julio y el retorno a sus respectivos destinos, el día viernes 17 de julio del presente año.
Agradecemos comunicar tan pronto como le sea posible los nombres de los representantes que integrarán la delegación de su Organismo Electoral, para poder iniciar oportunamente los trámites de compra y envío de boletos aéreos y demás aspectos logísticos.
Las confirmaciones deberán comunicarse a la señora Mónica Barrantes al correo (…) del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) (…)
Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.".
Se dispone: Agradecer a los señores Rivera Bravo y Sánchez Torres la cordial invitación que cursan. Para atenderla se designa a la señora Magistrada Eugenia María Zamora Chavarría y al señor Magistrado Fernando del Castillo Riggioni. Para sustituir a la primera durante su ausencia, previo sorteo de rigor, se nombra a la Magistrada Luz Retana Chinchilla.
Magistrada Vicepresidenta del TSE.
Reunión Extraordinaria de la UNIORE
Magistrado suplente del TSE.
A) Consulta legislativa del proyecto de ley de Creación del Distrito 5º del Cantón de Hojancha, Matambú. Expediente n.º 19.459. De la señora Noemy Gutiérrez Medina, funcionaria de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, se conoce nuevamente correo electrónico recibido el 11 de marzo de 2015 en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
La Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Guanacaste de la Asamblea Legislativa, somete en consulta de este Tribunal el texto la propuesta legislativa tramitada en expediente número 19.459 “Creación del Distrito 5º del Cantón de Hojancha, Matambú”.
Como lo sugiere su nombre, el proyecto de ley procura la creación del distrito Matambú, como manera de proteger dicha comunidad indígena y preservar la integridad de su territorio, sus costumbres y cultura.
En cuanto al fondo de la propuesta legislativa consultada, no corresponde a este Tribunal valorar o emitir criterio alguno, en tanto constituye una decisión de naturaleza político-legislativa, basada en aspectos de conveniencia u oportunidad cuya valoración recae en el legislador. No obstante este Tribunal, dentro del ámbito de su competencia y en lo que aspectos que podrían incidir en las labores que como Administración Electoral ejerce, nos permitimos señalar lo siguiente:
Tratándose de la creación de provincias, cantones o distritos, dicho cuerpo normativo establece una serie de requisitos que al efecto deben observarse. Así, el párrafo 3º de su artículo 1º, dispone que de previo a la creación de nuevas provincias, cantones o distritos, debe contarse con el criterio de la denominada Comisión Nacional de División Territorial, como órgano asesor de los Poderes Públicos en materia atinente a división territorial administrativa.
En el caso del proyecto consultado, se desconoce cuál ha sido su trámite, y si en este han sido considerados los requisitos antes señalados, que como se indicó, son de observancia obligatoria en la creación de nuevos distritos.
Adicionalmente, a partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Constitución Política, este Tribunal entiende que corresponde al legislador la creación de nuevas provincias y cantones, no así de los distritos cuya creación recae en el Poder Ejecutivo. En este sentido, conforme se indicó anteriormente, la posibilidad de crear distritos administrativos se sustenta en el artículo 14 de la Ley sobre la División Territorial Administrativa, correspondiendo al Poder Ejecutivo su ejecución como una potestad meramente administrativa. En efecto, la norma constitucional antes citada no prevé la participación de la Asamblea Legislativa en lo que a organización territorial administrativa distrital se refiere, lo que en cambio sí sucede en el caso de las provincias y los cantones, condicionando cualquier variación a estos últimos a los trámites legislativos respectivos.
De igual manera es importante destacar que en el decreto N° 30745-G se establecen, mediante reglamento, los requisitos básicos y comunes que las propuestas de creación de nuevos distritos administrativos deben de contemplar para su análisis y eventual aprobación, entre las que se destacan:
…“1.5. Demostrar que el área del distrito o distritos a desmembrar no queden con menos del cincuenta por ciento de la superficie actual y que éstos no sean menores al distrito más pequeño en superficie de la provincia perteneciente.”…
El proyecto de ley no aclara ni menciona datos sobre el territorio, más allá de la simple mención de que el distrito a crear “estará integrado por los caseríos de Matambú y los demás poblados que se ubican dentro de los límites territoriales de la reserva indígena pertenecientes al cantón de Hojancha”, lo cual evidentemente dificulta la determinación de las eventuales modificaciones que deban generarse en la División Territorial Electoral de cara a los procesos electorales y que inciden de manera negativa en la logística necesaria para su celebración.
Otros aspectos de admisibilidad geográfica a considerar están ligados a factores de orden socieconómico y ambiental. En el primero de los casos, al igual que en la ley 4366 “Ley sobre División Territorial Administrativa”, se hace hincapié en la necesidad de mantener un porcentaje mínimo de población para la admisibilidad del proyecto:
…“2.1. Demostrar que el territorio en proyecto cuenta con una población mínima del 10 por ciento de la población total del respectivo cantón y que el distrito o distritos que se desmembrados, también conservarán ese mismo porcentaje de población, siempre que no sea menor a dos mil habitantes. Esta información debe ser de acuerdo con certificación que extienda el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).”…
Así las cosas, se desconoce si el proyecto de ley que se analiza aportó información en ese sentido, pues en el documento no se mencionan cifras relativas a la cantidad de habitantes del territorio segregado, ni de la cantidad resultante en las unidades administrativas objeto de la segregación; datos que resultan no sólo relevantes para analizar la admisibilidad geográfica del proyecto, sino también para evaluar el nivel de impacto que acarrearía en términos de movilización de electores, en los casos en que se tenga que promover traslados de domicilio electoral y cedulación ambulante.
Otro aspecto a considerar en el trámite de este proyecto de ley, es la imposibilidad legal de modificar la División Territorial Administrativa durante los 14 meses anteriores a las elecciones nacionales, establecida en el artículo 1º de la ley número 6068 del 11 de julio de 1977 denominada “Ley que Congela la División Territorial”, división administrativa que a su vez sirve de fundamento a la División Territorial Electoral. Lo anterior implica que, la eventual modificación de la división territorial vigente, producto de la creación del nuevo distrito, no podría operar dentro del citado plazo legal.
El artículo 172 de la Constitución Política, por su parte, señala que “Cada distrito estará representado ante la Municipalidad del respectivo cantón por un Síndico propietario y un suplente; con voz pero sin voto”, y el artículo 54 del Código Municipal dispone que “Los Concejos de Distrito serán los órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de sus respectivas municipalidad es. Existirán tantos Concejos de Distrito como distritos posea el cantón correspondiente”. En este sentido, las Elecciones de Alcaldes, Síndicos y Miembros de los Concejos de Distrito, tienen el carácter de elección nacional, por ello, la regla prevista en el artículo primero de la Ley 6068, es analógicamente aplicable para las elecciones que tienen que realizarse el 1 de diciembre del 2002.
Como se indicó, la eventual creación de un nuevo distrito administrativo repercutiría directamente en la División Territorial Electoral y por ende en la organización de los procesos electorales, en tanto, por ejemplo, el material electoral, las papeletas de votación, los padrones, la papelería en general, las etiquetas de distribución de materiales, etc, deben ser impresas con tiempo suficiente.
Por todo lo anterior, de crearse legislativamente un distrito administrativo durante el indicado período de veda, su eficacia quedaría de pleno derecho diferida para el siguiente proceso electoral.
Sobre la elección de los síndicos propietarios y suplentes y demás cargos de elección popular del distrito a crear:
La propuesta de ley, en su artículo 3, establece que la elección de los síndicos propietarios y suplentes del distrito a crear, será organizada y dirigida por este Tribunal, seis meses después de la fecha en que eventualmente entre en vigencia la ley, en caso de ser aprobada.
En punto al plazo dispuesto para la preparación y celebración del referido proceso de elección, en caso de que llegare a aprobarse el proyecto, este Tribunal contaría con un plazo prudencial y razonable para organizar la elección. No obstante, consideramos que la eficacia de la ley –tanto respecto de la elección como de la posesión de los cargos por parte de quienes resultarían electos– debe diferirse hasta el momento en que se verifique la siguiente elección ordinaria, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico electoral parte de que todos los cargos de elección popular se ejercerán por períodos cuatrienales, de suerte que, por un lado, si se eligieran cargos cada vez que se crea un distrito administrativo, quienes resulten electos ejercerían su mandato por un período menor a los cuatro años y, por otro, los funcionarios electos popularmente en los distritos administrativos vigentes al momento de los comicios, verían afectado su mandato en el tanto y en el cuanto el nuevo distrito incluya poblados, barrios, caseríos, etcétera, que no solo fueron tomados en cuenta a la hora de inscribir las respectivas candidaturas, sino que eran parte de los objetivos inherentes al ejercicio del cargo.
De la obligada consulta a las comunidades indígenas de la zona:
Si bien este aspecto es ajeno a las competencias de este Tribunal, consideramos oportuno señalar que el denominado Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (número 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país el 2 de abril de 1993, como instrumento jurídico vinculante, establece la obligatoriedad de los Estados de consultar a los pueblos indígenas y tribales sobre los temas que les afecten y su participación en el diseño de las políticas y procesos de su interés.
En este sentido, este Tribunal desconoce si en el trámite de este proyecto legislativo consta la realización de la referida consulta, la cual, en atención al instrumento internacional antes citado, constituye un requisito de observancia obligatoria para la aprobación del proyecto.
Con base en las razones antes expuestas, este Tribunal objeta la iniciativa legislativa consultada, en los términos y con las consecuencias señaladas en el artículo 97 constitucional. ACUERDO FIRME.
A las once horas con cuarenta y cinco minutos se suspende la sesión.
A las trece horas con treinta minutos se reanuda la sesión.
B) Consulta legislativa del proyecto de ley de Reforma del artículo 13 inciso j) y adición de un párrafo final al artículo 19 y un nuevo título VIII al Código Municipal, Ley nº 7794. Ley para el fortalecimiento de las consultas populares en el ámbito cantonal y distrital, expediente n.° 16.876. De la señora Mauren Pereira Guzmán, Jefa de Área a. i. de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, se conoce oficio n.° CPEM-249-2015 del 19 de marzo de 2015, recibido –vía correo electrónico– el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 16.876 “REFORMA DEL ARTÍCULO 13 INCISO J) Y ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794. LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL”, el cual se adjunta.
Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día. 2.- Para que se proponga el respectivo proyecto de respuesta –el cual habrá de rendirse a más tardar el 25 de marzo de 2015– pase a los señores Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos y Andrei Cambronero Torres, Letrado del TSE. Para su examen se fijan las 11:00 horas del 24 de marzo de 2015. Tomen nota los señores Fernández Masís y Cambronero Torres y la Secretaria General de este Tribunal que el plazo para responder la consulta planteada vence el 31 de marzo de 2015. ACUERDO FIRME.

References: artículo 9
 resolución 
 artículo 1
 artículo 168
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 172
 artículo 54
 artículo 3
 artículo 97
 artículo 13
 artículo 19
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 19