Source: http://justiciabol.blogspot.com/2014/04/
Timestamp: 2019-10-16 10:19:46+00:00

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Justicia en Bolivia: April 2014
Ivan Lima asume magistratura en el Tribunal Supremo
El abogado Iván Lima fue posesionado ayer por el presidente del Estado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en remplazo de Williams Alave.
El acto de juramentación se realizó en los salones de Palacio Quemado con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, también estaban vocales del Tribunal Supremo Electoral y del Órgano Judicial.
Entre las tarea más importantes que encare está la liquidación de causas pendientes y coadyuvar en el fortalecimiento institucional de esa entidad judicial.
El 6 de marzo pasado, el magistrado Liquidador, Williams Alave, presentó su renuncia irrevocable al cargo por “motivos personales”, había informado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries.
“Por tema de administración de justicia, el Tribunal Electoral deberá asumir una posición para ver quién asumirá el cargo (...) él (Alave) en su carta de renuncia señala que es por problemas personales", se indicó. La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de la que Lima será el nuevo miembro, resolvió en 2013 más de 780 procesos en total, quedando a la fecha 1.200 causas por resolver. /Erbol
Lima Magne reemplaza a Alave en Tribunal Supremo
El abogado Iván Lima Magne fue posesionado la tarde de este lunes como nuevo magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia en sustitución de Williams Alave, quien renunció al cargo en marzo.
El Presidente recordó que la justicia en el país no se encuentra en el mejor de sus momentos y que se deben superar discrepancias públicas dentro del Órgano Judicial para satisfacer las necesidades de la población para no dañar el aval que el pueblo dio mediante las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011.
Asimismo, Morales destacó la incorporación de Lima al Tribunal Supremo de Justicia y aseguró que será un aporte.
“Esperamos que la presencia de un nuevo magistrado pueda contribuir a mejorar la justicia en Bolivia”, dijo Morales.
“Su presencia doctor sería importante, un aporte de nuevas generaciones, una nueva mentalidad (...) la tarea se trata de hacer justicia con el pueblo boliviano”, añadió el mandatario.
En ese sentido, demandó unidad y capacidad profesional para mejorar la situación judicial que durante los últimos meses fue cuestionado por el conjunto de la población.
Iván Lima fue candidato por La Paz en las elecciones judiciales en 2011. Es paceño de nacimiento. Se tituló con honores como abogado y juez profesional. Ha sido litigante de Entel, alcaldías rurales, sindicatos agrarios, de empresas petroleras y banca internacional.
Es autor de publicaciones especializadas de América Latina. Fue profesor universitario. Y desde hace 17 años impulsa la transformación de la justicia. Participó de reformas legislativas para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la injusticia contra los más pobres.
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La Justicia presente en barrios cruceños
A pesar de los duros cuestionamientos al Poder Judicial por hechos de corrupción e irregularidades de algunos de sus funcionarios, las casas judiciales de los barrios son una buena iniciativa de la desconcentración de las causas.
Visión compartida por funcionarios que ya trabajan en los llamados “Centros Integrales de Justicia”, en una visita realizada por El Día a los edificios de la Pampa de la Isla y la Villa Primero de Mayo.
Infraestructuras donde funcionan cuatro juzgados, Instrucción de Familia, de Partido en lo Civil, Instrucción Penal o cautelar y de Sentencia.
La comuna cruceña ya construyó estas Casas de Justicia en cuatro distritos municipales, que son el 6 (Pampa de la Isla), 7 (Villa), 10 (El Bajío) y el 12 (Los Lotes).
Faltan en la primera fase los centros del distrito 5 (norte) y el 9 (avenida Santos Dumont).
Sin embargo, el Colegio de Abogados cuestiona el hecho de que también ingresaron a esos centros las causas antiguas.
Liquidar en 2 años las causas antiguas. Ante esto, el secretario del Juzgado Décimo de Partido Civil-Comercial, del módulo del DM-6, Junior Rodolfo Bakovic, dijo que la meta es liquidar las causas antiguas en un plazo no mayor a dos años.
Dijo que a la cabeza del juez Jaime Araúz tienen 740 causas antiguas y 85 nuevas, desde el 10 de marzo a la fecha, época en que se trasladaron a la nueva edificación.
Bakovic mencionó que a pesar de las críticas al Órgano Judicial, la construcción de módulos en las zonas populares, permite mayor acceso a los litigantes para ir subsanando el problema de la retardación de los procesos, con mayor fluidez.
Incluso hay un compromiso de la Alcaldía de construir estos centros en los 15 distritos municipales de la capital cruceña.
En esta misma Casa de Justicia de la avenida Virgen de Luján está el juzgado Décimo Cuarto de Instrucción en lo Penal, dirigido por el juzgador Primo Flores y el Séptimo de Familia, falta implementar el Octavo de Sentencia.
La iniciativa es de la Villa. En la visita a la Casa de Justicia de la Villa Primero de Mayo, la juez Décimo Tercero de Instrucción, Isidora Jiménez, dijo que la iniciativa de formar estos centros integrales, nació precisamente en esa ciudadela.
“Es un esfuerzo conjunto entre los vecinos, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) presentado al Gobierno Municipal cruceño, pero que al final decidieron replicar el proyecto en otros distritos de la capital”, comentó.
Aseguró que con la nueva infraestructura estrenada el pasado 30 de enero, se dio mayor accesibilidad de la justicia con la población.
Sin embargo, recordó que falta la implementación de las oficinas de Depósito Judicial y Derechos Reales en esa Casa de Justicia.
Informó que en lo que respecta a la gestión 2013, su juzgado tenía 1.234 causas pendientes, sumadas las 947 ingresadas, se alcanzó 2.183, de las cuales, se resolvieron el año pasado 300 casos, atendieron 900 y fueron enviadas a archivo 1.094. Quedando pendientes 489 para la gestión 2014, a ello, se suman las 934 causas nuevas ingresadas.
La justicia cerca de los vecinos. Asimismo, el juez Sexto de Sentencia, Adolfo Rueda, quien forma parte del centro de la “Villa”, manifestó que el espíritu de la desconcentración es que la “justicia esté cerca de los vecinos para solucionar sus conflictos”.
Dijo que en un mes trabajando en el nuevo edificio ya ingresaron a su despacho 20 causas listas para resolver, ya sea con sentencia o absolución.
Aclaró que en el Distrito 7 están trabajando hace una década, pero en el nuevo edificio, poco más de un mes. Los otros juzgados son el Quinto de Instrucción de Familia, dirigido por la juez Cinthia Banegas y Décimo Primero de Instrucción Penal a cargo del juzgador Moisés Chaile Vilte.
Abogados critican carga procesal. Por su parte, el presidente del Colegio Departamental de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, explicó que su ente colegiado ya pidió formalmente que los juzgados trasladados a los barrios sean de nueva creación.
Advirtió que al enviar un juez con toda su carga procesal y la retardación a un juzgado de barrio, se perjudica a los litigantes, ya que en lugar de ir al Palacio de Justicia se tendría que buscar su causa en los barrios.
Desinflar un poco al Palacio. Ante las críticas, el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Samuel Saucedo, comentó que al cambiar a los distritos los juzgados antiguos, es una manera de desinflar un poco la carga procesal del Palacio de Justicia.
“Si bien lo ideal sería la conformación de nuevos juzgados, pero hay que trabajar con lo que tenemos, en todo caso, la carga se acomoda en el camino”, explicó Saucedo.
¿Qué son los Centros Integrales?
Conceptos. Según la web del Ministerio de Justicia, los Centros Integrales de Justicia son entidades implementadas como un componente del Programa Nacional de Acceso a la Justicia.
Tienen el objetivo de procurar el respeto a los derechos fundamentales llegando a la población distante proporcionando el acceso a la justicia en coparticipación con el Órgano Judicial, Ministerio Público y otras entidades del sector justicia, por cuanto a diferencia de las Casas de Justicia, funciona un Juzgado de Instrucción Mixto, establecido en la Ley de Organización Judicial actual. Se ubican en lugares alejados de los centros urbanos a fin de que los servicios lleguen de manera ágil, oportuna, eficiente, oral, gratuita y cercana a la población más vulnerable de la sociedad boliviana. Aparte de la capital cruceña, existen en Yapacaní, El Alto, Chimoré y Coroico. Conforme al Decreto Supremo 28586 sus atribuciones son información legal básica sobre trámites y procedimientos para el ejercicio de derechos y orientación jurídica.
Exvicepresidente del Comité Pro Santa Cruz
"La proximidad al ciudadano debe ser integral'
“En una primera instancia me parece una buena iniciativa el de buscar que estos servicios del Estado estén más próximos al ciudadano, sin embargo, esta proximidad debe ser de manera integral.
Es decir, que debe estar acompañada de una serie de políticas de educación e información, caso contrario, los litigantes seguirán yendo al Palacio de Justicia.
Una de las pruebas más patéticas es lo sucedido con el Segip, que tiene oficinas en los diferentes distritos municipales, pero la gente lo desconoce, porque no se hizo un trabajo de base o estructural.
Por eso, considero que una iniciativa noble como esta, va hacia el camino del fracaso a construir un elefante blanco.
Cuando hablo de políticas integrales, estoy haciendo alusión a que la justicia con los mismo vicios y cada vez más degradados por la impunidad, en el hecho de que yo le meto y después veo cómo lo resuelvo, es la cultura que se está imponiendo. Hay muestras muy elocuentes, como es el caso de la toma de tierras, donde se creó una ley específica, sin embargo, los avasallamientos se intensificaron, porque desde arriba se imponen las órdenes. Por tal motivo, si no hay un diálogo entre la sociedad civil,el poder político y los actores involucrados en la generación de políticas de seguridad ciudadana no hay nada. Esto teniendo en cuenta, de que la justicia, es en teoría, el punto de equilibrio donde los ciudadanos estamos en igualdad de condiciones, sin embargo, eso no está ocurriendo en el país'.
Magistratura prepara a los funcionarios
La actividad que tuvo la finalidad de unificar criterios en el área disciplinaria
Se pretende tener funcionarios probos y con conocimiento.
El Consejo de la Magistratura priorizará la cualificación del personal en el área disciplinaria, con el propósito de mejorar los procesos en esa materia y contar con funcionarios jurisdiccionales y administrativos probos en este Órgano Judicial, informó oficialmente ayer el magistrado Gonzalo Triveño.
“El objetivo es contar con jueces cualificados y con argumentos jurídicos en el momento de emitir fallos en materia disciplinaria. Es una tarea importante para el sistema judicial”, dijo la autoridad, quien agregó que solamente de esa manera se podrá impartir justicia de manera transparente, ecuánime y rápida con el apoyo de una sólida fundamentación
En esa línea, Triveño informó que el jueves y viernes se realizó un curso de capacitación a los funcionarios judiciales, actividad que tuvo la finalidad de unificar criterios de interpretación en casos de tramitación disciplinaria, además de fortalecer y complementar los conocimientos jurídico-constitucionales.
“Este curso de actualización está dirigido a jueces, asistentes, proyectistas y personal de apoyo de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura’, precisó el jurista
Triveño sostuvo que la calidad de jueces disciplinarios dependerá, en cierta medida, de que el Consejo de la Magistratura cuente con funcionarios jurisdiccionales y administrativos probos y comprometidos con la institución y con el país.
Los participantes actualizarán sus conocimientos desde el plano teórico y práctico.
Renuncia funcionaria de la Fiscalía
La directora de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado, Rocío Gutiérrez, renunció a su cargo luego de ser aprehendida, por supuestamente incurrir en actos de corrupción cuando era asesora legal del Servicio Departamental de Educación (Seduca-Sucre).
El fiscal general Ramiro Guerrero informó que la funcionaria presentó su renuncia al cargo que estaba ocupando, día antes, la renunciante y la directora departamental de Educación, Ana María Quinteros, fueron aprehendidas por una orden de la comisión de fiscales que investiga supuestas ventas de diplomas y certificados a profesores aspirantes a subir de nivel.
“Gutiérrez, en su calidad de funcionaria del Seduca, hubiera supuestamente realizado actos de corrupción hace dos años. Ella trabajó en 2012 en Seduca. Posteriormente, de acuerdo al informe que tenemos, se fue a trabajar a la administración el Órgano Judicial y a mediados del 2013, producto de una convocatoria pública, fue invitada a trabajar en la Dirección del Régimen Disciplinario”, aseveró Guerrero.
AGROAMBIENTAL Huarachi se aferra a presidencia
El magistrado del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi, insistió ayer en la legalidad de su destitución de la presidencia de ese órgano, y anunció una nueva acción de Amparo Constitucional contra cuatro magistrados que decidieron su separación del cargo.
Huarachi dijo que un primer intento, radicado en la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca, no recibió la respuesta que esperaba y por ello decidió retirarla debido a que -según aseguró- los magistrados habían mostrado actitudes “dilatorias”.
El magistrado convocó al Defensor del Pueblo y a la unidad de Transparencia para que “tomen carta en este caso”
Señaló que los cuatro magistrados que eligieron a Lucio Fuentes como presidente, sesionaron en Sala Plena sin el quórum necesario y programaron viajes que tienen que ser observados por la Contraloría y la Dirección Administrativa Financiera (DAF).
Huarachi lamentó que en 15 días la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia no haya resuelto su acción de amparo y para evitar “resultados adversos” dijo que la retiró y presentará nuevamente ante otra Sala.
Señaló que la Sala Civil le pidió fundamentación sobre el derecho vulnerado en la elección del nuevo presidente del Agroambiental, pedido que en su criterio responde a actos “dilatorios”.
Jueces se enfrentan al Consejo de Magistratura
Los presidentes de los nueve tribunales departamentales de justicia de Bolivia se reunirán este fin de semana en Sucre para decidir sobre una eventual impugnación a la convocatoria para completar las acefalías de vocales emitida por el Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura lanzó el 6 de abril la convocatoria para la designación de nuevos vocales y el remplazo de los que cumplieron cuatro años de funciones. Su presidenta, Cristina Mamani, declaró ayer al canal de televisión Gigavisión que la convocatoria estaba vigente.
“Debido al contenido genérico, confuso y contradictorio del texto de la convocatoria, los presidentes de los tribunales departamentales sostendremos una reunión este fin de semana en Sucre para tomar decisiones en torno a una probable impugnación legal de la mencionada convocatoria", informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos.
Por su lado, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, aseguró que algunos vocales departamentales que hasta el 24 de junio cumplan cuatro años de gestión deberán presentarse a la convocatoria. “Hay incluso algunos que pretenden eternizarse (en el cargo)”, señaló.
Berríos rechazó las declaración de Mamani y dijo: “Ningún vocal pretende quedarse en el cargo de manera indefinida”, sino que la convocatoria debe apegarse a la Ley 212, que señala que las autoridades judiciales departamentales son ‘transitorias’ hasta que sean aprobados todos los códigos procesales, el nuevo reglamento de la carrera judicial e ingrese en vigencia la nueva Ley del Órgano Judicial”
En todo el país hay más de 100 vocales en los tribunales departamentales de justicia.
La convocatoria del Consejo de la Magistratura contempla el remplazo de los vocales que cumplen cuatro años de ejercicio en junio de este año.
Proponen crear Tribunal de Justicia Climática
La juventud latinoamericana, reunida en la ciudad de Santa Cruz, planteó la creación de un Tribunal de Justicia Climática y Ambiental con la intención de llevar su propuesta a la próxima Cumbre del Grupo de Países en Vías de Desarrollo y China (G77 más China).
“El planteamiento de la juventud concluyó en la necesidad de crear un Tribunal de Justicia Climática y Ambiental de carácter retroactivo, para juzgar a los países que incumplan los compromisos y sancionar a los Estados y corporaciones que dañen a la Madre Tierra”, informó el expositor René Quiroz, según la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI), en el marco de la Cumbre Juvenil Latinoamericana, que reúne a unos 3.000 jóvenes de 14 países en Santa Cruz.
En ese encuentro, previo a la Cumbre del G77 más China, que también se realizará en Santa Cruz en junio próximo, los jóvenes debatieron sobre la pobreza y el desempleo, el cambio climático, la migración, la tecnología, el desarrollo sostenible y los objetivos del milenio, entre otros temas.
De acuerdo con el medio estatal, en la mesa de Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, los participantes expresaron la preocupación por el uso de fertilizantes que dañan la tierra y el uso de productos transgénicos que han reducido la expectativa de vida humana.
El debate se inclinó hacia la necesidad de rescatar la forma ancestral de cultivo de alimentos orgánicos.
Los representantes de la juventud indígena latinoamericana solicitaron a los Estados la entrega de parcelas destinadas exclusivamente al cultivo natural, indicó la expositora nicaragüense Sayra Ticay.
Tratarán impugnación a convocatoria para vocalías
Los nueve presidentes de los tribunales departamentales de Justicia de Bolivia se reunirán este fin de semana en la ciudad de Sucre con la finalidad de adoptar decisiones sobre una eventual impugnación a la convocatoria para vocalías emitida por el Consejo de la Magistratura.
“Hay un clima de incertidumbre entre los cerca de 100 vocales del país debido a la ilegalidad del documento que, además, no precisa si es para una renovación total o parcial de esta instancia de autoridades judiciales”, aseguró el presidente del Distrito de La Paz, Juan Carlos Berríos.
El 6 de abril, el Consejo de la Magistratura publicó la Convocatoria 03/2014 para elegir vocales de los nueve distritos judiciales. Según el vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Wilfredo Núñez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries y el magistrado Wilber Choque, le informaron que la convocatoria es solo para llenar las vocalías en acefalia y las de nueva creación.
VOCALES NO BUSCAN “ETERNIZARSE”
Sin embargo, este jueves, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, aseguró que algunos vocales departamentales que hasta el 24 de junio próximo cumplen 4 años de gestión, “deberían presentarse a la convocatoria”. “Hay incluso algunos que pretenden eternizarse”, señaló.
El presidente del Tribunal de La Paz, Juan Carlos Berríos, rechazó esas aseveraciones y dijo que “ningún vocal pretende quedarse en el cargo de manera indefinida; de lo que se trata es que esa convocatoria debe apegarse a la ley No. 212 que claramente señala que las autoridades judiciales departamentales son ‘transitorias’ hasta que sean aprobados todos los códigos procesales, el nuevo reglamento de la Carrera Judicial e ingrese en vigencia plena la nueva Ley del Órgano Judicial (LOJ)”.
Destituyen a dos jueces y una funcionaria por actos irregulares
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó ayer que en Sala Plena se determinó destituir a dos jueces y una funcionaria de Derechos Reales de La Paz, por “actos irregulares”, tras recibir denuncias de la población.
“El día de ayer (miércoles) el pleno de la Magistratura ha decidido destituir de sus funciones de estos dos funcionarios (jueces) y de la funcionaria de derechos reales, por actos irregulares”, dijo en conferencia de prensa.
Precisó que fueron destituidos la jueza de ciudad de La Paz, Adaluz Fernández, el juez de Cochabamba, Juan Urquidi y la funcionaria judicial Sonia Justa Ticona.
Mamani lamentó que algunos funcionarios judiciales usen sus cargos para realizar cobros indebidos o extorsionar a las personas para obtener beneficio.
“Ellos tienen un sueldo que el Estado les paga y no podemos tolerar más a los funcionarios y advertimos a los señores registradores que realicen mayor control sobre sus funcionarios, porque también ellos son responsables por no controlar el ejercicio de sus funciones de cada servidor público que existe en las instituciones públicas”, remarcó.
Exhortó a la población a que denuncie hechos de corrupción y dijo que en la ciudad de La Paz y El Alto se registraron varias denuncias por actos irregulares y hechos de corrupción.
“La Paz es el ejemplo de la lucha contra de la corrupción caiga quien caiga, ese siempre ha sido mi principio, no tengo por qué proteger a nadie, absolutamente a nadie la justicia tiene que ser por igual y considero que esta situación propia de las víctimas”, subrayó ante la agencia de información estatal. En ese marco, aseguró que se continuarán con las investigaciones y se proseguirán los procesos penales y disciplinarios.
Varios usuarios que se comunicaron con la redacción, se quejaron de la pésima atención de los funcionarios de Derechos Reales y que la misma no avanzó en la celeridad de trámites, ya que muchos deben esperar más del tiempo debido y los empleados ni se inmutan en solucionar las quejas de los ciudadanos.
Litigantes masificarán su huelga de hambre en el Tribunal Justicia
Las personas que protestan desde el martes en el Tribunal Departamental de Justicia en contra de algunos jueces y vocales por la presunta emisión de “resoluciones contrarias a la ley” anunciaron que masificarán sus medidas de presión a partir de hoy con una huelga seca. También se extraerán sangre para escribir sus demandas en pancartas.
Los huelguistas exigen la presencia de la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez; de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo y de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, para que determinen si estos jueces, fiscales y vocales deben continuar en sus cargos.
“Hay personas que perdieron sus casas, su libertad; sin embargo, los jueces favorecen a quienes tienen dinero y muñeca”, afirmó una de las víctimas, Julio Nicolay. Él pidió a un juez, Julio Enriques, que rinda cuentas de la fraternidad de caporales San Simón, de la que era presidente. Pero ahora enfrenta dos sentencias por calumnia e injuria. En el grupo también hay litigantes que perdieron su casa por deudas.
Fernando Núñez Jiménez: “Santa Cruz es la región con más retardación de justicia”
Fernando Édgar Núñez Jiménez se dedicó el último año y medio a investigar y cruzar información sobre los procesos judiciales del país. Su investigación se refleja en un libro, Pluralismo jurídico, el nuevo ordenamiento jurídico boliviano, que presentará hoy, a las 19:00, en el salón auditorio de la UPSA.
¿Cómo evalúa el sistema judicial en Bolivia después de la elección por voto directo de los magistrados?
Al principio se veía como alternativa y solución a la crisis del sistema judicial, pero este proceso se politizó y evitó que ingrese gente proba y competente; prueba de ello es que en ese proceso ganó la abstención y eso ha sido un duro revés para el sistema judicial. Hay una crisis en el Tribunal Supremo y en el Agroambiental, es decir, en vez de resolver los problemas de la justicia se ha profundizado por la politización del sistema de elección de autoridades judiciales, que inicialmente se mostraba como un proceso innovador, pero desgraciadamente el partido de Gobierno (MAS) lo politizó y ahora es una de las grandes causas para que la justicia en Bolivia esté en crisis y provocó que la ciudadanía haya perdido toda la confianza en el Poder Judicial.
Según su investigación, ¿qué región registra la mayor carga sobre retardación de justicia?
De lejos, Santa Cruz. En esta región hay más carga procesal, las acefalías son de mayor número y donde se necesita designar más autoridades judiciales, llámense jueces, vocales o fiscales, es decir, esta región necesita que se aumente el número de autoridades judiciales porque todos estos elementos hacen que el departamento registre el mayor número de casos de retardación de justicia. Creo que también se debe implantar los juzgados contravencionales para atender los grandes problemas que enfrenta la sociedad y así dar agilidad al sistema judicial. Solo por citar, se evidenció que en el eje central un proceso judicial tarda 716 días para llegar a un Tribunal de Sentencia y eso es retardación de justicia.
¿A qué atribuye que en los últimos tiempos se hubiera visto a muchos jueces y fiscales detenidos por supuestos actos de corrupción?
El gran problema está en la inexistencia de la independencia de los poderes. El Órgano Judicial ha sido tomado prácticamente por el Poder Ejecutivo y al violarse el principio de independencia de los poderes ha generado que muchas autoridades judiciales, por alguna razón, se parcialicen o se sometan a las autoridades del Poder Ejecutivo, que exige alinearse a ese poder, y eso va en desmedro del sistema judicial en un modelo democrático.
Se debe exigir la independencia de poderes para tener una justicia independiente y autónoma, que permita a los jueces actuar en derecho y no a solicitudes o intereses de políticas partidarias.
¿A qué se refiere con los juzgados contravencionales?
Estos juzgados están para atender problemas como riñas callejeras, accidentes de tránsito y robos domiciliarios, lo que ayudará a que no se colapse la justicia. La atención deberá ser en los mismos distritos, pero además de eso, hay que desconcentrar la justicia en los distritos, pero deberá ir acompañada de infraestructura y redes de comunicación que permitan agilizar los procesos.
Se habla mucho de la descentralización del sistema judicial , de especializaciones de las autoridades judiciales....
Ya están los juzgados especializados y quizás en lo que se debería trabajar es en cuanto a la especialización de los representantes del Ministerio Público. Por ejemplo, hay datos de que el personal operativo del Servicio Nacional de Defensa Pública, en el área urbana, llega a 54 funcionarios y en el área rural solo hay 15 funcionarios que se denominan consultores en línea de Defensa Pública.
En Bolivia se ha creado la Procuradoría, que es una especie de suprafiscalía como las que hay en Argentina y México, están los fiscales especialistas en materia aduanera, en narcotráfico, tributaria o corrupción, entre otros temas, por ello creo que se debería potenciar la Procuradoría del Estado, que es dirigida por Héctor Arce.
En su criterio, ¿hay garantía de transparencia y objetividad en las acciones del procurador, un exdiputado del MAS?
Es que ahí está el problema de la politización de la justicia. No dudamos de la capacidad profesional de Héctor Arce Zaconeta, pero el hecho de estar vinculado al MAS de alguna manera genera en la ciudadanía mucha desconfianza y falta de objetividad en su proceder
Fernando E. Núñez
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Upsa
Egresó de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Es magíster en Estudios Europeos y tiene un doctorado de la Universitad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. En 2013, la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados le entregó el reconocimiento como Profesional Meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia y le impuso de la Medalla de Honor al Mérito.
DENUNCIAN A 10 JUECES A LA SEMANA POR RETARDACIÓN
Al menos 10 quejas contra jueces por retardación de justicia se reciben por semana en el Consejo de la Magistratura, informó Cristina Mamani, presidenta de esta entidad judicial.
“He recibido denuncias de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, les pido informes pero parece que los jueces se molestan. Las denuncias más recurrentes son por retardación de justicia, procesos que se han iniciado en 2001 y 2009”. De acuerdo con la autoridad, la gente acude a diferentes instancias del Estado, como la Asamblea Legislativa, ministerios y otras entidades, casos que posteriormente son remitidos al Consejo de la Magistratura.
Mamani solicitó a la ciudadanía que se sienta afectada por la retardación de justicia en los estrados judiciales, acudir al Consejo de la Magistratura o ante los jueces disciplinarios para denunciarlos.
En la gestiones 2013 y los primeros meses de 2014, el Consejo de la Magistratura destituyó a una decena de jueces, vocales y actuarios por faltas en el ejercicio de sus funciones.
Cada 7 días diez jueces son denunciados y se enojan cuando se les pide informes
Cada semana al menos una decena de denuncias contra jueces por retardación de justicia llega al Consejo de la Magistratura, informó Cristina Mamani, presidenta de la entidad judicial
“He recibido denuncias de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, les pido informes pero parece que los jueces se molestan. (Las denuncias) más recurrentes son por retardación de justicia, procesos que se han iniciado en 2001 y 2009”, afirmó
De acuerdo con la autoridad, la gente acude a diferentes instancias del Estado como la Asamblea Legislativa Nacional, los ministerios y otras instancias, los mismos que posteriormente son remetidos al Consejo de la Magistratura
Mamani recomendó a la ciudadanía que se sienta afectada por la retardación de justicia en los estrados judiciales, acuda al Consejo de la Magistratura o sino ante los jueces disciplinarios para denunciarlos a los operadores de la justicia
En las gestiones 2013 y lo que va del 2014, el Consejo de la Magistratura destituyó aproximadamente a 10 jueces, vocales y actuarios por faltas en el ejercicio de sus funciones.
Tres fiscales trabajan en cinco mil casos en El Alto
Tres fiscales atienden al menos cinco mil casos en la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, informó el fiscal Leopoldo Chui.
“La División Propiedades tiene alrededor de cinco mil casos en un ámbito global, en lo cual con todos los instructivos, las acciones directas, las conminatorias, es un poco delicado llevar adelante las funciones de fiscal”, dijo.
Agregó que pese a ello, los fiscales tratan de continuar con su trabajo para atender toda la carga procesal con miras de que no exista la retardación de justicia.
“Pero el recurso humano es imprescindible para llevar adelante toda esta carga procesal que se tiene en el Ministerio Público, de la misma manera los medios tecnológicos son imprescindibles”, apuntó.
Labels: El Alto, Fiscales
Los juzgados de Familia resuelven todos los procesos
Los juzgados de Familia, de la Niñez y Adolescencia atendieron el 100 por ciento de las causas recibidas durante la gestión pasada.
Esta información fue destacada por el hasta ayer presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Javier Cellis.
Relievó el desempeño de los jueces, pero explicó que en estos mismos juzgados todavía hay una mora procesal de 16.328 procesos sin sentencia. La razón es el remanente de años anteriores.
Las salas que atienden causas penales son las que presentan más mora judicial, están pendientes 49.365.
Cellis dijo que las razones para la demora en las sentencias son la falta de suficientes jueces para la elevada cantidad de demandas que reciben.
En 2013, por ejemplo, ingresaron en todos los juzgados 77.689 nuevos procesos, de los cuales se resolvieron 72.174.
Señaló como las principales debilidades del sistema judicial la falta de recursos humanos y económicos.
Destacó dos avances concretados en su gestión, la descentralización de la justicia hacia la zona sur de la ciudad y a las provincias y la incorporación de 12 juzgados.
Aclaró que su alejamiento del cargo se debe a que cumplió su segundo año al mando del Tribunal Departamental de Justicia.
Descartó presiones políticas y que se le haya pedido su renuncia.
Labels: Juzgados de Familia de la Niñez y Adolescencia
Lanzan plan piloto para sortear las causas
El Consejo de la Magistratura anunció ayer la implementación de un nuevo sistema informático de ingreso y sorteo de causas, el cual se aplicará de forma experimental en el distrito de Chuquisaca y será aplicado en el marco de la Ley 439 del Código Procesal Civil. Este nuevo Sistema Informático de Registro y Sorteo de Causas (SIREJ) será aplicado en una primera etapa experimental en Chuquisaca, pero las autoridades de ese órgano judicial prevén que el mismo podría entrar en vigencia en todo el país hasta el próximo mes de agosto. El jefe de Servicios Informáticos del Consejo de la Magistratura, Carlos Montellano, señaló que "el logro más importante" de este nuevo sistema es que se eliminará "la predictibilidad en los sorteos", y permitirá que las causas nuevas ingresadas en los juzgados sean ponderadas a través de un nuevo algoritmo
Nueve fiscales de Distrito se reúnen para evaluarse
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, inició el martes la reunión de la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Ministerio Público con los nueve fiscales departamentales, con el fin de analizar y evaluar los resultados logrados en función a la reestructuración de la nueva institución.
En la reunión de las autoridades también se establecerán nuevos lineamientos para mejorar la persecución penal.
"¡La justicia tarda pero llega, mentira! Justicia que no es pronta, justicia que no es oportuna, que no es rápida, no es justicia y para eso estamos trabajando nosotros, para tener una justicia más pronta, más transparente. Para que nuestra sociedad se sienta más segura y más protegida. Nosotros nos reunimos en el marco de la coordinación, cumpliendo un mandato legal; nosotros no nos reunimos para extorsionar o cobrar la mitad de su sueldo a nuestros servidores públicos”, recalcó Guerrero, según un comunicado de prensa.
Esta sesión está enmarcada en la declaratoria programática del Primer Encuentro Nacional del Ministerio Público, donde se establece la necesidad de evaluar y dar continuidad a los compromisos de la gestión en lo referente al descongestionamiento de las causas.
Asimismo, se basa en la evaluación de las transformaciones implementadas en cada departamento y en la ejecución de la acción penal pública en procura de fortalecer la gestión e imagen institucional para recuperar la confianza de la población.
Sistema judicial “asalta” a la gente en tribunales
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que el sistema judicial atraviesa por su peor momento en toda la historia de Bolivia, porque “asalta al mundo litigante desde los tribunales y sus pasillos”, sostuvo.
“Sabemos que aquí nadie puede meter las manos al fuego por ningún juez ni fiscal, (...) es el peor problema que arrastramos en toda la historia de este país, yo creo que es el peor momento del sistema judicial en Bolivia, el sistema judicial asalta a la gente desde los tribunales en vez de hacer justicia y resolver las denuncias”, aseveró.
Agregó que el caso del supuesto separatismo y terrorismo no es la excepción; incluso estimó que en este proceso es donde más cobros irregulares se registraron enriqueciendo a mucha gente.
“Pero eso no significa que un hecho (o un proceso judicial como el ‘terrorismo’) puede ser borrado”, enfatizó.
Indicó que el retraso en el caso terrorismo se debe a la innumerable cantidad de incidentes que presentaron las personas procesadas.
“Resulta que ahora es su héroe el fiscal abusivo (Marcelo Soza), perseguidor, quien les cobraba; (a Soza) lo hicieron salir a Brasil, ahora le harán decir que nada de eso existió, que todo fue invento del Gobierno y lo mismo quieren hacer con los abogados del caso extorsión”, insistió.
Sin embargo, reconoció que el caso del supuesto terrorismo ya está cinco años en manos de la justicia y durante todo ese tiempo se presentaron al menos 164 incidentes. “Ahora que está en etapa de juicio oral, dicen que no, se retrasó el proceso”, apuntó. (ANF)
Bernardo Bernal asume presidencia del Tribunal de Justicia de forma interina
El abogado Bernardo Bernal Callapa, desde ayer, asumió de forma interina la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, en
reemplazo de Beatriz Cortez, de quien ya cumplió su mandato de dos años como estipula la Ley.
Fue el vocal Reynaldo Sangüeza quien informó sobre este hecho y refirió que la decisión se asumió ayer por la mañana, en Sala Plena en coordinación con nueve de los 10 vocales del Tribunal.
"Esta mañana (ayer) se llevó a cabo la Sala Plena ordinaria con la presencia de nueve de los 10 vocales que componemos el Tribunal se analizó el período de funciones y casi por unanimidad se dispuso que la presidenta, doctora Beatriz Cortez culmine su gestión de dos años, la ley así lo dice, la presidenta o el presidente debe fungir sus funciones en ejercicio de la presidencia por dos años, ella comenzó su gestión el 20 de marzo de 2012 hasta el 20 de marzo de 2014", expresó Sangüeza.
Ante la ausencia de la nueva autoridad, se sugirió el nombre de dos vocales, Farida Alcocer y José Romero, ambos obtuvieron tres votos, de manera que no se tuvo la mayoría absoluta y obviamente un nuevo presidente titular.
Se prevé que el siguiente lunes, también en una sesión de Sala Plena se elija a la nueva autoridad judicial que reemplace a Cortez y Bernal en el sillón de presidencia tal como informó el vocal Sangüeza.
"Considero que el lunes posiblemente podamos contar con un nuevo presidente titular, entre tanto asume interinamente el ejercicio de la presidencia el doctor Bernardo Bernal Callapa", añadió.
Bernal ya conoce del cargo pues hace dos años fue posesionado como decano del Tribunal Departamental de Justicia por sus más de 20 años de servicio judicial y se prevé que este cambio no ocasione más retardo judicial y que hasta el lunes se elija a un nuevo presidente que asuma el cargo también por dos años como dice la Ley del Órgano judicial.
Sangüeza también se refirió a la convocatoria para vocales que emitió el Tribunal Supremo de Justicia y detalló que la misma es para cubrir las ausencias que existen o acefalías, en el caso de Oruro son 10 vocales y deberían ser 12 por lo que se espera que hasta agosto se cubra los dos puestos que faltan.
"Esta convocatoria es para los cargos de nueva creación que establece la Ley 025 en su artículo 45 y para los cargos acéfalos, a nueva creación me refiero a que la Ley 025 ahora establece un número de 12 vocales ya no 10 como antes, entonces nos faltaría dos vocales y a través de esta convocatoria se va a designar dos vocales hasta agosto", agregó.
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En el Tribunal Agroambiental sellan oficina de Huarachi
Las oficinas de la presidencia del Tribunal Agroambiental (TA) amanecieron ayer precintadas y con nueva chapa por disposición del magistrado Lucio Fuentes, que el miércoles fue elegido presidente ante la protesta de su colega Bernardo Huarachi, quien asegura que sigue siendo presidente y espera la resolución de la acción de amparo en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
Huarachi llegó a la institución y se encontró con las puertas de la presidencia cerradas, precintadas con masquín y con nueva chapa; los magistrados que lo destituyeron convocaron a una notaria para hacer inventariar todo lo que hay dentro. La decisión fue resistida por Huarachi, que también se trajo otra notaria y ambas comenzaron el trabajo a puertas cerradas. La justicia agudiza su crisis /WZ
Cada día se presentan 3 denuncias contra jueces
El Consejo de la Magistratura recibe por día un promedio de tres denuncias en contra de jueces y vocales por irregularidades que cometerían en el ejercicio de sus funciones. La Paz es el departamento que registró más acusaciones, según datos de este año.
La labor de los administradores de justicia quedó en entredicho durante los últimos meses, debido a denuncias de litigantes que eran víctimas de jueces y a operativos que se armaron con participación de autoridades del Ministerio Público para detener en flagrancia a los autores de extorsión.
Uno de los últimos casos es el de la jueza de El Alto Ada Luz de Wass Berner, acusada de extorsionar a un litigante para favorecerlo en un juicio e impedir el remate de su vivienda. Anteriormente, en Potosí, los jueces Carlos Argandoña, Miguel Velásquez y David Castro fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en sus oficinas; mientras que en Santa Cruz el juez Wilson Arévalo fue suspendido tras publicarse una fotografía en la que aparece con una exreclusa que él liberó.
Si bien esos casos parecen aislados, el Consejo de la Magistratura tiene datos centralizados de ese tipo de irregularidades cometidas por jueces. En el primer trimestre del año recibió 262 denuncias, es decir un promedio de tres por día, tomando en cuenta incluso los fines de semana. Sin embargo, de esa cantidad 163 fueron rechazadas, observadas o improbadas, por lo que actualmente un total de 99 son procesadas.
Según los datos estadísticos de 2013, el Consejo de la Magistratura instauró 1.087 procesos contra jueces y vocales por faltas leves, graves y gravísimas, cifra que en promedio también da cuenta de tres denuncias por día, incluidos los fines de semana. De ese total, 20 concluyeron con amonestaciones, 12 con multas, 31 con suspensiones y seis con destituciones. En este caso hacen un total de 69 autoridades sancionadas.
Los delitos por los que son acusadas las autoridades jurisdiccionales son principalmente el incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, cohecho pasivo y prevaricato.
Los datos elaborados por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, el departamento que recibió el año pasado más denuncias en contra de jueces y vocales es La Paz, con 53 casos; seguido de Oruro con 45; Santa Cruz con 42 y Potosí con 27. Luego están Chuquisaca con 25, Tarija con 24, Cochabamba con 12, Beni con cuatro y Pando con dos.
La única autoridad suspendida mediante un proceso en lo que va de este año es Williams Mauricio Martínez, juez de Reyes, del Distrito Judicial de Beni, por el delito de incumplimiento de deberes, cesado el 13 de febrero.
El 7 de abril, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció que hay demora en los procesos presentados por esta instancia gubernamental en contra de jueces y fiscales por irregularidades.Fiscalía. En el caso del Ministerio Público, hasta el 10 de abril se recibieron 319 denuncias en contra de fiscales en el siguiente orden: La Paz 252, Santa Cruz 26, Cochabamba 11, Tarija 11, Potosí ocho, Beni cinco, y Oruro, Chuquisaca y Pando, con dos cada uno.
La Ley del Ministerio Público establece sanciones que se deben imponer ante la comisión de faltas graves y muy graves. Para la primera ordena la pérdida del derecho a promoción durante un año, la suspensión temporal del cargo sin goce de haberes por un tiempo que no exceda de dos meses, o una multa de hasta el 40% de su haber mensual. Para la segunda, determina la destitución definitiva del cargo y consiguiente retiro de la carrera fiscal.
En aplicación de ese reglamento, en esta gestión se destituyó a un fiscal de Materia de La Paz. En 2013 se sancionó con multas a 48 fiscales, con suspensiones a cinco y destituciones a 24 en el país, de las cuales siete corresponden al departamento de La Paz, dos a Santa Cruz, dos a Cochabamba, 11 a Tarija, uno a Oruro y otro a Beni.
El departamento con mayor número de denuncias es La Paz, seguido de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro, Beni, Potosí, Chuquisaca y Pando. El mismo orden se registró en 2012 y 2013.
En La Paz suspendieron a 4 magistrados
El Consejo de la Magistratura suspendió por irregularidades a cuatro operadores de justicia del departamento de La Paz, en lo que va de este año. Existen otros 16 funcionarios de apoyo con otras medidas disciplinarias.
En el Órgano Judicial hay dos instancias para iniciar procesos disciplinarios. Uno para jueces, vocales y funcionarios de apoyo jurisdiccionales. Y otro para funcionarios administrativos, explicó el representante del Consejo en La Paz, Francisco Tarquino. Hasta la fecha, con relación a jueces y vocales, se recibieron 127 denuncias; de ellas, 44 fueron admitidas. Se dictaron seis sentencias disciplinarias: cuatro con suspensión y dos con amonestación.
Los suspendidos fueron acusados por retardación de justicia y corrupción, por lo que todavía existen procesos que definirán su culpabilidad o no. Además, dentro de estos casos de suspensión están las dos juezas que fueron aprehendidas en flagrancia cuando extorsionaban a litigantes.
Tarquino agregó que hubo 17 denuncias en contra de funcionarios de apoyo jurisdiccional; seis con amonestación, cuatro con suspensión y una con destitución.
Asimismo, remarcó que contra vocales, jueces y funcionarios de apoyo, los juzgados disciplinarios atendieron el año pasado 535 denuncias, de las cuales 155 fueron admitidas. “La mayoría de las (denuncias) que fueron rechazadas fueron porque se trataban de aspectos jurisdiccionales”.
Entre los admitidos, se dictó 39 resoluciones en contra de jueces y vocales y 62 en contra de personal de apoyo jurisdiccional (secretarios y oficiales de diligencia).
Tras los procesos admitidos, se destituyó a cuatro operadores de justicia, entre jueces y vocales, se suspendió a 20, se amonestó a ocho y se multó a siete. En cuanto a funcionarios jurisdiccionales, se amonestó a 24, se multó a 14, se suspendió a 21 y se destituyó a tres durante la misma gestión.
Ante esas cifras que muestran un crecimiento de irregularidades en los operadores de justicia, Tarquino sostuvo que existe una lucha frontal contra la corrupción, principalmente en La Paz, y una muestra de ello es la detención de dos juezas y la aprehensión de secretarios corruptos.
Tribunal Agroambiental Huarachi presenta un amparo constitucional
El magistrado Bernardo Huarachi presentó un amparo constitucional para ser restituido en el cargo de presidente del Tribunal Agroambiental luego de que sus colegas resolvieron, en sala plena, designar a Lucio Fuentes como su máxima autoridad de esa institución.
Huarachi explicó que el recurso es sobre la supuesta ilegalidad de la elección de Fuentes, con el argumento de que ese acto fue realizado en una sesión que no contaba con el quórum reglamentario, según la ANF.
"Quienes respaldaron mi alejamiento incurrieron en una transgresión del reglamento y normas que rige esta institución”, señaló molesto Huarachi.
El magistrado recordó que fue elegido el año 2012 por un periodo de tres años y que a raíz de ello había decidido no abandonar su despacho.
En tanto Lucio Fuentes, el nuevo titular del Tribunal Agroambiental, explicó que el día de su elección, luego de haber agotado todos los temas anotados en el orden del día, se abordó como último punto la elección del nuevo presidente, ya que cuatro magistrados, que hacen mayoría, le retiraron la confianza a Huarachi.
"Ellos (magistrados Huarachi, Ricardo Soto y Patty Paucara), como siempre, han abandonado la sala plena cuando se abordaba este punto y hemos quedado la mayoría, fuimos cuatro y decidimos que concluya de esta forma, con la elección de un nuevo presidente”, manifestó Fuentes.
El magistrado Fuentes obtuvo el respaldo de sus colegas Cinthia Armijo, Daysi Villagómez y Javier Peñafiel, mientras que los magistrados Patty Paucara y Ricardo Soto abandonaron la sala antes de la votación en señal de apoyo a Huarachi.
Con la destitución de Huarachi, tres instituciones judiciales cambiaron de presidente: los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental. En los primeros casos, sus presidentes dimitieron.
Magistrado rehúsa renunciar a Tribunal Agroambiental
Calificando de ilegal la elección que se dio el martes por parte de cuatro de los siete magistrados que componen este tribunal, Bernardo Huarachi afirmó en Sucre que no renunciará a la presidencia y recurrirá a instancias legales para seguir en su puesto.
“No voy a renunciar, no voy a dejar mi oficina porque no voy a dar gusto a caprichos infundados”, declaró ayer Huarachi, pese a que se conoce que ya se le entregó la notificación para que abandone su oficina y de paso al recién elegido Lucio Fuentes.
Debido a que aún no ha renunciado, el aún presidente del Tribunal Ambiental, Edgar Huarachi, manifestó que la elección de Fuentes se dio de manera ilegal, pues en la jornada de trabajo del miércoles, Huarachi habría dado por finalizad la sesión y luego de que se retiró, prosiguió la elección que se dio fuera del marco legal.
La crisis en la que se encuentra el Tribunal Agroambiental se agrava con este último hecho que ahora deja la duplicidad en la presidencia, mientras Huarachi afirma que los cuatro vocales que realizaron esta elección serán procesados, el otro presidente, Fuentes, pide que este desista del puesto y dijo que ya se han realizado las notificaciones correspondientes.
Lucio Fuentes asume presidencia del Tribunal Agroambiental
El sub decano y presidente de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental (TA), Lucio Fuentes, asumió esta mañana la presidencia de ese Órgano Judicial, luego de ser elegido anoche por cuatro votos de los miembros de la Sala Plena
El magistrado dijo que recibió la confianza de los magistrados Cinthia Armijo, Javier Peñafiel, Deysi Villagómez, además de su voto para asumir el principal cargo
"La instancia que toma decisiones es la Sala Plena que está conformada por sus siete magistrados, en este caso, por mayoría se determinó esta elección", expresó Fuentes
En la elección no intervinieron en la elección los magistrados Ricardo Soto, Paty Paucara y Bernardo Huarachi, quienes abandonaron la sesión ordinaria
Con la elección interna quedó definida la cesación del magistrado Bernardo Huarachi, quesegún Fuentes "obedece a la falta de resultados en la gestión estratégica, administrativa y jurisdiccional de esa máxima autoridad ejecutiva"
Con relación a su nueva gestión, Fuentes manifestó que de inmediato retomará la resolución de causas a través de las Salas Liquidadoras
Por su parte, Huarachi reiteró que no renunció y calificó de intromisión la elección. "Lamentablemente los cuatro magistrados no entienden esta situación, actúan al margen de la ley, por ello adoptaré en derecho lo que me corresponde", mencionó
"Jamás he renunciado, ni voy a renunciar, menos dar gusto a ningún capricho, sigo siendo presidente y voy a seguir hasta cumplir mi mandato", finalizó.
TCP rechaza el porcentaje para seguro de la prensa
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró ayer inconstitucional los porcentajes de aporte de las empresas de comunicación y trabajadores al fondo de financiamiento de la Ley 315, del seguro de vida para los trabajadores de la prensa.
El veredicto fue producto de una acción de inconstitucionalidad a al menos diez artículos de la Ley Hermanos Peñasco Layme (315), interpuesta hace más de un año por el diputado opositor Carlos Subirana, quien sostuvo que éstos contradecían la Carta Magna.
El contenido de la sentencia 0614/2014 fue hecha pública por la magistrada Soraida Chánez, quien explicó que “se declara inconstitucional el 1% de ingresos brutos mensuales de los medios de comunicación y el 0,25% del aporte de los trabajadores independientes”, con lo que se financiaba íntegramente el seguro.
Además, el TCP estableció que la Asamblea Legislativa, en un plazo de tres meses, debe incluir al Estado como uno de los aportantes para la sostenibilidad del Fondo de Financiamiento, creado por dicha norma, y fijar los porcentajes de aportes de acuerdo con los ingresos reales de todos los medios de comunicación.
La magistrada Ligia Velásquez explicó que a partir del fallo también se debe redefinir la composición del directorio que administrará los recursos del seguro, es decir, que éste debe guardar un equilibrio proporcional a los porcentajes de aporte.
Juan León, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a medios impresos, calificó de positiva la sentencia. “Eso prueba que las observaciones que hicieron los medios eran correctas; pero haremos un análisis del fallo”.
Sin embargo, para el dirigente de los trabajadores de la prensa de La Paz, Boris Quisbert, “existe una parcialización del TCP con los intereses de los empresarios”, sobre todo al “quitar la potestad al directorio sobre los ingresos reales del medio de comunicación”.
La sentencia fue calificada por Chánez como “sui géneris” porque explicó que hubo un amplio debate en el TCP debido a que periodistas dependientes de una empresa de comunicación ya gozan de un seguro social. Fruto de esos criterios, los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade y Mirtha Camacho fueron de votos disidentes.
La Ley Hermanos Peñasco Layme fue promulgada por el presidente Evo Morales el 10 de diciembre de 2012, luego de la muerte violenta de los hermanos Víctor Hugo y Verónica Peñasco Layme.
Envían a jueces a realizar audiencias en las cárceles
El director de Régimen Penitenciario, José Aramayo, informó que desde ayer los jueces de ejecución penal se están trasladando a las cárceles en ciudades y provincias para realizar audiencias judiciales. El objetivo es evitar la retardación de justicia.
En los centros penitenciarios podrán realizarse audiencias cautelares, audiencias de cesación a la detención preventiva y audiencias conclusivas.
Para ello el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los tribunales departamentales deberán instruir a los jueces la participación y asistencia a todos los centros penitenciarios, explicó Aramayo.
“En un acuerdo con el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia el doctor (Jorge) Von Borries, estamos a partir de hoy (martes) consolidando la realización de audiencias judiciales al interior de todos los centros penitenciarios del país. Es una movida trascendental, histórica”, manifestó ayer.
El objetivo de este proyecto es evitar la postergación de audiencias y así acabar con la retardación judicial. “Ningún juez puede apartarse de una audiencia hasta que haya concluido con el proceso penal. Comúnmente los presos son los que debían trasladarse hacia las salas judiciales para sus respectivos procesos”.
El Consejo de la Magistratura emite convocatoria para vocales de Corte
El Consejo de la Magistratura emitió una primera convocatoria para llenar acefalias de más de una veintena de vocales en todo el país, con miras a la aplicación del nuevo Código Procesal Civil a partir del 6 de agosto, según informó esa institución.
De acuerdo a ese documento, a esos cargos podrán postularse abogados y jueces con seis años de experiencia en la judicatura o en el ejercicio profesional de la abogacía.
Esta es la primera convocatoria de este año para llenar las acefalías de vocales transitorios en todos los distritos judiciales del país, informó el decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño.
Aclaró que no se trata de un cambio total de estas autoridades tal como se estaba especulando sino solo de completar las acefalías.
El pasado año, los consejeros anunciaron que emitirán convocatorias para cambiar a los vocales que ejercían el cargo desde hace varios años, empero, ante el reclamo de la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL) y la observación de los propios magistrados del Tribunal Supremo, el Consejo dejó en suspenso esa decisión.
En todos los distritos existen al menos 100 cargos de vocales contando los ítems de nueva creación; solo Chuquisaca tiene 12 vocales, actualmente están en funciones nueve y falta designar tres, de acuerdo a información del Consejo.
Triveño informó que en Cochabamba falta designar cinco vocales, de igual manera en Santa Cruz y La Paz donde están concentrados la mayor cantidad de procesos.
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Suxo denuncia dilación de procesos a jueces y fiscales
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ayer que hay demora en los procesos presentados por esta instancia gubernamental en contra de jueces y fiscales por irregularidades.
“Fui hasta Sucre a entregar la documentación e información y quiero señalar que de siete casos que hemos presentado en la vía disciplinaria, para que sean procesados algunos fiscales que incurrieron en retardación de justicia, los siete casos han sido rechazados, estos casos no avanzan”, dijo Suxo en conferencia de prensa.
Advirtió que esta irregularidad la hizo conocer al fiscal general, Ramiro Guerrero, mediante un reclamo formal por las denuncias que se presentaron ante el Ministerio Público en contra de fiscales y también ante el Consejo de la Magistratura, contra jueces.
Suxo señaló que presentó denuncias penales en contra de 21 fiscales y 18 jueces por delitos de corrupción, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias por inacción injustificada que demoró los procesos y los plazos previstos en la norma vigente.
“No avanzan (las denuncias), es más, muchas veces hay jueces que hacen suspender las audiencias cautelares u otras, simplemente señalando que la representante del Ministerio Público envió una nota indicando que estaba resfriada, por eso se suspende y hay casos emblemáticos”, reclamó la autoridad gubernamental.
Para sustentar sus denuncias, Suxo citó algunos de los casos importantes como el denominado Papelbol, proceso por corrupción en el que hasta la fecha no se conoce una sentencia y el implicado, el exviceministro de Mediana y Gran Empresa, Eduardo Peinado, pese a tener detención domiciliaria, aún se pasea por las calles.
La autoridad de Gobierno hizo referencia también a las denuncias por retardación de justicia que tiene la fiscal de la División de Corrupción Pública, Magaly Gonzales, autoridad que está a cargo del proceso denominado Petrocontratos.
En el caso Mutún, en el que se formalizó la denuncia ante la Fiscalía en 2010, hasta la fecha todavía no hay la emisión de una sentencia, a pesar que existe un daño económico al Estado que supera los $us 2 millones.
En el proceso contra Gerson Rojas, Suxo informó que una comisión de fiscales que tenía a su cargo la investigación, no se pronunció respecto a un informe pedido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el que se establecía la comisión de delitos como legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. “La dilación de los procesos se debe, además, porque pese a que la ley reconoce la posibilidad de presentar recusaciones (...) éstas son admitidas como una forma de dilatar audiencias”, indicó.
La Fiscalía General recibirá denuncias
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que una comisión de profesionales del Régimen Disciplinario del Ministerio Público iniciará un trabajo de recolección de denuncias de la población sobre el accionar irregular de sus funcionarios en las ciudades de La Paz y El Alto.
Guerrero dijo que la comisión está conformada por siete investigadores disciplinarios, de Régimen Disciplinario, quienes conformarán dos comisiones.
Una de las comisiones trabajará en las oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz y la otra lo hará en dependencias de la Fiscalía Departamental de El Alto, detalló la autoridad.
“El trabajo específico de estas comisiones es recibir y atender las denuncias de la población, de ese ciudadano de a pie que se siente vulnerado en sus derechos de acceso a la justicia”, dijo.
“(La comisión podrá) recibir denuncias de malos tratos de los servidores públicos o quejas sobre el actuar de los fiscales que no están cumpliendo con su trabajo y están incumpliendo con los plazos de los casos que desemboca en perjuicio de los procesos y no tiene que existir más”, explicó Guerrero.
Estas comisiones estarán supervisadas por la Dirección de Régimen Disciplinario del Ministerio Público y trabajarán durante una semana en estas dos ciudades con el llenado de un formulario, que posteriormente continuará con el procedimiento establecido en los diferentes casos denunciados, agregó la autoridad.
Convocan a presentar ensayos sobre retardación y corrupción en la justicia
Con el objetivo de mejorar la atención al mundo litigante y a la ciudadanía, además de detectar desperfectos del sistema, el Consejo de la Magistratura, parte del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJ), realizó la convocatoria para el primer concurso de ensayos judiciales contra la retardación y corrupción en el Órgano Judicial.
Así informó el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, René Delgado Arteaga, quien además sostuvo que la convocatoria es abierta y libre para cualquier persona que quiera participar; entre ellos, funcionarios del Órgano Judicial del Distrito, notarios, abogados, litigantes, universitarios y público en general.
"Este concurso tiene específicamente cuatro ejes temáticos que se refieren a mejorar la atención en los despachos judiciales, mejorar la atención dirigida tanto al usuario, litigante o patrocinante así como buscar estrategias para frenar tanto la corrupción como la retardación judicial", expresó Delgado.
Añadió que la principal temática es la "lucha contra la retardación y corrupción judicial, dividida en cuatro áreas: estrategias de mejora en la gestión del Juzgado, mejora en la atención al litigante y patrocinantes, estrategia contra la retardación de justicia (reducción y control) y contra la corrupción (reducción y control). De acuerdo a la convocatoria, el plazo para la presentación de los trabajos en la oficina de la representación distrital del Consejo de la Magistratura es el viernes 2 de mayo y se estima que la lista de ganadores se dará a conocer el miércoles 7 de mayo y la premiación, el jueves 15 de mayo.
Los premios para los ganadores consiste en: Primer lugar, media beca en un diplomado a elección en el Colegio de Abogados; segundo 100 dólares, tercer premio, 50 dólares; cuarto, stock de libros; quinto premio stock de libros, ambos donados por la Defensoría del Pueblo y sexto lugar premio multimedia (libros, compilación de leyes, jurisprudencia, reglamentos y acuerdos).
Los trabajos presentados serán calificados por un tribunal de evaluación colegiado e interinstitucional, integrado por dos representantes del Tribunal Departamental de Justicia, según materia, representantes de la sociedad civil, un representante del Colegio de Abogados, uno de la Universidad Técnica de Oruro, el representante distrital del Consejo de la Magistratura y del Defensor del Pueblo.
LITIGANTES YA PUEDEN DENUNCIAR A FISCALES
Los particulares deberán llenar un formulario y depositarlo en las oficinas abiertas con esa finalidad.
Siete profesionales de la dirección de Régimen Disciplinario del Ministerio Público recibirán hasta el viernes denuncias de los litigantes sobre denuncias de corrupción, extorsión y otras anormalidades en contra de fiscales de La Paz y El Alto.
El mecanismo de las denuncias. En rueda de prensa ofrecida ayer junto al fiscal departamental José Ángel Ponce, la directora de Régimen Disciplinario, Rocío Gutiérrez, explicó que no será necesario que los litigantes presenten denuncias en compañía de sus abogados y que todos los casos serán investigados, inclusive de oficio, pues se busca erradicar el incumplimiento de deberes y la retardación de justicia en el Ministerio Público.
La abogada explicó que de los 180 procesos abiertos contra fiscales en todo el país durante el primer trimestre de este año, 61 fueron iniciados en este distrito judicial, por lo que el fiscal general Ramiro Guerrero decidió enviar esta comisión a las ciudades de La Paz y El Alto.
Los particulares podrán presentar sus denuncias en dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), situadas en la calle Indaburo, y en oficinas de la Fiscalía de El Alto, ubicadas en la calle Raúl Salmón, al frente de la fuerza anticrimen.
Los interesados deberán llenar un formulario especialmente diseñado para el efecto y el procedimiento, en cada caso, será el previsto por las normas.
Como consecuencia de ello, las denuncias no podrán tener carácter anónimo, aunque todas serán procesadas hasta su conclusión, inclusive si es que la persona que presentó la queda respectiva, no se apersona para continuar la tramitación correspondiente.
La explicación del fiscal general. Desde la ciudad de Sucre, entretanto, Guerrero, aseguró que "el trabajo específico de estas comisiones es recibir y atender las denuncias de la población, de ese ciudadano de a pie que se siente vulnerado en sus derechos de acceso a la justicia. Recibir denuncias de malos tratos de los servidores públicos o denuncias sobre el actuar de los fiscales o servidores públicos que no están cumpliendo su trabajo y están incumpliendo los plazos de los casos, lo que desemboca en perjuicio directo de los procesos, y no tiene que existir más".
El Ministerio Público busca que los procesos avancen dentro de los plazos establecidos por ley, a fin de evitar que se produzcan distorsiones y conflictos, dentro de los procesos, que pueden derivar, en determinado momento, en su archivo o abandono.
La sobrecarga procesal. En declaraciones ofrecidas recientemente a los medios nacionales, Guerrero lamentó que 508 fiscales deban atender alrededor de 150 mil investigaciones en todo el país.
Guerrero hizo esa afirmación, a pesar de que la semana posesionó a 22 nuevos fiscales, de 34 que fueron seleccionados para ocupar esos cargos después de un procedimiento interno para su elección.
Además, de esos 22 nuevos representantes del Ministerio Público, Guerrero designó a 10 médicos forenses, un experto en estadística, un psicólogo forense, dos auditores forenses, tres fiscales de materia, dos auxiliares, un investigador y un director de Gestión Fiscal, con la finalidad de reforzar el trabajo que cumple el organismo responsable de la defensa de la sociedad ante quienes transgreden las leyes.
508 fiscales tiene el Ministerio Público distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
"El trabajo específico de estas comisiones es recibir y atender las denuncias de la población". Ramiro Guerrero FISCAL GENERAL
Ministerio Público atiende 150.000 casos con 508 fiscales
El Ministerio Público investiga más de 150.000 casos judiciales con 508 fiscales distribuidos en el territorio nacional, por lo que esta instancia está en constante coordinación con los otros ministerios como el de Lucha contra la Corrupción, de Defensa, entre otros y no implica precisamente que sea parte de un gabinete jurídico o que esté implicado en actos de extorsión, indicó el fiscal general Ramiro Guerrero.
“Tenemos 508 fiscales en todo el país que llevan más de 150 mil casos y yo me reúno permanentemente con cotos los fiscales para coordinar nuestro trabajo (...) la propia Constitución Política del Estado y el artículo 214 de la Ley 260 del Ministerio Público da la atribución de una coordinación interinstitucional con los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, con la Policía boliviana y otras dependencias del Estado”, afirmó.
Las declaraciones de Guerrero nacen a raíz de las últimas acusaciones de asambleístas de la oposición en sentido de que su autoridad formaría parte del gabinete jurídico del Órgano Ejecutivo. Otra de las imputaciones en su contra hecha por la asambleísta Carmen Gonzales de Convergencia Nacional (CN) se refiere a un supuesto audio de tres horas donde Guerrero y otros fiscales asignados al caso terrorismo hablan de un plan para negociar penas con los procesados y así evitar que el proceso judicial “se caiga”.
“Quiero aclarar al país que nunca, jamás he sido parte de ningún gabinete de ninguna instancia y de ninguna organización sino del espacio donde trabajo que es la Fiscalía General del Estado”, afirmó Guerrero y explicó que como cabeza de sector se reúne de manera permanentemente con los fiscales de materia del país. “Pero estas reuniones que sostengo de manera permanente no son para extorsionar, no es para cobrar plata, no son para direccionar”, declaró ayer a radio Panamericana.
La senadora Gonzales reiteró la “lista jerárquica” de este Gabinete que estaría encabezado por el vicepresidente Alvaro García, los ministros de Gobierno, Carlos Romero, de la Presidencia, Ramón Quintana, de Transparencia, Nardi Suxo, además del fiscal general, Ramiro Guerrero y en su momento las exautoridades Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y el exdiputado, hoy procurador general del Estado, Héctor Arce.
Gonzales pidió que todas las autoridades sean investigadas por el Ministerio Público ante las constantes sindicaciones en casos como el de “terrorismo – separatismo”, Chaparina, extorsión que involucraron al exfiscal Marcelo Soza y los exasesores del Ejecutivo procesados por su relación con el ciudadano judío norteamericano Jacob Ostreicher, entre otros.
“Todos estos personajes grandes de nuestro Estado Plurinacional deberían ser convocados a declarar inmediatamente junto a los operadores de la red de extorsión”, manifestó la senadora.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que existe este gabinete, pero su labor y facultades se limitan a la coordinación y concordancia en la elaboración de proyectos de ley que son remitidos a la Asamblea Legislativa.
“El gabinete jurídico analiza exclusiva y únicamente la constitucionalidad, la coherencia, la concordancia de las normas jurídicas que proyecta el Órgano Ejecutivo esa es su tarea y el gabinete jurídico se ha reunido muchas veces aquí en Santa Cruz”.
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ÓRGANO JUDICIAL Lanzan convocatoria para vocales
El Consejo de la Magistratura publicó ayer una convocatoria para completar las más de 20 acefalías de vocales en los Tribunales Departamentales de Justicia y para Director Administrativo y Financiero de esa entidad.
“Es la primera convocatoria de este año para llenar las acefalías de vocales transitorios en todos los distritos judiciales del país”, informó el decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño.
Aclaró que no se trata de un cambio total como se especuló, sino sólo de completar las acefalías.
El pasado año, los consejeros anunciaron la convocatoria para remover a los vocales que ejercían el cargo hace varios años, empero, ante el reclamo de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) el Consejo dejó en suspenso esa decisión.
De acuerdo a la convocatoria publicada ayer en varios medios impresos del país los postulantes deben tener seis años de ejercicio profesional y presentar su documentación hasta el 16 de mayo.
• Título de abogado o abogada en provisión nacional.
• Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios expedido por la oficina del Encargado Distrital del Consejo de Magistratura.
• Certificado actualizado de deméritos expedido por el Encargado de Recursos Humanos de la institución donde desempeñó funciones.
• Certificado actualizado de no tener militancia política, ni pertenecer a ninguna agrupación ciudadana, anterior a cinco años, emitida por el Tribunal Departamental Electoral
• Hoja de Vida, con documentación ordenada cronológicamente y foliada.
• Acreditar el ejercicio profesional en las materias que se postula.
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Justicia declara rebelde a un magistrado agrario
El decano del Tribunal Agroambiental (TA), Ricardo Soto, fue declarado rebelde por no presentarse a una audiencia en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de Sucre, dentro de la denuncia por discriminación interpuesta por su colega magistrada Cinthia Armijo.
La magistrada planteó la querella penal por discriminación en contra de Soto, y el martes se instaló la audiencia en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal para resolver el incidente de excepción de declinatoria de jurisdicción presentada por el Ministerio Público.
El juez René Conde informó de que en la audiencia se verificó que todos los sujetos procesales fueron notificados, pero en sala estaban presentes la víctima y los fiscales, estando ausente el magistrado Soto, pese a que fue citado en su domicilio procesal, como ordena el procedimiento.
Ante la ausencia, el Ministerio Público y la defensa de la víctima solicitaron al juez que declare en rebeldía al magistrado. Por su parte, Almijo lamentó la ausencia porque obstruye el proceso /WZ
Magistratura Inician rotación de jueces en 4 ciudades
El decano del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño, informó ayer que este órgano judicial determinó aplicar el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria y realizar la rotación de los jueces con el propósito de mejorar la justicia boliviana. "Por ejemplo: un juez que trabaja en la ciudad irá a trabajar a provincia y viceversa", explicó.
El magistrado afirmó que los jueces cautelares de los distritos judiciales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija empezaron la rotación, tras un informe técnico-jurídico que demuestra la existencia de procesos disciplinarios y penales.
Según Triveño, la rotación se inició con los primeros jueces cautelares observados y se prevé iniciar la evaluación a jueces en materia civil, familiar, comercial, entre otros, quienes tienen procesos penales y disciplinarios para su posterior consideración.
Anuncian juicio a comisión del TCP
La comisión autonómica del Concejo Municipal de Sucre anunció ayer que interpondrá un juicio de responsabilidades a los magistrados de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que una vez más declararon "por no presentada" la solicitud de control de constitucionalidad del proyecto de la Carta Orgánica de la capital de Chuquisaca.
Según el TCP, no hubo "concertación" con el ayllu Marka Quila Quila, que se queja de no haber sido tomado en cuenta en el documento.
No obstante, el presidente de la comisión autonómica, Germán Gutiérrez, afirmó que se acreditó de manera participativa al pueblo originario Marka Quila Quila y que en la construcción de ese documento consensuaron su situación legal en el municipio de Sucre. /ABI
Rivera: 'Gabinete jurídico funcionaba desde 2008'
El exasesor del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, reveló que el "gabinete jurídico" del Gobierno funcionaba desde 2008.
Indicó que varios ministros, viceministros y algunos asesores formaban parte de este denominado gabinete, que según Rivera tenía pleno conocimiento de los denominados "procesos de seguridad interna".
Rivera, detenido en Palmasola por el caso de Extorsión contra Jacob Ostreicher, hizo estas declaraciones ayer desde el Palacio de Justicia, donde había asistido a una audiencia.
Revelaciones. Rivera indicó que en el gabinete estaban los exministros de Gobierno, Sacha Llorentty y Wilfredo Chávez. Tras la salida de ambos, se sostuvo una reunión en 2012 para conformar un minigabinete en el que participaban ministros, viceministros y asesores de las reparticiones de Relaciones exteriores, Justicia y de Gobierno. "Las reuniones no eran para tratar leyes, sino para conocer de los casos y los que coordinaban todo eran Carlos Romero y Nardi Suxo", precisó Rivera. Reveló que el denominado gabinete jurídico participó de seis casos polémicos: La Calancha, Caranavi, Chaparina, Villamontes, Porvenir y Sanabria.
Aseguró que existe injerencia del ejecutivo en el órgano judicial. "Cuando pasó el conflicto de cooperativos y asalariados en lo de Colquiri en 2012, fue el ministro Romero quien ordenó a Marco Antonio Rodríguez (actual fiscal caso Rózsa) que emita la aprehensión y allanamiento", dijo Rivera. Pidió que garanticen el recurso de protección de testigos para que pueda declarar lo que sabe.
Extinguirán procesos paralizados
El Consejo de la Magistratura apuesta por acciones firmes para reducir la carga procesal.
Actualmente, más de 76.000 procesos judiciales están sin movimiento en todos los juzgados del país.
El Consejo de la Magistratura proyecta extinguir hasta mayo el 73 por ciento de 76 mil procesos civiles estancados en los estrados judiciales, informó el presidente de la Sala de Control y Fiscalización, Freddy Sanabria.
“El Consejo de la Magistratura está realizando el seguimiento de todos los procesos a nivel nacional, principalmente en los juzgados de instrucción civil. Lo que se proyecta es la extinción del 73 por ciento de los procesos sin movimiento que alcanza a más de 76 mil procesos”, señaló.
Sanabria precisó que 55.568 procesos de un total de 76.210 están sin movimiento. Tal situación de paralización de los casos, por parte de los interesados o litigantes, significa que “están para su extinción”.
“Aplicando la disposición transitoria décima del Código Procesal Civil, el Órgano Judicial se quedará sólo con el 27 por ciento de los procesos para la resolución hasta el mes de mayo”, agregó.
Sanabria también indicó que 7.468 casos serán remitidos por los jueces de instrucción civil a las notarías de fe pública, en el marco de la política de descongestionamiento de los juzgados.
Las acciones que ejecutarán en el marco de este plan permitirán, dijo, mejorar el servicio de la justicia al público litigante en el país.
Tribunal de Justicia convoca a audiencia por fallo de TSE
El Tribunal de Justicia de La Paz convocó para hoy a audiencia pública a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el jefe político de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amilcar Barral, tras declarar procedente el Amparo Constitucional que interpuso el opositor por la “permisividad” en la realización de campañas proselitistas de parte del oficialismo.
La audiencia deberá desarrollarse a las 16 horas en el Tribunal Departamental con la presencia de los representantes legales de los vocales del ente electoral Wilma Velazco, Wilfredo Ovando, Irineo Zuna, Ramiro Paredes, Marco Ayala, Fanny Rivas Rojas y Dina Chuquimia.
Barral confirmaba la admisión del recurso por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que obligaría a revisar la determinación del ente electoral que en principio rechazó la denuncia del opositor sobre la convocatoria de proclamación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales – Álvaro García el pasado 10 de enero en la localidad de Huanuni, pese a existir la resolución 001/2014 que prohíbe esos actos hasta que se establezca el cronograma y convocatoria a Elecciones Generales.
“Hemos planteado un Amparo Constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en contra de todos los vocales del TSE. Ha sido admitido ese Amparo Constitucional por el Tribunal Departamental de Justicia y entendemos que de ser procedente el Amparo, el Tribunal Supremo Electoral, está obligado iniciar el proceso penal contra el gobernador de Oruro, Santos Tito, por uso indebido de bienes del Estado”, declaró a ANF.
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References: artículo 45
 resolución 
 resolución 
 artículo 214
 resolución 
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