Source: https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/decision/2009/2009595DC.htm
Timestamp: 2019-12-08 01:56:03+00:00

Document:
Sentencia n° 2009-595 DC de 3 de Diciembre de 2009 | Conseil constitutionnel
Sentencia n° 2009-595 DC de 3 de Diciembre de 2009
Ley orgánica relativa a la aplicación del artículo 61-1 de la Constitución
Ante el requerimiento formulado ante el Consejo Constitucional francés, el 25 de noviembre de 2009, por el Primer Ministro, en la forma prevista en los artículos 46, párrafo 5, y 61, párrafo primero, de la Constitución, con respecto a la impugnación de la ley orgánica relativa a la aplicación del artículo 61-1 de la Constitución.
Vista la Constitución, en su redacción resultante de la ley constitucional nº 2008-724 de 23 de julio de 2008 de modernización de las instituciones de la V República;
Vista la ley orgánica n° 99-209 de 19 de marzo de 1999 modificada relativa a Nueva Caledonia;
Visto el código de justicia administrativa;
Visto el código de las jurisdicciones financieras;
Visto el código de la organización judicial;
Visto el código de enjuiciamiento penal;
Considerando que la ley orgánica sometida al examen del Consejo Constitucional fue adoptada con fundamento en el artículo 61-1 de la Constitución; que esta ley fue adoptada en cumplimiento de las normas de procedimiento previstas por los tres primeros párrafos del artículo 46 de la Constitución;
Considerando que el artículo 29 de la ley constitucional de 23 de julio de 2008 anteriormente mencionada introdujo en la Constitución un artículo 61-1 que dispone que: “Cuando, con motivo de una instancia pendiente en una jurisdicción, se alegue que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución, esta cuestión podrá ser sometida al Consejo Constitucional, tras su remisión, por parte del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo que se pronunciará en un plazo determinado. - Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente artículo”; que su artículo 30 incorporó principalmente, en el artículo 62 de la Constitución, un segundo párrafo que dispone que: “Una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será derogada a partir de la publicación de la resolución del Consejo Constitucional o de una fecha posterior fijada en dicha resolución. El Consejo Constitucional determinará las condiciones y límites en que los efectos producidos por la disposición puedan cuestionarse”;
Considerando, por una parte, que el órgano constituyente reconoció de este modo a cualquier justiciable el derecho de afirmar, para apoyar su demanda, que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución; que confió al Consejo de Estado y al Tribunal Supremo, las jurisdicciones que ocupan la cúpula de los dos órdenes jurisdiccionales reconocidos por la Constitución, la competencia para juzgar si se debe someter al Consejo Constitucional esta cuestión de constitucionalidad; que reservó, por último, al Consejo Constitucional la competencia para resolver sobre dicho asunto y, en su caso, declarar una disposición legislativa contraria a la Constitución;
Considerando, por otra parte, que la buena administración de la justicia constituye un objetivo de valor constitucional que resulta de los artículos 12, 15 y 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789; que le corresponde al legislador orgánico, competente para determinar las condiciones de aplicación del artículo 61-1 de la Constitución, garantizar el desarrollo de este objetivo sin vulnerar el derecho de plantear una cuestión prioritaria de constitucionalidad;
Considerando que el artículo 1º de la ley orgánica introduce en la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente mencionada un capítulo II bis titulado: “De la cuestión prioritaria de constitucionalidad”; que este capítulo incluye tres secciones consagradas a las disposiciones aplicables respectivamente ante las jurisdicciones dependientes del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo, ante el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo y, por último, ante el Consejo Constitucional;
. En lo relativo a las disposiciones aplicables ante las jurisdicciones dependientes del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo:
Considerando que la sección 1 del capítulo II bis anteriormente mencionado contiene los artículos 23-1 a 23-3 relativos a las disposiciones aplicables ante las jurisdicciones dependientes del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo;
En lo referido al artículo 23-1:
Considerando que con arreglo al artículo 23-1: «Ante las jurisdicciones dependientes del Consejo de Estado o del Tribunal de Supremo, el motivo derivado de que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizadas por la Constitución será presentado, bajo pena de ser desestimado, en un escrito distinto y motivado. Este motivo podrá ser planteado por primera vez como causa de apelación. No podrá ser presentado de oficio.
“Ante una jurisdicción dependiente del Tribunal Supremo, cuando el ministerio fiscal no sea parte en la instancia, el caso le será comunicado desde que se plantee la causa para que pueda dar a conocer su dictamen.
“Si el motivo es planteado durante la instrucción penal, se someterá a la jurisdicción de instrucción de segundo grado.
“La causa no podrá llevarse a la cour d'assises [tribunal de jurado o de lo criminal]. En caso de apelación de una sentencia pronunciada por este último tribunal en primera instancia, podrá ser presentada mediante escrito que acompañe la declaración de apelación. Este escrito será transmitido inmediatamente al Tribunal Supremo”;
Considerando, en primer lugar, que al exigir que la causa derivada de la vulneración por una disposición legislativa de los derechos y libertades garantizados por la Constitución se presente mediante un escrito distinto y motivado, el legislador orgánico ha pretendido facilitar el tratamiento de la cuestión prioritaria de constitucionalidad y permitir que la jurisdicción a la que se somete pueda juzgar, cuanto antes, para no retardar el procedimiento, si esta cuestión debe ser transmitida al Consejo de Estado o al Tribunal Supremo;
Considerando, en segundo lugar, que los términos del artículo 61-1 de la Constitución le imponían al legislador orgánico reservarles tan sólo a las partes de la instancia el derecho de afirmar que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución; que, por consiguiente, la última frase del primer párrafo del artículo 23-1, que prohíbe a la jurisdicción a la que se somete la causa plantear de oficio una cuestión prioritaria de constitucionalidad, no incumple la Constitución;
Considerando, en tercer lugar, que el cuarto párrafo del artículo 23-1 prohíbe que la cuestión prioritaria de constitucionalidad sea presentada ante la cour d'assises [tribunal de jurado o de lo criminal]; que una cuestión de esta índole podrá plantearse durante la instrucción penal que precede el proceso criminal; que también podrá plantearse con motivo de la declaración de apelación de una sentencia pronunciada por la cour d'assises en primera instancia o del recurso de casación interpuesto contra una sentencia pronunciada por la cour d'assises en apelación y que será transmitida directamente al tribunal supremo; que el legislador orgánico ha pretendido tener en cuenta, en aras de la buena administración de la justicia, las especificidades de la organización de la cour d'assises y el desarrollo del proceso seguido ante ella; que, de esta forma, la prohibición de plantear una cuestión prioritaria de constitucionalidad ante la cour d'assises no vulnera el derecho reconocido por el artículo 61-1 de la Constitución;
Considerando, por consiguiente, que el artículo 23-1 no es contrario a la Constitución;
En lo referido al artículo 23-2:
Considerando que con arreglo al artículo 23-2: “La jurisdicción resuelve sin plazo mediante una resolución motivada sobre la transmisión de la cuestión prioritaria de constitucionalidad al Consejo de Estado o al Tribunal Supremo. Se procederá a esta transmisión si se cumplen las siguientes condiciones:
“1° La disposición impugnada es aplicable al litigio o al procedimiento, o constituye el fundamento de las acciones judiciales;
“2° Todavía no ha sido declarada conforme a la Constitución en los fundamentos y el fallo de una sentencia del Consejo Constitucional, salvo cambio de circunstancias;
“3° La cuestión reviste un carácter serio.
“En cualquier caso, cuando se llevan a ella causas por las que se impugna la conformidad de una disposición legislativa por una parte con los derechos y libertades garantizados por la Constitución y, por otra, con los compromisos internacionales de Francia, la jurisdicción deberá pronunciarse de forma prioritaria sobre la transmisión de la cuestión de constitucionalidad al Consejo de Estado o al Tribunal Supremo.
“La decisión de transmitir la cuestión se envía al Consejo de Estado o al Tribunal Supremo en el plazo de ocho días a partir de su pronunciamiento con las memorias o las conclusiones de las partes. No será susceptible de ningún recurso. El rechazo de transmitir la cuestión tan sólo podrá ser contestado con motivo de un recurso contra la resolución que dirima todo o parte del litigio”;
Considerando, en primer lugar, que las tres condiciones que determinan la transmisión de la cuestión prioritaria de constitucionalidad no vulneran el artículo 61-1 de la Constitución; que la condición prevista por el 2° del artículo 23-2 es conforme al último párrafo del artículo 62 de la Constitución que dispone que: “Contra las resoluciones del Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se impondrán a todos los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales”; que al reservar el caso del “cambio de circunstancias”, conduce a que una disposición legislativa declarada conforme a la Constitución en los fundamentos jurídicos y en el fallo de una sentencia del Consejo Constitucional sea de nuevo sometida a su examen cuando este nuevo examen se justifique por los cambios ocurridos, desde la precedente resolución, en las normas de constitucionalidad aplicables o en las circunstancias, de derecho o de hecho, que afecten al alcance de la disposición legislativa criticada;
Considerando, en segundo lugar, que al imponer el examen de forma prioritaria de los motivos de constitucionalidad antes de los motivos derivados de la falta de conformidad de una disposición legislativa con los compromisos internacionales de Francia, el legislador orgánico consideró garantizar el cumplimiento de la Constitución y recordar su lugar en la cúpula del ordenamiento jurídico interno; que esta prioridad tiene como único efecto imponer, en cualquier caso, el orden de examen de las causas sometidas ante la jurisdicción a la que se recurre; que no restringe la competencia de esta última, tras haber aplicado las disposiciones relativas a la cuestión prioritaria de constitucionalidad, de velar por el respeto y la superioridad sobre las leyes de los tratados y acuerdos legalmente ratificados o aprobados y de las normas de la Unión Europea; que, de este modo, no incumple ni el artículo 55 de la Constitución, ni su artículo 88-1 en virtud del cual: “La República participa en la Unión Europea compuesta por Estados que han elegido libremente, en virtud del tratado sobre la Unión Europa y del tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, tal y como aparecen en el tratado firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ejercer en común algunas de sus competencias”;
Considerando, por ello, que el artículo 23-2 no es contrario a la Constitución;
En lo referido al artículo 23-3:
Considerando que con arreglo al artículo 23-3: “Cuando la cuestión sea transmitida, la jurisdicción aplazará el fallo hasta la recepción de la resolución del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo o, si se somete a él la cuestión, del Consejo Constitucional. El curso de la instrucción no es suspendido y la jurisdicción podrá tomar las medidas provisionales o cautelares que sean necesarias.
“No obstante, no aplazará la resolución ni cuando una persona esté privada de libertad debido a la instancia, ni cuando la instancia tenga como objeto poner término a una medida privativa de libertad.
“La jurisdicción también podrá resolver sin esperar la decisión relativa a la cuestión prioritaria de constitucionalidad si la ley o el reglamento prevé que resuelva en un plazo determinado o de forma urgente. Si la jurisdicción de primera instancia resuelve sin esperar y si se apela su resolución, la jurisdicción de apelación aplazará el fallo. Con todo, podrá no aplazarlo si ella propia debe pronunciarse en un plazo determinado o de forma urgente.
“Asimismo, cuando el aplazamiento para la decisión corriese el peligro de traer consigo consecuencias irremediables o claramente excesivas para los derechos de una parte, la jurisdicción que decida transmitir la cuestión podrá resolver sobre los puntos que deban ser resueltos inmediatamente.
“Si un recurso de casación fue interpuesto cuando los jueces que se pronuncian sobre el fondo fallaron sin esperar la resolución del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo o, si la cuestión fue llevada ante él, del Tribunal Constitucional, se aplazará cualquier resolución sobre el recurso mientras no se haya fallado sobre la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Esto no se aplicará si el interesado está privado de libertad debido a la instancia y que la ley prevé que el Tribunal Supremo resuelva en un plazo determinado;
Considerando que estas disposiciones le imponen a la jurisdicción a la que se somete la causa aplazar su fallo hasta la resolución del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo o, si se somete a él, del Consejo Constitucional, exceptuando los casos en que, debido a la urgencia, a la naturaleza o a las circunstancias de la causa, no resulta procedente un tal aplazamiento; que, en caso de que la jurisdicción resuelva sobre el fondo sin esperar la resolución del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo o, si la causa es sometida a él, del Consejo Constitucional, la jurisdicción ante la que se presente el recurso de apelación o de casación deberá, en principio, aplazar su fallo; que, de este modo, en la medida en que preservan el efecto útil de la cuestión prioritaria de constitucionalidad para el justiciable que la haya planteado, estas disposiciones, que contribuyen al buen funcionamiento de la justicia, no incumplen el derecho reconocido por el artículo 61-1 de la Constitución;
Considerando, sin embargo, que la última frase del último párrafo del artículo 23-3 puede conducir a que se dicte una resolución definitiva en una instancia con motivo de la cual se ha llevado al Consejo Constitucional una cuestión prioritaria de constitucionalidad y sin esperar a que se haya pronunciado; que, en esta hipótesis, ni esta disposición ni la fuerza de la cosa juzgada podrían privar al justiciable de la facultad de interponer una nueva instancia para que se pudiera tener en cuenta la resolución del Consejo Constitucional; que, con esta reserva, el artículo 23-3 no es contrario a la Constitución;
. En lo relativo a las disposiciones aplicables ante el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo:
Considerando que la sección 2 del capítulo II bis anteriormente citado contiene los artículos 23-4 a 23-7 relativos a las disposiciones aplicables ante el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo;
En lo referido a los artículos 23-4 y 23-5:
Considerando que de acuerdo con el artículo 23-4: “En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la transmisión prevista en el artículo 23-2 o en el último párrafo del artículo 23-1, el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo se pronunciará sobre la remisión de la cuestión prioritaria de constitucionalidad al Consejo Constitucional. Se procede a este reenvío siempre y cuando se cumplen las condiciones previstas en el 1° y 2° del artículo 23-2 y que la cuestión sea nueva o revista un carácter serio”; que su artículo 23-5 dispone que: “La causa fundada en que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución puede ser planteada, incluso por primera vez en casación, con motivo de una instancia ante el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo. La causa se presentará, con pena de ser desestimada, en una memoria distinta y motivada. No podrá ser presentada de oficio.
“En cualquier caso, el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo, cuando les sean sometidas causas por las que se contesta la conformidad de una disposición legislativa de una parte con los derechos y libertades garantizados por la Constitución y, por otra parte, con los compromisos internacionales de Francia, deberá pronunciarse de forma prioritaria sobre el reenvío de la cuestión de constitucionalidad al Consejo Constitucional.
“El Consejo de Estado o el Tribunal Supremo dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la presentación de la causa para pronunciar su decisión. Al Consejo Constitucional le será sometida la cuestión prioritaria de constitucionalidad siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el 1° y 2° del artículo 23-2 y que la cuestión sea nueva o revista un carácter serio.
“Cuando se someta al Consejo Constitucional, el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo aplazará su resolución hasta que el primero se haya pronunciado. Esto no ocurrirá cuando el interesado esté privado de libertad debido a la instancia y que la ley prevea que el Tribunal Supremo resuelva en un plazo determinado. Si el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse de forma urgente, no tendrá que aplazar su decisión”;
Considerando, en primer lugar, que la última frase del primer párrafo del artículo 23-4 y que la última frase de tercer párrafo del artículo 23-5 prevén que se someta al Consejo Constitucional la cuestión prioritaria de constitucionalidad si “la cuestión es nueva”; que el legislador orgánico pretendió, al añadir este criterio, imponer que se someta al Consejo Constitucional la interpretación de cualquier disposición constitucional que todavía no haya tenido ocasión de aplicar; que, en los demás casos, pretendió permitirles al Consejo de Estado y al Tribunal Supremo apreciar el interés de que se someta al Consejo Constitucional en función de este criterio alternativo; que, por consiguiente, una cuestión prioritaria de constitucionalidad no puede ser nueva en el sentido de estas disposiciones por el único motivo de que la disposición legislativa impugnada no haya sido examinada por el Consejo Constitucional; que esta disposición no es contraria a la Constitución;
Considerando, en segundo lugar, que el segundo párrafo del artículo 23-5 impone que, cuando una cuestión de constitucionalidad sea planteada por primera vez ante el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo o cuando estos últimos examinen un recurso interpuesto contra una sentencia pronunciada en una instancia con motivo de la cual se haya rechazado la transmisión de una cuestión prioritaria de constitucionalidad, las causas de constitucionalidad se examinen de forma prioritaria antes de las causas derivadas de la falta de conformidad de una disposición legislativa con los compromisos internacionales de Francia; que, por motivos idénticos a los enunciados en el considerando 14, esta disposición no es contraria a la Constitución;
Considerando, en tercer lugar, que las dos últimas frases del último párrafo del artículo 23-5 permiten que se dicte una resolución definitiva en una instancia con motivo de la cual se haya sometido al Tribunal Constitucional una cuestión prioritaria de constitucionalidad y sin esperar a que él se haya pronunciado; que, con la misma reserva que la enunciada en el considerando 18, estas disposiciones no son contrarias a la Constitución;
Considerando, en cuarto lugar, que, por motivos idénticos a los enunciados en los considerandos 8, 9, 13 y 17 de la presente sentencia, la parte restante de los artículos 23-4 y 23-5 no es contraria a la Constitución;
En lo referido al artículo 23-6:
Considerando que con arreglo al artículo 23-6: “El primer presidente del Tribunal Supremo es el destinatario de las transmisiones al Tribunal Supremo previstas en el artículo 23-2 y en el último párrafo del artículo 23-1. La mencionada memoria en el artículo 23-5, presentada en el marco de una instancia ante el Tribunal Supremo, también le será transmitida.
“El primer presidente lo comunicará inmediatamente al fiscal del Tribunal Supremo.
“La sentencia del Tribunal Supremo será pronunciada por una formación presidida por el primer presidente y compuesta por los presidentes de las salas y por dos consejeros pertenecientes a cada sala especialmente concernida.
“No obstante, el primer presidente, si considera que la solución se impone, podrá reenviar la cuestión ante una formación presidida por él mismo y compuesta por el presidente de la sala especialmente concernida y por un consejero de esta sala.
“Para la aplicación de los dos precedentes párrafos, el primer presidente podrá ser suplantado por un delegado que él designará entre los presidentes de sala del Tribunal Supremo. Los presidentes de las salas podrán ser suplantados por delegados que designarán entre los consejeros de la sala”;
Considerando que estas disposiciones, relativas a las normas constitutivas de formaciones de enjuiciamiento del Tribunal Supremo para el examen de cuestiones prioritarias de constitucionalidad que le son transmitidas o que son sometidas ante él, tienen carácter orgánico; que no incumplen ninguna norma ni ningún principio constitucional;
En lo referido al artículo 23-7:
Considerando que el artículo 23-7 prevé que el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo recurra ante el Consejo Constitucional mediante una resolución motivada acompañada de memorias o de conclusiones de las partes; que al no ser competente el Consejo Constitucional para conocer de la instancia con motivo de la que se plantea la cuestión prioritaria de constitucionalidad, tan sólo el escrito o la memoria “distinta y motivada” así como las memorias y conclusiones propias de esta cuestión prioritaria de constitucionalidad deberán serle transmitidas; que este artículo también establece que el Consejo Constitucional reciba una copia de la resolución motivada por la que el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo decide no recurrir a él; que al prever, además, la transmisión de pleno derecho de la cuestión al Consejo Constitucional si el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo no se pronuncian en un plazo de tres meses, el legislador orgánico aplicó las disposiciones del artículo 61-1 de la Constitución que establecen que el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo “se pronuncian en un plazo determinado”; que, por consiguiente, estas disposiciones son conformes a la Constitución;
Considerando que las disposiciones de los artículos 23-4 a 23-7 deben interpretarse como que prescriben ante el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo la aplicación de normas de procedimiento conformes con las exigencias del derecho a un proceso justo, completadas si fuera necesario con modalidades reglamentarias de aplicación que permitan el examen, por dichas jurisdicciones, del reenvío de la cuestión prioritaria de constitucionalidad, adoptadas en la forma prevista en el artículo 4 de la ley orgánica ; que, sin perjuicio de lo anterior, el legislador orgánico no incumplió el alcance de su competencia;
. En lo relativo a las disposiciones aplicables ante el Consejo Constitucional:
Considerando que la sección 3 del capítulo II bis anteriormente citado incluye los artículos 23-8 a 23-12, relativos al examen de las cuestiones prioritarias de constitucionalidad por el Consejo Constitucional;
Considerando que el artículo 23-8 enumera las autoridades a las que se comunica que la cuestión se plantea ante el Consejo Constitucional; que su artículo 23-10 le impone a este último que resuelva en un plazo de tres meses y prevé el carácter contradictorio del procedimiento aplicable ante él así como el principio de la publicidad de las audiencias; que su artículo 23-11 dispone que estas resoluciones son motivadas y enumera las autoridades a las que se les notifican; que, por último, su artículo 23-12 prevé un aumento de la contribución del Estado para la retribución de los auxiliares de justicia que colaboren en la ayuda jurisdiccional cuando se someta al Consejo Constitucional una cuestión prioritaria de constitucionalidad; que estas disposiciones no incumplen ninguna exigencia constitucional;
Considerando que de acuerdo con el artículo 23-9: “Cuando se somete al Consejo Constitucional la cuestión prioritaria de constitucionalidad, la extinción de la instancia por cualquier motivo que fuere, con motivo de la cual fue planteada la cuestión no tendrá consecuencia en el examen de la cuestión”; que al liberar así de esta obligación, a partir del momento en que es sometida al Consejo Constitucional, la cuestión prioritaria de constitucionalidad y la instancia con motivo de la cual la cuestión fue planteada, el legislador pretendió extraer las consecuencias del efecto que se vincula a las resoluciones del Consejo Constitucional en virtud, por una parte, del segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución y, por otra parte, del 2° del artículo 23-2 de la ley orgánica; que este artículo no incumple ninguna exigencia constitucional;
Considerando que resulta de todo lo anterior que, con las reservas enunciadas en los considerandos 18, 23 y 28, el artículo 1º no es contrario a la Constitución;
Considerando que el artículo 3 incorpora tras el primer párrafo del artículo 107 de la ley orgánica de 19 de marzo de 1999 anteriormente citada un párrafo según el cual: “Las disposiciones de una ley del país podrán ser objeto de una cuestión prioritaria de constitucionalidad, que obedezca a normas definidas por los artículos 23-1 a 23-12 de la orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 relativa a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional”;
Considerando que en cumplimiento del artículo 77 de la Constitución que dispone que “ciertas categorías de actos de la asamblea deliberante de Nueva Caledonia podrán ser sometidas antes de su publicación al control del Consejo Constitucional”, el artículo 99 de la ley orgánica de 19 de marzo de 1999 anteriormente nombrada definió el ámbito de las “leyes del país” de Nueva Caledonia y su artículo 107 les otorgó “fuerza de ley” en este ámbito; que se desprende de ello que el citado artículo 3 es conforme al artículo 61-1 de la Constitución que prevé que la cuestión prioritaria de constitucionalidad será aplicable a las disposiciones legislativas;
SOBRE LAS DEMÁS DISPOSICIONES:
Considerando que el artículo 2, que incorpora en el código de justicia administrativa, el código de la organización judicial, el código de enjuiciamiento penal y el código de jurisdicciones financieras disposiciones de coordinación con las disposiciones del artículo primero, no vulnera ninguna exigencia constitucional;
Considerando que el artículo 4 prevé que las modalidades de aplicación del artículo 1º se determinen en la forma prevista por los artículos 55 y 56 de la orden orgánica de 7 de noviembre de 1958 anteriormente mencionada y precisa, además, que el reglamento interno del Consejo Constitucional fijará las normas de procedimiento aplicables “ante él”; que esta remisión al decreto en consejo de ministros, tras consulta del Consejo Constitucional y dictamen del Consejo de Estado, no es contraria a la Constitución;
Considerando que el artículo 5 establece la entrada en vigor de la ley orgánica el primer día del tercer mes siguiente al de su promulgación; que la ley orgánica se aplicará de esta forma a las instancias pendientes en la fecha de su entrada en vigor; que, no obstante, tan sólo las cuestiones prioritarias de constitucionalidad presentadas a partir de esa fecha en un escrito o en una memoria distinta y motivada serán estimadas; que este artículo no vulnera ninguna exigencia constitucional;
Considerando que resulta de todo lo anterior que, sin perjuicio de lo previsto en los considerandos 18, 23 y 28, la ley orgánica relativa a la aplicación del artículo 61-1 de la Constitución no es contraria a la Constitución,
Artículo primero.- Sin perjuicio de lo enunciado en los considerandos 18, 23 y 28, la ley orgánica relativa a la aplicación del artículo 61-1 de la Constitución no es contraria a la Constitución.
Artículo 2.- La presente sentencia se publicará en el Journal officiel [Boletín Oficial del Estado] de la República Francesa.
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión del 3 de diciembre de 2009, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Guy CANIVET, Don Jacques CHIRAC, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Don Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Jean-Louis PEZANT, Doña Dominique SCHNAPPER y Don Pierre STEINMETZ.
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 24 novembre 2009 [T.A. n° 370], Lettre de transmission, Références doctrinales.

References: artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 46
 artículo 29
 artículo 61
 artículo 30
 artículo 62
 artículo 61
 resolución 
 artículo 61
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 61
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 61
 artículo 23
 artículo 23
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 resolución 
 resolución 
 artículo 61
 artículo 23
 artículo 62
 artículo 55
 artículo 88
 artículo 23
 artículo 23
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 resolución 
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 resolución 
 resolución 
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 artículo 61
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
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 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 61
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 62
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 107
 artículo 77
 artículo 99
 artículo 107
 artículo 3
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 61
 artículo 61

Artículo 2