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Timestamp: 2019-10-13 21:09:11+00:00

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﻿ Sentencia C-157 de marzo 21 de 2013
SENTENCIA C-157 DE 21 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:JURAMENTO ESTIMATORIO. LA FINALIDAD DE DESESTIMULAR LA PRESENTACIÓN DE PRETENSIONES SOBREESTIMADAS O TEMERARIAS ES ACORDE CON EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL, SOLO EN EL HIPOTÉTICO —EN EL DE QUE LA CAUSA DE NO SATISFACER LA CARGA DE LA PRUEBA SEA IMPUTABLE A HECHOS O MOTIVOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LA PARTE, OCURRIDOS A PESAR DE QUE SU OBRAR HAYA SIDO DILIGENTE Y ESMERADO—, LA SANCIÓN RESULTA EXCESIVA O DESPROPORCIONADA FRENTE AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y A LOS DERECHOS A ACCEDER A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO. SE DECLARA LA EXEQUIBLE DEL PARÁGRAFO ÚNICO DEL ARTÍCULO 206 DE LA LEY 1564 DE 2012, BAJO EL ENTENDIDO DE QUE TAL SANCIÓN -POR FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE LOS PERJUICIOS-, NO PROCEDE CUANDO LA CAUSA DE LA MISMA SEA IMPUTABLE A HECHOS O MOTIVOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LA PARTE, OCURRIDOS A PESAR DE QUE SU OBRAR HAYA SIDO DILIGENTE Y ESMERADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA BUENA FE, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, JURAMENTO ESTIMATORIO, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:500 DE AGOSTO DE 2013, PG.1413
Sentencia C-157 de marzo 21 de 2013
Ref.: Expediente D-9263.
Bogotá. D.C., marzo 21 de 2013
3.3.2. Estima que la norma demandada persigue un objetivo noble: evitar que los procesos se conviertan en una especie de apuesta sin control, con miras a probar suerte, de manera irresponsable e impune. Consideran que sancionar la conducta temeraria de pretender la reparación de unos perjuicios inexistentes, o la conducta desidiosa y negligente de no demostrar su existencia, cuando estos sí ocurrieron, no implica exceso, desproporción o lesión alguna.
3.3.3. Con base en una cita doctrinal del profesor Hernán Fabio López Blanco y en lo dicho en el informe ponencia para primer debate del proyecto en el Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 114 de 2012, afirma que la norma no establece una forma de responsabilidad objetiva, ni es resultado del capricho o arbitrariedad del legislador.
3.4.1. Afirma que el Código General del Proceso busca realizar el principio de celeridad, que es una finalidad legítima, en tanto no se limita al problema de la congestión judicial sino que pretende abordar también el problema del uso adecuado de la administración de justicia. Pese a lo legítimo del fin, considera que este no justifica afectar de manera excesiva o arbitraria los derechos de las personas, en especial los de acceder a la justicia, la igualdad, el debido proceso, o los fines del Estado, o el principio de buena fe.
3.4.3. Señala como relevante el precedente contenido en la Sentencia C-203 de 2011, en la cual la Corte declaró inexequible la expresión “no reúne los requisitos, o”, contenida en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010. Para llegar a esta conclusión, la Corte consideró que sancionar la conducta de no presentar una demanda de casación en materia laboral con el lleno de los requisitos, con la declaración de desierto del recurso y con una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales al apoderado judicial, era contrario a la Carta, ya que “el ejercicio antitécnico de las facultades procesales, no puede convertirse en un hecho reputado como ilícito, merecedor de sanciones de cualquier índole”.
3.5.2. La ineptitud de la demanda se presenta porque esta: (i) no es clara, en tanto existen “secciones que son oscuras en su redacción o absolutamente generales”; (ii) carece de certeza, en la medida en que no examina el supuesto de hecho objeto de reproche y, por el contrario, sostiene que el artículo se ocupa de la debida o indebida estimación de los perjuicios, no obstante que la disposición se refiere a la falta de prueba de los mismos; y (iii) la acusación no consigue presentar un argumento que resulte relevante desde una perspectiva constitucional y, en consecuencia, carece de suficiencia.
3.5.3. De manera subsidiaria se solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada, bajo el entendido de que solo procede la sanción cuando “quien realizó el juramento estimatorio no discriminó cada uno de los conceptos de la estimación y es renuente a la práctica de pruebas solicitadas por la contraparte y decretadas por el juez y/o las decretadas de manera oficiosa por el juez”.
La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, incorporada en la ley 1564 de 2012, atendiendo lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.
4.1. El juramento estimatorio es una institución añeja dentro de la tradición jurídica de la República. En la primera mitad del Siglo XX, la Ley 105 de 1931(1), sobre organización judicial y procedimiento civil, ya la preveía en su artículo 625, en los siguientes términos:
“ART. 625.—La declaración jurada de una parte, cuando la ley autoriza a esta para estimar, en dinero, el derecho demandado proveniente de perjuicios u otra causa, hace fe mientras esa estimación no se regule en articulación suscitada a pedimento de la otra parte en cualquier estado del juicio, antes de fallar.
Si la cantidad estimada por el interesado excede en más del doble de la en que se regule, se le condena en las costas del incidente y a pagar a la otra parte el diez por ciento de la diferencia”.
4.2. En la segunda mitad del Siglo XX la institución del juramento estimatorio conserva sus rasgos principales. Así se lo constata al revisar el artículo 211 del Decreto 1400 de 1970(2), por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente:
“ART. 211.—El juramento de una parte cuando la ley la autoriza para estimar en dinero el derecho demandado, hará prueba de dicho valor mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que lo admita o en el especial que la ley señale; el juez de oficio podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.
“ART. 211.—Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.
5.1. El parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 hace parte de un complejo sistema legal, como lo es el Código General del Proceso. Una aproximación preliminar al sistema legal sub examine revela la existencia de varias normas que guardan una estrecha relación con la norma demandada, como es el caso de los artículos 8º, 26, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 365 y 366 del Código General del Proceso.
5.1.1. Según el artículo 8º(3), salvo las excepciones de ley, corresponde a las partes iniciar el proceso y a los jueces adelantarlos por sí mismos, al punto de responder por las demoras que les sean imputables. Por lo tanto, la carga procesal es de las partes.
5.1.2. El artículo 26(4) establece las reglas para determinar la cuantía. Estas reglas se basan dos criterios: el criterio general es el del valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin incluir los frutos, intereses, multas o perjuicios accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de esta; el criterio especial es el del valor del avalúo catastral, que se aplica en procesos de deslinde y amojonamiento, de pertenencia y saneamiento de la titulación, divisorios, de sucesión, de tenencia por arrendamiento y de servidumbres. En el proceso de tenencia por arrendamiento, el criterio es el del valor de la renta por el término del contrato y, si este fuere por término indefinido, lo será el valor de la renta de los doce meses anteriores a presentar la demanda. Por lo tanto, determinar la cuantía es una actividad sometida a reglas precisas y a criterios objetivos.
5.1.3. Entre los deberes de las partes y sus apoderados, previstos en el artículo 78(5), se debe destacar el deber de proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, y el deber de obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales, contenidos en los numerales 1º y 2º. Así, el proceder sin lealtad y buena fe u obrar con temeridad en las pretensiones, implica el incumplir deberes.
5.1.4. De manera coherente con los deberes antedichos, en el artículo 79(6) se establece una serie de eventos en los cuales se presume la existencia de temeridad o mala fe. Entre estos eventos, conviene destacar que la presunción tiene lugar cuando es manifiesto que la demanda carece de fundamento legal, o cuando, a sabiendas, se alega hechos contrarios a la realidad, o cuando se emplea el proceso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. En conclusión, existen instrumentos legales idóneos para establecer la temeridad o mala fe de la conducta de los involucrados en el proceso.
5.1.5. En caso de incumplir su deber, por obrar de manera temeraria o de mala fe, tanto las partes como sus apoderados responderán por los perjuicios que causen, al tenor de lo dispuesto en los artículos 80(7) y 81(8). Esta responsabilidad existe sin perjuicio de las costas del proceso, y el juez tiene la obligación de imponer la correspondiente condena, si se trata de una parte, o multa, si se trata del apoderado, cuando encuentre demostrada la conducta. En el caso de los abogados, su proceder también debe ser puesto en conocimiento de las autoridades disciplinarias. De este modo, la responsabilidad por los perjuicios causados es diferente de las costas del proceso, y puede tener implicaciones patrimoniales para las partes y patrimoniales y disciplinarias para sus apoderados.
5.1.6. Señalar la cuantía, por la vía del juramento estimatorio, cuando sea necesario, o por la vía de su estimación razonada, es uno de los requisitos de la demanda, al tenor de lo previsto en el artículo 82(9), numerales 7º y 9º. Este requisito no es un mero formalismo, pues guarda relación con un medio de prueba y, en todo caso, es necesario para determinar la competencia o el trámite. Por lo tanto, señalar la cuantía no es un requisito prescindible o caprichoso, sino un presupuesto necesario para el trámite del proceso.
5.1.7. Si en la demanda o en su contestación, la parte o su apoderado, o ambos, suministran información que no corresponda a la verdad, en el artículo 86(10) se prevé que habrá lugar a remitir las copias pertinentes para los procesos penales y disciplinarios, a imponer una multa y a condenar a una indemnización de perjuicios. Así, la falta de rigor con la veracidad de la información aportada, genera consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales.
5.1.8. La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(11). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366(12), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra.
5.3.1. En el texto original del proyecto de ley, que aparece publicado en la Gaceta del Congreso 119 de 2011(13), no está el parágrafo en comento. Sin embargo, ya es visible el papel destacado que el juramento estimatorio está llamado a cumplir en asuntos como la rendición provocada de cuentas (art. 379), las mejoras (art. 412) y la regulación de perjuicios (art. 439).
5.3.2. En el informe de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, que aparece en la Gaceta del Congreso 745 de 2011(14), se da cuenta de las modificaciones del texto, entre las cuales vale la pena destacar la de combatir maniobras para presentar una estimación de las pretensiones que no se ajuste a la realidad, con miras a eludir el pago del arancel judicial.
5.3.3. El parágrafo objeto de la demanda se incorpora al artículo 206 del proyecto de ley, en el primer debate en el Senado de la República. En el informe ponencia correspondiente, que aparece en la Gaceta del Congreso 114 de 2012(15), se justifica la inclusión del parágrafo en la necesidad de regular la hipótesis de que las pretensiones sean desestimadas, valga decir, aquellos casos en los cuales el juramento no es fabuloso en sí mismo, sino que son las pretensiones las que son fabulosas. La razón de esta norma es, pues, “desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias”.
6.2.2. En el primer escenario hipotético —que corresponde al ejemplo que se da en el informe ponencia al que se alude atrás—, es evidente que la causa del fenómeno es una conducta temeraria, que puede tener importantes consecuencias en materia de responsabilidad, conforme a varias de las normas legales analizadas.
6.3.1. Al interpretar el artículo 150.2 de la Carta(16), la Corte ha puesto de presente que, con base en la competencia del Congreso de la República para “expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”, este goza de “una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”(17). En ejercicio de esta libertad puede “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”(18).
6.3.2. Al regular el procedimiento en los procesos judiciales, el legislador asegura la efectividad de los derechos constitucionales a acceder a la justicia y a un debido proceso, consolida la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos y desarrolla el principio de legalidad(19).
6.3.3. En ejercicio de su competencia constitucional, según el recuento que se hace en la Sentencia C-738 de 2006 y que se reitera en la Sentencia C-203 de 2011, el legislador puede: (i) fijar las etapas de los procesos y establecer los términos y las formalidades que se deben cumplir(20); (ii) definir las competencias entre los entes u órganos del Estado, cuando no las haya establecido la Constitución de manera explícita(21); (iii) regular los medios de prueba(22); (iv) definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez, y las exigencias aplicables a los terceros, sea para asegurar la celeridad y eficacia del proceso, sea para proteger a las partes o intervinientes, o sea para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a estos(23); (v) establecer los recursos y medios de defensa disponibles contra los actos de las autoridades(24).
6.3.4.1. En materia de medios de prueba, el legislador puede regular el ejercicio de presentar y solicitar pruebas; el ejercicio de controvertir las pruebas que se presenten; la publicidad de la prueba, para garantizar su posible contradicción; la regularidad de la prueba, es decir, la obtención de esta conforme al debido proceso; el decreto y práctica de pruebas de oficio, cuando sea necesario para asegurar la realización y efectividad de los derechos; y la valoración de los medios de prueba por el juez.
6.3.5. Si bien el Legislador goza de una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, esta está sujeta a unos límites, dados por los valores, los principios y las reglas constitucionales. La competencia del Congreso de la República y, con ella, el principio democrático, debe examinarse a la luz de otros principios, como el de primacía del derecho sustancial, el de la buena fe y el de imparcialidad, y con algunos derechos como el de acceder a la administración de justicia y a un debido proceso.
“En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos(25) que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229)(26); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas(27) y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228)”(28).
6.3.8. A modo de ejemplo, se trae la Sentencia C-227 de 2009, en la cual la Corte estudia la exequibilidad del numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003. La norma demandada preveía la ineficacia de la prescripción y la operancia de la caducidad, cuando la nulidad del proceso comprendiera la notificación del auto admisorio de la demanda. El primer cargo estudiado era el de que la norma representa un límite desproporcionado al derecho de acceder a la justicia. Los cargos restantes aludían al principio de prevalencia del derecho sustancial y al derecho a la igualdad.
6.3.8.2. Allí también se recuerda que la ley puede asignar a las personas unas cargas para el ejercicio de sus derechos en el ámbito procesal(29), y se precisa que estas “son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables”(30).
6.3.8.4. En su análisis la Corte encuentra que la norma es adecuada respecto con el demandante que abandona o descuida las cargas que le corresponde asumir, pero no lo es respecto del demandante diligente, a cuya conducta no se puede atribuir la declaración de nulidad, ya que esta puede ocurrir por otras causas, pues el error en la selección de la jurisdicción o de el juez competente puede ser resultado de factores que escapan a su control, como es el caso de “las incongruencias de todo el engranaje jurídico, o las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales existentes en materia de competencia y jurisdicción”.
“PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, “en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad solo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”.
6.4.1.2. La temeridad y la mala fe van en clara contravía de la probidad y la buena fe en las que se inspira y funda en Código General del Proceso. Las conductas temerarias, de cuya comisión hay una evidencia objetiva, como es la decisión judicial de negar las pretensiones por falta de demostración de perjuicios, no pueden ampararse en la presunción de buena fe. Y no lo pueden hacer porque en la práctica, el obrar temerario y de mala fe desvirtúa la presunción.
6.4.1.3. Además, el obrar con temeridad y mala fe desconoce las cargas procesales de las partes, sus deberes en el trámite del proceso, se enmarca dentro de las presunciones de temeridad y mala fe y compromete la responsabilidad de las partes y de sus apoderados(31).
6.4.3.1. Observa la Corte que la norma demandada en este proceso comparte con la examinada en el caso anterior(32) la característica de estar redactada de manera indiscriminada y genérica, en la medida en que no hace distinción alguna respecto de las causas por las cuales se puede producir la decisión judicial de negar las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. Dada la particular redacción de la norma, que parece ir más allá de la finalidad que la justifica, al prever la sanción sin considerar la causa de la decisión judicial de negar las pretensiones por no haberse demostrado los perjuicios, conviene reiterar lo siguiente:
6.4.3.3. No obstante, si la carga de la prueba no se satisface pese al obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual recae, valga decir, por circunstancias o razones ajenas a su voluntad y que no dependen de ella, como puede ser la ocurrencia de alguna de las contingencias a las que están sometidos los medios de prueba, es necesario hacer otro tipo de consideración. Y es que algunos medios de prueba como el testimonio están sometidos a virtualidades como la muerte del testigo, caso en el cual la prueba se torna imposible; otros medios de prueba, como los documentos, están sometidos a la precariedad del soporte que los contiene, y a los riesgos propios de este, como el fuego, el agua, la mutilación, el extravío, etc.
6.4.3.4. Dado lo anterior, cabe hacer una nueva subdivisión, pues es posible que la contingencia a la que está sometida el medio de prueba haya ocurrido antes de iniciar el proceso, y haya sido conocida por la parte a la que le corresponde la carga de la prueba, o que esta ocurra en el transcurso del proceso, pero antes de la práctica de la prueba.
En el segundo evento, es evidente que se está ante la fatalidad de los hechos, valga decir, ante un fenómeno que escapa al control de la parte o a su voluntad, y que puede ocurrir a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado. En este escenario hipotético la sanción prevista en la norma demandada sí resulta desproporcionada y, por tanto, vulnera el principio de buena fe y los derechos a acceder a la administración de justicia y a un debido proceso, pues castiga a una persona por un resultado en cuya causación no media culpa alguna de su parte. Dado que esta interpretación de la norma es posible, la Corte emitirá una sentencia condicionada(33).
Al aplicar los parámetros dados la Sentencia C-662 de 2004, empleados también en la Sentencia C-227 de 2009, para establecer si la norma demandada preveía una sanción excesiva o desproporcionada, la Corte pudo establecer que la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento constitucional; que esta norma es potencialmente adecuada para cumplir dicha finalidad; y que solo en uno de los escenarios hipotéticos planteados —en el de que la causa de no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado—, la sanción resulta excesiva o desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso.
1. EXEQUIBLE el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción -por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Maria Victoria Calle Correa, con aclaración de voto—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Nilson Elías Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ausente con permiso— Alexei Julio Estrada, ausente con permiso—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) Cfr. C-472 de 1995.
(2) Cfr. C-616 de 1997
(3) Artículo 8º. Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.
(4) Artículo 26. Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así:
(5) ART. 78.—Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:
(6) ART. 79.—Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:
(7) ART. 80.—Responsabilidad patrimonial de las partes. Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente.
(8) ART. 81.—Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
(9) ART. 82.—Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aportes.
PAR. 1º—Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia.
PAR. 2º— Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos.
(10) Artículo 86. Sanciones en caso de informaciones falsas. Si se probare que el demandante o su apoderado, o ambos, faltaron a la verdad en la información suministrada, además de remitir las copias necesarias para las investigaciones penal y disciplinaria a que hubiere lugar, se impondrá a aquellos, mediante incidente, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales y se les condenará a indemnizar los perjuicios que hayan podido ocasionar, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en este código.
(11) Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(12) Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
(13) ART. 206.—Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.
(14) ART. 206.—Juramento estimatorio. Se introducen varias modificaciones importantes en la norma. En primer lugar, se indica en el inciso primero que el juramento estimatorio deberá hacerse discriminando cada uno de los conceptos que comprenda.
(15) ART. 206.—Juramento estimatorio. En primer lugar, en el inciso 3º se precisa la redacción sin modificar el sentido de la norma, salvo para una causal genérica de sospecha.
La redacción del inciso 6º se simplificó sustancialmente y varió en dos sentidos. Primero, se sustituyó la expresión ¿daños inmateriales¿ por ¿daños extrapatrimoniales¿ en la medida en que esta última es una categoría más comprensiva y ajustada con la tipología de daños que maneja actualmente la jurisprudencia nacional. Segundo, se eliminó la regla según la cual el juez debía calcular los daños bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda por considerarse inconveniente.
(16) Ver, entre otras, las sentencias C-005 de 1996, C-346 de 1997, C-680 de 1998, C-742 de 1999, C-384, 2000, C-591, C-596, C-927 y C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-426 y C-316 de 2002, C-798, C-204, C-237 A, C-318, C-899 y C-1091 de 2003, C-039 de 2004, C-884 de 2007, C-290 de 2008, C-763 de 2009, C-014 y C-144 de 2010, C-124, C-203, C-470, C-598 y C-875 de 2011, C-241 y C-296 de 2012.
(17) Sentencia C-927 de 2000.
(18) Ver las sentencias C-738 de 2006, C-718 de 2006, C-398 de 2006, C-275 de 2006, C-1146 de 2004, C-234 de 2003, C-123 de 2003, C-646 de 2002, C-314 de 2002, C-309 de 2002, C-893 de 2001; C-1104 de 2001, C-927 de 2000.
(19) Ver las sentencias T-001 de 1993 y C-227 de 2009.
(24) Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000 y C-803 de 2000.
(25) Corte Constitucional. Sentencia C-728 de 2000 y C-1104 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
(26) Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(27) Corte Constitucional. Sentencias C-1104 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas y C-1512 de 2000.M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(28) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(29) Sentencia C-1512 de 2000.
(30) Sentencia C-662 de 2004.
(31) Supra, punto 4.
(32) Supra, punto 5.3.8.
(33) Para determinar cuándo procede condicionar una disposición sometida a control de constitucionalidad, la jurisprudencia ha sostenido de manera reiterada los siguientes criterios: (i) Si una disposición legal está sujeta a diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se adecuan a la Carta, debe la Corte limitarse a establecer la exequibilidad de la disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de la disposición legal, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios; (ii) Si todas las interpretaciones de la disposición legal acusada desconocen la Constitución, entonces debe la Corte simplemente retirar la norma del ordenamiento jurídico. En este caso, el objeto de la sentencia sería la disposición, porque todos sus significados son inconstitucionales (Sent. C-492/2000); (iii) Si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento (Sent. C-499/98). Sobre el desarrollo de estas reglas, se pueden consultar, además, las sentencias C-496 de 1994, C-109 de 1995, C- 690 de 1996, C-488 de 2000, C-557 de 2001 y C-128 de 2002.

References: ARTÍCULO 206
 artículo 49
 artículo 241
 artículo 625
 artículo 211
 artículo 206
 artículo 8
 artículo 26
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 82
 artículo 86
 artículo 365
 artículo 366
 artículo 206
 artículo 150
 artículo 91
 artículo 11
 artículo 91
 artículo 140
 artículo 206
 Artículo 8
 Artículo 26
 Artículo 86
 Artículo 365
 Artículo 366