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Timestamp: 2019-03-26 17:25:05+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Martes 12 Marzo 2019
La inmoralidad del voto útil
Amando de Miguel Libertad Digital 12 Marzo 2019
El líder del PP ha pedido a los eventuales votantes de Ciudadanos y sobre todo de Vox que se atengan al principio pragmático del "voto útil" y se decidan por la papeleta de los populares. De esa forma se podría conseguir un auténtico Gobierno de la derecha. La solicitud, que se repite como una letanía, me parece profundamente inmoral, estratégicamente errónea y políticamente interesada. Veamos cada uno de los tres puntos.
Por cierto, para revestir su discurso petitorio, Pablo Casado se ha lanzado a una pirueta literaria. Esto ha asegurado: "Como dice el ingenioso hidalgo en el Quijote, ladran, luego cabalgamos". Pues bien, en el Quijote no se recoge tal octosílabo, que pertenece a un romance anónimo. Seguramente Pablo Casado ha hecho un máster con tanta premura que le ha faltado tiempo para algunas lecturas básicas. Lo mismo podría haber dicho: "Mientras otros cabalgan, nosotros ladramos".
Vamos a cuentas. La petición del "voto útil" la repiten tanto los edecanes de Casado que por fuerza habrá que suponer que se halla muy pensada. La juzgo profundamente inmoral porque el voto debe ser siempre auténtico y personal, con convicción. En algún caso particular cabe justificar que el votante, en uso de su libertad, se incline por la lista "menos mala", pero es una conducta que no debe aconsejar ningún partido. Resulta petulante el argumento de un líder político de que son "votos perdidos" los que no sirven para conseguir un diputado en la provincia correspondiente. En el fondo late la sospecha de que su partido va a obtener menos sufragios de los esperados o los merecidos. Hipotéticamente podría ser que el PP obtuviera menos votos que Ciudadanos o que Vox. En cuyo caso perdería todo el sentido el argumento del "voto útil" para un PP pragmático. De modo especial en un partido de la derecha, hay que esperar que sus candidatos pidan un voto en conciencia.
Digo, además, que la solicitud del "voto útil" resulta estratégicamente errónea. En el pronóstico electoral conviene anticipar no solo la cantidad de sufragios que va a recibir cada partido sino la tendencia respecto a las pasadas elecciones o lo que se sabe por las encuestas. El PP de muchas provincias puede conseguir el primer lugar en el cómputo de votos, pero en otras se quedará en segundo o tercer lugar o incluso al final del recuento. En el conjunto nacional se dibuja una trayectoria más o menos estable en el más optimista de los supuestos para los populares. Ciudadanos superará al PP en algunas provincias, en otras quedará a la par o por debajo. En el caso de Vox la tendencia es más clara: va a pasar de no tener representación parlamentaria a conseguir un buen trozo del censo votante. Es decir, psicológicamente se asegura un salto cualitativo, un llamativo éxito. Se beneficia de que, ante la novedad, no pocos votantes cavilen que "estos de Vox parecen diferentes". Tal expansión se debe en buena medida al trasvase de votos del PP a Vox. Cabría argumentar que muchos de tales movimientos se deben a que una parte de los antiguos votantes del PP lo ven ahora degradado por los casos de corrupción y en consecuencia deciden votar a Vox. Paradójicamente, la solicitud del "voto útil" por parte del PP acelerará el trasvase de votos a Vox y en parte también a Ciudadanos.
Por fin, la apelación al "voto útil" me parece políticamente interesada, por no decir hipócrita. Se enuncia desde el punto de vista de los que mandan o van a mandar. Es decir, lo que les interesa es acopiar el mayor número de votos para escalar la pirámide del poder. No les preocupa tanto las razones o motivos de los votantes. En el caso de los seguidores de Vox su primacía es que los diputados de su partido se sienten en los escaños de las Cortes Españolas y hagan oír sus propuestas, asaz novedosas. En el supuesto extremo se contentarían con que hubiera un solo diputado o senador de Vox. Les preocupa menos quién vaya a gobernar.
En resumen, la apelación del PP al "voto útil" es un disparo que puede salir por la culata. Por lo menos se puede concluir que, para los que la proponen, no es una estrategia tan inteligente como parece a primera vista
Fray Josepho Libertad Digital 12 Marzo 2019
Dedicado a todos los que en esta empresa y contra viento y marea siguen reclamando la verdad del 11-M. Especialmente, a Luis del Pino y Federico Jiménez Losantos.
y el crimen se aleja,
aquí no se ceja
ni se hurta la cara.
Y aunque, por lealtad,
salgamos perdiendo,
Ya son quince años,
a trolas, engaños,
chanchullos y apaños.
Pues, tras la crueldad
del crimen horrendo,
Y no nos callamos
lo que otros se callan.
Donde otros encallan,
Por eso, aquí estamos.
Y por dignidad
(según yo lo entiendo),
Si insultan, no importa.
Ya estamos curtidos.
Tan endurecidos
que nadie nos corta.
Y a mí me conforta
que, con libertad
(y siempre in crescendo),
sigamos queriendo
Editorial El Mundo 12 Marzo 2019
Pablo Planas Libertad Digital 12 Marzo 2019
Hermann Tertsch ABC 12 Marzo 2019
Carlos Dávila okdiario 12 Marzo 2019
"Casado es el mejor candidato posible para la derecha" ¿ Qué derecha ?
Nota del Editor 12 Marzo 2019
Puede que Casado sea el mejor candidato posible para la derecha, porque el otro candidato, agazapado en Galicia, el tal Núñez F tiene de español lo mismo que un marciano: es mas nazionalista que los aposentados en el banquillo de encausados en el TS.
Cualquier español, a la vista de las acciones y omisiones del PP, desde la traición de Aznar con los español hablantes hasta Rajoy el que pasaba por ahí, tiene el deber moral de votar a Vox y colaborar a desmantelar el PP que tiene que desaparecer, ante su demostrada incapacidad para defender cualquier principio necesario para España y los españoles.
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 12 Marzo 2019
Por supuesto, no hay un modelo único en ambos casos, sino que, dentro del marco esencial de cada país, tiene sus propias características, es decir, según reconozca su Constitución. Pero incluso contando con este factor indispensable de la división del poder, en lo que se refiere concretamente a los regímenes parlamentarios, la práctica puede superar los límites de la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo a favor del primero. Es cierto que en el mundo actual, debido a la necesidad de tomar decisiones rápidas, el poder ejecutivo es el más preparado para conseguir ese objetivo y así en todos los países se produce un desequilibrio a su favor. Es más: reconociéndose este hecho surgió una figura jurídica, el decreto-ley, que consiste en que el Gobierno, salvo contadas excepciones legales, usurpa el papel del Parlamento y legisla a través de estas normas. Ahora bien, como digo, es lógico que el Gobierno pueda legislar en algunos supuestos, como señala el artículo 86 de nuestra Constitución, pero siempre "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", y advirtiendo además de su provisionalidad, puesto que, por un lado, no podrán afectar a determinadas materias como son el "ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general". Y, por otro lado, se establece que el Gobierno deberá someter los decretos-leyes inmediatamente al debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, que deberá pronunciarse en el plazo de 30 días desde su promulgación para convalidarlo o derogarlo y, si así se considera, tramitarlo como proyecto de ley.
Pues bien, podemos afirmar con toda convicción, lo mismo que se han pronunciado prestigiosos colegas como Manuel Aragón, Juan Alfonso Santamaría, Ignacio Asterloa y otros, que este artículo, desde el mismo inicio de la aprobación de la Constitución, en realidad, ha servido para muy poco. Por ejemplo, en el espacio que corre de 1979 a 2015, se han dictado, según Aragón, 518 decretos-leyes, mientras que en el mismo periodo se aprobaron 341 leyes orgánicas y 1452 leyes ordinarias. En otras palabras, la cifra de la legislación del Gobierno constituye el 30% con respecto al total de leyes, lo cual es una clara intromisión en una materia que es exclusiva de las Cortes, según el principio de la división de poderes del Estado. Sea lo que sea, no dispongo con exactitud de las estadísticas desde 2015, pero esa proporción no sólo continúa sino que parece que ha aumentado, sobre todo desde que llegó el actual presidente del Gobierno, el cual, en este sentido, ha adoptado una conducta caudillista. Pero, para ser sinceros, todos los presidentes del Gobierno desde Adolfo Suárez hasta el actual han utilizado esta forma heterodoxa de legislación, sin que el Tribunal Constitucional, principal culpable de estos excesos mirando para otro lado, haya creado una jurisprudencia acorde en lo que señala el artículo 86 de la Constitución. Parece, pues, que no ha reflexionado lo suficiente sobre las siguientes palabras de Montesquieu en El espíritu de las leyes: "Todo está perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales, o los nobles, o el pueblo, ejercieran estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o diferencias entre particulares".
Pero vayamos por partes, he dicho que todos los presidentes de Gobierno de la democracia han abusado irresponsablemente de esta prerrogativa que si se utiliza de forma excepcional en los casos previstos, no rompe el principio de la división. Pero hay un presidente, el primero, Adolfo Suárez, que no sólo se libra de esta conducta irregular, sino que, por el contrario, gracias a ella España logró una Transición pacífica "de la ley a la ley", aprovechando las normas autoritarias para llegar a la democracia. La utilización de los decretos-leyes para desarbolar el franquismo fue expuesta en un libro (Desarrollo político y Constitución española) que realicé con mis colaboradores en junio de 1973 y que Torcuato Fernández-Miranda conocía a la perfección cuando asesoró a Adolfo Suárez en la Ley para la Reforma Política. Como decíamos allí (pp. 151 y ss. y 557 y ss.) los decretos-leyes, curiosamente según los artículos 13 de la Ley de Cortes y 13 también de la Ley Orgánica del Estado, permitían ir creando las estructuras necesarias para llegar al momento constituyente. Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley de Cortes decía así: "Por razones de urgencia el Gobierno podrá proponer al jefe del Estado la sanción de decretos-leyes para regular materias enunciadas en los artículos 10 y 11. La urgencia será apreciada por el jefe del Estado...". Mientras que el artículo 13.II de la LOE señalaba a su vez que el Gobierno "ejerce la potestad reglamentaria y asiste de modo permanente al jefe del Estado en los asuntos políticos y administrativos".
En consecuencia, como dice el refrán "no hay mal que por bien no venga", y así los instrumentos jurídicos de un régimen autoritario como era el franquista, según lo que habíamos expuesto en el libro citado que realicé con mis colaboradores, fueron utilizados inteligentemente por Suárez para crear una democracia avanzada a través de los decretos-leyes. Sin embargo, hay que señalar que lo que es bueno para unos, también puede ser malo para otros. Porque esa facilidad con que el presidente Suárez, en connivencia con el Rey Juan Carlos, se sirvió de los decretos-leyes, aparte de su utilidad indiscutible para desarmar el régimen de Franco, constituyó también paradójicamente un mal ejemplo para todos los presidentes del Gobierno posteriores que han abusado de una norma jurídica que invade la capacidad legislativa de las Cortes, saltándose a la torera los requisitos del artículo 86 de la Constitución.
Por eso, inspirándonos en la famosa ley de Murphy, cabría decir que "lo que puede ser bueno para algunos, siendo malo, podría ser aun peor para otros", puesto que el actual presidente del Gobierno se ha metido en un lodazal, infringiendo el artículo 86 de la Constitución sin el menor escrúpulo, haciendo incluso lo que no se atrevieron otros. En primer lugar, no es extraño que haya abusado más de los decretos-leyes que sus predecesores y los haya superado a todos en el corto espacio de ocho meses porque no dispone de una mayoría para legislar, pero sí para destruir. En segundo lugar, utiliza de manera demagógica esta norma ofreciendo el oro y el moro a sectores sociales, sabiendo que esas medidas incrementarán el déficit público y rompiendo así con la regla de oro de todos los regímenes democráticos en los que rige el viejo lema de no taxation without representation, lo cual significa que los aumentos de gastos y, por tanto, los consiguientes impuestos para pagarlos, los tiene que aprobar el Parlamento, lo que no ha hecho. Y, en tercer lugar, se está aprovechando de una falta de control, puesto que se han disueltos las Cortes, como consecuencia de las próximas elecciones del 28 de abril. Por consiguiente, todas sus discutibles promesas las está realizando con finalidad electoral. Lo cual, aun siendo teóricamente legal, demuestra una clara falta de ética, que se aprovecha tanto de la ambigüedad de la ley electoral como de la defectuosa Ley del Gobierno.
En efecto, el Título IV de esta ley se ocupa del Gobierno en funciones, señalando en su artículo 21.1 que el Gobierno cesa, entre otros casos, "tras la celebración de elecciones", lo cual es un enorme error porque el Gobierno actual no está todavía en funciones, mientras que, por el contrario, las Cortes están disueltas, aunque siga la Diputación Permanente. Pero el caso es que todas las medidas que está tomando el Gobierno a través de los decretos-leyes, en los que no existe el supuesto necesario de la "extrema y urgente necesidad", ni se debaten ni se aprueban por el pleno del Congreso. De ahí que habría que modificar este artículo 21.1 en el sentido de señalar que el Gobierno cesa "tras la disolución de las Cortes" y no tras la celebración de las elecciones como hasta ahora, es decir, anticipando el comienzo del periodo del Gobierno en funciones para evitar en el futuro que sin el control de las Cortes siga operando a su capricho el presidente del Gobierno como Pedro por su casa.
EDITORIAL @ESdiario_com 12 Marzo 2019
Pío Moa gaceta.es 12 Marzo 2019
ESdiario @ESdiario_com 12 Marzo 2019
EDITORIAL Libertad Digital 12 Marzo 2019
Esta última semana de la vista oral del juicio a los golpistas catalanes ha sido esencial para apuntalar la acusación del delito de rebelión, la más grave de las que pesan sobre los acusados a pesar de que el Gobierno obligara a la abogacía del Estado a eliminarla de su alegato.
No hay que olvidar que la clave de todo este proceso, y lo que determinará las consecuencias penales para los procesados, es conocer quiénes promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre aun sabiendo que esto iba a provocar situaciones de violencia. Porque ese es precisamente el sentido del artículo del Código Penal que tipifica el delito de rebelión (castigado con hasta 30 años de cárcel), cuando se refiere a "los que se alzaren violenta y públicamente" para alcanzar una serie tasada de fines entre los que se encuentran, "derogar, suspender o modificar total o parciamente la Constitución" y, sobre todo, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
A comienzos de la semana pasada, los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto con el coordinador del dispositivo nombrado por el ministerio del Interior, ofrecieron testimonios de mucho peso para las acusaciones, que vieron confirmadas sus tesis de que Puigdemont y su Gobierno siguieron adelante con la consulta ilegal a pesar de todas las advertencias en contra. No solo eso; el Gobierno separatista limitó premeditadamente la acción de la policía autonómica para permitir las votaciones, lo que derivó en escenas de extraordinaria tensión a las puertas de los centros de votación. Diez días antes habían tenido lugar un grave episodio de violencia callejera contra la comitiva judicial que registraba la consejería de Economía, entonces dirigidas por Oriol Junqueras, en una concentración ilegal a las puertas del edificio en la que se destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil y se impidió por la fuerza la salida de la secretaria judicial y los agentes que estaban en el interior.
Pero ha sido sin duda el testimonio de dos altos cargos de la propia policía catalana lo que ha abierto las puertas de par en par a confirmar el delito de rebelión. Se trata de Manuel Castellví y Emilio Quevedo, comisarios de Información y de Planificación de los mossos respectivamente que, a preguntas de la Fiscalía, han confirmado las advertencias a Puigdemont y a su Gobierno de que seguir adelante con el referéndum daría lugar a una escalada de violencia, y pondría en grave riesgo la seguridad de los agitadores nacionalistas y de los propios agentes cuando trataran de hacer cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional.
Son dos testimonios de peso que, para mayor veracidad, proceden de la propia Generalidad de Cataluña. Ambos confirman el relato de las autoridades españolas que trataron de evitar el golpe de Estado del 1 de octubre y, sobre todo, la acusación de la Fiscalía, dirigida muy especialmente a convencer al tribunal de que los separatistas que se sientan en el banquillo de los acusados del Supremo protagonizaron en términos estrictos una rebelión enmarcada en los supuestos que fija el artículo 472 del Código Penal.
El panorama judicial los dirigentes catalanes se oscurece dramáticamente con el testimonio de sus propios jefes de policía, unos cobardes uniformados que a no mucho tardar tendrán también que asumir sus responsabilidades por haber convertido a los mozos de escuadra en una banda al servicio de los autores de un golpe de Estado.
Marcello republica 12 Marzo 2019
Vox como última oportunidad de reparar daños
En estas elecciones, por encima de los "periodistas" y profesionales de la política empeñados en que nada cambie, tenemos los españoles la obligación de apoyar a Vox para que España pueda ser reparada. Todos los periodistas que claman contra Vox defendiendo el voto traidor al PP, deberían echar un vistazo al pasado reciente y al presente y reconocer que el PP no tiene remedio y debe ser desmantelado.
Carlos Gorostiza. vozpopuli 12 Marzo 2019
Esther Armora ABC 12 Marzo 2019
Artículo único: el español es el idioma de los españoles. Quedan derogadas todas las leyes, normas, disposiciones de lenguas regionales.
Querría haber copiado el artículo equivalente del francés, pero aquí, la república, de momento, tiene muy malas compañias.
Raquel Tejero okdiario 12 Marzo 2019

References: artículo 86
 artículo 86
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 472