Source: http://absta.info/sentencia-su10816.html
Timestamp: 2019-12-09 13:14:48+00:00

Document:
EXPEDIENTE T-2.643.585 Hechos
Respuesta de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas. Tercera Zona de Reclutamiento Distrito Militar No. 19 de Buga
Decisiones judiciales 1.1.10. Decisión de Primera Instancia
1.1.12. Decisión de Segunda Instancia
1.1.13. Pruebas y documentos En el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos: a.
1.2. EXPEDIENTE T- 2.652.480 Hechos
Respuesta del Ejército Nacional, Comandante del Distrito Militar No. 42
1.2.10. Decisión Única de Instancia
1.2.11. Pruebas y documentos a.
1.4 Intervención del Ministerio Público
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia y oportunidad
Referencia: expedientes T-2.643.585 y T-2.652.480 AC
Acciones de tutela instauradas por Julián Enrique Rojas Rincón contra el Servicio de Reclutamiento y Movilización, Distrito Militar No. 19 del Batallón Palacé de Buga y Óscar Fernando Rojas Losada contra Ejército Nacional, Comandante del Distrito Militar No. 42.
Asunto: Procedencia de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio como derecho fundamental de aplicación inmediata
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de la competencia que le ha sido concedida por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2010, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, la cual confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara de Buga, que negó la acción de tutela incoada por Julián Enrique Rojas Rincón contra el Distrito Militar No. 19, Batallón Palace de Buga; así como la revisión de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la cual se negó el amparo interpuesto por Óscar Fernando Rojas Losada contra el Ejército Nacional, Comandante del Distrito Militar No. 42.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Cinco de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, las acciones de tutela T-2.643.585 y T- 2.652.480. En razón de compartir el mismo problema jurídico, se procedió a su acumulación, para ser revisadas mediante una sola sentencia.
En cumplimiento del artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992, por el cual se adopta el Reglamento de la Corte Constitucional, y en razón de la trascendencia del problema jurídico debatido en los asuntos de la referencia, el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, solicitó la asunción de su conocimiento por la Sala Plena. En sesión del 31 de agosto de 2011, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento de los expedientes de la referencia.
Como quiera que en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2014 la Sala Plena de esta Corporación no acogió la ponencia presentada por el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub para resolver el proceso de la referencia, correspondió al despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos la sustanciación de la presente sentencia.
EXPEDIENTE T-2.643.585
1.1.1. Julián Enrique Rojas Rincón, al momento de la interposición del amparo constitucional, contaba con 18 años de edad y estaba a la espera de que su situación militar fuese resuelta.
1.1.2. El 26 de abril de 2008, integrantes del Batallón Palacé de Buga, Valle del Cauca, visitaron el colegio Julián Trujillo para recibir los documentos de los jóvenes bachilleres de dicha época, con el fin de que definieran su situación militar. Allí, les comunicaron que debían presentarse el 6 de diciembre de 2008 en dicho Batallón.
1.1.3. El 6 de diciembre de 2008, el joven Rojas Rincón atendió el requerimiento anterior, oportunidad en la que se les comunicó que los menores de edad tendrían que presentarse con posterioridad. El actor indica que se fijó la fecha del 9 de diciembre de 2009, época para la cual ya habría alcanzado la mayoría de edad.
1.1.4. Cuando se presentó de nuevo al Batallón de Buga, le informaron que la definición de su situación militar había quedado aplazada para el 9 de febrero de 2010.
1.1.5. En esta última ocasión, el actor radicó una petición dirigida al Comandante del Distrito de Buga No. 19, en donde solicitaba, amparado en la sentencia C-728 de 2009 de la Corte Constitucional, la exoneración de la obligación del servicio militar obligatorio, exigiendo el respeto por su derecho fundamental a la objeción de conciencia. Adujo que pertenecía a una organización juvenil denominada Juventudes MIRA que dentro de sus postulados, defiende la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio.
1.1.6. El actor expuso que su crianza y educación se ha dado en el entorno de un hogar cristiano y por su vocación pacifista fruto de las convicciones morales, éticas, ideológicas y políticas que profesa, no le era posible desempeñarse como soldado, ni portar o hacer uso de las armas. Dicha petición fue negada.
1.1.7. Finalmente, arguyó que el 27 de noviembre de 2009 fue elegido Consejero de la Juventud por un período de tres años en la ciudad de Cartago -Valle-, cargo que empezaría a ejercer a partir de enero de 2010.
1.1.8. Esta Dirección indicó que en su Sistema de Información de Reclutamiento (SIR) se observa que el accionante se inscribió ante dicha autoridad de reclutamiento para el proceso de definición de su situación militar en calidad de bachiller el día 22 de abril de 2008. Por lo anterior, el ciudadano Julián Enrique Rojas Rincón fue citado a la jornada de concentración e incorporación para el día 10 de febrero de 2009, llamado que fue incumplido y que por tanto, ocasionó la declaratoria de condición de remiso en cumplimiento de lo estipulado en el literal G del artículo 41 de la Ley 48 de 1993.
1.1.9. Sostuvo que la sentencia C-728 de 2009 no exige a las Fuerzas Militares aplicar la objeción de conciencia. Al respecto, señaló que existen diferencias entre la exención de prestar el servicio militar y los objetores de conciencia. Así, la exención refiere una condición objetivamente verificable, lo cual hace que el ciudadano, en razón de sus particulares circunstancias no se encuentre obligado a prestar el servicio militar. En cambio, la objeción de conciencia, es una condición subjetiva que se encuentra en el fuero interno de la persona.
En consecuencia, solicitó se deniegue la acción de tutela instaurada en su contra, al no existir vulneración de derecho fundamental alguno, toda vez que se ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 48 de 1993, verificando que en el caso particular no se da el presupuesto indispensable para que opere la exención del servicio militar.
1.1.10. Decisión de Primera Instancia
En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara de Buga -Valle-, mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 2010, decidió denegar las pretensiones del actor.
Argumentó el juez de instancia que la acción constitucional impetrada era improcedente por cuanto los aplazamientos al proceso de incorporación del actor al servicio militar obligatorio obedecieron a su minoría de edad, pero que en agosto de 2009, al llegar a la mayoría de edad, había sido citado para el 10 de febrero de 2009 al Batallón de Buga, fecha en la cual se iba a definir su situación militar. Sin embargo, al no haberse presentado se evidencia su intención de querer ser exonerado de su obligación, atribuyendo las causas de su incumplimiento al Ejército Nacional.
Señaló que la prestación del servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional que corresponde a las exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales, que conlleva la existencia de obligaciones y deberes sociales en favor de la colectividad.
No obstante, la misma Ley consagra situaciones en las cuales el ciudadano se encuentra exento de la prestación de este servicio, y que no son otros que las personas con discapacidades físicas y sensoriales permanentes, así como los miembros de los resguardos indígenas. Para el juez, el accionante no probó el hecho de encontrarse en alguna causal eximente de la prestación de ese servicio.
1.1.11. Impugnación
El actor, Julián Enrique Rojas Rincón, impugnó el fallo proferido en primera instancia, aduciendo que el a quo no valoró las pruebas presentadas, las cuales demuestran que nació en un hogar cristiano, que pertenece a una organización de derechos humanos y que milita en las Juventudes MIRA, pertenecientes al Movimiento Político MIRA, quienes abogan por el desmonte del servicio militar obligatorio.
Por ello, en su concepto, no puede el juez simplemente denegar las pretensiones con el argumento de que en Colombia no está institucionalizada la objeción de conciencia.
Precisó que, en virtud del nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, se puede acudir al derecho fundamental de la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar obligatorio, lo cual debe ser respetado por las Fuerzas Armadas.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que la libertad de conciencia reclamada por el accionante encuentra su limitación cuando se requiere proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral pública, así como los derechos y libertades de los demás, siendo una de estas circunstancias la prestación del servicio militar obligatorio. Este deber tiene como finalidad garantizar el orden interno, defender la independencia nacional y las instituciones públicas; aspectos de interés general, que prevalecen sobre el particular, por lo que para ser eximido del mismo es necesario demostrar razones serias y reales de conciencia que impidan cumplir con el deber legalmente constituido, lo cual no fue probado por el señor Julián Enrique Rojas Rincón.
Así mismo, para el Tribunal ad quem el accionante no demostró que otras personas, encontrándose en su misma situación, hubiesen sido exoneradas de prestar el servicio militar obligatorio, por lo cual no puede predicarse una transgresión del derecho fundamental a la igualdad.
1.1.13. Pruebas y documentos
a. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Julián Enrique Rojas Rincón (fl.11).
b. Fotocopia del comunicado de prensa de la sentencia C-728 de 2009 (fl. 12-14).
c. Fotocopia de la certificación expedida por la Dirección Política del Norte del Valle del Movimiento Político MIRA, en donde hace constar que el accionante es miembro de la Organización Juvenil, Juventudes Mira, desde hace seis años, en la cual se desempeña como Coordinador y Representante ante el Consejo Juvenil electo desde noviembre de 2009, la cual se caracteriza por sus postulados pacifistas (fl. 15).
d. Fotocopia de la certificación expedida al accionante, en diciembre de 2009, por su participación en el Diplomado Virtual en Derechos Humanos de la Universidad Javeriana (fl. 16).
e. Fotocopia de la petición elevada por el accionante al Comandante del Distrito Militar No. 19 de Buga (fl.17-18).
f. Fotocopia de la credencial expedida a Julián Enrique Rojas como Consejero Municipal de Juventud de Cartago -Valle-, para el periodo 2009 a 2012 (fl.19).
1.2. EXPEDIENTE T- 2.652.480
1.2.1. El día 22 de enero de 2010, cuando se encontraba laborando en su establecimiento de comercio, miembros del Ejército Nacional dispusieron reclutar al joven Óscar Fernando Rojas Losada para prestar el servicio militar obligatorio y procedieron a trasladarlo de forma inmediata a la ciudad de Neiva, viéndose obligado a dejar su almacén al cuidado de un vecino.
1.2.2. El 27 de enero de 2010, el actor elevó petición al Comandante de la Novena Brigada de la ciudad de Neiva, mediante la cual solicitó ser exento de la prestación del servicio militar, toda vez que pertenece a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde su niñez, por lo que sus creencias y conciencia le impiden prestar dicha labor.
1.2.3. El actor invocó la libertad de conciencia con el fin de exonerarse de la prestación de dicho servicio, debido a que su religión no le permite ejercer actos propios del servicio militar, tales como empuñar armas o desarrollar cualquier otro acto de violencia. Adujo que al momento de ser reclutado, se encontraba adelantando estudios para acceder al cargo de pastor dentro de su iglesia o como líder religioso de una comunidad o congregación religiosa.
1.2.4. Indicó que no se siente capacitado para manejar un arma, ni para estar dentro de un batallón o institución militar; aunque admite que la respeta y la admira, no comparte ni acepta la obligación de desarrollar funciones para las cuales no está preparado emocionalmente.
1.2.5. El actor posee un establecimiento de comercio, del cual devenga su propio sustento y el de sus padres, ya que manifiesta ser él quien los sostiene. Por tal razón, señala que su incorporación a las filas pone en riesgo el mínimo vital de su familia.
1.2.6. El Mayor Néstor José Rojas Parrado, en calidad de Comandante de Distrito Militar No. 42, solicitó no tutelar los derechos alegados como vulnerados por el accionante. Observó que, previo a los acontecimientos narrados por el actor, éste había sido citado para que definiera su situación militar, sin que hubiese cumplido con el deber legal de hacerlo.
1.2.7. Informó que, una vez reclutado, el joven Óscar Fernando Rojas Losada se procedió a efectuar los respectivos exámenes médicos, resultando apto para la prestación del servicio. A raíz de lo anterior, se incorporó al accionante al Batallón Especial Energético Vial No. 12, Coronel José María Tello, el 23 de enero del año 2010.
1.2.8. Indicó que posteriormente el accionante interpuso petición con fecha del 25 de enero de 2010, solicitando ser exento de prestar el servicio, en razón a que sus creencias no se lo permitían. La respuesta a dicha petición fue negativa, ya que la objeción de conciencia no es una causal eximente de la prestación del servicio militar obligatorio, por tanto, no es factible darle trámite positivo a la mencionada solicitud.
1.2.9. Sostuvo que prevalece el interés general sobre el particular, por ello, el actor debe someterse al cumplimiento de los preceptos establecidos para tal fin. Como fundamento de su aseveración, cita apartes de la sentencia T-409 de 19921, en la cual la Corte Constitucional consideró que no procedía la objeción de conciencia para la prestación del servicio militar obligatorio. Expresamente, trajo a colación de ese fallo lo siguiente, “la obligación de servicio militar es desarrollado del postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los individuales y si, además, el estado al exigirlo no puede desconocer la igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. El servicio militar en sí mismo, es decir como actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que pueden afectar el ámbito de la conciencia individual, por cuanto a que puede prestarse en diversas funciones de las requeridas para la permanencia y continuidad de las fuerzas militares”.
Por todo lo anterior, consideró que no ha incurrido en ninguna violación a los derechos fundamentales del accionante.
El Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Neiva, Sala Primera de Decisión Penal, mediante providencia del 10 de marzo de 2010, negó el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y trabajo, por considerar que no existía la vulneración alegada por el accionante.
Para el Tribunal, dado que la objeción de conciencia no es una causal establecida por las leyes preexistentes como exonerativa de la prestación del servicio militar, puede afirmarse que el ente accionado actuó conforme los procedimientos establecidos, sin desconocer ningún derecho fundamental del accionante.
Puntualizó que “debido a que las causales de exención de la prestación del servicio militar son taxativas, las personas cuya situación concreta no se encuadre en las mismas, no pueden válidamente solicitar la exención del servicio militar obligatorio, menos aun alegando objeción de conciencia como lo pretende el accionante, pues respecto a la misma, igualmente ha sido decantada por la jurisprudencia su improcedencia como causal eximente, señalándose su inexistencia en nuestro régimen relacionado con el servicio militar...” (fl. 69).
Igualmente, señaló que ha sido considerado por la Corte Constitucional que las razones del fuero interno no son de recibo para exonerarse de prestar ese servicio especial a la patria.
1.2.11. Pruebas y documentos
a. Copia del testimonio notarial extra proceso del señor Luis Gonzaga Rojas Cortés (fl.15).
b. Copia de recibo de industria y comercio del establecimiento “TODO TODO AL COSTO” en que figura como representante legal el accionante (fl. 17).
c. Copia de la declaración de impuestos de industria y comercio del año gravable 2008 del establecimiento comercial “TODO TODO AL COSTO” (fl. 18).
d. Copia del formulario del registro único tributario RUT (fl. 19).
e. Registro único empresarial a nombre del señor Óscar Fernando Rojas Losada (fls. 20 y 21).
f. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Óscar Fernando Rojas Losada (fl. 22).
g. Copia certificado de uso de suelo de zona comercial expedido por el director de Departamento Administrativo de Planeación de Garzón –Huila- (fl. 23).
h. Copia del acta No. 2003 expedida por la Alcaldía Municipal de Garzón –Huila-, Secretaria de Salud – Saneamiento Ambiental (fl. 24).
i. Copia del certificado de matricula mercantil a nombre del señor Óscar Fernando Rojas Losada (fl. 27).
j. Copia del certificado expedido por el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Sede Central, Garzón –Huila-, donde consta que el accionante se está capacitando en estudios bíblicos, para llevar a cabo sus aspiraciones de ser pastor. (fl. 28).
k. Copia de letra de cambio suscrita por el accionante. (fl. 29).
l. Copia de certificado expedido por el Instituto Bíblico Pentecostal de la ciudad de Neiva donde certifica que el señor Óscar Fernando Rojas se encuentra cursando el primer semestre de teología básica. (fl. 30).
ll. Petición presentada por el accionante y dirigido a la novena zona de reclutamiento de Neiva –Huila-. (fls. 32 a 35).
1.3. Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional
La Sala Séptima de Revisión, quien para esa fecha se encontraba en conocimiento del asunto, con el fin de dar claridad sobre los hechos materia de esta acción, solicitó el 13 de agosto de 2010 las siguientes pruebas:
1.3.1. Ofició a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para que informara (i) si existe alguna contradicción entre la prestación del servicio militar y las creencias profesadas por la comunidad religiosa; (ii) si el señor Óscar Fernando Rojas Losada era miembro activo de la comunidad religiosa en la ciudad de Neiva y; iii) si actualmente se encontraba adelantando estudios para desempeñarse como Pastor de la Iglesia.
1.3.2. Se requirió al Partido Político Mira, para que informara a esta Corporación (i) si existe alguna contradicción, en los Estatutos del Partido Político entre la prestación del servicio militar y las ideas defendidas por el partido político, (ii) si el señor Julián Enrique Rojas Rincón, era miembro activo del movimiento y (ii) remitiera copia integral de los Estatutos que rigen el partido político.
1.3.3. Se ofició a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas de la Novena Zona de Reclutamiento, Distrito Militar No. 42 de Neiva, Huila, para que informara: (i) la situación militar actual del señor Óscar Fernando Rojas Losada, (ii) el comportamiento que ha asumido el señor Óscar Fernando Rojas Losada en el transcurso de la prestación del servicio militar y (iii) copia de la hoja de vida del señor Óscar Fernando Rojas Losada.
1.3.4. Se requirió al Ejército Nacional de Colombia para que informara si en virtud de la Sentencia C-728 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, ha establecido algún procedimiento para el estudio de la objeción de conciencia al servicio militar.
1.3.5. Mediante Auto de 14 de agosto de 2015, el Magistrado Sustanciador, Alberto Rojas Ríos, advirtiendo que existía falta de certeza sobre las vicisitudes surtidas en relación con la definición del servicio militar del ciudadano Julián Enrique Rojas Rincón, decretó como prueba que la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, informara al Despacho “si en la fecha el ciudadano JULIAN ENRIQUE ROJAS RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 1.006.451.802, tiene definida su situación militar. En caso afirmativo, indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ha dado dicha definición”.
Mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 27 de marzo de 2012, intervino el Procurador General de la Nación, aduciendo la relevancia constitucional del tema, que supone una discusión al respecto de la naturaleza y alcances del derecho fundamental a la libertad de conciencia y, en especial, a la objeción de conciencia. Específicamente, el Ministerio Público solicitó: (i) que la Sala Plena se pronunciara en sede de revisión con sentencia de unificación de jurisprudencia, declarando la procedencia de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio y revocando las decisiones tomadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, Valle y el Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, en relación con el señor Julián Enrique Rojas Rincón, toda vez que estas providencias parten de una interpretación errada de la sentencia C-728 de 2009 y desconocen el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, concretamente con respecto al servicio militar obligatorio; (ii) declarar la carencia actual de objeto, en el caso de Óscar Fernando Rojas Losada, quien manifestó su intención de desistir de la acción de tutela y continuar prestando el servicio militar; (iii) exhortar a las autoridades militares para que tomen medidas a fin de respetar el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y hasta tanto el Congreso emita la ley estatuaria del caso y (iv) exhortar nuevamente al Congreso de la República para que expida la ley estatutaria concerniente a la procedencia de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.
Para sustentar estas solicitudes, el Procurador General consideró, a diferencia de lo afirmado por el Director Nacional de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, que la libertad de conciencia y la consecuente objeción de conciencia sí están reconocidas tanto en el ordenamiento jurídico constitucional, con una evolución en la jurisprudencia colombiana, como, en virtud del artículo 93 de la Carta, en instrumentos internacionales reconocidos por Colombia.
El Jefe del Ministerio Público, señaló que ese bloque de constitucionalidad lo componen, en su orden, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (arts. 2, 3, 14 y 22), la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2.1, 7, 18, 20 y 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 13.3), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 12.1, 16.1 y 24) y la Convención Americana Para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial (arts. 5 d vii, ix, y e). A su vez, en la Constitución Política de Colombia se reconoce la libertad de conciencia en el artículo 18, la libertad religiosa y de cultos en los artículos 19 y 20. Todo lo anterior se complementa con la disposición orientada a la prohibición de molestar, compeler u obligar a las personas a actuar contra su conciencia lo que supone necesariamente, la objeción de conciencia.
En lo que atañe a la jurisprudencia constitucional, señaló que en múltiples sentencias se ha desarrollado este derecho. Entre otras, en la sentencia T-332 de 2004 se enuncia que la libertad de conciencia no es otra cosa que el derecho “para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta sin que puedan interponérsele actuaciones que estén en contra de su propia razón” y en las providencias C-409 de 1992 y C-728 de 2009, esta Corporación destacó la libertad de conciencia como “la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito”.
Por otro lado, el Ministerio Público reconoció que la evolución jurisprudencial que ha tenido la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio ha variado, como quiera que en principio se afirmó que la misma era improcedente, por virtud del principio de igualdad ante la ley y dado que el mismo constituyente la había rechazado por necesidades de defensa de la Nación; sin embargo, con ocasión de la sentencia C-728 de 2009, la Corte entendió que las consideraciones subjetivas por las que una persona se opone a prestar el servicio militar sean estas de carácter religioso, ético, moral o filosófico, son razones que deben respetarse.
En armonía con los últimos pronunciamientos de la Corte y haciendo la salvedad acerca de que la libertad de conciencia no equivale a un acto de desobediencia al derecho o de negatividad moral de la ley civil, pues no busca otra cosa que preservar los dictámenes de la propia conciencia, el Ministerio Público concluyó que la libertad de conciencia que cobija la objeción de conciencia, procede incluso frente al deber de prestar el servicio militar obligatorio y contrario a lo afirmado por los demandados y por los jueces, este derecho no está subordinado a la ley.
Agregó que, si bien la ley que regula las exenciones a la prestación del servicio militar obligatorio no se refiere en especial a la objeción de conciencia, ni existe ley estatutaria que la regule, este derecho procede constitucionalmente contra la prestación del servicio militar obligatorio, en tanto esta obligación puede incluir el porte y uso de armas, lo cual en no pocas ocasiones ataca las convicciones más íntimas de las personas, y esto puede resultar contrario a las creencias religiosas o a concepciones éticas e ideológicas de corrientes pacifistas. Así, se tiene que la sentencia C-728 de 2009, además de exhortar al Congreso para expedir ley estatutaria que regule la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, le reconoció a ésta el carácter de derecho fundamental vinculante de aplicación inmediata y protegible por acción de tutela, siempre que se demuestren hechos excepcionales que así lo justifiquen.
Ahora, si bien la objeción de conciencia es de naturaleza personal, para que tenga efectos debe tener manifestaciones externas verificables, con el fin de evitar que pueda invocarse para oponer cualquier obligación jurídica. Así, esta Corporación dispuso que: “todo objetor tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones”.
Sin embargo, como nos encontramos frente a una reglamentación que desarrolla derechos fundamentales, es el Legislador (y no la Corte Constitucional, mucho menos el Ejército Nacional) el que debe expedir una ley estatutaria, que haga hincapié en los parámetros constitucionales que ya ha fijado la propia jurisprudencia, pues la objeción de conciencia frente a todo imperativo jurídico debe obedecer a criterios objetivos susceptibles de verificación que expliquen o justifiquen la convicción personal del objetor.
En el caso sub examine, el Procurador General advierte que según el material probatorio aportado, se evidencia que uno de los accionantes pertenece al Partido MIRA y a la Iglesia Pentecostal Unida, lo que hace presumir que sus convicciones son profundas y sinceras, aún, en el entendido de que ninguna de estas organizaciones tenga en sus reglas particulares la prohibición expresa de prestar el servicio militar obligatorio, ni opongan sus estatutos a la presentación de la tutela.
En efecto, para el Procurador, el accionante expuso argumentos coherentes con la objeción de conciencia respecto de la filosofía que pregona con el partido político MIRA y los valores cristianos que dice practicar.
En suma, el Ministerio Público no encontró acertadas las decisiones de instancia y, por el contrario, considera que a lo largo del proceso de tutela, y, particularmente, con las pruebas practicadas por la Sala, se demostró que el señor Rojas Rincón tiene fuertes y profundas convicciones morales y éticas, las cuales le impiden prestar el servicio militar obligatorio.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución y, en particular, el artículo 54 A del Acuerdo 05 de 1992, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso acumulado indicado en la referencia.
Los accionantes demandan ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad (art. 13 C.P.) y la libertad de conciencia (art. 18 C.P.), presuntamente vulnerados por el Ejército Nacional. Lo anterior, por cuanto indican que esta institución les ordenó la prestación del servicio militar, sin tener en consideración que, por sus creencias religiosas, éticas y políticas, no les es posible cumplir con tal deber constitucional.
Julián Enrique Rojas Rincón manifestó ser miembro de las juventudes políticas del partido político MIRA, provenir de un hogar cristiano y mantener una vocación pacifista. Por su parte, Óscar Fernando Rojas Losada señaló que pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, adelanta estudios para acceder al cargo de pastor o líder religioso y no tolera actos de violencia.
Procede entonces la Sala a analizar ¿si violan las autoridades militares los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la autonomía personal cuando niegan sistemáticamente la aplicación de la objeción de conciencia como causal constitucional eximente de la prestación del servicio militar obligatorio? Para tal fin, se estudiará: (i) el alcance general de la garantía a la libertad de conciencia; (ii) si de las prerrogativas de la libertad de conciencia nace el derecho fundamental a objetar el cumplimiento de un deber jurídico; (iii) el alcance de la objeción de conciencia dado por la jurisprudencia constitucional, el bloque de constitucionalidad y la legislación comparada; (iv) la configuración del derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar en Colombia, y (v) análisis de los casos concretos.
La garantía a la libertad de conciencia y su relación con otros derechos fundamentales
El artículo 18 de la Constitución Política garantiza el derecho fundamental a la libertad de conciencia, al consagrar que “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.”
De acuerdo con el precepto constitucional, tres prerrogativas nacen del derecho a la libertad de conciencia: (i) nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o creencias; (ii) ninguna persona estará obligada a revelar sus convicciones y (iii) nadie será obligado a actuar contra su conciencia.
Es de esta última prerrogativa que nace el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Por ello, para efectos de analizar el alcance de este derecho, resulta pertinente estudiar primero lo que debe entenderse por libertad de conciencia.
2.3.1. La libertad de conciencia ha sido entendida como un elemento indispensable en una sociedad democrática
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References: artículo 54
 artículo 41
 artículo 93
 artículo 18
 artículo 54
 artículo 18