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Timestamp: 2020-07-06 13:03:23+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 80, de 21/11/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 80
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC ANTICH OLIVER
celebrada el martes, 21 de noviembre de 2006,
-Informe de fiscalización de Compañía Española de Reafianzamiento, S. A.
(CERSA) ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000068 y número de expediente Senado 771/000067.) ... (Página 2)
-Informe de fiscalización del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEDEX, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000072 y número de expediente Senado 771/000069.) ... (Página 4)
-Informe de fiscalización especial sobre el proceso de afiliación del personal adscrito a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y su repercusión en el pago de prestaciones otorgadas por esta entidad.
(Número de expediente Congreso 251/000074 y número de expediente Senado 771/000073.) ... (Página 4)
-Informe de fiscalización de la Entidad Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A. (SEACEX), ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000075) y número de expediente Senado 771/000075.) ...
-Informe de fiscalización de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000076 y número de expediente Senado 771/000072.) ... (Página 9)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
-Informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social para el desarrollo, implantación y mantenimiento de la administración electrónica como nueva modalidad de prestación de servicios y de relación con los ciudadanos, tanto a través de Internet como de otras plataformas de comunicaciones. (Número de expediente Congreso 251/000095 y número de expediente Senado 771/000092.) ...
-Informe de fiscalización de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000107 y número de expediente Senado 771/000105.) ... (Página 15)
-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino (León) sobre la gestión económica financiera y presupuestaria y política de personal llevada a cabo entre 1998 y 2002, ambos inclusive. (Número de expediente Congreso 251/000118 y número de expediente Senado 771/000115.) ...
-Moción sobre control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación de las entidades locales. (Número de expediente Congreso 251/000122 y número de expediente Senado 773/000017.) ...
-Informe de fiscalización de la financiación pública a la Real Federación Española de Fútbol y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes, ejercicios 2002 y 2003. (Número de expediente Congreso 251/000123 y número de expediente Senado 771/000119.) ... (Página 24)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.
(CERSA), EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000068 y número de expediente Senado 771/000067.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Vamos a fijar la hora de votación no antes de las once y media. Empezamos por la primera parte del orden del día de esta Comisión, debate y votación de las propuestas de resolución. El primer punto del día es el informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), ejercicio 2002. Se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender sus propuestas de resolución, tiene la palabra el señor don José Folgado del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FOLGADO BLANCO: Voy a ser breve porque no vamos a repetir cuanto se dijo ya en la sesión de comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, sobre todo lo que enmarcan las sociedades de garantía recíproca y Cersa como sociedad de reafianzamiento, sino que voy a hacer referencia de manera puntual a las propuestas de resolución, con la finalidad de mejorar la gestión y subsanar las deficiencias que puede tener Cersa
a la luz del informe que hizo el Tribunal de Cuentas en relación con el ejercicio 2002. Quiero empezar diciendo que estas recomendaciones y estas propuestas que, por otra parte, están en línea con las que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, y que intentaremos llegar -creo que podremos- a un acuerdo para la presentación conjunta, en nada desmerecen estas propuestas para mejorar y subsanar deficiencias de lo que recogía el Tribunal de Cuentas al afirmar que las cuentas de Cersa reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, y que Cersa cumple con los requisitos de solvencia. Dicho esto, hay cosas que son susceptibles de mejorar, como recoge el informe del Tribunal de Cuentas y en línea con el cual hemos planteado algunas recomendaciones. En primer lugar, en lo que se refiere, y voy a ser muy breve, señor presidente, a las acreditaciones documentales y a la comprobación de que las mismas son fehacientes, el informe del Tribunal de Cuentas dice que Cersa dispone de toda la información de las operaciones de las SGR, incluidas las no reafianzadas, que sus estados contables están auditados y que su gestión está sometida a la inspección del Banco de España. No obstante, a la luz de la experiencia nos dice, y nosotros lo recogemos, que es necesario modificar los contratos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cersa disponga de acreditación documental de los gastos e ingresos en los que ha incurrido la SGR para las operaciones en las que se presentan fallidos. Claro, esto tiene implicaciones para Cersa en cuanto a sus obligaciones de pago o de cobro, en su caso, de las recuperaciones. Por tanto, en primer lugar, tiene que haber una acreditación documental; tienen que modificar los contratos, y nosotros estamos de acuerdo. Por lo que he visto, también la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista va en la misma línea. Esto se complementa con otra propuesta relativa a que no es suficiente; se debe ir a la SGR y comprobar in situ que los gastos e ingresos que nos han dado documentalmente son los imputables a esa operación de fallido o de recuperación de recobros, y que no se han producido sobrevaloraciones o infravaloraciones. El Grupo Parlamentario Socialista añade en su propuesta -y nosotros la aceptamos- que esas comprobaciones se realicen basándose en muestreos y de acuerdo con las técnicas de auditoría interna. Nos parece que esto mejora el texto del informe del propio Tribunal de Cuentas y por consiguiente lo asumimos.
Otro punto relevante persigue que la información sea homogénea. Es importante recoger aquí que la documentación acreditativa de fallidos sea detallada y homogénea, así como que se realicen las operaciones oportunas para conseguirlo. Para ello se tienen que aplicar criterios homogéneos en la información acreditativa de los fallidos, que es lo que nosotros defendemos. Otro elemento importante que recoge el informe del Tribunal de Cuentas, y que nosotros también asumimos, es el que se refiere a unas ciertas exigencias de mejora en los sistemas informáticos. No creemos -como plantea el Grupo Parlamentario Socialista- que sea necesario un sistema informático común, si bien en la propuesta de dicho grupo se dice que, además de ser un sistema informático común, también pueden ser sistemas informáticos compatibles, que creo que es lo que importa.
Nosotros estaríamos de acuerdo con eso, con que es necesario que haya sistemas informáticos compatibles, como nosotros recogemos, además estructurado en tres puntos que lo justifican perfectamente y que se recogen en el informe. Por último, también estaríamos de acuerdo en incorporar unas propuestas en relación con el afianzamiento directo, que debe ser sistematizado y ordenado por beneficiarios, etcétera.
Estos son los puntos fundamentales sobre los que vamos a trabajar a continuación para presentar una propuesta común. Creemos que mejoran la gestión de Cersa y que en nada desmerecen la valoración positiva que el informe del Tribunal de Cuentas hace, en relación con la gestión que en 2002 llevó a cabo dicho tribunal ni en cómo su contabilidad recoge la imagen fiel del patrimonio ni cómo se ajusta, naturalmente, a todas las disposiciones vigentes. En cualquier caso, qué duda cabe que todo lo que implique mejora, desde el punto de vista operativo, es bienvenido, en línea con lo que propugna el Tribunal de Cuentas en su informe y en línea también -creo- con lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor don Carmelo López.
El señor LÓPEZ VILLENA: También intervendré muy brevemente.
Como bien ha dicho el señor Folgado, hemos presentado una propuesta de resolución muy similar a la del Grupo Popular, por lo que entendemos que para la votación podremos llevar una propuesta consensuada que, en su momento -antes de la votación-, entregaremos a la Mesa. Hemos presentado una propuesta de resolución en línea con las recomendaciones expuestas por el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y aunque nos consta que en la actualidad, de una u otra forma, ya se están poniendo en práctica, queremos subrayar que el informe de fiscalización se refiere a 2002 y nos encontramos en 2006, por lo que suponemos que muchas cosas van cambiando a mejor.
En cuanto a la recomendación del Tribunal de Cuentas -que también recoge el Grupo Popular, y no el Grupo Socialista- de suscripción de un nuevo convenio con el BBVA como actual supuesto titular de créditos pretéritos, se nos hace notar desde el Gobierno que, según los estudios jurídicos que han realizado, el BBVA no es titular de dichos créditos, como podía presumirse inicialmente, ya que el Instituto de Crédito Oficial nunca fue titular de los mencionados créditos. Se están adoptando medidas propuestas por el Tribunal de Cuentas en cuanto a los cambios de titularidad que se hayan podido producir por uno u otro motivo. También quisiera señalar
que recientemente se ha recibido el informe de auditoría interna de esta sociedad en el que se ponen de manifiesto una serie de recomendaciones que en buena parte son coincidentes con las propuestas realizadas por el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y que se remitirán a la sociedad para su aplicación. En este sentido, en nuestra resolución hemos incluido una recomendación adicional a la del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, referente a la elaboración de un manual de riesgos en el que se incluyan y definan unos objetivos y se elabore una metodología de procedimiento, con el fin de recoger y sistematizar las recomendaciones tanto del Tribunal de Cuentas como las planteadas por la auditoría interna, ya que no se contradicen entre sí, pero se complementan. Por lo tanto, como decía al principio, presentaremos una resolución conjunta para su votación.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CEDEX, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000072 y número de expediente Senado 771/000069.)
El señor PRESIDENTE: Una vez concluido el debate sobre el primer punto del orden del día, pasamos al segundo punto que es el informe de fiscalización del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Cedex. En este expediente solo se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, tiene la palabra su representante, la señora doña Pilar Unzalu para defenderlas.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Intervendré también de forma muy breve.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas ya lleva unos años poniendo en marcha las iniciativas y modificaciones que venían recogidas en el informe del Tribunal de Cuentas. Así, se está desarrollando un sistema de seguimiento de las actuaciones, incluida la imputación de costes que permitirá una valoración económica y la gestión de recursos proyecto a proyecto. Esperamos que esto esté operativo para el año 2007. El sistema de becas ya está unificado o se ha puesto en línea con el de otros centros públicos de investigación. En relación con otro tema importante, la deuda pendiente, ya se ha reclamado la deuda y se ha notificado al ayuntamiento afectado el inicio del procedimiento de cobro vía compensación a través del Ministerio de Hacienda.
Finalmente, en cuanto a los ingresos vinculados al uno por ciento cultural para la actividad del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, se han adoptado tres iniciativas que son las siguientes: una, se ha dotado de personal técnico que hasta ahora era inexistente; dos, se ha establecido una convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en el campo de la historia de las obras públicas y del urbanismo, y finalmente, se ha retomado la función encomendada al Cehopu en el estatuto del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, que es mantener y conservar el museo de la obra pública.
Consideramos que las cantidades destinadas a estos fines, a las que hacíamos referencia en la anterior sesión, van a cumplir su objetivo. Por eso las propuestas de resolución del Grupo Socialista van en dos direcciones: una, instar al Cedex a acelerar las iniciativas ya puestas en marcha en lo referente a los sistemas de costes y seguimiento de ejecución y actuaciones, recuperación de deudas y gestión de becas; y dos, instar al Cedex a dinamizar la actividad del Cehopu, en particular en lo referente a la puesta en marcha del museo de la obra pública y el transporte, con el fin de dar cumplimiento a la finalidad prevista en los fondos transferidos al organismo para estos fines. Supongo que también recoge el sentir de las intervenciones de otros grupos en la sesión anterior. Esto es lo que el Grupo Socialista presenta.
El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno de fijación de posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: El Grupo Popular no ha presentado propuestas de resolución a este informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, y únicamente queremos dejar constancia de que votaremos favorablemente las del Grupo Socialista porque, desde nuestra óptica, todo lo que sea dinamizar y mejorar el funcionamiento de todo tipo de entidades públicas es positivo. Únicamente quiero añadir, para que conste en el "Diario de Sesiones", que el informe efectuado en su momento por el Tribunal de Cuentas sobre la actividad del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas relativa al ejercicio 2002, dejaba constancia de que su contabilidad y cuentas anuales reflejaban la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial. Hay que tener en cuenta que el Cedex es un centro de investigación y su problemática y necesidades de actuación son difícilmente asimilables a una entidad empresarial. Por lo demás, como he dicho, votaremos favorablemente todo lo que sea mejorar la gestión de este tipo de entidades.
(Número de expediente Congreso 251/000074 y número de expediente Senado 771/000073.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del punto número dos pasamos al punto número tres, que es el informe de fiscalización especial sobre el proceso de afiliación del personal adscrito a la Mutualidad General
Judicial (Mugeju) y su repercusión en el pago de prestaciones otorgadas por esta entidad. Con relación a este expediente se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular y una por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz me ha hecho llegar que se retira. Entonces, pasamos a debatir las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y para defenderlas tiene la palabra la señora doña María Eugenia Martín.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Mi grupo ha presentado cuatro propuestas de resolución, pero permítame que antes de pasar a explicarlas realice unas matizaciones en cuanto a todo lo que se dijo aquí el otro día en la Comisión y a lo que consta en las alegaciones del propio expediente. Lo digo porque la señora Polonio el otro día nos dijo: a pesar de tener una normativa -se está refiriendo a la Mutualidad Judicial- antigua e insuficiente que distorsionaba la buena marcha y gestión de la mutualidad, no se le puso remedio en la anterior legislatura y frente a ello el actual Gobierno rápidamente va a ponerle remedio, y ya están en proceso de elaboración -octubre de 2006, que es la fecha en que se celebra la anterior Comisión- los dos reglamentos -que es lo que recomienda el Tribunal de Cuentas, un reglamento orgánico y un reglamento de prestaciones-. Por otro lado, el propio secretario de Estado de Justicia en sus alegaciones nos dice que la situación va a ser inmediatamente remediada; en la página 4 de las mismas nos cuenta lo arduo de la elaboración de este proyecto, y así dice que el borrador se remitió a los sindicatos, en trámite de audiencia, a las asociaciones de jueces, al sindicato de trabajadores de la Administración de Justicia, al foro judicial, etcétera. Es decir, nos relata todos los trámites, pero no nos da una sola fecha. Aunque sólo sea para que conste en el "Diario de Sesiones", quiero señalar que si solo se lee esto, aparentemente se llega a la conclusión a la que tuvo que llegar el Partido Socialista para poner remedio a la caótica situación existente.
Por eso, aunque brevemente, quiero dejar constancia de las siguientes fechas y los siguientes trámites. En cuanto al reglamento orgánico, la asamblea general de la mutualidad ya encomendó en 2001 la redacción de una propuesta de reglamento orgánico a la junta de gobierno, enviándose ambos a sindicatos, asociaciones, etcétera. Ambos textos se presentan en diciembre de 2002 a la asamblea general de la mutualidad y se nombra una comisión que presenta un texto definitivo. En noviembre de 2003 la asamblea general aprueba esta propuesta de texto definitivo y, en diciembre de 2003, se remite a la Secretaría de Estado de Justicia el proyecto de real decreto. Desde esa fecha -repito, diciembre de 2003- se encuentra en el Ministerio de Justicia hasta al menos mayo de 2005, que es la fecha del informe. Parece ser, siguiendo lo que el otro día nos decía la portavoz socialista, que también en octubre de 2006 -aunque me comenta que está ya realizado-. Decía: el informe va a ser inmediatamente remitido porque están en proceso de elaboración dos de las normas en que las conclusiones del informe hacen hincapié. Si hoy me dice la fecha de la promulgación de ambas normas, retiro mi propuesta de resolución número 1. En cuanto al reglamento de prestaciones, no les voy a relatar todas las fechas, pero ídem de ídem. La propuesta de reglamento se envió a la Secretaría de Estado de Justicia en diciembre de 2003. Repito que igualmente, si me dice la fecha de la promulgación, retiro la primera propuesta de resolución. No lo interpreté así porque repito que se hablaba en futuro en la anterior sesión de la Comisión.
En cuanto al resto de los puntos, la financiación de la asistencia sanitaria, que es la recomendación número 1 del Tribunal de Cuentas, yo ya decía en la anterior Comisión que eran muy lógicas las alegaciones del secretario de Estado de Justicia, en el sentido de que había que homogeneizar primero la financiación de la asistencia sanitaria al mutualismo administrativo, para posteriormente armonizarlo con lo que es la Ley General de la Seguridad Social. Así parece ser que se avanza -deduzco de las propias alegaciones- en el futuro reglamento de prestaciones -digo futuro si es que no está vigente ya-, que incorpora una redacción idéntica a la del reglamento del mutualismo administrativo, que por otra parte permite el sistema de conciertos, que está avalado por el Consejo de Estado y por la Abogacía del Estado, desde el año 1994 al año 2005. Si así sale el reglamento de prestaciones, homogeneizada toda la asistencia sanitaria de los funcionarios, solo nos quedaría la armonización con la Ley General de la Seguridad Social o el estudio al menos de esa armonización. Eso es lo que nosotros planteamos en la propuesta de resolución número 2. Si ya se ha realizado el estudio, se ha analizado y se ha armonizado todo y me dicen dónde, la retiraría. Yo no lo he localizado.
En cuanto a las recomendaciones dirigidas a la mutualidad, lo que planteamos en nuestra propuesta de resolución número 3 es mejorar las actuaciones de una aplicación informática moderna y mejor de la que ya había, que es lo que recalca en varias ocasiones el Tribunal de Cuentas.
Si la aplicación informática está ya en marcha no tengo ningún problema.
No obstante, me parecía que no lo estaba porque la portavoz del Grupo Socialista el otro día parecía decir -a lo mejor no lo interpreté de forma correcta- que en estos presupuestos de 2007 había mucha financiación para la mutualidad que iba a ser destinada a ello, pero como todavía no ha llegado 2007 yo lo interpreté así. Si ya está en marcha la aplicación informática, también retiraría esta propuesta.
En cuanto a la propuesta de resolución número 4, quisiera señalar que el Tribunal de Cuentas nos recomienda hacer, con carácter semestral, cruces informáticos con tesorería, con los servicios de salud de las comunidades autónomas, con Isfas, con Muface, etcétera, todo ello para tener una correcta base de datos de titulares y de beneficiarios. También quiero decir que desde enero
de 2004 Mugeju ya tiene acceso directo al fichero general de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se han realizado cruces con Isfas y con Muface en 2003, que la fecha de finalización del informe era mayo de 2005 y, a pesar de todo eso que ya se estaba realizando, la mutualidad no había dado de baja a las personas con cobertura indebida.
Por eso yo reiteraba en la propuesta de resolución que se realicen intercambios y que Mugeju actúe con agilidad y eficacia con los datos obtenidos, porque repito que a la fecha de finalización del informe, mayo de 2005, no se había dado de baja todavía a las personas con esa cobertura indebida.
En ese sentido, a lo mejor tengo que retirar alguna de estas propuestas después de oír a la portavoz socialista pero, en principio, las mantengo.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Polonio.
La señora POLONIO CONTRERAS: Efectivamente, comenzaba la portavoz del Grupo Popular, la señora Martín, basándose en la intervención que hizo esta portavoz que ahora les habla, el día 3 de octubre -quiero recalcar la fecha- del presente año en la anterior sesión de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, en la que basándome también en las alegaciones que hacía la Secretaría de Estado de Justicia al informe que se presentaba por parte del Tribunal de Cuentas sobre Mugeju, yo misma resaltaba, frente a la anterior situación normativa que se nos describía en el informe, el compromiso del actual Gobierno, del Gobierno socialista y, concretamente, del ministro de Justicia, ya que la situación descrita iba a ser inmediatamente remediada. Así ha sido, tanto que después de esa sesión de la Comisión, del 3 de octubre, nos encontramos con que dos de las principales necesidades que planteaba el informe para que tuvieran cumplida respuesta todas las apreciaciones que se hacían en el mismo, y que eran la aprobación del nuevo reglamento de organización de Mugeju y la aprobación del reglamento de mutualismo de prestaciones, a día de hoy ya han sido resueltas. El reglamento orgánico, acaba de ser aprobado por el Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, que aparece publicado en el BOE 264, de 4 de noviembre, un reglamento orgánico por el que se regulan la composición y funciones de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial. En lo que respecta al reglamento del mutualismo de prestaciones, desde el 3 de octubre de 2006 su borrador de real decreto ya se encuentra remitido al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional para que estos, como colectivos comprendidos en su ámbito, dispongan del trámite de información y audiencia previsto en la Lofage, dentro del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general y, por supuesto, una vez que se recojan las alegaciones pertinentes, seguirá su tramitación hasta su aprobación por el Consejo de Ministros. Como digo, son con posterioridad a la fecha en que tuvo lugar la sesión de la Comisión del Tribunal de Cuentas en la que se vio este informe en concreto y, por lo tanto, las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, números 1 y 2, tienen ya respuesta con estas apreciaciones que le he hecho a la portavoz, es decir, con la aprobación de uno de los reglamentos y el trámite de informe en el que se encuentra el otro.
Respecto a otra de las cuestiones que proponía el informe y sobre la que también era necesario adoptar una serie de medidas complementarias, todo ello tiene, como ahora explicaré con más detalle, respuesta ya y ahí se ve una vez más el compromiso del Gobierno que anunciaba antes de dar solución a las cuestiones que planteaba el Tribunal de Cuentas en su informe sobre Mugeju. Para la mejora del control del gasto de la mutualidad en la asistencia sanitaria prestada a través de entidades sanitarias concertadas, ya se ha iniciado la tramitación de una orden ministerial por la que, a la par de lo previsto por otros mutualismos, se pretende crear un fichero automatizado de datos sanitarios de los titulares y beneficiarios de Mugeju siempre de acuerdo, por supuesto, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y con este fichero se permitirá una evaluación de los costes y, en definitiva, una racionalización del gasto. Por otro lado -también lo ha comentado la portavoz del Grupo Popular-, el problema de la doble filiación ya está corregido a día de hoy, porque Mugeju viene realizando controles periódicos y cruces de datos con otras bases de datos y también con la de la Tesorería General de la Seguridad Social, con lo que los casos de doble afiliación son detectados y subsanados. Por tanto, no solamente me remito nuevamente a ese compromiso del Gobierno que ya manifesté de solucionar todo este tipo de anomalías que se presentaban en el informe, sino que a día de hoy lo vemos perfectamente cumplimentado, sobre todo en lo que se refiere a ambos reglamentos y también a las medidas complementarias que era necesario adoptar y que se verán por supuesto mejoradas con creces con la entrada en vigor de los presupuestos para el año 2007, con esas partidas en los mismos para todo lo que se refiera a la mejora de medios y de personal, sobre todo también en el ámbito de la Mugeju.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Martín.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Respecto al punto número 1, si el decreto orgánico se ha publicado el 20 de octubre de 2006, retiraría dentro de la propuesta de resolución la parte del reglamento orgánico. En cuanto al reglamento de prestaciones, confío en que será así, pero eso tiene un proceso de elaboración todavía, a pesar de que se lo dejamos bastante adelantado; lo que pido es que se proceda a la promulgación y, por lo tanto, voy a mantener la parte del reglamento de prestaciones.
En cuanto al resto, creo que lo había interpretado bien, que se van a ejecutar muchas de estas labores en 2007, otras se venían haciendo pero con la aplicación informática requieren una agilidad mayor. Por tanto, vamos a mantener las propuestas de resolución y confiamos en que el Grupo Socialista les dé un empuje en 2007 y que las tenga prácticamente realizadas.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCIÓN CULTURAL EXTERIOR, S.A. (SEACEX), EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000075 y número de expediente Senado 771/000075.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es el informe de fiscalización de la Entidad Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A. En relación con este expediente se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora MADRAZO DÍAZ: Si me lo permite, señor presidente, voy a intervenir yo, haciendo una pequeña presentación de las propuestas de resolución, porque no está la portavoz que pensábamos que iba a estar.
El señor PRESIDENTE: Tiene mi permiso.
La señora MADRAZO DÍAZ: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este informe de fiscalización cuatro propuestas de resolución que entendemos que tienen mucho contenido y que deben tenerse en consideración por el resto de los grupos porque, en definitiva, la Sociedad para la Acción Cultural en el Exterior necesita darle un empuje a la proyección de la cultura española fuera de nuestras fronteras.
Nuestras propuestas tienen mucho contenido, cosa que no ocurre con las del Grupo Socialista, que hablan de mejorar el nivel de publicidad y concurrencia, mejorar la gestión y el control, pero no abordan cuestiones de fondo importantes para que se cumplan los fines para los que esta sociedad estatal fue constituida en su momento, que es nuestra proyección cultural en el exterior. Por eso proponemos que en las subvenciones que se conceden en los Presupuestos Generales del Estado a esta Sociedad para la Acción Cultural en el Exterior, se incrementen el conocimiento y la transparencia para el Parlamento. Por ello queremos que se informe con carácter previo a esta Cámara de cuál es su programa y cuál es su previsión de actividades, porque es importante para que el Parlamento controle cuáles van a ser los objetivos para los próximos ejercicios de esta entidad.
Asimismo, atendiendo a la observación del informe del Tribunal de Cuentas, queremos establecer un aumento en el número de sus patrocinios. Es fundamental para mejorar la calidad financiera y la financiación de esta entidad que se aumente el número de patrocinios y se mejoren los fondos aportados por ellos. También consideramos importante la propuesta de resolución número 3, porque cuando el presidente del Tribunal de Cuentas hizo la exposición sobre las conclusiones de este informe, hizo referencia a un órgano que ya no existe, que es la comisión de Gobierno para asuntos exteriores. Esa comisión fue suprimida en los 20 primeros días de gobierno socialista y hoy no existe ningún órgano de coordinación entre los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cultura. Es necesario, a nuestro juicio, volver a crear un órgano con similares funciones que dé uniformidad a los criterios que se aplican por esta sociedad para poder potenciar nuestra proyección cultural en el exterior, y por eso hemos presentado esta propuesta de resolución número 3 que creemos fundamental, puesto que ya no existe esa comisión de coordinación entre el Ministerio de Cultura y el de Asuntos Exteriores.
Por último, en la propuesta de resolución número 4 pedimos que se incremente el apoyo a algo fundamental, a los artistas jóvenes españoles, de modo que se facilite la exposición y el conocimiento fuera de nuestras fronteras de estos artistas. Esta acción cultural debe llevarse a cabo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura.
Esta propuesta de resolución también nos parece fundamental.
Desde nuestro punto de vista, nuestras cuatro propuestas merecen la aprobación del resto de los grupos parlamentarios y, por tanto, vamos a mantenerlas. Las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista no tienen demasiado contenido y solo hablan de mejorar la gestión y mejorar la publicidad y concurrencia, pero, como siempre decimos, todo lo que sea mejorar bienvenido sea, por tanto, también las apoyaremos, si bien insisto en que consideramos fundamental que se apoyen nuestras cuatro propuestas de resolución.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Tabuyo
El señor TABUYO ROMERO: Paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista y la defensa de las propuestas de resolución que presentamos, así como a manifestar nuestra posición con respecto a las que presenta el Grupo Parlamentario Popular. En la anterior Comisión, entre las recomendaciones que presentaron relativas a la financiación del Seacex, la que tenía más calado, peso e importancia era la referida a la financiación que recibe como inversiones financieras y no como subvenciones que figuren en los Presupuestos Generales del Estado, que son las que permitirían un mayor margen
de actuación y de control por parte de las administraciones sobre el nivel de gasto de cada una de las anualidades, que era la que presentaba el presidente del Tribunal y una de las más importantes. Pues bien, podemos felicitarnos porque el Gobierno ya está haciendo lo que ustedes demandaban en su informe: consigna en los Presupuestos Generales del Estado de las cantidades necesarias para el funcionamiento de la entidad.
En concreto, en el año 2007 presenta una aportación de capital de 15 millones de euros; en el capítulo de gastos, por ejemplo, en aprovisionamiento, pasa de 11.978.000 a 16 millones o, en gastos de personal, de 1.881.000 a 2.098.000; es decir, incrementos del 33,58 por ciento en el primer caso y del 11,54 por ciento en el segundo. Esto quiere decir que debemos felicitarnos de que esa recomendación haya sido ya recogida por el Gobierno. Esta es la razón por la que no hemos incluido esta recomendación en nuestras peticiones y, por lo mismo, no podemos aceptar la propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Popular, porque evidentemente en este caso no procede.
También dijimos en la anterior comparecencia que la promoción de la cultura es una apuesta básica para difundir en el exterior nuestra potencia creativa artística y nuestras raíces culturales que, entre otras cosas, fomentan la tolerancia, el diálogo intercultural y la pluralidad que caracteriza a nuestro país. Sin embargo, esto no puede estar reñido con la economía ni con el control de los recursos públicos, incluso en la noble tarea de difundir nuestra potencialidad artística. El Grupo Parlamentario Socialista presenta dos recomendaciones, la primera de ellas referida a que el Seacex mejore el nivel de publicidad y concurrencia de las contrataciones que realiza, y paso a detallar por qué presentamos esta propuesta de resolución que, a juicio de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo, no tiene sustancia ni contenido. Señora Madrazo, lo hacemos porque se ha detectado que diversas contrataciones se han realizado sin formalizar contrato, aceptando los presupuestos hechos por las empresas prestadoras de los servicios.
Además, ha habido escasa publicidad en los procesos de adjudicación: solo dos de los cuatro mayores contratos y seis de los dieciséis que superan el importe de los 60.101 euros. Asimismo, solo ocho de los dieciséis contratos mayores se adjudicaron mediante concurso, e incluso en los procedimientos con publicidad los plazos de presentación de proposiciones quedan muy lejos de los 52 días que exige la ley, ya que nunca superaron los 31 días.
La segunda recomendación va dirigida a que se mejore la gestión y el control de los inventarios y publicaciones. Si bien es cierto que existe una dificultad añadida en lo referido a medir el nivel de impacto y atracción de exposiciones conmemorativas o de exaltación y que esto puede desatar y conllevar que las tiradas puedan resultar excesivas o quedar muy por debajo de las necesidades reales de demanda, también es cierto que deben utilizarse una serie de mecanismos relacionados con la previsión, con la experiencia y con los análisis de mercado, más las expectativas que produce esa conmemoración y otros, para ajustar en lo posible las tiradas y los contenidos de contratación, contemplando las variables de reimpresión, etcétera, ahorrando así costes. Esto, junto con lo referido al control de existencias de la sociedad y la existencia de tres depósitos de publicaciones, sumado a la no realización de controles físicos periódicos, a la pérdida de valor de los catálogos una vez pasada la exposición y a las cesiones gratuitas, dibuja un panorama que podemos concluir que por lo menos es manifiestamente mejorable. A mi juicio, esto tiene suficiente entidad y contenido como para hacerlo objeto de las propuestas de resolución de este grupo.
En lo referido a las propuestas restantes del Grupo Parlamentario Popular, las números 2, 3 y 4 no son en sí mismas necesarias, no son básicas para el funcionamiento del Seacex, porque la mayor parte de las cosas que se demandan están dentro del ordenamiento y del funcionamiento cotidiano y diario del Seacex. De todas maneras, y en aras de una mayor coordinación y potenciación de esta entidad, podemos aceptar la número 2 y la número 4, siempre y cuando la señora Madrazo retire las números 1 y 3, porque, como ya hemos dicho, la número 1 ya no tiene sentido porque se ha cambiado el sistema de financiación y la número 3, la de crear un órgano de coordinación, tampoco es procedente en este momento. Por tanto, la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista para contribuir entre los dos grupos al funcionamiento, mejora y gestión del Seacex pasa por apoyar sus propuestas de resolución números 2 y 4, junto a las números 5 y 6, que son las dos que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición respecto a la pregunta que se le ha formulado, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: En mi anterior intervención ya he dicho que apoyaríamos las propuestas de resolución números 5 y 6 del Grupo Parlamentario Socialista, porque mi grupo siempre es partidario de mejorar la gestión de este tipo de sociedades y, por tanto, no vamos a oponernos a ello. No obstante, sigo insistiendo en que estas son propuestas de resolución que pueden ser importantes a nivel de gestión de la sociedad estatal, pero al final no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo de esta sociedad estatal, que es nuestra proyección cultural y artística en el exterior, y no podemos medir este tipo de sociedades con los mismos criterios de gestión económico-financiera que si se tratara de una empresa privada que se dedica a vender bicicletas o manzanas. Los criterios tienen que ser diferentes, por eso, en este tipo de sociedades tenemos que aportar algo más que una serie de propuestas de resolución que van encaminadas al objetivo de mejorar su gestión económico-financiera que, repito, nos parece
bien, pero se necesita algo más. En nuestra propuesta de resolución número 1, que el Grupo Parlamentario Socialista nos pide que retiremos -a pesar de que efectivamente ha constado en los Presupuestos Generales del Estado la partida presupuestaria de la subvención destinada a esta entidad-, pedimos que con carácter previo se informe a esta Cámara del programa y previsión de actividades de esta sociedad. No sé si antes de que tengan lugar las votaciones llegaremos a una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, pero en principio vamos a mantenerla.
Respecto a la propuesta de resolución número 3, nos parece fundamental, en este tipo de acciones que suponen nuestra proyección cultural y artística en el exterior, la coordinación entre los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cultura y, por tanto, no nos parece procedente que se haya eliminado una comisión que ya existía para estos fines, que era la comisión de gobierno para Asuntos Exteriores. Lo siento, pero vamos a mantener la propuesta de resolución número 3.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESCUELA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000076 y número de expediente Senado 771/000072.)
El señor PRESIDENTE: Una vez terminado el debate del punto 4.º, pasamos al punto 5.º, que es el informe de fiscalización de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, ejercicio 2002. En este expediente se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, y al parecer, hay una transaccional a la que han llegado ambos grupos.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Ana Madrazo para explicar esta transacción.
La señora MADRAZO DÍAZ: En relación con el informe de fiscalización de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, referido al ejercicio 2002, mi grupo parlamentario ya dejó claro algunos aspectos que se desprendían del informe que efectúo el Tribunal de Cuentas referente a sus estados financieros y a los procedimientos de contratación utilizados por esta entidad. Resaltamos ya en la anterior Comisión mixta que, en líneas generales, salvo algunos aspectos que nos parecen concretos y aislados, del informe del Tribunal de Cuentas se puede desprender que la gestión económico-financiera y contable de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, referida al ejercicio 2002, ha sido correcta. En este aspecto, el Tribunal de Cuentas concluye literalmente en su informe que las cuentas anuales de la entidad expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, así como de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio 2002. También en la exposición del señor presidente del Tribunal de Cuentas quedó claro que no existían responsabilidades contables imputables al citado ejercicio. Asimismo destacó el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones los siguientes aspectos: las normas internas de contratación de julio de 2002 se consideran adecuadas para asegurar una correcta gestión por parte de la Fundación Escuela de la Organización Industrial; el procedimiento previsto por la entidad para la gestión académica y registral de los programas acogidos a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Industria se consideran correctos, así como adecuada la gestión docente de los másteres que imparte esta entidad y que el procedimiento previsto para la contratación de profesores se considera suficiente y adecuado. Esto afirmaba el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones. No obstante, insistía el representante del Grupo Socialista en aquella Comisión que no se había aprobado ningún organigrama por parte de la fundación. A este respecto me gustaría aclarar que de la lectura de las alegaciones puede desprenderse fácilmente que en junio de 1997 el patronato aprobó una estructura orgánica inicial y básica. Con posterioridad, se han ido aprobando cambios, en concreto, se aprobó una reestructuración de áreas de la fundación, con fecha 9 de junio de 2003.
No obstante, como toda entidad dinámica, esta fundación necesita de cambios que se adapten a las nuevas realidades y a las necesidades que vayan surgiendo. Por eso mi grupo planteaba una propuesta de resolución, la número 4, que va en el sentido de desarrollar y completar esta estructura orgánica con la necesaria flexibilidad.
Hemos llegado a un acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista y hemos transaccionado prácticamente las cuatro propuestas de resolución que presentábamos puesto que la mayoría eran coincidentes. También manifestó el portavoz socialista que se viene efectuando un informe de supervivencia de empresas ya desde el año 2004, a través del programa Crece. Y, por cierto, nos aportó un dato que nos pareció interesante, y es que hay unos índices de supervivencia de empresas superiores al 80 por ciento, lo que pone de manifiesto la eficacia de la fundación en la consecución de sus objetivos. Por tanto, no hemos considerado necesario presentar una propuesta de resolución en este sentido y retiramos nuestra propuesta de resolución número 2.
Respecto a los servicios prestados en la fundación por profesionales independientes, que era también objeto de crítica por parte del Tribunal de Cuentas, mi grupo considera que, como ha quedado expuesto en la anterior sesión de la Comisión mixta, el contrato de asesoramiento jurídico general al que se refiere el informe ya ha quedado resuelto y en la actualidad se viene realizando a través de convenios con la Abogacía del Estado. Por lo que se refiere al asesoramiento tributario, entendemos que es adecuado, dada la especificidad y complejidad de esta materia, disponer de un asesoramiento continuo. Por tanto, no hemos planteado ninguna propuesta de resolución en este sentido.
Tampoco efectuamos ninguna propuesta de resolución en relación con la recomendación del Tribunal de Cuentas de elaborar unas normas de contratación de servicios en el extranjero, ya que las actividades que realiza la fundación fuera de España se desarrollan en colaboración con universidades iberoamericanas o europeas y se articulan mediante convenios de colaboración, por tanto, la fundación no realiza contrataciones directas en tales países.
Por último, me gustaría dejar constancia en el "Diario de Sesiones" que con respecto a las posibles responsabilidades contables que se pudieran derivar de las irregularidades detectadas en la contratación de una profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, el señor presidente del Tribunal de Cuentas expuso en la pasada sesión de esta Comisión mixta que si bien el fiscal pidió la remisión a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, una vez estudiada la petición por el consejo del departamento este estimó que no era procedente esta imputación. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta los importantes objetivos de esta fundación, que, en definitiva, tiene como fin impulsar el tejido empresarial y de las pequeñas y medianas empresas mediante la formación de sus empresarios, directivos y técnicos y, por otro lado, se dedica también a la realización de estudios e investigaciones sobre la realidad industrial y empresarial de nuestro país, hemos presentado cuatro propuestas de resolución que hemos transaccionado con el portavoz del Grupo Socialista porque entendemos que pueden contribuir a mejorar el funcionamiento de esta entidad, y ese debe ser el objetivo de estos informes y también de esta Comisión mixta.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado don Luis Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Como bien ha señalado la portavoz del Grupo Popular, la propuesta de resolución que se debate en el día de hoy en relación con el informe de fiscalización de la Fundación Escuela de la Organización Industrial ha sido consensuada con las propuestas de resolución que efectúo en su momento el Grupo Popular. Ambas, la que formula mi grupo y la que formula el Grupo Popular, vienen a coincidir prácticamente en el mismo objetivo, que es la mejora del funcionamiento de este importante organismo que realiza una labor eficaz y viene demostrando su competencia en el área de la formación dentro del ámbito de las empresas y de las administraciones públicas. En ese sentido, queremos matizar que no estamos tanto a favor de una diferenciación en cuanto a la génesis que dio paso a la elaboración del informe de fiscalización como en cuanto a cuáles han sido los avances y los progresos que se han realizado desde aquel informe en la Fundación Escuela de la Organización Industrial, con sus direcciones actual y precedente. Nos consta, como bien ha señalado la señora Madrazo, que se han hecho esfuerzos por corregir una gran cantidad de observaciones que habían sido recogidas en el informe de fiscalización de 2002. Sabemos que este esfuerzo ha sido intenso, sobre todo en los dos últimos años, para conseguir eliminar las deficiencias más evidentes, pero aún así entendíamos que había una serie de aspectos que no habían sido suficientemente atendidos, entre ellos -lo acaba de señalar también la señora Madrazo- el organigrama de la fundación escuela, que había sido aprobado en su esquema básico pero que no había seguido el procedimiento que debe seguir, según los propios estatutos de la fundación y del patronato. Por esa razón, entendemos pertinente la propuesta de resolución para completar y aprobar el organigrama de la fundación escuela en el marco del plan estratégico que en la actualidad está desarrollando la Fundación Escuela de la Organización Industrial. Es importante que se realice y, como se establece en el contenido de la propia resolución, que se haga con la necesaria flexibilidad en la definición de las funciones del personal. No es menos importante -en esto también hay coincidencia plena entre la propuesta de resolución del Grupo Popular y del Grupo Socialista- la encomienda que se hace a la fundación para que realice un plan de tesorería que permita optimizar la rentabilidad de los recursos disponibles. En ese sentido, el informe del Tribunal de Cuentas era clarificador y tenía elementos suficientes para pensar que este plan de tesorería no solamente no existía sino que se requería su inmediata puesta en marcha.
Por último, mi grupo entendía necesaria la inclusión de la propuesta de resolución referida a la cuantificación de los objetivos, como así recomendaba el Tribunal de Cuentas. La cuantificación de los objetivos es un elemento muy necesario que va a permitir la evaluación y el análisis de todas las desviaciones que respecto a los objetivos se vienen realizando en el funcionamiento de esta fundación. Estamos convencidos de que a partir tanto del análisis como de esta propuesta de resolución el funcionamiento de la Escuela de Organización Industrial va a mejorar sustancialmente; lo viene haciendo ya, pero se verá corroborado por una actuación sensata y rigurosa desde la propia dirección de la escuela.
Quisiera señalar que no ha sido difícil llegar a un acuerdo con el Grupo Popular en este aspecto, dado que sabemos del buen hacer de la Fundación Escuela de la Organización Industrial, de la responsabilidad de sus rectores y de la preocupación por estar permanentemente al día y en renovación para dar respuesta al difícil reto que tiene en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el punto 5.º del orden del día, vamos a suspender la sesión por cinco minutos. Se han anunciado varias transaccionales y ha de haber tiempo para hacerlas llegar a la Mesa.
Señorías, vamos a proseguir con la Comisión y vamos a pasar a la votación de las resoluciones. En cuanto al
punto 1 del orden del día, que es el informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (Cersa), se ha presentado una transaccional por parte de los dos grupos parlamentarios que habían presentado resoluciones, que intentaré explicar porque es un poco complicada. En cuanto al primer párrafo de la primera resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que empezaba con primero, se elimina primero y será a modo de preámbulo. El punto 1.1 se convierte en la resolución primera, con la siguiente modificación: Se sustituye "modifica" por "Cersa modifique", y después de "acreditación documental" se añade "mediante copia compulsada por la SGR". Más adelante, donde dice gastos e ingresos en los que ha incurrido la SGR para esta operación, se sustituye "esta operación" por "estas operaciones". De las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular se mantendría pura y simplemente esta, en relación con el punto 1.2, y todas las demás desaparecerían.
De las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista quedarían solo la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, también con una serie de modificaciones. En cuanto a la resolución 2, donde dice "Cersa realice muestreos de" se eliminaría "muestreos de". En cuanto al punto 3.1, después de "ser homogénea" se añadiría "y presentar". En cuanto al punto 6, quedaría de la siguiente manera: "Cersa exija a las SGR la utilización de sistemas informáticos compatibles que permitan...". Todo lo demás seguiría igual. En cuanto al punto 7, en el apartado c), quedaría de la siguiente forma: "Para todos los fallidos, informe motivado y documentado respecto a las causas económico-financieras del fallido e informe motivado", desapareciendo las palabras "que motivaron". En cuanto al punto 8, quedaría de la siguiente forma: "Cersa elabore un manual de riesgos en el que se definan los propios objetivos. Asimismo elabore una metodología y procedimientos que recojan las recomendaciones que plantea el Tribunal de Cuentas y la auditoria interna." Creo que no me he dejado nada.
Vamos a proceder a votar esta transaccional.
Pasamos al punto 2.º del orden del día, donde solo hay propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a proceder a su votación.
Pasamos al punto 3.º del orden del día, en el que se ha retirado la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En relación con las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, si no he entendido mal, la propuesta número 1 quedaría de la siguiente forma: "El Gobierno proceda a promulgar, a la mayor brevedad, el reglamento de prestaciones de la Mutualidad General Judicial." Las demás propuestas se mantendrían tal y como han sido presentadas. Vamos a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, con la modificación anteriormente citada.
A continuación, vamos a votar las propuestas de resolución presentadas en relación con el punto 4.º del orden del día, en el que también se ha llegado a una transaccional. Se mantendrían las propuestas de resolución 2 y 4 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, y las propuestas de resolución 5 y 6 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, quedarían las propuestas 2, 4, 5 y 6. Vamos a proceder a votar esta transaccional.
Pasamos al punto 5.º del orden del día, en el cual también se ha presentado una transaccional que dice lo siguiente: 1º) Encomendar a la Fundación Escuela de Organización Industrial la realización de un plan de tesorería que permita optimizar la rentabilidad de los recursos disponibles. 2º) Elaborar un plan de inversiones plurianual con establecimiento de un procedimiento escrito que defina los criterios de inversión. 3º) Estudiar la implantación de un sistema de indicadores de eficiencia y economía que permita analizar las desviaciones entre los objetivos de la entidad y los resultados obtenidos, teniendo en cuenta su naturaleza jurídico-privada y la naturaleza de su actividad. 4º) Completar y aprobar la estructura orgánica de la entidad en el marco del plan estratégico de la escuela, con la necesaria flexibilidad en la definición de las funciones del personal.
Una vez terminadas las votaciones, vamos a suspender por cinco minutos la sesión. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra.)
La señora MADRAZO DÍAZ: Queremos que se haga otra vez el recuento de la votación del punto 3.º porque no creemos que haya 24 votos en contra.
El señor PRESIDENTE: Me dicen que son 21. Vamos a rectificar y en vez de 24 pondremos 21.
Vamos a suspender por cinco minutos mientras llega el presidente del tribunal. (El señor vicepresidente, Martínez Herrera, ocupa la Presidencia.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO NUEVA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS, TANTO A TRAVÉS DE INTERNET COMO DE OTRAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES. (Número de expediente Congreso 251/000095 y número de expediente Senado 771/000092.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Reanudamos la sesión.
Pasamos al punto número 6.º del orden del día con la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar, en primer lugar, del informe de fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social para el desarrollo, implantación y mantenimiento de la Administración electrónica como nueva modalidad de prestación de servicios y de relación con los ciudadanos, tanto a través de Internet como de otras plataformas de comunicaciones. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del tribunal, en octubre de 2005, aprobó el informe de fiscalización de la contratación celebrada para el desarrollo, implantación y mantenimiento en el ámbito de la Seguridad Social de la Administración electrónica como nueva modalidad de prestación de servicios y de relación con los ciudadanos, tanto a través de Internet como de otras plataformas de comunicación. El informe concluye que las entidades gestoras y la Tesorería de la Seguridad Social no han elaborado un plan o proyecto global dirigido al impulso de la Administración electrónica para su aplicación en el ámbito propio de la Seguridad Social. Deberían mejorar la planificación previa de sus contrataciones de contenido informático, dada la importancia de que exista una adecuada coordinación de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias y que se lleven a cabo por dichas entidades en el ámbito específico de la Administración electrónica. La elección en relación con el uso o la adquisición de un tipo de software, libre o propietario, reviste una indudable trascendencia y exige una reflexión en profundidad y un análisis coordinado para todo el ámbito del sector público. Sea cual sea la opción elegida, resulta deseable que desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos estos no se vean afectados en su condición de usuarios, ni sean diferenciados o excluidos en el uso de los servicios ofrecidos por la vía telemática. Se ha detectado un grado de concentración excesivo en las adjudicaciones de los contratos fiscalizados respecto a determinadas empresas que han participado durante años en el desarrollo de los proyectos informáticos puestos en marcha por la Seguridad Social, recibiendo sucesivamente las adjudicaciones que han sido convocadas. Esta relación de dependencia tecnológica o de cautividad ha sido denunciada por el Tribunal de Cuentas de manera reiterada, sin que hayan sido adoptadas por las entidades gestoras y por la Tesorería General de la Seguridad Social las medidas adecuadas para resolver esta situación.
Especialmente el INSS y la tesorería carecen de una estructura adecuada y correctamente dimensionada de personal propio que cuente además con la necesaria cualificación informática, lo que ha favorecido la generalización del recurso a la celebración de contratos de consultoría y asistencia y de servicios para su subsanación.
Con excesiva frecuencia se ha constatado la inadecuada utilización y valoración de la experiencia previa de los licitadores y otros factores determinantes de la solvencia de estos como criterio de adjudicación. Los criterios objetivos de adjudicación deberían referirse a las características de la prestación, por lo que en estos casos fue realizada una inadecuada valoración que redunda en perjuicio de lo dispuesto en la normativa de contratos. Por lo que se refiere a la página web de la Seguridad Social, deberían mejorar en algunos aspectos relativos a su diseño, accesibilidad y contenidos, de modo que permitieran el acceso o enlace a todas las páginas web de aquélla y reunieran de manera conjunta y menos compleja para el ciudadano toda la información relativa a la Seguridad Social. En el informe se considera conveniente que el Gobierno promueva la realización de campañas informativas dirigidas tanto a los ciudadanos como a las empresas, con la finalidad de dar a conocer, fomentar y eliminar las barreras culturales aún existentes con relación al uso de los servicios electrónicos y medios telemáticos de la Seguridad Social, como un nuevo modelo de relación con los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE(Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos políticos. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra María Eugenia Martín.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por la exposición del informe de fiscalización relativo a los años 2002 y 2003, sobre la contratación celebrada por la Seguridad Social para la implantación y mantenimiento de la Administración electrónica y facilitar la prestación de servicios a los ciudadanos. Todas las recomendaciones del tribunal van dirigidas a la mejora. El tribunal ha sabido recoger, incluso asumir, la situación de la Seguridad Social con relación a los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo tanto el INSS como la tesorería vienen siendo administraciones pioneras en la informatización de la gestión y en valorar adecuadamente lo que representan y deben al ciudadano como usuario que requiere sus servicios. También debemos ser conscientes de que tanto las entidades gestoras como la tesorería en multitud de ocasiones se encuentran con cambios normativos, que tienen una consecuencia inmediata para la gestión de sus prestaciones o de sus competencias, sin que ellos, entre comillas, tengan arte ni parte y que en muchas ocasiones requiere unas modificaciones contractuales sobre la marcha, si me permiten la expresión. La Seguridad Social en su conjunto, sobre todo en lo que se refiere a materia informática en relación con los ciudadanos, con la gestión y el control de diversas materias de su competencia hay que reconocer que iba por delante cuando se hizo el plan Info 91. El tribunal ha redactado un informe, si me permiten la expresión, con los pies en el suelo y conociendo bien la realidad de la Seguridad Social; no obstante, me gustaría hacerle alguna pregunta, señor presidente, o pedirle alguna aclaración. En la recomendación primera se dice que hay que mejorar la planificación de sus contrataciones de contenido informático, en concreto dice: particularmente importante en lo que se refiere a la definición de sus previsiones presupuestarias. La pregunta es si ha encontrado alguna deficiencia en la presupuestación que se refiere a esta materia, si me pudiera decir dónde y cuál para poder concretarla. En cuanto a la recomendación número dos dice: Las entidades gestoras deberían realizar estudios para decidir sobre la conveniencia de un software libre o un software propietario con las ventajas e inconvenientes que el Tribunal recoge. El actual director general de la tesorería señala en sus alegaciones que la opción por el software abierto y su implantación tendría hoy un elevado coste económico y que lo más prudente es esperar y ver la evolución del mercado. Qué opina el Tribunal de Cuentas de las alegaciones, que me parecen razonables, del actual director de la tesorería. Se observa, aunque en las conclusiones no lo he encontrado, que con frecuencia en la contratación se valora demasiado la experiencia previa, lo que va a dar lugar a contrataciones con la misma empresa para varios proyectos. Quiero reflejar que los proyectos de la gestión de la Seguridad Social habitualmente son a largo plazo, y esa experiencia previa es importante, pero -quizá me he despistado- en las recomendaciones no lo recoge. Lo he visto en otra parte, en las conclusiones, pero en las recomendaciones no se recoge. Me gustaría que me precisara si está.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Yo también felicito al presidente del Tribunal de Cuentas por los informes tan prolijos y tan bien elaborados, y especialmente le felicitaré después por el de la Federación Española de Fútbol en el que también voy a intervenir.
En este caso en concreto yo veo un problema de origen, y es que esta fiscalización que se aprueba en el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas de 2004 reconoce que las actuaciones del periodo fiscalizado se corresponden con el periodo 2002-2003 e incluso con algunas contrataciones anteriores. Hablando de la materia de que hablamos, sociedad de la información y del conocimiento, a la velocidad y con el ritmo que va esto, el informe en sí mismo recoge una realidad de lo que ha ido sucediendo durante este tiempo, pero hoy en día está absolutamente desfasado en cuanto a las conclusiones o propuestas, porque ya hay planes en marcha -de los que hablaré brevemente-, y esto avanza tan rápido que ha desfasado el propio informe por el periodo en que se ha realizado.
Siguiendo la cronología del informe y teniendo en cuenta que unas de las funciones del tribunal es precisamente ver la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas, por tanto es lógico que entre en este tipo de materia, recordaré el antecedente de que el informe anterior, que se vio en el año 2000, correspondía a los ejercicios 1994-1998, cuando existía una experiencia previa de este tipo de información. A partir de ahí se hizo también un informe de fiscalización sobre el proyecto Rodas que tenía que ver con la contratación del software libre por la Administración. Se describen en el informe los antecedentes: la Comisión interministerial de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías que se creó en 1999 y que con el Plan e-Europe de 2000 dio lugar al INFO XXI. Cuando dice la diputada que tiene los pies en el suelo a la hora de hacer el análisis y reconoce que la Seguridad Social ha funcionado muy eficazmente en esto metiéndolo dentro de este marco, debo disentir, aunque no sea el objetivo en absoluto de mi intervención, ya que precisamente todo el mundo ha reconocido que el Plan INFO XXI fue un absoluto fracaso en su implementación. El propio Gobierno en ese momento convocó una comisión de expertos -como se reconoce también en el expediente- que dio lugar después al Plan España.es para tratar de suplir las carencias que se habían reconocido por todos los agentes del sector en el INFO XXI. Ese Plan España.es también vino con defectos de fondo porque no contenía ningún plan de convergencia con Europa, por tanto no podíamos recortar el diferencial
que nos sacaban los países europeos con los que teníamos que competir y porque tampoco se había hecho en contacto con los agentes del sector, sino que salía solamente de un comité de expertos. Teniendo en cuenta que al final lo que estamos haciendo es reconocer el fracaso de una política que se ha desarrollado durante mucho tiempo relacionada con este ámbito es difícil que algún tipo de Administración se hubiera podido escapar. De hecho la comisión de expertos dice: En general las TIC se han utilizado más para automatizar procesos existentes y crear vías electrónicas alternativas que para producir cambios fundamentales que debieran ser el objetivo a la hora de introducir las nuevas tecnologías para mejorar precisamente la eficacia y la eficiencia de la Administración. También dice, dentro de los objetivos del plan de choque, que el valor de la Administración electrónica no reside en un mero traslado de servicios, sino que debe responder a la optimización y reorganización de los esquemas del servicio público, lo cual tampoco se ha provocado.
Para ir terminando, me quedo con lo que han sido las conclusiones del propio tribunal, que viene a decir que la Seguridad Social no ha elaborado un plan o proyecto global para el impulso de la Administración electrónica, por lo tanto no puede haber funcionado bien; dice también que los planes están deslavazados respecto a las páginas web que se han puesto en marcha, que son diversas y no tienen conexión entre ellas.
Menciona incluso la anécdota -creo que es menos que anécdota- de 250 ordenadores que se compraron para un centro de gestión telefónica y telemática y que terminaron en un almacén del INSS sin darles ningún tipo de utilización. En relación con el uso del software libre o del software propietario mi grupo siempre ha defendido la neutralidad tecnológica, porque, como el propio tribunal dice, hay ventajas y desventajas en ambos sistemas, y de hecho todas las administraciones los utilizan por igual.
Estamos de acuerdo en que hay que estudiarlo debidamente.
Sobre la web de la Seguridad Social a la que se refería anteriormente, dice que en relación con el contenido, diseño y accesibilidad en el momento en que se hace el informe mantiene un nivel suficiente de accesibilidad pero no óptimo, por tanto tampoco ahí podemos lanzar las campanas al vuelo. Habla sobre el tema de los contratos, que están concentrados básicamente en dos empresas. Se refiere a la dependencia que se tiene, y se destacan dos hechos: uno, la carencia de recursos humanos del propio ministerio, de personal formado en este tipo de materias, diciendo el tribunal que se convierte en dependiente del personal que se contrata por otras vías para desarrollar determinados proyectos que en la práctica están cubriendo las carencias de la Seguridad Social. Por lo tanto, el propio tribunal recomienda que se contrate personal especializado, se forme y así se pueda avanzar en este terreno.
Finalmente el informe trata de la contratación y los concursos, donde se denuncia incluso la utilización de fórmulas de aproximación a la media aritmética antieconómicas definidas por el propio tribunal. Por lo tanto, bajo ningún concepto puedo estar de acuerdo con que la Administración electrónica ha funcionado correctamente. Queda mucho camino por recorrer.
Terminó INFO XXI, terminó España.es; está puesto en marcha el Plan Avanz@, en cuya elaboración han participado el Partido Popular y todos los grupos políticos. Esperemos aprender todos de lo que ha sucedido y también de las propuestas de resolución que ustedes hacen, aunque -repito- muchas se pueden haber desactualizado por la época en que se ha hecho el informe y el periodo que se ha fiscalizado, ya que muchas de ellas están cubiertas, y no cabe duda de que si queda algo por resolver este Gobierno lo hará de acuerdo con sus recomendaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Para contestar a las cuestiones planteadas por los distintos grupos tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El primer interviniente me dice que hay una recomendación en la que se han apreciado diferencias en la presupuestación; son las que figuran en el informe. Después me pregunta y también sugiere sobre el sistema de libre propietario en el software. Lo que sobre esta materia dice el tribunal es que estos dos sistemas tienen importantes ventajas e inconvenientes, pero el tribunal no se pronuncia. Esa es una decisión de la gestión, pero debe estar fundamentada, y a esto es a lo que llega el tribunal en la página 26 del informe. En cuanto a la otra duda sobre la experiencia previa para la adjudicación, lo que dice el tribunal es que al licitar hay que diferenciar los criterios de selección de las empresas -ahí sí intervienen la solvencia, la experiencia e incluso los certificados de calidad- de los criterios de adjudicación, que deben atender a características de la prestación del servicio como son la calidad y el precio, no solo a la experiencia. Repito, el informe diferencia muy bien lo que son criterios de selección del licitador de lo que son criterios de adjudicación que deben estar en función, repito, de la prestación del servicio.
En cuanto al segundo interviniente y lo que ha comentado sobre que el informe queda desfasado en temas de esta naturaleza, le diré que sí, pero el propio tribunal -creo que lo ha mencionado- viene insistiendo en esto.
Fíjese, se presentó aquí un informe especial de noviembre de 2000 sobre la eficiencia del proyecto Rodas, y todos los años viene insistiendo en la contratación sobre este tema. Lo que dice el tribunal en la página 30 de su informe en relación con las empresas que se contratan para prestación de servicios es que esa reiteración viene a ser una causa más de cautividad y de dependencia siempre de las mismas empresas. Esto
también se viene manifestando en los informes anuales del tribunal sobre contratación.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000107 y número de expediente Senado 771/000105.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al punto 7.º del orden del día: Informe de fiscalización de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón, ejercicio 2002. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La fiscalización fue incluida en el programa del año 2003 a iniciativa del propio tribunal. Los estados financieros -dice el informe- son representativos. Se observan elevados saldos de tesorería de los que se obtiene una rentabilidad adecuada, pero se carece de un procedimiento específico para la gestión de las inversiones financieras. En las actas del patronato de la fundación no consta referencia alguna a las inversiones financieras realizadas. Los fondos propios acumulan elevados excedentes. La entidad contó con la totalidad de la financiación prevista en el correspondiente Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, a razón de 30 millones de euros anuales. La financiación fue satisfecha antes de haber desarrollado el marco organizativo adecuado para gestionarla. No se determinó condición alguna para la aplicación de dichas cantidades, ni el plazo ni su naturaleza como subvención o transferencia ni la obligación de reintegro.
En el periodo 1998/2002 ha destinado 54 millones de euros a las ayudas para entidades que desarrollan acciones formativas, otros 33 millones a concesión de becas de estudios y 12 millones a convenios de colaboración para proyectos de formación con compromiso de empleo. En las ayudas no se ha tenido en cuenta el desempleo y su evolución en los municipios, se aprecian incumplimientos de la convocatoria de ayudas y el control disminuye su eficacia al avisar a las entidades de las visitas de control previamente a su realización. En algunas becas se observan tales deficiencias que, de no haberse producido el error, no se habrían concedido. Se ha producido la duplicidad con otras becas concedidas por el Ministerio de Educación y Cultura para la misma finalidad. La fundación se ha visto perjudicada en varios convenios ante la ausencia de aval por las cantidades anticipadas. En algún caso se ha producido un quebranto por exceso de confianza al no haberse adoptado medidas cautelares en el momento oportuno, básicamente en cuanto a la pronta reclamación de las cantidades. El cumplimiento del objeto funcional se puede considerar logrado. La carencia de indicadores no ha permitido valorar el impacto ocasionado sobre el empleo. La planificación de las actuaciones se ha realizado sin información sobre la población objetivo de las ayudas.
Se recomienda la utilización de estudios sobre el nivel de evolución de desempleo, prever penalizaciones en las convocatorias, el cruce de información con las administraciones públicas, que el control físico se realice sin previo aviso, el establecimiento de garantías jurídicas y financieras para evitar perjuicios por las cantidades anticipadas y la cuantificación de los objetivos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos.
La señora MADRAZO DÍAZ: Únicamente y en ausencia del portavoz encargado de llevar este expediente, que no ha podido estar aquí hoy, me gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas nos aclarase en esta Comisión si, de los estudios realizados por el informe de fiscalización de esta entidad, se ha detectado algún tipo de responsabilidad contable. En su momento haremos las propuestas de resolución que mi grupo considere oportunas para mejorar las deficiencias observadas por parte del Tribunal de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: De nuevo bienvenido, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Nos presentar un informe sobre la actividad de formación en las zonas mineras a través de la fundación constituida al efecto. Quizá sería bueno recordar que esto parte del Plan del Carbón que se hace cuando finalizan las ayudas en el marco europeo como consecuencia de la decisión CECA de 28 de diciembre, de número 3632. Una vez finalizadas las ayudas en el marco institucional europeo, se negocia un plan del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que tiene un ámbito de actuación 1998/2005 y, en ese contexto, se crea esta fundación para gestionar los fondos y ayudas a la formación en las zonas mineras. Cuando se crea esta fundación, que es el 31 de julio de 1998, autorizada por el Consejo de Ministros, es la SEPI la encargada de dar los fondos dotacionales a la fundación, que tiene unos objetivos muy claros: gestionar el programa de becas y ayudas y establecer convenios de formación y empleo.
En el informe del Tribunal se dice que la gestión de la fundación es correcta en cuanto a los objetivos fundacionales. Sin embargo, hace reflexiones, que acaba de recordar el presidente del Tribunal, que nos parecen de mucho interés. Quería decir al presidente del Tribunal de Cuentas que tenemos que reiterar lo dicho por el portavoz socialista en su intervención anterior y que dijimos también cuando se trajo a esta Comisión la fiscalización de los programas de ayudas dentro del contexto del plan del carbón. Es lo siguiente: Desde que
recibimos estos informes de fiscalización el tiempo ha pasado y resulta muy difícil que las recomendaciones se pongan de manifiesto o actúen como medidas correctoras para que con posterioridad se gestione de una forma adecuada. Recuerdo a todos que a fecha de hoy ya hay un nuevo Plan del Carbón, que se negoció con sindicatos y con empresarios, que se firmó en este ejercicio, en 2006, y que tiene unas comisiones de seguimiento. Ya ha habido una primera reunión de la comisión de seguimiento en julio y uno de los aspectos que nosotros planteábamos, como grupo, a las propuestas de resolución cuando se debatió el informe de fiscalización de este Tribunal sobre las ayudas a la minería era imponer medidas correctoras para que, en el ámbito de este nuevo plan del carbón, no se dieran esos desajustes respecto a las gestiones en el uso y los recursos de los fondos destinados a este tipo de actividades, tanto de reactivación minera como de formación. Por tanto, insistimos en la escasa relación que puede existir en las medidas correctoras, dado el retraso con el que se presentan.
Analizando el informe, vemos cómo hay dos cuestiones importantes. Cuando se habla de los elevados saldos de tesorería que tiene la fundación y se dice que no hay procedimientos específicos para la gestión de estos recursos resulta preocupante. Sin embargo, creo -y le ruego al presidente que me corrija si no es así- que por el hecho de establecer un convenio en el año 2000 con la empresa Infoinvest, que depende de la SEPI, probablemente haya delegado excesivamente la fundación en esta empresa todo lo referente a la gestión de esos recursos, quizá con el ánimo de no utilizar mayores recursos en la gestión de este tipo de actividades en el ámbito de la propia fundación. Por las recomendaciones que posteriormente establece el Tribunal, parece que sería adecuado que se diferenciaran de una forma clara los aspectos de gestión de la fundación y que hubiera un seguimiento mucho más directo por parte del patronato de la fundación, sobre todo en cuanto a la metodología de trabajo en la gestión de los fondos y la evaluación de los objetivos. Nosotros entendemos que algunas de las siete recomendaciones que expresa el informe del Tribunal podrían plantear que sería más adecuado para una gestión mucho más transparente de los fondos que la propia fundación tuviera ese dispositivo propio. Si no es así, que me corrija el presidente.
Hay una pregunta que quiero hacerle. No entiendo la recomendación número 5, cuando habla de que sería recomendable que para la gestión de algunas becas de estudio se aplicaran en las bases de convocatoria criterios similares a los exigidos en fundaciones del ámbito privado, puesto que si en el propio plan de la minería, los usuarios de este tipo de ayudas están perfectamente definidos, no sé a qué se refieren estas recomendaciones, si nuevamente a la gestión de los fondos en cuanto a la revisión y garantía de la eficacia de una adecuada inversión de estos fondos o si en la propia convocatoria habría que incluir otros parámetros que se ajustaran a las necesidades de la zona de una forma más directa o que generara algún tipo de indicadores mucho más ajustados a la realidad formativa y a las necesidades de las zonas mineras. Esa es mi pregunta.
Nuestro grupo parlamentario, considerando las recomendaciones y al estudio de este informe, establecerá las propuestas de resolución adecuadas para que en este nuevo Plan del Carbón, que, como digo, ha sido firmado en 2006 y que va a tener un ámbito temporal hasta el 2012, los recursos que se gestionen, en cuanto a ayudas, becas y formación en las comarcas mineras, cumplan los objetivos para los que están destinados, que se gestionen de una forma transparente y que exista una verdadera evaluación de los objetivos y un control periódico con el fin de hacer un buen uso de los recursos públicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Para contestar a las distintas cuestiones planteadas tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La primera pregunta que se hace es si ha habido apreciación por parte de la fiscalía de responsabilidades contables. La información que yo tengo es que el fiscal y el abogado del Estado han mostrado conformidad con el texto y no han detectado indicios de responsabilidad. En cuanto a la observación de la segunda interviniente sobre los saldos y los fondos, en efecto acumulan grandes saldos y fondos porque se van anticipando los 30 millones al año, pero sin que se delimite condición alguna para su aplicación; luego hay un adelanto de fondos y una falta de gestión. Y, en efecto, esta gestión se hace a través de Infoinvest, de la SEPI, y la fundación no tenía un control del tipo que se demanda. En cuanto a las becas y las recomendaciones que se hacen sobre su gestión, se han concedido muchas becas -lo dice el informe- cometiendo errores y, si no se hubieran cometido, no se hubieran concedido. Muchas se han duplicado -me parece que hasta 118, se dice en la página 29- con otras becas recibidas del Ministerio de Educación y Cultura. En algunos casos en los que estaba establecido el debido aprovechamiento para conceder la beca, el informe dice que se ha concedido porque se ha entendido como aprovechamiento haberse presentado al examen. Quizá lo más importante en este caso es la vinculación de la beca con la minería y hay casos en los que se ha invocado esa vinculación pero no está plenamente justificada.
Luego las recomendaciones que hace el tribunal van encaminadas un poco a subsanar estas deficiencias. Otro de los aspectos importantes que tiene el informe es que, en materia de acciones formativas, se ha apreciado que dichas acciones no estaban seleccionadas contando con el desempleo en los municipios y, por tanto, nuestro tribunal siempre termina recomendando
que haya una mejor gestión pero que también haya un mejor control.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO (LEÓN) SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA Y POLÍTICA DE PERSONAL LLEVADA A CABO ENTRE 1998 Y 2002, AMBOS INCLUSIVE. (Número de expediente Congreso 251/000118 y número de expediente Senado 771/000115.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al punto número ocho, informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino, León, sobre la gestión económica financiera y presupuestaria y política de personal llevada a cabo entre 1998 y 2002, ambos inclusive.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La fiscalización del Ayuntamiento de Villablino ha sido promovida a iniciativa de las Cortes Generales. Los presupuestos de 1999 y 2001 se aprobaron una vez comenzado el ejercicio correspondiente y el de 2002 fue prorrogado del anterior. Las cuentas fueron aprobadas y rendidas fuera de los plazos legales, tras requerimiento del Tribunal de Cuentas, y no reflejan la imagen fiel. Se han realizado gastos por encima de los créditos aprobados; se han imputado gastos a ejercicios posteriores al que correspondían o a operaciones no presupuestarias; los estados de remanente de tesorería no reflejan correctamente la situación financiera del ayuntamiento que, según este tribunal, a 31 de diciembre de 2002, presentaba un déficit de 11 millones de euros; no se han justificado disposiciones de efectivo de 323 miles de euros. No se ha mantenido ningún registro de personal ni se ha elaborado la relación de puestos de trabajo. Los empleados municipales, principalmente laborales, no fueron seleccionados mediante procedimiento formalmente instituidos. Los créditos iniciales fueron insuficientes para cubrir los costes de personal; las cantidades pendientes de pago a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria de la Administración tributaria han aumentado progresivamente.
Se han ejecutado diversas obras por importe de 23 millones de euros, financiadas en su mayor parte por aportaciones de otras entidades como el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Diputación Provincial de León. Sin embargo, el esfuerzo inversor no ha resultado en todos los casos eficaz, por retrasos en la ejecución, incrementos en los presupuestos de hasta el 57 por ciento, y, en algunos, la imposibilidad final de uso o la limitada utilización de las instalaciones, como las de la piscifactoría, el vivero de empresas, el centro sanitario o el albergue rural. Las subvenciones finalistas para financiar estas inversiones no se gestionaron adecuadamente. Se advierten sucesivas prórrogas en la justificación, retrasos en el cumplimiento, renuncias a ayudas ya otorgadas y reclamaciones de reintegro. Se celebraron algunos contratos de obra sin disponer de los fondos de financiación necesarios. Se aprecian supuestos de fraccionamiento y de utilización de criterios inadecuados para la selección. Se recomienda reequilibrar la situación financiera y enfocar la gestión en términos de estabilidad presupuestaria. Debería ajustarse la relación de puestos de trabajo a las necesidades y realizarse una selección objetiva. Deberían también programarse las inversiones fundamentando con mayor rigor su oportunidad y viabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas la exposición que nos ha hecho sobre este informe que proviene de una solicitud efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista para recabar del Tribunal de Cuentas la fiscalización del Ayuntamiento de Villablino, León, sobre la gestión económica financiera y presupuestaria y la política de personal llevada a cabo entre 1998 y 2002 por ese ayuntamiento. Como consecuencia de esta solicitud, que se vio en una Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas de fecha 17 de noviembre de 2003 y que fue apoyada por mi grupo parlamentario, el Tribunal de Cuentas incluyó este informe en su programa de fiscalizaciones para el ejercicio 2004 y finalmente aprobó en sesión de 20 de julio de 2006 este informe cuya exposición nos ha hecho el presidente del Tribunal de Cuentas.
Al margen de valoraciones políticas, mi obligación es señalar hoy aquí que la gestión económica y financiera llevada a cabo durante estos años por los responsables de este ayuntamiento no es desde luego la que cabe esperar de unos representantes municipales de los ciudadanos, que ejerzan su cargo con responsabilidad y de forma rigurosa en la gestión de los recursos públicos que tienen encomendada. De la lectura del informe se desprenden numerosas irregularidades e incumplimientos de la normativa que regula el funcionamiento de las entidades locales, tanto en lo relativo a la elaboración y ejecución de sus presupuestos como al cumplimiento de los plazos de aprobación y rendición de cuentas, irregularidades también en la contratación de personal y, en lo relativo a los procedimientos de contratación para la ejecución de obras, se cometieron también de forma reiterada numerosas irregularidades, incumpliendo sistemáticamente principios a nuestro juicio fundamentales, como los de transparencia y publicidad, que deben presidir este tipo de procedimientos.
En sus conclusiones el Tribunal de Cuentas destaca varios aspectos que se derivan del examen de las cuentas de este ayuntamiento y que, a nuestro juicio ponen en evidencia la nefasta gestión económica y financiera llevada a cabo por esta corporación municipal. Así, el Tribunal de Cuentas destaca lo siguiente, entre otros aspectos: no existe en este ayuntamiento una adecuada gestión presupuestaria, hasta el punto, señorías, de que los presupuestos se aprueban una vez iniciado el ejercicio económico y en algunos años, como el 2000, ni siquiera se aprobó presupuesto. Lógicamente, con estos datos es imposible que un ayuntamiento haga una planificación de su actividad seria y responsable y mucho menos que se consiga un equilibrio presupuestario, puesto que se efectúan gastos que ni siquiera tienen el crédito presupuestario correspondiente, como bien pone de manifiesto en su informe el Tribunal de Cuentas. También se pone de manifiesto en el informe que las cuentas anuales del ayuntamiento no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre, ni expresa los resultados de sus operaciones ni de los recursos obtenidos y aplicados y por supuesto tampoco de las liquidaciones presupuestarias. Por otro lado, el estado de la tesorería de este Ayuntamiento de Villablino es también preocupante, ya que, según los datos recabados por el Tribunal de Cuentas, la tesorería tiene un saldo negativo que asciende, para el año 2002, a 11 millones de euros, cifra que representa además el 127 por ciento, como bien señala el informe del tribunal, del presupuesto de todo el ayuntamiento, que para el citado ejercicio es de 8.700.000 euros. Es una situación alarmante de insuficiencia financiera para hacer frente a las obligaciones que deba afrontar el ayuntamiento para su normal funcionamiento.
Con respecto a la gestión que hace el ayuntamiento de los ingresos presupuestarios, que debo recordar que se refieren a tributos y a impuestos que todos los vecinos de ese municipio deben pagar, se pone de manifiesto una vez más la ausencia total de control sobre los mismos, sin hacer ni siquiera un seguimiento de los deudores que no satisfacen sus deudas para exigir el cumplimientos de sus obligaciones pendientes.
Incluso se pone de manifiesto en el informe, en la página 19, que se anulan liquidaciones sin ninguna justificación, o por lo menos no hay documentación al respecto, por importe de 437.000 euros. La otra parte importante de los ingresos que percibe este Ayuntamiento de Villablino procede de subvenciones otorgadas por diversos organismos, pero tampoco en este caso es un ejemplo de buena gestión municipal de esas subvenciones, ya que la ejecución de los proyectos unidos a esas subvenciones han sufrido continuos retrasos que incluso han obligado al reintegro de parte de las subvenciones, por no estar la inversión suficientemente justificada. Desde luego, a nuestro juicio, no se puede haber hecho peor. Que un ayuntamiento pierda subvenciones para proyectos que pueden suponer avances importantes para el desarrollo económico y social de un municipio y de sus habitantes y pierda, por no gestionarlas adecuadamente y con la suficiente celeridad, las obras acometidas por parte del ayuntamiento nos parece especialmente grave y perjudicial para los propios residentes de ese ayuntamiento.
Si nos adentramos en el informe y analizamos otras partes que hacen referencia al personal contratado por el ayuntamiento, la situación no mejora lo más mínimo con respecto a lo anterior. Se utilizan criterios de selección arbitrarios que no se ajustan al principio de igualdad, mérito y capacidad para el personal al servicio de las administraciones públicas y los créditos que se reconocen en los presupuestos son insuficientes para el pago del personal, lo que hace que se impute a otros capítulos presupuestarios. Lo que aún es un hecho a nuestro juicio más insólito es que el ayuntamiento ni siquiera hace frente al pago de las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas que hace a sus propios empleados, así como tampoco de la Seguridad Social, cuya deuda ha ido creciendo a lo largo de los años a los que se refiere el informe.
Además, se paga por parte del ayuntamiento productividades y horas extras sin que exista justificación documental de estas horas pagadas.
Concluye tambén el Tribunal de Cuentas que los procedimientos que se siguen en el ayuntamiento para la contratación y adjudicación de obras son absolutamente inadecuados, se realizan sin la transparencia y publicidad necesarias, se producen retrasos considerables en la ejecución de las obras, se efectúan contratos de obras sin tener garantía suficiente de disponer de los fondos de financiación necesarios para llevarlas a cabo, se producen modificaciones en los proyectos iniciales, que terminan aumentando el precio inicialmente adjudicado. Y, para colmo, después de todo este rosario de incumplimientos, muchos de los proyectos acometidos por el ayuntamiento, una vez que han conseguido finalizarse, no han sido eficaces, ya que ha resultado imposible su utilización -como ha señalado el presidente del Tribunal de Cuentas-, como, por ejemplo, la piscifactoría, el vivero de empresas, el centro sanitario o el matadero.
Ello ha puesto en evidencia la falta de previsión o la inviabilidad de los proyectos acometidos.
En conclusión, a juicio de nuestro grupo, la gestión municipal durante el período analizado no ha podido ser peor, como ya he dicho, desde el punto de vista económico y financiero. Desde este punto de vista, me gustaría preguntarle al señor presidente del Tribunal de Cuentas a qué atribuye que se haya producido esta mala gestión municipal, si considera que existen unas causas objetivas que determinen que esta situación se haya producido y que además pueda ser irreversible o si, piensa que tiene alguna solución. Me refiero a que, por cuestiones económicas, este es un ayuntamiento que está en regresión progresiva como consecuencia de las reconversiones mineras que ha padecido; ello ha determinado que su población haya disminuido sensiblemente en los últimos años, lo cual ha condicionado una disminución de los ingresos que percibe. Es cierto que en muchas ocasiones los ayuntamientos carecen de los medios necesarios para
prestar los servicios y las funciones que tienen encomendados pero, a su juicio, ¿esto justifica esta caótica situación financiera del municipio, fruto de una nefasta gestión municipal? ¿Conoce el señor presidente del Tribunal de Cuentas si, con posterioridad, se han tomado medidas administrativas, políticas, económicas, de saneamiento financiero o de otra índole, encaminadas a frenar esta situación que refleja el Tribunal de Cuentas en su informe? Una última pregunta que me gustaría hacerle es si, como consecuencia de esta fiscalización, se ha detectado algún tipo de responsabilidad contable, imputable a alguno de los responsables municipales de este ayuntamiento.
Por último, quisiera manifestar que en este municipio los ciudadanos han votado una y otra vez a fuerzas políticas de izquierdas. A la vista de los resultados conseguidos y que se reflejan en este informe, los sucesivos gobiernos municipales progresistas no parece que hayan hecho progresar económicamente a sus habitantes y desde luego no han gestionado de manera eficaz los recursos de que dispone el ayuntamiento para impulsar el desarrollo económico y social de la comarca. No cabe duda de que los ciudadanos no se merecen estos gobernantes. No obstante, mi grupo presentará las propuestas de resolución necesarias para intentar corregir esta situación y de esta manera asegurar la viabilidad económica y financiera del Ayuntamiento de Villablino y que redunde en beneficio de sus habitantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, don Agustín Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Quiero empezar felicitando al presidente del Tribunal de Cuentas por la magnífica síntesis que ha hecho de un informe tan complejo como es este de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino. Antes de comenzar, querría también hacer una precisión a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es verdad que en el Ayuntamiento de Villablino siempre han gobernado fuerzas de izquierdas, no necesariamente la misma fuerza. En el momento actual, gobiernan quienes gobernaron entre los años 1998 y 2002, a consecuencia de una moción censura propiciada por Izquierda Unida con el apoyo del Partido Popular.
Voy a iniciar mi intervención haciendo la misma reflexión que ella también se hacía antes. La gestión económica y financiera desarrollada en el Ayuntamiento de Villablino por quien lo gobernó de 1998 a 2002 ha de merecer la más absoluta reprobación de quienes consideramos que nosotros, los políticos, somos los primeros obligados ante la ciudadanía a dar ejemplo de austeridad, del cumplimiento de las leyes y de respeto al Estado de derecho. Y explicaré la oportunidad de esta reflexión. El Tribunal de Cuentas se marca como primer objetivo de su fiscalización verificar los procedimientos de control internos. El resultado al que se llega es que las advertencias e informes del interventor no son en general tenidos en cuenta y sus reparos suspensivos se soslayan eludiendo los mecanismos que la ley marca para su solvencia.
El segundo objetivo marcado por el tribunal es comprobar si los estados y las cuentas anuales representan la situación financiera y patrimonial del ayuntamiento. El resultado no puede ser más desolador. Dice el Tribunal de Cuentas que los estados y las cuentas anuales ni expresan la imagen fiel del patrimonio del ayuntamiento, ni expresan la imagen fiel de su situación financiera, ni expresan la imagen fiel de los resultados de sus operaciones, ni expresan la imagen fiel de los recursos obtenidos y aplicados, ni expresan la imagen fiel de la liquidación de los presupuestos.
El tercer y último objetivo del informe de fiscalización es analizar el cumplimiento de la legalidad en la gestión económica y financiera del ayuntamiento. El resultado, señorías, ya se lo pueden imaginar. No se han cumplido las obligaciones formales. Presupuestos y cuentas no incluyen todos los documentos legalmente establecidos, presupuestos y cuentas no se han aprobado en plazo e incluso las cuentas solo se rindieron tras requerimientos conminatorios del Tribunal de Cuentas, no consta la aprobación de diversos padrones tributarios, etcétera. Pero menos aún se han cumplido obligaciones más reales. El ayuntamiento no ha cumplido con Hacienda y con la Seguridad Social, habiendo dejado en los años fiscalizados una deuda próxima a los tres millones de euros. El ayuntamiento ha incumplido reiteradamente la legislación laboral contratando a trabajadores por obra o servicio determinado para servicios ordinarios de tipo general y estable. El ayuntamiento ha contratado obras sin consignación presupuestaria y sin disponer de los fondos necesarios para llevarlas a cabo. El ayuntamiento ha fraccionado ilegalmente y con absoluta malicia contratos de obras para eludir su adjudicación por subasta-concurso, habiéndolos adjudicado de modo directo y sin publicidad; dicho en otras palabras, a dedo. Este proceder se agrava aún más, si cabe, al comprobar que se admitieron reformados que en algunos casos superaron el 28 por ciento del importe inicial del contrato. El ayuntamiento en algún caso ha percibido, siquiera sea en forma de anticipos, subvenciones finalistas por importe superior a lo que efectivamente ha ido pagando, desviando el resto a fines distintos, a veces con la negligencia y cuando no con la tolerancia del organismo concedente de la subvención.
Por falta de tiempo, que no de materia, solo mencionaré un grave incumplimiento más: la renovación y fusión de préstamos a largo y a corto plazo, por valor de casi seis millones de euros, llevada a cabo en diciembre de 2001 con la connivencia del Ministerio de Hacienda, que la autorizó, con evidente infracción de los artículos 50 y 52 de la Ley reguladora de las haciendas locales. Quiero señalar que esta connivencia del Ministerio de Hacienda es con un Gobierno del Partido Popular y también quiero señalar que a lo mejor la connivencia algo tiene que ver con la gobernabilidad de la Diputación de León, en la
cual el Partido Popular gobernaba en minoría con apoyos puntuales de Izquierda Unida, justamente del alcalde de Villablino, que es de quien hoy enjuiciamos la gestión. Todo este caos de gestión puede resumirse en una cifra, más de once millones de euros de remanente negativo real de tesorería a 31 de diciembre de 2002, más del doble de los ingresos corrientes liquidados, que no cobrados, en el ejercicio de 2002, que apenas supera los cinco millones de euros; es decir, la quiebra más absoluta de las finanzas municipales.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, quisiera hacerle algunas preguntas concretas. En primer lugar, a lo largo de 42 páginas el informe de fiscalización expone los resultados del examen de presupuestos, cuentas generales, liquidaciones presupuestarias, tesorería, endeudamiento financiero y contratación administrativa. Pues bien, esas 42 páginas, la totalidad, se han empleado en describir irregularidad tras irregularidad e ilegalidad tras ilegalidad, todas las que cometió el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villablino en el periodo analizado, y mi pregunta es la siguiente: ¿Ha resultado exagerada la reflexión que he hecho o aún me he quedado corto cuando he descrito esas irregularidades? En segundo lugar, señor presidente del Tribunal de Cuentas, quería preguntarle si conoce algún caso más de algún otro ayuntamiento u otro organismo en el que el remanente de tesorería real, once millones de euros, duplique el importe de los ingresos corrientes.
En tercer lugar, señor presidente del Tribunal de Cuentas, quería preguntarle si, con los procedimientos que sean oportunos, pueden cuantificarse los daños patrimoniales infligidos al ayuntamiento por quien lo gobernó entre 1998 y 2002 como consecuencia de las irregularidades detectadas y las ilegalidades cometidas en la contratación administrativa: adjudicaciones a dedo, modificados, retrasos en los pagos, etcétera.
Por último, dado que, como ya se ha puesto antes de manifiesto, según las conclusiones 21 y 30 no se han justificado, por un lado, 323.000 euros en los pagos en firme y, por otro, casi 123.000 euros en la contratación administrativa, es decir que superan, como ya se dijo anteriormente, los 446.000 euros, quería saber si se ha abierto algún expediente de exigencia de responsabilidad contable y, en el caso de que así sea, que si nos pudiera informar de cuál es la situación actual, si se ha tramitado ya alguna diligencia, si se ha nombrado instructor y demás actuaciones que pueda haber.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Para contestar a las cuestiones planteadas tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, hay una pregunta común, que es si hay responsabilidades contables en este caso. La respuesta es sí. El ministerio fiscal ha apreciado en varios supuestos la posibilidad de que haya responsabilidades contables, y esto ha sido remitido ya a la sección de enjuiciamiento, pero no tengo otra información, por lo menos no nos han comunicado que haya habido actuaciones posteriores. Tengan en cuenta que este informe no está muy alejado en el tiempo en su aprobación.
Después hay otra serie de cuestiones. Me preguntan si puedo valorar, teniendo en cuenta las dificultades que entraña estar en un ámbito minero, esta situación caótica, como se ha mencionado, y si se pueden hacer comparaciones. Saben ustedes muy bien que no, que el presidente no viene a hacer estas cosas. En las páginas 27 y 49 del informe se menciona falta de personal cualificado para las funciones de contabilidad, intervención y control de gestión, pero no parece que esta falta de personal justifique esta situación. Me preguntan si posteriormente se ha corregido esta situación. No tengo información; yo presento aquí el informe que abarca un ámbito temporal y habría que proceder a hacer otra fiscalización.
El segundo interviniente dice que hay 42 páginas de irregularidades. Me pide que valore si en su descripción se ha quedado corto o largo. Yo les escucho con mucha atención pero no me pronuncio, sin que yo no admita cómo se ha quedado, que para eso está el informe. También me pregunta si hay otros organismos en los que los remanentes de tesorería lleguen a duplicar el importe de los ingresos corrientes. Yo no tengo información de otros organismos o datos de otros ayuntamientos. Piensen que el tribunal expone ante la Comisión Mixta unas situaciones y no trae estudios de tipo comparativo, porque eso sería más bien un estudio que una fiscalización. Por lo demás, aquí ya se tiene demasiada experiencia sobre la situación de los ayuntamientos y corresponde a los destinatarios de estos informes hacer las valoraciones de los mismos y, por supuesto, las valoraciones políticas que estimen oportunas, que no corresponden a este presidente. Por otra parte, los hechos ya están bastante explícitos y bastante claros.
-MOCIÓN SOBRE CONTROL INTERNO, LLEVANZA DE LA CONTABILIDAD, GESTIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente del Congreso 251/000122 y número de expediente del Senado 773/000017.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al punto número 9, moción sobre control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación de las entidades locales. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La moción sobre control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación de las entidades locales se ha formulado a iniciativa de la Comisión Mixta, ejercida en marzo de 2002, sobre la base de las deficiencias reiteradas en los informes de fiscalización, con el fin de analizar las
causas y proponer las posibles medidas que contribuirían a corregir esta situación. La función interventora no se ejerce de forma adecuada debido a la falta de cobertura de los puestos, a no estar separadas las funciones de control de las de gestión contable y presupuestario, a la ausencia de medios y al no estar garantizada la independencia funcional respecto de los órganos de gobierno de las entidades. Los controles financiero y de eficacia no se desarrollan en la mayoría de las entidades locales, ya que no se comprueba el funcionamiento en el aspecto económico-financiero y no se han definido objetivos. Estos controles no son ejercidos siempre por funcionarios con habilitación de carácter nacional. Se propone desarrollar reglamentariamente las funciones de control, segregándolas de las de gestión, y garantizar la independencia de los funcionarios mediante el desarrollo de su régimen estatutario y la restricción de los nombramientos por libre designación. Se insta a las comunidades autónomas y diputaciones provinciales a fomentar las agrupaciones de municipios y a prestar apoyo a los municipios con recursos insuficientes.
La nueva adaptación del Plan general de contabilidad pública al sector local podrá resolver parte de las deficiencias al simplificar el registro de las entidades pequeñas y al modernizar la contabilidad local. Las anomalías en la gestión de personal son: inexistencia de las relaciones de puestos de trabajo y del registro de personal, deficiencias en las plantillas presupuestarias, en la selección y en la regulación de las condiciones de trabajo. La actual normativa regula suficientemente la provisión, la selección y las condiciones de trabajo, por lo que no se estima necesario realizar ninguna propuesta en este sentido. Es precisa la colaboración del resto de las administraciones públicas y la interposición de acciones contra actos o acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico. Se exponen las irregularidades en la contratación que inciden en los principios de objetividad y de transparencia. Algunos aspectos del marco legal son insuficientes o ambiguos en el ámbito local.
La regulación del trámite del replanteo de los proyectos ha permanecido invariable desde 1965, pese a las modificaciones posteriores del régimen jurídico de las administraciones públicas y de la gestión. Los incumplimientos reiterados de la legislación se observan en la planificación de las inversiones, en los informes preceptivos e incluso justificativos de la contratación, en la tipificación de la contratación, en el control de la ejecución de las contrataciones y en el cumplimiento de los plazos. La distribución competencial pudiera provocar falta de agilidad en la tramitación, dilución de la responsabilidad gestora y confusión entre las funciones gestoras y asesoras. Se propone limitar la condición de órganos de contratación al alcalde, tenientes de alcalde y concejales, sin perjuicio del control del pleno de la corporación, de acuerdo con los principios inspiradores de la Ley de modernización del gobierno local. Las imprecisiones de la normativa se muestran en la regulación de los proyectos y la vinculación al trámite del replanteo al contrato de obras, en los criterios de selección del concurso y la necesidad de que figure el precio como uno de ellos y en las que afectan al régimen de modificaciones. Se propone una nueva determinación de los órganos de contratación en el ámbito local, una más intensa participación de las diputaciones provinciales en asistencia técnica y la incorporación de alguna modificación en el régimen de contratación pública.
Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Correspondiendo a la brevedad del señor presidente del Tribunal de Cuentas, voy a hacer una intervención breve porque la problemática que se plantea en esta documentación que se nos aporta viene a reflejar la práctica y, en algún caso, la cruda realidad de las corporaciones locales de todo el territorio español; y antes hemos tenido un ejemplo de cómo funcionan algunos ayuntamientos. Decía bien el presidente del Tribunal de Cuentas que en muchos casos problemas de organización del ayuntamiento, la dimensión del mismo o cuestiones relativas a que determinados puestos de la Intervención no están cubiertos por aquellas personas con la habilitación necesaria hacen que exista una dependencia del Gobierno local que provoca situaciones como las que aquí se han planteado. Otro de los aspectos que toca este documento del Tribunal de Cuentas relativo a la contabilidad plantea la problemática con la implantación del nuevo sistema contable y establece algunas medidas en los pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad para afrontarlo. El propio informe viene a decir que la adaptación a las nuevas normas contables va a provocar situaciones que desde el punto de vista del tribunal deduzco que son entendibles y aceptables por la complejidad de la actuación contable. En cuanto al ámbito de la gestión de personal, de todos es conocido que en más de una ocasión algún alcalde o miembro de corporación ha sido inhabilitado por contrataciones que no se han ajustado a la normativa legal y es público y notorio cómo se debe llevar a cabo la gestión de personal, que en algunos casos no se practica por parte de las corporaciones locales por falta de preparación técnica o cualificación del personal que tiene que asesorar a los órganos de gobierno local y lo mismo ocurre en todo tipo de contratación que se produce en la corporación local.
Me gustaría preguntar al señor presidente por qué hacen incidencia en que las diputaciones y las comunidades autónomas deben facilitar una colaboración o un asesoramiento a las corporaciones locales de menor entidad o de menor tamaño y si consideran conveniente que ese asesoramiento se lleve a cabo a través de una norma que establezca unos mínimos. Decir que es necesario que se colabore queda muchas veces en meras palabras y es posible que si no llegamos a una regulación quede falto de contenido a efectos prácticos lo que
andamos buscando todos para mejorar el funcionamiento de las corporaciones locales.
En aras de la brevedad, doy por finalizada la intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francesc Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, le agradezco en nombre de mi grupo tanto la elaboración de esta moción como su presentación ante esta Comisión, porque estos trabajos elaborados por nuestro máximo órgano fiscalizador están facilitando e incluso orientando la actividad parlamentaria, especialmente en su vertiente legislativa y en la finalidad que ocupa desde el punto de vista competencial y material a esta Comisión y a este Parlamento; más aún cuando esta moción se realiza a instancias de esta Comisión Mixta, que en su momento, en el año 2002, mediante una resolución de 13 de marzo instó al Tribunal de Cuentas para que, recogiendo las deficiencias reiteradamente manifestadas en anteriores informes de fiscalización sobre estas entidades locales que pudieran afectar especialmente a las áreas de control interno, llevanza de contabilidad, gestión de personal y contratación, analizase las causas que las habían podido originar y formulase las correspondientes propuestas para su corrección. A través del análisis puntual de aquellos informes individualizados y particulares sobre corporaciones locales y también de los informes anuales del sector público autonómico y local, hemos visto cómo se ponen de manifiesto reiteradamente esas irregularidades o deficiencias tanto en relación con la gestión económica y presupuestaria como con la contabilidad de las corporaciones locales.
La moción se estructura en distintos apartados -porque esa es la solicitud que esta Comisión hizo al Parlamento-, y en cada uno de ellos se estudia un ámbito material a partir del análisis de un compendio normativo vigente. A partir de ahí se ponen de manifiesto las principales irregularidades observadas en relación con esos cuatro ámbitos cuyo examen se ha realizado. Es verdad -y me ha parecido entenderlo así también en la exposición del presidente del tribunal- que el análisis no ha sido homogéneo, como tampoco lo era el ámbito material objeto del mismo. A partir de ahí se proponen algunas medidas y recomendaciones, principalmente normativas, para su reforma, pero todas esas propuestas no permiten su concreción o corrección por parte de este Parlamento, ya que hay otras medidas expuestas -también se ha referido a ellas el portavoz del Grupo Popular-, dirigidas especialmente a los ayuntamientos, que tienen un carácter más bien consultivo, de apoyo técnico, de asesoramiento por parte de las diputaciones provinciales y de las comunidades autónomas, en relación con la falta de recursos materiales y humanos de las corporaciones locales. Es decir, hay recomendaciones dirigidas no tanto a este Parlamento como a las comunidades autónomas y a las diputaciones para que puedan corregir, si así lo estiman oportuno, las deficiencias y limitaciones que se han observado en la elaboración de esta moción. En algunos casos -como también ha puesto de manifiesto el presidente en su exposición- no se ha aludido a las causas que pudieran provocar dichas irregularidades. Algunas seguramente se deben a la falta de suficiente diligencia de las corporaciones locales a la hora de actuar y de ejercer sus competencias, y otras, como en el ámbito de la contratación, casi con voluntad manifiesta, al poco cumplimiento de la legalidad de la normativa vigente. Es decir, en algunos supuestos las recomendaciones excederían de la competencia de este Parlamento para que pudieran ser tenidas en cuenta y llevadas a cabo, y me atrevería a decir que son todas aquellas que no son eminentemente legislativas en la medida en que implican un cierto poder o capacidad de persuasión por parte de administraciones públicas superiores al ámbito municipal en ese apoyo técnico de asesoramiento a las corporaciones locales, y en otros ámbitos solo se ponen de manifiesto las irregularidades cometidas pero no se analizan las causas que las provocaron, con lo cual, aunque se pudiera compartir las propuestas o recomendaciones sugeridas, hacen compleja su traducción en iniciativas y propuestas de resolución por parte de esta Comisión y, sin embargo, mi grupo va a tenerlas muy en cuenta a la hora de presentarlas en la siguiente sesión de esta Comisión Mixta.
Para finalizar quisiera hacer dos preguntas, señor presidente. La primera hace referencia a una cuestión formal. La solicitud -y antes me he referido a ello- para la elaboración de esta moción por parte de esta Comisión Mixta es de fecha 13 de marzo de 2002 y la aprobación por el pleno del Tribunal de Cuentas de esta moción es de 20 de julio de 2006.
Es decir, ha llevado más de cuatro años la elaboración de esta moción, que es pertinente en tanto que se la pedimos desde esta Comisión, pero el encargo de esta Comisión se refiere a los anteriores informes de fiscalización que habían sido aprobados por el Tribunal de Cuentas a la fecha de la aprobación. En el momento de elaborar las directrices técnicas para conformar esta moción entendería que pudiera ser interesante ir un poco más allá en el tiempo, hasta el año 2000. Es cierto que en principio la solicitud era sobre la base del pasado, del año 2002, pero la dilación temporal desde el encargo de esta Comisión hasta la aprobación en el pleno es de cuatro años para esta moción. Me gustaría saber en la medida que sea posible a qué se debe esa dilación, si es que es una dilación en el tiempo.
En segundo lugar, señor presidente, esta moción se ha elaborado sobre la base -como le decía antes- de los informes de fiscalización sobre entidades locales que ha realizado el Tribunal de Cuentas de forma específica, como en ese mandato, pero me gustaría saber si se han tenido en cuenta los datos que pueden aparecer en los distintos informes anuales del sector público autonómico, en este caso especialmente el local, como término
de examen para enriquecer un poco esta moción. Es una pregunta sobre el ámbito examinado por el tribunal para la elaboración definitiva de esta moción. Con la creación, sobre todo en los últimos años, de distintos órganos de control externo autonómico -si no me falla la memoria deben quedar como mucho tres o cuatro comunidades autónomas sin órgano de control externo autonómico propio- es evidente que la mayoría de las fiscalizaciones sobre corporaciones locales vienen realizándolas dichos órganos de control externo autonómico, sin perjuicio de que los resultados de esos informes después sean elevados al Tribunal de Cuentas para la conformación, entre otros asuntos, de ese informe anual del sector público autonómico y local. Por tanto, eso implica también que el grado de fiscalización del Tribunal de Cuentas en relación con la elaboración de informes específicos de corporaciones locales ha ido disminuyendo a lo largo de esos años, y quizás con ello también el tipo de irregularidades cometidas por estos ayuntamientos, en la medida en que puedan tener un órgano de control externo autonómico mucho más próximo a su ámbito de trabajo que pudiera incluso sugerir alguna de esas medidas que ustedes nos proponen en esta moción. En otras palabras, ha disminuido la carga de trabajo del Tribunal de Cuentas en la elaboración de informes específicos sobre corporaciones locales en los últimos años, sin embargo el ámbito temporal de análisis de esta moción llega hasta el año 2005, es decir 1998-2005, que es precisamente cuando ha habido una mayor evolución en la creación de órganos de control externo autonómico por las distintas comunidades autónomas. ¿Afecta eso algo al resultado de la moción? ¿Ha mejorado algo el funcionamiento de la gestión económica, presupuestaria y de contabilidad de las corporaciones locales como consecuencia de la aparición de estos órganos, su mayor proximidad e incluso la posibilidad de aprobación de propuestas de resolución y recomendaciones que puedan tener a bien observar y llevar a cabo estas corporaciones locales? En cualquier caso, si para su elaboración solo se han tenido en cuenta aquellos informes de fiscalización de ayuntamientos específicos elaborados por el Tribunal de Cuentas, ¿se ha remitido copia de esta moción, aparte de a esta Comisión, a los ayuntamientos objeto de análisis o qué mecanismo de publicidad ha habido de esta moción? Sé que el autor de la solicitud es esta Comisión y que el Tribunal de Cuentas se debe a esta Comisión en la remisión de sus trabajos, pero en la medida en que es un excelente compendio de las irregularidades observadas en la gestión, en la contabilidad, en la contratación y personal de las corporaciones locales, un esfuerzo de publicidad de este tipo de trabajos además de enriquecer, como decía al principio de mi intervención, el trabajo de este Parlamento podría incluso ser beneficioso para conocimiento de los ayuntamientos, no solo de los afectados objeto de análisis, sino de todos los demás.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Respecto a las observaciones del primer interviniente, en efecto, la moción va haciendo un recorrido por los ámbitos del control interno, por los ámbitos de personal, por los ámbitos de la contratación, y en cada uno de ellos va poniendo de manifiesto la conveniencia de esa colaboración con las diputaciones provinciales. Al tribunal no le corresponde decir hasta dónde tiene que instrumentarse, porque incluso si tuviera que haber una norma le correspondería al Parlamento decidirlo. Es un tema de gestión, pero va distinguiendo los distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del control interno habla de la necesidad de agrupar municipios para sostenimiento común de la secretaría o de instar a las diputaciones a prestar apoyo; en el ámbito de personal habla de la colaboración de las comunidades, diputaciones y ayuntamientos para la implantación de un registro de personal; en el ámbito de la contratación también distingue este aspecto. El tribunal no puede apuntar cuál es la solución sino poner de manifiesto el problema.
En cuanto a la segunda intervención, nos recuerda al tribunal que esta moción se solicitó en el año 2002 y se está viendo en 2006, que han transcurrido cuatro años. No quiere decir que el departamento haya estado cuatro años elaborando esta moción, quiere decir que ha habido otras prioridades, por eso ha tenido este retraso. Siempre he manifestado que soy el primero que lamenta estos retrasos, sobre todo con la necesidad que hay de ir aproximando el control a los actos de gestión. En cuanto a qué datos se han utilizado, hay que distinguir entre las directrices técnicas -basta ver la moción, los temas que toca-, para saber qué carácter tienen en un caso como este. Los datos que se pueden utilizar no tienen límite temporal, aparte de que se ve que son las irregularidades y los problemas que ya se vienen repitiendo. Por supuesto, esta moción no se ha hecho en colaboración con los órganos de control externo, pero los datos de ellos los conoce el tribunal. Repito, dada la problemática de control interno, contabilidad, personal y contratación que se trata en la moción, es un tema de general aplicación. Por tanto, ese ámbito específico de cada uno de los órganos de control externo no altera estos resultados. En cuanto a la publicidad, qué más publicidad puede haber que ponerlo en la página web, y de aquí sale para el Boletín Oficial del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor VALLÈS VIVES: Seguramente me he expresado mal en mi intervención.
En relación con la segunda cuestión que ha respondido el presidente del Tribunal de Cuentas, en la medida en que el ámbito temporal de esta
moción transcurre desde el año 1998 a 2005 -el mandato ciertamente es de 2002-, un ámbito temporal de cinco años, y en el transcurso de ese espacio temporal ha habido un aumento en la creación de órganos de control externo autonómicos que están ejerciendo cada vez más funciones de fiscalización de las corporaciones locales, es decir que el Tribunal de Cuentas realiza en primera instancia cada vez menos informes de fiscalización específicos sobre ayuntamientos porque los están haciendo los órganos de control externo autonómicos, mi pregunta iba dirigida a si esas irregularidades observadas a lo largo del tiempo se han venido corrigiendo o disminuyendo en parte, entre otras cuestiones en la tarea que puedan llevar a cabo estos órganos de control externo autonómicos por su mayor proximidad a estos ayuntamientos y sobre todo en esa tarea o función más o menos consultiva de apoyo técnico que pueden llevar a cabo con relación a los ayuntamientos. Querría saber si en los últimos años de análisis se desprende un mejor comportamiento de los cuatro ámbitos de estudio de esta moción referida a las corporaciones locales. Esa era la pregunta que quería formularle, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Insisto en que es una moción que no se ha hecho en colaboración con estos órganos, pero se ha contado con los datos que tienen. Hacer la comparación sobre si, a medida que se han ido creando órganos de control externo, esto ha ido mejorando o empeorando requeriría un estudio específico. Insisto en que por los temas que se trata, el interno, personal y de contratación, son comunes a todo el territorio y las soluciones que se proponen, a muchos de estos problemas, como se ve, están a nivel nacional, de este Parlamento, de legislación básica. Por supuesto los órganos de control externo ya tendrán que ir elaborando en su respectivo ámbito mociones específicas. Cuando se habla aquí -no sé si me estaré pasando- de horizontalidad, parece que la única horizontalidad afecta a la legislación básica del Estado; pero las comunidades autónomas también tendrán que ir pensando que ellas también necesitan adentrarse en horizontalidades en su propio ámbito y tendrán que girar la visión que tienen hacia arriba y horizontalizarla mirando algunas veces un poco hacia abajo.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Y CONTROL DEL DESTINO DE DICHOS FONDOS POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, EJERCICIOS 2002 Y 2003. (Número de expediente Congreso 251/000123 y número de expediente Senado 771/000119.)
El señor VICEPRESIDENTE(Martínez Herrera): Pasamos al punto 10.º del orden del día: Informe de fiscalización de la financiación pública a la Real Federación Española de Fútbol y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes, ejercicios 2002 y 2003. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del tribunal en su sesión de 20 de julio de 2006 aprobó el informe de fiscalización de la financiación pública de la Real Federación Española de Fútbol y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes, ejercicios 2002 y 2003, de cuyo contenido destacan los siguientes extremos. En los trámites de convocatoria y concesión de subvenciones del consejo, excepto el uno por ciento de quinielas, se han apreciado importantes deficiencias e incumplimientos legales: no se respetaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad; no se exigió la declaración de otras ayudas públicas ni de las certificaciones de encontrarse las federaciones territoriales y los clubes beneficiarios de las subvenciones al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social; se realizaron pagos de anticipos con anterioridad a la concesión de las subvenciones, y esta se produjo sin la presentación de los documentos requeridos y sin el cumplimiento de los requisitos exigidos a las mismas. La documentación presentada para justificar los gastos relativos a subvenciones a clubes consiste únicamente en la remisión de los talones bancarios a las federaciones territoriales respectivas, lo que informa simplemente del traslado de los fondos, pero no acredita en ningún caso la realización efectiva de la actuación subvencionada ni la correcta aplicación de los fondos públicos percibidos. Los pagos a los integrantes de la Selección Nacional se justifican mediante recibís de los perceptores y nóminas de algunos meses hasta completar el importe de la subvención, todo ello por el importe neto, sin justificar retención por IRPF y Seguridad Social, así como tampoco la residencia fiscal de los mismos en España, como obliga la normativa del consejo. También se concluye la falta de justificación de la necesidad para el interés público de la subvenciones concedidas para compensar a los integrantes de la selección por la cesión de sus derechos de imagen y colaborar de ese modo a la generación de ingresos por publicidad de la Real Federación.
En cuanto a las subvenciones con cargo a la participación, uno por ciento del consejo en las quinielas, en el ejercicio 2002 se subvencionaron partidos de selecciones territoriales femeninas, escuelas de fútbol base y algunas publicaciones de normas y calendarios. En 2003 las subvenciones se destinaron a partidos de fútbol de selecciones territoriales (masculinas y femeninas) y fútbol sala. La distribución del importe entre las distintas federaciones se realizó por la Real Federación, sin que se haya informado al tribunal sobre los criterios a que responde dicha distribución. La documentación justificativa de estas actuaciones remitida al consejo informa
únicamente sobre el traslado de los fondos de la tesorería de la federación a la de las federaciones territoriales, pero no acredita en ningún caso la realización efectiva de la actuación subvencionada ni la correcta aplicación de los fondos públicos. En cuanto a las subvenciones destinadas a la construcción y mejora de instalaciones deportivas se aprecia igualmente la falta de criterios objetivos de su distribución, así como cambios no justificados en la asignación de financiación o en los porcentajes a las distintas obras. Por lo que atañe a la subvención del consejo para la construcción de la ciudad deportiva, no se ha podido justificar que la actuación reseñada se inscriba en el ámbito del fútbol no profesional. La redacción del proyecto se adjudicó con arreglo a un procedimiento de concurso público. Posteriormente, sin embargo, el proyecto básico presentado por el arquitecto adjudicado incorporó un incremento de presupuesto máximo de la obra prevista en las bases de concurso del 54 por ciento, incrementándose en el mismo porcentaje los honorarios del arquitecto. Ello supuso el incumpliendo tanto de las bases del concurso como de la oferta adjudicada. La ejecución de las obras fue objeto de un convenio firmado el 1 de septiembre de 1999 por los presidentes de la Real Federación y del Consejo Superior de Deportes, previo acuerdo del Consejo de Ministro. El contrato se adjudicó mediante concurso abierto a la empresa ACS. Cuatro meses después de la firma del contrato ACS solicitó a la Real Federación la cesión del contrato a Dragados y Construcciones, cesión que fue formalizada sin intervención alguna del Consejo y sin que se cumplieran los requisitos relativos a la cesión de contratos. En cuanto a la financiación de la Real Federación procedente de la participación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, 10 por ciento en las quinielas, se concluye que ni en los presupuestos ni en la contabilidad de aquélla se identifican los gastos que se financian con las aportaciones de la Liga Nacional. Tal actuación impide conocer el destino efectivo dado a estos fondos públicos. Analizado por el tribunal una muestra de los justificantes y de las operaciones registradas de la citada cuenta, estos consisten únicamente en fotocopias de los talones bancarios remitidos mensualmente a las federaciones territoriales y de los recibís firmados por los presidentes y tesoreros respectivos, así como los mismos certificados del presidente de la Real Federación, mencionados anteriormente aunque sin firmar. El control ejercido por el consejo sobre la aplicación de los fondos públicos percibidos por la Real Federación en los ejercicios de referencia ha sido muy insuficiente en algunos ámbitos y prácticamente inexistente en otros. Por lo general las cuentas y justificantes remitidos al consejo no permiten conocer el destino efectivo dado a los fondos públicos ni acreditar la realización efectiva de las actuaciones subvencionadas. El consejo realiza sobre las cuentas únicamente algunas mínimas comprobaciones formales, sin contenido real apreciable para el control de estos fondos públicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos políticos. Por Coalición Canaria tiene la palabra su portavoz, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero felicitar al presidente del Tribunal de Cuentas, don Ubaldo Nieto, por su información en esta Comisión. Voy a ser muy breve sobre este punto. Acerca del documento que se nos ha hecho llegar desde el Tribunal de Cuentas, en el apartado 5, de financiación de la Real Federación Española de Fútbol, procedente del 10 por ciento de la recaudación de las quinielas y gestionado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, le hago la siguiente pregunta. En el punto 6.18 habla el Tribunal de Cuentas del Real Decreto 98/2003, que modificó el 258/1998, sobre los criterios de distribución de los porcentajes obtenidos de las quinielas para la Federación Española de Fútbol, y dice algo muy importante: que la financiación percibida por la Federación Española de Fútbol, procedente de estos fondos públicos, ascendió a 2,6 millones de euros en el año 2002 y a 4,9 millones de euros en el año 2003. Poco antes ustedes han dado informes sobre el parecer, cuestionable, de la Real Federación Española de Fútbol, que le ha venido a decir al Consejo Superior de Deportes que se niega a considerar esta financiación como pública. De forma contundente -este es el criterio de mi grupo- el Tribunal de Cuentas le dice que ni hablar, que el Real Decreto 98/2003, anteriormente citado, y el Real Decreto 258/1998, sobre el 10 por ciento de recaudación de las quinielas, es financiación pública. El Consejo Superior de Deportes debe hacer una primera llamada de atención a la Federación Española de Fútbol diciendo que no se admiten dudas, ni en el aspecto contable ni en el del origen de las subvenciones, de que es financiación pública. En este sentido, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cree usted que es necesario, señor presidente, que se haga un nuevo decreto que aclare de forma contundente esta situación? Sería un nuevo decreto que seguiría al 98/2003 porque, si no, seguiremos manteniéndonos en una nebulosa de interpretaciones. Aquí también se hace mención a algo que parece que no está funcionando, que es la comisión de seguimiento. Se está dejando todo en manos del órgano central, del Consejo Superior de Deportes, cuando también ustedes citan la Orden del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, de 24 de junio de 1998, por la que en el seno del Consejo Superior de Deportes se crea una comisión de seguimiento de la participación en las quinielas. Dada la opinión expresada por la Federación Española de Fútbol sobre esta cuestión, que ustedes dejan claro -para mí también queda claro- que según los reales decretos es financiación pública, parece que ha llegado el momento de proponer al Gobierno la aprobación de un nuevo real decreto que zanje todas estas dudas; y no solamente estas, porque en el apartado 6.23, en cuanto al control por el Consejo Superior de Deportes de la financiación pública de la Federación Española de Fútbol, ustedes afirman lo siguiente: La inexistencia de control alguno
por el Consejo Superior de Deportes o por la comisión de seguimiento -que yo he citado- de los importantes fondos públicos -que ya los han citado ustedes- gestionados por la Real Federación Española de Fútbol, a través del reparto de la participación del 10 por ciento de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de la recaudación de las quinielas.
Termino con el capítulo séptimo de su exhaustivo y ejemplar informe -quiero destacar la búsqueda de transparencia que ustedes han hecho-.
Aparte de las tres recomendaciones que señala el Tribunal de Cuentas, qué medidas propondría usted al Gobierno, dado que se dice aquí que el propio Consejo Superior de Deportes debe revisar de forma rigurosa y explicar formalmente los fundamentos y criterios en los que basa su política de subvenciones a las federaciones deportivas. Si hay oscurantismo, si no hay transparencia o no hay conocimiento de los criterios en virtud de los cuales el Consejo Superior de Deportes da estas subvenciones a las federaciones deportivas, difícil corrección tendremos de estos problemas, y estará usted de acuerdo con esto, señor presidente. Ustedes ponen por delante los principios que están en la legislación, y que tutela de forma ejemplar el Tribunal de Cuentas -ustedes los llaman principios básicos-, entre ellos los de legalidad, igualdad, transparencia, publicidad, concurrencia, eficacia, eficiencia y economía. Ese es un baremo que tenemos que aplicar tajantemente, o estaremos cerca de la delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal. En la segunda recomendación que ustedes hacen piden que el Consejo Superior de Deportes desarrolle un sistema de control efectivo sobre la correcta gestión y justificación de las subvenciones que concede a la Federación Española de Fútbol. Le haré la misma pregunta: ¿Considera usted que sería conveniente que una norma legal suficiente, bien ley, bien real decreto, aclarase esta cuestión de la gestión y justificación de las subvenciones cuando se haya obligado formalmente a que explicite y ponga en todos sus documentos los criterios que he dicho antes? Esto nos llevaría a preguntarle qué medidas procederían, como establecen ustedes en la tercera recomendación, en cuanto a las deficiencias e irregularidades concretas reseñadas en este informe, que suponen -esto lo que quiero destacar- la falta de justificación de las subvenciones percibidas por la Real Federación Española de Fútbol en el periodo de referencia 2002-2003 y si es posible, como sugieren ustedes, el reintegro de las cantidades insuficientemente justificadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra su portavoz la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Intervengo únicamente para señalar que es bastante alarmante todo lo que se relaciona en el informe y que cuando, a juicio de Izquierda Unida, nos encontramos ante una falta de legalidad, de objetividad, de imparcialidad y de ese largo etcétera que se deduce del informe hay que actuar. En primer lugar, en cuanto a las subvenciones, desde luego lo normal es instar al reintegro o devolución del dinero público sin justificar. También se deduce que todas estas irregularidades e ilegalidades flagrantes deben ser investigadas por la fiscalía, porque si hay ilegalidades administrativas de las que se puedan derivar responsabilidades penales deben ser inmediatamente estudiadas para frenar cuanto antes este tipo de actuaciones que carecen, para empezar, de todo rigor, sin saber lo que puede haber detrás del análisis que han hecho ustedes de toda la documentación. Al parecer la Federación Española de Fútbol va tan mal como la Selección Nacional y esta situación es absolutamente intolerable en ambos sentidos, porque también la ilusión de la gente que sigue a la Selección Nacional debe ser atendida.
Entrando en las cuentas, debe ser investigado y debe actuarse con la mayor brevedad posible para conocer el destino de los fondos públicos, del dinero de los contribuyentes, que no puede encontrarse en esta situación de ilegalidad jurídica absoluta.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, Ubaldo Nieto, bienvenido a esta Comisión del Tribunal de Cuentas donde nos presenta el informe del Tribunal de Cuentas respecto a la fiscalización de la temporada 2002-2003 -digo temporada en términos futbolísticos- de la Real Federación Española de Fútbol. Basándome en la lectura pormenorizada del informe del tribunal y basándonos en las distintas alegaciones presentadas hay que llegar a una primera conclusión incuestionable, y es que hay una clara falta de rigor de la federación en cuanto a la presentación de las cuentas; algo que tendría que haberse realizado y no se ha hecho. También hemos llegado a una conclusión, que propondremos en su momento, cuando llegue la parte de propuestas de resolución al Tribunal de Cuentas, y hemos observado que con los instrumentos que en estos momentos tiene el Consejo Superior de Deportes es prácticamente imposible hacer un seguimiento y una fiscalización de esas subvenciones públicas que reciben no solo la Federación Española de Fútbol sino las federaciones deportivas.
Seguramente serían necesarios diez o quince inspectores del Consejo Superior de Deportes para realizar la fiscalización de este tipo de cuentas, porque no olvidemos que la Federación Española de Fútbol es la federación más grande, hablando en términos económicos y de subvenciones, pero hay otras 64 federaciones que reciben subvenciones públicas y a las que hay que fiscalizar en los mismos términos que a la Federación Española de Fútbol porque la normativa es igual para todas. Yo entiendo perfectamente la fiscalización del Tribunal Cuentas y
el resultado es que los responsables económicos de la federación no han sido precisamente diligentes en su responsabilidad y eso tendrá que tener consecuencias administrativas o de cualquier otro tipo. Si al final todo lo que el Tribunal de Cuentas manifiesta queda plasmado y no hubiera ninguna otra forma de justificar lo que la federación tendría que haber justificado, sí es cierto que habría que buscar fórmulas -esta es la primera pregunta que le formulo al presidente del Tribunal de Cuentas- para reintegrar esa parte de las subvenciones que no han sido justificadas. Me cuesta pensar cómo se puede reintegrar eso. Me gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas -que es técnico en la materia económica- nos pudiera hacer visualizar jurídicamente la figura que se tendría que aplicar.
También deducimos otra situación. Entiendo que el Tribunal de Cuentas actúe en consecuencia con la información económica que se le da, pero si todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas -las explícitas y las implícitas- se llevaran a cabo posiblemente tendríamos que pensar en un sistema absolutamente distinto. En otras palabras, lo que tenemos en estos momentos no vale para nada, en función de la disposición del Consejo Superior de Deportes y de la propia aplicación de las leyes. La Ley del Deporte hay que transformarla de cabo a rabo, desde nuestro punto de vista, para que esta fiscalización se pueda hacer de una forma racional con respecto a lo que estamos viendo en este informe. También nos preocupa la aplicación estricta de esa fiscalización en relación con la valoración y el fundamento de las federaciones territoriales. Nosotros entendemos que si eso se llega a aplicar sería el fin de las federaciones territoriales. Este es un elemento que entra dentro de la Ley del Deporte y habría que repasarlo.
Su informe dice que no se han cumplido estrictamente los principios básicos de legalidad, igualdad, transparencia, publicidad, concurrencia, eficacia, eficiencia y economía. No comparto con el Tribunal de Cuentas esa contundencia a la hora de marcarlo en negro sobre blanco, por lo menos en lo que corresponde al Consejo Superior de Deportes, no entro en la federación, que todavía tendría que justificar muchas de las cosas que ha dejado encima de la mesa. Sí comparto, sin ningún género de dudas, la pregunta que hacía el señor Mardones sobre si es necesario modificar alguno de los fundamentos.
No me quiero extender mucho en este tema porque el informe sí es claro -otra cosa es que se pueda compartir en los aspectos jurídicos, no en los contables que quedan absolutamente claros- pero sí me gustaría que el señor presidente del Tribunal de Cuentas me dijera, si lo estima oportuno, qué modificaciones pondría encima de la mesa para que esa fiscalización necesaria dentro de la estructura del Consejo Superior de Deportes a las federaciones deportivas se pudiera llevar con éxito.
El señor SALVADOR GARCÍA: Le dije antes que le iba a felicitar por este informe, como suelo hacerlo habitualmente -en el anterior le hablé solo del desfase pero era por la temática concreta que estábamos tratando-.
Cuando llega a nuestras manos un informe de estas características no se trata de analizar aspectos formales, como suele suceder en otros casos, porque realmente el contenido y el sustrato de este informe van muchísimo más allá y son mucho más alarmantes que muchos de los que se han visto en esta comisión. Parto de la base de que el fútbol, del cual soy seguidor, es el deporte rey. La Real Federación Española de Fútbol es, probablemente, la real federación más importante de todas las que hay.
Estoy de acuerdo en que no se puede medir exactamente con el mismo rasero a todas, aunque a todas hay que exigirles lo mismo, porque este es el espejo en el que se mira buena parte del deporte español. Para empezar, se ve claramente que incluso la real federación actúa a la defensiva con respecto al informe del tribunal, que se supone que únicamente busca analizar la eficacia y la eficiencia del comportamiento y la claridad de sus cuentas públicas. La federación intenta dar una interpretación judicial y salir a la defensiva -como resalta el tribunal-, lo que, cuando menos, nos hace sospechar y mirar un poco más profundamente el citado informe. El tribunal se queja de la insuficiente aportación documental, tanto del CSD como de la Real Federación Española de Fútbol.
Es mi obligación decir que en ese momento el CSD estaba dirigido por el Partido Popular, es algo que nos toca al estar yo en otro grupo político para que no se confundan los tiempos de los que estamos hablando en el informe. Mostramos nuestra sorpresa y confusión porque en las justificaciones confundieran el concepto de limitación con el de falta de colaboración, lo cual parece ser que ha llevado a bombardear y a llenar de cajas con miles de justificantes para intentar demostrar que toda la documentación estaba y formaba parte de lo que tenía la Real Federación Española de Fútbol para aclarar estos conceptos. Suena a explicar el abecedario que el Tribunal de Cuentas tenga que explicar a la federación lo que es un beneficiario, lo que es un beneficiario intermedio y lo que resulta indispensable justificar al menos, porque si eso se le tiene que explicar y estamos en la primera cartilla después del dinero que están gestionando y los años que llevan con ello, imaginémonos qué cuentas pueden haber salido, como bien resaltan los datos que da el tribunal.
Independientemente de la propia casuística y de la personalidad jurídica que tiene la federación, de que reciba financiación pública y buena parte de los fondos sea privada, no es menos cierto que ha dispuesto de 23 millones de euros de financiación pública, de los cuales 6,9 millones son del CSD, relacionados con los Presupuestos Generales del Estado, 8,5 de la participación
del CSD en el 1 por ciento de las quinielas y 7,6 de la participación en el 10 por ciento de la Liga de Fútbol Profesional en las quinielas.
Cuando empiezan las conclusiones, demoledoras, dicen que hay cinco deficiencias legales: una, no se respetaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad; dos, ausencia en ocasiones de la obligada exigencia de la declaración de otras ayudas públicas; tres, inexistencia de certificaciones de encontrarse las federaciones territoriales y los clubes beneficiarios de la subvenciones al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social; cuatro, se han pagado anticipos con anterioridad a la concesión de las subvenciones; y cinco, diversas subvenciones se concedieron sin la presentación de los documentos requeridos ni del cumplimiento de los requisitos exigidos en las mismas.
Solamente con leer esto ya vemos el alcance que tiene el citado informe.
Pero si el presidente de la Real Federación Española de Fútbol piensa que tiene la potestad jurídica suficiente como para hacer un certificado personal que sirva para justificar las cuentas de la federación, certificado personal que él considera válido y en el que detalla que hay cierta información que está referida a las asambleas ordinarias de 10 de junio de 2002 y de 2003 que nunca se llegaron a realizar, por tanto asambleas fantasmas, ¿qué es lo que estamos justificando? Si habla de que otra parte de la información está recogida en las asambleas del 12 de julio de 2002 y 18 de julio de 2003, donde no se hizo ninguna referencia a las subvenciones que ellos justifican en base a la actuación de esas asambleas, ¿qué estamos justificando? ¿Es una broma? ¿Qué clase de justificación es esta?
Con posterioridad al certificado del presidente de la federación que decía que él daba fe en ese certificado de que en la Real Federación Española estaban los justificantes de que las cuentas estaban claras, llegaron certificados de federaciones territoriales, rompiendo la credibilidad, igual que lo de las asambleas fantasmas. Es todavía mucho más fuerte, yo diría que escandaloso, que se puedan utilizar los mismos justificantes para justificar 2.100.000 euros, los mismos justificantes para las subvenciones al CSD, que para las ayudas al fútbol base de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Si esto en vez de ser España fuese otro país, ¿qué es lo que pensaríamos nosotros con relación a esta información? El pago a los integrantes de la Selección Nacional se ha hecho sin que se hayan justificado las retenciones de IRPF y de Seguridad Social ni tampoco la residencia fiscal, como obliga la normativa del CSD; se ha dado, sin que conste la necesidad de interés público, una subvención de 1,7 millones de euros para los derechos de imagen de los jugadores cuando el resultado beneficioso de ese supuesto en concepto de publicidad ha revertido en la Federación Española de Fútbol, en una actividad puramente mercantil, como dice el Tribunal de Cuentas, para lograr beneficios propios; falta de justificación de pagos fijos y primas de la Selección que han tenido saldo económico en la Real Federación Española de Fútbol.
Con respecto a las subvenciones con cargo a la participación del 1 por ciento del CSD en las quinielas con relación a la construcción de la ciudad deportiva, voy a dar simplemente unas cuantas pinceladas. Las cuentas se vuelven a justificar con otro certificado del presidente como si fuera el bando de un alcalde, haciendo mención a las asambleas fantasmas y a los contenidos inexistentes. Ese certificado presidencialista, copia de talones bancarios remitidos a las federaciones territoriales y recibí firmado por el presidente y tesorero de las mismas, informa del traslado, pero no de la realización efectiva de lo subvencionado. Por tanto, son datos absolutamente espectaculares.
Respecto a dos expedientes, uno sobre el Cortijo Alto de Málaga y Agullent (Valencia), se vuelve a realizar otra justificación doble cuando parece claro que las vías de financiación pública que tiene la federación son pocas, únicamente son tres, y nuevamente por 125.491,33 euros. En los expedientes de La Esperanza y La Salud, ambas en Tenerife, dice el tribunal que las justificaciones de la subvención no se corresponden con la obra que se ha ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que se está justificando? En relación a las subvenciones al CSD para la construcción de la ciudad deportiva, se dice que una obra la ha de tener ACS, que presenta una baja de 18,38 por ciento, y no Dragados y Construcciones porque presentaba una baja del 21,68 por ciento que estaba por debajo del precio mínimo ideal, y cuatro meses después, como ha dicho el presidente del tribunal, ACS pide que se le dé a Dragados pero al precio que ya habían acordado con ACS que era más alto y, por tanto, costando más al erario. El CSD abona anualidades en los años 1999 y 2000 que la federación empieza a pagar en 2001 y 2002, cuando ya había recibido el dinero. En relación a la justificación de 4,6 millones de euros, se justifica con una certificación de acopios que -dice el tribunal- no responde a la realidad sino que fue elaborada de manera ficticia. Eso es falsificar. Si seguimos avanzando -y saltándome bastantes cosas para terminar rápido- al decir -como ha comentado el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria- que la Real Federación Española de Fútbol no considera que la financiación del 10 por ciento de la Liga de Fútbol Profesional sobre las quinielas sea una financiación pública y por eso ni la incluye en sus presupuestos ni en la contabilidad de la Real Federación Española de Fútbol -donde se identifican los gastos que se financian con aportaciones a la Liga de Fútbol Profesional- no es de extrañar, según afirma la Real Federación, que ni la Liga ni el Consejo Superior de Deportes le hayan pedido nunca el empleo de esos fondos porque él no los reconoce. Sin embargo, la liga ha aportado al tribunal documentación acreditativa de la justificación que ya efectuó la federación a la liga en relación a la temporada 2001-2002, por valor de 3,3 millones de euros, nuevamente se vuelve a incidir sobre la justificación doble que se realiza tanto al CSD como a la liga. En cuanto al control del CSD, el tribunal resalta que el control ejercido por el
CSD ha sido muy insuficiente en algunos ámbitos, inexistente en otros.
Ya para terminar, en relación a las recomendaciones, mi grupo toma buena cuenta de ellas y el compromiso será aplicarlas en su totalidad. Tengo constancia de una carta remitida al tribunal por el CSD en la que, con fecha de noviembre de 2006, se acordó iniciar expediente de reintegro de las subvenciones percibidas por la Real Federación Española de Fútbol. Se ha creado un grupo de trabajo para la elaboración de nuevas bases reguladoras de las subvenciones en el ámbito del CSD tras la entrada en vigor el pasado mes de octubre del Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el Consejo Superior de Deportes ha dispuesto designar una comisión compuesta por tres funcionarios para que lleve a cabo las medidas necesarias para implantar y desarrollar el citado sistema de inspección, control y verificación, además de la aplicación de un código de buen gobierno válido para todas las federaciones deportivas que se supone que también debiera aplicarse la Real Federación Española de Fútbol. Para concluir, deseo preguntarle al presidente si considera que se desprende algún tipo de responsabilidad contable en la gestión de los recursos públicos y cuál ha sido la posición del fiscal en relación a los contenidos del informe y decirle, como ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida, que no está la federación tan mal como la Selección Española, por lo menos estos intentan jugar.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Hay una cuestión en la que han incidido todos los portavoces y es preguntar si hay responsabilidades contables. En efecto; concretamente el fiscal ha apreciado indicios de responsabilidad contable aproximadamente en unos 15 casos y la mayor parte de ellos por falta de justificantes, algunos por falta de expedientes, se ha mencionado aquí el caso de Tenerife, en el que se aportó el expediente de la obra del campo de La Salud de Tenerife, facturas defectuosas, y también el caso de esa certificación ficticia.
Este informe pasa a la sección de enjuiciamiento, el trámite en el que está en este momento es el de diligencias preliminares y ahí se apreciarán y depurarán las correspondientes responsabilidades. También tengo que decir que, hasta este momento, la Fiscalía no ha explicitado otro tipo de responsabilidades penales, nada más que las contables.
En relación con la intervención del señor Mardones, en efecto, se habla de las subvenciones que proceden del 10 por ciento de la liga. Aquí parece que existían dudas antes del decreto de 2003, pero a partir de ese momento, por lo menos para el tribunal, no existe duda de que normativamente está vinculada a los fondos que proceden de las quinielas y que, por tanto, es financiación pública.
Respecto a la necesidad de modificar la ley, el tribunal no lo dice en su informe porque para él está perfectamente claro, ahora bien, como a su vez se ha hablado aquí de las recomendaciones y de la posibilidad y la conveniencia de que haya algunas modificaciones legales, las recomendaciones del informe del tribunal van encaminadas a que el Consejo Superior de Deportes revise rigurosamente los fundamentos y los criterios en base a una política de subvenciones, que se explicite la necesidad de la subvención y que desarrolle un sistema de control que sea efectivo para la concesión, para la aplicación a esa finalidad y, sobre todo, que sea efectiva la justificación de la subvención porque, si hubiera que concluir, diríamos que la federación no justificó pero el Consejo Superior de Deportes no controló. En cuanto a qué modificaciones -segundo interviniente del Grupo Popular- se pueden llevar a cabo para esas relaciones e inconvenientes que han surgido con el consejo, todos los incumplimientos que denuncia el informe se han fundamentado. Es verdad que han surgido en el trámite algunas limitaciones en los trabajos de fiscalización y también que las alegaciones, sobre todo las presentadas con posterioridad, han sido extensas, pero también estas alegaciones han sido tratadas con rigor por el tribunal, algunas se refieren a periodos distintos, con otras no está de acuerdo el tribunal y otras alegaciones no tienen nada que ver a veces con la fiscalización. Por tanto, respecto a estas observaciones en aras a qué posibles modificaciones se podían proponer, yo diría que en términos procedimentales el tribunal no tiene por qué cambiar los procedimientos y en términos de normativa legal estamos ante un caso en el cual del informe del tribunal se desprende que no es cuestión de insuficiencias de legalidad, es cuestión de gestión y de control. Se ha mencionado aquí el caso de estas ciudades deportivas.
Aquí ha habido un proceso de contratación irregular, pero ha habido también un proceso de pagos indebidos por parte del Consejo Superior de Deportes. Por tanto, esas preguntas que han ido encaminadas a si del informe y de las recomendaciones se desprenden necesidades de modificar la legalidad, tengo que decir que del informe que yo presento hoy aquí no se desprende eso, sino que a lo que apunta el tribunal es a que se revisen rigurosamente los fundamentos y los criterios de la política de subvenciones en función del fin que se persigue y que se explicite su necesidad. Por ejemplo, me parece recordar que esto se dice en la página 84 aproximadamente y, sobre todo, que se refuerce el control.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Nuevo turno de palabra. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, don Francisco Antonio González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Voy a ser muy breve. En aras de la amabilidad del recordatorio del portavoz del Grupo Socialista sobre quién gobernaba en aquel entonces, efectivamente el mismo que gobernaba en aquel entonces fue el que suspendió las subvenciones de
la federación por estas irregularidades de las que estamos hablando, que hay que recordarlo todo. Pero voy a ahondar un poco más en ese tema porque es muy importante saber que los que firmaban los informes de acreditación de las subvenciones de la Federación Española de Fútbol de aquel entonces, de aquel Gobierno y de aquel Consejo Superior de Deportes son los mismos que hoy están en esos mismos puestos, manteniendo los mismos criterios y actuando exactamente igual en este Gobierno, que no es el del Partido Popular.
Dicho esto, simplemente quiero decirle al señor presidente del Tribunal de Cuentas que agradecemos mucho sus explicaciones, que en algunas discrepamos, y así lo haremos llegar, no en el fondo de la cuestión en la que estamos todos de acuerdo, sino en la fórmula. Yo creo que sí se desprende intrínsecamente del informe del Tribunal de Cuentas la necesidad de algunas modificaciones no solamente en la gestión, sino en la legislación para poder precisamente complementar con eficacia las peticiones que hace el Tribunal de Cuentas en su resolución con respecto a la fiscalización de la Federación Española de Fútbol.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz.
El señor SALVADOR GARCÍA: Seré mucho más breve, señor presidente. Como lego en derecho me ha parecido entender, con respecto a la emisión de facturas falsas, que solamente había responsabilidad contable y no penal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Del informe del fiscal que tengo aquí delante, además de poner de manifiesto la desorganización y el descontrol, las responsabilidades que detecta son contables y en estos 15 casos lo que sucede es que hay que distinguir entre esta fase previa y después de la tramitación. Esto ya lo he expuesto muchas veces aquí. Ahora se inicia un trámite en la jurisdicción contable y con futuras intervenciones también de la Fiscalía. Ahora me estoy refiriendo solo a la fase del informe de la Fiscalía previa a la aprobación del informe por el pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Agotado el orden del día, queremos agradecer nuevamente la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, señor Nieto.

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