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Timestamp: 2017-04-23 10:56:35+00:00

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Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. TÍTULO SÉPTIMO. De la protección de la legalidad urbanística (Vigente hasta el 01 de Enero de 2010).
Procedimientos de protección de la legalidad urbanística 1. Todas las acciones o las omisiones que presuntamente comporten vulneración de las determinaciones contenidas en esta Ley, en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas urbanísticas municipales, sujetos a sanción de conformidad con lo que establecen esta Ley y el reglamento que la despliegue, deben dar lugar a las actuaciones administrativas necesarias para aclarar los hechos y, subsiguientemente, o bien directamente, si no se requiere información previa, a la incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística.
Medidas provisionales Una vez incoado un expediente de protección de la legalidad urbanística, el órgano competente puede adoptar las medidas provisionales que crea necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final. El acuerdo de adopción tiene que ser motivado. Estas medidas incluyen, con carácter enunciativo y no exhaustivo, tanto la suspensión de las obras que regula el capítulo II como la retirada de los materiales y de la maquinaria a cargo del titular de las obras.
Órdenes de suspensión de obras y requerimientos de legalización 1. Si los actos de edificación o de uso del suelo y el subsuelo que especifica el artículo 179 se efectúan sin licencia o sin orden de ejecución o no se ajustan a las condiciones que se señalan, el alcalde o alcaldesa, una vez incoado el expediente de protección de la legalidad urbanística, debe dictar una primera resolución de suspensión provisional e inmediata de estos actos, y debe ratificar o modificar la resolución de suspensión provisional dentro de los quince días posteriores al vencimiento del plazo de audiencia de quince días que se otorga a las personas afectadas al notificarles la primera resolución.
Restauración de la realidad física alterada 1. Una vez transcurrido el plazo de dos meses establecido por el artículo 197 sin que se haya solicitado la licencia correspondiente, o sin que se hayan ajustado las obras o las actuaciones a las condiciones señaladas, el ayuntamiento, mediante la resolución del procedimiento de restauración, debe acordar el derribo de las obras, a cargo de la persona interesada, y tiene que impedir definitivamente los usos a que podían dar lugar. Debe proceder de la misma manera si las obras son manifiestamente ilegales o si la licencia se deniega porque la concesión de ésta sería contraria a las prescripciones del ordenamiento urbanístico.
Prescripción de la acción de restauración La acción para requerir la legalización de las obras o de las actuaciones llevadas a cabo sin licencia, para ajustarlas a la licencia otorgada o para adoptar otras medidas de restauración prescribe al cabo de seis años, a contar de acuerdo con lo que dispone el artículo 219, a excepción de los actos nulos de pleno derecho, que restan sujetos a lo que establece el artículo 202.
Revisión de licencias y de órdenes de ejecución 1. Las licencias y las órdenes de ejecución el contenido de las cuales sea contrario a las determinaciones de esta Ley, de los planes urbanísticos o de las ordenanzas urbanísticas municipales deben ser revisadas siguiendo el procedimiento pertinente entre los que están establecidos para la revisión de los actos en vía administrativa.
Efectos de la incoación de expedientes de revisión de licencias en las cédulas de habitabilidad y las licencias de primera ocupación 1. La suspensión de efectos de licencias otorgadas y la incoación de expedientes de revisión administrativa de estas comporta la suspensión de la tramitación de las cédulas de habitabilidad y de las licencias de primera ocupación.
Infracciones urbanísticas leves por legalización efectiva 1. Los actos tipificados como infracciones graves o muy graves por los artículos 205 y 206 que sean legalizables constituyen infracción urbanística leve si, antes de que recaiga la resolución sancionadora en el procedimiento correspondiente, los presuntos infractores han instado en la forma debida, ante la administración competente, la legalización, y ésta se ha aprobado o autorizado.
Restauración voluntaria de la realidad física o jurídica alterada 1. Los actos tipificados como infracciones muy graves por el artículo 205 que no sean legalizables constituyen infracción urbanística grave si las personas presuntamente infractoras proceden a la restauración de la realidad física o jurídica al estado anterior a la alteración, mediante las operaciones materiales o jurídicas pertinentes.
Operaciones que tengan por objeto la constitución de elementos privativos 1. La constitución de un régimen de propiedad horizontal o de un complejo inmobiliario privado, o su modificación cuando comporte un incremento del número de viviendas o de establecimientos, y también las operaciones que tengan por objeto constituir más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente de los que se hayan hecho constar en una declaración de obra nueva precedente, se tipifican como infracción urbanística grave si se efectúan en contra de las determinaciones del planeamiento, o bien sin licencia urbanística previa, de acuerdo con lo establecido por el artículo 179.2.r, o bien en contra de la licencia otorgada.
Graduación de las sanciones Para graduar las sanciones que se tienen que aplicar, además de los criterios incluidos en los principios reguladores de la potestad sancionadora, es preciso atender la gravedad con la que la infracción afecta a los bienes y los intereses protegidos por el ordenamiento urbanístico, la gravedad del riesgo creado, el grado de culpabilidad de cada una de las personas infractoras, la entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción y la viabilidad de la legalización de la infracción cometida.
Órganos competentes 1. Los órganos locales competentes para resolver los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de lo que establecen los apartados 2 y 3, son los siguientes:
Percepción de las multas impuestas 1. El importe de las multas impuestas tanto por las autoridades locales como por los órganos de la Administración de la Generalidad a propuesta de esas es percibido por los entes locales correspondientes.
Infracciones conexas 1. En el caso de que sobre un mismo sujeto se instruya un expediente sancionador por más de una infracción entre las que haya conexión de causa y efecto, se le tiene que imponer la sanción que corresponda a la infracción cometida más grave, para la graduación de la cual hay que tener en cuenta el resultado final perseguido y el daño causado.
Prescripción de infracciones y de sanciones urbanísticas 1. Las infracciones urbanísticas muy graves prescriben al cabo de seis años, las graves prescriben al cabo de cuatro años y las leves prescriben al cabo de dos años.
Régimen especial del municipio de Barcelona El Ayuntamiento de Barcelona y la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona tienen las competencias urbanísticas que les atribuye la Ley 22/1998, del 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, las cuales prevalecen sobre las que determina esta Ley.
Régimen especial de la Val d'Aran Las determinaciones de esta Ley se entienden sin perjuicio del régimen especial de la Val d'Aran.
Municipios sin planeamiento general Los municipios que no cuentan con ninguna figura de planeamiento general en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y los que cuentan con delimitaciones de suelo urbano sin normas urbanísticas tienen la obligación de formular un plan de ordenación urbanística municipal. El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, con el requerimiento previo correspondiente, puede ordenar que la Dirección General de Urbanismo se subrogue en la formulación del plan de ordenación urbanística municipal de los municipios que, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, no cuentan con ninguna figura de planeamiento general o bien cuentan con delimitaciones de suelo urbano sin normas urbanísticas. En este caso, la tramitación del plan de ordenación urbanística municipal corresponde a la comisión territorial de urbanismo competente.
2. Las administraciones con competencias sectoriales participan en los procedimientos de planeamiento urbanístico en la forma que determina esta Ley y su desarrollo reglamentario. Corresponde a los órganos o a los departamentos que tienen la respectiva competencia sectorial de velar por la adecuación del planeamiento urbanístico a las determinaciones de la legislación sectorial, mediante la emisión de los informes preceptivos, su representación en los órganos colegiados con competencia urbanística y el resto de acciones y medios que establece la legislación aplicable.
Número 2 de la disposición adicional cuarta redactado por el artículo 18 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Vigencia: 19 octubre 2007
Adopción de las medidas preventivas establecidas por la legislación sectorial Corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, a iniciativa de las personas titulares del departamento correspondiente, de adoptar las medidas preventivas establecidas por la legislación sectorial que comporten la aplicación en un determinado ámbito de un régimen de suelo diferente del atribuido por el planeamiento urbanístico. Si el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas disiente de dicha iniciativa, corresponde al Gobierno de decidir si procede o no adoptar la medida propuesta y, si procede, de adoptarla.
Formulación de programas de actuación urbanística municipal en municipios comprendidos en el ámbito de un planeamiento general plurimunicipal Los municipios comprendidos en el ámbito territorial de un planeamiento general plurimunicipal aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002 pueden formular y tramitar su propio programa de actuación urbanística municipal, cuya aprobación definitiva corresponde al órgano que establecen, según que corresponda, los artículos 77 y 78.
Ampliación de los plazos de tramitación Los plazos para la tramitación y la resolución definitiva de las figuras de planeamiento urbanístico y de gestión urbanística establecidos por esta Ley se amplían en un mes, en el supuesto de que coincidan totalmente o parcialmente con el mes de agosto.
Profesionales que intervienen en la redacción del planeamiento urbanístico 1. Las personas profesionales que intervienen en la preparación y la redacción de las figuras del planeamiento urbanístico, en calidad de funcionarios o funcionarias, de personal laboral o de personas profesionales liberales contratadas a tal efecto, deben tener la titulación y las facultades adecuadas, de acuerdo con la legislación aplicable, para cumplir las tareas encomendadas. La identidad y la titulación de los profesionales que intervienen tienen que constar en todo caso en el expediente de tramitación de la figura de que se trate.
Patrimonios municipales de suelo y de vivienda Los ayuntamientos que tengan un planeamiento urbanístico general que delimite ámbitos de actuación urbanística susceptibles de generar cesiones de suelo de titularidad pública con aprovechamiento, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley 10/2004, tienen que diferenciar, como patrimonio separado del resto de bienes municipales, los bienes que integran el patrimonio municipal de suelo y de vivienda. Además, en este patrimonio separado, deben prever un depósito específico para ingresar los fondos obtenidos mediante la enajenación y la gestión de los bienes del patrimonio municipal de suelo y de vivienda.
Plazos para la intervención del Síndic de Greuges Los plazos que el artículo 15 de la Ley 14/1984, del 20 de marzo, del Síndic de Greuges, establece para la intervención del Síndic de Greuges en cuestiones urbanísticas se tienen que entender adaptados a los plazos que establece la Ley presente para la prescripción de las infracciones y de la acción de restauración.
Determinaciones en materia de vivienda Las normas que despliegan el Plan por el derecho a la vivienda, con relación a los diferentes regímenes de protección, a las posibles personas beneficiarias y a los precios máximos de venta, y también los recursos que se destinan, deben tener como objetivo atender prioritariamente a las necesidades de las personas con una renta per cápita inferior a la media catalana, prestando una atención especial a las personas jóvenes en edad de emanciparse y a la gente de la tercera edad con necesidades asistenciales.
Soporte al planeamiento municipal El Gobierno debe aprobar, con carácter anual, un programa específico de subvenciones a las corporaciones locales para la formulación de planes de ordenación urbanística municipal, programas de actuación urbanística municipal y planes derivados de iniciativa pública, para fomentar la adaptación de los municipios a la nueva legislación y de garantizar la aplicación.
Revitalización de núcleos rurales El Gobierno, durante el año 2005, debe presentar un programa plurianual de intervención integral en núcleos rurales de montaña en el marco de los planes comarcales de montaña, con el fin de fomentar la rehabilitación, la calidad urbana, la reocupación, la racionalización del uso del suelo, la mejora de la accesibilidad y las telecomunicaciones y la revitalización bajo el punto de vista económico y social.
Incorporación de la perspectiva de género El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas debe incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de esta Ley para garantizar la promoción de la representación paritaria en la composición de los órganos urbanísticos colegiados y de la evaluación del impacto de la acción urbanística en función del género.
A efectos de la aplicación de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y también con la finalidad de determinar las actuaciones de transformación urbanística de que son susceptibles los terrenos, como también los derechos y los deberes de sus titulares, se entiende que:
Se encuentran en la situación básica de suelo rural:
Los terrenos que están clasificados por el planeamiento urbanístico general como suelo no urbanizable o que tienen esta condición de acuerdo con la disposición transitoria cuarta.1 de la Ley de urbanismo.
Los terrenos que están clasificados por el planeamiento urbanístico general como suelo urbanizable o que tienen esta condición en virtud de la disposición transitoria primera.2 de la Ley de urbanismo. Estos terrenos mantienen la situación de suelo rural mientras no se haya acabado la actuación de urbanización.
Los terrenos que no tienen el carácter de suelo urbanizado.
Se encuentran en la situación básica de suelo urbanizado, en todo caso:
Los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico general como suelo urbano consolidado que reúnan los requisitos que establece el artículo 30 de la Ley de urbanismo o que tienen esta condición de acuerdo con la disposición transitoria cuarta.1 de la Ley de urbanismo por reunir los servicios urbanísticos básicos que establece el artículo 27.1 de la Ley de urbanismo.
Los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico general como suelo urbano no consolidado que reúnan los servicios urbanísticos básicos que establece el artículo 27.1 de la Ley de urbanismo, y también los terrenos que tienen la condición de suelo urbano no consolidado en virtud de la disposición transitoria primera.1 de la Ley de urbanismo o de acuerdo con la disposición transitoria cuarta.1 de la Ley de urbanismo, por reunir los mencionados servicios urbanísticos básicos.
Disposición adicional decimoquinta introducida por el artículo 1 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).Vigencia: 19 octubre 2007
1. A efectos de la aplicación de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, son actuaciones de transformación urbanística las actuaciones de nueva urbanización o bien de renovación o reforma de la urbanización y las de dotación, según el caso, destinadas a la ordenación y la transformación del suelo urbanizable y del suelo urbano no consolidado incluido en sectores de mejora urbana o en polígonos de actuación urbanística que tengan por objeto alguna de las finalidades a que hace referencia el artículo 68.2.ª de la Ley de urbanismo. Sin embargo, el suelo urbanizable no delimitado no se considera incluido en una actuación de transformación urbanística hasta que no se aprueba el correspondiente plan parcial urbanístico de delimitación.
3. A efectos de la aplicación de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, son actuaciones de transformación urbanística de dotación aquellas actuaciones aisladas previstas en modificaciones del planeamiento, sobre terrenos que en origen tienen la condición de suelo urbano consolidado, y que tienen por objeto la ordenación y la ejecución de una actuación que, sin comportar una reordenación general de un ámbito, da lugar a la transformación de los usos preexistentes o al aumento del edificabilidad o de la densidad de determinadas parcelas y a la correlativa exigencia de mayores reservas para zonas verdes, para espacios libres y para equipamientos prevista en el artículo 94.5 de la Ley de urbanismo.
4. Cuando las actuaciones de dotación a que hace referencia el apartado 3 prevén techo residencial de nueva implantación están sujetos a las reservas de suelo para viviendas de protección pública que regula el artículo 57.3 y la disposición adicional decimonovena de la Ley de urbanismo. Las personas propietarias tienen que ceder el 10% del incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de dotación con respecto al aprovechamiento urbanístico preexistente y efectivamente materializado. El cumplimiento de los deberes de las personas propietarias se hace efectivo mediante el sistema y la modalidad de actuación que se establezca para la ejecución del polígono de actuación urbanística que a tal efecto se tiene que delimitar, el cual se puede referir a una única finca. En caso de que el planeamiento determine que, por el hecho de concurrir las circunstancias indicadas en el artículo 43.3 y en el artículo 94.5.c) de la Ley de urbanismo, respectivamente, el cumplimiento del deber de cesión del 10% del incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de dotación así como el cumplimiento del deber de cesión de las reservas de suelo para zonas verdes y equipamientos que establece el artículo 94.5 de la Ley de urbanismo se pueden sustituir por su equivalente dinerario, tiene que calcular el valor total de las cargas imputables a la actuación y las personas propietarias pueden cumplir el deber de pago sustitutorio de las cesiones, sin necesidad de aplicar ningún sistema ni modalidad de actuación, en el momento de otorgamiento de la licencia de obra nueva o de rehabilitación que habilite la mayor edificabilidad o densidad o el establecimiento del nuevo uso atribuido por la ordenación y como condición previa a la concesión de la licencia.
Número 4 de la disposición adicional decimosexta redactado por el número 11 del artículo 50 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Disposición adicional decimosexta introducida por el artículo 2 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).Vigencia: 19 octubre 2007
A efectos de la aplicación de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo:
El concepto de edificabilidad media ponderada que regula la ley estatal mencionada se corresponde con el de aprovechamiento urbanístico definido en el artículo 36.1 de la Ley de urbanismo.
Se considera como ámbito espacial homogéneo, en el caso de sistemas urbanísticos públicos que no estén comprendidos en ningún ámbito de actuación urbanística, ni en ningún ámbito de referencia establecido por el planeamiento urbanístico a efectos de valoración, el correspondiente al polígono fiscal en que estén incluidos estos sistemas a efectos catastrales.
Disposición adicional decimoséptima introducida por el artículo 3 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).Vigencia: 19 octubre 2007
Especificación de la legislación aplicable
1. En los casos que el planeamiento urbanístico prevea, de acuerdo con lo que establece la legislación urbanística, la compatibilidad del aprovechamiento privado y el destino a sistemas de titularidad pública del suelo, del vuelo o del subsuelo de un terreno, se puede constituir el régimen de propiedad horizontal adecuada de entre los previstos en la legislación civil catalana, con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público.
2. Los patrimonios públicos de suelo y de vivienda se rigen por lo que establece la Ley de urbanismo. El acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas que integran un patrimonio público de suelo y de vivienda, y los efectos de este acceso, se regulan por la legislación registral aplicable.
3. El derecho de superficie se rige por la Ley de urbanismo, por la legislación civil catalana y por el título constitutivo del derecho.
Disposición adicional decimoctava introducida por el artículo 4 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).Vigencia: 19 octubre 2007
Cuando la normativa en materia de vivienda cree una nueva tipología de vivienda con protección oficial, otra que la de precio concertado, los planes de ordenación urbanística municipal de los municipios de más de diez mil habitantes y capitales de comarca y sus modificaciones y revisiones, además de las reservas mínimas que establece el artículo 57.3, tienen que hacer una reserva mínima adicional del 10% del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, para la construcción de viviendas destinadas a esta nueva tipología. Esta reserva mínima adicional del 10% también es obligatoria en los municipios de más de diez mil habitantes y capitales de comarca con planeamiento general no adaptado a la Ley de urbanismo en los supuestos establecidos en las letras a) y b) de la disposición transitoria segunda.3 de la Ley de urbanismo.
Disposición adicional decimonovena introducida por el número cuatro del artículo 9 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Vigencia: 19 octubre 2007
1. La administración de la Generalidad y los ayuntamientos tienen que garantizar el acceso telemático al contenido íntegro de los instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados definitivamente a partir del 1 de julio de 2007 y de los instrumentos de planeamiento general vigentes, con independencia de la fecha en que éstos hayan sido aprobados. Este acceso, en los municipios de menos de 5.000 habitantes que no dispongan de los medios técnicos necesarios, se puede hacer efectivo a través de la conexión con el instrumento de divulgación telemática del planeamiento urbanístico de la administración de la Generalidad.
3. Los municipios de población inferior a 10.000 habitantes tienen que dar cumplimiento a las obligaciones que establece el apartado 1 a partir del 1 de marzo de 2008. La administración de la Generalidad y el resto de municipios tienen que dar cumplimiento a la obligación de garantizar el acceso telemático al contenido íntegro de los instrumentos de planeamiento a que hace referencia el apartado 1 en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Decreto ley.
4. La obligación de dar publicidad por medios telemáticos de la convocatoria de información pública en los procedimientos de planeamiento y gestión urbanísticos, y de los acuerdos de aprobación que se adopten en su tramitación, se tiene que cumplir desde la fecha de entrada en vigor de este Decreto ley, excepto en el caso de los municipios de población inferior a 10.000 habitantes que no dispongan de los medios telemáticos necesarios, los cuales tienen que dar cumplimiento a esta obligación a partir del 1 de marzo de 2008.
Disposición adicional vigésima introducida por el número dos del artículo 10 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Vigencia: 19 octubre 2007
1. Son áreas residenciales estratégicas aquellas actuaciones de interés supramunicipal que reúnen los requisitos que establece el apartado 2, y que son promovidas por la Administración de la Generalidad con la finalidad de subvenir los déficits de suelo de uso residencial, para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada, mediante planes directores urbanísticos que comportan la ordenación y la transformación de las áreas delimitadas, y, en su caso, la modificación de la clasificación urbanística del suelo o de las condiciones de desarrollo previstas por el planeamiento vigente.
Cada área residencial estratégica tiene que constituir bien un sector de suelo urbanizable delimitado, cuya clasificación se establece mediante el Plan director urbanístico que efectúa su delimitación, en caso de que no tenga esta clasificación de acuerdo con el planeamiento general municipal vigente, bien un sector de planeamiento derivado en suelo urbano no consolidado establecido por el planeamiento general municipal vigente. La transformación urbanística del sector se lleva a cabo directamente a partir de la aprobación definitiva del Plan director urbanístico, tramitado de acuerdo con aquello que disponen los artículos 74.1 y 81, el cual establece la ordenación detallada del sector con el grado de precisión propio de un plan urbanístico derivado y concreta el trazado y las características de, como mínimo, las obras de urbanización básicas, con el contenido propio de los proyectos de urbanización.
Las áreas residenciales estratégicas se tienen que emplazar en municipios con capacidad territorial para polarizar el crecimiento urbano, de acuerdo con los planes territoriales parciales o los planes directores territoriales o urbanísticos que sean de aplicación; tienen que respetar los límites físicos de desarrollo que establezcan los mencionados planes; se tienen que situar en continuidad con el tejido urbano existente o previsto, tienen que poder garantizar una buena accesibilidad a la red de transporte público y tener garantizado el suministro de agua.
La ordenación detallada de las áreas residenciales estratégicas tiene que prever:
Una densidad media mínima del sector de 50 viviendas/ha.
La calificación de suelo suficiente para vivienda de protección pública a fin de que, como mínimo, la mitad de las viviendas de la actuación tengan este destino. En todo caso se tiene que dar cumplimiento a los requerimientos que establece el artículo 57.3 y, en su caso, la disposición adicional decimonovena con respecto a los porcentajes mínimos de techo a destinar a las diversas tipologías de viviendas con protección oficial.
Una dotación suficiente de suelo con destino al sistema de espacios libres y de equipamientos, con cumplimiento, en todo caso, de las reservas mínimas exigidas por el artículo 65, y un adecuado dimensionado de los servicios para hacer frente a los requerimientos generados por la nueva población dentro de la propia actuación. También tiene que determinar la asunción por parte de la administración actuante del coste de construcción de los equipamientos previstos, el cual se tiene que llevar a cabo simultáneamente con la urbanización del área y la construcción de las viviendas.
Las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto con respecto a la integración de la actuación en el medio, como con respecto a la eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua y el tratamiento de residuos, con especial atención a la utilización de energías renovables.
3. La condición de administración actuante de las áreas residenciales estratégicas corresponde, en primer término, a un consorcio urbanístico del cual formen parte, en todo caso, el Instituto Catalán del Suelo y el ayuntamiento correspondiente. La participación del Ayuntamiento en el consorcio puede ser asumida, si así lo determina el consistorio, por una entidad pública empresarial local o un organismo autónomo local, siempre que reúnan las condiciones de entidad urbanística especial de acuerdo con aquello que establece el artículo 22. El consorcio urbanístico se tiene que constituir en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del Plan director o en el plazo proporcionado que éste establezca, caso contrario la administración actuante, si así lo determina el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, es el Instituto Catalán del Suelo.
4. Corresponden a la administración actuante de las áreas residenciales estratégicas los derechos y las facultades que prevé el artículo 23, incluida la aprobación de los proyectos de urbanización complementarios sin que sea preceptivo el trámite de información pública, a menos que haya que modificar el proyecto para la ejecución de las obras de urbanización básicas incorporado en el planeamiento. En este último caso el proyecto de urbanización complementario se tramita por la administración actuante siguiendo el procedimiento que prevé el artículo 113.2. En caso de que las áreas residenciales estratégicas se desarrollen por el sistema de reparcelación en alguna de las modalidades de compensación, corresponde a la administración actuante la declaración de incumplimiento de la obligación de urbanizar a que hace referencia el artículo 178, la cual obliga a acordar el cambio de sistema de actuación o el cambio de modalidad de este sistema.
Disposición adicional vigésima primera introducida por el número uno del artículo 19 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Vigencia: 19 octubre 2007
Adaptación del planeamiento urbanístico general y reservas de suelo para viviendas de protección pública
Rúbrica de la disposición transitoria segunda redactada por el número tres del artículo 9 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Vigencia: 19 octubre 2007
3. Si no hay un plan de ordenación urbanística municipal o un programa de actuación urbanística municipal adaptados a las determinaciones de esta Ley, las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, el planeamiento urbanístico derivado y sus modificaciones pueden establecer reservas de suelo para viviendas de protección pública, mediante la calificación de suelo, de acuerdo con lo que establece el artículo 57.7. Las reservas mínimas que establece el artículo 57.3 se tienen que aplicar de forma preceptiva e inmediatamente:
En los municipios de más de diez mil habitantes y las capitales de comarca, a las modificaciones de planeamiento general que tienen por objeto las actuaciones aisladas de dotación a que hace referencia la disposición adicional decimosexta, en los sectores sujetos a un plan de mejora urbana en suelo urbano no consolidado que prevean usos residenciales de nueva implantación y a los sectores de suelo urbanizable con uso residencial, a menos que tengan un planeamiento derivado aprobado inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004. El órgano autonómico competente puede autorizar excepcionalmente la disminución de las mencionadas reservas en los sectores para los que se establece una densidad inferior a veinticinco viviendas por hectárea y una tipología edificatoria incompatible con la construcción de viviendas protegidas.
En todos los municipios sin excepción, a las modificaciones del planeamiento general que impliquen un cambio de la clasificación del suelo no urbanizable con la finalidad de incluir nuevos usos residenciales, siempre que la modificación no esté aprobada inicialmente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 10/2004.
Número 3 de la disposición transitoria segunda redactado por el número tres del artículo 9 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre). Vigencia: 19 octubre 2007
Supuestos de ausencia de planeamiento general 1. En los supuestos de ausencia de planeamiento general, el suelo se clasifica en suelo urbano y no urbanizable. El suelo urbano comprende los núcleos de población existentes que tienen los servicios urbanísticos básicos definidos por el artículo 26.1 o que se integran en áreas consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de su superficie edificable.
Figuras de planeamiento derivado e instrumentos de gestión 1. En todos aquellos aspectos que no sean objeto de regulación transitoria específica, las figuras de planeamiento derivado y los instrumentos de gestión aprobados inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se rigen, en cuanto a los aspectos formales y sustantivos, por la normativa aplicable en la fecha de su aprobación inicial. Las figuras de planeamiento derivado y los instrumentos de gestión aprobados inicialmente después de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se rigen por las determinaciones formales y sustantivas que establece esta Ley.
Evaluación ambiental de los planes urbanísticos Mientras no se transponga la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente, sin perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial, el régimen de evaluación ambiental aplicable a las figuras de planeamiento urbanístico no resueltas definitivamente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 es el siguiente:
Atribución de competencias de aprobación definitiva de los planes urbanísticos derivados a determinados municipios 1. Los municipios que a la entrada en vigor de la Ley 2/2002, o posteriormente, tenían un plan general de ordenación urbana y se encontraban en la primera etapa cuatrienal del programa de actuación de este plan general, pueden asumir las competencias de aprobación definitiva de los planes urbanísticos derivados a que hace referencia el artículo 79.1, con las condiciones siguientes:
Publicación de las normas urbanísticas de instrumentos de planeamiento aprobados entre la entrada en vigor de la Ley 7/1985 y la de la Ley 2/2002 o de instrumentos en trámite que no han sido publicadas 1. Las normas urbanísticas de las figuras de planeamiento aprobadas definitivamente por la Administración de la Generalidad entre la entrada en vigor de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y la de la Ley 2/2002 que no hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña o en el boletín oficial de la provincia correspondiente, deben ser publicadas con motivo de su modificación o de la tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico derivado o de gestión urbanística. A tal efecto, en los expedientes de modificación debe acompañarse el texto refundido completo de la normativa aplicable, que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, conjuntamente con el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación. Esta exigencia es aplicable también a los expedientes de modificación en trámite que aún no hayan sido aprobados definitivamente.
Solicitudes de autorización de usos y de obras en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no delimitado y de usos y obras provisionales Los expedientes de solicitud de autorización de usos y de obras en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no delimitado y de usos y obras provisionales que hayan tenido entrada en los ayuntamientos antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se continúan tramitando de acuerdo con la normativa aplicable en el momento en que tuvieron entrada en el ayuntamiento. Las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2004, se tienen que ajustar a los aspectos sustantivos y formales regulados por los artículos 47 al 54. Sin embargo, se continúan tramitando de acuerdo con la normativa anterior a la Ley 2/2002, a lo largo de un plazo de tres años desde la entrada en vigor de dicha Ley, las solicitudes de licencia en ámbitos provenientes de procesos de parcelación rústica que hayan sido específicamente reconocidos por el planeamiento general en vigor, en el régimen de suelo no urbanizable.
Autorización de la rehabilitación o la reconstrucción de masías y casas rurales en ausencia de catálogo, y ampliación de edificaciones y actividades en suelo no urbanizable 1. A los efectos de lo que establecen los artículos 47.3 y 50.2, mientras el planeamiento general o un plan especial de iniciativa pública no contenga la catalogación de las masías y las casas rurales del término municipal, para regular su reconstrucción o rehabilitación, estas actuaciones pueden ser autorizadas por medio del procedimiento que establece el artículo 48. La documentación, en este caso, debe incluir una justificación específica de las razones arquitectónicas, históricas, paisajísticas o sociales que determinan la preservación y la recuperación de la edificación.
Expedientes de protección de la legalidad urbanística 1. Los expedientes de suspensión de obras, los sancionadores y los de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado ya incoados en el momento de la entrada en vigor de esta Ley se deben continuar tramitando de acuerdo con la normativa anterior.
Régimen de otros procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se rigen por la normativa anterior en todo cuanto no sea objeto de regulación transitoria específica.
Disposiciones reglamentarias aplicables Mientras no se apruebe el despliegue reglamentario de esta ley, son de aplicación las disposiciones reglamentarias vigentes en todo aquello que no se opongan, no la contradigan ni le resulten incompatibles.
Autorización para modificar y establecer determinadas reservas y previsiones El Gobierno, si las circunstancias lo aconsejan, puede modificar por decreto, con el dictamen previo de la Comisión Jurídica Asesora, las cuantías de las reservas y las previsiones a qué hacen referencia los artículos 43, 58.1.f y 65.3 y 4. Estas cuantías sólo se pueden disminuir, con el dictamen favorable previo de la Comisión Jurídica Asesora, si lo exigen circunstancias excepcionales. Igualmente, el Gobierno puede establecer otras reservas y previsiones de naturaleza análoga a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas o, si procede, del consejero o consejera de este Departamento y del consejero o consejera competente por razón de la materia.
Autorización para modificar las reservas para viviendas asequibles y de protección pública Se autoriza al Gobierno para modificar el porcentaje de la reserva fijada por el artículo 57.3 con carácter diferencial para ámbitos homogéneos, y también para modificar la densidad determinada por el mismo precepto.
Autorización para regular la homologación de documentación y la incorporación de las nuevas tecnologías Se autoriza al Gobierno para regular por decreto las materias siguientes:
Autorización para adaptar la cuantía de las multas Se autoriza el Gobierno para adaptar por decreto, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, la cuantía de las multas establecidas por los artículos 211 y 217 a la evolución de las circunstancias socio-económicas, en función del índice general de precios de consumo publicado por el Instituto Catalán de Estadística.
Autorización para modificar las comisiones territoriales de urbanismo y la composición de la Comisión de Urbanismo de Cataluña El Gobierno puede modificar, por decreto, el número y el alcance territorial de las comisiones territoriales de urbanismo, y también la composición de estas y de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.
Desarrollo de la Ley de urbanismo El Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley 10/2004, debe aprobar un reglamento que desarrolle íntegramente la Ley de urbanismo.

References: resolución 
 artículo 179
 resolución 
 resolución 
 artículo 197
 resolución 
 artículo 219
 artículo 202
 resolución 
 artículo 205
 artículo 179
 artículo 18
 resolución 
 artículo 15
 artículo 30
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 94
 artículo 57
 artículo 43
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 50
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 57
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 57
 artículo 65
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 113
 artículo 178
 artículo 19
 artículo 9
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 9
 artículo 26
 artículo 79
 artículo 48
 artículo 57