Source: https://tc.vlex.es/vid/atc-j-sstc-110-36-15354779
Timestamp: 2020-04-08 15:57:26+00:00

Document:
STC 205/1998, 26 de Octubre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354779
STC 205/1998, 26 de Octubre de 1998
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.882/1995
1. En relación con los incidentes de recusación, la doctrina sentada por este Tribunal desde el ATC 173/1995, luego reiterada en otras resoluciones posteriores, es precisamente la de que la resolución judicial que pone término al incidente de recusación, pese a su finalidad e importancia sobre el desarrollo del proceso penal y a ser una resolución irrecurrible según el art. 228 L.O.P.J., no supone el agotamiento de la vía judicial previa, sino que es preciso que ésta haya finalizado para asegurar así que no se trae ante el Tribunal Constitucional «ninguna lesión de un derecho fundamental mientras sea posible obtener remedio procesal ante los Tribunales ordinarios» (ATC 173/1995, fundamento jurídico 5.o). La exigencia, en estos casos, de agotar la vía judicial previa hasta su finalización impide calificar la demanda de extemporánea [F.J. 2]. 2. El recurrente ha obtenido una respuesta razonada y motivada sobre su pretensión por parte de los Tribunales competentes para ello, por lo que ningún reproche cabe hacer, desde la perspectiva constitucional, a las resoluciones ahora impugnadas, pues ni el derecho a la tutela judicial constitucionaliza el derecho a obtener una resolución favorable ni tampoco corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la concurrencia o no de las causas de recusación alegadas (por todas, STC 234/1994) [F.J. 3]. 3. Es reiterada doctrina de este Tribunal la de que el derecho a utilizar los medios de prueba no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas (entre otras, SSTC 40/1986, 170/1987, 167/1988, 168 y 211/1991; 233/1992, 351/1993, y 131/1995), y que sólo podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas relevantes sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad carente de razón (SSTC 149/1987, 233/1992, 351/1993, y 131/1995). En concreto, por lo que se refiere a la falta de práctica de una prueba previamente admitida, tiene declarado este Tribunal que la mera ausencia de la práctica de una prueba admitida como pertinente no supone por sí misma la infracción del art. 24.2 C.E., pues si no se practicase equivale objetivamente a una inadmisión y sólo es posible apreciar la infracción cuando la omisión de la ejecución de una prueba, declarada pertinente y admitida, produzca indefensión y sea imputable al órgano judicial (SSTC 116/1983, 147/1987, 50 y 167/1988, 205/1991, 65/1992, 357/1993, 110 y 131/1995) [F.J. 4]. 4. El reconocimiento en rueda es una diligencia sumarial que tiene por fin la identificación del inculpado en cuanto sujeto pasivo del proceso y para que tenga efecto probatorio es imprescindible, como regla general, que el mismo sea ratificado por quien hizo el reconocimiento en el acto del juicio oral (entre otras, SSTC 10/1992, 323/1993, 283/1994, 36 y 103/1995, 148/1996, 172/1997 y 164/1998) [F.J. 5].
Sentencia citada en: 1198 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario
En el recurso de amparo núm. 1.882/95, interpuesto por don Rafael L. O. representado por el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal y con la asistencia letrada de don Manuel M. A. contra la Sentencia, de 14 de mayo de 1993, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya en la causa 101/84 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao, y contra la dictada, el 30 de marzo de 1995, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en casación de la misma causa. En el proceso de amparo ha intervenido el Ministerio Fiscal y han sido partes doña Teresa A. M. representada por el Procurador don José Manuel Dorremochea Aramburu y asistida por el Letrado don José María Montero Zabala, y don Juan J. R. D. representado por la Procuradora doña Gema de Luis Sánchez y asistido por el Letrado don José Emilio Rodríguez Menéndez. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 22 de mayo de 1995, registrado en este Tribunal el día 24, el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal interpuso, en nombre y representación de don Rafael L. O. recurso de amparo contra la Sentencia, de 14 de mayo de 1993, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya en la causa 101/84 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao, que lo condenó por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, y contra la dictada, el 30 de marzo de 1995, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación interpuesto contra la anterior.
a) En el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao se siguió el sumario núm. 1/84, por el asesinato de don Santiago B. contra el hoy recurrente y otros. En dicha causa el Juzgado decretó la prisión provisional del hoy recurrente en Auto de 16 de marzo de 1989 y posteriormente su procesamiento por delito de asesinato en Auto de 26 de julio de 1990. El sumario fue concluido por Auto de 28 de octubre de 1991 y remitido, en fecha 2 de diciembre de 1991, a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya.
e) Celebrado el juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya dictó Sentencia el 14 de mayo de 1993, en la que condenó al hoy recurrente como autor de un delito de asesinato, a las penas de veintisiete años de reclusión e inhabilitación durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de tenencia ilícita de armas a las penas de seis años y un día de prisión mayor con la accesoria de suspensión de todo cargo publico y del derecho de sufragio durante la condena. En la misma Sentencia también fue condenado, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, don Juan J. R. D. quien ha comparecido como parte en el presente recurso.
a) Infracción del derecho a la libertad (art. 17.1 y 4 C.E.). La queja se dirige, en primer término, contra el Auto dictado el 18 de noviembre de 1991 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, luego confirmado en súplica por Auto de 12 de marzo de 1992, en el que se acordó prorrogar la prisión provisional del recurrente hasta el plazo máximo de cuatro años. El recurrente alega que la prórroga de la prisión provisional se adoptó una vez pasado el plazo máximo de dos años previsto en la Ley, por lo que la Sala debió acordar la excarcelación automática del recurrente, por «ministerio de la ley», en vez de acordar extemporáneamente la prórroga de la prisión. En segundo término, la infracción también se imputa al Auto de 26 de febrero de 1993 de la Audiencia Provincial, confirmado por Auto de 12 de marzo de 1993, en el que se acordó la interrupción del cómputo del plazo de prisión preventiva durante el tiempo de tramitación del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la desestimación, por la misma Audiencia, de la excepción de declinatoria de jurisdicción. Esta resolución -se afirma en la demanda- coartó el derecho del recurrente a recurrir en casación y le obligó a desistir del recurso planteado a fin de no prolongar su privación de libertad, lo que también supone infracción del derecho a obtener la tutela judicial efectiva.
5. Por escrito presentado el 16 de mayo de 1996, el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremoechea Aramburu solicitó su personación en nombre y representación de doña Teresa A. M. Posteriormente, por escrito presentado el 21 de mayo de 1996, la Procuradora de los Tribunales doña Gema de Luis Sánchez lo hizo en nombre y representación de don Juan J. R. D.
6. Por providencia de 6 de junio de 1996, la Sección tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador Sr. Dorremochea Aramburu, en nombre de doña Teresa A. M. Igualmente, por providencia de 18 de julio de 1996, tuvo por personada a la Procuradora doña Gema de Luis Sánchez en nombre y representación de don José Luis S. y acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimaren oportunas.
7. Por escrito presentado el 10 de septiembre de 1996, la representación de doña Teresa A. M. solicita la desestimación del recurso, por considerar que ninguna de las alegaciones de la demanda pueden servir como fundamento de la pretensión de amparo. En primer término alega que tanto la Sentencia de instancia como la de casación han desestimado las alegaciones del recurrente en buena y debida forma, por lo que ningún reproche cabe hacer a las mismas.
En tercer término, la decisión de la Audiencia de no computar, para el plazo máximo de prisión provisional, las dilaciones que la causa tuvo por la conducta procesal del recurrente, es conforme con la doctrina sentada al efecto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (T.E.D.H.), en aplicación de los arts. 5.1 c), 5.3 y 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos del Hombre, según la cual la conducta procesal del inculpado es una de las circunstancias a valorar para determinar si la duración de la prisión provisional puede considerarse o no como plazo razonable (así en las Sentencias de 25 de junio de 1987, caso Milasi; 25 de junio de 1987, caso Baggeta; 10 de noviembre de 1979, caso Matzmetter; 27 de junio de 1968, caso Wemholf; y 3 de junio de 1985, caso Vallon).
Por último, la adopción y mantenimiento de la prisión provisional del recurrente durante la tramitación de la causa también es conforme con la doctrina de este Tribunal acerca de la prisión provisional. En concreto -se afirma- «la peligrosidad del recurrente derivada de sus antecedentes penales, la movilidad geográfica que evidencia el lugar de comisión de los hechos delictivos propios y de sus familiares en diversos países del continente europeo (...) así como la gravedad de las acusaciones que pesaban contra él hacen plenamente comprensibles y ajustadas a derecho las resoluciones del Juez Instructor, la Sala de la Audiencia y el Tribunal».
8. La representación procesal del recurrente, por escrito presentado el 16 de septiembre de 1996, manifiesta, en primer término, que las actuaciones remitidas no son la totalidad de las mismas, pues faltan las cintas de vídeo del juicio oral y otras actuaciones (rollo de casación núm. 734/93; rollo de casación correspondiente al recurso formulado por el recurrente contra el Auto, de 9 de febrero de 1993, de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya; y los rollos de queja núms. 1.890/93 y 2.030/93 relativos, respectivamente, a la desestimación de la recusación y a la inadmisión de la querella). Por ello, solicita que se reclame la remisión de las mismas, cuya disponibilidad estima necesaria para la formulación de las alegaciones de defensa en el presente recurso de amparo. Asimismo solicita, con base en el art. 88 LOTC, que por los Organismos oficiales que corresponda se remitan los datos existentes sobre el atentado cometido en Bilbao, el 20 de noviembre de 1984, en el que perdió la vida don Santiago B.
9. El Ministerio Fiscal, por escrito presentado el 16 de septiembre de 1996, advierte que en la documentación remitida consta tan sólo el sumario 101/84, instruido por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao, y el correspondiente rollo de casación, pero falta la pieza separada de situación, donde constan parte de las resoluciones impugnadas, y el rollo de Sala de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Sin dicha documentación, a juicio del Fiscal, no es posible emitir el informe recabado, por lo que solicita, con base en el art. 88.1 LOTC, se pida la citada documentación y, una vez recibida, se le dé traslado de la misma, con un nuevo plazo, para formular alegaciones.
10. Por providencia de 18 de diciembre de 1996, la Sección, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó: A) Recabar de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la remisión de las siguientes actuaciones, seguidas a instancia de don Rafael L. O. 1) Rollo del recurso de casación interpuesto contra Auto de 9 de febrero de 1993 de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, resolutorio de la excepción de declinatoria de jurisdicción; 2) Rollo del recurso de queja núm. 1.890/93, interpuesto contra Auto desestimando la recusación de los Magistrados componentes de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya; 3) Rollo del recurso de queja núm. 2.030/93, interpuesto contra Auto de inadmisión de querella; y 4) Caso de encontrarse a disposición de la Sala, las grabaciones en vídeo del juicio oral celebrado ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, correspondientes al rollo penal núm. 121/91 y, en su caso, las transcripciones de las mismas certificadas unas y otras por el Secretario; B) Recabar de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya la remisión de las siguientes actuaciones: 1) Pieza separada de situación del sumario núm. 101/84 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao; 2) Rollo penal núm. 121/91 correspondiente al mismo sumario; y 3) Las grabaciones en vídeo del juicio oral correspondientes a la citada causa y, en su caso, las transcripciones de las cintas, certificadas unas y otras por el Secretario; y C) Resolver sobre las restantes peticiones de la representación del recurrente y del Ministerio Fiscal una vez recibidas las actuaciones solicitadas.
13. La representación de doña Teresa A. M. en escrito presentado el 9 de mayo de 1997, manifestó que era de su interés la reproducción de las imágenes obrantes en la cinta primera, concretamente en el extremo referido al incidente de recusación de los Magistrados que conformaban la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya instado por el recurrente de amparo. La representación de don Juan J. R. D. por escrito presentado en la misma fecha, pidió la proyección de todas las cintas a fin de llegar a un mejor conocimiento del asunto. El Ministerio Fiscal, por escrito de 13 de mayo, manifestó que no interesaba la proyección de ninguna de las cintas de vídeo, dado que no formuló petición alguna al respecto.
14. Por providencia de 19 de mayo de 1997, la Sección acordó tener por interpuesto recurso de súplica por la parte recurrente contra la providencia de 29 de abril de 1997, y conceder el plazo común de tres días al resto de las partes personadas y al Ministerio Fiscal a fin de que presenten las alegaciones que estimen oportunas sobre dicho recurso. En dicho trámite, la representación de doña Teresa A. M. en escrito de 23 de mayo, consideró del todo punto innecesaria la práctica de las pruebas solicitadas por el recurrente por no interesar al presente recurso. El Ministerio Fiscal, por escrito de 30 de mayo, alegó que el recurso de súplica carecía de todo fundamento, pues no había existido resolución alguna del Tribunal en cuanto a la recepción a prueba, limitándose en la providencia recurrida a solicitar información para poder hacerlo posteriormente.
16. Por providencia de 30 de junio de 1997, la Sección acordó no haber lugar a la entrega de copia de las cintas de vídeo recibidas y sí a la proyección de las mismas en su totalidad, en presencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, y a los solos efectos de tomar conocimiento suficiente para formular sus alegaciones, señalando los días y horas para su práctica. Asimismo, acordó conceder un plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la finalización de la proyección, para que las partes y el Ministerio Fiscal presenten sus alegaciones conforme determina el art. 52.1 LOTC, o en su caso completen las ya formuladas.
18. Por escrito presentado el 10 de septiembre de 1997, la representación de don Juan J. R. D. da por reproducidas las alegaciones formuladas por la representación procesal del recurrente de amparo.
19. La representación de doña Teresa A. M. en escrito presentado el 30 de julio de 1997, interesa la desestimación del recurso de amparo y se ratifica en las alegaciones ya formuladas en fecha 9 de septiembre de 1996. Añade, no obstante, en primer término, que en el Auto de 18 de enero de 1991, ahora impugnado, la Audiencia Provincial decretó la prisión provisional del recurrente y no la prolongación de la acordada en su día por el Juez Instructor. En segundo término, que el ahora recurrente anunció, en fecha 18 de diciembre de 1991, la interposición de un recurso de amparo que no llegó a formalizar dentro del plazo preclusivo señalado en la Ley Orgánica de este Tribunal. Por último, tal y como se comprueba en las cintas de vídeo (cintas 1 y 2), la queja tampoco fue planteada en el juicio oral.
En primer lugar, por lo que respecta al motivo de amparo referido a la violación del derecho a la libertad (art. 17.1 C.E.), señala que la Audiencia, al dictar el Auto de 18 de enero de 1991, ahora impugnado, era consciente de que se había rebasado el plazo máximo y de la imposibilidad de prolongar la prisión provisional, por lo que acordó una medida equivalente: la Sala volvió a acordar la prisión del imputado «por el período que reste de cumplir los cuatro años de prisión provisional». Tal solución no se compadece con las garantías del art. 17.1 C.E. pues supone una forma de burlar las exigencias legales al adoptar una medida equivalente a la prolongación de la prisión, ya que una vez concluido el plazo legal no puede prorrogarse ni volverse a acordar la prisión provisional, salvo que concurra alguna circunstancia sobrevenida de singular importancia, como la prevista en el art. 504.1 L.E.Crim. (la falta de comparecencia del inculpado al primer llamamiento del Juez o Tribunal sin motivo legítimo).
1. La cuestión planteada en el presente recurso consiste en determinar si en el proceso penal seguido contra el hoy recurrente de amparo, en el que ha sido condenado como autor de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por Sentencia de 14 de mayo de 1993 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, luego confirmada en casación por Sentencia de 30 de marzo de 1995 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han sido vulnerados los derechos a la libertad (art. 17.1 y 4 C.E.), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.).
2. Pero antes de entrar en el examen del fondo del asunto es preciso resolver la posible extemporaneidad de la demanda, pues tanto el Ministerio Fiscal como la representación de doña Teresa A. M. alegan que algunas de las pretensiones de amparo, en especial las referidas a la supuesta vulneración del derecho a la libertad del art. 17 C.E., han sido planteadas extemporáneamente al denunciar tal violación constitucional una vez finalizado el proceso.
A) El recurrente imputa la infracción del derecho a la libertad (art. 17.1 y 4 C.E.), en primer término, al Auto dictado el 18 de diciembre de 1991 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, luego confirmado en súplica en Auto de 12 de marzo de 1992, que acordó el mantenimiento de la prisión provisional del hoy recurrente hasta el plazo máximo previsto en el art. 504 L.E.Crim., por estimar que tal decisión suponía una prórroga indebida de la prisión provisional acordada en su día por el Juzgado Instructor y que no había sido prorrogada después de transcurridos dos años. En segundo término, también se imputa al Auto de 26 de febrero de 1993, confirmado en súplica en Auto de 12 de marzo de 1993, en el que la Sala acordó la interrupción del cómputo del plazo máximo de prisión durante el tiempo de tramitación del recurso de casación que el recurrente había interpuesto contra la desestimación de la excepción de declinatoria de jurisdicción por él planteada. En la demanda se aduce que dicha decisión permitía la prolongación de la prisión provisional más allá del límite legal máximo y obligó al recurrente a desistir del recurso planteado para no ver prolongado su tiempo de permanencia en situación de prisión provisional.
B) No procede, en cambio, apreciar la citada causa de inadmisión por razón de extemporaneidad respecto de las infracciones constitucionales que el recurrente imputa a la desestimación del incidente de recusación por él formulado, tal y como sugiere el Fiscal en su escrito de alegaciones. En relación con los incidentes de recusación, la doctrina sentada por este Tribunal desde el ATC 173/1995, luego reiterada en otras resoluciones posteriores, es precisamente la de que la resolución judicial que pone término al incidente de recusación, pese a su finalidad e importancia sobre el desarrollo del proceso penal y a ser una resolución irrecurrible según el art. 228 L.O.P.J., no supone el agotamiento de la vía judicial previa, sino que es preciso que ésta haya finalizado para asegurar así que no se trae ante el Tribunal Constitucional «ninguna lesión de un derecho fundamental mientras sea posible obtener remedio procesal ante los Tribunales ordinarios» (ATC 173/1995, fundamento jurídico 5.). La exigencia, en estos casos, de agotar la vía judicial previa hasta su finalización impide calificar la demanda de extemporánea.
En segundo término, el examen de las actuaciones pone de manifiesto, en contra de lo afirmado en la demanda de amparo, que los Magistrados integrantes de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya en ningún momento intervinieron en la causa desde que el recurrente planteó el incidente de recusación hasta que el mismo fue desestimado. Basta con señalar, al respecto, de una parte que, por providencia de 3 de mayo de 1993, la propia Sala se apartó del conocimiento de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 225 L.O.P.J. De otra parte, el Presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, por Acuerdo de fecha 3 de mayo de 1993, resolvió formar la Sala con Magistrados de las Secciones Tercera, Cuarta y Quinta de la Audiencia Provincial no afectados de pérdida de imparcialidad objetiva. Sólo después de resuelto y desestimado el incidente de recusación por la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la causa continuó tramitándose por la Sección Primera de la citada Audiencia Provincial. En este sentido, ninguna relevancia tiene el hecho de la ulterior querella presentada por el recurrente contra los Magistrados integrantes de la Sala, que posteriormente fue inadmitida, por no ser los hechos constitutivos de delito, por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Auto de 1 de julio de 1993, dictado en el procedimiento de antejuicio núm. 2/93, puesto que la recusación ya había sido previamente desestimada y en el mismo Auto resolutorio del incidente de recusación se resolvió que, aunque el recusante hubiera interpuesto querella en forma legal, para apreciar la concurrencia de la causa de recusación prevista en el art. 219.4 L.O.P.J. «en todo caso era preciso que se hubiera acreditado que ésta había sido admitida (...) y esta prueba no se ha practicado ni siquiera intentado» (Auto de 3 de mayo de 1993 de la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, fundamento jurídico 3.).
Es reiterada doctrina de este Tribunal la de que el derecho a utilizar los medios de prueba no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas (entre otras, SSTC 40/1986; 170/1987; 167/1988; 168/1991; 211/1991; 233/1992; 351/1993;y 131/1995), y que sólo podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas relevantes sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad carente de razón (SSTC 149/1987;233/1992; 351/1993; y 131/1995). En concreto, por lo que se refiere a la falta de práctica de una prueba previamente admitida, tiene declarado este Tribunal que la mera ausencia de la práctica de una prueba admitida como pertinente no supone por sí misma la infracción del art. 24.2 C.E., pues la no práctica equivale objetivamente a una inadmisión y sólo es posible apreciar la infracción cuando la omisión de la ejecución de una prueba, declarada pertinente y admitida, produzca indefensión y sea imputable al órgano judicial (SSTC 116/1983; 147/1987; 50/1988; 167/1988; 205/1991; 65/1992; 357/1993; 110/1995; y 131/1995).
El recurrente denuncia, sin mayor razonamiento, que la falta de práctica de algunas de las pruebas que habían sido admitidas y declaradas pertinentes vulnera el derecho a utilizar los medios de prueba para la defensa. Pero de la lectura de las Sentencias recurridas se comprueba que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo razonan y justifican debidamente la no práctica de las pruebas inicialmente admitidas. En concreto, por lo que se refiere a la prueba documental, las fichas solicitadas (de alquiler y estancia en unos concretos apartamentos) no pudieron ser incorporadas porque en las actuaciones constan «los oficios de la gerencia de los Apartamentos y de la Dirección General de la Policía que explican la imposibilidad de aportar tales fichas por haber sido destruidas dado el tiempo transcurrido» [fundamento jurídico 2., apartado 1) de la Sentencia de instancia]. En cuanto a la prueba testifical, su no práctica fue debida a la incomparecencia de los testigos propuestos, en un caso por propia voluntad del testigo, que aunque se encontraba en el extranjero había sido citado mediante comisión rogatoria internacional, y en los demás por la imposibilidad de citarlos, no obstante los esfuerzos realizados para ello, al estar en paradero desconocido. La decisión de la Audiencia Provincial, ratificada por el Tribunal Supremo, de no suspender el juicio por este concreto motivo aparece razonada y motivada y de la misma no se deriva infracción alguna del art. 24.2 C.E. (por todas, STC 65/1992).
De otra parte, la queja del recurrente aparece como puramente retórica y formal, desprovista de cualquier razonamiento o argumento sobre la necesidad y pertinencia para la defensa de las pruebas no practicadas, por lo que no es posible apreciar indefensión material. Basta con señalar, al respecto, que en la demanda de amparo nada se dice acerca de la relevancia o incidencia para la defensa de las pruebas no practicadas, cuando ello es imprescindible para atender cualquier pretensión de amparo (SSTC 51/1990 y 65/1992). Tampoco lo hizo al recurrir en casación, como pone de manifiesto el Tribunal Supremo, ni siquiera en el acto del juicio oral, donde formuló protesta por la decisión de la Sala de no suspender el juicio pero no hizo constar «el contenido de las preguntas que iba a formular a los incomparecidos, requisito imprescindible para calibrar la entidad de la testifical fallida» [fundamento jurídico 2., apartado 2), de la Sentencia de instancia].
B) En segundo término, ninguna relevancia tiene en orden a la eficacia probatoria del reconocimiento en rueda, posteriormente ratificado en el juicio oral, el hecho de que dos años antes el Juzgado Instructor hubiese ordenado varios reconocimientos fotográficos con los álbumes policiales. Primero, porque la diligencia de reconocimiento fotográfico no pasa de ser un medio válido de investigación policial -o judicial, como en este caso- que carece de relevancia en relación con la presunción de inocencia cuando la condena se basa en la actividad probatoria practicada en el juicio oral (SSTC 323/1993; 36/1995; 40/1997 y 172/1997). Pero sobre todo porque la alegación del recurrente de que la previa exhibición de su fotografía pudo influir en el resultado de la posterior rueda de reconocimiento no deja de ser una mera conjetura, sin soporte probatorio alguno, pues, aparte de que el reconocimiento fotográfico previo no invalida por sí mismo la posterior diligencia sumarial de reconocimiento en rueda ni el reconocimiento directo en el juicio oral, en el presente caso la testigo presencial ni siquiera reconoció al recurrente en la diligencia de reconocimiento fotográfico ordenada por el Juez Instructor, por lo que, como razona la Audiencia en la Sentencia de instancia (fundamento jurídico 8.), ningún condicionamiento pudo tener la previa exhibición de la fotografía en relación con el reconocimiento en rueda realizado dos años después.
C) Por último, la decisión de los Tribunales de conceder credibilidad al testimonio de la testigo, en especial al reconocimiento del recurrente como autor de los hechos a pesar de que la identificación no fue expresada en términos absolutos, es propio de la valoración de las pruebas y consustancial con la función jurisdiccional. En la Sentencia de instancia, por lo demás, se razona debidamente, con amplias explicaciones al respecto, la certidumbre de la identificación con base, sobre todo, en la declaración prestada por la testigo en la vista oral donde con inmediación, publicidad y contradicción fue ampliamente interrogada sobre el reconocimiento efectuado. Igualmente se razona que la no identificación categórica del recurrente por parte de la testigo, lejos de debilitar el reconocimiento, «le dota de credibilidad al dar una razonada y razonable explicación de ese porcentaje del 90 por 100 (en la identificación), expresión que es un convencionalismo lingüístico muy plástico pero que no se debe interpretar en clave puramente matemática, máxime si se tiene en cuenta que se da una explicación del mismo por el tiempo transcurrido (...) y los innegables cambios morfológicos que toda persona puede tener en ese dilatado período de tiempo» (fundamento jurídico 8. de la Sentencia de instancia).
Denegar el amparo solicitado por don Rafael L. O.
STS 750/2015, 30 de Diciembre de 2015
STSJ Murcia , 17 de Marzo de 2000

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