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Timestamp: 2020-02-26 01:07:19+00:00

Document:
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA,
La siguiente: Ley de Amparo
1) Por violación de la Constitución o de las leyes Constitucionales, mediante acuerdos, resoluciones, órdenes, mandatos o actos de cualquier funcionario, autoridad, corporación pública o agente de los mismos;
2) Por inconstitucionalidad de una Ley, tratado o decreto que se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales de Justicia, al ser aplicados en caso concreto, a cualquier persona, en perjuicio de sus derechos o cuando causen perjuicio por el solo hecho de su promulgación;
5) Por auto de prisión dictado contra quien no estando detenido materialmente pretenda librarse de sus efectos.
Artículo 2.- El amparo sólo puede proponerse por parte agraviada. Se entiende por tal, toda persona natural o jurídica a quien perjudique o esté en inminente peligro de ser perjudicado por la ley, tratado, decreto, acuerdo, resolución, orden, mandato o acto contra el cual se reclama.
Las personas jurídicas, solamente pueden proponer el amparo cuando resulten afectadas en sus intereses patrimoniales.
Artículo 3.- En los casos de los ordinales 3) y 4) del Arto. 1º cualquier habitante de la República podrá interponer el amparo en favor del agraviado, en forma verbal, por escrito o por telégrafo.
Contra Quién Podrá Interponerse el Amparo
Artículo 5.- Cuando se trate de inconstitucionalidad de una ley, tratado o decreto, el amparo se dirigirá contra el Ministro de Estado que lo refrende.
Artículo 6.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer del amparo en los casos de los ordinales 1) y 2) del Arto. 1º; a la Sala de lo Criminal de la respectiva Corte de Apelaciones en los casos de los ordinales 3) y 5) del mismo artículo; y a los Jueces de Distrito de lo Criminal contra los actos de particulares de que habla el ordinal 4).
En los casos de los ordinales 3), 4) y 5) del Arto. 1º, el amparo puede interponerse en cualquier tiempo, mientras subsiste la privación de la libertad personal o la amenaza. Todos los días y horas son hábiles para este fin.
Artículo 8.- La acción de amparo en los casos de los ordinales 1) y 2) del Arto. 1º, se formulará por escrito, en papel común, consignándose:
1) El nombre, domicilio y demás calidades del quejoso y los de la persona que la promueva en su nombre;
3) La ley, decreto, tratado, acuerdo, resolución, orden, mandato, o acto contra los cuales se reclama;
El Tribunal concederá al quejoso, un plazo prudencial para que llene las omisiones de los requisitos que notare en la demanda. Si el agraviado dejare pasar este plazo, el amparo se tendrá como no interpuesto.
En el caso del ordinal 5) del Arto.1º, el procesado deberá comparecer personalmente.
Artículo 11.- Las personas jurídicas sólo podrán interponer amparo por medio de su legítimo representante.
Artículo 13.- La falta de informe establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; sin embargo si la violación de las garantías se refiere a la falsedad de los motivos, datos o pruebas en que se fundó el acto por el que se pide el amparo, la prueba corresponderá al reclamante.
Artículo 14.- En lo que no estuviese establecido en esta ley sobre procedimiento, se seguirán las reglas del Código de Procedimiento civil, en todo lo que se aplicable a juicio del Tribunal, dándose intervención en las actuaciones, tanto a la persona que interpone el amparo, como al funcionario o autoridad contra quien se dirija y a los demás a quienes pueda afectar la resolución final y que se hubieren presentado.
Artículo 15.- Los Poderes del Estado, funcionario o autoridad no pueden ser representados en el amparo; pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados ante el Tribunal para el solo efecto de que rindan pruebas, aleguen y hagan gestiones en las correspondientes audiencias.
Si el Tribunal Supremo no encontrare datos suficientes para resolver el amparo, lo abrirá a prueba por el término de diez días, siendo admisible toda clase de prueba.
Artículo 18.- Procederá la suspensión de oficio, cuando se trate de algún acto que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado o cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, funcionario o agente contra quien se interpusiere el recurso, o cuando el acto sea de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente.
1) Que, con la suspensión, no se siga perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público;
3) Que, el reclamante otorgare garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que por la suspensión pudieren causarse a terceros, si el amparo fuere declarado sin lugar.
Artículo 20.- Al decretarse la suspensión el Tribunal procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia u objeto del amparo, hasta la terminación del respectivo procedimiento.
Artículo 21.- La suspensión otorgada conforme el Arto. 19, quedará sin efecto si el otro interesado da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que tenían antes del acto que motivó el amparo y de pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso en el caso de que se declare con lugar el amparo.
Artículo 23.- Las sentencias que se pronuncien en asuntos de amparo sólo se referirán a los individuos particulares o a las personas jurídicas, que lo hubiesen solicitado, limitándose, si procediese, a ampararlos y protegerlas en el caso especial controvertido; pero cuando el amparo fuese interpuesto contra una ley, decreto o tratado, la sentencia hará declaración general respecto de la misma.
Artículo 24.- Las sentencias deberán ser razonadas con fijación clara del acto o actos reclamados, e indicación de los fundamentos legales en que se apoyan para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y de los puntos resolutivos con que deben terminar concretándose en ellos con claridad y precisión el acto o actos por los que se concede o niega el amparo.
Cuando el amparo se dirija contra una ley, decreto o tratado, rearguyéndolos de inconstitucionales, la sentencia que acoge el amparo, deberá declarar la inaplicabilidad de la ley o decreto o la invalidez del tratado.
Artículo 25.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad o funcionario responsable a que obre en el sentido de respetar la ley o garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma exija.
Artículo 26.- Las sentencias que declaren la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o tratado, causarán estado, en cuanto a la validez o inaplicabilidad de dicha ley, decreto o tratado. Las demás sentencias dictadas en amparo, no adquieren el carácter de cosa juzgada, pero la repetición de un amparo interpuesto por la propia persona perdidosa y fundada en los mismos hechos y en las mismas consideraciones legales de la anterior, será rechazada de plano y se le impondrá una multa de cien a Cinco Mil Córdobas.
La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o tratado, deberá publicarse, además, en "La Gaceta", Diario Oficial.
Artículo 28.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, las autoridades o funcionarios responsables no dieren cumplimiento a la sentencia, en el caso en que la naturaleza del acto lo permita, la Corte Suprema requerirá al superior inmediato de la autoridad o funcionario responsable, para que obligue a éstos a cumplir sin demora la sentencia; y si dicha autoridad o funcionario, no tuviese superior jerárquico, el requerimiento se hará directamente a ellos. Cuando la sentencia no se obedeciese a pesar de los requerimientos, la Corte Suprema de Justicia pondrá al remiso a la orden de la autoridad competente para que deduzca las responsabilidades criminales del caso.
Artículo 29.- Si la autoridad responsable que se negase a cumplir la sentencia gozara de inmunidad, la Corte Suprema de Justicia lo comunicará a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 153 Cn.
Artículo 30.- Si después de concedido el amparo, el funcionario o autoridad responsable insistiese en la repetición del acto reclamado o tratase de eludir la sentencia, será separado de su cargo y sometido a los jueces para que lo juzguen por el delito cometido.
4) Contra los actos que hubiesen sido consentidos por el agraviado de modo expreso o tácito. Se presume consentidos aquellos actos por los cuales no se hubiese recurrido de amparo dentro del término legal;
7) Contra los actos relativos a la organización de los Poderes del Estado y el nombramiento y remoción de los funcionarios que gozan de inmunidad;
8) Contra las resoluciones que admiten recurso para ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y las que dicte este mismo Tribunal.
Artículo 32.- El peticionario, al solicitar el amparo, deberá expresar los hechos que lo motivan, el lugar en que se hallase el detenido o amenazado de serlo, si se supiere , y el nombre o el cargo del que ejerce la autoridad o del funcionario que ordenó la detención. La petición podrá hacerse en papel común, por telegrama o carta y aún verbalmente, levantándose en este último caso el acta correspondiente.
Artículo 33.- Introducida en regla la petición, la Sala de lo Criminal de la respectiva Corte de Apelaciones que será la de la jurisdicción donde se encuentra el detenido o amenazado de serlo dictará el decreto de exhibición y nombrará un Juez Ejecutor, que podrá ser cualquier autoridad o empleado del orden civil o un ciudadano, de preferencia abogado, de notoria honradez e instrucción, mayor de edad y residente en el lugar en donde se encuentre la autoridad que ordenó la detención u otro inmediato.
El cargo de Ejecutor será gratuito y obligatorio, y sólo por imposibilidad física o implicancia comprobadas, podrá negarse a desempeñarlo bajo pena de Quinientos a Un Mil Córdobas de multa, sin perjuicio de ser juzgado, por desobediencia.
Artículo 35.- La persona o autoridad requerida cumplirá lo mandado por el Ejecutor en el acto mismo de la notificación. Si se negare, el Ejecutor dará cuenta al Tribunal para que dicte las medidas tendientes al cumplimiento del mandato. Si expusiere no estar a su orden el detenido deberá indicar la autoridad o funcionario que ordenó la detención; y en ese caso el Ejecutor procederá contra la autoridad indicada, siempre que ésta se hallase en la misma población.
En otro caso, devolverá las diligencias a la Sala, quien designará un nuevo Ejecutor y si el ofendido no se encuentra en la jurisdicción del Tribunal, éste pasará las diligencias a la Sala que sea competente por razón del lugar.
Artículo 36.- Desde la notificación e intimación del Ejecutor todo procedimiento de la autoridad requerida será nulo y delictuoso.
2) Si el que tiene bajo su custodia a otro fuese la autoridad competente, pero no hubiere iniciado el proceso o no hubiere proveído auto de prisión en el término legal, el Ejecutor mandará por auto ponerlo en libertad bajo fianza de la haz otorgada apud acta ante el mismo Ejecutor. Fuera de estos tres casos, el Ejecutor dispondrá por auto, que el proceso siga su curso;
3) Si el que se hallare bajo custodia lo estuviese por sentencia condenatoria firme, el Ejecutor decretará por auto que el detenido continúe en tal condición por el término legal; pero si ya hubiese cumplido la condena, el Ejecutor mandará por auto, ponerlo inmediatamente en libertad. Si se tratare de una sentencia judicial que el reo afirme ya está cumplida por compensaciones legales, es necesario que esté liquidada la pena para que pueda ordenar su libertad. El Juez Ejecutor ordenará tal liquidación;
4) Si el que se hallare bajo la custodia de otro sufre diferente pena o más prisiones de las contempladas por la ley o sentencia según el caso, o estuviese incomunicado, contra lo que ellas previenen, el Ejecutor dispondrán por auto que cumpla la pena señalada en la sentencia, que no sea molestado con esas prisiones o que cese la incomunicación;
Artículo 38.- La autoridad, funcionario o empleado público, contra quien se pidiese la exhibición, obedecerá inmediatamente la intimación y lo resuelto por el Juez Ejecutor, bajo pena de una multa de Quinientos a Dos Mil Córdobas, sin perjuicio de ser juzgado por el delito que corresponda.
El Tribunal que conoce del recurso impondrá la multa y ordenará el juzgamiento del culpable.
Si el Poder Ejecutivo se negare o dejare transcurrir el término sin llevar a efecto el auto, la Corte Suprema de Justicia hará constar el hecho y dará cuenta a la Cámara de Diputados, para los efectos de los Artos. 153 y 156 Cn., sin perjuicio de disponer el enjuiciamiento del empleado desobediente y de los derechos que correspondan al interesado o interesados.
En el caso de que la Corte Suprema de Justicia no ponga en conocimiento del Poder Ejecutivo, la desobediencia del empleado o agente aludido o deje de hacer constar en las diligencias ese hecho, y omita dar cuenta de ello a la Cámara de Diputados, el interesado o interesados tienen derecho de presentarse directamente ante la Cámara para los efectos de los artículos 153 y 156 Cn.
1) Cuando por declaración dada bajo promesa de ley de un testigo fidedigno o por indicio grave, aparece que alguno se hallare en prisión o custodia ilegales, y hay motivos fundados para creer que será extrañado del territorio de la República;
Artículo 42.- Siempre que la Sala de lo Criminal de la Corte de Apelaciones respectiva, declare que no ha lugar a la solicitud de exhibición personal o desoiga la petición, sin apoyarse en ley expresa, podrá el solicitante recurrir de queja ante la Corte Suprema de Justicia y ésta, resolverá dentro de veinticuatro horas lo que sea de justicia, con vista de las razones expuestas por el interesado.
Artículo 43.- El recurso de queja deberá interponerse dentro de los veinte días después de la negativa, y cuando por motivos de impedimento, no pudiere internarse, el plazo empezará a contarse desde que cesó el impedimento.
Artículo 44.- Si los Magistrados que han negado la solicitud de exhibición fuesen declarados, por ello, responsables, sufrirán, además de las penas establecidas en el Código Penal, una multa de Quinientos a Un Mil Córdobas cada uno de ellos.
Artículo 45.- Si la restricción de la libertad personal de que trata esta ley, procediera de una autoridad o funcionario que obra fuera de su órbita legal, el autor, cómplice o encubridor sin perjuicio de las otras penas, incurrirá en una multa de Quinientos a Un Mil Córdobas.
Artículo 49.- El particular contra quien se reclama obedecerá inmediatamente el mandato del Juez o delegado, a quienes podrán pedir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por causa de su renuncia.
Artículo 50.- Cuando un procesado, sabiendo que se le ha proveído auto de prisión, quiera liberarse de éste, no estando capturado, podrá presentarse personalmente ante la Sala de lo Criminal de la Corte de Apelaciones respectiva, en forma verbal o por escrito en papel común, exponiendo el hecho y pidiendo se le ampare contra la providencia del Juez inferior.
Artículo 55.- El cumplimiento de la sentencia que se pronuncia en las cuestiones de amparo, no obsta para que se proceda contra el responsable o responsables por los delitos o faltas que hubieran cometido, ni para los reclamos de daños y perjuicios a que hubiere lugar.
Artículo 56.- No podrá aplicarse en ningún caso ni forma una ley, tratado, decreto-ley,.decreto, reglamento, orden, disposición o medida que haya sido declarado inconstitucional, bajo pena para el responsable de inhabilitación para el desempeño del cargo por el tiempo que indique la ley.
Artículo 57.- Fuera de las cuestiones de amparo por inconstitucionalidad de una ley, decreto o tratado, la sentencia se limitará a proteger o amparar a las personas en los casos sobre que verse el amparo, sin hacer declaración respecto al acto que lo ha motivado.
Artículo 58.- Siempre que al declararse con lugar el amparo, apareciese que la violación cometida constituye delito, se dará parte a quien corresponda deducir la responsabilidad por la infracción penal cometida.
Artículo 59.- Las multas que se apliquen en virtud de esta ley, se harán efectivas por el Tribunal que conozca del amparo aún mediando apremio corporal, si fuere necesario. Estas multas se impondrán a favor del damnificado o sus herederos, y prescribirán conforme el derecho común. Las multas a que se refieren los Artos. 27 y 60 serán a favor del Fisco.
Artículo 60.- Los alcaides, guardas o encargados de la custodia de detenidos o presos, darán copia firmada de la orden de detención o prisión a las personas que custodian, o al que la solicite en su nombre.
Si la copia fuere denegada, o se retardare su entrega por más de veinticuatro horas, la persona a quien se le hubiese pedido, incurrirá en una multa de Cien a Quinientos Córdobas, la cual se impondrá, en virtud de denuncia, por el Juez de Distrito o Local del lugar, sin perjuicio de la obligación de extender la copia, y de la responsabilidad a que hubiese lugar.
Artículo 61.- La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión, debidamente notificado, será castigada de conformidad con el Código Penal.
Artículo 62.- Mientras no se apruebe la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a que se refiere el Arto. 303 Cn., la Corte Suprema de Justicia sustanciará los asuntos de lo Contencioso Administrativo que dieren lugar al recurso de amparo conforme esta ley.
Artículo 63.- Queda derogada la Ley de Amparo emitida por la Asamblea Nacional Constituyente el día seis de Noviembre de mil novecientos cincuenta. Los amparos pendientes al entrar en vigor esta ley, se continuarán tramitando de conformidad con ella.
Dada en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.- Managua, Distrito Nacional, dieciocho de Octubre de mil novecientos setenta y cuatro.- Cornelio H. Hüeck, Presidente.- Luis Pallais Debayle, Secretario.- Carlos José Solórzano Rivas, Secretario.
Por tanto: Publíquese.- Casa Presidencial.-Managua, D.N., veinticinco de Octubre de mil novecientos setenta y cuatro. JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO.- (f) R. MARTINEZ .- (f) EDM. PAGUAGA I.- (f) A. LOVO CORDERO.- Doy Fé: Leandro Marín Abaunza, Ministro de la Gobernación.*** Nota: El Artículo 16, no venía en La Gaceta original por lo cual no se incluye en esta base de datos.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14
 resolución 

Artículo 15

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 28

Artículo 29
 Artículo 153

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 38

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 Artículo 16