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Timestamp: 2020-07-08 11:21:30+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 21, de 29/05/2000
Serie D: 29 de mayo de 2000 Núm. 21 GENERAL
162/000035 Portavoces de los Grupos Parlamentarios ... (Página 4)
Composición de la Junta de Portavoces ... (Página 5)
Pleno 162/000035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reapertura del ferrocarril transfronterizo del Canfranc ... (Página 6)
162/000036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el respeto a los derechos democráticos en Perú ... (Página 7)
162/000037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar las subidas desmedidas de los carburantes para su utilización en el sector agrario ... (Página 8)
162/000038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas ... (Página 9)
162/000039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una Ley General y un Plan Nacional de Inspección y Control Ambiental ... (Página 10)
Comisión de Justicia e Interior 161/000040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención de la creciente presión impuesta por el fenómeno de la inmigración ilegal sobre las costas orientales de Canarias ... (Página 11)
161/000051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a medidas de prevención de accidentes y perfeccionamiento de las normas de seguridad en las industrias pirotécnicas ... (Página 12)
Comisión de Defensa 161/000046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reestructuración de los Servicios de Inteligencia ... (Página 13)
161/000052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre finalización de la utilización de la zona de las Bárdenas como polígono de tiro del Ejército ... (Página 14)
Comisión de Educación, Cultura y Deporte 161/000048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Orden de 15 de junio de 1998 para no discriminar al estudiantado gallego de extracción rural en la solicitud de becas y ayudas al estudio ... (Página 15)
Comisión de Economía y Hacienda 161/000047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre devolución de la denominada Casa Sindical de Estella-Lizarra (Navarra) al Ayuntamiento de dicha localidad ... (Página 16)
161/000049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a declaración de exención de las rentas procedentes de becas de investigación y otras ayudas públicas al estudio percibidas por licenciados universitarios o titulados de nivel equivalente a los efectos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ... (Página 17)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/000050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre aplicación de la modulación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al campo español, contemplada en el reglamento horizontal de las Ayudas 2000, al objeto de incrementar el presupuesto destinado a financiar los programas de Desarrollo Rural ... (Página 18)
Comisión de Política Social y Empleo 161/000043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de las normas laborales y de la Seguridad Social en relación con los contratos de carácter temporal ... (Página 19)
Comisión de Medio Ambiente 161/000041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre oposición a la ampliación de las actuales instalaciones de El Cabril ... (Página 20)
161/000042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a actuaciones para la regeneración de la bahía de Portmán y la Sierra Minera ... (Página 20)
161/000044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de un refugio pesquero en la Isleta del Moro (Almería) ... (Página 21)
161/000045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para lograr la conservación integral del Parque Nacional Picos de Europa ... (Página 22)
161/000053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre zonas susceptibles para la instalación de parques eólicos ... (Página 23)
Comisión de Ciencia y Tecnología 161/000036 Pasa a tramitarse ante la Comisión de Economía y Hacienda la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reordenación y fortalecimiento del sector español de bienes de equipo ... (Página 24)
Comisión de Asuntos Exteriores 181/000002 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Fernando López Aguilar (GS), sobre medidas del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental ... (Página 24)
Comisión de Defensa 181/000006 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GIU), sobre garantías que figuran en el pliego de venta de las factorías mecánicas (Trubia, Oviedo y Sevilla), para que se mantenga la unidad de la empresa y todas sus factorías ... (Página 24)
181/000007 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GIU), sobre garantía jurídica que se daría a los alemanes de que su tecnología de fabricación del carro de combate Leopard no será transferida a los Estados Unidos a través de General Dynamics ... (Página 25)
181/000009 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GIU), sobre riesgos económicos potenciales para España y para su industria de Defensa en caso de represalias por parte de Alemania, así como previsiones acerca de la exigencia por dicho país de una renegociación de los acuerdos que son favorables para España ... (Página 25)
Comisión de Economía y Hacienda 181/000008 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GIU), sobre adaptación a la normativa española sobre explosivos y europea sobre medio ambiente de las factorías de Santa Bárbara ... (Página 26)
Comisión de Infraestructuras 181/000005 Pregunta formulada por la Diputada doña Mercedes Gallizo Llamas (GS), sobre destino previsto por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) para sus actuales instalaciones en la estación de Zaragoza-El Portillo ... (Página 26)
Comisión de Medio Ambiente 181/000003 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Gallego López (GS), sobre actuaciones para frenar el proceso de desertificación que sufre gran parte del sureste de España, y especialmente la Región de Murcia ... (Página 27)
181/000004 Pregunta formulada por el Diputado don José Antonio Gallego López (GS), sobre actuaciones para evitar los efectos catastróficos que ocasionan las avenidas de la rambla de Lébor, en Totana (Murcia), por causa de las periódicas lluvias torrenciales ... (Página 27)
233/000003 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2.594/1994, planteada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gavá, respecto del artículo 586 bis del Código Penal ... (Página 28)
031/000009
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación de la relación de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara (titulares y sustitutos), así como la composición de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (031/000005)
GRANDES PASCUAL, Luis de
Portavoces sustitutos:
CISNEROS LABORDA, Gabriel NÚÑEZ PÉREZ, Manuel ESTARÁS FERRAGUT, Rosa MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, Vicente
Grupo Parlamentario Socialista (031/000002)
MARTÍNEZ NOVAL, Luis
FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, María Teresa CUNILLERA I MESTRES, Teresa FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco Miguel BARRERO LÓPEZ, Javier Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (031/000008)
TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA, Xavier
JANÉ I GUASCH, Jordi SILVA I SÁNCHEZ, Manuel José
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (031/000001)
FRUTOS GRAS, Francisco
ALCARAZ MASATS, Luis Felipe LLAMAZARES TRIGO, Gaspar
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (031/000004)
Porvavoz sustituto:
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (031/000007)
RIVERO BAUTE, Paulino MARDONES SEVILLA, Luis
Grupo Parlamentario Mixto (031/000003)
Mes Titular Sustituto
Mayo 2000 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Francisco PUIGCERCÓS I BOIXASSA, Joan Junio 2000 VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Guillerme SAURA LAPORTA, Joan Julio 2000 PUIGCERCÓS I BOIXASSA, Joan LABORDETA SUBÍAS, José Antonio Agosto 2000 SAURA LAPORTA, Joan AYMERICH CANO, Carlos Septiembre 2000 LASAGABASTER OLAZÁBAL, Begoña AYMERICH CANO, Carlos Octubre 2000 LABORDETA SUBÍAS, José Antonio NÚÑEZ CASTAIN, José Noviembre 2000 NÚÑEZ CASTAIN, José LASAGABASTER OLAZÁBAL, Begoña Diciembre 2000 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Francisco PUIGCERCÓS I BOIXASSA, Joan
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES
FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, María Teresa CUNILLERA I MESTRES, Teresa FERNÁNDEZ MARUGÁN, Francisco Miguel BARRERO LÓPEZ, Javier
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (031/000008)
Portavoz sustituto:
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
162/000035
Proposición no de Ley sobre la reapertura del ferrocarril transfronterizo del Canfranc.
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto contenida en el escrito registrado con el número 1.902, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
Al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reapertura del ferrocarril transfronterizo del Canfranc, para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia del Diputado don José Antonio Labordeta Subías del Grupo Parlamentario Mixto (Chunta Aragonesista):
A lo largo de su historia, los españoles, y muy concretamente los aragoneses, han mantenido una clara vocación de incrementar sus relaciones con otros pueblos europeos, que ha tenido su mejor exponente en la evaluación de las comunicaciones por el Pirineo central, especialmente a través del puerto de Somport, el Sumus Portus romano e hito en el medievo del Camino de Santiago aragonés. En el último siglo, esa vocación se ha materializado en dos proyectos que, cada uno en su momento, suscitaron grandes ilusiones: la construcción del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau y la perforación del túnel del Somport, para dar paso al eje europeo de carretera E07. La línea férrea no alcanzó nunca una actividad significativa y está cerrada al tráfico internacional desde 1970. La carretera, a pesar de la próxima conclusión del nuevo túnel, ha tropezado con graves dificultades para mejorar los accesos al mismo, sobre todo en la vertiente francesa, debido a problemas medioambientales.
El deseo de abrir una vía de comunicación eficaz entre Aragón y el Levante español con el norte de Europa a través del Pirineo puede y debe ser compatible con la conservación de este privilegiado espacio natural. Para conseguirlo, urge buscar una solución que haga posibles unas comunicaciones humanas y económicas eficaces, y, a la vez, garantice el desarrollo sostenible de la cordillera, mediante la elección de las técnicas de transporte menos agresivas para el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. En un medio montañoso, como el afectado por el proyecto del eje E07, es importante que las infraestructuras de comunicación terrestre sean lo más blandas posibles y estén basadas, ante todo, en la utilización de las vías ya existentes e integradas en dicho medio, debidamente acondicionadas y modernizadas.
Si bien hasta ahora Francia no había mostrado gran interés por resolver este problema, su actual política de transportes preconiza la necesidad de trasvasar al ferrocarril una parte de las cargas que ahora se transportan por carretera. Por eso, el pasado 27 de marzo, el Gobierno Central y el Consejo Regional de Aquitania acordaron incluir la reapertura y modernización de la línea ferroviaria Pau- Canfranc en el contrato de plan EstadoRegión 2000-2006. España debería ser sensible a la nueva situación planteada y actuar en consecuencia.
«1. El Congreso de los Diputados estima que el eje europeo E07 debe ser considerado como un eje mixto carretera-ferrocarril, al menos en su tramo pirenaico, en el que el ferrocarril debe imponerse para el transporte de mercancías a larga distancia, dejando la carretera, preferentemente, para el tráfico de vehículos ligeros y el transporte local. Para ello debe reponerse la vía férrea entre Olorón y Canfranc, y modernizarse en
la totalidad del itinerario Zaragoza-Pau, preparándola sobre todo para el transporte de mercancías.
2. El Congreso de los Diputados estima, asimismo, que debe terminarse la mejora de los accesos por carretera al túnel del Somport, pero de forma que sea posible la reactivación de la línea ferroviaria y respetando el medioambiente del alto valle del Aragón, en España, y de Aspe, en Francia, y solucionando los puntos conflictivos de acuerdo con los habitantes, sus asociaciones y sus representantes políticos.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, antes de que se celebre la próxima "cumbre" hispano-francesa, le plantee al de Francia:
A) Su satisfacción por la decisión de incluir en el contrato de plan Estado-Región de Aquitania la reapertura del tramo ferroviario Olorón-Canfranc y la modernización de la totalidad de la línea desde Pau.
B) El compromiso de reabrir el tramo Zuera-Turuñana y modernizar en su totalidad la línea ZaragozaCanfranc, contemplando la posibilidad de implantar el ancho de vía UIC, así como considerar la extensión de estas mejoras a la línea Zaragoza-Sagunto.
C) La conveniencia de estudiar la posibilidad de electrificar la línea entre Zaragoza y Pau, a fin de obtener el máximo rendimiento de la misma.
D) La firma de un acuerdo sobre el tránsito por el túnel carretero de Somport que, respetando las directivas europeas sobre transporte, favorezca e incentive el transporte de mercancías por el ferrocarril, y regule la circulación de camiones en tránsito y el transporte por carretera de mercancías peligrosas.
E) La conveniencia de solicitar este mismo año de la Unión Europea la inclusión de la línea ZaragozaCanfranc- Pau en las redes transeuropeas de transporte y de actualizar los tratados hispano- franceses que regularon en su día el funcionamiento de dicha línea, de forma que se evite la ruptura de carga en la frontera.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2000.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.- Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000036
Proposición no de Ley sobre el respeto a los derechos democráticos en Perú.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
Al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto a los derechos democráticos en Perú, para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, de Chunta Aragonesista: El pasado día 9 de abril se produjeron elecciones presidenciales en la República de Perú. Distintas organizaciones internacionales (entre ellas la Organización de Estados Americanos), instituciones y ONG?s, pusieron de relieve graves deficiencias en elproceso electoral. Así se recoge en los informes de las tres misiones de observación electoral que se han hecho públicos desde diciembre de 1999, los dos informes (3 de diciembre y 11 de febrero), del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y del Centro Carter, la Evaluación de la Coyuntura Pre-Electoral en el Perú (18 de enero al 2 de febrero del 2000), realizado por Rebecca Cox del Electoral Reform International Service (ERIS) y el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizado entre el 5 y 14 de febrero de 2000.
El Parlamento Europeo, en Resolución de 16 de marzo de 2000, instaron a las autoridades peruanas a una mayor transparencia en la campaña electoral, garantizando la libertad de expresión y sin interferencias gubernamentales en el sistema judicial. Las misiones de observación del proceso electoral de los Parlamentos de Bélgica, Gran Bretaña y Países Bajos trasladadas a Perú expresaron la necesidad esencial de organizar una segunda vuelta en condiciones radicalmente diferentes de aquellas de la primera vuelta. Estas condiciones deben garantizar una elección realmente libre, equitativa y transparente.
«El Congreso de los Diputados acuerda:
Instar al Gobierno de España para que muestre su preocupación al Gobierno peruano por la quiebra de los principios democráticos básicos y el progresivo recorte de las libertades públicas en Perú en los últimos años, reflejado en las graves irregularidades de las recientes elecciones presidenciales, en su primera vuelta. Lamentar las agresiones gubernamentales a la libertad de prensa, al pluralismo político y a la libertad de asociación, la privación de libertad de ciudadanos/as por motivos políticos, y las continuas injerencias en la independencia del poder judicial por el Gobierno del Perú.
Expresar su apoyo a las vías de apertura democrática reclamadas por el pueblo peruano y unirse al llamamiento internacional reclamando transparencia en la próxima vuelta electoral, así como una campaña en equidad y con plenas garantías para todas las fuerzas políticas y candidatos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2000.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.- Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000037
Proposición no de Ley sobre medidas para evitar las subidas desmedidas de los carburantes para su utilización en el sector agrario.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente proposición no de Ley, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Desde junio de 1996 el precio del gasóleo agrícola quedó liberalizado. Dicho precio, en el poste de gasolinera, queda determinado por el precio del litro de gasóleo más el importe de dos impuestos: El IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Durante 1999, el gasóleo agrícola ha aumentado su precio en 20,3 pesetas por litro, que ha supuesto un incremento porcentual del 46,3 por 100. Tendencia que se ha venido incrementando a lo largo de 2000, con lo cual a esta fecha se puede hablar de un incremento del 60,8 por 100 para el agricultor.
El incremento de costes para el sector agrícola, teniendo en cuenta que en dicho período de tiempo el incremento del consumo ha tenido una tendencia que se puede considerar normal en las condiciones climáticas y de producción que se han dado, se puede cifrar del orden de 55.000 millones de pesetas.
En la subida de precios de todos los carburantes habrán tenido su incidencia el aumento del precio del barril de petróleo y el tipo de cotización del dólar respecto al euro, sin embargo lo que no es razonable es que la subida del gasóleo agrícola sea superior a la del resto de los carburantes.
Debemos tener en cuenta que esa subida mayor para el gasóleo agrícola incide, además, en un sector que ha visto cómo en los dos últimos ejercicios han disminuido los precios percibidos por el agricultor por sus productos en un 5,31 por 100 y un 1,67 por 100, respectivamente, y que ha sufrido una caída de las rentas agrarias que sólo en el año 1999 ha sido del 8 por 100, después de un 4,65 por 100 en el año 1997 o un 3,8 por 100 en el 1998.
Todo ello ha conducido a una situación insostenible en el sector agrícola que ha desembocado en manifestaciones multitudinarias en reclamación de respuestas a sus demandas de ayuda por parte de la Administración, que han sido «comprendidas» pero no atendidas, y se han aprobado proposiciones no de Ley en los Parlamentos Regionales de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón similares a la que vamos a presentar.
La reducción del 2 por 100 en los módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece la Orden de 30 de marzo de 2000 tiene una repercusión de 2.500 millones de rebaja, claramente por debajo de la de los incrementos de los precios del gasóleo agrícola.
Teniendo en cuenta, además, que el gravamen que soporta dicho precio por los Impuestos Especiales de Hidrocarburos deja un margen al Gobierno español para su reducción, cosa que sí se ha establecido para otros sectores de producción, incluso llegando al tipo cero, parece que ése sería el camino que mejor atendería las demandas que se han venido planteando por el sector agrícola.
1. Adoptar las medidas necesarias para que evite las subidas desmedidas de los carburantes para su utilización en el sector agrario.
2. Entre otras medidas a adoptar, se propone la reducción sustancial del Impuesto Especial de Hidrocarburos que incrementa el precio del gasóleo agrícola a fin de contribuir a mantener las rentas de los agricultores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Teresa Cunillera i Mestres, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000038
Proposición no de Ley relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguientes proposición no de Ley, relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas, para su debate en Pleno.
La violencia contra las mujeres, los niños y las niñas es uno de los problemas más graves que nuestra sociedad tiene pendiente de resolver. Ni es un fenómeno nuevo, ni afecta únicamente a una determinada área geográfica o a un sector determinado de la población, se trata de un problema social que, aunque cada día es más visible, requiere más denuncia, más difusión y sobre todo respuestas políticas y sociales mucho más contundentes.
Las NNUU han declarado que la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas es uno de los derechos humanos más silenciados y encubiertos en todo el mundo.
En España, en el año 1997, hubo 91 mujeres muertas víctimas de la violencia. El mismo año se realizaron 24.641 denuncias, pero, según datos de diversas organizaciones feministas, ello sólo representaba el 5 por 100 del problema. En el año 1998, el número de víctimas mortales disminuyó a 65 y se incrementaron las denuncias.
La lucha de los movimientos feministas denunciando estas injusticias ha comprometido la intervención de los poderes públicos. El eco de los medios de comunicación ha contribuido a sensibilizar a la opinión pública. Todo ello abona la convicción de que estos delitos no son estrictamente del ámbito privado sino una responsabilidad pública y social.
La Conferencia Europea sobre la violencia, celebrada en nuestro país los días 28, 29 y 30 de abril, reunió a más de 300 juristas, que aprobaron un documento conocido como «La declaración de Calviá», en la que se propone a la UE seis medidas para avanzar en la solución de este problema.
Por todo ello, haciéndose eco de este problema, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir e impulsar ante las instituciones pertinentes y, en su caso, a dar cumplimiento a cada una de las recomendaciones de la Declaración de Calviá, que se concreta en los siguientes puntos:
1. Que la Carta Europea de Derechos Fundamentales incorpore el principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los campos, con articulado específico de interdicción de cualquier manifestación de la violencia en género.
2. Que la perspectiva de género sea incorporada en todo el sistema educativo para que la formación se adecue a los principios democráticos.
3. Que impulse con urgencia la aprobación de una Directiva europea que establezca una acción integral para la erradicación de la violencia de género, que incluya medidas de prevención, asistencia y reparación del daño sufrido por las víctimas.
4. Que las leyes de protección de testigos y peritos en procesos criminales vigentes en cada uno de los países miembros se hagan extensivas a las víctimas de la violencia de género.
5. Que impulse dotar a las víctimas del tráfico ilegal de personas con fines de explotación sexual de un marco de protección integral, que contemple medidas de permanencia en el país de destino.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Micaela Navarro Garzón Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000039
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
Proposición no de Ley sobre una Ley General y un Plan Nacional de Inspección y Control Ambiental.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Plano de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre una Ley General y un Plan Nacional de Inspección y Control Ambiental, para su debate en el Pleno.
La noción de desarrollo sostenible ha sido consagrada por diversos instrumentos jurídicos, declaraciones y convenios, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito comunitario a través de la Declaración de Río de Janeiro de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, el V Programa Comunitario de Acción en materia de medio ambiente y el propio Tratado de la Unión Europea que en su artículo 2, establece como objetivo de la Unión Europea la consecución de «un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente».
En nuestro ordenamiento jurídico interno, el artículo 45 de la Constitución Española constitucionaliza en palabras del Tribunal Constitucional «el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y un deber de conservarlo que pesa sobre todos, más un mandato a los poderes públicos para la protección», ya que les corresponde velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y, por último, el artículo 45 establece la necesidad de imponer sanciones penales o administrativas para los infractores, así como la obligación de reparar el daño causado.
Tras la adhesión de España a la Unión Europea surge la obligación de incorporar al ordenamiento jurídico español la normativa ambiental comunitaria existente. Desde entonces han proliferado en nuestro país las normas ambientales, ya sea por aplicación directa de los Reglamentos comunitarios, ya por la incorporación al ordenamiento jurídico español de las Directivas comunitarias con la finalidad de alcanzar los objetivos ambientales de las mismas, ya por el desarrollo constitucional del artículo 45 o de la competencia legislativa en la materia de las Comunidades Autónomas, consiguiéndose, tanto a nivel estatal como autonómico, un grado oportuno de protección ambiental a través de dicha normativa. Se habla de unas 14.000 normas jurídicas ambientales aplicables en España entre convenios internacionales, reglamentos y directivas comunitarias, leyes estatales, autonómicas y municipales, independientemente de que algunas sean mejorables y de que todavía existan vacíos legales.
Existe, pues, mucha normativa ambiental cuya aplicación práctica y cumplimiento es necesario asegurar,
ya que el adecuado desarrollo constitucional del artículo 45 conlleva no sólo la promulgación de normas ambientales, sino que los poderes públicos y, en particular, las Administraciones competentes en la materia, hagan efectiva su aplicación.
Para ello uno de los mecanismos esenciales es el establecimiento de los oportunos instrumentos de inspección y control ambiental, reforzando las competencias autonómicas en la materia y estableciendo criterios mínimos de inspección para todo el territorio español, con especial atención a los casos de catástrofes ambientales.
Acontecimientos tan graves como el accidente minero de Aznalcóllar o el vertido de 50.000 metros cúbicos de aguas ácidas a la Ría de Huelva, procedentes también de residuos industriales, enfatizan tal necesidad.
Por otra parte, a través de distintas Comunicaciones y Recomendaciones, las instituciones de la Unión Europea han reiterado la importancia de los mecanismos de inspección y control para hacer efectivo el cumplimiento de la legislación ambiental en los Estados miembros, así como la necesidad de que se cumplan unos criterios mínimos en todo su territorio.
Para evitar situaciones de deterioro ambiental como consecuencia del cumplimiento de la normativa ambiental, el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, debe asegurar el establecimiento y cumplimiento para todo el territorio español de unos mínimos criterios de inspección y control ambiental, así como concertar y coordinar con las Comunidades Autónomas el cumplimiento de tales mínimos, a través de un Plan Nacional en la materia.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
«Se insta al Gobierno a la remisión al Congreso de los Diputados, en el plazo de un año, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, de un Proyecto de Ley General de Inspección y Control Ambiental que regule, entre otros los siguientes aspectos:
1. Los criterios mínimos de organización, realización, seguimiento y publicidad a cumplir en todo el territorio español en materia de inspección y control ambiental, incluyendo:
a) Las instalaciones industriales, empresas o actividades, por categorías, que deben someterse a inspección y control ambiental por parte de las Administraciones Públicas.
b) La regulación de los contenidos mínimos de las actividades de inspección, en particular, la inspección ocular o inspección in situ, su periodicidad regular, así como los supuestos de inspecciones no rutinarias para la investigación de accidentes ambientales, incumplimientos serios o denuncias y, en su caso, para el otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones, permisos o licencias.
2. La elaboración y ejecución, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, de un Plan Nacional de Inspección y Control Ambiental para el cumplimiento de los criterios mínimos enumerados en el apartado anterior, identificando las instalaciones a inspeccionar, los programas de inspecciones rutinarias y los supuestos de inspecciones no rutinarias, así como el período de vigencia y de revisión de dicho Plan.
3. El acceso a la información por parte de las organizaciones no gubernamentales, los agentes sociales y económicos implicados y del público en general, tanto al contenido y objetivos del Plan Nacional de Inspección y Control Ambiental, como a la información resultante de las actividades de inspección y control por parte de las Administraciones Públicas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2000.-Carmen Marón Beltrán, Diputada. María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000040
Proposición no de Ley sobre prevención de la creciente presión impuesta por el fenómeno de la inmigración ilegal sobre las costas orientales de Canarias.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la prevención de la creciente presión impuesta por el fenómeno de la inmigración ilegal sobre las costas orientales de Canarias, para su debate en la Comisión de Justicia e Interior.
Hace ya tiempo que la presión inmigratoria impuesta por el continuado tráfico de personas procedentes del Magreb y el África subsahariana hacia las costas orientales de Canarias y, especialmente, de las islas de Fuerteventura y Lanzarote (provincia de Las Palmas), plantea una seria amenaza a la viabilidad de ninguna política razonable de extranjería e inmigración no ya sólo en Canarias, sino en el resto de España y, consiguientemente, en la Unión Europea, dentro de la que España, como signataria del acuerdo Schengen, es frontera exterior.
La manifiesta insuficiencia de las dotaciones patrulleras del servicio de vigilancia de costas redundan en la impotencia de las unidades actualmente operativas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para contener el fenómeno, cuyos perfiles no hacen sino acrecentarse exponencialmente en el curso de los meses.
A su vez, las dimensiones del problema trascienden con mucho la seguritaria o interior, afectando profundamente a la seguridad exterior de nuestra frontera marítima frente a los países vecinos.
Aello se añade la necesidad de un impulso a la cooperación exterior con los países del Magreb y el África Subsahariana, así como la conveniencia de trabar marcos de colaboración en los que la ayuda al desarrollo, la contención de los flujos de migración ilegal y la represión de todas las formas de explotación de personas a través de redes organizadas de captación y desplazamientos de emigrantes procedentes de terceros Estados africanos.
Finalmente, es preciso potenciar la red de Servicios Sociales de acogida y asistencia a aquellas personas extranjeras que consiguen arribar a nuestras costas Canarias, así como su reconducción hacia otros centros distribuidos por toda la geografía española toda vez que las dotaciones Canarias de infraestructuras de internamiento y atención resultan ya patéticamente desbordadas por el hacinamiento y la saturación.
Muy especial atención merece, sin duda, dentro de este fenómeno, la llegada, cada vez más frecuente y por ello preocupante, de mujeres embarazadas que albergan la esperanza de acogerse a las disposiciones legales en torno a la imperativa asistencia sociosanitaria a la maternidad y a los derechos de que es titular el nacido en territorio español (y, consecutivamente, los de los beneficiarios del reagrupamiento familiar), así como, naturalmente, de aquellos menores de edad (en marzo de 2000 sumaban 228 en Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que un año antes la suma ascendía a 16) que plantean, como es obvio, desafíos asistenciales y de integración específicos.
Por todo ello, al amparo del artículo 193 RCD, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso insta la substanciación de la siguiente
«Por la que se insta al Gobierno a adoptar todas aquellas medidas oportunas para prevenir la creciente presión impuesta por el fenómeno de la inmigración ilegal sobre las costas orientales de Canarias, reforzando para ello la seguridad exterior y vigilancia de fronteras; potenciando la cooperación internacional con aquellos países africanos de los que procedan los inmigrantes ilegales; incrementando la colaboración con el Gobierno de Canarias en materia de asistencia social, acogida y eventual internamiento de extranjeros.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2000.-Juan Fernando López Aguilar, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000051
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley relativa a medidas de prevención de accidentes y perfeccionamiento de las normas de seguridad en las industrias pirotécnicas.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas de prevención de accidentes y perfeccionamiento de las normas de seguridad en las industrias pirotécnicas, con el consiguiente riesgo potencial para la salud y la seguridad de los ciudadanos, para su debate en la Comisión de Política Social y Empleo.
Las catástrofes provocadas por las explosiones en las fábricas pirotécnicas «Fireworks» en la ciudad holandesa de Enschede, el 13 de mayo, y «Hermanos Borredá» en la localidad valenciana de Rafelcofer, el 15 de mayo, han causado honda preocupación entre los industriales del sector y en el conjunto de la población. La magnitud de estas catástrofes, acaecidas en dos empresas que contaban con todos los permisos legales, ha puesto en evidencia los riesgos inherentes a la manipulación de artefactos explosivos y la falta de seguridad que viven numerosas empresas del sector. En total, en España, han fallecido 113 personas por explosiones pirotécnicas desde 1971.
El Reglamento de Explosivos, aprobado en 1998, estableció un conjunto de requisitos de seguridad que deben cumplir las empresas pirotécnicas, tanto en lo que se refiere a la prevención de accidentes como al diseño y emplazamiento de talleres. La catástrofe de Rafelcofer parece indicar que el mencionado Reglamento se ha revelado insuficiente.
Además, el riesgo no se circunscribe sólo al ámbito de la fabricación, almacenamiento y transporte. También la manipulación de material pirotécnico en actos festivos supone un riesgo importante.
El exceso de confianza, la impericia y, en ocasiones, la negligencia por parte de las autoridades encargadas del cumplimiento de las normas legales de seguridad y de las labores de vigilancia e inspección, suelen ser las causas principales de este tipo de accidentes.
Por todo ello, y ante la necesidad de perfeccionar y extremar las medidas de seguridad, se presenta la siguiente
1. Impulsar una inspección general, con carácter extraordinario y urgente, de todas las empresas pirotécnicas del país.
2. Presentar posteriormente al Congreso de los Diputados un informe sobre el grado de cumplimiento de las normas en vigor por parte de las empresas pirotécnicas.
3. Estudiar la conveniencia de proceder a una revisión del Reglamento de explosivos de 1998, con el fin de perfeccionar la prevención de accidentes y las normas de seguridad en todo lo que afecta a la producción, almacenamiento, transporte y manipulación de productos pirotécnicos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000046
Proposición no de Ley sobre reestructuración de los Servicios de Inteligencia.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Defensa.
Las recientes escuchas ilegales realizadas por el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) han vuelto a cuestionar de forma clara el papel de nuestros Servicios de Información, de Inteligencia y Contrainteligencia.
En la anterior legislatura, el entonces Grupo Parlamentario de la oposición, el Partido Popular, reclamaba una «redefinición de la organización y funciones de los Servicios de Inteligencia del Estado, así como su regulación mediante Ley».
Es necesario iniciar los cambios legislativos oportunos para homologar nuestros servicios de inteligencia a un Estado democrático en relación a su ubicación administrativa, estructura y control.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reestructurar, mediante Ley los Servicios de Inteligencia, en base a las siguientes características:
1.a Dividir los Servicios de Información en, al menos, dos Servicios de Inteligencia independientes. Uno dedicado a la inteligencia interior y otro a la exterior.
2.a Ubicar la dependencia de los Servicios de Información bajo responsabilidad del presidente del Gobierno.
3.a Confiar la dirección de los Servicios de Información a un director-coordinador quien, nombrado por el Gobierno, le defina un mandato, es decir, un conjunto de instrucciones y normas que determinen los objetivos y modos de acción de los Servicios de Inteligencia, de modo tal que los funcionarios de esos Servicios puedan conocer la definición de su mandato.
4.a Los Servicios de Inteligencia se coordinarán con los ministerios de las materias de que se ocupen: Servicio de Inteligencia Interior, con el Ministerio del Interior; Servicio de Inteligencia Exterior, con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
De crearse otros servicios, por ejemplo, el de defensa o tecnología, se coordinarán con los respectivos departamentos ministeriales.
5.a Que cada Servicio de Inteligencia tendrá un coordinador. Los coordinadores de cada servicio formarán el comité interministerial de inteligencia y este comité será coordinado por el director- coordinador mencionado en el punto 3.o y será asistido por un secretario o segundo jefe, profesional de los Servicios de Información.
6.a El comité de inteligencia interministerial será el órgano que asigne los objetivos y las prioridades al conjunto de los Servicios de Información.
7.a Que el director de los servicios comparezca anualmente ante el Congreso para conocer y debatir la definición del mandato.
8.a Que los funcionarios de los Servicios de Información tengan un estatuto de funcionamiento con todos sus derechos constitucionales reconocidos para, entre otros derechos, si reciben órdenes indebidas, poder denunciarlos ante los órganos jurisdiccionales competentes. En definitiva, dejar claro que el funcionario o contratado de los servicios es un trabajador/trabajadora que desarrolla su función para el Estado, no para el coordinador- director.
9.a Que los Servicios de Inteligencia sean controlados políticamente por el Gobierno, Parlamento y Defensor del Pueblo, judicialmente por los jueces y económicamente por el Tribunal de Cuentas.
10.a Proponer la creación de una Comisión Permanente en el Congreso de los Diputados de seguimiento de los Servicios de Información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2000.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000052
Proposición no de Ley sobre finalización de la utilización de la zona de las Bárdenas como polígono de tiro del Ejército.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal (EA) y el Diputado don José Antonio Labordeta Subías (CHA), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
El pasado día 17 de mayo, el delegado de Defensa en la Comunidad Foral de Navarra, el coronel Luis Lezana Odriozola, manifestó la disposición del Ministerio de Defensa a renovar el contrato de arrendamiento de los terrenos de la zona de las Bárdenas (Navarra) para su utilización como polígono de tiro del Ejército.
Estas declaraciones se efectuaban en el transcurso de la toma de posesión del coronel Lezana como delegado de Defensa en Navarra y un año antes de que expire el contrato de arrendamiento actual. Se da la circunstancia de que diversos ayuntamientos afectados, así como varios colectivos sociales han manifestado reiteradamente su oposición a la utilización de la zona con fines militares.
Recientemente, estas maniobras han ocasionado un nuevo accidente en las proximidades del casco urbano de Ejea de los Caballeros (Aragón), con trágicas consecuencias humanas para los pilotos de un avión militar, quedando una vez más de manifiesto el potencial peligro para la población civil de los municipios colindantes.
Ante la alarma social que estos hechos generan, se presenta la siguiente
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, al finalizar el contrato de arrendamiento del polígono de tiro de las Bárdenas, concluya definitivamente la utilización de esta zona navarra con fines militares y contribuya a la regeneración ecológica de los terrenos afectados durante años por las maniobras militares.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2000.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.- Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000048
Proposición no de Ley sobre modificación de la Orden de 15 de junio de 1998 para no discriminar al estudiantado gallego de extracción rural en la solicitud de becas y ayudas al estudio.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a modificación de la Orden de 15 de junio de 1998 para no discriminar al estudiantado gallego de extracción rural en la solicitud de becas y ayudas al estudio, para su debate en Comisión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Orden de 15 de junio de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de 22 de julio, deniega la llamada ayuda compensatoria (artículo 4) a aquellos solicitantes cuyas familias dispongan de alguno de los elementos patrimoniales a los que se refiere el artículo 25, excepto la vivienda propia en la que resida habitualmente la familia. Los elementos a los que se refiere el artículo 25 son los siguientes:
b) Actividades comerciales, industriales o profesionales.
d) Títulos, valores, derechos de crédito de fácil realización, o dinero en efectivo existente en depósitos bancarios a disposición de cualquier miembro computable de la familia.
De esta forma, puede darse el caso de que estudiantes del rural gallego, que declaren en su solicitud de beca, que su familia tiene alguna vaca, una docena
de gallinas y algún cerdo, queden excluidos de percibir ayudas compensatorias. No es una posibilidad. Es la aplicación que los órganos correspondientes de concesiones de becas están haciendo de la Orden, en clara discriminación de la estructura socio-económica de Galicia. La pequeña explotación agropecuaria, propia de una economía de subsistencia, es frecuente en Galicia.
También es motivo de no concesión de ayuda compensatoria tener una cuenta corriente, aunque sea con 1.000 pesetas. Es normal disponer de una cuenta, aunque sólo sea para que se carguen los servicios básicos (luz, agua...).
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
Modificar los elementos patrimoniales a que se refiere el artículo 25 de la Orden de 15 de junio de 1998, con medidas correctoras que tengan en cuenta la peculiaridad de las actividades económicas y de las explotaciones agropecuarias en las familias rurales gallegas, así como establecer un tope máximo de dinero en las cuentas bancarias, con el fin de evitar la injusta discriminación que sufre el estudiantado gallego de extracción rural, a la hora de acceder a becas y ayudas al estudio.»
161/000047
Proposición no de Ley sobre devolución de la denominada Casa Sindical de Estella-Lizarra (Navarra) al Ayuntamiento de dicha localidad.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal (EA), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
El 21 de febrero de 1955, el municipio de LizarraEstella (Navarra) cedió a la Delegación Nacional de Sindicatos 300 metros cuadrados para la construcción de la Casa Sindical, aconsejando que se destinaran 25.000 pesetas de los presupuestos municipales para la construcción de dicho inmueble.
Posteriormente, el 23 de marzo del mismo año y, según recogen las actas de dicho Ayuntamiento, se procedió a la lectura del informe suscrito por el alcalde y un concejal del consistorio, don Aurelio Alonso y don Herminio Nuin, que, con acuerdo del 21 de febrero, se les encomendaba la misión de proponer el terreno donde había de instalarse la Casa Sindical a la entrada del paseo de los Llanos, junto al río.
Un año después, en sesión del día 23 de noviembre de 1956, durante la visita a la ciudad del Delegado Provincial Sindical y el Arquitecto encargado de realizar el proyecto, se propuso, al objeto de no gravar el presupuesto de las obras del paseo de los Llanos, que el Ayuntamiento concediera a la Delegación de Sindicatos una subvención de 25.000 pesetas con cargo al Presupuesto de ese año y otra, por valor de la misma cantidad, para el siguiente ejercicio presupuestario. Al mismo tiempo, según el mismo acuerdo, se facultaría a los constructores para extraer grava y arena de la mina de la Pieza del Conde, de modo que con estas ayudas pudiera construirse la Casa Sindical en el lugar propuesto al Ayuntamiento de Lizarra-Estella.
Este edificio de la Casa Sindical consta actualmente de tres plantas cuyas dependencias se encuentran actualmente mayoritariamente en desuso.
Que el Ministerio de Hacienda proceda a la devolución de la denominada Casa Sindical de Estella-Lizarra
al Ayuntamiento de esta localidad navarra, por haberse construido en terrenos municipales y cedidos gratuitamente por el Consistorio de este municipio, además de haber aportado cantidades en metálico para la construcción del edificio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2000.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.- Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000049
Proposición no de Ley relativa a declaración de exención de las rentas procedentes de becas de investigación y otras ayudas públicas al estudio percibidas por licenciados universitarios o titulados de nivel equivalente a los efectos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía yHacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a declaración de exención de las rentas procedentes de becas de investigación y otras ayudas públicas al estudio percibidas por licenciados/as universitarios/as o titulados/as de nivel equivalente a los efectos de tributación por IRPF, para su debate en Comisión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2000.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El objeto de esta Proposición no de Ley es corregir una situación de profunda injusticia en el tratamiento de las rentas procedentes de becas de investigación y otras ayudas similares al estudio percibidas por jóvenes universitarios/as, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En la actualidad, la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), considera exentas de tributación por IRPF las rentas obtenidas de becas públicas hasta el nivel de la licenciatura universitaria o equivalente. A partir de este nivel educativo, las becas, aún cuando estén destinadas a la continuación de la formación académica, mediante la realización de cursos de doctorado o cursos de postgrado y especialización, están sujetas a retención y tributan como rentas del trabajo en el IRPF, exactamente igual que si se tratase de remuneraciones salariales derivadas de una relación laboral.
La peculiaridad de los/as jóvenes investigadores/as y doctorados/as, becarios/as, con respecto a los demás asalariados/as, es que sólo son considerados trabajadores/ as a efectos fiscales, a todos los demás efectos son estudiantes:
a) Como estudiantes son considerados/as inactivos/ as en la Encuesta sobre la Población Activa (EPA) y son excluidos de las cifras del Paro Registrado en el INEM.
b) No tienen derecho a cotizar a la Seguridad Social y, por lo tanto, no tienen derecho a percibir ningún tipo de prestación asistencial, ni sanitaria ni económica.
c) Carecen de todos los derechos laborales que protegen a los demás trabajadores.
d) En la mayor parte de los casos permanecen en esta situación, que cabría calificar de economía sumergida, por los largos períodos de tiempo, que normalmente oscilan entre uno y cinco años (recordemos que las becas de Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia, están destinadas a formar investigadores en un período de cuatro años).
e) Como consecuencia de la alta tasa de paro que afecta a la población joven y de las dificultades para encontrar un primer empleo, cada vez es mayor el número de titulados/as universitarios/as que optan por prolongar sus estudios mediante cursos de doctorado, postgrado y especialización.
En definitiva, nos encontramos con un número creciente de jóvenes, muy cualificados/as, que finalizan sus estudios de especialización con edades comprendidas entre los veinticinco y los treinta años, sin ningún tipo de cobertura social y a los que sólo se les reconoce su condición de trabajadores/as a los efectos de tributar por el IRPF, situación que consideramos profundamente injusta.
Declarar exentas de tributación por IRPF las rentas procedentes de becas de investigación y otras ayudas públicas al estudio asimilables, percibidas por licenciados/as universitarios/as o titulados/as de nivel equivalente para la realización de estudios de doctorado, postgrado o especialización, así como por su participación en proyectos de investigación desarrollados en universidades públicas.
Asimismo, se insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad posible, adopte las medidas necesarias para que los beneficiarios de estas becas y ayudas al estudio puedan cotizar a la Seguridad Social y percibir prestaciones por desempleo una vez que termine su período formativo.»
161/000050
Proposición no de Ley sobre aplicación de la modulación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al campo español, contemplada en el reglamento horizontal de las Ayudas 2000, al objeto de incrementar el presupuesto destinado a financiar los programas de Desarrollo Rural.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Aun reconociendo sus limitaciones, hoy ya es posible con la normativa comunitaria (Reglamento Horizontal de la Agenda 2000) poner en marcha la modulación de las ayudas de la PAC al campo español.
Este es, sin duda, uno de los temas cruciales de la actual política agraria: La legitimación y la equidad en la distribución de las casi billonarias ayudas de la PAC al campo español. Además, los recursos recuperados mediante la modulación permiten financiar medidas de desarrollo rural, segundo «pilar» de la PAC, cuyas medidas (cese anticipado, reforestación, agroambientales, indemnizaciones compensatorias) cuentan con un reducido presupuesto de 352.000, para el período 2000-2006, de los que ya están comprometidos entre 150 y 200.000 millones. En este sentido, la modulación de la PAC podría «allegar» a desarrollo rural más de 30.000 adicionales.
Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar la modulación de las ayudas de la PAC al campo español, contemplada en el Reglamento Horizontal de las Ayudas 2000, al objeto de incrementar el presupuesto destinado a financiar los programas de Desarrollo Rural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000043
Proposición no de Ley sobre modificación de las normas laborales y de la Seguridad Social en relación con los contratos de carácter temporal.
Entendiendo que en cada uno de los apartados de esta Proposición no de Ley se insta al Gobierno al ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Política Social y Empleo.
Las últimas cifras del INEM del mes de abril de 2000 indican que se firmaron cerca de un millón de contratos laborales (957.860). De ellos, alrededor de 860.000 fueron contratos temporales (863.796).
Estas cifras se repiten de forma similar todos los meses. La inexistencia en la causalidad de los contratos y el aumento de éstos, gestionados por las empresas de trabajo temporal, están produciendo fraude de ley. Una fórmula de trabajo precario que está proliferando y que, aparentemente, va a más, son los contratos diarios, los de lunes a viernes, aprovechando los días festivos y de inactividad de las empresas para causar baja laboral. Con esta práctica de altas y bajas consecutivas en la Seguridad Social, se limita la capacidad contractual del trabajador a fin de evitar esas argucias de las empresas para disminuir los devengos por días naturales de trabajo.
La ingeniería laboral que practica la empresa que contrata supone para ésta unos costes menores. El trabajador tiene la ilusión monetaria de percibir una cantidad de salarios y la Seguridad Social recibe unos ingresos menores a la cantidad de trabajo incorporada a la economía, perdiendo capacidad de prestación social.
En el Congreso de los Diputados se ha modificado la Ley que regula las empresas de trabajo temporal, pero la situación de los contratos de lunes a viernes puede ser realizada directamente por una empresa sin necesidad de la existencia de un intermediario o prestamista laboral como las ETT, por lo que es preciso que los poderes públicos modifiquen aquellas normas que faciliten fraudes de ley y mejoren la información de la situación laboral (salarial y social) de los trabajadores.
Esta práctica irregular ocurre en muchos sectores, especialmente en la construcción, e incluso en el Instituto Nacional de Salud.
Por todo ello, se propone la siguiente
1. Reformar aquellas normas laborales y de Seguridad Social, cuya modificación resulte necesaria, para que los contratos de carácter temporal -tanto a tiempo completo como parcial- tengan los derechos de devengo equivalentes a la cantidad de tiempo empleada, incluyendo los períodos de descanso y vacaciones, con independencia de las duraciones efectivas de la jornada y de la relación laboral. En este sentido y para los contratos de duración reducida y, con carácter general, se deberá establecer los períodos de descanso y los días de vacaciones devengadas y cotizables en función del régimen de jornada y descansos establecidos en los convenios de aplicación.
2. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para que se considere delito social la baja irregular en la Seguridad Social por parte de las empresas sin que se haya producido la extinción real y efectiva de relación laboral. El alta y baja en la Seguridad Social deberán ser elementos unidos, respectivamente, a la contratación y al despido o terminación del contrato, y de ello se deberá informar a los representantes de los trabajadores.
3. Modificar la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social (LISOS), para tipificar como infracción grave estos supuestos concretos de altas y bajas irregulares.
4. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para incrementar las cuantías de las sanciones por falta de alta o por descubiertos en las cotizaciones.
5. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para penalizar la contratación temporal por medio de la discriminación en cotizaciones en la Seguridad Social, implementación de indemnización, reducción en las subvenciones públicas y gasto fiscal y concursal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2000.-Antero Ruiz López, Diputado.-Francisco Frutos Gras, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000041
Proposición no de Ley sobre oposición a la ampliación de las actuales instalaciones de El Cabril.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre oposición a la ampliación de las actuales instalaciones de El Cabril, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
En el Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha tenido entrada un escrito de ENRESA, firmado con fecha 28 de marzo de 2000, por el que se solicita a esta corporación municipal se sirva efectuar la perceptiva y pertinente Declaración de Utilidad Pública de un edificio de tratamientos auxiliares, con carácter previo a la concesión de la correspondiente licencia urbanística.
En el Pleno del Parlamento de Andalucía, celebrado los días 24 y 25 de febrero de 1988, se aprobó por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios (PP, PA, PSOE e IULV-CA) una moción, que en su punto segundo dice literalmente: «... que el Consejo de Gobierno eleve al Gobierno Central la negativa de esta Cámara a la ampliación de las actuales instalaciones de El Cabril...».
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar cualquier proceso que conlleve la ampliación de las actuales instalaciones de El Cabril.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2000.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000042
Proposición no de Ley relativa a actuaciones para la regeneración de la bahía de Portmán y la Sierra Minera.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a actuaciones para la regeneración de la Bahía de Portmán y la Sierra Minera, para su debate en Comisión de Medio Ambiente.
Diez años después de que cesaran los vertidos de estériles a la Bahía de Portmán y cinco años después de que el 26 de mayo de 1995 se aprobaran por el Consejo de Gobierno las Directrices de Ordenación de la Bahía de Portmán y la Sierra Minera, lo cierto es que la gran mayoría de las actuaciones siguen inéditas, comenzando por las más importantes, cual es el dragado y extracción de estériles de la Bahía y la recuperación de la Sierra, así como la constitución de los instrumentos de gestión de dichas Directrices de Ordenación.
El proyecto de vertido de los estériles de la Bahía en un sarcófago dentro del proyecto de ampliación de la Dársena de Escombreras en el Puerto de Cartagena no merece la confianza ni puede ser financiado con fondos de la Unión Europea, por su impacto ambiental, la parcialidad del proyecto y la repercusión de las plusvalías que pudieran generarse en los sucesores de la empresa responsable de la contaminación.
Mientras tanto, a lo largo de cinco años, se han ido perdiendo los fondos consignados en los Presupuestos de las diversas Administraciones Públicas, a tal fin destinados, en cuantía de más de una decena de miles de millones de pesetas.
En las actuales circunstancias, de no actuarse con diligencia, rigor y celeridad, pueden perderse los fondos europeos destinados a esta actuación, sufriendo una nueva demora incompatible con las expectativas y necesidades de los vecinos de Portmán y La Unión, que precisan de la puesta en marcha de la regeneración de la Bahía y la Sierra para propiciar el desarrollo de esta zona y sus habitantes (con mayor nivel de desempleo y menor nivel de renta que el conjunto de la Región de Murcia), así como la exigencia del conjunto de la ciudadanía de recuperar socioeconómica y ambientalmente este espacio singular de nuestra geografía.
1.o Retomar y aplicar el proyecto consistente en el dragado de la Bahía de Portmán y el depósito de los estériles en las cortas mineras, previa construcción de los depósitos de seguridad necesarios.
2.o Dar prioridad a los efectos de obtención de fondos europeos al proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán y la Sierra Minera.
3.o Proponer al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia que ponga en marcha las actuaciones contenidas en las Directrices que dependen del Gobierno Regional y, en particular, la suscripción del convenio y la constitución del Consorcio establecido en dichas Directrices.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2000.- Presentación Urán González, Diputada.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000044
Proposición no de Ley relativa a la construcción de un refugio pesquero en la Isleta del Moro (Almería).
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la construcción de un refugio pesquero en la isleta del Moro (Almería), para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
El municipio de Níjar, en la provincia de Almería, lleva muchos años luchando para que los pescadores de
una de sus barriadas, en concreto, la isleta del Moro, puedan tener un refugio pesquero, considerando que es una necesidad social tanto para garantizar la seguridad de personas y barcos como para el sostenimiento de un sector económico, como es la pesca, del que viven prácticamente la totalidad de los vecinos de este maravilloso municipio.
Se trata de una vieja aspiración de los pescadores de la isleta del Moro y un compromiso adquirido por la Junta de Andalucía, la cual ha emitido todos los informes favorables necesarios.
El proyecto es de unos 250 millones de pesetas y el dinero necesario para empezar dichas obras ya ha sido librado por la empresa pública de Puertos de Andalucía.
Con fecha de 25 de enero de 1999, el Ayuntamiento de Níjar remitió escrito solicitando el informe favorable de la Dirección General de Costas al «Proyecto Básico del refugio pesquero de la isleta del Moro».
Igualmente, se han manifestado por escrito a dicha Dirección todos los partidos políticos de la provincia de Almería de forma favorable.
Asimismo, la Junta de Andalucía ha emitido una DIA favorable a esta actuación.
Con fecha 10 de febrero de 1999, también, la junta rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar toma el acuerdo en una reunión extraordinaria de solicitar a la Dirección General de Costas que resuelva favorablemente y autorice la construcción del refugio pesquero.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, estableciendo las oportunas medidas que garanticen la plena conservación de los ecosistemas protegidos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, se proceda a la construcción de un refugio pesquero, debiendo dedicar su utilización exclusivamente a la pesca sostenible. Y que dé varadero solamente a los barcos censados en la actualidad en la isleta del Moro.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2000.-Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.-Luis Martínez Noval, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/000045
Proposición no de Ley sobre medidas para lograr la conservación integral del Parque Nacional Picos de Europa.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
A lo largo de toda la legislatura pasada, el Partido Popular mantuvo una actitud obstinada y hasta obsesivamente contraria a la protección, como Parque Nacional, del espacio de los Picos de Europa, materializada en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por parte del Gobierno del PP en Asturias, de declaración del Parque, en su resistencia a la constitución de sus órganos de gestión, en la permanente obstrucción al desarrollo de sus instrumentos de ordenación y desarrollo sostenible, etc.
Labor de obstrucción que ha impedido, a lo largo de toda la anterior legislatura, normalizar el funcionamiento del Parque con sometimiento a su normativa específica, aprobada por Ley de esta Cámara.
En relación a la dirección del Parque, llama la atención que se hayan nombrado ya los responsables de la Comisión Mixta (Cantabria) y del Patronato (CastillaLeón), quedando sin cubrir el nombramiento de director, que le correspondería a Asturias.
Si hubiera que particularizar algún asunto que en los últimos años, y relacionado con los Picos de Europa, ése sería el relativo a la comunicación a Bulnes. Una comunicación cuya necesidad nadie pone en cuestión.
Sin embargo, las características con las que se proyectó la carretera y, finalmente, el funicular revelan su concepción de vía de acceso turístico y masivo, concepción
que es necesario reconsiderar a favor de los vecinos y del desarrollo sostenible del Parque.
Más recientemente y en contra del curso de la historia, que avanza en una mayor y más amplia protección de estos espacios naturales, diversos municipios y dirigentes cualificados del PP en Asturias han anunciado la reducción de los actuales límites del Parque Nacional de Picos de Europa, excluyendo del mismo los núcleos rurales habitados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente Proposición no de Ley.
1. Desarrollar la actual Ley del Parque Nacional de los Picos de Europa en su integridad.
2. En este sentido, favorecer la definitiva culminación del organigrama del Parque Nacional Picos de Europa, acordando con el Gobierno de Asturias el nombramiento del Director-Conservador del Parque Nacional Picos de Europa.
3. Asimismo, promover la aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), favoreciendo con ello la coherencia necesaria en usos y actividades del conjunto del Parque Nacional de Picos de Europa.
4. Favorecer la elaboración de un plan de desarrollo sostenible para la zona de Picos de Europa y los planes sectoriales en que se definan las inversiones, apoyos y contrapartidas para la preservación del medio y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/000053
Proposición no de Ley sobre zonas susceptibles para la instalación de parques eólicos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre zonas susceptibles para la instalación de parques eólicos, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
La implantación de parques eólicos como fuente de energía renovable es una realidad que está demostrando su rentabilidad y que está suponiendo una proliferación de la demanda de instalación de tales parques.
Es conveniente evitar la anarquía en la implantación de este tipo de instalaciones que, en ocasiones, está produciendo una parcelación del territorio, y determinar un mapa de lugares susceptibles para instalar estos parques, que contemple, a través del sometimiento a evaluación de impacto ambiental, la protección del medio y, en particular, la protección paisajística.
«Se insta al Gobierno a que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas:
1. Se realice un mapa de las zonas susceptibles para la instalación de parques eólicos.
2. Se determinen las zonas especialmente protegidas que no deben soportar este tipo de instalación industrial.
3. Se establezcan las condiciones para la implantación de este tipo de parques industriales de generación de energía.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Carmen Marón Beltrán, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000036
Solicitud de que la Proposición no de Ley sobre reordenación y fortalecimiento del sector español de bienes de equipo, pase a tramitarse en la Comisión de Economía y Hacienda.
Aceptar la declaración de voluntad y encomendar el conocimiento de la Proposición no de Ley citada a la Comisión de Economía y Hacienda, comunicando este acuerdo a la citada Comisión y a la de Ciencia y Tecnología, al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
181/000002
Medidas del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.
Diputado don Juan Fernando López Aguilar
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para promover la celebración del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental (antiguo Sáhara Español), mandatado en su día por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en relación con la Misión Especial recientemente desempeñada por James Baker, Mediador de la ONU, y con las conversaciones sostenidas al respecto en España, en Marruecos y en territorio sahariano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2000.-Juan Fernando López Aguilar, Diputado.
181/000006
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Garantías que figuran en el pliego de venta de las factorías mecánicas (Trubia, Oviedo y Sevilla) para que se mantenga la unidad de la empresa y todas sus factorías.
Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Los sindicatos advierten del peligro de que con la privatización se segreguen las factorías mecánicas (Trubia, Oviedo y Sevilla), que son las que interesan para el proyecto de construir el tanque Leopard y dejen hundirse las químicas (Coruña, Granada, Murcia y Palencia), que son las dedicadas a fabricar cargas de munición. ¿Qué garantías figuran en el pliego de venta para que se mantenga la unidad de la empresa y todas sus factorías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
181/000007
Garantía jurídica que se daría a los alemanes de que su tecnología de fabricación del carro de combate Leopard no será transferida a los Estados Unidos a través de General Dynamics.
¿Qué garantía jurídica se daría a los alemanes de que su tecnología de fabricación del carro de combate Leopard no será transferida a los Estados Unidos a través de General Dynamics?, ¿qué precauciones se han adoptado o se van a adoptar para que el compromiso con los alemanes no sea transgredido y esta transferencia de tecnología no pueda producirse?
181/000009
Riesgos económicos potenciales para España y para su industria de Defensa en caso de represalias por parte de Alemania, así como previsiones acerca de la exigencia por dicho país de una renegociación de los acuerdos que son favorables para España.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LASCORTES GENERALES.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
¿Cuáles son los riesgos económicos potenciales para España y para su industria de Defensa en caso de represalias por parte de Alemania? ¿Es previsible que Alemania exija una renegociación de los acuerdos actuales, que son favorables para España?
181/000008
Adaptación a la normativa española sobre explosivos y europea sobre medio ambiente de las factorías de Santa Bárbara.
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
¿La auditoría encargada hace algo más de un año por la SEPI sobre las factorías de Santa Bárbara evidenció graves incumplimientos de la legislación española sobre explosivos y la europea sobre medio ambiente. Al parecer, las inversiones necesarias para adaptarse a dicho marco legal eran del orden de 50.000 millones de pesetas. ¿En qué fase está el plan de adaptación a la normativa vigente? ¿Cuánto dinero se ha invertido hasta el momento en este plan? ¿Cuánto queda por invertir? ¿Quién corre a cargo y quién debe correr a cargo de la financiación del plan?
181/000005
AUTOR: Gallizo Llamas, Mercedes (GS).
Destino previsto por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) para sus actuales instalaciones en la estación de Zaragoza-El Portillo.
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras
Diputada doña Mercedes Gallizo Llamas
Cuando a finales de julio de 1998 la empresa estatal RENFE anunció que la nueva estación intermodal de Zaragoza se ubicaría en los terrenos que dicha compañía posee en la avenida de Navarra, las instituciones implicadas (Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón) se mostraron de acuerdo en que tal decisión acarreaba el desmantelamiento de la vieja Estación de pasajeros de Zaragoza-El Portillo y la reordenación urbanística de toda la pieza que ocupaban sus instalaciones. Este planteamiento se estimaba como el más acorde con el soterramiento de las vías en esa zona de la ciudad y además suponía la oportunidad de recuperar para la ciudad un amplio espacio ciudadano, rompiendo con el último obstáculo que separa el Ensanche zaragozano con el barrio de Delicias.
El acuerdo adoptado implicaba, por tanto, el compromiso de RENFE de liberar los suelos del Portillo, a cuyos efectos el Ayuntamiento de Zaragoza encargó un concurso internacional de ideas para resolver el entorno en cuyo proceso ya han sido seleccionados seis proyectos de actuación.
Por ello, y dado que RENFE ha comunicado oficialmente a la Federación Regional de Transporte de UGT de Aragón su intención de conservar el edificio de la estación del Portillo, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el destino previsto por RENFE para sus actuales instalaciones en la estación de Zaragoza-El Portillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2000.-Mercedes Gallizo Llamas, Diputada.
181/000003
AUTOR: Gallego López, José Antonio (GS).
Actuaciones para frenar el proceso de desertificación que sufre gran parte del sureste de España y, especialmente la Región de Murcia.
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputado don José Antonio Gallego López
¿Qué actuaciones está realizando o tiene previsto realizar el Gobierno para frenar el proceso de desertificación que sufre gran parte del Sureste de España y concretamente la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2000.-José Antonio Gallego López, Diputado.
181/000004
Actuaciones para evitar los efectos catastróficos que ocasionan las avenidas de la Rambla de Lébor en Totana (Murcia) por causa de las periódicas lluvias torrenciales.
¿Qué actuaciones está realizando o tiene previsto realizar el Gobierno para evitar los efectos catastróficos que ocasionan las avenidas de la Rambla de Lébor en el Término Municipal de Totana, en la Región de Murcia, por causa de las periódicas lluvias torrenciales?
233/000003
Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 2.594/1994, planteada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gavá, respecto del artículo 586 bis del Código Penal.
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz Villalón, Presidente; don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende,
don Julio Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez y doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad número 2.594/94, planteada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gavá (Barcelona) sobre el artículo 586 bis del Código Penal texto refundido 1973, por posible vulneración de los artículos 1, 14 y 25.2 CE. Han comparecido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer del Tribunal.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POßR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Dada en Madrid, a 10 de mayo de 2000.

References: artículo 586
 artículo 97
 artículo 194
 artículo 194
 Resolución 
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 2
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 194
 resolución 
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 586
 artículo 586