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Timestamp: 2017-08-21 06:17:06+00:00

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Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) | Honduprensa
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El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de la tortura y sus familiares (CPTRT) ha enviado un comunicado nacional e internacional a los diputados hondureños para indicarles la posibilidad de violar derechos humanos de los privados de libertad mediante la iniciativa orientada a reformar la Ley del Sistema Penitenciario de Honduras.
A pesar que la sentencia en el caso Pachecho Teruel vs el Estado de Honduras, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, recomienda la derogación del artículo 332 del Código Procesal Penal, llamado “Ley Antimaras”, el actual gobierno busca reformarlo una vez más y endurecer las penas ampliando el rango de acción más allá de las maras y pandillas.
Para el analista en temas de seguridad, Javier Canales, esto es sumamente peligroso en el contexto actual, como lo fue en aquel momento.
“Eso lo que va a permitir es retomar la cacería de brujas que se generó en el periodo del presidente Maduro en donde nadie terminó concretando una valoración simple: ¿o fue la policía incapaz de capturar o fue el gobierno suficientemente capaz de manipular? porque se estimaba en aquel momento que habían entre 50 y 60 mil miembros de pandilla y finalmente ni siquiera capturaron 5 mil”, explicó Canales.
Este analista además asegura que tras la aplicación de la “ley antimaras” lo que pasó es que las maras y pandillas se reestructuraron, crearon vínculos más fuertes con la policía y se asesinó a jóvenes estigmatizados.
“Ahora se van a fortalecer esos círculos viciosos de impunidad y corrupción donde la policía va a tener boleto libre para capturar al joven que se le ocurra porque, como no se comprende el tema de pandillas, cualquier joven en Honduras por un peinado, por su vestimenta, por la comunidad de donde proviene puede ser objeto de señalamiento como integrante o vinculado a pandillas y eso es peligroso, criminalizar la juventud, y sobretodo estigmatizar a partir de esa situación de marginalidad”, explicó.
Juan Almendarez, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura (CPTRT) dijo que “sería muy importante precisar cuál es la política criminal de Estado que generalmente no se precisa, hasta ahora ha consistido en una política inquisitiva, persecutoria y con tendencia represiva”.
También el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez declaró que “aquí hay que desarrollar paralelamente la lucha férrea contra las maras y pandillas y sobre todo contra sus liderazgos que es donde claramente hay que hacer los golpes, la prevención para que jóvenes en riesgo social no entren en esta situación, hay un llamado a la iglesia, a los padres y madres de familia, a la sociedad y al gobierno, por algo tenemos estas condiciones porque dejamos de hacer mucho, la reflexión es no meter a la cárcel a los jóvenes porque en eso se va todo el país preso, es evitar que la juventud caiga en una situación que comprometa su vida y la de los demás”.
Analistas han coincidido en que la reforma al 332 que se dio en el gobierno de Maduro, además de dar luz verde a ejecuciones extrajudiciales por parte de entes del Estado y las masacres de jóvenes, desató en las organizaciones criminales un recrudecimiento de la violencia.
Los crímenes en el país obedecen a que el gobierno sigue con el mismo comportamiento. Medidas que han aumentado la impunidad. “Cuando la impunidad es un paraguas, entonces el crimen y la violencia encuentra un respaldo, las elites políticas y económicas ligadas al crimen organizado son un mal ejemplo para el crimen común en función de que la estructura estatal no funciona para castigar”, dijo Méndez.
Por su parte Canales cree que las pandillas, aunque inciden directamente en la situación de violencia que coloca a Honduras con cifras alarmantes, no son el principal elemento de la inseguridad que se vive como se hace ver a través del gobierno.
“¿Qué tanto nos quedamos con la imagen de las pandillas por no tocar los temas que realmente han generado toda esta contaminación a lo interno de las estructuras de seguridad, llámese policía, investigación, fiscalía, poder judicial, jueces y magistrados? Nosotros sabemos que cuando alguien es capturado y es señalado como narcotraficante, sus condiciones en las cárceles son privilegiadas y así muestran su poder, eso es lo que ha permeado totalmente el sistema”, explicó Canales.
Canales cree que es necesario un análisis más profundo sobre el fenómeno pandilleril pues ha sido muy cambiante. Actualmente el crimen organizado trasnacional controla a través de la narcoactividad a estas organizaciones delictivas que además están conectadas con gobiernos locales, el poder judicial, entes de seguridad, etc.
“El tema de las pandillas es un distractor de los verdaderos problemas de la seguridad del país que es la corrupción, la manipulación en el sistema de justicia”, dijo.
Sentencia Pacheco Teruel
La sentencia establece que:… Según lo informado por el Estado, en la actualidad el sistema penitenciario hondureño se encuentra en “emergencia penitenciaria”. Estas deficiencias se habrían agravado como consecuencia de la implementación de reformas penales adoptadas por el Estado en el marco de las políticas de “tolerancia cero” que pretendían erradicar a las “maras” y pandillas con la finalidad de controlar la violencia.
Como parte de estas medidas, mediante el Decreto No. 117-2003 adoptado en agosto de 2003, se reformó el tipo penal de asociación ilícita contemplado en el artículo 332 del Código Penal, aumentando las penas para este delito e incluyendo en su redacción una mención explícita a las maras como forma de asociación ilícita. A partir de esa reforma, la policía inició una práctica común de detenciones por sospecha y arrestos masivos con base en la apariencia de las personas y sin orden previa de autoridad competente.
Por tanto, dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención de Derechos Humanos.
…A través del acuerdo de solución amistosa el Estado se comprometió a adoptar dentro del plazo de un año, las siguientes medidas legislativas: a) revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, “con el propósito de adecuarlo a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana”, y como ha sido recomendado por el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.”
A tres años de esta sentencia, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández ha anunciado endurecer las medidas contempladas en el 332 y los trabajos forzados dentro de los centros penales que además están militarizados, contrario a la recomendación de crear un instituto penitenciario y una carrera penitenciaria manejados por civiles.
Javier Canales, asegura que con estas políticas de “cero tolerancia” se agudizarán los conflictos especialmente en ciudades como San Pedro Sula con fuerte presencia de maras y pandillas.
“Partiendo del hecho de que estos grupos como fenómeno social son cambiantes, pienso que van a continuar la adaptación porque precisamente fue lo ocurrido con la reforma del artículo 332. Ya hay una ley para la rehabilitación y reinserción de las personas involucradas en maras y pandillas que desafortunadamente aquí es ignorada y es solo una oficina que tiene dos o tres políticos enchambados y que se han olvidado totalmente, no aparecen en ningún espacio con la vigencia del tema.
Estos grupos se van a adaptar, las comunidades van a sufrir más la represión policial porque quienes estamos al margen de las actividades criminales no podremos salir al parque, a un centro educativo, nos toca salir a la calle con el miedo a ser capturado, pero con esta reforma la juventud temerá ser reprimida y eso puede desencadenar reacciones más violentas. Recuerdo que en la reforma del 332 y se hacían los mega operativos, los jóvenes eran desnudados en las calles. Ese es un elemento que el gobierno aún no quiere entender cuando ya se ha señalado lo peligroso que se vuelve”, explicó el analista en temas de seguridad.
Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1959-%E2%80%9Cley-antimaras%E2%80%9D-deb%C3%ADa-ser-derogada-tras-sentencia-de-corteidh-pero-al-contrario-ser%C3%A1-endurecida
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Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/11/honduras-unah-politica-criminal-de.html
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Detención ilegal de siete universitarios tras salir de protesta en la UNAH
Publicado por honduprensa en conexihon el 20 noviembre, 2014
Escrito por Redacción | Noviembre 20 del 2014
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, calificó la detención ilegal de estudiantes bajo su responsabilidad como un montaje, sin embargo, en el Libro de Registro de Detenidos de la Estación Policial del Barrio El Manchén -foliado y autorizado por la Policía Nacional- consta que siete universitarios fueron aprehendidos por más de cinco horas sin ser puestos ante un juez competente.
Los agentes de la patrulla RPM 42 de la Unidad Metropolitana de la Policía (Umep) número 4 de la colonia Kennedy, de Tegucigalpa, detuvo a los jóvenes a las 5:45 de la tarde de este 18 de noviembre, unos minutos después de salir de una protesta de la UNAH. A las 7:50 de la noche fueron llevados a la posta policial del barrio El Manchén, “por escándalo en vía pública”.
La policía los liberó a las 11:05 de la noche tras la intervención del abogado Edy Tábora del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y del periodista Ronnie Huete del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Fue una detención ilegal porque el artículo 101 de la Ley de Policía y Convivencia Social ya establece que en caso de escándalo público, a la persona se le impondrá una multa mediante un procedimiento gubernativo. Eso quiere decir que la sanción la debe imponer, en este caso, un juez de paz o de conciliación, razonó Tábora.
Además, el artículo 84 constitucional determina que todo detenido debe ser informado de sus garantías constitucionales, tienen derecho a una llamada y que lo pongan a la orden de un juez competente. Y tampoco se cumplieron estos procedimientos, señaló. “No es que la policía los haya detenido en la protesta, la situación es que la protesta fue dentro de la universidad, entendiendo por protesta cualquier tipo de manifestación pública, no hubo una toma de la calle, por ejemplo, ese puede ser el malentendido que está estableciendo la policía, pero la situación es que se les detuvo”.
Es falso que los jóvenes anduvieran en estado de ebriedad. Tampoco hay pruebas de alcoholemia para demostrarlo, sostuvo. A las 10:00 de la noche uno de los estudiantes, que logró esconder su celular, “me pudo llamar y comencé a hacer la denuncia”, relató el periodista Huete. Ellos aducen que hicieron una protesta pacífica con música y arte, en la Plaza de la Cuatro Culturas, ahí les vigilaban hombres armados, vestidos de civil y al salir de esa protesta, la policía los detuvo en los alrededores de la UNAH, detalló.
Los detuvieron, les quitaron los cordones de sus zapatos para amarrarlos y a uno de ellos lo golpearon. Luego los encarcelaron como delincuentes comunes en una celda pequeña con olor fétido, mientras tanto los policías se burlaban de ellos y les advertían que la iban a pagar. En la estación policial tampoco había un juez de conciliación, describió Huete. Según la información policial, los detenidos por escándalo en vía pública fueron José Luis Michel Vilad, Daniel Arturo Guzmán, Erick Ismael Aguilar, Erchel Edinarreman Raudales, Kevin José Barahona, Adán Aníbal Galo Rodríguez y Walter Alfonso Chuiz Ponce.
Sin embargo, Walter, uno de los estudiantes relató a una televisora local, evidentemente sobrio, que lo detuvieron saliendo de los portones de la UNAH. “Íbamos conversando siete alumnos y comenzaron a decirnos que estábamos detenidos”. En la estación de policía de la Kennedy se les faltó el respeto, denunció.
Las autoridades universitarias han prohibido protestar y hacer ruido en la UNAH, los estudiantes que se han atrevido a manifestarse están en audiencias y denunciados en el Ministerio Público, contra toda esa situación regresaban de protestar los alumnos cuando la policía los detuvo arbitrariamente./ Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/detenci%C3%B3n-ilegal-de-siete-universitarios-tras-salir-de-protesta-en-la
Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Criminalización, Estudiantes, Julieta Castellanos, Manifestaciones, UNAH
Experto internacional sobre temas penitenciarios ofrecerá conferencia en Tegucigalpa
Publicado por honduprensa en conexihon el 17 noviembre, 2014
Escrito por CPTRT | Noviembre 17 del 2014
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El experto internacional en temas penitenciarios Roberto Santana, participará este miércoles en una conferencia sobre “el papel de los medios de comunicación y el sistema penitenciario, en Tegucigalpa.
Santana es el fundador de la Escuela Nacional Penitenciaria y del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, de República Dominicana.
La conferencia es organizada por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), una institución con más de 20 años de experiencia en temas carcelarios.
Según analistas, el sistema penitenciario de Republica Dominicana es considerado como el mejor de toda américa latina y según el CPTRT, debe ser un modelo a seguir por parte de las autoridades hondureñas.
En el evento también participará la abogada hondureña ex fiscal del Ministerio Público, Aida Romero.
Honduras cuanta con 24 cárceles a nivel nacional, cuya principal característica es el hacinamiento y la sobrepoblación.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/experto-internacional-sobre-temas-penitenciarios-ofrecer%C3%A1
Cárceles, Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), libertad de expresión

References: artículo 332
 artículo 332
 artículo 9
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 101
 artículo 84