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La relación entre el Tribunal Constitucional y - PDF
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Miguel Parra Benítez
1 La relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en España Hugo Augusto Díaz Estúa Avelino Doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, España SUMARIO: Introducción; I. Antecedentes; II. Análisis de las competencias; III. Técnicas de articulación; IV. El recurso de amparo; V. La cuestión de inconstitucionalidad; VI. La autocuestión de inconstitucionalidad; VII. Vinculación de los poderes públicos; VIII. Comentario final; Bibliografía. INTRODUCCIÓN Las funciones del Tribunal Constitucional de España, como órgano de control concentrado de la constitucionalidad y eje de equilibrio del Estado Democrático de Derecho del Reino Español, tiene distintos sistemas de resolución de controversias constitucionales, como: el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, la cuestión de inconstitucionalidad y la denominada autocuestión que se realiza al interior del Tribunal Constitucional, que serán descritos de manera general. La vinculación jurídica existente entre el Tribunal Constitucional y los Poderes Públicos del Estado, se establece por acatamiento a las resoluciones de las Salas y del Pleno de dicho órgano, pues dicho sea de paso es el interprete negativo, defensor y guardián de la Ley Fundamental. Esta relación jurídico-constitucional se presenta de manera más específica con la justicia ordinaria, representada por el Poder Judicial.
2 174 HUGO MIGUEL AUGUSTO ÁNGEL DÍAZ AGUILAR ESTÚA AVELINO LÓPEZ Un artículo como esté no pretende ser una investigación detallada de las relaciones entre ambas instituciones del Estado español, tan sólo muestra brevemente como interactúan ambas jurisdicciones españolas, en un ejercicio legal permanente que permite entre otras cosas, proporcionar certeza y vigencia plena al principio constitucional que garantiza el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. En los siguientes párrafos trataré de resumir los procesos vinculatorios de la justicia ordinaria (Poder Judicial) con la justicia especializada la control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional en España. I. ANTECEDENTES España, cuenta con una Constitución que la define como un Estado democrático y de Derecho, para la protección y permanencia de esta situación privilegiada junto con otras naciones de la Europa Occidental, el constituyente instauró un sistema de justicia constitucional concentrada que se ejerce en un órgano ad hoc denominado: Tribunal Constitucional. Este órgano constitucional tiene sus antecedentes inmediatos, históricamente hablando, en el Tribunal de Garantías Constitucionales creado en la Constitución de la República Española en el año 1931, que si bien fue un intento por garantizar el marco de constitucionalidad, su vida jurídica y política en realidad fue efímera. No obstante, el pueblo español consiente de la necesidad de convivir en una democracia, después de un régimen cerrado, elevó a sus representantes populares el deseo de constituirse en un Estado de Derecho con plenos efectos democráticos y de respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, el resultado fue la Constitución de 1978, el garante de ésta el Tribunal Constitucional de la Nación Española. El Tribunal Constitucional es un órgano de naturaleza jurisdiccional, sin pertenecer al Poder Judicial, carece de iniciativa y solamente actúa a impulso de sujetos legitimados para promover los distintos procedimientos constitucionales, García Pelayo citado por Francisco Caamaño dice: el Tribunal Constitucional decide en forma de sentencia, con arreglo a las normas preestablecidas y siguiendo un procedi-
3 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 175 miento contradictorio, sobre las pretensiones formuladas en término de Derecho que le someten las partes legitimadas para ello por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 1 Asimismo, como interprete supremo de la Constitución, se encuentra al margen de la organización de los tribunales de Justicia, sin embargo, actúa en los procesos de amparo como un tribunal ordinario y sigue procedimientos de tipo jurisdiccional e impone su razón a todos los poderes públicos. La relación con el resto de los órganos constitucionales políticos y judiciales, es al más alto nivel de respeto, pues sus fallos son inalterables y vinculatorios para el resto de los poderes públicos; su jurisprudencia es aplicable obligatoriamente para todos los jueces y tribunales de todo el país, pues además tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Respecto al Poder Judicial, que en este trabajo me concentro, sus relaciones son permanentes pues a partir de las sentencias emanadas de la justicia ordinaria, el recurso de amparo se convierte en un medio de defensa adicional, fuera del proceso de origen con una vinculación al mismo, pero en distinto sentido, pues no se referirá nunca la intervención de la justicia constitucional en aspectos de legalidad, sino de manera específica a vulneraciones del orden estrictamente constitucional. Así también, a través de un mecanismo de control indirecto de la constitucionalidad, regulado en el artículo 163 C.E. y denominado como cuestión de inconstitucionalidad, cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la Ley, que en ningún caso, serán suspensivos. 2 Un instrumento de control concreto de la constitucionalidad de leyes al servicio de la justicia ordinaria. Volvemos al recurso de amparo, distinto al juicio de Amparo mexicano, pero que tienen similitud en cuanto a los fines que protegen, es éste la garantía de los derechos fundamentales y la Constitución dispone que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 1 Caamaño, Francisco et. al., Jurisdicción y procesos constitucionales, 1ª. ed., Madrid, Mc Graw Hill, 2000, p Ibidem, p. 47.
4 176 HUGO MIGUEL AUGUSTO ÁNGEL DÍAZ AGUILAR ESTÚA AVELINO LÓPEZ derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ( ); 3 es por tanto una forma frecuente de relación entre ambas jurisdicciones. II. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS De lo antes comentado se desprende que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tienen distintas atribuciones constitucionales, que permanentemente se confunden pero que en reiterada jurisprudencia constitucional se fijan los límites de actuación en cada esfera respecto a la resolución asuntos contenciosos que se plantean ante la Justicia española. Si bien es cierto que el justiciable no desea un proceso largo y tortuoso, tampoco espera que los jueces y tribunales vulneren sus derechos fundamentales. Así los dos procesos constitucionales, recurso de amparo y cuestión de inconstitucionalidad, se presentan como medios que garantizan que los juicios sean satisfechos siguiendo los cánones constitucionales, y en caso contrario, se corrijan los defectos que en un momento dado pudieran cometer los encargados de administrar justicia. La constante confusión entre la justicia ordinaria y la constitucional, incluso al interior de los tribunales, es una consecuencia de que una y otra están para resolver conflictos, pero el objetivo del Poder Judicial es distinto al del Tribunal Constitucional, pues mientras el primero tiene a su cargo dirimir entre las partes en un juicio y aplicar el Derecho al caso concreto, la justicia constitucional se encarga de prevenir que se apliquen normas contrarias a la Constitución y por otra parte, restituye en caso de vulneración, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. Esta confusión también se convierte en un problema cuando el Tribunal Constitucional por medio de una sentencia que estime un amparo interpuesto en contra de un fallo judicial, se convierte en una llamada de atención a los jueces y tribunales que hubieran intervenido en la resolución del proceso judicial, lo que en un sentido meramente superficial no trae mayor consecuencia que reponer el procedimiento y 3 Constitución Española (C.E.), artículo 53.2.
5 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 177 en su caso, declarar sin efecto el sentido de las sentencias judiciales cuando se hubieran presentado vulneraciones a uno o varios derechos fundamentales. En la resolución de juicios con un perfil político o de interés nacional, la relación entre las dos jurisdicciones a veces resulta incomoda, pues al margen de la interpretación legal existe una carga ajena al Derecho que provoca tensión entre ambas. El Tribunal Constitucional está situado en una posición de supremacía institucional respecto a los tribunales ordinarios, 4 en ese sentido cuenta con medios técnicos que lo hacen efectivo y funcionalmente eficaz, al permitir que la interpretación de la norma fundamental prevalezca sobre la de los órganos judiciales. También vale la pena destacar que los jueces y tribunales del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, interpretan y aplican la Constitución para la resolución de conflictos jurídicos, pero la interpretación suprema es monopolio de la justicia constitucional y es la última. III. TÉCNICAS DE ARTICULACIÓN Para asegurar una interpretación homologada de un precepto con la intervención de dos jurisdicciones distintas, Pablo Pérez Tremps aborda la solución en distintas perspectivas: 5 1. La necesaria articulación de las jurisdicciones puede reducirse a un problema de cortesía en el Estado de Derecho, una solución claramente insuficiente. 2. Con la tradicional articulación jurisdiccional que no es otra que la utilizada a través del método de revisión de decisiones, la revisión casuística. 3. Al utilizar la unidad interpretativa se intentará garantizar por medio del uso de técnicas objetivas de uso general, la preferencia del legislador. 4 Pérez Tremps, Pablo, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p Ibidem, pp
6 178 HUGO MIGUEL AUGUSTO ÁNGEL DÍAZ AGUILAR ESTÚA AVELINO LÓPEZ 4. En el plano metajurídico, es decir, la propia acción del medio social representado tradicionalmente por la doctrina y de manera extraordinaria por la opinión pública. En algunos casos, cuando las decisiones puedan ser objeto de revisión a través del recurso de amparo, podría objetarse que se trata de un efecto, del carácter revisor de ése. Una organización judicial de tipo piramidal garantiza la unidad hermeneútica, pues la relación de sujeción jerárquica entre los órganos jurisdiccionales, favorece la unidad interpretativa, claro ejemplo se plasma en la conformación del Poder Judicial. Y, finalmente, la supremacía de la jurisprudencia constitucional, que marca las pautas de interpretación de los dispositivos normativos, al momento de aplicarlos en la resolución de controversias judiciales. IV. EL RECURSO DE AMPARO Este procedimiento constitucional viene a representar un medio de revisión de la aplicación e interpretación constitucionales realizadas por los órganos judiciales. 6 La actuación revisora del Tribunal Constitucional se presenta como la de un tribunal con jerarquía superior a los órganos ordinarios de justicia. El recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos, 7 frente a violaciones a los derechos fundamentales que se originan por disposiciones o actos de poder emanados de los entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de los funcionarios o agentes públicos. En consecuencia es un medio capaz de impugnar las actuaciones públicas de cualquier autoridad frente a los particulares. Su característica es la excepción, su carácter extraordinario marca el patrón de uso de este recurso constitucional, así cuando llega una 6 Ibidem, p Ciudadanos o no en España el recurso de amparo es un medio de defensa constitucional disponible, que garantiza protección frente a las violaciones de los derechos fundamentales, restituyendo su ejercicio, y que puede ser utilizado para impugnar actos de las administraciones públicas, de las Cortes Generales y los Parlamentos de las Comunidades Autonómicas y de cualquier órgano del Poder Judicial.
7 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 179 demanda al registro del Tribunal Constitucional, se realiza una valoración previa sobre las posibles vulneraciones reclamadas y que no hubieran sido corregidas en ninguna de las etapas procesales del juicio, ya sea por el juez a quo o por el órgano de apelación o casación que haya conocido del mismo. Cada vez la admisión de los recursos de amparo por parte de la justicia constitucional es más complicada, en el sentido de que existe una restricción en el ejercicio de sus funciones de control sobre la actuación judicial y se muestra de forma progresiva la exigencia de verificar los requisitos procesales que su Ley Orgánica señala. La obligación de agotar los medios de defensa que la Ley prevé, antes de acudir al amparo, así como la exhaustiva doctrina del Tribunal Constitucional de aplicación forzosa para los órganos judiciales inhibe el abuso de este recurso, y provoca una disminución de las causas que el Pleno o las Salas del Tribunal tendrán que resolver, lo que evita mayor carga de trabajo en asuntos de menor trascendencia, y sólo aquéllos a los que no se les puede aplicar los criterios de la jurisprudencia constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios, serán admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Las causas de inadmisión son las siguientes: 8 1. Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable alguno de los requisitos contenidos en los artículos 41 al 46 o concurra en la misma el caso al que se refiere el artículo 4.2 (supuestos de falta de jurisdicción o competencia del propio Tribunal Constitucional). 2. Que la demanda se deduzca respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional. 3. Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una resolución sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional. 4. Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo supuesto sustancialmente igual. Respecto a la decisión del proceso constitucional de amparo que contiene el sentido del fallo, esta se transforma en una sentencia que otorga 8 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, La acción constitucional de amparo en México y España, 2ª. ed., México, Porrúa, 2000, p. 346, comentario al artículo 50.1 LOTC.
8 180 HUGO MIGUEL AUGUSTO ÁNGEL DÍAZ AGUILAR ESTÚA AVELINO LÓPEZ o deniega el amparo, esto es, en una manifestación estimatoria o desestimatoria respectivamente. El fallo estimatorio según el artículo 55.1 LOTC, tendrá alguno de estos pronunciamientos: 1. La declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución lesivos del derecho o libertad, indicando sus efectos; y/o 2. El reconocimiento del derecho o libertad, conforme al contenido constitucional; y/o 3. El restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación. Como una consecuencia necesaria del principio de subsidiariedad, el Tribunal Constitucional no hace pronunciamientos de fondo cuando se aprecie que en un proceso judicial se han conculcado normas procesales de relevancia con relación al artículo 24 C.E. El valor de las sentencias de amparo tiene efectos de cosa juzgada (artículo C.E.), y no tiene efecto erga omnes tan sólo ínter partes. La ejecución de la sentencia estará a cargo de una instancia distinta y que señale el Tribunal Constitucional en la sentencia misma, en la resolución, o en actos posteriores. Todas las sentencias de amparo constitucional deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. V. LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD El control judicial difuso (Estados Unidos), emerge sobre el principio de supremacía de la Constitución, la cuestión de inconstitucionalidad que parte del presupuesto de dicho principio, subordinando a los órganos jurisdiccionales a la ley. Existe un criterio 9 del Tribunal Constitucional que obliga también a los jueces y tribunales a examinar, de oficio o a instancia de parte, una posible inconstitucionalidad de las leyes en las que, en cada caso concreto, hayan de apoyar fallos, pero, en defensa ( ) de la dignidad de la ley emanada de la representación popular, el juicio adverso a que 9 STC17/1981, FJ 1.
9 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 181 tal examen pueda eventualmente conducirlos no los faculta para dejar sin más de aplicarlas, sino sólo para cuestionarlas ante este Tribunal. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional y catedrático constitucionalista D. Pedro Cruz Villalón, lo considera como un control concreto impropio 10 que puede ser contemplado como una racionalización del control judicial. La cuestión de inconstitucionalidad como el recurso del mismo nombre son instrumento cuyo objeto es asegurar que la participación del Parlamento se encuentre dentro del marco constitucional, cuando se resuelve dictar una sentencia cuyo resultado es la nulidad de normas jurídicas que lo excedan. Todos los órganos judiciales, sin excepción, tienen la legitimación para plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, tampoco existe obligación legal para plantearla cuando una parte en el juicio lo solicite, sino solamente cuando el juzgador considere a su entender que la norma que pretende aplicar, y que de ésta depende el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. El procedimiento es independiente del juicio, sin embargo, el juez o tribunal que la plantee, deberá hacer un escrito donde motive la duda y el por qué considera probable la inconstitucionalidad de la norma; las partes del proceso a quo podrán colaborar en la formación de la voluntad del órgano jurisdiccional. Es conveniente siempre identificar la norma cuestionada, los preceptos constitucionales cuya validez exista duda, la omisión de esa información no provoca per se causa de inadmisión, basta que en el trámite la cuestión sea identificable para las partes. Después de realizar el análisis constitucional, se dicta sentencia donde se acuerda su estimación o desestimación. Respecto a leyes preconstitucionales, los jueces y tribunales deben inaplicarlas si entienden que han quedado derogadas por la Constitución, al oponerse a la misma; o pueden, en caso de duda, someterse este tema al Tribunal Constitucional por este mecanismo. Resultará más seguro para ellos contar, con una sentencia que les oriente para resolver 10 Cruz Villalón, Pedro, La formación del Sistema Europeo de Control de Constitucionalidad ( ), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 43.
10 182 HUGO MIGUEL AUGUSTO ÁNGEL DÍAZ AGUILAR ESTÚA AVELINO LÓPEZ el asunto con la tranquilidad de que la aplicabilidad normativa se encuentra dentro de los limites constitucionales. VI. LA AUTOCUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD En el sistema de protección constitucional de España, no existe el denominado Amparo contra Leyes (Amparo Indirecto) de la versión mexicana, sin embargo, está disponible un procedimiento identificado como Autocuestión de Inconstitucionalidad o Cuestión Interna, en palabras del Dr. Javier Pérez Royo, la LOTC no viene sino abrir otro nuevo cause de control de constitucionalidad de las leyes. 11 Dicho mecanismo de conformidad al artículo 55.2 LOTC establece: en el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la Ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, la Sala elevará la cuestión al Pleno, qué podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley en nueva sentencia, con los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes. La cuestión se sustanciará por el procedimiento establecido en los artículos 37 y concordantes. En España no cabe una impugnación abstracta de las leyes por los particulares, no obstante, si en el recurso de amparo y como fundamento del mismo, tiene como consecuencia la vulneración de un derecho fundamental motivo de la aplicación de una ley, la Sala y en algunos casos el propio Pleno del Tribunal Constitucional elevaran la duda para declarar en su caso, la inconstitucionalidad parcial o total de la norma. Para este procedimiento la vinculación del Poder Judicial es tan sólo indirecta, pues una vez declarada la inconstitucionalidad de la ley en parte o integralmente, los efectos para jueces y tribunales se constriñen a la no aplicación en lo sucesivo del precepto que haya quedado al margen del texto constitucional. Reiterar su aplicación sería indebido, pues de un precepto ya expulsado del Ordenamiento, traería a la larga la nulidad de sentencias judi- 11 Pérez Royo, Javier, Tribunal Constitucional y división de poderes, Madrid, Tecnos, 1988, p. 72.
11 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 183 ciales, vía el recurso de amparo, que interpondrían aquellos sujetos que se vean afectados en sus derechos. VII. VINCULACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS Alemania fue la nación de la que se tomó esta doctrina constitucional, que consiste no sólo en cumplir lo que el Tribunal Constitucional resuelva, va mucho más allá, porque dicha vinculación es un concepto de mayor sentido que el de cosa juzgada, la vinculación se extiende a los fundamentos del fallo y obliga a todos los poderes públicos, legitimados o no para intervenir en procesos constitucionales. La vinculación de todas las autoridades se extiende no sólo al fallo sino también a los fundamentos jurídicos de las sentencias. Todo ello es una consecuencia de que el Tribunal Constitucional es el interprete supremo de la Constitución, y por lo tanto los poderes públicos del Estado se ubican subordinados a la misma. Estas consideraciones adquieren especial relevancia cuando se trata de la relación vinculatoria con los órganos judiciales y se fundamenta en los artículo C.E., artículo 40.2 LOTC y en el artículo 5 LOPJ que determina la obligación de los jueces y tribunales de aplicar: las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Por último, es preciso acotar que las sentencias del Tribunal Constitucional vincularán a todos los aplicadores del Derecho en todo el territorio español. VIII. COMENTARIO FINAL La relación del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, se mantiene dentro de una armonía institucional, donde el respeto de cada jurisdicción supone un avance más del grado de evolución política del Estado español.
12 184 HUGO MIGUEL AUGUSTO ÁNGEL DÍAZ AGUILAR ESTÚA AVELINO LÓPEZ Como antes se plasmó la especialización de la justicia constitucional fuera de la órbita del Poder Judicial robustece el sistema de administración de Justicia, ya que procura que los jueces y tribunales apliquen la ley constitucionalmente válida y que exista una tutela judicial efectiva. Al cumplir estrictamente las garantías procesales se propicia la legalidad, y también, la protección a los derechos fundamentales. El ejercicio del Derecho por parte del Poder Judicial para resolver las controversias judiciales no es una actividad sencilla, requiere cumplir muchos aspectos técnicos y formales, esa es la tarea de los jueces ordinarios, la justicia constitucional debe continuar siendo extraordinaria y su intervención ocasional. Una participación cada vez más eventual del Tribunal Constitucional, en contra de sentencias de la justicia ordinaria podrá convertirse en un indicador del buen funcionamiento del Poder Judicial, esto en lo relativo a los recursos de amparo. Por otro lado, al continuar posibilitando a los jueces y tribunales, someter sus dudas de constitucionalidad de leyes al Tribunal Constitucional, es una buena práctica, que tiene un doble beneficio, el primero para los justiciables al tener la garantía de que se les aplicará una norma en armonía con la Constitución, y una segunda, de orden político dirigiendo límites al Poder Legislativo respecto a la producción de nuevos ordenamientos acordes con el norma constitucional. BIBLIOGRAFÍA Caamaño Domínguez, Francisco, Gómez Montoro, Angel J., Medina Guerrero, Manuel, Requero Pagés, Juan Luis, Jurisdicción y procesos Constitucionales, 2ª. ed., Madrid, Mc Graw Hill, Cruz Villalón, Pedro, La formación del Sistema Europeo de Control de Constitucionalidad ( ), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, La acción constitucional de amparo en México y España, 2ª. ed., México, Porrúa, Pérez Royo, Javier, Tribunal Constitucional y división de poderes, Madrid, Tecnos, Pérez Tremps, Pablo, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985.
13 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 185 LEGISLACIÓN Constitución Española Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Ley Orgánica del Poder Judicial JURISPRUDENCIA STC 17/1981 ABREVIATURAS C.E. LOTC LOPJ STC Constitución Española Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (España) Ley Orgánica del Poder Judicial Sentencia del Tribunal Constitucional (España)

References: resolución 
 artículo 163
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 50
 artículo 55
 resolución 
 artículo 24
 artículo 55
 artículo 40
 artículo 5