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Timestamp: 2020-07-09 12:39:10+00:00

Document:
Concepto 085924 de 22-11-2010
Concepto 085924
Ref: Consulta aduanera radicado 76181 de 07/09/2010.
Atento saludo Sr Cascianini
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No. 000006 de 2008, este despacho es competente para absolver en sentido general las consultas escritas que se formulen sobre la interpetación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Consulta, si es exigible la autorización para importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes de que trata el Decreto 1299 de 2006 para las importaciones que se efectúen desde Venezuela, tema sobre el cual le informo lo siguiente:
El Decreto 1299 de 2006 por medio del cual se establece la autorización para importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes, de manera expresa exceptúa las operaciones de importación de bienes originarios de países miembros de la Comunidad Andina y países con los cuales Colombia tenga acuerdos de libre comercio vigentes.
Tiene conocimiento este despacho que el Tribunal de Justicia Andina, mediante auto interlocutorio emitido en el proceso 145-Al-2005 de fecha 27 de junio de 2006 señaló:
"En el marco del articulo transcrito (artículo 135 del Acuerdo de Cartagena), la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, finalizando de Pleno Derecho para ese País Miembro, desde el momento de la presentación de la denuncia, los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro. Lo anterior significa que desde el momento de presentación de la denuncia del tratado, cesaron los derechos y obligaciones que había adquirido, en el marco de la integración andina, con excepción de lo previsto en el artículo 135 transcrito, es decir del derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución de dicho programa por espacio de cinco años, contados a partir de la fecha de denuncia del mencionado tratado". (Subrayado fuera de texto).
En razón de lo anterior, esta Subdirección elevó consulta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de precisar el alcance del término "restricción" para efectos de la aplicación del artículo 4 del Decreto 1299 de 2006, y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de dicho Ministerio remitió respuesta en los siguientes términos:
"Sobre el Oficio No. 100208221 del 13 de octubre de 2010, en el que plantea la inquietud de un particular sobre la autorización de que trata el Decreto 1299 de 2006 con respecto a las importaciones desde Venezuela de materias textiles y calzados, y si el término "restricción" se definió apropiadamente en el concepto 097 de 2005 emitido por su subdirección, hacemos los siguientes comentarios:
El artículo 135 del Acuerdo de Cartagena prevé que-
"El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo en la Comisión. Desde ese momento cesarán para él derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de las denuncias.
En relación con los programas de Integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Articulo 62."
De acuerdo con este artículo se establece la plena aplicación de las ventajas recibidas y otorgadas por el Programa de Liberación de la Subregión a partir del 22 de abril de 2006, fecha de la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela, hasta por el término de cinco años que se vence el 22 de abril de 2011. Lo anterior implica que hasta el 22 de abril de 2011 a Venezuela se le debe aplicar el programa de liberación de la Comunidad Andina sin que medie restricción alguna.
Por otra parte y bajo la perspectiva del Tribunal de Justicia Andino en el Auto Interlocutorio del proceso 145-AI-2005 de fecha 27 de junio de 2006 y en el proceso sumario 134-Al-2003, se observa que a la luz del artículo 41 de la Decisión 236, el programa de liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.
Este criterio señaló como "restricción de todo orden" cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiarlo, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral, a excepción de aquellas que protejan la moralidad pública, la salud o la defensa nacional.
Para entender específicamente el sentido y alcance del término "restricción" con respecto al artículo 135, se debe interpretar en el sentido de poder "importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los países miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución de dicho programa por espacio de cinco años, contados a partir de la fecha de la denuncia del mencionado tratado" * En este sentido, en el proceso interpretativo 5-IP-90, el Tribunal dijo lo siguiente:
"Estas restricciones de todo orden que pueden constituir cualesquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiarlo, deben fundamentalmente ir contra la filosofía del Programa de Liberación, en el entendido de que restringir.., es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, indica que RESTRICCIÓN es la "Disminución de facultades o derechos" y que "Restrictivo" es "Lo que restringe, limitativo que reduce o coarta", concluyendo el mismo autor en identificar el "restringir" al hecho de "Circunscribir, reducir limitar. Acortar el gasto de consumo. Regatear licencias, permisos, privilegios"
A la luz de las anteriores consideraciones, el Decreto 1299 de 2006, no pareciera encuadernarse en principio en el criterio de una "restricción", ya que no conlleva aparentemente una disminución de las importaciones objeto de regulación.
En este sentido, las medidas del Decreto 1299 de 2006, no pueden ser consideradas prima facie restrictivas, máxime porque su objeto no es restringir las importaciones, sino establecer un criterio de control amplio, proporcional, no discriminatorio y objetivo para evitar el fraude y el contrabando mediante la identificación de las condiciones bajo las cuales operan los importadores de dichos bienes. Lo anterior, no implica que este procedimiento de empadronamiento de importadores de calzado, textiles y confecciones no pueda ser objeto de cuestionamiento a la luz de otros compromisos internacionales de Colombia.
Finalmente, el Decreto 1299 de 2006 estableció en su artículo 4 que el procedimiento de registro y autorización no se le debería aplicar a los países miembros de la Comunidad Andina.
No obstante Venezuela ya no es parte de la CAN, en aplicación del artículo 135 del Acuerdo de Cartagena y del mantenimiento del programa de liberación, podría dársele el mismo tratamiento que al resto de los Países Miembros y por tanto, debería hacerse extensible temporalmente esta exclusión.
La anterior consulta se responde al amparo de lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo."
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: www.dian.gov.co siguiendo los iconos: "Normatividad" – "Técnica" y seleccionando los vínculos "Doctrina" y "Dirección de Gestión Jurídica".
*Auto Interlocutorio emitido en el proceso 145 – AL – 2005, 134 – AL – 2003
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References: artículo 20
 artículo 135
 artículo 4
 artículo 135
 artículo 41
 artículo 135
 artículo 4
 artículo 135
 artículo 25