Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=649624
Timestamp: 2019-05-26 22:52:58+00:00

Document:
INFORME DE PARTICIPACIÓN DE DIPUTADOS EN EL SÉPTIMO FORO GLOBAL SOBRE REINVENCIÓN DEL GOBIERNO.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE CASINOS DE JUEGO.
OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD CHILENA A DON HELMUT FRENZ. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
RESTABLECIMIENTO DE RECORRIDOS EXISTENTES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL TRANSANTIAGO.
CESACIÓN DE RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL ESTADO Y EL ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL TRANSANTIAGO.
ANTECEDENTES SOBRE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON MOTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE TERMOELÉCTRICA EN COMUNA LA HIGUERA. OFICIO.
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA FINES COMUNITARIOS EN LOCALIDAD DE PISCO ELQUI. OFICIOS.
CAPILLA ECUMÉNICA PARA NUEVO HOSPITAL DE HUASCO. OFICIOS.
HOMENAJE A LA COMUNA DE TALTAL EN SU 149º ANIVERSARIO. OFICIOS.
MODERNIZACIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO. OFICIO.
INFORMACIÓN SOBRE INDEMNIZACIONES A CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES. OFICIOS.
ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN EN CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIOS.
Sesión 51ª, en jueves 12 de julio de 2007
(Ordinaria, de 10.39 a 13.31 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo
Presidencia accidental de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Ortiz Novoa, don José Miguel, y Robles Pantoja, don Alberto.
-	Informe de participación de diputados en el Séptimo Foro Global sobre Reinvención del Gobierno	9
-	Informe de la Comisión Especial Investigadora de casinos de juego	10
-	Otorgamiento de nacionalidad chilena a don Helmut Frenz. Segundo trámite constitucional	34
-	Restablecimiento de recorridos existentes antes de la puesta en marcha del Transantiago	37
-	Cesación de relación contractual entre el Estado y el Administrador Financiero del Transantiago	38
-	Antecedentes sobre declaración de impacto ambiental con motivo de construcción de termoeléctrica en comuna La Higuera. Oficio	39
-	Adquisición de terrenos para fines comunitarios en localidad de Pisco Elqui. Oficios	40
-	Capilla ecuménica para nuevo hospital de Huasco. Oficios	40
-	Homenaje a la comuna de Taltal en su 149° aniversario. Oficios	41
-	Modernización de recintos deportivos de la provincia de Osorno. Oficio	43
-	Información sobre indemnizaciones a Central Unitaria de Trabajadores. Oficios	44
-	Antecedentes sobre situación en corporación de Asistencia Judicial de la Región de Los Lagos. Oficios	44
1.	Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto destinado a permitir la prestación del servicio de buses y minibuses por parte de metro S.A., en los casos que indica. Boletín N° 5091-15	46
2.	Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la enmienda al artículo 1 de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. (boletín N° 5024-10)	46
-	Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados, copia autorizada de los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las siguientes disposiciones legales:
3.	Artículos 113 inciso 1°, y 129, inciso final del DFL. N° 725, de 1967, aprobatorios del Código Sanitario. (Oficio N° 1198)	47
4.	Artículos 17 letra d) y 19 de la ley N° 18.216. (Oficio N° 1207)	47
-	Diputado Rojas , proyectos ejecutados por Chiledeportes II Región.
-	Diputado Monckeberg don Cristián, fondos a los organismos colaboradores del Sename.
-	Diputado Lorenzini, Proyecto “Los Jóvenes viven su barrio”.
-	Diputado Sepúlveda don Roberto, conciliación de cuentas corrientes bancarias de la Secretaría Ministerial en la Región Metropolitana.
-	Diputado Rossi, proyecto denominado “instalación sistema fotovoltáicos caseríos y estancias de Putre”.
-	Diputada Rubilar, medidas adecuadas para el resguardo de la seguridad.
-	Diputado Estay, efectos del llamado ?Avellano Europeo? en el sector de Los Morros.
-	Diputado Pérez, plaga que afecta a plantaciones de pino.
-	Diputado Hernández, cuota anual de exportación de carne bovina.
-	Diputado García, condonación de intereses y multas y nuevos plazos de pago para agricultores.
-	Diputado Venegas don Mario, políticas públicas de forestación y reforestación.
-	Proyecto de Acuerdo 331-A, calificar con urgencia proyecto sobre bosque nativo y plan extraordinario de fomento a la reforestación.
-	Diputado Sepúlveda don Roberto, ensanchamiento de la calle 5 de abril.
-	Diputado Sepúlveda don Roberto, Cantidad de buses que operan en el Tran-santiago que cuenta con filtro certificado de ventilación.
Intendencia Región Metropolitana de Santiago :
-	Diputado Silber, Retén de Carabineros de Batuco, en la comuna de Lampa.
-Asistió, además, la ministra de Cultura , doña Paulina Urrutia.
-Con permiso constitucional no asistieron los diputados señores Juan Carlos Latorre, Fernando Meza, Nicolás Monckeberg y Eugenio Tuma.-
El acta de la sesión 46ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
En virtud de lo preceptuado en el artículo 38 del Reglamento de la Corporación, corresponde rendir el informe de la delegación de diputados que concurrió al Séptimo Foro Global sobre Reinvención del Gobierno, efectuado en Austria, Viena, entre el 25 y 29 de junio del presente año.
Diputada informante es la señora Marta Isasi.
Señor Presidente , la delegación de diputados que concurrió al Séptimo Foro Global estuvo integrada por la diputada que habla y por el diputado señor Roberto León .
La inauguración fue encabezada por el Presidente de la República Federal de Austria , señor Heinz Fischer , y otros importantes personeros.
Cabe tener presente que el Foro Global se viene llevando a cabo desde 1999 y su temática principal es la reinvención del gobierno, aspecto que ha sido abordado desde distintos ángulos y cuyos principales objetivos dicen relación con la necesidad de introducir mejoras en la gobernabilidad y administración pública.
El tema principal de la citada reunión fue “Fomento en la confianza del gobierno”, en lo concerniente a su relación con las capacidades del sector público y los costos que conlleva su ausencia.
También se consideraron otros temas, como estrategias e innovaciones destinadas a producir mejoras en la gobernabilidad y confianza de la ciudadanía en los gobiernos.
De esta manera, se concluyó en que no existe una fórmula única para fomentar la confianza en el gobierno, sino que, por el contrario, se trata de un enfoque amplio donde principios como la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son valores universales y constituyen los pilares fundamentales para una buena gobernabilidad.
Asimismo, se coincidió en la necesidad de que la problemática de la mujer ocupe un lugar central en la aplicación de las recomendaciones que contiene la Declaración de Viena, teniendo presente que las mujeres constituyen más del 50 por ciento de la población.
El Séptimo Foro contempló diversas reuniones, exposiciones y talleres, donde cabe referirse fundamentalmente a dos grandes eventos.
El primero, organizado por la Unión Interparlamentaria, se desarrolló en el Parlamento austriaco, y su temática principal fue “la construcción de confianza en el gobierno”. Ello, bajo la premisa de que los gobiernos deben obtener la confianza de los ciudadanos reforzando la participación popular en los procesos de decisión, promoviendo la cohesión entre las comunidades y practicando una gobernabilidad transparente, responsable y eficaz.
En esa ocasión, concurrieron representantes de cerca de treinta parlamentos, quienes intercambiaron distintos puntos de vista sobre asuntos relacionados con la gobernabilidad, con especial acento en la transparencia y la rendición de cuentas.
Básicamente, el trabajo se desarrolló en tres paneles: Rendición de cuentas del Ejecutivo en el siglo XXI, Parlamento y control del sector de la seguridad y Protección a los parlamentarios en el ejercicio de su función de control.
Los representantes chilenos intervinieron principalmente en el primer panel.
El diputado señor León se refirió a la separación de poderes, lo que evita el monopolio en su ejercicio y permite establecer los necesarios contrapesos y controles mediante los cuales se garantizan las libertades y el correcto ejercicio de la administración.
Asimismo, se refirió a la fiscalización parlamentaria y sus formas de ejercicio, para lo cual enumeró las facultades que contempla nuestra legislación.
También se explayó sobre los requisitos que demanda el ejercicio de esa facultad al tenor de la normativa interna.
A su vez, la diputada que habla tocó aspectos relativos al control presupuestario para mantener la igualdad de género. Para ello, se refirió a los pro y los contra de las denominadas “leyes de cuota”, al aporte que efectúan las mujeres que laboran, pero que no reciben un salario y, finalmente, sobre la creación de una jubilación para las dueñas de casa.
También participó en el taller denominado “la descentralización y la gobernabilidad local”, donde se refirió a su experiencia en la materia y formuló algunas propuestas para su perfeccionamiento.
Como resultado del trabajo efectuado, se presentó una propuesta que fue incorporada en la Declaración Final, que se adjunta como anexo a este informe, como una forma de hacer una contribución desde el ámbito parlamentario.
El segundo evento se desarrolló bajo el amparo de Naciones Unidas y del gobierno de Austria, y contempló la celebración de sesiones plenarias, talleres y reuniones encaminados a acelerar el cumplimiento de las metas del milenio, a través del fortalecimiento de la capacidad de los Estados y del mejoramiento de la calidad de la gobernabilidad.
Del mismo modo, se desarrollaron siete talleres, material que se encuentra disponible en Secretaría.
Como consecuencia de todo el trabajo desarrollado, se concluyó en una declaración que contiene diez recomendaciones, entre otras, las relativas a garantizar la legitimidad del gobierno, otorgar prioridad a la prestación de servicios y potenciar la transparencia y la rendición de cuentas.
En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Casinos de Juego.
Diputado informante es el señor Pablo Lorenzini.
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 34ª, en 12 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 8.
Señor Presidente, paso a informar sobre el cometido de la Comisión Especial Investigadora de los Casinos de Juego.
Ella se creó mediante el proyecto de acuerdo aprobado el 19 de octubre de 2006. Su trabajo y sus conclusiones figuran en las 230 páginas del informe que los señores diputados tienen a su disposición.
Con seguridad, algunos esperan que en veinte minutos demos lectura o resumamos su texto, lo que resulta imposible. Por eso, como los parlamentarios son personas serias, hacen bien su trabajo y, además, han tenido a su disposición el texto del informe desde hace algunas semanas, no voy a entrar en mayores detalles, sino al grueso del trabajo.
El detalle, casino por casino; la experiencia recabada en España, Perú y Argentina, países visitados para conocer distintas opciones de evaluación de precalificación de postulantes, y el resto de los antecedentes y comentarios formulados en relación con los 15 casinos asignados, figuran en forma pormenorizada en el informe, el cual consta de varios capítulos.
El primero dice relación con el proyecto de acuerdo mediante el cual se creó la Comisión, que me correspondió presidir, la cual tuvo a su cargo el estudio de una serie de denuncias, públicas y privadas, respecto de la autorización para la licitación de casinos y de su fiscalización por parte de la Superintendencia.
Luego, aparece una breve relación del trabajo que realizó la Comisión. Entre noviembre de 2006 y mayo del presente año se efectuaron 18 sesiones, a las cuales asistieron más de sesenta invitados.
A continuación, figura un capítulo dedicado a la normativa aplicable a los hechos que motivaron la investigación. De esa manera, los lectores del informe podrán formarse una idea sobre el nuevo concepto introducido en el país, dado que antes los casinos no se licitaban.
También se detallan los procesos para el otorgamiento de permisos y sus resultados.
Más adelante, se mencionan diferentes etapas: cómo se hace; qué no se debe hacer; cuándo es necesario contar con asesorías, tanto de organismos nacionales como internacionales, y cuando se requiere investigación financiera.
Hay un capítulo dedicado a la actual estructura de la Superintendencia de Casinos de Juego, que no es muy grande, son pocos funcionarios, en el cual se detalla lo que hace cada uno en sus distintas áreas y jefaturas.
Hay una aproximación general a las principales denuncias que se formularon ante la Comisión. Ésta es la parte más importante. Hay cuestionamientos a la actuación del superintendente en el caso específico de la precalificación de la sociedad postulante Cirsa . Hay otro capítulo importante respecto de la exclusión de la sociedad Thunderbird. Otra denuncia dice relación con el trato discriminatorio por parte de la Superintendencia con algunos postulantes.
Otro asunto cuestionado fue la contratación de evaluadores y asesores para entregar antecedentes a la Superintendencia acerca de posibles conflictos de intereses.
Otro aspecto que está considerado en detalle en el informe es el caso del casino de Calama, que no fue favorecido a pesar de haber obtenido el máximo puntaje.
En la Décima Región se perjudicó la postulación de Castro y de toda el área de Chiloé. Este hecho también tiene un apartado importante en nuestro informe.
Por último, otra de las denuncias más importantes formuladas es el proceso de nombramiento del fiscal de la Superintendencia, señor Riveros.
Estos temas están tratados extensamente. No voy a entrar al detalle de cada uno de ellos, porque me tomaría todo el día. El informe es suficientemente claro y expone todas las versiones, de quienes denuncian y defienden. En ese sentido, allí están los argumentos.
Luego, tenemos varios anexos donde se contienen los nombres de los más de sesenta invitados que concurrieron a la Comisión a expresar sus distintas opiniones.
También se contiene un detalle de los oficios. Mandamos 12 oficios y -cosa curiosa en nuestra labor parlamentaria- 11 se respondieron. Por lo tanto, agradecemos a las autoridades correspondientes.
Además, recibimos 27 documentos que pedimos y que se contienen en el informe, y otros que no pedimos y que, sin embargo, nos los hicieron llegar.
Se resume la opinión de los principales invitados. Entre ellos, quiero mencionar a los señores Francisco Javier Leiva , superintendente de Casinos ; Manuel Blanco , presidente de Sociedades Thunderbird ; Juan Carlos Leoz , consultor externo -quien trabajó en la Superintendencia, la asesoró y, posteriormente, estuvo fuera e hizo algunas denuncias-; Fernando Escobar , ex jefe de Administración y Finanzas de la Superintendencia ; Darío Calderón y Javier Martínez , representantes del grupo Enjoy; Jorge Ovalle y Jorge Guiñez , representantes del Casino de Osorno; Miguel Otero , abogado de Thunderbird; Oscar Santelices , director de Sernatur -quien, en algún minuto se inhabilitó sobre el tema-; Claudia Serrano , Ernesto Livacic , Ernesto Fontaine y Alberto Etchegaray , integrantes del Consejo Resolutivo; María Olivia Recart , presidenta de dicho Consejo; Roberto García , gerente general de Polaris S.A.; el conocido abogado René Abeliuk y Carlos Mackenney , presidente del Consejo de Defensa del Estado .
En la parte final del informe se incluyen los casos particulares más debatidos, que son los de Thunderbird, de Cirsa, de los casinos de Calama, de San Antonio, de Talca, de Concepción, de Talcahuano y de la Décima Región.
A continuación, me referiré a las resoluciones de la Comisión, insistiendo en que todas las apreciaciones u opiniones objetivas, que a los diputados asistentes les mereció esta investigación, están contenidas claramente en el informe.
La Comisión sesionó el 8, 16, 20 y 23 de noviembre de 2006; el 4, 7, 14 y 18 de diciembre de ese año; el 4, 8, 11 y 15 de enero de 2007; el 12 y 19 de marzo, el 19 de abril, el 3 y 14 de mayo de este año, con la asistencia de la diputada señora Carolina Goic y de los diputados señores Claudio Alvarado , Rodrigo Álvarez , Ramón Barros , Germán Becker , Julio Dittborn , Gonzalo Duarte , Carlos Olivares , Francisco Encina , Enrique Jaramillo , Pablo Galilea , Roberto Delmastro , Jorge Insunza , Carlos Recondo , Alberto Robles , Fulvio Rossi , Gabriel Ascencio y quien habla, en calidad de presidente.
Asimismo, la Comisión, de acuerdo con lo investigado, aprobó, el 14 de mayo del 2007, las conclusiones políticas, con la asistencia de los diputados señores Alvarado , Barros , Becker , Delmastro , Dittborn , Duarte , Encina , Insunza , Recondo , Robles y quien habla.
1. La Superintendencia de Casinos de Juego ha actuado con diversos criterios en relación a diferentes operadores;
2. Los hechos ocurridos son de gravedad y constituyen situaciones anómalas que requieren decisiones que permitan asegurar que a futuro se realizarán todos los esfuerzos administrativos legales que impidan o disminuyan los riesgos de que se vuelvan a producir;
3. Las circulares recientes -tres, de la Superintendencia, en los meses recientes- que permiten modificaciones sustantivas, tanto en los plazos como en los montos de inversión y proyectos en la mayoría de los permisos de operación, no corresponden a una interpretación adecuada y rigurosa de la ley;
4. Se han observado actuaciones confusas de algunos de los consejos regionales, municipios y demás autoridades involucradas en el proceso de adjudicación de casinos.
5 En la selección de los postulantes al cargo de fiscal de la Superintendencia se favoreció claramente la opción del actual fiscal, que había sido desechada por el Servicio Civil por carecer de las competencias exigidas para el cargo y no figurar en la cuaterna entregada;
6. La discrecionalidad y arbitrariedad que ha regido el actuar del señor superintendente de Casinos le ha llevado a adoptar un criterio interpretativo que significa sobrepasar el espíritu de la ley;
7. Falta de rigurosidad en los análisis respecto a las exigencias de la ley e inexplicables prórrogas de plazos, sin que existan las razones fundadas para ello;
8. Las conductas y actos del superintendente lo califican como una persona que no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia indispensable para el desempeño de su cargo, por lo que se propone a la Sala se acuerde solicitar a la Presidenta de la República la remoción del superintendente de Casinos de Juego ;
9. En relación con la opción de desechar la opinión del Consejo de Defensa del Estado, en el caso Thunderbird, a lo menos demuestra poca prolijidad en la decisión adoptada por el superintendente de Casinos ;
10. Por la gravedad que reviste la actuación del señor Bertín Valenzuela , intendente de la Décima Región, la Comisión Investigadora acuerda representar a la Presidenta de la República la conducta censurable de la primera autoridad regional de no facilitar el trabajo de la Comisión;
11. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo manifestado por el intendente de la Décima Región de los Lagos en la sesión del Consejo Resolutivo, de fecha 11 de julio de 2006, según consta en el acta respectiva, y habiéndose efectuado la proposición de adjudicación correspondiente a la Región de Los Lagos, y encontrándose todos los antecedentes de la evaluación y puntuación de los proyectos en poder del Consejo Resolutivo, el superintendente procedió a llevar a cabo una segunda proposición de adjudicación al Consejo Resolutivo, distinta de la original, ahora con puntajes diversos y con un nuevo orden de recomendación, todo lo anterior con perjuicio concreto para la opción de la comuna de Castro.
Respecto de este procedimiento, la Comisión Investigadora concluye que actuaciones de carácter discrecional, a propuesta del intendente de la Décima Región, integrante del Consejo Resolutivo, hacen que la actuación del superintendente, en este caso especifico, vaya más allá de lo que la ley le ha encomendado, hecho que reviste especial relevancia si se considera que se está ante un procedimiento de licitación pública, cuya supervisión y correcta verificación le corresponde cautelar precisamente al superintendente, en su calidad de máxima autoridad pública en la materia;
12. En relación con el proyecto “Valmar - Marina del Sol”:
a) Se advierte que la Superintendencia accedió a la solicitud de cambio de composición accionaria pedida, sin que se haya realizado el análisis profundo que demanda la ley de Casinos para los nuevos accionistas, dado que la solicitud fue resuelta favorablemente en sólo dos días, y
b) Marina del Sol omitió, en la solicitud de ampliación de plazo, que fue la misma empresa la que reconoció por medio de documentos escritos la alta probabilidad de que la referida zona geográfica fuese precisamente declarada como zona latente, afirmando que tal posibilidad “fue contemplada en el diseño conceptual de los proyectos” y que su proyecto “considera el someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental si ello llegare a ser necesario”. En tal sentido, no se comprende por qué se dio aumento de plazo.
Esas son las 12 conclusiones a que arribó la Comisión. Sin embargo, quisimos ir más allá, porque es nuestra función, y estamos proponiendo 13 medidas, que fueron aprobadas por unanimidad, para mejorar el actual proyecto de ley, que en opinión de todos es bastante malo y, dado que es muy amplio, se presta para discrecionalidades.
Paso a reseñar esas medidas:
-Para crear condiciones que fomenten el desarrollo de zonas con potencial turístico y asegurar la rentabilidad del negocio, debe modificarse la ley Nº 19.995, predefiniendo expresamente las características geográficas, demográficas, culturales y de desarrollo turístico que deben tener las zonas del país donde se quiere instalar casinos de juego. Es decir, hacemos énfasis en buscar zonas de potencial turístico.
-Respecto del monto de capital social -tema que fue muy debatido- que exige la letra c) del artículo 17 de la ley Nº 19.995, resulta esencial precisar el correcto alcance de la norma para evitar nuevas interpretaciones.
-Establecer expresamente que la precalificación debe extenderse a todos los partícipes que formen parte de la cadena de propiedad de una sociedad, sean personas naturales o jurídicas.
-Legislar, indicando expresamente las causales específicas para no precalificar a una sociedad postulante, tal como se regula en otras leyes, como en la ley general de Bancos e Instituciones Financieras, para no entregar facultades demasiado discrecionales.
-Homogenizar las exigencias para los accionistas, directores o gerentes de una sociedad operadora de casinos de juego con las de otras industrias reguladas.
-Se considera pertinente analizar la modificación de los criterios de evaluación, generando un nuevo modelo que debiera considerar las etapas de evaluación técnica y, posteriormente, la económica.
-Disponer que los cargos ejecutivos de la Superintendencia de Casinos deban ser sometidos a concurso a través de la Alta Gerencia Publica, tal como fue la intención primera.
-Aumentar el número máximo de casinos. Una modificación de esta naturaleza no significa establecer nuevas condiciones para los inversionistas extranjeros y nacionales, que en el primer proceso de apertura de mercado, diseñaron, postularon y obtuvieron permisos de operación. Sin embargo, se debe analizar, en forma responsable, la factibilidad económica de ampliar el número máximo de casinos de juego.
-Modificar la integración del Consejo Resolutivo con profesionales que puedan dedicar más tiempo a esta función, con remuneraciones adecuadas y que constituya un órgano de nivel superior a la Superintendencia, tanto funcional como jerárquicamente.
-Modificar las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Casinos, ya que en la actualidad es simultáneamente juez y parte en la actividad vinculada con la autorización y funcionamiento de los casinos, por lo que no tiene la independencia suficiente para fiscalizar a las entidades que se desempeñan en la industria.
-Evitar la concentración de la industria de juegos, estableciendo un límite máximo por definir en manos de un mismo operador a nivel nacional.
En resumen, las conclusiones de la Comisión y nuestras recomendaciones apuntan a estructurar un proyecto de ley que evite futuras comisiones investigadores, como la que me correspondió presidir y cuyo informe termino de entregar.
Señor Presidente, varias de las conclusiones de la Comisión investigadora son bastante confusas y contradictorias.
Fueron muchas las solicitudes de intervención de tribunales a propósito de eventuales ilegalidades o arbitrariedad de la Superintendencia de Casinos de Juego. Sin embargo, ninguna de las acciones judiciales ni la Contraloría General de la República encontraron ilegalidades o irregularidades administrativas. Esto contrasta con las conclusiones de la Comisión.
Con todo, me preocupa la alusión que se hace, en la conclusión 12, al casino de juego que, legal y legítimamente, ganó una empresa de mi región, en una competencia comercial y financiera bastante dura. Son legítimas las discrepancias de quienes no accedieron a ocupar esa plaza; pero una cosa es el sagrado derecho a pataleo y otra distinta es usar argumentos que se establecen como conclusión, pero que nunca fueron tratados en la Comisión. ¡Nunca! Se trata de aspectos que, después de haber sido analizados, se dan por superados.
En el punto 12 del capítulo XIII del informe, denominado “Conclusiones aprobadas por la Comisión, como modificaciones”, se establecen dos situaciones respecto del casino que queda instalado no en Concepción, sino en la ciudad de Talcahuano, al cual se le asignan dos faltas que no son reales, las que inmediatamente pasaré a descalificar.
Señor Presidente, las conclusiones del punto 12 del informe se relacionan con el proyecto integral Marina del Sol y dice lo siguiente:
“12.- En relación con el proyecto “Valmar-Marina del Sol”:
a) Se advierte que la Superintendencia accedió a la solicitud de cambio de composición accionaria pedida sin que se haya realizado el análisis profundo que demanda la Ley de Casinos para los nuevos accionistas, dado que la solicitud fue resuelta favorablemente en sólo dos días;”.
Voy a ir punto por punto. Respecto de este tema, quiero señalar lo siguiente:
Se refiere a la autorización concedida por la Superintendencia en julio de 2005 para que Valmar transfiriera acciones de Marina del Sol S.A. al Grupo Pinaccle, que fue asesorado por el abogado señor Sergio Diez . Cabe mencionar que esta autorización fue efectivamente otorgada por la Superintendencia, previa tramitación realizada por el abogado Diez; no obstante, jamás se concretó la transferencia accionaria, de manera que la autorización en cuestión no produjo efecto práctico alguno.
Sin embargo, la Comisión tampoco tuvo en cuenta, porque no solicitó los antecedentes, de que la autorización fue pedida y concedida en julio de 2005, época en que tanto el Grupo Pinaccle como el Grupo Valmar sólo habían anunciado solicitudes de operación de casino para la zona metropolitana de Concepción, sin haberlas formalizado todavía, trámite que, de acuerdo con la propia ley, debían cumplir más tarde, específicamente dentro de la primera semana de agosto de 2005.
En ese estado del procedimiento, para que la Superintendencia resolviera sobre la solicitud de autorización para transferencia de acciones, no era procedente que realizare ningún análisis de precalificación de antecedentes de la compañía adquirente de las acciones, porque Marina del Sol S.A. todavía no había formalizado su petición de permiso, lo cual sólo hizo el 3 de agosto de 2005, de manera que todavía no se había realizado la precalificación de accionistas ni siquiera del propio Valmar .
La precalificación respecto de la compañía con sus nuevos accionistas habría de efectuarse dentro del procedimiento normal del concurso en su momento, como de hecho se hizo mediante resolución de 12 de abril de 2006.
El único caso en que debe efectuarse una precalificación dilatada para conceder autorización es la situación de una compañía que ya es titular de un permiso de operación de casino y que, a posteriori, desea transferir acciones a un tercero no precalificado. Pero esa situación evidentemente no era aplicable en julio de 2005, porque Marina del Sol S.A. todavía no había ganado ningún permiso y tampoco había formalizado ninguna solicitud. Por ende, no correspondía realizar una precalificación antes de autorizar una transferencia de acciones en ese momento.
Por estas razones tan sencillas y lógicas, en ese estado del procedimiento, el otorgamiento de la autorización requería simplemente de un examen formal de la solicitud, para el que bastaban 48 horas.
Vamos a la segunda acusación que hace el punto 12 del informe, la cual, reitero, se incorporó sólo el último día en dicho documento, sin haber consultado antes a esta empresa sobre la materia la única vez que fue convocada, en circunstancias de que otras empresas demandadas fueron invitadas hasta tres veces.
La segunda acusación que le asigna el mencionado punto 12 del informe al proyecto Marina del Sol, ubicado en Talcahuano, es la siguiente:
“b) Marina del Sol omitió en la solicitud de ampliación de plazo que fue la misma empresa la que reconoció por medio de documentos escritos la alta probabilidad de que la referida zona geográfica fuese precisamente declarada como zona latente, -estamos hablando de una calificación establecida en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente- afirmando que tal posibilidad “fue contemplada en el diseño conceptual de los proyectos” y que su proyecto “considera el someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental si ello llegare a ser necesario”. En tal sentido, no se comprende por qué se dio aumento de plazo.”
Respecto de esta situación, quiero señalar lo siguiente:
Marina del Sol S.A. formalizó su solicitud de un permiso de operación de casino para Talcahuano el 3 de agosto de 2005. Dentro de su presentación, que cumplía con lo dispuesto en la ley y en su reglamento, presentó un “plan de operación” de 24 meses para la ejecución de todas las obras y trámites asociados.
Mediante el acuerdo Nº 3, de 11 de julio de 2006, el honorable Consejo Resolutivo acordó otorgar el permiso solicitado a Marina del Sol S.A., acuerdo que fue cumplido por el superintendente mediante la resolución Nº 176, de 21 de julio de 2006.
Tanto a la fecha de la solicitud, 3 de agosto de 2005, como a la fecha del otorgamiento del permiso, 11 de julio de 2006, el proyecto de Marina del Sol S.A. no requería ser ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental , ni a través de una declaración de impacto ambiental ni mediante un estudio de impacto ambiental, lo que fue certificado así por el director regional de la Conama de la Región del Biobío .
Por estas razones, el “plan de operación” de Marina del Sol S.A., presentado el 3 de agosto de 2005, no contemplaba en ninguna de sus fases el sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque era legalmente improcedente al momento de diseñar dicho cronograma.
Después de la adjudicación del permiso, recién el 25 de julio de 2006, fue publicado en el Diario Oficial el decreto supremo Nº 41, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que declaró “zona latente por material particulado respirable” a un sector geográfico que comprende, entre otras, la comuna de Talcahuano.
Este hecho llevó a Marina del Sol S.A., antes de toda otra solicitud de permiso y ejecución de obras, a la necesidad de intercalar un trámite nuevo, que no estaba previsto en el plan de operación: ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por esta razón, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que permiten una prórroga del plazo previsto en el plan de operación hasta por un tercio adicional, por razones fundadas, Marina del Sol S.A. pidió una prórroga por 8 meses adicionales, la que fue concedida por la Superintendencia, debido a la necesidad de agregar un trámite previo al plan de operación o cronograma.
La acusación contra Marina del Sol S.A. consiste en que la empresa habría reconocido por medio de documentos escritos la alta probabilidad de que el referido sector geográfico fuese declarado como zona latente, afirmando que tal posibilidad “fue contemplada en el diseño conceptual de los proyectos” y que su proyecto “considera el someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental si ello llegare a ser necesario”.
Pero la acusación es errónea por los siguientes motivos:
La frase en cuestión se contiene en un informe de viabilidad técnica del proyecto integral pedido por la Superintendencia, firmado por un profesional arquitecto y presentado sólo en diciembre de 2005; es decir, es posterior al plan de operación presentado con la formalización del 3 de agosto de 2005.
En resumen, la acusación confunde el “proyecto” con el “plan de operación”.
En segundo lugar, con esto termino para respetar el tiempo cedido al diputado Alvarado , debo señalar que existe un cronograma que permite comprobar exactamente cuáles y dónde estaban las autorizaciones, y cuándo y dónde se solicitan nuevos antecedentes.
Por estas razones, rechazaré el informe de la Comisión Especial Investigadora.
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la honorable diputada Carolina Tohá.
Señor Presidente, anuncio que voy a rechazar el informe y fundamentar mi voto negativo, principalmente, porque del análisis de su contenido no se desprenden razones para llegar a las conclusiones que establece.
A propósito de los distintos procesos de adjudicación de casinos, los que no la han conseguido han entablado una enorme cantidad de acciones legales, todas las cuales han sido falladas a favor de la Superintendencia.
También se han constatado defectos y carencias de la ley que dictamos en esta Cámara. Hay ánimo de resolverlas. El Ejecutivo está presentando un proyecto para subsanarlas. Pero nosotros, como Cámara fiscalizadora, debemos ser tremendamente cuidadosos para no levantar, a la primera, acusaciones sin fundamento. En ese proceso ha habido una enorme cantidad de esfuerzos, de lobby, de presión y de acercamiento de las empresas que han participado. Es muy lamentable que esto se haya desarrollado sin que en Chile aún no exista una ley de lobby. Si la hubiera, habríamos tenido mucho más claro ante el país y entre nosotros la diferencia entre intereses afectados e irregularidades.
No hay un ejemplo más claro para entender que se necesita una ley de lobby, de manera que cada parlamentario y cada autoridad que se entreviste con el empresario interesado lo dé a conocer y se sepa el contenido de esa reunión y su objetivo, y que una institución o empresa que represente intereses de un afectado también lo tenga que decir.
Desde ese punto de vista, es positivo que, ojalá en decisiones de ese tipo, que son tan importantes y con las que se mueven tantos recursos, todas las autoridades hagamos lo mismo. Es positivo que el superintendente haya hecho pública su agenda de reuniones y que cada empresa e interesado que pidieron ser escuchados, quedaran publicados en Internet. Habría sido bueno que los parlamentarios que han estado vinculados a esta materia hubieran hecho lo mismo, porque lo que ha sucedido es bastante complejo y delicado, a ojos vista de todos nosotros.
Por las razones expuestas, rechazaré el informe, sin perjuicio de que comparto la necesidad de perfeccionar la ley y mejorar sus procedimientos a la luz de esta experiencia y, sobre todo, poner la mayor urgencia al proyecto de ley de lobby que tanto necesita nuestro país.
Tiene la palabra el honorable diputado Claudio Alvarado.
Señor Presidente , después de largos debates en la Comisión, no existe contraposición alguna en el informe cuando señalamos que este proceso estuvo plagado de discrecionalidades.
En muchas ocasiones se fue mucho más allá del espíritu de la legislación que aprobamos en este Congreso en su oportunidad. Bajo esa perspectiva, indudablemente, cuando el margen de discrecionalidad es amplio, se producen arbitrariedades, discriminaciones y situaciones que no benefician a quienes lo merecen. Como excusa se podrá decir que el margen de discrecionalidad de la ley permitía obrar de esa manera, pero cuando se empiezan a buscar subterfugios y recovecos en la legislación para atender y dar preferencia a casos específicos, creo que nuestra misión como Comisión es indicarlo, explicitarlo y proponer corregirlo.
Quiero graficar lo que sucedió en la Décima Región, que fue la única en la cual se hicieron dos evaluaciones. En la primera de ellas, de acuerdo con los criterios definidos en el reglamento de la Superintendencia, el puntaje original que otorgaba las mayores calificaciones estaba dado para las comunas de Valdivia y de Castro: Valdivia con 1.780 puntos, Castro con 1.701 y en tercer, cuarto y quinto lugar estaban las postulaciones de la ciudad de Osorno.
Ese proceso quedó sancionado en el Consejo Resolutivo el 31 de marzo de 2006. Curiosamente, con posterioridad, cuando esas calificaciones estaban sancionadas para las postulaciones en la Décima Región, el superintendente retrotrae el proceso en una decisión discrecional y solicita una nueva evaluación. Curiosamente, en esa nueva evaluación salieron beneficiados Valdivia y un casino en la ciudad de Osorno. ¿Por qué Osorno? Porque el intendente de la Décima Región solicitó que se hiciera competir a todas las postulaciones al interior de la Región, porque él fue concejal y también gobernador de Osorno. Indudablemente, quiere ser el próximo alcalde de esa ciudad, pero los desafíos políticos no se pueden enfrentar alterando procesos que ya estaban establecidos y definidos en la ley.
Por esa razón, hemos concluido que la Superintendencia, al llevar adelante esta segunda proposición ante el Consejo Resolutivo, que fue totalmente distinta a la original, con puntajes diversos y con un nuevo orden de recomendación, generó un perjuicio serio y concreto a la opción de la comuna de Castro, de la provincia de Chiloé.
Por eso, consideramos que esa actuación de carácter discrecional, a propuesta del intendente de la Décima Región, quien integra el Consejo Resolutivo, fue más allá de lo que le ley le había encomendado, hecho que, a nuestro juicio, reviste especial relevancia, si se considera que se trata de una licitación pública, cuya supervisión y correcta verificación le corresponde cautelar precisamente al superintendente, en su calidad de máxima autoridad pública en la materia.
¿Para qué hablar de la actuación de nuestro intendente? ¡Vergonzosa! Convocado a la Comisión, expresó que no recordaba que existieron dos evaluaciones, y aseguró que sólo conoció una. A poco andar, en la Comisión reconoció que, a solicitud del Consejo Resolutivo, se produjo la segunda evaluación.
Siempre hay que actuar con la verdad. Si existe interés de una autoridad en privilegiar a determinada provincia o comuna en la región, que lo diga; es legítimo. Pero que no vengan a desvirtuar la verdad y los hechos y a decir que no se acuerdan o que de pronto pierden la memoria, porque es una falta de respeto al Parlamento y a una comisión investigadora.
Por eso, quiero dejar claramente establecido lo que sucedió en la Comisión en el caso de la Décima Región y con la actuación de su intendente, don Jaime Bertín .
“En su declaración ante esta instancia investigadora, ante consultas específicas y claras relativas a su participación en el Consejo Resolutivo de la Décima Región , deliberadamente omite antecedentes. No recuerda otras materias y asegura no haber conocido más de una propuesta de evaluación por parte de la Superintendencia de Casinos, sobre la cual se tomó la decisión de la asignación de licencia, situación que es falsa.
Al comparar las declaraciones del intendente en la Comisión con las respectivas actas del Consejo Resolutivo para la Décima Región, específicamente con la sesión de este cuerpo colegiado del día 11 de julio de 2006, no existen dudas de que la primera autoridad regional, en su intervención ante esta instancia investigadora, fue confusa, poco clara y que sus dichos no se ajustaron a la verdad respecto al real conocimiento que esta autoridad tenía respecto al origen y naturaleza de una segunda evaluación que finalmente predominó y determinó favorecer a Valdivia y a Osorno, excluyendo a la ciudad de Castro.”.
En consecuencia, la Comisión Investigadora considera una falta grave e inexcusable que el intendente de la Décima Región de los Lagos, representante de la Presidenta de la República en la zona, presidente del gobierno regional y miembro titular del Consejo Resolutivo de Casinos para la Décima Región, haya dicho ante ésta, que “conoció sólo una evaluación” cuando votó en dicha instancia, y no reconozca, y peor aún, que diga no recordar, lo que consta en el acta del Consejo Resolutivo, de fecha 11 de julio, párrafo segundo, página número cuatro, que dice: “Resultaba necesario incorporar una visión regional, es decir, desarrollar una metodología de evaluación que considere los proyectos comparativamente con los demás postulantes de la región, aun cuando estén ubicados en diferentes zonas de influencia”. O sea, en el Consejo Resolutivo dice una cosa, pide una segunda evaluación, y en la Comisión dice que no se acuerda y que no conoció ninguna otra.
¡Una vergüenza, señor Presidente ! Una primera autoridad no puede venir a esta Cámara de Diputados a faltar a la verdad, a omitirla o confundirla. Por eso, la Comisión propuso dejar claramente establecido que la participación del señor Jaime Bertín Valenzuela , en esta instancia fiscalizadora, tuvo como propósito evitar decir la verdad y omitir antecedentes importantes para los objetivos de la Comisión Investigadora, elementos que se consideran como una obstrucción al ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, en las conclusiones solicitamos que se acuerde representar la actuación del señor Jaime Bertín, en el proceso de la Décima Región, ante su excelencia la Presidenta de la República.
Nadie ha podido explicar por qué en esta segunda evaluación se cambiaron criterios que no tienen absolutamente nada que ver con la asignación de los puntajes originales. Se cambia el criterio de avalúo comercial por el de avalúo fiscal. Puede ser lógico, y lo acepto. Pero también se debe dejar claro que el avalúo fiscal no representa el valor comercial de las propiedades, más aún si la zona está en crecimiento o en desarrollo.
El avalúo fiscal tiende a ser más bien cercano al avalúo comercial de una propiedad cuando la ciudad está en decadencia y no existe dinámica ni actividad económica potente. Eso es lo que sucede en Osorno.
¿Qué relación existe al cambiar el avalúo fiscal o el avalúo comercial con el incremento o disminución en la oferta turística? Ninguna.
¿Qué relación existe al cambiar el valor comercial a avalúo fiscal con la ubicación, calidad y diseño de las instalaciones del proyecto que se iba a formular en una zona determinada? Ninguna.
¿Qué influencia puede tener cambiar el avalúo comercial a avalúo fiscal en los efectos económico-sociales de la inversión en una determinada provincia? Ninguna.
¿Qué relación tiene el efecto de armonía del proyecto con el entorno? Ninguna.
En consecuencia, se buscaron excusas para hacer ganar a aquellos que en la competencia original perdieron, de acuerdo con los antecedentes que a la Superintendencia correspondió calificar; para hacer ganar a aquellos que tenían un representante al interior del Consejo Resolutivo, a quien le interesaba privilegiar a una provincia determinada por un interés político determinado.
Finalmente, quiero decir que en Chiloé nos sentimos burlados, pasados a llevar, por cuanto hemos sido testigos de cómo, por secretaría, nos privaron del legítimo derecho, ganado en buena lid, de tener un casino que potenciara el desarrollo turístico de una zona que es patrimonio de la humanidad, que tiene una identidad cultural especial y que es visitada por muchos más turistas que la provincia de Osorno.
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
Señor Presidente , ésta no es una taimadura de quienes somos representantes de localidades que no tuvieron concesiones de casinos. Lo que sucede es que en este asunto se denunciaron situaciones reñidas con la ética básica y con la ley. No obstante, uno podría no compartir la totalidad de las argumentaciones y de los juicios vertidos en el informe.
Veamos el caso de la Sexta Región, uno de cuyos distritos represento.
En ella, a pesar de que la ley establece, explícitamente, que debían privilegiarse zonas consolidadas, que generaran desarrollo turístico, con oferta turística, terminamos con un casino emplazado a orillas de un túnel, en una zona que, hasta el día hoy, no tiene los permisos del Ministerio de Obras Públicas. Están pidiendo ampliación de plazos.
Es tal la situación que, incluso, circulan rumores de que, al igual que en Talcahuano, algunos accionistas están vendiendo sus participaciones en las sociedades.
El Consejo Regional votó unánimemente por cualesquiera de las empresas que querían instalar un casino en Rancagua. Sin embargo, en voto dividido, ganó el casino de San Francisco de Mostazal. Estaba todo el mundo orientado en una dirección, pero terminaron, de manera muy extraña, otorgando el casino a dicha empresa.
Por lo tanto, apoyamos con fervor el informe, porque hace justicia a un proceso mal llevado.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
Señor Presidente , no soy de aquellos que apoyó con entusiasmo la ley marco de casinos. Voté en contra varios artículos, particularmente el que inhibió a la Región Metropolitana de contar con uno, cuestión que, a mi juicio, constituía una discriminación grave, por cuanto, indirectamente, beneficiaba a quien tenía casino en la Quinta Región. Pero las cosas fueron así.
El proyecto fue aprobado mayoritariamente en las dos cámaras, porque consideraron que era mejor que el sistema antiguo, esto es, una ley para cada casino. A estas alturas tengo mis dudas de que era mejor.
Ahora bien, culpar de una mala ley, de una ley compleja, a quien es uno de los instrumentos de la aplicación -reitero, uno, porque existe un Consejo y una serie de instancias-, me parece discutible.
Como cuestión previa, quiero decir que no he sido objeto de ningún lobby, de nadie, para votar como voy a votar la propuesta de la Comisión Investigadora.
Tampoco acepto la tesis del presidente de la Comisión , manifestada en algunos medios de comunicación, como en el diario La Segunda, del día 5 de julio de 2007, donde expresó: “Pero lo que va a pasar, según Lorenzini , es que ‘gracias a estos lobbys, a estas acciones del Gobierno, a las defensas corporativas, la mayoría de los parlamentarios de la Concertación -sin haber participado y con los hechos en la mesa- van a rechazar simplemente (el informe), porque aquí se está afectando a funcionarios de gobierno y yo no creo que debamos estar defendiendo a pillines’.”.
En verdad, no creo que el superintendente sea un “pillín”. No lo creo. Es un juicio demasiado fuerte, salvo que se contraste con pruebas. Es un juicio demasiado grave, salvo que se fundamente. Y el informe no lo fundamenta. Y cuando uno afecta la honra de una persona tiene que ser capaz de fundamentar. Ése es un principio político, moral, cristiano.
Señor diputado, no he empleado ese término respecto del superintendente.
Yo estoy diciendo lo que sale en los diarios, diputado Lorenzini.
No. No estoy mintiendo. El diputado Lorenzini me aclara que él no le quiso decir “pillín” al superintendente. Buena aclaración. A los lectores de “La Segunda” no nos quedó muy claro.
Diputado Lorenzini, después podrá hacer uso de la palabra.
Me aclara el diputado Lorenzini ahora, en esta sesión, que no le quiso decir “pillín” al superintendente. ¡Buena cosa! ¡Buena aclaración!
En consecuencia, eso ha quedado bastante claro.
Señores diputados, en primer lugar, si el diputado Lorenzini aclaró que no se refería al superintendente, pido que no se haga ninguna imputación al respecto.
En segundo término, diputado Lorenzini , usted tendrá tiempo para intervenir posteriormente.
Puede continuar diputado señor Burgos .
Es una buena aclaración. Bienvenida. Los lectores de La Segunda, entre ellos yo, no lo entendimos así.
Cuando en un informe de mayoría -y aquí ya me refiero al informe- se declara que, a
partir de los hechos que se investigan, lo que corresponde es proponer que la persona que está a cargo de determinada institución se vaya o la Presidenta “la saque”, tiene que haber una consistencia entre la prueba, la determinación y la dictación del equivalente a una verdadera sentencia de muerte en el cargo para el funcionario. Eso no aparece en el informe.
El informe, más allá de las opiniones legítimas de las personas que sienten que sus regiones o sus ciudades fueron afectadas, no es consistente a la hora de establecer que determinada persona accionó para que ex profeso ciertas regiones o ciudades fueran perjudicadas. No hay consistencia. ¡Y se declara al final que tiene que irse! Eso no es consistente. Una comisión investigadora no puede concluir así, porque se hace un daño al trabajo de la investigación. Y lo digo respetuosamente, sin querer herir ninguna susceptibilidad.
Si uno lee el informe con calma, como yo lo he intentado hacer, la inteligencia no da para determinar que a partir de los antecedentes, las pruebas, es posible condenar a la peor pena a quien estaba a cargo de determinado proceso, es decir, que salga por malo.
Señor Presidente, estamos en una discusión profunda en su esencia, pero que no ha estado ajena a expresiones que es necesario clarificar.
Soy un convencido de que el debut de la licitación de casinos de juego no fue el que todos esperábamos.
Creo -y en eso comparto ciertos aspectos emitidos en el informe- que aquí hubo una serie de hechos que pudieron haber sido mucho más amplios en su generalidad para que la transparencia del proceso no se hubiera visto empañada.
A lo mejor, hubo una excesiva entrega de atribuciones al superintendente. Pero en eso somos culpables los parlamentarios, que fuimos los que aprobamos el proyecto de ley. Por lo tanto, pienso que intentar señalar que esto obedece estrictamente a la responsabilidad de una persona no se condice con la realidad.
Anuncio que votaré en contra el informe, por una razón muy sencilla: aquí se han tratado de mezclar peras con manzanas.
Como diputado de la Concertación no puedo aceptar una intervención que rayó en la injuria y en la calumnia, como la que hizo el diputado Claudio Alvarado en contra del intendente de la Décima Región, Jaime Bertín . Él señaló que aquí hubo cuestiones oscuras, que se trató de favorecer a Osorno porque Jaime Bertín fue su gobernador y también concejal por esa comuna. Jaime Bertín fue un gran concejal, un buen gobernador y hoy es un mejor intendente.
Ésa es la molestia que siempre ha tenido el diputado Alvarado . Y debo decir que ésta no es la primera denuncia que hace contra el intendente. Las primeras, las presentó ante la Contraloría General de la República, y obedecieron a chimuchina, pero en su generalidad fueron desestimadas por el órgano contralor.
Pero -insisto- se raya en la injuria y en la calumnia al tratar de decir que hubo procesos oscuros para favorecer a una provincia respecto de otra.
Por su intermedio, señor Presidente , señalo al señor Alvarado que la gente de Chiloé no sueña ni se muere por un casino; si lo tiene en el futuro, bienvenido sea. La gente de Chiloé se muere por otros problemas: porque tiene dificultades de accesibilidad y de conectividad, porque todavía tiene problemas en materia de salud. También están los problemas con los salmoneros, a los que el señor Alvarado defiende tanto, seguramente porque financian campañas políticas en el sur. Esos son los problemas que tiene la gente de Chiloé.
Me habría gustado que el informe hubiese incorporado un aspecto que señaló la diputada Tohá y que considero esencial: la regulación del lobby.
Pero, por otra parte, ¿cuántos casinos del país financian campañas políticas? Hay un proyecto de ley sobre la materia en el Congreso Nacional. ¿Por qué no se incorporó eso en el informe? Que se regule la materia, que los casinos no puedan financiar campañas políticas, como ocurre en el sur y a lo largo del país.
Señor Presidente , hoy la Cámara debe pronunciarse sobre un informe que fue evacuado hace más de un mes y medio, el 14 de mayo, por la Comisión Investigadora encargada de evaluar la aplicación de la ley Nº 19.995.
En verdad, no tengo ninguna vinculación con casino alguno. No voy a defender a ninguno. No voy a tratar de demostrar que en mi región se puso o no un casino. No me referiré a casos particulares, sino sólo trataré de demostrar que el señor superintendente actuó con falta de imparcialidad y con arbitrariedad en el proceso de adjudicación de casinos de juego. Y para eso, citaré algunos casos, que son los que más reflejan esta situación.
Primero, el caso Cirsa .
La Superintendencia de Casinos de Juego solicitó a una empresa consultora externa, la de Juan Carlos Leoz , que precalificara a todos los postulantes. En su informe, esa consultora dijo que la empresa Cirsa presentaba una serie de juicios a nivel internacional que no habían sido informados en las respectivas declaraciones juradas, cuestión bastante rara. Se trataba de un juicio en Venezuela por evasión tributaria, de juicios en España por lavado de dinero, condenas de la Audiencia Nacional, condenas del Tribunal Antimonopolio y de antecedentes de varios juicios en Argentina. Todo eso inhabilitaba a la empresa para participar en el proceso.
¿Cuál fue la reacción del superintendente ante la situación de Cirsa? Viajó a España y al volver al país solicitó a la empresa consultora que le había dado esos antecedentes que cambiara la información del diario “El País” -juicio por lavado de dinero-, ya que no resultaba concordante con la información entregada por la Interpol. Pero no proporcionó ningún antecedente al efecto. No había antecedentes.
También le solicitó cambiar la conclusión y establecer que Cirsa tiene una reputación intachable en la industria de casinos a nivel internacional. Pero tampoco proporcionó los antecedentes para ese cambio.
Como la consultora no accedió a los cambios, se canceló su trabajo y, por supuesto, se aprobó la participación de Cirsa en el proceso.
Señor Presidente , veamos qué pasó y cómo terminó la historia de Cirsa. Es bastante entretenida.
Aproximadamente diez días antes de que se adjudicara el casino más importante en la Sexta Región -todos sabemos que es el más grande-, se produjo la siguiente noticia: Manuel Lao , dueño de Cirsa, fue detenido en Buenos Aires cuando intentaba introducir 500 mil euros.
La explicación que dieron los ejecutivos de Cirsa fue bastante burda. Dijeron que llevaba esos recursos por posibles problemas de enfermedad del señor Manuel Lao. La verdad es que eso es bastante ridículo.
Ese episodio ocurrió diez días antes de la última adjudicación en Chile y, por notable coincidencia, el superintendente se encontraba en Buenos Aires, aun cuando había defendido la participación de Cirsa en todo el proceso de licitación. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero debo reconocer que existen las coincidencias.
Segundo, el caso Thunderbird.
La Superintendencia solicitó un informe en derecho, con extrema urgencia -tengo en mi mano los antecedentes que lo avalan-, al Consejo de Defensa del Estado acerca del cumplimiento del grupo Thunderbird en cuanto a los requisitos para postular en el proceso de adjudicación de casinos. El superintendente se opuso a que Thunderbird participara en dicho proceso -incluso lo dejó claro en la Comisión- a través de gestiones hechas ante el Consejo de Defensa del Estado para dejarlo excluido del proceso. No obstante, el resultado del informe del Consejo de Defensa del Estado fue bastante distinto, y su conclusión fue la siguiente:
“Las sociedades reclamantes, Grupo Thunderbird , han acreditado la suscripción y pago del 50% del capital mínimo en las propias escrituras sociales. Por consiguiente, en opinión del CDE, han cumplido con lo dispuesto en el artículo 17 letra c) de la ley Nº 19.995. Y, en todo caso, con posterioridad, además, han agregado el antecedente de haberse suscrito y pagado el 50% del capital social, el mismo día de las respectivas escrituras sociales.” Por tanto, estimamos que el Grupo Thunderbird debe seguir participando.
Eso lo dijo un informe del Consejo de Defensa del Estado, a pesar de que el superintendente -así señaló en la Comisión- había hablado con los abogados de dicho organismo para que el informe saliera negativo a Thunderbird.
¿Qué definió el superintendente al respecto? Señaló que el informe del Consejo de Defensa del Estado no era vinculante, por tanto, no le interesaba, y pidió un informe ad hoc que fue preparado por el abogado Emilio Pfeffer , en el cual le dio la razón, dejando afuera al Grupo Thunderbird. O sea, logró su objetivo.
Desde un principio, el superintendente, ajeno a su deber de imparcialidad, en forma prejuiciosa y predispuesta obstaculizó a una empresa de participar en el proceso.
Cabe señalar que, como en todo proceso que se implementa por primera vez, es dable esperar que se produzcan problemas en el cumplimiento de múltiples requisitos respecto de los cuales no existe experiencia, como ocurrieron.
Tenemos el caso Cirsa, grupo que participó a pesar de tener problemas; el caso Thunderbird, que tuvo un apego riguroso a la normativa, y a pesar del informe del Consejo de Defensa del Estado, lo dejó al margen; y el caso Latin Gaming , donde existía una discrepancia entre la escritura de constitución y el extracto de la sociedad operadora en la referencia a su capital, lo dejó participar y se adjudicó un casino.
Lo que no resulta aceptable es que frente a las exigencias que debieron cumplir las empresas, la autoridad en algunos casos fuera benevolente y facilitadora y en otros drástica y obstaculizadora. Esto es lo que se denomina arbitrariedad y discriminación.
Provengo de una familia de muchos hermanos, donde aprendí que la ley pareja no es dura, pero la que no es pareja equivale al abuso y a la negación de la justicia. Frente a la discriminación y a la arbitrariedad no debemos tener dos opiniones y debemos rechazarla, sobre todo, cuando proviene de la autoridad.
Hay otro caso, también bastante extraño, que es el nombramiento del fiscal de la Superintendencia de Casinos de Juego. Hace pocos días supe que es amigo del ministro de Economía , lo que no tiene importancia. En este caso, para designar al fiscal, el superintendente se acogió voluntariamente al sistema de Alta Dirección Pública. Posteriormente, señaló que esas resoluciones no son vinculantes, ya que dentro de la quina que le envió el Servicio Social no estaba el señor Fernando Riveros , y como no eran vinculantes, finalmente designó al señor Riveros , a pesar de que había postulado a la quina y no había quedado, porque el Servicio Civil consideró que no tenía los atributos para ser fiscal de la Superintendencia.
No podemos dejar pasar el hecho de que una autoridad, porque no le gusta o contraría su propia opinión, se desentienda con tanta ligereza de la opinión de organismos públicos respetables y serios, como es el Consejo de Defensa del Estado y el sistema de cargos de la Alta Dirección Pública, a los que él mismo recurrió voluntariamente para después desconocer sus resoluciones.
¿Con qué intención recurrió a dichos organismos? ¿Con un afán de transparencia o con el propósito de investir de legalidad sus decisiones ya tomadas?
Podría extenderme mucho más en una larga lista de hechos o situaciones que avalan las conclusiones que proponemos; por tiempo, me resulta imposible.
La Superintendencia de Casinos de Juego es un servicio público creado para el cumplimiento de una función, y le son aplicables las disposiciones de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. En su actuar debe recoger los principios de eficiencia y eficacia y expresarse en lo razonable e imparcial de sus decisiones y en la recta ejecución de sus normas. La disposición del artículo 53 de la ley Nº 18.575 es obligatoria y respecto de la cual ningún funcionario público puede desentenderse.
La Comisión realizó un trabajo profundo, acucioso, serio, y sus conclusiones son representativas del trabajo. El informe, más allá de las presiones que pudieron recibir algunos señores diputados, debe ser aprobado porque el superintendente no actuó con la imparcialidad que se requería.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado don Marcelo Díaz.
Señor Presidente , el objetivo de las comisiones investigadoras de esta Cámara es dar cumplimiento al mandato específico que reciben, particularmente, establecer responsabilidades políticas, por lo tanto, eso es lo que nos corresponden hacer hoy.
En Chile, la licitación de casinos y salas de juego es un tema altamente sensible e importante. El proceso abierto por la ley de Casinos de Juegos es un hito jurídico, económico e institucional de gran relevancia e importancia, porque es una materia muy compleja, como la experiencia comparada nos permite acreditar.
Luego de examinar detenidamente el informe, uno puede concluir que de los diversos antecedentes presentados no se desprenden hechos constitutivos de delitos o faltas susceptibles de ser perseguidas civil o penalmente. De hecho, todas las reclamaciones, judiciales, administrativas, incluso aquellas que se presentaron ante el Tribunal Constitucional, han sido desechadas o falladas favorablemente para la Superintendencia de Casinos de Juegos. Pero no es responsabilidad de esta Cámara sólo aquello; también tiene que ver con la responsabilidad política, como lo señalé al comienzo de mi intervención.
Del análisis del informe se pueden sacar algunas conclusiones que me parecen preocupantes.
A la Superintendencia de Casinos de Juego se le ha cuestionado por varios hechos sensibles. En primer lugar, por trato discriminatorio para algunos postulantes por parte de dicho organismo, a los distintos operadores, quienes, supuestamente, no habrían cumplido con algunos de los requisitos que exige la ley en la etapa de formalización de los permisos de operación; por contratación como evaluadoras del proceso de entidades con posibles conflictos de intereses; por haber favorecido a operadoras que no habían obtenido el mayor puntaje fijado en el procedimiento de la ley; por el otorgamiento de permisos de operación en la Décima Región que perjudicaron labores comunes y que se opusieron a una revisión del procedimiento en un segundo proceso de calificación; finalmente, por una irregularidad en el nombramiento del fiscal de la Superintendencia. Menciono otras dos que me parecen de gran relevancia: las solicitudes de modificación o la actuación de la Superintendencia frente a solicitudes de modificación de proyectos, o la prórroga de plazos.
De la lectura de los antecedentes de cada una de esas situaciones -las que he revisado en reiteradas ocasiones para formarme una convicción-, he llegado a las siguientes conclusiones que me parece importante hacer presente en esta Sala.
En primer lugar, los reparos a la ley que rige esta materia son transversales y han provocado la unanimidad de la Comisión sobre el necesario cambio. De hecho, el Ejecutivo ya envió al Congreso Nacional un conjunto de modificaciones a la ley. En la Comisión se señaló la necesidad de corregir el marco legal, de mejorar los mecanismos de control y postulación. En definitiva, la Comisión llegó a la convicción de que se trata de una mala ley, por tanto, requiere cambios.
En segundo lugar, ha habido también una actuación excesivamente discrecional por parte del superintendente, falta de homogeneidad en los procedimientos y criterios aplicados, tanto por la Superintendencia como por la Comisión Resolutiva, por cierto, al amparo de una mala ley.
La actuación del superintendente en lo relativo al nombramiento del fiscal ha sido lamentable e inexplicable; se le ha imputado falta de transparencia y parcialidad, lo que, desde el punto de vista administrativo puede no merecer reproches, pero es obvio que si postula los cargos o pide a la Dirección del Servicio Civil que le prepare quinas o cuaternas, y sólo respecto de un cargo haya optado por nombrar a alguien que, habiendo postulado no fue seleccionado, hace suponer que siempre quiso designar a esa persona. Sin duda, no parece razonable que una persona que está a cargo de una materia tan sensible como ésta se comporte de tal manera.
Termino señalando que, a mi juicio, la conducta del superintendente en este tipo de materias genera responsabilidades políticas y demuestra que hubo actuaciones arbitrarias, fiscalización deficiente, falta de sentido común. En definitiva, severas deficiencias en la aplicación de una ley de enorme importancia.
Lamento que no podamos votar por separado las conclusiones, porque comparto algunas y otras no; pero la Cámara debe establecer responsabilidades políticas, es lo que se le pide a nuestra Corporación porque es una cámara política.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable diputado Pablo Galilea.
Señor Presidente , estimados colegas, este informe, cuyas conclusiones suscribimos y votaremos favorablemente, se discute en un escenario mucho más complejo y extraño que el que existía al momento de constituir la Comisión Investigadora, puesto que quienes debían aclarar las dudas y disipar el manto de sospecha que existía sobre este asunto -me refiero al Gobierno y, en particular, al superintendente-, al parecer, optaron por hacer precisamente lo contrario.
Nos encontramos con hechos increíbles, realmente, como para no creerlos: el Gobierno anuncia que entregará un reconocimiento de probidad y transparencia a una Superintendencia cuestionada por no haber aclarado hechos sumamente oscuros, y a un superintendente que ha tenido conductas arbitrarias y parciales. ¡Increíble! Sólo faltó que entregara el mismo reconocimiento de probidad y transparencia a la EFE y a Chiledeportes, porque también se formaron comisiones, a fin de que investigaran las irregularidades ocurridas en estas instituciones, pero todos tenemos absolutamente claro, especialmente la opinión pública, que no merecen tal reconocimiento, precisamente, porque los hechos que se les imputan van en una dirección absolutamente opuesta a la probidad y a la transparencia.
Me parece que es una defensa corporativa evidente que el Gobierno envía como señal, a fin de que los diputados de la Concertación voten en contra del informe. Todo esto raya realmente en la locura, seguramente provocada por la desesperación de quienes se han visto involucrados en actos muy poco claros.
Aprobar o rechazar este informe se ha transformado en una decisión medular, relacionada con la función ineludible de la Cámara de Diputados de fiscalizar los actos del Gobierno. Si frente a la contundente evidencia de irregularidades rechaza el informe, habrá dictado una sentencia definitiva en contra de las comisiones investigadoras; sería, sencillamente, su fin y ya no será precisamente esta Corporación la que a futuro pondrá atajo a tantas irregularidades que ocurren en instituciones del Estado, como ha sucedido en este caso particular.
La Comisión no fue dirigida por diputados de la Oposición, y nadie podría decir que su trabajo se realizó en función de los bloques de Oposición o de Gobierno. Por el contrario, es de las pocas comisiones investigadoras que arribó a conclusiones que fueron compartidas por parlamentarios de la Alianza por Chile y de la Concertación.
Después de un largo trabajo, serio y responsable, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:
“1. La Superintendencia de Casinos de Juego ha actuado con diversos criterios en relación con diferentes operadores.
2. Los hechos ocurridos son de gravedad y constituyen situaciones anómalas que requieren decisiones que permitan asegurar que a futuro se realizarán todos los esfuerzos administrativos y legales que impidan o disminuyan los riesgos de que se vuelvan a producir.
3. Las circulares recientes que permiten modificaciones sustantivas tanto en los plazos como en los montos de inversión y proyectos en la mayoría de los permisos de operación no corresponden a una interpretación adecuada y rigurosa de la ley.
5. En la selección de los postulantes al cargo de Fiscal de la Superintendencia se favoreció claramente la opción del actual fiscal que había sido desechada por el Servicio Civil, por carecer de las competencias exigidas para el cargo”.
Aquí hay un hecho irregular reconocido en la Comisión, prácticamente por unanimidad.
6. La discrecionalidad y arbitrariedad que ha regido el actuar del señor superintendente de Casinos le ha llevado a adoptar un criterio interpretativo que significa sobrepasar el espíritu de la ley.
7. Falta de rigurosidad en los análisis respecto a las exigencias de la ley e inexplicables prórrogas de plazos sin que existan razones fundadas para ello.
8. Las conductas y actos del superintendente lo califican como una persona que no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia, indispensables para el desempeño de su cargo.
Les pregunto a los colegas, ¿es un pecado que esta Corporación, cuyas bancadas designaron a sus representantes en la comisión investigadora confiadas en el trabajo que realizarían, proponga a la Presidenta de la República , para un mejor desempeño de la Superintendencia de Casinos de Juego, la remoción del superintendente? ¿Es tan grave? Me parece que no. Creo que es deber de esta Corporación, porque cada bancada confió en sus representantes, quienes, después de un largo trabajo, serio y responsable, concluyeron en estas propuestas.
He escuchado a algunos diputados reconocer el trabajo de la Comisión relacionado con su proposición de modificaciones a la ley de Casinos. Si, por un lado, están reconociendo el trabajo realizado por los miembros de la Comisión durante varios meses, no entiendo que, por otro, no reconozcan el trabajo realizado también en forma muy seria por los mismos diputados, en una materia tan importante como es la fiscalización.
Por lo tanto, creo que la votación no admite matices: aquí se trata de estar por revelar irregularidades o por taparlas.
Espero que, por respeto a sus colegas y con un mínimo de responsabilidad, los diputados aprueben las conclusiones de la Comisión, en cuya elaboración participaron parlamentarios de las distintas bancadas, determinando, en algunos casos por unanimidad y, otros, por simple mayoría, que son más que suficientes para pedir la remoción de su cargo del superintendente de Casinos .
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el honorable diputado Fulvio Rossi.
Señor Presidente , considero muy loables las motivaciones que tuvimos para crear esta Comisión, a fin de avanzar en la investigación de eventuales irregularidades producidas en el proceso de licitación de casinos. Por lo demás, la Cámara debe ejercer sus facultades fiscalizadoras, especialmente en un ámbito que requiere muchas regulaciones para que exista transparencia, a fin de dar garantías a todos los actores que participan en estos procesos y evitar la comisión de ilícitos.
En primer lugar, si uno lee en la prensa extranjera lo relacionado con nuestro ámbito económico, en particular, con los casinos, se puede dar cuenta de que el daño que se le causa a esta industria y a la nueva institucionalidad es tremendo. Estoy convencido de ello, e invito a los colegas a leer lo que se dice sobre esta materia para que se den cuenta de que también se pone en duda la credibilidad de nuestra institucionalidad, no sólo en este ámbito, sino que también en otros. Si existen tantas irregularidades, incluso coimas en este sector, como se ha denunciado, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo, por ejemplo, en la banca?
Por eso, debemos ser muy prudentes cuando nos referimos a este tema, respecto del cual legislamos -dicho sea de paso- hace algún tiempo, precisamente, para regular un sistema que estaba absolutamente desregulado y respecto del cual se conocía que existía una gran cantidad de irregularidades. Todos sabemos que detrás de cada concesión que han entregado los municipios para el funcionamiento de determinados casinos de juego no siempre ha habido plena transparencia ni criterios rigurosamente objetivos para seleccionar los mejores proyectos. De hecho, es la causa por la cual ha sido necesario legislar sobre la materia y crear una institucionalidad, con un superintendente, un consejo resolutivo y requisitos claros y transparentes, y con la participación de distintos actores en el otorgamiento de estas concesiones.
Lo que tenemos que votar hoy día es un informe y, al final de cuentas, lo que importa es el aspecto político, porque ésta es una cámara política. En el informe se sugiere la petición de renuncia al superintendente, incluso más, también del intendente de la Décima Región, si no me equivoco.
Al leer las conclusiones se puede colegir que estamos frente a un tema muy complejo, en el cual hay grandes conflictos de interés, grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que han contratado bufetes de abogados, que cobran bastante porque se sabe que el negocio es muy lucrativo.
Señor diputado, ha terminado el tiempo del Partido Socialista.
Señor Presidente , no sabía que teníamos un tiempo limitado. No alcancé a decir nada.
El señor WALKER ( Presidente ).- Hay límite de tiempo, señor diputado .
Señor Presidente , si me permite, quiero decir que votaré en contra del Informe de la Comisión Especial Investigadora de los Casinos de Juego, porque de su sola lectura no logro entender si hay una falla administrativa, que la Contraloría no detectó, o algún ilícito, que tampoco fue detectado por los tribunales de justicia.
Lo único que veo es cierta discrecionalidad permitida por una mala ley, de la cual somos responsables el Gobierno y nosotros, como colegisladores. En consecuencia, hay que enmendarla.
Señor Presidente, cuando se habla del sur, pongo atención, y me interiorizo de la materia de que se trata. En este caso, corresponde tratar el Informe de la Comisión Especial Investigadora de los Casinos de Juego.
Debido a su gran volumen, sólo lo he leído en parte, al escuchar comentarios negativos de un diputado hacia uno de los mejores intendentes del país, calificado de esa manera no sólo por sus pares, sino por los medios, quienes han expresado que la mejor ejecución de los presupuestos está en la Décima Región, donde Jaime Bertín es intendente.
Estoy preocupado porque se lo ha querido involucrar en oscuras acciones. Quienes lo conocemos en su actuar como intendente, decimos que no es verdad lo que aquí se ha vertido. Quienes lo conocemos como persona, con satisfacción afirmamos que también es un hombre probo.
En una oportunidad, cuando el intendente Bertín estuvo en el Congreso Nacional, se le acusó de faltar a la verdad. En esa ocasión, sólo aportó los antecedentes necesarios para disipar las dudas de los parlamentarios presentes. Su apoyo a los casinos de Osorno y de Valdivia se basó en los informes meramente técnicos que le fueron proporcionados y que fundamentaron su decisión.
Por otra parte, la imputación de faltar a la verdad sólo fue una mera especulación, de la cual muchas veces abusamos los parlamentarios, en ese caso, se basaron únicamente en impresiones subjetivas que se generaron en dicho encuentro. No había nada real.
No es posible, entonces, que el fundamento de pedir una amonestación a la autoridad regional sea una percepción sobre alguien y no un hecho contundente que acredite que está mintiendo.
Aquí se cumplió con todos los procesos, en cada una de las instancias en que el intendente participó con su voto, el cual en ningún momento fue deliberante, porque la votación fue unánime. Se basó en los informes entregados por los organismos pertinentes, que era un equipo de expertos, al igual como hizo cada uno de los integrantes de la comisión que analizaba las propuestas de los casinos de juego.
En definitiva, la solicitud se basa en hechos que ni siquiera han sido corroborados, lo cual a todas luces nos parece poco serio.
Por otra parte, refiriéndome al informe de la Comisión, todas las acciones administrativas y judiciales a la fecha han concluido en que no han existido las supuestas irregularidades denunciadas por las sociedades disconformes respecto de las actuaciones de la Superintendencia de Casinos de Juego. Son las conclusiones que he sacado, en cuanto a este enorme informe. Tampoco en cuanto al otorgamiento y denegación de permisos de operación por el Consejo Resolutivo.
Por otro lado, ni la Superintendencia ni el Consejo han incurrido, según mi opinión, en actos u omisiones arbitrarias de ninguna clase, porque su actuar no se basó en su sola voluntad o capricho, sino que en atribuciones legales que les competen, aplicables a las situaciones específicas que fueron conocidas con ocasión del otorgamiento de los permisos de operación para casinos de juego. También se tuvo en consideración criterios objetivos y una metodología que fue aplicada de manera uniforme a todas las sociedades que postulaban a dichos permisos.
Si se revisan los actos de la Superintendencia de Casinos y del Consejo Resolutivo, se observará que se han explicado latamente los antecedentes y fundamentos que se tuvieron a la vista para proceder de una u otra forma. No se advierte que haya antecedentes que permitan sostener que se ha actuado arbitrariamente.
Las sentencias judiciales de los recursos de protección interpuestos en contra de la Superintendencia, le han sido favorables. De modo que ésta y el Consejo actuaron conforme a la institucionalidad y en el ámbito de las atribuciones que le otorga la ley para la apertura regulada del mercado de casinos.
Me gustaría que me refutaran los señores abogados que han participado en la Comisión y que aseveran lo contrario.
De modo que de acuerdo con lo indicado, por la lógica práctica y jurídica, las conclusiones entregadas por el diputado informante no se condicen con los antecedentes que efectivamente se estudiaron en la Comisión Investigadora. Además, los intereses de las empresas reclamantes han quedado debidamente resguardados, conforme a los pronunciamientos de la Contraloría y de los tribunales de justicia.
Por eso, anuncio mi voto en contra del informe referido.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero compartir algunas reflexiones respecto de lo que debe ser el desarrollo futuro de la ley de Casinos.
Una de las conclusiones, afortunadamente aprobada por unanimidad en la Comisión, conlleva un conjunto de propuestas para modificar la ley a partir de ciertos razonamientos. Precisaré dos.
En primer lugar, al parecer en el origen del proyecto el espíritu de los legisladores era fomentar el turismo a través de la instalación de casinos.
Si así fue, la formulación legal que efectuaron en su oportunidad terminó generando un resultado que incentiva más bien la rentabilidad económica y la productividad de ingresos por esta materia más que el fortalecimiento turístico.
El resultado de la evaluación de los proyectos reflejó que la escala sobre la cual deben operar los casinos exige necesariamente un volumen de población que muchas comunidades turísticas hoy no presentan. Por lo tanto, desde ese punto de vista es esencial redefinir la materia.
En segundo lugar, quiero precisar que no cabe duda de que la ley permite una interpretación diversa sobre la definición del concepto de “monto de capital social”. Ha sido motivo de controversia. El diputado informante se refirió a las sociedades externas, cuyo cuestionamiento se da por un concepto ambiguo de monto de capital social declarado, que debe ser enterado.
La Superintendencia ha aplicado un criterio, el que ha sido respaldado por los fallos de las Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Desde este punto de vista, legalmente están establecidas una interpretación y una cierta jurisprudencia. Pero no cabe duda que en la reforma a la ley de casinos se debe modificar aquello, porque mal se puede condenar al mensajero cuando el que escribió la carta da malas noticias.
En tercer lugar, lo esencial -y esto fue compartido por todos en la Comisión- es clarificar las causales específicas para descartar la precalificación de las sociedades que postulan a las distintas patentes de casinos.
En cuarto lugar, quiero decir que también es esencial -y del mismo modo, esto fue compartido por todos en la Comisión- evitar la concentración de la industria. Con preocupación vemos que este fenómeno se da al no estar adecuadamente regulada la materia.
Quiero agregar un punto, porque si bien no forma parte de las conclusiones, debe hacerse presente. Al menos, al respecto, presentaré indicaciones para modificar la ley de Casinos o la que regula el gasto electoral. Se debe prohibir taxativamente cualquier aporte de los casinos a campañas políticas. Los casinos de juego deben estar radicalmente separados de la política. Todos sabemos que en esta materia es esencial ser tajante y absoluto.
Me preocuparé que en la modificación a la ley que regula el gasto electoral, que se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior, o a la ley de Casinos, que se enviará a trámite al Congreso, se establezca, como causal de pérdida de la concesión, los aportes con finalidades políticas.
También quiero referirme brevemente a las materias que han sido objeto de controversia en la Comisión.
En primer lugar, invito a los colegas parlamentarios a leer las páginas 41, 42, 43, 44 y 45 del informe.
Son varias, lo sé, estimado diputado.
Los invito a leerlas, porque en ellas está el desarrollo de las distintas controversias, de Thunderbird, de Cirsa, del proyecto de Talcahuano, etcétera.
En el fondo, lo que debe dilucidarse es una irregularidad desde el punto de vista de la facultad fiscalizadora de la Cámara.
Cuando se plantea la investigación y fiscalización de la Cámara por la acción de un funcionario público o de una institución pública, debe tenerse claro lo que se busca.
La Real Academia de la Lengua Española dice que se configura una “irregularidad” cuando se ha actuado “fuera de regla”, “Contrario a ella” o “Que no observa siempre el mismo comportamiento...”.
Señor Presidente , honestamente, no he observado irregularidades en el comportamiento de la Superintendencia ni en el Consejo Resolutivo. Sí he observado la aplicación de una norma legal que da, quizás, facultades excesivas, las que necesariamente habrá que corregir.
Voy a votar en contra del informe, básicamente, por contener sanciones individuales a conductas ajustadas a derecho, ajustadas a las normas administrativas y ratificadas, además, por lo resuelto en los múltiples recursos que se han presentado en las diversas cortes del país.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Señor Presidente, de la primera parte del informe, la positiva, porque en ella se hace una serie de recomendaciones, no voy a hablar mucho. Simplemente, quiero ratificar lo que se dice en el proyecto de ley enviado al Congreso hace unos días.
Luego de un acucioso análisis y en base a la experiencia recogida, se detectó una serie de errores, omisiones e imprecisiones en la ley que habrá que mejorar.
Por lo tanto, en esa parte, entiendo que el Gobierno va a aceptar nuestras proposiciones, las que conversaremos para entregar facultades a la Superintendencia con el fin de que pueda ejercer una adecuada fiscalización desde la etapa de instalación de los casinos. Y éste es el punto, desde la etapa de instalación; no antes.
Abusamos, dijo el diputado Jaramillo . No, no abusamos. Somos parlamentarios, y aquí debemos decir las cosas, sin que nadie nos limite.
Diputado Jaramillo , por su intermedio, señor Presidente , usted dijo que va a votar en contra del informe. Respeto eso, absolutamente; pero fue una sola vez a la Comisión, que realizó 21 sesiones. Por lo tanto, espero que haya leído bien el informe.
Además, nunca he dicho que el superintendente es “pillín”. Como diputado informante de la Comisión -no yo-, obviamente, dije que había cometido una serie de omisiones y no lo encontramos capaz para que continúe en el cargo.
De “pillín”, nada. Que hay pillines en el Gobierno y en todos lados, se sabe, aunque esto no les guste a algunos diputados. Existen y no los van a cambiar.
Pero, cuando a alguien le hago la imputación de pillín, lo hago responsablemente. En este caso, no la he hecho.
Además, estoy acostumbrado a ganar 11 a 0 y 11 a 10 en las cortes de apelaciones, porque cuando hablo, lo hago con base. No he dicho eso.
Por lo tanto, el diputado Burgos malinterpretó .
¡Y presiones! Yo le voy a contar al diputado Burgos lo que dijo el superintendente el 11 de abril de 2006, en la pagina web de esa institución -y por esto lo quieren premiar-: “La Superintendencia es un organismo regulador de carácter técnico y la preocupación -no lo digo yo, está por escrito- por las presiones que se están efectuando con el fin de orientar un proceso de toma de decisiones, puede horadar su consolidación. Efectuar presiones para torcer el imperio de la ley y los resultados de la evaluación técnica, es inconducente”.
Eso lo dijo por el escrito el superintendente. Pero cuando digo que hay presiones y lobby: No. ¿Cómo se le ocurre, diputado Lorenzini ? Eso no existe.
Mientras tengamos comisiones investigadoras que se dejen influenciar, no habrá MOP-Gate, Ferrocarriles ni Transantiago. Obviamente, nunca se va a llegar a nada en algo que tenga que ver un funcionario de Gobierno.
Por ejemplo, el caso del señor superintendente que pidió a la Dirección Nacional del Servicio Civil la designación de un fiscal. No quedó la persona, y por recomendaciones del ministro Ferreiro , el mismo que habló conmigo aquí, en la puerta del hemiciclo; para hacer su defensa, dijo que este señor es brillante. Puede serlo. ¡Fantástico! ¡Hada madrina! ¡Puede serlo! Pero no puede hablar con el presidente de la Comisión dos días antes de que se vote el informe, porque trabajó con él.
Además, lo recomendó el ex superintendente de Isapres , y por eso lo designaron; no porque fuera seleccionado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. Ahí quedó afuera.
¿Y saben por qué? Negocios; una sociedad vigente entre el señor Gómez y el señor Riveros , que aparece en el Diario Oficial de agosto de 2001. Claro, si trabajan juntos, ¿cómo no se van a recomendar?
Evidentemente, en este tema no vale la pena hablar del señor fiscal.
Pero, quiero terminar con esto: en el Congreso tenemos la discusión presupuestaria. La Dirección de Presupuestos analiza los programas del país para saber las platas que se han gastado. Y Alberto Arenas, director de Presupuestos , le envió al senador Camilo Escalona , Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos , hace una semana, la evaluación del año pasado de 133 programas de todos los ministerios.
¿Ministerio más mal evaluado? Hacienda. ¿Por qué? Por la gestión de la Superintendencia de Casinos de Juegos. Dicho por Hacienda, por el propio Gobierno. 60 por ciento de cumplimiento de sus metas y objetivos. ¡El más malo! Lo dice el Gobierno; no lo dice este diputado ni la Comisión.
Eso es lo que hemos evaluado. No decimos nada más ni nada menos. Hay que mejorar la ley y hacer un cambio en la orientación de la Superintendencia. La Presidenta de la República verá lo que hace; es su atribución. Pero así como está, con esos pocos funcionarios, mal elegidos, que se sometan a la evaluación de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Si quedan, seremos los primeros en aplaudirlos. Algunos ya no pasaron esa evaluación.
Aquí está el informe de la Superintendencia, que va a ser premiada. Es tan fantástica, que la van a premiar por la gestión más deficiente, por lo cual el Ministerio de Hacienda, a su vez, es el más deficiente. Lo dijo en forma pública el otro día Alberto Arenas. Está por escrito.
Por último, el Gobierno y la Concertación quieren probidad, quieren lobby -el diputado Burgos ha estado en eso-, transparencia. Pero si todo se acaba cuando se toca a uno de los funcionarios, aparece el “padre Gatica” . Donde haya pillines, voy a estar; donde haya gente deshonesta, voy a estar.
Esto no tiene nada que ver con la lealtad al Gobierno. En este caso, no he sostenido que el proceso haya sido irregular o ilegal. Eso es de competencia de la justicia. Lo que he afirmado es que no ha sido claro, que ha sido embadurnado, que ha sido extraño, que ha sido raro.
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Casinos de Juego.
El diputado señor Ortiz ha comunicado a la Mesa que se inhabilitó para votar.
El diputado señor Fuentealba solicitó dividir la votación de las conclusiones, para lo cual se requiere contar con la unanimidad de la Sala.
Se han registrado los siguientes pareos: del diputado señor Antonio Leal con la diputada señora Ximena Valcarce; del diputado señor Guido Girardi con el diputado señor Juan Lobos; del diputado señor Eduardo Díaz con el diputado señor Maximiano Errázuriz; del diputado señor Jorge Sabag con el diputado señor Gonzalo Arenas, y del diputado señor Sergio Aguiló con el diputado señor Mario Bertolino.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 13 abstenciones.
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Becker Alvear Germán; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Galilea Carrillo Pablo; Godoy Ibáñez Joaquín; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Monckeberg Bruner Cristián; Palma Flores Osvaldo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe.
Accorsi Opazo Enrique; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; León Ramírez Roberto; Melero Abaroa Patricio; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D'Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Ulloa Aguillón Jorge; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Espinosa Monardes Marcos; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Hernández Hernández Javier; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Venegas Cárdenas Mario.
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Helmut Frenz.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Sergio Ojeda.
-Proyecto del Senado, boletín Nº 4493-07 (S), sesión 24ª, en 9 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 46ª, en 5 de julio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 6.
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía paso a informar sobre el proyecto, originado en moción de los senadores señores Eduardo Frei y Jaime Naranjo , que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Helmut Frenz .
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en virtud de los antecedentes humanos, sociales y políticos del beneficiario, quien se destacó en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos consustanciales de la persona humana.
Don Helmut Frenz nació el 4 de febrero de 1933 en la ciudad de Allenstein, Alemania. Cursó estudios de teología en las universidades de Bonn, Goettingen y Kiel y fue ordenado pastor luterano en 1959.
En 1965 llegó a Chile y ejerció como pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Concepción. El viaje del pastor Frenz a nuestro país tuvo como principal motivo su compromiso con los habitantes del denominado Tercer Mundo. Por eso, al iniciar su trabajo en la Iglesia Evangélica Luterana de Concepción, lo reorientó hacia los sectores más desposeídos de dicha ciudad.
En ese contexto, desarrolló labores en la cárcel de Concepción en ayuda de los niños que se encontraban recluidos, y en campamentos poblacionales en Hualpencillo.
En 1970 fue elegido obispo por el sínodo de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, razón por la cual debió trasladarse a Santiago. Allí fundó la organización ecuménica “Diaconía”.
En septiembre de 1973, a días del golpe militar, el obispo Frenz fundó la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados, Conar , reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y por el gobierno militar, institución que permitió que alrededor de 7 mil refugiados extranjeros salieran de Chile mediante ayuda social, espiritual y jurídica.
En conjunto con el cardenal Raúl Silva Henríquez fundó el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, que posteriormente pasó a llamarse Comité de Cooperación para la Paz en Chile, en el que compartió la presidencia con el obispo Fernando Ariztía Ruiz .
En 1974, en reconocimiento a su labor humanitaria, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas le otorgó la más alta distinción de la ONU: la medalla Friedjof Nanssen .
Al año siguiente creó una organización de carácter ecuménico: la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Fasic , una de las más importantes en el ámbito de la promoción de los derechos humanos desde esa fecha hasta el presente.
El 3 de octubre de 1975 se decretó su expulsión de Chile. Asimismo, se disolvió el Comité para la Paz en Chile, que posteriormente fue refundado y denominado Vicaría de la Solidaridad.
De regreso en Alemania desempeñó, por más de diez años, el cargo de secretario ejecutivo de Amnistía Internacional , en virtud del cual se preocupó de denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometían en nuestro país y de acoger a los exiliados que llegaban a esa nación. Del mismo modo, efectuó denuncias ante la sociedad alemana sobre los excesos que se cometían en la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad.
Nadie puede desconocer la gran labor de don Helmut Frenz, que permitió que cientos de chilenos se encuentren con vida y que muchos hayan recibido asilo en diferentes países de Europa. En ese sentido, el proyecto constituye una oportunidad para que el Estado chileno le haga un reconocimiento efectivo y le conceda, por especial gracia, la nacionalidad chilena.
La Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad esta moción, cuyo artículo único dispone: “Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Helmut Erich Walter Frenz Thiel”.
Votaron a favor de la iniciativa las diputadas señoras Amelia Herrera , Karla Rubilar y Ximena Vidal , y los diputados señores Gabriel Ascencio , Tucapel Jiménez, Sergio Ojeda, Iván Paredes, Gabriel Silber , Felipe Salaberry y Germán Verdugo .
En virtud del aporte de don Helmut Frenz a la promoción y respeto de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recomienda a la Sala la aprobación del proyecto.
Señor Presidente, Helmut Frenz es parte de esa gran cantidad de héroes anónimos que permitieron a muchas personas enfrentar momentos de sufrimiento, producto de las masivas violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto. Helmut Frenz es un gran ser humano, que hizo una importante contribución a Chile en momentos de dolor, que se la jugó, que arriesgó su vida y estuvo día a día preocupado de los que en esa época eran humillados.
Helmut Frenz es un gran luterano. De hecho, me ha tocado conocer el trabajo que la Iglesia Luterana hace en educación y en otros ámbitos.
En la vida misma Helmut Frenz ha sido un chileno, y será un orgullo para muchos de nosotros que hoy se le conceda la ciudadanía chilena.
Corresponde votar en general el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Helmut Frenz.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D'Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
Burgos Varela Jorge; Masferrer Pellizzari Juan; Norambuena Farías Iván; Rojas Molina Manuel; Turres Figueroa Marisol; Ward Edwards Felipe.
Proyecto de acuerdo Nº 374, de los diputados señores Olivares, Mulet, Díaz, don Eduardo; Araya, Venegas, don Mario, Sabag, Ojeda y Ascencio, y de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra, y Goic, doña Carolina, que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones que restablezca los recorridos previos al sistema Transantiago, eliminando la diferencia entre buses troncales y alimentadores e inyectando los recursos necesarios para tal efecto”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 5 abstenciones.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 8 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Duarte Leiva Gonzalo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt Alvaro; Jarpa Wevar Carlos Abel; Montes Cisternas Carlos; Robles Pantoja Alberto; Súnico Galdames Raúl; Venegas Rubio Samuel.
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; León Ramírez Roberto; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Turres Figueroa Marisol.
Proyecto de acuerdo Nº 375, de los diputados señores Olivares, Díaz, don Eduardo; Mulet, Araya, Sabag, Ojeda, Venegas, don Mario; Ascencio, y de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra, y Goic, doña Carolina, que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones que ordene dar término a la relación contractual que liga al Estado con el Administrador Financiero del Transantiago (AFT), por incumplimiento grave de sus obligaciones, y llame a una nueva licitación”.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Carlos Olivares.
Señor Presidente, hemos presentado este proyecto de acuerdo para representarle a la Presidenta y al ministro de Transportes los graves incumplimientos en que ha incurrido el Administrador Financiero del Plan Transantiago. Esta entidad, de origen privado, no ha cumplido, no ha estado a la altura de los requerimientos, y ha sido la principal causante del desfinanciamiento y del mal servicio que se ha otorgado a los santiaguinos a través del Transantiago.
Hemos visto cómo, de alguna manera, ha habido una mano laxa en cuanto a exigir los compromisos que debería estar cumpliendo este ente financiero.
Por eso, pedimos el apoyo para este proyecto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo y el ministro de Transportes, en particular, avancen hacia una solución integral de este problema; en definitiva, que se suprima Administrador Financiero del Transantiago y se vuelva a los recorridos anteriores que, en definitiva, otorgaban mayor cobertura de transporte público de pasajeros a Santiago.
En el tiempo que resta, ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
Se va a llamar a los señores diputados y a las señoras diputadas por cinco minutos.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo Nº 375 se hará por última vez en la próxima sesión ordinaria.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).-
Señor Presidente , la Comisión Regional del Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto ambiental para construir una termoeléctrica, proyecto de la compañía minera Barrick , en Punta Colorada, comuna de La Higuera. El único voto en contra de esta declaración provino de la gobernación provincial de Elqui.
Tengo algunas dudas respecto de esa declaración, particularmente en relación con la calidad del aire y el impacto que tendría el tipo de petróleo que se usará en esa termoeléctrica.
No se hicieron mediciones de la calidad del aire, por lo menos, en la declaración de impacto ambiental no constan. Habitualmente se realizan o son pedidas por los servicios públicos, sobre todo en proyectos similares, y preferentemente se hacen en invierno, de manera de determinar la base para medir el impacto que tendría en la calidad del aire de la comuna de La Higuera el combustible que utilizará la termoeléctrica. Sin embargo, ningún servicio público hizo ese reparo.
El petróleo que se le permitió usar a la compañía minera Barrick en la termoeléctrica es de pésima calidad. Se trata del conocido fuel oil Nº 6, que es increíblemente malo. Sólo un dato. El petróleo que se ocupa en Santiago para mitigar la contaminación tiene 50 partes de azufre por millón; en cambio, el que se utilizará en La Higuera tiene 5 mil partes de azufre por millón. La diferencia es sorprendente.
Es más, en la declaración de impacto ambiental no se caracteriza químicamente el combustible. La Conama, la Corema y ningún servicio público pidieron cambiar el combustible por uno de mejor calidad. A mi juicio, se vulneraron ciertos controles.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que responda a la Cámara de Diputados si el procedimiento fue correcto y si es frecuente no solicitar mediciones de la calidad del aire que permitan determinar el impacto que tendrá la operación de una termoeléctrica en el aire de la comuna en que funcionará.
Además, pido que nos entregue su opinión respecto del procedimiento utilizado por la Conama, la Corema y los servicios públicos en la calificación de la termoeléctrica de la compañía minera Barrick , en la comuna de La Higuera.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa y de quien preside.
Señor Presidente , el alcalde de Paihuano , señor Lorenzo Torres , me ha informado de una realidad compleja que afecta a la localidad de Pisco Elqui.
Durante mucho tiempo, los vecinos de la comunidad de Pisco Elqui han dispuesto, gracias al comodato de la compañía Control Pisquero al municipio de Paihuano, de terrenos en los que se han levantado obras como sedes sociales, piscina, etcétera. Es decir, una unidad de encuentro y desarrollo comunitario, que ha sido posible gracias a este comodato de la empresa Control Pisquera a la comuna de Paihuano.
Hoy, legítimamente, la empresa Control Pisquero quiere vender esos terrenos. Sin embargo, los montos involucrados son demasiados elevados para las posibilidades de la comuna. Se habla de cerca de 420 millones de pesos, cifra que, para una comuna pequeña como Paihuano, es inalcanzable.
El alcalde y la comunidad, incluidos los socios cooperados de Control Pisquero, quieren llegar a un acuerdo con la empresa, a fin de lograr un precio razonable por esos terrenos, de manera que la comunidad pueda seguir disfrutando de las obras comunitarias, construidas con recursos municipales y fiscales.
Apelo a la buena voluntad de Control Pisquero para llegar a un acuerdo que beneficie a todos, especialmente a los miles de habitantes de la comuna de Paihuano y, particularmente, a los de la localidad de Pisco Elqui, que demandan espacios de convivencia social, de encuentro, en definitiva, de fortalecimiento del tejido comunitario de ese sector.
Por lo tanto, pido que se envíe copia de mi intervención al directorio de la empresa Control Pisquero, al alcalde de la ilustre municipalidad de Paihuano , don Lorenzo Torres , y a la Junta de Vecinos de Pisco Elqui, para instarlos desde esta tribuna al entendimiento y concordar un precio posible. Espero que el gobierno regional también aporte, de manera que ese espacio, que durante años ha dado cobijo al encuentro y desarrollo comunitario de Pisco Elqui, no desaparezca por falta de recursos para adquirir esos terrenos.
Se enviará copia de su intervención en la forma solicitada por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa y de quien preside.
Señor Presidente , hace pocos días tuvimos el privilegio de estar junto a la Presidenta de la República , a la intendenta de la Región de Atacama y a la ministra de Salud , en la inauguración del hermoso y digno hospital Monseñor Fernando Ariztía Ruiz , en la provincia del Huasco, que, a partir de julio, está al servicio de todas las huasquinas y de todos los huasquinos.
Se cumple así una anhelada aspiración de la comunidad de Huasco, sobre todo, porque la infraestructura del viejo hospital Nicolás Naranjo había cumplido más de medio siglo al servicio de la comunidad huasquina. No olvidemos que, en épocas pasadas, gran parte de las construcciones eran de adobe.
En la construcción del nuevo hospital se utilizó la mejor tecnología, su línea arquitectónica es armónica con el ambiente del norte y el paisajismo guarda relación con las bellezas naturales del Norte Chico. Eso demuestra que ha existido una preocupación muy particular respecto de esta obra, especialmente de quienes coordinaron el proyecto, la doctora Carmen Gloria Muñoz , las enfermeras Celsa Carmona y Marjorie Tamburrino , y mucha otra gente, para que la infraestructura cumpliera con los objetivos de funcionalidad y comodidad que se necesitan en un hospital.
Sin embargo, ha quedado pendiente un tema que discutimos con los arquitectos del Ministerio de Salud y que es tremendamente importante para la población: contar con una capilla ecuménica, donde las personas creyentes, de cualquier credo, puedan despedir en forma digna al ser querido que abandone la vida en un hospital público.
Lamentablemente Mideplán no puede autorizar la construcción de una capilla como la que hemos planteado. Por ello, a pesar de que el hospital cumple con todas las exigencias, falta satisfacer la parte espiritual de las personas de la provincia del Huasco.
Por lo tanto, solicito oficiar a las señoras ministra de Salud e intendenta de la Región de Atacama , con el objeto de que se dispongan los recursos necesarios para construir esta capilla ecuménica, que permitirá a la población que profesa creencias religiosas -católicas, protestantes, etcétera-despedir en forma digna a sus seres queridos que fallezcan en este hospital.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a las Mesa.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
Señor Presidente , deseo rendir un sincero y emotivo homenaje a una comuna de mi distrito: Taltal, puerto de paz y amor.
Hoy, cuando los sones de la banda dan paso a la celebración de un año más de vida de nuestro querido puerto de Taltal, alzamos la voz en este hemiciclo para rendir homenaje a toda una comunidad que desde su apartada localidad hace patria con esfuerzo y tesón.
Quizás la tranquilidad actual del puerto no se condice con la agitada vida que tuvo a finales del siglo XIX y principios del XX, época en la cual el teatro y la ópera eran la fuente del desarrollo cultural del pueblo. Además, y aunque cuesta creerlo, existía un club hípico y también se realizaban corridas de toros, lo que dista mucho del Taltal de hoy.
José Antonio Moreno jamás se imaginó que sus exploraciones mineras por la costa darían paso a la conformación de una hermosa comuna llamada Taltal .
Este hombre de curtida estampa, al descubrir el metal que es el pilar de nuestra economía, el cobre, se arraiga en su yacimiento costero bautizado como “Caleta El Cobre”, con lo que generó un dinamismo económico en la zona que dio lugar a la puesta en marcha de la primera fundición del sector, a la instalación de un muelle primario y a un programa de exportación de cobre y salitre hacia mercados europeos, como lo señala la historia.
Sus faenas aumentaban al grado de contar con más de 60 operarios en 1853. Entonces, extiende su actividad y comienza a operar en la zona sur del puerto de Taltal.
Su trabajo incansable por la exploración minera lo llevó a descubrir un manto de cobre en la zona de Cachiyuyal cuando transcurría el año 1858. Esta actividad minera generó en ese entonces un creciente movimiento marítimo, el cual, lamentablemente, no contaba con las autorizaciones correspondientes, lo que lo obligó a pedir constantes permisos de operación a la intendencia de Atacama , en Copiapó. Más aún, debían esperar el envío de personal desde Caldera para la carga y descarga del mineral.
Si bien el progreso de cualquier comunidad puede traer consigo problemas que dificulten su desarrollo, este grave problema llevó a José Antonio Moreno a solicitar oficialmente al gobierno de Chile de la época la habilitación oficial de un puerto, la que fue concedida por decreto de 12 de julio de 1858, lo que dio vida al glorioso puerto de Taltal.
Nuestro puerto no vive días mejores; son muchas las personas que ya no vislumbran lo que les dio ayer el salitre y el cobre, el estruendo que generaba el ferrocarril ya es historia, la prosperidad de los años 30 sólo queda en los libros que señalan que este puerto llegó a tener más de 30 mil habitantes, fue una ciudad cosmopolita; tuvo consulados, más de siete muelles de embarque, cuatro sitios de pasajeros y fue considerado el tercer puerto salitrero del norte de Chile. Esos días jamás volvieron al querido puerto de Taltal. La crisis del salitre que afectó a todo el Norte Grande se sumó al silencio de la industria de este terruño y comenzó su camino al olvido.
A pesar de su historia, que marca los imponderables que tienen que vivir los pueblos del norte, hoy Taltal se rebela en su inmensidad costera para decir que nada ni nadie lo callará y que la bravura de su gente, que derrotó al desierto, se transforma en la dulzura que cobija a todos quienes tienen la suerte de vivir y ser parte de las comarcas del corazón taltalino.
En estos instantes los sones de la banda suenan para anunciar que Taltal está de fiesta y la comunidad se vuelca a la plaza para rendir el legítimo homenaje, al cual nos sumamos desde esta casa de la democracia, como es el Congreso Nacional. Son 149 años de vida, son 149 años de amor y de esfuerzo entregado por toda su gente, hombres y mujeres, que hacen brillar una simbiosis de belleza y encanto, que transforma a la pampa y al mar en una diadema de oro y sal.
Sus 14 mil habitantes, unidos a su alcalde don Guillermo Hidalgo y al honorable cuerpo de concejales, hacen de esta tierra un vergel para vivir. Si bien ya no tiene la influencia económica de antaño, son otros los factores que hacen que nuestro Taltal se mantenga altivo frente a la adversidad que sufren los pueblos del norte, como sus hermosas playas, su flora y fauna nativa, sus zonas arqueológicas y sus favorables condiciones para el estudio y la observación astronómica. Estos valores agregados permiten que esta linda ciudad no se sume al silencio que sepultó a las salitreras en la crisis pasada.
Son muchos los sueños que tiene la comunidad taltalina. Por ello, nos esmeramos desde el Poder Legislativo para hacer realidad el camino costero que unirá Antofagasta y el puerto, ya que los 306 kilómetros que los separan pueden acortarse para permitir que nuestro Chile se una un poco más, única forma de asegurar las respuestas que una comunidad cargada de historia y tradiciones espera por mucho tiempo para integrarse de verdad a una sociedad moderna y globalizada como la de hoy.
Sólo así sus hombres, mujeres, jóvenes y niños, sin perder el valioso tesoro del pasado, se proyectarán a un futuro con más expectativas, podrán resaltar los atractivos y fortalezas del pueblo que los cobija y exteriorizar su sentimiento más profundo: que forman parte de una región que progresa para favorecerlos a todos.
¡Taltal, lugar dotado de maravillas que el mundo le entregó, que Dios lo cobije! Hoy, en ese sentido, quiero expresar desde este hemiciclo mi más ferviente saludo a toda la comunidad taltalina al cumplir 149 años de vida, de patrimonio y patriotismo para nuestro querido Chile.
Solicito que este discurso expresado en mis palabras para el querido puerto de Taltal sea enviado al señor alcalde, al cuerpo de concejales y a todos los medios de comunicación de esa comuna.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo indican a la Mesa.
Tiene la palabra el honorable diputado Javier Hernández .
Señor Presidente , durante el transcurso de este año la sociedad chilena ha sido impactada por el fracaso del sistema de transporte Transan-tiago. Pero hubo una serie de parlamentarios, mayoritariamente representantes de regiones, que hicimos un esfuerzo importante para que se equilibraran los recursos que se estaban invirtiendo en Santiago con los destinados a regiones.
Creo que los representantes del sur hicimos un esfuerzo importante en ese sentido y se lograron resultados, pero al transcurrir los días nos encontramos con una noticia que vuelve a impactar negativamente el trato igualitario que deberían tener las regiones con respecto a la capital. Las regiones merecen el mismo trato. Frente al anuncio de la Presidenta en relación a que el Gobierno invertirá más de 3 mil millones de pesos en el Estadio Nacional de Santiago, uno espera que los recintos deportivos de regiones también gocen de tan importante cantidad de recursos para realizar sus mejoras.
Con anuncios como ése, el Gobierno nuevamente muestra su vocación centralista y la poca importancia que le da al resto del país. Esta es una muy buena noticia para los habitantes de la capital, porque, sumado a los cuantiosos recursos que ha recibido para mejorar su plan de transportes, ahora se le entregan 3 mil millones de pesos para arreglar el Estadio Nacional, mientras muchos estadios y gimnasios de regiones no cumplen con los requerimientos mínimos, básicos, para desarrollar espectáculos deportivos.
El resto del país debe arreglárselas por su cuenta para mantener funcionando dignamente sus recintos deportivos, pues resulta un sueño muy lejano contar con recursos suficientes para arreglar o modernizar esos estadios.
El Gobierno ha estado totalmente distante de las regiones. En el último año hemos visto que ministros, autoridades y todo el Gobierno se han preocupado sólo de los problemas de la capital, dando una muestra patente de la nula prioridad que da la Presidenta a nuestras necesidades.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Presidenta de la República, con el fin de que recuerde también que, en el caso particular de las necesidades de la provincia de Osorno y de la región en general, existen estadios y lugares deportivos que requieren mejoras importantes.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención.
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, al que se ha agregado el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la honorable diputada señora Marisol Turres.
Señor Presidente , diversas organizaciones de trabajadores asociadas a la Central Unitaria de Trabajadores, conocida como CUT, han expresado su preocupación por la paralización desde 2003 de las obras de su nueva sede, en Vial con Rengifo, en Puerto Montt; después de que la empresa constructora a cargo, TecnoMuro, se declarara en quiebra. Es una pena ver cómo el cascarón que se levantó se ha deteriorado con el paso del tiempo.
Existe mucha molestia en los trabajadores locales por el uso de los fondos que obtuvo la CUT, después de que el Estado la indemnizara por la confiscación de bienes inmuebles ocurrida después de 1973. En el caso de Puerto Montt, la indemnización se relaciona con el edificio ubicado en calle Serena, donde funcionó la organización hasta 1976 y que es ocupado actualmente por la Universidad de Los Lagos.
Por ese inmueble, la CUT nacional recibió una indemnización de más de 800 millones. De esa suma, unos 250 millones serían destinados a levantar la nueva sede de la capital regional, de los cuales apenas habrían llegado unos 120 millones que habrían sido pagados a la empresa TecnoMuro que se declaró en quiebra.
Los trabajadores me han señalado que TecnoMuro se habría adjudicado la construcción de varias sedes en Chile y que la empresa habría sido constituida por ex dirigentes nacionales de la CUT, lo que, de ser así, sería muy lamentable, pero no me corresponde pedir desde esta Corporación que se investigue tal hecho.
En ese contexto, solicito que se oficie a los señores ministros del Interior y de Hacienda, para que informen acerca de los montos pagados por concepto de indemnizaciones a la Central Unitaria de Trabajadores, porque no me parece que, no obstante los recursos destinados a la ejecución de una nueva sede, lo construido esté absolutamente abandonado; ello obliga a dar una respuesta a los trabajadores.
Señor Presidente , en segundo lugar, quiero referirme a una situación que considero muy delicada y que tiene que ver con la Corporación de Asistencia Judicial de Puerto Montt.
Jóvenes egresados de Derecho que están realizando su práctica obligatoria de seis meses para obtener sus títulos de abogado, me han planteado que en las oficinas de la Región de Los Lagos de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío se les está exigiendo que aporten el papel que necesitan para hacer sus escritos e informes, como asimismo la tinta para las impresoras. Incluso, los jóvenes han denunciado que se les habría amenazado con poner fin a sus prácticas si daban a conocer esa situación.
Ese hecho me parece un abuso, en consideración a que los jóvenes postulantes asumen en forma gratuita gran parte del trabajo de asistencia jurídica que la Corporación de Asistencia Judicial debe realizar a favor de las personas de menores recursos de nuestra región.
Esa exigencia no tiene justificación alguna, puesto que los gastos de operación de un servicio público están contemplados año a año en el presupuesto de la nación, en este caso, en el del Ministerio de Justicia.
Además, las corporaciones de asistencia judicial celebran convenios con las municipalidades, que les transfieren, mediante subvención, diversas sumas de dinero, las que deberían estar destinadas a prestar un mejor servicio a las personas de menores recursos que requieren asistencia jurídica.
Esta grave deficiencia en la gestión de la Corporación de Asistencia Social en la Región de Los Lagos es uno más de los muchos síntomas que aconsejan modernizar el servicio de asistencia jurídica gratuita que da nuestro país, lo que fue pedido hace más de un año mediante un proyecto de acuerdo aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados.
Sin perjuicio de lo precedente, lo cual requiere una decisión política mayor, y en relación con lo denunciado por los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial de Los Lagos, solicito que se despachen los siguientes oficios:
En primer lugar, al Ministerio de Justicia y a la Dirección de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, a fin de que informen en detalle sobre el presupuesto asignado la Corporación de la Décima Región de los Lagos.
En segundo lugar, pido que se oficie al director general de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío , a fin de que remita copia de los sumarios administrativos realizados en la Región de Los Lagos los últimos cinco años.
Por último, pido que se oficie al contralor General de la República , a fin de que realice una auditoría a los ingresos y a la ejecución financiera de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío en los últimos cinco años.
-Se levantó la sesión a las 13.31 horas.
JJORGE VERDUGO NARANJO,
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley destinado a permitir la prestación del servicio de buses y minibuses por parte de Metro S.A., en los casos que indica. (boletín Nº 5091-15).
“Valparaíso, 11 de julio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, correspondiente al Boletín Nº 5024-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.836, de 7 de junio de 2007.
?Santiago, 4 de julio de 2007.
Oficio Nº 1198
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la causa Rol Nº 804-07-INA recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 113 inciso 1º y 129, inciso final del DFL Nº 725, de 1967, aprobatorio del Código Sanitario, que incide en la causa Rol Nº 20.734-2006 seguido ante el 29 Juzgado Civil de Santiago . La resolución de admisibilidad y la que ordena dar traslado para los fines que indica.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
?Santiago, 5 de julio de 2007.
Oficio Nº 1207
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la causa Rol Nº 807-07-INA recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 17 letra d) y 19 de la ley Nº 18.216, que incide en la causa RIT 778-2006, ante el Juez de Garantía de Melipilla . La resolución de admisibilidad y la que ordena dar traslado para los fines que indica.

References: artículo 1
 artículo 38
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 53
 artículo 1
 resolución 
 resolución