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Timestamp: 2018-04-23 01:40:30+00:00

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La Justicia puso límites a la AFIP al determinar "qué puerta debe golpear" para cobrar una deuda
por Administrador del foro el Mar Mayo 17, 2011 10:40 pm
En la actualidad, los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuentan con diversos mecanismos para notificar a los contribuyentes.
Ya sea que se trate de un pedido de información o la comunicación de la determinación de un ajuste impositivo, como producto de una inspección, lo importante es que estos resulten efectivos y lleguen a su destinatario, de modo de evitar así futuros inconvenientes.
La normativa vigente establece una serie de procedimientos que pueden ser aplicados por los agentes de la AFIP a estos fines, entre los que se encuentra la posibilidad de dejar el acta con los requerimientos de la fiscalización en el frente del establecimiento o domicilio en cuestión, siempre que se cumplan algunos requisitos.
Si bien el artículo 100 de la Ley de Procedimientos Tributarios (Ley 11.683) fija pautas al respecto, en la práctica no siempre se llega a buen puerto. Es que hasta puede suceder que la notificación no termine en manos del contribuyente, derivando ello en un posterior reclamo de la deuda por parte de la AFIP y hasta en un pedido de ejecución de bienes lo cual, probablemente, terminará resolviéndose en los tribunales.
En esta ocasión, la Justicia puso un nuevo freno al organismo que conduce Ricardo Echegaray que pretendía dar por válida una notificación que dejó pegada en la puerta del domicilio de una empresa. Para los magistrados, este proceder no cumplía adecuadamente con los requisitos estipulados legalmente a estos fines.
En tanto, los expertos consultados por iProfesional.com destacaron la trascendencia de la sentencia dado que aporta precisiones en cuanto a la forma de entregar una notificación, de modo que realmente permita, a quien la reciba, ejercer su derecho de defensa.
Todo comenzó cuando la firma Aresco S.A. descubrió con sorpresa que iba a ser sujeta a una ejecución fiscal, por una deuda determinada por el fisco tras una inspección.
Lo llamativo del caso es que la empresa nunca fue efectivamente notificada sobre dicha deuda, de acuerdo con lo que establecen los procedimientos impositivos vigentes.
De hecho, no pudo siquiera exponer una defensa al valor calculado por AFIP.
Lo que había sucedido, según argumentaron desde el fisco, fue que los inspectores se habían presentado el 31 de octubre de 2006 al domicilio de la empresa y, en esa oportunidad, habían dejado una "constancia de que no pudieron practicar la notificación por no haber encontrado al Presidente o representante legal, apoderado o persona debidamente autorizada de la firma".
Frente a esta circunstancia, y tal como lo establece el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Fiscal, el 1 de noviembre de ese año concurrieron nuevamente al referido domicilio. Pero otra vez sucedió que no había una "persona debidamente autorizada que accediese a recibir la notificación ordenada".
Y como los agentes del fisco no pudieron entrar al interior del edificio decidieron "fijar la resolución determinativa junto con el duplicado del acta en la puerta de acceso".
Ante esta situación, la firma decidió presentarse ante el Tribunal Fiscal de la Nación para pedir la nulidad de la notificación efectuada.
A tal efecto, la compañía argumentó que no tuvieron novedades sobre el proceso determinativo hasta que recibieron "el mandamiento de intimación de pago y citación de remate mediante el cual se le reclamaba una deuda supuestamente determinada y firme en materia de Impuesto a las Ganancias".
Además, indicó que "la Ley 11.683 no dispone que la colocación del sobre en la puerta equivalga a una notificación válida".
Y remarcó que la misma "no fue dejada en la puerta de acceso a la oficina de Aresco S.A, sino en la puerta de acceso del edificio".
Por este motivo, el contribuyente adujó que se produjo una "afectación del derecho de defensa de su parte al considerarse válida una notificación defectuosa".
Y, más aún, sostuvo que la resolución determinativa "no fue dejada siquiera en la puerta de acceso al edificio de su domicilio fiscal, sino en la de un edificio lindero".
Por lo tanto, la firma recién pudo tomar conocimiento de la resolución "a partir de serle notificado el inicio de la ejecución fiscal".
A pesar de los argumentos de la empresa, desde el Tribunal Fiscal rechazaron su pedido. En consecuencia, la firma decidió apelar la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Y esta vez, la sentencia fue favorable para el contribuyente. Los camaristas entendieron que "la expresión `puerta de su domicilio´ no puede interpretarse de otro modo que la puerta de la unidad funcional o departamento donde el contribuyente tiene su domicilio fiscal o constituyó el especial (...) y no la dirección del edificio sin especificar el departamento".
Indicaron que "la simple posibilidad de que cualquier persona ajena, incluso al domicilio de que se trata, pueda retirarla o desecharla, hace perder la posibilidad siquiera de cumplir el efecto de anuncio o publicidad en el lugar requerido por la norma".
Los magistrados, señalaron que "corresponde poner de resalto que las notificaciones, como actos procesales de transmisión, atañen al derecho de defensa, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional".
Por último, concluyeron que en el acta no constaba "si antes de proceder de tal manera (los inspectores) intentaron entregar la pieza al personal dependiente del consorcio de propietarios, como es el encargado, si el edificio contaba con portería o dependiente del consorcio (o no) que, o bien permitiera el acceso al edificio para fijar en la unidad correspondiente o estuviera dispuesto a recibir la notificación".
De esta forma, el contribuyente finalmente pudo hacer oír su reclamo y la notificación fue revocada.
Iván Sasovsky, senior de impuestos del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados, resaltó que "el fallo resulta lógico ya que lo importante de una notificación, es justamente que su destinatario tome conocimiento del procedimiento en el cual se encuentra inmerso y actúe en consecuencia".
"Ello resulta más que relevante, dado que ese conocimiento debe ser efectivo, ya que se atenta contra un derecho constitucional, que es el de defensa", indicó el experto.
Por otra parte, Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, sostuvo que la importancia de esta sentencia radica en "la definición concreta de lo que significa `puerta de domicilio´ a efectos de acotar las posibilidades del fisco de notificar en cualquier lugar, como ocurre en reiteradas oportunidades, y, consecuentemente, obligarlo a que se cumpla estrictamente lo prescripto por la norma".
En tanto, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, remarcó que "los funcionarios administrativos deben poner la máxima diligencia posible cuando practican notificaciones, a los fines de evitar lesionar el derecho de defensa de los responsables".
Asimismo, Lucio Vuotto, abogado senior de Tax & Legal de KPMG, señaló que lo resuelto por la Cámara "no sólo aporta una gran claridad en materia de notificaciones personales, sino que también valora correctamente la trascendencia de la pieza notificada y el fin de la misma, sin necesidad de recurrir a su redargución de falsedad".
Sasovsky también indicó que "la vigente `doctrina de los actos propios´, consagrada por la Corte Suprema de Justicia, confirma que los funcionarios notificadores no efectuaron todos los pasos necesarios que la Ley de Procedimiento Tributario y la de Procedimientos Administrativos exigen para dar por conocida una actuación, y su inacción hace perder la posibilidad de cumplir con el efecto de anuncio o publicidad en el lugar requerido por la norma".
En esta línea, Scalone destacó que "ni la Ley de Procedimiento Tributario, ni el Código Procesal autorizan a fijar una cédula de notificación en la puerta de un edificio en lugar de hacerlo en la del departamento que hace de domicilio".
Al respecto, Vuotto agregó que "el contribuyente debió encontrar la resolución en la puerta de su lugar de trabajo, para tomar cabal conocimiento de lo que se le había resuelto y actuar en consecuencia, en este caso, para nada menos que ejercer su derecho de defensa contra una resolución que proviene del mismo sujeto que lo notifica".
Scalone añadió que "en el caso en cuestión no se sostuvo que las actas eran falsas, sino que no fueron notificadas en el domicilio fiscal y constituido del contribuyente, por lo que no corresponde recurrir al procedimiento de redargución de falsedad".
En este sentido, Sasovsky, además, remarcó que "resulta casi grotesco que, ante la cantidad de elementos necesarios para poder acreditar la existencia del domicilio por parte del contribuyente, con el alto grado de detalle que el fisco exige, al momento de notificar un acto administrativo de gran relevancia, como lo es la determinación de oficio, ésta no se pueda llevar a cabo".
Por último, Buedo concluyó que "teniendo en cuenta la aplicación de nuevas tecnologías por parte de los organismos de contralor, se impone una revisión normativa de las formas de notificación fehaciente, que facilitarían las tareas del fisco y garantizarían el derecho de defensa de los contribuyentes, como, por ejemplo, la formalización de las notificaciones por Internet teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que con que cuenta el sistema de la AFIP".

References: artículo 100
 artículo 100
 resolución 
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 artículo 18
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