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Timestamp: 2014-03-11 00:38:20+00:00

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Debido proceso y acción de libertad - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0385/2011-R
Sucre, 7 de abril de 2011 Expediente: 2009-20138-41-AL
Magistrado Relator: Dr. Juan Lanchipa Ponce
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Domingo Condori Roque contra Ángel Aruquipa Chui y Gerardo Tórrez Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior; y Rolando Sarmiento Tórrez, Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, todos del Distrito Judicial de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de julio de 2009, cursante de fs. 32 a 35, el accionante manifiesta que desde el 30 de noviembre de 2008, enfrenta una denuncia por supuesta violación a menor de edad, interpuesta por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como por Raúl Canaviri Canaviri y Toribia Primitiva Yanahuaya Callisaya, donde el Ministerio Público le imputó formalmente, mediante Resolución de 16 de marzo de 2009; puesto en conocimiento del Juez cautelar ahora demandado, se determinó que “en estricta aplicación de la S.C. 1036/2.002 notifíquese al imputado conforme establece el Art. 163 del CPP, a efectos del control jurisdiccional e inicio del cómputo de la etapa preparatoria…” (sic), determinación que al momento de interponer esta acción tutelar, no había sido cumplida; es decir, no fue notificado con la imputación formal en forma personal, por lo que desconoce los elementos fácticos para presumir su autoría en el hecho delictivo y de esta manera poder preparar su defensa con los descargos necesarios, encontrándose en una franca indefensión.
Continua señalando que, el 24 de abril de 2009, los representantes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sin ofrecer prueba alguna, solicitaron la aplicación de las medidas cautelares, por influencia negativa en la adolescente, es así que, en audiencia el Juez demandado determinó su detención preventiva, aduciendo una conducta evasiva y la concurrencia de riesgo procesal, situación derivada del informe psicológico y extracto de llamadas telefónicas que fueron presentados en audiencia y cuestionados por su abogado, por su falta de notificación; sin embargo, estos aspectos no fueron resueltos por dicha autoridad, pese a su reclamo oportuno. Asimismo, el Ministerio Público no solicitó la aplicación de medidas cautelares, ya que ésta solo se dio a instancias de la Defensoría, donde además no se expresó de manera textual, cuáles serían las medidas a aplicarse, por lo que se aplicó de oficio su detención preventiva; tampoco verificó si ésta se encontraba debidamente fundamentada sobre su participación y los riesgos procesales de fuga y obstaculización, a objeto de que pueda preparar una estrategia de defensa, que le permita desvirtuar la supuesta autoría, es más no exigió prueba alguna, por el contrario, permitió que se introduzcan elementos no sometidos a la contradicción como el de validar pruebas que no eran de su conocimiento, y por último no fue notificado con las querellas presentadas en su contra, aspectos que tampoco fueron observados por el Juez cautelar demandado.
Agrega que todas estas irregularidades fueron ratificadas por los Vocales ahora demandados, donde nuevamente su abogado alegó procedimiento defectuoso, al no haber sido resuelto el incidente de objeción de querella, ni notificado con la prueba que sirvió de base al Juez cautelar, sin que estos extremos fueran atendidos por la instancia de apelación, motivando la interposición de la presente acción tutelar.
I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Con estos antecedentes solicita se declare “probada” la acción de libertad, disponiendo la reposición de sus derechos, así como su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2009, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 51, en presencia de la parte accionante y en ausencia de las autoridades demandadas, y en ausencia del representante del Ministerio Público, quien remitió el cuaderno de investigación, se produjeron los siguientes hechos:
El abogado de la parte accionante ratificó el contenido de la demanda y ampliandola señaló que en antecedentes cursa una diligencia de notificación, realizada en una casa con fachada de cemento, puerta ploma de madera, lado 1420; sin embargo, de la imputación formal se tiene que su defendido tiene su domicilio en la Av. Buenos Aires 1426 de la zona Villa Nuevo Potosí, además no se detalla donde, ni con qué elemento se ha notificado, por lo que su defendido no puede ser sometido a medidas cautelares.
I.2.2. Informes de las autoridades demandadas
Gerardo Tórrez Antezana, Vocal de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, autoridad demandada, por medio del informe escrito que cursa de fs. 47 a 48, señaló: a) Mediante Resolución 403/09 de 10 de junio de 2009, la Sala Penal Primera, confirmó la Resolución 197/09 de 22 de mayo de ese año, con la advertencia de que conforme establece el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no causa estado, además se dio respuesta a todos los puntos cuestionados; b) La solicitud del trámite de la objeción a la querella antes de las medidas cautelares, corresponde a otro trámite, por lo que no están dentro del marco de la ley, más cuando fueron solicitadas con posterioridad; c) Los elementos de convicción sobre la probable participación del imputado, se encuentra respaldado por la propia declaración del imputado, el certificado médico forense, y otros elementos; d) En cuanto a los riesgos procesales, es evidente que cuando el Fiscal asignado al caso citó al imputado, éste no se presentó y tuvo que expedir mandamiento de aprehensión, extremo que fue tomado en cuenta por el Juez cautelar, también se debe tener presente el peligro de obstaculización, por cuanto el imputado después del hecho delictivo, siguió acosando con llamadas telefónicas a la víctima, aspecto respaldado por el extracto de llamadas telefónicas y el informe psicológico; e) La Resolución pronunciada no es ilegal, ni genera detención indebida, tampoco se encuentra indebidamente procesado, por cuando tenía conocimiento de la iniciación del proceso, por lo que tiene las vías expeditas para reclamar cualquier observación sobre defectos procesales, y no acudir directamente a la acción de libertad; f) Los aspectos denunciados no corresponden ser analizados a través de esta acción, por no concurrir los presupuestos de un procesamiento indebido; toda vez que, sus actuaciones no son la causa inmediata ni directa para la restricción de su derecho a la libertad, pues ella fue efecto de la Resolución de la autoridad jurisdiccional, en base a los presupuestos que hacen viable a su detención, los que ya han sido reclamados a través del incidente de actividad procesal defectuosa que planteó y que no fueron remitidos en grado de apelación a éste Tribunal; y, g) Realizaron una correcta valoración de los antecedentes procesales y los documentos presentados por el accionante, los cuales no desvirtúan los fundamentos que motivaron su detención preventiva, por lo que no corresponde otorgar la tutela solicitada.
Rolando Sarmiento Tórrez, Juez Noveno de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, Juez demandado, en el informe escrito que cursa de fs. 45 a 46, señaló: 1) En su despacho se radicó el proceso caratulado Ministerio Público a querella de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el ahora accionante, por el supuesto delito de violación, dentro del cual la autoridad fiscal emitió la Resolución de imputación formal de 17 de marzo de 2009, la cual fue legalmente notificada en el domicilio real del imputado el 25 del referido mes y año; 2) La objeción a la querella debe ser tramitada cumpliendo las formalidades de ley, en tal antecedente se ha señalado audiencia de su verificativo para el 27 de julio del mencionado año, a horas 9:45; y, 3) La aplicación de las medidas cautelares, fue impuesta por la concurrencia de los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, conforme se refleja en la Resolución 197/2009, la cual apelada es confirmada por Auto de Vista 403/09 de 10 de junio de 2009, por lo que su autoridad actuó conforme a la normativa procesal penal.
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 48/2009 de 22 de julio, cursante de fs. 52 a 53 vta., declaró “improcedente” la acción de libertad, con el siguiente fundamento: i) Con relación a las nulidades en la notificación, ésta fundamentación no condice con la naturaleza jurídica de la acción de libertad, toda vez que el accionante equivocó la vía; con relación a la solicitud de medidas cautelares, se establece que la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, precisó y puntualizó la solicitud de una medida cautelar; por último, en lo que respecta a la objeción a la querella, ésta tampoco puede ser reclamada por la vía de la acción de libertad; ii) El accionante fue detenido preventivamente por la Resolución de Juez cautelar, la misma que fue confirmada por la autoridad superior, decisiones que conforme a los arts. 250 y 251 del CPP, no son definitivas; consiguientemente, pueden ser reclamados cuantas veces se crea conveniente, siempre y cuando se cuente con las pruebas útiles, pertinentes y necesarias para su modificación; y, iii) La línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, precisó el momento en el que se puede intentar la acción de libertad, así la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que procede la acción de libertad, siempre y cuando se agoten los medios ordinarios existentes en la ley, no pudiendo activarse directamente; en el presente caso, el accionante no acomodó su fundamentación a dichas exigencias, por lo que la tutela solicitada es inviable.
Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a éste Tribunal mediante Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009; es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de causas.
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1.Mediante memorial de 16 de marzo de 2009, dirigido al Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, el Fiscal de Materia, Mirko Borda Coro, presentó imputación formal contra Domingo Condori Roque (accionante), por el delito de violación tipificado en el art. 308 del Código Penal (CP), donde se establece que el mismo prestó su declaración informativa el 23 de diciembre de 2008 (fs. 3 a 4).
II.2.Por otro memorial presentado el 24 de abril de 2009, los representantes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, solicitaron al Juez cautelar señale día y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares, argumentando la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado es autor del hecho denunciado, y que existen riesgos procesales, por cuanto éste influirá negativamente sobre la víctima, para lo cual adjuntó informe psicológico (fs. 5 a 6); en respuesta, la autoridad judicial señaló día y hora de audiencia para el 6 de mayo del mismo año, disponiendo su notificación a las partes (fs. 6 vta.).
II.3.En la audiencia de medidas cautelares de 22 de mayo de 2009, el abogado del accionante, denuncio la falta de notificación “para concurrir a estrados y que la diligencia sentada de esta actuación adolecería de fallas al extremo de no haberse incluso identificado al testigo de actuación” (sic), refiriendo; asimismo, que en el cuaderno de actuaciones existen contradicciones flagrantes sobre el hecho denunciado, y que no existen los riesgos procesales referidos por la Defensoría (fs. 11 a 13); el Juez de la causa mediante Resolución 197/2009 de 22 de mayo, dispuso la detención preventiva del imputado, ahora accionante, argumentando la probabilidad de que éste sea autor del delito que se le imputa, en cuanto a los riesgos procesales señaló que el imputado fue citado por el Ministerio Público; empero, no se presentó por lo que se tuvo que expedir mandamiento de aprehensión, y que después del hecho perpetrado siguió acosando a la víctima con llamadas telefónicas, obtenidas por medio de un requerimiento fiscal y respaldado por el informe psicológico (fs. 7 a 9).
II.4.Por Auto de Vista 403/09 de 10 de junio de 2009, los Vocales demandados, confirmaron la Resolución 197/2009 de 22 de mayo, argumentando el cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 233.1 y 235.2 del CPP, y que la Resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada (fs. 10 y vta. y 17).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, aduciendo que: a) Cuando se le aplicó la medida cautelar de detención preventiva, se presentaron varias irregularidades las cuales no fueron observadas por el Juez demandado, como el hecho de no haber sido notificado personalmente con la imputación formal, pues esta fue dejada en un lugar distinto en el que vive, lo que impidió conocer los fundamentos de la imputación y preparar su defensa, a más de no haberse identificado al testigo de actuación; la solicitud de aplicación de medidas cautelares presentada por la Defensoría no se encuentra debidamente fundamentada; en audiencia de medidas cautelares se introdujo prueba que no fue de su conocimiento y que no fueron sometidas a contradicción; no existe los riesgos procesales de fuga y obstaculización; por último, la objeción de querella debió ser resuelta antes de la audiencia de medidas cautelares, por su presentación anterior; y, b) Los Vocales demandados, ratificaron estas irregularidades, pese ha haberse alegado nuevamente procedimiento defectuoso al no haberse resuelto la objeción a la querella. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de libertad Entre una de las acciones de defensa, que la actual Constitución Política del Estado establece, está la acción de libertad, que tiene por objeto tutelar el derecho a la vida y a la libertad, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro, y cuando ésta sea objeto de una persecución ilegal, un indebido procesamiento u objeto de privación en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en cualquiera de las situaciones antes expresadas, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; así, su art. 125 señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Cabe hacer hincapié, que el Constituyente ha previsto la exención de toda formalidad en su interposición, así como la rapidez en su trámite que es sumarísimo y su efecto inmediato, pudiendo ser preventivo, correctivo o reparador.
III.2. La tutela al debido proceso cuando ésta es denunciada a través de la acción de libertad Desarrollando con mayor precisión el ámbito de protección que brinda la acción de libertad respecto al procesamiento ilegal, cabe resaltar que su tutela no es en todos los casos, sino bajo ciertos supuestos. En ese sentido la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, al señalar que “…en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción; en los demás casos, las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del amparo constitucional, como medio idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones invocadas, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, hoy acción de libertad y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso, por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional...” (las negrillas nos corresponden).
III.3. Análisis del caso concreto La jurisprudencia expuesta precedentemente, es aplicable al caso concreto, por cuanto la privación de la libertad física del accionante es consecuencia de la medida cautelar de detención preventiva impuesta en su contra dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, concluyéndose que las denuncias sobre los supuestos defectos o irregularidades existentes en el proceso, como el hecho de no haber sido notificado personalmente con la imputación formal, lo que le habría impedido preparar su defensa; la no identificación del testigo de actuación; la falta de fundamentación en la solicitud de aplicación de medidas cautelares presentada por la Defensoría; y el no haberse resuelto la objeción a la querella antes de la audiencia de medidas cautelares; no constituyen la causa directa para la privación del derecho a la libertad del accionante, por ende los actos denunciados que originarían un supuesto procesamiento ilegal no pueden ser objeto de análisis a través de la presente acción tutelar, dada su naturaleza y alcance.
Por otro lado, tampoco se constata que el accionante se encuentra en un absoluto estado de indefensión, ya que incluso prestó su declaración informativa el 23 de diciembre de 2008, situación no desvirtuada por el accionante, quien además cuestionó en audiencia de medidas cautelares el informe psicológico y extracto de llamadas telefónicas, es más apeló de su detención preventiva, lo que hace concluir a este Tribunal, que tuvo conocimiento del proceso y utilizó los medios y recursos que la ley le franquea.
Consecuentemente, las supuestas lesiones al debido proceso denunciadas ahora por la parte accionante, no pueden ser consideradas a través de la presente acción tutelar, por cuanto no constituyen la causa directa de su restricción a su libertad física, ni tampoco se encontró en un estado de indefensión absoluta que le hubiesen impedido recurrir a las vías que tenía dentro del mismo proceso para denunciar los supuestos hechos ilegales; y sólo agotados éstos acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, vía idónea para reparar las lesiones a la garantía del debido proceso, por lo que la presente acción tutelar es improcedente.
Por lo precedentemente señalado, el caso no se encuentra dentro de las previsiones y alcances de la acción de libertad, por lo que el Tribunal de garantías al haber declarado “improcedente” la tutela solicitada, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicado debidamente los alcances de esta acción tutelar.
POR TANTO El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.1 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 48/2009 de 22 de julio, cursante de fs. 52 a 53 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada.
No interviene la Magistrada, Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños, por no haber conocido el presente asunto.

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