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Timestamp: 2017-10-20 07:08:34+00:00

Document:
La reforma agraria en Campeche, ¿permanencia de una cultura indí­gena?
Secuencia no.82 México ene./abr. 2012
Mauricio Cantún Caamal* y Juan Manuel Pat Fernández**
* Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
This paper shows the historical process of the Mexican agrarian reform in the 20th century and explains how ¡t took place in the state of Campeche. It demonstrates how an attempt by postrevolutionary governments to return and provide land for communities became an opportunity to restore and consolidate communal ownership. It also reveals how the omissions and inconsistencies of the laws during the process gave rise to errors such as not imagining that communities still had land and not knowing how to classify them. Nevertheless, most of the time, these mistakes enabled peasants to obtain large expanses of land. Lastly, it discusses the way the agrarian reform permitted the continuation of a cultural feature, common ownership, which has formed part of the identity of Maya groups in the state of Campeche.
Sería hasta el año de 1934, con la expedición del Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos por parte de Abelardo Rodríguez, cuando los centros de población conformados por peones podrían recibir tierras de ejido.34 Antes de ese tiempo sólo los centros de población reconocidos como pueblos habían tenido ese privilegio, aunque se habían organizado algunas comunidades a partir de haciendas o de forma independiente a estas, en diferentes partes del estado, como sucedió con Zaragoza (Suspiro), Tiquinmul y Santa Isabel. Nos debemos preguntar cómo fue posible que se diera la creación de estas comunidades si las leyes agrarias anteriores a 1934 no lo contemplaban. Sabemos que en primera instancia la superficie de dotación era sugerida por la Comisión Local Agraria y que se podía dar una posesión provisional. Pero esta no era la resolución definitiva, la cual expedía la Comisión Nacional Agraria; esta podía aceptar la resolución estatal o cambiarla, para dictar la resolución definitiva. Por lo tanto, el gobierno estatal no pudo ser quien otorgara la posesión a estas nuevas comunidades, pero pudo ser responsable indirectamente al proporcionar un elemento requerido para la dotación. Suspiro (Zaragoza) sería reconocida como pueblo; Tiquinmul, como "ranchería" al igual que Moch Couoh, categoría otorgada a las comunidades más pequeñas. Años más tarde, otros como Chencoyí, Haltunchén, Hobomó, San Nicolás, Kankí, Nilchí, Mucuychakán, Yaxché, entre otras, serían reconocidos como poblados, lo que podría mostrarnos la continuación de una práctica al considerar a los primeros centros de población como el continuo de la tradición del modo en que se clasificaban las comunidades políticamente. O de igual forma, la estrategia que habrían utilizado para erigirse. Al ser designadas como pueblo o ranchería adquirían un estatus legal que les daba derecho a solicitar una dotación de tierras. El paso a la designación de poblado pudo mostrar una duda de cómo se estaba considerando a las comunidades recién creadas o simplemente que ya no era necesario considerarlas como pueblos o rancherías, porque el nuevo Código Agrario de 1934 les daba la posibilidad de ser sujetos de derecho a dotación. Este aspecto nos revela la forma en que las leyes fueron utilizadas por parte de los campesinos y cuál era su objetivo principal: crear una comunidad y obtener tierras, las cuales podrían ser ampliadas con mas solicitudes a las comisiones agrarias; una actitud propia de las antiguas comunidades y que se reproduciría en los nuevos centros de población, las cuales actuarían de la misma forma (véase cuadro 4).
Dos de las sucesiones más importantes del estado: la de Sixto García y José María Carpizo, también estaban inmersos en juicios hipotecarios. La de Sixto García tenía un juicio hipotecario por parte de la Sociedad Civil Particular Campos y Hermanos, en la cual estaban incluidos las haciendas Santa Cruz, San Antonio, San Nicolás, San Esteban, Komchén, San Felipe, Santa María y el paraje Dolores.44 Vimos al principio de este capítulo a una familia Carpizo defendiendo las haciendas San Luis Carpizo, Dzucbec, Soledad y Moquel, ante la solicitud de restitución y dotación de la villa de Champotón.45 Para el año de 1945 varias de las propiedades de la sociedad civil particular José María Carpizo Sucs., se estaban rematando por cobro de créditos fiscales: la de San Luis, Carpizo, Pantel, Chuntaquín, Potrero, San Enrique y varios terrenos, los cuales se habían puesto a remate.46 La resolución estatal de la comunidad Km. 72, a principios de la década de 1940, muestra que una de las haciendas más importantes de esta familia ya pertenecía a Hugo y Nelly Alice Boehm Rowe y Gabriel Navarrete, por lo que se puede pensar que ya había sido embargada a sus antiguos propietarios por algún adeudo crediticio.47 Estas deudas se habían contraído, principalmente, para plantar henequén, pero la caída de los precios y las trabas comerciales del estado de Yucatán fueron algunas de las causas de la caída económica de muchas haciendas de Campeche desde la década de 1930.
Otra muestra es el rechazo de tierras que no consideraban idóneas para ellos, lo que llevaría en muchas ocasiones a desconocer los resultados de la resolución presidencial. Esta actitud de renuncia hacia las tierras lejanas lo podemos observar en estas mismas comunidades en la época de la colonia, cuando vendían aquellos terrenos que se encontraban demasiado alejados. Chunkanán recibiría una ampliación de ejidos por una resolución estatal del 30 de diciembre de 1948. Al parecer las tierras otorgadas eran demasiado lejanas para ellos, y no quisieron aceptarlas. Esto les llevaría a pedir una segunda dotación la cual les sería negada porque no habían aceptado la primera ampliación.63 Lo mismo ocurriría con Santa Cruz (pueblo de Calkiní). Les fue dado terrenos con una superficie de 1 137 ha cerca de Chunkanán, 1 147 ha en Yalnón y 208 ha en San José Sacalbacán y Vayama por una ampliación con resolución de 22 de marzo de 1939 Al igual que Chunkanán se negaron a aceptar las tierras por considerarlas distantes del centro de población.64
Moisés de la Peña lo aprecia como un fenómeno que se daba ante la falta de tierras en ciertas zonas del estado, como el Camino Real, y que se debía a las técnicas agrícolas usadas, como lo es la rozarumba y quema. Pero podemos argumentar que esta práctica era parte de los elementos culturales de los campesinos de la zona, como él mismo lo pudo apreciar.
En este argumento se aprecia que esta práctica obviamente no era algo que todos los campesinos podían hacer, porque entonces no sería posible en ninguna parte, ni época, rentar todas las tierras a los campesinos que así lo solicitaban a la comunidad que ofrecía sus tierras para rentar. A mi juicio, esta práctica puede ser considerada de un orden culturaltradicional, claro, influida por las condiciones geográficas y la falta de tierra, sí, pero que podría ser hecha más por tradición que por necesidad.
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1 Sobhan, Agrarian, 1993, pp. 3537.
2 Zamosc y Martínez, "Modernización", 1996, pp. 1324.
4 Cantún, "Reforma", 2005, pp. 1955.
12 Pacheco, Geografía, 1928, pp. 1819.
21 Cómo, 1923, pp. 5657.
25 Esto lo verificamos al dividir el total de la población del censo de 1910 entre las tierras que poseían. Ibid., Nunkiní, 23/034; Bécal, 23/038, y Periódico Oficial, 10 de septiembre de 1925.
27 Cantún, "Reforma", 2005, pp. 166172.
30 Peña, Campeche, 1942, t. I, pp. 6364.
34 Sandoval et al., Guía, 1999, p. 20, y Fabila, Cinco, 1941, pp. 575577, 590.
51 Si bien nuestro tema analiza el periodo de 19151950, es necesario aclarar que muchos de los procesos que se mencionan en esta parte corresponden algunos hasta el año 2002, fecha en que encontramos una última resolución a favor de Castamay.
52 Hacemos referencia al relativo aislamiento en que se encontraban las comunidades del estado en la mitad del siglo XX y que se debía a la falta de infraestructura de caminos en todo esta región y que lo refleja el libro Campeche económico, escrito por Moisés de la Peña, cuando el autor describe la situación de la agricultura en esa época.
59 Peña, Campeche, 1942, t. I, pp. 7980.
60 Ibid., pp. 7071.
61 Ibid., pp. 6465.
62 Los problemas entre comunidades por los límites entre sus tierras se puede observar en este escrito indígena, en el cual se relata cómo se intentaba poner los límites entre comunidades como Bécal, Calkiní, Chochóla, Halachó y Mopilá, Códice, 1957, pp. 6171.
69 Ibid., pp. 606l. Las cursivas son mías.
Juan Manuel Pat Fernández es ingeniero agrónomo con doctorado en Economía Agrícola realizado en la Universidad Autónoma de Chapingo, México. Actualmente labora en El Colegio de la Frontera Sur, unidad Campeche. Su principal línea de investigación se centra en la gestión regional de los recursos naturales. Entre los temas de investigación destacan: sistemas de producción agrícola, economía campesina, uso del suelo, e integra el análisis cuantitativo y cualitativo de los complejos procesos a nivel interdisciplinario. Ha publicado en diversas revistas científicas, la más reciente se encuentra como coautor de "Costs of Convencional and Organic Honey in the Yucatán Península of México", Journal of Apicultural Research, vol. 45, núm. 3, pp. 106111. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

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