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Timestamp: 2018-12-10 06:57:02+00:00

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﻿ Sentencia 37675 de julio 27 de 2010
SENTENCIA 37675 DE 27 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. AL COMETER HECHOS IMPUTADOS COMO GENERADORES DE DESPIDO, LA CONDUCTA REPROCHABLE NO PUEDE JUSTIFICARSE EN LAS ÓRDENES QUE LE IMPARTIÓ SU INMEDIATO SUPERIOR JERÁRQUICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEBER DE OBEDIENCIA, CONDUCTA PUNIBLE, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 37675 de julio 27 de 2010
Rad.: 37675
Pretende la recurrente, la casación total de la sentencia impugnada, y que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y se “decreten a favor de la actora todas las pretensiones de la demanda (fls. 4 a 13), sustentadas además en el escrito de apelación (fls. 293 a 298) y en los alegatos de segunda instancia (fls. 303 a 307)”.
Por la causal primera de casación propuso cuatro cargos, que fueron oportunamente replicados.
Acusa la sentencia del ad quem, por “infracción directa, en el concepto de interpretación errónea de las normas de derecho sustancial contenidas en los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 54, 65, 66, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 114, 127, 128, 143, 186, 192, 193, 236, 238, 239, 241, 249, 253, 259, 306, 340, 353, 358, 414, 467, 468, 476, 488, 489, 491, 492, del Código Sustantivo del Trabajo (Dtos. 2663 y 3743 de 1990, adoptados por la L. 141/61 como legislación permanente y modificados por el D. 2351/65 y por la L. 789/2002), en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6, 13, 14, 15, en los 16, 21, 23, 25, 29, 42, 43, 48, 53, 58, 83, 93, 95 de la Constitución Política; en los artículos 1º, 2º, 27 y 28 del Decreto 3135 de 1968; en los artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 68, 73, 74, y 102 del Decreto 1848 de 1969; en los artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 8º, del Decreto 1050 de 1968; en los artículos 11, 14, 21, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993; en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887; en los artículos 769, 1494, 1495, 1505, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1626, 1648, 1649 del Código Civil; en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949; en los artículos 1º, 2º, 6º, 49, 50, 51, 54, 60, 61, 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (D.-L. 2158/48, adoptado como legislación permanente por el D. 4133/48, modificado por la L. 712/2001); en los artículos 4º, 5º, 6º, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 194, 203, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 254 y 268 del Código de Procedimiento Civil como normas medio violadas”.
Trascribió la totalidad de las consideraciones del fallo que cuestiona; mencionó las pretensiones de la demanda inicial, y acotó que el tribunal interpretó erróneamente las normas sustanciales “que determinan quiénes son los representantes del patrono y de la obediencia que se debe a ellos, siempre dentro de los postulados de la buena fe. Interpretación errónea que también cobija las normas del reglamento interno de trabajo”.
A partir de la preceptiva del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, y parafraseando algún pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral, se refirió a los rasgos distintivos de un cargo de dirección de otro que no tiene esa connotación, que radican principalmente, en las funciones desarrolladas, que le confieren al primero facultades disciplinarias y de mando sobre el otro, en ejercicio de la delegación del empleador, y que lo obligan frente a aquellos, “dotados de determinados poderes discrecionales de auto determinación cuyos límites resultan de la ubicación que ocupen en la escala jerárquica”, categoría en la que se ubican, por ejemplo, los gerentes, administradores, mayordomos, etc., precisamente en la calidad que actuó Alejandro Aragón Pardo respecto de Claudia Amparo Díaz, como trabajadora subordinada, igual que otros compañeros que también resultaron afectados por la decisión de la entidad financiera.
Trascribió extensos pasajes de sendas decisiones emitidas por los tribunales superiores de Pamplona, y Bogotá, en procesos adelantados por los despidos de dos compañeros de trabajo de la actora, y copió un fragmento de una sentencia de tutela.
Plantea falta de claridad en la declaración del alcance de la impugnación, y que la sustentación de los cargos corresponde a un alegato de instancia. Que en su formulación se destaca la mezcla de dos modalidades excluyentes por la vía directa, como son la infracción directa y la interpretación errónea, amén de la alusión a aspectos fácticos en la demostración, así como a la ausencia de un discurso dirigido a demostrar en qué consistió el error hermenéutico que imputa a la sentencia gravada.
Acusa la violación del mismo elenco normativo, por “infracción directa”, esta vez por falta de aplicación. En cuanto a la demostración del cargo, dijo que “Los argumentos esbozados en el primer cargo sirven también de sustento a este”.
Critica que la censura haya omitido explicar en qué consistió la infracción directa, o la falta de aplicación de las normas enunciadas, pues “no puede entenderse que en aras de la economía se acuda a los argumentos de otro cargo que no tienen la misma modalidad de sustento jurídico y que tal como se vio también presentan fallas técnicas insuperables”.
Acusó la violación del mismo elenco normativo, por “infracción directa”, esta vez por aplicación indebida. En cuanto a la demostración del cargo, dice que “Los argumentos esbozados en los dos primeros cargos sirven de sustento a este”.
Le enrostra similares errores de técnica, a los que presentan los dos primeros cargos.
La identidad argumentativa y de vía de ataque seleccionada, así como la unidad de propósito, permiten el estudio conjunto de los tres primeros cargos. Así lo autoriza el artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1995, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Como es sabido, la sentencia de segunda de instancia está sellada con la presunción de legalidad y acierto, propias de toda decisión judicial, de suerte que sobre quien se propone, mediante la utilización del recurso extraordinario, desvirtuar esa presunción, gravita la carga de demostrar con suficiencia las equivocaciones en que incurrió el juez de alzada. Desde el ángulo opuesto, dado el carácter rogado de la casación, a la Corte le está vedado asumir oficiosamente el examen de legalidad, con argumentos distintos a los que le suministra el impugnante.
Sin duda, el recurrente confunde el género que es la violación directa, con la especie que es la infracción directa, lo cual, sin embargo, no obsta para entender que lo que quiso fue cuestionar el fallo del ad quem por violación directa de la ley sustancial, en forma separada, en cada una de las tres modalidades establecidas en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo. No empece, la censura incurre en el desatino de desarrollar tan sólo una de las acusaciones, y en las otras dos remitir a lo expuesto en el primero, procedimiento manifiestamente inadmisible, dado que los cargos son independientes y autónomos entre sí, por manera que solo es posible examinar el primero de los propuestos, precisamente por lo que se dijo en el párrafo anterior, máxime si se tiene en cuenta que un mismo discurso no puede estimarse apto para fundamentar acusaciones por submotivos que son irreconciliables.
La censura endilga al fallo de segundo grado la interpretación errónea del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto no se percató que la actora, en su carácter de empleada de la institución financiera, estaba obligada a cumplir las órdenes del gerente de la oficina, dado que según la regla de derecho recién mencionada, este era uno de los representantes del patrono, investido de poder de mando para ejercer la subordinación propia de la relación laboral, en representación del empleador.
Apoyado en pronunciamientos de la Sala sobre la temática propuesta, el tribunal estimó que la responsabilidad de Gloria Amparo Díaz Gómez, no podía resultar indemne por el hecho de que su superior jerárquico, fue la persona que dispuso la apertura de las cuentas y se realizaran los giros en descubierto, sin autorización, ni garantía del titular de la cuenta.
En ese orden, es claro que el tribunal no puso en duda que el gerente de la oficina era representante del empleador, ni que ostentaba poder de mando sobre los empleados de la entidad, y que la accionante le debía obediencia; por el contrario, precisamente, partió de la anterior premisa, empero, reflexionó que a pesar de ello, Claudia Amparo Díaz debió abstenerse de ejecutar las órdenes que le impartió su superior jerárquico, y poner en conocimiento del estamento competente, las anomalías que se presentaron en la sucursal bancaria, de suerte que, el recurrente dejó libre de ataque este soporte de la decisión que combate, que en consecuencia, permanece inalterable, y que, por demás, no luce desacertado pues esta es una de las obligaciones que impone al trabajador el numeral 5º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.
Conviene memorar que en varios de sus pronunciamientos, la Sala ha considerado que la obediencia que el trabajador debe a sus superiores jerárquicos, así se trate de representantes del trabajador, en los términos del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, no puede entenderse ilimitada, hasta el punto de tener que acatar una orden cuando involucra la posibilidad de un hecho punible o inmoral, o que atenta contra los intereses del empresario. Así quedó expuesto, por ejemplo, en sentencia de julio 7 de 1995, radicación 7420:
“Conviene precisar, como consecuencia de lo atrás visto, que si bien en desarrollo de la subordinación propia de toda relación laboral, es deber de los trabajadores el acatar las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores jerárquicos dentro del marco obligacional del contrato, por ser el empleador quien en principio asume los riesgos, no es menos cierto que ese postulado debe acomodarse al sentido común, al conjunto de tales obligaciones y especialmente al deber de colaboración que le incumbe a las partes en todo vínculo jurídico.
Por lo anterior, el deber de obediencia no es absoluto o ilímite, por lo que es errado entender como subordinación del trabajador, la llamada terca obediencia, que le imponga al prestador del servicio la obligación de acatar de manera ciega o autómata, con una obstinación irracional, toda orden de cualquier superior jerárquico, como si se tratara de un robot; pues la ley concibe al trabajador en toda su dignidad ontológica, como sujeto capaz de discernir y de razonar. De suerte que al empleado le asiste el derecho de rehusar las órdenes que lo induzcan a cometer hechos punibles, o que sean ilícitas o irreglamentarias, o que claramente pongan en peligro su integridad física, o que manifiestamente puedan ocasionar daños al empresario, pues en tales casos en rigor —frente a la ley— no se configura un desobedecimiento, sino el ejercicio de un derecho, pero ante todo del cabal cumplimiento de sus deberes legales de colaboración y lealtad.
En tal virtud, la obligación especial de cumplimiento de órdenes estatuida en el numeral primero del artículo 58 del código, en manera alguna excluye las de “comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes para evitarle daños y perjuicios” y “prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa o establecimiento”, consagradas en los numerales 5º y 6º ibídem”.
Se sigue de lo anterior que, al no existir duda de que la trabajadora cometió los hechos que se le imputaron como generadores del despido, conforme al precedente que se reprodujo, su reprochable conducta no puede justificarse en la órdenes que le impartió su inmediato superior jerárquico, por manera que la acusación es infundada.
Esta vez por la vía indirecta, por aplicación indebida, denuncia la trasgresión de las mismas reglas de derecho enunciadas en los cargos anteriores.
Los errores de hecho que imputa al ad quem, son:
“1) En la falta de apreciación de los siguientes documentos:
a) De la resolución inhibitoria proferida dentro de las previas #689.949 del 26 de noviembre del 2003 por la Fiscalía 190 delegada, a favor de los ciudadanos Sandra Milena Moya Cubillos, Frank Miller Garibello Correa, William Alfonso Triviño Bello y Claudia Amparo Díaz Gómez (fls. 137 a 148), en la cual el señor fiscal hizo las siguientes consideraciones:
Luego de reproducir la totalidad del pronunciamiento inhibitorio con que fue favorecida, hizo lo mismo con el acápite considerativo de la Resolución 2987 de 31 de diciembre de 2003, proferida por la inspectora del grupo de empleo de la dirección territorial del trabajo de Cundinamarca, lo que repitió con la carta fechada el 2 de mayo de 2003, dirigida por Alejandro Aragón Pardo al director de recursos humanos del banco (fls. 62 a 68), en la que resaltó la exoneración de responsabilidad que aquel refirió de algunos empleados, entre ellos la demandante. También, copió el contenido del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia con que finalizó la primera instancia.
“2. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que el doctor Alejandro Aragón Pardo, gerente de la oficina centro de comercio internacional, era el representante del patrono con funciones ejecutivas, conceptivas, orgánicas, coordinativas, múltiples, dinámicas.
3. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo que los sobregiros otorgados al Consorcio José Matallana fueron directamente autorizados por la señora Claudia Amparo Díaz Gómez, que no por el representante del patrono (…).
4. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que los sobregiros otorgados al Consorcio José Matallana fueron directamente autorizados por el representante del patrono el doctor Alejandro Aragón Pardo, que no por la señora Claudia Amparo Díaz Gómez.
5. Dar por establecido, sin estarlo que la demandada sufrió deterioro en su patrimonio económico por operaciones que superaron los $ 100 millones.
6. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que la Resolución #000998 de marzo del 2004 proferida por la coordinadora grupo de trabajo empleo y seguridad social del Ministerio de la Protección Social, (…), por medio de la cual se derogó la Resolución #02987 del 31 de octubre de 2003, es violatoria de los derechos fundamentales constitucionales que protegen la maternidad de la actora y los derechos del nasciturus”.
Sostiene que el reglamento interno de trabajo (art. 66, # 7, fls. 177 a 197); la diligencia de descargos que rindió la actora (fls. 95 a 105); y la Resolución 000998 de 4 de marzo de 2004 (fls. 132 a 136), fueron pruebas erróneamente apreciadas; y que se dejaron de valorar: i) la Resolución 02987 de 31 de octubre de 2003 (fls. 125 a 131), ii) la misiva de folios 62 a 68, iii) el auto inhibitorio dictado por el fiscal delegado 190 (fls. 137 a 148), y, iv) la declaración bajo juramento de Alejandro Aragón Pardo (fls. 255 a 258).
Reprocha que la censura haya limitado su labor argumentativa a transcribir los documentos sobre los cuales recayeron los supuestos yerros fácticos denunciados, y por ello, incumplió su deber de explicar “de manera detallada cual fue la trascendencia de las documentales en referencia”, pero que, de todas maneras, el juez de apelaciones no incurrió en ninguna de las falencias probatorias que se le enrostran.
Ciertamente el impugnante no desarrolló esfuerzo alguno dirigido a poner en evidencia los supuestos desatinos fácticos del juez de la alzada, sino que restringió su labor a copiar el contenido de algunos elementos de juicio, por lo cual, el cargo carece de demostración.
Reiterada ha sido la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que el recurrente asume la carga de acreditar los desaciertos probatorios que atribuye al ad quem, y con ese propósito tiene la obligación de explicar lo que las pruebas del proceso acreditan, así como también que, al no coincidir con las inferencias fácticas del juzgador, se muestre como distorsiones manifiestas, ostensibles, y protuberantes, que constituyen la exigencia del inciso 2º del numeral 1º, del artículo 87 del estatuto adjetivo laboral.
Además, es claro que la fundamentación de la decisión gravada no fue fáctica, toda vez que el fallador de segundo grado partió de tener por probado que la actora había actuado bajo las órdenes de su jefe, y que el problema jurídico que debía resolver, consistía en dilucidar si las órdenes irregulares del gerente de oficina justificaban el accionar de la impugnante, es decir, lo que se propuso, e hizo, fue un ejercicio netamente jurídico, con prescindencia de las pruebas recolectadas; justamente, sobre lo que encontró probado, que fueron las irregularidades cometidas por la empleada, juzgó que no eran excusables, así se hubiera tratado de cumplir órdenes de uno de los representantes del empleador, facultado para imponérselas, porque “ningún trabajador está obligado a acatar órdenes que impliquen violación de sus funciones y de los reglamentos de la empresa y bien puede rehusarse a ellas utilizando todos los mecanismos a su alcance”.
Con todo, cumple reseñar que el ad quem no puso en duda la calidad de representante del patrono, del funcionario que ordenó las transacciones que resultaron fraudulentas, en los términos del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo; ni que las mismas fueron ordenadas o autorizadas por Díaz Gómez, sino por el gerente Aragón. Tampoco puede decirse que los perjuicios causados al banco, haya sido uno de los pilares de la sentencia, dado que si bien, su texto alude a un monto superior a $ 100.000.000.oo, transferidos de una cuenta a otra, no califica esa suma como pérdida para la entidad.
En cuanto a que el acto administrativo emanado del Ministerio de la Protección Social, que autorizó el despido de la demandante, sea violatorio de algún derecho fundamental, es un tema de estirpe jurídico, inabordable por la senda de los hechos.
El cargo no es de recibo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de mayo de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Claudia Amparo Díaz Gómez le promovió al Banco Cafetero S.A., en Liquidación.
Costas en casación, a cargo del recurrente.

References: artículo 8
 artículo 1
 artículo 32
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 87
 artículo 32
 artículo 58
 artículo 32
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