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Timestamp: 2019-09-20 21:57:07+00:00

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Fallo al daño moral penal
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Oralidad Del Proceso Civil
Quito, D. M, 10 de diciembre de 2014
SENTENCIA N.° 225-14-SEP-CC CASO N.° 0289-13-EP
Comparece ante la Corte Constitucional el señor Germán Enrique Yánez Vargas,
por sus propios derechos, e impugna mediante acción extraordinaria de protección la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2012, por el juez sexto de lo civil de
Pichincha dentro del juicio verbal sumario de fijación de indemnización de daños
y perjuicios N.° 140-2012 que sigue en contra de la compañía General Motors S.
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 21 de
se ha presentado otra
petición con identidad de objeto y acción, como se advierte de la razón actuarial
constante a foja 3 del expediente constitucional.
La Sala de Admisión
de la Corte Constitucional, conformada
por la jueza y jueces
constitucionales Wendy Molina Andrade, Patricio Pazmiño Freiré y Manuel Viteri
OÍ vera, mediante auto dictado el 29 de abril de 2013, admitió a trámite la causa
N.° 0289-13-EP, disponiendo que se proceda al sorteo para la sustanciación de la
constitucional Manuel Viteri Olvera.
Mediante providencia del 20 dejunio de 2013, eljuez constitucional sustanciador
avocó conocimiento de la causa y dispuso las notificaciones a las partes y al juez
sexto^Ie-lo civil de Pichincha, a fin de que presente un informe debidamente
tivado de descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda.
Inicia su exposición el accionante señalando que la sentencia expedida el 10 de
diciembre de 2012, por el juez sexto
de Pichincha, se encontraba
ejecutoriada desde el 13 de diciembre de 2012 y que no cabe la interposición de
Av. 12 de Octubre N16- 114 y pasaje Nicolás Jiménez (frenteal parque El Arbolito)
Telfs: (593-2) 3941-800
Caso N.° 0289-13-EP
recurso alguno, "menos el de apelación, la sentencia de 10 de diciembre de 2012,
845 del Código de Procedimiento Civil,
sentencia que al
declarar la liquidación de daños
y perjuicios no admite
interposición de recurso alguno".
Explica el accionante,
"a pesar que
propiamente dichos y ahondar en el tema no vale la pena, hubiese podido solicitar
que el juez sexto de lo civil de Pichincha amplíe y aclare su sentencia ya que
según lo previsto por el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil,
aclaración tendrá lugar y la sentencia fuere obscura y la ampliación cuando no se
hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos". Pese a lo dicho, lo ilegal e
ilegítimo, no puede ser ampliado ni aclarado, ya que en situaciones arbitrarias
como la presente, jamás se aclaran ni amplían las decisiones tomadas,
precisamente lo arbitrario proviene
conciencia, ni de la ley, menos aún de lo constitucional, jurídico y justo".
hubiese pedido que el
mencionado juez aclare o amplíe su
providencia que diría que nada hay que aclarar o ampliar y que la sentencia es un
instrumento jurídico impecable, provocando únicamente que mis derechos sigan
siendo ignorados y vulnerados. Es por esta razón que luego de la notificación de la
sentencia antes mencionada solamente dejé sentada mi oposición a la misma, con
lo que justifico que he agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, y que los
pedidos de ampliación y aclaración de la sentencia eran ineficaces".
Posteriormente, el accionante hace referencia a una trasgresión del debido proceso
en la garantía de la motivación y en lo principal,
señala que en la sentencia
impugnada, el juez sexto de lo civil de Pichincha expidió la misma:
[S]in expresar ni una sola razón para haber determinado el quantum de los daños y
perjuicios causados por la parte demandada, simplemente exponer en el considerando
décimo primero: 1.- Que no es obligación del juez atenerse contra su convicción, al
juicio de los peritos; 2.- Que la norma contenida en el artículo 2232 del Código Civil
deja a la prudencia del juez la determinación del valor de indemnización pecuniaria, en
lo referido a daños morales; 3.- Que la misma norma es aplicable a la indemnización de
daños y perjuicios por el principio de analogía dispuesto en el artículo 29 del Código
Orgánico de la Función Judicial; 4.- Que por lo dicho, utilizando los dictados que nos
enseña la sana crítica procede esta Judicatura a fijar en base a su prudencia que es
sinónimo de cautela,
moderación, sensatez, buen juicio, la determinación de la
indemnización pecuniaria, vía reparación por los daños y perjuicios irrogados al
accionante; y,
Finalmente, sin más,
asienta una suma que es absolutamente
desproporcionada con respecto a la que se fijó en la demanda y que determinó el
informe pericial practicado como acto procesal válido y que además ha servido para
fundamentar la sentencia, al menos hasta antes de sentar la decisión final, tal y como se
ha evidenciado de la cita que en líneas anteriores he hecho.
Manifiesta que el juez no justifica su decisión sobre el monto o valor en dinero
que debe ser pagado, equivalente a los daños causados y únicamente se limita a
indicar que la fija en razón de la sana crítica, no pudiéndose observar, a criterio del
accionante, ninguna determinación de hechos ni de normas jurídicas aplicables a
estos que fundamenten el fallo. Indica de este modo, que su impugnación no se
refiere ni fundamenta en una insatisfacción sobre la apreciación de la prueba por
parte del juez sino por el contrario, se refiere a la "violación de instituciones
jurídicas y constitucionales que fundamentan las reglas de la sana crítica y la
valoración dentro de
un proceso judicial. El que el juez sexto diga
que fija un
a la sana crítica sin
apreciación de la prueba sino con una absoluta falta de argumentación jurídica y
arbitrariedad del juzgador que de forma parcializada simplemente decide de un
plumazo tomar una posición sin ningún respaldo, que como verán más adelante es
producto de la evidente parcialidad y afecto que el juez siente por General Motors
del Ecuador S. A., la cual, tan conforme quedó con la resolución pese al fallo en
el propio juez afirmó
contrasentido de su decisión)
respecto ni interpuso recurso
Señala que constituye un atentado al debido proceso que el juez, sin explicación
alguna se aparte
un monto arbitrario como
indemnización amparado supuestamente en la sana crítica, "ignorando la realidad
del proceso y que esos mismos peritajes que ignora han servido para fundamentar su propia sentencia y fueron sometidos al juicio de error esencial sin éxito y al contrario de esto, solapadamente y como si nadie se fuese a dar cuenta, haya
considerado el informe de un asalariado de la empresa General
Ecuador, para fijar el monto que según él es producto de su prudencia, lo cual es
falso de falsedad absoluta".
la sentencia debe ser coherente,
conclusiones deben ser acorde
los enunciados, al texto, a los razonamientos
jurídicos expuestos
conclusiones del fallo. No se puede agotar todo un considerando exponiendo la
ala fe,
las artimañas y la falta de lealtad procesal de los demandados y de sus
sentencia, para luego no concluir en nada".
en el considerando noveno de
Av. 12 de Octubre N16 - 114y pasaje Nicolás Jiménez
Concluye su exposición señalando que en el presente caso "es evidente la falta de
análisis y coherencia que existe en la sentencia dictada el día 10 de diciembre de
2012 por el doctor Jorge Alejandro Miranda, juez sexto de lo Civil de Pichincha,
dentro del juicio de indemnización de daños y perjuicios, signado con el número
1470-2012, ya que el juez se ha fundamentado en el verdadero daño causado por
General Motors del Ecuador S. A., amparado en lo establecido en los informes
periciales que determinan la indemnización en más de tres millones de dólares de
loes Estados Unidos de América, pero alegando incorrectamente la sana crítica, ha
concluido su decisión en base a otro informe presentado, sin rechazar los dos
informes concordantes,
explicar el porqué de irracionalidad
Sentencia o auto que se impugna
La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 10 de diciembre de
2012, por el doctor Jorge Alejandro Miranda, juez sexto de lo civil de Pichincha,
dentro del juicio de indemnización de daños y perjuicios de única instancia, N.°
1470-2012-EC que en su parte medular, señala:
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, lunes 10 de diciembre
de 2012, VISTOS.- TERCERO.- [
Luego de varios meses y en vista de la claridad de
mis pruebas y alegaciones, el 27 de junio de 2008, el señor Comisionado Provincial de
Pichincha de
la Defensoría del Pueblo, emitió su informe motivado sobre
presentada en contra de la empresa GENERAL MOTORS S.A.
contundentemente se expusieron una infinidad de violaciones flagrantes de esta compañía
a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (
Con la decisión motivada de la
acusación particular en contra del representante legal de la compañía General Motors del
Ecuador S.A., (
En todo caso, el 22 de mayo de 2009, el señor Intendente Genera del
Policía de Pichincha emitió sentencia condenatoria aceptando la acusación que yo
presenté; ordenando a la compañía General Motors del
Ecuador S.A.,
inmediata de un vehículo nuevo, dejando a salvo las acciones por los daños y perjuicios
ocasionaron. .
El mencionado fallo fue apelado por ambas partes (
bajo el conocimiento el señor juez quinto de Garantías Penales de Pichincha, quien el 27
de julio de 2009, rechazó los recursos y confirmó en todas sus partes la sentencia subida
en grado. DÉCIMO PRIMERO.- En razón de que "No es obligación del juez atenerse,
contra su convicción al juicio de los peritos según lo dispuesto en el segundo inciso del
art. 262 del Código de Procedimiento Civil.- Por otro lado, las reglas determinadas en el
artículo 18 del Código Civil, relativas a la interpretación judicial de la ley, en su regla 4
relata: "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes
oscuros de una ley puede ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si
versan sobre el
mismo asunto;- Manda el art.
2232 del Código Civil
prudencia del juez la determinación del valor de indemnización pecuniaria a título de
reparación, en lo referido a daños morales; disposición aplicable a la indemnización de
daños y perjuicios por el
principio de analogía dispuesto en el art.
Caso N.° 0289- 13-EP
PROCESALES.- Al interpretar la ley procesal, lajueza o juez deberá tener en cuenta que
el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o
material. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán
aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de
manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el
derecho a la defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las
disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas que regulen los casos
análogos y a afata de éstas, con los principios constitucionales y generales del derecho
procesal. En torno a ello, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, señala en su art. 3 las reglas y métodos de interpretación constitucional,
así, en la regla 5, dice: "Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser
interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las
disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía".- Por lo dicho,
utilizando los dictados que nos enseña la sana crítica, procede esta judicatura a fijar en
base a su prudencia, que es sinónimo de cautela , moderación, sensatez, buen juicio; la
determinación de la indemnización pecuniaria, vía reparación por los daños y perjuicios
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, se acepta la demanda planteada por el accionante señor Germán Enrique
Yánez Vargas y se dispone que la demandada compañía GENERAL MOTORS DEL
SA.A.,
reconocidos y declarados pen la sentencia dictada por la Intendencia General de Policía
de Pichincha, dentro del juicio N°. 6484-2008-JP, fijándose el monto de USD. $183,2502
(Ciento ochenta y tres
mil doscientos cincuenta dólares de
América), cantidad que comprende el daño emergente y el lucro cesante causado al actor.
La pretensión concreta del accionante es la siguiente:
Solicito que sentencia debidamente motivada se declare sin efecto la sentencia dictada el
10 de diciembre de 2012, a las 10h38, por el doctor Jorge Alejandro Miranda, juez sexto
de lo civil de Pichincha dentro de la demanda de indemnización de daños y perjuicios que
sigo en contra de la compañía General Motors del Ecuador S.A., representada por el señor
Jeffrey Todd Cadena Bier, en el juicio N.° 1470-2012-EC en cuanto a la cuantificación
absolutamente falso y arbitrario
vulneró mis
derechos constitucionales señalados y explicados. Consecuentemente solicito
vl&xrde la Corte Constitucional deje sin efecto esta sentencia en la parte en la que se han
I ^^^vulnerado mis derechos constitucionales, ordenándose la reparación integral que me
(_^X*^
corresponde. En este sentido, la Corte podrá disponer en base a los principios que rigen la
justicia constitucional y para evitar que el perjuicio que me encuentro sufriendo se
agrave, la cuantificación motivada del mondo justo como lo ha hecho en otras ocasiones;
o en su defecto disponga que otro juez, previo sorteo de ley, señale lo que corresponde en
forma motivada, incluyendo la condena en costas a los demandados.
Av. "!2 de Octubre N16 - 114 y pasaje Nicolás Jiménez
Doctor Jorge Alejandro Miranda, juez sexto de lo civil de Pichincha
Comparece el doctor Jorge Alejandro Miranda en su calidad de juez sexto de lo
civil de Pichincha, quien luego de explicar los antecedentes que motivaron su
imparcialidad, así como también indica que no vulneró el debido proceso y que
la sentencia dictada es legítima en la medida en que cumple con la garantía
establecida en el artículo 76 número 7 literal 1de la Constitución de la República.
Indica que la prueba fue analizada de modo debido y en su conjunto, así como la
pretensión y las excepciones que constan del proceso, llegando a una conclusión
que guarda la debida razonabilidad. Cuestiona la intención del accionante al pretender que mediante esta garantía
jurisdiccional, se vuelva a conocer el proceso en cuanto a la cuantificación y
determinación de daños y perjuicios causados, pretendiendo utilizar la acción
extraordinaria de protección como un recurso y por lo tanto, que se dé inicio a un
nuevo proceso de conocimiento.
Del tercero interesado
Comparece el señor Fernando Agudelo Valencia en su calidad de presidente ejecutivo y como tal, representante legal de General Motors del Ecuador S. A., y
en lo principal,
actor del juicio de liquidación de daños
perjuicios, considera injusta una parte de la sentencia y por ello, impugna la
misma para satisfacer sus intereses económicos.
motivó "la interposición de
la presente AEP tiene como
antecedente una sentencia dentro de un proceso de liquidación de daños y
perjuicios, cuestión de total relevancia desde el momento en el que la carga de la
argumentación para el caso concreto bien puede ser de aquellas asumidas dentro
de una argumentación formal o lógica forma deductiva [sic] tal como ha sido sostenida por parte del señor juez sexto de lo civil de Pichincha en su fallo". Se
refiere así entonces el señor Fernando Agudelo Valencia a que "siendo un
motiva esta acción
extraordinaria, es obvio que el proceso anterior, uno de conocimiento previo,
tuvo como finalidad justamente que se determinen los daños y que a criterio del
mismo actor, eran cuantificados en una suma de USD. 300.000 en virtud de los
Jiechos
y fundamentos expuestos. Sin duda, un caso que a criterio razonable y
¿^¡/proporcional del juez sexto de lo civil de Pichincha, sin cuestionar la procedencia
fundamento a los intereses de una de las partes en conflicto
cuestionable desde
sería criticable y
arbitrario y carente
constituir un mecanismo de enriquecimiento injustificado para una de las partes".
Sostiene entonces que "la garantía constitucional a la motivación no asegura a los
justiciables un resultado favorable a sus pretensiones, sino una decisión fundada
en derecho que aporte con razones válidas y suficientes en favor de la decisión tomada" y que "la decisión adoptada por el juez sexto de lo civil de Pichincha no
se constituye por el sólo criterio del actor, en una decisión arbitraria carente de
un fundamento controlable, aun cuando se trate de una argumentación deductiva
dada la naturaleza del caso que parte de la identificación de unas normas legales
como son el art. 262 del Código de Procedimiento Civil que permite apartarse al
juzgador de las conclusiones de un informe pericial cuando éstas atenten contra
su convicción y los Arts. 18 y 2232 del Código Civil, así como de unos hechos
probados que
llegar a una conclusión razonable que
arbitraria ni desproporcional es legítima". Expresa así que el proponente de esta acción constitucional ha violentado las
normas que regulan la procedencia de la acción extraordinaria de protección pues
cuantificación de daños, distinta de aquella que fue establecida por el juez de instancia y que al no haber aportado argumentos claros de las supuestas violaciones de los supuestos derechos fundamentales violentados, constituye
dicha pretensión en un despropósito, por lo que la acción extraordinaria de
protección debe ser declarada sin lugar.
es competente para conocer y resolver sobre
acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y
fuerza de sentencia,
94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los
la^ Ley Orgánica de Garantías
La creación de la acción extraordinaria de protección en la Constitución del año
2008, responde a la necesidad de ejercer una mayor protección en los derechos
constitucionales, puesto que anteriormente los mismos no contaban con garantías
que efectivicen su exigibilidad y cumplimiento. En este sentido,
extraordinaria de protección faculta a la Corte Constitucional para realizar el
análisis y control de las sentencias o autos definitivos que por acción u omisión,
hayan vulnerado derechos constitucionales.
De esta forma, la acción extraordinaria de protección es aquella garantía que cabe
exclusivamente en contra sentencias o autos definitivos en los que por acción u
omisión, se haya violado el debido proceso u otros derechos constitucionales
Determinación del problema jurídico constitucional a ser examinado
La Corte Constitucional procede a plantear el siguiente problema jurídico:
La sentencia dictada el 10 de diciembre de 2012, por el juez sexto de lo civil
de Pichincha, dentro del juicio verbal sumario de fijación de indemnización
y perjuicios N.°
140-2012 que
General Motors S. A., ¿vulneró el derecho constitucional al debido proceso en
la garantía de la motivación establecida en el artículo 76 numeral 7 literal 1de
la Constitución de la República?
Tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
principio de motivación constituye una garantía del derecho a la defensa y
consecuentemente del
resoluciones debidamente motivadas de los poderes públicos1, de conformidad
con lo que establece el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la
básicas: (
7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
públicos deberán
ser motivadas.
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se
funda y no se aplica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 098-SEP-CC, caso N.° 1850-11-EP.
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
En sentido similar y en cuanto al rol de los operadores de justicia sobre el cumplimiento de la motivación, la Corte Constitucional oportunamente manifestó
constitucional del debido proceso, no debe tomarse como un requisito formal,
sino como una obligación de los operadores de justicia al momento de tutelar los derechos de las personas, ya que esta se constituye en la explicación coherente,
lógica y colara de las ideas acompañada de los razonamientos realizados por los
jueces y juezas, respecto de
concreto en relación con las
normas jurídicas aplicables a éste. Por lo tanto, a través de este ejercicio de
argumentación lógica se llega a la decisión final del proceso, la cual, más que ser
una simple enunciación de normas y hechos, es la explicación razonada de cada
tema a ser desarrollado en la resolución o fallo"2.
En su debido momento, la Corte Constitucional, para el período de transición, estableció tres requisitos que a la luz de la jurisprudencia constitucional,
constituyen los elementos principales bajo los cuales se debe considerar una
resolución como motivada. La Corte lo expresó de la siguiente manera:
Para que determinada resolución se halle correctamente motivada, es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible,
solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los
principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las
premisas y la conclusión, así entre ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del
gran auditorio social, más allá de las partes en conflictos3.
planteamiento formulado en su debido momento por la Corte Constitucional,
para el período de transición y en sentencias dictadas por el Organismo podemos
observar al test de motivación como aquel instrumento que nos permite revisar si
una resolución judicial ha sido debidamente motivada. Así tenemos por ejemplo
la sentencia N.° 123-13-SEP-CC correspondiente al caso N.° 1542-11-EP, a
través de la cual la Corte Constitucional se refirió a la garantía de motivación y
explicó el contenido de los tres requisitos de la siguiente manera4:
Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 092-13-SEP-CC, caso N.° 0538-13-EP.
Constitucional, parael período de transición, sentencia N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP.
4 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 123-13-SEP-CC, caso N.° 1542-11-EP.
N16 -114 y pé (frente al parque El Arbolito)
Sobre la razonabilidad, la Corte expresó que "la resolución judicial no debe
imponer criterios contrarios a la Constitución; en otras palabras, debe fundarse en
principios constitucionales. En cuanto al requisito de lógica, se manifestó que aquél "tiene relación directa con la coherencia de los elementos ordenados y
construir un juicio
el juzgador al
momento de emitir una resolución. Este elemento debe erigirse sobre la base de
los hechos puestos a consideración del juzgador, de modo que mediante
recurrencia a las fuentes del derecho aplicables al caso, se obtenga de éste la
promulgación de un criterio jurídico que integre aquellas fuentes con el producto
de su conocimiento y experiencia acumulados durante su vida". Finalmente,
vinculación con la "claridad en el lenguaje debe requerir concatenación entre las
premisas que contienen un pensamiento o idea con las conclusiones connaturales que deben devenir de aquel, pero este ejercicio intelectual requiere ser también
fiscalizado por quienes no han sido parte del proceso".
Bajo estas consideraciones y con la finalidad de resolver el problema jurídico
planteado, la Corte Constitucional procederá a efectuar el test de motivación de
la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2012, por el juez sexto de lo civil de
Requisito de razonabilidad
la razonabilidad implica la
fundamentación de la decisión del juez y la construcción de su criterio debe
realizarse sobre
resultan aplicables y pertinentes. Dicho en otras palabras, el criterio del juez se
vuelve razonable en cuanto hace uso de las soluciones que el derecho pone a su
disposición a través de sus diversas fuentes, entiéndase, la Constitución, los
infraconstitucional, la jurisprudencia, entre otros.
A la luz de este planteamiento, pasamos a analizar si la decisión del juez sexto de
lo civil de Pichincha fue razonable, teniendo así que en lo principal se observa
que luego de formular los antecedentes del caso en el considerando octavo de la
sentencia, el juez sexto de lo civil de Pichincha procedió a revisar las normas
procesales que le otorgan competencia para conocer la causa bajo análisis de
conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
que es citada por el referido juzgador y que establece: "La sentencia condenatoria
lleva implícita la obligación del sentenciado de pagar daños y perjuicios al
afectado costas y honorarios,
se lo habrá
conformidad con lo que dispone el artículo 391 del Código de Procedimiento
Penal". Así también, siguiendo con la justificación adjetiva,
referencia al contenido del artículo 828 del Código de Procedimiento Civil que
en su parte medular se refiere a que mediante el trámite verbal sumario se deben
liquidar los daños y perjuicios, de modo que la sustanciación del proceso a su
cargo se cumplió de acuerdo a la normativa procesal pertinente.
Posteriormente, en cuanto a las normas sustantivas, el juzgador cita el artículo
indemnización de perjuicios (daño emergente y lucro cesante) y complementa su
razonamiento señalando que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor reconoce el derecho del consumidor a ser indemnizado por daños y
perjuicios; luego de aquello, el juez acude a la doctrina formulada por los autores
Juan Larrea Holguín y Rodrigo Merino Barros para describir los requisitos que
deben concurrir para que haya lugar al cobro de una indemnización.
En el considerando noveno de la sentencia, el juez hace referencia a faltas de
conducta por parte de la empresa General Motors del Ecuador S. A., señalando especialmente que de acuerdo al artículo 26 del Código Orgánico de la Función
Judicial, dicha empresa afectó la buena fe y lealtad procesal en hechos puntuales
que se detallan en la propia sentencia; más adelante, en el considerando décimo, el juez señala que en el juicio N.° 6484-2008-JP sustanciado por la Intendencia
General del Policía de Pichincha, "se aceptó la demanda de acusación particular
presentada por el señor Germán Enrique Yánez Vargas en contra de la Compañía
General Motors del Ecuador S. A. representada legalmente por el señor Jeffrey
Todd Cadena Beier, por lo que de conformidad con los artículos 26 y 71 numeral
2 de la LODC, la Compañía General Motors del Ecuador S.A.A, reponga el bien
mueble motivo de la presente, es decir, por un vehículo nuevo de las mismas
características que consta de autos en un plazo no superior de treinta días, en
Reglamento a la LODC;
incumplimiento, a la compañía acusada se le impone una multa equivalente al
valor del bien, esto la suma de $75.000,00 USD de acuerdo al artículo 71 inciso
de la LODC" y luego continua efectuando un resumen procesal
hechos acaecidos luego de la expedición de dicha sentencia.
En el considerando décimo primero, el juez sexto de lo civil de Pichincha señala
encuentra obligado a atenerse contra su convicción al juicio de los peritos, para
luege-Senalar que de acuerdo a las reglas del artículo 18 del Código Civil (reglas
a la interpretación de
la regla cuarta
contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía". Añade
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determinación de la del valor de indemnización pecuniaria a título de reparación,
en lo referido a daños morales; disposición aplicable a la indemnización de danos
y perjuicios por el principio de analogía, dispuesto en el artículo 29 del Código
Orgánico de la Función Judicial que dice "Interpretación de normas procesales.-
Al interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el
objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por
la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley
sustantiva o material".
Establecida dicha premisa, el juez sexto de lo civil de Pichincha hace referencia
artículo 3 numeral
Jurisdiccionales y Control Constitucional para finalmente señalar que "utilizando
los dictados que nos enseña la sana crítica, procede esta judicatura a fijar en base
a su prudencia que es sinónimo de cautela, moderación, sensatez, buen juicio; la
determinación de la indemnización pecuniaria, vía reparación por los daños y
perjuicios irrogados al
accionante.- En tal virtud,
por el accionante Germán Enrique Yánez Vargas y se dispone que la demandada
expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA [
se acepta la demanda planteada
compañía General Motors del Ecuador S. A., pague la indemnización de daños y
perjuicios patrimoniales reconocidos y declarados en la sentencia dictada por la
Intendencia General de Policía de Pichincha, dentro del juicio 6484-2008-JP;
fijándose en el monto de USD.
$183,250, cantidad que comprende el daño
emergente y el lucro cesante causado al actor, misma que ha sido justificada
conforme a la prueba actuada y debidamente valorada, como ya se ha expuesto".
Al respecto, la Corte Constitucional realiza el siguiente análisis:
Efectivamente se puede advertir que la determinación de las normas procesales y
sustantivas que regulan la materia de daños en el Código Civil y normas conexas
han sido citadas por el juez sexto de lo civil de Pichincha para establecer su
razonamiento. Sin embargo, llama la atención de esta Corte Constitucional y
aclarando que de ningún modo se pretende efectuar análisis o interpretación de
normas infraconstitucionales, es a todas luces evidente que el juzgador por una
parte, apoya su argumento en la norma del Código Civil que le faculta a apartarse
del juicio de los peritos y luego justificar su decisión en que el artículo 2232 del
Código Civil deja
a su prudencia la determinación
pecuniaria en lo referente a daños morales. Sin embargo, la lectura del apartado
constante luego de la decisión, permite evidenciar claramente que el juez justifica
el valor de $183,250
USD como un resultado del daño emergente y el lucro
cesante causado al actor "que ha sido justificado conforme la prueba actuada
y debidamente Valorada".
Página 13 de 1¡
Es decir, la decisión del juez se manifiesta de modo irrazonable porque aun
determinado como liquidación de daños y perjuicios, no existe claridad alguna al
momento de entender cuál fue la fuente de derecho que alimentó o sustentó dicha
decisión; es decir, no se puede evidenciar de modo contundente si la fuente del
derecho que alimentó la decisión del juez fue la norma que regula la
determinación de daño moral (en cuyo caso su prudencia le facultaba a fijar el
monto) o si aquella determinación se justificó en las constancias procesales que otorgan parámetros cuantificables de aquellos valores de daño emergente y lucro
cesante, tal como el juez hace constar expresamente en la sentencia .
La falta de razonabilidad, entendida como la carente o insuficiente especificación
de la fuente de derecho que sirve de sustento del juzgador para justificar su
pronunciamiento, puede también resultar insuficiente en situaciones en las que el
juzgador aparenta determinar y especificar las fuentes de derecho en las que
apoya su decisión, pero luego de una revisión adecuada del fallo y sin pretender
atender aspectos de naturaleza infraconstitucional, demuestran sin lugar a duda,
que este tipo de actuaciones son irrazonables y equivalentes a actuaciones
arbitrarias que no se encuentran justificadas conforme a derecho.
Para la Corte Constitucional, la falta de claridad incurrida por el juez sexto de lo
civil de Pichincha, al momento de especificar la fuente de derecho aplicable al caso, debe ser entendida como una actuación arbitraria e injustificada, que
deviene en una sentenciada alejada de la razonabilidad. Por esta razón, la Corte Constitucional concluye que la sentencia expedida el 10 de diciembre de 2012,
por el juez sexto de lo civil de Pichincha, dentro del juicio verbal sumario de
fijación de indemnización de daños y perjuicios N.° 140-2012, no observó el
requisito de razonabilidad.
Requisito de lógica
En líneas anteriores se determinó que el requisito de lógica exige que la resolución
judicial, como una integralidad armónica, se construya sobre la base de premisas debidamente coherentes y concatenadas entre sí, pero principalmente con la
conclusión que de aquellas se obtiene. La lógica supone el ejercicio de argumentación más importante de todo el proceso, que ubica al juzgador en la posibilidad de develar su razonamiento que en principio puede resultar abstracto
peneque de acuerdo a la formulación de las premisas se concreta en el marco de lo
ofrecido por las fuentes del derecho (criterio de razonabilidad) con los hechos
principales del caso y la conjunción que de allí se logra obtener.
Av. 12 de Octubre N16 - 114 y pasaje Nicolás Jiménez
En este esquema, una vez que la Corte Constitucional ha revisado el contenido de
Pichincha, dentro del juicio verbal sumario de fijación de indemnización de daños
A., la Corte Constitucional establece las siguientes reflexiones:
En primer lugar, la sentencia se encuentra compuesta por tres partes principales; la
primera parte, a la que la Corte Constitucional denomina descriptiva, se encuentra
establecida desde la primera consideración hasta la séptima y en lo principal,
contiene un amplio recuento de los principales hechos, actuaciones procesales
previas al juicio de liquidación así como aquellas desarrolladas durante aquél,
refiriéndose además a varios aspectos probatorios específicos que guardan relación
con el asunto principal del caso, además del análisis de las excepciones formuladas
por el demandado frente a la actuación del actor.
A partir del considerando octavo hasta el décimo, la Corte Constitucional observa
referencias procesales y sustantivas, principalmente sobre la regulación de
determinados aspectos del derecho de daños en Ecuador así como la referencia al
juicio N.° 6484-2008-JP sustanciado en su momento por la Intendencia General de
Policía de Pichincha.
Finalmente, el considerando undécimo de la sentencia, que ajuicio de este tribunal
es aquel que contiene mayor relevancia jurídica en cuanto al análisis de fondo del
caso referido, contiene una serie de premisas que en definitiva llevarían a la
conclusión de establecer o de fijar el monto económico por liquidación de daños y
perjuicios en el valor de $ 183,250 dólares de los Estados Unidos de América.
Entre las premisas principales que se pueden extraer de esta parte de la sentencia,
el juez sexto de lo civil de Pichicnha manifiesta:
Que el juez no tiene la obligación de atenerse, contra su convicción, al juicio de los
Que el artículo 2232 del Código Civil deja a la prudencia del juez la determinación
del valor de indemnización pecuniaria en lo referido a daños morales;
Que el artículo 18 del Código Civil explica en su regla cuarta que el contexto de la
ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía y que los pasajes oscuros de
una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes si versan sobre el mismo
Que a criterio del juez sexto de lo civil
de Pichincha, el artículo 29 del Código
Orgánico de la Función Judicial pennite construir una analogía para entender como
equivalentes a los daños morales en su aplicación con la indemnización de daños y
Que para el juez sexto de lo civil de Pichincha, la sana crítica es sinónimo de
prudencia, cautela, moderación,
obligación es determinar la indemnización de daños y perjuicios irrogados al
Que el valor de USD. $183,250 comprende el daño emergente y el lucro cesante
causado al actor, de acuerdo a la prueba actuada y debidamente valorada.
Ahora bien, tratándose de un juicio de liquidación de daños y perjuicios, resulta
lógico que la construcción de las premisas a cargo del juez, justifique de modo
principal la manera y el mecanismo técnico jurídico que permite llegar a fijar el
monto a ser liquidado a favor de quien obtuvo la declaración del derecho a su
favor, en este caso, a través de la resolución expedida por el intendente general de
El juez sexto de lo civil de Pichincha formula premisas que primafacie no guardan
relación con el propósito de este tipo de juicio y que aquellas no se vinculan de
modo directo con la fijación del valor de $ 183.250 USD más aun, cuando el juez,
por una parte, señala quede acuerdo al ordenamiento jurídico, la determinación del
valor de indemnización pecuniaria sobre daños morales (la Corte observa que el
juez utiliza el término daño moral como equivalente a daños y perjuicios,) es un
asunto que queda a su prudencia por lo que está facultado para alejarse del juicio
de los peritos, mientras que más adelante expresa la cantidad de $ 183.250 USD
comprende el daño emergente y lucro cesante causado al actor, ha sido justificada
conforme a la prueba actuada y debidamente valorada.
No se observa entonces, cuál es la premisa que sustenta la conclusión de fijar el
valor de $ 183.250 USD, sin perjuicio de que aún en el evento que esa fijación
fuese producto de la prudencia del juez sexto de lo civil de Pichincha, se debe
insistir que una adecuada motivación demandaría el establecimiento de estándares
más claros y específicos que clarifiquen la determinación de dicha cantidad. Sobre
esto, la Corte Constitucional insiste en que los juzgadores no pueden pretender
escudar decisiones con una faceta de prudencia que podrían denotar arbitrariedad,
sin llevar a pensar que esta Corte ha calificado el valor en mención como excesivo
en un caso o insuficiente, en otro, pues aquello no recae dentro de la esfera del
presente examen constitucional.
La conclusión del juez en su sentencia y mediante la cual fija el valorde $ 183.250
se sustenta debidamente en alguna
señaladas, pues
ninguna detalla de modo claro la razón suficiente para establecer que el daño
emergente y el lucro cesante han conformado dicho monto y peor aún, la manera
o se ha realizado la valoración de la prueba.
injustificable falta de relación entre las premisas principales del fallo (que además
Av. 12 de Octubre N16- 114y pasaje Nicolás Jiménez
deben ser necesarias en un juicio de liquidación de daños y perjuicios) con la
conclusión formulada por el juez sexto de lo civil de Pichincha, señalando de este
modo, que el valor de $ 183.250 USD no se encuentra debidamente justificado
conforme a derecho y por lo tanto se ha expedido una resolución judicial carente
Sobre la comprensibilidad
El último requisito del test de motivación se vincula a la claridad del lenguaje utilizado por el juzgador para exponer su argumento y garantizar que el fallo sea
adecuadamente entendido, tanto por las partes procesales
auditorio social.
Sobre este requisito la Corte Constitucional considera necesario fijar su atención
en el considerando undécimo, sin perjuicio de haber revisado de modo integral la
sentencia impugnada, pero en cuanto al requisito de comprensibilidad, esta Corte
observa que el párrafo referido utiliza un lenguaje obscuro y ambiguo que provoca
confusión y falta de entendimiento adecuado. Por ejemplo, no se entiende la
relación de los conceptos de daño moral y daños y perjuicios cuando los mismos
son tratados por el juzgador de modo equivalente sin una explicación satisfactoria;
por otro lado, el juez expresa que la prudencia es sinónimo de cautela, moderación,
sensatez y buen juicio sin explicar suficientemente a qué se refiere cada uno de
estos conceptos y en qué manera influyen en la decisión del fallo, en particular, en
el modo de cuantificar los daños y perjuicios.
El juzgador, lejos de promover un adecuado entendimiento de su resolución, optó
propio demandante,
complicado y oscuro y no permite entender el motivo de la decisión, afectando de
inobservando
Con todas las consideraciones hasta aquí formuladas, la Corte Constitucional
concluye que la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2012, por el juez sexto de
indemnización de daños y perjuicios N.°
140-2012 que sigue
compañía General Motors S. A., no fue debidamente motivada al no observar los
requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad.
la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la
1. Declarar vulnerado el derecho constitucional al debido proceso en la
garantía de la motivación establecida en el artículo 76 numeral 7 literal 1
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1.Dejar sin efecto la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2012, por el juez sexto de lo civil de Pichincha, dentro del juicio verbal
sumario de fijación de indemnización de daños y perjuicios N.°
1470-2012.
3.2. Ordenar que la Sala de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha efectúe un nuevo sorteo de la causa N.° 1470-2012 a fin
de que sea otro juez quien resuelva la causa, a partir de foja cuatro
obligatoriamente el debido proceso, en particular la garantía de
Jaime Pozo Chamo
ECRETARIOGEN
Av. 12 de Octubre N16- 114 y pasaje Nicolás Jiménez
Telfs: (593-2)3941-800
Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade,
Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de las juezas María del Carmen
Maldonado Sánchez y Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión del 10 de diciembre
JPCH/rnvv/msb
mvv/jnst
CASO Nro. 0289-13-EP
RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el juez Patricio
Pazmiño Freiré, presidente de la Corte Constitucional, el día martes 06 de enero del dos mil
quince.- Lo certifico.
ínFrerrbzo Ch
Av. 12 de Octubre N16 -114 y pasaje NicolásJiménez
CASO 0289-13-EP
RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los siete y ocho días del mes de
enero de dos mil quince, se notificó con copia certificada de la sentencia 225-14-SEP-CC
a los señores: Germán
Enrique Yánez Vargas,
constitucional 1016, correo electrónico donosocmiliano8ffl)hotmail.com: Gerente General
de General Motors S.A., casilla constitucional 802, 238, judiciales 226, 05; Procurador
Judicial del ISSFA, casilla constitucional 46, correo electrónico
irosero^) issfa.mil ce-
Juez Sexto de lo Civil de Pichincha, mediante oficio 0055-CCE-SG-NOT-2015 y correo
electrónico jalejomirandaffigmail.com; coordinador de la Sala de Sorteos de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, mediante oficio 0056-CCE-SG-NOT-2015 a quien
además se devolvieron los expedientes 1470-2012, en cumplimiento de la parte resolutiva
de la sentencia; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
JPC H/jdnJ^
^---J CoNSI1TUCIONAL
Da ECUADOK
G£R£RAL
(frenteal parque ElArbolito)
GUIA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 005
YANEZ VARGAS
MOTORS S.A.
967 GENERAL DEL
RESO. SENT.
DICT. PROV. O
SENT. DICIEMBRE
0289-13-EP
10DE2014
1388-12-EP
17DE2014
Total de Boletas: (6) seis
QUITO, D.M., enero 07
~^^^:
Juan Dalgo Nicolalde
del 2.015
CASILLEROS CONSTITUCIÓN'.
0 7 ENE. 2015
Tote:!-
Av. 12 de Octubre N16 - 114 y pasaje NicolásJiménez (frente al parque El Arbolito)
•email: comunicacion@cce.gob.ee
GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 005
Total de Boletas: (2) dos
QUITO, D.M., enero del 2.015
hVFttM-c
Juan Dalgo Nicólalde
¿bolíHo >
01-0) -Jote
Av.12 de Octubre N16 - 114 y pasaje Nicolás Jiménez
email: comun¡cacion@cce.gob.ec
Quito D. M., enero 07
Oficio 0055-CCE-SG-NOT-2015
JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA
Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 225-14-SEP-
CC, de diciembre 10 de 2014, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección 0289-13-EP, presentada por: Germán Enrique Yánez Vargas, referente al juicio verbal
remitido al
coordinador de la Sala de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en
cumplimiento del numeral 3.2. de la parte resolutiva de la sentencia.
íretario General
^d Corte
\! DEL ECUADOR
JPCH/jdn
No 17306-2012-1470
(MEZA MERA JACKELINE PATRICIA)
el día de hoy miércoles siete de enero del dos mil quince,
a las catorce
horas y treinta y seis minutos. Adjunta: DIEZ ANEXOS*. Certifico.
YAGUANA ZAMBRANO RUBÉN DARÍO
RESPONSABLE DE ESCRITOS
RUBEN.YAGUANA id: 20037665
Jair Dalgo
Env¡adoíf:DEL ECUADOR
miércoles, 07 de enero de 2015 16:10
•donosoemiliano8@hotmail.com1; jrosero@issfa.mil.ee1; 'jalejomiranda@qmail com1
SE NOTIFICA SENTENCIA DE DICIEMBRE 10 DE 2014
0289-13-EP-sen.pdf
[Númerode página]
Quito D. M., enero 07 del 2015
Oficio 0056-CCE-SG-NOT-20I5
T^cT^cmScul °E S°RTEOS°E LACORTE pr°v.nc,al
Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 225-I4-SEP-
nífioC!e,Clíoembre ,0 f 20M' emÍtÍda dentr° de la acción extraordinaria de protección
0289-13-EP, presentada por: Germán Enrique Yánez Vargas, a la vez devuelvo el
expediente 1470-2012, constante en 4.128 fojas útiles de primera instancia, fefin de que
se de cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva sentencia.
lime Pozo Chamorro
Tetario General
'Adjunto: lo indicado
^^^O.NSTTTüaONAL
12 de Octubre N16
16 - 114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frenteal parque El Arbolito)
AF4DE627-8E50-4590-A572-2490E0F2E3F7
SORTEOS UNIDAD JUDICIAL CIVIL DMQ
Ingresado por: WILMA.VINUEZA JUEZ: DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ
Recibida el día de hoy, jueves ocho de enero del dos mil quince, a las quince horas y treinta
y un minutos, el proceso VERBAL SUMARIO por LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
seguido por: GERMÁN ENRIQUE YANEZ VARGAS en contra de GENERAL MNOTORS
C.A JEFFREY TODD CADENA, en: 1 foja(s), adjunta oficio en una foja, copias certificadas
de sentencia en diez fojas
cuarenta y un cuerpos.y el cuerpo veinte y cuatro en cien fojas
Por sorteo su conocimiento correspondió al UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA y al número: 17230-2015-0236
QUITO, Jueves 8 de Enero del 2015.
VINUEZA DÍAZ WILMA YOLANDA
RESPONSABLE DE SORTEOS
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References: artículo 282
 artículo 2232
 artículo 29
 resolución 

artículo 18
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 87
 artículo 391
 artículo 828
 artículo 20
 artículo 26
 artículo 71
 artículo 18
 artículo 29

artículo 3
 artículo 2232
 resolución

 artículo 2232
 artículo 18
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 76