Source: https://www.scribd.com/document/51835558/PROVEA-Informe-2009-Derechos-PPII
Timestamp: 2017-12-14 00:05:16+00:00

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Description: Pueblos Indigenas
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida… Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto… Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades…
Artículos 119, 121 y 123 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
10 años de la Constitución de 1999 es cierto que los pueblos indígenas han pasado de una situación de marginación y poca visibilización como tales, al reconocimiento de sus derechos específicos en normas constitucionales y legales. Sin embargo, existe todavía una deuda social en relación con transformar en realidad estas garantías y derechos, como se advertirá a lo largo de este capítulo. Desde el punto de vista normativo, en el período destacan como positivas dos iniciativas: el anteproyecto de Ley de Protección Especial de los Indígenas en su Condición de Artesanos y su Trabajo Artesanal, que desarrolla el artículo 103 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI); y la propuesta de Venezuela para el ingreso del Delta del Orinoco, hábitat del pueblo warao, a la red mundial de Reservas de Biósfera. La misma fue aprobada en el marco de la XV reunión del Comité Consultivo sobre este tema en relación al medio ambiente, celebrada del 9 al 11 de febrero, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París. En materia de salud, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) avanzó en la implementación de las Oficinas de Salud Indígena en la red hospitalaria del país, contando hasta la fecha de cierre de este Informe con un total de 23, con el objetivo de transversalizar el enfoque intercultural y garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño, implementación y evaluación de la política de salud. Por el contrario, nuevamente preocupa la lógica meramente asistencialista en la política implementada por el Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas (MPPPI). Asimismo, se agudizaron los conflictos derivados de la ocupación de tierras ancestrales por parte de hacendados ganaderos, que menoscaban el derecho a la se○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
guridad ciudadana de los indígenas Yukpa en la Sierra de Perijá (Edo. Zulia). La postergación del cumplimiento por parte del Estado de sus responsabilidades en la demarcación de hábitat y tierra indígena socavan la posibilidad de desarrollo y autodeterminación de estos Pueblos, pudiendo conducirlos a una pérdida irrecuperable de su patrimonio cultural, e incluso, de su diversidad sociocultural. A excepción de la mencionada propuesta en relación con el Delta del Orinoco, no se produjeron avances en materia de protección ambiental del hábitat indígena. Por el contrario, se observa una tendencia creciente del Estado venezolano a impulsar planes y proyectos de “desarrollo”, la mayoría de las veces inconsultos, que podrían generar daños irreversibles en el hábitat indígena, en su cultura, y hasta comprometer su futuro como pueblos. Continúa la explotación de los recursos naturales en zonas de asentamiento y vida de estos pueblos. Se agudizan las situaciones de minería ilegal que atentan contra el hábitat indígena y su supervivencia. Los indígenas que se desplazan de sus territorios generalmente por causas socioeconómicas están particularmente expuestos a violaciones de sus derechos humanos en los trabajos agrícolas y mineros. Se mantienen las “condiciones de calle” en la que viven numerosas familias indígenas, los casos de niños desnutridos y el índice de mortalidad infantil. Los desplazamientos de indígenas de sus tierras, especialmente de los warao, debido a la situación de pobreza, se incrementan diariamente. En síntesis, pareciera que las instituciones responsables en esta materia, no logran aunar sus esfuerzos para el establecimiento de una política indigenista coherente y mancomunada que regule en forma clara y transparente la relación del Estado venezolano con estos Pueblos y ejecute políticas públicas que
tengan impactos favorables y duraderos para mejorar sus condiciones de vida. Mientras tanto, los indígenas siguen resistiendo la continua violación de sus derechos humanos (derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales), la exclusión en el ejercicio de estos, y la histórica impunidad.
Derechos territoriales y ambientales
Demarcación Nuevamente se constata que el gobierno continúa en deuda con la principal reivindicación de estos pueblos, la demarcación de su hábitat y sus tierras, elemento primordial para garantizar su existencia. A pesar del marco jurídico nacional e internacional que los amparan y protegen1, continúan las violaciones de sus derechos. Las evidencias reflejan que el gobierno ha venido postergando la delimitación de tierras indígenas tal como lo exige la CRBV. La jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha establecido de manera relevante que “En cuanto a los pueblos indígenas, es necesario reconocer además la existencia de una vínculo antiguo y esencial entre dichos pueblos y las tierras que tradicionalmente han habitado, así como su contribución al equilibrio ecológico y su interés de conservación del ambiente. Se trata de un vínculo que forma parte de la cultura misma de los citados
pueblos. De allí que, de conformidad cola disposición prevista en el artículo 119 constitucional, el Estado debe reconocer el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus derechos originarios de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, necesarias para desarrollar sus formas de vida”2. Según información reflejada en el Informe Anual 2008 de la DP (DP), la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras recibió en este período, 67 solicitudes de demarcación, de las cuales 59 no cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos por la LOPCI. Esto representa el 88% de todas las solicitudes recibidas, lo cual pareciera indicar que falta transferencia, por parte de las instancias competentes, de los procedimientos dispuestos en la LOPCI para la elaboración de las solicitudes. El 30.07.09, en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), tuvo lugar el Seminario “Aportes para la Demarcación de los Territorios Indígenas”, en el marco de la presentación del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas3. Nuevamente se denunció la mora en el proceso de demarcación. Se evidenció la existencia de fallas contundentes, en el diseño e implementación de las políticas que actualmente se están desarrollando hacia el pueblo Yukpa y Barí a través del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos
Citado en PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 2007-septiembre 2008. Provea. Caracas 2008. Pág. 156. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Decisión del 20 de diciembre de 2000. Exp. 00-1641. La creación de un Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela, surge a partir del papel promotor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de sus estudiantes, docentes y egresados y demás personas y/o entes sensibilizados con la causa indígena; de la búsqueda de la verdad, del conocimiento y la acción en función del beneficio material y espiritual de la nación. Considerando que pese a los reiterados llamados del Presidente de la República a ejecutar la Constitución y las leyes que favorecen a los pueblos indígenas, no se ha logrado hacer efectiva la normativa constitucional y legal en la materia, siendo la demarcación de territorios un hecho fundamental para la garantía de los demás derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Edo. Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa4. Especialmente centraron su atención en que la política aplicada va dejando en un segundo plano la demarcación, lo cual supone subordinar el principal requerimiento de los indígenas que es la recuperación de sus territorios ancestrales como base para garantizar su modo de vida. Asimismo, se cuestionó la implementación de políticas a través de los Centros Pilotos que no se corresponden con la cultura Yukpa y la forma en que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA) continúa criminalizando a los indígenas que recuperaron las haciendas 5. María Andarcia, abogada indígena del pueblo Kariña, afirmó que la mora de la demarcación es vergonzosa, y que estar en el proceso revolucionario exige escuchar a los indígenas de verdad, “cuando los indios decimos inclusión no es que nos metan un mercal o nos den una casa de bloque, la inclusión significa un Estado Multiétnico y Pluricultural, significa que el diseño de políticas públicas debe pasar por un proceso de consulta apegado a las formas de pensar indígenas”. Por otro lado, Rubén García, del pueblo Kariña, señaló que: “los funcionarios suelen acercarse a las comunidades pidiendo que firmen documentos sin explicar y luego entregan títulos como cartas agrarias dejando los problemas entre indígenas y terceros”6. Por otra parte, información suministrada por Ítalo Pizarro, presidente de la Federación Indígena del Edo. Bolívar (FIB), de-
nuncia que los 19 pueblos y comunidades indígenas que conviven en el estado continúan a la espera de la demarcación. Pareciera que las leyes aprobadas por los legisladores de la Asamblea Nacional (AN) no tienen valor. El pueblo Ye´kwana-Sanema del alto Caura en su momento preciso hizo la solicitud de la apertura del expediente para la demarcación y titulación de su hábitat y fue llevado a nivel del TSJ en el año 2001. Hasta los actuales momentos no ha tenido ninguna respuesta positiva; al contrario, de manera inexplicable, fue solicitada la devolución del expediente. Tampoco ha sido considerada la solicitud realizada por el pueblo Pemón de 8 sectores del Edo. Bolívar: Paragua, Kamarata, Uriman, KuyuniI, Kavanayén, Santa Elena de Uairén, Ikabaru y Wonkén7. El 10.03.09 se celebró un Encuentro Nacional por la Demarcación de las Tierras Yukpa-Barí en el Edo. Zulia. Tanto las comunidades indígenas como los productores de la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema), coincidieron en la necesidad de llegar a acuerdos que garanticen los derechos de todos. Lamentaron la ausencia una vez más de representantes de la Comisión Nacional de Demarcación. Manifestaron que desde hace tiempo vienen conversando ganaderos e indígenas pero no es posible resolver los conflictos si el Estado no cumple con sus obligaciones. Exigieron al Gobierno Nacional: a) establecer un cronograma de pagos de las bienhechurías a todos los hacendados, parceleros y campesinos; b) derogar de manera oficial to-
Decreto Nº 6.469. Publicado en Gaceta Oficial Nº 39.046 del 28.10.08. El Proceso [en línea] <http://www.periodicoproceso.com.ve/index.php?view=article&catid=32:languages&id =129:primero-la-demarcacionobservatorio-de-derechos-de-los-pueblos-indigenas-&format=pdf.> Consulta del 12.10.09. Ídem. Información suministrada por la Federación Indígena del Estado Bolívar. Septiembre 2009.
das las concesiones mineras y de cualquier proyecto desarrollista basados en la explotación y/o extracción de minerales; c) reconocer el derecho a la auto-demarcación, autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas y en consecuencia, proceder a la disolución de la Comisión Nacional y Regional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas para avanzar en la convocatoria de un nuevo proceso intercultural de delimitación territorial que permita, de manera definitiva, la conformación de verdaderos espacios de convivencia intercultural entre todos los pueblos y culturas que hacen vida en la Sierra del Perijá y en el país8. Conflictos por tierras En el Informe pasado se señalaron las contradicciones entre el discurso gubernamental de altos funcionarios a favor de los pueblos indígenas y la práctica que visibiliza una situación que atenta contra el pleno goce de los derechos humanos de estos pueblos. Durante este período esta situación se agudizó, principalmente por el estancamiento del proceso de demarcación y la persistencia de conflictos vinculados a la propiedad de la tierra. Continúa siendo crítica la situación de la comunidad Yukpa Chaktapa, ubicada en el Municipio Machiques en la Sierra de Perijá (Edo. Zulia). Desde el año 2004 han sido víctimas de un permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona, y efectivos de la Guardia Nacional (GN) por el solo hecho de reclamar la demarcación de sus tierras. La organización no gubernamental (ONG) “Homo et Natura” denunció que 40 efectivos del Ejército de la Primera División de Infantería 12 Brigada del Caribe del Fuerte Macoa de Machiques, a cargo de los capitanes Flores y
Ramírez tomaron militarmente a las 8 am del 19.01.09 la comunidad Yukpa Chaktapa. Apuntaron con sus armas reglamentarias al Cacique Sabino Romero Izarra y a su familia acusándolos de estar involucrados con grupos guerrilleros colombianos que operan en la Sierra de Perijá. Al día siguiente, aproximadamente a medianoche dos efectivos de la GN del Comando 36 de Machiques a cargo del Capitán Bastida, en dos motos y otros tantos en un rústico marca Toyota con emblemas de la institución, interceptaron en el portón de su casa en la ciudad de Machiques a Orlando Medina, activista de derechos humanos, ecologista, realizador de videos y estudiante de Gestión Ambiental de la UBV, y en actitud amenazante le dijeron que dejara de subir a la Sierra de Perijá. La agresividad de los soldados dirigidos por el capitán Flores que entraron a la comunidad Chaktapa y los otros dirigidos por Ramírez, cambió cuando se percataron del uso de las cámaras de video que manejaban los jóvenes de la comunidad. Los militares revisaron los ranchos de palma llevándose la cédula de identidad de Sabino Romero Martínez y cosas personales, sin que estos se dieran cuenta. La nueva toma militar duró aproximadamente 4 horas, afirmando que dicha operación se realizaba por órdenes del General Gerardo José Izquierdo Torres, militar acusado de ser el responsable de la violación de los derechos humanos a indígenas, periodistas y activistas sociales durante los acontecimientos del viernes 22.08.08 en la Cuesta del Padre, punto de entrada a las comunidades Yukpa del Yaza en la carretera vía el Tukuko. Estas violaciones, con repercusión nacional e internacional se ventilan actualmente en la Fiscalía 41 del Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo9.
Fuente: PROVEA. Información suministrada por la ONG “Homo et Natura”. 22.01.09.
Al cierre de este Informe, un nuevo enfrentamiento ocurrió el 13.10.09.Tuvo como resultado 2 muertes, 3 personas heridas, entre ellas una niña, y un niño desaparecido. Entre los muertos se cuenta a Hevert GARCÍA, esposo de Guillermina Romero, hija del Cacique de la comunidad de Chaktapa, y una joven Yukpa embarazada que se encontraba de visita en la comunidad de Guamo Pamocha. También resultaron heridos: la niña Marylis Romero, de 11 años de edad, hija del cacique Romero; Edinson Romero, sobrino del mismo, quién recibió un disparo en la pierna, y el propio Cacique Sabino Romero Izarra quién se encuentra gravemente herido con 2 tiros, uno en cada brazo. El cacique Sabino Romero a las 10 pm del día mismo día 13.10.09 comunicó lo siguiente: “…me quieren matar, tengo una bala en cada brazo que me dieron a las siete. Desde ayer gente de Kuse me informan que unos parceleros están ofreciendo cinco millones por matarme. Hoy al mediodía llego al portón la GN, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (PTJ) y la Fiscalía preguntando por un robo de ganado y que Olegario había dicho que yo los había robado. Yo no los dejé pasar, siempre que vienen militares es pa' coñaceá' a uno y seguro pa' decí' mentira de que yo robé ganado”10. Este lamentable saldo ha sido el resultado del clima de tensión que se vive entre las comunidades Yukpa como consecuencia de la acción de los funcionarios y funcionarias de gobierno que se han encargado de dividir a las comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda, compra de camiones y otorgamiento de créditos para los Consejos Comunales, todo con la finalidad
de lograr su apoyo incondicional a la firma de documentos de unas propuestas de demarcación, que van acompañadas de los “Acuerdos de Convivencia con Terceros” que constituyen una manera de mantener el status quo de los hacendados y parceleros y condena a los indígenas a la exclusión. Tampoco se ha cumplido con la consulta previa de los informes técnicos de demarcación, procedimiento fundamental exigido por la normativa vigente. El Estado debe brindar todos los tipos de protección (legal, territorial, ambiental, personal, sanitaria, alimentaria) a que está obligado por la Constitución y las leyes vigentes, a través de procedimientos administrativos expeditos. Y debe abstenerse de realizar actos que puedan llevar a cabo funcionarios o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes territoriales indígenas. Al cierre de este Informe, en un comunicado emitido el 14.10.09 19 organizaciones sociales11 solicitan al Presidente de la República la destitución de Sergio Rodríguez, Viceministro de Ordenación del Territorio del MPPA, la reestructuración de la Comisión Nacional de Demarcación y la Auditoría al Plan Integral Yukpa, ambas con participación de las comunidades indígenas, así como el cese de la criminalización contra el Cacique Sabino Romero. Asimismo, en términos del proceso de demarcación, se recomienda: 1. Concretar las compras de las bienhechurías de las haciendas recuperadas, demanda recurrente de las comunidades Yukpa y orden presidencial desde agosto de 2008, como requerimiento esencial para generar un ambiente de seguridad y confianza que pueda dar paso a la demarcación.
Al cierre de este informe PROVEA recibió esta información de la ONG “Homo et Natura”, la cual consideramos importante reflejar.
2. La inclusión efectiva de las autoridades ancestrales y tradicionales del Pueblo Yukpa en la toma de decisiones de los asuntos que les afecten más directamente como pueblo, de conformidad con el derecho Yukpa y la legislación indigenista vigente. El Estado debe incluir el protagonismo indígena en todo el proceso de demarcación, en particular, en el proceso de su planificación. 3. Reformular los procedimientos para la consulta pública. En el caso Yukpa, la consulta debe ser comunidad por comunidad y cumpliendo el principio de información previa, libre y de buena fe. Los documentos importantes del proceso de demarcación, deben ser traducidos al idioma Yukpa. 4. Garantizar que la demarcación cumpla con los criterios de “Tierras saneadas, sin hacendado ni minas” que ha sido la solicitud expresa y permanente de las comunidades Yukpa. Si no se reconoce la organización ancestral política Yukpa se están violando sus derechos políticos; si ellos no son los protagonistas del proceso de demarcación se vulneran sus derechos territoriales; si las casas que se les ofrecen no se corresponden con su modo de vida ancestral se está violentando su derecho a la vivienda; si no se hacen estudios de impacto ambiental y social, así como consulta previa de proyectos y políticas públicas para la zona se están violentando sus derechos culturales; y si no se entregan los
títulos de tierra se está obstaculizando la constitución del Estado Multiétnico y Pluricultural que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela12. Una de las principales causas de esta situación es la ineficiencia del Estado en la implementación de la demarcación de hábitat y tierras. Los artículos 23 y 46 de la LOPCI obligan a la Comisión de Demarcación de Tierras a pagarle a los terceros las bienhechurías de sus fundos: “Dentro del lapso previsto para elaboración del informe de demarcación, serán analizados los alegatos, defensas y pruebas presentadas por los interesados. En caso de conflictos, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin menoscabo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas” (Art. 23). “Los conflictos inherentes al procedimiento de demarcación, que se presenten entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas con cualquier persona natural o jurídica, sea de carácter público, privado o mixto, podrán ser resueltos por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del lapso de discusión del informe de demarcación, a través de acuerdos empleando medios alternativos de solución de conflictos. De los acuerdos alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente fir-
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Universidad Indígena de Venezuela; Ojos Rojos Percepción Colectiva; Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la UBV; Sociedad Homo et Natura; Foro Itinerante de Participación Popular; Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA); Mujer Quilombo; Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Comuneros del Sur; Escuela Popular de Formación Shema Sader; Cumbe de Mujeres; Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); Organización de Estudiantes Indígenas de Venezuela (ONEIVE); Cátedra Guaicaipuro de la UBV; Centro de Estudios e Investigación de Pueblos Indígenas de la UBV; El Grito de los Excluidos; Asociación Civil “Primeros Pasos de Mujer”; Periódico Proceso. Comunicado. “Organizaciones sociales solidarias con el pueblo Yukpa denuncian el recrudecimiento del conflicto en la Sierra de Perijá”.
mado por las partes, sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de cantidades de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el pago directamente” (Art. 46). Además, el artículo 41 obliga al Estado a no realizar ni permitir desalojo alguno de sus tierras en disputas mientras dure el proceso de demarcación de las tierras indígenas: “En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y comunidades indígenas, el juez o la autoridad competente deberá, desde la declaratoria del inicio del procedimiento de demarcación, hasta el acto definitivo de demarcación, paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y ejecutar medidas de desalojo en contra de estos pueblos y comunidades que, ancestral y tradicionalmente se encuentren dentro de los espacios geográficos sujetos al procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas.” Desplazamiento de indígenas En el Edo. Bolívar, continúa el desplazamiento de los pueblos Warao y Eñe`pa o Panare desde sus lugares de origen hacia ciudades como San Félix, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar e incluso Caracas, obligados a la mendicidad. Desde el año 1992, se ha tratado de buscar, a través de trabajos comunitarios y sociales, soluciones a esta situación. Sin em13. 14. 15.
bargo, la misma se ha agudizado, añadiéndose problemas de alcoholismo, otras adicciones, y prostitución que afecta a las demás comunidades Kariñas que se encuentran en las adyacencias. Como resultado de todo esto, han sido desplazados de sus propias tierras por campesinos, ganaderos y mineros. Además son explotados como mano de obra por algunos hacendados, apoderados y por empresas madereras. Según denuncia de Ítalo Pizarro, presidente de la FIB, la Alcaldía del Municipio Sifontes, hizo una inversión para estas comunidades de Bs. F. 307.413,00 para la adquisición de Ambulancia para Rescate y Unidades Automotrices para la Ruta Estudiantil de la Comunidad Indígena de Bochinche de dicho municipio13. “Para mejorar la calidad de vida”. “Nos preguntamos: ¿dónde está ese dinero? Y esa cantidad millonaria ¿A qué comunidad benefició? ¿Quién vela por esos recursos aprobados? El Concejal Indígena y los demás concejales ¿qué papel juegan? ¿Las comunidades indígenas cómo quedan?”14. Ante la situación crítica de los indígenas Kariña en Sifontes, el Parlamento Indígena de América (PIA), grupo parlamentario venezolano, efectuó una reunión el 20.03.09. La misma fue coordinada por el diputado José Poyo Cascante, quien se reunió con los representantes de 12 instituciones del gobierno15. Poyo indicó que uno de los avances de esta reunión fue el compromiso que asumió el Instituto Nacional de Derechos del Niño, Niña y Ado-
Proyecto: OR-0711-2005-44726, de fecha: 09.08.05. Estatus del Proyecto: Aprobado. Estatus de Finanzas: Finiquitado. Información Suministrada por Ítalo Pizarro, presidente de la Federación Indígena del Estado, Bolívar, Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Instituto Nacional de Nutrición, Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, Instituto Nacional de la Mujer, Alcaldía del Municipio Sifontes, Defensoría del Pueblo, Brigada Juvenil de Prevención Antidrogas, Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Fondo Único Social, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Instituto de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (IDENA) y el Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Venezolano.
lescente (IDENA), a través del Gerente Nacional de Direcciones Estatales, Yanco Verategui, quien se comprometió a construir un Centro de Protección Integral, que brinde atención a niños y adolescentes entre 0 y 17 años de edad, proporcionándoles alimentación, acompañamiento educativo y recreativo, resaltando que el centro será para las comunidades indígenas16. Sin menoscabo del reconocimiento del diputado Poyo, Provea considera que además de estar vigilantes de que esta medida se concrete, la misma puede ser solamente un paliativo más, que no toca de fondo las causas estructurales de la grave situación de desplazamiento de estas etnias. Conflicto por concesiones y construcción de infraestructura minera La actividad minera que se desarrolla en diferentes regiones del país continúa violentando los derechos de los pueblos indígenas. El ejercicio de la minería, para la segunda mitad del siglo XX, se basaba en la Ley de Mi-
nas de 194517, hasta su derogación en 1999 por el Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas18. Hasta el período 1970-1977 el escenario minero estuvo caracterizado por la entrada de empresas extranjeras y estatales, más la presencia de mineros independientes (ilegales). A partir de 1997, la situación de los pequeños mineros cambia con la promulgación del Decreto Nº 2039, en el cual se declara “ilegal” toda actividad minera bajo el régimen de “libre aprovechamiento”19. De modo que, al reservarse el Estado la explotación y exploración de reservas minerales, comienza la minería ilegal en respuesta al vacío legal que se produjo en 1977, cuando desaparece la figura de “libre aprovechamiento” en la legislación venezolana. Para el año 2006, bajo el Decreto Nº 4633, el Estado declara la llamada Reconversión Minera, la cual obliga a los mineros a abandonar la actividad a cambio de ayuda humanitaria. El decreto fue motivado como consecuencia del progresivo deterioro ambiental que causaban las prácticas mineras. Dicho decreto fue
Nueva Prensa de Oriente, 16.03.09, pág. C-2. Se publica la Ley de Minas y su Reglamento en la Gaceta Oficial N° 121 Extraordinario de fecha 18.01.45. Esta legislación se compone de tres Libros para la Ley de Minas y de nueve Títulos para su correspondiente Reglamento. Los principios bajo los cuales esta Ley se postula comprende entre otras las figuras del Carácter de Utilidad Pública, la Obtención de la Concesión, el Sistema de Accesión para minerales no metálicos, la Temporalidad de las concesiones mineras, la Indivisibilidad Minera y la Distinción entre el Suelo y Subsuelo. El Libro II sobre las figuras del Denuncio, Fases previas para la obtención de la concesión, extinción de los derechos, y la Servidumbre y Política Minera quedarán derogadas posteriormente con el Decreto N° 2.039 Resolución N° 115 de fecha 15.02.77. Gaceta Oicial de la República de Venezuela.. No. 5382 Ext. Caracas, 28.09.99.. Presidencia de la República. Decreto N°. 295, con Rango y Fuerza de Ley de Minas. Decreto N° 2.039 de 15.02.77. Las razonas en las cuales se fundamenta el Decreto N° 2.039 a partir de sus "Considerandos" consisten primeramente en la necesidad de evaluar exhaustivamente los recursos minerales cuya existencia se presume, según los estudios geológicos realizados por el Ministerio de Energía y Minas, a fin de programar su explotación racional. Estos intentos de racionalización se veían obstaculizados por la vigencia del sistema de otorgamiento forzoso de concesiones. En segundo lugar sobre la conveniencia para el país de que antes que hacer depender la actividad extractiva de la arbitraria escogencia por los denunciantes de los minerales que ellos desean explotar, la explotación se efectúe en consideración a la clase de mineral que se requiere para el desarrollo industrial del país, adecuación ésta imposible de lograr mientras exista la figura de denuncia y posterior otorgamiento obligado de concesiones. Finalmente, la conveniencia al interés nacional de negociar para el Estado la obtención de ventajas económicas de diverso género y de asegurar la idoneidad de los aspirantes a obtener concesiones, ninguno de cuyos extremos podía asegurar el Estado, hasta tanto no se le diera la atribución de determinar con entera libertad si en consideración al interés nacional procedía otorgar a rechazar una solicitud de concesión.
aplicado en los Municipios Sifontes, Raúl Leoni y Gran Sabana, Edo. Bolívar. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Por un lado, sólo se pudo indemnizar a un pequeño sector de mineros, lo que causó más pobreza a los sectores que fueron desalojados, como es el caso de La Paragua. Por el otro, la minería ha causado daños irreparables sobre el lecho de los ríos, con el uso de los monitores hidráulicos instalados sobre las balsas, las cuales van contaminando las aguas y afectando el curso normal de de los ríos removiendo la capa acuática. Debido a esto, se debió establecer parámetros y normativas para paralizar, regular, controlar y vigilar las prácticas de minería ilegal y legal que se realizaba en las cuencas, subcuencas y afluentes de los Ríos Caroní, Paragua, Aza, Oris, Chiguao, Kuyuni, Ikabaru, Venamo, Chicanan, Caura, entre otros. Como consecuencia de los fracasos de la Reconversión, se han venido multiplicando a diario las actividades extractivas en los hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, llegando a afectar no sólo el curso de los ríos, sino también las tierras. Según información suministrada por los mineros del sector, no se han observado suficientes mecanismos de control y regulación por parte de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Teatro de Operaciones Nº5 (TO-5). Entre las consecuencias de la actividad minera sobre los pueblos indígenas se pueden señalar: a) invasión a las comunidades indígenas b) aumento de prostitución y delincuencia; c) incremento de la exclusión escolar; e) devastación de tierras y hábitat indígenas; f; f) proliferación de enfer-
medades contagiosas desconocidas por las comunidades indígenas20. También en el Edo. Zulia, los indígenas de los pueblos Yukpa y Barí, conjuntamente con productores agropecuarios del municipio Machiques, exigieron al Gobierno derogar las concesiones para la explotación minera de la Sierra del Perijá. Exhortaron al gobierno a que revierta el proceso de concesiones a empresas públicas como Corpozulia y Carbozulia. Lusbi Portillo, coordinador de la ONG “Sociedad Homo et Natura” advirtió: “hay 28.000 hectáreas que tienen derecho a explotación por parte de Corpozulia. Eso cubre todas las comunidades yukpas que están en el río Yaza, desde Maraka. La idea que tiene el gobierno es abrir esas minas. Para entregarle a los Yukpa y Barí lo que están pidiendo, tienen que quitarle primero el derecho minero a Corpozulia y a las transnacionales”. Portillo acusa al MPPA de negarse a pagar las bienhechurías de las haciendas afectadas21.
Derechos a la salud y al desarrollo social
Desde la creación en el año 2005 de la Dirección de Salud Indígena (DSI), se han dado pequeños pasos en el enfoque integral e intercultural de las políticas públicas para el derecho a la salud de estos pueblos. En el Informe anterior mencionábamos la incorporación del enfoque intercultural bilingüe en el 3er nivel (hospitalario) del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), con un total de 14 oficinas de Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI)22. Al cierre de este Informe son ya 23 los que funcionan en los
Denuncia de Ítalo Pizarro. Op. cit. El Nacional, 11.03.09. pág. 12 Citado en: PROVEA: Situación de Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 2007- septiembre 2008. Pág. 163.
principales hospitales de los ocho estados con población indígena: Zulia, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Delta Amacuro, Apure, Amazonas y Bolívar. Durante el 2008 se aten-
dieron un total de 43.988 pacientes. Provea ha constatado, in situ, el funcionamiento de estas oficinas, verificando los esfuerzos en garantizar integralmente la salud de los pue-
Plan de Salud Yanomami
El Plan de Salud Yanomami (PSY)1 al cierre del año 2008 arrojó los siguientes resultados: a) culminó el curso de Agentes Comunitarios Yanomami de Atención Primaria en Salud (ACYAPS), con 19 ACYAPS de 18 comunidades de los Municipios Alto Orinoco y Rio Negro. Estos 19 ACYAPS fueron contratados por el PSY; b) Se formaron 10 Auxiliares de entomología en malaria de 8 comunidades del Municipio Alto Orinoco (Koyowe, Platanal, Mawaka, Mawakita, Koshirowa, Wasareko, Shiithari, Hasupiwei); c) se reentrenó a 10 microscopistas de malaria de las comunidades, para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad, esto en el marco del Programa de Control de Malaria en áreas de Frontera2; d) se entrenaron 11 maestros de la comunidad Koyowe del municipio Alto Orinoco. Entre los meses de septiembre y diciembre de 2008 se atendieron a 156 pacientes de los municipios Alto Orinoco y Rio Negro, de los cuales 56 (35%) fueron yanomami. Se ha trabajado articuladamente con la SAOI de Amazonas, en la atención de los pacientes yanomami referidos al hospital. También se realizó un esfuerzo en conjunto para la recuperación del área del hospital destinada al alojamiento de familiares de estos pacientes. En cuanto a personal, aumentó la cantidad de trabajadores de salud en los municipios Alto Orinoco, Río Negro y Manapiare. En el municipio Alto Orinoco, donde se encuentra el mayor número de habitantes yanomami, el 43% del personal que trabaja en los establecimientos de salud pertenece a la nómina del PSY. Se fortalecieron los 7 Ambulatorios Rurales tipo II (AR II) de Alto Orinoco y el AR II de Rio Negro a través de mejoras en la dotación de equipos para las residencias del personal de salud y los AR II. También se fortaleció el trabajo de salud en todas las áreas de influencia a través de la dotación de motores fuera de borda, lanchas, combustible y lubricantes, medicamentos, alimentación de pacientes. Para cumplir con los objetivos, el PSY contó con un presupuesto ordinario de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio del Poder Popular para la Salud, del cual se logró ejecutar el 84%. Otra fuente de recursos provenía del fideicomiso del PSY el cual fue empleado en su mayoría en bonificaciones para el personal, respondiendo a acuerdos ya establecidos desde el inicio del PSY. Se lograron alianzas con el Servicio de elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) para la dotación de medicinas; y con el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, en la obtención de cupos adicionales de combustible para el área yanomami. Se realizaron 40.680 consultas en el Municipio Alto Orinoco, un aumento del 3% con relación al año anterior. La cobertura de vacunación en Alto Orinoco fue en menores de 1 año: pentavalente: 1,42%, polio: 7,89%, rotavirus: 2,36%. Mayores de 1 año: Anti amarílica: 20,8%, Trivalente viral: 39,3%. En Rio Negro fue en menores de 1 año: pentavalente: 32%, polio: 48,7%, rotavirus: 34,6%. Mayores de 1 año: Anti amarílica: 46,5%, Trivalente
blos indígenas, respetando la diversidad cultural e implementando alianzas para garantizar la accesibilidad al SPNS de las comunidades más lejanas23. Es importante señalar el
papel de las Fuerzas Armadas, a través de su componente aéreo, interviniendo para minimizar las dificultades logísticas, cuando las dificultades geográficas imposibilitan estas
viral: 85,7%. La Cobertura del programa de eliminación de la oncocercosis y parasitosis intestinal, fue superior al 90%. En cuanto al programa de control de malaria la Incidencia Parasitaria Anual (IPA) fue de 95,8% casos por cada mil habitantes, representando un aumento del 5% con relación al año anterior. Para el año 2009, a través del convenio entre la Universidad Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) y la Dirección de Salud Indígena, se logró la tramitación de cupos para el estudio de la carrera medicina. Actualmente se está realizando el proceso de selección comunitaria, para luego recibir las postulaciones a nivel nacional. Están en proceso de formación 2 nuevos microscopistas de malaria para el control diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Está programado el entrenamiento del personal de salud de las comunidades como fumigadores, para el control de vectores desde su propia comunidad y con la dotación necesaria. Se comenzó a ejecutar el proyecto de construcción del AR II Delgado Chalbaud. Esta infraestructura permitirá también
acompañar más de cerca a los ACYAPS que se encuentran en la zona de Chalbaud y Haximú. Una dificultad importante en el 2008 fue la dotación irregular por parte de la Dirección Regional de Salud (DRS) de combustible, lubricantes y medicinas. Esto hizo que el PSY cubriera estas necesidades con sus fondos extraordinarios provenientes del fideicomiso. Para abril del presente año el saldo del fideicomiso es de Bs.F. 20.000 y por orden ministerial no se puede disponer de este. Del presupuesto planificado para el 2009 por la Dirección de Salud Indígena (incluido PSY), solo fue aprobado el 30% por Planificación y Presupuesto. Actualmente el PSY solo cuenta para su funcionamiento con el 30% de lo planificado para este año de su presupuesto ordinario, y no dispone de presupuesto extraordinario. La reducción de presupuesto ordinario, el agotamiento del fidecomiso aunado a la posible desaparición del la coordinación del Plan de Salud Yanomami, pone en peligro la garantía del derecho a la salud del pueblo Yanomami.
A mediados de 1993, en un sector del Edo. Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinados por mineros brasileños que ingresaron ilegalmente. En diciembre de 1996, la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea, elevaron el caso ante el Sistema Interamericano de derechos Humanos (CIDH) al no conseguir justicia en la jurisdicción nacional. En 1999, los representantes del Estado venezolano y estas organizaciones suscribieron un acuerdo de solución amistosa que, entre otros aspectos, incluía la adopción de un Plan de Salud para beneficiar al pueblo Yanomami y medidas para garantizar el control y la vigilancia del área territorial de esta comunidad. Este Plan pretende asegurar los cuatro componentes del derecho a la salud del pueblo Yanomami. A saber: la disponibilidad y acceso de los bienes y servicios de salud a las comunidades más cercanas y de más difícil acceso, junto al fortalecimiento de la calidad y adecuación cultural de los bienes y servicios ofrecidos. Programa enmarcada dentro del Proyecto del Organismo Andino de Salud.
Visita realizada por PROVEA al Hospital José Gregorio Hernández. De Puerto Ayacucho. Estado Amazonas. 28.09.09.
labores, principalmente en las zonas fronterizas. Según declaraciones de la Directora de Salud Indígena, Noly Fernández, para abril del año próximo se prevé la apertura del Hospital Intercultural Dr. Leonardo Fernández, en Paraguaipoa, Edo. Zulia. Fernández señaló que 32 indígenas de diferentes estados egresaron recientemente como médicos de la Escuela Latinoamericana de Cuba, mientras que 200 bachilleres de los pueblos autóctonos ingresarán próximamente a la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, en Venezuela. Entre los futuros profesionales de la salud destacan 40 yukpa y 40 barí, quienes actualmente se forman como enfermeros desde el Municipio Machiques, Edo. Zulia; mientras que 19 yanomamis, 54 waraos y 77 indígenas de diversos pueblos del Edo. Bolívar se graduaron el pasado mes de junio y ya prestan servicios en sus respectivas poblaciones24. A pesar de estos esfuerzos, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPI) sigue implementado una política de carácter esencialmente asistencialista. Durante el 2008, el MINPPI invirtió Bs. F. 55.532.960 en 664 comunidades indígenas de todo el territorio nacional, en salud, insumos alimenticios, de uso personal y equipos domésticos. Se realizaron 220 Jornadas Integrales Médico Asistenciales en 30 Pueblos indígenas para
un total de 132.000 personas atendidas. Se adquirieron y entregaron 65 Unidades Odontológicas con una Inversión de Bs.F. 598.000 para atender a 30.000 personas beneficiando a 1.277 comunidades. La distribución de 200.000 módulos alimenticios con una inversión de Bs. F. 30.796.000 para 30 Pueblos indígenas, se beneficiaron 1.156 comunidades y 373.000 personas25. Para garantizar un enfoque integral en la salud es necesaria la articulación entre las distintas instituciones con competencia en la materia, unificando políticas y optimizando recursos humanos y financieros26.
En el Informe pasado señalamos como un logro la promulgación de la Ley de Idiomas Indígenas27, que contempla la creación, en el período de un año, después de su entrada en vigencia, del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, ente del Estado encargado de la gestión administrativa relacionada con la promoción y defensa de estos idiomas28. Al cierre de este Informe el Instituto no se ha creado, aunque pareciera haber voluntad política paraconcretarlo. El director de Educación Intercultural del Ministerio del Poder Popular para la Educación, César Quintero, y el presidente del PIA, diputado José Poyo, presenta-
Ministerio del Poder Popular para la Salud [en línea] <http://www.mpps.gob.ve/ms/modules.php?name =News&file=article&sid=2201>. Consulta 28.08.09. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Memoria y Cuenta 2008. Es importante señalar que la Misión Selva Adentro fue un programa propuesto por el gobierno pero que posteriormente no se implementó. En: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.981, del 28.07.08. Está compuesto por una Dirección Ejecutiva y por el llamado Consejo de Idiomas Indígenas; la primera está conformada por el Presidente del Instituto, el Vicepresidente y un Secretario ejecutivo. El Presidente es designado por el Presidente de la República y, como requisito general, tanto para el Presidente como para el Vicepresidente, deben ser indígenas y hablar castellano y alguna de las lenguas indígenas. El Consejo de Idiomas Indígenas es la instancia de consulta de políticas, planes, proyectos, programas y actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos que inspiran a la Ley. Está conformado por el Presidente y el Vicepresidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, por un representante de cada pueblo indígena, quienes deben tener conocimientos y experiencia en materia lingüística, un representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación, un representante del órgano competente en materia de pueblos indígenas y un representante del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
ron la propuesta de creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Idiomas Indígenas, el cual contempla la defensa, promoción, preservación, fomento, estudio, investigación y difusión de los idiomas de los pueblos originarios. Para tales acuerdos, se pretende la puesta en marcha de jornadas de trabajo con integrantes del Consejo de Educación, Cultura e Idiomas Indígenas, a fin de pautar acuerdos29. La subcomisión de Legislación Indígena de la AN, dio inicio al análisis del anteproyecto de Ley de Protección Especial de los Indígenas en su condición de Artesanos y su trabajo Artesanal30. El anteproyecto desarrolla el artículo 103 de la LOPCI que garantiza la seguridad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas, de tener, en relación a sus prácticas, usos y costumbre, patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico, científico, conocimiento sobre la vida animal y vegetal, los diseños y procedimientos tradicionales, todos los conocimientos ancestrales relacionados con los pueblos y comunidades indígenas. El Estado tiene la obligación de cooperar con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación, restauración y protección de dicho patrimonio. Por su parte, la DP, al analizar el anteproyecto, propuso incorporar el reconocimiento al debido proceso y las formas de devolución de cualquier bien considerado como parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas que conserven o mantengan personas naturales o jurídicas, públicas o privadas31. También recomendó estudiar la posi29. 30. 31. 32.
bilidad de agregar tres normas al anteproyecto de ley, sustanciadas en los siguientes temas: a) los yacimientos arqueológicos, conforme lo establecido en el artículo 93 de la LOPCI; b) incentivos por parte del Estado venezolano de las investigaciones culturales; c) un artículo a través del cual se defina qué se entiende por patrimonio cultural indígena. En materia de Educación Intercultural Bilingüe, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), apoya el programa de revitalización cultural, donde se incorpora el rescate de la lengua Añu. Un diccionario básico de la lengua Añú y un libro dedicado a la historia cultural del pueblo paraujano en el Edo. Zulia, constituyen dos piezas claves en el rescate de esta lengua ancestral. Los dos textos fueron presentados el 12.03.09 coincidiendo con el acto de entrega de certificados del Diplomado de Educación Intercultural Bilingüe, realizado en la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia (LUZ), a 52 docentes de la región zuliana. Según explica el antropólogo Alí Fernández, desde hace 8 años se trabaja en el programa de revitalización de la lengua añú, pueblo indígena que cuenta con más de 12 mil habitantes en el Edo. Zulia, de los cuales 4.200 residen en la Laguna de Sinamaica. En el diplomado, los docentes recibieron información específica de los procesos sociolingüísticos y socioantropológicos de los pueblos indígenas en Venezuela con el fin de entender la realidad educativa y cultural del país32. La propuesta de Venezuela para el ingreso del Delta del Orinoco, a la red mundial de Reservas de Biósfera, fue aprobada en el marco
Agencia Bolivariana de Noticias [en línea] <http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=180396&lee=10>. Consulta 20.07.09. ASAMBLEA NACIONAL: Informe Primer Trimestre 2009. DEFENSORÍA DEL PUEBLOS. Informe Anual 2008. Panorama, 13.03.09, pág. 3.
de la XV reunión del Comité Consultivo sobre este tema en relación al medio ambiente, celebrada del 9 al 11 de febrero, en la sede de la UNESCO en París. Durante el encuentro, científicos y expertos internacionales examinaron y discutieron las distintas postulaciones de nuevas reservas de biósfera y ampliaciones de las ya existentes. La Mesa del Programa sobre el Hombre y la Biósfera, examinó 35 propuestas de creación de nuevas reservas presentadas por 25 países. La Red Mundial de Reservas de Biósfera, posee 531 sitios distri-
buidos en 105 países. Las reservas de biósfera son lugares que poseen cualidades especiales que ameritan su conservación para la humanidad. En el caso del Delta Orinoco, la UNESCO reconoce se relevancia ambiental como uno de los siete deltas más importantes del mundo. Esta resolución implica que se deberá preservar la biodiversidad de la zona y promover el desarrollo humano del originario pueblo Warao. La obligación del Estado venezolano es planificar la gestión y el desarrollo en la zona de una manera sustentable33.
El Nacional, 26.03.09, pág. 4.
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References: artículo 103
 artículo 119
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 Resolución 
 artículo 9
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 artículo 93
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