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Timestamp: 2020-08-14 05:31:45+00:00

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Laboral | Moya Emery
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Igualdad, y los sindicatos más representativos de ámbito estatal, UGT y CCOO, han firmado el pasado 30-7-2020 el «Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo», comprometiéndose con los dos proyectos de textos reglamentarios cuya tramitación se está llevando a cabo en este momento. En este sentido, los Ministerios firmantes procederán a efectuar todos los trámites correspondientes para la aprobación de estas normas de conformidad con el texto acordado en la mesa de diálogo social.
En el texto del acuerdo encontramos algunas de las futuras obligaciones para las empresas en aspectos como: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuere de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras.
a) registro retributivo
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.
b) auditoría retributiva
Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, previa la negociación que requieren dichos planes de igualdad. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo.
c) los planes de igualdad serán obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores
Como es sabido, el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación amplió gradualmente su obligatoriedad a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras, introdujo modificaciones en el contenido y alcance de los planes de igualdad y remitió la nueva regulación de los mismos a un futuro desarrollo reglamentario.
El acuerdo recalca la obligación de las empresas de 50 o más personas trabajadoras, o cuando siendo inferior la plantilla si están incluidas en los apdos 3 y 4 del art. 45 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo.
El futuro reglamento entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la fecha que finalice el plazo previsto para constituir la comisión negociadora del correspondiente plan de igualdad, de conformidad a los plazos establecidos normativamente.
Herramientas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo
En el plazo de 6 meses desde la fecha de publicación del futuro real decreto, se aprobará, a través de una Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, el formato y herramienta informatizada de registro retributivo y un procedimiento informatizado de valoración de puestos de trabajo, gestionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
En su caso, dicha orden ministerial podrá prever que el registro de retribuciones y la valoración de puestos de trabajo efectuada cumplen con los requisitos formales exigidos en el presente reglamento, cuando para su realización se hayan utilizado dichos formatos y aplicado el procedimiento informatizado a los que se refieren el apartado primero de esta disposición final.
Puedes tener acceso al documento haciendo clic en este enlace.
Esta entrada fue publicada en Actualidad, Jurídico, Laboral el agosto 13, 2020 por Editor Contenido Digital.
Marga De Matos Pascual y Nicolás Emery, de Moya y Emery asesores en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM para tratar los siguientes temas:
• Un recordatorio sobre ayudas, prestaciones y bonificaciones para AUTÓNOMOS y también para EMPRESAS, en especial las líneas de avales y los préstamos ICO existentes.
• Un explicación y advertencia acerca de la intención sancionadora del Gobierno con respecto al incumplimiento de los ERTEs.
• Información sobre la tarjeta de identificación de extranjeros -TIE-.
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Esta entrada se publicó en Actualidad, Jurídico, Laboral y está etiquetada con abogados, asesores, autónomos, consulting, empresas, ERTEs, moya emery, moya y emery, nóminas, TIE en agosto 8, 2020 por Editor Contenido Digital.
Con alguna que otra más que justificada ausencia, la tradicional comida de verano de Moya y Emery tuvo lugar ayer. En un agradable ambiente, el equipo que conforma nuestra asesoría y consultoría pudo disfrutar de la hospitalidad y buen hacer culinario de nuestros amigos del ristorante trattoria Il Carpaccio de Santa Ponça.
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Esta entrada se publicó en Actualidad, Jurídico, Laboral y está etiquetada con asesores, comida de verano, equipo, moya emery en agosto 4, 2020 por Editor Contenido Digital.
Un juzgado declara, a favor de los intereses del cliente de Moya & Emery, que fumar porros en las instalaciones de la empresa, incluso fuera del horario laboral, es motivo válido para fundamentar la procedencia de un despido disciplinario al trabajador por transgresión de la buena fe contractual.
El equipo de Moya & Emery, bajo la dirección letrada del socio y gerente Nicolás Emery, consigue una sentencia favorable a los intereses de su cliente, un establecimiento hotelero con cafería y restaurante.
La reciente sentencia declara, en contra de lo pretendido por el trabajador, su despido disciplinario por parte de la empresa como despido procedente, sin vulneración de sus derechos y absolviendo por completo a la misma, a consencuencia del consumo de drogas reconocido por el trabajador en las instalaciones de la empresa (fumar porros), incluso fuera del horario laboral, en lo que considera una transgresión grave de la buena fe contractual.
Puedes ver la sentencia, expurgada de los datos de carácter personal, haciendo clic en este enlace.
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Esta entrada se publicó en Actualidad, Jurídico, Laboral y está etiquetada con artículo 54, buena fe contractual, convenio, convenio hostelería, despido disciplinario, despido improcedente, despido nulo, despido procedente, empresa, estatuto de los trabajadores, hostelería, moya emery, moya y emery, restauración, trabajador en julio 30, 2020 por Editor Contenido Digital.
Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre la nueva instrucción del Govern Balear: empresas en ERTE y trabajadores fijos discontinuos
Nicolás Emery en Radio Calvià FM
Nicolás Emery, socio y gerente de Moya y Emery, con Jaime Mora Bosch en los micros de Radio Calvià FM para dar cuenta de la nueva norma, en forma de INSTRUCCIÓN, del Govern Balear en la que ordena cómo deben actuar las EMPRESAS EN ERTE con los trabajadores FIJOS DISCONTINUOS, cuyo incumplimiento puede salir muy caro en forma de pérdida de las exoneraciones a las que las empresas se hubieran acogido.
Como experto en ofrecer asesoría y consultoría a las empresas del sector turístico en Baleares, en el que mayor incidencia tiene esta medida por el gran número de trabajadores fijos discontinuos con que cuenta el sector hotelero y la restauración, Nicolás Emery ha dado su visión y propuesto las soluciones que considera más ventajosas para dichas empresas a lo largo de la entrevista.
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Nueva instrucción del Govern Balear sobre cómo deben actuar las empresas en ERTE con sus trabajadores fijos discontinuos si no se quieren perder las bonificaciones o exenciones a que se hayan acogido
El Govern Balear ha publicado una nueva instrucción (haz clic en los siguientes enlaces para ver la norma publicada en el Boletín Oficial balear en castellano o en catalán) en la que ordena cómo deben actuar las empresas en ERTE con los trabajadores fijos discontinuos y desde Moya & Emery queremos recordar que incumplir esta instrucción puede salir muy caro en forma de sanciones.
El contenido de la instrucción, que consta de un artículo principal señala “[…] y para reafirmar las medidas protectoras y de salvaguarda del empleo para los trabajadores fijos discontinuos incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, se considera necesario dictar la siguiente,
Mantener a los trabajadores afectados, inclusive a los trabajadores fijos discontinuos, en el ERTE hasta la finalización de su vigencia, salvo previa incorporación efectiva al puesto de trabajo, si las empresas que han tramitado un expediente de regulación temporal de empleo continúan afectadas por las causas relacionadas con la COVID-19, derivadas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020.
La persistencia en la actualidad de las causas que han motivado la tramitación de los ERTE (restricciones de actividad, limitaciones de aforo, ausencia de demanda de actividad, etc.), implica que las empresas no pueden recurrir a medidas de afectación de la relación laboral de los trabajadores fijos discontinuos distintas a las de los expedientes de regulación temporal de empleo. En caso contrario, la empresa incurriría en incumplimiento de la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, con las consecuencias jurídicas previstas en ella, al haberse beneficiado indebidamente de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social.“
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Marga de Matos y Nicolás Emery en Radio Calvià sobre la nueva facultad de los inspectores de trabajo de vigilancia de la salud e higiene frente al Covid-19 en las empresas
Hoy en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM Moya y Emery, de la mano de Marga De Matos Pascual y Nicolás Emery, para tratar los siguientes temas:
• La nueva facultad extraordinaria atribuida a la inspección de Trabajo: el control de las normas de salud e higiene anti-covid19 en el trabajo.
• Explicación de los conceptos básicos de la nómina
• El cierre de locales de ocio nocturno
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Esta entrada se publicó en Actualidad, Jurídico, Laboral y está etiquetada con abogados, baleares, calvià, cierre locales, inspección de trabajo, moya emery, moya y emery, nóminas, ocio nocturno, palma, salud e higiene en el trabajo en julio 17, 2020 por Editor Contenido Digital.
Artículo de opinión de Marga de Matos para Canal4diario
¿Cuántos platillos pueden hacer girar en el aire los malabaristas inspectores de Trabajo?
El Gobierno dice que uno más: el control del cumplimiento de las normas de salud e higiene en el trabajo.
Por si los inspectores de Trabajo no tuvieran ya suficiente carga de trabajo con la campaña específica de inspecciones presentada el pasado 1 de julio de 2020 por parte del Ministerio de Trabajo en aras a controlar y evitar fraude en los ERTES, el Gobierno ha otorgado una nueva facultad extraordinaria a la Inspección de Trabajo: la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio otorga a los inspectores competencias propias de Sanidad, haciendo caso omiso a las quejas por parte de los sindicatos de la Inspección sobre su falta de medios, recursos y tiempo material para asumir la ingente cantidad de trabajo generada por la pandemia del COVID-19, quienes han facilitado la exorbitante cifra media de 268 ERTES asignados a cada inspector. Ahí es nada.
Concretamente la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio, establece en su apartado 4:
Según el Gobierno, esta facultad está pensada para que se cumplan escrupulosamente las medidas de seguridad y salud impuestas hace un mes, en aras a prevenir el contagio del COVID-19. Y es que durante la desescalada, uno de los principales lugares en el que se corre el riesgo de contagio es en el centro de trabajo.
Por ello, el Gobierno ha facultado de manera extraordinaria y temporal a los a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a través de las comunidades autónomas para vigilar a las empresas en la implantación de las medidas obligatorias de seguridad e higiene para la protección de sus trabajadores ante el Covid-19. El Ejecutivo entiende que, de esta manera, se dará una respuesta rápida y eficiente para controlar la pandemia.
Hasta el momento la Inspección de Trabajo se limitaba a simplemente advertir a las empresas sobre la importancia de cumplir con las medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo y a dar cuenta a Sanidad, organismo competente para la realización de este tipo de funciones.
A nuestro juicio habilitar a la Inspección de Trabajo para realizar funciones de vigilancia sobre las medidas de seguridad y salud es algo descabellado, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, la labor de los Inspectores de Trabajo es actualmente excesiva. No daban abasto con lo que tenían y se les sobrecarga de forma añadida atribuyéndoles una nueva competencia que precisaría habilitar a unos 1.050 funcionarios, algo que a día de hoy es prácticamente imposible.
Si no se atienden las quejas y requerimientos de los sindicatos que representan a los inspectores, está nueva normativa y su consecuente habilitación para inspeccionar el cumplimiento de la normativa de higiene y salud en la empresa se convertirá en papel mojado o no podrá ser llevada a cabo con la efectividad que se debería.
Junto a ello, no debe olvidarse el posible conflicto de competencias que esta nueva atribución puede suponer, puesto que las funciones que se pretenden asignadas a la Inspección de Trabajo son propias de las autoridades sanitarias, que son las que mejor conocen cómo realizar dichas funciones –para eso están-. Además, cabe recordar que la función de la Inspección de Trabajo es muy amplia, no reduciéndose a la prevención de riesgos laborales, sino que se extiende, entre otras a materias laborales de Seguridad Social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, funciones de asesoramiento, asistencia técnica y en su caso, de conciliación, mediación y arbitraje.
Parece evidente que la intención del Gobierno es asustar a las empresas, bajo la amenaza de elevadas sanciones, para que cumplan con las medidas de seguridad y salud. Unas sanciones que oscilan entre los 2.046 € y los 40.985 €, en función del número de trabajadores (a más trabajadores, mayor sanción) y también de si la empresa ya ha sido advertida o ha recibido un requerimiento previo. Conviene reseñar que un incumplimiento de las normas de salud e higiene tendrá la consideración de infracción grave de acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).
No obstante lo anterior, no acertamos a entender cómo el Gobierno atribuye otra función -y de vital relevancia- a la Inspección de Trabajo cuando el organismo competente es Sanidad, y mucho menos es comprensible cuando desde los propios sindicatos representantes de los implicados en la medida -los inspectores de trabajo- se ha puesto de manifiesto que la situación y carga de trabajo que están sufriendo es insostenible para cumplir con sus labores habituales, no disponiendo de los medios ni de la plantilla suficiente. El quid de la cuestión no debería radicar tanto en aprobar con bombo y platillos Reales Decretos repletos de medidas, por muy buen fin que pretendan, sino que las medidas aprobadas vinieran de la mano de una asignación de los recursos necesarios para hacerlas aplicables de forma efectiva. El mero deseo de que algo suceda, por grande que sea, desgraciadamente no lo convierte en realidad. Organismos como el SEPE, la INSPECCIÓN DE TRABAJO o la SEGURIDAD SOCIAL, y todos los funcionarios y personal que los componen, tendrán que hacer malabares con la excesiva carga de trabajo, haciendo girar en el aire con sus palillos multitud de platos, pero no podrán hacer la magia que el Gobierno les está pidiendo con la aprobación de esta medida que les habilita para inspeccionar también el cumplimiento de la normativa de salud e higiene frente al COVID-19. Alguno de esos platos caerá y se romperá. Esperemos que no todos.
Esta entrada se publicó en Actualidad, Jurídico, Laboral y está etiquetada con coronavirus, covid-19, covid19, facultad extraordinaria de inspección sanitaria, inspección de ERTEs, inspección de trabajo, Marga de matos, moya emery, real decreto 26/2020, seguridad social, SEPE en julio 16, 2020 por Editor Contenido Digital.

References: artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 54
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto