Source: https://aecacaceres.wordpress.com/asesoramiento/medidas-economicas-tomadas-por-el-gobierno-nacional-a-18-03-2020/
Timestamp: 2020-04-10 19:01:04+00:00

Document:
1. Concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19. Este fondo podrá destinarse a la financiación de proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de las siguientes prestaciones:
Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. Estos servicios incluyen la ayuda a domicilio en todos las modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que preste servicio a domicilio de la persona usuaria.
Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contacto de verificación y vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.
Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.
Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad de los mismos.
Reforzar las plantillas de los Centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, contagio o prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.
Ampliar la dotación de plantillas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean éstas de urgencia o de inserción.
Reforzar, con dispositivos y servicios adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.
Otras medidas que las diferentes Comunidades Autónomas consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis y debidamente justificadas.
2. Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerable:
Durante el mes siguiente a la entrada a vigor de este decreto, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua, no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable según lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos.
Se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha de plazo previsto en el artículo 9.2. del Real Decreto 897/20147, de 6 de octubre.
3. Carácter preferente de trabajo a distancia:
Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medios de trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesaria resulta proporcionado. Estas medidas deben ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.
4. Derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada:
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado con respecto al cónyuge o pareja de hecho y/o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o reducción de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19:
Atención a alguna de las personas indicadas anteriormente por razones de edad, discapacidad o enfermedad.
Decisiones adoptadas por los autoridades gubernativas que impliquen el cierre de centros educativos o de cualquier otra con naturaleza que dispensaran atención o cuidado a la persona necesitada de los mismos.
Cuando la persona que se hubiera encargado del cuidado o asistencia directa al cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora, no pudiera hacerlo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.
5. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual:
Se aplicará a los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los siguientes supuestos de vulnerabilidad económica:
Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo, o en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.
Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
El límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo de la unidad familiar. El incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo cuando se trate de una familia monoparental.
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años que componga la unidad familiar.
Si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada una discapacidad superior al 33%,situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el primer subapartado será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el primer subapartado será de cinco
veces el IPREM.
Estas medidas se aplicarán igualmente a fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con la mismas condiciones establecidas para el deudor hipotecario.
6. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:
Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del
semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se acredite el período mínimo de
cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho
7. Interrupción del plazo para la devolución de productos durante la vigencia del estado de alarma:
Las siguientes medidas recogidas estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
1. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.
En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el apartado anterior, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
2. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.
En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por
cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evaluará en el plazo improrrogable de siete días.
3. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.
En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.
4. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.
En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal adoptarán las siguientes medidas:
Las medidas previstas anteriormente serán aplicables a las personas trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.
Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se
estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.
1. Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.
2. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.
Su finalizar es facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. Esto se llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de financiación directa para empresas de mayor tamaño. El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de decisión, para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas, preservando el necesario equilibrio financiero previsto en sus Estatutos.
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References: Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 339
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 273
 Real Decreto 
 artículo 47