Source: http://www.errepublika.org/ACTUALIDAD.htm
Timestamp: 2020-02-23 08:32:50+00:00

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MARTÍN VILLA - AL BANQUILLO ASESINATOS 3 DE MARZO DE 1976 EN VITORIA-GASTEIZ.
MARTÍN VILLA - 3 DE MARZO VITORIA-GASTEIZ.
| Prólogo | Introducción |
C.R.E.H. - E.H.T.E.
3 DE MARZO VITORIA MARTÍN VILLA IRÁ A DECLARAR A ARGENTINA.
APLAZADO EL JUICIO CONTRA MARTÍN VILLA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA CAPITAL ARGENTINA.
Fuente. https://www.eldiario.es
Eva Barroso, hermana de uno de los cinco trabajadores asesinados el 3 de marzo de 1976 por disparos de la policía, asegura que el entonces ministro de Suárez retrata a la perfección la “catadura moral” de la actual democracia.
Eva Barroso y José Luis Martínez Ocio conversan con Martín Villa. Foto: Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu).
En recuerdo de las víctimas de la matanza del 3 de Marzo.
Miles de personas exigen en Vitoria justicia por el 3 de marzo 1976 EFE.
"No tenemos nada que hablar del 3 de Marzo"
Roldolfo Martín Villa se esconde un año después de haber asegurado que testificaría ante la jueza Servini y el capitán de la Policía Armada al mando ese día en Vitoria, en el que asesinaron a cinco obreros, Jesús Quintana Saracibar, mantiene su silencio desde Granada
Los abogados de la querella que se tramita en Argentina por los crímenes del franquismo han solicitado a la jueza instructora comisiones rogatorias par la declaración de ambos y esperan que se puedan producir esta primavera.
Imágenes de la policía durante el 3 de marzo de 1976.
- Hola, buenos días. Quería hablar con Don Jesús Quintana Saracibar.
Pues ahora no puede ponerse. Llamamos un poco más tarde.
Soy un periodista de eldiario.es y quería hablar con Don Jesús Quintana Saracibar. ¿Es ese su domicilio, verdad?
¿Sí, pero de qué quiere hablar usted con él?
De los sucesos del 3 de marzo en Vitoria
(silencio) Ah, pues va a ser muy difícil hablar con él porque no está en casa.
¿Ya, pero es posible hablar con él mas tarde, cuando usted nos diga?
Que no, que no, que no. No tenemos nada que hablar de ese tema. Es que como no tenemos nada que hablar de ese tema, pues... olvídense, ¿vale? Y nada más, lo siento mucho, pero no tengo mucho tiempo
¿Usted es su esposa, me imagino?
Sí, sí, sí. No hay nada que comentar y, además, no está en disposición de hablar del tema.
No le molesto más, un saludo.
- Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia
- De verdad...esto es una masacre.
Quintana Saracibar se mostró en cambio muy hablador al relatar lo que ocurrió en Vitoria ese día en su declaración ante el Tribunal Militar que archivó la causa al no saber el autor o autores de los disparos que acabaron. En ella se asegura que las fuerzas a su cargo acudieron a "disolver una reunión no autorizada que se estaba celebrando en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio de Zaramaga, por orden del Gobernador Civil.
Primero disolvieron a unas 4.000 personas que estaban en los alrededores para así poder hacer el desalojo ordenado. Después avisaron a los del interior para que se disolvieran, pero ante su negativa y actitud decidieron emplear botes de humo y métodos antidisturbios. Cuando los del interior comenzaron a salir, los que estaban fuera acudieron en su ayuda en actitud amenazadora. Al encontrarse entre dos masas opuestas de manifestantes se utilizaron de nuevo métodos antidisturbios, pero cuando se acabaron se tuvieron que utilizar las armas de fuego en defensa propia. Ningún componente de las fuerzas de orden público fue herido con arma de fuego, aunque si que hubo agentes heridos y con contusiones", según se refleja en la investigación realizada en julio de 2004 por el Instituto Valentín de Foronda a petición del Parlamento vasco.
Por contra, en la denuncia presentada en Argentina, entre ellos por Andoni Txasko, referente de la Asociación del Tres de Marzo y uno de los heridos aquel día, se asegura que las manifestaciones y concentraciones del día 3 eran pacíficas; Sobre la asamblea, se reconoce que estaba prohibida, pero se asegura que "había calma dentro del social"; Se dice que "de repente" la policía lanzó botes de humo, y la gente trató de salir como pudo de la Iglesia; en el exterior la policía esperaba y golpeaba con saña a los que salían, y había policías más alejados que "siguiendo órdenes superiores dispararon con fuego real".
¿Quién dio la orden aquel día para intervenir a sangre y fuego?
Rodolfo Martín Villa era entonces ministro de Relaciones Sindicales, según le consta a la jueza María Servini de Cabria, quien el pasado 30 de octubre de 2014 cursó una orden de detención y extradición, entre otros, contra Martín Villa y Quintana Saracibar para tomarles declaración indagatoria por estos hechos que la magistrada entiende son "crímenes de lesa humanidad" y por ello imprescriptibles. La calificación jurídica que viene recogida en esa resolución judicial de 286 páginas es que los hechos pueden ser constitutivos, presuntamente, de un delito de "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas". La pena, según el artículo 80-6 del Código Penal, es de "reclusión o prisión perpetua".
Aquello le sonó fatal a un incrédulo Rodolfo Martín Villa, nacido en León en octubre de 1934, que lo ha sido casi todo en política y que, después, fue nombrado presidente de Endesa en 1997. En enero de 2003, comisionado del Gobierno para el desastre del Prestige y un año después accedió al cargo de presidente de Sogecable, hasta que fue sustituido por Manuel Polanco en octubre de 2010.
Y tras conocer la resolución de la jueza argentina prometió no esconderse tras la Ley de Amnistía porque no había hecho nada. E insistió que no se escondería "tras la no extradición" y que haría una petición formal para poder declarar. "Que quede claro, voy a solicitar poder declarar ante la juez, procuraré hacerlo de la forma más cómoda y más segura para mí, pero lo voy a hacer, así lo he pensado desde el principio", remachó entonces. "Ni soy un amnistiado ni he cometido ningún delito", dijo. Mientras tanto, el Gobierno de España decidió en un Consejo de Ministros celebrado el 13 de marzo de 2015 no tramitar los "procedimientos de extradición pasiva, solicitados por las autoridades argentinas, contra veinte ciudadanos españoles por una serie de hechos acontecidos en los años 70 del siglo pasado".
Después de los informes jurídicos correspondientes, y contando con el informe en su día de la Audiencia Nacional, la denegación de las extradiciones se basó: en "el principio de jurisdicción preferente, por el cual, cuando la Ley de un Estado prevé la competencia para enjuiciar a sus ciudadanos, es motivo suficiente para no conceder la extradición"; en "el principio de la extinción de la responsabilidad criminal, pues los delitos que supuestamente se les imputan fueron cometidos en los años 70 y la Ley penal de entonces, el Código Penal de 1973, tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años; y, finalmente, en el principio de la no doble incriminación".
Martín Villa no ha declarado ante la jueza, ni por videoconferencia, ni en Buenos Aires, como llegó incluso a decir que haría si era necesario. Y han sido los abogados que presentaron la querella en Argentina, entre ellos Carlos Slepoy en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, contra la "impunidad" de los crímenes del franquismo, los que en abril de 2015 tuvieron una iniciativa: pedir a la jueza Servini que librara las correspondientes comisiones rogatorias a las autoridades españolas, por medio de vía diplomática, para tomar declaración a Martín Villa, a Quintana Saracibar y a otros 15 responsables del Gobierno de la época y autoridades.
Slepoy confía en que esta primavera la jueza acabe tomando declaración a Martín Villa, a Quintana y al resto de querellados.
Documentación relacionada con la investigación llevada a cabo por la entidad universitaria “Valentín de Foronda”, instituto de Historia Social de la Universidad del País Vasco UPV-EHU
Dictamen histórico sobre los acontecimientos producidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria
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trabajadores de estas empresas se habían declarado en huelga por diversas reivindicaciones laborales. En España en esos momentos no estaba reconocido plenamente ese derecho ni se daban las garantías propias de un Estado de Derecho (de las Libertades Generales a la garantía constitucional). Sólo en 1978 fue aprobada la actual Constitución española. Los trabajadores hacían en ese momento uso de los pocos recursos legales que les permitían reunirse y expresarse (utilizando frecuentemente como lugares de reunión templos y centros eclesiásticos, protegidos en aquel momento por el Concordato firmado entre España y el Estado Vaticano). Pero, en general, estas actividades no estaban protegidas por ley
.En ese contexto se convocó en la ciudad de Vitoria una “huelga general” para el día 3 de marzo de 1976 con el fin de recabar la solidaridad de la ciudadanía con unos trabajadores en huelga y sin ingresos desde diciembre de 1975. Era la tercera jornada de protesta de estas características que se convocaba, y la que tuvo una mayor repercusión social.Para ese día se había convocado, asimismo, una asamblea a las 17:00 horas de la llamada “Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha” en la parroquia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga de Vitoria. Las reuniones de esta “Coordinadora” se realizaban regularmente y siempre en la misma parroquia. La convocatoria era conocida y abierta. Dado el éxito en esta ocasión de la “huelga general”, la afluencia de gente comenzó a ser masiva. Desde una hora antes, aproximadamente, la iglesia se había ido llenando hasta reunir a unas cuatro mil personas en su interior (Informe del Comisario Jefe de Policía de Vitoria). Sólo a las 16:50, la policía comenzó a impedir el acceso a más gente, concentrándose en los aledaños del templo otros varios miles de concurrentes (alrededor de otras cuatro mil personas).
A solicitud del entonces Gobernador Civil de la provincia de Álava, D. Rafael Landín Vicuña, acudieron a las inmediaciones del recinto la 11ª Compañía de reserva de la Policía Armada con base en Miranda de Ebro y la Compañía de Guarnición de la Plaza al mando del capitán D. Jesús Quintana Saracíbar. A ellos se les uniría, poco después, la 2ª Compañía de Reserva de Valladolid.La orden del Gobernador Civil era la de desalojar la iglesia.
Los responsables de estas fuerzas policiales, según el Concordato firmado entre España y el Vaticano en 1953, necesitaban la autorización eclesial para acceder al templo. Sin embargo, nunca llegaron a entrevistarse con el párroco de la iglesia de San Francisco, D. Esteban Alonso de Mezquía, máxima autoridad eclesial en aquel momento del recinto. Fue D. Antonio Quilchano, coadjutor de la iglesia de la Coronación, quien, alarmado por la situación, se desplazó desde la parroquia próxima de Belén hasta la de San Francisco con el fin de recabar información, quien mantuvo un tenso contacto con la policía. Ésta conminó a los responsables del templo a ordenar el desalojo de los reunidos, sin que fuera presentada orden escrita alguna. D. Antonio Quilchano transmitió la conversación al párroco del templo. D. Esteban Alonso de Mezquía, tras hablar por teléfono con el episcopado desde su sacristía, explicó que los trabajadores congregados estaban en ese momento ejerciendo su derecho fundamental de reunión, y destacó la actitud pacífica y tranquila mantenida por aquellos en el interior del templo, por lo que no estimaba necesario desalojarles. No hubo tampoco —según comunicado enviado por el episcopado a la prensa al día siguiente—, autorización del Obispo para la intervención en el interior del templo.Hacia las 16:50-17:00 horas, tras establecer una línea de control que impedía definitivamente la entrada a la iglesia, las fuerzas de orden público recibían la orden ejecutiva de desalojar el templo sin reparar en medios (en conversaciones mantenidas por la policía y escuchadas a través de la radio FM de las que existen grabaciones, puede escucharse: «De acuerdo. Que desalojen por las buenas; si no, a palo limpio, cambio».)
Es en ese momento (hacia las 17:10) cuando se produjo el asalto firme al templo por parte de la policía armada con el fin de desalojarlo. No consta si fue una decisión tomada por el Ministerio (que se mantenía en contacto), por el Gobernador Civil o por los mandos de las unidades desplegadas. En algunos de los testimonios recabados a los pocos días, D. Antonio Quilchano afirmó que, durante el contacto mantenido con las fuerzas de orden público, le fue exhibida la orden de intervención firmada por el Gobernador Civil. En cualquier caso, fue un acto ordenado por funcionarios del Estado.
El asalto se produjo utilizando inicialmente gases lacrimógenos que se lanzaron al aire en el interior del templo. (Fuerzas del orden se introdujeron violentamente en éste por la puerta principal, y las lanzaron hacia el techo de la iglesia.) La gente empezó a salir. En las inmediaciones de la iglesia, a pocos metros de la puerta, varios de los desalojados fueron alcanzados por pelotas de goma y por disparos de arma de fuego con resultado de tres muertes y decenas de heridos —de los cuales dos murieron a los días como consecuencia de las heridas—. En concreto, de los disparos efectuados por armas de fuego de las unidades policiales desplegadas resultaron muertos en el mismo lugar de los hechos Pedro María Martínez Ocio y Francisco Aznar Clemente. Romualdo Barroso Chaparro, gravemente herido, fallecería poco después. Además se constata la existencia de al menos cuarenta y siete hospitalizados, algunos de ellos también por heridas de bala y otras treinta personas atendidas que precisaron de diversa asistencia sanitaria sin que fuera necesario su ingreso. Dos de los diagnosticados como graves, José Castillo y Bienvenido Pereda, morirían en fechas posteriores a consecuencia de las heridas recibidas por arma de fuego.Hasta aquí los hechos.
Según la versión de las autoridades policiales, una vez requeridos repetidamente para que procedieran al desalojo de la iglesia y ante la negativa y «el escándalo producido, fueron lanzadas bombas de gases y se emplearon asimismo otros medios antidisturbios» (Declaración efectuada por el Capitán de la Policía Armada D. Jesús Quintana Saracibar, con fecha de 22 de junio de 1976; Dossier adjuntado al Sumario 40-77 y tramitado por el Juez Instructor Coronel de Infantería D. Cipriano Pérez Trincado).La salida de los reunidos coincidió, de nuevo según fuentes policiales, con un avance del resto de los concentrados en el exterior del templo, circunstancia que hizo que las fuerzas de orden quedasen «cogidas entre ambas masas opuestas de manifestantes en actitud amenazadora y agresiva, se utilizaron hasta agotarse todos los medios antidisturbios de que disponían y ante la carencia de éstos, fue precisa la utilización de armas de fuego [...] ante el ataque de la masa y en defensa propia». (Declaración efectuada por el Capitán de la Policía Armada D. Jesús Quintana Saracíbar, anteriormente citada).
Según consta en el documento procedente del Ministerio de Gobernación (Dirección General de Seguridad, Comisaría General de Policía, declaración del Comisario Jefe Provincial efectuada el 18 de junio de 1976 y del responsable de las dotaciones policiales personadas en el lugar de los hechos, D. Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía Armada, realizada el 22 de junio de 1976), los componentes de la Policía Nacional sufrieron diversas lesiones y contusiones producidas por los medios usados por los manifestantes. En concreto se citan las heridas «gravísimas» infringidas a «un Inspector del Cuerpo Superior de Policía y de otros 28 miembros de las Fuerzas de Policía Armada con lesiones de diversa consideración, tres de ellos hospitalizados» (Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, correspondientes al Boletín informativo nº 26 de la Comisaría General de Investigación Social, Secretaria General, con fecha de 6 de julio de 1976)En esta declaración se alude al empleo por parte de los trabajadores de armas de fuego, de «instrumentos agresivos de capacidad letal, como bombas, cócteles, (...) machetes, palos, cadenas, porras, etc.».
Sin embargo, nunca fue probado este hecho, ni por requisa ni por una inspección en el lugar de los hechos. Nunca apareció casquillo, cartucho, ni arma de fuego alguna, arma blanca u objeto incendiario procedente de los concentrados. Nunca fue presentada prueba alguna del uso de este material por parte de los trabajadores, ni se incluye en ninguno de los informes de esos días. Hay una referencia a la explosión de un cóctel molotov y «una granada de mano» [sic] esa misma noche en una comisaría de policía, muchas horas después de los incidentes, sobre la que no existen más datos ni investigaciones (Dirección General de Seguridad, Comisaría General de Policía, declaración del Comisario Jefe Provincial efectuada el 18 de junio de 1976 y del responsable de las dotaciones policiales personadas en el lugar de los hechos, D. Jesús Quintana Saracibar, capitán de la Policía Armada, realizada el 22 de junio de 1976 y Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, correspondientes al Boletín informativo nº 26 de la Comisaría General de Investigación Social, Secretaria General, con fecha de 6 de julio de 1976).Igualmente, los expedientes policiales consultados (Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, correspondientes al Boletín informativo nº 26 de la Comisaría General de Investigación Social, Secretaría General, con fecha de 6 de julio de 1976), se ratifican en los términos de las declaraciones y documentos precedentes.
Por su parte, los testigos entrevistados en el curso de la elaboración de este dictamen mantienen una versión de los hechos que coincidiendo en los tiempos y los hechos del desalojo, discrepa en las circunstancias en las que se produjeron. La versión de los congregados destaca cuatro aspectos importantes. Primero: Que los reunidos en el interior se negaron al desalojo ordenado por la policía por temor a ser golpeados por los agentes apostados en las puertas del templo (como efectivamente, así ocurrió).Segundo: Que los incidentes se produjeron después del lanzamiento de botes de gas por parte de la policía al interior del templo en una incursión violenta realizada en él, lo que produjo estados de asfixia y contusiones entre los reunidos y una situación de pánico generalizado.
Tercero: Que, el pánico producido en el interior del templo (debido al ambiente irrespirable provocado por los gases lacrimógenos) condujo a los congregados a la rotura de ventanas y vidrieras con diversos objetos, como macetas y candelabros de la iglesia, sin otro propósito que el de poder respirar.Cuarto: Que la supuesta salida atropellada de los congregados —que los informes policiales atribuyen a una reacción violenta y premeditada contra la presencia de la policía en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís—, fue consecuencia únicamente del pánico causado en el interior de aquel recinto cerrado por los gases acumulados.La situación creada a partir de ese momento es de total confusión. Los trabajadores congregados en las inmediaciones del recinto, y a los que la policía había impedido la entrada a la iglesia, según su propio testimonio, fueron arrojando improvisadamente diversos objetos a las fuerzas del orden con el fin de atraer hacia sí la atención de éstos, y posibilitar de este modo la salida de los reunidos en el interior de la iglesia.
Hay un momento en que las versiones, la policial y la de los concentrados, difieren radicalmente. Los manifestantes destacan la actuación excesiva de las fuerzas de orden público, que intervinieron con toda contundencia e incluso procedieron a la utilización insistente de armas de fuego que provocaría la muerte ese mismo día de las personas citadas y de varios heridos, que podría ascender a más del centenar (sesenta y ocho atendidos por servicio médico, según el Sumario 39/77), algunos de extrema gravedad con resultado de muerte en dos de ellos.
Por su parte, las fuentes policiales destacan las escasas fuerzas de la dotación policial para hacer frente a la situación creada y la insuficiencia de los medios antidisturbios convencionales, lo que impidió un repliegue ordenado de las citadas fuerzas. Expresamente se dice: «Si acaso, cabe imputar el que se ejercitase la acción desalojo [sic] con un contingente de Fuerza inferior al que la situación ambiental y antecedentes conflictivos había hecho necesario». (Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, correspondientes al Boletín informativo nº 26 de la Comisaría General de Investigación Social, Secretaria General, con fecha de 6 de julio de 1976).En las declaraciones efectuadas el día 18 de junio de 1976 en relación con estos sucesos dentro del Sumario 40/77, el Comisario Jefe Provincial afirma que el uso de las armas de fuego por parte de la policía se realizó tras verse «desbordados y para defender sus propias vidas».
Las diversas grabaciones efectuadas durante el día 3 de marzo de las conversaciones mantenidas por la policía y escuchadas a través de la radio FM (existen grabaciones), revelan cómo las fuerzas del orden agotaron gran parte del material anti-disturbio durante la mañana y efectuaron un gran número de disparos con armas de fuego a partir de ese instante; con disparos que, en un número sin poder precisarse con exactitud, ellos mismos cifran en más de mil “detonaciones”. Textualmente se afirma: «Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia (...). Esto ha sido una masacre (...)», refiriéndose a la contundencia de su actuación.Según se refleja en el dictamen del Auditor Militar, archivado en el Tribunal Militar Territorial IV, su considerando confirma textualmente que los hechos relatados son en principio constitutivos de un delito de homicidio, según el art. 407 del Código Penal entonces vigente, pero sin poder determinar quién o quiénes fueron exactamente los autores de los disparos que ocasionaron la muerte de los citados Pedro Maria Martinez Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo Barroso (a los que habría que añadir a José Castillo y Bienvenido Pereda, que morirían en fechas posteriores a consecuencia de las heridas recibidas, según Sumario 39/77). Por ello, a tenor del núm. 2 del artículo 723 del código de Justicia Militar, se procedió en su momento al sobreseimiento provisional del sumario.
Son de destacar otra serie de hechos que ilustran la situación producida en el momento sobre el que se dictamina. Horas antes de los hechos analizados aquí, las fuerzas de orden, autoras de aquellos disparos, venían utilizando armamento de guerra para reprimir los disturbios que se estaban produciendo por toda la ciudad, y que los informes policiales atribuyen a «ligeras algaradas que fueron pronto dominadas sin consecuencias graves.». Viene a probarlo el caso de Consuelo Lastra, empleada de hogar, que en el momento de resultar herida por una bala, alrededor de las 11:00 horas de la mañana se encontraba desempeñando su trabajo en una vivienda particular, en la Avenida Gasteiz, (entonces Avenida del General Franco), una zona francamente lejana de la parroquia de San Francisco. En la propia Avenida, al disolver la policía una manifestación esa misma mañana, fueron heridos por arma de fuego varios manifestantes (Luis Lobera y otros) a la altura de la rodilla y otras partes del cuerpo no vitales (ver los ingresos de esa mañana en el Hospital de Santiago).Además de la utilización de armas de fuego, varias iglesias (Desamparadas, Los Ángeles, etc.) fueron desalojadas anteriormente sin las consecuencias dramáticas de San Francisco.
Hubo cargas con material antidisturbio (gases lacrimógenos) en la misma puerta del Centro de Urgencias del Hospital de Santiago —que atendía a los heridos—, afectando al propio personal sanitario (Nota de protesta del personal médico de ese Centro en el diario Norte-Express, 5 de marzo de 1976, firmada el día 4)Por su parte, el desalojo de la iglesia de San Francisco de Asís tenía un valor especial, tanto para los huelguistas como para la policía: era donde más gente se reunía, finalizaba la jornada (17:00 horas) y en ella lo hacía habitualmente la llamada “Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha”, el grupo director de los huelguistas.
Por último, durante los siguientes días se siguieron produciendo hechos del mismo tenor: cargas policiales, a consecuencia de las cuales resultó herido de diversa consideración un número indeterminado de personas (contusiones, graves lesiones oculares, etc.). Se celebraron, igualmente, múltiples manifestaciones en toda España de condena por las muertes del tres de marzo en Vitoria. En el transcurso de una de ellas, en Basauri (Vizcaya), 8 de marzo de 1976, resultó muerto igualmente por disparos de arma de fuego efectuados por la Guardia Civil desplegada en la zona, el joven trabajador Vicente Antón Ferrero.El Ministerio de Gobernación acusó de “sedición” a Jesús Fernández Naves y a Imanol Olabarria Bengoa (ambos sacerdotes secularizados), dirigentes del movimiento de protesta en Vitoria, encarcelándolos en la Prisión de Carabanchel (Madrid), mientras se les ponía a disposición del Tribunal de Orden Público (jurisdicción especial). También fueron encarcelados en Carabanchel Emilio Alonso Pérez y Juan José San Sebastián, dirigentes igualmente, de aquel movimiento. Otros fueron encarcelados en la localidad o puestos en orden de busca y captura sin que existiese prueba delictiva alguna sobre los encausados. Y aún menos de “sedición” entre los primeros.
Visto todo lo anterior, sopesadas las pruebas que aportamos y obran en nuestro poder, en nuestra condición de peritos historiadores
ESTIMAMOS PROBADO que: Las muertes de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda tienen que ver.
Primero: con la falta de libertades esenciales en la España de la época.
Segundo: con una inadecuada dotación de las fuerzas antidisturbios (Unidades que citamos) y con instrucciones que en nada estimaban los derechos humanos.
Tercero: con el uso irresponsable y quizá criminal de armamento de guerra frente a un problema de orden público.
Cuarto: con órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones cuyas consecuencias hemos relatado.
Que, por lo demás, SE INFRINGIÓ
1.- el Concordato de 1953, vigente en el momento, que en su Artículo vigésimo segundo dice:
«Uno. Queda garantizada la inviolabilidad de las iglesias, capillas, cementerios y demás lugares sagrados, según prescribe el canon 1.160 del Código de Derecho Canónico.
Dos. Queda igualmente garantizada la inviolabilidad de los palacios y curias episcopales, de los seminarios, de las casas y despachos parroquiales y rectorales y de las casas religiosas canónicamente establecidas.
Tres. Salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza pública no podrá entrar en los citados edificios, para el ejercicio de sus funciones, sin el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica.»En este caso no se produjo una situación de “urgente necesidad” ni hubo en ningún caso “consentimiento” para intervenir por parte de las autoridades eclesiásticas.2.- el Código Penal entonces vigente, a través de la comisión probable de varios delitos de homicidio según el Artículo 407 del Código Penal (dictamen del Auditor Militar, archivado en el Tribunal Militar Territorial IV)
.POR TODO ELLO DICTAMINAMOS QUE:A.- Existen responsabilidades penales claras, según lo ya establecido por los tribunales militares (Territorial IV), en los casos de las muertes D. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda.B.- Que las decisiones que condujeron a los hechos descritos fueron tomadas —sin poder determinar responsabilidades personales— por funcionarios del Reino de España.
Lo que, por el Instituto Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda” de la UPV-EHU, firmamos en Vitoria-Gasteiz, en abril de 2004, José Antonio Pérez Pérez (Coordinador del Estudio)
Rafael Ruzafa Ortega (Sº del Instituto)
Javier Ugarte Tellería (Director del Instituto)
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA GIZARTE HISTORIARAKO UNIBERTSITATE INSTITUTUA
de la investigación realizada como consecuencia del “Acuerdo de elaboración de un informe-dictamen histórico sobre los sucesos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976 con resultado de cinco muertos”
Vitoria-Gasteiz, julio de 2004
El presente informe se divide en tres apartados: En el primero se recoge una extensa relación de las fuentes consultadas y de los distintos documentos analizados que presentamos en el anexo que se adjunta. El segundo apartado se refiere a algunas de las gestiones y problemas surgidos en la consulta de determinados fondos archivísticos. Por último en el tercero se hace una referencia sobre los documentos que estimamos más interesantes para la realización de este dictamen.
Apartado 1: Fuentes documentales consultadas:
A lo largo de esta investigación ha sido consultada una amplia bibliografía sobre la transición, centrada tanto en el País Vasco como en el resto de España. Esta bibliografía se ha completado con el estudio de los trabajos existentes sobre los acontecimientos del tres de marzo en Vitoria, que aunque en su mayor parte no responden a unos presupuestos ni metodología historiográficos, ofrecen una serie de datos y perspectivas sumamente interesantes. Entre ellos cabe destacar los siguientes títulos:
ABÁSOLO, J. A., Vitoria. 3 de marzo. Metamorfosis de una ciudad. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz. 1987.
LASHERAS, A., Gasteiz. 3 de marzo de 1976. Un recuerdo 25 años después. 2001.
LIKINIANO ELKARTEA, Todo el poder a la asamblea. Vitoria, 3 de marzo de 1976 en sus documentos. 2001.
GUINDAL, M., GIMÉNEZ, J. H., El libro negro de Vitoria. Ediciones 99. Madrid. 1976.
Gasteiz Vitoria. De la huelga a la matanza. Ruedo Ibérico. 1976.
GRUPO DE TRABAJO ALTERNATIVA., Informe Vitoria: una gran experiencia de lucha. 1976.
VAL DEL OLMO, A., 3 de marzo. Una lucha inacabada. Fundación Federico Engels. Vitoria-Gasteiz. 2004.
La prensa de la época se hizo amplio eco de los acontecimientos. A lo largo de esta investigación se han consultado diferentes medios, entre los que cabe destacar:
Diario “Norte Expres”. Enero-marzo 1976.
Diario “El Correo Español. El Pueblo Vasco”. Enero-marzo 1976.
Artículos de diversos diarios y revistas con diversas fechas que sobre el “tres de marzo” tenía recogida la “Asociación de Víctimas del Tres de marzo”.
Documentación facilitada por la “Asociación de víctimas del tres de marzo”
La Asociación de Victimas del Tres de Marzo nos facilitó al comienzo de la investigación un interesante dossier sobre los acontecimientos. Los documentos tienen un origen y contenidos bastante heterogéneo y desigual, pero han constituido un importante apoyo para nuestra labor. La relación de los mismos es la siguiente:
Trascripción de la moción presentada por el grupo municipal de EAJ-PNV/EA, así como de la enmienda de adición presentada por el grupo de PSE, y de las diversas exposiciones de los grupos municipales al respecto. La moción es aprobada y muestra la unánime condena del consistorio de Vitoria-Gasteiz a los hechos acaecidos el 3 de marzo de 1976. Todo ello el día 19 de septiembre de 2003.
Trascripción de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la que se debatía una moción de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, presentada por el grupo de EH. Dicha moción proponía, entre otras cosas, el apoyo del Consistorio de la capital alavesa a la realización de las investigaciones pertinentes para la aclaración de los hechos acontecidos. Entre esas solicitudes se incluía la del apoyo del Ayuntamiento a las posibles investigaciones históricas que pudieran llevarse a cabo. También se proponía la realización de material didáctico histórico sobre el tema para facilitarlo a la población escolar. Es aprobada la enmienda a la totalidad presentada por el grupo municipal del PSE, y que solo propone que se declare la condena de los hechos por parte del ayuntamiento, así como el apoyo a las víctimas. También la inauguración de la “Plaza del 3 de marzo” el día del 25 aniversario de los hechos. Todo ello el día 14 de abril de 2000.
Copia de la enmienda transaccional a la proposición no de ley de IU/Berdeak. El Parlamento Vasco se solidariza con las víctimas del 3 de marzo, condena los hechos, e insta al Gobierno Central para que resuelva la injusticia cometida para con las mismas. Propone al Gobierno Vasco que estudie la posibilidad de compensar por su parte y en la medida de lo posible el daño realizado, en caso de que el Gobierno Central no asuma dicha responsabilidad. Por último propone al Gobierno Central y a las instituciones judiciales que, dentro de sus competencias respectivas, hagan todo lo posible para el definitivo esclarecimiento de los hechos, para de este modo poder conocer el número real de afectados, y la responsabilidad de los mismos.
Copia del debate realizado en el Parlamento Vasco para la aprobación de la Enmienda Transaccional (punto 3). Los 4 primeros puntos son aprobados por unanimidad, los 3 siguientes contaron con el rechazo del PP.
Documentación de la Audiencia Nacional, en su sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera. Exposición detallada del caso de Andoni Txasko. En él se explica como ocurrieron los hechos según el afectado; se aportan documentos que acreditan las consecuencias de las lesiones producidas. También aparece la descripción de los hechos efectuada por el entonces Comisario Jefe Provincial de Policía, y según la cual las fuerzas de Orden Público actuaron en legítima defensa “de sus vidas” ante la agresión de los manifestantes. Participaron la 11ª Compañía de Reserva General con Base en Miranda de Ebro y la Compañía de Guarnición de la Plaza al mando de sus Capitán D. Jesús Quintana. También llegaron para intervenir sobre las 18,00 horas la 2ª Compañía de Reserva con base en Valladolid. Comenta que se ignora si otras personas que no fueran integrantes de las Fuerzas del Orden hubieran hecho fuego.
A continuación aparece la declaración del Capitán Quintana. En ella se asegura que las fuerzas a su cargo acudieron a disolver una reunión no autorizada que se estaba celebrando en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio de Zaramaga, por orden del Gobernador Civil. Primero disolvieron a unas 4.000 personas que estaban en los alrededores para así poder hacer el desalojo ordenado. Después avisaron a los del interior para que se disolvieran, pero ante su negativa y actitud decidieron emplear botes de humo y métodos antidisturbios. Cuando los del interior comenzaron a salir, los que estaban fuera acudieron en su ayuda en actitud amenazadora. Al encontrarse entre dos masas opuestas de manifestantes se utilizaron de nuevo métodos antidisturbios, pero cuando se acabaron se tuvieron que utilizar las armas de fuego en defensa propia. Ningún componente de las fuerzas de orden público fue herido con arma de fuego, aunque si que hubo agentes heridos y con contusiones.
Después aparece la relación de los hechos según el demandante. Comentario somero acerca del proceso huelguístico anterior a los hechos; se asegura que las manifestaciones y concentraciones del día 3 eran pacíficas; Sobre la asamblea, se reconoce que estaba prohibida, pero se asegura que “había calma dentro del social”; Se dice que “De repente” la policía lanzó botes de humo, y la gente trató de salir como pudo de la Iglesia; en el exterior la policía esperaba y golpeaba con saña a los que salían, y había policías más alejados que “siguiendo órdenes superiores dispararon con fuego real”; Después se aporta la trascripción que aparece en el Libro Negro de Vitoria, escrito por M. Guindal y J.H. Jiménez, para mostrar que la actuación policial fue premeditada. Por último se señala, que los hechos fueron denunciados por los afectados y sus familiares, se abrieron diligencias en los juzgados ordinarios, pero estos se inhibieron a favor de los juzgados Militares, quienes archivaron las diligencias.
En las siguientes páginas se acusa a las fuerzas de seguridad del estado que actuaron aquel día, de alterara gravemente la paz y seguridad ciudadana. Ante eso reclama la inclusión de los afectados por dichas actuaciones dentro de los supuestos que integran la Ley de Víctimas de Terrorismo.
Se revindica el papel histórico jugado por las masas obreras de Vitoria y de otros lugares a favor del sistema democrático que hoy disfrutamos.
También se aclara que la causa (39/1977) fue sobreseída por el juzgado Militar Eventual de Vitoria, argumentando la imposibilidad de identificar a los responsables. Pero se reconoció que se había cometido un delito de lesiones del Art. 420 C.P. antiguo.
Documentación procedente del Ministerio del Interior sobre las solicitudes, resoluciones y recursos presentadas por A. Txasko y S. Durán Fernández, para ser incluidos en los supuestos de la Ley de Víctimas del Terrorismo.
En el segundo documento remitido a A. Txasko aparece la descripción que efectúa de los hechos acaecidos el Informe de la Dirección General de la Policía, Comisión Provincial de Vitoria-Gasteiz, emitido el 28 de septiembre de 2000.
En el último de esos documentos referidos a A. Txasko, se asumen por parte del Ministerio del Interior las exposiciones realizadas por la Policía, llegando a señalar que los manifestantes “se armaron con palos, barras de hierro, bolsas con piedras”.
Documento de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Octava, Fechado el 12 de abril de 2002. Recurso ante una resolución del Ministerio del Interior. Se admite que el caso de Mª Norma Mentxaka podría estar comprendido en la Ley de Víctimas de Terrorismo.
Requerimiento al Juzgado por parte de los afectados en los sucesos del “Tres de Marzo”. Exposición de los hechos según su versión; requerimiento de citaciones a testigos; índice de documentación sobre el tema; requerimientos a Gobierno Civil de Álava y a “Telefónica”, así como al Tribunal Militar CUARTO de La Coruña.
Copia de la querella criminal formulada por los afectados contra: Rafael Landín Vicuña (Gobernador Civil de Álava en 1976 y Jesús Quintana Saracibar (Capitán de la guarnición de Vitoria). Aparecen exposición de hechos por parte de los demandantes, así como del proceso jurídico seguido por el caso.
Documento de la Audiencia Provincial de Álava por el cual se desestima la querella planteada por los afectados. Declara que no es competente para abrir el caso, ya que las competencias fueron trasladadas a la jurisdicción militar. Además añade que los hechos estarían prescritos al haber transcurrido más de 20 años desde la decisión de sobreseimiento del caso, tomada el 7 de abril de 1977. El recurso que se plantea ante estas objeciones es también desestimado, porque se asegura que en caso de que pudiera reabrirse el caso, primeramente debe solicitarse a la Jurisdicción Militar, y en el caso de que ésta quiera (ya que es la competente), podría delegar el caso en la Jurisdicción Penal Ordinaria. También se desestima el recurso contra la prescripción de los hechos al considerarse que a partir de la fecha de sobreseimiento del caso, no se llevaron a cabo nuevas acciones legales contra los demandados.
Recurso de amparo presentado por los afectados al Tribunal Constitucional en su Sala Primera (28 de abril de 2003). Es desestimada basándose en las disposiciones tomadas por la Audiencia Provincial de Álava (punto anterior) el 26 de marzo de 2002.
Documentos sobre el caso del Juzgado Militar Eventual de Vitoria, mediante los cuales se dictaminaba el sobreseimiento del caso, ante la imposibilidad de determinar quienes fueron los responsables de un “en principio” delito de lesiones durante los “desórdenes” ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976.
Índices de las causas 39/77 y 40/77. La primera se instruyó con motivo de las lesiones por arma de fuego a numerosas personas durante los incidentes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. La segunda se instruyó con motivo de los fallecimientos de Martínez de Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo Barroso Chaparro. En la primera aparecen los partes médicos y de asistencia de muchas personas (hasta el folio 68). A partir de ahí, comparecencias de testigos, dictámenes, diligencias previas, providencias de jueces, escritos, informes, notificaciones... En la segunda, diligencias previas, comparecencia de policías, dictámenes, escritos, notificaciones, providencias de jueces, relación de sucesos, certificados de defunciones, traslados, declaraciones de competencia...
Sumario Ordinario n.º 40/77 sobre la muerte de los paisanos Martínez Ocio, Aznar Clemente y Barroso Chaparro.
Diligencias previas, iniciadas en Vitoria, ante el Juez Jiménez Alfaro y Giralt el 4 de marzo de 1976.
Declaración de defunción de Romualdo Barroso Chaparro.
Declaración de 2 funcionarios (probablemente policías), pero solamente declaran conocer las muertes y haber identificado los cadáveres de los tres difuntos.
Certificación en extracto de inscripción de defunción de Romualdo Barroso Chaparro.
Informe de la autopsia de Romualdo Barroso Chaparro. Se ratifican los orificios causados por proyectil, y que eso es la causa de su muerte.
Diligencia de levantamiento e identificación de cadáver de Romualdo Barroso Chaparro.
Parte médico del hospital de Romualdo Barroso Chaparro.
Certificado de enterramiento en el cementerio del Salvador de Romualdo Barroso Chaparro.
Licencia de enterramiento para los cadáveres de los tres fallecidos.
Documento por el cual el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Vitoria se inhibe para continuar con el caso, el cual se traslada a la jurisdicción militar, concretamente al Sr. Capitán General de la VI Región Militar, con sede en Burgos.
Documento remitido por el Fiscal- Jefe, por el cual no acepta, en principio, la inhibición del Juzgado Vitoriano, e incluso dice que no está del todo comprobado que los disparos causantes de las muertes hayan sido efectuados por miembros de las fuerzas armadas, debido a las exiguas investigaciones efectuadas por dicho juzgado.
Documentos que advierten al Juzgado de Vitoria, que si persiste en su inhibición, deberá elevar el procedimiento al Tribunal Supremo para que decida sobre la competencia.
Documento del Juzgado de Vitoria (15 de Mayo de 1976) por el cual acepta la competencia y la reapertura de las diligencias, haciéndolo partícipe de las mismas al Capitán General de la Región Miliar VI. Se requiere también la declaración del Comisario-Jefe del Cuerpo General de Policía de Vitoria para que de fe de cómo ocurrieron los hechos.
Declaración del Comisario Jefe Provincial en la que relata como fueron los hechos según su apreciación. Relata qué fuerzas actuaron, e incluso comenta que desconoce si otras personas ajenas a las fuerzas de orden público hicieran uso de las armas de fuego.
Declaración de Jesús Quintana Saracibar (Capitán de la Policía Armada). Relata como fueron los acontecimientos según su versión. Afirma que no les quedó más remedio que disparar al terminárseles el resto de métodos antidisturbios para disolver a las masas agresivas. También dice que tiene noticias no confirmadas de que algunas personas llevaban armas de fuego.
Documento por el cual, el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Vitoria, acuerda inhibirse del caso, por encontrar que puede existir un posible delito de sedición. Ante esto, pasa las diligencias al Juzgado de Instrucción de Orden Público con sede en Madrid.
Documento por el cual, el Juzgado de Orden Público N.º 2 de Madrid se declara competente para el caso.
Inicio del sumario del caso (incompleto en las fotocopias).
Documento del fiscal del Juzgado de Orden Público de N.º 2 de Madrid, por el cual se inhibe de la causa y la pasa de nuevo a la Autoridad Judicial de la VI Región Militar.
Auto del Juzgado de Orden Público N.º 2, que declara competente para el caso a la Autoridad Militar. Afirma que los disparos fueron realizados por la Policía Armada “todo lo cual produjo alarma en el Territorio Nacional, de lo que se hizo eco la Prensa, Radio, Televisión y otros medios de difusión”. (Aparece incompleto en las fotocopias).
Auto de la Sala Especial de Competencias. Declara a la Jurisdicción Militar competente, al entenderse que de las diligencias llevadas hasta ese momento, se desprende que los disparos fueron efectuados por fuerzas de orden público, sin que ello suponga prejuzgar los hechos.
Petición al Juzgado de Instrucción de Vitoria, por parte de D. Romualdo Barroso Frejo para que se de conocimiento de las investigaciones que se deriven sobre la causa del asesinato de su hijo.
Documento del Juzgado de Instrucción N.1 de Vitoria, por el cual se inhibe a favor del N. 21 de los de Madrid.
Dictamen del Auditor. Decreta el sobreseimiento provisional de la causa, al haberse cometido un delito del cual no puede culpabilizarse a nadie.
Decreto del Capitán General (Autoridad Judicial), que muestra su conformidad con lo decretado por el Auditor, y devuelve los autos a su instructor (Juzgado Militar Eventual de Vitoria) “para notificación, deducción y curso de los testimonios prevenidos y demás diligencias de ejecución”.
Escrito de la Secretaría de Justicia, acusando recibo de Testimonio.
Los expedientes judiciales sobre los casos particulares de Martínez de Ocio, y Aznar Clemente no aportan prácticamente nada nuevo con respecto al punto anterior. La mayor parte de los documentos que aparecen ya lo hacen en el expediente anteriormente analizado, únicamente cambia el nombre del afectado.
Cuadernos de recopilación documental e informativa elaborados por el sindicato E.S.K.
El primer bloque de documentación se ha adjuntado en el anexo y ha sido entregado tal y como fue facilitado en su momento. El segundo bloque fue consultado en el propio sindicato E.S.K.
A lo largo de la investigación previa a la elaboración de este dictamen se consultaron una serie de archivos y centros de documentación sobre los que en paginas posteriores se hace una referencia más pormenorizada:
Archivo General de la Administración del Estado (A.G.A.) Alcalá de Henares.
Memoria de gestión del Gobierno Civil de Álava para el año 1976. Fondo de Gobernación, signatura 32/11.453. (Disponibles fotocopias sobre las partes que hacen referencia al objeto de estudio). 17 páginas.
Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Álava para el año 1976. Fondo de Sindicatos, libro de memorias M 696, signatura topográfica 35/74.101. (Disponible completa en microfilm y fotocopia de las partes que hacen referencia al objeto de estudio.). 59 páginas.
Fueron consultados los fondos de “Gobernación”, “Presidencia”, “Orden Público” y “Justicia” sin obtener nuevas informaciones relativas a nuestro objeto de estudio.
Los citados expedientes son incorporados al anexo documental.
Archivo Histórico Nacional (Fondos Contemporáneos) (A.H.N.)
Boletín informativo n.º 26, de 6 de Julio de 1976, Comisaría General de Investigación Social. Dossier elaborado por la policía sobre el conflicto desarrollado en Vitoria los tres primeros meses de 1976, y sobre los “Sucesos del 3 de marzo”. Fondos Contemporáneos, Interior-Policía, H, Exp. 21086. 52 páginas.
Expediente de la Dirección General de la Policía cuyo titular es Jesús Fernández Naves. Fondos contemporáneos, Interior-Policía, P, Exp. 13292. 15 páginas.
Expediente de la Dirección General de la Policía cuyo titular es José Antonio Marijuán Tejedor. Fondos contemporáneos, Interior-Policía, P, Exp. 29054. 21 páginas.
Archivos militares y policiales.
Los fondos dependientes del Ministerio de Defensa e Interior no han podido ser consultados debido a las razones y argumentos que se expresan en el segundo apartado de este informe.
Archivos Locales y Provinciales
Archivo Municipal de Vitoria Gasteiz.
Expediente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre los sucesos del “3 de Marzo”. Signatura: Armario 57/ Legajo 4/ Número 2. (Disponibles fotocopias de los documentos: “Declaración de Sacerdotes Vitorianos” y “Declaración de Sacerdotes Vascos” aparecidos en este expediente). 5 páginas. Junto a las copias de los documentos anteriormente citados aparece la copia del documento: “Reflexiones del Consejo Pastoral del la Parroquia de San Francisco de Asís”, aparecido en la documentación recopilada por el sindicato ESK, y situado junto a los anteriores por coincidencia temática. 4 páginas.
Notas y comunicados oficiales referentes a nuestro objeto de estudio publicados en el diario local Norte Express los días 3, 4 y 5 de marzo de 1976. 4 páginas.
Los citados expedientes, notas y comunicados son incorporados al anexo documental.
Archivo del Territorio Histórico de Alava (A.T. H.A.)
Se transmitió personalmente la inexistencia de fondos que hicieran referencia a nuestro objeto de estudio.
Archivo del Gobierno Civil de la provincia de Alava. Archivo de la Delegación del Gobierno.
Las gestiones para tratar de acceder a los fondos de este archivo fueron llevadas a cabo a través de una tercera persona, pero resultaron infructuosas. Algunos fondos procedentes de este archivo como las memorias anuales pudieron ser consultadas en el AGA.
Andoni Txasko Díaz.
José Luis Bóveda.
Agustín Plaza.
Joseba Marijuán Tejedor.
Paco Lecuona.
Consuelo Lastra.
Guillermo González Prieto.
Antonio Quilchano. (no grabada).
Santiago Díaz de Espada.
Cristina Valverde. (no grabada).
Félix Placer Ugarte.
(Se adjuntan las trascripciones de las entrevistas que fueron grabadas: 102 páginas).
Apartado 2: Desarrollo del informe complementario sobre la investigación:
Uno de los objetivos principales de la investigación se centró en lograr el acceso a aquellos archivos que por su naturaleza, estimamos de interés prioritario para la elaboración de nuestro dictamen.
La consulta de los diferentes archivos estatales requiere de una serie de trámites y contactos previos. La actual ley de patrimonio promulgada en 1985 establece una serie de restricciones de acceso a la documentación más reciente, especialmente sobre aquella que por su naturaleza y por la presencia de nombres de personas concretas, se entiende o interpreta que puede vulnerar el derecho a la intimidad de los aludidos. La misma legislación autoriza la consulta de estos expedientes, previa presentación de una autorización firmada por las personas aludidas. Sin embargo, las dificultades de acceso se multiplican cuando se trata de expedientes que contienen datos sobre diferentes personas en un número e identificación personal prácticamente imposible de definir. En estos casos los responsables de los archivos exigen la autorización firmada de todos aquellos individuos que aparezcan citados en los correspondientes documentos, pero no facilitan al investigador los nombres en concreto. Es decir, este último tiene que recabar las autorizaciones de todos aquellos incluidos sin conocer de forma pormenorizada su identidad. En un caso como este, donde si siquiera existe constancia de número total de afectados durante los sucesos investigados (a los fallecidos habría que sumar los heridos, detenidos, etc. en un número que puede superar el centenar) y donde salvo en casos muy concretos no existen expedientes personales, el acceso a la documentación resulta, casi imposible. La falta de una sola autorización sobre un total de cien presentadas impide el acceso al total de expediente. Existen otras alternativas, aunque no menos complicadas. Se puede solicitar la consulta de la documentación con los nombres ocultos. De este modo podemos acceder al contenido de los informes pero resulta imposible delimitar, por ejemplo, la responsabilidad de cada uno de los aludidos en los sucesos, su implicación, las circunstancias en que resultaron muertos, heridos, detenidos o simplemente investigados, algo, que como resulta evidente, complica la evaluación de un dictamen de estas características.
Tras cumplimentar los necesarios trámites burocráticos se solicitó una reunión con Doña Carmen Alonso, Directora de Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional. Después de exponerle el objeto de la investigación se nos solicitó la aportación de los nombres de personas que pudieran aparecer en los documentos procedían de fuentes policiales. Los primeros facilitados fueron los correspondientes a los cinco fallecidos. A partir de estos datos se inició una búsqueda, tanto en la base de datos informatizada como en el fichero manual que se dispone en el archivo. Facilitamos algunos expedientes que correspondían a determinados miembros de las denominadas Comisiones Representativas, esperando que hubiera expedientes policiales de cargos abiertos contra ellos. A partir de ahí se consiguieron localizar algunos expedientes personales; concretamente uno sobre Jesús Fernández Naves, donde además aparecían el resto de nombres facilitados a la dirección del archivo. Su responsable nos advirtió de la naturaleza del documento y las limitaciones de acceso existentes. Se trataba de un “Boletín policial” sobre los sucesos del 3 de marzo. Existían, además un par de documentos que hacían referencia exclusiva al propio Fernández Naves, así como otro más referido a Imanol Olabarria.
Los documentos fueron entregados a la directora, Doña Carmen Alonso para su inspección, un requisito indispensable para que se permitiera o denegaran su consulta a los investigadores. El más importante, al menos a tenor de su extensión, era el mencionado “Boletín o Informe policial”. En él, siempre, y según la versión de la funcionaria, ya que no nos fue permitida la consulta del documento, aparecían todos los nombres que le habíamos facilitado y algunos más. La responsable del archivo nos manifestó que se trataba de un documento que no podía consultarse hasta pasados cincuenta años, a no ser que se consiguieran las autorizaciones pertinentes, empezando por las de las personas que aparecían en el documento, tal y como ya hemos apuntado en nuestra introducción. Para su consulta era necesario recopilar todas las autorizaciones posibles de las personas que estimásemos que pudieran estar incluidas en el mencionado “informe policial”. Doña Carmen Alonso comentó la posibilidad de acceder a la información censurando lo referente a las personas de las que no se dispusiera autorización, pero ello debía ser objeto de estudio previo para su consentimiento. En cuanto a los documentos que hacían referencia a una sola persona, en principio no debería haber ningún problema para poder consultarlos, siempre y cuando se poseyera la autorización del afectado. A partir de esta consideración comenzamos a recabar las autorizaciones de los posibles afectados.
A lo largo de las siguientes semanas la “Asociación de Víctimas del 3 de marzo” nos facilitó las autorizaciones de todos aquellos individuos relacionados de una u otra forma con los sucesos. Una vez reunido el mayor número posible de firmas acudimos de nuevo al AHN. Gracias a las autorizaciones pudimos rastrear en la base de datos la existencia de expedientes policiales referentes a nuestro objeto de estudio. Finalmente conseguimos encontrar tres: El primero se trataba de un expediente a nombre de Jesús Fernández Naves, aunque hacía referencia a otras personas, entre ellas José Manuel Olabarria Bengoa, de quien también poseíamos autorización. El segundo expediente se centraba en la persona de José Antonio Marijuan Tejedor, y en él aparecían también referencias a terceras personas. El último documento hacía referencia a nuestro objeto de estudio en general, se trataba de un boletín informativo de la policía sobre el proceso huelguístico y los “Sucesos del tres de marzo”. Este documento y el primero de los anteriores ya habían sido localizados en la anterior visita, pero no pudieron consultarse al no disponer de las autorizaciones pertinentes.
Una vez localizados, la Directora de Fondos Contemporáneos nos informó de que era necesaria una inspección o estudio de la documentación previa antes de facilitarnos su acceso. Se trataba de una documentación que no podía consultarse “libremente” hasta transcurridos 50 años. La posesión de las autorizaciones de los interesados solo nos da derecho a consultar la información referida únicamente a los mismos, pero aquella concerniente a terceras personas debía ser censurada previamente. Cabe señalar en este sentido, que ni siquiera se permite hacer copias de los documentos originales, aún estando en posesión de la autorización del titular. Hicimos fotocopias de las autorizaciones necesarias para ver la documentación, ya que la dirección debía quedarse con una copia. Una vez cumplimentados todos los trámites pudimos consultar aquellos documentos sobre los que disponíamos de autorización firmada por los interesados.
El día 5 de febrero volvimos al Archivo Histórico Nacional (AHN), para consultar la documentación localizada en nuestra anterior visita, una vez reunidas las autorizaciones pertinentes por los afectados. A través de ellas pudimos rastrear en la base de datos la existencia de expedientes policiales referentes a nuestro objeto de estudio. Finalmente conseguimos encontrar tres: Del primero era titular Jesús Fernández Naves, pero hacía referencia a otras personas, entre ellas José Manuel Olabarria Bengoa, de quien también poseíamos autorización. Del segundo es titular José Antonio Marijuan Tejedor, y en él aparecen también referencias a terceras personas. El último documento hace referencia a nuestro objeto de estudio en general, se trataba de un boletín informativo de la policía sobre el proceso huelguístico y los “Sucesos del tres de marzo”.
Una vez obtenidas estas autorizaciones y localizados los documentos, la Directora de Fondos Contemporáneos tiene que analizar la documentación. Ésta presenta serias restricciones, como ya hemos señalado, ya no puede consultarse “libremente” hasta transcurridos 50 años. La posesión de las autorizaciones de los interesados solo nos da derecho a poder observar la información referente a los mismos, pero lo que concierne a terceras personas debe ser censurado previamente. Ni siquiera se permite hacer copias de los documentos originales, aún estando en posesión de la autorización del titular. Toda la documentación debía ser revisada por la directora. Parte del expediente cuyo titular era Fernández Naves nos fe facilitado con relativa celeridad. Unos días más tarde volvimos de nuevo al AHN, donde nos fueron facilitadas las copias de la documentación correspondiente. Que más adelante adjuntamos.
Probablemente estos documentos constituyan una de las fuentes de información más importantes sobre todo el proceso de conflictividad laboral abierto durante el proceso que culminó con los acontecimientos del 3 de marzo de 1976.
Gestiones realizadas ante los archivos militares y policiales:
Al comienzo de la investigación y gracias a la documentación facilitada por la Asociación de Victimas del 3 de marzo comenzamos a rastrear el itinerario de los diversos documentos legales dispersos por los archivos de los juzgados y de los ministerios de Defensa e Interior. Con respecto al primero se cursó en octubre de 2003 la correspondiente solicitud de consulta al Ilmo. Sr. Coronel Presidente del Tribunal Militar Territorial nº 4 de A Coruña. Previo estudio de la documentación, este tribunal, a través del Juzgado Togado Militar núm. 43 de Burgos hizo llegar su respuesta con fecha de 19 de febrero de 2004 tras las numerosas gestiones realizadas en este sentido. Como puede constatarse por la carta que se adjunta, firmada por el Secretario Relator, el citado Ilmo. Sr. Coronel Presidente del Tribunal Militar Territorial núm. 4 de A Coruña denegó el acceso a la documentación relacionada con los sucesos. Para ello se expusieron los siguientes motivos:
Primero: la antigüedad de la documentación solicitada, inferior a los cincuenta años.
Segundo: Apelación a la protección de la intimidad de las numerosas personas citadas en la documentación, toda vez que fueron sobreseídas provisionalmente las actuaciones.
En todo caso el tribunal, aunque se manifiesta de forma desfavorable a la exhibición total de la documentación citada deja abierta la posibilidad de alguna consulta parcial de la misma, sensible a su posible “interés histórico”.
Con respecto a las gestiones realizadas ante el Ministerio del Interior, estas fueron realizadas a través de los diversos canales disponibles. Tras una serie complicada de gestiones se nos indicó la posibilidad de dirigirnos a la Secretaría General Técnica del citado Ministerio. Nuestra solicitud fue cursada con fecha de 28 de noviembre de 2003. Seis meses después, el 7 de mayo de 2004 nos fue remitida la correspondiente contestación a nuestro escrito. En ella se nos comunicó que tras efectuarse las gestiones pertinentes para la localización de los documentos que obran en los archivos dependientes de la Guardia Civil y en los fondos que custodia el Archivo General del propio Departamento de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, el resultado había sido negativo. En el mismo documento se nos comunicó que la Comisaría de Policía de Vitoria no instruyó atestado policial alguno, remitiéndose a las autoridades judiciales y militares (Juzgado núm. 2 de Vitoria en funciones de guardia y al Gobernador Militar de Alava. Por último se nos informó de la posible existencia de fondos provenientes del antiguo Gobierno Civil de la provincia conservados en la actual Delegación del Gobierno o transferidos al Archivo Histórico de Vitoria. Como ya hemos comentado, las gestiones realizadas antes en ambos archivos fueron negativas.
Consulta del Archivo General de la Administración
Durante el mes de diciembre se realizó una cata en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares. La naturaleza y dimensiones de este archivo de carácter central, que alberga buena parte de la documentación generada por los diferentes ministerios españoles, hace necesaria una perfecta ubicación y localización de los diferentes fondos. El AGA dispone de un complejo sistema de instrumentos de descripción y automatización de índices que fue puesto a nuestra disposición. La búsqueda en este archivo no se centró en un solo fondo, sino que se intentó la localización en todos aquellos donde estimamos la posibilidad de existencia de documentación de interés. El primero de ellos fue el fondo denominado Gobernación, donde tratamos de localizar las memorias de los gobiernos civiles y más en concreto, el de Alava. Cada Gobierno Civil elaboraba durante el periodo que investigamos, un informe anual sobre las actividades desarrolladas en la provincia
Al ser el Gobierno Civil, en principio, el responsable de las fuerzas del orden en cada provincia, entendimos la conveniencia de analizar la memoria anual del Gobierno Civil de Álava en el año 1976, fecha de los sucesos. Esta serie de documentación, relativamente reciente dele ser localizada a través de otros índices e instrumentos de búsqueda. En uno de los últimos índices conseguimos encontrar la citada memoria. Tras su consulta encargamos la reproducción de la parte que nos pareció más importante para nuestro tema de estudio, ya que el amplio documento contenía otra serie de informaciones de menor relevancia para esta investigación.
Intentamos la consulta de otros fondos existentes en el Archivo, como los de Orden Público y Presidencia, sobre los que teníamos referencias acerca del tipo e interés de la documentación que podían albergar tras la consulta con especialistas en el tema de represión. Sin embargo, nuestros esfuerzos en este caso resultaron infructuosos.
Existen además otra serie memorias anuales, como las que proceden de la Organización Sindical Española (OSE) para cada provincia, localizables en el fondo de Sindicatos.
Nuestra última gestión en la búsqueda de nueva información fue orientada al fondo de Justicia, donde tratamos de localizar algún tipo de documentación judicial sobre el “Tres de marzo”. Nos comentaron que para la localización de la posible documentación existente era necesario el número de sumario, además de la fecha y el juzgado encargado de la causa. Facilitamos al técnico un informe que habíamos realizado sobre la documentación recopilada por la “Asociación de víctimas”, donde aparecían los datos referentes al proceso judicial abierto con motivo de los trágicos sucesos. La técnico se quedó con una copia de lo referente al proceso judicial: itinerario seguido por el caso, nombre y tipo de juzgado encargado de impartir justicia en cada momento, y fechas en las que el caso se encontraba en manos de cada juzgado. Al parecer se encontraron dos posibles expedientes judiciales que podrían hacer referencia a nuestros intereses, uno del año 1976 y el otro del siguiente año. La documentación debía ser revisada antes de permitirse su consulta ante lo cual decidieron citarnos para el día 6 de febrero. Entre tanto, nos facilitaron la documentación que habíamos pedido, pero el libro de memorias entregado no correspondía con el que habíamos solicitado. A pesar de acudir el día señalado, únicamente se pudo conseguir el encargo de la copia de la memoria sindical. Debido a la gran cantidad de investigadores presentes en el Archivo no se nos pudo atender en esa fecha. El Archivo se comprometió a remitirnos noticias sobre la documentación judicial solicitada, no habiendo recibido a día de hoy comunicación alguna sobre dicho particular.
Apartado 3: Informe sobre los documentos más destacables.
Expediente policial sobre José Antonio Marijuan Tejedor
AHN-Fondos Contemporáneos, P. 29.054
El aludido en el expediente es detenido en la localidad alavesa de Mendiola cuando se disponía a participar en una reunión de las Comisiones Obreras Anticapitalistas (COA), donde se pretendía elegir una comisión encargada de organizar el funeral y actos conmemorativos correspondientes al primer aniversario de los Sucesos de Vitoria ocurridos el tres de marzo de 1976.
El imputado había sido ya detenido el 11 de febrero de 1976 por su participación en un piquete a la entrada de la factoría Michelin de la capital alavesa. En aquella ocasión es acusado de amenazar y coaccionar a otros trabajadores, además de forcejear con miembros de la Policía Armada.
En esta ocasión se hallan en su poder y en el de sus compañeros varios números de la revista Iraulza, órgano perteneciente a al comité ejecutivo de Euskadi de la Organización de Izquierdas Comunista (OIC). También se encontraron en su poder carteles propagandísticos de las juventudes de este partido, y algunos alusivos a militantes y detenidos de dicha organización. También una hoja dirigida al pueblo y clase obrera alaveses en referencia a los sucesos del tres de marzo del año anterior.
En una detención posterior, afirma en su declaración haber estado procesado en el año 1976 por agresión a Fuerzas de Orden Público. También afirma pertenecer al sindicato CC.OO y ser militante del partido Movimiento Comunista de Euskadi.
El resto de circunstancias aparecidas en el expediente policial no son relevantes ni afectan a nuestra investigación.
Expediente policial sobre JESÚS FERNÁNDEZ NAVES.
AHN-Fondos Contemporáneos P.13.292.
Este expediente, cuyo titular es Jesús Fernández Naves, hace referencia a los detenidos con motivo los “Sucesos de Vitoria”. Los detenidos son presentados a la una hora del día 10 de marzo de 1976 en los locales de la Brigada Central de la Comisaría General de Investigación Social. Dos inspectores harán de Secretario y de Instructor. Los detenidos son presentados por seis inspectores del cuerpo anteriormente citado y destacados en comisión de servicio en la ciudad de Vitoria. Entre los detenidos están Fernández Naves y José Manuel Olabarría Bengoa.
Fernández Naves es acusado de crear las “comisiones elegidas” que actuaron al margen de la Organización Sindical, todo ello sin ocupar cargo sindical elegido. Dicen que los organismos creados trataban de servir a los intereses laborales, pero que posteriormente se transformaron en “asambleas generales” con marcado matiz político. Se asegura que Fernández Naves, en una asamblea celebrada para convocar un nuevo “día de lucha” y “huelga general” para el día tres de marzo, se manifestó con palabras que incitaban a la violencia: quien llega, incluso, a ordenar el uso de la violencia por todos los medios en caso de que interviniese la Fuerza Pública. Consideran al titular del expediente líder indiscutible de todos los disturbios habidos en Vitoria recientemente. Se le acusa también de ser el destinatario de una carta del sindicato francés Confederación General del Trabajo (organización sindical del Partido Comunista francés). Se dice que la mencionada carta fue hallada en una de las manifestaciones realizadas, y achacan al abandono de la misma por algún manifestante -para evitar su inculpación- su encuentro.
Se le acusa también de haber continuado animando, a las personas presentes en los funerales por las víctimas, a continuar las huelgas y luchas. Durante su intervención se le declara autor de las frases “la sangre de los muertos será vengada por el pueblo” y “donde vayan los asesinados irán también los asesinos”. Se dice que volvió a ser artífice de arengas, en los mismos términos, en una misa celebrada el día ocho de marzo.
A José Manuel Olabarría Bengoa se le acusa de ser miembro de la comisión elegida de la empresa Cablenor y uno de los elementos más destacados en las asambleas generales que dieron lugar a las alteraciones de orden público habidas. Se señala que en una asamblea celebrada el día 2 de marzo, instó a trabajadores de empresas que no habían parado a unirse a la huelga general. Todo ello en el transcurso de una asamblea de trabajadores de empresas que no había parado celebrada en la iglesia de “San Francisco de Asís” de la capital alavesa. En el funeral celebrado en la catedral nueva el lunes día 8 de marzo acusa a las Fuerzas de orden Público de ser responsables de lo ocurrido.
Los anteriormente mencionados fueron detenidos en la ciudad de Vitoria y trasladados a Madrid por orden de la Superioridad. Fueron detenidos en las inmediaciones de la Iglesia de “El Pilar” de la capital alavesa, donde se iba a celebrar una asamblea de la coordinadora de las “comisiones elegidas”, que finalmente no llegó a celebrarse por la presencia policial. Hacen constar la tenaz resistencia que Olabarría opuso ante su detención.
A continuación se pasa a relatar los antecedentes que obran en los archivos policiales de Vitoria o de la Dirección General de Seguridad sobre los inculpados.
De Fernández Naves se dice textualmente: “Sacerdote secularizado. Persona muy politizada en la línea comunista-socialista. Tiene gran experiencia en movimientos subversivos de Sudamérica, siendo expulsado de Argentina. Trabaja en la factoría Mevosa de Pamplona y pertenece a Comisiones Obreras. Con fecha 23 de enero de 1976 es identificado por la Policía Armada, formando un piquete de huelga, manifestando a las fuerzas del orden que formaba parte de una comisión nombrada por los trabajadores de Mevosa para que no entrase nadie a trabajar en el turno de las 6 horas correspondiente a los obreros y a las 7 horas del turno de administrativos. Con fecha 18-2-76 se le instruyen diligencias por supuestas amenazas y participación en el conflicto laboral de Mevosa”.
De José Manuel Olabarría: “ Sacerdote que tuvo su domicilio en Bilbao, con fecha 27-10-67 fue detenido por manifestación e incitar a un grupo de jóvenes a mofarse de la fuerza pública. Con fecha 15 de febrero de 1968 se le instruyen diligencias por proferir palabras ofensivas contra el gobierno y las Autoridades. Con fecha 12 de abril de 1967 toma parte en la manifestación de sacerdotes ante el Gobierno Civil de Vitoria y es uno de los firmantes del escrito que pretendían firmar en el mismo. Con fecha 25 de junio de 1967 firmante del escrito antirégimen, dirigido a S.E. el Jefe del Estado. En las navidades de 1967 dirige un escrito al Gobernador Civil con el título de Feliz e inquietante Navidad. Con fecha 29 de febrero de 1968 da una conferencia en la Iglesia de San Juan Bautista de Baracaldo sobre el tema Cristianismo y el mundo de los oprimidos, por la que se le instruyen diligencias y es sancionado con treinta y siete mil quinientas pesetas. En la actualidad (momento en el que se redacta el expediente) está secularizado y es persona muy relacionada con el separatismo y el nacionalismo vasco. También aparece que el 27 de octubre de 1968 se le instruyeron diligencias por expresiones vertidas contra el gobierno y las autoridades en la Iglesia de San Juan Bosco de Baracaldo. El 25 de febrero de 1969 participa en un encierro con 200 personas en la Iglesia de Santa Teresa de Baracaldo y según informaciones recibidas en 3 de abril de 1973, es activista del movimiento separatista vasco, con sede en Bayona (Francia)”.
Posteriormente aparece el Acta de Declaración de ambos acusados:
Fernández Naves declara que fue detenido el 17 de febrero de ese mismo año, acusado de haber vertido amenaza de muerte a un trabajador. Tras las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número dos de Vitoria, queda en libertad. Admite haber sido sacerdote en Asturias y haber sido destinado a Buenos Aires por un período de cinco años. En 1968 regresa a Gijón y en 1971 obtiene la secularización. Regresa a Buenos Aires, donde permanece hasta 1973. En ese intervalo de tiempo contrae matrimonio. Ese mismo año regresa a España y establece su residencia en Vitoria, lugar donde empieza a trabajar, hasta conseguir empleo en Mevosa, empresa a la que aún pertenece.
Dice haber empezado a sentir inquietudes obreras cuando estaba ejerciendo la función sacerdotal en Gijón y que por ello decide trasladarse de nuevo a Buenos Aires, donde ejerce de cura obrero en una fábrica textil.
Asegura que a partir del día 9 de enero comienzan en la empresa paros parciales, en protesta por la situación salarial de la plantilla. A partir del día 11 deciden ir al paro definitivo. Transcurridos dos días en esa actitud la empresa decide el cierre de sus instalaciones. Durante este proceso se celebran asambleas en el interior de la empresa para informar a los obreros sobre el estado de las negociaciones. Al no estar de acuerdo con las gestiones de los jurados y enlaces, en una de estas asambleas se propones su dimisión y sustitución, cosa que es aprobada mediante votación a mano alzada en la citada asamblea. Los antiguos representantes son sustituidos por una “Comisión Elegida” en asamblea. La Comisión estaba formada por 14 miembros, dos por cada sección, y su misión era llevar adelante las negociaciones ante la patronal, dejando al margen a la Organización Sindical. A continuación cita los nombres de los miembros de la Comisión que recuerda.
En procesos similares al descrito anteriormente nuevas empresas se suman al conflicto. Para dotar a la protesta de mayor fuerza frene a la patronal, se decide formar una Comisión Conjunta de Huelga, integrada por las distintas Comisiones Elegidas de las diferentes fábricas en conflicto. El cometido era también el de planificar la lucha en conjunto, las manifestaciones, el orden de intervención en las Asambleas Generales, los días de negociación y los acuerdos comunes. Esta Comisión Conjunta solía reunirse los lunes y jueves, media hora antes de la celebración de la Asamblea General de las empresas en paro. La finalidad de dichas asambleas era la ratificación de los acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión Conjunta de Huelga. Dice que en estas Asambleas Generales tomaban la palabra los representantes de las Comisiones elegidas, y a continuación nombra a los que recuerda más destacados.
Recuerda que la primera manifestación celebrada durante el proceso tuvo lugar a principios del mes de febrero, después de una de las Asambleas Generales, que se celebraban en la Iglesia de San Francisco de Asís. Dicha manifestación consistió en una marcha hasta el Consejo de Empresarios, cuyo fin era entrevistarse con el presidente de dicho organismo para solicitarle el diálogo. Se gritaban consignas como “Queremos dialogar” y “Somos Obreros, únete”, pero a la mitad del trayecto fueron disueltos por parte de la Fuerza Pública.
Señala que en una de las Asambleas Generales, uno de los citados oradores habituales, instó a los presentes a acudir “a las manifestaciones con garrotes, barras de hierro y piedras, para hacer frente a las Fuerzas de Orden público, idea que no prosperó entre los asistentes”.
Declara que el día 16 de febrero tuvo lugar una huelga general en el ámbito de la fábrica, a favor de la libertad de los detenidos. La convocatoria de dicho paro general fue realizada por la Comisión Conjunta de Huelga en una Asamblea General.
El día 28 de febrero se celebra una Asamblea General, “donde asisten unas ocho mil personas”, se decide ir a la huelga general el día 3 de marzo. El declarante afirma no haber estado presente en dicha reunión al estar en una asamblea de la empresa Mevosa en Barcelona.
El día 2 de marzo se celebró una Asamblea General con los trabajadores que aún no habían parado, y se les planteó que era conveniente que secundaran el paro del día siguiente.
Estuvo presente en las manifestaciones del día tres, pero niega haber participado en ningún tipo de acto vandálico, habiéndose limitado a correr.
Reconoce haber leído, en la misa corpore in sepulto, celebrada el día cinco de marzo en la Catedral Nueva de la capital alavesa, “una hoja redactada por la Comisión Coordinadora de Huelga, en la que se criticaba a los patronos como responsables máximos de aquella situación, al Gobierno, Autoridades responsables y Fuerza Pública”.
El día ocho, en el funeral celebrado en el mismo lugar, al final de la Misa, lee un manifiesto redactado “por la Comisión Coordinadora de Huelga, en la que se pedía libertad de asamblea, de reunión y asociación, como derechos que le pertenecen al pueblo”.
Es preguntado acerca de la carta del sindicato francés CGT dirigida a él. Fernández Naves niega que sea de su propiedad y afirma que se trata de una difamación, teniendo constancia de la existencia de fotocopias de una supuesta misiva similar procedente de Polonia.
Se le pregunta si pertenece al PCE y a Comisiones Obreras, y el detenido lo niega. Es preguntado por el número de manifestaciones y asambleas en las que ha participado durante el conflicto, a lo que responde que ha participado en casi todas las manifestaciones y ha intervenido como orador en casi todas las asambleas. Le preguntan también por su participación en los piquetes y su coacción a los trabajadores. Contesta que tan solo ha acudido a las paradas de autobuses para sugerir a los obreros que no entraran a trabajar. Le requieren información sobre su participación o no en la redacción de las hojas leídas en los funerales y la propaganda tirada en las manifestaciones. Responde que en las de las últimas fechas no participa, al “hallarse ausente de las reuniones, por temor a ser detenido, pero que en las restantes si ha intervenido por ser miembro de la Comisión Conjunta de Huelga”. Por último se le pide que se pronuncie acerca de si la autoría de la afirmación “donde vayan los asesinados, irán también los asesinos” es suya. El declarante niega haber dicho tal cosa.
Se señala que el detenido se muestra conforme con lo declarado tras haberlo leído y por ello lo firma para que así conste.
Al final del expediente aparecen la ya citada carta de la CGT y un escrito a máquina firmado por las Comisiones de representantes de fábricas en lucha. En él se señala que a las protestas se ha contestado por parte de la Patronal “con su gobierno fascista al frente” con muertos y numerosos heridos. Reclaman el juicio popular para los asesinos, exigen las dimisiones del “Gobernador Civil, Comisario Jefe, Alcalde y Presidente de la Diputación”. También la disolución de “todos los cuerpos represivos”. Convocan a la huelga general indefinida a la clase obrera y a todo el pueblo de Vitoria y les animan a participar en las Asambleas de Fábricas en Lucha y en las de Barrios, pidiendo que se manifiesten en la calle.
AHN-Fondos Contemporáneos Boletín informativo nº 26 de 6 de julio de 1976, Comisaría General de Investigación Social
Referente a: “Movimiento huelguístico de Vitoria”; “Comisiones Obreras”; “Coordinadora Obrera de Vitoria”; “Comisión Conjunta de Huelga”; “L.C.R.- E.T.A. VI Asamblea”; “Partido Comunista de España”; “O.R.T.”; “Jornada del 3 de marzo”.
H. 21.086.
“Exposición y análisis de su génesis, incidencias conflictivas, agitación, organizaciones intervinientes, disposición táctica y consecuencias políticas; con especial indicación de la jornada de luto del 3 de marzo”.
Aparece una Nota que dice así: “De conocimiento obligatorio para las Brigadas Regionales y Secciones Locales de Investigación Social, de acuerdo con las Normas d) y e), de la Base 16 de la Organización de los Servicios Centrales y Regionales de la Dirección General de Seguridad, de 28 de octubre de 1959.
A continuación aparece un índice que consta de 19 puntos, con los pertinentes subapartados en los puntos que se ha considerado oportuno ( Presentación, génesis del proceso, La Jornada del 3 de marzo, Balance sangriento, etc.). El contenido del documento trata de situar los sucesos como el resultado de un proceso revolucionario. Textualmente, como puede leerse en el documento que reproducimos en el anexo, se dice:
Aquel no fue un episodio casual ni suscitado por los imponderables. Obedeció a una actitud preconcebida del sector subversivo de extrema izquierda que, en utilización oportunista de una situación laboral-conflictiva demasiado prolongada y enrarecida, quiso provocar un ensayo de levantamiento insurreccional que, sobre determinar la represión sangrienta y el consiguiente deterioro de la imagen reformista gubernamental, supusiera el punto de arranque desencadenador de la Huelga General Revolucionaria a escala nacional.
El 3 de marzo de Vitoria, día de Huelga General convocada por la subversión, no puede pasar por un suceso luctuoso más o como una provocación añadida a la larga lista de actos dirigidos a liquidar el Estado de Derecho Constituido. Es algo más; por lo que tiene de sintomático y por lo que revela de predisposición, desde las organizaciones ilegales, a radicalizar extremadamente la protesta generada (quizá legítimamente, que esa ya es otra cuestión) en el seno del movimiento obrero.
Para ello se retrotrae a la jornada de lucha celebrada el 11 de diciembre de 1974, como un antecedente de los acontecimientos que se describen.
Si la “jornada de lucha” del 11 de Diciembre de 1974 en la región vasco-navarra (Vizcaya y Guipúzcoa, sobre todo) supuso un hito en el acontecer subversivo y de los movimientos de masas en el marco de nuestra nación, esta jornada vitoriana del 3 de marzo –de diferente cariz- constituye un hecho insólito y conforma un precedente muy peligroso, que no es prudente minimizar.
Además, el informe destaca el propio valor preventivo que puede tener la valoración y análisis de los hechos:
El presente Boletín tiene por objeto presentar un estudio en profundidad de lo que esta jornada fue, en su génesis, desarrollo y consecuencias, que ofrezca a la Superioridad los datos más relevantes sobre el asunto –junto a oportunas consideraciones de análisis y valoración crítica-, en función de posibles resoluciones cara al futuro de carácter preventivo, desde un punto de vista eminentemente policial.
El boletín hace un profundo estudio de la génesis del conflicto desde las primeras semanas del año, con la constitución de las plataformas reivindicativas y las comisiones de huelga. Se destaca la radicalización de las reivindicaciones, la progresiva utilización de las consignas violentas y la participación de formaciones de extrema izquierda no vinculadas al PCE.
Posteriormente se hace referencia al hallazgo de la carta dirigida a Fernández Naves por la CGT francesa tras el desarrollo de una manifestación. Se comenta que la voluntad de dicha organización era financiar la caja de resistencia de huelga y los trabajos de preparación de la Huelga General Revolucionaria, que supusiera el derribo del Régimen político español, legalmente constituido .
Sobre los hechos en concreto del 3 de marzo se describe como se desarrolla la jornada según su versión de los hechos. Se asegura que desde la nueve de la mañana la actitud de los huelguistas fue manifiestamente violenta: en actitud levantisca, profiriendo gritos subversivos, injuriando a la Fuerza Pública, apostada en las calles, desatendiendo descaradamente sus indicaciones y atacándola a pedradas cuando iniciaba la menor acción de pacificación . Se describe como los protagonistas de la protesta formaron grupos de unas cien personas distribuidos por toda la ciudad, con el objetivo premeditado y planificado de dispersar a las FOP y así dificultar su actuación. Que circunstancialmente dichos grupos se unían formando una masa compacta de más de 1.000 personas, cuya actitud levantisca acreció hasta formas de fiera agresividad, máxime al darse cuenta de que los escasos efectivos policiales eran impotentes para contenerlos. Algunos de los grupos policiales tuvieron que retirarse y entregar la calle, no solo porque los medios disuasorios convencionales no era efectivos, sino porque la masa no se amilanaba ante las ráfagas de intimidación hechas al aire o los disparos contra el suelo que en último extremo hubo que efectuar.
Una vez que la masa se apoderó de la calle, la Fuerza Pública no tuvo otro remedio que actuar ocasionalmente –y siempre con mucha prevención- para evitar que se pudieran producir desgracias irreparables entre los revoltosos.
Se dice que entonces comienzan las manifestaciones masivas y que a las once de la mañana se produjo el primer enfrentamiento grave entre huelguistas y policías, al lado del Gobierno Civil, que arrojó un saldo de heridos y contusionados .
A continuación se pasa a relatar lo sucedido en la asamblea de la tarde, donde se produjeron los hechos más graves. La policía calcula la asistencia de 2.500 personas en el interior, y unas 5.000 en el exterior.
Como quiera que, durante todo el día, se habían producido hechos de grave violencia, aumentando vertiginosamente la tensión entre las masas, y como, asimismo, durante la referida asamblea los elementos agitadores intentaron explotar este estado de ánimo, el mando de las Fuerzas Públicas decidió suspender dicha asamblea, invitando al los reunidos a desalojar el templo. Al no obedecer éstos la orden de desalojo (a la indicación en tal sentido formulada por un oficial de la Policía Armada, respondieron los asambleístas con un clamoroso abucheo), la Fuerza procedió al lanzamiento de botes de humo en el interior de la Iglesia .
Esto enfureció a los reunidos, que salieron atropelladamente del local religioso poseídos de una viva indignación y acometieron a los efectivos de la policía que se encontraban en el exterior. Los concentrados fuera del templo y en sus aledaños hicieron causa común con los que salían y se lanzaron sobre los aproximadamente 150 miembros de las FOP allí presentes.
Se argumenta después que tras lanzarse sobre los miembros de las FOP unas 8.000 personas, no fue posible en modo alguno evitar las consecuencias fatales que luego se produjeron, puesto que las FOP ni siquiera tuvieron oportunidad de replegarse y entregar la calle. Fueron rodeadas, impidiéndoselas romper el cerco y valiéndose únicamente de los medios convencionales antidisturbios, insuficientes en tan angustiosa situación.
Se vieron entonces en la ineludible necesidad de emplear las armas de fuego, no para intentar un restablecimiento del orden, que ya se había abandonado por imposible, sino para defender sus vidas, siendo así que varias patrullas de cuatro o cinco hombres fueron acorralados por la masa enfurecida que les atacaba ferozmente en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Se dice por último que, al extenderse la noticia de la muerte de algunas personas, se desató un motín generalizado, bloqueándose los accesos a la capital y produciéndose toda serie de actos vandálicos. La ciudad quedó aislada y los amotinados se hicieron dueños de la misma. Se hace referencia a la actuación arquetípicamente terrorista que un comando realizó sobre las nueve de la noche, arrojando una granada de mano contra la comisaría de policía, provocando graves lesiones a un funcionario. Hasta bien entrada la noche continuaron produciéndose actos vandálicos callejeros cuando se eludía a las patrullas policiales que trataban de impedirlos.
En el balance, que el documento califica de sangriento, se hace un recuento de los heridos, destacándose el fallecimiento de cinco personas, tres el mismo día de los luctuosos sucesos y otros dos fechas más tarde, al no recuperarse de sus heridas. Además se dice que fueron hospitalizadas 47 personas con heridas de diversa consideración y asistencia sanitaria sin ingreso otras 30. Un Inspector de policía resultó con lesiones gravísimas y 28 agentes de la Policía Armada con heridas de diferente tipo, necesitando tres de ellos ser hospitalizados.
Se relatan además los actos vandálicos registrados durante la jornada del 3 de marzo. Lo primero que se asegura es que tal campaña insurreccional y violenta fue orquestada por las organizaciones de extrema izquierda, tipo LCR-ETA VI, ORT, MCE, etc. Después se dice que entre los causantes de los destrozos y actos violentos se encontraban bastantes jovenzuelos de ambos sexos, gente de fuera de Vitoria y no pocos elementos ajenos al movimiento obrero. Después se tipifican los actos: Fractura de lunas en locales comerciales, derribos de postes de alumbrado público, deterioro de semáforos, vuelcos –con destrozos varios- de automóviles estacionados en la calle, levantamiento de barricadas, con utilización de materiales de fábrica y utillaje que resultaron dañados y desaparecidos, en parte .
En opinión de la policía, tal y como se describe en el apartado correspondiente. Para la policía, la planificación de los hechos es incuestionable, y esgrime una serie de circunstancias para argumentarlo, tales como: la prontitud con que fueron realizados; la simultaneidad de los mismos; los puntos de erección de barricadas, claves en el entorpecimiento del tráfico de vehículos policiales, por su estratégica situación en relación a la disposición viaria de la ciudad de Vitoria; los pertrechos de que dispusieron los grupos alborotadores para algunos actos como, por ejemplo, el derribo de postes de iluminación .
A largo del día 3 de marzo fueron practicadas 32 detenciones. 27 de los detenidos fueron puestos en libertad con propuesta de sanción gubernativa, según lo prevenido en el artículo 23 de la Ley de Orden Público.
Otros 5 fueron encartados en diligencias y puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente .
Se hace referencia a la jornada del 4 de marzo, donde el paro laboral afectó –según cálculos oficiales- a un 90% de la población activa. Casi todo el comercio permaneció cerrado y los abastecimientos escasearon .
Se describe la desoladora imagen que presentaba la ciudad, con numerosos desperfectos en el mobiliario urbano, barricadas que impedían el paso, coches volcados, farolas arrancadas etc... Se describe un ambiente entre los ciudadanos de temor, de reclusión en el hogar, salvo en grupos que protagonizaron nuevas manifestaciones relámpago o el intento de reconstrucción de barricadas.
Más adelante se hace referencia al funeral por las víctimas, celebrado en la Catedral Nueva. Se dice que concentró a unas 30.000 personas, pero que no se registraron incidentes de orden público. Si se señala la lectura de una homilía de contenido tendencioso, aprobado por el obispo de Vitoria . También se hace referencia a las intervenciones de algunos de los miembros de las Comisiones Representativas, como Fernández Naves, diciendo que pronunciaron discursos revanchistas y con espíritu de venganza. Se extendió entre la masa, y por parte de los dirigentes, una sensación de victoria obrera, así como la elevación de los muertos a la escala de mártires.
El amplio informe abunda en otra serie de cuestiones de un indudable interés histórico por las valoraciones que presenta sobre la conflictividad obrera, las empresas en huelga, las características de las asambleas o el papel desarrollado por los diferentes agentes sociales, desde las autoridades locales a los trabajadores pasando por el sindicato vertical, las organizaciones de clase ilegales o la iglesia, sin embargo, esta serie de consideraciones no aportan ya datos relevantes sobre los sucesos.
Mucho más interesante resulta la valoración sobre la operación policial y las acusaciones de brutalidad policial. En este apartado se apuntan unas consideraciones que fueron hechas con motivo de un informe de fecha 17-3-76 dirigido a la O.I.T., para contestar a las acusaciones vertidas en dicho organismo internacional por un sindicato comunista, que acusaba a la policía de haber intervenido brutalmente:
La actuación policial fue violenta en la medida en que las acciones de los manifestantes también lo fueron.
Los incidentes ocurridos fueron insurreccionales, y la violencia practicada fue revolucionaria, practicándose fuera de los lugares específicamente laborales y con instrumentos letales como: bombas, cócteles, machetes etc.
La voluntad de los manifestantes era inequívocamente de enfrentamiento con la policía, siguiendo las consignas dadas por los organizadores subversivos.
El propósito general era participar, no en una manifestación obrera, sino en un levantamiento popular contra el Estado, representado por la Autoridad Gubernativa y sus Agentes .
Se desarrolló una “guerra sicológica”, a base de llamadas telefónicas y amenazas, que provocaron el pánico en la población civil ajena al conflicto.
Hubo constantes coacciones a los comerciantes ajenos al conflicto, que se vieron obligados a cerrar sus establecimientos.
El Estado no puede permanecer pasivo ante los desmanes destructivos y violentos de una turba decidida a lograr la paralización, el aislamiento, la ausencia de los servicios más elementales y necesarios, el aterrorizamiento de una ciudad entera .
La Autoridad Gubernativa ha sido muy benévola, al permitir la celebración de asambleas extrasindicales, y por tanto ilegales, así como en la contención para ir en contra de los agitadores políticos.
Únicamente se intervino ante el salto del conflicto a la calle, con claras intenciones de amotinamiento y perturbación del orden público.
Las muertes fueron producidas como consecuencia de situaciones de máximo peligro físico para la vida de los agentes de la autoridad y no sin que antes éstos ejercitaran reiterados intentos de neutralizar la revuelta callejera, mediante procedimientos disuasorios convencionales, de uso tradicional y universal en las técnicas antidisturbios .
Se reconoce que quizá hubiera sido necesaria la presencia de mayor fuerza policial en el lugar de los hechos.
La muestra clara de la voluntad de enfrentamiento se muestra en el modo en que la masa de manifestantes se presenta el día 3 de marzo, acudiendo en grupos de 80-100 personas, para con ello tratar de dividir y desbordar a las Fuerzas del Orden. Ello muestra que todo giraba en torno a un plan preconcebido.
Igualmente interesante resulta la relación de operaciones preventivas llevadas a cabo durante los últimos meses por la policía, entre las que cabe destacar:
Desalojos de empresas a petición de los directivos.
Vigilancia de manifestaciones.
Control y vigilancia de Asambleas.
Protección de obreros a la entrada y salida de las empresas.
Protección de los servicios públicos de transporte.
Protección de autoridades locales.
Actuaciones represivas.
Acción contra piquetes violentos.
Disolución de manifestaciones no pacíficas.
Detención de elementos agitadores.
Actuaciones de investigación.
Información sobre las causas y desarrollo del conflicto.
Información sobre los líderes y agitadores.
Investigación sobre las estructuras de organizaciones subversivas de la región.
El boletín presenta un ANEXO II, donde se presenta un cuadro estadístico sobre los detenidos a lo largo del conflicto. Hacen dos grupos: A disposición judicial y en libertad. En el primer grupo se señala el número de personas que están procesadas o en libertad, mientras en el segundo se hace ver el número de personas con propuesta de sanción o sin ella. En ambos grupos aparece el número de personas que han cometido un determinado tipo de delito, siendo cuatro los grupos delictivos: coacciones, disturbios callejeros, distribución de propaganda subversiva y dirigencia agitacional.
La memoria Civil de Alava consultada en el AGA se divide en cinco partes: en la primera se hace un comentario sobre la situación general de la Provincia en los aspectos político, social y económico; en la segunda se relatan las principales actuaciones del Gobierno Civil en relación con los Servicios y Delegaciones de la Administración Central de la Provincia; en la tercera se hace una valoración del funcionamiento de los distintos servicios de la Administración Periférica del Estado en el ámbito de la provincia de Álava; en la cuarta se enumeran las actuaciones del Gobierno Civil respecto de la Administración Local; en la quinta y última parte se realizan una serie de recomendaciones que se estima contribuirán a la mejora y fomento de los intereses provinciales, así como de los servicios que en la provincia se prestan.
En lo que a nuestro estudio interesa, es de destacar el comentario de la situación vivida en la Provincia durante el año 1976 en algunos aspectos: Políticamente se destaca las actividades realizadas por grupos de extrema izquierda y nacionalistas vascos.
En el ámbito social se destaca la lucha entre trabajadores y empresarios. Se critica la actitud del empresariado, a quien se acusa de no haberse adaptado a las nuevas corrientes sociales que se estaban implantando en España, aferrándose a su situación de privilegio. Se hace ver que transcurrido el primer semestre del año la situación mejora, aunque no todos los empresarios modifican su actitud. Posteriormente se hace una cuantificación por meses del número de empresas afectadas por los conflictos, las asambleas que se realizan, el tipo de conflicto, etc. Los conflictos de los primeros meses del año vuelven a ser señalados en el tratamiento del ámbito económico. Se piensa que el año 1976 fue mejor en lo económico que el año precedente, pero la magnitud de los conflictos sufridos impide el adecuado aprovechamiento de esa coyuntura más favorable, se califica de “año de las oportunidades perdidas” (pág. 5). Se cuantifican varias variables macroeconómicas y se comparan con las mismas registradas en 1975. A pesar de lo sucedido se muestra cierto optimismo frente al futuro económico de la Provincia.
Sin embargo, a pesar del indudable interés histórico del documento y de la calidad de la información sobre diferentes aspectos sociales, políticos y económicos, la documentación consultada en este caso no ofrecía datos relevantes para nuestra investigación, centrada básicamente en los hechos ocurridos el tres de marzo de 1976 en Vitoria.
El documento en si (A.G.A./Sindicatos/M.696.) Esta memoria se divide en tres apartados:
Exposición y comentario sobre la actividad sindical y situación socio-económica de la provincia a lo largo del año 1.976.
Programas de actuación y objetivos y logros alcanzados durante el año.
Perspectivas para el año que se inicia y subjetivos que se pretenden abordar.
En el primero de los apartados, notablemente más extenso que el resto, se hace referencia a aspectos como: la situación político-sindical, la económica, social, demográfica, salarial y coste de la vida, acción pública en la provincia, aspectos relacionados con la propia Delegación Provincial de Sindicatos, acciones llevadas a cabo por la Delegación, y principales repercusiones que ocasionan las acciones realizadas por la Delegación. En este primer apartado, en la parte referida al aspecto político-social, se hace expresa y notable referencia al conflicto de los primeros meses del año. Se comenta que el conflicto viene precedido de la difusión masiva de propaganda a favor de una plataforma unitaria. Se enumeran los factores que a juicio de este organismo son los causantes de la situación, destacando entre otros: la carestía de la vida y la limitación gubernamental a la contratación colectiva. Defiende la postura de la Delegación ante el conflicto: el ajuste a la legalidad vigente. Denuncia los métodos fuera de la legalidad que son empleados constantemente, acusando a los promotores del conflicto de utilizar métodos revolucionarios. Son enumerados los métodos más habitualmente utilizados: asambleas, votaciones a mano alzada, marchas y manifestaciones… Se denuncian también las coacciones violentas a las que han sido sometidos los representantes sindicales legales por parte de los piquetes. Se señala lo perjudicial que ha resultado el conflicto, perdiéndose multitud de horas de trabajo, creándose mal ambiente laboral, deteriorándose la convivencia laboral y ciudadana. Por último se hace ver la proliferación de grupos sindicales que aparecen ante la reforma sindical propugnada por el gobierno.
El aspecto de la conflictividad laboral es el que más interesa a nuestro objeto de estudio. Se señala que “todas y cada una de las empresas alavesas han estado en conflicto en alguna ocasión a lo largo de 1.976” (pág. 33). Se dice también que el conflicto comenzado por motivaciones laborales acabó convirtiéndose en conflicto con demandas políticas. Se describe someramente lo acontecido y se enumeran las principales empresas a las que afectó la conflictividad. Según la memoria, en las empresas citadas existían miembros de la oposición que fueron detectados en su momento, y que en la inmensa mayoría de las mismas había un pequeño colectivo de trabajadores en producción, normalmente técnicos y Administrativos. Se reflejan las cifras de pérdidas de horas, salarios, productividad… Tras el mes de marzo se experimenta una situación de relativa calma que dura hasta después del verano, reanudándose posteriormente la conflictividad. Por último se hace sentencia que “el ensayo huelguístico en nuestra provincia, ha sido total: huelgas políticas y huelgas laborales se han confundido en un solo movimiento que no deja de antojarse un serio intento revolucionario” (pág. 35).
Sin embargo, y a pesar del indudable interés que la memoria tiene por los datos que ofrece sobre el origen y desarrollo del conflicto, tampoco en este caso aportaba datos relevantes sobre los sucesos acontecidos el día 3 de marzo de 1976.
Valoración de otras fuentes documentales
Tanto las entrevistas realizadas a lo largo de la elaboración del dictamen a diversos testigos y víctimas de los sucesos como las grabaciones realizadas durante los mismos a través de los receptores de radio han sido incorporadas a los anexos, al considerar el alto valor informativo de estos documentos. Las entrevistas nos han servido para contrastar la versión oficial ofrecida en su momento y recrear en la medida de lo posible el escenario de estos hechos. Los informantes fueron seleccionados en función del interés que podía tener su testimonio. A lo largo de esta investigación no se ha contactado y entrevistado únicamente con huelguistas que participaron en la asamblea del día señalado en la parroquia de San Francisco, sino de otras personas ajenas en principio al conflicto, y que resultaron heridas, e incluso de religiosos que fueron testigos de la actuación policial. Las entrevistas se desarrollaron a través de un cuestionario abierto que se adaptó en lo posible al perfil de cada persona en función de su participación en los sucesos del 3 de marzo. Las transcripciones de las citadas entrevistas se han adjuntado también en el anexo correspondiente.
Por lo que respecta a grabaciones, editadas en diferentes medios e incluso transcritas en varias publicaciones, constituyen también un documento de gran relevancia porque aportan una información directa que recrea con detalle el ambiente que rodeó la intervención policial.
Todas estas fuentes documentales (bibliográficas, archivísticas, hemerográficas, orales, etc), han sido analizadas rigurosamente durante los meses que se desarrolló la investigación previa a la elaboración del dictamen.
Hay una reproducción de la carta al final del expediente.
Seguramente será una confusión y querían referirse a Vitoria.
AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 1.
AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 5.
Ibid. Las personas que resultaron heridas durante los sucesos acaecidos en la mañana del día 3 de marzo no parecen corroborar totalmente esta versión. Incluso alguna persona resulta herida estando en el interior de su domicilio, al parecer, por disparos efectuados al aire sin mucha precaución.
Ibid. Pág. 6.
Ibid. Parece que la única justificación dada para la suspensión de la asamblea son los acontecimientos violentos ocurridos por la mañana. Además se hace referencia a una supuesta tendencia en la asamblea a continuar promoviendo la agitación ciudadana. Hay que recordar que los habituales oradores no habían podido tener acceso al templo y que la asamblea ni siquiera había dado comienzo. También es destacable que la policía tuviera información de lo que estaba sucediendo en el interior y los comentarios o consignas que supuestamente se dieron.
Ibid. Parece olvidarse que el lanzamiento de botes de humo a un recinto cerrado puede provocar asfixia a las personas que se encuentren en el interior, lo cual es lógico que provoque la necesidad de una huída desesperada del recinto.
AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 6. Sin entrar a discutir si esos enfrentamientos se produjeron o no, si que hay que señalar que parece complicado que nadie en su “sano juicio” pueda acercarse a una lucha cuerpo a cuerpo contra gente que está utilizando armas de fuego real.
Ibid. Págs. 7 y 8.
AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 8.
Ibid. Pág. 9.
Ibid. Pág. 41.
El día que no mataron a Franco.
El 17 de abril de 1937, tras 10 meses de duros interrogatorios, concluyó un consejo de guerra sumarísimo contra 37 militares y dos civiles. Se les acusaba de organizar un complot en Ceuta para atentar contra la vida del general Franco y detener el alzamiento del 17 y 18 de julio del año anterior. Su acción pudo haber cambiado el curso de la Guerra Civil y sólo el testimonio a última hora de un soldado permitió abortarla. A pesar de ello, los detalles de aquel episodio han permanecido inéditos hasta ahora. . . . .

References: resolución 
 artículo 80
 resolución 
 artículo 723
 Artículo 407
 resolución 
 artículo 23