Source: https://es.scribd.com/doc/55933678/14/Sistema-penitenciario-venezolano-y-derechos-de-reclusos-y-reclusas
Timestamp: 2016-02-13 20:13:28+00:00

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Sistema penitenciario venezolano y derechos de reclusos y reclusas for 2009 Venezuela Defensoria Ddhh Informe Anual 2008-1
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ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIASITUACIÓN GENERALDERECHOS CIVILESDERECHOS POLÍTICOSDERECHOS SOCIALESDERECHOS LABORALESDERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOSDERECHOS ECONÓMICOSDERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENASDERECHOS AMBIENTALESSERVICIOS PÚBLICOSMATERIAS VARIASGRUPOS VULNERABLESÁREA METROPOLITANA DE CARACAS429SIGLASREFERENCIAS DOCUMENTALES
La situación penitenciaria durante 2008 tomó especial relevancia para las
instituciones responsables del sistema penitenciario venezolano, en razón de las
múltiples demandas que han efectuado las personas privadas de su libertad,
principalmente vinculadas con el derecho al debido proceso y a las condiciones de
vida en general dentro de los establecimientos carcelarios del país. Durante el
periodo, se instaló el Consejo Superior Penitenciario, órgano interinstitucional que
deberá encarar las respuestas estructurales que el resto de iniciativas administrativas
no han logrado instrumentar para acabar con la crisis del sector.
De la Comisión para la Emergencia Penitenciaria al Consejo Penitenciario
En noviembre de 2004, el gobierno nacional creó la Comisión Presidencial Para
Atender la Emergencia Penitenciaria, la cual dedicó los años 2005 y 2006 a
diagnosticar y diseñar las políticas para el sistema penitenciario. Si bien no ha sido
formalmente disuelta, durante 2007 y 2008 la Comisión no realizó nuevas
convocatorias para reuniones de trabajo. No obstante, el Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), como ente rector del sistema
penitenciario, continuó con la implementación y ejecución de las políticas públicas
diseñadas por este organismo interinstitucional.
Estas políticas fueron desarrolladas a través del llamado Plan de Humanización
Penitenciaria, mediante el cual se programó, desde el año 2006, un importante plan de
construcción de nuevas edificaciones carcelarias, así como el mejoramiento de las
infraestructuras de los establecimientos penitenciarios ya existentes. El Plan
contempló la ejecución de programas de atención integral a los internos e internas,
procurando la asistencia en las materias de salud, alimentación, educación,
recreación, formación y/o capacitación para el trabajo, así como también la dotación
de unidades de transporte para los traslados de los internos y las internas, entre otros
servicios que pretendían y pretenden promover la humanización en los recintos
carcelarios venezolanos.
Durante la Inauguración de la Comunidad Penitenciaria de Coro, que tuvo lugar el 12
de julio, el Presidente de la República Hugo Chávez convocó a todas las autoridades
competentes del Sistema Penitenciario a sumar esfuerzos para la solución articulada
de los problemas estructurales que lo aquejan. El Ministro del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia de ese entonces, Ramón Rodríguez Chacín, procedió
a convocar a las máximas autoridades del Ministerio Público, del Tribunal Supremo
de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, con el objeto de crear la Comisión para
Establecer Políticas Penitenciarias, y anunció la creación del Vice-Ministerio de
Asuntos Penitenciarios. Esta Comisión debería sustituir a la ya cesante Comisión
Presidencial para la Emergencia Penitenciaria; empero, nunca llegó a formalizarse.
El 9 de septiembre de 2008, el Ministro Ramón Rodríguez Chacin fue sustituido por
el otrora Vice- ministro de Seguridad Ciudadana, Tareck El Aissami, quien convocó a
la conformación del Consejo Superior Penitenciario,348
el cual pasa a ser una Oficina
Nacional y cuya principal misión será la de diseñar y formular las políticas integrales
que atiendan de forma estructural la transformación del sistema penitenciario. Dicho
Consejo está conformado por representantes del Poder Legislativo (Asamblea
Nacional), del Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia), del Poder Ciudadano
(Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo), y representantes del Poder Ejecutivo
(Ministerios del Poder Popular para la Educación, para el Deporte, para la Cultura,
para la Economía Comunal, la Salud, la Educación Superior, la Defensa -
Componente Guardia Nacional Bolivariana, y por supuesto, el de Relaciones
Interiores y Justicia, quién lo presidirá).
En el marco de esta instancia rectora se crean, a su vez, los “Consejos Regionales
Penitenciarios”, los cuales están conformados por los Directores o Directoras de
Establecimientos Penitenciarios, los Presidentes o Presidentas de los Circuitos
Judiciales Penales, los Defensores y Defensoras Delegadas estadales de la Defensoría
del Pueblo, los Fiscales y Fiscalas Superiores del Ministerio Público, y los
Comandantes(as) Regionales de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos Consejos
Regionales funcionarán como unidades estadales operativas y desconcentradas,
encargadas de la supervisión y control directo de los planes y programas creados por
el Consejo Superior Penitenciario; además, abre la posibilidad de que los Consejos
Comunales y demás formas organizativas comunitarias que circundan los Centros
Penitenciarios puedan integrarse a la gestión.
Para 2009, se tiene la expectativa de que las actividades del Consejo Superior
Penitenciario impacten con eficacia y de manera positiva al Sistema Penitenciario
venezolano, a la luz de que dicho espacio de concertación representa una expresión
objetiva de la voluntad del Estado por materializar los postulados constitucionales
sobre la materia, a los efectos de garantizar el goce y ejercicio de los derechos
humanos de las personas privadas de libertad, así como su rehabilitación y reinserción
El sistema penitenciario en cifras
El retardo procesal sigue evidenciándose como uno de los principales problemas del
sistema penitenciario venezolano – siendo a su vez el motivo que generó las
principales acciones de protesta por parte de la población penitenciaria durante el
periodo. Si bien es habitual que las críticas sobre este gravísimo problema converjan
sobre las autoridades penitenciarias, es de destacar el carácter interinstitucional del
problema, en el que comparten responsabilidad el Poder Judicial, el Ministerio
Público y la propia Defensoría del Pueblo, en su función de protección.
Según las cifras aportadas por el MPPRIJ a la DP a comienzos de 2009, en 2008 se
registró un total de 24.360 personas privadas de libertad, 1.474 de las cuales son
mujeres349
. Esta cifra significa un aumento de casi 15% en relación al año 2007,
348 Decreto Presidencial 6.553, Publicado en la Gaceta Oficial n.° 39.080 del 15 de diciembre de 2008.
349 Ysmel Serrano, Ministerio del Poder Popular par las Relaciones Interiores y Justicia, en comunicación n.° 00000259, del 09 de enero 2009, recibida en la
DP el 12 de enero de 2009.
cuando la población reclusa fue de 21.201 personas (de las cuales 1.215 fueron del
sexo femenino)350
Del total de personas privadas de libertad, 15.332 lo estaban en condición de
procesadas, lo que representa el 62,93% con respecto al total de internos. Esta cifra
evidencia un agravamiento del problema con respecto al periodo anterior, cuando se
registraron 10.972 personas procesadas – lo que supone un incremento del 39,73%.
Es de destacar así mismo que la actualización de la data estadística sobre las personas
recluidas en los centros de detención preventiva podría significar el agravamiento de
los porcentajes de procesados.
La población reclusa en condición de penados(as) para 2008 es de 7.312 (30,01% del
total de internos), cifra que si se coteja con la del año 2007 refleja una disminución
de casi 13%, cuando el número de penados(as) fue de 8.375.351
total de la población reclusa para el año 2008, 1.716 (7,04%) fueron beneficiadas por
la medida de Destacamento de Trabajo352
No obstante, la población que disfruta de las medidas no privativas de libertad
también se ven afectadas en sus derechos, ya que los centros donde se cumple esta
fórmula alternativa de cumplimiento de pena, así como los Centros de Tratamiento
Comunitario destinados al régimen abierto, muestran con frecuencia las mismas
carencias y problemas que los establecimientos carcelarios, entre los que se destacan
hacinamiento, consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tenencia de
armas blancas y de fuego. Por ello, en la práctica, se alejan de su primordial misión
que es la reeducación y la reincorporación a la sociedad.
El modelo de Comunidades Penitenciarias
El hacinamiento sigue siendo una característica estructural del sistema pena
venezolano, debido a que en la mayoría de centros penitenciarios del país existe
sobrepoblación penal – lo que significa que el número de personas privadas de
libertad supera su capacidad de albergue. Para enfrentar este problema, el Plan de
Humanización Penitenciaria tiene proyectado construir 15 Comunidades
Penitenciarias, las cuales responden a un modelo orientado a asegurar los derechos de
la población y los servicios de atención social.
Estos nuevos centros han sido proyectados bajo un concepto que permita disponer de
los espacios necesarios para la instrumentación de un tratamiento penitenciario
individualizado, para promover la rehabilitación y reinserción efectiva de los internos
e internas, a través del deporte, el trabajo, la cultura y la recreación. Este modelo se
puso en práctica como prueba piloto en el Centro Penitenciario de Carabobo (La
Mínima), y de acuerdo a las autoridades competentes, sus resultados han sido bien
350 Ver: Defensoría del Pueblo. Informe Anual 2007. Caracas, Venezuela. Pág. 312.
351 DP. Op Cit. Pág. 313.
352 Ysmel Serrano, Op Cit.
En 2008, se tenía previsto inaugurar 6 nuevas Comunidades Penitenciarias: Yare
Terraza A, con capacidad para 432 internos; Yare II, 300 internos; Rodeo III, 432
internos; Internado Judicial de Anzoátegui, 324 internos; Santa Ana, 648 internos, y
la Comunidad Penitenciaria de Coro, con capacidad para 850 internos(as). Esta última
fue la única que efectivamente fue concluida e inaugurada por el Presidente de la
República el 12 de julio de 2008. El gobierno nacional anunció que la apertura de las
restantes programadas para el periodo se producirá el primer trimestre del año 2009.
Además de asegurar el cumplimiento de los cronogramas de construcción y apertura
de los nuevos centros penitenciarios, es importante asegurar la disposición de
personal penitenciario suficiente y debidamente capacitado, a los fines de garantizar
su buen funcionamiento y lograr así cumplir con el régimen constitucional
penitenciario, centrado en el respeto de los derechos humanos de internos e internas y
en su efectiva reinserción social.
Uno de los problemas respecto a la necesidad de ampliar y garantizar la cualificación
del personal del sistema penitenciario es la poca competitividad de su oferta de
trabajo en el mercado laboral. No obstante, durante el periodo el MPPRIJ efectuó la
incorporación y formación de personal custodio, así como de 47 profesionales en las
áreas de Criminología, Psicología, Trabajo Social y Derecho, a los fines de fungir
unos como Delegados y Delegadas de Prueba, y otros como equipos Técnicos
Profesionales en los distintos recintos penitenciarios354
Reforma del COOP para enfrentar el retardo procesal
La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico
Procesal Penal (COPP)355
, modificando algunos artículos sobre las actuaciones tanto
de jueces y juezas como de las partes en el proceso penal. Según la exposición de
motivos, la reforma pretende ser solo un aporte a las acciones que se deben
emprender para contrarrestar el retardo procesal. En tal sentido, fueron modificados
los artículos 183 a 189, a efectos de establecer que las citaciones y notificaciones sean
realizadas rápidamente; se modificó el artículo 327 referido al plazo de máximo de 20
días para la fijación de la audiencia preliminar en caso de que sea diferida; se
modificó el artículo 301, a efectos de ampliar el lapso del que dispone el Ministerio
Público para formular la desestimación de la denuncia; y el artículo 323,
estableciendo que las partes deberán estar presentes cuando se dicte sobreseimiento.
También se modificaron los artículos 244, que ahora establece que la solicitud de
prórroga de una medida de coerción personal puede ser solicitada ante cualquier
tribunal que esté conociendo la causa; y el artículo 392, ampliando el ámbito de
acción de la extradición activa, ya que ahora se podrá solicitar la extradición cuando
se haya dictado una medida judicial privativa de libertad en contra del imputado o
353 Documento: “Culminación de Obras del FONEP”. Pág. 1.
354 Nadiuska
Liendo, Ministerio del Poder Popular par las Relaciones Interiores y Justicia, en comunicación N 0000015, enviada a la DP y recibida el 07 de
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5.894 del 26 de Agosto de 2008.
A la espera del Código penitenciario
El Proyecto de Código Orgánico del Sistema Penitenciario, que tiene por objeto la
actualización y compilación de todos los instrumentos jurídicos que regulan la
materia penitenciaria en Venezuela fue elaborado a instancias de la Subcomisión de
Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, y contó con la participación de
representantes de las diversas instituciones con competencia en la materia. Durante el
año 2008, el proyecto no fue presentado en agenda legislativa, a pesar de la
relevancia de la codificación de este instrumento en el marco de la emergencia
Acotación a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo
El 11 de marzo de 2008, la Defensoría del Pueblo ejerció ante la Sala de Casación
Penal del Tribunal Supremo de Justicia recurso de interpretación sobre el alcance y
contenido del Parágrafo Único de los artículos 374, 375, 406, 407, 456, 457, 458 y
460 del Código Penal. En fecha 21 de abril, la Máxima Instancia Penal declaró
inadmisible el recurso propuesto, toda vez que se consideró que la Institución no tenía
legitimidad para accionar en nombre y representación de la comunidad penitenciaria,
sin indicar un caso concreto con la cual guarda relación el recurso intentado “ni
demostrar que la interpretación que peticiona, se encuentra a la aplicación directa de
un proceso particular que haya sido sometido al conocimiento de órgano
jurisdiccional y por otra parte, lo que persigue escapa de la finalidad propia del
recurso de interpretación”.
La violencia descendió, pero se mantiene
A pesar de las acciones y los esfuerzos emprendidos por las instituciones
competentes, durante el lapso en estudio la situación carcelaria no ha variado
significativamente, y falta mucho para que se corresponda con el modelo de Sistema
Penitenciario garantista de los derechos humanos establecido en el artículo 272 de la
Constitución, así como con lo consagrado en los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
En 2008 se produjeron varias situaciones de huelga de hambre y de autosecuestros de
familiares de los internos e internas al momento de la visita. Ambas acciones tuvieron
como primordial objetivo presionar al Estado venezolano para el logro de
determinadas exigencias, centradas en la petición de minimizar las irregularidades e
incumplimientos vinculados al retardo procesal, la denuncia de la lentitud en el
otorgamiento de formulas alternativas de cumplimiento de pena, así como los excesos
y/o abusos de autoridad por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, y la exigencia
de mejoras en las condiciones de habitabilidad y de los servicios básicos de los
Las estadísticas emitidas por el propio Mpprij, demuestran las constantes
vulneraciones de derechos en los centros penitenciarios, destacando el derecho a la
vida y a la integridad personal. En concreto en 2008, se registraron 368 muertes y 856
personas heridas, con un total de 1.224 hechos de violencia356
Comparadas con las cifras para el mismo periodo del año 2007357
, se observa un
descenso de 13,44% en el número total de hechos violentos registrados; que fue más
pronunciado (48,18%) en la cantidad de muertes registradas, y menor pero
considerable en el número de heridos (40,72%). Pese a estas mejorías relativas, las
cifras no dejan de ser alarmantes, lo que evidencia que persisten las fallas en las
políticas de prevención de hechos violentos, pese a los esfuerzos en promover el
respeto a lo interno del sistema penitenciario y acatar y llevar a cabo las Medidas
Provisionales que al respecto dictara la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los establecimientos más violentos hasta el 12 de septiembre de 2008 fueron: los
Internados Judiciales Región Capital Rodeo I, con 18 muertos y 46 heridos; Rodeo II,
con 14 muertos y 28 heridos; Cárcel Nacional de Maracaibo, con 35 muertos y 69
heridos; Centro Penitenciario de Aragua, con 27 muertos y 8 heridos; Centro
Penitenciario Región Capital Yare, con 36 muertos y 20 heridos; Internado Judicial
de Carabobo, con 21 muertos y 73 heridos; Centro Penitenciario de la Región Centro
Occidental, con 19 muertos y 33 heridos; y el Internado Judicial de Monagas, que
registró 11 muertos y 17 heridos358
La mayoría de los hechos violentos fueron cometidos en su totalidad mediante el uso
de armas de fuego y armas blancas, los cuales llegan al poder de los internos,
presumiblemente con la complicidad interna y externa de funcionarios y funcionarias
de los recintos carcelarios, y de familiares en visita. En 2008, se efectuaron 102
requisas, en las cuales se incautaron 2.191 armas blancas, 704 armas de fuego y 60
granadas fragmentarias, y se decomisaron 15.150 porciones de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas359
Por otra parte, resulta preocupante la impunidad al interior de los establecimientos
penitenciarios, dada la ausencia de información acerca de la investigación de los
hechos de violencia registrados en los recintos penitenciarios. Adicionalmente,
durante el año 2008 se pudo observar, a través de dos videos difundidos por Internet,
la forma en cómo un interno es vejado y abusado sexualmente, y a otro le es
cercenada una extremidad superior, hechos presuntamente acontecidos en el
Internado Judicial de Vista Hermosa (Bolívar), sin que se tenga información sobre la
apertura de investigación al respecto.
Violación del derecho a la vida en traslado irregular de internos
El 29 de julio, un interno resultó muerto y otros tres resultaron heridos durante el
traslado por la autopista Valle-Coche de Caracas de 9 internos de los Internados
Judiciales de la Región Capital Rodeo I y Rodeo II. También resultó herido el
conductor de la unidad del transporte público en la que se efectuaba el traslado
356 Ysmel Serrano, Op Cit.
357 Idem.
358 Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso. Mpprij. Estadísticas Gestión Penitenciaria 2008, del 12 de septiembre de 2008.
359 Idem.
irregular, que debería haber sido realizado en unidades de transporte del sistema
Según versión de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados, el
hecho se debió a un intento de fuga. No obstante, ante la presunción de violación de
los derechos humanos a la vida e integridad personal, la DP realizó una visita a los
internados judiciales señalados, así como a los heridos en los centros hospitalarios
que se encontraban, con el fin de obtener información de los propios privados de
libertad. Asimismo, se hizo seguimiento a las actuaciones del Ministerio Público, que
una vez practicadas las experticias técnicas, imputó a tres efectivos de la Guardia
Nacional Bolivariana involucrados, por la presunta comisión de los delitos de
homicidio, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de fuego.
Mediación en autosecuestro masivo
Durante el período, se han suscitado en diversos establecimientos penitenciarios del
país hechos violentos que acarrearon la muerte de internos y gran cantidad de
lesionados, materializándose además huelgas de hambre, y otras medidas de presión,
tales como presencia de visitantes en las instalaciones de los establecimientos fuera
de los horarios establecidos para ello. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha
permanecido atenta, en consideración de que corresponde la protección de la vida de
las personas que se encuentran privadas de libertad. Se ha efectuado seguimiento de
las actuaciones de las Defensorías Delegadas Estadales, girando recomendaciones
puntuales de actuación y se ha instruido a las Defensorías Delegadas a mantener el
monitoreo diario de la situación en el centro penitenciario de su jurisdicción, y a
efectuar visitas dos veces por semana.
Entre los casos donde se produjo la mediación de la Institución, destaca el
autosecuestro de familiares que se produjo el 12 de octubre, en visita a 12
establecimientos penitenciarios del país. La protesta surgió por iniciativa de los
internos del Centro Penitenciario de la Región Capital Yare, y se vieron involucrados
alrededor de 3.600 familiares. Ante la crisis que desató esta circunstancia, la DP
cooperó con las demás autoridades del sistema de justicia para la búsqueda de una
solución satisfactoria, así como para procurar la cobertura de las necesidades de
atención médica y otros requerimientos de los y las familiares de los privados de
libertad. Luego de las negociaciones, se logró alcanzar acuerdos con los internos,
entre lo que destaca la garantía de un mejor trato por parte de los efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana hacia ellos y hacia sus familiares en días de visita.
Luego de la suscripción de un acta, los internos acordaron el cese de la acción de
protesta en todo el país.
Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Sistema Penitenciario venezolano confronta innumerables problemas, al igual que
sucede en la mayoría de países latinoamericanos. La problemática penitenciaria
podría resumirse en: retardo procesal, hacinamiento, precario estado de los penales,
ausencia de una clasificación de los internos e internas, carencia de servicios básicos
indispensables, presencia de armas y drogas, todo lo cual contribuye al desborde de
violencia que se aprecia en las instituciones penitenciarias.
Entre 2006 y 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una serie de
Medidas Provisionales a favor de tres recintos penitenciarios360
, a fin de solicitar la
aplicación de medidas para evitar daños irreparables a las personas, específicamente
hacia sus derechos a la vida y la seguridad personal. Las Medidas Provisionales
responden a la ocurrencia de hechos violentos en los cuales perdieron la vida
alrededor de 400 personas y más de 700 resultaron heridas, en el periodo 2005-
. Con anterioridad, la Corte había publicado una sentencia a favor de las
víctimas de los hechos acontecidos en el año 1992 en el Internado Judicial Retén de
Catia, producto de los casos de violencias y muertes ocurridos en dicho
establecimiento penitenciario362
Debido a la persistencia de hechos violentos con saldo de víctimas mortales, la Corte
dictó una nueva medida en el año 2008 a favor del Internado Judicial Capital El
Rodeo I y Rodeo II, en la cual requiere que el Estado venezolano “…adopte las
medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas
privadas de libertad (…) en particular para evitar heridas y muertes violentas…”363
Estas medidas se fundamentan, según la Corte, en el hecho de que durante los años
2006-2007, se registraron alrededor de 141 muertes y 299 heridos en ese recinto
carcelario. Además, indica el organismo que es necesario el despliegue de acciones
urgentes e inmediatas, más allá de los planes de mediano o largo plazo tendientes a la
humanización del sistema penitenciario venezolano364
Huelga de hambre y acción judicial para la defensa del régimen de beneficios
En abril, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso
de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto por Defensores(as)
Públicos(as) Penales en la Fase de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas,365
quienes solicitaron se declarara la inconstitucionalidad de los parágrafos únicos de los
artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459; parágrafo cuarto del artículo 460, 470
parte in fine, todos del Código Penal366
, así como el último aparte de los artículos 31 y
32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas367
. Tales normas, según alegaban los accionantes,
limitaban el principio de progresividad de la pena, impidiendo el acceso de los
internos e internas a los beneficios procesales, así como a las fórmulas alternativas de
360 Internado Judicial de Monagas (La Pica), año 2006 y 2007; Centro Penitenciario Región Capital Yare, año 2006; Centro Penitenciario Centro Occidental
(Duaca), año 2007.
361 Ibíd. Pág. 416.
362 Ver: Defensoría del Pueblo. Informe Anual 2006. Caracas, Venezuela. Pág. 413 y 414.
363 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Resolución del 08 de febrero de 2008. Asunto del Internado Judicial Capital Rodeo I y el Rodeo II respecto
Venezuela. En: https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/provisionales.htm.
364 Ídem.
365 TSJ, Sala Constitucional, Sentencia 635-210408-08 del 21 de abril de 2008. Expediente 2008-0287.
366 Gaceta Oficial n.° 5.768, Extraordinario del 13 de abril de 2005.
367 Gaceta Oficial n.° 38.287 del 05 de octubre de 2005.
La acción coincidió con una huelga de hambre de internos e internas de 11 centros
penitenciarios del país, que se extendió durante 5 semanas. Grupos de familiares de
los internos e internas apoyaron la protesta mediante una serie de movilizaciones de
calle. Tras admitir el recurso de nulidad por inconstitucionalidad, el TSJ declaró una
medida cautelar innominada de suspensión de la aplicación de los parágrafos y
artículos mencionados hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, y ordenó la
aplicación en forma estricta de la disposición contenida en el artículo 500 del Código
Orgánico Procesal Penal, mientras se sustancia y tramita el recurso. Al darse a
conocer esta decisión, los internos e internas en todo el país que se habían declarado
en huelga de hambre levantaron la protesta.
En septiembre, el Presidente de la República decretó la creación de la Comisión
Nacional de Indultos, con el objeto de ejercer cada tres meses tal atribución
presidencial, y no solamente una vez al año. Inicialmente esta Comisión estuvo
integrada por funcionarios y funcionarias del MPPRIJ y del Ministerio Público368
poco después fue incorporada la Defensoría del Pueblo369
. En el año, se dictó indulto
a 39 personas que se encontraban privadas de su libertad, por motivos distintos entre
los cuales causales de salud y buena conducta. Si bien el indulto presidencial es de
carácter restrictivo, coadyuva a estimular, premiar y redimir la conducta de las
personas privadas de libertad, que se encuentran en condición de penados o penadas
en los distintos Centros Penitenciarios del país, por lo que otorgarlos cada tres meses
representa un significativo avance en las políticas públicas sobre la materia.
Jueces itinerantes y Fiscalías penitenciarias
El Tribunal Supremo de Justicia continuó implementando en 2008 el “Programa
Jueces Itinerantes”, en aquellos estados donde se evidenció retardo procesal, tales
como Falcón, Distrito Capital y Carabobo, entre otros.370
Dichos Tribunales fueron
creados con el objeto de garantizar la tutela judicial efectiva en fase de control y
juicio a las personas que se encuentran en proceso y que requieren de una justicia
expedita.371
Es por ello, que se buscó la manera de celebrar las audiencias con mayor
celeridad y reducir el problema del retardo procesal; empero, en la práctica dichos
tribunales funcionaron con efectividad solo en los estados Zulia, Guárico, Falcón,
Miranda y Carabobo.
Por otra parte, el 7 de agosto de 2008 el Ministerio Público creó las Fiscalías del
Ministerio Público a nivel nacional con competencia en Régimen Penitenciario, las
cuales tienen como deberes y atribuciones vigilar el cumplimiento del régimen
penitenciario y de las disposiciones constitucionales, del Código Orgánico Procesal
368 Resolución Ministerial n.° 469, del 25 de septiembre de 2008. Publicada en Gaceta Oficial n.° 39.025, del 26 de septiembre de 2008.
369 Resolución Ministerial n.° 481, del 17 de octubre de 2008. Publicada en Gaceta Oficial n.° 39.040, del 17 de octubre de 2008.
370 Ver: “Jueces Itinerantes inician esta semana labores…” En: http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa.
371 Resolución n.° 2006-00065, del 4 de octubre de 2006. En: http://www.tsj.gov.ve/informacion/resoluciones.
Penal, la Ley de Régimen Penitenciario y los instrumentos internacionales para el
tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas372
Esta iniciativa responde a la obligación del Ministerio Público de garantizar la
protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sin
embargo, en lo que respecta al derecho al debido proceso, y pese a los esfuerzos
mencionados de las instituciones rectoras del sistema de justicia, la cantidad de
personas privadas de libertad en condición de procesados(as) supera con creces la
cantidad de personas con sentencias definitivamente firmes.
El sub-programa Comunidad Penitenciaria del Programa Haciendo Comunidad para
los Derechos Humanos, diseñado de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la
Defensoría del Pueblo establecidos al comienzo de la nueva gestión, se implementó a
partir de febrero en su fase piloto. Esta fase inicial se desarrolló en seis
establecimientos penitenciarios del país, para una población total estimada de 7.752
internos. Los centros escogidos fueron: Centro Penitenciario Población Internado
Judicial Rodeo I (Miranda); Internado Judicial de Trujillo (Trujillo); Cárcel Nacional
de Maracaibo (Zulia); Internado Judicial Región Andina (Mérida); e Internado
Judicial San Juan de los Morros – Los Pinos (Estado Guárico).
Las actividades adelantadas permitieron la constitución de siete Consejos para la
Defensa de los Derechos Humanos en los centros señalados, órganos desde los cuales
se llevaron a cabo diagnósticos de los principales problemas que aquejan a cada
población, así como planes de trabajo para promover acciones interinstitucionales
para la adopción de medidas. Esta novedosa dinámica organizativa, desarrollada en
coordinación con el Mpprij y las autoridades penitenciarias, derivó en la participación
como voceros del 30% de los privados de libertad en cada uno de los centros, así de
60 familiares. Entre otros logros, se consiguió el otorgamiento de medidas de
beneficios procesales represadas, el mejoramiento en diversos aspectos de los
servicios públicos intracarcelarios. En el capítulo donde se reseña el programa
Haciendo Comunidad, se consigna un informe completo de los avances del
subprograma penitenciario.
Proyecto de Actualización Judicial
Asimismo, a través de la Fundación Juan Vives Suriá, la DP emprendió el Proyecto
de Actualización Judicial, una iniciativa para formar a estudiantes de derecho en
torno a la actividad defensorial, y para coadyuvar complementariamente a enfrentar el
retardo procesal. El proyecto consistió en la capacitación de estudiantes de los
últimos semestres de la carrera de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de
Venezuela y de la Misión Sucre, para que revisaran los expedientes de los internos e
internas del Centro Penitenciario Región Capital Yare y del Centro Penitenciario
Centro Occidental. Como resultado de este proceso de capacitación y de colaboración
con la justicia, se procedió a formular recomendaciones, a fin de favorecer la garantía
372 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 38.989 del 07 de agosto de 2008.
del derecho al debido proceso de las personas privadas de libertad cuyos expedientes
fueron revisados. Este Proyecto continuará desarrollándose en otros establecimientos
penitenciarios en el año 2009.
Uno de los logros admirables en el marco del enfoque integral de la política de
humanización penitenciaria lo representa el proyecto de la Orquesta Sinfónica
Penitenciaria, el cual se implementó en cuatro centros: el Centro Penitenciario de la
Región Andina, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, el Centro
Penitenciario de Carabobo y el Centro Penitenciario Centro Occidental. Los internos
e internas que participaron en este proyecto, dieron dos conciertos en 2008, en el
Teatro Teresa Carreño ubicado en la ciudad de Caracas, ante autoridades del MPPRIJ
y otros funcionarios y funcionarias de instituciones del Estado venezolano, así como
• Asegurar la efectividad de las políticas de humanización del sistema penitenciario
en el marco del respeto de los derechos humanos, con el fin de mejorar las
condiciones de vida en los centros penitenciarios, prestando especial atención al
respeto y garantía de los derechos a la salud, a un ambiente sano, a la recreación,
a la cultura, al deporte, al trabajo y a la educación.
• Asegurar la celeridad y eficiencia en el proceso de construcción de la nueva
• Adoptar las medidas necesarias para acondicionar y/o crear Centros de
Cumplimiento de Fórmulas Alternativas de Penas (Régimen Abierto y
Destacamento de Trabajo).
• Continuar con la política de otorgamiento de indultos presidenciales, procurando
que se efectúen en los lapsos previstos.
• Cumplir con los criterios de clasificación establecidos en la Ley de Régimen
Penitenciario e instrumentos internacionales, en cuanto a la separación de las
personas privadas de libertad procesadas y las que cuentan con sentencia
definitivamente firme. Garantizar la separación de los jóvenes adultos del resto de
la población penal.
• Concretar los planes de profesionalización del personal penitenciario, y hacer
efectiva su incorporación en número suficiente, con estabilidad laboral, beneficios
sociales, salario digno y competitivo, así como mecanismos de supervisión de
• Establecer políticas públicas integrales que reconozcan y respeten la diversidad
étnica, cultural y religiosa de las personas privadas de libertad, con atención
especial a las personas en situación de vulnerabilidad, vale decir, mujeres,
adolescentes, personas con discapacidad, indígenas, jóvenes adultos y adultas, y
adultos y adultas mayores.
• Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas penitenciarias a fin
de garantizar un trato digno y especializado a las mujeres embarazadas, madres
lactantes, así como el derecho a la sexualidad y a la formación para el trabajo.
• Asegurar la pronta y eficaz transferencia de la custodia externa de los
establecimientos penitenciarios a la Policía Nacional, tal como lo establece el
artículo 39 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía
Nacional.373
• Garantizar los traslados de las personas privadas de libertad a los tribunales de
manera oportuna y en unidades de transporte oficiales, cumpliendo con los
estándares mínimos de seguridad y de respeto de sus derechos humanos.
• Implementar un programa de sensibilización y difusión dirigido a las
comunidades organizadas y al empresariado, a los efectos de promover su
participación en la consolidación del nuevo modelo penitenciario.
• Continuar la implementación del programa de Jueces Itinerantes, como medida
paliativa transitoria a la problemática del retardo procesal, mientras se incrementa
el número de tribunales penales en todo el territorio nacional.
• Cumplir con los lapsos legalmente establecidos para el otorgamiento de las
fórmulas alternativas de cumplimiento de penas de aquellos internos y aquellas
internas que reúnan los requisitos necesarios.
• Procurar que los Jueces y Juezas de Ejecución inspeccionen con mayor frecuencia
los recintos penitenciarios, tal como lo establece el Art. 486 del COPP.
• Agilizar el proceso de solicitud y seguimiento para el otorgamiento de las
internas que reúnen los requisitos necesarios.
373 Gaceta Oficial n.° 5.880, Extraordinario del 09 de abril de 2008.
• Investigar de manera exhaustiva los hechos de violencia que se suscitan en los
centros penitenciarios, en aras de eliminar la impunidad.
• Continuar con la creación de los y las Fiscales Penitenciarios(as) a nivel nacional.
• Incrementar el número de Fiscales de Proceso a fin de cumplir oportunamente con
los actos procesales que correspondan.
• Colocar en Agenda Legislativa el Proyecto del Código Orgánico Penitenciario,
para asegurar su pronta sanción y asegurar el ordenamiento codificado de todo lo
relacionado con la materia penitenciaria.
• Ejercer con mayor rigor la función contralora legislativa en el sistema
Situación del derecho al refugio
Según cifras de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), en todo el mundo existen 9,9 millones de refugiados y 24,5
millones de desplazados internos. Según cifras de la agencia, el conflicto armado en
Colombia ha obligado a 3 millones de personas a dejar sus hogares y a 500 mil a
cruzar la frontera de su país374
. En este sentido, Venezuela, país que ha recibido desde
1940 una gran cantidad de personas en búsqueda de protección y una mejor calidad
de vida, se convierte en eje principal de análisis en cuanto a refugio se refiere, toda
vez que brinda condiciones que permiten al refugiado asentarse de manera segura en
el territorio nacional375
De acuerdo con ello, este breve informe está enfocado en describir las acciones
institucionales respecto de las obligaciones internacionales del Estado venezolano, y
los aspectos principales que caracterizan la situación del derecho durante 2008. Como
parte de ese esfuerzo, se reseñan las actuaciones que la Defensoría del Pueblo llevó a
cabo, a los fines de promover, defender y vigilar el derecho al refugio y de los
refugiados y refugiadas en el país.
Acnur en Venezuela
El proceso de refugio que se implemente en Venezuela desde hace algunos años, ha
propiciado la colaboración del Acnur en diferentes actividades, a fin de fomentar el
respeto y la solidaridad con las personas que solicitan asilo o refugio al Estado
Las cifras del Acnur, emanadas de un estudio sobre fronteras realizado en conjunción
con institutos de estadística y otras instituciones nacionales, revelan un estimado de
200 mil personas en necesidad de protección internacional que han ingresado a
Venezuela en los últimos años y que se encuentran en el país376
. De esta cantidad, el
95% son mujeres y hombres colombianos que se han visto forzados a cruzar la
frontera de su país para evitar una muerte segura o el reclutamiento forzado de sus
hijos, a consecuencia del conflicto armado. En palabras de Enrique Valles, Jefe de la
Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
se encuentran favorecidos por las políticas del Estado venezolano, entre las que se
cuentan las misiones, así como por las circunstancias que encuentran en las
comunidades de acogida377
Durante 2008, las instituciones y organizaciones del país, con la cooperación del
Acnur, han logrado avanzar en la promoción del derecho al asilo y refugio, a través
de diversas actividades, entre las que la más relevante es una campaña de
sensibilización y de información acerca de la situación de los refugiados en
http://www.mci.gov.ve/noticias/1/179160/agencia_de_la.html. Consulta 27 de enero de 2009.
375 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce y garantiza el derecho al asilo y refugio en su artículo 69.
377 Ídem.
Venezuela, dedicada en especial a miles de colombianos y colombianas que han
llegado al país en la última década378
La campaña, denominada ¿Que harías...?, promovió la organización de 250
estudiantes y la impresión de 100 vallas móviles, en las ciudades de Caracas,
Maracaibo, San Cristóbal y Guasdualito, por ser estas donde residen la mayoría de las
personas refugiadas y donde la Acnur cuenta con oficinas de atención a personas en
necesidad de protección internacional. Entre otros objetivos, esta iniciativa se planteó
disminuir la estigmatización y promover valores que refuercen la integración de
refugiados y refugiadas en Venezuela, y a motivar a quienes no lo han hecho a acudir
a los organismos competentes a registrarse para hacer valer su derecho a la protección
internacional; así como a crear en las universidades una red de agentes
multiplicadores de información sobre la situación del refugio en Venezuela y los
derechos asociados379
En 2008, se produjeron avances significativos en la consolidación de la
institucionalidad pública orientada a dar respuesta a la problemática relacionada con
el derecho al refugio. La Conare hizo énfasis en la resolución de las solicitudes de
refugio de años anteriores; tramitó 124 solicitudes, siendo aprobadas sólo 72. que
engloban a 360 personas; y realizó acciones orientadas por el objetivo de asegurar los
derechos humanos de los solicitantes de refugio y refugiados.
Entre las actividades realizadas para promover el respeto de los derechos de los
refugiados, se cuentan cinco talleres dictados a través de sus Secretarías Técnicas en
los estados Apure, Táchira y Zulia, los cuales estuvieron dirigidos a capacitar a
funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad del Estado, con el apoyo del
Acnur y de la Defensoría del Pueblo, y con el fin de dar a conocer la legislación
nacional e internacional en materia de refugio, así como los derechos que tienen de
solicitantes y refugiados y refugiadas en Venezuela. La formación se orienta a
garantizar que las personas receptoras ejercen sus funciones, con la finalidad de
salvaguardar el derecho a la vida, libertad e integridad de todas las personas que
ingresen a territorio venezolano bajo esas circunstancias.
Entre otras actividades que cabe destacar, se encuentra la participación de la
Comisión Nacional para los Refugiados en el 59° período de sesiones del Comité
Ejecutivo del Acnur, celebrado en Ginebra-Suiza, del 6 al 10 de octubre de 2008.
Durante esta reunión, el Estado venezolano presentó sus logros en cuanto a la
aplicación de las disposiciones contenidas en el Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados, así como los avances con relación a la nota sobre Protección
Internacional, documento que evalúa el cumplimiento de las responsabilidades de los
Estados, de la Acnur y de los diversos asociados respecto a la protección de los
378 Minci. Agencia de la ONU para los refugiados inicia campaña en Venezuela. En: . 27 de
379 Ídem.
Capacidad Institucional de la Conare
A pesar de los avances en esta materia, es importante mencionar que la Conare
presenta limitaciones para brindar respuesta a la cantidad de solicitudes de refugio
recibidas, por cuanto adolece de la infraestructura necesaria y del personal requerido
en los estados fronterizos receptores de solicitantes de refugio. Estas limitaciones han
provocado lentitud en el proceso de revisión de las solicitudes y en la emisión de
documentos provisionales de identidad, lo que expone a muchos solicitantes a la
vulneración del principio de no devolución a su país de origen, en caso de ser
detenidos por autoridades venezolanas.
Los ciudadanos y ciudadanas que ingresan al país y solicitan la condición de refugio,
deben recibir, al momento de presentarse ante las autoridades de un estado, un
documento provisional de identidad con vigencia de 90 días, lapso en el cual la
Conare debe dar respuesta a la solicitud. No obstante, la Defensoría del Pueblo ha
recibido varias denuncias sobre demoras en la entrega de dicho documento, por lo
que ha determinado acciones en consecuencia.
Actuaciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando en favor de los solicitantes de refugio
y refugiados a nivel nacional, a través de las Defensorías Delegadas de los estados
fronterizos. En tal sentido, se han materializado esfuerzos en cuanto a su labor de
promoción y de recepción y procesamiento y atención de denuncias.
Desde la Defensoría Delegada del Estado Táchira, se han organizado y ejecutado
conjuntamente con el apoyo de la Secretaría Técnica para los Refugiados del Estado
Táchira, Acnur y Cáritas de Venezuela, las siguientes actividades de divulgación en
materia de refugio: ocho charlas, dos talleres y un foro, los cuales han sido dirigidos a
funcionarios y funcionarias de la Guardia Nacional; Onidex; Cicpc; Policía del
Estado e Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Vial.
Asimismo, la Defensoría Delegada del Estado Apure organizó con el Servicio Jesuita
al Refugiado y el Acnur cuatro talleres dirigidos a funcionarios y funcionarias, sobre
personas en situación de riesgo, violencia de género y protección internacional al
refugiado y Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y
los derechos de la mujer refugiada; y una charla dirigida a estudiantes de la
Universidad Bolivariana de Venezuela sobre mujer y violencia y situación de la
mujer refugiada. Además, se participó con un stand en la Feria por la Paz, organizada
por el Servicio Jesuita al Refugio, en la cual se entregaron trípticos y se compartió
con los refugiados y las refugiadas presentes, apreciando la artesanía y las vivencias
fotográficas que reflejaban su lucha por lograr la inclusión y la de sus familias.
En cuanto a la labor de defensa, las Defensorías Delegadas de los estados fronterizos
han brindando la debida orientación y asistencia a los solicitantes de refugio o
refugiados que acuden a las sedes, con el fin de obtener información sobre el
procedimiento de solicitud de refugio o de presentar alguna denuncia en particular,
bien por violación o amenaza de violación de sus derechos humanos. En tal sentido,
esta Institución recibió a través de la Defensoría Delegada del estado Amazonas, un
total de 15 casos, de la Defensoría Delegada del Estado Táchira 40 casos, de la
Defensoría Delegada del estado Zulia, 2 casos y de la Defensoría Delegada del estado
Apure un total de 2, los cuales se centraban en la vulneración a los derechos a la
integridad, libre circulación, petición, identidad y a acceder a los servicios públicos.
En cuanto a la labor de vigilancia, las Defensorías Delegadas de los estados Táchira y
Zulia, en virtud de las denuncias realizadas en contra de las Secretarías Técnicas por
presunta vulneración de los servicios públicos, procedieron a realizar una visita
institucional e inspección a las mencionadas oficinas, pudiendo constatar que las
sedes de ambas presentan problemas de infraestructura, seguridad, escasez de
recursos humanos, administrativos y materiales, lo cual dificulta en gran medida el
trabajo que deben desarrollar diariamente para la atención de los solicitantes de
refugio. Finalmente, la Dirección General de Servicios Jurídicos dictó un Instructivo
contentivo de las Directrices en materia de Refugiados o Refugiadas y Asilados o
Asiladas, con el fin garantizar que las actuaciones realizadas por las Defensorías
Delegadas estadales estén conforme a la normativa vigente en la materia.
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 artículo 69
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