Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920099%20.html
Timestamp: 2019-11-12 08:54:49+00:00

Document:
as201920099
Auto Supremo: 99/2019
Expediente: LP-82-18-S
Partes: Florinda Clavijo Coronel c/ Narcizo Marcelino Coaquira Atto, Emma Rendo Valencia y Edson Boris Coaquira Rendo.
VISTOS: Los recursos de casación presentados por Narcizo Marcelino Coaquira Atto y Edson Boris Coaquira Rendo de fs. 351 a 354 y de fs. 356 a 358 vta., respectivamente, contra el Auto de Vista Nº S-42/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 348 a 349, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de reivindicación seguido por Florinda Clavijo Coronel en contra de los recurrentes, la concesión de fs. 364, el Auto Supremo de Admisión Nº 652/2018-RA de fs. 370 a 371 y todo lo inherente;
El expediente de la presente causa ha sido objeto de reposición del primer cuerpo en mérito al Auto de 6 de octubre de 2015 (fs. 243), es por ello que las piezas procesales mencionadas en la presente resolución varían en cuanto a su foliación.
1. Florinda Clavijo Coronel, mediante memorial del 10 de febrero de 2014 (fs. 303 a 304 vta.), presentó demanda de reivindicación y pago de costas, daños y perjuicios en contra de Narcizo Marcelino Coaquira Atto, Emma Rendo Valencia y Edson Boris Coaquira Rendo, arguyendo que es legítima propietaria de un bien inmueble ubicado en la Urbanización Amig Chaco, Lote Nº 102, Manzana 101, sobre la calle 1 Nº 102 de la ciudad de El Alto, debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales, sin embargo los demandados en forma prepotente y abusiva se encuentran en posesión de su bien inmueble sin tener título de propiedad.
Admitida la demanda se citó a los demandados, los que contestaron de manera negativa interponiendo demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria (fs. 289 a 292 vta.).
2. El Juez Público Civil y Comercial Segundo de la ciudad de El Alto, pronunció Sentencia Nº 178/2016 de 7 de marzo, cursante de fs. 299 a 301 vta., declarando Probada la demanda de reivindicación y concedió el plazo de 10 días de ejecutoriada la resolución para restituir el inmueble a los legítimos propietarios bajo alternativa de ley, disponiéndose ejercer todas las acciones tendientes al uso, goce y disfrute de su derecho propietario y declara Improbada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria.
3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por los demandados Narcizo Marcelino Coaquira Atto, Emma Rendo Valencia y Boris Edson Coaquira Rendo, mereció el pronunciamiento del Auto de Vista Nº S - 42/2018, de 2 de febrero, que declara Inadmisibles los recursos de apelación de fs. 307 a 309 y 312 a 313 vta., manteniéndose firme y subsistente la Sentencia Nº 178/2016 de 7 de marzo de fs. 299 a 301 vta. de obrados. Con costas y costos a los apelantes en aplicación del art. 223.IV num. 1) de la Ley Nº 439.
El Tribunal de Alzada sostuvo que correspondía que la expresión de agravios de los apelantes esté destinada a cuestionar las conclusiones asumidas por el Juez A quo, señalando la norma cuya aplicación fue omitida o en su caso malinterpretada y/o cualquier otro aspecto o situación por la cual el Juez de la causa estuviera fallando de manera incorrecta. Sin embargo, las apelaciones formuladas se limitaron a sustentar en apreciaciones superficiales e imprecisas sobre la mala manera en que se habría tramitado el proceso, no se hizo una adecuada valoración de la prueba, que no se demostró la arbitrariedad en el caso presente, que es incongruente señalar que la posesión no es suficiente para declarar probada la usucapión, y que no se realizó la reposición del expediente extraviado. En mérito a lo señalado supra, el Tribunal de Alzada llegó la conclusión que se halla imposibilitado de resolver el fondo del recurso al no contar la apelación con relación de agravios a partir de los cuales pueda cuestionar normativamente lo resuelto por la Sentencia.
Se han planteado dos recursos de casación en la presente causa, el primero por Narcizo Marcelino Coaquira Atto (fs. 351 a 354), y el segundo por Edson Boris Coaquira Rendo (fs. 356 a 358 vta.), de la comparación efectuada en ambos recursos no existen diferencias sustanciales en cuanto al contenido de sus agravios, siendo similares, por lo que se extraen de manera conjunta y en calidad de resumen, los siguientes:
1. Acusaron que el Auto de Vista recurrido, al declarar inadmisible el recurso de apelación planteado ha efectuado una interpretación errónea utilizando como argumento la arbitrariedad con la que se habría detentado el bien inmueble, cuando se ha demostrado que han vivido por más de 17 años de manera permanente e ininterrumpida, sin utilizar violencia y menos la clandestinidad, dado que era de conocimiento público como de la actora. El Tribunal Ad quem ha realizado una aplicación indebida en tanto y en cuanto no ha observado la naturaleza del instituto de la usucapión, previsto en los arts. 149 y 150 del Código Civil, omitiendo realizar la fundamentación referida a la posesión de buena o mala fe, señalando los requisitos de la procedencia para la usucapión y no haber valorado la abundante prueba documental presentada.
2. Denunciaron la violación al debido proceso, al principio de legalidad y de seguridad jurídica generado por el Auto de Vista recurrido, en razón de la interpretación errónea al afirmar que los apelantes únicamente se limitan a sustentar los recursos en apreciaciones superficiales e imprecisas como la pérdida y desaparición de un cuerpo del proceso, sin embargo, se ha establecido que las 200 fojas jamás fueron repuestas y cuyas pruebas no fueron valoradas, dicha transgresión genera agravio en su condición de demandados, ya que se declaró improbada su demanda de usucapión, y la violación señalada ha sido convalidada con la emisión del Auto de Vista declarando inadmisible el recurso de apelación.
3. Arguyeron de la aplicación indebida de la ley mediante el Auto de Vista, cuando realizan una serie de razonamientos y valoraciones en base a los argumentos plasmados en el recurso, y posteriormente refieren que son incompetentes para pronunciarse sobre el recurso, utilizando para tal efecto el art. 265 del Código Procesal Civil erróneamente aplicado, toda vez que dicho precepto legal no tiene relación alguna con las reglas de la competencia y menos puede ser utilizada cuando incongruentemente asumen competencia para desmerecer, emitir razonamientos y valoraciones respecto a los puntos planteados, situación que genera vulneración al debido proceso, principio de legalidad e indebida aplicación de la ley.
Contestación al recurso por Florinda Clavijo Coronel.
Contestó señalado que los agravios formulados por los recurrentes no cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 271 y 274 nums. 2) y 3) del Código Procesal Civil, y asimismo debiendo indicar la forma en que se pretende que sea resuelta, en el caso de autos no existe dicha solicitud, por lo que, la demandante pide resolver declarando improcedente el recurso planteado.
III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.
En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo latino “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.
De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista ultra petita, cuando el Tribunal de Alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.
De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…
III.2. Del contenido del agravio en el recurso de apelación.
El art. 256 del Código Procesal Civil, señala: “La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con el objeto de que el Tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule”. En este sentido, la descripción del agravio tiene que ver con la expresión del perjuicio sufrido, que resulta ser lo que mide el interés que requiere como presupuesto para apelar.
Al respecto en el Auto Supremo Nº 238/2018 de 4 de abril, en la parte de la fundamentación al considerar la naturaleza del agravio expresó lo siguiente:
“Por lo que el Tribunal de Alzada, al disponer la inadmisibilidad del recurso de apelación, ha vulnerado el art. 256 del Código Procesal Civil, ya que del contenido del memorial de apelación se evidencia que el mismo contiene agravios. El agravio conforme el art. 256 de la Ley 439, se entiende como la expresión del perjuicio material o moral mediante el cual el recurrente realiza una crítica expresa y razonada del por qué considera que la resolución impugnada es equívoca, en función a dicho agravio el tribunal de apelación debe emitir una resolución motivada y fundamentada conforme el mencionado artículo. En dicha fundamentación y motivación debe expresar la razón jurídica y lógica por la que considera acoger o denegar el agravio acusado, la respuesta del agravio importa el cumplimiento de dar una contestación al derecho de petición conforme al art. 24 de la Constitución Política del Estado.
Al momento de considerar el agravio el Tribunal de alzada debe asumir que el objeto del proceso es la efectividad del derecho reconocido por la ley sustantiva, lo que implica que debe ingresar a considerar el fondo del problema”.
La impugnación en los procesos judiciales se encuentra garantizada por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, y además por el art. 256 del Código Procesal Civil, por lo que los jueces y tribunales deben dar respuesta preferente en el fondo acorde a las pretensiones de las partes, lo contrario infringe el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso en su elemento a la impugnación que debe regirse por el principio de pro actione, mismo que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnatorios, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados.
De antecedentes se tienen los recursos de apelación de fs. 307 a 309 y de fs. 312 a 313 vta., que son similares en su contenido, de los cuales se identifican tres agravios contra la Sentencia Nº 178/2016 de 7 de marzo.
El primer agravio se circunscribe a un resumen de la Sentencia dictada en la presente causa, donde manifiesta que no se realizó una adecuada valoración de los elementos de prueba en observancia de la sana crítica, objetividad y fundamentalmente tomar en cuenta los datos objetivos omitiendo elementos de prueba y vulnerando el principio de objetividad y del debido proceso previstos en los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado.
El segundo agravio hace referencia a la vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso, igualdad de partes, tutela jurídica efectiva, seguridad jurídica y legalidad, exigiendo de la Sentencia coherencia y congruencia en su contenido haciendo mención al Auto Supremo Nº 489 de 9 de agosto de 1994 y además en cuanto a la arbitrariedad jamás se ha demostrado, más al contrario se ha tomado convicción que los demandados tienen una posesión legítima y pacífica por más de 17 años de manera continua e ininterrumpida. Asimismo, insisten los recurrentes en que el juez se apartó de los principios rectores previstos en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, incluso aludiendo a los cinco presupuestos para la procedencia de la usucapión decenal (justo título, buena fe, posesión tranquila ininterrumpida y continua, y haber transcurrido diez años), pese haber tomado convicción que el A quo sostienen que no son suficientes para acreditar la posesión. De este modo los recurrentes refieren contar con pruebas consistentes en facturas de COTEL, que devienen desde el año 1997 y denuncian falta de congruencia en la Sentencia no condiciendo con los datos objetivos del expediente.
En el tercer agravio reclaman la reposición del primer cuerpo que no se hizo efectiva, no habiendo pronunciamiento alguno respecto a todo el contenido de esas 200 fojas.
Los tres agravios mencionados supra fueron detallados en el Auto de Vista recurrido (fs. 348 a 349), indicando como puntos de agravio “idénticos”, haciendo referencia a los dos recursos planteados. Sin embargo, en la parte de la fundamentación, el mismo Tribunal Ad quem de manera incongruente manifiesta que los recursos no cuentan con una relación de agravios a partir de los cuales pueda cuestionar normativamente lo resuelto por la Sentencia apelada resultando incompetente, en consecuencia resuelve declarar inadmisibles los recursos planteados.
Los recurrentes en la presente causa ejerciendo su derecho a recurrir plantean sus recursos de casación en contra del Auto de Vista Nº S-42/2018 de 2 de febrero haciendo hincapié en su agravio tercero sobre la vulneración grosera en la aplicación de la ley, cuando de manera incongruente utilizando el art. 265 del Código Procesal Civil, erróneamente aplicado vulneran el debido proceso y principio de legalidad.
En este entendido, el art. 265.I del Código Procesal Civil señala que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, estos presupuestos se tienen cumplidos en los dos recursos de apelación que cuentan con agravios, y estos debieron ser considerados por el Tribunal de Alzada y no desestimar el examen correspondiente, ya que la apelación solo debe resolver conforme a la expresión de agravios o perjuicio que la Sentencia ha causado al apelante.
En el presente caso al haber resuelto el Auto de Vista inadmisibles los recursos de apelación, se advierte el quebrantamiento de la congruencia y coherencia en cuanto a considerar los agravios planteados.
Por otro lado, conforme al art. 180.II de la Constitución Política del Estado, se encuentra garantizado el principio de impugnación en los procesos judiciales; dentro de ese contexto, tomando en cuenta que actualmente los principios que sustentan la potestad de impartir justicia como los principios procesales que rigen la jurisdicción ordinaria, como ser el principio de accesibilidad por el cual se entiende que la dirección a la justicia debe ser flexible, debiendo garantizarse en todas las etapas del proceso, incluyendo el recurso de apelación –al momento de considerar los agravios- solo de esa manera se garantiza que el proceso será cumplido con el mandato constitucional conllevando el principio del debido proceso, en su elemento al derecho a recurrir (derecho de impugnar una decisión que le cause lesión). Dichos principios se encuentran elevados a rango constitucional, son de preferente aplicación frente a las leyes adjetivas ordinarias de índole predominantemente rigoristas y ritualistas, y por consiguiente se debe realizar una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, para no restringir el acceso a la justicia.
Por lo que el Tribunal Ad quem, al declarar la inadmisibilidad de los recursos de apelación, ha vulnerado el art. 256 del Código Procesal Civil, ya que del contenido de los memoriales de apelación se evidencia que los mismos contienen agravios, por los que se entienden como la expresión del perjuicio material o moral, mediante el cual los recurrentes realizan una crítica razonada del por qué consideran que la resolución impugnada es equívoca y en función a dichos agravios el tribunal de apelación debe emitir una resolución motivada y fundamentada conforme el mencionado artículo. En dicha fundamentación y motivación debe expresar la razón jurídica y lógica por la que considera acoger o denegar los agravios acusados, la respuesta al agravio importa el cumplimiento de dar una contestación al derecho de petición conforme al art. 24 de la Constitución Política del Estado.
Al momento de considerar el agravio el Tribunal de Alzada debe asumir que el objeto del proceso es la efectividad del derecho reconocido por la ley sustantiva, lo que implica que debe ingresar a considerar el fondo del problema.
Con relación a la motivación consistente en explicar la solución que se da al caso concreto que se juzga, no bastando una mera exposición, sino que consiste en realizar un razonamiento lógico, entonces la resolución que se emite, debe mostrar tanto el propio convencimiento del Juez como la explicación de las razones dirigidas a las partes, ha de explicar el proceso de su decisión y las razones que motivaron ésta. Entonces se dirá que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad en la resolución, la falta de fundamentación comporta una resolución anclada fuera del ordenamiento jurídico. En conclusión la motivación es una prohibición de arbitrariedad.
En consecuencia, como ya se señaló supra, al constituirse el Tribunal de apelación en una instancia y para no dejar en indefensión a los apelantes, se infiere que el Tribunal Ad quem tiene la obligación de corregir todas aquellas omisiones incurridas y resolver los agravios planteados en el recurso de apelación
Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. art. 220.III. num. 1) inc. c) del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S - 42/2018 de 2 de febrero, cursante de fs. 348 a 349, pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo previo sorteo y sin espera de turno dictar una nueva resolución resolviendo las apelaciones de fs. 307 a 309 vta., y de fs. 312 a 313 vta., con la pertinencia del art. 265.I de la norma Adjetiva Civil.
En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura.

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