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Señores Juzgado Administrativo del Circuito (Reparto). Ciudad Referencia
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revise la iniciativa de entregar la recolección de basuras a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues estaría incurriendo en un posible monopolio
también tiene que tener en cuenta a los recicladores y a otros sectores
3.1. DEL SERVICIO DE ASEO
“exige que este posea una real autonomía, entendida como distanciamiento relativo respecto de los intereses sectoriales, presentes en la sociedad colombiana”
Estado, la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios
Artículo 4º. Verificación de la existencia de motivos para el otorgamiento de las áreas de servicio exclusivo.
1.3.7.8, se refiere a las condiciones que deben llenar los contratos
para el servicio de aseo, no podrá ser superior a los ocho (8) años
Juzgado Administrativo del Circuito (Reparto).
Referencia : Acción de Nulidad Simple contra el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.
ORLANDO PARADA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.443.205 de Bogotá, actuando en nombre propio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, me permito instaurar ante su despacho Acción Simple de Nulidad contra el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, "Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 yen los Autos números 268 de 2010,275 de 2011 y 084 de 2012.", representada actualmente por el Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego o por quien haga sus veces, con el fin de que en virtud de la competencia que a ustedes les otorga la ley, se ordene:
Que se declaré la Nulidad del Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, "Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 yen los Autos números 268 de 2010,275 de 2011 y 084 de 2012." toda vez que el acto, contraría la Constituciòn Política y la ley, en los términos que se expondrá a continuación, por éste ilegal, irregular e improcedente y por contener falsa motivación.
Que se decrete la suspensión provisional del Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, "Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 yen los Autos números 268 de 2010,275 de 2011 y 084 de 2012.", ya que de acuerdo al cotejo normativo se puede evidenciar que el acto administrativo trasgrede normas superiores ( Solicitud presentada en documento adjunto )
1. El Alcalde de Bogotá, Dr. GUSTAVO PETRO URREGO, fue elegido por votación popular el día 30 de octubre de 2011 tomò posesión ante el Juez Primero Civil Municipal el día 1º de enero de 2012.1
2. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, antes la UESP2, es una entidad del sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio, adscrita a la Secretaria del Hábitat, tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público.
3. Actualmente la UAESP garantiza la prestación del servicio de aseo a través de contratos de concesión celebrados por siete años con LIME, ATESA, Aseo Capital y Ciudad Limpia, contratos prorrogados por un año, como quiera que al darse inicio a la Licitación 001 de 2011, mediante Sentencia 724 de 2003 y Auto 268 de 2010 de la Corte Constitucional, fue suspendida y posteriormente dejada sin efecto.
4. Actualmente, la UAESP garantiza la prestación del servicio de Aseo hasta el 17 y 22 de diciembre de 2012, fecha de vencimiento de los contratos, para entrar al esquema de la libre competencia en los términos de la ley 142 de 1994 y de conformidad con pronunciamiento de la CRA3
5. La Administración Distrital anunció a la ciudad a través de los medios que la EAAB - ESP, una vez modificado su objeto estatutario4, entrará a prestar el servicio de limpieza, barrido y recolección de basuras de Bogotá como operador público en el marco de la libre competencia.
6. La UAESP celebró contrato interadministrativo con la E.A.A.B.– ESP el 11 de octubre de 2012, con el siguiente objeto: “Gestión y Operación del servicio público de aseo en el área de la ciudad de Bogotá D.C. en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva”, con el ánimo de entrar a cubrir el servicio de aseo en la ciudad a partir del 18 de diciembre de 2012. En contrato estipula cuantía indeterminada.
7. La E.A.A.B - ESP, informa que: “Somos una empresa pública prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. Nuestros 123 años de experiencia nos permiten abastecer, con una de las mejores aguas del continente, cerca de 1 millón 700 mil usuarios en la capital del país y prestar nuestros servicios a 11 municipios vecinos. Tenemos coberturas superiores al 99% en los 3 servicios que prestamos.” Y así mismo precisa su “Visión: Empresa de todos, con agua para siempre. Misión: Somos una empresa pública, comprometida con nuestros usuarios y la sociedad, dedicada a la gestión integral del agua con responsabilidad social empresarial.”5
8. La Contraloría Distrital, realizó pronunciamiento sobre el riesgo sobreviviente de la posible afectación al patrimonio público distrital, por las decisiones administrativas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y le advirtió al Alcalde de Bogotá la necesidad para que de manera concreta se adoptaran las medidas efectivas para lograr el cumplimiento de los fines del estado a través del proceso de Selección – Licitación pública para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá6. Así mismo se ha manifestado sobre el incumplimiento de la UAESP en los contratos de aseo y la modificación al objeto social de la EAAB- ESP.
9. La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública “…le advirtió a la administración distrital que debe tener en cuenta la normatividad antes de tomar decisiones sobre la recolección de basuras en Bogotá. La procuradora…. le recomendó al Distrito que revise la iniciativa de entregar la recolección de basuras a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues estaría incurriendo en un posible monopolio al entregar a un solo operador la recolección de basuras en Bogotá. La funcionaria explicó que el Distrito también tiene que tener en cuenta a los recicladores y a otros sectores que pueden participar en proyectos de recolección de basura.
De igual manera el Ministerio Público llamó la atención para que el Distrito revise el contrato con el que le entregaría la recolección de basuras a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.”7 El ente investigador, solicitó a la administración estudios de conveniencia y oportunidad e instó a celebración de mesas de trabajo para revisar la decisión a efectos de que revalúen sobre las decisiones dadas por la Corte Constitucional.8
10. La Superintendencia de Industria y Comercio, en reciente comunicado prensa, relacionado con la visita a la UAESP y la EAAB – ESP, señaló:
“1. La visita o inspección realizada a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP durante el día de hoy, tienen como único propósito la recolección de información y documentos públicos que reposan en soportes físicos y tecnológicos en dichas entidades, con el fin de incorporarlos como elementos probatorios en la investigación preliminar que adelanta la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad encargada de velar por la libre competencia en los mercados.
2. La investigación referida se circunscribe a lo que la ciudadanía y el país conocen públicamente, en relación con la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá.
3. La investigación se inició el 2 de noviembre de 2012 y en ella se ha ordenado, para los fines pertinentes, la visita e inspección de varias entidades públicas y privadas entre ellas la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y los operadores a servicio de aseo.
4. Las funciones de vigilancia y control de la libre competencia, así como la facultad para practicar pruebas, visitas e inspección a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentran amparadas por el artículo 15 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2153 de 1992, la ley 1340 de 2009 conocida como nuevo Régimen de la Competencia en Colombia y el Decreto 4886 de 2011.” 9
11. Ad portas a la terminación de los contratos suscritos con los operadores actuales que prestan el actual servicio de aseo para la ciudad, el cual será asumido por la EAAB-ESP, en virtud del contrato celebrado con la UAESP el pasado mes de octubre de 2012, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012, "Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010,275 de 2011 y 084 de 2012" en el que adopta el esquema de prestación del servicio público de manera transitorio, para atender el plan de inclusión de la población recicladora, hasta que se adjudique los respectivos contratos de concesión una vez otorgadas las Areas de Servicio Exclusivo - ASE, para ello, faculta a la EAAB ESP de subcontratar. Así mismo restringe el acceso al relleno sanitario y contempla disposiciones a favor de lo recicladores y del reciclaje.
12. El Decreto 564 de 2012, fue publicado con Registro Distrital No. 5022 del 10 de diciembre de 2012 y aparece en la página web:
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/scripts/cgiip.exe/WService=mstoragebr/msrngo.w
De conformidad con los anteriores antecedentes y como se precisará a continuación, la decisión adoptada por el Sr. Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C., es contraría disposiciones de orden Constitucional y legal, y desconoce el contenido de los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional en sede de tutela, por cuanto no solo desconoce los fines de la función administrativa consagrados en la Carta, sino que justifica el abuso de la posición dominante y pone el riego del patrimonio de la ciudad, so pretexto de dar cumplimiento a un fallo Constitucional. Por ello, acudo a su despacho a través de la acción incoada para lo cual se puntualizará mas adelante, previa narración de los antecedentes que preceden a la expedición del acto acusado, en los siguientes términos:
El Artículo 1 de la Ley 632 de 2000 y el Artículo 1 de la Ley 689 de 2001, establecen que el servicio público de aseo “es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos” y definen que también aplica a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente, se establece como actividades complementarias o adicionales del servicio público de aseo, el corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento10.
El Artículo 1 del Decreto 1713 de 2002 y 891 de 2002, reglamentarios de las Leyes 142 de 1994, 632 de 2000, 689 de 2001, definen el servicio público domiciliario de aseo como “la modalidad de prestación de servicio público domiciliario de aseo para residuos sólidos de origen residencial y para otros residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la capacidad de la persona prestadora del servicio de aseo y que no corresponden a ninguno de los tipos de servicios definidos como especiales” (negrilla fuera del texto original). Así mismo, dicho artículo, establece que el servicio público domiciliario de aseo está compuesto por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades y comprende las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, y disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades (negrilla fuera del texto original)11.
De otra parte, el Decreto 1713 de 2002 y el Decreto 891 de 2002 definen el servicio especial de aseo como el “relacionado con las actividades de recolección, transporte, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio”y en su orden, que “Incluye las actividades de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas” (negrilla fuera del texto original).
De acuerdo con la guía metodológica de costos y tarifas para el servicio de aseo, “la Resolución 351 de 2005 no reconoce un costo explícito sobre las actividades complementarias (corte de césped, poda de árboles y lavado de vías y áreas públicas), ya que su costo puede ser pactado libremente entre el municipio, como usuario de este servicio, y el prestador. El costo de estas actividades puede ser incluido en la tarifa del servicio público de aseo siempre y cuando no se sobrepasen los valores techo establecidos por la CRA”12
El servicio de aseo en el país ha tenido diferentes etapas que muestran una evolución que va desde un sistema de intervención estatal a uno de libre competencia en aras de una mejor prestación del servicio de aseo.
La primera etapa es la previa a la Constitución Política de 1991, en donde la prestación del servicio la cubría directamente el Estado en desarrollo de los postulados de los Decretos 1050 y 3130 de 1968. De acuerdo con Uribe Botero, “Los servicios públicos en Colombia antes de la expedición de la Constitución de 1991 eran prestados bajo la figura de monopolio estatal. Es decir, tradicionalmente el Estado era el único prestador de los servicios públicos, a través de empresas estatales o a través del otorgamiento de concesiones. En éste último caso la titularidad de la prestación del servicio se conservaba en cabeza del Estado”13
La Constitución de 1991 da un giro fundamental al enfoque con el cual el Estado asume el cumplimiento de los fines que se le atribuyen, se le“exige que este posea una real autonomía, entendida como distanciamiento relativo respecto de los intereses sectoriales, presentes en la sociedad colombiana”,lo que traduce que el Estado no es un monopolizador de la prestación y/o generación de servicio sino que es la institución encargada de “vigilar y orientar las prácticas sociales en función de objetivos socialmente compartidos”14.
En virtud de esta perspectiva, el artículo 365 señala que “los Servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”, siendo su deber “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio”, cuya prestación puede darse “por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”, dejando en manos del Estado, la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios, es decir, planteó un modelo de concurrencia y libre competencia, rompiendo con la tradicional titularidad pública para la prestación del servicio.
Igualmente, la Constitución Política en sus artículos 333 y 334 promueve y garantiza la libertad económica, la cual entraña la libre competencia, y se genera “cuando un conjunto de agentes económicos, en un marco normativo de igualdad de condiciones, participan o pretenden participar en un mercado determinado. Lo anterior bajo el supuesto de que no existen barreras de entrada y de salida, o que estos no tienen el potencial de disuadir la entrada o la salida, y que no existen otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita. En este sentido, los artículos 333 y 334 de la Constitución Política reconocen y garantizan la libre competencia como expresión de la libre iniciativa privada en aras de que las personas realicen actividades de naturaleza económica. Para que así ocurra, el Estado debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes, cuando ello sea de hecho posible, debe evitar la conformación de monopolios, y debe evitar que se presenten prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes por parte de las personas o de las empresas. Es pues deber del Estado procurar y garantizar que se presenten las condiciones para que los agentes económicos puedan actuar en el marco de la libre competencia”15.
En virtud de lo anterior y en desarrollo del artículo 367 de la Carta Magna, el legislador desarrolló la normativa sobre los servicios públicos domiciliarios, enmarcando la prestación del servicio de aseo bajo la libre competencia; sobre el particular Uribe señala “La Ley 142 de 1994 contiene el régimen de servicios públicos. Este es aplicable a los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telecomunicaciones, entre otros. El principal propósito de la ley fue estimular formas de gestión de las empresas y prestación de los servicios que garantizaran la eficacia y la eficiencia económica en la prestación de los servicios públicos”. (negrilla fuera del texto original).
En este nuevo marco legal se “promueve la prestación de los servicios a través de empresas especializadas de naturaleza pública, mixta o privada, sometidas al mismo régimen en condiciones de igualdad”16, quedando para las entidades territoriales y específicamente para los municipios y Distritos una responsabilidad residual (art. 6, Ley 142 de 1994), teniéndose que “(…)sólo por excepción el municipio puede prestar el servicio directamente, es decir, sin necesidad de constituir una empresa especializada”17.
Esta normativa conllevó a la definición de dos modalidades para la prestación del servicio de aseo, definidas en el artículo 9 de la Ley 632 de 2000, así:
El esquema de la libre competencia y concurrencia de prestadores del servicio: “es un esquema típico de mercado”18. Según el decreto 891 de 2002, artículo 2, es “un conjunto de criterios, procedimientos y parámetros para la aplicación, por parte del municipio o distrito, de acciones estratégicas y mecanismos que estimulen dentro de su territorio la concurrencia de oferentes para realizar la gestión del servicio público de aseo y con los cuales se garantice el derecho de todas las personas a organizar y operar empresas que, en igualdad de condiciones, tengan por objeto la prestación de este servicio y sus actividades complementarias, y del usuario de escoger libremente el prestador del mismo, dentro de los límites de la Constitución y la ley”.
Asignación de áreas de servicio exclusivo, mediante la celebración de contratos de concesión, previa la realización de licitación pública: “esquema de competencia por el mercado”19. Según el Decreto 891 de 2002, artículo 2, el ASE es “el área geográfica otorgada contractualmente por los municipios y distritos a una persona prestadora del servicio público de aseo, mediante licitación pública, en la cual ninguna otra persona prestadora puede ofrecer los servicios y actividades objeto del contrato, durante un tiempo determinado, y cuya finalidad es asegurar la extensión de la cobertura del servicio a los usuarios de menores ingresos”.
En el marco de esta última modalidad, el Decreto 891 de 2002 reglamentario de la Ley 632 de 2000, asignó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA- la competencia para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en los contratos de concesión, en los siguientes términos:
“Artículo 4º. Verificación de la existencia de motivos para el otorgamiento de las áreas de servicio exclusivo. Previamente a la apertura de la licitación pública para la asignación de áreas de servicio exclusivo en la prestación del servicio público de aseo, los municipios y distritos deberán solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, la verificación de la existencia de los motivos que permitan la inclusión de áreas de servicio exclusivo en los contratos de concesión, de acuerdo con los lineamientos generales y condiciones a que éstos se encuentren sometidos y deberán aportar a la CRA los estudios que demuestren que el otorgamiento del área de servicio exclusivo es el mecanismo más apropiado para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a los usuarios de menores ingresos.”
De otra parte, en desarrollo de la competencia asignada a la CRA frente a las ASEs en el artículo 40 de la ley 142 de 199420, expidió la Resolución 151 de 2001, la cual en su artículo 1.3.7.8, se refiere a las condiciones que deben llenar los contratos de concesión en los cuales se incluya el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo a un empresario de servicios públicos, dentro de las cuales señala en el literal f que “El plazo que se pacte no puede ser indefinido y debe estar perfectamente determinado. En todo caso, para los servicios de acueducto y alcantarillado, no podrá ser superior a treinta (30) años; para el servicio de aseo, no podrá ser superior a los ocho (8) años” (negrilla fuera del texto original), al igual que la Resolución 351 de 2005, “por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones”
Solo en caso de darse cumplimiento al artículo 40 de la Ley 142 de servicios públicos se puede prestar el servicio mediante el modelos de ASEs, en caso contrario se debe desarrollar el modelo de libre competencia y concurrencia.
Prestación del servicio de aseo en Bogotá
El proceso de prestación del servicio de Aseo Bogotá, ha pasado por tres etapas de la evolución institucional de la siguiente manera:

References: Artículo 4
 artículo 137
 artículo 15
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Resolución 
 artículo 365
 artículo 367
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 40