Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/33
Timestamp: 2020-06-04 17:38:30+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 33/1981
SENTENCIA 33/1981, de 5 de noviembre
ECLI:ES:TC:1981:33
En el conflicto positivo de competencia, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, bajo la representación y defensa del Abogado don Manuel M.ª Vicéns i Matas, contra el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, en relación con el Real Decreto 405/1981, de 10 de marzo, que garantiza el funcionamiento del servicio público ferrocarril metropolitano y transportes urbanos de Barcelona, siendo Ponente el Magistrado don Jerónimo Arozamena Sierra.
2. En el escrito de planteamiento del conflicto se pide al Tribunal Constitucional que previos los trámites del caso dicte Sentencia «declarando que la titularidad de la competencia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña, anulando en consecuencia el Real Decreto dicho y cuantos actos dictados en ejecución del mismo originaron el conflicto en cuanto están viciados de incompetencias». Los hechos en que se funda la demanda son: A) Ante la situación de la huelga derivada de la negociación de los convenios colectivos de 1981, que afectó al personal del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A., y Transportes de Barcelona, S. A., el Consejo Ejecutivo de la Generalidad promulgó el Decreto 57/1981, de 11 de marzo (publicado el mismo día), estableciendo los servicios mínimos que deberán asegurarse: B) El mismo día 11 de marzo, el «Boletín Oficial del Estado» publicó el Real Decreto 405/1981, del día anterior, acordado en el Consejo de Ministros del día 6, por el que se dispone que cualquier situación de huelga que afecte al personal del ferrocarril metropolitano y transportes urbanos de Barcelona se entenderá condicionada a que se mantengan los servicios esenciales y, confiere al Gobernador Civil la facultad de determinar, con carácter restrictivo, el personal y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar la prestación de los servicios esenciales, así como que se realicen en condiciones de máxima seguridad; C) El Gobernador Civil, mediante resolución del mismo día 11 de marzo, comunicaba a las direcciones generales de la sociedad privada Municipal de Trarsportes, S. A., y la sociedad del Ferrocarril Metropolitano, S. A., y, simultáneamente, al Director General de Relaciones Laborales de la Generalidad los servicios mínimos que deban quedar asegurados en caso de huelga por parte de los trabajadores de las indicadas empresas; D) Al incidir el Real Decreto del Gobierno y el Decreto de la Generalidad sobre un mismo problema se revela la existencia de un conflicto de competencia sobre la Autoridad a la que corresponde dictar las medidas de garantía de mantenimiento de los servicios públicos; E) El Gobierno, en la contestación al requirimiento que es antecedente del presente conflicto, considera que el Real Decreto 405/1981 ha sido dictado en uso de las competencias que la Constitución Española le reconoce en materia laboral.
1º. Declaramos que la titularidad de la competencia controvertida en el presente proceso corresponde al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.
2º. Anulamos el Real Decreto 405/1981, de 10 de marzo, garantizando el funcionamiento del servicio público ferrocarril metropolitano y transportes urbanos de Barcelona.
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 197-1981
Fecha de resolución 05/11/1981
Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 405/1981 de 10 de marzo, que garantiza el funcionamiento del servicio público ferrocarril metropolitano y transportes urbanos de Barcelona
La Constitución Española atribuye al Estado la ordenación general en materia laboral, pues las Cortes Generales, y no las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, son las que ostentan la potestad legislativa en el ámbito de lo laboral. Las Cortes Generales tienen la función ordenadora del derecho de huelga, pues este derecho no consiente regulaciones diferenciadas, debiendo, por el contrario, ser objeto de regulación por Ley Orgánica, común para todos los españoles.
La regulación del derecho de huelga, y dentro de él, lo atinente a las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios, ha de hacerse por Ley respondiendo a unos criterios de igualdad (arts. 28.2 y 149.1.1. ª de la C. E.).
El derecho de huelga -como dijimos en la Sentencia de 8 de abril de 1981- puede ser objeto de restricciones cuando se trate de servicios esenciales, ya que de no restringirse podría causar graves perjuicios a la colectividad. El art. 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, tal como fue entendido en aquella Sentencia, pone en manos del Poder Público unos medios que han de estar dirigidos a garantizar mínimos indispensables para el mantenimiento de servicios que son esenciales a la Comunidad. La continuidad del servicio debe quedar asegurada en estos sectores, de modo que la huelga no puede ser total y un servicio mínimo debe quedar asegurado. El art. 10 citado atribuye al Gobierno y, en su caso, a las autoridades gubernativas dependientes, la apreciación en sede gubernativa-a salvo los controles jurisdiccionales ulteriores- de cuáles son esos servicios y, en función de los mismos y del alcance del conflicto, las restricciones al ejercicio del derecho de huelga. La salvaguarda de la exigencia vital de la colectividad presupone una estimación de la esencialidad del servicio afectado por la huelga.
La Admnistración que ostenta las competencias enderezadas a asegurar el buen orden del sector al que pertenece el servicio está naturalmente llamada de algún modo a participar en la decisión. Pero las medidas que se pongan en acción para asegurar el mantenimiento del servicio inciden en el ámbito de lo laboral, restringiendo derechos de los trabajadores, y suponen una intervención intensa en el conflicto, a cuyo remedio debe contribuir la Administración Pública facilitando soluciones conciliatorias o de mediación, o arbitraje.
Hay una consideración previa: la de definir cuál de las Administraciones Públicas es la investida de la responsabilidad y del poder que supone garantizar los servicios esenciales. Cuando se trata de servicios que considerados conjuntamente se comprenden en el área de competencias autonómicas (como son los de transporte dentro del territorio de la Comunidad, sin perjuicio, claro es, de las competencias municipales y metropolitanas en este sector), el velar por su regular funcionamiento corresponde a la titularidad y a la responsabilidad de las autoridades autonómicas. Si surgiera un conflicto laboral que pueda perturbar gravemente el servicio, hasta el punto de afectar a lo que se estima esencial, estará justificado, en lo que resulte preciso, la restricción del ejercicio del derecho de huelga, pero, a la vez, la restricción comporta que se faciliten soluciones conciliatorias o de arbitraje entre las partes en conflicto. La atribución de competencia a las autoridades autonómicas en materia de transportes, y las que tienen en materia de huelga y la de propiciar soluciones de los conflictos laborales, explican y justifican que la adopción de la medida que dice el art. 28.2 de la Constitución y, entendida en el marco constitucional, regula el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, corresponda a las autoridades autonómicas.
La competencia que aquí reivindica la Generalidad es para su Consejo Ejecutivo o Gobierno, órgano con funciones ejecutivas y administrativas y sujeto, entre otras, a responsabilidades políticas ante el Parlamento de la Generalidad. Las competencias que en materia de transporte y en el de los conflictos laborales asume este órgano de gobierno -también con autoridad de gobierno- explican que el texto del artículo 10, leído dentro de la actual organización política y administrativa, comprenda obviamente al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.
El que este Tribunal Constitucional (en las Sentencias 11/1981 y 26/1981) haya dicho que el sujeto de la atribución de las potestades del art. 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977 no es genéricamente la Administración Pública, sino aquellos órganos del Estado que ejercen las potestades de gobierno o, en otros términos, el Gobierno o aquellos órganos del Estado que ejerzan potestades de gobierno, no excluye a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, integrantes del Estado y dotados de potestades de gobierno.
Artículo 10.2, ff. 3, 4, 6
Artículo 28.2, ff. 1 a 3, 6
Artículo 61, f. 8
Artículo 11.2, ff. 1 a 3, 5
Real Decreto 3117/1980, de 22 de diciembre. Estatuto de los Gobernadores
Artículo 4 c), ff. 6, 7
Competencias en materia de transporteCompetencias en materia de transporte, ff. 5, 6
Gobiernos de las Comunidades AutónomasGobiernos de las Comunidades Autónomas, f. 6
Legislación laboralLegislación laboral, f. 2
Consejo ejecutivo de la GeneralitatConsejo ejecutivo de la Generalitat, f. 6

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 10

Artículo 28

Artículo 61

Artículo 11

Real Decreto 

Artículo 4