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Timestamp: 2018-12-10 21:41:23+00:00

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Orden de 31 de enero de 2001, de bases generales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión de ayudas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen actividades en el campo de la Cooperación Internacional para el desarrollo.
O.M. 31 enero 2001 rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 19 febrero).
A lo largo de los últimos años, se ha ido consolidando una política española de cooperación para el desarrollo, expresión de la creciente solidaridad de la sociedad española con otros pueblos menos favorecidos.
El proceso de consolidación de esta política ha culminado en la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ley de Cooperación) que ha hecho de la cooperación para el desarrollo una política pública con identidad propia, con presencia creciente, y en muchos casos decisiva, en nuestras relaciones con los países en desarrollo.
La Ley destaca en su capítulo VI, relativo a la «participación social en la cooperación internacional para el desarrollo», la importancia del sector no gubernamental y la necesidad de que su actividad sea fomentada por el propio Estado. Así, ha venido haciéndolo en los últimos años con un resultado ciertamente positivo, pues se ha producido en España un importante incremento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), que ha corrido paralelo al peso que ha ido adquiriendo la política de cooperación para el desarrollo. Las ONGD han crecido en número, en socios, en voluntarios y en recursos, paralelamente al sustancial incremento de su financiación por parte de la Administración General del Estado y de otras Administraciones Públicas. Así, se ha pasado de 3.100 millones de pesetas que el Ministerio de Asuntos Exteriores aprobó en 1993 para financiar proyectos presentados por las ONGD, a los aproximadamente 13.000 millones que se han aprobado en el año 2000. Estas cantidades no agotan ni mucho menos la financiación que reciben las ONGD: Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Fundaciones Públicas y Privadas y particulares se sienten también en la obligación de responder a la nueva sensibilidad del pueblo español hacia los países en desarrollo y dedican cantidades crecientes a la financiación de proyectos cuya ejecución confían a las ONGD.
Tras estos años de fomento de la acción no gubernamental en materia de cooperación para el desarrollo, puede considerarse que el sector y la actividad están consolidados y parece oportuno iniciar una etapa nueva de ordenación de estas actividades, una vez que el propio Gobierno ha puesto en marcha las previsiones de la Ley en materia de planificación de la cooperación (artículo 8) mediante un Plan Director de la Cooperación Española Cuatrienal (Plan Director), aprobado en el Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2000, el Plan Anual para el año 2001 y la elaboración de estrategias sectoriales y por países.
Estos instrumentales de planificación tienen el propósito de dotar a la cooperación española de unos objetivos y unas prioridades, así como de unas estrategias por países y por sectores que puedan ser comunes a todos los financiadores. En todo caso, deben serlo para las intervenciones de las ONGD que financia la propia Administración General del Estado.
Hasta ahora, el sistema de subvenciones en vigor estaba basado en la calidad individual de los proyectos. Este sistema de selección, aunque si duda ofrece garantías sobre los resultados previsibles, conduce también a una cierta dispersión en las actuaciones de la cooperación española.
Por ello, parece necesario reordenar este proceso y orientarlo, sin pérdida de la calidad técnica, hacia una confluencia con los objetivos y las prioridades establecidos por la Ley de Coopsración y por el Plan Director y con las propias acciones que realiza la cooperación oficial española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Esta reordenación favorecerá la concentración y el impacto de la cooperación española y potenciará, al mismo tiempo, la estabilidad en el ámbito de las ONGD, consolidando aquéllas que por su dimensión, implantación, profesionalidad y especialización lleguen a mantener, a través del nuevo sistema de subvenciones plurianuales, relaciones estables y continuas con la AECI. Para ello es necesario reformar las bases generales de 1996, definiendo tres tipos de subvenciones para las ONGD que, en sus respectivos ámbitos, puedan complementar la estrategia de la cooperación oficial española:
- Subvenciones para programas, con aquellas ONGD que ejecuten sus actuaciones en un país o en un sector determinado.
- Subvenciones para estrategias de cooperación para el desarrollo, con aquellas ONGD con capacidad para desarrollar intervenciones de alto impacto a largo plazo.
- Alto contenido social.
- Fomento de la participación social y consolidación democrática.
- Estar enmarcadas en el proceso de desarrollo económico y social de las comunidades receptoras de la ayuda.
- Promover la consecución de los principios que rigen la cooperación oficial que se plasma en la Ley de Cooperación, en el Plan Director en vigor y en el Plan Anual.
Haber obtenido un volumen de financiación, con cargo al programa de ONGD regulado en las bases generales de 1993 y 1996, por una cuantía mínima acumulada de seiscientos millones de pesetas en los últimos seis años, de acuerdo a las resoluciones de concesiones de las convocatorias publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», y haber gestionado adecuadamente dichos fondos, o bien, haber obtenido en los últimos seis años un volumen mínimo de recursos financieros privados destinados a la cooperación internacional para desarrollo de, al menos, tres mil millones de pesetas. Disponer de un plan estratégico global de la ONGD aprobado por el órgano directivo de la misma.
Las estrategias de cooperación para el desarrollo tendrán una duración máxima de cuatro años. La cuantía anual que podrá ser comprometida a través de esta subvención para cada estrategia no será superior a los mil millones de pesetas, ni inferior a los quinientos millones de pesetas.
Haber obtenido un volumen de financiación, con cargo al Programa de ONGD regulado en las bases generales de 1993 y 1996, por una cuantía mínima acumulada de 2.000.000.000 de pesetas en los últimos seis años, de acuerdo a las Resoluciones de Concesiones de las Convocatorias publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y haber gestionado adecuadamente dichos fondos, o bien, haber obtenido en los últimos seis años un volumen mínimo de recursos financieros privados destinados a la cooperación internacional para desarrollo de, al menos, diez mil millones de pesetas.
d) Documentación acreditativa de estar al día en las cotizaciones con la Seguridad Social, en las obligaciones tributarias con Hacienda e Impuesto de Actividades Económicas. Dicha acreditación deberá contemplarse tanto en el momento de la concesión como para las propuestas de pagos que tengan lugar en ejercicios posteriores de acuerdo a las Ordenes del Ministerio de Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.
h) En el supuesto de consorcios deberán presentar un acuerdo suscrito entre las ONGD que lo componen, donde conste, al menos, un único responsable jurídico ante la AECI y que pertenecerá a la ONGD que ostente la representación del consorcio, los objetivos para los que se constituye y los campos de actuación, niveles de participación de cada una de las organizaciones. Igualmente, constará, expresamente, el compromiso de todas las ONGD participantes de mantener la unión temporal por todo el tiempo necesario para ultimar la actuación subvencionada, así como la asunción de responsabilidad solidaria de todas ellas.
El Secretario general de la AECI será el Presidente de la Comisión.
En casos de vacantes, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El Director general de Cooperación con Iberoamérica y el Director general de Cooperación con Africa, Asia y Europa Central serán los Vicepresentes primero y segundo, respectivamente.
El Director general de Política Exterior para el Mediterráneo, Oriente Medio y Africa.
4. La Unidad gestora del programa presentará a la Comisión información resumida sobre el cumplimiento de los criterios de valoración y selección contemplados en el artículo 6, por parte de cada una de las intervenciones presentadas por las ONGD. Se encargará de recabar la información de la Dirección general de Cooperación con Iberoamérica y de la Dirección General de Cooperación con Africa, Asia y Europa Oriental sobre la complementariedad de las intervenciones presentadas por las ONGD respecto a la política oficial de la cooperación española a la vista de lo establecido en el Plan Director y el Plan Anual. Dicha información de las mencionadas Direcciones Generales incluirá el análisis realizado por las Embajadas de España o de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en los países donde se vaya a ejecutar la propuesta.
5. La Comisión deberá formalizar su propuesta final en el plazo máximo de dos meses desde el inicio de sus reuniones. El Presidente de la AECI adoptará y firmará, en su caso, la correspondiente resolución de concesiones de las subvenciones que serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
1. El Presidente de la AECI, una vez publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la resolución de concesiones, suscribirá con cada ONGD adjudicataria un Convenio de colaboración por cada una de las ayudas concedidas, en el que deberán constar, en todo caso, las obligaciones que contraen las partes intervinientes, plazos de ejecución, modalidad y forma de pago de la ayuda, cláusula anticorrupción de acuerdo a las directrices emanadas del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, y plazos y forma de justificación del gasto. Se adjuntarán como anejos al Convenio de colaboración los documentos de formulación de cada tipo de subvención, y en el caso de estrategias de cooperación para el desarrollo, además los correspondientes POA.
Estrategia de cooperación para el desarrollo: La ONG estará obligada a presentar una Memoria con información técnica y económica, que, a estos efectos, se entenderá como Informe de Seguimiento, sobre la ejecución del POA que se haya aprobado conforme a lo dispuesto al artículo 2.3.
La presentación de esta Memoria será previa a la firma del siguiente POA.
Los Informes de Seguimiento a que se hace referencia en los párrafos anteriores se remitirán a la Unidad gestora del programa, que será la responsable de dar el visto bueno como paso previo para sucesivos libramientos de fondos. Esta, asimismo, podrá realizar misiones de seguimiento al terreno para verificar el grado de cumplimiento de las actuaciones contenido en dichos informes.
Cuando durante la ejecución de la intervención acontezcan incidencias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la misma se considerán modificaciones sustanciales solamente aquellas que afecten a objetivos, resultados, población beneficiaria, ubicación territorial o socio local, y será necesario su solicitud motivada a la Unión gestora del programa y aprobación previa por la AECI.
Las intervenciones que se presenten por las ONGD podrán recibir subvención de la AECI hasta un máximo del 80 por 100 de su coste total.
El porcentaje restante corresponderá a aportaciones de la ONGD solicitante, de su socio local, de la población beneficiaria o de otros financiadores. Sólo se aceptarán valorizaciones de las aportaciones locales en las partidas de adquisición de terrenos, personal local y autoconstrucción de viviendas. En los casos de subvenciones para programas y para estrategias de cooperación para el desarrollo, la ONGD solicitante deberá realizar una contribución financiera mínima de acuerdo a los porcentajes que, en cada caso, se detallan en el artículo 2, apartados 2 y 3, de las presentes bases generales.
Para la debida difusión del origen de la subvención, las ONGD quedan obligadas, en todo caso, a incorporar de forma visible el logotipo oficial de la cooperación española (consistente en una letra C de color rojo, en cuyo interior figura un círculo de color amarillo y en la base del Logotipo figura la leyenda «cooperación española») y el escudo de España, todo ello en formato duradero y material resistente.
A los efectos de lo señalado respecto al requisito de la antigüedad que deben acreditar las ONGD se respetará la misma, si sufren una modificación, única y exclusivamente, en su forma jurídica de Asociación a Fundación, siempre y cuando se acredite este extremo en los Estatutos de la nueva entidad jurídica.
Las modificaciones accidentales no deberán contar con la aprobación de Unidad de ONGD, será suficiente su explicación en el correspondiente informe anual. Excepto las ampliaciones en más de tres meses o una segunda ampliación, en el plazo de ejecución que pasan a tener la consideración de modificación sustancial y por tanto deberán contar con la aprobación preceptiva.
Las presentes bases generales entrarán en vigor al día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 23
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2