Source: http://economiazero.com/tribunal-supremo-declara-la-nulidad-las-hipotecas-multidivisa/
Timestamp: 2018-11-19 20:45:17+00:00

Document:
« Declarado nulo el contrato de préstamo revolving de SANTANDER CONSUMER por intereses usurarios
Un consumidor se ahorra 5.375,05 € que le reclamaba COFIDIS en concepto de intereses, comisiones y gastos »
El Tribunal Supremo declara la nulidad de las “hipotecas multidivisa”
El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con fecha de 15 de noviembre de 2017 declara, definitivamente, la nulidad de los préstamos hipotecarios multidivisa.
Una hipoteca multidivisa, considerada por el Tribunal Supremo como un instrumento financiero complejo, es un préstamo hipotecario constituido en una moneda distinta del Euro (en el caso que nos ocupa, el Yen japonés). La cuota mensual del préstamo variará en función de los cambios que sufra la divisa en la que se constituyó el préstamo.
La complejidad de este tipo de productos, hace necesariamente que, existan mayores riesgos en comparación con lo que podríamos llamar una “hipoteca tradicional”.
Este elevado riesgo es lo que lleva al Tribunal Supremo a sentenciar que, las obligaciones de transparencia e información de la entidad financiera, en este caso Barclays, deben ser cumplidas de manera tal, que el consumidor pueda conocer perfectamente la complejidad del producto con la suficiente antelación.
Así, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que, ya no es solo es necesario que las cláusulas de este tipo de contratos estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el contratante pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.
La Sentencia, confirma la resolución dictada en Primera Instancia y declara la nulidad de todos los contenidos relativos a la opción multidivisa del préstamo hipotecario.
Gracias a esta resolución, todos los préstamos hipotecarios de este tipo, en los que la entidad financiera haya incumplido sus obligaciones de información y transparencia, generando para los prestatarios – consumidores un grave desequilibrio, podrán declararse nulos y sustituirse por un préstamo hipotecario en euros, donde el capital pendiente de amortizar se calculará restando las cuotas ya satisfechas por los consumidores, al capital inicialmente prestado por la entidad.
En este sentido, los consumidores demandantes, contrataron con Barclays una hipoteca multidivisa (con referencia al Yen japonés), donde el capital prestado fue de 260.755 €. Debido a la pérdida de valor del Euro frente al Yen, la letra mensual aumetó en mas de un 50% a la inicialmente pactada y, tras más de 4 años pagando sus cuotas, Barclays aún les reclama 404.323,94 euros.
La Sala condena a Barclays a sustituir este préstamo por una hipoteca en euros cuyo capital pendiente de amortizar sea la diferencia entre los 260.755 € inicialmente prestados y las cuotas que ya han sido satisfechas por los consumidores.
!!! RECLAMA LA NULIDAD DE TU HIPOTECA MULTIDIVISA CON ECONOMÍA ZERO !!!
Si tienes una hipoteca multidivisa, consigue la anulación de la cláusula multidivisa con el correspondiente recálculo de las cuotas a euros, es decir, recupera todo lo que has pagado de más y reduce la deuda que tengas pendiente con la entidad.
Entra en nuestro artículo Reclama la nulidad de tu Hipoteca Multidivisa con Economía Zero, para saber qué tienes que hacer para recuperar TODO TU DINERO.
Nº de Recurso: 2678/2015
Nº de Resolución: 608/2017
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2678/2015
Ponente: Excmo. Sr. D. XXXXXXX.
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. XXXXXXX.
TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil – PLENO –
Sentencia núm. 608/2017
D. XXXXXXX, presidente
D. XXXXXXX
Dª. XXXXXXX
Esta sala ha visto en Pleno, el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia 157/2015 de 14 de abril, dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 1201/2013 del Juzgado de Primera Instancia 84 de Madrid, sobre nulidad de préstamo hipotecario multidivisa.
El recurso fue interpuesto por D. XXXXXXX y D.ª XXXXXXX, representados por la procuradora D.ª XXXXXXX y asistidos por la letrada D.ª XXXXXXX.
Es parte recurrida Caixabank S.A., representada por la procuradora D.ª XXXXXXX y asistida por el letrado D. XXXXXXX.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. XXXXXXX.
1.- La procuradora D.ª XXXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXXX y D.ª XXXXXXX, interpuso demanda de juicio ordinario contra Barclays Bank S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia:
«[…] en la que:
a) Se declare la nulidad parcial del acuerdo suscrito en escritura pública, en lo que se refiere a las divisas, declarando así mismo de manera integradora que la cantidad adeudada es el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, resultante de disminuir al importe prestado de 260.755 euros la cantidad amortizada en concepto de principal e intereses también en euros, condenando a Barclays a estar y pasar por esta declaración corriendo con todos los gastos que de ella se derivasen.
b) Subsidiariamente, y para el caso de no estimarse la nulidad parcial de las referidas cláusulas, por considerar que no podría subsistir un préstamo convencional, interesa al derecho de esta parte que se declare la nulidad total del contrato de préstamo “multimoneda” con garantía hipotecaria suscrito por las partes en escritura pública en fecha 31 de julio de 2008 y se condene a la entidad a otorgar un préstamo hipotecario tradicional en euros aplicando las mismas condiciones pactadas en la escritura en relación con los intereses, que se fijan al LIBOR+ 0,82, para evitar que el fallo sea inejecutable, dado que las condiciones del mercado pueden imposibilitar que mis mandantes accedan a financiación externa para devolver la suma de principal que mi mandante se vería obligado a restituir por razón de la declaración de nulidad total.
c) Subsidiariamente se declare resuelto el contrato en su parte referida al instrumento financiero en el que consiste el mecanismo multimoneda con condena al pago en concepto de indemnización de los daños y perjuicios causados, consistentes en la pérdida sufrida por razón de dicho mecanismo hasta la fecha de sentencia siguiendo los criterios establecidos en la pericial aportada por incumplimiento de las obligaciones de diligencia y de buena fe que competen al banco y a la pérdida sobrevenida de causa del contrato.
A efectos de liquidación, se considerará que la cantidad adeudada es el saldo vivo de la hipoteca referenciada a euros, de acuerdo con la pericial aportada, restando de esta cantidad las cantidades en euros pagadas en concepto de principal e intereses desde aquella fecha, condonando por lo tanto el resto de la deuda que se haya incrementado por la variación de la paridad Yen/euros.
Las cantidades condonadas constituirán los daños y perjuicios sufridos por mis mandantes, condenando a Barclays a estar y pasar por esta declaración corriendo con todos los gastos que de ella se derivasen.
d) Subsidiariamente se condone parte de la deuda pendiente de pago, correspondiente a la modalidad en “multimoneda” en aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” o según las pautas indicadas anteriormente o mejor criterio del Juzgador, y eso en caso de que se considere que la entidad demandada no podía prever el cambio radical y sobrevenido de las circunstancias económicas que habían dado lugar a la suscripción del producto.
e) Se condene a la entidad demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento».
2.- La demanda fue presentada el 1 de octubre de 2013 y repartida al Juzgado de Primera Instancia 84 de Madrid y fue registrada con el núm. 1201/2013. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.
3.- La procuradora D.ª XXXXXXX, en representación de Barclays Bank S.A., contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa imposición de costas a la parte actora.
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia 84 de Madrid, dictó la sentencia 103/2014, de 12 de mayo, con la siguiente parte dispositiva: Estimo la demanda presentada por D. XXXXXXX y D.ª XXXXXXX contra Barclays Bank S.A., y en consecuencia:
a) Declaro la nulidad parcial del préstamo hipotecario suscrito por las partes en la escritura pública de 31 de julio de 2008 identificada en esta resolución, en todos los contenidos relativos a la opción multidivisa.
b) Declaro que el efecto de la nulidad parcial conlleva la consideración de que la cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, resultante de disminuir al importe prestado (260.755.- euros) la cantidad amortizada hasta la fecha, también en euros, en concepto de principal e intereses y que el contrato debe subsistir sin los contenidos declarados nulos, entendiendo que el préstamo que lo fue de 260.755.- euros y que las amortizaciones deben realizarse también en euros, utilizando como tipo de interés la misma referencia fijada en la escritura (LIBOR a un mes + 0,82), conforme a lo explicado en esta resolución.
c) Condeno a la demandada Barclays Bank S.A. a estar y pasar por las declaraciones anteriores y a soportar los gastos que pudieran derivarse de su efectivo cumplimiento.
d) Condeno a la demandada al pago de las costas procesales».
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Barclays Bank S.A. La representación de D. XXXXXXX y D.ª XXXXXXX se opusieron al recurso interpuesto de contrario.
2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 537/2014 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 157/2015 de 14 de abril, cuya parte dispositiva dispone:
FALLAMOS: Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de “Barclays Bank, S.A.U.” contra la sentencia de 12 de mayo de 2014 dictada en los autos civiles 1201/2013 del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid, revocando íntegramente esta resolución; acordando, en su lugar, desestimar la demanda formulada por la representación procesal de D. XXXXXXX y Dª. XXXXXXX contra “Barclays Bank S.A.U.” a la que se absuelve de todos y cada uno de los pedimentos en ella contenidos, condenando a los demandantes al pago de las costas surgidas en la instancia; sin hacer expresa imposición de las originadas en esta alzada.
La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido por la parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación
1.- La procuradora D.ª XXXXXXX, en representación de D. XXXXXXX y D.ª XXXXXXX, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue: «Único.- Por infracción procesal al amparo del ordinal 4 del artículo 469.1 de la LEC, citando como infringido el art. 24.1 CE, por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión como incompatible con un pronunciamiento judicial arbitrario, ilógico o irrazonable, habiéndose infringido el art. 218.2 LEC».
«Primero.- Infracción del art. 2.2 y del art. 79 de la Ley del Mercado de Valores y desarrollado en el Real Decreto 217/2008».
«Segundo.- Infracción del art. 6.3 del Código Civil».
«Tercero.- Infracción del art. 6.3 del Código Civil en relación con los art. 1266,
1265 y 1300 del Código Civil».
«Cuarto.- Oposición y desconocimiento en la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
En concreto infracción de la doctrina recogida en la sentencia 798/2007 de 11 de julio, y la 129/2012, de 5 de marzo, RJ 2010/390 que declaran que la nulidad de este contrato también se puede llegar por el dolo omisivo (art. 1269 CC). Documentos nº 6 y 7».
«Quinto.- Infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto de litigio: Infracción del art. 80.1 y 82 del TRLCU».
«Sexto.- Infracción del art. 79 LMV en tanto que se ha incumplido el estándar de diligencia y buena fe e información en materia de inversiones financieras y por tanto procede imputar la responsabilidad de los daños y perjuicios producidos a la entidad financiera».
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 31 de mayo de 2017, que admitió los recursos y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.
3.- Caixabank S.A., como sucesora de Barclays Bank S.A., presentó escrito de oposición al recurso.
4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo de Pleno el día 20 de septiembre de 2017.
5.- Antes del día señalado para la deliberación, votación y fallo del recurso, los demandantes presentaron un escrito en el que solicitaron que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
6.- El día señalado para la deliberación fue dictada providencia dando vista a las partes para que pudieran realizar alegaciones sobre la trascendencia que en la resolución del recurso pudiera tener la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada ese día en el asunto C-186/16, caso Andriciuc.
7.- Las partes presentaron sendos escritos realizando las alegaciones que tuvieron por convenientes.
Caixabank S.A. solicitó también que se planteara cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
8.- Una vez que fueron presentados los escritos, se reanudó la deliberación y se votó y falló el recurso.
1.- Los antecedentes más relevantes para analizar las cuestiones planteadas en los recursos han sido fijados en la instancia del siguiente modo:
i) D. XXXXXXX y Dª XXXXXXX, arquitecto y administrativa, de un lado, y Barclays Bank S.A. (en lo sucesivo, Barclays), de otro, concertaron un préstamo con garantía hipotecaria, con una duración de 28 años, documentado en escritura pública de 31 de julio de 2008.
La escritura fue redactada conforme a la minuta facilitada por Barclays, como se indica expresamente en la propia escritura, que añade que «contiene condiciones generales de la contratación».
Barclays no facilitó información por escrito a los prestatarios con carácter previo a la suscripción del préstamo. En concreto, no les facilitó folleto informativo ni oferta vinculante.
La comercial de Barclays que les atendió en la tramitación del préstamo carecía de los conocimientos necesarios para explicar adecuadamente la naturaleza y riesgos del producto ofertado porque no había recibido la formación necesaria para dar esas explicaciones.
ii) El préstamo se calificó como «préstamo multimoneda con garantía hipotecaria» y se concedió para refinanciar un préstamo hipotecario y un préstamo personal que los prestatarios habían concertado con anterioridad en euros.
Una pequeña parte del importe prestado se destinó a cubrir los gastos originados por la concesión del nuevo préstamo.
iii) Como importe del préstamo se declaró la cantidad de 44.346.603 yenes japoneses (JPY). El contravalor en euros (260.755 euros), que expresamente se fijaba en la cláusula de la escritura en la que se indicaba la cuantía objeto del préstamo, fue ingresado en la cuenta corriente de los demandantes y se destinó a cancelar los dos préstamos anteriores.
El cambio de yenes a euros se hizo al tipo de compra de divisa fijado por el banco.
iv) El importe de la cuota mensual se fijó inicialmente y hasta la primera revisión del tipo de interés en 161.084 JPY. Se previó que su importe variaría en función de las revisiones del tipo de interés (cláusula 2.ª-II.a) y que de no modificarse el tipo de interés, la cantidad a pagar comprensiva de la amortización de capital e intereses no sufriría variación alguna (cláusula financiera 2ª.II.g).
v) En la cláusula 2.ª.II.I se establecieron dos procedimientos de pago para el caso de que el préstamo estuviera representado en divisas.
Los prestatarios podían situar en el banco, con dos días hábiles de antelación, el contravalor en euros según el cambio vendedor de Barclays o, alternativamente, situar en el banco, el día de vencimiento de cada obligación de pago, un importe de la divisa en que estuviera representado el capital del préstamo igual al de la cuota de amortización.
Los prestatarios tenían sus ingresos en euros, por lo que utilizaron el primero de los procedimientos de pago, esto es, el pago en euros.
vi) El tipo de interés aplicable se fijó para el primer mes en el tipo nominal del 1,47 % anual (TAE en el 1,55 %).
Este tipo se revisaría mensualmente para fijarlo en el tipo de interés de referencia pactado (LIBOR a un mes) más un diferencial de 0,82 puntos porcentuales para las amortizaciones en divisas.
En la escritura no se contenía previsión expresa sobre la utilización de otro tipo de interés de referencia o de otro diferencial para el caso de que las amortizaciones se abonaran en euros, que se trató como si fuera una divisa más.
vii) La cláusula financiera 1.ª.I.c) estableció: «El presente préstamo se conviene en la modalidad de multimoneda, de forma que el préstamo podrá quedar representado en cada uno de los periodos de mantenimiento de moneda e interés en cualquiera de las monedas que se indican a continuación en tanto sean negociadas en el mercado de divisas de Madrid a solicitud del prestatario y con sujeción a las condiciones establecidas en el presente contrato: dólar USA, yen japonés, franco suizo, libra esterlina inglesa y euro.
La transformación de la moneda, en caso de que la parte prestataria elija en cualquiera de tales periodos una moneda distinta a la del anterior, no constituye novación o modificación alguna del préstamo.
La parte prestataria deberá reintegrar las cuotas comprensivas de pago e intereses en la moneda en que esté representado el préstamo en cada momento.
»Los cambios de moneda podrán realizarse únicamente en la fecha de inicio de cada uno de los periodos de mantenimiento de moneda e interés en que se divide la presente operación crediticia.
A tal fin, la parte prestataria deberá manifestar su voluntad al BANCO, suscribiendo el documento cuyo modelo figura como anexo de esta escritura y entregándolo en la oficina del BANCO reseñada en la cláusula 8ª de esta escritura con cinco días de antelación, cuando menos, a la expresada fecha de inicio.
»El principal del préstamo quedará representado en la nueva moneda elegida por la parte prestataria y el importe de ésta se obtendrá por la cotización que tenga la anterior moneda en que estuviera representado el préstamo en relación a la nueva moneda según los cambios de divisa que rijan en el Mercado Español de Divisas dos días hábiles antes de la fecha de inicio del periodo de mantenimiento de moneda y de interés en que haya de realizarse el cambio al cambio vendedor del BANCO en cuanto a la anterior moneda y al cambio comprador del BANCO respecto a la nueva moneda».
Los periodos de mantenimiento de moneda e interés tenían duración mensual. Para ejercitar la opción de cambio de divisa, los prestatarios debían estar al corriente en el pago de las cuotas del préstamo.
El cambio de divisa generaría la correspondiente comisión de cambio de moneda a favor del banco.
viii) Las anotaciones en la cuenta de los prestatarios se realizaron en euros.
ix) Entre las causas de resolución anticipada se establecieron en la cláusula financiera 6.ª bis.1. las siguientes: «f) Si el valor de tasación de la finca llega a ser inferior al 125% del contravalor en euros del principal del préstamo garantizado pendiente de amortizar en cada momento y la parte deudora no aumentara la garantía en el plazo de dos meses.» g) Si por razón de las fluctuaciones de los tipos de cambio y estar cifrado el nominal del préstamo en divisa, el contravalor calculado en euros del capital pendiente de amortización en cada fecha de pago de cuotas comprensivas de capital e intereses fuese superior en más de un 20% al resultado de aplicar al mismo importe el valor de cambio de la divisa […] salvo que el prestatario reembolsase la diferencia o, para cubrir la misma, ampliara la hipoteca con rango de primera o aportase otras garantías reales suficientes a juicio del Banco […]».
x) En la estipulación adicional 1.ª los prestatarios manifestaban conocer los riesgos derivados del cambio de moneda, al tener que devolverse el principal y los intereses en la moneda expresada en la cláusula 1.ª o en la que se eligiera en las sucesivas revisiones mensuales, y se añade: «En consecuencia, la parte prestataria asume, consciente y expresamente, todos los riesgos derivados de estar representado el préstamo en divisa, reconociendo haber recibido de Barclays Bank S.A. la información necesaria para la evaluación por la prestataria de dichos riesgos, exonerando expresamente a Barclays Bank S.A. de cualquier responsabilidad al respecto».
xi) En garantía de la devolución del préstamo se constituyó una hipoteca sobre la vivienda familiar de los demandantes, tasada en 738.104,10 euros como valor a efectos de subasta.
La responsabilidad hipotecaria se fijó en 325.943,75 euros (que era el contravalor en euros de la cantidad prestada, 260.755 euros, más un 25 % en aseguramiento de la fluctuación de la moneda) más los intereses pactados de seis meses, los de demora de dos años y otras sumas en concepto de gastos.
xii) El tipo de interés anual osciló entre un máximo de 1,75 % y el mínimo en el 0,93 %, aunque el tipo aplicable se ha situado de forma estable en el entorno del 0,93 % – 0,99 % desde el 31 de octubre de 2009.
xiii) Para hacer frente a la primera amortización mensual, los demandantes pagaron 1.019,66 euros (interés al 1,47 % anual). Como hitos significativos, en noviembre de 2009 este importe ascendió a 1.180,72 euros (interés al 0,97 %).
El importe en euros que los demandantes pagaron por cada cuota de amortización se mantuvo más o menos en esas cifras hasta mayo de 2010, cuando subió a 1.361,68 euros (interés al 0,98 %).
Una nueva subida significativa tuvo lugar en agosto de 2010, en que la cantidad pagada subió hasta 1.432,13 euros (interés al 0,96 %).
En junio de 2012 subió hasta 1.540,95 euros (interés al 0,96 %). La continua subida de las cuotas se ha producido por la depreciación del euro frente al yen, pese a la bajada del tipo de interés aplicable respecto del vigente cuando se concertó el préstamo.
xiv) La equivalencia en euros del capital pendiente de amortizar alcanzó un máximo de 404.323,94 euros el 24 de agosto de 2012. Esta cifra supone un 55% de incremento sobre la cuantía inicial. La equivalencia en euros del capital pendiente de devolución nunca ha disminuido durante la vida del préstamo con respecto a su equivalencia inicial en euros, pese al pago de las cuotas del préstamo comprensivas de capital e intereses.
xv) Ante la incapacidad de los demandantes para hacer frente al pago de las cuotas, desde julio de 2012 las partes iniciaron una negociación para modificar los términos del préstamo hipotecario, en la que provisionalmente acordaron que los demandantes pagarían una cuota mensual de 700 euros al mes.
Las negociaciones se prolongaron hasta septiembre de 2013 pero no fructificaron en un acuerdo definitivo.
xvi) En octubre de 2013, Barclays formuló demanda de ejecución hipotecaria contra los demandantes, con base en la hipoteca constituida en garantía del préstamo multidivisa, que dio lugar al procedimiento 400/2013 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Torrelaguna, en el que se despachó ejecución por un capital pendiente de amortizar de 293.802,19 euros, más los intereses ordinarios y de demora devengados y la cantidad calculada para intereses que pudieran devengarse durante la ejecución y costas.
xvii) Durante la tramitación del litigio se produjo la fusión por absorción de Barclays S.A. por Caixabank S.A. (en lo sucesivo, Caixabank).
2.- Los prestatarios presentaron la demanda contra Barclays que ha dado lugar al presente litigio el 30 de septiembre de 2013.
En ella solicitaron, como pretensión principal, la declaración de nulidad parcial del préstamo hipotecario en las cláusulas relativas a la denominación en divisa y al cambio de divisa y la declaración de que el importe adeudado era el resultado de reducir el capital prestado en euros (260.755 euros) en la cantidad ya amortizada en concepto de principal y de intereses.
Basaban la solicitud de nulidad parcial, en primer lugar, en el artículo 6.3 del Código Civil, por vulneración de normas imperativas, considerando como tales la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y los artículos 79 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores.
Como segundo fundamento de la nulidad parcial, la demanda consideraba que la cláusula multidivisa vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación porque no cumple los requisitos de concreción, claridad, sencillez, respeto al equilibrio y buena fe y conlleva, además, la asunción ficticia de los riesgos inherentes al producto, la falta de claridad y transparencia sobre los efectos de la cláusula y la previsión de causas de resolución anticipada por efecto del riesgo de cambio que solo se establecen a favor de la entidad bancaria.
Por último, se alegaba como causa de nulidad el dolo omisivo de la entidad bancaria y el error invalidante en el consentimiento prestado por los demandantes, al amparo de lo establecido en los artículos 1.265, 1.266 y 1.269 y concordantes del Código Civil.
Para el caso de que se estimara que el préstamo no podía subsistir sin la cláusula «multidivisa», se solicitaba de modo subsidiario la nulidad total del contrato y la condena a Barclays a otorgar un préstamo hipotecario tradicional en euros con un tipo de interés equivalente al Euribor más 0,82 puntos.
Con carácter subsidiario a la acción de nulidad, se ejercitaba una acción de resolución contractual por incumplimiento de las obligaciones de diligencia y buena fe de la entidad bancaria demandada, en su parte referida al derivado financiero, con la que se pretendía la condena a Barclays a indemnizar, en concepto de daños y perjuicios, la pérdida patrimonial sufrida sobre los criterios establecidos en la prueba pericial aportada con la demanda.
La última de las acciones ejercitadas, igualmente con carácter subsidiario, pretendía la condonación de una parte de la deuda pendiente de pago en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.
3.- En su contestación a la demanda, Barclays rechazó que la Ley del Mercado de Valores fuera aplicable al contrato, pues negó que la hipoteca multidivisa fuera un producto híbrido que encubriera un derivado, y consideró que la estructura y funcionamiento de los derivados son por completo ajenos al desenvolvimiento del préstamo.
Rechazó también que pudiera aplicarse la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, porque las cláusulas del préstamo habían sido negociadas individualmente y redactadas con respeto a los requisitos de claridad, sencillez y concreción.
Alegó que la anulabilidad basada en vicios del consentimiento tampoco podía prosperar porque no concurrían los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para la apreciación del dolo omisivo y/o del error en el consentimiento.
Respecto de la acción de resolución contractual, consideró que no concurrían los requisitos legales para el éxito de la acción, ya que Barclays cumplió todas las obligaciones impuestas por la normativa bancaria, la resolución parcial que se pretendía era jurídicamente inviable y la parte demandante había incumplido sus obligaciones de pago.
Finalmente, alegó que no concurrían los requisitos exigidos para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.
4.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia estimó la pretensión de nulidad parcial por las siguientes razones:
i) El índice de referencia, Libor, era casi desconocido para un cliente minorista por su escasa trascendencia en nuestros medios de comunicación y había sido objeto de actuaciones en varios países anglosajones por su manipulación.
ii) El riesgo de fluctuación de la moneda es un riesgo esencial con un impacto económico importantísimo sobre la vida del contrato. El prestatario tiende a pensar, salvo que se le explique lo contrario, que el capital que debe es la suma prefijada en euros y que solo se modificará a la baja al descontar las amortizaciones. Sin embargo, el capital es una representación en yenes de los euros recibidos que se recalcula cada mes en función del tipo de cambio.
iii) Con apoyo en el informe pericial aportado con la demanda, consideró que la determinación de la contraprestación a la que debían hacer frente los prestatarios funcionaba como un derivado implícito, lo que conllevaba la aplicación la Ley de Mercado de Valores al tratarse de un producto de los comprendidos en su artículo 2.2.
iv) La información precontractual escrita era inexistente. No se indagó en el perfil de los clientes ni se les realizó ningún tipo de test. La escritura en la que se formalizó el contrato de préstamo no proporcionaba información transparente y de calidad.
v) Los contenidos referidos a la opción multidivisa no superaban el control de trasparencia y debían reputarse nulos por abusivos. Afectaban a la vivienda habitual de los demandantes, que se encontraban en clara situación de desequilibrio ante el contenido de determinadas estipulaciones.
vi) Se vulneraban los artículos 89 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en lo sucesivo, TRLCU), 48 de la Ley 26/1988, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y la Orden de 5 de mayo de 1994, al no garantizarse la adecuada información y protección de los deudores hipotecarios, no entregarse el folleto informativo y tampoco la oferta vinculante. Se vulneraban también los artículos 79 y 79 bis de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008.
No obstante, como procedía declarar la nulidad solicitada por efecto de la abusividad, no se vinculaba dicha nulidad a la aplicación del artículo 6.3 del Código Civil, por tratarse de una cuestión jurisprudencialmente dudosa y no decisiva para el contenido de la resolución.
vii) Los hechos probados también acreditaban el error del consentimiento prestado por los demandantes y el dolo omisivo de la entidad bancaria en los contenidos relacionados con la multidivisa, si bien la fundamentación principal de la nulidad que se declara es la abusividad de esas cláusulas, por lo que no concurre la imposibilidad alegada por la demandada de aplicar la nulidad parcial de los contratos cuando se aprecian vicios del consentimiento.
viii) Procedía declarar la nulidad parcial del contrato, circunscrita a los contenidos relativos a la divisa, porque la nulidad total del contrato sería contraria a la finalidad de protección de los consumidores de la Directiva
93/13/CEE y la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13). El contrato permite entender que el préstamo lo fue de 260.755 euros y era posible que las amortizaciones se efectuaran en euros.
ix) Por esas razones, la sentencia, en su fallo, declaró la nulidad parcial del préstamo hipotecario «en todos los contenidos relativos a la opción multidivisa», lo que traía como consecuencia «que la cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, resultante de disminuir al importe prestado (260.755 euros) la cantidad amortizada hasta la fecha, también en euros, en concepto de principal e intereses y que el contrato debe subsistir sin los contenidos declarados nulos, entendiendo que el préstamo lo fue de 260.755 euros y que las amortizaciones deben realizarse también en euros, utilizando como tipo de interés la misma referencia fijada en la escritura (Libor a un mes + 0,82%)».
5.- Barclays apeló la sentencia. La Audiencia Provincial estimó el recurso.
Los principales argumentos que sirvieron de base a la decisión de la Audiencia Provincial son los siguientes:
i) El préstamo hipotecario con cláusula multidivisa en una moneda extranjera no puede conceptuarse como un instrumento o derivado financiero de los contemplados en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, en la redacción dada por la Ley 47/2007 que traspuso la Directiva 2004/39/CE y en consecuencia la normativa MIFID, ya que no es un valor negociable.
Se trata simplemente de una operación de préstamo en donde el capital del mismo se ha consignado en una moneda extranjera y por lo tanto lleva asociado un riesgo añadido, no sólo la subida o bajada de los tipos de interés, sino también las oscilaciones del tipo de cambio. No es, en consecuencia, un producto complejo.
ii) El doble riesgo, derivado de la fluctuación de la moneda y de la variación del tipo, puede ser paliado, mitigado o incluso suprimido con la posibilidad ofrecida al prestatario en el propio contrato de modificar su clausulado, optando en el plazo previsto (con la antelación de cinco días al de finalización de cada periodo de intereses) por cualquiera de la divisas pactadas. La sentencia literalmente declara:
«En definitiva, la declaración de nulidad pretendida y acogida en la sentencia de instancia, con los efectos a ella inherentes, pudo ser obtenida por los demandantes acudiendo a los objetivos y propios mecanismos que el contrato les ofrecía, (contrariamente al supuesto contemplado en la STJUE de 30 de abril de 2.014), desde el primer mes de su vigencia sustituyendo la divisa inicialmente seleccionada por cualquiera de las otras ofertadas, incluido el euro que, a su vez, conllevaba la referencia del Euribor; sin embargo, pese a la variación sufrida por el yen con respecto al resto de esas divisas y especialmente al euro, nunca acudieron a ese mecanismo, optando únicamente por solicitar una carencia en el abono de las correspondientes amortizaciones mensuales en abril de 2.012».
iii) La regla pacta sunt servanda exige que los contratantes cumplan sus obligaciones aunque les resulten más onerosas de lo que habían previsto, tanto por un aumento de los costes de la ejecución como por una disminución del valor de la contraprestación a que tuvieran derecho.
iv) En relación con la aplicación del principio rebus sic stantibus, la sentencia argumenta que para que sea aplicable la técnica de resolución o revisión del contrato se exige, entre otras condiciones, que la alteración de las circunstancias resulte imprevisible, lo que no acontece cuando la incertidumbre constituye la base determinante de la regulación contractual, como sucede en el caso litigioso y, puede ser paliada a través del mecanismo del cambio mensual de divisa.
6.- Los demandantes han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal basado en un motivo y recurso de casación basado en seis. Todos han sido admitidos.
7.- El día señalado para la deliberación, el TJUE publicó la sentencia de 20 de septiembre de 2017, asunto C-186/16 , caso Andriciuc.
La sala acordó dar un trámite de audiencia a las partes para que pudieran hacer alegaciones sobre la trascendencia de la doctrina contenida en esa sentencia.
Esta doctrina es de especial importancia para resolver el recurso puesto que se pronuncia justamente sobre la cuestión que, a juicio de este tribunal, resulta más relevante entre las varias planteadas en el recurso de casación, como es la de la transparencia exigible a las cláusulas relativas a la divisa en los préstamos hipotecarios denominados en divisa, como ya se apreciaba por la lectura de las conclusiones del Abogado General del TJUE sobre el asunto. Por tal razón se concedió el trámite de audiencia a las partes.
Como dicha sentencia será citada con frecuencia a lo largo del texto, nos referiremos a ella como la STJUE del caso Andriciuc.
SEGUNDO.- Formulación del recurso extraordinario por infracción procesal
1.- El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con este epígrafe:
«Por infracción procesal al amparo del ordinal 4 del artículo 469.1 de la LEC , citando como infringido el art. 24.1 CE, por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión como incompatible con un pronunciamiento judicial arbitrario, ilógico o irrazonable, habiéndose infringido el art. 218.2 LEC».
2.- Los argumentos en que se basa el motivo son, resumidamente, que la Audiencia Provincial ha prescindido de valorar de modo absoluto un medio de prueba que puede ser considerado fundamental y yerra al confundir las consecuencias económicas de la nulidad con las consecuencias del ejercicio de la opción de cambio de divisa y no toma en cuenta una serie de hechos no discutidos.
TERCERO.- Decisión del tribunal.
Desestimación del motivo 1.- No procede estimar el motivo porque la Audiencia Provincial no modifica los hechos fijados en la primera instancia. Lo que realiza es una nueva valoración jurídica de los mismos.
Que la Audiencia Provincial no tome en cuenta algunos de los hechos fijados en la instancia no es un error en la valoración de la prueba, sino una valoración jurídica consistente en no considerar relevantes algunos hechos y que enlaza directamente con las infracciones legales que son objeto del recurso de casación.
2.- La afirmación de la Audiencia Provincial consistente en que «la declaración de nulidad pretendida y acogida en la sentencia de instancia, con los efectos a ella inherentes, pudo ser obtenida por los demandantes acudiendo a los objetivos y propios mecanismos que el contrato les ofrecía […] desde el primer mes de su vigencia sustituyendo la divisa inicialmente seleccionada por cualquiera de las otras ofertadas», aunque ciertamente puede dar lugar a interpretaciones dispares, debe entenderse también como una valoración jurídica del alcance de los riesgos del préstamo más que como una afirmación de hechos concretos derivados de una valoración probatoria pues, como se ha dicho, la Audiencia Provincial no rectifica los hechos relevantes fijados por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia.
Tal afirmación debe contextualizarse, poniéndola en relación con otras partes de la sentencia, como la que afirma que el riesgo derivado de la fluctuación de la moneda puede ser paliado, mitigado o incluso suprimido con la posibilidad de cambiar de divisa que se ofrece en el contrato.
1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza así:
«Infracción del art. 2.2 y del art. 79 de la Ley del Mercado de Valores y desarrollado en el Real Decreto 217/2008».
2.- La infracción se habría producido por desconocer la Audiencia Provincial la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la naturaleza y normativa aplicable a este producto, recogida en su sentencia 323/2015, de 30 de junio, y en la sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48 S.L., asunto C-604/2011.
De tales sentencias resultaría que el préstamo hipotecario multidivisa es un instrumento financiero complejo, al contener un derivado implícito, y como tal, está sometido a la normativa Ley del Mercado de Valores.
Esta normativa habría sido infringida por Barclays, al no haber dado cumplimiento al protocolo informativo, evaluación de riesgos y clasificación de clientes exigido por esta ley en sus artículos 79 y siguientes.
3.- El segundo motivo del recurso de casación se encabeza así:
«Infracción del art 6.3 del Código Civil ».
5.- El sexto motivo del recurso de casación se encabeza así:
«Infracción del art. 79 LMV en tanto que se ha incumplido el estándar de diligencia y buena fe e información en materia de inversiones financieras y por tanto procede imputar la responsabilidad de los daños y perjuicios producidos a la entidad financiera».
QUINTO.- Decisión de la sala. El préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores.
Cambio en la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia 323/2015, de 30 de junio
1.- La sentencia del pleno de esta sala 323/2015, de 30 de junio, declaró que el préstamo hipotecario en divisas (y en concreto, la llamada coloquialmente «hipoteca multidivisa»), es un instrumento financiero derivado complejo, relacionado con divisas, y por tanto incluido en el ámbito de la Ley del Mercado de Valores.
Esta ley, tras la reforma operada por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, traspone la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (Directiva MiFID).
Consideran que la sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14 , no ha aclarado la cuestión, puesto que el préstamo objeto del litigio principal en que se planteó la cuestión prejudicial que dio lugar a esa sentencia no tiene las características del que es objeto de este recurso, por lo que el supuesto de hecho es diferente.
5.- No procede plantear la cuestión prejudicial por varias razones. La primera es que el Reglamento (CE) 1126/2008 no es relevante para resolver este recurso, no solo por razones temporales, sino también por razón de la materia sobre la que versa, la adopción de determinadas Normas Internacionales de Contabilidad.
6.- Que a efectos de las normas contables, concretamente de la NIC 39, un préstamo denominado o indexado en divisas constituya un instrumento financiero híbrido, al combinar un contrato principal no derivado y un derivado implícito en tanto que los flujos de efectivo del contrato principal se modifican de acuerdo con un tipo de cambio, no supone que constituya un instrumento financiero a efectos de la Directiva MiFID y del art. 2.2 de la Ley del Mercado de Valores.
La sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14 , ha afirmado que no lo es.
7.- Los Jueces y Tribunales deben aplicar el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 4.bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Dado que la cuestión de qué debe entenderse por instrumento financiero, producto o servicio de inversión a efectos de la aplicación de la normativa sobre el mercado de valores es una cuestión regulada por el Derecho de la Unión (en concreto, por la Directiva MiFID), este tribunal debe modificar la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia 323/2015, de 30 de junio, del pleno de esta sala, y declarar que el préstamo hipotecario denominado en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores.
8.- Lo anterior supone que las entidades financieras que conceden estos préstamos no están obligadas a realizar las actividades de evaluación del cliente y de información prevista en la normativa del mercado de valores.
Pero no excluye que estas entidades, cuando ofertan y conceden estos préstamos denominados, representados o vinculados a divisas, estén sujetas a las obligaciones que resultan del resto de normas aplicables, como son las de transparencia bancaria.
9.- Al no ser de aplicación la normativa sobre el mercado de valores, la sentencia de la Audiencia Provincial no infringe los arts. 2.2 y 79 de la Ley del Mercado de Valores, que es la infracción que se denuncia en los motivos primero y sexto.
Tampoco infringe el art. 6.3 del Código Civil en relación con el art. 79 de la Ley del Mercado de Valores, por las mismas razones.
10.- En todo caso, y a efectos de argumentar la improcedencia de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con el efecto que debiera vincularse a la vulneración de esas normas, que los recurrentes pretenden sea el de nulidad radical, la sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-604/2011, caso Genil 48. S.L., en su apartado 57, afirma que:
«si bien el artículo 51 de la Directiva 2004/39 prevé la imposición de medidas o de sanciones administrativas a las personas responsables de una infracción de las disposiciones aprobadas para aplicar dicha Directiva, esta no precisa que los Estados miembros deban establecer consecuencias contractuales en caso de que se celebren contratos que no respeten las obligaciones derivadas de las disposiciones de Derecho interno que traspone el artículo 9, apartados 4 y 5, de las Directiva 2004/39, ni cuáles podrían ser esas consecuencias».
En consecuencia, «a falta de normas sobre la materia en el Derecho de la Unión, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las consecuencias contractuales de la inobservancia de dichas obligaciones, respetando los principios de equivalencia y efectividad [vid Sentencia de 19 de julio de 2012, caso Littlewoods Retail (C- 591/10), apartado 27]».
El incumplimiento de los deberes de información que esta normativa impone a los bancos es relevante, como se verá más adelante, al realizar el control de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores.
12.- Respecto del derecho a la vivienda digna que se recoge en los arts. 17.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 47 de la Constitución, se trata de un derecho social de configuración legal.
No estando discutido que tal derecho se encuentra efectivamente desarrollado por el ordenamiento jurídico infraconstitucional aplicable en este litigio, y que este respeta su contenido esencial, no puede analizarse su infracción independientemente de la infracción de esas normas legales que los desarrollan.
2.- Los argumentos que se exponen en el desarrollo del motivo consisten, sucintamente, en que la sentencia de la Audiencia Provincial infringe el art. 80.1.a TRLCU y la jurisprudencia que lo interpreta, al no apreciar que las cláusulas cuestionadas no superan el control de incorporación.
Se alega que la sentencia infringe también el control de transparencia que exige el art. 4.2 de la Directiva 93/13, la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y Káslerné Rábai , asunto C-26/13) y la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, pues faltaba la información clara y comprensible sobre las consecuencias de las cláusulas multidivisa y estas no permiten conocer al consumidor su posición jurídica ni la carga económica que realmente asume.
Desestimación de las alegaciones relativas a la infracción de las normas sobre incorporación de las condiciones generales:
1.- En la demanda se ha ejercitado, entre otras, una acción encaminada a que se declare la nulidad parcial del préstamo hipotecario multidivisa, en concreto de las cláusulas relativas a la denominación en yenes, por ser abusivas, al no superar el control de transparencia.
Los demandantes no solicitaron que no se tuvieran por incorporadas tales condiciones generales sino que se declararan nulas por abusivas.
El debate tanto en primera como en segunda instancia se ha centrado en el control de abusividad de dichas cláusulas, y más concretamente en si superan el control de transparencia.
OCTAVO.- Decisión del tribunal (II). El control de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación del préstamo en divisa y al cambio de una divisa a otra.
2.- La sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14, que excluyó la aplicación de la normativa MiFID a este tipo de productos bancarios, declaró: «47. Dicho esto, es necesario señalar que algunas disposiciones de otros actos del Derecho de la Unión relativos a la protección de los consumidores pueden ser pertinentes en un asunto como el del litigio principal.
»48. Esto sucede, en particular, con las disposiciones de la Directiva 93/13 que instauran un mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema de protección de los consumidores que establece esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Kásler y Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, apartado 42)».
Ninguna de las sentencias de instancia hace mención a la existencia de tal negociación. En la escritura pública de préstamo hipotecario consta que fue redactada conforme a la minuta facilitada por Barclays y «contiene condiciones generales de la contratación». Tampoco consta que fueran los prestatarios quienes hicieran la selección inicial de la divisa en la que estaba representado el préstamo.
Sobre esta cuestión, el apartado 28 de la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2008, asunto C-279/06, caso Cepsa, con cita de otras sentencias anteriores, declara:
«Es preciso recordar que, en virtud del artículo 234 CE, basado en una clara separación de las funciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia, éste sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional, y que, en cambio, corresponde a éste aplicar las normas del Derecho comunitario a un caso concreto.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos del asunto principal ni para aplicar a medidas o a situaciones nacionales las normas comunitarias que haya interpretado, siendo dichas cuestiones de la exclusiva competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales […]».
8.- La objeción debe ser rechazada. Es innegable que en un contrato del que resulten obligaciones pecuniarias es necesario fijar la moneda en la que deben cumplirse las obligaciones de pago fijadas en el contrato.
Pero las cláusulas impugnadas en la demanda no se limitan a reflejar los preceptos legales invocados por la recurrida.
Tampoco la redacción concreta que se ha dado a esas cláusulas en la escritura pública y la ausencia de información precontractual y contractual sobre su trascendencia para la posición jurídica y económica de las partes en el desarrollo del contrato son consecuencia de la trasposición al contrato de esas normas legales.
Como consecuencia de lo expuesto, tampoco procede plantear una cuestión prejudicial como la solicitada por Caixabank sobre esta cuestión.
La interpretación de la naturaleza de las normas de Derecho interno no corresponde al TJUE.
Y en el apartado 38 añade: «[…] mediante un contrato de crédito, el prestamista se compromete, principalmente, a poner a disposición del prestatario una determinada cantidad de dinero, y este último se compromete, a su vez, principalmente a reembolsar, generalmente con intereses, esta cantidad en los plazos previstos.
Las prestaciones esenciales de este contrato se refieren, pues, a una cantidad de dinero que debe estar definida en relación con la moneda de pago y de reembolso estipulada.
Por lo tanto, como el Abogado General ha señalado en los puntos 46 y siguientes de sus conclusiones, el hecho de que un crédito deba reembolsarse en una determinada moneda no se refiere, en principio, a una modalidad accesoria de pago, sino a la propia naturaleza de la obligación del deudor, por lo que constituye un elemento esencial del contrato de préstamo».
12.- En concreto, el apartado segundo del fallo de la STJUE del caso Andriciuc, declara respecto de la exigencia de transparencia que se deriva del art. 4.2 de la Directiva con relación a un préstamo denominado en divisas:
«El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 ha de interpretarse en el sentido de que la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible supone que, en el caso de los contratos de crédito, las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes.
A este respecto, esta exigencia implica que una cláusula con arreglo a la cual el préstamo ha de reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se contrató debe ser comprendida por el consumidor en el plano formal y gramatical, así como en cuanto a su alcance concreto, de manera que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda no sólo conocer la posibilidad de apreciación o de depreciación de la divisa extranjera en que el préstamo se contrató, sino también valorar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras».
Dijimos en esa sentencia: «Al riesgo de variación del tipo de interés se añade el riesgo de fluctuación de la moneda. Pero, además, este riesgo de fluctuación de la moneda no incide exclusivamente en que el importe en euros de la cuota de amortización periódica, comprensiva de capital e intereses, pueda variar al alza si la divisa elegida se aprecia frente al euro. […]
El tipo de cambio de la divisa elegida se aplica, además de para el importe en euros de las cuotas periódicas, para fijar el importe en euros del capital pendiente de amortización, de modo que la fluctuación de la divisa supone un recálculo constante del capital prestado.
Ello determina que pese a haber ido abonando las cuotas de amortización periódica, comprensivas de amortización del capital prestado y de pago de lo intereses devengados desde la anterior amortización, puede ocurrir que pasados varios años, si la divisa se ha apreciado frente al euro, el prestatario no solo tenga que pagar cuotas de mayor importe en euros sino que además adeude al prestamista un capital en euros mayor que el que le fue entregado al concertar el préstamo.
»Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la adquisición de un activo que se hipoteca en garantía del prestamista, supone una dificultad añadida para que el cliente se haga una idea cabal de la correlación entre el activo financiado y el pasivo que lo financia, pues a la posible fluctuación del valor del activo adquirido se añade la fluctuación del pasivo contraído para adquirirlo, no solo por la variabilidad del interés, ligada a un índice de referencia inusual, el Libor, sino por las fluctuaciones de las divisas, de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los inmuebles adquiridos en España ha sufrido una fuerte depreciación, las divisas más utilizadas en estas “hipotecas multidivisa” se han apreciado, por lo que los prestamistas deben abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben ahora una cantidad en euros mayor que cuando suscribieron el préstamo hipotecario, absolutamente desproporcionada respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la suscripción de este tipo de préstamos».
En este sentido se pronunciaron las sentencias del TJUE de 21 de marzo de 2013 , asunto C- 92/11, caso RWE Vertrieb, párrafos 44 y 49 a 51, y de 30 de abril de 2014, caso Kásler y Káslerné Rábai, asunto C-26/13, párrafo 70.
También lo hace la STJUE del caso Andriciuc, cuyo apartado 48 declara: «Por lo demás, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.
El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información (sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C 92/11, EU:C:2013:180, apartado 44, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C 154/15, C 307/15 y C 308/15, EU:C:2016:980, apartado 50).
20.- Esta sentencia precisa cómo se concretan esas obligaciones de información en el caso de préstamos en divisas:
49. En el presente asunto, por lo que respecta a los préstamos en divisas como los controvertidos en el litigio principal, es preciso señalar, como recordó la Junta Europea de Riesgo Sistémico en su Recomendación JERS/2011/1, de 21 de septiembre de 2011, sobre la concesión de préstamos en moneda extranjera (JERS/2011/1) (DO 2011, C 342, p. 1), que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender al menos los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la moneda de curso legal del Estado miembro del domicilio del prestatario y de un aumento del tipo de interés extranjero (Recomendación A- Conciencia del riesgo por parte de los prestatarios, punto 1).
50. Así pues, como el Abogado General ha señalado en los puntos 66 y 67 de sus conclusiones, por una parte, el prestatario deberá estar claramente informado de que, al suscribir un contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista económico en caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos.
Por otra parte, el profesional, en el presente asunto el banco, deberá exponer las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera, sobre todo en el supuesto de que el consumidor prestatario no perciba sus ingresos en esta divisa.
En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar que el profesional comunicó a los consumidores afectados toda la información pertinente que les permitiera valorar las consecuencias económicas de una cláusula como la controvertida en el litigio principal sobre sus obligaciones financieras».
La escritura pública de préstamo hipotecario preveía que el ingreso del capital prestado en la cuenta de los prestatarios se haría, como se hizo, en euros, y fijaba el tipo de cambio aplicado para hallar la equivalencia del capital denominado en divisa (yen japonés) con el capital que se entregó efectivamente en euros, que era el tipo de cambio de venta de esa divisa que tenía fijado el banco.
Por tanto, el importe del capital del préstamo denominado en la divisa inicial, el yen japonés, era la equivalencia, al tipo de cambio fijado, del importe que los prestatarios necesitaban en euros.
Ante el impago de las cuotas, el banco dio por vencido anticipadamente el préstamo y fijó el saldo adeudado en euros. La cantidad en euros que Barclays reclamó en concepto de capital pendiente de amortizar, después de que los prestatarios hubieran estado pagando las cuotas mensuales de amortización durante varios años, superaba la cantidad de euros que fue ingresada en la cuenta de los prestatarios al concederles el préstamo.
Asimismo, el banco solicitó la ejecución de la hipoteca en euros, pese a que en nuestro ordenamiento es posible el despacho de ejecución en moneda extranjera (art. 577 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Esa información era necesaria para que los prestatarios pudieran haber adoptado una decisión fundada y prudente y pudieran haber comprendido los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la moneda en la que recibían sus ingresos.
Así lo declara la STJUE del caso Andriciuc, en sus apartados 49 y 50.
Sobre esta cuestión, es relevante el hecho de que al concertarse el préstamo, en cuyo momento el interés aplicable era del 1,47 % anual, los prestatarios pagaran una primera cuota mensual de 1019,66 euros mientras que en junio de 2012, pese a que el tipo de interés había bajado hasta el 0,96 % anual, el importe de la cuota mensual ascendiera hasta 1.540,95 euros.
Tales riesgos estaban relacionados con la facultad que se otorgaba al banco prestamista de resolver anticipadamente el préstamo y exigir el pago del capital pendiente de amortizar si, como consecuencia de la fluctuación de la divisa, el valor de tasación de la finca llegaba a ser inferior al 125 % del contravalor en euros del principal del préstamo garantizado pendiente de amortizar en cada momento y la parte deudora no aumentaba la garantía en el plazo de dos meses o si el contravalor calculado en euros del capital pendiente de amortización se elevaba por encima de ciertos límites, salvo que el prestatario reembolsase la diferencia o, para cubrir la misma, ampliara la hipoteca
33.- Por estas razones es esencial que la información que el banco dé al cliente verse sobre la carga económica que en caso de fluctuación de la divisa le podría suponer, en euros, tanto el pago de las cuotas de amortización como el pago del capital pendiente de amortizar al que debería hacer frente en caso de vencimiento anticipado del préstamo.
También debe ser informado de la trascendencia que para el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado del préstamo por parte del banco tiene la devaluación, por encima de ciertos límites, del euro frente a la divisa extranjera, porque supone también un serio riesgo para el consumidor que, pese a no haber incurrido en incumplimiento contractual, se vería obligado a devolver de una sola vez todo el capital pendiente de amortizar.
36.- Barclays alega que la escritura de préstamo se otorgó ante notario y que contenía información adecuada sobre la naturaleza del préstamo y los riesgos asociados al mismo.
También alega que la escritura contenía una cláusula en la que los prestatarios manifestaron conocer los riesgos de cambio de moneda que conllevaba el préstamo, asumían los riesgos derivados de estar representado el préstamo en divisa y reconocían haber recibido de Barclays la información necesaria para la evaluación de dichos riesgos, por lo que exoneraban a Barclays de cualquier responsabilidad al respecto.
Ciertamente, en la sentencia 171/2017, de 9 de marzo, dijimos que «en la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un elemento a valorar la labor del notario que autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas (con toda la exigencia de claridad en la información que lleva consigo) y acabar de cumplir con las exigencias de información que subyacen al deber de transparencia. […]».
Cuando se ha facilitado una información precontractual adecuada, la intervención notarial sirve para complementar la información recibida por el consumidor sobre la existencia y trascendencia de la cláusula suelo, pero no puede por sí sola sustituir la necesaria información precontractual, que la jurisprudencia del TJUE ha considerado fundamental para que el consumidor pueda comprender las cargas económicas y la situación jurídica que para él resultan de las cláusulas predispuestas por el empresario o profesional.
40.- Además de lo expuesto, en la escritura tampoco se informa sobre la naturaleza de los riesgos asociados a la denominación en divisas del préstamo.
Barclays predispuso una condición general en la que los prestatarios afirmaban que conocían los riesgos de cambio de moneda que conllevaba el préstamo, sin precisar siquiera en qué consistían tales riesgos.
41.- Ya hemos afirmado en ocasiones anteriores la ineficacia de las menciones predispuestas que consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento o de fijación como ciertos de determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos.
Así lo ha declarado esta sala en numerosas sentencias, desde la 244/2013, de 18 abril, hasta la 335/2017, de 25 de mayo, y todas las que han mediado entre una y otra.
Esta previsión se concreta en el art. 23 de la Directiva. Pero la exigencia de medios de limitación del riesgo tales como la posibilidad de cambiar la divisa en la que está representado el capital del préstamo, y en concreto cambiar a la moneda en que el prestatario tiene sus ingresos, no releva al banco de sus obligaciones de información precontractual.
El art. 23.4 de la citada Directiva prevé:
«En lo que se refiere a los consumidores que tengan un préstamo en moneda extranjera, los Estados miembros se asegurarán de que el prestamista les dirija advertencias regulares, en papel o en otro soporte duradero, como mínimo cuando el valor del importe adeudado por el consumidor del préstamo o de las cuotas periódicas difiera en más del 20 % del importe que habría correspondido de haberse aplicado el tipo de cambio entre la moneda del contrato de crédito y la moneda del Estado miembro que estaba vigente en la fecha de celebración del contrato de crédito.
En la advertencia se informará al consumidor del incremento del importe adeudado por este, se mencionará cuando proceda el derecho de conversión en una moneda alternativa y las condiciones para ello, y se explicará cualquier otro mecanismo aplicable para limitar el riesgo de tipo de cambio a que esté expuesto el consumidor».
El prestatario no puede realizar ese cambio en cualquier momento, sino solo al inicio de cada nuevo «periodo de mantenimiento de moneda e interés» en que se divide la vida del préstamo.
En este caso, esos periodos eran mensuales. Pero una devaluación significativa de la moneda funcional respecto de la divisa puede producirse en cuestión de semanas.
La operación habría sido perjudicial para los prestatarios porque habrían consolidado un capital de unos 400.000 euros y un año después, de no haber hecho la conversión, la equivalencia en euros de ese capital pendiente de amortizar habría bajado de los 300.000 euros.
50.- No procede tampoco plantear cuestión prejudicial respecto de esta cuestión, porque no se está solicitando que el TJUE interprete una norma de Derecho de la UE sino que realice la valoración jurídica concreta de los hechos litigiosos.
Nos remitimos a lo declarado en el apartado 28 de la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2008, asunto
C-279/06, caso Cepsa, que hemos transcrito en un apartado anterior.
52.- Por tales razones, el recurso debe ser estimado puesto que ha concurrido la infracción legal denunciada.
La sentencia de la Audiencia Provincial debe ser casada, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la sentencia del Juzgado de Primera Instancia.
54.- Lo realizado en esta sentencia constituye, en realidad, la sustitución de la cláusula abusiva por un régimen contractual previsto en el contrato (que establece la posibilidad de que el capital esté denominado en euros) y que responde a las exigencias de una disposición nacional, como la contenida en preceptos como los arts. 1.170 del Código Civil y 312 del Código de Comercio, que exige la denominación en una determinada unidad monetaria de las cantidades estipuladas en las obligaciones pecuniarias, lo cual es un requisito inherente a las obligaciones dinerarias.
55.- Esta sustitución de régimen contractual es posible cuando se trata de evitar la nulidad total del contrato en el que se contienen las cláusulas abusivas, para no perjudicar al consumidor, puesto que, de otro modo, se estaría contrariando la finalidad de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Así lo ha declarado el TJUE en la sentencia de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y Káslerné Rábai , asunto C-26/13), apartados 76 a 85.
NOVENO.- Costas y depósitos.
1.- La estimación del recurso de casación conlleva que no se haga expresa imposición de las costas de ese recurso. La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal trae consigo la condena a los recurrentes al pago de las cotas de ese recurso.
La estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, por lo que procede condenar al apelante al pago de las costas de ese recurso. Todo ello en aplicación de los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2.- Procédase a la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y a la pérdida del constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, de conformidad con las disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar el recurso de casación interpuesto por D. XXXXXXX y D.ª XXXXXXX contra la sentencia 157/2015, de 14 de abril, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 537/2014.
2.º Casar la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno y, en su lugar, desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Barclays Bank S.A. contra la sentencia 103/2014, de 12 de mayo, del Juzgado de Primera Instancia núm. 84 de Madrid y condenamos a la apelante al pago de las costas de apelación.
3.º No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación. Condenar a los recurrentes al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal.
4.º Acordar la devolución a los recurrente el depósito constituido para interponer el recurso de casación y la pérdida del constituido para interponer el recurso extraordinario por infracción procesal.
noviembre 27th, 2017 | Etiquetas: La Caixa (Caixabank), Otras sentencias, Reclamar a bancos, Sentencias La Caixa (Caixabank) | Categorías: Bancos
2 comentarios para El Tribunal Supremo declara la nulidad de las “hipotecas multidivisa”
20/03/2018 at 08:53 · Responder
Qué tengo que hacer para resolver el contrato
25/03/2018 at 11:03 · Responder
No te preocupes porque vamos a ayudarte a solucionar esta situación. En primer lugar, te recomendamos que visites (si no lo has hecho ya) nuestro artículo dedicado a este procedimiento: Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving”.
Por nuestra experiencia sabemos que las tarjetas de WIZINK tienen asociado un interés de usura (26,82 % TAE) y si seguimos el procedimiento que tenemos establecido, conseguiremos una sentencia mediante la que se anule dicha tarjeta.
Lo que debes hacer es enviar la carta de nulidad que te vamos a adjuntar a este correo, certificada con acuse de recibo y con una fotocopia de DNI del titular de la tarjeta a la siguiente dirección:
Domicilio: Calle Ulises, Nº 16-18 – 28043 – MADRID

References: resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 469
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 2
 resolución 
 artículo 469
 Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 234
 artículo 4