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Timestamp: 2020-08-06 15:47:52+00:00

Document:
Registro Oficial. 4 de ENERO del 2001 Suplemento
Jueves, 04 de enero de 2001
MINISTERIO\n DE SALUD:
0537\n - A Declárase\n como emergente y excepciónase de los procedimientos precontractuales,\n la adquisición de equipos, materiales, insumos, medicamentos\n y biológicos y la prestación de servicios, para\n prevenir la ocurrencia de posibles epidemias de meningitis meningocócica,\n leishmaniasis y peste neumónica
0594\n - A Delégase\n al señor doctor Diego Castillo Aguirre, como delegado\n permanente ante el Consejo Nacional de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano
041 Establécese para el Presupuesto\n del Estado del próximo ejercicio fiscal, correspon-diente\n al año 2001, un incremento de hasta un 10% a la masa salarial\n vigente
042 Dispónese que los contratos colectivos\n que se celebren, a partir de la publicación de esta resolución,\n deberán observar los siguientes incrementos en la masa\n salarial: hasta el 10% para el primer año de vigencia\n y hasta el 5% para el segundo año de vigencia.
033 Deróganse las resoluciones\n Nos. 26 y 27 del 21 de septiembre del 2000, las resoluciones\n Nos. 28 y 30 de 22 de septiembre del 2000 y la Resolución\n N0 32 de octubre del 2000
BANCO\n CENTRAL DEL ECUADOR:
073\n - 2001\n Encaje
186\n - 2000 - TP\n Recházase\n por improcedente la de-manda de inconstitucionalidad propuesta\n por Paúl Giancario Varela Guerrón
192\n - 2000 - TP Deséchase\n la demanda presentada a nombre de la Federación Médica\n Ecuato-riana por la cual se solicita se declare la inconstitucionalidad\n del Decreto Ejecutivo N0 811 que contiene el Reglamento de tasas\n por control sanitario y permiso de funcionamiento, publicado\n en el Registro Oficial N0 173 de 20 de abril de 1999
200\n - 2000 - TP\n Concédese el hábeas data propuesto por el Presidente\n del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana y revócase\n la resolución subida en grado
-\n A la publicación de la Resolución del CONAREM N0 047, mediante\n la cual se establece la escala de sueldos para la Presidencia\n de la República
-\n A la publicación de las resoluciones Nos. OSCIDI - 033 Y 034 - 2000,\n con las cuales se expide la nueva Estructura Ocupacional Genérica\n del Sistema Nacional de Clasificación de Puestos del Servicio\n Civil que administra la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, OSCIDI; y, la Norma Técnica de Ubicación\n Inicial de los Servidores Públicos en el Desarrollo de\n Carrera
No. 00537 - A
EL MINISTRO DE\n SALUD PUBLICA
Que, es de dominio público\n la existencia de brotes de varias enfermedades infectocontagiosas\n de carácter epidémico, en varias zonas del país,\n como meningitis meningocócica, leishmaniasis y peste neumónica;
Que, de conformidad con el artículo\n 42 de la Constitución Política de la República,\n es deber del Estado garantizar el derecho a la salud, su promoción\n y protección de toda la población ecuatoriana;
Que, el Código de la Salud\n en su artículo 96, establece la obligación del\n Estado de fomentar y promover la salud individual y colectiva;\n y,
Que, el literal a) del artículo\n 6 de la Ley de Contratación Pública, articulo 4\n del reglamento a dicha ley y titulo cuarto del Reglamento Unico\n de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública, prevén\n la emergencia sanitaria como causa de excepción a los\n procedimientos precontractuales,
Art. 1. - Declarar como emergente\n y excepcionar de los procedimientos precontractuales, la adquisición\n de equipos, materiales, insumos, medicamentos y biológicos,\n y la prestación de servicios, para prevenir la ocurrencia\n de posibles epidemias de meningitis meningocócica, leishmaniasis\n y peste neumónica, de acuerdo a lo prescrito en el literal\n a) del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública.
Art. 2. - Ejecutar todas las\n medidas que el sistema de vigilancia epidemiológica dispone\n para prevenir la ocurrencia de estos hechos.
Art. 3. - Las adquisiciones o\n prestaciones de servicios que se contraten, se justificarán\n obligatoriamente en los reportes e informes técnicos que\n determinarán las necesidades existentes y las formas de\n ser satisfechas.
Para efectos de las contrataciones\n antes citadas que se realizarán desconcentradamente, de\n acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Unico de Contrataciones\n del Ministerio de Salud Pública, se contará con\n el mayor número de proveedores en el respectivo proceso\n de selección, en cuyas bases se incluirán principios\n y criterios para la valoración de las ofertas.
Art. 4. - Los servidores del\n Ministerio de Salud Pública, competentes para la realización\n de los procedimientos precontractuales y contractuales de excepción,\n antes de decidir la contratación, deberán contar\n con las especificaciones mínimas del bien o servicio de\n que se trate y la correspondiente certificación de existencia\n de recursos financieros necesarios y los informes de los organismos\n de control que correspondan.
Art. 5. - De la ejecución\n del presente acuerdo que entrará en vigencia en la fecha\n de su suscripción, encárguese a los señores\n Subsecretario General de Salud, Director General de Salud y directores\n provinciales de salud.
Dado en la ciudad de Quito, a\n 15 de noviembre del 2000.
f.) Fernando Bustamante Riofrío,\n Ministro de Salud Pública.
Es fiel copia del documento que\n consta en el archivo del Departamento de Documentación\n y Archivo al que me remito en caso necesario.
Lo certifico. - En Quito, a 3\n de enero del 2001.
f.) Lcda. Mendoza O., Jefa de\n Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.
No. 00594 - A
Que el artículo 3 de la\n Ley de Producción, Importación, Comercialización\n y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, publicada\n en el Registro Oficial No. 59 de 17 de abril del 2000, dispone\n que el Consejo Nacional de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano esté integrado\n por el Ministerio de Salud Pública quien lo presidirá\n o su delegado permanente;
Que de conformidad con el articulo\n 176, Capitulo 3, Título VII de la Constitución\n Política de la República, los ministros de Estado\n representarán al Presidente de la República en\n los asuntos propios del Ministerio a su cargo, esto en concordancia\n con lo dispuesto en el último inciso del artículo\n 1 del Decreto Ejecutivo No. 3, publicado en el Registro Oficial\n No. 3 de 26 de enero del 2000, que modifica el Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;\n y,
En ejercicio de sus atribuciones\n constitucionales y legales,
Art. 1. - Designar al señor\n doctor Diego Castillo Aguirre, como delegado permanente del Ministro\n de Salud Pública al Consejo Nacional de Fijación\n y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano, quien\n lo presidirá.
Art. 2. - Derogar expresamente\n el Acuerdo Ministerial No. 00506 de 23 de octubre del 2000 y\n agradecer al señor doctor Patricio Espinosa del Pozo,\n Subsecretario General de Salud por el desempeño de las\n funciones de Presidente del mencionado cuerpo colegiado.
Art. 3. - El presente acuerdo\n ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de\n su suscripción sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a 1 de diciembre\n del 2000.
f) Dr. Fernando Bustamante Riofrio,\n Ministro de Salud Pública.
Es fiel copia del documento que\n consta en el archivo del Departamento de Documentación\n y Archivo, al que me remito en caso necesario.
Lo certifico. - En Quito, 3 de\n enero del 2001.
f) Lcda. Mendoza. O., Jefa de\n Documentación y Archivo, Ministerio de Salud Pública.
N0 041
CONSEJO NACIONAL\n DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO
Que, de acuerdo a lo prescrito\n en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, es\n facultad del Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público,\n determinar y fijar la política remunerativa de los servidores\n públicos de las instituciones del Estado;
Que, de conformidad al Art. 52\n de la antes citada ley, compete al CONAREM determinar en las\n instituciones del Estado el porcentaje de incremento de la masa\n salarial; y,
Art. UNICO. - Establécese\n para el Presupuesto del Estado del próximo ejercicio fiscal,\n correspondiente al año 2001; un incremento de hasta un\n 10% a la masa salarial vigente.
Dado en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del\n mes de octubre del dos mil.
f.) Ing. Jorge Morán Centeno,\n delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, Presidente\n del CONAREM.
f) Ab. Martín Insua Chang,\n Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.
Certifico. - Que es fiel copia\n del original.
f.) lng. Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.
Quito, 11 de diciembre del 2000.
N0 042
Que, de acuerdo a lo prescrito\n en los literales a) y c) del Art. 51 de la Ley para la Reforma\n de las Finanzas Públicas, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, determinar\n y fijar las políticas salariales a aplicarse en las instituciones\n del Estado; y,
Art. UNICO. - Para los contratos\n colectivos que se celebren a partir de la publicación\n de esta resolución, deberán observar los siguientes\n incrementos en la masa salarial: hasta el 10% para el primer\n año de vigencia y hasta el 5% para el segundo año\n de vigencia.
f) Ing. Jorge Morán Centeno,\n delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, Presidente\n del CONAREM.
f.) Sr. Fausto Camacho Zambrano,\n miembro representante de los trabajadores empleados y maestros.
Certifico. f) Luis A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.
f.) Ing. Luís A. Sánchez\n Aguirre, Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n Secretario del CONAREM.
N0 033
Dr. Claudio Mueckay\n Arcos,
Que mediante oficio N0 205279\n - SPYC - AD - 2000 de 24 de noviembre del presente año,\n el Subsecretario de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio\n de Economía y Finanzas, manifiesta que la modificación\n del sueldo básico del Defensor del Pueblo corresponde\n autorizar al CONAREM, así como también el pago\n de bonificación de responsabilidad y la no procedencia\n para la reclasificación de cargos y cambio en las denominaciones\n de varios puestos; y,
En uso de la facultad que le\n confiere el articulo 8, literal c) de la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo,
Artículo 1. - Derógase\n las resoluciones Nos. 26 y 27 del 21 de septiembre del 2000,\n las resoluciones Nos. 28 y 30 de 22 de septiembre del 2000 y\n la Resolución N0 32 de 18 de octubre del 2000.
Artículo 2. - De la ejecución\n de la presente resolución encárguese a la Dirección\n Nacional Financiera, Dirección Nacional Administrativa\n y Jefatura de Personal.
Artículo 3. - La presente\n resolución entrará en vigencia a partir de la presente\n fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.
Dado en Quito, a 27 de noviembre\n del 2000.
f) Dr. Claudio Mueckay Arcos,\n Defensor del Pueblo.
Esta copia es igual al original,\n que reposa en el archivo de esta Defensoría del Pueblo\n y a la cual me remito en caso necesario.
f) Walter Tacle A., Director\n Nacional Administrativo, Defensoría del Pueblo.
N0 073 - 2001
EL DIRECTORIO\n DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
En uso de sus\n atribuciones, expide la siguiente regulación:
ARTICULO 1. Sustituyese el artículo\n I del Capítulo I (Porcentaje de Encaje sobre Depósitos\n y Captaciones del Sistema Financiero), del Título Segundo\n (Encaje), del Libro I (Política Monetaria - Crediticia)\n de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del\n Ecuador (Pag. 6.0), por el siguiente:
"Artículo 1. A partir\n del 18 de enero de 2001, establécese un encaje único\n del 4% para todos los depósitos y captaciones en dólares\n de los Estados Unidos de América realizados por los bancos\n y demás instituciones del sistema financiero público\n y privado sujetos a control de la Superintendencia de Bancos.
Para el cálculo inicial\n de este requerimiento de encaje se considerarán todos\n los depósitos y captaciones correspondientes a la semana\n del 11 al 17 de enero de 2001."
ARTICULO 2. Sustitúyense\n los primeros seis incisos del artículo 3, del Capítulo\n II (Requerimiento y Posición de Encaje), de los mismos\n Título y libro de la Codificación de Regulaciones\n del Banco Central del Ecuador (Pág. 7.0), por el siguiente:
"Articulo 3. A partir del\n 18 de enero de 2001, el encaje de los bancos y demás instituciones\n del sistema financiero público y privado sujetos al control\n de la Superintendencia de Bancos, estará constituido sobre\n la base del total de depósitos y captaciones en dólares\n de los Estados Unidos de América, como a continuación\n se detalla:
Hasta un 1.6%, con obligaciones\n para encaje emitidas por la Corporación Financiera Nacional,\n con vencimiento de hasta un año, las que deberán\n obligatoriamente mantenerse en custodia del Banco Central del\n Ecuador.
Hasta un 0.4% con obligaciones\n para encaje emitidas por la Corporación Financiera Nacional\n para canjear los Bonos de Reactivación Económica\n (BRE) que forman parte del encaje o con los mismos BRE. En ambos\n casos, estos títulos deberán obligatoriamente mantenerse\n en custodia del Banco Central del Ecuador. Las IFI que no dispongan\n de estos títulos deberán continuar encajando este\n 0.4% en efectivo.
El saldo restante deberá\n mantenerse en las cuentas comentes que las entidades bancarias\n y financieras tengan en el Banco Central del Ecuador.
Las instituciones financieras\n públicas que hayan recibido bonos del Estado para cubrir\n deficiencias de patrimonio técnico, podrán constituir\n con estos títulos, hasta el 2% de todos los depósitos\n y captaciones sujetos a encaje, según lo determine la\n Superintendencia de Bancos, el saldo restante deberá mantenerse\n en las cuentas corrientes que estas entidades tengan en el Banco\n Central del Ecuador.
ARTICULO 3. Esta regulación\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dada, en Quito, Distrito Metropolitano,\n el 11 de enero del 2001.
f.) José Luis Ycaza.
f) Dr. Manuel Castro Murillo.\n Secretaria General.
Directorio, Banco Central del\n Ecuador.
Quito, 11 de enero del 2001.
Es copia del documento que reposa\n en los archivos del Directorio. - Lo certifico.
f) Sonia Jaramillo de Andrade,\n Prosecretaria.
Nro. 186 - 2000 - TP
"EL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
En el caso signado\n con el Nro. 1224 - 99 - TC,
Paúl Giancarlo Varela\n Guerrón, apoyándose en la disposición del\n artículo 276, numeral 1 de La Constitución Política\n y contando con el informe favorable del Defensor del Pueblo,\n de conformidad con lo que prescribe el articulo 277, numeral\n 5 de la misma, comparece ante este Tribunal y deduce demanda\n de inconstitucionalidad en los siguientes términos: Dice\n que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 38 de 20 de agosto de 1998,\n fue dado de baja de las filas de la institución policial,\n con fecha 3 de julio de 1998, por haber cumplido el tiempo máximo\n en situación transitoria, de conformidad con el artículo\n 86 de la Ley de Personal de la Policía Nacional. Manifiesta\n que la ilegalidad e inconstitucionalidad de su baja radica, entre\n muchas otras razones, en las siguientes: Que como se lee en el\n artículo 1 del decreto, su baja rige desde el 3 de julio\n de 1998, mientras que el señor Presidente de la República\n se posesionó de su cargo el 10 de agosto de ese año,\n o sea que durante el mes de julio y hasta la fecha ya referida\n no era Presidente de la República, tal como es de dominio\n público y que, siendo así, el decreto contiene\n un ejercicio anticipado del poder por parte del señor\n Presidente de la República, doctor Jamil Mahuad Witt,\n quien podía dictar órdenes de carácter obligatorio\n desde la fecha de su posesión en adelante, pero no con\n efecto retroactivo, en días o meses en que aún\n no era Presidente de la República; al hacerlo, incurrió\n en arrogación de atribuciones, contraviniendo la prohibición\n del artículo 119 de La Constitución Política\n de la República y extinguió, a fecha 3 de julio\n de 1999, una situación jurídica individual, en\n evidente perjuicio del derecho público ecuatoriano y de\n sus personales derechos e intereses, que en este caso es un derecho\n subjetivo con jerarquía constitucional.
Sostiene, además, que\n en el aspecto procedimental previo a su baja, lo primero que\n resolvió el Consejo Superior de la Policía Nacional,\n el 9 de abril de 1996, fue colocar su nombre en la cuota de eliminación\n para ese año, lo que lo hizo, según su propia expresión,\n por encontrarse inmerso en lo previsto en el articulo 87, literal\n f) de la Ley de Personal de la Policía Nacional y, procediendo\n de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo\n 83 de la misma ley; y que, al sentirse grave e ilegalmente perjudicado,\n una vez que fue notificado con la antedicha resolución,\n formuló el pertinente reclamo en los términos previstos\n en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley de Personal\n de la Policía Nacional que a la fecha estaba vigente,\n en la seguridad de poder demostrar que la invocación que\n como fundamento de su decisión se hizo del literal f)\n del artículo 87 de la ley ya citada no era aplicable a\n su caso, puesto que tal norma expresa que "la cuota de eliminación\n de los oficiales, en cada grado, será llenada en el siguiente\n orden: f) Por no haber satisfecho uno o más de los requisitos\n establecidos para el ascenso, en el transcurso del año\n siguiente a aquel en que se hubiera cumplido el tiempo de permanencia\n en el grado". A su reclamo dice haber adjuntado los respectivos\n documentos y con ellos demostrado que sus calificaciones eran\n en desempeño 16.99 y en conducta 17; es decir que sus\n notas eran buenas y, por ese aspecto no podía decirse\n que faltaba el requisito de la norma legal invocada. Dice haber\n probado abundantemente que su profesionalismo y desempeño\n en las funciones a su cargo frieron de tal naturaleza que el\n señor Comandante Provincial de la Policía Nacional\n "Guayas Nro. 2", en oficio 5247 - PP - 2 de 13 de julio\n de 1994, dirigido al señor Comandante del Cuarto Distrito\n de la Policía Nacional, entre otras cosas, aseguró\n que el Subteniente de Policía Giancarlo Varela Guerrón,\n los cabos segundos Antonio Policarpo Solano Quiñónez,\n Milton Vicente Torres Oviedo y otros, habían prestado\n servicios relevantes, con celo profesional, preocupación,\n dedicación, por cultivar virtudes de carácter moral,\n intelectual y físicas y sobre todo el valor y la decisión\n acompañados de un alto profesionalismo que honran a la\n institución policial.
Sostiene el accionante que por\n tales razones y otras que el mencionado oficio aduce solicitó\n que se digne realizar los trámites pertinentes, a fin\n de alcanzar del organismo superior, la respectiva concesión\n de la condecoración al valor o algún reconocimiento\n que para estos casos se prevea. Dice, además, que el H.\n Consejo Superior de la Policía Nacional, tal como consta\n publicado en la Orden General 013, cuyo artículo 3 transcribe\n el oficio Nro. 96 - 015 - CS de 9 de enero de 1996, dictó\n la resolución mediante la cual se acogió su pedido\n de reconsideración y resolvió: "Reconsiderar\n la resolución anterior constante de oficio Nro. 95 - 5\n 16 - CS de 13 de octubre de 1995, calificar idóneo para\n el ascenso al inmediato grado superior; y, solicitar muy comedidamente\n al señor Comandante General de la Policía Nacional,\n se digne alcanzar el correspondiente Decreto Ejecutivo mediante\n el cual con fecha 11 de julio de 1995 sea ascendido al inmediato\n grado superior, el señor Subteniente de Policía\n de Línea Paúl Giancarlo Varela Guerrón,\n de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Personal\n de la Policía Nacional". Manifiesta que no solo que\n se reconsideró y se dio trámite a su petición\n de ascenso, sino que en documento de la Comandancia General de\n Policía, Dirección General de Personal, estudio\n de vida profesional de 17 de marzo de 1998, ya figuraba en el\n grado de Teniente y es en tal calidad en que fue calificado con\n las notas de 16.99 para el desempeño y 17 para conducta.\n Dice que, pese a la norma expresa del artículo 84 de la\n Ley de Personal de la Policía Nacional, conforme a la\n cual, "si se reclamare de su resolución, el Consejo\n Superior revisará el caso interpuesto, por una sola vez,\n en el término de 15 días" y que tan alto organismo,\n según resolución que consta publicada en la Orden\n General Nro. 96, de 22 de mayo de 1996, resuelve reconsiderar\n la resolución anterior constante de oficio Nro. 96015\n - CS de 9 de enero de 1996; y ratificar la resolución\n adoptada en sesión extraordinaria del día jueves\n 12 de octubre de 1995, mediante la cual se le niega el ascenso\n al grado inmediato superior al señor Subteniente de Policía\n Paúl Giancarlo Varela Guerrón, por no cumplir con\n los requisitos estipulados en los artículos 44 y 45 de\n la Ley de Personal de la Policía Nacional.
Manifiesta el demandante que,\n además de la violación en que esta segunda reconsideración\n incurre, desde que no puede haber reconsideración de la\n reconsideración, ninguno de los dos artículos citados\n puntualizan los requisitos que un oficial deba llenar para el\n ascenso y mejor definen en qué consiste la calificación\n y en base a qué debe ser dada, esto es por cualidades\n morales, intelectuales, técnicas, profesionales y físicas.\n Pregunta el recurrente que si no hubiera sido suficiente el documento\n que presentó del Comando Provincial de la Policía\n Nacional Guayas Nro. 2, ¿Qué documento se aportó\n en su contra? y responde que absolutamente ninguno, ya que la\n hoja de vida a la que también se refiere la Superioridad\n solo registra faltas menores que dejaron de ser determinantes\n frente al valor, la disciplina y la entrega profesional que fueran\n ampliamente reconocidos en su persona. - Que, más importante\n que lo anterior es el hecho de que concedida la reconsideración\n y calificado de idóneo para el ascenso, que es un derecho\n subjetivo, no podía ser desconocido y mucho menos frente\n a la expresa prohibición del inciso segundo del artículo\n 83 de la Ley de Personal de la Policía Nacional y que,\n para desconocérsele ese derecho debió cumplirse\n la exigencia del artículo 92 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,\n que prescribe que la autoridad deberá previamente pagar\n la debida indemnización por el daño que causaría\n al administrado el desconocimiento de su derecho subjetivo. -\n Por último, manifiesta que, por todas las razones que\n deja expuestas, la garantía de estabilidad que consagra\n el artículo 186, inciso segundo de la Constitución\n Política de la República, en el caso de su baja\n fue gravemente violada, desde que contraviniendo todos y cada\n uno de los mandatos de la ley se le privó del grado para\n el cual ya fue calificado y en el mismo que ya estuvo ejerciendo,\n y con ello se le privó también del correspondiente\n sueldo y de la consiguiente pensión a que tenía\n derecho, con manifiesta violación de las normas legales\n y constitucionales ya citadas; y, apoyándose en la disposición\n del numeral 1 del artículo 276 de la Constitución\n Política de la República, demanda la inconstitucionalidad\n del tantas veces citado Decreto Ejecutivo Nro. 38 de 20 de agosto\n de 1998, para que se declare la inconstitucionalidad. Pide que\n la demanda sea tramitada mandando oír al órgano\n del poder público autor del acto inconstitucional, esto\n es al señor Presidente Constitucional de la República,\n doctor Jamil Mahuad Witt, tal como lo dispone el artículo\n 20 de la Ley de Control Constitucional; pero como la inconstitucionalidad\n del decreto es consecuencia de los actos administrativos que\n le precedieron y que emanaron del Consejo Superior de la Policía\n Nacional, también se mandará oír al señor\n Comandante General de la Policía Nacional, representante\n de la institución.
La Comisión de Admisión\n de este Tribunal, determinó que la demanda debía\n precisar si se fundamenta en el numeral 2 del artículo\n 276 o sí, por el contrario, al tratarse de un decreto\n ejecutivo, se apoya en el numeral 1 de la misma norma constitucional.\n A] respecto, el demandante dijo que, siendo el Tribunal Constitucional\n quien tiene la misión de velar por la observancia estricta\n de la Ley Suprema y sabiendo que siempre tiene en mira el precepto\n del numeral 1 del artículo 276, que le da competencia\n para conocer y resolver de las demandas de inconstitucionalidad\n de los decretos, instrumento del que se sirvió el Presidente\n de la República para darle de baja, pide que así\n se proceda y finalmente se resuelva de la inconstitucionalidad\n del decreto. - Hecho Lo anterior, la demanda fue acogida a trámite\n y se dispuso que se proceda al sorteo para determinar la Sala\n que deba sustanciar la causa hecho lo cual, correspondió\n la sustanciación de la causa a esta Primera Sala, la cual,\n una vez que avocó conocimiento de la misma, ordenó\n citar su contenido a los señores Presidente de la República\n y Comandante General de la Policía Nacional.
Que dentro del término\n legal, la doctora Martha Escobar Koziel, Procuradora Judicial\n del Primer Mandatario, según poder otorgado ante el Notario\n Décimo Séptimo del cantón Quito, contesta\n la demanda y opone las siguientes excepciones: 1. - Negativa\n pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la\n demanda; 2. - Alega que el Decreto Ejecutivo 38 de 20 de agosto\n de 1998 es constitucional y es legal, para fundamentar lo cual\n argumenta que la legislación de la Policía Nacional\n tiene carácter especial y particular, como lo reconoce\n el artículo 183 de la Constitución Política,\n en tanto que la Policía se rige por la Ley Orgánica\n de la Policía Nacional y por la Ley de Personal de la\n propia institución. Luego relaciona los hechos que, según\n afirma, se sucedieron en el caso del actor Subteniente Varela,\n y sostiene que se cumplió estrictamente lo preceptuado\n en los artículos 82 de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional y en los artículos 44 y 45 de la misma, ejerciendo\n la facultad que sólo al Consejo Superior de la Policía\n le corresponde, tal como expresa el artículo 84 de la\n citada Ley de Personal de la Policía Nacional. - Impugna\n la invocación que el demandante hace al Estatuto del Régimen\n Jurídico de la Función Ejecutiva, porque dice que\n no es aplicable para la Policía en los actos administrativos\n de su ascenso, baja, calificación, etc., ya que se rige\n por su Ley Orgánica y por la Ley de Personal, sin que\n siquiera le sea aplicable la Ley de la Jurisdicción de\n lo Contencioso Administrativo. - Al mismo tiempo sostiene que\n el Decreto Ejecutivo 38 de 20 de agosto de 1998, proviene de\n autoridad competente como es el Presidente de la República,\n quien ejerce las atribuciones consignadas en los artículos\n 171, numeral 14 y 184 de la Norma Suprema y que, además,\n está llamado a dar de baja a los oficiales que se hallen\n en los casos de los artículos 46 y 65 de la Ley de Personal\n de la Policía Nacional. - Por lo expuesto solícita\n que se rechace la demanda, por ser improcedente.
Por su parte, el Inspector General,\n abogado Luis Durán Echeverría, Comandante General\n Accidental de la Policía Nacional, en ausencia del titular,\n también contesta la demanda dentro de término y\n comienza por recordar que la resolución debe provenir\n del Tribunal Constitucional en Pleno y, en defensa de la validez\n de las actuaciones policiales, recuerda que según el artículo\n 183 de la Constitución, la misión, organización,\n preparación, empleo y control de la Policía se\n rige por sus propias leyes, tanto en su estructura orgánica\n como en el ejercicio profesional y que, por tratarse de una legislación\n especial, su cumplimiento jamás puede ser considerado\n inconstitucional. Y añade que esto es lo que aconteció\n en el caso de Paúl Giancarlo Varela Guerrón, cuyos\n procedimientos se sujetaron estrictamente a la Ley de Personal\n de la Policía Nacional. - Con la relación indicada\n de Los hechos, invoca el artículo 87 de la Ley de Personal\n y asegura que el demandante se encontró en el caso del\n literal f) de dicha norma, por no haber satisfecho uno o más\n de los requisitos para el ascenso en el transcurso del año\n siguiente a aquel en que se hubiera cumplido el tiempo de permanencia\n en el grado, razón por la cual y de acuerdo con el artículo\n 26 de la misma ley, el oficial eliminado fue colocado en situación\n transitoria, por el tiempo de seis meses, consecuencia inevitable\n de lo cual tenía que ser la baja por así mandarlo\n el artículo 36 de la propia ley. - Insiste en que el reclamante\n no fue calificado para el ascenso en razón de Los preceptos\n de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Personal.\n - Asegura también la contestación que el Tribunal\n Constitucional debe limitarse a analizar posibles violaciones\n de la Constitución o de la ley "sin que por ningún\n concepto tenga atribuciones para calificar situaciones estrictamente\n profesionales - policiales que determinan el ascenso de un oficial\n de policía y que corresponden a los organismos policiales;\n tratándose de la calificación para ascenso de un\n subteniente de policía, exclusivamente al Consejo Superior\n de la Policía Nacional. El Tribunal Constitucional, no\n puede convertirse en organismo calificador de oficiales de policía,\n que no han sido calificados por los organismos competentes de\n la Institución". Bajo la afirmación de que\n todo ha sido sujeto a la ley, especialmente la inclusión\n del reclamante en la Cuota de Eliminación del año\n de 1996, por encontrarse inmerso en la causal del literal 1)\n del artículo 87 de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional, y por los antecedentes profesionales negativos del\n oficial demandante, registrados en su Libro de Vida Profesional,\n que no podían haber sido desestimados por dos felicitaciones\n del Comando ante una actuación de valor en un operativo,\n que ha motivado incluso la devolución de la solicitud\n de ascenso por parte del Ministerio de Gobierno, para que se\n obre en justicia. Termina pidiendo que se deseche la demanda\n no sin antes preguntar si el Tribunal Constitucional está\n facultado para dejar sin efecto las resoluciones de organismos\n policiales que existen y actúan al amparo de leyes especiales,\n concordantes con la Constitución Política y habilitar\n a un ex - oficial de Policía de cuyos antecedentes profesionales\n han recaído negativas reiteradas de su ascenso.
Que, el Pleno del Tribunal es\n competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad\n con lo que dispone el artículo 276, numeral 1 de la Constitución\n y artículos 12, numeral 1 y 62 de la Ley del Control Constitucional;
Que, no se ha omitido solemnidad\n substancial alguna que pueda incidir en la resolución\n de la causa, por lo que se declara su validez;
Que, el Decreto Ejecutivo Nro.\n 38 fue expedido el 20 de agosto de 1998, declarando en él\n que regirá a partir del 3 de julio de ese mismo año;\n el Presidente de la República, doctor Jamil Mahuad Witt\n se posesionó del cargo el 10 de agosto de 1998. - En Derecho\n Administrativo, las competencias están atribuidas al órgano\n y no a la autoridad, lo que hace la autoridad es ejercer dichas\n potestades a nombre del órgano, mientras ostenta el cargo,\n función o dignidad para la que ha sido designado;
Que, el artículo 83 de\n la misma ley que venimos invocando, en su inciso segundo, prescribe\n que la resolución del Consejo Superior, una vez notificada\n a los oficiales que integren las listas de eliminación,\n es susceptible de reclamo ante el mismo organismo, en el plazo\n de 15 días a partir de la fecha de notificación,\n lo cual fue utilizado por el Subteniente Varela Guerrón;
Que, el Consejo Superior revisó\n por una sola vez el caso interpuesto, por reclamo del accionante,\n conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de\n Personal de la Policía Nacional; que posteriormente fue\n el Ministerio de Gobierno quien solicitó actuar con justicia\n "y re dé el mismo tratamiento a los dos casos en\n razón de haberse revisado los Libros de Vida... ".\n El Ministro se refería también al caso de otro\n oficial y señalaba que en estas dos situaciones existía\n un exceso de horas de arrestos disciplinarios (folio 49);
La petición del Ministro\n de Gobierno fue conocida por el Consejo de Generales, y no por\n el Consejo Superior por lo que no existe una violación\n del artículo 84 de la ley citada, ni existe revisión\n de revisión como erradamente señala el actor, la\n decisión del Consejo de Generales se realizó de\n conformidad con el artículo 85 ibídem;
Que, si bien es cierto que el\n accionante posee buenas calificaciones, el Consejo de Generales\n al calificarlo como no idóneo lo hizo en consideración\n a su Libro de Vida donde constan 30 deméritos en total,\n frente a dos méritos y un total de 3168 horas de arresto\n en apenas once años de vida profesional, por lo que el\n actor no cumplía con los requisitos establecidos en el\n articulo 84 de la antes mencionada ley y por ello ingresa a la\n cuota de eliminación anual (folios 40 y 41);
Que, al tenor del inciso segundo\n del artículo 186 de la Constitución, la estabilidad\n y profesionalidad de los miembros de la Fuerza Pública\n se hallan garantizados, en virtud de lo cual, no se les puede\n privar de sus grados, honores y pensiones sino por las causas\n y en forma previstas por la ley, en el presente caso, no cabe\n la menor duda que el Subteniente Paúl Giancarlo Varela\n Guerrón fue declarado no idóneo y eliminado para\n el ascenso de conformidad con la ley;
Que, en consecuencia no existe\n violación de los numerales 10, 11 y 13 del artículo\n 24 de la propia Constitución, tampoco se ha infringido\n la Ley de Personal de la Policía Nacional, cuestiones\n que pueden ser establecidas examinando el respectivo expediente;\n y,
Por las consideraciones que anteceden,\n en ejercicio de sus facultades,
1. Rechazar por improcedente\n la demanda de inconstitucionalidad propuesta por Paúl\n Giancarlo Varela Guerrón.
2 Publicar la presente resolución\n en el Registro Oficial.- Notifíquese".
f) Dr. René de la Torre\n Alcívar, Presidente.
Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada con cinco\n votos a favor, correspondiente a los doctores Oswaldo Cevallos,\n Guillermo Castro, Carlos Helou, Hernán Rivadeneira y René\n de la Torre; y, 3 votos en contra de los doctores Luis Chacón,\n Luis Mantilla y Marco Morales, en sesión del día\n martes veinte y uno de noviembre del dos mil. - Lo certifico.
f.) Dr. Fausto Garcés\n Pástor, Secretario General.
Es fiel copia del original. -\n Quito, 10 de enero del 2001.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES\n LUIS CHACON, LUIS MANTILLA Y MARCO MORALES
En el caso signado con el Nro.\n 1224 - 99 - TC
Paúl Giancarlo Varela\n Guerrón, apoyándose en la disposición del\n artículo 276, numeral 1 de la Constitución Política\n y contando con el informe favorable del Defensor del Pueblo,\n de conformidad con lo que prescribe el artículo 277, numeral\n 5 de la misma, comparece ante este Tribunal y deduce demanda\n de inconstitucionalidad en los siguientes términos: Dice\n que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 38 de 20 de agosto de 1998,\n fue dado de baja de las filas de la institución policial,\n con fecha 3 de julio de 1998, por haber cumplido el tiempo máximo\n en situación transitoria, de conformidad con el artículo\n 86 de la Ley de Personal de la Policía Nacional. Manifiesta\n que la ilegalidad e inconstitucionalidad de su baja radica, entre\n muchas otras razones, en las siguientes: Que como se lee en el\n artículo 1 del decreto, su baja rige desde el 3 de julio\n de 1998, mientras que el señor Presidente de la República\n se posesionó de su cargo el 10 de agosto de ese año,\n o sea que durante el mes de julio y hasta la fecha ya referida\n no era Presidente de la República, tal como es de dominio\n público y que, siendo así, el decreto contiene\n un ejercicio anticipado del poder por parte del señor\n Presidente de la República doctor Jamil Mahuad Witt, quien\n podía dictar órdenes de carácter obligatorio\n desde la fecha de su posesión en adelante, pero no con\n efecto retroactivo, en días o meses en que aún\n no era Presidente de la República; al hacerlo, incurrió\n en arrogación de atribuciones, contraviniendo la prohibición\n del artículo 119 de la Constitución Política\n de la República y extinguió, a fecha 3 de julio\n de 1999, una situación jurídica individual, en\n evidente perjuicio del Derecho Público ecuatoriano y de\n sus personales derechos e intereses, que en este caso es un derecho\n subjetivo con jerarquía constitucional.
Sostiene, además, que\n en el aspecto procedimental previo a su baja, lo primero que\n resolvió el Consejo Superior de la Policía Nacional,\n el 9 de abril de 1996, fue colocar su nombre en la cuota de eliminación\n para ese año, lo que lo hizo, según su propia expresión,\n por encontrarse inmerso en lo previsto en el artículo\n 87, literal f) de la Ley de Personal de la Policía Nacional\n y, procediendo de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero\n del artículo 83 de la misma ley; y que, al sentirse grave\n e ilegalmente perjudicado, una vez que fue notificado con la\n antedicha resolución, formulé el pertinente reclamo\n en los términos previstos en el inciso segundo del artículo\n 83 de la Ley de Personal de la Policía Nacional que a\n la fecha estaba vigente, en la seguridad de poder demostrar que\n la invocación que como fundamento de su decisión\n se hizo del literal f) del artículo 87 de la ley ya citada\n no era aplicable a su caso, puesto que tal norma expresa que\n "la cuota de eliminación de los oficiales, en cada\n grado, será llenada en el siguiente orden: f) Por no haber\n satisfecho uno o más de los requisitos establecidos para\n el ascenso, en el transcurso del año siguiente a aquel\n en que se hubiera cumplido el tiempo de permanencia en el grado".\n A su reclamo dice haber adjuntado los respectivos documentos\n y con ellos demostrado que sus calificaciones eran en desempeño\n 16.99 y en conducta 17; es decir que sus ilotas eran buenas y,\n por ese aspecto no podía decirse que faltaba el requisito\n de la norma legal invocada. Dice haber probado abundantemente\n que su profesionalismo y desempeño en las funciones a\n su cargo fueron de tal naturaleza que el señor Comandante\n Provincial de la Policía Nacional "Guayas Nro. 2",\n en oficio 5247 - PP - 2 de 13 de julio de 1994, dirigido al señor\n 'Comandante del Cuarto Distrito de la Policía Nacional,\n entre otras cosas, aseguró que el Subteniente de Policía\n Giancarlo Varela Guerrón, los cabos segundos Antonio Policarpo\n Solano Quiñónez, Milton Vicente Torres Oviedo y\n otros, habían prestado servicios relevantes, con celo\n profesional, preocupación, dedicación, por cultivar\n virtudes de carácter moral, intelectual y físicas\n y sobre todo el valor y la decisión acompañados\n de un alto profesionalismo que honran a la institución\n policial.
Sostiene el accionante que por\n tales razones y otras que el mencionado oficio aduce solicité\n que se digne realizar los trámites pertinentes, a fin\n de alcanzar del organismo superior, la respectiva concesión\n de la condecoración al valor o algún reconocimiento\n que para estos casos se prevea. Dice, además, que el H.\n Consejo Superior de la Policía Nacional, tal como consta\n publicado en la Orden General 013, cuyo articulo 3 transcribe\n el oficio Nro. 96 - 015 - CS de 9 de enero de 1996, dicté\n la resolución mediante la cual se acogió su pedido\n de reconsideración y resolvió: "Reconsiderar\n la resolución anterior constante de oficio Nro. 95 - 516\n - CS de 13 de octubre de 1995, calificar idóneo para el\n ascenso al inmediato grado superior; y, solicitar muy comedidamente\n al señor Comandante General de la Policía Nacional,\n se digne alcanzar el correspondiente Decreto Ejecutivo mediante\n el cual con fecha 11 de julio de 1995 sea ascendido al inmediato\n grado superior, el señor Subteniente de Policía\n de Línea PaúI Giancarlo Varela Guerrón,\n de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Personal\n de la Policía Nacional". Manifiesta que no solo que\n se reconsideró y se dio trámite a su petición\n de ascenso, sino que en documento de la Comandancia General de\n Policía, Dirección General de Personal, estadio\n de vida profesional de 17 de marzo de 1998 ya figuraba en el\n grado de Teniente y es en tal calidad en que fue calificado con\n las notas de 16.99 para el desempeño y 17 para conducta.\n Dice que, pese a la norma expresa del artículo 84 de la\n Ley de Personal de la Policía Nacional, conforme a la\n cual, "si se reclamare de su resolución, el Consejo\n Superior revisará el caso interpuesto, por una sola vez,\n en el término de 15 días" y que tan alto organismo,\n según resolución que consta publicada en la Orden\n General Nro. 96 de 22 de mayo de 1996, resuelve reconsiderar\n la resolución anterior constante de oficio Nro. 9601 5\n - CS de 9

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 96
 artículo 6
 artículo 3

Artículo 1
 Resolución 

Artículo 2
 resolución 

Artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 276
 artículo 1
 artículo 119
 artículo 83
 artículo 87
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 artículo 84
 resolución 
 resolución 
 artículo 92
 artículo 186
 artículo 276
 artículo 276
 artículo 183
 artículo 84
 resolución 
 artículo 87
 artículo 36
 artículo 87
 artículo 276
 artículo 83
 resolución 
 artículo 83
 artículo 84
 artículo 85
 artículo 186
 resolución 
 artículo 276
 artículo 277
 artículo 1
 artículo 119
 artículo 83
 artículo 87
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 artículo 84
 resolución 
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