Source: http://cidh.org/annualrep/2002sp/Brasil.11517a.htm
Timestamp: 2017-12-14 08:12:18+00:00

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Brasil 11.517a - fondo
Derecho a la integridad física (artículo 5) y Derecho a la honra y a la dignidad (artículo 11)
37. La Comisión considera que no existen en el expediente elementos suficientes que prueben que la víctima haya sufrido tortura o tratos crueles, ni que haya habido actos de desprestigio o difamación de la víctima antes de su muerte. Por lo tanto la Comisión entiende que no se cuenta con elementos que lleven a imputar al Estado brasileño la violación de los artículos 5 y 11 de la Convención.
Garantías judiciales (artículo 8(1)) y Protección judicial (artículo 25(1))
38. El artículo 8(1) dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
39. La Comisión entiende que la justicia militar de Brasil, por la naturaleza y estructura de sus actividades, no cumple los requisitos de independencia e imparcialidad previstos en el artículo 8 de la Convención a los efectos de la investigación y el juzgamiento de delitos vinculados con la violación de derechos humanos.[8] La ineficacia de la justicia militar en la averiguación de delitos cometidos por policías militares ya fue tema de debate en Brasil y dio lugar a la promulgación de la Ley 9.299, del 7 de agosto de 1996, que somete a la competencia de la justicia común los delitos dolosos contra la vida cometidos por agentes de la Policía Militar contra civiles.[9] En la medida en que la primera parte de las investigaciones objeto de la presente denuncia fue realizada en el ámbito de a Justicia Militar y antes del advenimiento de la mencionada ley, ese hecho constituye privación, para la familia de Diniz Bento da Silva, del ejercicio del derecho garantizado por el artículo 8 de la Convención, consistente en tener acceso a un tribunal independiente e imparcial para la averiguación del delito cometido contra la víctima de la violación de derechos humanos.
40. La Comisión pasa a señalar algunos ejemplos que, en el caso de autos, ponen de manifiesto lo inadecuado de los procedimientos de la justicia militar brasileña.
41. Conforme a lo arriba mencionado, el artículo 8 de la Convención se refiere al plazo razonable en que debe resolverse un caso de violación de derechos humanos. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos establece criterios específicos. Tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea de Derechos Humanos, así como la Comisión de Derechos Humanos, establecieron una serie de criterios para determinar, en el caso concreto, un plazo razonable a los efectos de la administración de justicia. Los criterios son los siguientes: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado, y c) conducta de las autoridades judiciales.
42. En relación con la complejidad del caso y la conducta de las autoridades policiales, la Comisión entiende que debe realizarse un análisis objetivo de las características de los hechos y de las personas de que se trata. El caso concreto, sin embargo, tiene características simples, tratándose del homicidio de una sola víctima. Además, el dictamen pericial realizado anteriormente concluye que hubo irregularidades durante la realización de la investigación policial militar, y determina cuáles son las pruebas técnicas complementarias necesarias para investigar el delito. No obstante, no existen pruebas de que el Estado haya diligenciado las pruebas complementarias tendientes a esclarecer las irregularidades. Agrégase a esto el hecho de que la investigación policial civil no ha concluido pese al transcurso de dos años a partir de su reapertura y siete años desde la fecha de la muerte de la víctima.
43. Con respecto a la actividad del interesado, la Comisión, al examinar los documentos presentados por los peticionarios, entiende que los representantes legales de Diniz Bento da Silva utilizaron todos los medios que estaban a su alcance a los efectos del desarchivo de la investigación policial en el ámbito penal, habiendo aportado datos nuevos e interpuesto un pedido de desarchivo en dos oportunidades, además de haber incoado una acción indemnizatoria en el ámbito civil.
44. El artículo 25(1) de la Convención dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
45. La Corte Interamericana se manifestó en el sentido de que el artículo 25(1) de la Convención Americana incorpora el principio de la efectividad o eficacia de los medios o instrumentos procesales destinados a garantizar los derechos protegidos en la misma. En esta forma, la inexistencia de recursos internos efectivos deja indefensa a la víctima de la violación de derechos humanos, y por lo tanto justifica la protección internacional.[10]
46. De acuerdo con el artículo arriba citado, los familiares de Diniz Bento da Silva tienen derecho a una investigación judicial a cargo de un tribunal encargado de establecer y castigar a los responsables en casos de violaciones de derechos humanos. Esta facultad emana de la obligación del Estado de “investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.[11]
47. La Corte se pronunció anteriormente con respecto a la obligación del Estado de investigar los hechos violatorios de derechos humanos protegidos por la Convención:
[L]a de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.[12]
48. La Comisión viene aplicando los criterios establecidos en los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante Resolución 1989/65,[13] y destinados a establecer si un Estado ha dado cumplimiento a su obligación de investigar en forma inmediata, exhaustiva e imparcial las ejecuciones sumarias de personas que estuvieran bajo su control exclusivo. Según esos principios, en los casos de esta naturaleza la investigación debe tener por objeto la determinación de la causa, forma, momento de la muerte y procedimiento o práctica que pueda haberla provocado. De la misma forma, se debe realizar una autopsia adecuada, recopilar y analizar todas las pruebas materiales y documentales y recurrir a las declaraciones de los testigos.
49. La Comisión viene aplicando, en forma complementaria, las recomendaciones que figuran en el "Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", según el cual el objeto principal de una investigación es descubrir la verdad acerca de acontecimientos que hayan ocasionado la muerte de la víctima. Entre los diversos criterios existentes en el Manual se destacan los siguientes:
50. En el caso en cuestión, las investigaciones tendientes a aclarar las circunstancias de la muerte de Diniz Bento da Silva fueron realizadas primeramente por la Policía Militar con el seguimiento del CDDPH del Ministerio de Justicia, que visitó el lugar del crimen pocos días después del hecho. Posteriormente, el Subprocurador General de la República y Relator del Procedimiento tendiente a aclarar las circunstancias de la muerte de Diniz Bento da Silva, en atención a la Resolución Nº 002, del 18 de marzo de 1993, del Ministerio de Justicia, dispuso la realización de un dictamen pericial, que fue finalizado el 7 de agosto de 1995, y que certifica una serie de graves irregularidades, como se desprende de la copia del mencionado dictamen, que se anexa al expediente:
V – EXAMEN DEL LUGAR
Es fundamental la preservación del lugar que ha de ser examinado, de modo que no hayan sido modificadas sus condiciones originales, a fin de que el perito pueda recoger elementos para el examen y la documentación fotográfica.
En el caso analizado se comprueba que no hubo preservación del local, ni mucho menos la pericia, ya que días después de los hechos el Sr. Ives Consentino Cordeiro pudo recoger en el lugar elementos materiales que no habían sido descriptos por los peritos oficiales.
VI – DEL EXAMEN NECROSCÓPICO
El informe del examen del cadáver sigue un patrón adoptado en la gran mayoría de los estados brasileños, afectado por influencias técnicas negativas debido a la falta de coordinación de las autoridades con los institutos de medicina forense, faltando los materiales más simples y no realizándose exámenes complementarios absolutamente necesarios, como el examen radiográfico. Por otro lado observamos que sólo un perito médico forense suscribió todos los dictámenes necroscópico [sic], lo que demuestra falta de recursos humanos en el Instituto Médico Forense.
Pese a que el dictamen presentado es idóneo desde el punto de vista descriptivo, en él no se hace indicación de sentido, dirección, trayectoria y distancia de los disparos de armas de fuego de que fue víctima el Sr. Diniz, lo que implica en el documento una grave falla que impide la perfecta reconstrucción de la dinámica de los hechos.
Además de esta omisión podemos señalar que no se recogió material de las manos de la víctima para la realización de un examen residuográfico, que aclararía la supuesta reacción en el momento del apresamiento.
Además, cabe lamentar la falta de fotografías y gráficos[sic] ilustrativos del dictamen, que aun no siendo regla en los Institutos de Medicina Forense, eran imprescindibles en el caso en estudio, dada su repercusión a nivel nacional e internacional.
VII – PRUEBAS DE CRIMINALÍSTICA
Las pruebas técnicas se vieron afectadas por la omisión de preservarlas y por su no realización sujeta a los requisitos pertinentes, lo que permitió que personas extrañas a la actividad pericial recogiesen indicios en el lugar de los hechos.
Entre las pruebas necesarias estaría la prueba residuográfica, además de la perfecta documentación fotográfica del lugar.
Otro material susceptible de ser objeto de pericia es la cinta de video proporcionada por una emisora de televisión, que podrá ser sometida a pruebas sonoras de los disparos, para constatar cuántas armas, y de qué tipo, se utilizaron en el enfrentamiento.
Un documento también importante que no consta entre los examinados es el resultado del examen balístico y descriptivo de las armas utilizadas, en especial en relación con el arma 7.65 recogida como perteneciente al Sr. Diniz.
VIII – PRUEBAS TESTIMONIALES
Son muy pronunciadas las contradicciones entre las declaraciones del grupo vinculado con la actividad policial y el grupo de labradores. Llama la atención la uniformidad de las declaraciones de estos últimos, que indican detalladamente los momentos vividos por el Sr. Diniz antes de su muerte.
Se hace necesario confrontar comparativamente todas las declaraciones para que pueda extraerse de ellas una versión técnica que sirva de base para la reconstrucción.
51. Por otra parte, en el dictamen se recomienda la realización de pruebas técnicas complementarias:
X – CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto, sugerimos, para que se pueda disipar cualquier duda sobre los hechos que rodearon a la muerte del Sr. Diniz, el diligenciamiento de las siguientes pruebas técnicas complementarias:
a) Exhumación del cadáver, para la determinación de la trayectoria, el sentido y la dirección de los proyectiles de armas que alcanzaron al Sr. Diniz.
b) Examen de las cintas de video, para la realización de una prueba sonora de los disparos efectuados.
c) Pericia detallada de la pistola 7.65 recogida junto al Sr. Diniz.
d) Confrontación de todas las pruebas testimoniales.
f) Reconstrucción de los hechos.
g) Establecimiento de la dinámica de los disparos desde el punto de vista médico forense.
52. Cabe señalar, sin embargo, que el Estado brasileño conocía las irregularidades existentes con respecto a la investigación policial militar[14] ya antes del desarchivo del mismo el 9 de marzo de 1998, pero no llevó a cabo ninguna diligencia a ese respecto. Las irregularidades denunciadas por los peticionarios, en relación con las conclusiones del dictamen oficial, no fueron refutadas por el Estado, y éste tampoco produjo informaciones en cuanto al saneamiento de las irregularidades que constan en las primeras investigaciones ni a la producción de nuevas pruebas técnicas.
53. El 11 de junio de 1999, o sea un año después de reabiertas las investigaciones en el ámbito de la policía civil, el Ministerio Público de Paraná señaló la necesidad de aclarar la eventual vinculación del Gobernador del Estado de Paraná con la muerte de la víctima, y mencionó la falta de justificativos para la demora en las investigaciones de la Policía Civil, tal como se desprende de su dictamen:
Sin olvidar, empero, que es imprescindible aclarar la eventual vinculación del ex Gobernador Roberto Requião con los hechos ahora investigados y teniendo en cuenta, además, que el crimen se produjo en 1993, lo que dificulta sobremanera la recolección de pruebas; no obstante, entiendo que no se justifica, tal como se constata en las investigaciones hasta aquí recogidas, iniciadas el 18 de mayo de 1998, el motivo por el cual aún no se ha procurado establecer la forma en que fue asesinado DINIZ BENTO DA SILVA, “Teixeirinha”, y si existió o no una causa excluyente de ilicitud que amparara a los policías militares. En consecuencia, solicito que el Señor JULIO CESAR DOS REIS, digna autoridad policial que preside estos autos, libre oficio a la Corregidoría General de la Policía Civil del Estado de Paraná, solicitando la designación de un nuevo delegado especial para llevar adelante en forma exclusiva las investigaciones.
54. Pese al transcurso de dos años desde la reapertura de la investigación policial, y siete años desde que tuvo lugar el crimen, la investigación aún no ha concluido, lo que priva a los familiares de la víctima del derecho de que se haga justicia dentro de un plazo razonable a través de un recurso sencillo y rápido. Estos elementos llevan a la Comisión a concluir que las investigaciones no se han realizado con la seriedad y eficacia que requieren los artículos 8(1) y 25(1) de la Convención, y en consecuencia considera que el Estado brasileño violó los artículos mencionados.
Deber del Estado de garantizar y respetar los derechos (artículo 1(1))
55. El artículo 1(1) de la Convención establece claramente la obligación del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, en forma tal que toda violación de los derechos reconocidos en la Convención que puedan ser atribuidos, conforme a las normas de Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un acto de responsabilidad del Estado:
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.[15]
56. Teniendo en cuenta lo que antecede, la Comisión considera que el Estado brasileño, al no emprender una investigación seria y exhaustiva y promover la impunidad del delito, a lo que se agrega la omisión de indemnizar a la víctima, violó el artículo 1(1) de la Convención.
VI. ACTUACIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL INFORME Nº 75/00, CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LA CONVENCIÓN
57. El 20 de febrero de 2001, la Comisión, en su sesión Nº 1053, en el curso de su 110º período ordinario de sesiones, aprobó el Informe Nº 38/01, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese informe, la Comisión concluyó que es competente para entender en este caso, y que la petición es admisible conforme a los artículos 46(2)(c) y 47 de la Convención Americana. En ese mismo informe concluyó que la República Federativa del Brasil es responsable de la violación del derecho a la vida (artículo 4) del señor Diniz Bento da Silva, ocurrida en el Estado de Paraná el 8 de marzo de 1993, así como de la violación del derecho a las garantías judiciales (artículo 8), del derecho a la protección judicial (artículo 25) y de la obligación de garantizar y respetar los derechos enumerados en la Convención (artículo 1(1)). Además recomendó al Estado: 1) Realizar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria, a fin de juzgar y castigar a los responsables de la muerte de Diniz Bento da Silva; castigar a los responsables por las irregularidades comprobadas en la investigación de la Policía Militar, así como a los responsables de la demora injustificada en la realización de la investigación civil, conforme a la legislación brasileña. 2) Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima reciban adecuada reparación por las violaciones de derechos aquí establecidas; 3) Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos semejantes; en especial establecer formas de prevenir los enfrentamientos con trabajadores rurales en los conflictos sobre tierras, negociación y solución pacífica de esos conflictos. Por lo tanto, esta Comisión debe proseguir el trámite del caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la Convención Americana. El Informe Nº 38/01, producido de acuerdo con el artículo 50 de la Convención, fue debidamente transmitido al Estado con fecha 12 de marzo de 2001, solicitándosele que en el plazo de dos meses informase a la Comisión sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. El Estado no ha respondido hasta la fecha a lo expresado en esa comunicación.
58. Teniendo en cuenta los hechos y los análisis anteriormente expuestos y de acuerdo con la facultad que le confiere el artículo 51 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye:
59. Que es competente para entender en este caso y que la petición es admisible en virtud de lo dispuesto por los artículos 46(2)(c) y 47 de la Convención Americana.
60. Que la República Federativa del Brasil es responsable de la violación del derecho a la vida (artículo 4) del señor Diniz Bento da Silva, ocurrida en el Estado de Paraná el 8 de marzo de 1993, y de la violación del derecho a las garantías judiciales (artículo 8), del derecho a la protección judicial (artículo 25) y del derecho a obtener garantías y respeto de los derechos enumerados en la Convención (artículo1(1)).
61. En virtud del análisis y las conclusiones que anteceden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Brasil las siguientes recomendaciones:
62. El 15 de octubre de 2001, la Comisión aprobó el Informe Nº 111/01 conforme al artículo 51 de la Convención Americana, cuyo texto es el que antecede. El 28 de noviembre de 2001, la Comisión transmitió dicho informe al Estado brasileño y a los peticionarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(1) de la Convención Americana y otorgó el plazo de un mes al Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones precedentes. Pasado el plazo concedido, la Comisión no ha recibido respuesta del Estado respecto a dichas recomendaciones, por lo que considera que ellas no han sido cumplidas.
63. En virtud de las consideraciones precedentes y de conformidad con los artículos 51(3) de la Convención y 45 de su Reglamento, la Comisión decide ratificar las conclusiones y reiterar las recomendaciones de los párrafos 58, 59, 60 y 61, hacer público este informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas tomadas por el Estado brasileño con relación a las recomendaciones citadas, hasta que hayan sido cumplidas por completo.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 28 días del mes de febrero de 2002. (Firmado): Juan E. Méndez, Presidente; Martha Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y Clare K. Roberts.
[8] CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, 1997, Capítulo III:
Párrafo 77 – “Los procesos ante los tribunales militares muchas veces demoran años, debido, entre otras cosas, al recargo de trabajo, a la escasez de jueces y fiscales, a las excesivas formalidades en los procedimientos y a los incidentes dilatorios. La Comisión ha podido establecer que estos tribunales tienden a ser indulgentes con los policías acusados de abusos de los derechos humanos y de otras ofensas criminales, lo que facilita que los culpables queden en la impunidad”.
Párrafo 78 - “En este clima de impunidad que propicia la violencia por parte de la corporación policial militar, los policías involucrados en este tipo de actividad se ven alentados a intervenir en ejecuciones extrajudiciales, en el abuso de los detenidos y en otros tipos de actividad delictiva. La violencia se ha extendido eventualmente a los fiscales cuando han insistido en continuar las investigaciones de los crímenes cometidos por policías ‘militares’, quienes han sido objeto de amenazas, y aún de amenazas de muerte. Tampoco es extraño que testigos llamados a declarar en contra de los policías procesados reciban amenazas intimidatorias”.
Párrafo 79 – “En una carta dirigida a la Comisión en 1996, el Centro 'Santos Dias' expresa al respecto:
En las investigaciones ("inquéritos") militares, formalizadas en los órganos de Justicia Militar, la parcialidad en favor de los policías incriminados, en la mayoría de los casos, es escandalosa, hasta el punto de transformar a las víctimas en reos. Es también muy común la intimidación de los testigos, cuyas deposiciones judiciales son tomadas en presencia de los policías acusados. En estas condiciones, no es de extrañar la frecuencia con que se determina el archivo de las investigaciones por motivo de deficiencia de las pruebas... Si cumplida esta etapa acaso llegase a presentarse o acogerse una denuncia, surgirían nuevas dificultades en la marcha del proceso, deliberadamente moroso y lleno de incidentes dilatorios: demora en la constitución de los consejos, aplazamientos sucesivos motivados por pequeños defectos formales, etc. Así, no es de extrañar que una instrucción se arrastre por cuatro o cinco años, o indefinidamente, por tiempo suficiente para apagar el recuerdo de los hechos en las páginas de los periódicos y en la memoria de las personas. Pasado tanto tiempo, las familias de las víctimas ya han perdido la esperanza, los testigos han cambiado de domicilio, y las evidencias probatorias ya se han desvanecido”.
En esa oportunidad la CIDH recomendó al Estado brasileño lo siguiente: “Atribuir a la Justicia común la competencia para juzgar todos los crímenes que sean cometidos por miembros de las policías 'militares' estaduales” (párrafo 95.9, página 53).
Recomendaciones efectuadas al Estado brasileño en ocasión del Informe Anual 1997: “La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio militar activo, por las faltas o delitos de función. En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos”. (Recomendación Nº 1, Capítulo VII, recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
Véase también CIDH, Informe Anual 1999, Informe Nº 34/00, Caso 11.291- Carandirú (Brasil), párrafo 80. En el mismo sentido véase CIDH, Informe Anual 1999, Informe Nº 7/00, Caso 10.337 (Colombia), párrafos 53 a 58; CIDH, Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (1999), página175.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se pronunció sobre el carácter impropio de las medidas adoptadas por la justicia militar en ocasión de sus observaciones finales al Primer Informe Periódico presentado por el Gobierno brasileño a ese órgano en 1996: "El Comité está preocupado con la práctica del sistema brasileño de administración de justicia de enjuiciar a los policías militares acusados de violaciones de derechos humanos ante tribunales militares, y lamenta que aún no se haya transferido la jurisdicción de esos casos a los tribunales civiles". En el mismo sentido, el informe preparado por el Sr. Joinet para la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al establecer principios referentes a la administración de justicia, afirmó: "A los efectos de impedir que los tribunales militares, en los países en que aún no han sido abolidos, ayuden a perpetuar la impunidad, debido a la ausencia de independencia resultante de la cadena de comando a la que casi todos sus miembros están sujetos, su jurisdicción debe ser limitada específicamente a las infracciones militares cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, excluyéndose los delitos de derechos humanos que constituyen delitos graves de acuerdo con el Derecho Internacional, los que deben ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios o, si es necesario, de tribunales internacionales”. (Informe No. E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 de junio de 1997, principio Nº 34).
[9] CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, 1997, Capítulo III:
Párrafo 82 – La violencia de la policía militar y la impunidad han suscitado diversas iniciativas en la Cámara de Diputados tendientes a suprimir el fuero especial militar para el juzgamiento de los crímenes cometidos por los policías militares en el ejercicio de sus actividades de orden público. (…)
Párrafo 83: El Presidente sancionó el proyecto sustitutivo, con fuerza de ley, el 7 de agosto de 1996 (Ley 9.299, del 7 de agosto de 1996). La ley 9.299 enmienda el artículo 9 del Código Penal Militar (Decreto ley Nº 1.001), que define los crímenes militares. El nuevo "Párrafo único" de esta disposición establece:
Los crímenes de que trata este artículo, cuando sean crímenes dolosos contra la vida y cometidos contra civiles, serán de la competencia de la justicia común. (Subrayado de la Comisión).
[10] Véase nota 2. Complementariamente, aunque tales casos se refieren a desaparición forzada, la CIDH considera que el análisis de la Corte Interamericana es aplicable a casos de ejecución extrajudicial. (CIDH, Informe Anual 1999, Informe Nº 37/00, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, Caso 11.481, (El Salvador), nota 80.
[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo174. Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párrafo 184.
[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 177.
[13] Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Consejo Económico y Social, Resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989, Naciones Unidas.
[14] Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, 1997, párrafo 79:
“En una carta dirigida a la Comisión en 1996, el Centro ‘Santos Dias’ expresa al respecto:
[15] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 176. Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párrafo 187.

References: artículo 8
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 artículo 25
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 Resolución 
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 artículo 1
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 ARTÍCULO 50
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 artículo 51
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