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Timestamp: 2019-01-23 03:40:14+00:00

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﻿ SENTENCIA C-53 DE FEBRERO 2 DE 1999
SENTENCIA C-53 DE 02 DE FEBRERO DE 1999
CONTENIDO:LIBERTAD DE CÁTEDRA Y MANIFESTACIONES LINGÜÍSTICAS EN LAS REGIONES. CONOCIMIENTO DE DOS LENGUAS OFICIALES POR PARTE DE LOS EDUCADORES EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 47 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA DE LA LENGUA, LIBERTAD DE ENSEÑANZA, AUTONOMÍA DEL DOCENTE
Sentencia C-53 de febrero 2 de 1999
Ref.: D-2030
Actor: Germán Moreno García
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 24, 42, 43, 45 y 57 de la Ley 47 de 1993 “por la cual se dictan normas especiales para la organización y funcionamiento del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
Santafé de Bogotá, D.C., febrero dos de mil novecientos noventa y nueve.
2. El siguiente es el texto de la norma acusada
Ley 447 de 1993
“Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionario del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
ART. 43.—Educación. La enseñanza que se imparta en el territorio del departamento archipiélago, deberá ser bilingüe, castellano e inglés, con respeto hacia las tradicionales expresiones lingüísticas de los motivos del archipiélago.
PAR.—El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la secretaría de educación departamental, ejecutará las acciones necesarias para la implementación del sistema educativo bilingüe y dispondrá lo necesario para que el personal docente del archipiélago, maneje gradualmente los dos idiomas”.
“d) Artículo 42, que consagra como idiomas oficiales en el departamento insular el castellano y el inglés “comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago”.
En relación con esta norma y con el artículo 45 que establece la obligación para los “empleados públicos que ejerzan sus funciones dentro del territorio” del departamento, de “hablar” los dos idiomas oficiales, cabe decir esto, para concluir que consultan ambos la Constitución.
Como se indicó, el artículo 10 de la Constitución, es claro al señalar que “las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios”. Y no cabe duda sobre estos aspectos:
La población “raizal” de San Andrés y Providencia es un grupo étnico perfectamente definido, como lo evidencian su aspecto físico, sus costumbres, su idioma y su pertenencia mayoritaria al protestantismo. Negarle tal carácter aduciendo que las islas fueron pobladas por gentes de diversos orígenes raciales, es razón baladí, pues bien sabido es que no existen razas puras.
Por lo anterior, es ostensible que estas normas no violan el artículo 13 que consagra la igualdad, pues ésta no riñe con la exigencia del conocimiento del inglés; como tampoco el 25, que establece el derecho al trabajo, ni el 26, que garantiza la libertad de escoger profesión u oficio. Basta recordar que este último permite que la ley exija “títulos de idoneidad””.
“ART. 42.—Norma que desconoce el artículo 10 de la Constitución. Según este precepto constitucional, el idioma castellano es el oficial de Colombia. Al igual que lo son los idiomas y dialectos de los grupos étnicos en cada uno de sus territorios.
Para el demandante, las diversas etnias y razas que habitan en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no constituyen un grupo étnico específico; por tanto, la ley no puede establecer el inglés como la lengua de los habitantes de dicho territorio, porque el dialecto que ellos emplean es una mezcla de varios idiomas (inglés y lenguas del África), dialecto que el actor califica de “sui generis”, el cual carece de estructura gramatical, y dista mucho del idioma inglés. Razón por la que no se le puede reconocer como idioma oficial de dicho territorio”.
“La cultura de las personas raizales de las islas es diferente de la cultura del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión y costumbres, que le confieren al raizal una cierta identidad. Tal diversidad es reconocida y protegida por el Estado y tiene la calidad de riqueza de la Nación. El incremento de la emigración hacia las islas, tanto por parte de colombianos no residentes como de extranjeros, ha venido atentando contra la identidad cultural de los raizales, en la medida en que por ejemplo en San Andrés ellos no son ya la población mayoritaria, viéndose así comprometida la conservación del patrimonio cultural nativo, que es también patrimonio de toda la Nación”.
“El artículo 27 de la Carta de 1991 establece que “el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. “Esta disposición es concordante con los artículos 67 y 68 ídem. Este último anota en su inciso quinto que “los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”.
“Por otra parte la limitación a los no residentes va acompañada de la protección a la identidad cultural de los raizales” (subraya fuera del texto).
Al considerar los argumentos que justifican la declaración de exequibilidad del artículo 42 de la Ley 47 de 1993 (que le otorga carácter oficial, además del castellano, al inglés hablado en el archipiélago) y las razones expuestas en la sentencia C-530 de 1993, se aprecia que todos ellos, como lo señala el Procurador en su concepto, son aplicables al inciso del artículo 43 de Ley 47 de 1993.
El artículo 43 de la Ley 47 de 1993 —que establece que la educación en la isla será bilingüe (castellano e inglés)—, tiene relación con lo dispuesto en el artículo 42. En efecto, si bien el texto del artículo 42 se limita a otorgar la calidad de lengua oficial a determinado idioma, el contenido normativo de la disposición es más amplio, ya que a la consagración de una determinada lengua oficial, lógicamente se sigue la exigencia de que la educación se imparta en esa lengua, como quiera que esta es la única manera de garantizar que ella se conserve como instrumento comunicativo y, además, se proteja la identidad cultural de quienes la utilicen.
La educación es, sin lugar a dudas, el principal medio institucionalizado para reproducir la cultura de un grupo humano. La Carta ha reconocido esta función de la educación, al disponer que es un “servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (C.P., art. 67). Este reconocimiento resulta concordante con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución que, al regular lo relativo a las lenguas oficiales, garantiza que la educación que se “imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.
“Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones” (art. 55).
“...tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección...”(1).
En resumen, el legislador ha considerado que, en armonía con lo establecido en la Constitución, la educación juega un papel central en el proceso de afianzamiento y recuperación de las identidades particulares que conforman la comunidad colombiana. No en vano el artículo 8º de la Carta obliga a todas las personas, además del Estado, a proteger la riqueza cultural colombiana, de la cual, indudablemente, hacen parte las diversas lenguas utilizadas en el territorio.
6. La libertad de cátedra no es un derecho absoluto, debiéndose ajustar a la realización de los fines del Estado. La Corte ha señalado al respecto:
“La libertad de cátedra no es un derecho absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la convivencia y la libertad de conciencia, entre otros(2).
En las regiones del país que cuentan con una identidad lingüística propia, reconocida como oficial, se desarrollan los fines del Estado —proteger la riqueza cultural— cuando se exige al maestro que no ignore el uso de la lengua local. Ello no le impide establecer autónomamente los contenidos de su cátedra. Por el contrario, garantiza que su misión educadora sea eficaz y cumpla su propósito.
Por otra parte, la negativa del Estado de fomentar, en el medio educativo, el uso de la lengua nativa oficial, supondría una violación a la igualdad, al discriminar, sin razón admisible, entre expresiones lingüísticas legítimas. El castellano, en su condición de lengua mayoritaria, tiene la función de cohesionar a los colombianos. Es decir, es símbolo de unidad nacional. no de su homogeneidad.
1. Declarar EXEQUIBLE el inciso del artículo 43 de la Ley 47 de 1993.
2. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 43 de la Ley 47 de 1993.
(1) Artículo 56, Ley 115 de 1994.
(2) Sentencia T-092 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: ARTÍCULO 43
 Artículo 42
 artículo 45
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 10
sui generis
 artículo 27
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 43
 artículo 43
 Artículo 56