Source: https://movamnsitiayderfundamentales.blogspot.co.uk/2013/06/
Timestamp: 2017-06-25 03:40:53+00:00

Document:
1/06/13 - 1/07/13 - Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL
¡ABAJO EL PROYECTO
DE LEY DE SERVICIO CIVIL!
El actual gobierno de derecha que encabeza Ollanta Humala,
mantiene, defiende y busca desarrollar el actual sistema capitalista de
explotación que se sustenta en la plusvalía que sacan del despellejamiento del proletariado, de la succión de la energía y sangre del pueblo. Como parte y en función de
eso, lleva adelante su plan económico de
nueva acumulación originaria esquilmadora de la clase y del pueblo así como de
los recursos naturales, en ese sentido y buscando impulsarla adopta medidas
dice que de reformas del Estado, pero que en esencia implica arrasamiento de
los derechos laborales de los trabajadores estatales. El “Proyecto de Ley de
Servicio Civil” que buscan aprobar sí o sí, es parte de la necesidad de las clases dominante, de ahí que además
del gobierno y sus lacayos, es avalada
entre otros, por la CONFIEP y ADEX que
claman por su aprobación propugnando la “flexibilidad laboral” y la tan
cacareada “meritocracia”, el eficientismo que el neoliberalismo proclama y
difunde, pero, ¿qué significa para los trabajadores? A partir de la negación
del derecho a la negociación colectiva y
la implementación de evaluaciones punitivas tras que “quedan los más
eficientes” “los que más rinden”, implica sometimiento total a los mandatos del
empleador en lo remunerativo, condiciones de trabajo, etc., y
evidentemente la pérdida de la
estabilidad laboral, por lo que existe
una amenaza real de despidos masivos, además, como la experiencia
enseña, tras las llamadas evaluaciones se fomentará el clientelismo político
para buscar atar a los trabajadores a intereses de la gran burguesía compradora
y utilizarlo en función de sus necesidades y las contiendas electorales.
Saludamos y apoyamos las luchas de los trabajadores estatales
que se viene desenvolviendo en todo el
país, expresa la combatividad de nuestro pueblo que rechaza el plan económico
que el Estado a través del gobierno impulsa, expresa la defensa de sus derechos
laborales y fundamentales, derecho al
trabajo, a su subsistencia y bienestar. Rechazamos y condenamos la represión
que el gobierno da como respuesta, todos somos testigos cómo las fuerzas
policiales desatan su ira y violencia contra hombres y mujeres de nuestro
pueblo, esa es la violencia que los explotadores santifican y a la cual acuden para
seguir manteniendo y ejerciendo su dominio y explotación. Finalmente, una vez más reiteramos nuestra posición de estar
junto a nuestro pueblo, de luchar por la defensa de sus derechos fundamentales
y del pueblo, de servir a la unidad de nuestro pueblo contra el imperialismo, la
reacción y el Estado reaccionario, pues nos obstante sus divergencias, nuestro
pueblo tiene profundo intereses comunes que los une, y en estas circunstancias,
corresponde seguir desenvolviendo las
luchas, las movilizaciones, pues también está en la experiencia del pueblo que
¡todo se consigue con lucha! Y ¡Cuánto más luchas menos pierdes!, creemos
además que frente a las agresiones, le asiste el justo derecho a ejercer su
defensa. ¡VIVAN LAS LUCHAS DE NUESTRO QUERIDO PUEBLO!
¡DEFENDER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO!
¡ABAJO LA LEY DE SERVICIO CIVIL!¡NO A LOS DESPIDOS MASIVOS!
¡ABAJO LA REPRESIÓN CONTRA LA LUCHA DEL PUEBLO
Lima 28 de junio del 2013 MOVADEF
La lucha por los derechos fundamentales del proletariado minero en La Rinconada
clase obrera y el pueblo en su larga brega y lucha contra el sistema
capitalista, debe proseguir combatiendo al neoliberalismo, la globalización y
el plan económico de nueva acumulación originaria, enarbolando las banderas que
estableciera Carlos Marx hoy plenamente vigentes y a la orden del día: salario,
jornada y condiciones de trabajo.
5000 msnm se encuentra una de las ciudades más altas en el mundo, el centro
poblado de La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento
de Puno. Lugar donde cientos de familias obreras sobreviven a las condiciones
de explotación y opresión a la que este sistema las condena. En nuestro país,
existe la grande, mediana y pequeña minería; en el caso de las dos primeras el
sistema capitalista lleva adelante su agresivo plan de nueva acumulación
originaria bajo una legislación que los beneficia ampliamente, esquilmando a la
clase y el pueblo, así como despojándola de sus medios de producción,
sumiéndolas en las peores condiciones, negando derechos y libertades que la
propia legislación reconoce. Pero es
en la pequeña y la microminería donde se ubica principalmente la minería
llamada informal, a la que el Estado
busca demarcar geográficamente y controlar a favor de la gran minería. Al
Estado no le interesa el proletariado minero ni sus derechos fundamentales,
sino la concentración de capitales, por eso pretende formalizarlos para
controlar su actividad e imponerle tasas tributarias. Sin
embargo, este tipo de minería informal actúa con el aval de los gobiernos de
turno. Ahí están los casos de congresistas como el aprista Tomás Cenzano, quien
en 2010 generó polémica por ser concesionario en La Rinconada y deber a la
Sunat más de S/. 400 millones o el fujimorista Francisco Ccama, accionista de
un empresa de extracción de oro en Ananea, quien tenía denuncias por
contaminación ambiental en el río Ramis.
15 000 obreros, entre hombres y mujeres que venden su fuerza de trabajo en las
distintas faenas, lo hacen en las peores
y más crudas condiciones. Cada día es una suerte seguir con vida y no morir en
la mina, al año fallecen entre 40 y 50 mineros por no contar con los medios de protección necesarios, a pesar que
existen reglamentos a nivel nacional e internacional que resguardan la
seguridad y la salud de los trabajadores.Así al proletariado se le explota para
beneficiar al sistema opresor, por lo que la clase y el pueblo nada deben
esperar de quienes tienen el poder, sólo
a través de sus luchas y bajo una dirección proletaria podrán desarrollar su
propio camino. Se tiene que defender el derecho al trabajo como derecho
fundamental del pueblo y exigir las demandas concretas establecidas como
¡Defensa de las condiciones de trabajo de la clase obrera! ¡Exigimos que toda
empresa garantice el costo de los implementos de trabajo y las condiciones que
protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores!, ¡Exigimos que los empresarios asuman las
implicancias económicas, legales y de cualquier índole de los accidentes o enfermedad de trabajo! y
¡Exigimos el derecho de los trabajadores mineros a trabajar en un ambiente
seguro y ventilado!
socavones de 400 metros o más el proletariado minero lleva una lucha diaria por
sobrevivir, respirando poco oxígeno y más gases tóxicos nocivos para la salud
sin los elementos necesarios para protegerse, además de trabajar a temperaturas
a más de 15 grados bajo cero. Entre las faenas que se realiza también tenemos a
las mujeres obreras llamadas pallaqueras, compuesta por las esposas de los
obreros que a la vez son amas de casa, madres solteras, o quienes han perdido a
sus esposos en la mina; son ellas las
que forman parte del último escalón de la cadena de búsqueda del oro. Su
trabajo consiste en seleccionar manualmente con un rastrillo, las rocas con
contenido de oro que se hallan en los desmontes desechados por la mina para
luego ser llevado a los molinos locales y separar el oro. “En la
mina nuestros esposos trabajan, pero no traen mucho, en un mes 200, 300 soles no alcanzan para nada, para pagar el agua para la luz,
por eso nosotros pobres venimos a pallaquiar al desmonte. El gobierno nos quiere
matar de hambre.”, es uno de los tantos
testimonios que recogimos como parte de una investigación realizada el año
pasado. Mujeres
que por su doble opresión son aherrojadas al incorporarse al sistema productivo
general para la generación de mayor plusvalía a costa de desangrarlas
explotándolas y arrasando sus derechos. Mientras su compañeros de clase se ven
sujetos a trabajar mediante la modalidad de “cachorreo”, que consiste en
trabajar gratis en un socavón para un contratista; luego de 30 días de avanzar
y perforar la roca, éste les paga con uno o dos días más para extraer de 3 ó 4
perforaciones todo lo que saquen en oro y la ganancia sea repartida entre unos
300 mineros. Modalidad que viene desde la época de la Colonia y es una
expresión de los rezagos semifeudalesque existen en una sociedad que hoy es
capitalista y dependiente del imperialismo, tras haberse desenvuelto todo un
proceso de 100 años de capitalismo burocrático y veinte de neoliberalismo. El 76.6%
de la población de La Rinconada se dedica a las labores minero-artesanales
trabajando para contratistas, y el resto lo hace de forma independiente o como
intermediarios. Y pese a las extenuantes horas en las que venden su fuerza de
trabajo, más del 70% de los obreros mineros reciben ingresos por debajo de los
650 soles. En el actual sistema capitalista el salario no permite cubrir las
necesidades elementales, es decir los medios necesarios para la subsistencia
del obrero y su familia, por lo que su incremento debe darse de acuerdo al
costo de vida. Por ello: ¡Exigimos que el salario sea establecido en base a la
composición de una canasta básica que contemple: alimentación, vivienda,
vestido, salud, educación, recreación y cultura, e incluso transporte y
comunicación! ¡Respeto a la jornada de 8 horas! En trabajos nocturnos exigir:
jornada más corta, mayor remuneración y en condiciones más reparadoras.
actual gobierno de derecha de Ollanta
Humala viene desarrollando su plan económico de nueva acumulación originaria de
capital, de mayor explotación y esquilmación a la clase, el pueblo y los
recursos naturales. Plan que consiste en
el despojo de los medios de producción, en la concentración de tierras
principalmente en el norte, en la redoblada represión que no benefician ni a la
clase ni al pueblo. Y un plan político de unir a todos los defensores del
sistema para impedir que el camino del pueblo se desenvuelva, desviándolo con
programas sociales que sólo son migajas, paliativos que no solucionan el
problema de fondo. A la par, la lucha
popular masiva se sigue desarrollando, y vemos cómo la clase obrera y el pueblo
expresan su rechazo al desenvolviendo de estos planes y luchan contra la
apropiación de la tierra, por defender los recursos naturales, contra la
expansión minera, además de la vigencia de las tres banderas de la clase:
aumento de sueldos y salario, respeto de las ocho horas y mejores condiciones
de trabajo. De lo que se deriva que la contradicción principal pueblo- Estado
se viene agudizando.
ciudad hacinada y tugurizada
de 30 años el centro poblado creció considerablemente llegando a tener más de
10 mil habitantes, la mayoría son de otras provincias. Así
tenemos que el 31.2% son de San Antonio
de Putina, el 28.3% de Azángaro, 13.2%
de San Román, 7.5% Sandia, 5.4% Huancané.
En La Rinconada, la población vive sin agua y
desagüe, la mayoría sin fluido eléctrico, y las condiciones sanitarias son
deplorables llegando al extremo de ver las calles infestadas de basura y
desechos. ¡Respeto
al derecho a la sindicalización y la huelga!
“Uno ya
no puede abrir la boca por el temor de que nos metan presos. No hay sindicato,
no hay unión” es la opinión de un obrero
minero. En el centro poblado, el derecho
a la sindicalización no es respetado, siendo una conquista de la clase que ha
costado la vida de muchos que lograron alcanzar este derecho, estipulado en la
Constitución, de lo cual deriva exigir que se respete. La clase debe tener como una de las formas de
organización a los sindicatos para combatir por sus derechos políticos y
sociales en función de la brega del proletariado por el cumplimiento de su
papel histórico en perspectiva. Así como
el derecho a la huelga, como forma principal de lucha en el campo económico. La
libertad de los obreros es hacer huelga, la del burgués, usar la fuerza, la
represión para deshacerla. Debemos exigir: ¡Conquista del derecho a la
sindicalización de todos los trabajadores contratados temporalmente bajo
cualquier modalidad! ¡Respeto irrestricto al derecho a huelga! ¡No a las
reglamentaciones legales!
esto, concluimos que el proletariado minero informal o artesanal debe
organizarse para luchar por defender las tres banderas tales como salario,
jornada y condiciones de trabajo, exigiendo se respete su derecho al trabajo y
que la actividad laboral que realiza es legítima porque con ello lleva sustento
a su hogar. De allí la necesidad de que se le garantice su derecho a la salud y
jubilación, a la sindicalización como un derecho arrancado por la clase y el
pueblo. Así como exigir sean beneficiados del canon minero que administran las
regiones con conquistas que le han sido negadas, como programas de vivienda,
luz, agua, desagüe, telefonía; educación básica y superior, entre otros. Sólo
bajo estas condiciones podrá darse la lucha por la formalización, la cual debe
ser la lucha por el reconocimiento de su actividad laboral y derechos
-La producción de oro en La
Rinconada en el 2010, se calculaba entre 2 y 10 toneladas anuales, cotizándose
en el mercado formal entre los US$70 y US$ 300 millones.
-Número de contratistas en el
2010; 1200 agrupados en 200 compañías y 3 cooperativas.
-La Rinconada sigue siendo
considerado uno de los centros poblados con altos índices de pobreza en el
departamento de Puno. Compartit
Sobre la llamada Ley de Negacionismo
El Gobierno de Ollanta
Humala para desarrollar el sistema
capitalista explotador y opresor viene aplicando un plan político de unir a
todos los defensores del sistema para impedir que el camino del pueblo se desenvuelva o haciendo que éste se
desvié, y sin ninguna voz discrepante,
reprimiendo, sin oposición o rechazo del pueblo tener las manos libres para seguir aplicando su plan económico de nueva
acumulación originaria que implica mayor opresión, explotación y esquilmación
de la clase, el pueblo y los recursos naturales, plan que nuestra organización
ha desenmascarado y lo viene combatiendo. Hace más de un año sirviendo a estos
planes desataron una persecución política contra los
marxista-leninista-maoístas, pensamiento Gonzalo, contra el movadef, contra
todo aquel que discrepe del régimen y contra todo el pueblo. Es dentro de estos planes
que se enmarca el proyecto de ley del negacionismo que apunta a imponer una
sola versión de los sucesos del 80 al 92, dar por cerrado el debate sobre este
tema y encarcelar a quienes discrepen de
dicha versión, pues para el estado “negar” es sinónimo de “contradecir” la
tipificación de terrorismo que sus leyes antisubversivas han impuesto a la guerra interna en el país, pero en el
trasfondo, esta, apunta a contener la lucha del pueblo por la defensa y
restitución de sus derechos, beneficios y libertades democráticas, por lo que
nadie que se precie de demócrata puede permitir que en un estado de derecho
pueda imponerse una ley de esta naturaleza.
Frente al desarrollo del
MOVADEF, el estado invocó una “lucha” contra el llamado terrorismo, llamando a
la “unidad” de todas las fuerzas políticas y presentó ante el Congreso de la
República el Proyecto de Ley Nº 1464/2012 que plantea incorporar en el Código
Penal el artículo 316º-A “delito de negacionismo”. Luego las comisiones de
justicia y de constitución emitieron un dictamen conjunto, agravando el tipo
penal y proponiendo penas de cárcel aún mayores que van desde 8 hasta 15 años.
Aquí el texto listo para
ser debatido y promulgado en el Pleno del Congreso: “Artículo 316-A.-
Será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, el que
públicamente niegue cualquiera de los delitos de terrorismo previstos en el
Decreto Legislativo 046, el Código Penal de 1924 modificado por las Leyes 24651 y 24953, y el Decreto Ley
25475, o la calidad de autor o participe de una persona respecto de esos
delitos, establecidos en sentencia firme, con la finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o
apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines
Si la negación se realiza a través de medios de comunicación social o mediante
el uso de tecnologías de la información
y comunicaciones,…,imponiéndose trescientos sesenta y cinco días multa e
inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del Artículo 36 del código
Así, no se puede tipificar
ni judicializar opiniones sobre un hecho eminentemente político, que tuvo
causas económicas, políticas y sociales, que tiene una verdad histórica,
tampoco puede reducirse un hecho político a un acto judicial. La justicia no
resuelve los hechos políticos. En un proceso judicial quien tiene el poder se
impone contra quien no lo tiene, y en este caso siendo una guerra, una parte
prevaleció contra otra e impuso su verdad y la erigió en ley castigando a los
participes, quitándoles su libertad y su derecho a exponer las motivaciones que
los llevaron a rebelarse. Además está el hecho de que se está persiguiendo
penalmente e… como versión “legal” y
única la de quienes vencieron: el Estado, y a quienes opinen distinto se les
pretende aplicar dicha ley.
rechazar las posiciones vertidas dentro
de la exposición de motivos del dictamen que quieren hacer una analogía de está ley con otras leyes dadas en
Europa contra el negacionismo al Holocausto Nazi, tomando esta experiencia
totalmente distinta y confundir siniestramente hechos históricos, que no se
asemejan en nada, ciertamente existen leyes en otros países que se crearon para condenar la negación al genocidio nazi
que es reprobado por toda la humanidad en su conjunto, sin embargo hay sectores de la reacción en Europa
Oriental que pretenden extenderla al
supuesto negacionismo del llamado “genocidio comunista” o como actualmente vemos en el caso de España
donde también pretenden emparentarla con
la acción de ETA para oponerse a una solución política al conflicto vasco, en
Rwanda el régimen de Kagabe ha establecido que solo hubo genocidio contra los
Tutsi y no contra los Hutu como verdad del Estado con el fin de eliminar
opositores y perpetuarse en el poder con el apoyo del imperialismo
norteamericano, y en nuestro país quieren aplicar este engendro reaccionario siguiendo
la experiencia de la reacción a nivel internacional, sirviendo a la política
del imperialismo norteamericano en la lucha contra el llamado terrorismo que
apunta a criminalizar las luchas de los revolucionarios y de los pueblos y
naciones oprimidas en el mundo, con el despropósito monstruoso de querer
comparar la subversión en el Perú, y exculpar la acción genocida del Estado
peruano en la guerra interna.
Sin embrago existen
críticas y opiniones divergentes en los diferentes sectores en torno a esta ley.
Aldo Mariátegui o el Comercio en contra, la del abogado penalista Julio Rodríguez, quien afirma que con esta ley “se
estaría castigando formas de pensar, se estaría castigando ideologías, en el
estado democrático de derecho no se puede castigar ideologías, ni formas de
pensar”, Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, también
se manifestó en este sentido al afirmar que colocaría en peligro el derecho a
la libertad de expresión, o las declaraciones de Ántero Flores-Aráoz del PPC, quien planteó que “bajo el pretexto
de luchar contra el terrorismo, la Ley de Negacionismo pretendería propiciar un
pensamiento único, lo que es autoritario y atentatorio de las libertades
ciudadanas”, entre otras declaraciones; y hay quienes han enfatizado bastante
el atentado y amenaza a la libertad de expresión como Augusto Álvarez Rodrich
quien dijo que “Este proyecto de ley es un mamarracho propio de una
autocracia”, Rosa María Palacios quien
refirió que “No se combate el terror con el silencio y la uniformidad
histórica, salvo que estemos en un régimen totalitario” y Cesar Hildebrant quien al manifestar su cuestionamiento dijo que “el derecho a emitir una opinión es
inalienable”. Pero principalmente en el
campo del pueblo las masas expresan su rechazo. Hace poco se desarrolló una
marcha contra la mordaza convocada por los gremios de periodistas para
protestar contra esta ley; y cabe señalar que últimamente la Convención
Americana de Derechos Humanos ha manifestado en el marco de la audiencia su 147°
periodo de sesiones y audiencia sobre la libertad de expresión en el Perú que
revisará las serias violaciones del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión que tiene el dictamen de esta Ley.
Por otro lado, en el campo
jurídico es necesario señalar que lesiona y atenta contra el derecho a la
libertad de pensamiento, opinión, expresión, el derecho a conocer la verdad histórica de la guerra
interna, el derecho de investigar, informar, opinar, y difundir libremente las
diversas posiciones y opiniones que existen, derechos que han sido reconocidos
en la propia Constitución política del Perú en su Artículo 2°, Inciso 3 que
indica que todos los peruanos tenemos derecho a la libertad de conciencia y de
religión, en forma individual o asociada, que no hay persecución por razón de
ideas o creencias, y no hay delito de opinión, o el Inciso 4 que nos plantea
que las libertades de información, opinión, expresión y difusión del
pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio
de comunicación social, se deben de respetar sin previa autorización ni censura
ni impedimento algunos, entonces nos preguntamos ¿Qué tendrían que hacer para
aplicar esta ley? Violentar la constitución.
Además que a nivel
internacional contraviene y viola derechos protegidos por el Pacto de Derechos Civiles y políticos que en
su Artículo 19.1. Dispone que “nadie
podrá ser molestado a causa de sus opiniones.”, o los reconocidos en la
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) De Haes y Gijsels c.
Bélgica de 24 de febrero de 1997, que en su párrafo 49 dice que “(…) la
libertad de expresión es válida no solamente para las informaciones o las ideas
acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para
aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera
de la población”, y en la Convención Americana de Derechos Humanos que sobre la
Libertad de Pensamiento y de Expresión en su artículo 13 señala que “1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura 3. No se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.”
Entonces con la pretendida aprobación de este
reaccionario proyecto de ley el Estado estaría violando diversos derechos constitucionales, imponiendo una mordaza a todo aquel que discrepe con su única versión, “oficial”, sobre lo que ocurrió en nuestro país desde 1980
hasta el 92, buscando imponer como única verdad incuestionable el llamado
terrorismo, para perseguir, detener y enviar a prisión a quienes no comulguen con él, por ello, seguimos
manteniéndonos firmes en nuestra posición de ¡Luchar por los derechos
fundamentales del pueblo! Y ¡Solución Política, Amnistía general y
Reconciliación nacional! Frente a todo ello,
obreros, campesinos, estudiantes y demás sectores del pueblo, debemos unirnos
para seguir luchando por nuestros derechos fundamentales y como parte de ello
defender nuestro derecho a la libertad política: Por derecho a la organización,
tal como contempla la constitución y los tratados internacionales. Por respeto
irrestricto de las libertades de opinión, pensamiento, expresión, prensa y difusión e información,
así como de investigación. Compartit
Sobre la lucha del pueblo de Cañaris
defensa de sus recursos y contra la expansión minera
Sobre la lucha del pueblo de
El presente artículo es producto de una
investigación realizada para difundir la situación en que vive el pueblo de
Cañaris, donde el pueblo se enfrenta a la expansión minera que se apropia de sus tierras, por el agua, en
defensa de sus derechos fundamentales.
es un pueblo a unos 2400 metros de altura, dentro del distrito de Cañaris,
provincia de Ferreñafe y departamento de Lambayeque; enclavado en los Andes,
extremo nororiental del departamento, aún conserva el idioma quechua y algunas
tradiciones incas (por ejemplo, la denominada “minga”, variante de la “minca”).
Aunque son duramente golpeadas por la pobreza y la desnutrición, esto no impide
que las masas campesinas de todo corazón
nos brinden posada y comida calentada en rojas brasas. Así, la mejor lección de
entrega nos la dan quienes poco o nada tienen.
distrito de Cañaris cuenta con 78 caseríos y 6 anexos, organizados en dos
comunidades: San Juan de Kañaris y Túpac Amaru II. La
agricultura de autoconsumo es la actividad económica principal del valle. Se
realiza al secano, es decir depende de las lluvias que traen los vientos entre
octubre y noviembre; en ciertos lugares se practica la agricultura destinada al
comercio con las ciudades (en Huacapampa el café, en Atunpampa la naranja). La
ganadería ocupa el segundo lugar en las partes altas del valle; el comercio se
realiza con mercadería traídadesde la ciudad de Pucará, a través de carreteras
intrincadas pero seguras. Así pues la producción agrícola es la actividad más
importante de vida comunitaria.
es uno de los pocos distritos lambayecanos que conservan un inmenso bosque
húmedo, importante reserva inagotable de diversidad biológica y cuencas
hidrográficas; de aquí nacen los ríos Kañariacuy Atun Yacu, el primero
desemboca en el río Huancabamba e irriga el Valle de Pucará; y el segundo se
une al canal Huayabamba e irriga el Valle de Motupe. En su comprensión
territorial también se encuentra las lagunas Tembladera y Shin-Shin. Además, en
recientes descubrimientos se encontró en Congona – Cañaris vestigios
arquitectónicos de la cultura Chavín. Los paisajes naturales son de una belleza tal que bien merecen los
extenuantes recorridos.
sobre los terrenos de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris, con 45 000
Ha. aproximadamente, se ha establecido
la empresa minera Cañariaco Copper Perú S.A.” (antes “Oro Candente”, luego
“Exploraciones Milenio”, filial de la empresa canadiense Candente Copper
Corp.), cuyo gerente general es el Ing. Marco Alejandro Marticorena Quevedo, y
cuya sede está en la calle Antequera 777, Of. # 1101, San Isidro, Lima. Su
oficina de administración está en Chiclayo, calle Los Sauces N° 750, Urb. Santa
Victoria. Desde el año 2001 esta empresa adquirió las concesiones mineras
Cañariaco A, Cañariaco B, Cañariaco C, Cañariaco G, Cañariaco F1, Cañariaco U,
Jehuamarca 1 y Jehuamarca 2.
tiempo la empresa ha conformado los llamados “comités de gestión”, que han sido
los instrumentos para imponer sus negros intereses, engañando a los comuneros
con salarios diarios de 50 soles y proyectos que no representan avance para la
comunidad. Los compromisos de la empresa sobre educación, desarrollo de
técnicas agropecuarias, pagos de servidumbre, becas, etc., sólo han quedado como letra muerta en el
papel; en la realidad han mostrado su desprecio, prepotencia y burla hacía la
lucha del pueblo de Cañaris se origina por la expedición de la Resolución
Directoral N° 0177-2012 del Ministerio de Energía y Minas del 30 de mayo de
2012, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto de
exploración minera Cañariaco, presentado por Cañariaco Copper Perú S.A.; en
consecuencia el MINEM autorizó a dicha empresa por 17 meses para realizar
actividades exploratorias. Esto choca con lo dispuesto en el literal “a” del
numeral 1 del artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, que establece la
obligación de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente”.
Empresa Monta “Asamblea”
sortear este entrampamiento legal la empresa tramó una “asamblea general de
comuneros por convocatoria judicial”. Tal como se expone en la Carta
N°-009-2012-CCSJC recibida por el Ministerio de Energía y Minas, con registro
documentario N° 2214791, el requerimiento de convocatoria de asamblea general
realizada por el comunero Elías Palomino Julca y otros no cumplió con lo
establecido por el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Comunidades
Campesinas, pues para que haya asamblea el pedido deben hacerlo la quinta parte
de los comuneros calificados (867 de un total de 4334 comuneros en esa fecha),
y sólo se presentaron 800 firmas, y después de examinarlas resultaron válidas
sólo 600.
la “convocatoria judicial” la realizó un juez de paz sin competencia, pues
conforme al artículo 43 del citado Reglamento quien debe hacerlo es el Juez de
Paz del Distrito de Kañaris, sin embargo el Juez de Paz del caserío de San
Cristóbal se arrogó dicha función. Se hizo una “convocatoria” para el día 8 de
julio a las 10:00am. La reunión inició al mediodía, sin control de asistencia,
sin padrón oficial de comuneros y con la participación de apenas 250 personas. Y es bien expresivo que a dicha reunión
asistieron el gerente de la empresa Marco Marticorena Quevedo y el jefe de
mina, Enrique Vernuy, junto a su séquito de lacayos y fuerzas de choque.
asistentes a esa falsa asamblea autorizaron a la empresa el uso de los terrenos
de la comunidad para actividades exploratorias mineras por tres años, fijando
como pago por derecho real de uso la ínfima suma de S/. 1’500,000.00 (un millón
quinientos mil nuevos soles), es decir, pretenden pagar doce nuevos soles
mensuales por metro cuadrado de la tierra (por informe del MINEM se sabe que el área de actividades
es de aproximadamente 3450 metros cuadrados), para extraer muestras que por sí
mismas tienen un valor mil veces mayor, algo totalmente lesivo a los intereses
campesinos no se quedaron de brazos cruzados. La Junta Directiva de la
comunidad realizó el 22 de julio del 2012 una auténtica Asamblea General
Extraordinaria, declaró nula la denominada “asamblea general” del día 8, dejó sin efecto los acuerdos tomados y se ratificó en llevar a cabo la Asamblea General a voto secreto el del
2012, para decidir sobre el permiso a Cañariaco Copper Perú S.A. para
exploraciones en los terrenos de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris.
Concluida la asamblea general del día 30 de setiembre a la que asistieron
diversas autoridades, la votación tuvo el siguiente resultado:
BLANCOS 28
NULOS 57
las protestas el 5 de diciembre del 2012, la comunidad difundió mediante
comunicado que la Asamblea General decidió no otorgar dicho permiso y considera
que deben protegerse los maravillosos bosques húmedos, únicos en el
departamento de Lambayeque, que resguardan una variada fauna y flora,
diversidad que no puede destruirse por un proyecto minero.
datos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) la cantidad de
concesiones mineras en las regiones es la siguiente: Apurímac 55% del total de
su territorio ha sido entregado a las empresas mineras, Cajamarca 45%, Moquegua
63.95%, La Libertad 47.46%, Arequipa 42.74%, Lima 41.11%, Tacna 39.88%, Ancash
38.98%, Huancavelica 38.45%, Ica 32.47%, Ayacucho 29.84%, Puno 24.53%,
Lambayeque 23.21%, Piura 28,5%, Junín 24.6%; en el caso particular de Cañaris,
es el 96.16%.
necesaria y justa la lucha del pueblo de Cañaris contra el despojo de sus
tierras que es parte del plan de nueva acumulación originaria, por el respeto
al derecho del pueblo a poseer, defender y decidir sobre la tierra. Asimismo,
exigir a la Empresa Minera Cañariaco Copper Perú S.A. cumpla con pagar a la
comunidad la suma de 170 millones de nuevos soles por concepto del ilegal
usufructo del que se han beneficiado desde el año 2001 hasta la actualidad. Por
la defensa del territorio comunal, exigir que la Empresa Minera Cañariaco
Copper Perú S.A. también cumpla con pagar a la Comunidad 170 millones de nuevos
soles de indemnización por los daños y perjuicios provocados desde 2001. Por la
defensa de la producción nacional, trabajo para el pueblo y seguridad
alimentaria, en consecuencia exigir que el gobierno regional y gobierno central
habiliten partidas presupuestarias para desarrollar proyectos de desarrollo
agropecuario en las zonas altas, medias y bajas de la comunidad. Por un nuevo
marco constitucional para las comunidades campesinas y la economía nacional,
que defienda cabalmente los territorios comunales y desarrollo de la agricultura
como base de nuestro proceso económico, es decir por una nueva Constitución a
través de una Asamblea Constituyente.
La lucha por los derechos fundamentales del prolet...
PUBLICAMOS NOTA DE PRENSA DEL DR. ALFREDO CRESPO Y...
¡RECHAZAMOS EL PLAN POLÍTICO REACCIONARIO DEL NUEV...

References: artículo 316
 Artículo 36
 Artículo 2
 Artículo 19
 artículo 13
 Resolución

 artículo 6
 artículo 43
 artículo 43