Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910202.html
Timestamp: 2020-06-02 07:54:31+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 202/2019
Sucre, 09 de abril de 2019
Expediente : Oruro 9/2017
Parte Imputada : Mario Romero Santos y otra
Delitos : Estelionato
Por memorial presentado el 4 de julio de 2017, cursante de fs. 194 a 197 vta., Mario Romero Santos, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Luís Marcelo Rodríguez Escobar y Betzabé Apata Laima contra el excepcionista y Catalina Romero Santos, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).
I. ARGUMENTO DE LA EXCEPCIÓN PLANTEADA
El procesado Mario Romero Santos, formula Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, bajo los siguientes argumentos:
El supuesto ilícito y las circunstancias del hecho datan del 14 de febrero de 2012, emergente de la Escritura Pública N° 136/2012, que se refiere a una transferencia de un bien inmueble.
Refiere que, al no existir Sentencia condenatoria, aún es posible interponer excepción de prescripción, ya que el supuesto ilícito se cometió el 14 de febrero de 2012, transcurriendo hasta la fecha 5 años, 3 meses y 17 días conforme lo dispuesto por el art. 29 num. 2 del CPP, que establece que la acción prescribe para este delito en 5 años, por ello, el juzgamiento del tipo penal habría prescrito, por lo que la prescripción sería procedente.
Sustenta que los arts. 308 inc. 4, 27 inc. 8, 29, 30 y 44 del CPP, prevén que la extinción de la acción penal por prescripción inicia desde la media noche del día en que supuestamente se cometió el delito, salvo en casos de rebeldía, tal como también lo han establecido las Sentencias Constitucionales 0430/2010-R de 28 de junio y 0018/2006-R de 9 de enero.
Asimismo, haciendo alusión al trámite que se debe imprimir en las excepciones en casación, cita lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 1716/2010-R, así como también refiere que la prescripción de la acción sirve para exigir a los órganos de persecución penal la administración de justicia de forma rápida, pronta, oportuna y efectiva conforme al art. 116 de la CPE; señala y reitera que la acción penal, por la fecha de consumación del ilícito, mencionada en la acusación y Sentencia habría prescrito, considerando también que dentro el proceso se habría suscrito un documento con las víctimas, donde se devolvió el monto total de la frustrada transferencia, dando su conformidad en los documentos de Transacción y Desistimiento, debidamente reconocidos, por lo que hace viable la procedencia de la extinción de la acción penal por prescripción.
II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA
Por decreto de 11 de enero de 2019, se dispuso traslado conforme lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley Nº 586 de 30 de octubre de 2014, para que la parte contraria emita criterio sobre la excepción; y siendo notificada debidamente, se tiene cursante la contestación únicamente por parte del Ministerio Público, cuyo representante expone en los siguientes términos:
Refiere que en el planteamiento del excepcionista existe falta de motivación y correcta fundamentación de la solicitud, ya que el deber de fundamentación no sólo es para el Juez o tribunal, sino también de la parte impetrante conforme a las Sentencias Constitucionales 1306/2011 y 0299/2015-S3 de 25 de marzo.
Asimismo, expresa que sobre la excepción de prescripción, se ha sentado jurisprudencia conforme a los Autos Supremos 370 de 24 de agosto de 2010, 554/2016 de 15 de julio y 750/2016-RRC de 28 de septiembre, que sustentan el deber de ofrecer prueba idónea y apropiada, además de cumplir el excepcionista con la carga argumentativa, señalando no sólo el término del cómputo de prescripción, sino también la fundamentación de la manera en que no concurren las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, debiendo demostrar en cada caso dichos extremos de manera objetiva, conforme lo previsto por el art. 314 del CPP.
Señala que respecto al documento transaccional, se ha afirmado que se acordó cancelar el monto adeudado y los daño y perjuicios, pero mediante un porcentaje, del cual queda un remanente, por el que se suscribió un segundo acuerdo transaccional, los cuales no surten efectos legales siendo que todavía se encuentra pendiente de cumplimiento dicho acuerdo; y, en tal sentido, no habiendo cumplido con la obligación de fundamentar y acompañar prueba idónea a su petitorio, la excepción recae en la previsión del art. 315.III del CPP, correspondiendo declarar infundada la excepción interpuesta.
III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA
Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista y el Ministerio Público, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición; en cuanto, a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.
Por ello, a la fecha, toda cuestión accesoria planteada ante el máximo Tribunal de Justicia, en su Sala Penal, puede y debe ser resuelto, con la competencia plena que la propia interpretación constitucional ha delineado, dejando claramente establecido las cuestiones incidentales y excepciones, serán resueltas por el Tribunal o Juez donde se encuentre radicada la causa, precisamente precautelando los principios de concentración, eficacia, eficiencia y por economía procesal.
Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.
Por ello, debe dejarse sentado que todo excepcionista al pretender solicitar la procedencia de la prescripción, conforme a lo ampliamente expuesto, debe acreditar dichos presupuestos legales para poder ser valorados por el juez o Tribunal en el fondo de la solicitud de extinción y así, sobre base probatoria suficiente emitir una resolución que se ajuste a derecho.
III.4. Análisis de la excepción opuesta.
El excepcionista refiere que el supuesto ilícito y las circunstancias del hecho datan del 14 de febrero de 2012, emergente de una Escritura Pública N° 136/2012, que se refiere a una transferencia de un bien inmueble, estableciéndose que el supuesto ilícito se cometió en aquella fecha, transcurriendo 5 años, 3 meses y 17 días, que conforme lo dispuesto por el art. 29 num. 2 del CPP, al prescribir la acción para este delito en 5 años, el juzgamiento del tipo penal habría prescrito, por lo que la prescripción sería procedente. A su vez, citando los arts. 308 inc. 4, 27 inc. 8, 29, 30 y 44 del CPP, acota que dentro el proceso se habrían suscrito dos documentos con las víctimas, donde se devolvió el monto total de la frustrada transferencia, dando su conformidad en los documentos de Transacción y Desistimiento, debidamente reconocidos, por lo que hace viable la procedencia.
Considerado y tomando en cuenta que en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el num. 8 del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma, inicia a computarse desde: i. La media noche del día en que se cometió el delito; y, ii. Desde la media noche en que cesó su consumación. Debe tomarse en cuenta, que corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado, el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP: y, por otro, la falta de una resolución que ponga fin al proceso; además, de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP.
En ese ámbito, de acuerdo a los antecedentes cursantes en obrados, remitidos a esta Sala Penal y de los argumentos expuestos por el excepcionista, se tiene que el cómputo de la prescripción iniciaría a la media noche del 14 de febrero de 2012; no obstante, se advierte de la excepción planteada, que no se adjunta prueba documental idónea referente a la concurrencia o no de las causales de interrupción y suspensión del término de prescripción para que de su valoración, se pueda demostrar y establecer de la tramitación de la causa, no sólo el transcurso de tiempo, sino también la inexistencia de declaratoria de rebeldía y la inconcurrencia de las demás causales que suspenden el término, ya que en la argumentación que expone, el excepcionista no hace ninguna relación de sus afirmaciones y motivos con prueba ofrecida e idónea que demuestren estos extremos, pues resulta insuficiente para acceder a la pretensión jurídica del excepcionista la sola afirmación o mención al transcurso de tiempo y la relación de antecedentes y actuados procesales únicamente, que no permiten sostener en el caso de autos, la concurrencia o no de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción.
A su vez, respecto a los Documentos Privados con Reconocimiento de Firmas de 16 de septiembre de 2016 y 4 de mayo de 2017, como bien destaca el Ministerio Público, se encuentran sujetos de cumplimiento en vigencia, además que debe considerarse que la pertinencia de la solicitud no involucra la invocación de acuerdos Transaccionales o Conciliatorios, ya que para que opere su homologación, los recursos o medios para su interposición se encuentran regulados por diferentes institutos procesales al de la prescripción y alegar como fundamento de procedencia de la prescripción, la existencia de acuerdos transaccionales, no representa fundamento para el objeto del planteamiento realizado por el excepcionista.
Consiguientemente, al no ser objetivamente verificable la concurrencia o no de las circunstancias previstas en los arts. 31 y 32 del CPP, hace inviable considerar la excepción en relación a la acreditación objetiva de la no interrupción de la prescripción o la comprobación de inexistencia de declaratoria de rebeldía en relación al excepcionista, incumpliendo la parte con lo establecido en el art. 314 par. I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar con prueba idónea la no interrupción del término de la prescripción y los argumentos de su excepción; pues debió demostrar que durante la causa, desde sus inicios, no fue declarado rebelde y fundar probatoriamente esta circunstancia; no pudiendo esta Sala suplir esa carga procesal que debió ser producida y relacionada por el excepcionista obligatoriamente, teniendo presente que la resolución de las pretensiones de las partes tienen como base los planteamientos fundamentados y las pruebas idóneas que las sustenten, caso contrario, ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta, entre otros, la potestad de impartir justicia conforme al art. 178 par. I de la CPE, tal como lo ha señalado el Auto Supremo 001/2017 de 3 de enero: “…se advierte de la excepción planteada, que no cursa prueba idónea, que permita a este Tribunal tener la certidumbre de que la imputada durante el proceso penal hasta el presente, no fue declarada rebelde o haya existido alguna causal de suspensión, limitándose a sostener la excepcionista que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción que curse en el cuaderno procesal; por lo que, los arts. 31 y 32 del CPP no podían ser considerados, incumpliendo la imputada lo establecido en el art. 314.I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarada rebelde; así también, tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso…”. Asimismo, lo ha referido también el Auto Supremo Nº 005/2018 de 22 de enero, al indicar que: “…Por otra parte, se advierte del memorial de excepción, que la imputada omite observar el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso, pues debe tenerse presente que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten….”. Es decir que no basta con sólo demostrar el transcurso del tiempo, sino que conforme a los arts. 314 y siguientes del CPP, teniendo las excepciones el mismo trámite que cualquier otro incidente, deben estar debidamente fundamentados, así como respaldados por toda la prueba necesaria señalada y correctamente compulsada por el impetrante en su pretensión, para que luego de esa compulsa que se plantee por quién pretenda excepcionar, el Tribunal realice la labor de verificación de las afirmaciones, evitando ingresar en subjetividades o meras suposiciones argumentativas y se llegué a concretar una adecuada respuesta por parte del juzgador a dicha pretensión, caso contrario, no es posible -de manera intrínseca- deducir lo que ha querido explicar y demostrar la parte en su pretensión con relación a la sola afirmación, carente de prueba, limitando la actividad jurisdiccional a su petición, sin poder relacionar con prueba objetiva, y menos verificar –en el caso concreto- la inconcurrencia de los presupuestos establecidos en los arts. 31 y 32 del CPP; ante cuya falencia, es consecuente y procedente declarar por infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.
Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, opuesta por el procesado Mario Romero Santos, cursante de fs. 194 a 197 vta.
En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.
Notifíquese a las partes con sujeción a las disposiciones previstas en el art. 163 del CPP.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
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