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Timestamp: 2020-02-20 14:16:22+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 209, de 15/09/2017
cve: BOCG-12-D-209
158/000045 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea... (Página3)
162/000456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la mejora de la atención, tratamiento y rehabilitación de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) ... (Página6)
162/000457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los derechos de las víctimas del terrorismo ... (Página9)
162/000458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación ... (Página10)
162/000459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña ... (Página11)
161/002248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adopción de sanciones contra altos funcionarios y miembros del Gobierno venezolano ... (Página13)
161/002249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a cumplir los acuerdos de la Junta de Seguridad de Cataluña y a facilitar la inmediata incorporación de los Mossos d'Esquadra en Europol ... (Página14)
161/002242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la rescisión del contrato con Marsegur por incumplimiento de los derechos de los trabajadores de seguridad privada... (Página15)
161/002247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a dotar de financiación al Programa de paisaje y proyecto de ordenación para la integración estético funcional de la cubierta de la A-70 en Sant Joan d'Alacant y Mutxamel en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 ... (Página16)
161/002251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la finalización de la concesión y liberalización de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro ... (Página17)
161/002253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar las obras de la Autovía RM-1 (Autovía del Bancal) en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ... (Página18)
161/002250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la regulación de los mensajes publicitarios y los patrocinios de las empresas del sector energético ... (Página19)
161/002252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a estimular las actuaciones de eficiencia energética en el sector de la edificación ... (Página20)
161/002243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un registro de pacientes afectadas por endometriosis ... (Página22)
161/002244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención a pacientes con esclerodermia ... (Página23)
161/002245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la mejora de la atención, tratamiento y rehabilitación de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), especialmente para los afectados por Daño Cerebral Adquirido Infantil (DCAI) ... (Página24)
161/002246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la mejora de la atención, tratamiento y rehabilitación de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) ... (Página26)
158/000045
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático.
La sequía ocupó parte del pasado curso parlamentario y vuelve a la palestra en el inicio del nuevo periodo de sesiones. A lo largo del último año, la precipitación media en el conjunto del país se ha situado un 12 % por debajo de la media de los últimos treinta años; la reserva en nuestros embalses está en el 56 %, frente al 70 % de media en los últimos diez años. Por otro lado, los datos disponibles respecto a la crisis de sequía en curso apuntan a que previsiblemente la situación se agravará.
En todo caso, en el contexto de Cambio Climático en curso, todos los escenarios previstos desde la comunidad científica asumen que los periodos de sequía serán cada vez más frecuentes e intensos, al tiempo que coinciden en esperar importantes recesiones de caudal en todas las cuencas.
Tradicionalmente hemos eludido afrontar las sequías como algo previsible y natural, propio de nuestro clima mediterráneo, que puede y debe prevenirse, no para evitar lo inevitable, sino para reducir nuestra vulnerabilidad ante esas sequías. Sin embargo, en la perspectiva de Cambio Climático vigente, resulta inaplazable mirar de frente al problema, analizar en profundidad y con perspectiva la situación de nuestros recursos hídricos y plantear las bases de lo que debe ser una futura política de aguas acorde con los retos del cambio climático.
Un primer reto es el de clarificar la expectativa de caudales en las diversas cuencas, a lo largo de las próximas décadas, interpretando los datos y expectativas científicas desde el principio de precaución que, con la legislación vigente en la UE, ha pasado, de ser un principio recomendable políticamente, a ser un principio legal de obligada observación. Tal y como se ha dicho anteriormente, desde el abanico de valoraciones y expectativas científicas, hay un elevado consenso en dos previsiones clave:
- Fuerte incremento de la variabilidad climática, con el consiguiente crecimiento de riesgos de sequía y crecidas (por tormentas), tanto en frecuencia como en intensidad.
- Tendencia recesiva de pluviometría media y fuerte aumento de la evapotranspiración vegetal (masas forestales, prados, cultivos de secano, regadío...) con la consiguiente disminución de caudales medios esperados.
Clarificar técnicamente estas expectativas es fundamental para una adecuada planificación.
El agua y sus ecosistemas asociados constituyen un patrimonio común cuya protección y uso sostenible tiene que ser garantizado por los poderes públicos. De ellos depende la vida en el planeta y muy particularmente la vida, la cohesión social y la identidad de comunidades, sociedades y territorios. Por ello deben ser gestionados desde la lógica del interés general, tanto de las generaciones actuales como futuras, garantizando su sostenibilidad. En coherencia con ello, el objetivo central de la Directiva Marco de Aguas es "Recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua, incluidos, deltas, estuarios y ecosistemas costeros". La UE exige que se diseñen estrategias de adaptación a las perspectivas de cambio climático, sobre la base de recuperar el buen estado de ríos, humedales y acuíferos, a fin de reforzar la resiliencia del ciclo hídrico frente a estos cambios. Se trata en suma de garantizar las inercias reguladoras de los propios ecosistemas, y muy particularmente de los acuíferos, para reducir la vulnerabilidad de la sociedad, más allá de ganar espacios naturales valiosos.
En esta línea, es fundamental clarificar la situación de nuestros acuíferos y precisar el diagnóstico sobre el evidente desgobierno vigente en materia de aguas subterráneas. La existencia de cientos de miles de pozos ilegales, la opacidad en esta materia por parte de las diversas administraciones responsables y la irresponsabilidad que supone eludir sistemáticamente, desde hace años, la declaración legal de sobreexplotación en acuíferos que obviamente están sobreexplotados, exige una labor de documentación y clarificación en este frente que es y será de gran importancia. Sobre esa base, se impone la necesidad, no solo de que la Administración asuma sus responsabilidades, sino de implicar a los propios beneficiarios de esos acuíferos, constituyendo comunidades de usuarios. Se debe estudiar este perfil de responsabilidad y participación ciudadana para orientar la acción legislativa al respecto.
La Directiva Marco de Aguas exige, no solo asegurar regímenes sostenibles de extracción en los acuíferos, sino también caudales ecológicos que permitan recuperar el buen estado de los ríos. Tal restricción a usos productivos y expectativas debe igualmente clarificarse, de cara a valorar de forma realista la disponibilidad efectiva de caudales en el futuro. Por otro lado, a la hora de determinar los regímenes y caudales ecológicos a respetar, la Directiva Marco de Aguas exige tener en cuenta la gestión de los flujos sólidos, es decir de los sedimentos, que hoy colmatan nuestra valiosa red de embalses, evitando que cumplan sus funciones en la sostenibilidad de deltas (en progresiva subsidencia-hundimiento y salinización) y playas.
Es necesario asumir el reto de revisar hasta qué punto hemos realizado una adecuada y rigurosa transposición adaptado nuestra legislación a la Directiva Marco de Aguas. De hecho numerosas advertencias de la Comisión Europea apuntan que el Reino de España no ha asumido de forma consecuente los principios de prevención, protección y mejora de los ecosistemas acuáticos, y el consiguiente uso sostenible de las aguas en la perspectiva del Cambio Climático en curso.
Aunque sin duda se han desarrollado esfuerzos importantes desde las Confederaciones Hidrográficas y Agencias Autonómicas de Aguas en los diversos frentes reseñados, entendemos imprescindible que, desde el Congreso de los Diputados, hagamos un esfuerzo de recogida de información, de experiencias, de valoraciones expertas y de participación ciudadana que nos permitan orientar, desde nuestra responsabilidad legislativa, las políticas públicas a desarrollar en materia de planificación y gestión de aguas ante los retos que plantea el Cambio Climático en curso.
Por todo ello se presenta la siguiente propuesta con un único punto:
El Congreso de los Diputados aprueba la creación de una Subcomisión dentro de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tendrá por objeto el estudio y la elaboración de propuestas de Política de Aguas en coherencia con los retos del Cambio Climático.
REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 50 diputados en la Cámara y dos representantes de cada uno de los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión estudiará la situación actual de los ecosistemas hídricos en España, el impacto de las políticas impulsadas y aplicadas hasta la fecha y los retos a los que nos enfrentamos en la perspectiva del Cambio Climático. Todo ello con el objetivo de promover un diálogo ciudadano bien informado, a nivel estatal, sobre las políticas de aguas en las perspectivas vigentes de cambio climático, sobre la base de una información científica rigurosa sobre la situación de nuestros acuíferos y sobre la expectativa realista de caudales disponibles de cara a las próximas décadas, en el marco que establece la Directiva Marco del Agua sobre los caudales a respetar en todas las cuencas para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales, incluidos deltas, estuarios y plataformas litorales marinas.
Entre otras labores, esta Subcomisión analizará y estudiará:
1. Las críticas y recomendaciones hechas por la Comisión Europea sobre la Planificación Hidrológica vigente en España.
2. El contraste entre el estado de nuestros ecosistemas y las demandas y expectativas existentes, contando con la recesión de caudales prevista por la comunidad científica.
3. Las recomendaciones y exigencias legales de la UE respecto al desarrollo del principio de precaución, ante los riesgos de sequía y de crecidas derivados del cambio climático.
4. Experiencias y estrategias de prevención y gestión de los riesgos de sequía y de inundación en países avanzados en este campo, a nivel internacional.
5. El estado de nuestros acuíferos, especialmente en las zonas más sensibles, el nivel de aplicación de la ley en este campo y las medidas a tomar frente a la masiva existencia de pozos ilegales y acuíferos sobreexplotados.
6. Las exigencias que hace la UE en materia de caudales ecológicos, con base en la Directiva Marco del Agua, para estimar los caudales a respetar al respecto de cara al futuro.
7. Los diversos derechos e intereses en juego, y a menudo en conflicto, a la luz de las prioridades, criterios de gestión y objetivos que marca la Directiva Marco del Agua y el resto de Directivas concomitantes;
8. El nivel de racionalidad económica de nuestras inversiones en materia hidráulica y el nivel de aplicación efectiva del principio coste/eficacia exigido por la legislación europea.
9. El impacto de las estrategias desarrolladas hasta hoy en cuestiones clave como: resolución del déficit hídrico, gestión de riesgos de sequía e inundación, sobreexplotación de acuíferos, recuperación del buen estado de ríos, humedales y acuíferos...
10. El funcionamiento, transparencia y nivel de participación ciudadana efectiva en las instituciones de planificación, gestión y control del agua, en contraste con otros países avanzados, a fin de proponer estrategias de modernización que mejoren la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad que exige la Directiva Marco del Agua.
11. Las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías ante los retos del cambio climático.
12. Cambios legislativos que permitirían reducir la vulnerabilidad de nuestra sociedad ante los crecientes riesgos de sequía y crecidas, en el contexto de cambio climático vigente.
Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión recabará:
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas, así como de personas expertas e investigadores de reconocida solvencia, autoridades, funcionarios públicos, asociaciones y organizaciones interesadas en la materia, que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles medidas a platear en el informe final.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio una vez aprobado por la Comisión de Estudio junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
Las comparecencias deberán substanciarse en los tres primeros meses desde la constitución de la Subcomisión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2017.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000456
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la atención, tratamiento y rehabilitación de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), para su debate en Pleno.
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es un daño que se produce al cerebro con posterioridad al nacimiento, que provoca un menoscabo de la salud y calidad de vida de quien lo padece, tanto adultos como menores de edad, siendo sus causas principales los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos y, en menor medida, tumores, infecciones cerebrales o anoxias.
Las lesiones producidas por estas causas, además de al cerebro, pueden afectar a cualquier otra función del organismo al ser este, el órgano de control de las funciones vitales. Estas posibles complicaciones resultan más graves cuando los afectados por el DCA se encuentran entre los colectivos de especial vulnerabilidad del daño cerebral, es decir: los menores de edad (DCAI), cuando la persona con DCA se mantiene en estado vegetativo persistente o cuando la persona con DCA presenta alteraciones de la conducta. Dado el escaso desarrollo de los recursos de atención al daño cerebral y la falta de
reconocimiento social de esta discapacidad; estos tres colectivos con necesidades particulares dentro del DCA se enfrentan a más dificultades y situaciones de desamparo que el resto.
La atención a las personas con DCA y a sus familias no debe limitarse al proceso agudo, sino que debe ser una acción perdurable en el tiempo, de carácter multidisciplinar y en la que estén implicadas competencias de Sanidad, Servicios Sociales, Discapacidad y Educación. Es preciso una actuación rehabilitadora duradera que consiga recuperar la mayor parte de las funciones afectadas, siempre y cuando se pueda, así como una asistencia integral para los afectados y sus familias a fin de conseguir que desarrollen actividades básicas de la vida diaria con la mayor autonomía posible.
Sin embargo, pese a que las necesidades específicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con DCA son conocidas por el conjunto de profesionales y administraciones, los afectados por este daño no disponen de recursos de apoyo, sanitarios, sociales y educativos precisos. Según un inventario de recursos realizado por la Federación Española de Daño Cerebral, basado en criterios acordados con especialistas de referencia en la atención al colectivo, en España hay 92 recursos de atención específicos para el Daño Cerebral Adquirido. Estos recursos proporcionan 4.332 plazas: 2.242 de titularidad privada, 1.339 concertadas y 751 públicas. 56 de estos recursos se enmarcan en el ámbito sanitario y trabajan la neurorrehabilitación a través de unidades ambulatorias, unidades hospitalarias y unidades en régimen de hospital de día. Los 28 recursos restantes corresponden a servicios sociales y su labor es promocionar la autonomía personal e integración social del colectivo. Estos recursos son centros de día (23), pisos tutelados y residencias.
En cuanto a la atención específica de menores con DCAI, solo tres comunidades autónomas poseen unidades específicas para el tratamiento: Navarra en el Complejo Hospitalario de Navarra, Valencia en el Hospital de Manises y Madrid en el Hospital Niño Jesús. Incluso alguna de estas unidades está todavía en vías de desarrollo y precisa de mayor apoyo institucional para dar una correcta atención a los afectados por DCAI.
Por lo tanto, las personas con DCA y sus familias tampoco cuentan con los recursos precisos ni el apoyo de la administración preciso para que, una vez finalizada la etapa aguda, se continúe la rehabilitación de las funciones neurológicas, motoras, cognitivas o sensoriales perdidas. Son precisos tratamientos de fisioterapia, psicomotricidad, logopedia o terapia ocupacional, entre otras, para poder tratar adecuadamente las secuelas de estos daños. Pocas comunidades ofertan estos servicios de manera sistemática. Además, en numerosas ocasiones los afectados por daño cerebral son dependientes, precisando una evaluación y atención temprana por parte de los servicios asistenciales. Una situación que tampoco se da a fecha de hoy. También son necesarios el desarrollo de más recursos orientados a la inclusión social en cuanto a promoción de la autonomía personal, ejercicio de derechos de ciudadanía, inclusión laboral y, en el caso de los menores con DCA, inclusión educativa.
La relación entre incidencia, prevalencia y desarrollo de recursos específicos; el perfil en evolución del colectivo, la situación de desamparo de las familias, la ruptura del proceso asistencial entre lo sanitario y lo social, la falta de reconocimiento social y de reintegración del colectivo en sociedad, las necesidades de atención particulares de menores con DCA, personas en Estado Vegetativo Persistente y personas con alteraciones de la conducta; además de las necesidades de atención, información y apoyo de los familiares de personas con DCA; convierten al Daño Cerebral Adquirido en un reto de presente y futuro para nuestro Sistema Nacional de Salud que es urgente abordar.
Es necesario establecer criterios básicos que permitan la implantación de un Modelo de Atención al Daño Cerebral Adquirido definido y promovido desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que tenga su concreción en cada Comunidad Autónoma.
El modelo se debe regir por los siguientes principios:
Centrado en la calidad de vida y la promoción de la autonomía personal.
Centrado en la persona con DCA y en su familia.
Atención a cargo de equipos compuestos por profesionales de diversas disciplinas médicas y sociosanitarias.
Basado en programas de atención individualizados.
Sujeto a criterios de calidad definidos y contrastables.
Sobre la base de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Un de las dificultades para la implantación de un modelo de estas características es la propia naturaleza del DCA, que no es, propiamente, una enfermedad, sino un conjunto de secuelas en múltiples áreas funcionales. Las causas de las secuelas son diversas y estas se estabilizan al año o año y media de la lesión. Este lapso entre el episodio de lesión cerebral, atendido en el ámbito hospitalario, y la estabilización de las secuelas tiempo después, es uno de los aspectos que dificultan la medida de la incidencia del DCA. Esta dificultad implica una indefinición respecto a los derechos sanitarios y sociales del DCA que se traslada también a la hora de prescribir y dimensionar de manera objetiva la atención necesaria (recursos y servicios) para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas y familias con DCA.
La continuidad asistencial solo puede ofrecerse a aquellas personas que hayan sido previamente identificadas como sujetos con daño cerebral y con alto riesgo de presentar necesidad de asistencia a largo plazo. En este sentido, debería de producirse una toma de posición para adoptar un criterio diagnóstico de Daño Cerebral Adquirido al alta en los hospitales de especialidades, que sirva tanto para facilitar el censo de la población con DCA, como alerta para prescribir y garantizar la rehabilitación funcional cuando sea necesaria y como guía para dimensionar los recursos especializados necesarios.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que la atención para las personas afectadas por DCA es manifiestamente mejorable y que debe ser impulsada en todo el territorio nacional a fin de mejorar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y las condiciones de vida de las personas afectadas por estos daños y sus familias.
1. Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad impulse un grupo de trabajo sobre Daño Cerebral Adquirido con representantes de la Administración Pública, profesionales de la atención al DCA y miembros del movimiento asociativo DCA; para desarrollar una Estrategia Nacional de atención al Daño Cerebral Adquirido.
2. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia la necesidad de que las Administraciones Autonómicas coordinen en el ámbito sociosanitario programas de apoyo a las personas con DCA y sus familias de manera que:
a) Se sistematice un plan de atención específico al DCA, con herramientas de valoración homogéneas y de calidad y que garantice la rehabilitación funcional y la inclusión de las personas con DCA sin importar su edad o su lugar de residencia.
b) Se creen, definen o designen unidades de referencia para cada territorio autonómico, teniendo en cuenta aquellas ya creadas y que cuenten con experiencia, a fin de evitar largos desplazamientos de las familias.
c) Se mejore la coordinación entre las consejerías de Sanidad, Servicios Sociales y Educación para mejorar la atención a este colectivo.
d) Se mejore el apoyo a las familias y cuidadores.
e) Se favorezca la integración de las personas con DCA, especialmente para los menores.
3. Que se establezca un modelo de atención al DCA que garantice la rehabilitación funcional y la inclusión social del colectivo.
4. Que se cree una categoría diagnóstica DCA para identificar así a las personas con DCA y dar inicio a su proceso de neurorrehabilitación.
5. Mejorar y ampliar los centros de apoyo a las personas con DCA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000457
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los derechos de las víctimas del terrorismo, para su debate en Pleno.
La asociación Dignidad y Justicia comunicó al Defensor del Pueblo a finales de 2014 la existencia de 377 asesinatos de ETA que, a lo largo de su historia, no han sido resueltos por la Justicia, bien sea porque el delito ha prescrito, por falta de pruebas, por cuestiones burocráticas, negligencias judiciales o por la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Son muchas víctimas del terrorismo las que todavía hoy no saben quiénes fueron los asesinos de su familiar o ser querido ni por qué.
La existencia de un indeterminado número de crímenes de ETA prescritos, sobreseídos o no juzgados, conocidos como "Crímenes sin resolver", agrava la dolorosa situación de los familiares afectados y también de las propias víctimas en el caso de los heridos.
Una vez derrotada democráticamente la banda terrorista, ha llegado el momento de plantear una batalla por conocer la verdad histórica de lo realmente sucedido durante más de 4 décadas de violencia por culpa del terrorismo etarra.
Sin embargo, en este momento del fin del terrorismo de ETA, cualquier sensación de impunidad debe ser desterrada por la deuda que toda la sociedad española hemos contraído para con las víctimas del terror, y también por justicia para con la abnegada y sacrificada labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tras perder en esta lucha a más de 400 miembros, han sido unos de los principales responsables de la victoria ante ETA.
Verdad y Memoria, Dignidad y Justicia, son los principios que nos exigen las víctimas del terrorismo y sus familiares, y a ellos debemos dar respuesta adecuada.
Dentro del campo de la Justicia que las víctimas nos reclaman, y que debemos hacer nuestra como una reivindicación siempre presente, las administraciones, las instituciones competentes y la propia sociedad civil debemos fomentar iniciativas dirigidas a facilitar la investigación de los crímenes sin resolver, pues la persistencia de los mismos, podría suponer que dichos crímenes permanezcan impunes agravando de este modo el dolor de aquellos que fueron privados de sus seres queridos.
En los últimos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han seguido trabajando en estos llamados crímenes sin resolver, casos muchas veces extremadamente complicados por la falta de documentación, de diligencias, de pruebas, o cualquier tipo de indicio, pero este trabajo ha dado algunos frutos, como por ejemplo la detención de dos etarras asentados en México desde hace más de dos décadas, con gravísimos crímenes a sus espaldas de finales de los 80 y primeros 90.
Por otro lado las víctimas del terrorismo, en su condición de víctimas de violaciones de los derechos humanos, ostentan el derecho a la verdad; un derecho reconocido por Naciones Unidas como autónomo e inalienable, lo que les garantiza el acceso a cuanta información exista en su procedimiento. Con carácter general, a lo largo del tiempo, la víctima del terrorismo, por miedo o por dolor, ha permanecido desinformada acerca del proceso penal en el que se encontraban afectos sus derechos quedándose sin acceso a la información y, por consecuencia, sin acceso a la Justicia.
Otro de los obstáculos con el que se encuentran las víctimas es la dispersión de archivos en los que se encuentra documentación relevante sobre los crímenes de ETA que dificulta el conocimiento de los casos que les afectan.
Las victimas deben uno de los compromisos perpetuos de nuestra democracia. En los últimos cinco años el Ministerio del Interior ha desarrollado una política integral de atención a las víctimas y sus familias, que se ha materializado en avanzadas y pioneras medidas de carácter legislativo, asistencial, social, económico y de reconocimiento y homenaje. Un amplio número de iniciativas adoptadas que ha convertido al sistema español de atención a las víctimas del terrorismo en referente mundial. Sin embargo es necesario seguir avanzando para que recaiga sobre los victimarios todo el peso de la ley y para demostrar a las víctimas todo nuestro apoyo y cariño, adoptando entre otras las medidas necesarias dirigidas a esclarecer los atentados terroristas no resueltos, para impedir la prescripción de los mismos si
no lo estuvieran y para conseguir la entrega de los reclamados por tales delitos que no se encuentren a disposición de la justicia.
1. Promover la creación de un equipo multidisciplinar dirigido por un fiscal especial que establezca un protocolo de trabajo para la investigación de los crímenes sin resolver cometidos por ETA.
2. Unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales por delitos de terrorismo, así como la documentación administrativa complementaria, cualquiera que sea la jurisdicción que haya conocido sobre ellas, en cooperación con el Ministerio de Justicia.
3. Continuar apoyando todas aquellas iniciativas que naciendo de la sociedad civil busquen reparar la memoria de las víctimas del terrorismo en colaboración con otras administraciones competentes.
4. Seguir reforzando el sistema de atención y reconocimiento de las víctimas del terrorismo, que ha consolidado a España como referente mundial de protección a las víctimas.
5. Crear un Registro Oficial de Víctimas del Terrorismo, en cooperación con la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y demás Administraciones competentes.
6. Potenciar la Oficina de Asistencia a Víctimas de la Audiencia Nacional.
7. Ampliar las indemnizaciones a las Víctimas del Terrorismo con independencia del lugar en que se sufra el atentado, sea en España o en el extranjero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000458
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación, para su debate en Pleno.
El Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona es el centro más importante dedicado a la supercomputación en España. La doble vertiente de este centro le confiere unas importantísimas capacidades para ser uno de los actores principales en el desarrollo tecnológico, facilitar la atracción de talento y fomentar la revolución digital en España. Este centro está formado, en su vertiente investigadora, por más de trescientos científicos que desarrollan una actividad multidisciplinar. En su vertiente de servicios, presta la posibilidad a otros investigadores de utilizar los recursos de supercomputación de sus instalaciones a proyectos desarrollados por las comunidades científica española y europea. Asimismo, este centro también gestiona la Red Española de Supercomputación, en la que participan otros centros de supercomputación españoles.
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad participa en este consorcio con el 51%, junto con otras instituciones como la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña. Por ello, constituye un ejemplo de que la colaboración y la cooperación entre administraciones puede conseguir el desarrollo de proyectos en España que sean una referencia, no solo europea, sino mundial. El elemento más importante dentro del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona es el superordenador MareNostrum, ubicado en el interior de las instalaciones del centro, y que año a año se mantiene entre los 500 ordenadores más potentes del planeta. Además del MareNostrum, el centro cuenta con otros supercomputadores que ofrecen su capacidad de cálculo a científicos de distintas ramas del conocimiento.
Potenciar el Centro Nacional de Supercomputación y apoyar a sus investigadores no solo supone impulsar un centro de excelencia, sino también ayudar a toda la comunidad científica que utiliza la Red Española de Supercomputación para avanzar en campos como la medicina, el estudio del clima, el desarrollo de nuevos algoritmos o el análisis de las observaciones del espacio.
1. Contribuir al desarrollo y mantenimiento del Centro de Supercomputación de Barcelona así como a los proyectos de supercomputación que se llevan a cabo en sus instalaciones.
2. Apoyar e impulsar la actividad de la Red Española de Supercomputación a través del apoyo a la misma y a los investigadores que trabajan en proyectos de I+D+I, como los relacionados con la medicina personalizada, la ciberseguridad y la predicción de las variaciones climáticas y sus impactos.
3. Estudiar la modificación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para facilitar la contratación de personal investigador y técnico de alta especialización que desarrolla su labor en consorcios dedicados a la investigación y a la gestión de infraestructuras científicas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000459
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña, para su debate en Pleno.
La ciudadanía española y, muy particularmente, la catalana está hastiada de la situación de grave crisis institucional a la cual les ha arrastrado el Govern durante los últimos años. Sin perjuicio de los muchos hitos que son dignos de mención, señalamos a continuación los más recientes, los más graves y los que, en última instancia, nos imponen a todos los españoles y, especialmente, a los poderes públicos el deber de actuar de forma decidida en defensa de la ley, del Estado de Derecho y, por todo lo anterior, de nuestra democracia.
De acuerdo con lo anterior, es preciso destacar el 9 de noviembre de 2014 como el de la radicalización del Gobierno catalán independentista, día en que este organizó y celebró una consulta ilegal, pese a las advertencias en contrario de los diversos poderes e instituciones del Estado. En tanto que el autodenominado "proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña", consulta expresamente declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, no logró credibilidad institucional alguna, los responsables de esta consulta decidieron ir un paso más allá.
Primero, el Parlament aprobó un texto que declaraba el "inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente" y que instaba expresamente a desobedecer al resto de instituciones del Estado.
Tras el poco sorprendente fracaso de esta promesa, el nuevo desafío independentista ahora pasa por asegurar la inminente independencia de Cataluña y la consiguiente proclamación de la República Catalana, todo ello para el caso de que esta sea avalada en la votación que supuestamente ha de celebrarse próximo día 1 de octubre de 2017. A este fin, a propósito, el Parlament destinó en marzo de este año una partida presupuestaria específica para el cumplimiento de los planes del referéndum, todo ello pese a las advertencias de los letrados de la Cámara.
A continuación, la coalición independentista tuvo a bien reformar el Reglamento del Parlamento de Cataluña con el objeto de, menoscabando los trámites parlamentarios y, por tanto, la democracia, facilitar
la posterior aprobación de una Ley de Transitoriedad Jurídica que activará, según aseguraban sus promotores, la ruptura con el Estado español en un plazo de escasas 24 horas.
Por último, el pasado 6 de septiembre de 2017 el Parlament protagonizó una nueva y vergonzante sorpresa: la coalición independentista, desoyendo todos los controles del Estado de Derecho, disponiendo de las instituciones a un servicio partidista y obviando el poder legítimo del resto de instituciones y, por tanto, del Estado, impuso su voluntad de forma ilegal y, una vez más, sin ni siquiera contar con una mayoría parlamentaria realmente representativa de los ciudadanos catalanes. Y, así, incumpliendo gravemente la Constitución, las leyes, los mandatos del Tribunal Constitucional e incluso las normas de la propia Cámara, y sin contar siquiera con la presencia de los grupos de la oposición durante la votación, aprobó la llamada "Ley del Referéndum" y así el Govern convocó oficialmente el mismo para el 1 de octubre del mismo año.
Se plantea, pues, otro desafío al orden constitucional que pretende lograrse con carácter definitivo e irrevocable el 3 de octubre, en apenas unas pocas semanas. Desde Ciudadanos, deseamos mostrar nuestro apoyo a las diversas instituciones y funcionarios del Estado, así como a todos los ciudadanos de Cataluña, para que, no ejerciendo otra cosa que la ley, se impida la organización y la celebración del referéndum de secesión de Cataluña, garantizando en todo caso la seguridad, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, de los ciudadanos de Cataluña.
El Pleno del Tribunal Constitucional, con fecha 8 de septiembre de 2017, ya ha acordado por unanimidad, en el número de asunto 4332/2017, la admisión a trámite de la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno español y, a estos efectos, la suspensión de la Resolución 807/XI, del Parlamento de Cataluña, por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo del disposición adicional 3.ª de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación. Tal y como acuerda el propio Tribunal, todos los poderes públicos tiene obligación de cumplir dicha resolución, así como el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.
La respuesta del Estado, por tanto, ya ha comenzado. Y es que será la fuerza del Estado de Derecho y de la democracia la que impida que la ilegalidad se imponga sobre la ley. Nuestra respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime.
1. Manifiesta su apoyo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional por la resolución del Tribunal Constitucional, número 4332/2017, de fecha 8 de septiembre de 2017.
2. Manifiesta su apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña.
3. Insta al Gobierno de España a que impida la utilización de recursos públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del citado referéndum de secesión suspendido por la citada resolución del Tribunal Constitucional.
4. Manifiesta su apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho, como valor imprescindible para garantizar la convivencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002248
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de sanciones contra altos funcionarios y miembros del Gobierno venezolano, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Con el fin de frenar los continuos actos de fuerza del Gobierno de Nicolás Maduro contra el orden democrático y contra sus ciudadanos, los ciudadanos demócratas venezolanos esperan de nuestro Gobierno un compromiso mayor que el asumido hasta ahora con los que sufren la tiranía del Gobierno venezolano, debido a los vínculos históricos, culturales y económicos que nos unen con el país caribeño.
La represión ejercida por las autoridades venezolanas se ha convertido en una verdadera política de estado en Venezuela, especialmente en las diferentes manifestaciones que han tenido lugar en los últimos meses por todo el país, donde más de un centenar de venezolanos han resultado asesinados y otros miles han resultado heridos.
Fuera y dentro de estas manifestaciones, miles de demócratas venezolanos también han acabado detenidos por motivos políticos. Según la lista publicada por el Foro Penal Venezolano y certificada por la Organización de Estados Americanos, a día 31 de julio existían 620 presos políticos; 200 presos políticos más que los registrados en el mes de junio. A mediados de agosto, apenas quince días después de la publicación del último listado del Foro Penal Venezolano, el número de presos políticos en Venezuela había ascendido a 676 presos.
Superada la fase de un diálogo trampa y con un clima creciente de represión y tiranía, la constante violación del orden constitucional se ha convertido en la práctica habitual y sistemática del Gobierno de Nicolás Maduro. Claro ejemplo de ello es la reciente elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pues contravino la soberana voluntad del pueblo venezolano y violó las normas de la Constitución venezolana.
Sin embargo, a pesar de la condena unánime de la Comunidad Internacional ante la violencia y brutalidad con la que desde hace meses vienen desarrollándose los acontecimientos, el régimen venezolano se niega a negociar una salida, lo que hace que países con especial peso para Venezuela se vean obligados a asumir un rol protagonista contra el criminal régimen de Maduro.
Implicada en la pavorosa realidad venezolana, España debe comprometerse a liderar dicha posición de condena ante la Unión Europea a través de una posición diplomática que permita emprender individualmente sanciones -fundamentalmente económicas- contra los miembros del Gobierno venezolano. De esta forma, y sin perjudicar al pueblo venezolano, a través de estas medidas se sancionaría a los altos funcionarios y miembros gubernamentales responsables de la terrible crisis económica, sanitaria y alimentaria en la que se encuentra sumido el país, reduciendo al mismo tiempo las vías de financiación del ilegítimo Gobierno venezolano.
A la vista de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Liderar ante la Unión Europea la negociación de una posición conjunta entre todos los Estados miembros para la individual aplicación de sanciones, en especial sanciones económicas, contra aquellos altos funcionarios y miembros del Gobierno venezolano -actuales y anteriores-, que sean responsables del deterioro democrático de Venezuela así como de violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2017.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002249
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, don Feliu Guillaumes i Ràfols, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Interior, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a cumplir los acuerdos de la Junta de Seguretat de Catalunya y a facilitar la inmediata incorporación de los Mossos d'Esquadra en EUROPOL.
La Junta de Seguretat de Catalunya es el órgano superior de coordinación entre la Policía de la Generalitat y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está regulada en el título IV de las competencias, artículo 164 del Estatut d'Autonomia de Catalunya: "La Generalitat participa, mediante una Junta de Seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por el Presidente de la Generalitat, en la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Cataluña, así como en el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países. La Generalitat, de acuerdo con el Estado, estará presente en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de otros países en que participe el Estado."
Entre las funciones de la Junta de Seguretat están las de coordinar las políticas de seguridad del Estado y de Catalunya, coordinar la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Catalunya, coordinar el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países, y asegurar la presencia de la Generalitat, de acuerdo con el Estado, en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de otros países en que participa el Estado.
El 10 de julio de 2017 se celebró la última Junta de Seguretat de Catalunya, habiendo transcurrido 8 años desde la anterior. Se celebró después de reiteradas peticiones de la Generalitat a los diferentes ministros del Interior y en un contexto de alerta antiterrorista de nivel 4 sobre 5, altamente preocupados por las amenazas.
Los acuerdos de la Junta de Seguretat de Catalunya fueron los siguientes: integración de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en la mesa de coordinación y valoración de la amenaza terrorista y en la EUROPOL. También se han certificado los efectivos de los que dispone la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra y se ha cifrado en 691 M? la deuda en concepto de recuento de los agentes incorporados en el cuerpo desde 2009.
Diez días después de la celebración de la Junta de Seguretat de Catalunya, el 17 de agosto de 2017, La Rambla de Barcelona y Cambrils fueron los escenarios de dos ataques terroristas sin precedentes. En dichos atentados murieron 16 personas y hubo docenas de heridos de diversas nacionalidades.
Pasados los atentados de La Rambla de Barcelona y Cambrils, el 21 de agosto, el Gobierno español anunció que la incorporación de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra en la EUROPOL sería a partir de septiembre. Días después, el mismo Gobierno lo descartaba diciendo que "el interlocutor tiene que ser el Estado", premisa que no parece ser contraria a la integración de la policía catalana en EUROPOL.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata, presentan la siguiente
1. Cumplir con celeridad con los acuerdos de la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada el pasado 10 de julio de 2017.
2. Facilitar la inmediata incorporación de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra en la EUROPOL."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2017.-Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.-Carles Campuzano i Canadès, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la rescisión del contrato con Marsegur por incumplimiento de los derechos de los trabajadores de seguridad privada.
En marzo de 2016 se publicó el pliego de prescripciones técnicas del Acuerdo Marco para la prestación de servicios de seguridad para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
Este pliego de prescripciones técnicas tiene como objeto definir las condiciones generales y particulares en las que deberá llevarse a cabo la prestación de los diferentes contratos basados en dicho Acuerdo Marco, relacionado con la cobertura de las necesidades de seguridad en el interior de Bases, acuartelamientos, establecimientos y otras propiedades del Ministerio de Defensa y Organismos Autónomos, y que abarcan a distintos ámbitos como son el Órgano Central, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, Instituto Social de las Fuerzas Armadas e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. El contrato fue concedido a la empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A., y entró en servicio en el mes de mayo de 2017.
Por otro lado, por sentencia de la Audiencia Nacional, de 11 de mayo de 2016, se declaró nulo el Convenio de 2014 de la empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A., entre otros motivos, por incumplir el principio de correspondencia representativa, recogido en los artículos 87, 88 y 89 del Estatuto de los Trabajadores, indicando además la sentencia, que este pronunciamiento judicial tiene efecto inmediatamente ejecutivo a pesar de que no era firme.
El 28 de febrero de 2017, la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social presentó demanda de impugnación contra el convenio de 2015 de Marsegur Seguridad Privada, S.A. El fallo de la Audiencia Nacional fue el mismo que para el anterior convenio, es decir, declarar el convenio de la empresa contrario a derecho por no reunir los requisitos de legitimación establecidos en los artículos 87, 88 y 89 del Estatuto de los Trabajadores; es decir, por no cumplir con el principio de correspondencia
representativa. Concretamente, en una parte de la sentencia se dice textualmente que "la conducta empresarial se incardina en la mala fe y la temeridad...".
La cláusula 10 del pliego de prescripciones técnicas, Obligaciones generales del contratista, recoge en uno de sus párrafos que el contratista "estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en los Convenios Colectivos correspondientes, en las normas legales de Seguridad Social y Salud Laboral y en cuantas otras disposiciones complementarias de aplicación estén vigentes o puedan dictarse en lo sucesivo, quedando también obligado a cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad laboral y profesional del personal a su servicio, en la forma y condiciones legalmente establecidas".
Marsegur ha rebajado los salarios en un 30%, dejándolos en 789 ? al mes, frente a los 1.091 ? que recoge el Convenio Estatal para empresas de seguridad.
Por lo tanto, ya son dos condiciones de la cláusula número 10 del pliego de prescripciones técnicas que incumple la empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A., motivo más que suficiente para que el Ministerio de Defensa rescinda el contrato con esa empresa.
Se destaca, además, que cuando se le asigna el contrato a la empresa, estas circunstancias ya eran conocidas por el Ministerio de Defensa, ya que la primera sentencia de nulidad por incumplimiento de artículos del Estatuto de los Trabajadores fue el 11 de mayo de 2016, un año antes de la entrada en servicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2017.-Carmen Valido Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002247
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para dotar de financiación al Programa de paisaje y proyecto de ordenación para la integración estético funcional de la cubierta de la A-70 en Sant Joan d'Alacant y Mutxamel en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, para su debate en la Comisión de Fomento.
La cubierta de la A-70 constituye una franja de suelo de casi 2 kilómetros de longitud por un ancho medio de unos 48 metros, que suman una superficie aproximada de 8 hectáreas. La franja marca el límite entre los municipios de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, perteneciendo la mayor parte de la superficie al primero.
A día de hoy, la franja se presenta como un espacio baldío, colonizado por vegetación espontánea que ha generado en determinados espacios una continuidad con espacios verdes limítrofes.
Dada la topografía llana y la ausencia de hitos arquitectónicos o naturales de envergadura, la cubierta parece estar en un ámbito de confines inciertos y de tamaño indeterminado.
Los usos actuales de la cubierta de la A-70 van desde escombrera a espacio de aparcamiento o atajo, por lo que en la actualidad no es sino un espacio con usos esporádicos y marginales, lo que hace imprescindible su adecuación.
Por todo lo expuesto, don lgnasi Candela Serna, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Incluir en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 una partida con financiación suficiente para dotar a un Programa de paisaje y proyecto de ordenación para la integración estético funcional de la cubierta de la A-70, en coordinación con los ayuntamientos de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002251
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la finalización de la concesión y liberalización de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, para su debate en la Comisión de Fomento.
El tramo de Burgos a Miranda de Ebro de la Nacional 1, es uno de los más peligrosos de España.
El corredor de la Nacional-I sufre un importante índice de accidentes por su gran peligrosidad, por el elevado número de tráfico que soporta y también por el elevado número de vehículos de transporte pesado que circulan por ella. El número de siniestros y víctimas mortales aumenta año a año.
Esta situación demuestra la urgencia de tomar una decisión en relación a este tramo, cuya situación estratégica supone un tránsito de 10.000 vehículos diarios de los que casi el 50% son pesados. Las contradicciones de los representantes del Gobierno sobre cómo afrontar la liberalización de la AP-1 deben dar paso, sin más demora, a una decisión que evite que este trayecto siga dejando cifras que representan auténticas tragedias.
La voluntad de los distintos grupos parlamentarios recogió, en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados de diciembre de 2014, las demandas que, desde hace varios años, vienen realizando ciudadanos, plataformas, asociaciones y ayuntamientos de la provincia de Burgos respecto a que gobierne quien gobierne no se prorrogue la concesión de la autopista AP-1, una vez finalice su vigencia en noviembre de 2018.
Las últimas declaraciones vertidas por distintos miembros del Gobierno de España y responsables políticos del Partido Popular no invitan al optimismo. A pesar de que el 17 de diciembre de 2014, a través de una Proposición no de Ley del PSOE, hubo un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en el seno del Congreso de los Diputados para no prorrogar la actual concesión de la AP-1 que termina el 30 de noviembre de 2018 son muchas las incertidumbres.
No obstante, nada se ha hecho desde entonces para posibilitar que dentro de poco más de un año, esto sea una realidad. A pesar de que no han sido pocas las ocasiones en que desde el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado iniciativas en el Congreso de los Diputados para redactar el estudio informativo que necesariamente debe contemplar la creación de nuevas conexiones, nuevos carriles y accesos a la actual autopista, los distintos Gobiernos del Partido Popular no han hecho nada.
Gran parte del tráfico diario se desviará a partir de noviembre de 2018 por la AP-1. Por ello, y al objeto de adecuar la funcionalidad de la AP-1 a su futura carga de tráfico, a la vez que garantizar la seguridad vial, es necesario elaborar un estudio informativo que permita contar con un diagnóstico sobre los precios
de las necesidades a ejecutar a corto y medio plazo, así como la evaluación y concreción de las actuaciones necesarias para garantizar la conectividad con los diferentes núcleos de población y asegurar la cohesión territorial.
Además, para aliviar la circulación diaria en este corredor, es fundamental que el Ministerio de Fomento firme un convenio con la Junta de Castilla y León similar al que se ha establecido en otras comunidades autónomas (Galicia, La Rioja, Andalucía), para prohibir el tráfico pesado por la Nacional 1 y derivarlo a la autopista de peaje hasta la liberalización.
Este corredor es susceptible de actuación e inversión por parte de la Unión Europea a través del Mecanismo "Conectar Europa" (MCE) al ser el objetivo del programa la mejora de infraestructuras viarias, la eliminación de "cuellos de botella" y la realización de conexiones donde no existan.
Las declaraciones de los responsables de fomento del propio Ministerio de Fomento, de la Junta de Castilla y León y de los responsables del Partido Popular en la provincia de Burgos no aclaran las intenciones del actual Gobierno de España sobre si va a plantear una nueva concesión. Que se acordara en 2014 no prorrogar la actual, no quiere decir que no esté dispuesto a abordar otra.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:
1. A no prorrogar la concesión de la autopista de peaje AP-1 una vez finalice su vigencia en noviembre de 2018.
2. A implementar las acciones necesarias para que a partir del 1 de diciembre de 2018 el tráfico para todos los vehículos por la autopista AP-1 sea gratuito.
3. A elaborar el estudio informativo del tráfico, tanto ligero como pesado, que soportará al corredor de la AP-1 y N-I a partir de noviembre de 2018. Un estudio en el que se evaluarán y concretarán con detalle las actuaciones a realizar en el corredor (nuevos carriles, accesos, enlaces...), así como la permeabilidad del mismo tanto de entrada como de salida a los distintos núcleos de población y así garantizar la circulación con seguridad por el corredor a partir de noviembre de 2018.
4. A iniciar las negociaciones con la Junta de Castilla y León para que, mediante un convenio, se derive el tráfico pesado a la autopista de peaje AP-1 hasta su liberalización en noviembre de 2018.
5. A realizar todas las negociaciones necesarias con la UE para que esta participe en la financiación del estudio informativo y en la ejecución del proyecto de mejoras resultante."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002253
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar las obras de la Autovía RM-1 (Autovía del Bancal) en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.
La conocida como "Autovía del Bancal" es un tramo pendiente de ejecutar de 11 kilómetros de longitud de la autovía RM-1, que une los municipios de San Javier y de Santomera en la Región de Murcia, y que queda comprendido entre la autovía A-7, en el término municipal de Santomera, y la conexión con la Autovía del Reguerón a la altura de Alquerías, en el término municipal de Murcia.
La autovía RM-1 tiene ya ejecutado y puesto en servicio desde 2011 un trazado de 29,4 kilómetros de longitud, que enlaza las localidades de San Javier y Alquerías, actuación que supuso la inversión de 111 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).
En el Protocolo de Colaboración firmado en 2006 entre el Ministerio de Fomento y la CARM, así como en la Adenda a dicho Protocolo suscrita en 2010, quedó reflejado que esta Autovía se consideraba de interés general y que el Ministerio de Fomento se comprometía a aportar a la Región de Murcia el importe en el que se valoraba la actuación para las obras y expropiaciones en el antes referido tramo de 11 kilómetros pendiente de ejecutar. A tal fin, se establecía que la suma ascendía a 110 millones de euros y que la CARM llevaría a cabo la ejecución de este tramo con los referidos fondos. Para el desarrollo de ese acuerdo, en la citada Adenda de 2010 se estableció la previsión de suscribir el oportuno Convenio en el primer semestre de 2011, lo que nunca se llevó a la práctica.
Para la red de carreteras del Levante es prioritaria la culminación de la Autovía RM-1, que cuando quede finalizada tendrá una longitud de 40,4 kilómetros, pues constituye el tramo inicial del futuro eje viario de alta capacidad Almansa-Yecla-San Javier que permitirá aliviar el elevado tráfico de las autovías A-30 y A-31.
En febrero del presente año, el Ministerio de Fomento ha dado el visto bueno a la celebración del Convenio de colaboración entre el Gobierno de España y la CARM para la ejecución del tramo Alquerías-Santomera de la autovía RM-1, en los términos que han sido expuestos anteriormente, y cuyo texto ya ha sido igualmente aprobado por el Consejo de Gobierno de la CARM.
Al momento presente, solo queda pendiente el visto bueno del Ministerio de Hacienda para firmar el meritado Convenio, de carácter plurianual, que permitirá llevar a buen puerto la culminación de las obras.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Hacienda, se suscriba el Convenio entre el Ministerio de Fomento y la CARM para que la administración autonómica lleve a cabo la Autovía RM-1 (Autovía del Bancal) en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con la eventual financiación del Ministerio de Fomento."
161/002250
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la regulación de los mensajes publicitarios y los patrocinios de las empresas del sector energético, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El cambio climático es uno de los principales problemas que tenemos que abordar como sociedad. En los últimos años se han puesto en marcha distintas iniciativas y reformas que ponen de relieve la importancia del fenómeno. Uno de los aspectos en los que como sociedad podemos hacer frente al cambio climático es el consumo.
La Constitución dispone la defensa de los consumidores por los poderes públicos en su artículo 51 y, para ello, es fundamental no solo la defensa frente a prácticas abusivas, sino garantizar que los ciudadanos tienen toda la información posible respecto a lo que consumen y las alternativas de consumo con las que cuentan.
Invocando este precepto constitucional y en relación con la lucha frente al cambio climático, es necesario que, en materia energética, los ciudadanos sepan las implicaciones sobre el clima de su consumo en una u otra compañía.
La Constitución Española dispone en el apartado 1.° del artículo 45 "el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así corno el deber de conservarlo". En este sentido, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad contempla en su artículo 8 que, cuando la protección de los valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requiriera, la publicidad "podrá ser regulada por sus normas especiales", por lo que es posible regular la publicidad de empresas energéticas invocando sendos artículos. El apartado 2.° del artículo mencionado de la Ley 34/1988 regula lo dispuesto en los reglamentos que desarrollen esta regulación, que especificarán:
"a) La naturaleza y características de los productos, bienes, actividades y servicios cuya publicidad sea objeto de regulación.
b) La forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios."
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
1. Regular la publicidad y los patrocinios de las empresas de servicios de suministro energético que comercialicen productos que contienen emisiones y/o residuos que resulten dañinos para la salud y el medio ambiente.
2. En cualquier caso, la regulación deberá contemplar que estas empresas hagan referencia a la cantidad concreta de emisiones de gases de efecto invernadero y de residuos generados durante el año anterior."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002252
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para estimular las actuaciones de eficiencia energética en el sector de la edificación, para su debate en la en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El sector residencial es el responsable de aproximadamente una cuarta parte del consumo de energía de Europa. Este porcentaje se incrementa hasta el 40% del consumo final de energía según el "Energy, transport and environment indicators" editado por la Comisión Europea, sin tenemos en cuenta otros edificios, especialmente los del sector servicios o institucional.
Según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), el sector residencial español consumía 14.713 Ktep, en 2014, que representa el 18,65% del consumo de energía final. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, comercial, institucional y residencial en su conjunto, supuso un 8 % del total de las emisiones del inventario de gases de efecto invernadero de España en 2014.
En marzo de 2007, los líderes de la Unión Europea (UE) se comprometieron a reducir para 2020 el consumo de energía previsto en un 20 %. La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de edificios fue el instrumento jurídico que la UE suscribió para abordar un sector importante en el consumo energético -el de edificación-, en el contexto de los objetivos de eficiencia energética fijados para 2020.
A nivel nacional, el 27 de junio de 2013 entraba en vigor la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Una norma que, entre otros objetivos de índole económica y técnica, establecía objetivos de ahorro y eficiencia energética, alineándose con la Directiva.
En este año, aproximadamente el 55% del parque edificado en España es anterior al año 1980 y aproximadamente el 21% contaban con más de 50 años. Casi el 58% de nuestros edificios se construyó con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia energética.
La Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética ha supuesto un nuevo avance para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo un 20% de ahorro para 2020, y de preparar el camino para mejoras futuras de eficiencia energética más allá de ese año.
El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, exigido por la Directiva 2012/21/UE, incluye como documento Anexo II la Estrategia Española para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación, para los horizontes temporales 2020, 2030 y 2050.
En este sentido, y afrontando los retos de la eficiencia energética en el sector de la edificación, por Resolución de 25 de septiembre 2013 se establecían las bases reguladoras y convocatoria del Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero) PAREER, dotado inicialmente con 125 millones de euros.
El programa contemplaba actuaciones para: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica; mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación; sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas; y sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.
La conclusión, en la aplicación de este programa, fue que los proyectos se presentaban únicamente para actuaciones puntuales. Por este motivo, en abril de 2015, se modifican las bases reguladoras del PAREER y se convoca el programa PAREER-CRECE. Promover la realización de actuaciones integrales en los edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, así como contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, y en el Plan de Acción 2014-2020.
Con el PAREER-CRECE se pretendía que cerca del 15% del objetivo de ahorro de energía final se alcanzará mediante medidas en el Sector Edificación y equipamiento, en torno a 87,1 ktep.
El Programa, que tenía prevista una vigencia hasta diciembre de 2016 y estaba dotado con 200 millones de euros, cerraba adelantadamente el proceso de registro de nuevas solicitudes en mayo de 2016, al superarse las cantidades prevista para las ayudas.
La Comisión Europea ya ha iniciado el proceso de revisión de las normativas energéticas europeas para, entre otras razones, incorporar los objetivos y compromisos de cara a 2030, en especial la mejora en un 30% de la eficiencia energética.
El logro de los objetivos anteriores requiere redoblar los esfuerzos en materia de eficiencia energética, por ello junto a actuaciones de fomento de la eficiencia en edificios residenciales resulta oportuno promover actuaciones ejemplarizantes e impulsar proyectos que permitan el paso a una economía baja en carbono también en los edificios e infraestructuras existentes en la Administración General del Estado y en sus organismos y entidades públicas dependientes.
Asimismo en el ámbito de las entidades locales, es oportuno disponer de mecanismo para que también, las administraciones más cercanas a la ciudadanía promuevan la realización de actuaciones, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables, contribuyendo con ello al desarrollo económico local.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular considera que el Sector de la Edificación residencial y público, tiene un enorme potencial de ahorro energético y que es necesario reforzar, y dar continuidad a este tipo de actuaciones sobre el sector de la edificación que conllevan, además de los beneficios en el ahorro energético, otros beneficios sociales y económicos, y la creación de empleo.
Por ello presenta la siguiente
- Evaluar los resultados de la última convocatoria del programa PAREER-CRECE, teniendo en cuenta los parámetros de eficiencia energética y los de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.
- Preparar una nueva convocatoria del Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial, con la visión en los objetivos 2030.
- Promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado.
- Promover la realización de actuaciones, por parte de los municipios, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables.
- Impulsar y dinamizar la actividad de rehabilitación de viviendas, creando las condiciones oportunas para el desarrollo de actividad de carácter privado sin la necesidad de financiación pública."
161/002243
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un registro de pacientes afectadas por endometriosis, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La endometriosis es una enfermedad crónica y recurrente que posee porcentajes de incidencia en torno al 15% del total de las mujeres en nuestro país. Sin embargo, el número detallado total de personas afectadas por esta patología es desconocido ya que hasta el momento no se han recogido datos de manera sistemática para poder analizar mejor su incidencia y prevalencia, así como tampoco las complicaciones y necesidades que surgen en el transcurso de la misma.
Existen elementos complejos asociados a esta patología: sintomatología diversa, falta de conocimientos concretos sobre sintomatología por parte de los profesionales sanitarios, diagnósticos ampliamente dilatados en el tiempo que empeoran las posibilidades de diagnóstico, necesidad de utilización de tratamientos de reproducción asistida,...
Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso que se cree un registro de pacientes afectadas por endometriosis a fin de mejorar el conocimiento sobre esta patología en nuestro país, y poder desarrollar así estrategias efectivas, tratamientos y cuidados que puedan satisfacer las necesidades de estas pacientes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar a los servicios de salud autonómicos, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la necesidad de crear un registro de pacientes afectadas por endometriosis que contenga datos recogidos por todos los servicios de ginecología, relativos a incidencia, necesidad de ingresos, número de cirugías, demora diagnóstica, complicaciones de cirugías, porcentajes de mujeres estériles y necesidades de fecundación in vitro así como demora en el acceso a dichos servicios."
161/002244
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención a pacientes con esclerodermia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Es una enfermedad crónica, autoinmune, incluida dentro de las enfermedades reumáticas. Tiene una baja prevalencia, por ello forma parte de las llamadas enfermedades raras. Afecta a 3 por cada 10.000 habitantes, más frecuente en mujeres en una proporción de 4 a 1 y la edad más frecuente de aparición es entre la tercera y quinta década de la vida. Aunque puede aparecer a cualquier edad.
Su causa se desconoce pero los estudios actuales apuntan a un origen multifactorial en el que se ven implicados tanto factores genéticos como ambientales.
En desarrollo hay alteración a tres niveles:
- Afectación vascular.
- Cambios inflamatorios (fibrosis).
- Alteración autoinmune.
Afecta comúnmente a la piel en forma de endurecimiento de la misma, de ahí el nombre de la enfermedad pero también se ven afectados lo órganos internos. Los síntomas son muy variables de unos pacientes a otros desde su inicio y según que órganos estén afectados a lo largo de evolución. Es por tanto una enfermedad muy heterogénea.
Las manifestaciones generales son:
- Cansancio o falta de energía, artralgias con o sin inflamación, mialgias con o sin pérdida de fuerza, hinchazón de manos, pérdida de peso.
- Manifestaciones cutáneas.
- Fenómeno de Raynaud.
- Afectación de órganos internos como la afectación pulmonar, la afectación del aparato digestivo, la afectación cardíaca, la afectación renal, síntomas psiquiátricos.
Entre las consecuencias de esta enfermedad, además del malestar físico, encontramos un amplio espectro de consecuencias sociales tales como la pérdida del status social por cambios de trabajo derivados de la sintomatología de la esclerodermia o despido a raíz de estos, dificultad para adaptar los puestos de trabajo a las necesidades de los enfermos, incremento del gasto farmacéutico de los afectados por las necesidades propias de la enfermedad, falta de información a la hora de obtener situaciones de invalidez total y absoluta,...
En el registro de enfermedades raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, aparecen 4 personas registradas que padecen esclerodermia lineal y 115 que padecen esclerodermia sistémica. Unas cifras nada representativas pues, solo por ejemplo, la Asociación Española de Esclerodermia cuenta con más de 400 personas asociadas con esta patología. Esta falta de datos acerca de la incidencia de esta enfermedad es solo un ejemplo sobre el desconocimiento generalizado de la esclerodermia tanto en el ámbito profesional como en el conjunto de la sociedad.
1. Trasladar al próximo Consejo Interterritorial del SNS la necesidad de designar un CSUR para esta patología.
2. Mejorar en la integración de incidencia de enfermedades raras, incluyendo la esclerodermia en el registro de enfermedades raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, incluyendo a su vez los datos de los que disponen los grupos de investigación existentes sobre estas patologías.
3. Instar a las Consejerías de Sanidad o Salud para elaborar de acuerdo con la Sociedad Española de Reumatología, guías de actuación para la esclerodermia y asegurar su distribución a centros sanitarios y profesionales.
161/002245
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la atención, tratamiento y rehabilitación de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), especialmente para los afectados por Daño Cerebral Adquirido Infantil (DCAI), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Las lesiones producidas por estas causas, además de al cerebro, pueden afectar a cualquier otra función del organismo al ser este, el órgano de control de las funciones vitales. Estas posibles complicaciones resultan más graves cuando los afectados por el DCA se encuentran entre los colectivos de especial vulnerabilidad del daño cerebral, es decir: los menores de edad (DCAI), cuando la persona con DCA se mantiene en Estado Vegetativo persistente o cuando la persona con DCA presenta alteraciones de la conducta. Dado el escaso desarrollo de los recursos de atención al daño cerebral y la falta de reconocimiento social de esta discapacidad; estos tres colectivos con necesidades particulares dentro del DCA se enfrentan a más dificultades y situaciones de desamparo que el resto.
La atención a los menores con DCA, y a sus familias, no debe limitarse al proceso agudo, sino que debe ser una acción perdurable en el tiempo, de carácter multidisciplinar y en la que estén implicadas competencias de Sanidad, Servicios Sociales, Discapacidad y Educación. Es preciso una actuación rehabilitadora duradera que consiga recuperar la mayor parte de las funciones afectadas, siempre y cuando se pueda, así como una asistencia integral para los afectados y sus familias a fin de conseguir que desarrollen actividades básicas de la vida diaria con la mayor autonomía posible. Especialmente, cuando los afectados son menores de edad y están en edades de desarrollo cognitivo y físico.
Sin embargo, pese a que las necesidades específicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con DCAI son conocidas por el conjunto de profesionales y administraciones, los menores afectados por este daño no disponen de recursos de apoyo, sanitarios, sociales y educativos precisos. Pese a que existen unidades y centros dedicados de manera exclusiva al DCA para adultos, la atención específica de menores con DCAI es más limitada. Solo tres comunidades autónomas poseen unidades específicas para el tratamiento: Navarra en el Complejo Hospitalario de Navarra, Valencia en el Hospital de Manises y Madrid en el Hospital Niño Jesús. Incluso alguna de estas unidades está todavía en vías de desarrollo y precisa de mayor apoyo institucional para dar una correcta atención a los afectados por DCAI.
Por lo tanto, los menores con DCAI y sus familias tampoco cuentan con los recursos precisos ni el apoyo de la administración preciso para que, una vez finalizada la etapa aguda, se continúe la rehabilitación de las funciones neurológicas, motoras, cognitivas o sensoriales perdidas. Son precisos tratamientos de fisioterapia, psicomotricidad, logopedia o terapia ocupacional, entre otras, para poder tratar adecuadamente las secuelas de estos daños. Pocas comunidades ofertan estos servicios. Además, en numerosas ocasiones los afectados por daño cerebral son dependientes, precisando una evaluación y atención
temprana por parte de los servicios asistenciales. Una situación que tampoco se da a fecha de hoy. También son necesarios el desarrollo de más recursos orientados a la inclusión social en cuanto a promoción de la autonomía personal, ejercicio de derechos de ciudadanía, inclusión laboral y, en el caso de los menores con DCA, inclusión educativa.
Una de las dificultades para la implantación de un modelo de estas características es la propia naturaleza del DCA, que no es, propiamente, una enfermedad, sino un conjunto de secuelas en múltiples áreas funcionales. Las causas de las secuelas son diversas y estas se estabilizan al año o año y medio de la lesión. Este lapso entre el episodio de lesión cerebral, atendido en el ámbito hospitalario, y la estabilización de las secuelas tiempo después, es uno de los aspectos que dificultan la medida de la incidencia del DCAI. Esta dificultad implica una indefinición respecto a los derechos sanitarios y sociales del DCA que se traslada también a la hora de prescribir y dimensionar de manera objetiva la atención necesaria (recursos y servicios) para el ejercicio efectivo de los derechos de los menores con DCAI y sus familias.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que la atención para los menores afectados por DCAI, es manifiestamente mejorable y que debe ser impulsada en todo el territorio nacional a fin de mejorar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y las condiciones de vida de las personas afectadas por estos daños y sus familias.
b) Se creen, definan o designen unidades de referencia para cada territorio autonómico, teniendo en cuenta aquellas ya creadas y que cuenten con experiencia, a fin de evitar largos desplazamientos de las familias.
c) Se mejore la coordinación entre las consejerías de Sanidad, Servicios Sociales y Educación para mejorar la atención a este colectivo, especialmente para los menores afectados por DCAI.
5. Mejorar y ampliar los centros de apoyo a las personas con DCA y DCAI."
161/002246
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la atención, tratamiento y rehabilitación de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
- Centrado en la calidad de vida y la promoción de la autonomía personal.
- Centrado en la persona con DCA y en su familia.
- Atención a cargo de equipos compuestos por profesionales de diversas disciplinas médicas y sociosanitarias.
- Basado en programas de atención individualizados.
- Sujeto a criterios de calidad definidos y contrastables.
- Sobre la base de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Una de las dificultades para la implantación de un modelo de estas características es la propia naturaleza del DCA, que no es, propiamente, una enfermedad, sino un conjunto de secuelas en múltiples áreas funcionales. Las causas de las secuelas son diversas y estas se estabilizan al año o año y media de la lesión. Este lapso entre el episodio de lesión cerebral, atendido en el ámbito hospitalario, y la estabilización de las secuelas tiempo después, es uno de los aspectos que dificultan la medida de la incidencia del DCA. Esta dificultad implica una indefinición respecto a los derechos sanitarios y sociales del DCA que se traslada también a la hora de prescribir y dimensionar de manera objetiva la atención necesaria (recursos y servicios) para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas y familias con DCA.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que la atención para las personas afectadas por DCA, es manifiestamente mejorable y que debe ser impulsada en todo el territorio nacional a fin de mejorar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y las condiciones de vida de las personas afectadas por estos daños y sus familias.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
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 artículo 193
 artículo 193
 artículo 164
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 51
 artículo 45
 artículo 8
 artículo 193
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193