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Timestamp: 2019-09-19 17:26:56+00:00

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﻿ SENTENCIA 26029 DE MARZO 28 DE 2006
SENTENCIA 26029 DE 28 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. INDEXACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA PENSIONES A CARGO DIRECTO DEL EMPLEADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, CÓMPUTO DE SEMANAS DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL
Sentencia 26029 de marzo 28 de 2006
Radicación: 26029
Tal como lo precisó el tribunal y lo acepta la parte recurrente, dada la vía escogida para enjuiciar la legalidad de la sentencia acusada, los demandantes completaron la totalidad de los requisitos exigidos legalmente para adquirir la titularidad del derecho pensional el 12 de junio de 1997 el señor Muñoz y el 7 de octubre del mismo año la señora Palomino Vallejo, cuando el primero cumplió los 55 años de edad y la segunda 50, es decir, bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, quedando cobijados por el fenómeno jurídico de la transición pensional consagrado en el artículo 36 de esa norma.
Así las cosas y por tratarse de una pensión de origen legal adquirida bajo el imperio de la Ley 100 de 1993 resultaba procedente la utilización del artículo 36, lo que está de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corte, como se anotó en la sentencia del 8 de agosto de 2003, radicación 20044, y que a la letra dice:
“ART. 36. Régimen de transición...
“ La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
“ El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE (...)”.
En forma concordante y complementaria con lo anterior la Sala expresó en sentencia de 6 de julio de 2000 (rad. 13336), lo siguiente:
“ Así se afirma porque los aludidos artículos de la Ley 100 ya consagran y ordenan expresamente la indexación cuando mandan que el ingreso base para liquidar las pensiones a que ellos se refieren, será “actualizado anualmente con base en la variación de índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. Lo que implica que de no proceder el juzgador así incurre en infracción directa de esos preceptos legales.
“De otro lado, en lo que hace a la aplicación de la ley de seguridad social a asuntos como el que se trata, la Corte se remite y acoge lo que en aclaraciones de voto ha venido exponiendo el magistrado José Roberto Herrera Vergara para sostener que ‘(...) las diversas situaciones que emergen de la temática de la corrección monetaria de mesadas pensionales no pueden tratarse bajo el mismo rasero normativo, después de la vigencia de la Ley 100 de 1993(...)’, y que ‘(...) desde la entrada en vigor de esa flamante normatividad no existe razón valedera para negar su aplicación a las pensiones legales por ella regulada y con el alcance que la propia Ley 100 otorga en su clara normativa(...)’, y al respecto expresa:
“ (...) La Ley 100 de 1993, reguló las pensiones legales que se causaran a partir de su vigencia, instituyó el sistema general de pensiones conformado por el régimen solidario de prima media con beneficio definido y el de ahorro individual con solidaridad, y previó para el primero un régimen de transición.
“ Lo anterior implica que en el régimen de prima media con prestación definida, el ingreso de base de liquidación de las pensiones legales de vejez o jubilación causadas a partir de las respectivas vigencias de la Ley 100, según el caso, está gobernado por el artículo 21 de la misma (régimen ordinario) o por el artículo 36 (régimen de transición).
“ De lo dicho emerge con nitidez que aun cuando no es el salario del último año de servicios lo que permite “indexar” la mal denominada “primera mesada” pensional, sí es el promedio de esos años, con corrección monetaria, en la forma como se ha explicado, lo que impone a los obligados a pagar pensiones legales de vejez y jubilación causadas desde la entrada en vigor de la Ley 100, a liquidarla y cancelarla en dicha forma, por tratarse de un mandato imperativo de la nueva preceptiva que expresamente gobierna la materia.
“ Pero aun si se estimara que ello no está expresamente consagrado en la normativa, no puede olvidarse que de conformidad con el artículo 288 de la misma Ley 100, en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política, toda persona con pensión legal causada a partir de la vigencia de la referida ley, tiene derecho a que le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones del nuevo ordenamiento, lo que desde luego hace más contundente la aplicación de esta novedosa y especial corrección monetaria, o actualización del ingreso de liquidación por costo de vida, a las pensiones legales cuyo derecho haya nacido o surja con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 (rad. 13066).
“ Planteada la situación así, entonces, como en el caso en que se trata, el derecho a la pensión legal de jubilación del demandante, que ya se precisó debe ser pagada por la demandada, se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues ocurrió el 29 de diciembre de 1997, tal prestación social está regida por el régimen de transición previsto por el artículo 36 ya trascrito, y más concretamente por sus incisos segundo y tercero.
“ Lo anterior implica, entonces, que la Ley 33 de 1985 que regulaba la pensión de jubilación del actor, hay que aplicarla en cuanto a la edad, tiempo de servicios y al monto del 75%, no así en lo que hace a la base salarial porque la misma es la señalada por el inciso tercero del tantas veces citado artículo 36 en los términos en que ya se trajo a colación.
“ La anterior tesis ha sido ratificada, entre otras, por sentencias del 13 de septiembre de 2000 (rad. 13153), 17 de enero de 2001 (rad. 14740), 31 de mayo de 2001 (rad. 15654), 27 de julio de 2001 (rad. 15696), 28 de agosto de 2001 (rad. 15836) y 20 de marzo de 2002 (17053)”.
De acuerdo con las directrices anteriores, que encajan en el caso bajo estudio, y que corresponden a la posición jurisprudencial mayoritaria de esta Sala que no ha variado, se tiene que el tribunal cometió los yerros jurídicos imputados cuando se abstuvo de aplicar al asunto lo dispuesto por el inciso 3º artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, se quebrará la sentencia en cuanto revocó la del juzgado que había ordenado la actualización del ingreso base de liquidación.
No corren igual suerte los cargos respecto de los intereses moratorios, pues conforme a la posición mayoritaria de esta Sala de Casación, expresada a partir de la sentencia del 28 de noviembre de 2002 (rad. 18273), en que sostuvo, contrario a lo que antaño se consideraba, que los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral. Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta “a los citados presupuestos, el tribunal no incurrió en la infracción de las disposiciones que indican los cargos, dado que, sin discusión en el proceso, la pensión reconocida a los accionantes no es de las contempladas en la Ley 100 de 1993.
Por lo antes anotado, los cargos no prosperan en punto a los intereses moratorios deprecados.
Fungiendo como tribunal de instancia, y comoquiera que la sentencia de primer grado fue apelada por la parte demandada, la cual intentaba su revocatoria, como en efecto se dio, la misma será objeto de modificación en relación con la cuantía inicial que fijó para cada una de las pensiones por las que fulminó condena, pues para su obtención no se atuvo a la correcta aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha venido pregonando esta Corte.
Para determinar el salario base de liquidación de las pensiones de los demandantes debe tomarse en cuenta el criterio jurídico que para la mayoría de la Sala es el que resulta aplicable a este asunto, teniendo en cuenta que no devengaron ninguna suma por concepto de salario en vigencia de la Ley 100 de 1993, de suerte que corresponde utilizar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en los términos que se han expuesto desde la sentencia del 30 de noviembre de 2000, radicación 13336, según la cual en casos como el presente para efectos de lo dispuesto en el inciso 3º del citado artículo es menester tomar como ingreso base para la liquidación de la pensión respectiva el promedio de los salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicios, por ser esa la interpretación que más se acomoda al propósito de dicha norma. Así se dijo en ese fallo:
“Y para lo anterior, como ya se dijo en la sentencia de casación, hay que tomar como punto de partida que la pensión a que tiene derecho el demandante está reglada por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello fue que en esa ocasión se expresó: ‘Lo anterior implica, entonces, que la Ley 33 de 1985 que regulada(sic) la pensión de jubilación del actor, hay que aplicarla en cuanto a la edad, tiempo de servicios y al monto del 75%, no así en lo que hace a la base salarial porque la misma es la señalada por el inciso tercero del tantas veces citado el(sic) artículo 36 en los términos en que ya se trajo a colación’.
“ Y fundada en esta última consideración es por lo que estima y precisa la Corte que, en asuntos de las particulares características del presente, en los que no se devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que hacía falta para adquirir el derecho a la pensión, debe acogerse como salario devengado para ser actualizado, en los términos previstos por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el que conforme al artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 sería al tener en cuenta para conocer la pensión al demandante de no existir precepto que ordenara su actualización, es decir, el ‘promedio de los salarios y primas de toda especie’ que este haya devengado en el último año de servicios.
Por lo tanto, para determinar el valor de la mesada inicial de la pensión de jubilación de los actores, se tendrá en cuenta la suma de $ 453.696,11 para el señor Muñoz y $ 265.022,87 para la señora Palomino Vallejo, que corresponden al salario promedio mensual que devengaron en el último año de servicios, según lo tuvo por demostrado el juzgado, aspecto que no fue objeto de controversia (ni tampoco lo relativo a las edades ni el extremo final de la relación laboral). Suma que se actualizará desde el momento en que se desvincularon de la entidad bancaria accionada, esto es, 30 de junio de 1993 y 1º de marzo de 1992, respectivamente, y hasta cuando cumplieron 55 años de edad el primero y 50 la segunda (jun. 12/97 y oct. 8/97), tomando como referente para ello los índices de variación de precios al consumidor para cada una de esas anualidades y multiplicados por el número de días que transcurrieron entre el día siguiente a la fecha de retiro de cada uno y aquella en que cumplieron el requisito e la edad para que surja el reconocimiento de la pensión, que fue de 1.423 días para el señor Muñoz y 1.658 días para la señora Palomino.
En estas condiciones, la base salarial de la primera mesada pensional que corresponde a Luis Alfonso Muñoz, se obtiene de la siguiente manera.
1. Fecha de nacimiento = 12-jun-42
3. Último salario promedio = $ 453,696.11
Desde = 1-jul-92
Hasta = 30-jun.-93
4. Fecha de pensión = 12-jun.-97
5. Cálculo del IBL
$ 453,696.11 X
( 1.2260 X 1.2259 X 1.1946 X 1.2163 X 1.1126 ) X (181)/(1.423) = $ 140,212.43
( 1.2259 X 1.1946 X 1.2163 X 1.1126 ) X(360)/(1.423) = $ 227,467.82
( 1.1946 X 1.2163 X 1.1126 ) X (360)/(1.423) = $ 185,551.70
( 1.2163 X 1.1126 ) X (360)/(1.423) = $ 155,325.38
( 1.1126 ) X (162)/(1.423) = $ 57,466.43
6. Ingreso base de liquidación actualizado = $ 766,023.76
7. Porcentaje de pensión = 75%
8. Valor de la pensión = $ 574,517.82
Al efectuar la sumatoria de los valores obtenidos para cada anualidad, se tiene que el salario base de liquidación debidamente actualizado arroja la suma de $ 766.023,76 que al aplicarle el 75% da como resultado una mesada inicial a favor del señor Muñoz de $ 574.517,82.
Entre tanto, la base salarial de la primera mesada pensiona, que corresponde a Luz Mary Palomino Vallejo, se obtiene de la siguiente manera.
1. Fecha de nacimiento = 8-oct.-47
3. Último salario promedio = $ 265,022.87
Desde = 2-mar.-92
Hasta = 1-mar.-93
4. Fecha de pensión 8-oct.-97
$ 265,022.87 X
( 1.2260 X 1.2259 X 1.1946 X 1.2163 X 1.1491 ) X(300)/(1.423) = $ 120,333.52
( 1.2259 X 1.1946 X 1.2163 X 1.1491 ) X (360)/(1.658) = $ 117,781.59
( 1.1946 X 1.2163 X 1.1491 ) X (360)/(1.658) = $ 96,077.65
( 1.2163 X 1.1491 ) X (360)/(1.658) = $ 80,426.63
( 1.1491 ) X(278)/(1.658) = $ 51,062.43
6. Ingreso base de liquidación actualizado = $ 465.681.82
8. Valor de la pensión = $ 349,261.36
Al efectuar la sumatoria de los valores obtenidos para cada anualidad, se tiene que el salario base de liquidación debidamente actualizado arroja la suma de $ 465.681,82 que al aplicarle el 75% da como resultado una mesada inicial a favor de la señora Palomino Vallejo de $ 349.261,36.
Así las cosas, se modificarán los numerales primero y segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá el 23 de agosto de 2002, a través de los cuales había condenado al banco demandado a reajustar el valor inicial de las mesadas pensionales de los accionantes en cuantía de $ 463.823,15 para la señora Palomino y $ 715.115,80, a favor del señor Muñoz, para en su lugar fijarlas en las cuantías anteriormente mencionadas.
Sin costas en casación. Las de instancias correrán por cuenta de la parte demandada.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de septiembre de 2004, proferida en el proceso ordinario laboral que promovieron Luis Alfonso Muñoz y Luz Mary Palomino Vallejo contra el Banco Popular S.A., en cuanto revocó los numerales primero y segundo de la sentencia de primer grado que había condenado al reajuste de la primera mesada pensional de los demandantes. NO LA CASA en lo demás.
En sede de instancia se modifican los numerales primero y segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá el 23 de agosto de 2002, fijando como cuantía inicial de la mesada pensional indexada a favor de Luis Alfonso Muñoz en la suma de $ 574.517,82 y de $ 349.261,36 para Luz Mary Palomino Villegas. Se confirma en lo demás.
Sin costas en casación. Las de instancias estarán por cuenta del banco demandado.
Nos permitimos expresar nuestro disentimiento respecto de la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto acoge la tesis de la indexación del ingreso base de liquidación para pensiones a cargo directo del empleador, pues es opinión reiterada de los suscritos que la actualización monetaria no es aplicable al caso la preceptiva del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que, en el caso de la referencia, se trata de una prestación a cargo del Banco Popular S.A. y no de una entidad administradora de pensiones, circunstancia que lo coloca por fuera de la estructura económica pensional de esa normativa. En consecuencia, salvamos el voto en ese aspecto.
En tratándose de pensiones como la debatida en el presente juicio, esto es, de servidores públicos beneficiarios del régimen de transición pensional, debe actualizarse el ingreso base de liquidación de la prestación, pues a esos servidores les resulta aplicable el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que ha sido claramente corroborado por las normas que han reglamentado el aludido régimen transitorio, particularmente el artículo 1º del Decreto 813 de 1994, en cuanto, al delimitar el campo de aplicación, precisa que “... será aplicable a las pensiones de vejez y jubilación de todos los trabajadores del sector privado, de los servidores públicos, de los trabajadores independientes y de los afiliados obligatorios o facultativos del Instituto de Seguro Social”.
Empero, debo aclarar que, en mi criterio, la citada disposición legal consagra dos mecanismos para el cálculo del ingreso base de liquidación: 1. Tomar el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para que el beneficiario de la transición adquiera el derecho a la pensión, o, 2. Tomar el promedio de lo cotizado en todo el tiempo, en caso de ser este promedio superior. Entonces, si ante la falta de cotización o de salarios, como aquí aconteció, no es posible obtener un promedio de lo percibido en el tiempo que hiciera falta para adquirir el derecho, pues no habría sumas que calcular, ello indica que el promedio de lo cotizado en todo el tiempo será necesariamente superior y por tal razón debe acudirse a esta forma de cálculo, porque por obvias razones no es posible utilizar la otra. Con todo, en ambos casos debe indexarse el promedio obtenido.
Pero aun de no acogerse la anterior solución, opino que la Sala en precedentes oportunidades ha ofrecido interpretaciones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que se ajustan más al espíritu de esa disposición y que considero tienen aplicación para el caso materia de análisis. Así lo hizo en la sentencia del 29 de noviembre de 2001 (rad. 15921), que juzgo necesario transcribir en lo que es pertinente:
Ese entendimiento, estima la Corte, es el que consulta el verdadero espíritu de la ley y se ajusta cabalmente a su tenor literal, en tanto acata su exigencia de tomar en consideración únicamente el tiempo faltante para adquirir el derecho y no otro; así mismo, cumple con el principio de tener en cuenta hasta la última semana cotizada para efectos de liquidar la pensión, situación que no ocurriría si llegara a entenderse que solamente sería dable contabilizar las semanas cotizadas o los ingresos devengados hasta el día de cumplimiento de todos los requisitos, lo cual implicaría evidentemente una tremenda injusticia al dejar por fuera cotizaciones efectivamente realizadas, en desmedro de los intereses del aportante, quien realizó unos pagos que no van a tener incidencia en el monto final de su pensión, solución que iría en contra vía de principios básicos de la seguridad social, como aquel de que ‘a mayor cotización, mayor pensión’, axioma que resulta congruente —además— con otro principio propio de esta disciplina jurídica, concretamente el de la proporcionalidad.
2. La evidencia de que no se trata de una pensión propia del sistema de seguridad social en pensiones es que se(sic) reconocimiento y pago se ordena a una entidad ajena al sistema; la obligación recae en la entidad empleadora y no en una administradora de pensiones de conformidad con los artículos 5º y 6º del Decreto 813 de 1994, y artículo 45 del Decreto 1748 de 1994; justamente por quedar radicada en ella la obligación pensional, no es necesario adoptar ninguna previsión sobre traslado de recursos al sistema.
5. La actualización de las pensiones por fuera del sistema de seguridad social solo procede en los términos y para las pensiones que dispone el legislador en la Ley 445 de 1998, dentro de las cuales no pueden comprenderse las del sub lite, opción del legislador que examinada a la luz del derecho a la igualdad fue declarada exequible por la Corte Constitucional al estimar en la Sentencia C-067 de 1999, que:
“Tampoco, se puede desconocer que el Estado no puede comprometer sin una concertación previa con el sector y un estudio serio de factibilidad del proyecto, el equilibrio financiero de las entidades descentralizadas, los entes territoriales y las empresas del sector privado, pues no solo el tratamiento diferencial basado en el distinto origen de los recursos destinados al pago de las pensiones y reajustes a que alude la norma acusada está razonable y objetivamente justificado, sino que además el legislador está habilitado constitucionalmente, dentro de ciertos límites para determinar el monto y los alcances de los reajustes e incrementos pensionales, para lo cual debe tener en cuenta que los recursos económicos para satisfacer esos pagos son limitados.
Establecido que la exclusión de las entidades descentralizadas por servicios, de los entes territoriales y del sector privado; de los incrementos previstos por el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, no configura una discriminación contraria al principio constitucional de la igualdad y por lo tanto una omisión legislativa inconstitucional (...)”.
Bajo las anteriores premisas no es admisible pretender la aplicación del principio de la favorabilidad, puesto que por definición ella es el resultado de un juicio de comparación entre dos normas vigentes y aplicables a la situación a resolver; ni siquiera bajo aquel paralogismo que pretende llamar comparación a la que se podría hacer entre una norma y un vacío o silencio del legislador, puesto que en el sub lite no tendría cabida ya que la exclusión de las entidades descentralizadas por servicios, de los entes territoriales y del sector privado de la indexación ordenada por la ley es una deliberada decisión del congreso.
Fecha ut supra. Con todo respeto,
“... El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 estableció: “ A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés, moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.
“ La edad, para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”, (destaca la Corte).
“ Realmente el querer del legislador con la expedición del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no fue otro que el de hacer justicia a aquellos trabajadores que alcanzada determinada edad de su vida para acceder a la pensión, luego de haber aportado a la seguridad social, frente a la morosidad del pago de las mesadas, se vieran resarcidos económicamente mediante el reconocimiento de intereses moratorios.
“ Al respecto es pertinente traer a colación los considerandos de la Corte Constitucional expresados en la Sentencia D-2663 del 24 de mayo de 2000, que al declarar exequibles las expresiones “a partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sostuvo lo siguiente:
“ Así las cosas, no observa la Corte que la disposición cuestionada parcialmente, cree privilegios entre grupos de pensionados que han adquirido su estatus bajo diferentes regímenes jurídicos, como lo aduce el demandante, pues la correcta interpretación de la norma demandada indica que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, solo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo, de suerte que si esta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, esta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la Ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del Decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
“ En consecuencia, comoquiera que la disposición acusada no diferencia, como parece suponerlo el demandante, entre quienes adquirieron el derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y quienes lo adquieren con posterioridad a la misma, es decir, después de la vigencia de la ley de seguridad social, esta Corte en la parte resolutiva de su providencia la declarará exequible.
“ En este sentido también es oportuno precisar que tal indemnización a los titulares de las pensiones por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas debe aplicárseles a los regímenes especiales anteriores y subsistentes con la Ley 100 de 1993, esto es, los que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la referida ley.
“ Finalmente, en cuanto a la acusación dirigida contra el segmento normativo “de que trata esta ley”, contenido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tampoco comparte la Corte el cargo formulado por el demandante, pues la disposición no se refiere a las personas que hayan adquirido el derecho al pago de su pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino que alude al hecho de que la ley 100 de 1993 se refiere a las mesadas pensionales que se pagan con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, pues, repárese, que con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994. Es decir, en principio esta norma derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero sin duda subsisten algunos regímenes particulares y hay que precisar que la norma acusada tiene un carácter general, aplicable inclusive, para todo tipo de pensiones. Las excepciones expresamente contempladas en el estatuto de seguidad social, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley 100, conforme lo consagra la Sentencia C-408 de 1994. Dicha disposición establece”:
“ ART. 11.—Campo de aplicación. El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.
“ Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.
‘ ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
‘ También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones.
‘ Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
‘ las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley’.
“ Esta última disposición fue declarada exequible mediante sentencias C-410 de 1997 y C-590 de 1997, salvo la expresión “... quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas”, del inciso segundo del artículo 146 de la ley de seguridad social.

References: artículo 36
 artículo 36
 artículo 21
 artículo 36
 artículo 288
 artículo 53
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 73
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 1617
 artículo 141
 artículo 279
 artículo 141
 artículo 11
 artículo 279
 artículo 146