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Timestamp: 2014-03-12 06:12:58+00:00

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FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Materia:Amparo constitucional
Partes: Víctor Nardín Velasco contra Freddy Romay Gonzáles, Wilfredo Ramos Quispe, Vocales de la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí y Octavio Boris Janco Villegas, Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial del mismo Distrito Judicial -ahora departamento-.
Departamento: Potosí
Magistrada:Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi
La suscrita Magistrada en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), presenta voto disidente con relación a la SCP 0298/2013-L, bajo los fundamentos desarrollados a continuación.
I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la igualdad; por cuanto, luego de ser notificado con el Auto de traba de la relación procesal y calificación del proceso, solicitó su enmienda, pero fue negada; y, luego de presentar prueba, a través de la providencia de 7 de abril de 2011, se determinó rechazarla con el argumento de que estaría fuera de plazo, por lo que interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, en razón a que el plazo para el ofrecimiento de la prueba se computa a partir de la notificación con el rechazo a la objeción no así con la traba de la relación procesal; sin embargo, fue refutada por el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial, confirmada mediante Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo y su complementario de 28 del mismo mes y año.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La SCP 0298/2013-L, CONFIRMA la Resolución 10/2011 de 9 de agosto, cursante de fs. 68 a 70 vta. pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí; y, en consecuencia CONCEDE la tutela solicitada con el siguiente fundamento: a) Existen dos ejemplares distintos del Auto de relación procesal: uno arrimado en el expediente y otro con el que se notificó al accionante, a pesar de que debían ser iguales, situación que acarreó su observación el 4 de marzo de 2011; b) El Juez manteniendo ésta irregularidad rechazo la observación opuesta, notificando al “demandante” el 1 de abril de ese año, ofreciéndose luego la correspondiente prueba; pero fue rechazada; c) Se planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación; sin embargo, fue rechazada, por lo que se concedió la alzada, que ocasionó la emisión del Auto de Vista que confirmó la decisión impugnada; d) Haciendo una interpretación sistemática del Código Adjetivo Civil, se advierte que si bien el art. 383 señala que no es posible suspender el período de prueba por ningún incidente o recurso, tampoco debe desconocerse la facultad que otorga a las partes el art. 371 del mismo cuerpo normativo, de objetar los puntos de hecho a probar; infiriéndose entonces, que una vez que el juez se pronuncie sobre la objeción u observación que para el caso es lo mismo, de forma negativa o positiva, deberá notificarse a las partes, corriendo recién el término de prueba para la parte que objetó el Auto de Relación Procesal; e) Es evidente que las autoridades demandadas hicieron un incorrecto cómputo de los plazos procesales, toda vez que el ofrecimiento de la prueba quedó suspendido desde la observación al Auto de Relación Procesal, realizada el 4 de marzo de 2011, hasta la resolución de la misma, reanudándose una vez notificado con el mismo, puesto que se equipara a una objeción; y, f) En cuanto a los derechos a la igualdad y petición, el accionante no demostró ni acreditó en qué forma fueron lesionados, por lo que éste Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse al respecto.
II.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional La acción de amparo constitucional, prevista en el art. 128 de la CPE, tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; esta acción de tutela podrá ser interpuesta por la persona que se crea afectada o por otra a su nombre con poder suficiente, ante cualquier juez o tribunal competente.
Asimismo, el art. 51 del CPCo, establece que la referida acción de defensa, “…tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.
El reconocido profesor boliviano José Antonio Rivera Santivañez señala que: “Su esencia tutelar hace que esta acción tenga un alcance preventivo y correctivo; en el primer caso, se acciona frente a la amenaza de una inminente restricción o supresión de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, situación en la que la persona afectada solicitará al Juez o Tribunal competente la adopción de las medidas necesarias para preservar o precautelar su derecho fundamental o garantía constitucional, de manera que la autoridad judicial competente disponga la adopción de las medidas correspondientes para prevenir la consumación del acto o resolución ilegal violatorio; en el segundo caso, se acciona frente a la consumación de una restricción o supresión de los derechos y garantías emergentes de actos, resoluciones u omisiones ilegales o indebidas, caso en el que, el Juez o Tribunal competente otorga la tutela respectiva, disponiendo la anulación del acto o resolución, o la cesación de la omisión, a objeto de que se restablezca, de forma inmediata, el derecho restringido o suprimido” (las negrillas son nuestras).
Por lo expuesto, se establece que la acción de amparo constitucional es un instituto procesal de naturaleza constitucional que tiene por objeto garantizar la vigencia y el respeto de los derechos de las personas reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, cuando estos son restringidos, suprimidos o amenazados por acciones u omisiones indebidas provenientes de servidores públicos o de particulares, siendo su esencia el ser preventivo y correctivo.
II.2.El proceso civil y sus principios Tomando en cuenta que en el modelo de Estado constitucional de Derecho asumido por Bolivia -establecido sobre valores universales y principios fundamentales- mantiene vigente la prohibición de la justicia directa o la llamada justicia por mano propia, se ha consolidado el principio universal de que los conflictos entre derechos serán resueltos por los órganos jurisdiccionales o las autoridades legítimamente establecidas por ley; ello en razón a que, constitucionalmente, se ha establecido que Bolivia es Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz (art. 10.I de la CPE).
Con la finalidad de alcanzar ese objetivo y de garantizar a las personas y colectividades el libre y eficaz ejercicio de sus derechos, previstos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos (art. 14.III de la CPE), en materia civil, se ha puesto en vigencia el Código de Procedimiento Civil que entre otros regula, la potestad de administrar justicia de los jueces; los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes; las normas procesales de iniciación del proceso, dirección y cumplimiento de sus disposiciones; desarrollo del proceso, sus incidencias y formas de resolución, así como los medios de impugnación o remedios judiciales conferidos a las partes para corregir las actuaciones erróneas de los juzgadores; actos procesales que tienen como objetivo la materialización del derecho sustancial.
Como dice Lino Enrique Palacios, refiriéndose al significado del término proceso: “El vocablo proceso (procesus, de procederé) significa avanzar, marchar hasta un fin determinado, no de una sola vez, sino a través de sucesivos momentos”.
Es así que para resolver los obstáculos e incidencias, que pudieran presentarse en su inicio, desarrollo, conclusión y ejecución, se desarrollaron principios procesales tendientes a la realización y materialización del derecho invocado por las partes. Eduardo Couture, sostiene que para entender el juicio civil es necesario comprender cinco principios fundamentales:”a) el principio de bilateralidad del proceso; b) el principio dispositivo; c) el principio de impulso de cargo de la parte; y, e) el principio del proceso escrito”.
1.Principio de bilateralidad.- El reconocido procesalista antes mencionado sostiene que este principio se sustenta en que “nadie puede ser condenado sin ser oído; no hay juicio que se siga a espaldas de la parte a quien eventualmente perjudica, y no hay sentencia válida si no se han dado a las dos partes, por igual, las garantías de defensa necesaria”.
El citado principio no hace más que plasmar la garantía constitucional prevista en el art. 117.I de nuestra Norma Suprema, que indica: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.
2.Principio dispositivo.- El art. 86 del CPC, establece que “La iniciación del proceso incumbirá a las partes. El Juez lo iniciará sólo cuando lo estableciere la ley”. Lino Enrique Palacios, en forma didáctica, resume la forma de manifestación de este principio, a saber: iniciativa, disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del themadecidendum, aportación de los hechos y aportación de la prueba.
i) Iniciativa. “El proceso civil sólo puede iniciarse a instancia de parte (nenioiudex sine adore; neprocedatiudex ex officio)”.
ii) Disponibilidad del derecho material. “Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes relativas a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación del derecho material en la cual se fundó la pretensión”.
iii) Impulso procesal. “Consiste en la actividad que es menester cumplir para que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquél pueda superar los distintos períodos de que se compone y que lo conducen hasta la decisión final”.
Sin embargo, ello no es exclusivo de las partes, pues el art. 2 del CPC, indica: “Los jueces y tribunales tendrán a su cargo y responsabilidad el necesario impulso procesal, para que las causas no se paralicen y concluyan dentro de los plazos legales”, disposición legal que guarda relación con el art. 128 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que indica: “I. Se incurrirá en demora culpable por dictar resoluciones en los procesos fuera de los plazos fijados por la ley. Igualmente importará demora culpable el uso impropio y reiterado de providencias de sustanciación como traslado, vista fiscal, informe y otras, fuera de los casos señalados en las leyes procesales, bajo responsabilidad. II. Quedan prohibidos los decretos que dispongan informe sobre aspectos contenidos en el expediente”.
iv) Delimitación del themadecidendum. “El principio dispositivo impone que sean las partes, exclusivamente, quienes determinen el themadecidendum, debiendo el juez, por lo tanto, limitar su pronunciamiento a las alegaciones formuladas por aquéllas en los actos de constitución del proceso (demanda, contestación, reconvención y contestación a ésta)”.
Esto se encuentra plasmado en el art. 190 del CPC, que señala: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado” (las negrillas están agregadas).
Su vigencia, en segunda instancia, está plasmado en el art. 236 del CPC, que indica: “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343” (el resaltado nos corresponde). Este principio es aplicable a toda la jurisdicción ordinaria en el que se tenga que resolver las pretensiones de las partes, en especial a la actuación de los Tribunales de alzada cuando tengan que resolver los recursos de apelación que hubieren sido interpuestos.
v) Aportación de los hechos. “Como consecuencia del principio dispositivo, la aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones y defensas constituye una actividad que les es privativa, estando vedada al juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes. Igualmente le está vedado el esclarecimiento de la verdad de los hechos afirmados por una de las partes y expresamente admitidos por la contraria”.
Este principio obedece a que “Los conflictos entre derechos son resueltos por los órganos jurisdiccionales en la forma determinada por las leyes de la República” (art. 1281 del Código Civil -CC-).
vi) Aportación de la prueba. Si bien los arts. 4 inc. 4) y 378 del CPC, establecen que los jueces y Tribunales tienen la facultad especial de “Exigir las pruebas que consideren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos y emplear cuanto medios fueren conducentes al mayor esclarecimiento del proceso”, pudiendo ejercer dicha facultad dentro del período probatorio o hasta antes de la dictación de la sentencia; sin embargo, ello no debe entenderse como un deber del órgano jurisdiccional de producir la prueba, pues ello únicamente es una facultad correspondiendo a las partes su ofrecimiento y producción.
Al respecto, el art. 1283 del CC, concordante con el art. 375 del CPC, sostiene que la carga de la prueba “incumbe al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor”, siendo ello el reflejo del principio dispositivo que regula al proceso civil.
3.Principio de impulso procesal.- Dada su esencia de formar parte del principio dispositivo, que ya fue desarrollado precedentemente.
4.Principio del proceso escrito.- Esta es una característica del proceso civil vigente en nuestro país, por el cual los actos de las partes, del juez y los que se encuentran involucrados en el proceso deben plasmar su peticiones a través de un escrito conforme señala el art. 92 del CPC.
Por otra parte, manifestar que los mencionados principios no son únicos sino que existen otros que fueron creados precisamente para facilitar la resolución de los conflictos, entre ellas:
a)Principio de inmediación.- José Decker Morales señala que el referido principio “significa que el juez debe encontrarse en relación directa con los sujetos procesales o partes que intervienen en el proceso y, recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre éstas las que se encuentran bajo su acción inmediata”.
b)Principio de preclusión procesal.- Una muestra de que el proceso implica avance, es el principio de preclusión procesal, pues dentro de cada etapa procesal las partes cuentan con facultades previstas por la ley que pueden ser ejercitadas, pero dentro del plazo establecido para el efecto, bajo alternativa de extinguirse. “Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período o sección correspondiente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso”.
Al respecto el art. 16 de la LOJ, establece: “I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley.
II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”. c)Principio de impugnación.- El principio de impugnación de los actos jurídico procesales no sólo se encuentra vigente en el ámbito civil (art. 213 del CPC), sino hoy tiene rango constitucional, así el art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, con la finalidad de que las partes puedan exigir la reparación de su derecho o la enmienda del error cometido por el Juez de la causa, garantizándose así el doble examen y el control que deben ejercer las partes de las decisiones del órgano jurisdiccional.
Como dijo Jorge Peyrano: “Desconocer la normatividad de los principios procesales equivale a quitar obligatoriedad a su aplicación”; y, siendo que su aplicación coadyuva en la aplicación e interpretación de la ley procesal corresponde observarla a tiempo de la resolución de las causas, en armonía con los principios, valores, derechos y garantías previstos por nuestra Ley Fundamental.
Por lo desarrollado, se concluye: 1) Los principios procesales no actúan de manera aislada, sino que entre ellos existe una estrecha vinculación, así por ejemplo, junto al principio de impugnación está el de preclusión procesal, que obliga a las partes a hacer uso oportuno de dicho derecho, pero dentro del plazo previsto por ley, bajo alternativa de extinguirse dicha facultad; y, ambos guardan relación con el principio dispositivo, que indica que su ejercicio y extinción depende de la voluntad de las partes; y, 2) Para el libre y eficaz ejercicio de los derechos, las partes en materia civil no sólo cuentan con las normas legales previstas en el Código de Procedimiento Civil, sino que también tienen a su lado los principios procesales, que junto a la norma adjetiva, buscan la materialización del derecho sustantivo o material invocado por ellas, que obliga a los juzgadores a buscar la prevalencia de la verdad material sobre la formal; y, al interpretar la ley procesal “…el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de duda deberá atender a los principios constitucionales así como a los principios generales del derecho procesal” (art. 91 del CPC), pues como dijo el célebre procesalista Eduardo Couture “Al hombre sediento de justicia hay que darle una respuesta”, respuesta que en un Estado democrático de Derecho Constitucional debe guardar relación con los derechos y las garantías establecidas en la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales.
II.3. La solicitud de enmienda, complementación y aclaración de las resoluciones judiciales En el ámbito civil, el art. 196 inc. 2) del CPC, establece que pronunciada la sentencia el juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su competencia respecto al objeto del litigio; sin embargo, se encuentra facultado: “A pedido de parte, formulado dentro de las veinticuatro horas de la notificación, y sin sustanciación, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio”.
La SC 1409/2010-R de 27 de septiembre, señaló que: “…la facultad reconocida al juzgador no es ilimitada conforme se establece incuestionablemente de la propia redacción de la norma citada, pues el juez a título de explicación o de enmienda no puede modificar la parte sustancial de la resolución pronunciada cuya explicación o enmienda se solicitó, puesto que se debe tomar en cuenta, que no se constituye en mecanismo de impugnación a través del cual el juez o tribunal de justicia pueda cambiar o modificar su propia decisión en el fondo; pues implicaría un pronunciamiento que contradiga y modifique esencialmente una sentencia o un fallo, en inobservancia y violación de los derechos y garantías…”.
Por su parte, la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo, efectuando una interpretación teleológica de la explicación complementación y enmienda indicó que: “…el legislador ordinario, al reconocer a las partes, la facultad de solicitar aclaración, complementación y enmienda, de las sentencias, resoluciones emitidas ante la interposición de apelaciones en efectos suspensivo y devolutivo, así como también de resoluciones emitidas por la interposición de recurso de casación; les otorgó la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial -que emitió una resolución que vaya a determinar una situación jurídica- se precautele que la misma sea clara, completa y precisa; para que de esta manera, la resolución emitida por la autoridad judicial, no adolezca de defectos, ni errores materiales.
De lo anteriormente expuesto, se puede concluir, que la facultad reconocida a favor de las partes, mediante el art. 196.2) del CPC, no sólo se encuentra establecida a favor de las mismas, para solicitar aclaración, complementación y enmienda de la sentencia, sino también para toda otra resolución definitiva, emitida por las autoridades judiciales -dentro de un proceso judicial- por las que se llegue a definir una situación jurídica, como sería el caso de los Autos de Vista, emitidos a raíz de la interposición de recurso de apelación (efecto suspensivo y devolutivo); Autos Supremos, emitidos ante la interposición de recurso de casación; Autos interlocutorios definitivos emitidos en ejecución de sentencia o en otra instancia procesal; todo ello con el objetivo de resguardar que la resolución que se haya emitido, sea la más clara, completa y precisa posible, y sin defectos ni errores materiales” (las negrillas están añadidas).
II.4.Los motivos de la disidencia De la revisión de antecedentes se advierte que mediante Auto de 26 de febrero de 2011, Octavio Boris Janco Villegas, Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial -a petición de parte- determinó trabar la relación procesal; y, conforme a la previsión de los arts. 353, 354, 370 y 371 del CPC, calificó el proceso como ordinario de hecho, fijando los puntos a demostrar por las partes en litigio (fs. 5 y vta.), notificándose a los mismos el 1 de marzo de ese año (fs. 6).
Mediante memorial presentado el 4 de marzo de 2011, el accionante solicitó la enmienda del primer punto contenido en el Auto de 26 de febrero de ese año sosteniendo: “…resulta incomprensible el tener que demostrar si el actor se encuentra en posesión del bien objeto de la litis, desde 1.995, en forma pacífica, pública y continuada y sin interrupción, reiterando que el objeto de la causa NO se constituye en un bien material, que pueda determinar la posesión o no de un bien tangible, sino se trate de dirimir relaciones netamente contractuales” (sic) (fs. 9 y vta.); que mereció el pronunciamiento del Auto de 29 de ese mismo mes y año, que dispuso no ha lugar a la enmienda pedida en razón a que en el Auto de relación procesal no existe la observación extrañada (fs. 9 vta.), notificándose al accionante el 1 de abril de 2011 (fs. 10).
Por escrito de 6 de abril de 2011, el accionante ofreció prueba de cargo (fs. 13 a 14 vta.); provocando la dictación del decreto de 7 del mes y año mencionado, que dispuso no admitirla debido a que está fuera del plazo previsto por el art. 379 del CPC (fs. 15), que luego de ser objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 19 a 21 vta.), provocó en prosecución de trámites la emisión del Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo de ese año, que determinó confirmar la decisión de primera instancia (fs. 38 a 39).
En base a ello, paso a exponer los motivos de la desavenencia; en el caso de Autos Víctor Nardín Velasco -ahora accionante- denuncia la lesión de su derecho a la petición, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la igualdad, por cuanto luego de ser notificado con el Auto de traba de la relación procesal y calificación del proceso, solicitó su enmienda, pero fue negada; y, luego de presentar prueba, a través de la providencia de 7 de abril de 2011, se determinó rechazarla con el argumento de que estaría fuera de plazo, por lo que interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, en razón a que el plazo para el ofrecimiento de la prueba se computa a partir de la notificación con el rechazo a la objeción no así con la traba de la relación procesal; sin embargo, fue refutada por el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial, siendo luego confirmada mediante Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo y su complementario de 28 del mismo mes y año.
La SCP 0298/2013-L, sostiene que existen dos ejemplares distintos del Auto de relación procesal: uno arrimado en el expediente y otro que fue notificado al accionante, a pesar de que debían ser iguales, situación que fue observada el 4 de marzo de 2011, pero fue rechazada manteniéndose la irregularidad. Al respecto, expresar que el citado escrito no cuestiona dicho extremo sino que indica: “…resulta incomprensible el tener que demostrar si el actor se encuentra en posesión del bien objeto de la litis, desde 1.995, en forma pacífica, pública y continuada y sin interrupción, reiterando que el objeto de la causa NO se constituye en un bien material, que pueda determinar la posesión o no de un bien tangible, sino se trate de dirimir relaciones netamente contractuales” (sic); y, siendo que mediante Auto motivado de 29 de ese mismo mes y año, se expuso de manera clara que de la revisión del auto de traba y calificación del proceso no se advierte el punto cuestionado, con toda lógica ordenó no ha lugar a la enmienda solicita. Asimismo, indicar que para la revisión de las actuaciones procesales se toma muy en cuenta lo que constan en el expediente, pues el art. 104 del CPC, prevé: “De todo proceso se formará un expediente que permanecerá en el juzgado para el examen de las partes y todos los que tuvieran interés legítimo”, advirtiéndose que el punto reclamado por el accionante no se encuentra inserto en el Auto de 29 de marzo de 2011, debiéndose dar fe a los actuados arrimados en el respectivo legajo, más aún cuando era obligación del accionante apersonarse al juzgado para revisar y constatar la determinación judicial que hoy cuestiona para efectuar los reclamos pertinentes al Juez de la causa para la imposición de las respectivas sanciones, situación que en modo alguno implica la interrupción de la continuidad del periodo probatorio dispuesto por el art. 383 del Código Adjetivo Civil que establece: “El periodo de prueba no se suspenderá por ningún incidente ni recurso”.
En efecto, la notificación practicada el 1 de marzo de 2011, cumplió su finalidad de dar a conocer al accionante la apertura del plazo probatorio, correspondiéndole la carga de la prueba de ofrecer sus probanzas dentro del plazo fatal y perentorio establecido en el art. 379 del CPC, que indica: “Las partes propondrán sus pruebas por escrito dentro de los cinco días primeros de la notificación con el auto que fijare los hechos a demostrarse”, situación que fue advertida por las autoridades demandadas, que con acierto aplicaron la normativa legal antes referida; por ende, lo que ocurrió fue la dejadez y la negligencia del accionante en el ofrecimiento de su prueba, pretendiendo ahora corregir su actuación a través de la jurisdicción constitucional.
El accionante denunció que, se lesionó su derecho a la defensa; empero, de obrados se constata que tuvo conocimiento de cada una de las actuaciones judiciales realizadas por las autoridades demandadas, habiendo presentado el 4 de marzo de 2011, enmienda al auto de traba y calificación del proceso; luego, opuso reposición bajo alternativa de apelación, que corrió con el trámite respectivo, hasta el pronunciamiento del Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo; consecuentemente, no se conculcó o restringió su derecho a la defensa. Tampoco su derecho a la igualdad, pues en la tramitación de todo proceso civil el plazo para el ofrecimiento de prueba es perentorio, empezando a correr el mismo a partir de la notificación con el auto de calificación y apertura del plazo probatorio, que nuevamente reitero, no puede ser suspendido por motivo alguno como expresamente prevé el art. 383 del CPC, antes referido.
El fallo constitucional que hoy motiva la presente disidencia, sostiene que haciendo una interpretación sistemática del Código Adjetivo Civil se infiere que enmienda es igual y lo mismo que la objeción a los puntos fijados en la calificación del proceso; y, que la petición de enmienda suspende el plazo para el ofrecimiento de la prueba hasta que sea resuelta positiva o negativamente; sin embargo, no tomó en cuenta que dicha labor debe guardar relación con los principios que rigen al proceso civil que fueron expuestos en el Fundamento Jurídico II.2 de la presente resolución. El entendimiento asumido en la SCP 0298/2013-L, contradice a los citados principios y a la esencia misma del proceso civil pues la doctrina, la práctica forense y la propia normativa legal de la materia prevé: i) La aportación de la prueba corresponde al actor, guardando relación y armonía con el art. 379 del CPC que claramente indica: “Las partes propondrán sus pruebas por escrito dentro de los cinco días primeros de la notificación con el auto que fijare los hechos a demostrarse”; ii) Velando por el principio de celeridad procesal, que debe caracterizar al proceso conforme manda el art. 180.I de la CPE, el art. 141 del CPC, indica: “Los plazos transcurrirán ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales. Sin embargo, podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor que hicieren imposible la realización del acto pendiente” (el resaltado me corresponde); y, iii) El art. 383 del citado Código Adjetivo Civil, en correspondencia a los principios que rigen al proceso civil -desarrollado en el Fundamento Jurídico II.2- establece que: “El periodo de prueba no se suspenderá por ningún incidente ni recurso” (las negrillas están añadidas); consecuentemente, el criterio expuesto en la SCP 0298/2013-L, afecta no sólo a los principios esenciales que rigen al proceso civil sino que no guarda relación con los lineamientos expuestos por nuestra Norma Suprema que en su art. 180.I señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes antes el juez”, puesto que como la solicitud de enmienda al auto de calificación del proceso suspende el plazo probatorio hasta que sea resuelta -según el razonamiento de la SCP 0298/2013-L-, no se podría hablar de celeridad, de continuidad del proceso, honestidad, legalidad y debido proceso, habiéndose permitido que una solicitud totalmente impertinente afecte a la continuidad del periodo probatorio, pero además por los efectos vinculantes de la decisión atente contra el normal desenvolvimiento de las causas civiles en trámite en los diferentes distritos judiciales del país.
El accionante también acusó la infracción de su derecho de tutela judicial efectiva; empero, no tomó en cuenta que él mismo provocó el rechazo del ofrecimiento de su prueba al no haberla presentado dentro del plazo previsto por el art. 379 del CPC, al haber entendido -según su criterio personal- que la solicitud de enmienda suspende el plazo para el ofrecimiento de la prueba. En cuanto a este último punto, la SCP 0298/2013-L, indicó que la objeción a la fijación de los puntos de hecho a probar es lo mismo que la petición de enmienda, juicio que no tomó en cuenta la naturaleza jurídica de lo que es una solicitud de enmienda, complementación o aclaración -desarrollada para un mejor entendimiento en el Fundamento Jurídico II.3-, habiéndose establecido a través de la jurisprudencia constitucional que la enmienda no se constituye en un mecanismo de impugnación que pueda cambiar o modificar una decisión de fondo (SC 1409/2010-R).
Por lo que, la solicitud de enmienda efectuada por el accionante el 4 de marzo de 2011, no se asemeja ni es igual a la objeción a los puntos de hecho a demostrarse contemplado en el art. 371 del CPC, que indica: “Al sujetarse la causa a prueba el juez fijará, en auto expreso y en forma precisa, los puntos de hecho a probarse. Este auto podrá ser objetado por las partes dentro de tercero día y dará lugar a pronunciamiento previo e inmediato. Podrá ser apelado en el efecto devolutivo sin recurso ulterior” -nótese que la propia normativa al indicar que puede ser apelado en el efecto devolutivo nos demuestra que el plazo probatorio no puede ser interrumpido por el efecto en el que se concede la alzada-; dejar en claro que la petición de enmienda no es igual a una objeción, la primera está destinada a corregir un defecto en cambio en la objeción la parte muestra su desacuerdo en el acto judicial: en todo o en parte. En el caso de Autos, el Auto de traba y calificación de los puntos de hecho arrimado en el expediente no consta el punto reclamado por el accionante, entonces ¿qué se enmendará o corregirá?
Se enmienda algo que existe; otra cosa muy diferente es la objeción a los puntos establecidos en la calificación del proceso, donde lo que se pretende es que se añada y suprima un punto en la resolución judicial; en el caso de Autos, se constató que la actuación judicial contenida en el legajo guarda relación con los hechos expuestos en la demanda y la contestación, debiendo el accionante haber ofrecido sus pruebas dentro de plazo legal, conforme a las normas legales que rigen al proceso civil.
Por lo expuesto, la suscrita Magistrada considera que se debió REVOCAR la Resolución 10/2011 de 9 de agosto, cursante de fs. 68 a 70 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí; y, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo firme y subsistente el Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo, pronunciado por el Tribunal de alzada.
Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi
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References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 227
 artículo 343
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