Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/664289949
Timestamp: 2020-07-12 16:52:03+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 021/17 de Corte Constitucional, 20 de Enero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 664289949
Sentencia de Tutela nº 021/17 de Corte Constitucional, 20 de Enero de 2017
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. SE RECONOCIO PENSION DE SOBREVIVIENTES. La accionante adujo que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite, argumentando la existencia de una controversia con otra posible beneficiaria que alegaba la condición de compañera permanente. Pretende que el juez constitucional ampare transitoriamente sus derechos, mientras se resuelve el proceso ordinario que entabló. En sede de revisión el juez laboral informó a la Sala que en la causa adelantada en su despacho se reconoció el derecho pensional pretendido por la actora y, en consecuencia, se declaró la carencia actual de objeto por presentarse un HECHO SUPERADO.
Sentencia T-021/17
Referencia: Expediente T-5.741.366
Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Flor de M.L. de G. contra C.
Bogotá DC., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados A.L.C., G.E.M.M. y L.G.G.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:
En el proceso de revisión de los fallos de tutela adoptados por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de B. y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por la señora Flor de M.L. de G. contra C..
1.1.1. La señora Flor de M.L. de G., de 70 años de edad, estuvo casada y convivió con el señor J. delC.G.R. desde el 10 de julio de 1971 hasta el 27 de febrero de 2010, fecha en la cual se produjo su fallecimiento. De dicha unión nació una hija que hoy tiene 42 años de edad.
1.1.2. El señor G.R. se encontraba afiliado al ISS (hoy C.) desde el año 1971 hasta el 2010 y logró cotizar un total de 447 semanas.
1.1.3. El 16 de abril de 2010, la accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante el ISS, obteniendo una respuesta negativa a través de la Resolución No. 4968 del 9 de agosto de 2011. En primer lugar, se argumentó que el causante no cotizó el número mínimo de semanas exigidas para otorgar la pensión de sobrevivientes; y en segundo lugar, se señaló que existía controversia sobre los beneficiarios, ya que dicha prestación también fue solicitada por la señora N.A.S., quien alegó la condición de compañera permanente del fallecido.
1.1.4. Por lo anterior, la actora interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por C. en la Resolución GNR 230485 del 9 de septiembre de 2013. En esta ocasión, la entidad demandada confirmó la decisión adoptada invocando exclusivamente el debate planteado entre quienes alegan la condi-ción de beneficiarios. Esta determinación se mantuvo al resolver el recurso de apelación, conforme se observa en la Resolución VPB 23803 del 11 de diciem-bre de 2014.
1.1.5. Por su parte, la señora N.A.S. inició un proceso ordinario laboral contra C., con miras a obtener el reconocimiento de la pen-sión de sobrevivientes. Esta actuación se tramitó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de B., en donde se acumuló la actuación promo-vida con la misma finalidad por la señora Flor de M.L. de G. ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de dicha ciudad.
1.1.6. Según se afirma, la señora N.A.S. desistió el 2 de diciem-bre de 2015 del proceso ordinario laboral, al manifestar que quien realmente convivió con el causante hasta el día de su muerte fue la accionante en el proceso de tutela, esto es, la señora Flor de M.L. de G..
1.1.7. Por último, se manifiesta por la peticionaria que padece de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo, úlceras varicosas en miembro infe-rior derecho, disminución de la agudeza visual por cataratas y sordera severa. Sostiene que desde la muerte de su esposo su mínimo vital se ha visto afectado, por cuanto dependía económicamente de éste y, en la actualidad, no tiene nin-gún tipo de ingresos para garantizar su subsistencia.
Con fundamento en los hechos descritos, la accionante instauró la presente acción contra C., en aras de obtener la protección de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, como mecanismo transitorio mientras se resuelve el proceso ordinario laboral. En concreto, a partir de las circunstancias fácticas que fueron mencionadas, la señora León de G. alega que cumple con los requisitos mínimos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, cuya garantía resulta necesaria por la falta de recursos para sobrevivir y para poder acceder al Sistema de Seguridad Social en Salud.
1.3. Contestación de la demanda e intervención de terceros
1.3.1. C. dio respuesta a la acción de tutela e indicó que la misma es improcedente en virtud del principio de subsidiaridad. En efecto, señaló que si la accionante se encontraba en desacuerdo con lo decidido en la instancia administrativa, su deber era esperar los resultados del trámite que se estaba adelantando ante la Jurisdicción ordinaria.
1.3.2. Por su parte, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de B., el cual fue vinculado en condición de tercero, informó que el proceso que cursa en ese despacho tenía programada audiencia de pruebas y fallo para el 12 de julio de 2016 a las 10:00 AM.
- Registro civil de defunción del señor J. delC.G.R., en el que consta como fecha de fallecimiento el 27 de febrero de 2010.
- Reporte de semanas cotizadas actualizado al 24 de septiembre de 2013, en el que consta que desde el año 1971 hasta el 2010, se acumuló un total de 447,58 semanas de cotización.
- Registro civil de matrimonio de los señores J. delC.G.R. y Flor de M.L. de G., en el que se observa que dicho acto se celebró el 10 de julio de 1971.
- Copia de la cédula de ciudadanía del señor J. delC.G.R..
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Flor de M.L. de G..
- Copia de la Resolución No. 4968 de 2011, a través de la cual el ISS negó la prestación solicitada.
- Copia de la Resolución GNR 230485 del 9 de septiembre de 2013, por la cual C. resolvió el recurso de reposición, en el sentido de negar el derecho reclamado por la existencia de una controversia en los potenciales beneficiarios.
- Copia de la Resolución VPB 23803 del 11 de diciembre de 2014, mediante la cual C. resolvió el recurso de apelación y sostuvo el mismo argume-to previamente expuesto.
- Dos declaraciones juramentadas ante notario, en las cuales se señala que la accionante y el causante estaban unidos en matrimonio y que convivieron hasta el día de su muerte.
- Declaración juramentada ante notario de la accionante, en la cual manifiesta que convivió con su fallecido esposo hasta su último día de vida.
- Copia de la historia clínica de la accionante con fecha del 11 de febrero de 2016, en la cual se relacionan las enfermedades previamente mencionadas en esta providencia.
- Documento suscrito por la señora N.A.S. con fecha del 2 de diciembre de 2015 y dirigido al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de B., en el cual manifiesta que desiste del proceso ordinario laboral, que había iniciado con el propósito de que se le reconociera la pensión de sobrevivientes como compañera permanente del señor G.R..
En sentencia del 5 de abril de 2016, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de B. decidió negar el amparo solicitado, al considerar que la actora contaba con el proceso ordinario laboral que estaba en curso, como mecanismo idóneo y eficaz para la protección de sus derechos. Por lo demás, manifestó que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable, que ameritara la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.
La accionante presentó escrito de impugnación, en la cual reiteró la necesidad del amparo como mecanismo transitorio, resaltando la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra dada su avanzada edad, su estado de salud y su precaria situación socioeconómica.
En sentencia del 10 de mayo de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B. decidió confirmar el fallo de primera instancia. Para tal efecto, argumentó que no se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable, en la medida en que la accionante no pertenece a la población de la tercera edad, ni tampoco supera la expectativa de vida de las mujeres en el país (79.39 años). Aunado lo anterior, indicó que no se probó que la falta de pago de la prestación genere una afectación a su mínimo vital, por lo que el proceso ordinario laboral es el medio idóneo y eficaz para resolver el asunto planteado.
Esta Sala es competente para revisar las decisiones adoptadas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 19 de septiembre de 2016, proferido por la Sala de Selección Número Nueve.
3.2.1. En Auto del 23 de noviembre de 2016 se dispuso que, por Secretaría General de esta Corporación, se librara oficio al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de B., con el fin de que informara el estado actual del proceso ordinario laboral iniciado por la señora N.A.S. contra C.. De igual manera, para que remitiera copia simple del expediente.
Sobre el particular, en oficio recibido el 5 de diciembre de 2016, el citado despacho informó que conoció de una demanda ordinaria laboral presentada por la señora N.A.S. contra C., con miras a obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes del señor J. delC.G.R.. Como se manifestó en el acápite de hechos, resaltó que al proceso se acumuló la actuación iniciada por la señora Flor de M.L. de G..
En la actualidad ya se profirió sentencia el 12 de julio de 2016, en la que se declaró como titular de la pensión de sobrevivientes a la citada señora León de G., en calidad de cónyuge supérstite. El proceso fue revisado en sede de consulta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., el cual condenó a C. al pago del retroactivo pensional, al mismo tiempo que revocó el pago de intereses moratorios y de costas del proceso[1].
3.2.2. En la misma providencia del 23 de noviembre de 2016, se libró oficio a C. para que remitiera el reporte actualizado de semanas cotizadas por el señor J. delC.G.R.. Al respecto, en oficio recibido en esta Corporación el 5 de diciembre del año en cita, se recibió el documento solicitado en el que se acredita un reporte total de 447,58 semanas cotizadas, teniendo un número superior a 50 durante los tres últimos años al momento del deceso del señor G.R..
3.2.3. Finalmente, también se dispuso librar oficio a la accionante en el mismo Auto, con el propósito de que resolviera un cuestionario vinculado con aspectos relacionados con su situación socioeconómica. Según informe de Secretaría General se recibió respuesta el 15 de diciembre de 2016. En general, se adujo que la señora León de G. “no realiza ninguna actividad económica dada su avanzada edad”. Su núcleo familiar se encuentra compuesto por cuatro personas, en el que se destaca una hija mayor de edad que no cuenta con un empleo estable, sus dos nietos que son estudiantes y una bisnieta menor de edad. En estos momentos, “sus necesidades básicas son proveídas mediante los ingresos informales que recibe su hija (…) producto de lavadas, aseos, venta de dulces y la caridad de los vecinos”
En lo que respecta a los gastos por manutención, manifestó que teniendo en cuenta la vivienda, el transporte y la salud gasta un total de $ 1.300.000 pesos mensuales. A lo anterior cabe agregar que, entre otras enfermedades, reiteró que padece de diabetes, hipertensión, cataratas, sordera y úlcera varicosa del colon.
3.2.4. Finalmente, el 11 de enero de 2017 se recibió en la Secretaría General de esta Corporación un escrito de C., en el cual, luego de hacer un recuento de los hechos que originaron la tutela, solicitó que se declarará la carencia actual de objeto, teniendo en cuenta la existencia de la sentencia que reconoció el derecho a favor de la accionante. De manera adicional, indicó que “se encuentra en el agotamiento de las labores operativas y administrativas” para asegurar su cabal cumplimiento.
A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas por los respectivos jueces de instancia, esta Corporación debe determinar si se configura una violación de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Flor de M.L. de G., como consecuencia de la negativa de C. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite, del señor J. delC.G.R., al presentarse una controversia con otra posible beneficiaria que alega la condición de compañera permanente.
Antes de dar respuesta al citado interrogante y teniendo en cuenta que están acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela[2], en el caso bajo examen, es preciso verificar si se presenta una carencia actual de objeto, con ocasión de la información enviada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de B., en la cual consta que se reconoció el derecho pretendido a favor de la accionante, a través de un proceso ordinario laboral.
3.4. De la carencia actual de objeto
3.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o caería en el vacío[3]. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.
3.4.2. En cuanto al daño consumado, la jurisprudencia ha admitido que el mismo tiene ocurrencia cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela, de manera que resulta inocuo para el juez impartir una orden en cualquier sentido. Así las cosas, el daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete un peligro y, por ello, tan sólo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. En este escenario, esto es, con el fin de obtener una reparación económica, entiende la Corte que la acción de tutela resulta –por regla general– improcedente[4], pues su naturaleza es eminentemente preventiva y no indemnizatoria. De manera que, en relación con este fenómeno, los jueces de instancia y la propia Corte deben declarar la improcedencia de la acción, a menos que –bajo ciertas circunstancias– se imponga la necesidad de pronunciarse de fondo por la proyección que pueda tener un asunto, en virtud de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991[5], o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional[6].
3.4.3. Por su parte, el hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional[7]. En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[8].
Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008[9], se establecieron los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de uno de tales hechos, a saber:
3.4.4. Visto lo anterior, en el caso bajo estudio, se observa que la accionante solicitó el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes del señor J. delC.G.R. como cónyuge supérstite, frente a lo cual la entidad demandada respondió negativamente aduciendo la existencia de otra posible beneficiaria que alegaba ser compañera permanente del causante. Ante tal negativa, tanto la esposa como quien invocaba la supuesta condición compañera permanente, iniciaron un proceso ordinario laboral contra C., el cual se encontraba en curso al momento de la interposición de la tutela, con miras a obtener el reconocimiento de la citada prestación.
La solicitud de la accionante estaba encaminada a que se conceda la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras se tramita y resuelve el proceso ordinario laboral, teniendo en cuenta su delicado estado de salud y su precaria situación económica. En oficio recibido el 5 de diciembre de 2016, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de B. informó que dentro de dicho proceso se dictó sentencia el 12 de julio de 2016, en la que se declaró a la señora León de G., en calidad de cónyuge supérstite, como única titular de la pensión de sobrevivientes del señor J. delC.G.R..
Por lo anterior, en el asunto sub-judice, se constata que respecto de la solicitud planteada en sede de tutela, ya no habría orden alguna que impartir, pues el proceso ordinario laboral finalizó con sentencia a favor de la accionante. De esta manera, se está en presencia de una carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que ya se accedió al otorgamiento de la pensión de sobrevivientes reclamada.
3.4.5. Por último, en virtud de las pruebas aportadas en sede de revisión, esta Sala tuvo conocimiento que pese a la existencia de la citada sentencia, hasta el momento C. no ha empezado a pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la peticionaria. Sobre el particular, se destaca que, aun cuando las administradoras de pensiones gozan del término dispuesto en cada sentencia para hacer efectivo el cumplimiento de los fallos proferidos en su contra[10]; o a falta de un plazo judicial, de los tiempos dispuestos en el procedimiento reglado para tal fin[11]; lo cierto es que, en el caso concreto, se observa que la señora Flor de M.L. de G. se encuentra en una precaria situación económica y de salud, lo que torna necesario que el reconocimiento y pago de la prestación otorgada a su favor se haga en el menor tiempo posible, circunstancia por la cual, ante la falta de un término judicial, se exhortará a C. para que anticipe la observancia de los plazos dispuestos para tal efecto, según lo señala-do en la ley y en el reglamento interno.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 10 de mayo de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., que a su vez confirmó la decisión adoptada el 5 de abril del año en cita por el Juzgado 8 Civil del Circuito de la citada ciudad, a través de la cual se negó el amparo solicitado. En su lugar, por las razones expuestas en esta providencia, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Segundo.- EXHORTAR a C. para que, en el menor tiempo posible, reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho la señora Flor de M.L. de G., según lo dispuesto en el numeral 3.4.5 de esta providencia.
[1] De toda la actuación se remitió copia simple.
[2] De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el requisito relacionado con la legitimación por activa se encuentra acreditado, ya que la accionante tiene la condición de persona natural y es respecto de quien se alega la vulneración de los derechos invocados. Por su parte, en cuanto a la legitimación por pasiva, se advierte que la acción se interpone en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (C.), quien presuntamente está desconociendo los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la actora. Por tratarse de una entidad pública que hace parte del Sistema General de Pensiones, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, encuentra la Sala que se cumple con este requisito, ya que se trata de una autoridad pública, para efectos de lo previsto en los artículos 86 y 115 del Texto Superior. En cuanto al requisito de inmediatez, se observa que la actora interpuso la demanda de amparo el día 16 de marzo de 2016, momento para el cual había transcurrido más de un año desde que C. resolvió de forma negativa la última solicitud dirigida a la obtención de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, en dicho tiempo, la accionante no se mantuvo pasiva frente a la reclamación, pues inició un proceso ordinario laboral con el propósito de acceder a su reconocimiento. Por virtud de lo anterior, a juicio de esta Sala de Revisión, si bien no se trata de un término razonable, si se encuentra justificada la inacción por el espacio de un año. Finalmente, en relación con el requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, entre otras, cuando se presenta una situación de amenaza o de vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible. En el caso bajo estudio, la accionante presenta múltiples afecciones de salud y una precaria situación económica, por virtud de las cuales una eventual demora en la resolución del proceso ordinario laboral tendría la entidad de poner en peligro sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social.
[3] Sentencia T-235 de 2012, M.P.H.A.S.P., en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M.P.H.A.S.P..
[4] El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 6, indica que: “La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.”
[5] El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 25, regula la hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de perjuicios en el trámite de la acción de la tutela, en los siguientes términos: “Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.
[6] Un ejemplo de lo anterior se observa en la Sentencia T-905 de 2011, en la que los padres de una menor alegaron la protección de sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad humana, los cuales fueron presuntamente vulnerados por las actuaciones de los directivos de un colegio, por no imponerle sanciones a sus compañeros que la ofendían y agredían de manera verbal y virtual incurriendo en actos de acoso escolar. En sede de revisión, luego de recaudar varias pruebas, la Corte advirtió que la menor había sido cambiada de institución educativa, por lo que concluyó que el daño ya se había consumado. Sin embargo, ante la necesidad de garantizar los derechos de otros niños y niñas que se lleguen a encontrar en circunstancias similares, en el mismo o en otro plantel educativo, se ordenó la formulación de una política general que permita la prevención, la detección y la atención de las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar.
[7] Sentencia T-678 de 2011, M.P.J.C.H.P., en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M.P.Á.T.G.. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
[8] Sentencia T-685 de 2010, M.P.H.A.S.P.. Subrayado por fuera del texto original.
[10] Auto 110 de 2013, M.P.L.E.V.S..
[11] Resolución No. 1591 de 2011, “Por medio de la cual se establece el procedimiento para el trámite de cumplimiento de sentencias, laudos arbitrales y acuerdos conciliatorios” o, en su lugar, de acuerdo con aquellas que la hayan derogado, modificado o adicionado.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 10
 resolución 
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 26
 Resolución