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Timestamp: 2019-02-16 14:28:41+00:00

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diariolaley - Documento Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Social, Sentencia 1542/2003 de 16 May. 2003, Rec. 2930/2001
S TSJAS 16/5/2003
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Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Social, Sentencia 1542/2003 de 16 May. 2003, Rec. 2930/2001
Ponente: Felgueroso Fernández, María Eladia.
Nº de Sentencia: 1542/2003
Nº de Recurso: 2930/2001
LA LEY 88385/2003
DERECHO A LA INTIMIDAD. Vulneración. Publicación en el tablón de anuncios, por el consejero delegado de la empresa, de datos relativos al estado de salud de una trabajadora que concurría como candidata a las elecciones sindicales. Indemnización por daños morales. Adecuada fijación en la instancia.
En OVIEDO a dieciséis de Mayo de dos mil tres
habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia compuesta por los Ilmos. Sres citados de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española EN NOMBRE DE SM. EL REY
En el RECURSO SUPLICACION 0002930 /2001, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. Graduado Social D. ANTONIO IVAN MENENDEZ VILL, ESTEBAN SANFRUTOS ANTON, en nombre y representación de Aurora, Luis Andrés, SHORTES ESPAÑA SA. contra la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil uno, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL n° 002 de GIJON en sus autos número DEMANDA 0000314 /2001, seguidos a instancia de Aurora frente a MINISTERIO FISCAL, Luis Andrés, SHORTES ESPAÑA SA., parte demandada, en reclamación por tutela de derecho a la intimidad, siendo Magistrado-Ponente la Iltma. Sra Dª MARIA ELADIA FELGUEROSO FERNANDEZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
PRIMERO.- Según consta en autos el mencionado Juzgado de lo Social dictó sentencia de fecha diez de mayo de dos mil uno por la que se estimaba parcialmente la demanda.
SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados, los siguientes:
1°.- La actora, cuyas circunstancias personales constan en el encabezamiento de su demanda, prestó servicios por cuenta de la empresa demandada desde el día 18 de Mayo de 1.998 hasta el 6 de Abril de 2.000, fecha en la que en los autos 94/2000, seguidos ante el Juzgado de lo Social número 3 de esta villa, amabas partes aquí litigantes suscribieron acta de conciliación con resultado Con Avenencia al reconocer la empleadora la improcedencia del despido de la trabajadora y optar por la indemnización legalmente prevista.
2°.- El co-demandado Luis Andrés, que detenta la condición de Consejero Delegado de Shortes España, SA., procedió el día 25 de Junio de 1.999, fecha en la que en el centro de trabajo se celebraban elecciones sindicales a las que concurría como candidata la accionante, a comunicar a parte de los trabajadores de la empresa y a colocar en el tablón de anuncios existente en aquella un escrito en el que se relacionaban los procesos de baja laboral que la demandante había acumulado desde Septiembre de 1.998 hasta Mayo de 1.999, detallando algunos de los diagnósticos determinantes de dichas bajas, tales como depresión o síndrome diarreico. Asimismo dicha persona física demandada remitió en el periodo Julio a Octubre de 1.999 una pluralidad de escritos a la sede en Gijón del Sindicato Comisiones Obreras, a la Inspección Médica del IN SALUD en esa misma villa y a todo el personal de Shortes España, SA., en los que significaba y ponía en duda la veracidad del diagnóstico de depresión determinante de los procesos de baja médica en los que se encontraba la demandante.
3°.- Esta, atendida en el Centro de Salud de Pumarín desde el mes de Mayo de 199 por presentar un cuadro de trastorno adaptativo con síntomas ansioso-depresivos en relación a problemática laboral (trato vejatorio por parte de su jefe), ha sido diagnosticada en Febrero de 2001 de trastorno adaptativo ansioso depresivo prolongado.
4°.- En fecha 15 de Marzo y 28 de Diciembre de 2000 el Juzgado de lo Social número 1 de Gijón dictó sendas Sentencias en los autos 829/99, promovidas por el Sindicato comisiones obreras frente a la empresa Shortes, SA. en demanda de tutela del derecho de libertad sindical; la última de aquellas, unida a la causa y aquí por reproducida, pende al día de hoy de la resolución del recurso de Suplicación frente a ella interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
5°.- El 24 de Abril de 2000 la Consejera de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado de Asturias dictó Resolución en el expediente sancionador tramitado e iniciado por Acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias extendida a la empresa demandada. Dicta Resolución, que en aras a la brevedad se ha de dar aquí por reproducida en su integridad, no consta haber sido impugnada o recurrida.
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante y demandada, siendo impugnado de contrario.
PRIMERO. La sentencia de instancia, estimando las pretensiones deducidas en la demanda, declaró la nulidad radical de la conducta del empresario al vulnerar el derecho a la intimidad de la actora, condenando solidariamente a los dos codemandados a abonarle una indemnización de 500.000 pesetas (3.005,06 euros).
Frente a esta resolución ambas partes, demandante y codemandados, formulan recurso de suplicación, articulando la primera, en pretensión de que se establezca una indemnización de 10.000.000 pesetas (60.101,21 euros), una doble censura, fáctica y jurídica, interesando en la primera la revisión de los hechos probados, en concreto la modificación de los ordinales 2° y 5°, para que, en el primero, se incluyan en él los veinte actos contrarios al derecho fundamental a la intimidad cometidos por el codemandado Luis Andrés, y en el segundo se haga constar la sanción impuesta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la empresa de 1.000.000 de pesetas. En la censura jurídica se denuncia la infracción de los artículos 18.1 de la Constitución Española; 9.3 de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen; artículos 1.101, 1.106 y 1.902 del Código civil y de los artículos 180.1 y 181 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Por su parte los dos codemandados, con la finalidad de que se les absuelva de la condena económica indemnizatoria, articulan un único motivo de recurso en el que denuncian, con el adecuado amparo formal, infracción de los artículos 1.101, 1.106 y 1.902 del Código civil y 180 y 181 de la Ley de Procedimiento Laboral, así como de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1.996, 20 de enero de 1.997, 2 de febrero de 1.998, 28 de febrero de 2.000 y 23 de marzo de 2.000.
SEGUNDO. La sentencia de instancia relata en los ordinales 2° y 5°, completa y suficientemente, tanto la conducta del codemandado publicando indebidamente datos relativos al estado de salud de la demandante que invaden ilícitamente su ámbito privado, como la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social extendiendo la correspondiente Acta de Infracción. La individualización de cada uno de aquellos veinte actos contrarios al derecho fundamental cometido por el empresario codemandado y su constatación en el 2° de los ordinales del relato fáctico de instancia, que pretende la trabajadora recurrente en el primero de los motivos de recurso, no es necesaria para un completo y correcto conocimiento de los hechos litigiosos. Igualmente, es irrelevante e intranscendente consignar en el ordinal 5° el importe de la sanción que impuso la Inspección de Trabajo a la empresa, decayendo, en consecuencia, la censura fáctica que se articula por la demandante.
TERCERO. La censura jurídica que formulan ambas partes se centra, únicamente, en la cuantía de la indemnización señalada en la sentencia de instancia, pretendiendo la trabajadora su incremento en el importe anteriormente mencionado y los codemandados su supresión. Se acepta, en consecuencia, por los codemandados la existencia de una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal que consagra el artículo 18.1 de la Constitución Española.
En la determinación de ese importe debe, igualmente, confirmarse el criterio mantenido en la instancia, con rechazos de ambos recursos, ya que la apreciación y cuantificación de la indemnización procedente por el daño moral causado presupone un notable margen de arbitrio judicial, que de sentido a la ausencia de un criterio legal y a la heterogeneidad de las circunstancias concurrentes en cada caso, sin que por parte de la trabajadora recurrente, y conforme exige la reciente doctrina jurisprudencial, se haya proporcionado una base fáctica que permita la fijación del daño material para una reparación económica en la cuantía fijada. Por el contrario, en la sentencia de instancia y atendiendo al daño moral ocasionado, "...a las circunstancias concurrentes, a la no constancia de la causación de perjuicios materiales, a la salida concertada de la accionante del ámbito laboral de la demandada, evitando la continuidad de una deteriorada convivencia en un difícil entorno personal y laboral, y al propio transcurso de un periodo relevante de tiempo...", fija el importe de la indemnización en 500.000 pesetas, cantidad sensiblemente inferior a la interesada por la recurrente que, en consecuencia, es la procedente en el supuesto concreto, lo que necesariamente determina la confirmación de la sentencia de instancia con rechazo de ambos recursos.
Desestimar los recursos de suplicación formulados por Gemma Molinero Menéndez, empresa Shortes España SA y Luis Andrés frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 2 de Gijón en los autos seguidos a instancia de la primera contra los segundos, sobre tutela del derecho a la intimidad, confirmando la resolución recurrida.
Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Istmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

References: artículo 117
 resolución 
 Resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 18
 resolución