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T00038-00056
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electricidad del boe, Instalaciones electricas.
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Boletín de Instituto Tecnológico de Canarias (diciembre 2006)
FALLO CSJN_ANGEL MOISO.pdf
LAGACETA18MYTF
Impuesto General a Las Ventas Gerencia d
mediterraneo-economico-30
01_Rev12_HMC
LAGACETA30SELP
Martes 27 julio 2004
BOE nm. 180. Suplemento
Sentado lo anterior, debemos concluir que el aumento de los tipos de gravamen del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas derivadas operado por el Real Decreto-ley 12/1996, ni ha supuesto una modificacin del rgimen econmico y fiscal canario que estuviera necesitada del informe previo previsto en apartado 3 del art. 46 EACan, ni le ha afectado de manera que hiciese preciso cumplimentar el trmite de audiencia establecido el apartado 4 de dicho precepto, como reclama el Gobierno de Canarias. Y es que, habiendo alterado la norma impugnada la cuanta de un tributo de carcter estatal, que grava un producto que siempre ha estado ajeno a las franquicias al consumo y aduaneras eventualmente existentes en Canarias, y cuya recaudacin se ha cedido con posterioridad parcialmente a todas las Comunidades Autnomas, y habindose respetado en dicha subida el diferencial de tributacin que exista previamente para la Comunidad Autnoma de Canarias, no puede entenderse modificado o afectado el rgimen econmico y fiscal del archipilago canario y, por tanto, no resultaba en modo alguno exigible que el Estado con carcter previo a la aprobacin de la norma reclamara informe o diera audiencia a dicha Comunidad. Conclusin que no se ve alterada por el hecho de que, en relacin con otros Reales Decretos-leyes los citados por el Gobierno canario en su escrito de recurso, s se haya dado fiel cumplimiento al trmite previsto en el bloque de la constitucionalidad, ya que es el contenido material de la norma de que se trate, el presupuesto que determina la activacin de dicho trmite. En efecto, basta con acudir a las denominaciones de las normas informadas para comprobar cmo en todas ellas se acogan disposiciones que modificaban o afectaban al rgimen econmico y fiscal canario, hasta el punto de que recientemente este Tribunal, en la STC 137/2003, ha declarado inconstitucional el Real Decreto-ley 12/1995 en su aplicacin a Canarias porque, tratndose de una norma que claramente afectaba al rgimen econmico y fiscal canario, no se cumpliment el trmite de informe o audiencia previa (como igualmente hizo la STC 35/1984, de 13 de marzo, con relacin al Real Decreto-ley 1/1983, de 9 de febrero, de derogacin de la exaccin sobre el precio de las gasolinas en las Islas Canarias). En efecto, la primera norma citada por el Gobierno canario, a saber, el Real Decreto-ley 14/1984, de 19 de diciembre, por el que se derogaba la exaccin sobre el precio de las gasolinas en las Islas Canarias, recoga un tributo que, como dijimos en la STC 35/1984, formaba parte del rgimen econmico y fiscal canario y, como tal, su supresin deba estar precedida del informe previo del Parlamento canario. Lo mismo ocurri con la segunda norma a la que hace referencia el Gobierno recurrente, el Real Decreto-ley 6/1985, de 18 de diciembre, sobre adaptacin de la imposicin indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla, que regulaba aspectos relativos a la aplicacin en Canarias del impuesto general sobre el trfico de las empresas, el impuesto sobre el lujo, el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas y el impuesto sobre la cerveza, que, dado que consagraba en Canarias un diferencial de tributacin en la imposicin indirecta, es decir, daba realidad a lo que ha venido siendo la principal caracterstica de aquel rgimen especial, estaba necesitado del previo trmite de informe o audiencia al Parlamento canario. Idntica conclusin se alcanza con el Proyecto de Real Decreto-ley por el que se dispona el comienzo de la aplicacin del impuesto general indirecto canario el da 1 de enero de 1993, con el Proyecto de Real Decreto-ley de medidas urgentes de adaptacin y modificacin del impuesto general indirecto Canario, del arbitrio sobre la produccin y la importacin en Canarias, de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancas y del impuesto especial sobre
determinados medios de transporte, y, en fin, con el Proyecto de Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacin de los aspectos fiscales del rgimen econmico y fiscal de Canarias, todos ellos citados por el Gobierno de Canarias, que incidan sobre tributos incluidos en el rgimen econmico y fiscal canario y, en consecuencia, deban estar precedidos del correspondiente trmite de audiencia. Por ltimo, lo mismo debe decirse del Real Decreto-ley 4/1994, de 8 de abril, de medidas transitorias y urgentes de carcter fiscal para la renovacin del parque de vehculos de turismo, que introduca una reduccin en un tributo el impuesto especial sobre determinados medios de transporte integrado en el rgimen econmico y fiscal canario. No son, pues, comparables, las normas citadas por el Gobierno autonmico recurrente con la que ahora es objeto de revisin por este Tribunal. FALLO En atencin a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIN DE LA NACIN ESPAOLA, Ha decidido Desestimar el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias contra los apartados 1, 3 a) y 4 del art. 8 del Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio, por el que se conceden crditos extraordinarios por importe de 721.169.740 miles de pesetas destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores y regularizar anticipos de fondos y por el que se adoptan medidas tributarias urgentes. Publquese esta Sentencia en el Boletn Oficial del Estado. Dada en Madrid, a treinta de junio de dos mil cuatro.Mara Emilia Casas Baamonde.Guillermo Jimnez Snchez.Vicente Conde Martn de Hijas.Javier Delgado Barrio.Elisa Prez Vera.Roberto Garca-Calvo y Montiel.Eugeni Gay Montalvo.Jorge Rodrguez-Zapata Prez.Ramn Rodrguez Arribas.Pascual Sala Snchez.Manuel Aragn Reyes.Pablo Prez Tremps.Firmado y rubricado.
13900 Pleno. Sentencia 109/2004, de 30 de junio
de 2004. Recursos de inconstitucionalidad 1000/1998 y 1453/1998 (acumulados). Promovidos por el Gobierno y el Parlamento de Canarias contra varios preceptos de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modificaron el impuesto sobre la electricidad. Rgimen econmico y fiscal canario: STC 16/2003.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doa Mara Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jimnez Snchez, don Vicente Conde Martn de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doa Elisa Prez Vera, don Roberto Garca-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodrguez-Zapata Prez, don Ramn Rodrguez Arribas, don Pascual Sala Snchez,
don Manuel Aragn Reyes y don Pablo Prez Tremps, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En los recursos de inconstitucionalidad acumulados nms. 1000/98 y 1453/98 promovidos, respectivamente, por el Gobierno y el Parlamento de Canarias contra el apartado 2 del art. 7, los apartados 1, 2, 6 y 10 del art. 9, y el apartado 3 de la disposicin transitoria decimonovena de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Ha intervenido el Abogado del Estado, en la representacin que ostenta. Se ha personado el Senado, a travs del Letrado de las Cortes Generales don Manuel Fernndez-Fontecha Torres, y el Congreso, a travs del tambin Letrado de las Cortes Generales don Fernando Sainz Moreno. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El da 7 de marzo de 1998 tuvo entrada en este Tribunal escrito de don Martn Orozco Muoz, Director General del Servicio Jurdico del Gobierno de Canarias, registrado con el nm. 1000/98, interponiendo recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del art. 7 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica el art. 3.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, incluyendo a Canarias en el mbito de aplicacin y exigibilidad del impuesto sobre la electricidad, por vulneracin de la disposicin adicional tercera de la Constitucin y del art. 46.3 del Estatuto de Autonoma de Canarias, como consecuencia, de un lado, de haberse aprobado un tributo para Canarias que vulnera el principio de franquicia fiscal sobre el consumo garantizado por el bloque de la constitucionalidad y, de otro, por haberse modificado el rgimen econmico y fiscal canario en contra del informe desfavorable emitido por el Parlamento de Canarias. El Gobierno canario, en el terreno jurdico-material, estructura sus alegaciones en una triple argumentacin: en primer lugar, la configuracin del rgimen econmico y fiscal de Canarias en el bloque de la constitucionalidad; en segundo lugar, la vulneracin por el impuesto especial sobre la electricidad, en su aplicacin a Canarias, del principio de franquicia fiscal sobre el consumo y, por ende, del rgimen econmico fiscal garantizado por el bloque de la constitucionalidad; y, finalmente, la no inclusin del impuesto especial sobre la electricidad entre las excepciones admitidas al principio de franquicia fiscal sobre el consumo. Por lo que se refiere al contenido del rgimen econmico y fiscal del archipilago canario, comienza el Gobierno canario sealando que ste se ha venido configurando como un sistema fiscal especial frente al rgimen general operativo en el resto del territorio nacional, como consecuencia de las condiciones geogrficas, sociales y econmicas inherentes al mbito insular sobre el que se proyecta. Dicha singularidad econmico-fiscal ha tenido un reconocimiento expreso en nuestra Constitucin, en cuya disposicin adicional tercera se indica textualmente que: la modificacin del rgimen econmico y fiscal del Archipilago canario requerir informe previo de la Comunidad Autnoma o, en su caso, del rgano provisional autonmico. De este reconocimiento constitucional se deduce a juicio del Gobierno canario la constatacin y confirmacin de un rgimen econmico y fiscal, en apelacin a la existencia de una institucin
jurdica, regulada por un sistema normativo propio, lo que implica que ha de estarse en la delimitacin del significado del concepto de rgimen econmico y fiscal a su configuracin por el acervo histrico y no meramente a una determinada disposicin normativa conyuntural. El rgimen econmico y fiscal canario es una excepcin al rgimen constitucional comn, como se colige de su ubicacin en una disposicin adicional, lo que implica, adems, el reconocimiento de un rgimen especial permanente, en principio, por razn del territorio, rgimen especial que es propio del archipilago canario, como consecuencia de la singularidad geogrfica y socioeconmica de las islas, constatada, adems, en el art. 138.1 de la Constitucin, rgimen este con aspectos no slo sustantivos, sino competenciales. La constitucionalizacin del rgimen econmico y fiscal canario se ha hecho con el objeto esencial de salvar la contradiccin existente entre su vigencia y determinados principios y preceptos constitucionales, como el art. 138.2, que proscribe la existencia de privilegios econmicos o sociales entre las diferentes Comunidades Autnomas, o los arts. 139.2 y 157.2, que prohben la adopcin de medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulacin y establecimiento de las personas y la libre circulacin de bienes en todo el territorio espaol. Slo, pues, la constitucionalizacin del rgimen econmico y fiscal canario poda salvar la constitucionalidad de las normas que lo regulaban al tiempo de la entrada en vigor del texto constitucional, lo que conduce a entender que una interpretacin finalista de la disposicin adicional tercera de la Constitucin no permite deducir la mera existencia en ella de una garanta formal para la modificabilidad del rgimen econmico y fiscal canario, pues tal interpretacin llevara al absurdo jurdico de que habra que entender derogada la normativa de dicho rgimen especial por ser contraria a los principios constitucionales citados. En consecuencia, la finalidad del precepto constitucional no fue nicamente prever un trmite de informe previo, toda vez que dicho trmite ya se contena en la legislacin ordinaria [en concreto, en el art. 30.1 d) de la Ley 30/1972, de 22 de julio]. La constitucionalizacin del rgimen econmico y fiscal canario se refleja tambin en el art. 46.1 del Estatuto de Autonoma de Canarias (en adelante, EACan), al proclamar que Canarias goza de un rgimen econmico-fiscal especial, propio de su acervo histrico y constitucionalmente reconocido, aunque esta declaracin normativa no aade nada a la propia Constitucin. Dicho lo que antecede, procede el Gobierno canario a analizar el efecto de la constitucionalizacin que la disposicin adicional tercera opera sobre el rgimen econmico y fiscal. Y desde esta perspectiva, entiende que tal disposicin, siguiendo la construccin dogmtica y jurisprudencial de la garanta institucional, implica la consagracin de la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (STC de 28 de julio de 1981). En consecuencia, el mbito del rgimen econmico y fiscal canario que la Constitucin asume vendr determinado por aquellos principios o elementos estructurales bsicos que lo configuran y derivan de su acervo histrico, que caracterizan e identifican a la institucin, y que cabe concretarlos en los de libertad comercial, franquicia fiscal sobre el consumo y rgimen especial de financiacin de las haciendas canarias. Esta constitucionalizacin descansa, en primer lugar, en la Constitucin, cuya disposicin adicional tercera no se limita a sealar la mera existencia de una diferenciacin o especialidad, sino que nomina una institucin literalmente: el rgimen econmico y fiscal de Canarias. En segundo lugar, ello supone la legitimacin del rgimen canario como especialidad frente a determinados principios constitucionales plasmados en la Constitucin
(arts. 14, 138, 139.2, 149.1.1 y 157.2). En tercer lugar, tal planteamiento viene avalado por el art. 46.1 EACan, que no slo reconoce su existencia sino que acomete la regulacin de sus elementos esenciales, derivados del mencionado acervo histrico. De acuerdo con la fundamentacin anterior, a juicio del Gobierno de Canarias, la constitucionalizacin del rgimen econmico y fiscal canario como institucin configurada en torno a unos principios sustantivos esenciales que la dotan de su imagen caracterstica frente a la conciencia social y jurdica, implica concretar primero si el principio de franquicia fiscal sobre el consumo es uno de los componentes de esa imagen caracterizadora de la institucin, para determinar despus si dicho principio ha sido plasmado y delimitado en normas que conforman el bloque de la constitucionalidad y, entonces, fijar su alcance y contenido. Pues bien, conforme a la STC de 13 de marzo de 1984, el rgimen econmico y fiscal canario es una institucin de claro contenido histrico que viene a ser el reflejo de las peculiaridades de aquel territorio secularmente reconocidas en la legislacin espaola de la que han derivado inveteradamente peculiaridades especficas all aplicables. Dentro de dicho acervo histrico se encuentra, como elemento esencial y delimitador del rgimen canario, el principio de franquicia fiscal, exterior (como exclusin del archipilago del mbito de aplicacin de impuestos indirectos que graven el trfico exterior de bienes) e interior (que opera como exclusin de Canarias del mbito de la imposicin indirecta que grave el trfico comercial de bienes). En este sentido, el rgimen econmico y fiscal canario se ha configurado desde su perspectiva histrica como un rgimen especial en la imposicin indirecta, constitutivo de un autntico sistema fiscal especial, integrado por impuestos indirectos de mbito nicamente canario con exclusin de la imposicin indirecta estatal que grava el trfico comercial de bienes. Este rgimen data de la poca de la conquista del archipilago por la Corona de Castilla. Posteriormente, con el Real Decreto de 11 de julio de 1852, de puertos francos, se instaur la franquicia sobre el consumo de tabaco, al suprimirse el estanco de este producto. Ahora bien, fue con la Ley de 6 de marzo de 1900 cuando Canarias qued excluida, de un lado, del mbito de los monopolios nacionales (monopolio del tabaco y monopolio del petrleo), y de otro, de todo derecho o impuesto sobre todas las mercancas, salvo cinco excepciones puntuales a la regla general de franquicia: el establecimiento de un arbitrio estatal en Canarias sobre determinadas mercancas, como compensacin a la hacienda estatal por la exclusin de la imposicin indirecta nacional sobre el trfico comercial y consumo de bienes; el establecimiento de un impuesto estatal sobre el transporte; la aplicacin de los derechos de polica sanitaria; la aplicacin del gravamen fiscal de la produccin, circulacin y venta de alcoholes, aguardientes, licores, achicoria y dems sustancias empleadas en la imitacin o adulteracin del caf o del t; y la implantacin de un arbitrio transitorio sobre los cereales y harinas extranjeros que se importen. Despus, la Ley 41/1964, de 11 de junio, de reforma del sistema tributario, volvi a recoger la especialidad fiscal del archipilago al excluir a Canarias en su art. 229.dos de la aplicacin de determinadas disposiciones (como, por ejemplo, la no aplicacin en Canarias de los supuestos del IGTE afectantes al trfico comercial de bienes). Esta Ley confirm la de 6 de marzo de 1900 en cuanto al rgimen de aplicabilidad en Canarias de determinados impuestos especiales como excepcin admitida al principio de franquicia interior, pues en su art. 212, al tratar de los impuestos especiales, viene a contemplar como tales a los impuestos sobre la fabricacin de alcoholes, azcar, achicoria, cerveza y bebidas refrescantes, a los que se
aade el impuesto que grava el petrleo y sus derivados y el impuesto sobre el uso del telfono. As, por Decreto 511/1967, de 2 de marzo, se aprob el texto refundido de los impuestos especiales, delimitndose su mbito de aplicacin en el art. 2, con un evidente paralelismo con la Ley de 6 de marzo de 1900, pues se declara la no aplicacin en Canarias del impuesto sobre el azcar, se confirma la aplicacin de los impuestos especiales sobre el alcohol y la achicoria, as como del impuesto sobre la cerveza y bebidas refrescantes sin que pueda entenderse esta confirmacin como una vulneracin del principio de franquicia fiscal interior prevista en la Ley de 1900, sino como mantenimiento de las excepciones puntuales y expresas que a dicho principio se contemplan en la misma, se declara la inaplicacin del impuesto sobre el petrleo como consecuencia de la exclusin de Canarias del mbito del monopolio de petrleos, y, en fin, se incluye a Canarias en el mbito de aplicacin del impuesto sobre el uso del telfono pero al ser un impuesto sobre la prestacin de servicios y no sobre el trfico comercial de bienes, dicha inclusin es inocua en relacin con el principio de franquicia fiscal interior. Posteriormente, la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre rgimen econmico-fiscal de Canarias, recoge en trminos contundentes la franquicia fiscal interior sobre el consumo como uno de los principios estructurales bsicos del rgimen econmico y fiscal canario, que vendrn a caracterizarlo al tiempo de entrada en vigor de la Constitucin de 1978. Esta Ley confirma tanto la franquicia exterior como la interior y actualiza al rgimen amplindolo a otras figuras tributarias tpicas de la imposicin estatal indirecta. En ltimo trmino, la franquicia fiscal sobre el consumo viene a plasmarse como principio esencial del rgimen canario en el art. 46.1 EACan. Y despus de examinar el contenido de tal principio, pasa en sus alegaciones el Gobierno canario a analizar la incidencia que el impuesto especial sobre la electricidad (creado por la Ley 66/1997, mediante modificacin de la Ley 38/1992), en su aplicacin a Canarias, ha tenido respecto de la franquicia fiscal sobre el consumo. A tal fin, comienza definiendo el citado tributo como un impuesto indirecto sobre un consumo especfico cuyo hecho imponible es la fabricacin e importacin de electricidad (art. 5 Ley 38/1992), y en el que los sujetos pasivos se encuentran obligados a repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los productos gravados (art. 14.1 Ley 38/1992). Se trata, pues, de un tributo sobre el trfico comercial que se proyecta sobre un determinado bien (la electricidad) y que no se encuentra cedido a las Comunidades Autnomas, lo que impide considerarlo como una fuente de financiacin directa de las haciendas canarias. Se trata, entonces, de un tributo que se subsume claramente en el mbito de proyeccin de la franquicia fiscal sobre el consumo inherente al rgimen econmico y fiscal canario, franquicia que se concreta en la inaplicabilidad al territorio de las Islas Canarias de todo impuesto indirecto que grave el trfico comercial de bienes y que no constituya fuente de financiacin tributaria de las haciendas canarias, lo que implica que la previsin legal de que dicho impuesto extienda su mbito de aplicacin a Canarias (art. 3.1, in fine, de la Ley 38/1992, introducido por el art. 7.2 de la Ley 66/1997) debe reputarse inconstitucional por vulneracin del principio de franquicia fiscal sobre el consumo, inherente al rgimen econmico y fiscal canario. Tampoco puede subsumirse el impuesto especial sobre la electricidad, a juicio del Gobierno canario, en ninguna de las excepciones admitidas por el rgimen econmico y fiscal canario al principio de franquicia fiscal sobre el consumo. En efecto, el principio de franquicia fiscal sobre el consumo no ha sido histricamente, ni
lo es en la actualidad, un principio absoluto, al haber admitido excepciones puntuales en las que se viabiliza la aplicacin en Canarias de impuestos indirectos sobre el consumo: excepciones histricas sobre los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas; excepciones estructurales, constituidas por la imposicin indirecta que nutre financieramente a las Haciendas canarias; y excepciones derivadas de la adaptacin del rgimen econmico y fiscal canario al Derecho comunitario europeo. Es cierto que, aunque histricamente han existido excepciones puntuales al principio de franquicia fiscal en determinados impuestos especiales, tales excepciones deben entenderse suprimidas por el Estatuto de Autonoma, el cual al establecer en su art. 46.1 el principio de franquicia fiscal sobre el consumo no ha previsto ninguna excepcin, salvo los impuestos que constituyan fuente de financiacin de las haciendas canarias o las inherentes a la adaptacin al Derecho comunitario (art. 46.2 EACan), entre los que no se encuentra el impuesto sobre la electricidad. Incluso aceptando a los meros efectos dialcticos que tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonoma se ha producido la aplicacin en Canarias de los impuestos especiales, como excepcin puntual al principio de franquicia, dicha excepcin slo operara, en ltimo extremo, a favor de aquellas figuras impositivas que a lo largo de la historia se admitieron como tales y que son exclusivamente los impuestos especiales que gravaban el alcohol, cerveza, bebidas refrescantes y achicoria (desde la Ley de 6 de marzo de 1900 hasta la Ley 38/1992). En este sentido, aunque la Ley de 28 de junio de 1898 cre un impuesto sobre el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio, sin embargo, al ser anterior a la Ley de 6 de marzo de 1900 y no contemplarse en esta ltima entre los impuestos especiales excepcionados del rgimen de franquicia, debe entenderse que careca de eficacia normativa en Canarias, hasta que en 1964 se suprimi. Tampoco constituye el impuesto sobre la electricidad una fuente de financiacin de las haciendas canarias, al no haberse cedido total o parcialmente el producto de su recaudacin, por lo que el citado impuesto no entra tampoco en la segunda excepcin al principio de franquicia fiscal a que se hizo referencia anteriormente. Y puesto que el Derecho comunitario europeo no afecta al principio de franquicia fiscal sobre el consumo, salvo en el mbito aduanero, tampoco la adaptacin del rgimen econmico y fiscal canario a dicha normativa puede justificar la introduccin en Canarias de la figura tributaria impugnada. En suma, concluye el Gobierno canario, el impuesto sobre la electricidad no se integra en el mbito de los impuestos especiales configurados como excepciones puntuales al principio de franquicia fiscal sobre el consumo inherente al rgimen econmico y fiscal canario, por lo que, el establecimiento ex novo por la Ley 66/1997 es contrario al principio de franquicia fiscal sobre el consumo. Por otra parte, la segunda vulneracin que el Gobierno de Canarias atribuye a la norma impugnada, de forma subsidiaria a la argumentacin precedente, hace referencia a la garanta prevista tanto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin conforme a la cual la modificacin del rgimen econmico y fiscal del Archipilago canario requerir informe previo de la Comunidad Autnoma o, en su caso, del rgano provisional preautonmico, como en el art. 46.3 EACan, que establece que el rgimen econmico-fiscal de Canarias slo podr ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposicin adicional tercera de la Constitucin, previo informe del Parlamento canario que, para ser favorable, deber ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.
En este sentido, estima la parte actora que la inteligencia de los preceptos citados (disposicin adicional tercera de la Constitucin y art. 46.3 EACan) permite entender que no slo se garantiza el rgimen econmico y fiscal canario sino que, adems, opera una atribucin competencial, al conferir a la Comunidad Autnoma de Canarias u rgano provisional autonmico la emisin de informe en relacin a iniciativas legislativas de modificacin del rgimen econmico y fiscal canario, cuyo contenido se concreta en el Estatuto de Autonoma. Esto es, el rgimen econmico y fiscal especial reconocido en la Constitucin, no slo se traza como institucin singular del archipilago canario, cuya esencia consiste, como se ha expuesto, en un tratamiento fiscal especial de las Islas frente a las restantes partes del territorio nacional, sino que, adems, esta singularidad implica una intervencin activa de la legislacin estatal en la configuracin normativo-tributaria de dicho rgimen, pero mediante un poder tributario concurrente con el de la Comunidad Autnoma, concretado en la existencia de una garanta formal-competencial de participacin preceptiva de sta, a travs de un informe emitido por su Parlamento, en el proceso de elaboracin normativa de disposiciones tributarias estatales que incidan en el sistema impositivo regulador de dicho rgimen especial canario. A juicio del Gobierno canario son tres, entonces, los caracteres de dicho informe. En primer lugar, se trata de un informe preceptivo, de contenido decisorio (y no una mera declaracin de conocimiento o de juicio), emitido por el Parlamento autonmico por mayora cualificada. En segundo lugar, es un informe que exterioriza un posicionamiento favorable o desfavorable del Parlamento respecto a la modificacin sometida a su consideracin, que debe ser un texto articulado y ultimado en su tramitacin parlamentaria, a excepcin de la aprobacin; es decir, no se proyecta sobre la iniciativa legislativa sino sobre la fase constitutiva del procedimiento parlamentario. En tercer y ltimo lugar, es un informe vinculante, pues si la Constitucin garantiza la participacin de la Comunidad en el procedimiento legislativo, carecera de fundamento excluir a dicho informe de toda eficacia vinculante, dado que ello convertira la participacin autonmica en un mero trmite formal de audiencia previa. As, adems, se distingue el informe del art. 46.3 EACan (vinculante) de la audiencia del art. 46.4 EACan (no vinculante). Avala esta diferenciacin, por lo dems, la STC de 18 de abril de 1996 que distingue en su fundamento jurdico 11 entre en el supuesto de trmite de audiencia de aquellas otras frmulas de colaboracin constitucionalmente suficiente a travs de las cuales las Comunidades Autnomas intervengan de un modo relevante en la fijacin de criterios objetivos, mediante vas ms intensas de cooperacin. Eso s, la vinculacin existe slo cuando el informe sea desfavorable para el Proyecto sometido a consulta, pero no cuando sea favorable, pues ello no impide a las Cortes desistir de la modificacin. La concurrencia de voluntades que se produce en el procedimiento legislativo de reforma del rgimen econmico y fiscal canario tiene, entonces, una clara fundamentacin constitucional. En efecto, la existencia de singularidades fiscales histricas por razn del territorio ha supuesto la delimitacin en nuestro ordenamiento jurdico entre un sistema comn y un sistema especial, de concierto y convenio, aplicable al Pas Vasco y Navarra, cuya particularidad constitucionalmente legitimada ha sido reconocida expresamente por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 13 de octubre de 1988 (FJ 3). Y junto a estas dos categoras (rgimen comn y rgimen foral), tanto la Constitucin como el EACan y la LOFCA (disposicin adicional cuarta) vienen a instaurar un tertium genus configurado como el rgimen
econmico fiscal de Canarias, cuya singularidad se concreta en principios materiales y en un rgimen normativo especial, en el que el poder tributario originario del Estado, sin ser excepcionado, viene a someterse a una concurrencia imperfecta de la voluntad autonmica. En definitiva, a la vista de todo lo expuesto, concluye el Gobierno canario, de un lado, que si se considera que, como se ha argumentado anteriormente, la aplicacin a Canarias del impuesto sobre la electricidad constituye una vulneracin del principio de franquicia fiscal sobre el consumo, es obvio que dicha aplicacin, prevista en el art. 7.2 impugnado, no est sujeta al trmite de informe del Parlamento de Canarias, al no ser propiamente una modificacin del rgimen econmico y fiscal canario sino una autntica reforma de dicha institucin constitucionalmente garantizada, que exigira la previa reforma constitucional y estatutaria, por vulnerar tales normas del bloque de la constitucionalidad. Por el contrario, si se considera que la referida aplicacin del impuesto sobre la electricidad a las Islas Canarias constituye una excepcin puntual al principio de franquicia fiscal sobre el consumo, compatible con el bloque de la constitucionalidad, resulta evidente que la misma supone la creacin ex novo de una nueva figura impositiva que excepciona tal principio y, en consecuencia, opera una modificacin sustancial de la conformacin legal vigente del rgimen econmico y fiscal canario que est necesitada del informe previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.3 EACan; trmite que, aun habindose cumplimentado formalmente, sin embargo, al haber sido el informe desfavorable, convierte a la norma en inconstitucional por haberse aprobado en contra de la voluntad del Parlamento autonmico. Por todo ello, suplica el Gobierno canario a este Tribunal Constitucional que se declare la inconstitucionalidad del art. 7.2 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en cuanto modifica el art. 3.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, incluyendo a las Islas Canarias en el mbito de aplicacin y exigibilidad del impuesto sobre la electricidad. 2. La Seccin Cuarta de este Tribunal, por providencia de 31 de marzo de 1998, acord admitir a trmite el recurso, dando traslado del mismo y de los documentos que lo acompaan, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgnica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nacin, por conducto del Ministerio de Justicia, para que, en el improrrogable plazo de quince das, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicacin en el Boletn Oficial de Estado de la incoacin del recurso (lo que se cumpliment en el BOE nm. 85, de 9 de abril). 3. Con fecha de 31 de marzo de 1998 tuvo entrada en este Tribunal escrito de don Diego Martnez de la Pea Gonzlez, Letrado-Secretario General del Parlamento de Canarias, registrado con el nm. 1453/98, interponiendo recurso de inconstitucionalidad contra el art. 7, apartado 2, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica el art. 3.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, incluyendo a Canarias en el mbito de aplicacin y exigibilidad del impuesto sobre la electricidad, por vulnerar el principio de franquicia fiscal sobre el consumo garantizado por la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.1 del Estatuto de Autonoma de Canarias. Igualmente, impugna el art. 9, apartados 1, 2, 6 y 10, y la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de la misma norma legal, por haberse aprobado pese al informe des-
favorable del Parlamento de Canarias, desatendiendo as la exigencia del informe preceptivo y vinculante que estableceran la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.3 de la norma estatutaria para cualquier modificacin del rgimen econmico y fiscal de Canarias. Imputa, adems, a la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de esa Ley 66/1997, la invasin de la competencia autonmica prevista en los arts. 30.32 y 59 g) EACan. Parte el Parlamento canario en sus alegaciones de la disposicin adicional tercera de la Constitucin la cual garantiza, a su juicio, la existencia y mantenimiento de un rgimen econmico y fiscal diferenciado para Canarias, permitiendo nicamente su modificacin previo informe de la Comunidad Autnoma. Y lo garantiza no slo desde un punto de vista procedimental sino tambin como institucin inherente a la singularidad geogrfica y socioeconmica de las islas, de carcter permanente en su propia existencia. Es decir, garantiza la figura jurdica singular y sus elementos nucleares, por lo que el rgimen econmico y fiscal canario queda protegido constitucionalmente por una garanta institucional, que preserva su existencia en trminos recognocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (SSTC 123/1984, 33/1986, 76/1986, 159/1993 y 37/1994). Esto impide que el legislador ordinario pueda lcitamente suprimir aquellos elementos fundamentales que conforman la esencia bsica de la institucin garantizada sin una previa reforma constitucional, esencia bsica que viene definida en el art. 46.1 EACan, y que ha sido destacada por la STC 35/1984. La doctrina, unnimemente, sostiene que el rgimen econmico y fiscal canario se basa en dos piezas fundamentales: el rgimen de franquicia (aduanera y fiscal sobre el consumo) y un sistema de financiacin de las haciendas locales canarias que se nutren de impuestos peculiares de aplicacin exclusiva al archipilago. As, la franquicia fiscal sobre el consumo tiene un carcter absoluto respecto de las figuras que conforman la imposicin indirecta estatal, pero tiene carcter relativo respecto de los tributos inherentes al rgimen econmico y fiscal canario y que constituyen fuente de financiacin de las corporaciones locales canarias, pues no cabe descartar un cierto gravamen del consumo como modo de generar recursos que nutran los presupuestos de las Administraciones canarias. Expuesto lo anterior, pasa el Parlamento de Canarias a relatar el desenvolvimiento histrico de la franquicia fiscal sobre el consumo en su proyeccin sobre la imposicin indirecta estatal, cuyos orgenes, prescindiendo de otros remotos, se pueden concretar en el Decreto de 11 de julio de 1852 que instaur los puertos francos en Canarias (franquicia aduanera y franquicia sobre el consumo), sobre cuya base la Ley de 6 de marzo de 1900 supuso la consagracin plena de la franquicia fiscal interior, con exclusin de la imposicin indirecta estatal que tuviera por objeto el trfico comercial de mercancas y el consumo de bienes, con las salvedades excepcionales que la propia norma prevea. Posteriormente, la Ley 41/1964, de 11 de junio, de reforma del sistema tributario, no derog, sino ms bien confirm la vigencia de la Ley de 6 de marzo de 1900, pues, de un lado, declar la no sujecin del trfico y consumo de bienes verificados en Canarias al impuesto indirecto que con carcter general se instaur (el IGTE quedaba limitado en su aplicacin en Canarias a la entrega de servicios) y, de otro, reiter las excepciones al principio de franquicia que para determinados productos ya enunciaba la Ley de 1900, productos entre los cuales no se encontraba la electricidad. Despus, la Ley 30/1972, de 22 de julio, reafirma el principio de franquicia fiscal interior, al corroborar la no aplicacin del IGTE, excluyendo del
impuesto estatal sobre el lujo las adquisiciones, y manteniendo un rgimen excepcional en los Impuestos especiales, pues slo es de aplicacin el que grava la fabricacin de alcohol, achicoria, cerveza y bebidas refrescantes, cuya virtualidad indiferenciada en todo el territorio nacional haba adquirido carta de naturaleza. Por ltimo, el Estatuto de Autonoma, en su art. 46.1, proclama la franquicia fiscal sobre el consumo como principio esencial del rgimen econmico y fiscal canario, lo que supone una recalificacin de su funcionalidad, y viene a implicar la exencin fiscal del territorio canario de la aplicacin de las figuras del sistema de imposicin indirecta vigentes en el resto del territorio nacional y que graven el trfico comercial y el consumo de bienes. Es decir, despliega su eficacia frente a los impuestos indirectos generales estatales al tratarse de una exclusin respecto del modelo tributario comn, y no as respecto de los impuestos indirectos peculiares del rgimen econmico y fiscal canario, cuyo rendimiento nutre los ingresos de las haciendas locales y regionales (al ser la financiacin cualificada y diferenciada de tales Haciendas otro de los pilares persistentes del propio rgimen canario), donde existe un sistema especial sobre el consumo caracterizado por un mbito objetivo ms reducido de aplicacin (exclusin de la fase minorista) y una presin fiscal tambin inferior a la del resto del Estado. Finalmente, la Ley 20/1991, de 7 de junio, no tuvo relevancia respecto al objeto del examen, pues aunque introdujo el impuesto general indirecto canario, sin embargo, afect ntegramente la recaudacin de este ltimo a la financiacin de las haciendas locales. Adems, conserv como nico impuesto estatal que pesaba sobre los bienes consumidos en Canarias el impuesto sobre alcoholes y cervezas, manteniendo de este modo la exclusin de Canarias respecto de la aplicacin del sistema impositivo indirecto general estatal sobre el consumo de bienes. Una vez expuesta la naturaleza y alcance de la franquicia fiscal sobre el consumo, pasa el Parlamento canario a analizar cmo ha afectado a dicha franquicia la creacin y aplicacin del impuesto especial sobre la Electricidad llevada a cabo por el art. 7 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Este art. 7 da nueva redaccin al art. 3.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, cuyo texto previo a la modificacin dispona: Los impuestos especiales de fabricacin se exigirn en todo el territorio espaol, a excepcin de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, en las condiciones establecidas en la presente Ley, los impuestos sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas sern tambin exigibles en las Islas Canarias. Ahora bien, la nueva redaccin dada a ese art. 3.1 pasa a disponer: el Impuesto sobre la Electricidad ser exigible en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. La aplicacin a Canarias, entonces, del nuevo impuesto especial sobre la electricidad impuesto indirecto que grava la fabricacin y, por ende, el consumo, contradice el principio de franquicia fiscal sobre el consumo al gravar mediante un impuesto estatal general un bien en el mbito territorial de Canarias, siendo una figura extraa al rgimen econmico y fiscal canario no afectada a la financiacin de las haciendas canarias. El Estatuto de Autonoma de Canarias proclama, de forma absoluta, el principio de franquicia fiscal como pieza estructurante del rgimen econmico y fiscal canario. Slo hipotticamente podra admitirse la introduccin por el Estado de excepciones al principio de franquicia si, de un lado, existiese una finalidad preponderante que permitiera neutralizar el valor propugnado por el legislador estatuyente y, de otro lado, se estableciese una accin compensatoria que reequilibrase y armonizase nuevamente el integral modelo fiscal especial. Sin embar-
go, ninguna de las dos circunstancias se ha producido en el presente supuesto, pues ninguna de las finalidades descritas en el Prembulo de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre compensar la supresin de un recargo que gira sobre la facturacin elctrica y adaptarse a la propuesta de Directiva comunitaria por la que se reestructura la imposicin de los productos energticos justifica comprimir un principio especfico del rgimen econmico y fiscal canario, protegido constitucional y estutariamente, con negacin del tratamiento fiscal especial y diferenciado que el consumo debe tener reconocido en el territorio del archipilago canario. Aunque es cierto que el art. 46.2 EACan concibe el status de integracin en la Unin Europea como origen eventual de modulaciones en el rgimen econmico y fiscal canario, no es menos cierto que la mayor insercin del archipilago en el contexto comunitario lo ha sido con pleno respeto de su especialidad fiscal mediante el Reglamento (CEE) nm. 1911/91, del Consejo, de 26 de junio de 1991, y con expreso reconocimiento de su condicin de regin ultraperifrica, pues, aunque dicho Reglamento prev la no aplicacin al archipilago de las accisas comunitarias (impuestos especiales) vigentes sobre el tabaco y el alcohol, esta mencin debe entenderse en un sentido omnicomprensivo como referido a la totalidad de los impuestos especiales sujetos a armonizacin fiscal europea. Por otra parte, la Directiva 91/12/CEE del Consejo establece en su art. 2.2 el principio de no sujecin de las Islas Canarias, no slo a los impuestos especiales sino tambin, con carcter estatutario, a las sucesivas directivas especficas que se dicten en el futuro, entre las cuales, naturalmente, est la de imposicin de productos energticos. Y aunque tambin es cierto que dicha Directiva posibilita la eventualidad de que sus determinaciones se apliquen a las Islas Canarias, ello nunca ser como imperativo comunitario sino como decisin facultativa del Estado. En suma, no cabe duda de que el establecimiento en Canarias del impuesto sobre la electricidad por el art. 7 de la Ley 66/1997 supone una vulneracin del principio de franquicia fiscal sobre el consumo proclamado en el art. 46.1 del Estatuto de Autonoma de Canarias. El segundo grupo de preceptos de la Ley 66/1997 que se impugnan est integrado por el art. 9, apartados 1, 2, 6 y 10, y por la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3. En este sentido se alega que el Proyecto de ley de lo que luego sera la Ley 66/1997 fue sometido a un doble trmite de informe del Parlamento de Canarias, primero, por Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, siendo emitido el citado informe en la sesin plenaria del Parlamento autonmico de 22 de octubre de 1997, y, posteriormente, por Acuerdo de la Mesa del Senado, durante la tramitacin del Proyecto en esta Cmara, que dio lugar a un nuevo informe del Parlamento de Canarias con fecha de 19 de diciembre de 1997, de contenido negativo. Pues bien, a juicio del Parlamento canario, cuando la disposicin adicional tercera de la Constitucin recoge el rgimen econmico y fiscal del archipilago canario, lo hace articulando una garanta institucional de la cual no slo es extrable un trmite formal de obligado cumplimiento, sino que adems prev un informe que de tener contenido negativo es obstativo de la reforma pretendida. En efecto, la concrecin del rgimen econmico y fiscal canario en cuanto a sus elementos estructurales fue llevada a cabo por el Estatuto de Autonoma de Canarias (art. 46) en el que se establecen dos niveles de proteccin. Un primer nivel referido a los principios que vertebran el rgimen especial, que aparecen definidos en el art. 46.1 del Estatuto; proteccin que representa la necesidad de la reforma estatutaria para su alteracin. Y un segundo nivel de proteccin que est determinado
por la norma del art. 46.3 EACan, conforme a la cual la modificacin del rgimen econmico y fiscal canario est necesitada del previo informe autonmico. Informe ste que se caracteriza por dos notas: de un lado, porque es preceptivo en aquellos casos como el presente en el que se altera el rgimen canario expresamente por modificacin de la Ley 20/1991, de 7 de junio; y de otro, porque si dicho informe es de rechazo de la medida legislativa propuesta, tiene carcter vinculante o, en otros trminos, del informe emitido depende la validez de la norma estatal (como as se ha manifestado tambin el Consejo Consultivo de Canarias en su Dictamen nm. 26/1988, de 2 de marzo). En suma, estando acreditado que el Parlamento canario inform negativamente las modificaciones incorporadas a los preceptos impugnados con una mayora superior a dos tercios, debe concluirse que la normativa recurrida es inconstitucional porque vulnera el art. 46.3 EACan, esto es, por informarse desfavorablemente por ms de dos tercios del Parlamento territorial. En la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de la Ley 66/1997, concurre adems otro vicio de inconstitucionalidad, al vulnerar los arts. 30.32 y 59 g) del Estatuto de Autonoma de Canarias, invadiendo la competencia autonmica. En este sentido, la disposicin transitoria decimonovena, en sus apartados 1 y 2, establece los tipos del impuesto general indirecto canario para 1998, aplicables a las entregas e importaciones de las labores del tabaco, as como los tipos de recargo sobre importaciones de labores del tabaco efectuadas por los comerciantes minoristas en el marco del rgimen especial existente en el impuesto para los mismos, mientras que el apartado 3 se dispone la distribucin del incremento del importe de la recaudacin del IGIC obtenido por las importaciones y entregas interiores de tabaco rubio y sucedneos del tabaco, disponindose as a travs de este precepto el criterio de tal distribucin (porcentajes para la Comunidad Autnoma, Cabildos y Ayuntamientos) de unos ingresos que tienen la consideracin de recursos derivados del rgimen econmico y fiscal canario. Con ello se invade la competencia autonmica, pues el art. 30.32 EACan, en la redaccin dada por la Ley Orgnica 4/1996, de 30 de diciembre, atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autnoma de Canarias para el establecimiento de los criterios de distribucin y porcentajes de reparto de los recursos derivados del Rgimen Econmico y Fiscal de Canarias, competencia que, conforme al art. 59 g) EACan, se ejercer necesariamente mediante ley del Parlamento de Canarias. Con la reforma del rgimen econmico y fiscal canario efectuada por la Ley 20/1991, de 7 de junio, los rendimientos de los impuestos que configuran dicho rgimen especial, que se asignan a las haciendas locales canarias, se atribuyen, adems, a la Comunidad Autnoma, segn lo previsto en el art. 64 y disposicin adicional tercera de dicha Ley, que fija los criterios de distribucin y porcentaje en relacin al IGIC. A partir de ah, una vez en vigor la reforma del Estatuto de Autonoma que establece para la Comunidad Autnoma de Canarias la competencia exclusiva para el sealamiento de tales criterios, slo mediante una ley del Parlamento de Canarias pueden establecerse nuevos criterios de distribucin y porcentaje de los recursos del rgimen econmico y fiscal canario, entre los que se encuentran los derivados del IGIC. Al hacerlo el Estado a travs de una disposicin transitoria en la Ley 66/1997, se vulnera el Estatuto de Autonoma de Canarias, en cuanto a la mencionada competencia autonmica [arts. 30.32 y 59 g) EACan], quedando aquella previsin legal viciada de inconstitucionalidad. En consecuencia, el Parlamento canario solicita la declaracin de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.
4. Con fecha de 7 de abril de 1998 el Abogado del Estado present escrito en el Registro General de este Tribunal suplicando se le tuviese por personado en el recurso nm. 1000/98 y por solicitada una prrroga del plazo de alegaciones concedido como consecuencia de la acumulacin de asuntos pendientes ante su Servicio Jurdico. 5. Por providencia de la Seccin Cuarta de este Tribunal de 20 de abril de 1998, se tuvo por personado al Abogado del Estado, prorrogndosele en ocho das ms el plazo concedido para formular alegaciones. 6. Por escrito de 14 de abril de 1998 (y registrado en este Tribunal el da 20 de abril siguiente), el Presidente del Congreso de los Diputados acord personarse en el procedimiento (recurso de inconstitucionalidad nm. 1000/98) a los solos efectos de formular, en su caso, alegaciones a travs del Jefe de la Asesora Jurdica de la Secretara General de la Cmara, en relacin con la violacin de las normas reguladoras del procedimiento legislativo, remitiendo el recurso a la Direccin de Estudios y Documentacin de la Secretara General. Posteriormente, don Fernando Sainz Moreno, Letrado de las Cortes Generales, present escrito en el Registro General de este Tribunal el da 24 de abril de 1998, suplicando, de un lado, que se le tuviese por personado en representacin del Congreso de los Diputados y, de otro, que se le ampliase el plazo para efectuar alegaciones en ocho das ms, ante la complejidad del asunto y la necesidad de consultar los trabajos parlamentarios sobre el precepto impugnado. 7. Por escrito de 21 de abril de 1998 y presentado en este Tribunal el da 23 de abril de 1998, el Presidente del Senado acord igualmente que se tuviera a dicha Cmara por personada en el procedimiento nm. 1000/98 para formular, en su caso, alegaciones en relacin con la vulneracin de la disposicin adicional tercera de la Constitucin, encomendando la representacin y defensa de la Cmara al Letrado de las Cortes Generales don Manuel Fernndez-Fontecha Torres. 8. Por escrito registrado el da 24 de abril de 1998, el Letrado de las Cortes Generales don Manuel Fernndez-Fontecha Torres formul alegaciones en relacin con el recurso de inconstitucionalidad nm. 1000/98, suplicando que se dictase sentencia desestimando el recurso en lo que se refiere al segundo motivo relativo al carcter vinculante u obstativo del informe del Parlamento de Canarias. Comienza el Letrado del Senado sus alegaciones haciendo un resumen de la argumentacin del Gobierno recurrente con relacin al primer motivo del recurso, conforme a la cual se parte de la disposicin adicional tercera de la Constitucin para entender que sta consolida como plenamente garantizada la normativa relativa al rgimen econmico y fiscal vigente al momento de aprobarse la Constitucin, con lo cual, no slo prev una garanta formal para su modificacin, sino que tambin establece una intangibilidad del contenido material del rgimen econmico y fiscal canario. De esta manera, el Gobierno recurrente afirma que los principios nucleares que dotan de identidad al rgimen canario, entre ellos el principio de franquicia fiscal sobre el consumo, estn material y formalmente sustrados a una reforma por norma con rango de ley dictada por el legislador estatal. Por otra parte, y con relacin al segundo argumento del Gobierno canario, basado en razones competenciales y procedimentales, entiende el Letrado del Senado que aquel Gobierno defiende, sobre la base de la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.3 EACan, una cooperacin obligada entre el Estado y la Comunidad Autnoma de Canarias que se concreta en el coejercicio de las competencias que corres-
ponden al Estado y a la Comunidad Autnoma, de modo que una determinada actuacin pblica slo puede ser realizada de forma conjunta, lo que supone que existe una coparticipacin en la actuacin de la funcin legislativa estatal que atribuye al dictamen del Parlamento de Canarias un carcter vinculante del pronunciamiento positivo o negativo del informe sobre la ulterior decisin de las Cortes Generales. Dicho lo que antecede, y con relacin al primer motivo del recurso del Gobierno canario, aunque el representante del Senado advierte que no es objeto de su directa impugnacin, sin embargo, considera necesario realizar alguna observacin al mismo en cuanto que de l pudiera derivarse una restriccin de la ley estatal para modificar el rgimen econmico y fiscal canario. Y sobre este particular entiende que la referencia, mencin o alusin por parte de la Constitucin a una institucin o conjunto de normas vigentes en el momento de su entrada en vigor, no determina la asuncin por esa va de reenvo material recepticio de los contenidos de la institucin o conjunto de normas aludidas como integrantes, sea de la propia Constitucin, sea del denominado bloque de la constitucionalidad. Es decir, para salvaguardar la libertad de configuracin y la competencia de la ley estatal, orgnica u ordinaria, hay que mantener que la alusin, mencin o remisin ni degrada la normativa vigente ni la eleva a la consideracin de norma constitucional. La argumentacin del recurso del Gobierno canario se funda en lo contrario al utilizar el concepto de garanta institucional para proteger con su rigidez y supremaca los contenidos de la denominada franquicia fiscal sobre el consumo, lo que supone, no ya una cuestin procedimental de cooperacin de voluntades para modificarlo, sino que cabra plantear su consideracin como normas sujetas a un procedimiento de revisin constitucional. De este modo, las bases esenciales del rgimen econmico y fiscal canario estaran protegidas en su totalidad ms all de la cuestin de si el informe del Parlamento de Canarias es o no vinculante. La respuesta contraria a tal constitucionalizacin formal y material se funda en una interpretacin lgica y sistemtica de la disposicin adicional tercera. Como ocurre en otros casos, la mencin directa o indirecta del rgimen jurdico de una institucin o derecho, o de un conjunto de normas, no las incorpora en ningn caso a los contenidos del texto constitucional, como consecuencia de los procedimientos de actualizacin de instituciones histricas que la Constitucin ampara, aunque delegando su determinacin concreta al Estatuto de Autonoma, ley orgnica o ley ordinaria. Es en este marco en el que la disposicin adicional tercera de la Constitucin instituye una garanta formal que ciertamente reconoce la existencia en el espacio del Estatuto de Autonoma y de la legalidad ordinaria del rgimen econmico y fiscal de Canarias a los efectos de imponer una obligada declaracin de juicio por parte del Parlamento de Canarias cuando se trate de modificar su rgimen. Pero no cabe transformar el objeto de tal intervencin en una clusula de apertura y recepcin de todo el texto vigente del rgimen econmico y fiscal canario o de los principios nucleares del mismo en cuanto se refieren a la franquicia fiscal sobre el consumo. En el motivo articulado subsidiariamente por la parte recurrente, que es el que concretamente impugna el Senado, entiende la representacin procesal de esta Cmara que se acumulan una serie de argumentos que son incompatibles con los arts. 148 y 149 CE, con el art. 66 CE, que atribuye a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad legislativa del Estado y, por ltimo, con el tenor literal de la disposicin adicional tercera de la Constitucin. Como primera idea, destaca el representante del Senado que la potestad legislativa del Estado no admite otros lmites que los preceptos de la Cons-
titucin que vinculan al legislador o las normas procedimentales consagradas en la propia Constitucin o en los Reglamentos de las Cmaras legislativas. Por otra parte, apunta que los supuestos de cooperacin normativa o ejecutiva no pueden formularse con independencia de los criterios de distribucin de competencias en base a los arts. 148 y 149 CE, lo que supone que la atribucin al Estado por el art. 149.1.14 CE de la competencia exclusiva en materia de Hacienda General y Deuda del Estado y su interpretacin conjunta con las normas del art. 148 y con el desarrollo normativo comprendido en la Ley Orgnica de financiacin de las Comunidades Autnomas son incompatibles con la pretendida construccin de un rgimen de colaboracin necesaria de la Comunidad Autnoma de Canarias en el ejercicio de la potestad legislativa sobre la materia de su rgimen econmico y fiscal y, en su efecto, con una pretendida naturaleza vinculante u obstativa del informe previo de la Comunidad Autnoma. La nica interpretacin del informe previo al que se refiere la disposicin adicional tercera de la Constitucin es la de que, sin discutir el reconocimiento del rgimen econmico y fiscal de Canarias, se instrumenta una garanta formal de consulta previa que, en cuanto tal garanta formal, est lejana al concepto doctrinal y jurisprudencial de garanta institucional. Como argumento adicional aade el Senado que, como ya tuvo ocasin de alegar en otros recursos en los que se person con relacin al momento oportuno de emisin del informe para no interferir el procedimiento legislativo en esa Cmara, el art. 90 CE le atribuye un plazo concreto y taxativo de dos meses para poder oponer el veto al Proyecto remitido por el Congreso o introducir enmiendas, reduciendo an ms el plazo si el Proyecto hubiese sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. La taxatividad del precepto no admite suspensin del trmite y ni siquiera faculta a los Reglamentos a detener el tiempo y por lo tanto a paralizar el plazo de dos meses o veinte das naturales. Como sostena esta Cmara en las alegaciones presentadas al recurso de inconstitucionalidad nm. 1316/97, el informe a que se refiere la disposicin adicional tercera de la Constitucin debe situarse de un modo natural en el trmite previo a la iniciacin de tal procedimiento, esto es, debe acompaar al Proyecto o Proposicin de Ley que se sometan al trmite de admisin, no pudiendo interpretarse en un sentido extensivo como susceptible de ser emitido con carcter obligatorio en todas y cada una de las instancias posteriores del procedimiento legislativo, que quedara estrictamente condicionado de forma contradictoria con la voluntad del Constituyente. Por todo lo anterior, termina el representante del Senado suplicando la desestimacin del recurso de inconstitucionalidad nm. 1000/98 promovido por el Gobierno de Canarias, en lo que al segundo motivo del recurso se refiere, esto es, el relativo al carcter vinculante u obstativo del informe del Parlamento de Canarias. 9. Por providencia de la Seccin Cuarta de este Tribunal de 27 de abril de 1998 se acord incorporar a los autos el escrito de alegaciones del Senado y el presentado por el Congreso de los Diputados y, como pidi el ltimo, ampliar en ocho das ms el plazo concedido en su momento para formular alegaciones. 10. Con fecha de 6 de mayo de 1998 evacu el tramite de alegaciones conferido el Abogado del Estado, suplicando que se dictase sentencia por la que se declarase la plena constitucionalidad del art. 7, apartado 2, de la Ley 66/1997, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En su escrito aborda el representante pblico, en primer lugar, el estudio de la vulneracin material del rgimen econmico y fiscal canario, por una supuesta incompatibilidad entre el precepto impugnado que crea un impuesto sobre el consumo aplicable a todo el territorio nacional y el principio de franquicia fiscal sobre el consumo establecido, segn el recurrente, en la disposicin adicional tercera de la Constitucin y en el art. 46.1 del Estatuto de Autonoma. A tal fin, niega el Abogado del Estado que aquella constitucionalizacin del rgimen canario a que hace referencia el recurrente pueda suponer un impedimento para que el Estado pueda aprobar cualquier norma que lo pueda modificar o afectar; es decir, niega que de la disposicin adicional tercera de la Constitucin y del art. 46.1 EACan se pueda deducir que el legislador estatal, en relacin con el territorio de Canarias, no tenga la potestad originaria para establecer tributos que le atribuye el art. 133.1 de la Constitucin. En efecto, la Constitucin reconoce un rgimen fiscal y econmico que se caracteriza por sus singularidades tradicionales (libertad comercial de importacin y exportacin, y franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo), cuya modificacin requiere un informe del Parlamento de Canarias. Sin embargo, esta especialidad no puede querer decir que el legislador estatal no puede alterar la carga tributaria que recae sobre el consumo en Canarias, mediante la aplicacin de un nuevo impuesto especial, pues si as fuera las previsiones establecidas en la Constitucin y en el EACan para la modificacin del rgimen econmico y fiscal canario resultaran intiles e inaplicables. En realidad, el legislador estatal, que ostenta la competencia normativa por razn de la materia, podr innovar o modificar el rgimen econmico y fiscal canario aunque para ello tenga la obligacin de someter el Proyecto a informe del Parlamento canario. En conclusin, dentro del bloque de la constitucionalidad se encuentra exclusivamente el reconocimiento del rgimen fiscal especial de Canarias, incluyendo sus bases fundamentales y el trmite de informe previo para su modificacin, quedando excluido de l, en su condicin de rgimen fiscal especial, la regulacin concreta del citado rgimen, que tendr el mismo rango normativo que el resto de las normas fiscales generales (en este sentido, STC 35/1984). Sentado lo anterior, destaca el Abogado del Estado que la exposicin de motivos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacin de los aspectos fiscales del rgimen econmico-fiscal de Canarias, explica el significado de este rgimen desde su aparicin a finales del siglo XV hasta nuestros das, especificando los instrumentos y medios a utilizar en las distintas situaciones socioeconmicas. En el origen, los instrumentos que se consideraron ms adecuados para corregir los efectos negativos de la insularidad, la lejana y las especiales condiciones geogrficas, geolgicas y climticas, as como la escasez de recursos naturales, fueron los principios de franquicia aduanera y sobre el consumo. Ejemplo de ello es la Ley de 6 de marzo de 1900. Ahora bien, tales principios con los que se pretenda resolver los problemas econmicos y sociales de Canarias se fueron modulando luego hacia frmulas distintas y nuevas que no hacan de las franquicias aduaneras y sobre el consumo la base fundamental del rgimen especial canario. De este modo, la Ley del rgimen econmico y fiscal de Canarias de 22 de julio de 1972 estableci excepciones a la inaplicacin de la renta de aduanas y regul la aplicacin diferenciada en Canarias del impuesto general sobre el trfico de las empresas, el impuesto sobre el lujo y los impuestos especiales, lo que implica que a partir de este momento ya no se puede hablar de franquicia en el sentido de la exclusin absoluta de tributacin. Por otra parte, la necesaria financiacin de las corporaciones locales canarias exigi el estableci-
miento de los arbitrios insulares, que se aplicaron a la importacin y exportacin de mercancas, al tabaco y a los alcoholes, siendo en 1972 sustituidos por el arbitrio insular de entrada de mercancas. Tras esta evolucin, lleg la primera reforma del Rgimen por la Ley 20/1991, mediante la cual se implanta el arbitrio sobre la produccin y la importacin, se mantiene la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancas en los trminos previstos en el art. 6 del Protocolo 2 del Tratado de adhesin y se crea el impuesto general indirecto canario, con unos tipos de gravamen inferiores respecto de los propios de la imposicin indirecta vigente en el resto del territorio nacional. Aunque la titularidad de tales tributos es estatal, se atribuyen a la Comunidad Autnoma las competencias de gestin y los rendimientos obtenidos con su recaudacin. Posteriormente, la Ley 19/1994, de 6 de julio, volvi nuevamente a modificar el rgimen econmico y fiscal canario con el objetivo de conciliar los principios propios del rgimen especial con un diseo operativo de un sistema impulsor de la actividad econmica, manteniendo una presin fiscal menor que la media del resto de Espaa y de la Comunidad Europea, mediante un conjunto de tributos equivalentes a los existentes en el resto de Espaa y de la Comunidad Europea, incorporando un bloque de incentivos fiscales y econmicos a la inversin y creando una zona especial canaria. Todo lo que antecede, lleva al Abogado del Estado a afirmar que las bases y principios actuales del rgimen econmico y fiscal canario no tienen ni el mismo contenido ni las mismas aspiraciones que en su momento originario. Especialmente se manifiesta esta evolucin en relacin con la franquicia sobre el consumo que, si en otro tiempo podra haber supuesto el objetivo de excluir a los ciudadanos canarios de toda carga sobre el consumo (criterio que esta representacin niega, pues nunca se ha configurado como una prohibicin absoluta sino como un conjunto de especialidades), en la actualidad tal concepcin est superada. No se han ido reduciendo los impuestos sobre el consumo sino que el espacio que deja el Estado se ha ido cubriendo con la fiscalidad autonmica, lo que ha dado lugar a un sistema especial de financiacin autonmica que no prescinde de la tributacin sobre el consumo. Por otra parte, se han abierto otras vas para la consecucin de los objetivos del rgimen econmico y fiscal canario (desarrollo social y econmico de Canarias) como son los incentivos fiscales en la imposicin directa y la creacin de una zona especial canaria que favorezca la ubicacin de capitales y empresas provenientes del exterior. Por tanto, el sentido jurdico del principio de franquicias fiscales sobre el consumo que recoge el EACan en su art. 46.1 no puede ser nunca el de prohibicin absoluta de impuestos sobre el consumo, sino el de existencia de una tributacin sobre el consumo diferenciada y en algunos casos menor. Incluso la utilizacin del plural franquicias al designar el principio del rgimen especial aade un motivo ms para llegar a esta conclusin. Hecha la anterior precisin, pasa el Abogado del Estado a analizar si el precepto recurrido, en tanto que crea un impuesto especial, vulnera el rgimen econmico y fiscal canario. En este sentido, afirma, en primer lugar, que nunca ha existido una prohibicin de aplicacin en Canarias de los impuestos especiales estatales, ni por la normativa del rgimen econmico y fiscal canario ni por la de los impuestos especiales (cita el art. 19 de la Ley 30/1972 y la disposicin adicional decimotercera de la Ley 20/1991, as como los arts. 2 del Decreto 511/67, 2 de la Ley 45/1985, y 3 de la Ley 38/1992). Ms bien se establece en todos los casos su aplicacin con algunas excepciones y peculiaridades. Por tanto, si en la regulacin del rgimen especial no existe prohi-
bicin de aplicacin de impuestos especiales a Canarias, difcilmente una ley que crea un impuesto especial nuevo aplicable a todo el territorio nacional (incluido Canarias) puede vulnerar esa regulacin. En segundo trmino, destaca el Abogado del Estado que slo existir modificacin del rgimen econmico y fiscal canario cuando se alteren las normas que lo regulan, normas que tienen como nico contenido y objeto las especialidades fiscales propias del territorio de Canarias, lo que no ocurre en el presente caso, pues la modificacin del apartado 1 del art. 3 de la Ley 38/1992, de impuestos especiales, en cuanto establece un nuevo impuesto de aplicacin general a todo el territorio nacional, no da lugar a alterar la normativa especial exclusiva de Canarias (rgimen econmico y fiscal canario). Para llegar a esta conclusin es preciso reconocer, de un lado, que el art. 133.1 CE atribuye al Estado la potestad originaria para establecer tributos y si la ejercita en todo el territorio nacional sin internarse en el rgimen jurdico especial canario, no resulta modificado; y, de otro lado, que cuando las leyes reguladoras del rgimen econmico y fiscal canario se remiten a las normas que configuran el rgimen de los impuestos especiales, lo estn haciendo teniendo en cuenta la competencia estatal en materia tributaria y no en el sentido de que dicha remisin congela la regulacin de dichos impuestos en relacin con Canarias. Ya en relacin con la justificacin del nuevo impuesto especial sobre la produccin de energa elctrica, incluida en la exposicin de motivos de la Ley 66/1997, a saber, la obtencin de recursos para compensar la supresin del recargo de coste especfico asignado a la minera del carbn, apunta el Abogado del Estado que la desaparicin de este recargo fue consecuencia del art. 2.2 de la Decisin 3632/93/CECA, de la Comisin, de 28 de diciembre de 1993, que inhabilit el sistema del recargo en la factura del consumo de energa elctrica, porque la gestin por las empresas suministradoras privadas no permita el control presupuestario pblico derivado de la Decisin. Por este motivo desapareci el recargo y se estableci el impuesto, cuyo producto incrementara la recaudacin para poder incluir en los presupuestos generales del Estado de cada ao la partida correspondiente para financiar las ayudas al carbn. De esta justificacin se deduce como primera consecuencia que la medida adoptada resulta absolutamente extraa al contenido y bases del rgimen econmico y fiscal canario, por lo que su aplicacin a todo el territorio nacional es razonable y, por tanto, injustificada la exclusin del archipilago canario. Adems, resulta discriminatorio que Canarias se beneficie de las subvenciones a la produccin de carbn (que es una de las materias primas fundamentales para la produccin de energa) sin contribuir a la financiacin del rgimen del sector elctrico que compensa con la tarifa nica las diferencias de coste de produccin en las diferentes zonas del territorio nacional. En suma, concluye el Abogado del Estado en esta primera parte de sus alegaciones, que el rgimen econmico y fiscal canario no contiene una prohibicin absoluta de gravmenes sobre el consumo en Canarias, y que el impuesto especial sobre la electricidad tiene vocacin nacional y no modifica las especialidades de Canarias y, por todo ello, dicho impuesto ni vulnera el principio de franquicias sobre el consumo ni modifica el rgimen econmico y fiscal canario. Por otro lado, y con referencia a la naturaleza del informe previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.3 EACan, parte el Abogado del Estado del hecho de que en el presente caso se solicit el informe y se emiti. Se opone, pues, a los efectos que el Gobierno recurrente atribuye al carcter negativo del informe (efectos vinculantes u obstativos
de la medida pretendida). Ante todo, advierte el Abogado del Estado que en el presente caso no era preceptivo ni necesario el informe previo del Parlamento canario, pues la norma impugnada no supuso una modificacin del rgimen econmico y fiscal canario, dado que la creacin de una nueva modalidad tributaria que no tiene ninguna especialidad en el territorio de Canarias no slo no puede considerarse variacin del citado rgimen sino que, adems, tampoco afect a la caracterstica general del rgimen econmico y fiscal canario de franquicia sobre el consumo, que no implica una prohibicin total y absoluta de gravmenes sobre el consumo. En el peor de lo casos, de exigirse un trmite, sera el de audiencia del art. 46.4 EACan, que debe entenderse cumplido con la emisin del informe que fue solicitado por simples razones de prudencia y para evitar un posible vicio que afectase a la constitucionalidad de la Ley. Por ello, el que el informe del Parlamento canario fuese negativo en nada afecta a la eficacia y constitucionalidad de la Ley, pues el pretendido carcter vinculante de la intervencin del Parlamento canario se predica en la demanda exclusivamente de aquellos proyectos de normas que modifican el rgimen econmico y fiscal canario. Debe tenerse en cuenta que si cualquier disposicin normativa que se refiera al rgimen econmico y fiscal canario en su sentido ms amplio, ya sea alterando su materializacin positiva, ya sea afectando directa o indirectamente a sus principios informadores, ha de estar sometida a informe previo, se vaca el contenido de la previsin del art. 46.4 EACan. Subsidiariamente a la anterior alegacin, y para el supuesto de que se llegue a entender que el precepto recurrido se encuentra en el presupuesto previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin, se opone a considerar que el informe negativo emitido sea obstativo de la aprobacin del precepto legal. En primer lugar, porque la STC 35/1984 ha declarado al informe como preceptivo solamente, como un mecanismo de colaboracin, sin que pueda admitirse su carcter obstativo porque ello llevara no slo a una situacin de bloqueo o imposibilidad prctica de toda reforma del rgimen fiscal de Canarias, dada la cualificada mayora que se requiere para el informe favorable, sino que, adems, sera radicalmente incompatible con la potestad originaria del Estado ex art. 133.1 CE. En segundo lugar, si la Constitucin y el Estatuto de Autonoma hubieran querido establecer un rgimen de concierto o convenio, como fue el caso del Pas Vasco y Navarra, sin duda lo hubieran previsto. Lo que no es posible es deducir de un informe previo la creacin de un rgimen de normacin tributaria de carcter pactado. En suma, la expresin utilizada en la disposicin adicional tercera de la Constitucin debe ser interpretada en su sentido propio, sin extender su significado y efectos a consecuencias no establecidas y extraas a la verdadera naturaleza jurdica del requisito o trmite que es. En el presente caso la Comunidad Autnoma pretende compartir con el Estado la potestad originaria para establecer tributos, cuando lo nico que se prev es la emisin de un informe previo. Por consecuencia de lo expuesto el Abogado del Estado interesa que se dicte sentencia declarando la plena constitucionalidad del precepto impugnado. 11. El escrito de alegaciones de la representacin del Congreso de los Diputados tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el da 8 de mayo de 1998, suplicando que se dictase sentencia por la que se desestimase el recurso en lo que afecta al vicio de procedimiento parlamentario invocado por el recurrente. En efecto, limita esta parte sus alegaciones a la supuesta infraccin de las normas de procedimiento parlamentario denunciadas por el Gobierno de Canarias en
su recurso de inconstitucionalidad, infraccin que niega, primero, porque no habiendo sido emitido ni remitido, en tiempo procedimentalmente vlido, el informe del Parlamento de Canarias, no sera necesario entrar en el anlisis de tal infraccin, pues, a los efectos de este recurso, no existe un informe eficaz y, en consecuencia, no hace falta examinar si tal informe es obstativo o no lo es. En este sentido, seala la representacin del Congreso de los Diputados que resulta sorprendente, en efecto, que en la extenssima y reiterativa fundamentacin del recurso del Gobierno canario, no se dedique una sola lnea a precisar las cuestiones fundamentales de cundo se requiri el informe, cuando se emiti el informe y cundo se remiti ese informe al Congreso de los Diputados. Se trata de cuestiones de suma importancia porque, sin perjuicio de negar los pretendidos efectos obstativos de ese informe al menos con el alcance que el recurrente pretende, es evidente su carcter preceptivo por imperativo de la DA 3.a CE y artculo 46 EA Canario. Ahora bien, el carcter preceptivo del informe no implica que su emisin pueda paralizar la actividad legislativa de la Cmara, pues ningn principio constitucional justifica la pretensin de que el silencio del Parlamento de Canarias, sine die, impida la tramitacin de proyectos o proposiciones de ley por las Cortes Generales que hipotticamente pudieran afectar al rgimen econmico y fiscal canario. Y as, el Gobierno de la Nacin comunic con fecha de 26 de septiembre de 1997 al Parlamento de Canarias el contenido del art. 6 del Anteproyecto (idntico al art. 7 de la Ley 66/1997) a los efectos de que emitiera el correspondiente informe. El Parlamento de Canarias respondi al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno que dicho informe sera emitido por el Pleno de la Cmara el da 22 de octubre de 1997. Posteriormente, la Mesa del Congreso comunic al Parlamento de Canarias la recepcin del Proyecto de ley a los efectos previstos en la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 45.3 EACan (ahora art. 46.3). Proyecto de ley cuyo art. 6.2 se convirti despus de la tramitacin en el art. 7.2 sin haber sido objeto de ninguna enmienda. Pese a esto, el Parlamento de Canarias dej transcurrir todo el proceso legislativo hasta que con fecha de 19 de diciembre de 1997 emiti un informe que tuvo entrada en el Congreso de los Diputados el 23 de diciembre de 1997 (registro de entrada nm. 39.822), precisamente el da que el Pleno de la Cmara someta a votacin las enmiendas del Senado al Proyecto de ley. Es ms, ningn grupo parlamentario plante objecin alguna al art. 7.2 del Proyecto. En consecuencia, queda claro que el informe del Parlamento de Canarias sobre el art. 7.2 no se emiti ni se remiti a la Cmara en tiempo vlido, por lo que no puede tener eficacia alguna en la tramitacin parlamentaria. No obstante lo anterior, el recurso del Gobierno canario dedica una considerable extensin a analizar doctrinalmente la naturaleza jurdica y la eficacia del informe del Parlamento de Canarias previsto en el art. 46.3 EACan con base en la disposicin adicional tercera de la Constitucin, pero no dedica una lnea a analizar las dos cuestiones esenciales de este caso: de un lado, los efectos de la falta de informe tras su peticin, y, de otro, el momento de su emisin para que sea eficaz. Sin embargo, el recurso produce la equvoca impresin de que el Parlamento de Canarias emiti un informe desfavorable cuando se le pidi, y que, pese a ello, se tramit el Proyecto sin tener en cuenta el carcter obstativo del informe. Por este motivo, es necesario hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, que la regulacin de la exigencia del informe previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46 EACan presenta tales lagunas e imprecisiones que, de buena fe, puede dar lugar a situaciones equvocas.
Quiz por ello el recurrente intenta construir la teora de un sistema legislativo de concurrencia imperfecta, un tertium genus entre el sistema de concierto del Pas Vasco y el sistema de convenio de Navarra, para lo cual hace un llamamiento al fondo pactista que late en los preceptos indicados, que slo puede funcionar como un complejo de lealtades recprocas (doctrina del Dictamen 1/93 del Consejo Consultivo de Canarias). Sin duda, gran parte de las numerosas lagunas que ofrece la insuficiente regulacin del informe del Parlamento de Canarias slo pueden resolverse sobre la base de la lealtad recproca. Pues bien, partiendo de que es muy discutible que la disposicin adicional tercera de la Constitucin contenga una atribucin de una competencia de participacin en el procedimiento legislativo estatal a la Comunidad Autnoma de Canarias, es evidente que si la norma quisiera decir que el informe del Parlamento de Canarias es previo, preceptivo y vinculante, as lo habra dicho. En este sentido, el recurrente cita en apoyo de su tesis la STC 149/1991, sobre el informe previsto en el art. 112 de la Ley de costas 22/1988, pero este precepto se refiere expresamente a un informe que ha de emitirse con carcter preceptivo y vinculante. Sobre la preceptividad del informe no hay duda, debiendo entenderse esa preceptividad en un doble sentido, pues afecta tanto a la solicitud (por dos veces se pidi, primero por el Gobierno y luego por la Mesa del Congreso) como a la obligacin de emitirlo (incluso actuando de oficio cuando no se le solicita por no producirse con claridad el presupuesto de hecho). Informe que, adems, no slo debe manifestar una opinin favorable o desfavorable, sino tambin motivar las razones por las que entiende que se da el presupuesto indicado. Por otra parte, aun cuando el Parlamento de Canarias emiti el informe solicitado con fecha de 19 de diciembre de 1997, lo hizo una vez transcurridos ms de dos meses desde que se recab, teniendo entrada en el Registro de la Cmara el mismo da que se proceda a la votacin final por el Pleno (23 de diciembre de 1997). Es cierto que ni la Constitucin ni el Estatuto de Autonoma de Canarias establecen un plazo para la emisin del informe, pero est claro que el informe debe emitirse y, adems, en un plazo parlamentariamente til. Lo contrario significara otorgar al Parlamento de Canarias la competencia para oponer un veto sin lmite de tiempo, por la va del silencio, para impedir la tramitacin de un proyecto. Sin embargo, la lealtad constitucional invocada por el recurrente hace que deba suplirse esa laguna estableciendo la obligacin de emitir y remitir el informe en el plazo ms breve para que pueda ser tenido en cuenta por las dos Cmaras. Si no se hace as, no hay respuesta en plazo til, y hay que entender que el Parlamento de Canarias no ha hecho uso de su derecho a emitir su informe sobre el Proyecto en cuestin. 12. La Seccin Primera de este Tribunal, por providencia de 15 de septiembre de 1998, acord admitir a trmite el recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98 dando traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, para que, en el plazo de quince das, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicacin en el Boletn Oficial de Estado (lo que se cumpliment en el BOE nm. 229, de 24 de septiembre). 13. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el da 23 de septiembre de 1998, el Abogado del Estado, en la representacin que ostenta, solicit que se le tuviese por personado y se le concediese una prrroga del plazo concedido de ocho
das ms, dada la acumulacin de asuntos que pendan en ese Servicio Jurdico. 14. Por providencia de la Seccin Primera de este Tribunal de 24 de septiembre de 1998 se acord incorporar a los autos el escrito del Abogado del Estado, tenindosele por personado y parte en representacin del Gobierno y prorrogndosele en ocho das ms el plazo concedido para formular alegaciones. 15. Por escrito registrado en este Tribunal el da 3 de octubre de 1998, el Presidente del Congreso de los Diputados acord personarse en el procedimiento (recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98) a los solos efectos de formular, en su caso, alegaciones a travs del Jefe de la Asesora Jurdica de la Secretara General de la Cmara, don Fernando Sainz Moreno, en relacin con el motivo de inconstitucionalidad invocado respecto del grupo de preceptos formado por el art. 9, apartados 1, 2, 6 y 10, y disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, remitiendo el recurso a la Direccin de Estudios y Documentacin de la Secretara General. Posteriormente, don Fernando Sainz Moreno, Letrado de las Cortes Generales, present escrito en el Registro General de este Tribunal el da 5 de octubre de 1998, suplicando, de un lado, que se le tuviese por personado en representacin del Congreso de los Diputados y, de otro, que se le ampliase el plazo para efectuar alegaciones en ocho das ms, ante la complejidad del asunto y la necesidad de consultar los trabajos parlamentarios sobre los preceptos impugnados, ampliacin que fue acordada por providencia de 7 de octubre de 1998. 16. Por escrito presentado en este Tribunal el da 7 de octubre de 1998, el Presidente del Senado acord igualmente que se tuviera a dicha Cmara por personada en el recurso nm. 1453/98 para formular alegaciones en relacin con la vulneracin de la disposicin adicional tercera de la Constitucin y del art. 46.3 del Estatuto de Autonoma de Canarias, encomendando la representacin y defensa de la Cmara al Letrado de las Cortes Generales don Manuel Fernndez-Fontecha Torres. 17. Por escrito registrado el mismo da 7 de octubre de 1998, el Letrado de las Cortes Generales, don Manuel Fernndez-Fontecha Torres, en la representacin del Senado, formul alegaciones en relacin con el recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98, suplicando que se dictase Sentencia desestimndolo en lo que se refiere al supuesto vicio de procedimiento en la tramitacin parlamentaria de las normas impugnadas. Parte el Letrado del Senado en sus alegaciones advirtiendo que la Mesa del Senado, por Acuerdo de 15 de diciembre de 1997, dio trmite de informe al Parlamento de Canarias, de la misma manera que previamente lo haba hecho la Mesa del Congreso de los Diputados, habiendo emitido aqul tres informes con fecha de 22 de octubre de 1997. Dicho esto, procede primero esta representacin a hacer un resumen de la argumentacin del Gobierno canario con relacin al primer motivo en trminos similares a los expuestos en el recurso de inconstitucionalidad nm. 1000/98 para, posteriormente, y al igual que hizo en ste, negar las dos premisas de las que parten los recursos: en primer lugar, que la disposicin adicional tercera de la Constitucin deba entenderse como una clusula de apertura y recepcin de todo el contenido vigente del rgimen econmico y fiscal canario o de los principios nucleares del mismo en cuanto se refieren a la franquicia fiscal sobre el consumo; y, en segundo lugar, que el informe previo a que se refiere la disposicin adicional tercera de la Constitucin pueda interpretarse en un sentido extensivo como susceptible de ser emitido con carcter obligatorio
en todas y cada una de las instancias del procedimiento legislativo. Por todo ello, concluye una vez ms el representante del Senado suplicando la desestimacin del recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98 promovido por el Parlamento de Canarias, en lo que a su segundo motivo se refiere, esto es, el relativo al carcter vinculante u obstativo del informe del Parlamento de Canarias. 18. El Abogado del Estado present su escrito de alegaciones el da 19 de octubre de 1998 en el Registro General de este Tribunal, suplicando, de un lado, que se dictase Sentencia por la que se declarase la constitucionalidad de los preceptos impugnados en el recurso nm. 1453/98 y, de otro, que se procediese a acumular ste al que lleva el nm. 1000/98, dada la conexin objetiva existente entre ambos. Sobre el primer particular la desestimacin del recurso el Abogado del Estado reitera las alegaciones que hizo en el recurso de inconstitucionalidad nm. 1000/98, concluyendo igualmente que el impuesto especial sobre la electricidad ni vulnera el principio de franquicias sobre el consumo ni modifica el rgimen econmico y fiscal de Canarias. En segundo lugar, y con referencia a la naturaleza del informe previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin y en el art. 46.3 EACan, an reconociendo su carcter preceptivo, niega que sea vinculante, por lo que un informe negativo del Parlamento canario en nada afectara a la eficacia y constitucionalidad de la Ley. Dicho lo que antecede, aade el Abogado del Estado un argumento ms en sus alegaciones, esta vez en relacin con la afirmacin de que el apartado 3 de la disposicin transitoria decimonovena de la Ley 66/1997 invade la competencia autonmica prevista en el art. 30.32 del Estatuto de Autonoma, segn la redaccin dada por la Ley Orgnica 4/1996, pues distribuye el incremento del importe de la recaudacin del impuesto general indirecto canario aplicable a las labores del tabaco, cuando esa distribucin es una competencia normativa del Parlamento de Canarias. A juicio de esta representacin procesal, el precepto recurrido es una disposicin transitoria con efectos exclusivamente para 1998, que se publica en el BOE el ltimo da del ao 1997 y que tambin establece el nuevo tipo del impuesto que iba a generar el incremento de recaudacin, por lo que, ante estas circunstancias lo que el legislador estatal pretendi fue asegurar durante 1998 la eficacia plena del incremento del tipo del impuesto, procediendo a tal fin simultneamente a su distribucin. En caso contrario, poda haber ocurrido que la falta de normativa hubiera hecho imposible la efectividad y reparto del incremento de la recaudacin. Sin embargo, esta previsin garantizadora del legislador estatal fue totalmente innecesaria porque el Parlamento canario, adelantndose a la aprobacin definitiva del nuevo tipo, la incluy en su Ley de presupuestos para 1998 -la Ley 13/1997. En consecuencia, teniendo en cuenta las circunstancias expresadas y que los trminos de las Leyes estatal y autonmica son idnticos, concluye que la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3 de la Ley 66/97 es constitucional por no producir ninguna perturbacin o alteracin en el ejercicio de la competencia normativa autonmica. 19. El escrito de alegaciones de la representacin del Congreso de los Diputados tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el da 23 de octubre de 1998, suplicando que se dictase sentencia por la que se desestimase el recurso en lo que afecta a la infraccin del procedimiento parlamentario invocado, reiterando lo expuesto en el recurso de inconstitucionalidad nm. 1000/98, infraccin aquella que niega porque, aun cuando el informe previsto en la disposicin adicional
tercera de la Constitucin y en el art. 46.3 del Estatuto de Autonoma sea preceptivo, en modo alguno puede calificarse de vinculante u obstativo, sin perjuicio de la trascendencia poltica que pueda tener. Por medio de otros, solicit esta representacin procesal la acumulacin del presente recurso con el que lleva el nm. 1000/98, al amparo del art. 83 LOTC, dada la clara conexin de objetos y de planteamientos jurdicos. 20. Por providencia de la Seccin Primera de este Tribunal de 27 de octubre de 1998 se acord tener por solicitada, por parte del Abogado del Estado y del Letrado de las Cortes Generales personado en representacin del Congreso de los Diputados, la acumulacin del recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98 con el registrado con el nm. 1000/98, acordando igualmente or al Parlamento y al Gobierno de Canarias, promoventes de ambos recursos, as como al Letrado de las Cortes Generales personado en nombre del Senado, para que en el plazo de diez das alegasen lo que estimasen conveniente sobre dicha acumulacin. 21. Por sendos escritos registrados el da 7 de noviembre de 1998, tanto el Sr. Fernndez-Fontecha Torres, en nombre y representacin del Senado, como el Sr. Martnez de la Pea Gonzlez, en nombre y representacin del Parlamento de Canarias, manifestaron que no exista inconveniente alguno en la acumulacin interesada. Posteriormente, con fecha de 10 de noviembre de 1998 present su escrito el Sr. Orozco Muoz, en nombre y representacin del Gobierno canario, indicando igualmente su conformidad con la acumulacin solicitada. 22. Por Auto de 23 de marzo de 1999, este Tribunal, al amparo de lo dispuesto en el art. 83 LOTC, acord acumular el recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98 al registrado con el nm. 1000/98. 23. Por providencia de 29 de junio de 2004 se seal para deliberacin y votacin de la presente Sentencia el da 30 del mismo mes y ao. II. Fundamentos jurdicos 1. En los presentes recursos de inconstitucionalidad acumulados nms. 1000/98 y 1453/98 promovidos, respectivamente, por el Gobierno y el Parlamento de Canarias, se impugnan varios preceptos de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Tanto el Gobierno como el Parlamento de Canarias recurren el art. 7, apartado 2, de la citada Ley, que modifica el art. 3.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, porque, al extender a Canarias el mbito de aplicacin y exigibilidad del impuesto sobre la electricidad, estara vulnerando el principio de franquicia fiscal sobre el consumo, franquicia que formara parte integrante del rgimen econmico y fiscal canario y se encontrara garantizada tanto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin como en el art. 46 del Estatuto de Autonoma de Canarias, en la redaccin dada por la Ley Orgnica 4/1996, de 30 de diciembre (en adelante, EACan). Adems, el Gobierno canario considera que al haberse introducido en el territorio de Canarias el citado impuesto indirecto estatal, pese al informe desfavorable del Parlamento canario, se habra asimismo vulnerado la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.3 EACan, normas que impediran cualquier modificacin del rgimen econmico y fiscal canario que no contara con informe favorable. Por su parte, el Parlamento de Canarias recurre tambin el art. 9, apartados 1, 2, 6 y 10, y la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de la Ley
66/1997, por haberse aprobado contra la voluntad expresada por el Parlamento de Canarias. Imputa, adems, a la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de esa misma norma legal la invasin de la competencia autonmica prevista en los arts. 30.32 y 59 g) EACan, que tras la modificacin operada por la citada Ley Orgnica 4/1996, atribuyen a la Comunidad Autnoma de Canarias la competencia exclusiva para establecer los criterios de distribucin y porcentajes de reparto de los recursos derivados del rgimen econmico y fiscal de Canarias. El Abogado del Estado se opone a las anteriores objeciones. En primer lugar, porque, a su juicio, la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.1 EACan no impiden que el legislador estatal, en virtud de la potestad originaria para establecer tributos que le confiere el art. 133.1 CE, introduzca nuevos impuestos indirectos en el territorio de Canarias, sino que, nicamente, obliga a que en estos casos se someta el Proyecto a informe previo del Parlamento de Canarias. En segundo lugar, porque el principio de franquicias fiscales sobre el consumo que recoge el art. 46.1 EACan no puede interpretarse como una prohibicin absoluta al establecimiento de impuestos sobre el consumo, sino como la existencia de una tributacin sobre el consumo diferenciada y en algunos casos menor. En tercer lugar, porque, en tanto que el impuesto especial sobre la electricidad tiene vocacin nacional y no modifica las especialidades de Canarias, dicho impuesto ni vulnera el principio de franquicias sobre el consumo ni modifica el rgimen econmico y fiscal canario, razn por la cual, no resultaba preceptivo el informe previo del Parlamento canario, sino, en el peor de los casos, la audiencia prevista en el art. 46.4 EACan. En cuarto lugar, porque, en todo caso, conforme a la doctrina de este Tribunal, el informe tendra carcter preceptivo pero nunca vinculante. En ltimo lugar, en fin, considera el Abogado del Estado que el apartado 3 de la disposicin transitoria decimonovena de la Ley 66/1997, al establecer los criterios de reparto del incremento del importe de la recaudacin del impuesto general indirecto canario aplicable a las labores del tabaco, no vulnera la competencia autonmica prevista en el art. 30.32 EACan porque al haberse dictado cautelarmente, tener vigencia exclusiva para el ejercicio de 1998 y coincidir en trminos idnticos con la distribucin establecida en la Ley del Parlamento de Canarias 13/1997, no produce ninguna perturbacin o alteracin en el ejercicio de la normativa autonmica. Finalmente, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados limitan sus alegaciones a oponerse a la supuesta inconstitucionalidad de los preceptos impugnados por infraccin de las normas del procedimiento parlamentario. En este sentido, a juicio del Senado, la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda general y Deuda del Estado (art. 149.1.14 CE) es incompatible con la pretendida construccin de un rgimen de colaboracin necesaria de la Comunidad Autnoma de Canarias en el ejercicio de la potestad legislativa sobre la materia de su rgimen econmico y fiscal y, por tanto, con una pretendida naturaleza vinculante u obstativa del informe previo de la Comunidad Autnoma. Adems, el art. 90 CE prev un plazo concreto y taxativo para la tramitacin de los proyectos remitidos por el Congreso que no admite suspensiones, por lo que el informe del Parlamento canario debe situarse en la fase previa a la iniciacin del procedimiento, no siendo susceptible de ser emitido con carcter obligatorio en todas y cada una de las instancias posteriores del procedimiento legislativo. Por su parte, el Congreso de los Diputados destaca, de un lado, la falta de eficacia en la tramitacin parlamentaria del informe emitido, puesto que, habiendo sido requerido el Parlamento de Canarias con fecha de 26 de septiembre de 1997 para
que lo formulara, ste dej transcurrir todo el procedimiento legislativo y no emiti el mismo hasta el 19 de diciembre de 1997; y, de otro, que el informe previo que reclaman la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.3 EACan, tiene carcter preceptivo pero no vinculante, debiendo motivar las razones por las que se manifiesta una opinin favorable o desfavorable. 2. Antes de abordar las cuestiones de fondo es conveniente relatar la evolucin normativa que desde sus orgenes ha tenido el gravamen de la electricidad en el archipilago canario. A este respecto, hay que partir del art. 7 de la Ley de 28 de junio de 1898 de presupuestos del Estado para el ao econmico de 1898-1899, que cre, con carcter transitorio, un impuesto sobre el consumo de luz elctrica y luz de gas, a satisfacer por los consumidores y aplicable en todo el territorio nacional, impuesto que mantendra su vigencia hasta la reforma tributaria de 1964. Fue la Ley de 18 de marzo de 1900 la que dio carcter permanente a este impuesto transitorio, norma que fue desarrollada por el Real Decreto de 22 de marzo de 1900 (que aprobaba el Reglamento del impuesto sobre el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio). Posteriormente, la Ley de 12 de junio de 1911, sobre supresin del impuesto sobre consumos, sal y alcoholes, previ la posibilidad de que los Ayuntamientos de los Municipios en que fuese suprimido este impuesto establecieran un Recargo del impuesto del Estado sobre el consumo de gas y electricidad [art. 6 c)], para atender a las necesidades de sus presupuestos. Tras la reforma tributaria operada por la Ley de 16 de diciembre de 1940, por la que se creaban determinados impuestos indirectos sobre el consumo interior, que integraban lo que se denominara contribucin de usos y consumos, el impuesto sobre la electricidad continu aplicndose con total normalidad en todo el territorio nacional, Canarias incluida. As, tanto el art. 2 del Decreto de 28 de diciembre de 1945, por el que se aprobaba el texto refundido del libro I de la contribucin de usos y consumos (Reglamento sobre productos transformados), como el art. 1 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprobaba el texto refundido del libro II de la contribucin de usos y consumos (Reglamento sobre energa y primeras materias), prevean la aplicacin de esas Contribuciones a todo el territorio nacional, exigindose para el gas y la electricidad en el interior de la Pennsula, Islas Baleares y Canarias y plazas de soberana en Marruecos, pues slo el gravamen del consumo de carburo de calcio era nicamente aplicable en la Pennsula y Baleares. Posteriormente, el art. 76 de la Ley de 26 de diciembre de 1957, de presupuestos del Estado para el bienio econmico 1958-1959 y de modificacin de contribuciones e impuestos, convirti la anterior contribucin en el impuesto sobre el gasto (aplicable tambin en las Islas Canarias en su triple modalidad), y mantuvo la vigencia y aplicacin del impuesto sobre el gas y la electricidad en el archipilago canario. No es sino con la Ley 41/1964, de 11 de junio, de reforma del sistema tributario, con la que desaparece el citado tributo para todo el territorio nacional [en concreto, se suprime por el art. 238.1 e)]. Ahora bien, aunque el posterior Decreto 511/1967, de 2 de marzo, por el que se aprobaba el texto refundido de los impuestos especiales, exclua de su mbito de aplicacin el gravamen del consumo de la electricidad, sin embargo, la desaparicin del impuesto no supuso la del gravamen de dicho consumo, dado que se traslad al seno del impuesto general sobre el trfico de las empresas (texto refundido aprobado por Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre), el cual someta a tributacin, entre otros
hechos u operaciones, las ventas, suministros y entregas de cemento, cermica, vidrio, papel, cartn, cartulina, bandajes y electricidad [art. 16 E)]. Sin embargo, conforme al art. 229.2 de la Ley 41/1964, el art. 7.2 del Decreto 3314/1966 y el art. 7.2.B a) del Decreto 3361/1971, de 23 de diciembre, por el que se aprobaba el Reglamento del impuesto, este hecho imponible no era de aplicacin en Canarias, inaplicacin que sera ratificada luego por el art. 15 de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre rgimen econmico-fiscal de Canarias, pero que desaparecera por obra de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacin de los aspectos fiscales del rgimen econmico fiscal de Canarias, con la creacin del impuesto general indirecto canario, en cuyo art. 9 se establece, en todo caso, la sujecin al tributo de las operaciones que se realicen en el desarrollo de la actividad de distribucin de agua, gas, electricidad y energa trmica [apartado 9 b)]. Finalmente, ser la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la que recupere nuevamente como gravamen autnomo para todo el territorio nacional, Canarias incluida (art. 3 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales), el impuesto sobre la electricidad, como impuesto especial de fabricacin que grava la produccin de energa elctrica, con obligacin para el sujeto pasivo (el fabricante) de repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes del producto objeto del tributo (art. 14 Ley 38/1992). En suma, en la evolucin histrica expuesta es apreciable que la imposicin sobre la electricidad ha sido algo habitual en todo el territorio nacional desde el ao 1898 hasta 1964. No se corresponde con la realidad que este impuesto no haya constituido otra de las excepciones al rgimen de franquicias sobre el consumo a que se refiere el art. 46.1 EACan, pues no slo no ha carecido de eficacia normativa en Canarias, sino que fue uno de los tributos sobre consumos especficos de mayor potencialidad recaudatoria a lo largo del tiempo en que fue aplicado (junto con el impuesto sobre el alcohol, la cerveza, el papel, la fundicin y el transporte), como consta en los Registros de Intervencin de Caudales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 3. Tras esta breve sntesis de la evolucin normativa del gravamen sobre la electricidad en Canarias procede entrar, en primer lugar, en el anlisis de la constitucionalidad del art. 7, apartado 2, de la Ley 66/1997, precepto que da nueva redaccin al art. 3.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales. Como ya hemos sealado, segn el Gobierno y el Parlamento de Canarias, dicha norma, en tanto que incluye a las Islas Canarias en el mbito de aplicacin y exigibilidad del impuesto especial sobre la electricidad, que constituye un tributo que grava el consumo, podra entrar en contradiccin con la franquicia sobre el consumo que, a su juicio, garantiza la disposicin adicional tercera de la Constitucin en relacin con el art. 46.1 EACan, tras la modificacin operada por la Ley Orgnica 4/1996, de 30 de diciembre. Sustancialmente, entienden los recurrentes que la disposicin adicional tercera del texto constitucional establece la garanta institucional de un rgimen econmico y fiscal especial en las Islas Canarias; que esta garanta tiene un ncleo indisponible para el legislador estatal; que ese ncleo material indisponible para el legislador estatal se concreta en la previsin estatutaria del art. 46 EACan; y, finalmente, que el impuesto especial sobre la electricidad vulnera la franquicia sobre el consumo a que alude dicho precepto estatutario al constituir un impuesto estatal indirecto que grava un consumo especfico, dado que el reconocimiento de dicha franquicia implica la prohibicin de impuestos esta-
tales sobre el consumo, salvo cuando constituyan una fuente de financiacin de las haciendas canarias o sean consecuencia de la adaptacin del rgimen econmico y fiscal canario al Derecho comunitario, excepciones que no concurren en este caso. Planteada en estos trminos la controversia, es evidente que la cuestin objeto del presente proceso constitucional guarda estrecha similitud con la que constituy el objeto de los recursos de inconstitucionalidad nms. 893/93, 921/93 y 943-2000, y los conflictos positivos de competencia nms. 894/93, 3985/95 y 2170/97, acumulados, en relacin con la normativa reguladora del impuesto especial sobre determinados medios de transporte (Ley 38/1992, de 28 de diciembre), que han dado lugar a la reciente STC 16/2003, de 30 enero, cuya doctrina reiterbamos en la STC 62/2003, de 27 de marzo. As, ante todo, importa recordar: a) La disposicin adicional tercera de la Constitucin, interpretada a la luz de sus antecedentes parlamentarios, permite llegar a la conclusin de que contiene una norma que, partiendo de la existencia del rgimen econmico y fiscal de Canarias, incorpora a la evidente viabilidad constitucional de su modificacin por el Estado arts. 133.1 y 149.1, apartados 10, 13 y 14 CE la exigencia de un previo informe autonmico (STC 16/2003, FJ 4) b) Una interpretacin sistemtica de la invocada disposicin adicional tercera, por virtud del principio de unidad de la Constitucin que reiteradamente hemos declarado, expresa claramente la finalidad del rgimen econmico y fiscal canario y por consecuencia su carcter evolutivo: 1) Los elementos que integran el rgimen econmico y fiscal canario no exclusivamente fiscales son puros medios para conseguir un fin art. 138.1 CE, concretamente, la realizacin efectiva del principio de solidaridad atendiendo precisamente al hecho insular (STC 16/2003, FJ 5). 2) De ello deriva el sentido profundamente evolutivo del contenido del rgimen econmico y fiscal canario. Por una parte, el citado art. 138.1 CE no se refiere simplemente al hecho insular, sino a las circunstancias del hecho insular. Y si el hecho insular es perfectamente invariable, las circunstancias sociales y econmicas que lo rodean, no. De ello deriva el carcter fundamentalmente evolutivo del rgimen econmico y fiscal de Canarias. Hasta aqu, son los datos canarios los determinantes de la evolucin. Pero adems, el rgimen canario no vive aisladamente sino que se integra en un sistema general en el que el Estado, por exigencias del principio de solidaridad, ha de velar por el establecimiento de un equilibrio econmico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio espaol, equilibrio econmico en el que, sin duda, habr que ponderar, en cada momento, el hecho insular, pero tambin los datos relativos a las dems partes del territorio espaol, de suerte que el principio de solidaridad tambin opera en esta direccin, pues el equilibrio econmico entre las diversas partes del territorio espaol exige una contemplacin de las circunstancias no slo de Canarias, sino del resto de Espaa. El rgimen econmico y fiscal canario podr variar en funcin de las circunstancias especficas de Canarias y tambin como consecuencia de las circunstancias del resto del territorio espaol (STC 16/2003, FJ 5). Y es que, en definitiva, la virtualidad propia del principio constitucional de solidaridad, que aspira a unos resultados globales para todo el territorio espaol, recuerda la tcnica de los vasos comunicantes.
4. As, sobre la base de las reflexiones precedentes en torno a la disposicin adicional tercera de la Constitucin, concluamos en la STC 16/2003, FJ 7, que no resulta fcil extraer de este precepto la garanta de un contenido inalterable del rgimen econmico y fiscal de Canarias. Por un lado, ya hemos visto que frente a otros supuestos en los que la Constitucin (disposicin adicional primera) expresamente ampara y respeta derechos histricos y se refiere a la actualizacin de los mismos (SSTC 76/1988, de 26 de abril, y 159/1993, de 6 de mayo), aqulla se limita a requerir un informe previo de la Comunidad Autnoma para la modificacin del rgimen econmico y fiscal del archipilago canario. Y, por otro, tampoco es posible deducir la existencia de un lmite material rgido para el legislador estatal de la mera literalidad del apartado 1 del art. 46 EACan: el sentido instrumental del rgimen econmico y fiscal de Canarias, en cuanto medio para la realizacin efectiva del principio de solidaridad con el establecimiento de un equilibrio econmico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio espaol, determina que su resultado final haya de estar en funcin no slo de las circunstancias del hecho insular, sino tambin de las del resto de Espaa, lo que implica un carcter profundamente evolutivo. Ya ms concretamente, hemos precisado en la citada Sentencia (FJ 7) que la invocada franquicia fiscal sobre el consumo, en cuanto determinante de la exclusin de la imposicin estatal indirecta, no tiene un carcter absoluto recurdese cmo en Canarias se aplicaron la contribucin de usos y consumos de 1940 y el impuesto sobre el gasto de 1957, pues las franquicias recogidas en el art. 46.1 EACan operan, tal como ya se ha dicho, con la virtualidad propia de las directrices (STC 35/1984, de 13 de marzo, FJ 2), es decir, como rasgos bsicos del sistema. No poda ser de otra manera, si se tiene en cuenta la tan subrayada configuracin equilibradora del rgimen econmico y fiscal de Canarias. Y as resulta del propio Estatuto de Autonoma que, despus de haber establecido en su art. 46.1 las bases del rgimen econmico y fiscal canario concretamente las franquicias fiscales sobre el consumo, en plural, y no una pretendida franquicia fiscal, en singular, es decir, global sobre el consumo, con la evolucin del texto de su disposicin adicional segunda viene a poner de relieve la viabilidad de la aplicacin en Canarias de impuestos estatales sobre consumos especficos, que es, justamente el caso del impuesto especial sobre la electricidad. Y aadamos (FJ 8): aunque se entendiera que el rgimen econmico y fiscal de Canarias est cubierto por una garanta institucional, no cabra estimarla vulnerada. En efecto, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal sta no asegura un contenido concreto o un mbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservacin de una institucin en trminos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar [por todas, STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3, y tambin las SSTC 26/1987, de 27 de febrero, FJ 4 a); 76/1988, de 26 de abril, FJ 4; 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2; y 159/2001, de 5 de julio, FJ 4]. En efecto, como ha afirmado este Tribunal en reiteradas ocasiones, la garanta es desconocida cuando la institucin es limitada, de tal modo que se la priva prcticamente de sus posibilidades de existencia real como institucin para convertirse en un simple nombre. Tales son los lmites para su determinacin por las normas que la regulan y por la aplicacin que se haga de stas. En definitiva, la nica interdiccin claramente discernible es la ruptura clara y neta con esa imagen comnmente aceptada de la institucin que, en cuanto formacin jurdica, viene determinada en buena parte por las normas que en cada
momento la regulan y de la aplicacin que de las mismas se hace (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 38/1983, de 16 de mayo, FJ 6; 40/1988, de 19 de febrero, FJ 39; 76/1988, de 26 de abril, FJ 4; 159/1993, de 6 de mayo, FJ 6; 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2; y 159/2001, de 5 de julio, FJ 4). 5. Pues bien, un anlisis histrico del rgimen econmico y fiscal de Canarias permite afirmar que ste se ha caracterizado por un conjunto de medidas heterogneas, de naturaleza econmica y fiscal, de carcter evolutivo (STC 16/2003, FJ 5), que han ido adaptndose a las necesidades de cada momento, con el claro objetivo de impulsar el desarrollo econmico y social del archipilago. Pese a esta permanente evolucin, cabe identificar, sin embargo, algunos rasgos relacionados con la imposicin indirecta que se han venido manifestando de forma constante. En primer lugar, la concurrencia en el mbito territorial canario de impuestos indirectos tanto de mbito estatal como insular cuya materia imponible ha sido el consumo. En segundo lugar, la exclusin de determinados productos del mbito de esa imposicin indirecta. Y, en tercer lugar, la existencia de tributos destinados exclusivamente a la financiacin del archipilago canario. Ahora bien, como han puesto de manifiesto las exposiciones de motivos de las Leyes 20/1991, de 7 de junio, de modificacin de los aspectos fiscales del rgimen econmico y fiscal de Canarias, y 19/1994, de 6 de julio, de modificacin del rgimen econmico y fiscal de Canarias, la caracterstica fundamental de este rgimen, en su vertiente tributaria, ha sido la de mantener una presin fiscal indirecta, diferenciada y menor que en el resto del Estado (Ley 20/1991), y hoy tambin que en la Unin Europea (Ley 19/1994), mediante una estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los existentes en el resto del territorio nacional. Ya en este punto, hemos de sealar que, pudiendo identificarse como hemos dicho dentro del carcter evolutivo del rgimen econmico y fiscal canario un dato diferencial de tributacin con respecto al resto del territorio nacional presin fiscal indirecta menor, as como la existencia de tributos de mbito canario atribuidos en su recaudacin a la Comunidad Autnoma o a los Cabildos, nada de esto viene a quebrar el impuesto impugnado. En primer lugar, porque basta con analizar la normativa aplicable en Canarias en materia de imposicin indirecta para comprobar la existencia de ese elemento diferencial de tributacin. As, mientras que, al tiempo de interponerse los presentes recursos, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte se aplica a un tipo general del 12 por 100 [art. 70.1 a) Ley 38/1992], para Canarias se prev un tipo del 11 por 100 [art. 70.1 b) Ley 38/1992]; mientras que en el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas se estableca con carcter general un gravamen de 114.000 pesetas/hectolitro (art. 39 Ley 38/1992), para Canarias lo era slo de 89.204 pesetas/hectolitro (art. 23.6 Ley 38/1992); y, en fin, mientras el impuesto sobre el valor aadido tena unos tipos de gravamen del 4, 7 y 16 por 100 (arts. 90 y 91 Ley 37/1992), el impuesto general indirecto canario se aplicaba con unos tipos que oscilaban entre el 0, el 1 y el 3, el 3 y el 6, y el 8 y el 14 por 100, respectivamente (art. 27 Ley 20/1991). En segundo lugar, seguan existiendo tributos de aplicacin exclusiva en el archipilago canario, como eran el arbitrio sobre la produccin y la importacin (en la actualidad, arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en Canarias) y el impuesto general indirecto canario. Y en tercer lugar, para concluir, subsisten asimismo tributos destinados exclusivamente a la financiacin del archipilago canario: es el caso del impuesto especial sobre medios de transporte, dado que, de con-
formidad con el art. 74 de la Ley 38/1992, el rendimiento derivado de este impuesto en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias corresponde a la misma para su distribucin conforme a lo establecido en el art. 64 de la Ley 20/1991; tambin el del arbitrio sobre la produccin y la importacin, cuyo rendimiento se atribua por la disposicin adicional primera de la Ley 20/1991 a los Cabildos Insulares, para su distribucin entre las corporaciones locales canarias (actualmente en el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas, conforme a lo establecido en el art. 92 de la Ley 20/1991, tras la redaccin dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social); y, finalmente, del impuesto general indirecto canario, en el que el importe de la recaudacin se distribuye entre la Comunidad Autnoma de Canarias y los Cabildos Insulares, siendo la participacin del Cabildo distribuida posteriormente entre ste y los Ayuntamientos de su isla (art. 64 de la Ley 20/1991). 6. En definitiva, hemos de concluir, como hicimos en las SSTC 16/2003 (FJ 8) y 62/2003 (FJ 6), que el ncleo esencial del art. 46 EACan que el Gobierno y el Parlamento de Canarias consideran indisponible para el legislador estatal tiene, en realidad, como antes hemos destacado, una naturaleza evolutiva, esto es, ajustada a las necesidades sociales y econmicas de cada momento histrico, como lo pone de manifiesto, de un lado, la progresiva desaparicin de las franquicias aduaneras desde la integracin de Espaa en la Unin Europea y, de otra parte, la inexistencia de una pretendida franquicia total sobre el consumo, al menos con el sentido y extensin que los recurrentes pretenden. As, en la STC 62/2003, de 27 de marzo, FJ 6, advertamos: en efecto, como acertadamente ha sealado el Consejo Consultivo de Canarias (Dictamen 5/1986, de 28 de febrero), el rgimen econmico y fiscal no es por su propia esencia algo definible a priori, sino slo por referencia a un estado de opinin generalizado sobre el objeto y los fines de la indicada proteccin constitucional y estatutaria traducindose tal opinin en una imagen caracterstica que por su propia naturaleza es dinmica, evolutiva. sta es, adems, la postura manifestada por el propio Gobierno canario en el trmite de alegaciones abierto al amparo del art. 35.2 LOTC en orden al planteamiento de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad, donde afirm con rotundidad que pretender ... que la franquicia sobre el consumo ha de entenderse en sentido global, en cuanto exclusin en Canarias de todo impuesto que grave el comercio interior, resulta de todo punto improcedente pues dicha conclusin implicara que no sera aplicable en Canarias, con carcter absoluto, ningn impuesto indirecto que gravara el comercio interior de bienes, tanto ms cuanto un examen del acervo histrico del rgimen econmico y fiscal permite deducir que el principio de franquicia sobre el comercio interior se ha aplicado en sentido relativo o limitado respecto a la imposicin indirecta especial canaria. Y sobre la base del tan reiteradamente destacado sentido evolutivo del rgimen econmico y fiscal canario, hemos de concluir que el impuesto especial sobre la electricidad no ha alterado las caractersticas tradicionales del rgimen canario, que sigue subsistiendo en trminos recognoscibles dentro de las directrices trazadas en el art. 46.1 EACan. Cuestin distinta es la de que siendo el mencionado tributo un impuesto sobre el consumo resultase necesario el informe parlamentario previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin. Pero este es otro de los extremos debatidos al que nos referiremos seguidamente.
7. Reprocha tambin el Gobierno de Canarias al art. 7, apartado 2, de la Ley 66/1997, y el Parlamento de Canarias al art. 9, apartados 1, 2, 6 y 10, y a la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de la misma Ley, la vulneracin de la garanta procedimental de colaboracin establecida tanto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin como en el art. 46 EACan, dado que, sin tener en cuenta el carcter obstativo del informe desfavorable de Parlamento canario, la reforma sometida a dictamen fue aprobada por las Cortes Generales. El contenido de los preceptos impugnados puede sintetizarse as: a) el art. 7 de la Ley 66/1997 modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, creando un nuevo impuesto especial de fabricacin y, en concreto, un impuesto sobre la electricidad que, por disposicin expresa de su apartado 2 (que da nueva redaccin al apartado 1 del art. 3 de la Ley 38/1992) ser de aplicacin en todo el territorio nacional, Islas Canarias, Ceuta y Melilla incluidas; b) el art. 9 de la Ley 66/1997 modifica varios artculos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacin de los aspectos fiscales del rgimen econmico y fiscal de Canarias y, en concreto, algunos preceptos relativos al impuesto general indirecto canario, en lo que ahora importa, en sus apartados 1, 2, 6 y 10; y c) la disposicin transitoria decimonovena, apartado 3, de la Ley 66/1997, establece los porcentajes para la distribucin entre la Comunidad Autnoma, los Cabildos y los Ayuntamientos del incremento del importe de la recaudacin del impuesto general indirecto canario como consecuencia del aumento del tipo de gravamen aplicable a las labores del tabaco en dicho impuesto. Ya en este punto, es de sealar que, efectivamente, el informe exigido por la disposicin adicional tercera de la Constitucin y el art. 46.3 EACan fue reiteradamente recabado, primeramente, por el Gobierno de la Nacin el 19 de septiembre de 1997 con remisin de adendas al Anteproyecto el 26 de septiembre y el 3 de octubre siguientes, y con envo de la versin definitiva del Anteproyecto el 7 de octubre, despus por el Congreso de los Diputados el 7 de octubre de 1997 y, finalmente, por el Senado, con carcter de urgencia, el 15 de diciembre de 1997. Y emitidos los informes en sesiones plenarias de 22 de octubre y 19 de diciembre de 1997, tanto el Gobierno como el Parlamento canarios entienden que el sentido desfavorable de aqullos, por su carcter vinculante, es decir, obstativo en caso de disconformidad, impeda la aprobacin de los preceptos del Proyecto sometidos a consulta. Tanto el Abogado del Estado como las representaciones del Congreso y del Senado niegan tal virtualidad al informe desfavorable del Parlamento canario, no sin dejar constancia de la tardanza en la emisin del dictamen de 19 de diciembre de 1997, para subrayar que el informe debe producirse en un plazo parlamentariamente til. Y dado que la cuestin planteada ha sido ya resuelta por la STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 9, bastar con sintetizar su doctrina: a) La naturaleza vinculante del informe cuando sea desfavorable, a diferencia de su carcter preceptivo (STC 35/1984, de 13 de marzo, FJ 6), no resulta ni de la imagen de la institucin que tuvo ante s el constituyente (STC 215/2000, de 18 de septiembre, FJ 6), ni de la expresa diccin de los preceptos de la Constitucin y del bloque de la constitucionalidad repetidamente invocados. 1) En el primer sentido, y con el carcter de mera aproximacin a la cuestin, es de recordar que, como antes hemos indicado, la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre rgimen econmico-fiscal de Canarias, haba pre-
visto para su modificacin, el informe sobre los anteproyectos art. 30.1.d a emitir por la Junta Econmica Interprovincial de Canarias, rgano este de funcin consultiva y de propuesta art. 29, informe ste que obviamente no tena carcter vinculante. 2) Y, desde luego, este carcter no deriva de la disposicin adicional tercera de la Constitucin, que se limita a exigir el informe previo de la Comunidad Autnoma ni tampoco, frente a lo que seala el Gobierno canario, del art. 46.3 EACan que, lejos de calificar el informe como vinculante, nicamente exige una mayora de dos tercios para que pueda estimarse que la Comunidad Autnoma canaria comparte la modificacin pretendida, sin que la exigencia de dicha mayora predetermine la naturaleza del informe. b) Ciertamente, junto a dicho informe preceptivo para la modificacin del rgimen econmico y fiscal de Canarias, el art. 46.4 EACan ha previsto que el Parlamento canario deber ser odo en los proyectos de legislacin financiera y tributaria que afecten al rgimen econmico-fiscal de Canarias. Pero la coexistencia de estas dos figuras estatutariamente reguladas el informe del apartado 3 y la audiencia del apartado 4, ambos del art. 46 EACan no permite entender que el informe cuando es desfavorable resulta vinculante, pues esta conclusin vendra a desconocer el principio de supremaca de la Constitucin sobre el resto del ordenamiento jurdico, del que los Estatutos de Autonoma forman parte como norma institucional bsica de la Comunidad Autnoma que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurdico (art. 147.1 CE) (STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1): la competencia sobre el rgimen econmico y fiscal de Canarias corresponde, en exclusiva, al Estado, en virtud de los ttulos competenciales contenidos en los arts. 133.1, 149.1.10, 13 y 14 CE, preceptos que atribuyen al Estado las competencias sobre las materias a las que alude el art. 46.1 EACan (aduanas, comercio exterior y rgimen fiscal), y es evidente que si atribuyramos naturaleza vinculante al informe previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin a los efectos de establecer un nuevo impuesto o modificar uno ya existente, se estara no slo como seala el Abogado del Estado anulando la potestad originaria del Estado para establecer tributos prevista en el citado art. 133.1 CE, sino tambin concediendo un derecho de veto a la Comunidad Autnoma recurrente o, mejor dicho, a la minora de su Parlamento, pues bastara con 21 diputados de un total de 60 para bloquear cualquier iniciativa del Estado dirigida a modificar el rgimen econmico y fiscal de Canarias. En definitiva, como sealamos en la STC 191/1994, de 23 de junio (en relacin con el rgimen de los depsitos aduaneros) un informe preceptivo y vinculante equivaldra a una autorizacin y significara privar de su carcter exclusivo a esta competencia estatal (FJ 4).La dualidad de figuras jurdicas previstas en el art. 46.3 y 4 EACan, con su diferente rgimen jurdico, ha de proyectarse sobre el sistema de mayoras aplicable en el Parlamento canario, de suerte que, en lo que ahora importa, para que el informe del apartado 3 pueda resultar favorable ser necesaria la aprobacin de las dos terceras partes de sus miembros y, despus, ya en el mbito de las Cortes Generales, sern stas las que valoren, en su caso, la relevancia poltica a atribuir a la inexistencia de un informe favorable el propio Gobierno canario destaca que el informe es un acto poltico, derivado bsicamente del rgano del que emana, y no puramente tcnico. En suma, habindose dado cumplimiento al tramite previsto en la disposicin adicional tercera de la Constitucin y en el art. 46.3 EACan, y no teniendo el informe emitido por el Parlamento de Canarias los efectos vin-
culantes pretendidos por los recurrentes, no puede estimarse este motivo del recurso. 8. Queda por examinar, finalmente, la vulneracin que el Parlamento de Canarias imputa al apartado 3 de la disposicin transitoria decimonovena de la Ley 66/1997, y que se refiere a la invasin de la competencia autonmica prevista en los arts. 30.32 y 59 g) del Estatuto de Autonoma de Canarias, preceptos que tras la modificacin operada por la Ley Orgnica 4/1996, de 30 de diciembre, atribuyen a esta Comunidad Autnoma la competencia exclusiva para establecer los criterios de distribucin y porcentajes de reparto de los recursos derivados del rgimen econmico y fiscal de Canarias. Y a este respecto es de sealar: a) El art. 30 EACan prescribe que la Comunidad Autnoma de Canarias, de acuerdo con las normas del presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: ... 32. El establecimiento de los criterios de distribucin y porcentajes de reparto de los recursos derivados del Rgimen Econmico y Fiscal de Canarias, y el art. 59 EACan dispone que se regularn necesariamente mediante ley del Parlamento canario las siguientes materias: ... g) Los criterios de distribucin y porcentajes de reparto de los recursos derivados del rgimen econmico-fiscal de Canarias. Ha de advertirse que estos preceptos, en la redaccin transcrita, entraron en vigor el da 31 de diciembre de 1996 (disposicin final nica de la citada Ley Orgnica 4/1996). b) Por su parte, el apartado 3 de la disposicin transitoria decimonovena de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece el reparto en Canarias de los ingresos derivados del aumento del tipo de gravamen en el impuesto general indirecto canario aplicable a las labores del tabaco, en los siguientes trminos: 3. El incremento del importe de la recaudacin del impuesto general indirecto canario obtenido por las importaciones y entregas interiores de labores de tabaco rubio y de sucedneos del tabaco sobre el importe que se hubiera obtenido aplicando el tipo impositivo del 20 por 100, se distribuir de la forma siguiente: a) El 95 por 100 corresponder a la Comunidad Autnoma de Canarias; b) El 5 por 100 restante corresponder a los Cabildos Insulares. La distribucin de este porcentaje a los Cabildos Insulares y a los Ayuntamientos de sus Islas respectivas se realizar conforme a lo dispuesto en la letra b) del art. 64 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificacin de los Aspectos Fiscales del Rgimen Econmico-Fiscal de Canarias. El Abogado del Estado alega que esta disposicin estatal tena un carcter puramente transitorio en previsin de que no se dictase norma autonmica reguladora de la distribucin del incremento de la recaudacin derivado de la elevacin del tipo impositivo. Se tratara, as, de una normativa supletoria. Pero atribuida, como hemos visto, a la competencia exclusiva de la Comunidad Autnoma la fijacin de los criterios de distribucin de los recursos del rgimen econmico y fiscal canario, ha de recordarse que nuestra doctrina nos ha llevado a considerar viciadas de incompetencia y, por ello, nulas, las normas que el Estado dicte con el nico propsito de crear Derecho supletorio del de las Comunidades Autnomas en materias que sean de la exclusiva competencia de stas (SSTC 147/1991, de 4 de junio, FJ 7, 118/1996, de 27 de junio, FJ 6, y 61/1997, de 20 de marzo, FJ 12), siendo de aadir: a) que ya el art. 64 de la Ley 20/1991, no slo haba atribuido el rendimiento del impuesto general indirecto canario a la Comunidad Autnoma de Canarias, sino que procedi a distribuir el importe de la recaudacin lquida derivada del mismo entre la propia Comu-
nidad Autnoma (el 50,35 por 100) y los Cabildos Insulares (el otro 49,65 por 100 restante), distribuyendo estos ltimos la parte que les corresponda con los Ayuntamientos de su isla (60 por 100 para los Cabildos y 40 por 100 para los Ayuntamientos); y b) que, ms concretamente, la disposicin adicional decimoquinta de la Ley de Canarias 13/1997, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autnoma para 1998, prevea que si por ley estatal se procediera a la modificacin para 1998 de los tipos del impuesto general indirecto canario aplicable a las labores del tabaco, el incremento del importe de la recaudacin del citado impuesto obtenido por las importaciones y entregas interiores de labores de tabaco rubio y de sucedneos del tabaco sobre el importe que se hubiera obtenido aplicando el tipo impositivo del 20 por 100, se distribuir de la siguiente forma: a) El 95 por 100 corresponder a la Comunidad Autnoma de Canarias; b) El 5 por 100 restante corresponder a los Cabildos Insulares. La distribucin de este porcentaje a los Cabildos Insulares y a los Ayuntamientos de sus Islas se realizar conforme a lo dispuesto en la letra b) del artculo 64 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificacin de los Aspectos Fiscales del Rgimen Econmico Fiscal de Canarias. En conclusin, si desde la aprobacin de la Ley Orgnica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgnica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonoma de Canarias, que entr en vigor el da 31 de diciembre de 1996, corresponde al Parlamento de Canarias conforme al nuevo art. 59 g) EACan la regulacin por ley del establecimiento de los criterios de distribucin y porcentajes de reparto de los recursos derivados del rgimen econmico y fiscal de Canarias, materia esta que, segn el art. 30.32 EACan, en la nueva redaccin dada por aquella Ley Orgnica, pasa a ser desde esa fecha competencia exclusiva de la Comunidad Autnoma de Canarias, siendo el impuesto general indirecto canario uno los recursos derivados del rgimen econmico y fiscal canario, al tratarse de un impuesto estatal indirecto atribuido en su totalidad a la financiacin de la hacienda canaria, resulta claro que es a la Comunidad Autnoma de Canarias y no al Estado a quien corresponde el ejercicio de la competencia (competencia en virtud de la cual el Parlamento de Canarias ha dictado recientemente la Ley 9/2003, de 3 de abril, de medidas tributarias y de financiacin de las haciendas territoriales canarias). Sentado esto, debe concluirse que, dado que el Estado carece de la competencia desde el da 31 de diciembre de 1996 para regular los criterios de distribucin y porcentajes de reparto de los recursos derivados del rgimen econmico y fiscal de Canarias, el apartado 3 de la disposicin transitoria decimonovena de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, debe ser declarado inconstitucional y nulo. FALLO En atencin a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIN DE LA NACIN ESPAOLA, Ha decidido 1.o Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98 planteado por el Parlamento de Canarias, declarando inconstitucional y nulo el apartado 3 de la disposicin transitoria decimonovena de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 2.o Desestimar el recurso de inconstitucionalidad nm. 1453/98 en todo lo dems.
3.o Desestimar el recurso de inconstitucionalidad nm. 1000/98 promovido por el Gobierno de Canarias, contra el art. 7.2 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Publquese esta Sentencia en el Boletn Oficial del Estado. Dada en Madrid, a treinta de junio de dos mil cuatro.Mara Emilia Casas Baamonde.Guillermo Jimnez Snchez.Vicente Conde Martn de Hijas.Javier Delgado Barrio.Elisa Prez Vera.Roberto Garca-Calvo y Montiel.Eugeni Gay Montalvo.Jorge Rodrguez-Zapata Prez.Ramn Rodrguez Arribas.Pascual Sala Snchez.Manuel Aragn Reyes.Pablo Prez Tremps.Firmado y rubricado.
13901 Pleno. Sentencia 110/2004, de 30 de junio
de 2004. Cuestin de inconstitucionalidad 4891/1999. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia balear, respecto del art. 6.5 de la Ley de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears 5/1996, de 18 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Vulneracin del derecho a la igualdad en la ley: diferencias retributivas del personal transferido a una Comunidad Autnoma. Nulidad de precepto autonmico.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doa Mara Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jimnez Snchez, don Vicente Conde Martn de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doa Elisa Prez Vera, don Roberto Garca-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodrguez-Zapata Prez, don Ramn Rodrguez Arribas, don Pascual Sala Snchez, don Manuel Aragn Reyes y don Pablo Prez Tremps, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En la cuestin de inconstitucionalidad 4891/99, promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, respecto del art. 6.5 de la Ley de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears 5/1996, de 18 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, en la medida en que dicha disposicin pudiera contravenir lo previsto en los arts. 14 y 37.1 CE. Han intervenido el Fiscal General del Estado y el Letrado de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martn de Hijas, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El da 23 de noviembre de 1999 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears al que se acompaa el Auto de la referida Sala, de 29 de septiembre de 1999, en el que se acuerda plantear cuestin de inconstitucionalidad en relacin con el art. 6.5 de la Ley de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears 5/1996, de 18 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (publicada en el BOIB 162, de 31 de diciembre de 1996), por su posible contradiccin con los arts. 14 y 37.1 CE.
2. La cuestin trae causa de los autos de proceso de conflicto colectivo nm. 14/98 promovido por la Confederacin Sindical de Comisiones Obreras contra la Comunidad Autnoma de las Illes Balears, solicitando se condenase a sta a aplicar al personal laboral transferido del INSERSO (Instituto Balear de Asuntos Sociales) la homologacin retributiva del personal laboral de la Comunidad Autnoma desde el da 1 de enero de 1998, sin practicarle los descuentos a que hace referencia el art. 6.5 de la Ley de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears 5/1996, de 18 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Celebrada la vista del juicio oral, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, por providencia de 27 de octubre de 1998, acord or a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por el trmino comn de diez das, sobre la pertinencia de plantear cuestin de inconstitucionalidad respecto al art. 6.6 de la Ley 5/1996, de 18 de Diciembre de la Comunidad Autnoma de Las Illes Balears, de medidas tributarias y administrativas, por cuanto dicho precepto, cuya aplicacin a la cuestin litigiosa es de relevancia crucial, puede ser contrario a los arts. 14 y 37.1 de la Constitucin, al proclamar el principio de igualdad ante la Ley y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Evacuado el trmite de alegaciones conferido, el Ministerio Fiscal y la representacin procesal de la Confederacin Sindical de Comisiones Obreras estimaron pertinente el planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad, referido a la compatibilidad del art. 6.5 de la citada Ley regional y no 6.6 como se indicaba en la citada providencia con los arts. 14 y 37.1 CE. El Letrado de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears se opuso a que la cuestin fuera promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. Seala, con carcter preliminar, que la providencia hace referencia a un precepto errneo (art. 6.6 de la Ley regional 5/1996) y que no fundamenta adecuadamente los motivos que llevan al rgano judicial a plantear la cuestin de inconstitucionalidad, lo que genera indefensin. El Letrado considera que el art. 6.5 del mismo cuerpo normativo no desconoce el principio de igualdad, siendo nicamente aplicable cuando el personal transferido recibe mayores retribuciones que las obtenidas hasta el momento. La norma se explica por la evidente necesidad de contemplar las transferencias como un fenmeno global y con repercusiones de todo tipo sobre la estructura de la Comunidad Autnoma, asegurando el trnsito del personal sin quiebra tcnica de los recursos econmicos de la Comunidad Autnoma hacia la plena equiparacin con el personal propio. Atendiendo al supuesto de hecho regulado por el art. 6.5 de la Ley regional 5/1996, y a la jurisprudencia constitucional en la materia (STC 88/1991, FJ 2), debe ser confirmada su validez, dado que su contenido es racional y razonable. La normativa cuestionada tampoco lesiona el art. 37.1 CE, ya que el convenio colectivo es una norma jurdica subordinada a la Ley (SSTC 92/1994), incluso si sta es posterior (STC 210/1990). 3. En el Auto de planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad el rgano judicial proponente realiza, en sntesis, las siguientes consideraciones: a) Por Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre, fueron transferidas a la Comunidad Autnoma de las Illes Balears las funciones correspondientes a los centros, servicios y establecimientos del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) situados en la Comunidad Autnoma, lo que determin que el personal laboral adscrito a los centros de trabajo transferidos pasara a depender de la referida Comunidad Autnoma, en los trminos previstos en el Estatuto de Autonoma y dems
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