Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-242-16.htm
Timestamp: 2019-04-22 23:55:07+00:00

Document:
T-242-16
3. El 3 de septiembre de 2015 la Federación Colombiana de Patinaje emitió un comunicado suscrito por su presidente en el que estableció que la actividad desarrollada por la Liga Capitalina es ilegal[1]. Específicamente, el documento mencionado informa lo siguiente:
4. Del mismo modo, mediante comunicado del 3 de septiembre de 2015, el presidente de la Liga de Patinaje de Bogotá hizo "(…) saber que los deportistas que pertenecen al registro de la Liga de Patinaje de Bogotá, y que forman parte del proceso de Selección Bogotá, que contuen [sic] participando en el campeonato denominado Liga Capitalina, serán excluidos del proceso."[2]
En consecuencia, pide que se ordene: (i) a la Federación Colombiana de Patinaje, que revoque el comunicado del 3 de septiembre de 2015, mediante el cual se califica como ilegal la actividad denominada Liga Capitalina y se advierte sobre la adopción de medidas sancionatorias a quienes la practican; (ii) a la Federación Colombiana de Patinaje y a la Liga de Patinaje de Bogotá, a) que se abstengan de iniciar cualquier acción de carácter disciplinario contra los deportistas que participan de esta actividad, b) que permitan el desarrollo de la actividad privada denominada “Liga Capitalina de Hockey SP”, y c) que en adelante la actividad de la Liga Capitalina de Hockey esté incluida dentro del calendario de la Federación; y (iii) compulsar copias para que se investigue la actuación del presidente de la Federación Colombiana de Patinaje[3].
Mediante auto del 15 de septiembre de 2015[4], el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de autoridades accionadas, a la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá.
Mediante escrito del 18 de septiembre de 2015[5], el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje manifestó que la actividad que se ha denominado 'Liga Capitalina' no es un espacio de esparcimiento como lo manifiesta el accionante, pues "(...) está conformada por deportistas de alto rendimiento que aspiran a pertenecer a la Selección Colombiana de Hockey S.P. y que pertenecen a los clubes oficiales Mimbre del Quindío, Drapeg Tolima, Corazonista e Internacional Bogotá, que a su vez pertenecen a las Ligas de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Bogotá, que desde luego se encuentran afiliadas a la Federación. Los cuales se reúnen con el fin de competir y realizar prácticas los fines de semana de manera paralela a lo programado en el calendario oficial"[6].
De otra parte, indicó que el actor cuenta con mecanismos de defensa distintos de la tutela para controvertir la actuación de la entidad, pues "(…) basta con que el accionante agote el conducto regular establecido para la realización de la actividad en comento”.[7]
Mediante escrito radicado ante el juez de instancia el 18 de septiembre de 2015[8], el presidente de la Liga de Patinaje de Bogotá manifestó que la práctica deportiva debe desarrollarse de conformidad con "(...) normas preestablecidas orientadas a fomentar valores morales, cívicos y sociales que faciliten la participación ordenada en la competición y promoción del juego, y a su vez, permitan establecer las responsabilidades de quienes participan en los eventos, directa o indirectamente, esto en la medida que las actividades deportivas y recreativas comportan derechos y deberes con la comunidad que implican la observancia de normas mínimas de conducta.|| El Estado tiene en consecuencia la obligación de asegurar que la práctica deportiva se realice de conformidad con los principios legales para alcanzar los objetivos educativos y socializadores."[9]
En sentencia del 28 de septiembre de 2015[10], el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró improcedente la tutela, en consideración a que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ni se probó que existiera alguna circunstancia que comportara la inminencia de un perjuicio irremediable.
2. Mediante oficio recibido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 28 de abril de 2016[11], suscrito por el Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, la entidad informó a esta Corporación:
e) Que mediante sentencia del 23 de septiembre de 2015[12], el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá concedió el amparo de los derechos al deporte y al libre desarrollo de la personalidad de Luis Fernando Castillo Calderón y, en consecuencia, ordenó al presidente de la Liga Colombiana de Patinaje: (i) que dejara “(…) sin valor y efecto el comunicado con el Asunto ‘REALIZACIÓN EVENTO DE HOCKEY SP SIN AVAL OFICIAL’ fechado 03 de septiembre de 2013 [sic], dirigido a las Ligas y Clubes de Bogotá y Cundinamarca, lo cual deberá acreditar tanto al actor como a este Despacho judicial, y en consecuencia, deberá abstenerse de hacer efectivas las sanciones allí anunciadas”; y (ii) que permitiera la realización del evento siempre y cuando en éste los participantes no representaran ni usaran el nombre de las diferentes ligas, la Federación, o la República de Colombia.
f) Que en cumplimiento de las órdenes proferidas por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, la presidencia de la Federación Colombiana de Patinaje profirió el comunicado del 6 de noviembre de 2015[13], mediante el cual la entidad dejó sin valor el comunicado del 3 de septiembre del mismo año e indicó que permitiría la realización del evento Liga Capitalina, siempre y cuando en éste no se representara a las diferentes ligas de patinaje, a la Federación Colombiana de Patinaje o a la República de Colombia.
Adicionalmente, en la referida comunicación se aclaró que el evento Liga Capitalina no es oficial, y en consecuencia, “(…) para participar en un evento deportivo nacional o internacional de patinaje de carácter no oficial y que implique representar bien sea a la Federación, sus afiliados o en nombre de ésta al país, en calidad de deportista, técnico (entrenador, preparador físico), autoridad de juzgamiento (juez, calculador) y/o dirigente, se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto se regulan en el referido acuerdo.”[14]
g) Que la Federación impugnó el fallo de primera instancia y mediante sentencia del 10 de noviembre de 2015[15], el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá (i) adicionó la decisión del a quo, en el sentido de precisar que la Federación se debía abstener de imponer sanciones al actor, “hasta tanto se garantice su derecho de defensa y debido proceso”; y (ii) modificó la decisión, en relación con la orden consistente en permitir la realización del evento en cuanto a todos sus participantes, y estableció que esta autorización se refería solamente a la participación particular del accionante (Luis Fernando Castillo), siempre y cuando éste no representara ni usara el nombre de las diferentes ligas, la Federación, o la República de Colombia.
3. Mediante oficio recibido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 28 de abril de 2016[16], el presidente de la Liga de Patinaje de Bogotá, informó lo siguiente:
4. De otra parte, el 4 de mayo de 2016 el abogado Conrado Arnulfo Lizarazo Pérez, radicó un escrito ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, en el que manifestó actuar como tercero interesado en este proceso. En particular, el señor Lizarazo solicitó a la Corte Constitucional “ordenar la unificación” de nueve procesos de tutela que tienen identidad fáctica con la presente acción[17].
8. La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.[18]
9. La presente tutela se interpone contra la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá, entidades que de conformidad con los Decretos 2845 de 1984 -artículos 11 y 14-[19] y 1228 de 1995 -artículos 7 y 11-[20], y la Ley 181 de 1995 -artículo 51-[21], son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, y tienen a su cargo organizar y administrar, a nivel nacional y territorial, respectivamente, el patinaje, y en particular el deporte de hockey sobre patín.
11. Ahora bien, en relación con la legitimación de la Liga de Patinaje de Bogotá, la Sala observa que en el trámite de esta tutela la Federación Colombiana de Patinaje indicó que el accionante pertenece al Club Búfalos de Cundinamarca[22] y la Liga de Patinaje de Bogotá informó que está vinculado al Club D'rapeg del Tolima[23]. La contradicción mencionada evidencia que no se tiene certeza sobre la asociación del accionante a algún club o liga.
Sin embargo, de las intervenciones de la Liga de Patinaje de Bogotá se demuestra que la comunicación mediante la cual informó que la actividad desarrollada por la Liga Capitalina S.P. era ilegal, fue enviada a todos los clubes, de manera que el concepto de la Liga de Patinaje de Bogotá puede tener efectos en la vinculación del actor a cualquiera de estas organizaciones (incluida aquella entidad, la cual no controvirtió su legitimación pasiva en este proceso). Lo anterior ocurre porque al calificar la actividad desarrollada por el accionante como ilegal, la Liga de Patinaje de Bogotá pone en riesgo su vinculación actual o futura a cualquier club porque indica que la actividad que el accionante desarrolla en su tiempo libre puede acarrear su exclusión de los certámenes en los que participan los clubes[24].
Del texto de la norma se evidencia que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia.[25]
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración a las características procesales del mecanismo y al derecho fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.[26]
Del mismo modo, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, “(…) lo que resulta indispensable para la existencia del acto administrativo, es que se trate de una manifestación unilateral de voluntad de la Administración en ejercicio de función administrativa, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas generales –actos administrativos de carácter general -, o particulares e individuales -actos administrativos de carácter particular-.” (Negrillas fuera del texto)[27].
19. En un principio, la Corte Constitucional estableció que por tratarse de un derecho económico social y cultural, el deporte no era fundamental por sí mismo, sino por estar en conexidad con los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.[28]
No obstante, esta Corporación se ha referido a la naturaleza jurídica de esta garantía, y ha determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo[29]. Lo anterior se fundamenta en las siguientes razones: (i) a la luz de los instrumentos internacionales que consagran las obligaciones del Estado colombiano, todos los Derechos Humanos deben ser garantizados; (ii) la adopción del modelo de Estado Social de Derecho, conlleva el reconocimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales como fundamentales[30]; (iii) todos los derechos comprenden tanto mandatos de abstención, como de prestación y ello no es óbice para negar su naturaleza fundamental[31]; (iv) es común a todos los derechos constitucionales cierto grado de indeterminación; y (v) una cosa es la naturaleza del derecho y otra su eficacia, por lo que un derecho fundamental puede tener distintos grados de eficacia.
20. Esta Corporación ha determinado que tanto el deporte como la recreación, son actividades propias del ser humano que resultan indispensables para su evolución y desarrollo, tanto a escala personal como social. En particular, el deporte es un instrumento para la adaptación del individuo al medio en que vive, constituye un mecanismo facilitador en su proceso de crecimiento y formación integral, e impulsa las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales.[32]
Así pues, el deporte y la recreación son garantías que permiten que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones dentro de un marco participativo.[33]
21. De otra parte, la Corte Constitucional ha precisado que el deporte es una actividad que tiene múltiples dimensiones, esto es, como un espectáculo, una forma de realización personal, una actividad laboral y una empresa. El carácter polisémico del deporte, implica también que su ejercicio se relacione con diversos derechos, así: “1. tiene carácter formativo y educativo tanto en su faceta recreativa como competitiva; 2. la opción por una concreta práctica deportiva, en el nivel aficionado o profesional, corresponde a una decisión del sujeto que encuentra amparo en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; 3. el derecho de libre asociación se encuentra en la base de las organizaciones deportivas creadas por los particulares con el objeto de promover y regular la práctica social e individual del deporte; 4. adicionalmente, el ejercicio del deporte, en cualquiera de sus ramos, por su valor formativo para la personalidad, no es ajeno a la educación como derecho y como servicio público.”[34]
22. Además, el derecho fundamental al deporte constituye una actividad de interés público y social, cuyo ejercicio, tanto a escala aficionada como profesional, se debe guiar por normas preestablecidas que faciliten la participación ordenada en la competición y promoción del juego y, a su vez, permitan establecer las responsabilidades de quienes participan directa e indirectamente en tales eventos.[35]
23. En otro orden de cosas, esta Corporación se ha referido a las asociaciones deportivas, y ha determinado que la relación entre éstas y el Estado, “(…) se desenvuelve en torno de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra, de la inspección vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas organizaciones están llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de las personas.” (Negrillas fuera del texto).[36]
26. El Decreto Ley 2845 de 1984[37], previó distintos organismos deportivos, tales como clubes, ligas y federaciones, y determinó que aquellos cumplen funciones de interés público y social, y están constituidos para organizar administrativa y técnicamente el deporte que les corresponda, con la participación de deportistas aficionados o profesionales, o con ambos. Además, tal normativa estableció la estructura de estas entidades, y en particular previó la existencia de órganos de dirección, administración, control y de disciplina deportiva[38].
27. Por su parte, la Ley 181 de 1995[39], creó el Sistema Nacional del Deporte, entendido como el conjunto de organismos articulados entre sí, con el objetivo de “generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte”[40].
La organización del Sistema Nacional del Deporte dispuesta por la ley corresponde a la división política del territorio nacional e incluye, a nivel municipal, a los clubes deportivos, promotores y profesionales; a nivel departamental, a las ligas y asociaciones deportivas departamentales y del Distrito Capital; y a nivel nacional, a los Comités Olímpico y Paralímpico[41] nacionales y las Federaciones Deportivas.
28. La misma normativa determina que el Sistema Nacional del Deporte se rige por distintos principios[42], de los cuales resultan relevantes para el caso los siguientes:
En particular, la normativa en cita regula el deporte asociado, definido como el “(…) conjunto de entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente, con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte competitivo, de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.”[43]
30. En desarrollo de la norma anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 1228 de 1995[44], que en términos generales estableció la estructura de los organismos deportivos y la competencia de COLDEPORTES en relación con las funciones de inspección, vigilancia y control de los organismos deportivos y demás entidades del Sistema Nacional del Deporte.
Así pues, no es admisible que los derechos constitucionales de los deportistas queden supeditados a las decisiones empresariales adoptadas por los clubes, ligas y federaciones, “(…) no sólo porque se desconocería la primacía de la Constitución y de los derechos de la persona (CP arts 4 y 5), sino porque se estaría permitiendo un prohibido abuso de posición dominante de parte de esas asociaciones (CP art. 334)”.[45]
Así pues, el derecho de asociación posee una doble dimensión, “[u]na que se manifiesta mediante la integración o el acceso a una organización conformada con cualquiera de esos propósitos y otra que se manifiesta negándose a hacer parte de una organización determinada o desvinculándose de ella. Las dos facultades han sido objeto de reconocimiento constitucional pues constituyen un legítimo ejercicio tanto de la cláusula general de libertad como de las libertades de pensamiento, expresión y reunión.”[46]
34. La Corte Constitucional[47] se ha referido al derecho a la libertad de asociación y su relación con el derecho al deporte, y ha determinado que, en razón a que el derecho de asociación es social y en principio no es válido que la ley cree directamente asociaciones privadas, sí puede promocionar su desarrollo.
Particularmente, en la sentencia C-802 de 2000[48] la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 7º del Decreto 1228 de 1995[49] y determinó que las personas deben gozar de la oportunidad de organizarse y asociarse espontáneamente con miras a estimular las prácticas deportivas, preparar física y técnicamente a los jóvenes, promocionar certámenes en los que pueda participar la comunidad y desarrollar las formas de recreación y uso del tiempo libre.
Desconocimiento de los derechos al deporte y a la libertad de asociación en el caso concreto
En particular, el Acuerdo N° 001 del 31 de marzo de 2015, “[p]or medio del cual se reglamenta la participación de deportistas, técnicos (entrenadores, preparadores físicos) autoridades de juzgamiento (jueces, calculadores) y/o dirigentes en eventos OFICIALES y NO OFICIALES”[50] establece lo siguiente:
40. De otra parte, cabe agregar que tal y como se estableció en el fundamento jurídico 19 de esta providencia, el derecho al deporte se relaciona con otros, de los cuales para este caso resulta relevante el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, el accionante tiene derecho a escoger, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, las actividades que desarrolla por fuera de sus prácticas como miembro de las organizaciones accionadas. Lo anterior se deriva de la autonomía para gobernar su propia existencia y construir su plan de vida.[51]
44. Esta Corporación ha considerado que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando al momento de proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio origen a la solicitud de amparo, ha cesado, pues desaparece toda posibilidad de amenaza o vulneración a los derechos fundamentales. En este sentido, cuando hay carencia de objeto la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir alguna orden dirigida a proteger el derecho fundamental invocado.[52]
En efecto, la presidencia de la Federación Colombiana de Patinaje profirió el comunicado del 6 de noviembre de 2015[56], mediante el cual la entidad dejó sin valor el comunicado del 3 de septiembre del mismo año e indicó que permitiría la realización del evento Liga Capitalina, siempre y cuando en éste no se representara a las diferentes ligas de patinaje, a la Federación Colombiana de Patinaje o a la República de Colombia.
Adicionalmente, en la referida comunicación se aclaró que el evento Liga Capitalina no es oficial, y en consecuencia, “(…) para participar en un evento deportivo nacional o internacional de patinaje de carácter no oficial y que implique representar bien sea a la Federación, sus afiliados o en nombre de ésta al país, en calidad de deportista, técnico (entrenador, preparador físico), autoridad de juzgamiento (juez, calculador) y/o dirigente, se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto se regulan en el referido acuerdo.”[57]
- La Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá desconocen los derechos fundamentales al deporte y al libre desarrollo de la personalidad, cuando censuran la práctica del deporte de sus asociados por desarrollarse en escenarios distintos del Sistema Nacional del Deporte.
- La Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá desconocen el derecho fundamental a la libertad de asociación, cuando amenazan a sus deportistas con el fin de evitar que pertenezcan a otras asociaciones que no hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.
[1] Folios 8-9, Cuaderno de Única Instancia.
[2] La comunicación de la Liga de Patinaje de Bogotá se encuentra a folio 7 del Cuaderno de Única Instancia.
[3] El accionante no identifica cuál es la entidad encargada de investigar la actuación del Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje.
[4] Folio 13, Cuaderno de única instancia.
[5] La contestación de la Federación Colombiana de Patinaje, se encuentra a folios 16-26 ibídem.
[6] Folio 20, Cuaderno de única instancia.
[7] Folio 23, Cuaderno de única instancia.
[8] La respuesta de la Liga de Patinaje de Bogotá se encuentra a Folios 27-30 ibídem.
[9] Folio 27, Cuaderno de única instancia.
[10] Folios 55-67, ibídem.
[11] La contestación de la Federación Colombiana de Patinaje y sus anexos se encuentran a folios 23-117 del Cuaderno de revisión.
[12] A folios 77-87 del Cuaderno de revisión se encuentra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015, por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, en el proceso identificado con el número de radicado 11001410500120150016300.
[13] A folios 89-90 del Cuaderno de revisión se encuentra el comunicado del 6 de noviembre de 2015.
[14] Folio 89 Ibídem.
[15] A folios 93-107 del Cuaderno de revisión se encuentra la sentencia del 10 de noviembre de 2015, proferida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá.
[16] La contestación de la Liga de Patinaje de Bogotá se encuentra a folios 118-120 del Cuaderno de revisión.
[17] Se identifican como accionantes en los procesos referidos las siguientes personas: David Antonio Lizarazo Álvarez, Daniel Lizarazo Álvarez, Santiago Carrascal Álvarez, Luis Fernando Castillo Calderón, Santiago Romero Herrera, Conrado Arnulfo Lizarazo Pérez, Camilo Mora Peraza, Santiago Bautista Prieto y Mario Parra Álvarez.
[18] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[19]ARTÍCULO 11. “Las ligas deportivas son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, constituidas para organizar administrativa y técnicamente en ámbito territorial, por delegación de la correspondiente federación deportiva, si la hubiere, su deporte. Tendrán derecho a obtener personería jurídica cuando cumplan los requisitos señalados por el presente decreto y por sus normas reglamentarias.”
ARTÍCULO 14. “Las federaciones deportivas nacionales son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, constituidas para organizar administrativa y técnicamente, en el orden nacional, su deporte, con deportistas aficionados o profesionales, o con ambos. Tendrán derecho a obtener personería jurídica, cuando cumplan los requisitos señalados por el presente decreto y por las normas reglamentarias.”
[20]ARTÍCULO 7º.- “Ligas deportivas. Las ligas deportivas son organismos de derecho privado constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán programas de interés público y social. (…)”
ARTÍCULO 11º.- Modificado por el art. 1, Ley 494 de 1999 “Federaciones deportivas. Las federaciones deportivas nacionales son organismos de derecho privado, constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de ligas deportivas o asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte y sus modalidades deportivas dentro del ámbito nacional e impulsarán programas de interés público y social. (…)”
[21]ARTÍCULO 51. “Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del Deporte son los siguientes:
Nivel Municipal. Entes deportivos municipales o distritales, Clubes Deportivos y Comités Deportivos.”
[22] Folio 32 Cuaderno de Revisión.
[23] Folio 29 Cuaderno Principal.
[24] Folios 118-119 Cuaderno de Revisión.
[25] En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
[26] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[27] CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia del 13 de mayo de 2009. Radicación número: 11001-03-26-000-2004-00020-00(27832). Sobre el particular, se puede consultar también: CONSEJO DE ESTADO. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Sentencia del 10 de abril de 2008. Radicación Número: 25000-23-24-000-2002-00583-01.
[28] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias T-410 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), y T-435 de 2005 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra).
[29] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias T-660 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-560 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[30] En reiteradas oportunidades, esta Corte ha sostenido que las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, son una expresión del Estado Social de Derecho. Ver entre otras las sentencias C-005 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón) T-383 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-317 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-479 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-758 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[31] Sobre el carácter fundamental y autónomo de los derechos constitucionales se pueden consultar entre otras, las sentencias T-016 de 2007 y T-160 de 2011 sobre el derecho a la salud, T-585 de 2008 sobre el derecho a la vivienda digna y T-580 de 2007 sobre el derecho a la seguridad social.
[32]Ver sentencias T-466 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), C-625 de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara), y T-410 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[33]Sentencia T-466 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).
[34] Sentencia T-435 de 2005 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra).
[35]Ver sentencia T-410 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[36] Sentencia C-758 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[37]“Por el cual se dictan normas para el ordenamiento del deporte, la educación física y la recreación”, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 50 de 1983.
[38] Artículo 31. “Los organismos deportivos deberán tener la siguiente estructura: 1.De dirección, a través de la Asamblea. / 2.De administración, mediante un comité ejecutivo o un presidente. / 3.De control, con un fiscal y su suplente. / 4.De disciplina, mediante un tribunal deportivo. / Parágrafo. Las ligas y las federaciones deportivas nacionales deberán tener, además, comisiones técnicas y un colegio de árbitros y jueces y podrán afiliar a instituciones educativas y gremiales.”
[39]“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”.
[40] Artículo 47. “El Sistema Nacional del Deporte tiene como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.”
[41] Previsto por el artículo 7º de la Ley 582 de 2000, “Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones”.
[42] Previstos en el artículo 4º de la Ley 181 de 1995.
[43] Artículo 16 de la Ley 181 de 1995.
[44]“Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”.
[45] Sentencia C-320 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[46] Sentencia C-792 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[47] Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-1110 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
[49] La demandante consideraba que la disposición acusada vulneraba los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 16, 38, 52, 286 y 287 de la Constitución Política, al limitar la creación de ligas deportivas para la práctica del deporte sólo al ámbito territorial del departamento respectivo o del Distrito Capital, y excluir de tal facultad a las otras entidades territoriales consagradas en el artículo 286 de la Carta Política, esto es los municipios, los territorios indígenas y las regiones y provincias.
[50] Proferido por la asamblea general de afiliados y el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, en uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las conferidas en los artículos 20, 48 y 50 del Estatuto de la Federación.
[51] Sobre el alcance y contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se pueden consultar las sentencias T-532 de 1992, T-429 de 1994, T-124 de 1998, C-309 de 1997, C-336 de 2008, T-034 de 2013.
[53] Sentencia T-1130 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-170 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[54]Ver la sentencias T-699 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-170 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-634 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[55]Ver Sentencia T-083 de 2010 M.P. Humberto Sierra Porto.
[56] A folios 89-90 del Cuaderno de revisión se encuentra el comunicado del 6 de noviembre de 2015.
[57] Folio 89 Ibídem.

References: artículo 7

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 11
 artículo 2
 Artículo 31
 Artículo 47
 artículo 7
 artículo 4
 Artículo 16
 artículo 286