Source: https://tc.vlex.es/vid/competencias-ordenacion-general-economia-663058421
Timestamp: 2019-08-22 11:10:20+00:00

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STC 182/2016, 3 de Noviembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 663058421
Número de Recurso: 5252-2011
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, que otorgan al Estado las concesiones de dicho almacenamiento. En concreto, se impugnan distintas disposiciones relativas a la atribución de un conjunto de facultades administrativas y de ejecución. Se controvierte asimismo el ejercicio de las mismas potestades en el espacio y subsuelo marino, así como la intervención estatal en la ordenación urbanística de instalaciones para almacenar el dióxido de carbono. Finalmente, se cuestiona la legitimidad constitucional de la previsión de aplicación del Reglamento general de la minería de 1978. Se desestima el recurso. Por una parte, la sentencia reitera que la competencia autonómica para el desarrollo de las bases del régimen minero y energético no puede ejercerse en el subsuelo marino. Por otra parte, afirma que la intervención estatal en la ordenación urbanística de instalaciones para el almacenamiento de dióxido de carbono no desvirtúa las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, pues dicha actuación representa el necesario ejercicio cohonestado de las competencias estatales y autonómicas en este ámbito. Asimismo, la sentencia declara la legitimidad de la aplicación de la normativa estatal preconstitucional sobre minería en tanto que no se apruebe el desarrollo reglamentario de la ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, por no ser la misma de aplicación extensiva a los procedimientos cuya competencia corresponda a las Comunidades Autónomas. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 165/2016, de 6 de octubre, se desestima el recurso en todas las demás impugnaciones. La sentencia cuenta con un Voto particular discrepante subscrito por dos Magistrados.
El día 28 de septiembre de 2011 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito del Letrado de la Junta de Galicia, por el que, en nombre y representación de la misma, interpone recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos 3; 5; 8, apartado 6 segundo párrafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11; 13; 15; 19, apartados 2 y 3; 23; 24; 25; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27; 28, apartado 4; 38; disposiciones adicionales primera, segunda y tercera y disposiciones finales undécima y decimocuarta de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
Señala a continuación, que la mención a que la Ley efectúa, en su disposición final undécima a los títulos que amparan la competencia estatal, no responde a los parámetros constitucionales de reparto competencial. Así, la referencia al art. 149.1.13 CE constituye un intento de utilizar un título de los llamados horizontales y por tanto de límites difusos, para cubrir donde no llega el título específico, recordando que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el título del artículo 149.1.13 CE tendrá que ser interpretado de forma estricta cuando concurre con un título competencial más específico (STC 164/2001 ). Este título competencial daría cobertura a las normas estatales que fijaran las líneas directrices de ordenación de un sector concreto, y solo ampararía, de forma excepcional, las previsiones de acciones o medidas singulares cuando éstas tuvieran una especial transcendencia para alcanzar los fines propuestos dentro del ordenamiento de cada sector, sin que la competencia estatal pueda extenderse hasta incluir cualquier acción de naturaleza económica si no posee una incidencia significativa y directa sobre la actividad económica general. En el presente caso, se puede trazar una repercusión económica de naturaleza muy indirecta, pues la ley no tiene por objeto regular las emisiones de CO2, sino una fórmula para minimizar sus efectos ambientales que, además, no se configura como jurídicamente obligatoria para las empresas emisoras. Admitir la utilización del art. 149.1.13 CE implicaría que su invocación se extendiera a todo sistema de gestión de residuos o con efectos medioambientales, por lo que el citado título no puede dar cobertura competencial a la regulación de la ley y, en todo caso, el mismo remite al binomio bases estatales-desarrollo y ejecución autonómicos.
La primera es “por estar ante un dominio público”. Alega al respecto que el hecho de que el art. 3 de la Ley determine que a los efectos del art. 132.2 CE tendrán la consideración de bien de dominio público estatal las formaciones geológicas que formen parte de los lugares de almacenamiento existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos, no justifica la atribución de competencias ejecutivas a la Administración del Estado, pues como ha declarado el Tribunal Constitucional, la titularidad del dominio público no es un criterio de atribución competencial (STC 61/1997 y otras citadas), ya que la propiedad pública de un bien es separable del ejercicio de aquellas competencias públicas que lo tienen como soporte material o físico, y, en realidad, nada hubiera impedido que se declarara que estos lugares quedaran incorporados al dominio público autonómico. En todo caso, se aprecia la inconstitucionalidad de la mención recogida en el art. 3, conforme a la cual, en lo no previsto en esta ley se estará “a lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas”.
En segundo término, se recurre al art. 149.1.13 CE como base de esa centralización en el Estado. Se reiteran aquí los argumentos expuestos con anterioridad, para concluir que este título habilitaría al Estado para fijar líneas y directrices generales, pero no para reservarse facultades ejecutivas.
Se alude, en tercer lugar a “otras razones”, donde se incluye la mención que realiza el preámbulo de la Ley a que la elección de los emplazamientos para el almacenamiento implica una decisión estratégica que debe tener en cuenta el conjunto del territorio nacional. Afirma el Letrado que dicha decisión corresponde, en todo caso, al sector privado y no a la Administración, que debe limitarse a otorgar las correspondientes autorizaciones administrativas, cuando se cumplan los requisitos para ello y a denegarlas cuando no sea así. En virtud de su competencia básica, el Estado podría fijar para todo el territorio nacional los criterios que deben utilizarse para decidir el otorgamiento de los títulos administrativos, pero la facultad para determinar si procede o no el otorgamiento de los permisos de investigación y de la concesiones de almacenamiento, mediante la aplicación de esos criterios básicos, constituye una facultad ejecutiva que incumbe a las Comunidades Autónomas.
El Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Primera y por providencia de 18 de octubre de 2011, admitió a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, acordando dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme dispone el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nación a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes. Finalmente se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
La Mesa del Senado, por escrito de su Presidente de 28 de octubre de 20011, acuerda dar por personada a la Cámara en este procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En idéntico sentido se pronuncia la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, en escrito de la misma fecha.
En fecha 10 de noviembre de 2011, el Abogado del Estado se persona en el recurso, en nombre del Gobierno y solicita una prórroga de ocho días en el plazo concedido para formular alegaciones. El Pleno del Tribunal, en providencia de 11 de noviembre, acuerda la concesión de la prórroga solicitada.
En fecha 29 de noviembre de 2011 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones que formula el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, en el que solicita que se desestime la demanda y se declare la plena constitucionalidad de la totalidad de los preceptos impugnados.
En lo que respecta los títulos competenciales aplicables, considera el Abogado del Estado que resulta de aplicación la STC 18/2011 , que sintetiza la doctrina sobre la concurrencia de los títulos recogidos en el art. 149.1.13 y 25 CE, y le lleva a concluir que corresponde al Estado no sólo establecer un conjunto normativo suficientemente homogéneo sino, además, adoptar aquellas medidas que sean precisas para la optimización de los recursos energéticos desde el punto de vista del interés nacional. En relación con el título contemplado en el art. 149.1.23 CE, estima que resulta de aplicación lo dispuesto en las SSTC 98/2001 y 14/2004 , en las que el Tribunal examinó una serie de medidas estatales que tenían por objeto la “promoción de actuaciones de uso racional de la energía y la utilización de las energías renovables” con una evidente finalidad de conciliar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente, y en las que el Tribunal afirmó que de los dos títulos competenciales aducidos —medio ambiente y régimen energético— es el correspondiente al régimen energético el que por su mayor especificidad debe prevalecer. En relación con el título contemplado en el art. 149.1.22 CE, afirma que la jurisprudencia constitucional ha reconocido de forma categórica la competencia exclusiva del Estado para la autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte salga de su ámbito territorial y, como ha quedado expuesto, la CAC resulta tan vinculada con las grandes instalaciones de generación eléctrica, que la propia disposición adicional segunda de la Ley 40/2010 vincula la autorización de aquéllas a la condiciones de previsión de espacio de captación de CO2 para su posterior transporte y almacenamiento.
Resulta clara la relevancia del título competencial del art. 149.1.13 CE, dado que una adecuada implantación de la tecnología CAC es imprescindible para asegurar un crecimiento económico sostenible, al menos en los próximos 40 años, que permita además cumplir los compromisos internacionales asumidos por España y por la Unión Europea para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, lo que habrá de precisarse es en qué preceptos de la Ley 40/2010 prevalece el contenido económico y en cuáles la orientación medioambiental.
El Estado ostenta la competencia para otorgar permisos de investigación supraautonómicos y concesiones de almacenamiento. El núcleo de la demanda se dirige a reprochar la atribución al Estado de facultades ejecutivas en este ámbito, y ha de tenerse en cuenta al respecto, que el Tribunal ha declarado que la competencia configurada como básica puede incluir funciones ejecutivas (STC 33/2005 ).
En lo que respecta al otorgamiento de permisos de investigación cuando afecten al “subsuelo marino”, la doctrina constitucional es clara (SSTC 149/1991 y 38/2002 ), afirmando que las competencias de las Comunidades Autónomas se circunscriben a su ámbito territorial, y que la proyección de esas competencias sobre el mar territorial tiene carácter extraordinario y dependerá, bien del explícito reconocimiento estatutario, bien de la naturaleza de la competencia, tal como resulta de la interpretación del bloque de la constitucionalidad; elementos excepcionales que no concurren en el presente supuesto. Estaría así razonada la constitucionalidad de los arts. 5 a) y g); 2 a); 3 a); 8.6 y 9.6 y 7 y de la disposición adicional tercera.
Analiza a continuación el representante estatal el artículo 28.4 en relación con la disposición final primera, que se impugna por considerar que condiciona indebidamente la competencia autonómica exclusiva sobre “ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”. En cuanto al párrafo primero de la disposición, a su juicio concurren en este supuesto todos los elementos que la jurisprudencia constitucional contempla para la concurrencia de competencias sobre un mismo espacio físico, a la vez que la legislación estatal prevé un intenso mecanismo de cooperación para recabar el parecer de las Comunidades afectadas, a través del informe preceptivo, previo a la resolución sobre la concesión de almacenamiento, por lo que se trata de un supuesto similar al contemplado en la STC 46/2007 . En cuanto al párrafo segundo, se reprocha la remisión que se hace a la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del suelo de 2008, por lo que, si se acepta la plena conformidad constitucional de esa disposición —que la demanda no discute— no resulta cuestionable la remisión que efectúa la Ley 40/2010, a un procedimiento que sólo será de aplicación, cuando concurran las circunstancias de urgencia o excepcional interés público a que también alude la Ley 40/2010.
Por providencia de 2 de noviembre de 2016 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 3 del mismo mes y año.
El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad formulado por la Junta de Galicia en relación con los artículos 3; 5; 8, apartado 6 segundo párrafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11; 13; 15; 19, apartados 2 y 3; 23; 24; 25; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27; 28, apartado 4; 38; disposiciones adicionales primera, segunda y tercera y disposiciones finales undécima y decimocuarta de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
La Ley 40/2010, de 29 de diciembre, ha sido objeto de la STC 165/2016 , de 6 de octubre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 1870-2011, promovido contra la misma por el Gobierno de Aragón, y donde se vino a desestimar en su integridad la impugnación formulada por la Comunidad Autónoma. La indicada Sentencia cobra relevancia en el presente supuesto, dado que ambos recursos suscitan controversias competenciales similares, y que se plantean en términos análogos, por lo que la doctrina allí contenida resulta trasladable al presente supuesto y sirve para responder a una gran parte de las impugnaciones formuladas por la Junta de Galicia, en los términos que a continuación se señalan.
De acuerdo con una pauta no infrecuente en nuestra jurisprudencia (por ejemplo, SSTC 138/2013 , de 6 de junio, FJ 1, y 28/2016 , de 18 de febrero, FJ 2), cabe dar aquí por reproducidos los fundamentos jurídicos que la STC 165/2016 dedica al examen del contenido de la Ley 40/2010 (FJ 3), al encuadramiento de la controversia competencial (FJ 4), y a la consideración como título competencial prevalente, de la competencia estatal sobre las bases del régimen minero, contemplado en el art. 149.1.25 CE (FFJJ 5, 6, 7 y 8), por lo que procede entrar directamente en el concreto examen de los preceptos impugnados.
El argumento en que sustenta el Letrado de la Junta de Galicia la impugnación de los arts. 3; 5; 8.6, segundo párrafo; 9.6 y 7; 10. 4, 6 y 7; 11; 13; 15; 19.2 y 3; 23; 24; 25; 26.1, 3, 4 y 5; 27; 38; y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 40/2010, es únicamente el de la atribución al Estado de facultades ejecutivas, que corresponden constitucionalmente a la Comunidad Autónoma. En concreto, precisa la demanda, se considera que forma parte del ámbito competencial autonómico en materia de medio ambiente, el otorgamiento de la concesión de almacenamiento, que constituye el elemento autorizatorio clave, así como las facultades instrumentales ligadas a la anterior, que se contemplan en los preceptos impugnados.
La Sentencia 165/2016 vino a desestimar la impugnación formulada en relación con la atribución al Estado de la competencia relativa a la concesión de almacenamiento, así como del conjunto de facultades administrativas conexas que allí se impugnaron, y que en el presente recurso se plantean en términos coincidentes, también en relación con los artículos 24, 25 y 38. A la vista de esta coincidencia objetiva, de acuerdo con la doctrina constitucional (STC 172/1998 , de 23 de julio, FJ 2), procede desestimar estas impugnaciones, por remisión a lo dispuesto en la STC 165/2016 , cuyos fundamentos jurídicos 9 a 13 cabe dar por reproducidos, lo que nos exime de incluirlos siquiera sea en extracto (STC 100/2016 , de 25 de mayo, FJ 2).
El art. 3 de la Ley se objeta, además, por la determinación como bienes de “dominio público estatal”, de las formaciones geológicas que formen parte de los lugares de almacenamiento existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos. Dicha objeción fue también desestimada en el la STC 165/2016 , por considerar que se trata de una cuestión ajena al reparto competencial, no aísla la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae a las competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad (FJ 5, in fine ), añadiendo, asimismo, que dicha caracterización encuentra su justificación en el hecho de que uno de los rasgos esenciales de la normativa específica que ha introducido la Ley 40/2010, que justifican esa variedad de uso del dominio público minero, es precisamente que el almacenamiento de dióxido de carbono en el subsuelo no quede sometida a las normas comunes de la legislación minera, sino a un cuerpo normativo especial, en el que se ha querido explícitamente establecer un régimen específico (FJ 11).
La inconstitucionalidad del art. 5, apartados 1 a) y 2 a); del art. 5.5; de la disposición adicional primera, apartado 4; y de la disposición adicional tercera se fundamenta en que, a juicio del Letrado autonómico, la previsión del ejercicio de competencias estatales por su ubicación en el espacio marino, es contraria a la doctrina constitucional, de la que puede extraerse que las competencias autonómicas sólo tienen los límites territoriales expresamente establecidos estatutariamente, de manera que la ausencia de límites expresos hace posible extender las respectivas competencias sobre el mar, sin que la ubicación marítima determine per se el reconocimiento de la competencia en favor del Estado, lo que daría lugar a que, en el presente supuesto, la facultades contempladas hubieran de corresponder a la Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el art. 27.13 de su Estatuto de Autonomía.
La doctrina constitucional es clara en este sentido (SSTC 149/1991 , de 4 de julio, FJ 1; 38/2002 , de 14 de febrero, FJ 6, y 8/2013 ; de 17 de enero, FJ 9), al afirmar que el territorio constituye el límite natural de las competencias autonómicas, y las Comunidades Autónomas no pueden, por principio, proyectar sus competencias sobre el mar territorial o el subsuelo marino, salvo que exista un explícito reconocimiento estatutario o cuando, a falta del mismo, ello derive de la naturaleza de la competencia que resulta del bloque de la constitucionalidad, o concurran razones excepcionales que así lo avalen. En el presente supuesto, y sin que se justifique la concurrencia de esas circunstancias específicas, no se produce la aludida vulneración competencial, ya que, por aplicación de los argumentos ya señalados en la STC 165/2016 , es precisamente la competencia reconocida al Estado en el art. 149.1.25 CE, la que determina la extensión de dicha competencia, en los términos previstos en los preceptos impugnados, al subsuelo marino; al tiempo que la competencia autonómica para el desarrollo de las bases estales en esta materia no se extiende al subsuelo marino, dado que el mismo no forma parte del territorio de la Comunidad Autónoma, en los términos señalados en la citada jurisprudencia constitucional.
La disposición adicional primera y el artículo 28.4, en cuanto se remite a la misma, se impugnan por considerar que condicionan indebidamente la competencia autonómica exclusiva en materia de “ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda” (art. 27.3 EAG), imponiendo un determinado contenido a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Para resolver esta cuestión, hemos de recurrir a una ya consolidada jurisprudencia constitucional, que ha venido reconociendo que “la competencia exclusiva que en materia de ordenación del territorio y urbanismo tienen estatutariamente atribuidas las Comunidades Autónomas no autoriza a desconocer las competencias que con el mismo carácter de exclusivas, vienen reservadas al Estado en virtud del art. 149.1 CE; su ejercicio puede lícitamente condicionar, de esta suerte, la competencia de las Comunidades Autónomas [por todas SSTC 56/1986 , de 13 de mayo, FJ 3; 149/1991 , de 4 de julio, FJ 1B; 61/1997 , de 20 de marzo, FJ 5; 40/1998 , de 19 de febrero, FJ 29; y 151/2003 , de 17 de julio, FJ 4]” (STC 73/2016 , de 14 de abril, FJ 8). En estos casos, “el constituyente ha previsto la coexistencia de títulos competenciales sobre un mismo espacio físico; de aquí que el Tribunal venga reiterando que la atribución de una competencia sobre un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siendo esta convergencia posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio físico, dichas competencias tengan distinto objeto jurídico” (por todas STC 40/1998 , FJ 29).
Es por ello, como también hemos señalado, que “el condicionamiento de las competencias ajenas solo será legítimo cuando el ejercicio de las propias se mantenga dentro de sus límites característicos, esto es, cuando la concreta medida que se adopte encaje, efectivamente, en el correspondiente título competencial y, además, cuando se haya acudido previamente a cauces cooperativos para recabar el parecer de las entidades afectadas y cuando no se limite la competencia ajena más de lo necesario; todos ello sin perjuicio de la posible existencia de otras circunstancias o factores que tengan relevancia, considerado el específico supuesto sometido a nuestro enjuiciamiento, para determinar la corrección constitucional de la medida adoptada” (STC 151/2003 , de 17 de julio, FJ 4).
Los recurrentes efectúan también una mención expresa a lo dispuesto en el último inciso del apartado 2 de esta disposición adicional primera, por cuanto consideran que la remisión específica que se efectúa a lo dispuesto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del suelo, predetermina la legislación aplicable, convirtiendo al Estado en autoridad urbanística. Sobre preceptos similares al presente ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal, en términos que resultan trasladables al presente supuesto, y que permiten descartar la citada vulneración competencial, pues “nuestra doctrina ya se ha planteado la cuestión de si la exclusividad competencial autonómica en materia de urbanismo impide que el Estado pueda ejercer competencias con contenido distinto de la urbanística pero que requieran para su ejercicio una proyección sobre el suelo de una Comunidad Autónoma”. Señalada que tal posibilidad no puede ser excluida, hemos afirmado respecto a la ejecución de concretos proyectos estatales [STC 149/1998 , de 2 de julio, FJ 5 B)]: “el Estado podrá ejercer la facultad de acordar la ejecución de proyectos de obras, actividades o servicios que puedan resultar eventualmente contrarios con las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio o las de los planes urbanísticos cuando lo haga en uso de una competencia reservada ex art. 149.1 CE, y siempre que se den los presupuestos que se señalaban en el art. 180 del texto refundido de la Ley del suelo (1976) y que hoy recoge el vigente art. 244 del texto refundido de la Ley del suelo (1992), es decir, razones de urgencia o excepcional interés público, de forma que sólo acudiendo a lo preceptuado en dicho artículo sea posible el ejercicio de las referidas competencias (STC 56/1983 , fundamento jurídico 3)” (STC 170/2012 , de 4 de octubre, FJ 12)
Procede examinar, por último, la impugnación dirigida a las disposiciones finales undécima y decimocuarta de la Ley 40/2010.
La disposición final undécima enumera los preceptos constitucionales que sirven de amparo a la competencia ejercida por el Estado; y si bien el texto de la demanda no contiene argumentación específica que sustente la impugnación dirigida contra el mismo, baste recordar que, como hemos manifestado reiteradamente, la delimitación competencial ha de resolverse en consonancia con las conclusiones alcanzadas en los anteriores fundamentos jurídicos, por lo que no resulta necesario un pronunciamiento expreso y genérico sobre el contenido de este precepto, dado que el Gobierno autonómico ya lo ha obtenido en relación a cada uno de los preceptos impugnados, y ello se proyecta sobre esta concreta disposición (por todas STC 5/2016 , de 21 de enero, FJ 5).
Voto Particular que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5252-2011, al que se adhiere el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
El presente recurso de inconstitucionalidad se fundamenta en la vulneración del orden constitucional de distribución de competencias que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE, por la atribución al Estado de facultades ejecutivas que forman parte de las competencias autonómicas de desarrollo de la legislación básica estatal en materia de medioambiente, facultades que la demanda concreta, sustancialmente, en el otorgamiento de las concesiones de almacenamiento, así como en el ejercicio de otras facultades instrumentales ligadas a la anterior. La desestimación del recurso se basa en los argumentos utilizados en la STC 165/2016 , de 6 de octubre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1870-2011 promovido por el Gobierno de Aragón, que planteaba la misma controversia competencial a propósito también de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Además, la presente Sentencia desestima nuevos motivos de impugnación frente a los mismos preceptos o los mismos motivos esgrimidos frente a preceptos que no fueron objeto del anterior recurso de inconstitucionalidad.
Así pues, las razones de mi discrepancia con la presente Sentencia son las mismas que ya expuse en el Voto particular que formulé a la citada STC 165/2016 , y a ellas me remito ahora. Por las razones que desarrollé allí considero que en este proceso debería haberse declarado que corresponde a las Comunidades Autónomas la titularidad de las facultades ejecutivas en materia de almacenamiento de dióxido de carbono en estructuras subterráneas y que, por tanto, los preceptos correspondientes de la Ley 40/2010 que atribuyen indebidamente al Estado dichas facultades y que han sido impugnados en este proceso deberían haberse declarado inconstitucionales y nulos.
STSJ Murcia 205/2017, 29 de Marzo de 2017

References: artículo 149
 artículo 28
 resolución 
in fine
 artículo 28
e contrario