Source: https://revistamaritima.wordpress.com/2014/12/
Timestamp: 2017-05-29 00:05:28+00:00

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diciembre 2014 – Revista Marítima
Mes: diciembre 2014	Una mirada al Patrimonio Subacuático en Venezuelaa
En Venezuela, las acciones de conservación y legislación en pro del rescate del patrimonio cultural son de reciente desarrollo, siendo el Estado el responsable de la conservación del patrimonio cultural; enmarcado dentro de la normativa internacional establecida principalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia la Cultura y la Educación, (UNESCO).
En 1993, el Ejecutivo Nacional aprueba la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio cultural[1], la cual en su artículo 1° establece los principios que han de regir la defensa del patrimonio cultural de la República, comprendiendo ésta su investigación, rescate, preservación, conservación, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, incremento, exhibición, custodia, vigilancia, identificación y todo cuanto requiera su protección, material y espiritual.
Ahora en lo que concierne al patrimonio subacuático, también es relativamente reciente, a nivel internacional es la UNESCO, quien adoptó en el año 2001, en la Conferencia General de esa organización internacional la Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático[2], la cual tiene por finalidad garantizar una mejor protección de los restos de navíos naufragados, sitios, grutas ornamentadas y otros vestigios culturales, históricos y arqueológicos que yacen bajo las aguas.
El Patrimonio Cultural Subacuático, comprende, según lo establecido por esa Convención Internacional: todas las huellas de la existencia humana que poseen un carácter cultural, arqueológico o histórico; y que hayan estado bajo las aguas, tanto marítimas como fluviales y lacustres, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. A lo largo de los siglos miles de navíos, ciudades enteras e incluso paisajes han sido, tragados por las olas. Sus restos constituyen un patrimonio valioso que llama cada vez más la atención de investigadores y público en general.
En Venezuela los hallazgos de bienes que conforman el patrimonio sumergido, sigue lo establecido en el artículo 67 de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos[3] (2008), su ubicación, intervención apropiada y protección por organismos públicos y privados requiere la opinión previa de los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de infraestructura y transporte, y de defensa.
La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos en su artículo 66, señala además que los bienes del patrimonio cultural y arqueológico subacuático que se encuentran en los espacios acuáticos e insulares de la República, son del dominio público, en esto último, destaca lo que establece el Código Civil Venezolano[4], al señalar que los bienes de dominio público son aquellos que por su naturaleza o su destino, no son susceptibles de propiedad privada, su apropiación no puede concebirse. Por ejemplo, los ríos, caminos, riberas del mar, puertos.
Los bienes de dominio público son inalienables (que por naturaleza o por ley no se pueden enajenar o transferir, traspasar a otro su dominio). Los bienes de dominio público son de uso público o de uso privado de la nación, de los estados y de los municipios.
El comercio de bienes patrimoniales es una de las amenazas más graves para la integridad de los bienes subacuáticos y para el principio de que el patrimonio arqueológico es de dominio público y no privado.
En Venezuela no existe una legislación especial que proteja el patrimonio cultural subacuático, más aún, no somos parte de la Convención Internacional de Patrimonio Cultural Subacuático (2001), ya que ésta Convención hace referencia a la Convención de Derecho del Mar (1982), (COMVEMAR), de la cual tampoco somos parte, considerando que ambos instrumentos internacionales lesionan intereses en aquellos espacios en los que ejercemos derechos de soberanía y jurisdicción.
La Convención de la UNESCO, si bien, no pretende dirimir disputas o demandas relativas a la propiedad y no reglamenta la cuestión de la propiedad de un bien cultural entre distintas partes interesadas, el hecho de que en aguas jurisdiccionales venezolanas se encuentren muchos de los naufragios ocurridos entre los siglos XVI y XVIII, hace que Estados de bandera de esos buques pretendan reclamar derechos sobre buques hundidos y que están ubicados, en la zona contigua o zona económica exclusiva y la plataforma continental del Estado venezolano.
El siguiente avance significativo de normas internacionales en protección del patrimonio cultural que combaten el tráfico Ilícito lo tiene la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, aprobada en 1970, ésta Convención también busca proteger el patrimonio subacuático del saqueo del cual se encuentra expuesto por personas que desatienden las normas sobre la existencia de ese patrimonio, de aquellos que pretenden comercializar bienes de valor histórico y cultural, que constituyen parte de las huellas dejadas por el hombre y que son un potencial de información sobre nuestro pasado.
[1] Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.623 de fecha 03 de septiembre de 1993.
[2] Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático: adoptada el viernes 2 de noviembre de 2001, por la Asamblea Plenaria de la 31ª sesión de la Conferencia General de las Organización de las Naciones Unidas.
[3] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, Gaceta Oficial Nº 5.890 de fecha 31 de julio de 2008.
[4] Código Civil Venezolano, Gaceta Oficial Nº2.290.Extraordinario del 26 de julio de 1982.
Especialista en Derecho Marítimo.
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Imagen: Canal de PanamáFuente: Autoridad del Canal de Panamá
Las Autoridades Portuarias de Latinoamérica (AAPA) acoplaron estrategias de crecimiento portuario a la economía mundial. América Latina y Asia no serán más el patio trasero portuario, sino los mayores centros de expansión económica mundial, lo que exige prepararse. Colombia, Chile, México, Panamá y Perú tienen buen desempeño económico.
El comercio doblará la capacidad portuaria mundial en los próximos 10 años y la economía crecerá 5% anual, sustentada en un comercio que ascenderá 10% y el transporte marítimo 7%. Los barcos cargarán 18.400 contenedores y requieren puertos con al menos 20 metros de calado y un nuevo manejo de las ciudades portuarias, que deben ser miradas positivamente. Su “derrame económico” tiene que ir de la mano de un sector público que apoye con su poder para maximizar los beneficios de los puertos. Las ciudades portuarias asumirán los nuevos retos y promoverán los accesos terrestres y los servicios públicos, ya que los servicios portuarios y barcos evolucionan. El éxito de un puerto dependerá del profesionalismo de su estrategia de crecimiento.
Los puertos de Brasil, Argentina y España aprobaron “marcos regulatorios” modernos e invertirán en proyectos ambiciosos; Brasil aspira a movilizar 219 millones de toneladas más por año y actualizan sus 88 terminales. Argentina duplicará en 5 años su capacidad logística y transportará 50 millones de toneladas de granos, mineral de hierro e hidrocarburos, con mejores servicios portuarios. Panamá será el país de tránsito más importante con la ampliación de su canal y quiere atender más de 30 mil naves al año y construye la infraestructura para almacenar 27 millones de barriles de hidrocarburos. Miami hace 8 años trata de profundizar su canal de acceso a 16 metros, pero no tiene aún los permisos ambientales. Tiene 54% de su movimiento con mercancías de América Latina y su mayor negocio son los cruceros.
Es primordial el impacto ambiental de los dragados y de mantener los puertos, su reputación dependerá de eso. También se construyen barcos con menor impacto ambiental (emiten menos CO2). Los cascos tendrán más resistencia y usarán menos combustible. Las hidrovías y puertos fluviales se propusieron como los mejores para la conectividad interna, moverán carga sin congestionar las carreteras, por eso se debe definir la función de los puertos y todo el sistema logístico fluvial. Argentina, Brasil y Paraguay han hecho maravillas en la cuenca del Paraná y en el Río de la Plata.
Para ser competitivos debemos maximizar la logística. Si el objetivo de Suramérica es ser el gran abastecedor de comida del mundo, precios y fletes serán su gran reto… Por ahora!
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Los Roques. Paraiso Venezolano. bitacoradevenezuela.wordpress.com
Jeannette Pérez.
El artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “…La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República;..” este instrumento fundamental, sustituye desde su promulgación en el año 1999, el concepto restringido de “territorio” por el de “espacios geográficos”, como expresión más amplia.
De igual forma el artículo 17 de la Constitución, establece que el régimen político territorial para el sistema insular: “Las dependencias federales son las islas marítimas no integradas en el territorio de un Estado, así como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su régimen y administración serán señalados en una ley”.
Se establece además en la Constitución que “…Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley”.
Esa soberanía en esos espacios constituye el poder de actuación que de manera exclusiva tiene el Estado sobre el territorio y demás espacios geográficos, con los únicos límites que el Derecho Internacional haya fijado.
En fecha 27 de octubre de 2011, se promulgó en Gaceta Oficial Nº 39.787, de ese mismo año, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias Federales[1], mediante Decreto Nº 8.513 de fecha 15 de octubre de 2011, constituyendo ésta la vigente norma que regula las Dependencias Federales en la República Bolivariana de Venezuela.
En este contexto la Constitución, en concordada relación con el Decreto, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias Federales del año 2011, sientan las bases para la organización del régimen político administrativo que consolida la creación de unidades políticos territoriales con personalidad jurídica y patrimonio propio denominados Territorios Insulares.
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias Federales, tiene como objetivo fundamental el establecimiento y desarrollo de las bases para la organización del régimen político administrativo de las Dependencias Federales, por lo que su Artículo 5º, señalan lo siguiente:
Artículo 5º. Los territorios insulares se crearán mediante ley especial que a tal efecto se dicte, la cual regulará su régimen político administrativo, de conformidad con lo establecido en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela y demás leyes del ordenamiento jurídico vigente. Es deber ineludible del Estado venezolano garantizar la soberanía nacional y funcional en los espacios marítimos e insulares de la República, razón por la cual el Poder Ejecutivo debe estimular el desarrollo de estas zonas como vía que permita su presencia activa, el bienestar de las comunidades asentadas en dichas zonas, y la preservación de los recursos y minerales existentes.
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos[2], el cual aplicable a los espacios acuáticos que comprenden las áreas marítima, fluvial y lacustre de la República Bolivariana de Venezuela.
Ese mismo Decreto-Ley, en su artículo 5º, establece como una Política Acuática del Estado, garantizar la integración territorial y la soberanía nacional, al señalar en su numeral 9º “El poblamiento armónico del territorio insular, costas marítimas, ejes fluviales y espacio lacustre”, estableciendo además que en su artículo 6º que declara de interés y utilidad pública todo lo relacionado con el espacio acuático, insular y portuario.
En tal sentido, el poder del Estado se materializa en un instrumento legal creado a tales fines, en cumplimiento a su vez del mandato Constitucional y las leyes, mediante el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda[3], Nº 8.549, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.797, de fecha 10 de noviembre de 2011, en el cual se establece la organización, gobierno, administración, competencias y recursos del nuevo Territorio Insular Francisco de Miranda, como unidad político territorial, el cual comprende las Dependencias Federales, conformadas por: El Archipiélago de La Aves, el Archipiélago de Los Roques y el Archipiélago de la Orchila, conjuntamente con los demás limites que se establecen en el artículo 2° de esa Ley.
El área geográfica que conforma el Territorio Insular Francisco de Miranda, comporta una serie de potencialidades y recursos de gran importancia que amerita la aplicación de una política de Estado en ese espacio insular, con el fin que su organización, administración y gobierno, como unidad político territorial independiente se ejerza en una forma más directa, en beneficio de sus pobladores, apoyando el desarrollo de la investigación y explotación pesquera, acuícola, exploración y explotación de recursos energéticos, desarrollo turístico, entre otras áreas, que contribuyen a garantizar la satisfacción de necesidades de la población y el fortalecimiento de la soberanía nacional.
[1] Ley Orgánica de las Dependencias Federales. Gaceta Oficial Nº 39.787 de fecha 27 de octubre de 2011.
[2] Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Gaceta Oficial Nº 5.890, Extraordinario de 31 de julio de 2008.
[3] Ley de Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda. Gaceta Oficial Nº 39.797 de fecha 10 de noviembre de 2011.
http://issuu.com/marcofuentes0/docs/rev._maritima_edic_22-web
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References: artículo 1
 artículo 67
 artículo 66
 artículo 11
 artículo 17
 Artículo 5

Artículo 5
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 artículo 6
 artículo 2