Source: http://docplayer.es/13716767-Recurso-de-casacion-no-263-2011.html
Timestamp: 2018-04-19 23:34:55+00:00

Document:
Recurso de casación No - PDF
Download "Recurso de casación No. 263-2011"
Ernesto Mora Naranjo
1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- JUEZ PONENTE: Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo Quito, 04 de junio de 2013, las 11h00.- VISTOS: En virtud de que losjueces Nacionales, abajo firmantes, hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No de 30 de enero del 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y, conforme la correspondiente acta de sorteo electrónico que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, conforme los artículos 183 y 190 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 1 de la Ley de Casación. Estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.-Viene a conocimiento de este Tribunal el recurso de casación interpuesto porel Dr. Aquip Eliecer Flores Flores,en contra delasentencia el 3 de febrero de 2011, a las 15h34, dictado por la Primera Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residualesde la Corte Provincial de Justicia deazuay, por la cual revocando la sentencia venida en grado, declara sin lugar la demanda por no haberse justificado debidamente el préstamo de dinero que se dice efectuado. Con costas a cargo del actor ; dentro del juicio ordinario seguido por cobro de dinero en contra de Pablo Andrés Urigüen Mora. SEGUNDO.- Con auto de 8 de agosto de 2011; las 15h50, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justiciaadmiteel recurso de casación interpuesto por el Dr. Aquip Eliecer Flores Flores, que se fundamenta en las causalesprimera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. TERCERO.-Este Tribunal tiene claro que la argumentación del recurso de casación así como la contestación que se dé al mismo, debe ser analizada no como se lo haría si éste fuese un recurso de tercera instancia sino que debe analizarse bajo los preceptos procesales de la casación, donde en inicio no es posible introducir nuevos hechos en el debate, ni discutir los problemas fácticos de la instancia. En efecto, no cabe tratar en su totalidad las cuestiones del pleito, pues la casación recae sobre la legalidad de la resolución de instancia, de suerte que si la decisión impugnada contiene infracciones legales se la casa y se dicta una nueva, haciendo una correcta aplicación de las disposiciones legales infringidas; en definitiva se intenta restablecer el imperio de las normas de derecho y unificar la jurisprudencia, ante todo con un matiz acusadamente público, porque su concepción revela el propósito de conseguir, por una parte, que las normas jurídicas se apliquen con oportunidad y se interpreten rectamente, y lograr, por otra, mantener la unidad de las decisiones judiciales, como garantía de certidumbre e igualdad para cuantos integran el cuerpo social. CUARTO.- El recurrentemanifiesta que interpone el Recurso de Casación por lo previsto en el Art. 3 de la Ley de Casación, numeral 3ro., por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
2 de la prueba, que condujeron a una equivocada aplicación de normas de derecho en la sentencia Señala que el documento presentado (letra de cambio) con la demanda fue declarado nulo por la forma y no por el fondo, contiene por escrito, al reverso, la afirmación del demandado de haber recibido el valor que demanda, seguido de la firma de aceptación de éste, que ha sido reconocida como suya propia, con lo que considera probado que el demandado recibió en calidad de préstamo la suma que demanda Dice que el Art. 128 en relación con los 125, 126 y 12 del Código Civil, admite como excepción la prueba testimonial para justificar obligaciones que hayan debido consignarse por escrito, para probar actos o contratos que contiene la entrega o promesa de una cosa que valga más de ochenta dólares de los Estados Unidos de América ; esto es que, se pueda justificar con testigos las obligaciones que superen este monto, si existe un principio de prueba por escrito. Pero estas normas jurídicas no obligan a probar con testigos, como único medio, una obligación que conste por escrito, como erróneamente la Sala ha interpretado; es por eso que solicitó el reconocimiento de firma y rúbrica Señala el recurrente, que existe indebida aplicación de la disposición del Art. 128 del Código Civil, especialmente en su inciso primero, porque expresamente están exceptuados de los casos determinados en los tres primeros artículos precedentes, cuando existe una obligación de prueba por escrito que haga verosímil la existencia de la obligación, es decir, que existiendo el documento, hace fe del hecho litigioso, sin que sea necesario que se ratifique con otro medio. Añade que existe una evidente falta de aplicación de las reglas de valoración de la prueba constante en los Arts. 125, 126 y 12 del Código Civil, porque al admitirse la prueba de una testigo sobre la supuesta inexistencia de la deuda, por el cobro de un cheque, que supone la Sala no corresponde a intereses cancelados por la deuda principal, sino a la devolución del saldo del dinero entregado para la compra y entrega de un vehículo a una tercera persona, por un valor que ni siquiera coincide con lo afirmado Adicionalmente, el recurrente menciona que la Sala, violando las reglas de valoración de las pruebas contenidas en los artículos 113 y 114 del C. de P. Civil, acepta como prueba incontrovertible que el dinero fue entregado para ese fin y no como préstamo, sin considerar que esta afirmación explícita del demandado debió ser probada por él. En cuanto a la confesión judicial del demandado, nada desvirtúa ni puede hacerlo, porque si viene es cierto que este admite haber recibido el dinero (acto que se encuentra probado por escrito), afirma que con ese dinero compró un vehículo para un hijo mío; con esta simple afirmación y la declaración de la señorita Secretaria del demandado, testigo que es su dependiente y que fue tachada por parcializada, aplicando indebidamente el Art. 143 del Código de Procedimiento Civil, al no considerar que el propio demandado reconoce la existencia de la deuda y su obligación, asume la Sala que se trató de una garantía, por la supuesta compra de un vehículo para el hijo del actor, llegando a la conclusión que existió una especie de novación. Afirma que las infracciones de las normas de valoración
3 de la prueba señaladas, han conducido a la falta de aplicación de las normas del Art del Código Civil, sobre los contratos de mutuo o préstamo de consumo; del Art del Código Civil respecto a que no todo contrato debe ejecutarse de buena fe; y, del Art del mismo Código, sobre el nacimiento de las obligaciones El recurrente señala varias normas que considera vulneradas por la sentencia que impugna, sin embargo, sus alegaciones se refieren a que sería necesario que este Tribunal de Casación revise la valoración de la prueba realizada por los Jueces Provinciales, lo que no está permitido, dada la propia naturaleza del recurso de casación Sin embargo, revisada la sentencia se aprecia que la conclusión a la que llegan los Jueces Provinciales se desprende del análisis de los medios probatorios incorporados al proceso por las partes, es decir, la operación mental, lógica, sistemática e integral que deben hacer los jueces sobre los hechos probados por las partes para la resolución de la causa, es adecuada; y se evidencia, que los Jueces Provinciales sí han cumplido con dicha obligación, pues su fallo se encuentra sustentado y representa en debida forma lo que ha llegado a ser su convicción en relación a los hechos que se juzgan En definitiva, le dan a la letra de cambio presentada, y que fuera declarada nula dentro de un juicio ejecutivo, el valor de principio de prueba, por lo que era obligación del actor probar por los demás medios que disponga, de la existencia de la obligación, de ahí que la mención a la prueba testimonial que hacen los jueces, no es más que un mero ejemplo y no una obligación como pretende hacer aparecer el recurrente. Respecto al reconocimiento de la firma y rúbrica del documento declarado nulo, tan solo puede ser considerado eso, es decir, el reconocimiento de que el demandado firmó el documento, pero en este caso, aquello no es el reconocimiento de la obligación, tal como pretende el actor, ya que no se trata de un título ejecutivo, sino, como ya se ha dicho, de un mero principio de prueba, pues la letra de cambio al haber sido declarada nula no puede sustentar el reconocimiento de una obligación, de ahí que se exige que sean otros medios de prueba los que determinen la existencia de la obligación, lo que lleva a la conclusión de este Tribunal, de que las alegaciones realizadas respecto a la falta de aplicación de las normas del Código Civil no es procedente, pues el recurrente parte del hecho de que la letra de cambio es un documento que contiene una obligación, cuando es solo un principio de prueba y se excepciona de la aplicación de las normas legales invocadas, tal como señala el Art. 128 del Código Civil Respecto a la confesión judicial, la misma debe ser tomada siempre en forma completa, por lo que así considerada, no beneficia los dichos del actor, tal como lo señalan los Jueces Provinciales en su fallo; al contrario, encuentran que las respuestas dadas por el demandado son coherentes con lo que consta del expediente y en ese sentido llegan a la resolución de la causa, rechazando la demanda. Por lo tanto, las acusaciones realizadas respecto a la vulneración de normas adjetivas que regulan la valoración de la
4 prueba no tienen sustento, por lo que no es posible admitir la causal tercera que ha sido alegada. QUINTO Respecto a la acusación normativa referente a la causal primera, el recurrente alega que demandó a Pablo Urigüen, en la vía ordinaria, el pago de US$ 2.500,00, intereses y costas procesales, valor que le fue entregado en calidad de préstamo, obligación que consta por escrito en el documento aparejado a la demanda, más no el pago de la obligación contenida en el documento, porque efectivamente aun cuando en forma antijurídica e ilegal, cuando se pretendió ejecutar la obligación en la vía ejecutiva, por invento de una de las Salas de lo Civil de esta misma Corte, que obligaba a los jueces de primer nivel a resolver conforme ese criterio, fue declaro nulo el título, considerando erróneamente que contenía vencimiento diferentes a los que el Código de Comercio precisa, cuando en realidad contenía dos fechas de vencimiento con diferencia de un día, cosa totalmente diferente que no es casusa de nulidad del título.. En consecuencia, al no reconocerse la deuda contraída por el demandado, se deja de aplicar la norma del Art del Código Civil que conceptúa el contrato de mutuo o préstamo de consumo. Adicionalmente, menciona que se deja de aplicar las normas que prohíben el enriquecimiento injusto, y cita una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que dice que constituye precedente jurisprudencial no aplicado. El recurrente señala que el demandado no ha comprobado que la obligación haya sido pagada, y como el documento fue declarado nulo por la forma, no es necesario practicar la cesión de éste en la forma prevista por el artículo 1842 del Código Civil El recurrente acusa la infracción del Art del Código Civil, tanto en forma indirecta, de acuerdo a la causal tercera y referido en este fallo en el punto 4.4., así como de forma directa conforme la causal primera, lo que hace improcedente acusación normativa realizada, pues la misma norma no puede ser vulnerada en forma directa e indirecta a la vez, dentro del mismo fallo El recurrente reconoce que el documento letra de cambio fue declarado nulo, por tanto, no puede servir como fundamento para reclamar una obligación, sin embargo, señala que se trata de una obligación que consta por escrito, lo cual no es propio, pues conforme se ha señalado, se trata únicamente de un indicio o principio de prueba, por tanto, la relación contractual debe ser justificada plenamente, dentro de un juicio declarativo de derechos como acontece en la vía ordinaria, por tanto, no se puede asumir que la obligación existe, es necesario que sea comprobada por los medios que disponga el actor, lo cual no ha sucedido, conforme el criterio de los Jueces Provinciales El fallo que el recurrente transcribe, contradice sus propias pretensiones, pues alega enriquecimiento sin causa, pero tal como se dice en el fallo: Como consecuencia de ello, se señala que la acción de enriquecimiento sin causa deberá ser rechazada cuando el actor tenga a disposición una acción contractual, legal o proveniente de una infracción delictual o cuasi delictual que le permita obtener satisfacción a sus derechos, por tanto, el actor al exigir que se reconozca un obligación que dice ha nacido de un contrato
5 de mutuo, no puede alegar enriquecimiento sin causa al momento de la casación, luego de que su demanda ha sido rechazada, pues la acción de enriquecimiento sin causa debió haber sido así planteada y no como incumplimiento del contrato de mutuo que es lo que en realidad pretende el actor. La alegación de errores de cálculo que hace el recurrente, respecto a cómo se ha calculado intereses, no es materia del recurso de casación; pero en todo caso se debe señalar que los Jueces Provinciales hacen un cálculo sobre 18% de interés como aparece en la letra de cambio, y el actor, hace un cálculo sobre el 12% de interés como él afirma, lo que no ha sido probado tampoco, es decir, no existe evidencia de que la tasa pactada por el contrato de mutuo que dice existió, haya sido fijada en 12% y no en 18%, cómo se demuestra de la letra de cambio que ha sido declarada nula; en consecuencia no se encuentra vulneración de normas sustantivas como el recurrente ha acusado, no siendo procedente aceptar la causal primera invocada. Por todo lo anterior, y sin que sea necesario más consideraciones, este Tribunal de Casación, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: NO CASA la sentencia dictada el 3 de febrero de 2011, a las 15h34, por la Primera Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Azuay.- Sin costas que regular.- De conformidad con lo prescrito en el Art. 12 de la Ley de Casación,entreguese el valor total de la caución a Pablo Andrés Uriguen Mora. Notifíquese, devuélvase y publíquese.- f) drs. Álvaro Ojeda Hidalgo, Paúl Iñiguez Ríos y Wilson Andino Reinoso, JUECES NACIONALES y Dra. Lucía Toledo Puebla SECRETARIA RELATORA que certifica.- ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.- Quito, 04 de junio de Lo que comunico para los fines de Ley.- Dra. Lucía Toledo Puebla SECRETARIA RELATORA
6 Recurso de casación No

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1842