Source: https://www.scribd.com/document/55731799/Debido-Proceso-Cto-Sspd-Oju-2010-15
Timestamp: 2017-10-19 22:21:05+00:00

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Debido Proceso- Cto Sspd Oju-2010-15
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA ASESORA JURÍDICA CONCEPTO UNIFICADO SSPD-OJU-2010-15 Este documento tiene como
propósito fijar el criterio jurídico unificado de esta Superintendencia en lo concerniente a la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios en sede de la empresa, el cual corresponde al Capítulo VII del Título VIII de la Ley 142 de 1994 1 DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA 1. INTRODUCCIÓN Lo que se denomina en la Ley 142 de 1994, Defensa de los Usuarios en Sede de la Empresa, no es otra cosa que el derecho de los usuarios a presentar peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. Sobre este aspecto, conviene precisar que estos no son los únicos derechos que se consagran a favor de los usuarios de los servicios públicos en la Ley 142 de 1994, como equivocadamente se cree. Por el contrario, a lo largo de dicha normativa se consagra un catálogo importante de derechos, entre ellos los previstos en su artículo 9, los relativos al acceso a los servicios públicos, los relacionados con la facturación, medición, etc., todos ellos destinados a la protección del usuario y al buen funcionamiento del mercado económico de los servicios públicos. Pero, además de las normas de protección previstas en la Ley 142 de 1994, las Comisiones de Regulación expiden normas de protección de los derechos de los usuarios. Dentro de estas se pueden citar la Resolución 108 de 19972, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, y la Resolución 413 de 20063, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA . Finalmente, la Constitución Política, como norma de normas, es aplicable también a los usuarios de servicios públicos domiciliarios, en todo lo que tiene que ver con el derecho al debido proceso y sus diferentes instituciones. Así las cosas, las normas cuyo análisis hacen parte de este documento, no son las únicas disposiciones que confieren derechos a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, y su importancia radica en que son justamente los instrumentos que la ley ha puesto en manos de los usuarios para hacer valer toda las garantías y derechos consagrados a su favor en el marco del contrato de servicios públicos. 1.2. Vigencia del Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios. Algunos estudiosos del régimen de los servicios públicos han sostenido que el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios contenido en el Decreto 1842 de 1991 se encuentra vigente, no obstante la existencia de pronunciamientos de las altas cortes que sostienen lo contrario. Para sostener esta tesis, parten del estudio del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, que se refiere a los “Derechos de los Usuarios”, el cual dispone que “Los usuarios de los servicios públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor, siempre que no contradigan esta Ley, a...” (negrilla fuera del texto original). En este orden de ideas, dichos estudiosos consideran que la mención expresa que la Ley 142 de 1994 hace del señalado estatuto salvaguarda su vigencia. De igual forma, quienes sostienen esta tesis, indican que existe jurisprudencia en donde el Consejo de Estado ha hecho análisis del Decreto 1842 de 1991 sin referirse a su vigencia, de lo que deducen que el mismo es hoy en día aplicable. No obstante lo anterior, esta Superintendencia ha concluido, basada en sólidos argumentos jurídicos, así como en el análisis de diversas jurisprudencias, que el Decreto 1842 de 1991 no se encuentra vigente, en la medida en que sus disposiciones se encuentran recogidas en la Ley 142 de 1994. La anterior posición, como se dijo, cuenta con un sólido apoyo jurisprudencial. Es así, como en el año 2000, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al decidir una acción de cumplimiento, concluyó que el Decreto 1842 de 1991 perdió su fuerza ejecutoria, con fundamento principalmente en que “El reglamento, que es lo secundario, debe seguir la suerte de lo principal que es la ley, de manera que derogada ésta, se extingue aquél”4. Esta última jurisprudencia fue reiterada en Sentencia del 9 de junio de 2004, emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Expediente No. 8008, en donde al decidir una acción de nulidad contra una resolución de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, se citó nuevamente la sentencia de la Sección Quinta de 19 de noviembre de 2000, en la que se concluyó la pérdida de la fuerza ejecutoria del Decreto 1842 de 1991. Sobre el particular, la posición de esta Superintendencia se encuentra plasmada en la Circular Externa SSPD 003 de 2001, la cual se basa en las sentencias de la Sección Quinta y de la Sección Tercera, atrás citadas, que sostienen la pérdida de la fuerza ejecutoria del Decreto 1842 de 2001. A través de dicha Circular, la Superintendencia puso en conocimiento de los prestadores una providencia del Consejo de Estado en la cual se reitera el criterio adoptado en varios pronunciamientos del mismo Tribunal (entre otros Sección Quinta, Radicado interno 035 del 15 de marzo de 2001, C.P. Roberto Medina López; Sección Quinta, expediente AP - 133 del 9 de noviembre de 2000, C.P. Roberto Medina López) en lo que hace a la vigencia del Decreto 1842 de 1991. El fallo en cita está fechado el 14 de junio de 2001, según el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Alier Hernández Enríquez, Expediente AP 2009 señaló, entre otras cosas, lo siguiente: “(...) En otras oportunidades, esta Corporación ha conocido de solicitudes similares impetradas por el mismo actor que promovió esta acción popular, y ha dicho que no pueden prosperar, porque suponen el cumplimiento de una norma que ha perdido vigencia, pues, actualmente, rige íntegramente la ley 142 de 1994, en la cual no previó esa obligación en cabeza de las E.S.P. Lo anterior no quiere decir que la ley 142 de 1994 haya dejado a los usuarios sin un mecanismo de control y participación en la fiscalización de los servicios. Esta norma, por una parte, dispuso un régimen de defensa de los usuarios en sede de la empresa en su capitulo VII dentro del cual no se ordenó la creación de comités de quejas y reclamos, sino de una oficina de la entidad que atienda las solicitudes de los usuarios; y, por otra, previó la conformación de Comités de Desarrollo y Control Social por medio de los cuales los usuarios reales y potenciales pueden ejercer plenamente el derecho cuya vigencia se reclama en esta demanda. (...)” En ese contexto, la Circular 003 de 2001 finalmente concluye que teniendo en cuenta que la Ley 142 de 1994 es posterior al Decreto 1842 de 1991, y siendo ésta la Ley la que regula de manera general e integral las actividades relacionadas con los servicios públicos domiciliarios, el Decreto 1842 no está vigente y sus preceptos quedaron insubsistentes, tal como lo dispone la regla mencionada, salvo aquellos que fueron incorporados en la Ley 142 de 1994. De esta manera, conforme a la posición fijada por esta Superintendencia a partir de la Circular 003 de 2001, el Decreto 1842 de 1991 no se encuentra vigente, toda vez que perdió vigencia con la expedición de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, debe considerarse que el Decreto 1842 fue expedido en el contexto de una ley y de un régimen jurídico totalmente opuesto al que a partir de 1991 regula la prestación de los servicios públicos. En esa medida, la Ley 142 de 1994 recogió materias importantes del decreto con las adaptaciones del nuevo régimen, a la vez que desecho aquellas que contradecían el espíritu del nuevo régimen de los servicios públicos domiciliarios contenido en la Constitución Política y, entre otras normas, en la Ley 142 de 1994. 2. DERECHO DE PETICIÓN 2.1. Fundamento constitucional. El derecho de petición tiene su fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y es el derecho que tiene toda persona a (i) presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y (ii) a obtener de ellas pronta resolución. Igualmente, señala este artículo que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. En múltiples oportunidades la Corte Constituciona5l se ha pronunciado en relación con la naturaleza y el alcance de ese derecho fundamental, cuyo núcleo esencial se concreta en la pronta respuesta por parte de la autoridad a quien se dirige la solicitud y en el derecho que le asiste al solicitante a obtener una respuesta de fondo, independientemente del sentido de la decisión, es decir, si es positiva o negativa. Resulta entonces vulnerado este derecho, si la administración omite su deber constitucional de dar pronta solución al asunto que se somete a su consideración, o si omite su deber de pronunciarse de fondo cuando tenga competencia para hacerlo. En Sentencias T-1160A de 20016 y T-508 de 20077, la Corte Constitucional señaló los elementos que caracterizan este derecho, en los siguientes términos:. “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como
Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. atender estrictamente a cada uno de los requisitos mencionados. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. k) “Ante la presentación de una petición. esto es. privadas o mixtas. la Corte Constitucional.los derechos a la información.2. dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”. g) En relación con la oportunidad de la respuesta. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. esto es. clara. se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. en caso de no hacerlo. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”. la respuesta será ordenada por el juez. cumplirse dentro del término que señala la ley. precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. clara. Derecho de petición en la Ley 142 de 1994. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión. “h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición. f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares. De no ser posible. 3. empresas industriales y comerciales del Estado o municipios prestadores directos. por regla general. . En relación con lo anterior. por ser esta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. por regla general. Debe resolverse de fondo. En el caso de los servicios públicos domiciliarios. ser puesta en conocimiento del peticionario. debe resolverse de fondo. 2. sin importar su naturaleza jurídica. a quienes deben dar respuesta a las peticiones. Pero. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. a quienes ejercen autoridad. mediante la sentencia T-1160A8 de 2001 citada anteriormente. antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso. esto es. puesto que de lo contrario se podría vulnerar el derecho fundamental de petición de los peticionarios. el criterio de razonabilidad. del término será determinante. En la Sentencia T-1006 de 2001. que se encuentra consagrada en los artículos 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994. esto es. es necesario separar tres situaciones: 1. y que es aplicable a todos los prestadores de servicios públicos. puede protegerse de manera inmediata. estableció que con el fin de no incurrir en la vulneración del derecho de petición. la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado ”. 2. precisa y de manera congruente con lo solicitado y 3. la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. si son empresas públicas. la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más. deben tenerse en cuenta los parámetros establecidos en la Sentencia referida para no vulnerar este derecho fundamental. ponerse en conocimiento del peticionario a través de los medios establecidos en la ley. este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamenta. “i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa. puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. se aplica a entidades estatales. pues su objeto es distinto. oportunidad 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental. pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. Adicionalmente. con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas. Corresponde entonces. si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad. Pero. d) Por lo anterior. Oportunidad. así: j) “La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”. 2. la respuesta debe cumplir los siguientes requisitos: 1. a la participación política y a la libertad de expresión. existe una regulación especial para el derecho de petición que proviene del usuario de servicios públicos. comunidades organizadas. e) Este derecho. Para este efecto. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días.
2. el prestador podrá exigir que la petición se presente por escrito. Esta protección es desarrollada entre otras por las normas que prevén la posibilidad de efectuar peticiones respetuosas ante las entidades prestadoras.. con lo cual incluso los propios usuarios podrán verse afectados por la inadvertencia de las autoridades administrativas o judiciales sobre el punto” (subrayado fuera del texto original). quejas y recursos que presenten sus suscriptores o usuarios dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas.3 Término para responder las peticiones. con lo cual la condición de usuario del servicio público. En este punto. La sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos administrativos. la cual tiene la obligación de recibir. economía. de conformidad con el artículo 152 de la Ley 142 de 1994. Ahora bien. notificación y publicación de tales actuaciones y actos. se convierte en el elemento relevante y necesario para que se garantice el objetivo del derecho de petición. 9. (artículo 5 C. moralidad y eficacia en la función administrativa. silencio positivo. medios y aplicaciones electrónicas. será éste el legitimado para su ejercicio. podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes. mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la Administración Pública”. es importante en este punto hacer mención a la especial protección de la cual goza el usuario de los servicios públicos domiciliarios. dado que así se desprende del artículo 153 de la Ley 142 de 1994. se desprende una protección especial a los usuarios de los servicios públicos. los organismos y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes. quejas. notificaciones. etc. cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que dispongan.. en muchas ocasiones vinculantes. que el suscriptor o usuario pueda presentar peticiones. sin el concurso de los verdaderos interesados en ellas. publicidad. dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 6o. las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición. Finalmente. según la complejidad de la petición. quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. 134 y siguientes y 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994. aplicable a organismos y entidades del Estado. en lo no previsto en la Ley 142 de 1994. esta regulación prevé lo relativo al término para presentar peticiones y recursos.A. las empresas prestadoras de servicios públicos deben expedir las respuestas a las peticiones. término de respuesta por parte de las empresas. es de la esencia del contrato de servicios públicos. requisitos para su presentación. quejas. en relación con el uso de medios tecnológicos y electrónicos para la presentación de peticiones. celeridad. reclamaciones o recursos. (. se pueden aplicar en lo pertinente las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. o emplear. de los artículos 365 y siguientes de la Constitución. reclamaciones o recursos. y a particulares que ejercen funciones públicas o presten servicios públicos.Como se verá más adelante. Toda persona podrá presentar peticiones. En consecuencia y como se trata de una protección especial al usuario. Para el caso de peticiones verbales. quejas y recursos. quejas y recursos De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. la cual ha sido reconocida por la Corte Constitucional en varios pronunciamientos. entre ellos el contenido en la Sentencia T-817 de 20029 que en su análisis sobre los requisitos para establecer la legitimidad en la causa cuando se persigue la protección judicial del derecho de petición en los servicios públicos domiciliarios señaló lo siguiente: “Por otro lado. el artículo 153 de la Ley 142 de1994 dispone que todos los prestadores de servicios públicos deben constituir una Oficina de peticiones. de acuerdo con las citadas normas. según el cual. imparcialidad. Para atender los trámites y procedimientos de su competencia. Pasado este término. La inobservancia de este requisito podrá generar que en situaciones concretas se profieran decisiones administrativas o judiciales. MEDIOS TECNOLÓGICOS.. tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales y escritos presentados por sus usuarios. podrán adicionalmente utilizarse soportes.C. las peticiones no requieren ser presentadas de manera personal por el directamente interesado y pueden ser remitidas por correo. Para garantizar el adecuado ejercicio de este derecho. atender. salvo que se demuestre que el .) Por otra parte. tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. a fin de hacer efectivos los principios de igualdad. Para el trámite. adicionalmente. Para el efecto. conviene señalar que el artículo 6 de la Ley 962 de 2005.) De igual forma.
M. esto es. para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aparezca registrada al momento de intervenir por primera vez en la actuación. o que se requirió la práctica de pruebas.) Siguiendo los parámetros de las sentencia T-01 de 1998. la notificación se podrá hacer de la misma manera. o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. la notificación de la decisión sobre la petición se hará en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo. terceros y a la ciudadanía en general dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. En cuanto a la protección del derecho fundamental de petición frente a prestadores de servicios públicos. 365 C. suscriptores. se reanuda el cómputo de los términos que concede la ley a la empresa para dar respuesta. Igualmente. en un Estado Social de derecho que permanentemente convoca a los ciudadanos a un control efectivo de los actos y actividades que interesan a todos los asociados(sentencia T-638 de 1998. no se requiere elevar a escritura pública el acto administrativo positivo ficto. toda vez que . con la consiguiente obligación de proteger el derecho fundamental de petición a pesar de su naturaleza privada. suscriptores. es decir. Para tal efecto. para lo cual la empresa prestadora deberá llevar un registro tanto de las decisiones como de su notificación. en donde se debatió asunto similar.. Si la actuación se inició de manera verbal. de acuerdo con el artículo 60 del Código de Régimen Político y Municipal10. De otro lado. Doctor Antonio Barrera Carbonell).. La excusa de su carácter privado para no acceder a las peticiones formuladas con base en el artículo 23 de la Constitución. si dentro del trámite de respuesta se hace necesario decretar pruebas. todas las empresas prestadoras de servicios públicos deben dar respuesta a las peticiones que presenten los usuarios. debe darse aplicación a lo previsto en los artículos 34 y 58 del Código Contencioso Administrativo. Esto significa que el silencio opera de manera automática y la empresa debe.P.) y esa sola circunstancia las coloca en una posición dominante frente a éstos. Al hacer la notificación personal..P. 2. las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. establece que quienes presten servicios públicos están obligados a dar respuesta dentro del término allí establecido a las peticiones que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato. Por otra parte. Finalmente.suscriptor o usuario auspició la demora. aunque el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. El término se puede ampliar hasta antes de vencerse los quince días iniciales para decidir. A partir del día siguiente en que finaliza la etapa probatoria. deben resolver las peticiones que ante ellas se presenten dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles. El término de práctica de pruebas interrumpe al plazo de quince (15) días para decidir la petición. al margen de su calidad pública o privada (artículo 15 de la ley 142 de 1994) prestan un servicio público a los usuarios. terceros y a la ciudadanía en general. el artículo 44 de dicho Código señala que las decisiones que pongan fin a la actuación administrativa se notificarán de manera personal al interesado o a su representante o apoderado. ha dicho la Corte Constitucional”11 (. que es inherente a la finalidad social del Estado (Art. se entenderá que la respuesta se resolvió de manera favorable. servicio público. se entregará al notificado copia íntegra. Si la empresa no lo hace. De conformidad con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994. la Superintendencia puede adoptar las medidas para hacer efectivo el silencio. el término para dar respuesta vence hasta antes de la media noche en que termina el último día del plazo. si no hay un medio más eficaz de informar al interesado.4 Notificación personal de la decisión sobre la petición. por la clase de servicio que prestan. un servicio público. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del acto. expuestos ampliamente en la sentencia T-617 de 1998. En efecto. y la constancia del envío se anexará al expediente. el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos la aplicación de las sanciones correspondientes. no es acertada cuando lo que se discute es la viabilidad de un instrumento de legitimidad democrática. subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. Para efectos del reconocimiento de los efectos del silencio positivo no hay que seguir el procedimiento del artículo 42 del Código Contencioso Administrativo. auténtica y gratuita de la decisión si esta es escrita. Ahora bien. las empresas prestadoras de servicios públicos que ofrezcan a sus usuarios servicios adicionales o complementarios. como es el derecho de petición. reconocer los efectos del silencio administrativo positivo.
será considerado eficaz. A.A en aras de posibilitar la notificación personal al interesado. hora de entrega.5 El aviso entregado a través de una empresa de mensajería especializada tiene la misma eficacia del correo certificado para la citación a notificarse personalmente. fecha. más que conducir a la falta de notificación.A. quien informando una dirección rural debió estar atento de su correspondencia.. comprende el control de la prueba de entrega del envío que se consigna en un documento en el que conste un número de orden.” Bajo este entendido. cualquier otro medio que permita igualmente determinar la fecha en que el usuario se informa de la actuación para efectuar la notificación personal. hora de entrega. y en el respectivo municipio no existe el servicio de correo. si un usuario da una dirección rural para que se le notifique. El Consejo de Estado admite que la comunicación por correo certificado pueda ser reemplazada por la comunicación mediante mensajería especializada siempre que ésta última cumpla todos los elementos del correo certificado. la empresa puede valerse de ellos con el fin de lograr que el usuario conozca la decisión. El mecanismo que implemente la empresa prestadora para la notificación verbal. el Consejo de Estado ha manifestado que el interesado debe estar atento en la oficina postal del correspondiente municipio.A. si Adpostal no presta el servicio en el sector rural. se enviará por correo certificado una citación a su dirección.C. implica la falta de legitimación para desvirtuar la notificación postal.contra algunas de estas decisiones empresariales proceden recursos (Ley 142 de 1994. Sin embargo.A. debe necesariamente valerse del correo certificado para informar al usuario. Ahora bien. C. en las cuales no existe el servicio de correo. debe garantizar al usuario el derecho a presentar los recursos de ley. En los términos del artículo 44 del C. aunado a una entrega muy rápida. el Consejo de Estado12 se ha pronunciado en los siguientes términos: “La Sala estima que el aviso entregado a través de una empresa de mensajería especializada tiene tanta o más eficacia que el enviado a través del correo certificado toda vez que de conformidad con el decreto 229 de 1995. En consecuencia. “En relación con la notificación por correo y el aviso de citación a direcciones rurales. En este evento.(. teniendo en cuenta que la norma prevé la utilización de medios más eficaces que el correo certificado para efectuar la notificación personal. como son “el control de la prueba de entrega del envío que se consigna en un documento en el que conste un número de orden. el mecanismo que se implemente debe. Sobre este asunto. si no hay otro medio más eficaz para citar al interesado a notificarse personalmente. el servicio de mensajería especializada. firma e identificación de quien recibió. considera el correo certificado como un medio eficaz para remitir la comunicación por la cual se informa al peticionario que debe notificarse personalmente de la decisión respectiva. por las constancias que permite guardar de la actuación. la constancia deberá anexarse al expediente. firma e identificación de quien recibió”. En esa medida.C. Es importante tener en cuenta que en la citación que se realiza en el sector rural o en la notificación por correo en dicho sector. artículo 6o literal f). artículo 154). De manera que. permitir contar adecuadamente los términos necesarios para llevar a cabo la notificación por edicto. Para la Sala la notificación enviada a la dirección informada por el apoderado del actor estuvo bien efectuada. requerimientos superiores a los que se puede obtener a través del denominado correo certificado. la constancia de envío debe quedar registrada dentro de los cinco días previstos para el efecto. y es allí donde deben presentarse los interesados a reclamar los envíos. sin omitir la dirección rural que informó. acogiendo el criterio jurisprudencial expuesto. “por el cual se reglamenta el servicio postal'. fecha.)”.. 2. regulado en el artículo 5 ibídem. si dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles que otorga la norma para el envío del correo certificado. aparte de dejar las constancias respectivas. según el artículo 44 del C.C. como quiera que el hecho de su devolución no es imputable a la Administración Tributaria sino al apoderado del demandante. tal como lo establece el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo. De tal modo que el aviso referido.C. El C. so pena de la configuración del silencio administrativo positivo. la comunicación mediante mensajería especializada puede ser aceptada como una comunicación válida e idónea que satisface el requerimiento previsto en el artículo 44 del C. la empresa no ha podido realizar la notificación personal utilizando medios más eficaces. en caso de que la . que además de obstruir el procedimiento administrativo de determinación y discusión del tributo (en el caso particular). Sin embargo. se le debe enviar la correspondencia a la oficina postal de la cabecera del municipio. evidencia un error o negligencia del administrado. ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en el sentido que tal circunstancia. cumple a cabalidad la exigencia de eficacia prevista en el inciso tercero del artículo 44 del C.
del comercio electrónico y de las firmas digitales. Notificación por edicto.. medios y aplicaciones electrónicas como lo señala el artículo 6o de la Ley 962 de 2005.) 2. las formalidades definidas por el legislador en el artículo 45 del C. De conformidad con el artículo 45 del C. Una vez iniciada la notificación por edicto. que el legislador haya expedido la Ley 527 de 1999 "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos. si no se puede hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días siguientes al envío de la citación.A. Con el mismo propósito deberán registrar.notificación personal no pueda hacerse (Artículo 45 C. La notificación por correo se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección informada por el contribuyente a la Administración. por ejemplo.” Por otra parte. la Corte Constitucional. el artículo 566 del Estatuto Tributario también prevé la notificación por correo electrónico en los siguientes términos: “Notificación por correo.. De otra parte. deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal.P. que modificó el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil.C. la utilización del correo electrónico o envío de mensaje de datos.C.. sin el lleno de los requisitos previstos en los artículos 44 y 45 de dicho Código no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión. para la notificación por edicto siguen vigentes. una dirección electrónica.A. Esta forma de notificación a través de correo electrónico está prevista en el artículo 102 de la Ley 734 de 2002 o Ley disciplinaria. siempre que el interesado lo haya aceptado de manera expresa. los medios electrónicos no sustituyen el procedimiento del artículo 45 del C. si previamente y por escrito. incluyendo el correo electrónico. 2.C. dándose por suficientemente enterada. el término para su realización no se puede suspender para hacer notificación personal. admite el empleo de un medio más eficaz para citar al interesado a notificarse personalmente. Notificación irregular. por el término de diez (10) días hábiles. que éste mecanismo podría emplearse. Jaime Córdoba Triviño. La respectiva constancia será anexada al expediente. es importante tener en cuenta que la notificación irregular de la decisión no es casual de . hubieren aceptado ser notificados de esta manera.A.” Por su parte. sucursal o agencia. haya dispuesto que "Para efectos de las notificaciones personales.(. pero el interesado. M.A.C. salvo que la parte interesada.6.. el cual reza: “Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor. De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del C.A. Teniendo en cuenta que el artículo 44 del C. pero los prestadores de servicios públicos pueden utilizar adicionalmente soportes. Es más. y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones" o que en el artículo 29 de la Ley 794 de 2003. además. tendrá el derecho a que se le entregue copia de la decisión que se está notificando. para informar al interesado. Es decir. en los érminos que señale el reglamento. al asimilarse con el medio más eficaz que prevé la norma.C. la acepte o utilice en tiempo los recursos legales.C.A.). En otras palabras.7. a través de cualquier servicio de correo. Si se registran varias direcciones. La Administración podrá notificar los actos administrativos de que trata el inciso primero del artículo 565 de este Estatuto. se fijará edicto en un lugar público de la respectiva empresa. la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. los comerciantes inscritos en el registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia. con inserción de la parte resolutiva de la decisión. queda comprendido dentro de esta posibilidad. el trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas". en sentencia C-1114 de 2003. En este punto. en cualquier momento. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. existe la necesidad de actualizar los regímenes jurídicos para otorgar fundamento jurídico al intercambio electrónico de datos y de allí por qué. señaló que el legislador es el llamado a diseñar el sistema de notificación de los actos administrativos acorde con los progresos tecnológicos: “Este ejercicio de función legislativa es legítimo pues en esa instancia bien puede diseñarse el sistema de notificación de los actos administrativos de manera compatible con los progresos tecnológicos que se advierten en las telecomunicaciones y la informática y con la influencia que éstas han tenido en los medios de comunicación.
antes del vencimiento de la fecha de pago oportuno.A. . aunque estén en mora en el pago puesto que hacerlo sería desconocer el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 23 Constitucional. de lo contrario. 2. dispone lo siguiente: “ARTICULO 44. En este punto. el artículo 69 del C.C. El Consejo de Estado ha manifestado que el fundamento de la revocatoria directa "es el de no permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social. No obstante lo anterior. el período de facturación no interesa para su contabilización y sólo basta que expiren los cinco meses a partir de la fecha de expedición que contenga la factura.revocatoria directa por parte de la empresa. Al respecto de lo anterior.C. (. Tal como se señaló en el Concepto Unificado número 3 de 2009 de esta Superintendencia.C. Ello sólo es posible cuando existe una oposición evidente.9. por lo que el acto administrativo debería ceder ante las normas superiores. Así. esto es. debe existir una incompatibilidad ostensible que sea posible establecer prima facie. por el contrario. anteponiendo frente a intereses fundamentales otros de contenido estrictamente económico. Por ejemplo. No es necesario notificar al poderdante cuando éste ha conferido poder al apoderado.A. es decir. DEBER Y FORMA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.10 Improcedencia de reclamaciones sobre facturas que tengan más de cinco meses de haber sido expedidas por la empresa. salvo que el poder estuviera limitado únicamente a la presentación de la petición. el C. a la vez que castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo.. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado. debe pagar el monto total de la factura tal como lo dispone el artículo 155 de la Ley 142 de 1994. de conformidad con el inciso 3o del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.8. busca darle certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí el usuario va o no a discutir el valor de los servicios facturados en un período determinado. El anterior.13” En virtud de lo anterior. deberá pagar las sumas que no son objeto de reclamación. entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio. es a este a quien hay que notificar. cuando se trate de la presentación de reclamos contra la facturación del servicio. se considera que las Empresas de Servicios Públicos no pueden negarse a recibir las peticiones de sus usuarios.A establece claramente un procedimiento aplicable para la revocación de los actos administrativos en el Título V del Libro I (artículos 69 a 74).. cuando se alega contradicción con la Constitución o con la ley. la petición fue presentada por el administrador como representante de la copropiedad. para que el usuario pierda el derecho a reclamar. no es necesario notificar al administrador de la propiedad horizontal o al apoderado de esta. De conformidad con el artículo 48 del C. El artículo 44 del C. La falta o irregularidad de las notificaciones trae como consecuencia que la decisión no produzca efectos legales.. una verdadera incompatibilidad entre el acto administrativo y la Constitución o la Ley. el acto administrativo que no ha sido notificado en debida forma no es susceptible de ser objeto de revocación directa.. es decir. dicha contradicción debe ser manifiesta. basta con que se notifique al mismo para que se entienda surtida en debida forma la notificación y no es necesario notificar al representado o a quien ha otorgado poder. Si.. o a su representante o apoderado.C. es decir. vencido el plazo de pago oportuno. se trata de un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar reclamos. establece las causales de revocatoria de los actos administrativos las cuales son de carácter taxativo. 2. el usuario. 2.) De acuerdo con esta norma. Si la petición fue presentada por un usuario respecto de un bien privado. razón por la cual cualquier otra causal de inconformidad con el acto administrativo deberá ser debatida ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. más no que el acto devenga por ello en ilegal. si una persona actúa a través de representante o apoderado. Las empresas prestadoras de servicios públicos no pueden negarse a recibir las peticiones de sus usuarios aunque éstos se encuentren en mora en el pago de sus obligaciones.A. Este término. el imperio del principio de legalidad y el de oportunidad y conveniencia de la Administración. Frente al término de caducidad citado.
3. modificadas o revocadas por el mismo prestador o por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De esa manera. razón por la cuál se concluye. el de apelación ante la Superintendencia y el de queja ante esta misma Superintendencia. la limita a una serie de casos concretos. suspensión. quejas y recursos relativos a dicho contrato (artículos 128 y 159). Para presentar una reclamación no pueden exigirse requisitos adicionales a los que consagra la Ley y la Regulación. quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos y su trámite se adelantará conforme al derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Presunción de la buena fe. suspensión. Ahora bien. cuando el peticionario o reclamante no ostenta la calidad de suscriptor o usuario sino que actúa en nombre de estos. 154). es decir. Por otra parte. se deduce que los recursos a disposición del usuario pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes del contrato (art. con la suspensión terminación y/o corte del servicio. o con la facturación. facturación e indebida aplicación de la estratificación en la factura. por lo que basta con que la persona que acude ante la empresa manifieste en forma verbal o por escrito la calidad en que actúa para que tenga derecho a ser atendida. Debe tenerse en cuenta que los recursos se presentarán ante los prestadores de servicios públicos. en lo que tiene que ver con estratificación de usuarios. (Negrilla y subrayado fuera del texto ) Teniendo en cuenta lo anterior.2. la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten contra éstas. en desarrollo de su relación contractual con el usuario son susceptibles de recursos. que sólo proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación sobre las reclamaciones que se refieran a situaciones que afecten la prestación del servicio o la ejecución del contrato. es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar peticiones.11. Artículo 84.” Los recursos que proceden contra las decisiones de las empresas son el de reposición en sede de la empresa. las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos. Ahora bien. debe aclararse que cuando se actuá en nombre de un tercero. Por su parte. para la presentación de reclamos ante los prestadores de servicios públicos. salvo el de . cuando quiera que el de apelación haya sido negado por el prestador. de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. y que se concreten en su negativa. De conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley 142 de 1994. el artículo 154 ídem dispone que: “el recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato” y. corte. solicitando que esas decisiones sean revisadas. siendo de la esencia de éste que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones. los artículos 83 y 84 de la Constitución Política señalan lo siguiente: “Artículo 83. DERECHO A PRESENTAR RECURSOS. corte y facturación que realice la empresa. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. “en las condiciones uniformes de los contratos se indicará el trámite que debe darse a los recursos. estos no pueden exigir requisitos o documentos especiales como por ejemplo una copia del certificado de tradición o del contrato de arrendamiento. se tiene que es la misma Ley 142 de 1994. la relación entre usuario y prestador se gobierna a través del contrato de servicios públicos o de condiciones uniformes. de conformidad con el artículo 156 de la Ley 142 de 1994. se tiene que no todos los actos emitidos por un prestador de servicios públicos domiciliarios. terminación. a través de sus artículos 101 y 104 la que permite la interposición de recursos por parte de los usuarios. y los funcionarios que deben resolverlos. se deberá exigir poder que acredite la respectiva calidad de representante. señala de manera expresa que “contra los actos de negativa del contrato. a través del cual los usuarios de servicios públicos domiciliarios pueden manifestar su oposición o desacuerdo frente a las decisiones del prestador que afecten la prestación del servicio o la ejecución del contrato.” Así las cosas. En todo caso. a renglón seguido. 3. en los casos en que la decisión de la empresa tenga que ver con la negativa a contratar. Por su parte. terminación. procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en los casos en que expresamente lo consagra la ley”. Consideraciones generales Los recursos son un medio de impugnación.1. al tenor de las anteriores disposiciones. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general. licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. dado que la misma norma que permite su interposición.
. permitiendo que el usuario o peticionario presente su solicitud de forma individual o a través de un tercero apoderado o un mandante en los términos del Código Civil. es decir. el recurso de apelación no se puede presentar de manera directa. quien le represente ante la prestadora. debe tenerse en cuenta que los recursos de reposición y apelación se conceden en el efecto suspensivo. si el directamente interesado decide que la presentación de su recurso se haga a través de un tercero. a la vez que deben facilitar formatos a los usuarios para su presentación.C. y cuando tengan que ver con la facturación. que siempre es obligatorio presentar el recurso de reposición. el tercero deberá acreditar u condición de agente oficioso en los términos señalados para ello en el Código Contencioso Administrativo. Según el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. este último deberá acreditar su condición de apoderado o mandatario de conformidad con las reglas generales de derecho que rigen estas figuras. En este sentido. sino de manera subsidiaria del de reposición. es decir. puede hacerlo en escrito separado dirigido a la empresa. debe tenerse en cuenta que las empresas tienen el deber de informar los recursos que proceden en cada caso y el plazo para presentarlos. no hay términos independientes. En todo caso. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha de notificación de la decisión de la empresa. puede presentar un recurso un tercero que carezca de autorización expresa del directamente interesado en el recurso. De otra parte. y de manera simultánea el de apelación en el mismo escrito. de manera directa. suscriptor o usuario los puede presentar directamente. el recurso de queja. Al presentar el recurso de reposición se debe presentar también en forma subsidiaria y en el mismo escrito. el recurso de apelación se puede interponer de manera directa. Conviene precisar que de conformidad con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994. siempre y cuando lo haga dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha de notificación de la decisión de la empresa. el recurso de apelación. Asesoría de los Personeros Municipales a los suscriptores o usuarios en la presentación de los recursos. este haya sido negado. Es decir.2. el personero puede presentar directamente peticiones o solicitudes de carácter general que contengan la problemática de la comunidad en relación con el servicio público de que se trate.queja. según la cual. si la empresa decide el recurso de reposición de manera desfavorable para el usuario. se puede presentar directamente ante esta Superintendencia. automáticamente el usuario tiene derecho a que la empresa traslade el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos para que esta entidad revise la decisión. el recurso de reposición debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. el actuar del personero se debe restringir a dar consejo. En esa medida. El artículo 157 de la Ley 142 de 1994 prescribe que los personeros municipales deben prestar el servicio de asesoría a los suscriptores o usuarios en la presentación de los recursos. De acuerdo con estas normas. Como se ha dicho. En todo caso. terminación y corte. Esta regla se aparta de la previsto en el 51 del C. la decisión adoptada por el prestador de servicios públicos queda en suspenso hasta tanto la Superintendencia de Servicios Públicos resuelva el fondo del asunto y notifique al usuario. en tal caso. siempre y cuando aquellos lo soliciten personalmente. no son procedentes los recursos contra los actos de suspensión. 3. el usuario puede presentar ante esta Superintendencia. De conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994. requieren de la cancelación de aquellos conceptos y valores que no son objeto de reclamo o impugnación. lo anterior quiere decir que no se requiere de tramitadores para su presentación. teniendo en cuenta que el tema de los servicios públicos domiciliarios es propio de la comunidad y está muy ligado con la misión que cumplen las personerías. pero. como . que como se verá más adelante. razón por la cual el propietario. Sino lo hace en el mismo escrito. o para ser más precisos. Los recursos deben presentarse ante el prestador del servicio público. si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.A. De igual forma. y el recurso de reposición no es obligatorio. los recursos deben presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el usuario tuvo conocimiento de la decisión de la empresa y para presentarlos no se requiere intervención de un abogado. Por último. las personerías municipales están habilitadas para efectuar funciones de “asesoría” más no de representación. En caso de que habiendo sido interpuesto el recurso de apelación. Norma que debe leerse en armonía con lo dispuesto por las Leyes 136 de 1994 y 201 de 1995.
o del promedio del consumo de los últimos cinco (5) períodos. deben estar atentas al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del recurso. Igualmente. para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso. se reitera que sí el usuario no acude a título personal para interponer los recursos. se podrán rechazar o inadmitir las solicitudes o informes enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recibido por correo dentro del territorio nacional.C. razón por la cual. Finalmente. Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 51 del C. 3. y que sean enviadas por correo. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos. inhibiría a esta entidad para pronunciarse en razón de su falta de competencia en el asunto. Cuando no acredite el pago de las sumas que no han sido objeto del recurso. para que ordene su recibo y tramitación. frente a dichos requisitos. 3. En estos casos. Por ejemplo. Las entidades de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos. deberán ser respondidas dentro del término que la propia comunicación señale.. no por dicho error la Superintendencia de Servicios Públicos debe resolver la segunda. quien los presente a nombre del usuario debe acreditar en que calidad acude ante la empresa al momento de interponer los recursos. El artículo 10 de la Ley 962 de 2005 el cual modifica el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995 establece lo siguiente: “Artículo 25. No obstante. Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán presentadas el día de incorporación al correo. el cual empezará a contarse a partir de la fecha de recepción de la misma en el domicilio del destinatario. se entiende que subsana la irregularidad del usuario y en tal caso debe decidir dentro del término señalado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. so pena de que se configure el silencio positivo. terminación y corte. si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. 2. si no reúnen dichos requisitos. de conformidad con el artículo 155 de la Ley 142 de 1994. se interpone un recurso de reposición y apelación y el prestador resuelve la primera instancia. se presumirá a los diez (10) días de la fecha de despacho en el correo. Los recursos deberán reunir los requisitos previstos por el artículo 52 del C. la presentación de los recursos no requiere presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee mandatario. el funcionario competente deberá rechazarlos. Contra los actos de suspensión. Cuando no sea posible establecer la fecha de recepción del documento en el domicilio del destinatario. se entenderán radicadas el día en que efectivamente el documento llegue a la entidad y no el día de su incorporación al correo.4. y por no cumplir los requisitos del artículo 52 del Código Contencioso Administrativo los recursos deberán ser rechazados. sin olvidar que contra este rechazo procede el recurso de queja. Improcedencia de los recursos. Una de las causales de rechazo es la presentación del recurso por fuera del término señalado en la ley.3 Requisitos para interponerlos. 3. el error de la primera instancia no habilita a la segunda para decidir. con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994. 3. la ausencia del requisito de procedibilidad referido al alcance del instituto de los recursos en materia de servicios públicos. los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión.A. debe tenerse en cuenta que tanto la primera como la segunda instancia. pero para efectos del cómputo del término de respuesta. Utilización del correo para el envío de información. salvo lo dispuesto para el de queja. que no tiene recursos según las normas citadas. Contra las facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. En ningún caso. En este caso. más no en asuntos de carácter individual. si frente a un acto relacionado con propiedad de activos o infraestructura. Las solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se refiere el presente artículo.A14. Por otro lado. pero si la empresa no lo rechaza.5. No proceden los recursos en los siguientes casos: 1. de acuerdo. propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico. los peticionarios podrán . tal como se indicó anteriormente.representante de ésta. podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal. Los escritos de recursos se entienden presentados el día de su incorporación al correo.. Además.C.
ya que al no existir regulación específica en la ley 142 de 1994. Término para resolver el recurso de reposición.7. Esta circular se expidió ante la ausencia de término legal para tal efecto y carece de fuerza vinculante para las empresas. Ahora bien.A. esto es. Igualmente. en ella se establece un término razonable para la remisión de expedientes. Pasado este término.A es inaplicable en estos casos. No se puede suspender ni cortar el servicio mientras sean decididos los recursos interpuestos.C. subrogado por el articulo 123 del decreto 2150 de 1995. De conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994. no se requiere elevar a escritura pública la petición. subrogado por el artículo 123 del Decreto . Según lo dispuesto en forma expresa por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994.. en sentencia del 18 de junio de 2009. los prestadores de servicios públicos deben remitir a esta Superintendencia los expedientes para el trámite del recurso de apelación dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la cual se comunique la decisión del recurso de reposición.C. 3. sí debe acudirse a lo dispuesto en el C. el usuario o suscriptor que haya ejercido su derecho de contradicción interponiendo los recursos que considere necesarios contra la factura o actos de la empresa que afecten la correcta ejecución del contrato y la prestación del servicio. Dr.A.. Esto significa que el silencio opera de manera automática y la empresa deberá dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles reconocer los efectos del silencio administrativo positivo. recursos y reclamaciones presentados ante las entidades prestadoras de servicios públicos. quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. C.C. siempre y cuando la dirección esté correcta y claramente diligenciada" .P. el cual. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. Por lo expuesto.Ley 2150 de 1995. o que se requirió la práctica de pruebas. De allí que existiendo norma especial en cuanto a la ampliación del plazo de respuesta de peticiones. se entenderá radicado el día en que efectivamente el documento fue recibido por la respectiva entidad. de no ser cumplido. Para efectos del reconocimiento de los efectos del silencio positivo no hay que seguir el procedimiento del artículo 42 del C. expediente 2001 – 00143. Así las cosas. De conformidad con la Circular Externa SSPD 000003 del 26 de febrero de 2004. el plazo de 15 días para responder las PQR's de los usuarios sólo puede ampliarse por dos causas: (i) práctica de pruebas y (ii) demora auspiciada por el usuario. disposición según la cual. para efectos del cómputo del término de respuesta. un tema distinto y sobre el cual de manera sorpresiva el Consejo de Estado no hizo mayor análisis..C. los prestadores no pueden acudir al artículo 6o del C. indicó expresamente que el artículo 6 del C. se entenderá que la respuesta a la petición se resolvió de manera favorable. cuando no es posible resolver la petición en el plazo señalado se le debe informar motivadamente al interesado en qué fecha se le dará respuesta. este se entenderá presentado el día de su incorporación al correo. En relación con este punto. particularmente en . no podrá ser sometido a suspensión o corte mientras la empresa no haya decidido y notificado en debida forma los actos que resuelvan los recursos interpuestos. Ampliación del plazo de respuesta en el recurso de reposición. quejas.solicitar el envío por correo de documentos o información a la entidad pública. Para efectos del presente artículo. 3. Marco Antonio Velilla.C. es la norma especial que regula la ampliación del plazo de respuesta de peticiones. el Consejo de Estado.8. salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora. se entenderá válido el envío por correo certificado.A. si el interesado envía el recurso por medio de correo certificado dentro del término que establece la ley. quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.. corresponde a la práctica de pruebas dentro del trámite de las peticiones. 3. Sin embargo.6. la Superintendencia puede adoptar las medidas para hacer efectivo el silencio. pues el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. No obstante. para lo cual deberán adjuntar a su petición un sobre con porte pagado y debidamente diligenciado.A. Si la empresa no lo hace. podría generar una violación de los derechos constitucionales y legales de que gozan los usuarios. PARÁGRAFO. las empresas prestadoras de servicios públicos deben resolver los recursos que presenten los suscriptores o usuarios dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. es claro que el incumplimiento de la mencionada norma del C. no es el fundamento jurídico para la configuración del SAP ni para su sanción por parte de la Superintendencia. el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos la aplicación de las sanciones correspondientes.
deben cumplirse los requisitos en ella expuestos.A. La decisión de decretar pruebas deberá estar motivada y señalará de forma expresa cuales pruebas se practicarán. En relación con lo anterior. en consecuencia. OPORTUNIDAD.. En este caso debe entenderse suspendido el término para decidir y el plazo previsto por la administración para la práctica de pruebas debe sujetarse a lo previsto en el artículo 58 del Código Contencioso Administrativo. ya que tomar una decisión de plano no significa que en su motivación esté ausente la valoración de las pruebas. Finalmente es del caso advertir que las pruebas no pueden convertirse en un mecanismo dilatorio del procedimiento administrativo. para garantizar la transparencia de su actuación. pero no bajo los supuestos del artículo 6 del C. le quedan a la prestadora tres (3) días para responder. lo cual. en las actuaciones administrativas se podrán pedir y decretar pruebas. el Consejo de Estado se pronunció sobre el tema indicando lo siguiente: “. el criterio de esta Superintendencia se orienta a señalar que en los casos en que la empresa exceda el plazo de respuesta por práctica de pruebas. Además. sobre la aplicación del artículo 56 del C. entre los que se encuentra la acreditación de la comunicación al usuario de la decisión sobre su práctica. con el consecuente desgaste de la jurisdicción que ello conlleva. ello no significa que no puedan tenerse en cuenta las pruebas que el recurrente presente y adjunte con el escrito de sustentación. en consecuencia. En consecuencia. decrete de oficio . dicha Corporación dejó a la voluntad del prestador la determinación de informar o no al usuario sobre la práctica de pruebas. la imparcialidad y el derecho de defensa. se señala lo siguiente: “Ahora bien. En efecto. deben cumplirse los siguientes requisitos: 1. generando incertidumbre sobre el mismo. 3. En el evento en que se decreten pruebas dentro de la actuación administrativa éstas deben ser ordenadas dentro del término de quince (15) días previstos para responder la respectiva petición. Así mismo se deberá dejar en el expediente el documento que acredite la efectiva comunicación al usuario de la decisión sobre la práctica de pruebas. nada obsta que el funcionario competente para decidirlo. A partir del día siguiente en que finaliza la etapa probatoria se reanuda el término concedido para responder. Ahora bien. la norma es clara al disponer que la práctica de pruebas solo es posible cuando se trate del recurso de apelación. para así evitar que los interesados se vean avocados a instaurar demandas que no van a prosperar. queja. por el medio que resulte más eficaz y correrá hasta el día señalado en forma expresa por la empresa. 2. Este comenzará a contarse a partir del día siguiente a su expedición para lo cual la empresa deberá comunicar por escrito al usuario la decisión de practicar pruebas. reclamo o recurso y.sus artículos 34 y 58. pertinencia y utilidad de la prueba. siendo éstas procedentes sólo cuando sea necesario esclarecer los hechos objeto de la petición. Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano.(negrillas fuera del texto) Por su parte. y se señalará el término para su práctica y procedimiento. según los cuales.. consideramos pertinente recordar lo dispuesto en dicha norma: “ARTICULO 56.”.” (Las subrayas son nuestras). aunque la regla general es que tanto éste como el recurso de reposición deben resolverse de plano”.. ellas deben cumplir con los requisitos de la conducencia. a no ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas. el Consejo de Estado se limitó a manifestar que “Lo anterior no obsta para que la empresa le informe al usuario sobre la necesidad de la práctica de pruebas. si la Superintendencia encuentra que la ESP decretó pruebas sin ningún sustento legal con el fin de ampliar injustificadamente los términos de Ley.C. queja o recurso. o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio”.C. Por ejemplo: Se interpone el escrito contentivo de la petición o recurso y transcurren doce (12) días y se decretan pruebas el día trece 13 por el término máximo de treinta (30) días una vez han transcurrido el término probatorio. esto es cuarenta y dos días (42) después de interpuesta la petición o recursos se reanuda el término para decidir. a nuestro juicio. en el acapite IX de la Circular SSPD 5 de 2005. Por lo anterior. Por lo tanto. se entenderá configurado el Silencio Administrativo positivo. La doctrina considera que si bien es cierto para resolver el recurso de reposición la ley no previó período probatorio alguno. amenaza el derecho fundamental de petición del usuario. 4. para que la empresa exceda el plazo de respuesta por práctica de pruebas.A.
P. el dictamen pericial.A.P. es instrumentos público. la Superintendencia al resolver el recurso no puede de oficio ir más allá de lo pedido por el usuario.. impresos. una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación. Este criterio fue adoptado por la Corte Constitucional en Sentencia T-033 de 2002 en los siguientes términos: “El Código Contencioso Administrativo consagró la regla de la congruencia. De otro lado. Son documentos los escritos.9. De acuerdo con el artículo 60 del C. Transcurrido este plazo se entiende que la decisión es negativa. y a falta de un término expreso en la materia. cintas cinematográficas. la Superintendencia deberá garantizar el debido proceso y dar traslado al prestador para que pueda controvertir los hechos y pruebas que no ha conocido por aparecer como nuevos en la instancia de apelación. cuadros.” Por su parte. los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención.C.. la Superintendencia cuenta con un término de (2) meses contados a partir del momento en que recibe el expediente para resolver los recursos de apelación.. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio. el testimonio de terceros.A): “. Ahora bien. o las que él considere pertinentes. monumentos. el artículo 251 del C.15” De manera que es posible solicitar la práctica de pruebas durante el trámite del recurso de reposición. Término para resolver el recurso de apelación por parte de la Superintendencia.9. conforme al parágrafo de la disposición en cita. por no se ser ésta la parte directamente interesada en la apelación. prorrogables hasta por otro tanto. para que las pruebas sean válidas se requiere que las mismas hayan sido decretadas o incorporadas válidamente al proceso. Sirven como pruebas. si dentro del trámite de la apelación la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita. cupones. deberá informar por correo certificado a las partes. en general. en los siguientes términos (artículo 59 C. en especial aquellos documentos relacionados con la misma actuación o con otras que tengan el mismo efecto y que. talones. por lo tanto. con el fin de que se cumpla con los principios de publicidad y contradicción de la prueba. fotografías. Igualmente. Por otra parte. discos. y las inscripciones en lápidas..C. una vez iniciada la investigación de manera formal. edificios o similares. y comunicar a la empresa.C.la decisión [que agota la vía gubernativa] resolverá todas las cuestiones que hayan . 3. dibujos.las pruebas que se le han solicitado en el recurso de reposición. MEDIOS DE PRUEBA. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. 3. Al igual que ocurre con el término de la empresa. radiografías. este plazo puede interrumpirse mientras dure la práctica de pruebas que lleguen a decretarse. la inspección judicial. etiquetas. las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver la segunda instancia.C en relación con las distintas clases de documentos señala lo siguiente: “ARTÍCULO 251.1. grabaciones magnetofónicas. sellos y. Pruebas en el trámite de la apelación De conformidad con el inciso 2 del artículo 159 de la Ley 142 de 1994. los documentos. cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo. si en trámite del recurso de apelación un usuario pide algo no solicitado en sede del prestador o aduce nuevos hechos y pruebas. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario. deberían formar parte del mismo expediente. Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público”. en relación con los medios de prueba dispone: “ARTÍCULO 175. modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001. Los documentos son públicos o privados. según el criterio del Consejo de Estado16. contraseñas. Adicionalmente. que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles. si el usuario no formula nuevas pretensiones en la instancia de apelación. el juramento. la declaración de parte. planos. se debe notificar al usuario por ser parte interesada como recurrente. con la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio.. Una vez decidida la apelación. el artículo 175 del C. todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. bien sea que las presente el recurrente o que se decreten de oficio. se denomina escritura pública.
si la empresa considera que la prueba no es conducente deberá motivar tal decisión. 3. son susceptibles de resolución”. que se hace cuando la solicitud es escrita. o de asuntos técnicos respecto de la cuales la empresa están en mejores posibilidades de probar. siempre y cuando sean necesarios para decidir. si los expedientes no son remitidos con la totalidad de los documentos que sirvieron de sustento para decidir el recurso de reposición.” Es importante tener en cuenta que de conformidad con el artículo 10 del C. de tal manera que: a) solamente pueden resolver sobre lo solicitado o. Teniendo en cuenta que las pruebas se decretan mediante un acto administrativo en el cual se establece el objeto de la prueba y se ordena la práctica de la misma de conformidad con el artículo 34 del C.C. para facilitar la labor de resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de las empresas. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha sostenido17: “De acuerdo con el artículo 12. debe tenerse en cuenta que la Superintendencia. b) en relación directa con aspectos vinculados a lo pedido por los interesados y que se encuentren debidamente probados”. y en este sentido. la Superintendencia deberá fallar con los documentos que finalmente le sean remitidos. la congruencia es una regla que condiciona la competencia otorgada a las autoridades públicas.P. Dicho requerimiento. pues se está refiriendo.”. certificaciones o documentos que las entidades tengan. el término de quince (15) días del artículo 158 de la Ley 142 de 1994 se interrumpe hasta la fecha en que quede ejecutoriado el acto que las deniegue. quejas y recursos en desarrollo del contrato de servicios públicos..A. no se podrán exigir a los particulares constancias. cuando tales peticiones no sean “suficientes para decidir.. delimitan el contenido de las decisiones que deben proferir.C. aunque no lo hayan sido antes. exclusivamente. una vez expedido el acto que deniega las pruebas. “Aunque en principio parece que la norma permite resolver sobre materias no solicitadas.C. habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en las pruebas e informes allegados. en lo que tiene que ver con el término para resolver un recurso contra un auto que niegue pruebas.” se requerirá al interesado por una sola vez u con toda presión el aporte que haga falta.A. . la empresa cuenta con dos días para practicar la notificación por estado. En esa medida. De acuerdo con el artículo 321 antes citado. Los prestadores de servicios públicos tienen iniciativa probatoria en aquellos casos en que se trate de información que solo ellos tienen. guardan una relación de conexidad directa con el recurso y por lo tanto. a asuntos que si bien no fueron inicialmente pedidos.C.(.C. interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan.. Lo anterior. Desde el momento en que el interesado aporte los nuevos documentos comenzarán a correr los términos pero. razón por la cual no puede emplearse para decidir los recursos contra los autos que nieguen o decreten pruebas. El acto administrativo que niega las pruebas deberá ser motivado.) Finalmente. el término de 15 días previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 se interrumpe hasta el día en que se desfije el estado de conformidad con el artículo 324 del C. debe tenerse en cuenta que el término de quince (15) días del artículo 158 de la Ley 142 de 1994 se aplica únicamente a las peticiones. la disposición no tiene dicho alcance. teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 321 del C. 3.A. deberá requerir por una sola vez y con toda precisión el aporte de los documentos que hagan falta.P. de conformidad con el artículo 35 del C. Cuando se solicite la práctica se pruebas y estas se nieguen. el acto que niega la práctica de pruebas se notifica por medio de anotación en estado.”. al disponer que la decisión puede abarcar cuestiones “.. las autoridades no podrán pedir mas complementos y decidirán con base en aquello que dispongan. sin perjuicio que la empresa tenga que tomar la iniciativa de la actividad probatoria en aquellos casos en que se trate de información que sólo la empresa tiene. Finalmente..11.10. en adelante.. expidió la Circular No.sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso. “Para la Corte.que aparezcan con motivo del recurso.A. Contra esta decisión es procedente el recurso de reposición. Ahora bien. 0000003 del 23 de 2004 en la que se señala la documentación mínima que debe contener el expediente del recurso de apelación. o que puedan conseguir en sus archivos.C. Ahora bien. la empresa de servicios públicos domiciliarios de conformidad con el artículo 12 del C. Cuando el usuario no aporta pruebas de lo que argumenta en su reclamación.. se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. aunque no lo hayan sido antes.
Valor que debe cancelar el usuario en el evento que la Superintendencia de Servicios Públicos resuelva en su contra el recurso de apelación. 3.En esa medida.. cuando no se interpongan los recursos o cuando se renuncie expresamente a ellos. o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio. No obstante lo anterior. y el artículo 63 del mismo Código. norma que resulta aplicable a este caso. La Ley 142 de 1994 dispone en su artículo 155 que .P. disponiendo en su artículo 124. una vez resuelto este recurso y notificado. o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos”.. que si bien no indica un término para resolver el recurso contra el acto que niega las pruebas. Cuando la empresa informa de manera adecuada al usuario sobre los recursos que proceden contra la decisión y el usuario únicamente interpone el recurso de reposición. modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001. dispone que la Superintendencia. por cuanto es objeto de revisión y se encuentra suspendida en virtud del artículo 55 del C.s del Código . se entiende agotada la vía gubernativa y en consecuencia se produce la firmeza de los mismos.”Ninguna empresa de servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con ésta.Sin embargo.14. en el evento en que producida una decisión de la empresa ésta sea objeto de los recursos contemplados en la vía gubernativa. tampoco podrá suspender.A.12. 3. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio. los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben orientar al usuario cuando él hace uso del ejercicio de los recursos de reposición y apelación. debe entenderse que la decisión no ha cobrado aun eficacia jurídica. en el evento que la Superintendencia al decidir una apelación ordene el pago de una suma de dinero a cargo del usuario y en favor de los prestadores de servicios públicos. debe acudirse al C. para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso..C. cuando haya lugar a la perención o cuando se acepten los desistimientos.) Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. De conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo los actos administrativos quedan en firme cuando contra ellos no proceda ningún recurso. y a renglón seguido dispone que .C. entre ellas las relacionadas con pruebas.C. de un término de 10 días hábiles para dictar los autos de naturaleza interlocutoria o incidental.. 3. En consecuencia. debe tenerse en cuenta que los actos administrativos por regla general sólo son ejecutables a partir del momento en que quede agotada la vía gubernativa. se agota la vía gubernativa y el acto queda en firme y produce todos los efectos legales. se deberá tener en cuenta el plazo concedido para el pago de la obligación. hasta tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna. sólo procede el reconocimiento de intereses moratorios. podrá ordenar la devolución de los dineros que una empresa de servicios públicos retenga sin justa causa. de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 154 de la ley 142 de 1994 al disponer que: “(. sólo debe acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de discusión. señala como situaciones incidentales todas aquellas que se requieren para hacer un pronunciamiento de fondo sobre la petición del usuario. (subraya fuera de texto). porque sólo a partir de esta última fecha podrían cobrarse intereses moratorios al usuario en caso de incumplimiento. al resolver el recurso de apelación.13. Cuando al resolver el recurso de apelación la Superintendencia de Servicios Públicos ordena devolución de dineros a las empresas. pero no dice nada con relación a reconocimiento de intereses sobre esas sumas En estos casos se estaría frente a un pago de lo no debido regulado por el artículo 2313 y s... Ahora bien. El numeral 31 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994. De la norma anteriormente señalada se desprende que quien haga uso de los recursos que la ley le otorga para ejercer su derecho de defensa. cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. Agotamiento de la vía gubernativa ante la omisión de interponer el recurso de apelación en forma subsidiaria....A. en razón a que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2° del artículo 62 del C.. terminar o cortar el servicio. una vez decididos los recursos interpuestos. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. bien sea por el funcionario que la produjo (recursos de reposición) o por el superior jerárquico (recursos de apelación o queja)18 Una vez el recurso de apelación sea decidido por esta Superintendencia y se verifique su ejecutoria. La apelación se presentará ante la Superintendencia. Esto.
el recurso de queja cuando se rechace el recurso de apelación. por regla general.. identidad en la solicitud o petitum. y b) Cuando el acto quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición y queja. y de acuerdo con el artículo 66 del mismo Código gozan de presunción de legalidad. Recurso de queja . contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederá. el reconocimiento de los intereses se hará para los usuarios residenciales conforme a las reglas del artículo 1617 del Código Civil y para los usuarios comerciales e industriales con base en el artículo 884 del Código de Comercio. con anterioridad. 3. ya que estos fueron objeto de un procedimiento administrativo que culminó con la decisión del respectivo recurso de apelación. teniendo en cuenta que la Sentencia C-389 de 2002 señaló que a los usuarios residenciales las empresas les pueden cobrar intereses de mora civiles y a los comerciales e industriales intereses de mora comerciales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 63 del C. En tal caso. Por último. razón por la cual dicha materia deberá ser resuelta entre prestador y usuario. se podría pensar en el fenómeno de la “cosa juzgada” en el escenario administrativo.. y deberá intereses de mora pasados los quince (15) días que señala el numeral 31 de artículo 79 citado. De acuerdo con esta norma. no es posible revivir su debate en sede administrativa de la empresa... . lo expresa así: “(.15. 3. el recurso de queja se puede interponer ante el funcionario de la empresa que rechazó el recurso.Actos contra los que procede. si la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con el numeral 31 del artículo 79 citado ordena la devolución de dineros y la empresa no lo hace dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación.A. en lo que tiene que ver con conflictos relacionados con los intereses causados y debidos. La norma en cita señala igualmente que el recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión. se establece una regla de equidad contractual ente las partes. Cuando la Superintendencia resuelve un recurso de apelación revocando una decisión de la empresa. debe señalarse que esta Superintendencia carece de competencia para pronunciarse al respecto. modificado por el articulo 111 de la ley 510 de 1999 Lo anterior. mientras no sean anulados o suspendidos sus efectos por la jurisdicción contencioso administrativo. soportada en los mismos hechos. y también identidad con el fundamento jurídico o causa petendi de lo solicitado.C.. De conformidad con el artículo 50 del C. mediante escrito que deberá acompañarse con copia de la providencia que haya negado el recurso. Por lo anterior. cuando se ha proferido decisión en respuesta a una reclamación presentada por un usuario de los servicios públicos domiciliarios y ésta ha quedado en firme de conformidad con el artículo 62 del C.C.C.A. esta última pierde competencia para iniciar un nuevo procedimiento.C. o directamente en la Superintendencia de Servicios Públicos para lo de su competencia.16.. adquiere todas las obligaciones del poseedor de mala fe. o en la Jurisdicción que corresponda por la naturaleza del conflicto. que igualmente se presente el fenómeno de la cosa juzgada en el procedimiento gubernativo. por lo tanto. en otras palabras .) es posible entonces. ya había tomado una decisión definitiva sobre el mismo aspecto o punto jurídico que nuevamente le somete a su consideración el que ya había pedido en otra ocasión. De acuerdo con el análisis anterior.A. Una vez agotada la vía gubernativa los actos adquieren firmeza y gozan de los atributos especiales de ejecutividad y ejecutoriedad de conformidad con el artículo 64 del C. una vez agotada la vía gubernativa. caso en el cual hay lugar al reconocimiento de intereses corrientes 19 cuando se demuestre que la empresa ha recibido el pago de mala fe20. conforme al artículo 2319 del Código Civil.Civil.A. Ahora bien.” En conclusión. la empresa no puede reiniciar actuación alguna en contra del usuario. cuando la administración. han tocado el tema. cuando en la nueva petición que un administrado haga a una autoridad exista identidad en la persona . la vía gubernativa quedará agotada en los siguientes casos: a) Cuando contra el acto no procede ningún recurso o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. por ejemplo el Doctor Miguel González Rodríguez. en su libro Derecho Procesal Administrativo. opera el fenómeno de la “cosa juzgada administrativa”. entre otros. de esta forma. Algunos tratadistas del Derecho Administrativo. a título de indemnización de perjuicios por la mora.
dentro de una . facultades ambas que sólo pueden estar en cabeza del mismo funcionario u órgano encargado de su creación. De conformidad con el artículo 155 de la Ley 142 de 1994. por remisión de la empresa o porque el usuario lo presentó ante la Superintendencia. cuando el mismo esté afectado por ilegalidad. es decir. a la vez que definió de manera expresa quienes han de ser los funcionarios competentes para efectuar dicha revocación. ligados por una relación jurídica de subordinación. razón por la cual. Término para interponerlo y trámite Del recurso de queja se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que rechaza el recurso de apelación. b. No cabe duda de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Debe tenerse en cuenta que al igual que ocurre frente al recurso de apelación. con fundamento en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. esta entidad ordenará inmediatamente la remisión del expediente y decidirá lo que sea del caso. es entonces una facultad reglada que permite que un acto administrativo pueda ser suprimido del mundo del derecho por el mismo agente u órgano que lo expidió.3. c. corresponde la facultad contraria de extinguirlo. por analogía. se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 60 del C. Sobre la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos para revocar de manera directa los actos de las empresas de servicios públicos. durante el trámite del recurso de queja no se puede suspender el servicio. como por ejemplo.17. por lo tanto es claro que la norma implica una relación jerárquica en un contexto intraorgánico. es decir que la Superintendencia cuenta con dos (2) meses contados a partir del momento en que recibe el expediente para resolver el recurso de queja.1 Revocatoria Directa de actos administrativos empresariales por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos La revocatoria directa es la facultad otorgada a las autoridades administrativas por parte del legislador.C. Una vez recibido el recurso de queja.. la Entidad debe estudiar su procedibilidad. y posteriormente de trámite a la apelación. no es superior jerárquico de las empresas ni de los demás sujetos encargados de la prestación de dichos servicios. se dispone lo siguiente: “Se advierte que la norma se refiere al inmediato superior del funcionario que expida el acto. en cualquiera de los siguientes casos: a. Lo anterior quiere decir que a la facultad positiva de crear un acto administrativo. Si al revisar el expediente la Superintendencia encuentra que es procedente conceder el recurso de apelación.C. no establece término para que la entidad resuelva el recurso de queja. dijo lo siguiente: “LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NO TIENE COMPETENCIA PARA REVOCAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR SUS VIGILADOS. en sentencia de 23 de agosto de 2007. pero además advierte que la empresa no conoció la reposición. el Consejo de Estado. REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 4. En otros apartes de la jurisprudencia en cita.A. De esta manera. el legislador limitó las causales por las cuales la administración puede revocar sus propios actos administrativos. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley. su normatividad por ser especial y excepcional sólo puede aplicarse específicamente a ese punto. admitirá los recursos y devolverá el expediente a la empresa para que decida el recurso de reposición. al de la Revocatoria Directa de los actos administrativos. Si el recurso se presenta directamente en la Superintendencia.A. en los términos de la norma administrativa antes citada. para que aquellas revoquen de manera directa los actos administrativos que profieren cuando medien para ello unas circunstancias legalmente calificadas. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. bajo la consideración hecha antes de la jerarquía entendida como un conjunto de órganos pertenecientes a un mismo organismo administrativo. el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo dispone que los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores de oficio o a solicitud de parte. Esta facultad de revocar directamente sus propios actos. sin que sea posible extenderla a mecanismos diferentes al recurso excepcionalmente así regulado. con respecto a un jefe superior de la administración”. Conforme lo anterior. el C. 4. no puede entenderse ésta Superintendencia como un superior jerárquico de las empresas prestadoras de servicios públicos. Aunque la Superintendencia resuelve las apelaciones en segunda instancia de las controversias surgidas con las mencionadas empresas. Por regla general. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él.
razón por la cual debe abstenerse de revocar en forma directa los actos de dichas empresas. por ende. Debe tenerse en cuenta. Sin embargo. Debe señalarse. a pesar de ser superior funcional de los prestadores de servicios públicos. En ese orden. que el recurso de apelación debe interponerse como subsidiario del de reposición y debe ser resuelto por esta Superintendencia en los términos previstos del C. En esta instancia solamente es de recibo el desistimiento expreso que haga el usuario en relación con el recurso interpuesto o el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.2. suspensivo y devolutivo. adquiere la competencia para su trámite y decisión y por ende la empresa. teniendo en cuenta que la Ley 142 de 1994 señaló en su artículo 159.. en la que se deberán recibir. Quejas y Recursos en cada lugar geográfico del territorio colombiano donde presten el servicio. artículo 55. estructuras que por demás tienen el carácter de persona jurídica autónoma. y la empresa pierde la competencia para revocar directamente sus actos. 5. situación que implica que quien controla también interviene en decisiones del sujeto o ente controlado. trámite y resolución de quejas y peticiones en aquellos sitios donde no tengan oficinas. OFICINA DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS De conformidad con el artículo 153 de la Ley 142 de 1994. No obstante lo anterior. luego es menester precisar el funcionario que lo haya expedido. se suspende el cumplimiento del acto apelado hasta tanto no se decida la segunda instancia. luego en cuanto hace a esos oficios el superior inmediato no puede ser otro que el superior jerárquico de ese funcionario dentro de dicha empresa. No es posible la revocatoria directa por parte de la empresa cuando el expediente se encuentra en apelación en la Superintendencia. tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos que presenten los usuarios. más cuando tal competencia está dada a un organismo de inspección y vigilancia del sector de los servicios públicos domiciliarios. Lo anterior. como primera instancia.A.estructura o institución jerarquizada. En el presente caso. Por lo tanto. que de acuerdo con la legislación procesal. interpuesto el recurso de apelación como subsidiario del de reposición. 4. aplica el efecto suspensivo previsto en el Código Contencioso Administrativo. a saber: Diferido. razón por la cual una vez interpuesto el recurso de apelación. las empresas de servicios públicos deben brindar facilidades a los usuarios a través de puntos satélites que permitan la recepción. atender. lo cual normalmente no es acogido en la ciencia de la administración”. pierde la competencia para adelantar trámite alguno sobre una eventual revocatoria. los oficios revocados fueron expedidos por quien se suscribe como Jefe de Peticiones y Recursos de CODENSA. pues no se refiere a la entidad sino a funcionarios de la misma. Por lo anterior.. así como de conocer las solicitudes que al respecto hagan los usuarios de las mismas. Al efecto conviene advertir que la competencia asignada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para conocer del recurso de apelación contra las decisiones en comento. los recursos se conceden en tres efectos.A. la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. y que en materia de servicios públicos domiciliarios. por cuanto el derecho del usuario a reclamar ante las empresas de servicios y a que sus inquietudes se solucionen de manera oportuna y dentro de los términos de . en cualquier momento y bajo las previsiones señaladas en el C. extraña a la regulación común de ese recurso. es una situación jurídica excepcional y. En tal virtud. Al contrario de lo que ocurre frente a la incompetencia de la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de revocatoria directa de actos administrativos empresariales. que están en una relación directa interna de subordinado a superior. igualmente. sin embargo. incluso si ella contara con el consentimiento del recurrente. los prestadores si pueden. lo que la hace partícipe de las decisiones de sus vigiladas. la Superintendencia adquiere la competencia para resolverlo. que las empresas de servicios públicos no están obligadas a constituir Oficinas de Peticiones. cuando la Superintendencia asume el conocimiento del acto recurrido. no es su superior orgánico. el alcance de la norma en cada caso concreto depende de que el funcionario que expida el acto administrativo de que se trate tenga o no superior inmediato. las empresas de servicios públicos están obligadas a constituir una Oficina de Peticiones. pública o privada. condición que en manera alguna la ley le asigna a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.C. proceder a revocar sus propios actos. Quejas y Recursos. norma que consagra que: “los recursos se concederán en el efecto suspensivo”.C. los prestadores no pueden revocar la decisión empresarial cuando el expediente se encuentre en la Superintendencia para resolver el recurso de apelación.
7Sentencia T-508/07. Concepto de noviembre 14 de 1975 14ART.C. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. De igual forma. alcantarillado y aseo. Quejas y Recursos. aunque el régimen de servicios públicos no determina la estructura organizacional de las Oficinas de PQR ?S. 3Por la cual se señalan criterios generales. no se concreta por el hecho de que las empresas tengan una oficina de recepción de quejas en cada lugar donde presten servicios. Sentencia T-817-2002.P. Alfredo Beltrán Sierra. y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. expediente No AP . 6Sentencia T-1160A de 2001. 52. el propósito de la norma. cuando ello sea posible. Reinaldo Chavarro Buriticá. actor: Hermann Gustavo Garrido Prada 5Sentencia T-170/00 M. 2. las Oficinas de Peticiones. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. es undamental que se preste atención personalizada y directa a cada uno de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y que la respuesta a sus solicitudes sea pronta. no permiten a las empresas sustraerse de su obligación constitucional y legal de brindar atención personal y directa al usuario a través de las oficinas de PQR'S. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 8M.—Requisitos. la atención de manera personalizada por funcionarios del prestador que estén lo suficientemente preparados para brindar una atención amable y real a los usuarios y en muchas ocasiones. Manuel José Cepeda Espinosa. en relación con la facturación. Quejas y Recursos deben llevar una relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las respuestas que se dieron a las mismas. y con indicación del nombre del recurrente. M.P. “Artículo 60.P. recibir de manera inmediata una respuesta verbal a su petición. debe tenerse en cuenta que. encuestas de satisfacción del servicio. formatos de sugerencias para mejorar el servicio. Filemón Jiménez Ochoa. 13 Consejo de Estado. .133. ni su ubicación dentro de la organización de las empresas. 4( Consejo de Estado. 10Código de Régimen Político y Municipal. las Oficinas de Peticiones. SCA. Interponerse dentro del plazo legal.P. para los servicios de acueducto. Manuel José Cepeda Espinosa. modificada por la Resolución 457 de 2008.P.se insiste. oportuna y cualificada. ALFREDO BELTRAN SIERRA 12 Auto de 12 de octubre de 2000. en orden a garantizar los derechos de los usuarios. y sobre la protección de los derechos de los usuarios. (. esas Oficinas deben ser del más alto nivel en la empresa. sentencia del 12 de mayo de 2005.ley. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Consejero ponente: ROBERTO MEDINA LÓPEZ. Expediente 2003-02444. Ahora bien. Eduardo Montealegre Lynett. el correo tradicional o electrónico. Sala de Consulta y Servicio Civil. igualmente. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo. En el caso de las Oficinas de Peticiones. de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 153 de la Ley 142 de 1994. y las personas que las dirijan.es que quien reclama obtenga una solución efectiva lo cual no se logra con la sola recepción de la petición. Magistrado Ponente Dr. C. Finalmente. sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos. En el mismo sentido. entre otras cosas porque no siempre quien recibe la solicitud dispone de la información necesaria para la toma de decisiones. Cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos.A. establecen que las peticiones pueden ser de carácter verbal. Por otra parte. comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario. se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo. así como las encargadas de resolver las peticiones. Sentencia de 9 de noviembre de 2000. Quejas y Recursos deben estar abiertas al público todos los días hábiles y las empresas fijarán en el contrato de condiciones uniformes todas las condiciones de funcionamiento de dichas oficinas. Sección Quinta. Sentencia T-630/02 Marco Gerardo Monroy Cabra. C. Dado que el artículo 23 de la Constitución Política y los artículos 25 y 26 del C. 4. dada la importancia de la labor desarrollada por las Oficinas de PQR'S... 9Corte Constitucional. ______________________ 1Preparado por Luz Angela Giraldo y María del Carmen Santana – Asesores Oficina Asesora Jurídica 2Por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física. debe tenerse en cuenta que la existencia e implementación de mecanismos adicionales como las líneas telefónicas gratuitas. se requiere que existan todos los mecanismos necesarios para hacer efectiva su protección. para garantizar el ejercicio real de los derechos de los usuarios. 3. Expediente 1382. quejas y recursos deben ser profesionales capacitados con el fin de brindar buena atención y respuestas oportunas y de fondo. personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. Sentencia T-470/02. En cuanto a su organización. Alfredo Beltrán Sierra. se entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo. y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley. y se dictan otras disposiciones. de acuerdo con la ley.) 11Sentencia T-457 de 1999. buzones de reclamación. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber. ello implica que la empresa debe contar con mecanismos que permitan al usuario hacer reclamos por esta vía y que permitan.
. al ser considerada como directa interesada en el asunto. Ricardo Hoyos Duque 16 Consejo de Estado. Por ello.P. Olga Inés Navarrete. quien para los efectos de la decisión del recurso de apelación no es parte directamente interesada en la decisión. artículo 2318 . acorde a lo previsto en el artículo 44 que obliga a la notificación personal solo en relación el interesado. 17Corte Suprema de Justicia. Sec.Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. artículo 55. como en derecho correspondía. Sentencia 1232. pues no fue quien interpuso recurso de apelación. Dra. noviembre 22 de 2002. deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio. mayo 29/2003.22/84 MP Alfonso Patiño Roselli 18 C. y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses. ocurrirá la perención. 13919.“De manera que en lo que concierne con la usuaria que elevó el reclamo ante la empresa de servicio público de aseo y luego apeló la decisión de ésta ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Radicación No: 25000-23-27-000-2001<0896>01(8040) . 19 Código de Comercio. Sent.E. Tercera.A. C. Los recursos se concederán en el efecto suspensivo. 15 C. Sala Plena. EFECTO SUSPENSIVO. se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. artículo 884 20 Cfr. Sección Primera. nov.. fue notificada personalmente. M. No ocurrió lo mismo con la empresa ECSA LTDA.C. Código Civil. si no hay ratificación. si el recurrente obra como agente oficioso.”.P. la decisión simplemente se le comunicó.
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