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Timestamp: 2019-10-13 21:03:51+00:00

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﻿ Sentencia C-293 de abril 18 de 2012
SENTENCIA C-293 DE 18 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA RED INTERNACIONAL DEL DE BAMBÚ Y EL RATÁN. EN NINGÚN MOMENTO SE CONFIEREN O SE TRASLADAN COMPETENCIAS A LA INBAR PERTENECIENTES AL ÁMBITO EXCLUSIVO DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO COLOMBIANOSE TRATA PUES, DE SIMPLES DIRECTRICES PARA EL ADELANTO Y DESEMPEÑO DE PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO DIRIGIDAS A PROMOVER PRACTICAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN DE BAMBÚ Y EL RATÁN, SIN QUE SE CONSTITUYAN CLAUSULAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL PAÍS. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA RED INTERNACIONAL DEL DE BAMBÚ Y EL RATÁN” DADO EN BEIJING, REPUBLICA POPULAR DE CHINA, Y LA LEY 1461 DE 2011 “ POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DE LA RED INTERNACIONAL DEL DE BAMBÚ Y EL RATÁN”, DADO EN BEIJING, REPUBLICA POPULAR DE CHINA.
TEMAS ESPECÍFICOS:APROBACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL, ADOPCIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL
Sentencia C-293 de abril 18 de 2012
Ref.: Expediente LAT-374
Revisión oficiosa de la Ley 1461 de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán”, dado en Beijing, República Popular China, el 6 de noviembre de 1997”
Bogotá D.C., dieciocho de abril de dos mil doce.
Diario Oficial 48.116 de 30 de junio de 2011
ART. 1º—Establecimiento y condición jurídica.
ART. 2º—Sede y otras oficinas.
ART. 3º—Misión y propósitos.
ART. 4º—Actividades.
ART. 5º—Facultades.
ART. 6º—miembros de Inbar.
2. Los miembros originales de la red serán los Estados que firmen el presente acuerdo durante el periodo abierto para su firma, especificado en el artículo 20, párrafo 1.
3. Después del periodo especificado para la firma, otros Estados, según están definidos en el párrafo 1 de este artículo, podrán solicitar su condición de miembro de Inbar adhiriéndose al presente acuerdo, de conformidad con el artículo 20, párrafos 2 y 3.
ART. 7º—Órganos.
ART. 8º—El consejo.
ART. 9º—Composición de la junta.
1. La junta estará compuesta por no menos de ocho y no más de dieciséis directores, designados de la siguiente manera:
2. Los síndicos sin cartera se nombrarán para un periodo de tres años, que se podrá renovar una sola vez. Con respecto a la composición de la junta directiva inicial, un tercio de los síndicos sin cartera deberán ser nombrados por un periodo de un año, un tercio por un periodo de dos años y otro tercio por un periodo de tres años. El síndico nombrado para un término inicial de menos de tres años podrá subsecuentemente ser nombrado para dos términos de tres años.
ART. 10.—Funciones y facultades de la junta.
ART. 11.—Procedimientos de la junta.
ART. 12.—Nombramiento del director general.
2. El director general será nombrado inicialmente para un periodo fijo que no excederá cuatro años. El nombramiento podrá ser renovado por un segundo mandato.
ART. 13.—Funciones y facultades del director general.
ART. 14.—El secretariado.
1. La consideración más importante que se debe tener en cuenta al contratar el personal del secretariado y en la determinación de las condiciones de servicio será la necesidad de garantizar las normas más elevadas de calidad, eficiencia, competencia e integridad.
ART. 15.—Cuestiones financieras.
f) El Estado parte que demora el pago de sus contribuciones financieras por una suma equivalente o superior a la que debe aportar en los dos años precedentes perderá el derecho a voto en el consejo. Sin embargo, el consejo puede permitirle a votar si considera que el incumplimiento de pago se debe a razones que estén fuera del alcance de dicho Estado parte. Antes de adoptar cualquier sanción, el secretariado debe satisfacer la demanda del consejo que consiste en enviar en representación de la presidencia del consejo tres cartas de amonestación con un intervalo de una carta cada tres meses y asegurar que por lo menos una carta ha sido recibida. (art. 19, cap. 4 de la Carta de las Naciones Unidas).
ART. 16.—Relación con estados y organizaciones.
ART. 17.—Solución de controversias.
ART. 18. Enmiendas.
1. Este acuerdo podrá ser enmendado por el consejo, ya sea de su propia iniciativa o por recomendación de la junta.
ART. 19.—Disolución.
1. El Consejo podrá disolver Inbar si se determina que la misión y propósitos de esa entidad se han logrado hasta un grado satisfactorio o que ya no será capaz de funcionar eficazmente. Para tomar su decisión concerniente a la disolución de la red, el consejo no escatimará esfuerzos por lograr consenso. Si no fuera posible lograrlo, el consejo podrá decidir disolver la red con una mayoría de tres cuartos de todos los miembros votantes.
ART. 20.—Firma y adhesión.
1. Este acuerdo estará abierto para su firma en Beijing a partir del día 6 del mes de noviembre de 1997, y permanecerá abierto para su firma por un periodo de dos años a partir de esa fecha.
2. Después de la expiración del periodo especificado en el párrafo 1, este acuerdo permanecerá abierto a la adhesión de cualquier Estado que cumpla con los requisitos estipulados en el artículo 4º, sujeto esto a la aprobación previa del consejo por simple mayoría.
The People’s Republic of China (Seal).
ART. 1º—Apruébese el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán”, dado en Beijing, República Popular de China, el 6 de noviembre de 1997”.
En efecto, según lo ha establecido reiterada jurisprudencia de esta corporación,(2) el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, se caracteriza por ser:
“(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.
De conformidad con la precitada norma , en cuanto al control que ejerce la Corte por vicios de procedimiento, este se dirige a examinar la validez de la representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento, así como a verificar el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria.
1.1.1. Suscripción del Convenio
Al “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán”, dado el Beijing, República Popular China, el 6 de noviembre de 1997, le fue impartida la aprobación ejecutiva el 25 de julio de 2007,(3) por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien luego de conformidad con el artículo 8º de la Convención de Viena de 1969 sometió a la aprobación del Congreso el acuerdo de la referencia. Dicha autorización ha sido considerada por la Corte(4) como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
“El presidente dio su aprobación ejecutiva al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación del Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios (C.P., art. 189 ord. 2º)”(5).
Con fundamento en estas disposiciones, entre otras, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural, el cual, en los términos de la Sentencia T-778 de 2005,(6) tiene como finalidad “(...) que las comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios” (resaltado fuera de texto).
En este orden, ha dicho la Corte que el derecho a la libre determinación comprende el derecho de las comunidades étnicas a “(...) determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines”. Así, la consagración de este derecho, junto con el de otros derechos de las comunidades étnicas, como se manifestó en la Sentencia C-030 de 2008, parte del reconocimiento del valor intrínseco de las comunidades étnicas como grupos diferenciados culturalmente.
Finalmente, existe un tercer ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas comunidades que es de orden interno, y que está relacionado con las formas de autogobierno y de autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los pueblos indígenas. Ello supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir su forma de Gobierno (C.P., art. 330); (ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la Constitución y la ley. La autonomía política y jurídica, relacionada de este modo con una autogestión territorial, actúa así como un instrumento de reafirmación de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales, mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el auto-reconocimiento de sus espacios de expresión colectiva” (resaltado fuera de texto).
“La consulta debe efectuarse en un momento previo a la radicación del proyecto en el Congreso de la República, para que los resultados del proceso de participación incidan en el contenido de la iniciativa que se somete a consideración; no obstante, durante el trámite legislativo en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe” (resaltado original).
Ahora bien, a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto, por afectar directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalada que hay “afectación directa cuando la ley altera el estatus de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. De manera que procede la consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto sea positivo o negativo, aspecto este que debe ser, precisamente, objeto de la consulta”(9).
De esta manera, en la Sentencia C-750 de 2008,(11) al efectuar la revisión de constitucionalidad del “Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006” y su ley aprobatoria 1143 del 4 de julio de 2007, la Corte concluyó que no se requería adelantar la consulta previa por cuanto sus disposiciones estaban contempladas de manera uniforme para la generalidad de los colombianos sin que afecten a las comunidades étnicas de manera específica y directa.
De igual forma, al estudiar el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001, esta corporación, en Sentencia C-027 de 2011,(12) determinó que al no adoptarse medidas que conciernan directamente a ninguna comunidad étnica asentada en el territorio nacional, la consulta previa no era una requisito necesario.
Por su parte, la Sentencia C-030 de 2008(13) reiteró que, en principio, las leyes, por su carácter general y abstracto, no generan una afectación directa de sus destinatarios, lo cual solo se materializa en la instancia aplicativa. Sin embargo, puede señalarse que hay afectación directa cuando la ley altere el status de la persona o la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o le otorga beneficios.
Recientemente, en la revisión oficiosa de la Ley 1458 del 2011 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 2006”, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2007” la Sala Plena de esta corporación indicó que “aunque antes de la ratificación del Convenio Internacional de Maderas Tropicales 2006 por el Congreso de la República no se requería de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, sí es obligatorio realizar dicha consulta en relación con las medidas legislativas y administrativas que se adopten en desarrollo de este instrumento internacional, así como con cada una de las acciones, planes, programas, proyectos u otras tareas emprendidas en el marco de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, que puedan afectar de manera directa o específica a una o varias de tales comunidades, consulta que se debe cumplir siempre en forma previa a su implementación. Así lo ha establecido la Corte en varias oportunidades, con ocasión de la revisión de varios acuerdos bilaterales celebrados por Colombia en materia de libre comercio y cooperación técnica y científica (sents. C-615/09, C-608/10, C-915/10, C-187/11, entre otras)(14).
En efecto, el acuerdo establece la Red Internacional del Bambú y el Ratán —Inbar— señala los objetivos y misiones en cabeza de dicha organización, los cuales se encuentran dirigidos a promover la cooperación técnica y científica sobre el bambú y el ratán; no obstante, no define las áreas específicas del territorio nacional en las que se desarrollaran tales actividades, lo que impide establecer qué grupos étnicos se hallarán dentro de las áreas de influencia de los proyectos que se realicen en virtud del acuerdo.
Por su parte, en virtud de lo previsto en el artículo 154 superior, la iniciación del procedimiento legislativo debe efectuarse en el Senado de la República, toda vez que la ley que aprueba un instrumento público se inscribe en la órbita de las relaciones internacionales. En efecto, de acuerdo con el inciso final del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado” (resaltado fuera de texto).
De conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, se logró establecer que el proyecto de ley radicado bajo los Nº 106 de 2009 Senado y 175 de 2010 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 776 del 25 de agosto de 2009,(16) cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (art. 154 constitucional), y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P., art. 157, num. 1º).
2.2.3.1.1. Publicación de la ponencia para primer debate.
La ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en forma favorable por el senador designado Carlos Emiro Barriga Peñaranda. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 1106 del 30 de octubre de 2009(17).
2.2.3.1.2. Anuncio y aprobación en primer debate.
El proyecto de ley 106 de 2009 Senado fue anunciado para primer debate en el Senado de la República el 25 de noviembre de 2009, tal como consta en el Acta 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 127 del 16 de abril de 2010,(18) en los siguientes términos (negrillas fuera de texto):
“Por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A.L. 1/2003, art. 8º):
2. Proyecto de ley 106 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán, dado en Beijing, República Popular China, el 6 de noviembre de 1997.
En la parte final del acta el presidente de la comisión indica: “Se levanta la sesión y se cita para el martes a las 10 de la mañana”.
El proyecto fue discutido y aprobado el 1º de diciembre de 2009, según consta en el Acta 16 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 126 del 16 de abril de 2010(19). El siguiente es el texto de la aprobación:
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a los honorables senadores, dar primer debate al proyecto de ley 106 de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán”, dado en Beijing, República Popular China, el 6 de noviembre de 1997.
De acuerdo con certificación del 28 de julio de 2011, suscrita por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley en cuestión fue discutido y aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de siete senadores que conforman la comisión, de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2009, que reformó el artículo 133 de la Constitución Política, el cual exige votación nominal y pública (ver fl. 1, cdno. de pruebas 3).
2.2.3.1.3. Ponencia para segundo debate.
La ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada en la Gaceta 156 del 26 de abril de 2010,(20) siendo presentada en forma favorable por el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.
2.2.3.1.4. Anuncio y aprobación del proyecto en segundo debate.
El proyecto de ley fue anunciado el 14 de diciembre de 2010 para la próxima sesión, tal como consta en el Acta 33 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 78 del 10 de marzo de 2011(21). El anuncio se realizó así:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por secretaría se anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (...) Proyecto de ley 106 de 2009 Senado” (resaltado fuera de texto).
Según consta en el Acta 34 del 15 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 80 del 11 de marzo de 2011,(22) la plenaria del Senado aprobó el proyecto en la fecha para la cual fue anunciado. La votación nominal y pública fue de 57 votos, 54 por el sí y 3 en contra. Lo anterior, es ratificado por la certificación expedida el 3 de agosto de 2011 por el secretario general del Senado de la República(23).
El siguiente es el texto de la aprobación(24):
“La presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del bloque del articulado, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
Por secretaría se da lectura al título del proyecto de ley 106 de 2009 Senado.
2.2.3.2.1. Ponencia para primer debate.
Radicado el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el Nº 175 de 2010, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, y se designó como ponente al representante Iván Darío Sandoval Perilla. La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 196 del 15 de abril de 2011(25).
2.2.3.2.2. Anuncio y aprobación en primer debate.
De conformidad con el texto del Acta 35 del 4 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 481 del 1º de julio de 2011,(26) el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los siguientes términos:
“Antes de finalizar, anuncio del proyecto de ley 175 de 2010 Cámara, 106 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán, dado en Beijing, República Popular de China, el 6 de noviembre de 1997”.
“citamos para comisión el próximo martes a las 10:00 de la mañana. Buenas tardes”.
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 10 de mayo de 2011, según consta en el Acta 36 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 482 del 1º de julio de 2011(27). De acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 17 de agosto de 2011, la aprobación se dio “por votación pública y nominal con el Sí de 10 honorables representantes presentes y 2 votos negativos”(28)(negrillas fuera de texto).
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 270 del 17 de mayo de 2011,(29) con ponencia favorable del representante a la Cámara Iván Darío Sandoval Perilla.
El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo en la sesión del 30 de mayo de 2011, según consta en el Acta 66 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 669 del 8 de septiembre de 2011(30). La trascripción del anuncio es la siguiente:
“Se anuncian los siguientes proyectos para sesión plenaria del día 31 de mayo de 2011 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. (...) proyecto de ley 175 de 2010 Cámara, 106 de 2009 Senado, por medio del se aprueba el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán, dado en Beijing República Popular China el 6 de noviembre de 1997”.
En efecto, tal como consta en el Acta 67 de la sesión del 31 de mayo de 2011, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley con votación nominal y pública con la asistencia de 155 representantes, como consta en la Gaceta del Congreso 670 del 8 de septiembre de 2011, según lo ratifica la certificación expedida(31) por el secretario general de la Cámara de Representantes el 9 de agosto de 2011.
La aprobación se realizó de la siguiente manera(32):
La Corte observa que la aprobación ejecutiva del acuerdo fue suscrita por el Presidente de la República el día 25 de julio de 2007(33). Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República por parte de los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Relaciones Exteriores, se realizó el 21 de agosto de 2009 y la publicación del proyecto de ley se llevó a cabo el 25 de agosto de 2009, según consta en la Gaceta del Congreso 776 de esa fecha(34).
Esta Corte constata que el proyecto de la ley fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva: el proyecto de ley fue publicado el 25 de agosto de 2009(35) y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 30 de octubre de 2009(36) (C.P., art. 157-1).
Entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 1º de diciembre de 2009,(37) mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 15 de diciembre de 2010(38); del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara ocurrió el 10 de mayo de 2011,(39) y el segundo debate tuvo lugar el 31 de mayo de 2011(40).
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (dic. 15/2010) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (mayo 4/ 2011) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo 160 de la Carta Política.
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003,(41) que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte que dicho requisito también se cumplió.
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes(42). Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”(43).
Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes requisitos(44):
En el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del Senado, el 25 de noviembre de 2009 (A. 15, publicada en la Gaceta del Congreso 127 de abr. 16/2010), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día 1º de diciembre de 2009, sesión en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (A. 16, publicada en la Gaceta del Congreso 126 de abr. 16/2010).
Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 14 de diciembre de 2010 (A. 33 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 78 de mar. 10/2011) para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día miércoles 15 de diciembre de 2010. Y, efectivamente, el 15 de diciembre de 2010, el proyecto fue aprobado según consta en el Acta 34 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 80 del 11 de marzo de 2011.
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró que el anuncio para primer debate se realizó el 4 de mayo de 2011 (A. 35 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 481 de jul. 1º/2011) para el 10 de mayo de 2011, sesión en la que efectivamente se discutió y aprobó el proyecto (A. 36, publicada en la Gaceta del Congreso 482 de jul. 1º/2011).
Finalmente, en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se anunció el 30 de mayo de 2011 (A. 66 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 669 de sep. 8/2011) para el 31 de mayo de 2011, fecha en la que el proyecto fue aprobado (A. 67 de mayo 31/2011, publicada en la Gaceta del Congreso 670 de sep. 8/2011).
El artículo 162 de la Constitución Política señala que “Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas” (resaltado fuera de texto)
En consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1461 de 2011 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5ª de 1992(45).
Los artículos 1º y 2º señalan a la Inbar como una organización internacional autónoma y no lucrativa, con personalidad jurídica en derecho internacional, con sede principal en Beijing, República Popular de China, y con la posibilidad de establecer otras oficinas en dicho estado o en otros países, con el objetivo de coordinar sus actividades en la región.
Los artículos 3º, 4º y 5º establecen la misión, los propósitos, las actividades y las facultades de la Red Internacional del Bambú y el Ratán, encaminadas, entre otras, a la cooperación técnica y científica mediante la creación y ejecución de programas destinados al intercambio de información, a la protección del medio ambiente, al mejoramiento de la productividad y procesamiento del bambú y el ratán, a la capacitación del personal e instituciones encargadas del manejo de los recursos, prestando atención especial a la subsistencia y necesidades básicas de las personas que viven en zonas productoras, particularmente a las mujeres y personas más desfavorecidas.
El artículo 6º hace referencia a las condiciones para ser miembros de la red; el artículo 7º indica los órganos que componen la Inbar (el consejo, la junta directiva y el secretariado, encabezado por un director general); y los artículos 8º, 9º, 10º, 11, 12, 13 y 14 desarrollan las funciones y nombramiento de los integrantes de dichos órganos.
El artículo 15 se ocupa de las cuestiones financieras de la Inbar, estableciendo que el pago de los gastos necesarios para la operación del acuerdo, provendrán de cuotas anuales aportadas por los Estados partes, cuyo cálculo se hará teniendo como referencia la versión actualizada de la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas.
El artículo 18 consagra la posibilidad de hacer enmiendas al acuerdo por parte del consejo; en el artículo 19 se indican las causales de disolución de la Inbar y; finalmente, el artículo 20 regula lo concerniente a la firma y adhesión a este instrumento internacional.
2.4.2. Compatibilidad del acuerdo con la Carta Política.
El bambú y el ratán son productos naturales no madereros y hacen parte de la comunidad vegetal guadal. En Colombia la zona donde se encuentra la mayor concentración de guaduales se encuentra en los departamentos de Caldas, Quindío, Tolima y Valle del Cauca; igualmente, se encuentra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo(46).
En este contexto, el cultivo de estos recursos es importante para el desarrollo económico del país, pues representan materiales de fácil disponibilidad, bajos costos y propiedades físico-mecánicas excelentes, lo que los convierte en una importante alternativa de ingresos de quienes los cultivan, mitigando el uso indiscriminado de especies forestales nativas de lento crecimiento y en peligro de extinción.
En esta oportunidad, la Corte reiterará lo considerado en los citados convenios, en los que se determinó que efectivamente se desarrollan varios preceptos superiores, tales como el artículo 70 conforme al cual “el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional” (resaltado fuera de texto)
Así, se encuentran, entre otros, el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá, el 16 de julio de 1991, aprobado mediante Ley 305 de 1996 y declarado exequible en Sentencia C-104 de 1997(47). Además, el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., el 20 de abril de 1994, aprobado por Ley 460 de 1998 y declarado exequible en Sentencia C-186 de 1999(48). También, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República de Nicaragua, hecho en Bogotá, el 28 de junio de 1991, aprobado mediante Ley 604 de 2000, declarado exequible en Sentencia C-303 de 2001(49). Y, más recientemente, en Sentencia C-378 de 2009 se declaró exequible el “Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004”con condicionamientos relacionados con la posibilidad de modificarlo por la vía diplomática y con la celebración de convenios complementarios.
“El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje universal, que implica para los países no solo la necesidad de promover y fomentar internamente la consolidación de sus comunidades académicas, las cuales tienen como fundamento de su quehacer la investigación científica y tecnológica, sino el compromiso ineludible de facilitar que ellas se incorporen y participen activamente en las tareas que adelanta la comunidad científica internacional; de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende el rezago en el acceso al conocimiento, el cual en el Estado social de derecho se reivindica como un derecho de todas las personas, que las sociedades modernas y postmodernas reclaman como un componente esencial e insustituible para su propio desarrollo”(50).
De igual forma, la internacionalización de las relaciones en provecho y conveniencia nacional se ve reflejada en las actividades que en desarrollo del acuerdo se realizarán. En este sentido, se prevé facilitar la vinculación de la experiencia financiera, de gestión y técnico-científica con los países firmantes, así como proporcionar expertos que enlacen el conocimiento con las necesidades locales en áreas estratégicas.
Así mismo, cumple con lo dispuesto en el artículo 9º superior que ordena que las relaciones exteriores del Estado se fundamenten en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional. Lo anterior, por cuanto del estudio del presente tratado se desprende que en ningún evento se confieren o trasladan competencias a la Inbar pertenecientes al ámbito exclusivo de las funciones del Estado colombiano; se trata pues, de simples directrices para el adelanto y desempeño de planes y políticas de desarrollo dirigidas a promover prácticas sostenibles de producción de bambú y el ratán, sin que se constituyan cláusulas de obligatorio cumplimiento para el país.
De otro lado, encuentra la Corte que las normas contenidas en el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del bambú y el Ratán se ajustan a los principios consagrados en los artículos 79 y 80 superiores, los cuales gobiernan la protección del medio ambiente sano y la preservación de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Expresión de ello es lo consagrado en el literal b) numeral 2º del artículo 3º del acuerdo, que señala como uno de los propósitos de la Inbar la adecuada atención al papel del bambú y el ratán en la protección al medio ambiente, y más particularmente en el alivio de la deforestación, la erosión del suelo y la degradación del terreno.
Lo expuesto, teniendo en consideración que estos recursos naturales forman parte de nuestra gran diversidad biológica, se encuentra asociada a una comunidad multiespecie y perteneciente a todos los estratos sociales, características que los hacen ideales para el restablecimiento del equilibrio ecológico. Además, “su amplio sistema de raíces amarra muy bien el suelo, impidiendo su arrastre por las corrientes de agua; sus copas entrecruzadas han sido un hábitat propicio para una fauna amplia y diversificada. Ejemplos de su efecto protector se observan en las zonas cafeteras de Colombia, donde la guadua por tiempos inmemorables ha sido la salvaguarda de las aguas y suelos de estas regiones”(51).
De otro lado, como desarrollo del artículo 13 de la Carta Política, que dispone que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y en este orden, adopte medidas a favor de grupos discriminados o marginados, el acuerdo es claro en manifestar que se preocupará por “satisfacer la subsistencia y necesidades básicas de las personas que viven en zonas productoras de bambú y ratán y en particular, aquellas de las mujeres y las personas desaventajadas”(52).
Ahora bien, la Corte considera necesario pronunciarse específicamente sobre una de las disposiciones normativas contenidas en el acuerdo que podría acusar cierta incompatibilidad con los artículos 189 numeral 2º, 150 numeral 16 y 241 de la Constitución política, los cuales confieren al Presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones internacionales y de celebrar los tratados o convenios que luego serán sometidos a discusión y aprobación del Congreso para ser incorporados al derecho interno mediante una ley de la República.
En efecto, el artículo 8º del acuerdo en examen señala como una de las funciones del consejo: (...) e) enmendar este acuerdo; en concordancia, el artículo 18 establece:
2. Cuando la junta proponga al consejo una enmienda será necesario contar con una mayoría de los dos tercios de todos los síndicos votantes”.
Un problema jurídico similar fue resulto por la Corte en Sentencia C-154 de 2005,(53) en la que se realizó la revisión oficiosa de la Ley 895 de 21 de julio de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Económica, científica, Educativa, Técnica y Cultural entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Malasia”, dado en Putrajaya el primero (1º) de marzo de dos mil uno (2001)”.
En esa ocasión, fue necesario condicionar la constitucionalidad del artículo 7º, pues en el mismo se establecía la posibilidad de modificar el Acuerdo sin especificar que dicha reforma se sujetará a los trámites de aprobación interna previstos en la Constitución Política de Colombia. Dijo la Corte en esa oportunidad, que así concebida la norma “podría dar paso al desconocimiento de los artículos 189 numeral 2º, 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Constitución Política, que regulan el trámite de aprobación interna de los instrumentos internacionales susceptibles de generar obligaciones para el Estado Colombiano. Este eventual desconocimiento se produciría si las modificaciones al Acuerdo tuvieran el alcance de variar las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en virtud del mismo”.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán”, dado en Beijing, República Popular de China el 6 de noviembre de 1997.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1461 de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán”, dado en Beijing, República Popular de China el 6 de noviembre de 1997”.
(2) Ver sentencias C-468 de 1997; C-376 de 1998; C-426 de 2000 y C-924 de 2000.
(4) Sentencia C-027 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(5) Sentencia C-251 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(14) Comunicado de prensa 12 del 14 de marzo de 2012: LAT -371, Sentencia C-196 del 2012, M.P. María Victoria Calle.
(16) Ver folio 74 y siguientes del cuaderno de pruebas 3.
(17) Ver folios 68 a 73 del cuaderno de pruebas 3.
(18) Ver folios 36 a 44 del cuaderno de pruebas 3.
(19) Ver folio 34 del cuaderno de pruebas 3.
(20) Ver folios 66 y 67 del cuaderno de pruebas 3.
(21) Ver folios 266 a 270 del cuaderno de pruebas 2.
(22) Ver folios 271 y siguientes cuaderno de pruebas 2.
(23) Ver folios 1 y 2, cuaderno de pruebas 2.
(24) Páginas 44 y 45 de la Gaceta del Congreso 148 del 19 de marzo de 2009.
(25) Ver folios 200 y siguientes del cuaderno de pruebas 2.
(26) Ver folios 131 y siguientes del cuaderno de pruebas 3.
(27) Ver folios168 al 174 de cuaderno de pruebas 3.
(28) Ver folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas 4.
(29) Ver folios 3 y siguientes del cuaderno de pruebas 4.
(30) Páginas 63 y 64 de la Gaceta del Congreso 669 del 8 de septiembre de 2011 (fls. 2 y ss., cdno. de pruebas 5)
(31) Ver folio 91 del cuaderno de pruebas 3.
(32) Página 40 de la Gaceta del Congreso 670 del 8 de septiembre de 2011 (fl. 107, cdno. de pruebas 5).
(33) Ver folio 18 del cuaderno principal.
(34) Ver folio 74 del cuaderno de pruebas 3.
(35) Gaceta del Congreso 776 del 25 de agosto de 2009.
(36) Publicación de la ponencia para primer debate en la Gaceta del Congreso 1106 del 30 de octubre de 2009.
(37) Según consta en el Acta 16 del 1º de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso 126 del 16 de abril de 2010.
(38) Según consta en el Acta 34 del 15 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 80 del 11 de marzo de 2011.
(39) Según consta en el Acta 36 del 10 de mayo de 2011, publicado en la Gaceta del Congreso 482 del 1º de julio de 2011.
(40) Según consta en el Acta 67 del 31 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 670 del 8 de septiembre de 2011.
(42) Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(43) Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(44) Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(45) “Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.
(46) Fuente: www.invemar.org.co/redcostera1/docs/RinconLiterario/2009/noviembre/M_159.pdf “Guadua para todos - cultivo y aprovechamiento” consultada el día 28 de marzo de 2012.
(47) M.P. Jorge Arango Mejía.
(48) M.P. Fabio Morón Díaz.
(50) Sentencia C-186 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
(51) La planta, Silvicultura. Francisco Castaño Nieto, Ingeniero Forestal, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
(52) Artículo 3º; literal a), numeral 3º.

References: artículo 20
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 8
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 artículo 154
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 artículo 133
 artículo 160
 artículo 160
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 artículo 162
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 70
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 7
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