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Timestamp: 2019-04-23 13:05:05+00:00

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Habeasdata.org » Blog Archive » Jurisprudencia sobre Habeas data del Superior Tribunal de Rio Negro (fallos completos)
Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, en virtud del recurso de apela* ¬ción deducido por la actora a fs. 37/43 y concedido a fs.45 con* ¬tra la sentencia dictada por el Juzgado Civil, Comercial y de Minerí­a N* 3 de la IIa. Circunscripción Judicial, obrante a fs. 35/36, que rechazó el amparo interpuesto a fs. 31/34, promovido con el objeto de que la empresa VERAZ y el Banco CITIBANK le informen a la actora respecto de sus antecedentes, las causas y razones de su inclusión en el sistema de la empresa VERAZ, y la eventual modificación de los datos para el caso de que carezcan de justificación.
Que el a quo rechazó in limine el amparo considerando que la excepcional ví­a elegida es improcedente en autos, atento que necesariamente debe recurrirse a una verdadera controversia con los demandados a fin de que éstos aporten los presupuestos en que basan su actuación; y que la carta documento remitida a una de las instituciones (que consta a fs.2, y sin respuesta) no agota la ví­a apropiada y previa que constituye el presupuesto para verificar la afectación alegada, esto es: el daño a su giro comercial con imposibilidad de acceder a créditos y lesión a su prestigio comercial en razón de estar incluí­do erradamente en/// ///. registros informáticos a los que acceden los distintos comercios adheridos a la base de datos, como deudor moroso con alto grado de incobrabilidad.
En su memorial, la recurrente señala que la sentencia omite todo tipo de consideración en torno a su derecho personalí­simo del libre acceso a sus datos personales, y su eventual actualización, rectificación o cancelación en caso de detectarse anomalí­as en su registro (cf. arts. 20 Constitución Provincial; 43 Constitución Nacional, y arts.11 y 12 del Pacto de San José de Costa Rica), desatendiendo los reclamos efectuados primero en forma personal, luego telefónicamente y por último mediante carta documento sin que existiera respuesta positiva alguna.
Que en punto a la regulación de honorarios practicada sostiene que la empresa comercial, que tiene la obligación de suministrar datos de particulares, debe soportar los errores u omisiones a su cargo incluí­do el rubro mencionado. Asimismo, apela los honorarios por reducidos.
Que entrando en el fondo de la cuestión ha de señalarse en primer lugar que el habeas data es el remedio adecuado para que las personas afectadas puedan obtener el conocimiento de los datos a ellas referidos y de la finalidad de su almacenamiento, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y en su caso, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos (cf. Enrique M. FALCON, “Habeas Data”, A.Perrot, pág. 23, 1996).
Que en este marco dos son las pretensiones que caben, y de modo sucesivo y secuencial, subsidiaria una de la otra. Primero, de información; segundo, de ejecución. Esta última, que importa la eventual supresión, rectificación, confidencialidad o actua* ¬lización de la información ya obtenida, debe disponerse previa bilateralidad en el proceso, asegurando el derecho de/// ///2. defensa de quienes se encuentran en conflicto.
Que el art. 20 de nuestra Constitución Provincial recepta el derecho en cuestión al establecer que: “La ley debe asegurar la intimidad de las personas. El uso de la información de toda í­ndole o categorí­a, almacenada, procesada o distribuí­da a través de cualquier medio fí­sico o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos. La ley regla* ¬menta su utilización de acuerdo a los principios de justifica* ¬ción social, limitación de la recolección de datos, calidad, especificación del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de registros, limitación en el tiempo y control público. Asegura el acceso de las personas afectadas a la información para su rectificación, actualización o cancelación cuando no fuera razonable su mantenimiento.”
Que la Ley Provincial N* 3246 (B.O.P. N* 3247) que omite el actor al interponer la acción y también la “a quo” que debió encuadrar en ella, de oficio, al presente trámite dispone que procede el habeas data toda vez que a una persona fí­sica o jurí­dica se le niegue el derecho a conocer gratuita e inmediatamente todo dato que de ella o sobre sus bienes conste en registros o bancos de datos públicos pertenecientes al Estado y los municipios y en similares privados destinados a proveer información a terceros y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
Que el requerimiento formulado en virtud del art.4* ° de la Ley debe ser respondido por escrito dentro de los quince dí­as corridos de haber sido intimado en forma fehaciente por parte del titular del registro o banco de datos (cf. art. 5* °).
Que el art.7* ° de la Ley N* 3246 es categórico al ordenar que el Juez habrá de evaluar la razonabilidad de la petición con criterio amplio, expidiéndose en caso de duda por la/// ///. admisibilidad de la acción al solo efecto de requerir la información al registro o banco de datos. Y esto último condice con lo sostenido supra, en el sentido de que son dos sucesivas y secuenciales las pretensiones que caben en el habeas data, a fin de garantizar la bilateralidad en la última.
Que atento lo expuesto, y el criterio amplio indicado por el art.7* ° Ley N* 3246, este Superior Tribunal considera que no se ajusta a derecho el rechazo in limine pronunciado en base a la insuficiencia de la carta documento glosada en autos y la necesidad de agotar una etapa de plena bilateralidad. Máxime cuando está en juego un presunto daño al giro mercantil del actor, con imposibilidad de acceder a créditos y la lesión a su prestigio comercial.
Que por tal motivo corresponde revocar la sentencia de fs. 35/36, remitiéndose las presentes actuaciones al Juzgado de origen a fin de proceder al trámite pertinente con ajuste a la Ley N* 3246.
A lo demás costas y honorarios estése a lo que en definitiva decida el a quo al dictar nueva sentencia.
Primero: Revocar la sentencia de fs.35/36, remitiéndose las presentes actuaciones al Juzgado interviniente a fin de proceder a su tratamiento otorgando a la causa el trámite pertinente de la Ley N* 3246.
Segundo: Regí­strese, notifí­quese y oportunamente devuélvanse.
FDO.: ALBERTO ITALO BALLADINI JUEZ LUIS A. LUTZ JUEZ E. NELSON ECHARREN JUEZ.
ANTE MI: EZEQUIEL LOZADA SECRETARIO S.T.J..
SENTENCIA N* 40.
FOLIOS: 98/99.
SECRETARIA N* 4.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RíO NEGRO
SECRETARIA CAUSAS ORIGINARIAS Nº 4
SENTENCIA Nº 108/2005
///MA, 24 de noviembre del 2.005.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rí­o Negro, doctores Luis LUTZ, Ví­ctor H. SODERO NIEVAS y Alberto I. BALLADINI, con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: “CONSEJO ASESOR INDIGENA (CAI) s/MANDAMUS” (Expte. N* 20499/05 STJ ), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.
En ejercicio de la acción del art. 44 de la C.P. e invocando la representación del CONSEJO ASESOR INDIGENA, a fs. 16/23 vienen ante al S.T.J. los amparistas HERMENEGILDO LIEMPE y JULIETA VINAYA con el patrocinio del Dr. FERNANDO KOSOVSKY a interponer un “mandamus” contra el CODECI. (CONSEJO DE DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS), dependiente del Ministerio de Gobierno, y la DIRECCION DE TIERRAS Y COLONIAS, a su vez dependiente del Ministerio de Producción, para que se les ordene la inmediata entrega de información requerida por escrito, acompañada por copias de todo lo solicitado y se les condene en costas, los que respectivamente responden a fs. 169/174 y fs. 150/153, juntamente con la FISCALIA DE ESTADO (art. 190 de la C.P. y Ley N* 88) a fs. 156/157.
La señora Procuradora General de la Provincia se expide a fs. 188/197, en un dictamen cuyo contenido anticipo compartir y hago propio en cuanto al objeto de la pretensión de garantizar el derecho de acceso a la información pública que se dice vulnerado, invocado por ciudadanos que gozan de él, respecto de la que no le fue suministrada, o sea que no se la dieron ni se tramitó por las ví­as administrativas.
Sostiene la señora Procuradora General que el plexo normativo que componen el inc. 22 del art. 75 de la C.N. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos); arts. 4 y 26 de la C.P., Leyes N* 1829 y N* 3441, establecen con claridad meridiana el deber de la autoridad de proporcionar la información por escrito, agregando copia de la documentación, o permitiendo el acceso personal y directo, bajo determinadas circunstancias y que la argumentación del CODECI., respecto a que procedió a “bajar información en terreno”, no suple el recaudo legal, ya que si bien la Ley N* 1829 no está reglamentada, tiene operatividad y no hay excepciones regladas, por lo que está habilitada la acción en los términos del art. 7 de la Ley N* 3441, concluyendo que el fin de ésta se encuentra satisfecho con la instrumental de fs. 29/149 y fs. 158/168, restando poner a disposición de los amparistas los informes suministrados y la documentación acompañada.
La comunidad, dentro de la estructura constitucional, tiene derecho a una información que le permita ajustar su conducta a las razones resultantes de la misma, y siempre que el uso de ese derecho no afecte la armoní­a de los demás derechos constitucionales (CSJN., ED., 9 537; asimismo STJRNCO.: Se. N* 110 del 29 08 01, “LARROULET, NESTOR R. s/MANDAMUS”, Expte. N* 16014/01 STJ ).
El objeto de las garantí­as constitucionales es la comunicación de ideas y la de recibir información, por lo que tales garantí­as abarcan todas las diversas formas en que la libertad de información se traduce. No es posible sostener lo contrario, sin menoscabo del art. 31 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su art. 13, inc. 1) ha incorporado al derecho positivo argentino del derecho de informar y de ser informado, especialmente sobre asuntos relativos a la cosa pública o de relevancia para el interés general (del voto del doctor Petracchi, en CSJN., Diciembre 11 1984, ED., 112 239; STJRNCO.: Se. N* 110 del 29 08 01, “LARROULET, NESTOR R. s/MANDAMUS”, Expte. N* 16014/01 STJ ). Retacear el derecho a informarse y a informar serí­a ocultar al soberano, el pueblo, las maneras con que los mandatarios ejecutan sus obligaciones legales y constitucionales, serí­a impedir la crí­tica de la opinión pública, menoscabar la vigilada responsabilidad con que los funcionarios cumplen sus diarias labores sabiéndose controlados y evaluados a través de los múltiples canales de la comunicación ciudadana (STJ. del Chubut, setiembre 12 1995, ED., 165 301; STJRNCO.: Se. N* 110del 29 08 01, “LARROULET, NESTOR R. s/MANDAMUS”, Expte. N* 16014/01 STJ ).
Que es principio de la actuación del Estado, derivado del sistema republicano de gobierno, la responsabilidad de la autoridad pública, teniéndose como una de sus consecuencias la publicidad de sus actos para aguzar el control de la comunidad y, en especial, de los posibles interesados directos, quienes podrán efectuar las impugnaciones que el ordenamiento permita (CS., 12 Mayo 1988; ED., 129 267).
Como sostiene Germán BIDART CAMPOS, (cf. -El panorama de los derechos humanos a fin de siglo-, JA. 1998, 80 aniv. Lexis N* 0003/007291) el derecho constitucional ha desarrollado una nueva dimensión a partir del momento de la incorporación de los intereses difusos o colectivos, los derechos de la tercera generación, o los que la Constitución Argentina reformada en 1994 denomina “derechos de incidencia colectiva en general”, acumulando nuevos derechos a los civiles y polí­ticos de la primera generación y a los derechos sociales de la segunda. Así­, el derecho a la información y la comunicación, al medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a los consumidores y usuarios, etc., con una apertura susceptible de otros acrecimientos.
También se ha señalado que el derecho a la información es preexistente a la incorporación del hábeas data en nuestra Ley Fundamental. No es que el reciente ingreso de este instituto haya incorporado a la Constitución el derecho a la información sobre los asuntos públicos, puesto que éste es inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno (cf. Juz. de Primera Instancia en lo Civ. y Comercial del Distrito Judicial Sur, Ushuaia, 31 de octubre del 2005 en autos -Worman, Guillermo P. s/amparo por Mora-; Carlos S. FAYT, en -URTEAGA, Facundo R. c/Estado Nacional s/Amparo-, Fallos 321:2767). Obviamente, el “derecho al libre acceso a la información”, recibido expresamente en nuestro ordenamiento constitucional en el art. 13 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también aparece vinculado al habeas data en el derecho comparado latinoamericano. Así­, sigue esta lí­nea la Constitución Polí­tica de Colombia (1991), en cuanto establece, con mayor amplitud aún que en el pacto citado, “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley”. Del mismo modo, la Constitución de 1993 del Perú reconoce en su art. 2 inc. 5, el derecho de toda persona a “solicitar sin expresión de causa la información que requiera, con la excepción de aquéllas que afecten la intimidad o las que se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”, derecho que, con su notable amplitud, está garantizado con el recurso de habeas data (art. 200 inc. 3). También la Constitución brasileña de 1988 asegura el derecho de información general (art. 5, XIV), por un lado, y el instrumento del hábeas data, por el otro, para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona impetrante y para rectificar los datos (art. 5, LXXII; cf. Eduardo A. ZANNONI, -La acción de amparo y la tutela efectiva de los derechos humanos-, Jurip. Anotada, JA., 1999 I 44).
Por ello, propongo al Acuerdo:
1*) Hacer lugar al mandamiento de ejecución en los términos antedichos.
2*) Tener por satisfechos los extremos de la pretensión con la documentación que se glosa a fs. 29/149 y fs. 158/168, que se pone a disposición de los amparistas. A todo evento, con autorización, extraer copias fotostáticas a su costa.
3*) Costas a los requeridos. Fijar los honorarios del Dr. FERNANDO KOSOVSKY en el equivalente a cincuenta (50) jus (art. 36 y cc., Ley 2212).
4*) De forma. MI VOTO.
El señor Juez doctor Ví­ctor H. SODERO NIEVAS dijo:
ADHIERO a los fundamentos y solución que propone el señor Juez que me precede en el orden de votación.
Atento los votos coincidentes de los señores Jueces que me anteceden en la votación, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39, L.O.).
Primero: Hacer lugar al mandamiento de ejecución deducido a fs. 16/23 y vta. de las presentes actuaciones por el Consejo Asesor Indí­gena, por los fundamentos dados.
Segundo: Poner a disposición de los amparistas la documentación que se glosa a fs. 29/149 y a fs. 158/168 a fin de que con autorización extraigan copias fotostáticas a su costa.
Tercero: Costas a los requeridos (art. 68 del CPCyC.). Fijar los honorarios profesionales del doctor Fernando KOSOVSKY en la suma de Pesos equivalente a CINCUENTA (50) Jus (art. 36 y cc., Ley N* 2212). Notifí­quese a la Caja Forense y cúmplanse con los aportes previstos en la Ley N* 869.
Cuarto: Regí­strese, notifí­quese y oportunamente archí­vese.
Fdo.:LUIS LUTZ JUEZ VICTOR HUGO SODERO NIEVAS JUEZ ALBERTO I. BALLADINI JUEZ EN ABSTENCION
PROTOCOLIZACION Tomo III Se. N* 108 Folios 1246/1251 Sec. N* 4.
LOCALIDAD: VIEDMA.
FUERO: ORIGINARIAS.
INSTANCIA: Unica.
EXPTE. N* 21030/06.
AUTO INTERLOCUTORIO: N* 72.
ACTOR: ACOSTA, Graciela Noemí­.
OBJETO: s/Habeas Data s/Apelación.
VOCES: El amparo informativo es apelable ante el tribunal de alzada; efectos (art. 8 Ley 2384). Remite a autos SARTOR.
FECHA: 10 05 06.
///MA, 10 de mayo del 2.006.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: \”ACOSTA GRACIELA NOEMI s/HABEAS DATA s/APELACIÓN\” (Expte. N* 21030/06 STJ ), puestas a despacho para resolver, y
Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 99/102 contra la sentencia de fs. 93/98 que decidió el rechazo de la acción de habeas data interpuesta por Graciela Noemí­ ACOSTA.
Dispone la Ley N* ° 2384 en su art. 8º que la sentencia que acoja la acción de amparo informativo es apelable al solo efecto devolutivo; y la que lo rechace en todo o en parte lo será en ambos efectos. La apelación será fundada y resuelta por el tribunal de alzada sin más trámites, en un plazo de cinco (5) dí­as.
Que en fecha 20 de marzo del 2001 el Superior Tribunal de Justicia de Rí­o Negro dictó sentencia en autos caratulados: \”SARTOR, Daniel A. s/Amparo s/Apelación- (Expte. N* 15509/00 STJ, Aut. Int. Nº 25), que llegaron a conocimiento en virtud del recurso de apelación deducido por la accionada contra la sentencia que resolvió un amparo de esta misma naturaleza. En aquella oportunidad este Cuerpo señaló que la Ley N* 2384 regla este amparo, estableciendo el art. 4* la competencia de los jueces letrados de Primera Instancia para conocer en dichas acciones; y que el art. 8* de la misma dispone respecto a los efectos de la sentencia dictada en el amparo informativo, indicando que será apelable, y resuelta -por el Tribunal de Alzada-. En el caso sometido al Tribunal, la Alzada estaba dada por la Cámara de Apelaciones, y que en estos casos no corresponde la aplicación de la Ley N* 2921 (y modificatorias), normas referidas a la garantí­a procesal especí­fica denominada genéricamente amparo (correspondiente a los arts. 43, 44 y 45 de la C.P., Cap. IV), sino la Ley N* 2384, que cuenta con regulación especí­fica, con delineamiento de pautas procesales propias. Por todo ello, se dijo -“y esto es de entera aplicación al caso de autos , para conocer en dicho recurso de apelación corresponde declarar la competencia de la Cámara que opera como Tribunal de Alzada del organismo jurisdiccional que conoció en dicho amparo, conforme a lo normado en el art. 8 de la Ley N* 2384, lo que así­ corresponde asimismo declarar en autos. MI VOTO.
ADHIERO a los fundamentos y solución que propone el señor Juez preopinate en su voto.
Atento a los votos coincidentes de los señores Jueces que me anteceden en el orden de votación, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39, L.O.).
Primero: Declarar la competencia de la Cámara de Apelaciones de Cipolletti para conocer en el presente recurso de apelación deducido por Graciela N. ACOSTA a fs.99/102, a tí­tulo de Tribunal de Alzada, conforme a lo normado en el art. 8 de la Ley N* 2384. Segundo: Regí­strese, notifí­quese y oportunamente devuélvanse.
FDO.:VICTOR HUGO SODERO NIEVAS JUEZ ALBERTO I. BALLADINI JUEZ LUIS LUTZ JUEZ EN ABSTENCIÓN
PROTOCOLIZACION Tomo I Aut.Int. N* 72 Folios 263/264 Sec. N* 4.
EXPTE. N* 20393/05.
SENTENCIA: N* 104.
ACTOR: MARTIN, Agustí­n Enrique BORDENAVE, Sofí­a Alejandra y CEDHA.
OBJETO: s/Acción de Inconstitucionalidad (arts. 2, 14, 15 y 40 Ordenanza N* ° 21 Municipalidad de San Carlos de Bariloche).
VOCES: Decrechos de incidencia colectiva (información). Procedimiento administrativo: recursos. Amparo colectivo: titularidad.
FECHA: 12 09 06.
///MA, 12 de septiembre del 2.006.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rí­o Negro, doctores Ví­ctor H. SODERO NIEVAS, Alberto I. BALLADINI y Luis LUTZ y con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: \”MARTIN Agustí­n Enrique, BORDENAVE Sofí­a Alejandra y -CEDHA- s/Acción de Inconstitucionalidad (Art. 2, 14, 15 y 40 Ordenanza N* ° 21 Municipalidad de San Carlos de Bariloche)\” (Expte. N* 20393/05 STJ), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.
A fs. 51/65, Sofí­a Alejandra Bordenave y el letrado Agustí­n Enrique Martí­n, ambos por derecho propio, en calidad de ciudadanos y habitantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche y, respectivamente, en representación de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y en calidad de patrocinante, interponen acción de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, respecto de los artí­culos 2, 14, 15 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 de la referida Municipalidad, por ser contrarios a los arts. 1, 14, 15, 22, 26, 30, 32, 46, 47, 67 y 84 de la Constitución Provincial, a fin de que se declare la incompatibilidad y la abrogación de aquéllos de acuerdo a lo previsto por los arts. 799 del CPCyC. y 208 de la Const. Prov..-”
Consideran que los arts. 2, 15 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78, contrarí­an las mandas constitucionales señaladas, menoscabando ilegí­timamente los derechos a la información, a acceder a la justicia y a recursos administrativos efectivos, impidiendo el ejercicio de derechos de incidencia colectiva e irrespetando principios constitucionales de polí­tica administrativa y el de razonabilidad.
Además, aducen violación de los derechos a peticionar a las autoridades, a la participación, a la investigación cientí­fica y derechos colectivos de expresa recepción constitucional, tales como el derecho a un ambiente sano y los derechos del consumidor.
En cuanto a la legitimación activa, destacan su condición de parte interesada, atento a que la normativa cuestionada los afecta en su calidad de ciudadanos y habitantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche; como así­ también a la Fundación que representan, de cuyo estatuto surge la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano y derechos vinculados a él, como es el caso de los derechos a la información, a la participación, a peticionar a las autoridades y a recursos administrativos adecuados. Agregan que los derechos referidos se encuentran vulnerados por los artí­culos 2, 14, 15 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 y que por ello CEDHA. se encuentra interesada en la declaración de su inconstitucionalidad y en su abrogación. Sostienen que la legitimación también surge del art. 43 de la Constitución Nacional.
Alegan que el art. 14 de la Ordenanza mencionada, al exigir petición escrita para tomar vista de expedientes administrativos vulnera el principio constitucional de razonabilidad, entorpeciendo la actividad administrativa, en contradicción con los principios administrativos constitucionales de celeridad, sencillez, economí­a procesal e informalismo. Entienden, que dicho artí­culo dificulta el goce de los derechos a la información y a contar con recursos administrativos efectivos. Sostienen que, más allá de la calificación jurí­dica que se le quiera dar a los derechos que puedan estar en juego, la Ordenanza N* ° 21 I 78 no permite que quien se sienta afectado por situaciones que lesionen colectivamente el goce de derechos reclame en sede administrativa la solución de tal situación (excepto como mera denuncia).
Advierten que los derechos a la información y a recursos administrativos efectivos (cf. arts. 26 y 22 de la Constitución Provincial) están en cabeza de todos los habitantes y son efectivos y operativos (cf. art. 14 de la Constitución Provincial). Por ello, insisten que es evidentemente inconstitucional, impedir que puedan iniciar tramitaciones administrativas, obtener información e interponer recursos en defensa de derechos colectivos, como lo hacen los arts. 15 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78.
Sostienen que los derechos colectivos se encuentran contemplados en la Constitución de Rí­o Negro (arts. 1, 14, 15, 30 y 84) y son plenamente eficaces y operativos (art. 14 de la Constitución Provincial), ello lo prueba además la existencia de la Ley N* ° 2779; pueden ser alegados y defendidos en sede administrativa, conforme lo establece el art. 22 de la Constitución Provincial. Consideran que si el titular de un derecho de incidencia colectiva tiene tutela judicial no puede la administración negárserla. Lo contrario, vulnera la Constitución Provincial, en esencia el principio constitucional de razonabilidad, en contradicción con el art. 14; torna ineficaces los recursos administrativos, en oposición al art. 22; compromete la garantí­a de los derechos de incidencia colectiva en violación a los arts. 1, 14, 15, 30 y 84 y es antagónico al principio de eficiencia administrativa contemplado en el art. 47.
Destacan que la norma en cuestión, sancionada en 1978, durante la dictadura militar ha quedado atrasada respecto del avance constitucional.
Sostienen que el derecho a la información se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (arts. 41, 33, 75 inc. 22), en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquí­a constitucional (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 13; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. IV; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, art. 19; y en legislación constitucional rionegrina Ley Provincial N* ° 1829, modificada por Ley N* ° 3441 , además de las Leyes Nacionales N* ° 25657, N* ° 25831 y N* ° 24240 y las Provinciales N* ° 3266 y N* ° 2817). Manifiestan que de las normas constitucionales y supranacionales mencionadas surge que el contenido del derecho comprende no sólo la libertad de cualquier persona a investigar y buscar informaciones, ideas y opiniones de toda í­ndole, sino también el derecho de todos los habitantes a recibir información.
A fs. 66, se tiene por presentada la acción de inconstitucionalidad en los términos del art. 793 y sgtes. del CPCyC. y por expresa instrucción del Tribunal se dispone correr traslado al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
A fs. 76/77, la accionante denuncia como hecho nuevo la promulgación de la Ordenanza Nº 1527 CM 05 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, cuya copia acompaña. Relata que el art. 11 de la misma, deroga al art.15 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 y peticiona se tenga por desistida parcialmente de la acción en lo relativo al artí­culo 15 de la Ordenanza antes mencionada.
A fs. 78, se tiene por denunciado el hecho nuevo referido y se dispone correr traslado del desistimiento parcial formulado al Municipio de San Carlos de Bariloche.
A fs. 87/91, comparece la representante legal del Municipio de San Carlos de Bariloche; contesta demanda y solicita se declare abstracta la cuestión.
Manifiesta que el art. 11 de la Ordenanza N* ° 1527 CM 05 promulgada en fecha 26 09 05, derogó expresamente el artí­culo 15 de la Ordenanza N* ° 21 I 78, con lo cual -“entiende que el reclamo de autos ha devenido abstracto respecto de esta norma.
Con respecto al art. 2 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 aduce que no se advierte agravio constitucional alguno atento a que garantiza el amplio acceso, no sólo a la información contenida en actuaciones administrativas, sino a su trámite, con el sólo requisito de invocar un interés legí­timo y así­ peticionarlo. Arguye que la norma cuestionada reconoce el carácter de parte en el procedimiento administrativo a cualquier persona fí­sica o jurí­dica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo o un interés legí­timo. Entiende que los derechos de incidencia colectiva constituyen una especie de los intereses legí­timos reconocidos por el ordenamiento municipal.
Considera que tampoco es posible sostener la inconstitucionalidad del art. 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78, al establecer que la presentación de recursos administrativos se encuentra reservada a quienes invoquen un derecho subjetivo o un interés legí­timo. Señala que interés legí­timo es el que pretende asegurar derechos reconocidos por el ordenamiento jurí­dico, sean éstos de incidencia colectiva o no. Manifiesta que la prohibición de la presentación de recursos colectivos no es inconstitucional, sino que hace al buen ordenamiento del proceso administrativo, en virtud de que con su desaparición se introducirí­a un elemento de inseguridad que redundarí­a en perjuicio de los mismos intereses que la accionante dice defender. Arguye que por idénticos fundamentos, debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la Ordenanza N* ° 21 I 78.
Insiste que la Ordenanza N* ° 1527 CM 05 suprimió la restricción del art. 15 y que por ello, nada impedirí­a a los peticionantes o a cualquier otra persona que invocara un interés legí­timo solicitar los informes que considerare pertinente.
A fs. 94/99 y vta. la actora contesta el traslado conferido y sostiene que el concepto de derecho colectivo no encuadra en ninguno de los clásicos conceptos de derecho subjetivo, interés legí­timo o interés simple. Señala que interés legí­timo no es, como pretende la Municipalidad, lo mismo que derecho subjetivo o que derecho colectivo y que los conceptos de interés legí­timo y derecho colectivo son sustancialmente distintos; destaca que el segundo tiene por caracterí­sticas ser un derecho defendible ante órganos judiciales y corresponder a un número indeterminado -“al menos a priori de personas, lo contrario ocurre con el interés legí­timo. Además, sostiene que en la generalidad de los casos, el interés legí­timo se identificará con intereses patrimoniales, lo que no siempre ocurrirá con el derecho colectivo.
Manifiesta que la demandada no logra explicar la prohibición de presentar recursos colectivos; máxime luego de manifestarse afirmativamente en relación a la constitucionalidad de la alegación en sede administrativa de los derechos colectivos.
A fs. 103/104, la representante legal del Municipio de San Carlos de Bariloche, contesta el traslado y peticiona se rechace la pretensión de eximición de costas esgrimida por la contraria.
A fs. 114, se dispone correr vista de las presentes actuaciones a la señora Procuradora General, en cuyo dictamen, incorporado a fs. 115/124, considera que de la lectura de los antecedentes, fundamentos y normativa de la Ordenanza Nº 1527 CM 05 podrí­a colegirse válidamente que con su sanción se encontrarí­an derogados tácitamente los artí­culos 2, 14 y 40 de la N* ° Ordenanza 21 I 78, toda vez que consagran disposiciones antagónicas. Entiende que la cuestión radica en desentrañar claramente el alcance teórico y su aplicación en el caso de autos, de los conceptos de derecho subjetivo e interés legí­timo que utilizan las normas cuestionadas y el derecho colectivo o de incidencia colectiva o interés difuso que pregonan los actores.-”
Señala que en la actualidad los intereses difusos o colectivos están consagrados en la Constitución Nacional (arts. 41, 42 y 43), en las Constituciones Provinciales y que la Constitución de Rí­o Negro consagra la Defensa del Medio Ambiente en el art. 84, refiriéndose expresamente a los derechos colectivos en el art. 167.
Resalta que la Ordenanza en cuestión data del año 1978, de donde se colige la ausencia del Estado de Derecho al tiempo de su sanción y consecuentemente el previsible desapego a consagrar normas de naturaleza protectoria de los derechos que se analizan en el sub examine, como así­ también el desconocimiento de las teorí­as acerca de los derechos difusos o de incidencia colectiva hoy plasmados en los textos constitucionales. Concluye que las normas cuestionadas de la Ordenanza N* ° 21 I 78 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche resultan disfuncionales con las cláusulas y principios de raigambre constitucional, y que debe declararse su inconstitucionalidad.
Pasando a considerar la cuestión planteada, y en virtud del desistimiento parcial obrante a fs. 76/77, el análisis de la cuestión sub examine debe centrarse en el planteo de inconstitucionalidad de los artí­culos 2, 14 y 40 de la Ordenanza Municipal de San Carlos de Bariloche Nº 21 I 78 B.O. del 6 03 1978 -Procedimiento Administrativo Municipal-.
Los artí­culos 2, 14 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 cuya inconstitucionalidad se pretende, disponen que -el trámite podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona fí­sica o jurí­dica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legí­timo; éstas serán consideradas parte en el derecho administrativo. También tendrán ese carácter aquéllas a quienes la decisión que se adoptare pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legí­timos y que se presenten en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente o por citación del organismo interviniente- (cf. art. 2).
Por su parte, el art. 14 establece: -la parte interesada, su representante o letrado podrán pedir por escrito vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas piezas que fuesen declaradas reservadas o secretas mediante decisión fundada-.
Por último, el art. 40 dice: -los recursos administrativos sólo podrán ser deducidos por quienes invoquen un derecho subjetivo o un interés legí­timo. Se prohibe la presentación de recursos colectivos-.
Ya apartado de nuestro análisis el art. 15 de la mencionada Ordenanza, no se advierte respecto al art. 14 de la misma que atente contra el orden jurí­dico por cuanto es habitual encontrar en normas de procedimiento administrativo prescripciones como las indicadas en ese texto, en tanto dicha disposición hace al buen ordenamiento del mismo. La necesidad de solicitar la vista por escrito de las actuaciones administrativas no resulta irrazonable, y además no viola los principios de celeridad, economí­a, sencillez y eficacia en los trámites. Por el contrario, opera como constancia de toda gestión que sobre la actuación administrativa y su expediente se han realizado.
Por lo expuesto, no se advierte la inconstitucionalidad pretendida con relación al artí­culo 14 de la Ordenanza N* ° 21 I 78, y en función se ello a continuación se realizará el análisis de los restantes artí­culos impugnados (2 y 40).
A fin de abordar el planteo de inconstitucionalidad incoado, es dable recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Rí­o Negro ha señalado que desde el caso \”Marbury vs. Madison\” (1803), hito decisivo en las instituciones judiciales, surge todo un cuerpo de ideas relevantes sobre el control de constitucionalidad. Alberto B. BIANCHI, en su obra \”Control de Constitucionalidad\”, recuerda que Thomas Cooley, uno de los autores norteamericanos del siglo pasado, que la Corte Suprema ha hecho célebre entre nosotros a través de sus citas constantes, explicaba algunas de las limitaciones que tiene dicho control: -Las reglas por él expuestas se aplican, principalmente, en casos en los que corresponde analizar si los litigantes tienen lo que se denomina \”standing to sue\”, esto es, la capacidad para accionar judicialmente\”. Así­, la Corte Federal Norteamericana, en \”Frothingham vs. Mellon\” (262, U. S. 447), dijo que la parte que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe poder probar no sólo que la misma es inválida, sino también que le causa un perjuicio directo, o que está en peligro inmediato de sufrirlo como resultado de su aplicación, y no meramente que lo sufre en forma indefinida. Continúa el autor citado, expresando que quien probablemente mejor ha descripto las reglas a las que debe ajustarse un juez antes de declarar la inconstitucionalidad de una ley, es el Juez Brandeis, en \”Ashwender vs. Tennessee Valley Authority\” (297, U. S. 288) donde, entre otras, estableció las siguientes: 1 La Corte no puede entrar a apreciar la constitucionalidad de una ley a instancia de una parte que no ha podido probar que la aplicación de ésta le ocasiona un perjuicio; y 2 Una ley siempre debe ser interpretada de tal manera de evitar en lo posible, su declaración de inconstitucionalidad (cf. aut. cit., op. cit., págs. 125/132, Ed. Abaco; in re: \”ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S. A. s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanza Nro. 1061 CM OO Municipalidad de C. de Bariloche-, Se. N* ° 671 del 27 12 02).
Este Cuerpo ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio del orden jurí­dico (STJRNCO., Aut. Int. N* 14 del 3 7 96 in re: \”CUELLAR-; CSJN., Fallos 200, 180 y 247, 387).
En virtud de ello, se sostuvo que -al ser de suma gravedad la inconstitucionalidad de una norma este Tribunal se muestra celoso en las facultades que le son propias para verificar la constitucionalidad de la Ordenanza (-¦), imponiéndose la mayor mesura a fin de no desequilibrar el sistema institucional de los tres Poderes fundado no en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe obstruyendo la función de los otros, sino de que lo hagan con la armoní­a que exige el cumplimiento de los fines del Estado , para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y un Poder encargado de asegurar ese cumplimiento, cf. Segundo V.Linares Quintana, \”Reglas para la interpretación constitucional\”, Ed. Plus Ultra, p. 141, párr.293-; STJRNCO. in re: -FISCALIA MUNICIPAL DE VILLA REGINA s/Acción de Inconstitucionalidad (Ordenanza Nº 34/2000)-, Se. N* ° 109 del 23 08 01.
También se ha señalado que -en la acción de inconstitucionalidad, el gravamen, el perjuicio, debe consistir en una significativa afectación a los derechos constitucionales, de tal gravedad que su declaración de inconstitucionalidad se presente como valla insalvable- (-VAZZANA- del 10 03 98).
Para decretar la invalidez de una norma deben mediar motivos reales que así­ lo impongan, una demostración concluyente de su discordancia sustancial con los preceptos de la Constitución que se dicen vulnerados. En efecto, ello ocurre en el presente caso, por cuanto son suficientes las razones esgrimidas y las probanzas existentes en autos para demostrar palmariamente, merced a un análisis pormenorizado, claro, preciso y fundado respecto a la colisión de los artí­culos impugnados con las normas de jerarquí­a constitucional invocadas.
Si bien este Tribunal también expresó que -No puede suponerse por parte de los titulares de los Poderes del gobierno municipal, un propósito preconcebido de ejecutar actos contrarios a la Alta Carta Provincial y a la Ley Fundamental del paí­s y que por ello los Tribunales deben, en principio, presumir su constitucionalidad mientras no se compruebe clara y precisamente lo contrario\” (Cf. Segundo V. Linares Quintana, -Reglas para la Interpretación Constitucional-, pág. 140 290, Ed. Plus Ultra; STJRNCO., Se. N* 20 del 11 4 97 in re: \”DEFLORIAN-); en el sub examine, como bien señalan la accionante y la señora Procuradora General, se trata de una Ordenanza que data del año 1978, con el consecuente desconocimiento de las teorí­as acerca de los derechos difusos o de incidencia colectiva hoy plasmados en los textos constitucionales. En la actualidad los intereses difusos o colectivos están consagrados en la Constitución Nacional, Capí­tulo Segundo denominado -Nuevos derechos y garantí­as-. En el artí­culo 41, C.N. se establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, con el correlativo deber de preservarlo. Asimismo, el art. 42 C.N., contempla el derecho que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, entre otros. Pone a cargo de las autoridades la protección de tales intereses; y prevé el establecimiento de procedimientos legales tendientes a la prevención y solución de conflictos y participación de asociaciones y de las provincias en los órganos de control. También la Constitución Nacional hoy los protege judicialmente, conforme el art. 43 a través de la acción de amparo.
Nuestra Constitución Provincial, consagra la Defensa del Consumidor en el art. 30 como así­ también la Defensa del Medio Ambiente en el art. 84; refiriéndose expresamente a los derechos colectivos en el art. 43 (amparo) y en el art. 167, en cuanto establece -Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial-.
En el precedente \”DECOVI s/Amparo Colectivo\”, Sentencia Nº 19 del 1 de marzo del 2006, señalé que el artí­culo 43 de la Constitución ha incluido la protección de los derechos colectivos en el marco procesal del amparo y que cabí­a preguntarse entonces si ésa es la única ví­a de protección que poseen o existe otra. Interrogante, que fue respondido por la Corte en \”Asociación de Grandes Usuarios de Energí­a Eléctrica de la República Argentina c.Pcia. de Buenos Aires\” (22 4 97, La Ley 1997-“C 322), estableciendo que también procedí­a la acción meramente declarativa a esos fines.
En el fallo \”CO.DE.C.I. DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ACCION DE AMPARO\”, Sentencia Nº 72 del 16 08 05, el Dr. Lutz manifestó que: -el 2* ° párrafo del art.43 (Constitución reformada) introduce lo que se ha dado en llamar -amparo colectivo-, en el cual se protegen los derechos de 3* ° generación (ambiente, consumidor) y los derechos de incidencia colectiva en general. En la protección de los derechos de incidencia colectiva, el demandante nominado presenta una acción a favor de todos los miembros innominados procesalmente, pero titulares de un derecho subjetivo afectado por un daño diferenciado, aunque con efectos relativos, toda vez que sólo comprende a los sujetos nominados e innominados de la clase. Se dice que el amparo colectivo es el instrumento que hace posible el ejercicio activo de los derechos públicos subjetivos de la sociedad. En esta 2* ° parte también se amplí­a la legitimación activa, haciéndola extensiva al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones que propendan a los fines mencionados en el artí­culo. Respecto del afectado, a fin de diferenciarlo del titular de un derecho subjetivo (toda persona del 1* ° párrafo), podemos decir que es todo aquél que sin padecer un daño concreto es tocado, interesado, concernido por los efectos del acto u omisión lesivos; al tutelarse derechos colectivos, y al tener éstos incidencia colectiva, todo sujeto en el cual -inciden-, en común con otros, es afectado, teniendo expedita la acción de amparo. Respecto del Defensor del Pueblo y de las asociaciones, ambos conceptos son lo suficientemente claros como para ahondar en detalle- (Cf. CHRISTIAN ALBANESI en -ACCION DE AMPARO Y PRINCIPIO PRECAUTORIO-, Suplemento de Derecho Público de ELDIAL.COM).
El derecho constitucional ha desarrollado una nueva dimensión a partir del momento de la incorporación de los intereses difusos o colectivos, los derechos de la tercera generación, o los que la Constitución Argentina reformada en 1994 denomina \”derechos de incidencia colectiva en general\”, acumulando nuevos derechos a los civiles y polí­ticos de la primera generación y a los derechos sociales de la segunda. Así­, el derecho a la información y a la comunicación, al medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a los consumidores y usuarios, etc., con una apertura susceptible de otros acrecimientos (Cf. Germán BIDART CAMPOS, -El panorama de los derechos humanos a fin de siglo-, JA. 1998, 80 aniv. Lexis N* 0003/007291; Voto del Dr. Lutz in re: \”CONSEJO ASESOR INDIGENA (CAI) s/MANDAMUS\”, Se. N* ° 108 del 24 11 05).
En oportunidad de emitir mi voto en el precedente -CO.DE.CI- antes referido, citando a Néstor A. Cafferatta (Reseña: Jurisprudencia ambiental del siglo XXI, JA. 2003-“II 1373, Lexis Nº 0003/009635), señalé que -con la reforma constitucional se genera una concepción a partir de la cual el hombre es \”parte\” del medio ambiente, y, por lo tanto, \”se concibe la posibilidad de prevenir y resarcir el daño ambiental, independientemente de la afección individual\”. En este caso la Constitución Nacional define un nuevo y particular modo de daño. Siguiendo a Gustavo de Santis, entendemos que el daño ambiental goza de algunas particularidades respecto del daño normativizado por nuestro Código Civil (art. 1068). Las reglas de la reparación no podrán equipararse a las que otorgan protección a los derechos subjetivos, simplemente porque este tipo de daño puede conculcar además otro tipo de prerrogativas bautizadas como \”derechos de incidencia colectiva\”. Pero esta dualidad no resulta \”excluyente\” sino, por el contrario, acumulativa. El individuo ostenta un interés propio y, por añadidura, conforma o forma parte de otro interés distinto, colectivo, de pertenencia difusa, pero que también le confiere legitimación para accionar, siempre que sea portador \”de un interés razonable y suficiente\”\”.
Daño colectivo, en términos generales y sentido amplio, es aquel sufrido o que afecta a varias personas, simultánea o sucesivamente (Bustamante Alsina, Colombo). Dentro de esta noción cabe la suma de daños individuales (Zavala de González). Se trata de daños sufridos por ví­ctimas plurales a raí­z de un mismo hecho lesivo. El daño grupal es calificable como difuso, en el sentido de que el goce del interés se muestra extendido, dilatado; se esparce, propaga o diluye con los miembros del conjunto, sea que éste se encuentre o no organizado y compacto.
La reforma constitucional de 1994 ha conferido a estos intereses, emanados de \”derechos de incidencia colectiva\” o de pertenencia difusa una explí­cita protección: el art. 41 establece el derecho deber de todo individuo de gozar de un ambiente sano y deja expresamente establecido que lo fundamental en esta materia es la obligación de \”recomponer\”, es decir, retornar las cosas a su estado anterior. El art. 43 reconoce acción de amparo al individuo concretamente afectado, al Defensor del Pueblo (conc. art. 86 ) y a las asociaciones que tengan interés en la protección del medio ambiente. Estas normas reconocen antecedentes legales en la Nación (Leyes N* ° 20284 [ALJA 1973-“A 586], N* ° 22190 [LA.1980-“A 53], N* ° 24051 [LA.1992-“A 50]) y en la Provincia de Buenos Aires (Leyes N* ° 5965 [ALJA 1959 572], N* ° 11459 [LA.1993-“C 3738], N* ° 11720 [LA.1995-“C 3705], N* ° 11723 [LA.1996-“A 757]), habiendo recibido expresa aplicación en precedentes judiciales (\”Schroeder\”, C. Nac. Cont. Adm., sala 3* ª; \”Sagarduy\”, C. Primera Instancia La Plata, sala 3* ª; in re \”M. de General Pueyrredón s/medidas cautelares\”, Juzg. Fed. 2* ª C. Civ. Mar del Plata, mayo de 1991)-.
Expresa Cafferatta que -…la desprotección, desconcierto, la impotencia del ciudadano sometido, su imposibilidad práctica jurí­dica y económica para acceder a los estrados de la justicia, movieron a reformas trascendentes superadoras de las viejas teorí­as del derecho subjetivo individual como recaudo para acceder a la jurisdicción, admitiendo que el interés legí­timo y hasta el interés simple categorí­as antes desdeñadas fueran susceptibles de defensa y protección.- Y agrega: Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (y casi simultáneamente de las provincias) se introducen los \”derechos de incidencia colectiva\”, creándose además órganos representativos de la comunidad para su defensa: el Defensor del Pueblo u \”ombudsman\”. Ello ha dado lugar a fricciones entre estos organismos atí­picos con los tí­picos y naturales del ejercicio de funciones administrativas…-.
Asimismo he dicho que -El derecho ambiental integra la noví­sima rama del derecho (tertium genus) que se caracteriza, según Bidart Campos, por: a) la dimensión colectiva y transindividual que los afilia a la categorí­a de los intereses difusos o de los derechos de incidencia colectiva mencionados en el artí­culo 43 de la Const. Nac.; b) exhiben una intersección entre el derecho público y el derecho privado; c) se relacionan con muchí­simos otros derechos: a la salud, a la vida, a la seguridad, a la igualdad, etc.; d) ensamble con derechos que están declarados en la Constitución, con derechos implí­citos y con derechos por analogado (Ver -Visión Procesal de Cuestiones Ambientales\”, Augusto Morello Néstor Cafferatta, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 29/30; cf. STJRNCO.: \”C.D., L.E. y Otros s/RECURSO DE AMPARO s/APELACION\”, Se. N* ° 126 del 27 12 05).
Debo reiterar lo dicho en el precedente \”DECOVI- ut supra referido, en cuanto a que -la novedad del siglo XX fue la consagración del derecho de masas, despersonalizado, que no tení­a un dueño particular ni un único afectado. Los derechos de incidencia colectiva, fueron aquéllos que reconocí­an una parte de la titularidad procesal (la subjetividad del derecho de acción) en varios legitimados: grupos o asociaciones, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, etcétera. Las necesidades pueden ser individuales, es cierto; pero también lo es que, en el caso del derecho del consumidor o usuario fundamentalmente son colectivas o genéricas, y se integran al concepto de perdurabilidad de las situaciones aflictivas.[-¦] Si el interés colectivo o difuso no tiene ubicación especí­fica en nuestro ordenamiento legal, no hay duda de que se le debe abrir espacio partiendo de la base de los conceptos existentes a las exigencias de la realidad; paralelamente, las ví­as procesales vigentes tendrán que ser adecuadas a los fines del juego de los derechos inherentes a tales intereses. En el campo de los \”intereses difusos\” es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa; respecto de ellos el derecho objetivo tiene que acordar un esquema de protección, dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma especí­fica al respecto (Conf. Ombudsman, class action, acción popular, acción civil pública brasileña, etc., cfr. Informe Anual 1988 89 de la Controladurí­a General Comunal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, p. 12; Osvaldo Alfredo GOZAINI en -Protección Procesal del Usuario y Consumidor-, Derecho Procesal Constitucional, Ed. Rubinzal Culzoni, 2005, p.34 y ss.).
Asimismo, allí­ consideré que -esta caracterí­stica de masividad es a su vez la que genera el elemento -colectivo- para calificar la acción intentada para la protección del derecho, así­ Humberto Quiroga Lavié en su trabajo -Requiem al amparo colectivo- (La Ley, 1998 C, 1337) indica que la \”incidencia colectiva\” no convierte al colectivo en una mera suma de daños singulares, quebrando la unidad substancial del colectivo: la incidencia colectiva es una manera elegida por el constituyente para denominar a la tutela de los derechos colectivos de la sociedad, en su conjunto o de cada sector social: -En efecto, el colectivo, como centro de imputación de normas, ha quedado consolidado por la legitimación que el constituyente le ha otorgado al Defensor del Pueblo, que actúa en defensa de todo el pueblo, o de cada sector afectado, pudiendo siempre haber integrantes del sector que no estén de acuerdo con la posición del Defensor. Lo mismo ocurre con la legitimación que se les reconoce a las asociaciones que propenden a defender los derechos de cada sector social, así­ como a los afectados, que lo son en tanto integrantes de un sector social, no como simples afectados individuales: así­ funciona la acción de clase en el derecho anglosajón, en beneficio de la economí­a social de mercado, con justicia social, como lo quiere el inciso 19 del artí­culo 75 de la Constitución Nacional, no habiendo razón alguna para dejar de cumplir con las polí­ticas constitucionales fijadas por el constituyente-.
Moreno Cruz, sostiene que -el interés difuso al igual que el colectivo, quizá más aquél que éste, son las respuestas a un momento histórico determinado diferente del tiempo en el cual se gestó y fortaleció la idea de derecho subjetivo, en consecuencia mal se harí­a al pretender asimilarlos, a pesar de sus innegables similitudes, puesto que es precisamente su diferencia la que explica el origen de los primeros\” (cf. -El Interés de grupo como interés jurí­dico: una forma de justicia alternativa para un nuevo modelo de Estado-, pág. 51).
Cuando la Constitución refiere a los derechos de incidencia colectiva en general, lo hace considerando aquéllos que tienen como elementos tipificantes un bien indivisible y un sujeto transindividual, por ser éste el contenido embrionario de dicha categorí­a, lo cual excluye que puedan allí­ considerarse comprendidos a los tradicionales derechos subjetivos, en tanto ambas especies resultan disí­miles en su origen y composición (Cf. Las acciones colectivas y la Constitución Nacional, por Ramiro Rosales Cuello y Javier D. Guiridlian Larosa, LL., Año LXX, Nº 75, martes 18 de abril de 2006).
Ya dijimos que a partir de 1994 el sistema jurí­dico argentino ha reconocido expresamente los derechos de incidencia colectiva, y éstos son derechos que no pertenecen a una persona individual como en la primera etapa o generación. Se trataban de unas categorí­as distinguidas en derecho administrativo que hoy han perdido vigencia a partir de la sanción de los arts. 41, 42 y 43, CN., por lo que la Ordenanza Municipal de Bariloche en este punto cuestionado ha devenido absolutamente inconstitucional.
Debemos tener en cuenta que la Constitución ha utilizado un término diferente a aquéllos que solí­an enunciarse antes de 1994 (derechos difusos, derechos de grupo o colectivos, derechos sociales, etc.) y a ello debe otorgársele un significado a la hora de realizar su interpretación (cf. Maurino, Nino y Sigal M., -Las acciones colectivas. Análisis conceptual, constitucional, procesal, jurisprudencial y comparado-, LL. 24 6 95, p.167). Debe coincidirse con Gordillo en que las viejas categorí­as han perdido fuerza ante la creación superadora del texto constitucional (Gordillo, Agustí­n, -Tratado de D. Adm.: la defensa del usuario y del Administrado-, T. 2, 1998, Fundación de D. Administrativo, ps.21 y 22; asimismo Jurisprudencia Argentina, 2006 II, Número Especial de -Acciones Colectivas- del 21 de junio de 2006, coordinado por los Dres. Gustavo Maurino y Ezequiel Nino).
Sentado lo anterior, el argumento de la demandada en cuanto a que para acceder a la información pública sólo se requiere invocar un derecho subjetivo o un interés legí­timo y que los derechos de incidencia colectiva a los que se refieren los peticionantes no constituyen sino una especie de los intereses legí­timos reconocidos por nuestro ordenamiento, no es así­, puesto que el derecho subjetivo es la protección que el orden jurí­dico otorga en forma exclusiva a un individuo determinado mientras que el interés legí­timo es la protección debilitada, otorgada por el orden jurí­dico generalmente a un conjunto determinado de individuos en concurrencia (Cf. Vallefin, -Proceso Administrativo y Habilitación de Instancia-, pág. 44).
Por otro lado, debo destacar que entre los antecedentes y fundamentos de la Ordenanza N* ° 1527 CM 05 se citan, entre otras, normas de la Constitución de la Provincia de Rí­o Negro que resultan ser las mismas que los accionantes consideran violadas por los artí­culos mencionados supra y como bien advierte la señora Procuradora General, que las normas impugnadas en la presente acción podrí­an considerarse derogadas tácitamente en su totalidad por las disposiciones de la nueva Ordenanza, especialmente por lo prescripto en los arts. 1,2,4,5,6,7 y 8.
Entre los fundamentos de la Ordenanza Municipal de San Carlos de Bariloche Nº 1527 CM 05 (BO. 07 11 05) se menciona que el acceso a la información es una herramienta legal que permitirá a la ciudadaní­a reclamar información de carácter público, en este caso el Estado Municipal, organismos y entes que responden a su esfera y sobre su gestión. -Tal como lo propician las O.N.G. que trabajan en el tema, cualquier ciudadano puede requerir información pública sin que el organismo que debe brindarla considere la legitimación del pedido. Es por ese motivo que se considera que el Estado debe evitar establecer restricciones -“de cualquier tipo que impliquen discriminación en el acceso a la información. Es por este motivo que no se contempla el requisito de expresar los motivos para el pedido de información y su carácter de declaración jurada-.
El hecho de que la Ordenanza N* ° 1527 CM 05, en su artí­culo 6, admita expresamente la solicitud de información por escrito por parte de cualquier persona, reafirma la evidente inconstitucionalidad de los artsí­culos 2 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78.
De lo expuesto, surge que cualquier persona puede pedir información, lo que incluye los expedientes y actuaciones administrativas en general, conforme a la amplia definición de información pública prevista en el art. 5 de la Ordenanza N* ° 1527 CM 05, es evidente que no sólo la parte o su apoderado podrán solicitar vista del expediente.
El art. 2 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 no permite que quien se sienta afectado por situaciones que lesionen colectivamente el goce de derechos reclame en sede administrativa la solución, excepto como mera denuncia, y ello viola los derechos a la información y a recursos administrativos efectivos, previstos en los artí­culos 26 y 22 de la Constitución Provincial. Asimismo el derecho a la información comprende el derecho de todos los habitantes a recibir información y se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (arts. 41, 33, 75 inc. 22), en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquí­a constitucional (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 13; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. IV; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, art. 19) y en legislación constitucional rionegrina (Ley Provincial N* ° 1829, modificada por Ley N* ° 3441) además de las Leyes Nacionales N* ° 25657, N* ° 25831 y N* ° 24240 y las Provinciales N* ° 3266 y N* ° 2817.
Asimismo conforme el texto de la Ley N* ° 25675 -“que desarrolla en el plano legal las instituciones ambientales de los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional-“ podrán interponer amparo (especí­ficamente ambiental, con una acción de cese, con pretensión anulatoria) -toda persona- y no sólo -el afectado- del lugar, que es quien la misma norma dispone será el legitimado en la acción de recomposición (cf. -El amparo ambiental y las diferentes acciones derivadas del daño ambiental de incidencia colectiva\”, por José Esain, LL, Año XXII, N* ª 18, Bs.As., 3 de mayo del 2006, pág. 13).
En este mismo contexto, se ha señalado que la información ambiental es una directa consecuencia de la exigencia de fundar la acción de tutela ambiental sobre los principios de acción preventiva y de precaución, al extremo de que sin verdadera, eficaz y real información ambiental no podrá existir una correcta tutela del ambiente (Cf. mi voto in re: -CO.DE.CI- del 16 08 05).
El contenido del principio de información ambiental comprende la corrección, objetividad, organización de los datos, independencia del organismo que los recolecta y brinda, seguridad del fluir de datos, su completitud, la fácil comprensión, la fiabilidad y la tempestividad, lo que obliga al Poder Ejecutivo Provincial a un monitoreo constante y permanente para asegurar que esta información llegue no sólo a los interesados sino a toda la población en general (Cf. -CO.DE.CI-, ut supra citado).
Que tengo presente el fallo dictado por la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala E, 2006 05 12, en -Unión de Usuarios y Consumidores c/CitiBank NA- (La Ley 10 de julio de 2006, Año LXX Nº 131, págs.10 y 11). Se dijo que una asociación de usuarios y consumidores se encuentra legitimada para promover una acción de habeas data colectivo tendiente a que un banco se abstenga de condicionar la prohibición de utilizar los datos de sus clientes para operaciones de marketing propio o de terceros, a la expresa oposición de éstos desde que la tutela colectiva reconocida a los derechos citados en el segundo párrafo del art.43 de la Constitución Nacional debe extenderse al derecho a la confidencialidad de los datos personales, por cuanto el tercer párrafo de la citada norma no puede interpretarse aisladamente sino en consonancia con los restantes párrafos de aquélla. Además, allí­ se reiteró lo dicho por la CSJN. en la causa -Verbitsky- del 03 05 05 en cuanto se concluyó que la defensa de los derechos de incidencia colectiva pueden tener lugar más allá del nomen iuris especí­fico de la acción intentada. Los derechos de incidencia colectiva no son solamente aquéllos cuyo objeto merecedor de protección resulta común a un grupo indeterminado de personas e indivisible en su materialidad, como es el caso del medio ambiente. También alcanza su tutela a derechos individuales, divisibles y mensurables, en relación con el objeto materia de su prestación, cuando resultan equivalentes entre sí­ y la afectación que han sufrido ha sido producida por un acto único aplicable a un sector o grupo indeterminado de personas (cf. Quiroga Lavié, -El amparo colectivo-, ps. 131 2, Rubinzal Culzoni, 1998).
Que la requerida no ha sabido justificar la prohibición contemplada en el art. 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78, y es más, dicha prohibición contradice, además de las disposiciones previstas en la Ordenanza Municipal de San Carlos de Bariloche Nº 1527 CM 05, su propia postura -“errónea en cuanto a que interés legí­timo es el que pretende asegurar derechos reconocidos por el ordenamiento jurí­dico, sean éstos de incidencia colectiva o no y que la prohibición de la presentación de recursos colectivos hace al buen ordenamiento del proceso administrativo, -en virtud de que con su desaparición se introducirí­a un elemento de inseguridad que redundarí­a en perjuicio de los mismos intereses que la accionante dice defender-.
Además es evidente la violación del art. 47 segundo párrafo que establece tanto para la Provincia como para los Municipios: –¦Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad y economí­a, sencillez en el trámite, plazos breves, participación y procedimiento público e informal para los administrados-. Por último debe recordarse la protección genérica del art. 30 de la Constitución Provincial para los usuarios y consumidores que se ve fortalecido en el ámbito municipal en el art. 225 CP. inciso octavo, que contempla toda forma de integración de los usuarios en la prestación de los servicios y construcción de obras, sin ningún tipo de distinción. En sí­ntesis, la Constitución tanto en orden Provincial como municipal ha sido anticipatorio en esta materia, y tan así­ es que ya la Constitución Provincial de 1957, reiterado luego como art. 43 de la Constitución Nacional, actualmente vigente, ya habí­a establecido el amparo colectivo, concepto que debemos hacer extensivo al habeas corpus colectivo, por estar en la misma norma y al habeas data colectivo conforme al art. 43 de la C. Nacional y antecedentes jurisprudenciales y doctrinales ya citados.
Que por todo ello, ante el desistimiento efectuado a fs. 76/77 respecto del art. 15 de la Ordenanza N* ° 21 I 78, rechazo del planteo formulado en contra el art. 14 de la misma, y conforme a los argumentos esgrimidos de cómo las restantes normas municipales (arts.2 y 40) vulneran las cláusulas y principios constitucionales aludidos, corresponde hacer lugar parcialmente a pretensión incoada en autos, y en su consecuencia declarar la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 de la Munic. de San Carlos de Bariloche, con costas por su orden atento a cómo se resuelve en definitiva. MI VOTO. Los señores Jueces doctores Alberto I. BALLADINI y Luis LUTZ dijeron:
ADHERIMOS a lo resuelto por el señor Juez que nos precede en el orden de votación, por compartir sus fundamentos.
Primero: Receptar el desistimiento efectuado a fs. 76/77 de autos respecto del art. 15 de la Ordenanza N* ° 21 I 78.
Segundo: Rechazar el planteo formulado en contra del art. 14 de la misma Ordenanza.
Tercero: Hacer lugar parcialmente a pretensión incoada en autos (fs. 51/65) y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 40 de la Ordenanza N* ° 21 I 78 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. con costas por su orden atento a cómo se resuelve en definitiva (art. 68, 2do. párrafo del CPCyC.).
Cuarto: Regí­strese, notifí­quese y oportunamente archí­vense.
Fdo.:VICTOR HUGO SODERO NIEVAS JUEZ ALBERTO I.BALLADINI JUEZ LUIS LUTZ JUEZ
ANTE MI:EZEQUIEL LOZADA SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
PROTOCOLIZACION Tomo III Se. N* 104 Folios 829/851 sec. N* 4.
SECRETARíA Nº 4
EXPTE. N* 21541/06.
ACTOR: R., T.A..
OBJETO: s/Amparo s/Competencia.
VOCES: Declara mandamus. Declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 de la M. de V.. Hace lugar acción .
FECHA: 07 02 07.
///MA, 07 de febrero de 2.007.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “R., T. A. s/AMPARO s/COMPETENCIA” (Expte. N* 21541/06 STJ ), puestas a despacho para resolver, y
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, en virtud de la acción de amparo interpuesta a fs. 53/64 por R., T. A. por derecho propio, contra la M. de V., para que se le ordene suministrar la información que ha solicitado en forma pormenorizada y referida a los datos obrantes en registros municipales relacionados con su calidad de contribuyente.
A fs. 66 el Agente Fiscal, Dr. Ricardo A. Falca, considera que la acción interpuesta en autos participa de la naturaleza del mandamiento de ejecución, conforme el art. 44 de la Constitución Provincial.
A fs. 67 el señor Juez doctor Fermí­n Donate, se declara incompetente y entiende que debe intervenir el Superior Tribunal de Justicia por tratarse de un mandamiento de ejecución.
A fs. 68 el Presidente del Superior Tribunal de Justicia peticiona, previo a todo que el amparista acredite el agotamiento de la ví­a administrativa y la inexistencia de otras ví­as.
A fs. 69 el requirente solicita se libre oficio a la M. de V. a fin de que informe sobre el trámite otorgado a las notas que oportunamente presentara para requerir la información que no se le otorga.
A fs. 77/78 el Municipio informa que no se ha dado curso a las notas presentadas, atento a lo dispuesto en el artí­culo 21 de la Ordenanza Fiscal N* ° 5585, que prescribe que ninguna dependencia municipal dará trámite al reclamo de los contribuyentes que adeuden el pago de sus tributos. En tal sentido, señala que el Sr. R., T. A.encuadra en dicha situación. A fs. 87/89, rechaza por inconstitucional los argumentos esgrimidos por el Municipio y reitera que se le ordene al mismo responder los informes requeridos.
A fs. 91/95 la señora Procuradora General, previa ponderación del trámite otorgado tanto por el Agente Fiscal como por el Juez requerido en primer término, sostiene que la acción intentada no puede prosperar porque existen otras ví­as para la resolución del conflicto -“la administrativa , que no ha agotado. Considera que debió interponer pronto despacho y recorrer el procedimiento establecido en la Ley N* ° 2938, y que la mera presentación de notas no significa agotar la ví­a.
Sostiene además que no se dan los recaudos de gravedad, urgencia e irreparabilidad que habiliten la instancia excepcional que intenta.
Ahora bien, ingresando al análisis de autos, se advierte, que la acción intentada encuadra dentro del mandamiento de ejecución previsto en el artí­culo 44 de la Constitución Provincial y por ello es de competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal y que la misma no puede prosperar atento a su improcedencia formal.
Este Cuerpo ha sostenido, que para la procedencia de la acción contenida en el artí­culo 44 de la Constitución Provincial se requiere que un funcionario o ente público administrativo rehúse cumplir la ejecución de actos que la propia Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución le imponga. Sin perjuicio de los recaudos que deben cumplimentarse en las peticiones de los amparos en general, los requisitos indispensables para la procedencia del mandamiento de ejecución en particular se encuentran centrados en: 1) la existencia de un deber legalmente impuesto en una norma del tipo de las referidas precedentemente; 2) el rehusamiento para cumplir con su ejecución, por parte de un funcionario o ente público administrativo, y 3) afectación por tal rehusamiento, de los derechos de los recurrentes. Y además, debe resultar de una rápida comprobación de la existencia de aquel derecho o garantí­a; de fácil comprensión por ser uno de aquéllos que integran la plataforma básica constitucional inherente a ese rótulo “derechos y libertades humanas” y la restricción potencial o real que demanda superación cuasi instantánea (Conf. Se. Nº 94/98 del 02 12 98, en las actuaciones caratuladas: “ZAPATA, E. A. y Otros s/MANDAMUS”; Se. Nº 168/03 en autos: -AGRUPACION DE HOSTERIAS Y HOTELES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE s/Mandamus-). Estos requisitos no han sido acreditados por el accionante, que sólo invoca la falta de respuesta a notas varias sin acreditar haber interpuesto pronto despacho o intento de agotar la ví­a administrativa conforme a las normas de procedimiento administrativo.
Luego invoca -“equivocando la ví­a y en forma extemporánea la inconstitucionalidad de las normas previstas por el Municipio. Este Tribunal ya ha expresado que en los casos de amparo y de mandamus, la violación de la normativa vigente debe resultar notoria y de fácil constatación. Va en ello la procedencia del amparo, desde que si la determinación final de la transgresión demanda una tarea que incursiona en el terreno interpretativo, por no resultar palmaria, tangible y manifiesta, no puede ser habilitante de esa instancia (cf. STJRN.: “BERNARDI”, Se. N* ° 61 del 07 05 84; “DEVIA”, Se. N* ° 101 del 29 05 84; “PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VIEDMA”, Se. N* ° 195 del 30 12 87; “BUENO”, Se. N* ° 6 del 23 05 96; Se. Nº 128/03 en autos: “O., T. O. y Otros s/MANDAMUS-).
El amparista no acredita haber agotado la instancia propia del reclamo que trae a resolución, según reiterada jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia en la materia, quien se ampara tiene que acreditar el agotamiento de la ví­a administrativa y la inexistencia de otras ví­as idóneas, no siendo el caso de autos donde la amparista no acredita haber agotado tal instancia municipal ni tampoco demuestra la inexistencia de otra ví­a.(Conf. criterio sostenido en Se. Nº 89/05, “O., M. M. Y OTROS c/VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTROS s/MANDAMUS”; Se. N* ° 229 del 12 6 02, “DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/AMPARO MANDAMUS-; Se. Nº 60/05, “L., A. G. Y OTROS s/AMPARO s/APELACIÓN”).
En las acciones previstas en los arts. 43, 44 y 45 de la Constitución Provincial son de imprescindible acreditación los requisitos de urgencia, gravedad, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, requisitos que sólo adquieren vigor jurí­dico cuando caracterizan una violación a un derecho constitucional, pero no a cuanta violación soporte todo derecho consagrado por el constituyente. Es decir, esta garantí­a no se aplica automática y genéricamente, y sólo está contemplada para aquellas situaciones que ante la extrema urgencia y la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta no puedan hallar remedio en otras ví­as idóneas disponibles, y para derechos perfectamente individualizados en el compendio de las cláusulas operativas de la Carta fundamental de la Provincia (Se. Nº 128 del 02 09 03, “OBREGON, T. O. y Otros s/MANDAMUS-; Se. Nº 69/05, “S., E. T. y Otros s/Amparo s/Competencia-).
En cuanto a la cuestión de fondo, la doctrina legal fijada por este Cuerpo desde larga data ha enfatizando que la eventual pertinencia del mandamus queda supeditada a la hipotética concurrencia de los excepcionalí­simos supuestos exigidos en orden a la gravedad, urgencia e irreparabilidad, todas ellas, circunstancias que en el caso no se encuentran invocadas ni acreditadas. A ello debe agregarse, que del análisis de la presentación se advierte la exteriorización de la discrepancia del amparista -“respecto a su situación como contribuyente moroso del trámite que el Municipio ha otorgado a sus reclamos de información y en ello no se manifiestan violaciones palmarias de la ley, ni constituyen supuestos de arbitrariedad o ilegitimidad quedando en la zona de reserva de cada Poder, siempre que no violen la Carta Orgánica Municipal o la Constitución Provincial.
En cuanto a la presentación en la que efectúa manifestaciones sobre el dictamen de la señora Procuradora General, las mismas son totalmente inconducentes para la resolución de la acción intentada en autos cuyo trámite -“por la urgencia y excepcionalidad de que goza debe ser rápido, expedito y ágil no pudiendo habilitarse sustanciación de cuanto acto procesal se realiza so pena de desnaturalizar un instituto ideado para caso extremos de gravedad irreparable.
Por lo expuesto propongo al acuerdo rechazar la acción intentada. Con costas. MI VOTO.
Valoro la postura y decisión del Juez que me antecede en el voto, reconociendo al mismo tiempo que estamos en una zona lí­mite de procedencia del amparo, que admite fundadas razones en uno y otro sentido. En este contexto estimo que en el presente caso habré de decidirme en contrario a lo propuesto tanto por la señora Procuradora General como del Magistrado que me precede y doy razones.
La reforma constitucional de 1994 ha incorporado el habeas data, derecho que tiene toda persona a “interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registro o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos” (apartado 3º del art. 43 de la Constitución Nacional).
A su vez, el art. 20 de la Constitución de la Provincia expresa: -La ley asegura la intimidad de las personas. El uso de la información de toda í­ndole o categorí­a, almacenada, procesada o distribuida a través de cualquier medio fí­sico o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos. La ley reglamenta su utilización de acuerdo a los principios de justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad, especificación del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de registros, limitación en el tiempo y control público. Asegura el acceso de las personas afectadas a la información para su rectificación, actualización o cancelación cuando no fuera razonable su mantenimiento-.
La Ley Provincial Nº 1829, modificada por Ley N* ° 3441, estableció el libre acceso a las fuentes de información pública, señalando que (artí­culo 1º) los poderes públicos del Estado, sin perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa, brindarán toda aquélla que se les requiera, de conformidad con los artí­culos 4º y 26 de la Constitución de la Provincia. Para ello prevé en el artí­culo 7º el uso del recurso establecido en el artí­culo 44 de la Constitución Provincial, es decir el mandamiento de ejecución. A su vez, la Ley N* ° 3550, de ética e idoneidad de la función pública (sancionada el 18 09 01) establece pautas sobre cómo debe ser el desempeño de cargos en el Estado Provincial, teniendo por objeto el resguardo de la calidad institucional de los tres poderes y el derecho a la información ciudadana, respecto de las condiciones de idoneidad de acceso a la función pública, de la publicidad de los actos y del desempeño ético de todos aquéllos que presten servicios remunerados o no remunerados en el sector.
Como señala Marcela BASTERRA, en -Alcance de la legitimación -“Pasiva y Activa en un caso de acceso a la información pública en el ámbito Municipal- (Suplemento LL., Constitucional, 19 de diciembre de 2006, p. 37 y ss.), el derecho de los ciudadanos a ejercer el contralor sobre las acciones gubernamentales no debe cercenarse y rechazarse, cuando se trata de la tutela de derechos fundamentales, tales como el acceso de los ciudadanos a la información que permite controlar la gestión de sus representantes, y que deben interpretarse en el sentido más amplio. En este sentido, debe entenderse por -información pública- a todos los expedientes, archivos, bases de datos y documentos escritos, fotografí­as, grabaciones, en soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato que se encuentre en poder de las personas jurí­dicas estatales o instituciones públicas; o personas jurí­dicas privadas con participación estatal o subvención del Estado, o personas jurí­dicas privadas que tengan a su cargo la prestación de un servicio público esencial.
En el caso de autos el actor peticiona se ordene al Municipio suministrar la información en forma reiterada y pormenorizada, referida a datos obrantes en los registros municipales relacionada con su calidad de contribuyente, ante la falta de acreditación en cada partida de las sumas de dinero que, según el amparista, ha venido abonando frente a cada ejecución fiscal mediante sumas compensadas por distintos créditos y a los fines de conocer si tales sumas han ingresado a rentas generales y si se han registrado los créditos en cada partida.
A la luz de lo precedentemente expuesto resulta evidente que los datos solicitados resultan indispensables para ejercer adecuada y eficazmente el derecho de defensa en los distintos juicios de apremio que el Municipio ha incoado contra el accionante.
Si bien peticiones como las aquí­ tratadas no se enmarcan estrictamente en el procedimiento tributario impositivo, entendido como un procedimiento administrativo especial dadas las particularidades de la materia que regula, si no que se vincula con éste en tanto y en cuanto la información solicitada deviene de anteriores procesos de fiscalización y determinación efectuadas por la autoridad fiscal del Municipio, es preciso resaltar, coincidiendo con Marí­a José Rodrí­guez, los procedimientos especiales no deben desvirtuar los fines que persigue el procedimiento administrativo tales como constituir una garantí­a de los derechos de los administrados y ser el cause eficiente para el ejercicio de la función administrativa y, como consecuencia de ello, para la satisfacción del interés general (RODRIGUEZ, Marí­a José, El acto administrativo tributario, Ed. íbaco, Bs. As., 2004, pág. 182).
Precisamente uno de los derechos esenciales de los administrados es el del debido proceso adjetivo que resulta comprensivo del derecho a ser oí­do, el derecho a ofrecer y producir prueba y el derecho a una decisión fundada. Al respecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -“Tratado de jerarquí­a constitucional por imperio de lo dispuesto en el artí­culo 75, inc. 22 de la C.N. establece en su artí­culo XXIV que –¦Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución-.
El amparo por mora de la administración constituye una especie de acción de amparo (Conf. CSJN., Fallos: 323: 2602) y aunque en el ámbito provincial el instituto no se encuentra reglado expresamente la norma de rango constitucional transcripta es lo suficientemente explicita y categórica como para ser directamente operativa y, por ello, torna idónea y ajustada a derecho la ví­a intentada.
En tal contexto señalo, siguiendo a Rubén A. Asorey, que el ejercicio de una tutela judicial efectiva nos conduce a la aplicación de las herramientas necesarias para hacer efectivo el Estado de Derecho en relación a la situación de los contribuyentes y administrados en el derecho de exacción constitucionalmente legitimado del Estado (Conf. ASOREY, Rubén A., Tutela judicial efectiva de los derechos de los contribuyentes. Temas novedosos, en Revista Impuestos, Ed. La ley, N* ° 21/Noviembre 2006, pág. 2578).
Precisamente en orden a dicha tutela, cabe puntualizar que el informe brindado por el Sr. Secretario de Hacienda y Administración de la M. de V. -“fs. 77 a requisitoria de este Tribunal -“fs. 70 y 71 se funda en una norma inaplicable al trámite iniciado ante la administración municipal y que motiva la presente acción de amparo por mora, toda vez que como se dijo -ut supra-, aquél se encuadra en los artí­culos 18 de la Constitución Nacional y 22 y 26 de la Constitución Provincial, en cuanto garantizan los derechos de defensa y de libre acceso a las fuentes públicas de información, y en el artí­culo 1* ° de la Ley N* ° 1829 en cuanto impone a los poderes del Estado la obligación de brindar toda aquélla que se les requiera, con la sola excepción de aquélla que fuera legalmente declarada secreta o reservada.
Que así­ también el artí­culo 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica establece la igualdad de trato de todos los ciudadanos ante la ley, lo que impide efectuar discriminaciones basadas en la mora del contribuyente; concordantemente el artí­culo 47 de la C.P. establece que la administración publica -“provincial y municipal está regida por los principios de imparcialidad, equidad e igualdad, entre otros.
En el mismo sentido que propongo, se ha expedido la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo de San Martí­n en -Constructora Dinare vs. Municipalidad de La Matanza s/Amparo-, del 15 de septiembre de 2006, y la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba, Sala 1, en autos -Azar, Osvaldo vs. Provincia de Córdoba s/Amparo por mora-, del 23 de mayo de 2006; cf. Derecho Administrativo, JA. del 27 de diciembre de 2006, ps. 70/71 y ps. 86/87); y se ha consolidado el amparo por mora como instrumento para reparar situaciones análogas a la aquí­ planteada sobre la base del derecho a peticionar y el deber de expedirse de la administración, de acuerdo al art. 14 de la C. Nacional y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; cf. -Eficacia del Amparo por mora, entre el derecho a peticionar y la ética pública-, de Pedro Etcheverrigaray, Rev. Derecho Administrativo, LL., 28 de diciembre de 2006, ps. 46/49).
Necesitamos la libertad para impedir el abuso del poder del Estado, y necesitamos al Estado para evitar el mal uso de la libertad. Este es un problema que, evidentemente, nunca se puede resolver de forma abstracta y, por principio, tampoco se puede resolver por medio de leyes. Necesita un tribunal del Estado y, más que cualquier otra cosa, una buena voluntad (Popper, Karl, -La responsabilidad de vivir-, 2 imp. Altaza, 1999, p.193); cuando, como en este caso, falta esa voluntad es necesario que el Poder Judicial asuma la responsabilidad de asegurar la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa (art. 18, C. Nacional; VIII de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Que por lo expuesto corresponde hacer lugar a la acción de amparo (arts. 43, C.N. y 43, C.P.) y en consecuencia corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 por ser manifiestamente inconstitucional y violatorio del art. 18 de la C.N. y Pactos y Convenciones ya citados, todo conforme a las facultades del art. 196 de la C. Provincial y los precedentes de la CSJN. en los autos -Mill de Pereyra- y -Banco de Finanzas-, y en consecuencia ordenar al señor Intendente de la M. de V. proceda a informar al contribuyente R., T. A. en el plazo de setenta y dos (72) horas el estado de las obligaciones fiscales al dí­a de la fecha, identificadas en las peticiones formuladas, cualquiera fuera su estado de tramitación, bajo apercibimiento de astreintes. Con costas. ASI VOTO.
Vienen los autos a efectos de dirimir sobre los votos de los distinguidos colegas preopinantes, cuyos respectivos claros, pero diferenciados contenidos es innecesario reiterar, aunque si conveniente sintetizar.
En cuanto el Sr. Juez Dr. BALLADINI, pondera insuficiente la acreditación de los extremos formales para la viabilidad del instituto del art. 44 de la C.P., en particular en cuanto al agotamiento de la instancia administrativa; la inexistencia de otras ví­as; y la gravedad, urgencia e irreparabilidad de la situación, en la que se está ante un -contribuyente moroso-, a la vez que le resulta extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 de la M. de V..
Por su parte, el Sr. Juez Dr. SODERO NIEVAS aprecia que la reforma constitucional de 1994, incorporó el -habeas data- que habilita a toda persona a interponer una acción de la naturaleza propia del -amparo-, la cual en consonancia con el art. 20 de la C.P. y la Ley N* ° 1829, modificada por la Ley N* ° 3441, a lo que adiciona la Ley N* ° 3550 en ciertos especí­ficos aspectos sobre calidad institucional y derecho a la información ciudadana, dan otra visión al caso en consideración, pues los datos solicitados por el amparista le resultan indispensables para ejercer adecuada y eficazmente el derecho de defensa en juicios en su contra interpuestos por la requerida, sumado a la garantí­a de los derechos de los administrados y una eficiente función administrativa a fin de satisfacer el interés general, entre ellos, con el debido proceso adjetivo, en el contexto del artí­culo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de aplicación por el inc. 22 del art. 75 de la C.N. y agregando finalmente el amparo -por mora- de la Administración respecto a lo cual, aún no expresamente reglado está operativo explicita y categóricamente a punto de volver adecuada la ví­a elegida por quien se ampara.
Cita a la Dra. MARCELA BAZTERRA, en cuanto a la determinación con precisión de los alcances del concepto de “información pública-; a la Dra. MARIA JOSE RODRIGUEZ, sobre la finalidad del procedimiento especial (tributario) dentro de lo que en definitiva es un único procedimiento administrativo y al Dr. RUBEN ASOREY sobre el ejercicio de la tutela judicial efectiva en relación a la situación de los contribuyentes y administrados en el derecho de exacción constitucional para el que está legitimado el Estado, criterios de doctrina que puntualmente hago mí­os a fin de dirimir.
Dentro de las -acciones de amparo- de los arts. 43 a 45 de la C.P., ya en 1957 y posteriormente con la ratificación de la reforma de 1988 se introdujo las figuras del -mandamus- y el -prohibimus-, cuyos espacios fueron ampliados, por no decir enriquecidos, por la actual versión del art. 43 de la C.N. que se modificó en 1994.
Allí­ apunta con certeza el voto del Dr. SODERO NIEVAS, al que adhiero con las siguientes consideraciones y aclaraciones, con precisión de sus alcances, a fin de conformar con unidad lógica la mayorí­a sustantiva determinante del fallo.
La causa de la acción, si bien en la superficie se presenta como una cuestión entre un particular presuntamente moroso y la Administración que se dice acreedora legitimada para establecer, percibir y ejecutar los tributos que hacen a la existencia y el sostenimiento del Estado, para el caso la M. de V., en sí­ misma trasciende ese reducido ámbito del conflicto propio de los procedimientos administrativos y tributarios para proyectarse sobre otro espacio de mayor relevancia cual es lo que genéricamente se conoce como el derecho de acceso a la información pública, con una derivación hacia el componente de constitucionalidad en que se pueden ver afectados o conculcados derechos y garantí­as, algunas de ellas señaladas por el Dr. SODERO NIEVAS.
Por cierto que en tal sentido, esa cuestión resulta atí­pica en orden a la acción ejercida; los propios derechos y garantí­as invocados; el obrar de la Administración; el trámite procesal asignado; y el modo en que la requerida produjo sus informes, incluyendo sus fundamentos.
A esos efectos, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha reconocido la existencia de dos dimensiones, una individual y otra social.
El pronunciamiento que aquí­ recae, en el marco de la informalidad del -amparo-, ha de interpretarse con exclusividad para el caso en particular en cuanto al grave compromiso de normas expresas del derecho supranacional vigente en la República, sin que comporte ni revisión, ni modificación de la doctrina legal que el S.T.J. viene aplicando sobre los institutos de los arts. 43 a 45 de la C.P. o la Ley N* ° 2779 e inclusive el art. 43 de la C.N., sino en un caso donde hay componentes de la más diversa í­ndole que exorbitan a favor del amparista ciertas reglas o criterios procesales por la existencia de esas otras normas de jerarquí­a superior que devienen de la adhesión del plexo normativo constitucional, comprendiendo en éste a los Tratados y Convenciones incorporados desde 1994 en adelante (inc. 22 del art. 75 de la C.N.).
Objetivamente, advierto que por parte de la M. de V. hay una morosidad en la respuesta y una restricción abusiva al derecho de acceder a la información pública del -contribuyente * ¿moroso?- R., T. A..
Tal derecho supranacional ha avanzado en los últimos años en perfilar el acceso a la información pública, no ya en cuanto al ejercicio por el público o los medios de comunicación de modo individual y colectivo, sino también en la determinación de la casuí­stica en que pueden operar restricciones por parte del Estado, ver inc. a) y b) del art. 13 de la Convención Americana.
La Asamblea General de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS en la cuarta sesión plenaria aprobó el 6 6 2006 las reglas de implementación al acceso a la información pública (arts. 2, 5, 6.a., 6.b., etc.), como factor de fortalecimiento de la democracia, con referencia en el -Plan de Acción de la tercera Cumbre de las Américas- (QUEBEC, 2001); el art. 4 de la -Carta Democrática Interamericana- y la -DECLARACION DE NUEVO LEON- del 13 1 2004.
En la reciente sentencia del 19 9 2006 en el caso -CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE-, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende -no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda í­ndole-. Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información. (Cfr. Caso López ílvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 163; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr 77; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr 108).
El artí­culo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a -buscar- y a -recibir- -informaciones-, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención en cuanto a que ese ejercicio del derecho al acceso a la información no es absoluto, sino que existen algunas limitaciones en virtud de intereses superiores que deben ser protegidos, los que están bien establecidos en la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción de la OEA..
En igual sentido, el artí­culo 19, 2 y 3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos.
Consecuentemente, dicho artí­culo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto, situación no dada en autos, ya que la normativa que se aplica, o sea el art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585, ya que los inc. a) y b) del art. 13 de la Convención Americana ni dan fundamento, ni han sido invocados, por lo que esa limitación carece de sustento y legitimidad.
A mayor abundamiento, dice la Corte Interamericana en el fallo del 19 9 2006 en -CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE-, que dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legí­tima restricción (ver los ya citados inc. a y b del art. 13).
Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla.
De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.
Agrega la Corte Interamericana que es importante destacar que existe un consenso regional de los Estados que integran la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA.) sobre la importancia del acceso a la información pública y la necesidad de su protección. Dicho derecho ha sido objeto de resoluciones especí­ficas emitidas por la Asamblea General de la OEA., entre otras, la última Resolución de 3 de junio de 2006 en que dicha Asamblea General de la OEA. -instó a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas y a promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.
La Carta Democrática Interamericana destaca en su artí­culo 4 la importancia de -la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa- como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Asimismo, en su artí­culo 6 la Carta afirma que -la participación de la ciudadaní­a en las decisiones relativas a su propio desarrollo [-¦ es] una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia-, por lo que invita a los Estados Parte a -promover y fomentar diversas formas de participación [ciudadana]-.
En la Declaración de Nuevo León, aprobada en el 2004, los Jefes de Estado de las Américas se comprometieron, entre otras cosas, -a contar con los marcos jurí­dicos y normativos, así­ como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información-, reconociendo que -el acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana [...]- (ver párrafo 80 in re -CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE-, sentencia del 19 9 2006).
La Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que [-¦] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos polí­ticos, los sindicatos, las sociedades cientí­ficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre (cfr. Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 82; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 112, Opinión Consultiva OC 5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr 70).
Dice la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el fallo del 19 9 2006 en el párrafo 137 en -CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE- al sostener que el Estado debe garantizar, ante una denegatoria de información bajo el control estatal, la existencia de un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información.
En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad en la entrega de la información es indispensable en esta materia.
De acuerdo a lo dispuesto en los artí­culos 2 y 25.2.b) de la Convención si el Estado Parte en la Convención no tiene un recurso judicial para protegr efectivamente el derecho tiene que crearlo (párrafo citado -ut supra-).
Con base en lo expuesto, la Corte Interamericana concluyó que el Estado (REPUBLICA DE CHILE) violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artí­culo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artí­culo 1.1 de la misma, (-¦) al no garantizarles un recurso sencillo, rápido y efectivo que les amparara ante actuaciones estatales que alegaban como violatorias de su derecho de acceso a la información bajo el control del Estado (Ver párrafo 142 de la sentencia arriba citada).
La pretensión del amparista, no es otra que ese recurso sencillo, rápido y efectivo ante la jurisdicción que le debe amparar ante actuaciones estatales que según alega son violatorias de su derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, cuando además, se ven afectados derechos y garantí­as tales como -“entre otros ejercitar el derecho de defensa en juicio, gozar del debido proceso, el -habeas data- o defender la propiedad.
Por otra parte, cuan bien señala el Dr. SODERO NIEVAS y ya observé con anterioridad, la Administración (M. de V.) ha incurrido en mora para con el administrado, resultando de aplicación la jurisprudencia del S.T.J. in re “FINANCIERA CLUSEL S. A. c/MUNICIPALIDAD DE S. C. DE BARILOCHE s/AMPARO POR MORA s/APELACION- (Expte. N* ° 17974/02 STJ , Se. N* ° 30 del 27 03 03), con los votos de mis colegas Dres. SODERO NIEVAS y BALLADINI, con abstención del subrogante Dr. MATURANA, por excusación del suscripto, en las que entre otras consideraciones se dijo: -…Nuestra Constitución Provincial en sus arts. 44 y 45 ha previsto las instituciones especí­ficas del amparo bajo la modalidad de Mandamus y Prohibimus respectivamente, siendo de todos conocido el origen anglosajón de estas instituciones y por eso es perfectamente comprensible que la -administrative procedure act- de los EE. UU. contemple expresamente la posibilidad de obligar a los organismos administrativos a resolver las peticiones de los administrados en plazo razonable (cf. CREO BAY, op. cit., p. 19) por lo que el amparo por mora de la administración es perfectamente compatible con los principios y garantí­as de nuestra Constitución Provincial. Si bien la Ley Provincial Nro. 2938 de procedimiento administrativo no lo contempla, no existe ninguna incompatibilidad para que los Municipios con Carta Orgánica la regulen expresamente tal como ocurre en San C. de Bariloche. El deber de la administración de decidir en cada caso concreto proviene de un principio que trasciende el marco del derecho público escrito; su cumplimiento constituye una obligación del derecho natural- (CNCont. Adm. Federal, Sala IV, 26 06 91, -BEVACQUA-). No decidir o decidir fuera del plazo, constituye una conducta irregular de la administración que perjudica al particular y atenta contra el accionar eficaz de aquélla. No siempre le conviene al particular aplicar la solución del silencio administrativo del art. 10 y por ello la norma ha contemplado esta forma de obligar a la administración de resolver dentro del plazo que a ese efecto le fije el Juez. Vale acotar, tal como se dijo al comentar el art. 10 que el silencio no vale como consentimiento de los órganos estatales (CNCont. Ad. Fed., Sala III, 13 05 88, -EMP. TEHUELCHE-, LL. 1988 E 210; Hutchinson, ob. citada, p. 181 y ss.) …. La razón de ser del amparo administrativo es asegurar que se cumplan estos principios generales relativos al debido proceso legal, la finalidad de la ley y la motivación de los actos administrativos, de forma tal que tiene los caracteres propios de una contienda judicial y la sentencia que se dicta tiene fuerza legal o imperio para obligar a la administración a que purgue su estado de morosidad (cf. Hutchinson, obra citada, pág. 32/33) …. Ante el silencio de la administración, el administrado siempre tiene expedita la ví­a administrativa o judicial a fin de encontrar solución a su reclamo. Repárese que en sentencia del 04 02 02, en “BONACALZA E HIJOS S. R. L. c/LOTERIA DE RIO NEGRO s/Amparo por Mora s/Apelación- (Expte. N* ° 15993/01 STJ ), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IIIa. Circunscripción Judicial, cuya sentencia rechazó el amparo por mora, por cuanto cabe en estos casos la aplicación del art. 18 ap. 3ro. de la Ley Nro. 2938. Esto es, interpretándose el silencio como negativa, con el consecuente derecho del administrado de continuar la ví­a recursiva o considerar agotada la misma según corresponda…-.
a) La cuestión traí­da ante la jurisdicción a fs. 53/64 por el amparista (R., T.A.) en los términos del art. 43 de la C.N. de la que resulta requerida la M. de V., deviene en acción de los arts. 44 de la C.P. y 41, inc. a) 5) de la Ley N* ° 2430, correspondiendo asumir la competencia el S.T.J. para las condiciones que presenta el caso en particular y a los solos efectos de resolver ante la entidad de la cuestión planteada sin que comporte ni revisar ni modificar los criterios que en general tiene el Cuerpo ante el ejercicio de las acciones de los arts. 43 a 45 de la C.P. o la Ley N* ° 2779 e inclusive del art. 43 de la C.N.
b) Los agravios del amparista se centran en la falta de respuesta, o morosidad de la Administración en suministrar información de su interés cuyos antecedentes acompaña, fundada en el art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 según resulta de la contestación del informe a fs. 74 y fs. 77/78. Concretamente dice en el punto IV) de fs. 64 que se ampara -… ante la existencia de un acto lesivo ocasionado por la demora injustificada … de pronunciarse sobre cuestiones que expresamente se le han planteado y cuya demora injustificada … excede lo razonable, importando una verdadera restricción a mis derechos individuales…-. O sea que al entender de quien acciona, hay lesión de sus derechos de raigambre constitucional, agotamiento de la instancia administrativa, inexistencia de otra ví­a para remediar la situación y hay morosidad en responder por parte de la Municipalidad. En mi opinión, efectivamente está configurado el acto lesivo por los fundamentos de derecho que abona el preopinante Dr. SODERO NIEVAS, sumados a los que el suscripto incorpora -ut supra-, ya que no se le ha respondido en tiempo razonable y ve conculcados determinados derechos que el derecho supranacional de los Tratados y Convenciones internacionales, las Constituciones de la Nación y la Provincia y las leyes consagran a su favor.
c) El derecho de acceso a la información pública no solamente tiene la tuición en el encuadramiento que le dio el constituyente y el legislador en el ámbito de la República y la Provincia, o en un plexo normativo del derecho supranacional al que ha aludido concretamente la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en la sentencia del 19 9 2006 in re -CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE-, sino también en pronunciamientos, reglas y recomendaciones de organismos, o encuentros, internacionales del Continente, aludidos más arriba. E incluye una concepción amplia, que comprende situaciones individuales como la de autos.
d) En ese contexto, más allá de la extemporaneidad de cualquier planteo del amparista sobre la constitucionalidad del art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 de la M. de V., que efectúa a fs. 87/89 -a posteriori- de los informes de fs. 74 y fs. 77/78, está habilitada la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de esa norma por violentar el derecho al acceso a información pública y no contemplar un recurso sencillo, rápido y efectivo que, en caso de denegatoria o silencio de la Administración, le permita al administrado que se determine si se produjo una vulneración del derecho a solicitar información y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información en tiempo razonable.
e) El art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 de la M. de V. conculca, afecta o compromete directa e indirectamente sus derechos y garantí­as de raigambre constitucional al amparista (R., T.A.), tales como los arts. 20, 22, 26 y cc. de la C.P., los arts. 14, 43, 75 inc. 22 y cc. de la C.N., en función de disposiciones de la Convención Americana en el art. 13, inc. a) y b) y concordantes, entre ellos el artí­culo 19.2. y 3. del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polí­ticos.
f) Además de la invocación de dicha norma inconstitucional (art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585), la Administración, o sea la M. de V., ha obrado con mora en perjuicio de los derechos del administrado, al demorar el conocimiento objetivo de la situación tributaria en cuanto a las deudas que se le atribuyen e imputaciones de sus pagos, aplicarle esa reprochable norma y no posibilitar el ejercicio de una instancia recursiva para ese estancamiento del procedimiento administrativo que posibilite revisar la razonabilidad no ya de la norma, sino la propia aplicación o improcedencia.
Por lo aquí­ expuesto, soy de opinión que corresponde adherir al voto del Dr. SODERO NIEVAS, a los fines que el Acuerdo resuelva:
1* °) Receptar la competencia del S.T.J. para conocer en la causa en razón de corresponder a una acción propia del -mandamiento de ejecución- del art. 44 de la C.P. y el art. 41, inc. a.5. de la Ley N* ° 2430.
2* °) Declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 de la M. de V., en uso de las atribuciones del art. 196 y cc. de la C.P. y conforme los fundamentos obrantes -ut supra-.
3* °) Hacer lugar a la acción interpuesta por el amparista (R., T. A.), ordenando a la M. de V. en la persona del Intendente Municipal, Dr. F., J. para que en el plazo de setenta y dos (72) horas le sean respondidos de modo completo y actualizado los informes correspondientes a las diez notas que se sintetizan en el punto III) -in fine- a fs. 63 de autos, bajo apercibimiento de imponer -astreintes- ante el solo incumplimiento parcial o total que se denuncie y sea peticionado por el amparista bajo su responsabilidad.
4º) Con costas a la M. de V..
5º) De forma. ES MI VOTO.
Primero: Receptar la competencia del Superior Tribunal de Justicia para conocer en la causa en razón de corresponder a una acción propia del -mandamiento de ejecución- del art. 44 de la Contitución Provincial y el art. 41, inc. a. 5. de la Ley N* ° 2430.
Segundo: Declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ordenanza N* ° 5585 de la M. de V., en uso de las atribuciones del art. 196 y cc. de la C.P. y conforme los fundamentos obrantes -ut supra-.
Tercero: Hacer lugar a la acción interpuesta por el amparista (R., T.A.), ordenando a la M. de V. en la persona del Intendente Municipal para que en el plazo de setenta y dos (72) horas le sean respondidos de modo completo y actualizado los informes correspondientes a las diez notas que se sintetizan en el punto III) -in fine- a fs. 63 de autos, bajo apercibimiento de imponer -astreintes- ante el solo incumplimiento parcial o total que se denuncie y sea peticionado por el amparista bajo su responsabilidad.
Cuarto: Con costas a la requerida (art. 68 del CPCyC.).
Quinto: Regí­strese, notifí­quese, recaratúlese y oportunamente archí­vese.
BALLADINI JUEZ EN DISIDENCIA -“ LUTZ -“ JUEZ SODERO NIEVAS -“ JUEZ.
LOZADA SECRETARIO
F. 1/24
Secretarí­a Nº 4.
SECRETARIA CAUSAS ORIGINARIAS
SENTENCIA Nº 144/2007
EXPTE. N* 21959/07.
SENTENCIA: N* 144.
ACTOR: MARTINEZ, Eduardo Alberto.
OBJETO: s/Habeas Data s/Competencia.
VOCES: Remite a los autos MARTINEZ, Eduardo Alberto s/Acción de Amparo s/Competencia, Se. N* 143/07.
FECHA: 25 10 07.
///MA, 25 de octubre de 2.007.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rí­o Negro, doctores Alberto I. BALLADINI, Luis LUTZ y Ví­ctor H. SODERO NIEVAS, con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: “MARTINEZ EDUARDO ALBERTO s/HABEAS DATA s/COMPETENCIA” (Expte. N* 21959/07 STJ ), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.
Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, en virtud de la declaración de incompetencia obrante a fs. 5/6 por parte del Juez requerido, ante la acción presentada a fs. 1/2 por Eduardo Alberto Martí­nez, mediante la cual se pretende que la institución a la que pertenece -“Policí­a de la Provincia de Rí­o Negro le permita el acceso a los datos -“información y documentación referidos a su carrera dentro de la fuerza policial.
Que el Juez que se declara incompetente porque entiende que la acción es un mandamus, por lo cual corresponde la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia.
A fs. 8 por Presidencia, previo a todo, se ordena que se acrediten los extremos para la procedencia del mandamiento de ejecución.
A fs. 11/14, la señora Procuradora General advierte que es apresurada la conducta del magistrado al no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, sin analizar la admisibilidad de la acción a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. Ya en cuanto a la determinación de la competencia, más allá de la naturaleza de la acción intentada, considera que no se encuentran acreditados los extremos para la procedencia de esta excepcional ví­a. Que pasando a resolver, se advierte que la cuestión traí­da a juicio es idéntica a la tratada y resuelta por este STJ. en los autos caratulados: “MARTINEZ, EDUARDO ALBERTO s/ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA” (Expte. N* 21951/07 STJ ).
Tal como se señalara en dichos autos sólo puede prosperar la excepcional ví­a del amparo cuando se encuentren cercenados derechos y garantí­as constitucionales que no encuentren adecuados medios para su defensa, ante la presencia o inminencia de un peligro de imposible reparación ulterior, siendo de insoslayable requerimiento al efecto, la circunstancia de urgencia, peligro, gravedad, irreparabilidad, etc. (cf. “ARGAÑARAZ, WALDO RAUL s/ACCION DE AMPARO”, Expte. N* 21837/07 STJ, sentencia del 28 de febrero de 2.007; idem Sentencia Nº 1, en -ARGAÑARAZ, Waldo Raúl s/AMPARO-, PROTOCOLIZACION: Tomo: 1, Folio: 1/6, Secretarí­a N* 4; y Sentencia Nº 132 del 6 de noviembre de 2001, en las actuaciones caratuladas: “ARGAÑARAZ Waldo Raúl s/Mandamus”, Expte. N* 16147/01 STJ).
Según reiterada jurisprudencia del S.T.J. en la materia, quien se ampara tiene que acreditar el agotamiento de la ví­a administrativa y la inexistencia de otras ví­as idóneas, no siendo el caso de autos donde la amparista no acredita haber agotado la cuestión frente a la autoridad administrativa competente -“Policí­a de la Provincia, Ministerio de Gobierno .
Tampoco acredita la inexistencia de otras ví­as para de esta manera sostener la acción expedita del amparo.
Pues bien las ví­as administrativas no pueden ser suplidas mediante la acción intentada, por cuanto deben ser tramitadas antes las autoridades respectivas, las que deben verificar los recaudos administrativos pertinentes, en cumplimiento de la ley, para su procedencia y/o plantear diferentes alternativas de solución (Conf. Se. Nº 106/06, -V., L. A. Y M., M. DEL C. s/AMPARO s/APELACIÓN”, Expte. N* 21441/06 STJ ).
Ahora, respecto a la solicitud de inconstitucionalidad del artí­culo 135 de la Ley N* ° 679, la misma no puede ser revisada por esta excepcional ví­a. En efecto, -La declaración de inconstitucionalidad de una ley, es un acto de suma gravedad, y debe ser considerado como la -última ratio- del orden jurí­dico (CSJN., Fallos 300: 24l y sus reiteradas citas). Ya se ha expresado que debe ser encarada de modo restrictivo, atento su gravedad y delicadeza, no mediando en autos la clara e indubitable demostración de qué, y cómo, las normas impugnadas se oponen a la Constitución. La declaración de inconstitucionalidad es el último remedio o instancia constitucional” (cf. STJRNCO. in re -Aerolí­neas Argentinas SA-, Se. N* ° 70 del 12 09 00; Se. Nº 69/07, -Z. S., D. W. s/AMPARO s/APELACIÓN”, Expte. N* 22092/07 STJ , entre otros). Por todo ello, corresponderá estar a lo resuelto en los autos caratulados: “MARTINEZ, EDUARDO ALBERTO s/ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA” (Expte. N* 21951/07 STJ ), asumiendo este STJ. la competencia para decidir en autos y rechazar la misma por no reunirse los requisitos mí­nimos de procedencia; y por último, reiterar al magistrado receptor en los términos peticionados por la señora Procuradora General. MI VOTO.
ADHIERO a los fundamentos y solución que propone el señor Juez que me antecede en el orden de votación.
Atento a los votos coincidentes de los señores Jueces que me preceden en la votación, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39, L.O.).
Primero: Asumir la competencia para decidir sobre la acción deducida por Eduardo Alberto MARTINEZ a fs. 1/2 de las presentes actuaciones.
Segundo: Rechazar la misma por no reunir los requisitos mí­nimos de procedencia, conforme a los fundamentos dados.
Tercero: Advertir al magistrado receptor en los términos peticionados por la señora Procuradora General.
Cuarto: Regí­strese, notifí­quese, recaratúlese y oportunamente archí­vese.
Fdo.:ALBERTO I. BALLADINI JUEZ LUIS LUTZ JUEZ VICTOR HUGO SODERO NIEVAS JUEZ EN ABSTENCIÓN ANTE MI:EZEQUIEL LOZADA SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
PROTOCOLIZACION Tomo III Se. N* 144 Folios 1155/1159 Sec. N* 4.

References: resolución 
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in fine
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