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Amparo directo en revisióN 26/2013. Quejosa: Ponente: ministro josé ramón cossío DÍaz secretaria: mireya meléndez almaraz sumario
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¿La quejosa planteó en sus conceptos de violación la inconstitucionalidad de alguna ley , ¿tales planteamientos fueron analizados por el tribunal colegiado
¿tales planteamientos fueron analizados por el tribunal colegiado
¿Es inconstitucional la norma que prevé la condena en costas cuando en ambas instancias se emiten dos sentencias “conformes de toda conformidad”
GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES
COSTAS JUDICIALES. LA CONDENA RESPECTIVA, PERMITIDA POR EL ARTÍCULO 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL
RESUELVE: PRIMERO.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA
III. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva
COSTAS. LA CONDENA EN TAL CONCEPTO QUE ESTABLECEN DIVERSAS LEGISLACIONES, SIN CONDICIONARLA A LA EXISTENCIA DE MALA FE O TEMERIDAD DEL LITIGANTE, NO LIMITA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA
CONDENA EN COSTAS. EL ARTÍCULO 1.227, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO
INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 26/2013
aMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 26/2013.
QUEJOSA: **********.
La quejosa fue demandada en la vía ordinaria civil, la prestación principal del juicio fue la nulidad del contrato de compraventa celebrado respecto de un predio ubicado en el Estado de México. La sentencia que resolvió tal controversia acogió, en parte, las pretensiones de la actora y declaró la nulidad de dicho contrato, decisión que fue confirmada en la apelación, en donde se condenó a la demandada al pago de gastos y costas en ambas instancias. En contra de la sentencia de segundo grado, la demandada en el juicio inicial promovió juicio de amparo directo, donde además de expresar cuestiones sobre la ilegalidad del acto reclamado, hizo valer el concepto de violación en el que afirmó la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. El tribunal colegiado auxiliar resolvió negar el amparo solicitado, lo que dio origen al presente recurso de revisión.
¿La quejosa planteó en sus conceptos de violación la inconstitucionalidad de alguna ley?, ¿Tales planteamientos fueron analizados por el tribunal colegiado?, ¿Los argumentos expuestos por la quejosa en el recurso de revisión se dirigen a combatir la decisión de dicho tribunal?, ¿Es inconstitucional la norma que prevé la condena en costas cuando en ambas instancias se emiten dos sentencias “conformes de toda conformidad”?
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veinte de marzo de dos mil trece, emite la siguiente:
Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 26/2013, interpuesto por **********, contra la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil doce, terminada de engrosar al día siguiente, por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en el juicio de amparo directo 724/2012, en apoyo al entonces Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado de dicho circuito, en cuyo índice aparece identificado con el número de amparo directo 801/2012.
********** demandó en la vía ordinaria civil a **********y otros, la nulidad del contrato de compraventa celebrado respecto del predio denominado “**********”, en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, entre otras prestaciones.
El Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, a quien correspondió el conocimiento del asunto, registró la demanda con el número de expediente ********** y substanciado el juicio, dictó la sentencia definitiva de once de noviembre de dos mil once, en la que acogió, en parte, la pretensión de la actora.
En contra de dicha resolución, la demandada interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Primera Sala Civil Regional de Texcoco, Estado de México, con el número de toca 1/2012, en donde se dictó la sentencia definitiva el treinta y uno de enero de dos mil doce que confirmó la sentencia recurrida y condenó a la apelante al pago de costas causadas en ambas instancias. En contra de esa decisión, la propia apelante promovió juicio de amparo directo.
La demanda de amparo fue presentada el veintitrés de febrero de dos mil doce en la Oficialía de Partes Común del Palacio de Justicia de Texcoco, Estado de México. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió al actual Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, órgano que mediante acta circunstanciada de envío de expedientes de diez de septiembre de dos mil doce remitió el expediente, para su resolución, al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región. El tribunal auxiliar registró el expediente con el número 724/2012 de su índice y en sesión de veinticinco de octubre siguiente resolvió negar el amparo.
El recurso de revisión interpuesto contra tal fallo fue presentado el veintiséis de noviembre posterior en la oficialía de partes del actual Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.
Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por auto de presidencia de ocho de enero de dos mil trece se admitió el recurso de revisión, se registró con el número 26/2013; asimismo, se ordenó su turno al Señor Ministro José Ramón Cossío Díaz y, por ende, su radicación a la Primera Sala del propio órgano, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad.
La Primera Sala avocó el asunto por auto de catorce de enero posterior y ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la cual se afirma la inconstitucionalidad del artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en un juicio en el que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de esta Sala.
El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues la sentencia se notificó a la parte quejosa por medio de lista de ocho de noviembre de dos mil doce; surtió efectos al día hábil siguiente (viernes nueve de noviembre), por lo que el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió del doce al veintisiete de noviembre del mismo año, con exclusión del cómputo de los días diecisiete, dieciocho, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre al ser inhábiles, en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, así como el diecinueve de dicho mes por tratarse de un día de descanso obligatorio señalado en el acuerdo 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo tanto, si el recurso de revisión fue presentado el veintiséis de noviembre de dos mil doce ante la Oficialía de Partes del actual Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, puede concluirse que esa interposición fue oportuna.
En lo que ve al tema de procedencia del recurso, es oportuno destacar que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal1; 83, fracción V, de la Ley de Amparo2; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3; asimismo, en el punto Primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve4.
En los preceptos mencionados se advierte que, por regla general, las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, por ende, en principio son inatacables; sin embargo, por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, siempre que en ellas se decidan o se hubiera omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos tanto la inconstitucionalidad de una norma como la interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal; de ahí que dicho medio de impugnación es procedente: a) Cuando subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad de leyes; b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y c) Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución5.
Luego, para resolver sobre la procedencia del presente recurso de revisión es necesario dar respuesta a las interrogantes siguientes: ¿La quejosa planteó en sus conceptos de violación la inconstitucionalidad de alguna ley?, ¿tales planteamientos fueron analizados por el tribunal colegiado? y ¿Los argumentos expresados por la recurrente (quejosa) en el recurso de revisión se dirigen a combatir la decisión de dicho órgano jurisdiccional?
La respuesta a esos cuestionamientos es sí. En la demanda de amparo presentada el veintitrés de febrero de dos mil doce ante la Oficialía de Partes Común del Palacio de Justicia de Texcoco, Estado de México, al expresar el séptimo concepto de violación, la quejosa sostuvo que la fracción III del artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México6 es inconstitucional, pues limita la garantía de audiencia de los particulares consagrada en los artículos 14 y 17 constitucionales, al constituir un límite al libre acceso a la justicia y señalar una sanción para quien recurra a la instancia revisora.
En relación con lo anterior, la entonces quejosa señaló lo siguiente:
"Es incuestionable que lo que busca el legislador ordinario con el precepto reclamado es intimidar a los gobernados y hacer que no ejerciten su derecho a una instancia revisora. Pero tal sanción por apelar no tiene razón de ser. Al contrario, la sanción por ejercitar un derecho es contraria al principio que antes apuntamos, mediante el cual los H. Poderes Constituidos deben buscar, al realizar actos de autoridad, la mayor libertad de los particulares y el mayor respeto a las garantías individuales.
Por lo que el artículo 1.227, fracción III, del actual Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México es violatorio en primer lugar del artículo 14, segundo párrafo, de nuestra Ley Fundamental, porque impone una limitante al derecho de los particulares de obtener una revisión de la sentencia que no está justificada y que no es acorde con el principio que debe acatar el legislador ordinario de buscar la mayor libertad para los particulares de las garantías individuales.
El artículo 1.227, fracción III, del actual Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México también es violatorio del segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna porque al imponer una limitante sin razón de ser al derecho a una segunda instancia no permite a las personas el acceso efectivo a la justicia."
De lo anterior se advierte que, en vía de concepto de violación, la peticionaria del amparo sí adujo la inconstitucionalidad de la norma mencionada.
Surge entonces la siguiente pregunta: ¿tales planteamientos fueron analizados por el tribunal colegiado?
Tal como se advierte en las constancias remitidas por el entonces Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el juicio de amparo directo 724/2012 de su índice sí emitió decisión en torno a la inconstitucionalidad planteada, la que fue desestimada sobre la base de las siguientes consideraciones:
“… la condenación en costas en segunda instancia, en el caso referido en la fracción III invocada, no limita el derecho de las partes a acceder a una segunda instancia, para efecto de que sea revisada la legalidad de la sentencia recurrida, sino que únicamente prevé una condena para la parte recurrente que, sin razón, instó al órgano revisor, lo que afectó a la parte vencedora.
Es decir, la condena prevista en el numeral tildado de inconstitucional no implica una “trampa” para el gobernado con la finalidad de que éste no acuda ante el órgano revisor en ejercicio de sus garantías de audiencia y acceso a la justicia, como incorrectamente lo señala la parte quejosa, pues dicha condena, en principio, se impone al recurrente una vez que ya se le haya oído y vencido en juicio, es decir, cuando ya se le dio oportunidad de defenderse en ambas instancias y, finalmente, se tiene la certeza de que sus pretensiones no son acordes a la ley.
Luego, la condena de que se trata no es más que una sanción que se impone como resultado de su actuar –del recurrente–, esto es, una consecuencia de la propia conducta de quien en determinado momento instó al órgano revisor, sin que sus pretensiones fueran procedentes, lo que no significa que el Estado deje de asumir su deber de procurar el acceso a la justicia, toda vez que, se insiste, dicha condición es una forma de garantizar las formalidades del procedimiento, mismas que deben ser respetadas por los órganos jurisdiccionales, entre las que se encuentra, la de dictar una resolución que, en definitiva, dirima las cuestiones debatidas en el procedimiento.
Aunado a que, el precepto legal de que se trata, no contiene condición alguna para la procedencia del recurso, esto es, no prevé un obstáculo para el acceso a la segunda instancia, ni impone al recurrente una carga procesal para efecto de que pueda acceder a dicha instancia.
Por tanto, es incontrovertible que el perdidoso o afectado por la sentencia de primera instancia tiene libre acceso al recurso de apelación para poder plantear en él las cuestiones que, estima, afectan sus derechos en el proceso, con lo que se respetan sus derechos a la tutela judicial y a la administración de justicia”.
En lo así relacionado, consta que el tribunal colegiado auxiliar sí dio respuesta al planteamiento de inconstitucionalidad hecho valer por la entonces quejosa respecto de la fracción III del artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.
Finalmente, para decidir sobre la procedencia del recurso debe determinarse si los argumentos expuestos por la quejosa en el recurso de revisión se dirigen a combatir la decisión de dicho tribunal, para cuyo efecto, a continuación se sintetizan los agravios expresados por la inconforme:
El artículo 1.227, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México limita el derecho de las partes para acceder a una instancia revisora, pues al establecer una sanción para quien pierde en ambas instancias desalienta la promoción de una segunda instancia.
Si bien, la fracción impugnada no busca sancionar a quien abusa de la facultad jurisdiccional del Estado, sí se dirige a sancionar a quien cometió un error de derecho al haber postulado una interpretación de la voluntad o haber puesto a consideración una interpretación que en ese momento no es aceptada, en ese caso, cada vez que se revocara una decisión jurisdiccional, debería sancionarse al órgano judicial encargado del dictado de esa decisión.
Para un adecuado ejercicio de la facultad jurisdiccional del Estado no deben ponerse trabas ni amenazas a las personas si se equivocan en la interpretación de la norma jurídica si su interpretación no es aceptada en el momento de postularla.
Para garantizar el efectivo acceso a la justicia y el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, la persona debe ser verdaderamente libre de ejercer sus derechos sin que existan amenazas o represalias.
En la síntesis anterior consta que la recurrente sí expresó motivos de inconformidad en contra de la decisión adoptada por el tribunal colegiado auxiliar.
Finalmente, cabe destacar que si bien existen criterios sobre la constitucionalidad de normas similares a la que aquí se examina, específicamente los artículos 1084, fracción IV, del Código de Comercio y 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo definitivo es que esos criterios no bastan para desestimar los alegatos de la recurrente y sí, por el contrario, el análisis del supuesto genérico puede ser útil para generar un criterio abstracto que resulte aplicable a las diferentes normas que, sobre el mismo tema, se encuentren contenidas en las diferentes legislaciones estatales; de ahí que, ha lugar a concluir que el presente recurso sí es procedente.
Tal como se anticipó, si bien la cuestión planteada en el tema de constitucionalidad, se dirige exclusivamente a cuestionar el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, su análisis se realizará a partir de la siguiente pregunta genérica: ¿Es inconstitucional la norma que prevé la condena en costas cuando en ambas instancias se emiten dos sentencias “conformes de toda conformidad”?, pues de esa manera es posible analizar el tema en abstracto y emitir un criterio general sobre ese supuesto específico que se encuentra contenido en las legislaciones de otras entidades federativas.
Al respecto, en su primer agravio la recurrente parte de la premisa de que un adecuado ejercicio de la facultad jurisdiccional del Estado lleva implícita la necesidad de que, en su ejecución, no se pongan trabas ni amenazas a los sujetos que pretenden acceder a ella y, sobre esa base, afirma que la norma impugnada es inconstitucional porque, al contrario de lo resuelto por el tribunal colegiado, el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, sí limita el derecho de las partes para acudir a una instancia revisora, pues desalienta la interposición del recurso ante el establecimiento de una sanción para quien pierde en ambas instancias, lo que se traduce en una violación al derecho de efectivo acceso a la jurisdicción tutelado en el artículo 17 constitucional.
En la misma línea argumentativa, la inconforme agrega que, en realidad, la disposición legal apuntada sanciona a quien comete un error de derecho, esto es, a quien formula ante el tribunal de alzada una interpretación diferente de la adoptada por la autoridad jurisdiccional de primer grado, cuando tal interpretación no es compartida por aquél y ello da lugar a que se confirme en sus términos la decisión impugnada. En su opinión, tal manera de proceder es contraria a derecho pues, para garantizar el efectivo acceso a la justicia y el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, la persona debe ser verdaderamente libre de ejercer sus derechos sin que existan amenazas o represalias en caso de ver desestimadas sus pretensiones.
Tales motivos de inconformidad son infundados.
En relación al derecho de acceso a la jurisdicción, que el quejoso considera se vulnera con la imposición de las costas, debe decirse que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J 42/2007 con el rubro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES”7, definió la garantía a la tutela jurisdiccional como “el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión”, de donde se obtiene que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: (i) una etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición que se dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por parte de éstas; (ii) una etapa judicial a la que corresponden las garantías del debido proceso y (iii) una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél.
De acuerdo con lo anterior, el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional consiste en el derecho que tiene todo ciudadano de acceder libremente y sin obstáculos a los medios de impugnación, los cuales serán resueltos por un tribunal imparcial, independiente y de forma expedita, en la forma en que lo disponga la ley, esto es, conforme a un debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia, sin que la circunstancia de que nuestro sistema jurídico prevea las costas procesales implique su obstaculización, pues lo contundente es que su imposición no se opone a esos objetivos y sí, por el contrario, encuentra su racionalidad en la circunstancia de que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, pues es de interés del Estado que la utilización del proceso no se traduzca en un daño para quien demostró tener la razón en sus pretensiones.
Efectivamente, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la disconforme considera transgredido, en sus dos primeros párrafos dispone lo siguiente:
“Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
En lo así dispuesto consta que, en nuestro sistema jurídico, están prohibidas las costas judiciales, sobre lo cual es preciso señalar que las costas comprenden los gastos y erogaciones que las partes deben efectuar con motivo de la substanciación del proceso, éstas se clasifican en judiciales y en procesales8.
Las costas judiciales son aquellas que prohíbe el artículo 17 de la Carta Magna, en razón de que no puede imponerse al gobernado la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero a quienes se encargan de la administración de justicia por parte del Estado (órganos jurisdiccionales) por la actividad que realizan, pues se parte de la base de que dicho servicio debe ser gratuito.
No obstante, las costas procesales sí están permitidas, en tanto que el propio precepto constitucional autoriza que los tribunales impartan justicia a los gobernados que lo solicitan en los plazos y términos que fijen las leyes, sin que pueda pasarse por alto que en todo proceso judicial se generan una serie de gastos por su tramitación: las copias, la preparación y desahogo de las pruebas, la contratación de peritos, pero, sobre todo los honorarios de los abogados (costas en sentido estricto); de ahí que la imposición de las costas procesales persigue un fin constitucionalmente válido, relativo a que, como consecuencia de la impartición de justicia, el vencedor se vea resarcido de todos los gastos que tuvo que erogar a fin de demostrar la prevalencia de un derecho que el condenado se negó a reconocer, esto, en virtud de que la condena en costas se inspira en la doctrina del vencimiento que comprende el resarcimiento o compensación, y la justificación de esta institución radica en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, pues es de interés del Estado que la utilización del proceso no se traduzca en un daño para quien demostró tener la razón en sus pretensiones.
Al respecto, la legislación procesal del Estado de México, como la de otras entidades, sigue un sistema mixto para la condena en costas, en virtud de que establece un criterio subjetivo y otro objetivo. El criterio subjetivo atribuye al juez la facultad de condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe en el juicio. El criterio objetivo constriñe al juez a condenar en costas a la parte que se sitúe en alguna de las hipótesis previstas en la ley para la condena en costas.
Así, el criterio subjetivo queda a la valoración del juez, en tanto que el criterio objetivo establece en forma específica los casos en los que el juez está constreñido a imponer una condena en costas, cuyas hipótesis específicas, por regla general, están precedidas por la frase “siempre serán condenados”, lo cual denota la intención del legislador de establecer un criterio general y abstracto para la condena respectiva, cuyos supuestos de procedencia guardan similitud en la medida que tienen por objeto sancionar, en esencia, a quien entable un juicio injustificadamente, a quien no tenga derecho para reclamar las prestaciones exigidas en el juicio, a quien interponga acciones o excepciones improcedentes, a quien utilice la administración de justicia para retardar o impedir el cumplimiento de las obligaciones asumidas, o a quien resulte vencido en el juicio.
Ahora, por lo que ve a los casos en que objetivamente procede tal condena9, este Alto Tribunal ha emitido diversos criterios al analizar la legislación del Distrito Federal y del Código de Comercio (de contenido similar a la norma que aquí se examina) y ha resuelto que los mismos se rigen por dos sistemas: el sistema de compensación e indemnización y el sistema de vencimiento puro.
El sistema de compensación e indemnización tiene por objeto restituir, a quien injustificadamente sea llevado a un tribunal, de los gastos necesarios que erogue a causa del procedimiento, y puede tener lugar, incluso cuando no ha habido un claro vencedor en el juicio. Por su parte, el sistema de vencimiento puro, parte de que el que una de las partes venza en el juicio es una causa suficiente para condenar al pago de costas a la contraparte. Considera que el simple hecho del vencimiento le da derecho al ganador de ser resarcido en su disminución patrimonial derivada de los gastos en que incurrió en el juicio.
En el preciso supuesto de la condena en costas cuando el juzgador advierte la existencia de dos sentencias conformes de toda conformidad, éste actualiza el primero de esos sistemas, pues busca restituir a quien injustificadamente fue llevado a litigar una segunda instancia; de ahí que no es válida la interpretación que de la norma cuestionada hace la recurrente, al sostener que tal disposición constituye una amenaza a la parte que acude ante el órgano revisor. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la inconforme, la norma apuntada no prevé el caso de sancionar a todo aquél que interpone un recurso con independencia del resultado que arroje (caso en el cual sí representaría un obstáculo o una amenaza); al contrario, dicha fracción se dirige a garantizar que, quien ya tiene a su favor una resolución y se ve obligado a litigar infundadamente una segunda instancia puede ver restituidos los gastos que haya erogado por ese litigio.
En lo hasta aquí desarrollado se advierte que esta norma no limita la garantía de acceso a la justicia antes mencionada, en tanto que no impide que los gobernados acudan a ejercer algún derecho ante los tribunales establecidos para dirimir alguna controversia y solicitar que se les administre justicia, ni tampoco impide que éstos la impartan. Es decir, la finalidad de esa condena, no es intimidar a los posibles recurrentes que, haciendo uso de los recursos y medios de defensa establecidos en la ley, pretenden la modificación de lo ya resuelto; por el contrario, tal como se ha dicho, esa condena obedece a intereses de orden público tutelados por el artículo 17 de la Constitución Federal, que autoriza al legislador a establecer los procedimientos conforme a los cuales habrá de administrarse justicia, y su fundamento radica en que el vencedor debe de ser reintegrado en plenitud de su derecho y en consecuencia, resarcido del daño sufrido en su patrimonio en un juicio que se vio forzado a seguir porque no se satisficieron sus pretensiones de manera extrajudicial o porque se le demandó indebidamente.
Ciertamente, en el citado precepto el legislador consideró que el vencedor de ambas instancias, debe ser reintegrado en plenitud de sus derechos; y por tanto, debe ser resarcido de los daños y perjuicios causados por un juicio que se vio forzado a seguir en dos instancias, al no haberse satisfecho voluntariamente sus pretensiones o por haber sido demandado indebidamente por su contraria. Luego, es evidente que el artículo impugnado, que establece la obligación del juzgador de condenar a la parte vencida al pago de dicha prestación accesoria en ambas instancias, no es violatorio del acceso a la administración de justicia consagrada en el referido artículo constitucional, pues el contenido normativo del indicado artículo 1.277, fracción III, al señalar, de manera general, abstracta y permanente, la procedencia de dicha condena en costas, sólo se limitó a asegurar que al vencedor en ambas instancias le fueran cubiertas las erogaciones realizadas injustamente, como se mencionó con anterioridad; de ahí que, cuando se actualiza este supuesto normativo, no se requiere que el juzgador, aplicando su criterio, examine si el vencido actuó de buena o mala fe, o en forma temeraria durante la secuela del proceso.
Por otro lado, en lo que ve las afirmaciones de la recurrente en el sentido de que la norma cuestionada transgrede la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento, ambas tuteladas en el artículo 14 constitucional10, al impedir que los gobernados cuenten con un medio de defensa ordinario a través del cual puedan expresarse, las mismas resultan igualmente infundadas.
Ello es así porque lo dispuesto en el precepto impugnado no restringe el derecho de acudir a una segunda instancia, al no contemplar un acto de naturaleza privativa, pues no establece limitación alguna para acudir al recurso de apelación, es decir, la parte agraviada se encuentra facultada para hacer valer sus derechos y promover el recurso; no obstante, la parte favorecida con una sentencia definitiva en la que se le reconoció su derecho, no tendría necesidad de recurrir a litigar una segunda instancia y realizar las erogaciones de la tramitación, de no haberse promovido el medio de impugnación por su contraparte, es por ello que, se insiste, al confirmarse los resolutivos de una sentencia previa, se impone la condena en costas a quien promovió esa nueva instancia sin obtener resultados favorables.
Es así que, el precepto legal de que se trata no contiene condición alguna para la procedencia del recurso, esto es, no prevé un obstáculo o alguna carga procesal para el acceso a la segunda instancia ni deja en estado de indefensión al posible afectado o en situación que perturbe sus defensas; por el contrario, la parte que estima tener derecho a la modificación, revocación o anulación de lo decidido por el juzgador de primer grado está en aptitud de cuestionar esa resolución y exponer fundadamente sus argumentos ante el tribunal de alzada, en el entendido de que, si tal fallo se confirma en sus términos habrá de resarcir a su contraria por los gastos y costas que aquélla hubiera erogado, pues se tiene como premisa fundamental que el litigio de la segunda instancia fue innecesario al no haberse desvirtuado la legalidad de la decisión judicial de primer grado, máxime si se considera que tal hipótesis normativa se aplica indistintamente a la parte actora y a la parte demandada, pues se atiende a la posición que adoptan las partes una vez que se ha decidido el juicio en primera instancia, en el que las partes en controversia tuvieron la misma oportunidad procesal y el acceso a la impartición de justicia en forma gratuita; de ahí que su aplicación podría beneficiar o perjudicar en su caso a cualquiera de ellas, lo que de ninguna manera implica un obstáculo que inhiba al gobernado a acudir libremente a los tribunales a ejercer algún derecho ante el riesgo y temor de ser sancionado con tener que pagarle costas a su contraparte. .
En mérito de lo anterior, el precepto legal impugnado, que obliga al juzgador a condenar en costas en ambas instancias al que fuese condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, no viola la garantía de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional ni las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 14 de la Carta Magna.
Los argumentos que hasta aquí se ha desarrollado guardan identidad con lo resuelto tanto por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos que dieron origen a las jurisprudencias de rubro: “COSTAS. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE ESTABLECE LA CONDENA EN ELLAS PARA EL LITIGANTE CONDENADO POR DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”11 y “COSTAS JUDICIALES. LA CONDENA RESPECTIVA, PERMITIDA POR EL ARTÍCULO 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”12, como por esta Primera Sala, al resolver el recurso de revisión en amparo directo ADR 3197/2012 bajo la ponencia del Señor Ministro Pardo Rebolledo, sobre lo cual se considera que la disposición impugnada debe interpretarse bajo los mismos criterios al ser de idéntica redacción a las disposiciones que entonces se analizaron13.
Finalmente, en relación al argumento expresado en el segundo agravio, éste se hizo consistir en que el tribunal colegiado no analizó los conceptos de violación relativos a que: (i) el juez del conocimiento carece de atribuciones para resolver asuntos en materia familiar y del estado civil de las personas, no obstante lo cual, en la sentencia emitió un pronunciamiento sobre cómo liquidar la sociedad conyugal; (ii) la sentencia es incongruente pues el juez acumuló acciones que dependían unas de otras y (iii) la falta de inscripción de la supuesta compraventa efectuada por Juan Regente Ruiz en el Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral.
En opinión del recurrente, tal omisión en el análisis de las cuestiones planteadas en la demanda de amparo no se justifica, pues si bien el tribunal colegiado desestimó sus inconformidades con el pretexto de que no habían sido materia del recurso de apelación, lo cierto es que sí hubo planteamiento en esos términos al interponer su recurso ante la segunda instancia; además de que, con su manera de proceder, el tribunal de amparo llevó a cabo un análisis directo del artículo 107, fracción III, constitucional.
El agravio en cuestión es inoperante porque se refiere a cuestiones de mera legalidad que no involucran la interpretación directa de algún precepto de la Norma Fundamental, esto es, el tribunal colegiado no fijó o explicó el alcance del contenido de la disposición constitucional que menciona el recurrente, con el objeto de entender el auténtico significado de la norma, no trató de desentrañar, esclarecer o revelar su sentido en atención a la voluntad del legislador, al sentido lingüístico, lógico u objeto de las palabras, a través de los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico14. Lo anterior, aunado a que no hay evidencia que demuestre las aseveraciones de la agraviada en el sentido de que tales cuestiones están ineludiblemente ligadas al análisis de sus garantías de audiencia y de acceso a la justicia, además de que las inconformidades que hace valer el recurrente en su segundo agravio tampoco implican el análisis sobre la constitucionalidad de alguna norma general diferente a la que ya fue analizada.
Por todo lo anterior, al no existir contravención de un precepto constitucional respecto de la norma impugnada, ha lugar a confirmar la sentencia en lo que es materia de la revisión y negar el amparo y protección de la Justicia Federal en relación con la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil doce, en el toca de apelación 1/2012 por la Primera Sala Civil Regional de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil doce, en el toca de apelación 1/2012 por la Primera Sala Civil Regional de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente el Ministro José Ramón Cossío Díaz (Ponente). Hizo suyo el asunto el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
1 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (…) IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; …".
2 "Artículo 83. Procede el recurso de revisión: (…) V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. - - - La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
3 "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: (…) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; (…)". "Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (…) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito: - - - a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (…)"
4 "PRIMERO. Procedencia. - - - I. El recurso de revisión es procedente contra sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados, si se reúnen los supuestos siguientes: - - - a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo. […]".
5 Al respecto, se comparte el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 64/2001, publicada en la página trescientos quince, del Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente".
6 Artículo 1.227.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.
Siempre serán condenados a pagar costas:
improcedentes o haga valer recursos o incidentes de este tipo con el fin de entorpecer el proceso;
III. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva;
7 Publicada en la página ciento veinticuatro, del Tomo XXV, abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: ““La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos”.
8 Las costas judiciales se definen como: “…aquellas que se establecen como contribuciones fiscales para el pago de algunos servicios efectuados por los tribunales”, mientras que las costas procesales en sentido estricto: “comprenden todas las restantes erogaciones” (Instituto de Investigaciones Jurídicas. Enciclopedia Jurídica Mexicana. Tomo II “C”. Porrúa, 2ª edición, México, 2004. P. 658).
9 Que en el caso del Estado de México se regula en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que a la letra dice: “La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. - - - Siempre serán condenados a pagar costas: - - - I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos discutidos; - - - II. El que presente instrumentos o documentos falsos, testigos falsos o sobornados, oponga defensas dilatorias improcedentes o haga valer recursos o incidentes de este tipo con el fin de entorpecer el proceso; - - - III. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva; - - - IV. El actor que no obtenga sentencia favorable en algunas de las prestaciones reclamadas, excepto en costas, y confirme la alzada, si apela de ella. - - - En los casos de las dos fracciones anteriores, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; - - - V. El que fuere condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable.
10 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. - - - Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. - - - En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. - - - En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.
11 Texto: “La condena en costas en ambas instancias al que fuese condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, prevista en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, obedece a intereses de orden público tutelados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza al legislador a establecer los procedimientos conforme a los cuales habrá de administrarse justicia, y su fundamento radica en que el vencedor debe ser reintegrado en plenitud de su derecho y, por tanto, resarcido del daño sufrido en su patrimonio en un juicio que se vio forzado a seguir porque no se satisficieron sus pretensiones o porque se le demandó indebidamente. Por tanto, el precepto citado, que obliga al juzgador a condenar en costas en ambas instancias en el supuesto aludido, no viola la garantía de imparcialidad en la administración de justicia porque el legislador, de manera general, abstracta y permanente, establece la procedencia de la condena para asegurar que todo aquel que es vencido en dos instancias, a fin de resarcir al ganador, cubra a éste las costas, sin necesidad de que se faculte al juzgador para que determine, conforme a su criterio, si procede o no la condena, pues para tal procedencia no es necesario examinar la conducta del vencido, si obró de buena o mala fe, en forma temeraria o no, en la medida que la condena de referencia obedece a la voluntad del legislador plasmada en la norma legal con fundamento en la Constitución y, además, impide que el juzgador, al aplicar la ley, pueda ser parcial para favorecer a un litigante en perjuicio de otro, al no condenarlo a pesar de haber sido vencido por dos sentencias conformes de toda conformidad.” (Tesis: P. IV/98 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo VII, enero 1998, página 101).
12 El artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no contraviene lo dispuesto por el artículo 17 constitucional al permitir que los tribunales condenen a una de las partes al pago de las costas judiciales a su contraparte, toda vez que lo que la disposición constitucional prohíbe es que se cobre por el servicio de impartición de justicia, el cual debe ser gratuito, cuestión diversa que no puede confundirse con la condena en costas regulada por el artículo procesal de referencia, misma que beneficia a la parte que obtuvo, y no al órgano impartidor de justicia.” (Tesis: P/J. 50/95 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo II, diciembre 1995, página 105).
13 Al respecto, también son aplicables en lo conducente, las tesis aisladas 1a. CXII/2012 (10a.) y 1a. CXI/2012 (10a.) sustentadas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 256 del Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: “COSTAS. LA CONDENA EN TAL CONCEPTO QUE ESTABLECEN DIVERSAS LEGISLACIONES, SIN CONDICIONARLA A LA EXISTENCIA DE MALA FE O TEMERIDAD DEL LITIGANTE, NO LIMITA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. El hecho de que la condena al pago de costas no se encuentre condicionada a la existencia de mala fe o temeridad por parte del litigante que se inconforma con una sentencia de primer grado, no limita la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no impide que los gobernados acudan a los tribunales solicitando que se les administre justicia, ni que éstos la impartan; además, la finalidad de este tipo de condena es asegurar a quien acudió a juicio a defender un derecho, respecto del cual su contraparte no logró demostrar todas sus pretensiones, ni aun apelando, que le fueran resarcidas las erogaciones causadas en un juicio que se vio forzado a seguir en dos instancias y no provocar la abstención de los posibles recurrentes que, teniendo a su alcance los medios de defensa legales, puedan impugnar una sentencia de primera instancia, pues el citado artículo 17 constitucional prevé que la administración e impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual implica que éstos se fijen por el legislador ordinario en uso de su libertad de configuración, con tal de que lo establecido al respecto tenga un fin constitucionalmente válido. Así, el legislador, haciendo uso de esa libertad, ha establecido dos sistemas para la condena en costas, uno subjetivo, aplicable cuando a criterio del juzgador alguna de las partes se ha conducido con temeridad y mala fe y otro objetivo, que no deja a criterio del juzgador esa condena, sino que ésta resulta obligatoria cuando se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la ley; es claro que si para la condena basta que el actor no obtenga sentencia favorable en alguna de las prestaciones reclamadas, excepto en costas, y que dicha determinación sea confirmada en alzada, es porque se basa en el sistema objetivo, lo cual no transgrede la citada garantía” y “CONDENA EN COSTAS. EL ARTÍCULO 1.227, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO. Si bien es cierto que del citado precepto se advierte que siempre será condenado al pago de costas (en ambas instancias) el actor que no obtenga sentencia favorable en algunas de las prestaciones reclamadas, excepto en costas y confirme la alzada si apela de ella, sin importar que éstas le hayan sido o no reconvenidas, también lo es que la imposición de dicha condena es el resultado de la actuación del recurrente, quien instauró el juicio natural y al no obtener una sentencia favorable en primera instancia, decidió apelarla, lo que implica que, conforme a la ley, se le dio la oportunidad de defenderse. Consecuentemente, el artículo 1.227, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no viola las garantías de audiencia y debido proceso, previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, es innecesario instaurar un nuevo juicio o procedimiento especial para aplicar la referida condena”.
14 Tales son los criterios positivos para afirmar la existencia de una interpretación directa de la Constitución que se explican en la Jurisprudencia 1a./J. 63/2010 emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veintinueve, del Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe que dice: “INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN. “.

References: ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 140
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 17
 resolución 
 artículo 1
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 ARTÍCULO 1084
 ARTÍCULO 140
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