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Timestamp: 2016-10-27 20:34:35+00:00

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CLAM -Matrimonios constitucionales- Destacados - Noticias
Las reformas del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 21 de diciembre de 2009, que permiten a parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar en conjunto, son constitucionales y los demás estados de la federación están obligados a reconocer su validez jurídica. Así lo determinó en México el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La acción de inconstitucionalidad 2/2010 interpuesta en enero pasado por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, fue desechada por la Corte. Como en otros países donde se han debatido reformas similares, en el alto tribunal emergió la discusión del supuesto carácter procreativo del matrimonio, los efectos de la adopción homoparental en la vida y desarrollo de niñas y niñas y la protección de la familia.
¿Unión para procrear? Durante la discusión del 3 de agosto, mientras el ministro Sergio Valls Hernández, exponía su proyecto a favor de la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales, integrantes de la organización Renacer, Instituto Mexicano de Orientación Sexual, expresaban su oposición frente a las puertas del recinto. Con medios y consignas ya utilizadas en otros países, las pancartas montadas sobre sus espaldas apelaban a los ministros de la Corte, con frases como “las niñas y los niños del DF tienen derecho a un papá y una mamá”. Habían confeccionado también mantas con sentencias como: “Adopción homosexual: factor de riesgo para el sano desarrollo de las niñas y los niños”.
Dos ministros rechazaron el proyecto del ponente Sergio Valls: el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Para el segundo, la unión heterosexual es un paradigma con 25 siglos de vigencia en Occidente, cuyo fin es la reproducción. Esa afirmación fue apoyada por Ortiz, quien subrayó que el matrimonio era "la unión de un hombre y una mujer para realizar los fines esenciales de la familia, entre ellos la procreación de la especie".
En respuesta a estas afirmaciones y cuestionando el argumento de Aguirre, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que no todas las familias cuentan con hijos “procreados” por sus padres; muchos hijos son adoptados. En México no existe “la familia ideal tipo Disneylandia”, razonó. Las familias reales no pueden ser desconocidas por la ley, agregó, dado que “el matrimonio no es una institución natural”, sino “un concepto artificialmente creado por el Derecho”. Zaldívar concluyó que "una Constitución que estableciera un sólo tipo de familia sería antidemocrática y violaría los principios de pluralidad y tolerancia".
La discusión fue reanudada el 5 de agosto. En la votación ocho ministros contra dos determinaron la constitucionalidad de las modificaciones al artículo 146 del Código Civil capitalino, que a partir de las reformas, pasó a definir el matrimonio como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”. El texto antiguo se refería a la unión “entre un hombre y una mujer.
Válidos en todo el país El reconocimiento de las uniones celebradas en el Distrito Federal en los demás estados mexicanos constituyó otro de los nudos del debate. El ministro ponente Sergio Valls Hernández, promotor de la constitucionalidad de las uniones legales de parejas del mismo sexo, citó que de acuerdo a la fracción cuarta del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los actos del estado civil que se encuentren ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las demás entidades federativas, sea el nacimiento, el reconocimiento de hijos, la adopción, el matrimonio, el divorcio o la defunción”. La ministra Olga Sánchez Cordero agregó que "la constitucionalidad del artículo 146 del Código Civil del DF no obliga a los Estados a adoptar una medida idéntica o similar, pero sí a reconocerla y darle validez jurídica".
Para otros miembros del tribunal, como el ministro Aguirre Anguiano, la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo en los 31 estados de la República provocaría la “desarmonización” de las leyes nacionales y de otras entidades del país, debido a que en el Código Civil Federal y otros locales se establece textualmente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ortiz Mayagoitia, presidente del tribunal, secundó esta postura, afirmando que “Todos los estados, a partir de la vigencia del nuevo texto del artículo 146, tienen la obligación constitucional de reconocer la validez del acto; ése es el cimiento de la argumentación del señor procurador, si hay esta obligación qué sucede, nos lo apuntó el señor ministro Aguirre Anguiano, se rompe la armonía del sistema federal”.
La ministra Margarita Luna Ramos recalcó que de acuerdo con el artículo 121 de la Carta Magna, cada entidad del país está facultada para legislar sobre actos de estado civil, en tanto que las demás entidades y la Federación, como receptores de la medida, sólo precisan aceptar la validez de ese documento para que surta los efectos consiguientes. El ministro Sergio Valls insistió en que si los 31 estados de la República regulan el matrimonio de manera distinta a la Ciudad de México, no pueden sin embargo limitar la facultad normativa de la capital del país, como tampoco se obliga a las demás entidades federativas a hacerlo en ese sentido.
La discusión continuó el martes 10 de agosto, fecha en que con nueve votos a favor y dos en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal tienen validez en todo el país. La mayoría de ministros concluyó que los efectos que el matrimonio entre personas del mismo sexo tendrá en el reconocimiento de herencias, defunciones, divorcios y pensiones alimenticias deberán definirse a futuro en cada entidad federativa. En este sentido, vislumbraron la posibilidad de que casos concretos puedan llegar al máximo tribunal del país y ser resueltos conforme sus particularidades.
Sí a la dopción homoparental Una vez declarado constitucional el matrimonio universal, los integrantes de la Corte prosiguieron con el debate en torno a la adopción homoparental. Después de algunas exposiciones sobre los supuestos peligros que para niñas y niñas acarrea tener dos padres o dos madres, el ministro ponente Sergio Valls Hernández afirmó que "lo que debe protegerse en aras del bien superior de los niños y de las niñas es que, en el mecanismo para autorizar una adopción, se garantice que esa es la mejor opción de vida para el menor, sea que se trate de una pareja heterosexual, del mismo sexo o de un hombre o de una mujer en lo individual".
Los 11 ministros del tribunal debatieron el contenido del artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que versa: “Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años de edad cuando menos.” Al proceder a la votación, con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno del tribunal declaró el 16 de agosto la constitucionalidad de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. Posteriormente hicieron un llamado para la promulgación de políticas públicas a favor de la tolerancia y el respeto público en el marco del Estado laico.
Contra la “desintegración familiar” Las reacciones contra la decisión de la Corte no se hicieron esperar. El PAN (Partido Acción Nacional), al que pertenece el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, la rechazó por considerarla “un atentado contra los valores de las familias en la ciudad de México”. El presidente de ese instituto político en el Distrito Federal, Obdulio Ávila, dijo que si bien los panistas “respetan a las lesbianas y a los homosexuales”, no están a favor de la “desintegración familiar”.
Arturo Farela, presidente de Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, tildó los argumentos que sustentan el fallo de la Suprema Corte de Justicia de "poco serios y nada científicos". La Arquidiócesis de México también reprobó el fallo, a través de su vocero, el sacerdote Hugo Valdemar, quien afirmó que la Iglesia “deplora este tipo de leyes que denigra a la familia y tergiversa su sentido natural... no se puede torcer eso, ninguna ley lo puede torcer”.
Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, aseveró que había tenido más exito "el lobby pro-gay que la razón” y, comparando el matrimonio entre personas del mismo sexo con la muerte, concluyó que en esa vía los homicidios dejarían de ser tales para considerarse lesiones. “Estamos poniendo a los bueyes detrás de las carretas, y mientras los ministros estén extralimitándose más en un sentir ideológico que en un sentir jurídico, estaremos teniendo una de las Cortes más cuestionadas", afirmó.
La Conferencia del Episcopado Mexicano se unió a las descalificaciones hacia la Suprema Corte de Justicia. Manuel Corral Martín, secretario ejecutivo de relaciones institucionales, declaró que por “oponerse a la ley natural de Dios”, a las uniones entre personas del mismo sexo no se les debía dar el mismo estatus que a un matrimonio entre hombre y mujer. Sin embargo, aseveró, los jerarcas son “respetuosos de la decisión de la Corte”.
En la misa dominical del 8 de agosto en la Catedral Metropolitana, el cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, tachó de “aberrante” la determinación de la Corte. Calificó a las uniones de facto o “legaloides” de personas del mismo sexo de “inmorales”, por contradecir el proyecto divino. El clérigo afirmó además que las injusticias cometidas contra quienes no eran heterosexuales no podían servir de “justificación para conceder falsos derechos que [...] afectarán a niños inocentes, a quienes se les negará el derecho de tener un padre y una madre para su adecuado desarrollo moral y psicoafectivo”.
El arzobispo de Guadalajara, Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez, desafió a la prensa mexicana al preguntar: “¿A ustedes les gustaría que los adopten una pareja de maricones o lesbianas?” Acto seguido, el purpurado acusó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, de “maicear” [sobornar] a los ministros de la Corte.
Aplauden decisión de la Corte A pesar de los ataques propinados por la Iglesia Católica y algunos partidos de derecha, políticos de otras tendencias y académicos felicitaron al tribunal por esta decisión. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon (PRD), consideró la resolución de la Suprema Corte un avance histórico para México y para el mundo, y se declaró a favor del derecho de las personas de amar a quien quieran. Al respecto recordó que sobre este tipo de decisiones no tiene ingerencia la ley, pues le corresponden a cada cual.
El gobernante, del PRD (Partido de la Revolución Democrática), interpuso una denuncia penal contra el arzobispo de Jalisco y el vocero de la Arquidiócesis de México, por haberlo acusado de sobornar a los ministros de la SCNJ. Al respecto, el mandatario capitalino señaló: “Esta es una demanda en defensa del estado laico, de la SCJN y de la jefatura del gobierno capitalino, pero sobre todo de la separación Iglesia-Estado. A los prelados que injurian y calumnian a las instituciones públicas les recuerdo que vivimos en un estado laico. No se puede permitir que estas imputaciones transcurran sin acción jurídica alguna porque sería tanto como consentir que se vaya borrando o se borre o se ponga en riesgo la naturaleza del estado laico mexicano, que es la garantía de las libertades de todos, empezando por las de aquellos que nos calumnian”.
Para el diputado del PRD David Razú Aznar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la ALDF e impulsor del matrimonio sin discriminación, el fallo de la Corte era una oportunidad histórica para que México contribuya al debate nacional e internacional sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En un programa de radio, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo estar dispuesta a que el Congreso estatal discutiera la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado mexicano. “Lo más importante es que tienen que respetar la decisión de estas personas. Es algo que pasa y nadie debe taparse los ojos para no verlo, si bien la aprobación más reciente fue en el Distrito Federal, abre el panorama para los demás estados”.
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebraron la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los 31 estados del país estén obligados a reconocer los matrimonios homosexuales signados en la capital de la República. Javier Nieto Gutiérrez, director de la Facultad de Psicología de esa universidad, recordó la opinión técnica que dos expertos de esa casa de estudios brindaron a la Corte respecto a la adopción homoparental. En ella sostenían que no existe evidencia científica en contra de la crianza de infantes por parte de parejas del mismo género.
Para Diego Valadés, investigador de la UNAM, los dichos de la jerarquía católica mexicana en respuesta a la legalización de los matrimonios del mismo sexo en el DF incitan a la homofobia. Como corporación religiosa, señaló, la Iglesia tiene derecho a la libertad de expresión, pero no a discriminar o agredir a otros colectivos de personas. En ese sentido, el discurso de la jerarquía eclesiástica contra las uniones homosexuales es comparable con el antisemitismo.
Durante su visita a México para participar en el Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, Kyung-wha Kang, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró a la prensa que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho universal que incluye la posibilidad de adoptar niños. A su vez, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, manifestó que la resolución es coherente con el marco jurídico internacional y con los principios básicos de no discriminación e igualdad.
Jorge Saavedra López, ex director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida y actual titular de Asuntos Globales de Aids Healthcare Foundation, observó que la presente decisión ubica a México dentro de la tendencia mundial que reconoce los derechos relativos a la diversidad sexual de la población y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, independiente de su orientación sexual.
Es un “momento histórico” y "un triunfo del movimiento", celebró Lol Kin Castañeda Badillo, activista del colectivo Acciona y de la Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, coalición integrada por cerca de 200 organizaciones no gubernamentales conformada en septiembre de 2009 para defender la legalización de los casamientos homosexuales en la Ciudad de México.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación también se pronunció a través de un comunicado. El mismo resalta que el supremo tribunal del país ha ratificado la última cláusula del artículo 1˚ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según la misma. “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Luego del debate quedan en el aire algunas cuestiones que es pertinente retomar: ¿por qué el reconocimiento de derechos a una categoría social históricamente discriminada constituye, para algunos puntos de vista, un peligro para la sociedad? ¿por qué la ampliación de la democracia puede representar, al mismo tiempo, un ataque que amenaza con la desintegración de la familia? En otras palabras, ¿por qué esta lucha por la igualdad ante la ley representa, para algunos sectores de la sociedad, un daño inminente a la vida y a la nación? En el modelo de familia y de sociedad que defienden estos agentes, la equidad y los derechos no tiene lugar.

References: artículo 146
 artículo 121
 artículo 146
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 artículo 121
 artículo 391
 resolución 
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 artículo 1