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Timestamp: 2017-09-22 11:40:25+00:00

Document:
8-10 de junio de 2003 AG/doc. 4231/03 add. 1
Santiago, Chile 7 junio 2003
Punto XIV del temario
INFORME SOBRE LA LABOR DE FACILITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL EN VENEZUELA
El 13 de Abril de 2002 el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos condenó la alteración del orden constitucional en Venezuela, los lamentables hechos de violencia que causaron la pérdida de vidas humanas, instó a la normalización de la institucionalidad democrática, y envió una misión encabezada por el Secretario General de la OEA para investigar los hechos y adelantar las gestiones que considerara necesarias para restablecer el orden constitucional.
El 18 de Abril de 2002 el Secretario General presentó el informe de su visita. Ese mismo día, en reunión extraordinaria, la Asamblea General de la OEA por medio de la Resolución AG/RES.1 (XXIX-/02) acordó brindar el apoyo y la ayuda de la Organización de los Estados Americanos que el Gobierno de Venezuela requiriese para la consolidación de su proceso democrático.
Asimismo, la Declaración AG/DEC.28 (XXXII-0/02) reiteró el ofrecimiento de apoyo y ayuda, en tanto la Resolución CP/RES.821 (1329/02) saludó la iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar y realizar un proceso de diálogo que contara con la participación de todos los sectores del país y con el apoyo de la comunidad internacional y alentaba al Gobierno y a todos los sectores de la oposición, así como a los sectores sociales e instituciones de Venezuela para que a través del diálogo y en estricto apego a la Constitución de la República, se lograra la reconciliación nacional tan esperada por el pueblo venezolano y la comunidad internacional.
En junio de 2002, en Barbados, la Asamblea General a través de la Declaración sobre la Democracia en Venezuela reiteró su apoyo al diálogo nacional convocado por el Presidente Chávez y el ofrecimiento de colaborar en el mismo en el marco de la Carta Democrática de la OEA.
En julio tras la visita a Venezuela del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, la OEA, el PNUD y el Centro Carter, en cumplimiento de la resolución OEA AG/RES.1 (XXIX-E/02) iniciaron la exploración de una posible facilitación de las tres organizaciones para un diálogo entre el gobierno y la oposición.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición representados en la Coordinadora Democrática invitaron a participar a la OEA, al Centro Carter y al PNUD en el proceso de búsqueda de soluciones a la situación por la que atraviesa el país. El Gobierno de Venezuela, mediante comunicación enviada por parte del vicepresidente de la república, José Vicente Rangel al Secretario General Cesar Gaviria, expresó su disposición de buscar un mecanismo consensuado de acercamiento entre el Gobierno, los diferentes actores de la oposición y otros sectores de la vida nacional, mecanismo que incluiría la designación de una o varias personas calificadas en el ámbito internacional que facilitaran el diálogo y la búsqueda de acuerdos democráticos en el marco de la constitución. De igual forma, en carta enviada al Secretario General de la OEA, sectores de la oposición agrupados bajo el nombre de Coordinadora Democrática de Venezuela, expresaron su agrado con la propuesta de que la OEA, el PNUD y el Centro Carter contribuyeran a facilitar un diálogo nacional. (Ver anexos)
III. Diseño y realización de las misiones preparatorias.
En atención a las invitaciones referidas, la OEA, el PNUD y el Centro Carter constituyeron un grupo de trabajo conjunto –denominado Misión Tripartita- el cual procedió al establecimiento de una estrategia de aproximación, exploración y creación de condiciones tendiente a la facilitación de un proceso de acercamiento, diálogo y negociación en Venezuela.
PRIMERA MISIÓN TRIPARTITA
Entre el 8 y el 13 de septiembre de 2002 la comisión tripartita internacional, conformada por Fernando Jaramillo (OEA), Elena Martínez (PNUD) y Jennifer McCoy del Centro Carter, visitó Venezuela con el fin de asistir a los representantes del Gobierno y de la oposición venezolana en la búsqueda y el diseño de mecanismos que resultaran aceptables para ellos y que permitieran tratar los temas sustanciales de interés de las partes.
La misión internacional mantuvo reuniones con el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, con el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Baltazar Porras, con miembros de la Coordinadora Democrática, propietarios de medios de comunicación, directivos de Fedecámaras, dirigentes de la CTV, diputados oficialistas y opositores, directivos de la Asamblea Nacional, entre otros actores nacionales.
La Misión Tripartita obtuvo importantes avances durante su accionar, destacándose como fundamentales la disposición al diálogo de todos los sectores; el avance con el Gobierno y con la oposición en la elaboración de una Declaración de Principios por la Paz y la Democracia; las coincidencias en el Gobierno y en la oposición en cuanto a algunos temas sustantivos a resolver; la identificación de otros temas que podían ser parte de una agenda más amplia.
MISIÓN SECRETARIO GENERAL
Entre el 2 y el 4 de octubre de 2002, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, atendiendo una invitación que le extendiera el jefe del Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, realizó una visita al país, con el fin de propiciar que el gobierno y la oposición definieran una agenda común de diálogo que les permita conjuntamente buscar soluciones a la crisis venezolana.
Como producto de las gestiones del Secretario General, días más tarde el Gobierno de la República y la Coordinadora Democrática suscribieron la Declaración de Principios por la Paz y la Democracia en Venezuela, a través de la cual los firmantes destacan que los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos por los mismos Venezolanos, en el marco de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, su completa adhesión a los principios democráticos y a la justicia oportuna, repudian el recurso de la violencia, reconocen la necesidad de buscar caminos que fortalezcan la convivencia democrática del pueblo venezolano y que censuren la perturbación a las normas que la rigen, declaran su disposición para iniciar un proceso de conversaciones sinceras entre todos los sectores a fin de lograr soluciones aceptables de los conflictos políticos que contribuyen a los desequilibrios que padece el país, reiteran su solicitud de apoyo y asistencia del Grupo de Trabajo conformado por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter (TCC), comprometen su colaboración con el Grupo de Trabajo a fin de explorar las fases preparatorias para poner en marcha un proceso de acuerdos asistido y verificable que permita alcanzar, a través de un mecanismo consensuado, soluciones políticas ajustadas al marco constitucional y reafirman su convicción de que Venezuela y el pueblo Venezolano sabrán superar la presente situación, pacífica y democráticamente, asegurando la vigencia del estado de derecho y la dignidad de todos sus ciudadanos.
Durante el mes de octubre de 2002, el contexto político venezolano estuvo enmarcado por numerosos acontecimientos, entre los que pueden destacarse dos marchas (una en rechazo y otra en apoyo al Presidente de la República), un “Paro Cívico” (el tercero de los últimos 12 meses), un pronunciamiento de un grupo de militares, quienes se declararon en "desobediencia legítima" y se concentraron en la plaza Altamira, así como el avance en el proceso de recolección de firmas tendientes a solicitar ante el CNE la convocatoria a referendo consultivo.
El 22 de octubre de 2002, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, anunció su próxima visita a Venezuela (a partir del 27 de octubre) y expresó que “Los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela ponen de relieve la prolongada y profunda polarización en ese país, así como la necesidad de pasar de un clima de confrontación a un marco de negociación directa entre el gobierno y la oposición. Es imperativo que los venezolanos enfrenten los problemas actuales dentro del orden constitucional y el estado de derecho, por medio de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución.” El Secretario General refirió, asimismo, que "La naturaleza pacífica de las marchas recientes de la oposición y del gobierno, así como del paro laboral del 21 de octubre, es evidencia clara de progreso hacia una solución consensuada. Estos eventos demostraron que la sociedad venezolana es capaz de canalizar sus diferencias en forma democrática y que el recurso a la violencia no es un resultado inevitable del disenso. Destacó como "otra indicación positiva” que el gobierno y los sectores de la oposición hayan firmado la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela, presentada en septiembre por la misión conjunta de la OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Secretario General anunció la presentación de propuestas específicas para trabajar sobre los tres temas ya aceptados como puntos de negociación entre las partes (el fortalecimiento del sistema electoral, la investigación de los hechos del 11 de abril pasado y la necesidad de desarmar a la población civil), así como una estructura y una agenda para un debate que incluya los temas críticos que siguen dividiendo a la sociedad venezolana.
En la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se discutió la situación política en Venezuela. El Secretario General expuso sobre sus actividades. Se refirió a la Declaración de Principios, indicó que los problemas políticos deben ser resueltos en el marco de la constitución y las leyes y destacó la importancia de la total adhesión a los principios democráticos y la justicia oportuna, así como un repudio a los hechos de violencia. Mencionó que entre los temas acordados, está el fortalecimiento del sistema electoral, la necesidad de apoyar un proceso de investigación sobre los hechos de abril y el desarme. A efectos de apoyar el proyecto de facilitación en Venezuela, la Secretaría General, a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia y su Programa Especial para la Promoción del Diálogo y la Resolución de Conflictos, diseñó una propuesta conteniendo los objetivos y funcionamiento de estos componentes1. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero, pidió ayuda de esta organización para resolver la situación del país.
Un grupo de militares venezolanos hizo público un comunicado en el cual invitaban a la insurrección castrense, la desobediencia civil y pedían la renuncia del Presidente Chávez. Gaviria señaló que tales actitudes y demandas quebrantan la lealtad constitucional que los oficiales de las Fuerzas Armadas le deben al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Agregó que se contraviene el artículo cuarto de la Carta Democrática Interamericana, de la OEA, el cual establece que uno de los "elementos esenciales" de la democracia es "la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad". Tal obligación se extiende a todos los integrantes de las instituciones y sectores. El Secretario General hizo un llamado a todas las fuerzas de oposición en Venezuela, a la sociedad civil y a los demás protagonistas de la vida pública venezolana, para que recurran únicamente a los medios democráticos, pacíficos y constitucionales para tramitar sus diferencias con el gobierno de Venezuela.
Ante el pronunciamiento de los oficiales de la FAN, la Coordinadora Democrática declaró que la responsabilidad fundamental de este tipo de eventos recae exclusivamente en el gobierno, que la situación se agrava hasta límites intolerables por la persecución de que son objeto los oficiales no afectos al gobierno, que nuevamente le exigen al Presidente que renuncie y que permita que se exprese la voluntad del pueblo. Ratificaron su rechazo a cualquier salida que implique un golpe o autogolpe de estado, así como exigieron a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia que cumplan con su deber. Reiteraron su voluntad de resolver la crisis por medios democráticos y a través de una consulta popular y mencionan la contribución que a ello pueden hacer los organismos internacionales
MISIÓN SECRETARIO GENERAL(II)
Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2002, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, continuó su tarea de facilitación en Venezuela.
Tal como lo adelantara, el Secretario General presentó a ambas partes la propuesta de un diseño de proceso que recogía las valoraciones y recomendaciones que en su oportunidad hicieran la Misión conjunta de los 3 organismos (“Grupo Tripartita”) y las partes, y esbozaba los lineamientos generales de un proceso de acercamiento, diálogo y negociación entre las principales fuerzas opositoras y el gobierno venezolano.
Como Objetivo Principal se planteó facilitar un proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Venezolano y representantes de la Coordinadora Democrática, mediante el establecimiento de una Mesa de Trabajo, Diálogo y Negociación. Dicha Mesa tendría una duración de aproximadamente un mes (hasta el 4 de diciembre), plazo que podría ser prolongado por acuerdo de las partes. Sería conducida por un Facilitador Internacional, y apoyada por un equipo técnico especializado en el campo de la negociación y resolución de conflictos a través de los organismos internacionales que componen el Grupo Tripartita.
Como Objetivos Específicos se señalaron los de discutir el tema electoral como mecanismo para resolver el actual impasse político; discutir temas adicionales de interés recogidos en una agenda de trabajo, que conlleven a acciones e iniciativas que el Estado y la oposición puedan cumplir, contribuyendo con ello a establecer un mínimo grado de confianza mutua, y estimular a las partes a lograr acuerdos concretos y medibles para avanzar en los temas escogidos, y para evaluar la conveniencia de una posible continuidad de este esfuerzo.
Una primera ronda de búsqueda de consensos básicos fue auspiciada por la Misión Tripartita: Tras ella, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición a través de los principales integrantes de la Coordinadora Democrática resolvieron (a) aceptar la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela como marco general de compromiso con un proceso de concertación y negociación; (b) aceptaron iniciar un diálogo sin condiciones previas; e (c) identificaron unos temas centrales como puntos de la agenda de negociación.
Para la siguiente fase de acercamiento entre las partes, y con el propósito de avanzar rápidamente en la iniciación de un proceso de diálogo y de negociación, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, cumpliría las funciones de Facilitador Internacional.
El Gobierno designaría seis representantes para la Mesa. De la misma manera, se le solicitaría a la Coordinadora Democrática designar seis integrantes adicionales a la Mesa, en representación de esa instancia.
El Facilitador Internacional y los delegados de ambas partes, procederían a instalar lo antes posible la Mesa de Negociación y Acuerdos.
En este proceso facilitador, los representantes de la mesa tendrían que (a) ratificar una agenda específica; (b) definir un cronograma, los mecanismos y procedimientos específicos para el funcionamiento de la Mesa de Negociación y Acuerdos; (c) definir reglas de juego internas de la negociación y externas de cara a la sociedad y la comunidad internacional; (d) acordar una estrategia de comunicación para el manejo de los medios y transmisión de los resultados logrados en el proceso de facilitación y negociación. Asimismo, se sugirió que se considerara la realización de una campaña de divulgación sobre la marcha del proceso de la Mesa de Negociación y Acuerdos, conducida por el Grupo Tripartita, (e) considerar el establecimiento de Mesas de trabajo complementarias con el fin de hacer llegar propuestas concretas a la Mesa principal.
Se decidió dar seguimiento a la implementación de los acuerdos alcanzados, según lo consensuado por las partes durante la negociación y siguiendo un cronograma establecido para el cumplimiento de los mismos. Para este fin, se trabajaría cercanamente con la Asamblea Nacional para ratificar el compromiso de las partes de respaldar los acuerdos logrados. El papel de la Misión Tripartita concluiría con la implementación de los acuerdos de la Mesa.
Un Facilitador Internacional sería responsable de guiar los acuerdos políticos de la Mesa de Trabajo, Diálogo y Negociación. La Misión Tripartita, integrada por representantes de alto nivel de la OEA, PNUD y el Centro Carter, apoyaría el papel de los tres Organismos que representa, en observar, verificar y servir como garantes del proceso de negociación, y en el seguimiento de los acuerdos. Un equipo operativo2 brindaría apoyo técnico para el funcionamiento idóneo de la Mesa.
Se propuso que la sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos en Venezuela fueran las instalaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana.
La propuesta establecía como enfoques prioritarios de la facilitación: (a) los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos sólo por los venezolanos, dentro del marco de la constitución política y de las leyes, como lo han reiterado en diversas ocasiones tanto el Gobierno como la Oposición; (b) que la negociación se propiciaría desde la perspectiva de prevalencia del interés nacional por sobre los intereses sectoriales y sobre la base de la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela, firmada por el Gobierno y por la Coordinadora Democrática; (c) que la instancia de facilitación tendría márgenes de flexibilidad procesal para el desempeño de sus funciones, dentro del marco de la legalidad, la ética y la transparencia. En tal sentido, funcionará bajo criterios proactivos, previa anuencia de las partes y de la atención a los insumos aportados por éstas; (d) que la comunidad internacional, a través de la Misión Tripartita, tendrá una participación activa en el proceso, pudiendo asumir tres papeles básicos (i) brindar acompañamiento político al Facilitador Internacional de la Mesa de Negociación y Acuerdos con el apoyo de un equipo operativo, (ii) servir de Observador, Verificador y/o Garante de las reglas del juego, del proceso de negociación y del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue, a través de los mecanismos que se acuerden con las partes y, (iii) apoyar la difusión de los avances en la Mesa de Negociación y Acuerdos, principalmente en el ámbito hemisférico e internacional.
Tanto el Facilitador Internacional y la Misión Tripartita, como el Equipo Operativo observarían en todo momento los siguientes principios: (a) Respeto, entendido como la conducta institucional que en la práctica guarda absoluta consideración a la dignidad de las personas, sus organizaciones y sus visiones y propuestas para la construcción de la futura Venezuela; (b) Imparcialidad, que implica el compromiso de asegurar a los grupos o sectores involucrados en la problemática, que los procesos facilitados tendrán reglas claras e iguales para todos; (c) Transparencia, supone que las deliberaciones se harán de cara a la Nación venezolana, de forma tal que sea el ciudadano el principal fiscalizador, así como el primer beneficiario del proceso de diálogo. El Facilitador Internacional, a través de la Misión Tripartita, informaría en forma periódica los desarrollos del diálogo y guardaría la confidencialidad cuando así fuera acordado por las partes; (d) Agregación, en el sentido de crear condiciones que propicien la inclusión de todos los sectores de la sociedad venezolana en el proceso deliberativo, buscando que el diálogo como instrumento para la tramitación de los conflictos se replicara a través y en todos los niveles y en todas las organizaciones de la sociedad. Se trata de un factor fundamental para logro de la gobernabilidad del país; (e) Autenticidad, lo cual implica tomar en cuenta en el diseño y en la conducción del diálogo en todo momento, tanto la opinión de las contrapartes nacionales como de la propia realidad venezolana. Es supuesto de este criterio el reconocimiento de que son los propios venezolanos los únicos quienes tienen derecho a interpretar sus realidades y tomar las decisiones más adecuadas para la construcción de su propio futuro.
Las gestiones de facilitación del Secretario General dieron como resultado acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática relativos a aspectos mínimos de funcionamiento sobre los cuales se enmarcaría el desarrollo de la Mesa de Negociación y Acuerdos:
§ El papel del Facilitador Internacional de la Mesa sería desempeñado por el Secretario General de la OEA, César Gaviria.
§ La Mesa se integraría por seis representantes de ambas partes. Los representantes del Gobierno y de la Coordinadora Democrática debían ser designados por el acto administrativo o político que correspondiese.
§ La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme a sus respectivos mandatos, apoyarían técnicamente al Facilitador en su tarea.
§ Se solicitaría a la Conferencia Episcopal Venezolana la facilitación de una Sede.
§ Solamente el Facilitador tendría a su cargo el “reporte oficial” al público del desarrollo y de los avances de la Mesa. Cada parte podría expresar libremente sus consideraciones, aceptando explícitamente que las mismas no comprometieran a la Mesa sino que fueran reflejo de sus propias opiniones.
§ La Mesa buscaría acuerdos para solucionar la crisis del país por la vía electoral, así como también sobre los siguientes temas: fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad.
§ En la primera reunión las partes trabajarían con el facilitador sobre la definición de los procedimientos, el orden y secuencia de las sesiones y la elaboración de criterios para organizar el funcionamiento de la Mesa.
§ Se propuso el establecimiento de Mesas de Trabajo Complementarias, con delegados de ambas partes, para elaborar propuestas y recomendaciones específicas en los temas de la Agenda para luego llevarlas a la Mesa principal.
§ La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme sus respectivos mandatos, desarrollarían un papel de garantes del proceso para lograr el cumplimiento de los acuerdos.
§ Si cualquiera de los acuerdos a que se llegara por medio de este proceso requiriese ser considerado en el seno de la Asamblea Nacional, se encontraría un mecanismo adecuado, previamente acordado entre las partes, para que este cuerpo tuviese oportuno conocimiento de ellos y pudiera actuar conforme a sus atribuciones constitucionales.
Los citados acuerdos entre el Gobierno de la República y la Coordinadora Democrática resultaron formalizados mediante la elaboración del documento denominado “Síntesis Operativa de la Mesa de Negociación y Acuerdos”.
Contexto Nacional previo a la instalación de la Mesa de Negociación y Acuerdos
Es importante delinear el contexto político antes de la instalación de la Mesa. El 4 de noviembre, a media mañana, una delegación de la oposición, liderada por la agrupación Primero Justicia consignó más de dos millones de firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para convocar a consulta popular. En horas de la tarde la GN lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los seguidores del Presidente. En el centro se produjeron numerosos enfrentamientos con más de 20 personas heridas de bala y más de 70 personas con lesiones por asfixia u objetos contundentes.
Cerca de las seis de la tarde, sujetos con las caras cubiertas destrozaron la fachada de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y vehículos estacionados en los alrededores.
El 6 de noviembre, alegando un supuesto fraude en la consignación de las firmas, la jefa de la fracción parlamentaria del MVR, Cilia Flores, solicitó al CNE la designación de representantes de esa tolda política para presenciar el acto de verificación y cotejo de firmas con el REP y con el Registro Nacional de Cedulación.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, se reunió con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, para notificarle que la central obrera decidió promover el paro indefinido. No obstante, reveló que la Mesa de Negociación y Acuerdos podría instalarse durante la tarde siguiente.
Mohamed Merhi, resolvió desistir de su protesta pacífica extrema. Después de una conversación con el Secretario General de la OEA, César Gaviria, el padre de la víctima más joven de los sucesos del 11 de abril se convenció de detener la huelga de hambre que mantuvo durante 9 días y que puso en vilo su vida. Merhi declaró que confíaba en que la mediación de César Gaviria en la instalación de las mesas de diálogo para formar una comisión de investigación de los hechos de abril, tarde o temprano, traería justicia a Venezuela.
El presidente Chávez requirió 'la regulación de la situación jurídica de los miembros del Consejo Nacional Electoral', ante el Tribunal Supremo en el recurso que interpuso en la Sala Constitucional, con asistencia de la procuradora, en el cual solicitó un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En el escrito destacó que los funcionarios del CNE 'deben continuar en el ejercicio de sus cargos, con el fin de evitar un vacío institucional', lo que descartaría la posibilidad de que el CNE quede acéfalo, como lo denunciaron diputados de oposición. El primer vicepresidente del CNE, Alfredo Avella, aseguró que el recurso presentado por el presidente de la República no detendría el proceso de convocatoria del referendo consultivo porque el CNE se rige por la Ley del Sufragio y no por la Ley del Poder Electoral.
El general de brigada (Ej.) Vidal Rigoberto Martínez invitó a sus compañeros de armas a respaldar una huelga indefinida, reiterando que los uniformados que se encuentran en la plaza Francia de Altamira sólo abandonarían el lugar cuando el presidente Hugo Chávez renuncie a su cargo, y explicó que el paro 'sería cívico-militar'.
El 7 de noviembre el presidente de la República, Hugo Chávez, insistió que se incurriría en un 'fraude constitucional' si el Consejo Nacional Electoral convoca a un referendo consultivo para revocarle su mandato, a solicitud de electores de la oposición. 'Los que llevaron unas firmas al CNE hace unos días pretenden ahora, a través de un fraude constitucional, sacarme', y lo incluyó dentro de un 'golpe continuado'. El vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, advirtió que a pesar de que el TSJ negó la inconstitucionalidad que invocó el Gobierno para la Ley Orgánica del Poder Electoral, el Ejecutivo confíaba en que la Sala Constitucional declararía la inconstitucionalidad de la convocatoria de un referendo que sometiera a consulta el mandato de un cargo de elección popular como la Presidencia de la República, que solicita la oposición.
La plenaria de la Asamblea Nacional aceptó, con los votos del oficialismo, la renuncia de dos de los directivos del CNE, Roberto Ruiz y Vicente González, en un intento por generar 'un vacío de poder' en el organismo comicial. El debate sobre las dimisiones fue solicitado por el MVR en sesión del jueves en la tarde, pocas horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley del Poder Electoral (LOPE).
Sería la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la que se encargue de designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en caso de que se presente un vacío institucional por el incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional (AN) de los mandatos legítimos que establece la Carta Magna, tal como estableció un fallo de la Sala Constitucional que, por unanimidad, declaró sin lugar la solicitud de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Electoral, incoado por el presidente Hugo Chávez.
En este contexto, las partes acordaron iniciar las rondas de negociaciones el 8 de noviembre de 2002, así como la designación de sus respectivas representaciones para dicho proceso. Se estableció que la sede de las conversaciones sería el Seminario San José, ubicado en el Municipio El Hatillo. Aunque no quedó escrito, la Coordinadora Democrática estableció como fecha máxima para deliberar, el 4 de diciembre de 2002.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nombró –mediante nota formal- a José Vicente Rangel (Vicepresidente de la República), Roy Chaderton (Ministro de Relaciones Exteriores), Aristóbulo Isturiz (Ministro de Educación, Cultura y Deportes), María Cristina Iglesias (Ministra de Trabajo), Ronald Blanco (Gobernador del Estado de Táchira), Nicolás Maduro (Diputado ante la Asamblea Nacional) y Jorge Valero (Embajador de la RBV ante la OEA, con carácter de Asesor). Por su parte, la Coordinadora Democrática –también mediante nota formal- designó a Timoteo Zambrano (Alianza Bravo Pueblo), Américo Martín (Organizaciones No Gubernamentales), Alejandro Armas (Diputado ante la Asamblea Nacional), Eduardo Lapi (Gobernador del estado Yaracuy), Manuel Cova (Secretario General de la Central de Trabajadores de Venezuela), Rafael Alfonso (miembro de Fedecámaras) y Juan M. Raffalli (Primero Justicia, con carácter de Asesor).
El 16 de diciembre, tras más de 5 semanas de reuniones en el marco de la Mesa, el Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/Res. 833 (1348/02) respaldando la institucionalidad democrática en Venezuela y la gestión de facilitación del Secretario General de la OEA.
Asimismo un mes más tarde, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, informó que recibiría apoyo de un Grupo de Países Amigos conformado Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal, para continuar las negociaciones en Venezuela. El Grupo de Países Amigos se reunió por primera vez el 24 de enero de 2003 en Washington donde se acordó que una delegación conformada por vicecancilleres y otros altos funcionarios de los seis países visitaría Caracas la semana siguiente. El Grupo de Amigos se ha reunido tres veces desde ese momento, una vez en Caracas el 31 de enero; la segunda vez en Brasilia el 10 de marzo; y la tercera vez en Caracas el 9 de mayo.
RESUMEN DEL PROCESO DE FACILITACION
Para entender el desarrollo del proceso durante los últimos seis meses es importante repasar algunos de los elementos más relevantes que lo enmarcan. Es claro que el papel cumplido por el Secretario General fue el de facilitador, y así lo expresó en reiteradas oportunidades. Por su parte el Gobierno también hizo mucho énfasis en que el Secretario General fue invitado a Venezuela en esta calidad exclusivamente. Las propuestas que se presentaron fueron a petición de las dos partes. Este es un breve resumen del proceso de facilitación, con los desarrollos más importantes.
Antes del inicio de todo este proceso, en el caso particular de la OEA, era indispensable obtener la invitación del Gobierno de Venezuela, lo que se logró a través de una comunicación suscrita por el Vicepresidente Rangel. Por otra parte la oposición, representada por la Coordinadora Democrática también envió una invitación directa a la OEA para que facilitara el diálogo entre las partes. Como marco del proceso de negociación se trabajó, conjuntamente con las partes, un documento denominado SINTESIS OPERATIVA, el cual fue suscrito por éstas el día 7 de noviembre de 2002 luego de un largo proceso de intermediación. Es importante resaltar dicho documento, ya que las partes se comprometieron a encuadrar la negociación dentro de esos términos, y muchos de los temas que están incluidos en otros documentos emanados de la Mesa tienen su fundamento en el mismo.
La Mesa de Negociación y Acuerdos se instaló el día 8 de Noviembre del 2002. Esta desde entonces se vió afectada por factores coyunturales que influyeron en su funcionamiento. Vale destacar, en el mes de diciembre del 2002, la intervención de la Policía Metropolitana por parte del gobierno, lo que generó como reacción de la oposición, el llamado al paro general. Este paro se convirtió en indefinido, y se unió a él parte de la industria petrolera a través de PDVSA. En el mes de diciembre y en los meses siguientes la Mesa se dedicó exclusivamente a atender esta situación. Hasta el día 2 de diciembre en la madrugada, unas horas antes de que se iniciara el paro convocado por la oposición, la mesa estuvo trabajando para que se diera un acuerdo que pudiera evitar dicha situación. Ese acuerdo no se logró, pero existió la voluntad de ambas partes de realizarlo.
Una vez iniciado el paro, las dos partes se tomaron las calles para expresar públicamente sus desacuerdos, lo que generó en el país un ambiente explosivo y peligroso. La reanudación de las reuniones de la Mesa sirvió en ese momento para que existiera un canal de comunicación permanente y fluido, evitando muchos enfrentamientos. Para esa época los hechos de la Plaza Altamira en donde murieron 3 personas afectaron nuevamente el desarrollo de la Mesa. Hasta ese entonces las partes utilizaron la Mesa como un mecanismo para evitar enfrentamientos en la calle, producto de esta coyuntura. Solo algunos de los objetivos consagrados en la Síntesis Operativa, se habían tratado de forma parcial. El gobierno condicionó su retorno a la Mesa al levantamiento del paro, pero a raíz de los acontecimientos de la Plaza Altamira, la Mesa se volvió a reunir en pleno para tratar de contrarrestar la escalada de violencia que se estaba dando en las calles.
A partir de enero, se comenzó un trabajo con las partes para tratar de desmontar el paro. Este trabajo encontró un gran obstáculo en la marcada diferencia entre la visión de ambas partes de la realidad. El gobierno argumentaba que no era necesario tratar ese tema ya que no existía paro, y se trataba de un simple sabotaje a la industria petrolera. Y la oposición mantenía su esquema de mantener parados el comercio y la mayoría de industrias del país.
Una vez se normalizó la situación en lo referente al paro, la Mesa comenzó a trabajar en un acuerdo contra la violencia. Adicionalmente, las partes solicitaron a la facilitación que presentara una propuesta sobre la instrumentación de la Comisión de la Verdad. Dicha propuesta fue presentada a las partes. La Coordinadora la aceptó en su integridad. El día 18 de febrero de 2003, se suscribió la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia” firmada por las dos parte en acto formal, presidido por el Secretario General, el Vicepresidente de la República y los demás miembros de la Mesa.
Luego de este primer acuerdo suscrito por la Mesa el proceso se vio influido nuevamente por el entorno. El presidente de Fedecámaras (Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción) fue detenido y puesto a disposición de un Juez. Por otra parte se dictaron órdenes de captura contra algunos directivos de PDVSA y contra Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Todos ellos acusados supuestamente de haber promovido el paro y, con esta actitud de incurrir en algunos delitos tipificados en el código penal. La Mesa después de este incidente, comenzó a trabajar en uno de sus objetivos centrales, como es el de encontrar un acuerdo para solucionar la crisis del país por la vía electoral, tal como lo consagra la Síntesis Operativa. Para este propósito, y con el fin de impulsar la mesa en un momento determinante, ya que las partes no encontraban un tema común de discusión, el Presidente Jimmy Carter presentó dos propuestas. Por una parte la posibilidad de una enmienda constitucional con el propósito de adelantar las elecciones; y por otra parte la posibilidad de realizar un referendo revocatorio, con acuerdos sobre fecha y forma de realizarlo. A partir de esta propuesta la Mesa tomó una dinámica diferente, y las partes se centraron en la discusión del tema de una salida electoral. Cada una de las partes presentó sus comentarios a la propuesta del Presidente Carter, y con base en esos insumos comenzamos el trabajo que nos trajo hasta el momento actual.
El gobierno mantuvo su posición sobre el Referendo Revocatorio como única salida, y la Coordinadora Democrática asumió las dos propuestas Carter, privilegiando finalmente el Referendo Revocatorio. Después de largas discusiones sobre sus visiones en cuanto al Referendo Revocatorio, las dos partes solicitaron a la facilitación que produjera un documento de trabajo en el cual se recogieran las diferentes visiones sobre este tema. Es así como la facilitación presentó a las partes el documento “Temas Procedimentales sobre el Referendo Revocatorio a ser discutidos en la Mesa de Negociación y Acuerdos”. Las dos partes recibieron el documento y decidieron comenzar a trabajar en un acuerdo sobre la base del mismo. Para darle forma de acuerdo se decidió incorporar varios puntos que habían sido discutidos en la mesa y que ya habían sido acordados por las partes en los meses anteriores. Estos puntos se referían a la gobernabilidad, el clima político y electoral, la violencia, el respeto por las ideas ajenas, entre otros. Las partes estuvieron muy próximas a aceptar un acuerdo. En este punto se decidió conformar una comisión de trabajo, para que presentara nuevamente a la mesa un texto que pudiera ser aceptado por ambas partes. Esta comisión no produjo ningún resultado, sin embargo la Mesa decidió reunirse nuevamente en pleno. En las reuniones de la Mesa, que comenzaron nuevamente el 8 de Abril del 2003, se comenzó a trabajar nuevamente sobre el documento base presentado por la facilitación. Luego de tres días de trabajo, y con claridad meridiana, las dos partes expresaron su conformidad con un texto, el cual servia de base para un acuerdo. Se entendió también que las dos partes pondrían a consideración de sus instancias el acuerdo de la mesa, para luego firmarlo formalmente. Se aclaró también, que las partes no estaban obligadas a suscribirlo si no se aprobaba, pero que ese documento era final, y si se aprobaba no estaba sujeto a cambios. Los representantes de las dos partes en la mesa estuvieron plenamente de acuerdo con la divulgación del contenido del documento, que constituía un preacuerdo.
El 24 de abril el Gobierno presentó una nueva versión del documento del preacuerdo al que se llegó en la Mesa el 11 de abril de 2003, con otra redacción, en el cual había cambios de forma y otros que la oposición consideraba de fondo. De lo que se entiende, la posición del Gobierno se basaba en que el acuerdo final se debía someter a aprobación de las fuerzas sociales y políticas que lo apoyan, y como resultado de esas consultas surgió la versión revisada presentada por ellos. Básicamente se argumentaba que no se podía expresar en el documento la presunción de que el Gobierno no iba a cumplir con los preceptos legales y constitucionales; los cuales están consagrados en la ley y en la constitución y por lo tanto era innecesario reiterarlos.
Por su parte la oposición argumentaba que era indispensable que se mantuviera en el documento la mención al articulo 184 de la Ley del Sufragio y participación Política, la cual consagra un término de 90 días para la realización del referendo una vez recibidas las correspondientes firmas por el CNE. Igualmente consideraban necesario el compromiso expreso de las dos partes de no modificar las normas que regulan los procesos de referendo. Otro de los puntos indispensables para la oposición, era que se mantuviera la mención clara de que los organismos internacionales estarían dispuestos a prestar la asistencia técnica requerida en materia electoral así como en el tema del desarme de la población. Igualmente, para la Coordinadora Democrática era de gran importancia, mantener la mención de que la OEA, el Centro Carter y el PNUD, con base a lo estipulado en la Síntesis Operativa desarrollarían un papel de garantes.
El 8 y 9 de mayo tuvo lugar en Caracas la tercera reunión del grupo de países amigos del Secretario General para Venezuela. Después de sostener reuniones con el Secretario General de la OEA, los representantes del Centro Carter y el PNUD, los Vice Cancilleres y autoridades de alto nivel emitieron un comunicado en el que respaldaban la labor de facilitación del Secretario General y exhortaban a las partes a llegar a un acuerdo que diera fin a la crisis. La facilitación se comprometió entonces con las partes en que trabajaría en un nuevo texto basado en la versión aprobada en la Mesa el 11 de abril y en la versión presentada por el Gobierno el 24 de abril. La nueva versión del texto fue consultada y enviada a las partes. El 23 de mayo el Gobierno anunció su intención de aceptar dicho texto y firmar el acuerdo, el 27 de mayo la Coordinadora Democrática hizo lo propio. El 29 de mayo se firmó el acuerdo en Caracas en presencia del Secretario General de la OEA y de los representantes del Centro Carter y del PNUD.
El texto del acuerdo es prueba de que por grandes que sean las diferencias políticas, lo que une a los venezolanos es mucho más de lo que los separa. Todos por igual, a partir de ahora, están obligados a respetar los preceptos allí consignados en pos de la defensa del orden constitucional; del respeto al estado de derecho; de la aceptación de los elementos constitutivos de la nacionalidad que a todos imponen la convivencia social y política; y de la búsqueda de una democracia participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente representativa.
El numeral 12 contiene el principal logro del acuerdo. Sin duda la eventual utilización del articulo 72 si se dan, según el Consejo Nacional Electoral, los requisitos constitucionales, representa la salida pacifica, democrática electoral y constitucional que tan intensamente se buscó en la Mesa de Negociación y Acuerdos. El acuerdo constituye la solución a la que hace referencia la resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA, que todos hemos invocado como necesaria o como indispensable en este periodo de intensa agitación, de profundos cambios y grandes desencuentros en la vida institucional del Venezuela.
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811(1315/02) SITUACIÓN EN VENEZUELA.
AG/doc.9 (XXIX-E/02)
EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811(1315/02)
Me corresponde como Secretario General de la OEA rendir en este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General el informe que dispuso nuestro Consejo Permanente mediante resolución CP/RES.811(1315/02) en desarrollo del Artículo 20 de la Carta Democrática. En dicha resolución se me ordenó investigar los hechos ocurridos el 11 y 12 de abril, y emprender las gestiones necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática.
En sesiones informales y privadas el viernes en la noche y el sábado anteriores, bajo la acertada dirección de la Embajadora Margarita Escobar, el Consejo examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del orden constitucional y los lamentables hechos de violencia, y expresó su solidaridad con el pueblo de ese país. En la mañana del sábado, el que se autodenominaba presidente del gobierno de transición, llamó a la OEA para informar que se había alterado el orden constitucional y para hacer algunas otras afirmaciones que estaban contenidas en un mensaje que fue circulado a las delegaciones. También dijo que se querían hacer representar en la reunión por un funcionario de la misión de Venezuela y que luego enviarían cartas credenciales. Todo ello se puso en conocimiento de las misiones. Yo le expresé a él que al dia siguiente viajaría a Caracas con el mandato que me diera el Consejo Permanente.
En la muy difícil coyuntura que han vivido las instituciones democráticas de la Republica Bolivariana de Venezuela, juzgué también oportuno mirar aspectos de la vida institucional del país en relación con disposiciones de la Carta Democrática.
De las conversaciones con los diferentes sectores quisiera resaltar lo siguiente: El Presidente de la Republica en todas sus alocuciones ha hablado de reflexionar, de rectificar, de enmendar. Aseguró “que no habría ánimos revanchistas, ni persecuciones, ni abusos”. Ha dicho que lo ocurrido representa una “inmensa lección”; “que se debe hacer una profunda reflexión”; que hay que actuar ahora con “calma y cordura”; que es necesario “corregir lo que sea necesario corregir”; “restablecer el dialogo”.
Quiero igualmente señalar una práctica peligrosa de deliberación en la Fuerzas Armadas, que determina que muchos protagonistas de la vida pública vivan atentos a lo que los oficiales de las distintas armas opinan del acontecer político, incluidas las ordenes de su Comandante en Jefe, el Presidente Constitucional de la República. Muchos buscan fundamentos para tal forma de deliberación en un artículo de la Constitución.
Por estas consideraciones, en las reuniones con los diferentes sectores señalé acciones que a mi juicio se deben acometer con urgencia para evitar ulteriores expresiones de descontento que pudieran dar origen a la repetición de los trágicos sucesos del 11 y 12 de abril. En todo caso es importante que hoy se reiteren algunos de los considerandos y dispositivos de la resolución del Consejo, sobre todo en lo referente a la condena de cualquier quebrantamiento del orden constitucional y de los violentos sucesos que llevaron a la muerte de un número apreciable de personas.
Es esencial que gobierno, oposición, fuerzas sociales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, se comprometan a rechazar toda forma de deliberación de la fuerza pública y respalden la aplicación de los códigos militares que sancionan tales conductas. También es esencial que se abandone la interpretación según la cual el citado artículo de la Constitución puede servir de base a la conducta de oficiales de distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza en tal sentido se podría dar pie a que se presenten nuevos actos de insubordinación contra la autoridad civil. Esta Asamblea debería ser categórica al señalar la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, tal como lo señala el artículo cuarto de la Carta Democrática.
Gobierno y oposición deberían hacer lo que esté a su alcance para afianzar la independencia de los poderes y establecer sus debidos contrapesos. Más allá de la importancia de asegurar la supremacía de la Constitución, es fundamental restablecer la confianza en el estado de derecho y asegurar que todos los estamentos sociales estén dispuestos a acatarla. Así lo dispone el artículo cuarto de la Carta Democrática.
En el tema de la televisión, es importante acordar un código de conducta que, mas allá de la legislación, asegure la compatibilidad de las transmisiones de interés público con la programación normal.
RESOLUCIÓN OEA AG/RES.1(XXIX-E/02)
8 Encomendar al Consejo Permanente de la Organización que presente un informe global sobre la situación en Venezuela al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE [CP/RES.821 (1329/02)]
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
· Reafirmamos que los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos por los mismos Venezolanos, en el marco de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
· Reafirmamos nuestra completa adhesión a los principios democráticos y a la justicia oportuna y repudiamos el recurso de la violencia que causó la muerte de personas.
· Reconocemos la necesidad de buscar caminos que fortalezcan la convivencia democrática del pueblo venezolano y que censuren la perturbación a las normas que la rigen.
· Declaramos nuestra disposición para iniciar un proceso de conversaciones sinceras entre todos los sectores a fin de lograr soluciones aceptables de los conflictos políticos que contribuyen a los desequilibrios que padece nuestro país.
· Reiteramos expresamente nuestra solicitud de apoyo y asistencia del Grupo de Trabajo conformado por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter (TCC).
· Comprometemos nuestra colaboración abierta con el Grupo de Trabajo a fin de explorar las fases preparatorias para poner en marcha un proceso de acuerdos asistido y verificable que permita alcanzar, a través de un mecanismo consensuado, soluciones políticas ajustadas al marco constitucional.
· Reafirmamos nuestra convicción de que Venezuela y el pueblo Venezolano sabrán superar la presente situación, pacífica y democráticamente, asegurando la vigencia del estado de derecho y la dignidad de todos sus ciudadanos.
SÍNTESIS OPERATIVA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS
Estrategia de Comunicación: Solamente el Facilitador tendrá a su cargo el “reporte oficial” al público del desarrollo y de los avances de la Mesa. Cada parte podrá expresar libremente sus consideraciones, aceptando explícitamente que las mismas no comprometerán a la Mesa sino que serán reflejo de sus propias opiniones.
Procedimientos: En la primera reunión las partes trabajarán con el facilitador sobre la definición de los procedimientos, el orden y secuencia de las sesiones y la elaboración de criterios para organizar el funcionamiento de la Mesa.
Mesas de Trabajo Complementarias: Se propone el establecimiento de Mesas de Ttabajo Complementarias, con delegados de ambas partes, para elaborar propuestas y recomendaciones específicas en los temas de la Agenda para luego llevarlas a la Mesa principal.
Caracas, 7 de noviembre de 2002
Convencidos de nuestras elevadas responsabilidades en este momento histórico, y conscientes también de la profunda vocación democrática del pueblo venezolano, que por ello ama la paz y desea la reconciliación, rechaza las opciones contrarias a la constitución y abraza la democracia, las delegaciones que en esta Mesa de Negociación y Acuerdos representan al Gobierno Nacional, y los sectores políticos y sociales que lo respaldan, y a la Coordinadora Democrática que agrupa a la oposición, hemos decidido suscribir en forma conjunta la presente DECLARACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA, POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA.
Con ella, esperamos dejar meridianamente clara nuestra convicción de que el pueblo venezolano tiene una inquebrantable voluntad para fortalecer sus valores esenciales como sociedad organizada, amenazados por un clima de confrontación y de conflicto que debe detenerse. Esperamos, con esta declaración, contribuir significativamente en el afianzamiento de un clima de entendimiento entre todos los venezolanos.
1. Rechazamos la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje hiriente y cualquier retórica que de alguna manera contribuya o estimule la confrontación. Proponemos el uso de un lenguaje de respeto mutuo, de tolerancia, de consideración por las ideas ajenas, de supremo aprecio por la vida y sus valores esenciales, y especialmente por la dignidad humana cuya preeminencia ha sido consustancial al pueblo venezolano. En consecuencia, hacemos un llamado, directo e inmediato, a todos los actores políticos y sociales, para que den su efectivo aporte dirigido al reestablecimiento de un clima de paz y sosiego en todo el país, mediante la pronta moderación del tono, estilo y contenido de sus expresiones. Ello es absolutamente necesario para que el país tenga la convivencia democrática que todos requerimos y deseamos.
2. De manera enfática manifestamos que la violencia, en cualquiera de sus expresiones o modalidades, practíquela quien la practique y cualquiera sea su origen, es absolutamente injustificable y por ello condenable. De allí que emplacemos a todas las autoridades y organismos administrativos y jurisdiccionales competentes, a actuar sin contemplaciones, para investigar y sancionar la pérdida de vidas humanas o las lesiones a éstas dirigidas, así como cualesquiera otros hechos de violencia; y en general demandamos se respete y se exija respeto para la Constitución y las leyes de la República. En este mismo sentido, exhortamos a la Asamblea Nacional para que, mediante la sanción de la ley que corresponda y con los mecanismos que en ella se prevean, ponga en funcionamiento la Comisión de la Verdad para el logro de los propósitos antes enunciados, tomando en consideración los aportes que en este sentido produzca la Mesa de Negociación y Acuerdos.
3. Rechazamos categóricamente que manifestaciones de violencia e intolerancia, así como expresiones que signifiquen agravio u ofensa, puedan ser forma de dirimir las diferencias políticas. Por ello, nos comprometemos a colocar todo nuestro esfuerzo en crear condiciones que permitan fortalecer y consolidar un clima de paz y tolerancia, en el cual se resuelvan las divergencias por medios pacíficos y democráticos.
4. Hacemos un llamado al pueblo venezolano para que todos observemos conductas que se enmarquen en los principios y normas que sustentan los derechos humanos y su efectivo respeto. De esta forma, debe cesar y proscribirse toda actitud directa o indirecta de agresión, amenaza, hostigamiento o violencia, que en cualquier forma quebrante o impida el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, así como en los Tratados Internacionales que comprometen a Venezuela.
5. Exhortamos a todas las iglesias e instituciones religiosas, a los gremios profesionales, sindicatos, partidos políticos y organizaciones similares de la sociedad, a promover acciones y emitir mensajes destinados a exaltar los valores democráticos y los principios de paz, tolerancia y convivencia, y a condenar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. En la medida en que tales acciones y mensajes se hagan del público conocimiento y esas organizaciones conforme sus propios procedimientos continúen asumiendo un papel activo para la realización de los propósitos que los originan, se estará dando un aporte de gran importancia para el mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la democracia en nuestro país.
6. En esta campaña por la paz y la democracia y contra la violencia y la intolerancia, los medios de comunicación social públicos y privados, juegan un papel de fundamental trascendencia, mediante la emisión de programas y mensajes que promuevan la paz, la tolerancia y la convivencia. Las partes en esta Mesa ratifican su total respeto a la vigencia efectiva de los derechos Constitucionales a la libertad de expresión y de información, conforme a los principios que el texto magno establece en sus artículos 57 y 58. En ese sentido, tanto las actividades que desarrollen los medios de comunicación públicos y privados, como las expresiones que a través de ellos se viertan, así como las actividades que se dirijan a establecer cualquier responsabilidad que de tales actividades o expresiones se derive, deben enmarcarse estrictamente en la Constitución y en las leyes, de forma que no signifiquen limitaciones indebidas en el ejercicio de tales derechos. Las partes ratifican su convencimiento respecto a que los medios de comunicación social, públicos y privados, son indispensables para el cabal ejercicio de los fundamentales derechos antes mencionados, todo dentro del marco de los deberes y derechos fijados por la Constitución y las leyes para todos los ciudadanos.
7. Asumimos el compromiso de mantener y perfeccionar un enlace permanente entre los factores políticos y sociales que apoyan al Gobierno de la República, y los que están representados en la Coordinadora Democrática. Ello nos permitirá ejercer una acción sostenida que se dirija al cumplimiento efectivo de los contenidos de la presente Declaración, y a evitar todos los hechos que pudieran lesionarla y fuesen capaces de acarrear consecuencias lamentables. El trabajo que hemos iniciado en ese sentido, desde esta Mesa de Negociación y Acuerdos, nos comprometemos a mantenerlo y a mejorarlo.
8. Por último, expresamos que en el curso de los próximos días dedicaremos nuestro esfuerzo a trabajar y desarrollar temas conexos al fundamental que se contiene en la presente Declaración, como lo son el que se refiere a la Comisión de la Verdad y el del desarme de la población civil. Ellos son compromisos que las partes adquirieron ante las comunidades nacional e internacional, particularmente de cara al pueblo de Venezuela, en la Declaración de Principios por la Paz y la Democracia en Venezuela y la llamada Síntesis Operativa que regla las deliberaciones y decisiones de esta Mesa. Ratificamos nuestro reconocimiento, en nombre de todo el país, al valioso aporte proporcionado por el Facilitador, Dr. César Gaviria, y el Grupo de Trabajo Tripartito integrado por la OEA, el PNUD y el Centro Carter, en la seguridad de alcanzar prontos y nuevos acuerdos en temas de tanta importancia.
Esta DECLARACIÓN la formulamos de buena fe, con el propósito de crear, en el marco de la vigencia plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las Leyes, el clima más propicio para solucionar nuestras diferencias en forma democrática y soberana.
PL07004S01
1. Esta propuesta fue presentada a la Comisión Europea, institución que acordó contribuir con 600.000 Euros para su implementación.
2. Ha estado conformado por expertos en facilitación y promoción del diálogo, y más específicamente, por expertos en temáticas especializadas objeto de la discusión en la Mesa, proveídos por los organismos internacionales integrantes del Grupo Tripartito (Unidad para la Promoción de la Democracia-OEA, Centro Carter y PNUD) http://www.oas.org/OASpage/eng/Venezuela/Inf_VE_0603s.htm

References: Resolución 
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 Artículo 20
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