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Timestamp: 2017-04-29 07:21:42+00:00

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Casas Bolivia: marzo 2012
La constructora Pentágono inauguró el condominio Versalles II, una construcción cinco estrellas.
La ceremonia tuvo en el rol de azafatas a Jéssica Mouton (Miss Bolivia), Olivia Pinheiro (ex Miss Bolivia) y María René Salazar (ex Miss Litoral), además de invitados especiales como José Carlo (El gato) Fernández, tenistas como Nanda Álvarez y Noelia Zeballos, campeona y sub campeona, respectivamente.
Aparte de la amenización de ‘Ronico’ Cuellar, los presentes se deleitaron con el talento musical de la cantante Cecilia Landívar.
La tarde de lujo contó con la visita de 1.200 personas, entre las que se sortearon importantes premios.
La empresa Mia Boda se encargó de la organización y el servicio de catering fue realizado por Leos Café Bistro.
La Asamblea analiza el derecho de propiedad urbana Se regularizará un predio por persona
A partir de la promulgación de la norma, no deberán haber nuevos asentamientos.
El artículo 10 del anteproyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles establece la prohibición de que una misma persona regularice su derecho propietario sobre más de un predio urbano destinado a la vivienda.
En caso de hacerlo, el infractor será pasible a sanciones y la anulación del proceso. Además, a partir de su promulgación, los municipios están en la obligación de impedir nuevos asentamientos ilegales en sus jurisdicciones.
LA ASAMBLEA INICIÓ SU TRATAMIENTO. La aplicación de la norma se extiende a los inmuebles cuyos dueños tienen problemas para perfeccionar su derecho propietario y no a aquellos que cuentan con los documentos en regla, según explicaron los técnicos que participaron en su elaboración.
En la presentación del proyecto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo que con esta norma se pretende regularizar al menos al 60 por ciento de los predios urbanos, debido a que se comprobó que en algunos municipios hay problemas en casi un 75% de las viviendas.
El anteproyecto, que empezó a ser considerado por la Asamblea Legislativa, establece la prohibición de “regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda, en el marco de la presente ley; caso contrario, el actor será pasible a sanciones pecuniarias determinadas en decreto supremo y las previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de la anulación de los procesos de regularización ya sustanciados”. Para evitar que un solo individuo haga más de un trámite de regularización, se creará un sistema informático de registro.
No podrán efectuar estos trámites los inquilinos, u haber ocupado un inmueble bajo contrato anticrético. La norma se aplicará a las personas naturales que ocupen de buena fe un predio municipal, sin dueño o que tenga conflicto con sus documentos.
los jueces conocerán los casos. El objetivo del proyecto es regularizar el derecho propietario de “personas naturales sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, ubicados dentro del radio o área urbana y se encuentren en posesión pacífica y continua”, tengan o no título de propiedad registrado en Derechos Reales.
A partir de la promulgación de la ley, se establece un plazo de 60 días para que el Ejecutivo emita la reglamentación respectiva.
Los juzgados en materia civil serán las instancias para “conocer y resolver” en primera instancia las acciones judiciales relativas a la regularización del derecho propietario y tendrán un plazo de dos años a partir de la publicación de la Resolución Suprema de Homologación de la Ordenanza Municipal que aprueba la delimitación del radio urbano.
LOS REQUISITOS para hacer el trámite en LA PAZ. Las personas que deseen regularizar sus trámites deberán contar con construcciones permanentes de buena fe, con una antigüedad no menor a cinco años antes de la promulgación de la ley.
Lo primero que deberá hacer una persona para regularizar su título de propiedad es presentar a consideración del juez cualquier medio de prueba pertinente, una declaración testifical de dos colindantes y/o dos vecinos del inmueble que acrediten la posesión, también se incluye la presentación de recibos de pago de servicios públicos, el croquis de ubicación, comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble, constancia de realización de trámites municipales y registro biométrico o cédula de identidad.
Se establece la obligatoriedad de presentar una declaración voluntaria hecha ante notario de fe pública del tiempo y lugar de posesión; una fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual y, finalmente, una certificación de no propiedad emitida por las oficinas de Derechos Reales.
El proyecto de ley determina también que podrán legalizar el predio público que hubiera sido ocupado y cuente con construcciones permanentes antes de 2006; en tal sentido, se podrá iniciar el trámite para la “enajenación a título oneroso, misma que será perfeccionada con la aprobación por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
El pago por el terreno ocupado será efectuado al gobierno municipal y se definirá con base en el “valor catastral de los mismos o de los predios de su entorno”.
60% de los predios urbanos en todo el país serán regularizados con esta norma, según el Ministerio de Obras Públicas.
LOS MUNICIPIOS SeRÁN LOS ACTORES PRINCIPALES DEL PROCESO de regularización, porque deben aprobar la delimitación de su área o radio urbano en un plazo que será determinado por decreto. Además, deben remitirse al Ministerio de Planificación del Desarrollo, los documentos para la correspondiente tramitación de la homologación.
se DeBEN ACTUALIZAR los DATOS. Los municipios deben hacer públicos los resultados de la regularización del derecho de propiedad; mantener y actualizar en forma permanente y obligatoria la información catastral; además de aprobar planimetrías con reconocimiento de las áreas públicas consolidadas con el asentamiento.
REMITIR AL LEGISLATIVO. Los municipios tienen que registrar las áreas de cesión en Derechos Reales y deben remitir a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley de enajenación de bienes de dominio público a terceros.
Este paso debe cumplirse obligatoriamente, pues toda propiedad del Estado pasa a ser patrimonio de un privado sólo en caso de que una ley expresa lo determine.
La inexistencia de esa disposición legal dará lugar a que la transferencia a título oneroso no tenga validez legal alguna y, en el futuro, el Estado podrá recuperar el predio.
EL TRÁMITE NO DEBE DURAR MÁS DE 20 DÍAS
El trámite para las correcciones de identidad tiene que estar avalado por el Segip.
Las correcciones técnicas de superficie, ubicación y colindancias deben ser respaldadas por la comuna. COLEGIOS
Los beneficiarios de la ley quedan exentos de cobros adicionales de colegio de profesionales. SENTENCIA
La sentencia ejecutoriada será requisito suficiente para que Derechos Reales registre la propiedad.
La gente ya recibe créditos sin garantía hipotecaria
El año pasado, las entidades financieras canalizaron 24,6 millones de dólares como préstamos para vivienda sin garantía hipotecaria, gracias a una norma de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Según datos incluidos en la Memoria de la Economía Boliviana 2011, ése es el monto que se otorgó como crédito a las personas interesadas como parte de las reformas introducidas el año pasado en el ámbito de la regulación bancaria.
El 6 de octubre de 2010, Página Siete informó que la ASFI -mediante la resolución 693/2011 y circular 091/2011- autorizó a las entidades financieras a canalizar créditos de vivienda hasta un límite de 65.000 bolivianos (casi 10.000 dólares) sin necesidad de garantía hipotecaria.
La norma aclara que los recursos se otorgarán siempre y cuando sean destinados exclusivamente para a) construcción de vivienda individual y b) para la refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o que se encuentre en propiedad horizontal.
Además, remarca que “el crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no podrá exceder el equivalente de 65.000 bolivianos y 48 meses plazo”, es decir, cuatro años.
El Ministerio de Economía señala que la normativa fue aprobada en el marco del incentivo a la actividad crediticia.
Aunque el monto canalizado no es muy significativo respecto a la cartera total o la destinada a la compra o construcción de casas, es una alternativa que tienen los clientes para acceder a un préstamo sin necesidad de entregar una garantía del bien inmueble o terreno.
Los créditos que se hicieron viables al sector de vivienda el año pasado alcanzaron a 1.639,9 millones de dólares, según los datos de la Memoria de la Economía Boliviana 2011.
Para que una persona asalariada acceda a financiamiento sin garantía hipotecaria, el servicio mensual de la deuda y sus intereses no deben comprometer más del 25% del promedio de los últimos tres meses del total ganado menos los descuentos de ley, o la suma de los salarios de la sociedad conyugal (matrimonio) cuando corresponda. En este cálculo se incluye el servicio de otras obligaciones directas.
Para las personas independientes, las entidades financieras deben evaluar la capacidad de pago e ingresos.
Informe La cartera total del sistema financiero el año pasado alcanzó a 8.284 millones de dólares, un 26,2% más que en 2010.
Expansión El incremento de los préstamos, según el Gobierno, obedeció al crecimiento sostenido de la actividad económica .
Ocupar 5 años un inmueble bastará para ser el dueño
Hubo incidentes debido a que la Conaljuve se negó a entregar el documento a los beneficiarios.
El presidente Evo Morales recibió ayer el proyecto de ley que permitirá acelerar los trámites para legalizar el derecho propietario de un bien inmueble de quienes hubieran tomado posesión de buena fe, desde 2007 como mínimo.
Sin embargo, el contenido de la norma no fue revelado a los medios de prensa y tampoco a los dirigentes de las juntas vecinales que llegaron desde el interior del país para participar en el acto.
Propuesta de UN “INRA URBANO”. Después de una marcha protagonizada por representantes de vecinos de varias ciudades, el acto de entrega se cumplió en el hall del Palacio de Gobierno, donde el presidente Evo Morales recibió el anteproyecto de Ley de Regularización de Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos de manos de Efraín Chambi, dirigente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos (Conaljuve).
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, explicó algunas características del proyecto. Dijo que la norma beneficiará a los sectores de escasos recursos económicos, debido a que éstos son los más vulnerables a ser engañados con la compra de un bien inmueble.
Según los datos proporcionados, hay municipios en los que el 75 por ciento de la población no tiene regularizado los títulos de derecho propietario. Sánchez señaló que esta norma permitirá que el 60 por ciento de la población urbana regularice sus documentos.
El proyecto menciona que los trámites burocráticos durarán como máximo 20 días calendario y se exceptúan a aquellos propietarios que hubieran entregado sus bienes para conseguir un préstamo o como prenda. Morales identificó a la migración del campo a la ciudad como uno de los factores para la existencia del problema, por lo que propuso la creación de una entidad similar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que se encarga de la titulación de predios rurales, para actuar de la misma manera en áreas urbanas.
Chambi ratificó que la norma acelerará los trámites burocráticos con procesos abreviados y lo único que se espera es reglamentarla para que sea aplicada.
Sin embargo, este documento no fue entregado ni a los periodistas ni a las delegaciones del interior.
La representante de la organización Tarijeños en Progreso, Dianet Flores, informó que se les negó una copia, por lo que los afiliados a esta organización decidieron declararse en estado de emergencia hasta recibir un ejemplar para analizarlo.
“Así como para las áreas rurales tenemos el INRA que titula tierras, he pensado cómo tener una especie de ‘INRA urbano’”.
75% de la población urbana no tiene regularizados los documentos de derecho propietario.
Se compraron un terreno para convertirlo en depósito de mercaderías para la construcción, ya que este es su negocio habitual. Sin embargo, el lugar, la zona y la demanda de muchos ciudadanos de querer casa propia a un precio accesible, hicieron que los esposos Marquina Mérida busquen a ingenieros, arquitectos y entendidos en la construcción para levantar un edificio de 12 pisos con 56 departamentos, en la avenida 2 de Agosto, entre sexto y séptimo anillo.
Invirtieron todos sus ahorros y ahora están recurriendo a la banca para acceder a crédito.
La obra, se estima, estará a estrenar en marzo de 2013 y demandará una inversión de $US 4 millones.
La oferta y la demanda. Marcela Mérida y su esposo Franz Marquina son los propietarios de este proyecto que lleva el nombre Los Tusequis.
"Nosotros tenemos nuestra empresa Arcons, importamos material de cerámica y porcelanato, todo lo relacionado al acabado de la construcción. Siempre quisimos comprar un terreno para tener ahí nuestros depósitos. Sin embargo, una mañana mi esposo me dice "vamos a hacer un condominio", yo me asusté porque eso implica mucho dinero, pero lo apoyé y ahora el proyecto tiene un 80 por ciento de avance en la obra bruta y dentro de un mes comenzaremos con la preventa", apuntó Mérida.
En cuanto a los precios de los departamentos, la propietaria aseguró que serán con facilidades de pago, dirigidas a familias de clase media baja.
"Todos quieren casa, seguridad y comodidad. Eso le brindamos aquí. Vamos a hacer un estudio de mercadeo para estimar los precios, pero le anticipo que estos estarán accesibles para familias populares no es un edificio vip, pero si es elegante y seguro", expresó la mujer.
Por su parte, el ingeniero Freddy Merlo, encargado de fiscalizar la obra, indicó que el proyecto se levanta sobre una superficie de casi 2.000 m2, con capacidad para 100 vehículos.
Viviendas solidarias en zonas alejadas
Viviendas. La Cooperativa Trinidad cuenta con proyectos de vivienda que permiten al usuario contar con su casa o lote con pagos de 20 años plazos
Un plan ofrece casas con un valor entre los $us 28.000 a 40.000, con una tasa de interés del 13 por ciento.
Las personas que viven en una vivienda en condición de vigilantes o cuidadores o inquilinos, en base a contratos de anticrético o alquiler, no podrán adueñarse del inmueble, a pesar de que haya estado bajo su custodia. Así lo establece el anteproyecto de Ley de Regularización de Derecho Propietario de Inmuebles Urbanos que elaboró el Ejecutivo en colaboración de las juntas vecinales del país.
El documento fue presentado ayer en el Palacio de Gobierno en presencia de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y autoridades de Gobierno como el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez y el presidente Evo Morales. El documento tiene el objetivo de solucionar el tema derecho propietario en todo el país.
60% de propietarios sin titulación legal. El ministro Sánchez destacó los puntos sobresalientes de la normativa que será enviada a la Asamblea Legislativa en los próximos días. Según la autoridad, al menos el 60% de las personas propietarios de inmuebles no cuentan con la titulación legal de terrenos. En ese sentido, hizo conocer quiénes pueden y no beneficiarse de este documento.
“Dentro el proceso de regularización no entran bienes inmuebles que están en calidad de prenda, que han sido arrendadas, alquiladas, en comodato, anticresis, u otras formas. Tampoco en los casos que estas viviendas se hayan dejado a personas de guardias, de vigilantes o de cuidadores”, advirtió el ministro de Obras Públicas.
Derecho propietario urbano. El avasallamiento a predios del ingenio San Aurelio en Santa Cruz –que se suma a otros actos similares en otras regiones del país– puso en la agenda de debate el tema de la propiedad urbana. Para el efecto, conviene recordar que la Constitución Política del Estado establece que toda “persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”; que el Estado debe ejecutar planes de vivienda social. Además, garantiza el derecho a la propiedad privada individual o colectiva, “siempre que esta cumpla una función social” y que el “uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”. Finalmente, que la “expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública”, pero que la propiedad inmueble “no está sujeta a reversión”.
Requisitos y saneamiento del 60% de las viviendas en el país
Derecho. El ministro también explicó que uno de los requisitos para obtener el derecho propietario es la existencia de una declaración testificada y voluntaria ante el notario de Fe Pública del tiempo y el lugar de la posesión de la vivienda.
Saneamiento. El ministro de Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda, Vladimir Sánchez, aseguró que el anteproyecto de ley de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles urbanos saneará al menos el 60% de las viviendas en todo el país. Asimismo, se resolverán errores técnicos en la inscripción de Derechos Reales.
Las personas que viven en una vivienda en condición de vigilantes, cuidadores o inquilinos, en base a contratos de anticrético o alquiler, no podrán adueñarse del inmueble, a pesar de que éste haya estado bajo su custodia. Así lo establece el anteproyecto de Ley de Regularización de Derecho Propietario de Inmuebles Urbanos que elaboró el Ejecutivo en colaboración de las juntas vecinales del país.
El documento fue presentado este lunes en el Palacio de Gobierno en presencia de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), el presidente Evo Morales y otras autoridades de Gobierno. El documento tiene el objetivo de solucionar el tema del derecho propietario en todo el país.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez destacó los puntos sobresalientes de la normativa que será enviada a la Asamblea Legislativa en los próximos días. Según la autoridad, al menos el 60 por ciento de las personas propietarios de inmuebles no cuentan la titulación legal de terrenos. En ese sentido, hizo conocer quiénes pueden y no beneficiarse de este documento.
“Dentro el proceso de regularización no entran bienes inmuebles que están en calidad de prenda, que han sido arrendadas, alquiladas, en comodato, antícresis, u otras formas. Tampoco en los casos que estas viviendas se hayan dejado a personas de guardias, de vigilantes o de cuidadores”, advirtió el ministro de Obras Públicas.
La regularización del derecho propietario no debe prolongarse por más de veinte días, explicó el ministro haciendo alusión a los trámites administrativos que en muchos casos duran años tal cual hacen conocer vecinos mediante denuncias.
Ante ello, el presidente Evo Morales calificó como una norma positiva para evitar problemas jurídicos sobre todo para inmigrantes del área rural que compran terrenos de áreas urbanas y son víctimas de estafadores y loteadores. El Jefe de Estado pidió su aprobación inmediata en el Órgano Legislativo.
El ministro también explicó que uno de los requisitos para obtener el derecho propietario es la existencia de una declaración testificada y voluntaria ante el notario de Fe Pública del tiempo y el lugar de la posesión de la vivienda.
“Esta posesión tiene que ser de buena fe, pacífica y continua. Tiene que estar en los marcos y las áreas urbanas homologadas y que tiene que estar bajo la presente ley”, aseguró el ministro.
Todo ello acompañado de una fotocopia legalizada de la planimetría o del plano individual de referencia que garantice que el terreno se encuentra en el área urbana, y la certificación de la propiedad por las oficinas de derechos reales.
“Es importante señalar que el ministerio va apoyar a procesos técnicos administrativos y judiciales en la regularización y funcionamiento será reglamentado mediante decreto supremo”, aseguró el ministro Sánchez.
Actualmente, muchos vecinos sobre todo de las áreas urbanas lidian con procesos judiciales debido a que personas que se apropiaron de una vivienda de forma pacífica tienden a usurpar el derecho propietario acudiendo a la figura legal de la usucapión.
﻿El presidente Evo Morales instó a los propietarios de viviendas a reservar espacio en sus urbanizaciones, para infraestructura de educación, salud y deporte. Caso contrario, dijo que se tendrá que expropiar terrenos. “Hay que empezar a debatir y planificar muy bien en las nuevas urbanizaciones que están legalmente adquiridas y sobre todo reservar terrenos para temas sociales porque imagínense un nuevo barrio sin centros educativos, deportivos ni de salud, vamos a tener que expropiar a los vecinos para hacer estas obras”, sostuvo Morales.
El Ejecutivo presentó el anteproyecto de Ley de Regularización de Derecho Propietario de Inmuebles Urbanos.
En ese sentido, Morales recordó que en muchas zonas urbanas se debe llegar a consensos con los vecinos para la ejecución de obras que en ocasiones son limitadas por la planificación de urbanizaciones que no toman en cuenta la creación de escuelas y centros de salud.
El antiguo edificio del excine Santa Cruz será restaurado
El edificio en el que funcionó el cine Santa Cruz fue inaugurado en 1951. La obra se concibió al estilo de los grandes teatros de Buenos Aires, ciudad a la que concurrían los hermanos Daniel, Aurelio y Fidelino Echazú, sus propietarios, para vender goma y cueros en la década de los años 40 del anterior siglo.
Con el decaimiento del negocio de las grandes salas de proyección cinematográfica, el cine Santa Cruz cerró sus puertas hace más de una década. Posteriormente fue alquilado a la Obra Cristiana Evangélica Interdenominacional Cristo Viene, que hace algunos meses lo compró.
Pese al abandono de la actividad de proyección de películas, este edificio de más de 60 años, de estilo ‘brutalista’, que tiene capacidad para 1.136 personas cómodamente sentadas, conserva sus elementos arquitectónicos originales como el muro cortina de vidrio de la fachada, el alero voladizo y su arquitectura simétrica.
Además, está bien protegida la sala de proyección y sonido con sus dos máquinas y la mesa de montaje, y la mayor parte de las butacas es recuperable, pues su estructura es metálica.
Al no ser parte del catálogo de preservación de la ciudad, que cuenta con cuatro categorías, el director de Patrimonio y Centro Histórico de la comuna, Jery Dino Méndez, envió una carta al Concejo Municipal para que instruya que se estudie este y otros 30 inmuebles como parte de la arquitectura del movimiento moderno, los cuales también deben ser protegidos.
“Como Dirección de Patrimonio y Centro Histórico hemos trabajado en la motivación a los nuevos propietarios del valor que tiene para la ciudad este edificio, que es el único con un aforo de más de 1.000 butacas. Además, las máquinas proyectoras y la mesa de montaje con dos rebobinadoras deben ser preservadas en un museo que debe instalarse en el mismo inmueble”, indicó Méndez.
Los encargados de llevar adelante la obra de restauración son los arquitectos paceños Jimmy Pardo y Wilfredo Flores, que tienen cuatro meses para terminarla, por lo que estiman trabajar en doble turno para concluirla en cuatro meses.
Asimismo, debido a que nunca tuvo mantenimiento las estructuras se dañaron y serán reforzadas. También será repuesto el piso de machihembre y el techo de placas onduladas de Duralit.
Para que se entere Distinción de la municipalidad
Placa. El cine Santa Cruz tiene una plaqueta que lo inmortaliza como la mejor construcción del año 1951. Los hermanos Aurelio, Fidelino y Daniel Echazú fueron los dueños, que lo mandaron a edificar en la calle 21 de Mayo.
Tiene paredes muy sólidas
Estructura. El edificio fue proyectado con buenos cimientos por un ingeniero argentino, pero lo ejecutó el constructor León Borda. El primer filme proyectado fue Los valientes también huyen.
Equipos comprados en EEUU
Adelantos. Las dos proyectoras marca Century y las butacas metálicas fueron traídas de EEUU. Este cine instituyó las funciones de matinal, matiné, vermouth, tanda y noche.
Con motores de energía propios
Energía. Como el servicio de luz eléctrica fallaba mucho a mediados del anterior siglo, también se lo dotó con motores generadores, así como de un sistema refrigerado, que era un gran ventilador en el techo para refrescar la sala.
De megacine a iglesia cristiana
Sala. Su capacidad es de 746 asientos en 30 filas, en la planta baja, y de 390 butacas en 17 hileras, en la platea alta. Hoy acoge a la iglesia cristiana evangélica Cristo Viene.
Cantantes. Como teatro en él actuaron artistas famosos de los años 50 y 60, como Los Panchos, Javier Solís o los Cantores de Quilla Huasi. Ahora dos arquitectos planifican su restauración.
Novillo admite debilidad en el Plan de Vivienda Social
El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe iniciar un proceso de investigación y solicitar informes orales o escritos para determinar responsabilidades en el caso de las supuestas irregularidades en el Plan de Vivienda Social (PVS) en Cochabamba, y admitió que este programa tiene debilidades.
“Si producto de las investigaciones surgen responsabilidades, todos los antecedentes deben remitirse a las instancias correspondientes para iniciar los procesos administrativos respectivos”, indicó ayer la autoridad en declaraciones a los medios.
Novillo admitió que una de las debilidades del Gobierno, concretamente del Viceministerio de Viviendas es precisamente la construcción de las casas sociales que tienen muchas deficiencias.
Agregó que recibió de manera personal denuncias de comunarios de Mizque, donde el proyecto quedó paralizado desde hace tres años, aproximadamente.
El Gobernador exhortó además al Viceministerio de Vivienda y a funcionarios del Programa de Vivienda Social (PVS) administrar con mucha más responsabilidad la construcción de unidades habitacionales en las 16 provincias del departamento.
“Todo proyecto de vivienda social que se inicia, debe concluir y entregarse a satisfacción a los beneficiarios. Si existen responsabilidades por imprudencia o negligencia de algunos funcionarios que generaren algún daño económico al Estado, estos deben ser asumidos por los responsables del Viceministerio de Vivienda”, sostuvo.
El Gobernador dijo que está muy preocupado porque existe información contradictoria entre los beneficiarios de los diferentes programas y los responsables del PVS.
Recientemente, el PVS en Cochabamba anunció que prevé que a mediados de abril reiniciará obras en tres proyectos habitaciones localizados en Arani, Punata y Mizque, donde terminarán de construir alrededor de 809 viviendas de carácter social, en beneficio de similar cantidad de familias campesinas.
El responsable regional del PVS, Sergio Villca, informó que la construcción de 132 viviendas en tres comunidades rurales de Arani; de 240 soluciones habitacionales en seis poblaciones de Punata y 437 casas en Mizque se paralizó hace dos años, aproximadamente.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bonny Morales, informó que gestiona acuerdos con diferentes empresas para garantizar el abastecimiento de cemento en la época de alta demanda del sector constructor para asegurar la ejecución de obras públicas, entre ellas las viviendas sociales.
“Estamos reduciendo cualquier posibilidad de quedarnos sin ese material y que pueda influir en nuestras construcciones”, afirmó, según la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
Morales recordó que en agosto, septiembre y octubre el nivel de la demanda de cemento llega a su pico más alto, por lo que consideró vital tomar las previsiones necesarias.
Podría ampliarse el plazo para regularización de construcciones
Álvaro Viaña, titular de la Dirección Territorial, a cargo de la regularización de construcciones fuera de norma en el municipio de La Paz, no descartó la posibilidad de ampliar el plazo estipulado hasta fin de mes para la presentación documentos al Gobierno Municipal.
Existe en la ciudad un universo probable de 70 mil construcciones fuera de norma, con el Plan de Regularización, la Alcaldía proyectó una meta de 20 mil inscritos y hasta la víspera sólo se registraron cinco mil.
“Ante esta situación, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz ya hizo llegar su solicitud para que el Concejo Municipal decida ampliar el plazo”, dijo.
El funcionario agregó que en las últimas semanas, el número de registrados incrementó y que de los cinco mil inscritos, mil son de edificios.
Para el registro correcto, los propietarios deberán presentar toda la documentación física, incluidos los planos arquitectónicos de sus inmuebles.
Uno de los requisitos es que el interesado debe enviar la información vía internet a la Alcaldía. Ésta estará contenida en el llenado de un formulario para el registro de edificaciones fuera de norma construidas hasta diciembre de 2011.
Otro requisito es solicitar asesoramiento en los puntos de atención dispuestos por el Gobierno Municipal.
Dentro de los requisitos también está la presentación de fotografías del bien inmueble que puede ser entregado de forma personal en oficinas ediles o enviadas por internet.
- Las personas probablemente no registraron sus
viviendas por falta de conocimiento del uso de internet.
- Por no poder subir las fotos digitales al internet.
- Por la mala costumbre de realizar los trámites
Open House del condominio Versalles II, a cargo de la constructora Pentágono.
Con invitados especiales y las más bellas de Bolivia, realizaron el Open House del condominio Versalles II, a cargo de la constructora Pentágono.
Grandes y chicos se dieron cita hasta el kilómetro ocho y medio de la carretera al norte, donde compartieron una agradable jornada y aprovecharon para inaugurar las canchas de tenis.
Un gran día. Las más de 300 personas que asistieron pudieron interactuar con famosos deportistas como María Fernanda Álvarez y José Carlo Férnandez, quien aprovechó para jugar a los penales con los niños. El evento estuvo animado por el presentador de Tv Ronico Cuéllar, que fue el encargado de realizar el sorteo de dos LCD.
Constructores en alerta por nueva empresa estatal EBC
Los más de 350 mil trabajadores de la construcción aglutinados en la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia (CSTCB) se declararon en emergencia porque ponen en riesgo la participación y empleo del trabajador constructor boliviano. En Santa Cruz se reunirán el próximo miércoles en un ampliado nacional para determinar acciones.
Los obreros observan la intervención estatal con la creación de la Empresa Boliviana de la Construcción (EBC) y la demanda se origina a partir del convenio tripartito firmado en abril del año 2009 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia y la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco). El objetivo de ese convenio es "construir sólidas bases y condiciones necesarias que dignifiquen el empleo generado en el sector de la construcción en cumplimiento y/o aplicación de los lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el principio de cooperación y participación tripartita y diálogo social, entre el Estado trabajadores y empleadores", señala el comunicado de esta organización nacional.
Según la CSTCB, el convenio fue suscrito considerando la Constitución Política del Estado que, en su Artículo 46, parágrafo I, consagra que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con salario justo; mientras que en el parágrafo I del Artículo 54, señala que el Estado tiene la obligación de establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y subocupación.
En criterio de los trabajadores, la creación de la EBC, para realizar todo tipo de obras en el territorio nacional y la reciente creación del nuevo Comando de Construcción del Ejército, con entrega de maquinaria y equipo a las Fuerzas Armadas, "pone en riesgo las fuentes de trabajo de miles de trabajadores constructores y sus familias".
Acciones. El dirigente de los trabajadores de la construcción en Santa Cruz, Feliciano Carrillo, criticó la “actitud del Gobierno de crear empresas paralelas a las cámaras de la construcción que no son competitivas ni necesarias”. En ese sentido anunció un ampliado nacional el miércoles para evaluar y determinar acciones.
El Gobierno, señaló que la EBC será una empresa que no competirá con el sector y vendrá a desarrollar obras inconclusas cuando las privadas no puedan cumplir.
Hace dos meses que fue abierto el residencial Ikandiré en la casona número 51 de la calle Sucre, diagonal al Concejo Municipal. Al frente de este inmueble la cadena internacional de restaurantes Burger King adquirió otra casa del patrimonio histórico, la cual está siendo restaurada.
Estos dos ejemplos del interés por conservar los bienes históricos se contraponen al mal estado en que se encuentra la casa ubicada en la esquina de las calles René Moreno y Ñuflo de Chávez, donde se están cayendo los chuchíos del tumbado del corredor.
En lo que se refiere al nuevo residencial, que en lengua guaraní significa ‘nuevo amanecer’, el inmueble fue comprado hace un año por Carmen Silva de Mita, que al ver el potencial de la estructura decidió convertirla en un hostal.
“Cuando cambiábamos el piso hallamos que en el patio había una noria, por lo que decidimos construir un aljibe similar al que está en la Manzana Uno”, refirió Marcelo Mita, administrador del residencial.
El establecimiento es muy requerido por turistas extranjeros que se sienten atraídos por los cuadros que relatan el proceso de emancipación de Santa Cruz, los mismos que fueron inspirados en las láminas del suplemento Debercito.
En lo que respecta a la casona del frente, los trabajos de restauración comenzaron por dentro y son fiscalizados por la Dirección de Centro y Patrimonio de la comuna.
“Es un gran aporte a la ciudad porque se recuperarán los patios y las líneas arquitectónicas”, dijo Jery Méndez, director de Patrimonio.
“Ha sido una suerte adquirir una casa histórica, pues es política de la empresa conservar estos bienes en los países, como España, donde también los posee. La refacción del techo será artesanal”, adelantó Ana María Fernández, jefa nacional de Marketing de Burger King.
- Clasificación. Los dos inmuebles de la calle Sucre están en la categoría III del Patrimonio, porque representan la tipología tradicional de la vivienda cruceña.
- Restauración. Los trabajos de recuperación de la fachada del antiguo colegio Santa Ana concluyen esta semana.
Caboco denuncia proliferación de empresas constructoras sin certificación de calidad
La Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) informó que en los últimos cuatro años en el país se crearon cerca de 8 mil empresas constructoras de las cuales sólo mil están registradas en esta entidad gremial, que certifica la formalidad y experiencia de sus miembros a nivel nacional, informó su máxima autoridad, Jaime Ponce Ovando.
En ese sentido Ponce señaló que son muy pocas las empresas asociadas a la CABOCO que realizan construcciones para el programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple" y para el Programa de Vivienda Social (PVS), que cada vez son denunciadas por malos manejos y abandono de las obras.
"En la mayoría de los casos no conocemos a las (nuevas) empresas (constructoras), y consultados con nuestros asociados son muy pocos los que han podido participar en el Plan de Vivienda Social así como en el programa "Evo Cumple", no olvidemos que en el registro de Fundempresa, las constructoras son cerca de ocho mil las registradas y todas de reciente creación, de tres a cuatro años", señaló.
Aseveró que adjudicar obras a empresas constructoras sin previa certificación de calidad, podría ser el origen de la mala ejecución en los programas gubernamentales, además del mal diseño de los proyectos.
"En "Bolivia Cambia, Evo Cumple" se ha tenido muchas irregularidades en todos los departamentos y por ello nuestro reclamo permanente a sido tener mucho más cuidado desde la presentación de los proyectos en su diseño, que en la mayoría de los casos tienen problemas en cuanto a la consistencia de los mismos y también a la hora de adjudicar las obras a empresas que realmente tengan las capacidades demostradas", apuntó.
La CABOCO demanda al gobierno transparentar la información sobre las empresas cuestionadas e involucradas en la incorrecta elaboración de proyectos y ejecución de obras y fraudes.
En tanto, Cristian Eduardo, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO) aseguró que los errores en los programas tienen su origen en las fallas en el proceso de contratación directa o por invitación, sin mencionar las 15 o 16 autoridades que fungieron como viceministros de Vivienda en los últimos cuatro años.
"Nosotros hemos venido alertando, hemos indicado que debe crearse paralelamente o en vez de lo que tendría que ser un registro actual que esté en vigencia, una certificación curricular, que sea manejada entre las instituciones como la Cámara Boliviana de Construcción por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas o el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales) o entre los tres", remarcó.
Eduardo enfatizó la necesidad de generar un registro curricular, que sirva para avalar "qué empresas idóneas puedan realizar las obras y no tengamos que sufrir como país al calor de algunas componenda e intereses con algunas empresas", situación que al final sólo genera "un daño significante al país por tener esta simpleza en el tema de hacer contrataciones".
Proponen que la Casa Grande del Pueblo sea subterránea
¿Por qué no? La nueva Casa Grande del Pueblo podría ser construida debajo del inmueble comprado por el Gobierno y, además, abarcar una mayor superficie subterránea que alcance hasta la plaza Murillo. De esta forma, la nueva estructura no afectaría el patrimonio de los inmuebles colindantes.
La propuesta la hizo el presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia, Gonzalo García, luego del anuncio del presidente Evo Morales de construir la ampliación del Palacio de Gobierno en el terreno continuo recientemente adquirido para ese fin en medio millón de dólares. El Presidente denominó a la posible construcción la Casa Grande del Pueblo.
García dijo que la casa adquirida, que data de 1821, no debería ser afectada. La propuesta señala que en lugar de construir un edificio de diez a 12 pisos –como lo propuso el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldiviezo– se construyan cuatro a cinco niveles debajo del suelo. La idea busca aprovechar el desnivel que existe entre la calle Potosí y la plaza Murillo.
Incluso, el arquitecto no descartó que se podrían extender estas oficinas por debajo del actual Palacio Quemado y abarcar toda la plaza Murillo.
“Podríamos tener una superficie de 10.000 metros cuadrados” sólo debajo de la plaza, dijo García.
Los cambios implicarían, además, que la plaza Murillo se vuela peatonal, dando continuidad al paseo de la calle Comercio. “En pocas partes del mundo pasa transporte público por la plaza principal de una ciudad”, explicó.
Para el urbanista García, la Casa Grande del Pueblo debe estar abierta a cualquier ciudadano del país. “Debe ser un edificio que me llamé la atención visitar y sentirme bien en él. Eso se logra con un trabajo de un conjunto de profesionales que deben interpretar lo que es la Casa Grande del Pueblo”.
“Vaya donde vaya, a cualquiera de las 36 naciones de Bolivia, el espacio de recepción es a cielo abierto. Nadie te recibe dentro de la casa, ésa es una visión europea”, dijo. Por lo tanto, este edificio subterráneo tendría que ser asequible fácilmente desde el nivel del suelo.
En este sentido, la propuesta sugiere que el predio comprado por el Gobierno sea un espacio libre, utilizado como ingreso, añadiendo elementos tiwanacotas y espacios semisubterráneos. Lo mismo debería suceder en el espacio que ahora ocupa la plaza Murillo.
Éste serviría de ingreso a las nuevas oficinas.
El Palacio de Comunicaciones tiene reminiscencia tiwanacota. Por otra parte, el edificio de la Corporación Andina de Fomento tiene en la recepción una cascada que recuerda al templete semisubterráneo de Kalasasaya.
El edificio de la UMSA representa un monolito y sus patios, un templete semisubterráneo.
García explicó que usando tecnología de punta se puede hacer estas intervenciones estructurales sin afectar los edificios cercanos.
Normas e ideas
Valor Los inmuebles colindantes con el Palacio de Gobierno se construyeron en 1821, poco antes de la fundación de la República. Por esta razón la Alcaldía informó que tienen un valor patrimonial “A” con el grado de “monumental”. Ellos se encuentran en la intersección de las calles Potosí y Ayacucho.
Restricción La categoría de los inmuebles sólo permite que puedan ser restaurados, no modificados. La fachada y los interiores no deben ser cambiadas de ninguna manera. Además, en el espacio libre que funciona como parqueo tampoco se puede construir con altura indefinida, ya que existen restricciones por estar rodeado de bienes coloniales.
Curso La Comisión del Centro Histórico, compuesta por varias instancias de la Alcaldía y arquitectos notables, debe hacer una evaluación del lugar y los inmuebles patrimoniales que existen en el área. Luego emitirá los parámetros para la intervención que intente realizar el propietario.
Propuesta La propuesta del arquitecto García no afecta el patrimonio de ninguno de los inmuebles coloniales que se encuentran alrededor y explicó que se respetaría la morfología de La Paz en la plaza principal de Bolivia. La tecnología permite resolver la construcción sin afectar los cimientos de los edificios cercanos.
Casos El arquitecto García señaló que en la ampliación de la Casa de la Moneda de Chile (Palacio de Gobierno) se hicieron museos, restaurantes y parqueos subterráneos; añadió que su idea es similar a lo que se hizo en Santiago.
Invitación El Ministerio de la Presidencia ha invitado a arquitectos a presentar propuestas arquitectónicas sobre cómo desarrollar el proyecto.
Javier Baldiviezo Viceministro de CoordinaciónNosotros consideramos que debemos respetar todas las propuestas y considerarlas en su momento.Ellas deben dar funcionamiento al Poder Ejecutivo y, en segundo lugar, representar los valores del nuevo Estado que los bolivianos apoyaron cuando votaron por la nueva Constitución hace un par de años.
Ya hemos recibido varias propuestas y las respetamos dentro de la convocatoria que hicimos y la intención es buscar una idea volumétrica y de estilo. Ella nos dirá cómo considera el ciudadano, el profesional, el trabajador y el entendido que debería ser el nuevo Palacio, la nueva Casa Grande del Pueblo
Nosotros, producto de la convocatoria, haremos conocer a la opinión pública la calificación de una serie de personalidades. La convocatoria esta abierta este mes y el siguiente, y todavía estamos a tiempo de presentar más proyectos y propuestas.
Luis Lugones Secretario ejecutivo edilEl Gobierno Municipal de La Paz establece que no debe existir nada que no esté dentro del reglamento de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA), que define los parámetros de construcción.Ninguna intervención patrimonial debe estar alejada de la norma. Si, en todo caso, el Gobierno nacional intentara hacer túneles y si ellos llegaran a afectar a los edificios patrimoniales como al Palacio de Gobierno o a la Catedral Metropolitana, no existe forma de que sean aprobados.
En general, habría que hacer un estudio y escuchar a los ingenieros y arquitectos que hagan la propuesta formal. Para que siga su curso debe estar avalado por la Comisión del Centro Histórico y si no tienen una aprobación, a partir de criterios técnicos, no hay ninguna posibilidad de que se lleve adelante el proyecto. Mientras no se respete el patrimonio, no habrá intervención.
o se aceptan niños, animales, la puerta se cierra a las 10, el pago es puntual, ahorre el agua, la luz…son algunas de las exigencias que las más de 150 mil familias en Cochabamba que no tienen casa propia y viven en alquiler o anticrético confrontan para permanecer bajo un techo.
Según la Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco), en Cercado habitan unas 60 mil familias “inquilinas” concentradas principalmente en la zona sur de la ciudad.
La preocupación por los loteamientos, la vulneración de los derechos del inquilino, el alza de precios, la atemporalidad de las normativas, motivó a la dirigencia de este grupo a presentar un proyecto de ley del inquilino a la Asamblea Legislativa Plurinacional y un plan de vivienda social.
Sin embargo, en muchos casos los dueños de casa también son víctimas de sus inquilinos cuando éstos no pagan alquiler por varios meses y tampoco quieren desocupar el inmueble.
María P., dueña de una pequeña casa, contó el “calvario” que pasó para lograr que su inquilina desocupe su inmueble.
“Me debía seis meses de alquiler y no quería pagar más. Al final le dije que por lo menos me pagara la mitad y no aceptó. Finalmente la demandé y asistimos a un juzgado de conciliación pero tampoco se fue.
Al final el propio juez me dijo que era inútil, si iniciaba un juicio penal éste podría prolongarse por años. Tuve que suplicarle que no me pagara nada pero que se fuera”.
Según la ley del inquilinato, promulgada el 11 de diciembre de 1959 por Hernán Siles, los propietarios o locadores no pueden privar al inquilino de los servicios básicos, el libre tránsito en las áreas comunes, exigir pagos adelantados y establece además sanciones pecuniarias según la gravedad del delito.
Morales desconoce esta norma. Según narra, los propietarios, en reiteradas veces, le dijeron que apague las luces, que no se bañe a ciertas horas, restringían el ingreso de visitas y, afirmó, “sólo le quedaba obedecer ya que no tenían contratos escritos que establezcan los límites”.
Según el asesor técnico de Oinco, Marcelo Delgadillo, el contrato, regido por el Código Civil, debería ser una exigencia de ambas partes, principalmente del inquilino. En este documento se deben determinar, según dijo, las obligaciones, las condiciones, los plazos, precios, los preavisos y todos los límites que tienen ambas partes.
Víctor Ágreda, uno de los propietarios que alquila habitaciones a más de 10 estudiantes en la zona de Las Cuadras, aseguró que no hacen contrato porque “muchos estudiantes lo incumplirán” y además existe más tolerancia cuando es verbal.
“Sin contratos es una situación informal. Los inquilinos tienen que hacer contratos que están regidos por el Código Civil. En estos contratos se determinan las obligaciones de los propietarios e inquilinos, las condiciones de las viviendas, los plazos, límites, preavisos, etc.”, aseguró Delgadillo.
El anteproyecto de Ley de Regulación de Propiedad Urbana y Derecho Propietario, presentado por las juntas vecinales en 2011 aún se encuentra en debate. Joel Flores, representante de la Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba (Fejuve), aseguró que este proyecto no es para inquilinos “sino para los dueños que tienen propiedad y no han podido regularizar sus papeles”.
Según Flores, este borrador de proyecto crea juzgados especiales para la regularización del derecho de la propiedad urbana, además si existe un conflicto entre derecho propietario entre ocupantes y terceros, el municipio y la Gobernación demandarán el caso ante juzgados especiales quienes tramitarán excepcionalmente por la vía del proceso sumario.
Inquilinos se asocian y gestionan viviendas y otras demandas
Pulpería ayuda a vecinos
La Oinco habilitó desde diciembre de 2011 una pulpería auto gestionada que oferta productos de la canasta familiar a bajo costo. En las oficinas de Oinco, el vecino puede encontrar arroz, azúcar, harina, fideo, aceite a precios económicos y en raciones proporcionales. Gracias a un capital de arranque que reunieron los miles de socios de Oinco, la compra se hace de manera directa desde los centros de acopio, ingenios, sin la participación de revendedores.
Crecen condominios y precios en zona universitaria
En una visita por las zonas cercanas a las universidades públicas y privadas, el incremento de las construcciones destinadas al inquilinato va en aumento. En Tiquipaya, en las cuadras aledañas de la Univalle el alquiler de una habitación simple cuesta entre 80 y 120 dólares dependiendo de las condiciones y los accesos. En la zona de San Pedro y Las Cuadras, cercana a la UMSS, las habitaciones oscilan entre los 50 y 150 dólares. “Suben los precios de acuerdo a la demanda. Sobre todo a inicios de año y a medio año”, según narra una de las propietarias.
A medida que aumentan la candidad de inquilinos suben los precios.
“Falta regulación del Estado”
Aniceto Hinojosa, Representante de Oinco
“Hemos presentado un anteproyecto de ley del inquilinato con pautas con la regulación de los precios de los alquileres, la habitabilidad de las viviendas, sancionando el problema de los loteadores que se han adueñado de las áreas verdes. Hemos pedido además que se creen áreas de reserva para programas de vivienda social como política departamental. En Cochabamba somos unas 65 mil familias inquilinas, representando un 54 por ciento de la población. Según la Alcaldía está sobre el 56 por ciento.
Estamos también gestionando un proyecto de vivienda social en condominios populares ecológicos. La Gobernación ha determinado un estudio de diseño final como política departamental. El domingo pasado ha regresado a las bases y van a hacer un informe la última semana de este mes o la primera de abril. El proyecto fue presentado ante la Asamblea Departamental y el presupuesto ya está aprobado con su estudio a diseño final. Este proyecto cuenta de casas populares ecológicas sobre 5 hectáreas. Vamos a hacer que no se ocupe mucho espacio en construcción. El estudio se ha realizado en un suelo, está en la comunidad de Arrumani dentro de la mancha urbana. Creo que falta regulación de parte del Estado en este tema. La población que no tiene casa aumenta en todo el país y la situación es complicada”.
LA LEY DE REGULACIÓN TIENE 53 AÑOS
• Entregar y mantener el inmueble alquilado en condiciones de habitabilidad y provisto de todos los servicios indispensables, de conformidad con el Artículo 7.
• Otorgar mensualmente los recibos de alquiler.
• Comunicar al Comisario de Vivienda, cuando se desocupe el inmueble o parte de él, dentro del tercer día.
• El propietario o locador tiene prohibido el privar, reducir o limitar a los inquilinos, los servicios de agua potable, luz eléctrica e higiénicos, el uso de patios, libre tránsito y todo aquello que se refiere a usos comunes.
• Negar la locación de casas, aposentos o departamentos a personas con familia o matrimonios con niños.
• Exigir y percibir alquileres adelantados.
• Pagar puntualmente el canon de alquiler.
• Conservar el inmueble en buenas condiciones y comunicar al Comisario de Vivienda cuando desocupe el inmueble o parte de él.
• Denunciar las infracciones a la presente ley y entregar el inmueble directamente al locador o a su representante.
• El inquilino tiene prohibido subalquilar el inmueble o parte de él a terceras personas.
• Subrogar el contrato o percibir derecho de llave y comisiones.
• Hacer mejoras y otros trabajos sin consentimiento del locador, salvo casos de imperiosa necesidad. El costo invertido será rembolsado por el propietario.
• Pagar cánones adelantados y dar al inmueble un uso contrario a aquel para el que fuere alquilado.
Proyecto de vivienda social de Oinco
• Son 620 viviendas ubicadas en 5 hectáreas de la zona de Arrumani.
• El costo por unidad será entre 12 mil y 17 mil dólares a pagarse en mensualidades durante 20 años. La Oinco gestiona la subvención.
• Las viviendas están ubicadas en bloques de pares con acceso común por gradas en cuatro niveles.
Tendrán un espacio de uso vecinal para un par de accesos verticales lo que se constituye en un vecindario de 16 familias.
La cantidad de casas del proyecto, de lejos, es insuficiente para llenar la expectativa de los inquilinos que cada vez aumentan.
8.500.000 Dólares
Costará la construcción de las 620 viviendas del programa de vivienda social que se gestiona en 5 hectáreas de la zona de Arrumani, destinadas para personas que viven en alquiler.
La zona de Arrumani está en la zona sur de la ciudad.
65.000 Familias
Viven en alquiler, anticrético, préstamo en la zona urbana de Cochabamba.
Según Oinco, esta cantidad va en incremento por la migración, de la zona andina y del oriente del país, a Cochabamba.
La tendencia es que con el tiempo aumente la cantidad de inquilinos,
25/12/10 Es el límite
De fecha que establece el anteproyecto de ley de derecho propietario para la regularización del derecho de propiedad sobre inmuebles urbanos. Según el artículo 17, estos asentamientos tienen que ser pacíficos, de buena fe, continuos y públicos.
500.000 Bolivianos
Es la sanción máxima que establece la ley del inquilinato vigente desde el 11 de diciembre de 1959 para los propietarios o inquilinos que vulneren alguno de los artículos de esta norma.
150.000 Familias
Viven en alquiler en todo el departamento. Según Oinco existe un notable crecimiento de este tipo de habitaciones en provincias como Punata, Sacaba, Quillacollo y Chapare.
Cándido Blanco, fiscal anticorrupción a cargo de la investigación del desplome del edificio Málaga, decidió exculpar a Paulina y Andrea Callaú Jarpa, propietarias de la estructura, que estaban imputadas de homicidio por omisión de 15 personas.
El fiscal, basado en un informe pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y en otro peritaje informático de las llamadas realizadas desde los teléfonos de las víctimas y de las imputadas, concluyó que la causa del desastre fue “error humano” y que las hermanas Callaú carecen del conocimiento técnico y no ordenaron apuntalar la estructura que se derrumbó y causó la muerte de 15 personas.
Con ello, Blanco da por cerrada la investigación y, según informó el fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, la misma solo podrá ser reabierta ante la impugnación fundamentada de las familias de las víctimas, y ordenó notificarlas a partir del lunes en persona.
Los fiscales Blanco y Gómez basan su decisión en el informe del IDIF, institución perteneciente a la Fiscalía General del Estado y cuyos integrantes, luego de analizar la estructura del edificio Málaga, concluyeron que el ingeniero Armando Ribera Jiménez incurrió en graves errores de diseño y cálculo de la estructura, lo que ocasionó que casi todas las columnas se sobrecarguen con hasta tres veces el peso que podían soportar. Esto llevó a Blanco a concluir que el motivo del desplome fue error humano, concretamente de Ribera, uno de los 15 muertos en el colapso del edificio, ocurrido a las 21:00 del 24 de enero de 2011.
También se encargó un peritaje informático de las llamadas y mensajes entrantes y salientes de los celulares de los responsables de la construcción del Málaga, y se estableció que Paulina Callaú no se comunicó con ellos el día del colapso y según el seguimiento de las radiobases de teléfonos celulares ella tampoco se acercó a las inmediaciones de la construcción (calle Monseñor Salvatierra), hasta después del colapso.
Además, las leyes bolivianas establecen que los responsables de la seguridad de una estructura son el ingeniero que firma los planos y los encargados de obras, en este caso Armando Ribera, el arquitecto Marcelo Niño de Guzmán y el ingeniero Enrique Alarcón.
Blanco explica que cuando los fiscales Francisco Núñez del Prado y Jorge Tamayo presentaron la imputación contra las hermanas Callaú, la jueza a cargo del control jurisdiccional desestimó la imputación, ya que consideró que no había elementos para demostrar que dieron la orden de apuntalar el edificio, ya que dicho acto no podía demostrarse con tres llamadas de celular a su chofer, que murió en la obra.
Para Abel Montaño, abogado de Callaú, esta decisión del fiscal demuestra que sus clientes son inocentes y celebra que el caso hubiera concluido sin llegar a juicio. “Se demuestra que era verdad que Paulina Callaú no tenía conocimiento de la situación precaria del edificio y que no tuvo comunicación con los encargados”, dijo. El abogado manifestó que ahora resta que se dejen sin efecto las medidas cautelares (fianza por Bs 1 millón y arraigo) y que se levanten los cargos judiciales para que no quede ningún antecedente registrado.
Hay plazo máximo de un año para reabrir el caso.
Los familiares tienen la palabra
Los familiares de las víctimas del colapso del edificio Málaga son los únicos que pueden reabrir la investigación a través de una impugnación de la resolución del fiscal, con nuevos elementos de prueba.
Pese a que todos los afectados, según la defensa, firmaron desistimientos a un juicio contra Paulina Callaú, la posición de los familiares de los 15 fallecidos no es monolítica.
Roxana Martínez, hermana de Luis Antonio Égüez Cairo, uno de los obreros que pereció en el desplome del edificio, consideró que las fotos de la estructura dañada que fueron hechas pública en enero lo dicen todo. “También me lo contaron mis familiares que trabajan allá, que de todo eso se le informaba a los ingenieros Alarcón y Ribera, no a la dueña del edificio. Lamentablemente nos dejamos llevar por nuestra rabia y la acusamos”, dijo.
Maricruz Jiménez, viuda de Leonardo Plata, otra de las víctimas, explicó que no estaba enterada, pero considera que hay aún muchas cosas que arreglar con Callaú. Explicó que a ella no la ha ayudado y que no ha recibido el pago de una internación. “Es la dueña la que ordena, ella debió saber eso”, aseguró.
Peritajes Causas del colapso. En la estructura del edificio Málaga, la capacidad de resistencia ha sido dada por la capacidad de los elementos más débiles, en este caso las columnas de soporte.
Si bien los elementos de losas y de vigas de entrepiso presentaban capacidad de soporte de las cargas, no cumplían con los requisitos de seguridad establecidos en la norma para soportar la combinación de cargas permanentes y cargas de utilización, mucho menos las cargas accidentales como el viento.
Es muy probable que se haya producido una falla sustancial en la evaluación de las cargas (peso), que traduciría en errores en el descenso de las mismas desde los pisos superiores hasta el nivel de fundación. Solo de esta forma se explica la amplia diferencia entre las secciones (grosor) requeridas de armadura de refuerzo (acero) de las columnas y las especificadas en el proyecto estructural que se construyó.
Es probable que las deformaciones, particularmente de las columnas, hayan sido todas en el mismo orden, razón por la cual no se habría producido fisuras significativas en las tabiquerías (muros) antes del colapso. Es conocido el hecho de que las fallas por compresión (el peso del edificio trata de aplastar el pilar), solicitación predominante en las columnas, proporcionan una menor advertencia visual.
Los resultados de la verificación estructural permiten aseverar que la estructura del edificio siniestrado era insuficiente para soportar la carga de servicio y mucho menos dichas cargas bajo criterios de seguridad. Por el análisis de la documentación relativa a la construcción se puede concluir que en el proyecto estructural se ha incurrido en gravísimas fallas en la concepción, diseño y cálculo estructural y constituyen la principal causa del colapso de la obra.
﻿En el trópico las 725 casas sociales están habitadas
Las viviendas sociales en el trópico de Cochabamba están construidas y habitadas desde hace dos años. Son en un número de 725 casas y están en Villa Tunari y Chimoré.
El hecho fue constatado el martes 14, por una comisión de diputados del oficialismo (Movimiento Al Socialismo), la diputada de oposición (Convergencia Nacional) Gladys Prieto y, representantes del Programa de Vivienda Social (PVS).
Las casas son parte del Programa de Vivienda Social (PVS) del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.
La inspección se desarrolló ante denuncias del diputado de oposición Jaime Navarro quien publicó la revista Fiscalizando para el Pueblo, en la que critica la falta de conclusión de proyectos y el abandono en las construcciones en varios casos. Navarro informó que en todo el departamento 206 casas fueron entregadas, y ninguna en el trópico.
Entre los municipios de Villa Tunari y Chimoré existe un total de 725 viviendas concluidas en su construcción en los años recientes como parte de cuatro proyectos.
La diputada de oposición Gladys Prieto manifestó que evidentemente se constató que existen viviendas construidas y que están habitadas “aunque por el tiempo no se pudo ver todo”. Prefirió no emitir criterio respecto a las denuncias de Navarro.
VILLA TUNARI En Villa Tunari el PVS ha concluido tres proyectos que involucran un total de 707 viviendas. Se verificó por muestreo, casas en Coripata, Santa Rosa y el Sindicato Agrario Litoral, a más o menos una hora del pueblo de Villa Tunari. El resto de las viviendas concluidas en este municipio están en localidades como Chipiriri, Central Bolívar, Eterazama, Independiente, Central 6 de Agosto, Mariscal Sucre B y San Francisco.
En Villa Tunari, los proyectos según la cantidad de construcciones son 250, 251 y 206 y están concentrados en distintos sectores. Corresponden a la modalidad del subprograma 1, es decir con 60 por ciento de subsidio en material en los antiguos y 70 por ciento en las más recientes construcciones que corresponde a cerca de 18 mil bolivianos para cada casa. Los terrenos eran de propiedad de los beneficiarios.
El fiscal de obra, Jorge Melgares, explicó que las casas tienen una superficie de 47 metros cuadrados en el caso de la modalidad 60–40 y en 50 metros las de 70–30. Tienen baños con revestimiento, una cocina y dormitorios.
El representante de la zona de Coripata, José Luis Castellón, reconoció que en algunos casos la demora en la construcción ha dependido de la voluntad de los propietarios ya que en la modalidad con subsidio la contraparte de 40 y 30 por ciento respectivamente está en manos de los propietarios que se hacen cargo de la compra de puertas, marcos o agregados.
CHIMORÉ En Senda 3, se visitó a “Las Palmas”. Aquí existen 18 viviendas construidas y habitadas. Los pobladores aseguran vivir en el lugar desde hace más de dos años.
Según el fiscal de obra del PVS, Fabio Gutiérrez, el programa inició el año 2008 y concluido en septiembre de 2009.
Según la denuncia realizada por el diputado Jaime Navarro en este sector no se habría cumplido con la construcción de viviendas.
Sergio Villca, explicó que este proyecto pertenece al subprograma 3 de los programas de vivienda que está referido a la otorgación de créditos con 0 por ciento de interés. Este programa incluyó la compra del terreno y un total de inversión de 70 mil bolivianos por cada vivienda.
﻿En Arani y Punata hay juicios
﻿El martes, un medio de comunicación colega realizó un recorrido por dos municipios del Valle Alto: Arani y Punata.
El medio refleja con fotografías, testimonios y la misma declaración del representante del Viceministerio de Vivienda Social en Cochabamba, Sergio Villca, que existe abandono en la construcción de 372 casas, desde 2008.
La construciones en las comunidades de Collpa Ciaco, Chullpa Ork’o y Colca, del municipio de Arani, fueron olvidadas por la empresa constructora Tucons que dejó las obras en cimientos y con las contrapartes (ladrillos, arena y piedra) de los beneficiarios en las puertas de las viviendas.
Los beneficiarios se quejaron porque el viceministerio no les escuchó.
Villca confirmó -según el mismo medio- el abandono y explicó que existe un proceso legal a la empresa constructora a la que se le desembolsó recursos y no demostró en qué invirtió.
INSPECCIÓN Villca anticipó que hoy se conocerá los resultados de tres días de inspección a los proyectos de vivienda social.
﻿Varias urbanizaciones carecen de agua y energía eléctrica ﻿En las urbanizaciones donde se han construido las viviendas con el PVS en la zona del trópico, no todas cuentan con energía eléctrica. En la urbanización Las Palmas el servicio es carente en las que están construidas al fondo, algunas de éstas tienen generadores. Tampoco existe agua potable ni servicio de alcantarillado y los propietarios de las viviendas dicen que en toda la zona de Senda Tres, el servicio aún es inexistente, pero cuentan con pozos perforados para proveerse de agua y con pozos sépticos para los baños. Dotar de este servicio estaría en manos de las autoridades municipales. Tampoco se ha hecho la apertura de calles en la zona.
EN EJECUCIÓN El PVS informó que durante esta gestión harán la entrega de más de mil viviendas que se encuentran en ejecución dentro los programas que se implementan en 17 comunidades de los municipios de Shinahota y Villa Tunari, se incluye también la construcción de más de 200 viviendas en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuracaré que habita en las riberas del río Chapare y que en avance de sus viviendas con material propio de la zona (madera y otros).
TESTIMONIOS Una de las dueñas de casas de Las Palmas, Filomena Arias, dijo que antes de acceder al programa, vivía en alquiler. Arias contó que ahora viven cinco personas en su casa y mensualmente depositan entre 310 y 320 bolivianos. Y que el crédito tiene plazo de 20 años.
Durante la inspección el Fiscal de Obra expuso documentación asegurando que las casas son parte de una urbanización aprobada por la Alcaldía y que en la zona se proyecta áreas de recreación, canchas deportivas y plazuelas.
Otro representante, Jhonny Guarachi, explicó que cada casa tiene dos habitaciones, sala y cocina.
Algunas construcciones cuentan con ampliaciones como corredores construidos con recursos propios.
Tarija Precio de alquileres subió en 400% en cinco años
El precio de los alquileres de habitaciones en la ciudad de Tarija subió hasta en un 400 por ciento en los últimos cinco años.
Hace cinco años, según el presidente dela Asociaciónde Inquilinos de Tarija, Jesús Mamani, las piezas alquiladas para comercio costaban hasta 100 dólares, sin embargo, ahora, no se encuentra a ese precio, sino que están entre 400 y 500 dólares.
Mientras que las piezas alquiladas para vivienda costaban entre150 a200 bolivianos, mientras que ahora subió hasta 450 o 500.
El dirigente considera que los precios de los alquileres en la ciudad de Tarija son de los más caros de Bolivia.
En la zona del Mercado Campesino, según dijo, no se encuentran habitaciones que no sean en dólares. “El alquiler de una pieza para comercio está arriba de los 400 dólares, 500 y hasta mil dólares y esa cantidad no se puede cubrir rápido, mientras que para habitar está también entre 400 y 500 bolivianos. Es bastante elevado”.
Á decir del presidente dela Asociaciónde Inquilinos de Tarija, no hay una entidad que controle los precios de los alquileres, por tanto, los dueños de casa, “aprovechan la situación”.
El precio de los alquileres, según Mamani, debía variar de acuerdo a la ubicación, sin embargo, eso no ocurre porque no hay control.
Mamani denunció, por otra parte, que hay constantes agresiones psicológicas a los inquilinos, por parte de los dueños de casa. Para evitar esa situación -dijo– los arrendatarios deben hacer cumplir el Decreto Supremo 5369, Ley del Inquilino
Alcaldía determina paralizar trámites de urbanizaciones que no cumplan con tamaño de áreas verdes
El Gobierno Municipal de Cercado con el afán de optimizar la planificación urbana determinó paralizar los trámites de las urbanizaciones que no hayan cumplido con la cesión del 15% para áreas verdes como establece el reglamento interno de la repartición. Según el informe de la Dirección de Ordenamiento Territorial, un buen número de estos lotes datan desde 1998 y las urbanizaciones no cumplieron con la cesión de áreas verdes.
El asesor legal del departamento de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Horacio Rodríguez, explicó que con esta determinación se busca recuperar muchas áreas verdes en beneficio de la población en general y que los propietarios de lotes y urbanizaciones cumplan con la normativa vigente. “Estamos paralizando todo trámite aprobado desde hace 10 a 20 años atrás y que no hayan cumplido con el porcentaje para área verde que es el 15%”.
Agregó que a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, el Gobierno Municipal tiene el instrumento legal para paralizar los trámites y conminar a todos los propietarios de predios que fueron aprobados anteriormente y que no cumplieron con la cesión de áreas verdes.
Rodríguez informó que mediante el proceso que llevan adelante, desde el 2010, se llegó a recuperar alrededor de una hectárea en el barrio Aranjuez, en el barrio Lourdes cerca de seis mil metros cuadrados, en el barrio Los Mecánicos todas las vías y áreas verdes, similar beneficio se logró en el barrio Salamanca con más de siete mil metros cuadrados.
El responsable de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Álvaro Orozco, hizo conocer que ahora también se exige que las nuevas urbanizaciones cumplan con la cesión del 15% de área verde antes de ser aprobadas. Paralelamente se sigue los procesos coactivos fiscales a los ex funcionarios que hubieren dado lugar a la situación de aprobar urbanización sin el espacio correspondiente para áreas verdes. La Alcaldía tiene denuncias contra personas que realizaron el rellenado de quebradas, llevando adelante procesos judiciales para recuperar la propiedad municipal, en el que privados se encuentran asentados.
Programa Social de Vivienda dice que concluyó 43 por ciento de casas
Existen dificultades en el desarrollo del Programa de Vivienda Social. Hasta el 2011 se concluyeron 1.556 viviendas en Cochabamba llegando a un 43 por ciento de los proyectos aprobados (12 de 28), según el representante regional del viceministerio de vivienda, Sergio Villca.
El diputado de Unidad Nacional (UN), en conferencia de prensa Javier Navarro, denunció ayer que el programa concluyó sólo con 206 viviendas, es decir, el 5 por ciento del total de viviendas aprobadas (3.757).
Villca rechazó categóricamente las declaraciones de Navarro y organizó tres días de inspección para visitar los proyectos con la participación de diputados nacionales y medios de comunicación.
La autoridad reconoció las dificultades legales y administrativas en el cunplimiento de los plazos y términos de los contratos tanto de parte de las empresas constructoras como de los beneficiarios.
En el área rural, por ejemplo, la modalidad del programa significa un 70 por ciento de financiamiento del Gobierno y un 30 por ciento de aporte de los beneficiarios. El principal problema es la falta de cumplimiento de los comunarios a los acuerdos establecidos.
Los comunarios, en la mayoría de los casos, deben asumir la responsabilidad de la mano de obra y de proveer con materiales locales como son el adobe en la zona del valle y la andina, y la madera en la zona del trópico.
Las actividades de su calendario agrícola, como la siembra o la cosecha, impiden el cumplimiento de cronogramas o los plazos, además de las fiestas patronales.
Villca informó que desde el 2006 hasta el 2011 se aprobaron 28 proyectos habitacionales en Cochabamba, de los cuales 12 han sido concluidos satisfactoriamente, favoreciedo a 1.556 familias que ya las habitan. Son viviendas ubicadas en Colcapirhua (Santa Rosa), Vinto (Loma Linda), Las Palmas, Orco Callpa (Quillacollo), Sipe Sipe y en el trópico Cochabambino.
Villca reconoció que seis proyectos se encuentran cerrados, pero aclaró que no hubo ningún anticipo por parte del Gobierno. Se trata de 490 viviendas que no prosperaron por dificultades con las empresas constructoras o con la propiedad de los terrenos como las urbanizaciones Porvenir y la de los fabriles.
Siete proyectos se encuentran en ejecución los de Anzaldo, Tapacarí, Tacopaya, la TCO Yuracaré en el trópico, Aiquile y Pocona. Son 2.521 viviendas.
Hay 4 proyectos paralizados por problemas legales entre los beneficiarios, las empresas constructoras y administrativos. Son 1.826 casas en Mizque, Arani, Punata e Independencia. Villca anunció que hasta fines de marzo los trabajos serán retomados.
Gobierno procesa a 20 empresas por atraso en la entrega de casas
El programa de vivienda se inició en abril de 2006 con el objetivo de atender las necesidades habitacionales de los sectores de menores ingresos económicos del país con equidad y transparencia. El coordinador general del PVS, Alfonso Parrado, señaló que a causa del incumplimiento del contrato para la construcción de las viviendas, se ejecutaron las pólizas de garantía de las empresas constructoras y en otros casos aún se encuentran en proceso.
“Hay algunas que han sido irresponsables y obviamente no-sotros hemos tenido que actuar en correspondencia. Son más o menos unas 20 empresa que están con procesos legales”, afirmó.
La autoridad indicó que todas las empresas constructoras que se adjudican la construcción de viviendas del PVS deben depositar una póliza de garantía del 7% con relación al valor del monto de la obra que se construirá. Parrado no dio a conocer el nombre de las empresas que son procesadas ni el monto total de las pólizas que fueron ejecutadas. El Gobierno relanzó en 2008 el PVS después de que se presentaran denuncias de irregularidades en la adjudicación de proyectos a empresas constructoras y de sobreprecio en la construcción de viviendas en la localidad La Comarca (Santa Cruz) y de la entrega de casas sin servicios básicos en la zona Cristal (El Alto).
Modalidad. Ante esta situación, Parrado explicó que ahora se modificó el modo de contratación de las constructoras. Si un sector social desea beneficiarse del PVS, elige a una constructora para que se los haga el diseño, buscan el terreno donde se va a construir las viviendas y a la entidad financiera para que los respalde, añadió.
El proyecto presentado por las organizaciones sociales es aprobado o rechazado por el Comité de Administración si no cumple con los requisitos técnicos, afirmó.
Entre 2006 y 2011 se entregaron 36.504 viviendas en el marco del PVS, lo que representa el 57,7% de cumplimiento con relación a las 66.622 proyectadas hasta diciembre de 2013. A decir de Parrado, de las 66.622 casas proyectadas 3.424 no se construirán porque hubo “problemas con los terrenos”. Este resultado significa que entre 2012 y 2013, el Gobierno deberá entregar 86,5 viviendas por día para alcanzar la meta fijada.
La norma determina un plazo
El artículo 14 del Decreto Supremo (DS) 986 establece que el PVS se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha en la cual deberá realizar el cierre técnico, administrativo y financiero de todos los proyectos en curso de ejecución.
Realizarán una inspección
El coordinador general del Plan de Vivienda Social y Solidaria (PVS), Alfonso Parrado, anunció que entre el lunes y el miércoles de esta semana se realizará una inspección para verificar el estado de cada una de las viviendas del PVS en Cochabamba. “De los resultados que obtengamos vamos a iniciar todas las acciones legales necesarias para poner coto a este tipo de arbitrariedades”, señaló.
Las declaraciones hechas por Parrado fueron realizadas ante la denuncia vertida por el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, quien señaló que de 14 proyectos fiscalizados en Cochabamba donde se tenían que construir 3.757 casas sólo se encontraron 206. Además, el diputado de la oposición dijo que de 14 planes de vivienda, 12 están abandonados. Parrado insistió en que no existen irregularidades en la construcción de las viviendas.

References: artículo 10
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 46
 Artículo 54
 Artículo 7
 artículo 17
 resolución 
 artículo 14