Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2013/08/09/suspenden-por-3-meses-a-escribano-que-actuo-de-modo-irregular-en-torno-a-la-certificacion-de-firmas/
Timestamp: 2019-09-20 20:11:08+00:00

Document:
Suspenden por 3 meses a escribano que actuó de modo irregular en torno a la certificación de firmas – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Instruccion de sumario al esc S. B. D. -col n 668 p/ observaciones de los libres I y II de requerimientos expte. n 3245/07 s/
Cita: MJ-JU-M-80423-AR | MJJ80423 | MJJ80423
Se sanciona con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al escribano que cometió varias irregularidades en el ejercicio de la labor profesional en relación a la normativa vigente en materia de certificaciones de firmas.
1.-Corresponde confirmar la sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión impuesta al escribano recurrente, pues la decisión de instruir sumario fue resuelta por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos luego de haberse comprobado -vía inspección- varias irregularidades en el ejercicio de la labor profesional del imputado en relación a la normativa vigente en materia de Certificaciones de Firmas; decisión adoptada de conformidad a las atribuciones legales y estatutarias que posee el Colegio y que surgen del plexo normativo que rige la institución, que tampoco puede ser desconocido por el sumariado.
2.-Teniendo en cuenta las particularidades de la causa y que el art. 210 de la Ley 1482 habla solo del respeto al debido proceso sin establecer el plazo que debe durar la tramitación del sumario, cabe concluir que el procedimiento se ha llevado a cabo dentro de los plazos de razonabilidad correspondientes, observándose una conducta diligente por parte de las autoridades encargadas de la tramitación del sumario, respetándose y asegurándose siempre y con respecto a cada uno de los actos cumplidos el derecho de defensa del sumariado, anoticiándolo de todos los actos que se fueron llevando a cabo mediante el libramiento de las cédulas respectivas.
En la Ciudad de Corrientes, a los treinta (30) días del mes de Julio del año dos mil trece, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la Señora Presidente de Cámara Doctora MARIA EUGENIA SIERRA DE DESIMONI y los Señores Vocales, Doctores CARLOS ANÍBAL RODRÍGUEZ y DIEGO ROSENDO MONFERRER, asistidos del Secretario autorizante, tomaron en consideración el Expediente Nº 1695, caratulado: “INSTRUCCIÓN DE SUMARIO AL ESC. S. B. D. – COL. N° 668 P/OBSERVACIONES DE LOS LIBROS I Y II DE REQUERIMIENTOS” (Expte. N° 3245/07)”, venido a conocimiento de la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 114 y vta. por el Escribano sumariado, contra la Resolución N° 119 del 27 de abril de 2012 obrante a fs. 108/112 dictada por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes.
Practicado oportunamente el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de votación de los Señores Camaristas, resultó el siguiente: Doctor CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ en primer término y Doctor DIEGO ROSENDO MONFERRER en segundo término (fs. 129).
A continuación, el Señor Vocal Doctor CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ formula la siguiente:
La Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes ha relacionado detenidamente en su fallo los antecedentes obrantes en autos. A ellos me remito “brevitatis causae”.
Dicha Comisión dictó la siguiente resolución, que transcripta en su parte pertinente dice: “RESOLUCION N° 119 – Corrientes, 27 DE ABRIL DE 2012 . RESUELVE: ARTICULO 1°.- APLICAR al Escribano S. B. D. – Colegiado con Habilitación N° 668 y domicilio en la ciudad de Corrientes- la sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, por los argumentos expuestos en el considerando de la presente resolución. ARTICULO 2°.- Notificar al Escribano S. B. D., por intermedio del Departamento de Inspecciones y Sumarios.ARTICULO 3°.- Una vez firme la presente, deberá hacerse efectiva por intermedio del Departamento de Inspecciones y Sumarios con intervención del Libro de Requerimientos de Certificaciones de Firmas e Impresiones Digitales en uso, rescate de los folios del Libro y de sellados de Certificaciones de Firmes y de Fotocopias sin usar; y cursarse la pertinente comunicación con copia de la presente a la Dirección General de Rentas, a sus efectos y a los demás organismos, reparticiones y áreas de este Colegio que correspondan.”.-
Interpuesto el recurso de apelación por el Escribano sumariado (fs. 114/vta.), se dispuso su sustanciación (fs. 116) contestándose el traslado conferido por el Miembro Informante designado (fs. 118/119 vta.) y concediéndose el recurso interpuesto libremente y en ambos efectos a fs. 120.-
Remitidos los autos, los mismos son recibidos y quedan radicados en esta Sala IV. A fs. 128 se llaman Autos, integrándose la Sala con sus Vocales Dr. Diego Rosendo Monferrer y el suscripto y la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni. Dicha integración una vez notificada a las partes se halla firme y consentida y la causa en estado de dictar Sentencia, pasándose los autos a estudio del vocal que debe emitir voto en primer término.
El Señor Vocal Doctor DIEGO ROSENDO MONFERRER presta su conformidad a la precedente relación de la causa.
Seguidamente, la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial plantea las siguientes –
SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ DIJO: El recurso de nulidad fue interpuesto juntamente con el de apelación a fs. 114, a la vez que se planteó también por la misma vía la nulidad de la notificación de la sentencia en análisis.Sobre esta última cuestión me expediré luego.
En cuanto al planteo recursivo incoado contra la sentencia dictada por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos, advierto que al momento de concretar los agravios desarrolló una misma y única línea argumental para sostener tanto el recurso de nulidad como el de apelación. Esta circunstancia vuelve estéril el recurso de nulidad, toda vez que los supuestos defectos que se invocan pueden ser abordados desde el ámbito de la apelación (conf. Podetti, R, “Derecho Procesal Civil y Comercial”, “Tratado de los actos procesales”, t.II, 1955, p. 488; id. Tratado de los recursos, 1952, p. 17; Alsina Hugo, Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. II, 1961, p. 630, Palacio Lino, Derecho Procesal Civil. t. IV, p. 168, Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial, t. I, 1971, p.p. 438 y ss.; Fenochietto y Arazi, Código de Procedimientos Civil y Comercial, t. I, p. 792; Esta Sala: Resolución N° 324 del 28/04/04, Expte. N° 714; Resolución N° 214 del 26/03/04, Expte. N° 486, entre tantos otros).
Por tales razones, propiciaré el rechazo del recurso de nulidad interpuesto y ASI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DIEGO ROSENDO MONFERRER DIJO: Que adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ DIJO:
1.- Que se elevan las presentes actuaciones a esta Sala IV de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial para la consideración del recurso de apelación interpuesto a fs. 114 y vta. por el Escribano S. B. D., por su propio derecho, contra la resolución N° 119 dictada por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes el día 27 de abril de 2012 (fs. 108/112) y por la que se impone al recurrente la sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.-
Dicho recurso fue sustanciado (fs.116) y el traslado conferido fue contestado por el Miembro Informante -Escribano Marcos de la Torre- a fs. 118/119, concediéndose el recurso interpuesto libremente y en ambos efectos a fs. 120.
Recibidas las actuaciones en este órgano de Alzada, se llamó Autos para Sentencia.
Mediante Resolución N° 89 de fs. 132 y vta. se dispuso intimar tanto al Escribano imputado como al Miembro Informante interviniente en autos a que en el plazo de cinco días de notificados suplan la omisión en que han incurrido, esto es la falta del patrocinio obligatorio de conformidad al Art. 56 del C.P.C.C.; una vez cumplida la medida dispuesta, se reanudó el llamamiento de autos que fuera interrumpido en dicho decisorio encontrándose las actuaciones en estado de emitir pronunciamiento.
2.- De manera liminar debo señalar que el suscripto se ha enrolado en la tesis amplia de admisión de la apelación, compartiendo el criterio de que cualquier crítica por “parca” que sea, es suficiente para considerar sostenido el recurso, siempre y cuando el apelante efectúe una verdadera crítica y no exprese un mero desacuerdo con la decisión apelada. Es decir, debe indicar en forma concreta y razonada, puntualizando las partes del fallo que a su criterio son equivocadas e indicando punto por punto, los errores, omisiones o deficiencias, ya que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, o el mero desacuerdo con lo resuelto por el Juez, no pueden en modo alguno considerarse agravios (conf. Podetti, Tratado de los Recursos” Ed. Bs. As. 1958, pp 163 y sgtes.; Ibáñez Frocham, Tratado de los Recursos en el Proceso Civil, Ed. Bs. As. 1969, p. 152; Colombo, Código de Procedimientos Civil y Comercial. T I, Ed. Bs. As. 1965, p.380).
En el caso que nos ocupa y a fin de que no considere el recurrente que se ha cercenado su derecho de defensa, consideraré que el apelante aunque en mínima medida y de manera escueta criticó la sentencia apelada expresando que la sentencia es “nula de nulidad absoluta y pasible del presente recurso de apelación” (sic) porque no se tuvo en cuenta la formulación de su descargo con lo cual se violaron principios procesales y garantías constitucionales y porque en los considerandos no se estableció ni determinó cuales son los incumplimientos que se le imputan ni sus tipificaciones, lo que le ocasiona la imposibilidad de responder adecuadamente. Sostiene además que es también nulo dicho decisorio pues ha operado en autos el instituto de la caducidad por el paso del tiempo que transcurrió entre el inicio de las actuaciones y el dictado de la sentencia. Por otra parte, planteó -como ya lo dije al tratar la primera cuestión- la nulidad de la notificación de la sentencia dictada. De allí que de acuerdo a lo antes señalado será considerada la apelación limitada únicamente a las cuestiones controvertidas por el recurrente.
Ello es así pues es sabido que el Tribunal de Alzada debe ceñirse a las cuestiones de hecho y de derecho que son motivos de agravios, en razón de que la Cámara está limitada en sus poderes por los alcances del recurso concedido, que determina el ámbito de su competencia decisoria, limitación que debe ser respetada por imperio del art. 18 de la Constitución Nacional (C.S. 11/ 7/ 69, ED: 33-406, conf. Loutayf Ranea T I, Ed Astrea. Bs. As. 1989 p. 77). De allí que el efecto parcial de expresar agravios, es que las partes no atacadas quedan firmes, por exclusión que hace el propio apelante, que los sustrae del conocimiento del Tribunal, por el carácter dispositivo del procedimiento (Alsina, Tratado. T. IV, Ed. Ediar. Bs. As. 1961 p. 392; Ibáñez Frocham, Tratado de los Recursos. Ed. Bs. As. 1969, p.155).-
3.- De modo tal que en primer lugar, me referiré al planteo que efectúa el recurrente respecto a la nulidad de la notificación por la que se pone en su conocimiento la sentencia dictada, aduciendo que tal acto no cumple con lo que determinan los Arts. 135 y 136 de la Ley N° 3460.
En tal sentido debo señalar que no puede desconocerse que “las nulidades procesales reciben tratamiento por diferentes vías según sea el objeto cuestionado de nulo. El incidente de nulidad (art. 169 CPN) es la vía indicada para impugnar vicios del procedimiento, de actos u omisiones externos a la se ntencia en tanto que el recurso de nulidad comprendido en el de apelación (art. 253 CPN) es el medio de impugnación de los vicios de constitución de las sentencias definitivas o interlocutorias.” (CNCom., Sala B, 30-6-94, “Díaz, José c/Oporto, Winston s/Sumario”, LD-Textos, cit. por Arazi- Rojas, Código Proc. Civ. y Com. de la Nación, Tomo I, pág. 575, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2001). Va de suyo que en el caso resulta obvio que lo que el recurrente impugna es la nulidad de la notificación de la sentencia, esto es, un acto externo a la sentencia en sí misma y por tanto, no es pasible de tratamiento a través de los recursos de nulidad ni de apelación sino que debió acudir a la vía incidental.-
Eso solo bastaría para descalificar esta queja pero sin perjuicio de ello y atento a que los plazos para su deducción se hallan vencidos, también es bueno señalar que el recurrente invoca como fundamento de la nulidad que pretende se decrete en este aspecto, que no se dio cumplimiento a lo que determinan los Arts. 135 y 136 de la Ley N° 3460. Solo basta con decir que tal normativa no resulta aplicable en la especie pues el Art. 8 de la Ley N° 5621 al modificar el Art.210 de la Ley 1482 dispone la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes.
Por otra parte, mal puede sostener a esta altura que tal falencia le impidió determinar los recursos que pueden articularse y los términos de los mismos -con lo cual pretendió señalar que se ha violado su derecho de defensa- cuando la notificación que hoy pretende nulificar ha cumplido los fines propios de la misma pues no le ha impedido interponer los recursos de apelación y nulidad hoy en análisis.
4.- Se queja también el recurrente porque no se tuvo en cuenta la formulación de su descargo con lo cual se violaron principios procesales y garantías constitucionales y porque en los considerandos no se estableció ni determinó cuales son los incumplimientos que se le imputan ni sus tipificaciones, lo que le ocasiona la imposibilidad de responder adecuadamente.
Tampoco merece atendibilidad este agravio. Nótese que luego de efectuarse las inspecciones a los Libros I y II de Requerimientos de Certificaciones de firmas e Impresiones Digitales a cargo del escribano sumariado, se dispuso por Resolución N° 139 (fs. 58/59 vta.) la instrucción del presente sumario por las observaciones formuladas a efectos de establecer la responsabilidad profesional que le pudiera corresponder corriéndosele el pertinente traslado de ley (fs. 64) . A fs. 67 y vta.el Escribano Duarte formula su descargo respecto a tales observaciones, reconociendo las mismas, aduciendo que ellas se debieron a la incorrecta interpretación de la normativa vigente, asumiendo el compromiso en delante de no volver a incurrir en dichas infracciones; relatando la imposibilidad de subsanar las observaciones que refieren a la utilización de corrector por cuanto las certificaciones ya fueron expedidas y entregadas comprometiéndose también a respetar la normativa legal al respecto; señalando que inadvertidamente certificó una impresión digital en un instrumento que no correspondía pero que también en el futuro cumpliría con la normativa vigente; que la alteración del orden cronológico fue involuntario y que es imposible de subsanación. En definitiva, reconoció las observaciones que se le formularon y se comprometió en lo sucesivo a respetar la normativa vigente en todos los casos.
A fs. 85/86 vta. obran agregadas las conclusiones de la Instrucción Sumarial e invitado el sumariado a presentar su alegato, de lo que fue debidamente notificado, lo hizo de manera extemporánea por lo que se procedió al desglose de la presentación efectuada (fs. 89/90).
A fs. 100 obra la contestación del traslado que se confirió a quien fue designado Miembro Informante. Allí se detalla que de todas las observaciones que le fueron formuladas solo una fue subsanada (la falta del acta de apertura de uno de los Libros) en tanto quedaron firmes las restantes imputaciones lo que acredita que el sumariado incurrió en numerosos y graves apartamientos a la normativa vigente en materia de Certificaciones de Firmas (Resolución N° 08/00) aconsejando se imponga una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses en virtud de lo dispuesto por el art. 209 de la Ley Notarial. También de ello se corrió traslado al sumariado, con la copia correspondiente según da cuenta la cédula de notificación que obra agregada a fs.102.-
Finalmente se dicta el decisorio hoy en crisis dictado por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes en el que se detallan con total claridad cuales son las irregularidades que se advirtieron en cada uno de los Libros que fueron inspeccionados. Dicho decisorio pues, amerita ser confirmado en razón de que los agravios esbozados por el recurrente no revelan entidad suficiente para conmover la sanción impuesta, a la luz de las constancias obrantes en la causa.-
Se trata el presente de un procedimiento sumarial incoado de acuerdo al marco de lo establecido por Ley Notarial y a efectos de establecer la responsabilidad profesional que le pudiera corresponder al imputado Escribano S. B. D. Es decir que el marco legal de referencia lo conforma la Ley N° 1482 que con sus distintas modificaciones y con la reforma de la Ley N° 5621 regula toda la actividad notarial en la Provincia de Corrientes. Y eso no puede ser desconocido por el recurrente como tampoco puede desconocer todo el plexo normativo que resulta aplicable en el ejercicio de su actividad profesional.
Aún cuando no fue controvertido bueno es señalar que de acuerdo con lo establecido en el art. 192° inc. b) de la ley 1482 es atribución del Colegio de Escribanos “inspeccionar periódicamente los Registros y oficinas de los Escribanos de Registro, a fin de comprobar el cumplimiento estricto de todas las obligaciones Notariales” en tanto el inc. h) del artículo citado lo faculta para “instruir sumarios de oficio o por denuncias de terceros, sobre los procedimientos de los Escribanos de Registro, sea para juzgarlos directamente, o para elevar a tal efecto las actuaciones al Tribunal, si así procediere, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto”. La misma facultad le confiere el Art. 15 inc. h) del Estatuto a la Comisión Directiva:”inspeccionar periódicamente el desempeño profesional de los escribanos en ejercicio, a efectos de comprobar el cumplimiento estricto de todas las obligaciones notariales”. De modo tal que es deber del Colegio profesional instruir sumario siempre que -de oficio o por denuncia de terceros- tome conocimiento de la existencia de actos irregulares que denoten faltas a disposiciones legales o reglamentos notariales, siendo al respecto irrelevante que dichas faltas acarreen consecuencias perjudiciales a terceros. Ello es importante resaltar porque el Estatuto que gobierna a esta institución dispone que la responsabilidad de los Escribanos por mal desempeño de sus funciones profesionales es de cuatro clases: a) administrativa, b) civil, c) penal, d) profesional. (Art. 176 de la ley 1482).
En el caso particular se juzgó solo la responsabilidad profesional del Escribano, es decir las irregularidades que derivan del incumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función notarial. Así lo establece el art. 180° de la ley notarial al disponer que “la responsabilidad profesional emerge del incumplimiento por parte de los Escribanos del presente Estatuto del Reglamento Notarial, de las disposiciones que se dicten para la mejor observancia de uno y de otro, o de los principios de ética profesional, en cuanto éstas transgresiones afecten la institución notarial, los servicios que le son propios, o el decoro del cuerpo y el gremio y su conocimiento compete al Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y Superior Tribunal de Justicia en la forma y condiciones previstas por este Estatuto”.
Concretamente, en el caso de autos la decisión de instruir sumario fue resuelta por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos luego de haberse comprobado -vía inspección- varias irregularidades en el ejercicio de la labor profesional del imputado. Decisión adoptada de conformidad a las atribuciones legales y estatutarias que posee el Colegio y que surgen del plexo normativo que rige la institución, que tampoco puede ser desconocido por el recurrente.
5.- Señala también el recurrente que la demora en el trámite del presente expediente resulta violatoria de todos los principios procesales y afecta su derecho.Tampoco resulta atendible este agravio. El Art. 8 de la Ley 5621 -que modifica el Art. 210 de la Ley 1482- establece que cuando se formula denuncia contra un escribano público, se ordenará la instrucción de un sumario que será tramitado observando los principios del debido proceso, de inviolabilidad del derecho de defensa, de amplitud probatoria y de igualdad.
Estos derechos se encuentran enunciados expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que ha suscripto la Nación. Para la protección de esos derechos la Constitución y los tratados imponen reglas procesales básicas que deben respetarse: el artículo 18 de la Constitución Nacional expresa que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Precisamente, el “debido proceso” exige que los conflictos se solucionen en tiempo razonable con las debidas garantías para el demandado pero también con normas que no desalienten a quien recurre a la jurisdicción; esas normas deben adaptarse a las necesidades de cada caso valorando la urgencia de la petición, la situación de las partes y demás circunstancias. La noción de “debido” proceso se complementa con la de proceso “justo”. (Conf. Arazi Roland. Flexibilización de los principios procesales – http://www.rubinzalonline.com.ar.- Cita RC D 221.2013).
En el caso, teniendo en cuenta las particularidades de la causa y que el Art. 210 mencionado habla solo del respeto al debido proceso sin establecer el plazo que debe durar la tramitación del sumario, estimo que el procedimiento se ha llevado a cabo dentro de los plazos de razonabilidad correspondientes, observándose una conducta diligente por parte de las autoridades encargadas de la tramitación del sumario, respetándose y asegurándose siempre y con respecto a cada uno de los actos cumplidos el derecho de defensa del sumariado, anoticiándolo de todos los actos que se fueron llevando a cabo mediante el libramiento de las cédulas respectivas.
6.- Por último, plantea también el recurrente la caducidad del presente proceso. Tampoco lleva razón en este aspecto.Ello así por cuanto en autos ya se ha dictado resolución y cuando el proceso llega a su fin mediante un modo normal de terminación, como lo es la sentencia, con ella se clausura la instancia abierta con el escrito que la promoviera. En consecuencia, no puede declararse la caducidad de una instancia que ya ha terminado.
Por otra parte, conforme las disposiciones procesales vigentes, de aplicación supletoria por remisión que efectúa la Ley Notarial, y más precisamente del juego armónico de los Arts. 315 y 316 del C.P.C.C. el planteo de caducidad debe formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal, pero siempre antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Va de suyo entonces que tal argumento tampoco es atendible.-
7.- En razón de que el recurrente no cuestionó de manera expresa en el memorial presentado la sanción que le fue impuesta, no corresponde que formule consideraciones al respecto, esto es, que analice si efectivamente la misma resulta proporcional o no a las irregularidades cometidas.-
8.- Por las razones expuestas, de ser compartido este voto propicio: RECHAZAR los recursos de apelación y nulidad interpuestos a fs. 114 y vta. manteniendo firme la Resolución Nº 119 dictada por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes en fecha 27 de abril de 2012 y que obra agregada a fs. 108/112 de estos autos. Todo ello con costas a cargo del apelante vencido (art. 68 del CPCC). ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, pasado y firmado ante mí, Secretario, que doy fe.
CONCUERDA: Fielmente con sus originales obrantes a fs.134/137.del PROTOCOLO DE SENTENCIAS de esta EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL – SALA IV, firmado por los Dres. CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ y DIEGO ROSENDO MONFERRER. Ante mí: Dr. ALEJANDRO DANIEL MARASSO. Abogado Secretario.-
CORRIENTES, 30 de Julio de 2013.
Corrientes, treinta (30) de Julio de 2.013.-
Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE: 1º) RECHAZAR los recursos de apelación y nulidad interpuesto a fs. 114 y vta. manteniendo firme la Resolución Nº 119 dictada por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes en fecha 27 de abril de 2012 y que obra agregada a fs. 108/112 de estos autos. 2°) COSTAS a cargo del apelante vencido. 3°) INSERTESE copia, regístrese, notifíquese y vuelva al Organismo de origen.
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