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Sentencia T.S.J. Castilla y León 474/2010 de 12 de noviembre. ITP: Devolución de ingresos indebidos. Viviendas de protección oficial. Fuerzas Armadas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 474/2010 de 12 de noviembre
ITP: Solicitud de devolución de ingresos indebidos. Régimen de viviendas de protección oficial: Se consideran suscritos los préstamos hipotecarios dentro de dicho régimen de exención. Viviendas de titularidad de las Fuerzas Armadas: No pueden ser calificadas de protección oficial. Notas informativas del Registro de la Propiedad: Unicamente tienen un valor informativo y descriptivo de las viviendas. Desestimación.
En la Ciudad de Burgos a doce de noviembre de dos mil diez.
En el recurso contencioso administrativo número 254/09 interpuesto por Don Abilio, Don Eduardo, Don Landelino, Don Victorino, Don Antonio y Don Feliciano, representados todos ellos por la Procuradora Doña María Concepción Santamaría Alcalde y defendidos por el Letrado Don Ginés Zamora Gil, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 26 de febrero de 2009, desestimando la reclamación N.º NUM000 formulada por los recurrentes contra los Acuerdos del Servicio Territorial de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León en Burgos desestimatorios de los recursos de reposición interpuestos contra los Acuerdos denegatorios de las solicitudes de devolución de lo indebidamente ingresado por el concepto de "Actos Jurídicos Documentados" por la constitución de préstamos hipotecarios para la financiación de las viviendas adquiridas al Instituto de las Fuerzas Armadas (INVIFAS); habiendo comparecido como parte demandada la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación que por ley ostenta.
Primero.-- Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 1 de junio de 2009.
Admitido a trámite el recurso y no habiéndose solicitado el anuncio de la interposición del recurso, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 29 de estudios de 2009 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte sentencia por la que "...estimando el presente recurso, revoque las resoluciones impugnadas y, acuerde la devolución de los ingresos indebidamente realizados, con los intereses de demora preceptivos".
Segundo.-- Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la parte demandada quien contestó a la demanda a medio de escrito de 11 de noviembre de 2009 oponiéndose al recurso solicitando la desestimación del mismo basándose en los fundamentos jurídicos que aduce.
Tercero.-- Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y no habiéndose recibido el recurso a prueba, evacuaron las partes sus respectivos escritos de conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1 de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art. 64.3 de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 11 de noviembre de 2010 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.
Primero.-- Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional, la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 26 de febrero de 2009, desestimando la reclamación N.º NUM000 formulada por los recurrentes contra los Acuerdos del Servicio Territorial de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León en Burgos desestimatorios de los recursos de reposición interpuestos contra los Acuerdos denegatorios de las solicitudes de devolución de lo indebidamente ingresado por el concepto de "Actos Jurídicos Documentados" por la constitución de préstamos hipotecarios para la financiación de las viviendas adquiridas al Instituto de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
Las resoluciones impugnadas deniegan las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, por considerar que tales viviendas, así como todas las enajenadas por el INVIFAS con posterioridad al 11 de julio de 1999, no se encuentran acogidas a ningún tipo de régimen de viviendas de protección oficial, lo que unido a que no consta que gocen de la calificación definitiva de viviendas de protección oficial, emitida por el organismo competente, y que las viviendas adquiridas no cumplen el requisito de superficie, al exceder el máximo de superficie útil exigible, concluyen que tales viviendas no pueden acogerse a los beneficios fiscales pretendidos.
Discrepan los recurrentes de tal decisión, alegando que las viviendas trasmitidas eran de protección oficial y gozaban de la exención prevista en el art. 45.I.B.12 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se trata de viviendas que fueron promovidas como VPO y su cédula estaba vigente a la fecha de la venta, sosteniendo que no perdieron la condición de VPO como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 26/1999, pues tratándose de viviendas de protección oficial, de promoción pública, no podían ser objeto de descalificación, argumentando que en cualquier caso no se podrían descalificar las mismas sin invadir las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, concluyendo que la Ley 26/1999, no descalificó las viviendas como VPO por el mero hecho de que las calificara como "militares", invocando diversas resoluciones administrativas que han reconocido la exención del citado impuesto en supuestos similares al aquí examinado.
Segundo.-- Conforme a lo preceptuado el art. 45.I.B) 12 del Real Decreto Legislativo 1/93, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, estarán exentas:
a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie para la construcción de edificios en régimen de viviendas de protección oficial. Los préstamos hipotecarios solicitados para la adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de actos jurídicos documentados.
b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos o contratos relacionados con la construcción de edificios en régimen de "viviendas de protección oficial", siempre que se hubiera solicitado dicho régimen a la Administración competente en dicha materia.
c) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas de protección oficial, una vez obtenida la calificación definitiva.
d) La constitución de préstamos hipotecarios para la adquisición exclusiva de viviendas de protección oficial y sus anejos inseparables, con el límite máximo del precio de la citada vivienda, y siempre que este último no exceda de los precios máximos establecidos para las referidas viviendas de protección oficial.
e) La constitución de sociedades y la ampliación de capital, cuando tengan por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.
Pues bien, para resolver si las viviendas de los recurrentes pueden acogerse a tales beneficios fiscales, hemos de partir de que el procedimiento de enajenación de las viviendas que aquí nos ocupan, está regulado por la Ley 26/1999, de 9 de julio de Medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y en el Real Decreto 991/2000, de 2 de junio que la desarrolla; marco normativo que taxativa y palmariamente prohíbe la interpretación pretendida por la parte demandante.
En efecto, este Tribunal viene entendiendo que esta norma es muy clara, y así el art. 4.1 de la Ley 26/99 establece que "...1. Las viviendas cuya titularidad o administración corresponde al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y a los Cuarteles Generales de los Ejércitos, con excepción de las viviendas a que hace referencia la disposición adicional primera, tendrán la calificación única de viviendas militares y serán destinadas a los fines señalados en la presente Ley". Calificación única que impide cualquier equiparación como viviendas de protección oficial. Es más; la propia norma hace una ordenación de fuentes en este mismo artículo, su apartado 2 ("2. El uso de las viviendas militares se regirá por la presente Ley y disposiciones de desarrollo "), no hay pues espacio para la especulación.
A su vez, esta descripción taxativa del marco normativo aplicable viene reiterada también en la Disposición Adicional Segunda, cuando en relación con las normas para la enajenación de viviendas militares y demás inmuebles explícita en su apartado i) que " Las normas para la enajenación contenidas en este apartado serán de expresa aplicación en todo caso, excluyéndose, por tanto, cualquier otro régimen específico al que pudieran haberse acogido con anterioridad las viviendas militares y demás inmuebles. Los contratos de compraventa a que se refiere este apartado tendrán la naturaleza de contratos privados de la Administración".
Estos principios normativos son reiterados por el art. 6 del Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas; Reglamento que en su art. 24.1 vuelve a establecer la expresa exclusión de cualquier otro régimen específico "...Las viviendas no incluidas en las Ordenes ministeriales a las que se refiere el apartado 2 del art. 7 de este Real Decreto, así como los demás inmuebles, podrán ser objeto de enajenación de acuerdo con las normas contenidas en este capítulo que serán de expresa aplicación en todo caso, excluyéndose, por tanto, cualquier otro régimen específico al que pudieran haberse acogido con anterioridad las citadas viviendas militares y demás inmuebles".
Y si por el contrario proyectamos nuestro análisis sobre la normativa de viviendas de protección oficial, el RD 1631/1980 de 18 de julio, sobre adjudicación de Viviendas promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda o cualesquiera otras que tengan la consideración de Viviendas de Protección Oficial de promoción pública cuya titularidad corresponda al Estado o a sus organismos autónomos, en su Disposición Adicional taxativamente declara que "Queda excluida del ámbito de aplicación del presente Real Decreto la adjudicación de viviendas que se construyan para satisfacer necesidades específicas de adjudicatarios determinados. De este mismo proceso quedan excluidas las viviendas de promoción pública que se destinen a funcionarios civiles y militares y a las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Consecuentemente, y desde esta perspectiva legal, es indudable que la pretensión de los recurrentes no puede prosperar.
Resulta intrascendente, a los meros efectos que aquí nos ocupan, la distinta calificación de las viviendas como de protección oficial de promoción pública y de protección oficial de promoción privada, pues tal alegación carece de virtualidad desde el momento en que lo determinante es si se ha de tener o no en cuenta la calificación de viviendas de protección oficial, lo que como hemos visto no acontece en el presente caso.
Igualmente, no resulta determinante el hecho de que en las Notas Informativas del Registro de la Propiedad, se haga constar que son viviendas de protección oficial, pues como señala el T.E.A.R. tales Notas tienen un valor puramente informativo que consiste en un extracto sucinto del contenido de los asientos relativos a la finca objeto de manifestación, donde consta la identificación de la misma, identidad del titular o titulares de los distintos derechos, extensión, naturaleza y limitaciones de éstos.
En último término, y por lo que se refiere a las diversas resoluciones administrativas invocadas que han reconocido la exención del citado impuesto en supuestos similares al aquí examinado, hemos de decir que, en primer lugar, no ha quedado acreditado que estemos ante situaciones iguales, en la medida que las resoluciones de devolución de ingresos indebidos parten de que ha quedado acreditada la calificación definitiva de viviendas de protección oficial de promoción pública, mientras que en el presente caso, no consta que gocen de la calificación definitiva de viviendas de protección oficial, emitida por el organismo competente, sin perjuicio que varias de las viviendas adquiridas no cumplen el requisito de superficie, al exceder el máximo de superficie útil exigible.
En cualquier caso, para la prosperabilidad de tal motivo impugnatorio, sería preciso que el juicio comparativo se desarrollase en el marco de la legalidad, pues no cabe invocar el principio de igualdad en la ilegalidad, sin que pueda servir aquél para perpetuar situaciones contrarias a lo previsto por el ordenamiento jurídico, en los términos anteriormente expuestos, lo que necesariamente conlleva la desestimación íntegra del recurso interpuesto.
Tercero.-- De conformidad con lo establecido el artículo 139 de la L.J.C.A. de 1998, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes del presente recurso, considera esta Sala procedente no hacer pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales originadas en el presente recurso.
VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo N.º 254/09 interpuesto por el Procurador Don Fernando Santamaría Alcalde, en nombre representación de Don Abilio, Don Eduardo, Don Landelino, Don Victorino, Don Antonio y Don Feliciano, contra las resoluciones reseñadas en el encabezamiento de esta sentencia, y en consecuencia, procede declarar que las resoluciones impugnadas son conformes a derecho; y ello sin hacer especial imposición de costas.
Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.
Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Órgano de procedencia con certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Sra. Concepcion Garcia Vicario, en la sesión pública de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), que firmo en Burgos a doce de noviembre de dos mil diez, de que yo el Secretario de Sala, certifico.
Ante mí.
Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 artículo 3