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Timestamp: 2018-04-22 08:53:01+00:00

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No a la privatización del Registro Civil: julio 2014
Los socialistas de Cangas se han sumado a la defensa de los registros civiles y a las protestas por la intención del actual gobierno del PP a "privatizar" el servicio. Para ello, ha presentado una moción plenaria en la que solicitan a la corporación que inste al Gobierno español a eliminar las disposiciones adicionales del Real Decreto Ley 8/2014 de Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que modifica la ley 20/2011 del Registro Civil.
Desde el PSOE creen que el PP está dando "un paso para a privatización dos Rexistro Civil", puesto que los registradores mercantiles -que podrán realizar nuevas funciones, si prosperan las intenciones del gobierno-, pese a ser funcionarios del Estado, "actúan como empresas privadas", pues sus ingresos no proceden de los presupuestos del Estado sino de los aranceles que le cobran a sus clientes. Además, rechazan que "os datos de millóns de persoas se poñerán en mans de empresas privadas que se encargarán de xestionalos e custodialos".
A esta "privatización" del servicio añaden los socialistas los "miles de postos de traballo que se destruirán", haciéndose eco de las denuncias sindicales sobre la "incerteza" de los 2.500 funcionarios que trabajan en los registros civiles de toda España, a los que se añadirían "outros 2.500 interinos que traballan nos xulgados e tribunais". Concluyen que el Real Decreto supone "a defunción do servizo público que era o Rexistro Civil" y "un novo atranco para a cidadanía", creándole además un coste adicional.
En la moción firmada por el portavoz del grupo municipal socialista, Orlando Barreiro, se denuncia también la fórmula utilizada para este cambio, "agochado nun Real Decreto" y además "imposto, sen ningún tipo de diálogo ou negociación".
El Faro de Vigo 29.07.2014
El Registro Civil no necesita un cambio de modelo organizativo y gestor, sino ser gestionado mejor
Uno de los argumentos para privatizar el Registro Civil y atribuir su llevanza a los Registradores Mercantiles es la necesidad de cambiar su modelo organizativo y de gestión ante el elevado número de reclamaciones que sobre el funcionamiento de los Registros Civiles llegan al Consejo General del Poder Judicial. Modelo que para el Ministerio de Justicia y Registradores Mercantiles pasa por seguir manteniendo la gratuidad de las inscripciones y certificaciones, financiándolo con cargo a los aranceles que se cobran en los Registros Mercantiles, y que para el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles pasa por el cobro de determinados servicios registrales, estableciendo una fuente de financiación propia y directa de los Registros Civiles. Pero unos y otros defienden y se justifican en la necesidad de cambiar el modelo de gestión de los Registros Civiles, que tantas reclamaciones da lugar.
La “cuadratura del círculo” que pretende el Ministerio de Justicia y los Registradores Mercantiles proclives al proyecto del Ministerio no se la cree nadie: tarde o temprano habrá que vincular el servicio del Registro Civil al cobro directo de sus servicios, porque de otra forma se rompería el modelo de gestión que defienden los Registradores y es que los Registros, sean del tipo que sean, sean sufragados y mantenidos por los usuarios, y no por los Presupuestos Generales del Estado.
El Colegio de Registradores, tanto en su revista trimestral como a través de artículos de opinión, entiende que el servicio público del Registro Civil funciona deficientemente y, por ello, genera más de la mitad de las quejas de los ciudadanos ante el Consejo General del Poder Judicial. Entienden que ello es debido a un erróneo modelo de gestión, basado en dos razones: a) Desde 1986 todas las actuaciones ante el Registro Civil son gratuitas para sus usuarios, pues van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado; y b) Los Presupuestos Generales del Estado no dedican recursos suficientes para un buen funcionamiento del Registro Civil.
El Registro Civil, la informática y la extraña Disposición Adicional 23 del Real Decreto-ley 8/2014
Entre las muchas perlas que puede uno encontrar en ese prodigio jurídico que es el Real Decreto-ley 8/2014 que dará mucho que hablar nos encontramos con una extraña Disposición Adicional. Efectivamente, la DA vigesimotercera del Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio suscita grandes dudas y preocupaciones, textualmente el párrafo que me interesa:
“La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este Real Decreto-ley, la referida Corporación formalizará los contratos relativos al sistema informático necesario para la gestión integrada y completa del Registro Civil, realizando con posterioridad la contratación de las necesarias adaptaciones o actualizaciones del mismo.
CSI.F propone que los Registradores Mercantiles y los funcionarios de la Administración de Justicia lleven conjuntamente el Registro Civil
CSIF ha remitido al Ministerio de Justicia una "propuesta transaccional para un registro civil moderno servido por funcionarios de la Administración de Justicia", que trata de conciliar la decisión del Ministerio de Justicia de que los Registradores Mercantiles asuman la llevanza del Registro Civil con la posibilidad de que el personal que a sus órdenes desarrolle dicha tarea no sea el personal del Registro Mercantil correspondiente, sino el personal de la Administración de Justicia.
- Una por provincia, a cargo de los Registradores Mercantiles y el personal de la Administración de Justicia, con competencia plenas en la materia.
- Otra por cada localidad que en la actualidad cuente con Registro Civil principal, a cargo de personal de la Administración de Justicia, con las mismas competencias salvo la de resolución de expedientes.
- Otra por cada Juzgado de Paz actual, con funciones similares a las actuales de estas oficinas.
CCOO-A insta a las instituciones a recurrir al Constitucional la ley que "privatiza" el Registro Civil
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Andalucía, Agustín de la Cruz, ha remitido sendas cartas a la presidenta de la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo, al consejero de Justicia e Interior y los representantes de los grupos parlamentarios PSOE, IU y PP, en las que les recuerda las dos proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento andaluz, y las declaraciones del consejero LLera, que se oponen a la "privatización" del Registro Civil.
El Diario.es, 23.07.2014
La Rioja.com, 15.07.2014
Registro Civil y Registradores. Editorial de la revista del Colegio de Registradores
Transcribimos a continuación, por su interés, el Editorial de la Revista del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España nº 68, abril-junio 2014, en que se hace una valoración de la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. La portada de la revista dice, a grandes titulares, "El Colegio de Registradores muestra su disconformidad con la asignación del Registro Civil".
El editorial dice lo siguiente:
Reunión entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales sobre la situación futura de los actuales trabajadores de los Registros Civiles
Según informa CCOO en el día de ayer tuvo lugar la reunión de la mesa de negociación sobre el Registro Civil y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que continuará el próximo martes 29 de julio.
En dicha reunión el Ministerio de Justicia ha afirmado rotundamente que no iba a discutir el modelo de Registro Civil y su privatización, y solo discutiría sobre la redacción de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 20/2011 partiendo del texto que había remitido unos días antes. No obstante, CCOO ha vuelto a denunciar la entrega a los Registradores Mercantiles de la gestión del Registro Civil supone la privatización de un servicio público y, además de la huelga convocada por CCOO para el día 8 de octubre, seguirá luchando con todos los medios sindicales a su alcance, incluidas las acciones legales (civiles y penales) que estimen oportunas, para evitar que esta ley cercene aún más los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y propine un nuevo ataque a la ciudadanía.
El ministerio sigue afirmando, con palabras exclusivamente, que en su ámbito de gestión se compromete a que todo el personal (titular e interino) tendrá un puesto de trabajo, pero reconoce que no puede garantizar el de las CCAA con competencias pues una vez más se justifica con no poder interferir en sus competencias. Sin embargo el Subsecretario de Justicia es incapaz de garantizar con hechos para su ámbito de competencia todos los puestos de trabajo, las retribuciones y la localidad de origen, y es por ello por lo que CCOO ha exigido que en el texto debe aparecer sin ningún género de dudas:
En la tromba de desmanes, no solo de los viernes negros, de este desgobierno, ha pasado casi silenciada la privatización del Registro Civil , que ha sido transferido a los registradores. Y no pensemos que es porque el presidente Rajoy sea de tal profesión, más algún hermano, pues nos quedaríamos cortos: el ministro Gallardón tiene un pariente del cuerpo expresado.
El título de estas líneas, está originado por otra de las ocurrencias rajoyanas: su propuesta de regeneración democrática. Pero pensemos que si hay algo que regenerar en una organización o persona, es porque ese algo ha degenerado. Pero antes de esta regeneración, hace casi un año, dos conspicuos miembros de la partida, Zaplana y Aguirre, la lideresa fugatriz (antes de su fuga) se erigieron en protagonistas de esa regeneración. Suponemos que antes habría que regenerar a tales regeneracionistas. O sea, lo mismo que a Rajoy.
Lo que no quiere contar el Ministro sobre la privatización del Registro nos lo cuentan los propios Registradores que aplauden su decisión
El blog de la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver, que para quien no lo sepa es el órgano de comunicación de los Registradores que perdieron la Asamblea de Zaragoza de abril de 2013 en que la mayoría de Registradores de la Propiedad y Mercantiles dijeron que no querían asumir el Registro civil, de los Registradores que meses más tarde perdieron las elecciones a la presidencia de su Colegio, de los Registradores que desde el principio han apoyado asumir el Registro Civil y criticado a todo aquel que se opusiera, de los Registradores que están en sintonía con lo defendido por Rajoy y familia, Gallardón y familia, ha publicado un artículo de opinión titulado "A la deriva" en que critica, como no podía ser menos, cualquier oposición por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles a los proyectos del Ministerio de Justicia, incluido la privatización del Registro Civil.
En dicho artículo se deja entrever algunos de los entresijos que ha llevado al Ministerio de Justicia a entregar el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, lo que pone de manifiesto la absoluta desvergüenza del Ministro de Justicia cuando afirmaba eso de "nada es sabe", "todavía no hemos tomado una decisión", etc, y demuestra que el legislador en España ha sido raptado y sustituido por todopoderosos lobbys que no tienen que responder ante el electorado, que sólo defienden sus intereses personales y profesionales, y que les da igual el servicio público o los ciudadanos.
IU defenderá en Diputación de Cádiz la marcha atrás del proyecto de privatización del Registro Civil y la desaparición de los juzgados de paz
El Grupo de IU en la Diputación Provincial de Cádiz defenderá el miércoles 16 de julio, una moción en la que pedirá el apoyo del Pleno para que éste inste al Gobierno central a “la retirada del anteproyecto de Ley del Ministerio de Justicia que prevé la privatización del Registro Civil e impulsará la desaparición de los juzgados de paz”. La moción que será defendida por el portavoz de IU, el diputado provincial, Pedro Romero, manifiesta “la necesidad de que el Registro Civil se mantenga tal y como está en la actualidad, prestando un servicio público y gratuito a la ciudadanía”. A la vez, solicita al Pleno que apoye “la continuidad de los juzgados de paz para que sigan prestando sus servicios de forma directa, sin ver disminuidos sus recursos y competencias e insta a la sociedad y al Gobierno Andaluz a la defensa del Registro Civil como servicio público y gratuito, que asegure la agilidad y facilitación de los trámites que debe realizar la ciudadanía, asumiendo las competencias de carácter ejecutivo que corresponden a las comunidades autónomas en esta materia de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2011, de Registro Civil”.
CCOO se reúne en el Congreso de los Diputados con Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Justicia
En el día de ayer, 16 de Julio, representantes del Sector de Justicia de CCOO informaron de primera mano a Izquierda Unida de las inaceptables propuestas que el Ministerio de Justicia había hecho el día anterior en relación con la privatización del Registro Civil y su incomprensible entrega a los Registradores Mercantiles y Notarios.
CCOO compartió con este representante político que la decisión del Gobierno es ilegal por haberse adoptado mediante el mecanismo de Real Decreto Ley cuando no había motivos de urgencia inaplazable para ello, hurtando así el debate político a pesar de que la presión de la oposición ha obligado al PP a tramitar el RDL como proyecto de ley, fijando para ello unas nuevas innecesarias urgencias parlamentarias al haberse habilitado el mes de agosto como periodo extraordinario de sesiones.
También insistieron en que la decisión adoptada invade las competencias de algunos estatutos de autonomía lo que, junto con el aspecto anterior, supone dos motivos más que suficientes para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.
Se comentaron en la reunión otros aspectos relacionados con la privatización del Registro Civil, como la gratuidad del servicio y el mantenimiento de los puestos de trabajo, aspectos sobre los que CCOO ha manifestado al Ministerio que son anuncios carentes de ninguna fiabilidad y que solo tienden a buscar el engaño a la ciudadanía para justificar el objetivo de este Gobierno, que no es otro que reducir y adelgazar los servicios públicos, eliminar puestos de trabajo en las administraciones públicas para reducir el déficit y, mediante la privatización, entregar a sus “amiguetes” la gestión de servicios que deben ser siempre prestados por la propia administración.
El Ministerio de Justicia sigue faltando a la verdad cuando intenta justificar ante las organizaciones sindicales la privatización del Registro Civil
El pasado martes 15 de julio tuvo lugar una reunión informativa entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más representativas, convocada por el Ministerio de Justicia para informar a las segundas sobre la privatización del Registro Civil, publicada en el Real Decreto-Ley 8/2014.
En dicha reunión el Ministerio de Justicia intentó justificar con medias verdades, o lo que es lo mismo mentiras a medias, por qué privatizaban el Registro Civil y transferían su gestión a los Registradores Mercantiles. La impresión que producen las siguientes afirmaciones de los responsables del Ministerio es que se agarran como a un clavo ardiendo a determinadas cuestiones para intentar justificar la privatización y futuro negocio del Registro Civil en manos de los Registradores Mercantiles. Aquí están sus afirmaciones, y la verdad de todo ello.
1.- El Registro Civil seguirá siendo gratuito, lo que no establecía expresamente la Ley 20/2011, porque con las ganancias actuales del Registro Mercantil hay dinero suficiente para asumir por completo su coste.
La verdad: La Ley 20/2011 no garantizaba la gratuidad del Registro Civil, pero tampoco establecía que hubiera que pagar por las actuaciones registrales.
Es preciso recordar al Ministerio de Justicia que en su primer borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma integral de los Registros se establecía lo siguiente en el artículo 21.5: Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles. Ante las quejas iniciales suprimieron este apartado.
El propio Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha reclamado el establecimiento de aranceles para determinadas actuaciones registrales para poder mantener el servicio. Resulta claro que diga lo que diga el Real Decreto-Ley 8/2014, cualquier ley posterior, incluso una Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede modificar dicha norma y establecer aranceles.
CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia no garantizará de ninguna manera los puestos de trabajo de los registros civiles del ámbito transferido‏
En el día de ayer 15 de julio tuvo lugar una reunión informativa, y no de negociación como había exigido CCOO, convocada por el subsecretario de Justicia sobre los Registros Civiles, que finaliza con su despótica afirmación de dar una semana para negociar las condiciones en las que quedará el personal allí destinado.
CCOO ha reiterado al Subsecretario de Justicia que el Gobierno debe retirar su decisión de privatizar los Registros Civiles y abrir un proceso de negociación que ha eludido desde que en octubre de 2012 el Gobierno emprendiera su camino hacia la privatización que ha negociado durante meses exclusivamente con los Registradores.
CCOO le conmina a incluir en la reforma de la LOPJ la garantía escrita de que todos los puestos de trabajo de la Administración de Justicia, destinados en cualquier registro civil de España, incluidos los Juzgados de Paz, se mantendrán tras la reforma. El subsecretario de Justicia ha contestado taxativamente a CCOO que no va a garantizar los puestos de trabajo del personal de los Registros Civiles destinado en las CCAA transferidas.
Y respecto al personal no transferido, el subsecretario de Justicia no ha sido capaz de responder con claridad a CCOO, porque ha sido incapaz de explicar las garantías que introducirá en la ley para asegurar el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo que se perderán en los Registros Civiles con esta insensata e injusta decisión del Gobierno.
Los secretarios municipales perderán las funciones de Registro Civil dentro de un año
El partido judicial de Benavente desaparecerá con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la futura Ley de Demarcación y Planta propugnadas por el ministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón, que también suprime los juzgados de paz, y simultáneamente todas las poblaciones de la comarca con juez de paz y los juzgados de Benavente dejarán de prestar el servicio de registro civil.
Esto ocurrirá en el plazo de un año, según acaba de comunicar el Área de Asistencia a Municipios de la Diputación a los ayuntamientos de la comarca. La publicación del Real Decreto de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Estado, prorroga la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil y establece como fecha máxima para su entrada en vigor el 15 de julio de 2015.
Los registradores se sumarán al proyecto de Registro Civil para cambiarlo
El Colegio de Registradores se incorporará al proyecto de Registro Civil propuesto por el Ministerio de Justicia para proponer las modificaciones que se consideren "más adecuadas para garantizar el eficaz funcionamiento de la nueva competencia a tribuida a los registradores y disminuir los efectos adversos que la misma pudiera producir en la unidad del Cuerpo, evitando la entrada en funcio- namiento de esa corporación y de la incorporación a ellas de los registradores encargados de los Registros Civiles".
Así, se resume la postura del Colegio de Registradores, tras la aprobación del Real Decreto Ley 8/2014, que regula el futuro Registro Mercantil, en una carta escrita y difundida por su decano, Gonzalo Aguilera, el pasado día 10 de julio.
Corporación artificiosa
Aguilera explica en su misiva que el Colegio no puede compartir "la decisión del Gobierno, ni en cuanto a la creación de esta artificiosa e innecesaria corporación, ni en cuanto a la obligación que se impone a los registradores de financiar a través de la misma el sistema tecnológico".
Además, considera que el Colegio, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Justicia está en disposición de implantar y desarrollar con plenas garantías de éxito el sistema informático y aplicación previstos, sin más coste para los registradores que el derivado de la "normal financiación de los diferentes proyectos tecnológicos (sean para Propiedad, Mercantil, Bienes Muebles, Floj, Flei, oficinas liquidadoras, etc.), a través de las cuotas colegiales".
IU acusa al Gobierno de "engañar" con el decreto y ofrece sus diputados para llevarlo al Constitucional
Con tantos problemas sociales existentes, con la enorme pérdida de Derechos que estamos sufriendo, con el ruido ensordecedor que la política produce… está pasando casi desapercibido para la ciudadanía un hecho de vital importancia para nuestra seguridad y para la protección pública de nuestra filiación e identidad, enmarcándose (política y mediáticamente) con cierta simpleza, en el terreno de las competencias corporativas, en la cuestión laboral e, incluso, en lo mercantil y en sus posibles costos para la ciudadanía.
Los Registro Civiles modernos tiene su germen en la Revolución francesa (1793), aunque sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la civilización del imperio romano y, claro, en la Edad media “controlados”, básicamente, por la iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos de paso.
Continúan las protestas pese a que Santamaría niega la privatización de los registros
El sindicato Comisiones Obreras volvió a concentrarse en la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia de Murcia contra la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. «Gallardón desprecia los derechos de 45.000 trabajadores de la administración de Justicia», manifestaron.
Comisiones Obreras criticó el decreto de ley publicado el pasado 4 de julio: «Es un atentado de enormes consecuencias contra los derechos de la ciudadanía y contra el empleo en la administración de Justicia ya que se impone sin ninguna negociación con los afectados».
La privatización del Registro Civil se llevará por delante 96 empleos en Asturias
La inscripción de los recién nacidos, las defunciones, matrimonios y cambio de nombre. Hasta ahora estos trámites se libran de forma gratuita en las ventanillas del Registro Civil por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia. El esquema está llamado a desaparecer en un año.
Así lo ordena el Real Decreto Ley de 172 páginas que el Gobierno central aprobó el viernes. El documento modifica de urgencia 26 leyes en vigor e incluye seis disposiciones adicionales según las cuales las funciones del Registro Civil serán traspasadas a los registradores mercantiles, profesionales privados que hasta ahora cobran por cada gestión.
El asunto tiene en pie de guerra a los sindicatos porque «se trata de una privatización encubierta que se llevará por delante 96 puestos de trabajo en Asturias», explica Elena Casas, de UGT. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asegura que el ciudadano no abonará tasa alguna ante los registradores de la propiedad por las gestiones que se le van a confiar y que será el Estado quien retribuya el trabajo. «Nosotros creemos que hay una destrucción de empleo público y que lo que pagas ahora con impuestos, lo acabarás volviendo a pagar en un futuro», opone Casas. La modificación amenaza también a los 24 Juzgados de Paz de la región, «a los que si les quitas este cometido los dejas con muy pocas funciones», agregó.
Almería.es, 10.07.2014
Privatización y gratuidad son las dos cuestiones clave que determinarán el funcionamiento del Registro Civil después de que el Gobierno español haya decidido poner este servicio en manos de los registradores mercantiles. Este cambio de adscripción y las dudas que la polémica decisión ha generado afectan a toda la población de la Comunidad Autónoma Vasca -obligada por ley a registrar información personal y diversos trámites- y a casi 250 funcionarios de Justicia que trabajan en funciones del Registro Civil y cuyo futuro es todavía una incógnita.
Después de varios meses de rumores, idas y venidas, adjudicaciones frustradas y movilizaciones sociales, el pasado día 4 el Consejo de Ministros, a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó un real Decreto-Ley que modifica la ley de 2011 que desjudicializa el Registro Civil de forma que serán los registradores mercantiles quienes se encarguen de la gestión del servicio aproximadamente dentro de un año. Durante estos doce meses de interinidad, los registradores -que no están de acuerdo en hacerse cargo del Registro en las condiciones marcadas por el Gobierno- tendrán que desarrollar una plataforma digital para procesar los datos y permitir la tramitación telemática de los certificados y expedientes.
EMPLEO Y ARANCELES Para los colectivos sindicales, profesionales y sociales opuestos a la salida del Registro Civil del ámbito de la Administración de Justicia las consecuencias de la medida son fáciles de prever. Además de una probable destrucción de puestos de trabajo -unos 4.000 en todo el Estado y 242 en Euskadi-, el cambio supone una privatización encubierta del Registro Civil, reducirá el número de oficinas de atención al ciudadano -ya que en la CAV hay muy pocos Registros Mercantiles-, aleja el servicio de la ciudadanía, pone datos “personales y sensibles” en manos de personas que no son funcionarios y trabajan “como una empresa” y hace muy improbable que los trámites sigan siendo gratuitos. Desde el punto de vista de los trabajadores de la Administración de Justicia del País Vasco, la posible pérdida de puestos de trabajo centra sus críticas y futuras movilizaciones contra el cambio aprobado. Para los ciudadanos el mayor riesgo estriba en la gestión de sus datos personales y en un futuro cobro de trámites que ahora son gratuitos.
CCOO solicita a la Defensora del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2014, por el que se entrega el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad
CCOO ha presentado a la Defensora del Pueblo un extenso documento para solicitarle la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley que privatiza los Registros Civiles, basándose en las numerosas sentencias y la doctrina del Tribunal Constitucional (dicha doctrina ha sido sintetizada en las SSTC 189/2005, de 7 de julio, 68/2007, de 28 de marzo, y 329/2005, de 15 de diciembre, siguiendo la contenida en anteriores resoluciones de este Tribunal, esencialmente en las SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 11/2002, de 17 de enero, y 137/2003, de 3 de julio), que determinan que la aplicación del artículo 86.1 de la Constitución española (“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”) no permite la utilización de esta fórmula del Decreto Ley, salvo en casos de extrema y urgente necesidad.
Y CCOO ha explicado a la Defensora del Pueblo que no son de extrema y urgente necesidad las disposiciones adicionales vigésimo a vigésimo cuarta de dicho Real Decreto Ley 8/2014, porque en ningún momento se ha justificado por el Gobierno cuáles serían los perjuicios u obstáculos que se seguirían de su tramitación por el procedimiento legislativo parlamentario ordinario.
El Ministerio de Justicia y algunas Comunidades gobernadas por el PP son los máximos responsables de las quejas presentadas sobre el Registro Civil
El Ministerio de Justicia y la Vicepresidenta del Gobierno están intentando justificar la privatización del Registro civil, traspasando su llevanza a los Registradores Mercantiles, en que los Registros Civiles acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44%, y en la necesidad de tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019. Lo dicen como si el Gobierno no tuviese culpa alguna en las quejas y las reclamaciones formuladas por los ciudadanos.
El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre reclamaciones y denuncias sobre el funcionamiento de Juzgados y Tribunales del año 2012, último disponible, dice que el peso relativo que las reclamaciones por el funcionamiento de los Registros Civiles tiene sobre el conjunto de las referidas al funcionamiento de los juzgados y tribunales es del 44%, si bien señala que si consideramos todos los motivos de los escritos que se refieren a los Registros Civiles (disconformidad con resolución judicial, cuestión ajena o inclasificable y peticiones de información o sugerencias) el porcentaje que se alcanza es del 31%.
Conforme dicho Informe, los 15 Registros Civiles con mayor número de quejas en el año 2012 fueron por orden los siguientes:
QUEJAS 2012
ADMINISTRACION COMPETENTE
QUIEN LA GOBIERNA
Comunidad A.de Aragón
Comunidad de C.La Mancha
Del anterior cuadro resulta que los 14 Registros Civiles que tuvieron mayor número de reclamaciones y denuncias por su funcionamiento son todos administrados por Gobiernos del Partido Popular. Además, según el citado informe, las Comunidades en que se han incrementado las quejas en el año 2012 respecto al año anterior son la Comunidad Valenciana (7%), Órganos Centrales (52%), Murcia (104%), Aragón (248%), Islas Baleares (357%) y Extremadura (93%), todas ellas gobernadas por el Partido Popular.
La vicepresidenta dice que es "mentira" que se vaya a privatizar el Registro Civil y garantiza que no habrá aranceles
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este jueves que "es mentira" que el Gobierno tenga intención de privatizar el Registro Civil, y ha garantizado que los ciudadanos no tendrán que pagar ningún arancel por los trámites a realizar ante este organismo.
Durante el debate de convalidación del decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha recriminado a la 'número dos' del Ejecutivo que modifique la regulación del Registro precisamente en el mismo mes que debía entrar en vigor la ley aprobada hace tres años para esta entidad.
"Y lo hacen para proceder a su modificación y privatizar este servicio público, que debe ser universal y gratuito, entregando a los registradores mercantiles todos los datos de nuestra vida, los más íntimos e incluso los vinculados al ejercicio de derechos fundamentales, para que puedan explotarlos empresarialmente cobrando un arancel a los ciudadanos", ha acusado la responsable del PSOE.
En su réplica, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "es mentira, no es cierto" que se vaya a privatizar el Registro, y ha hecho hincapié en que a los ciudadanos "no les costarán un euro de arancel" los trámites que deban realizar ante él. "Se lo digo yo", ha insistido.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 86
 Real Decreto 
 resolución