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Timestamp: 2017-06-25 09:37:22+00:00

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Emilio Villalobos Venegas
1 2 3 4 5 6 01 017 8 9 10 QUE ES UNA CLINICA JURIDICA? PARTICIPACION DE LOS CLINICOS La Clínica Jurídica constituye una innovadora alternativa para la enseñanza del Derecho en la Argentina. Entre algunos de sus objetivos podemos mencionar: estrechar los vínculos entre la academia legal y/o las organizaciones civiles, y la comunidad en la que éstas se insertan, modificar los parámetros con que jueces, abogados, políticos y otros actores sociales encaran los problemas relacionados con la protección de los Derechos Humanos y otras materias públicas. Desde la Clínica, los estudiantes y graduados en Derecho llevan adelante casos judiciales reales que involucran la modificación de prácticas que limitan, obstruyen, o restringen la protección de derechos fundamentales de las personas. Para obtener más información sobre clínica jurídica consultar: Los miembros de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, trabajan sobre casos reales que vinculan ambiente y Derechos Humanos, bajo la dirección y supervisión de un grupo de abogados expertos en litigio de interés público. Dentro de muchas actividades, los clínicos presencian, en calidad de observadores, entrevistas con los diferentes actores y organismos involucrados en el caso, ensayan escritos judiciales y administrativos, desarrollan diferentes estrategias en equipo, y acompañan todo el procedimiento del caso, que es llevado por los abogados de la clínica, hasta la resolución definitiva. El siguiente gráfico demuestra las distintas actividades que realizan los integrantes de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente: QUE ES UNA CLINICA TEMATICA? La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente es un laboratorio de práctica de litigio de interés público y reflexión jurídica que trabaja sobre casos reales de violaciones de Derechos Humanos producto de la degradación ambiental o la gestión no sustentable de los recursos naturales. Su fin primordial es el de promover en los abogados y estudiantes que la integran conciencia social en su labor cooperadores del derecho. Mediante la práctica en litigio de interés público no sólo se procura proveer acceso a la justicia a víctimas en estado de indefensión sino que también se pretende que el clínico adquiera destreza profesional y entienda al derecho como una herramienta de cambio social y generador de políticas públicas. Nota aclaratoria: (1) La variable asesoramiento se refiere al asesoramiento que la Clínica provee a los casos que reúnen los requisitos de admisión y que no requieren litigio; como así también, al asesoramiento que se provee a los casos que no reúnen los requisitos de admisión, que siempre reciben una orientación y/o solución institucional. 0311 (2) La variable litigio comprende las causas tramitadas tanto en sede Administrativa como en sede Judicial; y toda la labor que implica litigar el caso como por ejemplo: confección de escritos jurídicos, procuración de las causas, documentación de las causas, preparación de pruebas etc. (3) La variable investigación y capacitación comprenden tanto la labor investigativa que los clínicos llevan a cabo para asesorar o para litigar un caso, como la actualización de los mismos en materia legislativa, doctrinaria y jurisprudencial. (4) En la variable otras se incluyen las siguientes actividades: participación y/o organización de eventos y capacitaciones, logística de la clínica, redacción y edición del boletín informativo, ensayos, comunicados de prensa, actualización del sitio web, participación en foros, reuniones, comisiones legislativos sobre la temática, organización de biblioteca, confección de informes con detalle y estimación de gastos a nuestros donantes, etc. Gráfico - Ejes temáticos año 2005 / 2006 Nota aclaratoria: Los ejes temáticos están relacionados con las problemáticas ambientales y sociales que involucran los casos reales que trabaja Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente. 0412 13 14 CASO RESIDUOS PATOGENOS EN BASURALES A CIELO ABIERTO (SIERRAS DE CORDOBA). Basurales clandestinos y a cielo abierto, de residuos patógenos localizados entre dos hospitales de propiedad del Estado Provincial en la localidad de Santa María de Punilla, Sierras de Córdoba. Punilla, Sierras de Córdoba HECHOS - ESTRATEGIA JURIDICA: ANTECEDENTES DEL CASO: La localidad de Santa María se encuentra ubicada en el Valle de Punilla, al noroeste de la Provincia de Córdoba, en ella se asientan dos de los más importantes centros de salud con que cuenta la provincia, los hospitales "Domingo Funes" y el Hospital Psiquiátrico "Colonia Santa María". El Juez impuso a la Agencia Córdoba Ambiente de la Provincia de Córdoba que retire los residuos de la zona y les diera la disposición final pertinente, también, ordenó que en lugar donde se encontraba localizado el basural siembre árboles autóctonos. Fue exitoso el resultado de las estrategias utilizadas, ya que la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente logró la determinación de la responsabilidad penal de los funcionarios estatales, y la recomposición del ambiente afectado, lo que implica la cesación de los efectos del delito de contaminación. En la misma causa, también se logró que la Fundación CEDHA sea admitida como querellante particular, esto permitió tener pleno acceso al expediente de la causa y poder colaborar con la investigación penal. Los residuos patógenos fueron depositados en forma clandestina, en zonas próximas a los nosocomios mencionados y sin tener un proceso previo de gestión tal como lo prevén las leyes constituyendo una importante fuente de contaminación ambiental y de riesgo de afectación de la salud de la población. La Clínica jurídica de Derechos Humanos y Ambiente comienza a trabajar en el caso, a petición de vecinos que habitan la zona cercana al basural, y, ante la detección de que se infringía la Ley nacional , realizó junto con los afectados una denuncia penal en el fuero federal para que se investigue a los responsables de la mala gestión de estos residuos y para que se le de a los mismos una disposición final adecuada. La Fiscalía Penal interviniente admitió la denuncia y realizó pruebas periciales para comprobar los hechos. Los resultados de las pericias confirmaron efectivamente la existencia en el lugar de residuos patógenos pertenecientes a hospitales y/o clínicas. RESULTADOS DEL CASO: Como resultado de la investigación la Fiscalía imputó a la directora del hospital más cercano al basural, basándose en la fuerte presunción de que la institución es la responsable de los volcamientos de residuos patógenos. Luego, la imputación fiscal fue confirmada por el Juez Penal, quien, además ordenó que se tomen muestras de suelo y de agua ampliándose así el objeto de la exitosa pericia ya realizada por orden del fiscal. 1 Aran Miriam- infracción de la ley15 CASO CHACRAS DE LA MERCED ACCESO AL AGUA POTABLE - CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS: Consumo de agua contaminada con coliformes fecales extraída de pozos domiciliarios: violación de Derecho Humanos. Degradación ambiental por el volcamiento de líquidos cloacales hacia el Río Suquía, insuficiente tratamiento de la planta depuradora, amparo, ejecución de sentencia. tas y por otro lado exige al Municipio la minimización del impacto ambiental ocasionado al río por la planta de tratamiento. SENTENCIA : Por su importancia transcribimos parte de la resolución: Ordenar a la Municipalidad de Córdoba adoptar todas las medidas necesarias relativas al funcionamiento de la EDAR Bajo Grande a efectos de minimizar el impacto ambiental producido por la misma hasta tanto se arribe a una solución definitiva respecto a su funcionamiento; y a la Provincia de Córdoba a asegurar a los amparistas una provisión mínima de 200 litros diarios de agua potable hasta tanto se realicen las obras pertinentes que posibiliten el pleno acceso al servicio público de agua en los términos del decreto 529/94. EJECUCION DE LA SENTENCIA - INCIDENCIA EN LAS POLITICAS PUBLICAS: La sentencia produce una significativa incidencia en las políticas públicas provinciales y municipales, entre ellas se destacan: La Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Ciudad de Córdoba EDAR Bajo Grande controlada por la Municipalidad de la ciudad, es la principal responsable de la contaminación de un sector del Río Suquía, a causa del insuficiente tratamiento que le provee a los líquidos cloacales, los que son arrojados al recurso hídrico inadecuadamente. Los vecinos de Chacras de la Merced, comunidad situada a la ribera del Río Suquía y a 2 Km. de distancia de la Planta mencionada, desde hace años venían solicitando a las autoridades el cese de la contaminación del río y el acceso al agua potable. Estos reclamos no recibieron respuesta estatal. ESTRATEGIA JURIDICA: ACCION DE AMPARO: Luego de un análisis profundo e integral de la problemática, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, decidió interponer una acción de amparo contra el estado provincial y municipal, obteniendo una sentencia ejemplar que obliga a la provincia de Córdoba a proveer el servicio de agua potable a los amparis- I- En lo que respecta al cese de la contaminación del río, se logró que la autoridad municipal diseñe un proyecto para reestructurar la planta de tratamiento. II- En relación a la falta de agua potable, la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección de Aguas y Saneamiento (DIPAS), está ejecutando una obra a fin de proveer este servicio a toda la comunidad de Chacras de la Merced y zonas aledañas a la misma. III- El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba, sancionó una ordenanza que dispone, que los recursos económicos recolectados por el municipio en concepto de cloacas, -que anteriormente eran de gasto discrecional por parte del Poder Ejecutivo Municipal-, se destinen, exclusivamente al mantenimiento y extensión de este servicio público de cloacas. Jurisprudencia que sienta el fallo: el acceso al agua potable como Derecho Humano y la anticipación de la tutela al ordenar con carácter cautelar la provisión de agua potable a los amparistas durante el transcurso del proceso judicial. 0816 CASO CIUDAD DE CORDOBA - DDT Y OTROS PLAGUICIDAS PROHIBIDOS EN DEPOSITO REGIONAL DEL SENASA: Acopio irregular por más de 30 años de plaguicidas prohibidos en el depósito regional del Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (SENASA) en la Ciudad de Córdoba -Impacto en el ambiente - Efectos en la salud - Acción de recomposición ambiental - Denuncia penal. ciones del depósito. Los vecinos requerían el saneamiento del predio que subsistía contaminado no obstante el retiro de los plaguicidas del lugar por orden de las autoridades. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, decidió a los efectos de dar respuesta a lo requerido por los vecinos interponer una demanda de remediación ambiental contra el SENASA, reclamando la recomposición ambiental del lugar. Dicho reclamo, fundado en la Ley General del Ambiente (L.G.A. Ley ), tiene por objeto que la Justicia ordene al SENASA recomponer, a su costa, el lugar donde funcionaba el depósito regional de plaguicidas. Además, solicitó al tribunal, que disponga la clausura y custodia permanente del lugar a fin de que no se retiren del lugar elementos que puedan ser válidos como medios de prueba; y peticionó que se imponga al SENASA, la realización de un estudio epidemiológico a los vecinos de las inmediaciones que pudieran estar afectados en su salud por contacto con plaguicidas prohibidos. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS ESTATALES: ANTECEDENTES DEL CASO El caso DDT, se hace público en el mes de enero de 2005 a través del periódico cordobés La Voz del Interior. Dicho periódico informó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), conservaba desde hace 30 años, en un depósito regional de su propiedad más de 12 toneladas de plaguicidas prohibidos, -entre ellos DDT-, en irregulares condiciones de almacenamiento y a tan sólo veinte cuadras del centro de la Ciudad. Existe una causa penal iniciada por denuncia fundada en la Ley de Residuos Peligrosos En la causa se investiga a funcionarios que pudieran resultar responsables; la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente se constituyó en querellante particular para coadyuvar en la investigación. La existencia, calidad y tipo de agroquímicos almacenados en el depósito fue admitida por SENASA. INTERVENCION DE LA CLINICA JURIDICA DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE - ESTRATEGIA JURIDICA: RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL DEL SITIO - ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO: La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, toma intervención en el caso, a solicitud, de vecinos de las inmedia 1 Fundación CEDHA c/ SENASA- Ordinario Juzgado Federal N 1, Córdoba. 2 Montenegro Raul s/ denuncia 0917 CASO LA PAZ CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Conflicto Social derivado de la contaminación sonora, en la localidad de La Paz, situada en el departamento de San Javier de la Provincia de Córdoba. Local bailable - Mediación Comunitaria. cumplimiento de las normas, educación sobre la problemática y sus efectos en la salud y calidad de vida; entrega de bibliografía relacionada con la temática sobre Derechos Humanos y Ambiente. ANTECEDENTES - ESTRATEGIA JURIDICA: Un grupo de vecinos de La Paz, -localidad ubicada en el Departamento San Javier de la Provincia de Córdoba-, solicitó asesoramiento a la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, por el excesivo ruido que padecían a causa del alto volumen empleado en los espectáculos públicos de la zona, en particular durante la temporada de vacaciones. Los afectados pretendían la adecuación de los mismos decibeles a los niveles permitidos por las normas y las reglas de una sana convivencia, y no el cierre de locales bailables. Luego del diálogo mantenido con el Intendente del Municipio y con vecinos afectados, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, decidió someter a un proceso de una mediación voluntaria comunitaria. La estrategia seleccionada fue la más idónea, atento la predisposición de las partes involucradas para arribar a un acuerdo que posibilite la convivencia armónica y una conciliación de enfrentados intereses entre vecinos y empresarios. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente presentó el caso ante La defensoría del pueblo de la Provincia de Córdoba. Dicho organismo, a través de su Centro Comunitario de Mediación, instauró un proceso en el que participaron los afectados con patrocinio de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, las autoridades municipales y los empresarios. El proceso concluyó con la celebración de un Acuerdo de Compromiso Comunitario, que resolvió en forma positiva el conflicto social derivado de la contaminación sonora. Se resaltan los siguientes puntos del Acuerdo de Compromiso Comunitario : minimización del ruido mediante la instalación de barreras acústicas naturales y de otra índole; inclusión de cláusulas reguladoras de volúmenes y horarios en los permisos otorgados, instrucción sobre la práctica de la mediación como alternativa para la solución de conflictos a través del dictado de cursos; ejercicio de una solidaridad responsable en materia del ruido; cooperación en el control del CASO RECOMPOSICION AMBIENTAL SITIOS DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE LA MINERIA DEL URANIO. Uranio - Residuo Peligroso - Serio Impacto Ambiental Remediación Ambiental. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, es miembro del foro social que tendrá a su cargo el contralor del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) que ejecutará en la Provincia de Córdoba la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con financiamiento del Banco Mundial. Este foro social es un espacio de participación de la sociedad civil, en el marco del proyecto de la CNEA que procura remediar o al menos minimizar los pasivos ambientales. El foro social es un ejemplo de democracia participativa y un intento de mejorar la gobernabilidad y transparencia de las actividades Estatales. La CNEA y el grupo técnico que la misma constituya a los efectos del diseño y ejecución de los proyectos de remediación someterán sus actividades al contralor de este foro. Los sitios a remediar en la Provincia de Córdoba, son la planta fabril de producción de UO2 ubicada en la Ciudad de Córdoba, y la mina de uranio, ubicada en Los Gigantes. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, referente jurídico dentro de este foro social, tuvo una intensa participación en la elaboración del estatuto constitutivo del mismo. Asimismo, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente fiscalizará el cumplimiento de la normativa relacionada con Derechos Humanos y ambiente, y exigirá que durante el proceso se asegure la participación, el acceso a la información y la real incidencia de lo decidido por el foro social a lo largo de la ejecución del proyecto. 1018 CASO NITRATOS: Provisión de agua contaminada con Nitratos en dieciseis barrios de la ciudad de Córdoba por cooperativas y empresas familiares concesionarias de pozos. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente trabaja en este caso donde hay una afectación al Derecho Humano fundamental al acceso de agua potable, el que, permite cubrir las necesidades vitales básicas de las personas. QUE SON LOS NITRATOS? Nitratos es una forma de nitrógeno. Los nitratos aparecen en el suelo y en las aguas superficiales y profundas como el resultado de la descomposición natural por acción de microorganismos. ANTECEDENTES DEL CASO: El gobierno de Córdoba en la década del noventa privatizó el servicio de agua potable, por contrato de concesión celebrado con la empresa Aguas Cordobesas. Sólo cordobeses no reciben el suministro de Aguas Cordobesas y son provistos del servicio por cooperativas vecinales y empresas familiares concesionarias de pozos de agua. En el marco de las privatizaciones el Gobierno Provincial crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP). El ERSEP es un organismo autárquico, creado por la Ley Provincial 8835, conocida como Carta del Ciudadano. Su función es regular y controlar los siguientes servicios públicos provinciales: de agua potable, energía eléctrica, transporte entre otros. Quedan excluidos de la órbita del ERSEP los servicios públicos de carácter nacional o municipal. A su vez, el Ente Regulador de los Servicios Públicos recepta y tramita los reclamos de los usuarios. Las resoluciones del ERSEP causan estado y agotan la vía administrativa. El caso nitratos se hace público entre los ciudadanos de Córdoba, cuando el periódico La Voz del Interior interpone una acción de amparo fundada en el derecho de la información dirigida a obtener las actas de reunión del directorio del organismo. Las mencionadas actas fueron prueba dirimente en este caso, ya que las mismas acreditan fehacientemente que los titulares del ERSEP, el Ministro de Obras Públicas de la Provincia y la DIPAS (Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento) conocían desde mucho antes de que el caso se haga público entre los ciudadanos, que el agua que proveían las cooperativas concesionarias de pozos estaba contaminada con nitratos, y que debían planificar acciones inmediatas ya que estaba en riesgo la salud de la población. En consecuencia, las autoridades ocultaron que el agua provista estaba contaminada con nitratos y nitritos. INTERVENCION DE LA CLINICA JURIDICA DE DDHH Y AMBIENTE EN EL CASO - ESTRATEGIAS La demanda de intervención de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente en el caso es efectuada por los vecinos afectados de barrio Patricios de la ciudad de Córdoba. Las estrategias jurídicas diseñadas frente al hecho de la provisión de agua contaminada con nitratos se agrupan en dos: A- En sede Judicial - en el Fuero Penal: Constitución en Querellante Particular: La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente se constituyó en querellante particular en la causa penal iniciada contra Funcionarios públicos del Ente Regulador de Servicios públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP), de la Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento (DIPAS) y del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. En la causa, están imputados titulares y ex titulares de los organismos públicos mencionados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fundamento de dicha imputación por parte del Ministerio Público Fiscal fue el conocimiento por parte de tales funcionarios de la provisión de agua con niveles de nitratos muy superiores a los permitidos por el Código Alimentario Nacional (45mg/l). En la referida causa penal, también están imputados, los titulares de las cooperativas prestatarias del servicio de agua de trece de los dieciseis barrios de la ciudad por el delito de venta de mercaderías peligrosas para la salud en forma culposa. SITUACION ACTUAL DE LA CAUSA PENAL La causa actualmente se encuentra en la etapa de investigación fiscal. La constitución en querellante 1119 particular le ha permitido a la Clínica Jurídica de Derechos y Ambiente, la posibilidad de acceder a las actuaciones durante la investigación penal preparatoria, intervenir en la sustanciación del proceso, como contralor de la actividad judicial y como colaborador de la investigación. B- En sede administrativa: reclamos administrativos: La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente interpuso por ante el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP) reclamos administrativos con la finalidad de que el Ente dicte resoluciones con efectos extensivos a todos aquellos afectados por la provisión del servicio de agua contaminada que se encuentren en idéntica situación fáctica y/o jurídica. Los reclamos administrativos incoados pueden clasificarse por su objeto en los siguientes: (1) Los que persiguen la repetición de los importes pagados en períodos en que el agua estuvo contaminada con altos niveles de nitratos. Estos reclamos se efectuaron con fundamento en el derecho de repetir lo que se pagó sin causa y en el incumplimiento contractual de la prestataria que proveyó agua contaminada en lugar de la prestación contratada (agua potable). (2) Los reclamos que persiguen la exención de pago de los montos correspondientes a los períodos en que el agua estuvo contaminada. Estos reclamos se realizaron con fundamento en que los afectados no pueden ser intimados a pagar y menos aún sus viviendas subastadas por el no pago de la tarifa correspondiente a los períodos en que se les proveía agua con valores de nitratos muy por encima de los permitidos. (3) Y por último, los reclamos efectuados a fin de que el Ente Regulador de Servicios Públicos instaure un régimen de tarifa social para todos aquellos que no pueden afrontar el pago de la tarifa normal por escasez de recursos. Asimismo, se le reclamó al Ente Regulador un suministro mínimo de agua potable en los casos de falta de pago de la tarifa por imposibilidad económica. Este reclamo fue realizado con fundamento en que las prestatarias del servicio proceden efectúan el corte total del suministro de agua en los casos de no pago, incumpliendo la normativa vigente que obliga a proveer al menos doscientos litros diarios. Además, con fundamento en que el acceso al agua potable es un derecho humano básico y que debe estar plenamente asegurado por Estado, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente reclamó para los casos de excepción (familias TANQUE DE AGUA DE LA COOPERATIVA DE BARRIO PATRICIOS - CORDOBA numerosas, enfermos, embarazadas, mayores de setenta años, etc.), la provisión de agua potable en cantidades superiores a ese mínimo vital de doscientos litros diarios que impone la normativa. ESTADO ACTUAL DE LOS RECLAMOS INCOADOS: Los reclamos administrativos fueron realizados con fecha 6 de septiembre de En agosto de 2006, luego de haber presentado pronto despacho de los reclamos y de haber denunciado la falta de respuesta a los medios de prensa, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente fue notificada de la resolución recaída en los reclamos. El ERSEP, resolvió hacer lugar parcialmente al reclamo: (1) Ordenó la reducción de la facturación por los meses en que se probó que el agua se proveyó con nitratos. (2) Invitó a las partes: vecinos reclamantes - patrocinados por la Clínica jurídica de Derechos Humanos y Ambiente - y la cooperativa concesionaria del servicio a celebrar una audiencia a esos fines. Cuestionamiento de lo resuelto: La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente cuestionó lo resuelto a través de un Recurso de Reposición. El fin perseguido es que el ERSEP reconsidere la resolución emitida y la revoque disponiendo la exención de pago y/o la devolución de lo pagado, y no una reducción 1220 de la facturación, atento a que los endebles fundamentos del ente encargado del contralor de los servicios públicos son: (1) Que los usuarios han recibido una provisión por parte de la concesionaria, aunque deficitaria. (2) Que la presencia de nitratos se ubicó apenas por encima de los niveles permitidos por la normativa vigente. A la fecha de este informe está pendiente de resolución el reclamo de tarifa social para el servicio público de agua y de garantía de un abastecimiento mínimo vital para los individuos imposibilitados de costear el servicio. CASO VILLA ALLENDE, INCINERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y CREMATORIO de la Red E-LAW, constituída por expertos que asesoran a abogados que litigan en material ambiental. El objetivo fue la realización de un diagnóstico del impacto socio-ambiental producido por el establecimiento mencionado. En la actualidad el caso se encuentra en etapa de diagnóstico en cuanto a los posibles daños ocasionados, encontrándose sustancias tóxicas en la sangre de niños y mujeres que viven en la zona, entre ellas: mercurio, plomo y cadmio. El dueño del establecimiento ha impugnado judicialmente la resolución de las autoridades por la que se dispuso del cierre de su empresa, e intenta por esa vía lograr la reapertura de la misma. La decisión estatal de cerrar el establecimiento es una consecuencia de la aplicación del principio precautorio, en la que se priorizó la salud de los vecinos y el ambiente ante la realización de una actividad productiva que potencialmente pudiera dañarlos. Funcionamiento de un incinerador de residuos peligrosos y un crematorio en zona urbana. Reclamo Social. Cierre del establecimiento. Posibles impactos en el ambiente y en la salud de los vecinos. ANTECEDENTES DEL CASO: Ante las inmisiones irregulares de un establecimiento localizado en un barrio de la localidad de Villa Allende, sita a cercanías de Córdoba Capital, los vecinos del lugar exigieron a las autoridades provinciales y municipales el cierre del establecimiento ante los posibles impactos en el ambiente y en la salud que el mismo pudiera estar produciéndose. Los vecinos se agruparon en lo que se llamó la asamblea de los vecinos de Villa Allende, contra la incineración y el crematorio. Esta asamblea solicitó asesoramiento a la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente para evaluar los posibles daños al ambiente y la salud producidos en la zona. La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente acudió a colaboración técnica e interdisciplinaria del Centro de Química Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba (CEQUIMAP), y TOMA DE MUESTRA DE SUELO DEL CREMATORIO- VILLA ALLENDE- CORDOBA 1321 MEGAEMPRENDIMIENTOS El caso megaemprendimientos consiste en la proliferación de construcciones de barrios cerrados, o barrios privados, también llamados Countries, sin la debida previsión del suministro de agua potable y otros servicios que los abastezca. Otro aspecto que presenta el caso es la realización de estas obras sin previa evaluación del impacto ambiental. HECHOS- ESTRATEGIA: Existen tres zonas afectadas con la construcción de estos megaemprendimientos en la Provincia de Córdoba: la zona de La Calera, la zona de San Antonio y la zona de la autopista Córdoba-Carlos Paz. En esos sectores se están construyendo más de una decena de countries aproximadamente que tienen los siguientes inconvenientes: También se intenta, a través de la Clinica Jurídica, que se cuente con un adecuado seguimiento de las obras de provisión de agua potable a los fines de que no afecte otros sectores de la zona, es decir, que fruto de las construcciones no se lesione el acceso al agua potable de sectores que carecen del recurso o que tienen un servicio insuficiente. A estos fines se comenzó con una investigación exhaustiva y se solicitó a través de notas dirigidas a la DIPAS y a la Agencia Córdoba Ambiente que se informe si habían otorgado las certificaciones y habilitaciones pertinentes. Se está trabajando con la Asociación de amigos del Río San Antonio (ADARSA), en forma conjunta. ADARSA es una organización no gubernamental, ambientalista sin fines de lucro, que trabaja en todo lo relacionado con el cuidado y protección de la Cuenca del Río San Antonio, para un buen uso de este recurso vital para todos. Está formada por vecinos de las cinco comunas del Sur de Punilla: San Antonio de Arredondo, Mayú Sumaj, Icho Cruz, Tala Huasi y Cuesta Blanca y abierta a todas aquellas personas e instituciones interesadas. (1) No cuentan con la debida prefactibilidad de la DIPAS, organismo provincial de aguas y saneamiento que debe otorgar la autorización correspondiente respecto de los recursos hídricos. (2) Tampoco con la licencia de la evaluación del impacto ambiental, otorgado por la Agencia Córdoba Ambiente, obligatorio en estos casos. La situación se encuentra agravada por la venta previa de los lotes por parte de las empresas constructoras, no contando con seguridad del suministro mínimo de agua potable. Asimismo, estas construcciones son emplazadas previo desmonte de flora nativa, y en algunos casos en las laderas de los cerros, modificando notablemente el paisaje autóctono. La estrategia de la Clínica Jurídica de CEDHA consiste en monitorear, controlar y exigir que se otorguen las autorizaciones pertinentes y que se cuente con un plan de construcción conforme a las normativas, previéndose un plan de mitigación de los impactos negativos que pudiere ocasionar dicho emprendimiento. CONSTRUCCIÓN DE MEGAEMPRENDIMIENTOS HABITACIONALES - CORDOBA 14 Mostrar más
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