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Timestamp: 2018-07-16 10:09:23+00:00

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fraude – Claudio Sandoval
El Proceso Electoral Venezolano es un Fraude a la Ley
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1. El Proceso Electoral Venezolano es un Fraude a la Ley
Voy a estructurar este escrito elaborando una primera parte sobre el Derecho y una segunda parte sobre lo político.
A. El Fraude Electoral según el Derecho
¿Qué entiende el Derecho venezolano por “fraude”? De acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia bolivariano:
“El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.”[1]
“…Es por ello, que parece más adecuado calificar tales situaciones como casos de fraude a la ley, entendiendo por tal al conjunto de “maniobras” o procedimientos tendientes a eludir en forma indirecta, la aplicación de una ley imperativa…”[2] (Subrayado de la Sala y negritas de quien suscribe).
De manera que el artificio o fraude a la ley que hace referencia el código civil venezolano, y el marco jurídico en general, puede definirse de la siguiente manera: “Maquinaciones, maniobras y artificios destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos involucrados, a impedir la eficaz consecución del acto que los convoca, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de la otra parte o de tercero. Estas maquinaciones, maniobras y artificios pueden ser realizados unilateralmente, o por el concierto de dos o más sujetos involucrados; y pueden perseguir la utilización del acto que corresponda como instrumento para crear determinadas situaciones jurídicas, y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes involucradas, impidiendo que el acto se realice correctamente, según lo ordena la ley.”
Son tantas las irregularidades jurídicas cometidas por el Estado, por medio del CNE y el poder Ejecutivo, que bastaría con escoger al azar normas diversas de nuestro ordenamiento jurídico para observar la facilidad con que se puede poner en evidencia la transgresión estatal, de cara a la definición de fraude a la ley previamente esbozada.
Por ello, he escogido normas generales a fin de demostrar, sin ánimo de exhaustividad, el fraude a la ley. Un fraude que si bien pudiera agrupar otros departamentos como el informático, debo remitirme a lo que tengo capacidad de probar. Aclarando, sin embargo, que el sólo fraude a la ley o al marco jurídico en su conjunto, constituye razón suficiente para denunciar contundentemente la irregularidad y que se prenda un soberano “P” en este país.
i. Se violó el Derecho al Voto
El Estado ha violado sistemáticamente el artículo 63 CRBV de muchos venezolanos. Dicha norma consagra el derecho al voto.[3] Con la práctica de evitar la presencia de electores o su expulsión de centros electorales mediante el amedrentamiento y uso de la violencia, por parte de motorizados de los grupos de choque oficialistas, el Estado venezolano no ha respetado ni garantizado el derecho al sufragio de venezolanos. Más bien ha mostrado aquiescencia respecto de estas hordas armadas.
Y no faltará algún político pragmático o algún indisciplinado mental que replique: “Aja, pero a cuantos el gobierno le violó ese Derecho ¿Es más chico, cuanto es el número de venezolanos que no pudieron votar; marca dicho grupo reducido la diferencia del resultado a favor de Chávez?
Lo primero que se debe hacer es ubicar al personaje en cuestión. No confundas la gimnasia con la magnesia. Estamos hablando de Derecho, no de política. ¡Organiza tu mente!
Segundo, desde la perspectiva de los Derechos Humanos (DDHH), donde se encuentra ubicado el derecho al voto, no es aceptable justificar –ese reconocimiento implícito de – la violación de un Derecho Humano con el argumento cuantitativo: “Caramba pero compara tu chico, cuantos millones de personas si pudieron votar en relación con los cientos o miles que no pudieron hacerlo por ese motivo.”
Sepa quien muestra su ignorancia de esa forma, que la titularidad de los derechos civiles y políticos es individual, no colectiva. Por eso las normas de esta naturaleza generalmente dicen “toda persona tiene derecho” (esfera individual) y nunca se encuentra una redacción que diga “El pueblo tiene derecho” (esfera colectiva). Más aun, el artículo 30 CRBV ordena al Estado a reparar a toda persona victima de una violación de cualquiera de sus DDHH.[4] No creo que el Estado ejecutará tal reparación.
Muy bien, hasta cierto punto pudiera reconocer que tales violaciones no necesariamente dan pie a la anulación y reposición del proceso electoral pero si evidencian el fraude constitucional permitido por funcionarios públicos que han de mantener una conducta intachable e imparcial.
ii. Falta de Imparcialidad del CNE
Y hablando de eso mismo, el Estado ha violado sistemáticamente el artículo 145 CRBV, según el cual los funcionarios públicos (como los rectores del CNE) deben estar al servicio del Estado y nunca de alguna parcialidad política.[5]
Ejemplos sobran, recordemos en esta ocasión la suerte actual de los antiguos rectores Jorge Rodríguez y del magistrado Francisco Carrasquero. Posiblemente si alguien se toma la tarea de averiguarlo, encontrará que más de un rector de los que se encuentran hoy ejerciendo el cargo, milita o militó en un partido político oficialista en estos últimos catorce años.
Otra vez el indisciplinado mental me diría, pero tú eres bolsa o inocente. Históricamente, cada quien mete a los suyos en los cargos de poder. Nuevamente, habría que ubicarlo en el Derecho para posteriormente decirle que una cosa es colocar a gente aliada en una posición importante para que haga las cosas bien y otra es poner a un jala mecate para que cumpla con tus intereses personales, en detrimento de la colectividad.
Habría que reconocer, quizás, que ello no es motivo para anular una elección pero también es justo comprender que el CNE no ha sido dispuesto al servicio del Estado sino que funge como ente destinado a garantizar por las malas o por las buenas un proyecto político concreto llamado chavismo. Esta maquinación para trasgredir la ley se llama, precisamente, fraude a la ley.
iii. Delitos contra el patrimonio de la República
En mi opinión, el Estado ha violado el artículo 289.4 CRBV[6] y el gobierno ha transgredido el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción.[7] Coloco dos ejemplos del cual fui testigo: Compra de votos a favor del oficialismo y uso de patrimonio del Estado para ejercer campaña política (vehículos e instalaciones).
Frente a esta realidad el vivo o indisciplinado mental rebuscaría el terreno político para concluir que en ninguna parte dice que el voto no se puede vender y que el uso de los recursos del Estado constituye una ventaja por estar en el poder, más jamás puede aludirse con eso a fraude electoral.
Como el jurista está en modo de paciencia y pedagogía, debe informarle al osado que posiblemente en la práctica alguien pueda vender su voto pero un funcionario público tiene prohibido por Ley comprarlo con dinero o recursos pertenecientes a la cosa pública. Mucho menos puede hacer uso de los recursos del estado para apoyar parcialidades políticas.
Ambas conductas encuadran jurídicamente en la definición de fraude a la ley aportada en líneas anteriores. Siendo así, el particular tiene derecho a expresar su voluntad sobre lo que considera es o no fraude, pero en orden de prevalencia lo que cuenta es la voluntad de la Ley. Esa voluntad informa que tal conducta refleja un fraude a la Ley indistintamente del criterio político que cada cual tenga.
iv. Debe distinguirse y separarse el “Fraude Jurídico” del supuesto “Fraude Informático”
La mezcla discursiva entre el fraude a la ley y el supuesto fraude informático genera confusión.
Hasta ahora, ninguno de los técnicos que he escuchado presentan pruebas concretas de cómo la maquina convierte un voto opositor, por ejemplo, en un voto chavista. Sigo abierto a presentaciones técnicas. No desconozco el asunto sólo que no puedo reconocerlo en relación con el 7-O.
A carencia de pruebas considero que es más responsable concentrarse en el área donde las evidencias abundan, como lo es el sector jurídico. Por ejemplo, el hecho de que los representantes del chavismo metan votos apretando el botón de las maquinas desproporcionada e indiscriminadamente en los centros abandonados tempranamente por la oposición, no es fraude informático o electrónico sino fraude a la ley.
B. La tesis del Fraude en el campo político
Acá si pueden cambiarse las cosas a placer, particularmente la semántica. Hablar de fraude o ventajismo da igual porque ambos términos conciertan reconocer y significar lo mismo: Trampa.
De manera que la batalla terminológica es inútil y hasta un tanto ingenua, a mi modo de ver. La oposición no entiende que ni suavizando el discurso logrará convocar a sus electores para el próximo 16 de diciembre. Habrá abstención sustancial.
La subestimación de estos líderes hacia el pueblo genera de vuelta burla colectiva, por desubicados. La gente está clara que el gobierno controla el CNE y que, en concierto, tienen capacidad suficiente para hacer trampa. Y lo saben no porque un grupúsculo sin capacidad mediática importante denuncie la trampa. El pueblo sabe de esto porque lo observa con sus propios ojos. Eso es lo importante a nivel del discurso. No se trata entonces de diseñar una estrategia para venderle al pueblo un “término”: Ventajismo en lugar de fraude.
Después se quejan y no saben por qué Chávez los ¡derrota!
Ahora bien, el fondo es más preocupante. Estoy conciente de las causas, más me alarmo cuando un político o cualquier persona me dice cosas como las siguientes:
“Y que culpa tiene Chávez si la oposición al verse perdida abandonó los centros. Yo también hubiese mandado a puyar los botones de las máquinas para meter más votos”.
“Y quien manda a la oposición a no comprar votos como lo hizo Chávez. Hay que ponerse las pilas papa –sin acento”.
“Los grupos de choque armados son necesarios. Gafa la oposición que no mandó ninguno a cuidar a su gente”.
Señores, para estas personas el problema no es el fraude a la ley que se está cometiendo, el problema es que son otros y no ellos los que están perpetrándolo. El problema no es el acta mata voto. El problema es que son otros los beneficiados de la trampa.
Mire usted, los políticos sencillamente reflejan la conducta de la sociedad donde han nacido y crecido. Aquí el Estado de Derecho no lo respeta la gente y, entonces, mucho menos las elites con poder. En general, el venezolano acude a la ley cuando le conviene y la traspasa o trata de hacerlo cuando le perjudica. Juan Bimba diría: “No nos caigamos a coba en esto que somos grandecitos compadre.”
Reitero, en normalidad de circunstancias el fraude a la ley sería suficiente para desmontar la trampa del proceso electoral venezolano. Pero es que a la gente no le importa lo legal y mucho menos a los políticos opositores que comparten la moral de Chávez sobre qué es fraude -netamente lo electrónico – y qué es ventaja política. Ustedes recordarán que el caso Watergate, en Estados Unidos, cambio los resultados del panorama electoral que se avecinaba por aquellos días. Ni siquiera hubo fraude el día de las elecciones. Sencillamente Nixon cometió una irregularidad pre-electoral y fue obligado a salir del juego político. Aquí se han cometido ilegalidades peores a la de espiar opositores políticos.
Entonces si la moral se reduce a que el reto es ser más vivo que el otro, que el dilema no es la ilegalidad de comprar votos con patrimonio del Estado sino que es el adversario quien tiene el poder para hacerlo y comérsela de lo lindo, bueno, cállese la geta porque verdugo muere de esa forma y no llora ¡carajo! Aguante callao e ingénieselas para meter más viveza que micomandantepresidente. Así se llevó Chávez por los cachos a los adecos… Claro, el tema es que con ese pensamiento el proclamado cambio social no va pal’ baile compadre.
i. Mi propuesta
Como ya la escribí, me tomo el humilde atrevimiento de citarla a continuación:
“Al hablar de fraude evoco una etapa superada de mi vida donde creía que la competencia política era equilibrada (aun sabiendo que en Venezuela nunca lo había sido: acta mata voto, etc.). Habiendo documentado y denunciado el asunto en el pasado, hoy prefiero dejar esa tarea en manos de los técnicos ya que me estoy enfocando en ayudar a impulsar las condiciones para el verdadero cambio social. Esa es una labor objetivamente más importante que la táctica electoral porque gracias a ésta el fraude queda en segundo plano (Obsérvalo así: Ni con un CNE más parcializado que el actual, se le hubiese podido arrancar la victoria a Chávez en el 98 porque se trataba de un proceso irreversible, que no podía seguir siendo contenido por un sistema a punto de colapso: El comandante ganaba por las buenas o por las malas).”[8]
[1] Véase – SC – 908 – 04/08/2000 Caso Hans Gotterried Ebert Dreger
[2] – SCS – 27/07/2000 Caso Darío Salazar García contra Olimpya de Venezuela C.A.
[3] Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.
[4] Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
[5] Artículo 145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.
[6] Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría General de la República: 4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.
[7] Artículo 7. Los funcionarios y empleados públicos deben administrar y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de la manera prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, y se alcancen las finalidades establecidas en las mismas con la mayor economía, eficacia y eficiencia.
[8] http://www.eluniversal.com/opinion/121018/llorar-y-llorar
Posted on December 2, 2012 September 7, 2015 by Claudiopedia	0

References: artículo 63
 artículo 30
 artículo 145
 artículo 289
 artículo 7
 Artículo 63
 Artículo 30
 Artículo 145
 Artículo 289
 Artículo 7