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Timestamp: 2019-09-16 15:16:01+00:00

Document:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / ACCIDENTE DE TRANSITO / EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EN PROCESO PENAL
RESPONSABILIDAD INDIRECTA / GUARDIANES DE LA COSA INANIMADA QUE PRODUJO EL DAÑO / ACTIVIDAD PELIGROSA / EMPRESA TRANSPORTADORA / PROPIETARIO DEL VEHÍCULO / COMPAÑÍA ASEGURADORA
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DAÑO MATERIAL / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA
APRECIACIÓN PROBATORIA / CARÁCTER PERSONAL DEL DAÑO / REPARACIÓN INTEGRAL
SALA CIVIL SALA QUINTA DE DECISIÓN Magistrado ponente
ACCIÓN EJECUTIVA HIPOTECARIA / PAGARÉ / CLAUSULA ACELERATORIA / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN ANTE NUEVA DEMANDA EJECUTIVA
RESOLUCIÓN DE CONTRATO / PROMESA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES MATRICES Y SUBORDINADAS / FUSIÓN DE SOCIEDADES / RESPONSABILIDAD
ACCIÓN EJECUTIVA MIXTA / ALTERACIÓN DEL TEXTO DEL TÍTULO VALOR / ADICIÓN DE CLÁUSULA NO CONVENIDA / NOVACIÓN / CONTRATO DE HIPOTECA
DEDUCCIONES EN MATERIA DE INTERESES
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL MANEJO DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS / ACTIVIDAD PELIGROSA / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / IMPUTACIÓN OBJETIVA
FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE IMPREVISIBILIDAD E IRRESISTIBILIDAD
DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO Y SU CUANTIFICACIÓN / DECLARACIONES EXTRAPROCESO / CONCURRENCIA DE CULPAS / CULTIVO EN ZONA PROHIBIDA
Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00499-01
Actor: CONSOLACIÓN CUTIVA AGUILAR
Demandado: SURATEP S.A y CÍA SURAMERICANA DE SEGUROS
Para esta colegiatura no cabe duda, que la sentencia penal condenatoria pronunciada contra el sindicado produce efectos de cosa juzgada erga omnes respecto de la responsabilidad y no puede ser desconocida por ningún Juez de la República. El carácter inexpugnable de una decisión de tal naturaleza en el campo civil, obedece a claras razones recogidas por la jurisprudencia que básicamente se cimentan en la unidad de la jurisdicción, en la seguridad jurídica, en el respeto a la cosa juzgada, que evitan fallos contradictorios, como en el caso bajo examen. En efecto, el fallo pronunciado por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial Cundinamarca, proviene de la Jurisdicción ordinaria, como ordinaria resulta ser la jurisdicción civil que desata este litigio.
Para esta Sala, se inclina por la doctrina del guardián jurídico, por virtud de la cual toda persona que ejerza un poder jurídico sobre una cosa, ya sea de dirección o de contralor de la misma debe responder civilmente, es evidente que cuando el propietario de un vehículo automotor explota de manera directa la actividad ejerce un poder jurídico sobre la misma que lo hace responsable como en el caso bajo examen, igual imputación se debe hacer a la compañía a la cual se encuentra afiliado el automotor, esto es, “COOMOTOR LTDA”, pues es indiscutible que ella ejerce no simplemente un poder material, sino un poder jurídico de dirección y vigilancia pues señala la rutas de cubrimiento, y debe velar por el mantenimiento del parque automotor en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad, etc., que la hace también responsable.
Se reitera entonces, que las empresas transportadoras también tienen a su cargo, la selección del personal operativo en la conducción de sus vehículos, la vigilancia del parque automotor en lo que tiene que ver con las exigencias gubernamentales respecto al cumplimiento de las obligaciones concernientes al cuidado y mantenimiento del vehículo para tenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad, y en general el cumplimiento de las normas atinentes al servicio de transporte de pasajeros.
Por último, en lo concerniente a la responsabilidad de la compañía aseguradora, ha de atribuírsele por lo dispuesto en el artículo 57 del C. de P. C. en concordancia con las normas regulativas que rigen el contrato de seguro establecidas en el Código de Comercio, Título V, Libro IV, artículos 1036 y siguientes, y Capítulo II, ajusdem atinente a seguro por daños, capítulo dentro del cual se encuentra regulado el seguro de responsabilidad civil. Por virtud de las normas anteriormente señaladas, están obligados a salir a la indemnización del riesgo asegurado, la compañía, una vez ocurra el siniestro que da origen a la misma, que en el caso bajo examen fue el accidente de tránsito que dio origen a este proceso.
Si bien la demanda incoativa del proceso no es un dechado de claridad y precisión, de ella si se puede extraer el designio del libelista cuando en la pretensión segunda de la demanda, suplica la indemnización de los perjuicios materiales “ocasionados por la destrucción total del vehículo de su propiedad (MOISES RAMOS JIMÉNEZ) que conducía el occiso Julio Leonardo Montes Reyes”, (El paréntesis es nuestro). De lo anterior se deduce sin lugar a dudas, que los prejuicios reclamados no son solamente los concernientes al servicio de grúa y de garaje, sino que fundamentalmente lo radica en la destrucción total del vehículo de su propiedad.
Sostener lo contrario como lo hizo el fallo de primera instancia, es ir en contra de la lógica, de la experiencia, es desconocer una pretensión cuya solicitud emerge de la interpretación de la demanda, pues es deber del juez desentrañar el sentido genuino de la misma y en caso de oscuridad escrutar su contenido y alcance, buscar la voluntad concreta de quien demanda administración de justicia, por tanto, el a quo, al proceder con desprecio en la comprensión de la demanda, a no dudarlo vulneró principios tan caros como: el acceso a la administración de justicia y la congruencia del fallo, pues la competencia del juez está marcada dentro de los estrictos lindes que le señala la demanda, pero no puede soslayarlos exigiendo formula sacramentales en las súplicas de la demanda, cuando de su conjunto surge claramente la solicitud indemnizatoria en su contexto.
El sentenciador de primer grado distrajo su atención en la discusión del problema jurídico atinente a los perjuicios concernientes a daño emergente y el lucro cesante por la destrucción de vehículo automotor de propiedad del señor MOISES RAMOS JIMÉNEZ, y conducido el día del accidente, por el occiso, JULIO LEONARDO MONTES REYES, distinguido con la placa GKE-282, olvidándose de hacer referencia a los gastos por concepto de garaje, los cuales se encuentra probados al folio 22 del cuaderno 1 en donde se indica que el señor RAMOS JIMÉNEZ el día 1 de noviembre de 1995, canceló la suma de $2.000 por concepto de garaje, este monto debe actualizarse de acuerdo al incremento de índice de precios al consumidor, junto con los intereses remuneratorios civiles al 6% anual.
Ahora bien, en razón de que la Sala condenará a los demandados a pagar los perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado y futuro, atendiendo los principios de indemnización integral y la equidad, se aparta del dictamen pericial, en lo atinente a los gastos personales al que se refiere el numeral segundo del dictamen, puesto que no existe ningún sustento probatorio que indique que el señor JULIO LEONARDO REYES MONTES, (q.e.p.d), invirtiera el 60% de su salario a gastos personales, y ante este escollo probatorio, se atenderá lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sido acogida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 7 de febrero de 2007.
Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ
Neiva, catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 41001-31-03-003-1998-00559-01
Actor: MOISÉS RAMOS JIMÉNEZ Y OTROS
Demandado: HÉCTOR OCAMPO MARTÍNEZ Y OTROS
Desde luego que, como lo dice el a quo apoyado en la jurisprudencia de este Tribunal, “cuando se hace uso de la cláusula aceleratoria, se anticipa la exigibilidad de todas las cuotas, se suprime el plazo otorgado en el pagaré para efectuar el pago de la obligación, desaparecen las fechas de vencimientos pactados y se adopta como único término de vencimiento, para efectos de contabilizar la prescripción total de obligación, la fecha en que el acreedor dispuso acogerse al acuerdo aceleratorio”. Como consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar cláusulas aceleratorias, con las únicas limitaciones que establece el orden jurídico, como también lo señala el a quo en la providencia recurrida apoyándose en la sentencia antes citada, la cual a su vez, se apoya en la sentencia C-332 de 2001 de la H. Corte Constitucional. Pero este no es el quid del asunto, puesto que omite hechos relevantes que inciden en el cómputo del término prescriptivo. En efecto, si bien es cierto que el acreedor al dar aplicación a la cláusula aceleratoria pactada en el pagaré, anticipó la exigibilidad de la obligación a la fecha en que presentó la demanda ejecutiva para hacer efectivo el cobro del crédito hipotecario, sin embargo, con posterioridad y estando en curso el proceso ejecutivo mixto, radicado bajo el número 1999-0096-00, en el cual se materializó el ejercicio de la cláusula aceleratoria pactada, el juez de conocimiento, mediante auto de fecha 30 de junio de 2005, declaró terminado el proceso ejecutivo hipotecario respecto de la obligación contenida en el pagaré No. 03300367-0, que es precisamente el título valor base de este proceso ejecutivo hipotecario.
Al quedar ejecutoriado el auto mediante el cual declaró terminado el proceso ejecutivo inicialmente instaurado por el acreedor, declaración provocada en cumplimiento de un mandato legal, como lo es el parágrafo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, comienza a contarse nuevamente el término prescriptivo; pues es en ese momento, en que surgen nuevamente la facultad del acreedor de exigir judicialmente el derecho crediticio, por esta razón, esta Sala no comparte los fundamentos que tuvo el a quo para declarar probada la prescripción liberatoria, en los que señala que el cómputo de la misma tiene su inicio desde el momento en que el acreedor hizo uso de la cláusula aceleratoria, ya que olvidó que la prescripción se interrumpió civilmente en el primer proceso ejecutivo.
La posición de esta Sala es que, en este caso, el cómputo del término de prescripción inicia desde el mismo día en que quedó ejecutoriado el auto que ordenó la terminación del primer proceso ejecutivo, pues es en ese momento, en que el acreedor está facultado para exigir judicialmente el crédito. De tal manera, que si no lo hace por desidia, desinterés u olvido dentro del término que señala el legislador para el ejercicio de la acción cambiaria, esto es 3 años, la obligación prescribe; sin embargo, el acreedor materializó su interés de hacer efectiva la satisfacción de su crédito, no mediante cualquier actividad, sino mediante una actividad calificada de su parte consistente en la formulación de una nueva demanda ejecutiva, la cual como ya se ha dicho, interrumpe civilmente la prescripción siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 90 del C. de P. C.
Neiva, ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 41001-31-03-002-1999-00096-02
Actor: CENTRAL DE INVERSIONES - CISA S.A.
Demandado: MERY CARDOZO CORREDOR
Por lo anterior, y en consideración a que el BANCO DEL ESTADO no es la misma CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A., por cuanto no ha habido fusión entre estas entidades crediticias, le asiste razón al mismo, al sostener la falta de legitimación en la causa pasiva, puesto que quien debía satisfacer la prestación debida era la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A., y dentro de los trámites del proceso liquidatorio del que ya se dio noticia anteriormente; ya que el BANCO DEL ESTADO, resulta una entidad absolutamente ajena al negocio jurídico cuya resolución se suplica, por esta razón, se confirmará la sentencia pronunciada por el a quo pero no por la falta de legitimación en la causa por activa, pues en este punto el criterio de la sala es que en el caso bajo examen, sí existía legitimación activa, la carencia del presupuesto procesal de legitimación en causa, se adolecía, se reitera, por pasiva; como pasamos a dilucidarlo con el abordaje del segundo problema jurídico que advirtió esta Sala.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / RESOLUCIÓN DE CONTRATO SINALAGMÁTICO / CONTRATANTE INCUMPLIDO / ESTADO DE COSAS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / MUTUO DISENSO O RESCILIACIÓN
Esta sala adhiere a la posición jurisprudencial encabezada por Jorge Salcedo Segura, para fundamentar su decisión; y estima que cuando las partes concernidas en el negocio jurídico, dejan de ejecutar recíproca y simultáneamente las prestaciones debidas, no pierden legitimación por la parte activa, para suplicar cualquiera de las alternativas, a las que faculta el artículo 1546 del Código Civil, pues como emana de la hermenéutica de la mencionada regla, en ninguno de sus apartes se dispone que aquel que ha incumplido pierde legitimación en la causa por activa, por el contrario, lo que se deduce de manera incuestionable es lo contrario. Sostener la falta de legitimación en la causa activa, en asuntos como este, es patrocinar el exabrupto del estancamiento o la suspensión del contrato, como se dijo en párrafos liminares, en casos como el que aquí se decide; obligaría a quien suplica la resolución, a optar por la otra vía, es decir, el cumplimiento del contrato, con el obstáculo de que sus pretensiones sean enervadas por la excepción de contrato no cumplido. Y ello es así, porque en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, nada se dijo respecto de las prestaciones mutuas; entonces, las partes concernidas en el negocio jurídico quedarían ante la incertidumbre de un acuerdo futuro que fulmine el contrato, y mientras acaece esa contingencia incierta, este quedaría en estado de latencia.
Mayor corrección se advierte, en la jurisprudencia del Maestro Jorge Salcedo Segura, a la cual adhiere esta Sala, cuando hace una distinción nítida entre el simple incumplimiento o retardo y la mora; para fundamentar su tesis central, de que en los contratos sinalagmáticos simplemente incumplidos, los contratantes tienen legitimación para demandar la resolución o el cumplimiento; y en los morosos, además del derecho alternativo de ejecución o resolución, la parte cumplida puede solicitar la indemnización de perjuicios o la cláusula penal en caso en que se haya pactado, si se entiende que se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor está en mora, y que en algunos eventos la cláusula penal opera como estimación anticipada de mismos.
Neiva, veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 41001-31-03-001-2000-00143-01
Actor: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EXPRESS LTDA.
Demandado: BANCO DEL ESTADO
Teniendo en cuenta que el título valor, es un documento escrito firmado por el creador formal, constitutivo de un derecho, dispositivo, regido por uno de los principios rectores que es el de la incorporación, entre el derecho y el título, debe tenerse en cuenta el deber del particular, en este caso el Banco ejecutante, de decir la verdad en los documentos por ella suscritos, afirmación que se hace si se tiene en cuenta que no se establece en el proceso, que las partes hubiesen consentido la agregación de la cláusula final en el título valor base de ejecución y por el contrario a ella acuden para proponer en su favor la mentada alteración.
Debe precisarse, que la agregación de la cláusula por si, no constituye alteración del título, en el entendido en que las partes así lo acepten, numerosas son las situaciones en que ello puede darse, como cuando se olvida por ejemplo una vez firmado el título, indicar la fecha de vencimiento, o anotar la cantidad en letras, en fin, agregados que por voluntad inequívoca de las partes son aceptados.
Se concluye que en efecto, el título valor base de ejecución sufrió alteración, al insertársele una cláusula no convenida por las partes, la ya transcrita.
Le asiste razón al Banco Ganadero hoy BBVA Colombia S.A., al señalar que la alteración del título con inserción de la cláusula tantas veces mentada, no modifica los elementos esenciales del título valor a los que se refieren los artículos anteriormente transcritos. En efecto, el artículo 621 del Código de Comercio, señala como elementos esenciales del título valor la mención del derecho que en él se incorpora y la firma de quién lo crea, además de los requisitos de cada título valor en particular, que para el caso del pagaré, se encuentran señalados en el artículo 709 del mismo estatuto.
En el caso bajo examen, las partes han aceptado de consuno que el título valor tuvo como génesis la consolidación de pasivos, quedando establecida la novación de las obligaciones pecuniarias al tenor del artículo 1687 del Código Civil, que establece: “la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”, siendo un acto jurídico de doble efecto: extingue una obligación preexistente, y la reemplaza por una nueva obligación y conforme al artículo 1693 ib., la nueva obligación extingue la antigua, sea que la novación opere por la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación – artículo 1700 CC-, y conforme al artículo 1701 ib, aunque la novación opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación posterior, a menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva.
De esta manera se resuelve la censura de la parte demandada, relacionada con la extinción de la garantía hipotecaria, quedando como ya se ha expresado in extenso, vigente el contrato de hipoteca, suscrito entre las mismas partes contenido en la escritura 2070 del 5 de junio de 1995.
La Sala con fundamento en las experticias rendidas por los auxiliares de la justicia designados, considera que debe tomar el capital que adeudan lo señores ejecutados, y su sumatoria es el valor a cubrir, como quiera que con fundamento en el artículo 1699 del Código Civil, de cualquier modo que se haga la novación, quedan por ella extinguidos los intereses de la primera deuda, si no se expresa lo contrario; en el proceso no aparece que las partes hayan convenido esa excepción que acaba de anotarse.
En conclusión, acreditada la alteración del título valor objeto de ejecución, la obligación contraída queda como originalmente se acordó.
Ahora bien, como la tercera excepción, analizada por el juzgado a quo resulta próspera, constituye obligación del operador judicial determinar la suma finalmente adeudada por los ejecutados. Realizada la liquidación ella queda así: Pagaré No. 9600014582 asciende a $148.260.000 y la del pagaré No. 9600018419 por $20.346.417. No se olvide que con la novación los intereses de la obligación se extinguieron.
Neiva, veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 41001-31-03-002-2000-00285-01
Actor: BANCO GANADERO – BBVA COLOMBIA S.A.
Demandado: RAMIRO CHARRY GUTIÉRREZ y OTRA
Por esto deberá entenderse que el fundamento de la responsabilidad en cuanto actividades peligrosas refiera, atiende al criterio imputación objetiva, y exige para la víctima la demostración de la actividad peligrosa el daño y la relación de causalidad, siéndole dable al demandado la probanza de una causa extraña para exonerarse de la misma.
Por lo que de llegar a verificarse la no existencia del elemento extraño alegado por la entidad demandada, la Central Hidroeléctrica de Betania será responsable de los daños causados a los demandantes y que se deriven del ejercicio de la actividad peligrosa que desarrolla, sin importar la diligencia o no con la que haya actuado por conducto de sus agentes.
Ahora bien, analizados los anteriores criterios sustanciales y clarificado que es el riesgo que una actividad peligrosa comporta el fundamento del deber responder por los daños que causa el titular de una actividad peligrosa; que el riesgo encierra una unión indisoluble con las medidas de prevención que deberán ser tomadas en el desarrollo de un actividad peligrosa y que las conductas que atenten contra estas medidas deberán ser analizadas objetivamente en el contexto de la actividad peligrosa, procederemos a establecer como estos criterios tienen incidencia al momento de resolver los problemas jurídicos que se suscitan y que refieren a la existencia o no de una causa extraña y al deber indemnizatorio que se genera con la producción del daño.
De ahí que debemos concluir, que el solo hecho de haber faltado al parámetro objetivo que le indicaba prestar atención seria y disciplinada de los datos suministrados por los entes científicos que permitían hacer previsibles la riada implicó una afectación radical -que en suma a los demás acontecimientos que a posteriori ocurrieron y que se analizaran a continuación- a la posibilidad de resistir los efectos de la riada.
Del análisis sentado por la Corte Suprema de Justicia se puede concluir que dentro del Manual de Operaciones de la represa de Betania, existen parámetros objetivos de conducta que permiten resistir riadas con picos superiores a los 2500 m3/s, en caso de que los mismos se presenten.
Para La Sala, resultará incomprensible conforme a las reglas de la experiencia y de la sana crítica que la base estadística puente de Santander (1961-1984) tenida en cuenta para establecer la estación de verano (DICIEMBRE-ABRIL) e invierno (MAYO-NOVIEMBRE), no sea revisable teniendo en cuenta las experiencias que ha tenido el embalse, los instrumentos tecnológicos dispuestos para tal efecto y los cambios climáticos tan bruscos a que ha sido sometido el planeta como consecuencia del efecto invernadero y otros, por ello se exhortará a la entidad demandada para que conforme a los argumentos expuestos tome las medidas del caso tendientes a optimizar el manejo de las crecientes de ser el caso necesario la revisión de los periodos estacionarios, con el objeto de precaver futuras tragedias que no sólo afecten el patrimonio de los habitantes aguas abajo de la represa, sino también sus vidas.
Podemos concluir dando respuesta al problema jurídico planteado que la Fuerza Mayor, no tuvo la incidencia causal que hubiere resquebrajado la imputación objetiva que el daño producido se le hizo al riesgo que la actividad peligrosa realizada por la entidad demandada comporta, por cuanto la actitud de la demandada constituyó una violación a los parámetros objetivos de conducta que no permitieron hacer previsible lo que era previsible y resistible lo que era resistible siendo concomitante con el hecho anormal y elevando a tal medida los riesgos situando en peligro injustificado bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano.
Debe dejar claro la Sala que no comparte el criterio de merito probatorio dado por el A quo a las declaraciones extrajuicio, por cuanto las mismas no pueden tener validez en el presente asunto, al no reunir los requisitos exigidos por la normativa procesal
Lo anterior indica como requisito sine quanum la necesidad de su ratificación en los términos exigidos por la normativa procesal, ya que no existe justificación legal para que la prueba sumaria arrimada al proceso sea tenida en cuenta sin el cumplimiento de los requisitos que la ley exige para tal efecto, lo que no obsta para reiterar que la demostración de los perjuicios ha sido plena en la forma advertida.
Bajo estas premisas la Sala considera que si bien es cierto, los cultivos se encontraban en terrenos cuyo utilización era prohibida, dicha circunstancia no puede considerarse per se, relevante en términos de incidencia causal, de suyo que se ha establecido como la conducta desplegada por el agente en desidia total en el cumplimiento de las obligaciones objetivas que el sistema le exigía, constituyó una extrema elevación de los riesgos contribuyendo a su realización, lo que sin duda despeja el camino para afirmar que dicha desidia ha subsumido el aspecto irrelevante planteado por la demandada, por lo que no habrá lugar a aceptar el argumento presentado por el apelante y se dejara incólume la tasación impuesta salvo por lo que a continuación se expondrá.
Asi, esta Sala determina que la sociedad CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A.- C.H.B. hoy EMGESA SA. ESP.-, es civilmente responsable por los daños causados a los demandantes, en razón a que los mismos fueron el resultado del riesgo que la actividad peligrosa desarrollada por la demandada comporta, por lo que se modificará el numeral tercero de la sentencia, ya que se releva la culpa como criterio de imputación jurídica para darle paso al nuevo paradigma, en donde esta no resulta un elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 57
 artículo 42
 artículo 90
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 1546
 resolución 
 artículo 621
 artículo 709
 artículo 1687
 artículo 1693
 artículo 1700
 artículo 1701
 artículo 1699