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Timestamp: 2019-04-21 22:23:37+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 427/2015
(Son las 9:41).
–Damos comienzo a la tarea matutina de la Comisión, dando la bienvenida al señor Presidente de la Corte Electoral, doctor Arocena, y al equipo que lo acompaña.
Es un gusto recibirlo, doctor Arocena, y lo dejamos en el uso de la palabra para que pueda exponer sobre el inciso, luego de lo cual pasaremos a considerar el articulado correspondiente.
SEÑOR AROCENA.- Muy buenos días. Voy a hacer una introducción al tema presupuestal. Seguramente, luego los Ministros contestarán preguntas o harán otras intervenciones.
Todos sabemos que el Presupuesto que se remitió al Poder Ejecutivo no formó parte del mensaje que este envió al Parlamento. El Presupuesto de la Corte Electoral no integró el mensaje. El Presupuesto de la Corte Electoral que ustedes tienen consta de dieciséis artículos. No voy a desarrollarlos a todos –voy a destacar solo algunos de los puntos contenidos en ese articulado–, pero sí voy a insistir en aquellos que me parecen centrales para el funcionamiento adecuado de la Corte Electoral.
Uno de ellos –el número 14– fue aprobado por la Cámara de Representantes. Se trata de la venta de dos pequeños inmuebles ubicados en los departamentos de Río Negro y Florida. Este fue el único artículo –de los 16– aprobado en la Cámara de Representantes.
A su vez, hay otro artículo –el 8º– que tampoco tiene costo y que lo que pretende es la unificación de la carrera administrativa. Actualmente, nosotros tenemos una carrera administrativa divida en los diecinueve departamentos y en las Oficinas Centrales. Esto hace que, en realidad, tengamos veinte Unidades Administrativas. Sin embargo, quisiéramos tener una sola que nos permitiera tener mayor flexibilidad en el manejo de recursos humanos y, sobre todo, poder atender las zonas del país donde hay más necesidad de que esos recursos estén a disposición. Reiteramos que el artículo 8º no tiene costo. Por tanto, lo que estamos pidiendo es simplemente una autorización para unificar la carrera administrativa.
Por otro lado, hay cinco artículos –los señores Senadores podrán observar que son los cinco primeros– que tratan el nuevo sistema de retribuciones. Con ellos la Corte está cumpliendo con el último inciso del artículo 306 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, que en su parte final establece: «Dentro del plazo máximo de dos años, la Corte Electoral definirá un nuevo sistema de retribución a sus funcionarios, que se ajuste a las normativas vigentes en materia de funcionarios públicos y negociación colectiva».
Este artículo le daba a la Corte Electoral dos años para hacer el cambio del sistema de retribuciones; además tenía que ser en el ámbito de la negociación colectiva, y así lo hicimos. A la vez, en el proceso de negociación, el acuerdo bipartito lo integramos también con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que terminó siendo un acuerdo tripartito.
SEÑOR CARDOSO.- ¿Qué artículos son?
SEÑOR AROCENA.- Los cinco primeros. El primero es el más importante; en los cuatro siguientes se incluyen los detalles del mecanismo del nuevo sistema.
Este nuevo sistema retributivo se orienta a una manera más eficiente y razonable de realizar las tareas a lo largo del quinquenio. Se pagará un complemento del sueldo como compensación por permanencia a la orden y, de esta manera, se podrá cumplir con las tareas ordinarias, cotidianas, de los servicios de la Corte, así como planificar todo lo relacionado con el período electoral a lo largo del quinquenio. Este sistema suprime las horas extras que se daban en el año y medio del período electoral con los recursos que concedía el Poder Ejecutivo a esos efectos. Esto se cambia por el sistema de permanencia a la orden.
La ventaja de este sistema es que no se premia el tiempo que se está en el Organismo –como lo hace la hora extra–, sino que se estimula el desempeño de las funciones y tareas dentro del tiempo realmente necesario para su cumplimiento. La hora extra es un estímulo a quedarse en la Corte Electoral horas y horas para poder cobrar; en cambio, en este sistema el funcionario sabe que tiene la permanencia a la orden incorporada a su salario y que, en realidad, lo que le conviene es hacer la tarea en el menor tiempo posible.
La Corte Electoral y la asociación de funcionarios –AFEU– han acordado, además, la necesidad de un reglamento muy estricto que regulará la permanencia a la orden. En el artículo 3º están explicitados los principales componentes de este reglamento que, como dice ahí, deberá elaborarse –de aprobarse este sistema– en los sesenta días siguientes al día de la aprobación.
Esta planificación permitirá a la Corte Electoral afrontar sus cometidos con una menor dotación de personal, motivo por el cual parte de este nuevo sistema estará financiado por los créditos asociados a la eliminación de vacantes.
Es necesario destacar también que podría haber otras alternativas para financiar este nuevo sistema de retribución, pero en esta instancia –hoy, acá, en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda– la Corte presentará el sistema tal cual salió del acuerdo tripartito, es decir, tal cual fue aprobado por la Corte Electoral, AFEU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En lo correspondiente a estos cinco artículos, podremos volver luego de esta introducción, si los señores Senadores y las señoras Senadoras desean hacer preguntas.
El tercer tema que quiero plantear es el referido a la informatización de la Corte Electoral. Una de las mayores urgencias para la Corte Electoral es la informatización de su estructura de gestión. En la actualidad la Corte sigue funcionando con expedientes en papel, lo que aumenta de forma muy importante la distancia en tiempo que existe entre el nivel decisor y la ejecución. Entre que la Corte decide y se ejecuta, pasan varios días debido a la lentitud del expediente en papel.
Además, cada uno de los niveles de la jerarquía que corresponda podría, mediante el uso de expediente electrónico, informarse rápidamente sobre el estado de determinado expediente. Por otra parte, el expediente electrónico genera una seguridad que no genera el expediente en papel.
En términos generales, diría que si no informatizamos la propia gestión de la Corte, mal podemos aspirar a informatizar el proceso electoral. Es decir, nos piden que informaticemos el proceso electoral, pero la Corte sigue funcionando con un sistema viejo e inadaptado a sus necesidades actuales. Creo que hay una relación directa entre la capacidad que tiene la Corte de funcionar –integrando las nuevas tecnologías– y la aplicación de las nuevas tecnologías al acto electoral.
Por ejemplo, hoy no tenemos un sistema integrado de gestión que englobe el stock, las compras, las disponibilidades financieras, ingresos, egresos. Queremos insistir sobre este punto porque en ese sentido hay una debilidad fuerte de la Corte, y solamente podríamos empezar a corregirla si introdujéramos la informática en la gestión.
Otro aspecto importante a mencionar son los gastos de funcionamiento.
El artículo 10 del proyecto de ley que tienen los señores Senadores plantea la crítica situación de la Corte Electoral en materia de gastos funcionamiento. El Organismo tiene actualmente recursos insuficientes para atender este rubro tan trascendente. Desde hace más de diez años los créditos presupuestales no han sido ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumo –insisto, desde hace diez o más de diez años–, y esta falta de actualización implica, en los hechos, una reducción gradual de su capacidad de compra, ya que debe afrontar los gastos crecientes con créditos constantes.
Hay un dato importante a tener en cuenta: el artículo 40 de la Ley Nº 19.009, de 22 de noviembre de 2012, derogó el régimen de franquicia de que gozaba la Corte Electoral al amparo del artículo 197, literal D) de la Ley Nº 13.640 de 26 de diciembre de 1967. La Corporación no cuenta hoy con créditos presupuestales para afrontar los costos devenidos de la derogación de la referida franquicia, hasta tanto no se le reintegre la exoneración de que gozaba.
La Corte Electoral tiene a su cargo la custodia de registros esenciales para el país y enfrenta, desde hace años, crecientes problemas relacionados con los sistemas de seguridad necesarios para garantizar la conservación adecuada e inalterable de este patrimonio documental. En este sentido, es importante destacar que las estructuras tradicionales de vigilancia, basadas en la figura de los serenos, han perdido vigencia. Esto ha obligado a abordar nuevas formas que aseguren un cumplimiento pleno en materia de seguridad patrimonial.
Estos nuevos sistemas de seguridad implican, entre otras cosas, el pago de un servicio de mantenimiento para el sistema de seguridad electrónico instalado en el organismo y la contratación de agentes de seguridad privada para los diferentes locales.
Además, la reducción paulatina del servicio policial en régimen del artículo 222 ha supuesto una contratación creciente de servicios de seguridad privada con el incremento de costos que ello implica.
Por lo expuesto, resulta impostergable el incremento de créditos solicitado, ya que el organismo no cuenta con rubros suficientes para afrontar los gastos de funcionamiento, los costos derivados de la derogación del régimen de franquicia postal, los diversos servicios de mantenimiento y los crecientes gastos asociados a los servicios de vigilancia.
Otro tema que quiero destacar en esta introducción es el relativo a la situación edilicia. Quienes conocen la Sede Central de la Corte Electoral y el inmueble que está enfrente, ocupado por Oficinas Centrales, la Oficina Electoral Departamental y la Junta Electoral de Montevideo, saben el carácter disfuncional de estos inmuebles. Respecto de este tema, se podrían señalar muchos aspectos, pero hay uno en particular que es muy grave. Aclaro que esto ya lo mencionamos en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, y ahora lo vamos a reiterar aquí.
Me refiero al registro de expedientes, donde está toda la documentación de cada uno de los ciudadanos. Se trata de unos dos millones y medio de carpetas que ocupan una superficie de 800 metros cuadrados. Actualmente, este registro se encuentra en el subsuelo de la Sede Central, porque estaba en un piso superior pero los bomberos recomendaron trasladarlo hacia allí, ya que la vieja estructura del edificio podría no soportar el peso. Luego de que el registro se mudó al subsuelo, aparecieron filtraciones de agua, las que fueron canalizadas y orientadas hacia el saneamiento. Sin embargo, surgió el problema de que un edificio lindero, abandonado por sus propietarios –estoy haciendo un detalle para que puedan ver cuál es la situación–, fue ocupado en forma clandestina. Con el paso del tiempo, la estructura sanitaria de ese edificio fue quedando fuera de servicio y las aguas servidas se depositaron en el subsuelo del inmueble ocupado clandestinamente. Entonces, el agua que se filtraba desde ese subsuelo al de la Corte dejó de ser simplemente agua para convertirse en aguas servidas. Hubo que retirar a los funcionarios porque el aire se fue haciendo irrespirable. Algunas veces, el olor fétido ha llegado hasta la planta baja donde, por ejemplo, se recibe a las personas que quieren iniciar el trámite de ciudadanía legal. Debo confesar que a veces da vergüenza recibir en estas condiciones a personas que llegan a inscribirse para obtener la ciudadanía legal.
La Corte ha hecho varios trámites respecto de esta situación, hasta ahora sin mayores resultados. La única solución real es trasladar el registro a otro edificio y por eso, en el artículo 16, planteamos la venta de las oficinas que tiene la Corte Electoral en el Palacio Soler. Con el producido de esa venta compraríamos un inmueble que se encuentre más cerca de la Corte y que tenga una buena estructura. En el artículo 16, entonces, solicitamos autorización para comprar un nuevo edificio bajo la forma de leasing, lo que nos permitiría ocuparlo lo antes posible sin esperar que el inmueble en el Palacio Soler encuentre un comprador. Esta solución fue sugerida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En esta presentación he destacado los artículos que la Corte Electoral necesita para evitar el estancamiento del Organismo. Quiero recordar que, en realidad, todo estancamiento es un retraso; cuando uno se estanca es porque empezó a retroceder.
Los temas que presenté en estos minutos contemplan las necesidades más urgentes y básicas, pero hay otros artículos –entre los 16– que también son importantes. Simplemente, para ejemplificar, voy a mencionar el artículo séptimo, relativo al Director General Administrativo, que hoy no existe en la Corte; el artículo noveno, sobre el mantenimiento de recursos para la reestructura de los servicios, y el artículo decimoprimero, que propone mantener los recursos que permiten contratar profesionales ingenieros del área informática.
Nuestra obligación es presentar los problemas de gestión y de infraestructura que están afectando la eficiencia y eficacia del organismo. No es posible contentarse con proveer recursos extraordinarios durante el período electoral, porque este período se prepara en los años anteriores, y eso significa que la Corte Electoral debe mejorar la gestión del personal y la administración –con la introducción de la informática–, y contar con la infraestructura necesaria para el importante rol que juega en nuestra democracia. A nivel internacional, cada vez es más claro que los países invierten en los organismos electorales, convencidos de que gracias a este esfuerzo los mecanismos de la democracia representativa se consolidan.
Esta ha sido toda la introducción, y si los señores Senadores desean hacer preguntas, contestaremos con mucho gusto.
SEÑOR CARDOSO.- Saludo a la delegación que hoy nos visita.
Voy a hacer algunas consideraciones para luego formular dos o tres preguntas.
Este es el tercer Presupuesto del Gobierno del Frente Amplio en el que participo, y puedo decir que el Capítulo correspondiente a la Corte Electoral ha sido casi una rutina: el Organismo solicita determinados recursos y, por una cuestión difícil de comprender, generalmente se le rechaza todo.
Recién escuchaba al señor Presidente de la Corte Electoral hacer una descripción casi macabra del funcionamiento del organismo y de su edificio. Ese cuento que nos hacen del Uruguay de hoy, que ha invertido en edificios públicos, que durante los últimos años ha invertido decenas de millones de dólares –muchos de los cuales podríamos cuestionar–, no ha tenido ni un solo peso para la Corte Electoral. Esa ha sido una constante, y no quiero adjudicar intencionalidad; solamente hago una descripción, que además no se puede contradecir. Basta revisar los últimos Presupuestos y advertir que esta presentación, reitero, es casi una rutina. De una manera inexplicable, la Corte Electoral es un Organismo casi sometido por el Poder Ejecutivo a un ahorcamiento desde el punto de vista presupuestal, a no ser cuando vienen las elecciones, donde se disparan algunos recursos para que pueda funcionar. En el resto del período parece ser un organismo de segunda, al que no se lo atiende ni se le entiende. Esta es una consideración que va por mi cuenta y por la de mi partido. Hemos reclamado con insistencia y a veces con fortísimos debates el tratamiento, con otros criterios, de un organismo de la relevancia de la Corte Electoral.
Fíjense que la observación que hace el señor Presidente sobre la informatización parece hasta ridícula, como si estuviéramos en la década del setenta. La Corte Electoral del Uruguay pide informatizarse porque sigue con expedientes de papel. Esto ocurre en un Uruguay que vende informatización, que produce software, que exporta justamente eso dentro del sector servicios. Sin embargo, al organismo electoral uruguayo no se le habilitan recursos, no porque no haya dinero, sino porque es una decisión política; no es una decisión de carácter económica, sino política, y estoy dispuesto a debatirlo en cualquier ámbito. Me van a tener que explicar el porqué de esa situación, lo que hasta ahora no se ha podido hacer.
Ahora sí, voy a hacer algunas preguntas muy concretas. El acuerdo con los funcionarios, ¿contó con la unanimidad de la Corte Electoral?
SEÑOR AROCENA.- Sí, señor Senador.
SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a dar lugar a las intervenciones de los señores Senadores y a las preguntas, y luego nuestros invitados retomarán la palabra para responderlas.
SEÑOR CARDOSO.- Esa primera pregunta quedó contestada: la Corte Electoral aprobó el acuerdo por unanimidad.
Ese acuerdo, ¿fue verificado y se llevó a cabo en el ámbito de una Comisión tripartita en la que participó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también avaló? Esa es mi segunda pregunta.
Esto es muy importante, porque este Presupuesto incluye, en otras áreas, criterios de cumplimiento a los trabajadores, previo acuerdo; se tiene que acordar. Reitero: este Presupuesto quinquenal exige –en otros capítulos y referido a otros trabajadores de la Administración– haber cumplido con un acuerdo para poder habilitar recursos. Es importante verificar este dato y cuáles fueron los términos de ese acuerdo.
Por otra parte, quisiera tener información –no sé si están en condiciones de brindarla ahora; sería bueno que así fuera– sobre los ingresos adicionales que tiene la Corte Electoral para el funcionamiento del sistema de las elecciones en las que participa. No hablo de las formales, de las oficiales –las del Banco de Previsión Social, las de la ANEP–, sino de las otras, las que reclaman otros organismos, otras estructuras, que utilizan, en forma adicional, los servicios de la Corte Electoral. También quisiera saber si esos recursos pueden ser utilizados para resolver el tema de los trabajadores –comparto el informe del señor Presidente sobre ese gran problema de la Corte–, que requiere estabilidad y mejores ingresos. Es necesaria una solución que quite esa arritmia, esa asimetría que han tenido los trabajadores de la Corte Electoral a lo largo de un quinquenio –con ingresos muy bajos–, que solamente mejora a fuerza de horas extras cuando se aproxima una elección. Quisiera saber si este aporte puede ser considerado fundamental o importante, o es aleatorio; o sea que desde el punto de vista presupuestal no podría tomarse como un ingreso relevante a los efectos de redistribuirse como una solución salarial, para que no tenga costos adicionales y no tengamos ese otro argumento que normalmente utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas de que no tiene recursos para la Corte Electoral.
SEÑOR HEBER.- Creo que las consideraciones de carácter general que ha hecho el señor Senador Cardoso han sido en nombre del Partido Nacional. Suscribo en su totalidad las manifestaciones vertidas y las preocupaciones que ha planteado.
Como todos los partidos políticos, tenemos nuestros Representantes en diversos Organismos, y con ellos tenemos una comunicación muy cercana –supongo que esto no es novedad para nadie–, producto de que han sido y son personas de nuestra confianza. Naturalmente, en el caso del Presidente de la Corte Electoral, tiene calidad de neutral, ya que hemos acordado que presidiera ese Organismo de modo tal de poder tener una representación política equilibrada. Y creo que hemos arribado a una instancia en la que el sistema político ha demostrado –y quizás lo siga haciendo en forma permanente– la capacidad de entendimiento en la representación de un Organismo que es esencial para la vida de nuestra democracia y para la de los propios partidos.
Por lo tanto, como tenemos dos delegadas –las dos Ministras–, estamos en contacto permanente con la Corte Electoral pero, además, he tenido la visita del señor Presidente –en mi carácter de Presidente del Directorio del Partido Nacional y Miembro de esta Comisión–, quien me adelantó su preocupación por la instancia presupuestal. Debo confesar que todo lo que ha narrado en el día de hoy para nosotros no es nuevo y sí preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque si miro lo que se votó en la Cámara de Representantes, quiero creer que no hubo tiempo, y vamos a dejar el tema por ahí. No hubo tiempo porque se llenaron de temas y, llegada la instancia de discutir los artículos correspondientes a la Corte Electoral, los compañeros Diputados no tuvieron tiempo de analizarlos y de acordar, y como a veces sucede con muchos Organismos, pasaron el tema al Senado a los efectos de que fuera laudado o negociado aquí. De otro modo, lo que ocurrió en la Cámara de Representantes es inadmisible; es una falta de respeto a la Corte Electoral y a los Ministros, que son personas de nuestra confianza. Como partido político, me da vergüenza decirle a la Corte Electoral –nada más ni nada menos que a la Corte Electoral, que nos da la garantía de que estemos sentados acá; si no están ellos, no estamos nosotros– que lo que se va a votar en el Presupuesto es el artículo 534, mediante el cual se la autoriza a enajenar los inmuebles sitos en el departamento de Río Negro, ciudad de Fray Bentos, y en el departamento de Florida, ciudad de Florida, y que con el producido de las enajenaciones podrá adquirir otros inmuebles o realizar las inversiones que disponga la Corporación. Si este es el Presupuesto…
No voy a calificar porque los adjetivos serían muy duros; entonces, preferimos ponerlo en el canasto de «No hubo tiempo»; o sea, no hubo tiempo para discutir los artículos de la Corte Electoral, pero ahora sí va a haber tiempo. En esta instancia del Senado tiene que haber tiempo, porque si no, se estaría comprometiendo mucho la labor que todos queremos que cumpla este Organismo.
Yo suscribo en su totalidad los conceptos que el señor Senador Cardoso ha expresado con respecto al tema salarial, aunque no los voy a reiterar. Si esto está avalado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entonces, el incumplimiento es del Parlamento, ya que el Poder Ejecutivo intervino, también lo hizo la Corte Electoral y, obviamente, los trabajadores. Es el Parlamento el que no respalda esos acuerdos, lo cual me parece increíble. Pero, además, creo que lo planteado está debidamente fundado en virtud de los ahorros que se han hecho por eliminación de vacantes. Asimismo, existe un ahorro por eliminación de horas extras, lo que es un absurdo que se siga manteniendo. Creo que esto racionaliza el tema y, naturalmente, hay un pequeño costo que podríamos atender perfectamente para solucionar algo que se acordó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este sentido, no tengo más nada que agregar a lo que ha mencionado claramente el señor Senador Cardoso.
En cuanto al tema de la informatización, no quiero ser duro con otros partidos políticos, porque no se trata de generar un debate sino de acordar. Pero si no votamos esto, olvidémonos entonces de otro tipo de votaciones vinculadas con el voto consular y el voto electrónico. Terminemos con toda esa discusión, porque si la Corte Electoral va a trabajar a pedal y con papel, ¿de qué voto consular me están hablando? ¿De qué están hablando, si no le estamos dando a la Corte Electoral, mínimamente, la posibilidad de poder cumplir con lo que ya está establecido? La informatización es la antesala, a mi juicio, de la posibilidad de que mañana, en cualquier parte del país y del mundo, alguien pueda votar. Si hay algún elemento con la debida garantía es que la Corte Electoral avance en lo relativo al voto electrónico y a la digitalización de todos sus archivos. Pero si no empezamos con la digitalización, mucho más lejos vamos a estar del voto electrónico. ¡Ni pensemos en eso; nunca más! ¡Seguimos con el papel! Vamos a no tener más discusiones virtuales, porque si no damos a la Corte Electoral los elementos necesarios no va a poder cumplir con las garantías que requiere el sufragio, incluso, para los votantes que están fuera del país. Si a duras penas se puede cumplir –y con mucho esfuerzo y refuerzo de rubros– con las instancias electorales, no hablemos más de otros temas, porque es totalmente absurdo.
Sé que esto puede incomodar, pero aclaro que no estoy haciendo una alusión de carácter político; estoy mencionando una realidad política. Por lo tanto, no hablemos más de cosas que no existen, a no ser que demos a la Corte Electoral los medios para que empiece a digitalizarse. El tema de la informatización de la Corte Electoral no sé cuántas veces lo hemos escuchado en los últimos quince años. Incluso, hay un artículo –si no me equivoco es el 8º– que busca la posibilidad de que se mantenga a los funcionarios que, de alguna manera, han empezado a generar esto. No es lógico que los señores Ministros de la Corte Electoral, si hay que comprar lápices, por ejemplo, tengan que reunirse para autorizar ese tipo de gastos. Sin duda, tiene que haber una Dirección de Gestión de la Corte Electoral, tal como ocurre en los Ministerios; se trata de una cuestión de lógica. Los Ministros de la Corte Electoral tienen que dedicarse a otros asuntos que son muy importantes para todos nosotros, y no pueden distraer su atención por cuestiones tales como si se compró o no papel suficiente. La Corte Electoral no puede dedicarse a eso, porque en ese caso estaríamos desnaturalizando lo que de alguna manera es su función y su garantía.
La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con este Presupuesto de la Corte Electoral, pero naturalmente estamos dispuestos a conversar con el partido de Gobierno. Vamos a asumir que los señores Diputados no tuvieron tiempo para discutirlo. Hay una instancia de negociación en el Senado de la República para analizar todos los requerimientos del Organismo; de lo contrario, si es solo esto lo que va a quedar, realmente me daría mucha vergüenza por la Corte Electoral y tendríamos otro tipo de discusión en el Plenario. Creo que debemos hacer un esfuerzo para buscar los recursos. Y ni que hablar de lo que se comentó sobre las necesidades edilicias; porque si además plantean la solución desprendiéndose de un bien, dejemos que puedan mejorar sus condiciones de trabajo y las de sus funcionarios.
Además es el único Organismo del Estado en donde el que ingresa debe señalar su afiliación partidaria. Allí se desempeñan funcionarios que necesariamente tienen que decir a qué partido político pertenecen, ya de alguna manera cumplen una labor de garantía en todo este proceso en el que queremos tener ojos por todos lados. Reitero: es el único caso –y el más olvidado– en el que los funcionarios tienen que entrar por afiliación partidaria. Además del conocimiento para desempeñarse en cada una de las oficinas, aunque cumplan funciones administrativas o de otro orden, necesariamente deben tener un vínculo partidario importante. Entonces, ese lugar, al que se ingresa en función de las vacantes y por confianza política, es el que tenemos más olvidado: es la Cenicienta desde hace ya varios Presupuestos. Esperemos que no siga siéndolo cuando lleguen las 12, y que de alguna manera tenga la atención que merece.
Francamente quiero decir que nuestro partido respalda a la delegación y a sus Ministras, que han peleado por este Presupuesto, y vamos a hacer todos los esfuerzos para mejorarlo, descontando que esto es la voluntad, la buena voluntad de todos los partidos políticos. No puedo creer que exista otra voluntad que no sea la de ayudar a la Corte Electoral, porque es ayudarnos a nosotros mismos.
Realmente, digo que no hubo tiempo en la Cámara de Representantes; dejemos eso así y empecemos una negociación lógica y racional. Quizás no podamos darle todo –vamos a decirlo claramente–, aunque ojalá que sí. Pero que la Corte Electoral tenga tres o cuatro artículos que son importantes para su labor futura me parece esencial. Considero que todos los partidos políticos debemos hacer el esfuerzo, porque nos vamos a estar ayudando a nosotros mismos y no recriminando después, cuando no se puedan dar las eficiencias necesarias en materia de garantías electorales.
Señora Presidenta: quería hacer este comentario de carácter general, dar nuestro apoyo y, naturalmente, sumarme a las palabras y consideraciones que ha hecho el señor Senador Cardoso en nombre del Partido Nacional.
SEÑOR AMORÍN.- Antes que nada, quiero dar la bienvenida a todos los Ministros y a la delegación de la Corte Electoral, que realmente se ha manejado siempre de forma absolutamente eficiente. Así que de verdad es un gusto tenerlos en la Comisión.
Las palabras del Presidente del Organismo han sido muy claras, por lo que no voy a ahondar en ese tema. Me parece que todos tenemos la preocupación de que la Corte Electoral funcione bien. Es un Organismo Central en la defensa de los valores democráticos. Lo ha sido siempre. En todo momento los uruguayos hemos estado orgullosos de la Corte Electoral que tenemos. Inclusive, en épocas más complicadas que esta, el Organismo dio muestras de un valor especial en base a los funcionarios y también en base a quienes la dirigieron casi siempre.
Creo que hay algunas cosas que tenemos que defender. Me parece importante analizarlas con pasión, pero tratando de dejar de lado el tema partidario, porque considero que esto es mucho más que un problema de partido, y en ese aspecto creo que todos estamos de acuerdo; y si no, vamos a intentar ponernos de acuerdo para llegar a una solución lógica.
Voy a hacer algunas preguntas. El artículo 1º me parece que es muy importante. Tenemos un nuevo sistema retributivo donde, naturalmente, hay un aumento de las retribuciones, lo que provoca un costo importante. Se eliminan 90 vacantes y se puede hacer eso porque con el nuevo sistema de trabajo las tareas pueden ser cubiertas y la Corte Electoral no tendrá problemas para funcionar. Además, se elimina un sistema de horas extras y la pregunta sería si éstas son siempre las mismas. Se habla de 130:000.000 en los 5 años, pero quisiera saber si ese monto es variable y si la variación depende de que haya más elecciones u otros episodios electorales como ser los referéndums, lo que haría que la cifra fuera mayor. Quisiera saber si, en realidad, este cambio nos daría certeza y estabilidad sobre lo que se va a gastar, sin depender de los distintos eventos electorales en los que deba participar la Corte Electoral, cosa que no está planificada.
La segunda pregunta tiene que ver con el artículo 8º. Por conversaciones mantenidas con Ministros de la Corte Electoral y funcionarios, entendemos que con este sistema la Corte funcionaría mejor y, además, sería más justo para los funcionarios. En vez de estar acotados los ascensos a los lugares donde están los funcionarios, se haría un bolsón más amplio que sería mucho más justo y redundaría en un mejor funcionamiento de la Corte. Además, no tiene ningún costo. Entonces, salvo que me planteen un argumento sobre por qué no votarlo, me parece casi absurdo estar en contra de este artículo. Como dije, los funcionarios lo quieren, los Ministros de la Corte también y no tiene costo. Los funcionarios creen que es mejor y más justo para ellos, los Ministros de la Corte creen que el Organismo va a funcionar mejor y no tiene costo, pero igual se dijo que no. Quiero suponer que como los Presupuestos son muy engorrosos y largos, y como se tienen veinte millones de temas en la cabeza, cuando llega un planteo como este, como no se pudo analizar en profundidad, por las dudas, se dice que no. De todos modos, existe una segunda oportunidad en el Senado. Quiero suponer que se dijo que no porque el tema no se había estudiado a fondo y se pensó que se podría arreglar en la instancia que se da en el Senado. Espero que lo podamos arreglar.
Por otra parte, hay un artículo 10º que incrementa la asignación presupuestal anual en $ 15:000.000. El Presidente de la Corte Electoral ya manifestó que desde hace más de 10 años los créditos presupuestales no fueron ajustados por la variación del IPC. Esta falta de actualización implica, en los hechos, una reducción gradual de su capacidad de compra, ya que la Corte debe afrontar los gastos crecientes con créditos constantes. La pregunta es si los créditos que se tienen a esos efectos se han mantenido y si fue así, cuál es la cifra. Parecería de justicia, de lógica, para no bajar el Presupuesto. Si no ajustamos con IPC, lo que se está haciendo es restar Presupuesto. No hablo de darles un aumento gigantesco, pero por lo menos no restar. Entonces, algo sensato sería ajustar por IPC de 10 años a esta parte y que luego se ajuste siempre por IPC, así por lo menos en cinco años no tendremos esta discusión. A lo mejor se necesitan más cosas y se pide más, pero esta la discusión que se da porque se pide que no se les siga sacando dado el aumento de la inflación, no la queremos tener más.
Básicamente, esas serían las tres preguntas que quería hacer, pero si luego surge alguna otra, la formularemos.
SEÑOR CAMY.- Saludamos a los Ministros de la Corte Electoral, a sus asesores y a los jerarcas que los acompañan.
Escuchando a los Senadores que han hablado, vemos que surge la misma visión y nosotros nos plegamos plenamente a lo expresado. Partiendo, sin querer simplificar el tema, de lo que señalaba el señor Senador Cardoso, la propuesta que no se consideró en la Cámara de Representantes avalaba un acuerdo tripartito con la anuencia del Gobierno, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el tema salarios. Además, fue aprobada por unanimidad en la Corte Electoral. De manera que nos sorprende por qué no fue considerada en absoluto. Como bien señalaba el señor Senador Heber, queremos creer que se puede revertir esa actitud.
Hoy vemos cómo en países cercanos se cuestionan y se plantean dudas sobre los procesos electorales. Ocurrió en una provincia del país hermano, Argentina, en Tucumán, y esto valió para analizar –y bienvenido sea siempre– el sistema electoral, que es un tema primordial en la agenda política de ese país, porque está planteada la discusión sobre los mecanismos tradicionales o electrónicos. Y sucede, con mucha más preocupación para todos, en los próximos comicios electorales que tiene, muy pronto, otro país del Mercosur, Venezuela. Ese proceso está cuestionado por mucha gente y genera muchas dudas.
Uruguay históricamente ha tenido una trayectoria inmaculada en esta materia, sin cuestionamientos, todo por mérito, en primer orden de la Corte Electoral. De manera que el tema nos debe importar y debemos darle la trascendencia que tiene. No quiero analizar lo que no se hizo o por qué no se planteó lo que me parece bastante obvio, pero quiero hacer una pregunta concreta. El señor Senador Heber señalaba, con muy buen criterio, que la propia legitimidad que ostentamos quienes somos, en este Cuerpo, representantes de la soberanía nacional, nos la da la Corte Electoral. En este país, donde en los últimos treinta años gobernaron tres partidos distintos, no hubo en ninguna instancia de los procesos electorales respectivos una sola duda. Entonces, me pregunto qué puede suceder si el Parlamento llegase a decidir no considerar en nada lo que ese organismo de contralor, por unanimidad de quienes representan, precisamente, a los partidos políticos, nos plantea. Considero que esto por lo menos nos tiene que llevar a dejar planteadas en actas las consecuencias que eventualmente puede tener. Entonces, a ese Cuerpo que enorgullece al país, a ese Organismo que por unanimidad nos plantea en el Parlamento lo que está analizándose hoy, le pregunto cuáles son las consecuencias que esto puede tener en los cinco años por venir si no consideramos en nada lo que se está planteando. Hay que tener en cuenta que ya en marzo está prevista una instancia electoral importante, para definir la participación social en el Banco de Previsión Social.
De manera que, en concreto, si no se aprueba nada de lo que se solicita en cuanto a recursos destinados a la inversión en informática, a recursos humanos, a la parte salarial, a medidas de orden administrativo –que no tienen costo–, a la inversión edilicia, etcétera, ¿cuáles son las consecuencias que la Corte Electoral nos advierte que esto puede tener a quienes tenemos la responsabilidad de definir el futuro del organismo en los próximos cinco años?¿Qué puede pasar si no se les da absolutamente nada, tal como viene de la Cámara de Representantes? Esa es la consulta concreta.
SEÑOR AROCENA.- Hay varias preguntas que tienen que ver con el sistema de retribuciones nuevo, acordado con AFEU. Para eso, le voy a pedir a la ministra Reyes que conteste y explique las preguntas que se plantearon.
SEÑORA REYES.- Quiero recordarles a los señores Senadores que lo que hizo la Corte Electoral fue cumplir con un mandato legal, como ya se ha manifestado, y ya ha iniciado su ejecución. El artículo 306 establecía que debía haber tres niveles salariales diferentes entre los funcionarios. Es así que hace dos años, a fines de 2013, en la bipartita se logró que en lo que quedara del período, las horas extras se hicieran en tres escalas diferentes, de acuerdo a los niveles administrativos o a las categorías administrativas de los funcionarios. Es decir que comenzamos a cumplir un mandato legal. Lo que nos quedaba en el resto de los dos años era el nuevo sistema retributivo, que en algún aspecto tuvo un impulso de los funcionarios, pero por parte de la Corte se entendió que si existía un cambio salarial tan importante, un nuevo enfoque de las retribuciones, eso tenía que ser incorporado en el Presupuesto, y así se entendió por parte del Legislador cuando propuso dos años para lograr esa aspiración, ese nuevo sistema retributivo. No voy a decir que esto es sencillo, pero sí debo manifestar que en el acta de preacuerdo –porque en este caso el organismo y los funcionarios, luego lo ratificaron plenamente–, del día 4 de junio, celebrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los negociadores –tengo el gusto de estar entre ellos, con los Ministros Klappenbach y Silveira–, AFEU y la Corte Electoral acordamos el nuevo sistema retributivo, incluso con las firmas en cuanto a los costos; se estableció el tope de la extensión horaria, el período que se consideraba como electoral, etcétera. Pero meses antes, concretamente en abril, también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los negociadores y AFEU iniciaron parte del acuerdo de estos artículos que vienen: la corrida de los grados 8 y 9 al 7 –la unificación de la carrera a nivel funcional está acordada con los funcionarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, y dejaba en el mes de abril un tiempo más para continuar con el análisis del sistema retributivo nuevo, lo que se acordó, como establecí, en el mes de junio de este año. ¿Cómo se conformaba ese nuevo sistema retributivo? Tomando en cuenta el ejercicio 2010‑2015, en el que se dieron las elecciones nacionales; un acto que estuvo fuera de las elecciones nacionales, como fue la consulta popular sobre la despenalización del aborto; el costo de la elección del BPS; el costo de las elecciones universitarias; el costo de las Asambleas Técnico Docentes. Entonces, teniendo en cuenta todos esos actos –y, obviamente, sin perjuicio de las elecciones constitucionales–, se crea un nuevo sistema retributivo –en vez de utilizarlo para cada acto electoral, sin el sistema de las horas extras–, y se establece durante los cinco años. De ahí surge que en el primer año, por parte del Poder Ejecutivo, se necesite $ 135:000.000, que es lo estipulado para el año 2016 junto con la eliminación de noventa vacantes y un dinero que sostenemos debe ser provisto. Entonces, los funcionarios que se adhieran a este sistema tendrán un plus –artículo 2º–, se trata del aumento de un complemento salarial que cumple también con los tres niveles retributivos, como el artículo 306 de aquella ley de rendición de cuentas que nos obligaba y que acordamos con los funcionarios.
Si bien no nos fue fácil, finalmente logramos obtener un acuerdo, a pesar de que en algún momento pudo tener una salvedad por entender que podríamos seguir analizando y buscando una mejor fórmula. Los tiempos ya comenzaban a correr y luego cada uno fue ratificado en su ámbito, tanto en el de los funcionarios como en el de la Corte Electoral. La ratificación de ese preacuerdo nos llevó a incluirlo en el proyecto presupuestal. Esa es la explicación sobre si el acuerdo había sido tripartito y si se necesitaba algún ingreso mayor. Entendemos que el ingreso que se solicita es mínimo.
Con respecto a los ingresos adicionales, la Corte Electoral, por mandato legal, controla diferentes elecciones, por ejemplo las de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, las de la Caja Notarial, las de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y las de varias cooperativas más. El costo de esas elecciones es abonado por esos organismos, luego de realizar un estimativo. La última que se realizó fue la del Colegio Médico del Uruguay que, si bien tiene una Comisión Electoral, solicitó el control por parte de la Corte Electoral. En virtud de la ayuda brindada por la Corte en sus tres actos electorales: la primera elección del Colegio, la ratificación de su Código de Ética Médica y la elección de su nueva integración, se logró un importante registro de electores y se identificó a quiénes debían cumplir con esa obligación. De esta manera pudieron llevar a cabo sus cometidos respecto a los afiliados.
Reitero que esas elecciones son abonadas por los propios interesados y no generan ganancias para la Corte Electoral. Los funcionarios que trabajan ese día, o esa pequeña Comisión que colabora y ayuda con las comisiones electorales, son retribuidos acorde a la jerarquía del acto que están realizando. El Ministerio de Economía y Finanzas no pone dinero en esas elecciones, sino que son los Organismos privados los que desembolsan ese dinero.
Las cooperativas de consumo, alcanzadas por la Ley Nº 12.179, en cuyas asambleas se realicen elecciones, también requieren de la presencia de funcionarios que las controlen y legitimen. Este control también se abona por las propias cooperativas, por mandato legal. Nosotros debemos asesorarlos y asistirlos, pero de ninguna manera se utilizan los fondos públicos.
SEÑOR CARDOSO.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Autoriza una interrupción, doctor Arocena?
SEÑOR AROCENA.- Sí, señora Presidenta.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador Cardoso.
SEÑOR CARDOSO.- Quisiera que este asunto nos quedara claro de manera de ir cerrando este capítulo con respecto al tema funcionarios y pensar en la idea planteada por los señores Senadores Heber y Amorín para que alcancemos un acuerdo.
El resumen –y quiero ratificar esto para que entendamos bien de lo que estamos hablando– es que aquí tenemos un mandato legal que la Corte Electoral recogió, el Parlamento le dijo que tenía que restructurar su sistema funcional, esta hizo un acuerdo con el sindicato, lo llevó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo ratificó y ahora lo trae al Parlamento. Planteo esta situación porque esto termina siendo casi un choque de trenes. El Parlamento mandata a la Corte Electoral, por ley, a hacer una reestructura, la Corte elige el camino del acuerdo con el sindicato, lo ratifica ante el Poder Ejecutivo y lo devuelve al Parlamento como mandado realizado. Es la primera vez que en veinte años como Legislador veo esto: no aprobar un cambio de esas características. Reitero, nunca vi una cosa como esta: mandato legal, el Parlamento le dice a la Corte lo que tiene que hacer, esta lo realiza, incluso lo hace de una manera mucho mejor que la que se le pidió. Pudo haber traído su propio proyecto; sin embargo, lo acuerda con los trabajadores, lo lleva al Poder Ejecutivo –porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el Poder Ejecutivo–, lo ratifica en una reunión tripartita y devuelve los deberes hechos al Parlamento. Es así que, si se mantuviera el criterio de la Cámara de Representantes, el Senado no ratificaría un entendimiento de estas características.
SEÑOR KLAPPENBACH.- Buenos días.
Quisiera aportar a estos cinco artículos del nuevo sistema retributivo otra visión que no sea la de la retribución de los funcionarios que integran la Corte Electoral, sino pensando en ese nuevo sistema desde el punto de vista de la gestión del organismo.
Con respecto a la primera sesión de la mesa de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quiero aclarar que no es en el ámbito establecido en el artículo 14 de la ley de negociación colectiva que se hace con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y demás. La función del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en esta instancia es la de que las partes lleguen a un acuerdo. De hecho, fuimos citados por iniciativa del sindicato, por eso se hizo en esa tripartita –fue valioso que se hiciera de esa manera–, pero no fue en el ámbito de lo establecido en el artículo 14 de la ley de negociación colectiva.
Cuando los delegados fuimos a esa negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya fuimos con una decisión tomada, por unanimidad, por la Corte Electoral con respecto a que tenía que pensarse, como un nuevo sistema, un complemento de compensación a la orden. Digo esto porque las horas extras, la extensión horaria en la Corte Electoral, no es para cumplir las tareas cotidianas. Está de más decir eso, pero hay que aclararlo igual. Se trata de que, con la misma plantilla de funcionarios con la que se hacen las tareas cotidianas, hay que organizar específicamente una elección y cumplir con los plazos legales.
En este sentido, todos aquí saben que el registro de hojas de votación vence a las veinticuatro horas del día límite – treinta días antes de las elecciones–, y todos sabemos cómo se usa ese plazo hasta las veinticuatro horas. Quiere decir que la misma plantilla trabaja más horas por un tema de organización y para cumplir con los plazos legales que dan todas las garantías a las elecciones.
Desde el punto de vista de gestión, este sistema permite –como anteriormente explicaba el señor Presidente– que las tareas que puedan hacerse fuera del calendario electoral específico rindan más porque el funcionario no va a quedarse a trabajar más horas de las necesarias si tiene un complemento; si se aprueba el reglamento con una obligación sería a través de una negociación colectiva. Esto también estaba establecido en el artículo 306 de la Rendición de Cuentas de 2012, aprobada en 2013, que era el mecanismo por el que teníamos que traer esta propuesta en el ámbito de la negociación colectiva. O sea que además de lo que establece la ley de negociación colectiva, el artículo 306 de la Rendición de Cuentas, que nos mandataba a realizar este nuevo sistema retributivo, también decía que debía llevarse a cabo en el ámbito de la negociación colectiva.
Entonces, estamos convencidos –el sindicato también lo estaba al firmar el acuerdo– que del punto de vista del funcionario y sus retribuciones es bueno el sistema propuesto, pero es bien importante aclarar que desde el punto de vista de la gestión del organismo también lo es. Reitero que no son horas extras para hacer tareas cotidianas, como puede suceder en otros organismos o, incluso, en empresas privadas, en donde terminan siendo un complemento del sueldo. Aquí la extensión horaria se necesita para cumplir tareas extras que se deben realizar con la misma plantilla de funcionarios, como puede ser una verificación de firmas por una iniciativa de ciudadanos o las elecciones que tenemos el año que viene, del BPS o universitarias.
¿Por qué es importante hacerlo en el Presupuesto y que sea quinquenal? Porque lo que se gastó en el quinquenio anterior en retribuciones personales en rubro 0 por fuera del salario de los funcionarios se tiene que anualizar y dividir entre cinco. Ustedes podrían decir que este no es el momento de discutir esto, que se puede hacer en el 2018, pero resulta que en el 2016 ya hicimos dos elecciones enormes, para lo que se tiene que pagar –si no se vota este sistema retributivo– extensión horaria. Con la misma plantilla, no se puede hacer una elección del BPS –que me animaría a decir que es de las más complicadas de organizar– sin extensión horaria, por los plazos legales y porque nosotros continuamos haciendo tareas fundamentales como la inscripción cívica, las renovaciones, los traslados. Justamente, la Corte está viendo que la mejor forma para informatizar los expedientes inscripcionales es que la gente renueve su credencial. Se puede escanear una foto o una firma vieja, pero si se renuevan como lo estamos haciendo ahora, es mucho mejor. Este año llevamos récords de renovaciones y traslados –para el plazo que llevamos– gracias a que, como tenemos el rubro presupuestal para hacerlo, se está yendo entre semana y fines de semana. Entonces, reitero que tenemos que organizar esas elecciones pero también seguir con la inscripción cívica, que es fundamental para que cuando finalice el plazo estén todos los habilitados para votar en el padrón. Por eso es bueno este sistema retributivo desde el punto de vista de gestión.
SEÑORA REYES.- Quiero ratificar la respuesta al señor Senador Cardoso en el sentido de que todos los preacuerdos y acuerdos vinculados a estos artículos fueron realizados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito tripartito. Los negociadores de la Corte Electoral siempre actuamos –y lo seguiremos haciendo– de buena fe, pero insisto en que estos artículos también fueron acordados en el ámbito tripartito. Así surge de las actas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tenemos en nuestro poder, así como las tienen el Ministerio y AFEU.
Continuamos en los ámbitos bipartitos y seguimos –nosotros y los funcionarios– teniendo expectativas respecto a estos artículos. Sería ridículo decir que no hemos conversado más. Continuamos haciéndolo y planteándonos escenarios positivos, muy positivos, más o menos positivos e, incluso, negativos. Es decir que nosotros estamos, al igual que ellos, un poco expectantes de las discusiones y de las soluciones que puedan encontrarse en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores. Por supuesto que seguimos defendiendo estos artículos y somos conscientes de que al principio quizás tengan un costo que no estaba pensado. Si este sistema no es aprobado, continuaremos con el mismo sistema de horario extraordinario, que hay que costear para cada año electoral. Es decir que cada vez habrá que analizar cuántas horas extras se necesitarán para que los funcionarios puedan realizar la tarea.
Lo que sí nos quedó claro –esto lo mencionó el ministro Klappenbach– es que hay una partida para la inscripción cívica, correspondiente al artículo 656 del Presupuesto anterior, de la Ley Nº 19.719, que establece un marco de dinero para la inscripción y renovación del Registro Cívico Nacional.
Desde que utilizamos estos dineros –a partir del ejercicio 2011– hemos ido paulatinamente, y gracias a los nuevos sistemas informáticos, acercándonos cada vez más del potencial elector con las mesas móviles. Los ciudadanos del interior del país saben la importancia de la mesa móvil –sin mencionar nada de Montevideo– que va a cada pueblo o ciudad del país a buscar la inscripción y a renovar los documentos.
Este período comenzó en julio y ya en agosto estábamos haciendo las primeras mesas móviles, lo que significa una importante renovación de nuestros documentos; además, comenzamos la inscripción. ¿Para qué? Para prever el final de cierre, que será en el año 2019. Como saben los señores Senadores, el uruguayo tiene esa mala costumbre de esperar hasta último momento. Entonces, estamos buscándolo. Ya comenzamos en Montevideo con las mesas móviles –estuvieron acá en el Parlamento– y ahora estamos en la Intendencia de Montevideo, en la calle Soriano, y nos quedaremos allí durante dos meses. Se trata de mesas móviles permanentes. Tratamos de descentralizar para que la ciudadana y el ciudadano, o quien quiera inscribirse, tenga mayor facilidad. Y esto se abona con una partida especial que surge del Presupuesto anterior y que no está –quiero ratificarlo y decirlo claramente– incluido en este nuevo sistema retributivo, siendo la garantía que tiene la Corte de continuar fehacientemente con la inscripción, sin tomar dinero de su línea base del Presupuesto. Eso es algo que está incorporado y que defendemos, pero repito que no está incluido en este nuevo sistema retributivo porque entendemos que esa es la pata fundamental para que la Corte Electoral cumpla con una de sus obligaciones: incorporar ciudadanos al registro cívico nacional –de forma lenta pero clara– y renovar la documentación de los propios ciudadanos. Por lo tanto, aquellos que no han renovado su documento y que están presentes, los exhortamos a que lo hagan. Es un trámite muy sencillo.
Debo agregar que esas mesas móviles del interior –según me recuerda el señor ministro– trabajan sábados y domingos, al igual que en Montevideo, con jornadas de diez horas porque es la manera que estamos más cerca de los ciudadanos.
Por ahora, nada más. Gracias.
SEÑOR PENCO.- Quiero aportar un elemento más a este intercambio de información, ratificando naturalmente todo lo que ha dicho tanto el Presidente de la Corte como los Ministros Reyes y Klappenbach.
Hoy la Corte Electoral no es la misma que hace veinte o treinta años y nosotros la conocemos desde hace mucho tiempo –tal vez no tanto como el señor Senador Heber el Parlamento, pero sí hace unos cuantos años– por lo que podemos decir que el funcionario electoral de hoy no es el mismo de hace quince o veinte años. En esos años los funcionarios electorales hacían cola para hacer horas extras, pero hoy no. Entonces, este es otro elemento más que aporta el mejor funcionamiento de la Corte Electoral. Mañana tenemos elecciones de las Asambleas Nacionales Docentes porque la ley establece que debemos organizarlas y la verdad es que ha sido muy difícil contar con funcionarios electorales para el cumplimiento de horarios extraordinarios, para llevar a cabo esta elección. Lo que sucede es que el horario extendido para los funcionarios no es preceptivo sino optativo y por eso ahora, en este proyecto de ley, se propone el régimen de permanencia a la orden. Como consecuencia de ello, el reglamento que se habrá de aprobar tiene una fuerza mucho mayor y, como consecuencia del carácter preceptivo, se lograría que el funcionario tuviera que estar a disposición de la corte en los horarios en que esta disponga, naturalmente en el marco de la negociación colectiva. Me parece que este es un elemento que los señores Senadores deberían conocer, a los efectos de resolver este tema tan importante.
SEÑOR AROCENA.- Quisiera agregar algún elemento más sobre los otros temas.
Lo relativo a las retribuciones a los funcionarios por el régimen de permanencia a la orden es algo que se ha tratado mucho y que es muy importante, pero también me interesa destacar la relevancia que tiene para nosotros –ya lo he dicho pero quiero repetirlo– el tema de la informatización de la gestión de la corte. Quiero poner muy fuertemente el acento en esto porque condiciona el funcionamiento de nuestro organismo. Si realmente hubiera recursos para empezar a trabajar en el expediente electrónico, estaríamos dando un paso adelante muy importante.
En cuanto al otro tema, el edilicio, lo describí abundantemente y reitero que necesitaríamos que se tuviera en cuenta la solución que nos propuso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En realidad, el Estado solo debería adelantarnos las dos o tres primeras cuotas del leasing, porque con la venta de las oficinas del Palacio Soler podríamos retribuir el dinero de esas cuotas y, sobre todo, quedaría un sobrante. Por lo tanto, estamos planteando una operación que nos aconsejó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que nos solucionaría el problema edilicio y que no implica mayores costos para el Estado a mediano plazo.
Por otro lado, quiero insistir en lo relativo a la unificación de la carrera. Este artículo no tiene costo y, en consecuencia, no encuentro razones por las cuales no debería ser aprobado. Hay que tener en cuenta que esto daría a la Corte mayor facilidad y flexibilidad para la gestión de recursos humanos.
Finalmente, el otro tema es el relativo a los gastos generales. Tengo aquí la línea de base de los gastos de funcionamiento que tiene actualmente la Corte Electoral. Estamos hablando de $ 93:000.000 por año.
SEÑOR AMORÍN.- Quisiera hacer una pregunta con respecto a los gastos. ¿Reciben esa misma suma de $ 93:000.000 desde hace diez años?
SEÑOR PENCO.- Efectivamente, es la misma suma desde hace diez años pero también hay que decir que siempre que hemos pedido refuerzo de rubros en esta materia, el Poder Ejecutivo lo ha otorgado. De otra forma, con esta cifra, la Corte Electoral no hubiera podido funcionar.
SEÑOR AMORÍN.- Entonces, si no entendí mal, ahora están pidiendo $ 15:000.000, además de los $ 93:000.000 que, quizás, ni siquiera alcanza al aumento del IPC en diez años.
SEÑOR KLAPPENBACH.- Respecto a la unificación de la carrera en todo el país me gustaría aclarar que no sería un experimento porque hasta los años noventa la Corte Electoral ya tuvo su carrera unificada. Esto permite que en lugar de que las carreras sean compartimentos estancos en cada departamento, puedan tener movilidad en todo el territorio, si se generan vacantes y según las necesidades del servicio. Hay departamentos que cambiaron considerablemente su ciudadanía en los últimos años. Por ejemplo, no podemos pensar que Colonia tenga la misma plantilla de hace diez años, con la cantidad de gente que se ha ido a vivir allí. También pensemos en la particularidad del departamento de Maldonado y en la necesidad que tenemos de cubrir aquellos departamentos que tienen muchas localidades y que no les alcanza con tener la oficina en la capital; tendríamos que ir pensando en esas cosas.
Insisto: hasta los años noventa la unificación de la carrera era así. En 2001 se cambió y ante una consulta técnica que realizó la Corte Electoral, se recomendó. Incluso lo planteó el sindicato, y la unificación de la carrera forma parte del acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que como ya dijimos, no tiene costo.
SEÑOR AROCENA.- Si los señores Senadores no desean formular más preguntas, simplemente cerraríamos la presentación del Presupuesto a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y agradecemos a la señora Presidenta y a los señores Senadores esta oportunidad.
SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a despedir a la delegación recordando que a las 11 y 30 recibiremos a las autoridades de la Oficina de Servicio Civil.
(Se retiran de sala las autoridades de la Corte Electoral).
(Ingresan a sala los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil).
– La Comisión tiene sumo agrado de recibir en esta casa al señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es la suya, y a todo el equipo que lo acompaña. En una primera instancia vamos a escuchar la presentación de los artículos 6º al 11.
SEÑOR SCAVARELLI.- Como siempre, es un gusto estar aquí entre tantos amigos.
A continuación, nos referiremos a los artículos de carácter general –incluidos en la parte que solemos denominar transversal–, que va del 6º al 11, y en la tarde concurriremos para tratar los inherentes al Inciso.
El artículo 6º tiene por objeto extender una habilitación a los funcionarios que revisten en el escalafón «CO» –que ocupan cargos de alto nivel de conducción– para que puedan ser docentes en la Escuela Nacional del Servicio Civil, es decir, la que imparte formación pública. Es fundamental contar con estos funcionarios –si no recuerdo mal, en este momento hay veinticuatro en la administración–, y como la Oficina tiene planificado acordar con el Congreso de Intendentes la formación hasta el tercer nivel de Gobierno –nivel de descentralización–, además de la función de transversalización que se profundiza, sin duda, es un elemento muy importante contar con la mayor capacidad posible. La especialización en materia de función pública en el caso del escalafón «CO» tiene, además, la riqueza de que se adquiere con una larga trayectoria, que es la que lleva a esta condición y que permite ejercer las funciones que lo habilitarán para tener una mejor función a nivel de docencia y una mejor formación de la función pública y de los funcionarios públicos.
Básicamente, ese es el contenido de este artículo y no tiene mayores detalles.
En el artículo 7º se otorga una facultad en materia de reestructura, es decir, en materia de desempeño de la administración y su formato. Se entiende que la organización administrativa más eficaz en cuanto al desempeño –es decir, a la actividad pero también a la eficiencia de esa actividad– es la Unidad Ejecutora de la que está compuesto cada uno de los Incisos. Estos proponen la reestructura de acuerdo con este artículo, que aunque viene de antes, ahora la Unidad Ejecutora como tal está fortalecida. Cada Inciso abarca varias Unidades Ejecutoras –por supuesto–, la mayoría de las veces diferentes entre sí y, por tanto, abordan distintas realidades, lo que genera que haya diversos tipos y tiempos para proyectar las respectivas reestructuras y se dificulte su cumplimiento, como de hecho ha pasado. Este concepto está reforzado, en la medida en que se verifica que los Incisos son los que proponen la reestructura en su totalidad y están integrados por varias Unidades Ejecutoras, en la mayoría de los casos, diferentes. De todos modos, la diversidad es la que impone tiempos y ritmos distintos. Las reestructuras que ya se han realizado en el año 2013, por supuesto, no impiden la aplicación de este artículo, porque da un enfoque desde la Unidad Ejecutora y no sólo desde todo el Inciso. En una palabra, con esto la administración procura generar unidades de gestión con una mayor adecuación entre su formato y el cometido que dentro del Inciso le corresponde.
SEÑOR HEBER.- En primer lugar, quiero saludar a toda la delegación y decir que es un gusto tenerla acá.
La verdad es que no entendí muy bien la explicación de la necesidad de la reestructura del artículo 7º, porque hemos estado votando reestructuras en todos los Presupuestos. Realmente, si se hizo en el Presupuesto anterior una reestructura, ¿cuál es la necesidad de seguir facultando al Poder Ejecutivo para que haga reestructuras que muchos sostienen que sólo implican aumentos salariales? De alguna manera, lo que siempre ocurre es que las estructuras cambian para generar aumentos salariales que posiblemente estén justificados. Aclaro que no estoy en contra de que se instrumenten aumentos salariales, si estos son justificados en función de las tareas que se desempeñan. Ahora bien, pregunto si vamos a vivir permanentemente haciendo reestructuras a través del Presupuesto. Este artículo no puede faltar en ninguna instancia presupuestal y, quizás, tampoco en una de Rendición de Cuentas. El señor Director nos señala que se culminó una en el 2013 y, si fue así, quiere decir que se aplicó en el 2014 y también en este año. Sin embargo, a pesar de eso, ya se está planteando la necesidad de hacer otra reestructura. Realmente, me gustaría escuchar alguna justificación para esta propuesta que se repite desde el Inciso 02 hasta el 15. Después se dice que el Poder Ejecutivo remitirá el proyecto a la Asamblea General y, en ese sentido, me gustaría saber, si es factible que se estudie, se trate y se apruebe por parte de la Asamblea General, aunque todos sabemos que en sus Comisiones resulta dificultoso reunir a Legisladores de ambas Cámaras, de manera que tengan un funcionamiento más regular. No sé si decir que, además, se comunique a las Comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras, de modo que tengamos presente en qué consistió la reestructura y qué resultados hubo. Supongo que la reestructura no sólo es para generar un mejor funcionamiento sino, además, para lograr una mejora de la gestión. Entonces, se estará evaluando que las reestructuras hechas en el pasado determinan un mejor resultado de gestión en cada uno de los Ministerios.
Estas son las consideraciones que quería hacer aprovechando esta instancia y la presencia del doctor Scavarelli.
SEÑORA ALONSO.- En la misma línea y compartiendo las inquietudes del señor Senador Heber, voy a preguntar qué pasó con el dinero, respecto a las reestructuras anteriores. Estaba previsto que de no realizarse una reestructura, terminaba en el Rubro 0 por otros destinos. Me gustaría saber qué pasó con esas partidas presupuestales, sobre todo, en aquellos organismos que durante los cuatro o cinco años del mandato no pudieron concretar las reestructuras y, por lo tanto, finalizó un período de Gobierno sin que se aplicaran. Repito, quisiera conocer el destino de ese dinero.
SEÑOR DELGADO.- Saludo a la delegación que nos visita en el día de hoy.
Lo primero que vamos a preguntar tiene que ver con las interrogantes del señor Senador Heber y de la señora Senadora Alonso sobre las reestructuras que, en su momento, fueron avaladas por este Parlamento. Es un tema recurrente en las Rendiciones de Cuentas y en los Presupuestos. Entonces, sería importante conocer qué se hizo, hasta dónde se llegó y cuál es el balance que se ha hecho.
El segundo tema refiere al proceso de negociación de las reestructuras que están planeadas para este quinquenio y a conocer por dónde va la Oficina Nacional de Servicio Civil en cuanto a la reestructura y, sobre todo, a la participación en este tema. Me imagino que este es un ámbito bipartito y va haber participación de los trabajadores.
Por último, en este artículo, a diferencia de otras instancias, se omite la referencia a la ley de negociación colectiva. Suponemos que esto se enmarca dentro de la normativa vigente y por ende, va de suyo, que está comprendida en las obligaciones previstas por la ley. En fin, sería bueno que quedara constancia en la versión taquigráfica la respuesta del Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
SEÑOR SCAVARELLI.- Gracias por las preguntas realizadas que nos permiten aclarar el tema.
Lo primero que queremos dejar claro es que esto no implica ningún tipo de modificación de crédito presupuestal. Es decir, no hay una modificación en el costo, o no hay un costo específico.
Segundo, a diferencia de la norma anterior, que es prácticamente idéntica, la protagonista es la Unidad Ejecutora que promueve el ajuste de la actividad y de la estructura del Inciso para una mayor eficiencia de la gestión. Como todos saben hay varias Unidades Ejecutoras que componen el Inciso, este al Ministerio completo y cada Unidad Ejecutora a muchos Ministerios, y en materia de gestión, los más grandes son un mundo en sí mismo. El cambio fuerte que uno podría decir que hay en esto, tiene que ver con la valorización de la capacidad de iniciativa de la unidad ejecutora para promover la reestructura correspondiente del Inciso.
Así que, insisto, el primer punto es que no tiene habilitación de incremento porque no hay modificación de los créditos presupuestales asignados a cada ministerio y a cada unidad ejecutora, en su caso.
Lo que guarda relación con los ministerios y lo que pasó con los Incisos y las reestructuras anteriores, es que no todos los Incisos hicieron reestructuras, creo que hay cinco que no las hicieron, y en los otros no fueron totales, sino parciales. De lo que se trata en esta circunstancia es de contar con un instrumento que permita resolver esas asimetrías.
Les cuento que para llegar a estas conclusiones, la Oficina Nacional del Servicio Civil tuvo reuniones con cada uno de los ministerios, además de la instancia junto al Ministerio de Economía y Finanzas, en algunos casos con el de Trabajo y Seguridad Social, y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Lo que se recoge de las impresiones de cada uno de los Ministros y de las cabezas de manejo de los Ministerios es lo que Servicio Civil procura tomar como elemento para ajustar el mejor funcionamiento.
Las dos variables son las que decía el señor Senador Heber: primero, efectivamente hay un costo –no es el caso–; y, segundo, evidentemente hay que ver cómo incide lo que se nos pide para mejorar los dos factores de la gestión, que son la eficacia y la eficiencia. Es decir, los mejores efectos a obtener y el menor costo, tiempo o trabajo para poder concretar el resultado eficaz.
Se nos pregunta sobre la participación del sector trabajadores en este tema y creo que es muy importante la aclaración que hacía el Senador Delgado porque, en definitiva, es preceptivo y legalmente obligatorio que así sea. No es necesario que esté en la ley a texto expreso, porque la ley está vigente. Este tema ya lo explicamos en la otra Cámara, pero es bueno que quede en la historia fidedigna de la sanción que, efectivamente, no puede haber reestructura que no cumpla con ese requisito de integración del sector trabajadores en su aprobación. Esto siempre será fruto de la negociación colectiva.
El artículo 8º tiene que ver con la necesidad del control del debido cumplimiento de las obligaciones del funcionario público, una vez que sale del Organismo de origen para prestar servicios en la entidad o naturaleza de quienes tienen derecho a solicitar al funcionario en Comisión. Acá no tengo el listado completo, pero la enorme mayoría de los Organismos públicos y de los requirentes de funcionarios públicos en Comisión, cumplen con la tarea de informar mensualmente cuál ha sido el régimen de cumplimiento laboral de los funcionarios en Comisión. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el modo de contralor y aquí tenemos dos artículos. Uno es el que vino originalmente, que luego tuvo una modificación en la Cámara de Representantes. Queremos manifestar lo siguiente porque vamos a dejarles un artículo alternativo para la reflexión, porque pensamos que podemos colaborar para que quede un artículo entremedio de las dos opciones: la propuesta original y lo aprobado en la Cámara de Representantes. El artículo aprobado por la Cámara de Representantes establece un régimen trimestral de contabilidad de cumplimiento. Vayamos al caso concreto que es lo que importa. Si en cada trimestre se van a acumular las inasistencias de un funcionario para que, en caso de que las haya, se descuenten en el cuarto mes, podríamos estar causando un severo perjuicio. Por ejemplo, si alguien tuvo tres faltas en un mes, cuatro en otro y cinco en el siguiente, la sumatoria de esos tres meses se descontaría en el cuarto mes. De hecho, en la gran mayoría de los casos funciona mensualmente. De todos modos, el hecho de que sea mensual no significa que se descuente automáticamente ese mes porque el mecanismo de procedimiento de pago lleva a que sea al mes subsiguiente, es decir que no es automático. Para nosotros este artículo tiene un problema porque dice: «Quien haya formulado la solicitud, bajo su responsabilidad, deberá comunicar al organismo de origen del funcionario,» –como sabemos es quien paga el sueldo– «el grado de cumplimiento de dicho deber funcional en el trimestre anterior, para que pueda ser gestionado el pago de haberes correspondientes.» Luego establece: «El incumplimiento por parte de quien deberá brindar la información, sin perjuicio de su responsabilidad, no obstará al pago de haberes del funcionario en Comisión. La presente disposición será reglamentada por el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil.»
¿Qué significan estos tres pasos? En primer lugar el artículo, tal cual está redactado, impediría gestionar el pago; dice «no podrá gestionar el pago». Y después establece que aunque no venga la información que impide gestionar el pago, igualmente habría que pagar. Lo que ocurre es que en la administración no se puede pagar si no se gestiona el pago. Es decir que aquí hay un tema que deberemos ver, porque así no puede funcionar.
Otro aspecto que nos parece muy importante –ya lo habíamos dejado dicho pero debemos volver a establecerlo– es que parece materia difícil de reglamentación por el Poder Ejecutivo esta disposición, que incluso establece responsabilidades, porque hay personas, sujetos de derecho, organizaciones, que no están dentro del alcance posible de una reglamentación del Poder Ejecutivo. Es el caso de los propios integrantes del Poder Legislativo, por ejemplo. La Oficina Nacional del Servicio Civil no le puede proponer al Poder Ejecutivo que dicte una reglamentación respecto a cómo van a actuar los legisladores con las personas que tienen en Comisión; me parece que estaríamos entrando en un terreno complejo, que es mejor no adjetivar, pero creo que todos lo tenemos a la vista.
Por supuesto que es comprensible la posición de quienes sostienen que la omisión del jerarca no puede ser que termine con una consecuencia negativa para el trabajador, que quizás esté demorado en su cobro. Es perfectamente entendible el argumento y no es ese el objetivo. Lo que se busca es cómo estimularlo a que cumpla. Ya dije que la gran mayoría lo hace mensualmente. El ejemplo que quienes hemos tenido a alguien en Comisión conocemos es que cuando llega el momento de las calificaciones, todos cumplimos con la información, porque es un derecho fundamental. No olvidemos que, además, el funcionario en Comisión mantiene todos los derechos de su lugar de origen, puede concursar, etcétera. Es decir, es un funcionario del lugar de origen a las órdenes del lugar de destino.
¿Qué texto alternativo estamos proponiendo? Vamos a dejar una copia, si usted lo autoriza, señora Presidenta, para que lo puedan tener como un insumo. El artículo quedaría prácticamente igual pero estableciendo: «La asistencia de los funcionarios en Comisión deberá ser debidamente acreditada.
Quien haya formulado la solicitud, bajo su responsabilidad –tal cual se establece en el proyecto hoy–, deberá comunicar al organismo de origen del funcionario, el grado de cumplimiento de dicho deber funcional en el mes anterior».
Es decir que sacamos todo lo que tiene que ver con el trimestre, que genera, a nuestro entender, en nuestra opinión y en base a la experiencia de manejo de gestión que la oficina tiene, el severo problema de que se acumula un descuento que se hace en el cuarto mes todo junto, con la consecuente afectación incluso en materia de retenciones, créditos, pensiones y todo lo que pueda corresponder. En definitiva, este artículo alternativo mantiene lo esencial de lo precedente y establecemos la responsabilidad, que es de carácter formal. Voy a hacer un paréntesis. Todos hemos tenido gente en Comisión, que efectivamente viene a trabajar más que en sus lugares de origen, que está expuesta a otro tipo de cargas horarias y dificultades. Pero también es cierto que cuando el funcionario sale de su lugar de origen, no se genera una vacante que se cubre con otra persona que viene de afuera. Hay que repartir el trabajo entre los que quedan. Entonces, el primer efecto es que cuando una persona solicita un funcionario en Comisión, como el funcionario es para la función, es él –sobre todo en el caso de los que vienen en asistencia directa– el que determina el régimen, si va a trabajar en su casa y va a informar, etcétera. Eso a nosotros no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que alguien responsable, que es el que ha pedido a la persona en Comisión, simplemente, como sucede hoy en la gran mayoría de los organismos –incluso, en las Intendencias–, lleve mes a mes al lugar de origen la información de que la persona trabajó con regularidad.
Hay también otros instrumentos. Uno de ellos es dificultar el procedimiento del pago, aunque es injusto; ha quedado claro que no es el camino a seguir y lo aceptamos; nos parece muy bien. ¿Cuál era la posibilidad en el otro extremo? Modificar la norma que establece el régimen de pase en Comisión preceptivo –porque eso es ley; puede ser cambiado por otro– y la omisión de la comunicación en el sentido de que genera la responsabilidad de quien lo requirió y el incumplimiento reiterado hace caer la Comisión. Como el pase en Comisión es un instrumento muy poderoso para la gestión de quien lo pide, ese lo descartamos, porque nos parece que es preocupante que haya inestabilidad en esa materia, que a veces depende de un error de manejo burocrático de comunicación.
En definitiva, lo que le estamos dejando, señora Presidenta, es una propuesta de artículo que mantiene lo esencial; una responsabilidad formal de comunicar. Pretendemos que se mantenga como mensual para facilitar el funcionamiento de las oficinas, pero –por supuesto– es un aporte para tratar de buscar la mejor solución.
SEÑOR CARDOSO.- A mí me gustaría hacer algunas consideraciones sobre este artículo.
Aquí se ha explicitado un mecanismo, un instrumento de contralor de los pases en Comisión, y me parece que está bien que haya una verificación acerca del cumplimiento de la tarea de los funcionarios que están en Comisión. Conozco los dos lados del mostrador de este tema: los pases en Comisión dentro del Poder Ejecutivo, y los pases en Comisión fuera. El Poder Ejecutivo tiene un grado sin límites para efectuar pases en Comisión. Por ejemplo, un Ministro, para mover pases en Comisión dentro de un Ministerio, no tiene límites; sí los tiene para traer de otro organismo, pero dentro del ministerio los pases en Comisión son a piacere. O sea que puede haber trescientos funcionarios que se hayan movido de un lado a otro dentro de un Ministerio; no está limitado ese mecanismo. Sin embargo, en el Parlamento cada Legislador puede efectuar hasta cinco pases en Comisión; serían 650 si los pidiéramos todos. Si todos los Legisladores tuvieran los cinco pases en Comisión, habría 650. Y es sobre este aspecto que quiero hablar, que es, justamente, sobre lo que el doctor Scavarelli no ha hecho consideración alguna; más bien ha hablado de cómo se verifica el cumplimiento de la tarea de un funcionario en Comisión y no de las condiciones en las que los funcionarios salen en Comisión.
Se ha incrementado una práctica en el Poder Ejecutivo, por distintas interpretaciones, de recortarles ingresos, por ejemplo, a los funcionarios en Comisión que salen al Parlamento; una práctica que era intocable hace dos décadas, ahora es común. Todos los Organismos interpretan que determinadas partidas los funcionarios las pierden si salen en Comisión. Yo recuerdo una batalla campal que tuvimos en el Parlamento con el entonces Presidente de la ANEP, Germán Rama, cuando en los pases en Comisión de los docentes al Parlamento quiso modificar parte de los ingresos. Y terminamos en una negociación, que era un maestro por Diputado o Legislador como tope. Fue una negociación. ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Cómo va a interpretar la Oficina Nacional de Servicio Civil toda esta dispersión que hay en los Organismos, en la cual cada uno elige cuál es la partida que le quita al funcionario que sale en Comisión? Los funcionarios de UTE pierden ingresos; funcionarios del BPS pierden ingresos; algunos van al Tribunal de lo Contencioso Administrativo; algunos le ganan a dicho Tribunal y recuperan toda la plata al final de un período, porque interpreta que esas partidas no se deberían haber tocado. Es decir que el Parlamento está siendo sometido desde hace bastante tiempo a una especie de apriete. ¿Y sabe qué va a pasar si seguimos así? Vamos a pedir porteros al Poder Ejecutivo, ¡porque vaya usted a sacar a un funcionario de jerarquía! Yo para trabajar en la Comisión de Presupuesto tengo que traer en Comisión a un funcionario calificado del Poder Ejecutivo, que tenga conocimientos, y generalmente este tiene un buen ingreso en su Organismo de origen. ¿Pero sabe lo que le pasa? Le sacan las partidas. Entonces me dicen: «No puedo ir al Parlamento porque pierdo tanta cantidad de plata». Me acota el Senador Camy que en el caso de la DGI deja de cobrar hasta el 50 % de su ingreso. Por lo tanto, me parece que este tendría que ser un tema a considerar. Estoy totalmente de acuerdo que en el cumplimiento de la función se exijan mecanismos de contralor, el «antiñoqui», como decía el diputado Gandini en el Presupuesto. Yo estoy de acuerdo.
Pero todos recordamos los artículos a pedido. Aquí hubo artículos a pedido, con relación a los pases en Comisión, que tenían oscuros objetivos. Recuerdo aquel artículo de los funcionarios en Comisión que estaba redactado de una manera que parecía que lo hubieran hecho en papel florete. Era una belleza. Decía que los funcionarios en Comisión pierden la inhibición del Organismo de origen y adoptan la del Organismo de destino. Era una redacción preciosa. Era para sacar a una Fiscal, para que se fuera a trabajar en el despacho de un abogado. Perdía las inhibiciones del cargo de origen y adoptaba las del cargo de destino. Claro que acá no tenía inhibiciones, podía estar en Comisión en el Parlamento y trabajar en un estudio. Ha corrido mucha agua bajo el puente.
Me interesa reivindicar el concepto de que los funcionarios que vienen al Parlamento deben hacerlo con todas las exigencias que el cumplimiento en la tarea requiere. También discutimos el cumplimiento de la tarea. Por ejemplo, no saco un abogado de UTE para discutir el mercado eléctrico, sino para que me asesore en todos los temas, no hay una referencia con el Organismo del que sale. Si traigo un funcionario de la Ursec no será para realizar un recorrido por las radios, sino para cumplir con una tarea que no tiene que ver con la función que estaba cumpliendo en el Organismo del que sale. El asesoramiento a un Legislador es una tarea global, completa e integral que, normalmente, se logra a través de una capacitación, aunque a veces por una especificidad. Tengo en Comisión un funcionario del Tribunal de Cuentas porque declaró especificidad en los temas que estamos tratando aquí.
¿Cuál es el criterio que se va a utilizar? ¿Se seguirá sacando partidas a los funcionarios que vienen al Parlamento? Como dije anteriormente, vamos a terminar pidiendo por favor para que alguien quiera venir a trabajar con un Legislador, porque a todos les quitan plata. En los veinte años que llevo trabajando aquí, he visto una tendencia de reducir al Legislador su capacidad de tener funcionarios de alta capacitación. Entonces, los Legisladores nos tenemos que revolver como gato entre la leña para discutir con los invitados que vienen con una pléyade de funcionarios, con grandes equipos mientras que yo tengo que pelear con lo que tengo, con uno o dos funcionarios con alguna especialidad. Y hay otros que no quieren venir porque pierden $ 15.000, $ 18.000 o $ 20.000. Y ahora, se nos viene a decir cómo tenemos que controlar su asistencia y cumplimiento en la tarea, pero a mí me gustaría hablar de la otra parte. Acepto el criterio de discutir cómo controlar a los funcionarios en su trabajo, pero discutamos el deterioro de las viejas normas de pases en Comisión al Parlamento que todos los organismos interpretan diferente. Todos nos sacan algo; debería existir un criterio general para fortalecer ese camino.
SEÑOR SCAVARELLI.- Obviamente, hay una serie de consideraciones que tienen que ver con otras cosas. Recuerdo muy bien el momento –porque estaba en el Parlamento– en que se estableció el límite de cantidad de personas y quedó en cinco. Fue un hecho vivido por todos, estando de este lado del mostrador como bien decía el señor Senador.
Antes que nada, quiero decir algo que consideramos muy importante. Evidentemente, el funcionario que sale en Comisión tiene que mantener todos los derechos y retribuciones inherentes a su cargo. ¿Dónde está, entonces, la dificultad? Está en lo que se denomina la asignación transitoria de funciones de conducción. De pronto, se debe cumplir la tarea de un cargo que quedó vacío debido a una jubilación o cualquier otra razón. Se dispone, entonces, que alguien ocupe un cargo de altísima responsabilidad y además acotado en el tiempo, porque tampoco lo puede sostener permanentemente. Cuando esa persona sale, hay que poner a otra en la misma función porque el servicio se debe cumplir. Felizmente, el Estado todavía es capaz de conservar gente con el talento, formación, capacidad y virtud para prestar el digno y trascendente servicio defensor de soberanía y calidad de país que es la función pública.
Sería bastante complejo que una persona que sale en Comisión se llevara, además, todo lo que tiene, inclusive la compensación de permanencia a la orden, por ejemplo; no es posible, salvo que exista una norma que lo disponga y un refuerzo del crédito para poder tener la partida correspondiente para esa asignación transitoria de funciones. Además, normalmente, quien va en Comisión a determinados lugares o a cubrir a personas –no lo quiero centralizar en el tema del Parlamento porque en realidad hoy no es el más grande, sino uno de los más importantes–, o aquellos que las entidades traen en Comisión y que van al servicio o a la asistencia directa, tienen partidas vinculadas a las secretarías.
Si por ejemplo, se van cinco personas que están teniendo asignación transitoria de funciones de alta conducción, que lo hagan con todas las compensaciones que tienen derecho, pero si se llevan la partida que se les dio transitoriamente –porque estaban a cargo de determinada función trascendente–, no va a haber partidas para poner a otras personas en esos lugares. Es decir, no tenemos forma de contar con un crédito presupuestal para ello.
El asunto está en manos del Parlamento. Esto requiere de otro tipo de iniciativas si tiene costo. Pero nosotros no vamos a entrar en ese punto porque no le corresponde a la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Tenemos el deber y la necesidad de que tanto el funcionario que sale como el que queda, tengan la tranquilidad de que sus carreras están protegidas, y de que quien los pide controle la asistencia. Además, vuelvo a decir, que cuando se dispuso la reducción del número de personas –en aquel entonces éramos compañeros en la Cámara de Representantes con la señora Presidenta y con otros señores Senadores que ahora están presentes en Sala–, fue un impacto muy grande porque se dio durante el transcurso de un período. Ya habíamos armado nuestros equipos, pero cuando nos dijeron que debían tener cinco integrantes, todos votamos ese número y se acabó la historia. Esto forma parte del anecdotario que siempre tiene como origen las resultancias políticas y legislativas, porque nada nace de la nada.
Por otra parte, no me corresponde funcionalmente entrar en el terreno relativo a las otras consideraciones que ha hecho el señor Senador. Hay otros escenarios donde ustedes, seguramente, lo van a manejar con las necesidades del caso.
Con respecto a este asunto, quiero decir que la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene el propósito de que haya una comunicación a los Organismos de origen. Por lo que veo, todos hemos estado de acuerdo, y pienso que la Cámara de Representantes también, porque el artículo que incluye parece más gravoso aún. De todos modos, lo que nosotros queremos es que haya un simple mecanismo de comunicación que no dé calificación, detalle de horario, tareas hechas ni en qué momento las realiza. Lo que importa es que alguien diga que ese funcionario está cumpliendo la función. En cuanto a la forma en que lo hace, el Poder Ejecutivo y la Oficina Nacional del Servicio Civil no entran en ese punto.
Es por eso que insisto en que los otros temas que no guardan relación son conexos a este artículo; pero no tienen que ver con el que estamos tratando. Lo que plantea el señor Senador podrá ser otro artículo distinto; bueno, lo será. Lo que nosotros estamos planteando es que la asistencia de los funcionarios en Comisión tiene que estar debidamente acreditada, que esa acreditación debe ser realizada por quien lo pide para su asistencia directa, o en las condiciones en que la ley lo determina, y comunicado al organismo de origen del funcionario en el mes precedente, como sucede actualmente, hasta en las Intendencias, que tienen una enorme cantidad de funcionarios en estas condiciones.
Quisiera hacer una consideración sobre los pases en Comisión internos. En realidad, si bien uno puede entender el concepto, porque de lo que se trata –supongo que es lo que habrá expresado el señor Senador y me corregirá si lo interpreto mal– es de que, dentro de un mismo Ministerio, el funcionario pase de una Unidad Ejecutora a otra, eso no es un pase en Comisión técnicamente hablando. Es una asignación de funciones de una persona que pasa de una Unidad Ejecutora a otra y que, yo diría, se inscribe dentro de las técnicas más modernas de manejo de personal. Digo esto porque si en una Unidad Ejecutora hay menos trabajo, porque tiene estacionalidad –por decirlo de algún modo–, se podría recurrir a los técnicos que allí trabajan para que, en forma transitoria o permanente –pero sobre todo transitoria–, refuercen las Unidades que los necesitan coyunturalmente. Me parece que es un deber del jerarca tomar los recursos funcionales con que dispone, salvando todas las garantías que tiene que tener el funcionario, sin afectarle los derechos del lugar donde vive y todo lo que sabemos. En todos estos casos estamos partiendo de una ejecución de buena fe. Pero, reitero, eso no es un pase en Comisión sino, simplemente, una asignación de traslado interno dentro del propio Inciso. No guarda relación con esto que estamos viendo ahora que es el pedido de quienes están legalmente habilitados a hacerlo, de solicitar funcionarios en Comisión ya sea del Poder Ejecutivo o de cualquier otro lado. El propio señor Senador mencionaba, nada menos, que al Tribunal de Cuentas. Son Organismos de naturaleza totalmente disímil.
Es más, les voy a contar un concepto que me parece muy interesante, aunque tal vez a ustedes no les parezca. Me informan que en los Organismos que no pertenecen al Poder Ejecutivo –descentralizados o autónomos–, los funcionarios van con esas asignaciones especiales que se otorgan por tareas especiales. En el Poder Ejecutivo eso no se puede hacer porque no hay partida presupuestal que lo cubra, pero los entes se manejan con otras flexibilidades de transposición y de movimiento de recursos.
Para terminar con este punto –aunque seguramente vendrá una repregunta–, quiero decir que, cuando el funcionario sale del lugar en el que está, conserva todos los derechos, incluso, en materia de retribución y de carrera funcional. Estando en Comisión fuera del lugar en el que se desempeña, incluso, se puede presentar a los concursos de ascenso. Es un funcionario más, y las infracciones que comete en el ejercicio de la función en Comisión se manejan a través de procesos disciplinarios del lugar de origen, ya que sigue perteneciendo allí. La dificultad que tenemos es en el instituto de asignación transitoria de funciones superiores, las encargaturas de cargos de conducción superior, que evidentemente tienen una mayor compensación por la mayor responsabilidad, incluso patrimonial. El problema es que no tenemos la flexibilidad de decir que se lleven esas partidas porque, de pronto, no tenemos con qué pagar al que va a sustituir al que se fue. Si aparece un mecanismo para esto, bienvenido sea.
La doctora Polero me acota que desde el punto de vista estrictamente legal la obligación es mantener las retribuciones asociadas al cargo y no a la función. De todos modos, el razonamiento que estábamos haciendo es este y como todos son principios legales y no constitucionales, son modificables legalmente.
SEÑOR DELGADO.- Obviamente, como decía el señor Senador Cardoso, este artículo está fundamentalmente vinculado a la responsabilidad del solicitante de pase en Comisión y a la comunicación al Organismo de origen del funcionario. Es más, en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y en la modificación que usted propone está la expresión «bajo su responsabilidad».
Ahora bien, sería bueno saber si la Oficina Nacional del Servicio Civil establece un procedimiento uniforme para el control que los organismos hacen sobre los funcionarios que están en Comisión. Según los datos que tenemos, no todos los controles son iguales ni todos los organismos funcionan de la misma manera. Entonces, si esta va a ser una exigencia para los que la solicitan, también debería ser uniforme el control para quienes los otorgan. En ese sentido, quisiera saber si la Oficina Nacional del Servicio Civil estableció una norma uniforme para los Incisos correspondientes.
SEÑOR SCAVARELLI.- Es muy importante esa pregunta. Algún día nos tendremos que juntar con ustedes para terminar de descubrir juntos todo lo que hay dentro de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Uno que lleva muchos años en esto, realmente queda sorprendido al ver las estructuras transversales que tiene y lo que significa para el manejo del talento humano y la inteligencia de la función pública.
Hay dos instrumentos transversales, que son aquellos que abarcan la totalidad de la Administración, que tienen que ver con el registro de vínculos y el sistema de gestión humana. Realmente, son un verdadero inventario de todo lo que sucede con los funcionarios públicos, su formación, su ubicación, su retribución, su antigüedad, su alta, su egreso. Dicho sea de paso, les cuento que a partir del año próximo el sistema de gestión humana comienza a desarrollar siete módulos más para terminar de redondear el instrumento fundamental de la buena administración, que es conocer con qué se cuenta para asignar mejor la gestión humana. A mí no me gusta mucho eso de hablar de recursos humanos, porque cuando empezamos a tratar lo humano como un recurso las cosas no terminan bien. Entonces, lo que está tratando de hacer la Oficina Nacional de Servicio Civil es transformar las oficinas de personal en oficinas de gestión humana.
En ese sentido la Oficina Nacional del Servicio Civil no tiene una asignación legal que le permita –más allá de tomar conocimiento y relevo de la información– aplicar ningún tipo de norma sancionatoria u observación de ningún tipo, sí tiene la obligación de pedir que se le informe los datos que requieren los registros.
En cuanto al régimen de responsabilidad, debo decir que todos aprendimos en primer año de Facultad –quienes cursamos derecho– que las responsabilidades que no tienen establecida una sanción, son un llamado a la responsabilidad funcional de cada uno. Pero también sabemos que quienes ejercemos función pública –cualquiera sea, no importa si es por designación o por elección– tenemos responsabilidades inherentes a la misma, para el caso no de la negligencia simple, sino de la negligencia compleja, que incluso pueda derivar en otras responsabilidades y en otras áreas del derecho que todos conocemos.
Por lo tanto, es muy importante que los señores Senadores tengan presente y claro que esa información está disponible en la Oficina Nacional del Servicio Civil y que tenemos la facultad de averiguar y de estar al tanto de cómo viene el tema, pero no la capacidad de imponer medidas, porque justamente es un servicio que se presta a la administración. Se trata de un tema de normas y se puede asignar más o menos peso a esa definición. Queda claro, además, que luego es el Inciso que otorgó el pase en Comisión o el lugar de origen del Organismo –de dónde sale el funcionario–, el que recepciona de quien peticiona, que en la mayoría de los casos son legisladores –me da cierto escozor tener que hablar de los Legisladores; el tema está centrado en esto pero no es el caso único–, pero son pases en Comisión que se piden para asistencia directa. No se trata de alguien que se traiga para prestar servicio en una asistencia remota, sino por un cometido de asistencia, diría, de máxima cercanía, que es lo que requiere el Legislador o quien pida el pase en Comisión. Por eso llama la atención que alguien pida en Comisión a un técnico de altísimo nivel, pero al mismo tiempo de pronto solicita un chofer. ¿Por qué? Porque cada cual sabe qué necesita para el mejor desempeño de su tarea.
Este artículo no tiene nada por detrás ni está advirtiendo una patología que, digamos, tengamos que cubrir. Lo que advertimos es que tenemos que dotar de información suficiente para tomar decisiones inteligentes y la administración del talento humano, así como la gestión humana, requiere el análisis de una información previamente acumulada.
Por otra parte, el que sale en Comisión tiene que saber que no es un derecho. Este es el otro tema del que no hablamos, porque muchos funcionarios salen a gestionar su pase en Comisión hasta que consiguen alguien que los pide, pero debemos tener claro que el pase en Comisión es un derecho del jerarca, que es el único que tiene la capacidad de pedirlo. Repito: no hay un derecho funcional a salir en Comisión, sino la obligación de prestar servicio en Comisión, salvo que existan circunstancias excepcionales bajo la responsabilidad del jerarca que lo solicita, en forma preceptiva. La administración no puede decir que no al pase en Comisión pedido por quien tiene la capacidad de petición preceptiva.
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con la consideración del artículo 9º.
SEÑOR SCAVARELLI.- Este artículo 9º es extenso y al parecer más complejo de lo que es, pero se aclara mucho en la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes. Quizás ya lo hayan advertido, pero con esto se trata de resolver la situación de 263 personas absolutamente individualizadas que han quedado colgadas en este régimen de contrato que ya no existe más. Me refiero al régimen de contratación que ya no funcionará más: los contratos temporales de derecho público.
Corresponde establecer en forma expresa –como decíamos– para el ámbito orgánico, que se determina la imposibilidad de aplicar el régimen de contrato temporal de derecho público, que se rige por dicho derecho, sin ser considerado funcionario público. Aquí la situación es la regularización de quienes ya se encuentran contratados en dicha modalidad, tienen plazo vigente de contrato y a agosto de 2015 son 263 personas que vienen con un contrato vigente con anterioridad. Es decir, desempeñan una función pública, lo hacen bajo un régimen de subordinación, se les controla sus horarios, tienen igual responsabilidad que los otros funcionarios, están sometidos a la misma jerarquía y atienden en el mismo mostrador con su compañero presupuestado al lado. Por lo tanto, en todo son funcionarios públicos, menos en esto. Esta situación ya fue resuelta antes y la demora en la ejecución del mecanismo dejó afuera a 263 personas que ¡atención!, tienen un derecho adquirido. Más allá de la normativa, hay un derecho adquirido en esta materia. No hay que olvidar que la situación de estas personas tenía una limitante que era la aprobación de las reestructuras, el tema del que hablamos hace un rato y algunos Organismos, por falta de tiempo o las razones que fuera, no hicieron las reestructuras completas y, por lo tanto, estas personas quedaron en una situación límbica. Ahora, estamos intentando apuntar a la equidad y que su situación quede regularizada, al igual que se hizo con sus compañeros.
SEÑORA POLERO.- Lo cierto es que el tema de la aprobación de las reestructuras fue lo que dificultó la regularización de estas personas. Incluso, en la actualidad ya no son 263 porque como bien se dijo, los números que teníamos eran a agosto del 2015 y ya no hay orden de prelación vigente. Creo que es importante aclarar que hoy, cuando todavía no se aprobó el artículo, ya no estamos hablando de la misma cifra.
SEÑOR HEBER.- La verdad es que no nos queda claro y nos gustaría que nos ayudaran a entender esto.
Aquí se dice que desaparece la modalidad del contrato temporal de derecho público, por lo que de ahora en más eso no va a existir. Este tipo de contrato es el que se celebra para la prestación de servicios de carácter personal, a efectos de atender las necesidades que la administración no puede cubrir con sus funcionarios presupuestados. Entonces, se había establecido este sistema de contrato temporal, con un plazo no superior a los tres años y una prórroga por única vez de otros tres años más. Por lo tanto, el contrato podía tener una duración de hasta seis años. Aquí se ha hablado de la necesidad del funcionario y no de la de la administración y el contrato temporal es una herramienta para esta última, porque si entre los funcionarios presupuestados no hay un determinado trabajador, se necesita contratarlo temporalmente. A su vez, si en tres años no se pudo completar la tarea, se puede prorrogar el contrato por tres años más. Aquí lo que se está haciendo es presupuestarlos, transformándolos en funcionarios permanentes, lo que desnaturaliza el sistema. El hecho de que no exista más el contrato temporal, ¿implica que aquella necesidad que tanto justificó la administración tampoco existe más? Se establecía el carácter temporal de una función para cumplir una misión concreta porque la administración no tenía los funcionarios presupuestados para llevarla a cabo. Esta era una forma de no caer en la presupuestación o en un contrato que en el futuro llevara a ella. Entonces, ahora se está desandando ese camino y se dispone una sola modalidad, con un contrato que va a generar al trabajador el derecho de que en un futuro pueda ser presupuestado.
La Administración del Frente Amplio ha generado 63.000 nuevos ingresos. Desde el 2004 hasta la fecha pasamos de 231.270 ingresos a 292.000: doscientos más por un lado, trescientos por otro y ¡vamo’ arriba! Además, se llenaron 6.000 vacantes –hay quienes calculan 12.000 por año, nosotros no tanto–, estos son incrementos, lo que hace que en diez años tengamos otros 60.000 ingresos. Durante los dos períodos del Frente Amplio, al llenar las vacantes y aumentar de 231.000 a 292.000, –cifra que hoy debe estar en 300.000–, han ingresado más de 120.000 personas en la Administración.
Hago esta puntualización porque tiene que ver con los contratos. Estuvimos discutiendo con el Mides el ingreso de 1.400 funcionarios que tratan de regularizar su situación. Estas personas tenían una relación irregular con el Mides porque prestaban funciones en la ONG y resulta que ahora ¡pum pa’dentro! Se trata de 400 funcionarios que ingresan de ese modo. Por otro lado, se va a regularizar la situación de casi 900 personas cuyo contrato hecho en su momento, por el Ministro Olesker –no sé si en forma temporal– era totalmente irregular: se obvió la Oficina Nacional del Servicio Civil. Entonces, 1.400 para adentro ¡Pum!: 400 de la ONG y alrededor de 1.000 con contrato irregular. Habían hecho un tribunal especial dentro del Mides. Y no hablamos de la ventanilla única porque esto se regularizó en el Presupuesto de 2010 donde se establecieron todos los sistemas de contratos con el Estado. Se dijo: ¡Vamo’ a blanquear el tema! Me parece bien. Vamos a decir contrato temporal, de Presupuesto, contrato provisorio, becas, pasantías, todo de acuerdo con la ley de Presupuesto de 2010. El primero que violó la ley fue el Mides, no por las ONG; fue un acto ilegal que cometió en un contrato con un tribunal propio de concurso propio, con una suerte de notorio clientelismo político. Esto fue dicho no por quien habla, sino por la actual señora Ministra Marina Arismendi en plena campaña electoral. Ella dijo que el señor Olesker había hecho clientelismo político obviándose a la Oficina Nacional del Servicio Civil y cometiendo actos ilegales. Ahora lo estamos regularizando con el ingreso de 1.400; entonces, doscientos sesenta y tres que dice usted, más mil cuatrocientos, más sesenta mil, más los sesenta mil que ingresaron, estamos hablando de un gran carnaval de ingresos en el Estado, es decir, una apertura indiscriminada de gente que accede por distintas medidas. Entendemos que el contrato temporal agrava la situación porque implica una relación mucho más estrecha con la Administración y, por lo tanto, después se generan derechos que no tienen hoy. Hoy no lo tienen porque era un contrato temporal por tres años, entonces después trabajaban tres años más y terminaba su relación funcional. Lo que estamos haciendo es un contrato temporal en forma permanente, es en lo que se está transformando al derogar y decir que son 263 funcionarios; pero si eran temporales, si la Administración decía que eran temporales, era porque los precisaba por tres años. La misma Administración decía que si se necesitaba más, renovaba el contrato por tres años más, o sea, seis años, para después presupuestarlos. Entonces, lo que estamos haciendo es metiéndolos dentro de la Administración.
Estas son las consideraciones que tengo que hacer con relación a este artículo; por lo menos así lo entiendo yo, pero quizás puedan dar otra explicación y demostrarme si estoy equivocado con respecto al razonamiento de la temporalidad, o son temporales eternos, en cuyo caso no serían temporales sino permanentes.
SEÑOR SCAVARELLI.- Lo que desaparece mediante este artículo es el régimen del contrato temporal de derecho público en la Administración central. Sin embargo, hay otra figura prevista en el estatuto, que es el contrato de trabajo, una norma vigente que trata de cubrir, de algún modo, esas emergencias a las que hizo referencia el señor Senador, que hoy en términos más coloquiales se llama la desaplicación del artículo. Ya no va a haber más contratos temporales de derecho público; que quede bien claro que es para la Administración central.
El otro elemento es que todas estas personas entraron por concurso. Eso implica que no tiene nada que ver con la otra situación de la que se hablaba en el ministerio, que es un contrato con una entidad, que a su vez contrata; ese es otro capítulo que hoy está fuera de nuestros artículos, aunque en otro momento podrá estarlo.
Por lo tanto, se trata de tomar a un grupo de personas que hoy quedaron en una situación pendiente de Resolución –en los otros casos ya se solucionó– que pasarían del régimen en que fueron contratados –muy bien definido por el señor Senador como temporal– al régimen de provisorato –tampoco entrarían ya– y que luego de la evaluación correspondiente que debe hacer el jerarca, tendrán la opción –siempre que esa evaluación sea satisfactoria– de quedar con la condición de funcionario público. No me cabe duda de que resulta altamente injusto –por usar alguna palabra– que algunas personas hayan quedado dentro de un bolsón –por circunstancias ajenas a ellas, que tienen que ver, como bien explicó la doctora Pollero, con el tema de las reestructuras– y la Administración las siga teniendo porque las necesita para cumplir con sus cometidos, y estas otras 263 personas que un día concursaron junto con las otras y fueron contratadas por ese régimen estén en esta situación.
En una palabra, aquí no hay ingresos de afuera; estas personas entraron en su momento por concurso, y no estarían siendo presupuestadas automáticamente sino que ingresarían en un régimen de provisorato. Ese es el mecanismo legal vigente; las consideraciones que cada señor Senador pueda tener sobre el tema, va de suyo que es el ámbito de su competencia. Nosotros, como Oficina, decimos que hemos detectado 263 personas que tienen un derecho porque están cumpliendo cotidianamente con sus obligaciones funcionales; el resto de sus colegas ya han resuelto el tema, pero estos han quedado en una situación intermedia irresuelta por circunstancias que le son ajenas, con personas que vienen desempeñándose con normalidad y pasarían a un régimen de provisorato que requiere acreditar más aún el cumplimiento de su idoneidad para recién entonces, después de aquella evaluación, poder ser incorporados, tal como sucedió con sus colegas que quedaron con situaciones pendientes.
Es cuanto tenemos para decir; lo único que podemos agregar son cifras. Si la señora Presidenta lo autoriza, podríamos pedir a la encargada del área de Observatorio que nos dé una explicación sobre los números que se han manejado en materia de ingresos.
SEÑORA CORTI.- En primer término, quiero aclarar que se trata de vínculos y no de personas. Si nos referimos al Poder Ejecutivo, queremos destacar que no se dio un aumento del número de funcionarios públicos. En el año 2004 había 90.831 vínculos de funcionarios y, en el 2014, 79.621. El mayor aumento se dio en los organismos del artículo 220. Como ahora se está hablando de los Incisos 02 al 15, me parece importante hacer esta aclaración.
SEÑOR SCAVARELLI.- El artículo 10 tiene que ver con la llamada transformación de cargos y con la condición de los funcionarios que en el curso del ejercicio de su tarea como funcionarios públicos y de su condición adquieren habilidades reconocidas o una formación académica reconocida formalmente, mecanismo por el que se genera la posibilidad de que puedan tener un espacio de función reconocido, idóneo o ajustado a su propia idoneidad acreditada. La inclusión de esta norma responde a que, como consecuencia de la aprobación de la reestructura del período pasado, precluyó –es decir que ya no existe– la posibilidad de solicitar la transformación de sus cargos por parte de los funcionarios. Debe quedar claro que no se trata de crear nuevos cargos sino de transformar el cargo propio del funcionario a un cargo del último grado del Escalafón al que pasa. Si está en un Escalafón no técnico y pasa a uno técnico no se va con el cargo del Escalafón no técnico, sino que ingresa por el grado más bajo del Escalafón técnico.
La realidad con que nos encontramos es que no existe actualmente posibilidad alguna de que un funcionario que adquiere la formación requerida para un cargo o función y que pertenece a un Escalafón diferente pueda gestionar, en función de esa formación adquirida, la transformación del cargo o la función que ocupa. Esto permite, obviamente, una mejor utilización, en el sentido más positivo de la expresión, de las capacidades funcionales y, por otro lado, es alguien que está puesto, transitoriamente, a cumplir esa tarea y, como consecuencia, el jerarca conoce la condición de calidad de funcionamiento de ese profesional, que en la norma propuesta tendría que llevar doce meses cumpliendo esa actividad. Así que, concretamente, esta sí es una situación vista del derecho del funcionario a solicitar y que la Administración reconocerá en la medida en que se den las circunstancias de una nueva idoneidad acreditada, como corresponde, con los títulos habilitantes –técnicos o universitarios que correspondan– y que venga cumpliendo con esa tarea asignada transitoriamente por un período de doce meses por esta norma. Por supuesto, repito, el funcionario deberá ingresar por el grado más bajo del escalafón, sin perjuicio del mantenimiento de alguna otra situación.
El artículo 11, que ha sido objeto de muchos comentarios, fue modificado en la Cámara de Representantes y habla de los adscriptos que puede tener un ministro dentro de un crédito presupuestal o bolsón de dinero inamovible. Es decir que si tenía $ 100 seguirá teniendo $ 100. Esto le permite un incremento de capacidad económica para contratar a determinadas personas cuyos contratos en el mercado estarán a un costo que no se puede acceder con los límites que tenemos actualmente. Para que los señores Senadores tengan una idea, el tope legal vigente –producto de lo que ya conté, de esos encuentros con cada ministerio, que de pronto tienen un gran despliegue territorial con áreas que requieren tener personas en distintos aspectos cubriendo su función y su responsabilidad– es de $ 69.462 nominales. Además, esta gente entra y sale con el Ministro, porque cuando cambia el que viene no tiene obligación de mantener a los contratados ni contratar por todo el período, sino por el tiempo que quiera. No puede cubrirse –como se dijo en algún momento– por un arrendamiento de obra, porque la obra es un producto, y estaríamos desnaturalizando el propio concepto. Si mañana en el país encontráramos gas natural o petróleo podrían venir las multinacionales a manejar este tema con todo lo que representa en esta materia. Hay que tener en cuenta que la defensa de nuestra soberanía pasa por muchos aspectos, pero también pasa por la inteligencia de la gestión y en ese sentido hay que salir –hoy está sucediendo con el tema medioambiental y en otras áreas– a competir en el mercado para conseguir a alguien que venga por determinado tiempo a cumplir tareas con un tope de $ 69.462 nominales. Para ciertas profesiones no se puede proponer este monto, diría que hoy no se consigue un informático de mediana formación académica, y no estoy pensando en un ingeniero, para poner una idea bien clara. Se había propuesto otra cosa, que no es del caso hablar porque la Cámara de Representantes lo modificó, pero tenía otro objetivo sin modificar el monto total, o sea que el crédito presupuestal no se cambiaba. Ahora la Cámara de Representantes aprueba un monto que llega a $ 117.786; comparado con los $ 69.462 es un paso adelante. Ahora bien, nos pareció importante saber qué estaba pasando hoy con esto, porque esta norma está vigente. Los Ministros tienen adscriptos dentro de ese bolsón limitado. Nuestros servicios informan que en los 13 Ministerios tienen en total 82 adscriptos. Después podemos pasar esta información con mucho gusto. Simplemente la menciono porque me parece que aclara el tema. De los $ 69.462 que tenían como tope para poder contratar, lo hacían por $ 55.963, es decir que la retribución de los adscriptos está por debajo del máximo de $ 69.462. ¿En cuánto? De esa bolsa, de ese crédito se ha aplicado un 67 % del crédito autorizado. ¿Qué pretende esta norma que recoge lo que algunos Ministerios de mayor complejidad nos ha planteado? Es tener la posibilidad en la manga de contratar a cierto técnico por un monto que sea competitivo en el mercado, porque cuánto más importante es el tema a resolver más fuerte es la competencia del interés privado –muy legítima–, y normalmente tiene mayor capacidad de contar en la contratación de inteligencia en materia de conocimiento de los temas concretos.
Con esto quiero decir que hasta el momento ha habido un uso muy ponderado de este crédito asignado, y lo único que quiere cubrir esta norma es la posibilidad de que el ministro pueda recurrir a un monto mayor para contratar por el lapso que entienda prudente. Esa persona no se convertiría en funcionario público y cómo máximo podría cumplir funciones durante el tiempo que el ministro ocupe el cargo. También un ministro puede no contratar a nadie.
SEÑOR HEBER.- Quisiera hacer un par de consideraciones. El tema de los adscriptos de los señores Ministros lo venimos discutiendo desde hace mucho, no con la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino con el Poder Ejecutivo. En un momento se los denominó imprescindibles, no eran los adscriptos, sino personal imprescindible. Alguien ha dicho que el cementerio está lleno de imprescindibles. Parece una novela sobre los imprescindibles, donde uno puede ver caminando a todo el personal imprescindible. De los 292.000 funcionarios de la Administración, ninguno servía para nada; los que servían eran estos que eran imprescindibles y sin ellos, no se podía cumplir con la tarea. Por otra parte, los Ministros pueden contratar personal especializado, tener adscripciones, secretaría.
Le agradezco el ofrecimiento al Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil porque los Ministros pueden tener funcionarios en Comisión y, además, adscripciones y contratos personales para asesoramiento. Bueno, había un Ministro que tenía un personal trainer contratado de esta manera, era imprescindible para la salud del Ministro. Esto forma parte de la nueva fauna que vemos en los Ministerios. Antes no se precisaba todo eso, pero ahora sí y se lleva a cabo mediante contratos y personal de confianza.
Quiero aprovechar la oportunidad para hacerle una observación –valga la redundancia– al Observartorio porque uno de sus integrantes me contestó diciendo que no era el Poder Ejecutivo quien había aumentado la nómina de funcionarios. Aquí tengo una planilla que nos envió la Oficina Nacional del Servicio Civil –supongo que el Observatorio debe conocer esta información– donde hubo un aumento en el Poder Judicial, que no es Poder Ejecutivo, pero también en Presidencia y en el Ministerio de Relaciones de Exteriores, se aumentó el número de funcionarios. Los datos que estoy dando son del período 2004-2014. Además, los Ministerios del Interior, de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Salud Pública, de Turismo y Deporte, de Trabajo y Seguridad Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, aumentaron su plantilla. Además, están los Gobiernos Departamentales. Todo lo que mencioné es Poder Ejecutivo ¿o no lo es? El Poder Ejecutivo, ¿es solo Presidencia de la República? Y aclaro que Presidencia de la República, también subió su plantilla. Antes había 230.000 y ahora 292.000 vínculos, no son contratos. Todavía no podemos saber cuántos vínculos hay, cuántos contratos hay, cuántas personas son. Esperemos que en algún momento nos den la información sobre la cantidad de personas y de vínculos. Lo que vemos es que hay más vínculos porque se pasó de 230.000 a 292.000, manteniendo las bajas que se producen año a año por fallecimiento o jubilación de personal. Por tanto, la información no es precisa y esperamos tener mejores datos en el futuro.
Ahora bien, estamos considerando el artículo 11, que refiere a los Ministros. La Cámara de Representantes topea en un 90 % del sueldo del Director General de Secretaría que son $ 117.000. El Director dice que quizás sería mejor ir a la redacción original y que se elimine el artículo aprobado en Cámara que tiene un tope porque podría ser insuficiente.
Tengo entendido que el Ministro puede contratar personal especializado, pero en forma permanente, no. Entonces, me gustaría que me expliquen este tema. Insisto: tengo entendido que si mañana un Ministro precisa contratar a una persona para determinado estudio o actividad, puede hacer un contrato temporal. Pero si eliminamos el contrato temporal y pasan a ser provisorios y después permanentes y presupuestados, por supuesto que no se puede. No hay prohibición a la posibilidad de hacer un contrato. Hace algunos días apoyé al señor ministro de Economía y Finanzas, que venía con la posibilidad de tener una usina y presupuestar cargos que incluso estaban topeados con respecto al propio Ministro. Y me parece que esto es un error, porque quizás mañana, en materia macroeconómica, se precise un economista que trabaje en el área financiera y que gane diez o quince veces más de lo que estamos dispuestos a pagar. Pero tiene que ser temporal y no para los amigos, para hacerles una pierna. Se tiene que justificar, naturalmente, la función y la necesidad. Concretamente, se estaba considerando el artículo 204, sobre macroeconomía financiera, y dije que lo apoyábamos con las dos manos, pero teníamos la garantía de que la persona iba a dar un asesoramiento que era necesario. En ese caso, aunque tengamos que pagarle en dólares y mucho más y aunque pase el sueldo, incluso, del propio Presidente de la República, me parece que está bien que la Administración pueda contratar a quien, en definitiva, ellos entienden que les puede dar un asesoramiento en materia de la deuda externa, por ejemplo, porque su trabajo nos va a ahorrar mucho más que lo que vamos a estar perdiendo en función de sus honorarios. Yo participo de ese criterio. Pero no estoy de acuerdo con que se contraten personal trainers o personas que sabemos que ingresan en función del amiguismo o la vinculación de carácter político. Queremos tener más garantías de que lo que se está buscando es un asesoramiento para cumplir mejor una gestión. En ese caso sí podríamos acompañar la propuesta.
SEÑOR SCAVARELLI.- La intervención del señor Senador, que además está abarcando otros temas que están en paralelo, tiene que ver con una visión política del tema, muy comprensible, por supuesto, pero en ese sentido nosotros estamos un poco más limitados en este momento. A lo que sí vamos es a que todo este tema de los contratos temporales no es aplicable para un caso de este tipo, por las propias restricciones de montos a pagar. En ese sentido, la parte final de la intervención del señor Senador fueron mis propias palabras y, si no las fueron, es lo que debí haber dicho o pretendí decir. Hay situaciones en las que, inevitablemente, hasta el concepto de soberanía está en juego, con la inteligencia que el Estado tenga para controlar las condiciones de la gestión de los asuntos del país.
Lo que queda muy claro es que originalmente en el artículo pretendíamos que hubiera un tope de $ 237.000 para poder contratar a alguien excepcionalmente. La Cámara de Diputados lo llevó a $ 117.000. Me temo que, dada la cantidad líquida que queda por esta suma, no va a ser posible contratar a determinadas personas, y va a haber una competencia con los particulares que vengan a hacer un proyecto de inversión muy importante, que podrán pagar cuatro, cinco o diez veces el monto de estos honorarios. Pero ese es un tema distinto; es un tema de visiones. Nuestra visión, recogida a partir de la visita de cada uno de esos ministerios, era la posibilidad de que estuviera el recurso disponible.
El segundo terreno tratado es el tema de los imprescindibles. Yo no lo tengo en el articulado, de manera que forma parte de la historia o la anécdota de la sanción.
Nosotros nos manejamos con una norma que está vigente. No es una norma que vengamos a crear; no es que estemos proponiendo la figura del adscripto; esta figura está vigente. Lo que nos dicen y nos encontramos con la realidad de que una figura vigente, preexistente, tiene un tema de tope retributivo que no es hábil para poder resolver situaciones especialísimas, entre las cuales están algunas a las que se hizo referencia hace unos minutos. Cada cual verá dónde es que lleva este monto. Hoy está claro que este no es un tema que afecte a la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino que preocupa a esta Oficina por lo que recepciona de quienes son operadores. Vamos a entendernos bien: todos nosotros, hasta por principio de relacionamiento humano, en este país nos basamos en la buena fe. Yo parto de la base de que cuando alguien pide a un funcionario en Comisión, es porque lo precisa; parto de la base de que el Ministro que contrata a alguien lo necesita. La tarea la verá; es su responsabilidad política, que luego, en el juego de lo político –con mayúsculas–, será visto como un mérito o un demérito del jerarca que lo opera. Esas son las reglas de juego de gobernar de un lado o del otro de la realidad. Nosotros, simplemente –o nada menos–, estamos tratando de dotar a la Administración de un instrumento transitorio, en el sentido de que nunca se transforme en funcionario público, que nunca se transforme en permanente, que esa retribución nunca vaya a ser estable. Después se inventan otros mecanismos, pero este es uno puro, transparente, que aporta todo lo que tiene que aportar, que está regularizado en la contabilidad del Estado, que todos sabemos en el régimen previsional establecido. Asimismo, no tiene nada que ver con la otra figura que mencioné antes –vuelvo a insistir–; a veces uno dice las cosas al pasar, pero son conceptos que requieren un poquito más de desarrollo.
El arrendamiento de servicios no está permitido, pero sí se puede arrendar obra, que es un producto. Yo puedo arrendar a alguien para que me haga esto, pero no a alguien para que haga el seguimiento de cómo se hace, qué cantidad, qué va a pasar, cómo sería mejor, la forma que tendrá en el futuro, etcétera. No; la obra me trae un producto y su evaluación. Para utilizar el contrato de arrendamiento de obra, que sería perfectamente factible para algún caso de estos, si fuera una obra concreta –aclaro que cuando digo «obra», lo hago en el sentido amplio de la expresión, obra en el sentido de producto–, se contrata al estudio, a la persona especializada en el tema y se hace la prospección. Eso es un arrendamiento de obra. Si yo llamo a alguien para que venga a hacer una prospección petrolera, no lo voy a traer como adscripto, sino que vendrá y habrá un contrato de obra con otra posibilidad. Lo que no podemos es desnaturalizar el contrato de obra –además, sería una situación muy grave– para tornarla en la prestación de un servicio. Este sistema de adscriptos, bajo la responsabilidad del Ministro, es un sistema de prestación de servicios. El señor Senador pone ejemplos. Lo que digo es que la casuística es la responsabilidad de cada uno que contrata con los montos. Yo supongo que para poder tener un tope máximo de contratación en importe, habrá que tenerlo en función de la idoneidad específica. Insisto en lo que precisa cada uno para poder cumplir su función, y si está dentro de la ley, lo demás es una valoración política.
Además, siendo nuevo en este precioso destino que la vida me dio en la Oficina Nacional del Servicio Civil, puedo decir que su personal tiene un alto sentido de la responsabilidad profesional. Yo les quiero decir con gran alegría que me he encontrado con gente que no conocía y que tiene una gran vocación de trabajo y de servicio, y en los años que llevo trabajando, desde el principio de la reinstitucionalización democrática –incluso en mi viejo tiempo presidiendo ILPE–, pocas veces he encontrado esta enorme capacidad profesional –siempre he encontrado mucha– y una enorme vocación de servicio. Ha habido aciertos, y errores, esto pasa hasta en los quirófanos, pero siempre he visto una enorme buena fe y propósito.
Los números que da la Oficina Nacional del Servicio Civil son intangibles; son datos que proceden de un servicio técnico de altísimo nivel de reconocimiento dentro y fuera del país, como es el Observatorio, que obviamente se nutre de lo que le informan.
Esa información está conformada por datos verificados por los sistemas de gestión humana y por el registro de vínculos. Por lo tanto, si se tiene que pagar la función, esta está registrada; si está registrada se puede contabilizar, y si se puede contabilizar el observatorio –que podremos llevarlo a laboratorio– es quien establece esos números.
Nosotros, la Oficina Nacional del Servicio Civil –me estoy vistiendo con un ropaje que no es mío, sino que estoy transitoriamente a su cargo– estamos dando una información objetiva, veraz y de acuerdo a su leal saber y entender, de acuerdo al conocimiento e información que tiene. Los números de la discordancia se pueden aclarar con mucho gusto. Podemos remitir a la Comisión o a los Senadores que lo requieran los números que comprueban las afirmaciones que el Observatorio ha hecho. Es más, esos datos fueron brindados en la rendición de cuentas.
Creímos que ahí estaba el punto porque, además, existe la confusión que todos tenemos entre los vínculos y las personas porque hay personas que tienen más de un vínculo. Entonces, cuando uno suma los vínculos no coinciden con la cantidad de personas, porque hay personas que cumplen más de una tarea, como ser la actividad docente acumulada a otro tipo de actividad.
Estoy totalmente abierto. Si la señora Presidenta lo dispone, puede hacer nuevamente uso de la palabra la licenciada Corti o podemos enviarles algún otro informe que la Comisión requiera.
Mi única aspiración es que se nos reconozca lo que nosotros reconocemos. La Oficina Nacional del Servicio Civil, bajo mi responsabilidad, jamás traerá información que no sea producto de los servicios técnicos que la informan, porque sería traicionar los principios en los que sustentamos nuestra actividad pública de toda la vida.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si el doctor Scavarelli considera que las explicaciones ya están sobre la mesa, agradecemos su presencia en la mañana de hoy. Seguramente, en el correr de la tarde nos volvamos a ver.
Solicito al doctor Scavarelli que nos deje el texto alternativo, porque si bien tomamos nota de que la diferencia era trimestre por mes, nos gustaría que quedara por escrito.
Despedimos a la delegación y retornamos a nuestra tarea a las 15:00 horas.

References: artículo 8
 artículo 306
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 40
 artículo 197
 artículo 222
 artículo 16
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 artículo 534
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 306
 artículo 306
 artículo 14
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 artículo 306
 artículo 306
 artículo 656
 artículo 6
 artículo 7
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 artículo 8
 artículo 9
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 Resolución 
 artículo 220
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 204