Source: http://crede.info/gcba-c-cesario-luis-oscar-s-ejecucin-fiscal-s-recurso-de-incon.html
Timestamp: 2019-01-22 19:04:47+00:00

Document:
Expte. nº 8395/11: “GCBA c/ Cesario, Luis Oscar s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”
1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 3/4, inició ejecución fiscal por el cobro de $31.539,98 en concepto de caducidad de plan de facilidades de pago, acompañando a tal fin la correspondiente constancia de deuda obrante a fs. 2.
2. Como consecuencia de la demanda presentada, el juez de primera instancia dictó sentencia de trance y remate mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la parte demandada haga al Gobierno de la Ciudad íntegro pago de la suma reclamada en concepto de capital con más sus intereses calculados según las normas fiscales y tarifarias correspondientes hasta su efectivo pago (fs. 16).
3. A fs. 24, se presenta el letrado apoderado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Horacio Demetrio Fonseca, quien denuncia la revocación de su mandato y solicita regulación de honorarios. En consecuencia, se le regulan los honorarios solicitados en la suma de pesos mil setecientos ($1.700), manifestándose en la misma resolución que los mismos deberán ser abonados oportunamente por la parte demandada una vez acreditado el pago del crédito fiscal —conf. arts. 460 del CCAyT y 6, 7, 9, 37, 40 y cc. de la ley arancelaria modificada por la ley nº 24.432— (fs. 25).
4. Como consecuencia de la resolución de fs. 25, el letrado apoderado de la ejecutante interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (fs. 27/28).
Se agravia por considerar baja a la regulación de honorarios y por supeditar la percepción de los honorarios en los términos del art. 460 del CCAyT, el cual considera no se le debe aplicar a su situación por tratarse de un ex-mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La fundamentación de su recurso la realiza citando lo resuelto, in re “GCBA c/ Transportes del Tejar S.A. s/ ejecución fiscal”, con fecha 7/7/2005, por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
En primera instancia se desestimó el recurso de reposición y se concedió la apelación interpuesta subsidiariamente (fs. 29).
5. Al resolver la apelación, la Cámara manifestó que en el presente caso resulta aplicable la doctrina sentada en el acuerdo plenario dictado en los autos “GCBA c/Tolosa Estela Maris s/ ejecución Fiscal – ABL”, EJF 609274/0, y resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la resolución de fs. 25 en cuanto difiere el cobro de los emolumentos (fs. 45).
En el plenario citado, se resolvió que lo establecido por el art. 460 del CCAyT es aplicable también en los casos en que al momento de la regulación de honorarios, el profesional ya no reviste el carácter de mandatario de la parte actora, pero sí lo hacía al momento de intervenir en el expediente (fs. 42).
6. Contra la resolución citada en el punto que antecede, el Dr. Horacio Demetrio Fonseca interpuso recurso de inconstitucionalidad, donde manifiesta que la Cámara no se pronunció respecto a la apelación por honorarios bajos y que se han violado el principio de igualdad (art. 16 CN y art. 11 CCABA), el principio republicano (art. 1 CN y art. 1 CCABA), el derecho de propiedad (art 17 CN y art. 12 inc. 5 de la CCABA), los arts. 28, 75 inc. 12 e inc. 22 CN y art. 2 y 7.5 de la CADH (fs. 49/62).
7. La Cámara entendió que la resolución cuestionada por el letrado, se trata de una sentencia equiparable a definitiva dado que el agravio invocado se funda en la imposibilidad de hacer efectivo el cobro que persigue en el momento en que lo requiere, considerando que una futura satisfacción del crédito no repararía la dilación de la cual se agravia. Asimismo, entendió que al encontrarse en debate la interpretación de los derechos constitucionales de propiedad y razonabilidad y debido al carácter alimentario de los derechos invocados, corresponde admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 72 vta.)
8. El Sr. Fiscal General Adjunto, en su dictamen, propició que se haga lugar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad impetrado ya que al omitir la Cámara pronunciarse sobre la apelación de honorarios por bajos, el pronunciamiento torna a la sentencia en arbitraria y se afectan, de ese modo, las garantías del debido proceso y defensa en juicio. Por este motivo, estima que el expediente deberá devolverse a la Cámara a fin de que se pronuncie al respecto. En relación a los restantes agravios, manifestó que no se demuestra la existencia de una causa constitucional, conforme lo establece el artículo 27 de la Ley Nº 402, ya que la sentencia de Cámara ha resuelto el pleito con base en fundamentos no constitucionales. Por estos motivos, los restantes agravios planteados por el recurrente quedan excluidos de la competencia del tribunal (fs. 80/83).
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Código publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el jueves 5 de agosto de 1999

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 artículo 27