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las-faltas
Lo nuevo del Código Procesal Penal
de 2004 sobre los procedimientos
3480 ejemplares
2010-02163
ISBN: 978-612-4038-74-7
31501221000174
Rocío Quevedo Gutiérrez
En primer lugar, quisiera agradecer a Gaceta Jurídica por permitirme pre- sentar esta obra referida a los procesos especiales establecidos en el ordenamiento jurídico procesal penal.
Las disposiciones en materia procesal nos demuestran que existen diversas formas procedimentales para luchar contra la delincuencia, que son respuestas de nuestra política criminal ante determinadas circunstancias.
La doctrina distingue entre procesos ordinarios y procesos especiales. Los primeros se establecen para todo tipo de delitos y configuran la nor- mativa común para los procesos; mientras que los segundos establecen particularidades de los procedimientos ordinarios, pero siguiendo la es- tructura básica de estos.
El Código adjetivo de 2004 ha identificado los siguientes procesos es- peciales: inmediato, por razón de la función pública, de seguridad, por delito de ejercicio privado de la acción penal, de terminación anticipada de proceso, por colaboración eficaz, y el proceso por faltas.
En la presente obra se desarrollan estos procesos especiales, comenzan- do por el proceso inmediato regulado únicamente en el Código Procesal Penal de 2004, mas no en el Código de 1940. Este proceso, que supone la eliminación de la etapa intermedia del proceso penal, para pasar di- rectamente de la investigación preliminar a la etapa de juicio oral, es una forma de simplificación procesal. Se da cuando el fiscal tiene suficientes elementos de convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, como sucede en los casos de flagrante delito, confesión del imputado o cuando de las diligencias preliminares se haya demostrado plenamente
Guía práctica Nº 4 / Gaceta Penal
la culpabilidad de aquel, previo interrogatorio. En estos casos, el fiscal requerirá al juez de la investigación preparatoria el inicio del proceso in- mediato, que de ser concedido, conllevará que el fiscal formule acusación y luego, al ser remitidos los autos al juez penal (unipersonal o colegiado), este dictará acumulativamente los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio, quedando los autos expeditos para la audiencia de juicio oral.
En el segundo capítulo se examinan los procesos por razón de la función pública. Estos procesos especiales no descansan en supuestos extraor- dinarios de flagrancia delictiva, confesión corroborada o suficiencia de evidencias incriminatorias, como ocurre en el proceso inmediato; por el contrario, su fundamento consiste en supuestos de excepción por razón de la persona; es decir, el sujeto activo presenta un estatus particular que amerita la realización de un proceso especial. Este es el caso de aquellos funcionarios públicos señalados tanto en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú como en el artículo 454 del Código Procesal Penal de 2004, que cometan delitos en el ejercicio de la función pública; siendo la excepción a esta regla los delitos comunes atribuidos a los congresistas, al Defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, y que a pesar de tratarse de ilícitos comunes no relacionados con el ejercicio de la función pública, también son objeto de tratamiento por la vía de los procesos especiales materia de este capítulo.
Seguidamente se estudia el denominado proceso de seguridad cuya regulación solamente se encuentra en el Código adjetivo de 2004. Este proceso descansa en la idea de que el encausado ha cometido una conducta típica y antijurídica, pero no es culpable al ser considerado inimputable por padecer de un trastorno mental permanente o transito- rio, aunque al presentar peligrosidad criminal requiere de la imposición de una medida de seguridad como es el internamiento o el tratamiento ambulatorio. Aquí, el ejercicio público de la acción penal no se materia- liza a través de una acusación, sino por medio del requerimiento que realiza el Ministerio Público de imposición de una medida de seguridad; sin embargo, para que el órgano jurisdiccional la imponga, el encausado deberá ser sometido a juicio oral, el cual se desarrollará con exclusión del público.
En el cuarto capítulo se analiza el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, el cual consiste en dar respuesta a la querella inicia- da directamente por el presunto agraviado ante el órgano jurisdiccional.
En efecto, según el artículo 459 del Código Procesal Penal de 2004, en los delitos sujetos a ejercicio privado de la acción penal, el directamente ofendido por el delito formulará querella, por sí o por su representante legal, nombrado con las facultades especiales establecidas por el Código Procesal Civil, ante el Juzgado Penal Unipersonal. De este modo, el ofen- dido por el delito de acción privada se constituirá en querellante particu- lar; es decir, en el acusador, quien presenta pretensiones de sanción y de indemnización.
A continuación se examina el proceso de terminación anticipada del pro-
ceso y su tramitación conforme al texto adjetivo de 2004. Este proceso
parte del modelo del principio de consenso, en el cual el imputado admite
el delito cometido, e implica la existencia de un acuerdo entre el fiscal y
el imputado en cuanto a la pena y a la reparación civil. Se alega por la doctrina, como beneficio de este proceso, el hecho de que evita la publi- cidad negativa del proceso penal y la posibilidad de sufrir pena privativa de libertad efectiva, a la vez que disminuye la carga procesal. Asimismo, se analiza el procedimiento de homologación o aprobación judicial que realiza el juez de la investigación preparatoria, en audiencia, así como las atribuciones que este tiene en el citado proceso.
En el capítulo sexto se aborda el proceso por colaboración eficaz, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal de 2004. Se parte de la premisa de que la colaboración eficaz, desde la perspectiva material, es expresión del Derecho Penal premial en la lucha contra la criminalidad organizada. Sucede cuando el responsable de la comisión de un delito realiza actos de delación que son corroborados por la auto- ridad correspondiente y el Derecho Penal premia a dicho sujeto con la atenuación o exención de pena, según corresponda. La información está
dirigida a evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito o
a disminuir las consecuencias de su ejecución; que se conozcan las cir-
cunstancias en las que se planificó o ejecutó; se identifique a su autor o partícipe, o a los integrantes de las organizaciones delictivas; y, finalmen- te, que se verifique la entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos.
Por último, la obra concluye con el proceso por faltas, en el cual se toma una vez más, como referencia, al texto adjetivo de 2004. Este proceso se establece dado que el ordenamiento jurídico sustantivo penal clasifica al hecho punible en delitos y faltas. Las faltas son infracciones a la ley penal que implican sanciones de menor intensidad que los delitos. Al respecto,
debe recordarse que el citado proceso posee un esquema procedimental de carácter sumario, tramitado ante los órganos de justicia de paz, con exclusión del Ministerio Público, con el propósito de ventilar la presunta comisión de ilícitos penales que no representan mayor relevancia o gra- vedad, y que se conocen como faltas o contravenciones.
No queda más que entregar esta obra a la comunidad jurídica, la cual será de mucha utilidad tanto para los operadores como para los estudio- sos del Derecho.
Monterrico, abril de 2010
Luis Alberto Bramont-Arias Torres Catedrático de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú
La ausencia de mecanismos de selección de casos es una de las características de los modelos inquisitivos. En estos, el proceso penal busca, esencialmente, imponer la sanción luego de descubrir la verdad sobre los hechos y su autor. No es un n del proceso inquisitivo resolver el con icto entre víctima y agresor. Por esta razón se con- cibe el proceso como una serie de pasos de inevitable realización en orden al descubrimiento de la verdad, donde
se enfatiza y sobrevalora la fase de instrucción. La falta de mecanismos de selección es una de las principales causas de sobrecarga y dilación procesal en los modelos de inspiración inquisitiva.
flagrans flagrantis flagrare
infra flagrant
Cfr. MOMETHIANO SANTIAGO, Javier Ysrael. Fecalt, Lima, 2001, p. 98.
Cfr. CORDERO,
Temis, Santa Fe de Bogotá, 2000, p. 408.
a) La flagrancia tradicional estricta
íter criminis
Cfr. SAN MARTÍN, César. l. Volumen II, Grijley, Lima, 1999, p. 806.
b) La flagrancia material
c) La flagrancia evidencial
regina pro- bationum indiciu confesus pro iudicatio habetu
Que puso en vigencia en todo el país los artículos 259 y 260 del CPP de 2007 a partir del 01/07/2009.
a) Nunca situarse, a la hora de declarar, en el lugar de los hechos si no existe prueba incriminatoria.
b) Si considera más ventajosa para la defensa la posibilidad de de- clarar, valore.
c) La posibilidad de ejercer el derecho a guardar silencio.
d) Conocer las reglas de la declaración del imputado que ha seña- lado el Código Procesal Penal de 2004.
e) Que la sola confesión no basta. .
f) La confesión sincera no solo permite el inicio del proceso in- mediato, sino que conlleva la atenuación de la probable pena a imponer.
a) Al culminar las diligencias preliminares
Diligencias a realizar:
Incluye el estudio de la escena del delito:
b) Al formalizarse la investigacion preparatoria, el fiscal tiene 30 días para solicitar el inicio del proceso inmediato
Cfr. VILLAVICENCIO RÍOS, Frezia Sissi. Los problemas en la aplicación de la acusación directa y el derecho de defensa . En: . Tomo 180, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 171. Ídem. Ibídem, p. 172.
Requerimiento fiscal para el inicio del proceso inmedia- to dirigido al juez de investigación preparatoria
Juez de investigación preparatoria notifica del requerimiento a los demás sujetos procesales
Al finalizar las diligencias o
iniciales de investigación
de haber formaliza-
do la investigación
Absolución del traslado por los sujetos procesales 3(d)
Fundado el requerimiento
Infundado el requerimiento
Fiscal formula acusación, salvo que el imputado incoe el inicio de la terminación anticipada
Fiscal emite disposición de formaliza- ción o continuación de la investigación preparatoria
Se remiten los actuados al juez penal, quien dicta acu- mulativamente los autos de enjuiciamiento y citación a juicio
Desarrollo de la audiencia del juicio oral y sentencia
Se continúa con las reglas del proceso penal común
[9] Sostiene que no se puede lograr una auténtica unidad administrativa integrada si cada municipio funciona autó- nomamente no solo respecto de los demás municipios, sino de la misma nación, lo que no deja de ser cierto. Cfr.
Traducción de Luis Legaz y Lacambra. Editorial Nacional, México D.F.,
1973, pp. 240-241. No obstante, pensamos que el concepto de Administración Pública no puede regirse por un concepto personal sobre unidad administrativa sino por el más genérico de unidad nacional.
ministerk, minus , .
Cfr. MAGGIORE, Bogotá, 1976, p. 126 y ss. FERREIRA, LEVENE,
Traducción de José Ortega Torres. Tomo III, Temis,
3ª edición, Temis, Bogotá, 1995, p. 3. Zavalía, Buenos Aires, 1976, p. 487 y ss.
ad ministro-are ministratio-ministrationes ad administrationem
ROJAS VARGAS,
3ª edición, Grijley, Lima, 2002, p. 15 y ss.
CHARNY, Hugo. Administrar . En: . Tomo I, Driskill, Buenos Aires, 1979, p. 483. ÁNGELES GONZÁLES, Fernando y FRISANCHO APARICIO, Manuel. Tomo VII, Ediciones Jurídicas, Lima, 1998, p. 15 y ss.
GÁLVEZ VILLEGAS, PATRÓN FAURA, Pedro y Pedro PATRÓN 7ª edición, Grijley, Lima, 1998, p. 44. PEÑA CABRERA, Raúl y Luis FRANCIA ÁLVAREZ GENDIN Y BLANCO,
Idemsa, Lima, 2001, p. 16.
Ediciones Jurídicas, Lima, 1993, p. 21. Bosch, Barcelona, 1958, p. 54.
Tomo I, Bosch, Barcelona, 1970, pp. 11-12. BÁEZ Trillas, México D.F., 1990, p. 28.
[21] El término sistema aquí utilizado se re ere a una entidad real (Estado, la Administración Pública) como un conjunto de elementos organizados, con funciones, funcionando y con nes y objetivos precisos. Cfr. REYES, Román. . Bosch, Barcelona, 1988, p. 908 y ss; ABBAGNANO, Nicola. . Porrúa, México D.F., 2000, p. 1081 y ss.
ABANTO VÁSQUEZ, Lima, 2001, p. 24 y ss. QUINTERO OLIVARES, PATRÓN FAURA, Pedro y Pedro PATRÓN BEDOYA, Ob. cit., p. 23.
Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 291.
RUIZ-ELDREDGE,
Atlántida, Lima, 1980, p. 93.
GONZÁLEZ CUSSAC,
Valencia, 1997, p. 23. ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. cit., pp. 20 y 21. GÁLVEZ VILLEGAS. Ob. cit., p. 17. VIVES ANTÓN, Tomás. Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 274.
[29] Prólogo al libro de TRAYTER, Civitas, Madrid, 1992, p. 10.
a) El ejercicio de potestades públicas.
b) Los que se identifican orgánicamente con la Administración Pública a través de actos administrativos. ad intra
[30] PARADA, 1994, p. 420 y ss.
Tomo II, 8ª edición, Reus, Madrid,
Editorial Derecho Privado, Madrid, 1980, p. 1043.
LÓPEZ GANDIA, Juan. Las relaciones colectivas en el empleo público y la Constitución española . En:
. Año 07, vol. II, Madrid, p. 397 y ss. ENTRENA CUESTA, Rafael. El régimen estatutario de los funcionarios públicos como postulado constitucional En: . Vol. III, p. 2599 y ss.
[34] Inmaculada Valeije señala que la determinación de la función pública puede reconducirse a tres opciones: a) crite- rio teleológico que se forma en relación con los nes que persigue el Estado para su existencia. Serán funciones públicas las que tienden al bien común, interés colectivo o social o que satisfacen necesidades colectivas; b) criterio formal que indica que son funciones públicas aquellas que se realizan mediante actos de Derecho Público. Lo esencial no es tanto la nalidad privada o pública de la acción realizada, sino el régimen jurídico al que están
sometidas dichas actividades; c) el criterio mixto es una variante de los dos criterios anteriores: teleológico y for- mal; luego, se de nen las funciones públicas como aquellas manifestaciones de la actividad del Estado que con- sisten en legislar, juzgar y ejecutar mediante las cuales el Estado persigue sus nes. Cfr. VALEIJE, Inmaculada. Re exiones sobre los conceptos penales de funcionario público, función pública y personas que desempeñan una función pública . En: . Nº 62, Madrid, 1987, pp. 464 y 465. Este dispositivo constitucional es concordado con los artículos 16, 43, 86, 88 y 89 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso; los artículos 449 al 451 del Código Procesal Penal de 2004; asimismo, con los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 15, 51 y 66 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 362 de la Ley Orgánica de Elecciones, 8 y 21 literal c) de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Vide Exp. Nº 0006-2003-AI/TC de 01/12/2003, f.j. 3. CHIRINOS SOTO, Enrique. Constitución de
Editorial Peidul, Lima,1995, p. 161.
a) Con la inmunidad parlamentaria.
b) Con el juicio político.
GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Juicio político, antejuicio, acusación constitucional en el sistema del gobierno peruano . Disponible en: <www.derechoycambiosocial.com/rjc/Revista14/juicio.htm>. PANIAGUA CORAZAO, Valentín. ¿Acusación constitucional, antejuicio o juicio político? . En: La . Tomo II, Comisión Andina de Juristas, Lima, 1995, p. 137.
Párrafo modi cado. Resolución Legislativa del Congreso N° 008-2007-CR, publicada el 17 de octubre de 2007. En la citada resolución, se incluye la siguiente Disposición Complementaria: Única.- Las presentes modi caciones al
Reglamento del Congreso de la República no resultan de aplicación a los hechos, situaciones jurídicas o procesos relativos al Estatuto de los Congresistas, o al procedimiento de acusación constitucional, previos a su entrada en vigencia . Párrafo modi cado por la Resolución Legislativa del Congreso N° 008-2007-CR del 17 de octubre de 2007. Modi cado por la Resolución Legislativa del Congreso N° 030-2003-CR del 4 de junio de 2004.
Modi cado por las resoluciones legislativas Nº 014-2000-CR del 18 de enero de 2001, y N° 015-2003-CR, del 15 de noviembre de 2003. Asimismo, en la Resolución Legislativa del Congreso Nº 015-2003-CR, se incluye la siguiente disposición nal y transitoria:
Primera.- Denuncias Constitucionales presentadas.- El procedimiento para las denuncias constitucionales que se aprueba en el artículo 1 de la presente Resolución Legislativa, será de aplicación para aquellas denuncias en trámite que se encuentran pendientes de remisión a la Comisión Permanente, para la designación de los miembros de las Subcomisiones Investigadoras. La actual Comisión de Constitución y Reglamento y, en su caso, la O cialía Mayor, remitirá en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, las denuncias que se encuentren en dicho estado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los nes reglamentarios correspondientes .
Exp. Nº 0006-2003-AI/TC, 01/12/2003, ff.jj. 8 y 23.
Resolución acusatoria de con- tenido penal aprobada por el Congreso, luego del procedimien- to de ante-juicio político
Fiscalía de la Nación (5d)
Disposición de formaliza-
ción de la investigación
Designación de los fiscales
supremos de la investiga-
ción y juzgamiento
Sala Penal de la Corte Suprema nombra
Vocal supremo de la investi- gación preparatoria
Auto de aprobación de la
formalización de la investi-
gación preparatoria (5d)
Desarrollo bajo su direc-
ción del juicio oral
Desarrollo de las etapas de
investigación preparatoria e
intermedia, según las reglas
del proceso común
Apelación (5d)
Sentencia de vista (inimpugnable)
Partiendo del , con antecedentes ya en el siglo XV, en Inglaterra se eximía de arrestos a los parlamentarios (inclusive a su familia y servidores) por la comisión de delitos civiles con pena de prisión. Vide Exp. Nº 1011-2000-HC/TC, de 18/01/2001, f.j. 1.
Vide Exp. Nº 0006-2003-AI/TC, de 01/12/2003, f.j. 5.
Vide Exp. Nº 5291-2005-HC del 21/10/2005, ff.jj. 24 y 25. Párrafo modi cado por la Resolución Legislativa del Congreso N° 015-2005-CR del 3 de mayo de 2006.
[50] Párrafo adicional incorporado por Resolución Legislativa del Congreso N° 008-2007-CR, del 17 de octubre de 2007. En la citada resolución que adiciona este párrafo, se incluye la siguiente disposición complementaria:
Única.- Las presentes modi caciones al Reglamento del Congreso de la República no resultan de aplicación a los hechos, situaciones jurídicas o procesos relativos al Estatuto de los Congresistas, o al procedimiento de acusación constitucional, previos a su entrada en vigencia .
Resolución del Pleno del Congreso o
del Tribunal Constitucional, que auto-
riza el levantamiento de la inmunidad
Fiscalía formaliza la investigación preparatoria
Etapa del juicio oral dirigida por el Juzgado Penal Colegiado
Casación (10d)
Delito en ejercicio de la función cometido por:
Miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, vocales y fiscales superiores, Procurador Público, y otros que señale la ley
Juez de primera instancia, juez de paz letrado, fiscal provincial, fiscal adjunto provincial y otros que señale la ley
Diligencias de investigación preliminares
Fiscalía de la Nación emite disposición autorizando el ejercicio de la acción penal, remitiendo los actuados al fiscal respectivo para que formalice la investigación prepara- toria, salvo en casos de flagrancia delictiva
de la investiga-
Sala Penal Especial Suprema (dirigirá el juicio oral)
Sala Penal Superior (dirigirá el juicio oral)
Apelación (5d) Apelación (5d)
de vista)
(inimpugnable)
Cabe resaltar que el origen de las medidas de seguridad, tal como hoy las entendemos, está íntimamente relacio- nado con el problema de los enfermos mentales, es decir, con los supuestos de inimputabilidad por razones de enfermedad mental. Bustos a rma que en la historia del control social penal las medidas de seguridad aparecieron hacia mediados del siglo XIX de la mano del pensamiento positivista como una alternativa a la Pena, sanción propia del Derecho penal liberal, inspirada en el pensamiento ilustrado. Si para este Derecho Penal liberal, el fundamento del castigo radicaba en la culpabilidad y esta se sostenía desde el libre albedrío, para el positivismo el castigo debía funda- mentarse en la peligrosidad social de ciertos sujetos determinados a la realización de conductas desviadas. Esta
determinación de ciertas personas a la realización de conductas contrarias al orden social podía provenir de defec- tos del individuo, bien sea de carácter biológico o bien en los procesos de socialización. Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Las medidas de seguridad . En: Tomo I, ARA Editores, Lima, 2005, p. 721.
Cfr. MAPELLI CAFFARENA, Borja y Juan TERRADILLOS edición, Civitas, Madrid, 1996, p. 200.
Cfr. JESCHECK,
Volumen primero, Bosch, Barcelona, 1981, p. 114.
JORGE BARREIRO, Agustín. Las medidas de seguridad en la reforma penal española . En: . Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1993, p. 726.
ANTÓN ONECA, Salamanca, 1944, p. 106.
POLAINO NAVARRETE, Miguel y Miguel POLAINO-ORTS. ¿Medidas de seguridad inocuizadoras para delincuen- tes peligrosos? Re exiones sobre su discutida constitucionalidad y sobre el fundamento y clases de las medidas de seguridad . En: . Nº 02, Grijley, Lima, 2001, p. 483.
JAKOBS, Günther. Derecho Penal
BRAMONT ARIAS, Luis A. y Luis Alberto BRAMONT-ARIAS 1995, p. 267. GRACIA MARTÍN, Valencia, 1996, p. 306 y ss. JORGE BARREIRO, Agustín. Ob. cit., p. 725 y ss.
San Marcos, Lima,
JESCHECK, Hans-Heinrich. Ob. cit
Volumen segundo, p. 1113.
PEÑA CABRERA, Grijley, Lima, 1995, p. 555. VILLA STEIN, Javier. Ob. cit., p. 483.
Tomo I, 2 a edición,
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ,
3 a edición, Temis, Bogotá, 1997, p. 97 y ss.
Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Las consecuencias jurídicas del delito: las medidas de seguridad . En:
. Tomo 81, Gaceta Jurídica, Lima, 2000, p. 98. BRAMONT ARIAS / BRAMONT-ARIAS TORRES. Ob. cit., p. 267. PEÑA CABRERA. Ob. cit., p. 557.
Cfr. CEREZO MIR, Madrid, 1996, p. 35.
Parte general, I. Introducción , 5ª edición, Tecnos,
Cfr. ROXIN,
Tomo I, Civitas, Madrid, 1997, p. 189.
Cfr. MAPELLI CAFFARENA, Borja y Juan TERRADILLOS BASOCO. Ob. cit., p. 207.
Las medidas de seguridad y la garantía criminal.
Las medidas de seguridad y la garantía penal. lex praevia lex certa
Las medidas de seguridad y la garantía jurisdiccional.
Las medidas de seguridad y la garantía de ejecución.
Cfr. PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. cit., p. 556.
Como indica Cuello Contreras, la peligrosidad que se considera a efectos de la medida es la misma que se consi- dera a los efectos de la pena: la que cabe extraer del anterior delito cometido y no la que pueda tener su origen en una suerte de añadido asociado a la personalidad anormal del autor o a sus circunstancias sociales. Cfr. CUELLO CONTRERAS, Teoría del delito. 2ª edición, Civitas, Madrid, 1996, p. 104 y ss. Por ejemplo, el parágrafo 62 del Código Penal alemán y el artículo 40 inciso 3) del Código Penal portugués.
SAN MARTÍN CASTRO,
Tomo II, Lima, 1999, p. 27.
e) Posdelictualidad
f) Control judicial
. Tirant lo Blanch, Valencia, 1974, pp. 363 y 364. [75] SÁNCHEZ ILLERA, Ignacio. Las medidas de seguridad . En: . Tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 536. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La regulación de las medidas de seguri- dad . En: . Bosch. Barcelona, 1997, pp. 22 y 23.
RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. Medidas de seguridad y Estado de Derecho . En:
JORGE BARREIRO, Agustín. Las medidas de seguridad aplicables a los enfermos mentales en el Código Penal español de 1995 . En: . Nº 9, Lima, 2000, p. 89 y ss. GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. cit., p. 316 y ss.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., p. 26.
PÉREZ ARROYO, Miguel. Las medidas de seguridad y rehabilitación social . En: Ponti cia Universidad Católica del Perú, Lima, 1997, p. 142.
Culminación de la investigación preparatoria o resolución judicial que declara al procesado como inimputable
Infundado el requerimiento fiscal
Requerimiento fiscal para la imposi- ción de una medida de seguridad
Juez de la investigación preparatoria decide
querella ante el juez
Completar la querella
querella (5d)
Auto de citación a
Cfr. CUBAS BRAVO,
<www.uss.edu.pe/Facultades/
derecho/documentos/produccionjuridica/2007-I/ARTICULOJUNIO2007-USS.pdf>.
Cfr. BARONA VILAR, Cfr. BUTRON VILAR,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, p. 116. Mc Graw Hill, Madrid, 1998, p. 135.

References: artículo 99
 artículo 454
 artículo 459
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

Resolución 
 artículo 40
 resolución