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Timestamp: 2018-10-23 23:16:37+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00378/13066-31 DE JUNIO 22 DE 2017
SENTENCIA 2014-00378 DE 22 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEBE DERIVARSE DE CONDUCTAS PREVISTAS EN LA NORMA ESPECIAL QUE REGULA SU RÉGIMEN. SE PRECISA QUE NO TODO COMPORTAMIENTO EFECTUADO POR LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA, ES CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE LA LISTA QUE LOS INTEGRA, PUES SE REQUIERE QUE INCURRAN EN COMPORTAMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y CON UN GRADO DE DOLO, ASIMILABLE AL DE UNA CONDUCTA PENAL REPROCHABLE A CUALQUIER PERSONADE AHÍ LAS QUE FALTAS NO PUEDAN SER CALIFICADAS COMO LEVES, GRAVES O GRAVÍSIMAS Y TAMPOCO SE PUEDAN ESTABLECER FORMAS DE CULPABILIDADEN ESE SENTIDO, AL IMPUTARSE UNA FALTA O UN DEBER A UN PARTICULAR, REALIZANDO EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A LA CULPABILIDAD Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 42 DE LA LEY 734 DE 2002, QUE NO EXISTE EN LA LEY ESPECIAL QUE GOBIERNA LA JURISDICCIÓN DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL O CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y LOS ACUERDOS QUE DEFINEN EL RÉGIMEN DE LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA)SE QUEBRANTA EL MANDATO SUPERIOR CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA CARTA POLÍTICA. POR CONSIGUIENTE, LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO CAUSADA DE LA INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA, DEBE CONLLEVAR A DECRETAR LA NULIDAD DE LA ACTUACIÓN ADELANTADA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO, PARA QUE SE SUBSANE CON ADECUACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE LA RAMA JUDICIAL Y DE LA NORMA PROCESAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIAR DE LA JUSTICIA, FALTAS DISCIPLINARIAS, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, DERECHOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA, SANCIONES AL AUXILIAR DE LA JUSTICIA
Sentencia 2014-00378/13066-31 de junio 22 de 2017
Rad.: 660011102000 201400378 02 (13066-31)
Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete
Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 18 de enero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, por medio de la cual sancionó a la firma Aliar S.A., representada legalmente por el señor José Oscar Tamayo Rivera con exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, tras hallarlo responsable de inobservar los deberes consagrados en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el artículo 9º numeral 4º literal c) ibídem, de manera grave culposa, y al señor Juan Manuel Ortiz Alzate en su condición de Auxiliar de la Justicia, con exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo responsable de inobservar los deberes consagrados en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el artículo 9º numeral 4º literal c) ibídem, de manera grave dolosa
De otro lado, precisa esta Sala que en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
2. De la Calidad de funcionarios de los disciplinados.
El Seccional de Instancia acreditó la calidad de disciplinable de los señores José Oscar Tamayo Rivera, representante legal de la firma Aliar S.A y Juan Manuel Ortiz Alzate, Auxiliar de la Justicia, mediante oficio recibido de la Jefe de la Oficina Judicial, quien acreditó que el señor Juan Manuel Ortiz Alzate se encuentra inscrito como perito avaluador de maquinaria pesada y perito de bienes inmuebles en la ciudad de Pereira desde el 1º de abril de 2011 y respecto de la firma Aliar S.A., certificó que figura como representante legal de la misma el señor José Oscar Tamayo Rivera, quien además ejerció funciones como auxiliar de la justicia en diversas modalidades, hasta el 4 de julio de 2014, cuando le fue aceptada la renuncia mediante Resolución DESAPR14-193 (fl. 51 c.o. 1ª instancia).
Sería el caso que la Sala procediera a estudiar en grado jurisdiccional de consulta la providencia proferida el 18 de enero de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, pero ello no procede en este evento, ante la existencia de la nulidad que deviene dentro de este asunto, originada en la calificación realizada por la Sala de instancia al comportamiento presuntamente desplegado por los señores José Oscar Tamayo Rivera, representante legal de la firma Aliar S.A y Juan Manuel Ortiz Alzate, Auxiliar de la Justicia.
Lo anterior, de conformidad con lo normado en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007 y el artículo 99 ibídem, el cual estipula la declaratoria oficiosa de la nulidad “En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.”
Aunado a lo anterior, los artículos 9º, 9A, 10 y 11 del C. de P.C., modificados por las leyes 446 de 1998 (artículos 2º, 3º, 6º y 10) y 794 de 2003, artículo 3º, se ocuparon de lo atinente a la designación; calidades; sanciones a las que se hacen acreedores estos servidores y causales de exclusión de la lista; entre las que se encuentran por ejemplo, el hecho de haber “entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación legal o reglamentaria” (numeral 6º), o el que “siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias”.
“Así entonces, al disponer la norma acusada que deberán ser excluidos de la lista de auxiliares de la justicia quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias, no permite entender que simultáneamente la persona actúa en calidad de servidor público y de auxiliar de la justicia ni que le imponga una sanción adicional como auxiliar de la justicia. Lo que ordena el precepto es que se dé cumplimiento a la inhabilidad que acompañe la sanción de destitución impuesta por haber cometido faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. En otras palabras, la disposición cuestionada se limita a exigir el cumplimiento de la inhabilidad para desempeñar funciones públicas, como las que cumplen los auxiliares de la justicia, pero ello no significa, como lo entiende el actor, que se admita la imposición de otra sanción por una falta ya sancionada.”
Ahora bien, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, relativo a las funciones atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su numeral 21, le confió a ésta la tarea de “establecer el régimen y la remuneración de los Auxiliares de la Justicia”, razón por la cual se expidió el Acuerdo Nº 1518 del 28 de agosto de 2002, donde se regula lo atinente a la naturaleza, definición y principios que rigen para dicho cargo; el proceso de inscripción y forma de elaboración de las listas de auxiliares; sus requisitos y causales de no inclusión; las causales de exclusión y régimen de incompatibilidades; el catálogo de derechos y deberes; etc., en el cual se establece además que los auxiliares de la justicia pueden ser personas naturales o jurídicas, y que éstas últimas pueden ser de naturaleza privada o pública(3).
En consecuencia, queda claro que los auxiliares de la justicia son colaboradores de la Administración de Justicia, que pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cuyo régimen está reglado tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Acuerdo Nº 1518 de 2002, conforme a las competencias atribuidas por el artículo 85.21 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Dicho régimen —que comprende el ámbito disciplinario— tuvo una variación con la reciente expedición y entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, atinente al juez disciplinario, que lo era el juez de conocimiento en cada caso y que, ahora, será función que debe cumplir la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o sus Salas homólogas Seccionales, según el caso.
Al respecto esta Corporación dentro del Radicado 050011102000201101854 01, el 15 de noviembre de 2011 M.P. José Ovidio Claros Polanco, en Sala Dual con Julia Emma Garzón De Gómez, estableció lo siguiente:
Pues bien, a la luz del principio del efecto útil de la norma, en virtud del cual, las normas deben interpretarse buscando que cumplan su finalidad, considera la Sala que en nuestro universo normativo encontramos, para el asunto que aquí interesa, tres tipos de normas contentivas de regímenes disciplinarios, todos los cuales permitirían dar plena vigencia al mandato contenido en el canon 41 de la Ley 1474 de 2011, a saber: i) la Ley 1123 de 2007 para el ejercicio del control disciplinario de los abogados, habida cuenta que, precisamente, los profesionales del derecho, en su función social, son —de manera análoga a los auxiliares de la justicia—colaboradores de la Administración de Justicia; ii) la Ley 734 de 2002, atendiendo a la función pública que, de manera transitoria, cumplen los auxiliares de la justicia; o, iii) el bloque normativo integrado por las normas del Código de Procedimiento Civil y por el Acuerdo Nº 1518 de 2002, relativo al régimen de los auxiliares de la justicia, en la medida en que, como se dijo, allí se prevén las faltas en que pueden incurrir estos servidores, lo mismo que las sanciones correlativas a ellas.
“ART. 44.—Sujetos Disciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará así:
Por tanto, cumpliendo los auxiliares de la Justicia una función pública de manera transitoria, es evidente que, cuando la misma es cumplida por particulares, y en cuanto tiene que ver con ella, el régimen aplicable es el de la Ley 734 de 2002, lo cual deberá entenderse sin perjuicio de las normas especiales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y en el Acuerdo que reglamenta la función, que en la actualidad lo es el Nº 1518 de 2002.
Corolario de lo que viene de mencionarse, respecto de los particulares (personas naturales o jurídicas) que fungen como auxiliares de la justicia, esta jurisdicción cumple la función de control disciplinario conforme a las normas previstas en el Código Disciplinario Único para los particulares que prestan servicio público de manera transitoria, complementadas dichas normas con las específicas previstas en el Código de Procedimiento Civil y en el Acuerdo Nº 1518 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, atinentes al régimen legal de los auxiliares de la justicia.”
En suma, encuentra la Sala que lo descrito precedentemente demuestra el marco normativo aplicable a los auxiliares de la justicia, para quienes se sujetan al procedimiento previsto en el Código Disciplinario único, Ley 734 de 2002, con el cual se establece el principio de la función jurisdiccional disciplinaria, y en relación con el régimen disciplinario de faltas y sanciones es el establecido por mandato legal contemplado en el Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso, según el caso en estudio, en concordancia con los acuerdos Nº 1518 de 2002, 7339 de 2010, 7490 de 2010 y PSAA15-10448 de 2015, pues claramente se tiene que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por “personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad”.
Así las cosas, el planteamiento del a quo, de elaborar el pliego de cargos formulado a los señores José Oscar Tamayo Rivera, representante legal de la firma Aliar S.A y Juan Manuel Ortiz Alzate, Auxiliar de la Justicia, calificando la falta como grave y estableciendo como forma de culpabilidad la culpa y el dolo, calificación que fue mantenida en la sentencia consultada al imputar la falta cometida como grave culposa y grave dolosa, respectivamente, no consulta la voluntad del legislador ni el precedente jurisprudencial sobre la materia, de excluir a estos particulares, del juicio deontológico, propio de servidores públicos y funcionarios con formación jurídica; de allí que la misma legislación previó en el Código de Procedimiento Civil, el conjunto de situaciones en que éstos son destinatarios de juicios disciplinarios, de tal manera que no cualquier comportamiento los haga merecedores de la sanción de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia o de las multas, por cuanto para tal decisión se requiere su incursión en uno de los comportamientos contemplados en la ley con un grado de dolo compatible al de un comportamiento penal reprochable a cualquier persona.
Estos principios llevan a esta Corporación a sostener que la actuación surtida a partir del pliego de cargos emitido por la primera instancia, al encontrarse alejada del contenido de la Ley y la adecuación típica erigida en el Acuerdo 1518 de 2002 en concordancia con el artículo 9º del Código de Procedimiento Civil debe invalidarse a efectos de subsanarse la falencia y restablecerse el orden jurídico.
Así las cosas, la indebida tipificación violó la estructura del debido proceso, con innegables repercusiones en el núcleo esencial del mismo, irregularidad que deberá ser subsanada, para lo cual se decretará la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos de fecha 7 de octubre de 2015, en aras de realizarse conforme lo referido en precedencia y adecuar la conducta de los investigados, a los lineamientos del Acuerdo 1518 de 2002 y el Código de Procedimiento Civil, como norma especial por su calidad de Auxiliar de la Justicia.
Lo planteado en precedencia, encuentra sustento en normas constitucionales, legales, en la jurisprudencia de esta Corporación y en la doctrina constitucional; y es suficiente para que proceda esta Corporación a decretar la nulidad de la actuación surtida en sede de primera instancia, desde el auto de 7 de octubre de 2015, mediante el cual se profirió el pliego de cargos contra los señores José Oscar Tamayo rivera, representante legal de la firma Aliar S.A y Juan Manuel Ortiz Alzate, Auxiliar de la Justicia, para que se rehaga la actuación conforme a las observaciones señaladas en este proveído, dejando a salvo las pruebas legamente recaudadas.
1. Decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 7 de octubre de 2015, mediante el cual se profirió pliego de cargos contra la firma Aliar S.A., representada legalmente por el señor José Oscar Tamayo Rivera, y el señor Juan Manuel Ortiz Alzate, Auxiliar de la Justicia, inclusive, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, dejando a salvo las pruebas legalmente recaudadas, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-798 de 2003, expedientes acumulados D-4496 y D-4503, M.P. Jaime Córdoba Triviño, 16 de septiembre de 2003.
(3) El Acuerdo 1518 de 2002 fue demandado ante el Consejo de Estado, por supuesta falta de competencia o extralimitación de la entidad demandada en su facultad reglamentaria, pero la Sección Primera, en sentencia del 09 de septiembre de 2004, no accedió a la misma, avalando la legalidad del acto demandado, al considerar que “no hay incompetencia o desbordamiento de la atribución reglamentaria que al respecto le asigna la ley, que por cierto es la Estatutaria de la Administración de Justicia. En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, la Sala concluye que los cargos son infundados, de donde habrá de negar las pretensiones de la demanda”. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Expediente 8487, C.P. Rafael Ostau de Lafont P. y Manuel S. Urueta Ayola.

References: ARTÍCULO 29
 artículo 683
 artículo 9
 artículo 683
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 3
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 53
 artículo 9