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Timestamp: 2019-03-21 03:54:10+00:00

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La Constitución española de 1978 recoge la profunda transformación territorial y administrativa experimentada por el Estado español
Estructura de las Administraciones Públicas, las Administraciones Territoriales, las Corporaciones Locales y los Ayuntamientos de España
La Constitución española de 1978 recoge la profunda transformación territorial y administrativa experimentada por el Estado español. Desde entonces, el país pasa a constituirse como un "Estado de las Autonomías", quedando organizado territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, entidades todas ellas que gozan de autonomía en la gestión de sus respectivos intereses, generando un impulso descentralizador importante.
El conjunto de los órganos locales que llevan a cabo la gestión de gobierno y administración en sus respectivas demarcaciones territoriales son las Administraciones Territoriales (AA. TT.).
En sentido estricto, las AA.TT. están constituidas por: 1) las Comunidades Autónomas (con sus respectivos Organismos Autónomos administrativos) y, 2) las Corporaciones Locales (ver Tabla IV), conjunto conformado por: a) las Diputaciones (forales y de régimen común) y los Cabildos y Consejos insulares, con sus respectivos Organismos Autónomos administrativos; b) Los Ayuntamientos, asimismo con sus respectivos Organismos Autónomos administrativos. c) las Entidades Locales supramunicipales (mancomunidades; comarcas; áreas metropolitanas y agrupaciones de municipios, todas estas entidades con sus respectivos Organismos Autónomos administrativos) y, d) las Entidades Locales menores.
El conjunto de las entidades (Corporaciones Locales) constituye la Administración Local y está formado por diversos entes, todos ellos con Estatutos de corporaciones públicas. Atendiendo al ámbito territorial, su clasificación es como sigue: a) Las Diputaciones, que son el órgano de gobierno y administración autónoma de las provincias; b) Los Cabildos y Consejos, que son los órganos de administración, gobierno y representación de las provincias insulares (los primeros en el archipiélago canario, los segundos en el balear), con sus mancomunidades provinciales interinsulares; c) Los Ayuntamientos que son el órgano de administración, gobierno y representación de los municipios, excepto en aquellos que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto. (De acuerdo con el "Censo de Entes del Sector Público Local" correspondiente a 1999, editado por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, el total de dichas entidades inscritas en el Registro al 1/1/1999 ascendía a 8.098; d) las Entidades Locales supramunicipales, bajo las que se encuadran: 1) las mancomunidades, Entidades Locales formadas por la asociación de municipios, pertenecientes a una o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia; 2) las comarcas, Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas, agrupan municipios limítrofes para gestionar intereses comunes o para la prestación de servicios dentro de su ámbito; 3) las áreas metropolitanas, Entidades Locales creadas por las CC.AA., integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre Los que se dan vinculaciones de naturaleza económico-social que hacen necesaria la planificación y coordinación de servicios y obras de forma conjunta, y 4) las agrupaciones de municipios, entidades legales constituidas por municipios y que, sin estar definidas explícitamente por la ley, deben su creación a la realización de fines comunes; finalmente, e) los denominados Entes Locales menores
Los Ayuntamientos son los órganos de gobierno, administración y representación de los municipios (con la excepción de aquellos que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto). Son corporaciones de derecho público.
En el proceso de descentralización de la administración pública, los municipios representan el nivel jurisdiccional de mayor proximidad para la ciudadanía, por lo que los Ayuntamientos constituyen los cauces de participación del ciudadano en aquellos asuntos públicos de su interés más inmediato.
El conjunto de leyes por el que se rigen los Ayuntamientos (en general, todas las Entidades Locales), es: 1) la Constitución española de 1978; 2) la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 3) en cuanto a su régimen organizativo y de funcionamiento de sus órganos, por las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local y por el reglamento orgánico propio de cada entidad; 4) en cuanto al régimen de sus funciones y servicios, por: (i) la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, según la distribución constitucional de competencias y, (ii) las ordenanzas de la propia entidad; 5) en cuanto al régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo, contratos, concesiones y demás formas de prestación de servicios públicos, expropiación y responsabilidad patrimonial, por: (i) la legislación del Estado y, en su caso, de las Comunidades Autónomas y, (ii) las ordenanzas de cada entidad; 6) en cuanto al régimen de sus bienes, por: (i) la legislación básica del Estado que desarrolla el Art. 132 de la Constitución; (ii) por la legislación de las Comunidades Autónomas y, (iii) por las ordenanzas propias de cada entidad; finalmente, 7) en cuanto a las haciendas locales, por: (i) la legislación general tributaria del Estado y la Ley Reguladora de las Haciendas de las Entidades Locales (Ley 39/1988), de las que será supletoria la Ley General Presupuestaria; (ii) por las leyes de las Comunidades Autónomas, en el marco y de conformidad con la legislación a que se refiere el apartado anterior y, (iii) por las ordenanzas fiscales dictadas por la propia entidad de acuerdo con lo previsto en las leyes aplicables.
En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponden a los Ayuntamientos las siguientes potestades: a) reglamentaria y de auto-organización, b) tributaria y financiera; c) de programación o planificación; d) expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; e) sus actos son directamente ejecutables y gozan de la presunción de legitimidad; f) sancionadora; g) de revisión de oficio de sus actos y acuerdos (la revisión de sus actos se realiza a instancia de la propia Administración) y, h) de inembargabilidad de sus bienes y derechos, en los términos previstos en las leyes (los afectados a un uso o servicio público).
Las competencias de los Ayuntamientos (en general, de todas las Entidades Locales), pueden ser propias o atribuidas por delegación y únicamente podrán ser determinadas por ley.
Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la responsabilidad de la entidad, en coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Las competencias atribuidas por delegación se ejercen en los términos de la delegación, respetando la potestad de auto-organización de los servicios de la entidad local en la cual se delega.
En general, el conjunto de las competencias de los Ayuntamientos es función de los habitantes del término municipal, pudiendo desarrollar, especialmente en el caso de grandes aglomeraciones urbanas, un amplio abanico de las mismas. Entre otras: a) la provisión de determinados servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, transporte, etc.), b) ordenación del tráfico, c) seguridad ciudadana, d) protección civil, e) servicio contra incendios, f) fijación de la política de urbanismo y promoción de la vivienda, g) provisión de equipamientos públicos, etc.
En el futuro, es previsible que los Ayuntamientos vean ampliado el conjunto de competencias citado en el párrafo anterior, debido tanto a (i) una mayor demanda de bienes y servicios de naturaleza pública por parte de los ciudadanos como, (H) por exigencias de la normativa de la LTE, y (iii) por un nuevo reparto de funciones y responsabilidades entre las Administraciones Territoriales (Comunidades, Diputaciones y Ayuntamientos) del que, previsiblemente, el papel de los Ayuntamientos saldría reforzado. Ante esta situación, la tendencia generalizada entre los Ayuntamientos es de descentralización de competencias y funciones a través de la creación de Organismos Autónomos o empresas mercantiles como vía para conseguir la optimización de los recursos y de los resultados.
5. Organización y creación
Son órganos necesarios del Ayuntamiento: a) el Alcalde; b) los Tenientes de Alcalde; c) el Pleno y, d) la Comisión de Gobierno en los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo apruebe el Pleno de su Ayuntamiento.
El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la fecha de su elección. Una vez finalizado su mandato, los miembros de los Ayuntamientos cesantes continuarán con la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores y, en ningún caso, podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada.
Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige un número de Concejales que es función del número de habitantes (población de derecho) del municipio. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Pueden presentar candidatos o listas de candidatos: a) los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente; b) las coaliciones constituidas según lo dispuesto en la legislación electoral y, c) las agrupaciones de electores que, asimismo, reúnan los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Electoral.
Según la escala dada en el art. 179.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el mínimo de Concejales, cinco, viene dado por los Ayuntamientos de los municipios con una población de hasta 250 residentes. La escala es ascendente, llegando a veinticinco Concejales en los municipios comprendidos en el tramo de 50.001 a 100.000 residentes. De 100.001 en adelante, se elige un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea número par.
Los candidatos que resulten elegidos se constituirán en grupos que se inscribirán en el registro correspondiente y nombrarán un portavoz. Ningún candidato podrá pertenecer simultáneamente a dos grupos.
El Ayuntamiento se constituye en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones (salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones. De persistir una situación que hiciera imposible la constitución de la Corporación, se procederá a constituir una Comisión Gestora en los términos previstos en la legislación electoral general).
6. El Alcalde
6.a. Elección. Cese
La elección a Alcalde se lleva a cabo en la sesión de constitución de la Corporación, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
(El procedimiento citado no es de aplicación en los municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto. En estos municipios, los electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario).
Tanto la elección como la destitución del Alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación electoral. La toma de posesión del cargo de Alcalde se realizará ante el Pleno de la Corporación, dentro del plazo previsto y de acuerdo con la forma establecida para la toma de posesión de los cargos públicos en la legislación electoral.
El Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de concejal. La renuncia, para ser efectiva, deberá hacerse por escrito ante el Pleno. De quedar vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia.
El Alcalde puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura adoptada por la mayoría absoluta del número de Concejales. (La moción de censura debe ser suscrita, al menos, por la mayoría absoluta de los Concejales e incluir el nombre del candidato propuesto para Alcalde, y será discutida y votada en Pleno).
Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver los siguientes puntos: a) periodicidad de las sesiones del Pleno; b) creación y composición de las comisiones informativas permanentes; c) nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno y, d) conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las Comisiones informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir.
6.b. Tratamiento Honorífico
Los alcaldes los municipios de Gran Población (Titulo X de la Ley 7/85) tienen tratamiento de Excelencia; los de las demás capitales de provincia, de Ilustrísima y los de los municipios restantes, tratamiento de Señoría. Se respetan los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.
6.c. Atribuciones
El Alcalde, además de presidir la Corporación, ostenta las siguientes atribuciones:
En los Municipios de Régimen Común: (art. 21 Ley 7/85)
2. La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto.
En los municipios de Gran Población (art. 124 Ley 7/85)
7. Los Tenientes de Alcalde
Los Tenientes de Alcalde son nombrados, y cesados, por el Alcalde de entre los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. Tanto los nombramientos como los ceses se harán mediante resolución del Alcalde, de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Además de su notificación personal a los interesados, se les dará publicidad en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.
En los municipios donde exista Comisión de Gobierno el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de dicha Comisión. Donde no exista Comisión, el número no podrá exceder del tercio del número legal de miembros de la Corporación. (A efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número de Concejales).
La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito. También por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.
7.a. Funciones
Les corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones, y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que deberá cumplir los requisitos previstos en la ley (mediante decreto del Alcalde y su publicidad en el Boletín Oficial de la provincia y en el municipal, si existiere).
No obstante, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por un plazo superior a veinticuatro horas sin haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación. De igual forma, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir, en relación a algún punto concreto, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda.
En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que el primero hubiera otorgado.
8. El Pleno
8.a. Atribuciones
En los municipios de régimen común ( art. 22 Ley 7/85)
o. Las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, las permutas de bienes inmuebles
En los municipios de Gran Población ( art. 123 Ley 7/85)
o La regulación del Pleno.
o La regulación del Consejo Social de la ciudad.
o La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
o La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana.
o La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las competencias de su administración ejecutiva.
o La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores.
o La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c, e, f, j y o y para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
Únicamente pueden delegarse las competencias del Pleno referidas en los párrafos d, k, m y ñ a favor de las comisiones.
8.c. Funcionamiento
Las sesiones del Pleno pueden ser: a) ordinarias, cuya periodicidad está preestablecida. La periodicidad, fijada por el propio Pleno, no podrá exceder del límite trimestral que establece la ley; b) extraordinarias, aquellas que convoque el Alcalde con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancias de miembros de la Corporación, deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde la entrada del escrito en el Registro General y, c) extraordinarias de carácter urgente, convocadas por el Alcalde cuando la urgencia del asunto a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la ley.
Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, da lugar a la apertura del correspondiente expediente. El orden del día de las sesiones es fijado por el Alcalde y sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día. Las sesiones del Pleno serán públicas. No obstante, la ley permite en determinados supuestos que el debate y la votación sean secretos cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Dicho quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Alcalde y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. Si no existiera el quórum necesario en primera convocatoria se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después. De no alcanzarse tampoco, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.
La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura, íntegra o en extracto, por el Secretario, del dictamen formulado por la comisión informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, de la proposición que se somete al Pleno. De solicitarse, deberá darse lectura íntegra a aquellas partes que se considere conveniente para una mejor comprensión. Si nadie solicita la palabra tras la lectura, el asunto tratado se somete directamente a votación; si se promueve debate, el Alcalde ordenará las intervenciones según las reglas establecidas. Finalizado el debate del asunto se procede a su votación.
El voto de los Concejales es personal e indelegable. En caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación y, de persistir el empate, decidirá el voto de calidad del Alcalde. Las votaciones pueden ser ordinarias (se realizan mediante signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención); nominales (por llamamiento por orden alfabético de apellidos y en la que el miembro de la Corporación responde en voz alta "sí", "no" o "me abstengo", o secretas (las que se realizan por papeleta que cada miembro deposita en una urna. Estas últimas sólo podrán utilizarse para elección o destitución de personas).
De cada sesión el Secretario extenderá acta; de no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el Secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma. Las actas, una vez aprobadas por el Pleno, se transcribirán en el Libro de Actas, autorizándolas con sus firmas el Alcalde y el Secretario.
En el desarrollo de las sesiones se utiliza la siguiente terminología:
Dictamen. Es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la comisión informativa.
Proposición. Es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día.
Moción. Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento. Puede ser oral o escrita.
Voto particular. Es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la comisión informativa. Deberá acompañar al dictamen.
Enmienda. Es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de la deliberación del asunto.
Ruego. Es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos órganos de Gobierno Municipal. Los presentados en el Pleno podrán ser debatidos pero no votados.
Pregunta. Es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el seno del Pleno.
9. La Junta de Gobierno
En los municipios de régimen común corresponde a la Junta de Gobierno Local:
En los municipios de Gran Población el Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde.
En estos municipios la Junta de Gobierno ve incrementadas notablemente sus competencias:
a. La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.
b. La aprobación del proyecto de presupuesto.
c. La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.
d. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
e. La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
f. Las contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter plurianual, la ampliación del número de anualidades y la modificación de los porcentajes de gastos plurianuales, así como la gestión, adquisición y enajenación del patrimonio, la concertación de operaciones de crédito, todo ello de acuerdo con el presupuesto y sus bases de ejecución.
g. El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal.
h. Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.
i. El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional octava para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
j. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia.
k. Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos.
l. Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.
m. Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
10. Órganos complementarios
A continuación se relacionan los principales órganos complementarios de los Ayuntamientos y sus atribuciones. Su funcionamiento queda recogido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
1. Los Concejales Delegados. Son aquellos Concejales que ostentan algunas de las delegaciones de atribuciones del Alcalde. Sus atribuciones serán aquellas que se especifiquen en el respectivo decreto de delegación. Si la resolución de delegación se refiere genéricamente a una materia o sector de actividad sin especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que las tiene asignadas originariamente, con la excepción de las que tienen la condición de indelegables.
2. Las Comisiones Informativas. Éstas pueden ser permanentes y especiales. Sus dictámenes tienen carácter preceptivo y no vinculante. El Alcalde de la Corporación es el presidente nato, aunque puede delegar en cualquier miembro de la Corporación. Su composición atenderá a las reglas de la proporcionalidad. Están integradas exclusivamente por miembros de la Corporación. No tienen atribuciones resolutorias y tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que deban ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando esta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Igualmente informarán sobre asuntos de la competencia propia de la Comisión de Gobierno, y del Alcalde, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos.
3. La Comisión Especial de Cuentas. Su existencia es preceptiva y su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás comisiones informativas. Le corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación. Puede actuar como comisión informativa permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda del Ayuntamiento.
4. Las Juntas Municipales de Distrito. Se crean por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y tienen el carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada. Su finalidad es la gestión de asuntos de competencia municipal así como facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial. Su composición, organización y ámbito territorial quedan establecidas en el correspondiente Reglamento aprobado por el Pleno. Dicho Reglamento determina asimismo las funciones administrativas que, en relación a las competencias municipales, se deleguen o puedan ser delegadas en las mismas.
5. Representantes del Alcalde. En cada uno de los poblados y barriadas separadas del casco urbano y que no constituyan entidad local, el Alcalde podrá nombrar un representante personal entre los vecinos residentes en los mismos. La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del Alcalde que lo nombró, que podrá cesarlo cuando lo estime oportuno. Los representantes tendrán carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos municipales.
La insuficiencia de recursos financieros con los que atender al cumplimiento de las competencias que les son propias ha sido una constante en la evolución histórica de las Corporaciones Locales. Por virtud de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la reforma y regulación definitiva de las mismas, después de un largo proceso de reformas legislativas previas con las que se había intentado, sin éxito durante más de un siglo, dar solución al problema.
La citada ley tiene como objeto la ordenación de un sistema financiero encaminado a la efectiva realización de los principios, previstos en el mandato constitucional, de autonomía y suficiencia financiera de las Corporaciones Locales para la gestión de sus respectivos intereses. El principio de autonomía supone que las Entidades Locales tengan capacidad para gobernar sus respectivas haciendas, quedando involucradas las propias Corporaciones en los procesos de obtención y empleo de sus recursos financieros. En cuanto a la suficiencia financiera, no sólo se consagra como principio, sino que se articulan dos vías para hacerla efectiva: los tributos propios y la participación en los ingresos del Estado.
En síntesis, establece un nuevo sistema de recursos de las Corporaciones Locales, adecuado a la realidad y a las necesidades de éstas, a la vez que procede a una nueva ordenación de su régimen presupuestario y de su gasto.
1 1.a. Recursos de los Ayuntamientos
Los recursos con que cuentan los Ayuntamientos para el desarrollo de sus competencias son, en los términos y con las especialidades que se recogen en el Título H de la Ley 39/1988, los mismos que con carácter general se enumeran para las Corporaciones Locales, esto es:
Son considerados como tales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados del patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
2) Los tributos propios.
Comprenden: tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las CC.AA. o de otras Entidades Locales. Los tributos propios que establezcan los Ayuntamientos deberán respetar los principios establecidos en la Ley 7/1988 (en general, se establece la limitación territorial, del municipio respectivo, a la eficacia de la imposición).
Las tasas pueden ser establecidas y exigidas por Prestación de servicios o realización de actividades de la competencia municipal. No obstante, no se podrán exigir tasas por los siguientes: el abastecimiento de aguas en fuentes públicas; el alumbrado de vías públicas; la vigilancia pública en general; la protección civil; la limpieza de la vía pública y, finalmente, la enseñanza en los niveles de educación preescolar y educación general básica.
Las contribuciones especiales podrán establecerse y exigirse por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, constituyendo el hecho imponible que, por la realización de estas actividades, el sujeto pasivo obtenga un beneficio o un aumento de valor de sus bienes.
Los impuestos que los Ayuntamientos exigirán de acuerdo con la ley son: el impuesto sobre bienes inmuebles; el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Además, los Ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio suelen incorporar disposiciones relativas a las normas tributarias.
3) Las participaciones en los tributos del Estado y las CC.AA.
3.a. Quinquenio 1989-1993. La Ley 39/1988 establecía un sistema de participación de las Corporaciones Locales (y, por tanto, de los Ayuntamientos) en los ingresos tributarios del Estado para el quinquenio 1989-1993, cuyo porcentaje global definitivo quedaba establecido en el articulo 80 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. El sistema establecía un índice de actualización que era función de la evolución de los Ingresos Tributarios del Estado Ajustados Estructuralmente (ITAE), con un mínimo garantizado, función de la evolución de los gastos equivalentes del Estado y un máximo que era función del crecimiento anual del PIB nacional en términos nominales.
Con base en dicho sistema, la distribución anual de la participación en los ingresos del Estado entre los distintos Ayuntamientos se realizaba como sigue: a) a los municipios de Madrid y Barcelona se les asignaba una cantidad igual a la que resultase de aplicar a su participación en el año en que entró en vigor el sistema (1989) el índice de evolución que prevaleciese; b) El resto de la participación, esto es, una vez detraídos los importes correspondientes a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, se distribuía entre los restantes Ayuntamientos, con arreglo a los siguientes criterios: 1) el 70 por 100 en función de sus respectivas poblaciones de derecho, ponderado por coeficientes multiplicadores según estratos de población establecidos por la ley; 2) el 25 por 100 en función de las respectivas poblaciones de derecho, ponderado según el esfuerzo fiscal medio de cada municipio y, 3) el 5 por 100 restante en función del número de unidades escolares de Educación General Básica, Preescolar y Especial, existentes en centros públicos en que los inmuebles pertenezcan a los municipios, o en atención a los gastos de conservación y mantenimiento que debiesen correr a cargo de los mismos.
Finalizado el período 1989-1993, contemplado en la Ley 39/1988, se establecía la necesidad de fijar el sistema que habría de regir el siguiente quinquenio.
3.b. Quinquenio 1994-1998. Este nuevo sistema quedó fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, que establecía, con carácter provisional, el porcentaje de participación para dicho quinquenio en el 3,6573992%. Su base se encuentra en el Acuerdo sobre Participación de las Corporaciones Locales en los Ingresos del Estado para el quinquenio 1994-1998, firmado el 1 de agosto de 1994 entre la Comisión de Hacienda de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y la Secretaría de Estado de Hacienda.
Suponía el comienzo de una nueva etapa con el establecimiento de una fórmula de crecimiento de la participación en los ingresos del Estado más objetiva y racional.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 fijaron definitivamente el porcentaje de participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, para el quinquenio 1994-1998, en el 3,7155% de los Ingresos del Estado más la recaudación líquida obtenida por las cotizaciones a la Seguridad Social y al Desempleo, según la definición ofrecida en el apartado 1 del artículo 113 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
3. c. Quinquenio 1999-2003. Las Leyes 49/1998, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, y 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, han introducido modificaciones substanciales en las disposiciones que han venido regulando, hasta 1998, la participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado. Las principales, afectan al índice de evolución utilizado en la determinación de la participación, ya que (a) desaparece la referencia a los Ingresos Tributarios del Estado Ajustados Estructuralmente (ITAE) y, (b) se fija, como regla general, que la financiación por esta vía se incrementará en los mismos términos que lo haga el PIB nominal a precios de mercado y, en cualquier caso, que el incremento nunca será inferior al que experimente el IPC.
Para el ejercicio de 2000, año base del nuevo quinquenio, el crédito presupuestario destinado a la financiación de municipios, como participación en los tributos del Estado, asciende a 902.509,5 millones de pesetas. A grandes rasgos, la distribución de la suma citada es como sigue: La diferencia resultante entre la cantidad total citada y las atribuidas a Madrid, Barcelona y La Línea de la Concepción (con un régimen diferente al del resto de los municipios), así como las atribuidas a los Ayuntamientos integrados en las Áreas Metropolitanas de Madrid y Barcelona, se reparte entre los demás municipios en función de variables de distinta naturaleza (demográfica, fiscal, etc.) definidas en las Leyes citadas. Además, se establece que, en cualquier caso, ningún municipio percibirá en la nueva situación una cantidad inferior a la que hubiese percibido en 1998 (mínimo garantizado).
Además de lo que antecede, los Ayuntamientos participan en los tributos propios de las Comunidades Autónomas en la forma y cuantía que se determina por las leyes de sus respectivos parlamentos.
La participación de los municipios del País Vasco en los tributos del Estado no concertados se regirá por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico.
3. d. A partir de 2004. A partir del 1 de enero de 2004 entra en vigor un nuevo sistema de participación de los municipios en los tributos del Estado (Ver: 40 TÉRMINOS BÁSICOS PARA ENTENDER EL MUNICIPALISMO. Letra P de "Participación en los tributos del Estado").
4) Las subvenciones.
Incluye las subvenciones de toda índole que obtengan los Ayuntamientos con destino a sus obras y servicios. No podrán ser aplicadas a atenciones distintas a aquellas para las que fueron otorgadas salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.
Tienen la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias satisfechas por: a) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y, b) la prestación de servicios o realización de actividades administrativas de la competencia del Ayuntamiento, siempre y cuando se trate de servicios públicos o actividades administrativas que no sean de recepción obligatoria y que sean susceptibles de ser prestadas o realizadas por el sector privado por no implicar manifestación de autoridad.
6) El producto de operaciones de crédito en los términos previstos en la Ley 3911988, y en las modificaciones a ésta contenidas en las Leyes 1311996, 6611997 y 5011998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, introdujo modificaciones substanciales a la normativa que regula las operaciones financieras de las Entidades Locales. Sigue una síntesis de las mismas:
En los términos previstos en la ley, los Ayuntamientos así como sus Organismos Autónomos y las sociedades mercantiles de capital íntegramente local, podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo; además, se autoriza expresamente a las entidades citadas a concertar operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.
Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, los Ayuntamientos, sus Organismos Autónomos y las sociedades mercantiles de capital íntegramente local, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas. El crédito podrá instrumentarse mediante: a) emisión pública de Deuda (La Deuda Pública de las Entidades Locales y los títulos-valores de carácter equivalente emitidos por dichas entidades gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública emitida por el Estado); b) contratación de préstamos o créditos; c) cualquier otra apelación al crédito público o privado y, d) conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes.
Se amplían las formas en que las Entidades Locales pueden garantizar el pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito, distinguiéndose entre (a) operaciones a corto plazo y, (b) operaciones a largo plazo.
(a) Las operaciones de corto plazo se podrán garantizar, según los casos, con (i) la afectación de recursos tributarios; ii) la concesión de avales (sobre operaciones concertadas por los Organismos Autónomos y las sociedades mercantiles de capital íntegramente local) y, iii) con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos.
(b) Las operaciones a largo plazo podrán garantizarse (i) con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales; (ii) con la constitución de avales (como en el corto plazo) y, (¡¡¡) con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 99
 resolución 
 artículo 113
 artículo 46