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BOE.es - Documento BOE-A-2007-16613
Documento BOE-A-2007-16613
«BOE» núm. 226, de 20 de septiembre de 2007, páginas 38311 a 38320 (10 págs.)
BOE-A-2007-16613
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2007/07/27/13
De esta forma, la racionalización y modernización del empleo público es, sin duda, una necesidad para hacer efectivo el derecho a una «buena administración» de los asuntos públicos, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática avanzada. Aprobado el Estatuto del empleado público, los poderes públicos de Galicia deben, entre tanto, comenzar inmediatamente a aplicar una serie de medidas urgentes para la mejora y racionalización del empleo público autonómico. El actual texto es el resultado de ese deseo de continuar el camino de la modernización del empleo público, siendo fruto, en buena parte, del intercambio de ideas con las fuerzas sindicales más representativas en el sector, con las cuales se constituyó una mesa de trabajo para la elaboración de un borrador de anteproyecto. Se añade un apartado 6 al artículo 3 respecto a la legislación supletoria. Se modifica el artículo 6.1 para dotar de mayor transparencia al nombramiento de personal eventual, delimitando además sus funciones. Se reforma el artículo 7 de la ley, referido al personal interino. Se crea la figura del personal interino por acumulación de tareas. Con ello se trata de responder a una necesidad organizativa en la moderna administración pública, que hasta ahora tan sólo podía cubrirse acudiendo a soluciones poco adecuadas como el nombramiento de personal laboral temporal. En su redacción original, el artículo 9 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, parece exigir que los laborales ocupen puestos de trabajo «clasificados como tales» en la relación de puestos de trabajo. Sin embargo, es frecuente que el personal laboral ocupe puestos de trabajo reservados a personal funcionario. Son las funciones del puesto las que han de definir la naturaleza del mismo, y no el tipo de relación jurídica existente entre la persona contratada y la administración. La nueva redacción del artículo 9.4 intenta establecer, de forma respetuosa con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, una regulación de los efectos de la declaración de indefinición de una relación laboral temporal o de la declaración de laboralidad de una contratación administrativa. La regulación se basa en los pronunciamientos jurisprudenciales más recientes: el personal declarado laboral indefinido no tiene carácter de fijo, porque los empleos públicos deben proveerse de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Pero, además, tras una sentencia estimatoria de una reclamación de indefinición laboral, la administración debe regularizar la situación creando la plaza con la naturaleza funcionarial o laboral que corresponda y poniendo en marcha los procedimientos necesarios para su cobertura ordinaria. Los puntos siete, ocho, nueve y diez de la presente ley de reforma modifican las competencias de determinados órganos confiriéndoles una mayor participación en la ordenación de los recursos humanos de la Administración pública autonómica. El principio de transparencia se proyecta, asimismo, en el establecimiento, con carácter obligatorio, de los registros de personal de las entidades locales, como un instrumento fundamental también de la organización, gestión y planificación del personal de las entidades locales. El apartado 3 del artículo 25 se modifica para garantizar la participación de los representantes del personal en la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, en lo que afecte a las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos. El artículo 27 se modifica para garantizar la periodicidad en los concursos para la promoción profesional del personal, la efectividad de la adscripción por causas de salud y el traslado de la funcionaria víctima de violencia de género que así lo solicite, beneficiándose además de las ventajas que para la trabajadora supone la consideración del traslado como forzoso, cuando se deba a razones de violencia de género. Se modifica también el artículo 28 para dar cumplimiento al objetivo de reducción de los puestos que deben ser cubiertos por libre designación. El sistema de libre designación ha de estar debidamente justificado, sin que haya razón alguna para que con carácter general se adjudique esta condición a todos los puestos de trabajo que superen determinado nivel de complemento de destino. Con esta medida podrá alcanzarse una función pública más profesionalizada y seleccionada de modo más objetivo, sin perjuicio, desde luego, de su capacitación y preparación para el desempeño del puesto. El punto diecisiete modifica el artículo 33, estableciendo medidas para asegurar el cumplimiento del ya existente deber de acreditación del conocimiento de la lengua gallega en el acceso al empleo público autonómico. La medida intenta posibilitar el cumplimiento, en el ámbito de la función pública, de lo establecido en el Plan de normalización lingüística, aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Galicia, así como de lo dispuesto en la Ley de normalización lingüística de Galicia. El punto diecinueve modifica el artículo 42 de la ley, eliminando la integración automática del personal que alcance puestos en la Administración autonómica, sin perjuicio del cumplimiento de los acuerdos de movilidad entre administraciones públicas que puedan ser firmados, y atendiendo especialmente, de nuevo, a las funcionarias víctimas de la violencia de género. Se suprime el apartado 5 del artículo 46 y se modifican los artículos 52, 53 y 55. La modificación del artículo 60 refuerza la promoción interna como un instrumento básico en la motivación y capacitación de los empleados y empleadas públicos. Asimismo, se añade un párrafo nuevo al artículo 62.4 y se crea un artículo 62 bis. El artículo 63 bis se modifica, asimismo, para introducir en el mismo los más modernos criterios de evaluación de la actividad de las administraciones públicas, para medir, además del rendimiento del personal al servicio de las administraciones públicas, el grado de calidad en la prestación de los servicios públicos, atendiendo especialmente a la proyección en la ciudadanía de las medidas de mejora y modernización. Otro buen número de medidas de reforma tienden a introducir en la Ley de la función pública de Galicia mecanismos eficaces de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Las medidas están inspiradas en buena medida en el Plan integral para la conciliación de la vida personal y laboral en la Administración general del Estado, aprobado por el Gobierno central con el aval de las organizaciones sindicales más representativas. Sin embargo, se intenta introducir mejoras en algunas cuestiones. Esta posición se refleja en la nueva redacción dada a los artículos 69 y 70 en su totalidad. El marcado carácter social de la reforma de la ley inspira también la disposición adicional séptima, donde se introducen una serie de medidas para facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, en conformidad con lo establecido en la normativa estatal. La administración pública debe ser una organización modélica en el establecimiento de políticas de integración laboral, haciendo efectivo el mandato constitucional, dirigido a todos los poderes públicos, relativo a la protección de las personas con discapacidad y la promoción de su integración como uno de los principios rectores de la política social. La ley establece plazos a un proceso amplio de funcionarización, intentando terminar de esta forma con la anomalía que supone que personas sujetas al régimen laboral estén realizando tareas reservadas a funcionarios. Como dice la jurisprudencia constitucional, en las administraciones públicas la regla general ha de ser el carácter funcionarial del personal, teniendo carácter tasado los supuestos en que se admite la contratación de personal laboral. Se introduce una disposición adicional referente a un colectivo muy determinado, que fue transferido a la Xunta de Galicia desde el Estado después de la realización de un plan de empleo, reconociendo la asimilación de sus derechos al del personal laboral fijo y previendo específicamente la funcionarización con carácter voluntario. Asimismo se crea una nueva disposición adicional decimoséptima. La ley establece el marco de un proceso de transformación de empleo temporal en empleo fijo. La lucha contra la temporalidad en las administraciones públicas ha sido objeto de seria preocupación. Las elevadas tasas de temporalidad deben reducirse a través de instrumentos absolutamente rigurosos en el cumplimiento de los principios básicos en el acceso al empleo público pero que, al mismo tiempo, tengan en cuenta la experiencia alcanzada en el desempeño del puesto con carácter temporal o interino. La medida, sin embargo, tiene carácter excepcional, quedando limitada a un número de plazas determinado o determinable. El texto finaliza con la aportación de dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final segunda para su entrada en vigor.
2. La selección del personal laboral se efectuará de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de oposición, de concurso o de concurso-oposición libre en el que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres. 3. Para la realización de trabajos de carácter temporal y coyuntural, en caso de vacante o por razones de necesidad o urgencia, las cuales habrán de ser debidamente motivadas, podrá contratarse personal laboral de carácter no permanente en conformidad con la legislación laboral vigente. El contrato habrá de formalizarse necesariamente por escrito. La contratación de este personal no amparado por lo dispuesto en los apartados anteriores dará lugar a responsabilidad personal de la autoridad o funcionario que la hubiera autorizado. 4. La administración no podrá convertir en fija o indefinida una relación laboral de carácter temporal.»
«7. La Administración de la Xunta de Galicia podrá adscribir a las funcionarias y funcionarios a puestos de trabajo en distinta unidad o localidad, previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario o funcionaria, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, de los hijos e hijas a su cargo o de los ascendientes en el primer grado de consanguinidad, cuando concurran los requisitos siguientes: a) Informe previo favorable del servicio médico oficial legalmente establecido.
b) Existencia de puestos vacantes con asignación presupuestaria. c) Que el nivel de complemento de destino y específico del puesto de destino no sea superior al del puesto de origen. d) Que el funcionario o funcionaria reúna los requisitos para su desempeño. e) En el caso de los ascendientes, que el funcionario o funcionaria conviva con ellos.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso, a efectos de los derechos que para la trabajadora pudieran derivarse del mismo. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.»
18. Cuando sean nombrados como titulares de las subdelegaciones del Gobierno en las provincias o de las direcciones insulares de la Administración general del Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo en su administración de origen. 19. Cuando sean nombrados para desempeñar puestos en las áreas funcionales de la alta inspección de educación funcionarios o funcionarias de los cuerpos docentes o escalas en que se ordena la función pública docente. 20. Cuando pasen a desarrollar cargos directivos en las empresas públicas, entes públicos, sociedades o fundaciones públicas en que la Xunta de Galicia, directa o indirectamente, participe o aporte más del 50% del capital o patrimonio, cuando dichos cargos sean designados previo acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno.»
«4. Excedencia para el cuidado de hijos y familiares: Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia, cuya duración no será superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, cuya duración no será superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que esté a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El periodo de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios generaran el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, dos años. Transcurrido ese periodo, dicha reserva será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la administración.»
«6. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria: 1. Para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral, las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia durante seis meses sin tener que prestar un tiempo máximo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que hubieran desempeñado, siendo dicho periodo computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las acciones judiciales lo exigieran, podrá prorrogarse este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los dos primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, a las prestaciones familiares por hijo a su cargo.»
Dichas pruebas, en las cuales habrán de respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad, podrán llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso cuando, por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos, así lo autorice el Consello de la Xunta de Galicia. Podrá participar en los procesos de promoción interna para el acceso al cuerpo administrativo de la Xunta de Galicia (grupo C) el personal funcionario del cuerpo auxiliar de la Xunta de Galicia (grupo D) que, aun careciendo de la titulación exigida para la pertenencia al grupo C, acredite una antigüedad mínima de diez años en el grupo D o tenga una antigüedad mínima de cinco años y supere los cursos de formación que reglamentariamente se determinen.»
La evaluación del desempeño es el procedimiento a través del cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. 2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, aplicándose sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 3. La Administración pública gallega determinará los efectos de la evaluación en la carrera profesional, formación, provisión de puestos de trabajo y percepción de las retribuciones complementarias correspondientes. 4. La Xunta de Galicia articulará un sistema que, entre otros factores, tendrá en cuenta necesariamente:
b) La buena gestión y organización de la estructura administrativa, promoviendo la utilización por parte del personal directivo de los datos derivados de la gestión para la toma de decisiones. c) La implicación en procesos innovadores y de buenas prácticas en pos de la excelencia. d) La normalización y racionalización de procesos. e) El grado de cumplimiento del Plan de normalización lingüística.
2. Asimismo, tendrá derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señalados en el párrafo anterior. 3. A los efectos previstos en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 4. En caso de que el periodo de vacaciones coincida con el permiso previsto en el apartado 4 del artículo 70, la persona interesada tendrá derecho a la fijación de un periodo alternativo. 5. El calendario de vacaciones se elaborará anualmente, teniéndose en cuenta las necesidades de los servicios, oídos los órganos de representación de los funcionarios. Se reconoce el derecho a la elección del periodo de vacaciones a favor de las mujeres gestantes y la preferencia de elección de mujeres y hombres con hijas o hijos menores de doce años o mayores dependientes a su cuidado. 6. Los permisos de maternidad, paternidad y lactancia, así como los periodos de incapacidad temporal derivados del embarazo, podrán acumularse al periodo de vacaciones, incluso después de la finalización del año natural al que aquéllas correspondan.»
1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: a) Por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día en la misma localidad y dos días si hay cambio de localidad. Si la unidad familiar está compuesta por dos o más miembros, el permiso será de dos días sin cambio de localidad y de cuatro si existe cambio. c) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal, en los términos legalmente establecidos. d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. e) Por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses, la funcionaria tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y final de la jornada, o en una hora al inicio o final de la jornada. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en caso de que ambos trabajen. Igualmente, podrá sustituirse el tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, o por un crédito de horas, pudiéndose aprovechar, en ambos casos, en cualquier momento, después del disfrute del permiso de maternidad. La cantidad de horas incluidas en el crédito será el resultado de contabilizar el total de horas a que se tendría derecho si se dispusiera del permiso de lactancia en su modalidad de una hora de ausencia. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho se computará durante el primer año desde la resolución judicial o administrativa de adopción o acogimiento. f) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. g) Por razones de guarda legal, cuando el personal funcionario tenga al cuidado directo a algún menor de doce años, una persona mayor que requiera especial dedicación o una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de un tercio o un medio de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional de sus retribuciones. Tendrá el mismo derecho el personal funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. h) Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por el tiempo necesario para su práctica y previa justificación de la necesidad de realización de las mismas dentro de la jornada de trabajo. i) El personal funcionario tendrá derecho a un permiso retribuido para tratamientos de fecundación asistida por el tiempo necesario para su práctica, con aviso previo y justificación de la necesidad de realización dentro de la jornada de trabajo. Si fuera necesario el desplazamiento, el permiso será de dos días. j) Para acompañar a su cónyuge o pareja en análoga relación de afectividad a tratamientos de fecundación asistida, exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, el personal funcionario tendrá derecho a un permiso retribuido en idénticos términos y condiciones de ejercicio que los previstos para estos permisos. k) En los supuestos de accidente o enfermedad muy grave del cónyuge, pareja en análoga relación de afectividad, familiares en primer grado, acogidos/acogidas o familiares convivientes, y para atender a su cuidado, el personal funcionario tendrá derecho a un permiso retribuido, cuya duración máxima será de treinta días naturales. Cada accidente o enfermedad generará un único permiso, que, dentro de la duración máxima de treinta días, podrá utilizarse de manera separada o acumulada. l) Por ser preciso atender al cuidado de un familiar de primer grado, el personal funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes, prorrogable en circunstancias excepcionales y atendiendo a la extrema gravedad de la enfermedad padecida, hasta un periodo máximo de dos meses. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción podrá prorratearse entre ellos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes o, en su caso, el de dos meses. m) El personal funcionario tendrá derecho a ausentarse para acompañar a las revisiones médicas a los hijos e hijas y las personas mayores a su cargo por el tiempo necesario, con aviso previo y justificación de la necesidad de realización dentro de la jornada de trabajo.
3. Podrá disponerse de hasta nueve días al año, como máximo, de permiso para asuntos personales sin justificación, atendiendo siempre a las necesidades del servicio. Asimismo, se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, que se incrementará en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 4. En todo caso, se concederán los permisos siguientes:
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, sea de forma simultánea o sucesiva con el da madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o hija o de parto múltiple. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato haya de permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la administración. b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial del acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. En caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado o acogido, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta tres meses de duración, y durante este periodo se percibirán exclusivamente las retribuciones básicas, pudiendo disfrutarse de forma fraccionada, siempre que no se superen los tres meses. Con independencia del permiso de hasta tres meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial del acogimiento. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en la normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año. c) Permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de veintinueve días naturales, que disfrutará el padre funcionario a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. En caso de parto, acogimiento o adopción múltiple, el permiso será de treinta y cinco días naturales. En los supuestos de adopción o acogimiento, si ambos progenitores fueran personal al servicio de la Administración pública gallega, el permiso podrá distribuirse a opción de los interesados, quienes podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos, respetando en todo caso el plazo de duración. Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos previstos en los apartados a) y b). La madre podrá disfrutar de este permiso de paternidad a continuación de los permisos previstos en los apartados a) y b) en los supuestos siguientes:
Si la filiación paterna no estuviera determinada. Cuando los progenitores no estuvieran casados ni estuvieran unidos de hecho en análoga relación de afectividad. Cuando en resolución judicial dictada en proceso de nulidad, separación o divorcio, iniciado antes de la utilización del permiso, se reconociera a la madre la guarda del hijo o hija recién nacido.
En los casos previstos los apartados a), b) y c), el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos del personal funcionario durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute del mismo, si, de acuerdo con la normativa de aplicación, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. Los funcionarios que hicieran uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en los términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a que pudieran tener derecho durante su ausencia. d) Permiso por razón de violencia de género sobre el personal funcionario: las faltas de asistencia del personal funcionario víctima de la violencia del género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. Asimismo, el personal funcionario víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a la reducción de la jornada con la disminución proporcional de la retribución o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que puedan serles de aplicación, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.»
2. La reserva se hará sobre el cómputo total de las vacantes incluidas en la oferta de empleo público, pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías cuyo desempeño se adapte mejor a las peculiaridades de las personas discapacitadas. 3. Cuando de la aplicación del porcentaje resulten fracciones decimales se redondeará por exceso para su cómputo. 4. Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3% de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán a la cuota del 7% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 12%. 5. Una vez alcanzado el objetivo del 2% a que se refiere el apartado 1 de esta disposición, el porcentaje mínimo de reserva será del 5%, no siendo de aplicación los apartados 3 y 4 de la presente disposición mientras el porcentaje se mantenga o se incremente. 6. Podrán realizarse convocatorias independientes, no supeditadas a las ordinarias, en las cuales las plazas estarán reservadas a personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Las pruebas tendrán el mismo contenido y grado de exigencia que las que se realicen en las convocatorias ordinarias. En cualquier caso, las personas que participen en la convocatoria deberán acreditar la discapacidad y el grado de minusvalía. Las plazas incluidas en estas convocatorias se computarán, en todo caso, en la cuota reservada en la oferta de empleo público para su cobertura entre personas con discapacidad. 7. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten las adaptaciones y ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad. 8. Una vez superado el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de personal funcionario o categorías de personal laboral de la Administración autonómica y de sus organismos autónomos y que fueran admitidas en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas dentro del ámbito territorial que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que habrán de ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando esté debidamente justificada, debiendo limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesario para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.»
Este personal será objeto de funcionarización mediante un procedimiento selectivo que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. El personal que no participe o participando no supere el proceso de funcionarización conservará todos sus derechos como personal laboral de la Xunta de Galicia. El proceso de funcionarización habrá de iniciarse en el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley.»
Será de aplicación a estos procesos lo dispuesto en el artículo 60.2 de la presente ley. El proceso afectará a aquellas plazas que estén cubiertas, interina o temporalmente, con anterioridad al 1 de enero de 2005 y que sigan, temporal o interinamente, cubiertas en el momento de la convocatoria. Las plazas que en el momento de la entrada en vigor de esta disposición estén en la situación prevista en el párrafo anterior se reservarán para su oferta en los procesos extraordinarios que se realicen. Los procesos selectivos respetarán, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y se efectuarán por el sistema de concurso-oposición abierto. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrán valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las administraciones públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. La valoración de méritos de las personas que hayan superado la fase de oposición sólo podrá otorgar una puntuación proporcionada, que no determinará por sí misma el resultado del proceso selectivo.»
Fecha de entrada en vigor: 16/09/2007
Publicada en el DOG núm. 165, de 27 de agosto de 2007.
Apartados 2, 13, 14 y 15 de la disposición adicional 2, de la Ley 2/2007, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-2007-10021).
art. 46 de la Ley 7/2004, de 16 de julio (Ref. BOE-A-2004-16384).
MODIFICA determinados preceptos y AÑADE un art. 62 bis y las disposiciones adicionales 16 y 17 a la Ley 4/1988, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-1988-18280).
art. 13.2 del Estatuto aprobado por Ley ORGANICA 1/1981, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1981-9564).

References: artículo 3
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 33
 artículo 42
 artículo 46
 artículo 60
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 37
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 60