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Timestamp: 2018-07-18 01:00:26+00:00

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04. El proceso laboral - Derecho UNED
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04. El proceso laboral
1 Noción y características
2 Los sujetos procesales
2.1 Las partes
2.2 Consideración especial del Fondo de Garantía Salarial
2.3 El Juez
3 El objeto del proceso: la pretensión laboral. Acumulación de acciones, de autos y de recursos. Normas comunes
3.1 Acumulación de acciones
3.2 Acumulación de autos
3.3 Acumulación de recursos
3.4 Normas comunes
4 Actuaciones procesales. Lugar, forma y término
4.1 Lugar
4.2.1 Actos de comunicación
4.2.3 Diligencias de ordenación
4.3 Horas, días y términos
5 La evitación del proceso: conciliación y reclamación previas
5.1 La conciliación previa
5.2 La reclamación previa a la vía judicial
6 Actos preparatorios y medidas precautorias
6.1 Actos preparatorios
6.2 Medidas precautorias
7 La demanda
8 Convocatoria, citación y comparecencia de las partes. La conciliación ante el órgano jurisdiccional
9 El acto del juicio. Ratificación o ampliación de la demanda y contestación
10 Las pruebas
11 Conclusiones, firma del acta y diligencias para mejor proveer
12 La sentencia
Noción y características
El proceso es el instrumento mediante el cual, en una sociedad organizada, el juez, que ha recibido ese encargo específico del Estado, examina la pretensión de un individuo frente a otro y decide en Derecho sobre ella.
El proceso laboral se diferencia de los demás procesos, de una parte, por la especialización del órgano llamado a decidir, y, de otra, porque la pretensión que se actúa en el mismo ha de pertenecer a la materia contencioso-laboral.
El artículo 74 LPL impone a los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social 4 principios:
Principio de inmediación: los actos procesales básicos se realizan en presencia del Juez que va a sentenciar.
Principio de oralidad: contribuir a la celeridad, facilita la espontaneidad y permite al Juez una flexibilidad mayor en la averiguación de los hechos.
Principio de concentración: que significa que el proceso laboral contiene una serie de actuaciones que se suceden sin solución de continuidad.
Principio de celeridad.
Principios que añade la doctrina:
Se obliga a conjugar la igualdad de las partes con la tutela del trabajador en el proceso.
Los mecanismos utilizados para restablecer la igualdad son:
La calificación como irrenunciables de los derechos del trabajador en el proceso.
Admite que determinados actos administrativos tengan el mismo valor que la pretensión de una parte formalizada ante el Juzgado. Las autoridades laborales pueden así intervenir cuando advierten infracciones que perjudiquen a los trabajadores.
El impulso judicial del procedimiento: el Juez de lo Social tiene amplias facultades de dirección que le permiten tutelar a la parte más débil, o a ambas, auxiliándolas en su ignorancia, advirtiéndolas de los trámites que deben seguir.
La economicidad: desde los orígenes del procedimiento laboral, se ha tratado de suprimir gastos, declarando además el beneficio de la justicia gratuita.
No es necesaria, en la instancia, la intervención de abogado ni procurador.
En vía de recurso, en cambio, es necesaria la intervención de letrado.
El régimen especial de conciliación:
la conciliación extrajudicial ante el SIMA o ante el órgano que asuma esta función.
la conciliación ante el Juez de lo Social que éste debe intentar antes de pasar a juicio.
Son sujetos procesales:
las partes: la persona que promueve una pretensión ante el órgano jurisdiccional y la persona contra la que tal pretensión se dirige.
el juez: que debe decidir en torno a la misma.
Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses legítimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.
La representación puede ser:
voluntaria: las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Si el demandante lleva representación debe decirlo para que el demandado pueda representarse. Los sindicatos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a ellos que así lo autoricen.
Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a Derecho.
En los procesos en los que demanden de forma conjunta más de 10 actores. Éstos deberán designar un representante común.
Lo mismo ocurre cuando el Juzgado o Tribunal acuerde de oficio o a instancia de parte la acumulación de autos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más de 10 actores.
No es necesaria la intervención de abogado, pero puede utilizarla cualquiera de los litigantes.
Pluralismos de las partes
En ocasiones, sea en posición de demandante o de demandado, comparecen varias personas, por lo que se puede hablar de pluralismo de alguna de ellas o de ambas.
Consideración especial del Fondo de Garantía Salarial
El Fondo de Garantía Salarial asume importantes obligaciones en supuestos de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores, crisis de empresas, con objeto de garantizar a los trabajadores el percibo de salarios e indemnizaciones.
De ahí que pueda aparecer en el proceso laboral como demandante, demandando o simplemente, como interesado.
En los procedimientos contra el Fondo de Garantía Salarial al amparo de la legislación laboral, las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resolución del mismo harán fe, salvo prueba en contrario.
El Fondo de Garantía salarial podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitación, en aquellas procesos de los que se pudiera derivar posteriormente una responsabilidad de abono de salarios o indemnizaciones a los trabajadores litigantes, sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.
En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, el Juez, de oficio o a instancia de parte, citará como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho.
La Ley exige que esté legitimado subjetivamente, esto es, que no se abstenga de oficio o que no sea recusado por las partes.
Los Jueces y Tribunales pueden imponer a quienes no sean parte en el proceso obligaciones ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales y que aquellos deben cumplirlas.
Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o Tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal.
El objeto del proceso: la pretensión laboral. Acumulación de acciones, de autos y de recursos. Normas comunes
El objeto del proceso es la pretensión, en este caso, la pretensión laboral, es decir, la solicitud de que el Juez de lo social declare el derecho que asiste al demandante y cuya satisfacción corresponde al demandado.
Cuando una parte ejercita varias pretensiones contra otra, puede acumular en su demanda cuantas acciones le competen contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos.
No son acumulables las acciones de despido, las de extinción del contrato de trabajo, las que versen sobre materia electoral, las de impugnación de convenios colectivos, las de impugnación de estatutos de los sindicatos y las de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.
Si se ejercitan acciones indebidamente acumuladas, el Juez o Tribunal requerirá al demandante para que, en el plazo de 4 días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener.
Cabe también la acumulación, de oficio o a instancia de parte, de los autos, si en el mismo Juzgado o Tribunal o en dos o más Juzgados de lo social de una misma circunscripción se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas idénticas acciones.
En las Salas de lo Social de los tribunales Superiores de Justica y del Tribunal Supremo se podrá acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de recursos pendientes, cuando entre ellos existía identidad de objeto y de alguna de las partes, previa audiencia de los comparecidos en todo caso y del Ministerio Fiscal en los recursos de casación.
La acumulación de acciones y autos deberá formularse y acordarse antes de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de reconvención.
La acumulación de recursos podrá acordarse en cualquier momento anterior al señalamiento para votación y fallo y en su caso vista.
Acordada la acumulación de autos, podrá ésta dejarse sin efecto respecto de uno o varios de ellos, si concurren causas que justifiquen su tramitación separada.
Actuaciones procesales. Lugar, forma y término
Las actuaciones procesales son los actos que se van sucediendo desde que se inicia hasta que concluye el proceso laboral.
El lugar de las actuaciones, es el Juzgado o Sala de lo Social competente, en cuyo registro habrán de presentar las partes todos los escritos y documentos.
Los autos permanecerán en los Juzgados y Salas bajo la custodia del Secretario, donde podrán ser examinados por los interesados que acrediten interés legítimo, a quienes deberá entregárseles testimonios, certificaciones o copias simples cuando lo soliciten.
Los autos sólo se entregarán cuando la Ley lo ordene expresamente y por el plazo señalado, entendiéndose que tal plazo empieza a transcurrir desde que se notifique al interesado que los autos están a su disposición.
En el mismo local del juzgado, se harán por el Secretario las citaciones, notificaciones, emplazamientos o requerimientos.
Las citaciones, notificaciones, emplazamientos o requerimientos se practicaran mediante cédula, a la que se acompañará copia literal del acuerdo.
Datos que debe contener la cédula:
El Juzgado que haya dictado el acuerdo, la fecha de éste y el asunto en que haya recaído.
El nombre de la persona a quien se dirige.
Fecha de expedición y firma del Secretario.
En las cédulas de citación a las partes para prestar confesión judicial, en las de testigos, peritos y asesores, se consignarán, además:
El objeto de la citación.
El lugar, día y hora en que deba comparecer el citado.
La prevención de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a las disposiciones anteriores serán nulas.
Medios que deben utilizar los Juzgados de lo social para adoptar sus decisiones y que son las providencias, autos, resoluciones orales o verbales y sentencias.
Son las que tienen por objeto dar a los autos el curso ordenado por la Ley, así como impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trámites.
Horas, días y términos
Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días hábiles.
Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo para despidos, extinción de contrato, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.
Las actuaciones se realizaran en el término o dentro del plazo fijado para su práctica.
El Juez podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil, o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial.
Salvo los plazos señalados para dictar resolución judicial, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables.
Presentado un escrito en el Juzgado, el Secretario debe dar cuenta al Juez, o en su caso, efectuar la diligencia de ordenación o propuesta de resolución oportuna en el mismo día o en el siguiente día hábil.
Las providencias, autos, sentencias y diligencias de ordenación del Secretario se notificarán a las partes, en el mismo día de su fecha, o de la publicación en su caso, y no siendo posible, en el día hábil siguiente.
Si durante el proceso hubieran de adoptarse medidas tendentes a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes o a asegurar la efectividad de la resolución judicial, y la notificación inmediata al afectado de las actuaciones procesales o de la medida cautelar, preventiva o ejecutiva adoptada pudiera poner en peligro su efectividad, el órgano judicial podrá, motivadamente, acordar la demora de la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad.
A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial, se hará constar por diligencia.
La evitación del proceso: conciliación y reclamación previas
Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órganos que asuma estas funciones.
De tal requisito están exceptuados:
Los procesos que exijan la reclamación previa en vía administrativa.
Los relativos al disfrute de las vacaciones.
Los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación y los de tutela de la libertad sindical.
Los supuestos en los que, iniciado el proceso fuere necesario dirigir la demanda frente a personas distintas de la inicialmente demandadas.
El acto de conciliación se ajusta a las siguientes reglas:
Órgano conciliador: se puede celebrar ante el servicio administrativo del Estado o de la Comunidad Autónoma a la que se hayan transferido las competencias o ante los órganos que se instituyan en los acuerdos interprofesionales.
Capacidad y representación de las partes: la capacidad es la misma que se exige a los litigantes en el proceso laboral. Para recibir citaciones se presume autorizado el que presente la papeleta, aunque no fuese el interesado. Los interesados pueden comparecer por sí mismos o por medio de representante.
Requisitos de la papeleta de conciliación:
Los datos personales del que la presente y de los demás interesados y sus respectivos domicilios.
Lugar y clase de trabajo, categoría profesional u oficio, antigüedad, salario etc…
Enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse su pretensión y cuantía económica, si fuese de esta naturaleza.
Si se trata de reclamación por despido, se hará constar la fecha de éste y los motivos alegados por la empresa.
El órgano conciliador, al recibir la papeleta, la examinará para determinar si reúne o no los requisitos exigidos, solicitando las aclaraciones en su caso necesarias, para que las citaciones de los interesados sean hechas correctamente.
Citación de las partes: la citación del compareciente se efectuará al devolverle la copia de su papeleta, haciéndole saber el lugar, día y hora de la celebración de la conciliación, que deberá efectuarse dentro de los plazos legales.
Obligación de comparecencia: la asistencia al acto de conciliación es obligatoria para ambos litigantes y cuando, debidamente citadas las partes, no comparece ni alega justa causa el solicitante, se tendrá por no presentada la papeleta, archivándose lo actuado.
Si por el contrario quien no comparece es la otra parte, la conciliación se tendrá por intentada sin efecto y el Juez deberá apreciar temeridad o mala fe si fuera injustificada.
Desarrollo del acto de conciliación:
Las consecuencias jurídicas del intento de conciliación son:
La presentación de la solicitud de conciliación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción.
Lo acordado tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación ante Juez.
Son recurribles en suplicación, las sentencias en las que se haya omitido el intento de conciliación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensión.
El acuerdo de conciliación podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir el perjuicio por aquél, ante el Juzgado competente para conocer del asunto objeto de conciliación, mediante el ejercicio de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
La reclamación previa a la vía judicial
Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales u Organismos autónomos dependientes de los mismos será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma establecida en las leyes.
El fundamento de esta disposición está en permitir a la Administración revisar sus propias actuaciones antes de verse ante los Tribunales.
De la reclamación previa están exceptuados:
Los procesos relativos al disfrute de vacaciones.
Los procesos de conflicto colectivo.
Los de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación.
Los de tutela de la libertad sindical.
Las reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial.
Denegada la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la resolución, el interesado podrá formalizar la demanda ante el Juzgado competente.
Para formular demanda en materia de Seguridad Social, será requisito necesario que los interesados interpongan reclamación previa ante la Entidad gestora o Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente.
Las reglas establecidas son:
La reclamación previa deberá interponerse ante el órgano que dictó la resolución, en el plazo de 30 días desde la notificación de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que deba entenderse producido el silencio administrativo.
Cuando en el reconocimiento inicial o la modificación de un acto o derecho en materia de Seguridad Social, la entidad correspondiente esté obligada a proceder de oficio y no se ha producido acuerdo o resolución, el interesado podrá solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamación previa.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la entidad deberá contestar expresamente a la reclamación previa en el plazo de 45 días y en caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio administrativo.
Las Entidades Gestoras y la TGSS expedirán recibo de presentación o sellarán debidamente, con indicación de la fecha, las copias de las reclamaciones previas que les sean dirigidas.
El plazo para formular la demanda es de 30 días.
Si en la contestación a la reclamación previa no se anuncia la reconvención, expresando en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se concreta, no se podrá formular en el acto del juicio en ningún caso.
Actos preparatorios y medidas precautorias
Actos preparatorios. Peticiones que puede excepcionalmente hacer el demandante, antes de formular la demanda, para facilitar el proceso.
Medidas precautorias: las que intentan garantizar los resultados de ese proceso, una vez presentada la demanda.
Quien pretenda demandar, podrá solicitar del órgano judicial:
Que aquél contra quién se proponga dirigir la demanda, preste declaración acerca de algún hecho relativo a la personalidad de éste y sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en juicio.
Que efectúe examen de testigos cuando por motivo grave y justificado, sea presumible que no va a ser posible mantener su derecho por falta de justificación.
Que se le permita el examen de libros y cuentas o la consulta de cualquier otro documento que se demuestre imprescindible para fundamentar su demanda.
Se consideran tales la práctica anticipada de pruebas y el embargo preventivo.
El órgano judicial, de oficio o a instancia de parte interesada o del Fondo de Garantía Salarial, podrá detectar el embargo preventivo de bienes del demandado en cuantía suficiente para cubrir lo reclamado en la demanda y lo que se calcule para las costas de ejecución cuando por aquél se realicen cualesquiera actos de los que pueda presumirse que pretende situarse en estado de insolvencia o impedir la efectividad de la sentencia.
La solicitud de embargo preventivo podrá ser presentada en cualquier momento del proceso antes de la sentencia.
Se formulará por escrito y habrá de contener los siguientes requisitos:
La designación del demandante y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso indicando los datos personales.
La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas.
Si el demandante litigase por sí mismo designará un domicilio en la localidad donde resida el Juzgado, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de entenderse con él.
En las demandas por despido
Lugar de trabajo; categoría profesional; características particulares, si las hubiera, del trabajo que se realizaba; salarios, tiempo y forma de pago y antigüedad del despido.
Si el trabajador ostenta, o ha ostentado en el año anterior al despido, a cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores.
En las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe consignarse el nombre de la entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
El órgano judicial advertirá a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de 4 días, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo.
La falta de apercibimiento de tales erros u omisiones supone la nulidad de lo actuado, reponiéndose las actuaciones al momento de la presentación de la demanda.
Convocatoria, citación y comparecencia de las partes. La conciliación ante el órgano jurisdiccional
Admitida la demanda, se inicia el proceso, debiendo señalar el juez, dentro de los 10 días siguientes al de su presentación, el día y la hora en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, debiendo mediar, en todo caso, un mínimo de 4 días entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos.
Este plazo de 4 días deberá ampliarse:
Cuando la citación se practique con persona jurídica, pública o privada, o con un grupo sin personalidad, en cuyo caso deberá efectuarse con 15 días de antelación a la fecha señalada para la celebración de los actos de conciliación y juicio.
Cuando la representación y defensa y juicio sea atribuida al Abogado del Estado, en cuyo caso se le concederá un plazo de 22 días para la consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
Los actos de conciliación y juicio se celebrarán en única convocatoria.
Podrá suspenderse por una sola vez, sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados acreditados ante el órgano judicial.
La incomparecencia:
si el actor, citado en forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, pero no de su acción, que si no ha caducado o prescrito, se puede volver a interponer.
la incomparecencia injustificada del demandado no impide la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
No le priva de toda posibilidad de audiencia.
El plazo para solicitar la audiencia será de 3 meses desde la notificación de la sentencia en el Boletín Oficial correspondiente.
La petición se formulará ante la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente o del Tribunal Supremo, en su caso.
En ambos supuestos se seguirán los trámites del proceso ordinario.
La conciliación ante el órgano jurisdiccional:
Se obliga al órgano judicial constituido en audiencia pública a intentarla advirtiendo a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles, sin prejuzgar el contenido de la eventual sentencia.
En la conciliación ante el Juez de lo Social no existen procedimientos exceptuados.
Si se produce avenencia, el acuerdo se llevará a efecto por los trámites de la ejecución de las sentencias, salvo que el órgano judicial estimare que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes, de fraude de ley o de abuso de derecho, en cuyo caso no aprobará el acuerdo.
La acción para impugnar la validez de la avenencia se ejercitará ante el mismo Juzgado, por los trámites y con los recursos establecidos en la Ley.
Si no hubiera avenencia en conciliación se parará seguidamente a juicio.
El acto del juicio. Ratificación o ampliación de la demanda y contestación
Principio de unidad de acto: impone que una vez iniciada la vista no se interrumpa hasta que, después de formuladas las conclusiones definitivas, se manden traer actuaciones a la presencia judicial para dictar la oportuna sentencia.
La ratificación: es una mera repetición, abreviada, de los fundamentos de hecho de la demanda y, de la súplica o petición que forma parte del contenido de la misma.
La reducción: consiste en que, por los mismos fundamentos de hecho de la demanda, se deduce en este trámite una petición o súplica de la misma naturaleza, pero de cuantía inferior a la prevista en la demanda.
La ampliación: consiste en la reiteración de la petición inicial contenida en la demanda, a la que se unen peticiones adicionales, o en la formulación de una petición cualitativamente idéntica, pero de cuantía superior.
La fundamentación de derecho de la pretensión: no cabe variación, ni sustancial ni no sustancial, por la razón de que no figura en la demanda, sino que ha de alegarse en el momento procesal de la vista.
Fundamentación de hecho: el demandante puede alegar hechos nuevos y distintos de los que se hicieron constar en la demanda, pero sin que puedan hacer variar sustancialmente los contenidos de aquélla.
La petición: si lo pedido en este trámite es derivación lógica o necesaria, o está implícitamente contenido en la petición de la demanda, la ampliación es admisible y no en el caso contrario.
Ratificada o ampliada la demanda, con el alcance indicado, el demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda y alegando cuantas excepciones estime procedentes.
Formulada reconvención, se abrirá trámite para su contestación en los términos establecidos en la demanda. El mismo trámite de contestación se abrirá para las excepciones procesales, caso de ser alegadas.
Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el juez lo estime oportuno, pudiendo alegar cuanto estimen conveniente a efectos de interponer en su momento recurso de suplicación.
El procedimiento no se suspenderá por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos.
Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la LPL.
Las partes pueden solicitar la práctica de pruebas en 3 momentos distintos:
Sin esperar el día señalado para el juicio, cuando por alguna causa las diligencias de prueba no pudieran practicarse en él o cuya realización presente graves dificultades en dicho momento.
Con una antelación a la fecha del juicio de al menos 3 días, cuando las pruebas que se deban practicar en él requieran diligencias de citación o requerimiento.
En el acto del juicio.
Precisiones especiales de medios de prueba:
La confesión: si el llamado a confesar no declara sin justa causa a la primera citación, podrá ser tenido por confeso en la sentencia.
La confesión de las personas jurídicas privadas se practicará por quien legalmente las represente.
En caso de que la confesión no se refiera a hechos personales, se admitirá la absolución de posiciones por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la pare así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Testigos: cuando el número de testigos fuese excesivo, a criterio del órgano judicial se podrá limitar discrecionalmente.
Los testigos no podrán ser tachados y únicamente en conclusiones las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
La utilización de detectives privados está permitida siempre que la información privada y confidencial sea ratificada por los informantes en presencia del juez y no haya sido obtenida utilizando medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.
Peritos y asesores: el Juez, si lo estima procedente, podrá oír el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestión objeto del pleito.
Documental: los documentos pertenecientes a las partes que hubieran sido propuestos por la parte contraria como medio de prueba, una vez admitida ésta por el Juez deberán aportarse al proceso, dándose traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen.
El órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos y los litigantes y los defensores podrán ejercitar el mismo derecho.
En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Conclusiones, firma del acta y diligencias para mejor proveer
El trámite cumple 3 objetivos:
Actúa como alegación que fija de manera definitiva los fundamentos de la pretensión y de los de la oposición de ésta.
Permite operar un análisis de las pruebas ofrecidas por la otra parte y, formular observaciones que por las partes estimen oportunas, respecto de las circunstancias personales de los testigos, así como acerca de la veracidad de sus manifestaciones.
Sirve para establecer las cantidades que por cualquier concepto sean objeto de petición de condena, lo cual tiene importancia decisiva en orden a determinar si contra la sentencia que se dicte procederá o no recurso y cual de ellos.
Tras manifestar el juez que da por conclusa la vista procede a firmar el acta del juicio, con exposición sucinta de lo actuado.
Lugar y fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores que les asisten, y breve referencia al acto de conciliación.
Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de pruebas propuestos por ellas, declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de negación y protesta, en su caso.
Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos.
Resumen suficiente de los informes periciales.
Resumen de las declaraciones de los asesores.
Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes.
Declaración hecha por el Juez de conclusión de autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.
Cualquier observación que se hiciera sobre el contenido del acta, la resolverá, sin ulterior recurso, el Juez, que la firmará seguidamente en unión a las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer, o no estar presente, y firmándola por último el Secretario, que dará fe.
Diligencias para mejor proveer:
Una vez terminado el juicio, el juez puede todavía acordar, dentro del plazo para dictar sentencia la práctica de cuantas pruebas estime necesarias, para mejor proveer, con intervención de las partes.
Es el pronunciamiento del Juez sobre la pretensión de la parte demandante, dictada conforme a su estimación de los hechos resultantes de la prueba y del Derecho aplicable.
El Juez debe dictar sentencia en el plazo de 5 días.
Si el juez que presidió el acto del juicio no pudiese dictar sentencia, deberá celebrarse nuevamente.
Estructura de la sentencia:
Lugar y fecha en que se adopta, órgano judicial que la dicta, nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y procuradores y el objeto del juicio.
Resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Declarará expresamente los hechos que estime probados.
Deben hacer referencia a los razonamientos que le ha llevado a la conclusión de estimar probados aquellos hechos y deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.
La motivación de las resoluciones y sentencias tiene las siguientes finalidades esenciales:
Lograr la convicción de las partes en el proceso.
Satisfacer el interés legítimo de la comunidad jurídica en general de conocer las razones de la decisión que se adopta.
Garantizar la posibilidad de control de las mismas por los Tribunales Superiores.
Mostrar el esfuerzo realizado por el Tribunal para garantizar una resolución carente de arbitrariedad.
Es doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional:
Que la exigencia de motivación de las sentencias no impone a los órganos judiciales una determinada extensión o intensidad en la exposición de sus razonamientos.
Que no se exige la contestación pormenorizada a todas las alegaciones de las partes, con tal de que se resuelvan las cuestiones planteadas.
Que es también constitucionalmente admisible que las resoluciones del Tribunal ad quem acepten expresamente o asuman implícitamente los razonamientos del juez a quo y, en general, la motivación por remisión.
Que el órgano judicial puede fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes.
No admite, en cambio, el Tribunal Constitucional que el Juez que dicta una sentencia sin la suficiente motivación jurídica pueda rectificar tal omisión mediante auto aclaratorio, que en modo alguno puede sanar esa infracción constitucional.
Conviene advertir que el TC exige una particular carga argumentativa cuando se ven afectados otros derechos fundamentales, cuando se trata de desvirtuar la presunción de inocencia, cuando se atañe de alguna manera a la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, o cuando el Juez se aparta de sus precedentes.
Fallo o parte dispositiva, que expresamente contenga el pronunciamiento del órgano judicial y cuya omisión implicaría también la nulidad de la sentencia
La incongruencia de la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes fundamenta el recurso de casación.
Clases de incongruencia:
omisiva: sin contestar alguna de las pretensiones básicas de las partes.
extra petita: cuando el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema que no está incluido en las pretensiones procesales y produzca indefensión.
mixta o por error: en la que confluyen las dos anteriores.
Firma del juez, sin que la Sentencia carecería de valor
La Sentencia debe publicarse inmediatamente y notificarse a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes.
Se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarias y forma de efectuarlas.
El Juez, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar sentencia de viva voz. También podrá limitarse a pronunciar el fallo.
Sentencias de los procesos que no pueden pronunciarse de viva voz:
Despido provocado previsto en el artículo 50 LET.
Extinción por causas objetivas, de acuerdo con el artículo 52 LET.
En los que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, incluidas las de desempleo.
Conflicto colectivo.
Impugnación de estatutos de los sindicatos.
Tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.
Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas oralmente mediante su lectura y la firma del acta. Si conocido el fallo, las partes expresaran su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia. Si alguna de las partes no hubiera comparecido hará la oportuna notificación.

References: artículo 74
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 artículo 50
 artículo 52