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Timestamp: 2018-09-19 21:23:20+00:00

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Jorge Morelli: ESTA NOCHE sábado 18 noviembre 2017
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, desmintió el miércoles, al inicio de su mensaje de ese día, la queja –así la llamó- de Marcelo Odebrecht de que en el Perú solo se procesa a la empresa brasileña y no a sus socias. Los fiscales Pablo Sánchez y Hamilton Castro afirmaron el domingo que Graña y Montero sí se encuentra bajo investigación. El lunes la empresa informó no haber sido notificada. Fuentes de la Fiscalía argumentaron que se trata de una indagación para corroborar informaciones que provienen de colaboradores eficaces, lo que por definición no se notifica.
La existencia de esta indagación, que puede parecer un asunto procesal anodino, esconde un asunto de importancia política fundamental.
Al confirmar que existía la investigación a las socias de Odebrecht, el propio fiscal Hamilton Castro declaró que esta tuvo lugar “a partir de declaraciones de Jorge Barata”. La indagación incluía entonces la posibilidad de darle a Barata el estatus de colaborador eficaz en el Perú.
Solo que Barata ya no hablará. Un juez ha anulado la resolución de Hamilton Castro que lo consideraba colaborador eficaz. El juez alega que el fiscal no podía “excluir” a Barata de la “investigación preliminar” sin comunicarlo antes. ¿De quién depende en el Perú otorgar o denegar la colaboración eficaz?
A todo esto, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el miércoles acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, señalado por Keiko Fujimori en su video mensaje de hacerse “de la vista gorda” para no investigar a la empresa Graña y Montero. Si la indagación antes referida es confirmada ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quedará desmentido que la Fiscalía de la Nación se haya hecho “de la vista gorda”. Como esa fue la justificación de la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, esa sería una decisión política tomada sobre una premisa equivocada.
Las declaraciones de Odebrecht en Curitiba, de otra parte, llevaron al diario El Comercio a un titular de portada que tendría como consecuencia una querella por difamación en su contra. En su video mensaje, Keiko Fujimori atribuyó el titular también a una supuesta reacción del diario porque la noche anterior el Congreso aprobó modificar el decreto de urgencia 003 que incluye a Graña y Montero en el saco de Odebrecht en cuanto a limitaciones para operar. La decisión –dijo- habría afectado a “los señores Graña”, dueños de la empresa. Para nadie es un secreto, sin embargo, que el proyecto venía preparándose desde antes bajo la premisa de la supuesta impunidad de la empresa, puesto que la Fiscalía no la investigaba. Si la empresa se halla bajo indagación desde febrero, como afirma la Fiscalía, son dos las decisiones políticas de importancia –acusar constitucionalmente al Fiscal de la Nación e incluir a Graña y Montero en el régimen de castigo de su socia brasileña- originadas en la misma premisa falsa.
Más allá de la acusación constitucional del Congreso contra el Fiscal de la Nación, lo que le importa al país es que la colaboración eficaz de Barata es necesaria para que el brazo derecho de Marcelo Odebrecht diga en la indagación lo que sabe sobre la operación de Odebrecht y sus socias. De lo contrario, nunca conoceremos la verdad sobre la corrupción brasileña en el Perú.
En medio de las dudas sobre el futuro como aspirante a colaborador eficaz del ex directivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, ayer el juez Richard Concepción Carhuancho aclaró los alcances de su reciente resolución.
El magistrado había rechazado el último viernes la decisión del Equipo Especial Anticorrupción que dirige el fiscal Hamilton Castro de excluir al empresario brasileño de la investigación preparatoria relacionada a la concesión de la carretera Interoceánica.
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, precisó que con su última resolución en el marco del Caso Odebrecht no ha quitado la condición de aspirante a colaborador eficaz a Jorge Barata.
“El tema de la colaboración eficaz, de acuerdo a pautas generales, lo maneja la fiscalía. Yo en ningún momento le he quitado la condición de colaborador. En ningún extremo de la resolución se ha dicho eso”, indicó Concepción Carhuancho en diálogo con El Comercio.
Lo que la resolución del magistrado de la Sala Penal Nacional precisa es que la fiscalía no puede excluir a un investigado “de manera unilateral”—como se hizo en el caso de Barata— y que esta decisión requiere de una autorización judicial.
“De requerirlo, la audiencia se convoca de inmediato. Se cita a todas las partes y se puede resolver el mismo día”, manifestó el juez en referencia a la eventual exclusión de Barata como presunto cómplice de Alejandro Toledo en los delitos de colusión y tráfico de influencias.
—La fiscalía insistirá—
Tras conocer la posición de Concepción Carhuancho, fuentes del Ministerio Público confirmaron a El Comercio que la institución insistirá para excluir al ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú de la investigación preparatoria formulada en febrero de este año. Ello ya que lo consideran necesario para no afectar el proceso de colaboración eficaz al que busca acogerse el empresario brasileño.
Para la fiscalía, la controversia responde a un aspecto procedimental y no de fondo. Así, las fuentes consultadas explicaron que ante la decisión del juez, el Ministerio Público puede apelar la resolución emitida para que una sala la revise o requerirle a un magistrado –como lo exige Concepción Carhuancho– la exclusión de Barata dentro de la investigación preparatoria.
Si bien la decisión sobre el paso por seguir aún no ha sido tomada por el Ministerio Público, altos funcionarios de esa institución aseguraron a este Diario que se optará por el procedimiento que viabilice de manera más rápida la exclusión de Barata.
En ese sentido, el abogado penalista Luis Lamas Puccio remarcó que, al estar dentro de una investigación preparatoria, la situación del ex director ejecutivo de la empresa Odebrecht en el Perú deberá ser decidida por el juez de control. Es decir, Concepción Carhuancho será el encargado de resolver el tema.
Por otro lado, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria expresó ayer su solidaridad y respaldo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ello luego de que el Congreso de la República admitiera a trámite dos denuncias constitucionales en su contra.
“Es preocupante que se le haya hecho esta acusación [a Sánchez] por el solo hecho de cumplir sus funciones. Se debe dejar que la fiscalía cumpla su papel de persecución del delito. Los demás poderes del Estado deben respetar las decisiones de los órganos del sistema de justicia”, concluyó Concepción Carhuancho.
El juez Richard Concepción decidió no excluir del proceso fiscal a Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht, sin previa intervención judicial por el caso de la constructora brasileña.
Para el magistrado, la disposición del fiscal Hamilton Castro, a cargo de investigar el caso Lava Jato, contraviene el artículo 339.2 del Código Procesal Penal, vigente en Lima para los delitos de corrupción.
El magistrado Concepción subraya que si bien el fiscal es el titular de la acción penal, y como tal conduce desde su inicio la investigación del delito, “una vez que instaura investigación preparatoria en contra de un determinado imputado, no podrá excluirlo sin previa intervención judicial”.
Además, señala que si el fiscal considera que Barata fue incluido de manera indebida, en base a sus propias declaraciones como colaborador eficaz, bajo el entendido de que estas no pueden ser usadas en su contra, debió solicitar ante el juzgado su exclusión, para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse y emitir la decisión de corresponda.
El ex representante de la empresa Odebrecht en el Perú es investigado por los presuntos de tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado. “De ser el caso que el pedido sea planteado, el juzgado convocaría a una audiencia y resolvería de inmediato”, sostuvo el magistrado.
La declaración de Marcelo Odebrecht demorará en llegar al Perú y la colaboración eficaz de Jorge Barata seguirá congelada. El juez Richard Concepción Carhuancho anuló la resolución del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que consideró a Barata solo como colaborador eficaz y ya no como procesado.
Concepción consideró que el fiscal no puede tomar esa decisión y decretó que Barata siga procesado en el Perú.
Como consecuencia de esa determinación, mantuvo el embargo de las cuentas del directivo brasileño en el país.
La resolución judicial tendrá repercusión en la colaboración eficaz de Barata.
También retrasará la llegada al Perú de la declaración que el 9 de noviembre último, Marcelo Odebrecht ofreció a la Fiscalía.
A fines de octubre, el despacho del fiscal Castro archivó la investigación a Barata para activar su colaboración eficaz. Esta se mantiene congelada desde junio pasado.
El 24 de octubre último, el equipo del fiscal Hamilton Castrodictaminó que Barata sea solo colaborador y archivó el proceso penal en su contra, notificando esta decisión al Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
Concepción Carhuancho, a través de la resolución Nº 44 en el expediente 16-2017, dice que eso no es posible, que la Fiscalía no lo puede excluir.
Castro deberá solicitar al fiscal la exclusión de Barata.
Conforme a la declaración de Marcelo Odebrecht, solo Barata puede confirmar o descartar si la constructora apoyó las campañas de Alan García, Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Para el juez Richard Concepción la disposición del fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato, contraviene el artículo 339.2 del Código Procesal Penal.
El magistrado Concepción subraya que “una vez que instaura investigación preparatoria en contra de un determinado imputado, no podrá excluirlo sin previa intervención judicial”. Señala que si el fiscal considera que Barata fue incluido de manera indebida, en base a sus propias declaraciones como colaborador eficaz y bajo el entendido de que estas no pueden ser usadas en su contra, debió solicitar ante el juzgado su exclusión, para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse y emitir la decisión de corresponda.
Los representantes de Fuerza Popular sostienen que estas no están siendo investigadas, ya que la empresa Graña y Montero aseguró que no ha sido notificada de alguna pesquisa.
Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, aseguró que sí están siendo investigadas.
La pregunta entonces es ¿quién tiene la razón? Fuentes del Ministerio Público han confirmado a El Comercio que las empresas Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales vienen siendo objeto de análisis y peritajes respecto de sus inversiones y finanzas.
Incluso, el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, declaró que “sí existe una investigación a los consorciados [de Odebrecht] a partir de declaraciones de Jorge Barata”, quien es uno de los principales aspirantes a la colaboración eficaz.
En ese sentido, las fuentes explicaron que la ley exige que las declaraciones de Barata, al estar bajo un proceso especial de colaboración, sean corroboradas antes de tomar cualquier medida.
“Lo que se indaga, investiga o corrobora es un hecho de contenido penal informado por el colaborador eficaz. Por eso es que Graña y Montero no puede esperar ser notificada en esta etapa del procedimiento”, dijeron a este Diario.
Por ende, aseveraron que al término de la etapa de verificación se decidirá si se abre o no una investigación preliminar a las mencionadas empresas.
De llegar a esta nueva etapa, las personas naturales y jurídicas investigadas recién serán notificadas.
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, señaló al inicio de su mensaje que "en esa declaración, (Marcelo Odebrecht) se queja de que, a pesar de su colaboración con la justicia peruana, ésta solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, desde el poder Judicial, la Fiscalía, el Legislativo y, desde luego, el poder Ejecutivo ", dijo.
La República mar 14 nov
Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales todavía no son notificadas, pero se encuentran en el centro de una investigación del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre el pago de sobornos realizados por la Constructora Odebrecht en el Perú.
La investigación, según conoció La República, se inició en febrero, luego de recibir la declaración del ex funcionario de Odebrecht Jorge Barata, como parte de los actos de corroboración.
A fin de verificar lo dicho por el colaborador Barata y el contenido de los mencionados acuerdos de reparto de utilidades, el equipo del fiscal Hamilton Castro dispuso realizar una peritajes y recabar información en forma reservada, de acuerdo a la Ley de Colaboración Eficaz.
Ante la denuncia de Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la inactividad del Ministerio Público en este caso, Sánchez y el fiscal Hamilton Castro han confirmado que existe una investigación para establecer la participación de las empresas consorciadas en el pago de sobornos.
Al respecto, el gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Luis Díaz Olivero, remitió ayer una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores en la que indica que "a la fecha, no hemos recibido notificación alguna en la cual se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas investigaciones". Este documento fue utilizado por algunos congresistas para decir que el fiscal de la Nación y Castro habían mentido y que no hay una investigación.
En la fiscalía responden que existe un sinnúmero de actas, disposiciones y peritajes realizados que demuestran la existencia de esta indagación reservada desde hace varios meses.
Anotaron que al tratarse de la corroboración de la declaración de un colaborador eficaz, las constructoras no han sido notificadas del procedimiento especial al no ser parte. Los consorcios serán notificados si se corrobora lo dicho por el colaborador y se formaliza una investigación. Antes no se les puede notificar, dicen, de un procedimiento del que no son parte, explican en la fiscalía.
Según fuentes de la Fiscalía de la Nación, la investigación fiscal tiene tres fases:
1. Indagación / corroboración (no se notifica porque proviene de información sensible de colaboradores eficaces).
2. Investigación preliminar (se notifica).
3. Investigación preparatoria (se notifica).
El fiscal Hamilton Castro aclaró que las empresas consorciadas de Odebrecht se hallan en el primer nivel de investigación.
La mayoría fujimorista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Héctor Becerril dijo que la razón es que “hasta ahora no se ha hecho nada por investigar a las empresas consorciadas con la brasileña Odebrecht”.
La subcomisión tiene 15 integrantes, de los cuales la presidenta Takayama y otros 8 parlamentarios son de la bancada fujimorista. Fuerza Popular respaldó, con nueve votos, la propuesta. Cinco congresistas votaron en contra y hubo una abstención del aprista Javier Velásquez, quien presentó una cuestión previa –que fue rechazada– que planteaba que el informe se reformulara.
Yeni Vilcatoma presentó su denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas iirregularidades en su accionar y el de Hamilton Castro para arribar a un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata.
Vilcatoma acusa a Sanchez de haber designado a Hamilton Castro en el Caso Odebrecht, quien supuestamente “a la fecha, no ha iniciado la investigación preliminar” de Graña y Montero y otras empresas.
Afirma que existió una presunta negativa del fiscal Hamilton Castro a incorporar en la investigación preparatoria a las empresas Graña y Montero, JJ Camet y otros, socias de Odebrecht.
Hamilton Castro ha considerado que es una "mentira inadmisible" decir que no existe una investigación a las empresas socias de la firma brasileña. Sostuvo que la indagación se inició con lo que declaró Jorge Barata.
Estrategias post Marcelo Odebrecht
Las denuncias involucran a varios grupos, pero es importante prever las posibles iniciativas del fujimorismo por ser la principal fuerza parlamentaria, con capacidad para adoptar decisiones con un impacto sustancial sobre el destino de la investigación y la preservación del Estado de derecho.
Es probable que el fujimorismo acuse al presidente Pedro Pablo Kuczynski de haber faltado a la verdad en la comisión Lava Jato. El propósito final sería la vacancia. Pero el camino no les será fácil: si le creen tan fielmente a Odebrecht cuando habla de PPK, ¿cómo harán para “no creerle” cuando se refiere al financiamiento de la campaña del fujimorismo en 2011?
Parte de su estrategia también sería destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ya dieron luz verde a una investigación por una acusación constitucional contra Sánchez, que, de prosperar, hará que salgan otros dos fiscales clave: Hamilton Castro, que lidera el equipo Lava Jato, y José Pérez, encargado de investigar a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez.
Un último punto decisivo sería impedir que Barata confirme las acusaciones de su jefe Odebrecht. ¿Cómo podrían lograrlo? Procurando que sigan los juicios abiertos contra Barata por lavado de dinero, bajo la justificación de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta sería la mejor manera de que ya no colabore con la justicia peruana.
Nancy Miller entrevista a Víctor García Toma
-¿El Presidente de la República podría ser acusado si se comprueba que no le dijo toda la verdad a la Comisión Lava Jato?
Respecto a si faltó o no a la verdad, tengo que decir que el problema es que eso no está tipificado como infracción constitucional en el Reglamento del Congreso, y eso es responsabilidad del propio Parlamento.
Mediante la sentencia Nº 0006 del año 2003, que se refiere al caso de [Manuel] Lajo, se le advirtió al Parlamento que para los temas de infracción constitucional no existía un procedimiento. En consecuencia, el TC [Tribunal Constitucional] exhortaba al Congreso a elaborar un procedimiento que debería ser incorporado en su Reglamento.
Lo que ha sucedido es que el Congreso no ha hecho ni el procedimiento ni la tipificación, en consecuencia, cualquier acto que se lleve a cabo para sancionar a una persona por infracción constitucional estaría incurriendo en arbitrariedad, porque no ha cumplido con las exhortaciones de 2003 y de 2012.
-Entonces, ¿el fiscal de la Nación [Pablo Sánchez] tampoco podría ser acusado constitucionalmente?
No procede la acusación… el Congreso no ha cumplido con establecer cuáles son las faltas que considera como infracción constitucional. La incompetencia no es un delito.
La jueza Elizabeth Arias se pronunciará en breve sobre el pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, Mark Vito Villanella, para que se declare finalizado el plazo de investigación preliminar por el caso de los cocteles de Fuerza Popular.
Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos por el dinero obtenido en tres actividades sociales y por la donación de S/ 220,608 que recibieron de la ONG Liberty Institute, durante la campaña electoral de 2016.
A través de sus abogados, Edward García y Eduardo Alcócer, argumetaron que el caso ya lleva 19 meses en curso y, por tanto, la adecuación a la Ley Contra el Crimen Organizado se hizo fuera de plazo. Alcócer dijo que que la Ley Contra el Crimen Organizado se está aplicando en forma retroactiva porque su patrocinado compró dos predios en 2012.
El fiscal José Domingo Pérez informó que falta recabar la declaración de 450 testigos.
Tras conocerse que está listo el proyecto de sentencia en el Tribunal Constitucional declarando infundado el pedido de hábeas corpus para la liberación de Alberto Fujimori, un nuevo miembro se ha incorporado a dicha causa, lo que implicaría que se dilate el caso.
Se trata del magistrado Augusto Ferrero, quien a inicios de setiembre pasado juramentó como integrante del ente constitucional.
Fuentes confiables informaron a La República que el ponente del caso, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, había pensado presentar su borrador de resolución en tres semanas, pero con la incorporación del nuevo juez, se aplazará el debate.
Para empezar, tendrá que acceder al expediente para conocer el tema.
Como se sabe, a mediados de octubre se realizó una audiencia pública donde la abogada que representa a Keiko Fujimori expuso los fundamentos de la solicitud. Y como Ferrero no estuvo en esta diligencia, tiene dos opciones: ver el video de esa sesión o convocar a una nueva audiencia. Lo más probable es que opte por la segunda.
El problema es que esto podría tomar meses, con lo cual quedaría paralizado el proyecto de sentencia, que ya cuenta con cuatro votos que opinan desestimar dicho recurso, precisamente los cuales están siendo investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso El Frontón.
Resulta extraño que Ferrero, habiendo asumido el cargo el 4 de setiembre último, no se haya avocado al caso sino hasta ahora, en que existe una acusación contra cuatro magistrados del TC por el caso El Frontón que busca sus destituciones.
Lo cierto es que al nuevo magistrado le toca decidir si cita a la abogada de Fujimori a una nueva audiencia y cuándo lo hará.
Mucho se especula al respecto, tomando en cuenta que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Milagros Takayama, anunció que la investigación a los magistrados durará máximo un mes, ¿qué pasaría si terminan destituyéndolos? Pues el caso de Alberto Fujimori podría ser visto por los nuevos magistrados nombrados por el Congreso de mayoría fujimorista.
La Comisión Lava Jato, a través de un oficio, volvió a remitir un oficio al presidente Pedro Pablo Kuczynski, reiterando su intención de interrogarlo personalmente.
Dicho documento se envió el último miércoles, y está firmado por la presidenta de dicho grupo, Rosa María Bartra. En la misiva se lee que “se ha determinado que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú no se contrapone al deber del presidente de la República de comparecer personalmente…”.
El pasado 12 de setiembre, la comisión envió un primer oficio a Kuczynski. El 6 de octubre remitió otro con el mismo fin.
Dicho documento fue derivado a la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Úrsula Letona, para que emita una opinión al respecto. El último martes, la Comisión Lava Jato aprobó que se insista citar al jefe de Estado.
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, dialogará con las fuerzas de izquierda (Frente Amplio y Nuevo Perú) y luego presentará el pedido de facultades legislativas. Es decir, el gobierno ya no insistirá en reunirse con los voceros de Fuerza Popular, quienes descartaron el diálogo.
La presentación de la solicitud de facultades delegadas será en dos semanas.
Publicado por Jorge Morelli en 12:05
Etiquetas: "La verdad completa" más allá de la acusación constitucional contra el Fiscal, lo que importa es que Barata diga lo que sabe

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 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 339
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 resolución 
 artículo 339
 resolución 
 artículo 117