Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-15366.htm
Timestamp: 2017-12-17 09:56:41+00:00

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Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifican los Reglamentos generales sobre inscripciÃ³n de empresas y afiliaciÃ³n, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotizaciÃ³n y liquidaciÃ³n de otros derechos de la Seguridad Social; de recaudaciÃ³n de la Seguridad Social, y sobre colaboraciÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, asÃ­ como el Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
Distintos aspectos de la gestiÃ³n de la Seguridad Social cuya competencia estÃ¡ atribuida a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, tales como la inscripciÃ³n y afiliaciÃ³n y la cobertura de los riesgos profesionales e incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, ya sea formalizada por la propia TesorerÃ­a como en relaciÃ³n con la suscrita con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, la cotizaciÃ³n y liquidaciÃ³n, asÃ­ como la recaudaciÃ³n de sus recursos y, finalmente, el patrimonio de la Seguridad Social, son objeto de regulaciÃ³n por diversas disposiciones reglamentarias, de carÃ¡cter general, aprobadas mediante real decreto. Se trata de los Reales Decretos 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social; 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotizaciÃ³n y liquidaciÃ³n de otros derechos de la Seguridad Social; 84/1996, de 26 de enero, aprobatorio del Reglamento general sobre inscripciÃ³n de empresas y afiliaciÃ³n, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, y 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de recaudaciÃ³n de la Seguridad Social. La experiencia y la progresiva mejora tÃ©cnica en la gestiÃ³n de las materias indicadas, por una parte, y la incidencia en algunas de ellas de distintas novedades y reformas normativas, asÃ­ como de la jurisprudencia social y contencioso-administrativa formada al respecto, por otra parte, hacen preciso introducir modificaciones concretas en los reales decretos a que se ha hecho referencia, a fin de actualizar y dotar de mayor eficacia a la gestiÃ³n por ellos regulada. En relaciÃ³n con la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la prestaciÃ³n econÃ³mica por incapacidad temporal por parte de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, es necesario proceder a la reforma de determinados artÃ­culos del Reglamento por el que se regula dicha colaboraciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, al objeto de adecuar su redacciÃ³n a la competencia de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social para la determinaciÃ³n de la contingencia causante de la referida situaciÃ³n de incapacidad temporal, confirmada mediante reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Razones de operatividad y economÃ­a normativa hacen aconsejable abordar las reformas reglamentarias antes expuestas mediante una Ãºnica disposiciÃ³n del mismo rango. En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobaciÃ³n previa del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 2 de septiembre de 2005,
El Reglamento general sobre inscripciÃ³n de empresas y afiliaciÃ³n, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, se modifica en los siguientes tÃ©rminos: Uno. Se adiciona un nuevo pÃ¡rrafo 6.Âº al apartado 1 y se modifican los apartados 3 y 4 del artÃ­culo 10, que quedan redactados del siguiente modo:
Â«6.Âº Respecto del personal interino al servicio de la AdministraciÃ³n de justicia, tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de empresario el departamento ministerial, organismo o dependencia del que aquel perciba sus haberes, sea del Estado o de la comunidad autÃ³noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de dicha AdministraciÃ³n.Â» Â«3. En el RÃ©gimen Especial de Empleados de Hogar, se considerarÃ¡ empresario al titular del hogar familiar o cabeza de familia, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domÃ©sticos. Cuando esta prestaciÃ³n de servicios se realice para un grupo de personas que, sin constituir una familia ni una persona jurÃ­dica, convivan con tal carÃ¡cter familiar en la misma vivienda, asumirÃ¡ la condiciÃ³n de titular del hogar familiar o cabeza de familia la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representaciÃ³n del grupo, que podrÃ¡ recaer de forma sucesiva en cada uno de sus componentes. 4. En el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar se considerarÃ¡ empresario al naviero, armador o propietario de embarcaciones o instalaciones marÃ­timo-pesqueras, a las agrupaciones portuarias de interÃ©s econÃ³mico y a las empresas prestadoras del servicio portuario bÃ¡sico de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancÃ­as, a las corporaciones de prÃ¡cticos de puertos o entidades que las sustituyan, asÃ­ como a cualquier otra persona fÃ­sica o jurÃ­dica, pÃºblica o privada, que emplee trabajadores incluidos en el campo de aplicaciÃ³n de este rÃ©gimen especial, como las cooperativas del mar, las cofradÃ­as de pescadores y sus federaciones y los trabajadores autÃ³nomos respecto de los trabajadores a su cargo. TambiÃ©n tienen la consideraciÃ³n de empresarios a efectos de la inclusiÃ³n en este rÃ©gimen especial las consignatarias de buques, agencias de embarque marÃ­timo o cuantas otras personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas con domicilio en EspaÃ±a contraten y remuneren a trabajadores residentes en EspaÃ±a para prestar servicios en buques de pabellÃ³n extranjero, incluidas las empresas espaÃ±olas participantes en sociedades pesqueras mixtas constituidas en otros paÃ­ses; todo ello sin perjuicio de lo que pueda resultar de los convenios o acuerdos internacionales suscritos por EspaÃ±a.Â».
Dos. El pÃ¡rrafo 3.Âº del apartado 2 del artÃ­culo 11 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3.Âº En todo caso, en la propia solicitud de inscripciÃ³n o en declaraciones anexas a ella, el empresario, cuando concierte separadamente la protecciÃ³n por contingencias profesionales o la cobertura de la prestaciÃ³n econÃ³mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, harÃ¡ constar la entidad gestora y/o la entidad o entidades colaboradoras por las que opta para la cobertura de tales contingencias, asÃ­ como la actividad econÃ³mica de la empresa. Asimismo, el empresario harÃ¡ constar, en la propia solicitud de inscripciÃ³n o en declaraciones anexas a ella, cuantos datos sean precisos para la formalizaciÃ³n del documento de cobertura por la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social cuando la opciÃ³n para la protecciÃ³n por contingencias profesionales o para la cobertura de la prestaciÃ³n econÃ³mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se realice por una entidad gestora. En el caso de que para la protecciÃ³n o cobertura indicadas se hubiera optado por una o varias mutuas, estos datos se comunicarÃ¡n directamente a estas.Â»
Tres. Se suprime el pÃ¡rrafo segundo del pÃ¡rrafo 2.Âº del apartado 3 del artÃ­culo 14, y el pÃ¡rrafo 3.Âº queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3.Âº Si la opciÃ³n u opciones del empresario lo hubiesen sido a favor de una o varias mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social remitirÃ¡ a la mutua o mutuas interesadas, mediante los procedimientos informÃ¡ticos que determine el citado servicio comÃºn, informaciÃ³n sobre la inscripciÃ³n del empresario. Una vez cumplimentados por la mutua, esta remitirÃ¡ al empresario un ejemplar del documento de asociaciÃ³n y, en su caso, del documento de cobertura anexo, en los tÃ©rminos establecidos en el apartado 3.2.Â° anterior, dentro de los 15 dÃ­as siguientes al de su recepciÃ³n y con indicaciÃ³n del correspondiente cÃ³digo de cuenta de cotizaciÃ³n.Â»
Cuatro. El pÃ¡rrafo 4.Âº del apartado 1 del artÃ­culo 17 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«4.Âº En los supuestos en que los empresarios contratistas y subcontratistas tengan el deber de informar a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social conforme a lo establecido en el artÃ­culo 42 del Estatuto de los Trabajadores y en las normas que lo desarrollan.Â»
Cinco. Se adiciona un nuevo tercer pÃ¡rrafo al apartado 1 del artÃ­culo 21 con la redacciÃ³n que se indica a continuaciÃ³n, pasando el actual pÃ¡rrafo tercero a constituir el cuarto:
Â«Igualmente, el nÃºmero de la Seguridad Social a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores se asignarÃ¡ a las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas y a las entidades sin personalidad, como sujetos responsables del ingreso de cuotas y conceptos de recaudaciÃ³n conjunta con ellas o de otros recursos de la Seguridad Social.Â»
Seis. El apartado 3 del artÃ­culo 30 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3. En las solicitudes o procedimientos especiales para la baja de los trabajadores, ademÃ¡s de los datos de identificaciÃ³n del trabajador, incluido el nÃºmero de la Seguridad Social, figurarÃ¡ la fecha de la baja, su causa y los datos relativos a las peculiaridades en materia de cotizaciÃ³n y acciÃ³n protectora y, tratÃ¡ndose de trabajador por cuenta ajena, deberÃ¡n constar los datos de identificaciÃ³n del empresario, incluido el cÃ³digo de cuenta de cotizaciÃ³n al que figure adscrito el trabajador cuya baja se solicita y, en su caso, la fecha de finalizaciÃ³n de las vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalizaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral.Â»
Siete. Se adiciona un nuevo pÃ¡rrafo tercero al ordinal 2.Âº del apartado 1 del artÃ­culo 35, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«No obstante, cuanto la actuaciÃ³n de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social consista en un requerimiento de pago de cuotas o actas de liquidaciÃ³n definitiva en vÃ­a administrativa, siempre que se hubiera efectuado el ingreso de su importe, los efectos del alta se retrotraerÃ¡n, para causar futuras prestaciones, a la fecha de inicio del perÃ­odo de liquidaciÃ³n figurado en el requerimiento o acta.Â».
Ocho. El artÃ­culo 39 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 39. Relativas a la prÃ¡ctica de las inscripciones, afiliaciones, altas, bajas y variaciones presentadas por medios tÃ©cnicos o en AdministraciÃ³n de la Seguridad Social distinta a la del domicilio.
1. Cuando las solicitudes de inscripciÃ³n de empresarios y las de afiliaciÃ³n, alta y baja de trabajadores y de variaciones de datos de unos y otros se presenten por medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos y telemÃ¡ticos se considerarÃ¡n presentadas y resueltas en la AdministraciÃ³n de la DirecciÃ³n Provincial de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social en la que el solicitante haya sido autorizado para su formulaciÃ³n por tales medios tÃ©cnicos. 2. No obstante lo dispuesto en los artÃ­culos 4, 12.1.1.Âº, 27.1.1.Âº, 32.2 y 33.1 de este reglamento general, cuando las solicitudes de inscripciÃ³n de empresarios y las de afiliaciÃ³n, alta y baja de trabajadores y de variaciones de datos de unos y otros se presenten, mediante modelos normalizados, en una AdministraciÃ³n de la Seguridad Social distinta de aquella en la que el sujeto obligado a su formulaciÃ³n tenga su domicilio, la AdministraciÃ³n que las haya recibido podrÃ¡ practicar la inscripciÃ³n, afiliaciÃ³n, alta, baja o variaciÃ³n de datos de que se trate. Ãnicamente las solicitudes formuladas en modelos normalizados sobre las que la AdministraciÃ³n de la Seguridad Social ante la que se hayan presentado no pueda dictar en el propio acto de presentaciÃ³n la resoluciÃ³n expresa que proceda porque hayan de ser tenidos en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos por los interesados en aquellas solicitudes, se remitirÃ¡n a la AdministraciÃ³n de la DirecciÃ³n Provincial de la TesorerÃ­a en la que el sujeto obligado a su formulaciÃ³n tenga su domicilio.Â»
Nueve. Se adiciona un segundo pÃ¡rrafo al apartado 1 del artÃ­culo 41, con la redacciÃ³n que se indica a continuaciÃ³n, pasando el actual pÃ¡rrafo segundo a constituir el tercero:
Â«En el supuesto de realizaciÃ³n simultÃ¡nea de dos o mÃ¡s actividades que den lugar a la inclusiÃ³n en el RÃ©gimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, el alta en dicho rÃ©gimen, asÃ­ como la cotizaciÃ³n a este, serÃ¡n Ãºnicas y se practicarÃ¡n por aquella de las actividades que elija el propio interesado. No obstante, si este hubiera optado por acogerse a la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se estarÃ¡ a lo dispuesto en el apartado 3.1.Âº del artÃ­culo 47 de este reglamento general.Â»
Diez. El artÃ­culo 42 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 42. De la afiliaciÃ³n y alta de los extranjeros.
1. A efectos de la afiliaciÃ³n y el alta para su inclusiÃ³n en el sistema y en el correspondiente rÃ©gimen de Seguridad Social en los tÃ©rminos previstos en la ley, se equiparan a los espaÃ±oles los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en EspaÃ±a y hayan obtenido una autorizaciÃ³n administrativa previa para trabajar, en los casos en que sea legal o reglamentariamente exigible. Para tal inclusiÃ³n, las solicitudes de afiliaciÃ³n y alta de los trabajadores extranjeros, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, deberÃ¡n acompaÃ±arse de la documentaciÃ³n acreditativa de su nacionalidad y, a excepciÃ³n de aquellos a los que resulte de aplicaciÃ³n la normativa comunitaria, de la correspondiente autorizaciÃ³n para trabajar o del documento que acredite la excepciÃ³n de la obligaciÃ³n de obtenerla, ademÃ¡s de los datos y documentos requeridos para las de los trabajadores espaÃ±oles. 2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, los trabajadores por cuenta ajena extranjeros de paÃ­ses que hayan ratificado el Convenio nÃºmero 19 de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo, de 5 de junio de 1925, que presten sus servicios sin encontrarse legalmente en EspaÃ±a y sin autorizaciÃ³n para trabajar o documento que acredite la excepciÃ³n a la obligaciÃ³n de obtenerla, se considerarÃ¡n incluidos en el sistema espaÃ±ol de Seguridad Social y en alta en el rÃ©gimen que corresponda a los solos efectos de la protecciÃ³n frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicaciÃ³n, a los mismos efectos de protecciÃ³n, del principio de reciprocidad expresa o tÃ¡citamente reconocida. Los extranjeros que, precisando de autorizaciÃ³n administrativa previa para trabajar, desempeÃ±en una actividad en EspaÃ±a careciendo de dicha autorizaciÃ³n, no estarÃ¡n incluidos en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan considerarse incluidos a efectos de la obtenciÃ³n de determinadas prestaciones de acuerdo con lo establecido en la ley.Â»
Once. Se adiciona un segundo pÃ¡rrafo al ordinal 1.Âº del apartado 3 del artÃ­culo 47, con la redacciÃ³n que se indica a continuaciÃ³n, pasando el actual pÃ¡rrafo segundo a constituir el tercero:
Â«En el supuesto de que los trabajadores que hubieran optado por la cobertura de las contingencias profesionales realicen varias actividades que dieran lugar a una Ãºnica inclusiÃ³n en este rÃ©gimen especial, dichas inclusiÃ³n y cobertura se practicarÃ¡n por aquella de sus actividades a la que resulte aplicable el epÃ­grafe de cotizaciÃ³n mÃ¡s alto entre los recogidos en el anejo 2 del Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa de primas para la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A tal efecto, los trabajadores deberÃ¡n formular una declaraciÃ³n de sus distintas actividades ante la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social en el momento de ejercitar la opciÃ³n por la protecciÃ³n por contingencias profesionales o, de producirse la pluriactividad despuÃ©s de esa opciÃ³n, en los tÃ©rminos y con los efectos seÃ±alados en los artÃ­culos 28 y 37 de este reglamento, y se darÃ¡ cuenta de ella a la entidad colaboradora con la que se formalice o se haya formalizado la cobertura de las referidas contingencias.Â»
Doce. El artÃ­culo 50 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 50. En el RÃ©gimen Especial para la MinerÃ­a del CarbÃ³n.
Los empresarios, en los documentos para solicitar el alta de sus trabajadores en el RÃ©gimen Especial para la MinerÃ­a del CarbÃ³n, deberÃ¡n hacer constar la categorÃ­a profesional y el coeficiente reductor de la edad de jubilaciÃ³n aplicable a ellos. Asimismo, en el plazo establecido en el apartado 3.2.Âº del artÃ­culo 32 de este reglamento general, deberÃ¡n comunicar a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social las variaciones de tales datos, con independencia de la causa que las motive, asÃ­ como los dÃ­as en que los trabajadores hayan faltado al trabajo por causas que no sean las que tengan por motivo la baja mÃ©dica por enfermedad comÃºn o profesional y accidente, sea o no de trabajo, y las autorizadas por las normas laborales correspondientes con derecho a retribuciÃ³n.Â»
Trece. El apartado 2 del artÃ­culo 63 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«2. Los actos de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social en las materias reguladas en este reglamento podrÃ¡n ser impugnados en la forma, plazos y demÃ¡s condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciÃ³n Contencioso-administrativa.Â»
El Reglamento general sobre cotizaciÃ³n y liquidaciÃ³n de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, se modifica en los siguientes tÃ©rminos: Uno. El apartado 2 del artÃ­culo 19 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«2. Cuando en las liquidaciones de cuotas por contingencias profesionales presentadas por las empresas que tengan suscrito documento de asociaciÃ³n con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, asÃ­ como en las liquidaciones de cuotas por contingencias comunes y por conceptos de recaudaciÃ³n conjunta con ellas se hayan aplicado la compensaciÃ³n de prestaciones abonadas en rÃ©gimen de pago delegado o las deducciones a que se refiere el artÃ­culo 17, aunque sean de concesiÃ³n automÃ¡tica por imperio de la ley, la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social efectuarÃ¡ la comprobaciÃ³n de las operaciones aritmÃ©ticas figuradas en los datos o documentos de cotizaciÃ³n y cada entidad gestora o servicio comÃºn de la Seguridad Social o entidad colaboradora de esta comprobarÃ¡ la procedencia y exactitud de las compensaciones y deducciones aplicadas en los datos o documentos de cotizaciÃ³n cuando estas sean con cargo a su respectivo presupuesto. A estos efectos, la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social remitirÃ¡ a la entidad gestora o colaboradora interesada en la gestiÃ³n de las distintas contingencias y conceptos de recaudaciÃ³n conjunta tales datos o documentos para que aquella proceda a la comprobaciÃ³n y control de la exactitud de las deducciones y compensaciones. Dicha entidad darÃ¡ cuenta, en su caso, a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social de las resoluciones firmes dictadas al respecto para la reclamaciÃ³n administrativa del importe que proceda.Â»
Dos. Los pÃ¡rrafos b), c) y d) del apartado 1.B) del artÃ­culo 23 quedan redactados en los siguientes tÃ©rminos:
Â«b) No tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de percepciones econÃ³micas en especie los bienes, derechos o servicios especificados en el apartado 2 del artÃ­culo 46 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, asÃ­ como en los artÃ­culos 41, 42, 43 y 44 de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, en los tÃ©rminos y condiciones establecidos en dichos artÃ­culos. c) Las percepciones en especie, a efectos de cotizaciÃ³n, se valorarÃ¡n en la forma establecida para cada una de ellas en el artÃ­culo 47 del citado texto refundido y en los artÃ­culos 45 y 46 del reglamento aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio. d) Las cantidades en dinero o los productos en especie entregados por el empresario a sus trabajadores como donaciones promocionales y, en general, con la finalidad exclusiva de que un tercero celebre contratos con aquel, no se incluirÃ¡n en la base de cotizaciÃ³n, siempre que dichas cantidades o el valor de los productos no excedan de la cuantÃ­a equivalente a dos veces el importe del indicador pÃºblico de renta de efectos mÃºltiples (IPREM) mensual vigente en cada ejercicio, sin incluir la parte correspondiente de las pagas extraordinarias.Â»
Tres. Los pÃ¡rrafos segundos de los pÃ¡rrafos a), b) y c) del apartado 2.A) del artÃ­culo 23 quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«Estos gastos de manutenciÃ³n y estancia no se computarÃ¡n en la base de cotizaciÃ³n cuando se hallen exceptuados de gravamen conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6 del artÃ­culo 8.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio.Â» Â«Los gastos de locomociÃ³n, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, estarÃ¡n excluidos de la base de cotizaciÃ³n en los supuestos y con el alcance establecidos en los apartados A). 2, 4, 5 y 6 y B) del artÃ­culo 8 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio.Â» Â«En todo caso, estos pluses, que a efectos de cotizaciÃ³n Ãºnicamente necesitarÃ¡n justificaciÃ³n cuando estÃ©n estipulados individualmente en contrato de trabajo, estarÃ¡n excluidos de la base de cotizaciÃ³n siempre que su cuantÃ­a no exceda en su conjunto del 20 por ciento del IPREM mensual vigente en el momento del devengo, sin incluir la parte correspondiente a pagas extraordinarias, computÃ¡ndose, en otro caso, en dicha base el exceso resultante.Â»
Cuatro. El pÃ¡rrafo segundo del apartado 2.C) del artÃ­culo 23 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«Estas cantidades e indemnizaciones quedarÃ¡n excluidas de la base de cotizaciÃ³n cuando, computadas en su conjunto, no excedan del 20 por ciento del IPREM mensual vigente en el momento del devengo, sin incluir el prorrateo de las pagas extraordinarias. En el supuesto de percibirse con periodicidad superior a la mensual, aquÃ©llas serÃ¡n prorrateadas en los tÃ©rminos indicados en el apartado 1.A) de este artÃ­culo y quedarÃ¡n excluidas de la base de cotizaciÃ³n cuando no excedan del 20 por 100 de dicho IPREM mensual, sin incluir la parte correspondiente de las pagas extraordinarias.Â»
Cinco. El pÃ¡rrafo b) del apartado 2.D) del artÃ­culo 23 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«b) Los productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas serÃ¡n valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1.B).c) de este artÃ­culo y quedarÃ¡n excluidos de la base de cotizaciÃ³n siempre que su valoraciÃ³n conjunta no exceda del 20 por ciento de la cuantÃ­a del IPREM mensual vigente en el momento de su devengo, sin incluir la parte correspondiente a pagas extraordinarias. El exceso sobre la cuantÃ­a indicada serÃ¡ computado en la base de cotizaciÃ³n.Â»
Seis. El pÃ¡rrafo b) del apartado 2.F) del artÃ­culo 23 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«b) En las asignaciones asistenciales a que se refiere este apartado se considerarÃ¡n incluidas las siguientes: 1.Âº La entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 12.000 euros anuales y en las demÃ¡s condiciones establecidas en el artÃ­culo 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio. 2.Âº Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador o asimilado dispuestos por instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualizaciÃ³n, capacitaciÃ³n o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las caracterÃ­sticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestaciÃ³n efectiva se efectÃºe por otras personas o entidades especializadas. Cuando dichos gastos no vengan exigidos por el desarrollo de aquellas actividades o caracterÃ­sticas y sean debidos por norma, convenio colectivo o contrato de trabajo, siempre que se justifique su realizaciÃ³n y cuantÃ­a serÃ¡n considerados retribuciones en especie en los tÃ©rminos establecidos en el apartado 1.B) de este artÃ­culo. En ambos supuestos, los gastos de manutenciÃ³n y estancia asÃ­ como de locomociÃ³n se regirÃ¡n por lo previsto en los pÃ¡rrafos a) y b) del apartado 2.A) de este artÃ­culo. 3.Âº Las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carÃ¡cter social, teniendo dicha consideraciÃ³n las fÃ³rmulas directas o indirectas de prestaciÃ³n del servicio, admitidas por la legislaciÃ³n laboral, en las que concurran los requisitos establecidos en el artÃ­culo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio. No obstante, si por convenio colectivo resultara posible la sustituciÃ³n del servicio de comedor por entrega dineraria, esta Ãºnicamente formarÃ¡ parte de la base de cotizaciÃ³n en el exceso resultante de la aplicaciÃ³n de las reglas contenidas en los apartados 1 y 2.1.Âº de dicho artÃ­culo. 4.Âº La utilizaciÃ³n de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado, teniendo dicha consideraciÃ³n, entre otros, los espacios y locales, debidamente homologados por la AdministraciÃ³n pÃºblica competente, destinados por los empresarios o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educaciÃ³n infantil a los hijos de sus trabajadores, asÃ­ como la contrataciÃ³n de dicho servicio con terceros debidamente autorizados. 5.Âº Las primas o cuotas satisfechas por el empresario en virtud de contrato de seguro de accidente laboral, enfermedad profesional o de responsabilidad civil del trabajador, asÃ­ como las primas o cuotas satisfechas por aquel a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad comÃºn del trabajador y, para este Ãºltimo caso, en los tÃ©rminos y con los lÃ­mites establecidos en los artÃ­culos 46.2.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y 44 del reglamento de dicho Impuesto. 6.Âº La prestaciÃ³n del servicio de educaciÃ³n preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formaciÃ³n profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carÃ¡cter gratuito o por precio inferior al normal de mercado. 7.Âº Aquellas otras asignaciones que expresamente se establezcan por ley o en ejecuciÃ³n de ella. Las asignaciones a que se refieren los apartados anteriores, que reÃºnan los requisitos y hasta las cuantÃ­as que en ellos se indican, no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de percepciones en especie a efectos de lo dispuesto en el apartado 2.D) de este artÃ­culo. El exceso sobre dichas cuantÃ­as serÃ¡ objeto de inclusiÃ³n en la base de cotizaciÃ³n.Â»
Siete. El tÃ­tulo de la secciÃ³n 2.Âª del capÃ­tulo III queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«SecciÃ³n 2.Âª Aportaciones a los servicios comunes de la Seguridad SocialÂ»
Ocho. El artÃ­culo 75 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 75. Sujetos obligados a realizar estas aportaciones.
1. EstÃ¡n obligadas a efectuar las aportaciones establecidas para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, colaboren en la gestiÃ³n de las contingencias profesionales, a fin de contribuir a la financiaciÃ³n del coste de la asunciÃ³n por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social de las funciones que tenÃ­an atribuidas los extinguidos servicios comunes y sociales de esta. 2. Asimismo estÃ¡n obligadas a efectuar dichas aportaciones las empresas autorizadas para colaborar voluntariamente en la gestiÃ³n de la asistencia sanitaria y de la incapacidad temporal derivadas de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, a fin de contribuir a la financiaciÃ³n del coste del desempeÃ±o de las funciones de los servicios comunes de la Seguridad Social y como contribuciÃ³n, asimismo, a los demÃ¡s gastos generales del sistema y a la satisfacciÃ³n de las exigencias de la solidaridad nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artÃ­culo 77 del citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.Â»
Nueve. El artÃ­culo 78 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 78. Criterios para la liquidaciÃ³n de capitales coste de pensiones y otras prestaciones.
1. La determinaciÃ³n del valor actual del capital coste de las pensiones, asÃ­ como del importe de los intereses de capitalizaciÃ³n, del recargo por falta de aseguramiento y, en su caso, del recargo por ingreso fuera de plazo y del interÃ©s de demora que procedan y que deban ingresar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o las empresas declaradas responsables de prestaciones a su cargo, serÃ¡ efectuada por la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social. 2. Para la determinaciÃ³n de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones econÃ³micas de carÃ¡cter periÃ³dico, derivadas tanto de contingencias comunes como profesionales, de las que sean declaradas responsables las empresas y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por resoluciÃ³n administrativa o judicial, por los conceptos que integran dicha responsabilidad conforme al artÃ­culo 69 del Reglamento general de recaudaciÃ³n de la Seguridad Social, se aplicarÃ¡n en el cÃ¡lculo actuarial los siguientes criterios tÃ©cnicos: a) Las tablas de mortalidad y supervivencia utilizadas deberÃ¡n ser representativas del riesgo al que estÃ¡ sometido el colectivo al que van a aplicarse y estar ajustadas mediante tÃ©cnicas estadÃ­sticas, actuariales o ambas. Dichas tablas, que se actualizarÃ¡n o reelaborarÃ¡n antes del transcurso de 20 aÃ±os contados desde la fecha a que estÃ¡n referidos los datos de poblaciÃ³n utilizados en su elaboraciÃ³n, serÃ¡n aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual podrÃ¡ aÃ±adir los criterios tÃ©cnicos adicionales que considere necesarios para una mÃ¡s precisa valoraciÃ³n financiero-actuarial, asÃ­ como actualizar periÃ³dicamente tales criterios. b) El tipo de interÃ©s tÃ©cnico o de actualizaciÃ³n aplicable se seleccionarÃ¡ con criterios de prudencia y de acuerdo con previsiones de evoluciÃ³n de la economÃ­a a largo plazo, de forma que permita obtener unos valores estimados con desviaciones mÃ­nimas sobre los valores reales observados. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijarÃ¡ la tasa nominal de interÃ©s tÃ©cnico aplicable. c) La tasa de revalorizaciÃ³n de prestaciones aplicada deberÃ¡ guardar la necesaria coherencia con el tipo de interÃ©s tÃ©cnico a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, de forma que la tasa real resultante se ajuste convenientemente a las condiciones del entorno econÃ³mico. Dicha tasa de revalorizaciÃ³n se fijarÃ¡ anualmente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 3. Las tablas y tasas de interÃ©s y, en su caso, de revalorizaciÃ³n, a que se refiere el apartado anterior, serÃ¡n asimismo aplicables por la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social en las liquidaciones de capitales coste de pensiones y otras prestaciones econÃ³micas de carÃ¡cter periÃ³dico distintas de las del sistema de Seguridad Social, en los supuestos en que asÃ­ se haya establecido o no se atribuya expresamente su determinaciÃ³n a otro organismo de aquella. 4. El importe de las cantidades a tanto alzado o prestaciÃ³n de cuantÃ­a fija o periÃ³dica no vitalicias, de las que hayan sido declaradas responsables las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o las empresas, serÃ¡ determinado por la resoluciÃ³n o acuerdo en que se reconozca el derecho a ellas. Cuando estas prestaciones no deban pagarse directamente a los beneficiarios, sino a travÃ©s de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, esta Ãºnicamente efectuarÃ¡ las operaciones aritmÃ©ticas de liquidaciÃ³n necesarias para la recaudaciÃ³n del importe total de aquellas, conforme a lo dispuesto en los artÃ­culos 69 y siguientes del Reglamento general de recaudaciÃ³n de la Seguridad Social, sin perjuicio de las funciones de comprobaciÃ³n y control que, sobre las prestaciones debidas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, le estÃ¡n atribuidas.Â»
El Reglamento general de recaudaciÃ³n de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, se modifica en los siguientes tÃ©rminos: Uno. El segundo pÃ¡rrafo del apartado 1 del artÃ­culo 71 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«Los reintegros o devoluciones a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior se imputarÃ¡n con cargo al presupuesto de la respectiva entidad gestora de la Seguridad Social, salvo la parte del capital coste de renta no consumida que serÃ¡ objeto de devoluciÃ³n con cargo al presupuesto de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, cuando lo hubiera percibido.Â»
Dos. El segundo pÃ¡rrafo del apartado 1 del artÃ­culo 75 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«El importe de dichos reintegros o devoluciones se imputarÃ¡n con cargo al presupuesto de la citada entidad gestora de la Seguridad Social, salvo la parte del capital coste de renta no consumida que serÃ¡ objeto de devoluciÃ³n con cargo al presupuesto de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, cuando lo hubiera percibido.Â»
Tres. El apartado 3 del artÃ­culo 92 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3. No se embargarÃ¡n los bienes de cuya realizaciÃ³n se presuma, a juicio del recaudador ejecutivo, que su producto ha de resultar insuficiente para la cobertura del coste de dicha realizaciÃ³n, lo que se harÃ¡ constar en el expediente por medio de diligencia. No obstante, si una vez practicado el embargo quedase acreditada dicha circunstancia, el recaudador ejecutivo, previa autorizaciÃ³n del Director Provincial de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, podrÃ¡ realizar el levantamiento del embargo practicado, del que dejarÃ¡ constancia en el expediente mediante la oportuna diligencia.Â»
Cuatro. El apartado 2 del artÃ­culo 96 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«2. Si se trata de depÃ³sitos de dinero constituidos en cuentas denominadas a plazos, el embargo se efectuarÃ¡ conforme a las reglas establecidas en el apartado anterior, pero el ingreso de las cantidades retenidas deberÃ¡ realizarse en la fecha indicada en Ã©l o al dÃ­a siguiente del fin del plazo establecido, segÃºn cual sea posterior. No obstante, si el depositante obligado al pago estuviera facultado para disponer anticipadamente del dinero depositado, al notificar la diligencia de embargo se le advertirÃ¡ de la posibilidad que tiene de hacer uso de tal facultad frente a la entidad depositaria, segÃºn las condiciones que se hubieran establecido y, si hiciera uso de dicha facultad, el ingreso en la cuenta de la TesorerÃ­a General dela Seguridad Social se producirÃ¡ al dÃ­a siguiente de la cancelaciÃ³n; en tal caso, se minorarÃ¡ el saldo en la cantidad que proceda por la disposiciÃ³n anticipada.Â»
Cinco. El apartado 2 del artÃ­culo 120 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«2. Si en el acto de celebraciÃ³n de subasta concurriese alguna persona interesada en participar en la licitaciÃ³n que no hubiera presentado en plazo postura en sobre cerrado ni constituido el depÃ³sito necesario, podrÃ¡ ser admitida a participar en ella si constituye en el acto un depÃ³sito del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta. A tal fin, se abrirÃ¡ un plazo por el tiempo imprescindible para que los que deseen licitar constituyan el depÃ³sito necesario, advirtiÃ©ndoles que, en tal caso, se entenderÃ¡ ofrecida una postura igual al 75 por ciento del tipo de subasta. No serÃ¡ admitida como licitador ninguna persona desde que la mesa haya hecho pÃºblica la existencia de posturas presentadas por escrito.Â»
Seis. El primer pÃ¡rrafo del apartado 3 del artÃ­culo 120 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3. Hecha pÃºblica por la presidencia la existencia o no de ofertas presentadas por escrito, con indicaciÃ³n de los lotes o bienes a que afecten, con carÃ¡cter previo a la apertura de los sobres que las contengan convocarÃ¡ a los licitadores para que formulen de viva voz posturas iguales o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenaciÃ³n, con la participaciÃ³n, en su caso, de los que presentaron su oferta en sobre cerrado, que se identificarÃ¡n en este momento, y se anunciarÃ¡n por el secretario las sucesivas posturas que vayan haciÃ©ndose con sujeciÃ³n a los tramos fijados. La puja se darÃ¡ por terminada cuando, repetida hasta por tercera vez la mÃ¡s alta, no haya quien la supere, adjudicÃ¡ndose el bien al mejor postor, si no hubiese ofertas en sobre cerrado.Â»
Siete. El pÃ¡rrafo a) del apartado 5 del artÃ­culo 120 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«a) Se aprobarÃ¡ el remate en favor de la mejor postura, cuando esta supere el 60 por ciento del tipo de la subasta o cuando, siendo inferior, cubra al menos el importe de la deuda, incluyendo recargos, intereses y costas causadas. En este Ãºltimo caso y tratÃ¡ndose de bienes inmuebles, no procederÃ¡ su adjudicaciÃ³n cuando la mejor postura sea inferior al 25 por ciento del tipo de subasta.Â»
Ocho. Se adiciona un segundo pÃ¡rrafo al artÃ­culo 7 del artÃ­culo 120, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«El Director Provincial, excepcionalmente y en atenciÃ³n a la valoraciÃ³n de las circunstancias concurrentes en cuanto a importe de la deuda, valor de los bienes y posibilidades de cobro, podrÃ¡ acordar en el supuesto previsto en este apartado la adjudicaciÃ³n directa de los bienes no adjudicados en los tÃ©rminos establecidos por el Reglamento general de recaudaciÃ³n, asÃ­ como el mantenimiento de las anotaciones preventivas de embargo en tanto no se produzca la extinciÃ³n definitiva del crÃ©dito perseguido.Â»
ArtÃ­culo cuarto. ModificaciÃ³n del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
El Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, se modifica en los siguientes tÃ©rminos: Uno. Se modifica el pÃ¡rrafo segundo y se adicionan tres nuevos pÃ¡rrafos, tercero, cuarto y quinto, en el apartado 4 del artÃ­culo 12, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Cuando el uso o disfrute de un inmueble se encuentre compartido por dos o mÃ¡s entidades gestoras de la Seguridad Social, la administraciÃ³n y participaciÃ³n de estas en los gastos seÃ±alados en el pÃ¡rrafo anterior se determinarÃ¡ mediante acuerdo o protocolo de actuaciÃ³n suscrito entre ellas. Cuando el inmueble sea utilizado parcialmente por la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, su administraciÃ³n corresponderÃ¡ a dicho servicio comÃºn, el cual, mediante acuerdo con las demÃ¡s entidades usuarias, podrÃ¡ determinar la participaciÃ³n en los gastos seÃ±alados. En el supuesto de que el inmueble utilizado se encuentre arrendado a un tercero, la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social ejercerÃ¡ su administraciÃ³n, como titular de los derechos derivados de los contratos de arrendamiento. Si el uso del inmueble estuviese compartido, la participaciÃ³n en los gastos podrÃ¡ llevarse a cabo mediante el acuerdo entre las entidades usuarias. En defecto de los acuerdos o protocolos de actuaciÃ³n a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores, la administraciÃ³n del inmueble serÃ¡ ejercida por la entidad que utilice mayor superficie del inmueble y la participaciÃ³n en los gastos se prorratearÃ¡ entre las entidades usuarias en proporciÃ³n a la superficie que ocupe cada una de ellas en el inmueble.Â»
Dos. Los apartados 1, 2 y 3 del artÃ­culo 15 quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. La enajenaciÃ³n de bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social requerirÃ¡ la previa autorizaciÃ³n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuando su valor econÃ³mico, segÃºn tasaciÃ³n pericial, no exceda de 20 millones de euros y la del Consejo de Ministros en los demÃ¡s casos. 2. En el expediente de enajenaciÃ³n deberÃ¡ incluirse la tasaciÃ³n pericial del inmueble que a tal efecto se haya efectuado. En todos los casos el precio de venta del inmueble deberÃ¡ ser igual o superior a dicha tasaciÃ³n. 3. La enajenaciÃ³n de bienes inmuebles se realizarÃ¡ mediante subasta pÃºblica. No obstante, previa autorizaciÃ³n del Consejo de Ministros o del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales segÃºn el valor del inmueble seÃ±alado en el apartado 1, la enajenaciÃ³n podrÃ¡ llevarse a cabo mediante adjudicaciÃ³n directa en los siguientes supuestos: a) Cuando el adquirente sea otra AdministraciÃ³n pÃºblica o, en general, cualquier persona de derecho pÃºblico o privado del sector pÃºblico. A estos efectos, se entenderÃ¡ por persona jurÃ­dica de derecho privado perteneciente al sector pÃºblico la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participaciÃ³n, directa o indirecta, de una o varias Administraciones pÃºblicas o personas jurÃ­dicas de derecho pÃºblico. b) Cuando el adquirente sea una entidad de carÃ¡cter asistencial sin Ã¡nimo de lucro, declarada de utilidad pÃºblica, o bien se trate de una iglesia, confesiÃ³n o comunidad religiosa legalmente reconocida. c) Cuando fuera declarada desierta una subasta pÃºblica o esta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido mÃ¡s de un aÃ±o desde su celebraciÃ³n. En caso de incumplimiento por el adjudicatario, podrÃ¡ realizarse la enajenaciÃ³n a favor del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta mÃ¡s ventajosa o proceder a su enajenaciÃ³n directa, cuyas condiciones no podrÃ¡n ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicaciÃ³n. d) Cuando se trate de fincas rÃºsticas que no lleguen a constituir una superficie econÃ³micamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza y la venta se efectÃºe a un propietario colindante. e) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o mÃ¡s propietarios y la venta se efectÃºe a favor de uno o mÃ¡s copropietarios. Cuando varios interesados se encontraran en un mismo supuesto de adjudicaciÃ³n directa, se resolverÃ¡ atendiendo al interÃ©s general concurrente en el caso concreto.Â»
Tres. El apartado 2 del artÃ­culo 16 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines y respecto de los cuales se acredite la no conveniencia de su enajenaciÃ³n o explotaciÃ³n podrÃ¡n ser cedidos en uso para fines de utilidad pÃºblica o de interÃ©s de la Seguridad Social por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta del Director General de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social y previa comunicaciÃ³n a la DirecciÃ³n General del Patrimonio del Estado. Si los bienes inmuebles cedidos no fuesen destinados al uso previsto dentro del plazo seÃ±alado en el acuerdo de cesiÃ³n, dejaran de serlo posteriormente o el cesionario no cumpliera las condiciones fijadas en dicho acuerdo, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la entidad gestora o colaboradora y de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, declararÃ¡ resuelta la cesiÃ³n y acordarÃ¡ su reversiÃ³n a esta, y el cesionario deberÃ¡ abonar el valor de los deterioros experimentados en los bienes, previa tasaciÃ³n pericial. La aceptaciÃ³n por la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social del uso o usufructo de bienes inmuebles a favor de alguna entidad gestora o servicio comÃºn de la Seguridad Social requerirÃ¡ autorizaciÃ³n previa del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta de la entidad gestora o servicio comÃºn favorecido por el uso o disfrute.Â»
Cuatro. Se adiciona un nuevo pÃ¡rrafo al apartado 1 del artÃ­culo 17, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Cuando el inmueble arrendado estÃ© ocupado por entidades distintas a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social y aquellas prevean dejarlo libre con anterioridad al tÃ©rmino pactado, lo comunicarÃ¡n a dicho servicio comÃºn con una antelaciÃ³n mÃ­nima de tres meses a la fecha prevista para el desalojo.Â»
Cinco. El apartado 3 del artÃ­culo 17 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«3. Los arrendamientos a que se refieren los dos apartados anteriores deberÃ¡n concertarse mediante concurso pÃºblico, salvo en aquellos casos en que a juicio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o del de Sanidad y Consumo, si se trata de arrendamientos que afecten al Instituto Nacional de GestiÃ³n Sanitaria, quede acreditada en el expediente la necesidad o conveniencia de concertarlos de modo directo debido a las peculiaridades de la necesidad que se ha de satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contrataciÃ³n debida a acontecimientos imprevisibles o la especial idoneidad del bien para el cumplimiento de los fines de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Cuando la contrataciÃ³n del arrendamiento se realice mediante adjudicaciÃ³n directa, serÃ¡ preceptivo el informe previo de la IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social.Â».
ArtÃ­culo quinto. ModificaciÃ³n del Reglamento sobre colaboraciÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
El Reglamento sobre colaboraciÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995,de 7 de diciembre, se modifica en los siguientes tÃ©rminos: Uno. El pÃ¡rrafo segundo del apartado 2 del artÃ­culo 61 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«Corresponde a la mutua de que se trate la expediciÃ³n de los partes mÃ©dicos de baja, confirmaciÃ³n de baja y alta, asÃ­ como la declaraciÃ³n del derecho al subsidio, su denegaciÃ³n, suspensiÃ³n, anulaciÃ³n y declaraciÃ³n de extinciÃ³n, en los procesos de incapacidad temporal derivados de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondientes a los trabajadores dependientes de las empresas asociadas comprendidos en el Ã¡mbito de la gestiÃ³n de la mutua, en los tÃ©rminos establecidos en la normativa reguladora del rÃ©gimen de la Seguridad Social aplicable. Asimismo, le corresponde acordar las sucesivas bajas, confirmaciÃ³n de baja y alta, expedidas en los procesos originados por las mismas patologÃ­as que causaron procesos derivados de las indicadas contingencias correspondientes a dichos trabajadores, en los tÃ©rminos y con el alcance antes mencionados, asÃ­ como la declaraciÃ³n del derecho al subsidio, su denegaciÃ³n, suspensiÃ³n, anulaciÃ³n y declaraciÃ³n de extinciÃ³n.Â»
Dos. El pÃ¡rrafo tercero del apartado 1 del artÃ­culo 80 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«La declaraciÃ³n del derecho a la prestaciÃ³n econÃ³mica y su mantenimiento se efectuarÃ¡ previa comprobaciÃ³n de todos los hechos y condiciones establecidos en el artÃ­culo 128 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y del cumplimiento de los requisitos previstos en el artÃ­culo 130 de la misma ley, asÃ­ como de los especÃ­ficos establecidos para esta prestaciÃ³n en los distintos regÃ­menes especiales que regulan el acceso al derecho de los trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio del control sanitario de las altas y las bajas mÃ©dicas por parte de los servicios pÃºblicos de salud en los tÃ©rminos y con el alcance establecidos en el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril.Â»
Tres. El pÃ¡rrafo segundo del apartado 2 del artÃ­culo 87 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«Corresponde a la mutua de que se trate la expediciÃ³n de los partes mÃ©dicos de baja, confirmaciÃ³n de baja y alta, asÃ­ como la declaraciÃ³n del derecho al subsidio, su denegaciÃ³n, suspensiÃ³n, anulaciÃ³n y declaraciÃ³n de extinciÃ³n, en los procesos de incapacidad temporal derivados de las referidas contingencias profesionales relativos a los trabajadores por cuenta propia adheridos, en los tÃ©rminos establecidos en la normativa reguladora del rÃ©gimen de la Seguridad Social aplicable. Asimismo, le corresponde acordar las sucesivas bajas, confirmaciÃ³n de baja y alta, expedidas en los procesos originados por las mismas patologÃ­as que causaron procesos derivados de las indicadas contingencias correspondientes a dichos trabajadores, en los tÃ©rminos y con el alcance antes mencionados, asÃ­ como la declaraciÃ³n del derecho al subsidio, su denegaciÃ³n, suspensiÃ³n, anulaciÃ³n y declaraciÃ³n de extinciÃ³n.Â»
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social.
Las referencias efectuadas a las aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social, por parte de mutuas y empresas colaboradoras en su gestiÃ³n, en los artÃ­culos 7.c), 71.2, 76.2 y 87.3 del Reglamento sobre colaboraciÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre; en los artÃ­culos 76 y 77 del Reglamento general sobre cotizaciÃ³n y liquidaciÃ³n de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre; en los artÃ­culos 1, 67 y 68, asÃ­ como en el tÃ­tulo de la secciÃ³n 1.Âª del capÃ­tulo III del tÃ­tulo II del Reglamento general de recaudaciÃ³n de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, y en otras normas de igual o inferior rango, se entenderÃ¡n hechas a las aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Subsistencia de tablas y tasas para la determinaciÃ³n de capitales coste de pensiones y otras prestaciones de carÃ¡cter periÃ³dico de la Seguridad Social.
Las tablas de mortalidad y las tasas de interÃ©s vigentes para efectuar los cÃ¡lculos actuariales precisos para la determinaciÃ³n de capitales coste, aprobadas por el Decreto 3581/1962, de 27 de diciembre, y demÃ¡s normas complementarias, a excepciÃ³n del porcentaje en concepto de gastos de tramitaciÃ³n y gestiÃ³n en la capitalizaciÃ³n, continuarÃ¡n siendo de aplicaciÃ³n hasta la fecha en que entre en vigor la orden ministerial por la que se fijen los nuevos criterios tÃ©cnicos aplicables para el cÃ¡lculo de su importe, en desarrollo de lo previsto al respecto por el artÃ­culo 78 del Reglamento general sobre cotizaciÃ³n y liquidaciÃ³n de otros derechos de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por este real decreto.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Vigencia de las sociedades estatales de estiba y desestiba.
La referencia que en el artÃ­culo 10.4 del Reglamento general sobre inscripciÃ³n de empresas y afiliaciÃ³n, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por el artÃ­culo primero.uno de este real decreto, se realiza a las agrupaciones portuarias de interÃ©s econÃ³mico deberÃ¡ entenderse tambiÃ©n efectuada a las sociedades estatales de estiba y desestiba hasta tanto no culmine el proceso de transformaciÃ³n de estas sociedades en dichas agrupaciones, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 1 del Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se ha ampliado el plazo para la referida transformaciÃ³n establecido en la disposiciÃ³n adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de rÃ©gimen econÃ³mico y de prestaciÃ³n de servicios de los puertos de interÃ©s general.
DisposiciÃ³n final primera. Desarrollo.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar cuantas disposiciones de carÃ¡cter general sean necesarias para la aplicaciÃ³n y desarrollo de lo previsto en este real decreto.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a primero del mes siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», salvo lo dispuesto en el apartado cinco de su artÃ­culo primero, que entrarÃ¡ en vigor al aÃ±o de dicha publicaciÃ³n.

References: Real Decreto 
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