Source: http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2011/africa.shtml
Timestamp: 2017-07-25 14:57:21+00:00

Document:
Naciones Unidas Portada Documentos seleccionados África América Asia Europa Oriente Medio La infancia y el conflicto armado Tribunales Penales Internacionales Corte Internacional de Justicia La cooperación regional Los métodos de trabajo Mantenimiento de la Paz No proliferación Operaciones de mantenimiento de la paz Consolidación de la Paz Los civiles y el conflicto armado Terrorismo Las mujeres, la paz y la seguridad África
Misión del Consejo El Consejo llevó a cabo una misión de envergadura en el África subsahariana del 19 al 26 de mayo de 2011. Susan Rice (Estados Unidos) y Vitaly Churkin (Federación de Rusia), que lideraron la misión en el Sudán y en Sudán del Sur respectivamente, informaron al Consejo el 6 de junio, justo antes de la independencia de este último. Martin Briens (Francia) informó sobre Addis Abeba, mientras que Mark Lyall Grant (Reino Unido) y Baso Sangqu (Sudáfrica) describieron el segmento de Nairobi, durante el cual se dialogó sobre la situación en Somalia.
Los oradores declararon que en el Sudán, la misión había destacado la vital importancia de llegar a un acuerdo sobre los asuntos pendientes del Acuerdo General de Paz, tanto para el Sudán como para Sudán del Sur, con anterioridad a la independencia de Sudán del Sur el 9 de julio. También se habían reunido con Thabo Mbeki, Presidente del Grupo de Alto Nivel encargado de la aplicación de las recomendaciones para el Sudán y ex presidente de Sudáfrica. La misión pasó entonces a Addis Abeba (Etiopía) para asistir a la reunión anual con los funcionarios de la Unión Africana. Libia, Côte d'Ivoire, el Sudán y Somalia fueron algunos de los temas que se trataron.
En Nairobi, la misión se había reunido con representantes de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS), entre otros. Los funcionarios de Kenia, por su parte, habían descrito la situación en Somalia como una amenaza para la paz y la seguridad en la región, y volvieron a solicitar que se aumentaran los niveles de efectivos de la AMISOM a 20.000. También habían pedido una mayor asistencia en la lucha contra la piratería que se originaba en Somalia y que dominaba la costa este de África, así como ayuda con la afluencia de refugiados provenientes del país vecino, asolado por los conflictos. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10271 ). La paz y la seguridad en África En línea con su habitual práctica en materia de África, el Consejo abordó algunos asuntos considerados de vital importancia para la paz y la estabilidad en todo el continente, además de asuntos relativos a regiones y países específicos. En la primera de las cuatro sesiones pertinentes, el Consejo escuchó una exposición informativa de Zachary Muburi-Muita, Secretario General Adjunto y Presidente de la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana. La Oficina, creada por la Asamblea General en 2010, integra todas las actividades de la antigua oficina de enlace de las Naciones Unidas, el antiguo Equipo de apoyo al Mantenimiento de la Paz de la Unión Africana y el antiguo Equipo de Planificación de las Naciones Unidas para la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). (Véase el Comunicado de Prensa SC/10288 ).
Muburi-Muita, dirigiéndose al Consejo por primera vez en su nuevo cargo, habló de las medidas puestas en marcha para ampliar la alianza estratégica entre las Naciones Unidas y la Unión Africana en cuestiones de interés común, incluyendo el mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz tras los conflictos, y para erigir el perfil del organismo internacional como un aliado vital de las instituciones regionales africanas en la creación de capacidad. Informó de que la Oficina de las Naciones ante la Unión Africana (UNOAU), con la participación activa del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, estaba realizando una sólida transición hacia una «operación nueva, ágil y autosuficiente», establecida en Addis Abeba, y que para el 31 de julio habría contratado a 61 miembros del personal de los 63 autorizados.
Dijo que su experiencia en la cooperación entre las dos organizaciones demuestra que ambas se enfrentan mejor a las crisis en el continente cuando se mantienen unidas y hablan al unísono. Al mismo tiempo, nadie sabía mejor que los miembros del Consejo de Seguridad que la mediación en los conflictos es «todo un reto, sobre todo cuando hay que coordinar los diferentes agentes, iniciativas y organizaciones, cada una desempeñando su papel correspondiente». Por ello, uno de los objetivos clave de la UNOAU era reforzar la coordinación con las instituciones de la Unión Africana y mejorar su capacidad para alcanzar la paz en el continente.
Cuando el Consejo tomó la palabra en esa sesión, la representante de Nigeria destacó que era importante tener en cuenta que, si bien los organismos regionales como la Unión Africana tenían la voluntad política requerida, no disponían de suficientes recursos para llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz a largo plazo. Con demasiada frecuencia, sus miembros reunían suficiente personal de mantenimiento de la paz, pero veían socavados sus esfuerzos por la falta de recursos. Añadió que los conflictos armados de hoy en día requieren una respuesta mayor y más matizada, e insistió en que un mayor apoyo no crea dependencia. De hecho —dijo—, una alianza más fuerte y una mayor cooperación en el despliegue de personal civil experto es primordial para dicha alianza, y expresó su esperanza de que la apertura de la UNOAU contribuyera a un enfoque más sistemático y menos reactivo en las operaciones conjuntas de mantenimiento de la paz.
En la sesión del 19 de octubre, en la que se abordó la creciente amenaza de la piratería en el Golfo de Guinea, el Consejo acogió con beneplácito la decisión del Secretario General de desplegar una misión de evaluación para examinar el alcance del problema, que es cada vez mayor, y para que hiciese recomendaciones respecto a las medidas contra la piratería, también en el contexto más amplio de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. La sesión incluyó asimismo exposiciones informativas por parte de la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Asuntos Políticos de la Comisión del Golfo de Guinea y del Comisionado de la CEDEAO para Asuntos Políticos, Paz y Seguridad. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10415 ).
En su intervención, el Secretario General Ban Ki-moon afirmó que se había registrado un aumento de los casos de piratería y robo a mano armada a bordo de buques a lo largo de la costa de África Occidental. La amenaza se veía agravada por la capacidad limitada de los Estados del Golfo de Guinea para garantizar el comercio marítimo seguro, la libre navegación, la protección de los recursos marinos y la seguridad de las vidas humanas y la propiedad. Añadió que se debía tratar la cuestión de manera integral, centrándose en la seguridad, el estado de derecho y el desarrollo al mismo tiempo, y que las respuestas que no alcanzasen estos requisitos no harían más que empeorar el problema.
Menos de dos semanas después, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 2018 (2011), en la que condenó todos los actos de piratería y robo a mano armada en el mar cometidos frente a las costas de los Estados del Golfo de Guinea También hizo un llamamiento a los Estados de la CEDEAO, a los miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) y a los de la Comisión del Golfo de Guinea, junto con los Estados del pabellón y los Estados de nacionalidad de las víctimas o los autores de actos de piratería o robo a mano armada en el mar, para que colaborasen en el enjuiciamiento de los presuntos autores, incluidos quienes faciliten y financien tales actos. Asimismo, acogió con beneplácito la intención de convocar una cumbre con los jefes de Estado del Golfo de Guinea para plantear una respuesta integral.
El 5 de diciembre, el Consejo dirigió su atención a la situación en el Cuerno de África. El Consejo, preocupado por el posible uso del sector minero de Eritrea como fuente de financiación para desestabilizar la subregión de África Oriental, reforzó el régimen de sanciones impuesto sobre el país para evitar que los fondos provenientes del sector minero contribuyesen a las continuas violaciones de tales medidas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10471 ).
Al aprobar la resolución 2023 (2011) en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones (China y la Federación de Rusia), el Consejo exigió que Eritrea pusiese fin a todos los esfuerzos directos o indirectos por desestabilizar otros Estados. Se decidió que los Estados «tomarían medidas apropiadas para promover el ejercicio de la vigilancia» en las operaciones comerciales con el sector minero de Eritrea. Para tal fin, el Consejo solicitó al Comité de sanciones que se ocupaba de Somalia y Eritrea que redactara las directrices para el ejercicio de la diligencia debida para uso opcional por parte de los Estados, con la asistencia del Grupo de Supervisión de Somalia/Eritrea.
El Consejo también decidió ampliar el mandato del Grupo de Supervisión para cubrir las disposiciones del nuevo documento, así como la exigencia de que Eritrea facilitase información sobre los combatientes de Djibouti desaparecidos en combate del 10 al 12 de junio de 2008. Pidió a todos los Estados que informasen en el plazo de 120 días sobre las medidas tomadas para aplicar la resolución, y al Secretario General que informase en el plazo de 180 días sobre el grado de cumplimiento de Eritrea bajo el régimen de sanciones. El Consejo afirmó que de esa forma se mantendrían las acciones de Eritrea bajo continua vigilancia, así como su disposición para reforzar, modificar o levantar las sanciones sobre la base del cumplimiento.
Burundi A la vez que el Consejo seguía supervisando el progreso de Burundi hacia la estabilidad y la salud socioeconómica, se hizo patente en dos exposiciones informativas conjuntas que, a pesar de la extrema pobreza, el excesivo desempleo y los incidentes violentos aislados, el panorama general político y de seguridad de este país del este de África es «tranquilo», y se espera mucho de la visión a largo plazo del Gobierno. Karin Landgren, la Representante Especial del Secretario General y jefa de la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi (BNUB), que lleva un año en funcionamiento, dijo el 7 de diciembre que el camino que conduce al fin de la violencia es largo y difícil. Burundi es un país que ha sufrido muchos años de conflictos, y merece ser encomiado por sus esfuerzos. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10473 ).
Añadió que había que destacar el deseo del Gobierno de dialogar con los partidos que no están representados en el Parlamento y de contribuir a la implantación de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos y de la Oficina del Ombudsman, así como de aprobar un proyecto de ley para establecer una comisión de la verdad y la reconciliación. Sin embargo, se mostró preocupada por el hecho de que el proyecto de ley no tomaba en consideración las recomendaciones nacionales de incluir a los no burundianos y los representantes de la sociedad civil, entre otros, como miembros de la comisión. También suscitaron preocupación las restricciones a la independencia de los medios, la sociedad civil y el poder judicial, y recordó que los asesinatos por motivos políticos habían enturbiado los esfuerzos por consolidar la paz. La BNUB había registrado 11 casos más de presuntas ejecuciones extrajudiciales, con lo que el número total ascendía a 57 en el periodo entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2011, prosiguió Landgren, e instó a todos las partes a rechazar la violencia.
Adolphe Nahayo, Director de organizaciones regionales e internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Burundi, dijo en la misma sesión que parte del problema de la violencia en su país era el fácil acceso a las armas ilícitas, a lo que se sumaban la porosidad de las fronteras y los depósitos de armas que ya existían. Con respecto a la justicia y el estado de derecho, aseguró a los asociados de Burundi que se resolverían los casos pendientes ante los Tribunales, a pesar de las limitaciones financieras que en ocasiones habían ralentizado el proceso.
Cuando el Consejo se reunió meses antes, Paul Seger (Suiza), Presidente de la configuración de Burundi de la Comisión de Consolidación de la Paz, dijo que el acontecimiento reciente más importante era la conclusión del documento final de la revisión del marco estratégico de consolidación de la paz, que debía estar unido al documento estratégico sobre la reducción de la pobreza a nivel nacional. Sin embargo, advirtió de que la Comisión no podía hacerlo todo, y señaló que consolidar una cultura de diálogo y democracia a la vez que promover la buena gobernanza y el estado de derecho era el principal reto. Él piensa que van por el buen camino, pero también que aún queda trabajo por hacer. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10254 ).
El Consejo terminó el año con la aprobación de la resolución 2027 (2011), por la que ampliaba hasta el 15 de febrero de 2013 el mandato de la BNUB para continuar su apoyo al Gobierno en las esferas del desarrollo socioeconómico, la reintegración de la población afectada por los conflictos y la profundización en la integración regional del país. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10496 ).
Región de África Central Las amenazas transfronterizas de África Central, como el Ejército de Resistencia del Señor, la piratería, el tráfico ilícito de drogas y armas pequeñas, la extracción furtiva de recursos y el regreso masivo de refugiados, fueron los puntos centrales de dos exposiciones informativas de Abou Moussa, jefe de la recién implantada Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA). El 18 de agosto, el Sr. Moussa exhortó al Consejo a proporcionar un firme apoyo a los esfuerzos de su Oficina y de los Estados de la región por hacer frente a tales amenazas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10363 ).
El Consejo, tras aceptar el 14 de noviembre el primer informe de la UNOCA y un informe especial del Secretario General sobre las zonas afectadas por el Ejército de Resistencia del Señor, emitió una declaración de la Presidencia en la que condenaba los ataques del grupo armado, conocido por el secuestro generalizado de niños y el desplazamiento de unas 450.000 personas en la región, y exigió el fin inmediato de estos actos. Ese mismo día, el Sr. Moussa dijo que las operaciones militares dirigidas por los Estados afectados debían estar coordinadas para asegurar la contención del Ejército de Resistencia del Señor y evitar su dispersión. Añadió que la incipiente arquitectura regional por la paz y la seguridad debía colaborar en ese y otros esfuerzos, y que merecía el apoyo internacional. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10446 ). República Centroafricana En la primera de las tres sesiones del Consejo de Seguridad sobre la República Centroafricana, el funcionario de las Naciones Unidas de categoría superior advirtió de que una implosión en el país —que constituye la intersección de varias zonas críticas de conflicto y se ve afectado por la inseguridad de los países vecinos, el Sudán y República Democrática del Congo— tendría «el impacto de un cataclismo en toda la región, y restaría valor a las inversiones que se han hecho para proteger a los países vecinos». Sin embargo, Margaret Vogt, Representante Especial del Secretario General y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA), señaló que, salvo en las situaciones más extremas, se había conseguido mucho en los dos años que llevaba activa la BINUCA (desde enero de 2010). (Véase el Comunicado de Prensa SC/10311 ).
Añadió que se habían creado varias instituciones de gobernanza y se habían promulgado leyes clave, a la vez que se había ampliado la libertad de prensa, a pesar de los reveses ocurridos recientemente, cuando dos periodistas fueron detenidos. También que la situación general de seguridad se mantenía en calma, aunque inestable, sobre todo fuera de Bangui, la capital. Insistió en que el país aún se enfrentaba a graves problemas, como la pobreza extrema, la debilidad de las instituciones nacionales, el alto índice de delincuencia violenta perpetrada por movimientos armados y bandidos, las violaciones de los derechos humanos y la impunidad. En un contexto así —subrayó— los problemas más importantes eran la administración política tras las elecciones legislativas y presidenciales, la aplicación de los acuerdos de paz con los grupos rebeldes y el desarme y la reintegración sostenibles de los excombatientes, en el marco de la reforma general del sector de la seguridad.
A mediados de diciembre, la Sra. Vogt volvió al Consejo con otra advertencia: mientras que la dinámica positiva iniciada entre el Gobierno de la República Centroafricana y los grupos político-militares suponía una verdadera oportunidad para la paz, la falta de financiación para completar el desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes, así como para comenzar la segunda fase de la reforma del sector de la seguridad, podría hacer que el país volviese a estar al borde del desastre. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10488 ).
Advirtió además que si no se hallan los recursos para completar el desarme en el norte y el noreste, donde todas las partes político-militares esperaban impacientes el desarme de sus fuerzas, podría volver a estallar la violencia y la seguridad se vería afectada, en una región en la que los desplazamientos eran peligrosos incluso en circunstancias normales. El Gobierno necesitaba en torno a 3 millones de dólares para completar el desarme nacional y cerca de 19 millones para la reintegración —añadió Vogt, que reiteró el llamamiento urgente del Secretario General al apoyo por parte de la comunidad internacional, que se encuentra en su último informe sobre la República Centroafricana y las actividades de la BINUCA (documento S/2011/739 ) —.
Jan Grauls (Bélgica), en su intervención en la misma sesión en calidad de Presidente de la configuración para la República Centroafricana de la Comisión de Consolidación de la Paz, se mostró de acuerdo y habló de la incertidumbre en torno a los esfuerzos de financiación del desarme, desmovilización y reintegración como un desafío apremiante y de primer orden. Hablando sobre el futuro, basándose en su visita al país en octubre, destacó que, gracias al compromiso de apoyo a la reintegración, el Gobierno había conseguido desarmar y desmovilizar a los rebeldes del oeste y había firmado un acuerdo con la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP).
Dijo que mantener tal compromiso era sumamente deseable, que el Fondo para la Consolidación de la Paz y el Banco Mundial estudiarían formas de contribuir también, y que otros posibles donantes deberían actuar de igual manera. Además, advirtió de que, aunque el Gobierno ya había logrado avances considerables en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y había llevado a la mesa de negociaciones a la CPJP para que se adhiriese al Acuerdo General de Paz de Libreville, la seguridad del país estaba vinculada a la de la subregión, que podría revertir los frágiles progresos logrados hasta el momento. El Ejército de Resistencia del Señor y los nuevos mercenarios procedentes de Libia, que a menudo se unían a grupos armados, eran algunas de las amenazas a la estabilidad. Destacó que los Jefes de estados vecinos tuvieron una gran oportunidad para abordar el problema de la inseguridad subregional y su impacto en la República Centroafricana.
El Consejo concluyó su consideración de la República Centroafricana durante lo que quedaba de año al aprobar la resolución 2031 (2011), en la que expresaba su preocupación por el vacío de seguridad en muchas partes del país y por los continuos informes de violaciones de los derechos humanos. También amplió el mandato de la BINUCA hasta el 31 de enero de 2013. La resolución acogía con beneplácito la finalización de la estrategia nacional para la reintegración de excombatientes, pero señalaba con preocupación la ausencia de una estrategia nacional creíble y viable para la reforma del sector de la seguridad. También hacía un llamamiento al Gobierno para que retomase el diálogo constructivo con la BINUCA sobre ese asunto, teniendo en cuenta la hoja de ruta que había elaborado para contribuir a reactivar el proceso. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10501 ).
Côte d'Ivoire Cuando comenzó el nuevo año, Côte d'Ivoire aún estaba inmersa en una dramática crisis política desencadenada por unas controvertidas elecciones presidenciales a finales de noviembre de 2010. Laurent Gbagbo, que durante mucho tiempo fue presidente del país, perdió la última vuelta de las elecciones contra el antiguo Primer Ministro Alassane Ouattara, pero aun cuando éste ya se había proclamado ganador, Gbagbo, alegando fraude electoral, se negó a dejar el poder y volvió a prestar juramento. El Consejo reaccionó a la violencia que se había desatado tras la confrontación mediante el despliegue de 2.000 soldados adicionales para la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI) hasta el 30 de junio de 2011 (Véase el Comunicado de Prensa SC/10156 ).
El Consejo, que aprobó de manera unánime la resolución 1967 (2011) en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, también prorrogó hasta el 30 de junio el despliegue de cientos de efectivos del personal militar y de policía, así como la redistribución temporal de tres compañías de infantería y dos helicópteros militares de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) a la ONUCI, por un periodo adicional de cuatro semanas. También decidió autorizar el traspaso temporal de la UNMIL a la ONUCI de tres helicópteros armados con tripulación para un periodo de cuatro semanas. Apenas un mes después, el Consejo prorrogó el despliegue temporal a tres meses adicionales, en virtud de la resolución 1968 (2011). (Véase el Comunicado de Prensa SC/10176 ).
A finales de marzo, las fuerzas leales a los líderes de los grupos políticos estancados provocaron enfrentamientos armados en las calles de Abidján y Tiebissou, y miles de personas empezaron a abandonar el país. El Consejo, expresando su profunda preocupación, exigió el fin inmediato de los brotes violentos contra la población civil e impuso estrictas sanciones al Sr. Gbagbo y sus asociados, a la vez que reafirmó el mandato de la ONUCI para proteger a la población civil, evitando el uso de armamento pesado contra ella, entre otras medidas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10215 ).
Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1975 (2011), el Consejo citó a cinco personas, entre ellas al Sr. Gbagbo, que aparecían en una lista en un anexo del texto y cumplían los criterios establecidos en la resolución 1572 (2004) sobre personas que obstruyeran el proceso de paz y la reconciliación nacional, el trabajo de la ONUCI y cometiesen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. También condenó la decisión del Sr. Gbagbo de no aceptar la solución política global propuesta por el Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana, y le instó a abandonar el cargo de inmediato.
Cinco días antes, Atul Khare, Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, había transmitido al Consejo una petición de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) para que tomase medidas más estrictas contra el Sr. Gbagbo. Señaló que la ONUCI había informado de 462 asesinatos entre mediados de diciembre y el 23 de marzo, además de, al menos, 502 detenciones y arrestos arbitrarios, en algunos casos con tortura, y al menos 72 desaparecidos. El Sr. Khare dijo que los líderes regionales habían dejado claro que el deterioro de la situación de la seguridad y las graves condiciones de los derechos humanos eran una consecuencia directa de la negativa del Presidente Laurent Gbagbo a ceder el poder al Sr. Alassane Ouattara, vencedor reconocido universalmente de las elecciones del 28 de noviembre de 2010. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10212 ).
La sangrienta confrontación, que duró cuatro meses, terminó el 11 de abril con el arresto del Sr. Gbagbo, tras lo cual tuvo lugar el asedio de su territorio de Abidján. En la primera sesión de las dos que celebró el Consejo ese mes, Choi Young-Jin, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la ONUCI, dijo al organismo de 15 miembros que la crisis había sido absolutamente innecesaria. Côte d'Ivoire se enfrentaba a problemas decisivos, como el restablecimiento del orden, la prevención de nuevos abusos de los derechos humanos, la reconciliación nacional y la consolidación y culminación del proceso de paz. Añadió que el 11 de abril de 2011 debía ser recordado como el fin de una perversión demagógica y orwelliana por parte de un régimen que había intentado subir al poder por medios militares. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10223 ).
En la reunión informativa también estuvieron presentes Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Valerie Amos, Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios, que comunicó al Consejo que, pese al arresto del Sr. Gbagbo, la situación humanitaria seguía siendo muy preocupante. Tras su viaje, durante el que también visitó la vecina Liberia, dijo que la crisis en Côte d'Ivoire tenía efectos de gran alcance en la región, que no disminuirían sin un esfuerzo enérgico y sostenido por parte de la comunidad humanitaria.
El Consejo aprobó rápidamente la resolución 1980 (2011), con la que ampliaba hasta el 30 de abril de 2012 el embargo de armas y la prohibición de comerciar con diamantes en el país, además de las sanciones específicas por las que se restringían los viajes y transacciones financieras de las personas que amenazasen la paz y la reconciliación nacional. También decidió revisar tales medidas antes del 31 de octubre de 2011, con vistas a la posible modificación, supresión o mantenimiento de todas o algunas de ellas según progresase el proceso de paz, los acontecimientos relacionados con las violaciones de los derechos humanos y las elecciones parlamentarias. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10236).
En las dos reuniones siguientes sobre Côte d'Ivoire, el Consejo se centró en reforzar el mandato de la ONUCI después de la crisis. El 13 de mayo, en virtud de la resolución 1981 (2011), el Consejo amplió el mandato de la Operación hasta el 21 de junio de 2011, y autorizó al Secretario General a ampliar hasta el 30 de junio de 2011 el redespliegue temporal de equipo de la UNMIL a la ONUCI. También autorizó el redespliegue temporal de tres compañías de infantería, una unidad de aviación constituida por dos helicópteros militares de uso general y tres helicópteros armados con tripulación. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10251) .
El 27 de junio, el Consejo prorrogó de nuevo el redespliegue temporal de unidades de infantería y aviación de la UNMIL a la ONUCI, en esta ocasión hasta el 31 de julio. Al aprobar la resolución 1992 (2011), el Consejo acogió con beneplácito las operaciones y planificación conjuntas de las misiones, tanto en Côte d'Ivoire como a lo largo de la frontera con Liberia, y prorrogó el despliegue a 2.000 efectivos más del personal militar. También prorrogó el despliegue de capacidad adicional de efectivos militares y de policía autorizados en virtud de la resolución 1942 (2010), a la vez que autorizaba la prórroga del despliegue de tres helicópteros armados con tripulación de la UNMIL a la ONUCI hasta el 30 de septiembre.
El Secretario General, preocupado por la frágil situación de seguridad en Côte d'Ivoire y a lo largo de la frontera occidental con Liberia, instó al Consejo a la actuación. En una carta al Consejo (documento S/2011/351) declaró que, como los helicópteros militares de uso general debían haber sido devueltos a la UNMIL antes del 30 de junio, la Secretaría estaba estudiando varias opciones para desplegar una unidad de reemplazo, al menos para el periodo de las elecciones legislativas, habida cuenta de la situación de seguridad extremadamente frágil y del alto riesgo de nuevos conflictos o brotes violentos que requerirían capacidad de transporte suficiente para el rápido despliegue de la fuerza de reserva de la ONUCI.
El Representante Especial Choi volvió al Consejo el 18 de julio y advirtió de que, aunque los esfuerzos de reconciliación nacional, los preparativos de las elecciones legislativas y los avances en la recuperación económica iban por buen camino, la rápida restauración de la ley y el orden era de vital importancia para asegurar que tales procesos se pudiesen llevar a cabo. Dijo que se sentían optimistas, pues el Presidente Ouattara y su equipo, que habían demostrado tener una gran paciencia y sangre fría durante la crisis, estaban trabajando día y noche para afrontar los retos posteriores a la crisis por el bien del pueblo de Côte d'Ivoire, y añadió que se debía desarrollar un proyecto claro para el establecimiento de una estructura nacional de seguridad que permitiese el despliegue eficaz de policías y gendarmes, así como el regreso de los militares a los cuarteles.
En la misma reunión, Youssoufou Bamba (Côte d'Ivoire) dijo que los acontecimientos del 21 de mayo, que habían llevado al ascenso al poder del Presidente Ouattara, habían marcado el regreso oficial del estado de derecho y la vida normal. El nuevo Gobierno constituido por todos los partidos políticos —excepto el del Sr. Gbagbo, el Frente Popular de Côte d'Ivoire (FPI), que decidió no participar— se había reunido con el Presidente los días 5 y 6 de julio para desarrollar 14 estrategias a corto plazo destinadas a cubrir las necesidades inmediatas.
Subrayó que el Presidente Ouattara había heredado un estado de impunidad en el que todo debía ser reconstruido, y que por ello el nuevo líder había creado el Ministerio de Derechos Humanos y Libertades Públicas, cuyo fin era asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales del sector de la seguridad, y a la vez reforzar la capacidad judicial, administrativa y policial. Insistió en que, sin embargo, el objetivo no era tratar a los miembros del régimen anterior de manera inhumana, y reafirmó la determinación del Presidente de asegurar el respeto a todos los derechos humanos.
Con respecto a las elecciones legislativas, pidió que se mantuviese la función de certificación de la ONUCI y que la misión siguiese apoyando la Comisión Electoral Independiente. También subrayó que el empleo juvenil sería indispensable, y que los proyectos de efecto rápido de la ONUCI contribuirían a la regeneración económica. Añadió que debía ampliarse el mandato de la Operación, ya que Côte d'Ivoire aún dependía de la asistencia de las Naciones Unidas.
República Democrática del Congo El Consejo se reunió ocho veces a lo largo del año para tratar la situación en la República Democrática del Congo (dos de las cuales en sesiones privadas con los países que proporcionan contingentes a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo [MONUSCO]), y se centró principalmente en ayudar al país a hacer frente a las perturbaciones causadas por los grupos armados, y en los preparativos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 28 de noviembre.
Roger Meece, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la MONUSCO, dijo al Consejo el 8 de febrero que, a pesar de los progresos en la consolidación de la estabilidad, debía mantenerse el apoyo internacional para acabar con la violencia contra la población civil y facilitar las elecciones. «Con este apoyo y, al mismo tiempo, consciente de los continuos retos y dificultades, mantengo el optimismo en el sentido de que, con la participación y un apoyo constantes, avanzaremos por el camino hacia el logro de la seguridad y las condiciones estables que el pueblo de [República Democrática del] Congo y la región tanto merecen», dijo. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10166 ). Según el Sr. Meece, los grupos armados extranjeros y nacionales suponen las mayores amenazas en el este de la República Democrática del Congo, los cuales «siguen actuando como fuerzas depredadoras incorporando con frecuencia el uso de la violación u otros tipos de violencia como arma contra los civiles». Mientras tanto, también se había informado acerca de muchos casos de violaciones cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y la policía nacional congoleña. La MONUSCO había estado colaborando estrechamente con las autoridades nacionales para hacer frente a tales abusos, y el número de sospechosos arrestados en este sentido había aumentado considerablemente.
Tras la reunión, Atoki Ileka (República Democrática del Congo) confirmó la «buena relación» entre su Gobierno y la MONUSCO, y declaró que se había conseguido mucho con la ayuda de la Misión, aunque aún quedaban problemas importantes por abordar. Añadió que la violencia contra la mujer y los efectos del VIH/SIDA en la paz y la seguridad eran asuntos clave que preocupaban al Gobierno, y se mostró optimista sobre el resultado de la visita de Margot Wallström, la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos.
Según él, el regreso de la paz absoluta era la única forma de poner fin a los actos de violencia contra las mujeres, que todos deploramos. Prosiguió diciendo que, por ello, se debe seguir haciendo todo lo posible para acabar con todas las actividades de los grupos armados extranjeros, señalando en ese sentido que los acontecimientos positivos en la República Centroafricana y el Sudán posibilitarían la mejora de la coordinación con las iniciativas contra el Ejército de Resistencia del Señor. Añadió que también continuaban los esfuerzos por afrontar las acciones de los grupos extranjeros de Rwanda en el este, y de algunos de sus compatriotas, que estaban fuera de la ley.
El Consejo celebró un debate abierto a principios de mayo en el que participaron el Secretario General Ban Ki-moon y Raymond Tshibanda, Ministro de Cooperación Internacional y Regional, así como funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Unión Europea. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10257 ).
El Consejo concluyó la reunión con una declaración de la Presidencia (documento S/PRST/2011/11), en la que se subrayaba la necesidad de una sólida alianza entre las Naciones Unidas y el Gobierno congoleño para afrontar la siguiente fase de la salida del país de la guerra civil. Con respecto a las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre, tras las que se celebrarían elecciones provinciales y locales en 2012, el Consejo instó al Gobierno y otros partidos a crear un entorno favorable para unas elecciones libres, justas, pacíficas y dignas de crédito. Hizo un llamamiento a la MONUSCO y otros agentes internacionales para que apoyasen la formación y el equipamiento de la policía congolesa para tal propósito.
El Sr. Meece, en su regreso al Consejo el 9 de junio, dijo que no se iban a hacer ilusiones, habida cuenta de la magnitud de los retos que planteaba la organización de unas elecciones exitosas y de que el éxito nunca está garantizado. Señaló, sin embargo, que los mismos factores de riesgo habían estado presentes durante las elecciones de 2006, que se celebraron con éxito. Además de los problemas logísticos, mencionó con preocupación varios informes de acoso, intimidación y violencia relacionados con las actividades electorales, especialmente las de los partidos de la oposición. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10275 ).
Señaló además que los preparativos de las elecciones habían comenzado algún tiempo atrás, y que más de la mitad de los 31 millones de posibles votantes ya se habían inscrito. La Comisión Electoral Nacional Independiente había anunciado la agenda de las elecciones. La MONUSCO había estado apoyando activamente el proceso, transportando miles de toneladas de material y proporcionando soporte técnico en diversas esferas; en definitiva, ayudando a las autoridades nacionales a cumplir su ambiciosa agenda. Sin embargo, para el siguiente ejercicio presupuestario, la Misión necesitaría recursos financieros suplementarios para proseguir su amplio apoyo electoral sin provocar efectos negativos en otras actividades.
En una reunión celebrada tres semanas después, el Consejo subrayó los importantes retos que planteaba la presencia de grupos armados en las inestables provincias del este y aprobó la resolución 1991 (2011) en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ampliando de esta manera el mandato de la MONUSCO hasta el 30 de junio de 2012. Exigió que todos los grupos armados —en particular el Ejército de Resistencia del Señor y las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR)— abandonaran inmediatamente todas las formas de violencia y abusos de los derechos humanos, incluyendo las violaciones y otras formas de abusos sexuales contra civiles, sobre todo mujeres y niños. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10299).
Mientras se acercaba ráidamente el día de las elecciones, el Consejo escuchó otra exposición informativa a principios de noviembre, en la que el Sr. Meece advirtió de que las esporádicas amenazas a la seguridad por parte de los grupos armados hacían que fuese necesaria más financiación para los helicópteros militares y la capacitación policial. Subrayando que no existían las «soluciones a corto plazo» a los problemas a los que se enfrenta la MONUSCO, dijo al Consejo que su compromiso constante era necesario y vital para el pueblo de la República Democrática del Congo y la región, y que con un firme apoyo se podían lograr grandes avances en la consecución de los objetivos comunes.
Añadió que tales objetivos incluían la celebración de elecciones pacíficas y que la seguridad aún era un asunto preocupante, mencionando,las recientes noticias sobre actos de violencia y los incidentes con los grupos armados. Subrayó que, para hacer frente a tales acciones, las unidades policiales entrenadas requerían equipo no mortífero para el que la Misión no había reservado presupuesto; y añadió que la escasez de helicópteros había impuesto graves limitaciones a la naturaleza y nivel de las operaciones militares, lo cual favorecía la aparición o el fortalecimiento de los grupos armados. Dijo también que volver a ejercer una fuerte presión militar sobre los grupos armados extranjeros era importante para proteger a los civiles y acabar con las amenazas.
El Consejo, en su última sesión sobre la República Democrática del Congo en 2011, amplió el embargo de armas y otras sanciones relacionadas impuestas sobre el país hasta el 30 de noviembre de 2012, y solicitó al Secretario General la ampliación del mandato del Grupo de Expertos que supervisaba tales medidas. Tras adoptar de manera unánime la resolución 2021 (2011), el Consejo también solicitó al Secretario General el nombramiento de un sexto experto (en recursos naturales) y pidió al Grupo de Expertos —establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) — que emitiese un informe antes del 18 de mayo de 2012 y otro antes del 19 de octubre de 2012. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10464 ).
También en este documento, el Consejo condenó el continuo tráfico ilícito de armas tanto dentro del país como procedente del exterior. Recomendó a todos los Estados, y en particular a los de la región, que publicasen regularmente sus estadísticas completas sobre importaciones y exportaciones de recursos naturales —incluyendo el oro, la casiterita, el coltán, la wolframita, la madera y el carbón vegetal— y que mejorasen el intercambio regional de información, así como que llevasen a cabo acciones conjuntas para investigar y combatir las redes delictivas regionales y los grupos armados implicados en la explotación ilegal de recursos naturales.
Guinea-Bissau Hasta finales de año y después de que el Secretario General Ban hiciera un llamamiento el 27 de diciembre para que se respetara el legítimo poder civil de Guinea-Bissau, tras los informes de arrestos y conflictos en la capital, el Consejo siguió preocupado por la consolidación de la estabilidad en este país de África Occidental, que ha experimentado tanta agitación desde su independencia en la década de 1970, incluyendo el asesinato de su Presidente en 2009. El 21 de diciembre, el Consejo prorrogó el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNIOGBIS) hasta febrero de 2013 para apoyar la consolidación de la paz e instó al Gobierno y a otros agentes políticos a cooperar en pos de esa meta. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10500 ).
El 3 de noviembre, Joseph Mutaboba, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNIOGBIS, informó al Consejo de que, si bien se habían hecho progresos en la reforma policial y en otros ámbitos, era crucial enfrentarse a retos como la reforma judicial y la concesión de pensiones a antiguos miembros del personal militar. Consolidar los triunfos recientes antes de las próximas elecciones legislativas programadas para 2012 se trataba de un asunto de la misma importancia. (Ver Comunicado de prensa SC/10434 ).
El Sr. Mutaboba hizo referencia al mismo asunto en su primera reunión informativa del año, el 25 de febrero, al señalar el progreso del diálogo a nivel nacional y la planificación de una reforma del sector de la seguridad, a pesar de lo «compleja y frágil» que seguía siendo la situación de la política y la seguridad (ver comunicado de prensa SC/10183). El 28 de junio, no obstante, declaró que el progreso se estaba viendo obstaculizado por el compromiso incierto de las autoridades nacionales a la hora de abordar la impunidad, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada (ver Comunicado de prensa SC/10300 ).
El Consejo también recibió noticias de algunos oficiales de la Comisión de Consolidación de la Paz, que incluye a Guinea-Bissau en su programa, así como de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que se dirigieron a los miembros durante las reuniones informativas celebradas este año. Liberia El Consejo dedicó cinco reuniones a Liberia y comenzó el año decidiendo poner fin a la autorización de un despliegue especial de 150 miembros del personal de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), encargados en 2005 de proteger las instalaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona. Su despliegue finalizó oficialmente cuando el Consejo aprobó la resolución 1971 (2011) el 3 de marzo. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10190 ). No obstante, el Consejo supo tan solo unas semanas más tarde que, si bien Liberia era en efecto «mucho más fuerte ahora» que ocho años antes, la situación se estaba volviendo cada vez más compleja a medida que se organizaba el proceso electoral y llegaban riadas de refugiados desde el país limítrofe, Côte d’Ivoire. En la reunión informativa del 16 de marzo, Ellen Margrethe Løj, Representante Especial del Secretario General y Jefa de la UNMIL, recalcó que la comunidad internacional no debía dar por sentado los años de paz ininterrumpida desde que finalizara la prolongada guerra civil de Liberia en 2003. Todavía hacía falta una atención internacional constante, añadió. (Ver Comunicado de prensa SC/10197 ).
La Sra. Løj celebró otra reunión informativa con el Consejo el 13 de septiembre, donde enfatizó que eran cruciales unas elecciones libres, justas y pacíficas para que Liberia saliera por completo de la brutal guerra civil. No obstante, aunque se alcanzara con éxito un referendo de este tipo, los esfuerzos de reconstrucción liberianos e internacionales todavía no habrían terminado, hizo notar. «Los liberianos todavía necesitan considerable asistencia y apoyo para reconstruir sus vidas y su país», dijo instando a todos los asociados a seguir «manteniendo el rumbo». (Ver Comunicado de prensa SC/10380 ).
El Consejo tuvo en cuenta tales advertencias el 16 de septiembre, cuando en vista de los «problemas importantes» pendientes, aprobó de forma unánime la resolución 2008 (2011), por la cual se prorrogaba el mandato de la UNMIL por un año, hasta el 30 de septiembre de 2012. (Ver Comunicado de prensa SC/10388 ).
Al reunirse de nuevo el 14 de diciembre, el Consejo dio un paso más al renovar un embargo de armas permanente impuesto al país, así como las restricciones a las personas consideradas una amenaza para la paz y seguridad en Liberia. (Ver Comunicado de prensa SC/10485 ).
Libia La «Declaración de Liberación» formulada por el Consejo Nacional de Transición el 23 de octubre supuso el fin de las hostilidades armadas en el país, ocho meses después de que el régimen de Qadhafi comenzara con sus intentos de suprimir un movimiento pacífico que surgió el 15 de febrero, cuando varias familias protestaron para pedir la liberación de un abogado que llevaba sus demandas con respecto a la masacre de Abu Salim en 1996. Después de que el Consejo de Derechos Humanos estimara que más de 15.000 personas, incluyendo a manifestantes, beligerantes armados y civiles, habían sido asesinadas tan solo entre febrero y junio, el Consejo de Seguridad fue un agente vital en medio de la tormenta de actividad diplomática para acabar con el conflicto y autorizar finalmente la creación de una zona de prohibición de vuelos sobre el asediado país norteafricano. Durante 19 sesiones formales que se celebraron mientras tenía lugar el conflicto, las medidas más significativas del Consejo incluyeron la imposición de sanciones al régimen de Qadhafi, la aprobación de una zona de prohibición de vuelos y la autorización para adoptar «todas las medidas necesarias» para proteger a los civiles. Su compromiso formal con la situación comenzó con una reunión informativa el 25 de febrero, durante la cual el Secretario General advirtió de que los asuntos de paz y seguridad fundamentales estaban en peligro, instando así a los miembros del Consejo a considerar medidas concretas para detener la violencia y terminar con las matanzas.
(Véase el Comunicado de Prensa SC/10185 ).
Con una decisiva y pronta medida tomada el 26 de febrero, el Consejo aprobó de forma unánime la resolución 1970 (2011) en virtud del Artículo 41 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para exigir el fin de la violencia y remitir la situación a la Corte Penal Internacional. Esta resolución imponía un embargo de armas a Libia; la prohibición de viajar y la congelación de los activos pertenecientes a la familia de Qadhafi y a ciertos oficiales del Gobierno; y autorizaba a todos los Estados Miembros a incautarse y disponer de los materiales militares prohibidos por este texto. Además les exhortaba a que facilitaran el regreso de los organismos humanitarios a Libia y a conseguir que la asistencia humanitaria y la relacionada con esta estuviera disponible en el país. También establecía un comité para supervisar las sanciones. (Ver Comunicado de prensa SC/10187/Rev.1 ).
El Consejó exigió la cesación del fuego inmediata el 17 de marzo al aprobar la resolución 1973 (2011) por 10 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones (Brasil, China, Alemania, la India y la Federación de Rusia). El Ministro de Relaciones Exteriores francés, Alain Juppé, presentó el texto y declaró que la situación sobre el terreno era más alarmante que nunca, marcada por la reconquista violenta de algunas ciudades que habían sido liberadas. El Consejo no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que los belicistas incumplieran la legalidad internacional, afirmó. (Ver Comunicado de prensa SC/10200 ).
Después de la votación —que puso en marcha una campaña aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para imponer la zona de prohibición de vuelos—, los representantes que habían apoyado el texto se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de medidas más contundentes, puesto que el régimen de Qadhafi no había tenido en cuenta los pasos iniciales del Consejo y estaba a punto de arremeter con más violencia contra los civiles. No obstante, los representantes de China y la Federación de Rusia exigieron un arreglo pacífico del conflicto, con el posterior apunte de que el texto dejaba muchas preguntas sin responder, incluyendo cómo y quién implantaría las medidas y cuáles serían los límites del compromiso. Su homólogo chino recalcó que se había abstenido de bloquear la medida con un voto negativo por respeto a los deseos de la Liga de los Estados Árabes y la Unión Africana.
«La comunidad internacional ha actuado de consuno para evitar una crisis que podría llegar a ser de gran escala», declaró el Secretario General Ban en una reunión informativa con el Consejo el 24 de marzo. No había pruebas que sostuvieran las reiteradas afirmaciones de las autoridades libias de haber instituido una cesación del fuego ni de haber adoptado medidas para cumplir con sus obligaciones con arreglo a las resoluciones pertinentes, afirmó, enfatizando que en todas sus reuniones desde que se aprobara la resolución que incluía estas medidas, había procurado «en particular recalcar que las medidas previstas en la resolución 1973 (2011) obedecían a un objetivo primordial, a saber, salvar la vida de los civiles inocentes». (Ver Comunicado de prensa SC/10210 ).
Recalcando la necesidad de que la comunidad internacional se reuniera para apoyar la búsqueda de una solución, Abdul Ilah al-Khatib, el Enviado Especial del Secretario General, le comunicó al Consejo durante una reunión informativa el 4 de abril, tras su segunda misión en Libia, que todavía era muy complicado determinar cuánto tiempo llevaría resolver el conflicto. Además informó de que había reiterado en varias reuniones con oficiales libios el 31 de marzo que la comunidad internacional exigía que se pusieran en práctica plenamente las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011). (Ver Comunicado de prensa SC/10217 ).
Al reunirse con el Consejo de nuevo el 3 de mayo, informó de que tanto las autoridades libias como las fuerzas de la oposición le habían comunicado que estaban preparadas para cesar el fuego y dispuestas a ello, pero bajo distintas condiciones. El Gobierno insistía en que una cesación del fuego debía ir acompañada del cese de los ataques aéreos de la OTAN, y el Consejo Nacional de Transición afirmaba que el conflicto no finalizaría con una cesación del fuego a menos que estuviera relacionada directamente con la marcha de Qadhafi. (Ver Comunicado de prensa SC/10240 ).
El 4 de mayo, Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, le comunicó al Consejo su intención de conseguir que se dictaran órdenes de detención contra los tres libios que parecían ser «los principales responsables por los crímenes de lesa humanidad» cometidos durante las brutales medidas de meses de duración en contra del levantamiento. Con el fin de presentar pruebas para sostener los cargos, añadió que había información fiable que afirmaba que, solamente en febrero, entre 500 y 700 personas aproximadamente habían sido asesinadas, cuando las fuerzas de seguridad dispararon con municiones contra los manifestantes congregados en la plaza del Tribunal Supremo de Benghazi. (Ver Comunicado de prensa SC/10241 ).
Para presionar sobre la necesidad de cesar temporalmente las hostilidades, el 9 de mayo Valerie Amos, Secretaria General Adjunta para Asuntos Humanitarios, declaró que «los organismos de asistencia humanitaria deben tener acceso a todas las personas, independientemente de dónde se encuentran y de quién tenga el control allí dónde se encuentren esas personas». En una reunión informativa con el Consejo, afirmó que más de 746.000 personas habían huido del país, en torno a 5.000 seguían abandonadas a su suerte en los pasos fronterizos y unos 58.000 desplazados internos vivían en asentamientos creados espontáneamente en el este de Libia. La cifra total de víctimas desde el inicio de la crisis todavía se desconocía, y la presunta utilización de bombas en racimo y de minas marítimas y terrestres, así como los bombardeos aéreos, demostraban una «total indiferencia por el bienestar físico y psicológico de los civiles», declaró. (Ver Comunicado de prensa SC/10244 ).
El 15 de junio, el representante de una comisión de alto nivel de la Unión Africana le comunicó al Consejo que el órgano regional nunca «evadirá sus responsabilidades» para ayudar a resolver el conflicto. El momento de articular una solución para proteger a los civiles, garantizar una transición democrática y promover la paz duradera había llegado hacía mucho, afirmó Hamady Ould Hamady, Ministro de Relaciones Exteriores de Mauritania, en nombre del Comité especial de alto nivel de la organización en Libia. «No podemos ser meros espectadores de las calamidades que nos caen encima», añadió. Al informar acerca de la Cumbre Extraordinaria que se celebró el 25 de mayo y sobre la hoja de ruta que ordenaba el cese inmediato de las hostilidades, la provisión de ayuda humanitaria, la protección de extranjeros y la reforma política, dijo que tales medidas tenían el fin de permitir que todas las partes libias satisficieran sus aspiraciones políticas. (Ver Comunicado de prensa SC/10280 ).
B. Lynn Pascoe, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, informó al Consejo el 31 de mayo sobre las prioridades de las Naciones Unidas en Libia, que incluían proteger a los civiles, garantizar un compromiso con las negociaciones indirectas y planificar la consolidación de la paz después del conflicto en Libia, donde la situación de los derechos humanos seguía siendo sumamente preocupante. Además citó la desaprobación de las brutales medidas del Gobierno expresada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos el día anterior, así como los impactantes informes de violencia sexual contra la mujer, incluyendo violaciones en masa cometidas por las fuerzas militares.
Tres meses después de que comenzara la crisis, prosiguió, los enfrentamientos entre el Gobierno y las fuerzas de la oposición continuaron, principalmente en la zona occidental de Libia, mientras que la operación de la OTAN se había intensificado durante las repetidas reivindicaciones del Gobierno por la muerte de civiles. Echando la vista hacia delante, declaró, el proceso político orientado a las negociaciones indirectas basadas en propuestas de ambos bandos era vital como parte de los esfuerzos por hallar una solución duradera que respondiera a las peticiones legítimas del pueblo libio. (Ver Comunicado de prensa SC/10266 ).
El 27 de junio, el Sr. Pascoe informó de que la Corte Penal Internacional había emitido órdenes de detención para el Coronel Qadhafi, su hijo Saif al-Islam Qadhafi y el jefe de inteligencia Abdullah al-Senussi por ser acusados de crímenes de lesa humanidad. No obstante, las autoridades y los líderes de la oposición siguieron sin llegar a un acuerdo, aunque comenzaba a nacer un proceso de negociación. «Debe darse espacio al proceso para que crezca y dé frutos», recalcó. «Tenemos la obligación de proteger al pueblo de Libia, y tal es el objetivo de los actuales esfuerzos internacionales». Jose Filipe Moraes Cabral (Portugal), presidente del Comité establecido para supervisar las sanciones impuestas a Libia, también participó en la sesión del Consejo. (Ver Comunicado de prensa SC/10297 ).
El Secretario General Adjunto regresó al Consejo el 28 de julio para informar de que la guerra librada en Libia en los últimos cinco meses había estancado la postura de ambos bandos. La cesación del fuego, ligada a ciertos acuerdos de transición, seguía siendo la única solución política sostenible a la crisis, afirmó, además de recalcar las actividades destinadas a acelerar el proceso político y dar una idea global de los esfuerzos del Secretario General y su Enviado Especial, que habían seguido adelante con un acercamiento paralelo hacia los oficiales del Gobierno en Trípoli y hacia los representantes del Consejo Nacional de Transición en Benghazi. También dio detalles sobre la situación humanitaria diciendo que al parecer más de 630.000 personas, incluyendo a unos 100.000 libios, habían huido del país desde que comenzara el conflicto. (Ver Comunicado de prensa SC/10346 .
En las semanas siguientes se produjo un intenso enfrentamiento, tanto dentro de Trípoli como en sus alrededores, a medida que las facciones rebeldes de la capital, respaldados por la OTAN, desplegaban la denominada «Operación Amanecer de la Sirena» el 20 de agosto. Para el 22 de agosto, se consideraba de forma generalizada que Trípoli había caído, puesto que las fuerzas rebeldes exteriores entraron a raudales en la ciudad sin toparse apenas con resistencia por parte de las tropas de Qadhafi. La denominada Batalla de Trípoli alcanzó su punto álgido a mediados de agosto, momento en el que se creía que la familia de Qadhafi había abandonado su complejo de edificios fortificado. El 30 de agosto, el Secretario General explicó en una reunión informativa con el Consejo que el conflicto había comenzado a amainar y, al parecer, el Consejo Nacional de Transición tenía el control casi total de Trípoli y de otras ciudades, si bien el conflicto proseguía en Sirte, Sabha, Zuwara y otros puntos meridionales. Tras declarar que albergaba la esperanza de que pronto concluiría el conflicto, afirmó que la labor más importante de las Naciones Unidas era garantizar que los esfuerzos multilaterales, regionales e internacionales se complementaran entre sí y respondieran a los deseos de Libia. «En nuestra respuesta al reto que se presenta después del conflicto debemos tener iniciativa y ser eficaces», declaró el Sr. Ban. «Al mismo tiempo, debemos ser sensibles a las complejas necesidades y deseos del propio pueblo libio» actuando «rápidamente y con decisión para hacer frente a los considerables retos que tenemos por delante». (Ver Comunicado de prensa SC/10374 ).
Dos semanas más tarde, el Consejo estableció una misión de apoyo en Libia al aprobar de forma unánime la resolución 2009 (2011) el 16 de septiembre. La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) se autorizaría en un principio para un periodo de tres meses y prestaría apoyo a los esfuerzos nacionales para restaurar la seguridad pública, promover el estado de derecho, fomentar el diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional, así como emprender un proceso electoral y de elaboración de una constitución.
También prestaría apoyo a los esfuerzos nacionales a la hora de ampliar la autoridad del Estado, fortalecer las instituciones, restablecer los servicios públicos, respaldar la justicia de transición, proteger los derechos humanos y comenzar con la recuperación económica. Para apoyar tales objetivos, el Consejo levantó parcialmente el embargo de armas impuesto a Libia y la congelación de activos relacionados con entidades vinculadas al régimen, con arreglo a la resolución 1970 (2011). Además dicha resolución ponía de relieve su intención de mantener sujeta a revisión la zona de prohibición de vuelos acordada en la resolución 1973 (2011). (Ver Comunicado de prensa SC/10389 ).
Tras esta aprobación, los miembros del Consejo felicitaron a Ibrahim Dabbashi, representante de Libia, por asumir su puesto en nombre del Consejo Nacional de Transición. Este respondió describiendo tal ocasión como un día histórico para Libia, una señal de que la dictadura y el terror habían terminado y de que la sangre de los 30.000 mártires no había sido derramada en vano. Durante la reunión informativa del 26 de octubre con el Consejo de Seguridad, Ian Martin, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNSMIL, afirmó que la «nueva Libia» podría avanzar en la construcción de un Estado nación moderno, basado en los principios proclamados por la revolución, a saber, la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, la responsabilidad, el respeto de los derechos de las minorías, el empoderamiento de la mujer y la promoción de la sociedad civil. Asimismo afirmó que estaba convencido de que el pasado se abordaría por la vía judicial adecuada y mediante un proceso de búsqueda de la verdad, y de que, a pesar de las violaciones cometidas en el fragor de la batalla, los dirigentes del Consejo Nacional de Transición estaban verdaderamente comprometidos a «evitar la venganza, lograr la reconciliación y superar la manipulación del tribalismo y el regionalismo —que el ex dictador promovió para afianzar su propio poder—, para garantizar que no se repita el pasado». (Ver Comunicado de prensa SC/10422 ).
Después de la reunión informativa, el Sr. Dabbashi afirmó que había comenzado una nueva fase de la construcción de la democracia y que Libia mantendría relaciones cordiales con otras naciones. De no haber sido por la solidaridad de las Naciones Unidas y de todos los Estados que apoyaron al país y a su pueblo en los últimos meses, no habrían alcanzado sus logros, y el número de víctimas habría sido mucho más elevado, añadió.
El 27 de octubre, el Consejo votó para poner fin al mandato de protección de los civiles de la OTAN en Libia tras la declaración formal de liberación del 23 de octubre y aprobó de forma unánime la resolución 2016 (2011) para poner fin a las disposiciones de la resolución 1973 (2011). Asimismo, instó encarecidamente a las nuevas autoridades libias a que se abstuvieran de tomar represalias, incluidas las detenciones arbitrarias, y recalcó la responsabilidad que incumbía a las autoridades de proteger a su población, incluidos los migrantes africanos y otros nacionales extranjeros. El Consejo aguardaba con interés el establecimiento de un Gobierno de transición inclusivo y representativo, sustentado en los principios democráticos, según el texto. (Ver Comunicado de prensa SC/10424 ).
El 31 de octubre, el Consejo aprobó de forma unánime la resolución 2017 (2011) en la que exhortaba a las autoridades interinas, a los países colindantes y a otros Estados Miembros relevantes a detener la proliferación de misiles portátiles superficie-aire y otras armas en Libia. También autorizaba al comité de sanciones libio a proponer una estrategia para garantizar que este material se mantuviese alejado del alcance de terroristas y otros grupos. (Ver Comunicado de prensa SC/10429 ).
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo, comunicó al Consejo el 2 de noviembre que la Fiscalía estaba impulsando los esfuerzos por garantizar que el antiguo jefe de la inteligencia, Senussi, respondiera ante la justicia, en vista de la muerte del Coronel Qadhafi el 20 de octubre. Asimismo, afirmó que habían recibido información sobre un grupo de mercenarios que podría estar intentando facilitar la huida de Libia de Saif al-Islam Qadhafi. Además hizo un llamamiento a los Estados para que hicieran todo lo posible por evitar cualquier operación de este tipo diciendo: «Les corresponde al Consejo de Seguridad y a los Estados asegurarse de que [sus hijos] respondan ante la justicia por los delitos de los que se les acusa». (Ver Comunicado de prensa SC/10433 ).
Entre los miembros del Consejo que tuvieron la palabra durante la sesión, se alcanzó un consenso generalizado en torno al hecho de que la decisión de remitir el caso de Libia a la Fiscalía del Sr. Moreno Ocampo reflejaba la importancia que la comunidad internacional le concedía a garantizar la rendición de cuentas por los ataques sistemáticos contra los civiles libios. El Secretario General Ban, en su informe al Consejo del 22 de noviembre (documento S/2011/727), declaró que los combatientes revolucionarios, muchos de ellos jóvenes, se habían ganado un gran respeto, y felicitó a las autoridades y al pueblo de Libia por sus logros históricos. «Creo que los dirigentes de la nueva Libia están auténticamente decididos a construir una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos», dijo, añadiendo que el pueblo de Libia se había creado para sí una oportunidad extraordinaria y ahora hacía frente a desafíos también extraordinarios. «Recurre a las Naciones Unidas como un asociado clave en sus esfuerzos por hacer frente a esos desafíos, y debemos esforzarnos decididamente por prestarle apoyo».
El 2 de diciembre, el Consejo destacó la importancia del apoyo constante de las Naciones Unidas al Gobierno de transición de Libia para atender las prioridades inmediatas al ampliar el mandato de la UNSMIL hasta el 16 de marzo de 2012. Al aprobar de forma unánime la resolución 2022 (2011), se establecieron los componentes de dicho mandato, que incluían prestar apoyo a los esfuerzos nacionales para afrontar la proliferación de los armamentos y de los misiles portátiles tierra-aire en particular. (Ver Comunicado de prensa SC/10469 ).
Durante la última sesión del Consejo sobre Libia, el 22 de diciembre, el Sr. Martin dijo que las Naciones Unidas ahora tenían socios a los cuales estaba ofreciendo su apoyo y que estaban respondiendo a un cambio en la opinión pública, centrada cada vez más en las cuestiones fundamentales de las exigencias de la revolución. (Ver Comunicado de prensa SC/10503 ).
Sierra Leona Las dos reuniones informativas del Consejo sobre Sierra Leona se centraron principalmente en el frágil progreso de esta nación del África Occidental después de su resurgimiento en 2002, tras una guerra civil de una década de duración. Tras referirse a la recuperación del país en los últimos nueve años como «verdaderamente notable», Michael von Schulenburg, Representante Ejecutivo del Secretario General en Sierra Leona y Jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL), comunicó a los miembros del Consejo el 24 de marzo que el país, en su día «símbolo de un Estado fallido», estaba convirtiéndose ahora en un modelo para la superación de las divisiones y desarrollándose hasta volverse un país pacífico, democrático y próspero. (Ver comunicado de prensa SC/10208). (Véase el Comunicado de Prensa SC/10208 ). Afirmó que le había alentado el progreso conseguido en la explotación de recursos minerales en los últimos seis meses, señalando la «empresa vital» de transformar Sierra Leona en un importante exportador de recursos minerales y de hidrocarburos. No obstante, la transformación podría poner a prueba la frágil cohesión del país y provocar algunos cambios sociales mayores que los previstos en el momento, advirtió, e hizo hincapié en la necesidad de apoyo internacional sólido y continuo.
El 12 de septiembre, el Sr. Von Schulenburg se centró en la preparación de las elecciones presidenciales de 2012 y advirtió al Consejo de la necesidad crítica de evitar que resurgieran las tensiones que habían contribuido a que estallara la devastadora guerra civil. Al darse cuenta de que recientemente se habían producido enfrentamientos entre los grupos leales a los dos principales partidos políticos, afirmó que tenía la esperanza de que se llegara pronto a un acuerdo sobre el marco legal de las próximas elecciones y sobre un nuevo código de conducta que rigiera las campañas electorales. (Ver comunicado de prensa SC/10379 ).
Al aprobar de forma unánime la resolución 2005 (2011) justo dos días después, el 14 de septiembre, el Consejo decidió prorrogar el mandato de la UNIPSIL un año, hasta el 15 de septiembre de 2012. Esta resolución establecía que la Oficina ayudara al Gobierno a la hora de celebrar unas elecciones limpias, fiables y democráticas, y que al mismo tiempo siguiera prestando apoyo a los esfuerzos por mitigar y prevenir conflictos, abordar el desempleo juvenil, promover el buen gobierno y otros cometidos. Asimismo, exhortaba al Gobierno a combatir la corrupción, mejorar la rendición de cuentas y promover el desarrollo del sector privado. En concreto, exhortaba al Ministerio de Minas y Recursos Minerales a contribuir a mitigar el riesgo de un conflicto basado en los recursos. (Ver comunicado de prensa SC/10379 ).
Somalia Somalia, país que este año comienza su tercera década sin un Gobierno Central operativo, pero que ha hecho progresos considerables a la hora de respetar el plazo del periodo de transición establecido por el Acuerdo de Paz de Djibouti, siguió preocupando al Consejo de Seguridad, el cual celebró 16 sesiones públicas sobre su situación, aprobó seis resoluciones y emitió tres declaraciones de la Presidencia dirigidas a este país del Cuerno de África y a la piratería cometida frente a sus costas.
Tras la retirada de la capital, Mogadiscio, del grupo insurgente Al-Shabaab y la elaboración de una hoja de ruta para complementar las labores de transición acordadas en una amplia sesión consultiva largamente esperada, el Secretario General Ban Ki-moon pudo hacer una visita en diciembre. Al informar al Consejo a su regreso, el 13 de diciembre, dijo: «Finalmente se ha presentado un momento de nuevas oportunidades. Debemos aprovecharlo». Más allá de Mogadiscio, declaró, los insurgentes se estaban retirando ante la creciente presión de las fuerzas gubernamentales y sus milicias aliadas, respaldadas por fuerzas kenianas y etíopes, lo cual constituía una oportunidad única para contribuir a estabilizar el país en general, pero esto requería el despliegue completo de las 12.000 tropas autorizadas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), así como el resto de recursos necesarios.
(Véase el Comunicado de Prensa SC/10479 ). El año comenzó con una nota de optimismo el 14 de enero, cuando Augustine Mahiga, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS), elogió que el Gobierno Federal de Transición somalí designara un Consejo de Ministros tecnócrata y profesional, así como otros triunfos derivados de la creación de instituciones. No obstante, recalcó que el proceso de constitución, la reconciliación y la seguridad siguieron siendo las principales preocupaciones a medida que se acercaba la fecha límite del periodo de transición, agosto de 2011. (Ver comunicado de prensa SC/10153 ).
El 10 de marzo, en una declaración de la Presidencia emitida tras un debate abierto, el Consejo puso de relieve la necesidad de una estrategia global para afrontar dichos retos, así como de una financiación segura de la AMISOM y de fondos suficientes de ayuda humanitaria cuando una grave sequía comenzó a asolar varias zonas del país, algunas de las cuales tenían el acceso restringido por encontrarse bajo dominio de los insurgentes. (Ver comunicado de prensa SC/10193 ).
Posteriormente, el Consejo mostró menos confianza hacia el Gobierno Federal de Transición y emitió otra declaración de la Presidencia el 11 de mayo, en la que los miembros expresaban su pesar por no haber asistido a una reunión consultiva celebrada en Nairobi en abril (ver comunicado de prensa SC/10246). Algunas de las tensiones con el Gobierno Federal de Transición se resolvieron con el Acuerdo de Kampala, un acuerdo entre el Presidente y el Presidente del Parlamento, el cual prorrogó acertadamente el periodo de transición por un año, hasta agosto de 2012. El 24 de junio, el Consejo acogió con beneplácito dicho Acuerdo en una declaración de la Presidencia que además exhortó a los signatarios a velar por «la cohesión y la unidad y a que se centren» en completar la transición (ver comunicado de prensa SC/10294 ).
En la siguiente reunión informativa del Consejo, celebrada el 10 de agosto tras la inesperada retirada de Mogadiscio de Al-Shabaab, el Sr. Mahiga informó a los miembros vía videoconferencia desde la capital somalí, anteriormente demasiado peligrosa para acoger la presencia de las Naciones Unidas. Afirmó que la retirada abría la puerta a nuevas oportunidades, pero recalcó que los somalíes ya no podían seguir esperando el apoyo internacional. La Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, Catherine Bragg, informó de la proliferación de la hambruna. (Ver comunicado de prensa SC/10358 ).
El 14 de septiembre, tras la amplia sesión consultiva largamente esperada y celebrada el mes anterior, el Sr. Mahiga informó al Consejo de que «las semillas de la esperanza y el progreso han empezado a brotar». Además exhortó a la comunidad internacional a ayudar al Gobierno Federal de Transición y a la AMISOM a consolidar los logros obtenidos. Posteriormente, el Primer Ministro de Transición informó de que su Gobierno estaba haciendo todo lo posible con sus limitados recursos por llenar el vacío dejado por Al-Shabaab con la legítima autoridad del Estado y por restablecer la seguridad. (Ver comunicado de prensa SC/10384 ).
Con el fin de facilitar la provisión de la asistencia humanitaria urgentemente necesitada, el 17 de marzo el Consejo decidió relajar la congelación de los activos del país durante 16 meses (ver comunicado de prensa SC/10198). Al autorizar la prórroga de un mandato de 12 meses del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea el 29 de julio, el Consejo reforzó las medidas impuestas sobre los individuos y entidades identificados como usuarios de niños soldados o involucrados en ataques a civiles (ver comunicado de prensa SC/10348). El 30 de septiembre, tras condenar los ataques tanto a civiles como a miembros del Gobierno Federal de Transición, el Consejo prorrogó la autorización de la AMISOM hasta el 31 de octubre de 2012 (ver comunicado de prensa SC/10399 ).
Buena parte de la atención que prestó el Consejo a la lucha internacional contra la piratería frente a las costas somalíes se centró en consolidar la capacidad regional de procesar a los delincuentes marinos. El 25 de enero, Jack Lang, Asesor Especial del Secretario General, declaró que, a pesar de los esfuerzos de seguridad, los piratas estaban expandiendo su actividad y alcance geográfico, en parte debido a la imposibilidad de llevarlos a los tribunales. Propuso establecer jurisdicciones especializadas en la región, así como la necesidad de reforzar las labores forenses de la policía. (Ver comunicado de prensa SC/10164). En una resolución aprobada el 11 de abril, el Consejo decidió tomar en consideración urgentemente la creación de tribunales especiales somalíes operativos en una subregión más amplia (ver comunicado de prensa SC/10221). El 21 de junio, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas explicó a grandes rasgos las consideraciones relativas a tales tribunales. (Ver comunicado de prensa SC/10287 ).
Tras tener en cuenta un informe del Secretario General, el 31 de octubre, en el que se citaban los indicios de la expansión continuada del alcance de los piratas, así como la creciente violencia y sus habilidades técnicas, el Consejo aprobó una resolución en la que se instaba de nuevo a tomar en mayor consideración los tribunales especializados. (Ver comunicados de prensa SC/10431 y SC/10419). El 22 de noviembre, este prorrogó otro año la autorización de quienes cooperaban con el Gobierno Federal de Transición para recurrir a todos los medios necesarios para combatir la piratería. (Ver comunicado de prensa SC/10454 ).
El Sudán y Sudán del Sur El Consejo prestó una gran atención al Sudán, pues dedicó 29 sesiones, nueve resoluciones y cuatro declaraciones de la Presidencia a este país en rápido crecimiento, del cual Sudán del Sur se independizó tras un referendo histórico celebrado entre el 9 y el 15 de enero. Si bien la realización del sondeo se consideró oportuna, pacífica y fiable como muy pocos preveían, el Consejo siguió de cerca a lo largo de todo el año las tensiones relacionadas con asuntos aún no resueltos por el Acuerdo General de Paz de 2005 (que acabó con la guerra civil entre el Norte y el Sur), incluido el conflicto armado en el área disputada de Abyei y en los estados fronterizos del Nilo Azul y Kordofán del Sur. Este instó a los Gobiernos del Sudán y Sudán del Sur a retomar las negociaciones con vistas a cumplir por completo sus obligaciones dispuestas en el Acuerdo, que incluían un referendo sobre el estatus de Abyei, la demarcación de las fronteras, los acuerdos de seguridad, la ciudadanía, la deuda, los activos, la divisa, el reparto de la riqueza y la gestión de los recursos naturales. Entretanto, en la región occidental de Darfur, el Consejo fue testigo de un progreso político considerable, pero también de los desplazamientos masivos continuados al persistir la intervención militar del Gobierno, los rebeldes y otros grupos.
Después de que se produjera en mayo el avance hacia Abyei de elementos armados tanto del Sudán meridional como del septentrional y tras la toma de la ciudad por parte de las Fuerzas Armadas Sudanesas, sucesos que el Consejo condenó junto con los ataques a la UNMIS en un comunicado de prensa del 22 de mayo y en una declaración de la Presidencia del 3 de junio (ver comunicados de prensa SC/10262 y SC/10268 , respectivamente), el Consejo autorizó urgentemente el despliegue de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) el 27 de junio (ver comunicado de prensa SC/10298 ). Dicha medida se tomó después de una reunión informativa celebrada el 20 de junio en torno a un acuerdo entre Norte y Sur para retirar a todas las tropas de Abyei, así como sobre los sangrientos enfrentamientos entre los grupos pro-Sur y las fuerzas gubernamentales en Kordofán del Sur, que habían obligado a miles de personas a huir (ver comunicado de prensa SC/10286).
(Véase el Comunicado de Prensa SC/10286 ). El 27 de julio, el Consejo asistió a una reunión informativa sobre el despliegue acelerado de tropas etíopes para la UNISFA (ver comunicado de prensa SC/10344). El 14 de diciembre, prorrogó el mandato de dicha Fuerza para incluir la facilitación de las negociaciones sobre las fronteras (ver comunicado de prensa SC/10484y, el 22 de diciembre, prorrogó el mandato cinco meses más (ver comunicado de prensa SC/10505 ).
En respuesta a la seguridad, el estado de derecho y otras necesidades de Sudán del Sur relacionadas con la consolidación de la paz, el Consejo estableció asimismo la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) el 8 de julio (ver comunicado de prensa SC/10314), y el 11 de julio autorizó formalmente la clausura de la misión establecida previamente, la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS). El 27 de abril, su mandato se había prorrogado únicamente hasta el 9 de julio, fecha planeada para la independencia de Sudán del Sur, aunque algunos Miembros del Consejo expresaron su desacuerdo con la retirada, dados los enfrentamientos que se estaban produciendo en los estados del Nilo Azul y de Kordofán del Sur (ver comunicados de prensa SC/10317 y SC/10233 ).
El 11 de julio, el Consejo remitió al Comité de Admisión la solicitud de Sudán del Sur para ser miembro de las Naciones Unidas y, el 13 de julio, recomendó formalmente su aceptación como el 193er Estado Miembro. En una sesión posterior, el Secretario General informó al Consejo de que «como todo recién nacido, Sudán del Sur necesita ayuda», mientras que los Miembros del Consejo prometieron su apoyo al país, el cual advirtieron que se encontraba al final de todos los indicadores de desarrollo humano (ver comunicados de prensa SC/10322 y SC/10323 ).
El alivio tras la celebración pacífica del referendo, así como las advertencias de que era necesario solucionar los asuntos no resueltos por el Acuerdo General de Paz fueron los primeros puntos que mencionaron el 18 de enero, en una sesión formal del Consejo, Bejamin Mkapa, Presidente del Grupo del Secretario General sobre los Referendos en el Sudán, y Haile Menkerios, Representante Especial del Secretario General. (Ver comunicado de prensa SC/10155 ).
El 26 de enero, Atul Khare, Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, dijo que el primer recuento de los votos señalaba un amplio apoyo a la secesión de Sudán del Sur, pero en Abyei, donde el referendo necesario todavía no había tenido lugar, seguía habiendo fuertes tensiones entre la comunidad agrícola Ngok Dinka y la pastoral Misseriya. (Ver comunicado de prensa SC/10165 ).
El Consejo emitió una declaración de la Presidencia el 9 de febrero en la que acogía de buen grado la anunciación del 7 de febrero de los resultados finales del referendo de Sudán del Sur, en el que el 98,83 por ciento de los votantes habían optado por la independencia, e instó a la comunidad internacional a prestar todo su apoyo para lograr un futuro pacífico y próspero para la totalidad del pueblo sudanés. (Ver comunicado de prensa SC/10169 ).
No obstante, los informadores siguieron alertando de la acentuación de la violencia si no se abordaban las cuestiones pendientes del Acuerdo General de Paz. Debido a los rumores de ataques inminentes y de verdaderas intervenciones militares tanto en Abyei como en los dos estados fronterizos, los oficiales superiores de mantenimiento de la paz informaron al Consejo el 31 de mayo de que el acuerdo debía evitar «una división enconada» entre el Sudán y Sudán del Sur. Asimismo, los dirigentes de la misión del Consejo en África desarrollada entre el 19 y el 26 de mayo informaron el 6 de junio de que era crucial llegar a un convenio sobre las cuestiones del Acuerdo General de Paz antes de la independencia de Sudán del Sur. (Ver comunicados de prensa SC/10267 y SC/10271 ).
El derramamiento de sangre no fue mas allà de las regiones fronterizas cuando finalmente Sudán del Sur declaró su independencia, pero en el resto de reuniones informativas del año, los participantes advirtieron de que, si no se reanudaban las negociaciones sobre las cuestiones pendientes y dado lo ampuloso de la retórica, la frágil situación fronteriza podría desembocar en violencia con un impacto regional. Así lo dijo por ejemplo Hervé Ladsous, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, quien, al advertir los incidentes recientes en las fronteras el 8 de diciembre, instó a ambos países a establecer el mecanismo de vigilancia de las fronteras acordado en julio. (Ver comunicado de prensa SC/10477 ).
El Consejo hizo un llamamiento a detener los enfrentamientos en el estado de Kordofán del Sur en un comunicado de prensa precedido de una reunión informativa a puerta cerrada con el Secretario General Adjunto Amos celebrada el 15 de julio. Se conocían informes de bombardeos aéreos contra civiles y de fosas comunes excavadas tras los conflictos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y los cuadros del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA). El 8 de junio, desaprobando el nombramiento de Ahmad Harun como Gobernador de Kordofán del Sur (acusado por la Corte Penal Internacional), su Fiscal Jefe, Luis Moreno Ocampo, informó de que el Presidente del Sudán, Omer al-Bashir, había comenzado a desafiar al Consejo, e hizo hincapié en que los genocidios y los crímenes de lesa humanidad seguían sin remitir en Darfur (ver comunicado de prensa SC/10274 ). El 15 de diciembre declaró que tales crímenes podrían terminar con el arresto de los acusados, incluido el Presidente Bashir (ver comunicado de prensa SC/10489 ).
Si bien muchas de las reuniones informativas acerca de la situación en Darfur hablaban de una tragedia humanitaria persistente, las reuniones en la región del Sudán occidental presentaban progresos en las negociaciones que tuvieron lugar en Doha (Qatar), así como en los amplios diálogos que habían comenzado en el Sudán, incluyendo la Conferencia de todas las partes interesadas de Darfur, celebrada el 31 de mayo. (Ver comunicado de prensa SC/10229 ).
El 22 de julio, Ibrahim Gambari, el Representante Especial del Conjunto de la Unión Africana y las Naciones Unidas para Darfur, elogió el Documento de Doha firmado el 14 de julio por el Gobierno y los principales grupos de la oposición, recalcando que era fundamental que los movimientos de resistencia y el Gobierno pusieran fin a las hostilidades aún persistentes en el norte, sur y oeste de Darfur. (Ver comunicado de prensa SC/10336 ).
Al prorrogar un año el mandato de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), el 29 de julio, el Consejo exhortó a la misión a hacer pleno uso de sus capacidades para proteger a los civiles, pero reconoció que, dada la violencia continuada, la situación aún no era propicia para abrir un diálogo, como pedía el Documento de Doha, conocido como el «proceso político con base en Darfur». (Ver comunicado de prensa SC/10349 ).
El 25 de octubre, el Consejo fue informado de que, tras consultar a todas las partes interesadas, se estaba elaborando una hoja de ruta para la paz que haría el proceso de Doha más inclusivo y que conduciría al fin de las hostilidades (ver comunicado de prensa SC/10421 ).
El Consejo también emitió varios comunicados de prensa a lo largo del año para condenar los ataques al personal de mantenimiento de la paz de la UNAMID. El 17 de mayo, prorrogó un año el mandato del Grupo de Expertos que supervisaba las sanciones impuestas a quienes obstaculizaban la paz en el Sudán, principalmente en Darfur (ver comunicado de prensa SC/10253 ).
África Occidental El Consejo de Seguridad celebró varias sesiones sobre la situación regional en África Occidental. El 25 de marzo, Atul Khare, Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, informó sobre el malestar político en Côte d'Ivoire durante una sesión en la que llegaron a conocimiento del Consejo las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas en este país. Estas incluían presuntamente el uso de armamento pesado contra los civiles por parte de las fuerzas leales al antiguo Presidente, Laurent Gbagbo, lo que resultó en cientos de asesinatos y arrestos arbitrarios, así como en el desplazamiento de hasta un millón de personas. El deterioro de la situación costó muchas vidas al pueblo de Côte d'Ivoire, declaró el Sr. Khare, transmitiendo la petición de los líderes regionales de imponer medidas más severas contra el Sr. Gbagbo. El representante de Côte d'Ivoire también pidió al Consejo una actuación más firme, recalcando que la obligación y la responsabilidad de proteger a los civiles ocupaban un lugar central en las preocupaciones internacionales actuales. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10212 ). Al reunirse de nuevo el 8 de julio, el Consejo acogió con beneplácito la resolución de la crisis política en Côte d'Ivoire y en otros puntos de la región. Citando en concreto el fin pacífico de la prolongada crisis tras las elecciones en Côte d'Ivoire, Said Djinnit, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA), declaró que se habían producido avances positivos en toda la región. Añadió que la invitación extendida a los dirigentes elegidos democráticamente de Côte d'Ivoire, el Níger y Guinea fue una muestra de que la comunidad internacional apoyaba firmemente este progreso. Sin embargo, puso de relieve que la región todavía requeriría asistencia para lidiar con una serie de retos, incluida la inseguridad alimentaria crónica en el Níger, las nuevas reformas institucionales en curso en Guinea y la oleada de inmigrantes que regresaba a Malí y al Níger desde los países del Norte de África en fase de transición. Asimismo, advirtió de que las elecciones programadas para antes del comienzo de 2013 podían prender la chispa a las tensiones que se estaban gestando y conducir de nuevo a la violencia y a la inestabilidad. El progreso en la región podía descarrilar a menos que se hiciera frente al tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el terrorismo de forma eficiente. En ese contexto, recalcó que el Consejo debía permanecer alerta y trabajar para prevenir conflictos. (Ver comunicado de prensa SC/10315 ).
En un comunicado de prensa emitido también el 8 de julio, el Consejo expresó su preocupación por el hecho de que el progreso de África Occidental seguía siendo frágil. Tras acoger de buen grado la adopción de la Declaración de Praia sobre las elecciones y la estabilidad en África Occidental, recalcó la importancia de fortalecer la cooperación transregional e internacional para apoyar a África Occidental en su lucha contra las repetidas amenazas a la paz y la seguridad. Esta declaración alentó a un compromiso mayor por parte de la comunidad internacional para garantizar que los progresos en la prevención de conflictos y en la consolidación de la democracia alcanzados en la región fueran sostenidos. (Ver comunicado de prensa SC/10316 ).
Sáhara Occidental EL 27 de abril, el Consejo aprobó por unanimidad y en una sola sesión la resolución 1979 (2011), mediante la cual se prorrogó un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), hasta el 30 de abril de 2012. A través de dicho texto se exhortó a Marruecos y al Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) a que se adhirieran plenamente a los acuerdos militares concertados con la MINURSO. Se alentó también a ambas partes a continuar mostrando voluntad política y crear una atmósfera propicia al diálogo. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10234 )..
Según lo dispuesto en la resolución, el Consejo acogió con beneplácito que ambas partes se comprometieran a seguir celebrando pequeñas charlas informales para preparar una quinta ronda de negociaciones. Asimismo, el Consejo acogió con agrado la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos en Marruecos que incluye el componente relativo al Sáhara Occidental, y el compromiso de Marruecos de asegurar un acceso sin trabas ni condiciones a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Además, el Consejo recibió como una buena noticia la puesta en marcha del mejorado programa de protección a los refugiados, desarrollado conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Frente Polisario.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 41
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución