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BOE.es - Documento BOE-A-1999-12091
Documento BOE-A-1999-12091
Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
«BOE» núm. 128, de 29 de mayo de 1999, páginas 20483 a 20487 (5 págs.)
BOE-A-1999-12091
https://www.boe.es/eli/es-md/l/1999/03/30/3
Parte la Ley del artículo 447.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, conforme al cual «la representación y defensa de las Comunidades Autónomas... corresponderán a los Letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y defienda», a lo que añade que «los Letrados integrados en los Servicios Jurídicos del Estado podrán representar y defender a las Comunidades Autónomas en los términos que se establecerán reglamentariamente», norma complementada en este punto por la citada Ley 52/1997, que prevé la suscripción del oportuno convenio entre el Gobierno de la Nación y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
En orden a la disposición de la acción procesal, la Ley respeta el vigente régimen jurídico derivado de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid [artículos 21.l), v) y x), y 41.k)], y la Ley 1/1984, de 19 de enero, de Administración Institucional [artículo 10.1.d)], si bien se admite que el Director general de los Servicios Jurídicos pueda acordar el ejercicio de acciones en casos de urgencia, poniéndolo en conocimiento del órgano legitimado, que decidirá lo que proceda, y someter a su autorización el ejercicio o no sostenimiento de recursos. En su función asesora, los Letrados se atendrán al principio de libertad de conciencia e independencia profesional.
Por lo que se refiere al régimen de notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal, la exención de depósitos y cauciones, tasación de costas, suspensión del curso de los autos y fuero territorial de los entes públicos se hace una remisión a la legislación estatal, contenida en la citada Ley 52/1997. La disposición adicional cuarta de dicha Ley invoca, al respecto, la competencia estatal en materia de legislación procesal que consagra el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, y dispone que los preceptos que cita, relativos a las materias expresadas, serán de aplicación a las Comunidades Autónomas y entidades públicas dependientes de ellas.
Artículo 1. Asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio de la Comunidad, sus organismos y entidades.
1. El asesoramiento jurídico y la representación y defensa de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos y de cualesquiera otras entidades de Derecho público de ella dependientes, ante toda clase de juzgados y tribunales, corresponde a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes y de las competencias de los órganos a que se refiere el artículo 3.1.
Artículo 2. Otras funciones de los Servicios Jurídicos.
1. Los Letrados de la Comunidad de Madrid asumirán la representación y defensa en juicio de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid constituidas como sociedades anónimas, mediante la suscripción del oportuno convenio al efecto, en el que se determinará la compensación económica a abonar a la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Artículo 3. La Dirección General de los Servicios Jurídicos.
1. La Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, es el centro superior consultivo de la Administración de la Comunidad, organismos autónomos y entidades dependientes, sin perjuicio de las competencias conferidas por la legislación vigente a otros órganos y organismos, y, en particular, a las Secretarías Generales Técnicas, y de las especiales funciones atribuidas al Consejo de Estado o, en su caso, al órgano consultivo equivalente que pudiera crearse en la Comunidad.
4. El Director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid será nombrado y separado mediante Decreto del Gobierno, a propuesta del Consejero de la Presidencia, entre juristas de reconocida competencia que hayan ejercido su profesión al menos durante seis años. Durante el ejercicio de su mandato, estará habilitado para ejercer las funciones de Letrado de la Comunidad de Madrid, aunque no disfrutase de esa condición con anterioridad a su nombramiento.
Artículo 4. Ejercicio de la función consultiva.
a) Los proyectos o anteproyectos de disposiciones de carácter general.
b) Los convenios y contratos administrativos, civiles, mercantiles y laborales que deben formalizarse por escrito.
c) La suficiencia de los poderes para actuar que presenten los particulares ante la Administración de la Comunidad.
f) La constitución, modificación y cancelación de las garantías que deban prestarse a favor de la Comunidad.
g) Las reclamaciones previas a la vía civil, laboral, y los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
h) Los expedientes sobre declaración de lesividad de los actos propios, con carácter previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
i) Los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
j) Los estatutos de organismos autónomos, empresas públicas, consorcios y fundaciones en los que participe la Comunidad de Madrid.
k) La defensa jurídica de las competencias de la Administración de la Comunidad de Madrid con respecto al Estatuto de Autonomía.
l) Cualquier otro asunto respecto del cual las disposiciones vigentes exijan un informe jurídico con carácter preceptivo.
Artículo 5. Ejercicio de la función contenciosa.
1. Como regla general, las actuaciones de representación y defensa en juicio corresponderán a los Letrados del Servicio en el que se centralice la función contenciosa, si bien el Director general de los Servicios Jurídicos podrá avocar para sí esta función, cuando la índole del asunto lo haga conveniente, y encomendar la representación y defensa en juicio de cualquier asunto procedente de una determinada Consejería a los Letrados del correspondiente Servicio Jurídico.
Artículo 6. Los Letrados de la Comunidad de Madrid.
1. Los puestos de trabajo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid que tengan encomendado el desempeño de las funciones descritas en esta Ley se adscribirán, con carácter exclusivo, a los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, en el que se ingresará mediante oposición entre Licenciados en Derecho. Esta misma titulación deberá ser poseída, como mínimo, por los miembros del tribunal calificador.
2. La adscripción y remoción de los Letrados en los distintos Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y el nombramiento y cese de los Letrados-Jefe de cada uno de ellos corresponderá al Consejero de Presidencia, a propuesta del Director general de los Servicios Jurídicos, que pondrán en conocimiento de la respectiva Secretaría General Técnica.
Principios de jerarquía y colaboración
Artículo 7. Instrucciones y autorizaciones.
1. Los Letrados de la Comunidad de Madrid están sometidos en su actuación a la dirección y coordinación jurídicas del Director general de los Servicios Jurídicos, que, a tal efecto, podrá dictar las instrucciones que sean necesarias, en especial, en relación con el anuncio, preparación, interposición, formalización o no sostenimiento de recursos, así como la determinación de los supuestos de consulta preceptiva al centro directivo y de autorización previa del mismo. En su función asesora, los Letrados se atendrán al principio de libertad de conciencia e independencia profesional.
En materia de personal laboral, cuando se estime procedente no recurrir en suplicación sentencias total o parcialmente desfavorables, deberá solicitarse el informe de la Dirección General de la Función Pública, del que sólo podrá apartarse la Dirección General de los Servicios Jurídicos razonando la falta de viabilidad del recurso.
Artículo 8. Colaboración interorgánica.
1. Todos los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus organismos y entidades a los que los Servicios Jurídicos se lo soliciten, y, en particular, los órganos interesados en los procesos, deberán prestar la colaboración precisa para la mejor defensa de los intereses en litigio.
Por la Consejería de Hacienda, así como por las demás Consejerías afectadas, se realizarán las modificaciones presupuestarias y orgánicas, transferencias y habilitaciones de créditos, que sean precisas para el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
El segundo párrafo del apartado primero de la disposición adicional novena de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, introducido por el artículo 6.2 de la Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, queda redactado en los siguientes términos: «Igualmente se integrará en el Cuerpo de Letrados a los funcionarios de carrera de la Comunidad de Madrid del grupo A, Licenciados en Derecho, que, a la fecha de entrada en vigor del Decreto a que se refiere el párrafo anterior, ocupen o hayan ocupado puestos de trabajo de Letrado en la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia o de las Asesorías Jurídicas de las distintas Consejerías, desarrollando funciones de asesoramiento en Derecho y/o defensa en juicio de la Comunidad de Madrid durante cinco años como mínimo. Los funcionarios que cumplan estos requisitos deberán solicitar la integración en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto a que se refiere el párrafo anterior».
Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 85, de 12 de abril de 1999)
Fecha de disposición: 30/03/1999
Entrada en vigor: 12 de abril de 1999.
Publicada en el BOCM núm. 85, de 12 de abril de 1999.
los arts. 1.1, 2.1 y 2, 6.1 y 2, por Ley 9/2015, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-4510).
los arts. 2.2. y 6.2, por Ley 4/2014, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-1956).
el art. 6.1, por Ley 6/2011, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-2980).
los arts. 3.1 y 4.1, por Ley 6/2007, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-4061).
los arts. 3.1 y 4.1, por Ley 4/2006, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-9769).
el art. 4.1.b) , por Ley 7/2005, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-3668).
los arts. 3.4 y 4.1, por la Ley 24/1999, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-3766).
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 219, de 13 de septiembre de 1999 (Ref. BOE-A-1999-18708).
Decreto 92/1984, de 27 de octubre (BOCAM de 7 de noviembre).
art. 4 de la Orden 3333/1989, de 21 de diciembre.
el art. 6.2 de la Ley 27/1997, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-20605).
la disposición adicional 9.1 de la Ley 1/1986, de 10 de abril (Ref. BOE-A-1986-23734).
DE CONFORMIDAD con el art. 37 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6317).
Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (Ref. BOE-A-1998-16302).

References: artículo 447
 artículo 149

Artículo 1
 artículo 3

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 6