Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-11-enero-2008-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-753621
Timestamp: 2016-10-23 19:05:52+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica el Acuerdo de coordinación de la inspección en materia de comercio interior celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica el Acuerdo de coordinación de la inspección en materia de comercio interior celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica el Acuerdo de coordinación de la inspección en materia de comercio interior celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	ANEXOANEXOSAnexo IAnexo II
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco han suscrito en la Conferencia sectorial de comercio interior de 20 de noviembre de 2007, un Acuerdo de coordinación de la inspección en materia de comercio interior.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en virtud de su respectivo Estatuto, es objetivo de las autoridades estatal y autonómicas el alcanzar criterios comunes de interpretación de las normas administrativas de carácter estatal en materia de ordenación del comercio para lograr que su aplicación se ajuste a la mejor consecución de los objetivos para los que se dictó. Dichos criterios en modo alguno pretenden desplazar el ejercicio de interpretación normativa de cada una de las comunidades autónomas que es irrenunciable. Ahora bien, la fijación de criterios comunes mediante un procedimiento que garantice la plena participación de todas las implicadas los reviste de una auctoritas que supone un avance respecto de la situación precedente y propiciará una mayor seguridad jurídica para las empresas en todo el territorio español.
4.2.2 Observaciones.
Las comunidades autónomas a las que se remita el informe básico contarán con un plazo de 10 días hábiles para la emisión de las opiniones y observaciones que se estimen oportunas, salvo en aquellos supuestos en los que la complejidad o dificultad técnica del asunto aconsejaran una ampliación del plazo previa solicitud de la comunidad autónoma que lo considere oportuno. Plazo similar se concederá a los restantes órganos a los que se soliciten, asimismo, observaciones.
4.2.3 Elaboración de posteriores informes.
4.2.4 Última fase del consenso.
En consecuencia, se adoptarán las medidas oportunas para evitar que cualquier información pueda salir del ámbito en el que se está tramitando el procedimiento administrativo, y, en ningún caso, se facilitará ésta a empresas, asociaciones o consumidores. Criterios generales para la determinación de los puntos de conexión en las infracciones interautonómicas de los artículos 65.1 c) y f) en materia de venta con pérdida y pagos a proveedores; y por el que se establecen los criterios de interpretación de conceptos jurídicos indeterminados del artículo 14 y 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
En su virtud, las comunidades autónomas firmantes, en pleno ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de comercio interior y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
1. En la infracción grave, tipificada en el artículo 65.1 c), relativa a la realización de venta con pérdida, en los supuestos no excepcionados en el artículo 14.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, el criterio por el que se atribuirá la competencia territorial a una comunidad autónoma, será determinado con arreglo a la siguiente fórmula: corresponderá conocer a todas aquellas comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial radiquen los establecimientos comerciales abiertos al público en los que se comercialicen artículos, respecto de los que minoristas, mayoristas o intermediarios hayan incurrido en venta con pérdida, en supuestos no exceptuados en la Ley. En acuerdos complementarios podrán determinarse los criterios aplicables a otras modalidades de venta en las que no sea posible aplicar este criterio.
2. En la infracción grave tipificada en el artículo 65.1 f), relativa al incumplimiento de las obligaciones de pago a proveedores a las que se refiere el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, podrán conocer todas aquellas comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial radiquen los establecimientos comerciales en los que se comercialicen los productos, respecto de los que minoristas, mayoristas o intermediarios excedan de los plazos de pago legalmente establecidos. Asimismo, podrá conocer la comunidad autónoma en la que tenga su domicilio social el proveedor, o en su caso, el distribuidor. Las comunidades autónomas podrán acordar los mecanismos de comunicación e inhibición que resulten procedentes.
Se han de comparar los precios de idénticos productos. En los supuestos de marca blanca o de distribuidor, para apreciar la identidad del producto, se tomarán como referencia otros productos de marca blanca comercializados por los competidores bajo el mismo formato. La venta con pérdida debe ser constitutiva de una reacción proporcionada a la previa acción.
5. A efectos de inspección, para apreciar la existencia de venta con pérdida, el precio de adquisición, al que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, será únicamente el que conste en la factura, no pudiendo considerarse otros elementos no recogidos en la misma. 6. El precio de reposición, al que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, será:
La factura en la que figure el precio de reposición ha de haber sido emitida previamente al momento en que se detecte la venta con pérdida. Ha de obedecer a una bajada generalizada y públicamente conocida de los precios del producto en el mercado debido a cualquier circunstancia objetiva que lo justifique.
8. A efectos del desarrollo de la legislación básica estatal, recogida en el artículo 65.1 c) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, resulta conforme con el orden constitucional de distribución de competencias, la consideración de que la infracción viene constituida tanto por la venta con pérdida de un artículo determinado en uno o varios de los establecimientos de la misma empresa, como por la actividad de venta con pérdida de un conjunto de artículos en el mismo establecimiento comercial. 9. A los efectos de la aplicación del artículo 14.4 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, en las promociones de ventas 2 × 1 o similares, el precio considerado será el resultante de dividir el precio de venta al público del conjunto de unidades de producto entre el número de unidades efectivamente vendidas.
Las infracciones graves, de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, de los apartados c) y f) del artículo 65.1, relativas a incumplimientos en materia de venta con pérdida y de aplazamientos de pago a los proveedores, presentan, en un elevado número de casos, un marcado carácter interautonómico, puesto que, buena parte de las empresas susceptibles de ser inspeccionadas disponen de establecimientos en más de una comunidad autónoma. En materia de venta a pérdida se reconoce la competencia de todas y cada una de las comunidades autónomas en cuyo territorio se produce la infracción de radicar allí los establecimientos en los que se venden artículos a pérdida. En materia de aplazamientos de pago, se mantiene análogo criterio al reconocer, igualmente, la competencia de todas y cada una de las comunidades autónomas respecto de aquellos establecimientos en los que se comercialicen productos adquiridos con infracción de los plazos de pago legalmente establecidos. Además, se reconoce la competencia de aquellas comunidades autónomas en cuyo territorio tenga su domicilio social el proveedor o el distribuidor.
Los tres criterios previstos, el establecimiento comercial, el domicilio social del proveedor o el domicilio social del distribuidor, requieren de la articulación de un procedimiento que ordene el complejo entramado de relaciones interautonómicas entre los órganos inspectores de comercio, tanto en la transmisión de la información como en el desarrollo de las actuaciones inspectoras. Al objeto de contrarrestar la actuación de los potenciales infractores que operan al ejercer su actividad en el territorio de más de una comunidad autónoma, se requiere del establecimiento de mecanismos de colaboración que faciliten la labor inspectora y el cumplimiento de la normativa en materia de comercio interior, tanto estatal como autonómica, a fin de dotar a la inspección de comercio de una mayor eficacia en el desarrollo de su actividad.
El objetivo del presente Acuerdo es contribuir a facilitar la práctica de comunicaciones e inhibiciones, mediante el establecimiento de los conceptos, procedimientos, instrumentos y efectos de las transmisiones de información efectuadas por razón de la actuación inspectora en materia de ordenación del comercio. 2. Ámbito de aplicación
Las transmisiones de información que se realicen entre la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los órganos de inspección de las comunidades autónomas. Las inhibiciones entre los órganos de inspección de comercio de las comunidades autónomas.
Castilla- La Mancha: CM.
4.3.3 Plazo: la inhibición se ha de comunicar al órgano inspector de comercio que se estime competente para conocer, en el plazo de máximo de 20 días naturales, computados desde el día en que finalicen las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos. 4.3.4 Soporte: como soporte de la inhibición se podrá utilizar cualquiera de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos a los que se refiere el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
Suscriben el presente acuerdo, por la Administración General del Estado, Joan Clos i Matheu, Ministro de Industria Turismo y Comercio.-Por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Ana Aguirre Zurutuza, Consejera de Industria, Comercio y Turismo.
Comunidad Autónoma de origen/Comunidad Autónoma destinataria
Referencia de la inhibición:	Denominación de la empresa (1):	Domicilio social (2):	Irregularidades detectadas (3):	Tipificación (4):	Comunidad Autónoma a favor de quien se inhibe (5):	Fecha de la inhibición (6): Observaciones:	Documentos que se adjuntan (7):
Factura/s:
Convenio de compra; plantillas de condiciones u otros documentos que acrediten el pago:
Informe razonado:
* Esta ficha se enviará a la CA en favor de quien se inhibe y a la DGPC.
(1) Si se trata de una persona física, se consignará nombre y apellidos. Si se trata de una persona jurídica, se consignará su denominación completa.
(2) Consignar el domicilio social de la empresa, no el de sucursales o establecimientos de su titularidad.
(3) Consignar la conducta o hecho presuntamente infraccional.
(4) Indicar los preceptos y la/s norma/s que se consideren infringidas.
(5) Indicar la comunidad autónoma correspondiente a: el establecimiento comercial; el domicilio social del proveedor o el distribuidor.
(6) Indicar la fecha de entrada en el Registro.
(7) Indicar con una X los documentos que se adjuntan.
Comunidad Autónoma de origen / Comunidad Autónoma destinataria
Referencia de la inhibición:	Ficha 2
Denominación de la empresa (1): Domicilio social (2): Irregularidades detectadas (3): Tipificación (4): Comunidad Autónoma a favor de quien se inhibe (5): Fecha de la inhibición (6): Fecha de archivo de actuaciones (7): Motivos de archivo de actuaciones:	Fecha de incoación del expediente:	Calificación inicial de la infracción:	Ficha 3
Fecha de resolución del expediente:	Sanción impuesta: Sobreseimiento: Observaciones:	* Esta ficha se enviará a la CA en favor de quien se inhibe y a la DGPC.
(1) Si se trata de una persona física, se consignará nombre y apellidos. Si se trata de una persona jurídica, se consignará su denominación completa. La denominación ha de coincidir con la que figure en la ficha 1.
(7) Indicar la fecha en la que se acuerde el archivo.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 14
 artículo 65
 artículo 14
 artículo 65
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 65
 artículo 14
 artículo 65
 artículo 45
 resolución