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Timestamp: 2019-09-15 19:54:16+00:00

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Decreto Ley 3 de 22 de Febrero de 2008 – Gem Torres y Asociados
1. Los agentes diplomáticos y consulares ni a los funcionarios extranjeros de las misiones, legaciones y sus familiares, debidamente acreditados ante la República de Panamá.
2. Los representantes permanentes, los representantes y enviados especiales, los funcionarios extranjeros de organismos internacionales o intergubernamentales y sus familiares con sede en el territorio nacional, con fundamento en los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá.
Artículo 4. El Servicio Nacional de Migración presta una función pública de seguridad, administración, supervisión, control y aplicación de las políticas migratorias que dicte el Órgano Ejecutivo, de conformidad con este Decreto Ley, sus reglamentos y normas relacionadas con la materia.
1. Ejecutar la política migratoria y velar por el estricto cumplimiento de la legislación migratoria vigente.
2. Organizar, dirigir, registrar, fiscalizar y prestar el servicio migratorio a los extranjeros y velar por el control efectivo de su estadía en el país, dentro de los límites que establece el presente Decreto Ley.
3. Ejercer el control migratorio y el registro de las entradas y salidas del territorio nacional de nacionales y extranjeros.
4. Autorizar, negar o prohibir la entrada o la permanencia de extranjeros en el territorio nacional y ordenar su deportación, expulsión o devolución, de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley.
5. Aprobar o negar, mediante resolución motivada, las solicitudes de cambios de categoría migratoria de los extranjeros en el país.
6. Aprobar o negar las solicitudes de aquellas categorías migratorias tramitadas a través de embajadas y consulados.
7. Cancelar, mediante resolución motivada, los permisos de no residente, residente temporal y residente permanente, de los extranjeros en el país, de conformidad con el presente Decreto Ley.
8. Acoger y resolver las solicitudes de visas que formulen los extranjeros no residentes.
9. Otorgar documentos de identificación a los extranjeros reconocidos por la República de Panamá como refugiados, asilados, apátridas y personas bajo protección temporal por razones humanitarias.
10. Expedir salvoconducto a favor de los extranjeros cuyos países no tienen representación diplomática o consular en la República de Panamá.
11. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos internacionales ratificados por la República de Panamá, en materia migratoria.
12. Administrar los fondos que ingresen en concepto de depósito de repatriación y de garantía en el Fondo Fiduciario de Migración, y devolver a los interesados sus respectivos depósitos cuando ello proceda.
13. Administrar el Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano.
14. Crear el sistema interno de procedimientos, protocolos generales, funcionamiento y administrativos, para establecer las normas de gestión institucional y su reglamentación.
15. Ejercer el control migratorio sobre los pasajeros de los medios de transporte local e internacional, públicos o privados, en aeropuertos, fronteras, puertos marítimos y fluviales, así como en cualquier parte del territorio nacional. Para tal efecto, podrán establecerse controles permanentes y/o periódicos, debidamente autorizados por el Director General del Servicio Nacional de Migración.
16. Inspeccionar y ejercer controles migratorios en los centros de trabajo y en cualquier lugar de acceso público, cuando existan indicios de irregularidades migratorias.
17. Intercambiar información y cooperar con otros organismos nacionales y homólogos de otros países, así como con organizaciones internacionales especializadas en materia migratoria, para coadyuvar en la implementación de acciones contra el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el tráfico ilegal de armas y explosivos y contra el desvío, para fines ilegales, de mercaderías de doble uso y otras actividades relacionadas.
18. Aprehender, custodiar y detener a los extranjeros que infrinjan las disposiciones de la legislación migratoria, en los términos previstos en el presente Decreto Ley.
19. Realizar las investigaciones necesarias para prevenir, identificar y contrarrestar las infracciones relacionadas con el régimen jurídico migratorio, y coadyuvar con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con las infracciones a la legislación penal.
20. Ejercer la jurisdicción coactiva.
21. Aplicar las sanciones administrativas correspondientes a los infractores del presente Decreto Ley y sus reglamentos.
22. Cualquier otra que le establezca la ley y los reglamentos.
1. El Ministro de Gobierno y Justicia, quien lo presidirá.
3. El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.
4. El Ministro de Comercio e Industrias.
5. El Ministro de Economía y Finanzas.
6. El Presidente del Tribunal Electoral.
7. El Gerente General del Instituto Panameño de Turismo.
8. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.
9. El Director General del Servicio Nacional de Migración, quien desempeñará las funciones de Secretario, con derecho a voz.
1. Elaborar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas migratorias que orienten al Estado en sus estrategias demográficas y de planificación de poblamiento, para que éste las apruebe cuando lo considere necesario.
2. Someter, a la consideración del Órgano Ejecutivo, programas de trabajadores migrantes, que atiendan los intereses políticos, económicos y demográficos del país.
3. Recomendar y desarrollar las medidas especiales que debe tomar el Estado panameño para controlar, fiscalizar y prevenir la migración irregular.
4. Promover la realización de estudios interdisciplinarios que faciliten la integración de los inmigrantes a la sociedad panameña.
5. Recomendar y supervisar la realización de censos y actualización de datos, con el propósito de determinar la cantidad y categoría migratoria de los inmigrantes que permanecen en el territorio nacional, las condiciones en las cuales desarrollan sus actividades y su relación con el conjunto nacional y con los otros grupos humanos que pueblan el país.
6. Recomendar al Órgano Ejecutivo la negociación, modificación o revisión de tratados, convenios o acuerdos migratorios internacionales.
2. Gozar de comprobada solvencia moral.
1. Dirigir, planificar y administrar el Servicio Nacional de Migración.
2. Adoptar las medidas para el efectivo cumplimiento de las funciones establecidas en este Decreto Ley y en sus reglamentos.
3. Sancionar a los miembros del Servicio Nacional de Migración por infracciones al presente Decreto Ley, a los reglamentos y a las normas disciplinarias pertinentes.
4. Velar, aprobar o desaprobar los lineamientos del sistema interno de procedimientos, protocolos generales, funcionamiento y administrativos, para establecer las normas de gestión institucional y su reglamentación.
5. Recomendar al Ministro de Gobierno y Justicia los cambios de carácter organizativo, administrativo y funcional, que considere necesarios para el efectivo cumplimiento de las funciones establecidas en este Decreto Ley y en sus reglamentos.
6. Presentar el anteproyecto de presupuesto de la institución a la consideración del Ministro de Gobierno y Justicia.
7. Administrar el Fondo Fiduciario de Migración, el Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano y los recursos aprobados en el presupuesto.
8. Delegar en sus subalternos las funciones y atribuciones que considere oportunas, con excepción de las decisiones que resuelvan sobre la estadía legal, deportación o expulsión.
9. Aplicar las sanciones pecuniarias y administrativas que correspondan a quienes infrinjan este Decreto Ley y sus reglamentos.
10. Representar internacionalmente al Servicio Nacional de Migración, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
11. Ejercer la jurisdicción coactiva y, cuando lo estime conveniente, delegarla en un funcionario de la institución.
12. Intercambiar información con organismos homólogos de otros países y con organizaciones intergubernamentales e internacionales especializados en materia migratoria.
13. Autorizar las investigaciones necesarias para prevenir, identificar y contrarrestar las infracciones relacionadas con el régimen jurídico migratorio.
14. Adoptar las prácticas administrativas que promuevan criterios de seguridad, transparencia, celeridad y equidad.
15. Determinar el término de la deportación de acuerdo a la gravedad de la causa que la motiva, de conformidad al presente Decreto Ley.
16. Ejercer las demás funciones que le confieran el presente Decreto Ley y sus reglamentos.
FUNCIONES MIGRATORIAS DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y CONSULAR PANAMEÑO
Artículo 13. Se autoriza al personal diplomático y consular de la República de Panamá, para que realice funciones migratorias de conformidad con los acuerdos internacionales, el presente Decreto Ley y sus reglamentos.
En el ejercicio de tales responsabilidades, los funcionarios diplomáticos y consulares deberán:
1. Recibir, tramitar y expedir las visas que les sean presentadas por los interesados, en la categoría de no residente y las que determine el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos correspondientes.
2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y los documentos presentados por los solicitantes sean auténticos.
3. Recibir y tramitar, de conformidad con lo que establezcan los reglamentos respectivos, el permiso de residente temporal a favor de extranjeros que deseen cursar estudios en el territorio nacional, en calidad de estudiantes regulares de centros educativos universitarios, debidamente reconocidos por las autoridades competentes, salvo aquellos establecidos en los acuerdos y leyes especiales.
4. Remitir informe al Servicio Nacional de Migración, dentro de los primeros cinco días de cada mes, sobre los trámites migratorios realizados en su despacho.
1. No residente.
2. Residente temporal.
3. Residente permanente.
4. Extranjeros bajo protección de la República de Panamá.
El Órgano Ejecutivo reglamentará las categorías y subcategorías migratorias, el procedimiento, la forma y las condiciones bajo los cuales se expedirán los permisos y las visas, de acuerdo con los principios de seguridad nacional, salubridad, orden público y protección de los derechos y libertades.
Los extranjeros podrán optar al cambio de categoría migratoria previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto Ley y sus reglamentos, salvo las excepciones que estos señalen.
1. Turistas. Los que llegan al país exclusivamente para recreo y otras actividades establecidas en la reglamentación del presente Decreto Ley, por un término no mayor de noventa días, sin perjuicio de lo que establezcan los acuerdos internacionales ratificados por la República de Panamá y los principios de reciprocidad.
2. Pasajeros y tripulación en tránsito. Los que llegan al territorio nacional y han de reanudar viaje al exterior, dentro de las doce horas siguientes a la de su llegada y se encuentren en escala dentro de una ruta, así como los tripulantes o pasajeros de medios de transporte internacional, y los que permanezcan en recintos migratorios.
En los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito podrá extenderse la estadía por setenta y dos horas, previa autorización del Director General o del servidor público autorizado en aeropuertos, puertos o puestos de control migratorio.
3. Marinos. Los ciudadanos extranjeros que ingresan al territorio nacional con el propósito de embarcarse como tripulantes, en puertos y en aguas nacionales para iniciar sus labores a bordo de un buque. Estos podrán permanecer en el país por un periodo no mayor de cinco días y se regirán de conformidad con las disposiciones legales vigente sobre la materia. En caso de fuerza mayor o caso fortuito podrá extenderse este periodo, previa autorización del Director General o del servidor público autorizado en aeropuertos, puertos o puestos de control migratorio.
Artículo 18. El residente temporal es el extranjero o sus dependientes que ingresan al territorio nacional por razones laborales, de políticas especiales, de educación, de cultura, religiosas, humanitarias y de reagrupación familiar y otras subcategorías, por un período hasta de seis años, salvo en aquellos casos en que las leyes especiales y los convenios establezcan períodos distintos. Los requisitos, procedimientos, costos y cambios de categoría serán establecidos en el reglamento de presente Decreto Ley. Se entenderá por dependientes, los padres, el cónyuge y los hijos menores de dieciocho años. A los hijos mayores de dieciocho años hasta veinticinco años, quienes podrán ser solicitados como dependientes, siempre que estudien de forma regular y se encuentren bajo la dependencia económica del residente temporal, se les extenderá un permiso por un período de tiempo, que en ningún caso puede ser superior al de éste.
Artículo 19. Los extranjeros a que se refiere el Decreto de Gabinete No 363 de 1971 y la Ley 23 de 1977, para efectos del presente Decreto Ley, se asimilarán dentro de la categoría migratoria de residentes temporales y mantendrán los beneficios fiscales y franquicias arancelarias que establecen sus leyes especiales.
Artículo 23. Son extranjeros bajo protección de la República de Panamá, los refugiados, asilados, apátridas y personas bajo estatuto humanitario provisional de protección, que hayan ingresado en gran escala o individualmente al territorio nacional en busca de protección temporal, mientras esperan el retorno a su país de origen o su reasentamiento en un tercer Estado.
El reconocimiento de tal condición estará sujeto al ordenamiento jurídico nacional y a los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá.
6. Toda documentación procedente del extranjero deberá cumplir con los requisitos de legalización.
1. Valerse como único propósito del matrimonio con un nacional, para obtener su residencia.
2. Atentar contra la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud pública, o por violar los derechos y libertades de las personas.
3. En el caso de residentes permanentes, ausentarse del territorio nacional por más de dos años, salvo que tal ausencia sea justificada y autorizada por el Director del Servicio Nacional de Migración.
4. Realizar actividades incompatibles a las que sirvieron de fundamento para otorgar la visa o permiso de no residente, residente temporal o permanente.
5. Presentar declaraciones falsas y/o documentación fraudulenta o alterada.
6. Ofrecer, por sí mismo o por interpuesta persona, cualquier tipo de promesa o remuneración, o ejercer cualquier tipo de presión destinada a alterar la voluntad de los funcionarios del Servicio Nacional de Migración o agentes diplomáticos o consulares, con la finalidad de obtener la visa o el permiso respectivo.
7. Haber sido condenado por la comisión de delito doloso o por defraudación fiscal.
8. Cesar las causas que dieron origen a la autorización de la visa o el permiso respectivo.
9. Cualquier otra causal establecida en la ley o en los reglamentos.
Artículo 33. El Servicio Nacional de Migración y los miembros de los servicios de policía podrán requerir a cualquier extranjero, con carácter obligatorio, la presentación de la documentación que demuestre su entrada y condición migratoria en el territorio nacional.
En los casos que corresponda, los servicios de policía pondrán al extranjero a disposición del Servicio Nacional de Migración, que asumirá su custodia.
Artículo 34. El Servicio Nacional de Migración resolverá las solicitudes de permisos de residentes temporales o permanentes, en un término no mayor de sesenta días hábiles. El solicitante tendrá derecho a que se le otorgue el comprobante del trámite correspondiente mientras se decide su solicitud. En caso de que se detecte una solicitud incompleta o defectuosa, se concederá un plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación, para subsanarla.
Parágrafo transitorio. A partir del primer año en que entre en vigencia el presente Decreto Ley, en caso de no tomarse una decisión en el término establecido en el presente artículo, la solicitud se entenderá aprobada a favor del solicitante.
Artículo 36. Se crea el Registro de Extranjería, el cual contendrá toda la información del extranjero que aplique a las categorías migratorias de residentes temporal o permanente, establecidas en el presente Decreto Ley, a quien se identificará con una asignación numérica permanente. Este Registro será administrado por el Servicio Nacional de Migración.
El Servicio Nacional de Migración tomará las medidas pertinentes para que la asignación numérica permanente a que se refiere el presente artículo coincida o pueda ser convalidado con el número tributario de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja del Seguro Social y el Tribunal Electoral, el cual servirá para todo propósito legal tanto en sus relaciones públicas como privadas. A tales efectos, el Director del Servicio Nacional de Migración suscribirá los acuerdos interinstitucionales que fueren necesarios para dar efectividad a esta medida.
1. Si está acompañado de su padre y madre.
2. Si está acompañado por uno de sus progenitores, y éste cuenta con la autorización escrita del otro, debidamente autenticada por un notario público.
3. Si está acompañado por uno de sus progenitores y éste cuenta con la autorización del juez debidamente facultado para ello, y en caso del fallecimiento de uno de los progenitores, adicionará la certificación de defunción del ausente.
4. Si está acompañado de un tercero deberá presentar la autorización escrita de ambos progenitores, conforme se establece en los numerales 2 y 3 del presente artículo.
5. Si la persona menor de edad viaja sola deberá presentar la autorización escrita de ambos progenitores, conforme se establece en los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Parágrafo. Se excluyen de esta disposición, a las personas menores de edad extranjeras no residente.
1. Entrar por puestos migratorios terrestres, aéreos o marítimos oficialmente habilitados.
2. Presentar, a requerimiento de la autoridad migratoria, su pasaporte o documento de viaje vigente y, en caso de que se requiera, la visa de ingreso vigente.
3. Acceder a ser entrevistado por las autoridades competentes al momento de su entrada o salida, a que sus datos y registros biométricos sean validados in situ y a que su equipaje y documentos personales sean inspeccionados y verificados.
4. Presentar la Tarjeta de Ingreso y Egreso suministrada por la empresa de transporte internacional, debidamente completada, sin perjuicio de la facultad del Servicio Nacional de Migración de implementar otros mecanismos automatizados de recolección de la información, de conformidad con los estándares internacionales.
5. No tener impedimento de entrada.
6. Contar con solvencia económica para sufragar sus gastos mientras permanezca en territorio panameño. Se exceptúa de esta disposición, el pasajero en tránsito que permanece en un mismo recinto migratorio.
7. Contar con pasaje de retorno a su país de origen o residencia, cuando la categoría migratoria lo requiera.
8. Haber cancelado todas sus obligaciones para con el Servicio Nacional de Migración.
9. Cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, así como cualquier otra medida dictada por otras autoridades competentes.
Artículo 44. El extranjero tendrá la obligación, al momento de su registro, de presentar su pasaporte o documento de viaje, así como de suministrarle a los dueños o administradores de hoteles o de lugares de hospedaje, información sobre su estancia y salida.
A su vez, los dueños o administradores de hoteles o de lugares de hospedaje tendrán la obligación de remitir esta información al Servicio Nacional de Migración, que implementará mecanismos automatizados para su recolección.
1. Existencia de una orden de autoridad competente que impida su entrada.
2. Presentar a la autoridad competente, documentación nacional o extranjera, material o ideológicamente fraudulenta o adulterada, con el propósito de obtener la visa de ingreso al territorio nacional.
3. Intentar ingresar al territorio nacional con un documento que no cumple con los requisitos que exige la legislación vigente.
4. Tener antecedentes penales del país de origen o procedencia.
5. Constituir un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o a la comunidad internacional.
6. Padecer de alguna enfermedad que el Ministerio de Salud califique como riesgo sanitario, o provenir de un país o región que la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud hayan declarado de alto riesgo epidemiológico.
7. Haber sido deportado o expulsado del país y la orden se mantiene vigente.
8. Infringir el presente Decreto Ley o su reglamentación.
MOVIMIENTO MIGRATORIO TRANSFRONTERIZO DE POBLACIONES INDÍGENAS
CONTROLES MIGRATORIOS APLICABLES A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
1. Entregar con la anticipación que se establezca para cada caso, la lista de los pasajeros y/o tripulantes, con sus respectivas credenciales, documentos de viaje y visados, según corresponda.
2. Velar para que sus tripulantes no permanezcan en la República de Panamá más del tiempo autorizado.
3. Evitar el desembarco de pasajeros en una escala técnica, salvo que se encuentren debidamente autorizados.
4. Proveer, a todos los pasajeros que arriben o salgan del territorio nacional, la documentación que exigen las autoridades nacionales.
5. Habilitar, dentro del recinto migratorio, un área para atender los pasajeros en tránsito.
Las empresas de transporte internacional están obligadas a suministrar cualquier información relacionada al control migratorio de entradas y salidas de pasajeros y las listas de verificación correspondientes, al Servicio Nacional de Migración.
Las empresas de transporte internacional están obligadas a tomar las medidas necesarias para que se realicen las interconexiones que sean solicitadas para cumplir con los requerimientos del Servicio Nacional de Migración, en cuanto a la administración del control migratorio mediante mecanismos tecnológicos.
1. Ingresar al país en forma irregular, salvo las excepciones establecidas en leyes especiales.
2. Permanecer de manera indocumentada o irregular en el territorio nacional.
3. Incurrir en conductas que riñan con la moral y las buenas costumbres.
4. Atentar contra la seguridad pública, defensa nacional y salubridad pública.
5. Haber cumplido pena de prisión.
6. Incurrir en cualquier otra que determine la ley.
1. Comprobar la existencia de los hechos que la motivan.
2. Escuchar la defensa que haga el extranjero personalmente o mediante abogado.
3. Respetar los derechos humanos y las garantías fundamentales del extranjero.
4. Decretar la detención.
5. Notificar personalmente la resolución que ordena la detención.
6. Procurar que se preserve el interés superior de las personas menores de edad y la unidad familiar.
1. Haga apología de delito o incite al odio racial, religioso, cultural o político.
4. Haya sido deportado y reingrese de forma irregular al país.
Artículo 73. La resolución que ordene la expulsión deberá ser notificada personalmente.
Contra ella procede recurso de reconsideración, el cual será concedido en el efecto devolutivo y con este recurso quedará agotada la vía gubernativa.
FONDO FIDUCIARIO DE MIGRACIÓN Y FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
1. Los recursos existentes en el Fondo de Repatriación mantenidos en la cuenta especial del Banco Nacional de Panamá.
2. Los recursos del Depósito de Repatriación que, a partir de un año de la fecha de ingreso del extranjero al territorio nacional, le sean transferidos.
3. Los Depósitos de Garantía realizados por los extranjeros, cuando incumplan los términos y condiciones establecidos para su estadía en el país.
4. Los legados, herencias, donaciones o subvenciones que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y entidades nacionales, extranjeras o internacionales.
1. Los proyectos de inversión tendientes a optimizar e incrementar de manera sistemática y permanente, la calidad y cobertura de los servicios migratorios en el territorio nacional y en el extranjero.
2. Los gastos que ocasione la deportación y expulsión de extranjeros.
3. Los gastos de alimentación, hospedaje, salud, custodia y traslado interno y externo, de los extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional a órdenes del Servicio Nacional de Migración.
4. El gasto de repatriación de los nacionales que se encuentren en situación de indigencia o riesgo en países extranjeros.
5. Los gastos de operación en los procedimientos de controles migratorios.
1. Campañas educativas y de sensibilización para evitar que las personas sean víctimas de los delitos de trata de personas o tráfico de migrantes, en especial las personas menores de edad.
2. Cooperación nacional e internacional para combatir actos ilícitos.
3. Aplicación de medidas para prevenir la explotación sexual de migrantes, en especial de personas menores de edad.
4. Intercambio de información con organismos estatales e internacionales, para la identificación de personas u organizaciones sospechosas de dedicarse a los delitos de trata de personas o tráfico de migrantes y a la explotación sexual de personas.
5. Coordinación de acciones con las embajadas, consulados y organismos internacionales establecidos en la República de Panamá, para el traslado a su país de origen o residencia de las víctimas de trata de personas o tráfico de migrantes, en especial personas menores de edad.
Si al presentar sus descargos muestra evidencias de que puede cumplir con los requisitos para regularizar su condición migratoria, tendrá la opción de legalizar su permanencia, o de abandonar el país por sus propios medios dentro de un término prudencial que no podrá ser mayor de diez días calendario, sin perjuicio de las otras sanciones que establezca Artículo 86. Solamente podrán ser exoneradas de las multas establecidas en este Capítulo, las personas menores de edad, las personas con discapacidad profunda, los adultos mayores de ochenta y cinco años, los que se encuentren en condiciones de indigencia, por razones humanitarias y los que sufran enfermedades terminales.
Artículo 99. Se crea la Carrera Migratoria para los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración, con el propósito de establecer un régimen laboral especial fundado en los criterios de igualdad, mérito, honestidad, transparencia, capacidad y eficiencia.
Los requisitos y procedimientos para los nombramientos, ascenso, traslados, suspensiones y destituciones, serán establecidos por el reglamento del presente Decreto Ley.
1. Garantizar el cumplimiento de la Constitución Política de la República y la ley.
2. Procurar el movimiento migratorio libre y seguro, con estricto respeto de los derechos fundamentales.
3. Actuar con probidad y honradez en el desempeño de sus funciones.
4. Colaborar con las autoridades competentes en los términos previstos en la ley.
5. Guardar reserva respecto a toda información con carácter confidencial y de acceso restringido que conozca, por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones.
6. Velar por la vida e integridad física de las personas aprehendidas o que se encuentren bajo su custodia, así como respetar el honor y la dignidad de dichas personas.
7. Proceder con base en los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
8. Hacer uso de la fuerza en situaciones excepcionales en que exista riesgo para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el numeral anterior.
9. Identificarse debidamente como servidor público de la autoridad migratoria al momento de efectuar una aprehensión e informar las causas de ella.
10. Dar cumplimiento, con la debida diligencia, a los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona.
11. Cualquier otro que le señale la ley.
1. Cumplir, en todo momento, los deberes que impone el presente Decreto Ley y sus reglamentos, así como respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.
2. Prestar personalmente el servicio, con la eficiencia requerida para el cumplimiento de las tareas encomendadas, conforme a las modalidades que determinen los reglamentos.
3. Cumplir las órdenes o directrices emanadas de los superiores jerárquicos, que dirijan o supervisen las actividades del servicio correspondiente, de conformidad con las especificaciones del cargo que desempeñan.
4. Observar, en todo momento, una conducta decorosa con sus superiores, subordinados y con el público, toda la consideración y cortesía debida.
5. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos, bienes e intereses de la Institución, confiados a su guarda, uso o administración.
6. Atender regularmente las actividades de adiestramiento y perfeccionamiento, destinadas a mejorar su capacitación.
7. Instruir debida y oportunamente a los subalternos acerca de la observancia de los reglamentos y órdenes, relacionados con la prestación del servicio, cuando se esté obligado a ello por razón del cargo o función.
8. Informar al superior sobre la comisión de delitos que se persiguen de oficio, o sobre las faltas disciplinarias que comprometan la responsabilidad del Estado o pongan en serio peligro el prestigio, seguridad y la moral institucional.
1. Gozar de estabilidad en el desempeño de su cargo. Sólo podrá ser removido de acuerdo con las causas señaladas en el presente Decreto Ley y su reglamento.
2. Percibir remuneración justa, acorde a lo señalado en la ley y sus reglamentos.
3. Obtener permisos remunerados, así como licencia con o sin sueldo. La forma y procedimientos relativos a ésta, serán establecidas en el reglamento.
4. Recibir el pago de sus vacaciones y decimotercer mes, aun en los casos de destitución o renuncia.
5. Cumplir un horario de servicio que se determinará de acuerdo con el reglamento, adaptado a las características de la función que desempeña.
6. Obtener los ascensos que le correspondiere, de acuerdo con las normas de la reglamentación respectiva.
7. Peticionar cambio de destino, siempre que no causare perjuicio al servicio.
8. Hacer uso correcto del uniforme, insignias y demás distintivos propios del cargo y función que desempeña, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y el reglamento.
9. Recibir los sueldos, emolumentos y demás asignaciones que las disposiciones legales vigentes señalen para el nivel y cargo correspondiente.
10. Tener acceso a la documentación que sustente una resolución denegatoria de ascenso, uso de licencias reglamentarias y otros derechos determinados en este Decreto Ley y en el reglamento.
11. Presentar recurso en los casos de procedimiento, por actitudes ostensibles del superior, que signifique menoscabo a la dignidad del servidor público del Servicio Nacional de Migración, en servicio o fuera de él.
12. Recibir defensa técnica a cargo de la institución, en procesos judiciales incoados en su contra, con motivo de actos o procedimientos de servicio.
13. Participar en cursos de perfeccionamiento.
14. Recibir un reconocimiento e incentivo salarial al obtener título universitario afín a la Carrera Migratoria, debidamente acreditado ante la institución, de acuerdo con lo que establezca el reglamento del presente Decreto Ley.
1. Faltar a los principios que rijan al servicio migratorio.
2. Desobedecer las órdenes y los reglamentos.
3. Faltar el respeto y consideración a un miembro de otro cuerpo u organismo de seguridad o funcionario del Estado, a quien se le debe asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones.
4. Inducir, por cualquier medio, a otra persona a cometer errores u omitir información, declaraciones, conceptos y datos necesarios para esclarecer la verdad acerca de un hecho relacionado con el servicio.
5. Dar declaraciones y provocar o dar lugar a publicaciones, sin autorización de sus superiores, sobre asuntos de la institución.
6. Desautorizar, interferir o desobedecer, sin causa justificada, decisiones que, con base en atribuciones legales o reglamentarias, asuma cualquier miembro del Servicio Nacional de Migración con relación al servicio.
7. Obstaculizar o negar la cooperación necesaria en las investigaciones que lleva a cabo cualquier autoridad administrativa o judicial.
8. Aprovechar la autoridad del cargo o del nivel para obtener, de los subalternos o particulares, dádivas, préstamos o cualquier otro beneficio para sí o para terceros.
9. Servirse de bienes y de equipo del Servicio Nacional de Migración o de carácter particular y de puestos bajo su responsabilidad, para violar la ley, los reglamentos o instrucciones superiores.
10. Acosar a los usuarios o a los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración. El reglamento definirá y desarrollará esta materia.
11. Realizar trámites migratorios para su beneficio particular.
12. Proporcionar información sobre los usuarios, salvo cuando sea autorizada o requerida por autoridad competente o solicitada por el interesado.
13. Cualquier otra que establezca el reglamento del presente Decreto Ley.
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ADQUIRIR LA NACIONALIDAD PANAMEÑA POR NATURALIZACIÓN
1. Fecha de ingreso del extranjero y puesto de entrada.
2. Indicación de su condición de ingreso al país, ya sea legal o ilegal.
3. El movimiento migratorio sobre sus entradas y salidas del país, a fin de verificar los períodos de residencia continua.
4. Fecha de ingreso al Registro de Extranjería.
5. Número y fecha de la resolución que le otorgó la residencia y categoría de la residencia aplicada.
6. Conducta migratoria, a fin de determinar si el extranjero ha sido deportado, expulsado, si ha perdido su residencia o fue beneficiario de una amnistía migratoria.
7. Cualquier otra información referente a la conducta del extranjero que conste en los Registros del Servicio Nacional de Migración, especialmente aquella procedente del Ministerio Público, del Órgano Judicial y de los estamentos de seguridad.
1. Que obedecerá, cumplirá y defenderá la Constitución Política de la República y las leyes nacionales.
2. Que renuncia absolutamente a los vínculos civiles y políticos que lo ligan a su país de nacimiento o a cualquier otro del que se considere ciudadano.
3. Que renuncia a todos los derechos y privilegios que pudieren derivarse de tales vínculos de dependencia.
Dado en la ciudad de Panamá, a los 22 del mes de febrero de dos mil ocho (2008).
La Ministra de Vivienda, encargada,
Ministro de la Presidencia y Secretario General del Consejo de Gabinete

References: Artículo 4
 resolución 
 resolución 

Artículo 13

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 23

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 44
 resolución 

Artículo 73
 resolución 
 Artículo 86

Artículo 99
 resolución 
 resolución