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Timestamp: 2020-02-26 03:59:46+00:00

Document:
STC 1/1986, 10 de Enero de 1986 - Jurisprudencia - VLEX 15034387
STC 1/1986, 10 de Enero de 1986
Fecha de Resolución: 10 de Enero de 1986
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 494/1982
1. Se reitera la doctrina expuesta en la Sentencia 11/1984, según la cual en el conflicto entre entes no resulta indispensable que aquel que plantee el conflicto recabe para sí la competencia ejercida por el otro, bastando con que entienda que una disposición, resolución o acto emanados de otro ente no respeta el orden de competencias establecido por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las Leyes orgánicas correspondientes. Un tal planteamiento, en que el conflicto se suscita no reaccionando frente a un despojo competencial, sino defendiendo las competencias propias frente a su constricción ilegítima, no es imposible en el proceso conflictual. 2. Desde esta perspectiva, corresponde al Tribunal Constitucional, en el presente conflicto, determinar si el art. 4 y, por conexión, otros preceptos del Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio (que se limita a excluir toda participación que no sea la de la selección nacional del deporte de que se trate cuando el competidor extranjero figure también representado con esta condición), descarta también necesariamente la intervención que la Comunidad Autónoma pretende ostentar en virtud de la competencia que sobre deportes le atribuye el art. 9.29 de su Estatuto de Autonomía, en orden a la autorización de dicha comparecencia deportiva internacional. 3. De acuerdo con lo previsto por el art. 14.4 de la Ley General de la Cultura Física y del Deporte («las Federaciones cuyo ámbito de actuación coincide con el territorio de una Comunidad Autónoma o entidad preautonómica pueden participar en competiciones internacionales amistosas, siempre que no lo haga la Federación Española de la misma especialidad deportiva y previa autorización de ésta») y según la interpretación conforme a dicho precepto del art. 4 del Real Decreto que se considera, existe una posible proyección internacional de las Federaciones deportivas de ámbito catalán, como tales, y cuando concurran las condiciones para ello legalmente previstas. 4. Admitida una posible participación internacional de las Federaciones deportivas catalanas, la autoridad llamada a intervenir mediante la pertinente autorización del encuentro será sólo, tras las intervenciones federativas también previstas, la estatal. 5. Una vez autorizada por una Federación española la comparecencia internacional de una de las Federaciones catalanas que en ella se integran, no puede reclamar la Generalidad, como competencia propia, la de sujetar a su intervención administrativa ulterior, ratificándola o no, aquella autorización federativa. Si bien la Comunidad Autónoma tiene, sin duda, competencias en materia deportiva con arreglo a su Estatuto de Autonomía, no es menos cierto que estas competencias, como cualesquiera otras de las que ostente, no pueden desplegarse sobre entes que existen y desarrollan su actividad en un ámbito nacional, sustraído ya al ejercicio de las potestades autonómicas.
Sentencia citada en: 96 sentencias, 15 artículos doctrinales, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
En el conflicto positivo de competencia núm. 494/1982, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por el Abogado don Manuel M. V. M., contra el art. 4 y por conexión contra los arts. 1, 3 y 5 del Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio, sobre normas de actividades y representaciones deportivas internacionales. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Letrado del Estado, y Ponente el Magistrado don Antonio T. S., quien expresa el parecer del Tribunal
1. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm 208, de 31 de agosto de 1982, el Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio, sobre actividades y representaciones deportivas internacionales, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, mediante escrito dirigido al excelentísimo señor P. G. en fecha 22 de octubre de 1982, planteó requerimiento de incompetencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 63 de la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC), contra el art. 4 de la mencionada disposición y, por conexión, también contra los arts. 1, 3 y 5 de la misma, solicitando la derogación de estos preceptos. Según la argumentación expuesta en el escrito de requerimiento de incompetencia, las disposiciones referidas vulnerarían el orden de distribución de competencias en materia deportiva establecido en la Constitución (C.E.) y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), suponiendo también una infracción de la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte (LGCFD).
2. Como consecuencia del referido escrito del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el Gobierno de la Nación, reunido en Consejo de Ministros el 12 de noviembre siguiente, acordó no atender dicho requerimiento por estimarlo infundado, basándose en el art. 149.1.3 de la Constitución, y en consonancia con lo dispuesto en el art. 63.4 de la LOTC, habiendo tenido entrada esta Resolución en el correspondiente registro del Consejo Ejecutivo el día 22 del mismo mes. Por ello, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, en su sesión de 10 de diciembre de 1982, tomó la resolución de plantear conflicto positivo de competencia en virtud del art. 63 y concordantes de la LOTC, designando a los Letrados de su Gabinete Jurídico Central don Manuel M. V. M. y doña Mercedes C. M. para que, indistintamente, representasen y defendiesen al Consejo Ejecutivo, formulando las alegaciones pertinentes.
3. Don Manuel M. V. M. promovió dicho conflicto positivo de competencia en escrito de 17 de diciembre de 1982, solicitando de este Tribunal que dicte Sentencia por la que se declare que la titularidad de la competencia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña, y se anule el art. 4 del Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio, así como, por conexión, los arts. 1, 3 y 5 del mismo texto:
4. La Sección Tercera, por providencia de 21 de diciembre de 1982, acordó: 1.° Admitir a trámite el escrito presentado, teniendo por comparecido y parte al Abogado don Manuel M. V. M.. 2.° Tener por formalizado el conflicto positivo de competencia promovido por la Generalidad de Cataluña en relación con el art . 4 y por necesaria conexión con los arts. 1, 3 y 5, todos ellos del Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio. 3.° Comunicar al Gobierno, mediante comunicación dirigida a su Presidente, la formalización del conflicto, con traslado de esta resolución y de las copias presentadas, a fin de que en el plazo de veinte días se persone en el procedimiento y aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. 4.° Comunicar a la Presidencia del Tribunal Supremo, para conocimiento de la Sala competente para conocer del recurso contencioso-administrativo contra el indicado Real Decreto, por si ante la misma se hubiera impugnado o se impugnase la disposición objeto de este proceso a efectos de lo dispuesto en el art. 61.2 de la LOTC. 5.° Publicar en el «Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña» el planteamiento del conflicto para general conocimiento.
SAP Madrid 133/2012, 4 de Mayo de 2012
SAP Palencia 56/2008, 31 de Julio de 2008
ATS 835/2016, 21 de Abril de 2016

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 Real Decreto 
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