Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2011-00469-de-septiembre-2-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e799da432e9701fee0430a01015101fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 04:10:16+00:00

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﻿ Auto 2011-00469 de septiembre 2 de 2013
AUTO 2011-00469 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL ES UNA MEDIDA DE CARÁCTER MATERIAL QUE IMPLICA LA INTERRUPCIÓN DEL ATRIBUTO DE FUERZA EJECUTORIA DEL QUE GOZA UN ACTO ADMINISTRATIVO. LA DECISIÓN SE ADOPTA EN ARAS DE PROTEGER LOS DERECHOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS POSIBLEMENTE INFRINGIDOS SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE DEBE REVISAR SI LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO CUYA SUSPENSIÓN SE PRETENDE NO SE HAN MATERIALIZADO, PUES DE LO CONTRARIO LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR CARECERÍA DE OBJETO Y DE SENTIDO, YA QUE EL ACTO SE HABRÍA CUMPLIDO Y GENERADO LA TOTALIDAD DE SUS EFECTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, ACTO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Auto 2011-00469 de septiembre 2 de 2013
Rad.: 250002331000 2011-00469 01 (44426)
Referencia: suspensión provisional
Actor: Ingenieros Constructores Gayco S.A
Bogotá, D.C. dos de septiembre de dos mil trece.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra el auto de 15 de diciembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante el cual se denegó la solicitud de suspensión provisional formulada por la parte actora respecto de las resoluciones 1794 de 30 de abril y 4087 de 10 de septiembre de 2010, atacadas en la demanda.
Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2011(1), la Sociedad Ingenieros Constructores Gayco S.A., miembro de la Unión Temporal Corredores Arteriales, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, formuló demanda en contra del Instituto Nacional de Vías —Invías—, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 1794 de 30 de abril de 2010, a través de la cual se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra 679 de 2009 y se impuso una multa a la sociedad actora por la suma de $ 543.128.677. Así mismo, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 4087 de 10 de septiembre de 2010, mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera decisión. Consecuencialmente, pidió que se condenara al Instituto Nacional de Vías —Invías— a dejar sin efecto la sanción, a proceder a la cancelación del registro de la misma y a pagar las indemnizaciones respectivas.
Como sustento de sus pretensiones, la parte actora señaló que las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad, toda vez que con su expedición se infringieron las normas en que debieron fundarse, por cuanto a la Sociedad I.C. Gayco S.A., se le aplicó un procedimiento sancionador creado por el Invías (Res. 3662/2007) contrario a la Constitución y a la ley, en tanto que la entidad demandada carece de competencia para regular procedimientos administrativos que impongan sanciones a los contratistas, pues el Consejo de Estado declaró la nulidad de este tipo de facultades.
Indicó también que los actos administrativos acusados fueron expedidos por un funcionario que carecía de competencia para ello, ya que, al momento en que se expidió la solicitud de descargos dentro del proceso sancionatorio establecido en la Resolución 3662 de 2007, el gerente de competitividad no tenía la competencia funcional para adelantar este tipo de procedimientos, circunstancia que, a juicio de la demandante, originó una nulidad insanable que vició las actuaciones siguientes adelantadas por él.
Adicionalmente, señaló que, “dada la causa en que se fundó la sanción impuesta”, las mencionadas resoluciones se profirieron con falsa motivación y en franca vulneración del régimen jurídico sancionatorio aplicable para las uniones temporales. Igualmente, manifestó que los actos administrativos acusados se profirieron por fuera del tiempo en que podía darse su expedición, pues la obligación que se pretendía fuese cumplida por el contratista ya había sido ejecutada y además, con su expedición se desconocieron los derechos al debido proceso, derecho de audiencia y defensa y los principios de la administración pública.
Dentro del libelo de la demanda(2), con base en el artículo 238 de la Constitución Política y 152 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo, la parte actora solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos acusados, argumentando que contradicen “prima facie” los siguientes preceptos legales:
— El artículo 29 de la Constitución Política, en tanto que a la sociedad I.C. Gayco S.A., le fue vulnerado su derecho al debido proceso, pues la entidad no le hizo requerimiento alguno para presentar descargos o pruebas, bajo la interpretación de que con la sola notificación al representante legal de la unión temporal se daban todas las garantías, desconociendo que en tratándose de uniones temporales las sanciones son individualizadas y, por tal razón, las oportunidades a cada miembro para que defienda sus intereses también deben serlo.
— El artículo 87 del Decreto 2474 de 2008, pues la sanción impuesta a la demandante se realizó con un procedimiento administrativo sancionatorio creado por el Invías (Res. 3662/2007), desconociendo que el Consejo de Estado, en sentencia del 14 de abril de 2010, Expedientes 36054, declaró la nulidad del citado artículo, el cual facultaba a la administración para crear este tipo de procedimientos.
— El artículo 1º de la Resolución 4472 de 2010, pues la declaratoria de incumplimiento parcial del contrato 679 de 2009, fue realizada bajo el procedimiento contenido en la Resolución 3662 de 2007, normativa que a la fecha de la declaratoria no contenía dicha facultad, la cual surgió con la expedición de la Resolución modificatoria 4472 de 2010, es decir, 5 meses después de impuesta la sanción.
— Los artículos 1º y 3º de la Resolución 826 del 26 de febrero de 2010, por cuanto las atribuciones que se le otorgaron al gerente de competitividad para conocer de los procesos sancionatorios iniciaron con la expedición del citado acto administrativo, sin embargo, el 5 de febrero de 2010, el mencionado funcionario, sin tener la facultad para ello, le solicitó a la unión temporal la presentación de sus descargos.
— El artículo 7º de la Ley 80 de 1993, por cuanto el gerente de competitividad le impuso a la sociedad demandante una sanción por falta de equipos mínimos, bajo la consideración de que esta era una obligación indivisible de la unión temporal, sin embargo, aseguró el demandante que tal requerimiento fue eliminado de los pliegos de condiciones y que mediante adenda 6 a los pliegos se estableció qué equipos le correspondían a cada actividad, razón por la cual consideró que con esa actuación se vulneró el régimen jurídico sancionatorio aplicable a las uniones temporales.
— El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en tanto que la entidad demandada continuó con el procedimiento sancionatorio y en virtud de este le impuso una multa a la contratista el 30 de abril de 2010, a pesar de que ya conocía por parte de sus mismos funcionarios que esta había cumplido con el requerimiento a ella realizado.
— El artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, pues en la resolución por medio de la cual se impuso la multa a la unión temporal, así como también en la que la confirmó, se dejó de lado la responsabilidad individual de cada miembro de la unión temporal, violando de esta manera la imparcialidad y contradicción establecida para este tipo de procedimientos.
Por último, alegó el apoderado de la demandante que existe un daño inminente causado a la sociedad Ingenieros Constructores Gayco S.A., puesto que su objeto social lo constituyen actividades de ingeniería civil y su principal cliente es el Estado colombiano, razón por lo cual, el registro de la imposición de una multa le genera una sanción de puntos en las licitaciones públicas en las que participe, haciéndole imposible acceder a otras adjudicaciones con el Estado colombiano.
3. El proveído apelado.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, denegó la solicitud de suspensión provisional, por considerar que no existe ninguna contradicción manifiesta entre los actos administrativos demandados y las normas presuntamente vulneradas.
En ese sentido, afirmó el a quo que la entidad “(...) adoptó un procedimiento administrativo sancionatorio, para proferir el acto administrativo en control de legalidad, y de él se observa que, se le permitió a la unión temporal ejercer su derecho de contradicción”(3).
Igualmente consideró que la entidad demandada basó su competencia en fundamentos legales para proferir dichos actos administrativos, como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así como en la Resolución 6648 del 13 de noviembre de 2009 y en la Resolución de delegación 714 de 2 de diciembre de 2009 modificada por la Resolución 826 de 26 de febrero de 2010.
Por otro lado, dejó en claro que el análisis de fondo de la ilegalidad de los actos administrativos demandados son aspectos sustanciales que no corresponde estudiar en esa instancia procesal, sino en la sentencia que dirima la controversia planteada.
Finalmente, afirmó que no se encuentra probado un perjuicio irremediable en contra de la sociedad demandante, pues si “la publicación del acto administrativo le correspondía a la entidad realizarla una vez la resolución se encontraba ejecutoriada, es decir que si dicha circunstancia constituía un perjuicio irremediable(sic)” este ya se habría consumado, pues el acto administrativo impugnado quedó en firme el 15 de octubre de 2010, lo mismo que habría ocurrido con los “efectos económicos del acto administrativo en control de legalidad, habida cuenta de que igualmente se encuentran consumados(sic), dado que la sociedad demandante ya pagó la sanción impuesta”(4).
Mediante memorial presentado el día 19 de enero de 2012(5), el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión anterior sin sustentar sus motivos de inconformidad.
1. Procedencia del recurso de apelación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 238 de la Constitución Política; 129, 152, 181 y 146A del Código Contencioso Administrativo —D. 1/84—, el último adherido mediante la Ley 1395 de 2010, la Sala es competente funcionalmente para conocer del presente asunto, comoquiera que se trata de un auto interlocutorio proferido en primera instancia por un tribunal administrativo y susceptible del recurso de apelación.
Previo a considerar la procedencia de la medida de suspensión provisional, resulta oportuno precisar que, como ya de tiempo atrás lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, debido a que en tratándose de este tipo de autos la ley dispone que el recurso de apelación que en contra suya se interponga debe ser resuelto de plano, frente a ella no debe surtirse el trámite regular dispuesto para otras providencias en la segunda instancia y, por tal razón, tampoco es obligatorio que el recurso se sustente, pues para tales efectos debe tenerse la argumentación presentada inicialmente con la solicitud de suspensión provisional.
Al respecto, en providencia del 18 de junio de 2009, esta corporación se pronunció de la manera que sigue:
“Conforme con los artículos 155 y 213 del Código Contencioso Administrativo, el auto que resuelve sobre la solicitud de suspensión provisional en procesos de primera instancia, a diferencia de otros autos, es apelable en el efecto diferido y se resuelve de plano por el superior. Por tanto, frente a esta singular providencia interlocutoria no existe el procedimiento que se surte para las demás providencias que sean objeto de apelación dentro del proceso contencioso administrativo, como lo es el traslado para sustentar cuando el recurso no se sustenta en el momento de su interposición.
Cabe precisar, igualmente, que la exigencia de la sustentación de la apelación, requisito necesario para la admisión de un recurso, no es obligatoria en estos casos, esto es, cuando se apela un auto que decide sobre la solicitud de suspensión provisional, pues el cumplimiento de la sustentación del recurso se encuentra relevado por la fundamentación hecha en la solicitud presentada con la demanda”(6) (negrilla fuera del texto).
Sobre este particular, resulta oportuno precisar que no obstante la posición jurisprudencial a la que se alude se edificó sobre el texto original del artículo 213 del Código Contencioso Administrativo, así como sobre la modificación que a la norma se realizó mediante Decreto 2304 de 1989, esta es perfectamente predicable en el caso de estudio, por cuanto a pesar de que al sub judice le es aplicable el señalado artículo pero bajo la modificación de la Ley 1395 de 2010, tal modificación no varió el contenido normativo del artículo 213 en cuanto a la suspensión provisional se refiere.
2. Aspectos generales de la medida de suspensión provisional.
La suspensión provisional es una medida de carácter material que implica la suspensión del atributo de fuerza ejecutoria del que goza un acto administrativo, decisión que se adopta en aras de proteger los derechos individuales o colectivos posiblemente infringidos. La medida de origen constitucional exige, para efectos de su procedencia, que se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo que son:
2) Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud;
3) Si la acción es distinta a la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.
Adicionalmente a los requisitos antes descritos, la jurisprudencia de esta sección ha señalado que deberá revisarse si los efectos del acto administrativo cuya suspensión se pretende no se han materializado, pues de lo contrario la procedencia de la medida cautelar carecería de objeto y de sentido, ya que el acto se habría cumplido y generado la totalidad de sus efectos(7).
En ese contexto, procederá la Sala a verificar si en el caso concreto se cumplen, o no, los presupuestos indicados, teniendo en cuenta para ello los argumentos de la solicitud de suspensión provisional.
La Sala observa que en el caso sub judice se cumple con el primero de los requisitos establecido por el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que se solicitó y sustentó debidamente la medida de suspensión provisional dentro del escrito de la demanda, no obstante, no se accederá a la petición y se confirmará la decisión de primera instancia, en tanto que no se encuentra que se presente de manera flagrante y manifiesta infracción alguna en contra de los artículos señalados por el actor, por las razones que pasan a exponerse:
Artículo 29 de la Constitución Política: considera la parte demandante que existe una manifiesta vulneración en contra del citado artículo, por cuanto, en lugar de que la notificación para realizar descargos y, en general, para ejercer su derecho a la defensa se hubiere realizado directamente a la sociedad demandante, esta se surtió únicamente con el representante legal de la unión temporal de la que era miembro, desconociendo que las sanciones en el caso de estas uniones son individuales.
Una vez revisado en su integridad el artículo 29 constitucional de cara a los argumentos presentados por la parte demandante en relación con este aspecto, no encuentra la Sala, de manera manifiesta, que exista una vulneración de la norma en cuestión, pues para llegar a tal conclusión, o para descartarla, se hace necesario que se aborde un estudio de fondo que permita establecer en el caso de las uniones temporales la forma como deben participar sus miembros en los procedimientos administrativos que se llegaren a adelantar y, dentro de este aspecto, la manera como han de surtirse las notificaciones y las demás garantías procesales, estudio que por su naturaleza no puede adelantarse en virtud de la solicitud de suspensión provisional, sino que es propio de realizarse al momento de resolver definitivamente la controversia.
Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007: considera la parte demandante que se vulneró esta norma por cuanto, una vez requerido el contratista a cumplir con sus obligaciones, este efectivamente lo hizo, sin embargo, el Invías continuó con el procedimiento sancionatorio y como consecuencia de ello el 30 de abril de 2010 le impuso una multa.
Del análisis de la norma con los actos acusados no es dable afirmar que haya vulneración alguna de la misma, puesto que en los actos acusados se expresa que son dos los presuntos tipos de incumplimiento por parte del contratista, el primero, consistente en la no ubicación en el sitio de trabajo los equipos o la maquinaria ofrecidos en la propuesta y, el segundo, el no cumplimiento del plan de inversiones del mes de enero, si bien el demandante afirma haber cumplido, de un simple cotejo entre normas no es posible establecer si se dio o no, cumplimiento a las obligaciones por las que fue requerido en contratista y si le asistió razón a la entidad para sancionarlo, puesto que para ello se requiere de un análisis de fondo de las de pruebas obrantes en el proceso, el cual no es procedente realizar en esta instancia, sino al momento de dictar sentencia de fondo sobre el asunto.
Artículo 87 del Decreto 2474 de 2008: considera la parte demandante que esta norma se vulneró, por cuanto, en desconocimiento de lo decidido por esta corporación en sentencia del 14 de abril de 2010 dentro del proceso radicado bajo el número interno 36054, en la que se declaró la nulidad del artículo 87 de Decreto 2474 de 2008 en cuanto a la posibilidad de que se crearan procedimientos administrativos sancionatorios, el Invías creó y adelantó un procedimiento que culminó con una sanción en contra de la sociedad actora.
Frente a este cargo observa la Sala que se presentan las circunstancias que se exponen a continuación y que ameritan que el estudio del asunto se realice en la sentencia que resuelva de fondo del litigio:
a) La Resolución 3662 “Por la cual se estable el procedimiento para imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías”, se expidió el 13 de agosto de 2007, es decir, con anterioridad al 7 de julio de 2008, fecha de expedición del Decreto 2474 frente al que se pronunció la corporación mediante sentencia del 14 de abril de 2010, proferida dentro del proceso radicado bajo el número interno 36054.
b) Según se desprende del contenido de la Resolución 3662 de 1997, su fundamento jurídico lo constituyeron los artículos 5º —num. 2º—, 4º —num. 2º— y 18 de la Ley 80 de 1993, 17 de la Ley 1150 de 2007 y 64 del Código Contencioso Administrativo.
c) Debido a las anteriores circunstancias, la nulidad que se decretó del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 “únicamente en tanto se interprete que faculta a la administración para crear procedimiento administrativo sancionador”, no generó el decaimiento de la Resolución 3662 de 1997, pues este acto administrativo no se expidió con fundamento en la norma anulada.
d) El procedimiento administrativo que terminó con la imposición de una multa en contra de la parte demandante inició con anterioridad a la fecha en que se profirió la decisión adoptada por el Consejo de Estado en relación con el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008.
e) La Resolución demandada 1794 por medio de la cual el Invías le impuso una multa a la parte actora se expidió el 30 de abril de 2010, esto es, con posterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia que resolvió acerca de la demanda de nulidad que se interpuso, entre otros, en contra del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 —abr. 14/2010—, pero con anterioridad a la fecha en que esta providencia fuera notificada —el edicto se fijó el 4 de mayo de 2010—.
f) Notificada la sentencia que declaró la nulidad de artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 “únicamente en tanto se interprete que faculta a la administración para crear procedimiento administrativo sancionador”, el 10 de septiembre de 2010 se expidió la también demandada Resolución 4087, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición que se interpuso en contra de la Resolución 1794 de 2010.
En ese contexto, para establecer si el procedimiento administrativo que acogió la entidad pública demandada tuvo la virtualidad de enervar la validez de las resoluciones impugnadas, sería necesario realizar un análisis de fondo que permitiera vislumbrar el alcance de los efectos del fallo proferido por la corporación el 14 de septiembre de 2010 dentro del proceso radicado bajo el número interno 36054, en relación con una resolución que no fue demandada en este proceso, la 3662 de 2007, por medio de la cual la entidad pública accionada estableció el procedimiento administrativo que tuvo en cuenta para expedir las mencionadas resoluciones.
Así las cosas, el estudio requerido para resolver sobre este punto desborda el análisis que debe realizarse respecto de la solicitud de suspensión provisional, para cuya procedencia debe encontrarse de manera manifiesta una infracción de las disposiciones normativas invocadas, a partir de una confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud, la cual no se observa en este caso.
Artículo 1º de la Resolución 4472 de 2010 y artículos 1º y 3º de la Resolución 826 de 2010: considera la parte demandante que estas normas se vulneraron, por cuanto, a su juicio, hay una ilegalidad en el procedimiento adelantado por el Invías, toda vez que este se basó en la Resolución 3662 de 2007, sin embargo, para la época en que se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador, dicho acto administrativo no establecía la potestad para que se declararan siniestros de incumplimiento, sino que la facultad se confirió de manera posterior con la Resolución 4472 de 2010. Así mismo, considera el demandante que el gerente de competitividad, al momento de solicitarle descargos al contratista, no tenía la facultad para ello, pues esta le fue otorgada días después de realizado dicho requerimiento con la Resolución 826 de 2010, viciando a su vez todas las actuaciones posteriores por él realizadas.
Para resolver la solicitud de suspensión provisional por este cargo, resulta necesario revisar el texto de las normas que se señalan como vulneradas:
• Artículo 1º de la Resolución 4472 de 2010:
“ART. 1º—Modificar el inciso primero del artículo 1º de la Resolución 3662 del 13 de agosto de 2007, la cual para todos los efectos quedará así:
ART. 1º—Para efecto de la declaratoria de siniestros e imposición de multas y sanciones a que haya lugar, pactados contractualmente o establecidos en la ley, el Instituto Nacional de Vías y sus contratistas, respetarán y actuarán de conformidad con el procedimiento que se señala a continuación: (...)”.
• Artículos 1º y 3º de la Resolución 826 de 2010:
“ART. 1º—Modificar el artículo segundo de la Resolución 7104 del 2 de diciembre de 2009, en el sentido de incluir dentro de los delegados de las competencias allí señaladas, al asesor de dirección general - gerente del grupo de competitividad. En consecuencia, el asesor de dirección general - gerente del grupo de competitividad, tendrá las mismas competencias que allí se delegan a los demás funcionarios previstos en el referido artículo, en relación con los asuntos propios de su competencia.
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo pertinente la Resolución 7104 del 2 de diciembre de 2009 y la Resolución 6648 del 13 de noviembre de 2009”.
Respecto a los cargos propuestos por el demandante, no puede decirse que se observe de manera manifiesta vulneración alguna de las normas arriba descritas, toda vez que la entidad demandada dentro de los actos acusados refiere que el procedimiento administrativo adelantado se hizo con base en lo establecido por la Resolución 3662 de 2007, mas no en la Resolución 4472 de 2010 que a la fecha de la imposición de la sanción no se encontraba vigente. En ese sentido, realizar un análisis que permita llegar a la conclusión sobre si se generó, o no, una ilegalidad en el procedimiento o si se presentó falta de competencia por parte de la persona que lo adelantó, requiere un estudio y análisis de todas las disposiciones que reglamentaban la materia para la época en la que se adelantó el procedimiento y no solo de una comparación normativa.
Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y artículos 3º y 152 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo. De igual forma se pronunciará esta Sala frente los demás cargos referidos por el demandante, como son la violación al régimen de responsabilidad de las uniones temporales, a la vulneración al principio de imparcialidad y al principio de contradicción de las actuaciones administrativas, por cuanto estas materias no pueden ser estudiadas de fondo a la luz de una solicitud de suspensión provisional en donde la vulneración de la norma superior debe saltar a primera vista, sino que su análisis, que es de fondo, debe realizarse de la mano de la interpretación de otras normas y documentos que deben obrar en el expediente, para conocer el carácter de las obligaciones que estaban a cargo de la unión temporal, su vigencia y la distribución de responsabilidad por el incumplimiento de las mismas entre sus miembros en tratándose de este tipo de contratistas.
Adicionalmente, se observa que las causales invocadas en la solicitud de suspensión provisional son las mismas con las que se pretende la nulidad de las resoluciones acusadas y el restablecimiento del derecho, con lo que se evidencia que el examen debe surtirse, teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios allegados, en la sentencia mediante la cual se emita pronunciamiento de fondo al respecto.
Así las cosas, debido a que no se encuentra configurado el requisito establecido en el numeral 2º del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, puesto que ninguna de las circunstancias alegadas por el actor conllevan a una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico vigente, se procederá a confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por las razones expuestas, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
1. CONFÍRMASE. El auto de 15 de diciembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
2. En firme la presente decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
(1) Folios 1 a 40 del cuaderno principal.
(2) Folios 34 a 35 del cuaderno principal.
(3) Folio 45 del cuaderno principal.
(4) Folio 45 del cuaderno principal.
(5) Folio 46 del cuaderno principal.
(6) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2009). Expediente 17657, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia dieciocho (18) de julio de dos mil dos (2002). Expediente 22477, M.P. Alier Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto siete (7) de febrero de dos mil siete (2007). Expediente 33214, M.P. Alier Hernández Enríquez.

References: ARTÍCULO 152
 Resolución 
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 artículo 238
 artículo 29
 artículo 87
 artículo 1
 Resolución 
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 artículo 7
 artículo 17
 artículo 3
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 artículo 213
 artículo 213
 artículo 152
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Artículo 29
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Artículo 17

Artículo 87
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Artículo 1
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Artículo 7
 artículo 152