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Timestamp: 2019-10-18 04:35:07+00:00

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﻿ DECRETO 1355 DE AGOSTO 4 DE 1970
DECRETO 1355 DE 04 DE AGOSTO DE 1970
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA. SE DICTAN NORMAS SOBRE POLICÍA CON RESPECTO A: LOS REGLAMENTOSDE LAS ORDENESDEL EMPLEO DE LA FUERZA Y OTROS MEDIOS COERCITIVOSDEL SERVICIODE LA VIGILANCIA PRIVADADE LA CAPTURADEL DOMICILIO Y SU ALLANAMIENTODE LA ASISTENCIA MILITARDEL EJERCICIO DE ALGUNAS LIBERTADES PÚBLICASDE LA LIBERTAD DE RESIDENCIADE LA LIBERTAD DE REUNIÓNDE LA LIBERTAD DE COMERCIO O INDUSTRIA, ENTRE OTROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORGANISMOS COMERCIALES
“Por el cual se dictan normas sobre policía”.
FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONALCÓDIGO NACIONAL DE POLICÍAMIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONALPOLICÍA NACIONALRÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA NACIONAL ART. 1º—La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho.
POLICÍA NACIONALRÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA NACIONALMIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONALFINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONALCÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA ART. 2º—A la policía compete la conservación del orden público interno. El orden público que protege la policía resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad públicas.
A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación.
RÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA NACIONALPOLICÍA NACIONALMIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONALCÓDIGO NACIONAL DE POLICÍAFINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL ART. 3º—La libertad se define y garantiza en la Constitución en las convenciones y tratados internacionales y la regulación de su ejercicio corresponde a la ley y a los reglamentos.
MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONALCÓDIGO NACIONAL DE POLICÍAFINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONALPOLICÍA NACIONALRÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA NACIONAL ART. 4º—En ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios.
FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONALCÓDIGO NACIONAL DE POLICÍAPOLICÍA NACIONALMIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONALRÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA NACIONAL ART. 5º—Las normas y los servicios de policía son medios para prevenir la infracción penal.
En el ejercicio de la función punitiva del Estado, la policía es auxiliar técnico.
ART. 6º—Ninguna actividad de policía puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él.
De los medios de policía
ART. 7º—Podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público o de modo que trascienda de lo privado.
ART. 8º—El Gobierno Nacional podrá reglamentar el ejercicio de la libertad en aquellas materias de que no se haya ocupado la ley.
Las asambleas departamentales podrán hacerlo en relación con lo que no haya sido objeto de ley (o reglamento nacional)*.
Los concejos podrán ocuparse de las materias no reglamentadas, por ley, decreto nacional u ordenanza.
Es entendido que los reglamentos de policía acordados por el Concejo de Bogotá no están subordinados a las ordenanzas.
*(Nota: El inciso primero del presente artículo, la expresión en paréntesis contenida en el segundo inciso del mismo artículo y los incisos tercero y cuarto, fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 27 de Enero de 1977, Sala plena, M.P. Luis Sarmiento Buitrago).
ART. 9º—Cuando las disposiciones de las asambleas departamentales (y de los concejos)* sobre policía necesiten alguna precisión para aplicarlas, los gobernadores y alcaldes podrán dictar reglamentos con ese sólo fin.
Por tanto no podrán expedir normas de conducta no contenidas en las ordenanzas o en los acuerdos.
*(Nota: La expresión “y de los concejos” del presente artículo, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 27 de enero de 1977, Sala Plena, M.P. Luis Sarmiento Buitrago).
ART. 10.—(Inexequible).* Los intendentes y comisarios especiales podrán dictar reglamentos de policía pero sus disposiciones no entrarán a regir mientras el Gobierno Nacional no los apruebe.
*(Nota: El presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 27 de enero de 1977, Sala Plena, M.P. Luis Sarmiento Buitrago).
ART. 11.—En caso de calamidad pública tal como inundación, terremoto, incendio o epidemia que amenace a la población, los gobernadores, intendentes, comisarios especiales, alcaldes, inspectores y corregidores de policía podrán tomar las siguientes medidas para conjurar la calamidad o para remediar sus consecuencias:
1. Ordenar el inmediato derribo de edificios u obras, cuando sea necesario.
2. Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse;
3. Impedir o reglamentar en forma especial de circulación de vehículos y de personas en la zona afectada o establecer ese tránsito por predios particulares;
4. Ordenar la desocupación de casas, almacenes y tiendas o su sellamiento;
5. Desviar el cause de las aguas;
6. Ordenar la suspensión de reuniones y espectáculos y la clausura de escuelas y de colegios;
7. Regular el aprovisionamiento y distribución de víveres, drogas y la prestación de servicios médicos, clínicos y hospitalarios;
8. Reglamentar en forma extraordinaria servicios públicos tales como los de energía eléctrica, acueductos, teléfonos y transportes de cualquier clase;
9. Organizar campamentos para la población que carezca de techo; y
10. Crear juntas cívicas que se encarguen del socorro de la población damnificada; estos cargos son de forzosa aceptación.
Estas facultades no regirán sino mientras dure la calamidad, y el funcionario que las ejerza dará cuenta pormenorizada e inmediata al concejo municipal o a la asamblea, según el caso, en sus inmediatas sesiones ordinarias, de las medidas que hubiere adoptado.
ART. 12.—Según la entidad o el funcionario que lo expida, los reglamentos de policía son nacionales o locales.
ART. 13.—El reglamento de policía se subordinará a los siguientes principios:
a) La regulación del ejercicio de ciertas actividades ciudadanas no reservadas por la Constitución y la ley; corresponde al reglamento de policía mientras el legislador no la haga;
c) El reglamento debe estatuir prohibiciones y sólo por excepción obligaciones;
d) El reglamento no debe fundarse en motivos de interés privado sino de beneficio público.
ART. 14.—Cuando la ley o el reglamento de policía estatuya una prohibición de carácter general, y no obstante admita expresamente excepciones, la actividad exceptuada sólo podrá ejercerse mediante permiso de policía.
Se otorgará el permiso cuando se acredite que el ejercicio por parte del solicitante de la actividad exceptuada no acarrea peligro alguno para el orden público.
ART. 15.—Cuando la ley o el reglamento de policía subordine el ejercicio de una actividad a ciertas condiciones o al cumplimiento de determinados requisitos, dicha actividad no podrá ejercerse sino mediante el correspondiente permiso otorgado previa la comprobación de aquellas o el cumplimiento de éstos.
ART. 16.—El permiso debe ser escrito y motivado y expresar con claridad las condiciones de su caducidad .
Es además, personal e intransferible cuando se otorga en atención a las calidades individuales de su titular.
ART. 17.—La ley o reglamento señalarán al funcionario que deba conceder un permiso , el término de éste y las causas de su revocación.
ART. 18.—La revocación del permiso compete ordinariamente a quien lo concedió, salvo las excepciones establecidas por la ley o reglamento, y debe ser escrita y motivada.
ART. 19.—Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de policía, las autoridades del ramo pueden dictar órdenes según la competencia que se les atribuya.
ART. 20.—La orden debe fundarse en ley o reglamento.
ART. 21.—La orden debe ser clara y precisa y además, de posible cumplimiento.
ART. 22.—La orden debe impartirse a persona o a grupo individualizado o individualizable de personas.
ART. 23.—La orden debe ser motivada y escrita pero en caso de urgencia puede ser verbal.
ART. 24.—El que incumpla una orden podrá ser obligado por la fuerza a cumplirla. La orden puede ser impugnada por la vía jerárquica, sin perjuicio de su cumplimiento.
ART. 25.—El funcionario de policía que diere orden ilegal incurrirá en sanción disciplinaria que impondrá, el superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad penal, si la hubiere.
ART. 26.—Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, el jefe de policía conminará a la persona para que la observe en el plazo que señale, y de no ser atendido podrá imponer las sanciones que correspondan hasta vencer la resistencia, sin perjuicio de realizar el hecho por cuenta del obligado cuando fuere posible la sustitución.
ART. 27.—La orden de policía puede ser revocada por quien la omitió.
ART. 28.—La orden debe comunicarse por cualquier medio idóneo como la prensa, la radio, la televisión, las señales, los avisos, los altavoces.
ART. 29.—Sólo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo.
a) Para hacer cumplir las decisiones y las órdenes de los jueces y demás autoridades;
b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía;
c) Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad;
e) Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública;
ART. 30.—(Modificado).* Para preservar el orden público la policía empleará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 109 del Ministerio de Justicia).
ART. 31.—El empleo colectivo de armas de fuego y otras más nocivas contra grupos de agresores, estará condicionado a orden previa de la primera autoridad política del lugar.
Empero, si por las circunstancias fuere imposible recibirla, el que comande la patrulla podrá darla bajo su responsabilidad.
ART. 32.—Los funcionarios de policía están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se les pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida, o sus bienes, o la inviolabilidad de su domicilio, o su libertad personal, o su tranquilidad.
ART. 33.—En caso de urgencia, la policía puede exigir la cooperación de los particulares no impedidos para hacerlo. Con tal ocasión podrá utilizar, por la fuerza, transitoriamente, bienes indispensables como vehículos, lugares privados, alimentos o drogas.
El particular cuyos bienes hayan sido utilizados deberá ser indemnizado según el daño pecuniario inferido.
ART. 34.—La protección del orden público interno corresponde a cuerpos de policía organizados con sujeción a la ley y formados por funcionarios de carrera, instruidos en escuelas especializadas y sujetos a reglas propias de disciplina.
Los cuerpos de policía son civiles por la naturaleza de sus funciones.
ART. 35.—El servicio público de policía es de cargo de la Nación.
El cumplimiento de reglamentos especiales de policía tales como los de bosques, caza, pesca, salubridad e higiene puede vigilarse por funcionarios distintos de los que forman los cuerpos de policía.
ART. 36.—El servicio de extinción de incendios podrá prestarse por organizaciones privadas o de cargo del tesoro local.
ART. 37.—A los cuerpos de policía compete la vigilancia y las diligencias de indagación preliminar que le estén confiadas por el Código de Procedimiento Penal.
ART. 38.—Los oficiales, suboficiales y agentes después de egresados de la respectiva escuela, deberán prestar un año de servicios guiados por funcionarios de experiencia.
ART. 39.—Los gobernadores, como agentes del Gobierno Nacional, dirigirán y coordinarán en el departamento el servicio nacional de policía y lo relativo a la policía local.
Los alcaldes, como agentes del gobernador, son jefes de policía en el municipio.
ART. 40.—El comandante de un departamento de policía podrá introducir modificaciones administrativas y funcionales en su comando según las necesidades del mismo y previa consulta con el director general de la Policía Nacional.
ART. 41.—En la provisión de un cargo dentro de la policía se tendrá en cuenta, ante todo, la preparación académica y las capacidades del oficial, suboficial o agente para cumplir con eficiencia.
ART. 42.—La carrera estrictamente policial se hará efectiva, en cuanto las circunstancias lo permitan, mediante el señalamiento de escalafones según las varias especializaciones del servicio.
ART. 43.—Dentro del tal especialización se organizará el servicio de vigilancia rural con los medios de movilización más adecuados.
ART. 44.—El personal de la Policía Nacional está formado por oficiales suboficiales y agentes, de una parte, y de otra, por los funcionarios que prestan servicio de carácter administrativo y los cuales no hacen parte de la jerarquía policial.
ART. 45.—Los miembros de los cuerpos de policía no pueden intervenir de ninguna manera en actividades políticas, ni ejercen la función del sufragio.
ART. 46.—Compete a los comandos de la policía recibir denuncia sobre la comisión de hecho que pueda configurar delito o contravención.
Recibida la denuncia, después del registro estadístico, se notificará a la autoridad competente para hacer la indagación y se le enviará el documento en el que conste aquella denuncia.
ART. 47.—Por regla general toda orden superior debe ser cumplida por los subalternos.
No obstante, podrán los últimos poner de presente, en forma comedida y discreta, la inconveniencia de su cumplimiento.
ART. 48.—Si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un delito, los subalternos no están obligados a obedecer.
(Nota: La denominación del presente capítulo fue modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 110 del Ministerio de Justicia).
ART. 49.—La Policía Nacional fomentará y orientará las agrupaciones que los moradores organicen voluntariamente para la vigilancia y protección de su vecindad.
ART. 50.—El servicio remunerado de vigilancia en lugar público o abierto al público para proteger vida y bienes de número plural de personas sólo se podrá ofrecer previo permiso de la dirección general de la Policía Nacional.
ART. 51.—El permiso se concederá cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:
En cualquier tiempo podrá revocarse el permiso por resolución motivada cuando se apruebe incumplimiento de las condiciones de tal permiso.
ART. 52.—El director de la Policía Nacional podrá ordenar que se suspendan transitoriamente el servicio de vigilancia privada en determinado sector, si la ejecución de alguna tarea oficial programada así lo aconsejare.
ART. 53.—La Policía Nacional podrá autorizar a las juntas de defensa civil o de acción comunal que tengan personería jurídica, para que presten servicio de vigilancia en sus respectivos sectores, directamente o por contrato con ella o con una empresa de vigilancia privada.
ART. 54.—La investigación privada puede encaminarse a coadyuvar al descubrimiento de hechos relativos a infracciones penales siempre que no interfiera la función judicial. Los resultados de las pesquisas podrán ofrecerse al juez correspondiente.
ART. 55.—La vida íntima de persona ajena a sindicación penal no podrá ser objeto de investigación privada o judicial.
(Sin embargo)*, podrán realizarse indagaciones privadas con fines laborales o comerciales.
*(Nota: Declarada inexequible la expresión “Sin embargo,” del segundo inciso del presente artículo, y exequible condicionalmente el aparte restante de dicha disposición, en el entendido que el derecho fundamental a la intimidad solo puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionadas a la luz del orden constitucional vigente, por la Corte Constitucional en Sentencia C-602 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo)
ART. 56.—Nadie puede ser privado de la libertad sino:
*(Nota: Declarado el exequible numeral a del presente artículo, en el entendido que la privación de la libertad debe condicionarse a previo mandamiento escrito de autoridad judicial competente por la Corte Constitucional en Sentencia C-176 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
ART. 57.—Todo mandamiento de captura debe fundarse en ley (o en reglamento de policía)*.
*(Nota: la expresión “o en reglamento de policía” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-24 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero)
ART. 58.—Cualquiera puede ser aprehendido por la policía y privado momentáneamente de su libertad mientras se le conduce ante la autoridad que ha ordenado su comparecencia.
(Nota: Declarado el exequible en el entendido que se requiere que exista mandato previo de autoridad judicial competente por la Corte Constitucional en Sentencia C-176 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
ART. 59.—La petición de captura no puede hacerse sin el previo mandamiento escrito que conste en resolución, auto o sentencia.
ART. 60.—En la petición deberá señalarse el nombre de la persona cuya captura se solicita y, de ser conocida, se expresará la dirección de su vivienda y el lugar donde trabaja y cualesquiera otros datos que sirvan para identificarla o dar con su paradero. También debe mencionarse el mandamiento que motiva la petición y su fecha.
ART. 61.—La solicitud de captura se enviará directamente a la policía por intermedio de un empleado del despacho.
ART. 62.—La policía está obligada a poner al capturado dentro de la siguiente hora hábil a la de la captura a órdenes del funcionario que la hubiere pedido en su Despacho o en el respectivo establecimiento carcelario, descontado el tiempo del recorrido o el de cualquier demora debida a circunstancias insuperables.
Excepcionalmente en materia penal, la policía puede disponer hasta de 24 horas para establecer la plena identificación del aprehendido y comprobar la existencia de otras solicitudes de captura. Cuando ello ocurre, dará inmediatamente aviso a la autoridad que solicitó la captura.
(Nota: Declarado el inexequible el inciso segundo del presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-176 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
ART. 63.—Cumplida la entrega del capturado en el caso del inciso 2º del artículo anterior, el funcionario que libró el exhorto o quien lo reemplace cumplirá prontamente con el trámite de la diligencia de que se trata.
ART. 64.—Para la aprehensión de reo ausente, de condenado o de prófugo se tendrá como suficiente petición de captura el requerimiento público.
ART. 65.—El funcionario de policía atenderá con diligencia toda petición de captura; si rehusa o retarda indebidamente su cumplimiento incurrirá en la respectiva sanción.
ART. 66.—La persona sorprendida en flagrante delito o contravención penal podrá ser aprehendida por cualquiera persona.
Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer una infracción. Se considera en situación de causiflagrancia la persona sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de las cuales aparezcan fundadamente que momentos antes ha cometido una infracción o participado en ella, cuando es perseguido por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pida su captura.
ART. 67.—El funcionario de policía requerido para que capture en sitio público o abierto al público o abierto al público a persona acusadas de haber cometido infracción penal, le prestará el apoyo siempre que el solicitante concurra juntamente con el aprehendido al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia.
ART. 68.—Todo capturado tiene derecho a que se le permita dar aviso inmediatamente a sus allegados del lugar en donde se encuentre. Así mismo, si lo pide, a ser visitado por su médico y a recibir alimentos, enseres de cama, utensilios de aseo personal, ropas y obras de lectura.
ART. 69.—La policía podrá capturar a quienes sorprenda en flagrante contravención de policía, cuando el hecho se realice en lugar público y para el sólo efecto de conducir al infractor ante el respectivo jefe de policía.
En este caso, si el infractor se identifica plenamente y proporciona la dirección de su domicilio, el agente de policía puede dejarlo en libertad y darle orden escrita para que comparezca ante el jefe de policía dentro del término que ella señale sin que exceda de 48 horas siempre que, a su juicio, tal medida no perjudique el mantenimiento del orden público. (Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser capturada)*.
*(Nota: la expresión “Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser capturada” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-237 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería).
ART. 70.—En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo inmediatamente ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza.
(Nota: El inciso primero del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-850 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería)
ART. 71.—Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público.
ART. 72.—La policía amparará en todo momento la inviolabilidad del domicilio y de sitio no abierto al público, con el fin de garantizar a sus moradores la protección a la intimidad a que tienen derecho.
ART. 73.—El acceso al domicilio o a sitio privado donde se ejerza trabajo o recreación familiar, requiere consentimiento de su dueño o de quien lo ocupe.
DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUALDOMICILIO ART. 74.—Se entiende para los efectos de este estatuto, por domicilio los establecimientos de educación, los clubes sociales y los círculos deportivos, los lugares de reunión de las corporaciones privadas, las oficinas, los talleres y los demás recintos donde se trabaja; aquella parte de las tiendas y sitios abiertos al público que se reserva para habitación u oficina; los aposentos de los hoteles cuando hubieren sido contratados en arriendo u hospedaje y las casas y edificios de departamentos estén o no divididos por pasajes.
DOMICILIODELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL ART. 75.—No se reputan domicilio los lugares públicos o abiertos al público ni los sitios comunes de los edificios de departamentos y de hoteles, tales como pasajes, pasadizos y vestíbulos.
ESTABLECIMIENTO PÚBLICODOMICILIODELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL ART. 76.—Son sitios abiertos al público, entre otros, las tabernas, los restaurantes, las salas de baile y los destinados a espectáculos, aunque para entrar a ellos deban cumplirse condiciones que señale el empresario.
Con todo, cuando en sitio abierto al público se establezca recinto de trabajo o de habitación, éste se reputa lugar privado.
DOMICILIODELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL ART. 77.—Cuando por aviso o por destinación especial la entrada a un recinto esté sujeta a condición, el que la viole podrá ser expulsado inmediatamente por la policía a solicitud del morador.
ALLANAMIENTO DE BIENDELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUALDOMICILIO ART. 78.—La policía y los demás funcionarios a quienes la ley faculte expresamente para allanar domicilios o sitios cerrados donde se ejerzan actividades privadas, podrán hacerlo, pero sólo a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
ART. 79.—El mandamiento de registro de domicilio o sitio no abierto al público será la providencia escrita en donde se exprese con la mayor precisión el lugar de que se trate, los fines del registro, el día y la hora para llevarla a cabo y la facultad de allanar en caso de resistencia.
ART. 80.—La diligencia de registro de domicilio que deba practicar la policía, se llevará a cabo de ordinario en horas hábiles de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan, podrá hacerse en cualquier hora del día o de la noche. Antes de utilizar la fuerza se requerirá al morador que permita la entrada.
ART. 81.—(Modificado).* Cuando una persona sea sorprendida en flagrante violación de la ley penal y al ser perseguida por la policía se refugiare en su propio domicilio, los agentes de la autoridad podrán penetrar inmediatamente en él con el fin de aprehenderla.
Si se acoge a domicilio ajeno la policía podrá penetrar en él, haciendo uso de la fuerza si fuere necesario, sin exhibir mandamiento escrito y previo requerimiento al morador. Si éste se opone, podrá ser capturado y conducido ante la autoridad competente.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 111 del Ministerio de Justicia).
ART. 82.—Los jefes de policía podrán dictar mandamiento escrito para el registro y allanamiento de domicilio o de sitios abiertos al público, en los siguientes casos:
ART. 83.—La policía podrá penetrar en los domicilios, sin mandamiento escrito, cuando fuere de imperiosa necesidad:
ART. 84.—Si por razón del servicio fuere necesario penetrar en predio rústico cercado, la policía podrá hacerlo pero procurará contar con la autorización del dueño o administrador o cuidandero del terreno.
ART. 85.—El que insista en permanecer en domicilio ajeno contra la voluntad de su morador, aunque hubiere entrado con el consentimiento de éste, será expedido por la policía a petición del mismo morador.
ART. 86.—(Modificado).* Cuando la policía no fuere suficiente para contener grave desorden, procede la solicitud de asistencia a los cuerpos militares.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 112 del Ministerio de Justicia).
ART. 87.—(Modificado).* Podrán requerir el auxilio de los cuerpos militares los gobernadores, el Alcalde de Bogotá, los Intendentes y los comisarios especiales.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 113 del Ministerio de Justicia).
ART. 88.—Además del caso de grave desorden público, procede la solicitud de auxilio frente a catástrofe o calamidad pública.
ART. 89.—(Modificado).* La petición de asistencia militar debe hacerse por escrito, dirigida al comandante de brigada, al de batallón o al cuerpo o fracción destacados.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 114 del Ministerio de Justicia).
ART. 90.—El jefe militar no podrá rehusar ni retardar el apoyo pedido por autoridad competente y su acción se limitará a colaborar para poner fin al desorden que motivó el requerimiento, salvo instrucciones especiales de gobierno.
ART. 91.—(Modificado).* En caso de asistencia, la policía y los militares decidirán de consuno lo que deba hacerse y se distribuirán la tarea según el plan general acordado con el jefe de la administración civil.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 115 del Ministerio de Justicia).
ART. 92.—(Modificado).* Cuando los militares cooperen con la policía ajustarán sus procedimientos a los propios de policía particularmente en lo relativo al empleo de las armas.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 116 del Ministerio de Justicia).
ART. 93.—El Gobierno Nacional dispondrá que en las academias militares y en los cuerpos de tropas se dé instrucción sobre las relaciones con la policía y sobre los principios y los procedimientos de la asistencia militar.
ART. 94.—La asistencia militar será siempre de carácter temporal.
ART. 95.—Aún sin requerimiento formal, el militar debe apoyo a la policía en caso de captura, de auxilio a las personas y para impedir la comisión de delito.
Del ejercicio de algunas libertades públicas
De la libertad de locomoción
ART. 96.—No se necesita permiso de autoridad para transitar dentro del territorio nacional.
ART. 97.—(Modificado).* Los colombianos y los extranjeros residentes podrán salir del país y regresar a él sin más requisito que el documento de identidad internacional o pasaporte, salvo lo estatuido en la ley penal.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 117 del Ministerio de Justicia).
ART. 98.—La policía debe proteger la libertad de locomoción y la circulación de vehículos.
ART. 99.—Los reglamentos no pueden estatuir limitación al ejercicio de la libertad de locomoción, en cuanto a tránsito terrestre de vehículos y peatones, sino para garantizar la seguridad y la salubridad públicas.
(Nota: Se declara exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-511 de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, en el entendido de que las autoridades locales podrán determinar limitaciones al ejercicio de la libertad de locomoción, solo en la medida en que resulte estrictamente necesario y únicamente en el área y durante el lapso indispensables para preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, sin que de ninguna manera pueda afectarse el núcleo esencial del derecho fundamental de locomoción.)
ART. 100.—La regulación de tránsito aéreo, marítimo y fluvial, de no figurar en la ley, sólo podrá adoptarse por el Gobierno Nacional.
(Nota: El inciso primero del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 893 del 21 de abril de 1982, M.P. Manuel Gaona Cruz).
ART. 101.—El escogimiento del lugar de residencia permanente o transitoria es libre para todos los habitantes del territorio nacional.
De la libertad de reunión
ART. 102.—Toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito.
Dentro de las 24 horas siguientes al recibo del aviso la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, prohibir la reunión o modificar el recorrido del desfile, o la fecha, el sitio y la hora de su realización.
*(Nota: El inciso 4º del presente artículo fue modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 118 del Ministerio de Justicia).
ART. 103.—Cuando durante la reunión se intercale un espectáculo, para efectuarlo se necesita previo premiso de la autoridad competente.
ART. 104.—Toda reunión o desfiles públicos que degenere un tumulto o cause intranquilidad o inseguridad pública será disuelto.
En caso contrario serán puestas a disposición de la autoridad competente.
ART. 105.—La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación.
ART. 106.—Si en el momento de efectuarse reunión o desfile previamente anunciados, se advierte que las personas llevan armas, o cualesquiera otros objetos que puedan utilizar para agredir a otros o para dañar la propiedad pública o privada, se procederá inmediatamente a retirar tales armas u objetos a las personas que las porten o a disolver la reunión o el desfile, según las circunstancias.
ART. 107.—La persona que con ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes penales o de policía, será capturada y puesta a órdenes de la autoridad competente.
ART. 108.—Dentro de los límites que la ley establece, la policía protegerá la libertad de comercio o industria.
El Presidente de la República, en lo nacional; las asambleas departamentales y los concejos, en lo local, en ausencia de ley, señalarán, en reglamento de carácter general, las prohibiciones tendientes a evitar toda acción ejercida por particulares y que constituya una maniobra contra esas libertades.
(Nota: El inciso segundo del presente artículo, fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 27 de Enero de 1977, Sala plena, M.P. Luis Sarmiento Buitrago).
ART. 109.—En desarrollo de la facultad de que trata el artículo anterior, podrán acordarse en los reglamentos de policía medidas tendientes a impedir la destrucción internacional de productos alimenticios u otros de interés general, la repartición de zonas, el acaparamiento, el agiotaje, las falsas noticias tendientes a alterar los precios y, en general, los actos que impidan la concurrencia comercial.
ART. 110.—La publicidad con fines comerciales podrá ser limitada por reglamento con el fin de que por este medio no sean sorprendidos en su buena fe los compradores o consumidores.
El anuncio de productos capaces de inducir a vicio, o nocivos de la salud podrá ser materia de reglamentación y aún de prohibición.
ART. 111.—Los reglamentos de policía local podrán señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas.
ART. 112.—(Derogado).* En ningún establecimiento donde se consumen exclusivamente bebidas alcohólicas, se permitirá la presencia de menores de dieciocho años.
ART. 113.—Por motivos de tranquilidad y salubridad públicas, los reglamentos de policía podrán prescribir limitaciones a la venta de artículos, así como señalar zonas para los establecimientos fabriles y para el expendio de ciertos comestibles.
ART. 114.—No podrá establecerse depósito de explosivos o de materias inflamables, ni industria expuesta a peligro de explosión o de incendio, ni las que produzca emanaciones dañinas para las cosas o peligrosas para la salud de los habitantes, sino de acuerdo con lo que se disponga en los reglamentos de policía local.
ART. 115.—Las platerías y joyerías, las tiendas de antigüedades, los expendios de objetos usados y las prenderías, deberán mantener a disposición de las autoridades de policía las facturas de adquisición de esas mercancías y las copias de la factura de venta o reventa de los artículos.
ART. 116.—Las normas de policía local reglamentarán el ejercicio del oficio de vendedor ambulante.
ART. 117.—(Derogado).* Los establecimientos comerciales requieren permiso para su funcionamiento.
El permiso se otorgará, en cada caso, de acuerdo con las prescripciones señaladas en los reglamentos de policía local.
*(Nota: Derogado por la Ley 232 de 1995 artículo 6º).
ART. 118.—La policía de vigilancia podrá verificar en cualquier momento la exactitud de las pesas y medidas que se hallen en los establecimientos comerciales.
ART. 119.—El sistema métrico decimal es el aplicable en las distintas operaciones de comercio.
ART. 120.—Corresponde a la policía hacer efectivas las disposiciones sobre circulación de monedas y billetes legítimos, en todo convenio o negocio comercial.
ART. 121.—La ubicación de fábricas y de comercios estará sujeta a los reglamentos nacionales o locales sobre utilización de terrenos urbanos y rurales.
ART. 122.—La policía no puede intervenir para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, sino por vía de seguridad, salubridad y estética públicas.
ART. 123.—Los monumentos históricos y los lugares artísticos de interés general serán protegidos por la policía sin las limitaciones establecidas para las demás propiedades.
ART. 124.—A la policía le corresponde de manera especial prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público.
ART. 125.—La policía sólo puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación.
ART. 126.—En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo.
ART. 127.—Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa.
ART. 128.—Al amparar el ejercicio de servidumbre, el jefe de policía tendrá en cuenta los preceptos del Código Civil.
ART. 129.—La protección que la policía preste al poseedor, se dará también al mero tenedor.
ART. 130.—La policía velará por la conservación y utilización de las aguas de uso público. En consecuencia, el jefe de policía deberá evitar el aprovechamiento de dichas aguas, cuando no se haya obtenido el correspondiente permiso y velará por el cumplimiento de las condiciones impuestas en él y en las mercedes de las aguas.
ART. 131.—Cuando se trate de diligencias tendientes a verificar el estado y la tenencia de inmuebles frente a actos de perturbación, se practicará siempre una inspección ocular con intervención de peritos, y se oirá dentro de tal inspección a los declarantes que presenten el querellante y el querellado.
ART. 132.—Cuando se trate de restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el caso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición (y también el de apelación ante el respectivo gobernador)*.
*(Nota: La expresión demandada “y también el de apelación ante el respectivo gobernador” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-643 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
De los espectáculos
ART. 133.—Corresponde a la policía asegurar el orden en los espectáculos.
ART. 134.—Se entiende por espectáculo la función o representación que se celebra en teatro, circo, estadio, plaza, salón o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlo u oírlo.
ART. 135.—Si la función o representación se limita a determinadas personas, las disposiciones de este capítulo no son aplicables.
ART. 136.—Son deberes del empresario de espectáculo que se celebre con fines de lucro:
ART. 137.—Los espectadores están obligados a guardar la compostura y el decoro debidos.
ART. 138.—Quien promueva la presentación de un espectáculo deberá dar aviso escrito a solicitar permiso, según el caso, con cuarenta y ocho horas de anticipación al Alcalde, con indicación del lugar en que va a llevarse a cabo, la clase de espectáculo y un cálculo prudencial del número de espectadores, si se trata de función o representación en sitio abierto.
ART. 139.—El recaudo de impuestos o gravámenes que se causen por la celebración de espectáculos o sobre el precio de las boletas se regirá por las disposiciones nacionales o locales sobre la materia.
ART. 140.—La policía intervendrá para garantizar que ninguna persona entre al lugar en donde se celebre un espectáculo sin billete y para que el público respete las indicaciones de porteros y acomodadores.
ART. 141.—El empresario sólo puede vender, distribuir hasta el número de billetes que correspondan a la capacidad del lugar destinado al espectáculo.
ART. 142.—La policía de vigilancia impedirá el cobro de derechos de entrada distintos a los autorizados.
ART. 143.—Los funcionarios de la policía uniformada podrán entrar a los sitios en que se realicen espectáculos en cualquier momento, únicamente para fines del servicio; si lo hacen como espectadores, deberán cumplir con las condiciones exigidas a las demás personas.
ART. 144.—El jefe de policía impedirá la realización de espectáculos en recinto o lugar impropio o que no ofrezca la debida solidez o que no cumpla con los requisitos de la higiene.
ART. 145.—Por motivos de orden público, la policía podrá aplazar la presentación de un espectáculo o suspender su desarrollo.
ART. 146.—La entrada a espectáculos distintos de los deportivos; que se inicien después de las nueve de la noche, queda prohibida para menores de catorce años, cuando no estén acompañados de sus padres o parientes mayores de edad.
ART. 147.—Salvo reglamentación especial en contrario, de carácter local, cuando un espectáculo se suspenda después de iniciado, sin que haya mediado fuerza mayor o cuando se realice en la fecha y hora señaladas, se reintegrará el valor de lo pagado.
ART. 148.—Los espectáculos deportivos, las riñas de gallos y otros similares se rigen por reglamentos especiales en cuanto no se opongan a lo previsto en este capítulo.
ART. 149.—Las exhibiciones o representaciones por televisión se regirán por las normas especiales del estatuto de radio y televisión.
A. De la presentación de obras de teatro
ART. 150.—La presentación de obras de teatro es libre, pero los empresarios son responsables con arreglo a las leyes civiles y penales.
Si la representación de la obra contiene infracción de la ley penal, el jefe de policía a petición de la persona ofendida suspenderá su repetición mediante resolución motivada y escrita.
ART. 151—(Modificado).* Ninguna película podrá pasarse por cinematógrafo, en sala o sitio abierto al público sin autorización previa del comité de clasificación de películas.
Exceptúase la exhibición de noticieros cuyos productores o distribuidores se registren en el Ministerio de Educación Nacional.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2055 de 1970 artículo 1º del Ministerio de Justicia).
(Nota: Véase el Decreto 358 de 2000 artículo 34 del Ministerio de Cultura).
(Nota: Modificado por la Ley 1185 de 2008 artículo 26)
ART. 152.—(Modificado).* El comité de clasificación de películas estará integrado por cinco miembros, así:
Un experto en cine, un sicólogo, un abogado penalista, un representante de la asociación de padres de familia y un representante de la curia; cada uno de ellos tendrá dos suplentes personales.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2055 de 1970 artículo 2º del Ministerio de Justicia).
(Nota: Véase Sentencia C-1175 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
ART. 153.—(Modificado).* El Gobierno Nacional nombrará estos miembros de listas enviadas por las respectivas asociaciones nacionales excepto el experto en cine que será nombrado directamente por el Gobierno Nacional y el representante de la curia , que lo será por el arzobispado.
El período de los miembros del comité es de dos años.
El Gobierno Nacional fijará la remuneración de los miembros del comité, reglamentará sus funciones y establecerá los deberes de los distribuidores y productores de películas.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2055 de 1970 artículo 3º del Ministerio de Justicia).
(Nota: Véase Sentencia C-1175 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
ART. 154.—(Modificado).* Son funciones del comité de clasificación de películas:
a) Preparar un sistema de clasificación de las películas, teniendo en cuenta la edad de los espectadores.
b) Decidir sobre la clasificación de cada una de ellos.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2055 de 1970 artículo 4º del Ministerio de Justicia).
ART. 155.—(Modificado).* Las películas se clasificarán así:
1. Permitidas para toda persona.
2. Permitidas para mayores de 18 años.
3. Prohibidas.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2055 de 1970 artículo 5º del Ministerio de Justicia).
ART. 156.—(Modificado).* Sólo podrán ser prohibidas las películas que extrañen infracción penal induzcan a ella o hagan la apología del delito.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2055 de 1970 artículo 6º del Ministerio de Justicia).
ART. 157.—Los exhibidores de películas están obligados a:
1. Abstenerse de exhibir o anunciar públicamente películas que no hayan sido clasificadas por el comité;
2. Abstenerse de exhibir en un mismo espectáculo películas de diferentes clasificaciones o acompañarlas de avances o documentales que no concuerden con la clasificación de las mismas, a menos que el espectáculo se anuncie con la clasificación de las mismas, a menos que el espectáculo se anuncie con la clasificación o la edad mayor correspondiente;
3. Impedir la entrada a espectáculos cinematográficos de personas menores de edad indicada en la respectiva clasificación;
4. Abstenerse de emplear medios publicitarios engañosos, tales como anunciar una película con la clasificación diferente a la fijada por el Comité o anunciarla sin la respectiva clasificación; y
ART. 158.—A los infractores a lo dispuesto en los artículos 151 y 157 se les impondrá, según la mayor o menor gravedad de la infracción, multas de mil a diez mil pesos.
En caso de reincidencia se impondrá, además, cierre temporal de la sala por un término hasta de seis meses.
Igualmente podrán suspenderse las exhibiciones que violen lo dispuesto en los artículos citados.
ART. 159.—El comité de clasificación de películas no podrá ordenar la supresión de determinadas escenas. Su facultad se limita a prohibir o autorizar su exhibición.
ART. 160.—Los espectáculos taurinos podrán ser:
ART. 161.—No podrá anunciarse ningún espectáculo taurino sin previo permiso del alcalde. La solicitud para obtener el permiso de anuncio deberá contener, por lo menos, indicación de la clase de espectáculo, el nombre o nombres de las ganaderías cuyas reses se pretende lidiar y el nombre completo de los espadas o matadores que habrán de actuar.
ART. 162.—La solicitud del permiso para celebrar el espectáculo taurino deberá acompañarse de una copia del permiso concedido para anunciarlo y de las certificaciones del ganadero o ganaderos relativas a la sanidad y edad de las reses que vayan a lidiarse y a las constancias de las cuadrillas de haberles sido satisfechos los honorarios por el empresario.
ART. 163.—Cuando sea necesario sustituir uno de los matadores anunciados o por lo menos la mitad de las reses que figuren en el cartel, el empresario lo hará conocer por todos los medios a su alcance y cualquier espectador tendrá derecho a que se le devuelva el importe de su localidad hasta una hora antes de la señalada para iniciarse la función.
ART. 164.—Iniciada la venta de boletas, no podrá suspenderse ningún espectáculo taurino, debidamente anunciado, sin permiso del alcalde.
ART. 165.—Las reses que se destinen par ala lidia en corridas de primera categoría deberán tener más de cuatro años y menos de siete y un peso mínimo, en vivo, de 435 kilogramos.
ART. 166.—(Modificado).* En cada municipio en donde exista plaza permanente de toros, habrá una comisión taurina integrada por dos veterinarios y tres aficionados de reconocida competencia designados por el alcalde y por sendos representantes de los matadores de reses de lidia y de las agremiaciones de toreros.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 119 del Ministerio de Justicia).
ART. 167.—La comisión de que trata el artículo anterior asesorará al alcalde en la concesión de permisos para anunciar y celebrar espectáculos taurinos y será la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones anotadas en este capítulo y de las que señalen los reglamentos locales.
ART. 168.—Los veterinarios practicarán reconocimiento sanitario de las reses veinticuatro horas antes de la señalada para iniciarse la corrida de toros y podrán rechazar aquellas reses que no cumplan los requisitos de sanidad, intangibilidad de las defensas o el peso señalado en los reglamentos.
ART. 169.—Corresponde al alcalde o a un funcionario de policía designado por aquél, la presidencia de todos los espectáculos taurinos.
ART. 170.—La asesoría de la presidencia será ejercida por turnos que señalará la comisión taurina municipal por los tres aficionados que la integran.
ART. 171.—Los extranjeros pueden ejercer los mismos derechos y están protegidos por las mismas garantías reconocidas a los nacionales colombianos, salvo el ejercicio de los derechos políticos que están reservados a los colombianos.
1. Participar en elecciones de votación popular;
2. Ser elegido para Presidente de la República, miembro de cualquiera de las Cámaras del Congreso, diputado a las asambleas departamentales y concejal;.
3. Desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción;
4. Participar en la organización o en el funcionamiento de los partidos políticos, de sus agencias o de sus comités;
5. Participar como orador en reuniones públicas de carácter político;
6. Hacer contribuciones de dinero para el sostenimiento de los partidos políticos o para favorecer campañas políticas de cualquier candidato por elegir para la Presidencia de la República o para las corporaciones públicas que se forman por el voto del pueblo.
(Nota: El numeral 1º del presente artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-523 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, bajo el entendido que la prohibición allí consagrada, se refiere al derecho al voto en elecciones nacionales y departamentales, mientras el legislador no desarrolle el artículo 100 de la Constitución Política).
ART. 173.—No constituye ejercicio de derecho político el dirigir cátedra de ciencia política o ciencias afines, ni la publicación de estudios sobre las mismas materias o la participación en conferencias o discusiones públicas de análoga naturaleza, ni el de acciones públicas instituidas para proteger la constitucionalidad de las leyes y otros actos de la misma categoría o la legalidad de los actos de la administración pública.
ART. 174.—La pena de expulsión del país no podrá ejecutarse sino después de transcurridos cinco días a partir de aquél en que se haya ejecutoriado la sentencia o resolución que la imponga.
ART. 175.—No podrá imponerse la pena de expulsión del país sino en sentencia judicial dictada en juicio por infracción penal que la autorice. También podrá imponerse mediante resolución motivada de la autoridad de policía legalmente competente y sólo cuando se han ejercido los derechos políticos que les son vedados o por violar las condiciones del permiso de ingreso al país, siempre que consten por escrito aunque no sea en el pasaporte y en cuanto haya testimonio escrito de que fueron debidamente notificadas al beneficiario del permiso.
ART. 176.—Contra las resoluciones dictadas por autoridad de policía mediante las cuales se imponga la pena de expulsión del país, habrá recurso contencioso administrativo ante el Consejo de Estado que podrá ejercitarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del acto que la impuso.
ART. 177.—El juez o funcionario que imponga la pena de expulsión o la ejecute sin el cumplimiento de las formalidades de que tratan los artículos anteriores quedará incurso en el delito de abuso de autoridad.
ART. 178.—(Modificado).* El estado procurará por los distintos medios de protección social a su alcance, que la mujer no se prostituya y le brindará a la mujer prostituida los medios necesarios para su rehabilitación.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 120 del Ministerio de Justicia).
ART. 179.—El sólo ejercicio de la prostitución no es punible.
ART. 180.—Las asambleas departamentales o los concejos podrán reglamentar lo relativo a la prostitución sujetándose a los preceptos de este estatuto y a los reglamentos que dicte el Gobierno Nacional.
ART. 181.—La nación, los departamentos y los municipios organizarán institutos en donde cualquier persona que ejerza la prostitución encuentre medios gratuitos y eficaces para rehabilitarse.
La rehabilitación se ofrecerá por todos los medios que sean posibles sin que tenga carácter imperativo.
ART. 182.—El tratamiento médico de las enfermedades venéreas es obligatorio.
El que se preste en establecimiento oficial será gratuito así como las drogas que se suministren.
ART. 183.—Las autoridades podrán solicitar informaciones respecto del ejercicio de la prostitución con el fin de hallar los mejores medios de rehabilitación de quienes se dedican a ella.
De las contravenciones nacionales de policía
ART. 184.—(Derogado).* Las contravenciones se dividen en contravenciones penales y contravenciones de policía; aquéllas integrarán el libro tercero del Código Penal, y éstas formarán parte del presente estatuto.
*(Nota: Derogado por el Decreto 522 de 1971 artículo 137 del Ministerio de Justicia).
ART. 185.—Todo el que haya realizado contravención de policía será responsable, salvo en los casos de fuerza mayor, caso fortuito, orden de autoridad y enajenación mental.
ART. 186.—Son medidas correctivas:
1. La amonestación en privado;
2 . La represión en audiencia pública;
3. La expulsión de sitio público o abierto al público;
4. La promesa de buena conducta;
5. La promesa de residir en otra zona o barrio;
6. La prohibición de concurrir a determinados sitios públicos o abiertos al público;
7. La presentación periódica ante el comando de policía;
8. La retención transitoria;
9. La multa;
10. El decomiso;
11. El cierre del establecimiento;
12. La suspensión de permiso o licencia;
13. La suspensión de obra;
14. La demolición de obra;
15. La construcción de obra; y
16. El trabajo en obras de interés público;
17.(Nota: Adicionado por el Decreto 522 de 1971 artículo 121 del Ministerio de Justicia).
ART. 187.—Ninguna autoridad de policía podrá imponer medidas correctivas diversas de las previstas en el artículo anterior.
ART. 188.—Cuando según los artículos 8º y 10, el Gobierno Nacional, las asambleas, los concejos, los intendentes y los comisarios especiales expidieren reglamentos de policía no podrán estatuir medidas correctivas distintas a las descritas en este decreto.
ART. 189.—La amonestación en privado se hará de modo que el infractor recapacite sobre la falta cometida y acepte la convivencia de no reincidir en ella.
La represión en público se hará con fines idénticos pero en audiencia celebrada en sitio a donde tenga libre acceso el público.
ART. 190.—La expulsión de sitio público o abierto al público puede estar seguida de amonestación en privado o en audiencia pública.
ART. 191.—El cumplimiento de las medidas correctivas de promesa de buena conducta, promesa de residir en otra zona o barrio, de prohibición de concurrir a determinados sitios públicos o abiertos al público y de presentación periódica ante el comando de policía se asegurará con juramento o caución prendaria de veinte a dos mil pesos.
ART. 192.—(Inexequible).* La retención transitoria consiste en mantener al infractor en una estación o subestación de policía hasta por 24 horas.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-720 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino)
ART. 193.—La multa consiste en imponer al infractor el pago de una suma de dinero no menor de cincuenta pesos ni mayor de mil.
El pago de la multa se hará al correspondiente tesorero municipal.
La cuantía de la multa se regulará teniendo en cuenta la capacidad económica del infractor.
Al notificarse la resolución, o cuando el multado manifieste que se encuentra en estado de insolvencia, aquélla se convertirá en trabajo, en obras de interés público o en suspensión de permiso o licencia, según el caso.
ART. 194.—El decomiso se impondrá mediante resolución motivada y en ella se dispondrá que los bienes se venden en pública subasta o que se entreguen, previo recibo y demás formalidades de rigor, a un establecimiento de asistencia pública, a menos que pertenezcan a un tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta, en cuyo caso se le entregarán.
El producto de la subasta se llevará a la tesorería del correspondiente municipio.
Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en mal estado, la policía procederá a destruirlos en presencia del tenedor de esos artículos.
ART. 195.—El cierre del establecimiento consiste en suspender la actividad a que esté dedicado el infractor por término no mayor de siete días.
Para asegurar su cumplimiento se fijarán sellos o medios adicionales de seguridad, como candados o nuevas cerraduras, cuyas llaves se conservarán en el comando de policía.
ART. 196.—La suspensión de permiso o licencia, que no excederá de treinta días, inhabilita a su titular para ejercer por el lapso correspondiente la actividad que aquél autorizaba. El documento en el que conste el permiso se retendrá por término igual al señalado en la medida.
ART. 197.—La suspensión de obra se prolongará hasta cuando cesen las causas que la motivaron.
ART. 198.—La demolición, la construcción o la reparación de obra se ejecutará dentro del plazo fijado en la orden. Salvo disposición en contrario, en caso de incumplimiento la demolición, la construcción o la reparación, se hará por empleados municipales a costa del infractor. Si este no paga dentro del término señalado, el reembolso se perseguirá por la vía de la jurisdicción coactiva.
En la orden se exigirá otorgamiento de caución para asegurar su cumplimiento.
ART. 199.—(Modificado).* Cuando deba otorgarse caución, la que no podrá exceder de mil pesos, ésta consistirá en depósito en la tesorería municipal, en dinero efectivo, o en cédulas hipotecarias o en títulos de deuda pública por su valor nominal, o en fianza bancaria o de compañía de seguros, o de dos personas con solvencia abonada.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 122 del Ministerio de Justicia).
ART. 200.—(Modificado).* El trabajo en obras de interés público consiste en la ejecución de tareas que beneficien al municipio o a la comunidad; su duración no excederá en conjunto de cuarenta y ocho horas y se impondrá teniendo en cuenta el oficio, profesión o habilidad del infractor.
La tarea podrá ejecutarse por períodos, de modo que no interfiera la ocupación habitual del infractor.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 123 del Ministerio de Justicia).
De las contravenciones que dan lugar a amonestación en privado
ART. 201.—Compete a los comandantes de estación y de subestación amonestar en privado:
1. Al que en vía pública riña o amenace a otros;
2. Al que deje vagar ganados por calles, plazas, parques, zonas de los ferrocarriles y otros lugares semejantes.
De las contravenciones que dan lugar a represión en audiencia pública
ART. 202.—Compete a los comandantes de estación y de subestación reprender en audiencia pública:
1. Al que perturbe la tranquilidad en recinto de oficina pública, o durante espectáculos o reuniones públicas.
2. Al tenedor de animal feroz o dañino que lo deje suelto en lugar público, o lo mantenga en lugar privado sin las precauciones necesarias para que no cause daño.
3. Al que de noche permita fiesta o reunión ruidosa que moleste a los vecinos, o de cualquier modo perturbe la tranquilidad del lugar con gritos, cantos u otros actos semejantes o con aparatos emisores de voces o de notas musicales.
4. Al que use motor sin filtro silenciador o instalación eléctrica que interfiera las recepciones de radio o televisión de los vecinos.
5. A los padres que permitan a sus hijos intranquilizar al vecindario con sus juegos o travesuras.
(Nota: El numeral 5º del presente artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, bajo el entendido de que previa a la imposición de la medida correctiva, se garantice el cumplimiento del debido proceso).
ART. 203.—Compete a los comandantes de estación y de subestación exigir promesa de buena conducta:
1. Al que haya sido amonestado en privado o reprendido en audiencia pública.
ART. 204.—Compete a los comandantes de estación y de subestación exigir promesa de residir en otra zona o barrio:
1. (Inexequible)* Al que en cantina, bares u otros sitios de diversión o de negocio situados en el barrio donde tenga su residencia, fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como personas indeseables.
2. (Inexequible)** Al que mantenga amenazadas a personas del barrio o zona donde resida.
3. (Inexequible)** Al que por su conducta depravada perturbe la tranquilidad de los vecinos de la zona o barrio.
(Nota: Véase el Decreto 522 de 1971 artículo 126 del Ministerio de Justicia).
*(Nota: El numeral 1º del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-110 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell).
**(Nota: Los numerales 2º y 3º del presente artículo fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-46 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
De las contravenciones que permiten imponer la prohibición de concurrir a determinados sitios públicos
ART. 205.—(Inexequible).* Compete a los comandantes de estación y de subestación prohibir la concurrencia a determinados sitios públicos o abiertos al público:
1. Al que por más de dos veces haya dado lugar a graves hechos perturbadores del orden público en esos sitios.
2. Al que por su edad o estado de salud física o mental le sea perjudicial, según dictamen médico, asistir a tales sitios.
(Nota: El presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-87 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
De las contravenciones que permiten imponer la presentación periódica ante el comando
ART. 206.—Compete a los comandantes de estación y de subestación imponer la presentación periódica ante el comando de policía:
1. Al que reincida en riña o pelea;
2. Al que sea amonestado en privado o reprendido en audiencia pública, cuando se considere conveniente;
3.(Inexequible).* Al que de ordinario deambula por las calles en actitud de sospechosa inquisición de bienes o personas.
*(Nota: El numeral 3º del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1444 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
De las contravenciones que dan motivo a retención transitoria
ART. 207.—Compete a los comandantes de estación y de subestación aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando:
1.(Inexequible).* Al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la policía en el desempeño de sus tareas.
2. Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio.
3. Al que por estado de grave excitación pueda cometer inminente infracción de la ley penal.
*(Nota: El numeral 1º del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-199 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara).
(Nota: La expresión “Compete a los comandantes de estación y de subestación aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando” en el presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-720 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino)
De las contravenciones que dan lugar al cierre temporal de establecimiento
ART. 208.—Compete a los comandantes de estación y de subestación imponer el cierre temporal de establecimiento abiertos al público:
1. Cuando se quebrante el cumplimiento de honorario de servicio señalado en los reglamentos de policía nacional o de policía local;
2. Cuando el establecimiento funcione sin permiso de la autoridad o en estado notorio desaseo o cuando la licencia concedida haya caducado;
3. Cuando se ejerzan actividades no incluidas en el permiso;
4. Cuando el dueño o el administrador del establecimiento tolere riñas o escándalos.
(Nota: Adicionado numeral 5º al presente artículo por el Decreto 522 de 1971 artículo 124 del Ministerio de Justicia).
De las contravenciones que motivan la expulsión de sitio público o abierto al público
ART. 209.—La expulsión de sitio público o abierto al público será impuesta por el oficial, suboficial o agente de policía que se halle en el lugar:
1. Al que contraríe la prohibición de fumar;
2. Al que de alguna manera impida o dificulte a otro presenciar tranquilamente el desarrollo de un espectáculo;
3. Al que en establecimiento abierto al público riña o en cualquier otra forma perturbe la tranquilidad;
4. Al que no guarde la debida compostura en ceremonia religiosa o cultural;
5. Al que yendo en vehículo de servicio público ofenda con su conducta a los demás ocupantes;
6. Al que altere o pretenda alterar el turno de fila hecha para entrar a un espectáculo o para realizar diligencia en oficina pública;
7. Al que haya entrado en sitio público o abierto al público contrariando las instrucciones u órdenes de las autoridades, de los empresarios o de sus empleados.
De las contravenciones que dan lugar a imponer medidas correctivas de multa
ART. 210.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cincuenta a cien pesos:
2. Al que vuelque en vía pública caneca o recipiente con basura o las arroje en lugar público;
3. Al que altere las placas de nomenclatura urbana;
ART. 211.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cien a quinientos pesos:
1. Al que utilice título oficial que no tenga o use públicamente insignia, distintivo o uniforme de autoridad que no le correspondan;
2. Al administrador de edificio que no coloque en lugar visible de los ascensores aviso con indicación de su capacidad máxima;
3. Al ascensorista que transporte un número mayor de personas o un peso superior al aforado para el ascensor;
4. (Suprimido).* Al que dé falso aviso a la policía o al cuerpo de bomberos sobre inundación, incendio u otra calamidad.
*(Nota: Suprimido el numeral 4 del presente artículo por la Ley 1453 de 2011 artículo 102)
5. Al que dañe los árboles plantados en parques avenidas o cualquier otro bien de ornato público o de comodidad, si el hecho no constituye infracción penal;
6. Al que por más de dos veces incurra en contravención de que conozcan los comandantes de policía.
ART. 212.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de quinientos a un mil pesos:
1. Al dueño o administrador de edificio con ascensor que durante las horas hábiles de trabajo no mantengan abiertas las puertas que conducen a las escaleras;
2. Al que dañe cualquier vía de conducción de aguas, o elementos destinados a comunicaciones telegráficas, telefónicas, radiales o televisivas, o implementos que sirvan par ala conducción de energía eléctrica o fuerza motriz, si el hecho no constituye infracción penal;
3. Al que sin motivo justificado dispare armas de fuego, si tal hecho no constituye infracción penal;
4. Al empresario de espectáculos que diere a la venta un número mayor de billetes al autorizado, o no cumpla con la función anunciada, o retarde su presentación sin justa causa, o cobre precios superiores a los fijados legalmente.
ART. 213.—Compete a los alcaldes o a quien haga sus veces, imponer decomiso:
1. De elementos tales como puñales, cachiporras, manoplas, cauchera, ganzúas y otros similares.
2. De tiquetes o boletas para espectáculos cuando se pretenda venderlos por precio superior al autorizado.
3. De bebidas, comestibles y víveres en mal estado de conservación, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar.
De las contravenciones que dan lugar a suspensión de permiso o licencia
ART. 214.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, retirar o suspender licencias o permisos:
1. Al que reincida en los hechos que hayan dado motivo al cierre temporal de su establecimiento.
2. Al que, habiendo obtenido permiso de la autoridad para ejercer oficio o tarea determinados, viole las condiciones de la licencia.
*(Nota: Adicionado numeral 3º al presente artículo por el Decreto 522 de 1971 artículo 125 del Ministerio de Justicia).
De las contravenciones que dan lugar a suspensión, a demolición o a construcción de obra
ART. 215.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán suspensión de obra:
Al que necesitando de permiso para acometer la ejecución de obra, la inicie sin tal permiso o la haya adelantado con violación o desconocimiento de las condiciones fijadas en el permiso.
ART. 216.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán demolición de obra:
1. Al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la tranquilidad públicas.
ART. 217.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán construcción de obra:
1. Al que mantenga los muros de su antejardín o los frentes de su casa o edificio en mal estado de conservación o de presentación;
2. A los dueños de inmuebles que no hayan instalado canales, tubos o cañerías para la conducción de aguas, o los tengan en mal estado.
(Nota: La expresión “o de presentación”, contenida en el numeral 1º del presente artículo, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-491 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, bajo el entendido que la atribución del alcalde para ordenar construcción de obra por mal estado de presentación de los muros de los antejardines o de los frentes de casas o edificios debe ceñirse exclusivamente a las normas que, en materia urbanística, o de conservación del patrimonio cultural o histórico, establezcan los parámetros estéticos o de presentación que deben cumplir dichas edificaciones).
De las contravenciones que dan lugar a imponer trabajo en obras de interés público
ART. 218.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán trabajos en obras de interés público:
Al que habiendo sido multado por la comisión de hechos constitutivos de contravención de policía, no pueda satisfacer oportunamente el valor de la multa.
ART. 219.—(Modificado).* Compete a los comandantes de estación o subestación de policía conocer de las faltas para las que sean aplicables las medidas correccionales de amonestación en privado, represión en audiencia pública, promesa de buena conducta, promesa de residir en otra zona o barrio, prohibición de concurrir a determinados sitios públicos, presentación periódica, retención y cierre de establecimientos.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 128 del Ministerio de Justicia).
ART. 220.—(Modificado).* De las faltas por las que sean aplicables medidas correctivas de multa, decomiso, suspensión de permiso o licencia, suspensión de obra, demolición de obra, construcción de obra y trabajos en obras de interés público conocerán los alcaldes o quienes hagan sus veces.
*(Nota: Modificado por el Decreto 522 de 1971 artículo 129 del Ministerio de Justicia).
ART. 221.—(Derogado).* Cuando el infractor sea menor de 16 años, sólo podrá aplicársele una de las siguientes medidas: amonestación en privado, preferencialmente en presencia de sus padres, expulsión del sitio público o abierto al público y prohibición de concurrir a determinados sitios.
ART. 222.—El funcionario de policía que haya impuesto medida correctiva podrá en cualquier tiempo hacerla cesar si a su juicio tal determinación no perjudica el orden público.
ART. 223.—Cuando se aplique medida correctiva se tendrán en cuenta sus mayores o menores implicaciones con el orden público, (la personalidad del transgresor simplemente apreciada).*, el grado de su educación y las circunstancias de la acción u omisión.
*(Nota: Declarada inexequible la expresión “la personalidad del trasgresor simplemente apreciada” por la Corte Constitucional en Sentencia C-179 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
ART. 224.—El contraventor deberá ser oído previamente.
La presentación del contraventor y testigos ante la autoridad de policía que corresponda, se hará en la forma señalada por los artículos 69 y 70 de este estatuto.
ART. 225.—La medida correctiva se aplicará en caso de flagrancia ante la autoridad o en presencia de cualquier otra prueba estimada en conciencia.
ART. 226.—La medida correctiva aplicable será, en cada caso, la indicada en la ley (o en el reglamento)*.
*(Nota: Declarada inexequible la expresión “o en el reglamento” contenida en el presente artículo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-593 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
ART. 227.—La medida a cargo de los comandantes de estación o subestación no requiere de resolución escrita, pero deberá levantarse acta en la que se consignen sucintamente los hechos, se identifique al contraventor y se indique la medida correctiva aplicada. Cuando se trate simplemente de amonestación en privado, represión, en audiencia pública y expulsión, bastará con hacer las anotaciones respectivas en el libro que al efecto se lleve en el comando.
La anotación deberá llevar la firma del comandante y del contraventor.
ART. 228.—La imposición de las medidas correctivas a cargo de los alcaldes o inspectores de policía debe hacerse mediante resolución escrita y motivada, la que se pronunciará después de oír los descargos del contraventor y examinar las pruebas que éste quisiere aducir durante el interrogatorio celebrado en el despacho del alcalde o el inspector.
ART. 229.—(Contra las medidas correctivas impuestas por los comandantes de estación o subestación no habrá ningún recurso.)* Contra las impuestas por los alcaldes e inspectores, procede el de reposición.
*(Nota: Declarada inexequible la expresión entre paréntesis, por la Corte Constitucional en Sentencia C-117 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
ART. 230.—Si se diere el caso de poderse aplicar, indistintamente, una u otra medida correctiva, se preferirá la que se tenga por más conveniente habida consideración de las circunstancias del hecho y de las condiciones personales del contraventor.
TÍTULO IV (Nota: Adicionado por el Decreto 522 de 1971 artículo 11 del Ministerio de Justicia).
CAPÍTULO XIII (Nota: Adicionado por la Ley 746 de 2002 artículo 2º).
Dado en Bogotá, D.E., a 4 de agosto de 1970.

References: artículo 109
 artículo 110
 resolución 
 artículo 111
 artículo 112
 artículo 113
 artículo 114
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 117
 resolución 
 artículo 118
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 119
 artículo 100
 resolución 
 resolución 
 artículo 120
 artículo 137
 artículo 121
 resolución 
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 126
 artículo 124
 artículo 102
 artículo 125
 artículo 128
 artículo 129
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 2