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Casación N° 32.467
JAIME PINTO TAMAYO
Proceso n.° 32467
Aprobado Acta No. 89.
El delito como una fuente de obligaciones.
Es claro que nuestra legislación consagra el delito como una fuente de obligaciones. Por ello se ha establecido que deben indemnizarse los daños ocasionados con la conducta punible. Sin embargo, para que pueda deducirse una imposición de esa naturaleza, resulta forzoso, en primer lugar, demostrar en grado de certeza la ocurrencia de un hecho típico, antijurídico y culpable, así como la responsabilidad del procesado (objeto esencial del proceso penal); y, en segundo término, también es indispensable probar el perjuicio derivado del delito.
Contra JAIME PINTO TAMAYO se adelantó la investigación penal por los delitos de fraude procesal, estafa, falsedad en documento público y alzamiento de bienes, empero, con respecto de los tres últimos se precluyó la instrucción y, en razón de ello, la sentencia sólo podía referirse al atentado contra la eficaz y recta impartición de justicia.
La obligación de reparar los daños derivados de una conducta punible se encuentra establecida en el artículo 94 de la Ley 599 de 20001, cuya determinación, ciertamente, es una de las finalidades de la instrucción, sin que sea el objetivo único y exclusivo, conforme lo señala el artículo 331 de la Ley 600 de 20002.
Para el juez resulta imperativo liquidar los daños en la sentencia condenatoria, siempre que se hubiese demostrado su existencia, de acuerdo con las previsiones de los artículos 56 del Código de Procedimiento Penal y 97 del Código Penal, aún aquellos no susceptibles de valorarse pecuniariamente, caso en el cual se dispone acudir a las reglas fijadas en el Código Penal (art. 97), en armonía con el penúltimo inciso del referido artículo 56 de la Ley 600 de 2000.
La Corte se pronuncia sobre el recurso extraordinario de casación presentado por el defensor de JAIME PINTO TAMAYO, contra la sentencia del 20 de abril de 2009, proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual confirmó la condena emitida el 16 de diciembre de 2008 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad en relación con PINTO TAMAYO y decretó la nulidad parcial, a partir del auto que dispuso el traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, para que se restableciera la actuación y el derecho fundamental de la defensa técnica con respecto al procesado Julio Roberto Gutiérrez Alarcón, igualmente condenado en primera instancia.
JAIME PINTO TAMAYO, fue condenado por el delito de fraude procesal en calidad de coautor, a la pena principal de 30 meses de prisión; la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; al pago de los perjuicios materiales tasados en la suma de $17’000.000.oo, a favor de Leonardo Herrera Anaya, indexados desde diciembre de 1998, hasta su cancelación; y, se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Entre los señores Leonardo Herrera Anaya, actuando en condición de comprador, y JAIME PINTO TAMAYO, en calidad de vendedor, se celebró un contrato de compraventa cuyo objeto fue el automotor marca Mitsubishi de placas FTL 691, cuyo precio fijaron en $25’000.000,oo, que el adquirente canceló a favor del enajenante, una parte con joyas y otra con dinero representado en dos cheques.
No obstante, el comprador sometió el vehículo a una revisión de seguridad ante la SIJIN, en la que se verificó que habían sido adulterados los números de identificación del campero.
Por esos hechos se inició una investigación penal contra PINTO TAMAYO, por las hipótesis de falsedad marcaria y estafa, dentro de la que el procesado fue condenado, el 17 de mayo de 2000, por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga al declararlo penalmente responsable sólo por el atentado contra el patrimonio económico. Al sentenciado, se le impuso la pena principal de 2 años de prisión; la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas; la obligación de cancelar, debidamente indexados desde el 15 de julio de 1998, los perjuicios materiales tasados en $17’000.000,oo; y se le concedió la condena de ejecución condicional. Decisión que fue recurrida en apelación por el defensor y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por la suya del 2 de octubre de 2000.
Con anterioridad, durante la fase de instrucción, se celebró una conciliación en la que JAIME PINTO TAMAYO aceptó entregarle materialmente a Leonardo Herrera Anaya, para garantizarle el pago de los perjuicios ocasionados con la venta del vehículo cuyos sistemas de seguridad resultaron espurios, el automotor marca Ford Explorer de placas BVO 310; igualmente, le entregó copia de un traspaso firmado en blanco y la tarjeta de propiedad a nombre de Samuel Schuster Bejman, hecho que contó con la anuencia de la Fiscalía que adelantó la investigación y, a la postre, del Juzgado de conocimiento que impuso la condena.
No obstante, como PINTO TAMAYO solicitó de Herrera Anaya la devolución del automotor que le había entregado como garantía de la obligación, sin cancelarle previamente los perjuicios a que fue condenado, y el beneficiario se negó a cumplir tal requerimiento, el deudor formuló denuncia penal en su contra por los delitos de hurto agravado por la confianza y abuso de confianza. Este proceso culminó el 29 de noviembre de 2000, con el proferimiento de resolución inhibitoria a favor de Leonardo Herrera Anaya, trámite durante el cual, además, se dispuso devolverle a éste, de forma provisional, la tenencia de la camioneta marca Ford Explorer.
Empero, desde el 17 de julio de 2000, JAIME PINTO TAMAYO se había valido del formulario de traspaso, suscrito por quien figuraba como propietario inscrito, para registrar a su nombre el derecho de dominio del automotor Ford Explorer de placas BVO 310, que se le había entregado precariamente a Leonardo Herrera Anaya.
En esas condiciones e invocando un crédito inexistente por la suma de $10’000.000,oo, Julio Roberto Gutiérrez Alarcón –el supuesto acreedor– inició el 22 de agosto de 2000 un proceso ejecutivo singular con título quirografario (letra de cambio), contra JAIME PINTO TAMAYO y solicitó el embargo y secuestro de la camioneta de placas BVO 310, medida cautelar que decretó el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga el 20 de septiembre del mismo año, luego de proferir mandamiento ejecutivo, razón para que el 1° de noviembre de la aludida anualidad el demandante dentro del proceso civil se hiciera presente en el domicilio de Leonardo Herrera Anaya, acompañado por dos agentes de policía con la orden de inmovilizar el vehículo.
Al considerar que el trámite ante la jurisdicción civil no pasaba de ser un ardid para despojarlo del vehículo cuya tenencia ostentaba como garantía del pago de los perjuicios, el 7 de noviembre de 2000 Leonardo Herrera Anaya formuló denuncia penal contra JAIME PINTO TAMAYO y Julio Roberto Gutiérrez Alarcón, contra quienes se inició una investigación penal por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público, estafa y alzamiento de bienes, empero se les acusó únicamente por el atentado contra la eficaz y recta impartición de justicia, porque en relación con las otras conductas punibles se dispuso la preclusión de la instrucción.
Asignada la investigación a la Fiscalía Primera Seccional de Bucaramanga, conforme a la denuncia instaurada por Leonardo Herrera Anaya el 7 de noviembre de 2000 por el delito de fraude procesal, falsedad en documento público y estafa, el día 27 de los mismos mes y año, se ordenó la apertura de la instrucción3 y la vinculación de JAIME PINTO TAMAYO, quien fue escuchado en indagatoria el 6 de febrero de 2001.4
El 17 de agosto del mismo año, la Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga, resolvió la situación jurídica del sindicado, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento,5 resolución que fue apelado por el representante de la parte civil y confirmada por la Fiscalía Cuarta Delegada Ante el Tribunal Superior de esa ciudad el 4 de febrero de 2002.6
Mediante resolución del 16 de mayo de 2002 la Fiscalía Séptima Seccional de Bucaramanga, decidió vincular a la investigación a Julio Roberto Gutiérrez Alarcón7 por los delitos de fraude procesal y estafa, lo indagó el 12 de agosto siguiente8 y le resolvió situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva y beneficio de libertad provisional el 3 de febrero de 20039.
Perfeccionada en lo posible la investigación, el 7 de octubre de 2004 se dispuso su clausura10 y el 9 de diciembre del mismo año, la Fiscalía Tercera Seccional de Bucaramanga profirió resolución de acusación contra JAIME PINTO TAMAYO y Julio Roberto Gutiérrez Alarcón, por el delito de fraude procesal, y precluyó la instrucción respecto de las conductas punibles de estafa, falsedad en documento público y alzamiento de bienes, a favor del primero, así como por estafa y alzamiento de bienes, en relación con el segundo.
El conocimiento del juicio estuvo a cargo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, Santander, Despacho que luego de realizar audiencia preparatoria el 6 de septiembre de 200511 y llevar a cabo la audiencia pública en varias sesiones12, dictó sentencia el 16 de diciembre de 200813, condenando a JAIME PINTO TAMAYO a la pena principal y la accesoria reseñadas en la parte inicial de este proveído, en condición de coautor responsable de fraude procesal.
Idénticas sanciones se le impusieron a Julio Roberto Gutiérrez Alarcón.
La sentencia fue impugnada por los defensores, por el procesado PINTO TAMAYO y por el representante de la parte civil, concediéndosele el recurso sólo a la defensa del procesado Julio Roberto Gutiérrez Alarcón, por cuanto los demás omitieron sustentar los desacuerdos o lo hicieron de forma extemporánea14.
La impugnación se fundamentó en la violación del derecho de defensa de Gutiérrez Alarcón; la ausencia de prueba para condenar; y las que, a su juicio, constituyeron deficiencias en el análisis probatorio.
En la decisión de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 20 de abril de 2009, se decretó la nulidad parcial de la actuación con respecto al procesado Julio Roberto Gutiérrez Alarcón, a partir del traslado a que alude el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, por vulneración del debido proceso, concretamente por la carencia de defensa técnica.
En relación con JAIME PINTO TAMAYO, precisó el Ad quem que no se evidenciaba el quebrantamiento de garantías fundamentales, pues el trámite se ajustó al ordenamiento constitucional y legal, por lo que confirmó el fallo dictado en su contra.
Contra la sentencia de segundo grado, interpuso el recurso extraordinario de casación discrecional el defensor del sentenciado JAIME PINTO TAMAYO.
Mediante auto del 21 de octubre de 2009, la Sala inadmitió el primero de los cargos formulados en la demanda de casación y admitió los cargos segundo y tercero, disponiendo que se surtiera el traslado para la Procuraduría Delegada en lo Penal, mismo que corrió a partir del 23 de octubre de 2009.
La Procuraduría emitió su concepto, e hizo presentación del correspondiente escrito en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el pasado 10 de diciembre.
Segundo cargo: nulidad por motivación ambivalente o
dilógica.
El casacionista busca que se decrete la nulidad de la sentencia por violación al debido proceso, al contener el fallo una motivación ambivalente o dilógica respecto a la tasación de perjuicios, dado que se condenó a PINTO TAMAYO al pago de daños materiales, no obstante haber admitido la jueza que no fueron demostrados por la parte civil, determinación que considera contradictoria el recurrente “…porque la Juez afirma que no hay prueba para demostrar los perjuicios materiales ni su monto, luego entonces esa debería ser la decisión”.
Sostiene entonces, que dentro de la investigación adelantada por el delito de fraude procesal, no hubo prueba de los perjuicios materiales y morales, por cuanto ese delito protege el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia, siendo ésta la que sufre los perjuicios y no un particular. Además, porque el denunciante no es titular del bien, ni es propietario del vehículo de placas BOV 310 que embargó el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga dentro del proceso ejecutivo iniciado por Julio Roberto Gutiérrez Alarcón contra el procesado. Por último, quien se dice perjudicado tampoco puede reclamar ningún detrimento, porque detenta el vehículo de manera irregular y la ley no concede derechos a los poseedores de mala fe.
Piensa que la decisión de la jueza al tasar los perjuicios dentro del proceso, vulnera el derecho fundamental al debido proceso en dos sentidos: primero, impone una condena sin fundamentación fáctica ni jurídica, y segundo, violenta el non bis in ídem, porque obliga nuevamente a PINTO TAMAYO a pagar la suma de $17’000.000,oo debidamente indexados desde diciembre de 1998 hasta la fecha de su cancelación, por un hecho que ya fue sentenciado en una investigación diferente a la que aquí se juzga.
Tercer cargo: violación directa de la ley por interpretación errónea del artículo 61, incisos 2 y 3, del Código Penal.
El recurrente hace una transcripción del artículo 61 de la Ley 599 de 2000, para manifestar que el A quo interpretó mal el contenido de la norma citada, toda vez que a pesar de reconocer que contra el procesado no concurrían circunstancias genéricas o específicas que modificaran el marco punitivo del delito de fraude procesal, no se ubicó para la tasación de la sanción dentro del cuarto mínimo, esto es, no impuso la pena entre el límite de los 12 y los 28 meses de prisión, sino que rebasó el quantum punitivo imponiendo una pena superior.
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References: artículo 94
 artículo 331
 artículo 56
 artículo 400
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 400
 artículo 61
 artículo 61