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Timestamp: 2019-05-25 17:26:41+00:00

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﻿ SENTENCIA SIN NÚMERO DE ENERO 25 DE 1991
SENTENCIA SIN NÚMERO DE 25 DE ENERO DE 1991
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN, CUANTÍA DEL INTERÉS PARA RECURRIR
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, PROCESO CIVIL, RECURSO DE CASACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:233 DE MAYO DE 1991, PÁG.343
Sentencia de enero 25 de 1991
Bogotá, D.E., veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno.
Se decide el recurso de queja que ha interpuesto Julieta Arcila Suárez —una de las personas demandadas en el proceso ordinario seguido por Daniel Antonio Pérez García en frente de la misma Arcila Suárez y de Erney de Jesús Pérez Rendón—, destinado a que se le conceda el recurso de casación que le fue negado, en auto del veinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa (1990), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, respecto de la sentencia de segunda instancia proferida por el mencionado Tribunal dentro del referido proceso.
En sentencia del día 7 de julio de 1988, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) puso término a la primera instancia del proceso ordinario seguido por Daniel Antonio Pérez García en frente de Julieta Arcila Suárez y Erney de Jesús Pérez Rendón:
Por apelación de la parte demandada, el asunto subió al conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, despacho éste que desató la segunda instancia por medio de la sentencia que data del 6 de junio de 1990.
Por auto del 12 de julio siguiente, el Tribunal dispuso el justiprecio del interés para recurrir en casación de la parte demandada, que tiene que ver con el valor del inmueble denominado “Mandalay”. El perito designado avaluó tal inmueble en la suma de $11.095.000 moneda legal.
En auto de fecha 5 de septiembre, consideró el Tribunal “que el recurso de casación interpuesto por los citados (Julieta Arcila Suárez y otros) no puede concederse porque el interés de estos fue estimado en una suma inferior a $14.000.000 de pesos”. Resolvió, en consecuencia, “denegar el recurso extraordinario de casación formulado por Julieta Arcila Suárez y Erney de Jesús Pérez, dentro de este proceso, contra la sentencia dictada el 6 de junio de este año, por esta corporación”.
Como tampoco le prosperó la reposición que interpuso contra dicha decisión, la recurrente Arcila Suárez, mediante la actuación pertinente, introdujo el recurso de queja que ahora se decide.
En sustento de su queja argumenta la recurrente que el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, a raíz de la reforma que le introdujo el Decreto 522 de 1988, vigente a partir del 1º de enero de 1990, quedó así:
“El recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de catorce millones de pesos”.
Que como el artículo 2º, num. 181, del Decreto 2282 de 1989, cuya vigencia empezó el 1º de junio de 1990, “derogó cualquier disposición que le fuera contraria,... es incuestionable que el art. 366, tal como quedó redactado a partir del 1º de enero de 1990, en punto a cuantía, fue reformado o derogado por el Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 1º de junio de 1990”.
Consecuente con los anteriores planteamientos, considera el recurrente “que toda sentencia de Tribunal que se produzca con posterioridad a junio 1º de 1990 admite casación cuando la cuantía sea de diez millones de pesos” y que “en tal circunstancia se encuentra la proferida en este proceso”.
A partir de la vigencia del Decreto 522 de 1988, “el interés para recurrir en casación será igual o superior a diez millones de pesos ($10.000.000)” (art. 2º). Por mandato del artículo 3º, ibídem, “las cuantías previstas en los artículos anteriores se aumentarán en un cuarenta por ciento (40%) desde el primero (1º) de enero de mil novecientos noventa (1990), y se seguirán ajustando automáticamente cada dos años, en el mismo porcentaje y en la misma fecha(...)”.
De esta suerte, desde el 1º de enero de 1990 la cuantía del interés para recurrir en casación, hecho el reajuste que acaba de mencionarse, quedó elevada a la suma de catorce millones de pesos moneda legal ($14.000.000).
El 7 de octubre de 1989 se promulgó el Decreto 2282, reformatorio del Código de Procedimiento Civil, y su entrada en vigencia se pospuso para el 1º de junio de 1990, o sea, para cuando ya había empezado a operar el aumento de dicha cuantía, según lo que acaba de verse.
Ahora bien, como el nuevo texto del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil dice que el recurso de casación es procedente “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos”, ha tratado de abrirse paso el punto de vista consistente en que, por ser posterior y de igual jerarquía, esta norma implica derogación de lo dispuesto por el Decreto 522 de 1988, en el punto relativo a la cuantía del interés para recurrir en casación, como que ella habría sido rebajada nuevamente a diez millones de pesos, a partir del mencionado 1º de junio de 1990. Tal, en resumen, la tesis que aquí se ha planteado en apoyo de la queja elevada ante la Corte.
Pero esa no es la interpretación que pueda dársele a las normas que se ocupan de la cuestión, como pasa a verse.
En octubre de 1989, cuando se plasmó y promulgó el nuevo texto del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, la cuantía del interés para recurrir en casación era de diez millones de pesos ($10.000.000), a términos del artículo 2º del Decreto 522 de 1988, sin lugar a duda. En este orden de ideas, el artículo 1º, num. 182, del Decreto 2282 de 1989, antes que modificar, reafirmó lo que para entonces había ya establecido aquel decreto.
De la anterior reflexión, que es obvia, se sigue, primeramente, que el legislador no ignoró, por entonces, el comentado Decreto 522 de 1988, y que, por ende, su voluntad era la de mantener las cuantías en el monto fijado en 1988, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1989, pues a partir del 1º de enero de 1990 debían reajustarse en un 40%. Tanto es así, que el artículo 19 del Código no sufrió modificación alguna, por lo cual hoy están rigiendo las cuantías fijadas en aquel año de 1988 por el Decreto 522, reajustadas en la proporción dispuesta por el artículo 3º íb., ya comentado.
Ahora, como el legislador, en el momento de expedir la norma que mantenía la cuantía del interés para recurrir en casación en diez millones de pesos, no en el momento en que entraba a regir que es distinto, tuvo que prever que se avecinaba un reajuste del 40% para no contrariar la disposición del Decreto 522 de 1988 dispuso que “la cuantía de que trata este artículo se reajustará del modo que disponga la ley'''' (Parágrafo 1º del mencionado artículo 366).
Entonces, al empezar a regir el Decreto 2282 de 1989 era de entenderse que la cuantía de diez millones, fijada por el Decreto 522/88 y reiterada por el artículo 366, según la nueva redacción introducida por el artículo 1º, num. 182, del comentado Decreto 2282/89, quedaba automáticamente reajustada de conformidad con lo previsto por la ley vigente al plasmarse, promulgarse y empezar a cumplirse la nueva norma, ley vigente que no podía ser otra que el tantas veces mencionado Decreto 522 de 1988, según lo previsto por el transcrito parágrafo 1º, artículo 182 del Decreto 2282 de 1989.
Sostener que el legislador de 1989 quiso derogar los artículos 2º y 3º del Decreto 522 de 1988, para rebajar la cuantía del interés para recurrir en casación nuevamente a diez millones de pesos, equivale a colocarse en abierta contradicción con los principios lógicos que deben observarse en la interpretación de los preceptos citados y con las finalidades mismas que indudablemente determinan modificaciones a la ley procedimental en asuntos como el que aquí se comenta. En verdad, carece de sentido que, a vuelta de observar cómo el Decreto 2282 mantuvo la cuantía inicial adoptada por el Decreto 522, y cómo dijo que la misma habría de sujetarse a reajustes periódicos, se infiera a renglón seguido que del derecho positivo desaparecieron los mecanismos propios del reajuste. Todo, como se ha dado a entender, proviene de haberse distinguido entre la promulgación y la entrada en vigor del Decreto 2282. Pero nada más.
Este es el mismo criterio que ya la Corte tuvo oportunidad de fijar sobre estos asuntos, cuando dijo:
“... de acuerdo con el parágrafo 1º de esta disposición (se hace referencia al primer aparte del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, en su actual texto), la “cuantía de que trata este artículo se reajustará del modo que disponga la ley”, de donde se sigue que el precepto relativo a la cuantía del interés para recurrir en casación conservó vigencia en orden a los reajustes. De modo que en el punto siguió rigiendo el Decreto 522 de 1988, que claramente dispuso que esa cuantía se reajustaría en un cuarenta por ciento (40 % ) cada dos (2) años, a partir del primero ( 1º ) de enero de mil novecientos noventa (1990). Significa entonces que a partir de esta fecha el interés para recurrir es de $ 14.000.000, porque en ese aspecto la modificación número 182 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, dejó en vigor lo que dispusiera la ley.
En efecto, rectamente entendido, el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la precitada modificación 182 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 se encuentra que reiteró lo dispuesto por una norma jurídica a la sazón vigente, como es el Decreto 522 de 1988, puesto que éste venía rigiendo desde cuando lo dispuso, actuando en orden a los reajustes del valor del interés para la casación como lo ordenó, esto es, desde el 1º de enero de 1990. De modo que al decir el actual artículo 366, en este específico aspecto que la cuantía para recurrir en casación se reajustará como lo “disponga'''' la ley, debe entenderse que lo es de acuerdo con la ley vigente al entrar en vigencia el Decreto 2282 de 1989, porque si es cierto que este ordenamiento mandó que su observancia lo fuera a partir del 1º de junio de 1990, también lo es que no puede pasarse por alto que el mismo se promulgó el 7 de octubre de 1989, fecha para la cual regía, como se dijo, la reforma que al artículo 366 del Código de Procedimiento Civil le hizo el Decreto 522 de 1988. De ahí que en la modificación 182 nombrada se hable, de un lado, de $10.000.000 manteniendo lo que el Decreto 522 hizo tan solo en cambiar por ese guarismo el de $100.000 que traía el texto original, esto es que no modificó la redacción de dicho Decreto 522; y no la modificó porque para el 7 de octubre de 1989 regía el mentado Decreto 522. Es decir, que coincidían la reforma 182 del Decreto 2282 y lo dispuesto por el Decreto 522.
Así que, finalmente, la inflexión verbal que en el punto se empleó en el parágrafo del artículo 366 del C. de P. C., conforme a las varias veces citada modificación 182 del Decreto 2282 de 1989, como lo “disponga'''' la ley, no quiere decir en modo alguno que es para los casos ocurridos después del 1º de junio de 1990. Significa, conforme el modo y el tiempo verbales en que está, que es como lo “disponga'''' la ley vigente a su promulgación y desde luego para casos futuros, mas conforme a la ley vigente al momento de ser expedida la modificación.
Otra interpretación conduciría a que el prenombrado Decreto 522, en lo de reajustes para efectos del recurso de casación, habría regido únicamente entre el 1º de enero y el 31 de mayo de 1990. Además, ¿cómo se harían los reajustes cuando clara y terminantemente se dispuso en, dicho Decreto 522, que se harían cada 2 años, empezando el 1º de enero de 1990?'''' (Auto de oct. 22/90).
Así las cosas, encuentra la Sala que fue atinado el criterio del Tribunal cuando dijo que “el D. 2282 de 1989 no derogó ni expresa ni tácitamente el D. 522/88, por lo cual puede decirse que éste no ha perdido vigencia; sus disposiciones no son contrarias a las de aquel y antes bien son normas que se complementan pues para una adecuada aplicación del art. 366 sin lugar a dudas se debe remitir al citado Decreto 522 en cuanto a los reajustes se refiere”.
De otro lado, como ha quedado incuestionablemente establecido que el interés de la parte vencida, para recurrir en casación dentro de este negocio, solamente asciende a la suma de $11.095.000 moneda legal, se demuestra que dicho interés no llega al mínimo de $14.000.000, que el artículo 366 del C. de P. C., en armonía con los artículos 2º y 3º del Decreto 522 de 1988, fija para la procedencia del recurso de casación.
Esto indica, en definitiva, que la sentencia recurrida no admitía el recurso de casación, por razón de la cuantía del interés para recurrir, y que, en consecuencia, fue bien denegado.
Tiénese por bien denegado el recurso de casación que Julieta Arcila Suárez —una de las personas demandadas en el proceso ordinario seguido por Daniel Antonio Pérez García en frente de la misma Arcila Suárez y de Erney de Jesús Pérez Rendón— interpuso contra la sentencia de fecha 6 de junio de 1990, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro del referido proceso.
De acuerdo con el artículo 378, inciso 9º, infine, del Código de Procedimiento Civil, vuelva esta actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

References: artículo 366
 resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 366
 resolución 
 artículo 366
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 366
 artículo 366
 artículo 1
 artículo 182
 artículo 366
 artículo 1
 artículo 366
 artículo 1
 artículo 366
 artículo 366
 artículo 366
 artículo 366
 artículo 378