Source: http://juanmartorano.blogspot.com/2007_06_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-26 00:09:40+00:00

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En mi modesta opinión, lo que sí tendrían que hacer las personas que han criticado a la Sra. Majo es divulgar al máximo entre el pueblo el video con el citado programa. Ese programa debería ser retransmitido por todas las televisoras y radios comunitarias y sometido a debate entre el pueblo. Es muy importante que toda la gente que compone el cerca de 80% de la población venezolana que, según los criterios de la Sra. Majo y los de la "italiana", podría ser encuadrada en la categoría de "venezolanos sin pedigree" vea y escuche lo que les esperaría en el hipotético caso de que la élite oligárquica volviera al poder del estado en Venezuela. Lo que dijeron la Sra. Majo y su "italiana" en ese programa es lo que sienten y piensan sobre sus pueblos casi todos los oligarcas de Venezuela y de toda América Latina y también aquella parte de la clase media que ve en el pueblo humilde su gran enemigo y sobre el mismo desparrama todo su odio. Publicado por
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En esta oportunidad, los comentarios, propuestas y reflexiones de esta entrega versarán sobre la figura del referendo revocatorio, segunda modalidad refrendaria prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indudablemente que esta novísima figura ha tenido sus detractores pero también sus defensores. Modestamente nos anotamos en los que defienden este derecho.Antes de iniciar nuestras reflexiones, creemos que es importante que se incluyan en la actual constitución la redacción de algunos artículos de la siguiente forma:Todos los cargos y magistraturas de elección popular, tanto nacionales como regionales, estatales y locales, imponen como mandato al funcionario elegido el cumplimiento de los deberes y obligaciones a ellos inherentes, así como del programa que presentó al inscribirse como candidato.Transcurrido la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor de diez por ciento de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción electoral, podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para evaluar su gestión. Cuando la mayoría de los sufragantes hubiera votado negativamente, se considerará revocado su mandato, y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes.El funcionario cuyo mandato fuere revocado, sólo podrá optar al mismo cargo una vez transcurrido dos períodos consecutivos a la fecha de su revocatoria. Una de las nuevas concepciones y transversalizada en la Carta Magna, es el derecho a la participación, a través de distintos mecanismos, en ejercicio de la soberanía. El Texto Constitucional vigente tiene como desiderátum refundar la República, estableciendo una sociedad democrática, participativa y protagónica, este propósito del Constituyente, nos remite a un ciudadano protagónico, asumiendo un rol estelar, con una participación activa. La norma contenida en el 72 constitucional contempla como esencia del régimen democrático, la revocatoria del mandato de los funcionarios electos al disponer que "Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables". Entre las razones que se esgrimen para su existencia, es que es un mecanismo útil para el accionar democrático y someter a la voluntad popular cuestiones de gran trascendencia de la vida nacional. Antes de adentrarnos, se necesario hacer algunas consideraciones sobre la Constitución como plataforma del ordenamiento jurídico de un país. La constitución es el instrumento regulador de la organización del Estado el límite del Poder Público y el que reconoce los derechos fundamentales de la persona frente al mismo Estado. La Constitución es un conjunto normativo, pero no cualquier conjunto normativo, sino aquél que sustenta, fundamenta todo el resto del ordenamiento jurídico del Estado, y por tanto es norma de normas. Este carácter corpóreo de la Constitución, da fisonomía a un Estado concreto, que no es la de un momento sino de siempre, por ello al interpretarla debe tenerse presente "toda la gama de impulsos, de motivaciones sociales, la dinámica política, integrándolos progresivamente"; porque en la Constitución existe un derecho original, representado por los principios que el pueblo al adoptar su Texto Fundamental quiso que orientarán su forma de vida, y por eso son permanentes y deben privar en la técnica de la interpretación constitucional. De modo que las normas constitucionales deben interpretarse dentro de un contexto y no aisladamente, es decir, integrándolas a los principios que insuflan a un modelo de Estado y de gobierno. En la interpretación de la Constitución se requiere darle especial importancia al elemento teleológico, de finalidad, propósito y acercamiento a la vida misma del Estado. De ahí, la importancia que ha adquirido el preámbulo, como parte de la Constitución, que constituye la caja de resonancia de éstas y sirven de referencia a las mismas, porque en el preámbulo se encuentran plasmados los anhelos, propósitos y razones, que tuvo el Constituyente para dictar la norma constitucional. Oropeza (1946), en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 expreso "El preámbulo es el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la norma constitucional, algo así como el punto de partida que lleva al poder constituyente a dictar normas que han de ser fundamentales para la vida del país". En efecto, el preámbulo del Texto Constitucional vigente tiene como desiderátum o deseo "refundar" la República, estableciendo una sociedad democrática, participativa y protagónica, este propósito del Constituyente, nos remite a un ciudadano protagónico, asumiendo un rol estelar, con una participación activa, es decir, que sea el dueño y conductor de su destino. Esta participación se concibe, de acuerdo al artículo 62 constitucional, como un derecho de los ciudadanos, una obligación del Estado y un deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica, como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual como colectivo, sobre la base de los valores de la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz, la solidaridad, el bien común, el imperio de la ley, la ética, el pluralismo político, la corresponsabilidad, la preeminencia de los derechos humanos y la democracia, principio éste que configura una forma de vida y de gobierno, y en el caso de nuestro país, constituye a Venezuela en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, teniendo fines esenciales, de carácter económico, sociales, políticos y jurídicos; entre ellos la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto de su dignidad, y el ejercicio democrático de la voluntad popular, bajo la garantía de su cumplimiento, de conformidad a la supremacía constitucional. (Continuará...).
Ahora si, en definitiva, pretendemos cerrar estas entregas referida a los referendos consiltivos a objeto de clarificar y tener en cuenta algunas consideraciones que es pertinente tenerlas en consideración.Cuando se somete a consulta popular para revocar un mandato, el efecto que la revocatoria produce, previo cumplimiento de los requisitos constitucionales, obliga al funcionario a separarse de manera inmediata y absoluta del ejercicio de su cargo y en ese sentido se observa que su ejecución es una consecuencia directa de la voluntad del soberano y no dependerá, en ningún caso, de la voluntad del funcionario a quien se le revoca el mandato.En este sentido, el funcionario está obligado a acatar la decisión mayoritaria de los electores que sufragaron, previo cumplimiento de los parámetros constitucionales; entre las que se destaca el quórum de participación, es decir, que hayan votado al menos el veinticinco (25%) por ciento de los electores y además que se haya logrado una votación igual o mayor a la obtenida por el funcionario cuando resultó electo.Estas consideraciones no le son aplicables a los referendos consultivos, por cuanto, la norma constitucional y legal sólo establece que cuando la solicitud proviene de la iniciativa popular, se debe verificar el cumplimiento del requisito del diez por ciento (10%) de los electores y que la pregunta objeto de la consulta pueda ser respondida con un “si” o con un “no”, sin entrar a calificar su efecto político y que además no está circunscrita en las prohibiciones de referendo contenido en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, toda vez que como se explicó anteriormente la misma se mantiene en plena vigencia.En conclusión, el referendo consultivo como primer enunciado o una de las primeras modalidades de referendo contempladas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es, como su nombre lo indica, la vía para determinar cual es el criterio mayoritario en el grupo sobre una cuestión determinada que le es propuesta por el consultante. Esta naturaleza de “opinión” requerida le dá un carácter no vinculante al resultado obtenido con el proceso. (Continuará...).
Por: Eileen Padrón Decía en artículo anterior que el tema RCTV era inagotable, esta semana todo giró en torno al “supuesto” apoyo de 85% de los venezolanos al “no cierre” del canal 2. Entre éstos se encuentran, según ellos, la mayoría de los profesionales de la comunicación que aún trabajando en otros medios se “arriesgan” a prestar su apoyo a sus colegas.
No se trata de atacar a los trabajadores que justificadamente tienen que defender su quincena y algunos que otros periodistas y talentos que de verdad están confundidos con la situación, la idea es crear conciencia a todos aquellos que piensan que al no salir la señal de RCTV por el canal 2, todo está perdido, RCTV sigue por cable, sigue vendiendo sus producciones, sigue haciendo lo mismo, no tienen porque salir de los trabajadores ya que CORAVEN C.A. es la empresa que les paga y está solvente económicamente, sus producciones son vendidas al público hispano-parlante y en Europa también. La publicidad nacional debería seguir con ellos, ya que igual se quedan en Venezuela, no se van a otro país, en el canal SONY ENTERTAIMENT por ejemplo, ves comerciales de Movilnet, BoD entre otras, ¿por qué no en RCTV? Piénsenlo. eileenpadron@gmail.com Publicado por
Autor: Blanca SenderosBasta ya! Por una América Latina unida y emancipada. Basta ya! de rogar, de pedir, de arrodillarnos por un plato de lentejas, de peleas estériles entre iguales en pobreza, de resentimentos improductivos, de culpar a los factores externos que nos redean sin reconocer los muros internos que nos impiden ver la libertad y alcanzar la emancipación. Somos las mayorías quienes conformamos el pueblo, los dueños de los países, los depositarios del poder económico y político. Todo nos pertenece, no nos conformaremos con migajas. Si nos imponen modelos de vida que nos explotan y marginan es por que lo permitimos; ante esto el reto es despertar del largo sueño que nos ha traído nuestra inconsciencia. Dejemos de quejarnos, de decír: que es el neoliberalismo, que son los gringos, que son las oligarquías criollas, que es el invierno, el verano, la falta de claridad ideológica de los puros representantes del pueblo, etc., las barreras qeu nos impiden construir la nueva sociedad de nuestros sueños; nada nos debe detener salvo nuestras impotencias. La revolución necesaria e imprescindible de nuestra América Latina debe partir de reconocer que nuestros principales y únicos enemigo son nuestras pobrezas espirituales y materiales. Somos pobres de espíritu, no podemos unirmos entre nosotros, permitimos con nuestras acciones y omisiones que nos pisoteen, que nos impongan modelos regresivos que nos empobrecen material y éticamente. Los intelectuales, que somos unos privilegiados, una casta afortunada en un subcontinente de analfabetos e iletrados, no hemos sido capaces de construir una conciencia crítica en nosotros para trasmitirla a nuestros pueblos, hemos sido colonizados por dogmas importados, no hemos construído un pensamiento universal latinoamericano , no sabemos pensar por si mismos; si el marxismo no hubiera existido en las ciencias sociales tal vez no tendríamos nada que decir; seríamos huérfanos de pensamiento. La única revolución contundente e irreversible en nuestra gran patria que es el Sur América debe partir de un cambio del pensar y actuar, de crear un pensamiento crítico compartido por intelectuales y el pueblo, en donde se encuentre el discurso y la acción, porque de nada nos sirven planteamientos ideológicos que no se cumplan. Un segundo paso es la unión en lo fundamental y crear un frente para luchar contra las injusticias que nos generan los factores que tanto conocemos y a diario diagnosticamos. Hay que pensar de nuevo el mundo para cambiarlo, esto no es nuevo en la historia de la humanidad, ya se ha hecho. El pueblo construyó a partir de la Revolución Industrial y Francesa el capitalismo sustentado en las ideas liberales que trajo la ilustración. La tarea hoy del pueblo es construir la sociedad Vitalhumanista donde la vida y el hombre como la más alta expresión de ésta, sea el centro de reflexión, donde vivamos en armonía con la naturaleza, sin miserias espirituales ni materiales, una sociedad del tiempo libre, con hombres emancipados que asuman la construcción de la sociedad de la utopía realizable como sus proyectos de vida. Alexandre Cobo Ortiz. Economista, estudiante de Escuela de Folosofía del Vitalismo Cósmico, Bogotá, Colombia. Site: www.vitalismocosmico.com.
El principio de democracia participativa alcanza su máxima expresión en el reconocimiento del ejercicio directo de la soberanía por el pueblo, cuestión incluida, como nunca antes, en ninguna constitución venezolana, significando de este modo el desplazamiento de la democracia representativa. En la sección primera del capítulo IV, dedicada a los Derechos Políticos, se reconoce y se eleva a la categoría de fundamental el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos, ya sea directa o indirectamente. Se identifican, de esta manera, las dos formas de participación política de los ciudadanos, refrendándolas como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice el completo desarrollo del individuo y la sociedad, cuyo condicionamiento es obligación ineludible del estado y la propia sociedad. Este derecho no queda circunscripto al derecho al sufragio[7], ya que es entendido en un sentido mucho más amplio, al extenderse la participación en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública. De esta manera, la intervención no queda limitada a los procesos electorales, tributando a la superación de los déficit de gobernabilidad que afectaron el sistema político vigente hasta ese momento, debido a la partidocracia imperante que ocasionó la desvinculación entre el Estado y la sociedad, y que alejó del protagonismo político a sus legítimos titulares. En torno a los espacios asegurados para la participación política en el artículo 70 se consagran los siguientes:
Puede considerarse, además, como una vía de control popular, el derecho de los electores a la rendición de cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión por parte de los representantes, regulada en al artículo 66, obligándose al representante a cumplir estrictamente con el programa de gobierno presentado al electorado, así como a mantener una comunicación permanente con quienes lo eligieron, en cuanto forma de establecer un permanente y constante vínculo entre los mismos, aspecto novedoso en la configuración de las relaciones políticas en el nuevo Estado, lo que significa un tránsito del mandato representativo al mandato imperativo. Elección de cargos públicos A diferencia de la Constitución de 1961, donde se reconocía el sufragio en cuento un deber y, por ende, su ejercicio debía ser obligatorio, en el actual texto constitucional se declara al sufragio como un derecho, que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas, y secretas. En cuanto a la definición de los electores se da ese carácter a los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad, ampliándose este derecho a los extranjeros que hayan cumplido dicha edad, pero limitado a las elecciones parroquiales, municipales, y estadales, exigiéndose en todo caso como una condición sine qua non el tener más de diez años de residencia en el país (artículo 64 CRBV). El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se otorga, de manera igualitaria, a los electores venezolanos y venezolanas, que sepan leer y escribir, con las solas restricciones derivadas del propio texto constitucional o de las condiciones de aptitud exigidas por las leyes para determinados cargos. Como una de las respuestas a as demandas de los venezolanos ante las graves desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición de optar por cargos de elección popular a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron las funciones públicas, así como otros delitos que afecten el patrimonio público (artículo 65 CRBV). Además, se reconoce, superando las restricciones del sistema partidocrático que rigió anteriormente, la participación por iniciativa propia de los ciudadanos, tanto en la fase de la postulación de candidatos como en el ejercicio de la supervisión y vigilancia de todo proceso electoral (artículo 67 CRBV). Se produce, así, una ruptura con el anterior modelo político, en el cual la participación de los ciudadanos se orientaba desde las organizaciones partidistas únicamente. Igualmente se consagra el derecho del pueblo al control de la gestión de los representantes, el cual se producirá a través de las rendiciones de cuentas públicas, transparentes y periódicas. De este modo, se intenta asegurar la relación permanente de los representantes con los electores, así como cumplir cabalmente con el programa planteado durante el proceso electoral (artículo 66 CRBV) Referendo popular
Podrán ser sometidas a referendo consultivo: · Materias de especial trascendencia nacional; por iniciativa del Presidente en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado con el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento (10 %) de los electores inscriptos en el registro civil electoral. · Materias de especial trascendencia municipal, parroquial y estadal; por iniciativa de la Junta Parroquial, el Consejo Municipal y el Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; el alcalde o alcaldesa y el gobernador o gobernadora del Estado o, a solicitud de un número no menor del diez por ciento (10 %) del total de inscriptos en la circunscripción correspondiente. · Las materias de especial trascendencia que serán sometidas a este tipo de referendo, que versaran sobre cuestiones políticas fundamentales para el Estado, aunque no tendrán consideración vinculante sus resultados. Además, estos últimos permitirán un cierto margen de apreciación (en función del grado de participación electoral) en la determinación de los efectos que políticamente se derivan del resultado. Se someterán a referendo revocatorio, todos los cargos y magistraturas de elección popular (concejales, alcaldes, miembros de los consejos legislativos, diputados, Presidente de la República, entre otros) una vez transcurrida la mitad del período para el que fueron elegidos. La solicitud de la convocatoria para realizar un referendo revocatorio la podrá presentar un número no menor del veinte por ciento (20 %) de los electores inscriptos en la correspondiente circunscripción. La revocatoria de mandatos se encuentra entre los medios de participación popular en la toma de decisiones políticas, consagradas constitucionalmente, y que aparece a continuación de la mención al referendo popular. Obviamente, la intención del constituyente fue resaltar esta vía motivada por la inmensa importancia que tiene la misma en la transformación del sistema político venezolano actual, y en el control de la gestión de los representantes de acuerdo con el programa político presentado.
En cuanto al referendo aprobatorio, debe llevarse a cabo en aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan al menos las dos terceras partes de sus integrantes, requiriéndose del voto afirmativo del veinticinco por ciento (25%) de los electores inscriptos en el registro civil y electoral para que el proyecto presentado sea sancionado como ley. Además, serán sometidos a este tipo de referendo por iniciativa del Presidente de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los diputados, o por el quince por ciento (15%) del electorado inscripto, los tratados, convenios, o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales. El referendo abrogatorio procede cuando un número no menor del diez por ciento (10 %) de los electores inscriptos, o el Presidente de la República en Consejo de Ministros, solicitan la abrogación total o parcial de una ley. Igualmente de aplicaría en los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente de la República cuando así lo interesen una cifra no menor del cinco por ciento (5 %) de los electores registrados. La consulta popular es otro de los medios de participación y protagonismo del pueblo en lo político, consagrado en el artículo 70. Es la consulta por lo que debe entenderse el plebiscito, término eludido por el constituyente; motivado, quizás, por ser demasiado técnico y contraproducente –hasta cierto punto- con el sentido y la naturaleza popular de texto constitucional.
En la misma se consultará al pueblo para que se pronuncie sobre la adopción de decisiones, especialmente relevantes, en el ámbito político; generalmente, cuestiones sobre la estructura o forma del Estado, empleándose -en ocasiones- respecto a decisiones con efectos en el ámbito internacional. Iniciativa legislativa, constitucional y constituyente. La Constitución Bolivariana ha mantenido la clasificación que distingue entre la Enmienda y la reforma Constitucional, incorporando la facultad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, siendo consecuente con el principio de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente originario. Esto guarda concordancia con lo establecido en la misma norma que hace residir la soberanía en el pueblo, quien puede ejercerla de manera directa o indirecta mediante sus representantes elegidos. Como bien señala la Exposición de Motivos, importante elemento interpretativo incorporado a la nueva impresión del texto constitucional: (…) el protagonismo del pueblo en la conducción de su destino debe quedar explícitamente consagrado con especial énfasis en este punto de la reforma constitucional. Un pueblo deseoso de ejercer la soberanía no debe tener que pasar por toda clase de vicisitudes y superar un cúmulo de obstáculos para lograr los cambios que las estructuras jurídicas requieren. Es principio consustancial con este texto constitucional la facilitación de los procesos en los cuales el pueblo se manifiesta para solicitar la modificación de normas constitucionales[9]. Diferente a lo regulado en la Constitución de 1961, que exigía una cantidad no menor de veinte mil electores como mínimo para efectuar la iniciativa legislativa, el nuevo texto constitucional permite que un número no menor del cero coma uno por ciento (0,1 %) de los inscriptos puedan ejercitarla. La iniciativa para la tramitación de las enmiendas y reformas constitucionales, así como para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, podrá partir del quince por ciento (15 %) de los ciudadanos inscriptos; las enmiendas, reformas o el proyecto de nueva constitución serán sometidos a referendos aprobatorios donde será el pueblo, depositario del poder constituyente originario, quien decidirá a favor o en contra de los mismos. La democracia representativa convirtió, durante el período puntofijista, el principio de la soberanía popular en un mito inalcanzable, dado a que las mayorías no la podían ejercer directamente, sino que delegaban la misma en los representantes mediante las elecciones que constituían los órganos estatales. Aunque se reconocía formalmente que todo poder público dimanaba directa o indirectamente de la voluntad popular, lo cierto es que los representantes sustituían a esta. Es en dicho modelo donde el sistema electoral pretendió erigirse como la única vía de solución a la imposibilidad estructural de la participación política de las mayorías en la adopción de las decisiones políticas. Sin embargo, solo garantizó el acceso y rotación de las cúpulas en las instancias de poder estatal. De este modo, la pérdida de la soberanía minimizó la importancia limitada que podía tener la democracia formal. Es en contraste con este modelo, que la implementación de una democracia real y participativa, donde las decisiones en los asuntos públicos trascendentales se toman por acuerdo de la mayor parte de la sociedad –con una debida protección de las minorías-, genera una gran capacidad del pueblo de decidir sobre los principales asuntos públicos del país. La participación no es coyuntural, sino que se establece de manera permanente y no excluyente. El ideal de que el nuevo modelo permita que los procesos participativos se desarrollen a plenitud, debe posibilitar que en la Venezuela bolivariana el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, lejos de afectar el proceso de refundación de la República, se convierta en un instrumento importante y decisivo en el protagonismo popular. Se impulsará, de esta manera la consolidación del nuevo Estado, y a su vez, se desterrará al sistema partidocrático en el que se decidían a espaldas del pueblo los destinos de la sociedad. Sin embargo, es válido señalar que aún se hace necesario promulgar una ley de participación ciudadana, que norme las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación enunciados en el artículo 70, por ser asuntos de reserva legal, es decir, que su regulación solo puede viabilizarse mediante una ley. Es acertado reconocer los intentos por aprobar y promulgar un proyecto desde el año 2001, el que, a pesar de una voluntad política del gobierno, no se ha concretado más allá de discusiones parlamentarias. En este proyecto se pretende desarrollar y establecer los procedimientos para la participación, en los distintos ámbitos del Estado: nacional, estadal, municipal y local, de acuerdo con lo establecido constitucionalmente, sin perjuicio, de otros mecanismos de participación que surgirían en el vital proceso de refundación de la República. Se proponen, además, en cuanto a medios de participación política directa y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía: las iniciativas legislativas populares, los referendos consultivos, aprobatorios, abrogatorios, revocatorios, constitucionales, constituyentes, así como la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. El nuevo modelo democrático-participativo significa el establecimiento del ejercicio real del gobierno por el pueblo, lo que debe ser valorado como la transición hacia alternativas más efectivas de desarrollo de la soberanía popular. (Continuará...).
Para culminar, cuento con un modesto blog, en donde hemos manifestado nuestro respaldo a Hugo Chávez, y en el marco de estos debates que se estan dando, sobre la libertad de expresión, los derechos humanos, la sociedad que queremos construir, el socialismo del siglo 21, etc. Señalo que todas las corrientes del pensamiento tendrán cabida, incluso de aquellos sectores que adversen a este proceso revolucionario, que quieran construir una oposición verdaderamente democrática, con un proyecto alternativo al nuestro, pero que actue apegada al marco constitucional y legal, sera bienvenida en mi blog, que en el fondo no es mio, sino de ustedes: Ojalá que ni gmail, ni google ni youtube me lo cierren como hicieron con Luiggino. De mi parte no habrá censura, siempre y cuando nos respetamos y no haya incitación a matarnos los unos con los otros. Este gobierno no tiene ningún proyecto ni impulsa ninguna acciones para aniquilar a los sectores que lo adversan , al contrario les garantiza todos sus derechos, cosa que en el pasado no era así. Y abogamos por el respeto, por la paz pero con justicia, porque creo que este país es de todos y podemos convivir los unos con los otros. Patria Socialista o Muerte!!!!
En la inspección estuvo presente Luisa Velásquez, fiscal de Control III, quien manifestó que existen áreas que todavía requieren de mucho trabajo, "luego de la inspección nos vamos a reunir para levantar un acta que serán enviada al presidente del IVSS". Publicado por
SOS, (---…---), (sirena de evacuación). ¡¡¡Un GPS, una brújula, por Dios, que no sabemos donde nos llevan!!!Por: Manuel de Brabandere Pironti Publicado por

References: artículo 62
 artículo 185
 artículo 70
 artículo 66
 artículo 70
 artículo 70