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Timestamp: 2019-09-23 05:01:38+00:00

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Ley 38/1988 de 28 de Dic (Demarcación y de Planta Judicial) | Iberley
LEY 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. - Boletín Oficial del Estado de 30-12-1988
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 12 de Marzo de 2017 hasta 30 de Junio de 2020
Fecha de entrada en vigor: 19/01/1989
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, constituye el pilar normativo sobre el que se apoya el cumplimiento de los fines constitucionalmente atribuidos al poder judicial en el estado social y democrático de derecho.
La Ley Orgánica ha atribuido contenido cabal a los principios de independencia, plenitud y unidad de la jurisdicción, garantía e imperio de la Ley; ha hecho efectivo, asimismo, el Gobierno autónomo del Poder Judicial, destacando el carácter de órgano constitucional del Consejo General del Poder Judicial y ha configurado, sobre unas bases nuevas y sentadas para el logro de la tutela jurisdiccional eficaz, el estatuto de los jueces y magistrados y el de los secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, contiene otro conjunto de mandatos cuyo denominador común radica en la necesidad de un desarrollo normativo, organizativo y financiero complejo, por suponer la creación de tribunales y de juzgados de nueva planta, el crecimiento notable de los ya existentes y, en algunas ocasiones, el cambio de su naturaleza, de su competencia, o de la circunscripción a la que se extiende su jurisdicción.
Con la presente Ley, dentro de los principios y de las finalidades expuestas, se da cumplimiento, por ende, al mandato de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la regulación legislativa de la demarcación y planta judicial. La reforma de la regulación legislativa del proceso en los diversos ordenes jurisdiccionales, paralelamente emprendida en idéntico contexto de desarrollo de la Ley Orgánica, constituye el complemento indispensable de aquella.
La demarcación se ha elaborado teniendo en cuenta las propuestas de las comunidades autónomas y el proyecto de Ley ha sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, cumpliendo con ello, en ambos casos, las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las observaciones formuladas han tenido un alto valor y han acrecentado notablemente el conocimiento de los datos y circunstancias necesarios para una adecuada decisión.
El estado social y democrático de derecho, en la búsqueda de un contenido efectivo y real en los derechos de los ciudadanos, insiste en la nota de efectividad de la protección judicial de los derechos, que llega a plasmarse como derecho fundamental específico en el artículo 24 de la Constitución.
El adecuado desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha de hacer frente, por lo tanto, en primer término, al enorme déficit acumulado durante decenios por una organización judicial estructurada más en función de la presencia que de la eficacia; distribuida con criterios geográficos imperfectos y desequilibrados e infradotada en cuanto al número de sus titulares y sus órganos decisorios, con la consiguiente insuficiencia de los medios personales y económicos puestos a su servicio e inadecuación de las normas de procedimiento por las que se rige.
En segundo termino, al déficit historico de la justicia se añade el mayor grado de exigencia social de buen funcionamiento que frente a ella, y en contraste con la pasividad tradicional, conlleva la proclamación del sistema constitucional del estado social y democrático de derecho. A mayor abundamiento, fenómenos tales como la judicialización del Estado y de la vida social, la mayor conciencia ciudadana de los derechos y de la garantía de su contenido real, la desaparición de vínculos sociales y políticos restrictivos de la libertad individual y del derecho de defensa de las personas, el control democrático de los defectos de funcionamiento de todas las instituciones públicas, la mayor conflictividad social derivada de la creciente complejidad demográfica y de los episodios de crisis económica, y la culminación del estado de derecho mediante el reconocimiento del valor normativo de la Constitución, han provocado en los últimos años un considerable incremento de la litigiosidad.
Este incremento afecta especialmente a los ordenes jurisdiccionales mas influidos por la conflictividad socioeconómica y la garantía de los derechos del ciudadano frente al poder público, el penal y el contencioso administrativo, sin que sean de despreciar los incrementos de asuntos civiles y sociales.
Aún cuando la definitiva actualización de la infraestructura del poder judicial, en función de las necesidades de la sociedad actual, exige su programación normativa a través de la presente Ley, los poderes públicos han iniciado ya en el último lustro una decidida actuación de incremento de sus dotaciones, adelantando así las bases de la transformación cuantitativa y cualitativa que ha de alcanzar con esta Ley su pleno desarrollo.
Los créditos presupuestarios estrictamente dedicados a la administración de justicia se duplican desde el año 1982 al 1987, y solo en el período 1987-1988 se produce un incremento cercano a una tercera parte.
Ello ha permitido desarrollar una intensa labor de gestión, en la línea de atender a las previsiones iniciales de la normativa proyectada, que ha cristalizado en la efectiva puesta en funcionamiento, durante el quinquenio expresado, de más de 300 órganos judiciales, con los medios instrumentales personales y materiales a su servicio, lo que representa un acelerado ritmo de implantación de mas de un órgano judicial cada semana, de promedio. Sólo por lo que se refiere a los órganos unipersonales, en el orden jurisdiccional social se ha puesto en funcionamiento, en este período, un número de magistraturas de trabajo que representa una cuarta parte del total de los órganos de esta clase existentes hoy en España. En los ordenes jurisdiccionales civil y penal, la puesta en funcionamiento de un elevado número de Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción ha permitido pasar de una relación en 1980 de 73.010 habitantes por juzgado, la mas desfavorable desde 1877, en que era de 34.434 habitantes por juzgado, a una proporción de 55.726 habitantes por juzgado en 1985, lo que no solo supone recuperar el nivel correspondiente a dos décadas atrás, sino, lo que es aun mas notable, invertir decididamente el constante e ininterrumpido proceso histórico de deterioro de la relación, que en 1988 alcanzará a 50.958 habitantes por juzgado.
La nueva división territorial de lo judicial no plantea especiales problemas en las esferas autonómica, provincial y municipal, por lo que la presente Ley, en punto a la demarcación, se limita a ratificar el ámbito territorial de la jurisdicción de los distintos órganos de alcance autonómico, provincial y municipal, que resulta de las correspondientes circunscripciones determinadas ya a efectos político-administrativos.
Por el contrario, es objeto primordial de la presente Ley realizar una redefinición de los partidos judiciales en cuanto divisiones territoriales judiciales básicas en las que se inscribe el primer escalón de órganos judiciales servidos por jueces de carrera, el de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, respetando la competencia de las Comunidades Autónomas para fijar la capitalidad.
La nota de efectividad con que el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a la tutela por los jueces y tribunales de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ha exigido tener presente, en primer lugar, la garantía de fácil acceso de aquellos a los juzgados y, en segundo lugar, la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad y economía por los que se rige toda organización eficaz.
Se parte, por consiguiente, de una tendencia a la concentración en la medida necesaria para conseguir tales fines, y siguiendo, con ello, la tendencia general en la comarcalización de los servicios, lo que contribuirá a la debida coordinación entre ellos y a su mejor aprovechamiento por los ciudadanos.
Como modelo general de partido se ha manejado el de una circunscripción general de configuración circular, de un mínimo deseable de 50.000 habitantes y de una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, a partir de unos 15 kilómetros de radio, por considerarse una distancia media fácilmente superable en principio con los actuales medios de comunicación. La cifra de los habitantes viene dada por el hecho de que el número ideal de habitantes en proporción a cada juzgado se estima en 25.000. Esta proporción no ha sido alcanzada nunca en nuestra historia. Se considera asimismo conveniente que los partidos judiciales, en la medida de lo posible, esten dotados de un número mínimo de 2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con el fin de facilitar las sustituciones y la división de trabajo entre 2 jueces, especialmente en el orden penal, y de permitir un aprovechamiento de los servicios racional desde el punto de vista económico y con una organización de la oficina judicial óptima para la comodidad de los profesionales y de los ciudadanos.
Los referidos parámetros, aparte de su modulación en función de los volúmenes de litigiosidad, las comunicaciones, y las características orográficas y comarcales, han sufrido alteraciones especialmente significativas en virtud de las peculiaridades de la población de cada zona. Así, la superficie de los partidos se reduce considerablemente en lugares de acumulación urbana, de condensación industrial y de carácter turístico, por la presencia en estos últimos de una población dificilmente registrable, de carácter estacional o permanente. Ello no obstante, el nivel poblacional de estos partidos suele mantenerse muy alto. Por el contrario, las zonas en que la densidad demográfica es muy baja, bien como consecuencia del fenómeno de la despoblación, bien por tratarse de zonas dificilmente habitables, determinan un considerable aumento de la superficie del partido, sin alcanzar siempre el número de población deseable en término medio.
La demarcación establecida en la presente Ley no puede consistir en una transposición en partidos de los actuales distritos judiciales, puesto que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial ordena que no se mantengan los Juzgados de Distrito cuando por el escaso volumen de trabajo resulte procedente su conversión en Juzgados de Paz (disposición transitoria tercera). Ello no obstante, y a pesar de que el examen de la situación existente en el momento en que se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial pone de relieve que la implantación de la justicia de distrito no tiene el mismo grado de penetración en todas las zonas del territorio nacional, se ha procurado mantener como partidos aquellos distritos que, aun por debajo del módulo medio, reunen condiciones especiales, teniendo en cuenta especialmente los que generan un volumen importante de litigiosidad o se hallan radicados en municipios de elevada población, siempre que su proximidad a la cabeza de otro partido o las dificultades de configuración de este no aconsejen lo contrario. La demarcación aprobada prescinde, en consecuencia, de todos aquellos intereses que no sean cohonestables con el principio de eficacia de la justicia, único norte de esta Ley, y se atiene rigurosamente, mediante la fijación de parámetros objetivos, a los criterios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En definitiva, se crean 105 nuevos partidos judiciales, que vienen a añadirse a los 317 actualmente existentes. El total de partidos judiciales es de 422, cifra que coincide exactamente con el número de partidos de la demarcación histórica existente a la promulgación de la Ley de 1870, lo que revela un elevado grado de equilibrio de la división territorial lograda, aun cuando, como se verá, los aumentos demográficos repercuten de forma muy notable en el aumento del número de órganos de cada cincunscripción y en el conjunto, con respecto a aquella planta histórica.
La presente Ley, al configurar de modo completo la planta diseñada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, articula los distintos ordenes jurisdiccionales de manera equilibrada, haciendo plena realidad el principio de unidad jurisdiccional. Al mismo tiempo, supone la reafirmación del carácter expansivo del orden jurisdiccional civil, del principio de garantía de los derechos fundamentales en el orden penal, de la voluntad del poder ejecutivo de hacer posible un efectivo control jurisdiccional de su actuación administrativa en el orden contencioso-administrativo y la de llevar a cabo en el orden social, una eficaz tutela de las pretensiones planteadas en este sector del derecho. Todos los ordenes jurisdiccionales, con las modulaciones que para cada uno de ellos impone su peculiar cometido dentro del marco genérico del ejercicio de la potestad jurisdiccional, quedan organizados con una estructura semejante, basada en una primera instancia o grado funcional ante un órgano unipersonal, una segunda instancia o grado funcional ante un órgano colegiado y un recurso de casación cuya función primordial es la de unificación en la interpretación de la Ley y la salvaguarda del principio de legalidad.
El Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los ordenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, constituye el órgano de relevancia constitucional que culmina la organización del poder judicial, por lo que no es de extrañar que esta Ley le dedique atención especial.
En la determinación de la planta del Tribunal Supremo se reequilibra levemente la composición de las distintas salas, en beneficio sobre todo de la penal, pero se mantiene un número total de magistrados similar al actual. Se estima, en efecto, que la prohibición constitucional de las ulteriores instancias extraterritoriales supone el atribuir decididamente al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior en todos los ordenes, con jurisdicción en toda España, la condición de un Tribunal con funciones específicamente casacionales, salvo las pocas excepciones previstas en la Ley Orgánica por motivos especiales, justificados en cada caso.
El recurso de casación es un recurso especial y, por ende, limitado, que no puede convertirse en una segunda o tercera instancia. La regulación procesal del mismo, adecuadamente realizada, permitirá que, sin convertir al Tribunal Supremo, a través de un artificial y desproporcionado incremento de sus titulares, en un órgano de dificil funcionalidad, asuma plenamente, mediante la adecuada selección objetiva de las materias a que dedica su atención, su labor de unificar la interpretación del ordenamiento jurídico efectuada por todos los juzgados y tribunales, con el carácter de supremo garante del principio de legalidad y de la unidad de acción del poder judicial en su conjunto. La importancia de esta función para el cumplimiento del principio de igualdad y del papel constitucional del poder judicial no puede pasar inadvertida.
Se destaca, asimismo, dentro de los órganos colegiados, la inmediata constitución de la sala de lo social de la Audiencia Nacional llamada a mantener en línea con el carácter exclusivamente estatal de la legislación aplicable, la interpretación uniforme en todo el territorio del Estado en materias tan dignas de atención como los conflictos y los convenios colectivos de ámbito superior al estrictamente autonómico. Las salas de lo penal y de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se dotan, asimismo, del número de magistrados suficiente para desarrollar la competencia que les corresponde.
La regulación de los Tribunales Superiores de Justicia se ha efectuado de tal manera que su rápida puesta en funcionamiento sea compatible con el respeto a la facultad de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de intervenir en la designación de algunos de sus magistrados. Esta facultad ha sido objeto de la interpretación mas favorable a la amplitud de su aplicación, entre las diversas posibles. Se ha puesto especial atención en la competencia de casación atribuida a los Tribunales Superiores de Justicia, como órganos que culminan la organización judicial en la Comunidad Autónoma. La integridad de dicha competencia ha sido garantizada mediante una norma de efectos transitorios, en tanto se aprueben las correspondientes leyes procesales.
Particular consideración merecen, en este mismo capítulo, las Audiencias Provinciales, a las que se dota de un número de magistrados suficiente para hacer frente a los asuntos penales y civiles que les corresponde asumir tras la Ley Orgánica. Con ello se sientan las bases para la implantación del jurado, institución que se desenvuelve en el ámbito de estos Tribunales, y se contribuye a acelerar la justicia penal. Coadyuvarán a este fin otras medidas legislativas emprendidas paralelamente para lograr el ajuste competencial de las cargas de trabajo de los diferentes órganos, que contribuiran a descargar a las Audiencias de un número excesivo de apelaciones que amenazaría con desequilibrar su regular funcionamiento.
En materia de órganos unipersonales, la Ley lleva a efecto la conversión de los Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de Primera Instancia, o de Instrucción, en el plazo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de una medida, ya solicitada por el Consejo General del Poder Judicial en el año 1985, que se plasma en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que afecta a juzgados históricamente vinculados a un cuerpo suprimido en aplicación del principio constitucional de unidad de la carrera judicial, a la que corresponden unos únicos sistemas de acceso. Esta medida evitará que esten conociendo en materias iguales, sin una adecuada articulación funcional en instancias, jueces técnicos distintos sin mas justificación que la distinta importancia teórica del asunto, y reinstaurará la unidad de la primera instancia técnica, reintegrando a la misma el papel expansivo y conjunto sin el cual es difícil de construir una primera instancia civil y un primer escalón funcional en materia penal articulados con el suficiente grado de coherencia interna.
Bien es cierto que esta conversión, por su novedad, puede suponer dificultades de adaptación, que se evitarán con las medidas procesales paralelamente iniciadas, especialmente para garantizar el carácter exclusivamente jurisdiccional de las funciones que corresponde desempeñar a los órganos de primera instancia.
La Ley recoge, por otro lado, las previsiones necesarias para articular los Juzgados de lo Penal derivados de la Ley Orgánica por la que se crean los Juzgados de lo Penal y se modifican diversos preceptos de las leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal.
Ello permitirá hacer realidad la distinción entre la función instructora y enjuiciadora que viene exigida por el artículo 24 de la Constitución en la interpretación que del mismo han dado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A tal efecto, la Ley configura una planta de los Juzgados de lo Penal adecuada para hacer frente a las necesidades que, previsiblemente, se plantearán a estos órganos del orden jurisdiccional penal.
En la planta de los Juzgados de Instrucción, se dedica una especial atención a las funciones que han de corresponderles en materia de instrucción y de primera instancia en la futura configuración del proceso penal. Los Juzgados de lo Social, por otra parte, se configuran en número suficiente para atender el volumen de trabajo previsible, a partir de un examen crítico de los datos estadísticos de que se dispone.
En los restantes ordenes jurisdiccionales, se presta particular atención a sectores o actividades sociales que constituyen, hoy, zonas materialmente exentas o que no son atendidas con la suficiente intensidad y grado de especialización por la jurisdicción. Tal es el principio que se observa en la implantación efectuada en cuanto a Juzgados de lo Contencioso-administrativo (que constituirán una eficaz primera instancia en asuntos para los que funcionalmente puede resultar ventajoso este sistema o que hoy es excesivamente gravoso llevar a las salas, como ocurre con algunas materias económico-administrativas), de vigilancia penitenciaria y de menores. Con respecto a estos últimos, se ha diseñado una planta que ofrece las máximas oportunidades para especializar la función de reforma con respecto a la función de protección del menor, haciendo posible, desde el ángulo de la organización judicial, la efectividad de la reforma de la legislación del menor, de la que esta Ley constituye complemento necesario.
Es de destacar, finalmente, el elevado grado de proximidad de la planta diseñada con la propuesta por el Consejo General del Poder Judicial en su informe.
Los Juzgados de Paz se conciben por la Ley Orgánica del Poder Judicial como órganos incardinados en el ámbito del municipio, cuyos titulares son elegidos por el pleno del Ayuntamiento. De ahí que no se haya renunciado a la tradicional colaboración de los municipios en el mantenimiento de los medios personales y materiales de dichos órganos, estableciendo el soporte económico del Estado o, en su caso, de las Comunidades Autónomas, directamente o por medio de subvenciones.
El número de jueces y magistrados en destinos estrictamente jurisdiccionales pasa a ser, en la presente Ley, de 3.570, lo que significa el establecimiento de una proporción de un miembro de la carrera judicial por cada 10.800 habitantes, que es similar, no obstante sus variaciones, a las proporciones que se observan en otros países de la Comunidad Europea. La relación entre los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de lo Penal y los habitantes, de 1 por 19.000 habitantes, responde a una media que debe considerarse muy satisfactoria y nunca alcanzada en nuestra historia. Teniendo en cuenta que el número de jueces y magistrados en activo pertenecientes a la carrera judicial se sitúa en torno a los 2.000, es menester un gran esfuerzo para obtener el máximo de rendimiento posible de los sistemas de selección durante los años de programación de la nueva planta. Para lograr esta finalidad se ha reestructurado el centro de estudios judiciales, se ha reformado profundamente el sistema de oposición y se ha dado efectividad a los criterios de selección de jueces y magistrados mediante concurso entre juristas.
La planta establecida es objeto de las adecuadas previsiones temporales para su ejecución. La efectiva constitución de los distintos órganos se articula escalonadamente, teniendo en cuenta las posibilidades reales de implantación y atribuyendo al Gobierno la preparación de los programas económico-financieros necesarios.
Como plazo máximo de programación, dentro del cual necesariamente han de alcanzarse en toda su integridad las previsiones de la Ley en materia de planta, se fija el período 1989-1992. Se trata de un plazo cierto y, aun escaso en su extensión, suficiente para, mediante un importante esfuerzo de carácter organizativo y financiero, articular, dentro de ese estrecho margen de tiempo, las medidas necesarias para llevar al terreno de la realidad la profunda actualización que esta Ley supone en las estructuras de la administración de justicia, dada su inaplazable necesidad. Para garantizar el cumplimiento del expresado plazo se preven con carácter gradual las medidas de tipo orgánico y financiero necesarias para evitar quiebras en los procesos de implantación y se establecen las garantías pertinentes para asegurar la cobertura presupuestaria mediante el adecuado plan de financiación. Durante cada ejercicio se irán efectuando las creaciones de órganos necesarias para lograr el deseable equilibrio en el desarrollo de la programación, sin esperar a la ultima etapa y continuando la línea seguida en años anteriores.
La demarcación y la planta así establecidas, con criterios plenamente suficientes para garantizar su permanencia durante un largo período de tiempo, es susceptible, no obstante, de medidas de adaptación y perfeccionamiento.
Independientemente de las revisiones generales periódicas de la planta y de la demarcación que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, se regula y desarrolla la facultad del Gobierno para crear secciones, juzgados o plazas de magistrados por encima de las previsiones de la planta establecida, con modificación de esta. Esta medida ha de permitir en todo caso la permanente actualización cuantitativa del diseño orgánico establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial a las nuevas necesidades que puedan surgir.
TÍTULO I. DE LA DEMARCACIÓN JUDICIAL.
CAPÍTULO I. CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.
3. Tienen jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora las salas de lo contencioso-administrativo y de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tienen su sede en Valladolid; y a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, las que tienen su sede en Burgos.
4. Tiene jurisdicción limitada a la provincia de Las Palmas las salas de lo contencioso-administrativo y de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que tienen su sede en las Palmas de Gran Canaria, y a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las que tienen su sede en Santa Cruz de Tenerife.
5. A efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.
2. El desarrollo posterior de estas plazas de Jueces de adscripción territorial así como su modificación se efectuará mediante Real Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de esta Ley.
Artículo insertado por Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecucion en la Union Europea de resoluciones judiciales de decomiso. (BOE de 11-03-2010) en vigor desde 31-03-2010
6. Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante que se especialicen tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos nº 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y 6/2002, del Consejo de la Unión Europa, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y únicamente a estos solos efectos se denominaran Juzgados de Marca Comunitaria.
7. La Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen, conocerán además, en segunda instancia y de forma exclusiva de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento nº 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria.
Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de otro, continuará perteneciendo al mismo partido judicial.
Cuando se incorporen o fusionen 2 o más municipios pertenecientes al mismo partido judicial, continuarán perteneciendo a éste.
Cuando se incorporen o fusionen 2 o más municipios pertenecientes a distintos partidos judiciales, el municipio resultante se integrará en el partido judicial al que correspondía el municipio que tuviera mayor población de derecho entre los afectados.
Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de parte del territorio de municipios pertenecientes a partidos diferentes, el nuevo municipio se integrará en el partido judicial al que correspondía la parte segregada con mayor población de derecho.
Cuando se incorpore a un municipio parte del territorio de otro municipio limítrofe por segregación, el territorio segregado se integrará en el partido del municipio al que ha sido agregado.
Los Juzgados de Paz tienen jurisdicción en el termino del respectivo municipio, del que toman su nombre.
CAPÍTULO II. SEDE DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.
2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del artículo 3 de esta Ley, así como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicción de extensión territorial inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se señale por Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma y toman el nombre del municipio en que aquélla esté situada.
Modificación realizada (8 (apdo. 2)) por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE de 22-07-2015) en vigor desde 01-10-2015
Texto Original. Publicado el 30-12-1988 en vigor desde 19-01-1989
19/01/1989 (Versión Original)
TÍTULO II. DE LA PLANTA JUDICIAL.
CAPÍTULO I. PLANTA DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS.
2. El presidente del Tribunal Superior de Justicia lo es también de su sala de lo civil y penal. De los demás magistrados que la componen, 1 de ellos, en el caso de ser 2, o 2 de ellos, en el caso de ser 4, son nombrados a propuesta en terna de la asamblea legislativa de la comUnidad Autónoma, en la forma prevista por el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. El Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, puede ampliar hasta 5 el número de magistrados de la sala de lo civil y penal, en todos o en algunos de los Tribunales Superiores de Justicia que tienen asignada para dicha sala una plantilla de 3 magistrados.
2. Las secciones de las Audiencias Provinciales, cuando haya varias, se constituyen con 3 magistrados. Los que exceden del múltiplo de 3 se integran en las secciones existentes, a razón de 1 por sección, comenzando por la primera. La creación de nuevas plazas de magistrados en una Audiencia Provincial dará lugar, si procede, a la creación de una nueva sección completa con las plazas de nueva creación y las que resulten de la reducción a 3 del número de magistrados existentes en otra u otras secciones. Para la designación de los magistrados de la nueva sección procedentes de las ya existentes se atiende a los que lo soliciten de entre los ya destinados en las demás secciones de la misma sede con mejor puesto escalafonal, y no existiendo o siendo insuficiente el número de los solicitantes que reunan los requisitos legales, al criterio de menor antigüedad en la categoría. Lo dispuesto en el presente apartado será de aplicación sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta ley.
Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje.
En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Asimismo cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará, de existir varios, qué Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, asumirán el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con carácter exclusivo junto con el resto de las correspondientes a la jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del órgano en cuestión.
1. La planta de los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, en régimen de exclusividad de funciones, o compatibiiizando con las del orden de jurisdicción penal, es la establecida en el anexo X de esta Ley.
3. La provisión del Juzgado Central de Menores y de los Juzgados de Menores se hace mediante concurso, que se resuelve a favor de quienes acrediten la especialización correspondiente en la Escuela Judicial y tengan mejor puesto en el escalafón y en su defecto a favor de los Magistrados con mejor puesto en el escalafón.
Creación de Juzgados de lo Mercantil.
Podrán crearse Juzgados de lo Mercantil con sede en la capital de la provincia y jurisdicción en toda ella, cuando las cargas de trabajo así lo aconsejen.
Igualmente se podrán establecer Juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de la provincia cuando criterios poblacionales, industriales o mercantiles así lo aconsejen, con jurisdicción en uno o varios partidos judiciales.
Transformación de Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en Juzgados de lo Mercantil.
Compatibilización, en un mismo Juzgado de las materias mercantiles con el resto de las de la jurisdicción civil.
3. La provisión de los Juzgados de lo Mercantil se hace mediante concurso, que se resolverá a favor de quienes, acreditando la especialización correspondiente en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirá con los Magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdiccional civil.
A falta de estos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado primero del artículo 329 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
CAPÍTULO II. MODIFICACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL.
Por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la Comunidad Autónoma afectada, se podrán transformar juzgados de una clase en juzgados de clase distinta de la misma sede, cualquiera que sea su orden jurisdiccional.
5. La fecha de puesta en funcionamiento e inicio de actividades de las secciones y juzgados de nueva creación será fijada por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
CAPÍTULO III. DESTINOS DE CARÁCTER TÉCNICO O CON FUNCIONES EXCLUSIVAS DE DECANATO Y DE REGISTRO CIVIL.
Las retribuciones de los Letrados al servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo serán las correspondientes a un Letrado de la Administración de Justicia de Sala del Tribunal Supremo. No obstante, los Letrados que desarrollen labores de coordinación conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 61 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que además pertenezcan a la Carrera judicial, percibirán las previstas en el Anexo II.2 de la Ley 15/2003 para los Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Modificación realizada (23) por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE de 22-07-2015) en vigor desde 01-10-2015
En el Ministerio de Justicia, con la adscripción que determine su Reglamento Orgánico, podrán existir hasta diez plazas servidas por jueces o magistrados, diez por fiscales, diez por secretarios judiciales y dos por médicos forenses.
1. La liberación total del trabajo, en el orden jurisdiccional respectivo, que corresponde al titular del decanato de los juzgados, a que se refiere el artículo 166.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se efectuará en aquellos partidos judiciales que cuenten con 40 o más juzgados de los diversos ordenes jurisdiccionales.
1. Las plazas de jueces o magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil serán las del Registro Civil Central de Madrid y las demás previstas en el anexo VI. En las poblaciones que cuenten con mas de 500.000 habitantes y en aquellas otras en que se juzgue conveniente en atención al volumen de población y al alto número de actuaciones de esta naturaleza, podrán establecerse mediante orden ministerial otras plazas de jueces o magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil.
Modificación realizada (27 (apdos. 1 y 2 se derogan con efectos de 30 de junio de 2020)) por Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. (BOE de 22-07-2011) en vigor desde 30-06-2020
TÍTULO III. DE LAS DISPOSICIONES ORGÁNICAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PLANTA JUDICIAL.
CAPÍTULO I. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL.
1. Las actuales salas tercera, cuarta y quinta de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se constituiran en sala única de lo contencioso-administrativo en el plazo de treinta días, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
1. En el plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo General del Poder Judicial efectuará las adscripciones de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Central de trabajo a la sala de lo social de la Audiencia Nacional y a la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, siguiendo el orden de preferencia establecido en la disposición transitoria decimoctava de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Efectuadas las adscripciones, el Gobierno, en el plazo de un mes a partir de su publicación, fijará la fecha, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en que comenzará el ejercicio de su competencia.
CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.
2. Dentro del plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas presentarán las ternas de juristas de reconocido prestigio con mas de 10 años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma respectiva, para cubrir plaza de magistrado de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia. Recibida la terna en cualquier momento, el Consejo General del Poder Judicial procederá a proponer el nombramiento correspondiente.
3. En el mismo plazo de 3 meses, hayase o no recibido la terna a que se refiere el apartado 2 de este artículo, el Consejo General del Poder Judicial propondrá los nombramientos de los restantes magistrados de las salas de lo civil y penal y de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
4. Una vez hayan sido nombrados los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial propondrá el nombramiento de los presidentes de los expresados Tribunales y fijará la fecha, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que tendrá lugar la toma de posesión de los miembros del Tribunal y su constitución, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.
2. Si no se hubiera efectuado aun el nombramiento de magistrado de la sala de lo civil y penal presentado en terna por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, se aplicará el procedimiento previsto por la Ley para completar la sala.
1. Los magistrados destinados en las salas de lo contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales quedarán integrados en las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia que tengan su sede donde la tuviesen aquellas en el momento de la entrada en vigor de esta Ley.
2. Los magistrados destinados en la sala de lo contencioso-administrativo que tienen su sede en Murcia quedarán integrados en la sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma.
3. Efectuados los nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial determinará la fecha en que cada sala iniciará el ejercicio de la competencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.
El Consejo General del Poder Judicial, una vez hayan iniciado el ejercicio de su competencia la sala de lo social de la Audiencia Nacional y las salas de lo social de todos los Tribunales Superiores de Justicia, y efectuadas las integraciones que prevé la disposición transitoria decimoctava de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinará la fecha de supresión del Tribunal Central de Trabajo y finalización del ejercicio de su competencia y ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de esta fecha, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la forma que establece ladisposición transitoria ya citada, conocerá de los asuntos pendientes ante el Tribunal Central de Trabajo, con excepción de lo que corresponda a la sala de lo social de la Audiencia Nacional.
CAPÍTULO III. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.
1. La composición inicial de las Audiencias Provinciales será la actual.
El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, a tenor de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico, y atendiendo a criterios de preferencia según las mayores cargas competenciales, determinará la fecha de efectividad de las plazas correspondientes, hasta alcanzar la planta definitiva en el plazo de programación establecido en el artículo 62 de esta Ley.
2. Cuando la planta fijada en esta Ley comprendiera un número de magistrados inferior al actualmente previsto para la Audiencia Provincial, se amortizarán las plazas correspodientes a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a tenor de las vacantes que se fueran produciendo.
CAPÍTULO IV. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA DE LOS JUZGADOS.
1. El Gobierno, en el plazo de 6 meses, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, oído el Consejo General del Poder Judicial, determinará la fecha en que los Juzgados de lo Penal entrarán en funcionamiento mediante Real Decreto con arreglo a la planta inicial que se determine y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41.
1. En la fecha de entrada en vigor de esta Ley dejarán de ejercer sus funciones las actuales magistraturas de trabajo y entrarán en funcionamiento los Juzgados de lo Social, con los correspondientes titulares y funcionarios adscritos a aquellas.
Artículo 46 ter.
La entrada en funcionamiento del Juzgado o Juzgados de Menores supondrá el cese de los actuales titulares del Tribunal Tutelar de Menores cuyo ámbito territorial se corresponda con el de aquel o aquellos y la integración del resto del personal en el juzgado o juzgados constituidos.
1. La Secretaría de los Juzgados de Paz de poblaciones de mas de 7.000 habitantes y la de aquellos otros Juzgados de Paz o Agrupaciones de Secretarías de los mismos, en los que la carga de trabajo lo justifique, será desempeñada por un oficial al servicio de la Administración de Justicia, conforme se determine en la plantilla del cuerpo.
2. No obstante, en los Juzgados de Paz de poblaciones de mas de 7.000 habitantes y en aquellos otros Juzgados de Paz en los que la carga de trabajo lo justifique prestarán servicio funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con arreglo a las plazas que se prevean en la plantilla de dichos cuerpos.
En los presupuestos generales del Estado se establecerá un crédito para subvencionar a los Ayuntamientos por la atención de los conceptos a que se refieren los 2 artículos anteriores. La subvención se modulará en función del número de habitantes de derecho del municipio.
TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PROCESAL PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PLANTA JUDICIAL.
4. La iniciación del ejercicio de la competencia por los órganos de nueva planta o de nueva creación previstos en esta Ley no supondrá la asunción de los procedimientos en tramite ante otros órganos ya existentes, salvo en los casos de supresión de estos y sin perjuicio de lo que pueda acordarse por vía de reparto.
Los magistrados de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia completarán las demás salas del Tribunal, con arreglo al turno que se establezca en aplicación del artículo 199 del Ley Orgánica del Poder Judicial.
1. Las Audiencias Provinciales de Albacete, Asturias, Ávila, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, La Coruña, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, Las Palmas, Navarra, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza asumirán plena competencia en el orden civil a partir del día de la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Las restantes Audiencias Provinciales conservarán las atribuciones de orden civil que les correponden en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En el plazo de un año a partir de su vigencia, el Gobierno dispondrá lo pertinente para que todas las Audiencias Provinciales asuman la plenitud de competencias en el orden civil.
1. No procederá el recurso de apelación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en los recursos de que conozcan las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia contra actos o disposiciones provenientes de los órganos de la Comunidad Autónoma, salvo si el escrito de interposición del recurso se fundase en la infracción de normas no emanadas de los órganos de aquella.
3. Las dudas sobre competencia que pudieran suscitarse entre la atribuida al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia se resolverá
1. En tanto no se regulen los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos y los procesos sobre conflictos colectivos a que se refiere el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sala de lo social de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de suplicación que se interpongan contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en tales materias, con arreglo a la legislación vigente, siempre que el ámbito territorial de aplicación del convenio colectivo o en el que hayan de surtir efecto la resolución del conflicto colectivo sea superior al de una Comunidad Autónoma.
TÍTULO V. DE LAS MEDIDAS ECONÓMICO-FINANCIERAS PARA LA IMPLANTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL.
Para la determinación de los créditos a que se refiere el artículo anterior, el Gobierno elaborará anualmente los programas necesarios, de acuerdo con los criterios objetivos de prioridades a que se refieren losartículos 32, 39, 41, 43.2, 44, 45 y 46 de la presente Ley. El Ministerio de Justicia presentará, a tal efecto, memoria de las realizaciones llevadas a cabo.
A los efectos prevenidos en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, se declarán de utilidad pública las obras de construcción, modificación y ampliación de edificios para sede de juzgados, tribunales y centros, organismos y servicios de la Administración de Justicia necesarias para la ejecución de la planta establecida en esta Ley.
En tanto las Comunidades Autónomas no determinen la capitalidad de los partidos judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta se entenderá reconocida al municipio que la tuviese a la entrada en vigor de esta Ley; si existiesen varios, al municipio en que radicasen mas Juzgados de Primera Instancia e Instrucción; en caso de igualdad, al de mayor población de derecho. En su defecto, al municipio o municipios en que radicasen Juzgados de Distrito, con iguales criterios de preferencia y, en último termino, al de mayor población de derecho.
Los 2 Presidentes de las actuales salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que no sean nombrados para la presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo del mismo mantendrán, a título personal, los derechos económicos que correspondan a un Presidente de sala del Tribunal Supremo y presidirán las secciones que puedan constituirse.
2. Los Presidentes de las salas de lo civil de las Audiencias Territoriales presidiran, en su caso, las secciones que pudieran constituirse y mantendrán los derechos económicos correspondientes a un Presidente de sala, mientras no obtuviesen otro destino.
En tanto no se produzca la constitución de los Juzgados de Menores, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria vigesima sexta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial podrá proceder al nombramiento de miembros de la carrera judicial para las plazas correspondientes a los Tribunales Tutelares de Menores que no se hallen ocupadas por jueces pertenecientes a la escala de jueces unipersonales de menores, disponiendo el cese de sus actuales titulares.
Los actuales Secretarios de Juzgados de Paz continuarán desempeñando sus funciones con sujeción al régimen actual hasta que se produzca el nombramiento de persona idonea.
Los miembros de la carrera judicial a que se refiere la disposición transitoria vigesima quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial podrán participar en el concurso de méritos a que se hace referencia en elartículo 25 de la presente Ley. Si no obtuviesen plaza en el referido concurso o no tomasen parte en el mismo, en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de la resolución, deberán optar entre pasar al servicio activo en la carrera judicial, quedando adscritos al Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia Provincial de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad, o pasar a la situación de excedencia voluntaria en la misma.
El cese de sus funciones como Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o como Juzgados de Instrucción de los que resulten transformados se acomodará a las siguientes reglas:
A los veinte días de la entrada en vigor de la presente Ley, los juzgados cesarán en sus funciones de instrucción de procedimientos penales, respecto de las causas que deban enjuiciar, asumiendo las mismas los restantes Juzgados de Instrucción.
Desde la fecha que señale el Real Decreto a que se refiere el apartado 1 del artículo 42 cesarán en sus funciones como Juzgados de Primera Instancia, salvo para dictar, dentro de los plazos señalados, las sentencias en los asuntos que hubiesen quedado conclusos y solo pendientes de fallo. Notificadas las resoluciones finales, remitirán los asuntos sentenciados, así como los pendientes, al juzgado que corresponda, conforme a las reglas aprobadas por la correspondiente sala de Gobierno, notificándolo a las partes.
Desde la misma fecha cesarán en sus funciones como Juzgados de Instrucción respecto a las causas que deba enjuiciar la Audiencia Provincial.
El titular y Secretario de los juzgados transformados pasarán a ocupar los puestos correspondientes en los Juzgados de lo Penal. El personal adscrito a los juzgados transformados pasará a estarlo al Juzgado de lo Penal correspondiente, sin perjuicio de las adscripciones que puedan realizarse conforme a los reglamentos vigentes y de lo que pueda disponerse con arreglo al Real Decreto a que se refiere el artículo 42.1 de esta Ley. Los juzgados a transformar serán los de Instrucción o Primera Instancia e Instrucción de Creación mas reciente. De ellos, el de creación mas lejana será el número 1, y así sucesivamente.
2 en Algeciras.
1 en Huesca.
1 en Gijón.
1 en Tenerife.
1 en Palencia.
1 en Segovia.
1 en Cuenca.
1 en Ciudad Real.
1 en Cáceres.
1 en Santiago de Compostela.
1 en Lugo.
1 en Vigo.
2 en Alicante.
2 en Granada.
3 en Málaga.
5 en Sevilla.
2 en Zaragoza.
2 en Las Palmas.
1 en Valladolid.
9 en Barcelona.
1 en La Coruña.
12 en Madrid.
1 en Murcia.
1 en Pamplona.
5 en Valencia.
3 en Bilbao.
1 en San Sebastian.
D.F. ÚNICA. Facultad de desarrollo.
ANEXO I. Relación de términos municipales agrupados por partidos judiciales
Se puede consultar actualizado AQUÍ
ANEXO II. Tribunal Supremo
ANEXO III. Audiencia Nacional.
Presidente Audiencia Nacional.
Sala de lo Penal:
1 Presidente de Sala.
4 Secciones: Compuesta por 16 Magistrados.
Sala de Apelación:
Sala de lo Contencioso-administrativo:
8 Secciones: Compuesta por 39 Magistrados.
Sala de lo Social:
Total: 64 Magistrados.
Modificación realizada (Anexo III) por Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal. (BOE de 11-03-2017) en vigor desde 12-03-2017
Modificación realizada (Anexo III) por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE de 22-07-2015) en vigor desde 01-10-2015
Modificación realizada (Anexo III) por Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. (BOE de 01-11-2014) en vigor desde 02-11-2014
12/03/2017 (Vigente)
ANEXO IV. Tribunales Superiores de Justicia.
Andalucía (Compuesto por siete salas)
Sala de lo Civil y Penal:
Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada:
11 Magistrados.
Sala de lo Contencioso-administrativo de Málaga:
Sala de lo Contencioso-administrativo de Sevilla:
19 Magistrados.
Sala de lo Social de Granada:
Sala de lo Social de Málaga:
Sala de lo Social de Sevilla:
Jueces de adscripción territorial Andalucía: 55.
Jueces de adscripción territorial Ceuta: 1.
Jueces de adscripción territorial Melilla: 1.
Aragón (Compuesto por tres salas)
Total: 16 Magistrados.
Asturias (Compuesto por tres salas)
Total: 24 Magistrados.
Castilla y León (Compuesto por cinco salas)
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid
10 Magistrados.
Sala de lo Social de Burgos
Sala de lo Social de Valladolid
Total: 32 Magistrados.
Total: 60 Magistrados.
Comunitat Valenciana (Compuesto por tres salas)
22 Magistrados.
12 Magistrados.
Total: 42 Magistrados.
Jueces de adscripción Territorial: 19.
Galicia (Compuesto por tres salas)
18 Magistrados.
17 Magistrados.
Pais Vasco (Compuesto por tres salas)
9 Magistrados.
Total: 27 Magistrados.
Jueces de Adscripción Territorial: 10.
La Rioja (Compuesto por tres salas)
2 Magistrado.
Total: 7 Magistrados.
Jueces de Adscripción Territorial: 2.
Total Nacional: 497 Magistrados.
Total Nacional Jueces de Adscripción Territorial: 217.
Modificación realizada (Anexo IV (se amplia la planta judicial en las Salas de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid)) por Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal. (BOE de 11-03-2017) en vigor desde 12-03-2017
Modificación realizada (Anexo IV) por Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. (BOE de 01-11-2014) en vigor desde 02-11-2014
Modificación realizada (Anexo IV) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
ANEXO V. Audiencias Provinciales.
Modificación realizada (Anexo V) por Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. (BOE de 01-11-2014) en vigor desde 02-11-2014
Modificación realizada (Anexo V) por Real Decreto 1010/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifica la composición de las secciones de la Audiencia Provincial de Navarra. (BOE de 21-12-2013) en vigor desde 22-12-2013
Modificación realizada (Anexo V) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
02/11/2014 (Vigente)
ANEXO VI. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Modificación realizada (Anexo VI) por Real Decreto 1009/2013, de 20 de diciembre, por el que se transforma el Juzgado de Instrucción nº 5 de Benidorm en Juzgado de Primera Instancia nº 4 y por el que se modifica la denominación del Juzgado de Primera Instancia nº 4 en Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm. (BOE de 21-12-2013) en vigor desde 22-12-2013
Modificación realizada (Anexo VI) por Real Decreto 1489/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica la planta judicial del partido judicial de León, en ejecución de la Sentencia de 30 de mayo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan parcialmente determinados artículos del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y se constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de Juez de adscripción territorial. (BOE de 25-10-2011) en vigor desde 25-10-2011
Modificación realizada (Anexo VI) por Real Decreto 1218/2011, de 5 de septiembre, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia e instrucción en juzgados de primera instancia y de instrucción en los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, (Las Palmas) y Torrejón de Ardoz (Madrid). (BOE de 16-09-2011) en vigor desde 17-09-2011
Modificación realizada (Anexo VI) por Real Decreto 1707/2010, de 17 de diciembre, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en los partidos judiciales de Inca, Manacor (Illes Balears), Arrecife (Las Palmas) y Arona (Santa Cruz de Tenerife). (BOE de 18-12-2010) en vigor desde 19-12-2010
Modificación realizada (Anexo VI) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
Modificación realizada (Anexo VI) por Real Decreto 302/2010, de 15 de marzo, por el que se establece la separacion de juzgados de primera instancia y juzgados de instruccion en los partidos judiciales de Orihuela (Alicante), Gandia y Torrent (Valencia). (BOE de 29-03-2010) en vigor desde 30-03-2010
ANEXO VII. Juzgados de lo Penal.
Modificación realizada (Anexo VII) por Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. (BOE de 01-11-2014) en vigor desde 02-11-2014
Modificación realizada (Anexo VII) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
ANEXO VIII. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Modificación realizada (Anexo VIII) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
11/07/2010 (Vigente)
ANEXO IX. Juzgados de lo Social.
Modificación realizada (Anexo IX) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
ANEXO X. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Modificación realizada (Anexo X) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
ANEXO XI. Juzgados de Menores.
ANEXO XII. Juzgados de lo Mercantil.
Modificación realizada (Anexo XII) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
ANEXO XIII. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Modificación realizada (Anexo XIII) por Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial. (BOE de 10-07-2010) en vigor desde 11-07-2010
Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes.
Fecha: 2014-11-02
Real Decreto 1010/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifica la composición de las secciones de la Audiencia Provincial de Navarra.
Real Decreto 1009/2013, de 20 de diciembre, por el que se transforma el Juzgado de Instrucción nº 5 de Benidorm en Juzgado de Primera Instancia nº 4 y por el que se modifica la denominación del Juzgado de Primera Instancia nº 4 en Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm.
Real Decreto 1489/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica la planta judicial del partido judicial de León, en ejecución de la Sentencia de 30 de mayo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan parcialmente determinados artículos del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y se constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de Juez de adscripción territorial.
Real Decreto 1218/2011, de 5 de septiembre, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia e instrucción en juzgados de primera instancia y de instrucción en los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, (Las Palmas) y Torrejón de Ardoz (Madrid).
Fecha: 2011-09-17
Real Decreto 1707/2010, de 17 de diciembre, por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en los partidos judiciales de Inca, Manacor (Illes Balears), Arrecife (Las Palmas) y Arona (Santa Cruz de Tenerife).
Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programacion del año 2010 y 50 plazas de adscripcion territorial.
Fecha: 2010-07-11
Nota: Modificaciones integradas en la norma hasta el 31 de marzo de 2010
Real Decreto 302/2010, de 15 de marzo, por el que se establece la separacion de juzgados de primera instancia y juzgados de instruccion en los partidos judiciales de Orihuela (Alicante), Gandia y Torrent (Valencia).
Entrada en Vigor: 1988-12-31
12/03/2017 Redacción Vigente
desde 01/10/2015 hasta 12/03/2017
desde 02/11/2014 hasta 01/10/2015
desde 22/12/2013 hasta 02/11/2014
desde 25/10/2011 hasta 22/12/2013
desde 17/09/2011 hasta 25/10/2011
desde 19/12/2010 hasta 17/09/2011
desde 11/07/2010 hasta 19/12/2010
desde 31/03/2010 hasta 11/07/2010
desde 30/03/2010 hasta 31/03/2010
desde 19/01/1989 hasta 30/03/2010

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 20
 artículo 101
 artículo 3
 artículo 330
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 329
 artículo 61
 artículo 166
 artículo 62
 Real Decreto 
 artículo 41

Artículo 46
 artículo 199
 artículo 67
 resolución 
 artículo 10
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 42
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

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