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Timestamp: 2018-11-19 20:33:31+00:00

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Real Decreto 1070/2017 por el que se modifica el Reglamento de gestión, inspección y procedimientos de aplicación de los tributos y el Real Decreto 1676/2009 del Consejo Defensa Contribuyente comentados en la guía de fiscalidad y tributación del inversor y ahorrador de invierto y ahorro.
REAL DECRETO 1070/2017: MODIFICA REGLAMENTO GENERAL DE GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS APROBADO POR RD 1065/2007 Y MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1676/2009 DEL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
En el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre de 2017 se publica el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
1.-MODIFICACIÓN REGLAMENTO GESTIÓN, INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS (RGIAT)
Con entrada en vigor desde 1 de enero de 2018 se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para tener en cuenta la aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que han supuesto la introducción de importantes modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria orientadas a diversos objetivos como la lucha contra el fraude fiscal o la agilización de las relaciones jurídico–tributarias. Las modificaciones aprobadas y que se mencionan a continuación serán de aplicación a los procedimientos tributarios iniciados a partir de la indicada fecha de entrada en vigor (1 de enero de 2018), salvo los especificaciones previstas en el apartado 2 de la disposición transitoria única en la que se prevé que determinadas modificaciones ya son de aplicación a los procedimientos iniciados antes de la indicada fecha de entrada en vigor y, además, debe tenerse en cuenta que las modificaciones relativas a la obligación censal de comunicar la identidad de los sucesores de personas físicas y entidades, serán de aplicación desde el día 1 de julio de 2018.
Las principales modificaciones aprobadas son las siguientes:
-En el ámbito de la gestión censal se incorpora la obligación de comunicar los sucesores en la declaración de baja del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, en caso de fallecimiento de personas físicas o extinción de entidades (téngase en cuenta que esta modificación será de aplicación a partir del 1 de julio de 2018).
-Sustitución de las declaraciones censales por el Documento Único Electrónico (artículo 15 RGIAT). Se permite la utilización del Documento Único Electrónico (DUE) para presentar las declaraciones de modificación y baja en dicho censo, y no sólo la declaración de alta como hasta ahora, adaptándose la norma reglamentaria a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.
-Con el objeto de evitar que el número de identificación fiscal provisional pueda devenir permanente en el caso de entidades que no se hayan constituido de manera efectiva, se establece un período de validez del mismo de seis meses, a efectos de aplicar los correspondientes procedimientos de rectificación censal y de revocación del número de identificación fiscal (nueva redacción del apartado 3 del artículo 24 RGIAT).
-En el ámbito de los sujetos obligados a suministrar información a la Administración tributaria, se sustituye a los representantes de fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen en España planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación española, y a los representantes de entidades aseguradoras que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, por los propios fondos de pensiones, o en su caso, su entidad gestora, y por la propia entidad aseguradora, en consonancia con la regulación legal de esta materia. A estos efectos se adapta la normativa prevista en el artículo 27 RGIAT relativa a la comunicación del número de identificación fiscal cuando se realicen contribuciones o aportaciones a planes de pensiones o se perciban las correspondientes prestaciones, el apartado 3 del artículo 39 RGIAT relativo a la obligación de informar acerca de seguros y la letra c) del artículo 53 RGIAT relativa a la obligación de informar acerca de las aportaciones a sistemas de previsión social.
-Suministro Inmediato de Información (SII). Se introduce en el artículo 29 RGIAT referencia a la llevanza de los libros registro por medios telemáticos. Asimismo, teniendo en cuenta que los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido inscritos en el régimen de devolución mensual deben llevar los libros registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria y que han quedado exonerados de la obligación de presentar la Declaración informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro (modelo 340) se ajusta la redacción del artículo 36 RGIAT a dicha circunstancia.
-Nueva obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos:
Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. A los exclusivos efectos de esta declaración informativa, se entiende por cesión de uso de viviendas con fines turísticos la cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa. A estos efectos, tendrán la consideración de intermediarios todas las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso, ya sea a título oneroso o gratuito y; en particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información en los términos a que se refiere la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con independencia de que presten o no el servicio subyacente objeto de intermediación o de que se impongan condiciones a los cedentes o cesionarios tales como precio, seguros, plazos u otras condiciones contractuales.
Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su normativa específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues y campamentos de turismo, entre otros. Asimismo, queda excluido el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
a) Identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos. La identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación fiscal o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente. A estos efectos se considerarán como titulares del derecho objeto de cesión quienes lo sean del derecho de la propiedad, contratos de multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, arrendamiento o subarrendamiento o cualquier otro derecho de uso o disfrute sobre las viviendas cedidas con fines turísticos, que sean cedentes, en última instancia, de uso de la vivienda citada.
c) Identificación de las personas o entidades cesionarias así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. La identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación fiscal o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente. A estos efectos, los cedentes del uso de la vivienda con fines turísticos deberán conservar una copia del documento de identificación de las personas beneficiarias del servicio, anteriormente señalado.
-Criterios de atribución de competencia en el ámbito de las Administraciones tributarias. El Reglamento se adapta a las novedades introducidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en el régimen de consolidación fiscal del impuesto, que prevé quién tendrá la consideración de sociedad representante del grupo fiscal cuando la entidad dominante no resida en territorio español. En materia de competencia se establece que en estos casos el cambio de sociedad representante del grupo no alterará la competencia del órgano actuante respecto de los procedimientos de aplicación de los tributos sobre el grupo ya iniciados.
-Se explicita en el artículo 63 RGIAT como una actuación más de información tributaria las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la Administración tributaria que tienen atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario que se publicarán en el boletín oficial que corresponda y pudiendo ser sometidas a información pública, cuando la naturaleza de las mismas lo aconseje.
-Consultas tributarias escritas:
En materia de consultas tributarias se establece la presentación obligatoria por medios electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos medios con la Administración tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, por otra parte, se suprime la referencia expresa a la posibilidad de remitir las consultas por fax.
Además, para facilitar el cumplimiento de la normativa sobre asistencia mutua y, en particular, de la Directiva 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, se introduce reglamentariamente una información adicional que deberá suministrar el consultante en aquellas consultas tributarias en que la cuestión planteada verse sobre la existencia de un establecimiento permanente o sobre una transacción transfronteriza (nuevo apartado 2 del artículo 66 RGIAT).
-Se incorpora a la norma reguladora del certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, entre los elementos a verificar para la emisión del certificado, en los casos de delito contra la Hacienda Pública, las deudas derivadas no sólo de la responsabilidad civil sino también de la pena de multa (nueva redacción de la letra h) del apartado 1 del artículo 74 RGIAT).
-Sujetos de la colaboración social en la aplicación de los tributos. Se incluye expresamente en la nueva redacción del artículo 79 RGIAT el reconocimiento legal de los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los tributos.
-Se adapta el RGIAT a la utilización de medios electrónicos en la emisión y notificación de comunicaciones, diligencias y actas. A estos efectos se modifica el apartado 3 del artículo 97 (comunicaciones), los apartados 1 y 2 del artículo 99 (diligencias) y el apartado 2 del artículo 185 (actas) del RGIAT.
-Se incluye en el RGIAT referencia al régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido. Así, en el artículo 98 RGIAT, sobre las diligencias en las que se hacen constar hechos que deban ser incorporados a otro procedimiento, se incluye el supuesto de los grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, junto al ya contemplado de los grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades. Por otra parte, en el artículo 173 RGIAT, al regular la obligación de atender a los órganos de inspección, se incluye ahora una mención expresa a los grupos de IVA junto a los grupos que tributan en el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. También en el apartado 2 del artículo 189 RGIAT relativo a las formas de terminación del procedimiento inspector menciona ahora a las entidades en régimen especial de grupos de IVA junto a las entidades acogidas a los grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades.
-Se ajusta la norma reglamentaria a la nueva regulación legal del plazo del procedimiento inspector que prevé, en lugar de las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la Administración, determinados supuestos de suspensión y de extensión del plazo, los cuales deberán documentarse adecuadamente para que el obligado pueda conocer la fecha límite del procedimiento. En consecuencia, se eliminan las interrupciones justificadas que sólo pueden darse en el seno de un procedimiento inspector como la remisión del expediente a la Comisión consultiva para la declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, que pasa a ser una causa de suspensión de dicho procedimiento. Siguiendo el mandato legal, se regula también la publicidad (trimestralmente) del criterio administrativo derivado de los informes en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria a efectos de poder sancionar otros supuestos sustancialmente iguales (nuevo apartado 6 del artículo 194 RGIAT). También se suprimen las dilaciones no imputables a la Administración por la aportación del obligado de datos o pruebas relacionados con la aplicación del método de estimación indirecta, o por el retraso en la notificación del acuerdo del órgano competente para liquidar por el que se ordena completar actuaciones, que sólo podían producirse en el procedimiento inspector. Se desarrolla reglamentariamente la extensión del plazo correspondiente a los períodos de no actuación del órgano inspector solicitados por el obligado tributario, los cuales tendrán una duración mínima de 7 días naturales.
-En materia de solidaridad de obligados tributarios en el artículo 106 RGIAT se corrige la referencia al precepto legal que la regula y, además, en el ámbito de la deuda aduanera, se reconoce a nivel reglamentario la aplicación prioritaria de la normativa comunitaria, al tiempo que se regulan algunas especialidades de los procedimientos de comprobación o investigación que se inicien en dicho ámbito.
-La representación voluntaria. En el apartado 7 del artículo 111 RGIAT se actualiza la referencia a la normativa reguladora de la figura del representante aduanero.
-El régimen de notificaciones electrónicas se regula por remisión a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente se puedan establecer en materia tributaria no sólo mediante real decreto sino también a través de orden ministerial.
-Especialidades del procedimiento iniciado mediante declaración en el ámbito aduanero. El procedimiento de gestión iniciado mediante declaración aduanera para la liquidación de los tributos correspondientes sobre el comercio exterior es objeto de actualización para solventar algunos problemas y atender debidamente las particularidades que presenta este procedimiento derivadas de la normativa de la Unión Europea.
-Se modifican las circunstancias que posibilitan la rehabilitación por la Administración tributaria del número de identificación fiscal que ha sido previamente revocado para adaptarse al nuevo marco legal sobre esta materia dando una nueva redacción al apartado 8 del artículo 147 RGIAT.
-Con el objeto de dar una mayor seguridad jurídica en el procedimiento inspector, en el apartado 3 del artículo 171 RGIAT se explicita un plazo, inferior al inicialmente concedido, para contestar las reiteraciones de requerimientos de información que no deba hallarse a disposición del personal inspector y que se hayan incumplido por el obligado tributario estableciéndose que será con carácter general de 5 días hábiles. Por otra parte, en aras del principio de eficacia administrativa, se regula el tratamiento que debe darse a la documentación que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración entreguen directamente al órgano de inspección actuante estableciéndose que la documentación podrá ser admitida por dicho órgano con el objeto de lograr la eficacia de la actuación administrativa y que, en caso de admitirse, el obligado tributario no estará obligado a remitir tales documentos por medios electrónicos.
-Actas documentación actuaciones inspectoras. Desaparece la exigencia de que las actas se extiendan en un modelo oficial.
-Se aclara en el reglamento la fecha en la que se entiende dictada y notificada la liquidación en los casos de confirmación tácita de la propuesta contenida en las actas con acuerdo y de conformidad del procedimiento inspector.
-Con una finalidad aclaratoria, el artículo 190 RGIAT explicita una serie de supuestos en los que la liquidación o liquidaciones derivadas del procedimiento de inspección tendrán carácter provisional como sucede cuando no se haya podido comprobar la obligación tributaria por no haberse obtenido los datos solicitados a otra Administración, cuando se realice una comprobación de valores y se regularicen también otros elementos de la obligación, y, por último, cuando se aprecien elementos de la obligación vinculados a un posible delito contra la Hacienda Pública junto con otros elementos que no lo están.
-Estimación indirecta de bases o cuotas. Se desarrolla en el apartado 5 del artículo 193 RGIAT la obtención por los órganos de inspección de muestras de datos en poder de la propia Administración tributaria para la estimación indirecta de bases o cuotas del obligado, preservando el carácter reservado de los datos de terceros que se hayan utilizado.
-En aras del principio de economía, y para que el procedimiento de declaración de responsabilidad pueda concluirse por el órgano inspector, no será necesaria la notificación efectiva al responsable antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal, bastando un intento de notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad o, en su caso, la puesta a disposición de la notificación por medios electrónicos en dicho plazo.
-Se corrige en el apartado 8 del artículo 197 RGIAT la referencia al precepto legal que regula la retroacción de las actuaciones inspectoras en ejecución de una resolución judicial o económico-administrativa.
-Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda Pública:
Se introduce un nuevo Capítulo IV en el Título V (“Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda Pública”) con la finalidad de adaptar el reglamento a la nueva tramitación administrativa del delito contra la Hacienda Pública que, como regla general, permite la práctica de liquidación administrativa en el seno del procedimiento inspector, la cual se ajustará al resultado del enjuiciamiento penal de la defraudación.
-Procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación. Se introduce un nuevo Título VII en el que se desarrolla el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de regularización de la situación tributaria de los sujetos afectados, para regular determinados aspectos de su tramitación. En particular, cuando se realicen actuaciones respecto a entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal se aplicarán las disposiciones especiales del procedimiento inspector para este tipo de entidades, salvo en lo relativo a los supuestos de extensión del plazo.
2.-MODIFICACIÓN RD 1676/2009 DEL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
Con entrada en vigor desde 1 de enero de 2018 se incorporan una serie de modificaciones en el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente para adaptarlo a las nuevas normas administrativas generales y a la nueva estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No obstante, téngase en cuenta que los nuevos plazos de los cargos, tal y como se expone más adelante, resultarán aplicables a partir del 1 de enero de 2019.
Durante los últimos años se han producido dentro del derecho administrativo español modificaciones normativas de gran calado dirigidas a la mejora de la gobernanza pública bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y servicio al ciudadano. En este sentido, el Consejo para la Defensa del Contribuyente como órgano asesor y de colaboración en materia de relación entre la Administración y los contribuyentes no puede ser ajeno a dichos cambios. En este contexto, se realizan una serie de modificaciones en su texto normativo básico, en un doble sentido:
-En primer lugar, se limita el periodo de mandato de los miembros elegidos en representación de la sociedad civil para facilitar la diversidad en la composición del Consejo, en el bien entendido que ello potenciará la integración de perspectivas diferentes en el mismo (“serán nombrados por un periodo de cinco años renovables a propuesta del Secretario de Estado de Hacienda”). Asimismo el cargo del Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente será designado por un plazo de tres años renovables (antes cuatro años). Téngase en cuenta que las presentes modificaciones relativas a los plazos de los cargos (ahora cinco años para miembros sociedad civil y tres años para el cargo de Presidente) resultará aplicable a partir del 1 de enero de 2019.
-Por otro lado, se realizan una serie de modificaciones técnicas para adaptar el régimen jurídico del Consejo al nuevo corpus normativo público.
Además, se introducen cambios en el régimen de inadmisión de las quejas y sugerencias con el objetivo de agilizar su trámite. En este sentido, se podrá inadmitir por reiteración aun cuando solo se hayan presentado y no resuelto las quejas o sugerencias que sirvan de antecedente a las que se consideran como reiteradas. Asimismo, para evitar la utilización abusiva del derecho a la presentación de quejas y sugerencias se recoge esta circunstancia como causa de inadmisión y también cuando impliquen la utilización de palabras ofensivas, insultos o falten al debido respeto al Consejo para la Defensa del Contribuyente, a sus miembros, a la Administración tributaria o a sus funcionarios o, en general, a los intereses públicos.
-REAL DECRETO-LEY 20/2017 Y OTRAS NORMAS: ACTUALIZACIÓN VALORES CATASTRALES, LÍMITES REGÍMENES ESPECIALES Y SMI. En este apartado tenéis un resumen comentado de las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 20/2017 por el que se actualizan valores catastrales, límites regímenes especiales autónomos IRPF e IVA, Salario Mínimo Interprofesional y otras normas.

References: Real Decreto 

REAL DECRETO 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 24
 artículo 27
 artículo 39
 artículo 53
 artículo 29
 artículo 36
 artículo 63
 artículo 66
 artículo 74
 artículo 79
 artículo 97
 artículo 99
 artículo 185
 artículo 98
 artículo 173
 artículo 189
 artículo 194
 artículo 106
 artículo 111
 real decreto 
 artículo 147
 artículo 171
 artículo 190
 artículo 193
 artículo 197
 resolución 
 Real Decreto