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Timestamp: 2017-11-17 17:26:24+00:00

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LEY N° 21.839
ARTICULO 1° – Los honorarios de los abogados y procuradores por su actividad judicial o extrajudicial, cuando la competencia correspondiere a los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se regularán de acuerdo con esta ley.
ARTICULO 2° – Los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso.
(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
ARTICULO 3° – La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, en la medida de su oficiosidad, salvo en los casos en que conforme a excepciones legales pudieran o debieran actuar gratuitamente.
ARTICULO 4° – Los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más asuntos o procesos consistirán en participar en el resultado de estos.
ARTICULO 5° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
ARTICULO 6° – Para fijar el monto del honorario, se tendrán en cuenta las siguientes pautas, sin perjuicio de otras que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos:
c) El resultado que se hubiere obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido. (Inciso sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
ARTICULO 7° – Los honorarios de los abogados, por su actividad durante la tramitación del asunto o proceso en primera instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, serán fijados entre el once por ciento (11 %) y el veinte por ciento (20 %) del monto del proceso.
ARTICULO 8° – Salvo pacto en contrario, los honorarios de los abogados no podrán ser regulados en sumas inferiores a quinientos pesos ($ 500) en los procesos de conocimiento, trescientos pesos ($ 300) en los procesos de ejecución y doscientos ($ 200) en los procesos voluntarios. Cuando se tratare de procesos correccionales, los honorarios mínimos serán de quinientos pesos ($ 500), y en los demás procesos penales serán de un mil pesos ($ 1.000).
ARTICULO 9° – Los honorarios de los procuradores serán fijados entre un treinta por ciento (30 %) y un cuarenta por ciento (40 %) de lo que le correspondiere a los abogados.
ARTICULO 10. – Cuando actuaren conjuntamente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular honorarios se considerará que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuere el caso.
ARTICULO 11. – En los casos litis consorcio, activo o pasivo, en que actuaren diferentes profesionales al servicio de cualesquiera de las partes, los honorarios de cada uno de ellos se regularán atendiendo a la respectiva actuación cumplida, al interés de cada litis consorte y a las pautas del artículo 6º, sin que el total excediere en el cuarenta por ciento (40 %) de los honorarios que correspondieren por la aplicación del artículo 7º, primera parte.
ARTICULO 12. – Los profesionales que actuaren en asuntos o procesos propios, percibirán sus honorarios de las partes contrarias, si estas fueren condenadas a pagar las costas.
ARTICULO 13. – A1 solo efecto de regular honorarios, la firma del abogado patrocinante en un escrito implicará el mantenimiento de su intervención profesional en las actuaciones posteriores, aunque estas no fueren firmadas por él. La intervención profesional cesará por renuncia del abogado, o cuando así lo manifestare en forma expresa el cliente o su apoderado.
ARTICULO 15. – Si el profesional actuare como administrador judicial en proceso voluntario, contencioso o universal, en principio serán aplicadas las pautas del artículo 7º, primera parte, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su desempeño. En circunstancias especiales, cuando el honorario resultante fuere un monto excesivamente elevado o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en cuenta, total o parcialmente, además de las pautas del artículo 6º, el valor del caudal administrado o ingresos producidos y el lapso de actuación.
ARTICULO 16. – Si el profesional actuare como interventor el honorario se fijará en el cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponderla al administrador; si actuare como veedor, en el treinta por ciento (30 %).
ARTICULO 17. – Si el profesional actuare como partidor, el honorario se fijará en el veinte por ciento (20 %) del que correspondiere por aplicación del artículo 7º, primera parte.
ARTICULO 18. – En los procesos arbitrales y contravencionales, se aplicarán los artículos precedentes y los siguientes, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de dichos procesos.
ARTICULO 19. – Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción.
ARTICULO 20. – Cuando el honorario debiere regularse sin que se hubiere dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso la suma que, razonablemente, y por resolución fundada, hubiera correspondido a criterio del Tribunal, en caso de haber prosperado el reclamo del pretensor. Dicho monto no podrá ser en ningún caso superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención, cuando ésta se hubiere deducido.
ARTICULO 21. – Si después de fijado el honorario se dictare sentencia, se incluirá en la misma una nueva regulación, de acuerdo con los resultados del proceso.
ARTICULO 22. – A los efectos de la regulación de honorarios, la depreciación monetaria integrará el monto del juicio.
ARTICULO 23. – Cuando para la determinación del monto del proceso debiera establecerse el valor de bienes muebles o inmuebles, el Tribunal correrá vista al profesional y al obligado al pago del honorario, para que en el plazo de tres (3) días estimen dichos valores.
ARTICULO 24. – En los procesos sucesorios, el monto será el valor del patrimonio que se transmitiere y el honorario será el que resultare de la aplicación del artículo 7º, primera parte, reducido en un veinticinco por ciento (25 %). Sobre los gananciales que correspondieren al cónyuge superstite, se aplicará el cincuenta por ciento (50 %) del honorario que correspondiere por la aplicación del artículo 7º, primera parte reducido en un veinticinco por ciento (25 %). Deberán computarse los bienes existentes en otras jurisdicciones, dentro del país.
ARTICULO 25. – En los procesos por alimentos, el monto será el importe correspondiente a un (1) año de la cuota que se fijare por la sentencia, o la diferencia durante igual lapso en caso de una posterior reclamación de aumento.
ARTICULO 26. – En los procesos por desalojo, el monto será el importe de un (1) año de alquiler.
ARTICULO 27. – En las medidas cautelares, el monto será el valor que se asegurare y se aplicará el treinta y tres por ciento (33 %) de las pautas del artículo 7º, primera parte.
ARTICULO 28. – En los procesos por expropiación, el monto será el de la diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, comparados en valores constantes.
ARTICULO 29. – En los procesos por retrocesión, el monto será la diferencia entre el valor del bien al tiempo de la sentencia que hiciere lugar a aquélla y el importe de la indemnización que hubiere percibido el expropiado o, en su caso, el de la transacción todos ellos comparados en valores constantes.
ARTICULO 30. – En los procesos sobre derechos de familia, no susceptibles de apreciación pecuniaria, se aplicarán las pautas del artículo 6º.
En los divorcios por presentación conjunta de los cónyuges, los honorarios mínimos serán de quinientos pesos ($ 500) para el patrocinante de cada cónyuge, salvo pacto por monto inferior. (Párrafo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
ARTICULO 31. – En los concursos civiles, quiebras y concursos preventivos, los honorarios serán regulados conforme a las pautas del artículo 6º y de la legislación específica.
El honorario del abogado patrocinante de cada acreedor, se fijará aplicando las pautas del artículo 7º, primera parte, sobre:
a) La suma liquida que debiere pagarse al patrocinado en los casos de acuerdo preventivo homologado;
ARTICULO 32. – En las acciones posesorias, interdictos, mensuras, deslindes, división de cosas comunes, y por escrituración, el monto del proceso será el valor de los bienes objeto del mismo, determinado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23, si la actuación hubiere sido en beneficio general, y con relación a la cuota parte defendida, si la actuación solo hubiere sido en beneficio del patrocinado.
ARTICULO 33. – En los incidentes, el honorario se regulará entre el dos por ciento (2 %) y el veinte por ciento (20 %) de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario, salvo pacto en contrario, ser inferior a la suma de cincuenta pesos ($ 50).
ARTICULO 34. – En las tercerías, el monto será del cincuenta por ciento (50 %) al setenta por ciento (70 %) del que se reclame en el principal o en la tercería si el de esta fuere menor.
ARTICULO 35. – En la liquidación de la sociedad conyugal, excepto cuando se disolviera por muerte de uno de los cónyuges, se regulará al patrocinante de cada parte, el cincuenta por ciento (50 %) de lo que correspondiere por aplicación del artículo 7º, primera parte, sobre el cincuenta por ciento (50 %) de la totalidad del activo de la sociedad conyugal.
ARTICULO 36. – En los procesos por hábeas corpus, amparo y extradición, el honorario no podrá ser inferior a la suma de quinientos pesos ($ 500), salvo pacto en contrario.
ARTICULO 37. – Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos en etapas.
ARTICULO 39. – Los procesos sumarios, sumarísimos, laborales ordinarios e incidentes, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá la demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de la prueba; la segunda, las actuaciones sobre producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva.
ARTICULO 40. – Los procesos de ejecución, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y las actuaciones hasta la sentencia; la segunda, las actuaciones posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva.
Si hubiere excepciones, el honorario será el que resultare de la aplicación del artículo 7º, primera parte, con una reducción del diez por ciento ( 10 % ). Si no hubiere excepciones, la reducción será del treinta por ciento (30 %).
ARTICULO 41. – Los interdictos, procesos por incapacidad, inhabilitación o rehabilitación, alimentos, rendición de cuentas, mensura y deslinde, expropiación y demás procesos especiales que no tramitaren por el procedimiento ordinario, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y su contestación; la segunda, las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva.
ARTICULO 42. – Los concursos civiles, quiebras o concursos preventivos, se consideraran divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá los trámites cumplidos hasta la declaración de quiebra o apertura del concurso; la segunda, los trámites posteriores hasta la clausura del proceso.
ARTICULO 43. – Los procesos sucesorios, se considerarán divididos en tres (3) etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial; la segunda, las actuaciones posteriores hasta la declaratoria de herederos o la aprobación de testamento; la tercera, los trámites posteriores hasta la terminación del proceso.
ARTICULO 44. – Los procesos arbitrales, se consideraran divididos en las etapas correspondientes al procedimiento que se hubiere dispuesto seguir.
ARTICULO 45. – Los procesos penales, se consideraran divididos en tres (3) etapas. La primera, comprenderá hasta el dictado de los autos de sobreseimiento o de prisión preventiva; la segunda, hasta el traslado de la defensa, y la tercera, hasta la sentencia definitiva.
ARTICULO 47. – Los procesos correccionales, se consideraran divididos en dos (2) etapas. La primera, comprenderá hasta la acusación y defensa; la segunda, hasta la sentencia definitiva.
ARTICULO 47.– Al dictarse sentencia, se regulará el honorario de los profesionales de ambas partes, aunque no mediare petición expresa.
E1 juez deberá fundar el auto regulatorio. Cuando para proceder a la regulación fuere necesario establecer el valor de los bienes, y con anterioridad a la sentencia no se hubiere producido la determinación conforme al artículo 23, el juez diferirá el auto regulatorio, dejando constancia de ello en la sentencia definitiva.
ARTICULO 48. – Los profesionales podrán solicitar la regulación de sus honorarios y cobrarla de su cliente, al cesar en su actuación.
ARTICULO 50. – En el caso del último párrafo del artículo precedente, el cliente no condenado en costas deberá pagar los honorarios dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la notificación del reclamo del profesional.
ARTICULO 51. – Los profesionales que fueren designados de oficio, no podrán pactar honorarios, ni percibir importe alguno a título de adelanto, excepto cuando se tratare de gastos, con cargo de oportuna rendición de cuentas y previo auto fundado.
ARTICULO 52. – Los profesionales que violaren las prohibiciones establecidas en el artículo 51, serán sancionados con una multa equivalente a la suma que pactaren o percibieren, además de ser eliminados de la matrícula respectiva y de prohibírseles el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año a diez (10) años.
ARTICULO 53. – Los importes de las multas constituirán recursos específicos del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo previsto en el artículo 3º de la ley 23.853.
ARTICULO 54. – La sentencia que impusiere la sanción, podrá apelarse ante el tribunal de alzada del juez que la hubiere impuesto.
ARTICULO 55. – Los tribunales, antes de los dos (2) años de la última intervención profesional, al dar por terminado un juicio o expediente, disponer su archivo, aprobar transacción, admitir desistimiento, subrogación o cesión, ordenar el levantamiento de medidas cautelares y entrega de fondos, deberán hacerlo con citación de los profesionales cuyos honorarios no resulte de autos haber sido pagados y siempre que aquellos hubieren constituido domicilio legal a los efectos del presente artículo.
Utilización del titulo profesional
ARTICULO 56. – Ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las denominaciones de "estudio jurídico", "consultorio jurídico", "oficina jurídica", "asesoría jurídica" u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección.
Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento de las asociaciones profesionales de abogados y procuradores, o de oficio, y una multa de un mil pesos ($ 1000) solidariamente a los infractores. (Párrafo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
ARTICULO 57. – Cuando se tratare de gestiones extrajudiciales en general, los honorarios se fijarán de acuerdo con las pautas del artículo 6º. En ningún caso los honorarios serán inferiores al cincuenta por ciento (50 %) de lo que correspondería si la gestión fuere judicial.
ARTICULO 58. – Los honorarios de los abogados por su labor extrajudicial, podrán convenirse con el cliente, pudiendo observarse las siguientes pautas. (Párrafo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
a) por consulta oral, no menos de veinte pesos ($ 20); (Inciso sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
b) por consulta evacuada por escrito, no menos de cincuenta pesos ($ 50); (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
c) por estudio de títulos de dominio respecto de inmuebles, no menos de sesenta pesos ($ 60); (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
d) por proyecto de estatuto o contrato de sociedad, del uno por ciento (1 %) al tres por ciento (3 %) del capital social, y no menos de quinientos pesos ($ 500); (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
e) por redacción de contratos que no fueren de sociedad, y de otros documentos, del uno por ciento (1 %) al cinco por ciento (5 %) del valor de los mismos, y no menos de cien pesos ($ 100); (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
f') hasta doce mil quinientos pesos ($ 12.500), el cuatro por ciento (4 %); (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
f") de doce mil quinientos un pesos ($ 12.501) a setenta y cinco mil pesos ($ 75.000), el tres por ciento (3 %); (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
f"') de setenta y cinco mil un pesos ($ 75.001) en adelante, el dos por ciento (2 % ); (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
g) por redacción de testamento, el uno por ciento (1 %) del valor de los bienes y no menos de trescientos pesos ($ 300). (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
ARTICULO 59. – Cuando se tratare de gestiones administrativas que constaren en actuaciones escritas, los honorarios se fijarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º, primera parte.
ARTICULO 60. – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)
ARTICULO 62. – Toda notificación al cliente, deberá realizarse en el domicilio real de este, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos, en el expediente o en otro instrumento público.
ARTICULO 63. – Esta ley se aplicará a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiere recaído resolución firme regulando honorarios, al tiempo de su entrada en vigencia.
ARTICULO 64. – Deróganse el Decreto–Ley 30.439/44, ratificado por Ley N° 12.997, y la Ley N° 14.170.
ARTICULO 65. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. VIDELA – Horacio Tomás Liendo– Julio Arnaldo Gómez – José A. Martínez de Hoz.
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 676/1979 B.O. 27/3/1979, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1979;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 2144/1979 B.O. 5/9/1979, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1979;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 522/1980 B.O. 12/3/1980, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1980;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 1551/1980 B.O. 7/8/1980, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1980;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 2828/1980 B.O. 17/2/1981, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1980;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 876/1981 B.O. 10/8/1981, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio 1981;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 188/1982 B.O. 1/2/1982, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1982;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 207/1982 B.O. 29/7/1982, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio 1982;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 370/1983 B.O. 18/2/1983, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1983;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 1849/1983 B.O. 26/7/1983, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio 1983;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 346/1984 B.O. 27/1/1984, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1984;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 2325/1984 B.O. 3/8/1984, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio 1984;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 590/1985 del Ministerio de Educación y Justicia B.O. 19/3/1985, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1985;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 1919/1985 del Ministerio de Educación y Justicia B.O. 14/8/1985, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1985;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 83/1986 del Ministerio de Educación y Justicia B.O. 28/2/1986, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1986;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 350/1986 de la Secretaría de Justicia B.O. 22/9/1986, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1986;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 320/1987 de la Secretaría de Justicia B.O. 1/9/1987, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1987;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 99/1988 de la Secretaría de Justicia B.O. 25/3/1988, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1988;
– Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 328/1988 B.O. 8/7/1988, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1988;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 732/1988 de la Secretaría de Justicia B.O. 6/1/1989, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de enero de 1989;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 439/1989 de la Secretaría de Justicia B.O. 7/7/1989, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1989;
– Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 252/1990 de la Subsecretaría de Justicia B.O. 31/7/1990, se actualizan los montos mínimos y multas establecidos en los arts. 5°, 8°, 30, 33, 36, 56 y 58 de la ley N° 21.839. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1990;

References: artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
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 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 51
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
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