Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620189.html
Timestamp: 2019-03-22 14:20:48+00:00

Document:
as201620189
Auto Supremo: 189/2016
Sucre: 09 de marzo 2016
Expediente: CH – 23 – 15 - S
Partes: Ángel Paca Taboada c/ Silvia Tamarez Paca y Otros
Proceso: Nulidad de Escrituras de Venta
VISTOS: El recurso de casación de fs. 303 a 307 y vta., interpuesto por Silvia Tamarez Paca, Valvina Paca y Leandro Trujillo Achu, contra el Auto de Vista SCCF II Nº 151/2015 de 24 de abril, cursante a fs. 298 a 299 pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de nulidad de escrituras de venta seguido por Ángel Paca Taboada contra Silvia Tamarez Paca, Valvina Paca y Leandro Trujillo Achu; el Auto de concesión de fs. 311; los antecedentes del proceso, y:
El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, mediante Sentencia Resolución Nº 56/2014 de 10 de octubre, de fs. 251 a 257 y vta., declaró: IMPROBADA la demanda de nulidad de escrituras de venta de terrenos fs. 33 a 38 y vta., subsanada a fs. 41 a 42 interpuesta por Ángel Paca Taboada e IMPROBADA la excepción perentoria de transacción cursante de fs. 77 a 84 y vta., interpuesta por los demandados Silvia Tamares Paca, Valvina Paca y Leandro Trujillo Achu.
Contra esa Resolución de primera instancia el demandante Ángel Paca Taboada, interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista SCCF II Nº 151/2015 de 24 de abril, cursante a fs. 298 a 299, a través de la facultad conferida por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, de revisar de oficio las actuaciones ANULA obrados hasta el decreto de observación de la demanda de fs. 39 de obrados; debiendo el Juez A quo declinar competencia en razón de la cuantía a un Juzgado de Instrucción en materia Civil de la Capital, donde se observarán los demás punto fundados.
Cuyo fundamento radica en el hecho de que la demanda de fs. 33 a 38 contendría como pretensión principal la invalides de documentos de transferencia contenidos en los testimonios notariales Nº 1124/2011 de 21 de septiembre y Nº 937/2011 de 10 de agosto, cuyas cuantías son de Bs. 25.000 y 40.000 Bs. respectivamente, por consiguiente no sería atribución de los Jueces de Partido en Materia Civil y Comercial para conocer cuantías inferiores a los Bs. 80.000 conforme lo dispone el art. 134 de la Ley de Organización Judicial (aún vigente, según disposición abrogatoria y derogatoria de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial) y acuerdo del Sala Plena de la Exma. Corte Suprema de Justicia Nº 16/2004.
Contra esa Resolución de segunda instancia, los demandados Silvia Tamarez Paca, Valvina Paca y Leandro Trujillo Achu interpusieron recurso de casación en el fondo y en la forma, mismo que se pasa a analizar.
Acusa incorrecta aplicación de normas legales, en concreto del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y 17.II. de la Ley 025, alegando que los Vocales de la Sala Civil Segunda no se habrían circunscrito a resolver los puntos que fueron objeto de apelación.
Aducen que las partes se habrían sometido de forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del Juzgado de Partido 5º en lo Civil y Comercial de la Capital, más aun si la cuantía de los terrenos cuyas Escrituras de Venta se demanda su nulidad es superior a $us. 36.000, y que en su calidad de demandantes no interpusieron excepción de incompetencia alguna.
Señalan que no hubo daño o perjuicio que amerite la nulidad de obrados, resultado esta nulidad injusta, incongruente y arbitraria. Hace alusión al A.S. Nº 132 de 19 de abril de 1995 y A.S. Nº 10 de 18 de enero de 1992.
Señalan que es obligación de los juzgadores procurar la conservación de actos procesales y en su caso como último remedio ingresar al campo de las nulidades procesales, mismas que vulneran el principio de celeridad y causan graves perjuicios a las partes litigantes.
Incide en el que las partes se habrían sometido a la competencia del juzgador, el demandante al presentar su demanda y los demandados al no oponer excepción de incompetencia, operando el principio de convalidación.
Por lo expuesto y al amparo del art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil pide se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista SCCFII Nº 151/2015 de 24 de abril, manteniendo firme la Sentencia Nº 56/2014 que declara improbada la demanda.
Acusa incorrecta aplicación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y 17.II de la Ley 025, en el entendido de que el Auto de Vista sería ultra y extra petita, aduciendo que de la revisión del recurso de apelación interpuesto por Ángel Paca Taboada, en ningún momento se tiene formulada la nulidad por incompetencia del Juez 5º de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital en razón de la cuantía, no habiéndose pronunciado el Tribunal sobre las pretensiones deducidas en el recurso de apelación referido.
Acusa violación del principio de congruencia, en el entendido de que el Tribunal de Alzada no debe pronuncie más allá de lo requerido por las partes ni otorgar o negar algo distinto a lo reclamado oportunamente, en el caso de Autos no habría identidad entre lo resuelto y reclamado oportunamente por el apelante.
Acusa error de hecho y de derecho, favoreciendo a la parte actora que a lo largo del proceso actuó de mala fe.
Con los fundamentos expuestos, al amparo del art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil recurre de casación en la forma, pidiendo se case la resolución impugnada, dejándolo sin efecto y reponiendo la causa al estado de pronunciar nueva Resolución por parte del Tribunal de Apelación, con sujeción estricta a la ley.
En tales antecedentes pasamos a considerar lo siguiente:
Según Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, nos señala el principio de trascendencia, cuyo contenido nos expresa; que no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.
Sería incurrir en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacío, sancionar con nulidad todos lo apartamientos del texto legal, aun aquello no provocan perjuicio alguno, el proceso sería como se dijo en sus primeros tiempos “una misa jurídica”, ajena a sus actuales necesidades.
De ello se infiere que “no hay nulidad sin perjuicio”, en ese sentido la jurisprudencia y la doctrina es unánime en el sentido de sostener que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.
En ese entendido podemos citar el A.S. 425/2014 que señala: “La legislación jurisdiccional ordinaria desarrollada posterior a la Constitución de 2009 impuso atención especial al régimen de nulidades procesales por la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se controvierten, que emerge de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la Ley Suprema, que indica que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciéndose que es política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos escollos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional pretendida”.
Del análisis del recurso se tiene que es planteado en el fondo y en la forma, por lo que se ingresara primero al análisis de los de forma, pues de ser evidente los reclamos y si ameritan la nulidad del Auto de Vista o del proceso hasta el vicio más antiguo, será innecesario ingresar al análisis de fondo.
Del contexto del recurso se advierte que los recurrentes centran todos sus reclamos en atacar la decisión anulatoria del Ad quem, acusando que el Auto de Vista impugnado seria ultra y extra petita, al no haberse pronunciado sobre las pretensiones deducidas en el recurso de apelación, pues de su revisión no se advierte reclamo alguno de incompetencia por cuantía, violando el principio de congruencia, en el entendido de que el Tribunal de Alzada no podría pronunciarse más allá de lo requerido por las partes y a su vez no otorgar ni negar algo distinto a lo reclamado oportunamente.
Del tópico citado fundamentalmente se advierte que el reclamo cuestiona la decisión asumida por el Tribunal de segunda instancia, respecto de la incompetencia del Juez de la causa; quien carecería de competencia, para conocer la presente causa por razón de cuantía, ya que el monto consignado en los documentos de transferencia asciende a Bs. 25.000 y 40.000 Bs. cada uno, reclamo inexistente en el recurso de apelación.
Al respecto el Tribunal de segunda instancia por Auto de Vista SCCF II Nº 151/2015 de 24 de abril, de oficio anula obrados hasta la admisión de la demanda, disponiendo que el Juez A quo decline competencia en razón de la cuantía a un Juzgado de Instrucción en Materia Civil.
En cuanto a dicho extremo en principio corresponde citar el Auto Supremo: 320/2013 de fecha 19 de junio, que sobre el tema ha referido: “ que deben ser tramitadas ante un Juez de menor o mayor cuantía, corresponde en primer término, remitirnos a los argumentos esbozados precedentemente respecto a la vigencia de la Ley No. 025 y por consiguiente a la derogatoria de la Ley 1455; sin embargo no es menos cierto que tanto la jurisdicción como la competencia, son de orden público y de cumplimiento obligatorio, regulada actualmente por la Ley del Órgano Judicial en sus artículos 12, 13 y 14-II que si bien no establecen una clasificación expresa de la competencia por materia, territorio o cuantía entre otras, ello, en virtud de la nueva estructura que regirá los juzgados públicos una vez que los mismos sean implementados, rigiendo asimismo para este tema, las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil cuyas disposiciones están vigentes.
En el caso de Autos y para mejor resolver lo acusado, corresponde analizar la demanda en sí, a efectos asumir determinaciones al respecto, así, de su revisión, se tiene que a tiempo de interponer la acción de Nulidad de Escrituras de Venta, demanda que cursa de fs. 33 a 38 y vta., no ha fijado ni determinado cuantía alguna, aspecto que no ha sido observado por la parte demandada a tiempo de ser citada con la misma, contestando y oponiendo excepción perentoria de transacción (fs. 77 a 84 y vta.) sin realizar ningún reclamo con relación a la indeterminación de la cuantía, toda vez que, si consideraba que la cuantía de la demanda podía determinarse o apreciarse en un determinado monto, debió en el momento oportuno, advertir este aspecto y exigir que el demandante subsane si consideraba el mismo como defecto, sin embargo no lo hizo permitiendo que el proceso se desarrolle con una cuantía indeterminada. En ese entendido, al existir indeterminación en la cuantía, el Juez competente es aquel que admitió la demanda incoada por la actora y admitida la misma por la parte demandada al haberse sometido a un proceso con cuantía indeterminada; concluyendo en sentido de que la competencia del Juez de partido se apertura con cuantía indeterminada, permitiendo que se substancie con indeterminación en la cuantía, pues de obrados se advierte que los recurrentes no han interpuesto ningún recurso reclamando oportunamente este aspecto, que ha quedado convalidado por sus propias actuaciones intra proceso, al margen de que no causa gravamen ni conculcación alguna a las partes.”, partiendo de lo referido, cabe aclarar, que la falta de competencia por cuantía, no puede ser considerado como un defecto que cause indefensión o vulnere algún derecho de las partes, en vista de que al ser tramitada la causa ante un Juez de Partido, en un proceso ordinario de conocimiento, las partes se han visto beneficiadas con la amplitud de plazos y posibilidades que ofrece este procedimiento que resulta ser más completo que un proceso de carácter sumario, entonces no se evidencia vulneración al orden público.
Asimismo el principio de trascendencia, que orienta en sentido de que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona a las partes en conflicto, la magnitud y la afectación que provoca el alejamiento o conculcación de las formalidades prescritas por la norma, para optar por la nulidad como remedio último y siempre que se trate del debido proceso, de manera particular en su vertiente del derecho a la defensa y resulte realmente insubsanable el vicio acusado como se tiene ya desarrollado precedentemente, por lo que en el caso presente; no se observa vulneración a derecho alguno de las partes (defensa, debido proceso y otros) que pueda afectar al orden público. Sustentar una nulidad de obrados que reiteramos resulta intrascendente por cuanto ya se ha sustanciado el proceso con mayores beneficios en cuanto a los plazos para las partes y que mereció una Resolución que puso fin al conflicto.
Por lo que corresponde resolver el recurso de casación en la forma previsto por el art. 220 parágrafo III. del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.III num. 2) inc. a) del Código Procesal Civil, ANULA del Auto de Vista Resolución Nº SCCF II Nº 151/2015 de 24 de abril, cursante a fs. 298 a 299 pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y dispone que sin espera de turno previo sorteo se dicte nueva resolución acorde al recurso de apelación interpuesto.
En aplicación del art. 17. IV de la Ley Nº 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

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