Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-75a-de-septiembre-15-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b9a33948348f0118e0430a0101510118&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 20:07:26+00:00

Document:
SENTENCIA T-75A DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:TERMIACIÓN DEL CONTRATO. LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, DEBE TENER EN CCUENTA LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS PARA LLEGAR A LA DETERMINACIÓN FINAL, PERO DEJA CLARO QUE EL DESPIDO NO SE EQUIPARA A UNA SANCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADOR, SANCIÓN DISCIPLINARIA, TRABAJADOR, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA
Sentencia T-75A de febrero 7 de 2011
Ref.: Expediente T-2.793.215
La presente acción de tutela fue escogida para revisión por la Sala de Selección Nueve, mediante auto del 22 de septiembre de 2010, y repartida a la Sala Cuarta de esta corporación para su decisión.
La señora Esmeralda Ferti, ingresó al Gimnasio Fontana, el 1º de agosto de 2005 y permaneció hasta febrero de 2010, lapso durante el cual se desempeñó en el cargo de docente y directora de grupo.
Relata que la percepción de su personalidad también quedó plasmada en las evaluaciones en las cuales se indica que era fuerte, que expresaba lo que pensaba y que era fiel a sus principios, por ello, algunos estudiantes la consideraban como una docente seria y exigente con sus alumnos, razón por la cual, era del agrado de unos y disgusto de otros. Tal es el caso de la madre de una alumna, con excelente desempeño académico, que se quejó porque no le parecía justo que mientras su hija se esforzaba tanto, otros niños que no lo hacían aprobaran las materias. La docente Ferti estuvo de acuerdo con dicha opinión y le explicó que de conformidad con la norma(1), había una restricción del porcentaje de los alumnos que podían perder el año académico. Esta opinión de la docente fue conocida por las directivas de la institución, quienes consideraron que era una posición incoherente e incorrecta, pero, frente a la cual, la docente se ratificó, aclarando que siempre cumplía con lo indicado en la norma.
El 21 de enero de 2010, la docente Ferti, comenzó a dictar clases de ciencias sociales en el curso 6º A, el tema del día fue: “El Reino de Israel y los Hebreos”, la clase giró en torno de quienes eran sus pobladores, explicando que la Biblia coincidía con los hallazgos históricos sobre la ubicación y las personas que lo habitaron. También realizó un recorrido desde el Génesis hasta la entrega que Dios hizo de los 10 mandamientos a Moisés, dada la relevancia del tema con el territorio palestino.
“1. En 1967, donde los palestinos perdieron aún más territorio la profesora adujo que aunque esta población hacía diversos llamados con el fin de conseguir ayuda, no recibía el apoyo y respaldo de la comunidad internacional que esperaban. En los Juegos Olímpicos de Alemania, en 1972, la señora Ferti relató que fueron secuestrados 5 atletas israelitas quienes fueron asesinados por palestinos, situación que causó dolor en el pueblo israelita y júbilo en los palestinos; no obstante en este punto recordó —tal como lo habían promovido días antes en las olimpiadas del colegio— que en los orígenes de los Juegos Olímpicos, de Grecia, se consideraba que eran días de paz sagrada y que toda guerra que en aquellos días se libraba se suspendía, para el disfrute de los juegos.
El 1º de febrero del 2010, siendo las 9 a.m. a la docente Ferti le entregaron un memorando para que, de manera inmediata, rindiera descargos por su práctica pedagógica. La diligencia se llevó a cabo en la oficina de gestión humana, en presencia de la directora del plantel, la directora de gestión humana y de la subdirectora como testigo. Iniciaron la actuación preguntando: ¿Sabe que la Institución pudo comprobar que dictando su clase de sociales, el día miércoles 27 de enero(2), en el curso 6º A, en medio de la explicación sobre el conflicto en el Medio Oriente usted expresó ‘si a mí me quitaran mi tierra yo me volvería terrorista y no mataría 5 israelitas sino a 5 millones de judíos?, a lo que respondió que era falso, que podía ser un malentendido, pues nunca manifestó algo parecido y que solo fue una exposición magistral y netamente académica. Indica que las preguntas que le continuaron haciendo estaban insinuando que ella impartía una enseñanza guerrerista y discriminatoria.
Lo que pretende con su cátedra es que sus alumnos entren en un análisis que lleve a que no se pueda desconocer que hay hechos hostiles y violatorios de derechos humanos, como este, que los estudiantes deben conocer para cuestionar dichas ideas y procedimientos y entender la dinámica mundial y que de esa manera puedan construir argumentos y criterios que propendan porque sean ciudadanos activos y estructurados no solo en el país sino en la sociedad global.
• Fotocopia de la cédula de extranjería residente a nombre de la señora Esmeralda Ferti, quien es de nacionalidad albanesa(3).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de la abogada Alba Rocío Centeno Soto(4).
• Fotocopia del certificado laboral expedido por la directora del Gimnasio Fontana a nombre de la señora Esmeralda Ferti, en el que consta que laboró en la institución desde el 1º de agosto de 2005 hasta el 1º de febrero de 2010, vinculada por contratos a término fijo inferiores a un año(5).
• Fotocopia del contrato de trabajo a término fijo, del 1º de agosto de 2009 al 30 de junio de 2010, suscrito entre la docente Esmeralda Ferti y el Gimnasio Fontana S.A.(6).
• Fotocopia de la cláusula adicional al contrato de trabajo en la cual se pacta una bonificación extralegal a favor de la docente Esmeralda Ferti, suma que sería reintegrada al Gimnasio Fontana S.A. si el contrato terminaba de manera anticipada, suscrita el 1º de agosto de 2009(7).
• Fotocopia del contrato de capacitación suscrito entre el Gimnasio Fontana S.A., y Esmeralda Ferti, el 19 de octubre de 2009, en el cual se indica que, en el evento de terminarse el contrato por cualquiera de las partes durante los primeros 12 meses, el funcionario se obligaba a reembolsar a la institución el valor del 80% del mismo(8).
• Fotocopia de la carta de terminación del contrato dirigida a la docente Ferti, suscrita por la directora de gestión humana del Gimnasio Fontana, en la cual le indican que obedece a una justa causa(9).
• Fotocopia de la liquidación del contrato individual de trabajo, en la cual se observa que le aplicaron el descuento de una bonificación, el contrato de capacitación y otros conceptos. El neto a pagar es a favor del Gimnasio Fontana S.A. por valor de tres millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos siete pesos ($ 3.146.407)(10).
• Fotocopia de la citación a la docente Esmeralda Ferti a rendir descargos sobre su práctica pedagógica, el día 1º de febrero de 2010 a las 9:00 a.m., suscrita en esa misma fecha(11).
• Fotocopia del acta de descargos de la docente Esmeralda Ferti(12).
• Formato de recepción de queja del 1º de febrero de 2010, firmada por dos alumnas de 6º A y una alumna de 6º B, en la cual se informa que estaban en el Smart Board, Esmeralda estaba explicando el problema entre Israel y Palestina, comenzó a exponer su posición frente al problema y sus palabras de insulto las dejó pensando cuando dijo que si yo fuera una terrorista palestina y tuviera un arma no mataría 5 sino 5 millones de israelitas, a su turno la alumna del B indicó que la profesora dijo lo mencionado y añadió que es como si Chávez llegara a Colombia y dijera que un dios le prometió la tierra colombiana y encerrara a sus habitantes. Chávez le pondría murallas alrededor y después de un tiempo, desaparecería del mapa y se llamaría Venezolandia. En otra clase, alzando la voz mencionó que si un judío no era descendiente directo de Abraham no era judío de verdad, sino otra persona de otra religión que se quería convertir en judía entonces la alumna Joyce no sería judía 100%, ese comentario no lo hizo Esmeralda en el curso de ella porque sabía que era judía(13).
• Fotocopia de la matriz de evaluación docente y evaluación de la didáctica de Esmeralda Ferti, correspondientes a los años 2005 al 2009, en el cual se observa que los estudiantes dicen que ella sabe mucho del tema, que aprenden mucho en su clase por la forma como explica el tema, que capta la atención de los alumnos, que es una buena profesora, que debería manejar mejor sus emociones y su temperamento porque se estresa con facilidad. El promedio de su desempeño es de aproximadamente 4 sobre 5(14).
• Fotocopia del manual de procedimiento de desvinculación del personal del Gimnasio Fontana S.A.(15).
• Fotocopia del derecho de petición, del 5 de abril, suscrito por la docente Esmeralda Ferti, en la cual le reitera al Gimnasio Fontana la solicitud de algunos documentos que requiere(16).
• Fotocopia del reglamento interno de trabajo del Gimnasio Fontana(17).
• Oficio de secretaría general de esta corporación, del 2 de febrero de 2011, informando que remiten memorial enviado por la educadora Esmeralda Ferti(18).
El Juzgado 5º Penal Municipal de Bogotá, mediante auto del 12 de mayo de 2010, admitió la demanda y corrió traslado a la institución educativa para que se pronunciara sobre los hechos, las pretensiones y aportara las pruebas que considere pertinentes.
El 18 de mayo de 2010, el Gimnasio Fontana S.A., a través de apoderado respondió la acción de tutela, indicando que la docente Esmeralda Ferti laboró para la institución educativa vinculada mediante contratos inferiores a un año sin solución de continuidad entre los siguiente períodos: 1º de agosto de 2005 a 30 de junio de 2006; del 1º de agosto de 2006 al 30 de junio de 2007; del 1º de agosto de 2007 al 30 de junio de 2008; del 1º de agosto de 2008 al 30 de junio de 2009; del 1º de agosto de 2010 al 1º de febrero de 2010.
Como consecuencia de lo anterior, se opone a las pretensiones de la demanda, toda vez que no ha violado ningún derecho fundamental, debido a que a la accionante le terminaron el contrato por una justa causa y le realizaron el procedimiento indicado por la ley y la jurisprudencia, el cual consiste en citar a la trabajadora a rendir descargos para que pudiera ejercer su derecho a la defensa. La institución realizó una investigación y, prueba de ello son las declaraciones por escrito de los estudiantes que presentaron la queja. En relación con la pretensión de que le expidan una recomendación a la actora, se opone a ello sustentando que, de acuerdo con el numeral 7º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador solo está obligado a expedir una certificación laboral en la que conste el tiempo de servicio, la labor desempeñada y el salario que devengaba.
Mediante sentencia del 21 de mayo de 2010, el Juzgado 5º Penal Municipal de Bogotá, denegó el amparo solicitado, señalando que en el presente caso es improcedente la acción de tutela, ya que solo a falta de otro mecanismo de defensa judicial o ante la ineficacia del que en abstracto pudiere existir, procedería este asunto, pero ello no ocurre ni de manera transitoria, por cuanto no se vislumbró la existencia de un peligro actual o inminente, ni hubo afectación del mínimo vital que permitiera el amparo de manera transitoria.
Mediante sentencia del siete (7) de julio de 2010, el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá, confirmó la decisión que denegó el amparo solicitado, por considerar que la actora cuenta con otros medios de defensa judicial para dilucidar el debate que se limita a una desvinculación laboral amparada en una justa causa, tipo de eventualidad que es del resorte de la justicia laboral a la cual le corresponde establecer o determinar la veracidad de lo alegado, máxime cuando el juez constitucional no cuenta con términos que le permitan un análisis probatorio que supere las capacidades y poderes otorgados en desarrollo de la acción de tutela, la cual se caracteriza por tener un procedimiento preferente y sumario, que si bien contiene ciertas garantías mínimas y necesarias para la validez de un proceso judicial, no está sometida al rigorismo de otros debates judiciales, que admiten una mayor participación de las partes y un amplio despliegue de sus derechos procesales; la misma suerte corre el derecho al buen nombre y la libertad de cátedra, pues en desarrollo del debate, se debe establecer si la tesis de la accionada es o no constitutiva de la justa causa alegada, lo que no es del resorte del juez constitucional.
El Gimnasio Fontana S.A., institución de carácter privado encargada de la prestación del servicio público de educación, demandada en esta causa; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 86 de la Constitución y 5º y 42.1 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como parte pasiva en el presente asunto, en la medida en que a ella se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
4. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
De conformidad con lo prescrito por el artículo 86 de la Constitución Política la acción tutela procede para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o, excepcionalmente, de los particulares siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Acción constitucional que por su naturaleza requiere del “cumplimiento de tres requisitos genéricos de procedibilidad: i) que no existan otros instrumentos procesales de defensa judicial con los cuales pueda protegerse el derecho invocado (condición derivada de la residualidad de la acción de tutela), ii) que la intervención inmediata del juez de tutela se justifique frente al caso concreto (condición de la inmediatez de la decisión constitucional) y, iii) que se pretenda proteger un derecho de rango fundamental afectado por la actuación u omisión de las autoridades públicas o de algunos particulares (condición propia de la naturaleza constitucional de la acción)”(19). Examen que le corresponde evaluar al juez constitucional frente a cada caso particular que se encuentre bajo examen.
“no sobra recordar que las llamadas ‘causales específicas de procedibilidad’, están destinadas a evitar que los jueces constitucionales usurpen las facultades de los jueces ordinarios. En otras palabras, estas causales buscan asegurar que los jueces ordinarios puedan ejercer sus facultades propias (v. gr. de interpretación del derecho legislado y valoración de las pruebas) y aplicar las normas pertinentes a los hechos particulares de cada caso, sin que el ejercicio ordinario de tales facultades pueda verse desplazado o sustituido por decisiones de jueces de tutela.
Adicionalmente, las llamadas causales genéricas de procedibilidad, tienden a garantizar que no exista abuso en el derecho de acción, así como los deberes mínimos procesales de las partes. En criterio de la Corte la exigencia de estos deberes —como el deber de lealtad, diligencia, etc.— es necesario para que pueda existir una adecuada cooperación social y una mayor y mejor satisfacción de todos los bienes y principios implicados en cada proceso. Adicionalmente, algunas de las llamadas causales genéricas de procedibilidad tienden a promover que el juez ordinario pueda pronunciarse sobre el asunto constitucionalmente relevante ...”.
De ahí que en principio, para que proceda la acción de tutela se deben agotar todos los medios ordinarios de defensa judicial. Excepto que para evitar un perjuicio irremediable, esta se utilice como mecanismo transitorio, pues de lo contrario, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, que indica su ocurrencia cuando existen otros medios o recursos de defensa judicial, claro está, previo examen de los supuestos fácticos que permitirían la excepción a la regla de improcedencia.
4.1. Debido proceso disciplinario y la terminación unilateral del contrato de trabajo (derecho al trabajo).
La aplicación del derecho al debido proceso supone la existencia de un procedimiento judicial o administrativo(20), sin embargo algunas de las garantías establecidas para el debido ejercicio de dichas actuaciones se aplican, entre otras, en el ámbito de las relaciones laborales particulares, tal es el caso de la obligación que se impone al empleador de indicar los motivos por los cuales termina el contrato de trabajo, lo cual según la jurisprudencia constitucional(21) tiene, a su vez, dos propósitos fundamentales, por un lado, garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y, por otra, impedir que los empleadores despidan sin junta causa a sus trabajadores, alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos.
En efecto la terminación unilateral del contrato es la facultad que tienen las partes que suscriben el contrato laboral, para deshacerlo. Si el empleador decide finalizar tal vínculo sin justa causa está admitiendo de antemano que su decisión conlleva el pago de una indemnización, de lo contrario, esto es, si invoca una justa causa, le compete al empleador indicar los motivos por los cuales termina la relación laboral lo cual se traduce en unas obligaciones que la jurisprudencia de esta Corte(22) señaló:
“La primera de tales obligaciones consiste en manifestarle al trabajador los hechos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior. Tal deber tiene, a su vez, dos propósitos fundamentales, por un lado, garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y, por otra, impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos”.
Este tema ha sido dilucidado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia del 19 de mayo de 2005, Radicado 23508, M.P. Francisco Javier Ricaute Gómez, en la cual se indicó que: “... como lo tiene dicho jurisprudencia de esta Sala de tiempo atrás, que cita el censor, la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador, no puede considerarse una sanción disciplinaria, sino como el ejercicio de una facultad que la ley le confiere a este”.
En un reciente pronunciamiento la Jurisprudencia de esta corporación reiteró, en la Sentencia C-071 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, qué se debe tener en cuenta al momento de cesar la relación contractual laboral, en estos términos: “Quien pretenda finalizar unilateralmente la relación de trabajo, debe dar a conocer a la otra la causal o el motivo de su decisión, de suerte que la causal debe estar demostrada plenamente y, no es posible alegar con posterioridad causales distintas a las invocadas. Además, si pese a todo lo anterior el trabajador se encuentra inconforme con la decisión, puede acudir a la administración de justicia a través de los procedimientos de la jurisdicción laboral. De este modo, la disminución de la estabilidad relativa de los trabajadores no puede desconocer el derecho a la defensa y a la contradicción. En suma, la estabilidad de los trabajadores es relativa y puede verse disminuida por la terminación unilateral del contrato cuando para ello asisten motivaciones expresas, razonables y que no atenten contra los postulados constitucionales de protección especial a ciertos sujetos, de debido proceso y acceso a la justicia”.
4.2. Libertad de cátedra.
El ordenamiento superior también reseña que el Estado o los particulares pueden ejercer la libertad de enseñanza y de cátedra, los establecimientos educativos privados deben cumplir la función social de la educación, señalada en el artículo 67 de la Constitución. Específicamente la ley general de educación, en su artículo 77 otorgó la autonomía escolar a las instituciones en cuanto a: organización de las áreas fundamentales, inclusión de asignaturas optativas, ajuste del proyecto educativo institucional a las necesidades y características regionales, libertad para la adopción de métodos de enseñanza y la organización de actividades formativas, culturales y deportivas, todo en el marco de los lineamientos que estableciera el Ministerio de Educación Nacional.
Bajo dicha directrices se entiende que quienes imparten finalmente el conocimiento y proyecto educativo institucional son los docentes quienes en desarrollo de sus funciones y de acuerdo a la jurisprudencia de esta corporación(23) su ejercicio vincula la libertad de pensamiento del docente, la posibilidad de que escoja el método que considere adecuado para transmitir sus conocimientos, el derecho a disentir con razones fundadas y explicitas sobre determinadas posturas académicas, la libertad de guiar responsablemente a sus alumnos, dentro del marco jurídico señalado para las enseñanzas que imparte. La libertad de cátedra refuerza el derecho que tiene el docente de oponerse a recibir órdenes provenientes de las autoridades administrativas de los centros educativos en los cuales desarrolla su función, cuando ellas impliquen atentado contra las ideas profesadas y defendidas por el docente.
Ejercer funciones como docente en el sistema educativo colombiano conformado por la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior, le permite ejercer su derecho a expresar sus ideas y a opinar libremente acerca de los asuntos de interés colectivo, sin embargo las opiniones que se dan en desarrollo de los temas de las clases deberán contextualizarse al nivel cultural y académico que en el que se encuentren los alumnos. Con base en el derecho que le asiste al docente de desarrollar su cátedra con libertad y responsabilidad, no pueden las autoridades de la institución educativa limitar el ejercicio de su función. Acerca de la libertad de cátedra esta corporación ha manifestado en Sentencia T-535 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede asegurar que la educadora Esmeralda Ferti ingresó al Gimnasio Fontana el 1º de agosto de 2005; en el ejercicio de sus labores, el 27 de enero de 2010, dictó una clase en el curso 6º A, en la cual relató unos hechos históricos relacionados con el Reino de Israel y los Hebreos, e hizo referencia al conflicto que ocurre desde hace muchos años en el territorio Palestino-Israelí.
Como consecuencia de lo anterior, el 1º de febrero de 2010, dos alumnas de los grados 6º A y una del grado 6º B, radicaron una queja ante las directivas de la institución, relacionada con la clase de la actora en la cual explicó los problemas entre Israel y Palestina, y su posición frente al mismo, lanzando una frase que las dejó pensando y que refieren en estos términos: “si fuera una terrorista palestina y tuviera un arma no mataría 5 sino 5 millones de israelitas”.
El mismo día de las quejas, la docente fue citada para que presentara sus descargos. Más tarde fue despedida del Gimnasio Fontana. En la carta por medio de la cual le terminaron el contrato le indicaron que los motivos de su despido se sustentaban en el hecho de que la institución pudo comprobar que no había cumplido con sus obligaciones legales y reglamentarias, ni seguido los parámetros establecidos en la institución en materia de valores y principios, pues mientras dictaba clase en el curso 6º A, hizo comentarios e intercambios de ideas de carácter guerrerista, contrarios a los lineamientos del gimnasio y a la ética de la profesión por acudir a la violencia como un supuesto método de solución de conflictos, conducta que pudo causar graves perjuicios al gimnasio y a sus estudiantes, considerando inaceptable desde todo punto de vista lo ocurrido.
En realidad la decisión del empleador privado de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, alegando faltas cometidas por el trabajador no es una sanción disciplinaria, ello, de conformidad con la precitada jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Suprema de Justicia, que ha reiterado que el despido por decisión unilateral conforme a la ley laboral no es una sanción disciplinaria. Comoquiera que el despido no se produjo como sanción disciplinaria, sino en ejercicio de la atribución con que cuenta el empleador de dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa, cualquier inconformidad frente a dicha decisión deberá ser controvertida por el asalariado ante los jueces del trabajo, como en efecto manifestó la actora que lo haría, al indicar que por esa vía exigiría el cobro de las indemnizaciones a las cuales cree que tiene derecho.
Por otra parte, tal como lo consagra el artículo 86 de la Carta, la tutela es un medio preferente y sumario de defensa judicial, cuyo objetivo es la protección de los derechos fundamentales que resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o, excepcionalmente, de los particulares, lo que denota sus características, subsidiaridad y residualidad; por ello solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial para la protección de su derecho fundamental, salvo que se utilice la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, para lo cual debe acreditarse que la amenaza del daño es inminente, la respuesta o acción para evitar el perjuicio ha de ser urgente y, finalmente, que la medida judicial debe ser impostergable.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, el 7 de julio de 2010.
2. LIBRAR por secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
(1) Artículo 9º del Decreto 230 de 2002 “Por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional”, modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 3055 de 2002. Promoción de los educandos. Los establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen el año escolar en cada uno de los grados. Al finalizar el año, la comisión de evaluación y promoción de cada grado será la encargada de determinar cuáles educandos deberán repetir un grado determinado. Se considerarán para la repetición de un grado cualquiera de los siguientes educandos: a. Educandos con valoración final Insuficiente o deficiente en tres o más áreas; b. Educandos que hayan obtenido valoración final insuficiente o deficiente en matemáticas y lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la educación básica; c. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar.
Es responsabilidad de la comisión de evaluación y promoción estudiar el caso de cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de esta, pero en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de educandos que finalicen el año escolar en cada grado. Los demás educandos serán promovidos al siguiente grado, pero sus evaluaciones finales no se podrán modificar.
(2) Esta fecha es señalada por la demandada como el día de los hechos, por el contrario, la apoderada indica que ocurrieron el 21 de enero.
(3) Ver folio 13 del cuaderno principal.
(4) Ver folios 14 y 15 del cuaderno principal.
(5) Ver folio 16 del cuaderno principal.
(6) Ver folio 17 del cuaderno principal.
(9) Ver folio 20 del cuaderno principal.
(10) Ver folio 21 del cuaderno principal.
(12) Ver folios 25 al 27 del cuaderno principal.
(13) Ver folios 28 y 29 del cuaderno principal.
(14) Ver folios 30 al 37 y del 43 al 56 del cuaderno principal.
(15) Ver folios 38 al 40 del cuaderno principal.
(16) Ver folio 41 del cuaderno principal.
(17) Ver folios 59 al 73 del cuaderno principal.
(18) Ver folios 11 al 15 del cuaderno 2.
(19) Ver Sentencia T-152 de 2009, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
(20) Conforme al artículo 29 del Ordenamiento Superior.
(21) Ver Sentencia T-546 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-385 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
(22) Ver sentencias C-299 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-546 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-362 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-385 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(23) En Sentencia T-535 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

References: artículo 57
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 67
 artículo 77
 artículo 86
 artículo 36
 Artículo 9
 artículo 1
 artículo 29