Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920812.html
Timestamp: 2019-11-20 20:20:57+00:00

Document:
as201920812
Auto Supremo: 812/2019
Expediente: O-18-19-S.
Partes: Diego Mauricio Colque Ramírez c/ Gobierno Autónomo Municipal de Oruro representado legalmente por Edgar Rafael Bazán Ortega.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 167 a 169, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, mediante su representante legal Claudia Velasco Rivero, contra el Auto de Vista N° 36/2019 de 8 de abril, cursante de fs. 154 a 163, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de reivindicación, seguido por Diego Mauricio Colque Ramírez contra la entidad recurrente; el Auto de concesión de 16 de mayo de 2019 a fs. 172; el Auto Supremo de admisión Nº 536/2019-RA de 27 de mayo, cursante de fs. 177 a 178 vta., los antecedentes del proceso; y:
1. Diego Mauricio Colque Ramírez, interpuso demanda de reivindicación de un inmueble ubicado en la Av. Kennedy entre Pasaje María Quiroz y calle Sgto. Froilan Tejerina, lote Nº 9, con superficie de 205,45 m2, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 4.01.1.01.0009113, cursante de fs. 15 a 16 vta., formalizada de fs. 25 a 26 vta., aclarada a fs. 30; acción dirigida contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, quien pese a ser citado no contestó, declarándolo rebelde por Auto de 29 de junio de 2017, sin embargo en la Audiencia Preliminar de 26 de julio de 2017, cursante de fs. 53 a 56, contestó negativamente los alegatos de la demanda. Desarrollándose de esta manera el proceso en el proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 8 de la ciudad de Oruro, hasta dictarse la Sentencia Nº 47/2017 de 9 de noviembre, cursante de fs. 124 a 128 vta., que en su parte dispositiva declaró PROBADA la pretensión contenida en el memorial cursante de fs. 25 a 26 vta., aclarada y ratificada por memorial a fs. 30.
2. Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, mediante su representante legal Ghilmar Ivan Zenteno Choque, por memorial, cursante de fs. 129 a 131, la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista N° 36/2019 de 8 de abril, cursante de fs. 154 a 163, que CONFIRMÓ la sentencia, bajo la siguiente fundamentación:
Que la Alcaldía Municipal de Oruro, suscribió un contrato de adjudicación con la madre del demandante (Basilia Ramírez Colque) en la gestión de 1983, en consecuencia a los problemas habitacionales y en beneficio de las clases trabajadoras y las familias de escasos recursos económicos se procedió a la urbanización de varias zonas de la ciudad, siendo el caso del lote Nº 9 de la manzana “I”, como resultando de ese procedimiento la propiedad ya no sería de la Alcaldía, convirtiéndose en propiedad privada hallándose bajo la protección según el art. 56.I de la CPE, por otro lado el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para poder ejercer la propiedad debió realizar un respectivo procedimiento para declarar la necesidad de instalación de la estación elevadora de aguas negras en la propiedad, tal cual establece la Ley Nº 482 en su art. 16, así como el art. 8 de la Ley Nº 2028, para poder ejercer la propiedad del inmueble en litis, demostrándose por la parte demandante el título de dominio que acredita su derecho propietario debidamente inscrito en Derechos Reales, se identificó la propiedad con la inspección judicial y el informe pericial, así también fue demostrado que la parte demandada G.A.M.O. es el poseedor actual de la propiedad en controversia.
3. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, mediante su representante legal Claudia Velasco Rivero, por memorial, cursante de fs. 167 a 169, recurso que es objeto de análisis.
De la revisión del recurso de casación, se observa que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:
1. Que no se consideró el informe técnico y el plano demostrativo adjuntado en inspección judicial (oficina de Obras Públicas del G.A.M.O.) del inmueble que ocupa la alcaldía, que demuestra una superficie diferente a la pretensión de la demanda de reivindicación, aspectos que no fueron tomados en cuenta por el A quo, omitiendo el deber de dirección procesal y la primicia del principio de verdad material, que debió establecer dicho extremo con el fin de buscar un proceso justo, sin embargo el Juez dicta una sentencia que va en contra de la comuna y el Auto de Vista lo confirma.
2. Alega que el Juez de primera instancia se limitó a las reglas de procedimiento, además de tener la facultad de poder solicitar las diligencias posibles para comprobar lo vertido por el funcionario de catastro urbano, además que no valoró el informe técnico y plano demostrativo adjuntado en la inspección judicial, inobservancia que no fue advertida por el Tribunal de alzada transgrediendo el debido proceso a momento de confirmar la sentencia.
3. Aduce que la entidad recurrente, en diferentes oportunidades del proceso afirmó que el inmueble en litigio es un área de equipamiento para el funcionamiento y a favor de la población Orureña, teniendo en cuenta el art. 339.II de Constitución Política del Estado, extremo que no fue objetado por el A quem.
Solicita dictar Auto Supremo que case el Auto de Vista que confirme la sentencia.
No cursa respuesta alguna de la parte contraria.
Este Tribunal Supremo de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014 y 254/2016) orientó que la congruencia de las resoluciones judiciales guia su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, orientada a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
La Jurisprudencia Constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…".Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nros. 0255/2014 y 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
Del recurso de casación se extracta que los puntos 1 y 2, guardan concordancia respecto a que la resolución de primera instancia no ha considerado el informe técnico y el plano demostrativo adjuntado en inspección judicial (oficina de Obras Públicas del G.A.M.O.) del inmueble que ocupa actualmente la alcaldía, que demuestra una superficie diferente a la pretensión de la demanda de reivindicación, prueba omitida por el A quo, que viola el deber de dirección procesal y la primicia del principio de verdad material, con el fin de buscar un proceso justo, asimismo se limitó a las reglas de procedimiento, además de tener la facultad de poder solicitar las diligencias posibles para comprobar lo vertido por el funcionario de catastro urbano, inobservancia que no fue advertida por el Tribunal de alzada transgrediendo el debido proceso a momento de confirmar la sentencia.
Con relación a los reclamos es preciso reiterar lo expuesto en el numeral III.1 de la doctrina aplicable al caso, donde se precisó que el recurso de apelación tiene su límite competencial conforme al marco de congruencia definido en el recurso de apelación, en otros términos el Auto de Vista se encuentra vinculado a los agravios acusados en apelación conforme lo determina el art. 265 del Código Procesal Civil, caso contrario de no respetar ese parámetro la resolución a emitirse peca de incongruente, ya sea, ultra, extra o citra petita, asimismo se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes en su demanda, respuesta, impugnación y resolución emitida por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes y segundo lo referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad.
Partiendo de ese entendimiento, se tiene que el Auto de Vista en aplicación del art. 265 del adjetivo civil, tiene la facultad de resolver la controversia sobre la pretensión al igual que el Juez de primera instancia siempre y cuando hubiera sido reclamado en su recurso de apelación dentro del marco de pertinencia, en el caso de autos, de la revisión meticulosa de obrados este Tribunal advierte que los extremos acusados inobservados no merecían pronunciamiento por parte del Tribunal de alzada, ya que no fueron invocados en el recurso de apelación de fs. 129 a 131, (Gobierno Autónomo Municipal de Oruro), entonces por sindéresis jurídica lo observado no amerita análisis alguno. Al margen de lo citado a manera de aclaración evidenciamos que el Auto de Vista centró sus fundamentos en el siguiente razonamiento jurídico “…de toda la prueba existente en obrados, así como los antecedentes del proceso se tienen en audiencia de fecha 22 de septiembre de 2017 (ver fs. 100-103 vlta. de obrados) el demandante actuando de buena fe y lealtad procesal (art. 3. II de la Ley Nº 439), (…) intervención que no fue observada, contradicha y menos objetada por la parte demandada quien de manera irresponsable ante la interrogante por parte de la autoridad jurisdiccional de la existencia de un procedimiento de reversión señalaría: "estamos hablando de hace 18 años en su momento ha debido haber incluso la carpeta ya se ha debido perder…" (ver acta de inspección de fs. 103 vlta. de obrados), actuación que dan cuenta que el Gobierno Autónomo Municipal no realizo el trámite administrativo de expropiación, poseyendo el predio, sin demostrar derecho propietario alguno.”, argumentos que emergen del recurso de apelación y responden a todo lo reclamado, no mereciendo mayor análisis al respecto.
Sobre el punto 3 del recurso de casación aduce que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en diferentes oportunidades del proceso afirmó que el inmueble en litigio es un área de equipamiento para el funcionamiento a favor de la población Orureña, debiendo tomar en cuenta el art. 339.II de Constitución Política del Estado, extremo que no fue objetado por el Ad quem.
La Constitución Política del Estado en su parágrafo II del art. 339 estipula, que los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no estando sujetos los mismos a ningún tipo de interés ni pretensión privada de ninguna persona particular, tal observación fue analizada por el Tribunal de segunda instancia, señalando que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro “…declarar la necesidad o utilidad pública de dicha propiedad tal cual establece en el CONSIDERANDO III de la presente resolución en marcado en la Ley Nº 482 de 09 de enero de 2014 que en su art. 16 establece: (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL) (…), o como conforme también faculta la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 que en su Capítulo II JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL, en su Art. 8 (…) facultad que no fe observada por parte del Municipio, extendiendo una omisión de este u otro procedimiento que hubiera asumido el Municipio para considerarse propietario del referido bien inmueble objeto de la presente demanda.”, entendimiento que es compartido por este Tribunal, ya que en la presente causa se tiene que el inmueble en controversia fue adquirido por el demandante mediante declaratoria de herederos de fs. 8 a 9 vta., de su madre fallecida Basilia Ramírez de Colque, esta a su vez adquirió el inmueble de la Alcaldía Municipal de Oruro, de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 39 de 15 de noviembre de 1967, Circular Nº 4 de 8 de marzo de 1969 y Testimonio Nº 783/83 de 14 de octubre de fs. 4 a 6, que ahora está debidamente registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 4.01.1.010009113, constituyéndose en una propiedad privada, de modo que el Gobierno Municipal para extinguir y adquirir el derecho propietario debía de realizar la respectiva tramitación según el art. 8 de la Ley de Municipalidades y actualmente el art. 16 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, quien se encuentra investida de la “potestad administrativa” y es la encargada de la gestión pública, cuyo objetivo es la satisfacción de los intereses colectivos, asumiendo decisiones que se materializan a través de los denominados “actos administrativos”, generando efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e inmediatas que se caracterizan por su ejecutoriedad para la consecución de los fines públicos perseguidos, siendo precisamente uno de esos actos importantes por cierto, la “expropiación” que se lleva a cabo de manera forzosa en función del interés colectivo que se antepone al interés individual y particular, misma que se encuentra regida por el Derecho Administrativo y por tanto constituye un verdadero acto administrativo por excelencia1. Ya que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro durante la tramitación del proceso y en defensa de la demanda principal, no demostró ningún acto valedero que demuestre su derecho propietario sobre el inmueble en litis, por lo que el Ad quem efectuó una correcta calificación probatoria del contenido de lo obrado, deviniendo por infundado el recurso de casación.
Por los razonamientos expuestos, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 167 a 169, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, mediante su representante legal Claudia Velasco Rivero, contra el Auto de Vista N° 36/2019 de 8 de abril, cursante de fs. 154 a 163, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Sin costas y costos por no existir contestación.
1 AS Nº 731/2016 de 28 de junio, Sala Civil, Tribunal Supremo de Justicia

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