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Timestamp: 2020-07-10 11:13:55+00:00

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SOBERANIA POPULAR: 31-mar-2011
La fortaleza de un partido político y de un movimiento social se construye con la congruencia que tienen sus dirigentes, militantes y simpatizantes. Ser fiel a los principios, no aceptar ni apoyar manipulaciones, es indispensable en estos tiempos políticos cuando en México es necesario y urgente un cambio en todas las estructuras de gobierno. El pasado domingo 27 de marzo se realizó una consulta en el Estado de México para avalar una alianza electoral entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Tres perredistas distinguidos se opusieron a dicha alianza: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas Rodríguez.
Cuauhtémoc Cárdenas comentó que una alianza entre el PAN y el PRD es “un proyecto improcedente, contraviene estatutos y principios del PRD, además de debilitar al partido”. El también ex candidato presidencial, quien ganó las elecciones en 1988, con el apoyo de las organizaciones de izquierda, integradas en el Frente Democrático Nacional (FDN) llamó a dirigentes y militantes de izquierda a unirse para superar democráticamente a los responsables del desastre nacional. Por principios los perredistas deberían enfrentar a las cúpulas priístas y panistas que han llevado a México por un desbarrancadero.
Andrés Manuel López Obrador, quien dirigió al PRD entre 1996 y 1999 ha explicado públicamente porque se opone a las alianzas entre el PRD y el PAN. La verdadera alianza que existe en los años recientes está formada por los dirigentes priístas y panistas. Es el PRIAN donde se junta la mafia política que ejecutó el fraude en 2006. El PRIAN trabaja para mantener vigente el actual régimen de opresión, corrupción y privilegios. Congruente con sus ideas, Andrés Manuel asegura que la única alternativa para un cambio en México, “es la organización del pueblo”.
Alejandro Encinas, fundador y militante distinguido del PRD, con una amplia trayectoria de compromiso en organizaciones de izquierda, rechazó ser candidato a gobernador por el Estado de México en una alianza entre su colectivida política y Acción Nacional. Durante sus recorridos por los diferentes municipios mexiquenses, Alejandro ha defendido los principios de la izquierda y ha llamado a los ciudadanos y particularmente a quienes militan o simpatizan en y con el PRD a rechazar manipulaciones.
“Lo que sucede es que los dirigentes del PAN y PRD no quieren reconocer que sus manipulaciones resultan cada vez más difíciles de creer por el electorado, debido a la misma incongruencia de su propuesta de aliarse derechas e izquierdas”, escribió Amador Ahumada Garrido en carta publicada en la sección El Correo Ilustrado, página cuatro de La Jornada, domingo 27 de marzo de 2011, edición número 9562. Esta voz ciudadana también cuestionó el proyecto de alianza electoral entre PRD y PAN en los estados de México, Nayarit y en cualquier escenario regional y nacional.
José Agustín Ortiz Pinchetti en su columna El Despertar, publicada el 27 de marzo, abordó el tema de los principios y citó: “Quien traiciona los principios en aras de los intereses, termina por perder los principios y los intereses”. Una vez más, José Agustín explica a sus lectores que existen politiqueros en todos los partidos, incluido el PRD, en este año 2011 que traicionan los principios por triunfar a corto plazo, pero pierden el destino y el prestigio. El interés individual por obtener puestos, convierte a esos politiqueros en mercenarios.
Promover la democratización, defender el voto, liberar a los sindicatos, terminar con el partido de Estado e imponer la justicia social, son algunos de los principios en que se sustentó el PRD desde 1989. Durante los gobiernos priístas de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y en los regímenes panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y en los más de cuatro años del usurpador Felipe Calderón Hinojosa (diciembre de 2006 a marzo de 2011), se han manipulado procesos electorales, se preparó y consumó el fraude de 2006; se ha perseguido a dirigentes sindicales independientes como a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entre 1990 y 1998; más recientemente a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por mencionar sólo dos ejemplos.
Los partidos tradicionales PRI y PAN han defendido la política neoliberal que llaman modernizadora y de globalización, que en la práctica es una política de saqueo de los recursos y de empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos. En el año 2000 tras la jornada electoral que dio el triunfo al PAN, los ganadores prometieron iniciar un cambio en la forma de gobernar la nación. El régimen de Vicente Fox Quesada incurrió en corrupción, nepotismo, manipulación y engaño. Copió los vicios del priísmo y borró algunas de sus virtudes, como el manejo de una política exterior soberana y promotora de la paz mundial.
La justicia social todavía es un sueño. En medio de la guerra o combate al narcotráfico, las principales víctimas son los pobres. Crece el desempleo, se cierran cupos en las universidades públicas, mientras se pagan anuncios costosos en las televisoras y radiodifusoras donde se habla de “vivir mejor”. Acabar con los empleos, cancelar o disminuir los derechos de los trabajadores, es promover el crimen y la violencia. Los principales responsables de la actual tragedia nacional pertenecen a las cúpulas del PRI y del PAN. Por principios éticos y por lógica, los perredistas auténticos como Cuauhtémoc, Andrés Manuel y Alejandro Encinas, no pueden aceptar alianzas con el PAN ni con el PRI.
A una semana de haber protestado como nueva secretaria general del CEN del PRD, la señora Dolores Padierna visitó el estado de Michoacán para respaldar las aspiraciones políticas de uno de los varios aspirantes a la gubernatura de la entidad; tal apoyo no debiera ser motivo de crítica de nadie si no fuera porque ella ostenta el segundo cargo más importante de este partido en el ámbito nacional, situación que la obliga a actuar bajo los principios de respeto, imparcialidad e institucionalidad, evitando en todo momento influir a favor de alguien desde la posición partidista que ocupa.
Llama mucho la atención que la señora Padierna, por un lado, rechace de manera vehemente las alianzas electorales de su partido con el PAN, argumentando principios ideológicos y estricto cumplimiento de la línea política aprobada por el Congreso Nacional del PRD, pero por otro lado, no guarda ninguna forma de respeto a los estatutos, ya que de manera pública pretende influir, aunque dudo que lo logre, en los perredistas michoacanos para apoyar las aspiraciones de alguien en lo particular. Todos los actos y acciones que cualquier político realice deben estar apegados a los principios ideológicos que dicen poseer; no hacerlo de esta manera, sólo refleja en estos individuos una total falta de congruencia; mientras que piden aplicación de la norma en lo que conviene a sus intereses, desconocen o simulan desconocer lo que la misma ley les impone.
La actitud que la dirigente nacional ha asumido, por lo menos en Michoacán, habla de un total desprecio por las leyes, en este caso por las reglas internas de su partido. ¿Cómo la señora Padierna puede reclamar y recriminar al grupo mayoritario del PRD cumplimiento de una línea política en materia de alianzas, si ella misma actúa fuera de toda legalidad?; ¿qué autoridad moral tiene quien desprecia y pisotea la norma estatutaria, cuando exige lo que no es capaz de dar? De continuar con este tipo de actitudes, lo único que se provocará es la polarización y la inminente fractura de la principal fuerza política de la izquierda mexicana.
Particularmente, tengo una gran desconfianza por todo aquel político que se autodenomina como puro e inmaculado, que se dice poseedor de principios ideológicos extraordinarios y que pretende hacer creer a todo mundo que se conduce bajo el imperio de la ley, pero que cuando se tienen intereses personales o grupales asumen actitudes pragmáticas y convenencieras, muy alejadas de toda legalidad y congruencia, que los pone al descubierto tal y como en realidad son; este tipo de individuos no contribuyen al fortalecimiento de un partido político, no abonan a la buena imagen de la política, sino que terminan deteriorando y desprestigiando a la organización a la que pertenecen.
Es lamentable que irresponsablemente se atente contra la unidad y cohesión que el PRD ha logrado en Michoacán, es inaceptable y altamente reprochable que quienes deban ser los principales garantes de la imparcialidad, la equidad, la institucionalidad y la legalidad, sean los primeros en vulnerar y atentar flagrantemente contra tales principios. Qué lástima que algunos dirigentes actúen sin ninguna ética y sin ninguna congruencia política; claro está que por eso los ciudadanos en México se han ido poco a poco alejando de todos los partidos políticos.
Cuando vemos enfrentados al PRI y al PAN como enemigos acérrimos, luchando denodadamente por el control de de los gobiernos estatales o municipales, tenemos que admitir que eso es sólo una gran simulación, porque en el fondo son lo mismo, y ahí donde se gesta el verdadero destino del país, en el Congreso de la Unión, han caminado y siguen caminando juntos cuales melosos noviecillos, amorosos y muy de la manita.
La iniciativa de Reforma Laboral presentada por el PRI, y avalada por el PAN, que se halla en discusión en la Cámara de Diputados, no es más que otra villanía contra la clase trabajadora del país. En efecto, la iniciativa propone acabar, de una vez por todas, con los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora como los contratos colectivos; ahora se pretende eliminar la figura de “despido injustificado” y se reafirma la contratación por horas, se avalan los contratos a prueba, entre otras linduras así como la legalización de lo que hoy es práctica común de muchas empresas y del propio gobierno: la contratación por terceros, es decir, lo que se conoce como outsourcing. Y para muestra un botón.
La semana pasada en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una singular protesta: trabajadores de limpieza del propio recinto legislativo se paseaban por los pasillos levantando pancartas exigiendo salarios justos y prestaciones, coreando: “que la Cámara nos absorba”. Y es que los aproximadamente 480 trabajadores encargados de la limpieza de San Lázaro, algunos con una antigüedad superior a 15 años, están subcontratados por una tercera empresa, es decir, la Cámara paga a una empresa por los servicios de limpieza, y ésta a su vez paga a los trabajadores. Por esa protesta, nos enteramos que los empleados de la Cámara carecen de prestaciones sociales como vacaciones, Infonavit, seguridad social, Afore y si faltan por enfermedad les descuentan el día, además no hacen antigüedad pues cada tres años cambia la razón social de la empresa, y la nueva compañía no les reconoce los años laborados. Por supuesto, estos trabajadores con un ínfimo salario de mil 200 pesos quincenales, al termino de su vida laboral productiva se ven sin prácticamente nada, por eso demandaban algo elemental y justo: formar parte de la plantilla laboral de la Cámara de Diputados y que ésta sea la que les pague directamente su salario, un salarios dignos y se les otorgue las prestaciones a que tienen derecho (hasta ahora) conforme a la ley.
Sería por supuesto interesante saber ¿quién o quiénes son los dueños de esas empresas de limpieza?, o saber ¿a cuántas dependencias dan el servicio y a cuanto hacienden sus ganancias por “regentear” a esos trabajadores? Además, tratándose del lugar de donde emanan las leyes es una verdadera burla, y una infamia, que se consientan esas prácticas laborales cuando están (todavía) fuera de la ley.
Como ve usted, el PAN propone al PRD una alianza electoral en el Estado de México, mientras que en el Legislativo se alía con el PRI en contra de los trabajadores del país. Aún más, el PAN ha dicho que la reforma deberá estar aprobarse antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones (el próximo 30 de Abril), sin embargo esta propuesta enfrenta la vigorosa oposición de los diputados afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes han dicho que la reforma no pasará. Al mismo tiempo, diversos sindicatos del país han llamado a la movilización de sus agremiados para defender sus derechos, asunto al que todos deberíamos estar muy atentos.
Consulte la página www.regeneracion.mx
La iniciativa de Ley sobre Banca Nacional de Desarrollo, que el PRI y el PAN pretenden aprobar, asume que el mercado está por encima del Estado y reproduce la errónea estrategia que en Estados Unidos produjo la reciente crisis financiera mundial, más fuerte y más compleja, incluso, que la de la Gran Depresión de 1929.
Por tal motivo, como legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presenté ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados varias reservas con modificación a dicha iniciativa de ley, las cuales significan un replanteamiento de fondo, especialmente en el área de vivienda.
En la iniciativa del PRIAN se desaparece de un plumazo la función del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). Ésta se transfiere a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que en los hechos ha sido, desde que inició la actual administración panista, la columna vertebral de la política habitacional en México.
Eso es inadmisible. Como también lo es la bursatilización propuesta por la citada iniciativa, pues con ello se profundiza el modelo que ya fracasó en Estados Unidos y que provocó la reciente crisis mundial, consistente en que el elemento rector del desarrollo es la iniciativa privada a través del mercado hipotecario. El papel del gobierno es el de un simple “gestor” o “facilitador” de los negocios inmobiliarios, alentando y legalizando las políticas especulativas en materia de vivienda.
En EU, cuando estalló la crisis, la idea de que el mercado es garante del desarrollo económico y social y que, además, propicia el equilibrio institucional, fue desechada de manera tajante. Así, en el país capitalista por excelencia, el Estado tuvo que rescatar al mercado, al punto de estatizar la deuda. Lo grave de este planteamiento es que en el vecino país existe un Estado fuerte, mientras que aquí estamos muy cerca del Estado fallido.
Mi propuesta evita la desaparición del Fonhapo, la bursatilización y el endeudamiento interno y externo sin aprobación del Congreso. De ser incluidas en el dictamen las diversas reservas con modificación, este organismo conservaría su naturaleza social, su autonomía y su normatividad, por lo que participaría en el Consejo Consultivo como un solo ente. Además, priorizaría el otorgamiento de créditos como banca de primer piso, así como los créditos bajo el esquema de producción social del hábitat y de la vivienda. De igual forma, incluiría programas como vivienda en conjunto y vivienda progresiva.
De pasillo. Se dice que la iniciativa de Banca de Desarrollo fue elaborada por el diputado David Penchyna en acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Ernesto Cordero, ya que se busca que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo desconcentrado de Hacienda, ejerza funciones que corresponden a las contralorías, dependientes de la Secretaría de la Función Pública. ¿Será que el PRI le opera a Cordero, de la misma manera que los sindicatos priístas hacen lo propio con el Secretario de Trabajo, Lozano, en la reforma laboral? Se dice que los beneficiarios y también promotores de esta ley son Francisco Suárez Dávila y Enrique Vilatela. ¿Será?
Pedro Miguel en el Círculo de Estudios Central, este jueves 31 de marzo, 19 hrs. Club de Periodistas
"¿Somos un país soberano?,
casos Wikileaks, rápido y furioso, entre otros
Presentan al grupo de trabajo de Naciones Unidas 30 casos de desaparecidos en Atoyac
Atoyac, 29 de marzo. Unos 30 casos de detenidos y/o desaparecidos en este municipio, fueron dados a conocer por los familiares de los mismos a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “y en los próximos días les enviaremos otros mas” dijo la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez.
La activista, explicó que durante la visita que hicieron los integrantes de Naciones Unidas el pasado domingo a esta ciudad, “la cual fue pactada con anterioridad”, los propios familiares de los desaparecidos expusieron verbalmente a detalle cada uno de sus casos, “y la forma en que las victimas fueron detenidas por los miembros del Ejercito Mexicano y llevadas a los cuarteles militares donde jamás se supo algo de ellos”.
Asimismo, “pudieron informarles, de viva voz, que no hay avances en las investigaciones de los demás casos y la preocupación que tienen por la falta de resultados, y criticaron el incumplimiento del Estado Mexicano a la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso Rosendo Radilla”.
En entrevista, Radilla Martínez abundó que los testimonios de los parientes de los detenidos desaparecidos fueron retomados por los integrantes de Naciones Unidas “quienes elaboraran un informe para presentarlo y dentro de la comunicación que tienen con los estados preguntarles las razones por las cuales no se ha cumplido con las cosas que han solicitado los familiares, en este caso de Afadem”.
La luchadora social, añadió que una vez finalizada la visita delos miembros de la ONU, los integrantes de la organización que representa se avocaran a documentar las fichas de queja del resto de los casos que existen en Afadem para enviarlos a las oficinas de los enviados por el organismo internacional a México, con el propósito de que tengan conocimiento de los mismos.
Propone el Tadeco a la ONU crear banco de datos con el ADN de familiares de víctimas
Chilpancingo, 29 de marzo. Integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) propusieron al Grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU la creación de un banco de ADN de los familiares de las víctimas desaparecidas para estudios científicos de personas localizadas restos humanos.
La reunión que sostuvieron el pasado domingo en Acapulco integrantes del Comité de familiares y amigos de desaparecidos, secuestrados y asesinados y el Tadeco con el grupo de Desaparición Forzada o Involuntaria de la ONU fue de gran avance, pues aunque el grupo de trabajo sólo fue con el fin de escuchar y documentar casos de desapariciones forzadas, “lo más importante que vemos en todo esto es que escucharon de propia voz de los familiares de los desaparecidos cada uno de los casos”,destacó Javier Monroy, coordinador del Tadeco.
Agregó que en la reunión con los expertos el Comité hizo varias propuestas, mismas que ya habían planteado al Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, entre ellas el que se cree una instancia especializada con capacidad técnica, operativa y probada probidad para instrumentar un Plan de Búsqueda concertado con los familiares, a fin de reabrir los expedientes y se realicen verdaderas investigaciones.
También propusieron que se establezca un banco de ADN de los familiares de las víctimas y se realicen estudios científicos de las personas localizadas o en su caso de los restos humanos encontrados para cotejarlos de manera responsable cuando sea necesario; y que se dé atención jurídica, económica, sicológica así como se atienda la salud de los familiares directos de las víctimas.
Además pidieron al grupo de trabajo de la ONU que intervenga ante el gobierno de Guerrero y de México para que redesistan de todas las ordenes de aprehensión contra defensores de derechos humanos, dirigentes y promotores sociales, que en ocasiones es la antesala de una desaparición forzada o involuntaria; parar la criminalización de la lucha social y garantizar el respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de los periodistas así como la presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la guerra sucia.
NAHÍ COPITZY GÓMEZ FUENTES Y GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA
7) El pasado 7 y 8 de enero de 2011, los habitantes de Temacapulín, en un ejercicio de democracia, llevaron a cabo la Consulta comunitaria y de buena fe, en donde se hicieron cuatro preguntas: ¿Estás de acuerdo con la construcción de la presa El Zapotillo? ¿Estás dispuesto a ser desplazado de tu hogar en Temacapulín para ser reubicado en un lugar diferente? ¿Fuiste consultado y tomado en cuenta antes de que iniciara la presa El Zapotillo? ¿Estás dispuesto a seguir luchando por Temacapulín y su desarrollo? Entre originarios, avecindados y dependientes votaron un total de 649 personas. El 98 por ciento dijo “no a la presa” y que no querían ser desplazados. Los resultados de la consulta reflejaron que la gente está dispuesta a seguir luchando por su pueblo. Con este ejercicio democrático quedó de manifiesto la necesidad que tienen los habitantes de Temacapulín de ser consultados, cosa que desde ninguna instancia oficialmente se ha realizado. Con lo cual se está violando el derecho a ser consultados y tomados en cuenta como ciudadanos.
La fracción VI, por su parte, reconoce el derecho de todo acusado a ser informado de los hechos que se le imputan, tanto desde el momento de su detención, como ante el juez de la causa. Este derecho no sólo reviste importancia para la preparación de su defensa, sino que constituye una exigencia mínima de respeto a quien ha sido privado de la libertad.
Esta reforma, vino a confirmar una tendencia garantista de la interpretación constitucional desarrollada por el Poder Judicial de la Federación en diversas tesis, en las que se establecieron algunos aspectos del contenido esencial del derecho a la defensa adecuada.
En efecto, el derecho a la defensa adecuada, constituye un elemento esencial del de acceso a la impartición de justicia en sentido amplio, en tanto la intervención activa de un defensor técnico posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos a favor de todos los sujetos previstos en los diversos apartados del artículo 20 sean, no sólo resguardados, sino efectivamente ejercitados. De nuevo se cita la exposición de motivos de la reforma antes aludida:
La fracción IV de este inciso reconoce el derecho del imputado a una defensa técnica, desde el momento de la detención. Se elimina el sucedáneo de la intervención de una persona de confianza del imputado, puesto que sólo con una defensa profesional es posible garantizar el debido proceso penal. Esta exigencia ha sido reconocida por el Código Federal de Procedimientos Penales y por los ordenamientos seminales de Chihuahua, Oaxaca y otras entidades.
La redacción propuesta en esta fracción abre la posibilidad para que este servicio sea proporcionado directamente por el Estado, como ocurre actualmente, o mediante otras modalidades, como podría ser mediante formas pro bono, o por medio de la contratación de abogados privados.
Con todo, la característica más novedosa de la nueva redacción es que inserta el derecho a elegir libremente un defensor, con la consecuente obligación para el Estado de entregar oportunamente al imputado información y elementos que permitan que pueda efectivamente elegir un abogado que le convenza, sobre la base de datos objetivos acerca del desempeño previo, sea que se trate de defensores públicos o privados.
El derecho del acusado a contar con una defensa adecuada, tanto en la fase de detención como en la del juicio penal, es un derecho instrumental, dirigido a garantizar que la sanción más severa que puede imponer el Estado (la pérdida de la libertad personal), sea a través de un debido proceso, en los términos que el mismo artículo 20 constitucional apunta. El derecho a contar con un abogado en la fase de detención es un mecanismo para garantizar al detenido el ejercicio de sus demás derechos constitucionales: el derecho a guardar silencio, el derecho a no ser incomunicado ni torturado, el derecho a no ser sometido a una detención arbitraria, el derecho a ser informado de las razones de la detención, entre otros que con precisión se encuentran establecidos en el texto del citado artículo, como desarrollo del principio acusatorio que se establece desde el inicio del mismo artículo. Es la intervención del abogado defensor la que, en último término, puede impedir, a través del ejercicio de los recursos legales conducentes, que estos derechos constitucionales del detenido se violen por las autoridades, o bien, que sus violaciones tengan consecuencias jurídicas en el proceso.
Derecho a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, como vertiente del debido proceso y del de tutela jurisdiccional. Plazo razonable.
A partir de los anteriores argumentos, es dable concluir que la Constitución establece el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, un derecho a que los tribunales resuelvan los juicios que se les planteen dentro de los plazos que establezca la ley y a que el imputado goce de un derecho constitucional subjetivo según el cual su proceso debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un enjuiciamiento expedito.
En materia penal, la Constitución decidió, respecto de este derecho, no dejar al legislador la potestad de establecer los plazos para la culminación del proceso correspondiente; sino que directamente los fijó. Así fue establecido en el antiguo texto de la fracción VIII, del apartado A, del artículo 20 constitucional, que disponía:
“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado:.. VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;...”.
De la misma manera, fue recogido en el texto vigente de la fracción VII, apartado B del mismo artículo, en el que se señala:
Tomo: CXXI
“Procesos, término para concluirlos. Resulta infundado el concepto de violación relativo a que cometida la infracción del artículo 20, fracción VIII, constitucional, debió absolverse el reo, pues la violación de que se trata de ningún modo tiene ese efecto, el cual no está previsto por la ley ni puede desprenderse de la misma, ya que el único efecto es que la autoridad que comete la infracción puede ser obligada, al declarar la Justicia Federal que se cometió, a que se dicte la sentencia que corresponda. El mencionado precepto consigna una obligación de carácter positivo para la autoridad que conocer de un proceso penal, consistente en juzgar al reo dentro de cierto término. Y se comete la violación de esa garantía individual si la autoridad no cumple con esa obligación de hacer y entonces el acto tiene carácter negativo. La reparación derivada del amparo será obligar a la autoridad a que cumpla con la obligación que le impone el precepto de la Justicia Federal, y no a tener por extinguida la acción penal, pues este efecto no está previsto por el repetido artículo 20, fracción VIII, de la Constitución”.
Resulta entonces indiscutible que para aquellos que conocieron de la controvertida película Presunto Culpable, el caso ahí desvelado palidece ante la valiente resolución pronunciada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votada por unanimidad por sus integrantes.
El pasado 24 de marzo, dentro del marco de la Iniciativa México 2011, directivos de prensa de casi 50 medios nacionales se dieron cita para firmar el Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Este pretende regular la información relacionada con el crimen organizado. Según ellos, esto les evitará ser sus voceros o que presuntos criminales se conviertan en víctimas o héroes, además de limitar imágenes y mensajes de corte violento. También se hizo el anuncio del apoyo a más proyectos sociales.
Varias incongruencias saltan a la vista. En primera instancia, el inicio de este proyecto utilizó como mejores argumentos aquellos que quiere combatir. El despliegue audiovisual y panorámico de armas, sangre, militares, luchas callejeras, policías, fallecidos y secuestrados fueron transmitidos en cadena nacional sin el menor reparo por el teleauditorio ni de las víctimas de la violencia que pretenden combatir. Ese temor que supuestamente quiere evitar Iniciativa México 2011 promulgado en voz de Héctor Aguilar Camín, fue invocado con videos de las infamias y de la degradación humana a las que se enfrentan las víctimas y sus familiares.
Tal pareciera que la violencia que quieren evitar mostrarnos, pero que conocemos mejor que ellos porque nos acompaña diariamente en nuestra condición de ciudadanos comunes, se resume a la lucha interna del crimen organizado y con las instituciones policiales y militares. Pero se olvidan de otras formas de violencia a veces veladas y la mayoría de los casos nada sutiles que perfilan la actual crisis que sufre la sociedad mexicana y que ellos mismos aprovechan para su beneficio económico. Me refiero a esa violencia que empresas como Televisa y Tv Azteca fomentan a través de programas netamente ofensivos y degradantes. Ahí están programas como Laura de México y el frustrado Ella es Niurka, talk shows de corte amarillista que explotan lo peor de la condición humana y el morbo televisivo medido en rating.
Ellos mismos quieren que nos olvidemos de la violencia mientras realizan un combate frontal y visceral por todos los medios que tienen a su alcance contra Carlos Slim, una batalla que muestra la perversidad y egoísmo corporativo de ambos bandos.
Quizá han olvidado el encono y satanización que infunden en la ciudadanía durante los tiempos electorales, particularmente contra los candidatos prontamente investidos como peligros para México que no satisfacen sus intereses mercantiles.
Quieren que aplaudamos una iniciativa que tiene como representante a Javier Aguirre, el mismo que nos conminaba a “enterrar al México de los complejos” (sic), pero que semanas después declaraba nula la posibilidad de que la Selección Mexicana de futbol llegara a disputar la Copa Mundial, antes de que fuera eliminada.
El evento de Iniciativa México 2011, con su carácter centralista, fue una pasarela de notables que conjuntó a la sociedad victoriana del siglo XXI de México. Intelectuales, empresarios, artistas y agrupaciones sociales de “gente bien” fueron actores y testigos honorarios de un acuerdo que pareciera pretender mostrar una imagen de México alejada de la realidad y, por tanto, condescendiente con la actual administración federal.
¿Dónde quedaron las iniciativas en México de ciudadanos que justamente pretenden erradicar la violencia en su máxima expresión, fomentada por las hegemonías económicas y monopolios que han abierto la brecha social entre los mexicanos?
Quizá la intención no escrita de Iniciativa México sea justamente una medida profiláctica contra todos aquellos movimientos de organizaciones sociales que luchan contra la desbocada minería, los transgénicos y las presas o que se pronuncian a favor del respeto a los derechos humanos, el maíz criollo, los mercados alternativos, las nuevas formas de relación con la naturaleza o las reivindicaciones territoriales y culturales de los pueblos indios.
Todo esto sugiere que existen dos percepciones de México: aquella de la minoría conformada por gente bien y bonita que enarbola la bandera de la paz, pero que no quiere salir de su zona de confort ni comprometer sus privilegios a favor de México, y por otro lado, la de la mayoría de mexicanos que sobrevive milagrosamente y que estarían dispuestos a todo por sacar adelante a México ante el hartazgo de un sistema clasista e injusto cuyas alternativas cada vez son menos.
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Democracy Now! le da una cariñosa despedida a Sharif Abdel Kouddous, nuestro productor jefe de noticias durante los últimos ocho años. Kouddous se sumó a Democracy Now! en 2003 justo cuando Estados Unidos invadió Irak.

References: artículo 20
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 resolución