Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0352_ES.html
Timestamp: 2019-10-18 09:46:10+00:00

Document:
INFORME sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género
Procedimiento : 2018/2077(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0352/2018
sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género
Ponente de opinión: Sirpa Pietikäinen
VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISION COMPETENTE PARA EL FONDO
– Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de 2017, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (COM(2017)0253),
– Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(1),
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en particular sus artículos 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 y 47,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Unión Europea y por todos sus Estados miembros,
– Visto el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, «Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas», y especialmente la meta 5.4, «Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país»,
– Visto el Informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 10 de mayo de 2018, «Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible»,
– Vistas las conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2017, sobre «Mejorar la asistencia y la ayuda de proximidad para la vida independiente»,
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre educación infantil y atención a la infancia: ofrecer a todos los niños la mejor preparación para el mundo de mañana(2),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, titulada «Plan de Acción de la UE 2017‑2019 - Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres» (COM(2017)0678),
– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278), y en particular su capítulo n.º 3.1: «Increasing female labour-market participation and the equal economic independence of women and men» (Incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral y promover la igual independencia económica de mujeres y hombres) (SWD(2015)0278),
– Visto el Informe de la Comisión, de 29 de mayo de 2013, sobre los objetivos de Barcelona titulado «El desarrollo de los servicios de acogida de niños de corta edad en Europa en pro de un crecimiento sostenible e integrador» (COM(2013)0322),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, titulada «Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecer a todos los niños la mejor preparación para el mundo de mañana» (COM(2011)0066),
– Visto el programa de trabajo de la Comisión sobre calidad en la educación y cuidados de la primera infancia (Ares(2018)1505951),
– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020); la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083), y la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales», (COM(2017)0250),
– Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE(4),
– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones(5),
– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional(6),
– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género(7),
– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo(9),
– Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece(10),
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre contratos atípicos, carreras profesionales seguras, flexiguridad y nuevas formas de diálogo social(11),
– Vista la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de buena calidad (COM(2018)0271), y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de la misma fecha, que la acompaña (SWD(2018)0173),
– Visto el índice de igualdad de género elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en 2015 y su informe de 2015 titulado «Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review» (Conciliación de la vida laboral, familiar y privada en la Unión Europea: revisión de la política),
– Visto el informe de Eurofound, de 7 de diciembre de 2011, titulado «Company initiatives for workers with care responsibilities for disabled children or adults» (Iniciativas empresariales relativas a los trabajadores con niños o adultos discapacitados a su cargo),
– Visto el documento de reflexión de Eurofound, de 14 de julio de 2013, titulado «Caring for children and dependants: effect on careers of young workers» (Cuidados a niños y personas dependientes: repercusiones para la carrera de los trabajadores jóvenes),
– Visto el informe de Eurofound, de 17 de junio de 2014, titulado «Residential care sector: Working conditions and job quality» (Sector de la atención residencial: condiciones laborales y calidad del empleo),
– Visto el informe de Eurofound, de 22 de octubre de 2015, titulado «Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change» (Trabajo y asistencia: medidas de conciliación en tiempos de cambio demográfico),
– Visto el informe de síntesis de Eurofound, de 17 de noviembre de 2016, titulado «Sixth European Working Conditions Survey» (Sexta Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo),
– Visto el estudio de Eurofound, de 28 de noviembre de 2017, titulado «Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers» (Residencias para europeos de edad avanzada: proveedores públicos y con o sin ánimo de lucro),
– Vista la encuesta de Eurofound, de 23 de enero de 2018, titulada «European Quality of Life Survey 2016: Quality of life, quality of public services and quality of society» (Encuesta europea sobre calidad de vida 2016: calidad de vida, calidad de los servicios públicos y calidad de la sociedad),
– Visto el informe conjunto del Comité de Política Económica y de la Comisión Europea, de 7 de octubre de 2016, titulado «Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability» (Informe conjunto sobre asistencia sanitaria y sistemas asistenciales de larga duración y sostenibilidad presupuestaria),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de septiembre de 2016, sobre los derechos de los cuidadores domésticos internos(12),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de octubre de 2014, titulado «Desarrollar servicios para la familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre los sexos en el puesto de trabajo»(13),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de mayo de 2010, sobre la profesionalización del trabajo doméstico(14),
– Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género de 2017 «Gender Equality Index Report: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015» (Índice de Igualdad de Género 2017 – Informe sobre la medición de la igualdad de género en la Unión Europea 2005-2015),
– Vistos los estudios de su Dirección General de Políticas Interiores, de marzo de 2016, titulado «Differences in men’s and women’s work, care and leisure time» (Diferencias en el tiempo de trabajo, prestación de cuidados y ocio de hombres y mujeres) y de noviembre de 2016, titulado «The use of funds for gender equality in selected Member States» (El uso de los fondos para la igualdad de género en determinados Estados miembros),
– Vista la publicación del proyecto WeDo de 2012 para el bienestar y la dignidad de las personas de edad avanzada, «European Quality Framework for Long-term Care Services: Principles and guidelines for the wellbeing and dignity of older people in need of care and assistance» (Marco europeo de calidad para los servicios asistenciales de larga duración: principios y orientaciones para el bienestar y la dignidad de las personas de edad avanzada que requieren atención y asistencia),
– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0352/2018),
A. Considerando que, conforme al artículo 2 y al artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y al artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores esenciales en los que se basa la Unión; y que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad»; que, no obstante, la consecución de la igualdad de género ha sido lenta;
B. Considerando que el pilar europeo de derechos sociales, proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, expresa principios importantes y tiene como finalidad ofrecer nuevos derechos a los ciudadanos de la Unión, en particular la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el apoyo a la infancia y la inclusión de las personas con discapacidad, que cuentan con el apoyo unánime de todas las instituciones y los Estados miembros de la Unión; que el principio 9 del pilar europeo de derechos sociales, relativo al equilibrio entre vida profesional y vida privada, establece que «los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen derecho a los permisos adecuados, a unas condiciones de trabajo flexibles y a servicios de asistencia»;
C. Considerando que, en toda la Unión Europea, la tasa de empleo general de las mujeres es casi un 12 % inferior a la de los hombres, y que el 31,5 % de las trabajadoras trabaja a tiempo parcial, frente al 8,2 % de los trabajadores; que la brecha de género en el empleo en la Unión sigue situándose en el 12 %; que los elementos de juicio disponibles muestran que una de las causas principales de ello son las desproporcionadas responsabilidades asistenciales de las mujeres; que el efecto acumulado de las numerosas brechas profesionales que afectan a las mujeres contribuye sustancialmente a que sean inferiores los salarios y la duración de las carreras, con las consiguientes brechas de género en materia salarial y de pensiones, del 16 % y el 37 % respectivamente; que de ello resulta un mayor riesgo de exposición a la pobreza y a la exclusión social para las mujeres, con efectos negativos que también se extienden a sus hijos y sus familias; que es importante colmar la brecha de género en el trabajo, la brecha salarial de género y la brecha de género en materia de pensiones, habida cuenta de que las pérdidas económicas totales debidas a la brecha de género en el empleo ascienden a 370 000 millones de euros anuales; que la prestación de servicios asistenciales puede resultar útil para dar una respuesta eficaz a la escasez de mano de obra;
D. Considerando que por «cuidados» debe entenderse el trabajo desempeñado personalmente en centros públicos o privados o en uno o varios domicilios privados atendiendo a niños, personas de edad avanzada, personas enfermas o personas con discapacidad; que, en condiciones ideales, ese trabajo deberían realizarlo cuidadores profesionales, por cuenta de centros públicos o privados o de familias o por cuenta propia, pero también es desempeñado de manera informal —y no remunerada— por cuidadores no profesionales, que suelen ser familiares de la persona que recibe los cuidados;
E. Considerando que el tiempo empleado por término medio en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es más del triple para las mujeres que para los hombres, y que esto se aprecia especialmente en las parejas en las que el menor de los hijos tiene menos de siete años, ya que las mujeres dedican por término medio 32 horas semanales al trabajo remunerado y 39 horas al trabajo no remunerado, mientras que los hombres tienen semanalmente 41 horas de trabajo remunerado y 19 horas de trabajo no remunerado;
F. Considerando que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2010 el sector del trabajo doméstico y de los cuidados empleaba a cerca de 52 millones de personas en el mundo, a los que se suman 7,4 millones de trabajadores domésticos menores de quince años, lo que representa entre el 5 y el 9 % del empleo total en los países industrializados;
G. Considerando que, en muchos Estados miembros, los empleos relacionados con la asistencia están mal pagados, a menudo no ofrecen contratos oficiales u otros derechos laborales fundamentales y son poco atractivos profesionalmente debido al alto riesgo de estrés físico y emocional, la amenaza de agotamiento profesional y la ausencia de perspectivas de carrera profesional; que el sector ofrece pocas oportunidades de formación y además sus empleados son principalmente personas de cierta edad, mujeres y trabajadores migrantes;
H. Considerando que medidas de apoyo como el sistema de deducción fiscal sueco para los servicios domésticos, el «cheque empleo de servicio universal» (CESU) francés o el «cheque de servicio» belga, han demostrado su eficacia en la reducción del trabajo no declarado, la mejora de las condiciones de trabajo y el reconocimiento de los derechos laborales legales a los trabajadores domésticos y los prestadores de cuidados;
I. Considerando que los datos demuestran que el 80 % de los cuidados prestados en la Unión corresponde a cuidadores informales no remunerados, de los que el 75 % son mujeres; que el 27,4 % de las mujeres con empleos a tiempo parcial debe cuidar de niños o adultos con necesidades asistenciales, frente al 4,6 % de los hombres(15); que la prestación de servicios asistenciales no debe forzar a los cuidadores informales a compromisos entre sus responsabilidades asistenciales y su tiempo de ocio, ya que quienes mantienen un empleo ya deben conciliar distintas responsabilidades y el uso del tiempo;
J. Considerando que algunas estadísticas nacionales muestran que aproximadamente el 6 % o el 7 % de los cuidadores en los Estados miembros son jóvenes menores de 17 años y que en el grupo de jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años hay cinco veces más mujeres que hombres que prestan cuidados; que los cuidadores jóvenes pueden tener responsabilidades graves propias de adultos relativas a prestar cuidados, asistencia y apoyo a un progenitor, hermano, abuelo o a otro familiar con discapacidad, con una enfermedad crónica o con problemas de salud mental; que los jóvenes que prestan cuidados se enfrentan a obstáculos especiales para acceder a la educación y a la formación y para conciliar la educación con dichas responsabilidades, lo que también repercute negativamente en su salud y sus medios de subsistencia;
K. Considerando que la reducción de las instituciones asistenciales públicas para niños, personas de edad avanzada y personas con discapacidad es consecuencia de los drásticos recortes en los presupuestos sociales de los Estados miembros que se impusieron de manera coordinada sobre la base de las normas y directrices de austeridad presupuestaria de la Unión, en especial tras la crisis financiera; que el deterioro de la asistencia pública constituye un síntoma esencial de la contracción del Estado de bienestar social;
L. Considerando que la crisis financiera y las medidas de austeridad impuestas han afectado gravemente a los ciudadanos y residentes de la Unión, agravando la precariedad del empleo, la pobreza, el desempleo y la exclusión social, y dando lugar a un acceso limitado o nulo a los servicios sociales y públicos;
M. Considerando que varios Estados miembros de la Unión carecen de servicios asistenciales profesionales de calidad que estén disponibles para todos, independientemente de los ingresos;
N. Considerando que muchos familiares dependientes necesitados de cuidados viven en zonas afectadas por una persistente falta de servicios públicos, y que el aislamiento u otros factores dificultan su acceso a servicios asistenciales profesionales; que en muchos casos solo pueden ser atendidas por cuidadores no profesionales, que muy a menudo son mujeres miembros de su familia;
O. Considerando que Europa tiene que hacer frente a cambios demográficos que están dando lugar a una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la edad y al envejecimiento de su población, con el consiguiente aumento de las necesidades de asistencia; que en una época de demanda creciente de cuidados, hay un reparto desproporcionado de las responsabilidades asistenciales entre los sexos, de manera que las mujeres soportan la mayor parte de la carga asistencial debido a los roles de género estereotipados que aún persisten en la sociedad europea; que el creciente número de personas de edad avanzada, la cada vez menor población activa y las restricciones presupuestarias impuestas por las medidas de austeridad están afectando significativamente a los servicios sociales, lo que repercutirá asimismo en las personas que tienen que conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, a menudo en circunstancias difíciles;
P. Considerando que se prevé que la población de la Unión siga envejeciendo y que la proporción de la población de más de 65 años pase del 17,1 % de 2008 al 30 % en 2060, y la de las personas de más de 80 años, del 4,4 % al 12,1 % en el mismo período;
Q. Considerando que las personas de edad avanzada presentan un mayor riesgo de pobreza que la población general, que en 2008 era de alrededor del 19 % para las personas mayores de 65 años, mientras que en el año 2000 era del 17 %; que esta tasa de riesgo de pobreza es 5 puntos superior para las mujeres que para los hombres;
R. Considerando que, en ocasiones, las personas de edad avanzada sufren discriminación por motivos de edad y sexo y que los malos tratos a las personas mayores, que se producen en distintos tipos de centros asistenciales, son un problema social en todos los Estados miembros;
S. Considerando que la mayoría de los modelos políticos nacionales de servicios asistenciales actualmente son inadecuados para satisfacer las necesidades de la sociedad de la Unión en proceso de envejecimiento, y que la mayoría de los Estados miembros no han abordado los desafíos demográficos en sus respectivos sistemas e iniciativas de políticas y asistencia social;
T. Considerando que, si bien el número de residencias para personas de edad avanzada ha aumentado en los últimos diez años en casi todos los Estados miembros, la demanda sigue superando la disponibilidad de viviendas independientes y de servicios de apoyo asistencial; que hay una necesidad urgente de inversiones adicionales en servicios asistenciales de larga duración de proximidad o a domicilio, pues toda persona tiene derecho a una vida independiente, a servicios de apoyo y a la integración en la comunidad; que, además, la falta de información desglosada a nivel nacional, en particular sobre inversiones financieras, y la falta de indicadores de calidad hacen difícil evaluar esta importante parte de la infraestructura asistencial y elaborar recomendaciones de cara a la adopción de decisiones;
U. Considerando que los objetivos de Barcelona de prestar cuidados al menos al 33 % de los niños de menos de tres años de edad (objetivo 1) y a al menos el 90 % de los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria (objetivo 2) se han cumplido solo en 12 Estados miembros desde 2002, con unas tasas de realización preocupantemente bajas en algunos Estados miembros, lo que no puede considerarse sino como el fracaso de la Unión en cuanto a la consecución de dichos objetivos;
V. Considerando que la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumenta la necesidad de contar con instalaciones de atención a la infancia asequibles y de alta calidad, y que la demanda de plazas en servicios de educación infantil y atención a la infancia supera a la oferta en toda Europa; que hay pruebas de que se recurre a la atención para niños de edades comprendidas entre cero y tres años sobre todo a tiempo parcial (menos de treinta horas semanales) en más de la mitad de los Estados miembros; que una participación plena de las mujeres en el mercado de trabajo exige que la atención a la infancia esté disponible a tiempo completo y cubra la demanda durante el horario laboral de los progenitores;
W. Considerando que no existen suficientes infraestructuras que ofrezcan servicios de atención a la infancia de calidad y accesibles para todos los niveles de ingresos, como pone de relieve que de los más de 32 millones de niños por debajo de la edad de escolarización obligatoria en la Unión, solo unos 15 millones de ellos tengan acceso a la prestación de servicios de cuidados de la primera infancia(16) y que el gasto público de los Estados miembros en atención a la infancia se destine sobre todo a la atención para niños a partir de los tres años hasta la edad de escolarización obligatoria; que debe aumentar la inversión desde todos los sectores, pues las pruebas disponibles en los países de la OCDE muestran que el aumento del PIB invertido en el sector asistencial daría lugar a un aumento del empleo femenino; que la inversión pública en la atención a la infancia es una estrategia que reporta beneficios a todas las partes y generaría ingresos fiscales adicionales derivados de la mayor participación de progenitores en el mercado de trabajo; que, además de complementar el papel esencial de la familia, una educación infantil y atención a la infancia de calidad ofrece numerosos beneficios a corto y largo plazo para las personas y la sociedad, en particular para las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o con necesidades educativas especiales, y es eficaz para atajar la desigualdad que afecta a los niños desde edades tempranas y para impedir el abandono escolar prematuro;
X. Considerando que la oferta de educación infantil de alta calidad en la primera infancia es una inversión eficaz que proporciona las bases de un aprendizaje permanente de éxito y hace frente a las desigualdades y los desafíos a los que se enfrentan los niños de entornos desfavorecidos;
Y. Considerando que en la Unión viven más de 80 millones de personas con discapacidad, número que va en aumento, y que uno de cada cuatro europeos tiene un familiar con una discapacidad; que, al convertirse en parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2011, la Unión se comprometió a promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad; que, a la luz de estos derechos y de las necesidades de las personas de todas las edades con discapacidad, ha habido un desplazamiento en tiempos recientes de la prestación de cuidados a personas con discapacidad en instituciones a los prestados sobre una base de proximidad;
Z. Considerando que, con arreglo al artículo 19 de la CDPD, toda persona tiene derecho a una vida independiente y a la integración en la comunidad, lo que supone no solamente que se le proporcione una vivienda independiente sino también unos servicios de apoyo que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad;
AA. Considerando que los niños y los adultos con autismo de bajo funcionamiento pueden tener problemas para realizar por su cuenta actividades cotidianas, y que normalmente necesitan ayuda con la mayoría de las actividades;
AB. Considerando que los servicios asistenciales de larga duración y la atención a la infancia a menudo están devaluados y que en muchos Estados miembros esta profesión tiene perfil y consideración bastante bajos, reflejados en los bajos salarios, la representación desigual de hombres y mujeres en la mano de obra, unas condiciones laborales deficientes y la ausencia de contratos formales de empleo;
AC. Considerando que los empleos en la asistencia formal, incluida la asistencia a domicilio, requieren personal cualificado y que debe recibir una remuneración adecuada(17); que es necesario velar por una oferta adecuada de cuidadores cualificados, pues el desarrollo de servicios asistenciales de calidad para niños, personas de edad avanzada y personas con discapacidad depende de unas relaciones laborales de calidad, unos salarios dignos e inversión para los trabajadores que prestan dichos servicios, en particular la formación de trabajadores del sector de los cuidados a los niños; que las buenas relaciones laborales de los profesionales de la asistencia influyen de manera beneficiosa en la conciliación de la vida profesional y la vida privada;
AD. Considerando que los usuarios de cuidados de larga duración pueden tener dificultades para hacer frente a servicios asistenciales privados, que normalmente son más caros que los servicios prestados por el sector público; que las mujeres siempre se ven más afectadas que los hombres por la brecha salarial de género y la brecha de género en materia de pensiones, y que deben emplear una parte más elevada de sus ingresos en cuidados de larga duración;
AE. Considerando que, según informes, las personas procedentes de entornos desfavorecidos deben hacer frente a desafíos particulares cuando hay poca disponibilidad de servicios asistenciales de alta calidad, en particular las de familias con bajos ingresos, las residentes en zonas rurales y los niños pertenecientes a minorías étnicas o de familias migrantes;
Contexto en la conciliación de la vida profesional y la vida privada
1. Observa que la brecha laboral de género se ensancha notablemente cuando las familias tienen hijos, lo que refleja las dificultades con que se enfrentan las mujeres para conciliar la educación de los niños y las responsabilidades asistenciales con su trabajo, lo que se atribuye a la falta de suficientes infraestructuras asistenciales públicas y a la persistente división del trabajo entre sexos que impone una enorme cantidad de cuidados principalmente a las mujeres, que pasan de dos a diez veces más tiempo que los hombres prestando cuidados sin remuneración(18);
2. Toma nota de que una cuarta parte de las mujeres sigue perteneciendo a la categoría de trabajadoras familiares no remuneradas, lo que significa que no reciben remuneración directa alguna, y que se produce una evidente segregación de las mujeres en sectores que suelen caracterizarse por una baja remuneración, prolongadas jornadas de trabajo y regímenes de trabajo por lo general informales, lo que da lugar a que las mujeres obtengan unas prestaciones monetarias, sociales y estructurales inferiores a los del trabajador varón medio;
3. Destaca que la feminización de la pobreza es la consecuencia de diversos factores, entre los que cabe mencionar la brecha salarial de género, la brecha en materia de pensiones, las responsabilidades asistenciales y las consiguientes interrupciones de la carrera profesional, así como unos sistemas de apoyo y tributación insuficientes para los hogares a cargo de madres solas; hace hincapié en que la discriminación múltiple que padecen las mujeres por motivos de identidad de género, expresión de género y características sexuales, entre otros, contribuye a la feminización de la pobreza;
4. Celebra la proclamación interinstitucional del pilar europeo de derechos sociales y recuerda sus principios, que incluyen:
– la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular respecto de su participación en el mercado de trabajo;
– el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de empleo, independientemente de la edad y de la discapacidad;
– el derecho a permisos adecuados, a condiciones de trabajo flexibles y a acceso a servicios asistenciales para padres y personas con responsabilidades asistenciales;
– el derecho a servicios asistenciales de larga duración asequibles y de buena calidad;
5. Expresa su preocupación por la evolución desfavorable en materia de permisos parentales y de los derechos relacionados con las responsabilidades parentales, como la retirada del proyecto de Directiva para la prolongación del permiso de maternidad y la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo por la que se considera lícito el despido de trabajadoras embarazadas en el marco de despidos colectivos; pide a la Comisión que subsane con celeridad las lagunas que aparecen en la legislación de la Unión;
6. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de Directiva relativa a la conciliación de la vida privada y la vida profesional de los trabajadores y los cuidadores, y hace hincapié, en este contexto, en la importancia de los derechos individuales a disfrutar de permisos y fórmulas de trabajo flexibles para que les sea posible gestionar la vida privada y la vida profesional; recuerda que las políticas de conciliación de la vida privada y la vida profesional deben alentar a los hombres a asumir responsabilidades asistenciales en pie de igualdad con las mujeres; considera que, a los efectos de la evolución futura, el objetivo debe ser la ampliación progresiva del permiso de paternidad y el permiso para la prestación de cuidados(19), así como su nivel de salario, que debe ser adecuado, para garantizar el permiso parental no transferible, establecer garantías en relación con el despido, la reincorporación al mismo puesto o a un puesto equivalente y la protección contra la discriminación sobre la base de decisiones de tomar un permiso, y la extensión de los derechos a los trabajadores por cuenta propia y a quienes necesiten tomar un permiso remunerado adecuadamente para cuidar a personas dependientes distintas de los niños;
7. Pide a todos los Estados miembros que incentiven a los padres para que aprovechen al máximo el permiso de paternidad, pues ello es un instrumento útil para responsabilizarlos del cuidado de sus hijos y de la familia y, al mismo tiempo, un instrumento útil para lograr una igualdad auténtica entre mujeres y hombres;
8. Cree que la prestación de servicios asistenciales no debe perjudicar el nivel salarial del cuidador ni sus prestaciones sociales o de pensión; reclama, en este contexto, que se garantice la tributación separada de los cónyuges, a fin de promover la igualdad de género en la aplicación de las políticas de conciliación de la vida privada y la vida profesional;
9. Observa la difícil situación de las familias que tienen a su cargo a un niño o un familiar con discapacidad, dado que en estos casos se trata de unos cuidados de por vida;
10. Recuerda la escasez de servicios de apoyo para los padres de hijos con discapacidad; recuerda que esta escasez a menudo imposibilita la inserción del progenitor en el mercado laboral; recuerda, en este contexto, la alarmante escasez de establecimientos para personas con autismo severo;
11. Considera que toda persona con necesidades de cuidados debería tener derecho a elegir los servicios asistenciales de calidad que mejor atiendan a sus necesidades y que sean adecuados y accesibles para ella y para sus cuidadores; opina que, independientemente de las diferencias entre los usuarios que los utilizan, los servicios asistenciales deben desarrollarse de manera individualizada y global; señala que las familias no son homogéneas y que las políticas y la programación deben adaptarse a su diversidad;
12. Cree que las decisiones relativas a los servicios asistenciales deben reflejar en su desarrollo ulterior la naturaleza cambiante del trabajo;
13. Opina que, de acuerdo con el derecho a cuidados de larga duración, proclamado en el pilar europeo de derechos sociales, los cuidados de larga duración deben considerarse una rama de la protección social, por lo que debe reconocerse el derecho a cuidados de calidad y centrados en la persona; opina asimismo que es de urgente necesidad seguir invirtiendo en servicios asistenciales de larga duración asequibles, de buena calidad y, lo que no es menos importante, de proximidad o a domicilio, de conformidad con el pilar europeo de derechos sociales y con la CDPD de las Naciones Unidas; pide a los Estados miembros, en este contexto, que garanticen la igualdad de acceso y de trato en los servicios asistenciales para las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas que requieren cuidados de larga duración, dedicando una atención especial a las personas procedentes de entornos desfavorecidos;
14. Hace hincapié en que la disponibilidad de infraestructuras de cuidados, servicios y apoyo públicos y privados variados, de calidad, accesibles y asequibles destinados a niños, personas de edad avanzada y personas con enfermedades crónicas o necesitadas de cuidados de larga duración, a domicilio o de proximidad en establecimientos del tipo de hogares, ha demostrado ser un aspecto fundamental de las políticas de conciliación de la vida privada y la vida profesional y un factor importante que promueve que tomen permisos los progenitores y los cuidadores informales, en su mayoría mujeres, como parte de los esfuerzos para ayudar a las mujeres a reincorporarse con rapidez al mercado laboral y a permanecer en él; se congratula de la transición hacia los servicios de proximidad o a domicilio, de conformidad con el pilar europeo de derechos sociales y con la CDPD de las Naciones Unidas, pero subraya al mismo tiempo la necesidad de controlar estos servicios para garantizar su calidad; considera que la calidad elevada de los cuidados se deriva de una calidad elevada de los servicios prestados y de la medida en que se preserven la dignidad y los derechos humanos de los receptores de los cuidados y de cómo se garantice su integración en la comunidad;
15. Recuerda que la falta de servicios asistenciales públicos es un importante factor subyacente a la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado de trabajo, ya que dificulta aún más conciliar las responsabilidades laborales y familiares, lo que da lugar a que algunas mujeres abandonen por completo el mercado de trabajo, trabajen menos horas en empleos remunerados y empleen más tiempo en asumir responsabilidades asistenciales no remuneradas, lo que es perjudicial para sus derechos de seguridad social, en particular las pensiones, y entraña un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente en la vejez;
16. Observa que existe una gran variedad de servicios asistenciales, como los cuidados y la educación de la primera infancia, los servicios asistenciales a personas de edad avanzada y los cuidados o el apoyo a personas con discapacidad o con enfermedades crónicas que tienen necesidades sanitarias y asistenciales de larga duración, y señala que a consecuencia de ello se han desarrollado enfoques políticos distintos; opina que los cuidados los podrían prestar cuidadores formales e informales;
17. Considera que el enfoque del desarrollo de los servicios asistenciales debe tener en cuenta todas las categorías de usuarios y sus diferencias y preferencias diversas en relación con los tipos de asistencia que requieren, incluidas personas procedentes de entornos desfavorecidos, como minorías étnicas o familias migrantes, y personas que viven en zonas rurales y alejadas y familias con bajos ingresos; recuerda que el concepto de familia utilizado en la legislación y en las políticas debe entenderse en sentido amplio;
18. Reconoce que una mala situación socioeconómica y unos niveles educativos bajos suponen para muchas personas obstáculos al acceso a los servicios asistenciales, lo que agrava los desafíos que encuentran para conciliar la vida profesional y la vida privada; que ello exige una programación y unas políticas específicas;
19. Observa que el sector privado comercial desempeña un importante papel en la prestación de servicios de cuidados de larga duración para personas con discapacidad y personas de edad avanzada, y que han surgido problemas en toda la Unión en torno a la accesibilidad y la calidad de dichos servicios; pide a la Comisión que evalúe la situación del mercado de los servicios asistenciales y que tome las iniciativas legislativas necesarias para controlar y supervisar la calidad de los servicios ofrecidos en dichas instalaciones;
Calidad, asequibilidad y accesibilidad de los cuidados
20. Considera que los servicios asistenciales deben diseñarse de manera que ofrezcan verdaderas posibilidades de elección a todos los usuarios, sus familiares y sus prestadores de asistencia, independientemente de que trabajen a tiempo completo o parcial, en régimen autónomo o estén desempleados;
21. Considera que quienes planifican, programan y prestan servicios asistenciales tienen la responsabilidad de tomar conocimiento de las necesidades de los usuarios y que los servicios asistenciales para personas de edad avanzada y personas con discapacidad deben planificarse y desarrollarse con la participación activa y significativa de los usuarios y concebirse y aplicarse con arreglo a un enfoque basado en derechos; observa las experiencias positivas derivadas de la participación de personas con discapacidad psíquica e intelectual en el desarrollo de infraestructuras y servicios que mejoran su vida independiente y su calidad de vida;
22. Señala que la prestación asistencial de calidad en la Unión varía enormemente dentro de los Estados miembros y entre unos Estados miembros y otros, entre instalaciones públicas y privadas, entre zonas rurales y urbanas, y entre los distintos grupos de edad; toma nota de que una gran parte de la atención a la infancia y de los cuidados de larga duración los prestan las familias, especialmente los abuelos en el caso de la atención a la infancia, lo que es especialmente evidente en el sur y en el este de Europa(20);
23. Pide a los Estados miembros que garanticen una buena cobertura de servicios asistenciales, tanto en zonas urbanas como rurales, con el fin de mejorar la accesibilidad y disponibilidad de servicios de prestadores de cuidados para personas de entornos desfavorecidos, en particular las que viven en zonas rurales y alejadas;
24. Considera que la accesibilidad se deriva de una combinación de costes y flexibilidad y que, por consiguiente, debe haber una gama de prestaciones asistenciales, públicas y privadas y de asistencia a domicilio y similar a la asistencia a domicilio; considera asimismo que los miembros de la familia deben poder suministrar cuidados voluntariamente o beneficiarse de subsidios para la prestación de cuidados;
25. Insiste en que la calidad de los servicios asistenciales debe entenderse de maneras muy variadas, a saber, la calidad de los centros y servicios, la calidad de los programas educativos para los niños, la profesionalidad de los prestadores de cuidados, la calidad de las instalaciones y del entorno, el nivel educativo de los prestadores de cuidados y sus condiciones laborales;
26. Observa que los servicios asistenciales deben desarrollarse de manera que se potencien la continuidad de los cuidados, la salud preventiva y la asistencia social, la rehabilitación y la vida independiente; considera que se debe incentivar el desarrollo de la prestación directa de cuidados a domicilio, de manera que las personas necesitadas de cuidados puedan beneficiarse de los servicios de profesionales cualificados en el propio hogar y puedan vivir con independencia siempre que sea posible; opina que, cuando resulte conveniente, los servicios asistenciales deben orientarse a un apoyo integral a la familia, como ayuda con las tareas del hogar, tutoría o atención a la infancia;
27. Subraya que la información sobre los servicios asistenciales y los prestadores de servicios disponibles debe ser accesible para progenitores, personas de edad avanzada, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas que requieren cuidados de larga duración y para prestadores informales de cuidados;
28. Subraya que la ausencia de servicios públicos y los costes prohibitivos de los cuidados a los niños repercuten negativamente en los niños de familias de ingresos bajos, y los coloca en una posición de desventaja desde una edad muy temprana; reitera, por consiguiente, que la prioridad de los Estados debe ser el desarrollo de redes asistenciales públicas y de calidad para todos los niños, sin distinciones que reproduzcan los estereotipos de la jerarquía de clases; hace hincapié en que todos los niños tienen derecho a cuidados y desarrollo de buena calidad en la primera infancia, en particular a una gama completa de estímulos sociales; señala que los costes excesivos de los servicios de atención también afectan y ponen en situación de desventaja a las personas dependientes de familias con ingresos bajos;
29. Opina que la falta de inversiones en atención a la infancia de alta calidad para niños menores de tres años ampliaría las interrupciones en la vida laboral de las mujeres y dificultaría su vuelta al trabajo;
30. Expresa su preocupación ante el hecho de que durante los últimos diez años haya aumentado el número de plazas en las residencias privadas más rápidamente que en las residencias públicas en casi todos los Estados miembros(21);
31. Considera que se deben reforzar los programas nacionales para mejorar la calidad de vida de las mujeres de edad avanzada, especialmente de aquellas con enfermedades invalidantes relacionadas con la memoria, y de sus cuidadores, que a menudo también son mujeres de edad avanzada; propone que se consulte a las asociaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer para la determinación y aplicación de dichas medidas;
32. Pide a la Comisión que elabore orientaciones para los Estados miembros, con arreglo a las propuestas del presente informe, sobre el desarrollo de servicios asistenciales generales, favorables al empleo, centrados en las personas, de proximidad y accesibles, que comprendan los cuidados a los niños, los servicios asistenciales a las personas de edad avanzada y los servicios asistenciales a las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, y que se basen en la participación y la consulta de los usuarios destinatarios de los servicios, a fin de garantizar que sean accesibles y cubran sus necesidades;
33. Toma nota de las distintas prácticas seguidas en los Estados miembros y hace hincapié en que la cooperación y el intercambio de mejores prácticas a nivel europeo puede apoyar el aprendizaje y el asesoramiento por pares entre los Estados miembros y puede contribuir al desarrollo de servicios asistenciales de calidad, apoyando y complementando medidas adoptadas a nivel regional y nacional, además de ayudar a los Estados miembros a afrontar desafíos comunes; pide a la Comisión que sirva de plataforma y facilite este intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios asistenciales, así como sobre los distintos modelos de prestación de servicios asistenciales ajustados a las circunstancias y a la capacidad económica de las personas para hacer frente a necesidades de cuidados;
34. Expresa su preocupación por las condiciones de trabajo en muchos servicios asistenciales, como las largas jornadas laborales, el salario inadecuado, la falta de formación y las malas políticas de salud y seguridad en el trabajo; manifiesta su preocupación al constatar que el trabajo de prestación de cuidados es considerado un sector poco atractivo para el empleo, que atrae principalmente a mujeres y a trabajadores migrantes; destaca que estas condiciones también afectan a la calidad de la asistencia prestada; pide a los Estados miembros, por tanto, una revalorización de la asistencia como elección profesional y a la Comisión que establezca un marco jurídico de normas mínimas para los trabajadores del sector, en colaboración con los interlocutores sociales, y que lance una iniciativa sobre la calidad de los cuidados de larga duración, inspirándose en las herramientas y las iniciativas voluntarias existentes originadas en la sociedad civil, como el marco europeo de calidad para los servicios asistenciales de larga duración y la reciente propuesta de Recomendación del Consejo sobre sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad;
35. Pide a los Estados miembros que vigilen y garanticen que las instituciones y organismos que ofrecen cuidados sean establecimientos seguros y motivadores para trabajar y que se invierta de manera adecuada en el bienestar y en la salud ocupacional de los prestadores de servicios asistenciales; cree que es esencial garantizar el bienestar de los prestadores de cuidados para prevenir malos tratos a los receptores de los cuidados; apoya, en este contexto, las iniciativas legislativas para certificar y reconocer a los profesionales de la prestación de cuidados y pide a los Estados miembros que adopten medidas para mejorar las condiciones laborales de los prestadores de cuidados, como garantizar sus derechos a la firma de un contrato de empleo formal y a vacaciones pagadas, y para que aumente significativamente el nivel salarial en el sector asistencial; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el reconocimiento público del valor de los servicios asistenciales con el fin de mejorar la consideración de las profesiones asistenciales y promover la participación de los hombres en las actividades de cuidados;
36. Insta a la Comisión a que presente al Consejo para su aprobación un programa europeo sobre los prestadores de servicios asistenciales, con miras a identificar y reconocer los diversos tipos de prestación informal de cuidados en Europa y garantizar un apoyo financiero a los prestadores y desarrollar progresivamente su equilibrio entre la vida profesional y la vida privada;
37. Recuerda que en su Resolución de 4 de julio de 2013 sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(22) pide específicamente una Directiva sobre los permisos de los cuidadores; observa que los miembros de la familia que decidan prestar cuidados informales a sus familiares deben recibir una compensación adecuada y acceso a derechos sociales en términos comparables con otros prestadores de cuidados; pide asimismo, por lo tanto, un enfoque general que aborde los problemas que afectan a los prestadores informales de cuidados y que vaya más allá de la legislación laboral, como el apoyo continuado a la renta, el acceso a la atención sanitaria, la posibilidad de permisos anuales y la acumulación de derechos de pensión de manera que sean suficientes, incluso durante los períodos en que el nivel de ingresos de los cuidadores es inferior transitoriamente debido a la prestación de cuidados informales, situación que afecta principalmente a las mujeres; cree que la prestación de servicios asistenciales no debe resultar perjudicial para la salud y el bienestar de los cuidadores informales; pide a los Estados miembros, en este contexto, que prevean servicios adecuados para fines de asistencia temporal y asesoramiento, asesoramiento entre pares, apoyo psicológico, centros de día y unidades de asistencia temporal para los cuidadores informales;
38. Pide a los Estados miembros que introduzcan «créditos por cuidados», a través de legislación en materia laboral y de seguridad social, para ambos sexos en forma de periodos equivalentes durante los que se puedan acumular derechos de pensión, a fin de proteger a quienes hayan dejado temporalmente el mercado laboral para dispensar de manera informal cuidados no remunerados a personas dependientes o miembros de la familia, y que reconozcan el valor del trabajo que hacen estos cuidadores para la sociedad en su conjunto;
39. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por el reconocimiento de los cuidadores informales como actores en pie de igualdad en la prestación de servicios asistenciales y asimismo que desarrollen, como parte de los programas de aprendizaje permanente, la formación de los prestadores informales de cuidados y el reconocimiento de las capacidades adquiridas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con ONG y centros de enseñanza, presten apoyo a los jóvenes que prestan cuidados; pide a la Comisión que proponga un plan de acción con esta y otras medidas para garantizar la calidad de la asistencia y la calidad de vida de los prestadores de cuidados;
40. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan una investigación sobre el número de jóvenes prestadores de cuidados y sobre el impacto del papel de cuidador en su bienestar y medios de vida y que, sobre la base de esta investigación, presten apoyo a los jóvenes que prestan cuidados y atiendan a sus necesidades específicas, en cooperación con ONG y centros de enseñanza;
41. Pide a la Comisión que tenga más en cuenta a los servicios asistenciales y a los prestadores de cuidados al desarrollar investigaciones y políticas, en particular con respecto al Fondo Social Europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad y el programa Salud para el Crecimiento;
Objetivos en materia de cuidados
42. Subraya que el actual desafío para alcanzar los objetivos de Barcelona reside en aumentar la prestación de atención a la infancia para niños de edades comprendidas entre tres y cuatro años; acoge favorablemente la recomendación de la Comisión de ampliar el objetivo de la estrategia Educación y Formación 2020 de ofrecer plazas de atención a la infancia para al menos el 95 % de los niños de edades comprendidas entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria; pide a la Comisión que, en consulta con los actores pertinentes, incluidos los Estados miembros, revise a alza los objetivos de Barcelona y los objetivos de la educación de la primera infancia; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por cumplir los objetivos y que sitúen en un lugar destacado de sus agendas políticas la prestación de asistencia; pide a los Estados miembros que mejoren los marcos nacionales de calidad de los servicios de educación infantil y atención a la infancia, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de buena calidad, y anima a los Estados miembros a que revisen cinco ámbitos clave de los servicios de educación infantil y atención a la infancia mencionados en la propuesta: acceso, mano de obra, plan de estudios, evaluación y seguimiento, y gobernanza y financiación; insta a los Estados miembros a que en el momento de proporcionar atención preescolar, no se centren solo en la accesibilidad, sino también en la calidad de los cuidados prestados, especialmente en el caso de niños de entornos desfavorecidos y de los niños con discapacidad;
43. Pide a la Comisión que establezca unos indicadores de calidad con los objetivos correspondientes en relación con los servicios asistenciales para las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, similares a los objetivos de Barcelona, con herramientas de seguimiento para medir la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de estos servicios;
44. Pide a la Comisión que incluya la asistencia a las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad o enfermedades crónicas en su seguimiento y revisión de datos en el Semestre Europeo y en el informe anual sobre igualdad de género; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de incluir en sus informes por país evaluaciones de los servicios asistenciales para las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, teniendo en cuenta la información aportada por los prestadores de cuidados y por los receptores de dichos cuidados; pide a la Comisión que incluya los datos sobre estos cuidados en un conjunto de indicadores de progreso social, que deben ser objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo; pide a la Comisión y al Consejo que incluyan estos indicadores sociales también en las normas del Semestre; anima a los Estados miembros a que adopten y apliquen medidas correctoras si los progresos resultan lentos;
45. Pide asimismo a la Comisión que mejore la recogida de datos desglosados por sexo y que desarrolle estadísticas específicas por sectores, definiciones e indicadores comparables para evaluar las dimensiones de género de la accesibilidad, la calidad, la disponibilidad y la eficiencia de los servicios asistenciales destinados a los niños, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas y las personas de edad avanzada a escala de la Unión, y que busque al tiempo modos de evitar que aumente la carga de seguimiento de los profesionales de los cuidados; pide a la Comisión que observe el desarrollo de los servicios asistenciales y que prepare recomendaciones de medidas correctoras en caso necesario;
46. Pide a los Estados miembros que recopilen datos de calidad sobre la prestación de servicios asistenciales disponibles mediante financiación pública y privada y destinados a los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, a fin de realizar un seguimiento de la situación general y mejorar los servicios asistenciales prestando atención no solamente a las necesidades de los usuarios, sino también al equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar y las condiciones laborales de los muchos prestadores de cuidados; pide a la Comisión que promueva instrumentos políticos eficaces y medidas correctoras cuando sea necesario;
Financiación de los cuidados
47. Pide a los Estados miembros que, también con vistas a atajar el actual déficit de inversiones, incrementen la inversión pública en servicios e infraestructuras asistenciales para niños, especialmente para la primera infancia, y para la asistencia a otras personas dependientes, que garanticen el acceso universal a dichos servicios, que mejoren la calidad de los cuidados y que incrementen la inversión en medidas especiales para que los prestadores de cuidados puedan mantener una vida profesional activa;
48. Observa el impacto desproporcionado que una inversión insuficiente en estructuras y servicios asistenciales públicos tiene en las familias monoparentales, la gran mayoría de las cuales están compuestas por mujeres, y en las familias que viven en la pobreza y en riesgo de exclusión social;
49. Observa la importancia de la integración de la perspectiva de género en todas las fases de ejecución de las distintas políticas y muy especialmente en la fase de programación; pide a los Estados miembros que garanticen la integración plena de la dimensión de género en los programas nacionales de reforma (PNR) con apoyo no solo del Fondo Social Europeo sino también de otros fondos de la Unión que proporcionan recursos para infraestructuras sociales generales, que deberían utilizar los Estados miembros para desarrollar servicios asistenciales;
50. Pide a la Comisión que garantice que el proceso del Semestre Europeo y la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento contribuyen a la realización del pilar europeo de derechos sociales, dejando un margen efectivo para que los Estados miembros financien y mantengan su financiación para los servicios asistenciales;
51. Apoya la inclusión en las recomendaciones específicas por país (REP) de la Comisión de medidas centradas en la inversión en centros de atención a la infancia y en los desincentivos fiscales que impiden que los segundos sustentadores —sobre todo, mujeres— trabajen más o trabajen en absoluto, así como en otras medidas para abordar la brecha salarial de género;
52. Pide a la Comisión que refuerce la prestación de financiación para todos los tipos de servicios asistenciales, con especial atención, si procede, a la transición desde servicios asistenciales en instituciones a servicios de proximidad, a través del Fondo Social Europeo Plus y otros instrumentos financieros destinados a financiar infraestructuras sociales; pide a la Comisión, en el mismo espíritu, que refuerce la provisión del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para apoyar la oferta de instalaciones de atención a la infancia en zonas rurales, y que continúe utilizando el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para la financiación de proyectos de educación infantil y atención a la infancia; pide a la Comisión asimismo que controle rigurosamente el gasto de los fondos de la Unión, especialmente en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en el ámbito de los servicios de asistencia social y de asistencia de larga duración, y que garantice que las inversiones sean conformes con las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en virtud de la CDPD de las Naciones Unidas y de la Carta de los Derechos Fundamentales;
53. Pide a la Comisión que estudie la opción de que las prestaciones de la seguridad social tengan portabilidad transfronteriza, de manera que el Estado miembro de origen de la persona pueda financiar su ingreso en un establecimiento de servicios sociales en otro Estado miembro (en el caso de que no se disponga de un establecimiento de este tipo en el Estado miembro de origen);
54. Señala que es necesario analizar mejor el potencial de inversión público-privada en la prestación de servicios asistenciales, dadas las actuales iniciativas empresariales para trabajadores con responsabilidades asistenciales respecto de personas con discapacidad y adultos;
55. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque global respecto de todos los tipos de servicios asistenciales y que refuercen las disposiciones para un uso eficiente y sinérgico de los instrumentos financieros pertinentes de la Unión en los ámbitos del aprendizaje permanente, la investigación y el desarrollo de infraestructuras; anima a los Estados miembros a que concedan prioridad a la financiación de la atención a la infancia y los cuidados de larga duración utilizando los instrumentos financieros disponibles en el próximo marco financiero plurianual, en particular los actuales FEIE, Fondos EIE, Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); anima asimismo a los Estados miembros a que distribuyan sus recursos con más eficiencia, de manera que aumenten el acceso a los servicios asistenciales y su asequibilidad por parte de grupos desfavorecidos y vulnerable, y a que diseñen modelos de financiación eficientes, incluida la financiación específica, que obtengan un equilibrio adecuado entre la inversión pública y la privada de acuerdo con las circunstancias nacionales y locales;
56. Pide a la Comisión que vele por que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) cuente con recursos adecuados para realizar un seguimiento del desarrollo de las infraestructuras asistenciales y de la aplicación de las políticas de conciliación de vida profesional y vida privada, y que analice si las políticas están logrando las mejoras previstas en la igualdad de género y de qué modo;
57. Acoge favorablemente que algunos Estados miembros hayan introducido incentivos fiscales para las empresas que proporcionan a sus empleados servicios atención a la infancia a fin de mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada;
DO L 59 de 2.3.2013, p. 59.
DO C 346 de 27.9.2018, p. 6.
DO C 331 de 18.9.2018, p. 60.
DO C 204 de 13.6.2018, p. 76.
DO C 308 de 20.10.2011, p. 49.
DO C 351 de 2.12.2011, p. 39.
DO C 487 de 28.12.2016, p. 7.
DO C 12 de 15.1.2015, p. 16.
DO C 21 de 21.1.2011, p. 39.
Comisión Europea, Informe de 2018 sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
Hoja de ruta de la Comisión 2018 y Centro Europeo de Estrategia Política (2017): «10 Trends Transforming the Education as We Know It» (Diez tendencias que están transformando la educación tal y como la conocemos).
«Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (El cuidado de los niños y de las personas dependientes: efectos en la carrera profesional de los jóvenes trabajadores).
Datos de Eurostat para 2010, informe de la Comisión de 2015 sobre igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea, 2016.
Como pedía en su Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (DO C 70 E de 8.3.2012, p. 162).
Encuesta de Eurofound sobre la calidad de vida en Europa, 2016: informe de síntesis.
«Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers» (Residencias para europeos de edad avanzada: proveedores públicos y con o sin ánimo de lucro).
La desigual intervención de hombres y mujeres de la Unión Europea en la prestación de cuidados y las actividades domésticas siguen suponiendo un desafío persistente. Según el índice de igualdad de género de 2016 publicado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, la tendencia general en Europa durante los últimos diez años ha sido negativa: la proporción de tiempo dedicado por las mujeres a cuidados, labores domésticas y actividades sociales ha aumentado en comparación con los hombres.
El hecho de que las mujeres dediquen un tiempo desproporcionado en comparación con los hombres a tareas no remuneradas tiene graves consecuencias económicas y sociales. Es un obstáculo para la consecución de los objetivos de la UE en materia de igualdad de género. En último extremo, conduce a una brecha de género de la pobreza, que alcanza su grado superior entre las personas de edad avanzada. En 2014, el promedio de la brecha de género en las pensiones en la UE alcanzaba nada menos el 40 %, debido a las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida de las mujeres y sus periodos de ausencia del mercado de trabajo. Entre las personas de 75 años de edad o más, el 22 % de las mujeres viven en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 15 % de los hombres. Esto tiene también una repercusión negativa directa para los niños y las familias. Las pérdidas económicas totales debidas a la brecha de género en el empleo ascienden a 370 000 millones de euros anuales(1).
La ausencia de permisos adecuados para prestar cuidados a otros parientes dependientes es una de las causas profundas de la desigualdad del reparto de las responsabilidades asistenciales(2). El 80 % de los servicios asistenciales prestados en la UE corresponde a cuidadores informales (no remunerados), de los que el 75 % son mujeres. Es preocupante que haya jóvenes prestadores de cuidados menores de 17 años de edad, pues la acumulación de responsabilidades repercute negativamente en su educación, su salud y sus medios de subsistencia.
La escasez de posibilidades de compaginar de manera rentable, eficiente y flexible el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares es una de las razones principales de la inactividad de las mujeres en el mercado laboral. La tasa de empleo femenino en la UE es, por término medio, del 64 %, frente al 76 % de los hombres. Las mujeres también están representadas en exceso en el empleo a tiempo parcial. Eurostat muestra que, en la UE, el 31,5 % de las mujeres trabajadoras trabaja a tiempo parcial, frente al 8,2 % de los hombres. Las responsabilidades asistenciales son la razón de la inactividad de casi el 20 % de las mujeres inactivas económicamente, mientras que solo es el caso para menos del 2 % de los hombres inactivos económicamente. Esto es contrario a la Estrategia Europa 2020 de la UE y al objetivo de alcanzar una tasa de empleo de hombres y mujeres del 75 % para 2020. También es contrario a los principios del pilar europeo de derechos sociales, incluida la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en relación con la participación en el mercado de trabajo y el derecho a servicios asistenciales de buena calidad y asequibles.
Con el envejecimiento de la población en Europa, la situación probablemente se agravará. El aumento de la demanda de asistencia, la preponderancia de los cuidados informales en Europa y la presión sobre el gasto público en algunos países hace aún más importantes para el futuro los cuidados informales. Por lo tanto, está claro que deben apoyarse los cuidados informales y que son indispensables a este respecto medidas que permitan que los cuidadores compaginen la asistencia y el trabajo.
Deben definirse los servicios asistenciales de manera que comprendan la atención a la infancia y la educación en la primera infancia, la asistencia a las personas de edad avanzada y la asistencia a las personas con discapacidad. Hay una necesidad urgente de desarrollar estos servicios asistenciales de manera que sean accesibles y flexibles para atender a las necesidades de familias diferentes y a las diversas necesidades de cuidados. Deben tomarse en consideración en particular las circunstancias especiales de las familias monoparentales, los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores con régimen de turnos. Cómo organizar las responsabilidades asistenciales en el seno de la familia y si recurrir a servicios fuera del domicilio o a domicilio debe ser una decisión individual. Todas las opciones deben recibir los mismos subsidios y el mismo apoyo. Debe haber una gama de opciones genuinas para compaginar el nivel y la extensión de los servicios con la actividad profesional. Las opciones para compaginar el trabajo con las responsabilidades asistenciales no deben repercutir negativamente en las ventajas sociales y económicas, en particular el salario y la pensión.
En el futuro, el nivel alcanzado debe aspirar a garantizar al menos 20 semanas de permiso de maternidad, que podrán compartirse con el padre, asignadas antes o después del parto. También debe haber garantías en relación con el despido, la reincorporación al mismo empleo o a un puesto equivalente y contra la discriminación a fin de proteger a quienes opten por el permiso de paternidad (de acuerdo con la posición del Parlamento en primera lectura sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia ***I). Deben extenderse progresivamente los mismos derechos a todas las personas que tengan que pedir un permiso para cuidar a otras personas dependientes con necesidad crónica de asistencia. Además, la brecha de empleo resultante debe tomarse en consideración a la hora de elaborar planes de pensiones.
Para lograrlo, los servicios asistenciales deben desarrollarse en consulta con los usuarios y clientes a los que están destinados. Deben entenderse globalmente las necesidades y percepciones relativas a la accesibilidad.
En el plano institucional, debe velarse por que puedan acceder a los servicios en particular las personas en riesgo de exclusión social. Ello es particularmente importante en razón de la naturaleza cambiante del trabajo. Deben tenerse en cuenta el impacto de la digitalización, el incremento de la productividad y el paso a una economía circular basada en los servicios. El diseño de los servicios asistenciales debe servir de apoyo para nuevos modelos de trabajo y facilitarlos.
Al mismo tiempo, es importante garantizar que las instituciones y los lugares de prestación de servicios asistenciales sean lugares seguros y estimulantes para trabajar. Si no se invierte en quienes optan por los servicios asistenciales como carrera profesional, la calidad de los servicios para niños, personas con discapacidad y personas de edad avanzada nunca será tan alta como podría.
A nivel europeo, deben desarrollarse y observarse indicadores relativos a la calidad de la asistencia. Posteriormente, podrían hacerse inversiones a partir de los Fondos Estructurales europeos para garantizar que el objetivo relativo al nivel y la calidad de los servicios pueda alcanzarse en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán que informar sobre la utilización de estos fondos con un grado de desglose suficiente para que sea posible analizar la información a nivel europeo.
Eurofound (2016): La brecha de género en el empleo: retos y soluciones.
Los prestadores de cuidados en edad de trabajar tienen dificultades para compaginar un trabajo remunerado con las responsabilidades asistenciales, por lo que pueden optar por reducir las horas de trabajo o abandonar el trabajo remunerado. Las responsabilidades asistenciales también pueden causar agotamiento y estrés. OECD (2011) Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Health Policy Studies.

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 19
 Resolución 
 Resolución