Source: https://sinbrujulaysinmapa.wordpress.com/2017/01/14/
Timestamp: 2017-05-23 01:07:08+00:00

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14 | gener | 2017 | Sin brújula y sin mapa
Como aquélla sección que semanalmente presentaba Juanjo de la Iglesia en el “Caiga quien caiga” hoy nos decidimos a enfrentar el análisis de una noticia publicada en el diario online Público.es “Las seis claves del decreto que obligará a los consumidores a plegarse a los bancos en las cláusulas suelo”
Es usual encontrarnos a diario textos que no resisten la más mínima exigencia en cuanto a los principios de ética periodística, a saber:
Equidad e Imparcialidad
En este ejercicio, podía haber elegido cualquier otra noticia, quizás una que en virtud de mis preferencias políticas resultara más interesada. Podía hacer gala de cierto utilitarismo y elegir una en la que se alabara la gestión del PP y así matar dos pájaros de un tiro, “no quiero que gobierne el PP así que vamos a echar leña al fuego”. Pero si fuera así, quizás este ejercicio adolecería de falta de independencia e imparcialidad, lo que entraría en conflicto con lo que pretendo defender.
Hechos contrastados: el TJUE ha declarado nulas las cláusulas suelo que venían incluyendo los bancos españoles en las hipotecas, existen unos 5000 casos pendientes de resolución en los tribunales españoles y hay más de 2.5 millones de contratos hipotecarios que incluyen cláusulas suelo. A partir de aquí, parece que para el diario Público todo es interpretable.
Se obvia en el texto de la noticia hacer mención del motivo que imprime la necesidad de articular un medio de resolución del conflicto extrajudicial que básicamente estriba en la evidente sobrecarga que hoy ya tienen los tribunales de justicia españoles y cómo se sobre dimensionaría el problema si mañana esos 2.5 millones de usuarios interpusieran demandas por lo civil para reclamar lo que nadie niega que es suyo.
El periódico sólo hace una concesión sobre la brevedad del procedimiento extrajudicial al que se da un plazo máximo de 3 meses es: “Esta resolución rápida beneficia al consumidor” para luego a traición añadir “sin embargo, en pocos meses los juzgados sentenciarían también a su favor en el caso de que el Gobierno decida reforzarlos para hacer frente a la avalancha, como ocurrió con las Preferentes.”
¿Se habrá preguntado el periódico el coste para los contribuyentes que tendría la sobredotación de personal en Justicia para resolver esta crisis? ¿Cuántos apoyos serían necesarios por cada uno de los partidos judiciales? ¿Cuántos nuevos jueces, secretarios, oficiales? ¿Y qué decimos del plazo? Se vienen denunciando retrasos de más de dos años en resolver pero para el Público es “cuestión de pocos meses”. ¿Está verdaderamente el periódico preocupándose por las necesidades de los consumidores o del cuerpo de la noticia se atisba cierto interés de despreciar la fórmula para resolver esta crisis?
Se habla de “obligar a los consumidores” cuando el borrador habla de “voluntariedad”, se añade que el decreto pretende “plegarse a los bancos” lo que contrasta un poco con la voluntad de establecer una solución negociada que exigiría siempre la firma del consumidor. Como “condiciones disuasorias” se habla del caso en que el consumidor no estuviera conforme con la propuesta y acudiera a la autoridad judicial para resolver, el literal de la propuesta dice que “sólo soportaría las costas del juicio el consumidor si la resolución judicial coincidiera con la propuesta de acuerdo previa de la entidad bancaria, pero el diario público decide explicárnoslo de esta otra forma “las condiciones posteriores del decreto son disuasorias para el consumidor, porque tendrá que pagar a su abogado en caso de ganar.” Van un poco más allá, sin mala intención, simplemente haciendo gala de una total y absoluta falta de contraste, interpretando que es gerundio, “Si acude directamente al procedimiento judicial, la entidad puede allanarse antes de contestar a la demanda sin condena en costas” qué pernicioso Real Decreto que evitaría la condena en costas por el allanamiento a la demanda, ¿O esto ya era así? Veamos el artículo 395.1 de la Ley de Enjuciciamiento Civil,
Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.
Bueno sería imposible a efectos prácticos condenar en costas por mala fe a una entidad que se adscribe a resolver por vía extrajudicial un conflicto. Pero ricemos el rizo, hemos venido a jugar, al final del artículo, el periódico declara que el decreto va a perjudicar a notarios y abogados que deberían redactar un nuevo contrato de hipoteca sin la cláusula nula, otro robo más del PP, olvidan de nuevo que según nuestro Código Civil la declaración de nulidad de una cláusula supone la invalidez de la misma, su ineficacia dentro del contrato que seguirá vigente en lo que no adolezca de los vicios de nulidad denunciados, es decir, no existe ninguna obligación de las partes de reescribir un contrato ni por tanto de acudir a notarios y abogados para ello.
Volvamos pues donde empezamos y refirámonos a los principios básicos de la ética periodística:
Verdad y precisión. Apenas 4 frases, no más de dos párrafos del artículo son verdaderos y precisos en cuanto a la presentación del Real Decreto.
Independencia. No vamos a confundir financiación con independencia editorial, sería fácil, es frecuente mencionar los asuntos monetarios para criticar la independencia del medio, podríamos hablar de Openbank, AirEuropa, Tuenti o algunas tiendas de moda que se anuncian en los laterales del artículo; pero vamos a exigirnos más. ¿Se debe o no se debe el diario en cuestión al sesgo ideológico de sus lectores? ¿Podrían permitirse presentar las bondades de un Real Decreto presentado por el PP y que seguramente y después del proceso de enmendaje aprobarán Ciudadanos, Coalición Canaria y el PSOE? No , no pueden, por tanto existe un interés en presentar la noticia de modo que sus lectores posicionados en su gran mayoría muy a la izquierda del tablero político “compren”, no hacen más que vender el producto que les pide su público potencial.
Equidad e imparcialidad. Bueno ha quedado patente, no se ha presentado un cálculo de lo que podría costar a los bancos hacer efectiva la deuda por las cláusulas abusivas, ni siquiera se aporta una estimación, o lo que supondría para las arcas públicas que estos litigios tuvieran que seguirse por la vía judicial normal, ni siquiera se da una previsión a los consumidores de lo que podrían tardar en ver resueltos sus casos, se habla de pocas semanas más, ¿cuántas 2,3, 100, 200 quizás?
Humanidad. No se trata de dilucidar si para el diario público.es escriben humanos, aunque sería divertido el sólo planteamiento de la hipótesis de que no sea así. Pensemos en los consumidores que realmente puedan necesitar de una resolución rápida del conflicto con las cláusulas suelo, aquél que esté parado, que deba un par de cuotas de la hipoteca, … ¿Piensan en esta gente?
Responsabilidad. Después de años de litigios, de infinidad de trabas procesales con las que se han encontrado los consumidores demandantes, por fin hay una sentencia del TJUE y por fin se pone sobre el tablero político la necesidad de articular una solución negociada, ágil y beneficiosa para las partes en conflicto ¿es necesario hablar de la elaboración del Real Decreto como si de la apertura de la caja de los truenos se tratara? ¿Es necesario hacer tan vacuo, tramposo e interesado análisis para descalificar en el fondo a los partidos políticos que tratan de resolver esta crisis social y judicial? ¿Es acaso responsable ofrecer soluciones como defender que acabemos pagando los contribuyentes por el encarecimiento del presupuesto en materia de justicia? ¿Es responsable prever una resolución judicial en pocas semanas cuando hay gente que lleva años esperando?
Llegados a este punto nos quedan dos opciones
redundar en la intención del Público.es y ofrecer la visión que sin complejos les hubiera gustado publicar, “Mariano Rajoy y el pandemonium (CS, PSOE y CC) exigirán el cuerno de un unicornio que baile flamenco a los consumidores que pretendan la devolución de la cláusula suelo”,
u ofrecer una noticia “El Gobierno disuadirá las demandas masivas en la futura norma hipotecaria de cláusulas suelo” en la que creemos se realiza verdaderamente un ejercicio ético de la labor periodística, contrastando los pros y contras del Real decreto para que en definitiva sean los consumidores y a la vez electores y votantes los que decidan las bondades de la medida.
Hasta próximos análisis.
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