Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2010/10/
Timestamp: 2018-01-22 09:46:47+00:00

Document:
JUSTICIA CIEGA: octubre 2010
Italia: La Justicia, colapsada por la superpoblación de abogados
Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia italiano, la duración media de las causas civiles que pasan por la Corte de Casación (el Supremo transalpino) es de nueve años y medio. Si el implicado es afortunado y no precisa recurrir al más alto Tribunal, la duración media se queda en seis años y tres meses. Franz Kafka encontraría inspiración de sobra en Italia si tuviera que escribir hoy “El proceso”.
¿Quién tiene la culpa de esta situación? ¿La falta de jueces y de medios? ¿El irrefrenable impulso de los italianos por pleitear? Es evidente que la escasez de magistrados y de juzgados contribuye a alargar los tiempos de los procesos, al igual que ocurre con la inclinación de los ciudadanos a recurrir a la Justicia por los motivos más nimios. Y es que la habitual frase “ti faccio causa” (te llevo a juicio) no es sólo una amenaza: en demasiados casos acaba convirtiéndose en una pesada e interminable realidad.
Existe otro elemento que explica los tiempos infinitos de la Justicia. Italia es el país europeo con mayor número de abogados, 230.000, una cifra que aumenta con las 15.000 nuevas incorporaciones que se producen cada año. Este ejército de letrados tiene que ganarse la vida de alguna manera. Poco importa el dinero y tiempo que pierden los implicados y el Estado: lo importante es impulsar nuevos procesos y dilatarlos al máximo. Echar la culpa a los abogados por la lentitud de la Justicia es algo recurrente entre los italianos. Incluso entre los que saben del tema. El último en hacerlo ha sido el magistrado Piercamillo Davigo, ex fiscal del caso Manos Limpias y hoy consejero de la Corte de Casación.
Cerca de 250 millones en indemnizaciones
Los letrados, por supuesto, rechazan esta tesis, aunque admiten que su número es excesivo. El mes pasado el Corriere della Sera denunciaba que sólo en la ciudad de Milán hay 20.000 abogados, la mitad que en toda Francia. La superpoblación de estos profesionales afecta también a nuestro país, donde hay más de 150.000 entre ejercientes y no ejercientes. Alemania, con el doble de población que España, tiene 8.000 menos. El primado europeo en número de letrados por cada diez mil habitantes lo ostenta Liechtenstein con 39. Ya se sabe que en los paraísos fiscales a los juristas no les hace falta pasarse por las oficinas de empleo público.
Para intentar resarcir a las víctimas de la lentitud de su Justicia y, de paso, ofrecer algo más trabajo a su legión de abogados, Italia cuenta con una ley desde 2001 que contempla indemnizaciones para los ciudadanos que ven cómo sus procesos se alargan más de lo previsto. Si una causa excede los tres años en el tribunal de primera instancia, el afectado tendrá derecho a recibir una cantidad como compensación por cada año extra que pase.
En menos de una década que la normativa lleva en vigor, el Ministerio de Justicia ha tenido que pagar 250 millones de euros en resarcimientos. Esta ley, en principio positiva, ha tenido un efecto indeseable para el Estado: en un desquiciante rizado del rizo son muchos los que tienen que abrir un proceso y pedir una nueva indemnización porque tarda demasiado en llegar la compensación que les corresponde por una causa anterior.
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Las demandas de jubilados argentinos, a punto de derrumbar una sede judicial
El peso de decenas de miles de expedientes con demandas de jubilados argentinos que piden aumentos salariales está a punto de derrumbar la sede de diez juzgados del fuero de previsión social en Buenos Aires. El edificio "está en el máximo admisible de peso", subraya un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el que los jueces pidieron a la Cámara Federal de la Seguridad Social buscar una solución al problema.
El edificio es el que está en la calle Marcelo T. de Alvear 1840 de esta Capital. Allí funcionan los 10 Juzgados de la Seguridad Social, repartidos 3 en el sector principal y 7 en el Anexo, que acumulan más de 400.000 expedientes por juicios de jubilados quienes reclaman que se reajusten sus haberes. Solamente en lo que va de este año, ingresaron 73.000 demandas nuevas.
De acuerdo al informe técnico, el edificio está en “el máximo admisible de peso” por las decenas de miles de expedientes que acumula. A la carga de los expedientes se agrega que en el edificio Anexo no existe salida de emergencia ni escalera de incendio, “y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes en trámite, que ya no pueden ser ubicados al interior de los Juzgados por resultar insuficiente el lugar asignado, incrementando los mismos del riesgo de la carga de fuego debido al exceso de papel”. A eso se suman “los 23 empleados por piso” y “la cantidad de letrados y público en general que transita los Juzgados”.
Un grupo de empleados judiciales reclamaron a la Cámara que se decrete feria judicial para trasladar las carpetas a otro edificio. No obstante, el gremialista Alejandro Yañez sostuvo que esto es una "solución a corto plazo", ya que con la cantidad de causas que se reciben a diario el actual inmueble volvería a colapsar en poco tiempo.
"Nosotros creemos que existe un riesgo serio de vida para nosotros y para el público en general", finalizó el sindicalista.
Fuente: que.es , clarin.com , infobae.com
Lara Cortés, intérprete jurado: "Somos como una boca y hacemos hasta mimo"
Traductora e intérprete de alemán, francés y portugués en los Tribunales. Ha estudiado además Periodismo y ha trabajado en Ginebra (Suiza) y en el archipiélago de Guadalupe, un departamento francés en el Caribe.
—¿Cómo son las traducciones en los Juzgados?
—Depende, no es lo mismo un juicio que una declaración. Tampoco es igual el acento de un francés de París que de un africano de Senegal. A veces además la persona es analfabeta y no sólo le traduces las palabras sino que debemos interpretar y explicar nuestro sistema jurídico.
—¿Trabajo complicado y de responsabilidad?
—Sin duda. Hay personas que se están jugando años de cárcel y a veces su suerte depende de lo que digan y nosotros somos su «voz» y su «palabra». Tenemos que hablar en algunas ocasiones en tono bajo sin interrumpir y molestar en un juicio, pero de forma simultánea. No se te debe ir ni una palabra, ni una coma. Te conviertes en la boca de esa persona y debes tener máxima concentración.
—¿Hay profesionales de la traducción en los Juzgados?
—Deberían ser intérpretes profesionales siempre. Sería conveniente que tuviésemos algunas nociones del caso antes de asistir al ciudadano extranjero, sería más fácil y mejor para todos. Y tendría que existir también la formación no sólo de nosotros, sino por ejemplo del juez, para que conociera más nuestro trabajo, para que no se extrañara si hace falta parar un momento la declaración porque hay que explicar mejor un término al acusado; se podrían organizar encuentros entre intérpretes y profesionales del Derecho. Creo que seguimos siendo muy desconocidos dentro de la Administración de Justicia, que no sólo es traducir. En algún caso, nos toca hacer hasta mímica.
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Andalucía: La Junta achaca a la crisis el retraso en la apertura de siete nuevos juzgados
La Junta de Andalucía ha alegado ayer jueves que siete de los quince juzgados o plazas de magistrado previstas para este año se aplazarán al primer semestre de 2011, debido a la necesidad de ajustarse al "nuevo escenario presupuestario" derivado de la crisis económica. En un comunicado, la Consejería de Justicia informa de que ha pedido al Ministerio de Justicia, al igual que otras comunidades autónomas, "reprogramar" la entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados previstos para este año.
En este sentido, el titular de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, asegura en el comunicado que "las 15 unidades judiciales están comprometidas y garantizadas, no renunciamos a nada, sino que se trata únicamente de una reprogramación porque tenemos que ser realistas".
Así, ha afirmado que la Junta "hará un esfuerzo económico importante" para poner en marcha parte de los juzgados comprometidos, que son el de Primera Instancia 9 de Almería, 11 de Córdoba y el número 19 de Granada, los de lo Penal número 14 de Málaga y 15 de Sevilla, así como el juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Sevilla.
Además, se crean sendas plazas de magistrados para la sección quinta de la Audiencia Provincial de Granada y para la Audiencia Provincial de Almería.
Estos juzgados "se consideran esenciales para el servicio público de Justicia en Andalucía".
Los juzgados aplazados son el de Primera Instancia 8 de Marbella (Málaga), el 5 de Fuengirola (Málaga), así como el de Instrucción 8 de Córdoba, y el de Vigilancia Penitenciaria 2 de El Puerto de Santa María (Cádiz).
También los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ayamonte (Huelva) y 5 de Linares (Jaén) y el de lo Penal 2 de Motril (Granada), que se abrirán en el primer semestre de 2011, según la nueva planificación.
Según la Junta, debido al escenario presupuestario actual, la planificación prevista se hará en dos fases, una hasta finales de este año y el resto hasta el 30 de junio de 2011.
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Segovia: El sexto juzgado aliviará la saturación de los tribunales de la ciudad
El deseado sexto juzgado de Segovia empezará a prestar servicio el 30 de diciembre. Sin duda, su apertura supone una buena noticia para la Audiencia Provincial que preside Andrés Palomo, quien desde hace tiempo venía reclamando en sus informes de actividad la creación y puesta en marcha de este nuevo órgano con el fin de aliviar la sobrecarga de trabajo que padecen el resto de las sedes judiciales de la ciudad.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el martes la extensa lista de más de cuarenta nuevos Juzgados de Instrucción y Primaria Instancia que comenzarán a operar en España a finales del año y Segovia es una de las plazas afortunadas. La confirmación de la instauración de esta sexta sede era ya esperada por los responsables y trabajadores judiciales, sobre todo después de que el pasado mes de junio el Ministerio que dirige Francisco Caamaño aprobara un Real Decreto por el que daba luz verde a la implantación de varios juzgados de primera instancia para dar respuesta a las demandas de infraestructuras manifestadas por las diferentes Audiencias Provinciales.
Las carencias serán menos con la llegada del nuevo año. La sede del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Segovia se instalará en el edificio de oficinas de la calle Fernán González, a los pies del Acueducto.
Cabe recordar que en ese intento de descongestionar la creciente actividad que registran las salas del vetusto edificio de la calle San Agustín, donde la Audiencia Provincial posee su sede, a finales del año 2008 ya tuvo que abrirse, en el paseo de Ezequiel González, el quinto juzgado de Instrucción y Primera Instancia. Pero en apenas unos meses este órgano también se quedó pequeño, como transmitió Palomo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el segoviano José Luis Concepción.
No se trata del único caso de masificación. La Audiencia Provincial viene advirtiendo del desbordamiento ocasional que registran algunas unidades judiciales, como el juzgado de lo Penal de Segovia, que sufre una de las mayores cargas de trabajo de la región.
Si bien el sexto Juzgado aliviará la saturación de otros tribunales de la ciudad, no solucionará el otro gran problema que padecen las infraestructuras de la judicatura segoviana, que es la dispersión.
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Pontevedra: El Mercantil en Vigo ya tramita la mitad de los concursos de acreedores de toda la provincia
El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, entró en funcionamiento el 30 de diciembre del 2009, hace menos de diez meses, y ya tramita la mitad de los concursos de la provincia de Pontevedra. Así lo prueban los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre abril y julio fueron presentadas en la provincia de Pontevedra 40 solicitudes de concurso, de las que 18 correspondieron a Vigo.
Otra prueba del volumen de trabajo que ha asumido la ciudad aparece en la lista de empresas que han suspendido pagos y que publica Webconcursal.com en Internet. Este centro de documentación establece que en el 2010 presentaron concurso 43 empresas o particulares en el juzgado vigués mientras que otros 66 lo hicieron en los dos tribunales radicados en la ciudad de Pontevedra. De las 109 solicitudes entregadas en la provincia, alrededor de 40% proceden de Vigo. Cada sala pontevedresa tramita 33 concursos de media en nueve meses, casi cuatro por mes, mientras que Vigo llega a los 43, cinco al mes.
La entrada en funcionamiento del tercer juzgado provincial en Vigo no ha podido aliviar la carga de trabajo que padecen estas salas pero sí ha valido para frenar el volumen de asuntos pendientes. Las estadísticas trimestrales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan que el mismo día que se creó el juzgado vigués, las dos salas pontevedresas tenían pendientes 643 asuntos, entre concursos y otras materias civiles de su competencia. Seis meses después, con el apoyo de Vigo a plena máquina, los casos atrasados fueron 648, cinco más que en enero. La incorporación de Vigo, al menos, impidió el colapso de estos tribunales.
Desde principios de año, los responsables de los tres juzgados han detectado un aumento de concursos, al igual que en el resto de Galicia. Las cifras son elocuentes: en el primer trimestre de 2007 entraron 16 concursos en toda Galicia, un año después la cifra subió a 42 y en el 2009 ya estaban en 94. En el 2010, rondan los 110 casos por trimestre. La tendencia de empresas que suspenden pagos sigue en alza.
En el caso de Vigo, en el primer trimestre se registraron 20 casos, en el segundo 18 y en el tercero 19. Esta ciudad absorbe la quinta parte de los concursos que entran en Galicia cada trimestre.
La carga de trabajo ha crecido en el tercer trimestre en Vigo, según revela la estadística judicial. Al comenzar el segundo trimestre, Vigo recibió 77 asuntos principales y 29 restantes, que suman 106 casos. Entre julio y septiembre, la cifra continuó en ascenso hasta el registro de 69 asuntos principales y 54 restantes, lo que equivale a 123, un 20% más que en el trimestre anterior.
Los asuntos pendientes también crecen. Vigo acumula 51 concursos en tramitación y 68 de materia civil sin resolver. En ambas materias, el Mercantil de Vigo suma 119 casos pendientes. Los concursos de acreedores requieren un largo proceso y solo están cerrados cuatro. Pero la mitad de los pleitos civiles que entraron ya están resueltos.
Concepción se opone a que los fiscales investiguen las denuncias penales
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se mostró contrario a alguna de las reformas que prepara el Ministerio de Justicia en materia de Demarcación y Planta Judicial y de administración de justicia, que prevén conceder más poder a los fiscales para instruir diligencias en materia penal (robos, homicidios, delitos económicos, mediambientales o contra la Administración Pública). Se restaría así competencias a los actuales jueces de Instrucción, algo a lo que la mayoría de la carrera judicial se opone.
Concepción, que el viernes presidió el acto de apertura del Año Judicial regional en Soria -al que asistieron medio centenar de magistrados y fiscales de la comunidad autónoma, abogados, autoridades civiles y militares-, analizó en su discurso la «época de cambios y de incertidumbre» que vive la justicia en España, y explicó que el próximo mes se pondrá en marcha en Burgos, como experiencia piloto, la nueva Oficina Judicial, con la que el Ministerio pretende mejorar este servicio y reducir el atasco de pleitos.
Pero, además, se pronunció sobre el informe elaborado por una Comisión de Expertos, a instancia del Gobierno central, que concluye en la necesidad de realizar una profunda reforma en materia de Demarcación y Planta Judicial.
Al respecto, José Luis Concepción calificó de «acertadas» la mayoría de las recomendaciones de los expertos (entre ellos Fernando Ledesma y Landelino Lavilla), pero cuestionó en presencia del fiscal superior, Manuel Martín Granizo, la atribución a los fiscales de competencias para instruir denuncias.
Aunque dijo que esta posibilidad constituye una vieja reivindicación del Ministerio Público, que cuenta «con magníficos profesionales», cuestionó esta atribución porque los miembros de la Fiscalía se encuentran vinculados por el principio de dependencia jerárquica al Gobierno, y «no resulta aconsejable, so pena de hacer peligrar la necesaria independencia que ha de ser consustancial a todos los procesos judiciales», dijo.
Concepción, que además de juez sacó la oposición de fiscal en 1990, elogió ante los 23 miembros de la Sala de Gobierno del TSJ la posible creación de los llamados tribunales de base, nuevos órganos de la judicatura que, integrados por jueces profesionales, se harían cargo de algunos pleitos de menor entidad, como son diferencias vecinales, pequeños hurtos o juicios de faltas por insultos y amenazas.
Este sistema de administración de justicia ya existió en los años setenta con los llamados jueces de Distrito. En su etapa de ministro, Fernando López Aguilar planteó la posibilidad de crear los jueces de Proximidad, grupo al que podrían acceder abogados en ejercicio y personas vinculadas a los ayuntamientos.
En un discurso menos reivindicativo que en anteriores ocasiones, el presidente del TSJ ironizó en este sentido al decir que era «curioso que los mismos que acabaron con dicha configuración, vuelvan al cabo de 20 años a tratar de reconstruir lo destruido. De sabios es reconocer errores y debemos de aplaudir esa actitud», añadió.
Con anterioridad, el fiscal superior de la comunidad explicó que el índice de diligencias había aumentado el pasado año un 5%, cuando pasó de las 149.925 denuncias a las 157.727 de 2009. Al recordar la duplicidad de denuncias en ciudades como Valladolid, Martín Granizo abogó por que los juzgados adopten «unos criterios más razonables a la hora de elaborar estadísticas».
El fiscal superior señaló que desde enero el número de fiscales en Castilla y León ha aumentado en seis hasta llegar a los 124 actuales, desplegados en 12 sedes (incluida Ponferrada y las dos del TSJ).
Por su parte, el presidente de la Audiencia de Soria, Rafael Carnicero, reconoció en su discurso las «disfunciones» creadas en el último año en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la capital, un órgano «que se estaba desmorando» por la actuación de su anterior titular, suspendido en el cargo por el Poder Judicial tras las denuncias presentadas por sus propios compañeros, abogados y procuradores. Para recuperar el trabajo acumulado, el Consejo General nombró a un juez de refuerzo.
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Badajoz: Las obras de la Ciudad de la Justicia se iniciarán en 2012
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), Julio Márquez de Prado, anunció en Zafra que las obras de la Ciudad de Justicia de Badajoz se iniciarán en el año 2012.
Márquez de Prado hizo esta afirmación durante las Jornadas de Formación Territorial de Jueces y Magistrados, un foro en el que también ha participado la portavoz del Consejo General del Poder (CGPJ), Gabriela Bravo.
El presidente del TSJEX ha dicho que, tras contactos con la subdirectora de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, Marta García, ha conocido que ya estaba lista toda la documentación de cesión de terrenos municipales al Ministerio, que los iba a aceptar y que se hallan en la zona de la Ronda Norte, en el Barrio de San Roque.
Durante el 2011 se llevaran a cabo los concursos de arquitectura y de adjudicación de las obras, que comenzarían en 2012 y que durarían entre dos y tres años.
También ha explicado que antes de finales del presente año se iniciarán las obras de los palacios de Justicia de Almendralejo (Badajoz) y de Plasencia.
Con respecto a la situación de la Justicia de Extremadura, Gabriela Bravo señaló que se puede comprobar un descenso en el número de asuntos ingresados en concreto un 5 por ciento con respecto al primer semestre del año 2009. «Salvo en la contenciosa que ha tenido un aumento de un 2,9 por ciento y la mayor disminución se ha dado en la jurisdicción social 15,2 por ciento y en la civil la reducción ha sido de un 8,2 por cien», añadió. Bravo dijo, además, que durante los años 2008 y 2009 el incremento fue grande, «aunque ahora se está reduciendo».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura afirmó que ese descenso en el volumen de asuntos ingresados en los juzgados de Extremadura se debe al incremento notable que se registró en el año 2009.
Gabriela Bravo reconoció que hace falta un mayor número de miembros en la carrera judicial y que ese incremento tiene que ir acompañado de reformas como la implantación y desarrollo de la Oficina Judicial, incorporar las nuevas tecnologías, optimizar los recursos y utilizar todos los medios informáticos para agilizar los procedimientos. No obstante, añadió que el próximo año en España se incorporarán 250 nuevos jueces y 150 fiscales.
Fuente: ABC.es , hoy.es
Valle de Pablo: "Es necesario más personal, estamos desbordados"
A sus 64 años no tiene claro que se vaya a jubilar. De hecho, el santanderino Ángel Valle de Pablo se plantea seguir desempeñando su trabajo de secretario del Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrelavega, una tarea por la que ha recibido más de un reconocimiento público. Y todo, a pesar de que la falta de personal en los Juzgados hace que los papeles se acumulen en su despacho.
-Fue usted distinguido hace unos días por la Policía Nacional con la Cruz al Mérito. ¿Se lo esperaba?
-Me propusieron hace tres años y no pudo ser, así que, sinceramente, sí me la esperaba.
-No es la primera vez que se le reconoce su trabajo.
-La primera distinción que me dieron fue la de los jefes de la Policía Local de Cantabria y la segunda la Policía Local de Torrelavega. Realmente, me siento orgulloso porque no creo que aquí en Cantabria haya ningún secretario de juzgado que las tenga. Aunque yo hago mi trabajo igual que el resto de mis compañeros y procuro que sea lo mejor posible.
-Hablemos de los Juzgados de Torrelavega. ¿Las carencias existentes se solventarán con el nuevo edificio judicial?
-Es un poco infantil pensar que un edificio pueda resolver los problemas que tenemos en Torrelavega. Resolverá el problema del edificio porque el actual es antiguo, se ha quedado pequeño, no hay sitio para poner los pleitos... El edificio nos va a venir bien, por su puesto, y por eso agradezco, sobre todo, al Gobierno de Cantabria el esfuerzo que está haciendo, pero el problema es de personal.
-Mientras no se aborde ese problema, será difícil mejorar la situación.
-Va a ser difícil. Si nos ponen un ordenador mejor, funcionaremos mejor, pero el problema es de personal y tal y como está la situación de crisis va a ser complicado resolverlo. Es cierto que el Gobierno de Cantabria está puesto en ello: nos ha hecho un edificio, habrá un nuevo programa informático..., pero necesitamos personal.
-¿Se ven ustedes desbordados de trabajo?
-Sí, nosotros actualmente estamos desbordados y máxime con la crisis que hay. La gente mete mucho pleito civil. Estamos a tope.
-¿Con la crisis hay más pleitos civiles que penales?
-El penal más o menos sigue siendo el mismo. En Torrelavega la delincuencia está estable.
-Volviendo al Palacio de Justicia. Costará siete millones de euros. ¿Está justificada esa inversión?
-Yo creo que Torrelavega se merece un edificio como ese. Somos seis juzgados, va a ver otro más posiblemente y estamos dispersos. En el actual edificio estamos cinco juzgados, la Fiscalía en otro lugar, y el sexto en otro...
-Servirá para unificar todas las sedes judiciales en un mismo lugar.
-Y tendremos unas mejores instalaciones. Todo lo que sean mejoras serán bienvenidas, pero sólo hay que darse una vuelta por las actuales instalaciones y que uno se pase por las secciones civil o penal...
-¿Cuándo esperan trasladarse?
-Pues piense que antes de las elecciones...
-Usted que convive todos los días con jueces, abogados, procuradores...¿Se comentan estas carencias a diario?
-Se comentan, sí. Por cierto, me gustaría que se reconociese la labor de los funcionarios, los eternos olvidados. Se reconoce la función del juez, del fiscal, de los abogados, de nosotros los secretarios, pero sin los funcionarios, lo que son los gestores, los tramitadores, los auxiliadores... el juez no podría dictar sentencia.
-Gente que trabaja en la sombra.
-Lo comparo con los telediarios. Se conoce al que aparece en pantalla, pero sin el trabajo que hay detrás, ese señor no podría salir a dar la cara.
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Com.Valenciana: Justicia creará sólo 8 de los 21 juzgados previstos antes de fin de año por falta de liquidez
Los 21 nuevos juzgados que debían abrir en la Comunidad Valenciana antes del próximo 28 de diciembre no van a poder ponerse en marcha por los problemas financieros del Consell. La Generalitat sólo va a habilitar antes de que acabe el año ocho órganos judiciales y ha pedido al Gobierno una moratoria para inaugurar el resto en el primer semestre del año que viene, según comunicó la conselleria a los sindicatos en la última mesa sectorial de Justicia. A pesar del retraso, Rafael Blasco, responsable de Justicia, alardeó de la "firme y decida apuesta" de la Generalitat por agilizar el trabajo judicial con 21 juzgados.
El Consell lleva años criticando al Gobierno por no autorizar la apertura de más juzgados. El Ejecutivo aprobó en junio por decreto la creación antes de 2011 de 21 nuevos en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la conselleria ahora no puede pagar.
La Conselleria de Justicia ha informado a los sindicatos de que en Valencia sólo va a poner en marcha dos juzgados mixtos en Paterna y Alzira, uno de Primera Instancia en Torrent y uno de Vigilancia Penitenciaria en Valencia. De momento, tendrán que esperar el Primera Instancia número 6 de Gandia y sendos juzgados mixtos en Carlet, Lliria, Massamagrell y Quart de Poblet.
En Alicante sólo se van a crear dos de los diez juzgados previstos. En concreto, comenzarán a funcionar el 28 de diciembre sendos juzgados de Primera Instancia en Elche y Orihuela y se han aplazado hasta 2011 los previstos en Alicante, Benidorm, Denia, la Vila Joiosa, Torrevieja, Orihuela, Novelda. En Castellón sí que arrancará en dos meses el Primera Instancia número 9 de la capital y se ha pospuesto el mixto número 5 de Nules.
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Córdoba: Los jueces dan su apoyo "unánime" a las movilizaciones de los funcionarios
La junta de jueces acordó por unanimidad apoyar de forma "incondicional" a los funcionarios de la Administración de Justicia en las medidas de presión que lleven a cabo para la puesta en marcha del Juzgado de Instrucción número 8 y la creación de una guardia de 24 horas. El juez decano, Luis Rabasa, confirmó que todos los jueces consideran "urgente" la creación de este nuevo órgano judicial, por lo que requieren que entre en funcionamiento antes de finales de año.
En esta misma línea, Rabasa indicó que, si finalmente no se procede a su creación antes de esa fecha, exigirán a la Administración competente que cumpla los compromisos que ha adquirido. Hace unos meses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió crear el octavo juzgado de instrucción, una unidad que permitirá reestructurar el trabajo, crear un sistema de guardia de 24 horas y zanjar los problemas actuales. No obstante, en estos momentos se desconoce cuando se procederá a su creación, ya que no se fijó una fecha concreta.
En cualquier caso, los jueces exigirán a la Administración de Justicia que les facilite información en la que se detalle cómo se encuentra el proceso de creación del nuevo órgano judicial y que plazos se barajan. Si tras esta petición no reciben ninguna respuesta, la junta de jueces acordó adoptar las medidas necesarias "para que nuestras demandas sean escuchadas".
En teoría, Instrucción 8 debería empezar a funcionar en diciembre, pero las semanas avanzan y cada vez es más fuerte el rumor de que su apertura se retrasará hasta primavera, pues la Junta de Andalucía está obligada a redistribuir el espacio en el palacio de justicia y a buscar un nuevo local. Los jueces y los secretarios ya han mostrado su malestar por la demora y el silencio de la Administración autonómica, pues una decisión improvisada obligaría a cambiar las agendas judiciales.
La junta de personal acordó el pasado miércoles, durante la celebración de una asamblea informativa en la que estuvieron presentes todos los sindicatos judiciales, la puesta en marcha de medidas "drásticas" para conseguir el ansiado juzgado de instrucción y el nuevo sistema de guardias.
Los funcionarios plantearon una serie de paros en la puerta de la Audiencia Provincial e, incluso, llegar a la huelga indefinida. El programa de movilizaciones está previsto que lo fijen el próximo viernes en una nueva asamblea.
Guadalajara: El Gobierno podría licitar el Palacio de Justicia en 2011
El diputado nacional del PSOE de Guadalajara, Jesús Alique, ha afirmado que el Ministerio de Justicia podría iniciar el proceso de licitación del nuevo Palacio de Justicia de Guadalajara a principios del ejercicio de 2011. Alique ha informado en un comunicado que Justicia le ha confirmado que tiene prácticamente redactado el Pliego de Prescripciones Técnicas para el Concurso del Proyecto del nuevo Palacio de Justicia de Guadalajara.
De este modo, el PSOE se defiende de las acusaciones vertidas por la senadora del PP por Guadalajara, María Ángeles Font, quien denunció el "enorme retraso" de los nuevos juzgados prometidos para Guadalajara, anunciados en 2006.
En este sentido, el diputado socialista ha acusado al PP de "mentir como bellacos y engañar de forma marrullera" a la ciudadanía sobre el proyecto constructivo del nuevo palacio, ya que el equipo de Gobierno del PP "aún no ha procedido a la cesión de la parcela que albergará el nuevo edificio judicial", situado al otro lado de la autovía A-2.
Desde 2007, el Gobierno ha reservado en los Presupuestos Generales del Estado una partida específica para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Guadalajara, con lo que, por quinto año consecutivo, la previsión económica del Gobierno central incluye una inversión de 300.000 euros, sobre una previsión global que asciende a 13,5 millones.
De hecho, el PSOE ha asegurado que el Gobierno ha cumplido con su compromiso y se ha visto obligado presupuestar año a año esta partida "ante la falta de colaboración del Ayuntamiento de la capital".
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El Tribunal Supremo desahucia a una mujer por las deudas de su ex marido
El Tribunal Supremo ha anulado el derecho de una mujer a seguir ocupando la vivienda en la que residía con sus hijas, tras separarse de su marido, después de que el inmueble fuera subastado y adjudicado a una sociedad anónima como consecuencia del impago del préstamo por su ex cónyuge. La sentencia ordena el desalojo de la demandada.
De este modo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resuelve en sentido contrario de como lo había hecho inicialmente tanto el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Colmenar Viejo (Madrid) como la Audiencia Provincial, que habían declarado la preferencia, frente al derecho de la entidad adjudicataria (Belmonte del Tajo S.A.), del derecho de la ex esposa a la posesión de la que había sido vivienda familiar.
Ahora, la sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca da la razón a la entidad adjudicataria apoyándose en los efectos del consentimiento prestado por la esposa para la hipoteca de la vivienda, situada en el municipio madrileño de Navacerrada.
Afirma el Supremo en su resolución, que el artículo 1.320 del Código Civil, que alude a los requisitos para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual, es una norma de protección de la vivienda familiar frente a las iniciativas unilaterales de uno de los cónyuges.
CONSENTIMIENTO EN LA HIPOTECA
Este artículo no puede aplicarse a este caso, según el alto tribunal, porque el que la esposa consistiera que su marido hipotecara la vivienda familiar no solo determina la validez del negocio hipotecario, sino que también trae consigo que al derecho de posesión del adjudicatario no pueda oponerse por la mujer un derecho de posesión derivado del uso del inmueble atribuido a ella y a sus hijas en sentencia de separación.
Añade el Supremo que, de no haber mediado la crisis conyugal, sin duda se habría producido el desahucio de ambos esposos como consecuencia de la adjudicación del inmueble a un tercero.
Igualmente, la sentencia rechaza que la esposa pueda ampararse en el artículo 669.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que presume que, por el mero hecho de participar en la subasta, los postores conocen la titulación del bien subastado, al no ser dicha disposición aplicable a este supuesto de hecho en la medida en que la petendida carga, es decir, el derecho de uso, es en todo caso posterior al crédito impagado por el que se ejecutaba la hipoteca consentida por la esposa.
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Palma: Una juez absuelve a un procurador que fue acusado de quedarse con el dinero de clientes
Una juez de Palma ha dictado una sentencia absolutoria en favor de un procurador de los tribunales que ejerce su profesión en los juzgados de Inca, que fue juzgado y acusado de dos delitos de apropiación indebida. En concreto, se le acusó de quedarse con el dinero de provisiones de fondos. La fiscalía solicitó en el juicio una pena de dos años de prisión, a diferencia del abogado defensor, Jaime Campaner, que reclamó la absolución de su cliente, como así ha ocurrido.
Los hechos se remontan al mes de mayo de 2003. El procurador intervenía en un proceso judicial que se tramitaba en Inca y recibió la cantidad de 5.388 euros en concepto de pago a cuenta del principal de la demanda. El acusado se quedó el dinero y no comunicó el cobro ni al abogado ni al cliente. Tres años después la abogada que llevaba el pleito descubrió a través del juzgado que el dinero se había pagado y habló con el procurador, que le reconoció que se había producido un error y le remitió la totalidad de la cantidad cobrada.
En el año 2005, también en un procedimiento judicial en Inca, en un pleito entre un banco y un cliente, se llegó a un acuerdo extrajudicial. Cobró el dinero que se debía, pero no retiró el pleito, ocasionando perjuicios al cliente.
La juez entiende que en ninguno de los dos casos el procurador tuvo intención de quedarse el dinero y le exculpa de los delitos.
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El TUE dictamina que el canon digital que se aplica en España es ilegal
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declaró ilegal cualquier tipo de canon digital que se imponga de forma indiscriminada a todos los equipos y materiales de reproducción y no únicamente a los que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas, como el que se aplica en España. No obstante, la sentencia deja en manos de la Audiencia Provincial de Barcelona determinar si efectivamente el canon español se impone de forma indiscriminada.
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Venezuela: Abogada transexual se postuló para magistrada del Supremo
Una abogada transexual y lesbiana, y activista de derechos humanos se postuló al cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, informó un comité de la Asamblea Nacional (Parlamento) que estudia las candidaturas. En un listado de aspirantes a jueces publicado el miércoles en la prensa local aparece inscrito Tomás Adrián, un hombre que recibió una operación de reasignación de sexo en 2002, y que desde entonces utiliza el nombre de Tamara Adrián.
Adrián, que ha visto impedido su deseo de cambiar legalmente de nombre debido a la normativa vigente en Venezuela, mantiene desde hace más de seis años una batalla en el TSJ por el reconocimiento de su identidad sexual.
Además, es una conocida activista de la igualdad de derechos y aboga por la eliminación de leyes discriminatorias por la orientación sexual y la identidad de género.
El Parlamento venezolano estudia 400 postulaciones para escoger nueve jueces nuevos y 32 suplentes del TSJ, informó el diputado y presidente del comité de postulaciones, Saúl Ortega, a la agencia oficial AVN.
Los magistrados del máximo tribunal venezolano son elegidos para un único periodo de 12 años, según la Constitución. El Comité que preside Ortega debe hacer una primera preselección, que será definitivamente aprobada por la plenaria de diputados.
Fuente: SUONTRAJ Seccional Mérida
Mérida, México: Herido un anciano en los juzgados civiles
En los juzgados civiles y familiares se registró un incidente: un anciano resultó herido en un elevador, fue auxiliado por una dirigente sindical, pero luego hubo una reclamación de la administración de esos tribunales contra la persona que ayudó al lesionado. El incidente hizo que resaltara una necesidad no satisfecha: la ausencia de un botiquín para atender casos menores.
El lesionado es José María Uicab Uicab, de 82 años, quien fue a un juzgado civil para hacer unos trámites. Resultó herido en la cabeza cuando usaba el elevador: la puerta se cerró y lo atrapó.
Con una herida en la ceja izquierda, fue atendido por Patricia Solís Reyes, líder del Sindicato del Poder Judicial, quien utilizó medicamentos y gasas de un botiquín que compró para los empleados del Poder Judicial.
Casi al final del incidente se registró otro, cuando la administradora de esos juzgados reclamó a la dirigente sindical que hubiera intervenido.
La SSP intervino con agentes y paramédicos para dar seguimiento al incidente.
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Victoria Cinto será la nueva viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco
La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha confirmado que la ex presidenta de la Audiencia de Guipuzcoa, María Victoria Cinto Lapuente, será la futura Viceconsejera de Justicia, en sustitución del fallecido José Manuel Fínez Ratón. Mendia ha asegurado que la magistrada es "una apasionada de la modernización de la Justicia" y de la Oficina Judicial.
María Victoria Cinto, de 51 años, nacida en San Sebastián, es magistrada desde hace 22 años, y fue una de las candidatas que se postuló a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el reciente proceso para su designación, aunque, finalmente, no resultó elegida.
Perteneciente a la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia, igual que su predecesor, Chema Fínez, fue Decana de los jueces de San Sebastián y, después, pasó a ser presidenta de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa durante los últimos 10 años.
Al acceder a la presidencia de Guipuzcoa, después de que José Luis Barragán abandonara el cargo, Cinto encontró un panorama complicado, pues acababa de dictarse la sentencia del jurado del caso 'Mikel Otegi' (que mató a dos ertzainas en Itsasondo). Además, se había expedientado a dos magistrados del órgano jurisdiccional guipuzcoano, Luis Blánquez y Coro Cillán, luego sancionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por distintas irregularidades.
Sin embargo, durante su mandato la Audiencia guipuzcoana recuperó la normalidad y una capacidad de resolución y rapidez de respuesta destacada por el máximo órgano de gobierno de los jueces.
La futura viceconsejera ha sido, además, una destacada integrante de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a cuya comisión ha pertenecido durante los últimos cinco años. Entre otras cosas, ha defendido la creación de "espacios de acogida" a los jueces jóvenes que son destinados desde la Escuela Judicial, con el fin de propiciar su arraigo en la Comunidad Autónoma.
A la experiencia de Cinto, casada con un profesor universitario y con un hijo, se une a su conocida amistad con el fallecido viceconsejero Fínez Ratón, con el que cooperó desde la Presidencia de la Audiencia de Guipuzcoa en la puesta en marcha de la experiencia piloto de la nueva oficina judicial en Irún.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Idoia Mendia ha manifestado que, José Manuel Fínez es "insustituible en su persona". "Pero el proyecto que ha dejado debe continuar, y a él le hubiera gustado que lo acabáramos, lo hemos dejado muy encarrilado y hemos buscado a la persona más adecuada para esa función y para ese destino, y María Victoria Cinto tiene a sus espaldas una magnífica gestión en la Audiencia de Guipuzcoa", ha añadido.
Según ha precisado, se trata de "una mujer con experiencia en la gestión, conocedora del poder judicial, apasionada de la modernización de la Justicia, de la nueva Oficina Judicial". "Y hemos pensado en ella como la persona que pueda sustituir a Chema Finez", ha manifestado.
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García Otero: ´Quiero que ningún canario tenga que cambiar de Isla para acudir a la Justicia´
Dotar a Canarias de mayor seguridad jurídica, potenciar la transparencia y resolver las consecuencias de la insularidad en la administración de Justicia. Con esos tres retos tomó ayer posesión de su cargo César García Otero, nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con sede en la capital grancanaria. "Hagamos un esfuerzo importante para que ningún canario tenga que salir de su Isla cuando acuda a la Sala o a un Juzgado de lo Contencioso", propuso el magistrado en su presentación.
García Otero, que eligió como madrina a Cristina Páez, compañera de Sección y aspirante a la plaza ganada por Otero tras desbancar a Francisco Gómez Cáceres, anterior presidente, centró parte de su intervención en los problemas que arrastran los juzgados isleños. En concreto, reclamó "fórmulas para acercar" su orden jurisdiccional a Lanzarote y Fuerteventura, pues el 30% de los asuntos que se dirimen en la provincia proceden de ambas Islas. Eso obliga a los ciudadanos a desplazarse continuamente a la capital grancanaria, que es donde están ubicadas las sedes de esos órganos judiciales.
"Las puertas de mi despacho están abiertas", añadió el magistrado. Antes prometió "transparencia y máxima dedicación", apostando por "potenciar" la celebración de vistas públicas como garantía constitucional de publicidad en los procesos judiciales. Y agregó que esa claridad será una "prioridad" en el ejercicio de su función.
Otero fijó como "primer" reto la "unificación de criterios" en la interpretación del Derecho por parte de juzgados y tribunales, con la finalidad de que la "seguridad jurídica" se convierta en "seña de identidad y credibilidad de Canarias", sobre todo ahora que el Tribunal Supremo no realiza esa labor unificadora al quedar restringidos los recursos de casación.
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Justicia nombra nuevos jefes forenses en Valladolid, Palencia y Salamanca
El Ministerio de Justicia ha nombrado a los nuevos responsables del Instituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca y Valladolid, una vez que los anteriores fueron destituidos por problemas internos en este ente, según han confirmado fuentes judiciales.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de estos nombramientos se hicieron la pasada semana, cuando se recogía el nombre de Victoria García Santos como nueva directora del Instituto, y de Juan Salvat Puig, como subdirector en Salamanca.
Estos cambios se deben, según han indicado las mismas fuentes, a los problemas internos que se están produciendo en la oficina salmantina en los últimos años y que todavía no se han resuelto.
Estas fuentes han explicado que los conflictos en la subdirección de Salamanca del Instituto de Medicina Legal han derivado en denuncias judiciales entre sus miembros.
Con anterioridad, el director del Instituto para Valladolid, Palencia y Salamanca era Luis Fombellida y el subdirector para la oficina salmantina, Julio Martín, pero fueron destituidos en junio por el Ministerio de Justicia para intentar enderezar el rumbo del Instituto en Salamanca.
Estos nombramientos tienen carácter de libre designación, aunque para optar a esos puestos han tenido que haber una presentación de candidaturas.
Este Instituto de Medicina Legal tiene a cerca de medio centenar de funcionarios entre personal médico, administrativos, sanitarios y psico-social, de los que 22 trabajan en las dependencias de Valladolid, 11 en las de Palencia y 16, en las de Salamanca.
En la última memoria del Instituto de Medicina Legal, de 2009, se recogían las necesidades de personal para las tres oficinas, aunque no aparecían los problemas internos que se producían en Salamanca.
En ella se indicaba que en Valladolid se necesitarían cuatro plazas más, mientras que Salamanca requeriría de tres funcionarios más y Palencia dos.
Esta memoria también reclamaba la "conveniencia" de crear "una sección de Violencia Doméstica en el Instituto" debido "al gran número de casos de violencia doméstica que se refleja en la estadística, y dado lo específico y concreto de la valoración de víctimas de violencia doméstica, así como su carácter multidisciplinar".
Córdoba: Los sindicatos anuncian movilizaciones para que no se retrase el Instrucción 8
La asamblea de trabajadores convocada por la junta de personal de Justicia, en la que están representados los sindicatos CSIF, SPJ-USO, UGT, CCOO y STAJ, acordó el miércoles llevar a cabo movilizaciones para reivindicar que el juzgado de Instrucción número 8 se ponga en marcha el próximo 30 de diciembre, tal y como estaba previsto y aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de junio.
La decisión de tomar medidas de presión se ha adoptado después de que hace unos días los sindicatos, y posteriormente los propios jueces, alertaran de que la Junta de Andalucía podría haber pedido una prórroga de seis meses para la entrada en marcha del nuevo órgano judicial, lo que también impediría la puesta en funcionamiento en las fechas previstas de la guardia de 24 horas, un servicio largamente demandado por todos los estamentos judiciales.
La incertidumbre ha crecido, además, porque la Junta no se ha pronunciado oficialmente sobre el posible retraso, lo que ha llevado a los jueces de Instrucción a celebrar también una junta sectorial para abordar el asunto.
La asamblea de los trabajadores de Justicia decidió no concretar, de momento, el tipo de protestas ni el calendario para las mismas, que quedarán fijadas en un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana. Eso sí, según informó la junta de personal, no se descartan movilizaciones de ningún tipo: desde los paros en la puerta de la Audiencia Provincial a encierros, llegando incluso a la huelga.
Alicante: El altercado del fiscal jefe de Elche en un tren llega a los juzgados
El altercado protagonizado en el mes de septiembre por el fiscal jefe de Elche, Ramón Siles, a bordo de un tren que unía Madrid con Alicante ya ha llegado a los tribunales de Alicante. Un juzgado de la capital instruye las diligencias pertinentes, después de que el interventor con el que se enfrentó Siles, hecho que provocó su expulsión del convoy, haya ratificado la denuncia ante la autoridad judicial.
Desde el entorno de este trabajador de Renfe se asegura que está soportando fuertes presiones para convencerle de que retire las acusaciones contra el representante del Ministerio Público. No obstante, al menos hasta el momento, no se plantea dar marcha atrás.
La denuncia interpuesta por el interventor, en la que precisa que nueve testigos respaldan su versión y están a disposición de los responsables del caso para prestar declaración, sostiene que Siles, además de vejar al empleado ferroviario, le amenazó gravemente. «Te vas a enterar, sé mucho de leyes, sé mucho de leyes y te voy a llevar a los tribunales», expone en su declaración el denunciante.
Los problemas surgieron porque el fiscal jefe de Elche se subió al tren sin disponer, físicamente, de su billete, aunque sí lo había comprado. No obstante, problemas mecánicos impidieron que Siles pudiese imprimirlo, por lo que Renfe le facilitó un código con el que debía resolver el contratiempo. De hecho, incluso personal de la compañía le franqueó el paso hasta el convoy que partió desde Madrid a Alicante.
El interventor, según expone en su declaración ante el Cuerpo Nacional de Policía, ratificada ahora en los juzgados, explica que Siles le mostró un tique correspondiente al tren inmediatamente anterior, el de las 18 horas, y adujo que lo había modificado por vía telefónica.
El responsable del vagón le dijo que, como caso excepcional, no le cobraría el billete, si bien le instó a acomodarse en un asiento de clase turista, en lugar de preferente. El viajero no aceptó la propuesta: «Yo no me muevo de aquí, quiero cenar», cuenta el interventor que replicó Siles, por lo que él le sugirió entonces que abonase la tarifa sencilla. «No voy a pagar un duro, ya he pagado mi billete», contestó, según la denuncia.
La situación se fue tornando más tensa, hasta el punto de que el responsable del tren solicitó la documentación a Siles. En ese momento, el fiscal gritó «que era juez y que no serviría de nada lo que estaba haciendo, que lo iba a llevar a los tribunales y que se iba a enterar de quién era él».
«Déjame en paz, véte a la mierdaa», cuenta el interventor que le llegó a espetarle el representante del Ministerio Público. Tanto se calentó el asunto que un funcionario de la Policía Nacional, con rango de comisario y que casualmente estaba presente, intentó mediar para calmar los ánimos. Pero no lo consiguió. Siles fue obligado a apearse del tren en la estación de Alcázar de San Juan, de donde al día siguiente reemprendió su viaje hasta Alicante. El altercado provocó un retraso de 20 minutos al resto de los pasajeros.
El interventor, nada más llegar a Alicante, acudió a la Comisaría a presentar una denuncia formal contra Ramón Siles por amenazas y por su comportamiento reprobable. Al día siguiente adjuntó un parte facultativo que acreditaba que padecía un cuadro de ansiedad que le había obligado a causar baja en su puesto de trabajo.
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Madrid: La Audiencia Provincial asume más de un 60% de asuntos penales de lo que le corresponde
La Audiencia Provincial de Madrid ingresa más de un 60 por ciento de asuntos penales de lo que le corresponde conforme a los módulos establecidos por el Consejo General del Poder judicial (CGPJ), lo que pone de relieve un notable desfase entre la carga de trabajo que se asume y el número de magistrados fijados para cada sección. Así lo ha manifestado la presidenta de la Audiencia madrileña, Ana María Ferrer, durante la presentación de la Memoria anual de esta sede judicial correspondiente al año 2009.
En este contexto, Ferrer ha abogado por la reorganización y optimización de recursos humanos y materiales para superar el modelo tradicional y conseguir la implantación de la nueva Oficina Judicial.
Según los datos, las secciones penales son las que soportan una mayor carga de trabajo. Así, los jueces han tenido que hacer frente a 32.064 asuntos durante el 2009, lo que supone un 7 por ciento más respecto al año anterior, y se resolvieron un total de 31.170 procedimientos.
La sobrecarga de materia en la jurisdicción penal se mantiene en 2010. En los primeros nueve meses, han entrado 577 procedimientos ordinarios; 43 juicios con jurado; 789 procedimientos abreviados; 19.229 recursos; y 4.268 recursos relativos a Violencia sobre la Mujer, frente a los 3.931 del año anterior.
De este modo, Ferrer ha subrayado que "la solución más viable" para resolver esta carga de trabajo es aumentar el número de magistrados por sección. Por ello, ha apostado por aumentar definitivamente la planta de las secciones penales de cuatro a cinco magistrados.
UN 30% MÁS EN LO MERCANTIL
En cuanto a la jurisdicción civil, ha destacado el aumento de asuntos ingresados en la sección de lo Mercantil, registrando un incremento de un 30 por ciento. Hasta el pasado septiembre, se ha registrado en concreto la entrada de 391 asuntos frente a los 300 de 2009.
Además, ha llamado la atención en el incremento de un 3 por ciento en el número de recursos relativos a Violencia sobre la Mujer, "un porcentaje que opera sobre una base numérica muy elevada. Según datos de la memoria de la Fiscalía de Madrid, presentada el pasado mes, los delitos cometidos en este ámbito durante 2009 crecieron un 19 por ciento respecto al año anterior.
En esta línea, la presidenta de la Audiencia ha destacado que desde el pasado año hay dos secciones especializadas en esta materia que ofrecen una respuesta elevadísima a la carga de asuntos relativos a la violencia machista.
En la línea de otros representantes de la Judicatura, Ferrer ha apostado por impulsar el desarrollo de la nueva Oficina Judicial, que pivota sobre el establecimiento y potenciación de los servicios comunes dirigidos por el secretario judicial.
Según Ferrer, este nuevo modelo exigirá una readaptación de las plantillas judiciales y una redefinición de los contenidos de los futuros puestos de trabajo, los cuales deben contar con el apoyo de las partes implicadas.
Asimismo, ha puesto de relieve que la Oficina Judicial exige poner fin a la actual dispersión de sedes judiciales que padece la Administración de Justicia de Madrid. La propia Audiencia de Madrid está dividida en cuatro sedes: las secciones penales en la calle de Santiago de Compostela; las civiles en la calle Ferraz; las de Familia en Francisco Gervás; y la Mercantil en Martínez Campos.
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La ley Aído fracasa: tres de cada cuatro víctimas de violencia machista no denunciaron
Son 55 las mujeres asesinadas a manos de sus maridos en lo que va de año, tantas como en todo 2009. Bibiana Aído, ministra de Igualdad, se defendia ante estas cifras argumentando que “son muchos los mecanismos y herramientas que tienen a su disposición” las mujeres que denuncian. Sin embargo, no hace mención al resto de las víctimas, al 74% que no rechista: mujeres que llevan años viviendo con sus agresores y no son conscientes de que los insultos y palizas que reciben forman parte de la famosa violencia de género. No lo ven ni ellas, ni sus familiares, ni sus amigos o vecinos. ¿Qué está fallando para que los maltratadores no dejen de matar y las víctimas no denuncien?.
No hay un perfil cultural, económico o psicológico de la maltratada ni del maltratador. Él responde a un hombre machista, emocionalmente inestable, dependiente, que sufre una enfermedad mental o, simplemente, preso de un ataque de celos momentáneo. Ella suele llevar más de diez años casada y ha recibido malos tratos físicos habitualemente y amenazas de muerte, pertenece a una clase social baja y ha abandonado a su agresor después de una larga convivencia. Los expertos coinciden: “En estos casos, el homicidio es el último episodio de una historia anterior de malos tratos”.
El plano teórico del discurso de la Ley contra la Violencia de Género es correcto: que se condene la violencia. Pero en la práctica no funciona. Francisco Serrano, juez de familia de Sevilla, no cree que lo que falle sea la ley. Lo que naufraga es la aplicación, ya que las cifras avalan que las víctimas siguen estando desprotegidas por las instituciones. “La ley no falla. Fracasan quienes tienen que aplicarla, que en lugar de valorar por qué no desciende el número de víctimas se dedican a utilizarla como arma arrojadiza”.
El problema, según Serrano, es no distinguir entre el verdadero maltrato y la conflictividad propia de cualquier ruptura. “¿No se da cuenta el Gobierno que en lugar de proteger debidamente a las víctimas estamos protegiendo situaciones de abuso?”. Según las cifras que maneja el juez, sólo el 14% de las denuncias responde a la violencia habitual, y el 86% restante son “situaciones de ruptura de pareja en las que se faltan el respeto tanto el hombre a la mujer como al revés”.
La Ley contra la Violencia de Género es la más atacada de la historia (tiene más de 200 recursos de en el Tribunal Constitucional). Y lo es no porque sea una ley mala o injusta, sino porque cumple una legislación ideológica: “arremete directamente contra la cultura que ha sostenido durante siglos que el hombre domina a la mujer”, comenta Serrano.
Más educar y menos financiar
Las administraciones deberían destinar recursos de forma racional, demostrando que realmente conocen el problema de fondo. “Se necesitan políticas en materia de familia; políticas de mediación y prevención; redefinir el concepto del maltrato, porque ni todo hombre es un maltratador ni toda mujer una víctima; invertir las relaciones necesarias para proteger a las mujeres objeto de maltrato: que le garanticen vivienda a varios cientos de kilómetros del lugar de residencia de su agresor, colegio para sus hijos y un trabajo”.
La clave, según Serrano, es la educación. “Hay que educar en igualdad, sin crear estereotipos. El maltratador tiene que saber que su conducta no es viable y ella que debe levantar el teléfono cuando él la amenace”. Según el juez, el Gobierno no se puede quedar en promulgar leyes y esperar a que se produzca el milagro. Hay que hacerlo realidad a base de trabajo continuo: educación, sensibilización, prevención, el aislamiento de los maltratadores y la recuperación eficaz de sus víctimas. Sólo así será posible congelar la violencia de género hasta conseguir la ansiada cifra de cero víctimas mortales por violencia de género.
Alicante: Dos detenidos por agredir a un funcionario de Justicia
Un agente de la Guardia Civil tuvo que ser atendido por un mordisco en un dedo y un funcionario del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, en funciones de guardia, resultó herido leve en un altercado que se produjo el martes en los pasillos del Palacio de Justicia. Los hechos se produjeron cuando varios familiares de uno de los presos -que se encontraba en los calabozos del Palacio de Justicia a la espera de entrar a juicio- se enfrentaron con el funcionario que les explicó que él no podía darle permiso para bajar a verlo a las celdas y que esta orden no formaba parte de su competencia.
La madre del preso, que fue trasladado a Alicante desde la cárcel de Castellón para asistir a un juicio como acusado, "se puso muy nerviosa y quería ver a su hijo a costa de lo que fuera", indicaron fuentes policiales. "Se trata de una familia con pocos recursos y no pueden desplazarse a Castellón, por lo que querían verlo en Alicante, pero es que el funcionario no les podía dar el permiso y la tomaron con él que fue al que le preguntaron", añadieron las citadas fuentes.
Tras el enfurecimiento de la madre, el funcionario intentó calmarla, pero otros dos chicos que iban con ella, uno de 23 años y otro menor de edad, de 16, también familiares del reo, se enzarzaron con él. Le empujaron y le tiraron del pelo al suelo entre gritos e insultos, hasta que se presentaron policías de la unidad de conducciones de los calabozos de Benalúa y la Guardia Civil, que lograron inmovilizarlos tras una ardua tarea.
Uno de los guardias civiles recibió un mordisco en un dedo, por lo que tuvo que ser atendido por las heridas. El agente continuó trabajando, con el dedo vendado y manchas de sangre visibles en los puños de la camisa. También el empleado judicial siguió su jornada laboral después del altercado. "Se ha montado una buena, ha habido un momento en que temíamos que nuestro compañero saliera bastante perjudicado", indicaron compañeros del trabajador.
El juez de guardia ordenó el arresto de los jóvenes por atentado a la autoridad, por lo que uno de ellos quedó a la espera de pasar a disposición judicial y el otro a disposición de la Fiscalía de Menores.
El pasado 20 de mayo otro guardia civil que ejerce las funciones de seguridad en los juzgados de Benalúa tuvo que ser atendido por un mordisco en un dedo que le dio un menor de edad que entró en cólera al final de un juicio al conocer que el juez del Juzgado número 3 de Menores le había condenado a ingresar en un centro por varios delitos.
Logroño: Más de treinta propuestas para el proyecto del nuevo Palacio de Justicia
Treinta y dos equipos de arquitectos han presentado al Ministerio su solicitud para acceder a la contratación de la redacción del proyecto de construcción y rehabilitación del nuevo Palacio de Justicia de Logroño, según una nota informativa remitida por la Delegación del Gobierno en La Rioja.
El proceso selectivo, una vez recibidas estas ofertas, se estima concluya antes de final de octubre. Se está procediendo al estudio y baremación de los premios recibidos y las obras realizadas con anterioridad por los equipos candidatos. De los treinta y dos equipos presentados se elegirá a los cinco mejor puntuados (hasta diez en caso de empate) y se les cursará invitación para que finalmente presenten sus ofertas de redacción del proyecto.
El análisis y adjudicación de este contrato corresponde a un órgano colegiado especializado del Ministerio de Economía y Hacienda (la Junta de Contratación).
Para este contrato, en este órgano se integran como jurado para el estudio de las 5 ó 10 ofertas los arquitectos propuestos por las instituciones interesadas, por el Ayuntamiento de Logroño: Pilar Sampedro. Directora de Urbanismo; por el Colegio de Arquitectos de La Rioja: Víctor Cotelo. Catedrático de Arquitectura; por el Ministerio de Justicia: Marta García Nart. Subdirectora General de Obras y Patrimonio, y por el Ministerio de Economía y Hacienda: Ana Jiménez. Subdirectora General de Edificaciones Administrativas.
El concurso se inició con su convocatoria el pasado 22 de Julio mediante una licitación por procedimiento restringido con intervención de un Jurado de acuerdo a lo previsto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
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Murcia: El TSJ afirma que necesita un refuerzo de funcionarios para la NOJ
La nueva oficina judicial parece cada vez más cerca. Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las 17 provincias españolas se han reunido en Murcia en un encuentro que tiene como objeto debatir el papel del juez en este nuevo modelo. La inauguración de estas jornadas tuvo como protagonista al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, que no dudó en asegurar que «en estos tiempos hace falta mucho valor para ser juez».
Durante la inauguración de estas jornadas, Dívar recalcó la necesidad de que los jueces «tengamos transparencia y acercamiento hacia aquellos que nos piden justicia». Una labor para la que, aseguró, «los jueces están dando todo lo que pueden».
El presidente del Supremo reconoció la difícil situación en la que se encuentra la judicatura con el aumento de la litigiosidad. «Hay una desproporción entre lo que se le exige al juez y lo que puede resolver compatibilizando su vida laboral y familiar». Dívar, sin embargo, no quiso entrar al trapo en el tema de la oficina judicial y prefirió dejar esta labor a los presidentes de los TSJ. Aún así, aseguró que el CGPJ piensa tomar buena nota y aplicar, «en la medida de lo posible», las conclusiones que se materialicen en este evento.
El que sí ofreció algún detalle sobre la implantación de la nueva oficina judicial fue el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, que, aunque no se atrevió a ofrecer una fecha concreta, sí avanzó que será a mediados de noviembre. «Por el momento, se han dado ya los pasos de acoplamiento de funcionarios, de nombramientos de secretarios y de reubicación física de algunos juzgados», comentó.
Martínez Moya, ha resaltado que la oficina judicial debe suponer "un revulsivo que borre las lacras que amenazan a la justicia", ya que, ha subrayado, "no podemos permanecer ajenas y nuestra actitud es involucrarnos al máximo en la senda de la transformación del nuevo modelo organizativo de justicia".
En opinión de Martínez Moya, "no es posible acercarse al Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y eficiente", a lo que se une el hecho de que "un juez solo, en una Administración de Justicia sin medios suficientes, desorganizada, lenta e ineficaz y con mala percepción social, pues difícilmente puede saciar la sed de justicia que demandan los ciudadanos en los tribunales".
De ahí que haya advertido que "son tiempos cruciales para la justicia, con un presente oscuro por la excesiva litigiosidad, los atrasos y esa mala percepción social, pero también esperanzadores, ya que la transformación el modelo organizativo empieza a dar sus frutos".
Se trata, por tanto, de "un proceso complejo que no tendrá retorno, el camino a la modernización con el objetivo de que los tiempos de respuesta sean más ágiles y cortos y que el magistrado concentre su trabajo en juzgar y hacer ejecutar los juzgados".
Para ello, ha hace falta "establecer mecanismos de coordinación con los secretarios judiciales y tender puentes de diálogo dentro de la oficina judicial para que el juez no se sienta aislado en ese nuevo modelo de oficina judicial".
Respecto al respaldo económico a este proceso, Martínez Moya aseguró que estará «muy atento a los posibles recortes que se puedan producir ya que invertir en justicia ayudará a salir de la crisis económica». Aún así, Martínez Moya dijo tener constancia de que la Comunidad piensa continuar apoyando este proceso una vez que se asuman las transferencias de justicia. «Serán necesarios planes de refuerzo, más de una veintena de funcionarios de refuerzo para poder implantar la oficina judicial».
Fuente: laverdad.es , La Ley
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Alicante: Nuevo retraso para la Ciudad de la Justicia
Nueva fecha para la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Alicante. Tras haber anunciado que se pondría a final de año, la conselleria aplaza ahora hasta febrero el acto. El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, se entrevistó con el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, para comunicarle que en esa fecha tendrá lugar esta presentación. El proyecto requiere de una inversión de 42 millones de euros.
Dado el bache presupuestario que atraviesa la conselleria, lo que se persigue es que una empresa privada se haga cargo de toda la inversión a cambio de la explotación de todos los locales comerciales que se ubicarán dentro del recinto: cafeterías, restaurantes, librerías jurídicas y hasta servicio de guardería para los hijos de los funcionarios y de otros usuarios de las dependencias.
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Caamaño insiste en "potenciar la mediación" en la resolución de conflictos
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha insistido en "potenciar la mediación" en la resolución de conflictos en materia civil y mercantil con el fin de "descongestionar los tribunales de este país". Caamaño hizo estas declaraciones con motivo de la inauguración en la Facultad de Derecho de Valladolid del Congreso "La aplicación privada del derecho de la competencia".
El ministro ha incidido en la "potenciación de la mediación con el fin de hallar respuestas judiciales más satisfactorias para la resolución de conflictos".
Así, ha recordado que "pronto" llegará el Proyecto de Ley de Mediación en ámbito civil y mercantil al Congreso de los Diputados para ser sometido a debate.
"Van a existir mediaciones obligatorias en el sentido de que en aquellos asuntos que tengan una cuantía, mercantiles o civiles superiores a tres mil euros, será necesaria intentar la mediación como requisito de legitimidad de la demanda. Antes de poder ir al juez, se tendrá que acreditar que se ha intentado la mediación", ha señalado.
En este sentido, ha manifestado: "No sólo va a permitir respuestas judiciales mucho más satisfactorias para las partes implicadas, sino que va a ayudar descongestionar los tribunales de este país".
"Aunque tuviésemos a día de hoy un sistema muy perfecto, la entrada seguiría estando atascada", ha añadido Caamaño, quien ha puntualizado que cada año entran en los juzgados mil millones de asuntos que "no todos tienen por qué llegar al juez".
Por este motivo, ha opinado que este tipo de "soluciones complementarias dan mejores resultados que la propia jurisdicción" y ha subrayado que "el acta de mediación tendrá el mismo valor que un título ejecutivo".
Se trata de unas medidas que, a su juicio, contribuirán a la "difícil" adaptación del sistema judicial español al siglo XXI y ofrecerán "un servicio de calidad a la altura de los ciudadanos", pues "la solución -ha dicho- no puede venir sólo desde un punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo".
Estas modificaciones en el Sistema Judicial, ha señalado Caamaño, proseguirán a lo largo del 2011, mientras que en noviembre comenzará la actividad de la oficina judicial de Burgos y de Murcia, las cuales contarán con un juez, una unidad de apoyo procesal y los servicios comunes que trabajarán para varios jueces.
Por otro lado, el titular de Justicia ha aludido a la ley de Arbitraje, cuyo proyecto de Ley se encuentra en trámite parlamentario con el objetivo de que "España sea competitiva en el arbitraje internacional".
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Zaragoza: Los juzgados carecen de personal para aplicar la ley de Custodia Compartida
La norma, aprobada el pasado verano por las Cortes de Aragón a propuesta del PAR, da prioridad a la aplicación del sistema de mediación familiar tanto para cerrar el primer convenio como para poder revisar el que tenga vigente una pareja. La ley lo perfila como "previo al ejercicio de acciones judiciales", y permite suspender la tramitación de estas en el momento en que sea necesario recurrir a los mediadores para determinar alguno de los aspectos en disputa, caso de la custodia o el régimen de visitas.
En este punto es en el que se pone de manifiesto la carencia de medios de los juzgados zaragozanos, explicaron fuentes judiciales. La ley no contempla aumentar la plantilla de las oficinas pese a aumentar su carga de trabajo.
Actualmente, los tribunales de la plaza del Pilar disponen de un equipo de tres psicólogos y una trabajadora social para atender a los tres juzgados de familia. Estas oficinas soportan una descomunal carga de trabajo --el año pasado recibieron 3.916 nuevos asuntos, casi veinte por jornada hábil-- que los satura y que hace que los informes de los especialistas puedan llegar a tardar hasta tres y cuatro meses en llegar a la mesa del juez. A ese volumen se le suman la revisión de casos por la ley de Custodia Compartida y el desarrollo del nuevo papel de los mediadores --fuentes judiciales lo califican de "esencial" para aplicar la nueva norma--, lo que agravará la ya práctica imposibilidad de asumir el trabajo.
Los jueces han reclamado a la DGA que habilite una nueva plaza de psicólogo, cuyo principal cometido sería asumir la mediación efectuando los primeros contactos con los afectados y derivándolos a los mediadores. El Departamento de Justicia está ultimando los trámites para incorporar a un nuevo profesional, aunque su llegada todavía no se ha hecho efectiva.
Sevilla: Justicia acecha a los funcionarios buscando irregularidades en el horario
La Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía está llevando a cabo una serie de inspecciones sorpresa en los edificios judiciales de la capital que han llegado a detectar una decena de supuestas irregularidades en el cumplimiento del horario por parte de los funcionarios. En concreto, se han detectado en el Juzgado de lo Social número 4 y en el número 5, donde se llevaron a cabo los controles hace algo más de dos semanas.
Según explicaron fuentes de la Delegación Provincial de Gobernación y Justicia, estas inspecciones tienen carácter rutinario y su cometido es vigilar el estado de las instalaciones y su funcionamiento, así como “acercase al funcionario” y ser un vehículo para sus demandas, sin que la función principal sea el control del horario.
Sin embargo, fuentes sindicales confirmaron que el Servicio de Inspección estuvo en los citados juzgados, ubicados en el Edificio Noga, unos 20 minutos esperando hasta que llegaran los funcionarios. Los inspectores se personaron en el edificio a las 8.15 horas, momento en el que en la oficina judicial sólo estaban unos dos o tres empleados públicos. El resto de la plantilla llegó a las 8.35 horas, 20 minutos después, hora en la que las actas reflejaron los inspectores como hora de entrada de la decena de funcionarios que no estaban en su puesto.
Ésta es la secuencia de hechos recogida por la inspección que, aunque no ha llegado a abrir un expediente a los funcionarios, si los ha llamado para aclarar lo ocurrido. La decena de empleados públicos, según las fuentes sindicales, sostienen que ellos llegaron a las 7.20 horas y que ficharon en su puesto de trabajo. Sin embargo, poco antes de que llegara la inspección se habían marchado a desayunar, ya que “prefieren irse a esa hora, pues es cuando aún no hay público y están algo más liberados”. Los funcionarios llegaron a las 8.35 horas, “porque tiene media hora para desayunar y los inspectores sólo estuvieron allí 20 minutos”.
Los sindicatos creen que la sospecha de la Junta es que los funcionarios se pasan la clave para ficharse unos a otros y así poder llegar más tarde, “pero esto no es una práctica que esté generalizada como ellos creen”. Por ello, creen que se trata de “una forma de asustar al personal, pero esa no es la forma de controlar si una persona trabaja o no”. De hecho, las mismas fuentes recordaron que muchos funcionarios “salen más tarde de su hora y muchas veces tienen que quedarse hasta parte de la tarde porque hay una declaración o un juicio”. Además, insistieron en que la evaluación del trabajo no se puede centrar únicamente “en el cumplimiento del horario, porque ello no implica trabajar más”.
La Junta comenzó a realizar estos controles antes del verano en varias provincias andaluzas, aunque en Sevilla se han iniciado hace algo más de un mes por toda la provincia. Justicia insiste en que el objetivo va más allá del horario, ya que se trata de comprobar in situ las carencias de materiales y detectar los problemas específicos de cada una de las instalaciones judiciales.
Asturias: La crisis incrementa la carga laboral de la justicia
La crisis está disparando los asuntos en los juzgados asturianos. Sobre todo, en los que tienen que ver con las salas sociales, mercantiles y civiles. Además de aumentar el número de causas, la recesión económica ha tenido un doble efecto en los tribunales asturianos. Y es que los juzgados tardan más en resolver los asuntos. En el último año, de media, los jueces tardaron en tener lista la sentencia un mes más que antes de que la crisis afectara a la justicia. Así lo indica el informe Justicia Dato a Dato de 2009.
Si hace dos años se empleaba, de media, cuatro meses y medio para tener lista una causa social, el año pasado se dilataba cuatro semanas más y se situaba en casi cinco meses y medio. La cifra sitúa a Asturias al mismo nivel de comunidades como Cataluña y Extremadura. Y solo tardan menos en el País Vasco y Aragón. El resto de tribunales superan el medio año para dejar resueltos este tipo de asuntos.
Echando un vistazo a años anteriores, cuando no había crisis y no había golpeado a la justicia, en 2005, por ejemplo, a los jueces apenas les llevaba cuatro meses. Pese a este informe, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destaca a Asturias, junto al País Vasco, como las dos comunidades que pueden presumir de tener una mejor situación en las salas sociales. El año pasado, estos juzgados ingresaron 2.163 despidos y casi 6.000 reclamaciones de cantidad. En relación al año anterior suponen un 33% más de despidos y casi un 10 por ciento de reclamaciones.
También aumentó el tiempo de espera en los asuntos que llegan a los juzgados de primera instancia. El año pasado cerró con una duración que rozaba el medio año. Hace un lustro, apenas superaban los cinco meses.
La recesión económica aumenta el número de concursos mercantiles que llegan a los juzgados. En un solo año, los tribunales recibieron 42 asuntos, es decir, un 33% más en la anualidad.
Pese a este incremento, Asturias no es la comunidad dónde más aumentaron estos conflictos. En Cantabria crecieron un 115% y en Madrid, un 97%. El concurso mercantil es un procedimiento o instrumento legal para tratar y solucionar la insolvencia de las empresas con la finalidad de reflotarlas, satisfacer a los legítimos acreedores y, en última instancia, su liquidación.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, en Asturias aumentaron en un año casi un 33 por ciento. Si en 2008 el Principado contabilizaba 756 ejecuciones, en 2009 la cifra superó las mil. Pese al incremento, comparando los datos con el resto de comunidades autónomas, sólo el País Vasco registró menor subida que en Asturias.
Frente a la cifra asturiana, en el otro extremo, está el caso de Aragón donde estos asuntos aumentaron más de un 97 por ciento llegando el año pasado a resolver casi 2.500. No es la que registra más ejecuciones hipotecarias. Ese primer puesto lo ocupa La Rioja donde los juzgados ingresaron 16.290 ejecutorias.
232.000 causas
Los tribunales cerraron un año marcado por la situación económica con más de 230.000 asuntos, lo que sitúa a Asturias entre las comunidades con menos asuntos. Pese a este dato, el presidente de TSJA, Ignacio Vidau, ya alertó hace unos meses que, en el caso de los juzgados civiles y sociales, los jueces no dan abasto. Eso sí, de cara a finales de este año y del próximo, los profesionales del Derecho prevén que la situación se vaya normalizando.
Según el presidente del TSJA, la tasa de resolución es “muy elevada”, ya que se han resuelto el mismo número de casos que los ingresados, lo que hace que la situación actual de los órganos judiciales asturianos sea “aceptable”. Más aún, aseguró que el Principado está “a la cabeza” en materia de resoluciones y actividad con respecto al resto de tribunales españoles.
Más de 52.000 asuntos
La región cerró el año con más de 52.100 causas judiciales pendientes. La mayoría de los asuntos pertenecen a la sala civil y penal. Entre las dos suman cerca de 40.000 causas. Comparándola con otras comunidades autónomas, el Principado ocupa los últimos puestos del ranking, sólo por encima de Navarra (24.466), Cantabria (38.614) y Extremadura (47.137). En esta lista, destaca la justicia andaluza que cerró el año con cerca de 580.000 asuntos judiciales en espera de un resolución.
Los buenos datos de Asturias se explican porque tienen la tasa de resolución más alta de todo el país. Sobre todo en el contencioso-administrativo que supera el nivel 1 de resolución. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cita el caso de Asturias como una de las comunidades que ha conseguido reducir el tiempo de resolución de estos asuntos. Así, según sus datos, si hace dos años se tardaban 26,2 meses en resolver una causa contenciosa, el año pasado los jueces consiguieron reducir la cifra hasta los 22,7 meses.
En cuanto a la tasa de pendencia, los juzgados asturianos también están situados en una buena posición respecto al resto de tribunales. Mientras la peor situación la tienen en Castilla la Mancha, Murcia, Valencia y Canarias, Asturias repite y vuelve a colocarse entre las tres comunidades, junto a Aragón y Navarra con una menor tasa de pendencia, por debajo de la media española.
Publicado por LIBRA a las 9:59 0 comentarios
Castilla-La Mancha: Dimas Cuevas denuncia un recorte del 75% para inversiones en Justicia
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Justicia negoció con Industria para gastarse 50 millones “como fuera”
A poco más de un año del fin de la legislatura, el llamado plan Caamaño para la modernización de la Justicia en España, uno de los proyectos estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es difícil que se convierta en realidad. El Ministerio de Justicia, que tiene que modernizarse, y el de Industria, que debe gestionar técnicamente el proceso de modernización, se están tirando los trastos a la cabeza y se acusan mutuamente de no saber qué hacer y cómo invertir el dinero presupuestado.
En definitiva, se imputan unos a otros falta de capacidad y experiencia para acometer un trabajo de tal envergadura.
El pasado mes de mayo, viendo que el plazo se estaba agotando, José de la Mata, subdirector general de Nuevas Tecnologías de la Justicia, pidió ayuda a Red.es para “gastar”, antes del 30 de junio, los 50 millones de euros presupuestados para la adquisición de equipos y software para tres de los hitos del plan: Centro de Proceso de Datos, Grabación de Salas de Vistas e Informatización de los Juzgados de lo Penal. En caso contrario, el dinero debía volver a las arcas del Estado. Por ello, desde Justicia pedían a Industria un esfuerzo de imaginación para invertir el dinero, por supuesto, sin pasar por una licitación pública, para la que no había tiempo material.
En un documento interno, el pasado 7 de mayo se celebró una reunión entre Red.es, la empresa pública dependiente de Industria para el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y los responsables del Ministerio de Justicia. El autor del informe pone en antecedentes al director general de Red.es, Sebastián Muriel, del estado de la cuestión y dice que, en lugar de haber colaborado en el diseño de un plan de sistemas informáticos que son los cimientos sobre los que luego se debían determinar qué equipos de hardware y qué software se requerían, y reconoce que se han pasado los meses enfrentados y desconfiando unos de otros. “La situación que preocupa a José de la Mata” –dice textualmente el informe– “es que tienen que gastar un presupuesto brutal, 50 millones de euros, antes de junio y que las decisiones de compras tienen que parecer lógicas en los gastos”. El responsable de Red.es dice que les recomendó a sus colegas de Justicia: “Si estáis desesperados por gastar y sabéis en qué, ¿a qué esperáis?”. Y, dirigiéndose a su director general, continúa: “No deberíamos estar implicados por el riesgo que supone. Si tienen tanta prisa por gastar, que contraten lo que quieran y ya veremos cómo se va ajustando un plan de sistemas a las decisiones que tomen”.
Según el documento, los pasos a seguir debían ser: “Coger a un grupo de empresas –por supuesto de confianza– y decirles que en un mes hagan un análisis y una propuesta de qué comprar. Comprar por catálogo –ni siquiera había tiempo de ver los equipos–. Los problemas que esto supone es que las decisiones son sin fundamento real y estamos hablando de mucho dinero público; vamos, que es para portada del diario El Mundo tomar decisiones así. Caes en manos de las empresas, que te venderán lo que quieran. Y después, un plan de sistemas serio puede llegar a la conclusión de que las decisiones tomadas no tienen sentido”.
El autor del informe, José Ignacio Sánchez Valdenebro, director adjunto de Servicios Públicos de Red.es, continúa afirmando que los responsables del Plan de Modernización de la Justicia “no tienen el conocimiento suficiente ni la proyección de necesidades a largo plazo que les permita tomar alguna decisión lógica aparte de la que les diga el fabricante, que será la de la máquina más cara y más gorda. Vamos, que si ésta es la solución, voy a hablar con los fabricantes para que me busquen un hueco y hago la venta de la década de una tacada”.
El informe finaliza de esta manera: “No saben qué hacer, cómo hacerlo y la gente que tienen [en la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia] no tiene capacidad de tomar decisiones porque no saben de sistemas [informáticos]. ¿Y qué coño han estado haciendo hasta ahora?”.
La situación que se describe en el documento se refiere únicamente a algunos de los capítulos incluidos en el Plan de Modernización de la Justicia. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos puestos en marcha por el Gobierno Zapatero, en el que andan involucrados varios departamentos ministeriales con presupuestos millonarios.
Publicado por LIBRA a las 11:58 2 comentarios
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References: Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 669
 resolución 
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