Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-682-16.htm
Timestamp: 2017-10-20 21:41:19+00:00

Document:
T-682-16
Sentencia T-682/16
En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe declararse improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de la Corte ha señalado que los medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través de la acción electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que este tipo de procesos pudiese tener.
PROCESO DE SELECCION EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia de la acción de tutela
PROCESO DE SELECCION EN CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Alcance del artículo 164 de la ley 270/96
La Ley 270 de 1996 señala que la carrera judicial tiene como fundamento el carácter profesional de funcionarios y empleados, la eficacia de su gestión, la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio. A efectos de ocupar los cargos de carrera en la rama judicial, se requiere, además de los requisitos de ley, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección aprobado en las evaluaciones previstas en la ley y de conformidad con los reglamentos que expida el Consejo Superior de la Judicatura.
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Etapas de selección y clasificación
El concurso de méritos comprende dos etapas: La selección y clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente registro de elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La etapa de clasificación tiene por finalidad establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del registro para cada clase de cargo y de especialidad.
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Obligación de realizar el proceso de selección para proveer los cargos de funcionarios de la rama judicial cada dos años, según art. 164 de la ley 270 de 1996
Considera la Sala que el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, establece una obligación en cuanto a la realización del proceso de selección para proveer los cargos de funcionarios de la rama judicial cada dos años, lo anterior, teniendo en cuenta que este proceso de selección, busca proveer la vacante existente con la mejor opción, sobre la base de que la carrera judicial tiene en el principio del mérito el fundamento principal para su ingreso. En consecuencia, con el fin de que los servidores judiciales sean las personas con mayor experiencia conocimiento e idoneidad, deben entonces las autoridades administrativas judiciales cumplir con la función de procurar la vinculación de funcionarios idóneos, lo que debe buscarse a través de los procesos de selección establecidos en la ley para ello. Es así como el Consejo Superior de la Judicatura está en la obligación de desplegar la gestión necesaria, no solo para reglamentar la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria de justicia, sino para el cumplimiento de procesos ágiles que permitan contar con un registro de elegibles al momento de presentarse las vacantes, funciones que le son encomendadas conforme la normativa constitucional y legal que regula el tema.
La Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los participantes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa.
CONVOCATORIA EN CONCURSO DE MERITOS DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA RAMA JUDICIAL-Norma que reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la administración
La convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe. Las reglas del concurso autovinculan y controlan a la administración, y se vulnera el derecho del debido proceso cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Solo en casos excepcionales, y por “factores exógenos”, como señala el precedente de la Corporación, cuando se varían las etapas o normas, dicha modificación debe ser publicitada a los participantes. Reglas que deben ser precisas y concretas, con el fin de que los aspirantes tengan un mínimo de certeza frente a las etapas del proceso de selección y la duración de las mismas, que no los someta a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas.
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Vigencia de la lista de elegibles es por cuatro (4) años
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Nombramientos de funcionarios en provisionalidad no podrá exceder de seis meses, mientras se designa al titular por el sistema de selección
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Obligación del Consejo Superior de la Judicatura cumplir términos previstos para realizar los concursos en la rama judicial y conformar lista de elegibles que tendrá vigencia de cuatro años
DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Orden al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, realizar gestiones y actuaciones para iniciar una nueva convocatoria para el concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial
Expediente T-5.685.390
María Elena Caicedo, José Vallejo Goyes y Melissa Andrade Ruiz
Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y Escuela Judicial Rodrigo José Lara Bonilla.
En la revisión del fallo dictado el 12 de mayo de 2016, por la Sección Segunda Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual se modificó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral[1], en el sentido de amparar el derecho fundamental del debido proceso administrativo, y “estarse a lo resuelto en el numeral tercero de la sentencia de 17 de marzo de 2016, proferida en la acción de tutela No.05001-23-33000-2015-02566-01”. En la que se ordenó: “al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o a quien haga sus veces y al Director de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, que dentro de los 30 días siguientes a partir de la notificación de esta sentencia se emita un cronograma con plazos razonables para la ejecución de cada una de las etapas restantes del concurso de méritos No. 22 señalado en el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013”.
2.1. Manifiestan los accionantes que se encuentran inscritos en la Convocatoria No.22 adelantada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para proveer los cargos de funcionarios en la Rama Judicial, cuya norma reguladora es el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, proferido por dicha Corporación. Advierten que superaron la prueba de conocimientos que es eliminatoria y con la cual se inició el proceso para conformar la lista de elegibles.
2.2. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, la convocatoria comprende las etapas de: (i) Concurso de méritos; (ii) Conformación del Registro Nacional de Elegibles; (iii) Elaboración de listas de candidatos; iv) Nombramiento y v) Confirmación. El concurso de méritos se compone de la Fase I, la Prueba de Conocimientos y Psicotécnica y la Fase II, Curso de Formación Judicial.
2.3. Las etapas y fases del concurso que se encuentran finalizadas son: la prueba de conocimientos que fue presentada el 1 de diciembre de 2014, la publicación de resultados, el 12 de febrero de 2015, (Resolución CJRES1520 del 12 de febrero de 2015), y la etapa de resolución de recursos de reposición contra los resultados de la prueba de conocimientos, el 24 de septiembre de 2015 (Resolución No. CSRES15-252).
2.5. En vista de la situación presentada con el concurso, se han radicado distintas solicitudes por parte de los concursantes de todo el país respecto del “inició del VII Curso de Formación Judicial en la Convocatoria No.22”. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Carrera Judicial, manifestaron que la evolución de las correspondientes etapas del concurso dependen de múltiples factores tales como el proceso de contratación y la resolución de impugnaciones, razón por la cual, no es posible establecer fechas ciertas para el cumplimiento de las fases que restan. De igual manera, aduce que es necesario la expedición del Acuerdo Pedagógico.
2.10. Los accionantes señalan que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de agosto de 2000, (Rad. 2245), determinó que la Unidad de Carrera Judicial no está obligada a presentar los resultados de la Convocatoria No.22 dentro de un plazo prudente, pues la Constitución y la ley no establecen términos para la duración de los concursos públicos de méritos en la Rama Judicial. Frente a esta decisión se alega que dicho razonamiento resulta equivocado pues si bien se señaló que el Decreto Ley 052 de 1987 y la Ley 270 de 1996 no establecen un término perentorio para la conformación de las listas de elegibles, el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, reconoce la provisionalidad como un fenómeno temporal cuya duración es hasta de 6 meses, y el Acto Legislativo 002 de 2015, en su artículo 18 transitorio, literal h) dispone que los concursos de méritos que adelanta la Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite sin solución de continuidad, lo que no implica que la Unidad de Carrera Judicial tenga una patente de corso para prolongar indefinidamente los concursos de méritos sin sujeción a plazos razonables, lo que resulta contrario al artículo 125 de la Constitución Nacional y al artículo 163 de la Ley 270 de 1996. Concluyen que si existe un vacío normativo, este no puede interpretarse como una autorización para omitir el deber de diligencia y celeridad en las actuaciones administrativas, sino que debe llenarse aplicando analógicamente las diversas reglas que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que son obligatorias para todas las autoridades públicas, de conformidad con los términos que establece el Código Contencioso Administrativo en materia de plazos.
2.12. Finalmente, consideran los accionantes que en un Estado Social de Derecho, la única forma de acceso a la carrera administrativa es a través del mérito, por consiguiente, las actuaciones de las autoridades deben encaminarse a la consecución de los fines establecidos en la carta política y en el contexto actual en el que las listas anteriores perdieron vigencia se deben adoptar conductas que no impidan el avance razonable de los procesos. El aprobar y adelantar un concurso de méritos en varias de sus fases da lugar al nacimiento de expectativas legítimas de acceder al cargo público para el concursante, las cuales, no pueden verse frustradas porque una autoridad pública decidió abstenerse de ejecutar sus propios mandatos. Es así como existe un derecho a que las convocatorias para proveer cargos públicos concluyan dentro de un término razonable, y por ende, a que no se dilaten de manera indefinida, siendo la acción de tutela el único medio idóneo. Agregan que el proceso ha sido similar en otras convocatorias, habiendo prosperado la acción de tutela para su avance.[2]
Solicitan los actores de la presente acción de tutela que se ordene a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o a la entidad que haga sus veces, adelantar las actuaciones que sean necesarias para que en el término de 48 horas se expida el Acuerdo Pedagógico, que rija el curso de formación judicial previsto por el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, en el marco de la Convocatoria 22. A la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de 48 horas publique un cronograma en el que se indiquen las fechas razonables en las que se agotarán los pasos que hacen falta para terminar la Convocatoria No. 22, sin que en ningún caso la sumatoria de dichos plazos, hasta la expedición del registro de elegibles sea superior a 12 meses. A la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, que dentro del término de 48 horas al Acuerdo Pedagógico cite a inscripción al curso de formación judicial a los aspirantes que en la Convocatoria No. 22, aprobaron la prueba de conocimientos.
-Sentencia de tutela del 25 de agosto de 2015, Radicado No. 2300102-04-000-2015-0146-00, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería Sala Penal. (Folio 8)
-Sentencia del 1º de septiembre de 2015, en la acción de tutela Rad. 520011102000-2015-000-517-00, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria (Folio 23)
-Oficio DEJRH-9907, del 15 de diciembre de 2015, dirigido a la Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, en la que se da respuesta al Oficio enviado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en relación con el proyecto de Convenio Interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Folio 51, y 143 a 145).
-Memorando EJM15-676 del 6 de noviembre de 2015, referente al Marco lógico, anexo técnico y demás especificaciones para contratar, brindar soporte logístico y tecnológico para el desarrollo y ejecución del VII Curso de Formación Judicial Inicial. (Folio 129).
- Oficio DEJRH-9173, del 17 de noviembre de 2015, mediante el cual se remiten los documentos para contratar el soporte logístico y tecnológico para el desarrollo de la ejecución civil del VII Curso de Formación Judicial (Folio 131 a 132)
-Oficio EJOF15-3478, en el que se contesta la comunicación DEAJRH15-9173 del 20 de noviembre de 2015, respecto de la inclusión de recursos, para contratar la supervisión y apoyo, para el VII Curso de Formación Judicial (Folio 133 a 139).
-Oficio DEAJ15-1431, del 3 de diciembre de 2015, mediante el cual se solicita el contrato interadministrativo celebrado con la UNAD. (Folio 140).
- Oficio EJOF15-3666, del 10 de diciembre de 2015, dirigido a la Dra. Celinea Oróstegui de Jiménez, Directora Ejecutiva de Administración Judicial. (Folio 141 y 142).
-Oficio del 24 de julio de 2015, relacionado con la autorización de vigencias futuras 2016, en Gastos de Inversión. Incluye el anexo técnico para la realización del VII Curso de Formación Judicial Inicial (Folio 146 a 258).
- Propuesta Integral para el Desarrollo Tecnopedagógico del VII Curso de Formación judicial inicial para los Aspirantes a Magistrados y Jueces de la República en todas las especialidades y jurisdicciones de conformidad con los lineamientos y metodología establecidos por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (folio 291 a 316).
Durante el término otorgado para el efecto, la Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla manifestó por escrito que el Curso de Formación Judicial que le corresponde adelantar como centro de formación inicial y continua de la Rama Judicial, constituye la Fase II del Concurso de Méritos convocado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA13-9939, del 25 de junio de 2013, Convocatoria No. 22, para la conformación del Registro Nacional de Elegibles, respecto de la provisión de los cargos de Jueces y Magistrados del régimen de carrera judicial, que se encuentran vacantes en todas las especialidades y jurisdicciones.
La Directora de la Unidad de Carrera Judicial, solicitó declarar improcedente, la presente acción de tutela puesto que no se demostró, si quiera de manera sumaria, el perjuicio irremediable. Informó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Carrera Judicial, han adelantado todos los trámites a su cargo y que son necesarios para dar impulso a la Convocatoria. Así mismo manifestó que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que la convocatoria realizada, mediante el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, constituye apenas una expectativa de quienes tienen interés de participar en el concurso de méritos para los cargos que expresamente allí se señalan; que la participación en el concurso no implica un derecho adquirido, lo que fue declarado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del 6 de julio de 2015 Radicado No. 11001032550002013001524-00.
Mónica Jiménez Reyes coadyuva la acción con base en los siguientes argumentos: Estima que la acción es procedente, puesto que no existe ninguna acción judicial que permita al juez constitucional realizar una juicio de fondo para determinar si existe la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, y acceso a cargos públicos. Considera que la demora de la Convocatoria No. 22 se materializa por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional, la Administración Judicial Nacional y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quienes deben realizar los trámites correspondientes para la contratación del curso de formación judicial. Su demora vulnera los principios axiales de la función administrativa. Advirtió que en otras convocatorias de entidades públicas como la Procuraduría General de la Nación, los procesos son sumamente ágiles y cuentan con cronogramas definidos en comparación con la Convocatoria No.22. Es así como existe una excesiva mora que contradice lo señalado en la ley estatutaria de Administración de Justicia y, actualmente, no existen listas de elegibles vigentes, tal y como se registra en el cuadro que se encuentra publicado en la página web de la Rama Judicial.
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 6 de octubre de 2016, decretó las siguientes pruebas para mejor proveer en el asunto de la referencia: respecto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se solicitó un informe sobre el cronograma previsto para el cumplimiento de las etapas restantes de la Convocatoria No. 22, (Concurso de Méritos para la Provisión de los cargos Funcionarios de la Rama Judicial) y la gestión hasta el momento realizada a efectos de iniciar el VII Curso de Formación Judicial.
En relación con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se solicitó un informe sobre si se expidió el Acuerdo Pedagógico a efectos de iniciar el VII Curso de Formación Judicial establecido en la Convocatoria No. 22, (Concurso de Méritos para la Provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial), y las gestiones adelantadas a efectos de cumplir con el cronograma previsto para el desarrollo de la mencionada Convocatoria.
Y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se le solicitó un informe respecto de las gestiones y del proceso de contratación realizado a efectos de iniciar el VII Curso de Formación Judicial establecido para la Convocatoria No. 22, (Concurso de Méritos para la Provisión de los cargos Funcionarios de la Rama Judicial).
8.1 Pruebas recolectadas por la Corte Constitucional durante el trámite de Revisión
Oficio EJOF16-2130 del 12 de octubre de 2016, suscrito por Myriam Ávila de Ardila, en el que consta el cronograma de la Convocatoria No. 22. Se advierte en dicho oficio que en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado se procedió nuevamente a abrir una nueva etapa de inscripción, trámite y resolución de las peticiones de homologación de los concursantes que producto de la recalificación, aprobaron la Fase I del Concurso. Se informa que la publicación de resultados se encuentra programada para el 28 de septiembre de 2016. (Folios 14 a 19).
Copia del Acuerdo PSAA16-10534 del 24 de junio de 2016, por medio del cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el VII Curso de Formación judicial Inicial para Jueces y Magistrados de la República en todas las especialidades. (Folios 20 a 44).
Resolución No. CJRES16-488 del 26 de septiembre de 2016, mediante el cual se da cumplimiento a un fallo judicial, y en el cual la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, deja sin efectos la Resolución CJRES16-355 de 25 de julio de 2016, mediante la cual se publicaron los resultados obtenidos por los aspirantes en la prueba de conocimientos, en desarrollo del concurso de méritos para la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial. (Folios 44 a 50).
Copia del Acuerdo No. PSAA16-10518 del 23 de mayo de 2016, mediante el cual se autoriza a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, la tramitación y resolución de las solicitudes de homologación como etapa previa a la iniciación del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados. (Folios 51 a 53).
Se informa además, que fueron solicitados todos los soportes y documentos para la realización del contrato interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta UNAD, y se solicitó a la Unidad de Asistencia Legal la elaboración del contrato. Fue suscrito el contrato interadministrativo el 30 de septiembre de 2016, y manifiesta que según el cronograma elaborado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la UNAD, está consolidando el registro de las inscripciones realizadas hasta el 10 de octubre de 2016 a las 12 pm. (Folios 54 a 74).
La Escuela Rodrigo Lara Bonilla confirmó que las accionantes Maria Elena Caicedo y Melissa Andrade Ruiz, actualmente están inscritas en el curso de formación Judicial. En el caso de José Vallejo, este homologo un curso anterior.[3]
9.1 Sentencia de Primera Instancia
El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, mediante sentencia del 2 de marzo de 2016, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a los cargos públicos, en consecuencia, ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que en el término de 30 días siguientes a su notificación, adelante las actuaciones que sean necesarias para continuar con la etapa del concurso previsto en el Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, en el marco de la convocatoria No. 22, para lo cual deberá dentro de este término pronunciarse respecto del Plan de Formación de la Rama Judicial y su correspondiente Plan de Inversiones, vigencia 2015, dentro del cual se contempla la realización del VII Curso de Formación Judicial Inicial.
Bajo los anteriores supuestos fácticos y, teniendo en cuenta que ni la ley ni el Acuerdo que reglamenta la Convocatoria No 22 han establecido plazos para ejecutar cada una de las etapas del concurso, ello no implica que sean indefinidos o superen un término razonable, pues la Ley 270 de 1996 dispuso que las convocatorias se realizarán cada dos años para mantener vigente las listas de elegibles. Como quiera que han transcurrido más de dos años desde la expedición del Acuerdo PSAA13-9939 que dio apertura a la Convocatoria No. 22 y como quiera que la labor desempeñada por la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, quien tiene a su cargo el VII Curso de Formación Judicial, no ha iniciado, concluye el juez de primera instancia que existe una vulneración de los derechos fundamentales de los actores al debido proceso, igualdad, y acceso a cargos públicos.
Mediante providencia del 4 de marzo de 2016, se adicionó la sentencia en el sentido ordenar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que en el término de 30 días siguientes a su notificación, adelante las actuaciones que sean necesarias encaminadas a continuar con la etapa siguiente del concurso previsto en el Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, en el marco de la Convocatoria No.22, para lo cual deberá dentro de este término pronunciarse respecto del Plan de Formación de la Rama Judicial y su correspondiente Plan de Inversiones, vigencia 2016, dentro del cual se contempla la realización del VII Curso de Formación judicial y disponga la publicación íntegra del fallo de tutela de 2 de marzo de 2016, así como de la presente providencia en la página web de la Rama Judicial y, particularmente, en el link de la Convocatoria No. 22.
9.2 Impugnación del accionante
9.3 Sentencia de Segunda Instancia
La Sección Segunda- Subsección A, del Consejo de Estado, modificó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en consecuencia, amparó el derecho fundamental del debido proceso administrativo y ordenó estarse a lo resuelto en el numeral tercero de la sentencia del 17 de marzo de 2016, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la acción de tutela Rad. 05001-23-22-000-2015-02566-01, y en la que se dispuso: Ordenar “al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces en el organismo correspondiente, al Director de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Director de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, que dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la notificación de ésta providencia, emitan un cronograma con plazos razonables para la ejecución de cada una de las etapas restantes del concurso de méritos No. 22 señalado en el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, para tal efecto deberá tenerse en cuenta que el término total no podrá superar un año y medio contado a partir de la celebración del contrato o convenio para la realización del curso de formación judicial, hasta la conformación del registro de elegibles. Dicho cronograma deberá ser puesto en conocimiento de la accionante y publicado en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, así como en la página web de la Rama Judicial. Al culminar los treinta (30) días señalados, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces en el organismo correspondiente deberá remitir, en un término de cinco (5) días hábiles, al Tribunal Administrativo de Antioquía, el informe de cumplimiento de las órdenes señaladas”.
El máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siguiendo el precedente por ella establecido, consideró que el hecho de que una persona no tenga conocimiento acerca de cuanto puede tardar un proceso de selección genera una incertidumbre inaceptable, cuando de ello depende el cumplimiento de una condición de acceso al cargo, que según se ha explicado, debería estar en plena claramente definida en la reglamentación del concurso. La creación de una expectativa de ser considerado para el acceso de un cargo público y que posteriormente se frustra por razones imputables a la administración y no al ciudadano, afecta la confianza en las instituciones, lo que, además, resulta incompatible con los principios de celeridad y eficacia que deben orientar la actividad de la administración.[4]
2.1 Manifiestan los accionantes que se encuentran inscritos en la Convocatoria No.22 adelantada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para proveer los cargos de funcionarios en la Rama Judicial, cuya norma reguladora es el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, proferido por dicha Corporación. Aducen que superaron la prueba de conocimientos que es eliminatoria y con la cual se inició el proceso para conformar la lista de elegibles.
2.2. Advierten que el proceso de selección regulado por el Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 comprende las siguientes etapas:1) El Concurso de méritos 2) la Conformación del Registro Nacional de Elegibles, 3) La elaboración de listas de candidatos, 4) Nombramiento y 5) Confirmación. El concurso de méritos a su vez, se compone de dos etapas: la selección y la clasificación. La etapa de selección tiene dos fases, la I, que consiste en la realización de la prueba de conocimientos y psicotécnica y la fase II, el Curso de Formación judicial, ambas tienen un carácter eliminatorio. La Fase II del concurso será aplicada a los aspirantes que aprueben la prueba de conocimientos, quienes deben ser convocados a través de la página web. Dicha función está a cargo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. El concurso se integra por dos etapas o fases, la general y la especializada. El Curso de Formación Judicial se regirá por el Acuerdo Pedagógico que profiera la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y constituye la norma rectora para su desarrollo.
2.3.Las etapas del concurso que hasta ahora se han surtido lo son: (i) la inscripción al concurso, que tuvo lugar del 2 al 12 de julio de 2013, (ii) la presentación de la prueba de conocimientos y psicotécnica la cual se realizó el 7 de diciembre de 2014[5]; (iii) la publicación de resultados el 12 de febrero de 2015 (Resolución CJRES15-20)[6]; (iv) el 24 de septiembre de 2015, fueron resueltos los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
2.6. En consideración a los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala decidir, si la ausencia de un cronograma en la Convocatoria No. 22, adelantada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para proveer los cargos de funcionarios en la Rama Judicial, dilación en la expedición del Acuerdo Pedagógico y la mora en la apertura de la inscripción del curso de Formación Judicial I, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, vulneran los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a los cargos públicos.
3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o incluso de los particulares, en los términos prescritos por la ley. Procede cuando la persona no dispone de otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo otro medio alternativo de protección, éste no resulta idóneo para su amparo efectivo. Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en aquellas circunstancias en las que, a pesar de existir un medio adecuado de protección, se requiere evitar un perjuicio irremediable, por lo que se exige una perentoria acción constitucional.[7]
3.3. En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe declararse improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de la Corte ha señalado que los medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través de la acción electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que este tipo de procesos pudiese tener.[8]
3.4. Específicamente, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, se ha precisado, por parte del precedente de la Corporación, que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo: (i) “aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional”. (ii)”cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional.”[9]
3.7. En estos casos, en principio, sería procedente la acción de cumplimiento, bajo el entendido de que esta acción le otorga a toda persona natural o jurídica, así como a los servidores públicos, acudir ante las autoridades judiciales para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo que es omitido por la autoridad o el particular, cuando asume este carácter[10]. Sin embargo, esta acción no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela[11]. Tampoco procede cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no proceder el juez encuentra que se configura un perjuicio irremediable.
3.8. Frente al tema, en sentencia C-1194 de 2001, la Corporación manifestó que: “Varias son las hipótesis de vulneración de los derechos por la inacción de la administración que pueden presentarse al momento de definir si procede o no la acción de cumplimiento. A saber: i) que la inacción de la administración amenace o vulnere derechos fundamentales de rango constitucional, es decir, derechos tutelables; ii) que la inacción de la administración amenace o vulnere derechos de rango constitucional que no son tutelables en el caso concreto; iii) que la inacción de la administración amenace o vulnere derechos de rango legal; iv) que la inacción de la administración no sea correlato de un derecho, sino que se trate del incumplimiento de un deber específico y determinado contenido en una ley o acto administrativo.” En el primer evento lo que procede es la acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, a menos que, dado el carácter subsidiario de la acción de tutela, exista otra acción judicial que resulte efectiva para la protección del derecho en cuestión.[12] En este orden de ideas, cuando se busca la protección directa de derechos fundamentales que pueden verse vulnerados o amenazados, se está en el ámbito de la acción de tutela, y cuando lo que se busca es la garantía de los derechos del orden legal o lo que se pide es que la administración dé aplicación a un mandato contenido en la ley o en un acto administrativo que sea específico y determinado, procede la acción de cumplimiento. En todo caso, frente a cada caso concreto es el juez quien debe determinar si se pretende la protección de derechos de rango constitucional o si se trata del cumplimiento de una ley o de actos administrativos para exigir la realización de un deber omitido. Por último, en los asuntos en los cuales se presente un incumplimiento de normas administrativas, que a su vez, vulnere derechos fundamentales constitucionales, la vía idónea y adecuada lo es la acción de tutela.
3.9. En el caso sub examine, los accionantes pretenden que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura realice las gestiones necesarias para expedir el Acuerdo Pedagógico que rige el curso de formación judicial, y lo aplique. Así mismo, solicitan se publique el cronograma que señale las fechas en las que se desarrollarán las etapas faltantes del concurso de méritos. La Convocatoria 22, se encuentra regulada por el Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, mediante el cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 162, 164, y 168 de la Ley 270 de 1996. Por su parte, el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, establece que la convocatoria es una norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos, y cada dos años, se efectuará el mencionado proceso, de manera ordinaria, por la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura, y extraordinariamente, cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.
3.10. En el contexto que antecede, se advierte que la acción de tutela pretende el cumplimiento de lo señalado en la Convocatoria No. 22, regulado por el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, en consecuencia, la solicitud se dirige específicamente a obtener la expedición de un cronograma que permita a los actores tener fechas ciertas en el desarrollo del concurso de méritos, así como la realización de la fase que corresponde al inicio del Curso de Formación Judicial, omisión que, a juicio de los accionantes, vulnera los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, mérito, buena fe, respeto al acto propio y confianza legítima.
4.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y que ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el acenso al servicio público.[13] La finalidad de la carrera es que el Estado pueda “contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública.”[14]
4.2. La Ley 270 de 1996 señala que la carrera judicial tiene como fundamento el carácter profesional de funcionarios y empleados, la eficacia de su gestión, la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.[15] A efectos de ocupar los cargos de carrera en la rama judicial, se requiere, además de los requisitos de ley, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección aprobado en las evaluaciones previstas en la ley y de conformidad con los reglamentos que expida el Consejo Superior de la Judicatura.[16]
4.4. Dentro de la primera de las etapas se encuentra el curso de formación judicial, el cual tiene por objeto formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad de curso-concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial. En este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en las que podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior.[17]
4.5. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución, se concluye que: “(i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del legislador”[18] Es así como “su actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo”.[19]
4.6. En complemento de lo anterior, y con sujeción a las preceptivas citadas, frente al tema de los concurso de méritos, el precedente de la Corporación ha establecido que el mérito y la idoneidad constituyen los principales supuestos del régimen de carrera, el cual se hace efectivo a través de un proceso de selección y evaluación (artículo 160 de Ley 270 de 1996), compuesto por diversas etapas (artículo 162), de las cuales es necesario resaltar el concurso de méritos. Éste, conforme al artículo 164 de la ley, constituye el peldaño esencial a través del cual se determina la condición de los diferentes aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial toda vez que determina su inclusión en el Registro de Elegibles y fija su ubicación en el mismo.[20] Es así como entendiendo que la carrera judicial persigue el acceso a la función de quienes son aptos para ello en consideración al mérito, es el concurso un proceso imprescindible a través del cual se determina la condición de los diferentes aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, toda vez que determina su inclusión en el Registro de Elegibles y fija su ubicación en el mismo.[21]
4.7. Debe destacar la Sala que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que en la designación mediante concurso público de méritos, la persona más capacitada para el ejercicio del respectivo cargo, apareja la realización de tres principios neurálgicos del Estado Social de Derecho, tales como la participación de los ciudadanos en condiciones de igualdad; la justicia que impone designar al mejor de los concursantes para la tarea de servir a la comunidad; y, la defensa del interés general, representado en la designación de la persona más adecuada para el manejo de la cosa pública.[22]
4.11. Considera la Sala que el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, establece una obligación en cuanto a la realización del proceso de selección para proveer los cargos de funcionarios de la rama judicial cada dos años, lo anterior, teniendo en cuenta que este proceso de selección, conforme lo ya expuesto, busca proveer la vacante existente con la mejor opción, sobre la base de que la carrera judicial tiene en el principio del mérito el fundamento principal para su ingreso.[23] En consecuencia, con el fin de que los servidores judiciales sean las personas con mayor experiencia conocimiento e idoneidad, deben entonces las autoridades administrativas judiciales cumplir con la función de procurar la vinculación de funcionarios idóneos, lo que debe buscarse a través de los procesos de selección establecidos en la ley para ello. Es así como el Consejo Superior de la Judicatura está en la obligación de desplegar la gestión necesaria, no solo para reglamentar la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria de justicia, sino para el cumplimiento de procesos ágiles que permitan contar con un registro de elegibles al momento de presentarse las vacantes, funciones que le son encomendadas conforme la normativa constitucional y legal que regula el tema.
4.12.En ilación con lo anterior, la interpretación que debe darse a la norma es que constituye una obligación por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y las Salas Seccionales, realizar todas las actuaciones y gestiones que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996. Y es que efectivamente se impone el deber de garantizarse la existencia de un registro de elegibles, no solo porque este tiene un término de vencimiento[24], sino, porque se establece la posibilidad de que, de manera extraordinaria, cuando el registro resulte insuficiente, deba la Sala Administrativa realizar una convocatoria. Garantizar la continuidad del vínculo y las exigencias de la administración de justicia no puede ser el alcance que debe fijarse a dicha normativa. El objetivo de establecer un término para la realización de las convocatorias en la Carrera judicial, es precisamente garantizar la existencia de un registro de elegibles que permita dar cumplimiento al principio del mérito. Esta exégesis además, es la que más se ajusta a los postulados de un Estado Social de Derecho en el cual la excelencia en la administración de justicia y el cumplimiento de los principios que rigen la carrera administrativa son los que deben imperar, y que se acompasan, además, con los principios de igualdad, mérito, eficiencia en la administración pública y estabilidad en el empleo.
5.1. Como se ha expuesto en las líneas que anteceden, el principio del mérito constituye una de las bases del sistema de carrera, en consecuencia, es el sustento de todo proceso de selección. Persigue asegurar la eficiencia de la administración, así como garantizar el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos de las personas que demuestren las mejores capacidades para ocupar el cargo y, de esta forma, puedan optimizarse los resultados que se obtienen con el ejercicio del cargo de carrera.[25] La Ley 909 de 2009 regula el sistema de carrera administrativa, y la define como norma reguladora de todo concurso, que obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas y a sus participantes.[26] Al respecto, ha precisado la Corporación, que: “el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada”[27]
5.2. Conviene destacar entonces que las normas de un concurso público de méritos fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y establecen las pautas y procedimientos con los cuales deben regirse[28]. Se trata de reglas que son inmodificables, por cuanto se afectan principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular.
5.3.En este orden de ideas, la Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los participantes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa[29].
5.4. Frente al tema, la Sala Plena de la Corporación en sentencia SU-913 de 2009 determinó que: “(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser desconocido.[30]
5.5.2. La Ley Estatutaria de Justicia regula el proceso de selección en la rama judicial, el cual consta de una etapa de selección, en la que se escogen los aspirantes que integraran la lista de elegibles, y la de clasificación, que tiene por objeto establecer el orden del registro. Es así como la provisión de los cargos en la rama judicial, tiene como fundamento el principio del mérito y la transparencia entre quienes pretenden ingresar a la administración de justicia, lo cual debe realizarse a través de un proceso de selección, previó un concurso público abierto.[31]
5.5.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 las formas de provisión de los cargos de la Rama Judicial, pueden ser en propiedad,[32] provisionalidad[33] o en encargo,[34] los cargos vacantes en forma definitiva deben ser ocupados en propiedad por quienes hayan superado todas las etapas del proceso de selección.
5.5.6. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura como se dijo en el acápite 4 (supra 4.5 y 4.6), es la encargada de reglamentar y dictar las pautas del concurso así como las pruebas que integran la etapa de selección y el curso de formación judicial.[35]A efectos de dar cumplimiento a estas disposiciones, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expide los Acuerdos que regulan las convocatorias que a su vez reglamentan el concurso para proveer los cargos para los funcionarios y empleados de la rama judicial. En este tipo de acuerdos se regulan temas como la inscripción, las etapas del concurso, el procedimiento a seguir (citaciones, notificaciones y recursos), atendiendo a los lineamientos generales señalados en los artículos 162 a 164 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
6.1. El proceso de selección regulado por el Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, que reglamenta el concurso de méritos que debe organizar y realizar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996, se compone de dos etapas: la selección y la clasificación. La etapa de selección tiene dos fases, la etapa I, que consiste en la realización de la prueba de conocimientos y psicotécnica y la fase II, el Curso de Formación judicial. Ambas tienen un carácter eliminatorio. La Fase II del concurso será aplicada a los aspirantes que aprueben la prueba de conocimientos, quienes deben ser convocados a través de la página web. De conformidad con el cronograma que aparece publicado en la página web de la Rama Judicial,[36] el proceso de selección inició el 2 de julio de 2013 con la inscripción de los aspirantes y, hasta el momento, solo se ha agotado la etapa de concurso de méritos, la cual comprende la selección y clasificación de los aspirantes, habiéndose practicado las pruebas de conocimientos y psicotécnicas, que corresponden a la Fase I, y encontrándose en trámite la Fase II, que corresponde al Curso de Formación Judicial.
6.3.En consideración a los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala decidir, si la gestión hasta ahora adelantada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la Convocatoria No. 22, efectuada para proveer los cargos de funcionarios en la Rama Judicial, vulneró los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a los cargos públicos de los accionantes, lo anterior teniendo en cuenta que las convocatorias que realice la rama judicial deben efectuarse cada dos años.
6.4.En virtud de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión (i) dará respuesta al interrogante planteado en cuanto a si el mandato contemplado en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el Acto Legislativo 002 de 2015, constituye un obligación para las autoridades administrativas judiciales en la medida en que los obliga a realizar los concursos de méritos, cada dos años y, (ii) se estudiará si las gestiones hasta ahora adelantadas por las entidades accionadas han resultado suficientes a efectos de cumplir, en un término razonable, con el mandato constitucional y legal de efectuar las convocatorias en el término fijado para ello y sin dilaciones injustificadas.
6.5.En relación con el primero de los problemas jurídicos señalados, en el acápite cuarto de la presente providencia se concluyó que el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, establece una obligación de realizar los procesos de selección para proveer los cargos de funcionarios de la rama judicial cada dos años, esto teniendo en cuenta que: 1) la carrera judicial tiene en el principio del mérito el fundamento principal para su ingreso; 2) el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 tiene como objetivo garantizar la existencia de un registro de elegibles, motivo por el cual se establece un término para la realización de las convocatorias; 3) la Ley 270 de 1996 propugna por la vinculación de los servidores más idóneos y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, los aspirantes deben haber superado satisfactoriamente el proceso de selección, así como aprobar las evaluaciones previstas por la ley y, 4) las normas que regulan los tipos de nombramientos en la rama judicial, establecen un término que no podrá exceder de seis meses para la provisionalidad de sus funcionarios, mientras se designa al titular por el sistema de selección. En resumen, todo el diseño legislativo se inclina a proveer los cargos de la rama judicial con el personal que ha superado los procesos de selección.
6.8. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.PSAA13-9939, hasta el momento se han agotado las etapas de inscripción y practicado las pruebas de conocimientos y psicotécnicas. Debe advertirse que el presente acuerdo no establece término alguno en relación con las fases y etapas del proceso de selección como son el curso de formación judicial y la etapa clasificatoria.
6.9. De las respuestas enviadas por las entidades accionadas se encuentra lo siguiente: Se informa por parte de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla que ya fue adoptado el Acuerdo Pedagógico[37] que regirá el VII Curso de Formación Judicial, y que además fue publicado el Cronograma para la Convocatoria 22 (cronograma que no fue incluido en el Acuerdo que regula el Concurso):
Presentación de Solicitudes de Homologación
Término para interposición de recursos de reposición
Término para resolver recursos de reposición
Publicación del Acto Administrativo que resuelve los recursos de reposición
Inscripciones del VII Curso de Formación Judicial Inicial
Desarrollo del VII Curso de Formación Judicial Inicial
Publicación de notas Finales del VII Curso de Formación Judicial Inicial
Notificación del Acto Administrativo que publica las notas finales del VII Curso de Formación Judicial Inicial
Término para interposición de recursos de reposición contra el Acto Administrativo que Publica las notas Finales del VII Curso de Formación Judicial Inicial
Publicación la resolución que resuelve los recursos de reposición, con las notas finales del VII Curso de Formación Judicial Inicial
Expedición de los Registros Nacionales de Elegibles
Publicación de los Registros Nacionales de Elegibles
Vigencia de los Registros Nacionales de Elegibles
6.10. Hasta el momento se encuentran resueltas y tramitadas las solicitudes de homologación de los aspirantes[38], actuando en cumplimiento de la acción de tutela interpuesta por Carmen Quintero Cárdenas[39].
6.11. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, manifestaron que con el memorando EJM16-549 del 9 de septiembre de 2016, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó a la Unidad de Recursos Humanos, adelantar las gestiones de contratación pertinentes con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, para brindar el soporte académico y virtual. De otra parte, también fue solicitado al Comité de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el estudio y aprobación de los documentos y soportes para la realización del contrato Interadministrativo con la UNAD.[40]
6.12. El 30 de septiembre de 2016, fue suscrito contrato interadministrativo entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, para adelantar la preparación de los aspirantes a vincularse a la carrera judicial, o ascender en el servicio judicial.[41]
6.13. De conformidad con el cronograma que aparece en la página web de la Rama Judicial, se observa que entre el 19 y 20 de noviembre está prevista la inducción del Acuerdo Pedagógico y Temas Transversales, del Curso de Formación Judicial, el cual tiene un desarrollo cronológico que se extiende hasta el 24 de noviembre de 2017.[42]
6.15. En relación con las numerosas acciones de tutela que han retrasado el proceso, se observa que, en principio, cada una de las distintas fechas y modificaciones en las etapas a desarrollar han sido publicitadas en la página web. A juicio de la Sala, esta no es la única obligación de las entidades administrativas a efectos de no vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso. Es imprescindible recordar que la carrera administrativa busca el óptimo funcionamiento del servicio público, y la preservación y vigencia de los derechos fundamentales de las personas de acceder al desempeño de los cargos públicos, (Art. 40-7 C.P.) en condiciones que satisfagan la igualdad de oportunidades.[43] Es así como se requiere de las entidades administradoras un manejo diligente de las convocatorias a efectos de cumplir, en un término perentorio, los procesos de selección. Como quiera que el régimen de carrera especial de la Rama Judicial demanda un proceso adicional como es el Curso de Formación Judicial, (cuya duración es aproximadamente un año)[44], debe tenerse en cuenta dicha situación a efectos de crear un cronograma que no se extienda indefinidamente para los aspirantes, más cuando la normativa constitucional y legal impone que, en lo posible, el nombramiento de los funcionarios se realice con base en una lista de elegibles, razón por la cual se ordena realizar las convocatorias cada dos años.
6.16. De conformidad con las precedentes manifestaciones se observa que el Consejo Superior de la Judicatura, si bien ajustó la Convocatoria 22 a un cronograma definido, el cual se encuentra debidamente publicado, la vulneración del debido proceso persiste como quiera que al momento de fijar El Acuerdo PSAA13-9939 (acuerdo que rige actualmente y que regula la convocatoria), no consagró en los aspectos antes reseñados como son el curso de formación judicial y la etapa clasificatoria fechas definidas y ciertas para el desarrollo de las etapas del concurso y, además, por cuanto se evidencia que conforme los artículos 162 a 164 de la Ley Estatutaria, las listas de elegibles se encuentran vencidas[45], razón por la cual para cuando salgan las nuevas listas, se incumpliría lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.
PRIMERO.- MODIFICAR la decisión proferida por la Sección Segunda Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 12 de mayo de 2016, mediante la cual se modificó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, el 2 de marzo de 2016, en el sentido de ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, que debe realizar todas las gestiones y actuaciones que le permitan iniciar una nueva Convocatoria para el concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial. Proceso de Selección que debe iniciar a más tardar en marzo de 2020, o antes de ser necesario, el cual debe contener no solo las pautas, términos y condiciones del mismo, sino que además, debe establecer un cronograma con fechas precisas y concretas para su desarrollo, tomando en consideración los lapsos de tiempo necesarios que permitan el cumplimiento de la misma, y, garanticen una nueva lista de elegibles al momento de vencer la originada con la Convocatoria 22.
SEGUNDO.- Se confirma en lo restante.
[1] Sentencia del 2 de marzo de 2016
[2] Convocatoria No. 20 Sentencia de tutela del 25 de agosto de 2005, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería; Sentencia de tutela proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Nariño del 27 de agosto de 2015; Sentencia de tutela del Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de Nariño, del 1º de septiembre de 2015. Concurso de Méritos para la provisión de cargos de empleados de Tribunales y Juzgados y Centro de Servicios Sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Montería el 20 de agosto de 2015, Sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Sala Jurisdiccional Disciplinaria el 4 de septiembre de 2015, Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 17 de septiembre de 2015. Sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 29 de septiembre de 2015.
[3] Confirmación Teléfonica.
[4] Consejo de Estado, Acción de tutela 2015-01960-01 (AC).
[5] https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/citacion-a-prueba-de-conocimientos-y-psicotecnica.
[6] https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultados-pruebas-de-conocimiento
[7] T-946 de 2009.
[8] Ver entre otras sentencias T-509 de 2011, T-748 de 2013 y T-748 de 2015.
[9] T-315 de 1998.
[10] Artículo 4º de la Ley 393 de 1997.
[11] Artículo 9º de la Ley 393 de 1997 La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante.
[12] C-1194 de 2001.
[13] C-049 de 2006, T-319 de 2014.
[14] Su446 de 2011.
[15] Artículo 156 de la Ley 270 de 1996.
[16] Artículos 156 y 160 de la Ley 270 de 1996.
[17] Artículo 168 de la Ley 270 de 1996 Hasta tanto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se encuentre en condiciones de ofrecer los cursos de formación de acuerdo con lo previsto en este artículo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá contratar su prestación con centros universitarios públicos o privados de reconocida trayectoria académica.
[18] SU539 de 2012.
[20] SU-466 de 2011.
[22] T-315 de 1998.
[23] T-521 de 2006.
[24] “La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años.” (artículo 165 de la Ley 270 de 1996).
[25] T-090 de 2013
[26] Artículo 31 de la Ley 909 de 2009
[27] SU 446 de 2011
[28] C-588 de 2009.
[29] T-090 de 2013.
[30] T-090 de 2013.
[31] C-333 de 2012 y C-542 de 2013, citada en la sentencia T-319 de 2014.
[32]“Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.”
[33] “El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes”.
[34] “El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.”
[35] Artìculo 164 y 168 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
[36] https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/cronograma
[37] Folio 20 a 43 del Cuaderno de la CC.
[38] Resolución No. PSAA16-10518 del 23 de mayo de 2016 (folio 51 a 53).
[39] Resolución CJRES16-488 de septiembre 28 de 2016 (por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial, (folio 44 a 50).
[40] Folio 54 del CC
[41] Folio 59 a 70 del CC
[42] https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/curso-de-formacion-judicial5
[43] C-288 de 2014.
[44] Según el cronograma señalado por el Consejo Superior de la Judicatura.
[45] https://www.ramajudicial.gov.co/registros-de-elegibles

References: artículo 164
 artículo 164
 resolución 
 resolución 
 artículo 132
 artículo 18
 artículo 125
 artículo 163
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 162
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 164
 artículo 125
 artículo 257
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 58
 artículo 132
 artículo 162
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 160
 resolución 
 Artículo 4
 Artículo 9
 Artículo 156
 Artículo 168
 Artículo 31
 Resolución 
 Resolución