Source: http://docplayer.es/10814039-Expediente-g-6-q-13511-15-santiago-de-compostela-26-de-octubre-de-2015-estimada-sra.html
Timestamp: 2019-01-19 23:36:48+00:00

Document:
Expediente: G.6.Q/13511/15. Santiago de Compostela, 26 de octubre de Estimada Sra.: - PDF
Expediente: G.6.Q/13511/15. Santiago de Compostela, 26 de octubre de Estimada Sra.:
Download "Expediente: G.6.Q/13511/15. Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2015. Estimada Sra.:"
Gabriel Crespo Miguélez
1 Recomendación dirigida a la Comisión Interuniversitaria de Galicia por el cobro de las tasas de la prueba de acceso a la universidad para personas con discapacidad reconocida oficialmente. Expediente: G.6.Q/13511/15 Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2015 Estimada Sra.: En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. debido al cobro de las tasas de la prueba de acceso a la universidad para personas con discapacidad reconocida oficialmente. ANTECEDENTES 1. En su escrito nos indica que tiene un hijo con discapacidad reconocida de un 37% que en 2015 iba a realizar las pruebas de encendido la universidad (selectividad). Pagó una tasa en concepto de matrícula común de 63,67. La universidad no contempla ningún tipo de exenciones o descuentos a dicha tasa para personas con discapacidad. Antes de hacer la inscripción buscó legislación y encontró en el DOG nº 123 el Decreto 77/2014, que en el art declara exentos de todo pago a las personas con discapacidad en todos los conceptos que no estén estipulados en la tarifa 3 del decreto (la prueba pertenece a la tarifa 2). Acudió al instituto de su hijo, donde tramitaron los papeles. Allí consultaron la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que respondió que s i no sale en su página web no hay derecho a la exención. El decreto es aplicable al curso , pero la disposición transitoria contempla en su opinión la posibilidad de prorrogarlo a En cualquiera caso, si el decreto solo es aplicable al y fue publicado después de las pruebas de la selectividad de dicho curso, a las pruebas de qué curso se referían, las pasadas o las siguientes?. La exención de pago
2 de la tasa no fue aplicada en el curso ni en anteriores. No deberían devolver el dinero cobrado a discapacitados que hicieron las pruebas el año pasado?. El decreto hace referencia a una ley orgánica que confirma el derecho de exenciones de tasas. 2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y a la CIUG, que ya nos remitieron sus informes. 3. La consellería señaló que anualmente, la Xunta de Galicia establece los precios públicos correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial. Dicho decreto no se publica antes del mes de julio de cada año, por lo que a la realización de la prueba de acceso a la universidad (PAU) se le aplica el precio recogido en la Tarifa segunda "Evaluación y pruebas" del Anexo del decreto del curso anterior. Dado que la realización de la PAU es un requisito indispensable para acceder a los estudios conducentes a un título oficial en las universidades gallegas, el precio correspondiente viene recogido en el decreto anual en el que la Xunta de Galicia establece los precios públicos para realizar dichos estudios universitarios, y por lo tanto, resulta afectado por todas las exenciones en él establecidas. Para el supuesto actual, el artículo 11 del Decreto 77/2014, de 20 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2014/2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 123, del 1/07/2014) establece en su punto 2 que "los/las alumnos/las con discapacidad, considerándose por tales aquellos/as comprendidos/as en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tendrán derecho a la exención total de precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, debiendo abonar únicamente los precios previstos en la tarifa tercera". En conclusión, las universidades del Sistema Universitario de Galicia deben aplicar las determinaciones recogidas en la normativa de aplicación para estos supuestos (decreto anual de precios públicos) y, en consecuencia considerar que en el hijo de concurren las circunstancias que determinan la exención en el pago del precio por la realización de la PAU, exención aplicable a todos los casos que cumplan los requisitos recogidos en el artículo 11 punto 2 del Decreto 77/ Por su parte a CIUG señala que según lo establecido en la párrafo 1 del artículo 4.2 de la Orden de 24 de marzo de 2011 (DOG, 4 de abril) por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades del sistema universitaria del Galicia, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica, formado por la delegación de competencias propias de las universidades del sistema universitario de Galicia en materia de acceso. Que con fecha 8 de mayo de 2015 la Comisión Interuniversitaria de Galicia, a
3 través de su página web ( hizo pública la convocatoria de matrícula anticipada y común (junio de 2015) de las Pruebas y Acceso a la Universidad correspondientes al curso , en la que se incluye en su apartado 4 el establecimiento de precios públicos así como las ayudas y subvenciones para el pago de precios públicos por servicios administrativos. Teniendo en consideración lo establecido en el punto PRIMERO del presente escrito, el apartado 4 de precios públicos, ayudas y subvenciones para el pago de precios públicos por servicios administrativos la convocatoria de matrícula anticipada y común (junio de 2015) de las Pruebas y Acceso a la Universidad correspondientes al curso se corresponde con lo establecido por las universidades del SUG en sus respectivas Resoluciones Rectorales y/o convocatoria de ayudas y subvenciones de precios públicos por servicios académicos en la universidad correspondiente para el curso Que en el registro de esta Comisión Interuniversitaria de Galicia no consta ningún escrito del interesado dirigido al presidente de dicha Comisión relativo al tema motivo de su queja. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El decreto 77/2014, de 20 de junio, (DOG n de 1 de julio) fija los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2014/15. - La Convocatoria y/o Resolución Rectoral de Ayudas y Subvenciones de precios públicos en las universidades del SUG para el curso académico establecen que no serán objeto de exención, ayuda o subvención los importes que se reporten por servicios administrativos como, por ejemplo y entre otras, las pruebas de acceso. De lo anteriormente expuesto, esta Comisión Interuniversitaria de Galicia informa que la convocatoria de matrícula anticipada y común (junio 2015) de las Pruebas de Acceso a la Universidad para el curso establece en su apartado 4 las exenciones del importe del precio de matrícula para dichas pruebas de acceso las siguientes: - Familia numerosa, Categoría General, 31,84 euros. - Familia numerosa, Categoría Especial, Gratuita. - Personal de las Universidades del SUG, Gratuita. ANÁLISIS 1. Como puede apreciarse, la cuestión es tratada de forma diferente por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y por la CIUG. La primera interpreta que la cuestión está regulada por el decreto alegado por el reclamante y que por tanto a este le asiste la razón para reclamar su derecho a la exención, mientras que la CIUG alega que la cuestión es de su exclusiva competencia y que por tanto las exenciones las señala ella (las 3 universidades que la integran), al parecer sin limitaciones y de forma incondicional. Sin embargo, la posición de la CIUG no es acorde ni con el principio de jerarquía normativa ni con la adecuada interpretación de su capacidad competencial, que se corresponde con la capacidad propia de las tres universidades gallegas.
4 2. Las tasas y precios públicos están regulados por la Ley 8/1989, que establece las diferencias entre ambas figuras y su regulación particular. Los precios públicos son prestaciones económicas a liquidar por servicios prestados también por el sector privado y por tanto con carácter voluntario. Non tienen que ceñirse al coste del servicio, como las tasas, y como mínimo deben cubrir su coste, aunque por motivos justificados de orden social o de interés público puede dotarse presupuestariamente por la administración, como sucede en el caso que tratamos. 3. En cualquiera caso, los precios públicos que tratamos deben respetar el ordenamiento, por lo que no pueden ser tratados por la administración que los gestiona de forma desconectada de él y por tanto contraria a lo legalmente previsto. En este caso la regulación de los precios se produce, tal y como señala acertadamente la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, confirmando la posición del reclamante, por el decreto autonómico 77/2014. En él se contemplan, como también alega la queja, que los precios de las pruebas de acceso a la universidad, en concreto en la tarifa segunda, punto 1, pruebas de acceso a la universidad, 63,67. Tal circunstancia responde a criterios lógicos; no tendría sentido hacerlo de forma independiente o al margen del resto de las tasas y precios relacionados con los estudios universitarios. Por el contrario, la CIUG parece entender que del título del decreto, que hace referencia a los estudios que permiten (conducen, señala) la obtención de títulos universitarios, se deduce que su contenido no incluye las pruebas de acceso. Esa interpretación no es adecuada, puesto que es claro que para obtener un título de esa naturaleza en el sistema universitario español es necesario acceder a la propia universidad por las vías legalmente previstas, y contradice el propio decreto en su contenido literal, que menciona el precio tratado como uno de los regulados. Por tanto, cualquier decisión de carácter general o particular de las administraciones competentes para ejecutar lo relativo a las pruebas de acceso debe cumplir las condiciones del ordenamiento respecto de ellas, entre ellos lo previsto en el decreto gallego 77/2014 en cuanto sus condiciones económicas. 4. El señalado decreto está además condicionado por lo dispuesto en las normas con rango de ley, y en este caso, por lo que nos interesa, a las exenciones previstas para sectores de la población que por sus circunstancias de mayor vulnerabilidad o por interés público, valoradas por el propio legislador, se encuentran exentos de lo pagado o se benefician de minoraciones. En este sentido el decreto señala (art. 11, exenciones): 2. De conformidad con lo previsto en el número 6 de la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, los/las alumnos/as con discapacidad, considerándose por tales aquellos/as comprendidos/as en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
5 igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tendrán derecho a la exención total de precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario y deben abonar únicamente los precios previstos en la tarifa tercera. Para estos efectos, la condición de persona con discapacidad se acreditará con la correspondiente resolución administrativa por la que se hubiera reconocido la condición de discapacitado/a, que deberá presentarse, necesariamente, en el plazo de matrícula fijado por cada universidad para que tenga eficacia. 3. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, están exentos/as de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza las víctimas de actos terroristas así como sus cónyuges e hijos/as. En consecuencia, deberán abonar únicamente los precios de la tarifa tercera. La condición de víctima de acto terrorista se acreditará con la resolución administrativa por la que se hubiera reconocido la condición de víctima del terrorismo que deberá presentarse, necesariamente, en el plazo de matrícula fijado por cada universidad para que tenga eficacia. 4. Las personas que sean víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como sus hijos y sus hijas, tendrán derecho a la exención del pago de los precios públicos por servicios académicos. En consecuencia, deberán abonar únicamente los precios de la tarifa tercera. La condición de víctima de violencia de género se acreditará en el momento de la formalización de la matrícula mediante la presentación de cualquiera de los documentos que prevé la normativa vigente. 5. Como se aprecia por el informe de la CIUG, la misma no sólo no está reconociendo las exenciones relativas a las personas con diversidad funcional o discapacidad oficialmente reconocida, como es el caso de la persona afectada por el caso que tratamos, sino que tampoco parece atender la exención debida para las personas víctimas de violencia de género o de terrorismo, a pesar de que tales exenciones están previstas en el decreto, jerárquicamente ordenado a las previsiones de las universidad o de la CIUG, y que a su vez se encuentran condicionadas por lo previsto en las normas con rango de ley que el decreto menciona. 6. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que señala que los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con diversidad funcional o con discapacidad, a las que prestarán la atención especializada que requieran y ampararán especialmente para que disfruten de los derechos que este título (I) otorga a todos los ciudadanos (art. 49). Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos, entre ellos la administración autonómica, tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental.
6 CONCLUSIONES Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Comisión Interuniversitaria y, con eso, a todas las universidades gallegas que se agrupan en ella, la siguiente recomendación: Que con urgencia se corrija el criterio que se expone respecto de la no aplicación de las exenciones previstas para los precios públicos correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad y que benefician las personas con diversidad funcional o víctimas de violencia de género o terrorismo; y que con carácter particular con urgencia se corrija el cobro indebido del precio que tuvo que abonar la persona reclamante. Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para darle efectividad, también en su caso. Además le hacemos saber que en aplicación del principio de transparencia a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se dictó esta resolución se incluirá en la página web de la institución. La saluda atentamente. Milagros María Otero Parga Valedora do Pobo Defensora del Pueblo

References: artículo 11
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 53
 artículo 32
 resolución 
 resolución