Source: http://www.duransindreu.com/noticia/erte-por-causa-de-fuerza-mayor-debido-al-coronavirus/562
Timestamp: 2020-04-04 06:53:52+00:00

Document:
ERTE por causa de fuerza mayor debido al coronavirus
El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (en adelante “ERTE”), es una medida que utilizaremos en el caso que la empresa se viese en la necesidad de suspender su actividad de manera total o parcial, ya sea por decisión de las Autoridades Sanitarias o bien de manera indirecta por los efectos del coronavirus en el desempeño normal de su actividad.
El citado ERTE se articula conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente y, por las causas contempladas en la misma. Asimismo, está previsto en los artículos 45, 47 y 51 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
El ERTE se diferencia del Expediente de Regulación de Empleo (en adelante “ERE”), tal y como indica el nombre, por su carácter temporal (coyuntural) y, no definitivo del ERE. Es decir, en el procedimiento del ERTE se aplican las mismas medidas que en un ERE, pero con una fecha de caducidad determinada desde el inicio.
De este modo, el ERTE cumple con los mismos requisitos formales que el ERE, pero con un período determinado por la empresa y, permite que las personas trabajadoras tengan una serie de circunstancias diferentes (establecer períodos de afectación y suspensión de contratos o reducciones de jornada que son económicamente cubiertas por el Estado).
Por otro lado, personas trabajadoras afectadas tendrán derecho a cobrar la prestación de desempleo durante los períodos de suspensión de los contratos y deberán ser readmitidos en sus puestos una vez termine el expediente.
Otra característica, es que dicho período sí computa a efectos de reconocer la antigüedad a las personas trabajadoras y, en el caso de que posteriormente el empresario procediera a despedir al trabajador deberá tener en cuenta el período del ERTE para el cálculo de la indemnización correspondiente.
A efectos formales, el ERTE por causas económicas, productivas y organizativas requiere abrir un proceso de dialogo con los representes de los trabajadores y la empresa, que tras el RD 8/202 se ha reducido de 15 días a 7 de duración, de modo que se ha acortado de forma significativa. Sin embargo, y ante las circunstancias en las que nos encontramos actualmente a causa del coronavirus las empresas podrán acogerse a una causa de fuerza mayor decretada por el Gobierno siempre y cuando reúnan determinadas circunstancias.
Concretamente, el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores y el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, prevé el ERTE por fuerza mayor que puede implicar suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.
Asimismo, se entiende por fuerza mayor cuando se produce un evento inevitable que imposibilita a todos los efectos la continuidad de una relación laboral, así como por decisiones de la Autoridad que impidan el mantenimiento de la relación laboral. No obstante, el artículo 31 del Real Decreto 1483/2012 dispone que la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la Autoridad Laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.
De esta manera y, siendo tramitado el procedimiento del ERTE como causa de fuerza mayor se suspende el período de consultas entre los representantes legales de los trabajadores y la empresa y, solo se requiere que sea la Autoridad competente, en este caso, la Autoridad Laboral la que apruebe los procedimientos iniciados por fuerza mayor.
En virtud del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la tramitación del expediente se inicia mediante la solicitud de la empresa, junto con todas las pruebas que estime pertinentes, y comunicándolo a la representación legal de los trabajadores como parte interesada en el procedimiento. La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud.
Ello supondrá que el procedimiento por causa de fuerza mayor sea más rápido que el resto ante las extremas circunstancias en las que nos encontramos actualmente decretado el estado de alarma que ha provocado en virtud del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la suspensión de la apertura al público de la mayoría de locales y establecimientos minoristas, a excepción de los de primera necesidad y, los que se especifican en el indicado artículo, aunque habrá que analizar de manera casuística y pormenorizada, si concurren los presupuestos legales para encuadrarlo en causa por fuerza mayor o en ERTE por causas económicas, organizativas o productivas.

References: Real Decreto 
 artículo 47
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 51
 resolución 
 artículo 10
 Real Decreto