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Timestamp: 2019-05-19 15:40:18+00:00

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Vigencia desde 06 de Mayo de 1947. Revisión vigente desde 03 de Agosto de 2003 hasta 25 de Marzo de 2011
Artículo 44 redactado por R.D. 3215/1982, 12 noviembre («B.O.E.» 27 noviembre), por el que se reforman determinados artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, como consecuencia de la Ley 11/1981, 13 mayo. Véanse artículos 51, reglas 1.ª, 2.ª, y 3.ª, 395 y 396 de este Reglamento.
1.ª La naturaleza de la finca se determinará expresando si es rústica o urbana, el nombre con las que las de su clase sean conocidas en la localidad, y en aquéllas, si se dedican a cultivo de secano o de regadío y, en su caso, la superficie aproximada destinada a uno y a otro.
4.ª La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la equivalencia a las medidas del país.
Los Registradores dispondrán de aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas que permitan su coordinación con las fincas registrales y la incorporación a éstas de la calificación urbanística o administrativa correspondiente. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 51, regla cuarta, párrafos tercero a último inclusive del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «4.ª La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema métrico decimal sin perjuicio de que pueda también constar la equivalencia a las medidas del país. Cuando la identificación de la finca se complemente con la referencia a un plano incorporado a la escritura se acompañará una copia autenticada de éste para su archivo en el Registro. Cuando los requisitos de los números anteriores constaren ya en inscripciones o anotaciones precedentes al asiento que se haya de extender, no se repetirán en éste si resultaren conformes con los consignados en los títulos que lo motiven. En caso de disconformidad, se expresarán las diferencias que resultaren entre el Registro y el título».
7.ª Las cargas y limitaciones de la finca o derecho que se inscriba se expresarán indicando brevemente las que consten inscritas o anotadas con referencia al asiento donde aparezcan. En ningún caso se indicarán los derechos expresados en el artículo 98 de la Ley, ni los aplazamientos de precio no asegurados especialmente.
Las cargas relacionadas en el título que no resulten inscritas o anotadas no se harán constar en la inscripción. Si no existieran cargas se expresará así.
Artículo 52 redactado por R.D. 3215/1982, 12 noviembre («B.O.E.» 27 noviembre), por el que se reforman determinados artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, como consecuencia de la Ley 11/1981, 13 mayo. Véanse artículos 41, 51, 373, 380 a 382 de este Reglamento.
Artículo 60 redactado por R.D. 3215/1982, 12 noviembre («B.O.E.» 27 noviembre), por el que se reforman determinados artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, como consecuencia de la Ley 11/1981, 13 mayo. Véase arts. 31, 44.6 y 301 de este Reglamento.
3.ª Iniciada el acta, el Notario, constituido en el sitio del aprovechamiento, consignará, en cuanto fuere posible, en la misma, según resulte de su apreciación directa, de las manifestaciones del requirente y de dos o más testigos, vecinos y propietarios del término municipal a que corresponda el aprovechamiento, las circunstancias siguientes: punto donde se verifica la toma de aguas y situación del mismo, cauce de donde derivan éstas, volumen del agua aprovechable, horas, minutos y días en que, en su caso, se utilice el derecho, objeto o destino del aprovechamiento, altura del salto, si lo hubiere, y tiempo que el interesado llevare en posesión en concepto de dueño, determinando el día de su comienzo, a ser posible.
Los testigos justificarán tener las cualidades expresadas en el párrafo anterior presentando los documentos que lo acrediten, a menos que le constaren directamente al Notario, y serán responsables de los perjuicios que puedan causar con la inexactitud de sus manifestaciones.
Artículo 67 renumerado por R.D. 3215/1982, 12 noviembre («B.O.E.» 27 noviembre), por el que se reforman determinados artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, como consecuencia de la Ley 11/1981, 13 mayo, correspondiendo su contenido literal al anterior artículo 72. Véanse artículos 31, 44.6.º y 301 de este Reglamento.
El régimen expuesto en los párrafos anteriores será aplicable con iguales requisitos a la transmisión de cuota indivisa de locales del edificio destinados a trasteros. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 68, párrafos tercero y cuarto, del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior, conforme R.D. 3215/1982, 12 noviembre ("B.O.E." 27 noviembre): "La inscripción de la transmisión de cuota indivisa de finca destinada a garaje o estacionamiento de vehículos, que lleve adscrita el uso de una o más plazas determinadas, podrá practicarse en folio independiente que se abrirá con el número de la finca matriz y el correlativo de cada cuota. Dicha inscripción se realizará a solicitud del titular registral o del adquirente, o cuando el Registrador lo considere necesario para mayor claridad de los asientos. La apertura de folio se hará constar por nota al margen de la inscripción de la finca matriz".
Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción, tuviere defectos subsanables o existiera pendiente de despacho un título presentado con anterioridad, los plazos de calificación e inscripción se contarán desde la devolución del título, desde su aportación una vez subsanado, o desde el despacho del título previo, respectivamente. En tales casos, si los documentos se aportaran o el despacho del título previo se produjera dentro de los quince últimos días de vigencia del asiento de presentación, se entenderán prorrogados dichos plazos y el asiento por un período igual al que falte para completar los quince días. Dicha prórroga implicará la de los asientos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. El plazo de despacho de los títulos retirados por defectos subsanables, quedará prorrogado nuevamente por un período igual hasta completar los quince días, en el caso de que la subsanación hubiera sido aportada dentro del plazo de la prórroga anterior y fuera suficiente a juicio del Registrador para permitir su inscripción. Párrafo 2.º artículo 97 redactado por R.D. 1867/1998, 4 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 97, párrafo segundo, salvo su último inciso, del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior, conforme R.D. 3503/1983, 21 diciembre ("B.O.E." 23 febrero 1984): "Las inscripciones se practicarán, si no mediaren defectos, dentro de los quince días siguientes a la fecha del asiento de presentación, o de los treinta si existiese justa causa, y, en todo caso, dentro del plazo de vigencia de dicho asiento a que se refiere el artículo 17 de la Ley. Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción o tuviere defectos subsanables, el plazo indicado se contará desde la devolución o subsanación. En tales casos, si los documentos se aportaren dentro de los diez últimos días de vigencia del asiento de presentación, se entenderá prorrogado dicho asiento por un período igual al que falte para completar los diez días. La prórroga implicará la de los asientos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. La devolución o aportación de los títulos o de los documentos subsanatorios y la prórroga de los asientos de presentación se harán constar por nota al margen de éstos. Si se hubiere interpuesto recurso judicial o gubernativo, el plazo para practicar la inscripción comenzará a contarse desde la fecha en que se notifique al Registrador la resolución que se dicte. Si transcurriesen los indicados plazos sin efectuar la inscripción, podrá el interesado acudir en queja al Juez de Primera Instancia, el cual, si el Registrador no justificare haber existido algún impedimento material o legal para practicarla, podrá imponer a éste la corrección correspondiente, sin perjuicio de que el interesado pueda exigir del Registrador, en el procedimiento que corresponda, la indemnización de los perjuicios que se deriven de la falta de inscripción dentro del plazo".
Artículo 102 redactado por R.D. 1867/1998, 4 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario. Véanse artículos 485 b) y 510 de este Reglamento.
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 112, ordinal 3.º y párrafo último, del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «3.º Por el Notario autorizante del título, en todo caso, y si se resolviese que el título es inscribible, el interesado obtendrá la inscripción sin necesidad de promover nuevo recurso, siempre que no mediaren obstáculos de distinta naturaleza. Podrá recurrirse contra la calificación del Registrador a efectos exclusivamente doctrinales, aun cuando se hubieren inscrito los documentos calificados en virtud de subsanación de los efectos alegados en la nota por el Registrador».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 113 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «El recurso gubernativo se promoverá dentro de plazo de cuatro meses, a contar de la fecha de la nota contra la cual se recurra, por medio de escrito dirigido al Presidente de la Audiencia Territorial respectiva, directamente o por conducto del Juez de Primera Instancia del partido a que corresponda el Registro, en el que se expresarán sucintamente los hechos y fundamentos de derecho, se determinarán con claridad y precisión los extremos de la nota del Registrador que van a ser objeto de la reclamación, y se indicará la persona, con domicilio en territorio de la Audiencia, a quien deban notificarse las providencias que recaigan. Al escrito se acompañarán los documentos calificados por el Registro o testimonio bastante de los mismos».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 114 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Admitido el recurso, el Presidente de la Audiencia, en un plazo de tres días, lo pondrá en conocimiento del Registrador, ordenándole que extienda las correspondientes notas marginales a los efectos del último párrafo del artículo 66 de la Ley. El Registrador extenderá dichas notas si no hubieran caducado los asientos respectivos, y comunicará a aquella Autoridad, en otro plazo igual, el cumplimiento de su orden o las causas que lo hayan impedido».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 115 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Dentro del plazo de 10 días de la admisión del recurso, el Presidente deberá pedir informe: al Registrador, en todo caso; al Notario autorizante no recurrente, cuando la nota recurrida atribuyese al instrumento defectos de redacción o autorización y, en su caso, al Juez, Tribunal o funcionario que conociere de los autos o del expediente en que se hubiere acordado el asiento suspendido o denegado. Dichos funcionarios remitirán su informe dentro de los 15 días siguientes al en que hayan recibido el expediente original».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 116 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «El Registrador a quien se pida el informe, sea o no el mismo que hizo la calificación recurrida, podrá rectificar ésta en todo o en parte. Si se conformase con la petición del recurrente, lo comunicará al Presidente de la Audiencia con devolución del expediente, previo desglose de los documentos que hubieran sido objeto de la calificación, que se retendrán en el Registro, para la práctica de las operaciones que en su caso procedan. El Presidente, dando por terminado el recurso, lo notificará al recurrente».
La resolución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia se dictará en forma de auto en expediente de jurisdicción voluntaria. En la actualidad véase el artículo 208.2 de la LEC 2000.
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 118 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «La resolución del Presidente de la Audiencia se dictará en forma de auto, observándose lo dispuesto en el artículo 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas en el procedimiento; ordenará, denegará o suspenderá la inscripción y, cuando procediere, impondrá las costas al recurrente o al Registrador, con arreglo al artículo 130».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 119 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Cuando sin entrar en el fondo del asunto se hubiese alegado por el Registrador la falta de personalidad del recurrente u otra causa que impida tramitar el recurso y el Presidente de la Audiencia no hubiere estimado la excepción, acordará que aquel funcionario emita dictamen sobre las cuestiones que hubieran motivado el recurso, fijándole al efecto un plazo que no exceda de 15 días. Si apreciare la falta de personalidad en el recurrente, limitará a este punto su resolución, cualesquiera que hubieran sido las peticiones formuladas en el expediente».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 120 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «El Presidente resolverá el recurso en el término de 30 días, contados desde que hayan sido unidos al expediente los documentos en que hubiere de fundar su decisión. Transcurrido el plazo sin recaer acuerdo, el interesado podrá ponerlo en conocimiento de la Dirección General de los Registros y del Notariado, la cual, si procediere, oficiará al Presidente de la Audiencia para que cumpla lo ordenado en el presente artículo, y si persistiere en la demora, aquélla lo comunicará al Ministro de Justicia, a los efectos oportunos».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 121 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Los Registradores y los recurrentes podrán apelar, para ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, de los autos que en los recursos gubernativos dicten los Presidentes de las Audiencias. La apelación deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes al en que se hubiera notificado la resolución, por medio de escrito al Presidente que la hubiera dictado, cursado directamente o por conducto del Juez de Primera Instancia. En dicho escrito se expresarán con claridad los extremos del auto contra los cuales se dirija la impugnación».
Contra la negativa del Presidente a admitir apelación, el interesado podrá recurrir en queja ante la misma Dirección General, salvo en el supuesto del párrafo segundo del artículo anterior. En la actualidad véase el artículo 494 de la LEC 2000.
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 122 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Interpuesta apelación contra dichos autos en tiempo y forma, el Presidente, sin substanciación alguna, la admitirá en ambos efectos, y remitirá el expediente a la Dirección General dentro de seis días. Contra la negativa del Presidente de la Audiencia a admitir la apelación, el interesado podrá recurrir en queja ante la misma Dirección General, preparando el recurso en forma análoga a la establecida por el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 123 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «La resolución de la Dirección General se dictará en forma análoga a la determinada en el artículo 118, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, comunicándose al Presidente de la Audiencia el acuerdo recaído, con devolución del expediente para su archivo. El Presidente devolverá al Registro los documentos calificados. Si en los informes o acuerdos definitivos se alegaren o discutieren hechos que afecten al honor privado, la Dirección General adoptará las medidas acostumbradas para que no se divulguen, y si al resolver el recurso se hiciera alguna advertencia a los funcionarios que en él hubieren intervenido, se omitirá su expresión empleando la frase «y lo demás acordado».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 124 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «La Dirección General o el Presidente de la Audiencia podrán acordar, para mejor proveer, que se unan al expediente los informes y los documentos que contribuyan al mayor esclarecimiento de las peticiones formuladas y cuya presentación en el Registro no fuere necesaria para la inscripción denegada o suspendida. La Dirección General o el Presidente de la Audiencia podrán acordar, para mejor proveer, que se unan al expediente los informes y los documentos que contribuyan al mayor esclarecimiento de las peticiones formuladas y cuya presentación en el Registro no fuere necesaria para la inscripción denegada o suspendida».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 127 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «El Registrador deberá incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o denegación del asiento solicitado. Si así no lo hubiere hecho y se le presentare de nuevo el documento o se acordare su inscripción en el recurso gubernativo correspondiente, podrá alegar defectos no comprendidos en la calificación anterior; pero en tal supuesto deberá ser corregido disciplinariamente, si procediere, según las circunstancias del caso».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 128 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «En la tramitación de los recursos gubernativos en la Audiencia Territorial se devengarán los honorarios señalados en los aranceles judiciales».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 129 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «En los escritos promoviendo los recursos gubernativos deberá usarse el papel timbrado judicial, salvo los casos en que el expediente sea entablado por el Notario autorizante, el Abogado del Estado o Entidades a las cuales esté concedido el mismo beneficio que a quienes disfrutan de la asistencia judicial gratuita, la cuales se extenderán en papel común. Igual clase de papel utilizarán los Registradores y demás funcionarios y organismos al emitir sus informes».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 22 de mayo de 2000, declara la nulidad de pleno derecho del artículo primero del R.D. 1867/998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción, entre otros, al artículo 131 del Reglamento Hipotecario, porque regula materias reservadas a la Ley, vulnera la Constitución e infringe las Leyes. En el mismo sentido Sentencia de 31 de enero de 2001. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Mientras no recaiga resolución definitiva del recurso, los recurrentes podrán desistir de él, mediante solicitud al Presidente o la Dirección General, según que uno u otra tuvieren en su poder el expediente».
2.ª Se iniciará por un escrito del titular registral en el que se expresará su título adquisitivo y la inscripción del mismo en el Registro, los hechos que se opongan a su derecho o perturben su ejercicio, el nombre, apellidos y domicilio del opositor o perturbador, la cuantía de la caución que se considere adeudada para responder de la devolución de frutos e indemnización de daños y perjuicios y pago de costas, las medidas que solicite para asegurar en todo caso la sentencia que recayere y la súplica con las peticiones correspondientes.
Con este escrito se presentará certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que faculte al titular para incoar el procedimiento. También se acompañará el título adquisitivo.
3.ª Las medidas precautorias o de seguridad que puedan adoptarse en cualquier momento podrán ser las señaladas en los artículos 1.419, 1.428 y 1.663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto sean aplicables, así como cualquiera otra que fuera procedente según los casos. En la actualidad véase el artículo 727 de la LEC 2000.
5.ª Si el emplazado o emplazados no comparecieren en el término señalado, o si compareciendo se allanaren a la demanda, no formularen la de contradicción o no prestaren caución adecuada en el plazo que posteriormente se señala, el Juez dictará auto acordando la práctica de cuantas diligencias sean necesarias para la plena efectividad del derecho inscrito, conforme a lo solicitado por el titular registral y lo dispuesto en los artículos 926, párrafo 1.º, y 1.596 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto fueren aplicables, según las circunstancias del caso. En la actualidad véase el artículo 703 de la LEC 2000.
6.ª Personados en autos los emplazados, en la misma comparecencia se les requerirá para que presten la caución adecuada exigida por la Ley, en la cuantía solicitada por el titular, si el Juez la encontrara justa. Si la estimare excesiva la reducirá a su prudente arbitrio.
El plazo para constituirla nunca podrá exceder de quince días, y no se exigirá cuando el titular registral renunciase a ella expresamente.

References: Artículo 44
 Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 98

Artículo 52

Artículo 60

Artículo 67
 artículo 72
 Real Decreto 
 artículo 68
 artículo 97
 Real Decreto 
 artículo 97
 artículo 17
 resolución 

Artículo 102
 artículo 112
 artículo 113
 artículo 114
 artículo 66
 artículo 115
 artículo 116
 resolución 
 artículo 208
 artículo 118
 resolución 
 artículo 371
 resolución 
 artículo 130
 artículo 119
 artículo 120
 artículo 121
 artículo 494
 artículo 122
 artículo 398
 artículo 123
 resolución 
 artículo 118
 artículo 124
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 129
 artículo 131
 resolución 
 artículo 727
 artículo 703