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Tribunal Constitucional 57/1999. Derecho a comunicar libremente información. Despido radicalmente nulo – Sindicato Autónomo Solidaridad
mayo 22, 1999 de sindicatosas
Tribunal Constitucional 57/1999. Derecho a comunicar libremente información. Despido radicalmente nulo
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57/1999. (Sala Primera) Sentencia de 12 de abril de 1999 (BOE de 18 de mayo de 1999)
Sala Primera. Sentencia 57/1999, de 12 de abril. Recurso de amparo 1.667/1996. Contra Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y Sentencvia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre despido. Vulneración del derecho a comunicar libremente información: despido radicalmente nulo. Voto particular.
EN NOMBRE DEL REYLa siguiente
SENTENCIAEn el recurso de amparo núm. 1.667/96, promovido por don Francisco Javier A. Del M., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Valentina López Valero y asistido del letrado don José Gabriel Antón Fernández, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de enero de 1995, y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 16 de febrero de 1996. Han comparecido el Ministerio Fiscal y la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), representada por el abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la sala.
I. ANTECEDENTES1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 20 de abril de 1996, la Procuradora de los Tribunales doña Valentina López Valero interpuso, en nombre y representación de don Francisco Javier A. del M., recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de enero de 1995, y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 16 de febrero de 1996, por entender que vulneran el derecho a las libertades de expresión y de información [art. 20.1, apartados a) y d) CE] y el principio de igualdad (art. 14 CE).
Manifestaba también que él mismo había constatado tales irregularidades en un vuelo efectuado con el mismo comandante pocos días antes, tras el que había decidido hacer un informe. No obstante, también expresaba el contexto en el que debía tomar esa decisión, ya que él no estaba comisionado por Aviación Civil para realizar aquel vuelo, y es que -manifestaba el recurrente- «(…) Aviación Civil, para evitar que actuemos sin previo aviso, nos está mandando hacer cosas que nada tienen que ver con nuestras funciones, porque están ocultando todo este tipo de cosas en connivencia con la empresa». Añadía que, precisamente a él, le habían despedido dos años antes por investigar otro accidente, aunque luego los Tribunales decidieron la readmisión, de modo que ahora se encontraba en la disyuntiva de cumplir con su obligación de investigar y denunciar o pensar en su trabajo.
c) El recurrente impugnó judicialmente el despido, considerando que vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, recayendo Sentencia del Juzgado de lo Social número 32 de Madrid, de 27 de enero de 1994, que desestimó la demanda y declaró la procedencia del despido. Consta acreditado en la resolución judicial que el recurrente había efectuado un vuelo con el comandante fallecido días antes del accidente, observando ciertas irregularidades, de las que no informó porque no tenía conocimiento oficial de ellas al no haber sido comisionado por Aviación Civil para tal vuelo; que así se lo había expresado a este Organismo cuando le requirió que informase de aquéllas, como también que ello suponía coacción, teniendo en cuenta que ya había sido expedientado y despedido anteriormente con motivo de la investigación sobre otro accidente. Quedó probado que el comandante fallecido ya había comunicado algunas irregularidades al Presidente de la Asociación de Usuarios, el cual le había advertido que podía denunciarlas; en el mismo sentido, la testifical de la viuda del comandante acreditó que éste le había manifestado que los aviones funcionaban muy mal y que le iba a costar la vida.
Resultó igualmente probado, según dicha Sentencia, que doña Encarnación P. -también piloto- había comunicado al actor que, en conversaciones mantenidas con la Directora de PALFE -empresa propietaria del avión siniestrado-, ésta le había manifestado que había tenido que entregar cantidades al Subdirector General de Control y Transporte Aéreo para que los aviones de la compañía pudieran seguir volando. Declaración esta de la que la señora P. dejó posteriormente constancia ante Notario, a petición del actor y a efectos probatorios en el juicio por despido, si bien tras ciertas desavenencias con aquél, volvió a la Notaría para dejarla sin efecto. No obstante, en su declaración como testigo no negó las conversaciones mencionadas, matizando que habían sido hechas en tono jocoso, en el marco de una relación amistosa con la Directora de PALFE. Esta, por su parte, negó tales conversaciones en la prueba testifical.
3. El recurrente interpuso recurso de amparo por entender que tanto la Sentencia del Juzgado de lo Social como la del Tribunal Superior de Justicia habían vulnerado, en primer lugar, sus libertades de expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE]. Si bien entiende que la causa del despido enlaza más bien con el segundo de los derechos mencionados, también estima que se ha lesionado el primero, al reprimirse la opinión vertida en contestación a unas preguntas realizadas telefónicamente por un periodista.
En segundo lugar, alega que las resoluciones judiciales impugnadas en amparo han vulnerado el art. 14 CE, al no entrar a valorar la existencia de un despido discriminatorio, recordando la necesaria aplicación en estos casos de la prueba indiciaria como medio de revelar el motivo real del despido.
Manifiesta que en su caso existían suficientes evidencias para poner de relieve una persecución por parte de la Administración empleadora, aludiendo a procedimientos judiciales anteriores sobre despido y derecho a la ocupación efectiva que, a su juicio, deben ponerse en relación con el actual despido para apreciar la mala fe de la demandada, que extiende al modo en que se tramitó el expediente disciplinario. Todo ello conduce, a su entender, a estimar que el despido se produjo en fraude de ley, por lo que debería ser calificado como nulo.
4. Por providencia de la Sección Segunda de la Sala Primera de 30 de septiembre de 1996 se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como requer Juzgado de lo Social, al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Supremo la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente, para comparecer en diez días ante este Tribunal.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 10 de febrero de 1997, el recurrente reitera que las resoluciones impugnadas han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, invocando en su favor la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Reitera igualmente la vulneración del art. 14 CE, tanto por la persecución que ha sufrido por parte de la Administración empleadora, como por el cambio de criterio con que ha operado el Tribunal Superior a la hora de fijar los efectos del despido declarado improcedente.
8. El Ministerio Fiscal interesa la estimación de la demanda de amparo en relación con la libertad de información invocada por el recurrente, que, a su juicio, es el derecho fundamental afectado, aun sin perder de vista la dificultad de diferenciarlo de la libertad de expresión. Aquel derecho no tiene más limites que la veracidad de la información transmitida y no se encuentra condicionado a que se trate de informaciones indiferentes o inofensivas para quien es objeto de ellas, por lo que, referido a las relaciones laborales, resulta irrelevante que hayan tenido incidencia en el empleador. A juicio del Ministerio Público, aun tratándose de una libertad de información ejercida en el seno de un contrato de trabajo, puede deducirse de las circunstancias que no traspasó los límites de aquel derecho, informando a la opinión pública y criticando a la Administración, sobre una cuestión de indudable interés general como es la seguridad del tráfico aéreo.
Por el contrario, considera que el amparo debe desestimarse respecto de las supuestas vulneraciones del art. 14 CE. Ni el carácter discriminatorio del despido puede valorarse, habida cuenta de que no se ofrece ningún elemento de comparación, ni el principio de igualdad en la aplicación de la ley puede resultar afectado cuando no se da la igualdad fáctica que aquél requiere como premisa. En relación con este último aspecto, el Ministerio Fiscal entiende que, precisamente, la falta de contradicción con la Sentencia que alega el recurrente fue declarada por el Auto del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina, decisión que no puede ser revisada por el Tribunal Constitucional, el cual no constituye una tercera instancia revisora de la labor de unificación de doctrina, que corresponde al Tribunal Supremo.
9. Por providencia de la Sala Primera, de 18 de diciembre de 1997, se tuvieron por recibidos los anteriores escritos, así como otro posterior del recurrente. También se acordó, conforme al art. 89.1 LOTC requer Juzgado de Instrucción núm. 2 de Palma de Mallorca para que remitiera testimonio de las diligencias previas 248/93.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS1. La cuestión sometida a este Tribunal consiste en decidir si el despido de que fue objeto el recurrente -que prestaba servicios en la Dirección General de Aviación como Inspector de Vuelos y Operaciones de Tráfico Aéreo-, vulneró sus derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, al producirse a raíz de unas declaraciones de aquél a la prensa tras un accidente aéreo, en las que denunciaba diversas irregularidades, tanto en las condiciones de las aeronaves propiedad de la empresa PALFE como en la actuación de los responsables de Aviación Civil sobre la inspección de aquéllas. La supuesta lesión de tales derechos no se habría reparado por los órganos judiciales, al haber sido primero declarado procedente el despido por el Juzgado de lo Social y al limitarse el Tribunal Superior de Justicia a calificarlo de improcedente, reconociendo a la empresa la facultad de optar entre la readmisión y la indemnización del trabajador.
Debe también resolverse si, como alega el recurrente, se ha vulnerado el art. 14 CE por no apreciarse la existencia de un despido discriminatorio, así como si ha resultado afectado el principio de igualdad en la aplicación de la ley, al haber resuelto el Tribunal Superior de Justicia en sentido diverso a otra decisión anterior en la que, tras declarar la improcedencia del despido, condenó a la empleadora a la readmisión forzosa sin posibilidad de optar por la indemnización.
Como hemos precisado en anteriores Sentencias, la extemporaneidad de un recurso del amparo por interposición de recursos improcedentes se ciñe a los supuestos en los que la improcedencia deriva de una forma inequívoca y terminante de la propia ley, sin dudas que requieran interpretaciones de aquélla de cierta dificultad (STC 122/1996, fundamento jurídico 2.º, que cita las SSTC 224/1992, 352/1993, 253/1994). Desde tal premisa nada cabe objetar, en relación con el plazo para recurrir en amparo, a la decisión del recurrente de interponer un recurso para la unificación de doctrina, que fue luego inadmitido por el Tribunal Supremo al considerar que no se había realizado de forma precisa y circustanciada la contradicción alegada en el recurso.
3. De las diversas alegaciones del recurrente procede rechazar, en primer lugar, la relativa a la vulneración del art. 14 CE por no haber estimado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia la existencia de un despido discriminatorio. Desde el comienzo del procedimiento el recurrente reclamó contra un despido que consideraba lesivo de sus libertades de expresión e información y que, por lo tanto y a su juicio, debió ser calificado como nulo por vulnerador de derechos fundamentales. Siendo así, la invocación de la supuesta discriminación no hace sino abundar sobre la lesión mencionada, ya que no se sustenta sobre hechos distintos de los denunciados, de forma que, desde este punto de vista, la invocación del art.
14 CE ha de reconducirse a la del art. 20.1 CE, que se analizará posteriormente.
4. Tampoco puede ser estimada la demanda del recurrente referida a la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), que aquél considera producida porque el Tribunal Superior de Justicia condenó a la empresa, tras la declaración de la improcedencia del despido, a optar entre la readmisión o el pago de la indemnización legal correspondiente, siendo así que en un supuesto anterior (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de julio de 1992), ante un pronunciamiento del mismo signo, aplicó la previsión del convenio de condenar, en todo caso, a la readmisión del trabajador. La lectura de las alegaciones del recurrente pone de manifiesto la imposibilidad de apreciar la pretendida vulneración, ya que no sólo no se acredita la identidad de hechos que constituye la premisa del juicio de igualdad en la aplicación de la ley (SSTC 79/1985, 120/1987), sino que, a la vista de aquéllas, lo que el recurrente cuestiona es si la causa de despido puede ser incluida entre los supuestos para los que el Convenio colectivo dispone la readmisión forzosa del trabajador despedido improcedentemente, decisión que, con toda evidencia, corresponde a los órganos judiciales y no a este Tribunal. Por lo demás, es preciso considerar que la mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de julio 1992, fue una de las que el recurrente aportó como contradictorias en su recurso de casación para la unificación de doctrina. En la medida en que, como ya se ha dicho, tal recurso fue inadmitido por el Tribunal Supremo, no es posible pretender del Tribunal Constitucional que, desconociendo aquella decisión, resuelva una supuesta contradicción entre Sentencias sobre la que no existe pronunciamiento previo en la vía judicial y respecto de la cual carece de competencia propia, ya que, como repetidamente hemos manifestado, no corresponde a este Tribunal la unificación de la doctrina judicial (SSTC 58/1986 y 201/1991, entre otras).
5. Debe examinarse ya la queja principal de este recurso de amparo, que es la alegada vulneración de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información en virtud del despido del recurrente, acordado por la empresa, Dirección General de la Aviación Civil, y que la Sentencia dictada en trámite de suplicación declaró improcedente. A partir de la conclusión que se obtenga podrá hacerse la calificación correcta del despido. Esta calificación habrá de ser necesariamente de nulidad si se hubiese producido la vulneración, debiendo mantenerse en otro caso el pronunciamiento ahora impugnado. 6. Enlazando con la última reflexión, conviene recordar en este momento que, según reiteradamente ha declarado este Tribunal, ya bajo la vigencia de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, el despido acordado con vulneración de derechos fundamentales debe ser declarado radicalmente nulo, con el efecto de la readmisión forzosa del trabajador (SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989 y 99/1994, entre otras). Esta doctrina fue recogida por la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 y seguida por la reforma laboral de 1994 y textos normativos posteriores. Actualmente, el art. 55, apartados 5 y 6, del vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y los arts. 108.2 y 113 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, declaran que es nulo, con el referido efecto de obligada readmisión del trabajador, el despido acordado con infracción de derechos fundamentales. 7. Señalados los anteriores extremos, debe determinarse cuál sea el derecho fundamental que, en su caso, se haya lesionado, si el de libertad de expresión o si el de comunicar información veraz, previstos, respectivamente, en los apartados a) y d) del art. 20.1 CE. Según se relató en los antecedentes con más detalle, el recurrente fue despedido por unas declaraciones a la prensa, efectuadas tras un accidente aéreo en el que habían fallecido el comandante y un piloto, declaraciones en las que exponía la existencia de irregularidades en el mantenimiento de los aviones y en determinados servicios de «Aviación Civil». Así pues, la actuación del recurrente versó sobre hechos noticiables y de interés general, y no sobre opiniones acerca de la situación expuesta, por más que la lectura de la noticia evidencia un juicio negativo sobre aquélla. Ello permite concluir que el derecho fundamental de referencia, objeto de cuestión en el presente recurso, es el de libertad de información, si se tiene en cuenta la jurisprudencia constitucional sobre las diferencias existentes entre la libertad de expresión y la libertad de información, y respectivas notas características (SSTC 6/1988, 107/1988, 105/1990, 171/1990, 172/1990, 223/1992 y 4/1996, entre otras). 8. Por otra parte, es de interés recordar que, como ha señalado ya este Tribunal, la efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de las relaciones laborales es compatible con el cuadro de límites recíprocos que pueden surgir entre aquéllos y las facultades empresariales, las cuales son expresión de derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE; por ello es necesario modular, según los casos, el ejercicio de todos ellos (SSTC 6/1988, 136/1996, 90/1997). Se ha referido este Tribunal al deber de secreto respecto de determinados datos de empresa que pueden quedar excluidos del conocimiento público (SSTC 8/1998, 4/1996) o al desarrollo de la prestación del trabajo en empresas ideológicas (SSTC 5/1981, 47/1985, 77/1985, 106/1996) y ha precisado también que los derechos fundamentales del trabajador no sirven incondicionalmente para imponer modificaciones contractuales (STC 19/1985) ni para el incumplimiento de los deberes laborales (STC 129/1989). Pero también se ha dicho, como afirma la STC 197/1998, que «no cabe defender la existencia de un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales (STC 120/1983)», de modo que «aunque la relación laboral tiene como efecto típico la supeditación de ciertas actividades a los poderes empresariales, no basta con la sola afirmación del interés empresarial para restringir los derechos fundamentales del trabajador, dada la posición prevalente que éstos alcanzan en nuestro ordenamiento (SSTC 99/1994, 6/1995)». 9. Deben precisarse, a continuación, cuáles sean los extremos sustanciales sobre los cuales, atendiendo al propio contenido de la Sentencia impugnada, hayan de sustentarse el examen y resolución del tema relativo a la alegada vulneración de derechos fundamentales. A) En primer lugar, es obligado tener en cuenta la circunstancia, ya conocida pero que no es superfluo recordar, de que la relación de hechos probados de la Sentencia recurrida no es modificable: tales hechos, y sólo ellos, han de servir como punto de referencia válido y eficaz, pues nuestro enjuiciamiento, según afirma el art. 44.1 b) LOTC, ha de versar sobre la violación del derecho o libertad que se imputa a una acción u omisión del órgano judicial, «con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquéllas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional». B) En segundo lugar, han de considerarse el contenido y el sentido de los pronunciamientos de la Sentencia impugnada y, en relación con ello, de las peticiones deducidas con el recurso de amparo. La Sentencia impugnada, dejando sin efecto la de instancia, que había desestimado la demanda de despido, declaró la improcedencia de éste, concediendo a la empresa la opción de readmit trabajador (el ahora demandante de amparo) o indemnizarle, con abono en todo caso de los salarios de tramitación. El recurso de amparo se ha formulado por el trabajador, que pide el reconocimiento de sus derechos fundamentales así como la nulidad de las dos Sentencias (la de instancia y la impugnada) y la declaración de nulidad del despido, con los correspondientes efectos legales, entre ellos el de su inmediata readmisión en la empresa. Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que, a los puros efectos del presente recurso, ha de partirse de un hecho que formalmente ya no es cuestionable al ser el trabajador el único recurrente: es el hecho de la ilicitud del despido (sea por su improcedencia, según resolución judicial, sea por su nulidad, según se postula en el recurso de amparo). 10. Asimismo, y con igual finalidad, deben examinarse los razonamientos en virtud de los cuales la Sentencia de suplicación estima que el despido es improcedente. A tal fin, cobra especial relieve el fundamento jurídico noveno y último de la Sentencia, en el cual se contiene la valoración de los hechos que dieron causa al despido y la calificación jurídica de éste. De dicho fundamento destacan, a los fines de este recurso, cuatro puntos o extremos que se exponen a continuación. Primero: En el comienzo de dicho fundamento, a modo de preámbulo del discurso expositivo que sigue, se sitúa la cuestionada actividad del ahora demandante de amparo en el campo de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información. Así, tras señalar que «el centro del problema lo constituye la publicación de la nota periodística, consecuencia de la conversación telefónica habida entre el recurrente y la prensa referida de Palma de Mallorca», dice que las manifestaciones hechas por aquél «lo son en uso de la libertad de expresión, como poder de opinar sobre los acontecimientos», y afirma a continuación que «este alcance informativo y de expresión» ha de ser enjuiciado en «(el) contexto en que el mismo se produce». En ningún momento llegó a precisar la Sentencia explícitamente si la cuestión litigiosa afectaba a ambos derechos, el de expresión y el de información, o sólo a uno de ellos, y en este caso cuál. Segundo: La Sentencia afirma, tras hacer unas consideraciones sobre los hechos ocurridos y las relaciones entre trabajador y empresa, que había «basamento suficiente para crear por lo menos en la conciencia del agente la necesidad de sal paso de estas irregularidades, comunicándolo así al exterior mediante su intervención informativa en el periódico local». Tercero: Considera la Sentencia de suplicación que el ahora recurrente no infringió sus deberes de lealtad con la empresa. Dice, al efecto, que «la transgresión imputada no revela grado ni alcance suficiente, atendidos los principios de imputabilidad subjetiva y objetiva y proporcionalidad, para estimar que se ha faltado por el agente a los deberes de lealtad para con su empresa». Cuarto: Por último, concluye la Sentencia que «no puede hablarse de un atentado a sus derechos fundamentales» (del trabajador), si bien no justifica ni razona tal conclusión. 11. Esta última conclusión (que el despido se produjo sin vulneración de los derechos fundamentales del ahora demandante de amparo) no sólo no es razonada en la Sentencia sino que, en realidad, carece de toda justificación y fundamento, según se argumenta seguidamente. Se dice que las declaraciones que dieron causa al despido se hicieron en uso de la libertad de expresión y de información, y que han de enjuiciarse dentro del contexto en que se produjeron. Se estima, a partir del conjunto de hechos concurrentes, que había base suficiente para que surgiese en la conciencia del agente la necesidad de una intervención informativa en la prensa, a fin de sal paso de ciertas irregularidades. Se afirma que el recurrente fue fiel a sus deberes de lealtad con la empresa. Nada se dice, además, acerca de que tales declaraciones rebasaran los límites propios de los derechos de expresión e información, amén de que tampoco se cuestione, en relación con el derecho de información, la concurrencia del requisito de veracidad de lo informado, en los términos que, a tal efecto, exige la jurisprudencia constitucional (SSTC 6/1988, 170/1990, 178/1993 y 240/1992, entre otras). Pues bien, un despido acordado como reacción empresarial frente a las expresadas declaraciones a la prensa, producidas en los términos apreciados por la Sentencia recurrida, y que ya se han expuesto, es un despido efectuado con vulneración de los derechos fundamentales que invoca el recurrente, en concreto, el derecho a comunicar información veraz, pues no hay constancia alguna de que tal censurada y sancionada actividad se hubiera llevado a cabo fuera del ámbito propio y protegido de tales derechos. 12. Siendo esto así, es decir, producido el despido con vulneración del expresado derecho fundamental, es claro que la respuesta dada por la Sentencia ahora recurrida, declarando aquél improcedente, con opción empresarial entre indemnización y readmisión, es una respuesta judicial que no atiende suficientemente a las exigencias derivadas de la vulneración apreciada: por las razones expuestas en el fundamento jurídico sexto, el despido debe ser declarado radicalmente nulo, con el consiguiente efecto de readmisión forzosa del trabajador sancionado. A efectos de precisar el alcance del fallo, debe añadirse que la imputación de la lesión del derecho fundamental no se extiende al Auto del Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de suplicación, y que ha servido, en este caso, para agotar la vía judicial previa al amparo.
FALLOEn atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Francisco Javier A. del M. y, en consecuencia:
1.º Reconocer al recurrente don Francisco Javier A. del M. su derecho a transmitir información veraz.
2.º Declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Social número 32 de Madrid, de 27 de enero de 1994, así como de la Sentencia de la Sala de la Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de enero de 1995, y del Auto de la misma Sala, de 6 de abril de 1995.
3.º Restablecer al recurrente en su derecho fundamental, declarando la nulidad del despido, con el efecto de su readmisión forzosa.
VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado Manuel Jiménez de Parga y Cabrera a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1667/96
En este recurso de amparo, como en todos los interpuestos contra decisiones de los Jueces y Tribunales, lo que hemos de hacer es «concretar si se han violado derechos o libertades del demandante» (art. 54 LOTC). Mi discrepancia con la Sentencia, que repetuosamente expongo, se centra en la apreciación de los límites de la libertad de información. Para la mayoría de los Magistrados las declaraciones del quejoso a un periódico se realizaron dentro del ámbito propio y protegido del derecho fundamental (fundamento jurídico 10, in fine). A mi entender, por el contrario, la libertad de información tenía, en este caso, un condicionamiento, o «límite adicional», impuesto por la relación laboral. La doctrina de nuestro Tribunal, como a continuación digo, ha precisado la manera de ejercer los trabajadores el derecho constitucional con buena fe y lealtad a la empresa. 1. El núcleo del problema. Se afirma en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que «el centro del problema lo constituye la publicación de la nota periodística consecuencia de la conversación telefónica habida entre el recurrente y la prensa referida de Palma de Mallorca» (fundamento jurídico 9.º). El mismo enfoque se repite en el Auto de aclaración: «… la causa del despido … se refiere a unas manifestaciones vertidas por el recurrente en el periódico local …». La Sentencia de nuestra Sala, de la que estoy discrepando, acepta el planteamiento: «… se sitúa la cuestionada actividad del ahora demandante de amparo en el campo de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información» (fundamento jurídico 9.º). El Juzgado de lo Social núm. 32 de Madrid apoya también su resolución en un modo de apreciar la libertad de información de los trabajadores, que, para él, sin embargo, tiene límites específicos. He aquí, por tanto, delimitada por el Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la cuestión que, con criterios constitucionales, hemos de resolver, respetando -claro es- la versión judicial de los hechos que dieron lugar al proceso laboral, por imponérnoslo así el art. 44.1.b) LOTC. 2. Límites de la libertad de información de los trabajadores. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no establece, de forma clara, si el derecho afectado es el de libertad de expresión o el de libertad de información. Ante tal imprecisión, la Sentencia de nuestra Sala se inclina por considerar violado el derecho del recurrente «a transmitir información veraz» (punto primero del fallo). El quejoso es un trabajador, con las obligaciones propias de su cargo de Inspector de Vuelos y Operaciones de Tráfico Aéreo (con el alcance, significación y efecto que luego se dirá). Este Tribunal Constitucional ha elaborado una jurisprudencia que, en mi opinión, nos lleva a unas conclusiones de signo distinto de las alcanzadas en la Sentencia de la mayoría, en la cual se invocan oportunamente, no obstante, varias resoluciones de nuestro Tribunal.
El trabajador conserva sus derechos fundamentales. De modo nítido y completo se expuso en la STC 88/1985 y se ha reiterado después, recientemente, por ejemplo, en la STC 204/1997: «En relación con el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de las relaciones laborales, es preciso recordar, con carácter previo, que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1.a) CE], por cuanto las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 CE legitima que quienes presten servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependencia de los titulares deban soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional» (fundamento jurídico 2.º).
«Condicionamiento» o «límite adicional» para el ejercicio del derecho fundamental. Son expresiones repetidas en nuestra doctrina «condicionamiento», o «límite adicional», que se impone al ejercicio por parte del trabajador del derecho de libertad de expresión y de información. «En el ámbito de una relación laboral las manifestaciones de una parte respecto de otra deben enmarcarse en las pautas de comportamiento que se derivan de aquélla, pues el contrato entre trabajadores y empresario genera “un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que condiciona, junto a otros, también el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de modo que manifestaciones del mismo que en otro contexto pudieran ser legítimas, no tienen por qué serlo necesariamente en el ámbito de dicha relación” (STC 120/1983, fundamento jurídico 2.º, en el mismo sentido, SSTC 88/1985, 6/1988, 126/1990, 4/1996 y 106/1996)». Surge, pues, en el ejercicio del derecho constitucional un «condicionamiento» o «límite adicional», impuesto por la relación laboral, y que deriva del principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo al que éstas han de ajustar su comportamiento mutuo» (SSTC 88/1985, 6/1988 y 106/1996). (Recientemente se ha recogido la misma doctrina en la STC 204/1997, fundamento jurídico 2.º).
Necesaria ponderación de derechos y obligaciones. Es también doctrina constitucional reiterada que en el caso de los trabajadores hay que «preservar el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito -modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente- de su libertad constitucional (STC 6/1988, fundamento jurídico 8.º), modulación que sólo debe producirse “en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva” (STC 99/1994)».
3. Caracterización laboral del recurrente en amparo. Se trata de un quejoso que forma parte del personal laboral con categoría profesional de Inspector de Vuelo, destinado en la Subdirección General de Control del Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil. Por si alguna duda pudiera tenerse de la importancia de su cometido laboral, es presentado en las declaraciones al periódico «Ultima Hora» como «Inspector de Vuelo del Estado» (calificación que consta en los titulares a toda página y en el desarrollo de la información, por cuatro veces). Como Inspector de Vuelo le es de aplicación lo establecido en el Decreto de 28 de marzo de 1974 (art. 8.º); en la Orden de 22 de abril de 1980, así como en el apartado m) del núm. 3 del art. 84 del Convenio Colectivo. En definitiva, estaba obligado a poner en conocimiento de la Dirección General de Aviación Civil cuantas incidencias, constituyan o no irregularidades, que lleguen a su conocimiento relacionadas con la seguridad en vuelo de los aeronaves de cualquier Compañía, y no podía hacer públicos «datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón de trabajo en el Organismo», según palabras literales del Convenio Colectivo.
4. Calificación constitucional de la conducta del quejoso. Consta en las Sentencias del Juzgado y del Tribunal superior que el recurrente, lejos de informar a la Dirección General en la que trabajaba, se puso en contacto con unos periodistas a los que, a las pocas horas del accidente (y sin esperar la reacción de las autoridades competentes) transmitió sus críticas sobre el funcionamiento de determinados vuelos, destacando la existencia de una serie de irregularidades graves. El propio recurrente confiesa que su obligación era investigar y elevar el resultado de su tarea a la Dirección General de Aviación Civil. «Se produce otro accidente -leemos en la entrevista periodística- y yo me encuentro entre mi obligación, que es investigar y denunciar y por otro lado también tengo que pensar en que tengo que comer. Quiero decir con esto que no es que no pensara poner la denuncia, lo que pasa es que quedé en que iba a hacer un escrito a mis superiores comunicando la situación y pidiéndoles que se me encomendara a mí la inspección». Al actual así (el móvil «tener que comer» no justifica aquí nada) el Inspector de Vuelo no se comportó «conforme a las reglas de la buena fe y diligencia» [art. 5.º a) ET]. La jurisprudencia constitucional, antes expuesta, destaca que el ejercicio del derecho de información por parte del trabajador, debe desarrollarse conforme a las exigencias de la buena fe y con lealtad al empleador. El derecho fundamental tiene este condicionamiento, o límite adicional, en el ámbito laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el fundamento noveno de su Sentencia, afirma: «Si bien es cierto que no puede hablarse de un atentado a sus derechos fundamentales (los del recurrente) y sí sólo de un despido cuya causa se valora». Comparto la apreciación que se efectúa en la Sentencia de la mayoría, o sea que el Tribunal Superior de Justicia «no justifica ni razona tal conclusión» (fundamento jurídico 10, in fine). Ahora bien, es una «conclusión», deficientemente razonada, nadie lo pone en duda, pero se trata de la «conclusión» de la Sentencia que debemos constitucionalmente considerar en este recurso de amparo. En definitiva, nos hallamos ante un despido laboral, en el que no se produjo conculcación de derechos fundamentales, y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al valorar sus causas, lo estima «improcedente», mientras que el Juzgado de lo Social lo había declarado «procedente».
No hubo con el despido violación del derecho a informar con libertad y la Sala de lo Social, atendidas determinadas circunstancias del caso, lo declara «improcedente». La tesis que defendí en las deliberaciones de la Sala se orientaba hacia la desestimación del amparo. Es la argumentación que ahora ratifico en este Voto con el que discrepo, lamentándolo grandemente, del autorizado parecer de mis colegas.
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Juzgado Social 16 Madrid 178/99. Prejubilado despedido, sanción desproporcionada. Despido improcedente, indemnización. →

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
in fine
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