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Timestamp: 2018-08-16 07:44:04+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2008-00184/41028 DE MAYO 10 DE 2017
SENTENCIA 2008-00184 DE 10 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:POSEEDOR DE VEHÍCULO QUE OBRA CON ÁNIMO Y SEÑOR DE DUEÑO ESTÁ FACULTADO PARA RECLAMAR EL AUTOMOTOR INMOVILIZADO UNA VEZ PRECLUYE LA INVESTIGACIÓN PENAL. SE ESTABLECE QUE ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR Y RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN A LA INMOVILIZACIÓN DE UN VEHÍCULO COMO CONSECUENCIA DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL, EL POSEEDOR DEL MISMO, CUANDO ACREDITA EN EL PROCESO: I) QUE FUE EL SUJETO A QUIEN SE LE RETUVO EL AUTOMOTOR, SUSCRIBIENDO EL INVENTARIO QUE SE ELABORA CON LA INMOVILIZACIÓNII) SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO Y III) PESE A NO TENER LA CONDICIÓN DE PROPIETARIO EN EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN O LA LICENCIA DE TRÁNSITO, ADELANTA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL ACTOS DE SEÑOR Y DUEÑO RESPECTO DEL VEHÍCULO. EN ESE SENTIDO, SI ACREDITA DICHA CONDICIÓN ESTÁ FACULTADO COMO POSEEDOR PARA RECLAMAR EL AUTOMOTOR UNA VEZ PRECLUYE LA INVESTIGACIÓN, SIN EMBARGO, SI EL ACTOR INCURRE EN UNA ACTITUD NEGLIGENTE, CONSISTEN EN NO RECLAMAR OPORTUNAMENTE EL VEHÍCULO LUEGO DE LA PRECLUSIÓN, SU OMISIÓN CONTRIBUYE AL DETERIORO DEL BIEN, POR ELLO, SIN JUSTA CAUSA NO MITIGA EL DAÑO POR EL CUAL DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN, ES POSIBLE DECLARAR UNA CORRESPONSABILIDAD POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA MORA EN LA RESTITUCIÓN DEL VEHÍCULO DANDO LUGAR A REDUCIR EN UN 50% LA INDEMNIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, POSEEDOR, LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, INVESTIGACIÓN PENAL, RETENCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, CORRESPONSABILIDAD
Sentencia 2008-00184 de mayo 10 de 2017
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
Rad.: 2000-12-33-1000-2008-00184-01 (41.028)
Actor: José Alfonzo Armenta Maestre y otros
Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. Si alguien demanda como propietario de un bien, pero no demuestra esta condición, puede actuar como poseedor siempre y cuando se acredite esta calidad. DECLARACIONES EXTRA PROCESALES. Tienen valor probatorio si se ratifican en el proceso. DEBER DE MITIGAR EL DAÑO. La víctima de un daño debe hacer lo que está a su alcance para mitigar los efectos nocivos del mismo o, si es del caso, evitarlo.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se hicieron las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe literal, incluidos los posibles errores(1):
“PRIMERO: DECLÁRASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a los actores como resultado de la falla en el servicio consistente en la inmovilización del vehículo (carro tanque) de placas TPH-400, modelo 1969, color azul de propiedad del señor José Alfonzo Armenta Maestre, por el lapso transcurrido entre el 18 de junio de 1997 y el 23 de noviembre de 2006.
“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas de dinero:
“POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES:
“DAÑO EMERGENTE:
“A favor del señor José Alfonzo Armenta Maestre, la suma de veinticuatro millones seiscientos ochenta y tres mil sesenta y cinco pesos ($ 24’683.065).
“LUCRO CESANTE:
“A favor del señor José Alfonzo Armenta Maestre la suma de trece millones novecientos sesenta y seis mil novecientos doce pesos ($ 13’966.912).
“TERCERO: Sin costas.
“CUARTO: Para el cumplimiento de la sentencia se observarán los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
“QUINTO: Niéguense las demás súplicas de la demanda.
“SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente”.
Los señores José Alfonzo Armenta Maestre, Meredith González de Armenta, Jorge Ricardo Armenta González, Fabio Alfonzo Armenta González, Jesualdo Armenta Maestre y Édgar Agustín Armenta Maestre formularon demanda de reparación directa el 19 de noviembre de 2008 en contra de la Fiscalía General de la Nación, para que se la declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados de la inmovilización de un vehículo de propiedad del primero de los mencionados actores.
Por concepto de indemnización de perjuicios morales y por daño a la vida de relación se solicitó el pago del equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los demandantes.
También se solicitó la indemnización del daño emergente y del lucro cesante que soportó el demandante y, como consecuencia, su núcleo familiar, representados en los daños que sufrió el vehículo y en los ingresos dejados de percibir, respectivamente.
Se indicó en la demanda que el cálculo del daño emergente y del lucro cesante se debía hacer con base en el dictamen que se elaboró en desarrollo de la inspección judicial con intervención de perito, la cual se practicó como prueba anticipada y que se aportó al proceso.
Como fundamento fáctico de las pretensiones se expuso en la demanda que el 18 de junio de 1997 la Fiscalía General de la Nación ordenó la inmovilización del vehículo carro tanque de placas TPH 400, de propiedad del señor José Alfonzo Armenta Maestre, con ocasión de una investigación penal por el delito de hurto de hidrocarburos, adelantada en contra de otras personas.
De acuerdo con los hechos, el vehículo estuvo bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación entre el 18 de junio de 1997 y el 23 de noviembre de 2006, tiempo durante el cual sufrió diversos daños y, así mismo, provocó un lucro cesante a su propietario, quien no pudo destinarlo a alguna actividad económica y, por tanto, a su núcleo familiar, también demandante, que dependía de ello para subsistir.
2. Trámite en primera instancia.
La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo del Cesar el 19 de noviembre de 2008(2) y fue admitida mediante auto fechado el 4 de diciembre de ese año(3), la cual se notificó en debida forma a la entidad demandada(4) y al Ministerio Público(5).
La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las pretensiones(6). Como razón de su defensa adujo que no hubo falla en el servicio en desarrollo de la actuación penal por la cual se inmovilizó el vehículo, toda vez que se ajustó a las normas legales.
Agregó la Fiscalía que su obligación era inmovilizar el vehículo, pues había indicios acerca de que en él se transportaba el combustible que se hurtaba.
Concluido el período probatorio y mediante providencia fechada el 25 de marzo de 2010 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo(7).
La parte actora y la entidad demandada alegaron de conclusión, básicamente, lo expuesto en la demanda y en su contestación(8).
Mediante sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010 el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la responsabilidad de la Fiscalía por inmovilizar de manera excesiva un vehículo de propiedad del señor José Alfonzo Armenta Maestre y la condenó a pagar indemnización de perjuicios materiales.
Como fundamento de esa decisión, el Tribunal de primera instancia consideró que la Fiscalía incurrió en una falla en el servicio por no restituir de manera oportuna el automotor, sino que lo hizo seis años después de que declarara la preclusión de la investigación.
Estimó el tribunal que la inmovilización del vehículo solo se justificaba mientras se adelantaban las averiguaciones para establecer su participación en los hechos, pero de modo alguno existían razones para prolongar la medida cautelar durante seis años.
4. Los recursos de apelación.
4.1. El que presentó la Fiscalía General de la Nación.(9)
La Fiscalía insistió en que no hubo irregularidades en la investigación penal en virtud de la cual inmovilizó el vehículo de propiedad del demandante, por lo que no resultaba posible que se la declarara responsable.
Agregó que cualquier inconformidad con el estado del vehículo debió manifestarse en la diligencia de entrega y debió quedar consignada en el acta que se elaboró en ese momento; sin embargo, la prueba documental demuestra que fue “recibido a satisfacción”.
Por lo antes dicho, señaló la Fiscalía que resultaba improcedente reclamar indemnización de perjuicios por inconformidades que no se manifestaron con antelación.
Adicionó que debía declararse la culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad, toda vez que el demandante no fue diligente en adelantar las actuaciones para lograr la devolución del vehículo, sino que esperó 6 años para insistir en ello. Precisó la Fiscalía que no era razonable que el propietario del bien hubiere permanecido impasible desde 1997 hasta el 2006, sin gestionar lo necesario para recuperar su carro tanque.
También cuestionó la condena impuesta por concepto de indemnización de perjuicios materiales, por considerar que no obraba prueba de ellos en el expediente.
4.2. El que presentó la parte actora.(10)
La parte actora cuestionó la sentencia de primera instancia porque no indemnizó los perjuicios morales y de daño a la vida de relación.
Aseveró que, de conformidad con la prueba testimonial, se demostró en el expediente la existencia de un perjuicio moral y un daño a la vida de relación como consecuencia de la inmovilización del carro tanque.
Con la apelación también se solicitó que se acogiera la indemnización del lucro cesante que estimaron los peritos, en desarrollo de la inspección judicial que se practicó como prueba anticipada. Se expuso que no había razones para apartarse de sus conclusiones.
5. El trámite de segunda instancia.
Los recursos presentados en los términos expuestos fueron admitidos por auto calendado el 27 de mayo de 2011(11).
Posteriormente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo(12), oportunidad procesal en la que la entidad demandada reiteró lo expuesto a lo largo del proceso(13). La parte actora guardó silencio.
El Ministerio Público intervino para solicitar que se confirmara la sentencia de primera instancia. Consideró que resultaba excesivo el tiempo que el vehículo de propiedad del demandante permaneció inmovilizado por orden de la Fiscalía(14).
Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia de la Sala: el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia sin consideración a la cuantía del proceso; 2) el ejercicio oportuno de la acción; 3) la legitimación en la causa por activa: se demostró en el proceso que el demandante ostentaba la calidad de poseedor del vehículo que inmovilizó la Fiscalía; 4) el caso concreto: se demostró que la Fiscalía inmovilizó un vehículo y que lo devolvió en peores condiciones a las que presentaba cuando lo retuvo. También se estableció que esa entidad, así como el demandante, no acataron el procedimiento previsto por el Decreto 2700 de 1991, relativo a la restitución de bienes luego de la preclusión de la investigación; 5) la imputabilidad de la responsabilidad: el incumplimiento de ambas partes del Decreto 2700 de 1991 produjo los daños por los cuales se demandó indemnización. Se declara una concurrencia de culpas; 6) indemnización de perjuicios: no prospera ninguno de los argumentos expuestos en los recursos de apelación para modificar la condena. Se confirma; 7) actualización de la condena impuesta en primera instancia y reducción del 50% por la concausa; 8) no procede la condena en costas por no demostrarse conducta temeraria de alguna parte.
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010, por el Tribunal Administrativo del Cesar, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(15).
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.
La Sala contabilizará el término de caducidad a partir del día siguiente en que ocurrió la devolución del carro tanque, pues a partir de ese momento se podían determinar con certeza los perjuicios que se habrían causado mientras estuvo bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación.
A pesar de que no obra en el expediente el acta de entrega del vehículo, que según los hechos de la demanda ocurrió el 23 de noviembre de 2006, sí se cuenta con elementos probatorios que permiten inferir que la demanda se interpuso en tiempo.
Por cierto, obra en el expediente la copia auténtica del oficio Nº 778, fechado el 23 de noviembre de 2006, a través del cual el fiscal cuarto especializado de Valledupar informó al director seccional administrativo y financiero de la Fiscalía de ese lugar que el vehículo objeto de discusión podía ser devuelto al demandante, según lo dispuesto por la Resolución dictada el 3 de noviembre de ese año(16).
En vista de que el oficio Nº 778 constituye la actuación más reciente en relación con las diligencias para la devolución del vehículo, la Sala infiere que su entrega material ocurrió en esa fecha o con posterioridad.
Como la demanda se interpuso el 19 de noviembre de 2008, se deduce que se hizo dentro de la oportunidad legal establecida para ello.
3. La legitimación en la causa por activa: se demostró en el proceso que el demandante, señor José Alfonzo Armenta Maestre, ostentaba la calidad de poseedor respecto del vehículo que la Fiscalía inmovilizó.
Obra en el expediente la investigación penal trasladada, en virtud de la cual la Fiscalía inmovilizó el vehículo objeto de discusión, y en la cual reposan todos los documentos que se analizarán en este capítulo relativo a la legitimación por activa.
El traslado de la investigación penal ocurrió por petición de la parte demandante. Se valorarán las pruebas documentales que la componen, toda vez que su recaudo en el proceso primigenio se llevó a cabo con la audiencia de la parte contra la que ahora se aducen, es decir, la Fiscalía.
El señor José Alfonzo Armenta Maestre compareció al proceso como el propietario del carro tanque de placas TPH 400. Como prueba para demostrar dicha condición se incorporó al expediente la copia auténtica de la tarjeta de propiedad del vehículo que se presentó ante Fiscalía para solicitar la devolución del automotor. En este documento aparece como dueña la empresa Armenta Hermanos Ltda.(17).
Anótese que se cuenta con la copia del certificado de existencia y representación de dicha empresa, según el cual su liquidación ocurrió el 14 de octubre de 1992(18), es decir, varios años antes de que la Fiscalía inmovilizara el vehículo en 1997.
El ordenamiento jurídico vigente en la época en que el vehículo resultó inmovilizado por la Fiscalía y fue devuelto, así como el que regía para el momento en que se interpuso la demanda establecía que la calidad de propietario de un vehículo automotor se obtenía con la inscripción, ante las autoridades de tránsito, del título por medio del cual se adquirió el bien, toda vez que se trataba de una exigencia introducida en 1970 con la expedición del Decreto Ley 1250, Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos(19).
En ese sentido, las pruebas para demostrar quién es el propietario de un vehículo automotor la constituye el certificado de tradición o la licencia de tránsito, pues son las que otorgan certeza de que se satisfizo con el registro para transferir la propiedad(20).
De tal manera que no puede concluirse que el demandante era el propietario del carro tanque, toda vez que su nombre no aparecía como tal en la copia de la tarjeta de propiedad.
No obstante lo anterior, los demás medios de prueba que obran en el expediente permiten concluir que el señor José Alfonzo Armenta Maestre era el poseedor del mencionado vehículo.
La Sala no puede obviar el hecho de que la Fiscalía entregó al señor José Alfonzo Armenta Maestre el carro tanque y según las pruebas del proceso, lo hizo porque concluyó que tenía derecho a recibirlo, aun cuando la tarjeta de propiedad señalaba a la empresa Armenta Hermanos Ltda., como su propietaria.
De una parte, se cuenta con el inventario que se realizó sobre el vehículo cuando la Fiscalía lo inmovilizó el 18 de junio de 1997. En este documento se identificó al señor José Alfonzo Armenta Maestre como su propietario(21).
Adicionalmente, obran en el proceso las providencias proferidas por la Fiscalía que antecedieron a la devolución del automotor, en las que se expuso lo siguiente:
En providencia fechada el 5 de agosto de 1997 se indicó (transcripción literal, incluidos los posibles errores):
“Mediante escrito de julio 3 de este año, el señor Armenta Maestre otorgó poder judicial al abogado (...), para promover incidente para la restitución del citado automotor.
“Si bien es cierto el propietario del vehículo incautado inicialmente otorgó poder al Dr. (...) para que en su nombre personal y en representación de la sociedad Armenta Hermanos Ltda. gestionara dicha restitución, obra igualmente en el plenario certificación de la Ca. De Co. De Valledupar, en el sentido de que dicha sociedad fue disuelta y liquidada, lo que ya por sí hace imposible que al actual tenedor le pueda ser exigida su gestión a nombre de la sociedad comercial que feneció jurídicamente.
“Por lo anterior, en aras a los principios constitucionales y legales de la finalidad del procedimiento, del restablecimiento del derecho y de la buena fe, este despacho considera que el señor José Alfonzo Armenta Maestre es titular legítimo para que en su nombre y representación promueva incidente de restitución del bien mueble incautado en esta investigación (...)”(22).
En providencia del 3 de noviembre de 2006 (transcripción literal, incluidos los posibles errores):
“La doctora (...), en su condición de representante legal del señor José Alfonzo Armenta Maestre, solicita la entrega del vehículo antes relacionado.
“Se sabe que la investigación del epígrafe fue finiquitada mediante resolución preclusoria, decisión que se equipara a una sentencia definitiva de carácter absolutoria.
“La profesional del derecho, en procura de acreditar la propiedad del referido automotor en cabeza del señor José Alfonzo Armenta Maestre adjuntó los siguientes soportes:
“Memorial poder otorgado por el incidentalista, certificado de existencia y representación de Armenta Hermanos Ltda., escritura pública de disolución de dicha sociedad, declaración extra juicio rendida por los señores (...), fotocopia del acta de inventario del vehículo, fotocopia de la tarjeta de propiedad y licencia de tránsito del automotor.
“Como se puede observar, la titularidad del incidentalista y la propiedad del automotor aparecen debidamente acreditadas en el trámite incidental, por tal razón esta delegada despachará favorablemente la solicitud de restitución del rodante en cuestión”(23).
Expuesto lo anterior, debe señalarse que en desarrollo de la investigación penal se demostró que el demandante era el poseedor del automotor, así:
a) A él le retuvieron el vehículo, pues suscribió el inventario que se elaboró con la inmovilización.
b) Solicitó la devolución del carro tanque.
c) La Fiscalía se lo entregó por considerar que tenía derecho, aun cuando admitió que no era la persona que figuraba como propietario en la tarjeta de propiedad.
Es decir, a lo largo de la investigación penal el demandante adelantó actos de señor y dueño respecto del vehículo.
Así las cosas, pese a que no se demostró que el demandante fuera el propietario del carro tanque —condición con la que compareció al proceso— se estableció que era su poseedor.
La anterior circunstancia no constituye impedimento para que el señor José Alfonzo Armenta Maestre se encuentre legitimado para actuar como poseedor. Sobre este tema así se pronunció esta Subsección en sentencia fechada el 27 de enero de 2016:
“En la misma línea de pensamiento, ha llegado a determinar la Sección que es posible acceder al resarcimiento de los perjuicios que se causen al derecho de posesión, aún en los casos en los cuales dicha calidad no sea expuesta en la demanda, siempre y cuando resulte demostrada claramente en el proceso, toda vez que ha considerado que el debate sobre la calidad de propietario y poseedor pertenece al ámbito exclusivamente jurídico y, por ende, es susceptible de ser variado por el Juez contencioso al amparo del principio de iura novit curia. Así se explicó el criterio por la Sala en anterior oportunidad:
‘Siendo así, la Sala estima que Aleyda Erazo Perafán está legitimada en la causa para reclamar la indemnización, así háyase presentado como propietaria del bien averiado, cuando solo demostró ser su poseedora.
‘La víctima de daños antijurídicos debe recibir la indemnización que merezca, sin que para ello sea esencial la definición exacta del tipo de relación jurídica entre el derecho conculcado y la persona titular de ese derecho.
‘Como ya lo tiene bien aclarado la Sala, daño antijurídico es la lesión de un interés legítimo que la víctima no tiene la obligación de soportar. Ese interés legítimo no precisa sino de este carácter para resultar protegido, sin que le corresponda al actor siempre y en todos los casos acertar en la calificación técnica y jurídica de ese interés. Exigir tal precisión desvirtúa por entero el principio iura novit curia, de insustituible valía para que la jurisdicción interprete y aplique el artículo 90 de la Constitución’(24) (negrillas fuera de texto)”(25) (negrilla del original).
Como conclusión, el señor José Alfonzo Armenta Maestre se encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar indemnización de perjuicios, derivados de la inmovilización del vehículo con placas TPH 400.
Los documentos que aquí se examinarán hacen parte de la investigación penal trasladada.
Reposa en el expediente la copia auténtica de la Resolución expedida el 25 de octubre de 2000, por medio de la cual la Fiscalía delegada ante el Juez Penal del Circuito Especializado de Valledupar precluyó la investigación por la cual se inmovilizó el carro tanque(26), por el supuesto delito de hurto de hidrocarburos.
De acuerdo con dicha resolución, la Fiscalía inmovilizó el carro tanque de placas TPH 400 porque había sospecha de que en él se transportaba el combustible que se hurtaba. Resulta importante mencionar que la investigación penal se adelantó en contra de terceros, distintos a los demandantes.
También obra en el expediente el “acta de inventario de vehículos”, por medio de la cual se demuestra que la Fiscalía inmovilizó el automotor el 18 de junio de 1997(27). Conforme al contenido de este documento, se destacan las siguientes anotaciones sobre el estado del vehículo para ese momento (transcripción literal, incluidos los posibles errores):
— “Un vehículo carro tanque, marca Ford, color azul claro, en mal estado de latonería, tanque cisterna color azul”(28).
Ahora bien, aunque en la resolución de preclusión nada se dijo acerca de la entrega del carro tanque, lo cierto es que el demandante solicitó su devolución y la Fiscalía accedió a ello a través de providencia fechada el 3 de noviembre de 2006(29).
A pesar de que se desconoce cuándo se radicó la petición de devolución del vehículo, se deduce que ocurrió entre el 12 de septiembre de 2006 —fecha de autenticación del poder que el demandante otorgó a un abogado para que gestionara la restitución del automotor(30)— y el 3 de noviembre de 2006, día en que la Fiscalía lo ordenó.
Aunque que no se cuenta con el acta de entrega del automotor, no cabe duda de que el demandante lo recibió, no solo porque así lo ordenó la Fiscalía a través de providencia expedida el 3 de noviembre de 2006, sino por motivo de que se allegó con la demanda una inspección judicial con intervención de perito que se practicó de manera anticipada, para evaluar su condición luego de la restitución(31).
Resulta oportuno poner de presente las condiciones para la validez de pruebas anticipadas, según lo expuesto por la Corte Constitucional cuando se pronunció acerca de la constitucionalidad del artículo 300 del Código de Procedimiento Civil, así:
“Ahora bien, como lo indica el actor, para la validez y valoración de las pruebas deberá garantizarse a la contraparte el escenario para controvertirlas dentro del proceso en el que se pretenda hacerlas valer. Pero, esta garantía del principio de contradicción de la prueba no se opone a la procedencia y legitimidad de las pruebas anticipadas, aún si se obtuvieron sin la citación de la futura contraparte, dado que la determinación de la validez y la eficacia de la prueba anticipada no asisten al juez que la practica sino al juez que conoce de la controversia o ante quien se pretenda hacerla valer.
“Es decir que en su momento procesal la contraparte tendrá la oportunidad para controvertir las pruebas anticipadas y ello no se opone al derecho de defensa ni al debido proceso que consagra el artículo 29 Superior.
“Así las cosas, es legítima la decisión del legislador de admitir la petición de pruebas anticipadas, aunque se practiquen sin citación de la eventual contraparte. En consecuencia, por los cargos analizados, se declarará exequible el inciso demandado”(32).
En atención al artículo 300 del Código de Procedimiento Civil y a la jurisprudencia en cita, se le concede valor probatorio a dicha prueba anticipada porque se aportó a este proceso en la oportunidad correcta —con la demanda— y la Fiscalía tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción, sin embargo, en ningún momento se opuso o la cuestionó.
Así se consignó en la inspección judicial anticipada que se llevó a cabo el 15 de junio de 2007, acerca del estado del vehículo (transcripción literal, incluidos los posibles errores):
“Se observa que el vehículo objeto de la inspección se encuentra en un estado de deterioro total. En lo que se refiera a la latonería se encuentra oxidada toda la parte exterior del vehículo incluyendo el tanque. En relación con el estado de desvalijamiento se encuentra que el motor se encuentra totalmente inservible lo mismo que la caja y la transmisión, el eje de mando no existe, eje lateral inservible, muelles inservibles, las bombonas de seguridad no existen, un tanque de combustible no existe y el otro tanque en pésimas condiciones, la parte interna del cabezote o cabina, lo que se alcanza a ver está en pésimas condiciones, lo mismo que el cojín, rodamiento inservibles (llantas), luces en general en malas condiciones, alternador existe pero en estado inservible, los aros de los rines existen pero en estado inservible, se encuentran oxidados, batería no existe, bomba hidráulica no existe, consola existe en estado deteriorado, cuchilla limpiadora existe una en mal estado, crucetas no existen, faroles existen en malas condiciones, luces direccionales existen en malas condiciones, llantas existen en malas condiciones, persiana existe en malas condiciones, puertas existen en malas condiciones, tapa aceite motor no existe, tapa gasolina no existe, transmisión no existe, mata burro existe en malas condiciones, arranque no existe, bajo no existe, bóster no existe, caja manual existe en malas condiciones, cocuyos no existen, compresor existe en mal estado, cojinería (uno) en mal estado; corneta no existe, gato no existe, llaves de suiche no existe, panel de instrumentos existe en mal estado, parabrisas (una) en mal estado, purificador de aire en mal estado, rines existen en mal estado, retrovisor exterior no existe, stop no existe, tanque combustible no existe, tapete piso no existe, vidrio trasero no existe, vidrios puerta no existe”(33) (se destaca).
En desarrollo de la inspección judicial se fotografió al carro tanque, imágenes que obran en el expediente y que coinciden con la descripción antes transcrita.
De acuerdo con el estado del vehículo para la fecha de su inmovilización y de restitución, resulta importante mencionar que sí se observa que hubo un deterioro de sus condiciones atribuibles al abandono.
A pesar de que la condición del automotor para cuando se inmovilizó era bastante regular, lo cierto era que funcionaba, al punto de que se lo sindicó de constituir el objeto material con el cual se cometía el delito de hurto de hidrocarburos. Sin embargo, para la fecha de restitución no era útil pues su motor y caja de cambios resultaron desvalijados, es decir, no se encontraba en condiciones de encender como sí ocurría cuando se retuvo.
Dicho lo anterior, se procede a analizar si le cabe o no responsabilidad a la Fiscalía por los hechos expuestos.
5. La imputabilidad de la responsabilidad.
Resulta importante poner de presente el artículo 60 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal por el cual se rigió la investigación que subyace a este proceso(34).
Dicha disposición normativa reguló el trámite de la restitución de los bienes que se inmovilizaban en desarrollo de una investigación, así:
“De la restitución del objeto material e instrumentos del delito. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 339 de este código, el funcionario que esté conociendo de la actuación, de plano ordenará la devolución a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo del objeto material o instrumentos del delito que sean de libre comercio. Si al momento de proferirse sentencia, o providencia de fondo que produzca efectos equivalentes, no son reclamados los bienes y estos no deben destinarse a garantizar la indemnización integral, el funcionario judicial podrá declarar la extinción del dominio, habiendo notificado al interesado y observando el debido proceso, y adjudicarlos a la Nación para que sean administrados por la Fiscalía General de la Nación o la entidad que esta indique.
“Parágrafo primero. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 338 y 339 del Código de Procedimiento Penal, y normas especiales, los bienes que se encuentren vinculados a un proceso penal o que sin estarlo sean aprehendidos por las autoridades facultadas para ello, no podrán ser utilizados por estas, y deberán ser puestos inmediatamente a órdenes de la Fiscalía, quien podrá delegar su custodia en los particulares.
“Parágrafo segundo. Para efectos de este artículo la Fiscalía deberá proceder a la identificación de los bienes y a la de sus respectivos dueños, elaborar un registro público nacional de los mismos e informar al público trimestralmente a través de un medio idóneo su existencia, para que sean reclamados por quien acredite sumariamente ser dueño, poseedor o tenedor legítimo” (se destaca).
De acuerdo con lo que se demostró en el proceso en relación con la conducta de la Fiscalía y del señor José Alfonzo Armenta Maestre, acerca de la restitución del vehículo carro tanque, se concluye que ninguno de ellos se ciñó al artículo 60 del Decreto 2700 de 1991.
En este caso, la investigación penal terminó por preclusión, de ahí que debía aplicarse lo que establecía la segunda parte del inciso primero del artículo en cita. Del mismo modo, debía acatarse lo dispuesto por el parágrafo segundo. Lo pertinente para este asunto se resaltó en negrilla.
Por un lado, le correspondía al señor José Alfonzo Armenta Maestre reclamar el carro tanque una vez precluyó la investigación, cosa que hizo, pero seis años después de que ello ocurrió.
No se acreditó en el proceso razón que justificara porqué el demandante tardó seis años en reclamar el vehículo, término que se califica de excesivo cuando de su explotación económica —según la demanda— dependía la subsistencia de los accionantes.
De otra parte, la Fiscalía debía contar con un registro público de los bienes que tuviera inmovilizados por motivo de investigaciones, para efectos de informar a los interesados en reclamarlos. Además, en caso de que nadie lo hiciera, el ente investigador podía declarar la extinción del dominio.
Sin embargo, en el expediente no obra prueba acerca de que la Fiscalía tuviera el mencionado registro público y mucho menos extinguió el dominio del automotor, omisiones que se traducen en que a la entidad no le interesaba preservar su integridad, sino que lo abandonó.
El procedimiento que estableció el artículo 60 del Decreto 2700 de 1991 tenía como objetivo procurar la devolución oportuna de los bienes inmovilizados, para evitar su deterioro. Anótese que existía la posibilidad de extinguir el dominio en caso de que no fueran reclamados, precisamente como medida para garantizar su funcionalidad.
No cabe duda de que la conducta omisiva de ambas partes, luego de la preclusión, prolongó el período de tiempo en el que el automotor permaneció en poder de la Fiscalía sin ser utilizado y expuesto al deterioro.
El acto delincuencial de desvalijar el carro tanque se explica por el hecho de que la Fiscalía no adoptó las medidas necesarias para preservar su integridad, obligación que le correspondía asumir en virtud de su destinación —con independencia del resultado de la investigación—. Devolverlo al legítimo tenedor, destinarse a la reparación de las víctimas del delito o adjudicarse a la Nación, previa extinción del dominio. Cualquiera de estas opciones requería que el automotor se encontrara en condiciones de funcionar, sin embargo, en este caso ello no ocurrió como producto de la negligencia de la Fiscalía.
En cuanto a la omisión del señor José Alfonzo Armenta Maestre en reclamar oportunamente el carro tanque, debe señalarse que su conducta no se acompasa con la obligación de mitigar el daño.
El hecho de que la Fiscalía se apartara de lo previsto por el artículo 60 del Decreto 2700 de 1991 y, además, no preservara la integridad del automotor, no significaba que el demandante podía permanecer impávido durante seis años respecto de lo que ocurría con el vehículo.
En virtud del deber de mitigar el daño, le correspondía al demandante demostrar en el proceso que llevó a cabo acciones tendientes a minimizar los efectos negativos de que la Fiscalía no le restituyera el bien. Lo único que se acreditó en el expediente fue que el señor José Alfonzo Armenta Maestre solicitó su devolución seis años después de la preclusión, término que no guarda relación con la supuesta necesidad del automotor para subsistir.
En este punto de la providencia resulta importante poner de presente lo que esta Subsección ha expuesto acerca del deber de mitigar el daño:
“En efecto, si está en manos del interesado evitar el daño es su deber hacerlo, pues de lo contrario incurre en una actitud negligente, de desidia frente a sus propios deberes, lo cual le impide trasladar a la administración las consecuencias desfavorables de ello y perseguir, entonces, la obtención de una ventaja o provecho económico, con cargo al patrimonio de aquella, pues tal comportamiento no solo resulta contrario a la buena fe, principio superior por el cual se deben regir todas las relaciones entre el Estado y los administrados, sino que también contraría el principio de derecho según el cual nadie puede sacar provecho de su propia desidia.
“Acerca del deber de mitigar el daño, la doctora Lilian C. San Martín Neira, en su obra ‘La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño’, dice:
‘Una vez que el hecho lesivo se ha producido, la actitud de la víctima puede influir de dos manera en la extensión de la responsabilidad: en primer lugar, mediante una agravación con conductas positivas (en este caso los juristas hablan de further damages), lo cual puede dar lugar a una interrupción del nexo causal entre el hecho lesivo y el ulterior daño, o actuar como concausa del mismo (en cuyo caso se aplican las reglas de la contributory negligence), si bien este último caso es considerado como una hipótesis poco frecuente. La otra manera en que la actitud de la víctima puede influir en la extensión de la responsabilidad es mediante la mera omisión. En efecto, es plenamente aceptado que el perjudicado 'no está autorizado para cruzarse de brazos y padecer los daños que hubiera podido evitar mediante esfuerzos razonables'. En consecuencia, sobre la víctima pesa el 'deber' (duty) de activarse para mitigar el daño. En tal sentido se dice que si bien el principio fundamental en la materia es que el perjudicado debe ser resarcido, este está calificado por un segundo principio, en virtud del cual el perjudicado tiene el deber de adoptar todas las medidas razonables a fin de mitigar los daños consecuentes, y que le impide reclamar cualquier parte de los daños que sean producto de su dejación en adoptar dichas medidas(35)’ ”(36).
En suma, el demandante incurrió en una actitud negligente, consistente en no reclamar oportunamente el vehículo luego de la preclusión, omisión que contribuyó a su deterioro. Por este motivo, debe decirse que no evitó, con justa causa, la mitigación del daño por el cual demandó indemnización.
Es decir, se declara que las partes, demandante y demandada, son responsables por los perjuicios que se derivaron de la mora en la restitución del mencionado vehículo. Por esta razón, la indemnización a que haya lugar deberá reducirse en un 50%.
Se procede a estudiar lo relativo a la indemnización de perjuicios, en atención a los cuestionamientos que se formularon en los recursos de apelación.
— Examen de las inconformidades que la Fiscalía presentó en la apelación.
Respecto de la indemnización de perjuicios la Fiscalía señaló en el recurso que (se transcribe literal, inclusive los posibles errores):
“Ruego a los honorables magistrados que para proferir una sentencia analice detalladamente el material probatorio y que solo tenga en cuenta para fallar con el material probatorio que cumpla con las condiciones para ser valorado de acuerdo con las reglas que impone el Código de Procedimiento Civil. Es de recordar honorables magistrados que esta justicia, además de ser rogada, debe ser probada en lo que se dice, se pide se alega y/o solicite en la demanda, en virtud de lo cual, es razonable y lógico precisar que no es viable ni ajustado a derecho reconocer indemnizaciones y daños y perjuicios sin ser previamente solicitados”(37) (negrilla del original).
De lo transcrito se deduce que el cuestionamiento de la Fiscalía, en torno a la condena impuesta en primera instancia, tuvo como fundamento que se trató de una decisión extra petita, es decir, que versó sobre puntos no previstos en la demanda.
Tras revisar el expediente, se constató que con la demanda se formularon las siguientes pretensiones de naturaleza condenatoria, las cuales se transcriben, incluidos los posibles errores:
“Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a mis mandantes (...) $ 223’553.271,30 correspondientes a los perjuicios materiales, consistentes en daño emergente y lucro cesante, debidamente liquidados en la inspección judicial anticipada aportada con esta demanda y de conformidad con los parámetros señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
“Condenar a la (...) el valor correspondiente a los perjuicios morales, de conformidad con los parámetros señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
“Condenar a la (...) el valor correspondiente a los perjuicios por los daños a la vida de relación, de conformidad con los parámetros señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado”(38) (se destaca).
La condena que impuso la sentencia de primera instancia la constituyó la indemnización de perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante. Se negó la reparación de los perjuicios morales y el daño a la vida de relación.
El daño emergente se indemnizó con base en el dictamen que emitieron los peritos que participaron en la inspección judicial anticipada. El tribunal de primera instancia acogió el valor que le asignaron a la averías del automotor. Consideró que la suma que ellos estimaron resultaba razonable de acuerdo con sus averiguaciones y condiciones mecánicas.
En cuanto al lucro cesante, el tribunal de primera instancia se apartó del dictamen por considerar que “las pautas tenidas en cuenta por los peritos no corresponden con la realidad demostrada en el proceso, toda vez que las mismas son tomadas de las declaraciones extraprocesales arrimadas con la prueba anticipada traída al expediente”.
Por lo anterior, el lucro cesante por no poder explotar económicamente el carro tanque, durante el tiempo que transcurrió entre la preclusión y su restitución, se calculó por el valor del “interés corriente del 6% anual, que hubiera producido el capital que se ha visto paralizado a causa del daño”.
Como puede verse, la condena que se impuso en primera instancia no se trató de una decisión extra petita, sino que obedeció a las pretensiones indemnizatorias. Con la demanda se solicitó el reconocimiento del “daño emergente y lucro cesante, debidamente liquidados en la inspección judicial anticipada aportada con esta demanda”, y así lo resolvió el Tribunal Administrativo del Cesar.
No se estudian otros aspectos de la indemnización de los perjuicios materiales, toda vez que nada se expuso al respecto en la apelación.
En suma, no prospera el argumento que la Fiscalía expuso para oponerse a la indemnización de perjuicios.
— Examen de las inconformidades que la parte actora presentó en la apelación.
— La parte actora insistió en la apelación que se indemnizara el perjuicio moral, así (se transcribe literal, incluidos los posibles errores):
“De igual manera milita en el expediente la siguiente deposición ‘fue evidente yo que llegaba mucho a la casa evidencia dificultades económicas del señor Alfonzo se angustiaba mucho, al punto que su estado de salud decayera...’ (ver fl. 146 declaración de (...) resaltado no es del original: lo anterior quiere decir sin lugar a dudas que el señor José Alfonzo Armenta Maestre sí sufrió perjuicios morales que ameritan individualmente el reconocimiento de su indemnización y no confundirlos con los perjuicios materiales, como lo hace el a quo en su sentencia y sin ninguna argumentación al respecto. Señores magistrados no se necesitan mayores elucubraciones para concluir que cuando una persona se encuentra angustiada, está en un estado síquico tan deteriorado que se le afectan sus relaciones intelectuales y morales”(39) (negrilla del original).
Debe señalarse que el tribunal administrativo de primera instancia negó la indemnización de este perjuicio, toda vez que consideró que “no estamos en presencia de un caso de especiales circunstancias que ameriten el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios morales. Las circunstancias que describen los testigos hacen relación con los padecimientos originados en el daño material de la falta del vehículo, los cuales han sido cubiertos con la indemnización reconocida en tal sentido”.
Ahora bien, como ya lo precisó esta Sección en los fallos de unificación del 28 de agosto de 2014 sobre daños inmateriales, el perjuicio moral se define como “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”(40).
Respecto del reconocimiento del daño moral por la pérdida de bienes inmuebles, por ejemplo, la Sala ha aceptado su ocurrencia “siempre y cuando aquel esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud”(41), misma regla que aplica cuando la solicitud, como en este caso, es respecto de bienes muebles.
Pese a que la Sala amplió el espectro de indemnización de este perjuicio a la pérdida de bienes materiales, el alegado por la parte demandante en el caso concreto no tiene sustento.
No se comparten las razones que se esgrimieron en la apelación para justificar la existencia de un perjuicio moral, como tampoco se le otorga credibilidad al testimonio que se identificó en la apelación.
Resulta inadmisible que el demandante hubiere sentido tristeza por la inmovilización del carro tanque, cuando lo cierto es que no le interesó su destino por el término de seis años. Por esta circunstancia, es incongruente que ahora sostenga que su ausencia le generó angustia.
Por lo expuesto, no se accederá a indemnizar el perjuicio moral.
— Con la apelación se insistió en que se indemnizara el daño a la vida de relación, así (se transcribe literalmente, incluidos los posibles errores):
“Igual reparo se hace respecto de la negativa de la condena por los daños a la vida de relación, respecto de los cuales la sentencia apelada manifiesta que ‘el demandante no acreditó haberlos sufrido’, lo que no es cierto, porque además de haberse acreditado con lo expresado anteriormente, se suma lo manifestado por (...), cuando afirma en su declaración que: ‘fueron situaciones que trajeron mucha inestabilidad, ellos son muy unidos, solidarios, les trajo consecuencias no solo de tipo económico, sino también a nivel familiar’ ”(42) (se destaca).
Resulta importante señalar que la jurisprudencia de esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(43) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(44), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.
Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como las demás definidas por el derecho internacional.
Dicho lo anterior, se considera que la declaración testimonial a la que se refirió la apelación, como la supuesta prueba del daño a la vida de relación –entiéndase afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados-, no constituye prueba de este perjuicio.
Entiende la Sala que la mencionada declaración hizo referencia a las dificultades familiares del demandante, no derivadas de la vulneración de algún bien o derecho convencional o constitucionalmente amparado, sino a los inconvenientes de no poder explotar económicamente el vehículo.
Tampoco puede entenderse el daño a la vida de relación invocado en la demanda como un daño a la salud, aun cuando el señor Misael Maestre Ramos declarara que “este hecho lo afectó en su salud ya que la situación económica precaria que atravesó a consecuencia de la aprehensión del vehículo”.
No cuenta el expediente con concepto médico acerca del estado de salud del demandante, como consecuencia de los hechos que se analizan para que corrobore el dicho del testigo.
Es decir, la indemnización del daño a la salud procede cuando ocurren lesiones a la integridad psicofísica de la persona, cosa que no sucede en este caso.
Así las cosas, se debe negar la indemnización de este perjuicio.
— La parte actora solicitó con la apelación que se acogiera la cifra que los peritos estimaron en la prueba anticipada, en relación con el lucro cesante. Se transcribe literal y con los posibles errores:
“La prueba reina presentada para el efecto fue una inspección judicial, realizada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar la que se realizó bajo los parámetros del artículo 300 del Código de Procedimiento Civil, prueba esta que estuvo reforzada por un dictamen pericial, y que ninguno de estos medios probatorios fue cuestionado por la parte demandada, quedando constituidas en plenas pruebas del lucro cesante. Por tanto, la parte demostración de los perjuicios materiales, lucro cesante, no deviene de las declaraciones extraprocesales, como lo supone el juzgador de primera instancia, sino de una inspección judicial que cumplió con todas las ritualidades en vigor para la época y de un peritaje que no fue objetado en ningún momento”(45).
Agregó el tribunal para apartarse del dictamen que (se transcribe literal y con los posibles errores):
“En efecto, en tales declaraciones extra juicio se hace constar que José Alfonzo Armenta Maestre es el dueño del vehículo, que este se encontraba en perfectas condiciones y con capacidad para transportar 3060 galones y que realizaba para la época de los hechos 5 viajes semanales cobrando una tarifa de $ 50 por galón, sin que exista ninguna otra prueba que acredite que efectivamente esa era la frecuencia con la que realizaba esos viajes y poder establecer de manera cierta el producido del automotor.
“Como lo tiene establecido esta Sala las declaraciones extra juicio arrimadas al proceso, son, de conformidad con la ley carentes de fines judiciales y solo prueba sumaria en la medida que no fueron practicadas con citación de la parte contraria. Es sabido que la prueba testimonial recibida extra proceso sin citación y asistencia de la parte contra la cual se aduce, carece de eficacia probatoria cuando no ha sido ratificada en el proceso en el que se pretende hacer valer, por los testigos y previo juramento de la ley, de acuerdo con lo expuesto en los artículos 229, 289, 299 del Código de Procedimiento Civil”(46).
Por lo anterior, el lucro cesante se calculó por el valor del “interés corriente del 6% anual, que hubiera producido el capital que se ha visto paralizado a causa del daño”, por el tiempo que transcurrió entre la preclusión de la investigación y la restitución del automotor.
Ahora bien, frente al valor probatorio de las declaraciones extra proceso, así se ha pronunciado esta Subsección:
“Es de advertir que la Jurisprudencia reiterada de esta corporación ha sostenido(47) que las declaraciones extraproceso que se practiquen sin citación y asistencia de la parte contraria deben ser ratificadas en el proceso en el cual se pretende hacer valer, so pena de carecer de eficacia probatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio”(48).
Comparte la Sala las razones que expuso el tribunal administrativo de primera instancia para desconocer el dictamen en relación con el lucro cesante. En efecto, los peritos estimaron este perjuicio a partir de la información suministrada por unas declaraciones extra procesales que obran en el expediente(49), las cuales no se ratificaron, formalidad que se requería para poder acoger su contenido.
Así las cosas, el dictamen no constituye prueba en relación con la indemnización del lucro cesante.
Como la apelación se limitó a solicitar que se acogiera la experticia para este punto –aspecto que no prosperó- y no formuló reparos en relación con la alternativa que a la que acudió el Tribunal Administrativo de primera instancia para liquidar el lucro cesante, se guardará silencio al respecto.
A continuación se actualizará la condena impuesta en primera instancia y se disminuirá en 50%, dada la participación del demandante en la producción de los daños por los que se demandó en indemnización.
7. Actualización de la condena y reducción del 50% por la concurrencia de culpas en la producción del daño.
Actualización de la indemnización del daño emergente
Ca = Ch x Índice final
- Ca: Capital actualizado a establecer.
- Ch: Capital histórico a traer a valor presente.
- Índice final: IPC vigente a la fecha de esta sentencia: abril de 2017: 137,40
- Índice inicial: IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia: diciembre de 2010: 105,24
Ca = $ 24’683.065 x 137,40
Cifra actualizada: $ 32’225.894
Menos el 50% como consecuencia de la participación del señor José Alfonzo Armenta Maestre en la producción del daño: $ 16’112.947
Actualización de la indemnización del lucro cesante
Ca = $ 13’966.912 x 137,40
Cifra actualizada: $ 18’235.021
Menos el 50% como consecuencia de la participación del señor José Alfonzo Armenta Maestre en la producción del daño: $ 9’117.510,5
En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
MODIFICAR, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Cesar, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR que la Fiscalía General de la Nación y el señor José Alfonzo Armenta Maestre son responsables de los perjuicios derivados de que el vehículo de placas TPH 400 permaneciera inmovilizado, luego de que precluyera la investigación por la cual se retuvo.
SEGUNDO: CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad daño emergente, por la siguiente suma de dinero:
Para el señor José Alfonzo Armenta Maestre, la suma de DIECISÉIS MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 16’112.947).
TERCERO: CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por la siguiente suma de dinero:
Para el señor José Alfonzo Armenta Maestre, la suma de NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 9’117.510,5).
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
SÉPTIMO: SIN condena en costas.
Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.
1 Fls. 341-353 del cdno. del Consejo de Estado.
2 Fl. 6 del cdno. ppal.
3 Fl. 100 del cdno. ppal.
4 Fl. 103 del cdno. ppal.
5 Reverso fl. 100 del cdno. ppal.
6 Fls. 126B-126G del cdno. ppal.
7 Fl. 305 del cdno. ppal.
8 Fls. 308-329 del cdno. ppal.
9 Fls. 355-360 del cdno. del Consejo de Estado.
10 Fls. 361-364 del cdno. del Consejo de Estado.
11 Fls. 390-393 del cdno. del Consejo de Estado.
12 Auto proferido el 20 de junio de 2011. Fl. 395 del cdno. del Consejo de Estado.
13 Fls. 397-401 del cdno. del Consejo de Estado.
14 Fls. 402-412 del cdno. del Consejo de Estado.
15 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
16 Este oficio obra en el folio 52 del cdno. ppal.
17 A folio 42 del cdno. ppal obra la copia auténtica de la licencia de tránsito.
18 Fls. 38-39 del cdno. ppal.
19 Aunque el Decreto-Ley 1250 de 1970 fue derogado por la Ley 1579 de 2012, los hechos que aquí se analizan ocurrieron en vigencia de aquel. Acerca de la prueba de la propiedad de los vehículos automotores, así se pronunció la Subsección A de la Sección Tercera de la corporación en sentencia fechada 26 de febrero de 2014, dentro del expediente 41001-23-31-000-1997-09808-01 (27.749), C.P. Mauricio Fajardo Gómez:
“Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor, estableció como requisitos uniformes tanto en materia civil como en el ámbito mercantil para hacer efectiva la tradición de los automotores, tanto la entrega material del automotor como la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el Registro Nacional Automotor, obligación ésta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se transcriben a continuación:
‘ART. 47.—La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo’.
“La norma transcrita deja completamente claro y expreso no solo que el mecanismo del título y el modo es el que continúa operando en Colombia para transmitir la propiedad o para introducir modificaciones en los derechos reales respecto de vehículos automotores, sino también que la tradición —modo— ha de cumplirse mediante la correspondiente inscripción en el registro público respectivo; (...).
“Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción (...)”. (Negrilla por la Sala).
20 En la sentencia anteriormente citada se expuso lo siguiente:
“Trayendo al caso concreto las conclusiones arrojadas de los análisis efectuados en los apartados precedentes dentro del presente pronunciamiento, observa la Sala que el actor, si bien aportó la autorización de traspaso de la propiedad del vehículo automotor aludido que supuestamente le habría hecho el anterior propietario, lo cierto es que brilla por su ausencia en el plenario elemento demostrativo alguno que permita tener por acreditada la celebración del negocio jurídico y en virtud del cual el demandante habría adquirido el referido bien mueble —título— y menos existe prueba de la tradición del automotor —modo—, requisito indispensable para acreditar legalmente la propiedad del bien objeto del citado decomiso y que debió acreditarse ora mediante la aportación del documento que diera cuenta de la realización del correspondiente registro —certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad administrativa competente—, ora allegando la licencia de circulación del automotor en cuestión, exigencia que, sin lugar a la menor hesitación, efectúa el ordenamiento jurídico colombiano desde el año 1970”.
21 Fl. 41 del cdno. ppal.
22 Fls. 21-22 del cdno. ppal.
23 Fls. 48-49 del cdno. ppal.
24 Original de la cita: “Sentencia de 22 de agosto de 1996, Exp. 11.211, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Este criterio fue reiterado en sentencia de 19 de septiembre de 2011 y 30 de abril de 2012, Exp. 21.600 y 22.546, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 27 de enero de 2016, Rad. 500012331000200110092 01 (34.517).
26 Fls. 260-264 del cdno. ppal.
27 Fl. 41 del cdno. ppal.
28 Fl. 45 del cdno. ppal.
29 Fls. 48-50 del cdno. ppal.
30 El poder obra en el folio 34 del cdno. ppal.
31 La prueba anticipada se practicó a petición del señor José Alfonzo Armenta Maestre y la tramitó el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar. El fundamento normativo de esta prueba lo constituyó el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil:
“Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso.
“Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial y con o sin citación de la parte contraria. No obstante, cuando una u otra verse sobre libros y papeles de comercio, se requerirá previa notificación de la presunta contraparte.
“La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse”.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-798 de 2003 del 16 de septiembre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Exp. D-4496 y D-4503.
33 Fl. 73 del cdno. ppal.
34 La investigación penal de la que se conoce en este caso inició en 1997, año en que todavía no había empezado a regir la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal que sustituyó al que contemplaba el Decreto 2700 de 1991.
35 Original de la cita: “Publicado por la Universidad Externado de Colombia, 2012, págs. 235 y 236”.
36 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia proferida el 14 de julio de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Exp. radicación Nº 76001-23-31-000-2006-01742-01 (41.491).
37 Fl. 372 del cdno. del Consejo de Estado.
38 Fls. 3 y 4 del cdno. ppal.
39 Fl. 362 del cdno. del Consejo de Estado.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Exp. 26.251, 32.988, 27.709, 31.172, 36.149, 28.804, 31.170 y 28.832, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Ramiro Pazos Guerrero, Carlos Alberto Zambrano, Olga Mélida Valle de De La Hoz, Hernán Andrade Rincón, Stella Conto Díaz del Castillo, Enrique Gil Botero y Danilo Rojas Betancourth respectivamente.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, Exp. AG2002-00226, C.P. Ricardo Hoyos; Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, Exp. 20.109, C.P. Hernán Andrade Rincón. sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 17.119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección C, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 9 de julio de 2014, Exp. 44333. Postura reiterada en sentencia del 13 de noviembre de 2014, Exp. 33727, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
42 Fl. 363 del cdno. del Consejo de Estado.
43 “(...) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (...)” (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y Exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Exp. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
45 Fl. 363 del cdno. del Consejo de Estado.
46 Fl. 350 del cdno. del Consejo de Estado.
47 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Rad. 68001-23-15-000-1997-00023-00(17995), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado en la Sentencia del 10 de julio de 2013, Exp. 31959”.
48 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 25 de enero de 2017, Exp. radicación Nº 47001-13-31-000-2008-00328-01 (45.351).
49 Fls. 82-85 del cdno. ppal.

References: artículo 73
 artículo 136
 Resolución 
 resolución 
 artículo 90
 Resolución 
 resolución 
 artículo 300
 artículo 29
 artículo 300
 artículo 60
 artículo 339
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 300
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 37
 artículo 47
 artículo 300