Source: http://www.tse.go.cr/juris/relevantes/SSC-12826-2010.html
Timestamp: 2019-03-25 21:56:30+00:00

Document:
SSC 12826-2010
*100004520007CO*
Exp: 10-000452-0007-CO
Res. Nº 2010-012826
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y treinta y cuatro minutos del treinta de julio del dos mil diez.
Recurso de amparo presentado por Maureen Ballestero Vargas, ingeniera agrónoma, mayor de edad, casada, vecina de Barrio Escalante en San José, portadora de la cédula de identidad número 1-0527-0559, contra el Tribunal Supremo de Elecciones.
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las once horas veinticuatro minutos del doce de enero del dos mil diez la recurrente presenta recurso de amparo contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Manifiesta que fue electa diputada a la Asamblea Legislativa para el período constitucional dos mil seis-dos mil diez, y se encuentra en pleno ejercicio del cargo. Como consecuencia de una denuncia interpuesta en su contra el catorce de octubre del año pasado, el Tribunal accionado inició un proceso ordinario dirigido a investigar los hechos denunciados; proceso que puede terminar con la cancelación por el recurrido de su credencial de diputada. El expediente se tramita bajo número 344-E-2009. Por resolución número 4584-E7 -2009 de las quince horas y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil nueve, el recurrido ordenó una investigación preliminar, señala tres conductas denunciadas: “a. el uso de una avioneta de Ministerio de Seguridad Pública para fines electorales; b. La indebida autorización del uso de la avioneta; y c. la subordinación de los bienes de ese Ministerio bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones”. Argumenta que por medio de resolución de las quince horas y cincuenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil nueve, el accionado concluyó que: "...existe mérito para que prosiga su curso el procedimiento este proceso de cancelación de credenciales por la eventual infracción a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública...", y se solicita a la Asamblea Legislativa para el levantamiento de la inmunidad que le cubre como Diputada de la República. El nombramiento del Órgano Director del Procedimiento en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo de Elecciones se materializa en la resolución de las doce horas quince minutos del ocho de diciembre del año pasado. El Tribunal accionado citó la normativa que aplica en este procedimiento, sea, el artículo 262 del Código Electoral, la Ley número 8765, los artículos 68 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley número 7428, y el inciso e) del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Por escrito del diez de diciembre de ese año, solicitó adición y aclaración de la resolución de las doce horas quince minutos del ocho de diciembre pasado. La gestión incoada lo es para que se adicione y aclare dicha resolución en el sentido de si el Tribunal Supremo de Elecciones valoró y ponderó los elementos que constan de la investigación preliminar, si afirmó su competencia en la materia y si decidió iniciar un procedimiento de cancelación de credenciales contra la amparada. Por resolución de las once horas cincuenta minutos del diecisiete de diciembre del año pasado, el citado Tribunal dispuso que la resolución cuya adición y aclaración se gestiona fuera clara sobre el particular. Manifiesta que ha sido notificada de la resolución del Órgano Director del Procedimiento de las ocho horas del dieciséis de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al acto de apertura del procedimiento administrativo ordinario en su contra. Asimismo, se señaló audiencia para el veinte de de enero de dos mil diez. En contra de dicha resolución se interpusieron recursos de revocatoria y apelación para el Tribunal accionado, oportunidad en que se alegó que la apertura del proceso ordinario era inoportuno, ya que el Órgano Director del Procedimiento era incompetente en razón de la materia, que eventualmente correspondería a la Contraloría General de la República la tramitación de este procedimiento, y que el derecho de defensa habría sido violentado. Por medio de la resolución de las nueve horas del veintiuno de diciembre de dos mil nueve, el Órgano Director rechazó el recurso de revocatoria incoado. Asimismo, por medio de la resolución de las once horas treinta minutos del veintinueve de diciembre de ese año, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó el recurso de apelación interpuesto. Argumenta que el Tribunal accionado hizo una lectura parcial y equivocada del artículo 262 del Código Electoral, y en consecuencia realiza actos fundados en normas erróneamente interpretadas. La resolución por la que se abre formalmente el procedimiento, sea, la resolución de las doce horas quince minutos del ocho de diciembre del año pasado cita los artículos 9 y 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y el inciso e) del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, normativa que a su juicio no tiene relación con la materia electoral, sino que son normas relacionadas con la administración de la hacienda pública competencia exclusiva de la Contraloría General de la República. Argumenta que el 262 artículo 262 del Código Electoral no se regula, ni siquiera se menciona, el caso de quienes ostenten una inmunidad constitucionalmente otorgada. Indica que de acuerdo al artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República el órgano competente o autoridad administrativa para dictar sanciones es, sin lugar a dudas, la Asamblea Legislativa, único órgano con la autoridad suficiente para levantar la inmunidad, conforme a la Constitución Política. Refiere que de la lectura de los artículos citados, el órgano competente para investigar las infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización, es la Contraloría General de la República, respetando el debido proceso y dando la oportunidad de defensa y no el Tribunal accionado. La investigación preliminar que se señala en el Código Electoral, entonces, hace referencia a las atribuciones constitucionales del Tribunal, esto es, a materia electoral, circunscrita a la parcialidad política y a la beligerancia política, y no al control y fiscalización de la Hacienda Pública, que corresponde, por imperativo constitucional, a la Contraloría General de la Republica. Menciona que el Tribunal accionado sustentó también el procedimiento en el inciso e) del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, pero a su entender la conducta descrita en esa norma tampoco es aplicable a su condición de Diputada de la República, pues la responsabilidad administrativa no corresponde al ejercicio político típico de un legislador y se trata este caso de la discusión acerca del uso de bienes del Estado no de temas electorales que sí son competencia del accionado. Por otra parte, indica que el artículo 121, inciso 22) de la Constitución Política regula el principio de autorregulación de la Asamblea Legislativa, la interna corporis, por lo que es entonces, en virtud de ese principio que corresponde a la Asamblea Legislativa determinar el régimen disciplinario y sancionatorio para los legisladores en el ejercicio de sus funciones y no es posible constitucionalmente el derivar un procedimiento administrativo en contra de un diputado fuera de la sede parlamentaria. Reitera que el recurrido no es competente para realizar la investigación por infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública, sino que su competencia se circunscribe, por mandato constitucional, a la materia electoral. Cualquier acto que pudiera estar sustentado en la competencia del Tribunal accionado para realizar el procedimiento sancionatorio en esta materia está, irremediablemente, sustentado en una interpretación y aplicación errónea de la Constitución Política; la competencia para este caso es, de la Contraloría General de la República, en la investigación y recomendación, ésta última hecha a la Asamblea Legislativa, que de conformidad con sus procedimientos internos tomará la decisión final. En estos casos, el recurrido se debe limitar, según el mismo artículo 262 del Código Electoral, al trámite ulterior de materializar la resolución legislativa adoptada en el caso concreto. Aclara que en la investigación aún no se le ha dado oportunidad de ejercer su defensa, pero tiene claro que tratándose de acusaciones relativas a la Hacienda Pública es en la sede de la Contraloría General de la República donde debe ejercer esos derechos procesales. Aún más, ni en la investigación preliminar, contenido en el expediente que al efecto lleva el Tribunal recurrido, ni en las notificaciones hechas al Poder Legislativo o a ella, se detallan los cargos en su contra con claridad, produciendo indefensión ante la falta de un traslado de cargos efectivo. A estos efectos, sólo se ha indicado que el viaje realizado por la petente el once de octubre del año pasado podría constituir una infracción a las normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública. En el apartado correspondiente a la intimación e imputación de cargos, se señala que “...ella voló a la ciudad de Liberia (…) lugar en el que efectuó actividades de carácter personal, entre éstas, la de participar activamente en la Asamblea...", pero a su juicio, la descripción fáctica contenida en la imputación de cargos es incompleta, pues no es expresa, precisa, clara y circunstanciada, en cuanto omite la referencia a las otras actividades de carácter personal que según se indica fueron efectuadas en ese día y en ese lugar por ella, amén de que en el análisis de normativa aplicable y otros, expresamente se indica que la utilización del bien público para viajar con propósitos particulares no compatibles, obliga a la precisión y especificidad propias de una relación fáctica completa, a los fines de conocer anticipadamente y de forma cabal cuáles son esos fines personales realizados por la amparada. En la investigación preliminar realizada por el Tribunal accionada se han incluido una serie de documentos que no tienen ninguna relación con la denuncia planteada en su contra, y que se vinculan con actos y actividades que no han sido reputadas como irregulares, anómalas o ilegales. Agrega que el expediente contiene una serie de elementos que aún siendo jurídicamente irrelevantes para el caso, tienen el efecto práctico de una inversión de la carga de la prueba, pues al haber sido incluidos en la acusación se ve obligada a referirse a hechos ajenos a la misma denuncia. Esta investigación preliminar ha tenido un efecto negativo porque además de que su contenido no refleja la indagatoria previa sobre la denuncia, el expediente, a pesar de la confidencialidad que caracteriza a este tipo de procedimientos, ha circulado públicamente, situación que ha solicitado se investigue a lo interno de la Asamblea Legislativa. Solicita que se admita este recurso de amparo, se suspendan los efectos de las resoluciones impugnadas, en especial la convocatoria a la audiencia oral y privada hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones para el veinte de enero de dos mil diez. Pretende que se le otorgue el plazo previsto por el artículo 48 de la ley de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para interponer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 262 del Código Electoral.
2.- Por resolución de las trece horas y cuarenta y cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil diez se le dio curso al presente amparo y se le solicito informe al Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y al Magistrado Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en contra de la amparada (ver folios 137-142 del expediente).
3.- Informa bajo juramento Max Alberto Esquivel Faerron en calidad de Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario (expediente número 344-E-2010) contra la señora Maureen Ballestero Vargas (ver folios 146-150 del expediente) que: a) Por escrito recibido en la Secretaría de este Tribunal el 13 de octubre del 2009, el señor Albino Vargas Barrantes, en su condición de Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, interpuso denuncia contra la recurrente, diputada y actual Vicepresidenta del Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa; b) En la denuncia indicó que el 11 de octubre del 2009, la legisladora efectuó un viaje a la ciudad de Liberia para participar en la asamblea cantonal del Partido Liberación Nacional que escogería los candidatos a regidores de ese gobierno local, utilizando como medio de transporte una aeronave del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, bien público perteneciente al Estado costarricense; c) Mediante resolución número 4584-E7-2009 de las 15 horas 05 minutos del 16 de octubre del 2009, el Órgano Electoral, en pleno, conoció la denuncia interpuesta y dispuso el inicio de la investigación preliminar regulada en el artículo 262 del Código Electoral para determinar la procedencia de entablar contra la legisladora, el procedimiento de cancelación de credenciales establecido en la norma de cita, para lo cual se designó al suscrito como instructor encargado de ese procedimiento; d) Mediante auto de las 10 horas 10 minutos del 21 de octubre del 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 4584-E7-2009 citada, esta Magistratura dispuso dar inicio a la investigación preliminar ordenada; e) Mediante informe de fecha 18 de noviembre del 2009, su representado puso en conocimiento del Órgano Electoral el resultado de la investigación preliminar efectuada; f) Mediante auto de las 15 horas 50 minutos del 19 de noviembre del 2009, el Tribunal Electoral conoció el informe presentado y estimó que existía mérito para proseguir el proceso de cancelación de credenciales por la eventual infracción a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública. Por ende, de conformidad con el artículo 262 del Código Electoral, dispuso remitir el expediente a la Asamblea Legislativa para que se pronunciara sobre el levantamiento del fuero de inmunidad de la recurrente: g) Mediante oficio "Vicepres. 512-11-2009" del 23 de noviembre del 2009, la diputada Maureen Ballestero Vargas hizo renuncia expresa a la inmunidad que corresponde a la investidura de su cargo, con fundamento en el párrafo tercero infine del artículo 262 del Código Electoral; h) Mediante oficio número SD-68-09-10 del 24 de noviembre del 2009, el Directorio de la Asamblea Legislativa comunicó a esta sede que la diputada Ballestero Vargas renunció a su fuero de inmunidad; i) Mediante el auto de las 12 horas 15 minutos del ocho de diciembre del 2009, el Órgano Electoral designó al suscrito para que instruyera la causa y decretara la apertura del procedimiento administrativo ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública contra la señora Ballestero Vargas. Este acto le fue notificado a la señora Ballestero Vargas a las 9 horas 2 minutos del 9 de diciembre del 2009; j) Mediante resolución de las 8 horas del 16 de diciembre del 2009, el suscrito decretó el acto de apertura del procedimiento administrativo ordinario en contra de Maureen Patricia Ballestero Vargas en el que se efectuó la intimación e imputación de los cargos. Este acto le fue notificado a la investigada a las 16 horas de ese mismo día; k) Mediante escrito presentado el 18 de diciembre del 2009, la investigada interpuso recursos de revocatoria y apelación contra el acto de apertura del Procedimiento Administrativo Ordinario iniciado en su contra; l) Mediante resolución de las 9 horas del 21 de diciembre del 2009, este Órgano Director del procedimiento declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y remitió las piezas del expediente ante el Tribunal en pleno, a fin de que conociera el recurso de apelación planteado de manera subsidiaria; m) Mediante resolución de las 11 horas 30 minutos del 29 de diciembre del 2009, el Tribunal declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto; n) Mediante audiencias celebradas el 27 y 28 de enero del 2010 en la sede de este Tribunal, se efectuó la comparecencia oral y privada que dispone la ley, con la intervención de la investigada, sus abogados y en la que se recibió la prueba testimonial, de oficio y a gestión de la defensa técnica de la señora Ballestero Vargas; o) Mediante escrito visible a folio 1007 y manifestación verbal efectuada en la audiencia oral y privada celebrada el día 27 de enero del año 2010, los señores Federico Morales Herrera y Alonso Núñez Quesada, en su condición de defensores técnicos de la recurrente, formularon recusación contra el Magistrado Max Alberto Esquivel Faerron, en su condición de Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario; p) Mediante resolución verbal, efectuada en la audiencia oral y privada celebrada el día 27 de enero del 2010, el Órgano Director consideró infundada la recusación al estimar que no existen sustentos para considerar que, en la especie, se haya producido un adelanto de criterio en los razonamientos efectuados como Órgano encargado de la investigación preliminar; q) Mediante auto de las 14 horas 30 minutos del 28 de enero del 2010 se remitió el expediente ante el Tribunal a fin de que resolviera la recusación interpuesta; r) Mediante resolución número 0663-E5-2010 de las nueve horas cuarenta minutos del 3 de febrero del 2010, el Tribunal conoció, en alzada, la gestión de recusación interpuesta y dispuso su rechazo, tomando como fundamento que la actuación del instructor se concretó exclusivamente a instruir la investigación preliminar y a poner en conocimiento del Tribunal la prueba recabada en esa etapa, sin que se desprenda del informe ningún tipo de valoración, interés o posición que pueda comprometer la neutralidad o ponga en tela de duda la imparcialidad; s) Mediante escrito presentado el 4 de febrero del 2010, el señor Federico Morales Herrera, en su condición de defensor de la señora Maureen Patricia Ballestero Vargas, interpuso recurso de revocatoria contra la resolución del Tribunal número 0663-E5-2010 de las nueve horas cuarenta minutos del tres de febrero del 2010, antes citada, y formuló subsidiariamente recurso de apelación ante el Presidente de la República; t) A la fecha, el expediente está en la sede del Tribunal Electoral, quien se encuentra resolviendo la gestión formulada; t) El reclamo formulado por la recurrente debe ser rechazado, pues la vía del recurso de amparo no está diseñada para elaborar alegatos sobre aspectos de legalidad, como lo pretende en este caso, en torno a la competencia del órgano decidor; u) En efecto, parte del sustrato fundamental de la argumentación que sustenta el recurso de amparo, está referido a que el Tribunal Supremo de Elecciones no es el competente para resolver en definitiva el procedimiento administrativo de cancelación de credenciales que se sigue en su contra; v) Los argumentos que esgrime la recurrente en este recurso de amparo fueron planteados por ella a título de recursos y gestiones varias dentro del mismo expediente de cancelación de credenciales, con lo que ella misma reconoció que se trata de aspectos de legalidad procesal o de fondo; x) El Tribunal Electoral motivó de manera fundada su competencia, tanto para instruir como para resolver sobre el fondo de la cancelación de credenciales a los miembros de los Supremos Poderes, fue así como mediante la resolución 4584-E7-2009 de las quince horas cinco minutos del 16 de octubre del 2009, el Tribunal Electoral dispuso" el inicio de la investigación preliminar regulada en el artículo 262 del Código Electoral para determinar la procedencia de entablar contra la legisladora el procedimiento de cancelación de credenciales establecido en la norma de cita, para lo cual se designó al suscrito como instructor encargado de ese procedimiento. Posteriormente, mediante el auto de las 12 horas 15 minutos del ocho de diciembre del 2009, designó al suscrito para que instruyera la causa y decretara la apertura del procedimiento administrativo ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública contra la señora Ballestero Vargas; y) De la simple lectura de las piezas se verifica que la recurrente recibió notificación del proceso y de todas las resoluciones ulteriores; z) Se ha efectuado un traslado de cargos que individualizó, concreta y oportunamente, los hechos que se les imputan de manera clara, precisa, circunstanciada y motivada, con las posibles sanciones a imponer; aa) Se le ha permitido el acceso irrestricto al expediente en el que se llevan las piezas de la investigación; se le ha concedido expresamente un plazo razonable para la preparación de su defensa y se le ha concedido audiencia; bb) Ha tenido el oportuno derecho a la intervención de un profesional en derecho y así lo ha ejercido; cc) Se le ha permitido aportar toda prueba que consideró oportuna para respaldar la defensa en su favor y ha ejercido su derecho a recurrir las resoluciones que se han dictado, a las que se les ha otorgado oportuna resolución debidamente fundamentada; cc) Asimismo se ha resuelto todas y cada una de sus gestiones y tanto el expediente como las audiencias realizadas se han efectuado en estricto apego al derecho de confidencialidad y privacidad. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Luis Antonio Sobrado González en calidad de Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (ver folio 151-158 del expediente) que: a) El recurso de amparo resulta inadmisible y debe rechazarse de plano, por no ser ésta la instancia pertinente para discutir y decidir sobre la competencia la Tribunal Supremo de Elecciones dentro del citado procedimiento administrativo, es, más bien, un tema procesal cuyo conocimiento no corresponde a la vía del amparo; b) Determinar si el inciso e) del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera resulta o no aplicable a la recurrente en su condición de Diputada, constituye un asunto de legalidad, que eventualmente el Tribunal deberá valorar cuando resuelva, por el fondo, el proceso de cancelación de credenciales; c) Los otros argumentos relativos a eventuales violaciones al debido proceso derivan directa o indirectamente del alegato "base" del recurso, que es el atinente a la competencia de este Tribunal, por lo que al no ser este último un tema a discutir a través de este recurso de amparo, lo procedente es rechazarlo de plano; d) Todos los argumentos que esgrime la recurrente en este recurso de amparo fueron planteados por ella a título de recursos y gestiones varias dentro del mismo expediente de cancelación de credenciales, con lo que ella misma reconoció que se trata de aspectos de legalidad procesal o de fondo; e) El procedimiento de cancelación de credenciales que se sigue en contra de la recurrente se encuentra en trámite y el Tribunal, como órgano resolutor no ha emitido resolución final; f) A través de diversas actuaciones y resoluciones que constan en el expediente del procedimiento administrativo, el Tribunal estableció su competencia tanto para instruir como para resolver sobre el fondo de la cancelación de credenciales a los miembros de los Supremos Poderes; g) El nuevo Código Electoral, en el artículo 259 y concordantes, establece, como regla general, que la investigación y levantamiento del expediente de los procesos en que se inste la cancelación de credenciales por afectación al sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública corresponde a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 68 de su Ley Orgánica; h) Esta regla general se exceptúa para los miembros de los Supremos Poderes, por regla expresa del artículo 262 del Código Electoral, norma de la que también deriva, sin lugar a dudas, la competencia de este Tribunal para actuar como Órgano Resolutor del proceso; i) La lectura que el Tribunal realiza de este artículo 262 no es ni "parcial" ni "equivocada"como lo afirma la recurrente en el punto 12 del escrito de interposición del recurso de amparo, por el contrario, refleja el correcto entendimiento del texto de la norma, que es de por sí claro y fiel reflejo de la voluntad del legislador, lectura que se realiza además, en forma armónica con el resto del ordenamiento jurídico costarricense; j) En el caso de la señora Diputada Ballestero, tal antejuicio se tornó innecesario, en tanto ella, en forma voluntaria, renunció a su inmunidad, según consta en oficio "Vicepres. 512-11-2009" del 23 de noviembre de 2009, visible a folio 570 del expediente administrativo. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- Esta Sala mediante resolución número 2010-004227 de las trece horas catorce minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez acordó: “Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso hasta tanto la Sala no resuelva la acción de inconstitucionalidad que bajo expediente número 10-000477-0007-CO se tramita ante esta Sala” (ver folio 159 del expediente).
6.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las catorce horas dieciséis minutos del diecinueve de abril del dos mil diez el Prosecretario del Tribunal Supremo de Elecciones aportó copia del acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria N°031-2010, celebrada el 08 de abril del 2010 (ver folio 168 del expediente).
7.- La acción de inconstitucionalidad que mantenía suspendido el presente recurso de amparo, fue resuelta mediante sentencia 2010-011352 de las quince horas y cinco minutos del veintinueve de junio del dos mil diez.
ÚNICO: Este Tribunal Constitucional mediante sentencia número 2010-011352 de las quince horas y cinco minutos del veintinueve de junio del dos mil diez, se pronunció en relación a la constitucionalidad del artículo 262 del Código Electoral y, en lo conducente, se resolvió lo siguiente:
“I.- DE LA POTESTAD DEL LEGISLADOR PARA AUTOREGULAR LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS (ARTÍCULO 121 INCISO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Del artículo 121 inciso 22) de la Constitución Política, en relación con el 9 también constitucional, se deriva la competencia de la Asamblea Legislativa para dictar la propia reglamentación interna en forma independiente, lo que implica a su vez, la posibilidad de modificarlo cuando lo considere necesario, todo mediante votación calificada, sea, de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, es decir, con treinta y ocho votos. Para la puesta en práctica de esta atribución, el párrafo primero del artículo 124 constitucional establece el procedimiento de la adopción de estos acuerdos legislativos:
“Artículo VII.- Legislación interna
Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención.”
Artículo II.- Propósitos
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.”
“Artículo VI.- Actos de corrupción
2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.”
Así las cosas, al declarar esta Sala con lugar la acción de inconstitucionalidad número 10-000477-0007-CO y, en consecuencia, anular la frase que indica: "... sin perjuicio de lo que establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República." contenida en el Código Electoral, Ley No. 8765 de 19 de agosto de 2009, publicado en el Alcance 37 a La Gaceta No. 171 del 2 de septiembre de 2009, con base en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones inició una investigación preliminar para determinar la procedencia de iniciar contra la recurrente el procedimiento de cancelación de credenciales, lo procedente es la estimatoria del presente recurso pero únicamente a efectos de condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, toda vez que el Tribunal Supremo de Elecciones por resolución número 3413-E7-2010 de las ocho horas con cuarenta minutos del siete de mayo del dos mil diez ordenó el archivo del expediente, aunado a que la designación de la señora Maureen Patricia Ballestero Vargas como diputada de la Asamblea Legislativa concluyó al finalizar el período constitucional para el cual fue elegida con la inherente pérdida de la credencial que ostentaba.
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Fernando Castillo V. Pacheco S.
Víctor Ardón A. Arias M.
FCC/40/car.-
EXPEDIENTE N° 10-000452-0007-CO
Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712.
Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 262
 artículo 110
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 262
 resolución 
 resolución 
 artículo 110
 artículo 262
 artículo 68
 artículo 110
 artículo 121
 artículo 262
 resolución 
 artículo 48
 artículo 262
 resolución 
 resolución 
 artículo 262
 resolución 
 artículo 262
 artículo 262
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 262
 resolución 
 artículo 110
 resolución 
 artículo 259
 artículo 68
 artículo 262
 artículo 262
 resolución 
 artículo 262
 artículo 121
 artículo 124
 artículo 68
 resolución