Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-067-16.htm
Timestamp: 2018-10-18 00:14:35+00:00

Document:
C-067-16
2.2.1 Los demandantes consideran que la modificación que hizo el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014 al artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), al cambiar la expresión “la diferencia” por la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada”, desconoce el margen de error del cincuenta (50%), que la misma norma establece, pues en su opinión modifica el método del cálculo para saber el monto de la sanción. Por consiguiente, señalan que esta expresión vulnera el principio de legalidad y en consecuencia los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2.2.2 Aclaran que no demandan la sanción contenida en la norma como tal, la cual ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional en otras oportunidades, sino el método que fija la norma para el cálculo de la sanción en ella estimada, referente al supuesto en el que el demandante incurriese en abuso al haber reclamado en su demanda una cantidad que resulte ser exagerada.
2.2.3 Con relación al primer cargo, la violación del principio de legalidad (artículo 6 CP), señalan que toda sanción pecuniaria que se le imponga a un ciudadano por su conducta debe responder a lo estrictamente señalado en la ley, por lo tanto, como el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 le otorga un margen de error del cincuenta por ciento (50%) a quien presenta juramento estimatorio, es preciso concluir que la sanción contemplada en el inciso 4º de la norma citada debe calcularse según dicho artículo, y no sobre otro diferente, so pena de incurrir en la violación que se acusa. En palabras del demandante, “la modificación (que se da a partir de la Ley 1743 de 2014) implica una carga pecuniaria sobre un supuesto que en estricto sentido no prohíbe a ley, como lo es exceder en la estimación la cantidad probada sin que se exceda en un 50% esta última”.
2.2.4 Respecto de la violación del artículo 13 CP., exponen que “en aquellos casos en que el demandante se haga deudor de la mencionada sanción por exceder en un 50% la cantidad probada en el proceso, el monto de dicha sanción debe ser proporcional al monto en que se excede el margen de error otorgado, pues de lo contrario se sancionará muy severamente a quien incurre en la falta por una cantidad mínima, lo que implicaría un trato desigual respecto de quien no se hace deudor de la sanción por una cantidad ínfima”.
2.2.5 Frente al cargo por violación al derecho al debido proceso y acceso a la justicia (artículos 29 y 229 CP) consideran que “cuando en el contexto de un proceso judicial se presenta una barrera para el ejercicio de un derecho fundamental, se genera una violación al debido proceso, en la presente demanda se concreta como consecuencia de la violación en que incurre la norma demandada respecto al principio de legalidad y el derecho a la igualdad”.
2.2.6 En otras palabras, afirman los actores, que el método fijado para el cálculo de la sanción por exceder el juramento estimatorio consagrado en el artículo 206 del Código General del Proceso, desconoce el supuesto factico que da lugar a la sanción (que exista una diferencia de más del 50% entre la cantidad estimada y la probada), y esto a su vez, vulnera los artículos 6 y 13 CP y en consecuencia, los derechos al debido proceso y a la administración de justicia (29 y 229 CP). De manera que se impone una carga pecuniaria al usuario del aparato de justicia que desconoce el principio de legalidad, vulnera su debido proceso y lo desincentiva a acudir a la justicia estatal para solucionar sus conflictos.
2.2.7 En auto del 9 de julio de 2015, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda por considerar que los cargos no cumplían el requisito de suficiencia al no dar cuenta de manera objetiva la razón de vulneración de los artículos de la Constitución Política señalados en la demanda, y en particular, frente al desconocimiento del artículo 13 Superior, no se demostró que los grupos fueran comparables y que la exigencia del legislador fuera arbitraria o irrazonable.
2.2.8 En relación con el cargo referente al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 CP, el Magistrado Sustanciador señaló que en varias oportunidades la jurisprudencia constitucional ha reiterado que para que se consolide un cargo por vulneración a este principio, se debe identificar el tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de personas que se encuentren en idénticas circunstancias, y observó que en el escrito de demanda no se elaboró dicho análisis, razón por la cual consideró que no se configuró este cargo.
2.2.9 Dentro del término fijado, los accionantes corrigieron la demanda y ampliaron los cargos por violación a los artículos 6, 29 y 229. Además, reiteraron que la demanda se dirige a cuestionar el método que se fija para calcular la sanción y no la existencia de la misma, la cual reconocen, ya fue declarada constitucional por esta Corporación.
2.2.10 Con relación al cargo de violación al principio de legalidad, precisan que existen dos cuestiones irrefutables como son: (i) la existencia de un margen de error, como supuesto que debe transgredirse para la aplicación de la norma y (ii) el hecho de que el artículo 13 de la ley 1743 de 2014 fija como monto base para el cálculo de la sanción del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. En ese entendido, consideran que se produce una contradicción real entre el margen de error otorgado en la norma y el método fijado para el cálculo de la sanción, transgrediendo así el artículo 6º CP.
2.2.11 Con relación a los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, estimaron que se vulneran porque imponérsele una carga pecuniaria al usuario del aparato de justicia que desconoce el principio de legalidad, vulnera el debido proceso y lo desincentiva a acudir a la justicia estatal para solucionar sus conflictos.
2.2.12 Finalmente, afirman que ese nuevo método desecha el margen de error que la norma otorga como supuesto factico para calcular el monto de la sanción. Esto significa implícitamente que establece un castigo para todo exceso en la estimación, lo que sobrepasaría los límites a los que está sujeta la libertad de configuración legislativa y constituye una violación a la Constitución.
2.2.13 Para ilustrar mejor la lógica de sus razonamientos exponen el siguiente ejemplo:
2.2.14 En ese orden de ideas, realizada la corrección correspondiente en el nivel suficiente con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, el Magistrado sustanciador admitió la demanda mediante auto del 28 de julio de 2015 por los cargos referidos a la vulneración de los artículos 6, 29 y 229 CP.
3.1. UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI
3.3. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
3.5. UNIVERSIDAD LIBRE
3.6. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
3.7. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
3.8. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
4.1.1. Aptitud de la Demanda
4.1.1.1. El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de control de constitucionalidad[3]. Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
4.1.1.2. Por otro lado, en la sentencia C-1052 de 2001, la Corte señaló las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo que las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, posición acogida por esta Corporación en jurisprudencia reiterada[4].
(ii) Se presenta el requisito de pertinencia, pues los reproches realizados a la norma son constitucionales, teniendo en cuenta que se señala que la disposición acusada genera un cambio que presuntamente vulnera el principio de legalidad, consagrado en el artículo 6 CP.
4.1.2.1. Los fallos proferidos por la Corte Constitucional, de conformidad con los artículos 243 CP, 46 y 48 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 22 del Decreto 2067 de 1991, hacen referencia al concepto de cosa juzgada constitucional.
4.1.2.2. La Corte Constitucional definió la cosa juzgada constitucional como una “institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”.[5]
4.1.2.3. De esta manera, la función negativa que tiene esta institución es la de prohibir a los funcionarios judiciales, conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.[6]
(i) Cosa juzgada constitucional formal: tiene lugar “cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es objeto de una nueva demanda, o cuando una nueva norma con un texto exactamente igual a uno anteriormente examinado por la Corte es nuevamente demandado por los mismos cargos. En estas hipótesis la Corte no puede pronunciarse de nuevo sobre la constitucionalidad de la norma.”[7]
(ii) Cosa juzgada constitucional material: se presenta “cuando la disposición demandada reproduce el mismo sentido normativo de otra norma que ya fue examinada por la Corte.[8] Esta identidad normativa debe apreciarse desde el punto de vista de la redacción de las disposiciones demandadas, como desde el punto de vista del contexto dentro del cual ellas se ubican, de tal forma que si la redacción es diversa, pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que existe identidad.[9] Por el contrario, pese a que el texto sea el mismo, si el contexto normativo en el que se reproduce es diferente, no cabe hablar de cosa juzgada material.”[10]
(iii) Cosa juzgada constitucional absoluta: se presenta “cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional”[11]. Es relativa “cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado”[12].
(iv) Cosa juzgada constitucional relativa: es más compleja cuando la Corte ha declarado la exequibilidad de la norma acusada. En este caso es posible presentar nuevas demandas contra la misma norma, pero con fundamento en diferentes cargos. Por lo tanto, para constatar la existencia de la cosa juzgada constitucional relativa, es menester verificar que la nueva controversia verse sobre el mismo contenido normativo de la disposición ya examinada y que los cargos planteados sean idénticos a los propuestos en la ocasión anterior”[13].
4.1.2.6. La sentencia C-279 de 2013[14] resolvió una demanda contra la totalidad del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por considerar que vulneraba los artículos 29 y 229 CP. Allí el demandante señaló que la exigencia de la realización de juramento estimatorio como requisito para la admisión de la demanda vulneraba los derechos a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa, pues establece la carga desproporcionada de realizar una tasación anticipada de perjuicios que deberían poder tasarse durante el proceso y no en una etapa previa en la cual se deberá contar con los medios económicos especiales para su determinación.
4.1.2.9. Por otra parte, en la sentencia C-157 de 2013[15], el actor solicitó que se declarara la inexequibilidad del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por vulnerar los 1, 2, 5, 6, 12, 13, 29, 83 y 229 de la Constitución. Afirmó que la expresión demandada, al establecer una sanción para aquellos eventos en los cuales se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, desconoce los principios de proporcionalidad y de buena fe, y los derechos a acceder a la justicia y al debido proceso.
4.1.2.13. Finalmente en la sentencia C-332 de 2013[16], el actor solicita a esta Corporación que declare la inexequibilidad del inciso cuarto y del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por vulnerar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución. Argumenta que la norma demandada vulnera el artículo 2º de la Constitución, por cuanto establece, sin que prexista un derecho sustancial, una fuente de la obligación o de imputación jurídica, una sanción patrimonial al demandante que no logre probar los perjuicios estimados en su demanda. Esta sanción patrimonial constituiría una fuente de enriquecimiento sin causa en favor del demandado, pues en todo caso la definición de la responsabilidad por los gastos y costos del proceso se debe definir en la condena en costas, y no debe surgir de una inadecuada estimación, que en todo caso se hace a partir de un estudio de probabilidades y no de una certeza.
4.1.2.18. En este sentido, lo ocurrido con la sentencia C- 157 de 2013 fue precisamente el análisis un elemento accidental de la norma (inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012) referente a principios procesales para establecer la sanción, caso en el que la Corte profirió un fallo de exequibialidad condicionada, y esto en concordancia con la argumentación planteada, configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional relativa, que no afecta la competencia de la Corte para conocer la demanda en el caso que se examina.
4.3.1.1. La legislación procesal civil en Colombia consagra el juramento como uno de los medios de prueba que buscan definir obligaciones o establecer hechos controvertidos[17]. En nuestra legislación se distinguen diversos tipos de juramento: el estimatorio que “ocurre cuando una parte o la ley defiere a la declaración juramentada de la otra, la decisión sobre la existencia o las modalidades de uno o varios hechos discutidos en el proceso” y el decisorio que “se presenta cuando la ley acepta como prueba el juramento de la parte beneficiada por tal acto, para fijar el monto o valor de una prestación exigida al adversario u otra circunstancia que debe ser objeto del proceso, mientras esta no pruebe lo contrario”[18].
4.3.1.2.La Corte Constitucional ha reconocido esta diferenciación: “En el del juramento estimatorio (art. 211 C.P.C.), la ley defiere al acreedor la facultad de "estimar en dinero el derecho demandado" y, en el otro, en el del juramento deferido por la ley o supletorio (art. 212 C.P.C.), se faculta al juez "para pedir el juramento a una de las partes", a fin de suplir una prueba que por renuencia de la parte contraria no pudo ser practicada”.
4.3.1.3.El juramento ya se contemplada en la Ley 105 de 1931 (Código Judicial), el cual consagraba una serie de disposiciones dentro del capítulo de declaración de parte que constituyen un antecedente de la regulación del juramento. En este sentido, el artículo 625 del Código Judicial señalaba que: “La declaración jurada de una parte, cuando la ley autoriza a ésta para estimar, en dinero, el derecho demandado proveniente de perjuicios u otra causa, hace fe mientras esa estimación no se regule en articulación suscitada a pedimento de la otra parte en cualquier estado del juicio, antes de fallar”. Por su parte, en el inciso segundo del artículo 625 se contempla una disposición muy interesante que resulta el antecedente de la imposición de sanciones por una estimación desproporcionada según la cual “si la cantidad estimada por el interesado excede en más del doble de la en que se regule, se le condena en las costas del incidente y a pagar a la otra parte el diez por ciento de la diferencia”.
4.3.1.4.El Código de Procedimiento Civil consagraba el juramento estimatorio señalando que el juramento de una parte dirigido a estimar en dinero el derecho demandado tendrá el valor de prueba mientras no sea objetado, permitiendo además que el juez ordene la regulación cuando considere que es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. Así mismo imponía una multa cuando la cantidad estimada superara el doble de la que resultare de la regulación:
4.3.1.5.La Ley 1395 de 2010 modificó el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, exigiendo el juramento estimatorio cuando se pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras. Adicionalmente, en armonía con la legislación anterior, se le da valor probatorio cuando no sea objetado, permitiendo además que el juez ordene la regulación cuando considere que es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. Finalmente se redujo el margen para la aplicación de una sanción por exceso en la estimación del cincuenta al treinta por ciento:
4.3.2.1. En el anteproyecto del Código General del Proceso elaborado por el Instituto de Derecho Procesal menciona las modificaciones realizadas al juramento estimatorio y señala que éstas obligan a obrar sensatamente en la determinación del monto de la reclamación y de la inexactitud: “Se le da entidad al juramento estimatorio, que obliga a quien demanda solicitando el reconocimiento de mejoras, frutos, etc., a que obre con sensatez en el monto de la reclamación que hace y a la persona contra la cual se hace valer el juramento, a que especifique razonadamente la inexactitud que le atribuya a la estimación”[20].
4.3.2.2.La exposición de motivos del Código General del Proceso señala dentro de las principales modificaciones realizadas al procedimiento civil la regulación del juramento estimatorio para la valoración de las pretensiones con consecuencias concretas:
4.3.2.3.La ponencia para primer debate del proyecto de ley número 196 de 2011 Cámara destaca que el Código General del Proceso fortalece la figura del juramento estimatorio[21] y establece una primera redacción del artículo demandado en la cual se consideraba como prueba, y se establecía el procedimiento para su objeción, se permitía al juez ordenar de oficio la regulación cuando considerara que existe fraude o colusión y se imponía una sanción del diez por ciento de la regulación en caso de que la suma estimada excediere en el treinta por ciento la que resulte en la regulación:
4.3.2.5.La ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley Número 196 de 2011 Cámara volvió a destacar el fortalecimiento del juramento estimatorio[22] e introdujo varias modificaciones al artículo 206, tales como la obligación de discriminar los conceptos de la estimación, la adición de un inciso con el objeto de evitar posibles maniobras que conllevan a evadir o eludir el pago de dicho arancel con base en el cálculo real de las pretensiones y de un inciso final que establece una excepción cuando el demandante haga el juramento estimatorio de daños inmateriales con fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda, modificaciones que son explicadas detalladamente en la ponencia:
4.3.2.9.La ponencia para segundo debate en el Senado de la República realizó una pequeña modificación en el proyecto incluyendo una regla de acuerdo con la cual no es admisible el juramento estimatorio como prueba ni como tope en los procesos en los que se reclamen indemnizaciones, frutos o mejoras a favor de un incapaz, como una disposición protectora de sus intereses[25]. Finalmente, en la conciliación del proyecto de ley se acogió la versión aprobada en el Senado de la República[26].
4.3.2.10. De esta manera, la figura del juramento estimatorio tiene una trayectoria amplia en nuestra legislación, pues existe desde el propio Código Judicial, así como el método para calcular el monto de la sanción, desde el mismo inicio de la institución ha sido la misma.
5. BREVE REFERENCIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
5.1. De acuerdo con el principio de legalidad, consagrado en el artículo 6º CP, “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes (…)”.
5.2. Respecto del principio de legalidad de las sanciones, esta Corte ha desarrollado jurisprudencia, en la que ha establecido la prohibición de imponer sanciones si no es de acuerdo a las normas sustanciales previas que las determinen. Ha dicho además que la finalidad de este principio consiste en garantizar la libertad de los administrados y controlar la arbitrariedad judicial y administrativa mediante el señalamiento legal previo de las penas aplicables[27].
5.4. Frente a las sanciones previstas en el juramento estimatorio (artículo 206 de la Ley 1564 de 2012) la Corte ha dicho que estas tienen finalidades legítimas[28]. Dichos objetivos versan sobre el deber de preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas “temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. Ha dicho además que estas están fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia, que puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia.
6.3. Al respecto vale la pena señalar que esta corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades a cerca de la libertad de configuración legislativa. En ese sentido, ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con base en esta competencia y en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, “de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”[29].
6.4. En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, sin embargo, en ejercicio de dicha autonomía, aquel está obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política.[30] De esta manera, aunque la libertad de configuración normativa del legislador es amplia, tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales.[31]
6.6. En ese sentido, la reforma introducida por la Ley 1743 de 2014 no desconoció el margen de error establecido por el legislador, por el contrario, lo hizo más preciso al señalar los dos extremos entre los cuales se calcula la sanción, esto es, la cantidad estimada y la cantidad probada.
6.9. De manera que la modificación que se hizo del inciso 4º del artículo 206 del Código de General del proceso se refiere única y exclusivamente a la destinación del dinero resultado de las sanciones, más no en el método para el cálculo de la sanción. En efecto, desde el Código Judicial de 1931 y en el Código Civil de 1970, tal como se expone el en numeral 4.4. de esta providencia, el monto de la sanción se calcula sobre el excedente probado y el estimado y el cincuenta por ciento (50%) es el margen de error históricamente[33] el legislador ha establecido en esta institución.[34]
A LA SENTENCIA C-067/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA SOBRE JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO-No cumplía con requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia (Salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA SOBRE JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO-La Corte se pronunció sobre un problema legal, ajeno al ámbito de sus funciones (Salvamento de voto)
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento la razón que me llevó a salvar el voto.
En la sentencia C-067 de 2016 la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada”, contenida en el inciso 4º el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014.
La norma hace parte de la regulación del juramento estimatorio, y específicamente se refiere a la sanción aplicable al litigante que presente un juramento irrazonable, a partir de unos cánones definidos por el legislador (cuando su estimación exceda en más de un 50% a la cuantía que se compruebe en el proceso). El numeral 4º del artículo 206 del Código, originalmente, preveía que el dinero correspondiente a esa sanción debía entregarse a la contraparte, mientras que la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 1747 de 2014 prevé que sea entregado al Consejo Superior de la Judicatura, para fines de financiamiento de la Rama.
El cargo de la demanda admitido por la Corte Constitucional proponía que al modificarse el modo de calcular la sanción mencionada, se desconoció el “margen de error” del 50% que la “misma norma” establecía, y que ello acarreaba una trasgresión al principio de legalidad.
En la sentencia C-067 de 2016, objeto de este salvamento, al momento de efectuar el estudio sobre la aptitud de la demanda, la mayoría de la Sala firmó que esta resultaba (i) clara, por exponer de manera comprensible y razonada sus argumento, y seguir un hilo conductor que permite entender la controversia; (ii) pertinente, porque los reproches son constitucionales, “teniendo en cuenta que se señala que la disposición acusada genera un cambio que presuntamente vulnera el principio de legalidad”; (iii) cierta, “en el sentido del que el tenor literal de la norma acusada se desprende una posible interpretación que podría vulnerar el principio de legalidad, pues implicaría la existencia de una sanción pecuniaria basada en un supuesto diferente al que está establecido en la ley”; y (iv) suficiente, pues “la demanda ha generado una duda sobre la constitucionalidad de la norma acusada”.
Me aparto de la decisión adoptada porque en mi criterio la demanda no cumplía los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia. Vale la pena recordar lo dicho en el considerando 6.2, página 26 de la sentencia.
No cumplía la condición de certeza porque, como puede observarse en el cuadro comparativo incorporado al proyecto (página), la norma no modificó la forma de calcular el monto de la multa, sino que estableció un destinatario distinto de esos dineros.
No era pertinente porque el cargo no reflejaba una contradicción entre la norma y la Constitución, sino una supuesta incompatibilidad entre una norma legal y aquella que la modifica. Este conflicto es aparente porque el legislador posee la facultad de derogar o modificar las normas dictadas previamente; y no es pertinente en el juicio de constitucionalidad porque la supuesta contradicción normativa se produce entre dos disposiciones de naturaleza legal.
Finalmente, dados esos dos defectos argumentativos, no veo cómo podría la demanda generar una duda de inconstitucionalidad sobre la norma cuestionada.
Como lo ha explicado esta Corte, los requisitos argumentativos de la demanda persiguen dos propósitos valiosos desde el punto de vista constitucional. El primero es asegurar un debate constitucional vigoroso, que gire en torno a un auténtico problema de relevancia constitucional. El segundo es atenuar la dificultad contra mayoritaria, o el hecho de que los tribunales constitucionales son órganos que, en el ejercicio de sus competencias, pueden controlar las decisiones de las mayorías políticas. En este caso, la Corte se pronunció sobre un problema legal, ajeno al ámbito de sus funciones.
NORMA SOBRE JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA-Falta de requisitos en demanda de inconstitucionalidad (Salvamento de voto)
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me llevaron a salvar el voto, tal y como lo manifesté en la sesión de Sala Plena adelantada el 17 de febrero de 2016, en la que, por votación mayoritaria, se profirió la sentencia C-067 de 2016 de la misma fecha.
2. La sentencia de la que me aparto declaró exequible la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada”, contenida en el inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, tal como fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, por los cargos fundados en la vulneración de los artículos 6, 29 y 229 Superiores.
La demanda denunció la vulneración del principio de legalidad –artículo 6 C.P.- y la consecuente trasgresión de los derechos al debido proceso –artículo 29 C.P.- y al acceso a la administración de justicia –artículo 229 C.P.- derivadas de la base establecida en la disposición acusada para calcular la sanción por exceder el juramento estimatorio, por cuanto desconoce el margen de error del 50% que la norma permite. En efecto, la acusación se construyó sobre los parámetros establecidos para determinar la sanción, ya que, según el precepto demandado, el 10% debe aplicarse a la diferencia entre el monto estimado y el probado, mientras que, para los demandantes, una correcta previsión de la sanción exigía deducir el 50% que corresponde al margen de error permitido.
Para responder a dicha acusación, la sentencia refirió la evolución del juramento estimatorio en el ordenamiento jurídico colombiano y la previsión de dicha figura en el Código General del Proceso, con el propósito de agilizar la administración de justicia, garantizar la lealtad y buena fe de las partes, y lograr economía y celeridad procesal.
Establecido lo anterior, se concluyó que la disposición acusada es exequible, por cuanto el Legislador, en el marco de sus amplias facultades de configuración en la materia, modificó el beneficiario de la sanción pecuniaria -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura- y precisó la base sobre la que se calcula la sanción, pero no la cambió.
3. Contrario a la posición mayoritaria de la Sala, considero que en el presente caso no se logró estructurar un cargo de inconstitucionalidad con las características desarrolladas por la jurisprudencia, que permitiera a la Sala Plena de esta Corporación pronunciarse sobre la compatibilidad de la disposición acusada con los artículos 6, 29 y 229 Superiores. En consecuencia, la Corte debió declararse inhibida para decidir por ineptitud de la demanda.
Tal y como lo reconoce la sentencia, el reparo principal de los demandantes estuvo fundado en la trasgresión del principio de legalidad de las sanciones establecido en el artículo 6 ibídem, por cuanto la disposición acusada previó la base para calcular la sanción por la violación de los límites del juramento estimatorio sin considerar el margen de error del 50% permitido en la misma norma. En la sustentación del cargo, también se refirieron algunos ejemplos sobre el cálculo de la sanción para evidenciar lo desproporcional que puede resultar la medida cuando el monto por el que se supera el margen de error es mínimo.
Como quiera que los argumentos referidos previamente constituyeron el sustento de la acusación de inconstitucionalidad, que la sentencia estimó fundada respecto del principio de legalidad y que, en el fundamento jurídico número 4.1.1.4., adujo, subsume los reparos sobre la afectación del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, la Corte debió declararse inhibida para conocer el asunto, porque las acusaciones descritas carecen de las características de certeza, pertinencia y suficiencia establecidas en la jurisprudencia para la admisión de cargos de inconstitucionalidad.
En primer lugar, no se observó el rasgo de certeza, que exige que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor”[35] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Lo anterior, por cuanto la censura se dirigió contra una interpretación de la norma, efectuada por los demandantes, según la cual, la disposición acusada modificó la base de la sanción prevista en el régimen procesal para los eventos en los que la suma referida en el juramento estimatorio excede en más del 50% la suma probada. En efecto, en el análisis del caso concreto, la sentencia concluyó que, contrario a la interpretación de los demandantes, la base para calcular la sanción se mantuvo.
El cargo tampoco cumple con el rasgo de pertinencia, que exige que el vicio que aparentemente se desprende de la norma acusada sea de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior, que se enfrenta al precepto demandado, ya que las acusaciones formuladas, lejos de plantear una controversia de naturaleza constitucional sustentada en razones de contradicción entre la forma en la que se previó la sanción en el artículo 206 del Código General del Proceso y el principio de legalidad[36], se concentró en exponer el desacuerdo con la base sobre la que debe calcularse la sanción. En ese sentido, los demandantes reconocen que sus reparos no están relacionados con una omisión en la fijación de los elementos de la sanción sino que su disconformidad se limita a cuestionar la base establecida para calcularla, la cual carece de argumentos constitucionales.
Finalmente, la censura no cumple con el requisito de suficiencia, pues los actores se abstuvieron de presentar razones que generaran dudas sobre la inconstitucionalidad de la disposición acusada. No se indicó cómo precisar la base sobre la que se debe calcular el monto de la sanción cuando se incurre en la conducta reprochada por el legislador (el monto estimado en el juramento exceda en el 50% de la suma probada en el proceso) desconoció el principio de legalidad, que exige la determinación anticipada de los elementos necesarios para la imposición de una sanción.
En suma, como la argumentación se enfiló a demostrar un defecto de la disposición acusada –desconocimiento del margen de error- con base en una interpretación que no tiene respaldo en el precepto normativo acusado y a destacar la eventual desproporción que se presentaría en algunos casos, no se advierten razones suficientes, de carácter constitucional, que permitieran un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte.
Con el respeto acostumbrado hacia las decisiones de la Corte, aclaro mi voto en la sentencia C-067 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), fallo en el que esta Corporación resolvió declarar exequible, por los cargos analizados, la expresión "la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada " contenida en el inciso 4o del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, tal como fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014.
1. Lo anterior por cuanto al momento de ser presentada para revisión la ponencia de fallo a la Sala Plena, sobre la fórmula para calcular la sanción por exceder el juramento estimatorio a la cual refiere la expresión acusada, formulé múltiples observaciones de forma y de fondo, dentro de las cuales cabe resaltar las siguientes: (i) era necesario aclarar en los antecedentes que la demanda de inconstitucionalidad sólo fue admitida por los cargos referidos a la presunta vulneración de los artículos 6, 29 y 229 de la Constitución Política, y rechazada frente al cargo que alegaba la presunta afectación del derecho a la igualdad (art. 13 Superior); (ii) era necesario que la ponencia realizara el análisis de aptitud de los cargos admitidos, por cuanto lo anunciaba en un título pero no desarrollaba el estudio correspondiente; (iii) sugerí que en la parte considerativa se incluyera un fundamento sobre la libertad de configuración que tienen el legislador en materia de procedimientos, especialmente para imponer sanciones a las partes que incumplen cargas procesales. Además con el fin de relacionarlos con los artículos 29 y 229 Superiores, ya que la argumentación se enfocaba con exclusividad en el principio de legalidad que establece el artículo 6o de la Carta Política; (iv) pedí incluir referencias concretas al trámite legislativo que introdujo las modificaciones al juramento estimatorio en la Ley 1743 de 2014; entre otras observaciones.
2. Además, sugerí que en el análisis concreto de la norma demandada se ampliara el estudio demostrando que se deben distinguir dos cosas: (i) el margen de error permitido y requerido para imponer la sanción, que corresponde al 50% de la cantidad probada. Es decir, una vez superado ese porcentaje, lo que se habilita es la imposición de la sanción; y, (ii) para el cálculo de la sanción desde la ley 1395 de 2010, los extremos a tener en cuenta son la cantidad estimada en el juramento y la que resulte probada, siendo sobre esa diferencia que se condena por el 10% respectivo. Significa esto que, contrario a lo que indicaban los actores, no cambió el supuesto de hecho que da origen a la sanción ya que el margen de error continúa siendo el mismo, y el monto de la sanción no se calcula sobre la diferencia excedida en el 50% de lo probado, sino sobre los extremos de cantidad estimada bajo juramento y lo realmente probado en el proceso judicial. Lo anterior porque el legislador goza de un amplio margen de configuración en materia de procedimientos y sanciones, con lo cual no se desconoce el principio de legalidad ni se restringe el acceso a la justicia.
3. Ahora bien, una vez revisada la versión final de la sentencia C-067 de 2016, observo que todos mis comentarios fueron acogidos y, por ende, frente a la presente decisión cesaron los argumentos que me llevaban a fundamentar la aclaración de voto.
Así las cosas, dejo consignados los motivos que me llevaron en su momento a aclarar el voto y que observo superados en el texto final de la sentencia C-067 de 2016.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA SOBRE JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO-La sentencia debía abordar en su análisis los precedentes en vigor sobre la norma estudiada, de manera que se diera mayor coherencia y seguridad jurídica respecto de la misma
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento las razones que me llevaron a aclarar el voto a la sentencia C-067 de 2016, acogida por la mayoría de la Sala Plena.
1. La Corte dictaminó la constitucionalidad de la expresión "la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada ", contenida en el inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. Concluyó que no hay lugar a la interpretación que hacen los demandantes, según la cual se habría alterado el método para cuantificar la sanción por el exceso en el juramento estimatorio, desconociendo el margen de error que el inciso 4 del artículo original concede a quien hace el juramento estimatorio, y de esta forma vulneró el principio de legalidad.
Para llegar a esa conclusión, en primer momento, advirtió que el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014 precisó (i) el sujeto de la sanción por el errado el juramento estimatorio, (ii) el cálculo de la sanción, y (iii) la destinación de este dinero. En segundo término, estudió el margen de libertad de configuración del legislador, así como la finalidad de preservar la eficaz y recta administración inherente de la sanción del errado juramento estimatorio.
De otra parte, gracias a un análisis comparativo del texto original y el modificado, constató que la variación residió en el remplazo de "la diferencia" por "la diferencia entre la cantidad estimada y la probada". Consideró que esto no implica ninguna novedad en el cálculo planteado en la norma original, sino que refleja el sentido y el uso que se le había proporcionado.
2. A pesar de compartir el sentido de la decisión, estimo que la sentencia debía abordar en su análisis los precedentes en vigor sobre la norma estudiada, de manera que se diera mayor coherencia y seguridad jurídica respecto de la misma.
Puntualmente, debía incluir la sentencia C-157 de 2013, reiterada por la sentencia C-279 del mismo año, en la que se precisó que la sanción puede resultar excesiva o desproporcionada cuando el demandante ha obrado con diligencia y esmero en la estimación. Por tal motivo, resolvió la exequibilidad del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 "bajo el entendido de que tal sanción-por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado ".
3. De esta manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones de la decisión que se adoptó en el asunto de la referencia.
[20] http://www.icdp.org.co/esp/descargas/cgp/ExposicionMotivos.pdf, pág. 3.
[35] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[36] El principio de legalidad: “exige que la conducta a sancionar, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar expresa y claramente definidos por la ley con carácter previo a la aplicación e imposición de estas medidas.” Sentencia C-030 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

References: artículo 13
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 2
 artículo 206
 artículo 625
 artículo 625
 artículo 211
 artículo 206
 artículo 6
 artículo 150
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 206