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Timestamp: 2017-11-19 17:55:34+00:00

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Creada el 19/03/2001 Título Reglamento Sancionador en Materia de Aguas
Descripción DECRETO 276/1993, de 8 de Octubre de 1993.Reglamento Sancionador en materia de aguas
Agua Decreto Canarias
DECRETO 276/1993 (Canarias), de 8 de Octubre de 1993.Reglamento Sancionador en materia de aguas (BO Canarias núm. 157, de 13 de Diciembre de 1993)
La Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio (LCAN 1990\116), de Aguas, establece en su Título VIII el régimen sancionador aplicable a las infracciones administrativas que se cometan en materia de Derecho Hidráulico. Como órgano ejecutor de sus determinaciones, el Gobierno ha recibido del legislador la tarea de calificar las infracciones según los tipos y criterios que le vienen dados y de regular el procedimiento aplicable. A tal fin van dirigidos los preceptos que integran el presente Reglamento.
Es importante destacar el papel educativo que se quiere dar a este Reglamento sancionador. Para ello se ha pretendido detallar de manera clara y precisa cuáles son las conductas tipificadas como antijurídicas y qué sanciones conllevan aparejadas. Asimismo se han de destacar los mecanismos arbitrados para la restitución del dominio público hidráulico al estado anterior a la transgresión, al igual que las restantes medidas, tanto cautelares como complementarias de la sanción, que contribuyen a garantizar el equilibrio del ciclo hidrológico, aun y a pesar de las posibles actuaciones incontroladas de los infractores.
CAPITULO I.-Disposiciones generales.
Artículo 1.º El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar el Título VIII de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, mediante la calificación de las infracciones, graduación de las sanciones y regulación del procedimiento por el que se materialice su aplicación.
Art. 2.º Competencias de los distintos Organismos que intervienen por razón de la materia.
CAPITULO II.-Infracciones y sanciones.
Art. 3.º Serán sancionables como infracciones las acciones y comisiones tipificadas en el presente capítulo cometidas aun a título de simple inobservancia.
Art. 4.º Constituirán infracciones administrativas leves:
Art. 5.º Son infracciones menos graves:
9. La alteración perjudicial de los sistemas de recepción, condensación o infiltración del agua atmosférica, la realización de obras no autorizadas que varíen el curso de las aguas pluviales ocasionales en terrenos privados, o la contaminación derivada de vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, así como la introducción de elementos extraños en cauces, canales, conducciones o balsas de agua de cualquier tipo, susceptibles de producir contaminación al agua afectada, o la pérdida de caudales, siempre que los daños derivados para el dominio público hidráulico estén comprendidos entre 50.001 y 500.000 pesetas, o que el caudal afectado rebase los 1.000 metros cúbicos.
Art. 6.º Son infracciones graves:
Art. 7.º Son infracciones muy graves todas aquellas conductas calificadas como graves en el artículo anterior, siempre que el perjuicio causado al dominio público hidráulico sea superior a los 5.000.000 de pesetas o en las que concurran las circunstancias agravantes previstas en el artículo siguiente.
Art. 8.º Son circunstancias agravantes que elevan en un grado la calificación de la infracción:
3. La puesta en peligro de personas, viviendas, núcleos de población o infraestructuras colectivas.
4. La destrucción o deterioro irreversible de partes significativas del sistema hidráulico de las islas.
Art. 9.º Las sanciones a imponer serán las de multa pecuniaria, en las siguientes cuantías:
1. Las infracciones leves: multa de hasta 100.000 pesetas.
Art. 10. Las sanciones serán impuestas dentro del primer, segundo o último tercio de cada uno de los tramos definidos en el artículo anterior, en función de la malicia, participación y beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Cuando estas circunstancias hayan sido determinantes de la elevación del grado de calificación de la infracción, la sanción se impondrá en su cuantía mínima. Los cómplices y encubridores podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre el tercio y los dos tercios de las que correspondan a los autores de la infracción, con el límite de las sanciones previstas para las infracciones menos graves.
Art. 11. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado primitivo.
En el supuesto de la infracción prevista en el apartado 8 del artículo 6 de este Reglamento, se impondrá asimismo a los infractores la devolución de los auxilios obtenidos para la realización de las obras, con los intereses legales correspondientes.
CAPITULO III.-Procedimiento.
Art. 12. No podrá imponerse sanción alguna sin que previamente haya sido dictada la oportuna resolución en el curso del correspondiente expediente administrativo.
Art. 13. El procedimiento sancionador se iniciará por el Consejo Insular de Aguas, bien de oficio, a petición de cualquier otra Administración, o en virtud de denuncia de particulares.
Art. 14. 1. Las denuncias deberán ser formuladas:
b) Por los vigilantes y miembros de control de medio ambiente, gestión de abastecimiento de aguas, alcantarillado y demás relacionados con el sistema hidráulico en cualesquiera de sus áreas, comprendiendo tanto la Administración autonómica como la local.
Art. 15. Las denuncias podrán formularse por cualquier medio, incluida la comunicación verbal o telefónica, dejando constancia de la identidad y domicilio del denunciante. No obstante, y con carácter previo de la incoación del correspondiente expediente, se deberá acreditar la identidad y domicilio del mismo. Las formuladas por particulares y asociaciones deberán venir acompañadas de los testimonios e indicios de prueba que corroboren los hechos denunciados y, a ser posible, requerirán la asistencia de algún agente público que compruebe los mismos sobre el terreno.
Art. 16. Cuando actúen funcionarios destinados en servicios de vigilancia o policías locales, entregarán, si es posible, copia del parte de denuncia al infractor; si ello no fuere viable, lo harán constar así, y lo cursarán directamente al Consejo Insular.
Art. 17. Los Consejos Insulares podrán realizar una información reservada:
Art. 18. Las notificaciones, tanto las referidas a la información reservada, como las demás a que diera lugar el expediente, se practicarán en la forma y con las garantías previstas en la Ley reguladora del procedimiento administrativo común.
Art. 19. La decisión de incoar el expediente y su tramitación corresponde al Consejo Insular de Aguas. El acuerdo por el que se ordena la incoación del expediente será notificado al interesado junto con el Pliego de Cargos, al objeto de que pueda cursar el correspondiente Pliego de Descargos en el plazo de diez días, formulando las alegaciones y precisiones que estime conveniente en defensa de sus derechos.
Art. 20. En el Pliego de Cargos se especificarán con suficiente claridad los hechos imputados y su tipificación, los posibles preceptos infringidos, la valoración de los daños, las circunstancias agravantes concurrentes, la eventual sanción, la autoridad a quien corresponda imponerla, así como la norma que le atribuya tal competencia.
Art. 21. 1. Una vez iniciado el procedimiento, el Consejo Insular podrá adoptar, motivadamente, cuantas medidas cautelares estime oportunas para garantizar la eficacia de la resolución que concluya el expediente.
Art. 22. 1. El Consejo Insular ordenará realizar, de oficio o a instancia de parte, la práctica de cuantas pruebas puedan llegar a conducir al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Si lo considerase necesario podrá recabar, además, el auxilio a los servicios técnicos de la Consejería competente en materia de aguas del Gobierno de Canarias, así como solicitar informe facultativo de otros Organismos públicos, o pedir información a aquellos particulares que en virtud de la Ley de Aguas estén obligados a prestarla.
Art. 23. Ningún titular de derechos hidráulicos podrá negar a los representantes legítimos de la Administración el acceso a los lugares, obras e instalaciones de captación, transporte, almacenamiento, desagüe o vertido de agua que sea necesario inspeccionar para la comprobación de una posible infracción, así como para hacer efectivas las resoluciones dictadas como consecuencia de un procedimiento sancionador. Asimismo están obligados a aportar la información sobre las características técnicas y legales de su aprovechamiento en el momento en que se le demande o, de no tenerla disponible, en el plazo de diez días a partir del requerimiento.
Art. 24. La valoración de los beneficios ilícitamente obtenidos por los infractores y de los daños al dominio público y al sistema hidráulico insular, se realizará por el Consejo Insular de Aguas, mediante la ponderación del menoscabo de los bienes afectados por la infracción y del lucro obtenido con motivo de la misma.
Art. 25. A los efectos mencionados en el artículo anterior se procederá como sigue:
Art. 26. A la vista de los Pliegos de Cargo y Descargo presentados o, una vez transcurrido el plazo sin que este último se haya realizado, así como a la vista de la prueba practicada, se formulará propuesta motivada de resolución, en la que se hará constar, como mínimo:
Art. 27. El contenido íntegro de la propuesta de resolución se notificará al interesado para que en el plazo de diez días pueda efectuar las alegaciones que convengan a su derecho. Una vez presentadas tales alegaciones o transcurrido el plazo para ello, se elevará la propuesta al órgano competente del Consejo Insular, el cual dictará la resolución que consistirá en:
-Imposición de aquellas sanciones y obligaciones complementarias para las que sea competente o, en su caso, elevación de la propuesta al organismo que corresponda en virtud de la cuantía de la sanción.
-Declaración de inexistencia de infracción con el sobreseimiento y archivo del expediente.
Art. 28. 1. La exigencia de reponer las cosas a su primitivo estado obligará al infractor a destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, de acuerdo con los planos, forma y condiciones que fije el Consejo Insular.
Art. 29. La resolución será notificada a quienes se hayan personado en el expediente, conforme estipula la Ley reguladora del procedimiento administrativo común, conteniendo expresión de si es o no definitiva en vía administrativa, los recursos que contra la misma cabe interponer, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su formulación.
Art. 30. 1. Junto a la notificación de la resolución sancionadora, se apercibirá al infractor para el cumplimiento de la obligación expresada, estableciendo el modo de llevarla a cabo, así como otorgándole un plazo para el inicio de los trabajos, el cual será adecuado a las labores preparatorias que sean necesarias.
Art. 31. 1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior en relación con las multas coercitivas, el Consejo Insular podrá optar, cuando lo estime conveniente, por el empleo de los restantes medios de ejecución forzosa previstos en la Ley reguladora del procedimiento administrativo común.
Art. 32. Todo tipo de pagos se realizará por cualquiera de los medios admitidos en derecho, en los que quede constancia de su recepción por el Consejo Insular, cuantía y causa que lo motiva. Los abonos destinados a la ejecución subsidiaria quedarán afectados a tal finalidad y, los restantes, a las acciones de protección o mejora del sistema hidráulico insular.
Art. 33. Contra los actos dictados por los órganos de la Administración Hidráulica podrán interponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246), del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Art. 34. 1. La potestad para sancionar las infracciones previstas en este Reglamento prescribirá a los tres años en las transgresiones muy graves; dos años en las graves; un año en las menos graves y seis meses en las leves. La obligación de reponer las cosas a su estado primitivo o de reparar los daños causados al dominio público prescribirá a los quince años, sin perjuicio de las acciones de recuperación posesoria previstas en la legislación de patrimonio. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves y menos graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El día inicial del cómputo es aquel en el que la resolución haya adquirido firmeza.
Art. 35. 1. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el Consejo Insular instructor de las actuaciones o, en su caso, el órgano resolutorio, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
1.ª Las competencias de instrucción y decisión de expedientes sancionadores que correspondan a los Consejos Insulares vendrán atribuidas a los órganos que al efecto se determinen en sus Estatutos, sin que en ningún caso pueda existir una coincidencia entre ambos. A falta de concreción al respecto se entenderá que la instrucción viene encomendada al Gerente y la potestad decisoria al Presidente.
2.ª En todo lo no regulado en el presente Reglamento será de aplicación el derecho supletorio previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».

References: Artículo 1
 artículo 6
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