Source: https://www.scribd.com/document/129825733/Reflexiones-Sobre-La-Jurisprudencia-en-Materia-Electoral
Timestamp: 2018-12-12 19:08:53+00:00

Document:
Reflexiones Sobre La Jurisprudencia en Materia Electoral
Uploaded by Podio
Reflexiones Sobre La Jurisprudencia en Materia Ele...
Convocatoria Ensayo PDF 62589
El Universal 10-03-17
1.Lectura Obligatoria Tema 04_2 (1)
Nociones de Amparo
Tesis Suspensión. La Sola Circunstancia de Que El Acto Reclamado Se Vincule Al Pago de Alimentos
2_188823_3193 (3)
Sent Rec Rev Prescripción negativa
Acuerdo General Plenario 5-2013 (COMPETENCIA DELEGADA).pdf
Fallo Stj Sobre Reconduccion 2014 R412 Contencioso STD 226
Gestión Del Proceso Electoral
Jurisprudencia registro candidatos.pdf
Impacto de las Reparaciones Dictadas por la Corte IDH sobre DESC
Palomeque, Aldo René c. Benemeth S.A. y otro s. recurso de hecho deducido por Gabriel Lipovetzky, Jacobo Lipovetzky y Sergio Lipovetzky
LEY 142 DE 1994.pdf
Analisis de La Jurisprudencia Electoral Chilena-scjn.
Sentencia Amparo directo 193-2012
VAZQUEZ GOMEZ-Núcleo Intangible de La Constitución
aseguramiento precautorio
Amparo Inactividad Procesal Acapulco
Suspension de Amparo
DOCTRINA_CAS+194-2014+ANCASH
omisión 7942
Jurisprudencia Fundamental Sobre Disposición de Un Bien Social Por Uno de Los Cónyuges
T-018-11 Tacha de Falsedad
Victor Turner - La selva de los símbolos. Aspectos del ritual Ndembu
lek idam luar (2).docx
Brahms and his friends Anthology - 1.pdf
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Revit
Winterbottom Stakes Day Preview
Folleto Der Trabajo )
Fotonovela de Santo (El Enmascarado de Plata) 2
rvefavasdvsdvasvv
Jadwal Des 16
DISENO_DE_OBRAS_HIDRAULICAS.docx
Syllabus Del Curso Ingeniería Económica (Grado)
twis 4c g2a 2
Pathway Pembedahan
computation-KEME.docx
Calificacion Jefe
Bio+Seduccion+Animal+PDF%2C+Academia+Para+Caballeros+Gratis+Bio+Seduccion+Animal+Descargar.pdf
Proračun temelja samca
Kuliah 4. Sentrifugasi
Panduan Outbreak Airbone
Anatomi Fisiologi Sistem Panca Indera Fkm_(2)
cartillapitosytambores.pdf
MATRIKS PDCA diare dan pneumoni.docx
Comentarios a Una Sentencia Del Tribunal
Comentarios Sobre El Derecho a La Informacion
EL TEETI Declina
La Justicia Electoral Estatal
REFLEXIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA ELECTORAL EMITIDA POR EL TEPJF
Magistrada Adriana M. Favela Herrera
Introducción. 1. Definición de jurisprudencia. 2. Antecedentes históricos. 3. Distintos tipos de juris­ prudencia. 4. Marco jurídico de la jurisprudencia electoral. 5. Órganos competentes para emitir juris­ prudencia en materia electoral a nivel federal. 6. Es­ tructura de la jurisprudencia. 7. Los sistemas para la creación de jurisprudencia en materia electoral. 8. Obligatoriedad de los criterios jurisprudenciales. 9. Interrupción, modificación, aclaración, notificación y publicación. 10. Evolución de los criterios del TE­ PJF: del formalismo al garantismo que potencializa el ejercicio de los derechos político-electorales. 11. Criterios relevantes emitidos por el TEPJF. 12. Cri­ terios de jurisprudencia y tesis relevantes que han sido retomadas por el Constituyente Permanente y el legislador. 13. El impacto que la jurisprudencia y criterios del TEPJF tiene en las entidades federati­ vas. Conclusiones. Bibliografía.
Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa
En este ensayo, se formula la siguiente pregunta; ¿cuál es el papel que debemos desempeñar los juzgadores en materia electoral? Obviamente, resolver los casos concretos que se nos plantean, pero para realizar esta actividad, la mayoría de las veces, no basta con apli­ car la norma al caso que debemos resolver, pues es necesario hacer una interpretación del dispositivo aplicable o, bien, si no existe alguna norma que prevea lo planteado, entonces se tiene que salvar esa lagu­ na normativa. Como sabemos, el legislador prevé situaciones ordinarias, pero la materia electoral es sumamente dinámica, cambia con gran rapidez, de ahí que sea necesario que el legislador o el Constituyente Perma­ nente, en forma reiterada, formule modificaciones a las normas elec­ torales. Sin embargo, a pesar de la tarea que realiza el legislador, la rea­ lidad llega a rebasar lo previsto en la ley, por lo que la función de los juzgadores se vuelve primordial en esta materia, pues no es dable dejar de resolver un asunto porque no existe una disposición que sea aplicable al caso concreto, es decir, la actividad de los juzgadores im­ plica conocer la realidad vigente en determinada época y adecuar la legislación para dar solución a los conflictos. De ahí que la función de los juzgadores electorales sea esencial para la democracia mexicana, ya que a través de la interpretación que realizan de las diversas normas se va perfeccionando el marco jurídi­ co, por lo que el acceso a la justicia se ha potencializado a través de la interpretación que hacen los tribunales electorales. En esta tarea todos estamos involucrados, tanto los magistrados de los tribunales electorales de las entidades federativas, como los magistrados que integramos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF), pues a través de los criterios contenidos en las resoluciones que se emiten se va construyendo la normativa electoral, ya sea que esos criterios se puedan tomar como precedentes o se emitan tesis relevantes o de jurisprudencia. En este trabajo se resaltan algunos aspectos de esta actividad de los juzgadores electorales:
1. La evolución de los criterios del TEPJF, desde una posición legalista hasta una postura garantista que tiende a proteger en mayor medida los derechos político­electorales de los ciudadanos
y los actores políticos. El pronunciamiento sobre situaciones que no prevé el legislador y que se presentan en una realidad concreta. Destacar que varios criterios del TEPJF han sido retomados por el Constituyente Permanente y el legislador. El impacto que los criterios que emiten los tribunales electorales tienen en los diversos actores políticos.
1. Definición de jurisprudencia
El Diccionario de la lengua española establece que jurisprudencia significa:
(Del lat. iuris prudentĭa). 1. f. Ciencia del derecho.// 2. Con­ junto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que con­ tienen.// 3. Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes.*
Como se puede apreciar, el vocablo jurisprudencia tiene dos acepciones principales:
a) El conocimiento y valoración de lo justo y de lo injusto, y b) El criterio reiterado del juzgador respecto a la aplicación o interpretación de una norma.
En este último sentido, la jurisprudencia no se constituye por cualquier aplicación aislada del derecho, al contrario, se conforma por la repetida, constante y uniforme aplicación de un criterio, que implica una pauta general en la aplicación de las normas jurí­ dicas, es decir, la jurisprudencia tiene como propósito lograr una interpretación uniforme del derecho en los casos que se presentan a la decisión del juzgador. Para Guillermo Cabanellas, el término jurisprudencia tiene dos significados: la interpretación de las leyes y su aplicación a un caso concreto, y también juzgar de igual manera una misma cuestión, como lo señala al sostener que:
Además de la ciencia jurídica, que tuvo en su origen se le consi­ dera como el hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de aplicarlas oportunamente a los casos que ocurren; y la otra, el hábito que se tiene de juzgar según igual forma una misma cuestión, esto es, la serie de juicios o sentencias uniformes que forman uso o costumbre sobre un mismo punto del Derecho. **
Diccionario de la lengua española. p. 1332. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 25ª 116
Por su parte, Ignacio Burgoa Orihuela señala:
Que la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y con­ sideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una au­ toridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley. ***
De acuerdo con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia emerge de la fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes.**** A su vez, los Tribunales Colegiados de Circuito han establecido que la jurisprudencia tiene facultades integradoras y va más allá de la norma, es decir, la verdadera jurisprudencia es aquella complemen­ taria o integradora de las situaciones que no previó el legislador, ade­ cuando la norma al caso concreto, toda vez que en muchas ocasiones las circunstancias de hecho están dando opciones distintas a lo esta­ blecido en un precepto legal. Así, la Suprema Corte y los tribunales, al fijar un criterio en una tesis jurisprudencial, muchas veces estudian aquellos aspectos que el legislador no precisó, e integran a la norma los alcances que, no con­ templados en ésta, se producen en una determinada situación.***** Con base en lo antes precisado y teniendo en cuenta lo sostenido por la Suprema Corte, se puede concluir que la jurisprudencia:******
a) Es una fuente del derecho. b) Derivada de la interpretación constitucional y legal que crean determinados órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción. c) Con el propósito de fijar el correcto sentido y alcance de las nor­
edic., Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1997, p. 55.
Ignacio Burgoa Orihuela, El Juicio de Amparo, pág. 823.
Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Tercera parte, CXXIX, México, 15 de marzo de 1968, p. 28. ***** Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, VII, México, Enero de 1991, p. 296. ****** Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia: su integración, Su­ prema Corte de Justicia de la Nación, México, 2004, pp. 19 y 20. 117
mas jurídicas, esto es, la interpretación de la voluntad del legis­ lador y, en otras ocasiones, salva los vacíos legales. d) Tiene como finalidad adecuar el contenido de la norma a la di­ námica de la vida en sociedad. e) A fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas pública y privada. f) Tiene fuerza obligatoria.
Como se puede advertir, la jurisprudencia constituye un elemento primordial en el perfeccionamiento del derecho electoral en México, entendido el término en sus dos aspectos: como la interpretación y aplicación de la ley a un caso concreto (aplicar el derecho a un caso específico), así como la aplicación de un mismo criterio a diversos asuntos que son semejantes, con la finalidad de dar certeza jurídica a los justiciables (criterio reiterado). Se destaca que si bien la jurisprudencia por reiteración es obliga­ toria para los diversos institutos y tribunales electorales, lo cierto es que las tesis relevantes y los precedentes también deben tomarse en cuenta al momento de resolver un conflicto en materia electoral, ya que estos últimos resultan orientadores y pueden auxiliar al juzgador para formar un criterio respecto del tema a tratar.
Las raíces históricas de la jurisprudencia se encuentran en el derecho romano, que en concepto de Mauricio Lara Guadarrama debe su importancia a que el jurista romano no coloca los fríos y rígidos esquemas doctrinales por encima de los fines y necesidades de la vida, pues lo importante es adecuar el razonamiento jurídico a las exigencias prácticas, poniendo siempre su mirada en lo que es bueno y justo –bonum et aequum– pues el iuris prudens debe de encontrar solución a problemas vitales. ******* En México se publica el Semanario Judicial de la Federación crea­ do mediante decreto por Benito Juárez en 1870 en el que se pretendió difundir las ejecutorias de los tribunales y unificar sus criterios, los cuales tendrían cierta autoridad; sin embargo, no eran obligatorios, por lo que Ignacio L. Vallarta propuso que los criterios se volvieran obligatorios tras haber sido reiterados cinco veces, con lo cual se dio
Cfr. Mauricio Lara Guadarrama, Análisis crítico de la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, México, 2007, p. 8. 118
paso a la “Época Vallarta”. Posteriormente, se dio la reforma judicial de 1987, con la que se co­ menzó a crear un mecanismo para resolver la unificación de criterios del Poder Judicial de la Federación. En 1994, se otorgó competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la acción de inconstitucionalidad, a excepción de aquellas leyes relacionadas con la materia electoral. Esta facultad resulta de gran relevancia, ya que a través de la acción de inconstitu­ cionalidad se verifica, en forma abstracta, si los preceptos que contie­ ne una ley son o no contrarios a la Constitución federal. Afortunadamente, a partir de 1996 también se concede a la Supre­ ma Corte la facultad para resolver acciones de inconstitucionalidad respecto de leyes electorales, con lo cual se consolida esta materia, en tanto que, por una parte, la Corte se pronuncia, en forma abstracta, sobre la constitucionalidad o no de los preceptos electorales y, por su parte, el TEPJF se ocupa de resolver los casos concretos de aplicación de la legislación electoral. Ahora bien, en cuanto a los criterios en materia electoral emitidos por el Tribunal Electoral, se destaca lo siguiente: Las primeras tesis aprobadas en materia electoral se publicaron en la “Memoria 1991” del entonces Tribunal Federal Electoral, y co­ rrespondieron a criterios obligatorios emanados de la Sala Central; al igual, se publicaron las tesis relevantes emitidas por las Salas Central y Regionales que, sin ser obligatorias, por su contenido resultaban de interés, integrando tales criterios lo que se conoce como la Primera Época de jurisprudencia y tesis relevantes del Tribunal Federal Elec­ toral. Como consecuencia de las reformas constitucionales y legales de 1993, se crea una Sala de Segunda Instancia que se constituyó en re­ visora de la actuación de la Salas Central y Regionales, y su actuación también dio lugar a la creación de jurisprudencia, formándose la Se­ gunda Época del Tribunal Federal Electoral. Actualmente, no se encuentran vigentes las tesis relativas a la Pri­ mera y Segunda Épocas que corresponden a las emitidas por las Salas Central y de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, por lo que se les puede catalogar como históricas. En 1996 el Tribunal Federal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, surgiendo así el TEPJF, con una nueva conformación, ya que este tribunal funciona desde entonces con una Sala Superior y cinco Salas Regionales, y se amplía significativamente su competencia.
El 12 de marzo de 1997, por acuerdo de la Sala Superior del TEPJF se inicia la Tercera Época de jurisprudencia. Posteriormente, el 4 de septiembre de 2007, la Sala Superior del TE­ PJF, con una nueva integración, emite el acuerdo por el que da inicio la Cuarta Época de publicación de jurisprudencia y tesis relevantes. Así las cosas, las jurisprudencias y tesis correspondientes a la Ter­ cera y Cuarta Épocas son las que actualmente se encuentran vigen­ tes. Respecto de las dos últimas épocas, el TEPJF desde 1997 a la fecha ha emitido 314 jurisprudencias, de las cuales 223 corresponden a la Tercera Época y 91 a la Cuarta Época. Por lo que hace a las denomina­ das tesis relevantes, ha emitido un total de 669 criterios, de los que 542 corresponden a la Tercera Época y 127 a la Cuarta Época. Lo que pone de relieve la inmensa actividad de interpretación que ha realizado el Tribunal Electoral.
3. Distintos tipos de jurisprudencia
La jurisprudencia puede ser de diversos tipos, según la actividad que realiza el juzgador, y se pueden clasificar de la siguiente manera:
a) b) c) Confirmatoria de la ley: las sentencias ratifican lo preceptuado por la ley. Supletoria: colma los vacíos de la ley, creando una norma que la complementa. Interpretativa: explica el sentido del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. ********
Como se advierte, la función del juzgador es muy amplia, ya que su actividad no se limita a la aplicación mecánica del derecho a un caso concreto, pues implica una tarea que va desde formular razonamientos para evidenciar que lo señalado por la norma es aplicable en un asunto, interpretar el sentido de la norma para hacerlo acorde al fin jurídico protegido por el legislador o, bien, con base en el sistema jurídico dar solución a un caso específico no previsto por el legislador.
Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primer Tribunal Cole­ giado del Noveno Circuito, XVIII, México, octubre de 2003, p. 1039. 120
4. Marco jurídico de la jurisprudencia electoral
En materia electoral, el fundamento para que el TEPJF emita jurisprudencia se encuentra en la Constitución federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se explica en el siguiente cuadro:
Artículos y reseña de su contenido Artículo 94, párrafo octavo. Señala que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Artículo 99, párrafos séptimo y octavo. Contradicción de tesis entre el TEPJF y la Suprema Corte: Establece que cuando una sala del TEPJF sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de la Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. Mecanismos para fijar jurisprudencia en materia electoral: Señala que los mecanismos para que el TEPJF fije criterios de jurisprudencia obligatorios en materia electoral, estarán determinados por la propia Constitución y las leyes. Artículos 232 – 237
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Reglamento Interno del TEPJF Diario Oficial de la Federación de 24 de septiembre de 1997
Artículos 127 -134 Acuerdo relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis relevantes y de jurisprudencia que emitan las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa Ordenamiento
Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto de 1998 Diario Oficial de la Federación de 11 de octubre de 2007.
Artículos y reseña de su contenido Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la notificación de sus tesis relevantes a las autoridades electorales. Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha cuatro de septiembre de dos mil siete, relativo a la creación de la Gaceta de jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la determinación del inicio de la Cuarta Época. Fuente: Elaboración propia
Como se pueda apreciar, la jurisprudencia del TEPJF puede ver­ sar sobre la interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Es­ tado mexicano. Además, en atención a que la Suprema Corte al resolver las ac­ ciones de inconstitucionalidad puede determinar, en abstracto, so­ bre la constitucionalidad o no de un precepto en materia electoral, y que el TEPJF tiene competencia para inaplicar, en casos concreto, normas electorales que sean contrarias a la Constitución federal, es posible que entre estos órganos se sustenten criterios que resulten contradictorios, de ahí que se pueda denunciar dicha contradicción y la Corte determine la tesis que debe prevalecer.
5. Órganos competentes para emitir jurisprudencia en materia electoral a nivel federal
En la tarea de interpretar las normas electorales, a nivel federal, existen órganos específicos que pueden emitir jurisprudencia, la cual resulta obligatoria para todas las autoridades electorales. Así, en materia electora, el Pleno de la Suprema Corte y las Salas Superior y Regionales del TEPJF están facultados para for­ mular criterios jurisprudenciales, como se advierte del cuadro si­ guiente:
Constitución federal (artículo 99).
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículos 10 fracción VIII, 236 y 237). Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 232, fracciones I y III). Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 232, fracción II).
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis que se presenten entre las emitidas por las Salas del Tribunal Electoral y las Salas o el propio Pleno de la Suprema Corte La Sala Superior del TEPJF. Las Salas Regionales del TEPJF. Fuente: Elaboración propia
6. Estructura de la jurisprudencia
La estructura es la forma o el contenido que debe tener un criterio de jurisprudencia. Esta estructura ha variado a lo largo de los años y, actualmente, se emplea un sistema que contiene la información en forma más completa, para lograr su fácil localización y el conocimiento del criterio sustentado. Las distintas maneras en que en México se han formulado criterios de jurisprudencia son las siguientes:
1. Primeras épocas del Semanario Judicial de la Federación. Sólo se pu­ blicaban las ejecutorias (sentencias), en forma completa, y se señalaba alguna información que orientaba sobre su contenido y los temas prin­ cipales que abarcaba. Quinta época del Semanario. Se indicaba el resultado de la interpreta­ ción o criterio adoptado, sin mayor explicación. Últimas épocas. La información es más completa porque se identifi­ can con un rubro, en el cual se reseña el criterio adoptado, y se agregan brevemente las razones y argumentos en que se basó el juzgador para adoptar el criterio.
El TEPJF utiliza el formato que ha adoptado el Poder Judicial en fechas recientes, consistente en que la tesis debe contener:
Nombre del actor, de la autoridad u órgano responsable y un número progresivo que preceda al rubro. Rubro (reseña del contenido del criterio sustentado).
Los preceptos objeto de la interpretación. El criterio asumido. La explicación de los argumentos que se tomaron en cuenta para adoptar el criterio. Al final, se debe incorporar los datos de identificación de los asuntos en que se emitió el criterio: tipo de medio de impug­ nación, número de expediente, actor, autoridad u órgano res­ ponsable, fecha en que se emitió la sentencia, votación obtenida por los magistrados de la Sala del TEPJF, magistrado ponente, secretario.
7. Los sistemas para la creación de jurisprudencia en materia electoral
En la actualidad, existen cuatro sistemas mediante los cuales se crea jurisprudencia en materia electoral:
a) Por reiteración. Cuando la Sala Superior del TEPJF sostiene el mis­ mo criterio de aplicación, interpretación o integración de una nor­ ma, en tres sentencias, no interrumpido por otro criterio en contra­ rio; o cuando una Sala Regional sostiene el mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y la Sala Superior lo ratifica. Según lo dispuesto por el artículo 232, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. b) Por unificación de criterios. En este caso, existen dos hipótesis:
1. Cuando la Sala Superior resuelve la contradicción de 2.
criterios sostenidos entres dos o más Salas Regionales o entre éstas y la propia Sala Superior del TEPJF. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación re­ suelve la contradicción de criterios sostenidos por una Sala del TEPJF que sustente una tesis sobre la incons­ titucionalidad de un acto o resolución o sobre la inter­ pretación de un precepto de la Constitución federal y una tesis sostenida por las Salas o el Pleno de la Supre­ ma Corte. En estos casos, el criterio que prevalezca será obliga­ torio a partir de que se haga la declaración respectiva, sin que puedan modificarse los efectos de las senten­ cias dictadas con anterioridad, es decir, no afectarán las
situaciones jurídicas concretas derivadas de los asun­ tos en los cuales se hubiesen emitido las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. c) Por revalidación. Este sistema surge cuando la Sala Superior del TEPJF retomó criterios jurisprudenciales sostenidos por el Tribunal Federal Electoral, según lo dispuso el artículo Quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, que señaló:
Los criterios de jurisprudencia sostenidos por la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral según corresponda, continuarán siendo aplicables en tanto no se opongan a las reformas establecidos en ese decreto. Para que los criterios de jurisprudencia resulten obligato­ rios, se requerirá la declaración formal de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
d) Al resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Cuando la Suprema Corte resuelve acciones de inconstitucionali­ dad en materia electoral, el criterio sostenido adquiere la calidad de jurisprudencia.
8. Obligatoriedad de los criterios jurisprudenciales
La jurisprudencia del TEPJF es obligatoria, en todos los casos, para las Salas del propio Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral. También es obligatoria para las autoridades electorales locales (administrativas y jurisdiccionales), cuando se declare jurispru­ dencia en asuntos relativos a los derechos político­electorales de los ciudadanos o en aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades.******** Sobre este tema, lo cierto es que a pesar de que determinada jurisprudencia no sea obligatoria para una autoridad electoral en concreto, porque no fue emitida al resolver un acto o resolución que le sea propio, lo cierto es que las autoridades electorales tien­ den a tomar en cuenta el criterio jurisprudencia para orientar sus propias determinaciones, en tanto que la mayoría de las legisla­ ciones electorales de las entidades federativas contienen normas que son idénticas o semejantes.
Cfr. Artículo 233, LOPJF, p. 145. 125
Asimismo, se ha sostenido que la jurisprudencia del TEPJF resulta obligatoria para los partidos políticos, así como para las instituciones y sujetos vinculados jurídicamente con los actos que tienen un contenido electoral. Por su parte, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para el TEPJF, cuando se refiera a la interpretación directa de un precepto de la Constitu­ ción federal, y en los casos en que resulte exactamente aplicable. Se resalta que mientras la jurisprudencia es de carácter; obli­ gatorio, las denominadas tesis relevantes no tienen ese carácter, sin embargo, estas últimas sirven para orientar el criterio de los juzgadores. Por lo que hace a las sentencias del TEPJF, de las cuales aún no se ha formulado alguna tesis de jurisprudencia o relevante, pueden ser tomadas en cuenta por los juzgadores para normar su criterio en casos similares, ya que reflejan la postura adoptada por el TEPJF respecto a determinados temas.
9. Interrupción, modificación, aclaración, notificación y publicación
La jurisprudencia del TEPJF se interrumpirá y dejará de tener carácter obligatorio, siempre y cuando exista un pronunciamiento en contrario por mayoría de cinco votos de los miembros de la Sala Superior.******** En la actualidad, el TEPJF está realizando una tarea de análisis de las tesis de jurisprudencia y relevantes para determinar cuáles siguen vigentes o, bien, ya no tienen alguna aplicación, por haber sido rebasadas por las reformas constitucionales y legales. Ahora bien, la jurisprudencia puede ser objeto de modificación y de aclaración, para hacerla más clara y asequible al público en general. La jurisprudencia y tesis relevantes del TEPJF se publicita a través de diversos mecanismos:
Por oficio a las autoridades electorales. La Gaceta de jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral del TEPJF, órgano de difusión de los criterios emitidos
Cfr. Artículo 234, op. cit., p. 145. 126
por el TEPJF. El Semanario Judicial de la Federación. Portal de Internet www.te.gob.mx.
10. Evolución de los criterios del TEPJF: del formalismo al garantismo que potencializa el ejercicio de los derechos políticoelectorales
Si se revisan las diversas sentencias emitidas por el TEPJF desde su creación hasta la actualidad, nos podemos percatar en la evolución de los criterios que ha adoptado. Al principio, la postura del TEPJF era de corte legalista o formalis­ ta, donde se ceñía al texto normativo sin hacer mayores pronuncia­ mientos. Esta postura fue evolucionando, en tanto que el TEPJF tomó con­ ciencia de que tenía que interpretar las normas en un sentido tal que dieran respuesta en forma eficaz a los reclamos de los inconformes o, bien, buscar soluciones jurídicas a situaciones que no fueron regula­ das por el legislador. Así las cosas, los criterios fueron evolucionando hasta llegar a una postura garantista, con la cual se potencializan los derechos políticoelectorales, e inclusive se acude a los Tratados Internacionales signa­ dos por el Estado mexicano. En mi opinión, el TEPJF también ha cambiado de criterios al re­ tomar las nuevas teorías que en la ciencia del derecho van surgien­ do y al darse cuenta de los efectos que sus criterios han tenido en la sociedad, concretamente en los actores políticos. Lo que me parece adecuado, ya que un tribunal siempre debe ser sensible a la evolución del derecho, a las nuevas realidades que enfrenta la comunidad y a los reclamos que se formulan. Por ejemplo, desde 1998 algunos militantes del Partido Verde Eco­ logista de México acudían al TEPJF con el objeto de que interviniera en la vida interna de ese partido político, en tanto que las asambleas estatales en la que se decían temas relevantes por mayoría de los asis­ tentes, al final de cuentas no tenían ninguna validez porque el Comité Ejecutivo Nacional no había enviado a algún representante que estu­ viera presente en la celebración de las mismas. Tal comité al conocer que había militantes disidentes que contaban con la mayoría en esa
entidad federativa, aun cuando se le comunicaba la fecha en que se celebraría la asamblea estatal, no enviaba representantes para evitar que los acuerdos tomados tuvieran alguna validez. En un principio, el TEPJF adoptó el criterio de que el juicio ciuda­ dano no era procedente para impugnar actos de los partidos políticos y emitió la tesis correspondiente. Sin embargo, los problemas internos de los partidos políticos fue­ ron incrementándose, por lo cual el TEPJF asumió el criterio en el sentido de que el IFE, a través de las quejas administrativas, podría pronunciarse al respecto. Este criterio generó graves conflictos para el IFE, porque los parti­ dos lo acusaron de inmiscuirse en su vida interna sin contar con facul­ tades legales para ello. Como los problemas internos de los partidos políticos seguían pro­ liferando, finalmente el TEPJF determinó que sí era procedente el jui­ cio ciudadano para revisar los actos y determinaciones de los partidos políticos, siempre y cuando previamente se agotaran los medios de impugnación intrapartidistas. Esta postura del TEPJF, en mi opinión, fue un gran acierto e impli­ có un avance para la democracia mexicana, ya que al revisar la vida interna de los partidos políticos logró que sus documentos básicos atendieran los principios democráticos, y que los procedimientos in­ ternos de selección de dirigentes y candidatos se ajustaran a ciertas normas también democráticas. Otros casos más recientes, guardan relación con algunos ciudada­ nos que a pesar de haber sido declarados inelegibles por el TEPJF o los tribunales electorales locales, asumen el cargo de Presidentes Munici­ pales por designación directa de los Congresos Locales. El primer asunto se dio en 2007. El Tribunal Electoral de Zacatecas declaró la inelegibilidad de José de Jesús del Real Sánchez, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, para ocupar el cargo de presidente municipal en el Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zaca­ tecas, ya que si bien ganó la elección, lo cierto es que no se separó del cargo público que desempeñaba (diputado local) noventa días antes de la elección. Esta determinación fue confirmada por la Sala Supe­ rior. Así las cosas, el 15 de septiembre de 2007, Serapio Acevedo Men­ chaca, candidato suplente registrado por el mencionado partido, rin­ dió protesta como presidente municipal de Monte Escobedo, Zaca­ tecas. Posteriormente, el 14 diciembre 2007, es decir, tres meses des­
pués, Serapio Acevedo Menchaca solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido y el Cabildo de Monte Escobedo autorizó la licencia. El 19 de diciembre de 2007, la Legislatura del Congreso de Zacate­ cas eligió a José de Jesús del Real Sánchez como presidente municipal sustituto de Monte Escobedo; esto es, designó como presidente mu­ nicipal sustituto al ciudadano que había sido declarado inelegible por las autoridades jurisdiccionales electorales. Se impugna esa determinación del Congreso local y, el 16 enero 2008, la Sala Superior desechó la impugnación al considerar que no se trata­ ba de un acto electoral.******** Sin embargo, este criterio de la Sala Superior del TEPJF se modificó al poco tiempo, al darse cuenta que era necesario revisar tales actos de los Congresos Locales, en tanto que esta clase de situaciones empe­ zaron a proliferar en otras entidades federativas, como se evidencia a continuación. El segundo caso se dio en la elección de presidente municipal en Maravatío, Michoacán. El Tribunal Electoral Local declaró inelegible a Roberto Flores Bautista para ocupar el cargo de presidente munici­ pal en el ayuntamiento de Maravatío, postulado por el Partido Acción Nacional, en tanto que si bien ganó la elección, lo cierto es que no se separó, 90 días antes de la elección, del cargo que ostentaba como Di­ rector Interino del Centro de Salud de Maravatío. Esta determinación fue confirmada por la Sala Superior. Así, el 1 de enero de 2008, Leopoldo Vergara Mora tomó posesión del cargo de presidente punicipal, en el ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, en cumplimiento del Decreto 305 del Congreso local. Sin embargo, siete días después, esto es, el 8 de enero de 2008, Leopoldo Vergara Mora renuncia al cargo de presidente municipal y el Congre­ so local designa a Roberto Flores Bautista como presidente municipal de Maravatío, Michoacán. Por lo que en este caso, también se designó como presidente punicipal a un ciudadano que previamente había sido declarado inelegible por el Tribunal Electoral local y esa determi­ nación había sido confirmada por la Sala Superior. Se planteó la inconformidad respectiva, y el Tribunal Electoral de Michoacán siguiendo el precedente que había resuelto la Sala Superior respecto al municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, determinó que ese acto no era electoral y rechazó la impugnación.
Cfr. Resolución emitida por la Sala Superior del TEPJF, recaída al expedi­ ente SUP-JRC-651/2007 y acumulado. 129
En contra de esa determinación, el inconforme acudió a la Sala Superior, quien de una nueva reflexión, ordenó que el Tribunal Electoral local se pronunciara al respecto.******** Por tanto, el 29 de febrero de 2008, el Tribunal Electoral de Michoacán declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia, dejó sin efectos el Decreto 315 emitido por el Congreso local y le ordenó emitir un nuevo decreto para designar al presidente municipal sustituto de Maravatío, Michoacán. El tercer caso que se tiene registrado aconteció en el municipio de Iliatenco, Guerrero. En la elección municipal resultó electa la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional y se otorgó la constancia como presidente municipal a Félix López González como propietario y Jerónimo de Aquino Flores como suplente. El Partido de la Revolución Democrática se inconforma y, el 10 de noviembre de 2008, la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Electoral Guerrero declara inelegible a Félix López González para ocupar el cargo de Presidente Municipal, ya que no se separó del cargo de Director de Personal de la Secretaría de Educación Pública Estatal con 60 días de antes de la jornada electoral. La Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de Guerrero confirma esa resolución y, posteriormente, esa determinación tam­ bién es confirmada por la Sala Regional del TEPJF, con sede en el Dis­ trito Federal, el 29 de diciembre de 2008. Así las cosas, el 1 de enero de 2009, Jerónimo de Aquino Flores, candidato suplente, asume el cargo de Presidente Municipal de Ilia­ tenco, Guerrero. Sin embargo, el 27 agosto 2009, casi siete meses después, Jerónimo de Aquino Flores solicita al Congreso local licencia definitiva para se­ pararse del cargo de Presidente Municipal, y el órgano legislativo le concede la licencia. El 27 de octubre de 2009, el Congreso local designa a Félix López González presidente municipal sustituto de Iliatenco, Guerrero, para el periodo 2009-2012, quien ya había sido declarado inelegible por el Tribunal Electoral local y la respectiva Sala Regional del TEPJF. El Partido de la Revolución Democrática promueve incidente de inejecución de sentencia y, el 28 de abril de 2010, Tribunal Electoral
******** Cfr. Resoluciones emitidas por la Sala Superior del TEPJF, recaídas a los expedientes SUP-JRC-609/2007 y SUP-JDC-2533/2007; SUP-JRC-47/2008; SUPJRC-62/2008 y SUP-JDC-133/2008. 130
Local deja sin efectos el Decreto de designación de Félix López Gon­ zález como presidente municipal sustituto, y ordena se haga una nue­ va designación. Se cuestiona esa determinación y, el 9 de junio de 2010, la Sala Su­ perior confirma que Félix López González no puede ocupar el cargo de presidente municipal.******** Por tanto el criterio que sobre este tema actualmente prevalece en la Sala Superior es que a través de un incidente de inejecución de sen­ tencia, los tribunales electorales locales pueden revisar los actos de los congresos locales, cuando éstos realizan la designación de un inte­ grante de un ayuntamiento y ésta recae en un ciudadano que previa­ mente ya fue declarado inelegible para ocupar ese cargo de elección popular, en tanto que la ejecución de una sentencia firme no se agota por cumplimiento de sus puntos resolutivos al momento de la toma de posesión, pues debe considerarse como un acto de efectos sucesi­ vos referidos al periodo que regula y es obligatoria respecto de esa persona por el cargo mencionado y durante la totalidad del lapso in­ dicado, esto es, si ya existe una declaración de inelegibilidad respecto de un ciudadano para ocupar determinado cargo de elección popular, éste no puede ser designado para desempeñarlo, por ninguna otra vía o método de designación. Los casos que se comentan son algunos ejemplos en que la Sala Su­ perior del TEPJF ha tenido que reconsiderar el criterio que adoptó en un primer momento, por lo que, de una nueva reflexión, ha apreciado la necesidad de pronunciarse sobre diversas situaciones, aun cuando la ley no establece con claridad esos supuestos, ello con el ánimo de ampliar el acceso a la justicia electoral y velar porque se cumplan las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales. Esta evolución en los criterios adoptados por el TEPJF, es un reflejo claro de su vocación de consolidar la justicia electoral mexicana. Tarea a la que debemos sumarnos los juzgadores electorales.
11. Criterios relevantes emitidos por el TEPJF
Como se señaló desde un inicio, la tarea de los juzgadores en materia electoral no es una actividad simple, ya que requiere de un gran profe­ sionalismo, conocimiento del derecho y compromiso con la justicia.
Cfr. Resolución emitida por la Sala Superior del TEPJF, recaída a los expe­ dientes SUP-JDC-129/2010 y SUP-JRC-135/2010 acumulados. 131
El TEPJF ha tenido que pronunciarse sobre diversos temas, a pesar de que la ley no sea clara al respecto o ni siquiera contemple tales supuestos. Seguramente, esta actividad del TEPJF causa admiración en la mayoría de las personas y especialistas por los avances que ello ha implicado en la justicia electoral mexicana, pero para otros esa tarea que desempeña esta institución rebasa el marco jurídico y les resulta cuestionable. Sin embargo, los juzgadores electorales tienen clara su misión de impartir justicia en esta materia y de buscar soluciones a los conflictos que se presentan. De ahí la importancia de destacar los temas más relevantes sobre los que se ha pronunciado el TEPJF y que han aportado a la consoli­ dación de la justicia electoral en México, algunos criterios ya tienen la calidad de jurisprudencia, pero otros son tesis relevantes o, bien, criterios contenidos en algunas ejecutorias; sin embargo, esta infor­ mación orienta a los juzgadores electorales y ayuda a perfeccionar el marco jurídico electoral, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Los temas que se resaltan son del tenor siguiente:
a. Revisión de la vida interna de los partidos políticos
Como ya se apuntó, el TEPJF asumió el criterio de que sí es re­ visable la vida interna de los partidos políticos y ahora ese criterio fue retomado por el legislador, teniendo como requisito que se hayan agotado previamente los medios de impugnación intrapartidistas. Con esta postura asumida por el TEPJF, desde mi punto de vista, se abonó para consolidar la democracia interna de los partidos po­ líticos, al exigirles que sus documentos básicos siguieran los princi­ pios democráticos, y que los procedimientos internos de selección de dirigentes y candidatos sean más transparentes y ajustados a marco jurídico. También el TEPJF ha señalado que no se justifica acudir per saltum a la jurisdicción electoral, si el conflicto puede tener solución en el ám­ bito interno del partido político de que se trate, con lo cual se garanti­ za el principio de auto­determinación de los partidos políticos.
JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICOELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Jurisprudencia S3ELJ 03/2003. La tesis de jurisprudencia número S3ELJ 15/2001, publicada en la obra Compilación Oficial de Jurispru­ dencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 118-119, con el rubro: “JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICOELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CON­ TRA ACTOS DE PARTIDOS POLíTICOS”, fue interrumpida al mo­ mento de que se emitieron las dos resoluciones que constituyen los dos primeros precedentes de la nueva tesis. MEDIO DE IMPUGNACIóN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGO­ TARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCIóN NO ESTÉ PREVISTO EN LA REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTI­ CO. Jurisprudencia S3ELJ 05/2005. REGISTRO DE CANDIDATURAS. ES IMPUGNABLE SOBRE LA BASE DE QUE LOS CANDIDATOS NO FUERON ELECTOS CON­ FORME A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POSTULANTE. Juris­ prudencia S3ELJ 23/2001. MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTI­ COS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Jurisprudencia S3ELJ 04/2003. ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. ELEMENTOS MíNI­ MOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. Jurisprudencia S3ELJ 03/2005. ESTATUTOS DE UN PARTIDO POLíTICO O DE UNA COALICIóN. HIPóTESIS DE IMPUGNACIóN. Jurisprudencia S3ELJ 55/2002. DIRECCIóN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLíTICOS. ESTÁ FACULTADA PARA REVISAR LA REGU­ LARIDAD DE LA DESIGNACIÓN O ELECCIÓN DE LOS DIRI­ GENTES PARTIDISTAS. Jurisprudencia S3ELJ 28/2002.
b. Acceso y fortalecimiento de la impartición de justicia electoral.
El TEPJF ha sostenido diversos criterios que tienen como ob­ jetivo facilitar el acceso a la justicia electoral y garantizar que los conflictos se resuelvan por la vía jurídica, para lo cual desentraña la causa de pedir del justiciable para estar en aptitud de impartir justicia. Igualmente, ha establecido algunas excepciones a los requisitos de procedibilidad que exigen los medios de impugnación, ello con el objeto de no hacer nugatorio el derecho que se alega está siendo vulnerado por un acto electoral. Asimismo, ha exigido una actitud más activa a los juzgadores electorales, por ejemplo, al establecer que se deben realizar dili­ gencia para mejor proveer, cuando en el expediente no existan elementos suficientes para resolver la cuestión planteada. También, ha establecido que los medios de impugnación se pueden reencauzar a través de la vía idónea, ello con el afán de garantizar el acceso a la justicia electoral. Por otra parte, ha sostenido que también son impugnables las omisiones en materia electoral, es decir, resulta impugnables toda situación fáctica o jurídica que tenga una suficiencia tal que la haga capaz de alterar el orden constitucional y legal, ya sea que proven­ ga de un hacer (acto en sentido estricto) o un no hacer (omisión propiamente dicha), siempre que, en este último supuesto, exista una norma jurídica que imponga ese deber jurídico de hacer a la autoridad identificada como responsable, a fin de dar eficacia al sistema de medios de impugnación en materia electoral, al tenor de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal. Asimismo, amplió la procedencia de los medios de impugna­ ción, cuando se tratara de cuestiones que implicaban el financia­ miento de los partidos políticos. Sobre las acciones tuitivas de intereses difusos, el TEPJF ha sos­ tenido que los partidos políticos las pueden deducir, lo que resulta sumamente importante, pues a través de estas acciones tuitivas se pueden cuestionar actos o resoluciones electorales que aun cuan­ do no causen un agravio directo a los partidos, lo cierto es que, en este caso, ellos velan por el interés común de la sociedad, básica­
mente porque los actos electorales se ajusten a derecho. Igualmente, el TEPJF ha sostenido diversos criterios que tienen como finalidad fortalecer la impartición de justicia electoral, in­ troduciendo figuras o instituciones jurídicas que aun cuando no están expresamente previstas por el legislador, es evidente su ne­ cesidad de adoptarlas para garantizar una plena impartición de justicia, como lo es la aclaración de sentencia, la ampliación de la demanda, entre otros.
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS LAS PUE­ DAN DEDUCIR. Jurisprudencia S3ELJ 10/2005. PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIóN DE LAS ELECCIONES. Jurisprudencia S3ELJ 15/2000. ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL SISTEMA PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE DISPONGA EXPRESA­ MENTE. Jurisprudencia S3ELJ 11/2005. AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGU­ RADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. Jurisprudencia S3ELJ 03/2000. AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Jurisprudencia S3ELJ 02/98. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN. Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. AMPLIACIóN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUS­ TENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR. Jurisprudencia 18/2008. AMPLIACIóN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (Legislación federal y si­ milares). Jurisprudencia 13/2009.
MEDIOS DE IMPUGNACIóN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CON­ TENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Jurisprudencia S3ELJ 04/99. DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS ME­ DIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIóN DE LA PRETENSIóN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. Jurisprudencia S3ELJ 09/2001. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZAR­ LAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIEN­ TES PARA RESOLVER. Jurisprudencia S3ELJ 10/97. MEDIO DE IMPUGNACIóN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VíA IDóNEA. Jurispru­ dencia S3ELJ 12/2004. OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES. Jurisprudencia S3ELJ 41/2002. PROMOCIONES. CUANDO ES EVIDENTE QUE SU LITERALI­ DAD SE OPONE A LA CLARA INTENCIóN DEL SUSCRIPTOR, DEBE PREVALECER ÉSTA. Jurisprudencia S3ELJ 66/2002. RECURSO DE RECONSIDERACIóN. LOS REQUISITOS DE PRO­ CEDENCIA SON DE CARÁCTER FORMAL Y NO DE FONDO (Le­ gislación de Michoacán). Jurisprudencia S3ELJ 46/2002.
c. Ampliación de la procedencia de los medios de impugnación
El TEPJF ha emitido diversas jurisprudencias en las cuales se am­ plía de manera considerable la procedencia de los medios de impug­ nación, con el objeto de garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos y los actores políticos, y atendiendo al principio cons­ titucional de que todos los actos y resoluciones en materia electoral pueden ser impugnados. Como en el caso de la acción declarativa, que tiene como finali­ dad dar certeza a los ciudadanos, cuando una situación de hecho le produzca incertidumbre en algún derecho político-electoral y exista la posibilidad de que con esa situación una autoridad afecte o per­
judique en cualquier modo ese derecho, es decir, cuando por alguna situación o conducta de una autoridad, se origina un estado de incer­ tidumbre que da lugar a la seria posibilidad de que el mencionado derecho resulte violado, caso en el cual se requiere de una declaración judicial que disipe esa incertidumbre, al dilucidar si el actor tiene o no el derecho cuya posible afectación se reclama; como sería el caso de que la autoridad electoral trate determinado asunto en alguna de sus sesiones sin que se pronuncie formalmente de manera colegiada, pero entre sus miembros se asuma una actitud de aceptación o tolerancia con el mismo que revele una posición favorable que ponga en seria posibilidad la afectación a un derecho subjetivo del interesado.
ACCIóN DECLARATIVA. ES PROCEDENTE EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO­ELECTORALES DEL CIUDADANO. Jurisprudencia S3ELJ 07/2003. CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE UN ACTO DE APLI­ CACIóN DE LA NORMA CORRESPONDIENTE CUANDO DEL CONTEXTO JURíDICO Y FÁCTICO DEL CASO SE ADVIERTA, QUE FUE APLICADA AL GOBERNADO. Jurisprudencia 1/2009. COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA SU­ PERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA IM­ PUGNACIóN DE SUS ACTOS. Jurisprudencia S3ELJ 02/2005. JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. CUÁN­ DO ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO DEL MEDIO IMPUGNATIVO DE PRIMERA INSTANCIA. Jurisprudencia S3ELJ 17/2003. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. Jurispru­ dencia S3ELJ 09/2000.
d. Ampliación de legitimación para promover medios de impugnación
La legislación electoral expedida en 1996, constreñía la legitima­
ción para promover los medios de impugnación a los partidos políti­ cos casi en forma exclusiva, y en algunos casos muy específicos a los ciudadanos. Sin embargo, el TEPJF a través de diversos criterios amplió la legi­ timación para presentar los medios de impugnación y así garantizar el acceso a la justicia electoral, aun cuando el legislador no hubiera contemplado a diversos sujetos o entes, como es el caso de las coali­ ciones, entre otros.
APELACIóN. CASO EN QUE LA PUEDEN INTERPONER LOS CIUDADANOS (Legislación de Michoacán). Jurisprudencia S3ELJ 01/2005. COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL. Jurispru­ dencia S3ELJ 21/2002.
e. Potencialización de los derechos político-electorales
El TEPJF ha potencializado el ejercicio de los derechos político-elec­ torales, y ha señalado la procedencia de los medios de impugnación cuando se aduzcan violaciones a derechos fundamentales vinculados con el ejercicio de los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, como serían el derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva. También ha adoptado una interpretación amplia y garantista de los derechos político-electorales, al considerar que las reglas interpre­ tativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como son los de asociación política y de afiliación político-electoral; así, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental.
Algunos ejemplos de la potencialización de los derechos político­ electorales que ha realizado el TEPJF, se advierten cuando ha garanti­ zado los derechos a la información, de petición, de libertad de expre­ sión y de réplica, así como el secreto profesional de los comunicado­ res. Respecto al derecho a la información en materia político-electoral, ha sostenido que es deber del Estado mexicano garantizar el derecho fundamental a la información. Sobre este tema, vinculó a los partidos políticos a brindar su infor­ mación, ya que el ciudadano debe contar con información básica de los partidos políticos, pues esto constituye, sin duda, un prerrequisito para ejercer de manera efectiva su libertad de asociación política y, en particular, de afiliación político-electoral, con el objeto de que pueda decidir libremente afiliarse o no a determinado partido político, con­ servar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Esto es así, en razón de que un cabal y responsable ejercicio de los derechos funda­ mentales de libre asociación política y de afiliación político-electoral supone tener una información adecuada acerca de los partidos polí­ ticos por parte de los ciudadanos, incluidos los afiliados o miembros y militantes de los partidos políticos, pues de lo contrario se estarían prohijando ciudadanos desinformados, en particular, carentes de in­ formación básica acerca de los partidos políticos a los que pretendan afiliarse o en los que militen y, por lo tanto, sin estar en aptitud de tomar una decisión suficientemente informada, lo que iría en detri­ mento del fin primordial de los partidos políticos asignado constitu­ cionalmente, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática, el cual no sería atendido con ciudadanos o mili­ tantes desconocedores de las actividades de los partidos políticos que les conciernan. Por lo que hace al derecho de petición en materia política, ha sos­ tenido que corresponde a los ciudadanos, pero también a los partidos políticos, porque existe el criterio interpretativo de que los derechos fundamentales contemplados en la Constitución General de la Re­ pública deben de interpretarse en un sentido amplio y no restrictiva­ mente, así como criterio generalizado en los tribunales federales, en el sentido de que los derechos fundamentales contemplados en dicha Constitución, no sólo le asisten a las personas físicas sino también a las personas jurídicas, cuando éstas sean susceptibles de disfrutarlos, por tanto, el derecho de petición en materia política, no sólo corresponde a los ciudadanos en lo individual, sino también a los partidos políticos,
por su naturaleza, funciones y finalidades constitucionales y legales. Por tanto, si los partidos políticos son formas de asociación ciudada­ na, no puede negarse que están facultados, a través de sus legítimos representantes, para acudir ante las autoridades políticas, y en forma más concreta ante las autoridades electorales, a realizar alguna solici­ tud o petición, referente a cuestiones político-electorales, y que al no existir restricción, ésta necesariamente tendrá que resolverse. Asimismo, el TEPJF ha emitido criterios relacionados con la liber­ tad de expresión y sus límites en materia electoral.
DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLÍTICO­ ELECTORAL. ALCANCES JURíDICOS DE LA PRERROGATIVA DE LOS CIUDADANOS PARA CONOCER DATOS QUE OBREN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS RELATIVOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS. Jurisprudencia S3ELJ 58/2002. DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLíTICOELECTORAL. SU INTERPRETACIóN Y CORRELATIVA APLICA­ CIóN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Jurisprudencia S3ELJ 29/2002. DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLíTICOS. Jurisprudencia S3ELJ 26/2002. DERECHO DE RÉPLICA. SE TUTELA A TRAVÉS DEL PROCE­ DIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. Tesis VII/2010. SECRETO PROFESIONAL. LOS COMUNICADORES PUEDEN ABSTENERSE DE REVELAR SUS FUENTES O EL PRODUCTO DE SUS INVESTIGACIONES QUE NO HAYAN SIDO PUBLICADAS. Tesis XXXI/2009. JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTI­ CO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDA­ MENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIóN Y DE AFILIACIóN. Jurispruden­ cia S3ELJ 36/2002. INTERÉS JURíDICO EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO­ELECTORALES DEL CIUDADANO, CUANDO SE ALEGAN PRESUNTAS VIOLA­ CIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL. Jurisprudencia 7/2010. LIBERTAD DE EXPRESIóN E INFORMACIóN. SU MAXIMIZA­ CIóN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLíTICO. Jurispruden­ cia11/2008. PETICIóN. EL DERECHO IMPONE A TODO óRGANO O FUN­ CIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RES­ PUESTA A LOS MILITANTES. Jurisprudencia 5/2008.
f. Nulidades en materia electoral y el principio de conservación de los actos válidamente emitidos
Sobre el tema de nulidades, el TEPJF ha establecido que sola­ mente procede anular la votación recibida en una casilla cuando se acredita la hipótesis de nulidad y se demuestre que la irregula­ ridad es determinante para el resultado de la votación, aun cuan­ do el legislador no haya exigido tal requisito en forma expresa. El TEPJF ha aplicado a la materia electoral el principio de con­ servación de los actos públicos válidamente emitidos, al tomar en cuenta que el día de la jornada electoral, los funcionarios de ca­ silla, quienes reciben y cuentan la votación, no son especialistas en la materia electoral y pueden cometer algunas inconsistencias, pero estos errores no son suficientes para restar validez a esos ac­ tos, pues pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico­electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elec­ ción, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representa­ ción nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
NULIDAD DE ELECCIóN O DE LA VOTACIóN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. Jurisprudencia S3ELJ 39/2002. NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIóN, AUN CUANDO EN LA HIPóTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMEN­ TO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares). Jurisprudencia S3ELJ 13/2000. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIóN EN LA DETER­ MINACIóN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIóN, CóMPU­ TO O ELECCIóN. Jurisprudencia S3ELJD 01/98.
g. Realización de nuevo escrutinio y cómputo de votación
En el tema de la realización de nuevo escrutinio y cómputo de votación, el criterio del TEPJF es en el sentido de que deben co­ rregirse los cómputos respectivos cuando se encuentren errores, para con ello, depurar las inconsistencias y contar con resultados verídicos y confiables. Asimismo, en 2006, cuando se impugnó la elección presiden­ cial, el criterio adoptado por la Sala Superior al establecer las hi­ pótesis en que procedía realizar un nuevo escrutinio y cómputo de votación de casillas, ayudó a salvar las lagunas legislativas, ya que la ley electoral entonces vigente sólo preveía algunos supues­ tos. Así, para esa elección, la Sala Superior ordenó el nuevo escru­ tinio y computo en 11,724 casillas de 149 distritos, equivalente al 11% de las 130,477 casillas instaladas.
ESCRUTINIO Y CóMPUTO. CUANDO UN TRIBUNAL ELEC­ TORAL LO REALIZA NUEVAMENTE Y LOS DATOS OBTENI­ DOS NO COINCIDEN CON LOS ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE DEBEN CORREGIR LOS CóMPUTOS CORRESPONDIEN­ TES (Legislaciones electorales de Coahuila, Oaxaca y similares). Jurisprudencia S3ELJ 14/2005 ESCRUTINIO Y CóMPUTO DE LA VOTACIóN RECIBIDA EN CASILLA EN SUSTITUCIóN DE LA AUTORIDAD ELEC­ TORAL ADMINISTRATIVA. PROCEDE LA CORRECCIÓN DE ERRORES ENCONTRADOS (Legislación del Estado de México y similares). Jurisprudencia S3ELJ 04/2002.
h. Procedimientos administrativo sancionador y de fiscalización
Respecto al procedimiento administrativo sancionador, ha sido valiosa la interpretación que ha realizado el TEPJF, al aclarar los principios que rigen este procedimiento, los criterios que se deben seguir al instaurarlo, el tipo de diligencias que se pueden realizar durante su sustanciación. También ha aclarado, que el IFE cuenta con facultades investi­ gadoras y que debe ejercerlas cuando existan indicios de posibles faltas, para que éstas sean verificadas y, de ser el caso, sanciona­ das. El tema de la fiscalización en materia electoral ha tomado gran relevancia en los últimos años en México y donde se centra el ma­ yor número de impugnaciones, ello porque implica el origen y manejo de los recursos que obtienen los partidos políticos, mien­ tras que la organización de las elecciones es un aspecto que ya no es motivo de grandes cuestionamientos. En el tema de la fiscalización, el TEPJF ha realizado una valiosa aportación, los renombrados casos conocidos como Pemex-gate y Amigos de Fox, no hubieran sido posible llevarlos a buen término sin los criterios que el TEPJF fue adoptando para garantizar al IFE la prosecución de los procedimientos administrativos sancionado­ res que instauró, por ejemplo, la no aplicación del secreto bancario
y fiduciario al IFE cuando éste ejerce facultades de fiscalización. Asimismo, en cuestiones de fiscalización, el TEPJF ha adopta­ do criterios con el objetivo de evitar que se evada la ley. En igual forma, ha formulado criterios relacionados con el no­ vedoso procedimiento especial sancionador, estableciendo los principios que lo rigen y sus finalidades. Asimismo, se resalta que en materia de acceso a radio y televi­ sión, la Sala Superior ha emitido criterios que son de suma impor­ tancia, porque aclaran los procedimientos y reglas que aplican en este tema. También, el TEPJF ha emitido criterios relacionados con la pro­ paganda que implica la promoción de servidores públicos.
APORTACIONES EN EFECTIVO A LOS PARTIDOS POLÍTI­ COS. SU FRACCIONAMIENTO PARA EVADIR EL LíMITE LEGAL CONSTITUYE FRAUDE A LA LEY. Jurisprudencia S3ELJ 15/2005. COMISIóN DE FISCALIZACIóN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLíTICAS. ALCANCES DE SU FACULTAD INVESTIGATORIA EN EL TRÁMITE DE QUEJAS. Ju­ risprudencia 3/2008 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITE­ RIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Jurisprudencia S3ELJ 62/2002. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELEC­ TORAL. DEBEN PRIVILEGIARSE LAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS GOBERNADOS. Jurisprudencia S3ELJ 63/2002. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUAN­ DO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS. Jurisprudencia S3ELJ 16/2004. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ELECTORAL. LOS CIUDADANOS DENUNCIANTES ESTÁN LE­ GITIMADOS PARA APELAR LA DETERMINACIÓN EMITIDA. Jurisprudencia S3ELJ 10/2003. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PARA LA ATENCIóN DE QUEJAS SOBRE EL ORI­ GEN Y LA APLICACIóN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ESEN­ CIALMENTE INQUISITIVO. Jurisprudencia S3ELJ 64/2002. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL RELACIONADO CON LA FISCALIZACIóN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. NORMAS GENE­ RALES PARA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. Jurisprudencia S3ELJ 65/2002. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR GE­ NÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN óRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLA­ CIóN. Jurisprudencia S3ELJ 17/2004. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OR­ DINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENE­ RAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE. Jurisprudencia 17/2009. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO. Jurisprudencia 16/2009. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHA­ MIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSE­ JO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. Jurisprudencia 20/2009. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES LA VÍA PREVISTA PARA ANALIZAR VIOLACIONES RELACIONADAS CON PROPAGANDA POLíTICA O ELECTORAL EN RADIO Y TE­ LEVISIóN. Jurisprudencia 10/2008.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORI­ DAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUE­ BAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONóMICA DEL SAN­ CIONADO. Jurisprudencia 29/2009. PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLU­ CIóN. NATURALEZA Y FINALIDAD. Jurisprudencia 2/2008. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUI­ SITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLíTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIóN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. Jurisprudencia 20/2008. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTO­ RAL. PRINCIPIOS JURíDICOS APLICABLES. Jurisprudencia S3ELJ 07/2005. SECRETO BANCARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDE­ RAL ELECTORAL EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALI­ ZACIóN. Jurisprudencia S3ELJ 01/2003. SECRETO FIDUCIARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FE­ DERAL ELECTORAL, EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FIS­ CALIZACIóN. Jurisprudencia S3ELJ 02/2003.
i. Financiamiento público a partidos de nueva creación
En 1996, era común encontrar legislaciones electorales de las enti­ dades federativas que no preveían el otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos de nueva creación. Sobre este tema, el criterio adoptado por el TEPJF fue sumamente relevante, ya que esta­ bleció que los partidos políticos de nueva creación sí tenían derecho a recibir financiamiento público local, sin que fuera dable para ello tomar en cuenta su fuerza electoral, ya que al ser de nueva creación que, por razones obvias, han carecido de la oportunidad de probar su grado de penetración en la sociedad, pero es evidente que necesitan el financiamiento público para realizar las actividades que les enco­ mienda la Constitución federal.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. EL DERECHO A RE­ CIBIRLO ES DIFERENTE PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES EN UNA ELECCIóN ANTERIOR QUE NO DEMOSTRARON CIERTA FUERZA ELECTORAL, RESPECTO A LOS DE RECIENTE CREACIóN. Jurisprudencia S3ELJ 10/2000.
j. Nombramiento consejeros electorales y magistrados electorales locales
El TEPJF estipuló que es revisable el nombramiento de los inte­ grantes de los órganos de dirección de las autoridades electorales administrativas locales, así como la designación de los magistrados de los tribunales electorales estatales, para con ello garantizar que el proceso de designación sea apegado a derecho y que su remoción sea solamente por causas justificadas y previstas en la ley. Para ello, determinó que esos actos de designación son impugna­ bles ante el TEPJF. Con estos criterios, el TEPJF ha ayudado a consolidar la integra­ ción y actividad de los órganos y tribunales electorales de las entida­ des federativas.
ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE ORGA­ NIZACIóN O CALIFICACIóN DE COMICIOS LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN. Jurisprudencia S3ELJ 02/2001. AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE TAL CARÁCTER AQUÉ­ LLA QUE EN EJERCICIO DE UNA ATRIBUCIóN PREVISTA EN LA LEY, DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE UN óRGANO ELECTORAL LOCAL, DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O JU­ RISDICCIONAL. Jurisprudencia S3ELJ 03/2001. AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES O DE RESOLVER LAS CONTRO­
VERSIAS DERIVADAS DE LOS COMICIOS LOCALES. SU DESIG­ NACIóN FORMA PARTE DE LA ORGANIZACIóN DEL PROCE­ SO ELECTORAL (Legislación de Yucatán y similares). Jurisprudencia S3ELJ 04/2001. CONSEJEROS DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES. LA NORMA QUE DETERMINA LA CONCLUSIóN ANTICIPADA DEL PERIODO DE ENCARGO DE AQUELLOS QUE SE ENCUEN­ TRAN EN FUNCIONES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRE­ TROACTIVIDAD DE LA LEY. Jurisprudencia 31/2009. INTEGRACIóN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCAN­ CES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIóN CONSTITUCIO­ NAL Y LEGAL. Jurisprudencia 11/2010.
k. Cuestiones de género
La actual integración de la Sala Superior del TEPJF, ha mostrado un gran interés en las cuestiones de género. En 2009, la Sala Superior adoptó un criterio relacionado con la ma­ nera en que se deben de integrarse las listas de candidatos a diputa­ dos federales de representación proporcional, al estimar que la regla de alternancia para ordenar esas candidaturas consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar las cinco candidaturas del segmento, de modo tal que el mis­ mo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. Con base en ese criterio, revocó la resolución impugnada y ordenó al PRD que presentara ante el Consejo General del IFE, la modifica­ ción de la lista de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional, en la que debía ubicar en tercer lugar a Mary Telma Guajardo Villarreal. Así, gracias a esta resolución, la mencionada ciudadana es diputada federal.
Tesis relevante:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIóN. CóMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS. Tesis XVI/2009.
Comunidades indígenas su participación en la materia electoral
La Sala Superior del TEPJF también ha emitido diversas jurispru­ dencias relacionadas con las elecciones por usos y costumbres que se realizan en las comunidades indígenas. Ha sido especialmente sensi­ ble a sus condiciones y cuidadosa de garantizar sus derechos y el ac­ ceso a la justicia electoral por parte de estas comunidades indígenas. COMUNIDADES INDíGENAS. LA AUTORIDAD ELECTO­ RAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (Legislación de Oaxaca). Jurisprudencia 15/2008. COMUNIDADES INDíGENAS. NOTIFICACIóN DE AC­ TOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR PERIóDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES PARTICULARES PARA TENERLA POR EFI­ CAZMENTE REALIZADA. Jurisprudencia 15/2010. COMUNIDADES INDíGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTE­ GRANTES. Jurisprudencia 13/2008.
m. Definición de la competencia entre las distintas Salas del TEPJF.
Con motivo de la reforma a nivel constitucional y legal que se efec­ tuó en 2007 y 2008, en la que se prevé la permanencia de las Salas Regional del TEPJF y una redistribución de competencias, la Sala Su­ perior ha tenido que precisar con mayor precisión la competencia de cada una de las Salas que integran el Tribunal Electoral. Con ello, ha abonado a la certeza jurídica al definir de manera con­ creta los asuntos que corresponden a la competencia de las Salas Re­ gionales y, en su caso, a la propia Sala Superior.
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CO­
NOCER DE IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON EL FI­ NANCIAMIENTO PÚBLICO, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, DE LOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES EN EL ÁMBITO ESTATAL. Jurisprudencia 6/2009. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CO­ NOCER DE LAS IMPUGNACIONES DE ACTOS DE LAS AUTORI­ DADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES ESTATALES, RELA­ TIVOS A LA EMISIÓN O APLICACIÓN DE NORMAS GENERA­ LES. Jurisprudencia 9/2010. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CO­ NOCER DE LAS IMPUGNACIONES, POR SANCIONES A PARTI­ DOS POLíTICOS NACIONALES EN EL ÁMBITO LOCAL. Jurispru­ dencia 5/2009. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CO­ NOCER DEL JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL ELECTO­ RAL CUANDO LA MATERIA DE IMPUGNACIóN SEA INESCIN­ DIBLE. Jurisprudencia 13/2010. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA­ CIóN, CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIóN DEL TIEMPO QUE CORRESPONDA AL ESTADO EN RADIO Y TELEVISIóN. Jurisprudencia 8/2010. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA­ CIóN CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIóN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Jurisprudencia 3/2009. COMPETENCIA. RECAE EN LA SALA SUPERIOR TRATÁN­ DOSE DE LOS JUICIOS DE REVISIóN CONSTITUCIONAL ELEC­ TORAL QUE VERSEN SOBRE LA DISTRITACIóN O DEMARCA­ CIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO ELECTORAL DE LAS ENTI­ DADES FEDERATIVAS. Jurisprudencia 5/2010.
n. Instrumentos de democracia directa
El TEPJF ha emitido criterios relacionados con los instrumentos de democracia directa, como son el referéndum y plebiscito, respecto de los cuales ha sostenido que los actos relacionados con tales instrumen­ tos son impugnables.
REFERÉNDUM O PLEBISCITO COMO INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. LOS ACTOS RELACIONADOS CON ESTOS SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. Tesis X/2009. Existen otros criterios que también resultan relevantes, como sería la suspensión de los derechos político­electorales del ciudadano; sin embargo, por cuestiones de espacio ya no es posible abordarlos, máxi­ me que la producción de criterios del TEPJF ha sido basta y recoge las experiencias de resolver conflictos electorales desde 1996 a la fecha. 12. Criterios de jurisprudencia y tesis relevantes que han sido retomadas por el Constituyente Permanente y el legislador El hecho de que el TEPJF esté resolviendo de manera constante conflictos en materia electoral, lo obliga a que tenga que pronunciarse sobre cuestiones que impactan a la sociedad en un momento determi­ nado y establezca criterios sobre la interpretación de diversas normas o, bien, supla las deficiencias legales. Afortunadamente, la gran mayoría de los criterios del TEPJF han sido retomados por el Constituyente Permanente y por el legislador ordinario, por lo cual, esos criterios ahora forman parte de normas ju­ rídicas, como se puede apreciar en la reciente reforma constitucional y legal que se realizó en 2007 y 2008. Esto, obviamente, implica un aporte del TEPJF al perfeccionamien­ to y consolidación de la justicia electoral mexicana, y un reconoci­ miento a la labor que realiza. A continuación, se enumeran algunos ejemplos:
La posibilidad de que el TEPJF revise cuestiones relacionadas con la vida interna de los partidos políticos, siempre y cuando se hayan
agotado previamente los medios de impugnación intrapartidistas. La necesidad de reconocer al TEPJF la facultad de inaplicar precep­ tos, en un caso concreto, que sean contrarios a la Constitución fed­ eral. La instauración de un procedimiento especial para resolver lo rela­ tivo al contenido de propaganda electoral que rebase los límites de la garantía de la libertad de expresión y, en todo caso, para que sea suspendida su transmisión en radio y televisión. La no aplicación del secreto bancario, fiduciario y fiscal al IFE cuan­ do esté llevando a cabo actividades de revisión de los gastos de los partidos políticos. Ampliación de la procedencia de los diversos medios de impugn­ ación. Atribuirse facultades para revisar el procedimiento de nombra­ miento de los integrantes de las autoridades electorales, tanto ad­ ministrativas como jurisdiccionales. Ampliación de hipótesis para recuento de votación de las casillas. Revisión de todas las elecciones populares, como las de delegados o auxiliares municipales.******** Ampliación de legitimación para presentar los medios de impugn­ ación. Garantías del ejercicio de los derechos a la información, petición y libertad de expresión.
Algunos de estos criterios en su momento originaron polémica, pero lo cierto es que el TEPJF detectó que era necesario pronunciarse sobre los mismos y adoptar una postura al respecto. Por otro lado, existen criterios que no han sido aceptados de ma­ nera favorable por los actores políticos, como sucedía con la famosa “causal abstracta de nulidad de elecciones”.******** Por lo que ahora en el artículo 99 constitucional se señala que las Salas del TEPJF sólo podrán declarar la nulidad de una elección cuan­ do se actualice algunas de las hipótesis expresamente previstas por el legislador. Seguramente, los criterios emitidos por el TEPJF en fechas recien­ tes, serán retomados por el legislador, cuando sea conveniente reali­
Cfr. Jurisprudencia 1/2008 identificada con el rubro: AGENTES MUNICIPALES. CUANDO SURGEN DE PROCESOS COMICIALES, SU ELECCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ******** Cfr. Tesis de jurisprudencia identificada con el rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación de Tabasco y similares). Tesis S3ELJ 23/2004. Esta tesis no se encuentra vigente desde noviembre de 2007.
zar reformas nuevamente en materia electoral. 13. El impacto que la jurisprudencia y criterios del TEPJF tiene en las entidades federativas Los criterios y jurisprudencias que emite el TEPJF tienen un im­ pacto importante en las entidades federativas, en tanto que señalan la manera en que deben interpretarse diversas normas de las legislacio­ nes electorales locales y, en otros casos, colma los vacios legales.Con esta actividad que realiza el TEPJF se pretende aclarar la forma en que deben ser entendidas y aplicadas las normas electorales, máxime que en la mayoría de las legislaciones locales se cuentan con idénticas figuras jurídicas, que poco varían en la manera en que son reguladas. En este apartado, también debe resaltarse que algunas veces son las entidades federativas las que contemplan figuras novedosas que no se encuentran previstas en la legislación electoral federal, como es el caso de las candidaturas comunes, la doble vuelta en las eleccio­ nes municipales (aunque esta figura ya fue derogada de la legislación electoral de San Luis Potosí), entre otras. También es oportuno señalar que los tribunales electorales locales han emitido criterios novedosos, que han sido confirmados y retoma­ dos por el TEJPF, como es el caso de la denominada “causal de nu­ lidad de elecciones por violación a principios constitucionales”, que surgió de un criterio emitido por el Tribunal Electoral de Michoacán, y que ha orientado algunas sentencias emitidas por la Sala Superior y por las Salas Regionales. Sobre este tema, la Sala Regional Toluca del TEPJF anuló la elec­ ción de ayuntamientos de Zimapán, Hidalgo, por haberse acreditado la violación a principios constitucionales, concretamente el principio de separación del Estado y la iglesia previsto en el artículo 130 consti­ tucional, por la intervención indebida de ministros de culto religioso invitando a los ciudadanos a votar, el día de la jornada electoral, por uno de los candidatos. En suma, la actividad de interpretación que realiza el TEPJF, a tra­ vés de las sentencias que emite, así como las jurisprudencias y tesis que formula, impacta de diferentes maneras a las entidades federati­ vas, entre las que destacan las siguientes:
a) Llena vacíos normativos no regulados por el legislador ordinario local al realizar las reformas a sus sistemas normativos electorales. b) Establece la solución a situaciones extraordinarias no previstas por
el legislador local, brindándole mayor certeza a los actores electora­ les respecto a la legalidad del proceso electoral. c) Interpreta e integra las hipótesis legales que resultan ambiguas, ya sea porque no son lo suficientemente claras para determinar los al­ cances del supuesto regulado o sean deficientes en relación con esta­ blecer las posibles consecuencias de la actualización de la hipótesis normativa. d) Establece pautas para que las autoridades electorales locales cuen­ ten con criterios orientadores, particularmente, al determinar el sen­ tido y alcance del marco regulatorio electoral de sus entidades fede­ rativas, lo que les permite tener una actuación con mayor certeza al dirimir las controversias que se les presentan. e) Modifica el marco regulatorio de los procesos electorales de las enti­ dades federativas al inaplicar un dispositivo legal, al estimarlo con­ trario a la Constitución federal.
Pero esta tarea que realiza el TEPJF, como máxima autoridad en la materia electoral, es la suma de los esfuerzos que también llevan a cabo las autoridades y tribunales electorales locales y federales al interpretar las normas y buscar soluciones a los casos concretos que se plantean, es decir, se trata de una tarea compartida, ya que la mayoría de las veces el TEPJF ratifica los criterios previamente adoptados por dichas autoridades locales.
1. Los criterios del TEPJF han evolucionado al pasar de una pos­ tura legalista y formal a una postura garantista, en la que se potencializa el ejercicio de los derechos político­electorales. 2. La emisión de sentencias, así como la producción de jurispru­ dencia y tesis relevantes en materia electoral, son elementos que han permitido consolidar la justicia electoral mexicana. 3. Los criterios que adopta el TEPJF, como máxima autoridad en la materia electoral, son una herramienta esencial para el trabajo de las autoridades electorales administrativas y juris­ diccionales, tanto federales como locales, en tanto que aclaran el contenido de las legislaciones electorales estatales, las inter­ preta y, en su caso, subsana las lagunas legales, con la finali­ dad de obtener una solución a casos concretos.
4. El trabajo de interpretación y colmar las lagunas legales que ha realizado el TEPJF, ha sido rescatado por el Constituyente Permanente y el legislador ordinario, por lo que ahora la gran mayoría de los criterios emitidos entre 1996 y 2007 forman parte del marco jurídico vigente. 5. El TEPJF se ha esmerado en difundir los criterios de jurispru­ dencia y tesis relevantes que adopta, los cuales se pueden con­ sultar con facilidad a través de su página electrónica; además de que las sesiones públicas de resolución se transmiten por el Canal Judicial y también a través del portal de Internet. 6. Algunas veces, los cambios de criterio del TEPJF pueden ge­ nerar cierta incertidumbre en los actores políticos y autorida­ des electorales; sin embargo, es natural que un órgano juris­ diccional realice nuevas reflexiones sobre temas respecto de los cuales se ha pronunciado previamente, pero ello es enten­ dible dado la dinámica que rige en la materia electoral. 7. La recomendación a todos los interesados en el tema electo­ ral, es que debemos estar atentos sobre los criterios novedosos que emite la Sala Superior y nuestra obligación es tratar de entenderlos, para así poder aplicarlos en un caso similar. 8. Tanto las autoridades electorales locales, como las federales, han contribuido al enriquecimiento y fortalecimiento de la justicia electoral en México.
I. Legislación consultada: Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 12ª edic., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2009. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 2ª edic., 1ª reimpresión, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2009. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6ª edic., 1ª reimpresión, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2009. Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa­ ción, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Méxi­ co, 2009. II. Obras Consultadas: BURGOA ORIHUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo, 38ª edic., Porrúa, México, 2001. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 25ª edic. Editorial Heliasta, Buenos Aires. Diccionario de la Lengua Española, Tomo II, 22ª edic., Real Academia Española, Madrid, 2001. LARA GUADARRAMA, Mauricio, Análisis crítico de la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, México, 2007. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, La Jurispruden­ cia: su integración, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2004.
III. Publicaciones periódicas consultadas Diario Oficial de la Federación, t. DXXVIII, n.17, México, D. F. miércoles 24 de septiembre de 1997, pág. 77. Diario Oficial de la Federación, t. DXXXIX, n.17, México, D. F. lunes 24 de septiembre de 1998, pág. 65. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Tercera parte, CXXIX, México, 15 de marzo de 1968, pág. 28. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, VII, México, enero de 1991, pág. 296. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primer Tribunal Cole­ giado del Noveno Circuito, XVIII, México, octubre de 2003, pág. 1039. IV. Otras fuentes consultadas “TribunalElectoraldelPoderJudicialdelaFederación”, SUP-JRC-651/2007 y acumulado, dirección en Internet: http://148.207.17.195/SISCON/ gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2007/JRC/SUPJRC-0651-2007.htm, fecha de consulta: 23 de junio de 2010. “TribunalElectoraldelPoderJudicialdelaFederación”, SUP-JRC-609/2007 y acumulado, dirección en Internet: http://200.23.107.66/siscon/ga­ teway.dll?f=templates&fn=default.htm, fecha de consulta: 23 de junio de 2010. “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, SUPJRC-47/2008, dirección en Internet: http://200.23.107.66/siscon/ gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, fecha de consulta: 23 de junio de 2010. “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, SUP-JRC-62/2008 y acumulado, dirección en Internet: http://200.23.107.66/siscon/ga­ teway.dll?f=templates&fn=default.htm, fecha de consulta: 23 de junio de 2010.
“TribunalElectoraldelPoderJudicialdelaFederación”,SUP-JDC-129/2010 y acumulado, dirección en Internet: http://200.23.107.66/siscon/ga­ teway.dll?f=templates&fn=default.htm, fecha de consulta: 23 de junio de 2010.
Publicado en Revista Tribuna Sonot. I Edición. Órgano Informativo del Tribunal Estatal Electoral Sonora. www.teesonora.org.mx
MAGDA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA
Licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, cursa la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac. Su carrera electoral la inició en 1994 cuando ingresó al entonces Tribunal Federal Electoral, como Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Presidencia de la Sala Regional Durango, en la Segunda Circunscripción Plurinominal. Se ha desempeñado como profesora-investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Federal Electoral, en la unidad instalada en ciudad de Durango, Durango y como Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Presidencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Segunda Circunscripción Plurinominal. De enero de 1998 a septiembre de 2002 fue Secretaria Instructora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ingresó al Instituto Federal Electoral en noviembre de 2002, donde se desempeñó como Subdirectora del Área de Quejas, adscrita a la Dirección Jurídica; después fue nombrada Directora del Área de Instrucción Recursal de la propia Dirección Jurídica y fungió como encargada del despacho en la Dirección Jurídica del propio Instituto en septiembre de 2005. El 2 de marzo de 2005, el Senado de la República la designó Magistrada Electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, rindiendo la protesta constitucional el día 8 de marzo del mismo año. Desempeñó el cargo de Magistrada Presidenta hasta el 31 de julio de 2008. Actualmente, es Magistrada de la Sala Regional Toluca. Cuenta con múltiples participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral, realizadas en diferentes tribunales, institutos y universidades del país.
Documents Similar To Reflexiones Sobre La Jurisprudencia en Materia Electoral
Edgar Gorostieta
XARiellX
Venanciocaz
Victor Turner - La selva de los símbolos. Aspectos del ritual NdembuUploaded by miqelinbombín
AaaUploaded by merissakukus
ww.docxUploaded by cecep
lek idam luar (2).docxUploaded by Mohammad Nur Ihsan
Brahms and his friends Anthology - 1.pdfUploaded by Samuel Pereira
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en RevitUploaded by Leonardo David

References: Artículo 94
 Artículo 99
 resolución 
 artículo 232
 resolución 
 resolución 
 Artículo 233
 Artículo 234
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIóN 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 99
 artículo 130
 resolución