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Timestamp: 2019-01-22 13:11:38+00:00

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﻿ SENTENCIA C-497 DE SEPTIEMBRE 15 DE 1998
SENTENCIA C-497 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 344 DE 1996, "POR EL CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE RACIONALIZACIÓN TRIBUTARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
TEMAS ESPECÍFICOS:TRIBUTO, COMISIÓN NACIONAL DE REGALÍAS, FONDO NACIONAL DE REGALÍAS, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-497 de septiembre 15 de 1998
Ref.: Demanda D-1983
Normas acusadas: artículo 3º (parcial) de la Ley 344 de 1996 y artículo 53 (parcial) de la Ley 141 de 1994.
Demandante: Luis Enrique Olivera Petro.
— Sanción presidencial, texto legal aprobado por las cámaras y texto remitido por el Congreso.
Santafé de Bogotá, quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
A continuación se transcriben las normas acusadas y se subrayan los apartes demandados. Así, el artículo 3º de la Ley 344 de 1996 establece:
“ART. 3º—El total de los recursos propios del fondo nacional de regalías incluyendo los excedentes financieros y los reaforos que se produzcan, una vez descontadas las asignaciones contempladas en el artículo 1º parágrafo 1º artículo 5º parágrafo, artículo 8º numeral 8 que se elevará al 1% y artículo 30 de la presente ley se destinará a la promoción de la minería, a la presentación del medio ambiente y a la financiación de proyectos regionales de inversión, incluyendo los regionales de la real vial, secundaria y terciaria, aplicando los siguientes parámetros porcentuales como mínimo:
20% para el momento de la minería.
59% para la finalización de proyectos regionales de inversión incluyendo los de la real vial, secundaria y terciaria definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales y de la red vial. De este porcentaje no menos del 80% deben destinarse, durante cinco años a partir de la vigencia de la presente ley, para financiar los proyectos de carácter regional de recuperación, construcción o terminación de obras de la red vial, secundaria y terciaria”.
Por su parte, el artículo 53 de la Ley 141 de 1994 señala:
Por la cual se crean el fondo nacional de regalías, la Comisión nacional regalías se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables se establecen las reglas para la liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.
ART. 53.—Límites a las participaciones en las regalías y compensaciones provenientes del transporte de hidrocarburos, o de sus derivados, por los puertos marítimos y fluviales. Cuando el transporte de hidrocarburos o de sus derivados por un puerto marítimo fluvial sea superior a los doscientos mil (200.000) barriles promedio mensual diario, se aplicará el siguiente escalonamiento:
Promedio mensual barriles por día Participación por sobre su porcentaje de los municipios portuarios
“PAR.—El total del remanente por regalías y compensaciones, resultante de la aplicación de este artículo ingresará al fondo nacional de regalías”.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los artículos 3º (parcial) de la Ley 344 de 1996 y 53 (parcial) de la Ley 141 de 1994, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de disposiciones que forman parte de leyes de la República.
El primer asunto bajo revisión: la caducidad de la acción por vicios de forma en la aprobación del parágrafo del artículo 53 de la Ley 141 de 1994.
2. Según el actor, el parágrafo del artículo 53 de la Ley 141 de 1994 debe ser retirado del ordenamiento, por cuanto hubo vicios de procedimiento en su formación ya que inicialmente se habría aprobado un texto diferente al consagrado en la ley actual. Según algunos intervinientes, este cargo no es de recibo, pues si bien el texto que se propuso para el parágrafo en su momento era diverso y confería mayor participación a las entidades territoriales en las regalías, lo cierto es que esa proposición finalmente no tuvo éxito, de suerte que las plenarias de las cámaras aprobaron la normal tal y como se encuentra contenida en la Ley 141 de 1994, según la cual la totalidad de los recursos excedentarios se destinan al fondo nacional de regalías. Entra pues la Corte a examinar este cargo, para lo cual debe comenzar por determinar si esa acusación se refiere a un vicio de forma, pues si es así, es claro que la acción ha caducado, teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un año entre la publicación de la norma acusada y la presentación de la demanda (C.P., art. 242). En efecto, la Ley 141 de 1994, de la cual hace parte el parágrafo acusado, fue sancionada el 28 de junio de 1994, y fue publicada el 30 de junio de ese año, en el Diario Oficial Nº 41.414, mientras que la demanda fue presentada el 13 de febrero de 1998, esto es, casi cuatro años después.
3. Según los criterios establecidos por la doctrina jurídica y por esta corporación, las irregularidades en la formación de un acto pueden ser clasificadas en defectos de competencia y vicios de forma(1). Según los primeros, un acto jurídico se encuentra en entredicho si quien lo profirió no tenía la capacidad para expedirlo. En estos casos, la Corte ha señalado que esos vicios de competencia no son de forma, por cuanto la competencia es el “presupuesto esencial que da, al funcionario o a la corporación, legitimidad para acceder a la forma(2)”. Dijo entonces la Corte:
“El artículo 242-3 de la Carta Política que establece un término de caducidad para las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma, no comprende, en modo alguno, aquellas que se dirigen a atacar el acto por desbordamiento en el ejercicio de la competencia. Y no podría hacerlo, porque si la indebida elección de forma para la producción del acto, cumplido por quien tiene competencia, se reputa un vicio menor, saneable por el transcurso del tiempo, la falta de capacidad para producirlo no puede ser saneada por esa vía, pues no puede producir efectos jurídicos un acto que sólo lo es en apariencia por carecer, ab initio, del presupuesto esencial para surgir el mundo del derecho: la competencia, precedente obligado del uso de la forma(3).”
(1) Ver sentencia C-546/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz, criterio reiterado, entre otras, en la sentencias C-531/95 y C-055/96.
Los vicios de forma que caducan hacen referencia entonces a aquellos casos en que el Congreso tenía plena competencia para expedir una determinada regulación pero en el trámite comete irregularidades que afectan la validez del acto. Ahora bien, el presente caso, el Congreso tenía la facultad para aprobar el texto impugnado, por lo cual no estamos en presencia de un problema de competencia, pero pudo ocurrir una irregularidad en el trámite de la disposición, por cuanto el actor considera que el texto del parágrafo finalmente incorporado a la ley 141 no corresponde al texto inicialmente aprobado. Este eventual vicio no puede entonces ser sino de forma, por lo cual estando la acción caducada, la Corte se inhibirá de conocer de la acusación contra el parágrafo del artículo 53 de la Ley 141 de 1994, por cuanto el único cargo del demandante es por razones de forma.
4. Con todo, lo cierto es que el cargo de forma del demandante no tiene ningún sustento, puesto que el examen de los antecedentes legislativos del parágrafo impugnado muestra que su texto corresponde al que fue efectivamente aprobado por las plenarias de Senado y Cámara.
En efecto, la norma impugnada no se encontraba en el proyecto originario que fue presentado a consideración del Congreso de la República por el entonces Ministro de Minas y Energía, Guido Nule Amín, y que aparece publicado en la Gaceta del Congreso 42 de 28 de agosto de 1992. Sin embargo, en la ponencia en el Senado para el segundo debate al Proyecto de Ley 126 de 1992 (Senado)(4) se incorporó un artículo nuevo cuyo texto fue el siguiente:
(4) Gaceta del Congreso Nº 176, 4 de junio de 1993. pág. 7, ver folio 73 del anexo 3 de este expediente.
“Límites a las participación en las regalías y compensaciones provenientes del transporte de hidrocarburo, o de sus derivados, por los puertos marítimos y fluviales. Cuando el transporte de hidrocarburos o sus derivados por el puerto marítimo o fluvial sea superior a los doscientos cincuenta mil (250.000) barriles promedio mensual diario, se aplicará el siguiente escalonamiento:
Promedio mensual barriles por día Participación sobre su porcentaje de los municipios portuarios
Por los primeros 250.000
barriles 100%
Más de 250.000 y hasta
4.000 barriles 75%
Más de 600.000 barriles 50%
PAR.—El remanente por regalías y compensaciones provenientes de la aplicación de este artículo se distribuirá así: el treinta por ciento (30%) para el fondo nacional de regalías y el setenta por ciento (70%) para ser utilizado según lo establecido en el artículo 56 de la presente ley (reasignación de regalías y compensaciones pactadas a favor de municipios)”.
Esto muestra que el actor tiene razón en que inicialmente el parágrafo acusado confería mayor participación a las entidades territoriales. Sin embargo, esa fórmula no fue la aceptada por el Congreso. En la Cámara de Representantes se presentó una regulación diversa, según la cual la totalidad de los recursos excedentarios se destinaría al fondo nacional de regalías. Al respecto la norma señalaba(5):
(5) Ver Gaceta del Congreso del 26 de mayo de 1994, pág. 34, ver folio 156 del anexo 3 de este expediente.
“ART. 53.—Límites a las participaciones en las regalías y compensaciones provenientes del transporte de hidrocarburos, o de sus derivados, por los puertos marítimos y fluviales. Cuando el transporte de hidrocarburos o sus derivados por un puerto marítimo o fluvial sea superior a los doscientos mil (200.000) barriles promedio mensual diario, se aplicará el siguiente escalonamiento:
Promedio mensual barriles por día Participación sobre el porcentaje de los municipios portuarios
Más de 200.000 y hasta 4.000 barriles 75%
Más de 400.000 y hasta 6.000 barriles 50%
Más de 600.000 barriles 25%
PAR.—El total del remanente por regalías y compensaciones, resultante de la aplicación de este artículo ingresará al fondo nacional de regalías”.
Este artículo fue el aprobado por la Cámara de Representantes. En atención a lo anterior, y debido a la existencia de contradicciones en lo aprobado por las dos cámaras, se nombró una comisión de conciliación, la cual adoptó en relación con este artículo la fórmula incorporada por la Cámara de Representantes, esto es, que el “total de remanente por regalías y compensaciones, resultante de la aplicación de este artículo ingresará al fondo nacional de regalías”(6). Ese texto, que corresponde exactamente al contenido del parágrafo acusado, fue el finalmente adoptado por las dos plenarias, tal y como lo certificaron los secretarios generales de las dos cámaras(7). Por consiguiente, no existió el vicio de forma invocado por el demandante, pues el parágrafo acusado fue aprobado conforme a los procedimientos previstos por la Constitución y el reglamento del Congreso.
(6) Ver el informe de la comisión accidental en Gaceta del Congreso del 8 de noviembre de 1993, pág. 4, ver folio 160 del anexo 3 de este expediente.
(7) Ver folio 76 y ss. del anexo 4.
El segundo asunto bajo revisión: los vicios en la sanción presidencial del artículo 3º de la Ley 344 de 1996.
5. Antes de estudiar los cargos materiales del actor contra la otra norma parcialmente acusada, a saber el artículo 3º de la Ley 344 de 1996, comienza la Corte por destacar ciertos problemas de interpretación que plantea esa disposición, en la medida en que efectúa remisiones normativas totalmente incomprensibles. Así, el inciso primero de la citada norma establece:
“El total de los recursos propios del fondo nacional de regalías, incluyendo los excedentes financieros y los reaforos que se produzcan, una vez descontadas las asignaciones contempladas en el artículo 1º parágrafo 1º artículo 5º, parágrafo, artículo 8º numeral 8 que se elevará al 1% y artículo 30 de la presente ley, se destinará a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a la financiación de proyectos regionales de inversión, incluyendo los regionales de la red vial, secundaria y terciaria, aplicando los siguientes parámetros porcentuales como mínimo (subrayas no originales)”.
Este artículo remite entonces a unas asignaciones supuestamente consagradas por otras disposiciones de la misma Ley 344 de 1996, a saber los parágrafos de los artículos 1º y 5º, el numeral 8 del artículo 8º y el artículo 30. Sin embargo, el más breve análisis de la Ley 344 de 1996 muestra que esa remisión es errónea, por razones tan elementales como que los artículos 1º y 5º de esa ley carecen de parágrafo, el 8º no tiene numerales y el artículo 30 no establece ninguna asignación sino que consagra unas facultades extraordinarias para el Presidente de la República. Esta equivocación en las remisiones normativas hace entonces incomprensible la disposición acusada, si nos atenemos a una interpretación estrictamente literal de la misma. Sin embargo, la presencia de un error tan protuberante hace suponer que en realidad este artículo subrogaba una disposición contenida en otra ley, pero que en algún momento del trámite legislativo, por algún descuido, la referencia a esa otra ley desapareció del texto final. Por tal razón, y con el fin de desentrañar el sentido de la norma parcialmente acusada, la Corte estudió los antecedentes de esa disposición.
Así, el 26 de noviembre de 1996, las comisiones terceras constitucionales permanentes de ambas cámaras aprobaron, en sesión conjunta, el proyecto que daría lugar a la Ley 344 de 1996. El texto adoptado para el artículo 3º era el siguiente(8):
(8) Ver Gaceta del Congreso del 6 de diciembre de 1996, pág. 16.
“ART. 3º—El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 141 de 1994 quedará así:
“PAR. 2º—El total de los recursos propios del fondo nacional de regalías incluye todos los excedentes financieros y los reaforos que se produzcan una vez descontadas las asignaciones contempladas en el artículo 1º parágrafo 1º artículo 5º parágrafo, artículo 8º numeral 8 y artículo 30 de la presente ley se destinará a la promoción de la minería a la preservación del medio ambiente y a la financiación de proyectos regionales de y de la red vial, aplicando los siguientes parámetros porcentuales como mínimo:
20% para la preservación del medio ambiente, con exclusión de los proyectos de saneamiento básico.
60% para la finalización de proyectos regionales de inversión definidos con 70 prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales y de la red vial. De este porcentaje no menos del 80% deberá destinarse, durante cinco años a partir de la vigencia de la presente ley para financiar la rehabilitación y el mantenimiento o realización de proyectos nuevos u obras en curso que presenten faltantes de financiación de la red vial.
Tratándose de la red vial secundaria se consideran de impacto regional las carreteras que conectan la red troncal y de la red terciaria las que conectan municipios de más de un departamento.
El artículo fue aprobado con la misma redacción por la plenaria de la Cámara de Representantes, en la sesión del 12 de diciembre de 1997, puesto que en esa ocasión esa cámara decidió aprobar el proyecto, tal y como venía en el informe presentado por las comisiones, con excepción de algunos artículos, entre los cuales no se encontraba el tercero(9). Por su parte, la plenaria del Senado aprobó un texto que era similar, pues señalaba:(10).
(9) Ver acta de la sesión del 12 de diciembre de 1996 de la Cámara de Representantes en Gaceta del Congreso Nº 628 del 27 de diciembre de 1996, pág. 25.
(10) Ver el texto final aprobado por el Senado en la Gaceta del Congreso del 17 de diciembre de 1996, pág. 1.
“PAR 2º—El total de los recursos propios del fondo nacional de regalías, incluyendo los excedentes financieros y los reaforos que se produzcan, una vez descontadas las asignaciones contempladas en el artículo 1º parágrafo 1º artículo 5º parágrafo, artículo 8º que se elevará al 1% y artículo 30 de la presente ley, se destinará a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a la financiación de proyectos regionales de inversión, incluyendo los regionales de la red vial secundaria y terciaria, aplicando los siguientes parámetros porcentuales como mínimo:
59% para la finalización de proyectos regionales de inversión, incluyendo los de la red vial, secundaria y terciaria definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales y de la red vial. De este porcentaje, no menos del 80% deberá destinarse, durante cinco años a partir de la vigencia de la presente ley, para financiar los proyectos de carácter regional de recuperación, construcción o terminación de obras de la red, secundaria y terciaria”.
Ahora bien, como existía discrepancias no sólo en este artículo sino también en otras disposiciones, las cámaras nombraron una comisión de conciliación para superar las diferencias, la cual presentó el acta de acuerdo el 16 de diciembre de 1996 a ambas cámaras, que lo aprobaron sin modificaciones(11). En relación con el artículo 3º, ese informe señalaba lo siguiente:
(11) Ver el texto del acta y constancia de su aprobación por la Cámara de Representantes en el acta de la sesión plenaria del 126(sic) de diciembre de 1996. En Gaceta del Congreso 630 de 27 de diciembre de 1996, pág. 32. Para el Senado, ver acta de la plenaria del 16 de diciembre de 1996 en Gaceta del Congreso 1 del 23 de enero de 1997, págs. 66 y 67.
“Se le incluye una coma a la parte adicional aprobada por el Senado en las dos primeras frases “red vial”. Se incluye la expresión vial seguida de una coma en la frase “obras de la red secundaria y terciaria”(12).
(12) Ver Gaceta del Congreso Nº 630 del 27 de diciembre de 1996, pág. 32. Para el Senado. Ver acta de la plenaria del 16 de diciembre de 1996 en Gaceta del Congreso Nº 1 del 23 de enero de 1997 págs. 66 y 67.
Esto significa que el texto aprobado por las cámaras, de conformidad con lo señalado, por el acta de la comisión de conciliación, es aquel que provenía del Senado, con dos ajustes menores, a saber la introducción de dos comas y una palabra. Así las cosas, si se tiene en cuenta el texto tal y como fue aprobado por el Senado y se incluyen esas modificaciones menores, la norma finalmente aprobada por las cámaras es la siguiente:
PAR. 2º—El total de los recursos propios del fondo nacional de regalías, incluyendo los excedentes financieros y los reaforos que se produzcan, una vez descontadas las asignaciones contempladas en el artículo 1º parágrafo 1º artículo 5º parágrafo, artículo 8º numeral 8 que se elevará al 1% y artículo 30 de la presente ley, se destinará a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a la financiación de proyectos regionales de inversión, incluyendo los regionales de la red vial, secundaria y terciaria, aplicando los siguientes parámetros porcentuales como mínimo:
59% para la finalización de proyectos regionales de inversión, incluyendo los de la red vial, secundaria y terciaria definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales y de la red vial. De este porcentaje, no menos del 80% deberá destinarse, durante cinco años a partir de la vigencia de la presente ley, para financiar los proyectos de carácter regional de recuperación, construcción o terminación de obras de la red vial, secundaria y terciaria”.
Este texto es idéntico al que figura en el artículo 3º de la ley sancionada como Ley 344 de 1996, salvo que desapareció el encabezado, que hacía referencia al parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 141 de 1994, con lo cual quedó el texto definitivo, tal y como se encuentra demandado por el actor y transcrito en esta sentencia.
7. Conforme a lo anterior, es claro que existió un vicio de procedimiento en la expedición del presente artículo, por cuanto el presidente sancionó un texto distinto a aquel que fue aprobado por el Congreso.
Ahora bien, el presidente juega un papel en la formación de las leyes, ya que puede objetar los proyectos aprobados por las cámaras, ya sea por motivos de inconstitucionalidad, ya sea por razones de inconveniencia (C.P., arts. 166 y 167). Sin embargo, el presidente no puede, al sancionar un proyecto, modificar el texto que fue aprobado por las cámaras, por cuanto estaría alterando el procedimiento de formación de las leyes, tal y como se encuentra establecido en la Carta (C.P., arts. 157 y ss.). En efecto, si se admite tal hipótesis, sería el ejecutivo, y no el Congreso como lo ordena la Constitución, quien fijaría el texto final de la ley, con lo cual el presidente podría desfigurar la voluntad legislativa y terminaría por alterar el reparto de competencias establecido en la Carta. Por ende, la modificación del texto en la sanción presidencial representa un vicio material de competencia, por cuanto el ejecutivo realiza un acto —la reforma del texto aprobado por las cámaras— para el cual no tiene facultades. Este vicio puede entonces acarrear la inexequibilidad de la norma acusada, incluso si pudo haber transcurrido más de un año entre su publicación y la presentación de la demanda por el actor, por cuanto ese defecto en la sanción no caduca (C.P., art. 242), ya que constituye un vicio material de competencia y no una irregularidad en la forma de expedición de la norma(13).
(13) Ver sentencia C-546/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz, criterio reiterado, entre otras, en las sentencias C-531 de 1995 y C-055 de 1996.
8. La Corte no puede ignorar la presencia de ese vicio en la formación de la disposición acusada, incluso si éste no fue señalado por el actor ni por ninguno de los intervinientes, por cuanto el control constitucional de las leyes no es rogado sino integral, ya que corresponde a esta corporación estudiar las normas impugnadas frente a la totalidad de los preceptos de la Constitución (D. 2067/91, art. 22), y no únicamente, en relación con las disposiciones constitucionales señaladas por el actor. Por ello, si la Corte encuentra que el acto impugnado adolece de vicios de procedimiento, debe entrar a estudiarlos, aun cuando el demandante no los haya considerado(14). En ese orden de ideas, la Corte tiene que concluir que el presidente incurrió en un vicio en la sanción del artículo impugnado, que afecta su constitucionalidad.
(14) Ver, entre otras, la sentencia C-531 de 1995. Fundamento Jurídico Nº 2.
9. ¿Significa lo anterior que debe la Corte declarar la inexequibilidad de la disposición acusada debido a ese vicio en su sanción? Para responder a ese interrogante, la Corte recuerda que no siempre las irregularidades en la expedición de una disposición legal implican su exclusión total del ordenamiento, puesto que el parágrafo del artículo 241 superior prevé con claridad que si la Corte encuentra un “vicio de procedimiento subsanable” en la formación del acto sujeto a su control, “ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado”. Por ende, entra la Corte a analizar si el presente vicio es o no subsanable, con el fin de determinar si procede o no aplicar el mecanismo de corrección previsto por el propio ordenamiento constitucional.
10. La Corte destaca que durante el trámite de esa norma hasta la aprobación por las plenarias del informe de la comisión de conciliación no hubo vicios de procedimiento, y que el defecto en la sanción derivó de una inadvertencia en las fases posteriores del procedimiento legislativo. En efecto, como se sabe, una vez que las plenarias aprueban un proyecto, corresponde a los servicios técnicos y profesionales de las cámaras preparar una versión final del mismo, que incorpore en un solo texto las distintas modificaciones adoptadas durante el complejo trámite legislativo. Esta versión debe corresponder estrictamente a lo aprobado por las plenarias y es firmada por los presidentes y secretarios de ambas cámaras para dar constancia de lo anterior. El texto firmado por las mesas directivas es entonces enviado para la correspondiente sanción presidencial, con los respectivos anexos y antecedentes legislativos, con el fin de que el ejecutivo pueda verificar la regularidad del trámite.
Así, la Corte constató que el 17 de diciembre 1996, el Presidente del Senado de la República, Luis Fernando Londoño, envío al señor Presidente de la República Ernesto Samper Pizano “acompañado de todos sus antecedentes y en doble ejemplar para sanción ejecutiva el Proyecto de Ley 89 de 1996 Senado y 185 de 1996 Cámara(15). La carta de envío precisaba que el proyecto había sido “considerado y aprobado en comisión conjunta el día 26 de noviembre de 1996, en sesión plenaria el día 16 de diciembre de 1996 Senado, en sesión plenaria el día 16 de diciembre de 1996 Cámara y por la comisión conciliadora de ambas corporaciones el día 16 de diciembre de 1996”. Ahora bien, la Corte constató que en ese texto se había omitido el encabezado del artículo 3º de la Ley 344 de 1996 y que precisamente tal texto fue sancionado por el Presidente de la República(16). Esto significa que el vicio en la sanción presidencial fue en cierta forma inducido por una irregularidad previa debido a una inadvertencia de los servicios legislativos de las cámaras y de las mesas directivas, que al incorporar en un solo texto el proyecto aprobado, omitieron el encabezado del artículo 3º.
(15) Biblioteca del Congreso. Expediente de la Ley 344 de 1996, folio 10.
(16) Biblioteca del Congreso. Expediente de la Ley 344 de 1996, folio 2.
Ese tipo de irregularidades es grave por cuanto genera una gran inseguridad jurídica. La Corte reitera entonces la importancia que tiene la precisión no sólo en el trámite sino también en la transcripción de los proyectos de ley. Además, en anteriores oportunidades, esta corporación había señalado que esta clase de defectos puede acarrear la inconstitucionalidad misma del texto legal por vicios en su formación(17).
(17) Ver, entre otras, las sentencias C-255 de 1996 y C-400 de 1998.
En ese orden de ideas, la Corte concluye que la modificación por parte de los servicios técnicos del Congreso del texto aprobado por las cámaras, la firma de ese texto por las mesas directivas y la sanción del mismo texto modificado por el presidente son vicios materiales de competencia, por cuanto el ordenamiento no confiere esa posibilidad a los servicios técnicos del Congreso, ni a las mesas directivas de las Cámaras, ni al Presidente de la República. Ahora bien, es propio de los vicios de competencia que no son subsanables por cuanto implican que la autoridad carece de facultades para expedir el acto respectivo, por lo cual mal podría corregirlo.
11. Conforme a lo anterior la Corte procederá a declarar la inexequibilidad del artículo demandado, por vicios en su formación. Sin embargo, y por razones de seguridad jurídica, la Corte limitará los efectos de su fallo hacia el futuro, por lo cual se entiende que la declaración de inexequibilidad no afecta las situaciones consolidadas bajo el amparo de la norma causada.
Con todo, un interrogante surge: ¿Cuál es el sentido que se debió atribuir a ese artículo mientras estuvo en vigencia si, como ya se vio, éste efectúa remisiones normativas incomprensibles?
Para responder a ese interrogante, la Corte recuerda que el estudio de los antecedentes normativos de la disposición muestra con claridad que el Congreso, por medio del artículo 3º de la Ley 344 de 1996, pretendía subrogar el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 141 de 1994, tal y como lo expresaba inequívocamente el texto aprobado por las comisiones y por las plenarias. Sin embargo, desafortunadamente, en la fase final del proceso legislativo, ese encabezado desapareció. Ahora bien, como ya se demostró en esa sentencia, la referencia que efectúa la norma parcialmente impugnada a otros artículos “de la presente ley” no tiene ningún sentido si se elimina ese encabezado. En cambio, esas referencias adquieren un significado preciso si se conserva el encabezado, por cuanto efectivamente los parágrafos de los artículos 1º y 5º, el numeral 8 del artículo 8º y el artículo 30 de la Ley 141 de 1994 señalan una serie de asignaciones. Por tal razón, en el presente caso, la Corte entiende que, a pesar del error en las fases finales del procedimiento legislativo, era razonable entender, mientras tal norma estuvo vigente, que el artículo 3º de la Ley 344 de 1996 subroga el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 141 de 1994, y que por ende la norma hace referencia a los parágrafos de los artículos 1º y 5º, al numeral 8 del artículo 8º y al artículo 30 de la Ley 141 de 1994, y no de la Ley 341 de 1996, pues no sólo esa conclusión surge inequívocamente del estudio de los antecedentes legislativos de esa disposición sino que, además, sólo de esa manera, el artículo tenía un sentido normativo razonable.
1. INHIBIRSE de conocer de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 53 de la Ley 141 de 1994, por tratarse de un cargo por vicios de forma y haber caducado la acción.
2. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 344 de 1996. Esta declaración de inexequibilidad sólo tendrá efectos hacia el futuro, a partir de la notificación del presente fallo, y por tanto no afecta las situaciones jurídicas consolidadas en desarrollo del artículo declarado inexequible.

References: ARTÍCULO 3
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 53
 artículo 241
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 242
 artículo 53
 artículo 56
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 53
 artículo 3