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Timestamp: 2020-02-24 23:51:23+00:00

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Registro Oficial No.131- Miércoles 29 de enero 2020 Suplemento
Miércoles 29 de enero de 2020 (R. O.131, 29–enero -2020 ) Suplemento
Año I - Nº 131
Quito, miércoles 29 de enero de 2020
PR-SGPR-2020-0006 Revóquese la delegación conferida al
Subsecretario de Articulación y Gestión Sectorial,
mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019-0329 de 7 de
octubre de 2019................................................. 3
NAC-DGERCGC20-00000004 Establécese el procedi-
miento para la declaración y pago de la
Contribución Única y Temporal y apruébese el
Formulario 124 (Contribución Única y Temporal
dispuesta en la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria)............................................... 4
NAC-DGERCGC20-00000005 Expídese el procedimiento
para que las instituciones de educación superior
se acojan al mecanismo de reinversión previsto
en la Disposición General Vigésima Segunda de la
Ley Orgánica de Educación Superior................................. 7
NAC-DGERCGC20-00000006 Expídense normas de
aplicación para los sujetos pasivos del impuesto a
los consumos especiales, prestadores de servicios
de telefonía móvil, de planes postpago que
comercialicen únicamente voz, o en conjunto,
o de manera combinada, voz, datos y sms del
servicio móvil avanzado prestado a personas
naturales......................................................... 9
04-2019 Respecto de la distribución de causas en la CNJ .. 12
05-2019 Respecto de la aplicación de las reformas al
COGEP sobre admisibilidad del recurso de
casación......................................................... 13
06-2019 Respecto de la subrogación del Presidente de Sala,
reemplazo de conjueces en virtud de cambios de
integración de la CNJ........................................ 20
07-2019 Respecto de la integración de las salas
especializadas de la CNJ.................................... 21
2 – Miércoles 29 de enero de 2020 Suplemento – Registro Oficial Nº 131
Registro Oficial Nº 131 – Suplemento Miércoles 29 de enero de 2020 – 3
Nro. PR-SGPR-2020-0006
DE LA REPÚBLICA, ENCARGADA
Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República determina “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fi nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planifi cación, transparencia y evaluación”;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: “Principio de desconcentración.- La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas”;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: “Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: (...) 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes”;
Que, el artículo 73 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Extinción de la delegación. La delegación se extingue por: 1. Revocación (…)”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 395 de 24 de mayo de 2018, se reorganizó la institucionalidad de la Presidencia de la República, y se establecieron las atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia.
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 660 de 5 de febrero de 2019, se organizó y estableció el funcionamiento del Gabinete Estratégico, Gabinetes Sectoriales y otros espacios de coordinación y seguimiento;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 917 de 29 de octubre de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 94 de 04 de diciembre de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso: “En el Decreto Ejecutivo No. 395, de 15 de mayo del 2018 (…) efectúense las siguientes reformas: (…) f) En el artículo 4 de las atribuciones de la Secretaría Particular de la Presidencia de República, agréguese a continuación del numeral 8 las siguientes atribuciones y reenumérese: “Coordinar y realizar el seguimiento a la gestión del gabinete presidencial, y coordinar el gabinete estratégico; Coordinar la gestión de los presidentes de los gabinetes sectoriales, asesores presidenciales y consejeros de gobierno; Dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las gestiones que se realizan en los gabinetes sectoriales para el efectivo cumplimiento de las disposiciones presidenciales;” (…)”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 935 de 19 de noviembre de 2019, el Presidente Constitucional de la República, designó a la doctora Johana Pesántez Benítez, como Secretaria General de la Presidencia, Encargada;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 936 de 21 de noviembre de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 102 de 17 de diciembre de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso: “Artículo 1.- Transfórmese la Secretaría Particular de la Presidencia de la República en la Secretaría General de Gabinete de la Presidencia de la República, y el titular de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República pase a ser titular de la Secretaría General de Gabinete de la Presidencia de la República.- Artículo 2.- En la normativa vigente en donde se haga referencia a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República o al Secretario Particular de la Presidencia de la República, léase como Secretaría General de Gabinete de la Presidencia de la República o Secretario General de Gabinete de la Presidencia de la República, según corresponda”.
Que, Mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019-0329, de 7 de octubre de 2019, publicado en el Registro Oficial Nro. 70 de 29 de octubre de 2019, el Secretario General de la Presidencia de la República, a esa fecha, delegó al Subsecretario de Articulación y Gestión Sectorial, lo siguiente: “(…) en el marco de sus competencias actúe en calidad del delegado del señor Secretario General de la Presidencia de la República: Aprobación de trámites de inversión pública que correspondan a la aprobación de estudios, proyectos y programas de inversión pública.-Modifi caciones presupuestarias y certifi caciones presupuestarias plurianuales de las entidades adscritas a la Presidencia de la República del Ecuador (…)”;
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Que, Mediante Circular Nro. SENPLADES-2019-0001-C, de 13 de marzo de 2019, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (E), a esa fecha, emitió los lineamientos para dar continuidad a los procedimientos establecidos para los programas y proyectos con el presupuesto de las entidades que forman parte de los Gabinetes Sectoriales, señalando lo siguiente: “(…) d. Las entidades de la Función Ejecutiva adscritas deberán alinearse al Gabinete Sectorial del cual su ministerio rector es miembro pleno; adicionalmente, deben contar con la aprobación del titular del ente rector (…)”; y,
Artículo 1.- Revocar la delegación conferida al Subsecretario de Articulación y Gestión Sectorial, mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019-0329 de 7 de octubre de 2019.
Artículo 2. - Delegar al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, para que, en el marco de sus competencias actúe en calidad de delegado de la señora Secretaria General de la Presidencia de la República, Encargada, en el ejercicio de las siguientes atribuciones:
Aprobación de trámites de inversión pública que correspondan a la aprobación de estudios, proyectos y programas de inversión pública de las entidades adscritas a la Presidencia de la República.
Modificaciones presupuestarias y certificaciones presupuestarias plurianuales de las entidades adscritas a la Presidencia de la República del Ecuador.
PRIMERA.- El delegado será responsable de todas y cada una de las actuaciones que ejecute en razón de la presente delegación y responderá ante los organismos de control respectivos.
SEGUNDA. - El delegado informará trimestralmente y por escrito a la Secretaría General de la Presidencia sobre las actuaciones ejecutadas en el ejercicio de la presente delegación.
ÚNICA.- Encárguese a la Coordinación General Jurídica de la Presidencia de la República, la notificación del presente Acuerdo a las autoridades competentes, para su aplicación y cumplimiento.
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- Dado y firmado en el Despacho de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de enero de 2020.
f.) Dra. Johana Pesántez Benítez, Secretaria General de la Presidencia de la República, Encargada
Nº NAC-DGERCGC20-00000004
Que de conformidad con el 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables;
Que en el Primer Suplemento al Registro Oficial No. 111 de 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria;
Que el artículo 56 ibidem dispone que las sociedades que realicen actividades económicas, y que hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1.000.000,00) en el ejercicio fiscal 2018, pagarán una contribución única y temporal, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, sobre dichos ingresos, de acuerdo con la tabla establecida en el mencionado artículo;
Que el segundo y tercer inciso del artículo 56 del mismo cuerpo legal señalan que las sociedades pagarán la contribución única y temporal teniendo como referencia el total de ingresos gravados contenidos en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio 2018, inclusive los ingresos que se encuentren bajo un régimen de impuesto a la renta único y que en ningún caso esta contribución será superior al veinticinco por ciento (25%) del impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal 2018;
Que en los dos últimos incisos del artículo 56 ibidem se establece que esta contribución no podrá ser utilizada como crédito tributario, ni como gasto deducible para la determinación y liquidación de otros tributos durante los años 2020, 2021 y 2022 y que esta contribución no será aplicable para las empresas públicas;
Que el primer inciso del artículo 57 de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria dispone que laRegistro Oficial Nº 131 – Suplemento Miércoles 29 de enero de 2020 – 5
declaración y el pago de la contribución única y temporal se realizará hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal, de conformidad con las condiciones y requisitos que establezca el Servicio de Rentas Internas a través de resolución de carácter general. El pago tardío de la contribución estará sujeto a cobro de los intereses que correspondan de conformidad con el Código Tributario;
Que el segundo inciso del artículo 57 del mismo cuerpo legal establece que esta contribución podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo máximo de hasta tres (3) meses, sin que se exija el pago de la cuota inicial establecida en el artículo 152 del Código Tributario;
Que el último inciso del artículo 57 ibidem dispone que la falta de presentación de la declaración dentro de los plazos señalados será sancionada con una multa equivalente a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD$1.500,00) por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación, multa que no excederá del cien por ciento (100%) de la contribución. La presentación tardía de la declaración se sancionará conforme lo dispuesto en el primer inciso del artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El pago de las referidas multas no exime a los sujetos pasivos del cumplimiento de la obligación tributaria;
Establecer el procedimiento para la declaración y pago de la Contribución Única y Temporal y aprobar el Formulario 124 (Contribución Única y Temporal dispuesta en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria)
Artículo 1. Objeto.- La presente Resolución tiene por objeto establecer el procedimiento, condiciones y requisitos para la declaración y pago de la Contribución Única y Temporal prevista en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en el Primer Suplemento al Registro Oficial No. 111 del 31 de diciembre de 2019 y aprobar el Formulario 124 (Contribución Única y Temporal dispuesta en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria).
Artículo 2. Aprobación de formulario.- Se aprueba el Formulario 124 para la declaración y pago de la Contribución Única y Temporal dispuesta en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, para lo cual, la Administración Tributaria pondrá a disposición de los sujetos pasivos, en su página web, el formato del formulario y su instructivo.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.- La Contribución Única y Temporal tiene carácter anual y corresponde a tres obligaciones tributarias de igual valor a declararse y pagarse en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022.
Artículo 4. Sujetos pasivos.- Para efectos de la aplicación de la Contribución Única y Temporal, son sujetos pasivos de la misma las sociedades, incluidas las sucursales de sociedades extranjeras residentes en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes, que realicen actividades económicas y que en el ejercicio fiscal 2018 hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1.000.000,00); inclusive aquellas sociedades que se encuentren bajo un régimen de impuesto a la renta único previsto en el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
No se consideran sujetos pasivos de la Contribución Única y Temporal las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Las empresas mixtas, conformadas con aportes de capital público y privado, deberán calcular la Contribución sobre la parte que represente aportación privada, según lo establecido en esta Resolución.
Artículo 5. Cálculo de la base imponible y liquidación de la Contribución.- El valor de la base imponible de la Contribución Única y Temporal será igual al resultado de la siguiente operación:
A la totalidad de los ingresos del sujeto pasivo correspondientes al ejercicio fiscal 2018, registrados en la última declaración válida presentada por el sujeto pasivo, o establecidos por esta Administración Tributaria en ejercicio de su facultad determinadora o resolutiva, se restarán las rentas exentas e ingresos no objeto del impuesto a la renta, adicionalmente se sumarán o restarán, según corresponda, los ajustes de generación y/o reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos declarados en el mismo ejercicio fiscal.
Respecto de la base imponible señalada en este artículo, se aplicarán las tarifas previstas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.
En ningún caso esta contribución será superior al veinte y cinco por ciento (25%) del impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal 2018, considerando como tal la sumatoria del impuesto a la renta causado del régimen general y el impuesto a la renta único; en consecuencia, no estarán obligados a presentar la declaración de esta contribución los sujetos pasivos que en el ejercicio fiscal 2018 no hayan generado impuesto a la renta causado y/o impuesto a la renta único, según corresponda. Para la aplicación de este inciso no se considerará el anticipo del impuesto a la renta, en el caso que este hubiera sido mayor al impuesto a la renta causado.
El valor resultante de la operación o cálculo previsto en este artículo corresponderá al monto de la Contribución Única y Temporal a pagar en cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de esta Resolución.
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Artículo 6. Declaración y pago.- Esta contribución se declarará y pagará en el Formulario 124 (Contribución Única y Temporal dispuesta en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria) a través del portal web institucional del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob. ec). El plazo para declarar y pagar la Contribución Única y Temporal será desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo de cada año, según corresponda.
De producirse cambios en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018 del sujeto pasivo, en los valores correspondientes a ingresos e impuesto a la renta causado, se deberá presentar la respectiva declaración sustitutiva, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y de ser el caso reliquidar y pagar los valores adicionales de la Contribución Única y Temporal que correspondan, sin perjuicio del pago de los intereses a los que haya lugar.
En caso de cancelación de la sociedad antes de vencimiento del plazo previsto en esta Resolución, se deberá presentar y pagar la Contribución Única y Temporal de manera anticipada respecto del ejercicio fiscal en el cual se produce dicha cancelación. Las sociedades canceladas hasta el 31 de diciembre de 2019, no están obligadas a declarar y pagar la contribución de la que trata esta Resolución.
Artículo 7. Intereses y multas.- Cuando el sujeto pasivo presente la declaración de la contribución luego de haber fenecido los plazos de vencimiento previstos en esta Resolución, deberá cancelar la multa prevista en el primer inciso del artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es decir, serán sancionados, sin que se requiera de resolución administrativa por parte de la Administración Tributaria, con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, multa que no excederá el 100% de la contribución; además, deberá pagar los correspondientes intereses según lo previsto en el Código Tributario.
En caso de que el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, liquidar y pagar la multa prevista en el inciso anterior, el Servicio de Rentas Internas realizará la liquidación correspondiente.
La falta de presentación de la declaración será sancionada por el Servicio de Rentas Internas con una multa equivalente a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1.500,00) por cada mes o fracción de mes contados desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración hasta la fecha de la imposición de la sanción, multa que no excederá del cien por ciento (100%) de la contribución. Para la aplicación de esta sanción se seguirá el procedimiento previsto para el efecto en el Código Tributario. El pago de la multa no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de la obligación tributaria.
En los casos de presentación tardía de la declaración de esta contribución no será aplicable la sanción por falta de presentación; excepto cuando a la fecha de presentación de la respectiva declaración, o con anterioridad, el Servicio de Rentas Internas hubiere notificado al sujeto pasivo el acto administrativo en el que se imponga dicha sanción.
Artículo 8. Facilidades de pago.- El pago de la Contribu-ción Única y Temporal podrá sujetarse a facilidades de pago por un plazo máximo de hasta tres (3) meses, sin que se exija el pago de la cuota inicial establecida en el artículo 152 del Código Tributario; en lo demás, el otorgamiento de dicha facilidad de pago se regirá a las condiciones y requisitos previstos en el Código Tributario.
Artículo 9. Crédito tributario y gasto deducible.- Esta contribución no podrá ser utilizada como crédito tributario ni como gasto deducible para la determinación y liquidación de otros tributos, según lo previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.
En caso de que los contribuyentes, siempre y cuando la normativa contable así lo disponga, deban registrar una provisión por efectos del pago de la Contribución Única y Temporal, el gasto de esta provisión deberá ser considerado como no deducible y no dará derecho al reconocimiento de un impuesto diferido, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.
Artículo 10. Determinaciones tributarias.- Esta Administración Tributaria, en ejercicio de su facultad determinadora y conforme a las estrategias internas establecidas y priorizadas en la Planificación Anual de Control, efectuará las acciones que correspondan respecto de la Contribución Única y Temporal, así como del impuesto a la renta del periodo fiscal 2018, considerando los plazos de caducidad previstos en el Código Tributario.
En el caso que se determine diferencias en los ingresos gravados o en el impuesto a la renta causado y/o impuesto a la renta único, del ejercicio fi scal 2018, el contribuyente deberá reliquidar y pagar los valores adicionales de la Contribución Única y Temporal que correspondan.
Artículo 11. Acción Coactiva.- La Administración Tributaria podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para el cobro de los valores adeudados por esta contribución, según lo dispuesto en el Código Tributario.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. - Para el ejercicio fiscal 2020, el plazo para declarar y pagar la Contribución Única y Temporal, será desde el 01 de febrero hasta el 31 de marzo de 2020.
Las sociedades canceladas entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2020, deberán declarar y pagar la Contribución Única y Temporal del ejercicio fiscal 2020 de manera anticipada, dentro de los plazos previstos en el inciso anterior.
Comuníquese y publíquese. Quito D.M., a 22 de enero de 2020.
Dictó y firmó la Resolución que antecede la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 22 de enero de 2020.
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No. NAC-DGERCGC20-00000005
Que la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior, incorporada por el artículo 149 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 297 de 02 de agosto del 2018, establece que los valores correspondientes a impuestos a pagar establecidos en procesos de determinación efectuados por el Servicio de Rentas Internas en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, podrán ser reinvertidos en sus propios fines, por las instituciones de educación superior auditadas, sin necesidad de cancelarlos al Fisco, siempre que la institución demuestre a la Administración Tributaria que los hechos que los generaron han sido subsanados por el sujeto pasivo, evidenciado un cambio de comportamiento en la gestión de la correspondiente institución de educación superior;
Que el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece los fines de la Educación Superior;
Que el artículo 117 de referida Ley señala que las funciones sustantivas de las universidades y escuelas politécnicas son docencia, investigación y vinculación con la sociedad;
Que la Disposición General Vigésima Segunda de dicha Ley dispone que los valores que deje de percibir el Estado por su aplicación constituyen una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás leyes de la República;
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado dispone que están sometidas al control de la Contraloría General del Estado, las personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los
bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan, cualquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política de la República;
Que de conformidad con la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley de Educación Superior, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior establecerá las condiciones, requisitos y límites necesarios para la aplicación de dicha Disposición;
Que el artículo 5 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, expedido mediante Derecho Ejecutivo No. 742 y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 503 de 06 de junio de 2019 dispone los valores a ser reinvertidos por las instituciones de educación superior y los plazos para ejecutar tal reinversión a efectos aplicar lo dispuesto en de la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior;
Que dicho artículo prescribe que el Servicio de Rentas Internas regulará, mediante resolución, el procedimiento aplicable con sujeción a lo dispuesto en el referido Reglamento y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior;
Que el artículo 56 del Código Tributario dispone que la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor o con la citación legal del auto de pago;
Que el artículo 12 del Código Tributario señala que para la aplicación de las normas tributarias los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente al año o mes respectivo, mientras que los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles. Además, establece que en todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente;
Que mediante Oficios No. SRI-NAC-DNJ-2019-0174-OF y No. SENESCYT-CGAJ-2019-0161-CO, el Servicio de Rentas Internas y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación canalizaron mutuamente la coordinación interinstitucional para la creación del procedimiento contenido en la presente Resolución;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;
Que es deber de la Administración Tributaria, a través de su Directora General, expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,
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EXPEDIR EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SE ACOJAN AL MECANISMO DE REINVERSIÓN PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN GENERAL VIGÉSIMA SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 1.- Ámbito.- La presente Resolución establece el procedimiento aplicable para que las instituciones de educación superior se acojan al mecanismo de reinversión previsto en la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior.
Artículo 2.- Presentación de la solicitud.- Para acogerse a lo dispuesto en la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior, la institución de educación superior deberá presentar por escrito ante el Servicio de Rentas Internas el plan de reinversión aprobado por el órgano rector de la política pública de educación superior y una solicitud en la que comunique su decisión de acogerse al beneficio.
La referida solicitud deberá ser presentada:
Dentro de los 61 días siguientes a la notificación del acto administrativo del Servicio de Rentas Internas que contenga los valores pendientes de pago por parte de dicha institución de educación superior; o,
Dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la respectiva sentencia judicial, en aquellos casos en los cuales se impugnó el acto administrativo en vía judicial.
En casos de desistimiento, este plazo se empezará a computar a partir del día siguiente a la notificación de la aceptación judicial del respectivo desistimiento por parte de la autoridad correspondiente al sujeto activo y pasivo.
La presentación de dicha solicitud será entendida como un reconocimiento expreso de la respectiva deuda, por parte de la institución de educación superior solicitante.
En caso de que la correspondiente solicitud no se efectuare en los plazos establecidos en los apartados a) y b) del presente artículo, las obligaciones tributarias, intereses, multas y recargos serán plenamente ejecutables.
El órgano rector de la política pública de educación superior deberá aprobar los planes de reinversión dentro de 30 días contados desde su presentación por parte de la institución de educación superior. Este plazo podrá ser prorrogado por 15 días adicionales en caso de existir observaciones al plan de reinversión por parte del órgano rector de la política pública de educación superior, las cuales deberán ser subsanadas por la institución de educación superior, previo a la emisión de la certificación.
Si durante el plazo de reinversión existiera modificaciones al plan de inversión, estas deberán ser notifi cadas al órgano rector de la política pública de educación superior para su respectiva aprobación en el plazo antes indicado, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de modificación.
En caso que el órgano rector de la política pública de educación superior no emitiere la certificación antes de la culminación de los plazos referidos en los apartados a) y b) de este artículo, la institución de educación superior podrá presentar la solicitud sin dicha certificación, siempre y cuando adjunte a la solicitud la documentación de respaldo que acredite la presentación del plan de inversión ante dicho órgano rector. En este caso, la institución de educación superior deberá presentar con posterioridad la respectiva certificación en un plazo máximo de 5 días contados desde su emisión, de lo contrario se entenderá haber desistido al mecanismo de reinversión.
Artículo 3.- Plazo de reinversión. –Las instituciones de educación superior que decidan acogerse al mecanismo de reinversión deberán reinvertir los valores establecidos en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior en el plazo dispuesto en dicho Reglamento, el cual se computará a partir del día siguiente a aquel en el que se presente ante el Servicio de Rentas Internas la respectiva solicitud.
Si dentro de este plazo no se reinvierte la totalidad de los valores, se entenderá que la institución de educación superior incumplió lo dispuesto en la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior y se procederá al cobro de los valores que correspondan.
La ejecución del plan de reinversión será entendida como un reconocimiento tácito de la respectiva deuda, por parte de la institución de educación superior.
Artículo 4.- Presentación del informe de cierre.- La institución de educación superior presentará un informe de cierre respecto de la reinversión efectuada dentro del plazo previsto en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior para la ejecución de la reinversión.
Este informe deberá ser presentado dentro del plazo de 20 días posteriores a la certificación emitida por el órgano rector, la cual deberá ser solicitada en un plazo máximo de 10 días, contados desde el vencimiento de la ejecución del referido plan. Como anexos a dicho informe se deberá incluir adicionalmente:
Un anexo mediante el cual informará que ha subsanado, o cesado los hechos que generaron las obligaciones tributarias determinadas en el acto administrativo firme o sentencia judicial ejecutoriada, según el caso; de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior.
Una certificación emitida por el órgano rector de la política pública de educación superior que avale el cumplimiento del plan de reinversión previamente aprobado.
El órgano rector de la política pública de educación superior deberá emitir esta certificación dentro de 30 días contados desde su presentación por parte de la institución de educación superior.
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En caso de no presentar el informe de cierre dentro del plazo indicado en el presente artículo, se entenderá que la institución de educación superior desistió del mecanismo de reinversión y, por lo tanto, el Servicio de Rentas Internas procederá de inmediato al cobro de los valores adeudados por dicha institución de educación superior.
Cuando la fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.
Artículo 5.- Extinción de valores.- Con la recepción del informe de cierre y sus anexos, tal y como se indica en el artículo 4 de esta Resolución, el Servicio de Rentas Internas procederá a evaluar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior y las condiciones previstas en el artículo 5 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, el resultado de esta evaluación será notificado a la institución de educación superior, mediante la respectiva Resolución.
De ser favorable la decisión, se registrará la extinción de los valores, tomando en consideración la subvención de carácter público prevista en la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior.
En caso de detectarse incumplimiento, el Servicio de Rentas Internas procederá de inmediato al cobro de los valores adeudados por la respectiva institución de educación superior, incluyendo intereses, multas y recargos generados desde la exigibilidad de la obligación.
los valores se realizará
de control posterior que
pueda ejercer
la Administración Tributaria en uso de sus facultades legalmente establecidas.
PRIMERA.- El Servicio de Rentas Internas y el órgano rector de la política pública de educación superior, en el ámbito de sus competencias, pondrán a disposición de la ciudadanía, en su página web, un modelo referencial de informe de plan de inversión y de cierre de reinversión y sus anexos, según corresponda, con los elementos mínimos a reportar para la evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior.
SEGUNDA.- Lo dispuesto en esta Resolución no obsta la posibilidad del Servicio de Rentas Internas y del órgano rector de la política pública de educación superior, respectivamente, para efectuar, en ejercicio de sus facultades, los controles y seguimientos que consideren necesarios durante el periodo de ejecución del plan de reinversión.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- En caso de existir un acto de determinación del Servicio de Rentas Internas respecto de instituciones de educación superior sobre el cual, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, se encuentren transcurriendo los plazos previstos en el artículo 2, dichos plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel de la entrada en vigencia del presente acto normativo.
Dado en Quito D.M., a 23 de enero de 2020.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., 23 de enero de 2020.
f.) Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.
No. NAC-DGERCGC20-00000006
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables;
Que el artículo 73 del Código Tributario indica que la actuación de la Administración Tribtaria se desarrollará
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con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia;
Que en el Primer Suplemento al Registro Oficial No. 111 de 31 de diciembre de 2019, se publicó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria;
Que el segundo artículo innumerado agregado a continuación del artículo 75 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que para el caso de bienes y servicios gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), se podrá aplicar, entre otras, el tipo de imposición ad valorem, en la que se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible determinada de conformidad con las disposiciones de dicha Ley;
Que el artículo 76 ibidem, sustituido por el artículo 30 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, señala que el precio de venta del prestador de servicios corresponde al precio facturado en la primera venta del prestador de servicios e incluye todos los importes cargados al comprador, ya sea que se facturen de forma conjunta o separada y que corresponden a bienes o servicios necesarios para realizar la transferencia del bien o la prestación de servicios;
Que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, sustituyó la tabla del Grupo III del artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno incorporando como servicio gravado con el ICE a los Servicios de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales, excluyendo servicios prepago;
Que el artículo 201 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que la declaración del impuesto a los consumos especiales se efectuará en el formulario o en los medios, en la forma y contenido que defina el Servicio de Rentas Internas y, en los plazos señalados para declaraciones mensuales de Retenciones de Impuesto a la Renta, establecidos en el presente reglamento. A su vez, el artículo 103 del mismo cuerpo normativo dispone que las Instituciones del Estado y empresas del sector público exentas del pago del impuesto a la renta reguladas por la Ley de Empresas Públicas, declararán y pagarán las retenciones del Impuesto a la Renta que hayan efectuado en un mes determinado, con sujeción a la Ley de Régimen Tributario Interno, leyes especiales y el presente Reglamento, hasta el día 28 del mes inmediato siguiente a aquel en que se practicó la retención;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;
Que es deber de la Administración Tributaria a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,
EXPEDIR NORMAS DE APLICACIÓN PARA LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES, PRESTADORES DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, DE PLANES POSTPAGO QUE COMERCIALICEN ÚNICAMENTE VOZ, O EN CONJUNTO, O DE MANERA COMBINADA, VOZ, DATOS Y SMS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO PRESTADO A PERSONAS NATURALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones previstas en al presente Resolución, serán aplicables para los sujetos pasivos en calidad de agentes de percepción del impuesto a los consumos especiales (ICE), prestadores de servicios de telefonía móvil de planes postpago que comercialicen únicamente voz, o en conjunto, o de manera combinada, voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales.
Artículo 2. Base Imponible.- Para establecer la base
del ICE en los servicios de telefonía móvil
postpago que comercialicen únicamente voz,
o en conjunto o de manera combinada voz, datos y sms, con independencia de su forma de facturación, del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales, se considerarán todos los rubros que permitan prestar este tipo de servicio en planes postpago, incluidas las recargas o tiempo aire sobre dichos planes que consten en el respectivo estado de cuenta; y corresponderá al valor de los servicios prestados por la respectiva empresa, excluyendo los valores correspondientes al impuesto al valor agregado (IVA) y al ICE.
El servicio móvil avanzado que exclusivamente preste acceso a internet o intercambio de datos no forma parte de la base imponible del ICE.
Artículo 3. Plazo para la presentación de la declaración y pago del impuesto.- Los agentes de percepción del ICE por concepto de servicios de telefonía móvil de planes postpago que comercialicen únicamente voz, o en conjunto o de manera combinada voz, datos y sms, declararán y pagarán dicho impuesto dentro de los plazos previstos en el artículo 201 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Artículo 4. Consideración de las unidades del SRI.-
Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar lo dispuesto en la presente Resolución dentro de sus respectivos procesos de recaudación, determinación y control.
PRIMERA.- Los agentes de percepción del impuesto a los consumos especiales por concepto de servicios de
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telefonía móvil de planes postpago que comercialicen únicamente voz, o en conjunto o de manera combinada voz, datos y sms, independientemente de su forma de facturación, del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales, excluyendo la modalidad de prepago, por esta única ocasión, podrán declarar y pagar el respectivo impuesto correspondiente al mes de enero de 2020, con el código de ICE 3681 y de acuerdo al siguiente calendario en consideración al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC):
Si el noveno dígito del RUC es:
Fecha de declaración y pago (hasta el día):
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días inhábiles, de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.
Los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la Provincia de Galápagos y las Instituciones del Estado y empresas del sector público, según lo previsto en la normativa tributaria aplicable, podrán presentar la declaración de este impuesto, correspondiente al mes de enero de 2020, hasta el 28 de marzo de 2020, sin necesidad de atender al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes.
Las declaraciones del mes de enero 2020 efectuadas en las fechas anteriormente indicadas, no generarán intereses ni multas.
SEGUNDA.- Los agentes de percepción del impuesto a los consumos especiales por concepto de servicios de telefonía móvil de planes postpago que comercialicen únicamente voz, o en conjunto, o de manera combinada, voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales, excluyendo los servicios prepago, podrán emitir, únicamente por los meses de enero y febrero de 2020, la correspondiente factura por el servicio prestado en dicho período sin incluir el valor del ICE.
Posteriormente, de manera excepcional y por única vez, podrán emitir la respectiva nota de débito en la cual deberá incluirse y detallarse, por separado, el concepto y valores del IVA y del ICE correspondiente al servicio gravado prestado durante los meses de enero y febrero de 2020.
Cuando se facture la prestación del servicio por períodos que comprendan al mismo tiempo el mes de diciembre
de 2019 y enero de 2020, el impuesto a los consumos especiales se debe calcular de manera proporcional sobre los días correspondientes al mes de enero de 2020.
Los valores de IVA detallados en las notas de débito anteriormente indicadas, serán considerados ventas a crédito y serán declarados de conformidad con lo previsto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
TERCERA.- Los contribuyentes que reciban la respectiva nota de débito prevista en la Disposición Transitoria Segunda de esta Resolución, podrán utilizar el valor del IVA como crédito tributario, mismo que se aplicará según lo establecido en la normativa legal vigente.
CUARTA.- La información correspondiente al “Anexo PVP” y “Anexo ICE”, de enero y febrero 2020, podrá ser reportada hasta el último día hábil del mes de marzo de 2020.
Dado en Quito D.M., a 24 de enero de 2020.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 24 de enero de 2020
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No. 04-2019
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas;
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Corte Nacional de Justicia estará integrada por las siguientes Salas Especializadas: 1. De lo Contencioso Administrativo; 2. De lo Contencioso Tributario; 3. De lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; 4. De lo Civil y Mercantil; 5. De lo Laboral; y, 6. De la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, correspondiendo al Pleno determinar las Juezas y Jueces que integrarán las diferentes Salas en el número que la necesidad del servicio lo requiera, tomando en cuenta su especialidad, pudiendo una jueza o juez integrar más de una Sala, resolución que podrá ser modificada en cualquier tiempo;
Que con Resolución No. 01-2018, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia procedió a integrar las diferentes Salas especializadas con las Juezas y Jueces Nacionales titulares;
Que ante la ausencia definitiva de varias de las juezas y jueces nacionales, la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, en uso de la atribución prevista en el artículo 174 del Código Orgánico de la Función Judicial, procedió a llamar a las Conjuezas y Conjueces que deben reemplazarlos temporalmente hasta que el Consejo de la Judicatura designe los titulares;
Que una vez que se han procedido a conformar las diferentes Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, tanto con las juezas y jueces titulares como con las conjuezas y conjueces que han sido llamados a reemplazar temporalmente a las juezas y jueces cuya ausencia definitiva se ha producido en el más alto tribunal de justicia del país, es necesario aclarar las dudas que han surgido respecto de la determinación de la competencia de las causas que se encuentran pendientes de resolución;
Que el artículo 163 del Código Orgánico de la Función Judicial, al establecer las reglas generales para determinar la competencia, prescribe que fijada la competencia con arreglo a la ley ante la jueza, juez o tribunal competente, no se alterará por causas supervinientes;
Que el artículo 201.1 ibídem establece que a las conjuezas y a los conjueces les corresponde reemplazar, por sorteo, a las juezas y jueces en caso de impedimento o ausencia;
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial,
Art. 1.- Las juezas y jueces nacionales titulares que continúan en el ejercicio de sus cargos, seguirán conociendo las causas que les haya correspondido por sorteo, como ponentes, jueces de garantías penales o como miembros del tribunal, según corresponda.
Art. 2.- Las causas que se encontraban en conocimiento de las juezas y jueces cuya ausencia definitiva se ha producido, serán conocidas por las conjuezas y conjueces llamados a reemplazarlos, quienes asumirán la competencia en la misma calidad que aquellos, ya sea como ponentes, miembros de un tribunal o jueces de garantías penales.
Art. 3.- Los conjueces que han sido llamados a conocer una causa en virtud de la excusa o recusación de una jueza o juez nacional, permanecerán en conocimiento de la misma, salvo que pasen a integrar como jueces encargados una Sala de una materia diferente a la del proceso de su conocimiento.
Los conjueces que hayan sido llamados a actuar en un proceso por ausencia temporal de una jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia, continuarán en su conocimiento si hubiese actuado en una audiencia oral.
Art. 4.- Las causas en las que se hubiere presentado excusa por parte de una de las juezas o jueces nacionales que han dejado de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, en las que aún no se ha designado al subrogante, serán conocidas por la conjueza o conjuez al que se encargue el despacho del juez saliente.
Art. 5.- Derógase la Resolución 09-2017 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.
PRIMERA: Por cuanto la Resolución 09-2017 establecía que a la ex Jueza Nacional doctora María del Carmen Espinoza Valdiviezo le correspondía conocer únicamente los juicios que lleguen a la Sala de lo Laboral con recursos interpuestos al amparo de la Ley de Casación y asuntos constitucionales, se dispone el resorteo de los procesos que se encuentran pendientes en ese despacho, entre todos los jueces de la Sala Laboral, a fin de que el conjuez que reemplace a dicha ex Magistrada, conozca a partir de esta fecha tanto los procesos sustanciados con el trámite anterior como aquellos que se realizan de conformidad con el COGEP.
Esta Resolución será aplicada a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.
f.) Dra. Paulina Aguirre Suárez, Presidenta.
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f.) Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Juez Nacional.
f.) Dra. Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional.
f.) Dr. Marco Rodríguez Ruiz, Juez Nacional.
f.) Dra. Katerine Muñoz Subía, Jueza Nacional.
f.) Dr. Iván Saquicela Rodas, Juez Nacional.
f.) Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Jueza Nacional.
f.) Dr. Alejandro Arteaga García, Juez Nacional.
f.) Dr. Roberto Guzmán Castañeda, Juez Nacional (E).
f.) Dr. David Jacho Chicaiza, Juez Nacional (E).
f.) Dr. Patricio Secaira Durango, Juez Nacional (E).
f.) Dr. Wilman Terán Carrillo, Juez Nacional (E).
f.) Dr. Iván Larco Ortuño, Juez Nacional (E).
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General.
RAZON: Siento por tal que las cuatro (4) fojas selladas y numeradas que anteceden son iguales a sus originales, tomadas de los libro de Acuerdos y Resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito de 22 de enero de 2020.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General de la
No. 05-2019
1.- MARCO NORMATIVO:
De acuerdo con lo previsto en los Arts. 178, 182 y 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia es el máximo organismo jurisdiccional de la Función Judicial, encargada de conocer y resolver los recursos de casación, revisión y los demás que establezca la ley.
Entre las funciones que corresponden a la Corte Nacional de Justicia, a través del Pleno de ese organismo, el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: “Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 6. Expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras
no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Ofi cial.”
La facultad de esta Corte Nacional de Justicia de expedir resoluciones generales y obligatorias en caso de duda sobre el alcance y aplicación de la leyes, constituye una de las labores fundamentales de este Órgano de justicia, íntimamente vinculada con las garantías jurisdiccionales de los ciudadanos al debido proceso, a la tutela efectiva de sus derechos y a la seguridad jurídica (Arts. 75, 76 y 82 de la Constitución de la República), se encuentra relacionada con los principios constitucionales que rigen el ejercicio de los derechos, contemplados en el artículo 11, numerales 5 y 8 de la Constitución de la República que establece: “Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos y judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.”
Además, a través de estas resoluciones generales y obligatorias, la Corte Nacional de Justicia brinda a las juezas y jueces de instancia, tribunales provinciales, así como a los profesionales del derecho y ciudadanía en general, criterios unificados, debidamente sustentados, sobre la aplicación de la normatividad jurídica en la solución en caso de conflictos, dudas u oscuridad de la ley.
2.- ANTECEDENTES JURÍDICOS:
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 169 establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia; y las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.
Además el Art. 168 numeral 6 ibídem establece que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará el sistema oral de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
En el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 26 de junio de 2019, se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, que entre las modificaciones más importantes introducidas a ese Código está la de los requisitos, condiciones y procedimiento para la admisibilidad y sustanciación del recurso de casación en materias no penales.
El Art. 43 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, dispone: “Sustitúyase el artículo 270 por el siguiente texto:
“Art. 270.- Admisibilidad del recurso.- Recibido el proceso en virtud del recurso de casación, se designará por sorteo a una o un Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quien en el término de quince días examinará exclusivamente que
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el recurso se lo haya interpuesto en el término legal y que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267. Cumplidas estas formalidades lo admitirá.
Si los cumple, se admitirá el recurso, se notifi cará a las partes y se remitirá el expediente a la Sala Especializada correspondiente de la Corte Nacional de Justicia. Si no los cumple, la o el Conjuez dispondrá que la parte recurrente lo complete o aclare en el término de cinco días, determinando explícitamente el o los defectos, si no lo hace, se inadmitirá el recurso, pudiendo deducirse el recurso de revocatoria del auto de inadmisión.
Si el proceso se eleva en virtud del recurso de hecho, dentro del término de quince días, examinará si el recurso de casación fue debidamente interpuesto en cuyo caso concederá”.
La Disposición Transitoria Segunda de esa Ley reformatoria establece: “SEGUNDA.- En el caso de los recursos de casación que se encuentran interpuestos sin que hasta la presente fecha se haya resuelto su admisión o inadmisión, se aplicará lo dispuesto en la presente ley y no se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación”.
Respecto de la reforma a los requisitos y procedimiento para la calificación de la admisión del recurso de casación, así como la forma de interposición de este recurso cuando aquellos han sido presentados en procesos tramitados antes de que entrara en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, han surgido dudas por parte de las conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, las juezas y jueces de las Cortes Provinciales y los defensores técnicos de las partes procesales.
3.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
3.1.-Naturaleza jurídica del recurso de casación:
El recurso de casación es extraordinario y formalista, esto significa que solamente procede en casos excepcionales debidamente delimitados por la ley, y debe cumplir además, con ciertos elementos formales para su procedencia; este recurso tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias de instancia, para la defensa de la normatividad jurídica objetiva y la unificación de la jurisprudencia, en orden a un interés público; y la reparación de los agravios inferidos a las partes por el fallo recurrido, en la esfera del interés particular del recurrente.
tratadista Humberto
Vega, señala que:
recurso de casación,
política y jurídica,
tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y logrando en esta misión, al ser ejercida por un mismo y sólo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparación de los agravios que se pueden inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley.”. (Fernández Humberto, El recurso extraordinario de Casación Penal, Leyer Editorial, Bogotá - Colombia, pág. 79) .- El autor Luis Armando Tolosa Villabona señala respecto a la casación que: “ ... , el marco fi losó fico político de la Casación en general, permite deducir que este recurso no sólo en Colombia, sino en el derecho occidental, tiene como finalidad la defensa de las garantías fundamentales en cuanto pretende defender el principio de legalidad y el debido proceso frente a la arbitrariedad de las decisiones judiciales en la aplicación de la ley material o procesal.” (Tolosa Luis, Teoría y Técnica de la Casación, Ediciones doctrina y Ley Ltda., Bogotá - Colombia, 2005, pág. 87).
El Dr. Santiago Andrade Ubidia al abordar sobre la Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifi esta: “La Función de la Casación es constituir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública... ”. (La Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 17).
En nuestro sistema procesal el recurso de casación, luego de su calificación en la Corte Provincial o en el Tribunal Distrital, para su resolución debe pasar por dos fases: una primera fase de admisibilidad en la que se debe analizar la procedencia del recurso en aspectos formales y de estructura, cuya calificación está a cargo de las conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; y, una segunda fase, que consiste en determinar si el fallo judicial ha incurrido en alguna de las causales determinadas en la ley y expresamente alegadas por el recurrente.
3.2.- Competencia para calificar la admisibilidad del recurso de casación:
Según dispone el artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial la competencia para resolver acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación corresponde a las conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia: “Art. 201.- FUNCIONES.- A las conjuezas y a los conjueces les corresponde: 2. Calificar, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne e integrar por sorteo el tribunal de tres miembros para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho”.
3.3.- Requisitos para la admisibilidad del recurso de casación:
Para su admisibilidad el recurso de casación debe reunir ciertos requisitos o condiciones indispensables que determinan su viabilidad; tales exigencias no son simples
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formalismos sino que se refieren a la esencia misma de este recurso extraordinario en cuanto a su finalidad que es el velar por la correcta aplicación de la ley, y que no se convierta en una vía común de revisión de los fallos como si se tratarse de una tercera instancia.
No todas las sentencias o autos definitivos son susceptibles del recurso de casación. La necesidad de limitarlos se vio ya reflejada con la anterior Ley de Casación, que en sus inicios permitió el acceso a este recurso a cualquier tipo de procesos, incluso a resoluciones dictadas dentro de los incidentes procesales.
Por ello se realizó la reforma a la Ley de Casación establecida mediante la Ley 93, publicada en el suplemento del Registro Oficial 764 de 22 de agosto de 1995, en la que se estimó que esta vía de impugnación extraordinaria procedía respecto de los juicios de conocimiento modificando el texto del Art. 2 de la Ley de Casación, conforme a la cual, este recurso extraordinario y supremo “Procede contra las sentencias y autos que pongan fi n a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes provinciales, por los tribunales distritales de lo fi scal y de lo contencioso administrativo”.
El artículo 266, inciso primero del Código Orgánico General de Procesos, en cuanto a la procedencia del recurso de casación determina: “Art. 266.- Procedencia.- El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fi n a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo.”
La Doctrina identifica a los procesos de conocimiento como aquellos que tienen la finalidad de declarar un derecho. Hernando Devis Echandía, dentro de la clasificación de los procesos por su función diferencia al “proceso declarativo, genérico o de conocimiento y proceso de ejecución”; respecto de los primeros, de condena, declarativo puro y de declaración constitutiva, señala como su finalidad la declaración de derechos o de responsabilidad, o de la constitución de una relación jurídica y en los que se incluyen a los declarativos y a los dispositivos. “En todos ellos el juez regula un conflicto singular de intereses, y determina quién tiene el derecho, es decir, el juez es quien ius dicit. Son procesos de juzgamiento o conocimiento o declarativos genéricos”. (Teoría General del Proceso, Tercera edición revisada y corregida, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2002, p. 165). Dentro de esta clasificación, por las funciones del proceso, el citado autor se refiere al proceso cautelar, el mismo que cumple función distinta de los dos anteriores, en cuanto “ previene los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal... Se divide en conservativo e innovativo, según que tenga por objeto impedir que se modifique la situación existente, o, por el contrario, producir un cambio de ella, en forma provisional”. (Id., p. 166). Refiriéndose al proceso de conocimiento, de declaración, o de cognición, Lino Enrique Palacio, dice que es “Aquél que tiene por objeto una pretensión tendiente a que el órgano judicial (o arbitral)
dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes”. (Manual de Derecho Procesal Civil, I. Sexta edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 393). El contenido invariable y fundamental de los pronunciamientos que se profieren en este tipo de procesos consiste en una declaración de certeza respecto de la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor, “ ...declaración que requiere, por parte del órgano decisor, una actividad cognoscitiva tendiente a valorar los elementos de juicio que las partes incorporan al proceso mediante sus alegaciones y pruebas ... en la base del proceso de conocimiento existe una incertidumbre jurídica inicial que es menester disipar a través del contradictorio”. (Op. cit., p. 394). Para Lino Enrique Palacio, el proceso tipo, dentro de los denominados de conocimiento, es el proceso ordinario. Asimismo, dentro de los procesos por su finalidad, este autor ubica a más del declarativo o de conocimiento, a los de ejecución y cautelares; respecto de los segundos, dice que su objeto es hacer efectiva la sanción impuesta por una anterior sentencia de condena que, como tal, impone al vencido la realización u omisión de un acto, cuando este no es voluntariamente realizado u omitido por aquel, “Este tipo de proceso, sin embargo, puede agotar en forma autónoma el cometido de la función judicial, es el caso de los títulos ejecutivos extrajudiciales, a los cuales la ley les asigna efectos equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando, para hacerlos efectivos, un proceso sustancialmente similar al de ejecución de sentencias”. (Op. cit., p. 93). En cuanto al proceso cautelar, caracterizado por carecer de autonomía, desde que su finalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso, el autor en comentario dice que “Tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso (de conocimiento o de ejecución), pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin (desaparición de los bienes del presunto deudor, o modificación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la pretensión)”, (Idem, p. 93). Eduardo J. Couture, refiriéndose a las acciones (procesos) de conocimiento, expresa que por ellos “se procura tan sólo la declaración o determinación del derecho”; y que las acciones (procesos) de ejecución, “procuran la efectividad de un derecho ya reconocido en una sentencia o en un título ejecutivo, con las medidas de coacción consiguientes”; y, respecto de las acciones (procesos) cautelares, expresa que en ellos “se procura, en vía meramente preventiva y mediante un conocimiento preliminar, el aseguramiento de los bienes o de las situaciones de hecho que serán motivo de un proceso ulterior”. (Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. Editorial I B de f. 4ta. Edición. Montevideo-Buenos Aires. 2002. p. 67). Como se observa, la doctrina actual diferencia por su finalidad a los procesos de conocimiento, de ejecución y cautelares.
El Código Orgánico General de Procesos recoge en parte este concepto y en el Art. 354 inciso final dispone en forma expresa que: “No será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos”, refiriéndose a los procesos ejecutivos. Lo mismo ocurre con el caso de los procesos
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monitorios, pues el Art. 359 de este Código señala que contra la sentencia que se dicte en estas causas solamente procederá el recurso de apelación.
El segundo elemento para la procedibilidad del recurso de casación es que la resolución tenga el carácter de final y definitiva. Las resoluciones judiciales son finales y definitivas cuando el juzgador emite un pronunciamiento acerca del asunto o asuntos de fondo sometidos a su juzgamiento, mediante sentencia, que no permita volver a discutir el asunto en un nuevo juicio (cosa juzgada formal y material); o también cuando dicta un auto que, aun cuando no contiene un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, si pone fin al proceso porque no permite la continuación de la causa, como ocurre con los autos que de nulidad procesal de toda la causa, desde la misma demanda o los autos en que se declara el abandono de la causa. La ex Corte Suprema de Justicia ha expresado: “ En los supuestos del Art. 2 de la Ley de la materia, es preciso que la providencia impugnada sea fi nal y defi nitiva porque resuelve sobre lo principal causando excepción de cosa juzgada sobre el motivo central de la controversia, de manera que no pueda renovarse la contienda ni ante el mismo Tribunal ni ante otro diferente; a este respecto, uno de los autores del proyecto que se convirtió en ley, el Dr. JORGE ZAVALA EGAS, emite los siguientes criterios que ayudan a la debida comprensión de la norma de conformidad con lo que establece el artículo 18 regla primera, inciso segundo del Código Civil “bien puede ser una sentencia fi nal, pero no defi nitiva. Este sería el caso del auto por el cual el juez cede la competencia que es fi nal en cuanto al punto en discusión, esto es, la competencia, pero no es defi nitiva, pues no resuelve el problema de fondo de la litis. Las sentencias que declaran la nulidad de lo actuado son fi nales cuando se expiden en única y última instancia, pero no son defi nitivas por la misma razón que en el ejemplo anterior. Lo mismo ocurre con las providencias preventivas expedidas para instituir medidas cautelares, son fi nales, pero jamás defi nitivas. Estos son algunos ejemplos de aplicación de las características de sentencias o autos fi nales y defi nitivos, que es lo que entendemos que la Ley exige para que sean de aquellos que pongan
fi n a los procesos” (Resolución No. 135 de 9 de mayo de 1996, Vargas vs Vásconez). Respecto de la cosa juzgada, como medida de eficacia, coincide con la cita doctrinaria, Eduardo J. Couture, en cuanto aquella se concreta en esas tres posibilidades de inimpugnabilidad, de inmutabilidad y de coercibilidad. Es inimpugnable “ ... en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia: non bis in eadem. Si ese proceso se promoviera, puede ser detenido en su comienzo con la invocación de la propia cosa juzgada esgrimida como excepción ... La inmodi ficabilidad de la sentencia consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.. La coercibilidad consiste en la eventualidad de ejecución forzada, la coerción es una consecuencia de las sentencias de condena, pasadas en cosa juzgada”. (Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. Editorial I B de f. 4ta. Edición. Montevideo-Buenos Aires. 2002 pp. 327 y 328).
Finalmente, en cuanto a la procedencia es necesario señalar que solo las sentencias o autos dictados por las Cortes
Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo son recurribles en casación, esto para evitar el recurso “per satum”, es decir, que se formule recurso de casación de las resoluciones de los juzgadores de primera instancia.
Otro aspecto de fondo que se debe calificar al revisar la procedencia del recurso de casación es la legitimación de quien lo propone. El Art. 277 del Código Orgánico General de Procesos dispone que el recurso solo podrá interponerlo la parte que haya recibido agravio en la sentencia o auto, es decir que la decisión judicial le haya sido adversa parcial o totalmente.
Pero además esta norma establece que no podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia o auto expedido en primera instancia o no se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución de la o el superior haya sido totalmente confirmatoria de aquella. Esto significa que si la decisión judicial de primer nivel le fue adversa a alguna de las partes, pero está se conformó con aquella y no la impugnó en apelación, si la decisión de segundo nivel confirma el fallo subido en grado, entonces tampoco está legitimado para interponer el recurso de casación.
De acuerdo con el Art. 42 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, el término para interponer el recurso de casación es de treinta días posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración.
El inciso segundo del Art. 269 del Código Orgánico General de Procesos dispone que la Corte Provincial de la que provenga el auto o sentencia recurrido, calificará si el recurso de casación ha sido presentado dentro del término correspondiente. De la resolución que inadmita el recurso de casación se podrá interponer recurso de hecho conforme el Art. 278 de ese Código.
No obstante esa norma, y según la disposición del Art. 270 del Código Orgánico General de Procesos reformado por el Art. 43 de la Ley Orgánica Reformatoria de ese Código, la conjueza o conjuez de la Corte Nacional de Justicia, analizará que el recurso haya sido presentado dentro del término legal para su admisibilidad.
Los requisitos formales del recurso de casación están determinados en el Art. 267 del Código Orgánico General de Procesos y son:
Indicación de la sentencia o auto recurrido con individualización de la o del juzgador que dictó la resolución impugnada, del proceso en que se expidió, de
las partes procesales y de la fecha en que se perfeccionó la notificación con la sentencia o auto impugnado o con el auto que evacue la solicitud de aclaración o ampliación.
Registro Oficial Nº 131 – Suplemento Miércoles 29 de enero de 2020 – 17
Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido.
La determinación de las causales en que se funda.
La exposición de los motivos concretos en que se fundamenta el recurso señalado de manera clara y precisa y la forma en la que se produjo el vicio que sustenta la causa invocada.
Las conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia deberán revisar si el recurso de casación cumple con estos requisitos, si no lo hace, dispondrán que lo aclare o complete en el término de cinco días, determinando explícitamente el o los defectos, y si el recurrente no lo hace e incumple con lo dispuesto en la providencia respectiva, entonces se inadmitirá el recurso.
En el tema de admisibilidad también debe considerarse la disposición del inciso cuarto del Art. 270 reformado del Código Orgánico General de Procesos que establece: “No procede el recurso de casación cuando de manera evidente lo que se pretende es la revisión de la prueba”.
Esta disposición debe aplicarse en conjunto con lo previsto en el Art. 44 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos que establece: “Cuando se case la sentencia por el caso previsto en el número 4 del artículo 268 de este Código, el Tribunal de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, corregirá el error valorando correctamente la prueba que obre de autos”. Es decir que si el recurrente al invocar los casos contemplados en los números 1, 2, 3 y 5 del Art. 268 del Código Orgánico General de Procesos, lo hace argumentado que existe un error en la valoración de la prueba y pretende una nueva valoración de aquella, el recurso es inadmisible; pero si lo hace en fundamento del caso cuarto de ese artículo y además cumple con los otros requisitos, el recurso será admisible.
En conclusión, la admisibilidad del recurso de casación no se limita exclusivamente a los requisitos formales y la temporalidad en la presentación de este recurso, sino que también corresponde a los requisitos de procedencia y legitimación, por ser elementos intrínsecos a la naturaleza jurídica del recurso de casación.
La duda surge respecto de la competencia para cali ficar los requisitos de procedencia y legitimidad, pues al ser parte de la admisibilidad del recurso, correspondería analizarlos a las conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; sin embargo el Art. 270 reformado del COGEP, limitaría la competencia de aquellos solamente a “examinará exclusivamente que el recurso se lo haya interpuesto en el término legal y que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267...”, por lo que la revisión de la procedencia y legitimidad correspondería al Tribunal de la Sala Especializada de Casación competente.
3.4.- Normatividad aplicable para el trámite de admisibilidad del recurso de casación:
Existen dudas respecto del contenido y alcance de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica
Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos que establece: “SEGUNDA.- En el caso de los recursos de casación que se encuentran interpuestos sin que hasta la presente fecha se haya resuelto su admisión o inadmisión, se aplicará lo dispuesto en la presente ley y no se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación”.; en concordancia con el inciso primero del Art. 270 reformado de ese Código, en la parte que dispone: “(…) Recibido el proceso en virtud del recurso de casación, se designará por sorteo a una o un Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quien en el término de quince días examinará exclusivamente que el recurso se lo haya presentado en el término legal y que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267.”.
La duda es con respecto a si los recursos de casación interpuestos de acuerdo a la Ley de Casación por corresponder a procesos iniciados antes de que entre en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, deben interponerse en el término de cinco días (LC) o en el término de treinta días (COGEP), y si su estructura y fundamentación debe estar adecuada a la norma del Art. 267 del COGEP y ya no a la anterior Ley de Casación.
Sobre este tema tenemos que el Código Orgánico General de Procesos en su Disposición Transitoria Primera establece: “Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas antes de la implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.”
De acuerdo con esta Disposición todas las causas que se hubieren iniciado con anterioridad a la fecha en que entró en vigencia el COGEP deben tramitarse y resolverse de acuerdo a las normas procesales que estuvieron vigentes con anterioridad; y en materia de casación, obviamente, a la Ley de Casación.
Esta Disposición Transitoria Primera no ha sido derogada por la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, por lo tanto, los recursos de casación interpuestos al amparo de la Ley de Casación en cuanto al término de interposición, requisitos y trámite de procedencia, están regulados por los Arts. 2, 3, 4, 5 y 6 de esa Ley; sin embargo en lo que respecta al trámite de calificación deben someterse a lo previsto en el Art. 270 del COGEP.
Una vez admitido el recurso de casación formulado bajo la normas de la Ley de Casación, para su resolución ante el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, deberá seguir el procedimiento previsto en la Ley de Casación.
En cambio, la Ley Reformatoria promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 26 de junio de 2019, regula exclusivamente lo concerniente a los recursos de casación interpuestos al amparo del Código Orgánico General de Procesos.18 – Miércoles 29 de enero de 2020 Suplemento – Registro Oficial Nº 131
4.1.- La admisibilidad del recurso de casación no se limita exclusivamente a los requisitos formales y la temporalidad en la presentación de este recurso, sino que también corresponde a los requisitos de procedencia y legitimación, por ser elementos intrínsecos a la naturaleza jurídica del recurso de casación, los cuales deben ser analizados por las conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por ser inherentes a la admisibilidad. Por tanto deberán necesariamente examinar en su conjunto las siguientes normas: artículo 266 del COGEP que establece los parámetros para la procedencia del recurso; artículo 267 que determina los requisitos que debe cumplir la fundamentación del recurso; artículo 268 que enumera taxativamente las causales para su interposición; artículo 270 que establece el procedimiento para la admisibilidad; y, artículo 277 que regula la legitimación para la interposición del recursos.
4.2.- En aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de Procesos, los recursos de casación interpuestos en los procesos iniciados con anterioridad a la fecha en que entró en vigencia ese Código, deberán formularse al amparo de la Ley de Casación; pero en cuanto al trámite se admisibilidad se aplicará el Art. 270 reformado del COGEP.
Que el artículo 169 de la Constitución de la República establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y a través del mismo se harán efectivas las garantías del debido proceso;
Que la casación es un recurso extraordinario, de admisibilidad restringida, que exige el cumplimiento de las formalidades determinadas en la ley para ser admitido. Dichas formalidades no son solemnidades innecesarias, sino que responden a la necesidad de otorgar al recurso su carácter de medio de impugnación verdaderamente extraordinario, que supone el previo cumplimiento de obligaciones inexcusables para evitar que en la práctica se concluya por desvirtuarlo;
Que al ser la casación un recurso extraordinario, es obligación del recurrente suministrar a la Sala Especializada de casación todos los elementos que permitan efectuar el análisis de la causal alegada y de los vicios acusados, aspectos éstos que solamente pueden ser evidenciados en la fase de admisibilidad, puesto que las causales y los vicios previstos en Ley constituyen normas formularias a la que es indispensable ajustar el escrito en el que se interpone el recurso, lo cual responde a la necesidad de que se señale de modo preciso los términos dentro de los que se ha de examinar la sentencia recurrida;
Que el inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que: “La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia”; y, para que el carácter extraordinario del recurso de casación sea respetado, el numeral 2 del artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial asigna a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia la función de: “Califi car, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne...”. A fin de que las Conjuezas y los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia pueda cumplir con su función de calificar la admisibilidad de los recursos de casación cuyo conocimiento les haya sido asignado por sorteo, el artículo 266 del COGEP establece los parámetros para la procedencia del recurso, el artículo 267 determina los requisitos que debe cumplir la fundamentación del recurso, el artículo 268 enumera taxativamente las causales para su interposición, el artículo 270 establece el procedimiento para la admisibilidad y el artículo 277 regula la legitimación para la interposición del recurso, aspectos éstos que necesaria y obligatoriamente deben ser analizados por una Conjueza o Conjuez de la Corte Nacional de Justicia para poder pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso;
Que el Código Orgánico General de Procesos en su Disposición Transitoria Primera establece: “Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme la normatividad vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas antes de la implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación”; disposición que no ha sido derogada ni sustituida, por lo que los recursos de casación interpuestos en los procesos iniciados antes de que entre en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, se someterán a las normas de la Ley de Casación, pero en cuanto al trámite para su admisibilidad, se aplicará lo previsto en el Art. 270 del COGEP, pudiendo la o el Conjueces mandarlo a aclarar o ampliar, por cuanto no cabe discriminar a esta clase de recursos;
Que en el suplemento del Registro Oficial No. 517 de 26 de junio de 2019 se publicó la Ley Orgánica Reformatoria
Código Orgánico General de Procesos (COGEP),
cual, entre otros aspectos, sustituyó el artículo 270
COGEP, cuyo inciso primero dispone lo siguiente:
“Recibido el proceso en virtud del recurso de casación, se designará por sorteo a una o a un Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quien en el término de quince días examinará exclusivamente que el recurso se lo haya presentado en el término legal y que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267. Cumplidas estas formalidades, lo admitirá. Esta reforma al procedimiento para la admisibilidad de recurso de casación ha ocasionado dudas respecto a su alcance, en cuanto a si la resolución de admisibilidad debe considerar exclusivamente la temporalidad de presentación del recurso y la estructura señalada en el artículo 267 del COGEP;
Registro Oficial Nº 131 – Suplemento Miércoles 29 de enero de 2020 – 19
o, si por el contrario, también debe considerar los demás requisitos previstos en el COGEP;
Que es necesario tener presente que se encuentran en plena vigencia y no han sido sustituidas ni reformadas las siguientes normas: artículo 266 del COGEP que establece los parámetros para la procedencia del recurso, artículo 267 que determina los requisitos que debe cumplir la fundamentación del recurso, artículo 268 que enumera taxativamente las causales para su interposición, artículo 270 que establece el procedimiento para la admisibilidad, y artículo 277 que regula le legitimación para la interposición del recurso. Todos estos aspectos necesaria y obligatoriamente deben ser analizados por Conjuezas y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia para resolver sobre la admisibilidad del recurso, pues son aquellos que permiten establecer la viabilidad del recurso para que superada esta fase, un tribunal de la Sala Especializada correspondiente analice los aspectos de fondo;
Que el artículo 267 del COGEP dispone que el escrito de interposición del recurso debe necesariamente contener “La exposición de los motivos concretos en que se fundamenta el recurso señalando de manera clara y precisa la forma en la que se produjo el vicio que sustenta la causa invocada”; lo que obliga a las Conjuezas y a los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia a verificar que el escrito de interposición del recurso de casación determine fundamentada y obligatoriamente los aspectos que taxativamente se enumeran en esa norma;
Que el reformado artículo 270 del COGEP establece que el Conjuez examinará “exclusivamente” que el recurso se lo haya interpuesto oportunamente y “que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267”, lo que se debe interpretar en el sentido que más se ajuste a la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, a partir del contexto general del texto normativo para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía, quedando claro entonces que los artículos 267 y 270 son complementarios y se articulan de manera adecuada, ya que mientras el artículo 270 determina la forma de califi car la admisibilidad del recurso, el artículo 267 establece los requisitos que debe cumplir la fundamentación aspectos éstos que deben ser analizados en su conjunto; y,
En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial,
Art. 1.- En aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de Procesos, en los recursos de casación interpuestos en los procesos iniciados con anterioridad a la fecha en que entró en vigencia el COGEP, las Conjuezas y los Conjueces deberán verificar que el recurso se haya formulado de acuerdo a la Ley de Casación.
Conforme la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, en el trámite de admisibilidad del recurso, la o el Conjuez aplicará lo previsto en la reforma del Art. 270 del COGEP.
Los recursos de casación que han sido admitidos a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos que se encuentren en las respectivas Salas Especializadas, deberán ser resueltos con sujeción a la Ley que estuvo vigente a la fecha de presentación del recurso.
Art. 2.- En los procesos iniciados a partir de la fecha en que entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, las conjuezas y los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, deberán examinar el cumplimiento de los artículos 266, 267, 268, 270 y 277 de dicho cuerpo legal.
La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la Ley no disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.
f.) Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Juez Nacional (Voto en contra).
f.) Dr. Alejandro Arteaga García, Juez Nacional (E).
RAZON: Siento por tal que las nueve (9) fojas selladas y numeradas que anteceden son iguales a sus originales, tomadas de los libro de Acuerdos y Resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito de 22 de enero de 2020.
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Que la Constitución de la República en sus incisos primero y tercero del artículo 182 ordena: “La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley… Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares”.
Que el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 201 determina que a las conjuezas y a los conjueces les corresponde: “1. Reemplazar, por sorteo, a las juezas y jueces en caso de impedimento o ausencia; 2. Califi car, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne e integrar por sorteo el tribunal de tres miembros para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho; 3. Organizar los fallos de la sala, seleccionar los precedentes para proporcionarlos a los ponentes de la sala a fi n de que los utilicen en sus ponencias, y establecer los casos de triple reiteración a fi n de ponerlos a conocimiento del Presidente de la sala para que los eleve hasta el Pleno de la Corte; y, 4. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley”.
Que una vez que se han procedido a conformar las diferentes Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, tanto con las juezas y jueces titulares como con las conjuezas y conjueces que han sido llamados a reemplazar temporalmente a los juzgadores cuya ausencia definitiva se ha producido en el más alto tribunal de justicia del país, es necesario aclarar las dudas que han surgido respecto de la determinación de la competencia de las causas que se encuentran pendientes de resolución en los despachos de los conjueces salientes;
Que el artículo 202 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que “En la segunda quincena de cada año, las juezas y jueces integrantes de cada sala especializada elegirán su Presidenta o Presidente, a quien le corresponderá: 1. Presidir la Sala; 2. Remitir al Pleno de la Corte Nacional de Justicia las sentencias que en su Sala se hayan dictado y reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho; 3. Llevar a cabo un sorteo para designar jueza o juez ponente para cada sentencia; 4. Supervisar que en su Sala no se produzcan fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho; y, 5. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley”.
Que existen Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia en la que se ha producido la ausencia definitiva de todas las Juezas y Jueces titulares, lo que ha producido dudas respecto de a quién corresponde actuar en reemplazo de la Presidenta o Presidente de Sala saliente y si en la
segunda quincena de enero próximo debe procederse a una nueva elección;
Art. 1.- SUBROGACIÓN DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE DE UNA SALA.- En caso de ausencia temporal del Presidente o Presidenta de una Sala especializada, le subrogará en estas funciones la Jueza o Juez titular más antiguo de la Sala; de haber dos o más designados al mismo tiempo, lo será el primer nombrado. Si la ausencia fuere definitiva, se convocará de inmediato a los Jueces de la Sala para elegir nueva Presidenta o Presidente, quien únicamente completará el período.
El mismo procedimiento se aplicará en caso de excusa o recusación en las causas que en razón del fuero de las personas corresponde conocer al Presidente o Presidenta de una Sala.
Tanto la elección como la subrogación de Presidenta o Presidente de Sala se realizarán entre las Juezas y Jueces titulares y aquellos Conjueces que por ausencia definitiva de un titular estuvieren actuando como Jueces encargados hasta que se designe al titular. Sin embargo, en caso de ser elegido uno de estos últimos, el momento en que termine el encargo concluirá también su designación como Presidente de Sala.
Art. 2.- PROCESOS PENDIENTES DE CALIFICAR ADMISIBILIDAD: Los procesos no penales que se encuentran para califi car la admisibilidad de un recurso de casación o de hecho, que estaban en conocimiento de un conjuez o conjueza saliente o que ha pasado a desempeñar funciones de Juez Nacional, serán sorteados entre todos los conjueces que ingresen a la respectiva Sala.
Art. 3.- PROCESOS EN CONJUECES POR EXCUSA O RECUSACIÓN: Respecto de las causas en las que se ha llamado a actuar a un conjuez en virtud de haberse aceptado la excusa o recusación de un juez nacional, se aplicarán las siguientes reglas:
1.- Si tanto el juez nacional como el conjuez que fue llamado a reemplazar al Juez hubieren dejado de integrar la Corte Nacional, el proceso pasará a conocimiento del juez que reemplaza al juez saliente, en la misma calidad que éste tenía.
2.- Si el conjuez llamado a reemplazar a un Juez Nacional, permanece en la Corte Nacional, continuará en conocimiento de la causa, salvo que pase a integrar como juez una Sala de una materia diferente a la del proceso en su conocimiento; en cuyo caso la causa se sorteará entre los Conjueces de la materia respetiva.
3.- Si el Juez Nacional cuya excusa o recusación se ha declarado procedente continúa integrando la Corte Nacional, pero el Conjuez llamado en su reemplazo ha dejado de pertenecer a la misma, se sorteará la causa a uno de los conjueces de dicha Sala, que actuará en la misma calidad que el juez cuya excusa o recusación se aceptó.
Registro Oficial Nº 131 – Suplemento Miércoles 29 de enero de 2020 – 21
Art. 4.- Derógase la Resolución No. 03-2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
f.) Dr. Fernando Cohn Zurita, Juez Nacional (E).
f.) Dr. Iván León Rodríguez, Juez Nacional (E).
f.) Dra. María de los Ángeles Montalvo Escobar, Jueza Nacional (E) (Voto en contra).
f.) Dra. Gilda Morales Ordóñez, Jueza Nacional (E).
f.) Dr. Carlos Pazos Medina, Juez Nacional (E).
f.) Dr. Milton Avila Campoverde, Conjuez Nacional.
f.) Dr. Fernando Ortega Cárdenas, Conjuez Nacional.
f.) Dr. José Layedra Bustamante, Conjuez Nacional.
f.) Dr. Diego Gordillo Cevallos, Conjuez Nacional.
f.) Dr. Javier de la Cadena Correa, Conjuez Nacional.
f.) Dra. Gabriela Mier Ortiz, Conjueza Nacional (Voto en contra).
RAZON: Siento por tal que las tres (3) fojas selladas y numeradas que anteceden son iguales a sus originales, tomadas de los libro de Acuerdos y Resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito de 22 de enero de 2020.
No. 07-2019
Que el inciso primero del artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que “La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas…”;
Que el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que “La Corte Nacional de Justicia estará integrada por las siguientes Salas Especializadas: 1. De lo Contencioso Administrativo; 2. De lo Contencioso Tributario; 3. De lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; 4. De lo Civil y Mercantil; 5. De lo Laboral; y, 6. De la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia designará a las Juezas y los Jueces Nacionales que integrarán cada Sala, en el número que la necesidad del servicio de justicia lo requiera, tomando en cuenta su especialidad. Esta resolución podrá modifi carse en cualquier tiempo, sin que en ningún caso, el número de jueces por Sala sea inferior a tres…”
Que la Resolución 04-2017, publicada en el Suplemento No. 1 del Registro Oficial No. 962, de 14 de marzo de 2017, que contiene el Instructivo de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dispone: “Art. 3.- Son funciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia: …11. Determinar el número de juezas y jueces nacionales de cada sala especializada de la Corte Nacional de Justicia y proceder a su integración”
Que una vez que se han procedido a conformar las diferentes Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, tanto con las juezas y jueces titulares como con las conjuezas y conjueces que han sido llamados a reemplazar temporalmente a las juezas y jueces cuya ausencia definitiva se ha producido en el más alto tribunal de justicia del país, es necesario que el Pleno emita una Resolución actualizando la integración de las diferentes Salas especializadas;
En uso de las atribuciones legales mencionadas,
Art. 1.- Integrar las seis Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia, de la siguiente forma:
22 – Miércoles 29 de enero de 2020 Suplemento – Registro Oficial Nº 131
Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo
Dr. Patricio Secaira Durango (e)
Dr. Iván Larco Ortuño (e)
Fernando Antonio Cohn Zurita (e)
Mónica Alexandra Heredia Proaño (e)
Gilda Rosana Morales Ordóñez (e)
SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO
Dra. Daniella Camacho Herold
Dr. Marco Rodríguez Ruiz
Dr. Iván Saquicela Rodas
David Isaías Jacho Chicaiza (e)
Wilman Terán Carrillo (e)
Iván León Rodríguez (e)
Dilza Muñoz Moreno (e)
SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
María de los Angeles Montalvo Escobar (e)
Carlos Vinicio Pazos Medina (e)
Pablo Fernando Valverde Orellana (e)
Dra. María Paulina Aguirre Suárez
Dra. Katerine Muñoz Subía
Dra. María Consuelo Heredia Yerovi
Dr. Alejandro Arteaga García (e)
Dr. Roberto Guzmán Castañeda (e)
SALA DE LA FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES
f.) Dra. Consuelo Heredia Yerovi, Jueza Nacional.
f.) Dra. María de los Ángeles Montalvo Escobar, Jueza Nacional (E).
f.) Dra. Gabriela Mier Ortiz, Conjueza Nacional
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General, Corte Nacional de Justicia.
RAZON: Siento por tal que las cinco (5) fojas selladas y numeradas que anteceden son iguales a sus originales, tomadas de los libro de Acuerdos y Resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito de 22 de enero de 2020.

References: artículo 154
 artículo 226
 artículo 227
 artículo 7
 artículo 69
 artículo 73
 artículo 4
 Artículo 2

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 57
 resolución 
 artículo 57
 artículo 152
 artículo 57
 artículo 100

Artículo 1
 Resolución 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 27

Artículo 5
 artículo 56
 artículo 3

Artículo 6
 artículo 101

Artículo 7
 artículo 100
 resolución 

Artículo 8
 artículo 152

Artículo 9
 artículo 56
 artículo 56

Artículo 10

Artículo 11
 Resolución 
 artículo 149
 artículo 8
 artículo 117
 artículo 4
 artículo 211
 artículo 5
 artículo 56
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 8

Artículo 1
 Resolución 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 300
 artículo 73
 artículo 75
 artículo 76
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 82
 artículo 201
 artículo 103
 artículo 7
 artículo 8

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 201

Artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 182
 artículo 173
 artículo 183
 resolución 
 Resolución 
 artículo 174
 artículo 163
 artículo 201
 artículo 180
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 180
 artículo 11
 artículo 270
 artículo 267
 resolución 
 artículo 201
 artículo 266
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 268
 artículo 267
 artículo 267
 resolución 
 artículo 266
 artículo 267
 artículo 268
 artículo 270
 artículo 277
 artículo 169
 artículo 10
 artículo 201
 artículo 266
 artículo 267
 artículo 268
 artículo 270
 artículo 277
 artículo 270
 artículo 267
 resolución 
 artículo 267
 artículo 266
 artículo 267
 artículo 268
 artículo 270
 artículo 277
 artículo 267
 artículo 270
 artículo 267
 artículo 270
 artículo 267
 artículo 180
 resolución 
 artículo 182
 artículo 201
 resolución 
 artículo 202
 Resolución 
 artículo 182
 artículo 183
 resolución 
 Resolución 
 Resolución