Source: http://www.scribd.com/doc/144403474/AMICUS-CURIAE-PGN-doc
Timestamp: 2015-08-28 00:21:21+00:00

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P. 1AMICUS CURIAE PGN.docAMICUS CURIAE PGN.docRatings: (0)|Views: 4|Likes: 0Published by Cipce CeppasMore info:Published by: Cipce Ceppas on May 29, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/144403474/AMICUS-CURIAE-PGN-doc04/07/2014pdftextoriginal SE PRESENTAN COMO
AMICUS CURIAE Sres. Jueces:
Estela B. de Carlotto, en representación de la
Asociación Abuelasde Plaza de Mayo
, con el patrocinio letrado de Alan Iud (Tº 93 Fº 930 CPACF) yMariano Gaitan (Tº 103 Fº 918 CPACF); Paula Litvachky, en representación del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
en su calidad de Directora del Área Justicia y Seguridad y apoderada,
con el patrocinio letrado de MarianoNicolás Lanziano (T° 106 F°280 CPACF); Alberto Binder (Tº XXVI, Fº 974,C.S.J.N), en representación del
Instituto de Estudios Comparados en CienciasPenales y Sociales (INECIP)
, en su calidad de Vicepresidente; Agustín Carrara yClaudio Javier Castelli (Tº 31, Fº 412, CPACF), ambos en representacióndel
Centro de Investigación y Prevención de la CriminalidadEconómica (CIPCE)
, en sus calidades de Director Ejecutivo y miembro de laComisión Directiva, con el patrocinio letrado de Cecilia Fernanda Vazquez (Tº 106,Fº534, CPACF); constituyendo domicilio procesal en Virrey Cevallos 592, en lacausa n° 48321, nos presentamos y decimos:
Venimos a constituirnos como
en la presente causa, enatención a las cuestiones de interés general que plantea, con el objeto de aportar al Tribunal una serie de consideraciones para la correcta solución del caso. Adelantamos desde ya que, según nuestro entender, designaciones como lascuestionados en esta causa poseen respaldo normativo suficiente en una correctainterpretación de las atribuciones constitucionales y legales conferidas a laProcuradora General de la Nación y que, por lo tanto, no hay razón para sostener abierto un proceso judicial de este tipo.
Este proceso se inició con la denuncia penal presentada el 23 de abril delcorriente año por el Senador Mario Cimadevilla contra la Sra. Procuradora Generalde la Nación Alejandra Gils Carbó, “para que se la investigue y condene comoautora penalmente responsable de los delitos tipificados por los artículos 248 y253 del Código Penal de la Nación”, los cuales habría cometido al violar deliberadamente “las disposiciones relativas a la estructura del Ministerio PúblicoFiscal, artículo 74º de la Ley de Ministerio Público (Ley 24.946)” y “lasdisposiciones relativas a la designación de los magistrados del Ministerio PúblicoFiscal, artículos 5º y 6º de la Ley de Ministerio Público (Ley 24.946)”.Según el denunciante, la Procuradora General de la Nación habríaincumplido sus deberes al crear la Procuraduría de Criminalidad Económica yLavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad
(PROCUNAR) y al designar a un conjunto de Fiscales Subrogantes y Fiscales AdHoc para que entiendan en causas vinculadas a criminalidad económica,narcotráfico, trata de personas, violencia institucional y delitos de lesa humanidad.Esta denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal n° 7 de esta ciudad, acargo del Juez Sebastián Casanello. El 26 de abril, el Fiscal Guillermo Marijuansolicitó el requerimiento de instrucción “por la presunta comisión de un delito deacción pública” y solicitó una serie de medidas de prueba.Sin embargo, el 3 de mayo, el Juez Casanello resolvió desestimar ladenuncia por inexistencia de delito. En su resolución consideró que las decisionesde la Procuradora General de la Nación encuentran respaldo en “los principios quegobiernan el organismo” y que “emanan del artículo 120 de la ConstituciónNacional”. Agregó que “el Ministerio Público está obligado a promover la actuaciónde la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambreconstitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conduccióndel organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia” ante unasituación "excepcional en la que faltan fiscales”.Esta resolución fue apelada por el Fiscal Marijuan, quien insistió en elimpulso de la acción penal respecto de los hechos denunciados. Este recurso fueconcedido y mantenido por el fiscal general Germán Moldes, por lo que la cuestiónse encuentra a estudio de este Tribunal.
3. INTERÉS EN LA RESOLUCIÓN DEL CASO
La presente causa involucra cuestiones de trascendencia social einstitucional que superan ampliamente el interés público en la aplicación de la leypenal ante la alegada comisión de un delito. En efecto, los hechos denunciados ylos tipos penales cuya violación se alega ponen en cuestión el alcance de lasfacultades de la Procuradora General de la Nación para decidir la política depersecución de los delitos y adoptar medidas necesarias para el cumplimiento delas funciones y deberes constitucionales del Ministerio Público Fiscal.En particular, en la denuncia se reputa como un acto ilícito y reprochadopenalmente la creación de unidades fiscales especializadas para la persecuciónde ciertos fenómenos criminales complejos y la designación de FiscalesSubrogantes y Fiscales Ad Hoc.Sin embargo, decisiones de este tipo ―adoptadas tanto por la actualProcuradora como por sus antecesores― han sido fundamentales para el impulsode causas por delitos de amplia repercusión social. Entre estas causas sedestacan, por su magnitud y relevancia histórica, los juicios por violacionesmasivas a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado,muchos de los cuales han sido impulsados por Unidades Especiales y han estadoa cargo de Fiscales Subrogantes o Ad Hoc. De prosperar la denuncia presentadapor el Senador Cimadevilla debería darse macha atrás con estas medidas, lo cualcomprometería seriamente el avance de las investigaciones y los juicios por 2
delitos de lesa humanidad aún en curso, comprometiendo incluso laresponsabilidad internacional del Estado argentino.El avance de este proceso penal también impediría a la ProcuradoraGeneral de la Nación adoptar, en su carácter de jefa máxima de los fiscales, lasmedidas necesarias para garantizar una persecución penal eficaz de delitos quegeneran graves daños para nuestra sociedad, como son la criminalidadeconómica, la narcocriminalidad, la violencia institucional, la trata de personas y laapropiación de niños durante el terrorismo de Estado. No puede perderse de vistaque las unidades fiscales especiales creadas por la actual Procuradora General,que fueron cuestionadas en la denuncia, apuntan precisamente a optimizar losrecursos existentes para responder a estos complejos fenómenos criminales, quehasta ahora no han tenido debida respuesta.Las organizaciones no gubernamentales que suscribimos esta presentacióntenemos una reconocida trayectoria en la lucha contra la impunidad de este tipode ilícitos y en la defensa de los Derechos Humanos en el país. Durante muchosaños hemos reclamado a la Justicia y al Ministerio Público Fiscal que adoptaranlas medidas conducentes para garantizar una persecución eficaz de estos delitos yrevertir los patrones de selectividad e impunidad existentes, de acuerdo con unapolítica criminal respetuosa de las garantías y derechos fundamentales.
4. ADMISIBILIDAD DEL AMICUS CURIAE
consiste en “una presentación ante el tribunal dondetramita un litigio judicial de terceros ajenos a esa disputa que cuenten con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de ofrecer opinionesconsideradas de trascendencia para la sustanciación del proceso en torno a lamateria controvertida”
.Si bien este instituto no está previsto expresamente en la legislaciónprocesal, ha sido admitido y regulado originalmente por la Corte Suprema deJusticia de la Nación mediante las acordadas 28/04 y 14/06, las cuales fueronrecientemente reemplazadas por la Acordada 7/13. Esta acordada instauró unnuevo reglamento para la intervención de “Amigos del Tribunal”, cuyo artículo 1°establece: “Las personas físicas o jurídicas que no fueren parte en el pleito,pueden presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en calidad de Amigo del Tribunal, en todos los procesos judiciales correspondientes a lacompetencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones detrascendencia colectiva o interés general.” Actualmente, la aceptación del
se encuentra ampliamenteconsolidada en la jurisprudencia de todas las jurisdicciones del país, en unatendencia que parece firme e inequívoca. Esto se explica por las considerablesventajas que presenta esta figura, ya que, por un lado, permite acercar a los
Abregú, Martín y Christian Courtis, “Perspectivas y posibilidades del amicus curiae en el derechoargentino”, en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales,compilado por los nombrados, CELS- Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, págs. 387 y ss.
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References: artículo 74
 resolución 
 artículo 120
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 1