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Timestamp: 2016-12-04 20:54:43+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil Ingeniería Vargas, autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica subterránea de evacuación del Parque Eólico Marcharaví, situado en el término municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil Ingeniería Vargas, autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica subterránea de evacuación del Parque Eólico Marcharaví, situado en el término municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil Ingeniería Vargas, autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica subterránea de evacuación del Parque Eólico Marcharaví, situado en el término municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz Estado	:
Primero.-Con fecha 9 de mayo de 2006, registro de entrada número 11628, Don Esteban Vargas Salmerón, en nombre y representación de la mercantil Ingeniería Vargas, Sociedad Limitada, con domicilio a efectos de notificaciones en calle San Antón, 26, 2.º D, 18005 Granada, solicitó autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación de una línea eléctrica de evacuación que servirá al Parque Eólico Marcharaví en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).
Segundo.-Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (2 de febrero de 2006) en aras de alcanzar los objetivos fijados en el Plan Energético de Andalucía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con fecha de 15 de mayo de 2006, la Delegación Provincial en Cádiz, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa acordó declarar de urgencia el procedimiento referenciado.
Tercero.-De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante Real Decreto 1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncio en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 185, de 22 de septiembre de 2006; «Boletín Oficial de Estado» número 219, de 13 de septiembre de 2006; «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 167, de 1 de septiembre de 2006; «Diario de Jeréz», de 23 de agosto de 2006 y en el tablón de anuncios de Excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, dándose translado a los siguientes organismos, los cuales se manifestaron en los términos que figuran en el expediente, si bien a continuación se sintetizan las mimas:
Sevillana-ENDESA: Da su conformidad al solicitante.
RENFE: No emite ningún tipo de alegación o condicionado técnico.
ENEGAS: Da su conformidad a la instalación de la línea, si bien indica, que en referencia al aerogenerador 9 del parque eólico al que sirve de evacuación existen afecciones eléctricas que no han sido resueltas. A lo cual la beneficiara se limita a remarcar el hecho de que el alcance del expediente que ocupa afecta a la línea de evacuación del Parque Eólico Marcharaví y no al parque en sí mismo, el cual ha sido objeto de un expediente independiente.
Cuarto.-Que durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones por parte de los particulares que se citan, mostrando disconformidad con lo solicitado, las cuales se pueden resumir en los siguientes términos:
José Antonio Armario Domínguez, en nombre y representación de «Bobedillas Cerámicas Andaluzas, Sociedad Anónima».
«Bobedillas Cerámicas Andaluzas, Sociedad Anónima», alega que la implantación de la línea referenciada podría afectar al normal funcionamiento de la fábrica de ladrillos ubicada en la zona, al ser remitido este escrito a la empresa beneficiaria se compromete a hacerse cargo económicamente de los posibles perjuicios causados por la ocupación temporal de los terrenos ocupados.
Felipe Castillejos Toledano, en su calidad de administrador único de la entidad «Agrícola de Inversiones, Sociedad Anónima»:
«Agrícola de Inversiones, Sociedad Anónima» indica que existe un contrato suscrito con la beneficiaria para la ocupación de los terrenos a ocupar, si bien, remarca que el citado contrato ha sido incumplido en reiteradas ocasiones por la beneficiaria, no estableciendo ningún otro tipo de alegación, siguiendo el procedimiento fijado en el Real Decreto 1955/2000, esta información fue enviada al titular, el cual considera que el contrato de cesión de los terrenos sigue perfectamente vigente.
Don Francisco Guerrero Gómez, Don Juan de Dios Armario, Don Francisco Calderón en representación de los vecinos y propietarios de Arcos de la Frontera y, alrededores:
Los vecinos de Arcos de la Frontera se oponen a la declaración en concreto de utilidad pública de la línea referenciada, alegando: Destrozos a bienes agrícolas y crias de caballo, emisión de ruidos a los alrededores, repercusión negativa en la actividad y desarrollo propios del entorno, efectos negativos sobre el paisaje, etcétera.
Alegación ésta rebatida por la beneficiaria aludiendo a que en ningún momento se acredita la representación que manifiestan ostentar y que la mayor parte de las alegaciones efectuadas hacen referencia al Parque Eólico Marcharaví y no su línea de evacuación, siendo esta última el objeto de expediente que ocupa.
Primero.-Esta Delegación Provincial es competente para otorgar la citada autorización según lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril y, 4164/1982, de 29 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, así como los Decretos de Presidencia de la Junta 11/2004, de 14 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y, 201/2004, de 11 de mayo, sobre reestructuración de las Delegaciones Provinciales, así como la Resolución de 23 de febrero de 2005 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 59, de 28 de marzo de 2005), de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delega competencias y materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de Innovación, Ciencia y Empresa.
Segundo.-Las alegaciones efectuadas por los organismos afectados, así como los particulares en el trámite de información pública, deben ser rechazadas por cuanto se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Tercero.-La generación de energía eléctrica es un bien de uso público y aunque sean empresas privadas las que promuevan esta generación están amparadas por la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y por el Real Decreto 1955/2000.
Cuarto.-De conformidad con los artículos 144 y 145 del Real Decreto 1955/2000 solo podrán realizar alegaciones las personas físicas o jurídicas, titulares de bienes o derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa. Asimismo, las negociaciones que se realizan con los propietarios de los terrenos no impide la continuidad del expediente iniciado para la consecución de la utilidad pública.
Quinto.-Dispone el artículo 50 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común: «1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a petición del interesado, la aplicación del procedimiento de urgencia, por lo cual se reducirá a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo lo relativo a la presentación de solicitudes y recursos. 2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento».
Primero.-Conceder a la mercantil «Ingeniería Vargas, Sociedad Limitada», autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, a los efectos de ejecución forzosa, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la línea eléctrica subterránea de evacuación del Parque Eólico Marcharaví.
a) Origen: Parque Eólico «Marcharaví».
b) Destino: Celda de llegada a la subestación eléctrica transformadora Arcos de la Fronteral.
c) Longitud total de la línea: 2.500 metros.
d) Tipo y configuración: Subterránea.
e) Tensión de servicio: 20 kV.
f) Conductor: Aluminio 3*1*240 mm2 RHZ1 XLPE 12/20 kV.
g) Cable de comunicaciones: OPSYCOM PKDT 48 fibras.
Segundo.-Esta resolución se confiere de acuerdo con lo dispuesto el en Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que el mismo se establece y las condiciones especiales siguientes:
1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias y autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
3. El plazo de puesta en marcha será de un año contado a partir de la notificación de la presente resolución.
6. La Administración podrá dejar si efecto la presente Resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las obligaciones impuestas en ellas. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.
7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o interés general, los cuales han sido transladados al titular de la instalación.
8. La declaración de utilidad pública se otorga a reserva de las demás licencias y autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencia atribuidas a esta Delegación.
9. El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta Delegación Provincial.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el ilustrísimo señor Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cádiz, 23 de abril de 2007.-La Delegada Provincial, Angelina María Ortiz del Río.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 50
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 52
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 114