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Timestamp: 2020-01-21 16:59:28+00:00

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Asunto C‑433/18
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Artículo 43 — Exigencia de un recurso efectivo y de un procedimiento contradictorio — Recurso contra una resolución por la que se otorgue la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro — Procedimiento de admisión a trámite de un recurso de apelación para su ulterior examen»
1. El 7 de diciembre de 2009, un tribunal de Estonia, el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju, Estonia), dictó una resolución por la que se condenaba a ML (en lo sucesivo, «recurrente en apelación») a pagar 14 838,50 coronas estonias (EEK) (alrededor de 948 euros) a la sociedad estona OÜ Aktiva Finants. A instancia de Aktiva Finants, el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki, Finlandia) declaró que dicha resolución era ejecutiva en Finlandia con arreglo al Reglamento (CE) n.o 44/2001 (2). El recurrente en apelación impugnó la resolución del Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki) ante el Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki, Finlandia). Este último no admitió a trámite su recurso para su ulterior examen, siendo esta falta de admisión a trámite el objeto de su recurso ante el juez remitente, el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia).
2. En Finlandia, el sistema nacional de interposición de recursos establece un procedimiento de admisión a trámite para su ulterior examen de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los tribunales de primera instancia. Tal procedimiento se aplica también a los recursos que tienen por objeto las sentencias dictadas en primera instancia por las que se declara ejecutiva, con arreglo al Reglamento n.o 44/2001, una resolución dictada en otro Estado miembro.
3. A través del presente procedimiento prejudicial se insta al Tribunal de Justicia a aclarar si, en el marco del sistema instaurado por el Reglamento n.o 44/2001, un procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, como el del procedimiento principal, es compatible con la exigencia de unas vías de recurso efectivas garantizadas a cualquiera de las partes, tal y como resulta del artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, y si tal procedimiento respeta, con arreglo al artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, las normas que rigen el procedimiento contradictorio.
4. A tenor del artículo 41 del Reglamento n.o 44/2001:
«Se otorgará inmediatamente la ejecución de la resolución una vez cumplidas las formalidades previstas en el artículo 53, sin proceder a ningún examen de acuerdo con los artículos 34 y 35. La parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones.»
5. En virtud del artículo 43, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento:
«1. La resolución sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.
3. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio.»
6. El artículo 45 del citado Reglamento establece:
«1. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43 o 44 solo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución por uno de los motivos previstos en los artículos 34 y 35. Se pronunciará en breve plazo.
2. La resolución del Estado miembro de origen en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.»
B. Derecho finlandés
7. A tenor del artículo 5, apartado 1, del capítulo 25a del oikeudenkäymiskaari (Código de procedimiento), cuando se recurra una resolución de un tribunal de primera instancia, es necesaria la admisión a trámite del mismo.
8. El artículo 11, apartado 1, de dicho capítulo está redactado en los siguientes términos:
«Procede admitir un recurso a trámite para su ulterior examen, siempre que:
1) existan motivos para dudar de la procedencia del resultado al que llegó el tribunal de primera instancia en su resolución;
2) no sea posible apreciar la conformidad a Derecho de la solución final a la que llegó el tribunal de primera instancia en su resolución sin admitir el recurso a trámite para su ulterior examen;
3) sea importante, a efectos de la aplicación del Derecho en asuntos similares, admitir el recurso a trámite para su ulterior examen; o
4) exista cualquier otra razón de peso para la admisión a trámite.»
9. Con arreglo al artículo 13 de citado capítulo, «el tribunal de apelación debe, de ser necesario, antes de decidir sobre la admisión a trámite de un recurso, instar a la parte recurrida a que responda por escrito al recurso interpuesto ante él».
10. A tenor del artículo 14, apartado 1, del capítulo 25a del Código de procedimiento, «el tribunal de apelación decidirá sobre la admisión del recurso a trámite para su ulterior examen en un procedimiento escrito, teniendo en cuenta la resolución del tribunal de primera instancia, el recurso interpuesto ante él, el escrito de contestación, en su caso, y, de ser necesario, los demás documentos obrantes en autos».
11. Según el artículo 17 de ese capítulo, si se decide no admitir a trámite el recurso, se confirmará la resolución del tribunal de primera y la resolución de inadmisión deberá contener una exposición de las pretensiones de las partes.
12. Según lo dispuesto en el artículo 18 del citado capítulo, el recurso será admitido a trámite, siempre que al menos un miembro de un tribunal compuesto por tres jueces esté a favor de la admisión a trámite. Sin embargo, la admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen podrá decidirse también por un tribunal compuesto de un solo juez.
13. De conformidad con el artículo 1, del capítulo 26, del Código de procedimiento, cuando se admita el recurso a trámite y el tribunal de apelación continúe su sustanciación, deberá analizar si procede modificar la resolución del tribunal de primera instancia y, en tal caso, en qué sentido. Conforme al artículo 3 del mismo capítulo, deberá instarse a la parte recurrida a contestar al recurso por escrito dentro del plazo que establezca el tribunal de apelación, salvo que ya se le hubiera instado en la fase de admisión, o que resulte manifiestamente innecesario hacerlo.
14. El recurrente en apelación es una persona física que afirma estar domiciliada en Finlandia desde el 26 de noviembre de 2007. Mediante sentencia pronunciada el 7 de diciembre de 2009, fue condenado por el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju) a pagar un importe de 14 838,50 EEK (alrededor de 948 euros) a Aktiva Finants.
15. En virtud del Reglamento n.o 44/2001 y a instancia de Aktiva Finants, el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki) declaró ejecutiva en Finlandia la resolución pronunciada el 7 de diciembre de 2009 contra el recurrente en apelación.
16. Después de habérsele notificado dicha resolución, el recurrente en apelación interpuso un recurso ante el Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki) y solicitó que se anulase en su totalidad la resolución del Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki). En su recurso ante el Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki), el recurrente en apelación alegó que la resolución estonia había sido adoptada sin estar él presente y que no se le había notificado ningún escrito de demanda ni ningún documento equivalente con plazo suficiente y de manera que hubiese podido preparar una contestación en el asunto. El recurrente en apelación señaló asimismo que no tuvo conocimiento del procedimiento hasta que el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki) le notificó la resolución relativa a la declaración de fuerza ejecutiva. Además, según el recurrente en apelación, el tribunal estonio no era competente en dicho asunto, puesto que, desde el 26 de noviembre de 2007, está domiciliado en Finlandia. El recurrente en apelación también fundó sus alegaciones en los artículos 34 y 35 del Reglamento n.o 44/2001.
17. El Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki) no admitió a trámite el recurso de apelación para su ulterior examen, con lo que se puso fin al procedimiento.
18. El recurrente en apelación solicitó al órgano jurisdiccional remitente la admisión a trámite de un recurso contra dicha resolución del Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki), admisión que fue acordada el 24 de enero de 2017. En su recurso ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo), solicitó que se anulase la resolución del Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki), que se admitiera a trámite el recurso de apelación para su ulterior examen y que se devolviese a dicho órgano jurisdiccional el asunto a efectos de dicho examen.
19. En este marco, el órgano jurisdiccional remitente señala que debe decidir si un procedimiento de admisión a trámite de un recurso de apelación para su ulterior examen, como el procedimiento controvertido en el asunto principal, es aplicable cuando se trate de un recurso interpuesto contra una resolución de un tribunal de primera instancia por la que se declara ejecutiva una resolución dictada en otro Estado miembro con arreglo al Reglamento n.o 44/2001. Añade que también debe pronunciarse sobre la compatibilidad del procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen con el Reglamento n.o 44/2001, más precisamente, con la exigencia de un recurso contradictorio, establecida en el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento.
20. En estas circunstancias, el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) acordó suspender el procedimiento y plantear el Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) El procedimiento para la admisión de recursos a trámite para su ulterior examen, previsto en el sistema nacional para la interposición de recursos, ¿es compatible con el recurso efectivo garantizado para ambas partes en el artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, cuando se interpone recurso contra una resolución de un tribunal de primera instancia relativa al reconocimiento o la ejecución de una sentencia en virtud del Reglamento n.o 44/2001?
2) ¿Se reúnen en un procedimiento sobre la admisión de recursos a trámite para su ulterior examen los requisitos relativos a un procedimiento contradictorio en el sentido del artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001, si la parte recurrida no es oída en lo relativo a un recurso antes de decidirse sobre la admisión de dicho recurso a trámite? ¿Se reúnen los referidos requisitos, si la parte recurrida es oída antes de decidirse sobre la admisión de un recurso a trámite para su ulterior examen?
3) ¿Resulta relevante para la interpretación el hecho de que no solo pueda interponer recurso la parte que ha solicitado infructuosamente la ejecución, sino también la parte en cuya contra se ha solicitado la ejecución cuando se haya estimado dicha solicitud?»
21. El Gobierno finlandés y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas durante la vista, celebrada el 15 de mayo de 2019.
22. Las presentes conclusiones se estructuran de la siguiente manera. Al tratar la primera cuestión prejudicial, el análisis del sistema establecido por el Reglamento n.o 44/2001 y del procedimiento finlandés de admisión a trámite de un recurso de apelación para su ulterior examen me lleva a considerar, que el artículo 43 de dicho Reglamento permite, bajo determinadas condiciones, un procedimiento de ese tipo (A). En el marco de la segunda y de la tercera cuestión prejudicial, que trataré de forma conjunta, tras analizar el alcance del principio de contradicción, estimo que un procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, como el procedimiento controvertido en el asunto principal, no incumple la exigencia de un procedimiento contradictorio (B).
23. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente interroga, en esencia, al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen establecido por el sistema finlandés con la exigencia de vías de recurso efectivas que se deriva del artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001.
1. Sistema instaurado por el Reglamento n.o 44/2001
24. Con arreglo al principio de confianza recíproca y en línea con el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (3) en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio, (4) el Reglamento n.o 44/2001, aplicable en el presente asunto, (5) pretende acelerar y simplificar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias. Dicho acto de Derecho derivado simplifica los trámites de manera que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho, sin que sea necesario recurrir a ningún otro procedimiento y que el procedimiento para hacer ejecutoria en un Estado miembro una resolución dictada en otro Estado miembro sea eficaz y rápido. (6)
25. No obstante, el procedimiento de exequatur permite asimismo garantizar un control de la resolución dictada en otro Estado miembro en relación con los motivos de denegación de la ejecución enumerados con carácter taxativo por el legislador de la Unión en los artículos 34 y 35 del Reglamento n.o 44/2001. Así pues, el procedimiento de exequatur incluye dos fases diferentes.
26. En una primera fase, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.o 44/2001, una parte solicita la ejecución de la sentencia dictada en otro Estado miembro en el marco de un procedimiento no contradictorio. En ese momento, no cabe examinar los motivos de denegación de la ejecución a que se refieren los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento, ni a instancia de las partes ni tampoco de oficio. En consecuencia, desde el momento en que una parte con legitimación activa presenta la solicitud de ejecución, ante el tribunal o la autoridad competente para conocer de la misma y cumple los requisitos formales exigidos, el órgano jurisdiccional o la autoridad requerida está obligada a estimar esa solicitud. En virtud del considerando 17 del citado Reglamento, la fórmula ejecutoria se expide entonces de forma «casi automática».
27. En una segunda fase, el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001 prevé la posibilidad de interponer un recurso contra la resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución. Según el artículo 44 de dicho Reglamento, la propia decisión que decidiere sobre el recurso puede ser objeto de un recurso específico de cada Estado miembro, definido en el anexo IV de dicho Reglamento. El recurso contemplado en el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001 puede ser presentado por el solicitante del exequatur si se ha denegado la solicitud de otorgamiento de la ejecución en la primera fase y por la parte contra la que solicite la ejecución. Contrariamente a la primera etapa, esta segunda etapa es contradictoria, según los propios términos del artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento n.o 44/2001.
28. Sin embargo, el sistema de recursos establecido en el artículo 43 de dicho Reglamento no es tan claro como podría entenderse de lo que ha dicho en el punto anterior.
29. Ya en el propio texto, aparecen ciertas incertidumbres. Así, a la vista de la diversidad de los términos utilizados por el legislador de la Unión en las distintas versiones lingüísticas del Reglamento n.o 44/2001, resulta difícil determinar si dicho legislador pretendía instaurar en el artículo 43 de dicho Reglamento, un simple «recurso» o un recurso de «apelación». (7)
30. No obstante, desde el punto de vista sistémico, las dos fases del procedimiento de ejecución no se atienen realmente a la distinción entre primera instancia y apelación. La solicitud de ejecución implica un control formal y, en esa fase, el Reglamento n.o 44/2001 no permite ningún examen a la vista de los motivos de denegación de la ejecución a que se refieren sus artículos 34 y 35. No se trata propiamente de un procedimiento en primera instancia. Por lo tanto, en el marco del recurso previsto en el artículo 43 de dicho Reglamento, aunque ninguna de sus disposiciones restringe los motivos o argumentos que pueden alegarse en apoyo del recurso contra la resolución dictada en primera instancia, el tribunal que conozca del recurso solo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución por uno de los motivos previstos en los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento. (8) En consecuencia, no se trata de un procedimiento de recurso stricto sensu.
31. Se observan también indeterminaciones parecidas en la designación de los tribunales recogida en la lista que consta en el anexo III del Reglamento n.o 44/2001, ante los que debe interponerse el recurso previsto en el artículo 43, apartado 2, de dicho Reglamento. De la lectura de dicho anexo, se desprende que los órganos jurisdiccionales designados por los Estados miembros son bastante heterogéneos, tanto en un plano formal (se trata de órganos jurisdiccionales que ocupan en sus sistemas nacionales un rango formal de tribunales de primera instancia de tribunales y también de tribunales de apelación), como en el plano procesal (con acceso directo al tribunal de apelación, con acceso indirecto, a través del tribunal de primera instancia, y también con acceso a tribunales diferentes en función de si el recurso procede del demandado o del demandante).
32. Sin embargo, pese a tales incertidumbres, resulta claro que el procedimiento ante los tribunales designados debe cumplir al menos tres requisitos con arreglo al artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001.
33. Primero, como ha subrayado la Comisión en sus observaciones escritas, el artículo 43 de dicho Reglamento establece un derecho incondicional para ambas partes de recurrir la resolución sobre la solicitud de ejecución.
34. Segundo, el objeto fundamental del procedimiento de recurso establecido por el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001 es que pueda comprobarse la concurrencia de los motivos de denegación de la ejecución, establecidos en los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento, (9) que puedan dar al traste con la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro.
35. Tercero, por lo que respecta a la regulación del recurso mencionado en el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001, dicha disposición debe interpretarse a la luz de los derechos fundamentales y, en particular, del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (10) Por lo tanto, ese recurso debe ser efectivo.
2. Procedimiento finlandés de admisión a trámite del recurso de apelación para su ulterior examen
36. Según los autos comunicados al Tribunal de Justicia y las indicaciones realizadas por el Gobierno finlandés durante la vista oral, el procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen presenta las siguientes características técnicas.
37. Este procedimiento está contemplado para todos los procedimientos de apelación contra resoluciones de los tribunales de primera instancia, tanto contenciosos como de jurisdicción voluntaria, a excepción de algunos asuntos en materia penal. Como ha aclarado el Gobierno finlandés, también es aplicable en el marco de los recursos establecidos en el Reglamento n.o 44/2001.
38. Por ese motivo, los recursos interpuestos ante un tribunal de apelación constan de dos etapas. En un primer tiempo, el tribunal de apelación determina, a la vista de los motivos establecidos en la ley, si se cumplen los requisitos para la admisión a trámite del recurso. En su caso, en un segundo tiempo, prosigue la tramitación del procedimiento y el tribunal de apelación procede a un examen del recurso en todos sus extremos.
39. En el marco de la primera etapa del recurso de apelación, la parte recurrente debe precisar, en el escrito de interposición, los motivos y pruebas invocados en apoyo de la pretensión de anulación de la resolución de primera instancia. También deberá indicar, en dicho escrito, el motivo o los argumentos de fondo por los cuales debería admitirse a trámite el recurso de apelación.
40. A la vista de todo ello, el tribunal de apelación debe comprobar de oficio cada uno de los cuatro motivos de admisión a trámite enunciados en el artículo 11, apartado 1, del capítulo 25a del Código de procedimiento. A estos efectos, debe tener en cuenta la resolución del tribunal de primera instancia, el escrito iniciador del procedimiento, los autos del asunto, incluida la resolución extranjera, y los elementos que deben aportarse con arreglo al artículo 54 del Reglamento n.o 44/2001.
41. Si se cumple alguno de los motivos de admisión a trámite y si, al menos, un miembro del tribunal de apelación es favorable a la admisión a trámite del recurso para su ulterior examen, el tribunal de apelación debe acordarla, sin que, a estos efectos, disponga de ningún poder discrecional. No se admitirá a trámite el recurso si está claro que no cabe aplicar ninguno de los motivos de admisión a trámite.
3. Procedimiento de admisión a trámite de recursos y principio de efectividad
42. Conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a falta de una normativa de la Unión Europea en la materia, corresponde a cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, configurar la regulación del procedimiento destinado a la salvaguardia de los derechos que los justiciables obtienen del Derecho de la Unión. (11)
43. En cuanto al procedimiento de admisión a trámite de recursos para su ulterior examen controvertido en el procedimiento principal, a tenor de las observaciones del Gobierno finlandés, dicho procedimiento fue establecido por el legislador nacional a la vista de dos grupos de objetivos. Por una parte, alega que pretende hacer frente al incremento de la carga de trabajo que suponen los recursos de apelación y al correlativo alargamiento de los procedimientos. Por otra parte, que responde a la necesidad de sustanciar el recurso con arreglo a un procedimiento eficaz que proteja los derechos de las partes. El Gobierno finlandés aclara que, de este modo, ese procedimiento tiene en cuenta la naturaleza del asunto sometido al examen del tribunal de apelación para poder tramitar, con arreglo a un procedimiento más rápido, los asuntos cuyo examen por parte del tribunal de apelación no esté justificado por motivos serios relacionados con la protección jurídica del recurrente y con el interés general del asunto.
44. En mi opinión, no cabe ninguna duda acerca de la legitimidad de tales objetivos, los cuales traducen in fine objetivos de celeridad de los procedimientos y de una mejor asignación de los recursos judiciales. (12)
45. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, la regulación procesal de los recursos establecidos por los Estados miembros no debe ser menos favorable que la referente a recursos similares previstos para la protección de los derechos que se obtienen del ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) y no debe hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (13)
46. En el presente asunto, en la medida en que todo indica que el procedimiento finlandés de admisión a trámite se aplica a todos los recursos contra las resoluciones de los tribunales de primera instancia, tanto en procedimientos contenciosos, como en procedimientos de jurisdicción voluntaria, puede excluirse, de entrada, que exista una contradicción con el principio de equivalencia.
47. En cuanto al respeto del principio de efectividad, procede determinar si el procedimiento de admisión a trámite hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio del recurso contemplado en el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001.
48. Con carácter preliminar, y de manera general, debe señalarse que el principio de efectividad no implica más exigencias que las que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por la Carta. (14) Pues bien, ese derecho no constituye una prerrogativa absoluta. Así, el Tribunal de Justicia, basándose expresamente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya ha considerado que el derecho a un tribunal, (15) del que el derecho de acceso a un tribunal constituye un aspecto particular, no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente admitidas, porque requiere por su propia naturaleza una reglamentación por el Estado, que goza a este respecto de cierto margen de apreciación. Para el Tribunal de Justicia, estas limitaciones no pueden restringir el acceso que tiene un justiciable de forma o hasta un punto tal que su derecho a un tribunal se vulnere en su propia esencia. Por último, dichas limitaciones deben dirigirse a un objetivo legítimo y debe existir una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el objetivo perseguido. (16)
49. En el presente asunto, se advierte que el procedimiento de admisión a trámite del recurso para su posterior examen controvertido en el asunto principal cumple con el principio de efectividad, siempre que, por una parte, permita que se tengan en cuenta los motivos de denegación de la ejecución y, por otra parte, que la decisión de denegar la admisión a trámite que pueda adoptarse esté debidamente motivada.
50. En primer lugar, hay que asegurarse de que el procedimiento de admisión a trámite del recurso para su ulterior examen deje a salvo el objeto del recurso establecido en el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001, a saber, permitir que se compruebe si concurren los motivos de denegación de la ejecución de la resolución dictada en otro Estado miembro, que establecen los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento. Si bien corresponde únicamente al órgano jurisdiccional remitente examinar si el Derecho finlandés permite que se tengan en cuenta esos motivos al examinar la solicitud de admisión a trámite del recurso para su ulterior examen, en los siguientes puntos, intentaré facilitar algunas pautas al respecto.
51. Sobre este particular, parece que los motivos de admisión a trámite enunciados en el artículo 11, apartado 1, del capítulo 25a del Código de procedimiento pueden permitir que se tengan en cuenta los artículos 34 y 35 del Reglamento n.o 44/2001.
52. En particular, parece que, en efecto, los motivos de denegación de la ejecución establecidos por el legislador de la Unión en los artículos 34 y 35 del Reglamento n.o 44/2001 pueden subsumirse en los motivos primero y cuarto de admisión a trámite, con arreglo a los cuales procede admitir el recurso a trámite para su ulterior examen siempre que existan motivos para dudar de la procedencia del resultado al que llegó el tribunal de primera instancia o que exista cualquier otra razón de peso para la admisión a trámite.
53. En consecuencia, parece que el tribunal de apelación puede, ya desde la fase de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, comprobar si, en el marco de un recurso basado en el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001, los motivos de denegación de la ejecución previstos en los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento requieren un examen en profundidad de la resolución de primera instancia dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución.
54. En segundo lugar, el procedimiento de admisión a trámite parece estar organizado de tal manera que permite, en la práctica, valorar, ya desde esa fase, la procedencia de la resolución de primera instancia, aunque sea desde la perspectiva de la economía procesal.
55. En efecto, el procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, tal y como lo regula el Derecho finlandés, no tiene que ver con un filtro previo para examinar la admisibilidad del recurso de apelación. Como ha subrayado el Gobierno finlandés, en la fase de admisión trámite, el tribunal de apelación comprueba, especialmente a la vista de la resolución de primera instancia y de los autos, si hay razones para dudar de la procedencia de la resolución del tribunal de primera instancia. Por lo tanto, la apreciación realizada por el tribunal de apelación en esa fase obedece efectivamente a un examen preliminar, aunque sumario, del propio fondo de la resolución dictada en primera instancia. (17)
56. Por otra parte, si el derecho a la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de acceder a un juez, no por ello implica automáticamente el acceso a un procedimiento uniforme, cuando el recurso va abocado a su desestimación. Pues bien, parece que, en la práctica, solo se deniega la admisión a trámite en aquellos casos en que resulte evidente para todos los miembros del tribunal de apelación que el recurso carece de cualquier fundamento. En efecto, según el Gobierno finlandés, los motivos de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen han de interpretarse de forma flexible y favorable a la parte que solicita dicha admisión a trámite. (18) En consecuencia, solo en caso de recurso manifiestamente infundado sería posible la desestimación del mismo ya en la fase de admisión a trámite. En todos los demás casos, el recurso será objeto de un examen en profundidad in fine, tras su admisión a trámite por el tribunal de apelación.
57. En tercer lugar, el procedimiento controvertido en el asunto principal solo es compatible con el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001 si las decisiones de denegar la admisión a trámite que puedan adoptarse están debidamente motivadas.
58. En la vista, se ha hecho patente el desacuerdo de primer orden que a este respecto mantienen el Gobierno finlandés y la Comisión. El Gobierno finlandés ha sostenido que tal decisión debía motivarse, en virtud del Código de procedimiento, mientras que la Comisión, basándose en ese mismo código, ha sostenido que no era necesariamente así.
59. No corresponde al Tribunal de Justicia mediar entre esas posturas enfrentadas en relación con la correcta interpretación del Derecho nacional, sino establecer cuáles son los requisitos que resultan del Derecho de la Unión. Pues bien, este último preceptúa que decisiones como la de inadmisión a trámite de un recurso de apelación para su ulterior examen deben preceptivamente estar motivadas.
60. En primer lugar, la obligación de motivación se justifica, de manera general, por las dos funciones que corresponden a esta última. Permite a los interesados conocer las razones que han llevado al juez a adoptar una decisión y al juez que conozca de un recurso contra dicha decisión, disponer de elementos suficientes para poder ejercer su control jurisdiccional. (19) En este marco, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que el respeto del derecho a un proceso equitativo exige que todas las resoluciones judiciales estén motivadas, y ello a fin de permitir al demandado comprender las razones de su condena e interponer contra tal resolución un recurso de forma útil y efectiva. (20)
61. Pues bien, si el tribunal de apelación no estuviera obligado a motivar su resolución, especialmente en el caso de inadmisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, entonces, la posibilidad contemplada en el Derecho finlandés de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra dicha resolución denegatoria sería en gran parte meramente teórica. De no haber una motivación, resultaría, cuando menos, difícil impugnar efectivamente la resolución del tribunal de apelación, y el Tribunal Supremo se vería en la imposibilidad de apreciar la procedencia de dicha resolución.
62. Por otra parte, la obligación de motivar una resolución en grado de apelación es especialmente fundamental en el marco del sistema de recursos establecido por el Reglamento n.o 44/2001. Así, procede recordar, por una parte, que la resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución adoptada en primera instancia no está sujeta a la obligación de motivación. Por otra parte, en Finlandia, al igual que en otros Estados miembros, ocurre que el recurso ante el Tribunal Supremo contra una resolución pronunciada en apelación también está sometida a un sistema de previa admisión.
63. Lógicamente, la resolución adoptada en el recurso previsto en el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001 es la primera (y puede que también la única) resolución en la que los motivos de denegación de la ejecución establecidos en los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento deben ser tenidos en cuenta plenamente. No cabe concebir que una parte pueda hacer uso de las posibilidades reconocidas por dicho Reglamento para impedir la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro sin ser jamás destinataria de una resolución motivada. (21)
64. Por último, el hecho de que el procedimiento de admisión a trámite se refiera al grado de apelación es determinante en relación con la obligación de motivación. En efecto, habida cuenta de esta circunstancia, la posición —absolutamente razonable— del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual una resolución adoptada en el marco de un procedimiento de filtrado en grado de casación («segundo recurso» ante tribunales superiores, generalmente limitado a cuestiones de Derecho) no debe necesariamente estar motivada, (22) no puede lógicamente aplicarse a un procedimiento de admisión a trámite de un recurso de apelación, cuando este constituya, en realidad, una vía que permite, por primera vez, tener en cuenta motivos de denegación de la ejecución de una sentencia dictada en otro Estado miembro.
65. De todo ello resulta que compete al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las resoluciones por las que no se admite un recurso de apelación para su ulterior examen necesariamente han de estar motivadas. En el supuesto de que el tribunal de apelación no estuviera vinculado por tal obligación, el procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen resultaría, a mis ojos, incompatible con el artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001. En efecto, si resultara que el procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen se ha introducido en el marco del sistema nacional de recursos sin tener en cuenta las especificidades del sistema instaurado por el Reglamento n.o 44/2001, tal circunstancia podría conducir a una aplicación mecánica de dicho procedimiento, difícilmente conciliable con las exigencias del Reglamento n.o 44/2001.
66. A la vista de todas estas consideraciones, estimo que el artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 permite un procedimiento de admisión a trámite de los recursos interpuestos en apelación para su ulterior examen, como el procedimiento de que trata el asunto principal, a condición de que, desde el punto de vista sustantivo, los motivos de denegación de la ejecución que figuran en los artículos 34 y 35 del Reglamento n.o 44/2001 puedan invocarse y tenerse en cuenta como motivos de admisión a trámite del recurso para su examen y de que, desde el punto de vista procesal, las resoluciones por las que se inadmita el recurso para su ulterior examen estén preceptivamente motivadas.
67. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita fundamentalmente al Tribunal de Justicia que determine si un procedimiento de admisión a trámite de un recurso de apelación para su ulterior examen, como el procedimiento controvertido en el asunto principal, en el que no se dé audiencia a la contraparte o parte no recurrente, es compatible con el principio du contradicción expresado en el artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001.
68. En cuanto a la tercera cuestión del órgano jurisdiccional remitente, entiendo que va dirigida a establecer las consecuencias que tiene el hecho de que el artículo 43, apartado 1, de dicho Reglamento establezca que puede recurrir no solo la parte que inste la ejecución, sino también la parte contra la que se haya acordado la ejecución.
69. De ello se desprende que ambas cuestiones coinciden fundamentalmente en su objetivo: pretenden determinar la compatibilidad del procedimiento controvertido en el asunto principal con el artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001. Por ello, propongo abordarlas conjuntamente.
70. De entrada, no veo qué aspecto de dicho procedimiento, cuyo objetivo fundamental, por legítimas razones de buena administración de la justicia, es hacer posible una tramitación rápida de los recursos manifiestamente infundados, puede resultar incompatible con el principio de contradicción.
71. En efecto, aunque el artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001 establece sin ambigüedad alguna que el recurso se sustanciará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio, ha de reconocerse que el legislador de la Unión no ha dado mayor detalle acerca de los requisitos inherentes al carácter contradictorio del procedimiento. Por consiguiente, corresponde a la autonomía procesal de los Estados miembros organizar el procedimiento de recurso, siempre que se respete el principio de contradicción, entendido a la luz de las especificidades del sistema de exequatur instaurado por el Reglamento n.o 44/2001.
72. El principio de contradicción es de importancia capital en el marco del sistema establecido por el Reglamento n.o 44/2001 para garantizar la libre circulación de resoluciones judiciales en la Unión. En efecto, como se ha indicado más arriba, (23) el procedimiento de exequatur va dirigido a que el que insta la ejecución pueda obtener, de forma rápida y sencilla, con arreglo a un procedimiento no contradictorio, (24) el exequatur de una resolución dictada con las debidas garantías en otro Estado miembro. (25) En cambio, al no ser contradictoria la primera «instancia», el legislador de la Unión ha exigido expresamente que el procedimiento de recurso sí lo sea. (26)
73. En cuanto a las exigencias que dimanan del principio de contradicción, el Tribunal de Justicia ya ha señalado reiteradamente que, tanto en el marco de los procedimientos administrativos, como de los procedimientos judiciales, ese principio implica, por regla general, el derecho de las partes en un procedimiento administrativo o en un proceso a poder pronunciarse sobre los hechos y los documentos sobre los que se basará la decisión administrativa o judicial y a discutir las pruebas y las observaciones presentadas ante la autoridad administrativa o judicial y los motivos jurídicos planteados de oficio por este último, sobre los cuales tiene intención de fundamentar su decisión. (27)
74. Concretamente, dicho principio protege a una parte en relación con los elementos decisivos (28) para adoptar una resolución que afecte a sus intereses. (29) Así pues, el respeto del principio de contradicción está vinculado de forma indisociable a la idea de que los elementos que sirven de fundamento a una resolución adoptada en perjuicio de un parte deben poder ser rebatidos por esa parte. (30)
75. Pues bien, a tenor de esa definición del principio de contradicción, no veo ninguna razón para considerar que un procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, como el controvertido en el asunto principal, conculca dicho principio.
76. En la medida en que el tribunal de apelación no puede, en esa fase de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, adoptar una decisión desfavorable o perjudicial para la contraparte, es decir, por la parte no recurrente, el derecho de esta última a un procedimiento contradictorio no se ve vulnerado si, en esa fase, no presenta observaciones.
77. Así, en primer lugar, la inadmisión a trámite del recurso para su ulterior examen tiene por efecto confirmar la resolución de primera instancia favorable a esa parte y, salvo recurso ante el Tribunal Supremo, dotarla de un carácter irrevocable. Por consiguiente, esa resolución no puede perjudicar a la parte favorecida por la resolución de primera instancia. (31)
78. En segundo lugar, durante la vista, el Gobierno finlandés confirmó, sin que la Comisión lo contradijera, que, con independencia de la postura procesal que haya tenido la parte recurrente en el exequatur, el tribunal de apelación no puede, en la fase de admisión a trámite del recurso para su ulterior examen, modificar el fondo de la resolución. En particular, no puede declarar el recurso manifiestamente fundado sin oír a la contraparte, (32) lo cual constituiría, como es evidente, una infracción caracterizada del principio de contradicción.
79. En tercer lugar, la resolución adoptada en la fase de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen tiene carácter preliminar y su alcance se limita, por definición, a esa admisión a trámite. Por lo tanto, no prejuzga la apreciación del recurso en cuanto al fondo tras su examen completo. En consecuencia, en el supuesto de que sea admitido a trámite sin que la parte que no lo ha formulado —ya se trate, dependiendo del caso, del solicitante del exequatur o de la persona contra la que se dirige el exequatur— haya sido requerida a presentar sus observaciones, esa resolución tampoco puede en sí misma lesionar los intereses de dicha parte.
80. Durante la vista, la Comisión alegó, siguiendo la misma la línea de sus observaciones escritas, que el principio de contradicción es de tal importancia que no puede ser objeto de limitaciones, y que, por lo tanto, el sistema finlandés de admisión a trámite de recursos para su ulterior examen no respetaba dicho principio.
81. Dejando aparte el hecho de que esta posición «maximalista» no permite conciliar las exigencias de la protección del derecho de defensa con otros intereses del todo legítimos como, por ejemplo, los relacionados con la celeridad y la buena administración de justicia, deseo señalar ante todo que la Comisión no ha sido capaz de demostrar que, en el presente asunto, se haya producido ningún menoscabo del principio de contradicción.
82. Por último, debo señalar que, según las observaciones del Gobierno finlandés, se insta preceptivamente a la parte que no ha interpuesto el recurso a formular sus alegaciones durante la fase de examen del recurso en todos sus extremos. En consecuencia, considero que, con arreglo al artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001, el respeto del principio de contradicción está garantizado en la fase en que la resolución del tribunal de apelación puede perjudicar a esa parte.
83. A la vista de todas estas consideraciones, estimo que el artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, como el procedimiento controvertido en el asunto principal, no incumple la exigencia de un procedimiento contradictorio cuando la resolución adoptada en la fase de admisión a trámite no pueda en sí misma lesionar los intereses de la contraparte.
84. A la vista de las anteriores consideraciones, sugiero al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteada por el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia) en el siguiente sentido:
«1) El artículo 43, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, permite un procedimiento de admisión a trámite de recursos para su ulterior examen, como el procedimiento controvertido en el asunto principal, a condición de que, desde el punto de vista sustantivo, los motivos de denegación de la ejecución que figuran en los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento puedan invocarse y tenerse en cuenta como motivos de admisión a trámite del recurso para su ulterior examen y de que, desde el punto de vista procesal, las resoluciones por las que se inadmita el recurso para su ulterior examen estén preceptivamente motivadas.
2) El artículo 43, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen, como el procedimiento controvertido en el asunto principal, no incumple la exigencia de un procedimiento contradictorio cuando la resolución adoptada en la fase de admisión a trámite no pueda en sí misma lesionar los intereses de la contraparte.»
3 DO 1998, C 27, p. 1.
4 En lo sucesivo, «Convenio de Bruselas».
5 Dado que el procedimiento ante el tribunal estonio se inició el 10 de enero de 2015, el Reglamento no 44/2001 sigue siendo aplicable ratione temporis con arreglo al artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
6 Véanse los considerandos 16 y 17 del Reglamento n.o 44/2001. Véase también la sentencia de 14 de diciembre de 2006, ASML (C‑283/05, EU:C:2006:787), apartado 23.
7 En algunas versiones lingüísticas del Reglamento n.o 44/2001, tales como la española, la francesa o la italiana, se utiliza para esa segunda instancia jurisdiccional el término «recurso», lo cual sugiere una primera instancia, con lo cual se permanece fiel funcionalmente a la estructura de dicho Reglamento. En cambio, en otras versiones lingüísticas, se utiliza el concepto de «apelación», como indican la inglesa («appeal») o la checa («opravný prostředek»), que parecen aludir a una segunda instancia, en concordancia con el hecho de que, formalmente, suele tratarse de un tribunal de segundo grado.
8 A tenor del artículo 45 del Reglamento n.o 44/2001.
9 Debo señalar, a este respecto, que, aunque el Reglamento n.o 1215/2012 haya suprimido el exequatur, la comprobación de los motivos que figuran en los artículos 34 y 35 del Reglamento n.o 44/2001 no ha sido suprimida, como se desprende de los artículos 45 y 46 del Reglamento n.o 1215/2012.
10 En lo sucesivo, «Carta». Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, A (C‑112/13, EU:C:2014:2195), apartado 51 y jurisprudencia citada, debiendo entenderse que el procedimiento de recurso para impugnar la resolución por la que se otorgue la ejecución con arreglo al artículo 43 del Reglamento n.o 44/2001 constituye una aplicación del Derecho de la Unión a efectos del artículo 51 de la Carta [auto de 13 de junio de 2012, GREP (C‑156/12, no publicado, EU:C:2012:342), apartado 31].
11 Véase la sentencia de 8 de noviembre de 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665), apartado 49.
12 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha conocido de asuntos relativos a la compatibilidad con los artículos 6 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertados Fundamentales, firmado en Roma, el 4 de noviembre de 1950, de mecanismos instituidos para filtrar los recursos en grado de apelación y de casación. El Tribunal ha estimado reiteradamente que el derecho de acceso al juez puede ser objeto de limitaciones, a condición de que estas no menoscaben el propio fundamento del artículo 6 de dicho Convenio y que persigan un interés legítimo. A este respecto, los objetivos relacionados con la buena administración de la justicia y la prevención de la congestión de los tribunales han sido considerados legítimos por dicho Tribunal [TEDH, sentencias de 13 de julio de 1995, Tolstoy Miloslavsky c. Reino Unido (CE:ECHR:1995:0713JUD001813991, § 61); 11 de octubre de 2001, Rodríguez Valín c. España, (CE:ECHR:2001:1011JUD004779299), § 22; de 19 de diciembre de 1997, Brualla Gómez de la Torre c. España (CE:ECHR:1997:1219JUD002673795), § 36].
13 Véanse, en relación con la cooperación judicial en materia civil, las sentencias de 8 de noviembre de 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665), apartado 50, y de 9 de noviembre de 2016, ENEFI (C‑212/15, EU:C:2016:841), apartado 30.
14 Véanse las sentencias de 26 de septiembre de 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Efecto suspensivo del recurso de apelación) (C‑175/17, EU:C:2018:776), apartado 47, y de 26 de septiembre de 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Efecto suspensivo del recurso de apelación) (C‑180/17, EU:C:2018:775), apartado 43.
15 Que no debe confundirse con el derecho a varias instancias. A este respecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de tutela judicial efectiva da al particular un derecho de acceder a un tribunal y no a varias instancias [sentencia de 28 de julio de 2011, Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524), apartado 69].
16 Véase el auto de 16 de noviembre de 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Comisión (C‑73/10 P, EU:C:2010:684), apartado 53 y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada.
17 En este aspecto, el procedimiento de admisión a trámite de un recurso para su ulterior examen puede compararse con la solicitud para ser autorizado a interponer un recurso judicial de que trata el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de marzo de 2018, North East Pylon Pressure Campaign y Sheehy (C‑470/16, EU:C:2018:185).
18 Además, parece resultar del artículo 18 del capítulo 25a del Código de procedimiento que la admisión a trámite se acordará siempre que al menos un miembro de un tribunal compuesto por tres jueces esté a favor a la admisión a trámite.
19 Véase, en particular, la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718), apartado 49.
20 Véase la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), apartado 53.
21 La importancia de ser destinatario de una resolución motivada se ve también reforzada por el hecho de que, como resulta de la lectura del artículo 44 del Reglamento n.o 44/2001, en relación con su anexo IV, los Estados miembros no están obligados a ofrecer un recurso contra la resolución pronunciada en el recurso a que se refiere el artículo 43 de dicho Reglamento.
22 Véanse las resoluciones sobre admisibilidad del TEDH de 9 de marzo de 1999, société anonyme Immeuble groupe Kosser c. Francia (CE:ECHR:1999:0309DEC003874897); de 28 de enero de 2003, Burg y otros c. Francia (CE:ECHR:2003:0128DEC003476302), y de 6 de septiembre de 2005, Glender c. Suecia (CE:ECHR:2005:0906DEC002807003).
23 Véanse los puntos 24 a 26 de las presentes conclusiones.
24 El artículo 41 del Reglamento n.o 44/2001 precisa sin ambigüedad que «la parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones».
25 Véase, en el marco del Convenio de Bruselas, las sentencias de 21 de mayo de 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130), apartado 14; de 12 de julio de 1984, P. (178/83, EU:C:1984:272), apartado 11, y de 10 de julio de 1986, Carron (198/85, EU:C:1986:313), apartado 8.
26 Véase la sentencia de 11 de mayo de 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225), apartado 21 y jurisprudencia citada.
27 Véanse, en relación con los procedimientos administrativos seguidos en aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros, las sentencias de 22 de octubre de 2013, Sabou (C‑276/12, EU:C:2013:678), apartado 38 y jurisprudencia citada; de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336), apartado 46 y jurisprudencia citada, y de 9 de noviembre de 2017, Ispas (C‑298/16, EU:C:2017:843), apartado 26. Véase, en relación con los procedimientos administrativos o judiciales ante las autoridades o tribunales de la Unión, la sentencia de 17 de diciembre de 2009, Reexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804), apartado 41 y jurisprudencia citada.
28 Véanse las sentencias de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartado 56, y de 17 de diciembre de 2009, Reexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804), apartado 41. Véase, por analogía, la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 20 de julio de 2001, Pellegrini c. Italia (CE:ECHR:2001:0720JUD003088296), § 44.
29 En materia administrativa, lo importante, a los efectos de que se considere que ha habido una vulneración del derecho de defensa de una parte y se anule, en consecuencia, un acto de la Unión, es que se hayan vulnerado los intereses de esa parte [como ejemplo de aplicación de dicha jurisprudencia, véase la sentencia de 2 de octubre de 2003, Corus UK/Comisión (C‑199/99 P, EU:C:2003:531), apartados 19 a 25]. En relación con la vulneración del principio de contradicción ante el juez de la Unión, recuérdese que, con arreglo al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solo las irregularidades de procedimiento ante el Tribunal de la Unión Europea que lesionen los intereses de la parte recurrente pueden fundamentar un recurso de casación.
30 Tanto para el Tribunal de Justicia como para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el alcance de las garantías relacionadas con el cumplimiento del principio de contradicción, considerado en sí mismo o como un elemento del derecho de defensa, puede variar, en particular, en función de las características específicas del procedimiento de que se trate [sentencia de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336), apartado 54]. Véase, en general, Fricero, N., «Le droit à une procédure civile contradictoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme», Revue trimestrielle des droits de l’homme, Anthemis, Wavre, 2016, pp. 381 a 393, en particular, pp. 388 a 390.
31 Según el artículo 17 del capítulo 25a del Código de procedimiento, si no se acuerda la admisión a trámite, la resolución dictada por el tribunal de primera instancia queda confirmada.
32 Puede establecerse una analogía a este respecto con la tramitación simplificada de los recursos de casación por el Tribunal de Justicia. En caso de recurso de casación manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá decidir su desestimación mediante auto motivado, sin oír a las partes. A la inversa, en el supuesto de un recurso de casación manifiestamente fundado, el Tribunal de Justicia solo podrá declararlo así después de haber oído a las partes (véanse, respectivamente, los artículos 181 y 182 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia).

References: Artículo 43
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 41
 resolución 
 artículo 53
 artículo 43
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 artículo 45
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 artículo 5
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 artículo 11
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 artículo 13
 artículo 14
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 artículo 17
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 artículo 18
 artículo 1
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 artículo 3
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 artículo 43
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 artículo 43
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 artículo 44
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 artículo 43
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 artículo 43
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 artículo 43
 artículo 47
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 artículo 11
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 artículo 54
in fine
 artículo 43
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 artículo 11
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in fine
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 artículo 43
 resolución 
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 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
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 artículo 43
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 artículo 43
 resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 resolución 
 artículo 66
 artículo 45
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 artículo 43
 artículo 51
 artículo 6
 artículo 18
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 artículo 44
 resolución 
 artículo 43
 artículo 41
 artículo 58
 artículo 17
 resolución