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Timestamp: 2019-02-19 06:55:04+00:00

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CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS.
CAPÍTULO III. PRINCIPIOS GENERALES Y FINALIDADES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO IV. FINANCIACIÓN.
TÍTULO II. PLANIFICACIÓN.
CAPÍTULO II. PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS.
CAPÍTULO III. PLANES ZONALES DE RESIDUOS.
CAPÍTULO IV. PLANES LOCALES DE RESIDUOS.
CAPÍTULO V. PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
CAPÍTULO VI. EFECTOS DE LOS PLANES.
TÍTULO III. DE LA PRODUCCIÓN, POSESIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
CAPÍTULO I. RÉGIMEN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE LOS RESIDUOS.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN GENERAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
CAPÍTULO III. NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS AL VERTIDO DE RESIDUOS.
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN COMÚN A LA TRANSMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
CAPÍTULO V. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES.
CAPÍTULO VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
TÍTULO IV. SUELOS CONTAMINADOS.
TÍTULO V. INSPECCIÓN, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
La ley comienza definiendo los conceptos básicos que serán aplicados en esta ley y en su posterior desarrollo reglamentario. Destaca el concepto de residuo, del que expresamente se excluyen los objetos o sustancias que no tienen modificadas sus propiedades y características originales y que se utilizan de forma directa sin someterse previamente a una operación de valorización o eliminación. Esta exclusión explícita de lugar a la distinción entre los residuos y los tradicionalmente denominados subproductos o materias primas secundarias, haciéndose eco de la evolución que dicho concepto está experimentando en el ámbito comunitario. Junto al concepto de residuo se define expresamente el vocablo desprenderse, crucial para considerar como residuo una sustancia y, sin embargo, huérfano de definición en la legislación estatal y comunitaria. Merece la pena destacar, por su importancia, el concepto de residuo peligroso, el cual se refiere no sólo a las materias y sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos, tal y como precisa la ley básica estatal, sino también a aquellas que, aun no figurando en ella, sean caracterizadas como tales en base a los criterios establecidos en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, cubriéndose de esta forma las lagunas a las que podría dar lugar una interpretación restrictiva del concepto de residuo peligroso dispuesto en la ley básica estatal.
Como instrumento bisagra entre las previsiones de los planes autonómicos y la gestión de los residuos de servicio público, se regulan los denominados proyectos de gestión. Son planes de alcance generalmente supramunicipal, que establecerán la forma en que se va llevar a cabo la construcción de las infraestructuras e instalaciones y el desarrollo de la gestión de los residuos. A través de estos planes se de cabida asimismo a la prestación del servicio por la iniciativa privada, mediante un sencillo procedimiento de concurso en el que se garantiza la pública concurrencia, para obtener la condición de adjudicatario de la gestión indirecta de este servicio.
El título IV establece el régimen aplicable a los suelos contaminados, incluyéndose, además de las previsiones de la legislación básica, disposiciones específicas relativas a la declaración de suelos contaminados así como a su posterior inclusión en el inventario de Suelos Contaminados de la Comunidad Valenciana. Se amplia el plazo fijado en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para resolver expresamente los mencionados procedimientos, señalándose un plazo máximo de un año, dadas las especiales dificultades que plantea la pronta finalización de los procedimientos en un ámbito tan complejo y necesitado de estudios técnicos como es el de los suelos contaminados.
Por último, en el título y se establece el régimen de inspección, responsabilidad administrativa y sanciones; en él se determina la responsabilidad de los distintos intervinientes en el ciclo de los residuos y se tipifican las distintas infracciones que dan lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa. La consecuencia de las infracciones es la imposición de las correspondientes sanciones tras el previo procedimiento sancionador, que se concretan en multas que en ningún caso serán inferiores al beneficio obtenido por el ilícito y en la obligación de reponer o restaurar las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida.
Nos encontramos, por tanto, ante una disposición normativa que, desde la realidad de lo existente, establece un régimen para los residuos flexible y eficaz. Una norma que, dentro del marco de la normativa básica del Estado, respeta y amplia las competencias municipales y se adelanta al resto de España con la incorporación de la más reciente normativa europea en materia de vertederos. La leyes la manifestación de una política medioambiental sostenible, basada en el mantenimiento del crecimiento de la Comunidad Valenciana con pleno respeto al medio ambiente y desde una racional utilización de los recursos.
Garantizar que los residuos se gestionarán sin poner en peligro la salud humana, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Dar prioridad a las actuaciones tendentes a prevenir y reducir la cantidad de residuos generados y su peligrosidad.
Obtener un alto nivel de protección, utilizando procedimientos o métodos que no provoquen incomodidad por el ruido o los olores, no atenten contra los paisajes o lugares de especial interés, ni perjudiquen el medio ambiente creando riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna.
Desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control que favorezcan la suficiencia, seguridad y eficiencia de las actividades de gestión de los residuos.
Asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de gestión de los residuos, promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones previstas.
Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.
Los residuos radiactivos regulados en la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear.
La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, en lo regulado en el Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal.
Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, cuando se utilicen exclusivamente en el marco de las explotaciones agrarias, en lo regulado en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y en la normativa que apruebe el Gobierno en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como residuos de materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en la fabricación de los anteriores, en lo regulado en el Reglamento de Explosivos, aprobado mediante el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza primaria de las materias primas agrícolas, cuando esten destinadas a su valorización como tratamiento de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos, de acuerdo con el apartado R.10 del anexo II.B de la Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1996.
Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo I de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de Residuos.
Desprenderse: Se entenderá por desprenderse el destinar una sustancia u objeto a una operación de valorización o de eliminación.
Residuos peligrosos: Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, aun no figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Residuos inertes: Se consideran tales los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio o perjudicar la salud humana; el lixiviado total, el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado no superarán los límites que reglamentariamente se establezcan.
Residuos urbanos o municipales: Son residuos urbanos o municipales:
Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán esta consideración, entre otros, los siguientes residuos:
Productor: Cualquier persona, física o jurídica, cuya actividad, excluida la derivada del consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Poseedor: El productor o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos.
Gestión: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental.
Recogida: Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte.
Recogida selectiva: El sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de materiales valorizables contenidos en los residuos.
Almacenamiento: El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses sí se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
Transporte: El sucesivo traslado de los residuos hasta su lugar definitivo de valorización o eliminación.
Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos con carácter previo a su traslado a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo. En ningún caso podrán almacenarse residuos en las estaciones de transferencia por tiempo superior a dos años o a seis meses sí se trata de residuos peligrosos.
Valorización: El aprovechamiento de residuos o de los recursos contenidos en los mismos mediante la recuperación, la regeneración, la reutilización y el reciclado, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto las operaciones enumeradas en la parte B de la tabla 2 del anexo I del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Recuperación: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de las materias o sustancias contenidas en los residuos.
Reutilización: El empleo de un material regenerado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Regeneración: Procedimiento al que es sometido un producto usado o desgastado a los efectos de devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización.
Tratamiento a los efectos del depósito en vertedero: Los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que modifican las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o favorecer su valorización.
Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido controlado de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto las operaciones de eliminación enumeradas en la parte A de la tabla 1 del anexo I del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Vertedero: instalación de eliminación que se destina al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. No tiene la consideración de vertedero el almacenamiento temporal de residuos por tiempo inferior a dos años o seis meses si se trata de residuos peligrosos.
Suelo contaminado: Todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen reglamentariamente.
3. Los municipios gestionarán los servicios de recogida, transporte, valorización y eliminación en materia de residuos urbanos o municipales, por si mismos o mediante agrupaciones, mancomunidades o cualquier otra modalidad previstas en la legislación local, conforme a lo establecido por los planes autonómicos de residuos.
La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos.
La coordinación, mediante los diferentes planes autonómicos de residuos previstos en esta ley, de todas las actuaciones que se desarrollen en materia de gestión de residuos en el territorio de la Comunidad Valenciana.
Declarar servicio público de titularidad autonómica o local todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados residuos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que deberá realizarse mediante norma con rango de ley formal.
La colaboración con las administraciones locales para el ejercicio de sus competencias de gestión de residuos urbanos o municipales. En especial, fomentará la valorización de residuos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 y prestará ayuda técnica para la redacción de estudios y proyectos.
Velar por la adecuada prestación de los servicios municipales obligatorios, respetando las competencias locales en la materia.
Prestar los servicios de valorización o eliminación de residuos urbanos o municipales cuando le sea atribuida la prestación del servicio a través del oportuno convenio de colaboración.
Prestar los servicios de valorización y eliminación de residuos urbanos o municipales en los supuestos de incumplimiento de la obligación por las entidades locales en los términos previstos en el artículo 6.5 o en los casos de dispensa de la obligación de prestar el servicio.
Promover las operaciones de valorización de residuos no urbanos efectuadas por particulares, pudiendo asumir estas operaciones en régimen de libre concurrencia con la iniciativa privada cuando ésta resulte insuficiente o inadecuada.
Elaborar propuestas de revisión del plan integral así como de los planes zonales de residuos.
Celebrar convenios y, en general, fomentar actuaciones de cooperación con las entidades locales para integrar o apoyar los servicios de gestión de residuos de competencia local, así como apoyar la creación de consorcios o mancomunidades municipales de gestión de residuos urbanos o municipales en desarrollo de las previsiones de los planes autonómicos de residuos.
Construir o explotar, directamente o mediante la celebración de convenios o la constitución o participación en sociedades, instalaciones públicas supramunicipales de gestión de residuos.
Las funciones que se le encomienden en materia de envases y residuos de envases.
Colaborar en la recaudación de los tributos establecidos para la gestión de los servicios de residuos de competencia autonómica.
Promover la participación de los agentes económicos y sociales en todas las cuestiones relacionadas con la reducción, la valorización y la eliminación de residuos.
Impulsar y desarrollar programas de formación ambiental, información, sensibilización y concienciación social en el ámbito de los residuos.
Promover, impulsar y desarrollar programas de investigación y desarrollo de tecnologías limpias en colaboración con el Centro de Tecnologías Limpias que se creará reglamentariamente con el fin de integrar las actuaciones que emprenda la Consejería competente en medio ambiente dentro de un programa especifico de prevención y control integrado de la contaminación.
Cualesquiera otras que en relación con esta ley le sean atribuidas.
Un Consejo de Dirección.
Un Presidente, que será el Consejero competente en medio ambiente.
Las dotaciones correspondientes asignadas en los Presupuestos de la Generalidad.
Las aportaciones de la Administración General del Estado.
Las subvenciones con cargo a fondos o programas de la Unión Europea.
Los créditos, préstamos, empréstitos y cualesquiera otras operaciones financieras que pueda contratar.
Cualquier otro recurso público o privado que se pueda asignar al cumplimiento de sus fines.
PRINCIPIOS GENERALES Y FINALIDADES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
Promover la reducción de los residuos y de su peligrosidad.
Valorizar los residuos, mediante su reutilización, reciclado, recuperación o cualquier otro procedimiento destinado al aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos.
Promover las infraestructuras que garanticen la gestión de los residuos originados en la Comunidad Valenciana conforme a los principios de autosuficiencia y proximidad.
Evitar la eliminación de los residuos susceptibles de valorización.
Fomentar el uso de productos recuperados o elaborados total o parcialmente con materiales reciclados.
Impedir el depósito incontrolado de residuos y promover la regeneración de los espacios degradados como consecuencia de los mismos.
Garantizar la seguridad en el transporte y el traslado de residuos.
Impulsar la participación de la sociedad mediante el desarrollo de programas de formación ambiental, información, sensibilización y concienciación social.
Facilitar el diálogo y compromiso, así como en su caso la consecución de acuerdos concretos, entre las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales y del asociacionismo ecologista y ciudadano.
2. A fin de asegurar la coherencia y la efectividad de estas acciones en materia de gestión de residuos, se atribuye a la Generalidad la facultad de coordinar la actuación de las entidades locales en el ejercicio de aquellas competencias que trasciendan los intereses locales y esten comprendidas dentro de los objetivos de la presente Ley; con este fin podrá actuar por sustitución en los casos establecidos en el artículo 6.5 de la presente Ley.
El uso de tecnologías limpias que permitan un mayor ahorro y la utilización racional de los recursos naturales, dentro del programa de actuaciones del Centro de Tecnologías Limpias.
El diseño, la fabricación, la comercialización y el uso de productos que generen el menor impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida, y que permitan su valorización.
La utilización de técnicas adecuadas para el tratamiento de las sustancias peligrosas contenidas en los residuos destinados a valorización o eliminación.
La elaboración y cumplimiento de programas de prevención por los productores de residuos en los términos previstos en la presente Ley.
Los programas de divulgación y de concienciación ciudadana y las acciones de apoyo y colaboración a los sectores industriales para la investigación y desarrollo de tecnologías limpias.
La recogida selectiva de todos aquellos componentes susceptibles de ser recuperados, reutilizados o reciclados.
La separación de componentes que, aun no siendo recogidos selectivamente, puedan ser objeto de reciclado o recuperación.
El reciclado de los residuos mediante su transformación para su fin inicial o para otros fines.
La recuperación de las materias o sustancias contenidas en los residuos.
La utilización de los residuos como fuente de energía.
Vertedero para residuos peligrosos.
Vertedero para residuos no peligrosos.
Vertedero para residuos inertes.
En el marco de los criterios públicos de actuación, se desarrollaren acciones de formación y concienciación ciudadana dirigidas a:
Informar de las consecuencias nocivas para el ambiente y la salud que puede conllevar el uso no adecuado de productos que generen residuos.
Promover la participación activa en la implantación de la recogida selectiva y, en especial, de la separación domiciliaria de residuos.
Fomentar la disminución del uso de envases y embalajes innecesarios, principalmente los de difícil reutilización o reciclado.
Evitar los vertidos de residuos incontrolados y promover la regeneración de los espacios afectados.
Favorecer el uso del compostaje y de los productos hechos con materia prima reciclada.
Potenciar la educación ambiental en materia de residuos en todos los niveles educativos.
Las tasas obtenidas por la prestación de los servicios de gestión de residuos, recaudadas por las administraciones municipal y autonómica.
Los precios privados obtenidos por las empresas legalmente autorizadas para intervenir en la gestión.
Las subvenciones asignadas a gestores públicos o privados.
Cualquier otro tributo que pueda establecerse para la financiación de las operaciones de gestión de residuos.
Reglamentariamente se creará un Fondo Ambiental de Gestión de Residuos con el objeto de financiar las inversiones por obras y servicios que sean servicio público de la Generalidad o de la administración local, que no esten suficientemente desarrolladas por la iniciativa privada, o aquellos destinados a las tareas de recuperación de áreas degradadas.
Plan integral de Residuos.
Planes zonales de residuos.
Planes locales de residuos.
Prevenir o reducir la producción de residuos y su nocividad.
Garantizar que todo residuo susceptible de ser valorizado se destinará a tales fines, fomentando la recogida selectiva, la reutilización, recuperación, el reciclado y el uso como fuente de energía.
La determinación y distribución en el territorio del conjunto de instalaciones de gestión necesarias para garantizar los principios de autosuficiencia y proximidad en la gestión de residuos generados en la Comunidad Valenciana.
Evitar el depósito incontrolado de residuos.
2. El ámbito del Plan integral de Residuos comprende la totalidad del territorio de la Comunidad Valenciana, que será dividido en zonas a fin de conseguir una mayor operatividad en la gestión de los residuos
3. El Plan integral de Residuos podrá ejecutarse directamente o a través del correspondiente plan zonal y proyecto de gestión. La ejecución de las previsiones contenidas en el Plan integral de Residuos y relativas a los residuos urbanos del artículo 4.e), apartado 1), de esta ley, a excepción de los envases y residuos de envases a los que se refiere la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, requerirá en todo caso el correspondiente plan zonal y proyecto de gestión.
Análisis y diagnóstico de la situación existente en la gestión de residuos.
Definición de los objetivos a conseguir de acuerdo con la evaluación territorializada de las necesidades en materia de gestión de residuos en la Comunidad Valenciana.
Las directrices y los criterios que, de acuerdo con esta ley, deben regir la gestión de los residuos en la Comunidad Valenciana.
Inventario de los tipos, cantidad y origen de los residuos que previsiblemente van a ser objeto de producción o gestión en la Comunidad Valenciana durante la vigencia del plan.
Las medidas a adoptar para el fomento de la reducción, prevención de su generación y valorización.
Prescripciones técnicas generales para las operaciones de gestión de residuos.
Justificación y definición del esquema general de las infraestructuras, obras e instalaciones que se prevean, de acuerdo con el principio de autosuficiencia en la gestión de los recursos generados en la Comunidad Valenciana.
Criterios que han de considerarse para la localización de infraestructuras de gestión de residuos.
Las disposiciones especiales sobre residuos particulares que se entiendan necesarias.
La estimación de los costes para la ejecución del plan y los medios de financiación para su ejecución.
Criterios para el desarrollo de otros planes, distinguiendo el contenido no vinculante del plan de aquel que tiene carácter normativo y vinculante no modificable por los planes zonales de residuos.
Previsiones de coordinación con otras administraciones sectoriales.
La estimación de las necesidades de empleo y su previsible cualificación.
Programas de divulgación e información ciudadana.
Una memoria de información.
Una memoria de justificación.
Un documento de ordenación no vinculante.
Un documento de ordenación normativo y vinculante.
El ámbito territorial sobre el que se aplica, teniendo en cuenta en todo caso la demarcación territorial de las entidades locales.
La categoría o tipo de residuo cuya gestión ordena.
La cantidad de estos residuos producidos y las previsiones de los residuos a gestionar, que deberán incluir, con carácter temporal y justificado, la posibilidad de gestionar los residuos provenientes de otras zonas.
Definición de los objetivos de valorización y eliminación.
Medidas para la consecución de los objetivos marcados.
Infraestructuras para la gestión: número y tipo de instalaciones así como sus características generales.
Identificación de las zonas aptas para la implantación de las distintas infraestructuras o condiciones territoriales y ambientales para dicha implantación; estableciendo las afecciones por razón del territorio: aptitud geológica, espacios protegidos, infraestructuras, suelos urbanos y otros elementos que por su importancia resulten afectados.
Criterios de compensación a favor del municipio o municipios en que se realiza la valorización y eliminación de los residuos.
En caso de residuos de competencia municipal, las condiciones que garanticen la eficacia de actuación de las mancomunidades, consorcios u otras fórmulas de asociación entre si o con otras administraciones reconocidas en la normativa sobre régimen local, para el desarrollo de las operaciones de gestión de dichos residuos. En todo caso deberá incluirse que:
Representen al menos a más del 50 % de la población de los municipios incluidos en la zona.
Criterios para el desarrollo, en su caso, por los proyectos de gestión.
Otras determinaciones que se estimen necesarias o convenientes por las características del residuo a gestionar o del ámbito territorial sobre el que se aplica.
Un documento de información constituido por una memoria informativa, un análisis y un diagnóstico.
Un documento de ordenación constituido por:
2. Una vez formulado el documento y, en su caso, admitido a trámite por el Consejero competente en medio ambiente, lo someterá a información pública por el plazo de un mes, mediante sendos anuncios publicados en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana y en uno de los periódicos de información general de mayor circulación en la Comunidad Valenciana. Durante la información pública se podrán presentar alegaciones y sugerencias.
7. Aprobado el plan zonal se procederá a su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana.
3, igualmente, los planes locales implantarán la recogida selectiva como fase imprescindible para la valorización de los residuos.
El ámbito territorial via categoría o tipo de residuo que constituye su objeto, siempre en referencia al plan zonal.
La localización, dimensiones y características de las infraestructuras, obras e instalaciones necesarias para la realización del proyecto de gestión, a nivel de anteproyecto.
El calendario de ejecución de las infraestructuras e instalaciones y el plazo en el que finalizarán las obras y se pondrá en funcionamiento el servicio de gestión de residuos.
Se establecerá el plazo de duración de la gestión del servicio.
Aquellas otras que vengan establecidas por el plan zonal que desarrollen.
Las técnicas de valorización y eliminación de residuos. La recogida y el transporte podrán ser realizados por cada municipio o adjudicados de forma independiente.
Justificación del cumplimiento de los objetivos de valorización y eliminación conforme a lo establecido por el Plan integral de Residuos y el plan zonal.
Los compromisos asumidos, distinguiendo entre aquellos que sean mínimos e imprescindibles y aquellos otros de mejora o complementarios.
La constitución de las garantías conforme a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
La forma de prestación del servicio de la gestión de los residuos, que podrá ser directa o indirecta.
Los estudios y compromisos económico-financieros relativos a las inversiones y a la financiación de las actuaciones a realizar. Todos los costes de las obras, instalaciones, explotación y cualquier otro derivado de su construcción o gestión serán a cargo del adjudicatario.
Plazo, forma y condiciones en que, en su caso, revertirán las instalaciones y los terrenos a la administración.
3. La publicación se realizará mediante sendos anuncios en uno de los diarios de información general de mayor circulación en la Comunidad Valenciana y en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. También será objeto de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas cuando así se exija por razón de la cuantía.
Adjudicar el proyecto de gestión.
Adjudicar el proyecto introduciendo las modificaciones que justificadamente considere convenientes para una mejor gestión de los servicios.
Declarar la gestión de los residuos de gestión directa, asumiendo alguno de los proyectos presentados. En este caso, se indemnizará al promotor del proyecto por los gastos del proyecto realizado.
Declarar desierto el concurso, por considerar que ninguno de los proyectos presentados garantiza la adecuada gestión de los residuos en los términos establecidos por esta Ley o por los planes que desarrolla.
EFECTOS DE LOS PLANES.
DE LA PRODUCCIÓN, POSESIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. Derogadas las disposiciones referentes a las autorizaciones de producción y gestión de residuos por Ley 2/2006, de 5 de mayo.
RÉGIMEN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE LOS RESIDUOS.
4. Las autorizaciones sólo podrán ser denegadas en aquellos casos en los que no esten suficientemente acreditadas las operaciones a realizar con los residuos, o cuando la gestión prevista para los mismos no se ajuste a lo dispuesto en los planes nacionales o autonómicos de residuos.
1. Los productores o poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por si mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio que comprenda estas operaciones.
2. Todo productor o poseedor de residuos estará obligado a mantener los residuos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene hasta que proceda por si a su eliminación o los entregue a un gestor debidamente autorizado.
5. Los productores de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, en función de la actividad y volumen de residuos generados, estarán obligados a declarar a la Consejería competente en medio ambiente los residuos producidos en el proceso de fabricación y el resultado cualitativo y cuantitativo de las operaciones efectuadas con los mismos. Quedarán exentos de esta obligación aquellos productores respecto de sus centros de producción registrados en el sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría previsto en el Reglamento (CEE) 1.836/1 993, del Consejo, de 29 de junio de 1993, y desarrollado por la Orden de 5 de marzo de 1999, de la Consejería de Medio Ambiente.
RÉGIMEN GENERAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
En el Catálogo de Residuos de la Comunidad Valenciana y en su normativa de desarrollo, la Consejería competente en medio ambiente especificará que residuos tienen la consideración de asimilables a urbanos o municipales a los efectos de la presente Ley.
Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social.
Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado.
Fecha y plazo de duración de la autorización, así como, en su caso, de las correspondientes prórrogas.
NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS AL VERTIDO DE RESIDUOS.
Los esparcimientos de lodos, incluidos los lodos de depuradora y los procedentes de operaciones de dragado, y de materias análogas en la superficie del suelo con fines de fertilización propia.
La utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración/acondicionamiento y colmatación, o con fines de construcción en vertederos.
El depósito de lodos de dragados no peligrosos a lo largo de pequeñas vías de navegación de las que se hayan extraído y de lodos no peligrosos en aguas superficiales, incluido el lecho y su subsuelo.
El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la prospección, extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así como del funcionamiento de las canteras.
Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.
Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:
Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes.
Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo I del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo I del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros.
Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan de conformidad con la normativa comunitaria.
RÉGIMEN COMÚN A LA TRANSMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES.
4. Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
1. Con el fin de elaborar el inventario de Suelos Contaminados de la Comunidad Valenciana, la Consejería competente en medio ambiente hará un inventario de suelos potencialmente contaminados existentes en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con los antecedentes y los informes de que se disponga sobre los emplazamientos que esten o que pudieran haber estado afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como todos aquellos supuestos en que fuere presumible la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso.
2. La Consejería competente en medio ambiente, en la forma que se determine reglamentariamente, evaluará los riesgos que para la salud humana o el medio ambiente pudieran representar los suelos potencialmente contaminados incluidos en el inventario a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con los criterios y estándares que, en función de la naturaleza y de los usos, se determinen.
Los sujetos obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2, segundo párrafo, de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
La delimitación del suelo contaminado.
Las operaciones de limpieza y recuperación, así como su forma y plazo de ejecución. La Consejería competente en medio ambiente podrá autorizar acuerdos voluntarios en los que se establezcan operaciones de limpieza y recuperación, formas de llevarlas a cabo y plazos distintos a los contenidos en la declaración de suelo contaminado, siempre y cuando se garanticen los fines de recuperación del suelo, de conformidad con lo establecido en la evaluación de riesgos.
Los usos a los que podrá destinarse el suelo, tanto mientras subsista la declaración, como los usos futuros una vez recuperado el suelo.
INSPECCIÓN, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
2. Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados y siempre que la entrega se realice cumpliendo tanto los requisitos legales que dispone la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como los establecidos en el marco de la presente Ley y en su normativa de desarrollo. En todo caso, la cesión ha de constar en documento fehaciente, igualmente, los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan derivarse de tales residuos, siempre que los hayan entregado a las entidades locales o a los gestores autorizados por éstas, observando las respectivas ordenanzas y demás normativa aplicable.
Cuando el poseedor o el gestor de residuos haga su entrega a persona física o jurídica distinta de las señaladas en esta Ley o que no esté autorizada para ello.
Cuando sean varios los responsables de algún deterioro ambiental o de los daños y perjuicios causados a terceros y no fuese posible determinar el grado de participación de las diferentes personas físicas o jurídicas en la realización de la infracción.
El ejercicio de una actividad descrita en esta Ley sin la preceptiva autorización, o con ella caducada o suspendida; el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
El ejercicio de una actividad descrita en esta Ley sin la preceptiva autorización, o con ella caducada o suspendida, o el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica, cuando la conducta tenga lugar en espacios protegidos en función de su valor ecológico.
El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos, en el territorio de Comunidad Valenciana.
El abandono, vertido o eliminación incontrolados en el territorio de la Comunidad Valenciana de cualquier otro tipo de residuos, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en esta Ley.
La ocultación o alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos para la obtención de cualquier autorización, permisos o licencias relacionados con el ejercicio de las actividades reguladas en esta Ley.
La ocultación, falsedad o manipulación de los datos aportados en virtud de las obligaciones exigidas por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización.
El ejercicio de una actividad descrita en la presente Ley sin la preceptiva autorización, o con ella caducada o suspendida, o el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuo no peligroso, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación o falseamiento de los datos exigidos por la presente Ley y por la demás normativa aplicable, o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación.
La falta de constitución de los seguros, fianzas o garantías previstos en la presente Ley, o de su renovación, cuando sean obligatorias.
La entrega, venta o cesión de cualquier tipo de residuo, salvo los residuos peligrosos, a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en esta Ley o que no posean la debida autorización para la gestión, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las disposiciones establecidas en esta Ley.
La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 3 del presente artículo, cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la administración de acuerdo con lo establecido por esta Ley o por la demás normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en las autorizaciones.
La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo, cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.
Cualquier infracción a lo establecido en esta Ley o en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones, cuando no esté tipificada como muy grave o grave.
Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e) y f) del artículo 73.3, de las infracciones muy graves, inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente Ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.
Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e) y f) del artículo 73.4, inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente Ley por un período de tiempo de hasta un año.
1. Con independencia de las sanciones que puedan corresponder en concepto de sanción, si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, los órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coercitivas, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el 20 % de la sanción establecida
A la Dirección General competente en materia de residuos por infracciones leves.
Al Consejero competente en medio ambiente por infracciones graves y muy graves, hasta la cuantía de 100.000.000 de pesetas.
Al Gobierno Valenciano por infracciones muy graves de cuantía superior a los 100.000.000 de pesetas.
Clausura temporal, parcial o total, de la instalación.
Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad.
El órgano que ejerza la potestad sancionadora podrá acordar la publicación, en el diario oficial correspondiente y a través de los medios de comunicación social que considere oportunos, de las infracciones cometidas, así como las sanciones impuestas y los nombres y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, siempre que hubieran adquirido ya el carácter de firmes, igualmente, se hará pública la efectiva restitución de los daños ambientales.
3. Si los residuos regulados en esta disposición adicional son utilizados en la forma señalada, de conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se considerara que no se ha producido una operación de vertido a los efectos establecidos en el artículo 92 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Los planes zonales, en cuyo ámbito se encuentren estas instalaciones, las deberán tener en consideración y establecer el régimen en el que desarrollaren su actividad.
Hasta tanto se produzcan los desarrollos reglamentarios previstos en el artículo 57, las condiciones de las autorizaciones de los nuevos vertederos serán las establecidas en el régimen vigente y en el anexo I de la Directiva 1999/31/CE, del Consejo de la Unión Europea.
Lo dispuesto en el artículo 58 referente a los costes del vertido de residuos, entrará en vigor en el momento de la transposición de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea, relativa al vertido de residuos.
Las funciones de la Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la presente Ley, hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollaren por la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana.
Valres, S.L.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 42
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 92
 artículo 57
 artículo 58