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Timestamp: 2018-05-25 03:21:35+00:00

Document:
Procede indemnización en favor de trabajador al que empleadora detectó enfermedad psicosomática y no evitó exponerlo hasta su incapacidad permanente - Actualidad Civil
CAS. N.° 1138-2015 Lima
Emitida el 28 de marzo del 2016
Artículo 1985 del Código Civil
[…] Denota que la enfermedad del demandante, fue diagnosticada por el área de Salud de la demandada en el año mil novecientos noventa y tres y, que pese a las recomendaciones médicas sobre su traslado hacia dependencias administrativas que faciliten su tratamiento y recuperación, ésta no ejecutó acto alguno que coadyuve con su recuperación de forma inmediata originando con su conducta omisiva que se acreciente su malestar, máxime si del texto de la Resolución Ministerial número 560-2008/DE/SG (folios 53), se desprende que la decisión de pasar a la situación de retiro al actor en el año dos mil seis, tiene como origen la incapacidad psicosomática por dolencia adquirida con ocasión del servicio […].
CAS. N.° 1138-2015
SUMILLA. La debida motivación de las resoluciones judiciales. Es a la vez un principio y un derecho, que forma parte del debido proceso, preceptuado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante con el inciso 3 del artículo 139 del mismo cuerpo normativo, así como en el inciso 6 del artículo 50 e incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. En tal orden de ideas, se aprecia que las instancias de mérito han emitido sus fallos consignando sus consideraciones de hecho y de derecho en forma ordenada y coherente, dando estricto cumplimiento al deber de motivación preceptuado en la Constitución del Estado.
Lima, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.
Se trata del recurso de casación interpuesto por la Fuerza Aérea del Perú (folios 316) contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número veinticuatro del veintiséis de enero de dos mil quince (folios 292) expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual confirmó la apelada contenida en la Resolución número dieciséis, del catorce de marzo de dos mil catorce (folios 227) la cual declaró fundada en parte la demanda, sin costas ni costos procesales; la revoca en cuanto ordena a la demandada que pague a favor del demandante la suma de cincuenta mil soles (S/.50,000.00) por Daño Moral y ciento cincuenta mil soles (S/.150,000.00) por Daño a la Persona; y reformándola ordenaron que la demandada pague a favor del actor la suma ascendente a cien mil soles (S/.100,000.00) por concepto de Daño Moral, en vía de integración, ordenaron el pago de intereses legales computados desde la fecha de la citación con la demanda.
Esta Sala Suprema mediante la Resolución del veintidós de julio de dos mil quince (folios 47 del cuadernillo de casación) ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de: Infracción normativa procesal del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; argumentó la recurrente que en la sentencia de vista no se ha valorado el material probatorio en forma conjunta, ni se ha establecido la finalidad de los medios probatorios, refiere que la Sala Superior no ha motivado los argumentos de hecho con relación a las razones por las cuales concluyó que la Fuerza Aérea del Perú no actuó diligentemente. En este sentido, señala que si bien es cierto no corresponde a la Sala Suprema analizar las conclusiones a las que llegó la instancia de mérito sobre las cuestiones de hecho, ni las relativas a la valoración de la prueba examinada en instancia, sin embargo, es factible el control casatorio tratándose de infracciones de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que establecen que el Juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, en esa línea de pensamiento, el artículo 188 del Código Procesal Civil, establece que la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, norma procesal cuya aplicación resulta ser de carácter imperativo por disposición expresa del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
PRIMERO. Antes de absolver los extremos denunciados por la parte recurrente, conviene hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se aprecia que Ricardo Samuel De La Torre Castro (folios 59), interpone demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil Contractual contra la Fuerza Área del Perú, solicitando que ésta cumpla con pagar la suma total de trescientos mil soles (S/.300,000.00) por concepto de indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Contractual, suma que deberá abonar la demandada a favor del recurrente por los siguientes conceptos: quince mil soles (S/.15,000.00) por Lucro Cesante, cinco mil soles (S/.5,000.00) por Daño Emergente, cien mil soles (S/.100,000.00) por Daño Moral y ciento ochenta mil soles (S/.180,000.00) por Daño a la Persona.
SEGUNDO. La Fuerza Aérea del Perú al contestar la demanda (folios 93) alega que los documentos presentados por el demandante son atenciones ambulatorias e informes médicos, los cuales no tienen mérito probatorio como los emitidos por la Junta de Sanidad que determinan su inaptitud para la vida militar, lo cual recién se suscitó con el Acta de Junta de Sanidad número 0104 del veinte de marzo de dos mil seis y Acta Ampliatoria número 268 del veintiséis de mayo de dos mil seis, recomendando pasar a la situación militar de retiro por dolencia psicofísica adquirida a consecuencia del servicio, dolencia que es de carácter total, permanente e incurable que lo incapacita para realizar actividades inherentes a la vida militar y para desempeñarse laboralmente en la vida civil, en tal sentido, la Fuerza Aérea, no tiene responsabilidad civil contractual, ya que ha cumplido en su oportunidad con brindar atención de salud al demandante, recomendando efectuar su reclasificación a labores administrativas y encargando a las unidades donde laboraba que le brinden facilidades para acudir a sus controles quincenales en la sección de psiquiatría. Además, refiere que debe merituarse que desde el veintinueve de diciembre de dos mil seis, el demandante ya se encontraba en situación militar de retiro, sin realizar actividad en la Fuerza Aérea del Perú, por lo que, no se ha perjudicado la recuperación o atención del demandante.
TERCERO. La sentencia de primera instancia, contenida en la Resolución número dieciséis (folios 227), del catorce de marzo de dos mil catorce, declaró fundada en parte la demanda interpuesta, considerando al respecto que el demandante adolecía de trastornos mentales desde antigua data, coligiéndose además que en mayo de mil novecientos noventa y tres, fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, padecimiento que no fue tratado adecuadamente, ni se le concedió al demandante sede distinta al que venía desempeñándose, precisamente concomitante con aquel cuadro de estrés postraumático que fue detectado en aquella época, siendo innegable que sus labores han debido ceñirse a aspectos administrativos y otros análogos, pero especialmente desligado de la actividad riesgosa que venía ejerciendo en zonas denominadas de “Emergencia”, lo cual ciertamente agravó su situación, conllevando y determinando incapacidad absoluta. Que, ha existido negligencia inexcusable al haberse sometido al demandante a constante riesgo, no obstante, haberse diagnosticado un mal que por su naturaleza le impedía ejercer tal actividad, lo que en buena cuenta demuestra fehacientemente que el actor desmejoró notablemente, todo por no haberse adoptado medidas de prevención cuando aún se hallaba en buen estado de salud. Que, se encuentra acreditado el Daño Moral en cuanto se ha afectado a la víctima y a su familia, por lo que, debe ser objeto de reparación al igual que el Daño a la Persona que implica el empeoramiento de su salud en la medida que no tuvo atención oportuna brindándosele no solo atención médica sino fundamentalmente, se le haya asignado un puesto de trabajo que significará no estar sometido a constantes situaciones de estrés como es ejercer labor en la denominada zona de emergencia.
CUARTO. Apelada dicha resolución por la Fuerza Aérea del Perú (folios 242), la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emite la Resolución número veinticuatro (folios 292), del veintiséis de enero de dos mil quince, confirma la apelada que resolvió declarar fundada en parte la demanda y revoca la misma en cuanto ordena el pago de cincuenta mil soles (S/.50,000.00) por Daño Moral y ciento cincuenta mil soles (S/.150,000.00) por Daño a la Persona, reformándola ordenaron que la demandada pague a favor del actor la suma ascendente a cien mil soles por Daño Moral (S/.100,000.00) y, en vía de integración, ordena el pago de los intereses legales. Precisa en su parte considerativa que la enfermedad psicosomática que padece el demandante fue causada dentro del desempeño laboral en acto de servicio y que la actividad laboral que desarrollaba en la entidad demandada incrementaba el riesgo para la vida e integridad física del actor debido a su permanencia en zonas de emergencia, hecho que no era ajeno al conocimiento de la emplazada, puesto que la enfermedad que dicha parte padece fue diagnosticada desde el año mil novecientos noventa y tres, según documentación que obra en el legajo del actor, conforme se ha reconocido en la mencionada Resolución Ministerial número 560-2008/DE/SG (folios 53), habiéndose recomendado su reclasificación a labores administrativas, tal como se constata del comunicado (folio 3), el Informe Médico (folio 7) y el Acta número 0097-99 (folio 8), verificándose así la relación de causalidad entre la conducta atribuida a la demandada y los daños ocasionados al accionante. Que, versando la controversia sobre responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, se debe precisar que los artículos 1321 y 1322 del Código Civil aluden al resarcimiento del Daño Emergente, Lucro Cesante y Daño Moral, no haciendo mención expresa al Daño a la Persona, como sí se efectúa en el artículo 1985 del mismo cuerpo legal, que corresponde al Régimen de Responsabilidad Civil Extracontractual, por lo que, al haber quedado establecido que el demandante padece de una enfermedad diagnosticada como “trastorno de estrés post traumático crónico con cambios permanentes en personalidad y síntomas paranoides”, que se origina como consecuencia de los hechos esbozados en el octavo considerando, consta que dicha parte afronta un padecimiento de salud de carácter total, permanente e incurable que es imputable a la demandada, requiriendo el actor de un tratamiento farmacológico permanente, en tal virtud, el Colegiado considera conceder la suma de cien mil soles (S/.100,000.00) por concepto de Daño Moral.
QUINTO. En el presente caso, es de verse que el demandante esgrime como fundamentos de su pretensión: Que, ingresó a laborar en la Fuerza Aérea del Perú como personal militar subalterno, siendo una persona apta y capacitada para la actividad militar, relación contractual que mantuvo por veintitrés (23) años y cuatro (04) meses, al término del cual pasó a situación de retiro. Que, desde el año mil novecientos ochenta y cinco a mil novecientos noventa y seis prestó servicios en las instalaciones y destacamentos ubicados en Zonas de Emergencia (Ayacucho, Iquitos, Tingo María, Juanjui, Tocache, Uchiza y Yurimaguas). Que, como consecuencia de la naturaleza de los servicios prestados, el recurrente fue adquiriendo una enfermedad psicosomática que iba menguando su normal desenvolvimiento, lo cual fue notado por la Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú desde el año mil novecientos noventa y tres a través de sus profesionales médicos psiquiatras y psicólogos quienes hicieron recomendaciones de orden médico a las diferentes unidades donde el recurrente prestó servicios. Que, a pesar de las indicaciones médicas, la institución a través de sus órganos superiores, no aceptaron las recomendaciones ni procedieron a reclasificarlo a algún destacamento o unidad para labores administrativas, peor aún, perjudicaron la recuperación del recurrente, destacándolo a unidades donde existía peligro y ponía en riesgo su vida, lo cual ha menoscabado su salud, al haber prestado servicios en condiciones inapropiadas para su recuperación debido a que sufría de trastornos en su salud mental y desarrollaba labores de seguridad, patrullaje, mantenimiento de vehículos motorizados y equipos contraincendios en las diversas zonas de peligro catalogadas como zonas de emergencia.
SEXTO. El Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento jurídico sétimo de la sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-HC, del trece de octubre de dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial El Peruano el veintitrés de octubre del mismo año, que: “[...] Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque sólo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico”; en igual sentido en el Expediente número 01412-2007- PA/TC que: “[...] 8. Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante y sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. [...]”.
SÉTIMO. Asimismo, la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales constituye un elemento del Debido Proceso y, además, se ha considerado como Principio y Derecho de la Función Jurisdiccional, consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, norma constitucional que ha sido recogida en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, inciso 6 del artículo 50, e incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, y cuya contravención origina la nulidad de la resolución, de acuerdo lo disponen las dos últimas normas procesales señaladas.
OCTAVO. Conforme se desprende de los actuados, la demandada reconoce que el actor prestó servicios como personal subalterno de la Fuerza Aérea del Perú, ahora, tal como fue invocado por las instancias de mérito, mediante el Informe Médico IV-160-2-DMPS número 0018 del doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho (folio 5) elaborado por el Jefe de la Sección de Psiquiatría, se precisa que el demandante presenta cuadro de estado paranoide, con recomendaciones de concesión de tolerancia médica, cuya evolución tiende a ser desfavorable por no acudir a sus citas programadas y por no conseguir la medicación respectiva para su dolencia, recomendando, control quincenal en la Sección Psiquiatría del HCFAP y se sugiere que su Unidad le brinde las facilidades del caso para acudir a sus controles quincenales. De otro lado, según lo referido en el considerando vigésimo tercero de la Resolución Ministerial número 560-2008/DE/SG del once de junio de dos mil ocho (folios 53): “[...] el mencionado personal subalterno ha podido acreditar que prestó servicios de reparación y mantenimiento de helicópteros y equipos contraincendios así como de recarga de combustible en diferentes zonas de emergencia durante los años 1984 a 1996, siendo que las primeras manifestaciones de alteración psiquiátrica se presentaron en el año 1993, de acuerdo a los documentos que obran en su Legajo Personal”. Asimismo, según el Acta número 0056-05 del veinte de diciembre de dos mil cinco (folios 15) elaborado por la Junta de Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú, detalla en el rubro “Antecedentes”, que el demandante acudió al consultorio externo el veintisiete de mayo de dos mil tres por presentar ideas de daño, alucinaciones auditivas, ideas de auto referencia, ansiedad marcada e inquietud motora, por lo que es internado en el Servicio de Psiquiatría, que, posteriormente, mediante el Informe DMPS número 0118 del veinte de junio de dos mil tres, el Médico Psiquiatra informa que el paciente acudió a una consulta externa de la especialidad el veintisiete de mayo de dos mil tres y que al evidenciar alucinaciones auditivas, ideas de daño y de autoreferencia, determinaron su hospitalización para estabilizarlo y brindarle tratamiento integral, observándose leve mejoría, pero requiere continuar internado para compensación de la sintomatología, recomendando continuar con tratamiento en hospitalización y ser considerado a órdenes de la Junta de Sanidad como enfermo a largo plazo por presentar diagnóstico de trastorno delirante persistente.
NOVENO. Lo antes expuesto, denota que la enfermedad del demandante, fue diagnosticada por el área de Salud de la demandada en el año mil novecientos noventa y tres y, que pese a las recomendaciones médicas sobre su traslado hacia dependencias administrativas que faciliten su tratamiento y recuperación, ésta no ejecutó acto alguno que coadyuve con su recuperación de forma inmediata originando con su conducta omisiva que se acreciente su malestar, máxime si del texto de la Resolución Ministerial número 560-2008/DE/SG (folios 53), se desprende que la decisión de pasar a la situación de retiro al actor en el año dos mil seis, tiene como origen la incapacidad psicosomática por dolencia adquirida con ocasión del servicio, es así que ésta resolución dictada justamente por la entidad emplazada, refuerza la premisa que el desempeño de las labores del actor en zonas de emergencia, generaron una constante tensión debido al incremento de riesgo para su vida e integridad personal y, que la falta de atención oportuna de la demandada desencadenó que éste quede incapacitado para ejercer sus labores cotidianas, evolución degenerativa que se evidencia de los Informes Médicos (folios 7, 8, 15, 20, 26, 30 y 53) y que trajo como consecuencia ser considerado como no apto para la vida militar, lo cual le generó daño moral pasible de ser resarcido por la demandada, apreciaciones que resultan coincidentes con las expuestas por el Colegiado Superior.
DÉCIMO. En tal orden de ideas, se aprecia que las instancias de mérito han emitido sus fallos consignando sus consideraciones de hecho y de derecho en forma ordenada y coherente, dando estricto cumplimiento al deber de motivación contenido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante con el inciso 3 del artículo 139 del mismo cuerpo normativo, así como en el inciso 6 del artículos 50 e incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, además, se evidencia que han efectuado una debida valoración de los medios probatorios ofrecidos por las partes que tienen relevancia para la dilucidación de la controversia planteada en el proceso, con lo que se puede concluir que los Jueces Superiores no han incurrido en la infracción normativa denunciada, ya que cumplieron con el deber de observar la garantía constitucional contenida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.
Fundamentos por los cuales, de conformidad con lo regulado en el artículo 397 del Código Procesal Civil: 4.1. Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Fuerza Aérea del Perú (folios 316); en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista contenida en la Resolución número veinticuatro del veintiséis de enero de dos mil quince (folios 292) expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 4.2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Ricardo Samuel De La Torre Castro con la Fuerza Aérea del Perú, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. Ponente Señor Romero Díaz, Juez Supremo.
SS. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DIAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA.

References: Artículo 1985
 Resolución 
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 50
 artículo 122
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 139
 artículo 188
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1985
 artículo 139
 artículo 12
 artículo 50
 artículo 122
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 resolución 
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 122
 artículo 139
 artículo 397
 Resolución 
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