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Timestamp: 2020-05-25 07:33:16+00:00

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Principales pronunciamientos judiciales en colombia respecto a la erradicación de cultivos de uso ilícito - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
Principales pronunciamientos judiciales en colombia respecto a la erradicación de cultivos de uso ilícito.
Conversatorio Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario. Septiembre 5 de 2003Planteamientos de la Defensoría frente al programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato[1]
En consecuencia, se puede señalar que las aspersiones, en algunos casos, afectan acueductos y nacimientos y fuentes de agua, estarían vinculadas al incremento de las consultas médicas y de las quejas que se reciben por daños en la salud, relacionadas con infecciones gastrointestinales, enfermedades en la piel, irritación en los ojos, entre otras [4].
En noviembre de 2001, el entonces Ministerio del Medio Ambiente, luego de más de 20 años de llevarse a cabo las fumigaciones aéreas con plaguicidas, impuso a la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE- el PECIG [5][5]. El PMA definido por el citado Ministerio está contenido en once fichas, en las que se establecen las medidas de: (i) prevención, (ii) mitigación y corrección, y (iii) compensación, que debían ser adoptadas de manera “inmediata” por la DNE.
a. Inexistencia de una instancia que realice el seguimiento de dicho plan.
Desde el año 2000, el CNE aprobó la vinculación de un organismo interdisciplinario para efectos de realizar el seguimiento del PECIG. Esta decisión se reiteró por la máxima autoridad ambiental que ordenó contratar una auditoría técnica “externa e independiente [6]”, conforme a los términos de referencia definidos por el Comité Técnico Interinstitucional creado mediante la Resolución 0005 del Consejo Nacional de Estupefacientes – CNE y reformado a través de la Resolución 013 de 2003 de ese Consejo. Determinación que aún no se ha cumplido. Actualmente, esta función la ejerce el auditor ambiental, figura que ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República y por la Cartera ambiental.
Elemento Ambiental Franjas de seguridad
Cuerpos de agua estáticos: lagos, lagunas, estanques piscícolas y humedales, y corrientes: quebradas y ríos. 200 metros que pueden ser ampliados.
Subpáramos, nacimientos de agua y recarga de acuíferos. “No asperjar al interior (sic) de los mismos. Asperjar al exterior de los mismos con una franja de seguridad mínima de 2000 m”.
Áreas de las zonas pertenecientes al Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales -PNN. “No asperjar al interior (sic) de los mismos. Asperjar al exterior de los mismos con una franja de seguridad mínima de 2000 metros”.
Zonas de asentamientos humanos, tales como resguardos, caseríos, inspecciones y cascos urbanos. “No asperjar al interior (sic) de las mismas. Asperjar al exterior de las mismas con una franja de seguridad mínima de 2000 metros”.
Áreas de interés socio – económico como proyectos productivos y zonas de pactos. “No asperjar. Establecer una franja de seguridad mínima de1.600 metros”.
De otra parte, las fumigaciones sobre proyectos acordados con el Gobierno contribuyen a su deslegitimación y a quebrantar sus principios, lo que genera desconfianza de los ciudadanos y pérdida de credibilidad en sus acciones. Entre las denuncias de daños a proyectos productivos y de desarrollo alternativo se encuentran las relacionadas con los pactos y acuerdos suscritos en el departamento del Putumayo [7], las afectaciones a plantaciones forestales promovidas por la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander – CORPONOR, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación y de la comunidad, y los posibles perjuicios a proyectos adelantados por la Unión Europea y la Red de Solidaridad Social en el departamento del Cauca.
Con respecto a la resolución 017 del CNE en la que se definen las acciones que debe seguir los presuntamente afectados, la Defensoría del Pueblo ha indicado que se trata de un procedimiento inocuo que no permite la reparación de los daños denunciados [8]. Prueba de ello, es que pese al alto número de denuncias interpuestas en todo el país desde hace varios años, solamente se han reconocido dos de ellas en los departamentos de Nariño y Cesar [9].
e. Programas de manejo de las operaciones de aspersión, de los químicos, equipos y manejo de residuos y aguas residuales[1]0
De la misma manera, ha alertado sobre los peligros de la disposición inadecuada de las canecas desocupadas, las cuales se ha observado, en algunos casos, son entregadas a particulares, quienes las comercializan12.
De la página: http://www.mamacoca.org/FSMT_sept_2003/es/lat/Conversatorio_UROSARIO.htm
1 Documento presentado en Foro social Magdalena Medio LAS FUMIGACIONES …. UNA SOLUCIÓN O UN PROBLEMA?, realizado en Barrancabermeja, el 27 de agosto de 2003, con algunas modificaciones posteriores. (regresar)
2 Ver: Resolución Defesnorial No. 028 de 2003.(regresar) (regresar)
3 Se puede consultar en la página www.defensoria.org.co/informes/Fumigaciones y derechos humanos. (regresar)
4 Sobre el particular se pueden consultar, entre otros documentos, los informes del Departamento de Salud de Putumayo. (regresar)
5 Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) Resoluciones 1065 del 26 de noviembre de 2001, 0108 del 31 de enero de 2002 y 0099 del 31 de enero de 2003. (regresar)
6 El seguimiento del Plan lo sigue realizando la auditoría ambiental, figura que ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República en varios de sus informes y por la máxima autoridad ambiental. (regresar)
7 Ver: Resoluciones Defensoriales Nos. 004 de 2001 y 026 de 2002 (www.defensoria.org.co). (regresar)
8 Contra esta resolución cursan actualmente dos demandas, a saber: (1) acción popular por publicidad engañosa contra la DNE y la Policía Nacional, que se encuentra en etapa probatoria y (2) acción de nulidad en trámite. (regresar)
9 Ver: Resolución Defensorial No 026 de 2002. (regresar)
10 PMA. Fichas Nos. 1: Programa de manejo de las operaciones de aspersión; 2: Programa de manejo del Glifosato y sus coadyuvantes en las bases de operación; 3: Programa de manejo de combustibles, vehículos, equipo y transporte; 4: Programa de manejo de residuos sólidos; 5: Programa de manejo de aguas residuales, y 6: Programa de inspección, verificación y control de las operaciones de aspersión aérea. (regresar)
11 Ministerio del Medio Ambiente. Memorando Interno 2200-3-221 del 29 de julio de 2002. (regresar)
12 Estas situaciones se han evidenciado en diferentes lugares del país. En Norte de Santander dichos recipientes se observan en establecimientos comerciales en la carretera Cúcuta – Tibú. Situación similar se presenta en Tumaco, Nariño. (regresar)
13 La Ley 30 de 1986 tipifica como delito el cultivo de plantaciones de marihuana, o de cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína u otra droga que produzca dependencia, o más de un kilogramo de semillas de dichas plantas. Las penas previstas se disminuyen si la cantidad de plantas excede de veinte, sin sobrepasar la cantidad de cien (artículo 32). La misma descripción normativa se conserva en el Código Penal (Ley 599 de 2000). (regresar)
14 Departamento Nacional de Planeación. Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES- No. 3218 de marzo de 2003. Los componentes previstos de este Plan son: (1) Programa de Familias Guardabosques y (2) Proyectos productivos y de generación de ingresos agroforestales y agrícolas (cultivos de caucho, palma africana, cacao, café y forestales productivos). El valor estimado para la ejecución del Plan es de $ 934.138 millones, de los cuales el 70% se aspira se financie con recursos internacionales. (regresar)
15 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Sub-sección B. Expediente N° 01-0022. (regresar)
16 Por solicitud de la Procuraduría Judicial se vinculó al proceso el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO. (regresar)
17 Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño. Acción Popular No. 2 -1172 del 14 de junio de 2002. (regresar)
18 Consejo de Estado. Radicación No. 5200123310002000117201 del 10 de octubre de 2002. (regresar)
19 Corte Constitucional. Sentencia SU 383 de 2003. (regresar)
20 “Demanda contra el Plan Colombia en Estados Unidos”, Artículo publicado en el diario El Nuevo Herald, de Miami, en su edición del 20 de febrero de 2002. (regresar)

References: Resolución 
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