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Timestamp: 2020-07-04 13:18:14+00:00

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Ley 30225 Ley de Contrataciones-julio2014 | Presupuesto | Regulación
Ley 30225 Ley de Contrataciones
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Descentralización ¿hacia donde vamos?
FONDOS PUBLICOS 2
Viere s 11 de julio de 2014
SEGUNDA. Incorporación del artículo 15-A a la Ley
Incorpórase el artículo 15-A en la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales con el siguiente texto:
"Artículo 15-A.- Régimen de Infracciones y Sanciones La autoridad administrativa competente tiene la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de lo establecido en la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y las Guías de Acreditación de la Autoridad Administrativa Competente. La autoridad competente podrá imponer las siguientes sanciones:
1. Multa, hasta un monto máximo de cincuenta (50) UIT.
2. Suspensión temporal de la acreditación.
3. Cancelación de la acreditación.
Las infracciones serán establecidas como leves, graves y muy graves; y la determinación de la sanción se establecerá teniendo en cuenta criterios
de proporcionalidad. Cuando se trate de Infracciones
muy graves, la autoridad competente
podrá disponer la Inhabilitación hasta por diez (10) años para solicitar nuevamente la acreditación como entidad de certificación, de registro o verificación de datos, prestadora de servicios de valor añadido o como entidad de software de firma digital. La autoridad competente aprobará el correspondiente reglamento de Infraccionesy sanciones que comprenda la tipificación de las infracciones administrativas, el procedimiento administrativo sancionador y la escala de sanciones corres pondiente".
TERCERA.- Modificación del literal d) del artículo 5 y del artículo 26 del Decreto Legislativo 1033 Modificase el literal d) del artículo 5 del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de acuerdo al texto siguiente:
"Artículo 5 o .- Funciones
del Consejo Directivo. -
Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual,
los Directores de la Propiedad Intelectual y a
los Secretarios Técnicos. Para la designación o remoción de los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual tomará en cuenta la opinión del Órgano Consultivo
3. El Decreto Supremo 024-93-ITINCI mediante el cual se encomendó el Servicio Nacional de Metrología al INDECOPI.
4. El Inciso g) del artículo 2, el inciso f) del artículo 20, el artículo 28y el Título VI - De los Órganos de Línea de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo 1033.
5. El inciso g) del artículo 2, el inciso e) del artículo 5, el inciso c) del artículo 14 y los artículos 46, 70, 71 y 72 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo
009-2009-PCM.
O LLANTA HUMALA TASSO
"Artículo 26.- De la Comisión de de Dumping y Subsidios.-
Asimismo, corresponde a la Comisión el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas suprana clona les y nacionales corres pond ¡entes".
ÚNICA. Derogación expresa Concluido el proceso de transferencia de funciones establecido en la primera disposición complementaria final, quedan derogadas expresamente las siguientes normas:
Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización
y Acreditación, aprobada por el Decreto Legislativo
Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales
de Normalización y Acreditación, aprobado por el
Decreto Supremo 081-2008-PCM.
Artículo 1. Finalidad La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximlzar el valor de los recursos públicos
que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio
y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos
y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.
Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de
la aplicación de otros principios generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo
e integrador para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes Intervengan en dichas contrataciones:
El Remano
% NORMAS LEGALES
a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias
y formalidades costosas e innecesarias. Se
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.
b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida
la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifestó
La presente Ley se aplica a las contrataciones
que deben realizar las Entidades y órganos
encubierto. Este principio exige que no se
señalados en los numerales precedentes,
proveerse de bienes, servicios u obras, asumen
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean
c) Transparencia. Las Entidades proporcionan
así como a otras organizaciones que, para
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable,
pago con fondos públicos.
favoreciendo el desarrollo de una competencia
información clara y coherente con el fin de que
aplicación La presente Ley no es de aplicación para:
el proceso de contratación sea comprendido
Contratos bancarios y financieros que provienen
por los proveedores garantizando la libertad de
un servicio financiero, lo que incluye a todos
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de
servicios accesorios o auxiliares a un servicio
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad Este
naturaleza financiera, salvóla contratación de
principio respeta las excepciones establecidas en
seguros y el arrendamiento financiero, distinto
o nj en amiento jurídico.
d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad
de promover la libre concurrencia y competencia
efectiva, facilitando la supervisión y el control de
de aquel que se regula en la Ley 28563 o norma
e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer
c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización
condiciones de competencia efectiva y obtener
el Perú, de la transmisión del mando supremo
propuesta más ventajosa para satisfacer el
de cumbres internacionales previamente
interés público que subyace a la contratación. Se
declaradas de interés nacional, y sus eventos
encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación
y las decisiones que se adopten en el mismo
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.
conexos, que cuenten con la participación de
jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo
de los umbrales establecidos en los tratados u
otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte
La contratación de notarios públicos para que
ejerzan las funciones previstas en la presente
g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir
Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta
con efectividad la finalidad pública para los que
Resolución de Disputas y demás derivados
son requeridos, por un determinado y previsible
la función conciliatoria, arbitral y de los otros
tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los
medios de solución de controversias previstos en la Ley y el reglamento para la etapa de
h) Sosten ib il id ad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública
se consideran criterios y prácticas que permitan
contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano.
f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados
o entidades cooperantes, siempre que se
deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.
g) Los contratos de locación de servicios
celebrados con los presidentes de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo
las Entidades o Empresas del Estado
compra de bienes que realicen las Entidades
b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucional mente Autónomos.
mediante remate público, las que se realizan de conformidad con la normativa de la materia.
aplicación sujetos a supervisión Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales
o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la
transacción. Lo señalado en el presente literal
no es aplicable a las contrataciones de bienes
y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico
del Acuerdo Marco.
c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios
u obras propios de la función que por Ley les
corresponde, y no se persigan fines de lucro Los convenios a que se refere el presente
literal, en ningún caso se utilizan para encargar
la realización de las actuaciones preparatorias
y/o del procedimiento de selección.
d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados
o entidades cooperantes, que se deriven de
donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos
el 25% del monto total de las contrataciones
involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros.
contratación Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos asignados a la contratación. Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.
Articulo 7. Compras corporativas Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo establecido en el reglamento Asimismo, las Entidades participan de las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas - Perú Compras.
Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:
b) El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su
c) conformidad. El Órgano encargado de las contrataciones que es aquel órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al Intehordeuna Entidad, incluida
la gestión administrativa de los contratos.
Adicional mente, la Entidad puede conformar comités
de selección, que son órganos colegiados encargados de
seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios
u obras requeridos por el área usuaria a través de
determinada contratación. Su composición y funciones se determinan en el reglamento.
El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la
declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, y los otros supuestos que se establezcan
El reglamento establece las accionesque las Entidades deben adoptar en su Reglamento de Organización y Funciones u otros instrumentos de organización y/o gestión.
Artículo 9. Responsabilidad Todas aquellas personas que Intervengan en los
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con Independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes
de discrecional id ad q Lie se otorgan.
Artículo 10. Supervisión de la Entidad Lo Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente o a través de terceros, todo el proceso de contratación. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.
CONDICIONES EXIGI BLES A LOS PROVEEDORES
Artícul o 11. Impedimento s Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están Impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, Incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5:
En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos.
En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales.
En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores.
En la Entidad a la que pertenecen, los titulares
de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia. En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial o valor estimado según corresponda, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un
proceso de selección y en la autorización de pagos
consecuencias derivadas de su participación individual
los contratos derivados de dicho proceso, salvo
conjunta durante el procedimiento de selección y la
el caso de los contratos de supervisión.
ejecución del contrato derivado de este.
En el ámbito y tiempo establecidos para las
A los integrantes del consorcio les son aplicables las
personas señaladas en los literales precedentes,
disposiciones establecidas en los artículos precedentes
cónyuge, conviviente o los parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas
tengan o hayan tenido una participación superior
al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio
social, dentro de los doce (12) meses anteriores
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las
personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados
o representantes legales sean las personas
señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes
a las personas señaladas en los literales
j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente
con inhabilitación temporal o permanente en
el ejercicio de sus derechos para participar en
procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su reglamento
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que
se encuentren sancionadas administrativamente
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme
a los criterios señalados en la presente Ley y su
reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento
se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital
o patrimonio social y por el tiempo que la sanción
se encuentre vigente.
I) Otros establecidos por Ley o por el reglamento
proveedores La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de selección deben prever los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación.
Articulo 13. Participación en consorcio En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las infracciones y
14.1 Cuando la Entidad, el OSCE o el Tribunal de
Contrataciones del Estado verifique la existencia
de indicios de conductas anticompetitivas en un
procedimiento de selección, en los términos del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión
de Conductas Anticompetitivas, o norma que
la sustituya, debe remitir toda la información
pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que este, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables.
14.2 Cuando el OSCE advierta que un requisito establecido en los documentos del procedimiento de selección podría afectar la competencia, contraviniendo los principios de libertad de concurrencia y competencia, ordena
a la Entidad que lo sustente y/o elimine, según
corresponda. Si, adicional mente, el OSCE advierte la existencia de indicios de colusión, en los términos del artículo 384 del Código Penal, debe remitir toda la información pertinente al Ministerio Público.
15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones:
A partir del primer semestre, y teniendo en
cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de
bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados
al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de
elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el
Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento.
Plan Anual de Contrataciones se publica en
Artículo 16. Requerimiento El área usuaria debe requerir los bienes, servicios
y obras a contratar, siendo responsable de formular
las especifcaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes,
servicios u obras que se requieran deben estar orientados
al cumplimiento de las funciones de la Entidad.
Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva
y precisa, proporcionando acceso en condiciones
de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen
la competencia en el mismo. Salvo las excepciones
previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos,
o a un origen o a una producción determinados con la
finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores
o ciertos productos.
Artículo 17. Homologación de requerimientos Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están
facultadas a uniformizar los requerimientos de los bienes
cargo del procedimiento de selección, según corresponda, antes de otorgar la Buena Pro, debe solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, la referida certificación.
Articulo 20. Prohibición de fraccionamiento Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.
servicios que deban contratar las Entidades que se rijan
bajo la presente Ley, en el ámbito de sus competencias a
través de un proceso de homologación.
Articulo 18. Valor estimado y valor referencial La Entidad debe establecer el valor estimado de las
contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de consultarías y ejecución de obras, con
fin de establecer la aplicación de la presente Ley
el tipo de procedimiento de selección, en tas casos
Una Entidad puede contratar por medio de
que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuéstales necesarios, siendo de su
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales,
exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como
comparación de precios, subasta inversa electrónica,
contratación directa y tas demás procedimientos
de selección de alcance general que contemple el
procedimientos que tengan por objeto implementar o
reglamento, tas que deben respetar los principios que
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
rigen las contrataciones y tas tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre
presupuestario Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con la certificación
de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, conforme se señala en los literales siguientes:
b) Tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal se requiere, además de la certificación de crédito presupuestario, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración y la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces en la Entidad, que garantice la programación de tas recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en tas años fiscales subsiguientes.
c) En los procedimientos de selección, cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la Buena Pro y suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, otorgará una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor estimado o referencial de dicha convocatoria. La citada constancia debe señalar el monto de tas recursos programados para tal efecto en el proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República; asimismo, debe señalar las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su f nanciamiento.
d) En tas procedimientos de selección referidos en el literal c), previo a otorgar la Buena Pro, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la Ofcina de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la oficina a
Artículo 22. Licitación pública y concurso publico La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, se aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso público. Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz. Su actuación es desarrollada en el reglamento.
Artículo 23. Adjudicación simplificada La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de tas servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.
Artículo 24. Selección de consultores individuales La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultaría en tas que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son tas requisitos primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de tas márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.
Artículo 25. Comparación de precios La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a tas de consultaría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a ta que señale el reglamento. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la ley de presupuesto del sector público para la licitación pública y el concurso público.
Articulo 26. Subasta inversa electrónica La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.
Articulo 27. Contrataciones Directas
Excepcional mente, las Entidades pueden contratar
Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga
señalado en el artículo 60 de la Constitución
Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de
que ocurra alguno de los supuestos anteriores,
de una emergencia sanitaria declarada por el
ente rector del sistema nacional de salud.
Cuando las Fuerzas Armad as, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contrataría General de la República.
Para tas servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida sustentación.
Para tas servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación.
Para los servicios de consultaría, distintos a las consultarías de obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores.
Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes.
Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y policiales, a los que se refieren el Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG y otras normas sobre defensa de funcionarios, o normas que tas sustituyan.
Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44, siempre que se haya invitado a tas demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.
Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingresooaceptacióndelaspersonasinteresadas, por parte de las entidades educativas que tas brindan.
Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio,
del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable
configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación directa.
Articulo 28. Rechazo de ofertas
28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. El rechazo de la oferta debe encontrarse fundamentado. Adicional mente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y esta no se haya podido obtener.
28.2 En el caso de ejecución y consultaría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más de diez por ciento (10%).
Articulo 29. Declaratoria de desierto Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración de desierto en la contratación directa, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por ta señalado en el reglamento. El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria de desierto. Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de un seguro patrimonial, la Entidad puede utilizar el procedimiento que determine el reglamento para los procedimientos declarados desiertos o ta previsto en el literal f) del artículo 5 de la presente Ley. Tratándose de una segunda convocatoria declarada desierta cuyo objeto sea la contratación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud a través de sus sedes centrales competentes, pueden utilizar lo previsto en el literal f) del artículo 5 de la presente Ley.
Artículo 30. Cancelación La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, u otras razones justifcadas, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento. La Entidad no incurre en responsabilidad respecto de tos proveedores que hayan presentado ofertas por el soto hecho de actuar de conformidad con el presente artículo.
Artículo 31. Métodos especíales de contratación Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco. El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
Artículo 32. El contrato El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a
la proforma incluida en los documentos del procedimiento
de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo.
Los contratos regulados por la presente norma Incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Solución de controversias y c) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a
lo previsto en el reglamento.
Articulo 33. Garantías Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento. Las garantías que acepten las Entidades deben ser Incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrariasde inmediato dentro del plazo máximo de tres {3) días. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor
o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad.
Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas
a las Entidades públicas beneficiarlas, debiendo para el
efecto ¡mplementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición.
34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por onjen de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.
34.2 Excepcional mente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenary pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean Indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.
34.3 Tratárxiose deobras, las prestaciones aficiónales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad. En el supuesto de que resulte indispensable la reallzacióndeprestacionesadicionalesdeobrapor deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfecciona miento del contrato, mayores a las establecidas en el párrafo precedente y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la
Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago
contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa
al pago. La Contraloría General de la República
cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la República del Congreso
de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista.
34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando
para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la
34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados
y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo
a lo que establezca el reglamento. De aprobarse
la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista,
siempre que se encuentren debidamente acreditados.
Artículo 35. Subcon tratación El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección. Ningún contratista puede subcontratar la totalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado
El contratista mantiene la responsabilidad ejecución total de su contrato frente a la Entidad.
Artículo 36. Resolución de los contratos Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobrevlniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables
a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
Articulo 37. Cesión de derechos y de posición contractual
Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario,
el contratista puede ceder su derecho al pago a favor de
terceros. No procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento.
Articulo 38. Adelantos La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financia miento y/o liquidez para la ejecución del contrato El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que este
se amortiza luego de otorgado.
Articulo 39. Pago
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.
realizarse en su
Excepcional mente, el pago puede
Integridad por adelantado cuando, este sea condición para
la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.
corresponde dicha competencia al Titular de la Entidad. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la Entidad, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 3% del valor estimado o valor referencial, según sea el caso, del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía administrativa. La Interposición de la acción contencloso-administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.
Articulo 4-2. Suspensión del procedimiento La presentación de los recursos Interpuestos de conformidad con lo establecido en el artículo precedente deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que el recurso sea resuelto, conforme a lo establecido en el reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución.
Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos f nales, por lo que el beneficiario de los pagos sigue siendo responsable de los montos percibidos hasta que se haya efectuado el pago final.
Artículo 43. Denegatoria ficta En el caso que la EntidadoelTribunaldeContrataclones del Estado, según corresponda, no resuelva y notifique
Articulo 44. Declaratoria de nulidad
En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendorepetlr contra los responsables de la demora injustif cada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.
Artículo 40. Responsabilidad del contratista El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fu ng ib les y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecúe a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete {7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados deben considerar denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción contencioso- administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente. En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve la garantía presentada por los Interesados al momento de interponer su recurso de apelación.
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano Incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas
causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes
del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que
pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el
recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en
Artículo 41. Recursos Impugnativos Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección,
los procedimientos de implementaclón o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:
las que surjan en los procedimientos para Implementar
a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos
b) Cuando se verifique la trasgresión del
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco,
que se declaren nulos en base a esta causal no
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.
tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las
contrataciones directas y las actuaciones que establece
de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregulamiente el contrato.
principio de presunción de veracidad durante
el procedimiento de selección o para el
El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro El reglamento establece el procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y
encontrarse en trámite un recurso de apelación.
resolución. El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor
referencial sea superior a sesenta y cinco (65) UIT y de procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; en los demás casos,
e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito
El Peruano Viere s 11 de julio de 2014
de aplicación. En este supuesto, asumen
responsabilidad los funcionarios y servidores de
la Entidad, conjuntamente con los contratistas
que celebraron i regula miente el contrato.
a dicha recepción pueden ser sometidas
directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado
En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección
Las controversias se resuelven mediante la
aplicación de la Constitución Política del Perú,
La nulidad del procedimiento y del contrato, genera
la presente Ley y su reglamento, así como
responsabilidades de los funcionarlos y servidores de la
las normas de derecho público y las de
Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos Irregulares. Cuando corresponda al arbitro único o al Tribunal
derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público
Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente Ley y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional.
Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen especialmente por lo establecido en la presente Ley y su reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.
Articulo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual
La conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El arbitraje
45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, Inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato
institucional se realiza en una Institución arbitral acreditada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a
se resuelven mediante conciliación o arbitraje,
dispuesto en la directiva que se apruebe para
según el acuerdo de las partes. Las controversias
sobre la nulidad del contrato solo pueden ser
reglamento establece los criterios, parámetros
sometidas a arbitraje.
procedimientos para la toma de decisión de
Las partes pueden recurrir a la Junta de
Resolución de Disputas en las contrataciones de
arbitraje es de derecho y resuelto por arbitro
obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, siendo
único o tribunal arbitral integrado por tres miembros.
sus decisiones vinculantes. El reglamento
arbitro único y el presidente del tribunal
puede establecer otros medios de solución de controversias. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje
arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con especial iza ción acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones
con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente tener
a la Junta de Resolución de Disputas. Las
conocimiento en contrataciones con el Estado
pretensiones referidas a enriquecimiento sin
Asimismo, para desempeñarse como arbitro, se
causa o Indebido, pago de Indemnizaciones
requiere estar inscrito en el Registro Nacional
cualquier otra que se derive u origine en la
de Arbitros administrado por el Organismo
falta de aprobación de prestaciones adicionales
Supervisor de las Contrataciones del Estado
de la aprobación parcial de estas, por parte
de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias
(OSCE), conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apare be dicha Entidad para tal efecto. El registro es de aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior.
establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por
Para desempeñarse como secretarlo arbitral se requiere estar inscrito en el Registro Nacional
el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es
Secretarios Arbitrales administrado por el
45.2 Para los casos específicos en los que la
del Estado (OSCE), conforme a los requisitos
materia en controversia se refera a nulidad
condiciones establecidos en la directiva que
de contrato, resolución de contrato, ampliación
apruebe dicha Entidad para tal efecto.
de plazo contractual, recepción y conformidad
El àrbitro único o tribunal arbitral constituido
de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el
para resolver una controversia derivada de un contrato regido por esta Ley resulta, en principio
respectivo medio de solución de controversias
salvo el supuesto de excepción previsto en
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
presente numeral, competente para conocer
conforme a lo señalado en el reglamento.
las demás controversias, susceptibles de ser
En supuestos diferentes a los mencionados en
sometidas a arbitraje, que surjan de la ejecución
párrafo anterior, los medios de solución de
mismo contrato.
controversias previstos en este artículo deben
ese sentido, cuando exista un arbitraje en
ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.
curso y surja una nueva controversia derivada del mismo contrato, cualquiera de las partes
Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones
debe solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2
previstas en el contrato que deban cumplirse
con posterioridad al pago final. En estos casos,
arbitro único o el tribunal arbitral acumula
medio de solución de controversias se debe
las nuevas pretensiones que se sometan a
iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
su conocimiento, siempre que estas sean
conforme a lo señalado en el reglamento. En los casos en que, de acuerdo al numeral
solicitadas antes de la conclusión de la etapa probatoria Excepcionalmente, el àrbitro único
anterior, resulte de aplicación la Junta de
el tribunal arbitral, mediante resolución
Resolución de Disputas, pueden ser sometidas
fundamentada, puede denegar la acumulación
esta todas las controversias que surjan durante
solicitada tomando en cuenta la naturaleza de
ejecución de la obra hasta la recepción total
nuevas pretensiones, el estado del proceso
de la misma. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra Las controversias que surjan con posterioridad
arbitral y demás circunstancias que estime pertinentes.
la acumulación de pretensiones, la parte
interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del
plazo de quince (15) días hábiles de notificada
ia denegatoria de la acumulación, siendo éste
también un plazo de caducidad.
El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes en forma personal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto de su efcacia.
La notificación se tiene por efectuada desde ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solo cabe Interponer recurso de anulación de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya.
Adicional mente, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbltro único o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la presente Ley y en su reglamento; siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo expreso en su momento ante el árbltro único o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. En caso de que dicha circunstancia haya constituido causal de recusación, la anulación solo resulta procedente
si la parte afectada formuló, oportunamente, la
recusación respectiva y esta fue desestimada.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) aprueba el Código de Ética
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,
el cual resulta de aplicación a los arbitrajes que
administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera supletoria, a los arbitrajes administrados por una institución arbitral que no tenga aprobado un Código de Ética o, que teniéndolo no
establezca la infracción cometida por el árbltro
o no establezca la sanción aplicable.
Los arbitros deben ser y permanecer durante
el desarrollo del arbitraje independientes e
imparciales. Asimismo, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe
alguna circunstancia que lesimplda ejercer el cargo con Independencia, Imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia y observar la debida conducta proced¡mental. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje.
incumplimiento de las obligaciones señaladas
el párrafo precedente constituyen infracción
a los principios de Independencia, imparcialidad,
transparencia y debida conducta procedimental previstos en el Código de Ética para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado, siendo pasible de las siguientes sanciones éticas según su
Las Infracciones señaladas son desarrolladas en
el reglamento y recogidas en el Código de Ética
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado
La autoridad competente para aplicar el Código
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones
del Estado es el Consejo de Ética, el cual se encarga de determinar la comisión de infracciones y de Imponer las sanciones respectivas. El Consejo de Ética se encuentra integrado por tres (3) miembros de reconocida solvencia ética y profesional, los cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía
y Finanzas, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. El
cargo de miembro del Consejo es honorario. La organización, estructura, atribuciones, mecanismos de designación, funcionamiento y los demás aspectos concernientes al Consejo
Ética son establecidos en el reglamento.
45.11 El
del Estado (OSCE) organiza y administra un
régimen institucional de arbitraje especializado
y subsidiario para la resolución de controversias
en las contrataciones con el Estado, de acuerdo
a lo previsto en el reglamento.
Este régimen se rige por su propio reglamento
arbitral que es aprobado mediante directiva por
del Estado (OSCE) y supletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o norma que lo sustituya.
45.12 Los medios de solución de controversias a que se refere la presente Ley o su reglamento, se desarrollan en cumplimiento del Principio de Transparencia. Las insftucionesencargadasdelaadministración de los medios de solución de controversias deben cumplir con remitir la información que establezca el reglamento y aquella que solicite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en relación a las controversias derivadas de la aplicación de la presente Ley, bajo responsabilidad de su titularo representante legal.
Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal arbitral o el árbltro único son responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por un plazo no menor de diez (10) años desde la terminación de las mismas. En el caso de los arbitrajes Institucionales, la
respectiva institución arbitral es responsable de la custodia del expediente por el plazo antes señalado. Antes del vencimiento de dicho plazo,
la custodia puede ser encargada al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), bajo los requisitos y condiciones previstos en el reglamento.
Articulo 4-6. Registro Nacional de Proveedores
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de
Administración Pública que tiene por objeto
registrar y mantener actualizada durante su
permanencia enel registro, la Información general
relevante de los proveedores interesados en
participar en las contrataciones que realiza el Estado. En ningún caso el Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una bañera de acceso para contratar con el Estado. Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El Reglamento establece la organización, funciones y los requisitos para el acceso, permanencia y retiro del registro. En el caso de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión, el Reglamento establecerá las condiciones para su inscripción ante dicho Registro así como sus excepciones. La presentación de documentación falsa o Información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente.
los Proveedores del Estado inscritos como
Ejecutores de Obra ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se les asigna una capacidad máxima de contratación que se
calcula en función de su capital social suscrito
y pagado en el Perú y de la experiencia con
la que cuenten como ejecutores de obra, quedando expresamente establecido que el capital social suscrito y pagado de las personas jurídicas inscritas como ejecutores de obra ante
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no
puede ser inferior al 5% de su capacidad máxima de contratación. Tratándose de sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú, dicho cálculo se realiza en función de la asignación del capital que se le depositó en una entidad del sistema financiero nacional. En el caso de las personas jurídicas no domiciliadas, se debe
acreditar haber depositad o en una cuenta abierta en una entidad del sistema financiero nacional a nombre de su representante legal en el país, el monto en virtud del cual se calcula su capacidad máxima de contratación. Tanto en el caso de las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú como de personas jurídicas no domiciliadas,
a efectos de que los aportes dinerarios antes
señalados tengan validez frente al Registro Nacional de Proveedores (RNP), éstos deben haber sido aprobados por la Junta General de Accionistas u órgano análogo de la Sociedad, previamente a su depósito efectivo, de acuerdo a los estatutos de cada empresa o a
las leyes del país en virtud de las cuales se
hubiera constituido la matriz. Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones del Estado.
Las disposiciones establecidas en los párrafos
anteriores no se aplican a los proveedores que provengan de países con los cuales la
República del Perú tenga vigente un tratado
o compromiso internacional que incluya
disposiciones en materia de contrataciones públicas; ni a las micro y pequeñas empresas (MYPES) debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). Las personas jurídicas extranjeras pueden acreditar el requisito señalado en los párrafos precedentes con la documentación que demuestre los gastos realizados en sus
operaciones e inversiones en territorio nacional
El procedimiento, tipo de documentación y
demás exigencias, son establecidos en la directiva corespondiente.
46.4 Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislación vigente sobre la materia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria (SUNAT), la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS), el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de las que pueda requerirse información, deben proporcionar el acceso a
la información pertinente, preferentemente
mediante mecanismos de interoperabilidad,
salvaguardando las reservas previstas por Ley con la finalidad de que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuente con información oportuna, confiable y actualizada. La Oficina
Gobierno Electrónico de la Presidencia
Consejo de Ministros, cautela y apoya el
debido cumplimiento de esta disposición Mediante decreto supremo refrendado por
el Ministro de Economía y Finanzas puede
disponerse el acceso a la información que
posean otras Entidades y que sea relevante para
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Artículo 47. Definición El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.
Artículo 48. Obligatoriedad Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en las contrataciones que realicen, independientemente que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, su cuantía o fuente de financia miento, conforme a la directiva que dicte el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para tal efecto. Los procedimientos de subasta inversa y comparación de precios se realizan obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece las excepciones a dicha obligación, así como la forma en que se aplica progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los otros métodos de contratación. Los criterios de incorporación gradual de las Entidades al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas que estas posean o los medios disponibles para estos efectos, se establecen en la citada directiva.
Artículo 49. Validez y eficacia de los actos Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones, que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la misma validezy eficacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su publicación, salvo lo dispuesto en el numeral 45.9 del artículo 45 de la presente Ley. Sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), adicionalmente a los métodos de notif cación tradicionales, las Entidades pueden utilizar medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos actos que se disponen en la presente Ley y su reglamento, considerando los requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.
b) Incumplir i njustif cada mente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formal izar Acuerdos Marco.
d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por esta Ley y su reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o
es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las Infracciones establecidas en los literales c), e), f), g), h) y k); en el caso de la infracción prevista en el literal i), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para ¡mplementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera Impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal i), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente.
f) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según
lo requerido por la Entidad, cuya existencia
haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral
g) Negarse injustificadamente a cumplir las
obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad
al pago o cuando el pago ya se hubiera
h) Presentar Información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del EstadooalReglstroNacionalde Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con
el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para sí o
La inhabilitación o multa que se Imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la
Las infracciones son leves, graves y muy
j) Se registren como participantes, presenten propuestas o suscriban contrato o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en
sanción queda f rme.
graves. El reglamento establece las reglas del
procedimiento san donador, los mecanismos
suscriban contrato por montos mayores
de cobro de la multa impuesta, las formas de
su capacidad libre de contratación, o en
aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad
especialidades distintas a las autorizadas por el RNP.
de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias.
k) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben
del Estado (SEACE) la suspensión,
los tres (3) años conforme a lo señalado en
recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida.
u ando paraI a determl nación de responsabilidad,
del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones.
Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c) y j) del presente numeral. 50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin peijuicio de las
sea necesario contar, previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador.
El reglamento desarrolla otras causales de suspensión del plazo de prescripción.
responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son:
Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La publicación
a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), por la comisión de las infracciones establecidas en los literales a), b), d) y j). La resolución que imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para rnplementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marcoyde contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el Infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. Esta sanción es también aplicable a las Entidades cuando actúen como proveedores conforme a Ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el presente artículo.
de los sancionados incluye información de los socios o titulares, y de los integrantes de los órganos de administración, de conformidad con
el procedimiento previsto en el reglamento.
Articulo 51. Definición El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
b) Inhabilitación temporal: Consiste en la
Velar y promover que las Entidades realicen
privación, por un periodo determinado
contrataciones eficientes, bajo los parámetros de
del ejercicio del derecho a participar en
Ley, su reglamentoy normas complementarias,
procedimientos de selección, procedimientos
maximlzación del valor de los fondos públicos
para ¡mplementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación
Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los
métodos de contratación contemplados en la Ley, salvo las excepciones previstas en el reglamento. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.
Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y directivas vigentes. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.
Imple mentar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en
gestión de las contrataciones del Estado, así
como de difusión en materia de contrataciones del Estado
Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco de sus competencias.
Emitir directivas, documentos estandarizados
documentos de orientación en materia de su
Administrar y operar el Registro Nacional de Arbitros y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales.
Acreditara las instituciones arbitra les que presten servicios de organización y administración de arbitrajes en materia de contrataciones del Estado y supervisarlas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto
Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral
Poner en conocimiento de la Contrataría General de la República, de manera fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.
Suspender procedimientos de selección, en tas que durante el procesamiento de la acción de supervisión, de oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la Entidad continúe con el procedimiento
Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de tos recursos públicos.
Las demás que ta asigne la normativa.
Articulo 53. Organización y recursos El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones generales y las específicas de sus órganos.
Los recursos del OSCE son tas siguientes:
La administración y cobranza de tas recursos y tributos
a que se refieren tos literales b), c). d) y f) del presente artículo es competencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para lo cual tiene facultad coactiva.
Artículo 54. Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Se encuentra integrado por tres (3) miembros designados por un periodo de tres (3) años renovables por un periodo adicional, mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Directivo perciben dietas a excepción de su Presidente. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de Organización
y Funciones del OSCE. El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la máxima autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal de la Entidad, es designado mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas; su cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Artículo 55. Requisitos e impedimentos Para ser designado miembro del Consejo Directivo
o Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se requiere:
a) Remoción por pérdida de conf anza.
e) Incapacidad moral sobreviniente
i) Inhabilitación administrativa ojudicial.
La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se fo mía liza mediante resolución suprema.
Articulo 57. Notificaciones El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) notifica los actos que emite en el ejercicio de sus funciones a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y/u otros medios electrónicos, los que poseen la misma validez y eficacia que los realizados por los medios manuales, en tanto se ajusten a los parámetros y requisitos establecidos en la legislación vigente. En todos los casos, se debe utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.
Articulo 58. Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas Créase el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, adscrito al OSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes, los presuntos casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado por parte de funcionarios y servidores públicos y/o particulares. Su conformación y funciones se establecen en el reglamento.
Articulo 59. Tribunal de Contrataciones del Estado El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del Organismo Supervlsorde las Contrataciones del Estado (OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Tiene las siguientes funciones:
Su conformacióny el número de salas son establecidos mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Mediante a cuerdos adopta do sen Sala Plena, loscuales constituyen precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.
Articulo 60. Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso público y designados por un periodo de tres (3) años. Para ello se requiere:
a) Contar con título profesional universitario
e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República, ni
estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
Culminado el periodo de designación, continúan en el ejercicio de sus funciones en tanto se designa al nuevo o los nuevos vocales. El Presidentedel Tribunal de Contrataciones del Estado
es elegido de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la
presente Ley, conforme al marco previsto en esta.
Contrataciones del Estado se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.
Artículo 62. Notificación y publicidad de las resoluciones El Tribunal de Contrataciones del Estado notifica los actos que emita en el ejercicio de sus funciones a través de medios electrónicos y/o el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), según corresponda.
PRIMERA. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre quedicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su Reglamento así como
a las directivas que el OSCE elabore para tal efecto;
conjuntamente con los documentos estándar, manuales,
y demás documentos de orientación que se ponen a
disposición de los usuarios de la contratación pública.
SEGUNDA. Mediante decreto supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará
el reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento
ochenta (180) días calendario siguientes a su publicación,
el cual contendrá un glosario de términos.
TERCERA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). CUARTA. En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación
de los principios de Trato Nacional y No Discriminación, las Entidades deben conceder i ncond icio nal mente a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos
y procedimientos establecidos en la presente Ley, su reglamento y en la normativa de la materia.
QUINTA. La Contrataría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen acceso
a la base de datos de la información registrada en el
(SEACE). SEXTA. La facultad establecida para actuar discrecional mente se ejerce para optar por la decisión
administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentro del marco que establece la Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos por la cuarta disposición final complementaria de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contrataría General
de la República y amplía las facultades en el proceso para
sancionar en materia de responsabilidad administrativa
funcional. SÉPTIMA. Los ¡nsumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, pueden ser contratados a proveedores nacionales o Internacionales mediante el método de contratación que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el Titular de la Entidad No se
requiere la verificación de una situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un suministro periódico o continuo, incluyendo
la entrega en un sota acto de los insumos, bienes o
servicios. La lista de tas Insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que corresponden a cada empresa, es establecida mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las contrataciones deben aprobarse mediante resolución
del Titular de la Entidad e Informarse mensualmente al Fondo
Nacional de Flnanclamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), y a la Contrataría General de la República, bajo responsabilidad del Directorio.
En el procedimiento necesariamente se designa
a un comité de selección conforme a las reglas de
contrataciones del Estado. La adjudicación de la Buena Pro se realiza mediante acto público. Los órganos de control Institucional participan como veedores en el método de contratación respectivo, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control. Todos losactos real izad os dentro de tas procedimientos
a que se refiere la presente disposición se comunican
obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que señale
la presente no mía, el reglamento y las directivas que
emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposición no requieren de la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que la prestación
se cumpla por adelantado.
OCTAVA. La presente norma entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de su reglamento, excepto la segunda y tercera disposiciones complementarias finales, que entran
ÚNICA. Modifícase el artículo 2 del Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en los té mil nos siguientes:
Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de tas bienes o servicios que son provistos a través de esta modalidad y establecer metas institucionales anuales respecto al número de fichas técnicas de tas bienes o servicios a ser contratados.
En Lima a tas ocho días del mes de julio de dos catorce.
MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND Primera Vicepresldenta del Congreso de la República
vigencia a partir del día siguiente de la publicación de
presente Ley en el Diario Oficial El Peruano.
O LLANTA HUMALA
NOVENA. Dlspónese que el Ministerio de Economía y Finanzas remita anualmente al Congreso de la República un informe sobre el Impacto de la presente Ley en las contrataciones públicas. Dicho informe será elaborado sobre la base de la Información remitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de Compras Públicas - Perú Compras. DÉCIMA. Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente Ley a las contrataciones vinculadas a tas procesos a que se refieren el Decreto Legislativo 674, el Decreto Supremo 059-96-PCM, el Decreto Legislativo 1012, y sus normas modificatorias.
necesarias para la implementaclón de tas métodos de contratación por parte de las Entidades.
El OSCE
1109203-4
RESOLUCION LEGISLATIVA N° 30226
RESOLUCION LEGISLATIVA QUE AUTORIZA AL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÜBLICA PARA
SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL DESDE
EL 12 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2014
El Congreso de la República, de conformidad con ta prescrito en tas artículos 102, inciso 9), y 113, inciso 4), de la Constitución Política del Perú; en el articulo 76, inciso
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References: artículo 15
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 artículo 5
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 14

Artículo 1

Artículo 2

Resolución 

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 5
 artículo 384

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 60
 artículo 44

Resolución 
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32
 Resolución 

Artículo 35

Artículo 36
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 43

Artículo 40
 artículo 1774
 resolución 
 resolución 

Artículo 41
 artículo 11

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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 Resolución 
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Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
 artículo 45
 artículo 5
 resolución 

Artículo 54
 resolución 
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Artículo 55
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Artículo 62
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 artículo 2