Source: http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=articulo&art=18154&ley=123
Timestamp: 2018-01-16 23:24:05+00:00

Document:
- LX Legislatura (Sep 2010 - Sep 2013)
Medidas sancionadoras no privativas de libertad
La amonestación es la llamada de atención que en audiencia oral el juez hace al adolescente, exhortándolo para que en lo sucesivo se acoja a las normas de trato familiar y convivencia social que el juez establezca expresamente. Cuando corresponda, deberá advertir a los padres, tutores o responsables sobre la conducta ilícita del adolescente y les solicitará intervenir para que el amonestado respete las normas legales y sociales de convivencia. La amonestación deberá ser clara y directa, de manera que tanto el adolescente como sus representantes legales comprendan la ilicitud de los hechos cometidos y la responsabilidad de los padres o representantes en el cuidado de sus hijos.
La libertad asistida consiste en otorgar la libertad al adolescente, quien quedará obligado a cumplir con programas educativos y recibir orientación y seguimiento del juez encargado de la ejecución, con la asistencia de especialistas de la institución administrativa correspondiente.
No podrá ordenarse por un plazo inferior a seis meses ni superior a tres años.
La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar, de modo gratuito, tareas de interés general, en las entidades de asistencia pública o privadas sin fines de lucro orientadas a la asistencia social, tales como hospitales, escuelas, parques, bomberos, protección civil, Cruz Roja y otros establecimientos similares, siempre que éstas medidas no atenten contra su salud o integridad física y psicológica.
Las tareas asignadas deberán guardar proporción con las aptitudes del adolescente y con su nivel de desarrollo; el adolescente deberá contar con atención integral continua. Las tareas podrán ser cumplidas durante una jornada máxima de ocho horas semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo.
La prestación de servicio a la comunidad no podrá ordenarse por un período inferior a seis meses ni superior a un año.
La reparación a la víctima consiste en una obligación de hacer, de no hacer o de dar, por parte del adolescente y en favor de la primera.
El juez sólo podrá imponer esta medida sancionadora cuando la víctima haya dado su consentimiento y cuando el adolescente y el adulto responsable hayan garantizado su cumplimiento.
La obligación de hacer que se asigne al adolescente siempre deberá tener por finalidad resarcir el daño causado y la obligación de dar, la de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto.
Si ambas partes acuerdan sustituir la obligación de hacer por una suma de dinero, el juez procederá a fijar la cuantía que se considere equivalente a los daños y perjuicios ocasionados por el delito.
El juez a cargo de la ejecución podrá considerar la medida sancionadora cumplida cuando el daño haya sido reparado en la mejor forma posible.
La reparación a la víctima excluye la indemnización civil por responsabilidad extra-contractual.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez para promover y asegurar la formación integral y reinserción social del adolescente. Dichos mandamientos y prohibiciones no podrán ordenarse por un plazo menor a tres meses ni superior a dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenados.
El juez de ejecución podrá modificar las órdenes impuestas, en caso de que el adolescente las incumpla, con el fin de que se cumplan los objetivos de la sanción.
El juez podrá imponer al adolescente las siguientes órdenes:
I.	Que se instale en un domicilio determinado o se cambie de él;
II.	Que abandone el trato con determinadas personas;
III.	Que le está prohibido visitar bares y discotecas, así como determinados centros de diversión;
IV.	Que se matricule y asista a un centro de educación formal o a otro cuyo objetivo sea el aprendizaje de una profesión u oficio o la capacitación para algún tipo de trabajo;
V.	Que procure adquirir un empleo;
VI.	Que se abstenga de conducir vehículo automotor o similar, y
VII.	Con relación al tratamiento de la farmacodependencia y alcoholismo, que sea atendido, de modo ambulatorio o mediante hospitalización, o por medio de un programa de rehabilitación en institución pública o privada, con la finalidad de lograr su desintoxicación o de eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas.
Medidas sancionadoras privativas de libertad
La privación de libertad es una medida sancionadora de carácter excepcional que deberá aplicarse cuando no sea posible aplicar ninguna otra.
La privación de libertad domiciliaria consiste en el arraigo de la persona menor de edad en su domicilio, con su familia. De no poder cumplirse en su domicilio, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse la privación de libertad en una vivienda o ente privado, de comprobada idoneidad, que se ocupe de cuidar su aplicación.
La privación de libertad domiciliaria no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al centro educativo al que concurra la persona sancionada. No puede ordenarse por un plazo inferior a un mes ni superior a nueve meses.
Esta modalidad de la privación de la libertad debe cumplirse en un centro especializado, durante el tiempo libre, días de asueto y fines de semana en que no tenga la obligación de asistir a la escuela. La duración de esta medida sancionadora de privación de libertad no podrá ser inferior a dos ni superior a seis meses.
La medida sancionadora de privación de libertad en centro especializado para adolescentes puede ser aplicada por el juez, únicamente en los siguientes casos:
I.	Cuando se trate de los sujetos comprendidos en la fracción II del artículo 5 de esta Ley que fueran encontrados penalmente responsables de los siguientes delitos:
a)	Lenocinio, previsto en el artículo187 del Código Penal del Estado de Zacatecas,
b)	Homicidio, previsto en el artículo 293 del Código Penal del Estado de Zacatecas, incluidas sus modalidades agravadas,
c)	Lesiones, previsto en los artículos 285 y 287del Código Penal del Estado de Zacatecas,
d)	Parricidio, previsto en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Zacatecas,
e)	Secuestro, previsto en los artículos 265-Bis y 266 del Código Penal del Estado de Zacatecas,
f)	Violación, previsto en el artículo 236 del Código Penal del Estado de Zacatecas, y
g)	Robo, previsto en el artículo 317, en relación con el artículo 320 fracción IV y el artículo 321fracciones I, IV, V y VII del Código Penal del Estado de Zacatecas.
II.	Cuando se trate de los adolescentes comprendidos en fracción III del artículo 5 de esta Ley y fueran encontrados penalmente responsables de la comisión de los delitos mencionados en la fracción I además de los siguientes:
a)	Corrupción de menores, previsto en los artículos 183 y 183-Bis del Código Penal del Estado de Zacatecas, y
b)	Robo calificado, previsto en el artículo 321 fracciones I, IV, IV y VII del Código Penal del Estado de Zacatecas.
En estos casos la privación de libertad no podrá ser inferior a dos meses ni exceder los cinco años.
La tentativa punible de los delitos incluidos en este artículo también será considerada grave para los efectos de esta Ley.
Al aplicar una medida sancionadora de privación de libertad en centro especializado, el juez deberá considerar el período de detención cautelar al que hubiera sido sometido el adolescente.
El juez podrá ordenar la ejecución condicional de la medida sancionadora privativa de libertad, tomando en cuenta los siguientes supuestos:
I.	Los esfuerzos del adolescente por reparar el daño causado;
II.	La menor gravedad de los hechos cometidos, o
III.	La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del adolescente.
Si durante el cumplimiento de la ejecución condicional el adolescente sancionado comete un nuevo delito se le revocará la ejecución condicional y cumplirá con la medida sancionadora impuesta originalmente.
Al cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, el juez de ejecución deberá revisar de oficio o a solicitud de parte, o por recomendación técnica del equipo multidisciplinario que supervisa la ejecución de la sanción, la posibilidad de sustituirla por otra más leve, de conformidad con el desenvolvimiento del adolescente durante el cumplimiento de la privación de libertad.
No podrá atribuirse al adolescente el incumplimiento de las medidas sancionadoras que se le hayan impuesto cuando sea el Estado quien haya incumplido en la creación y organización de los programas para el seguimiento, supervisión y atención integral de los adolescentes condenados.
Demostrado ante el juez de ejecución la imposibilidad material del cumplimiento de la medida sancionadora por causas imputables al Estado, analizando la conducta más reciente del adolescente, podrá declararse el cumplimiento de la medida impuesta.
Ejecución y cumplimiento de las medidas sancionadoras
La ejecución de las medidas sancionadoras deberá procurar que el adolescente sancionado alcance su desarrollo personal integral, la inserción a su familia y a la sociedad así como el desarrollo pleno de sus capacidades y su sentido de responsabilidad.
Para lograr los objetivos de la ejecución de las medidas sancionadoras del adolescente se promoverá:
I.	Satisfacer las necesidades básicas del adolescente sancionado;
II.	Posibilitar su desarrollo personal;
III.	Reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima;
IV.	Incorporar activamente al adolescente en la elaboración y ejecución de su plan individual de desarrollo;
V.	Minimizar los efectos negativos que la sanción pudiera tener en su vida futura;
VI.	Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal, y
VII.	Promover los contactos abiertos entre el adolescente y la comunidad local.
Principios generales y derechos durante la ejecución
En la ejecución de todo tipo de sanción deberá partirse del principio del interés superior del adolescente, respetando su dignidad y sus derechos fundamentales.
Ningún adolescente puede sufrir limitación alguna a su libertad u otros derechos que no sean consecuencia directa e inevitable de la medida sancionadora impuesta.
Ningún adolescente puede ser sometido a medidas o restricciones de cualquier derecho que no esté debidamente establecido en esta Ley o en el respectivo reglamento, con anterioridad a la comisión del delito y que no hubiese sido impuesto mediante resolución que haya causado estado.
Durante la tramitación de todo procedimiento dentro de la ejecución de las medidas sancionadoras se debe respetar el debido proceso de ley.
El adolescente tendrá derecho a:
I.	Solicitar información sobre sus derechos en relación con las personas o funcionarios bajo cuya responsabilidad se encuentra;
II.	Recibir información sobre los reglamentos internos de la institución a la que asiste o en la que se encuentra privado de libertad, especialmente las relativas a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele;
III.	La vida, a su dignidad e integridad física, psicológica y moral;
IV.	Tener formas y medios de comunicación con el mundo exterior, a comunicarse diaria y libremente con sus padres, tutores, responsables y a mantener correspondencia con ellos, y en los casos que corresponda, los permisos de salidas y un régimen de visitas;
V.	Respeto absoluto de todos sus derechos y garantías consagrados en las constituciones local y federal, y en esta Ley;
VI.	Permanecer, preferiblemente, en su medio familiar, si éste reúne los requisitos adecuados para su desarrollo integral;
VII.	Recibir los servicios de salud, educación y otras asistencias sociales por profesionales debidamente capacitados y en condiciones que garanticen su adecuado desarrollo físico y psicológico;
VIII.	Recibir información y participar activamente en la elaboración e implementación del plan individual de ejecución de la medida sancionadora y a ser ubicado en un lugar apto para su cumplimiento;
IX.	Tener garantizado el derecho de defensa técnica durante toda la etapa de ejecución y mantener comunicación continua y privada con su familia, defensa técnica, representante del ministerio público y el juez especializados;
X.	Presentar peticiones ante cualquier autoridad y que se le garantice la respuesta, incluyendo los incidentes que promueva mediante el defensor ante el juez encargado de la ejecución;
XI.	Que se le garantice la separación entre adolescentes declarados responsables de un delito de aquellos que se encuentren cumpliendo medida de detención cautelar;
XII.	No ser incomunicado en ningún caso, a que no se le imponga castigo físico ni medidas de aislamiento;
XIII.	No ser trasladado del centro de cumplimiento de modo arbitrario, a menos que sea sobre la base de una orden judicial, y
XIV.	Los demás derechos establecidos en el sistema penitenciario para todas las personas, que sean compatibles con los principios que rigen esta Ley y los instrumentos internacionales específicos.
Los derechos y principios establecidos en esta Ley se aplicarán a los jóvenes que hayan alcanzado la mayoría de edad y se encuentren cumpliendo la sanción impuesta, igualmente a los que sean sancionados después de haber cumplido la mayoría de edad, por delitos cometidos mientras eran menores de dieciocho años.
Para la ejecución de las medidas sancionadoras que ameriten seguimiento deberá realizarse un plan individual de ejecución para cada adolescente que será elaborado por el organismo encargado de la ejecución con la activa participación de él y de su defensa o responsable. Este plan comprenderá sus aptitudes personales y familiares, de modo que establezcan objetivos o metas reales para la ejecución de la medida sancionadora. Deberá estar listo a más tardar un mes después de que se haya iniciado el cumplimiento de ésta.
El plan individual de ejecución debe ser evaluado periódicamente por parte del órgano competente.
El órgano competente de la ejecución de la medida sancionadora deberá informar trimestralmente al juez encargado de ella sobre los avances u obstáculos para el cumplimiento del plan individual de ejecución, lo mismo que el ambiente familiar y social en que el adolescente se desarrolla. En caso de ser necesario, el juez podrá ordenar a los organismos públicos el cumplimiento de los programas establecidos en el plan de ejecución individual.
Los encargados de la ejecución de la medida sancionadora deberán procurar el mayor contacto con los familiares del adolescente sancionado. Para ello, en forma periódica, como mínimo, cada mes, informar al familiar más cercano sobre el desarrollo o cualquier ventaja o desventaja del plan de ejecución.
Ejecución y cumplimiento de las medidas sancionadoras privativas de libertad
La medida sancionadora de privación de libertad se ejecutará en centros de internamiento especiales para adolescentes, que serán diferentes a los destinados para la población penitenciaria adulta. Deberán existir secciones separadas para albergar a mujeres y hombres.
En los centros no se podrá admitir a adolescentes sin orden previa de autoridad judicial competente. Asimismo, al interior del centro, deberán existir separaciones necesarias según los grupos etarios definidos en esta Ley. Igualmente se separarán los que se encuentren con medida de detención cautelar y con medida definitiva. Cuando los adolescentes cumplan la mayoría de edad durante la ejecución de la medida sancionadora, deberán ser separados física y materialmente de los adolescentes.
A partir del primer mes del ingreso del adolescente al centro, el funcionario a cargo del plan individual de ejecución deberá enviar al juez de ejecución el respectivo plan, y trimestralmente un informe sobre la situación del adolescente y el desarrollo del mismo, con recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
La inobservancia de estas obligaciones por parte de los servidores públicos competentes deberá ser comunicada por el juez de ejecución al superior administrativo correspondiente, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder.
Los servidores públicos de los centros serán seleccionados por concurso de oposición y deberán contar con aptitudes e idoneidad para ejercer la función así como estar especializados en el trabajo con adolescentes privados de libertad. Al interior del centro de privación de libertad, la portación y uso de armas está terminantemente prohibida. El reglamento correspondiente señalará la forma y criterios de selección.
El funcionamiento de los centros privativos de libertad estará regulado por un reglamento interno que dispondrá sobre la organización y deberes de los servidores públicos, las medidas de seguridad, la atención terapéutica, la orientación psico-social, las actividades educativas y recreativas, así como las medidas disciplinarias que garanticen el debido proceso.
Su contenido deberá asegurar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley.
Cuando esté próximo a egresar del centro de privación de la libertad, el adolescente deberá ser preparado para la salida, con la asistencia del equipo multidisciplinario así como con la colaboración de los padres o familiares, si ello fuera posible.
AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA EJECUCIÓN
Control de la ejecución de las medidas
El juez a cargo del control de la ejecución de las medidas sancionadoras tendrá las siguientes atribuciones:
I.	Controlar que la ejecución de toda medida sancionadora sea de conformidad con la sentencia definitiva que la impuso, asegurando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al adolescente durante la ejecución de la medida;
II.	Revisar las medidas sancionadoras a solicitud de parte, o de oficio, por lo menos una vez cada cuarenta y cinco días, para cesarlas, modificarlas o sustituirlas por otras menos graves, cuando no cumplan con los objetivos para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de reinserción social del adolescente;
III.	Controlar el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las medidas impuestas en la sentencia definitiva;
IV.	Ordenar la cesación de la medida sancionadora una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia;
V.	Atender las solicitudes que hagan los adolescentes, dar curso a sus quejas cuando así lo amerite la situación y resolver lo que corresponda;
VI.	Visitar los centros de ejecución o cumplimiento de las medidas sancionadoras del adolescente, por lo menos una vez al mes, y
VII.	Las demás atribuciones que esta y otras leyes le asignen.
La instancia encargada de la ejecución de las medidas sancionadoras privativas de libertad, tendrá el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y se le denominará Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil.
El Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil tendrá por objeto ejecutar y dar seguimiento a las medidas sancionadoras que sean impuestas a los adolescentes, para que con su aplicación se logren las finalidades que se persiguen conforme a la presente Ley.
El Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil contará con una Dirección General, una Unidad de Atención Integral, los centros de privación de la libertad, y demás áreas técnicas y administrativas que determine su reglamento.
Para tal efecto, el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, tendrá las siguientes funciones:
I.	Asegurar el cumplimiento y garantía de los derechos que asisten a los adolescentes;
II.	Diseñar, coordinar, supervisar, organizar y administrar los programas de atención integral y seguimiento requeridos para la ejecución de las medidas sancionadoras;
III.	Brindar toda la información que requiera el juez a cargo de la ejecución y acatar las instrucciones que éste haga sobre la ejecución de las medidas sancionadoras, sobre los programas y proyectos así como el manejo de los centros privativos de libertad;
IV.	Velar porque las instituciones responsables del proceso de educación y reinserción social de los adolescentes se desarrolle de un modo eficaz y respetuoso de los derechos dentro de los límites establecidos en esta Ley;
V.	Garantizar, coordinar y supervisar la existencia de programas de atención terapéutica y orientación psico-social a los adolescentes que se encuentren cumpliendo una medida sancionadora o cautelar, en coordinación con sus familiares más cercanos;
VI.	Disponer la creación de una unidad de atención integral, conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales en trabajo social, psicólogos, educadores, antropólogos y demás profesionales que se estime conveniente, el cual brindará atención integral, supervisión y seguimiento durante la ejecución de las medidas sancionadoras en el marco de los programas y proyectos destinados a la ejecución de las distintas medidas sancionadoras. Podrán auxiliarse de los especialistas de las instituciones públicas o privadas, especializadas, cuando sea necesario;
VII.	Garantizar que, periódicamente, se pueda informar al juez sobre el avance en el plan de ejecución de la medida sancionadora de cada uno de los adolescentes que se encuentre cumpliéndolas;
VIII.	Organizar, supervisar y coordinar la administración de los centros de internamiento especializados y demás centros de custodia, encargados de la atención integral de los adolescentes;
IX.	Impulsar la creación a nivel local y con participación activa de la sociedad civil, las comunidades, los centros de educación formal, patronatos y redes de apoyo, programas para el proceso de educación y reinserción social de los adolescentes sujetos de esta Ley;
X.	Velar, en lo administrativo, por que la ejecución de toda medida sancionadora sea de conformidad con la sentencia definitiva que la impuso, garantizando los derechos que asisten al adolescente;
XI.	Vigilar y asegurar que el plan individual para la ejecución de las sanciones sea acorde a los objetivos fijados en la sentencia definitiva, en esta Ley y demás instrumentos internacionales;
XII.	Velar porque se respeten los derechos y garantías del adolescente mientras cumple la medida sancionadora, especialmente en las privativas de libertad;
XIII.	Solicitar al juez a cargo de la ejecución modificar la medida sancionadora impuesta al adolescente por otra menos grave, cuando lo considere pertinente, y
XIV.	Las demás atribuciones que esta Ley le asigne y las que se establezcan mediante la respectiva reglamentación, siempre que garanticen los fines de este ordenamiento.
Las autoridades de ejecución y cumplimiento de las medidas sancionadoras de los adolescentes deberán orientarse y armonizarse con la política general en materia de protección integral a la niñez y adolescencia a nivel estatal, desarrollada por las autoridades de aplicación.
Cumplimiento de medidas no privativas de libertad
Una vez dictada la sentencia en la que se imponga al adolescente alguna de las medidas sancionadoras no privativas de libertad establecidas en esta Ley, el juez citará al adolescente y a sus padres o responsables a una audiencia de la cual dejará constancia por medio de acta.
En caso de que la medida sancionadora sea la amonestación, deberán comparecer a la audiencia de ejecución los padres o responsables. El juez se dirigirá al adolescente en forma clara y directa, indicándole el delito cometido, previniéndole de que, en caso de continuar con su conducta, podrían aplicársele medidas sancionadoras más severas e invitándolo a aprovechar las oportunidades que se le conceden con este tipo de medida. También, el juez deberá recordar a los padres sus deberes en la formación, supervisión y educación del adolescente.
Una vez dictada la sentencia en la que se sanciona al adolescente con libertad asistida, el órgano responsable elaborará el plan de ejecución individual para el cumplimiento de esa medida sancionadora. Bajo este plan se ejecutará la medida, el que deberá contener los posibles programas educativos o formativos a los que los adolescentes deberán asistir, el tipo de orientación requerida y el seguimiento para el cumplimiento de los fines fijados en esta Ley.
Una vez dictada la sentencia que imponga una medida sancionadora de prestación de servicios a la comunidad, el juez deberá citar al adolescente para indicarle el establecimiento donde debe cumplir la sanción. Asimismo, el órgano responsable elaborará un plan individual para el cumplimiento de esta medida sancionadora, que debe contener por lo menos:
I.	El lugar donde se debe realizar el servicio;
II.	El tipo de servicio que se debe prestar, y
III.	El nombre de la persona encargada del adolescente dentro de la entidad donde se va a prestar el servicio.
En todos los casos, el servicio deberá estar acorde con las aptitudes y habilidades del adolescente así como fortalecer en él los principios de convivencia social.
Las personas responsables de entidades sin fines de lucro, interesadas en colaborar en el apoyo de la ejecución de medidas sancionadoras no privativas de libertad, deben dirigirse al órgano administrativo competente, el que deberá comprobar su idoneidad y programas que ofrecen antes de darles su aprobación. Tendrán preferencia los programas comunitarios del lugar de origen o domicilio del adolescente.
Una vez dictada la sentencia en la que se aplica al adolescente una medida de reparación a la víctima, el órgano competente elaborará un plan individual para su cumplimiento. Este plan deberá contener, al menos, los siguientes aspectos, cuando la reparación no sea inmediata:
I.	La forma en la cual se desarrollará la restitución del daño. Estas formas de restitución deben estar necesariamente relacionadas con el daño provocado por el delito;
II.	El lugar donde se debe de cumplir esa restitución o resarcimiento del daño a favor de la víctima; y
III.	Los días y horas que dedicará para tal efecto, que no deben afectar sus estudios u ocupaciones laborales.
Para la sustitución de la reparación a la víctima por una suma de dinero, se procurará, en todo caso, que el dinero provenga del esfuerzo propio del adolescente. Se buscará, cuando esta sustitución proceda, que no provoque un traslado de su responsabilidad personal hacia sus padres o representantes. En caso de que proceda la sustitución y el juez en su sentencia no la haya determinado, deberá valorar los daños causados a la víctima, con el fin de fijar el monto a pagar.
A la hora de imponer órdenes de orientación y supervisión, el juez deberá, si le es posible, establecer el lugar donde deberá residir o donde le esté prohibido. Cuando el lugar de residencia no haya sido fijado, el juez deberá definirlo con la colaboración de los equipos técnicos. El síndico de la municipalidad a que pertenezca el domicilio del adolescente, informará al juez, por lo menos una vez cada tres meses, sobre el cumplimiento y evaluación de esta medida sancionadora.
En caso de que esta medida sancionadora no pueda cumplirse por imposibilidad económica, el Ayuntamiento correspondiente a su domicilio deberá contribuir con los gastos de traslado y cualquier otro, según las posibilidades y necesidades del adolescente.
En los casos en que incumpla reiterada e injustificadamente, en los términos de esta Ley, con la medida impuesta, el juez citará a audiencia para resolver respecto del incumplimiento.
Una vez dictada la sentencia que disponga la privación de libertad del adolescente durante el tiempo libre, el órgano competente deberá elaborar un plan de ejecución individual, el cual deberá contener los siguientes aspectos:
I.	El establecimiento público o privado en que se debe cumplir la medida;
II.	El horario diario o semanal en que debe acudir al establecimiento, y
III.	Las actividades que debe realizar.
Estos establecimientos no requerirán de seguridad extrema. Deberán estar especializados en personal, áreas y condiciones adecuadas para el cumplimiento de esta medida. Los establecimientos deberán ubicarse en lugares lo más cercanos a la comunidad donde reside el adolescente. El órgano competente deberá supervisar continuamente que estos centros cumplan con los fines de la medida. Asimismo, dicho órgano deberá informar mensualmente al juez sobre el cumplimiento de esta medida por parte del adolescente.
Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.
El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado. Cuando esta Ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas.
En el proceso para adolescentes sólo se admitirán los siguientes recursos, según corresponda:
I.	Revocación;
II.	Apelación;
III.	Apelación especial;
IV.	Revisión;
V.	Queja, y
VI.	Reclamación.
Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en esta Ley, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida.
Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la crítica de los efectos que causan la afectación.
El adolescente podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocar el vicio, en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación.
El ministerio público sólo puede presentar recurso contra aquellas decisiones que sean contrarias a su función como titular de la persecución penal pública. Sin embargo, cuando proceda en interés de la justicia, el ministerio público puede recurrir a favor del adolescente.
La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido en acusador coadyuvante en los casos autorizados por esta Ley, pueden recurrir las decisiones que pongan fin al proceso o versen sobre la reparación del daño.
El acusador coadyuvante puede recurrir las decisiones que le causen agravio, independientemente del ministerio público.
En el caso de las decisiones que se producen en la etapa de juicio, sólo las pueden recurrir si participaron en éste.
Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del período de emplazamiento, al recurso interpuesto por cualquiera de las partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición.
Sobre la adhesión, se dará traslado a las demás partes por el término de tres días, antes de remitir las actuaciones al tribunal competente para conocer del recurso.
La víctima u ofendido, aun cuando no esté constituida como acusador coadyuvante, podrá presentar solicitud motivada al ministerio público para que interponga los recursos que sean pertinentes, dentro de los plazos legales.
Cuando el ministerio público no presente la impugnación o se desista de ella, informará por escrito al solicitante la razón de su proceder dentro de los diez días de vencido el plazo legal para recurrir.
Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de revocación, el que será resuelto de inmediato, sin suspenderlas.
La interposición del recurso implica la reserva de recurrir en apelación o en apelación especial, si el vicio no es saneado y la resolución provoca un agravio al recurrente.
Cuando existan varios adolescentes, el recurso interpuesto por uno de ellos favorecerá también a los demás, a menos que se base en motivos exclusivamente personales.
También favorecerá al adolescente el recurso del demandado civil, en cuanto incida en la responsabilidad penal.
La resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y mientras se tramite el recurso, salvo disposición legal en contrario.
El ministerio público podrá desistir de los recursos que hubiera interpuesto, mediante escrito motivado y fundado.
Las partes podrán desistir los recursos interpuestos por ellas o por sus defensores, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes. Para desistir un recurso, el defensor deberá tener autorización expresa por escrito del adolescente.
A menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales, el recurso otorgará al tribunal competente el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios.
Cuando la resolución sólo fuere impugnada por el adolescente o su defensor, no podrá modificarse en su perjuicio.
El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de que el mismo juez que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda.
Salvo en las audiencias orales, en las que el recurso se resolverá de inmediato, la revocación se interpondrá por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación. El juez resolverá, previo traslado a los interesados, en el mismo plazo.
La resolución que recaiga será ejecutada, a menos que el recurso haya sido interpuesto en el mismo momento con el de apelación subsidiaria y este último se encuentre debidamente sustanciado.
Serán apelables las resoluciones dictadas por el juez que:
I.	Pongan término al procedimiento, hagan imposible su prosecución o lo suspendan;
II.	Las que se pronuncien sobre medidas cautelares;
III.	Las que concedan, nieguen o revoquen suspensión del proceso a prueba;
IV.	El auto que resuelva sobre la vinculación a proceso;
V.	Las resoluciones denegatorias de prueba, dictadas hasta en el auto de apertura de juicio oral;
VI.	Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios, y
VII.	Las demás que esta Ley y las restantes normas procesales señalen.
El sobreseimiento será apelable en cualquier etapa del proceso.
También serán apelables las resoluciones del Juez de Ejecución que modifique, sustituya o revoque una medida sancionadora.
El recurso de apelación se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución y, salvo disposición en contrario, dentro del plazo de tres días.
En el escrito en el cual se interponga el recurso, se deberán expresar las violaciones procedimentales que se estime se hayan cometido previo al dictado de la resolución o, en su caso, en la audiencia en la que se haya dictado la misma.
Cuando el tribunal competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto, las partes deberán fijar un nuevo lugar o la forma para recibir notificaciones, si es necesario.
Presentado el recurso, el juez emplazará a las partes para que, en un término de tres días, comparezcan al tribunal de alzada y remitirá a éste la resolución y copia certificada de todos los antecedentes que fueren pertinentes.
Si se producen adhesiones durante el emplazamiento, correrá traslado a las otras partes para que contesten la adhesión en un plazo igual.
Excepcionalmente, el tribunal de alzada podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales. Ello no implicará la paralización ni suspensión del proceso.
Recibidas las actuaciones, el tribunal competente decidirá si admite el recurso y, en su caso, dentro de los diez días siguientes citará a una audiencia en la que resolverá de inmediato la cuestión planteada.
La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, quienes podrán hacer uso de la palabra, sin que se admitan réplicas.
El adolescente será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, en ese caso, se le concederá la palabra en último término.
En la audiencia, el tribunal podrá interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones planteadas en el recurso.
Concluido el debate, el tribunal pronunciará resolución de inmediato o, si no fuere posible, dentro de un plazo de tres días siguientes a la celebración de la audiencia, en fecha y hora que dará a conocer a los intervinientes en la audiencia. El tribunal podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida.
La apelación especial tiene por objeto examinar si la sentencia inobservó o aplicó erróneamente un precepto legal.
Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado provoque una nulidad, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho protesta de recurrir en apelación especial, salvo en los casos de violaciones a derechos fundamentales y los producidos después de clausurado el juicio.
Procederá el recurso de apelación especial:
I.	Cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido derechos o garantías fundamentales, asegurados por la Constitución Federal o Local, o por los tratados internacionales ratificados por México que se encuentren vigentes, y
II.	Cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho, que hubiere influido sustancialmente en los puntos resolutivos de la sentencia.
Sólo se podrá interponer recurso de apelación especial contra la sentencia definitiva.
El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito ante el juez que dictó la resolución, dentro del plazo de diez días de notificada, en el que se citarán, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la pretensión.
Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá alegarse otro motivo.
Interpuesto el recurso, el juez que dictó la sentencia emplazará a los interesados para que comparezcan ante el tribunal de alzada, observándose en lo que sigue el mismo trámite previsto para la apelación en el artículo 205 de esta Ley. Dentro del plazo tres días, las partes también deberán fijar, si es necesario, un nuevo lugar o la forma para recibir notificaciones. Vencido el plazo sin que se produzcan adhesiones, se remitirán las diligencias al tribunal de alzada.
El tribunal de alzada declarará inadmisible el recurso cuando:
I.	Haya sido interpuesto fuera del plazo, o
II.	Se hubiese interpuesto en contra de resolución que no fuere impugnable por medio de apelación especial; lo interpusiese persona no legitimada para ello.
Si se declara admisible y no debe convocarse a una audiencia oral, en la misma resolución dictará sentencia.
En caso contrario, ésta deberá dictarse después de la audiencia.
Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta su voluntad de exponer oralmente sus argumentos, o bien, cuando el tribunal la estime útil, éste citará a una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones.
Para celebrar la audiencia, regirán las mismas reglas dispuestas para el recurso de apelación.
Podrá ofrecerse prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o registros de la audiencia, o en la sentencia.
También será admisible la prueba propuesta por el adolescente o en su favor, incluso la relacionada con la determinación de los hechos que se discuten, cuando:
I.	Sea indispensable para sustentar el agravio que se formula, o
II.	Se actualicen los supuestos del procedimiento de revisión.
El ministerio público o la víctima u ofendido podrán ofrecer prueba esencial para resolver el fondo del reclamo sólo cuando tengan el carácter de superveniente.
Cuando se haya recibido prueba oral, los que la hubieren recibido deberán integrar el tribunal al momento de la decisión final.
El tribunal que conozca del recurso de apelación especial contra la sentencia apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar la forma en que el Juez del juicio apreció la prueba y fundamentó su decisión. Si no tuviere registros suficientes para realizar esa apreciación, podrá reproducir en esta etapa la prueba oral del juicio conforme lo previsto en el artículo anterior, que en su criterio sea necesaria para examinar la procedencia del reclamo, valorándola en relación con el resto de las actuaciones.
El juicio y la sentencia serán anulados:
I.	Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por juez incompetente;
II.	Cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de juicio oral, legalmente implicado y cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente;
III.	Cuando la audiencia de juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exige esta Ley;
IV.	Cuando se hubiere violado el derecho de defensa;
V.	Cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por esta Ley sobre oralidad, inmediación, concentración y continuidad del juicio, siempre que se vulneren derechos de las partes;
VI.	Cuando la sentencia carezca de fundamentación o motivación;
VII.	Cuando en la sentencia se haya tomado en cuenta una prueba ilícita que trascienda al resultado del fallo;
VIII.	Cuando no se hubiese respetado el principio de congruencia entre acusación y sentencia;
IX.	Cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada, y
X.	Cuando en la sentencia no se hubieran observado las reglas de la sana crítica, de la experiencia o de la lógica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo o, cuando se haya falseado el contenido de los medios de prueba producidos en juicio.
No constituyen motivo de nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte resolutiva, sin perjuicio de que el tribunal de alzada pueda corregir los que advirtiere durante el conocimiento del recurso.
Si el tribunal estima fundado el recurso, anulará, total o parcialmente, la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la resolución. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución. En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá lo que corresponda.
Si por efecto de la resolución del recurso deba cesar la medida privativa de la libertad del adolescente, el tribunal ordenará directamente la libertad.
La reposición del juicio deberá celebrarse por un juez distinto del que emitió la sentencia.
El ministerio público y el acusador coadyuvante no podrán formular recurso de apelación especial contra la sentencia que se produzca en la reposición del juicio que reitere la absolución del adolescente.
El recurso de apelación especial que se interponga contra la sentencia dictada en reposición del juicio deberá ser conocido por el tribunal competente para conocer de esa materia, pero integrado por jueces distintos a los que se pronunciaron en la ocasión anterior.
La resolución que falle un recurso de apelación especial no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme, dispuesto en esta Ley.
Tampoco será susceptible de recurso alguno la sentencia que se dicte en el nuevo juicio que se realice como consecuencia de la resolución que hubiera acogido el recurso de apelación especial. No obstante, si la sentencia fuera condenatoria y la que se hubiera anulado hubiese sido absolutoria, procederá el recurso de apelación especial a favor del adolescente conforme a las reglas generales.
La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del adolescente, cuando:
I.	Los hechos tenidos como fundamento de la medida resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia firme;
II.	La sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un proceso posterior;
III.	La sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho, violencia o en cualquiera de las hipótesis a que se refiere el Código Penal vigente en el Estado en lo relativo a los delitos contra la administración de justicia, u otros que impliquen conductas fraudulentas, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme;
IV.	Después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el adolescente no lo cometió o que éste no es punible o corresponda aplicar una jurisprudencia, ley o norma más favorable, o
V.	Cuando corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al adolescente.
En los supuestos señalados en las fracciones IV en su última parte y V, el juez de ejecución procederá de oficio.
Podrán promover la revisión:
I.	El adolescente o su defensor, y
II.	El ministerio público.
La revisión se solicitará por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia. Deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se acompañarán las documentales.
Para el trámite de la revisión regirán las reglas establecidas para el de apelación, en cuanto le sean aplicables.
El tribunal de alzada competente para resolver, podrá disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. También podrá producir prueba de oficio en la audiencia.
El tribunal competente podrá anular la sentencia cuando resulte una absolución.
El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá la interposición de un nuevo recurso fundado en motivos distintos.
Queja y Reclamación
El adolescente o adulto joven puede presentar quejas, directamente o a través de cualquier persona contra los servidores públicos de los centros especializados o los representantes de las dependencias, instituciones u organizaciones públicas y privadas que estén colaborando en la aplicación de la medida, por la trasgresión o inminente vulneración de sus derechos y garantías.
Las quejas pueden ser presentadas de manera oral o escrita ante el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, quienes deberán realizar inmediatamente la investigación respectiva y dictar una resolución en un plazo no mayor a tres días.
El Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil dispondrá, en su caso, las medidas precautorias necesarias para salvaguardar los derechos del adolescente mientras se resuelve la queja.
Contra las resoluciones dictadas por el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, que vulneren los derechos y garantías de los adolescentes, o bien contra la falta de respuesta a una queja presentada en los términos del artículo anterior, procederá el recurso de reclamación ante el juez de ejecución.
El recurso de reclamación deberá interponerse por escrito ante el juez de ejecución, quien si lo considera procedente, convocará dentro de los tres días siguientes a una audiencia a la que deberán concurrir el adolescente y su defensor, sus padres, tutores o representantes en su caso, y la autoridad ejecutora señalada como responsable, quienes harán una breve presentación de sus posiciones. El juez resolverá de inmediato una vez que haya oído a los intervinientes.
El juez estará autorizado a solicitar a las autoridades ejecutoras todos los informes necesarios para sustentar su resolución, antes de la celebración de la audiencia.
Si la autoridad ejecutora no envía los informes solicitados o no comparece a la audiencia, el juez tendrá por ciertos los hechos materia del recurso y resolverá en consecuencia.

References: in fine
 artículo 5
 artículo187
 artículo 293
 artículo 306
 artículo 236
 artículo 317
 artículo 320
 artículo 321
 artículo 5
 artículo 321
 resolución 
in fine
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 artículo 205
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