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Control fiscal contratación de urgencia. Características del control / urgencia manifiesta control fiscal de la contratación / contrato estatal características
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CONTROL FISCAL - Contratación de urgencia. Características del control / URGENCIA MANIFIESTA - Control fiscal de la contratación / CONTRATO ESTATAL - Características del control fiscal de los celebrados por urgencia manifiesta / CONTRATACIÓN DIRECTA - Control fiscal sobre los celebrados por urgencia manifiesta
La contratación de urgencia también es objeto de control posterior, para verificar si los contratos se ajustaron o no, a la ley. Además, cuando los contratos se liquiden o terminen se ejercerá el control financiero, de gestión y de resultados, que complementa el procedimiento de vigilancia fiscal. Por lo tanto, es preciso observar que en la actuación relativa a la contratación directa por declaración de urgencia manifiesta, el control fiscal se ejerce a plenitud, con ejercicio de todas la atribuciones legales tendientes a determinar si el procedimiento se ajustó a las precisiones del estatuto de contratación del Estado y, a establecer si existe mérito suficiente para iniciar proceso de responsabilidad fiscal o de cualquier otra índole. El control fiscal ejercido sobre actuaciones de contratación directa por declaración de urgencia manifiesta, se caracteriza por: a) La inmediatez de la revisión y, b) La forma obligatoria del control. Bajo estas circunstancias absolutamente excepcionales, dentro de las cuales se excluyen algunos de los procesos legales previstos para la contratación estatal, el legislador quiso mantener un control inmediato y obligatorio, en todos los casos, para verificar que la conducta de los administradores se ciña a los intereses del Estado.
URGENCIA MANIFIESTA - Trámite. Control fiscal / CONTRATO ESTATAL - Control fiscal de los celebrados por urgencia manifiesta. Alcance de la expresión “inmediatamente”
La urgencia manifiesta deberá declararse mediante acto administrativo motivado. De otro lado, es preciso determinar el alcance de las expresiones "inmediato futuro", "actuaciones inmediatas", "inmediatamente después de celebrados los contratos", que aparecen en los artículos 42 y 43 del Estatuto Contractual de la Administración Pública. El término "inmediatamente" utilizado en los citados artículos de la ley 80 de 1993, no ha sido definido por el legislador; corresponde entonces tomarlo en su sentido natural y obvio, según el uso general de la expresión; en el asunto estudiado, la palabra "inmediatamente" tiene un significado obvio, es decir, que la actuación de la administración, para este caso, debe realizarse al instante, a más tardar al día siguiente. Según el artículo 59 de la ley 4° de 1913, corresponde entender esta expresión como la de espacio de tiempo de veinticuatro horas. Es entendido que se excluyen los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, previstos en el artículo 1° de la ley 95 de 1890; además, debe tenerse en cuenta el término de la distancia, que se calculará según el medio de comunicación empleado, conforme lo dispone el artículo 852 del Código de Comercio, aplicable para el caso examinado por expresa disposición del artículo 13 de la ley 80 de 1993. La Sala estima, con fundamento en lo anterior, que la respectiva entidad contratante enviará los contratos originados en la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declaró y los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos al funcionario u organismo de control fiscal, “inmediatamente después de celebrados los contratos", enseguida, sin ninguna dilación, preferiblemente a más tardar al día siguiente, esto es, dentro de las veinticuatro horas, si ello es posible; pero en todo caso a la mayor brevedad, so pena de incurrir en dilación injustificada con las consecuencias de responsabilidad disciplinaria.
URGENCIA MANIFIESTA - Límites a la celebración de contratos / CONTRATO ESTATAL - Celebración por urgencia manifiesta: trámite. Límites / CONTRATACIÓN DIRECTA - Urgencia manifiesta. Trámite
La administración pública está limitada a celebrar los contratos que prescriba en el acto de declaración de urgencia manifiesta, siendo imposible, por lo mismo, que posteriormente a dicha declaración se incluyan nuevos contratos por idénticos motivos de urgencia; de esta manera, se establece control sobre el ejercicio de la contratación directa que tiene carácter excepcional. Según se indicó, el procedimiento de contratación por declaración de urgencia manifiesta, es un mecanismo al cual se debe recurrir cuando las condiciones normales de la administraci6n se vean alteradas por situaciones de calamidad, circunstancias de fuerza mayor o desastre ajenas a su control, que no permitan cumplir con el proceso regular y, por lo tanto, impidan adelantar el proceso licitatorio conformado por la apertura de la licitación; la elaboración del pliego de condiciones; la publicación de los avisos que dan a conocer el proceso de licitación; la presentación de propuestas; en algunos casos, la celebración de audiencia para aclarar aspectos del pliego de condiciones; la elaboración de estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas; la elaboración de los informes evaluativos de las propuestas y su traslado a los oferentes para las observaciones pertinentes; la adjudicación de la licitación previa a la celebración del contrato.
URGENCIA MANIFIESTA - Motivos para declararla. Límites
El artículo 42 de la ley 80 de 1993, se refiere a tres motivos para declarar la urgencia: a) Cuando se amenace la continuidad del servicio, b) Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción (guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social o ecológica) y, c) Cuando se presenten calamidades públicas, situaciones de fuerza mayor o desastre. El literal a) es amplio y genérico, lo que hace necesario precisar que esta situación deber ser invocada en casos de amenaza real de paralización de un servicio, no simplemente cuando la entidad pública pretenda adquirir bienes y servicios que, en estricto rigor, no son necesarios para la continuidad del mismo. En cuanto a los eventos descritos en los literales b) y c), son claros y no existe mayor motivo de duda. En este sentido, cuando el contrato, cuyos recursos están previstos en el presupuesto, no se pueda celebrar dentro del período fiscal respectivo, no se configura, por esta sola circunstancia la necesidad de acudir a la declaración de urgencia manifiesta, sino, cuando en efecto, se presente la inminente necesidad de celebrar el contrato para evitar que se paralice el servicio. Con fundamento en la ley 80 de 1993 que regula en abstracto la materia, la Sala encuentra necesario observar que, si los funcionarios competentes de la administración pública no hicieron uso de la facultad de urgencia para celebrar los contratos en los términos legales, esto es, en forma inmediata, la administración no puede afectarse, ni ser privada de este mecanismo jurídico excepcional, de suerte que, aunque haya sido declarada la urgencia, el funcionario competente, puede volver a declararla, si subsisten los motivos que le dieron origen.
NOTA DE RELATORIA: 1) Concepto 587 del 94/03/04. Sala de Consulta. 2) Autorizada la publicación el 21 de mayo de 1996.
Bogotá, D.C. , marzo veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Radicación número: 677
Actor: MINISTRO DE GOBIERNO
Referencia: Funciones de control fiscal en materia de urgencia manifiesta de que trata la ley 80 de 1993.
El señor Ministro de Gobierno formula a la Sala la siguiente consulta:
Primera. De acuerdo con los siguientes supuestos, puede la administración declarar la urgencia: a) Cuando se presentan situaciones preexistentes, anteriores a los hechos y circunstancias que dieron lugar a tal declaratoria, sin que medien circunstancias sobrevinientes a la urgencia (sic); b) Cuando éstos se encuentren previstos en los planes y programas de desarrollo; e) Cuando los mismos hayan sido objeto de una urgencia declarada anteriormente, y la administración no haya suscrito los contratos amparados por ella?
Segunda. Cuál es el término para que la administración declare la urgencia si se tienen en cuenta los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993 para los casos de contratación mediante el proceso licitatorio?
Tercera. Qué término debe mediar entre la declaratoria de urgencia y la celebración de los contratos?
Cuarta. Puede la administración en forma indefinida o sin graduación precisa u ordenada en el tiempo, decretar la urgencia y celebrar los contratos respectivos?
Quinta. Cuál es la oportunidad temporal para que la administración, conforme a la expresión "inmediatamente" utilizada en el articulo 43 de la ley mencionada, envíe o ponga en conocimiento del control fiscal el acto administrativo declara torio de la urgencia, los contratos celebrados en virtud de la misma, los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos?
Sexta. En consecuencia de las hipótesis anteriores, puede la 'administración celebrar otros contratos en virtud de la misma declaratoria de urgencia, una vez que ésta hubiere enviado los correspondientes antecedentes para que el organismo fiscalizador emita su pronunciamiento?
Séptima. De acuerdo con las tesis ya planteadas se pregunta cuál es la relación de inmediatez que existe entre los siguientes eventos:
a) los hechos y circunstancias que determinaron la urgencia y la expedición del acto administrativo que la declara?
b) La celebración de los contratos y la entrada en ejecución de los mismos?
Octava. Es vinculante para el jefe inmediato del servidor público que celebró los contratos, bajo la declaratoria de urgencia o para la autoridad disciplinaria competente, el pronunciamiento emitido por el funcionario u organismo de control a que se refiere el artículo 43 de la ley 80 de 1993?"
1° El artículo 24 numeral 1° de la ley 80 de 1993, señala que la selección de los contratistas por entidades públicas se efectuará mediante licitación o concurso público. La misma disposición establece los casos de excepción en los que se podrá contratar directamente, entre ellos señala el del literal f), relativo a la urgencia manifiesta. El artículo 42 ibídem, determina que existe urgencia manifiesta, cuando:
"... la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanda actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”.
2° El parágrafo 1° del artículo 24 de la citada ley 80 de 1993 prescribe:
“Los casos de contratación directa a que se refiere el numeral 1° del presente artículo, no impedirán el ejercicio del control por parte de las autoridades competentes del comportamiento de los servidores públicos que hayan intervenido en dichos procedimientos y en la celebración del contrato”.
Esta norma está en concordancia con el artículo 43 ibídem que ordena:
"Del Control de la Contratación de Urgencia. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al Jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta..."
3° Además, el artículo 65 de la misma ley 80 de 1993 dispone que la intervención de las autoridades de control fiscal deberá efectuarse:
­"... Una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales.
"Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales".
4° El Estatuto de la ley 80, con el propósito de agilizar los trámites, establece que los contratos se perfeccionan con el acuerdo de las partes sobre... "el objeto y la contraprestación; y este se eleve a escrito..." (artículo 40) y se legalizan con la constitución de la garantía única, la reserva presupuestal, el pago del impuesto y la publicación del texto. A partir del cumplimiento de estos requisitos, empezará la intervención de las autoridades estatales de control fiscal.
En consecuencia la contratación de urgencia también es objeto de control posterior, para verificar si los contratos se ajustaron o no, a la ley. Además, cuando los contratos se liquiden o terminen se ejercerá el control financiero, de gestión y de resultados, que complementa el procedimiento de vigilancia fiscal.
Por lo tanto, es preciso observar que en la actuación relativa a la contratación directa por declaración de urgencia manifiesta, el control fiscal se ejerce a plenitud, con ejercicio de todas la atribuciones legales tendientes a determinar si el procedimiento se ajustó a las precisiones del estatuto de contratación del Estado y, a establecer si existe mérito suficiente para iniciar proceso de responsabilidad fiscal o de cualquier otra índole (subraya de la Sala)
5° El control fiscal ejercido sobre actuaciones de contratación directa por declaración de urgencia manifiesta, se caracteriza por:
a) La inmediatez de la revisión, por cuanto, la entidad pública contratante debe enviar la documentación que contenga el acto administrativo que declare la urgencia, el contrato celebrado y los antecedentes administrativos con las pruebas de los hechos que motivaron la urgencia, al organismo de control una vez que el contrato se celebre.
b) La forma obligatoria del control, que se ejerce sin que medie el proceso selectivo descrito en el artículo 5° de la ley 42 de 1993.
Estas conclusiones son obvias porque para la celebración de los contratos estatales, con fundamento en la declaración de urgencia manifiesta, se prescinde del proceso de selección del contratista por licitación o concurso público y se contrata directamente; además, en ocasiones, dependiendo de la urgencia, conforme lo dispone el inciso 4° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, el contrato puede ser verbal, debiendo dejarse constancia escrita de la autorización por la entidad estatal contratante.
Bajo estas circunstancias absolutamente excepcionales, dentro de las cuales se excluyen algunos de los procesos legales previstos para la contratación estatal, el legislador quiso mantener un control inmediato y obligatorio, en todos los casos, para verificar que la conducta de los administradores se ciña a los intereses del Estado.
La misma disposición agrega, que la urgencia manifiesta deberá declararse mediante acto administrativo motivado. De otro lado, es preciso determinar el alcance de las expresiones "inmediato futuro", "actuaciones inmediatas", "inmediatamente después de celebrados los contratos", que aparecen en los artículos 42 y 43 del Estatuto Contractual de la Administración Pública.
Para el efecto la Sala observa que:
El artículo 28 del Código Civil, textualmente prescribe: "las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a estas su significado legal. "(subraya la Sala}
El término "inmediatamente" utilizado en los citados artículos de la ley 80 de 1993, no ha sido definido por el legislador; corresponde entonces tomarlo en su sentido natural y obvio, según el uso general de la expresión.
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que tal sentido es el que da el Diccionario de la Real Academia Española a las palabras. En efecto, esta obra (edición de 1992) enseña que el adverbio de tiempo "inmediatamente", significa "sin interposición de otra cosa", "ahora", "al punto", "al instante".
En el asunto estudiado, la palabra "inmediatamente" tiene un significado obvio, es decir, que la actuación de la administración, para este caso, debe realizarse al instante, a más tardar al día siguiente.
Según el artículo 59 de la ley 4° de 1913, corresponde entender esta expresión como la de espacio de tiempo de veinticuatro horas. Es entendido que se excluyen los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, previstos en el artículo 1° de la ley 95 de 1890.
Además, debe tenerse en cuenta el término de la distancia, que se calculará según el medio de comunicación empleado, conforme lo dispone el artículo 852 del Código de Comercio, aplicable para el caso examinado por expresa disposición del artículo 13 de la ley 80 de 1993.
Aun cuando está claro el hecho de que el término de tiempo de 24 horas, no está contemplado en la ley como correspondiente a la expresión "inmediatamente", la Sala tampoco puede extender este alcance.
La Sala estima, con fundamento en lo anterior, que la respectiva entidad contratante enviará los contratos originados en la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declaró y los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos al funcionario u organismo de control fiscal, “inmediatamente después de celebrados los contratos", enseguida, sin ninguna dilación, preferiblemente a más tardar al día siguiente, esto es, dentro de las veinticuatro horas, si ello es posible; pero en todo caso a la mayor brevedad, so pena de incurrir en dilación injustificada con las consecuencias de responsabilidad disciplinaria.
7° Como expuso la Sala en concepto de 4 de marzo de 1994 (radicación 587), del artículo 42, inciso 2° de la ley 80 de 1993, se infiere que "... la declaratoria de urgencia puede referirse a uno o varios contratos que se funden en el mismo motivo; pero, en la motivación se debe hacer referencia específica a cada uno de los contratos que se vayan a celebrar con el objeto de señalar claramente su causa y finalidad. (subraya la Sala)
Así las cosas, la administración pública está limitada a celebrar los contratos que prescriba en el acto de declaración de urgencia manifiesta, siendo imposible, por lo mismo, que posteriormente a dicha declaración se incluyan nuevos contratos por idénticos motivos de urgencia; de esta manera, se establece control sobre el ejercicio de la contratación directa que tiene carácter excepcional .
8° Según se indicó, el procedimiento de contratación por declaración de urgencia manifiesta, es un mecanismo al cual se debe recurrir cuando las condiciones normales de la administraci6n se vean alteradas por situaciones de calamidad, circunstancias de fuerza mayor o desastre ajenas a su control, que no permitan cumplir con el proceso regular y, por lo tanto, impidan adelantar el proceso licitatorio conformado por la apertura de la licitación; la elaboración del pliego de condiciones; la publicación de los avisos que dan a conocer el proceso de licitación; la presentación de propuestas; en algunos casos, la celebración de audiencia para aclarar aspectos del pliego de condiciones; la elaboración de estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas; la elaboración de los informes evaluativos de las propuestas y su traslado a los oferentes para las observaciones pertinentes; la adjudicación de la licitación previa a la celebración del contrato (artículo 30 ley 80 de 1993).
El artículo 42 de la ley 80 de 1993, se refiere a tres motivos para declarar la urgencia, a saber:
a) Cuando se amenace la continuidad del servicio.
b) Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción (guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social o ecológica), y
c) Cuando se presenten calamidades públicas, situaciones de fuerza mayor o desastre.
El literal a) es amplio y genérico, lo que hace necesario precisar que esta situación deber ser invocada en casos de amenaza real de paralización de un servicio, no simplemente cuando la entidad pública pretenda adquirir bienes y servicios que, en estricto rigor, no son necesarios para la continuidad del mismo. En cuanto a los eventos descritos en los literales b) y c), son claros y no existe mayor motivo de duda.
En este sentido, cuando el contrato, cuyos recursos están previstos en el presupuesto, no se pueda celebrar dentro del período fiscal respectivo, no se configura, por esta sola circunstancia la necesidad de acudir a la declaración de urgencia manifiesta, sino, cuando en efecto, se presente la inminente necesidad de celebrar el contrato para evitar que se paralice el servicio (subraya la Sala)
9° De otro lado, habiendo sido declarada la urgencia manifiesta sin que con base en ella se hubieran celebrado los contratos necesarios, se debe examinar la situación posteriormente para verificar si en verdad la urgencia subsiste y es imposible esperar el término que se emplea en una licitación o concurso públicos, conforme lo establece el artículo 30 de la ley 80 de 1993. En tal evento la administración debe proceder de nuevo a declarar la urgencia, exponiendo los motivos en que se fundamenta y señalando todos los contratos que se deben celebrar.
Con fundamento en la ley 80 de 1993 que regula en abstracto la materia, la Sala encuentra necesario observar que, si los funcionarios competentes de la administración pública no hicieron uso de la facultad de urgencia para celebrar los contratos en los términos legales, esto es, en forma inmediata, la administración no puede afectarse, ni ser privada de este mecanismo jurídico excepcional, de suerte que, aunque haya sido declarada la urgencia, el funcionario competente, puede volver a declararla, si subsisten los motivos que le dieron origen.
10° El decreto 855 de 1994, por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993 en materia de la contratación directa, pertinente materia, únicamente dispone en el parágrafo del articulo 3° que la entidad pública "... podría contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas...", cuando entre otros eventos, "... la necesidad inminente del bien o servicio no permita solicitar ofertas", siendo entonces pertinente tener en cuenta los precios del mercado, y, "los estudios y evaluaciones que para el efecto se hayan realizado".
Además, según el artículo 13 ibídem las entidades públicas para identificar las personas con capacidad para ejecutar el contrato, podrán consultar el registro de proponentes o "podrán conformar directorios con las personas que manifiesten interés en contratar con la respectiva entidad..."
En relación con los demás términos para celebrar los contratos estatales tendientes a resolver la urgencia manifiesta declarada por la Administración Pública, la ley 80 de 1993 y el decreto 855 de 1994, no hicieron ninguna precisión; sin embargo, la Sala considera que como el carácter o finalidad principal de dicha declaración de urgencia es conjurar la misma para evitar daños o perjuicios mayores tanto para el estado como para los administrados, es deber de los funcionarios competentes celebrar los contratos sin ninguna dilación, de manera que expedido el acto que la declara, se debe proceder a celebrar el contrato sin ninguna dilación distinta del tiempo necesario para perfeccionarlo (Subraya la Sala)
Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala responde:
1. a) La urgencia manifiesta sólo se puede declarar cuando exista al menos una de las causales prescritas en el artículo 42 de la ley 80 de 1993, por hechos anteriores o concomitantes al acto siempre que sea necesario mantener la continuidad del servicio.
b) La sola circunstancia de que los contratos se encuentren previstos en los planes y programas de desarrollo, no da lugar a la declaratoria de urgencia. Para ello es indispensable que se presente al menos uno de los motivos determinados en la ley.
c) Si la administración no celebró los contratos para conjurar una urgencia declarada y estima posteriormente que subsiste la urgencia, puede volver a declararla y proceder a celebrar los contratos señalados.
2. No existe termino legal. Cuando la administración advierta que está frente a una situación de urgencia que es preciso resolver de inmediato, puede declararla y obrar en consecuencia.
3. Entre la declaratoria de urgencia y la celebración de los contratos, debe mediar únicamente el tiempo indispensable para su perfeccionamiento.
4. La Administración está obligada a celebrar los contratos dentro del tiempo estrictamente necesario desde la declaratoria de urgencia manifiesta. En consecuencia, debe iniciar sin dilaciones la selección de los contratistas y proceder a la comunicación para que sean suscritos.
5. De acuerdo con el artículo 43 de la ley 80 de 1993, la pública contratante enviará al organismo de control fiscal, a más tardar, al día siguiente de la legalización del contrato o contratos celebrados, los documentos relativos a la declaratoria de urgencia, con el texto incluido y los demás antecedentes administrativos.
6. Las entidades públicas celebrarán sólo los contratos señalados en la declaratoria de urgencia. Si no los celebra todos en la misma oportunidad, se deben remitir inmediatamente, con sus anexos, al organismo de control, en el orden en que se legalicen.
7. Una vez ocurridos los hechos constitutivos de emergencia el funcionario competente debe declarar la urgencia de inmediato y proceder a celebrar el o los necesarios contratos para conjurarla.
8. El pronunciamiento del organismo de control fiscal sobre los hechos circunstancias que originaron una declaración de urgencia, en el cual aparezcan señaladas irregularidades, obliga y debe ser cumplido; en consecuencia podrá disponer que se envíe al superior jerárquico del funcionario que declaró la urgencia y celebró los contratos -si existiere- o a la autoridad de control disciplinario competente, para que se adelante la correspondiente investigación disciplinaria y se inicien los procesos a que haya lugar.
Recibido el informe por las autoridades indicadas, se inicia el trámite disciplinario tendiente a establecer si hubo o no responsabilidad sancionable conforme a la ley.
Transcríbase, en sendas copias auténticas a los señores Ministro de Gobierno y Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
HUMBERTO MORA OSEJO JAVIER HENAO HIDRON
LUIS CAMILO OSORIO I. ROBERTO SUAREZ FRANCO

References: artículo 59
 artículo 1
 artículo 852
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 24
 artículo 42
 artículo 24
 artículo 43
 artículo 65
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 28
 artículo 59
 artículo 1
 artículo 852
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 30
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 43