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Timestamp: 2020-04-05 00:52:12+00:00

Document:
Informe Anual 2018 Cap. G colombia - Página 9
Declarativa SEGUNDA.- Materia de justicia
TERCERA.- Medidas de satisfacción y de rehabilitación
1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes, los días 24 de julio y 7 de septiembre de 2018.
2. Las partes sostuvieron una reunión de trabajo con la facilitación de la CIDH el 4 de julio de 2017, en la ciudad de Lima, Perú.
3. El Estado proporcionó información el 28 de septiembre de 2018.
Los peticionarios proporcionaron información el 26 de noviembre de 2018.
El Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por la violación de:
El artículo 4º (derecho a la vida) de la CADH en perjuicio de Omar Zúñiga;
Los artículos 5º (derecho a la integridad personal) y 7º (derecho a la libertad personal) de la CADH en perjuicio del señor Omar Zúñiga Vásquez y la señora Amira Vásquez de Zúñiga;
Los artículos 8º (derecho a las garantías judiciales), 22º (derecho de circulación y de residencia) y 25º o (derecho a la protección judicial) de la CADH, en perjuicio de los familiares de Omar Zúñiga.
SEGUNDA.- Materia de justicia
La Procuraduría General de la Nación, dentro del marco de sus competencias, interpondrá la acción de revisión contra la resolución de fecha 28 de mayo de 2014, proferida por la Fiscalía 73 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, una vez se emita el Informe de artículo 49 de la CADH.
Asimismo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se compromete a estudiar la viabilidad de presentar la acción de repetición de acuerdo a las funciones que le otorga el artículo 6, numeral 3, literal ix del decreto ley 4085 de 2011.
En su Informe Anual, la Comisión dio cuenta de que el 4 de julio de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Lima, Perú, con la facilitación del Comisionado José de Jesús Orozco, Relator de la CIDH para Colombia. En dicha reunión, los peticionarios informaron que se elevó una petición en el mes de diciembre del año de 2016, a través de la cual se solicitó la acción de revisión por parte de la Procuraduría General.
El 28 de septiembre de 2018, el Estado informó que la acción de revisión fue radicada y admitida por la Corte Suprema de Justicia bajo el número 11001020400020170079400 de 9 el mayo de 2019, la cual se encuentra pendiente en el despacho del magistrado ponente. El Estado indicó que en este caso existen dos grandes grupos de víctimas, las que ya fueron reparadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y las que serán reparadas a través del trámite establecido en la Ley 288 de 1996. Frente al primer grupo de víctimas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE-, realizó el correspondiente estudio, determinando que no es viable iniciar la acción de repetición, por la caducidad de la misma, tal como lo preceptúa el Artículo 11 de la Ley 678 de 20011. Lo anterior, en virtud a que el Tribunal Administrativo de Bolívar, profirió sentencia el 19 de abril de 1999 declarando responsable administrativamente a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional y como consecuencia de ello, el pago de las indemnizaciones se efectuó el 8 de agosto de 20002. Es decir, que la acción de repetición caducó por el vencimiento del plazo el día 9 de agosto de 2002.
Respecto al segundo grupo de víctimas, es decir, las que serán reparadas a través del trámite de Ley 288 de 1996, se tiene que, una vez se realice el pago de las indemnizaciones, la ANDJE estudiará la viabilidad de iniciar la acción de repetición, en el evento en que se cumplan los presupuestos para interponerla de conformidad con el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. [...]
El Estado de Colombia se compromete a realizar las siguientes medidas:
Entrega en condiciones de respeto y dignidad del cadáver de Omar Zúñiga Vásquez a su familia para ser inhumado en la ciudad de Barranquilla, este acto será concertado con las víctimas y sus representantes.
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Un acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpas públicas encabezado por un alto funcionario del Estado, con participación de autoridades públicas, los familiares de víctimas y sus representantes, con difusión a través de los medios masivos de comunicación. El apoyo logístico y técnico de esta medida estará a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y será concertado con las víctimas y sus representantes.
Otorgar un auxilio por $50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M C/TE) para Julio Miguel Zúñiga Villalba y otro por el mismo valor para Julieth Zúñiga Villalba, hijos de la víctima, con el objetivo de financiar la educación técnica, tecnológica o profesional que escojan y solventar los gastos de manutención. Los beneficiarios de la medida deben realizar los trámites pertinentes para ser admitidos en el centro de estudios respectivos y realizarán los programas que ofrezca la institución universitaria que permitan garantizar su adecuado rendimiento académico.
En todo caso, el auxilio debe empezar a utilizarse en un término no mayor de diez (10) años contados desde la firma del presente acuerdo, o de lo contrario se declarará cumplida la gestión del Estado en su consecución. Si la falta de ejecución de la medida en el término señalado es atribuible al Estado no se extinguirá la obligación de otorgar el auxilio educativo. La ejecución de esta medida estará a cargo del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).
El 4 de julio de 2017, las partes sostuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Lima, Perú, con la facilitación del Comisionado José de Jesús Orozco, Relator de la CIDH para Colombia. En dicha reunión, los peticionarios informaron sobre el incumplimiento de las medidas acordadas junto con el Estado Colombiano, lo cual ha provocado una ruptura de la confianza legítima entre las partes. Los peticionarios indicaron que el auxilio dirigido a apoyar la educación de la hija de la víctima, no fue desembolsado, por lo cual solicitaron que el Ministerio de Educación haga un acompañamiento para que los mismos puedan decidir sobre los programas educativos.
El 28 de septiembre de 2018, el Estado indicó que el auxilio está previsto para cubrir “gastos académicos y de manutención” de Acuerdo con lo indicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” mediante comunicación No. 20175010062141GDI del 11 de septiembre de 2017, mediante la cual solicitó recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la suma de $50.000.000. El Ministerio de Educación Nacional realizó las acciones necesarias para incorporar el recurso mencionado en el convenio 1280 de 2017 suscrito con el ICETEX, en el marco del cual se constituyó un fondo para “pagar las obligaciones del estado colombiano derivadas de Acuerdos de solución amistosa o sentencias judiciales proferidas a favor de víctimas del conflicto armado interno, referidas al otorgamiento de auxilios económicos para cubrir gastos de matrícula y de sostenimiento para facilitar el acceso y permanencia en la educación superior”. En este sentido, se generó la minuta de adición del valor del convenio y se entregó al ICETEX el 19 de junio de 2018 para la firma respectiva, previa concertación del contenido de la misma. Este Ministerio está a la espera de que dicha entidad entregue el original firmado para continuar con el trámite de registro presupuestal después del cual se ejecutarán los recursos. Una vez se cumpla lo anterior, este Ministerio emitirá al ICETEX las instrucciones que requiera para que le informe detalladamente a la ciudadana Julieth (sic) Zúñiga Villalba los procedimientos y formalidades que debe cumplir para que se registre de Acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del reglamento operativo del convenio. Así mismo, se darán las instrucciones del caso para que la misma entidad proceda con los trámites de legalización y desembolso de los recursos, de Acuerdo con los artículos 8 y 9 del mismo reglamento».
El 26 de noviembre de 2018, los peticionarios informaron que respecto a Julieht Zuñiga Villalba, la medida se encuentra en proceso de ejecución. A mitad del año 2018 la joven Julieht terminó sus estudios de secundaria y se encuentra a la espera de apertura de fechas de inscripción en las Universidades. Se les ha informado que el Ministerio de Educación y por su intermedio el ICETEX ya ha iniciado los trámites internos para la disposición de los recursos en favor de Julieht. Por otro lado, respecto a Julio Miguel Zúñiga, la medida no ha podido ser ejecutada, por razones ajenas al Estado. Por lo anterior, los peticionarios consideran que la medida a la fecha se encuentra en proceso de cumplimiento.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento parcial y así lo declara.
Mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Estado se compromete a realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación y asistencia que ofrece el Estado colombiano.
El 28 de septiembre de 2018, el Estado indicó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en su Informe de 15 de marzo de 2018, manifestó dificultades para cumplir con esta medida, «como quiera que para poder avanzar se requiere que se defina lo relativo al alcance del Acuerdo en mención, respecto de las víctimas que cobija. Estas dificultades obedecen, particularmente, a la necesidad de identificar plenamente a las víctimas de las violaciones al artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto estas no fueron individualizadas en el Acuerdo. Con posterioridad a la reunión interinstitucional de 6 de marzo de 2018, se inició un proceso de concertación entre las partes en el Acuerdo (el Estado, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; las víctimas, por intermedio de sus representantes), quienes intentan formular una solución a la situación descrita, inclusive mediante la negociación de un otrosí o adenda al Acuerdo, que disponga del aval de la Comisión.
El 26 de noviembre de 2018, los peticionarios informaron que en reunión de 12 de septiembre de 2017 se informó a los representantes que la vía de acceso será por medio de la inclusión automática en el Registro Único de Víctimas (“RUV”) previsto en la ley 1448 de 2011. Para la realización de dicho proceso, se les informó que era necesaria la remisión de una serie de formularios diligenciados con datos de las víctimas del presente caso. Luego de diversas correcciones y aclaraciones solicitadas por la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (“UARIV”), se hizo envío definitivo de dichos formularios en noviembre de 2017. Tras ser remitidos los formularios, la UARIV informó por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores la imposibilidad de incluir a las víctimas del caso en el registro por vulneraciones a los derechos consagrados en los artículos 8º (derecho a las garantías judiciales), 22º (derecho de circulación y de residencia) y 25º o (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior se debe a que ni el informe 67/16 emitido por la Comisión, ni el Acuerdo de Solución Amistosa establecen una lista de personas reconocidas como víctimas por las citadas vulneraciones. Debido a esto, se han sostenido comunicaciones con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para concertar la lista definitiva de las víctimas. Se espera remitir nota conjunta en las próximas semanas a la Comisión con el fin de solicitar que se anexe al Informe 67/16 una lista de víctimas de vulneraciones a los artículos 8, 22 y 25 de la CADH.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que el cumplimiento de esta medida continua estando pendiente.
El Ministerio de Salud y Protección Social implementará las medidas de rehabilitación en salud constitutivas de una atención médica, psicológica y psicosocial a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI). Se garantizará un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a las personas que lo requieran, previa manifestación de su voluntad, y por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento psicológico y brindar la atención psicosocial se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual.
El 28 de septiembre de 2018, el Estado presentó información más detallada sobre la prestación del servicio de atención psicosocial en el 2018 a través del PAPSIVI a 10 beneficiarios a través del PAPSIVI.
Los peticionarios no presentaron información sobre este punto.
Para el acceso a la atención en salud integral, se garantiza el otorgamiento de cualquier tipo de medicamentos, así como los tratamientos que se requieran (que comprenden salud física, mental y psicológica) a los beneficiarios de las medidas, al tiempo que tendrán una atención preferencial y diferencial en virtud de su condición de víctimas. Así mismo, se tendrá en cuenta un enfoque diferencial para los señores Miguel Antonio Zúñiga Buelvas y Amira Vásquez de Zúñiga, teniendo en cuenta su condición de adultos mayor.
Parcial sustancial 2018
El 28 de septiembre de 2018, el Estado presentó información más detallada sobre el aseguramiento en materia de salud de 43 beneficiarios, que se encuentran registrados en la Base de Datos Única del Sistema de seguridad Social (BDUA) a fecha septiembre de 2018. El Estado proporcionó información sobre las atenciones médicas reportadas en 2018 para 6 delos beneficiarios incluyendo la madre de la víctima a través de la EPS.
El 26 de noviembre de 2018, los peticionarios informaron que El 19 de octubre de 2017, se realizó reunión con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las víctimas del caso, en donde se explicaron los alcances de la medida. En esta misma reunión se les hizo llegar a los representantes formulario para obtener datos necesarios para la ejecución de la medida en cuestión. Por medio de comunicación del 16 de noviembre de 2017, se hizo envío de los formularios. Se recibieron observaciones por parte de las entidades relacionadas con la medida en cuestión el 23 de febrero de 2018, las cuales fueron incluidas y reenviadas el mismo día. Respecto a medidas en favor de beneficiarios en particular, se realizaron las siguientes gestiones:
El 15 de marzo de 2018 se hizo solicitud en favor del señor Ariel Zúñiga a partir de la atención precaria que estaba recibiendo en su estadía internado en la Clínica del Prado en la ciudad de Barranquilla. Dicha solicitud fue respondida satisfactoriamente.
El 22 de marzo de 2018 se solicitó medida en favor de la señora Asteria Zúñiga Vásquez. En días anteriores la beneficiaria había tenido problemas al momento de ser atendida en una cita médica. Asteria no fue atendida debido a que existía un error en el radicado de la orden médica y la información de los sistemas internos de la Entidad Prestadora de Salud (“EPS”). Luego de eso, la señora fue atendida.
El 22 de marzo de 2018 se elevó solicitud al Ministerio de Salud en favor del joven Juan Camilo Reyes Zúñiga. La misma apuntaba al tratamiento especial que el joven ha necesitado debido a la anemia de células falciformes que padece. Esta solicitud consistía en la posibilidad del trámite prioritario de diversos tratamientos médicos en su favor. Sobre el mismo beneficiario, entre los meses de junio y agosto de 2018 se elevaron consultas y solicitudes relativas a la posibilidad de iniciar un tratamiento especial en favor de Juan Camilo Reyes Zúñiga. Las mismas han sido contestadas en el sentido en el cual estas pueden ser iniciadas siempre y cuando se tenga concepto médico favorable y este sea tramitado dentro de la EPS a la cual Juan Camilo se encuentra afiliado. A la fecha, Juan Camilo ha estado adelantando tratamientos que no han sido implementados por medio de la medida prevista en el Acuerdo de Solución Amistosa.
Tomando en consideración los elementos de información proporcionados por las partes, la Comisión considera que respecto a este extremo del acuerdo el Estado ha logrado un cumplimiento parcial sustancial y así lo declara.
Respecto a Julio Miguel Zúñiga Villalba, hijo del señor Omar Zúñiga, el Estado se compromete a realizar gestiones encaminadas a ofrecer un tratamiento de rehabilitación […], a través de las entidades especializadas en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El 28 de septiembre de 2018, el Estado informó que se comenta que ha venido adelantando un gran esfuerzo por disponer los medios para garantizar el tratamiento en términos de idoneidad y oportunidad requeridos para su rehabilitación física y mental, en lo que atañe al consumo de Sustancias Psicoactivas [SPA]. En información compartida por Nueva EPS se indicó que el señor Julio Miguel Zúñiga Villalba, venía siendo atendido para el manejo del consumo de SPA hasta el mes de abril del presente año por las siguientes especialidades: Psiquiatría: 2 de abril del 2018; Psicología: 5, 10 y 20 de abril del 2018; Trabajo social 20 de abril de 2018. El paciente estuvo institucionalizado hasta el mes de mayo, momento en el que un familiar accedió a los procedimientos de salida voluntaria; lamentablemente, de cara a su rehabilitación, estando bajo la custodia de su familiar, el Sr. Zúñiga Villalba escapó. En la actualidad se encuentra de nuevo habitando en la calle y su paradero es desconocido por lo que el Estado continúa a la espera de su voluntad de retomar el tratamiento.
El 26 de noviembre de 2018, los peticionarios presentaron información en el mismo sentido de lo indicado por el Estado y solicitaron a la CIDH continuar con la supervisión de este extremo del acuerdo en caso de que el beneficiario desee retomar el tratamiento en el futuro.
El Estado se compromete a dar aplicación a la Ley 288 de 1996 una vez se homologue el presente acuerdo de solución amistosa mediante la expedición del informe de artículo 49 de la CADH, con el propósito de reparar los perjuicios inmateriales y materiales que llegaran a probarse a favor de los familiares directos de Omar Zúñiga Vásquez y Amira Vásquez de Zúñiga que no han sido indemnizados a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta medida estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional,
Las partes le solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la homologación del presente acuerdo y su seguimiento.
En su Informe Anual, la Comisión dio cuenta de que el 30 de mayo de 2017, los peticionarios informaron que el 16 de enero de 2017, sostuvieron una reunión bilateral, en la cual la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se comprometió a dar trámite a la convocatoria del Comité de Ministros y expedición de resoluciones pertinentes para avanzar en la ejecución de la medida de compensación económica; a nombrar un responsable a efectos de garantizar seguimiento al informe; y a convocar a una reunión con representantes de víctimas a efectos de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.
Los peticionarios indicaron que el 7 de marzo de 2017 remitieron un oficio a la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando información sobre la resolución del Comité de Ministros; la cual fue contestada el 26 de mayo del mismo año, señalando que el Comité de Ministros el 10 de febrero de 2017, revisó los mencionados casos y dio concepto favorable para indemnizar a las víctimas de acuerdo con el trámite establecido en la Ley 288/96. Finalmente, señalaron que, el término establecido en la Ley 288 de 1996 se encuentra claramente vencido, y expresaron ya que a pesar de existir un acuerdo de solución amistosa, el Estado Colombiano no ha dado un trámite oportuno a los compromisos, lo que deriva en pérdida de credibilidad de las víctimas en el mecanismo y voluntad de cumplimiento.
El Estado de Colombia por su parte indicó que, en relación a las medidas pecuniarias, el Consejo de Ministros ya dio el visto favorable, lo cual se hizo constar en la Resolución No. 4872 del 27 de junio de 2017, para el pago de la indemnización.
El 26 de noviembre de 2018, los peticionarios indicaron que con posterioridad a la emisión de la resolución 4872 del 2017 del Consejo de Ministros, el 6 de diciembre de 2017 se presentó ante la Procuraduría General de la Nación memorial para el inicio del trámite indemnizatorio por medio de conciliación prejudicial. En los días 5 de marzo, 23 de mayo y 7 de junio de 2018 se realizaron audiencias ante la Procuraduría 127 Judicial II para asuntos administrativos, funcionaria a quien le correspondió el reparto para el desarrollo del proceso. En estas audiencias no se lograron concretar los conceptos ni los montos por los cuales las víctimas serían indemnizadas. En virtud de esos desacuerdos, hubo acercamientos entre el Ministerio de Defensa y los representantes de víctimas para concurrir a una reunión con el objeto de concertar los conceptos y montos de la indemnización. No obstante, el Ministerio de Defensa no dio respuesta concreta sobre el momento en el cual se llevaría a cabo dicha reunión. Debido a eso, el 9 y 18 de abril se presentaron derechos de petición al Ministerio de Defensa solicitando establecer la fecha y hora en la cual se llevaría a cabo la reunión. Ninguna de las solicitudes fue respondida, por lo que el 14 junio de 2018 se presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa. Solo hasta este momento, el ministerio dio respuesta a la solicitud, programándose para el 26 de julio. Debido a eso, el juez de instancia que conoció de la acción declaró la carencia del objeto en ese procedimiento.
Luego de esto, se dieron reuniones el 31 de julio, el 13 de agosto y el 10 de septiembre de 2018. Además, se desarrollaron audiencias ante la procuraduría 127 Judicial II para Asuntos Administrativos el 31 de julio y el 1 de octubre de 2018. En esta última las partes alcanzaron un acuerdo sobre las indemnizaciones. El acuerdo fue radicado ante el Tribunal el 1 de octubre de 2018. A la fecha los peticionarios continúan a la espera de su aprobación. Los peticionarios indicaron que pese al avance del proceso previsto bajo la ley 288/96, este ha sido demorado en razón de los obstáculos interpuestos por diferentes entidades, desde la misma emisión de la resolución por parte del Consejo de Ministros. Esto a pesar de que este es un procedimiento concertado y no contencioso.

References: artículo 4
 resolución 
 artículo 49
 artículo 6
 Artículo 11
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 49
 resolución 
 Resolución 
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