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Timestamp: 2020-07-02 21:43:32+00:00

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Informe no. 51/13 - página 6
2. Derecho a vivir libre de violencia y discriminación (artículo 7 de la Convención de Belém do Pará) y Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana
El artículo 24 de la Convención establece que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que:
La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza133.
Respecto de la obligación de no discriminar, el artículo 1.1 de la Convención Americana establece que
Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
La Convención de Belém do Pará,134 ratificada por México el 19 de junio de 1998, establece que la violencia contra la mujer “es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. La citada Convención refleja la preocupación uniforme en todo el hemisferio sobre la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, su relación con la discriminación históricamente sufrida y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Asimismo afirma que la obligación de actuar con la debida diligencia, adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres.
Por su parte, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que la discriminación contra la mujer denota “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”135. Según el Comité de la CEDAW, dicha definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad136.
Como se observa, la estrecha relación entre violencia y discriminación está ampliamente reconocida en instrumentos internacionales y regionales de protección a los derechos de las mujeres. La CIDH en el caso de María Eugenia Morales de Sierra, expresó su preocupación sobre las consecuencias graves de la discriminación contra las mujeres y las nociones estereotipadas de sus papeles, y se refirió también a la relación entre discriminación, subordinación y violencia. Asimismo, señaló que las actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conformes a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia y abuso familiares137. De esta manera, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente que las mujeres puedan disfrutar de derechos y libertades en un pie de igualdad con los hombres138.
Ahora bien, la Comisión observa asimismo la estrecha relación entre violencia contra las mujeres, la discriminación y la debida diligencia. El Comité de la CEDAW ha afirmado que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y que la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre, sino que los Estados pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas139. En efecto, según la Comisión de Derechos Humanos, “todas las formas de violencia contra la mujer en la familia tienen lugar en el contexto de la discriminación de jure y de facto contra la mujer y de la condición inferior asignada a la mujer en la sociedad, y se ven agravadas por los obstáculos con que suelen enfrentarse las mujeres al tratar de obtener una reparación del Estado”140.
En este sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que la falta de debida diligencia que conlleva a la impunidad, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia141.
El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece un conjunto de obligaciones complementarias e inmediatas del Estado para lograr la efectiva prevención, investigación, sanción y reparación en casos de violencia contra las mujeres, que incluyen:
En el caso de María da Penha contra Brasil, la CIDH estableció entre los principios más importantes, que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de investigar, procesar y condenar a los responsables, así como el deber de “prevenir estas prácticas degradantes”142. Asimismo, la CIDH estableció que la inefectividad judicial ante casos de violencia contra mujeres crea un ambiente de impunidad que facilita la violencia y la discriminación contra las mujeres “al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos”143. La Corte por su parte ha sostenido que la impunidad de los delitos contra las mujeres envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de justicia144. En el caso Gonzáles y Otras contra México, la Corte determinó que la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y que el Estado violó su deber de no discriminación en relación con su deber de garantía, así como en relación con el acceso a la justicia145.
En el presente caso, la CIDH observa que desde el momento de la interposición de la denuncia de desaparición, las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia para buscar a Angélica Escobar Ledezma y posteriormente para investigar su muerte. Estas irregularidades ejemplifican la falta al deber de garantía que impone la Convención de Belén do Pará en casos de violencia contra las mujeres.
Asimismo, la Comisión considera que esta falta de respuesta estatal frente a un caso de violencia contra las mujeres, constituye una forma de discriminación, una falta a su obligación de no discriminar, así como una violación al derecho a la igualdad ante la ley de Paloma Angélica Escobar. En efecto, la Corte Europea ha sostenido que la falla estatal para proteger a las mujeres contra la violencia constituye una violación a su derecho a la igual protección ante la ley y que esta falla no requiere ser intencional146.
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido reiteradamente la obligación de los Estados de “actuar con la diligencia debida para prevenir e investigar los actos de violencia contra las mujeres y las niñas y castigar a los culpables, eliminar la impunidad y proteger a las víctimas, y [] si dejan de hacerlo se violan sus derechos humanos y libertades fundamentales y se menoscaba o anula su disfrute”147.
Tal como se señaló en la sección anterior, las irregularidades observadas en la investigación de este caso entre las que destacan la falta de acuciosidad en las diligencias realizadas cuando fue reportada desaparecida; la falta de cruce de información obtenida en las diversas declaraciones tomadas, la falta de confrontación de la información obtenida para llevar a cabo una investigación seria conducente al esclarecimiento de los hechos; las deficiencias en el manejo y en el análisis de la evidencia recolectada, las fallas en la preservación de la escena del crimen y la obstrucción de la justicia al sembrar evidencia por parte de funcionarios estatales para culpar a un sospechoso, reflejan la falta de debida diligencia en la investigación de este caso, y constituyen una forma de discriminación y una violación al derecho a la igualdad ante la ley de Paloma Angélica Escobar.
No obstante los esfuerzos adoptados en años recientes por el Estado mexicano para enfrentar la situación de violencia contra las mujeres en el Estado de Chihuahua, la CIDH considera que para la época en que ocurrieron los hechos, el Estado no había adoptado las políticas ni las medidas necesarias, conforme a las obligaciones contraídas al ratificar la Convención de Belém do Pará, para garantizar la efectiva investigación, y sanción de hechos violentos contra las mujeres en en Ciudad de Chihuahua. La CIDH en su decisión sobre el caso de Maria da Penha Maia Fernandes enfatizó que para el Estado probar que cumplió con su obligación de actuar con la debida diligencia bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, no es suficiente que presente evidencia de medidas tomadas para eliminar la tolerancia general y social a la violencia contra las mujeres148. El Estado debe demostrar que tiene un compromiso real de enfrentar un contexto de impunidad siendo el caso analizado un ejemplo149. A ocho años de la desaparición y muerte de Paloma Angélica Escobar Ledezma, el caso continúa siendo paradigmático de la impunidad.
Asimismo, no obstante los esfuerzos adoptados en años recientes por el Estado mexicano en materia legislativa, así como mediante el Convenio realizado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la CIDH considera que para la época en que ocurrieron los hechos, el Estado no había adoptado las políticas ni las medidas necesarias para garantizar la efectiva igualdad en la investigación, y sanción de hechos violentos contra las mujeres. Para la Comisión Interamericana, el Estado no implementó medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana que permitan a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante la denuncia de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer150. Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias, tuvieran la capacidad y sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato151. En suma, el Estado no demostró haber adoptado medidas necesarias que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia.
En consecuencia de lo anterior, la CIDH determina que el Estado mexicano falló en su deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia sufridos por Paloma Angélica Escobar en contravención del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, tiene responsabilidad internacional por la violación del artículo 24 de la Convención Americana en perjuicio de Paloma Angélica Escobar, en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en los artículos 1.1 y 2 de este instrumento internacional.
3. Derechos del Niño (artículo 19) en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana
Los peticionarios sostienen que los hechos alegados caracterizan una violación de los derechos del niño protegidos en la Convención Americana. El Estado mexicano no se ha referido de manera específica a este alegato.
El artículo 19 de la Convención Americana garantiza a todo niño “el derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. La Corte Interamericana ha establecido que la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por el Estado mexicano con fecha 21 de octubre de 1990, forman parte de un comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que sirve para “fijar el contenido y los alcances de la disposición general contenida en el artículo 19 de la Convención Americana”152. El artículo 19 de la Convención Americana debe interpretarse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial153.
La Convención sobre los Derechos del Niño, establece que cada niño, por su falta de madurez física y mental requiere de protección y cuidado especiales. Para ello, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en los casos en donde la ley que le sea aplicable, establezca un límite inferior (artículo 1). La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco a la vida de los niños así como que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y el derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques (artículo 16). Asimismo, los Estados Partes velarán por que ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
La Corte Interamericana ha señalado que: “a la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo”154.
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará estipula que el Estado al actuar con la debida diligencia frente a actos de violencia, debe tener especialmente en cuenta la particular exposición a la violencia y actos discriminatorios que puede sufrir una mujer en razón de su minoría de edad, entre otras condiciones que las exponen a un mayor riesgo de que sus derechos sean violados155. La CIDH ha establecido que esta provisión se debe a que la discriminación, en sus distintas manifestaciones, no siempre afecta en igual medida a todas las mujeres: hay mujeres que están expuestas aún en mayor medida al menoscabo de sus derechos y a actos de violencia y discriminación156.
En dicho marco de responsabilidad internacional, los deberes del Estado bajo los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, adquieren connotaciones especiales en el caso de las niñas. La Corte Interamericana ha señalado que los niños “poseen los derechos humanos que corresponden a todos los seres humanos […] y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”157. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona158. Por tanto, el Estado debe tomar medidas especiales orientadas a proteger especialmente a los niños, con un mayor cuidado y responsabilidad de acuerdo al principio del interés superior del niño159.
La Corte asimismo ha señalado que la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad160. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las mujeres en consideración a su condición de niñas, que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable161.
Este deber por su parte se ve reforzado por la especial vulnerabilidad y exposición que tienen las niñas a actos de violencia, reconocido por la Convención de Belém do Pará. Por tanto, el Estado mexicano tenía un deber reforzado de proteger los derechos humanos de Paloma Angélica Escobar, por dos factores, su minoría de edad y su sexo y la obligación de adoptar medidas especiales de cuidado, prevención y garantía.
La Corte Interamericana ha señalado que en casos de violencia contra niñas, los Estados deben demostrar que han adoptado medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, deben activar todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y desplegar mecanismos internos para obtener información que permita localizar a las niñas con rapidez, y una vez encontrado su cuerpo, deben realizar todas las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita162.
En este caso Paloma Angélica Escobar tenía 16 años al momento en que su desaparición fue denunciada. En efecto, la CIDH recibió información de Amnistía Internacional en el 2003, que indicaba que la mayoría de asesinatos en Ciudad Juárez y en Ciudad de Chihuahua eran perpetrados contra mujeres y niñas entre 13 y 22 años de edad, aunque se había dado al menos un caso de una niña de 11 años de edad163. Asimismo, recibió información que indicaba que “ser adolescente es un criterio de selección por parte de los victimarios, motivo por el que las autoridades competentes deberían diseñar estrategias específicas de prevención para mejorar la protección de este vulnerable grupo de personas” 164.
La Corte ha sostenido que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas165. En concreto los Estados tienen el deber de asegurar que las niñas sean encontradas a la brevedad una vez los familiares reportaran su ausencia. Una vez encontrado el cuerpo, el Estado debe realizar las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita166.
De los hechos se desprende que el Estado mexicano no actuó con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de la que la niña Paloma Angélica Escobar fue víctima. El Estado no ha demostrado haber implementado medidas especiales de búsqueda por su condición de niña desde su desaparición y luego, al encontrar su cuerpo, no ha actuado con la debida diligencia en la investigación de los hechos ocurridos. En consecuencia de lo anterior, la CIDH determina que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por la violación del artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de Paloma Angélica Escobar, en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1 de este instrumento internacional.
4. Derecho a la integridad personal (artículo 5.1) en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana
Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la angustia y el dolor permanente de los familiares de Paloma Angélica Escobar por no saber el paradero y las condiciones de su muerte. Alegan que el dolor que sufren no podrá aliviarse “siquiera un poco mientras persistan la impunidad y la frustración de no conocer la verdad de los hechos”167. Sostienen que además del grave sufrimiento que estos hechos causan a los familiares de la víctima, el trato que le dieron las autoridades al caso desde la denuncia de desaparición y las posteriores irregularidades cometidas en el caso, especialmente la “fabricación de culpables”, ha ocasionado a los familiares un daño permanente. Los peticionarios señalan como muestra el cambio en sus vidas cotidianas, en particular, el que la Sra. Norma Ledezma dedique gran parte de su tiempo a realizar todas las gestiones posibles para obtener justicia y conocer la verdad de lo sucedido. Asimismo, han realizado actividades de apoyo a los familiares de otras mujeres víctimas de asesinatos en Chihuahua y en Ciudad Juárez, desde las organizaciones de familiares que se han conformado a raíz de estos hechos.
En respuesta a las alegaciones de los peticionarios, el Estado expresa el “interés indeclinable y la resolución de las instancias correspondientes del Estado en brindarle apoyo integral, junto al resto de los familiares de Paloma Angélica Escobar”168. Señala que ha informado acerca del alcance de las normas aplicables al caso, del desarrollo cronológico y de la marcha de las actuaciones, así como de las decisiones; ha permitido que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, ha prestado asistencia durante todo el proceso de indagación. Asimismo, precisa que no ha vulnerado los derechos de la Sra. Norma Ledezma debido a que “no generó ni toleró una situación previa de riesgo para los derechos de su hija”169.
El artículo 5.1 de la Convención Americana establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. La Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser también víctimas, a causa del sufrimiento adicional que han padecido como consecuencia de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos170. En esta línea de jurisprudencia, la Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares protegido por el artículo 5.1 de la Convención Americana171.
La CIDH observa que en el presente caso ha quedado demostrado que los familiares, tanto su madre, su padre y su hermano, han padecido un profundo sufrimiento y angustia a consecuencia de las irregularidades y retrasos del Estado mexicano en la investigación de la desaparición y posterior muerte de Paloma Angélica Escobar y que pese a la gravedad de los hechos, a casi ocho años desde que se encontró el cadáver, no haya sanción para los responsables. El cuerpo de Paloma Angélica Escobar fue encontrado asesinado y con signos de haber sido físicamente agredida previo a su muerte y posiblemente víctima de agresión sexual sin embargo, ello no se pudo determinar172.
Los familiares han tenido que sufrir el haber observado el precario estado de los restos de su hija, en donde no se apreció ninguna característica de rasgos faciales173. Asimismo han tenido que sufrir que las autoridades les nieguen la participación en diligencias, así como el maltrato de no querer escucharlos. Al respecto, la CIDH nota que en la entrevista y dictamen sobre el estado de afectación psicológica a la familia Escobar Ledezma, se señala que el padre evidencia signos de depresión grave y la madre al momento de reconocer el cuerpo de su hija se paralizó. Según el informe, la familia ha padecido daño psicológico, daño a la salud, daño físico, daño moral y daño al proyecto de vida174.
La CIDH a su vez nota la escasa importancia y sensibilidad que los funcionarios estatales le otorgaron a las preocupaciones y al sufrimiento de la madre de Paloma Angélica Escobar, Norma Ledezma. Ejemplo de ello son las declaraciones del Comandante Lozano frente a la desaparición de Paloma Angélica Escobar:
Señora su hija no se quiere dejar encontrar, ya la tenemos ubicada, está en una casa de Villa Juárez pero ya investigamos a los vecinos y al velador de la tienda más cercana y todos la han visto la reconoce por la fotografía que les presentamos y el tendero dice que si la reconoce plenamente y que va todos los días a comprar salchicha y pan y cigarro y cerveza, ahorita se nos fueron en un carro pero ya tenemos las placas del carro y ya tránsito está informado no va a salir de la ciudad haga un desplegado en el periódico, en donde diga que regrese y no la va a regañar, ella ahorita está muy feliz porque usted la tenía encapsulada no la dejaba salir a bailar ni a divertirse175.
Por todo lo anterior, la Comisión concluye que el Estado mexicano ha violado el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Norma Ledezma Ortega, Dolores Alberto Escobar Hinojos y Fabian Alberto Escobar Ledezma en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos previstos en el artículo 1.1 de este instrumento internacional.
5. Violación de los artículos 4, 5 y 17 de la Convención Americana en relación a Paloma Angélica Escobar y del artículo 24 de la Convención Americana con respecto a Norma Ledezma Ortega, Dolores Alberto Escobar Hinojos y Fabian Alberto Escobar Ledezma
Los peticionarios sostienen que el Estado falló en proteger a la familia Escobar Ledezma según lo establece el artículo 17 de la Convención Americana. La pérdida de Paloma Angélica Escobar provocó la ruptura no sólo emocional, sino también material del núcleo social.
Después de analizar la información aportada por las partes, la CIDH concluye que no cuenta con elementos de juicio suficientes para encontrar violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal bajo los artículos 4 y 5 de la Convención Americana respectivamente, en relación a Paloma Angélica Escobar, así como el derecho a la protección a la familia bajo el artículo 17 y el derecho a la igualdad ante la ley bajo el artículo 24 de la Convención Americana con respecto a Norma Ledezma Ortega, Dolores Alberto Escobar Hinojos y Fabian Alberto Escobar Ledezma.

References: artículo 24
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 2
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 artículo 24
 artículo 1
 artículo 19
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 artículo 19
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 artículo 1
 resolución 
 artículo 5
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 artículo 1
 artículo 24
 artículo 17
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 artículo 24