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﻿ Sentencia 2008-00141 de febrero 26 de 2014
SENTENCIA 2008-00141 DE 26 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:CONTRIBUCIÓN ESPECIAL – ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A CARGO DE LAS ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS TIENE POR OBJETO RECUPERAR LOS COSTOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL QUE EJERCE LA SUPERINTENDENCIA. DICHA CONTRIBUCIÓN SE LIQUIDA ANUALMENTE SOBRE LA BASE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, ASOCIADOS AL SERVICIO REGULADO Y/O VIGILADO, A UNA TARIFA MÁXIMA DEL 1%, QUE DEBERÁ SER PAGADA DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, LIQUIDACIÓN OFICIAL, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Sentencia 2008-00141 de febrero 26 de 2014
Rad. 25000232700020080014101 (19684)
Actor: Termobarranquilla S.A. ESP (NIT 800.245.746-1)
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Contribución Especial
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala precisa si las sumas por concepto impuestos, contribuciones y tasas, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, intereses y ajuste por diferencia en cambio, deben ser considerados gastos de funcionamiento para efectos de la liquidación de la contribución especial a que se refiere el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y, por tanto, se deben incluir en la base gravable de la contribución especial del año gravable 2007 a cargo de Termobarranquilla S.A. ESP.
En criterio de la demandante, se violó el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, porque en la base para liquidar la contribución especial de la Superintendencia de Servicios Públicos, se incluyeron todos los gastos de funcionamiento a pesar de que la base gravable legal comprende solo los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a regulación.
Para determinar cuál es la base gravable de la contribución especial para el año 2007, la Sala reitera el criterio expuesto en sentencias del 13 de diciembre de 2011(17), 13 de junio de 2013(18) y 3 de julio de 2013(19).
De acuerdo con la norma en mención, la contribución especial a cargo de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios tiene por objeto recuperar los costos del servicio de vigilancia y control que ejerce la superintendencia. Además, la contribución se liquida anualmente sobre la base de los gastos de funcionamiento del año inmediatamente anterior, asociados al servicio regulado y/o vigilado, a una tarifa máxima del 1 %, que deberá ser pagada dentro del mes siguiente a la firmeza de la liquidación oficial.
Por su parte, el artículo 79 ibídem, asigna a la superintendencia la función de fijar las tarifas de la contribución especial. En efecto, la citada norma prevé:
“ART. 79.—Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. (...) Son funciones especiales de esta las siguientes:
En desarrollo de tal facultad, la superintendencia expidió la Resolución 20071300016655 del 26 de junio de 2007(20), mediante la cual fijó la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2007, en el 0.41176% de los gastos de funcionamiento de la entidad sometida a la inspección, vigilancia y control causados en el año 2006, de acuerdo con los estado financieros puestos a disposición de la superintendencia a través del sistema único de información —SUI—.
En el artículo 2º del acto en comentario, la SSPD señaló que se entiende por gastos de funcionamiento “los descritos en el anexo 1 página 495 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005”. Y, en el artículo 3º ibídem, excluyó de los gastos de funcionamiento el grupo 75, costos de producción.
Aunque al parecer fue equivocada la referencia a la página 495 del plan de contabilidad, se entiende que el artículo 2º de la Resolución 20071300016655 se refiere a las cuentas de la clase 5 - gastos con las únicas exclusiones del artículo 3º ibídem(21).
La definición de gastos de funcionamiento recoge la descripción hecha en la clase 5 - Gastos del plan de contabilidad ya mencionado y en particular lo contemplado en su inciso 6º, que señala lo siguiente(22):
No obstante, el inciso 6º de la descripción de la clase 5 - Gastos del plan de contabilidad, adoptado mediante la Resolución 20051300033635 de 2005 fue anulado por la Sala por las siguientes razones(23):
La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas(24) o pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios de la deuda e inversión.
En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6º de la descripción de la clase 5 - Gastos y en las cuentas del grupo 75 de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento solo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible(25) con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.
De acuerdo con lo señalado por la Sala, que en esta oportunidad se reitera, los efectos de los fallos de nulidad de los actos de carácter general, son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque fue declarada nula(26).
En el caso sub examine, los actos administrativos que determinaron la contribución especial a cargo de Termobarranquilla S.A. ESP por el año 2007, tienen sustento jurídico en las resoluciones 20051300033635 de 2005 (Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios) y SSPD-20071300016655 del 26 de junio de 2007, que fijó la tarifa para el año 2007.
Así, pues, nos encontramos ante una situación jurídica no consolidada comoquiera que la sentencia que declaró la nulidad del inciso 6º de la descripción de la clase 5 - Gastos del plan de contabilidad, adoptado mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, fue proferida el 23 de septiembre de 2010 y para esa fecha los actos acusados, que determinaron la contribución especial a cargo de la actora, estaban siendo debatidos ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Además, en sentencia de 26 de enero de 2012, Expediente 16841, la Sala declaró la legalidad condicionada del artículo 1º de la Resolución SSPD-20071300016655 de 26 de junio 2007(27), por la cual la superintendencia estableció la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2007, con base en los siguientes argumentos(28):
ART. 2º—Gastos de funcionamiento.Se entiende por gastos de funcionamiento los descritos en el anexo 1 página 495 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005”.
Como se advierte la SSPD para determinar los gastos de funcionamiento, hizo remisión al Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios. No obstante, la anterior disposición fue declarada nula por la Sala(29) en los siguientes términos:
Es de tener en cuenta que las sentencias que dicta la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de simple nulidad tienen efecto de cosa juzgada “erga omnes”, al ser anulada una norma que sirve de fundamento a otro acto administrativo sometido a control judicial de legalidad, obliga al obedecimiento del precedente judicial y a declarar su nulidad, independientemente que este último acto haya perdido su fuerza ejecutoria por desaparición del fundamento jurídico para su expedición.
Aclara la Sala, que si bien le asiste la razón a la parte demandante para decretar la nulidad de la expresión “gastos de funcionamiento” del artículo 1º del acto acusado, sin embargo, para efectos de su aplicación, se declarará la legalidad condicionada en el sentido de que los “gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente,” son aquellos asociados al servicio sometido a regulación conforme lo dispone el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994. Igualmente precisa la Sala que con base en la norma citada, la tarifa aplicable para liquidar la contribución especial corresponde al 0.4117% de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente” (destaca la Sala).
En consecuencia, los gastos de funcionamiento que hacen parte de la base gravable de la contribución especial del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, son aquellos asociados a la prestación del servicio regulado. Por tanto, en el cálculo de la base gravable de la contribución no deben ser incluidos los gastos contenidos en las cuentas 5302- provisión protección de inversiones, 5304 - provisión para deudores, 5313 - provisión para obligaciones fiscales, 5314- provisión para contingencias, 5330 -depreciación de propiedades, planta y equipo y 5345 - amortización de intangibles, todas pertenecientes al grupo 53 - provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones(30).
Tampoco deben incluirse dentro de la base gravable las cuentas 5120 - impuestos, contribuciones y tasas(31), 5801 - intereses y 5803 - ajustes por diferencia en cambio(32), comoquiera que no tienen una relación necesaria e inescindible(33) con el servicio público de energía eléctrica que presta la demandante.
En consecuencia, los valores correspondientes a las cuentas mencionadas y que la demandada adicionó al determinar la base gravable de la contribución deben excluirse, como lo hizo el a quo al anular parcialmente los actos acusados y reliquidar el gravamen a cargo de la actora.
En cuanto a la pretensión de nulidad de la Resolución 20071300016655 de 2007, que fijó la tarifa para el año 2007, frente a la cual no hubo pronunciamiento por parte del tribunal, la Sala debe estarse a lo resuelto en sentencia de 26 de enero de 2012, Expediente 16841, que declaró su legalidad condicionada, como ya se precisó.
Las razones que anteceden son suficientes para modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada en el sentido de adicionar a la nulidad parcial de los actos demandados, previa corrección de la fecha del acto que resolvió la reposición(34), la orden de estarse a lo resuelto por la Sala en sentencia de 26 de enero de 2012, que declaró la legalidad condicionada de la Resolución 20071300016655 de 2007. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.
MODIFÍCASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el cual quedará así:
1. DECLÁRASE la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos emanados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:
• Liquidación Oficial 20075340007006 de 11 de julio de 2007.
• Resolución SSPD-20075300033305 de 9 de noviembre de 2007, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra la anterior decisión y se concedió el recurso de apelación.
• Resolución 20085000003095 de 6 de febrero de 2008, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión recurrida.
ESTESE a lo resuelto en sentencia de 26 de enero de 2012, Expediente 16841, que declaró la legalidad condicionada de la Resolución 20071300016655 de 2007, que fijó la tarifa para el año 2007.
RECONÓCESE personería a Álvaro Andrés Díaz Palacios como apoderado de la actora en los términos de la sustitución de poder que está en el folio 413 del cuaderno principal.
(17) Exp. 17709, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(18) Exp. 18828, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(19) Exp. 19017, C.P. (E) Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(20) Fls. 34 a 39, cdno. de pruebas.
(21) Sentencia de 3 de julio de 2013, Exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(22) Pág. 514 del plan, edición precitada del D.O., pág. 148.
(23) Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Exp.16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(24) El numeral 4.2.7.2 de la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contenido dentro de las normas técnicas generales establece la “contabilidad de causación o por acumulación” según el cual “los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer en el período en el cual se realizan los hechos financieros y económicos, y no cuando se pague o se reciba el efectivo o su equivalencia”.
(25) Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, Exp. 15771, M.P. María Inés Ortiz Barbosa y del 4 de febrero de 2010, Exp. 17206, M.P. William Giraldo Giraldo, ha analizado si los gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que “aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, si sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.
(26) Sentencia de 3 de julio de 2013, Exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(27) ART. 1º—Tarifa y base para liquidar la contribución especial para la vigencia 2007. Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia por la vigencia 2007, en el 0.41176 por ciento (0.4117%) de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente causados en el año 2006, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia a través del sistema único de información, SUI.
(28) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 16841.
(29) Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Exp.16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(30) Sentencia de 3 de julio de 2013, Exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(31) Sentencias de 25 de abril de 2013, Exp. 18931 y de 3 de julio de 2013, Exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(32) Sentencia de 13 de diciembre de 2011. Exp. 17709, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(33) Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Exp. 16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(34) La fecha correcta es 9 de noviembre de 2007 y no 11 de noviembre de 2007 como aparece en la parte resolutiva de la sentencia.

References: artículo 85
 artículo 85
 artículo 79
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 85
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
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 artículo 1
 artículo 85
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