Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5061
Timestamp: 2020-02-26 05:01:37+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 56/2004
SENTENCIA 56/2004, de 19 de abril.
ECLI:ES:TC:2004:56
En el recurso de amparo núm. 3445/99, promovido por doña María Paloma de Álava Casado, doña Silvia Álvarez Cilleros, don Francisco Javier Álvarez García, don Agustín Álvarez Ochoa, don Íñigo Corral Lozano, don Miguel Ángel de la Cruz Leiva, don Bonifacio de la Cuadra Fernández, doña Teresa Cunchillos Ozcoidi, don Jaime Freixas Graells, doña Carmen Gortázar Rotaeche, doña Elvira Icíar Lalana Alonso, don Javier Lascuráin Sánchez, don Manuel de Jesús Marín de Vicente-Tutor, don Julio Martínez Lázaro, doña Inmaculada Moreno Pérez, doña Susana Nieves Colli, doña María del Carmen Pascual Andrés, doña María del Prado Peral Parrado, don Julio Iván Pérez Muley- Abdallah, doña María Jesús Prades Cutillas, doña María del Carmen Remírez de Ganuza Casado, don Luis Fernando Rodríguez Guerrero, don Juan Carlos Rosado Sánchez, don Antonio Velasco Sanz, don Agustín Yanel Núñez y don José Yoldi García, representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús González Díez y asistidos por el Abogado don Gonzalo Martínez- Fresneda Ortiz de Solórzano, contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 12 y 25 de septiembre de 1995, que aprobaron las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo", contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, que estimó parcialmente el recurso administrativo ordinario interpuesto contra aquellos Acuerdos, y contra la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999. Han comparecido el Abogado del Estado, en representación del Consejo General del Poder Judicial; la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Sorribes Calle y asistida por el Abogado don Miguel Sánchez de León; y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de julio de 1999 la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús González Díez, en nombre y representación de doña María Paloma de Álava Casado y de veinticinco periodistas más, interpuso recurso de amparo contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 12 y 25 de septiembre de 1995, que aprobaron las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo", contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, que estimó parcialmente el recurso administrativo ordinario interpuesto contra aquellos Acuerdos, y contra la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999.
a) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reunión celebrada el 12 de septiembre de 1995, adoptó Acuerdo por el que se aprobaban las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo". La norma sexta de la aprobadas, relativa al "acceso al Palacio de los medios de comunicación social" establecía:
2. Fuera de los mencionados actos, el acceso de los medios de comunicación al Palacio requerirá autorización expresa de la Presidencia del Tribunal Supremo.
3. No se permitirá el acceso de los indicados medios con cámaras fotográficas o de televisión a juicios o vistas en ninguna de las Salas".
b) La Comisión Permanente de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes y algunos periodistas dedicados a la cobertura de la información de Tribunales presentaron escrito dirigido al Presidente del Tribunal Supremo en el que solicitaban la revocación o modificación del Acuerdo adoptado en cuanto a la norma sexta transcrita. En sesión celebrada el 25 de septiembre de 1995 la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acordó aprobar dicha norma en los siguientes términos:
3. No se permitirá el acceso con cámaras fotográficas, de vídeo o televisión al Palacio del Tribunal Supremo, salvo a los actos de apertura del año judicial, tomas de posesión y otros gubernativos solemnes".
c) Contra el mencionado Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo interpusieron los periodistas que ahora recurren en amparo, junto con otros, y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España sendos recursos administrativos ordinarios, conforme a los arts. 127.6 y 158.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y a la entonces vigente legislación de procedimiento administrativo, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Los recurrentes alegaban que los Acuerdos impugnados vulneraban el derecho a la libertad de información e hicieron valer diversas causas de invalidez del ámbito de la legalidad ordinaria, entre otras, la incompetencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para adoptar decisiones sobre la restricción de publicidad en las vistas judiciales. El Consejo General del Poder Judicial resolvió los mencionados recursos por Acuerdo de 7 de febrero de 1996, que los estimó parcialmente, sólo en atención a la mencionada alegación de incompetencia. El apartado segundo de la parte dispositiva de dicho Acuerdo resolvió literalmente:
d) Contra el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial interpusieron quienes previamente habían formulado recurso administrativo sendos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recursos núm. 305/96 y 314/96). Dichos recursos fueron acumulados y resueltos por la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 9 de julio de 1999, que los desestimó, tras fundamentar que no podía imputarse a los Acuerdos impugnados una vulneración del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE], en contra de lo sostenido como alegación principal por los recurrentes.
3. En la demanda de amparo los recurrentes, tras la exposición de los antecedentes, alegan que el derecho a la libertad de información incluye el acceso de los medios de comunicación social a las actuaciones judiciales públicas, incluso en condiciones de preferencia con respecto al resto de los ciudadanos y, especialmente, cuando los asuntos que se sustancian en los órganos judiciales revisten trascendencia para la vida pública. A los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo imputan los recurrentes la vulneración del derecho fundamental garantizado en el art. 20.1 d) CE, en concreto, porque las acreditaciones allí reguladas para el acceso a los actos jurisdiccionales o gubernativos que se celebren en régimen de audiencia pública podrían otorgarse conforme a criterios de oportunidad o específicamente para cada acto, lo que supondría una injustificada limitación del trabajo de los periodistas; porque se prohíbe el acceso con carácter general a actos que no se celebren en régimen de audiencia pública, como declaraciones de testigos, entrevistas, etc., y porque prohíben de forma absoluta el acceso al Palacio del Tribunal Supremo con cámaras fotográficas, de vídeo o de televisión. Esta última prohibición, además de limitar la libertad de información de los periodistas que de forma más adecuada pueden informar sobre lo que sucede en la correspondiente Sala, por la naturaleza de los medios técnicos que manejan, sería discriminatoria en la medida en que sólo alcanza a los profesionales de la prensa gráfica y de la televisión.
4. Por providencia de 30 de octubre de 2000 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que se emplazara a quienes fueron parte en los recursos contencioso- administrativos núm. 305/96 y acumulado núm. 314/96, con excepción de los recurrentes en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional; al tiempo que se hacía constar que la remisión de las correspondientes actuaciones ya había sido solicitada en el recurso de amparo núm. 3588/99.
5. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, de 8 de mayo de 2001, se acordó tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tener por personado y parte al Abogado del Estado y, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que tuvieran por conveniente.
6. El 7 de mayo de 2001 fue registrado en este Tribunal escrito del Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel, actuando en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, que había sido presentado en el Juzgado de guardia el 30 de abril de 2001 y en el que solicitaba que se tuviera por personada a dicha Federación en el presente proceso constitucional.
7. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, de 9 de mayo de 2001, se acordó tener por recibido el escrito presentado por el Procurador Sr. Reynolds, así como tener por personada y parte a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y darle vista de todas las actuaciones para que presentara las alegaciones que tuviera por convenientes.
8. El Abogado del Estado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, presentó su escrito de alegaciones el 29 de mayo de 2001. Comienza este escrito con la delimitación del objeto del recurso de amparo que, a juicio del Abogado del Estado, es sólo la norma sexta de las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo" y, en concreto, su apartado tercero, que constituye el punto central del debate, relativo al acceso al Palacio del Tribunal Supremo con cámaras fotográficas, de vídeo o televisión. A los otros dos apartados no podría imputarse vulneración alguna del derecho a la libertad de información. Y el mencionado apartado tercero debe examinarse conforme al contenido normativo que recibió tras el recurso interpuesto ante el Consejo General del Poder Judicial: libertad de acceso de las cámaras para los actos gubernativos públicos, sumisión a previa decisión de las Salas de Justicia para los actos informativamente más importantes, que son los jurisdiccionales públicos, y prohibición de acceso en lo demás. Por otra parte, debe entenderse, a juicio del Abogado del Estado, que las críticas que los recurrentes dirigen frente a la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada no se concretan en una invocación de ningún derecho garantizado por el art. 24 CE, por lo que habría que estimar que el recurso de amparo se formula únicamente por la vía prevista en el art. 43 LOTC.
9. El 5 de junio de 2001 fue registrado en este Tribunal el escrito presentado por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, que se adhería a las alegaciones formuladas en la demanda de amparo.
10. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el 6 de junio de 2001. Tras la exposición de los antecedentes, alega el Fiscal que, según la jurisprudencia de este Tribunal (en especial, SSTC 30/1982, de 1 de junio, y 96/1987, de 10 de junio) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe admitirse que el acceso de los medios de comunicación a las audiencias judiciales públicas, en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información de los profesionales de dichos medios, puede ser limitado o excluido de acuerdo con la ley por razones de orden público justificadas en una sociedad democrática o como exigencia para la protección de otros derechos fundamentales de terceros.
1. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo modificó, por Acuerdo de 25 de septiembre de 1995, las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo", que habían sido aprobadas por Acuerdo anterior de dicho órgano de 12 de septiembre de 1995, y dio una nueva redacción a la norma sexta relativa al "acceso al Palacio de los medios de comunicación social", que pasó a disponer:
2. Importa ante todo señalar, como advierte el Abogado del Estado, que este recurso discurre por el cauce del art. 43 LOTC, dado que se impugnan unas actuaciones administrativas a las que se atribuye la vulneración del art. 20.1 d) CE, único motivo invocado en la demanda, que no fue reparada por la Sentencia del Tribunal Supremo, cuya motivación se critica -"impugnación de los argumentos expuestos por el Tribunal Supremo"- con la finalidad de apoyar el indicado único motivo.
Así, pues, partiendo de la base de que, subjetivamente, el Consejo General del Poder Judicial queda incluido en los órganos públicos a que se refiere el art. 43.1 LOTC -SSTC 29/1987, de 6 de junio, FJ 1, y 174/1996, de 11 de noviembre, FJ 1- y de que, objetivamente, las "disposiciones" son susceptibles del recurso de amparo en él previsto, según su tenor literal, es lo cierto que en el caso que se examina se recurre directamente la norma y no un concreto acto de aplicación de la misma. Y en esta línea, hemos de recordar que "como se declaró en la STC 192/1991, confirmando pronunciamientos anteriores (SSTC 40/1982 y 131/1985, entre otras), 'aunque por medio del recurso de amparo no pueden ejercitarse pretensiones impugnatorias directas frente a disposiciones generales', no es menos cierto que la lesión de un derecho fundamental 'pueda tener su origen directo e inmediato en las normas, de manera que es posible admitir que en determinados casos la mera existencia de un precepto reglamentario que sea de aplicación directa pueda violar un derecho fundamental ... lo que, en definitiva, posibilita y obliga al enjuiciamiento de la norma en cuestión desde la señalada perspectiva constitucional' (FJ 2)" (STC 121/1997, de 1 de julio, FJ 5).
3. Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la relación existente entre el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz [art. 20.1 d) CE] y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales (art. 120.1 CE) con ocasión de un caso en el que se denegó la acreditación para acceder a las sesiones del juicio oral de un proceso de muy notable proyección pública a reporteros de la prensa escrita. Se dijo entonces que "el principio de la publicidad de los juicios garantizado por la Constitución (art. 120.1) implica que éstos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto tal presencia les permite adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie de imperativos de espacio, de tiempo, de distancia, de quehacer, etc., están en la imposibilidad de hacerlo. Este papel de intermediario natural desempeñado por los medios de comunicación social entre la noticia y cuantos no están, así, en condiciones de conocerla directamente, se acrecienta con respecto a acontecimientos que por su entidad pueden afectar a todos y por ello alcanzan una especial resonancia en el cuerpo social" (STC 30/1982, de 1 de junio, FJ 4). A lo que se añadía que "no resulta adecuado entender que los representantes de los medios de comunicación social, al asistir a las sesiones de un juicio público, gozan de un privilegio gracioso y discrecional, sino que lo que se ha calificado como tal es un derecho preferente atribuido en virtud de la función que cumplen, en aras del deber de información constitucionalmente garantizado" (ibidem).
4. Las audiencias públicas judiciales son, pues, una fuente pública de información y, por eso, conforme acaba de exponerse, ha declarado este Tribunal, con respecto a los profesionales de la prensa escrita, que forma parte del contenido de su derecho a comunicar información la obtención de la noticia en la vista pública en que ésta se produce. La cuestión central que plantean los recurrentes es si cabe extender estas afirmaciones a los datos que se obtienen y se difunden por medios técnicos de captación óptica y difusión visual. Pues bien, en principio, nada distinto de lo declarado para los periodistas que cumplen su función mediante el escrito hay que decir para las informaciones que se valen de otros medios técnicos para obtener y transmitir la noticia, como los de grabación óptica, a través de cámaras fotográficas o de radiodifusión visual. El art. 20.1 d) CE garantiza el derecho a comunicar libremente información veraz "por cualquier medio de difusión", sin distinción entre las diferentes modalidades de éstos en lo que se refiere al contenido constitucionalmente garantizado del derecho. Por eso debe afirmarse que forma parte de dicho contenido tanto la utilización de esos cauces técnicos para la obtención y difusión de la noticia en la fuente informativa de acceso general (y las audiencias públicas judiciales lo son), como la instalación, instrumentalmente necesaria, de los aparatos técnicos precisos allí donde la noticia se produce. En esta línea, ha de destacarse que la imagen enriquece notablemente el contenido del mensaje que se dirige a la formación de una opinión pública libre.
5. Ya el art. 120.1 CE ha señalado para la publicidad "las excepciones que prevean las leyes de procedimiento" y, por consecuencia, el legislador, en la función que le corresponde de regular el ejercicio de los derechos fundamentales conforme a una adecuada ponderación entre ellos y otros bienes constitucionalmente protegidos relativos a intereses de la colectividad (art. 53.1 CE y, por lo que en concreto se refiere a la libertad de información, art. 20.4 CE), ha previsto los supuestos en que la publicidad de las actuaciones judiciales pueda ser limitada o excepcionada por los Jueces y Tribunales (STC 96/1987, de 10 de junio, FJ 2) cuando deba considerarse, conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y la ponderación, que otros derechos fundamentales o bienes con protección constitucional deben tener prevalencia y, en consecuencia, debe retroceder la libertad de información. Con carácter general el art. 232.2 LOPJ establece que los Jueces y Tribunales pueden limitar el ámbito de la publicidad excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades mediante resolución motivada. Y preceptos equivalentes se encuentran en las leyes reguladoras de los procesos.
6. Situada la cuestión central planteada por los recurrentes en su contexto, procede dar respuesta pormenorizada a las alegaciones que se contienen en la demanda sobre la supuesta lesión del derecho a la libertad de información.
7. Con respecto a lo dispuesto por el apartado 3 de la norma sexta impugnada, ya se ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial desestimó el recurso administrativo interpuesto por los demandantes de amparo en cuanto a la alegación de que ese precepto vulnerara el derecho a la libertad de información, pero lo estimó parcialmente al considerar que no era competencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sino de las Salas de Justicia, adoptar las decisiones relativas al ámbito de publicidad de los juicios. En lo que aquí es relevante, se dice en el fundamento de Derecho 8 del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por doña María Paloma de Álava Casado y veinticinco periodistas más y, en consecuencia:
1º Reconocer el derecho de los recurrentes en amparo a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE].
2º Restablecer en su derecho a los recurrentes en amparo y, a tal fin, anular, en cuanto se refiere a la autorización para el acceso a las vistas, el apartado 3 de la norma sexta aprobada por el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1995, así como el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996 en dicho punto y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999, dictada en los recursos contencioso-administrativos acumulados núms. 305/96 y 314/96, en la medida que afecta a dicho extremo.
3º Denegar el amparo en todo lo demás.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez- Zapata Pérez, a la Sentencia de 19 de abril de 2004, dictada en el recurso de amparo núm. 3445/99, promovido por doña María Paloma de Álava Casado y veinticinco periodistas más.
1.- La Sentencia mayoritaria versa sobre las libertades que garantiza el artículo 20 CE, que son piedra angular del Estado democrático. La libertad de información, en su perspectiva activa de derecho fundamental a comunicar libremente información veraz por cualquier medio [art. 20.1 d) CE], se afirma en la Sentencia en relación con la institución de un proceso público, abierto y justo, que es otra de las conquistas que hacen posible nuestra civilización.
2.- La tesis central de la Sentencia mayoritaria sostiene que las audiencias públicas judiciales son fuente informativa de acceso general (FJ 3 in fine); declara, así, que el derecho fundamental a comunicar libremente información veraz por cualquier medio [ex artículo 20.1.d) CE] alcanza a la transmisión de lo que acontece en las audiencias públicas judiciales, no sólo mediante el escrito sino a través de cualesquiera otros medios técnicos aptos para obtener y difundir la noticia (fotografía, radio, video, televisión etc.). Se añade que comprende, en fin, la instalación, instrumentalmente necesaria, de los aparatos técnicos allí donde la noticia se produce (sic en FJ 4), es decir en la propia Sala en la que se desenvuelve cualquier proceso judicial.
3.- Creo que la tesis de la mayoría adquiere matices muy distintos si se pone en conexión con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, que establece el artículo 120 CE, en garantía de un proceso justo. Una prensa fuerte y libre es el gran aliado de las garantías de un proceso justo: Los pueblos que no son capaces de leer sus crímenes en los periódicos están condenados a leerlos en sus libros de Historia. Los medios de comunicación social son un antiséptico eficaz contra los excesos en la aplicación de las leyes y frente a posibles abusos del poder judicial. Sin embargo, una afirmación radical de la libertad de información puede convertir a la prensa misma en un riesgo para las garantías de un proceso justo.
4.- A esa finalidad sirve el principio, acuñado en la Revolución Francesa frente al proceso inquisitorial y secreto de la Justicia del Antiguo Régimen, que, tras Voltaire, se conoce como de "apertura a todos de las Salas de justicia" ("Tous les interrogatoires se font a portes ouvertes"). La publicidad de las actuaciones judiciales se proclama en el artículo 120 CE y, como derecho fundamental, en el derecho a un proceso público del artículo 24.2 CE, en relación con el artículo 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos.
5.- Cuando el artículo 120 CE declara que las actuaciones judiciales serán públicas se refiere a una "publicidad judicial inmediata". Entiendo como publicidad judicial inmediata la obligación del órgano judicial de proporcionar acceso a todas las personas sin discriminación o diferenciación alguna por razones políticas, religiosas, de nacionalidad, vinculación con las partes o cualesquiera otras, a las audiencias públicas judiciales. Entre esas personas se comprenden, indudablemente, los profesionales de los medios de comunicación social, como resulta, en el caso que se examina, del punto 1 del Acuerdo de la Sala de Gobierno contra el que se dirige el recurso de amparo. Es obvio que de esa obligación objetiva de los Tribunales nacen los correspondientes derechos públicos subjetivos, con las excepciones que expresan las leyes de procedimiento y que recoge la Sentencia mayoritaria. En una sociedad industrial desarrollada, como la de hoy, el simple acceso del público es insuficiente para garantizar el control democrático de la Justicia a que se ha orientado históricamente el principio de publicidad judicial inmediata. Por eso en la STC 30/1982, de 1 de junio, precisamos ya que los profesionales de los medios de comunicación social gozan de un derecho preferente de acceso, atribuido en virtud de la función que cumplen, como adecuadamente recoge también el citado punto 1 del Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
6.- Distinta es la reflexión que me merece la "publicidad judicial mediata", entendiendo por ella la que permite la apertura de las Salas de justicia, en el estado actual de la tecnología, a la prensa gráfica, radiofónica o a los aparatos de vídeo y televisión. A diferencia de la participación pasiva, propia de la publicidad judicial inmediata, dicha publicidad incide en forma activa en el desenvolvimiento del proceso judicial, modificando su desarrollo y puede afectar negativamente a su finalidad esencial, que es, como dije, el hallazgo de la verdad procesal y el Derecho aplicable por un órgano imparcial que pondera y examina las pretensiones de partes enfrentadas, que ponen en juego sus derechos en el desarrollo del proceso. La respuesta de la Sentencia mayoritaria traza la línea de separación entre la libertad de información por medios gráficos, radio y televisión en contraposición con las garantías de un proceso justo y limpio (fair process) contemplando en forma determinante la libertad de información. No es esa la respuesta unánime en el Derecho comparado, desde el contempt of Court, británico o australiano, a la experiencia norteamericana donde, con máxima libertad, no son de olvidar las restricciones deontológicas y legales frente a las declaraciones extrajudiciales de los Abogados, para poner coto a los denominados juicios paralelos o que el Tribunal Supremo afirmó en 1965 (caso Estes v. Texas) que la cláusula del due process of law, de la XIV Enmienda de la Constitución, prohibía retransmitir por televisión un caso criminal sensacionalista.
7.- La respuesta de los Acuerdos anulados resulta en realidad más favorable al derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio, en cuanto garantiza el acceso de medios audiovisuales tras la ponderación que, caso por caso, hagan cada una de las Salas del Tribunal Supremo, de las garantías del proceso y de los derechos fundamentales afectados, según el modelo que rige, por ejemplo, en Canadá.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3445-1999
Promovido por doña María Paloma de Álava y otros frente a la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que desestimó su demanda contra el Consejo General del Poder Judicial sobre las normas de acceso al palacio sede del Tribunal Supremo.
Los recurrentes consideran vulnerado el derecho a la libertad de información por la norma que les impide acceder como informadores a dependencias del Palacio del Tribunal Supremo distintas de las salas donde tienen lugar las audiencias públicas. Los pasillos u otras dependencias del Palacio del Tribunal Supremo distintas de los recintos donde tienen lugar las actuaciones judiciales en régimen de audiencia pública no son fuentes de información de acceso general, por lo que dicha norma no vulnera el derecho a la libertad de información [FJ 6].
Las audiencias públicas judiciales son una fuente pública de información y, por eso, forma parte del contenido de su derecho a comunicar información la obtención de la noticia en la vista pública en que ésta se produce, así como la instalación, instrumentalmente necesaria, de los aparatos técnicos precisos allí donde la noticia se produce [FJ 4].
La utilización de esos medios de captación y difusión visuales puede afectar de forma mucho más intensa que el reportaje escrito a otros derechos fundamentales de terceros y a bienes jurídicos constitucionalmente protegidos relativos a intereses colectivos, con los que el derecho a la libertad de información puede entrar en conflicto [FJ 4].
El órgano judicial puede adoptar una medida intermedia entre la audiencia pública y la celebración de la sesión a puerta cerrada si, como consecuencia del juicio de proporcionalidad o ponderación que realice, se llega al resultado de que basta para la protección de los bienes o derechos en peligro con la exclusión de la entrada de determinados medios técnicos de captación o difusión de información [FJ 5].
El principio de la publicidad de los juicios garantizado por la Constitución implica que éstos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una proyección general, que no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social (STC 30/1982) [FJ 3].
Los representantes de los medios de comunicación social gozan de un derecho preferente atribuido en virtud de la función que cumplen, en aras del deber de información constitucionalmente garantizado [FJ 3].
No es compatible con la actual legislación reguladora del ejercicio de la libertad de información el establecimiento de una prohibición general con reserva de autorización en cada caso del acceso de medios de captación y difusión de imágenes a las audiencias públicas, porque la utilización de tales medios forma parte del ámbito constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad de información que no ha sido limitado con carácter general por el legislador [FJ 7].
El carácter impeditivo de la norma impugnada permite imputarle directamente, sin necesidad de acto alguno de aplicación, la lesión que se pretende haber sufrido y nada hay que se oponga a la tramitación del presente recurso (STC 121/1997) [FJ 2].
Enmienda XIV, VP
Artículo 680, ff. 5, 7
Artículo 20.1 d), ff. 1 a 4, 7, VP
Artículo 20.4, ff. 5, 7, VP
Artículo 24.2 (derecho a un proceso público), f. 4
Artículo 120.1, ff. 3, 5
Artículo 152, VP
Artículo 232.2, f. 5, VP
Artículo 4 m), f. 2
Artículo 313, f. 7
Artículo 314, f. 7
Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América (Estes v. Texas) (381 U. S. 532, 1965)
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999 (recursos contencioso-administrativos acumulados núms. 305-1996 y 314-1996)
§§ 88, 90, f. 5
Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional federal alemán, de 24 de enero de 2001
§§ 37, 38, f. 5
Acceso a sedes judicialesAcceso a sedes judiciales, f. 6
Acreditación de periodistasAcreditación de periodistas, f. 7
Alcance de la pretensión de amparoAlcance de la pretensión de amparo, ff. 1, 2
Contenido de la libertad de informaciónContenido de la libertad de información, f. 3, VP
Derecho preferente de los periodistasDerecho preferente de los periodistas, f. 3
Excepciones al derecho a un proceso públicoExcepciones al derecho a un proceso público, f. 5
Impugnación indirecta de disposiciones de carácter generalImpugnación indirecta de disposiciones de carácter general, f. 2, VP
Juicios paralelosJuicios paralelos, f. 4, VP
Libertad de informaciónLibertad de información, ff. 4, 6, VP
Fuentes de informaciónFuentes de información, f. 6
Medios de comunicaciónMedios de comunicación, ff. 3, 4, VP
Principio de publicidad procesalPrincipio de publicidad procesal, f. 3, VP

References: resolución 
 artículo 20
in fine
 artículo 20
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 120

Artículo 680

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 24

Artículo 120

Artículo 152

Artículo 232

Artículo 4

Artículo 313

Artículo 314