Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653728
Timestamp: 2019-07-16 05:10:57+00:00

Document:
NOMBRAMIENTO DE JUECES DE GARANTÍA Y JUECES DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
DEROGACIÓN DE DECRETO LEY Nº 2.560 SOBRE REPRODUCCIÓN DE OBRA LITERARIA DE GABRIELA MISTRAL
REINSERCIÓN SOCIAL DE CONDENADOS SOBRE LA BASE DE BUENA CONDUCTA
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE ASOCIACIÓN PARLAMENTARIO EN EL MARCO DE TRATADO CON UNIÓN EUROPEA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS TELEVISIVOS DENOMINADOS "REALITY SHOW". PROYECTO DE ACUERDO
MULTIPLICACIÓN INORGÁNICA DE CARRERAS UNIVERSITARIAS
ABORTO TERAPÉUTICO: UN DEBATE OBSOLETO. OFICIO
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR CORDERO, CON LA QUE INICIA UNA PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, EN LO RELATIVO A SANCIONES APLICABLES AL QUE, SIN TENER LA LICENCIA REQUERIDA, MANEJE UN VEHÍCULO CUYA CONDUCCIÓN EXIJA LICENCIA PROFESIONAL (3191-15)
Sesión 25ª, en miércoles 15 de enero de 2003
I.	ASISTENCIA...................................................................
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS.................................................................................
IV.	CUENTA.................................................................................
Acuerdos de Comités..............................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 19.665 en cuanto a nombramiento de jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal (3178-07) (se aprueba en general y particular)......................
Proyecto de ley, en tercer trámite, sobre financiamiento urbano compartido (2651-14) (se aprueba)..............................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (3115-14) (se aprueba en general).....................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que deroga el DL. Nº 2.560, de 1979, que autorizó la reproducción en Chile de la obra literaria de Gabriela Mistral (3074-04) (se aprueba en general y particular)..........................
Proyecto de ley, en primer trámite, que establece mecanismos de protección y de evaluación de efectos producidos por deterioro de capa de ozono (2725-12) (vuelve a Comisión para nuevo segundo informe)...............
Proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales que garantizan créditos que indica (3145-01) (se aprueba en general y particular)....................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta (2723-07) (se aprueba en general y particular).......................
Programas de televisión denominados "reality show" (S 655-12) (se aprueba)...
Multiplicación inorgánica de carreras universitarias (observaciones del señor Parra)....................................................................................................
Aborto terapéutico: un debate obsoleto (observaciones de los señores Bombal y Parra)................................................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda ; Secretario General de Gobierno ; de Educación; de Justicia y de Vivienda y Urbanismo, y Bienes Nacionales.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 22ª y 23ª, ordinarias, en 7 y 8 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (Boletín Nº 2.286-04).
Del señor Ministro de Hacienda, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las prestaciones de salud que se otorgan a los adultos mayores afiliados al Fondo Nacional de Salud.
Del señor Ministro de Agricultura , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido al término del programa de empleo que la Corporación Nacional Forestal desarrollaba en la comuna de Angol.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la operación de la barcaza Pilchero, que sirve la ruta interior del lago General Carrera, Undécima Región.
Del señor Subcontralor General de la República, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a los resultados de una presentación efectuada ante la Contraloría Regional de Antofagasta por la persona que menciona.
Del señor Rector de la Universidad Austral de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido al documento "La concertación de Chile por un desarrollo con justicia".
Del señor Jefe del Departamento de Personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre la situación de la persona que señala.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 19.665, sobre nombramiento de jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.178-07).
Tres de la Comisión de Hacienda:
Los dos primeros, recaídos en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que se indican:
1.- El relativo a remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y sobre gastos reservados, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 3.171-05);
2.- El que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 3.176-05);
El tercero, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con opción de compra, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.115-14);
(Este proyecto cuenta con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Fernández y de la entonces Senadora señora Feliú, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada (Boletín Nº 370-07);
Del Senador señor Cordero, por medio de la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a las sanciones aplicables al que, sin tener la licencia requerida, maneje un vehículo cuya conducción exija licencia profesional (Boletín Nº 3.191-15);
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional).
Moción de los Senadores señores Ruiz-Esquide y Zaldívar, don Andrés, por medio de la cual inician un proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, que estableció un nuevo sistema de pensiones, y la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional, con la finalidad de permitir la participación de las compañías de seguros en la oferta de seguros de salud con primas financiadas con cargo a las cotizaciones del trabajador.
--Se declara inadmisible, por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , en conformidad a lo establecido en los Nºs 2º y 6º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Señor Presidente , respecto de la moción que acaba de declarar inadmisible, solicito que, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, se envíe al Ejecutivo para que le dé su patrocinio.
El señor Secretario dará a conocer un acuerdo de Comités.
Los Comités, en reunión de hoy, adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo: formar una Comisión Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que estará integrada por los Senadores señores Arancibia, Cantero, Foxley, Flores y Viera-Gallo.
Señor Presidente, quiero solicitar a la Mesa dos cosas.
Primero, fijar nuevo plazo, hasta el martes 21 del mes en curso, para formular indicaciones al proyecto sobre nueva institucionalidad cultural, dado que el Ejecutivo patrocinará algunas de las presentadas por los señores Senadores.
Segundo, en cuanto al proyecto signado con el Nº 5 en el Orden del Día, colocarlo en primer lugar y tratarlo como si fuera de fácil despacho.
Señor Senador, este punto lo dejaremos pendiente, porque suspenderé la sesión por cinco minutos para efectuar una reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Los Comités resolvieron unánimemente lo siguiente:
1) Volver a la Comisión de Hacienda los proyectos signados con los números 2 y 3 de la tabla (el relativo a remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y sobre gastos reservados, y el que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos), autorizando al referido órgano técnico a sesionar paralelamente con la Sala.
Asimismo, se acordó despachar ambas iniciativas en la sesión ordinaria del próximo martes 21.
2) Tratar en el primer lugar de la tabla de la presente sesión, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto sobre nombramiento de jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.665 en cuanto al nombramiento de jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal, con informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3178-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 22ª, en 7 de enero de 2003.
Constitución, sesión 25ª, en 15 de enero de 2003.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto calificándola de "suma".
Cabe señalar que, en sesión de 8 de enero en curso, la Comisión de Constitución fue autorizada por la Sala para discutir la iniciativa en general y particular en su primer informe.
a) Terminar con el sistema de nombramiento inmediato de todos los jueces de garantía y de tribunal de juicio oral penal, respecto de las Regiones en que se iniciará la reforma procesal penal en 2003 y 2004 -es decir, Quinta, Sexta, Octava, Décima y Metropolitana-, para proveer sólo los cargos que sean necesarios para el adecuado comienzo de la aplicación de la reforma. Los cargos vacantes deberán proveerse en el curso del año siguiente, tratándose de los jueces de garantía, y dentro de los dos años posteriores, en el caso de los jueces de tribunal de juicio oral en lo penal, sin perjuicio de que se puedan anticipar los nombramientos que sean necesarios.
b) Fijar reglas para el nombramiento de los jueces y del personal del escalafón secundario, en concordancia con el criterio anterior.
c) Adecuar los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, San Miguel y Rancagua, a fin de hacerlos coincidir con la respectiva Región o parte de ella.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó el proyecto en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Espina, Larraín, Moreno y Silva, y lo acogió también en particular en la misma forma, consignándose el texto despachado en la parte pertinente del informe.
De su lado, la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la de Constitución.
Finalmente, cabe destacar que los artículos 1º y 3º permanentes del proyecto, al igual que sus artículos 1º y 2º transitorios, son normas de carácter orgánico constitucional, requiriendo para su aprobación el voto conforme de 26 señores Senadores.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento favorable 31 señores Senadores.
Señor Presidente , sólo deseo agradecer el rápido despacho de esta iniciativa, la cual requería una tramitación de este tipo.
Antes de pasar al segundo proyecto en tabla, debo manifestar que el Presidente de la Comisión de Hacienda , Senador señor Ominami, ha solicitado autorización para que dicho órgano técnico funcione paralelamente con la Sala a partir de este momento o cuando se estime oportuno, con el objeto de tratar las iniciativas signadas con los números 2 y 3 del Orden del Día, las que -como se señaló- volvieron a Comisión.
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre financiamiento urbano compartido.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2651-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 23ª, en 16 de enero de 2001.
En tercer trámite, sesión 23ª, en 8 de enero de 2003.
Por acuerdo unánime de la Sala, adoptado el 8 del mes en curso, se resolvió que esta iniciativa debía ser analizada en la presente sesión.
Cabe señalar que la Honorable Cámara de Diputados, durante el segundo trámite constitucional, introdujo una serie de modificaciones al proyecto despachado por el Senado, las cuales se consignan en el texto comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
Como los artículos 20 (pasa a ser 18), 23 (pasa a ser 21) y 24 (pasa a ser 22) son normas de carácter orgánico constitucional, para su aprobación requieren el voto conforme de 26 señores Senadores.
Por encontrarse en tercer trámite constitucional, el proyecto debe discutirse punto por punto, a menos que la Sala acuerde otra cosa.
Señor Presidente , deseo explicar en forma general las enmiendas introducidas por la Cámara Baja, con el objeto de despacharlas rápidamente.
Ojalá sea una referencia que permita una visión global.
Como los señores Senadores recordarán, se trata de un proyecto que reviste bastante importancia. En el fondo, implica una normativa sobre concesiones, en términos menores, para el SERVIU, el Ministerio de Vivienda y los municipios. Si bien existe la Ley de Concesiones, no es conveniente asignar a los municipios obras pequeñas que pueden ser manejadas por el ente que corresponde, que es el Ministerio de Obras Públicas.
Cabe recordar que el Ministerio de Vivienda, el SERVIU o las municipalidades entregan algunos bienes como contraprestación de servicios determinados. En términos generales, esa Cartera tiene la obligación de proveer equipamientos comunitarios, de pavimentar calles, de construir parques y jardines. Sin embargo, muchas veces posee propiedades que no calzan o no están en el nivel apropiado para construir viviendas, que es la labor que corresponde a ese Ministerio. Si vende esas propiedades, el 65 por ciento va para los Gobiernos regionales, otro porcentaje lo recibe el Fisco y una pequeña parte queda en esa Secretaría de Estado. Pero ésta debe seguir cumpliendo con la obligación de pavimentar calles, construir parques, jardines, etcétera. Con este proyecto de ley esas propiedades ya no útiles para construir viviendas pueden destinarse a pavimentación, a sedes sociales, a parques, a equipamientos comunitarios, impulsándose de esta forma la licitación por obras y no por dinero. Por ejemplo, ¿qué se puede ofrecer como contraprestación de esta o aquella propiedad? Puede ser la pavimentación de diez cuadras o la construcción de cuatro multicanchas. De eso se trata.
Respecto a los municipios, ocurre exactamente lo mismo: una propiedad no útil puede darse en concesión o en pago por obras necesarias para el desarrollo de la comunidad.
¿Qué modificaciones introdujo la Cámara de Diputados al proyecto? En general, sólo de redacción y algunas medidas de mayor transparencia.
Según el artículo 1º, se obliga a los municipios a ceñirse al plan de desarrollo comunal respecto de este tipo de obras.
Además, se propone una modificación más o menos importante. En efecto, la Comisión y la Sala aprobaron en su oportunidad, junto con la prestación de los bienes que se entregan en pago, la posibilidad de hacer también aportes en dinero, lo que el Ministerio de Hacienda objetó en la Cámara de Diputados.
Otras enmiendas son:
El perfeccionamiento del mecanismo de evaluación de ofertas y de asignación de contratos. Se suprime la adjudicación directa. Antes, cuando había alguna dificultad, el alcalde la podía arreglar en forma directa.
En el caso de traspasos de contratos, se establece que éstos deben ser públicos y que el alcalde debe obtener el acuerdo del concejo municipal.
Se acotan las causales por las cuales procede la designación de un interventor. Antes, el proceso era un poco más complejo. La Cámara lo simplificó suficientemente.
Se disponen multas de entre 5 y 20 por ciento del presupuesto del valor total de la obra (en caso de incumplimiento parcial).
Y, por último, el reglamento de la ley debe ser visado por el Ministerio de Hacienda.
En general, señor Presidente, no son modificaciones fundamentales y las estimo absolutamente pertinentes, de modo que propongo aprobarlas a fin de que la iniciativa se convierta en ley lo antes posible.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas introducidas por la Cámara.
Señor Presidente , lamento que no hayamos tenido oportunidad de ver el proyecto en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, porque lo cierto es que entrega varias atribuciones a los municipios, y es esa Comisión la que normalmente ha estudiado estas materias, no la de Vivienda y Urbanismo, de modo que en su oportunidad hubo un error de la Mesa. Y las atribuciones que se entregan no son menores. Yo no sé si en este caso se requiere o no modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero no voy a dar mi consentimiento para aprobar el proyecto así no más. Dado que no lo hemos podido estudiar con anticipación, lo lógico sería disponer de tiempo suficiente para analizarlo artículo por artículo.
Señor Presidente , sólo quiero hacer presente que el proyecto tenía urgencia calificada de "discusión inmediata" en la sesión del martes pasado y, accediendo a una petición de esta Corporación, en nombre del Ejecutivo retiré dicha urgencia, en el entendido de que se iba a tratar y despachar hoy, tal como acordó unánimemente la Sala.
Las observaciones del Senador señor Núñez son importantes. Sin embargo, recuerdo que fue esta Sala, durante el primer trámite constitucional, la que aprobó unánimemente la incorporación de las municipalidades en este proyecto, con la modificación de la Ley Orgánica respectiva. Por tanto, no es que la Cámara de Diputados, en el segundo trámite, haya agregado a los municipios. Fue el Senado, el año pasado, el que, en forma unánime, aprobó dicha enmienda y también, consiguientemente, las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional.
Según entiendo, en esta ocasión sólo podría discutirse lo que se agregó en el segundo trámite constitucional, y en ningún caso lo aprobado durante el primer trámite. La Cámara Baja, como ha dicho el Senador señor Sabag , mejoró la redacción e introdujo adiciones menores a una iniciativa que, en su oportunidad, se aprobó unánimemente por todos los señores Senadores que asistieron a la sesión respectiva.
Por lo mismo, pido dar cumplimiento al acuerdo de esta Sala en orden a despachar hoy esta normativa, porque ésa fue la condición para retirar la "discusión inmediata".
La Mesa ratifica las palabras del señor Ministro: hubo consenso para despachar hoy el proyecto. Fue un acuerdo de caballeros
Pido la palabra, señor Presidente .
El Honorable señor Novoa la había pedido con anterioridad.
Señor Presidente , la iniciativa presentada por el Ejecutivo contemplaba un sistema de financiamiento urbano compartido en el cual se establecían regulaciones para que el SERVIU realizara contratos con el objeto de desarrollar programas urbanísticos. Nos pareció que el instrumento contenido en el proyecto podía usarse también por los municipios, por su injerencia en el desarrollo urbano. Y en el primer trámite en el Senado incorporamos la posibilidad de que las municipalidades participaran en este tipo de operaciones. Así como compran, venden, arriendan, realizan una cantidad de actos jurídicos, se estimó conveniente darles esta nueva facultad.
Se señaló que muchas de estas actividades podían realizarlas normalmente las municipalidades con los sistemas de concesiones y diversos instrumentos de que disponen, pero pareció mucho más claro, mucho más expedito, sencillamente incorporarlas también como partes de este tipo de contratos. Y, efectivamente, como señaló el señor Ministro de Vivienda , estas indicaciones fueron presentadas durante el primer trámite aquí en el Senado, el proyecto fue despachado por unanimidad y los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados son relativamente menores.
Señor Presidente , quiero ratificar lo dicho por el Senador señor Novoa y el señor Ministro . La Comisión de Vivienda y Urbanismo estudió las variaciones que introdujo la Cámara de Diputados al texto aprobado en primer trámite por el Senado. La única modificación de cierta importancia y que mereció un análisis particular es la eliminación del aporte en dinero que tanto el SERVIU como las municipalidades pudieran hacer a este financiamiento urbano compartido. Pero estamos de acuerdo en que ello no amerita atrasar el despacho del proyecto. En la Comisión estuvimos absolutamente contestes en que la normativa propuesta era buena, por lo que merece ser aprobada.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las modificaciones en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
He solicitado la palabra, señor Presidente .
Hay que dejar constancia del quórum.
He solicitado la palabra.
Cuando ofrecí la palabra, usted estaba conversando.
No estaba conversando.
En todo caso, quiero aclarar que su afirmación no corresponde a la realidad, porque este proyecto fue tratado por la Comisión de Gobierno. Así consta en las Actas respectivas.
Es lo que iba a decir. Lo vio la Comisión de Gobierno. No tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Pero las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados ameritaban un nuevo estudio por parte de dicha Comisión.
--Se deja constancia de que las modificaciones de la Cámara de Diputados se aprobaron por 30 votos.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, con informes de las Comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
La Comisión de Vivienda deja constancia de haber discutido el proyecto solamente en general, a pesar de constar de un artículo único, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 127 de nuestro Reglamento, y en concordancia, a su vez, con lo prescrito en el inciso sexto del artículo 36 del mismo.
El objetivo principal del proyecto es el perfeccionamiento del sistema creado por la ley Nº 19.281, en lo concerniente al subsidio que el Estado otorga para la adquisición de viviendas mediante el denominado "leasing habitacional".
La Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó la iniciativa en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Arancibia, Cordero, Prokurica y Sabag.
La Comisión de Hacienda, conociendo del proyecto en un primer informe, en virtud del acuerdo de la Sala de 7 del mes en curso, le dio su aprobación en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Boeninger, García, Ominami y Sabag, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Por último, cabe hacer presente que Sus Señorías disponen de un texto comparado, elaborado por la Secretaría de la Comisión, que contempla la normativa de la ley Nº 19.281 que se modifica y el texto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo .
Señor Presidente , éste es un proyecto que viene a perfeccionar el actual sistema de leasing habitacional con el objeto de hacerlo más potente. En este momento ya se está aplicando, pero sus alcances y la atracción que produce tanto sobre las empresas constructoras como sobre la demanda no son suficientes.
En cuanto a costo, la iniciativa apunta a un espectro de viviendas de 400 a 500 unidades de fomento. Por eso, se requiere establecer un sistema de securitización que baje los costos de financiamiento y los riesgos que se corren, de manera que el valor sea más bajo y atractivo para la gente.
Por otra parte, el proyecto establece que el subsidio será a todo evento -cuestión muy importante- y que podrá ser pagado hasta en 240 cuotas, es decir, 20 años, entregándose en cada período anual un 5 por ciento de su monto total.
El no pago del subsidio autoriza a la empresa arrendadora para llamar a remate, y al juez, para proceder a la venta del inmueble en pública subasta. La empresa podrá recuperar el ciento por ciento de la inversión, pues, si con el producto del remate no se alcanza a pagar el precio de la vivienda, lo que le falte por recibir deberá ser enterado por el SERVIU, con un tope de 200 UF.
El monto del subsidio cubre además los costos de originación, lo cual resulta de gran relevancia cuando se trata de la venta de unidades de bajo valor. Asimismo, el subsidio se otorga por instrumento endosable, de forma tal que podrá ser transado en el mercado de valores.
En la Comisión se estimó que todos estos elementos contribuyen a lograr el objetivo perseguido por el Ministerio de Vivienda en orden a generar un instrumento que permita dar mayor dinámica a los subsidios. Sin embargo, surgió una inquietud -esto fue lo que hizo enviar la iniciativa a la Comisión de Hacienda- en cuanto a que esa dinámica llegara a ser tan grande que sobrepasara las posibilidades económicas de gobiernos futuros. En efecto, en la medida en que se otorgaran demasiados subsidios, el Estado quedaría impedido de seguir llevando adelante esta iniciativa. Actualmente, el marco de asignación de subsidios tiene un límite de 4 mil. Considerando los valores económicos de hoy, eso es nada comparado con los montos de dinero que maneja el Ministerio de Vivienda. Y proyectado a 20 años tampoco es significativo. De manera que los próximos gobiernos van a disponer de al menos esa cantidad de subsidios, que podrá ser incrementada.
Si el instrumento se transforma en una herramienta eficiente, constituirá una buena solución frente a los requerimientos de la gente que se entusiasme con él. En el fondo, opera como un mecanismo de securitización que permitirá que las inversiones sean más seguras.
Como Presidente de la Comisión de Vivienda, y en representación de sus miembros, apoyo sin reservas el proyecto.
Señor Presidente , al abordar el estudio de la iniciativa en el seno de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, llamó la atención el bajo número de subsidios utilizados para adquirir viviendas mediante la suscripción de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, conocido como leasing habitacional.
Este subsidio fue concebido como una nueva opción frente a los diversos mecanismos que facilitan el acceso a una vivienda propia. Sin embargo, su utilización ha sido bastante escasa en comparación con la de otros existentes. Por eso, este proyecto constituye una buena herramienta para corregir aquellos aspectos que hacen poco atractivo el sistema para los sectores a los que está dirigido y para incentivar su aplicación.
En efecto, el hecho de que el subsidio sea un instrumento transable en el mercado de valores y, consecuentemente, pagadero a todo evento y al portador, crea una fuente inmediata de recursos que hacen posible la realización de la operación respectiva. Y, por otra parte, por ser un instrumento a largo plazo, permite que el Estado no agote el presupuesto anual destinado a su financiamiento, pues contrae una obligación cuyo pago es diferido y futuro.
Asimismo, se impide que el riesgo de incumplimiento de los aportes mensuales a que se encuentra obligado el promitente comprador afecte el pago del subsidio, ya que la normativa separa uno de otro al imputar este último al precio de la compraventa y permitir su transacción en el mercado de valores.
En otro plano, considero que las disposiciones de la iniciativa referidas a la eventualidad de remate de las viviendas constituyen un incentivo para las empresas oferentes, en cuanto disminuyen el riesgo de pérdidas frente al incumplimiento de las obligaciones del promitente comprador, pudiendo recuperar sus recursos incluso en el caso de saldo en contra una vez rematada la propiedad, hasta el ciento por ciento, con un tope de 200 unidades de fomento por operación.
El mismo efecto producirá, sin duda, la implementación del seguro de originación que se pagará al promitente comprador, permitiéndole elegir con mayor libertad a quien le ofrezca mejores condiciones contractuales, sin la traba de no poder asumir el costo de la oferta, lo que a su vez incentiva a los oferentes a ampliar su mercado a viviendas de menor costo.
Sin perjuicio de los beneficiosos efectos derivados de las normas propuestas en el proyecto en torno del problema de la vivienda, considero que toda medida que estimule la actividad de la construcción, aunque sea indirectamente, debe ser implementada. En efecto, este sector es uno de los que sufren de manera más brusca e intensa los efectos de la cesantía, pues una buena parte de la mano de obra o fuerza laboral que ocupa pertenece a sectores de bajos ingresos. Por la misma razón, cualquier impulso que se dé en esta área producirá de inmediato un mejoramiento de las condiciones económicas imperantes.
Se ha sostenido que resulta mucho más recomendable la adquisición mediante el sistema de subsidio habitacional tradicional, sin tomar la carga de deudas a largo plazo. No se puede dejar de reconocer que esa situación es la ideal. No obstante, existen personas en la población que no tienen esa opción.
En efecto, en Chile, unas 200 mil familias que arriendan viviendas sociales de valor medio-bajo deben destinar alrededor del 35 por ciento de sus ingresos a este concepto. Ellas representan un segmento que dispone de recursos que le permiten pagar una pequeña mensualidad, pero que no posee márgenes o excedentes que le hagan posible reunir el ahorro previo necesario para acceder a subsidios habitacionales de otro tipo, o no tiene ingresos estables, o no cumple los requisitos para su aceptación como deudor hipotecario por diversas razones.
Para estas familias, la única opción está en la oferta de viviendas que el mercado les permite adquirir mediante leasing habitacional, con su correspondiente subsidio, porque les posibilita reemplazar el pago del alquiler por el cumplimiento -absolutamente viable- de las obligaciones mensuales que les impone un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.
Desde tal perspectiva, dicho mecanismo, con las correcciones que propone introducirle el proyecto, debería ser exitoso, particularmente porque es realista en cuanto a lo que efectivamente se puede cumplir.
Tan así es, que uno de los aspectos más relevantes de su puesta en práctica lo representa la baja tasa de morosidad que exhibe frente a los demás sistemas de subsidio habitacional.
Finalmente, deseo hacer presente que, si se trata de expandir su aplicación e incorporarlo en el mercado de viviendas de menor valor destinadas a los sectores más modestos de la población, debe evaluarse la conveniencia de una mayor difusión acerca de su significado y de la forma como opera, ya que muchas veces los interesados potenciales no saben qué es el leasing ni entienden la figura contractual a que se refiere. En más de una ocasión ello privará a una familia de la oportunidad de acceder a una vivienda propia.
La iniciativa que nos ocupa perfecciona una opción que enriquece las posibilidades de obtener una vivienda, lo que representa un mecanismo reactivador del área de la construcción, que abre un mercado, absorbe mano de obra y ofrece un sistema que permite financiar las operaciones de que se trata y, a la vez, mantener un flujo controlado de recursos fiscales para implementarlas. En consecuencia, creo que el proyecto es beneficioso en muchos aspectos, de manera que lo acogeré.
Señor Presidente , sin duda, una de las necesidades básicas del ser humano es tener una casa propia, más aún cuando, en el caso de los chilenos, hay quienes arriendan por largo tiempo, sin que se les presente la oportunidad de postular a un subsidio habitacional.
En 1993 fue promulgada la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, llamado "leasing habitacional", la cual creó un mecanismo consistente en la suscripción de ese contrato sobre la base de que el contrato definitivo se materialice una vez que el saldo de la cuenta individual se ha igualado al precio pactado o cuando se ha cumplido el plazo contemplado en la ley.
El proyecto enviado por el Presidente de la República perfecciona el sistema introduciéndole diversos ajustes, de manera que el beneficio que se otorga opere en forma similar a aquellos que se entregan a través de otros tipos de subsidio habitacional. Y, además, se apunta a incorporar disposiciones destinadas a permitir que el subsidio sea un instrumento transable en el mercado de valores, lo que llevará, en definitiva, a que un mayor número de personas -específicamente, las familias de menores ingresos, que hoy arriendan y no pueden acceder al mecanismo- puedan solucionar su problema habitacional.
Actualmente, la ley Nº 19.281, que se modifica con la iniciativa en estudio, autoriza al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para conceder al postulante un subsidio cuyo objeto es complementar el aporte mensual y el ahorro voluntario acumulados por el titular y, así, contribuir al pago de la renta de arrendamiento y el precio de compraventa de la vivienda, cuyo monto se paga fraccionado hasta en 240 cuotas.
La normativa planteada propone modificar la ley a fin de establecer, en primer término, que el subsidio debe destinarse a financiar el pago del precio del contrato de compraventa prometido, y no a los fines indicados con anterioridad.
Se persigue el propósito, también, de incorporar el denominado "subsidio a la originación", orientado a solventar los costos que significan para las inmobiliarias la celebración de los contratos.
Otra innovación expuesta por el mensaje es que el subsidio se pagará a todo evento, al beneficiario o a quien lo haya adquirido por endoso. Ello implicará mejorar su tasa de descuento, ya que el pago del riesgo de cumplimiento se independizará del pago de los aportes por la persona que suscribió el contrato. Y se dispone que la Superintendencia de Valores y Seguros determine las características del instrumento, para que pueda ser transado en el mercado de valores.
De esa manera, se apunta a obtener una mejor securitización de los contratos y una rebaja del monto de los aportes que deben pagar los interesados, con lo que disminuyen las exigencias de renta para los postulantes. A modo de ejemplo, y efectuando proyecciones conservadoras, el mensaje señala que, considerando sólo el impacto que significa el pago del subsidio a todo evento respecto de viviendas de un valor de 500 unidades de fomento, la tasa de aporte mensual que cobran las inmobiliarias bajaría de 10,6 a 9,96 por ciento; en el caso de viviendas de un precio de 400 unidades de fomento, a 9,67 por ciento, y, tratándose de viviendas por un valor de 350 unidades de fomento, a 9,53 por ciento. Ello significa, al día de hoy, una rebaja promedio de 15 mil pesos en el monto de la renta que deben acreditar los postulantes al subsidio.
Por último, el mensaje sugiere modificar el artículo 41 bis de la ley, que faculta al arrendador promitente vendedor para solicitar al árbitro la terminación del contrato por no pago de los aportes y ordenar la venta de la propiedad en pública subasta, respecto de contratos de promesa de compraventa de viviendas cuyo valor no exceda de 900 unidades de fomento y en los que se haya enterado al menos 25 por ciento del precio.
Las enmiendas que se introducen harán, sin duda, más atractivo el sistema y permitirán a gente de más escasos recursos acceder a la vivienda propia, por lo que creemos que los cambios son positivos, de modo que los votaremos a favor.
Señor Presidente , seré muy breve. Me parece que las explicaciones proporcionadas en forma previa por los señores Senadores que han intervenido son suficientemente explícitas para manifestar las bondades de la iniciativa en estudio. No cabe duda de que la idea es que ojalá se desarrolle el sistema que nos ocupa, para poder hacer de Chile un país de propietarios.
La única inquietud que he planteado personalmente al señor Ministro -y, por ello, es bueno que el proyecto se discuta en esta oportunidad solamente en general- será motivo de una indicación que presentaremos con la Senadora señora Matthei , en el sentido de que no se debe juzgar el efecto del mecanismo sólo por lo que sucede hoy. O sea, el hecho de que se registre al respecto una utilización muy menor no significa que con las mejoras profundas y consistentes que se incorporen no pueda tener lugar un eventual boom. Y nuestra preocupación se refiere a que, sobre la base de que ya se encuentra asegurado el pago a la sociedad de leasing, no se genere un sistema de acción permanente en cuanto a buscar un crecimiento explosivo en vivienda que sea cancelado en los siguientes veinte años, con el consiguiente costo que podría representar. No se trata de considerar el caso de un Gobierno específico, pero la carga podría recibirla cualquier otro hacia adelante.
Entonces, valorando plenamente la iniciativa del Ministro señor Ravinet y del Gobierno, creo que es importante darle una suerte de acotación, en términos de que esos temores no se hagan realidad. Así que la indicación apuntará a contemplar un porcentaje, en definitiva, que puede ser amplio. Me parece que hoy, según expresaba el señor Ministro , hay cuatro mil subsidios. El orden de aplicación puede ser la mitad, digamos. O sea, si se tratara de diez mil, quince mil, veinte mil subsidios, sería quizás un gran logro, pero se contaría con garantías suficientes de que la nueva herramienta se manejará con la responsabilidad del caso.
Señor Presidente , también seré muy breve. La verdad es que el sistema de que se trata no tuvo las proyecciones que todos esperábamos del arrendamiento con promesa de compraventa básicamente porque no operó la securitización, es decir, la liquidación de instrumentos a través de distintas instituciones financieras. Ello obedeció a que el certificado de subsidio no contaba con un reembolso garantizado y, por lo tanto, era bastante riesgoso y caro. En definitiva, las instituciones que podían securitizar ese tipo de instrumento terminaron no haciéndolo. Por lo tanto, la oferta fue bastante restringida: alrededor de mil 600, mil 800 viviendas.
Ahora sobreviene un cambio radical, porque el pago del subsidio será a todo evento. En consecuencia, el instrumento será seguro, se podrá securitizar, y esas mil 600 o mil 800 soluciones podrían aumentar en forma significativa y progresiva, que es lo que todos esperamos. Pero, evidentemente, lo anterior puede llegar a tener en el futuro un efecto fiscal. Y ello es lo que hemos conversado con el señor Ministro , como lo expresó el Senador señor Coloma , y lo que se establecerá en la Comisión de Hacienda, para, en definitiva, dejar al Ministerio con una cantidad de recursos bastante holgada, pero también para velar por el efecto fiscal que podría derivar de un aumento explosivo del instrumento y que podría imponer serias restricciones al futuro desarrollo de la construcción de viviendas en los años posteriores. No cabe olvidar que se trata de operaciones de veinte años de por medio. Así que, en el espíritu de fijar una limitación que sea bastante holgada -repito-, de acuerdo con las proyecciones de esa Secretaría de Estado , me parece importante señalarla en la ley, para que no se registre un impacto fiscal no previsto si tiene lugar un aumento explosivo de este tipo de alternativa de vivienda. Esperamos que esto último ocurra, pero con la condición de no comprometer el patrimonio fiscal.
Señor Presidente , participé en el debate del proyecto en la Comisión de Vivienda. Lo voy a votar favorablemente, porque fortalece el subsidio, y lo introduce en el sistema financiero.
Es un programa que ha rendido mucho menos de lo que pensamos cuando se aprobó, durante el Gobierno del Presidente Frei.
Mi opinión personal es que en el país el número objetivo de personas para este programa no es tan grande. Siempre se habla de gente que no tiene ingresos medios; de que las parejas jóvenes no alcanzan a enterar el ahorro previo para optar a los otros subsidios. Mi impresión es que tal espectro no es tan grande como se supone; pero, en todo caso, nada se pierde con probar, y por eso votaré a favor.
Me gustaría que en un par de años más el Ministerio de Vivienda nos dijera si efectivamente este instrumento tuvo el efecto que se esperaba. Y, como esto hay que verificarlo en la práctica, voto a favor, esperando que tengamos más éxito, porque, como digo, tengo la intuición de que aquí hay unos clientes objetivos que, a mi juicio, a lo mejor no son tales. Pero eso prefiero verificarlo en la práctica.
Señor Presidente , por su intermedio agradezco a la Corporación la acogida de este proyecto de financiamiento compartido y su aprobación en general.
Igualmente expreso mi reconocimiento por las expresiones de apoyo de los señores Senadores para la iniciativa.
Me hago cargo de la inquietud planteada por algunos de aquéllos respecto a la posibilidad de que un crecimiento explosivo del mecanismo existente pudiera gravar fuertemente los Presupuestos futuros de la Nación. Al respecto debo hacer presente que éste es el único subsidio que otorga el Ministerio de Vivienda, el que fija un número máximo de operaciones por cursarse durante el ejercicio presupuestario nacional, que partió con 10 mil cupos en 1997 y que ahora llega a 4 mil.
Obviamente, estamos dispuestos a que en la discusión particular se tomen las protecciones necesarias, de manera de no gravar en forma indebida el Presupuesto de la Nación de los años venideros, en un horizonte de veinte años, que es el plazo fijado para el pago y aplicación de los subsidios.
Por tanto, en la discusión particular, con mucho gusto, daremos a conocer las indicaciones correspondientes.
Propongo al Senado fijar el 3 de marzo como plazo para presentar indicaciones.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que propone derogar el decreto ley Nº 2.560, de 1979, que autorizó la reproducción en Chile de la obra literaria de Gabriela Mistral.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3074-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Educación, sesión 24ª, en 14 de enero de 2003.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, y la calificó de "suma".
Cuenta con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la que deja constancia de haberlo discutido en general y en particular a la vez, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento del Senado.
La finalidad principal de la ley en proyecto es dejar sin efecto el mencionado decreto, de manera de cumplir con mayor fidelidad la última voluntad de doña Gabriela Mistral, en el entendido de que no le corresponde al Estado de Chile ni a la Orden de San Francisco autorizar la edición de la obra de la poetisa, sino a quien es su legítima administradora testamentaria.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó esta iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , en el testamento de Gabriela Mistral , en su cláusula sexta, se nombró como albacea heredera universal a la señora Doris Dana , con indicación de que ella sería la única gerente y adoptaría todas las decisiones relativas a la publicación de su obra literaria en cualquier parte del mundo.
En otra cláusula, la poetisa dispuso que los dineros provenientes de la venta de sus obras literarias en América del Sur se destinaran a los niños pobres de Montealegre, Valle de Elqui, a través de la Orden Franciscana, que recibiría y distribuiría los recursos.
Posteriormente, la mencionada albacea no autorizó la edición en Chile de la obra de Gabriela Mistral, por lo que en 1979 el Gobierno debió dictar el decreto 2.560, que permitió la reproducción en Chile de esa obra literaria.
En la actualidad, sin embargo, la albacea ha manifestado su voluntad de otorgar las correspondientes autorizaciones. Por esta razón, el Gobierno propone derogar el citado decreto ley de 1979, a fin de cumplir fielmente, entonces, la última voluntad de Gabriela Mistral , reconociendo en plenitud la potestad de la señorita Doris Dana , quien ha manifestado que está dispuesta, una vez que se derogue el mencionado decreto con fuerza de ley, a venir a Chile para dar las liberaciones que en el testamento señaló la ganadora del Premio Nobel.
Ésta es la razón del proyecto sobre el cual el Senado debe pronunciarse.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en general y particular a la vez, por tratarse de una iniciativa de artículo único, a la cual no se han presentado indicaciones.
Señor Presidente , simplemente quiero agradecer a Su Señoría, y por su intermedio, a los Honorables señores Senadores y Senadoras la aprobación tan expedita del proyecto.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre el establecimiento de mecanismos de protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono.
Sesión 20ª, en 13 de agosto de 2002 (se aprueba en general).
El proyecto enunciado por el señor Presidente se originó en moción de los Honorables Senadores señores Horvath, Ruiz, Stange y Vega, y fue aprobado en general por el Senado en sesión del 13 de agosto del año pasado.
Cuenta con segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que todos los artículos del proyecto fueron objeto de indicaciones y de modificaciones; que se aprobaron las indicaciones signadas con los números 14 y 22; que se aprobaron con modificaciones las indicaciones números 1, 3, 4 a 8, 12, 13, 16, 17, 19 y 21, y que se rechazaron las indicaciones 2, 9, 10, 11, 15, 18, 20 y 23.
Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales al texto aprobado en general por la Sala, se consignan en el informe. Todas fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas, o de que existan indicaciones renovadas.
Cabe hacer presente que el inciso segundo del artículo 8º tiene el carácter de norma orgánica constitucional, requiriendo, en consecuencia, para su aprobación, del voto conforme de 26 señores Senadores.
La Secretaría de la Comisión informante confeccionó un boletín comparado dividido en tres columnas: la primera, consigna el texto aprobado en general por el Senado; la que sigue, las modificaciones de la Comisión en el segundo informe, y la tercera, el texto que se propone.
Por haberse aprobado en forma unánime por la Comisión, corresponde que la Sala se pronuncie sin debate.
Señor Presidente, en términos sucintos, quiero decir que en este segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, tuvimos la oportunidad de trabajar junto con el Director de la Dirección Meteorológica de Chile, don Claudio Oliva ; el Jefe del Departamento de Climatología , don Gastón Torres , y, en representación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el Coordinador del Programa de Protección de la Capa de Ozono, señor Jorge Leiva .
Debo hacer presente que la iniciativa es totalmente compatible con las funciones actuales de la Dirección de Meteorología de Chile, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y el Servicio Nacional del Consumidor.
En este sentido, las distintas indicaciones que se formularon fueron asimiladas en el informe que proponemos sobre la materia. Particularmente importante es el énfasis que se pone en la labor informativa y de prevención hacia las personas expuestas a la radiación ultravioleta.
¿Su Señoría me permite una interrupción?
Quiero advertir a la Sala que el proyecto tiene quórum especial de aprobación, de manera que requiere cierto número de votos.
Hay Comisiones funcionando paralelamente con la Sala. Si fuera necesario, habría que llamar a los señores Senadores.
En verdad, la iniciativa es bien clara en su labor preventiva: asegura que en los contratos de trabajo se adopten las normas de prevención, se informa a las personas que usan productos determinados si están deteriorando la capa de ozono o si en su consumo están siendo debidamente resguardadas.
El otro punto no menor es que el proyecto respeta absolutamente los compromisos asumidos por nuestro país en los respectivos tratados internacionales. Por lo tanto, es totalmente compatible con ellos.
Señor Presidente , yo diría que el artículo 2º de la iniciativa en debate retrata la idiosincrasia chilena y nuestra inveterada manera de legislar.
Si ponemos atención, el inciso primero es categórico. Dice: "No podrán comercializarse ni utilizarse los productos que deterioren el ozono estratosférico, de acuerdo a los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile." Pero viene la "impronta chilensis" y, automáticamente, en el inciso segundo se deja abierta la puerta para transgredir el primero. Porque en aquél se señala que "los productos que se comercialicen" -ojo, que habíamos dicho que eso no se puede hacer- "y puedan deteriorar el ozono estratosférico, deberán llevar en su etiqueta y publicidad una advertencia destacada que señale: "Advertencia, este producto deteriora la capa de ozono.".". Es decir, exactamente igual que en los cigarrillos.
Entonces, se pierde por completo la eficacia de una norma que se preocupa de prohibir, por una parte, pero autoriza implícitamente lo mismo que prohíbe, por otra.
¿Señor Presidente , me permite una aclaración?
Señor Presidente, creo que la mencionada es una consecuencia de una lectura somera del precepto, porque los tratados internacionales establecen un proceso denominado "de gradualidad".
Efectivamente, aun cuando diversos productos dañan la capa de ozono, ellos son necesarios para la sociedad. Me refiero a algunos aparatos médicos, a ciertos compuestos farmacéuticos, etcétera, respecto de los cuales no hay alternativa de uso mientras no se avance en la ciencia. Con tal fin, el Protocolo de Montreal establece los procedimientos a los cuales debe someterse el país.
Entonces, la regla general es la prohibición; pero el artículo dice claramente "de acuerdo a los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile." Ésos son los instrumentos que establecen los productos vedados.
Por lo tanto, no se trata de una costumbre "chilensis", sino de algo real y práctico. Ciertos productos deben ser utilizados, pero tendrán que ser etiquetados, con el objeto de que la gente sepa que su empleo daña la capa de ozono. Es un asunto de carácter práctico; así está consignado en los tratados internacionales.
Agradezco su interrupción, Honorable señor Coloma .
Señor Presidente , en verdad, había solicitado la palabra con anterioridad a la intervención del Honorable señor Ávila para decir básicamente lo mismo que él, lo que me tiene preocupado.
Evidentemente, entiendo la explicación del Honorable señor Horvath , pero una ley debe ser por esencia clara y sus mandatos, prohibiciones o permisos, nítidos. Y aquí no hay claridad en las condiciones de cómo funciona el sistema. Es decir, no queda explícita la manera en que lo pueda interpretar la sociedad. A cualquier evento, todo intento de prohibición de algún elemento que deteriore el ozono estratosférico va a ser inhibido por quien coloque la advertencia, todo lo cual no está suficientemente claro.
Entonces, debe tenerse mucho cuidado en cuanto a cómo se expresan las ideas, porque no hay nada peor que las leyes que no se pueden cumplir. Porque mi duda se basa en que, dada la redacción de la normativa, la excepción pasa a ser mucho más potente que la idea general. A mi juicio, ése es el sentido que debe revertirse.
¡Aunque vamos de interrupción en interrupción, con mucho gusto!
Solicito la autorización de la Sala para que la votación pueda registrarse de inmediato.
Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , en mi opinión, ha habido un error en la redacción final. Porque, si los señores Senadores leen la columna de la izquierda, en la moción primitiva no había prohibición. Simplemente decía: "Los productos que contengan elementos, o que en su fabricación hayan tenido uso de elementos que deterioren el ozono atmosférico deberán llevar una advertencia...".
Inclusive en el debate de la Comisión nos pareció que la norma era demasiado amplia, porque, obviamente, en los productos chilenos de exportación pueden haberse utilizado componentes que dañen la capa de ozono. Entonces, si se dice que las uvas contienen elementos que deterioran esa zona, tal vez con ello se ocasione un perjuicio a las exportaciones de esa fruta o de otro producto.
De ahí se pasó a la idea contenida en el inciso segundo. Ignoro cuándo se aprobó por cuatro a cero el inciso primero. En mi opinión, es innecesario, porque si algo está prohibido por los tratados internacionales, está prohibido; ¡y punto!
Aquí nos estamos refiriendo a lo que no está prohibido. Y entre eso -como lo ha dicho el Honorable señor Horvath - puede haber productos que dañen la capa de ozono y cuya prohibición todavía no esté vigente, etcétera.
Entonces, habría que rechazar el inciso primero del artículo 2º y mantener el segundo. Porque el primero es obvio. Si están prohibidos, están prohibidos. Los tratados internacionales forman parte de la legislación interna.
Recupera su derecho el Senador señor Coloma.
Señor Presidente, coincido con lo planteado por el Honorable señor Viera-Gallo ; pero adicionalmente quiero referirme al inciso segundo del artículo 2º. A mi entender, la eventual norma legal tiene que ser mucho más precisa. El que un producto pueda dañar la capa de ozono va a dar motivo a conflictos interminables, porque, al final, cualquier cosa puede deteriorar, ya que todo es relativo.
Comparto la idea de precisar de qué producto, porcentaje, proceso o contexto estamos hablando. Porque de lo contrario vamos a llegar a una norma como la propuesta, que, en verdad, resulta impracticable.
Adicionalmente, en el caso de rechazarse el inciso primero del artículo 2º -en lo que entiendo que el Honorable señor Horvath no está de acuerdo-, la forma de concebir la necesidad del aviso, por esencia, es algo complejo y de una vaguedad que puede ser peligrosa.
Por eso, señor Presidente , sugiero que el artículo 2º se reestudie en la Comisión, porque me parece que él es la madre de todo el proyecto o la disposición más relevante para estos efectos. Si tenemos este grado de duda, podemos cometer un error que mañana podría ser bastante más complejo de explicar y de entender.
Se ha solicitado que el proyecto vuelva a Comisión.
Consulto a la Sala al respecto.
¿Me permite una explicación, señor Presidente?
¿Me permite? Estaba pidiendo la palabra.
¿Sobre esta materia o sobre el proyecto?
Sobre el proyecto. Si de eso estamos hablando...
Señor Senador, le estoy preguntando si desea referirse a mi consulta o al proyecto mismo. No hay motivo para molestarse.
Estamos hablando del proyecto y, puntualmente, acerca de...
¡No! En este momento no estamos hablando del proyecto. Estoy pidiendo el pronunciamiento de la Sala respecto de la proposición de dos señores Senadores en cuanto a que la iniciativa regrese a Comisión.
Señor Presidente , más que discutir sobre ambas alternativas, que no son contradictorias, se trata de saber si seguimos debatiendo el proyecto ahora, o bien, si la Sala acepta lo propuesto por la Mesa, damos término a su discusión y se envía a Comisión, porque es evidente que tal como está redactado no puede ser aprobado, por razones lógicas.
Parece aconsejable que la iniciativa vuelva a Comisión.
Sí, señor Presidente . Pero deseo dejar en claro -con el debido respeto- que para opinar sobre esta materia los señores Senadores deberían referirse también al Tratado de Montreal , que fue aprobado por el Senado.
--Se acuerda que el proyecto vuelva a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para nuevo segundo informe.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales que garantizan créditos que indica.
Sesión 19ª, en 11 de diciembre de 2002 (vuelve a Comisión de Agricultura).
El proyecto cuenta con un nuevo primer informe de la Comisión de Agricultura, en conformidad al acuerdo adoptado por la Sala en sesión de 11 de diciembre del año pasado.
Cabe recordar que los objetivos principales de la iniciativa son:
1) Facultar al señor Ministro de Agricultura para que autorice al Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario a que libere, remita o renuncie a las cauciones constituidas por personas naturales que garantizan créditos otorgados por este Instituto a organizaciones integradas por beneficiarios del mismo que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren morosos.
2) Facultar al garante que esté sirviendo algún crédito de los señalados precedentemente, para impetrar a INDAP la liberación de las cauciones constituidas en la seguridad de aquéllos.
La Comisión de Agricultura deja constancia en su nuevo primer informe de haber discutido una indicación del Ejecutivo, sustitutiva del artículo único original, la que fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Larraín, Moreno y Naranjo), y consigna también el texto del proyecto que propone aprobar.
Asimismo, la Comisión de Agricultura, en consideración a que las modificaciones que se sugieren no alteran el contenido ni la finalidad del proyecto aprobado por la Comisión de Hacienda en su primer informe, estimó innecesario que fuera nuevamente analizado por esta última.
La Secretaría de la Comisión de Agricultura elaboró un boletín comparado dividido en tres columnas. La primera consigna el mensaje del Ejecutivo ; la segunda, el texto acordado en el primer informe, y la tercera, el texto despachado en el nuevo primer informe.
Finalmente, la Comisión propone que la iniciativa sea discutida en general y particular a la vez, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 127 del Reglamento del Senado.
Señor Presidente , cuando el Senado discutió el proyecto, en sesión de 11 de diciembre del año pasado, se formularon algunas observaciones, las cuales fueron recogidas en este nuevo primer informe. Por tanto, si lo tiene a bien la Sala, sería conveniente aprobar de inmediato la iniciativa.
Todavía no termino mi intervención, señor Presidente .
Señor Presidente, solicito que el Honorable señor Naranjo informe, precisamente a quienes tuvimos una opinión distinta cuando la Sala trató el proyecto, acerca de la forma como la Comisión solucionó los problemas planteados en aquella oportunidad.
Luego de escucharlo, estaremos en condiciones de emitir nuestro pronunciamiento.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Naranjo.
Señor Presidente , en la sesión del 11 de diciembre pasado -los Honorables colegas pueden seguir mi explicación en el informe- se formularon algunas observaciones que apuntaban fundamentalmente a establecer un criterio de equidad, en el sentido de incluir en el proyecto el derecho de las personas naturales que optaron por servir el crédito, con el propósito de evitar la mora en el pago de su obligación. Asimismo, se hizo presente la necesidad de establecer una disposición clara respecto del abandono del procedimiento.
La Comisión de Agricultura efectuó una pequeña modificación en el inciso primero, sustituyendo las palabras "podrá autorizar" por "autorizará", a fin de consagrar un criterio más preciso al respecto. En el inciso segundo, tal como se había sugerido en la Sala, dejó sin limitación de época todos los créditos concedidos. En el inciso tercero, también incluyó la palabra "autorizará" para instaurar un precepto imperativo. En el inciso cuarto, recogió lo planteado en la sesión anterior, en el sentido de establecer el derecho de las personas naturales que, en su calidad de garantes, hubieran estado sirviendo los créditos de una organización de beneficiarios, para que puedan requerir la liberación correspondiente, en los mismos términos que los avalistas de obligaciones morosas. En el inciso quinto, fijó el procedimiento para conceder el beneficio legal. Y, en el inciso final, también acogió lo sugerido por la Sala, en cuanto a disponer una especificación reglamentaria para esta normativa.
Por lo tanto, el nuevo texto propuesto por la Comisión de Agricultura recoge las inquietudes planteadas en la sesión del 11 de diciembre pasado y, a mi juicio, da plena satisfacción a todos los señores Senadores en los términos en que se halla formulado.
Señor Presidente , los fundamentos del proyecto fueron detallados en la sesión a que hizo referencia el Senador señor Naranjo .
Estimo que algunas inquietudes se resolvieron en forma adecuada en este informe, particularmente las relativas a los incisos tercero y cuarto, los cuales tratan una situación que no contemplaba el proyecto original y que, a mi juicio, establece una diferencia de estatus entre una persona que está pagando el crédito y otra que nunca lo ha hecho. No parece correcto dar un beneficio a quien no sirve su deuda y negárselo al que sí lo hace, incluso a costa de su patrimonio que puede ser pequeño.
Votaré a favor del proyecto, pero reconozco que lo haré teniendo varias dudas, las que dicen relación a dos aspectos. Primero, en cuanto al concepto de igualdad ante la ley. Objetivamente, hay muchos otros deudores de servicios públicos que por resultados económicos adversos, no atribuibles a dolo o culpa, están pagando, han pagado o van a pagar sus obligaciones adeudadas a instituciones fiscales.
El señor Ministro de Vivienda y Urbanismo -que hace unos momentos estuvo en la Sala- podrá confirmarnos que hay personas que, por razones ajenas a su voluntad, deberán por la vía del aval cancelar obligaciones de terceros. Lo mismo podemos decir de innumerables créditos que CORFO ha dado en su momento, u otros créditos que se adeuden por distinta naturaleza a instituciones que utilizan dineros públicos.
Uno siempre se basa en el principio de que los beneficios o las cargas deben tener una distribución equivalente.
El único argumento que a mí me hace fuerza para efectuar una suerte de excepción -razonamiento que no aparece aquí, pero que al preguntar me lo dieron- es el de que el Director de INDAP hoy día tiene facultad para autorizar. Lo que estamos haciendo acá es reglamentar esa autorización o darle cierto condicionamiento o respaldo.
Entonces, no es que uno genere una autorización de la nada, sino que le da una construcción jurídica que la respalda. Y eso me parece un poco más consistente.
Sin embargo, quiero dejar claro, para los efectos de la historia del debate, que me asiste una gran duda acerca de lo que se abre en este proyecto, que es generar una suerte de beneficio a personas que pueden merecerlo (aquí hablamos de dirigentes a los que se les exigió aval respecto de créditos de organizaciones y que, probablemente, no obtuvieron ninguna utilidad). Pero tengo la convicción de que hay otros chilenos en situaciones equivalentes que no tienen acceso a este beneficio. Y frente a eso, desde un punto de vista legislativo, uno siente la necesidad de alzar la voz para plantear por qué no se aplican resoluciones similares según el caso.
En segundo lugar, con anterioridad señalé al Senador señor Naranjo que la inmensa mayoría de los deudores de INDAP no reúne esas características, sino que, por el contrario, se trata de personas con créditos pequeños, que se esfuerzan por cumplir. En su momento ha habido padres que han avalado a hijos, cuñados que han hecho lo propio con otros parientes y el sistema se ha ido construyendo de distinto modo en términos de que cada uno responde por lo suyo. Pero también hay una suerte de solidaridad.
Por lo tanto, no tengo claro por qué se va a limitar, más allá del origen distinto -societario- de estos créditos, el acceso al beneficio a personas que igualmente son deudoras de INDAP y se encuentran en una situación relativamente análoga a las otras que he señalado, esto es, que han tenido proyectos financiados y con resultado económico adverso, no atribuibles a hecho propio o culpa.
Entonces, ahí tengo la segunda sensación de desigualdad respecto de esta iniciativa, cuestión de la que quería dejar constancia.
Me señalan que la única explicación, o la más importante, es que, más que voluntad, la autorización del Ejecutivo o del Ministerio de Hacienda se habría centrado sólo en esas personas y no en otras.
Por eso, junto con votar a favor el proyecto, pido oficiar al señor Ministro de Hacienda para que explique los criterios con que esa Cartera autoriza o patrocina proyectos sobre condonaciones respecto de los fondos públicos en Chile.
Señor Presidente , en la oportunidad anterior en que se discutió esta iniciativa planteé algo que me parece no menor y que quiero reiterar. Por eso, lamento que no se encuentren presentes el Ministro de Agricultura o el Director Nacional de INDAP .
Y me refiero a lo siguiente.
Más que un beneficio, la iniciativa tiene por objeto desenredar un tremendo daño que se hizo a pequeños agricultores que fueron embarcados en proyectos que carecían de toda posibilidad de producir un efecto positivo. Se nombró, en muchos casos -conozco los de mi Región-, a activistas políticos o a gente de determinado sector político para administrar esos proyectos y, con posterioridad, esos agricultores quedaron garantizando, con sus bienes, una deuda de terceros.
¡Ésa es la realidad de este asunto!
Lamento, repito, que no se encuentre presente el señor Ministro.
Señor Presidente , quiero que se oficie al Ministerio de Agricultura, al Director de INDAP , para que nos digan si respecto de esos proyectos, que no resultaron, se hizo responsable a los funcionarios que indujeron a esos agricultores a llevarlos a cabo; si se efectuaron sumarios; si se les aplicó alguna sanción; si las empresas que contrataron los servicios para realizar tales proyectos podrán seguir postulando a iniciativas financiadas con recursos del Estado. Hay muchas nebulosas en esta materia.
Esta iniciativa tiene por objeto solucionar un problema que causó el propio Estado a través de sus agentes. Entonces, creo que esas personas, mediante la aprobación de la iniciativa, no pueden salir de nuevo al campo a gastar los recursos del Estado, a generar ilusiones en la gente, a ofrecerles proyectos que no poseen ningún destino, a meterlos en un enredo jurídico de proporciones, y sin ninguna responsabilidad.
Reitero mi petición de oficio al señor Ministro de Agricultura , a fin de que nos informe si en los proyectos aludidos existe algún responsable, si se hizo algún sumario y si las empresas que los ejecutaron podrán seguir participando.
Me abstendré de votar, porque pienso que no podemos seguir allanando el camino a quienes, más que beneficiar a los pequeños agricultores, terminan perjudicándolos.
Pido el acuerdo de la Sala para remitir los oficios solicitados por los Senadores señores Coloma y Prokurica.
Señor Presidente , sólo deseo expresar, para conocimiento de la Sala, pues es posible que no todos los señores Senadores lo sepan, que esta iniciativa tuvo un origen parlamentario. Lo señalo para que quede claro cómo se gestó el proyecto. A raíz de la discusión que sostuvimos varios Parlamentarios de Gobierno y de Oposición en la Subcomisión que aprobó el presupuesto del Ministerio de Agricultura, se solicitó al Ejecutivo que remitiera el proyecto que ahora nos ocupa.
Lo que se buscaba con esta iniciativa -espero que sea aprobada hoy por la Sala- era resolver efectivamente problemas de campesinos, algunos dirigentes y otros no, que habían sido inducidos por INDAP para dar garantías personales a proyectos asociativos, muchos de los cuales no tuvieron resultados precisamente por cuestiones de gestión y de otro tipo.
Entonces, no es que el Gobierno haya enviado este proyecto por iniciativa propia, sino que se pidió al señor Ministro de Agricultura , por medio de una carta de 12 de noviembre del año pasado, que remitiera un proyecto que resolviera esta situación. Ése es el origen de la iniciativa.
Esa solicitud fue hecha por los Parlamentarios que participaban en la Subcomisión de Presupuestos mencionada y fue suscrita, entre otros, por los Senadores señores Páez , Naranjo , Matthei , Larraín , Espina y quien habla. Felizmente, el Gobierno accedió -no lo hace siempre- a nuestra petición. Ése es el texto que llegó a la Comisión, el que fue perfeccionado después de las observaciones planteadas -muchas de las cuales se recogieron- en la última sesión en que se discutió esta materia.
Ahora, en efecto, en dicha solicitud no pedimos que se extendiera la posibilidad de levantar las garantías personales a toda la cartera de INDAP, sino sólo a ese sector específico, que se puede individualizar muy bien. En tal sentido, creo que se trata de un proyecto perfectamente constitucional. Es posible que queden otros puntos en materia de deuda agrícola, pero no tienen la especificidad del que estamos discutiendo.
Por tales razones, recomiendo la aprobación de la iniciativa con la mayor amplitud posible. Además, se están iniciando los procesos de ejecución, lo cual afecta -no tenemos la cifra exacta- a aproximadamente un millar de campesinos que arriesgan sus tierras.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero y, a continuación, el Senador señor Ávila.
...Presidente, en forma muy breve quiero señalar que comparto las inquietudes expresadas por los Senadores señores Coloma y Prokurica.
A mi parecer, existe aquí un principio que no es correcto. Ciertamente, puede haber fundamento plausible para ir en ayuda de las personas referidas; ¿pero cuál es la posición de los demás deudores existentes en el país frente a otras instituciones?
En mi opinión, cuando alguien está en el brete de tener que colocar avales personales, es porque ha habido un mal proyecto, un proyecto mal asesorado.
Lo que queremos saber, más allá del contenido de la iniciativa en estudio, es cuáles son las responsabilidades generadas en relación con esta materia. No parece admisible que sigamos constatando y confirmando frecuentemente situaciones como las descritas.
Aquí se ha hablado, por ejemplo, con motivo de los tratados internacionales, de que se está recomendando plantar olivos para producir aceitunas, en circunstancias de que habrá desgravación de prácticamente cero para la internación de aceite de oliva de origen europeo; español, para ser más preciso. Y eso, sin duda, llevará a la gente a una situación insostenible.
Entonces, debemos pedir, por un lado, que los dirigentes del INDAP se responsabilicen seriamente, y por otro, que se hagan las investigaciones adecuadas, porque resulta inadmisible seguir jugando con la fe de campesinos -miles, como aquí se señaló- que depositan su confianza en asesores que después los colocan en situaciones que no se pueden sostener.
Ésa es la razón por la cual he adherido a los oficios solicitados y a los planteamientos hechos.
En todo caso, me abstendré en la votación.
Señor Presidente , coincidir de nuevo en esta materia con el Senador señor Coloma me resulta hasta más preocupante que el deterioro de la capa de ozono. Sin embargo, no tengo alternativa.
Creo que con este proyecto el Congreso se hace solidario del rotundo fracaso de un sistema de financiamiento que atiende, no a las realidades y nuevos desafíos del campesino de hoy, sino más bien a conservar lealtades de diversa índole.
Siento que, si no emprendemos pronto una rectificación profunda en esta materia, continuamente nos veremos abocados a resolver situaciones como las que pretende aliviar la iniciativa en análisis.
Votaré a favor, aunque parezca contradictorio con la argumentación que estoy haciendo, porque los campesinos son víctimas de quienes han definido en determinado momento ciertos proyectos que, para aquéllos, se han convertido de hecho en un salvavidas de plomo.
Estoy cierto de que oiremos en la continuación del debate más de una ardorosa defensa de este sistema. Y, claro, la explicación me la ahorro.
Primero, debo dejar constancia de que el Ministro de Agricultura y el Director Nacional del INDAP no se encuentran presentes porque se había previsto que en esta sesión se discutieran los proyectos signados con los números 2 y 3, que iban a copar la totalidad del Orden del Día. Con el Presidente de la Comisión de Agricultura, Senador señor Naranjo , fuimos consultados precisamente sobre si debían o no asistir dichos personeros, quienes, inducidos por nosotros, no están aquí. Por ello, si alguna responsabilidad existe, es nuestra y no de quienes se encuentran ausentes.
Y segundo, creo que el debate de fondo puede quedar para otra oportunidad.
Por lo tanto, pido al señor Presidente que procedamos a votar.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa, con la abstención de los Honorables señores Romero y Prokurica.
Mi voto es contrario.
Y hay más abstenciones.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (18 votos contra 3 y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Cantero, Coloma, Cordero, Chadwick, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag y Viera-Gallo.
Votaron por la negativa los señores Canessa, Martínez y Vega.
Se abstuvieron los señores Arancibia, Bombal, Novoa, Prokurica, Romero y Stange.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2723-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 9 de julio de 2002.
Constitución, sesión 22ª, en 7 de enero de 2003.
La Comisión deja constancia de haber discutido el proyecto en general y en particular, conforme a lo que acordó el Senado en sesión de 18 de diciembre del año recién pasado.
El objetivo principal de la iniciativa es incentivar la reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad mediante la posibilidad de reducir el tiempo de su reclusión si observan un comportamiento sobresaliente durante su cumplimiento.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Honorables señores Aburto, Chadwick, Moreno y Viera-Gallo), y en particular, también por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Aburto, Chadwick, Moreno y Silva), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar consta en las páginas finales del informe.
Señor Presidente , esta iniciativa, aprobada por consenso en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, vincula la posibilidad de obtener un beneficio de reducción de penas privativas de libertad a que la persona, durante el cumplimiento de su condena, observe una conducta sobresaliente y, de manera fundamental, muestre una decisión o voluntad encaminada a su efectiva rehabilitación o reinserción social.
¿En qué consiste el beneficio? En las posibilidades de reducir dos meses por año el tiempo de la condena durante la primera mitad de su cumplimiento, y de optar, en la segunda mitad, a que esa reducción se amplíe a tres meses por año.
¿Cuál es la condición esencial para optar a ese beneficio? Demostrar una conducta sobresaliente durante todo el tiempo en que se cumple la condena.
Para evaluar tal conducta, la ley en proyecto establece -a mi juicio, es la gran innovación que hace- cuatro parámetros objetivos.
Primero, el estudio. Es decir, que el condenado desarrolle al interior del recinto penal, de manera sistemática y permanente, una labor que le permita subir su nivel educacional, sea vía alfabetización, sea concluyendo la enseñanza básica, la media o la superior. Entonces, un primer requisito por evaluar es la superación que el reo demuestre para mejorar dicho nivel.
Segundo, el trabajo. Este parámetro se refiere a la asistencia periódica a talleres o programas que permitan al condenado capacitarse en una actividad laboral. Y si éste ya domina un oficio, se evaluará su habilidad para desarrollarlo y trasmitirlo para capacitar a otros reos.
Tercero, rehabilitación. Este parámetro dice relación a la voluntad exhibida por el condenado para someterse a las terapias clínicas, psicológicas, a los efectos de superar dependencia del alcohol, drogas u otras adicciones que se puedan determinar.
Y cuarto, conducta. Este parámetro se vincula con el espíritu participativo dentro de los recintos penales y con el comportamiento en general. Además, se pueden evaluar el grado de integración y apoyo familiar del condenado, si lo tiene, y su nivel de adaptación social.
Ésos son los factores que deberán evaluarse anualmente para los efectos de obtener el beneficio a que se refiere el proyecto en debate.
Si durante el período de la condena el reo se ajusta a las exigencias descritas y su conducta es calificada de sobresaliente pero durante un año no las cumple, pierde la posibilidad de obtener el beneficio, salvo que la Comisión a que me referiré más adelante valore el esfuerzo de esa persona, caso en el cual le puede otorgar un beneficio no superior a 80 por ciento del que recibiría de haber tenido un comportamiento anual irreprochable.
Para fines de la evaluación y del cumplimiento de los objetivos de la ley en proyecto, se crea un órgano calificador, denominado "Comisión de beneficio de reducción de condena", integrado mayoritariamente por personal de los tribunales de justicia: un ministro de Corte de Apelaciones , quien lo presidirá; tres jueces de letras con competencia en materia criminal; un abogado nombrado por el Ministerio de Justicia a través de la respectiva Secretaría Regional Ministerial , y dos peritos (uno psicólogo y otro asistente social) designados por el Ministerio de Justicia mediante la SEREMI correspondiente.
Por lo tanto, el organismo encargado de calificar la conducta de los condenados estará marcado preferentemente por la participación de personeros del ámbito judicial.
Los beneficios que prevé la iniciativa en debate se hacen extensivos a quienes gozan de libertad condicional. Así, en la medida en que hayan exhibido conducta sobresaliente y cumplan sin faltas la mitad del período condicional, tendrán derecho a la reducción de la condena.
Del mismo modo, el beneficio se amplía a los condenados a reclusión nocturna, previa verificación por la Comisión respectiva de que no han infringido la reglamentación de dicha pena.
En el Título IV se establecen limitaciones para el otorgamiento de los beneficios de que trata esta iniciativa, los cuales no se otorgarán, fundamentalmente, a quien quebrante su condena; al que falte a las normas sobre libertad condicional; a la persona que reincida durante el cumplimiento de su condena.
Tampoco proceden los beneficios en el caso de los condenados a presidio perpetuo, sea simple o calificado (es obvio que el carácter perpetuo impide acortar la pena por la vía que abre la iniciativa).
Igualmente, no habrá derecho a rebaja si el condenado cometió un delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, aun cuando la sentencia haya sido menor, ni tampoco si la persona obtuvo el beneficio con anterioridad (o sea, en el caso de una segunda condena).
Por último, se considera circunstancia agravante de la responsabilidad penal si la persona, habiendo logrado la reducción de su condena, vuelve a cometer un delito.
He ahí el esquema básico y las materias principales del proyecto, que la Comisión aprobó unánimemente, por considerar que se trata de un sistema particularmente novedoso. En su concepto, puede dar muy buenos resultados el vincular beneficios de reducción de condenas con la mantención al interior de los recintos carcelarios de conductas sobresalientes que pueden conducir a la reinserción social y a la rehabilitación.
Propongo abrir la votación de inmediato.
¿Hay quórum suficiente, señor Secretario ?
En consecuencia, queda aprobado en general el proyecto.
Señor Presidente , ¿puedo...
Perdón, Su Señoría, pero no le escucho.
Estoy preguntando si puedo decir algo acerca de la iniciativa.
Ya está aprobada en general, señor Senador.
¿Plazo para formular indicaciones?
No hay solicitud al respecto.
Entonces, el proyecto queda aprobado también en particular.
Ha llegado a la Mesa un oficio de la Comisión Especial Encargada de Estudiar el Tratado de Asociación entre Chile y la Unión Europea que da cuenta de la designación de los señores Senadores que conformarán el Comité de Asociación Parlamentario que deberá instaurarse a propósito de la aprobación del proyecto de acuerdo pertinente. La designación recayó en los Honorables señores Valdés, Chadwick, Flores, Gazmuri y Romero.
El Honorable señor Viera-Gallo presentó un proyecto de acuerdo con el objeto de pedir al Consejo Nacional de Televisión que informe al Senado acerca de la incorporación en la televisión chilena de los programas denominados "reality show"; de los estudios que obren en su poder o que pueda efectuar sobre el impacto de dichos programas en niños y en jóvenes; de los antecedentes que haya recogido en naciones donde aquéllos hayan tenido lugar, y de su opinión en cuanto a si sus características y alcances, particularmente en lo referido a los derechos de los protagonistas, se ajustan al correcto funcionamiento de los servicios de televisión.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 655-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 23ª, en 8 de enero de 2003.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo, con la abstención del Senador señor Muñoz Barra.
Al señor Ministro de Salud , solicitando DERECHO A ASIGNACIÓN ESPECIAL DE LEY Nº 19.699 PARA FUNCIONARIOS TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN ENFERMERÍA Y SU INCORPORACIÓN A NUEVO ESCALAFÓN.
Al señor Secretario Regional de Planificación y Cooperación, relativo a SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE POBLADORES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE ICALMA, COMUNA DE LONQUIMAY (NOVENA REGIÓN).
Del señor NARANJO (reiteración):
Al señor Ministro de Salud , respecto de ANTECEDENTES DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN CONSULTORIOS, POSTAS Y HOSPITALES ENTRE AÑOS 2000 Y 2002.
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones , tocante a RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE SUBTEL POR COBROS DE COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS e INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO DE "LLAMADA EN ESPERA".
Al señor Ministro del Interior , atinente a PERMANENCIA DE OFICINA DE CORREOS EN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Regional de Vialidad , con relación a PROBLEMAS PARA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA POR CARPETA GRANULAR EN CALLES DE SERVICIO DE VALLE DE CASABLANCA. (Ambos de la Quinta Región).
Al señor Ministro de Justicia , acerca de EFECTOS DE REFORMA PROCESAL PENAL EN COMUNA DE HUALAIHUÉ Y NOMBRAMIENTO DE FISCAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA DICHA COMUNA (DÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , sobre RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS CON KIT DE CONVERSIÓN PARA USO DE GAS LICUADO.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , con relación a ENTREGA EN COMODATO DE PARTE DE TERRENO A SINDICATO "LA AMISTAD" y REVISIÓN DE TÍTULO DE DOMINIO DE PROPIEDAD EN COMUNA DE COCHAMÓ. (Todos de la Décima Región).
El primer turno de Incidentes corresponde al Comité Institucionales 1, que no lo ocupará.
Señor Presidente , la aprobación, ayer, del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea puso una vez más de relieve la trascendencia que tiene para el futuro del país el desarrollo de un sistema educacional de alta calidad y solidez y que responda verdaderamente a las necesidades del desarrollo nacional. Creo que nuestra educación está lejos de cumplir con esos requisitos.
Deseo referirme, brevemente, al desorden que se viene produciendo en el campo de la educación superior y que si no se corrige con urgencia tendremos que lamentar durante largos años en la vida de nuestra sociedad.
En efecto, conforme a las disposiciones de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, muchas universidades que se constituyeron a su amparo han ido ganando la autonomía. Como es de público conocimiento, en estos meses, a través de la intensa campaña publicitaria que realizan en medio del proceso de admisión de estudiantes, algunas de las últimas en obtener su autonomía están multiplicando sedes a lo largo del territorio.
Ese hecho me preocupa, por dos razones fundamentales. Primero, porque el Presidente de la República , en su Mensaje del 21 de mayo pasado, anticipó que uno de los grandes logros que tendría el país en esta década sería duplicar la cobertura en la educación superior. Esto implicaba pasar en el año 2010 a atender en ella a sobre 800 mil estudiantes. Si bien se trata de un logro ciertamente deseable, representa llevar la cobertura del sistema apenas al 60 por ciento del grupo etario de entre 18 y 24 años de edad, está por debajo de lo que se observa en muchos países del primer mundo y hace de inmediato plantear la pregunta de cómo se alcanzará tal meta: si dejando que el sistema responda espontáneamente, que es lo que empieza a ocurrir, es decir, con más de lo mismo pese a la ostensible plétora profesional que ya ha alcanzado el país en muchas disciplinas tradicionales o, por el contrario, corrigiendo los déficit objetivos del sistema educacional.
Me preocupa, en segundo lugar, porque en Chile, a diferencia de lo que ocurre en el mundo desarrollado, tenemos lo que se ha llamado gráficamente "una pirámide invertida", en que a un alto número de profesionales corresponde uno muy bajo de técnicos de nivel superior. En efecto, mientras en los países desarrollados se observa justamente la relación inversa, aquí es de 7 profesionales por cada técnico de nivel superior.
Era lógico, entonces, a la luz de la afirmación del Presidente de la República , esperar que se produjeran orientaciones de política educacional que permitieran corregir los déficit objetivos que el país tiene y no acentuar una tendencia que, desgraciadamente, nos lleva a malgastar recursos, a engañar a la juventud con expectativas falsas, a invitar a las familias a realizar esfuerzos que no se verán coronados tras la obtención de los títulos respectivos.
Si Chile quiere ser realmente competitivo; si quiere insertarse en los mercados internacionales con la fuerza con que está tratando de hacerlo; si quiere aprovechar las oportunidades que para él representan asociaciones como la aprobada ayer, no puede continuar por el camino que hasta ahora ha venido siguiendo en materia de educación superior.
No advierto, sin embargo, conciencia ni preocupación sobre el tema. Asistimos, en cambio, a este desorden que se empieza a producir en el ámbito universitario, con una multiplicación inorgánica de carreras, acerca de cuya calidad no existe ninguna seguridad. Tampoco hay control alguno respecto de su desarrollo, sin que por parte de quienes efectúan esa oferta haya responsabilidad desde el punto de vista jurídico, a la luz de la ley que señalé.
Como dije, señor Presidente , varias de las universidades que en los tres años anteriores ganaron su autonomía han procedido a abrir nuevas sedes en diversas localidades. Una sola de ellas, que figura entre las últimas en obtener su autonomía, en el 2003 está abriendo sedes en seis puntos distintos del territorio nacional, muchos de los cuales, objetivamente, no ofrecen condiciones para desarrollar una institución de educación superior y mucho menos una universidad. Y lo hacen reproduciendo la misma oferta que estaban realizando en sus sedes centrales.
Imperfecta es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en las normas relativas a esta materia. Pero quiero dejar constancia de que, conforme a esas disposiciones, particularmente a los artículos 41 y 42, la autonomía se concede tras haber efectuado la acreditación de un programa determinado y por el cumplimiento del proyecto institucional, que entraña sede y oferta. Y la autonomía, como establece la propia ley, permite a las universidades que la alcanzan ofrecer nuevas carreras conducentes a los títulos profesionales que dicho cuerpo legal señala.
Pero, ciertamente, no es lo mismo ofrecer otras carreras en el recinto en que se estaba funcionando que abrir nuevas sedes. Estas últimas son, en el hecho, homologables a nuevas universidades y, en consecuencia, deberían ser sometidas también al proceso de acreditación a que originalmente estuvo sometida la institución ahora autónoma.
El asunto es tan relevante como lo siguiente. Conforme a antecedentes que he logrado reunir -con dificultades porque lamentablemente esa información no se halla al alcance de la mano-, a comienzos de la década de los 80 en el país existían seis carreras de Derecho, ofrecidas por universidades tradicionales, con cupos del orden de 500 -ó 550- cada año. En el 2003, con la creación de más de diez nuevas carreras de Derecho, algunas en lugares como Curanilahue o Cabrero, donde existe un juzgado, un juez y un abogado residente en el mejor de casos, se elevará la oferta para estudiar Derecho en Chile a más de 5 mil cupos.
¿Esto es lo que el país necesita como respuesta a sus expectativas de desarrollo? ¿Éste es el esfuerzo que en materia educacional debe pedirse a las familias chilenas? Evidentemente que no.
A mi juicio, para dar sentido a la propuesta que el Presidente de la República hizo el 21 de mayo pasado, es indispensable que el Estado, como procedió en otros minutos de la historia nacional, decida la creación de una red estatal de centros de formación técnica a lo largo del país, de manera de cambiar el paradigma de lo que es un establecimiento de ese tipo y de ofrecer una respuesta realmente pertinente y congruente con las exigencias del desarrollo del país en materia de educación superior.
Desde ya, anuncio que la próxima semana presentaré un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, el cual tiene tres contenidos fundamentales.
En primer lugar, se pretende regular la apertura de nuevas sedes por cualquier universidad autónoma, desde la Universidad de Chile (creada en 1842) hasta las que vayan ganando su autonomía, como si se tratara de la creación de nuevas universidades, quedando sometidas, en consecuencia, al proceso de acreditación establecido en la ley y que está a cargo del Consejo Superior de Educación.
En segundo término, se establecen responsabilidades civiles y penales, claras y fuertes, para quienes no cumplan las obligaciones que asumen con los jóvenes cuyas matrículas aceptan en las respectivas instituciones de educación superior.
Hemos sido testigos de cómo en la década pasada se discontinuaron muchas carreras, se cerraron universidades y el Estado tuvo que resolver el problema de los cientos de estudiantes que, engañados por quienes los atrajeron hacia esas ofertas en su minuto, quedaron en el aire. Naturalmente, hubo que buscar mecanismos de reubicación para ellos o se tuvo que hacer vista gorda -lo que me parece francamente lamentable- frente a soluciones heterodoxas que implicaron o la compra de universidades por universidades o la fusión, de hecho y sin sujeción a los procedimientos legales, de instituciones de educación superior que entonces existían.
Y tercero, se propone que exista, cada vez que se creen nuevas carreras y se realicen las ofertas consiguientes, una suerte de avales cruzados con otras instituciones de educación superior, las que, en el evento de que esas carreras se vean discontinuadas, se responsabilicen de asegurar la continuidad de los estudios.
Nuestra educación necesita muchos grandes cambios.
La reforma educacional no está produciendo los resultados que todos anhelábamos. La próxima semana espero referirme en particular a este tema y a un asunto que me angustia: la grave crisis que afecta a la educación pública chilena, la que nuevamente ha quedado de manifiesto en semanas pasadas con el bajo rendimiento en la Prueba de Aptitud Académica de los estudiantes de la educación municipalizada.
Es necesario iniciar un conjunto de rectificaciones urgentes. Y, desgraciadamente, estimo que la urgencia es mayor en el campo de la educación superior, porque al amparo de la autonomía, que legítimamente han ganado algunas instituciones, se está exacerbando el desorden que caracteriza hoy a ese tipo de enseñanza.
Estamos cayendo en la multiplicación de una oferta de baja calidad y centrada en pocas áreas del conocimiento. Y con ello estamos -lo reitero una vez más- comprometiendo muy seriamente el futuro del país y el de nuestros jóvenes.
El Senador que en este momento preside la sesión adhiere a los planteamientos de Su Señoría. En Chile hay preocupación en cuanto a la transparencia en el mercado de la educación superior. Nadie conoce -lo destacó el señor Senador- cuántos son los miles de estudiantes que siguen carreras universitarias como leyes, ingeniería comercial, psicología, periodismo. Sería largo enumerar todas las que se encuentran sobreofertadas.
Ahora bien, como el Estado no está cumpliendo su rol a través de una superintendencia o de una instancia de educación superior cuya labor sea llevar registros y transparentar el mercado, la ciudadanía no sabe en lo que se está embarcando cuando paga las matrículas.
Por lo tanto, adhiero con entusiasmo a los planteamientos de Su Señoría.
También me sumo a lo manifestado por el señor Senador . Precisamente, me he quedado en la Sala para escuchar su exposición acerca de lo que, en mi opinión, será el gran cuello de botella que enfrentaremos en el futuro cercano en virtud de los acuerdos que se están suscribiendo con la Unión Europea y Estados Unidos. Esos instrumentos internacionales, en un 80 por ciento, están basados en la capacidad de Chile de agregar valor a nuestras materias primas. Y esto significa, ni más ni menos, educación tecnológica.
Es ahí donde estamos sobredotando y subdotando a nuestro potencial humano.
Por lo tanto, con plena conciencia, adhiero a las palabras del Honorable señor Parra.
Señor Presidente , en el último tiempo se observa con frecuencia, sobre la base de distintas motivaciones, el planteamiento de un tema recurrente -el aborto terapéutico-, que nuevamente busca espacios en la opinión pública utilizando, entre comillas, el drama humano que estarían viviendo personas muy modestas. Es curioso, siempre vuelve a aparecer respecto de personas modestas, colocándolas en situaciones extremas y dramáticas, como un embarazo que no llegará a su fin -según se afirma-, o que, de hacerlo, habrá riesgo de muerte para la madre o el hijo; particularmente para ella.
No recuerdo exactamente el nombre de la mujer sometida a este mismo trance hace pocos meses, a la cual se aseguró que la única posibilidad de no correr riesgos era practicarle un aborto. Entonces, surgió un completo debate. Opinaron sobre el tema las consabidas organizaciones pro aborto. Sin embargo, hubo un grupo de personas dispuesto a conversar con la señora que estaba siendo víctima de esta situación y de la presión que ejercían sobre ella dichas organizaciones.
En concreto, llevó a término su embarazo, su hijo nació y efectivamente falleció a las pocas horas, pero esa madre, a la que todos inducían a practicarse un aborto porque -según se afirmaba- era la única posibilidad de que siguiera con vida, no sólo no se vio expuesta a la dramática realidad del aborto de su hijo, sino que, es más, pudo tenerlo en sus brazos, colocarle un nombre, verlo con vida y que muriera dignamente.
Entre el escenario de esta familia después de vivir esa experiencia, y aquél al que pudo verse expuesta antes, de haber aceptado la presión de las organizaciones abortistas, realmente hay un abismo de diferencia. Hoy día esas personas, esa familia, guardan a su hijo en la memoria, probablemente le rezan y constituye un personaje para ellos.
En un diario de hoy, señor Presidente , leí que nuevamente estamos abocados al mismo debate. Esta vez el Colegio Médico, en conferencia de prensa, pidió públicamente al señor Ministro de Salud , don Osvaldo Artaza , que otorgue una autorización especial para que una mujer de 27 años pueda realizarse un aborto, porque a juicio de dicha entidad estaría en condiciones de riesgo si su embarazo llega a término.
Pienso que el titular de esa Cartera ha reaccionado con mucha prudencia al pedir todos los antecedentes clínicos de ella al Hospital Luis Tisné , recientemente inaugurado en Peñalolén, no para adoptar alguna decisión que lo autorice, porque ello no le está permitido por ley, pero al menos para conocer de qué se trata. El Ministro solicitó lo anterior porque, al parecer, lo que expuso el Colegio Médico respecto de esta situación no fue lo suficientemente claro.
Reitero que me parece prudente la actuación del Ministro . Recién acabo de conversar con él en los pasillos, y me ha señalado textualmente que no está dispuesto a otorgar autorizaciones de ninguna especie, porque el tema se encuentra debidamente reglamentado en los protocolos médicos y en nuestra legislación; pero, sobre todo, porque un médico sabe qué debe hacer frente a los riesgos a que pueda verse expuesta una madre cuando las condiciones de su embarazo presentan alguna dificultad.
No se necesita una ley para médicos con una valoración ética muy clara, ni reglamento alguno para saber cómo proceder, porque los protocolos médicos en la materia hace mucho rato indican, con todas las consideraciones y valoraciones éticas, como actuar en tal caso.
Llama la atención que, respecto de una persona modesta que vive una realidad clínica determinada, se quiera levantarla y esgrimirla como símbolo para reinstalar un debate absolutamente obsoleto, de acuerdo con los avances de la medicina hoy en día.
Digo esto, señor Presidente , porque de este modo es muy fácil llegar de nuevo al concepto del aborto por la vía más dramática, que es precisamente la del aborto terapéutico, que en el fondo viene a ser un aborto eugenésico, como el que se plantea en el caso en comento.
Desde luego, pienso que debe adoptarse una actitud de pleno acatamiento al orden legal. Pero, más que eso, uno hubiese querido -todavía es posible- que el Estado, el Colegio Médico y las instituciones que están en pro de la vida, como desde luego debe estarlo el Colegio Médico, brindaran a esta compatriota, ciudadana -como espero que lo hagan-, todo su apoyo, no para llegar a la expresión dramática del aborto, sino para asistirla médicamente con todas las especialísimas consideraciones que su caso requiera.
Repito: en el caso anterior se dijo que la única solución radical y definitiva para que esa persona tuviera viabilidad era el aborto, y no fue así. Debo relatar que en esa oportunidad se señaló que aquella guagua ni siquiera tenía determinados órganos. Y para sorpresa de los médicos no sólo los tenía, sino que además lloró al momento de nacer, lo que probó incluso la existencia de pulmones, en circunstancias de que, según habían asegurado los facultativos en ese entonces, hace tres o cinco meses, no los había.
¿Cómo es posible que, frente a un diagnóstico en que se indica que "es probable" que se desarrolle un cáncer -así dice el diario de hoy-, porque presenta determinada condición en su embarazo que lo hace riesgoso, haya que proceder? ¡Es probable que se desarrolle un cáncer! No se afirma ni estadística ni biológicamente, desde luego, la presencia de dicha enfermedad, ni tampoco que necesariamente deba producirse. Entonces, frente a esa especulación, se señala inmediatamente que debe practicarse el aborto.
Señor Presidente , en estas horas, cuando se ha conocido la declaración del Colegio Médico, ha surgido simultáneamente un grupo de organizaciones que ofrecen a la persona expuesta a esta presión todos los mecanismos, absolutamente gratuitos, para que reciba la asistencia sicológica, médica, biomédica y espiritual que necesite para llevar a término su embarazo, y, si los protocolos médicos indican que así no ha de ser, que se proceda conforme a la ética médica.
Lo grave es que nuevamente vemos cómo se utiliza a una mujer modesta para instalar, con determinado afán publicitario muy grotesco y burdo, la realidad de este tema que, por lo demás, no sólo está superado en nuestra legislación, sino también en la medicina actual. En ésta, prácticamente, no se plantea duda alguna en cuanto al aborto terapéutico, porque frente al riesgo de la madre o del hijo, los protocolos médicos están fehacientemente establecidos en Chile y en cualquier país desarrollado del mundo.
Por lo tanto, no se necesita legislación especial, y así pueden confirmarlo todas las facultades de medicina y las personas abocadas al tema.
Por consiguiente, ¿a qué apunta mi comentario?
Por una parte, me parece prudente lo realizado por el señor Ministro en cuanto a pedir los antecedentes para analizar exactamente de qué se trata. Esta tarde llamé al Director del Hospital Luis Tisné , el doctor Julio Montt . Desgraciadamente no lo encontré, pero no tengo duda de que él nos hará llegar o nos proporcionará todos los antecedentes.
Solicito formalmente, señor Presidente , que se oficie al señor Ministro de Salud , para que, a su vez, pida al Director del Hospital Luis Tisné que nos remita los antecedentes del caso, a fin de tener al menos constancia del correcto proceder -no tengo duda de ello- al respecto en los institutos públicos del país.
No nos corresponde oficiar al Colegio Médico, sino que observar con sorpresa el comportamiento que está teniendo, porque habríamos deseado que esa institución estuviera mucho más por la vida que por la muerte.
Reitero que resulta sorprendente que se señale que "puede" desarrollarse determinado mal y que, frente a ese "puede", se aconseje inmediatamente abortar porque sería la única solución para evitar ese posible riesgo, que no se sabe si llegará a presentarse, por cuanto hay poca certeza sobre el tema.
Es más, esta tarde recibí antecedentes de que se estarían realizando gestiones para el evento de que no se obtenga la autorización, a fin de que la mujer expuesta a esta situación sea sacada del país para practicarle el aborto en el extranjero. Esto debiera llamarnos la atención y ponernos en alerta frente a lo que hay detrás.
Vuelvo a decir, señor Presidente , aquí no cabe duda alguna del correcto proceder médico con los padrones o protocolos éticos que hoy existen frente a las situaciones de riesgo a que puede verse expuesta una mujer embarazada. La vieja disposición relativa al aborto terapéutico está superada por la ciencia desde hace mucho y en Chile ya fue derogada. Porque la medicina, como digo, ha ido mucho más lejos y en la actualidad ofrece prácticamente todas las posibilidades para determinar científicamente cómo ha de proceder un facultativo ante semejantes circunstancias de riesgo.
Traigo a colación el tema, señor Presidente , pues me llama la atención que nuevamente, a propósito del caso de una mujer modesta, se quiera levantar todo un debate, de la manera tan oscura como se está haciendo, solicitando el Colegio Médico al Ministerio una autorización que sabe que no puede entregar, porque no tiene las atribuciones. Le pide que haga una excepción. Es muy poco ético que el Colegio Médico pida al Ministerio de Salud una excepción para proceder en un caso que a simple vista produce muchísimas dudas.
Uno hubiese querido que se solicitara a lo mejor una junta de médicos para analizar en profundidad si existe alguna incertidumbre sobre el protocolo médico que debería seguirse, pero no un permiso a la autoridad, de carácter administrativo, para, por sí y ante sí, realizar un aborto por la vía de la excepción. Eso llama profundamente la atención.
Creo que aquélla no es la forma de resolver problemas de esta índole en una sociedad como la nuestra, que en esta materia cuenta, por lo demás, con un ordenamiento constitucional y legal que busca fortalecer el respeto a la vida, especialmente en los tiempos que corren. Y claro, sin ninguna duda, para un ser humano, para una creatura, no es la mejor manera, ni la más digna, el morir, descuartizado, en un aborto, máxime cuando existe la posibilidad cierta de alcanzar la vida, aunque luego del nacimiento se produzca el fallecimiento.
Ya vimos el caso de una mujer que pudo dar a luz, tener a su hijo en brazos e incluso verlo morir. La tranquilidad espiritual que hoy existe en su hogar es incontrarrestable, inconmensurable, frente al drama de no haber presenciado aquella realidad porque algún grupo resolvió interrumpir la vida por existir un riesgo. En ese caso no se dio la situación de que no hubiera siquiera nacimiento, porque el bebé nació y conoció la vida.
Espero que mis palabras, señor Presidente , sirvan para que reflexionemos sobre un tema de gran importancia. Ojalá que el Ministerio de Salud actúe con la altura ética y moral que le corresponde como órgano público encargado de velar por la vida y la salud de la población. Por mi parte, celebro que haya organizaciones dispuestas a brindar a la señora Griselle Rojas toda la atención que merece en este momento, para que, cualquiera que sea el destino final de su embarazo, éste sea el más digno para ella y para su hijo.
Finalizo, señor Presidente , pidiendo oficiar al señor Ministro de Salud con el objeto de que nos haga llegar los antecedentes que a su vez han sido solicitados al Director del Hospital Luis Tisné .
Agradezco el tiempo que se me ha concedido.
Señor Presidente, me parece que el tema planteado por el Senador señor Bombal, que aflora entre nosotros de tiempo en tiempo, tiene enorme relevancia y pertinencia y, desde luego, amerita un debate real y profundo.
Por cierto, no puedo compartir las apreciaciones de Su Señoría, que suponen al Colegio Médico una intención: el propósito de iniciar una campaña pro aborto. Por el contrario, pienso que esa entidad ha reaccionado frente a una situación objetiva, y lo ha hecho desde la perspectiva del conocimiento científico, con un profundo compromiso humano, para poner en evidencia que la legislación chilena limita las posibilidades médicas para solucionar problemas reales y urgentes.
Naturalmente, no creo que el camino correcto sea una autorización por parte del Ministro de Salud , que no tiene competencia para ello, con mucho mayor razón cuando está en juego una norma de carácter penal.
Más bien, considero que en esta materia va a ser requerida la intervención de los tribunales de justicia, tal como ha sucedido en diversos lugares del mundo. Así ocurrió en Inglaterra, frente a un reciente e impactante caso relacionado con la eutanasia, tema que empieza a discutirse entre nosotros en tono menor -lo ha estado viendo la Honorable Cámara de Diputados con ocasión del proyecto de ley sobre derechos de los pacientes-, pero que no termina de salir a la luz pública para generar una confrontación de opiniones, como corresponde en un asunto de este tipo.
Tal vez el caso citado llegue a los tribunales por la vía del recurso de protección, porque en él también está en juego la vida de la madre y la defensa que la sociedad le ofrece y le debe a la familia conforme al texto del artículo 1º de la Constitución Política del Estado.
Estamos en presencia de una cuestión extraordinariamente difícil. Ojalá, la intervención de los órganos públicos no resulte tardía. Y espero que lo manifestado por Su Señoría, en el sentido de que el nacimiento podría producirse y, en el peor escenario, la creatura tendría una muerte digna, no dé lugar el día de mañana a una dolorosa muerte de la madre y al consiguiente daño a su familia. Porque, en mi opinión, en esa dramática situación deberíamos asumir, como sociedad, la responsabilidad moral y pecuniaria que entraña el perjuicio causado.
Con la vida humana no se puede jugar, señor Presidente. Y no cabe duda de que la vida, que ya ha adquirido concreción y de la cual dependen otras, debe ser cuidada de manera preferente, mucho más cuando es fuente de otras vidas.
Por eso, con mucho respeto, discrepo del punto de vista del señor Senador, a quien, desde luego, le agradezco la gentileza de haberme concedido esta interrupción.
En primer lugar, agradezco al Senador señor Parra su intervención y el respeto con que la ha hecho.
Sólo deseo reiterar, una vez más, que actualmente los protocolos médicos tienen muy claramente establecido cómo proceder cuando existe riesgo vital para la madre en una situación coyuntural derivada de un embarazo que no pudiera llegar a buen término.
He consultado a distintos médicos, de diferentes credos -incluso a algunos agnósticos, para que no se piense que hablo desde una perspectiva exclusivamente religiosa-, y no he encontrado a ninguno, señor Presidente , que no tenga clarísimo cómo ha de actuar en caso de riesgo para la madre. Es más, los unos y los otros, médicos de mucha experiencia y médicos jóvenes, terminan señalando que les parece casi una bofetada a la profesión el que ahora, por una vía reglamentaria o administrativa, se les pretenda decir lo que deben hacer, y que por su formación y la ciencia ya lo saben. Y esto lo expresan, reitero, desde médicos con determinado credo hasta aquellos que no profesan ninguna religión.
Por eso, el debate sobre ese punto específico, si bien es interesante, está casi obsoleto y superado por la ciencia. Hoy día, prácticamente no se dan, sino en condición muy extrema, situaciones en las que se llegue a esa realidad. Porque incluso desde el instante mismo de la concepción, prácticamente, el embarazo puede ser hoy monitoreado.
Quiero dejarlo establecido: no digo que el Colegio Médico -por favor, que no se interprete en otra forma, porque está bien la precisión formulada por el Honorable señor Parra- ha entrado en una campaña pro aborto. ¡No! Lo que sí deseo hacer constar es lo siguiente: hoy, con el monitoreo -repito-, prácticamente es posible seguir de manera íntegra cada uno de los pasos en un proceso de embarazo.
Entonces, no sea que, con tal tipo de proyectos, se abra la puerta a esos otros escenarios de eventuales intervenciones frente a la vida en gestación, ahí donde exista una malformación, ahí donde se advierta alguna enfermedad o ahí donde se suscite algún hecho incierto, lo que lleve a que necesitemos herramientas legales, administrativas, de cualquier orden, que permitan actuar. Estimo que en ese caso nos hallamos frente a los riesgos potenciales que ofrece una cuestión de esta envergadura.
Y, finalmente, señor Presidente , cuando uno ha conocido realidades -y muy cercanas- en que se ha aceptado la vida con la adversidad de no contar con todos aquellos dones de las que llamamos "personas normales", entre comillas, o de quienes nos sentimos normales, ¡caramba que se valoran temas como el que nos ocupa! Ello, especialmente cuando aquellos que creemos anormales, o que son discapacitados, o minusválidos, resultan ser no sólo criaturas predilectas de Dios, desde el punto de vista de la fe, sino también, a veces, los que a la Humanidad le están dando el soporte, precisamente, en momentos de tanta contrariedad.
Se ha cumplido su tiempo en exceso, señor Senador.
Concluyo, señor Presidente , recordando el testimonio, en días pasados, del Padre Lucarini , frente al drama vivido en uno de los pabellones de su Pequeño Cottolengo, donde murieron quemadas criaturas "discapacitadas", después de que incluso las habían rescatado de las llamas, pues, en su limitación, volvieron al lugar del siniestro. Tal vez, quienes nos consideramos sanos y normales tengamos algo de ellas.
Estos temas, por lo tanto, son bastante relevantes, señor Presidente.
Como ningún otro señor Senador hará uso de la palabra, y habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
Aunque no cabe duda, que la persona que maneje un vehículo, cuya conducción la ley Entrega —exclusivamente— a quienes poseen determinada licencia profesional, sin tenerla, debe ser sancionada, las penas de simple delito, con que, actualmente se castiga esta conducta, tipificada en el articulo 196 D, de la ley Nº 18.290, de Tránsito, son a todas luces, excesivas
La referida disposición, establece para el caso, la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.
En nuestro sistema jurídico, las penas se encuentran establecidas en directa relación con la gravedad del hecho que la motiva, de tal manera, que mientras más grave el atentado y más importante el bien jurídico protegido, mas elevada será, a su vez, la sanción.
A su vez, este mismo sistema, requiere que se mantenga siempre, la coherencia, entre la gravedad de las conductas sancionadas, y las penas asignadas a ellas, lo que el actual artículo 196 D, de la ley de Tránsito no cumple.
En efecto, no es posible, que nuestras leyes consideren que la falta de licencia profesional en el conductor, de aquellos vehículos que así lo requieren, sea castigada con la misma pena que la ley penal le asigna, al que fabrica, vende o distribuye armas prohibidas; al que participa de una asociación ilícita y a los que voluntariamente y a sabiendas le suministren medios e instrumentos para cometer delitos.
Tampoco es razonable, considerar que este conductor, merece el mismo tratamiento legal, que el previsto para ciertos fraudes y estafas, e incluso, algunos delitos de hurto. Como puede verse, la sanción en este caso, no tiene ninguna relación con la gravedad de los hechos, tanto es así, que a través de diversos mecanismos, en la práctica se elude la aplicación de esta norma, porque existe la percepción de que ella supera totalmente, lo razonable. Esta conducta debe recibir el tratamiento de una falta, sancionada con penas de falta agravadas si se quiere, pero en ningún caso, el conductor que incurra en ellas, puede ser equiparado a un estafador, ladrón, traficante de armas, etc., que es precisamente lo que ocurre en la actualidad, en que se le aplican sanciones propias de delitos, debido a la confusión que la norma vigente hace, entre la falta de un requisito habilitante de carácter administrativo, y una conducta que vulnera exigencias administrativas, y que por el riesgo que implica debe sancionarse con particular gravedad.
Atendiendo a estas consideraciones, es que vengo en proponer el siguiente proyecto de ley:
“Artículo Único: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.290, de Tránsito:
En el artículo 196 D: reemplazar su inciso primero, por el siguiente:
“El que sin tener la licencia de conducir requerida, maneje un vehículo para cuya conducción se requiera una licencia profesional determinada, será sancionado con multa de 57.600 a 115.000”.
(Fdo.): Fernando Cordero Rusque, Senador de la República.

References: artículo 62
 artículo 1
 artículo 127
 artículo 36
 artículo 41
 artículo 127
 artículo 133
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 127
 artículo 1
 artículo 196
 artículo 196