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Timestamp: 2013-12-05 04:41:49+00:00

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Habeas Data – Datos Personales – Privacidad Ley de reincidencia. Art. 8 Acceso a datos personales
Posted: septiembre 14th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Delitos, Normas | No Comments »
1. El Registro Nacional de Reincidencia y Estadí­stica Criminal creado por ley 11.752 funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción, conforme al régimen que regula esta ley.
2. Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal remitirán al Registro, dentro de los cinco dí­as de quedar firme, dejando copia en la causa, testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales:
b) Autos de prisión preventiva u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Autos de rebeldí­a y paralización de causa;
d) Autos de sobreseimiento provisional o definitivo, con indicación de las normas legales que lo fundaren;
f) Sentencias condenatorias, indicando la forma de su cumplimiento y acompañando la ficha de antecedentes con fines estadí­sticos;
k) Sentencias que hagan lugar a impugnaciones contra informes del Registro en los términos del artí­culo 10.
Igualmente, los tribunales que correspondieren, dentro de los cinco dí­as de recibida la pertinente comunicación, remitirán al Registro testimonio de la parte dispositiva de los decretos que concedan indultos o conmutaciones de penas.
3. Las unidades penitenciarias del paí­s comunicarán al Registro, dentro de los cinco dí­as, el egreso de todo condenado por delito.
4. La Policí­a Federal Argentina hará saber al Registro, dentro de los cinco dí­as, los pedidos de captura que le hayan sido dirigidos por la Organización Internacional de Policí­a Criminal y las comunicaciones que les dejen sin efecto.
5. Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal, antes de dictar resoluciones en las cuales, según las leyes deban tenerse en cuenta los antecedentes penales del causante, requerirán del registro la información correspondiente, dejando copia en la causa del pedido respectivo, el que deberá contestarse en el término de cinco dí­as. El término será de veinticuatro horas cuando del informe dependiere la libertad del causante, circunstancia que se consignará en el oficio, en el cual podrá solicitarse la respuesta por servicio telegráfico o de télex.
6. Con las comunicaciones y los pedidos de informes remitidos al Registro, se acompañará la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del causante, y se indicarán las siguientes circunstancias:
a) Tribunal y secretarí­a interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarí­as que hubieren intervenido con anterioridad y número de causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, pseudónimos o sobrenombres;
l)	Condenas anteriores y tribunales intervinientes;
7. Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas recibidas de conformidad con lo establecido en los artí­culos 2, 3, 4, 6 y 11, integrarán los legajos personales, que bajo ningún concepto podrán ser retirados del Registro.
8. El servicio del Registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes:
a) A los jueces y tribunales de todo el paí­s;
c)	[A la Gendarmerí­a Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policí­a Federal Argentina y policí­as provinciales para atender necesidades de investigación.] (Texto segun ley 23.312.)
d)	A las autoridades extranjeras en virtud de lo establecido en el artí­culo 10;
*f) A los particulares que, demostrando la existencia de un interés legí­timo, soliciten se certifique que ellos no registran condenas o procesos pendientes. El certificado se extenderá con los recaudos y tendrá validez por el tiempo que fije el decreto reglamentario.*
g) [A los señores legisladores de la Nación senadores y diputados exclusivamente, cuando resulten necesarios a los fines de la función legislativa y/o administrativa, los cuales deberán ser fundados como requisito de procedencia del mismo.
En los casos de los incisos b), c), d), e), f) y g) del presente artí­culo, el informe deberá ser evacuado en el término de hasta diez dí­as corridos, si no se fijare uno menor.] (Agregado por ley 24.263.)
9. Los informes del Registro harán plena fe, pudiendo ser impugnados sólo judicialmente por error o falsedad.
10. El Poder Ejecutivo Nacional promoverá el intercambio de información con paí­ses extranjeros sobre antecedentes penales de las personas.
11. Los representantes del ministerio público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el paí­s, tendrán a su cargo vigilar el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto deberán ser notificados, en todos los casos, antes de la remisión al archivo de los procesos.
Los respectivos tribunales de superintendencia dispondrán que no se admitan en sus archivos judiciales procesos penales en los cuales no existan constancias de haberse efectuado las comunicaciones a que se refiere el artí­culo 2.
12. El Registro Nacional de Reincidencia y Estadí­stica Criminal y Carcelaria percibirá como tasa por cada información que suministre en cumplimiento de lo dispuesto por el inc. e), del artí­culo 8, la suma de cinco mil pesos más la de trescientos pesos por cada fotocopia que se anexe al informe.
En el supuesto del inc. f) del artí­culo 8 la suma de diez mil pesos por informe con más la de trescientos pesos por cada fotocopia que se anexe a él.
Facúltase al Ministro de Justicia para establecer el sistema de recaudación de las tasas precedentes y actualizarlas cada seis meses en función de la variación del í­ndice de precios al por mayor nivel general que publique el Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos.
13. [Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal, así­ como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el paí­s, la Policí­a Federal Argentina, las policí­as provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadí­stica general sobre la criminalidad en el paí­s y el funcionamiento de la justicia.
El requerimiento de datos será realizado trimestralmente por resolución fundada del director del organismo. Los datos requeridos, que no serán personales en caso alguno, sólo podrán ser utilizados con fines estadí­sticos-criminales.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadí­stica deberán disponer lo necesario para que, eventualmente y con el único fin de verificar la exactitud de los datos brindados, la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal pueda acceder a los registros pertinentes.
Sobre esta base, y la información que le suministre el Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, confeccionará anualmente la estadí­stica general sobre la criminalidad en el paí­s y el funcionamiento de la justicia, única que será considerada estadí­stica criminal oficial de la Nación.] (Texto según ley 25.266.)
13 bis. [Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artí­culo precedente, no proporcione la información estadí­stica requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardí­o, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco dí­as de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación.] (Incorporado por ley 25.266.)
14. Esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal.
15. Derógase la ley 11.752.
16. Esta ley comenzará a regir a los ciento ochenta dí­as de su publicación.
Comúnmente se sostiene la competencia contenciosa administrativa federal cuando el demandado sea el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/, sin embargo y dejando de lado cualquier análisis que se pueda hacer, la competencia en el caso del pedido de acceso, cancelación y/o rectificación a los datos requerido al Banco Central es, a nuestro entender, competencia de la Justicia Civil y Comercial Federal como a continuación se expondrá.
Nuestros tribunales le han otorgado en estos casos la competencia al fuero contencioso administrativo por entender que el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/ ejerce el poder de policí­a. Sin embargo al hacer referencia al Poder de Policí­a que ejerce el Estado debemos decir que el mismo ejerce la función financiera y bancaria solo ante dos supuestos (ello en consonancia con lo sostenido por Mertheikian), al emitir moneda de curso legal forzoso en todo el ámbito de la República Argentina, y al autorizar, regular y fiscalizar el funcionamiento del sistema financiero y bancario. Es de destacar al respecto que es el propio BCRA el cual al momento de efectuar una consulta sobre la base de datos de deudores del sistema financiero informa que los datos se publican sin alteraciones de acuerdo a lo establecido por la Comunicación -B- 7074 y 8103 y agrega que su difusión no implica conformidad por parte del Banco Central. Por esta razón nos inclinamos por sostener que el acto que realiza el BCRA lejos se encuentra de constituir un acto administrativo, toda vez la entidad no realiza proceso intelectivo alguno, se estarí­a en todo caso ante una actuación material del órgano.
En el marco de la ley nacional de procedimiento administrativo es posible concebir al acto administrativo como a una declaración emitida por un órgano estatal, o un ente público no estatal, en ejercicio de la función administrativa (en el presente caso el -poder de policí­a- sobre el sistema bancario y financiero) bajo un régimen jurí­dico exorbitante, productora de efectos jurí­dicos directos e individuales respecto de terceros. Resaltemos nuevamente que el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/ no ejerce sobre los datos que recibe tratamiento alguno que implique una declaración en los términos que la misma debe recibir a la luz del Derecho Administrativo. Otro de los elementos que se exigen para que un acto administrativo pueda ser considerado como tal es que el mismo posea un objeto y que este sea cierto y defina a su vez todas las cuestiones propuestas, el acto decisorio debe hacer expresa consideración de los principales argumentos y de las consideraciones propuestas. Por todo ello cabe preguntarnos * ¿toda actividad de la administración implica la existencia o nacimiento de un acto administrativo?; como bien señala el autor español Garcí­a Trevijano Fos, en cuanto a la distinción que formula entre la relación orgánica y la relación de servicio ejercida por la administración, entendemos que el actuar del BCRA solo hace referencia en este orden de cosas, a una relación de servicio prestada por dicha entidad.
Por ello, y a modo de conclusión es dable poner de resalto que en los casos en los que se requiera la intervención del Banco Central de la República Argentina por un supuesto de inclusión en sus listados de deudores y de cheques rechazados será el juez federal civil y comercial el que resulte competente para entender en el proceso judicial a llevarse adelante. “Lucas Tamagno”:http://www.lft.com.ar/
PROTECCION DE DATOS PERSONALES – LEY 25326 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 26 DE INFORMACION CREDITICIA. Exp : 5055-D-06 Presentado por Dip. Garcí­a, Marí­a Teresa (PJ – Bs As 2005/09)
El 3 de abril del año 2006, la empresa Google entregó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos los registros sobre búsquedas realizadas por usuarios en Internet. El pedido de facilitar estos registros fue inicialmente resistido por Google por diversos motivos que comentaremos en esta nota. Finalmente un juez federal en California admitió parcialmente el pedido del gobierno.
Este caso es el primero en abordar un tema singular y generalmente poco tratado: el derecho a la privacidad sobre el historial de búsquedas realizadas en Internet. Aunque no nos da una solución definitiva al problema y además la información que se entregó era anónima (pese a la confusión de muchos medios que informaron que el gobierno querí­a saber qué buscaba la gente online), el fallo señala ciertas pautas que servirán de guí­a en futuros casos. Lo que sigue es el comentario del fallo y nuestra opinion del mismo.
REF.: APRUEBA NORMA Tí‰CNICA PARA DESARROLLO DE SITIOS WEB DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,
SANTIAGO, VISTO:
1 general y especí­fica sobre la acción del Gobierno;
2 Los sitios web deben ser desarrollados de manera tal que garanticen la disponibilidad y la accesibilidad de la información, así­ como el debido resguardo a los derechos de los titulares de datos personales, asegurando, asimismo, la interoperabilidad de los contenidos, funciones y prestaciones ofrecidas por el respectivo órgano de la Administración del Estado, con prescindencia de las plataformas, hardware y software que sean utilizados.
3 Se recomienda que el sitio web cumpla con los estándares HTML 4.01 o XHTML 1.0 validados ante el W3C.
4 que dispone el propio órgano de la Administración del Estado para garantizar el ejercicio de los mismos.
5 -¢ El Nivel 2, dentro del segundo año siguiente al de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
6 Regulacion del Spam en Chile
Posted: septiembre 8th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Chile, Normas, Spam | No Comments »
REF.: APRUEBA NORMA Tí‰CNICA PARA LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A MINIMIZAR LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE LOS MENSAJES ELECTRÓNICOS MASIVOS NO SOLICITADOS RECIBIDOS EN LAS CASILLAS ELECTRÓNICAS DE DICHAS REPARTICIONES Y EN LAS DE SUS FUNCIONARIOS.
a)	Lo dispuesto en el articulo 32* ° N* ° 8 de la Constitución Polí­tica de la República;
b)	La Ley 19.799, de 2002, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma;
c)	El Decreto Supremo N* ° 181, de 2002, del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción, que aprobó el Reglamento de la Ley N* ° 19.799:
d)	Lo dispuesto en la resolución NQ 520, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución N* ° 55. de 1992, ambas de la Contralorí­a General de la República.
1)	Que, el artí­culo 47″ del Decreto Supremo N* ° 181, de 2002, del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de la Ley N* ° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. en adelante el Reglamento, creó el Comité de Normas para el Documento Electrónico;
2)	Que, el artí­culo 48* ° del Reglamento dispone que este Comité estará integrado por:
i.	El Ministro Secretario General de la Presidencia;
1 ii. El Subsecretario de Economí­a, Fomento y Reconstrucción;
iii. El Subsecretario de Telecomunicaciones; Y.
iv. El Subsecretario de Hacienda.
3)	Que el Comité estableció como tarea la elaboración de una norma técnica para los órganos de la Administración del Estado que determinará las directrices esenciales para la adopción de medidas destinadas a minimizar la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados en las casillas electrónicas de dichos órganos y en las de sus funcionarios, atendido el hecho de que aquéllos, junto con recargar innecesariamente los sistemas informáticos, pueden ser causa de virus, códigos malignos, hoax y, en general, de cualquier tipo de información que pudiera poner en peligro la integridad y persistencia de la documentación electrónica de Gobierno. Asimismo, la adopción de tales medidas contribuirá al aumento de la eficiencia y a la reducción de los costos operacionales de los órganos de la Administración del Estado.
4)	Que, para el desarrollo de dicha tarea, la Secretaria Técnica del Comité creó un grupo de trabajo sobre mensajes electrónicos masivos no solicitados, en el que participaron representantes de los miembros del Comité de Normas para el Documento Electrónico, del Ministerio del Interior, de la Contralorí­a General de la República, del Servicio de Impuestos Internos, del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, de ario n 2000, de Microsoft, de la Asociación de Proveedores de Internet y de la Asociación de Medios en Internet. y que fue asesorado técnicamente por el Laboratorio de Criptografí­a Aplicada y Seguridad (CASLab) de la Facultad de Ciencias Fí­sicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile.
5)	Que, el trabajo se realizó de conformidad con la polí­tica gubernamental orientada a la incorporación de las Tecnologí­as de la Información y Comunicaciones en los órganos de la Administración del Estado para mejorar los servicios e Información ofrecidos a los ciudadanos, mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.
6)	Que, la labor desarrollada se concretó en la elaboración de una norma técnica destinada a la obtención de los objetivos que a continuación se indican, relativos al manejo adecuado de los mensajes electrónicos masivos no solicitados por parte de los órganos de la Administración del Estado, a saber:
a)	Fijar recomendaciones y garantizar estándares mí­nimos sobre el adecuado manejo de los mensajes electrónicos, de manera de mitigar los efectos perjudiciales de los mensajes masivos no solicitados enviados a las casillas electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y a las de sus funcionarios.
2 b)	Fijar recomendaciones que propendan al aseguramiento de la integridad y persistencia de la documentación electrónica de los órganos de la Administración del Estado.
c)	Fijar recomendaciones tendientes a evitar que la recepción de mensajes electrónicos masivos no solicitados recargue innecesariamente los sistemas informáticos de los órganos de la Administración del Estado.
d)	Facilitar a las personas su relación con los órganos de la Administración del Estado, mediante el uso de mensajes electrónicos de manera segura y confiable.
ARTíCULO PRIMERO: Apruébase la siguiente norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre adopción de medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados recibidos en las casillas electrónicas de dichas reparticiones y en las de sus funcionarios.
“NORMA Tí‰CNICA. PROCESAMIENTO Y MANEJO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS MASIVOS NO DESEADOS-
Artí­culo 1* °. La presente norma técnica establece las condiciones mí­nimas que deben cumplir 105 órganos de la Administración del Estado para el procesamiento y manejo de 105 mensajes electrónicos recibidos por sus infraestructuras de comunicaciones, y las demás cuya aplicación se recomienda.
las exigencias y recomendaciones previstas en esta norma tienen por finalidad minimizar, a través del establecimiento e implementación de las medidas de seguridad adecuadas, los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados enviados a las casillas electrónicas de los órganos de la Administración de Estado y de sus funcionarios, garantizando, de esa forma, la integridad, permanencia, disponibilidad y acceso de la documentación electrónica de dichos órganos y funcionarios, facilitando, además, las comunicaciones electrónicas seguras y confiables entre los órganos de la Administración del Estado, así­ como entre éstos y los ciudadanos.
La presente norma se aplica a los mensajes electrónicos recibidos por los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios.
Artí­culo 2* °. Cada órgano de la Administración del Estado deberá adoptar las siguientes medidas de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de este artí­culo:
3 a)	Identificar y evaluar los riesgos y costos asociados a la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados, esto es, que no digan relación con el ámbito de competencia del respectivo órgano de la Administración del Estado.
b)	Desarrollar, documentar y difundir polí­ticas de uso, almacenamiento, acceso y distribución de mensajes electrónicos y de los sistemas informáticos utilizados en su procesamiento.
c)	Diseñar, documentar e implementar los procesos y procedimientos necesarios para poner en práctica las polí­ticas a que se refiere la letra anterior.
d)	Monitorear el cumplimiento de los procedimientos establecidos y revisarlos de manera de reducir los costos asociados a la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados que no guarden relación con el ámbito de competencia del Servicio de que se trate.
e)	Capacitar a los usuarios para operar la infraestructura de comunicaciones de acuerdo con las exigencias establecidas.
f)	Definir y documentar los roles y responsabilidades de las unidades organizacionales e individuos involucrados en cada uno de los aspectos mencionados en las letras anteriores.
la adopción e implementación de las medidas señaladas quedará sujeta a las consideraciones presupuestarias de cada Servicio. En el caso que los costos involucrados sean muy elevados atendido el presupuesto disponible, el Jefe del Servicio respectivo deberá dictar una resolución fundada en la que exponga las causas que justifiquen la no adopción de todas o parte de las citadas medidas y el plazo propuesto para la adopción e implementación de éstas. Dicha resolución deberá ser puesta en conocimiento de la Secretarí­a Ejecutiva del Comité de Normas para el Documento Electrónico dentro del décimo dí­a Siguiente a su dictación.
Artí­culo 3* °. En la infraestructura de comunicaciones que utilice cada uno de los órganos de la Administración del Estado deberán instalarse el o los sistemas informáticos adecuados para filtrar los mensajes electrónicos a que se refiere esta norma, entrantes a su servidor o servidores de correo. En ningún caso la aplicación de estos sistemas podrá conculcar o vulnerar los derechos que la Constitución garantiza a todas las personas, por lo que en su diseño y operación deberán adaptarse las medidas y protecciones que aseguren el pleno respeto de aquellos
Artí­culo 4* °. Los órganos de la Administración del Estado deben proteger los servidores de correo para evitar un uso indebido de los mismos que pudiera causar detrimento de sus rendimientos o incapacidad de uso por parte de sus legí­timos usuarios, situaciones que podrí­an afectar la fluida comunicación entre los órganos del Estado, así­ como entre éstos y los ciudadanos.
Artí­culo 5* °. Los órganos de la Administración del Estado deberán solicitar a las entidades privadas o públicas que les provean servicios de acceso a Internet, por sí­ o a través de terceros, lo siguiente:
4 a)	Cautelar la correcta instalación y funcionamiento de los servidores de correo de sus clientes para evitar open relay.
b)	Ofrecer un punto de contacto para comunicarse con el encargado de seguridad informática del órgano de la Administración del Estado respectivo.
c)	Monitorear al menos semanalmente la red bajo su responsabilidad, debiendo alertar al encargado de seguridad informática de la red responsable para que solucione problemas, en su caso.
d)	Poner a disposición de sus clientes, en sus respectivos sitios web, las condiciones particulares de uso del servicio de correo electrónico que presta.
Artí­culo 6* °. Los órganos de la Administración del Estado deberán, salvo circunstancias calificadas, evitar que las casillas electrónicas institucionales sean difundidas a través de su sitio web, construir directorios o í­ndices de usuarios, y suministrar casillas electrónicas personales compartidas.
Cuando fuese necesario difundir las casillas institucionales, los órganos de la Administración del Estado deberán optar por la inclusión de una imagen con la dirección electrónica, el ofuscamiento de ésta, o su despliegue mediante la ejecución de un script por parte de quien la requiera.
Artí­culo 7* °. Los sistemas de procesamiento de mensajes electrónicos que el órgano de la Administración del Estado ponga a disposición de sus usuarios deben entregar facilidades para su filtrado con una configuración que garantice un nivel de protección adecuado, con especial consideración respecto de la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas.
Articulo 8* °. Con la finalidad de asegurar un adecuado funcionamiento de las herramientas de filtrado, deberá realizarse mantenimiento y monitoreo de las mismas, al menos, cada 6 meses, lo que incluirá la actualización de la infraestructura de comunicaciones y de los sistemas de filtrado; la sintonización de filtros de acuerdo a las condiciones del sistema; la generación de estadí­sticas que permitan evaluar la eficacia de los filtros y sistemas de las herramientas de filtrado; la evaluación de nuevas herramientas que puedan tener un mejor desempeño que las existentes, de acuerdo a las condiciones, necesidades y requerimientos locales; y, las demás que el administrador de correo determine.
Articulo 9* °. Los órganos del Estado deberán instruir a sus funcionarios acerca de la adecuada utilización de las casillas institucionales que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones, propendiendo a que sean utilizadas exclusivamente para fines relacionados con las competencias propias del respectivo órgano. La utilización de dichas casillas para comunicaciones personales o privadas quedará prohibida cuando así­ lo ordene expresamente la respectiva autoridad o jefe superior de servicio, caso en que se autorizará a los funcionarios para habilitar y acceder a una casilla
5 personal desde el terminal o equipo computacional que tengan asignado en la institución.
ARTíCULO SEGUNDO: El Ministerio del Interior, por intermedio del Subcomité de Gestión de Seguridad y Confidencialidad del Documento Electrónico, creado por el Decreto Supremo NC83 de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, deberá poner a disposición del Comité de Normas para el Documento Electrónico, dentro del plazo de 120 dí­as contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto, una “Guí­a Modelo de Protección de Casillas Electrónicas” mediante la cual fijará los detalles técnicos asociados a la regulación mencionada en los artí­culos precedentes.
Asimismo, deberá poner a disposición de los órganos de la Administración del Estado, recomendaciones de soluciones tecnológicas que permitan la implementación de las herramientas de filtrado objeto de esta norma.
ARTíCULO TERCERO: Los Subsecretarios y Jefes de Servicios de los órganos de la Administración del Estado deberán velar por el establecimiento y la adopción de una Guí­a de Protección de Casillas Electrónicas al interior de sus respectivos Servicios, dentro del plazo de un año. contado desde la fecha de publicación del presente decreto. Los organismos del Estado deberán indicar los responsables de su implementación, aplicación y control, no pudiendo recaer en el mismo funcionario la implementación y aplicación, y el control de la misma.
ARTíCULO CUARTO: A petición de parte o de oficio, y con el objeto de sugerir al Presidente de la República la actualización de la norma técnica fijada por este Decreto, el Comité de Normas para el Documento Electrónico podrá iniciar un procedimiento normalización en el que se tengan en consideración los planteamientos del sector público, privado y de las Universidades.
6 Condena por daño moral por errónea información
En Buenos Aires, a los 14 dí­as del mes de julio de 2006 reunidos los Sres. Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traí­dos para conocer los autos seguidos por -SAK LILIANA SONIA C/CITIBANK NA S/ORDINARIO-
(Expte. Nï‚° 22904/99) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artí­culo 268 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debí­a tener lugar en el siguiente orden. Doctores Di Tella, Caviglione Fraga y Monti.
El señor Juez de Cámara Dr. Di Tella no interviene en el presente acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). Caso Spinosa Melo – Privacidad de funcionario público
Posted: septiembre 8th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Casos | No Comments »
S. 331. XXXIX. S. 205. XXXIX. Spinosa Melo, Oscar Federico c/ E.N. -”M* ° de Relaciones Exter. Comer. Internacional y Culto-” s/ empleo público.
Vistos los autos: “Spinosa Melo, Oscar Federico c/ E.N. -”M* ° de Relaciones Exter. Comer. Internacio-nal y Culto-” s/ empleo público”.
1* °) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fede-ral, al desestimar el recurso interpuesto por el ac-tor, confirmó la resolución 1430 de 1993, mediante la cual el ministro de Relaciones Exteriores aplicó al embajador extraordinario y plenipotenciario Oscar Federico Spinosa Melo (en situación de retiro) la sanción de exoneración prevista en el art. 41, inc. c, de la ley 20.957 de servicio exterior de la Na-ción. Contra esta decisión el interesado dedujo el recurso extraordinario parcialmente concedido a fs. 775 y denegado en lo atinente a la arbitrariedad de la sentencia apelada, lo que dio lugar a la respec-tiva queja.
2* °) Que, como fundamento, el tribunal de alzada comenzó por señalar que, como consecuencia del sumario instruido por resolución “S” 1453 de 1991, el funcionario aludido habí­a sido previamente sancionado con el retiro obligatorio (arg. del art. 41, inc. b, de la ley citada), con derecho a perci-bir los haberes de retiro correspondientes. Agregó que del sumario posterior instruido por resolución 195 de 1992 surgí­a que, durante su desempeño como embajador en la República de Chile, el diplomático habí­a violado los deberes de conducirse en forma honorable pública y privadamente, y de observar una conducta pública y privada ajustada a la más estric-ta honorabilidad en su actuación social y económica, previstos en los arts. 11, inc. c, y 21, inc. q, de la ley 20.957; extremos que justificaban su exonera-ción.
Sobre el particular, destacó que al emba-jador le habí­a sido imputada una tentativa de extor-sión en perjuicio de un conocido dirigente polí­tico chileno y otras personalidades que solí­an asistir a diversas reuniones llevadas a cabo en Santiago de Chile, de las que participaban miembros del cuerpo diplomático. Dicho suceso, ampliamente difundido por distintos medios periodí­sticos, dio lugar a la for-mación de la causa por extorsión oportunamente tra-mitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Co-rreccional N* ° 12, Secretarí­a N* ° 6, que concluyó por prescripción de la acción penal, sin que llegara a comprobarse la realización material de los hechos investigados.
En tal sentido, la cámara expresó que si bien una misma conducta puede constituir separada-mente motivo de reproche en el ámbito disciplinario y en el penal, este doble orden de reproches presu-pone la efectiva realización material de los hechos que infringen tales ordenamientos, circunstancia que en el caso no se dio. En consecuencia, descartó que los hechos investigados en el proceso penal indicado hubieran constituido una causal válida de exonera-ción.
No obstante, señaló que el embajador habí­a incurrido en otras conductas prohibidas por los arts. 11, inc. c, y 21, inc. q, de la ley 20.957, justificativas de la sanción apelada. Al respecto, expresó que el mucamo personal de la embajada, al ser expresamente interrogado sobre el punto, habí­a declarado que algunas veces, al entrar al dormitorio del embajador para llevarle el desayuno, habí­a nota-do que éste dormí­a acompañado de tres personas del sexo femenino. También agregó que el chofer, único testigo del episodio, declaró haber conducido al funcionario a establecimientos nocturnos de mala re-putación. Consideró que tales comportamientos no es-taban protegidos por la garantí­a del art. 19 de la Constitución Nacional, porque se trataba de acciones privadas ofensivas de la moral y del orden públicos.
En semejante orden de ideas, dijo que en la entrevista concedida al instructor del sumario, el vicecanciller de la República de Chile habí­a ma-nifestado su sorpresa ante diversas actitudes del embajador sumariado tales como, por ejemplo, los in-sultos dirigidos a otro embajador argentino en pre-sencia de diplomáticos chilenos; las que calificó de propias de una persona mentalmente desequilibrada. La cámara expresó que el tenor de estas manifesta-ciones habí­a sido corroborado por el embajador ar-gentino Faurie quien, a su vez, habí­a expresado que estas y otras actitudes similares motivaron que las autoridades chilenas tuvieran una opinión desfavora-ble del embajador. Concluyó que dichas circunstan-cias, unidas a la declaración prestada por ví­a de rogatoria diplomática por la señora Ludovica Gancia en la mencionada causa penal -”que dijo que el emba-jador sumariado le habí­a entregado tres misivas de contenido supuestamente extorsivo-” daban cuenta, en conjunto, de un comportamiento irregular, impropio de un diplomático, y justificativo de la sanción de exoneración aplicada al concluir el sumario corres-pondiente.
3* °) Que el recurso extraordinario es for-malmente admisible, toda vez que en el pleito se halla en tela de juicio la inteligencia de los arts. 11, 18, 41, 77 y concordantes de la ley 20.957, de naturaleza federal; en cuya exégesis el Tribunal no se encuentra limitado a los argumentos expuestos por las partes (Fallos: 318:445), y la decisión final del pleito ha sido adversa a los derechos que el apelante funda en aquélla (art. 14, inc. 3* °, ley 48). Por otra parte, los agravios contenidos en el recurso de hecho relativos a la arbitrariedad de la sentencia apelada deben ser tratados conjuntamente, por estar indisolublemente ligados a los puntos de derecho federal, stricto sensu, controvertidos en el recurso extraordinario concedido (Fallos: 324:4307).
4* °) Que los agravios del apelante relati-vos a que la prueba de cargo acumulada en el sumario se fundó básicamente en el contenido de notas perio-dí­sticas y trascendidos originados en la misma can-cillerí­a argentina, así­ como lo expuesto con rela-ción a que los 19 testigos interrogados en la emba-jada argentina en la República de Chile declararon ignorar completamente los hechos investigados, ex-cepto el chofer y el mucamo de la embajada argenti-na, cuyas declaraciones son ilegales por haber sido interrogados en tono afirmativo, en violación a lo dispuesto en el art. 61 del Reglamento de Investiga-ciones Administrativas, remiten al examen de cues-tiones de hecho, prueba y derecho procesal, ajenas a la instancia extraordinaria. Lo propio sucede con lo sostenido por aquél, en el sentido de que el testi-monio de un único testigo es insuficiente para fun-dar la sanción, que ésta no es razonable porque sir-vió 29 años en el servicio exterior y resolvió 22 cuestiones de lí­mites pendientes con la República de Chile, y que los hechos objeto del sumario son el resultado de una campaña difamatoria articulada en su contra.
5* °) Que resultan infundados los agravios del recurrente relativos a que una correcta inteli-gencia de los arts. 18 y 41 de la ley 20.957 lleva a concluir en que la exoneración es ilegí­tima, porque no pudo serle impuesta a quien se encontraba en si-tuación de retiro. En efecto, según el art. 2, inc. b, de la ley citada, el personal en situación de re-tiro, voluntario u obligatorio, forma parte del cuerpo permanente pasivo y posee estado diplomático. De acuerdo con el art. 25 de la ley 20.957, dicho estado se pierde en los supuestos de cesantí­a o exo-neración. Si bien el art. 22, inc. s, de la ley 20.957 establece que los funcionarios del cuerpo permanente pasivo están sujetos a las mismas obliga-ciones de los funcionarios en actividad cuando sean convocados a prestar servicios, el citado art. 25 de la ley en cuestión no deja margen de duda en cuanto a que (al menos, en determinadas circunstancias) los funcionarios en situación de retiro son susceptibles de ser sancionados con la cesantí­a o exoneración. Además, si bien es cierto que en la especie la san-ción de exoneración fue aplicada después de que el embajador habí­a pasado a situación de retiro obliga-torio, los hechos determinantes de su exoneración datan del tiempo inmediato anterior, cuando todaví­a formaba parte del servicio activo y cumplí­a funcio-nes como embajador en la República de Chile.
6* °) Que tampoco resultan atendibles los agravios del recurrente relacionados con la viola-ción del principio non bis in idem, vigente en mate-ria disciplinaria y que impide sancionar dos o más veces una misma falta de esa especie (confr. art. 39 de la ley 22.140, supletoriamente aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el art. 1* °, in fine, de esa ley -”vigente al tiempo de los hechos que dieron lugar a la causa-” y, además, el art. 13 de la ley 21.383, que impone a la Fiscalí­a Nacional de Inves-tigaciones Administrativas proceder conforme a las normas del Código de Procedimientos en Materia Pe-nal; v. Fallos: 311:1451).
Es verdad que el examen de la prueba de cargo reunida en el sumario anterior, instruido en virtud de lo ordenado por la resolución ministerial 1453 de 1991 y que concluyó con la aplicación de la sanción de retiro obligatorio, revela que esta in-vestigación también involucró la conducta anterior del diplomático, como embajador en la República de Chile. Sobre el punto basta constatar lo expresado en el informe del funcionario instructor a fs. 525 de dicho sumario, con respecto a que las copias de las notas periodí­sticas agregadas a fs. 507 a 509 (todas ellas relativas al desempeño del embajador en la República de Chile, objeto del sumario posterior) se relacionan con “los hechos investigados en este sumario…”. Ello surge, también, de lo manifestado en la acusación formulada por el fiscal de Investi-gaciones Administrativas a fs. 532 del sumario orde-nado por la resolución “S” 1453 de 1991, que se re-fiere a la incorporación como prueba de cargo de las noticias aparecidas en el diario Clarí­n los dí­as 17 y 19 de enero de 1992 (referentes a la conducta del imputado como embajador en la República de Chile); esto es, a las mismas circunstancias de hecho espe-cí­ficamente investigadas en el sumario posterior instruido por la resolución “S” 195 de 1992, que concluyó con la exoneración.
Sin embargo, aunque sea posible suponer que la conducta del funcionario como embajador en la República de Chile pudo haber influido en el ánimo del instructor, del fiscal y, del órgano sancionador para imponerle la sanción de retiro obligatorio, esa posibilidad no excede el marco de lo hipotético. Ello es así­ porque tanto la resolución ministerial de apertura del sumario, como los cargos imputados al diplomático y su defensa y, además, la resolución que le aplicó la sanción de retiro obligatorio y las restantes actuaciones correspondientes al sumario ordenado por la resolución “S” 1453 de 1991 aluden a los hechos sucedidos en el barrio porteño de La Re-coleta el 14 de septiembre de 1991, y omiten refe-rirse explí­citamente a la conducta anterior del fun-cionario, durante su desempeño como embajador argen-tino en la República de Chile. En tales condiciones, la circunstancia de que algunas de las pruebas de cargo incorporadas al sumario que concluyó con el retiro obligatorio se refirieran, equí­vocamente, a los hechos investigados en el sumario que dio lugar a la exoneración no permite afirmar de manera indu-dable que el diplomático fue efectivamente sanciona-do dos veces por los mismos hechos, en violación del principio non bis in idem.
7* °) Que, en cambio, resultan atendibles los agravios del apelante referentes a que la exone-ración carece de causa legí­tima (esto es, se funda en antecedentes de hecho insuficientes para imponer-le tal sanción), y tampoco guarda la necesaria rela-ción de proporcionalidad de medio a fin exigida por el art. 7, inc. f, de la ley 19.549 como requisito esencial del acto administrativo sancionador.
8* °) Que, en tal sentido, los antecedentes de hecho tenidos en cuenta por la cámara para conva-lidar la sanción se refieren a la conducta observada por el embajador en la privacidad del recinto de su dormitorio en la residencia oficial, que no hubiera trascendido de no haber mediado la indagación al mu-camo de la embajada. Dicho comportamiento constituye una parte de los hábitos í­ntimos reservada a la con-ciencia del individuo, protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional y, por tanto, exenta de la vigilancia y el castigo por parte de las autoridades administrativas y judiciales. Lo dispuesto en el art. 11, inc. c, de la ley 20.957 en el sentido de que el personal del servicio exterior está obligado a comportarse con honorabilidad, tanto en público como en privado, en modo alguno puede ser interpre-tado en el sentido de que, por el mero hecho de ser-lo, sus funcionarios están privados de la parte cen-tral de sus derechos individuales, entre ellos, el derecho de involucrase en las particulares conductas privadas, incluso fí­sicas, que sean de su elección. Pues ni es asunto del Gobierno indagar lo que de ma-nera soberana los individuos deciden hacer o dejar de hacer en el ámbito de su intimidad, ni el hecho de que ciertos grupos polí­ticos o religiosos pudie-ran condenar tales conductas o considerarlas repro-bables confiere al Estado el derecho de imponer los juicios morales de dichos grupos sobre la totalidad de sus habitantes.
9* °) Que similares consideraciones merecen las visitas nocturnas que el embajador realizaba a lugares de esparcimiento en los que se bebe, se bai-la, y en los que se ofrecen espectáculos de varieda-des; conducta que tampoco hubiera trascendido de no haber sido indagado su chofer al respecto. Es que el ámbito de privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional no comprende exclusivamente las conductas que los individuos desarrollan en sus domicilios privados, sino que también alcanza a las que, de modo reservado, con la intención de no ex-hibirse, y sin que tengan trascendencia pública ni provoquen escándalo, aquéllos llevan a cabo fuera del recinto de aquél. Sostener lo contrario signifi-carí­a tanto como aceptar que la más fundamental de las libertades personales sólo está constitucional-mente protegida en la medida en que se la ejerza en el reducido espacio del ámbito domiciliario y debido a la circunstancia incidental de que los individuos no pueden ser vigilados mientras permanezcan en él.
10) Que, a lo precedentemente expuesto, cabe agregar que la mera indeterminación del concep-to de honorabilidad previsto en art. 11 de la ley 20.957 no habilita implí­citamente al órgano sancio-nador a llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio. El razonable margen de discrecionalidad reconocido a la autoridad jerárqui-ca en materia disciplinaria (Fallos: 311:2128, con-siderando 5* °, y su cita) no significaba que ella es-tuviera exenta de proporcionar explí­citamente las razones concretas en virtud de las cuales considera-ba que la concurrencia a espectáculos de variedades configuraba, per se, una afrenta al honor incompati-ble con la conducta de un diplomático y al adecuado funcionamiento del servicio exterior. Ello es así­ porque, a pesar de que como regla se acepte que las infracciones disciplinarias no son susceptibles de ser tí­picamente descritas, en el sentido en que lo son los delitos del derecho criminal, tampoco resul-ta posible admitir que los funcionarios estén ex-puestos a ser separados forzadamente del servicio por el mero hecho de incurrir en conductas innomi-nadas, cuya descripción concreta depende exclusiva-mente del juicio formulado a posteriori por el órga-no sancionador, según el libre arbitrio de éste. Es-to último supondrí­a tanto legitimar la existencia de un poder legal en blanco como retornar, inexcusable-mente, al concepto de los delicta innominata del de-recho antiguo (cfr. Mattes, Heinz: “Problemas de De-recho Penal Administrativo”. Ed. Edersa, Madrid, 1979; í­dem, Nieto, Alejandro: “Problemas Capitales del Derecho Disciplinario”. Revista de la Adminis-tración Pública. Instituto de Estudios Polí­ticos, 1970. N* ° 63, pág. 39).
11) Que, en consecuencia, dos de las tres causas tenidas en cuenta para aplicar la sanción de exoneración no pudieron ser legí­timamente considera-das para juzgar la conducta investigada en el suma-rio. En otras palabras, las dos causales aludidas fueron falsamente invocadas para disponer la medida, por cuanto no constituyeron otra cosa que juicios de valor formulados sobre comportamientos personalí­si-mos del imputado, comprendidos en la esfera de su intimidad y amparados por el art. 19 de la Constitu-ción Nacional. Por tanto, de conformidad con lo dis-puesto en los arts. 7* °, inc. d, y 14, inc. b, de la ley 19.549, el acto sancionador debe ser dejado sin efecto y, de ser así­, corresponderí­a que las actua-ciones sumariales fueran devueltas al órgano sancio-nador a fin de que valore si la causal restante (la conducta poco protocolar) justificaba por sí­ sola la imposición de la sanción objetada.
12) Que, aunque no se compartiesen las ra-zones relativas a la extensión del ámbito de la in-timidad personal, en el caso concurre otra razón que, por sí­ misma, constituye motivo suficiente para invalidar el acto sancionatorio. Esta es la señalada falta de proporción de medio a fin entre las medidas que dicho acto involucra, y la finalidad tenida en mira por la ley al conferir al ministro la potestad disciplinaria sobre el personal del servicio exte-rior de la Nación.
En efecto, la necesaria relación de medio a fin aparece violentada en cuanto se advierte que el funcionario de que se trata ya habí­a sido releva-do de sus funciones como embajador en la República de Chile y le habí­a sido aplicada la sanción de re-tiro obligatorio prevista en el art. 41, inc. b de la ley 20.957. El art. 77 de dicha ley establece que los funcionarios que hubieran cesado en sus funcio-nes en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de aqué-lla gozarán del retiro fijado en esa disposición, con excepción de los que hubieran cesado en virtud de lo establecido en el art. 18, inc. c, de la ley citada; esto es, por cesantí­a o exoneración. De ello resulta que el único efecto legal concretamente de-rivado de la exoneración ulterior del actor es la pérdida de los haberes de retiro que le habí­an sido reconocidos al sancionarlo, previamente, con el re-tiro obligatorio. Según el art. 14 bis de la Consti-tución Nacional, los beneficios de la seguridad so-cial tienen carácter imprescriptible e irrenunciable y el Estado tiene el deber de asegurar su presta-ción.
Al respecto, es conveniente recordar que las medidas disciplinarias tienen por objeto mante-ner el orden y la disciplina dentro de las relacio-nes de servicio, con el objeto de asegurar el debido cumplimiento de los deberes funcionales; por lo que la intensidad con que se castigan las infracciones del ordenamiento estatutario que rige los deberes y derechos del funcionario debe ser proporcional a la gravedad de la perturbación que la falta ocasiona en el funcionamiento del servicio. En el caso, la pri-vación del derecho a percibir haberes de retiro, im-puesta después de 29 años de servicio a un funciona-rio que, según el legajo personal agregado, tiene sesenta y un años de edad, aparece desproporcionada con la gravedad de las faltas que se le imputan (confr. Fallos: 313:153, considerando 6* °; 321:3103, considerandos 4* ° y 6* °), pues ni está destinada a asegurar el orden, ni tiene carácter correctivo sino que, virtualmente, constituye una pena pecuniaria de carácter accesorio cuya entidad resulta ser más gra-vosa que la sanción principal.
Como se acaba de expresar, la sanción im-pugnada no tiene otra consecuencia que despojar al funcionario de una prestación de naturaleza alimen-taria, especí­ficamente destinada a cubrir los ries-gos de subsistencia y ancianidad (Fallos: 311:1644, considerando 4* °), sustitutiva de la remuneración que aquél estaba en condiciones de percibir mientras se hallaba en actividad, en ese u otro empleo, público o privado (Fallos: 314:165, considerando 7* °, y 318:403, entre otros); razón por la cual ella resul-ta excesiva. Al respecto, no cabe argumentar que el ingreso del actor al servicio exterior de la Nación implicó su tácita aceptación a la totalidad de las disposiciones del régimen jurí­dico establecido por la ley 20.957, y con ella, la renuncia a percibir haberes en las condiciones del art. 77, pues se tra-ta de un derecho irrenunciable y, por ello, su acti-tud expresa o implí­cita era irrelevante para produ-cir, como efecto jurí­dico, la pérdida del derecho a recibir los beneficios de la seguridad social (cfr. Fallos: 312:2249 y 315:2584, considerando 12). Desde la perspectiva de la proporcionalidad de la sanción, el impedimento para obtener los beneficios estable-cidos en el art. 77 de la ley 20.957, sólo podrí­a justificarse en el supuesto de que la infracción disciplinaria comportara un delito del derecho cri-minal, penado con ese alcance, o una conducta de una aberración tal que resultarí­a un contrasentido que el Estado siguiera amparando al infractor, acordán-dole las prestaciones de la seguridad social (cfr. art. 19, inc. 4* °, del Código Penal).
Por las razones expresadas, cabe concluir que en el caso no se dan los requisitos necesarios para justificar la sanción cuestionada; en otras pa-labras, en el caso el órgano sancionador no cumplió con su deber constitucional de actuar razonablemente (Linares, Juan Francisco: “Poder Discrecional Admi-nistrativo”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1958; esp. págs. 162 y 164; y Fallos: 321:3103). Por tal motivo, corresponde dejarla sin efecto, exclusiva-mente en la medida en que significó privar al actor de su derecho al retiro.
Por ello, se resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y, en ejercicio de la facultad establecida en el art. 16, segunda par-te, de la ley 48, hacer lugar a la demanda en la me-dida en que se solicitó la declaración de nulidad de la sanción expulsiva. Costas por su orden, en a ten-ción a la novedad de las cuestiones planteadas. No-tifí­quese, agréguese la queja al principal, y remí­-tanse. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto) CARLOS S. FAYT (en disi-dencia) JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia) E. RAUL ZAFFARONI RICARDO LUIS LORENZETTI (en disi-dencia) CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial) HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN (según su voto) LUIS CESAR OTERO (según su voto).
VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA CONJUEZ DOCTORA DOÑA HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN
Que las infrascriptas coinciden con los considerandos 1* ° a 7* ° del voto de la mayorí­a.
8* °) Que, en tal sentido, los antecedentes de hecho tenidos en cuenta por la cámara para conva-lidar la sanción se refieren a la conducta observada por el embajador en la privacidad del recinto de su dormitorio en la residencia oficial, que no hubiera trascendido de no haber mediado la indagación al mu-camo de la embajada. Dicho comportamiento constituye una parte de los hábitos í­ntimos reservada a la con-ciencia del individuo, protegida por la Constitución Nacional y, por tanto, exenta de la vigilancia y el castigo por parte de las autoridades administrativas y judiciales. Lo dispuesto en el art. 11, inc. c, de la ley 20.957 en el sentido de que el personal del servicio exterior está obligado a comportarse con honorabilidad, tanto en público como en privado, en modo alguno puede ser interpretado en el sentido de que, por el mero hecho de serlo, sus funcionarios están privados de la parte central de sus derechos individuales, entre ellos, el derecho de involucrase en las particulares conductas privadas, incluso fí­-sicas, que sean de su elección.
9* °) Que similares consideraciones merecen las visitas nocturnas que el embajador realizaba a lugares de esparcimiento en los que se bebe, se bai-la, y en los que se ofrecen espectáculos de varieda-des; conducta que tampoco hubiera trascendido de no haber sido indagado su chofer al respecto. Es que el ámbito de privacidad protegido por la Constitución Nacional no comprende exclusivamente las conductas que los individuos desarrollan en sus domicilios privados, sino que también alcanza a las que, de mo-do reservado, con la intención de no exhibirse, y sin que tengan trascendencia pública ni provoquen escándalo, aquéllos llevan a cabo fuera del recinto de aquél. Sostener lo contrario significarí­a tanto como aceptar que la más fundamental de las liberta-des personales sólo está constitucionalmente prote-gida en la medida en que se la ejerza en el reducido espacio del ámbito domiciliario y debido a la cir-cunstancia incidental de que los individuos no pue-den ser vigilados mientras permanezcan en él.
11) Que, en consecuencia, dos de las tres causas tenidas en cuenta para aplicar la sanción de exoneración no pudieron ser legí­timamente considera-das para juzgar la conducta investigada en el suma-rio.
12) Que, aunque no se compartiesen las ra-zones relativas a la extensión del ámbito de la pri-vacidad, en el caso concurre otra razón que, por sí­ misma, constituye motivo suficiente para invalidar el acto sancionatorio. Esta es la señalada falta de proporción de medio a fin entre las medidas que di-cho acto involucra, y la finalidad tenida en mira por la ley al conferir al ministro la potestad dis-ciplinaria sobre el personal del servicio exterior de la Nación.
En efecto, la necesaria relación de medio a fin aparece violentada en cuanto se advierte que el funcionario de que se trata ya habí­a sido releva-do de sus funciones como embajador en la República de Chile y le habí­a sido aplicada la sanción de re-tiro obligatorio prevista en el art. 41, inc. b de la ley 20.957. El art. 77 de dicha ley establece que los funcionarios que hubieran cesado en sus funcio-nes en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de aqué-lla gozarán del retiro fijado en esa disposición, con excepción de los que hubieran cesado en virtud de lo establecido en el art. 18, inc. c, de la ley citada; esto es, por cesantí­a o exoneración. De ello resulta que el único efecto legal concretamente de-rivado de la exoneración ulterior del actor es la pérdida de los haberes de retiro que le habí­an sido reconocidos al sancionarlo, previamente, con el re-tiro obligatorio.
Al respecto, es conveniente recordar que las medidas disciplinarias tienen por objeto mante-ner el orden y la disciplina dentro de las relacio-nes de servicio, con el objeto de asegurar el debido cumplimiento de los deberes funcionales; por lo que la intensidad con que se castigan las infracciones del ordenamiento estatutario que rige los deberes y derechos del funcionario debe ser proporcional a la gravedad de la perturbación que la falta ocasiona en el funcionamiento del servicio. En el caso, la pri-vación del derecho a percibir haberes de retiro, im-puesta después de 29 años de servicio a un funciona-rio que, según el legajo personal agregado, tiene sesenta y un años de edad, parece desproporcionada con la gravedad de las faltas que se le imputan (Fa-llos: 313:153, considerando 6* °; 321:3103, conside-randos 4* ° y 6* °),. En tanto, virtualmente, constituye una pena pecuniaria de carácter accesorio cuya enti-dad resulta ser más gravosa que la sanción princi-pal.
Por las razones expresadas, cabe concluir que en el caso no se dan los requisitos necesarios para justificar la sanción cuestionada; en otras pa-labras, en el sub lite el órgano sancionador no cum-plió con su deber constitucional de actuar razona-blemente (Linares, Juan Francisco: “Poder Discre-cional Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1958; esp. págs. 162 y 164; y Fallos: 321:3103). Por tal motivo, corresponde dejarla sin efecto.
Por ello, se resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y, en ejercicio de la facultad establecida en el art. 16, segunda par-te, de la ley 48, hacer lugar a la demanda en la me-dida en que se solicitó la declaración de nulidad de la sanción expulsiva. Costas por su orden, en aten-ción a la novedad de las cuestiones planteadas. No-tifí­quese, agréguese la queja al principal, y remí­-tanse. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN.
VOTO DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON LUIS Cí‰SAR OTERO
Que el infrascripto coincide con el voto de la mayorí­a.
7* °) Que, por lo demás, según la descrip-ción de los hechos en que se apoya la sentencia y que ha sido aceptada en este aspecto por las partes, Spinosa Melo fue retirado del servicio el 15 de fe-brero de 1993 al aplicársele la sanción de retiro efectivo (art. 41.b de la ley 20.957). De acuerdo con lo que surge del fallo, al tomarse esta decisión se tuvo en cuenta que la sanción elegida permití­a separar a Spinosa Melo del servicio activo, sin que se viese afectada la percepción del haber de retiro (fojas 667/667 vta.).
El régimen general de este haber se en-cuentra establecido en el artí­culo 77 de la ley 20.957 el cual otorga ese derecho a todos los miem-bros del servicio exterior que, sin haber adquirido aún el derecho a la jubilación, dejasen de pertene-cer al cuerpo activo, excepto que lo hayan hecho por cesantí­a o exoneración. Por otra parte, el artí­culo 22, inciso n, establece que es un derecho subjetivo del agente percibir el haber correspondiente a la condición de retirado.
Por lo tanto, al ponérselo en situación de retiro, el 15 de febrero de 1993, Spinosa Melo ad-quirió el derecho al haber de retiro que le corres-pondí­a de acuerdo con las normas vigentes en ese mo-mento y que comenzó a percibir poco después. También debe concluirse que la exoneración aplicada en la Resolución 1430, el 11 de junio de 1993, tuvo el efecto de cancelar el derecho de Spinosa Melo a con-tinuar percibiendo el mencionado haber.
8* °) Que el artí­culo 17 de la Constitución Nacional protege aquellos derechos incluidos en su alcance mediante la restricción de los procedimien-tos aptos para privar de ellos a sus titulares. Por otro lado, es jurisprudencia de esta Corte que el derecho a obtener la jubilación o retiro se objeti-viza y consolida al momento de cesar en el servicio. (Fallos: 267:11; 276:255, entre otros) y que a par-tir de ese momento debe reputárselo un derecho in-corporado al patrimonio (Fallos: 266:19), protegido por el artí­culo 17 de la Constitución Nacional (Fa-llos: 210:808). Por lo tanto, sólo puede entenderse que no hay un derecho adquirido a la jubilación mientras el empleado se encuentra en actividad (Fa-llos: 210: 808).
A ello cabe agregar que si el derecho ad-quirido es de carácter previsional, tales procedi-mientos constitucionales deben otorgar la posibili-dad de examinar más rigurosamente la justificación fáctica y legal de su privación, pues se trata de un derecho especialmente protegido por el artí­culo 14 bis de la Constitución Nacional. En diversos prece-dentes, esta Corte exigió “máxima prudencia” cuando se trata de asignar a las leyes un significado tal que puede llevar al desconocimiento de derechos pre-visionales, (Fallos: 240:174, entre otros), siempre que tales leyes admitieran un criterio amplio de in-terpretación, (Fallos: 273:297, especialmente consi-derando 5* °, en el que dicho estándar no se aplicó a un caso en que el peticionante no cumplí­a con un re-quisito taxativamente exigido por la ley para obte-ner un reajuste del haber inicial de su haber jubi-latorio), es decir, cuando ese resultado no estuvie-se claramente determinado por el texto y el fin le-gislativo (Fallos: 248:115, en particular conside-randos 8* ° y 9* °, en el que la indeterminación de la ley, que no diferenciaba entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio para cobrar la pensión por el padre muerto, se resolvió a favor del derecho alega-do).
9* °) Que las condiciones de aplicación de esta doctrina se configuran en el caso, porque, por un lado, se trata de la privación de un derecho sub-jetivo de carácter previsional y, por otro lado, la habilitación que el artí­culo 41 de la ley 20.957 otorga a la administración para aplicar la sanción de exoneración es genérica: no se refiere expresa-mente a quien se encuentra en situación de retiro y es ya titular de los derechos derivados de esa con-dición. Otorgar, como lo hace la cámara, atribucio-nes a la administración para cancelar el derecho del actor constituye, entonces, una interpretación ex-tensiva de las facultades disciplinarias estableci-das en la ley 20.957.
A su vez, ninguna cláusula en la ley 20.957 establece de manera taxativa la exoneración y las señaladas consecuencias patrimoniales y previ-sionales como sanción para una cierta y determinada clase de faltas, sino que la selección de esa pena ha sido, como acertadamente la calificó el tribunal apelado, una decisión discrecionalmente adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores. Dicho de otro modo, la elección de la sanción aplicada no encuen-tra su fundamento en la ley federal citada, sino en el juicio de conveniencia llevado a cabo por el mi-nistro.
10) Que un examen riguroso de razonabili-dad hubiera revelado que las circunstancias tomadas en cuenta por la administración no muestran una ne-cesidad pública que hiciese impostergable el dictado de la Resolución 1430/93 con su efecto cancelatorio del derecho de Spinosa a percibir su haber de reti-ro. La sanción impuesta por esta resolución el 11 de junio de 1993, según el tercer párrafo de su motiva-ción, estuvo vinculada a la necesidad de expulsarlo del servicio permanente activo y no se ha demostrado que tal necesidad subsistiese en ese momento, es de-cir, cuando hací­a ya cuatro meses que el actor habí­a sido puesto en retiro en virtud de la Resolución 289/93. Por lo tanto, tampoco se ha demostrado la concurrencia de ningún interés del Estado en supri-mir el derecho de Spinosa Melo a continuar perci-biendo el haber que le correspondí­a.
Cabe poner de resalto que la imposibilidad de sancionar a Spinosa Melo con la exoneración y consiguiente cancelación del haber de retiro que se encontraba percibiendo no se debe a los comporta-mientos elusivos del mismo sumariado para sortear su responsabilidad, como pareciera sugerirlo la senten-cia apelada (fojas 672 vta.), sino a la misma con-ducta de la administración que, en conocimiento de todos los hechos (fojas 671, apartado 9), resolvió sancionarlo con el retiro para pretender, luego, agravar la sanción a costa de los derechos previsio-nales del agente vinculados con su condición de re-tirado y que ya habí­an puesto un techo a la potestad sancionatoria administrativa.
Por ello, se resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y, en ejercicio de la facultad establecida en el art. 16, segunda par-te, de la ley 48, hacer lugar a la demanda en la me-dida en que se solicitó la declaración de nulidad de la sanción expulsiva. Costas por su orden, en aten-ción a la novedad de las cuestiones planteadas. No-tifí­quese, agréguese la queja al principal, y remí­-tanse. LUIS CESAR OTERO.
DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON JUAN CARLOS MAQUEDA Y DON RICARDO LUIS LORENZETTI
Por ello, se desestima el recurso extraordina-rio (expte. S.331.XXXIX), con costas, y también el recurso de hecho presentado en el expediente S.205.XXXIX. Notifí­quese y oportunamente devuélvase el expediente S.331.XXXIX y archí­vese la queja. CARLOS S. FAYT JUAN CARLOS MAQUEDA RICARDO LUIS LORENZETTI.
1* °) Oscar Federico Spinosa Melo, parte ac-tora en este proceso, interpuso recurso extraordina-rio contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que fue concedido parcialmente en relación con el derecho fundado por el recurrente en la ley 20.957 y denegado respecto del agravio basado en la arbitra-riedad de la sentencia, lo cual dio origen a la que-ja que corre agregada al expediente principal.
El fallo dictado por la Cámara de Apela-ciones, al confirmar el de primera instancia, recha-zó la nulidad de la Resolución N* ° 1430/93, dictada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que impuso al actor la sanción de exoneración, pre-vista en el artí­culo 41.c de la ley 20.957. Esta úl-tima establece la organización y el funcionamiento del Servicio Exterior de la Nación.
2* °) Es necesario comenzar por hacer una descripción de los aspectos del caso no controverti-bles en esta instancia y relevantes para la solución que propondré, según ellos surgen de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones.
Hacia 1991, el actor, Oscar Federico Spi-nosa Melo, se desempeñaba como embajador plenipoten-ciario de la República Argentina ante la República de Chile. El 11 de octubre de 1991, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto inició un sumario ad-ministrativo N* ° 1453/91, en el que se imputó al nom-brado diversos comportamientos que también fueron materia de investigación en dos causas penales que concluyeron en sendos sobreseimientos. El sumario administrativo dio lugar al dictado de la resolución ministerial N* ° 289/93, de fecha 15 de febrero de 1993, por la cual se aplicó a Spinosa Melo la san-ción de retiro obligatorio, establecida en el artí­-culo 41.b de la ley 20.957. Se dejó constancia de que la selección de esta sanción respondí­a a la ne-cesidad de apartar a Spinosa Melo del servicio acti-vo, pero no privarlo del haber de retiro (Apartado III.1 de la sentencia).
A su vez, el 7 de febrero de 1992, el mi-nistro del ramo, habí­a dispuesto la apertura de un segundo sumario administrativo, N* ° 195/92, por otros hechos, atribuidos a Spinosa Melo en noticias perio-dí­sticas publicadas entre los dí­as 13 y 17 de enero de 1992. Este procedimiento administrativo terminó el 11 de junio de 1993 con el dictado de la resolu-ción N* ° 1430/93 que exoneró al actor (Apartado III.2 de la sentencia).
Es dificultoso establecer con precisión cuáles habrí­an sido las conductas de Spinosa Melo que fueron objeto de imputación en el sumario admi-nistrativo N* ° 195. El apartado IV de la sentencia, bajo el anuncio de “hechos que dieron fundamento a la sanción”, introduce una serie de acciones que re-miten en definitiva a las siguientes: a] intento de extorsionar al polí­tico chileno Julio Dittborn y a otras personas (apartado IV, nros. 1, 2, 3, 4, y 5) y b] realización de “conductas equí­vocas” que bási-camente habrí­an consistido en escapadas nocturnas del embajador a cabarés de “dudosa reputación” y compartir su dormitorio con más de una persona [apartado IV, nro. 6].
La resolución 1430/93, entendió que tales comportamientos eran contrarios a los que exigí­an de un embajador los artí­culos 11.c, 21.q y 40 de la ley 20.957 que se refieren al deber de guardar constan-temente una conducta honorable, moral y ética.
3* °) Contra la decisión administrativa de exonerarlo, el actor promovió demanda con el fin de que se declarase la nulidad de la Resolución (MRECIC) 1430/93, se condenase a la demandada a pa-gar las diferencias salariales no abonadas y se re-parasen los daños y perjuicios ocasionados. La sen-tencia de primera instancia rechazó la pretensión sobre la base de que “tratándose de la potestad dis-ciplinaria de la Administración, el Tribunal tiene limitada su jurisdicción al control de la legalidad del procedimiento y del acto que se ataca” y que “la apreciación de los hechos que configuran las faltas disciplinarias, su encuadre normativo y la gradua-ción de las sanciones aplicables pertenecen al ámbi-to de las facultades discrecionales de la Adminis-tración” cuyo ejercicio en el caso no podí­a tildarse de arbitrario, pues el incumplimiento de las obliga-ciones legalmente impuestas al funcionario importó la pérdida de confianza en el agente. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instan-cia, sobre la base de argumentaciones similares. Ninguna de las dos sentencias trató el agravio basa-do en la violación de los derechos previsionales del actor derivados de su condición de retirado (intro-ducido en la ampliación de demanda de fojas 38 y si-guientes -”especialmente, fojas 51 52 y fojas 57, se-gundo párrafo-” y señalado con la letra “f” en la sentencia de cámara -”fojas 666 vta.-”).
4* °) El recurso extraordinario se apoyó en diversos argumentos, a saber: 1) la arbitrariedad en la selección y valoración de la prueba sobre cuya base se tuvieron por ciertas las acciones de Spinosa Melo que fueron sancionadas con la exoneración; 2) que parte de los hechos imputados correspondí­an a la vida í­ntima del actor y por ende no podí­an ser obje-to de castigo; 3) la afectación de sus derechos ali-mentarios (arts. 17 y 14 bis CN), pues la exonera-ción implicó la pérdida del haber de retiro; 4) que dicha sanción le fue impuesta cuando ya revistaba en el servicio pasivo, mientras que la ley prevé la exoneración solamente para expulsar a quienes se en-cuentran en actividad; 5) inoponibilidad de la reso-lución N* ° 1430/93 y 6) violación de los artí­culos 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Adminis-trativos, al haberse revocado, mediante la imposi-ción de la exoneración, una resolución anterior que habí­a colocado a Spinosa Melo en condición de retiro y generado así­ el derecho al haber jubilatorio.
El representante del Estado Nacional, al contestar el traslado, se opuso a la procedencia del recurso extraordinario. En primer término, adujo que el recurrente no habí­a demostrado la vinculación en-tre la cuestión federal, el relato de los hechos y su discrepancia jurí­dica con el criterio adoptado por el tribunal apelado. Por otro lado, negó que el recurso contuviese una fundamentación autónoma, pues se ha omitido toda crí­tica de los argumentos en que se apoyó la sentencia dictada por la cámara. En re-lación con los argumentos basados en la ley nacional de procedimientos administrativos, replicó que habí­-an sido introducidos tardí­amente.
5* °) Fuera de los cuestionamientos a los aspectos probatorios, que resultan ajenos al recurso extraordinario, la objeción que el recurrente dirige contra la sentencia se resume en que dicho fallo convalidó un castigo por conductas que se hallan de-ntro del ámbito protegido por el artí­culo 19 de la Constitución Nacional y se lo ha privado del haber de retiro o jubilación garantizado por los artí­culos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, más allá de lo que permite la ley del Servicio Exterior de la Nación, número 20.957. Sobre ambos puntos, la Cámara de Apelaciones se ha expedido en sentido contrario al derecho que el recurrente fundara en dichas cláu-sulas constitucionales. Por otra parte, la Cámara entendió que la inteligencia de la ley federal 20.957 habí­a tenido un papel decisivo en la resolu-ción del caso contraria al derecho invocado por el actor, pues concedió el recurso extraordinario in-terpuesto (fojas 775).
6* °) En primer lugar, debe determinarse cuál es el efecto que persigue la resolución N* ° 1430/93, (considerando 7* °). En segundo lugar, co-rresponde establecer si está dentro de las faculta-des del ministro dictar actos administrativos con ese efecto, de acuerdo con lo establecido en la ley 20.957 y las normas constitucionales que el recu-rrente ha invocado en su favor (considerandos 8* °, 9* ° y 10).
7* °) Según la descripción de los hechos en que se apoya la sentencia y que ha sido aceptada en este aspecto por las partes, Spinosa Melo fue reti-rado del servicio el 15 de febrero de 1993 al apli-cársele la sanción de retiro efectivo (art. 41.b de la ley 20.957). De acuerdo con lo que surge del fa-llo, al tomarse esta decisión se tuvo en cuenta que la sanción elegida permití­a separar a Spinosa Melo del servicio activo, sin que se viese afectada la percepción del haber de retiro (fojas 667/667 vta.).
8* °) El artí­culo 17 de la Constitución Na-cional protege aquellos derechos incluidos en su al-cance mediante la restricción de los procedimientos aptos para privar de ellos a sus titulares. Por otro lado, es jurisprudencia de esta Corte que el derecho a obtener la jubilación o retiro se objetiviza y consolida al momento de cesar en el servicio. (Fa-llos: 267:11; 276:255, entre otros) y que a partir de ese momento debe reputárselo un derecho incorpo-rado al patrimonio (Fallos: 266:19), protegido por el artí­culo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 210:808). Por lo tanto, sólo puede entenderse que no hay un derecho adquirido a la jubilación mientras el empleado se encuentra en actividad (Fallos: 210: 808).
9* °) Las condiciones de aplicación de esta doctrina se configuran en el caso, porque, por un lado, se trata de la privación de un derecho subje-tivo de carácter previsional y, por otro lado, la habilitación que el artí­culo 41 de la ley 20.957 otorga a la administración para aplicar la sanción de exoneración es genérica: no se refiere expresa-mente a quien se encuentra en situación de retiro y es ya titular de los derechos derivados de esa con-dición. Otorgar, como lo hace la cámara, atribucio-nes a la administración para cancelar el derecho del actor constituye, entonces, una interpretación ex-tensiva de las facultades disciplinarias estableci-das en la ley 20.957.
10) No obstante, tampoco resulta constitu-cionalmente ajustada la interpretación de la ley 20.957 según la cual dicho cuerpo normativo otorga discrecionalidad a la administración para imponer la sanción de exoneración, incluso en casos como el presente que involucran la privación de un derecho adquirido.
Semejante discrecionalidad implica que los jueces deberí­an revisar el acto administrativo con una marcada deferencia hacia los motivos o fines de la autoridad que lo dictó, pues la competencia es en principio de la administración y no podrí­a ser asu-mida o sustituida por la de los jueces que llevan a cabo la revisión judicial. Este es el marco en que se dan las sentencias de primera y segunda instancia (fojas 677 vta., apartado XI).
Sin embargo, ello es difí­cilmente conci-liable con el texto del artí­culo 17 de la Constitu-ción Nacional que, entre los procedimientos válidos para privar de la propiedad, incluye el proceso ju-dicial, al referirse a la “sentencia fundada en ley”, pero no el procedimiento administrativo. Esta restricción constitucional no se corresponde a mi entender con un control deferente de la actividad administrativa, sino con otro mucho más estricto en el cual los jueces deben asumir como propia la deci-sión que resuelve privar de sus derechos a una per-sona. Si, como está presupuesto en la decisión ape-lada, la ley 20.957 hubiera otorgado facultades dis-crecionales a la autoridad administrativa y, por otra parte, los jueces practicasen un control defe-rente de esas atribuciones, entonces la privación del derecho quedarí­a librada a una decisión tomada por el único de los tres poderes que no está autori-zado a hacerlo según el artí­culo 17 de la Constitu-ción Nacional.
Un examen riguroso de razonabilidad hubie-ra revelado que las circunstancias tomadas en cuenta por la administración no muestran una necesidad pú-blica que hiciese impostergable el dictado de la Re-solución 1430/93 con su efecto cancelatorio del de-recho de Spinosa a percibir su haber de retiro. La sanción impuesta por esta resolución el 11 de junio de 1993, según el tercer párrafo de su motivación, estuvo vinculada a la necesidad de expulsarlo del servicio permanente activo y no se ha demostrado que tal necesidad subsistiese en ese momento, es decir, cuando hací­a ya cuatro meses que el actor habí­a sido puesto en retiro en virtud de la Resolución 289/93. Por lo tanto, tampoco se ha demostrado la concurren-cia de ningún interés del Estado en suprimir el de-recho de Spinosa Melo a continuar percibiendo el haber que le correspondí­a.
11) En razón de que las consideraciones hasta aquí­ vertidas son suficientes para propiciar la revocatoria del fallo apelado, resulta innecesa-rio el tratamiento de los restantes argumentos in-troducidos por la parte actora en su escrito de in-terposición del recurso extraordinario.
Por ello, propongo que se desestime la queja, se declare procedente el recurso extraordinario vin-culado con la interpretación de la ley 20.957 y se revoque la sentencia debiendo devolverse el expe-diente a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo de conformidad con el modo en que han sido resueltos los puntos constitucionales. Notifí­-quese, devuélvase el recurso extraordinario y archí­-vese la queja. CARMEN M. ARGIBAY.
Google debe entregar datos de usuarios en Brasil
Posted: septiembre 5th, 2006 | Author: ppalazzi | Filed under: Brasil, Casos, Derecho a la imagen | No Comments »
Un juez federal de Brasil le ordenó al buscador Google que entregue información sobre los usuarios que forman parte de una “comunidad virtual Orkut”:https://www.orkut.com/GLogin.aspx?done=http%3A%2F%2Fwww.orkut.com%2F, varios de cuyos miembros están acusados de pornografí­a infantil y racismo. La Justicia impuso ante un eventual incumplimiento astreintes de aproximadamente 23.000 dólares diarios. Google recibió “pedidos similares en Estados Unidos”:http://www.google.com/press/images/subpoena_20060317.pdf respecto de los ingresos de busquedas pero un juez limitó mucho ese pedido en un “fallo en abril de 2006″:http://googleblog.blogspot.com/2006/03/judge-tells-doj-no-on-search-queries.html. Ver el comentario a este último caso en el “Foro de habeas data: Google y el derecho a la privacidad sobre las búsquedas realizadas en la web”:http://www.habeasdata.org/Dont_Be_evil
Ver fallo brasilero completo en
“http://producao.prsp.mpf.gov.br/news/internews/liminar.pdf”:http://producao.prsp.mpf.gov.br/news/internews/liminar.pdf
Fallo estadounidense completo en:
“http://googleblog.blogspot.com/2006/03/judge-tells-doj-no-on-search-queries.html”:http://googleblog.blogspot.com/2006/03/judge-tells-doj-no-on-search-queries.html
“http://www.csmonitor.com/2006/0908/p01s03-woam.html”:http://www.csmonitor.com/2006/0908/p01s03-woam.html
“http://www.broadbandreports.com/shownews/77999″:http://www.broadbandreports.com/shownews/77999

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