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Timestamp: 2020-07-08 00:10:16+00:00

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Según sentencia judicial, para la renovación de una autorización de residencia por reagrupación familiar se han de tener en cuenta los recursos económicos del conjunto de la familia y no sólo del reagrupante - Legalteam
La Sala acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la sentencia que declaró la conformidad a derecho de la denegación de la renovación de la autorización de residencia de larga duración solicitada por el hijo del reagrupante -hoy recurrente-.
La resolución judicial recurrida basó su fallo en la falta de medios económicos del reagrupante, y en el hecho de que, computando los ingresos del hijo mayor de edad que convive con la unidad familiar, eran muy inferiores a los exigibles. El TS confirma la sentencia recurrida en virtud de la interpretación que realiza del art. 61.3 del Reglamento de Extranjería, y declara que la acreditación de la existencia de recursos económicos a que hace referencia el precepto, lo son del conjunto de la familia, y no sólo del reagrupante.
Nº de Resolución: 1030/2018
Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 308/2016 interpuesto por la procuradora de los tribunales doña Valentina López Valero, en nombre y representación de don Jose Pablo, y defendido por el letrado don Enrique Leiva Vojkovic, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 27 de julio de 2016, en el recurso de apelación n.º 412/2014, sobre denegación de solicitud de renovación de autorizaciones de residencia; ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada y asistida por el Abogado del Estado.
PRIMERO.- En el recurso de apelación n.º 412/2014, seguido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 27 de julio de 2016 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
1.º.-ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA, contra la sentencia dictada el 11 de junio de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 9 de Barcelona en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el número 36/13.
2.º.- DESESTIMAR el recurso de contencioso-administrativo interpuesto por D. Jose Pablo, contra la resolución administrativa dictada el 19 de junio de 2012 por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, que se confirma.
2.º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.”.
SEGUNDO.- El recurrente preparó recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la Sala sentenciadora tuvo por preparado por auto de 22 de noviembre de 2016, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.
TERCERO.- Recibidas las actuaciones, y personado don Jose Pablo como parte recurrente, como la Administración General del Estado, parte recurrida, pasados al ponente para que proponga a la Sala la resolución que proceda, por auto de 21 de marzo de 2017 la Sección Primera de esta Sala acordó admitir el recurso de casación preparado por la representación procesal de D. Jose Pablo contra la sentencia dictada con fecha 27 de julio de 2016, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta), estimatoria del recurso de apelación registrado con el número 412/2014, interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada el 11 de junio de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 9 de Barcelona, estimatoria del recurso contenciosoadministrativo registrado con el número 36/2013, formulado por D. Jose Pablo contra sendas resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona de 19 de Julio de 2012, que denegaron las respectivas solicitudes de renovación de las autorizaciones de residencia en virtud de reagrupación familiar que habían sido presentadas por Alvaro (hijo del reagrupante) y por D.ª Pilar (esposa del reagrupante).
PRIMERO.- Objeto de este recurso de casación es la anulación de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 27 de julio de 2016, por cuya virtud se estimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 11 de junio de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 9 de Barcelona, por la que vino a anularse la denegación de la renovación de la autorización de residencia de larga duración solicitada por el ahora recurrente.
SEGUNDO.- La sentencia impugnada, tras referirse a su objeto (FD1.º) y al bloque normativo que considera de referencia (FD 2.º), concluye con base a dicho bloque normativo (FD 3.º):
“Pues bien, en el caso que nos ocupa el IPREM de 2011 era de 532,51 euros mensuales, de forma que el nivel de ingresos disponibles habría de ser 1.065 euros mensuales. En el presente supuesto, la sentencia recurrida computa los ingresos del hijo mayor de edad que convive con la unidad familiar, tomando en consideración que residen en una vivienda de su titularidad, el disponible en cuentas y que tiene un negocio. Sin embargo, no se acredita ningún ingreso regular por parte del reagrupante, pues sólo se aportan nóminas de importe líquido de 284 euros mensuales por un trabajo a tiempo parcial posterior a la solicitud. Por su parte, el hijo mayor manifiesta tener un negocio, pero los rendimientos netos que declara en IRPF son de 3627,07 euros anuales, según consta en la declaración aportada correspondiente al ejercicio de 2011.
Por tanto, la cantidad percibida es muy inferior a los ingresos regulares inicialmente exigibles, que no puede ser salvada por los elementos patrimoniales a que hace referencia la sentencia ni por la posibilidad de atenuación que el reglamento prevé en el caso que el reagrupado sea menor, debiendo aceptarse el criterio de la resolución administrativa en el sentido que el reagrupante no dispone de medios suficientes, lo cual nos lleva a estimar el recurso de apelación y confirmar la resolución denegatoria por ser conforme a derecho.” De acuerdo con esta fundamentación, vino a estimarse el recurso de apelación promovido ante la Sala sentenciadora, sin imposición de condena en costas (FD 4.º).
TERCERO.- Esta resolución cuestionada ahora en casación vino del modo expuesto a revocar la dictada en primera instancia que, por el contrario, había atendido las razones esgrimidas por el recurrente. El núcleo fundamental de la argumentación de esta primera resolución jurisdiccional se desarrolla en su FD 4.º:
“La ponderación de estas circunstancias está totalmente ausente en el planteamiento de la Administración que como ya se ha expuesto, únicamente se ciñe al dato del origen de los recursos económicos del reagrupante, obviando el contenido imperativo de esta disposición.
El RD 557/2011 incorpora además una norma en el artículo 61-3-b-2.º por la que se prevé, respecto a la exigencia al reagrupante del requisito de disposición de medios económicos suficientes en los supuestos de renovación.
Esta juzgadora entiende que el precepto no hace distinción y en consecuencia cuando se refiere a “medios económicos suficientes”, no se está limitando únicamente a los propios o generados por el solicitante reagrupante, sino también a aquellos otros que se puedan proporcionar desde el núcleo familiar y con los que aquel también pueda contar.
La interpretación sostenida por la Administración resulta excesivamente rigorista y limitada y lo cierto es que no se aúna con el tenor de aquel”.
CUARTO.- Promovido recurso de casación, dicho recurso vino a admitirse en esta sede, precisándose que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si se ha producido la incongruencia por error denunciada y, subsiguientemente, si procede precisar los criterios para la determinación de los recursos suficientes a efectos de la renovación de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar y el alcance, a efectos de su denegación, de la valoración o de la ausencia de valoración de otras circunstancias como las establecidas en el artículo 17 de la Directiva 2003/86/CE, identificando como normas jurídicas que en principio habrían de ser objeto de interpretación los artículos 61.3.b. 2.º y 54.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en relación con los artículos 7, 16 y 17 de la Directiva 2003/86/CE.
QUINTO.- El recurso de casación sobre el que ahora hemos de pronunciarnos, tras referirse en su introito a los hechos desencadenantes de la controversia, desarrolla una doble línea argumental, encaminada por una parte a acreditar la infracción de la normativa europea ( artículos 7.1, 16 y 17 de la Directiva 2003/86/CE ) y la jurisprudencia dictada a su amparo; y por otro, la nuestra propia ( artículos 31.1 y 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000 en relación con el artículo 61.3 B) del Real Decreto 557/2011 ).
SEXTO.- Partiendo en todo caso de los términos en que vino a identificarse la cuestión de interés casacional para la formación de jurisprudencia, y a los efectos por tanto de determinar si cumple apreciar en la resolución impugnada la existencia de la incongruencia por error a que dicha cuestión se refiere como presupuesto para la estimación del recurso, es claro que la controversia suscitada gravita en torno a la interpretación de los requisitos exigidos al reagrupante que se contemplan en el Reglamento de la Ley de Extranjería, concretamente, en el artículo 61.3 del Real Decreto 557/2011, que dice así:
“3. Para la renovación de una autorización de residencia por reagrupación familiar se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Relativos al reagrupado (…):
En ambos casos, el título que habilite para la ocupación de la vivienda se entenderá referido al extranjero reagrupante o a cualquier otra persona que forme parte de la unidad familiar en base a un parentesco de los enunciados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.” En el supuesto de autos, la solicitud de autorización se cursó al amparo de este precepto reglamentario, y si se denegó por la Administración dicha solicitud fue precisamente, en aplicación también de dicho precepto, por no concurrir los requisitos antedichos, particularmente, el contemplado en el apartado B) del artículo 61.3:
“1.- En fecha 19/06/2012 presentó una solicitud de renovación de residencia.
2.- En dicha solicitud concurre alguno de los supuestos de denegación previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en concreto lo que seguidamente se indica:
Queda acreditando que se mantiene el vínculo familiar o de parentesco o la existencia de unión de hecho en que se fundamenta la concesión de la autotrización de residencia a renovar ( art. 61.3.v.2.º del R.D. 557/2011, de 20 de abril ).
* El reagrupante no acredita disponer de empleo y y/o de recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo en su caso la asistencia sanitaria ( art.61.3.v.2.º del R.D. 557/2011, de 20 de abril ).” Y, sin embargo, al contrario de lo que hace la resolución dictada en primera instancia que también plantea adecuadamente la controversia en torno al alcance del referido precepto, la sentencia objeto del presente recurso no hace en momento alguno explícita referencia al artículo 61 y, por el contrario, lo hace al artículo 54 de la misma norma reglamentaria, cuyo contenido además reproduce de modo literal.
Y como fundamento para que dicho planteamiento pueda también prosperar ahora en casación invoca la infracción de la normativa europea y nacional de referencia ( artículos 7.1, 16 y 17 de la Directiva 2003/86/CE y artículos 31.1 y 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000 ) y alude a una falta de trasposición completa de las exigencias dimanantes de aquélla para concluir con base en el efecto directo de las directivas y su alcance vertical que, por un lado, el Estado no podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que impone una directiva no transpuesta;
y, de otro, tampoco podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que imponga su legislación interna, si debieron eliminarse en virtud de la directiva no transpuesta.
A) Los términos de la normativa europea e interna invocada como lesionada no son suficientemente claros y precisos, en primer lugar, para deducir directamente de ellos tales consecuencias. Por todas, la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho de reagrupación familiar, cuyo artículo 17 no llega más que a indicar que ” Al denegar una solicitud, al retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, así como al dictar una decisión de devolver al reagrupante o un miembro de su familia, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta la naturaleza y solidez de los vínculos familiares de la persona y la duración de su residencia en el Estado miembro, así como la existencia de lazos familiares, culturales o sociales con su país de origen “.
Tampoco de la jurisprudencia europea que se alega como vulnerada se infiere tal conclusión: sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de abril de 2016, asunto Khachab; y de 4 de marzo de 2010, asunto Chakroun. En tanto que de ellas cumple deducir la obligación de examinar las solicitudes de modo favorable a la vida familiar atendiendo a la situación de cada solicitante, tampoco resulta obligado, sentados estos principios, concluir lo contrario, esto es, a acceder automáticamente al otorgamiento de toda autorización que se solicite.
Dicha normativa, de entrada, tampoco permite trazar una diferencia tan nítida, como la que se pretende hacer valer, en la medida en que los requisitos subjetivos exigibles parecen proyectarse sobre la misma persona, el solicitante de la autorización de reagrupación (artículo 54), por una parte; y el reagrupante (artículo 61), por otra parte; en ambos casos se requiere además la existencia de medios (artículo 54) o recursos (artículo 61) económicos “suficientes”; sin que pueda prosperar consiguientemente la sutil diferencia entre medios propios y suficientes que el recurso trata de hacer valer.
Puesto que se refiere explícitamente a su situación después de hacerlo a la de aquél “Por su parte, el hijo mayor manifiesta tener un negocio, pero los rendimientos netos que declara en IRPF son de 3627,07 euros anuales, según consta en la declaración aportada correspondiente al ejercicio de 2011”, para concluir así que “Por tanto, la cantidad percibida es muy inferior a los ingresos regulares inicialmente exigibles, que no puede ser salvada por los elementos patrimoniales a que hace referencia la sentencia ni por la posibilidad de atenuación que el reglamento prevé en el caso que el reagrupado sea menor, debiendo aceptarse el criterio de la resolución administrativa en el sentido que el reagrupante no dispone de medios suficientes, lo cual nos lleva a estimar el recurso de apelación y confirmar la resolución denegatoria por ser conforme a derecho.” Esto es, el debate en torno al artículo 61 del Reglamento, que es el precepto que en efecto hay que tomar en consideración en el caso al tratarse de la renovación de una autorización de reagrupación familiar, no ha quedado orillado, en los términos en que se invoca en el recurso al traer a colación este precepto, para sostener con amparo en el mismo que son los recursos económicos del conjunto de la familia, y no solo los del reagrupante, los que han de tomarse en consideración.
OCTAVO.- En atención al artículo 93.4 LJCA, al no apreciarse mala fe o temeridad en alguna de las partes, procede que cada una de ellas abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación efectuada en el FJ 7.º (especialmente, en su apartado B):
1.º) Desestimar el recurso de casación RCA 308/2016, interpuesto por don Jose Pablo contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 27 de julio de 2016, en el recurso de apelación n.º 412/2014, sentencia que confirmamos por ser ajustada a Derecho.
2.º) Ordenar que, en cuanto a las costas causadas en la tramitación de este recurso de casación, cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
D. Jose Manuel Sieira Miguez. D. Octavio Juan Herrero Pina D. Juan Carlos Trillo Alonso, D. Wenceslao Francisco Olea Godoy, D. Jose Juan Suay Rincon D. César Tolosa Tribiño, PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Jose Juan Suay Rincon, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico. (Vía Iustel)
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 artículo 93