Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-994-06.htm
Timestamp: 2018-12-19 03:41:01+00:00

Document:
C-994-06
El procesado es el titular del derecho fundamental de defensa. Es por tal razón que éste es el directamente llamado a ejercitarlo, colaborando de esta manera en hacer efectivo el derecho constitucional referido. No obstante, existe la posibilidad constitucional de que el procesado – en quien recae el derecho de defensa – nombre un apoderado que lo asista y aconseje de un lado y de otro lado represente sus intereses y argumente y razone por él. Sin embargo, el procesado siendo titular de su derecho de defensa permanece activo al interior del proceso hasta el punto de poder revocarle el mandato y nombrar un apoderado nuevo. Sin embargo , y como lo anotan los artículos 127 de la ley 600 de 2000 y 130 de la ley 906 de 2004 , en caso de presentarse un conflicto entre las actuaciones de la defensa con las del procesado , prevalecerán las de la defensa.
Basado en la división de trabajo, el legislador otorgó la facultad al apoderado de confianza de nombrar un suplente, esencialmente para aquellos actos procesales en los cuales éste no pudiere estar presente. Al respecto afirma la ley 600 de 2000 artículo 134 “ … El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, … “ y “ … éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación.” Así las cosas, para que un abogado sea suplente debe haber sido designado por el apoderado de confianza, su actuación se efectúa bajo la responsabilidad del apoderado ya mencionado y por último , solo puede actuar a partir que el escrito que contenga su designación se presente ante el despacho judicial que lleva la causa penal.
Según el Diccionario de la Real Academia Española el término simultáneo se dice “ …de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.”. En consecuencia, el contenido normativo que se ataca de inconstitucional determina lo siguiente : “ … los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea .” En otras palabras, el apoderado principal ( defensor de confianza ) y el suplente no pueden actuar procesalmente al mismo tiempo. En este orden de ideas, basados en el derecho de defensa constitucional, en la posibilidad constitucional de escoger apoderado letrado, en la unidad de defensa, en la confianza depositada por el procesado en su apoderado y en la primacía del apoderado principal sobre el suplente resulta ajustado a la Constitución la prohibición de que el primero actúe de manera simultánea con el segundo. Lo cual, de ser contrario, estaría en contra de la eficacia tantas veces anotada de la misma defensa. Ahora bien, la prohibición que es ajustada a la Constitución por las razones ya esbozadas, es la de actuación simultánea del apoderado principal y del suplente. Por consiguiente, el contenido normativo atacado no prohíbe la actuación del apoderado principal y del suplente de manera alterna.
ARTICULO 134. APODERADOS SUPLENTES. El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, y éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación.
Los apoderados principales y suplentes podrán designar como auxiliares a estudiantes de derecho, para conocer y enterarse de la actuación procesal. Estos auxiliares actuarán bajo la responsabilidad de quien los designó y tendrán acceso al expediente, entendiéndose comprometidos a guardar la reserva correspondiente si es el caso. ( … )”
Se afirma, que el aparte “ no “ demandado restringe el derecho de defensa , en el entendido que la defensa de una persona en una audiencia se debe restringir a un ( 1 ) solo abogado ( el principal o el suplente ) , impidiendo que pueda una defensa utilizar los servicios de dos profesionales del derecho ( el principal y el suplente ) de manera simultánea , entendiendo el término simultáneo como la facultad de los apoderados principal y suplente de poder actuar en una misma actuación judicial llámese audiencia, diligencia , inspección, etc; para asegurar que las labores de la defensa técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal de varias personas trabajando en equipo con un mismo objetivo si la complejidad del asunto así lo requiere , razón por la cual el término “ no “ del aparte de la norma demandada deviene inconstitucional.
Se agrega, que la defensa técnica comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor, y si se requiere en una misma actuación varios apoderados que actúen en materia especializada dentro de una defensa, pues en ejercicio del derecho legítimo de defensa un procesado podrá hacerlo de acuerdo a la Constitución Nacional, restringir el derecho de defensa a un ( 1 ) solo apoderado por actuación claramente quebrante el estatuto superior razón por la cual el término “ no “ del aparte demandado deviene inconstitucional.
Se expresa, que el término “ no “ del aparte de la norma demandada restringe el derecho de defensa a la intervención de un solo apoderado por audiencia, diligencia o actuación procesal, el término demandado no puede disponer del derecho a la defensa y a la asistencia técnica por un grupo plural de abogados de manera simultánea ( no al tiempo ni en dúo ) quienes expongan argumentos desde diferentes ópticas o ramas del derecho a favor del sindicado , tal y como lo exige la Constitución; además , se observa la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales, asegurados de modo expreso por el Constituyente, uno de los cuales es el de la defensa técnica del sindicado. La norma constitucional señala que se puede designar una abogado de confianza pero en ningún momento restringe a un solo apoderado, negando la posibilidad que durante la defensa no puedan actuar varios de manera simultánea ( entendido este concepto como el poder participar varios defensores en una misma actuación judicial, no al tiempo ni en dúo ) , razón por la cual el término demandado sería inconstitucional.
De acuerdo con lo anterior, se indica, que el problema jurídico a resolver es ¿ Si la expresión “ los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea “ constituye una limitación arbitraria , innecesaria, inútil o desproporcionada del derecho de defensa ?
Desde el punto de vista normativo , el significado de “ no actuar simultáneamente “ se refiere a que el defensor principal y suplente, no pueden actuar sobre la misma materia o tema; sise permitiera ello se negaría la filosofía del abogado suplente , cual es la división de trabajo y podría afectarse al defendido al exponerse sobre un mismo punto tesis diferentes. En este sentido, la restricción de la actuación del abogado suplente, tiene una finalidad; la protección de la unidad de defensa, lo cual resulta adecuado en tanto no vulnera ningún derecho fundamental. Se puede concluir entonces, que la función de los litigantes puede hacerse de manera alternada, sucesiva o turnada.
Se indica que mediante auto del 16 de junio pasado, el Magistrado Sustanciador inadmitió la demanda presentada por el ciudadano USECHE GARCÍA al considerar que se refiere al concepto de alternatividad de la defensa, el cual resulta ajeno al texto demandado y surge del criterio subjetivo del actor y, en segundo lugar, porque el cuestionamiento se dirige contra la interpretación y aplicación de norma por la Corte Suprema de Justicia, asunto que no puede ser objeto de control de constitucionalidad.
Posteriormente el actor presentó el escrito de corrección, en dónde, sin esbozar argumentos distintos a los inicialmente planteados, para subsanar el primer defecto cambia la referencia de la alternatividad, e incorpora el concepto de simultaneidad, utilizado por la disposición impugnada.
En efecto, en criterio del demandante que cuando la citada disposición indica que “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”, está consagrando que para garantizar la defensa técnica el sujeto pasivo de la acción penal tiene derecho a designar y ser representado no por uno sino por todos los abogados que desee.
Basta dar lectura al precepto superior para percatarse de la disconformidad entre su contenido y la interpretación dada por el actor y en la cual basa su demanda, pues en él se hace expresa referencia al derecho que tiene el sindicado de contar con la “asistencia de un abogado”, no de un grupo o número plural de abogados que actúen simultáneamente en desarrollo de la actuación procesal.
No obstante , indica el Ministerio Público, sí dando alcance al principio pro actione, la Corte Constitucional estima posible analizar la disposición acusada, manifiestas son las razones para disentir del cargo presentado contra el artículo 134 inciso 2º, de la Ley 600 de 2000.
Dentro de estos parámetros, se agrega, y atendiendo a las vicisitudes que pueden impedir la asistencia permanente en el proceso del abogado designado como defensor por el sindicado, el legislador estableció las suplencias como medio para asegurar la continuidad de la defensa técnica. Es así como luego de ordenar que “para los fines de su defensa el sindicado deberá contar con la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio” (artículo 127 de la Ley 600 de 2000), en el artículo demandado autoriza al defensor para designar, bajo su exclusiva responsabilidad, quien lo reemplace en su ausencia, es decir, participe y represente al procesado en los eventos en que le sea imposible hacerlo al abogado principal.
En este orden, considerando que el legislador goza de libertad de configuración al expedir las normas procesales que regulan las actuaciones judiciales, siempre que ellas no desconozcan las disposiciones constitucionales y el artículo 29 presuntamente vulnerado no impone que la defensa técnica sea adelantada por un colectivo de abogados, ni considera siquiera esta posibilidad al referirse expresamente a “un abogado”. No le resultaba constitucionalmente exigible al legislador incorporar la figura de los suplentes, quienes, valga resaltar, son designados no por el procesado sino por el abogado principal para que, como suplentes y bajo la dirección del principal, asuman la defensa en el evento en que por causas ajenas a su voluntad no pueda representar a su prohijado, dando así continuidad a la defensa técnica.
La Corte Constitucional en sentencia C-657 de 1996, al referirse a una disposición similar a la ahora examinada y contenida en el ordenamiento procesal anterior indicó que “cada procesado no puede tener sino un defensor, lo cual no obsta para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal.” Ello por cuanto la suplencia “contribuye a sortear las dificultades en que pueda encontrarse el defensor o apoderado principal, propendiendo así el cumplimiento y la observancia cabal del derecho de defensa, a lo cual no se podría proceder con la prontitud que determinadas circunstancias exigen, si la designación de suplentes estuviera rodeada de exigencias excesivas”.
En efecto, el derecho de defensa apareja consigo que tanto el Estado como el ordenamiento jurídico tienen el deber constitucional de salvaguardar a cualquier persona sin distingo del tipo de proceso - aún más en el penal donde se debate la libertad de una persona- de la “plena oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga “[1]
En últimas, el derecho de defensa lo que pretende , basado en la Constitución, es la “ interdicción a la indefensión “ [2]. Esta se presentaría “cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección judicial, de sus derechos, o la de realizar dentro de dicho proceso, las adecuadas pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que dificulte la actividad probatoria, o cuando se le niega una justa legal facultad de que su negocio sea conocido en segunda instancia.(...)”. Efectivamente, se produce una indefensión de las personas cuando se les coarta la posibilidad de acceder al aparato judicial o cuando se les dificulta realizar las actividades encaminadas a propiciar su defensa dentro de un proceso.”[3]
El derecho de defensa , como derecho fundamental constitucional, es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un proceso penal. Así las cosas, el procesado puede hacer valer el mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso judicial.
“ La jurisprudencia sobre este derecho es escasa. En el caso Hill, se negó a uno de los imputados el derecho a defenderse personalmente porque la legislación vigente sólo permitía al acusado defenderse con el apoyo de un abogado. El Comité de Derechos Humanos consideró que ese requisito , establecido por la legislación, era incompatible con el “ derecho de autodefensa “ . Sin embargo, la mayor parte de la jurisprudencia sobre este derecho se refiere a casos en los cuales el defensor de oficio se niega a defender la causa del acusado . La jurisprudencia sobre casos de esta índole tiende a considerar el derecho a defenderse personalmente no tanto como un elemento importante del debido proceso, sino más bien como un mal menor. “ [4]
Dicho mandato lo efectúa el procesado a través de un poder, manteniéndose la posibilidad por parte de la persona de revocar el poder en cualquier momento procesal . Esto da cuenta entonces, de que la persona procesada en una causa penal está activamente presente en la misma, a pesar del ejercicio del mandato otorgado, no obstante debe tenerse presente que cuando la defensa “ se ejerza de manera simultánea por el sindicado y su defensor , prevalecerán las peticiones de este último”[6]
“La Corte se ha ocupado así mismo de este tema en relación con las facultades del apoderado de quien interpone una acción de tutela, para hacer énfasis en que ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquél
“En primer lugar, para la Corte es claro que ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquél. Y el juez de tutela no puede basarse en el dicho de un tercero -que lo es el apoderado cuando carece de facultad en cuanto al desistimiento se refiere- para abstenerse de fallar, como es su deber”[7].
Para la persona procesada en una causa penal, el derecho de nombrar un apoderado o de estar asistido por un abogado de oficio, deviene de la propia Constitución. En efecto, el artículo 29 Constitucional señala que “ … Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él , o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento… “
Este derecho se centra en últimas, en la posibilidad del procesado de escoger un abogado que considere es el que mejor representa sus intereses y tiene como base estructural garantizar un elemento esencial de debido proceso consistente en el derecho a ser oído “con las debidas garantías “[9]. Respecto a la facultad de escogencia de abogado, el Comité de Derechos Humanos concluyó en el caso Domukovsky y otros contra Georgia :
“Tampoco garantizó el Estado Parte que cada uno de los acusados estuviese defendido en todo momento por el abogado de su elección”
No obstante, la garantía del derecho de defensa no “ se satisface y termina con la designación de un profesional del derecho para ser representado en juicio, sino con la posibilidad del convocado al proceso de 1) intervenir en cada una de las actuaciones procesales por intermedio del abogado previamente designado, 2) hacerlo directamente -si le está permitido-, 3) actuar por conducto de un profesional distinto al otrora designado –sin prescindir de la asistencia de éste-, o 4) de no intervenir. Porque por más técnica que parezca la intervención del apoderado actuante, lo esencial para el implicado en el juicio no es la técnica empleada, sino que el designado sepa proyectar la posición que el involucrado desea asumir y proyectar en el juicio. “[10]
“ Una adecuada y eficaz representación dentro de un proceso, que necesariamente comporta la utilización de instrumentos y del variado repertorio de actos y recursos procesales se asegura con la presencia y actividad de un defensor profesional que hace efectiva la exigencia constitucional de que el sindicado deba estar asistido por un abogado, pues se supone que éste como conocedor de las disciplinas jurídicas, es quien está habilitado para actuar con la dinámica y habilidad requeridas para la defensa técnica de las garantías procesales de aquél.” ( negrilla fuera del texto )
“ La observación General No 13 declara que “ El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles , así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas “ La jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos reconoce el derecho del imputado a una “ representación eficaz “ conforme al interés de la justicia. , pero también reconoce la presunción de que la actuación de un defensor ha sido adecuada. El Comité ha aclarado que “ en ausencia de una prueba clara de negligencia profesional por parte del abogado, no corresponde al comité cuestionar el juicios profesional de este último.
La representación es “ incompatible con los intereses de la justicia “ cuando, en vez de defender una causa, un letrado informa al tribunal que la causa carece de méritos , privando al proceso de su carácter contradictorio. La ausencia de defensor durante una parte de las audiencias también puede vulnerar el derecho del imputado a una defensa eficaz. En el caso Yaseen y Thomas , la ausencia del defensor durante los primeros cuatro días del juicio oral, cuando el fiscal expuso sus argumentos relativos a los hechos y a la responsabilidad de los acusados y cuando declararon dos testigos de cargo, se consideró incompatible con el derecho de defensa eficaz. La ausencia de letrado durante las audiencias preliminares también puede dejar al acusado indenfenso. En los casos Browm y Simpson , el comité de derechos humanos consideró que la ausencia del defensor durante las declaraciones de testigos en una audiencia preliminar conculcó el derecho del imputado a una defensa eficaz.”[11]
Pues bien , este derecho constitucional en cabeza de la persona, de escoger el apoderado que ella considere mejor represente sus intereses , es decir la escogencia de un Defensor de Confianza, implica que el Estado no puede adoptar la responsabilidad de las decisiones tomadas por el apoderado defensor. Al respecto ha afirmado el Comité de Derecho Humanos .
“ El Comité considera que no se puede hacer a los Estados respon- sables de las decisiones que hayan podido adoptar los abogados en ejercicio de su criterio profesional(… ) “[12]
“ El Estado no puede ser considerado responsable por la falta de preparación o de presuntos errores cometidos por los abogados defensores , a menos que haya negado a los acusados y a su abogado tiempo para preparar la defensa o que haya resultado manifiesto al tribunal que la manera en que los abogados fue incompatible con el interés de la justicia “
Ahora bien, no en todos los casos se puede contar en los procesos penales con abogados titulados ( Defensor de confianza, defensor público y defensor de oficio ) , razón por la cual y solo en casos excepcionales el ordenamiento jurídico permite que se habiliten para tal efecto defensores que reúnan como requisito mínimo la condición de egresado o estudiantes de derecho pertenecientes a consultorios jurídicos. Lo precedente , estructurado sobre la base de que al menos son personas con conocimiento jurídico[15].
“ (… ) El Comité reitera su jurisprudencia que dice que el derecho de una persona acusada a disponer del tiempo y los medios suficientes para la preparación de su defensa es un aspecto importante del principio de igualdad de armas . “ [16]
“ En su observación General No 13 el comité de derechos humanos señala que el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa incluye el derecho de “ acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar la defensa”[17]
Así entonces, el derecho de defensa no es materia disponible de una de las partes , por cuanto produciría una inestabilidad de las facultades de estas al interior del proceso perdiendo el sentido de igualdad del proceso penal , que se traduce en la “ equivalencia de oportunidades predeterminas por la ley “.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que “ Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia … “ . En igual sentido, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala : “ Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. “ ; a su vez la Convención Americana de Derechos Humanos estipula en su artículo 8.2. que “ Durante el proceso , toda persona tiene derecho , en plena igualdad, “ a unas ciertas garantía mínimas.
Señala el demandante que la expresión “ no “ de la norma acusada, restringe el derecho de defensa , al prohibir que en cualquier actuación procesal el apoderado principal y el suplente puedan actuar de manera simultánea , impidiendo que una defensa pueda utilizar los servicios de dos profesionales del derecho ( el principal y el suplente ) de manera simultánea . Se agrega, que limitar el ejercicio del derecho de defensa a un solo apoderado impide que actúen varios apoderados que posean conocimientos especializados y específicos con relación a las diferentes materias , y por consiguiente permitan resolver las múltiples vicisitudes que se presentan en los procesos. Lo anterior, garantizaría la eficacia de la defensa y del resultado de ésta pues existen asuntos que por su complejidad requieren el conocimiento de varios expertos y no hay razón alguna para negarle al procesado su derecho a defenderse con la intervención de varios profesionales.
· El derecho fundamental constitucional de defensa implica esencialmente la interdicción a la indefensión de una persona sometida a un proceso penal. Dicha interdicción se ve desvirtuada cuando el procesado cuenta con la posibilidad de ser oído dentro del proceso, de controvertir la pruebas allegadas en su contra, de solicitar pruebas, de interponer los recursos que señale la ley, en reglas generales de esbozar sus propios argumentos y razones al interior de una causa penal.
· No obstante, existe la posibilidad constitucional de que el procesado – en quien recae el derecho de defensa – nombre un apoderado que lo asista y aconseje de un lado y de otro lado represente sus intereses y argumente y razone por él. Sin embargo, el procesado siendo titular de su derecho de defensa permanece activo al interior del proceso hasta el punto de poder revocarle el mandato y nombrar un apoderado nuevo. Sin embargo , y como lo anotan los artículos 127 de la ley 600 de 2000 y 130 de la ley 906 de 2004 , en caso de presentarse un conflicto entre las actuaciones de la defensa con las del procesado , prevalecerán las de la defensa.
· Así pues, y en aras del derecho de defensa, el apoderado nombrado por el procesado ( defensor de confianza ) debe ser un profesional del derecho, académicamente preparado , conocedor de las disciplinas jurídicas, idóneo en su gestión y legalmente autorizado para ejercer la profesión. Debe hacerse claridad que en aquellos eventos en los cuales el procesado sea al mismo tiempo profesional del derecho , cuenta con la posibilidad de defenderse él mismo o hacerlo a través de un apoderado de confianza. Es decir, independiente que el procesado sea profesional del derecho puede nombrar otro profesional del derecho como su apoderado de confianza.
· Ahora bien, no deviene de la Constitución que el ejercicio técnico de la defensa de un procesado deba ser realizado por múltiples apoderados. Basta simplemente con que uno, el apoderado, sea conocedor de las disciplinas jurídicas. Esta exigencia es suficiente a la luz de los postulados que estructuran esta providencia para la garantía eficaz del derecho de defensa. Y lo anterior se desprende claramente del artículo 29 Constitucional: “… Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento… “ . En otras palabras, la propia Constitución resuelve el problema del número de apoderados de confianza del procesado, el cual debe ser de uno.
· Ahora bien, debe recordarse como lo hace el Ministerio Público que si de lo que se trata es que el procesado pueda contar con conocimientos especializados que defiendan sus intereses , existe la posibilidad procesal de que “ funcionario judicial practique y tenga como prueba pericial conceptos de profesionales especializados de distintas áreas del saber y de ser el caso también puede requerirse el testimonio de personas especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos , científicos o artísticos para emitir conceptos, como lo autoriza el artículo 276 de la ley 600 de 2000 “ [18]. Situaciones estas que el apoderado de confianza debe valorar y preparar con tiempo y a través de los medios adecuados , como se expuso en los argumentos precedentes de esta providencia.
· Pues bien, basado en la división de trabajo que esbozó también la Fiscalía General de la Nación, el legislador otorgó la facultad al apoderado de confianza de nombrar un suplente, esencialmente para aquellos actos procesales en los cuales éste no pudiere estar presente. Al respecto afirma la ley 600 de 2000 artículo 134 “ … El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, … “ y “ … éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación.” Así las cosas, para que un abogado sea suplente debe haber sido designado por el apoderado de confianza, su actuación se efectúa bajo la responsabilidad del apoderado ya mencionado y por último , solo puede actuar a partir que el escrito que contenga su designación se presente ante el despacho judicial que lleva la causa penal.
· Así las cosas, resta por determinar si el apoderado principal o de confianza y el abogado suplente pueden o no actuar de manera simultánea en un proceso penal. Según el Diccionario de la Real Academia Española el término simultáneo se dice “ …de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.”. En consecuencia, el contenido normativo que se ataca de inconstitucional determina lo siguiente : “ … los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea .” En otras palabras, el apoderado principal ( defensor de confianza ) y el suplente no pueden actuar procesalmente al mismo tiempo.
· En este orden de ideas, basados en el derecho de defensa constitucional, en la posibilidad constitucional de escoger apoderado letrado, en la unidad de defensa, en la confianza depositada por el procesado en su apoderado y en la primacía del apoderado principal sobre el suplente resulta ajustado a la Constitución la prohibición de que el primero actúe de manera simultánea con el segundo. Lo cual, de ser contrario, estaría en contra de la eficacia tantas veces anotada de la misma defensa.
· Ahora bien, la prohibición que es ajustada a la Constitución por las razones ya esbozadas, es la de actuación simultánea del apoderado principal y del suplente. Por consiguiente, el contenido normativo atacado no prohíbe la actuación del apoderado principal y del suplente de manera alterna. Al respecto, esta Corporación al analizar un contenido normativo similar al acusado en esta demanda , perteneciente al Código de Procedimiento Penal anterior a la ley 600 de 2000, señaló :
“ De otra parte, conviene indicar que cada procesado no puede tener sino un defensor, lo cual no obsta para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal.”[19]
Así las cosas, esta Corte declarará exequible la expresión “ no “ perteneciente a la frase “ Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea “ del artículo 134 de la ley 600 de 2000, por los cargos analizados.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “ no “ perteneciente a la frase “ Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea “ del artículo 134 de la ley 600 de 2000, por los cargos analizados.
[1] Sentencia C- 617 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[2] Sentencia T- 1263 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] “ Derecho Internacional de los Derechos Humanos “ oficina en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . 2004 . pag 415
[5] “ Derecho Internacional de los Derechos Humanos “ oficina en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . 2004 . pag 410
[6] Art. 127 Ley 600 de 2000 y Art. 130 Ley 906 de 2004.
[8] Sentencia T- 436 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
[10] Sentencia C- 1178 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[11] “ Derecho Internacional de los derechos humanos “ Alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos , 2004, pag 414
[12] Comité de Derechos Humanos , caso Tomlinc. Jamaica ,,parr 8.1. ( 1996 )
[13] “ En principio , el derecho a tener un defensor de oficio no comprende “ el derecho a elegir el defensor que se le asigne “. No obstante, puede producirse una violación de este derecho cuando el tribunal continua acreditando a un defensor de oficio a pesar de que el acusado a indicado que no lo acepta como su representante, ni le ha dado instrucciones y ha hecho lo necesario para obtener los servicios de otro defensor” Comité de Derechos Humanos , caso Pinto c. Trinidad y Tobajo , parr . 12.5 ( 1989 )
[14] Comité de Derechos Humanos, caso Browm c. Jamaica , parr 6.6 ( 1999) ; CIDH caso Figueredo Planchart c. Venezuela , parr 112.
[16] ““ Derecho Internacional de los derechos humanos “ Alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos , 2004, pag 418

References: artículo 134
 artículo 134
 artículo 29
 artículo 144
 artículo 29
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 276
 artículo 134
 artículo 144
 artículo 134
 artículo 134