Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20050126.htm
Timestamp: 2018-11-19 00:49:06+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 26 Enero 2005
¿Hasta dónde piensa llegar el Gobierno
EDITORIAL Libertad Digital 26 Enero 2005
¿Trampa como el 11-M o mentira como de costumbre
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 26 Enero 2005
¿Del «plan Ibarretxe» al «plan Zabaleta»
Pascual TAMBURRI La Razón 26 Enero 2005
José Luis Manzanares Estrella Digital 26 Enero 2005
Delirio, sabio en muerte
Gabriel ALBIAC La Razón 26 Enero 2005
Por una reacción ciudadana
GEES Libertad Digital 26 Enero 2005
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Enero 2005
La calle contra la democracia
Jorge Vilches Libertad Digital 26 Enero 2005
Otegi y Batasuna, al dictado de ETA
Editorial El Mundo 26 Enero 2005
UN PACTO PARA LA CONVIVENCIA
Editorial ABC 26 Enero 2005
Blanqueo de plan
Opinión El País 26 Enero 2005
¿HACIA EL FINAL DE ETA
JAVIER ELZO ABC 26 Enero 2005
Consuelo Ordoñez Libertad Digital 26 Enero 2005
Recurso nacionalista
Editorial El Correo 26 Enero 2005
TONIA ETXARRI El Correo 26 Enero 2005
La ruptura Ibarretxe
EDUARDO VÍRGALA FORURIA El Correo 26 Enero 2005
La «detención» de dos miembros del PP, luego liberados, provoca un fuerte malestar policial
J. C. S. / J. M. Z/ M.S. G. La Razón 26 Enero 2005
EP Libertad Digital 26 Enero 2005
La presidencia de la UE se compromete ante los líderes de CiU a mejorar el reconocimiento del catalán
Europa Press Luxemburgo Estrella Digital 26 Enero 2005
Nota del Editor 26 Enero 2005
¿Hasta dónde piensa llegar el Gobierno?
No contento con haber unido fuerzas contra el PP con los autores —y, desgraciadamente, con algunas de las víctimas— de la mayor masacre terrorista de nuestra historia, el PSOE de Zapatero prosigue su campaña de difamación contra las víctimas que, como las de ETA, no comparten ni piensan compartir objetivo político alguno con sus verdugos.
La obsesiva persecución contra el PP —y contra las organizaciones que, como las víctimas de ETA, no están dispuestas a seguir al PSOE en ese juego— ha llegado al extremo de utilizar a la policía para que detengan sin pruebas a dos militantes del PP que se encontraban a pocos metros del ministro Bono durante los incidentes que produjeron unos pocos exaltados durante la manifestación del pasado sábado.
A la vista está que, para este Gobierno del 14-M, no es suficiente la bochornosa manipulación política y moral que ha conseguido que algunas víctimas del 11-M coincidan, nada más y nada menos, que con sus verdugos en tildar de “asesino” a Aznar. Ahora tratan de lograr también que las víctimas de ETA y cuantos las respaldan dejen de ser un referente moral para la inmensa mayoría de los españoles ante un camino de cesión ante el nacionalismo, que el Gobierno, por boca de su presidente, pretende dirigir hacia un diálogo con ETA.
En lugar de corregir el rumbo y dar todo su apoyo a una manifestación en la que se reclamaba “Memoria, Dignidad y Justicia” para las víctimas, el Gobierno de ZP quiere que el incidente de Bono sirva para eclipsar en la memoria de los ciudadanos el sufrimiento de las víctimas; denigrarlas sobredimensionando todo lo que sea posible lo que no es más que un supuesto intento de agresión por parte de uno o de unos pocos exaltados. Con ese incidente también se quiere presentar la lógica y desesperada oposición al diálogo y a la impunidad de ETA, no como un imperativo de justicia, sino como un síntoma de “manipulación política”.
Lo que sería fruto de una manipulación política inconmensurable sería lograr que unas víctimas de ETA no se sintieran indignadas ante ese horizonte y ante un espectáculo tan indecente como ver a un partido que, como el PSOE, tiene como socio de gobierno a los socios de ETA en Perpiñán. Un espectáculo y unas alianzas de gobierno con formaciones antisistema que no tienen parangón en ninguna democracia occidental, pero que aquí, gracias a una generalizada insensibilización y manipulación mediática, son todas ellas de recibo. Tan de recibo, como detener a unos militantes de la oposición con la única prueba de que han participado en una manifestación contra el terrorismo y en defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de sus víctimas.
¿Trampa como el 11-M o mentira como de costumbre?
Salvo que el PSOE haya preparado una redición de la técnica de las “miguitas de Pulgarcito” en el 11-M, cuando orientó al PP hacia la autoría etarra para luego forzar las apariencias de un atentado exclusivamente musulmán, es posible que la famosa agresión a Bono en la manifestación de la AVT acabe por ser una campaña de autobombo victimista del propio Bono o una mentira como una catedral, digo como una logia. No sabemos si la barra de hierro que supuestamente sirvió para agredir a Bono será otra de las famosas exclusivas de la SER, como los terroristas suicidas o la investigación de la CNMV contra el presidente del BBVA. No sabemos si el solemne aviso del Delegado del Gobierno en Madrid anunciando la detención con nombres y apellidos de los agresores de Bono se debe a que tiene ocultos en la nevera a los supuestos agresores o si primero han decidido que les conviene que haya crimen y luego se han puesto a buscar al criminal en el PP, aunque la presunta víctima esté más fresca que una lechuga. Para frescos, el PSOE.
Con la cautela de quien trata con acreditados mentirosos profesionales, en quienes la sorpresa es parte de su tarea de engañar, lo único que sabemos es que en el mejor estilo soviético o de las checas de Madrid cuando gobernaba el PSOE se ha detenido a militantes del PP sin mandamiento judicial, sin pruebas que avalen su participación en la supuesta agresión y, después de varias horas de interrogatorio, han sido “puestos en libertad” según la terminología seradicta, cuando no han estado detenidos sino retenidos y no nos extrañaría que al final hayan podido ser simplemente secuestrados por la policía del Ministerio del Interior. Hasta ahora, insistimos, no hay una sola prueba de la agresión física a Bono, salvo la palabra del demagogo manchego. Pero las declaraciones de los testigos situados a escasos metros del incidente –véase el artículo del insigne arabista y colaborador de Libertad Digital Serafín Fanjul y los testimonios presenciales recogidos por la COPE- van todos en la misma dirección: hubo críticas, insultos y descalificaciones, pero no esa agresión por la que Rubalcaba, esa trola hecha hombre, ha pedido explicaciones al PP.
Si al final resulta que el Gobierno ha detenido a unos ciudadanos, militantes del PP, a los que se ha privado de sus derechos más elementales para orquestar otra campaña de calumnias contra el PP y para provocar el linchamiento político de la AVT, el ministro Alonso y su delegado del Gobierno en Madrid, Pérez Rubalcaba y sus secuaces, Blanco y sus burócratas de Ferraz (la SER se mantendría fiel a su estilo) deberían dimitir de sus cargos y meterse en una alcantarilla. Bono ha denunciado la vuelta del franquismo a manos del PP. Si no hay pruebas, evidencias incontrovertibles de que fue agredido, sería cierto: en el franquismo, si aparecías en una foto cerca de una manifestación, te podía detener la policía y presionarte moral y físicamente hasta hacerte confesar lo que no habías hecho. ¿Es eso lo que ha hecho el PSOE? Podría haber sucedido eso que Bono ha denunciado y, aun así, su gravedad sería infinitamente menor que las sistemáticas agresiones sufridas por el PP a manos de socialistas y comunistas en los últimos años. Pero si se ha tratado de una trola particular del ministro, elevada por la SER y RTVE a la categoría de mentira de Estado, ya pueden prepararse. El escándalo sería de aúpa.
Patxi Zabaleta, inspirador de Nafarroa Bai y de bastantes de las más exitosas aventuras políticas del nacionalismo vasco, ha decidido afrontar la cuestión de Navarra. En efecto, en el proyecto de Ibarretxe tal asunto es capital. Navarra es Euskadi para todos los nacionalistas, es la pretendida justificación histórica del nacionalismo. Y sin Navarra, o sin una puerta abierta a Navarra, muchos nacionalistas no querrían seguir adelante. El líder de Aralar es la persona adecuada, desde el punto de vista nacionalista, para plantear la inclusión de Navarra en un futuro Estado vasco. Las dificultades del proyecto son evidentes. Pero los caminos para intentarlo no van a ser los hasta ahora habituales, y van a ofrecer dificultades inesperadas para los observadores menos avisados. Conviene analizarlo.
Navarra no es parte del País Vasco porque en la Transición, cuando se configuró ese ente político, no nos incorporamos a la aventura. Navarra no está en el País Vasco, en cualquier caso, porque no es una parte de esa región histórica y jamás lo ha sido. Ser vasco y ser navarro son dos maneras diferentes de ser español: regiones hermanas, más o menos cercanas, con las que ya hay un espacio de convivencia política, cultural, social, económica, con una identidad diferente aunque participando de una misma y única nación: España. Los hechos objetivos no se discuten, aunque no gusten, ni se pueden cambiar, más que dentro de los limitados márgenes de lo posible y razonable. Importa recordarlo porque Zabaleta ha centrado sus propuestas en algo tan ambiguo y etéreo como el «reconocimiento del ámbito de decisión política de Navarra». ¿Quién negará que Navarra es un «ámbito de decisión política»? Nadie, evidentemente. Los navarros son una comunidad dotada de autogobierno, en uno u otro grado, hace siglos, ininterrumpidamente, y por consiguiente aquí se han tomado siempre ciertas decisiones. Hoy, en democracia, los navarros deciden quién les gobierna, y cómo ha de hacerlo, y quién les representa en las Cortes. Esto es, desde luego, un ámbito de decisión política.
Zabaleta estimula el equívoco y halaga vanidades provincianas y localistas. No es cierto que «nosotros podemos decidir todo». Un «nosotros» vasconavarro no puede romper la única fuente de identidad común, que es España. Y ni siquiera la Comunidad Foral sola puede decidir no ser España. Navarra es España prescindiendo de opiniones, por su origen y naturaleza; podría ser conquistada, pero mientras los navarros vivan serán españoles, sin importar los gustos de nadie. Podrían incluso no querer serlo, o decir que no lo son, pero eso tardaría en cambiar la realidad.
Frente a cualquier plan confuso, Navarra es, sencillamente, lo que el Fuero General dice que es, un reino español surgido en el Pirineo –como reino de Pamplona– en la lucha contra el Islam. Lucha, precisamente, para reconquistar la España perdida en 711, es decir para rehacer la independencia y la unidad que ya habían existido antes que los reinos medievales y antes que las actuales regiones. Navarra es, desde su raíz, España. Y por azares de la historia, tras una contribución gloriosa a la empresa común, Navarra se sumó al proyecto de unidad política vertebrado en torno a Castilla, como podría haber sido al revés. Hoy aquel reino es una Comunidad Foral. Nadie es más que nadie ni menos que nadie, pero es importante recordar cómo fueron las cosas.
Carece de fundamento el «plan Ibarretxe», en sí mismo y en lo referido a Navarra. Por supuesto, no tiene fundamento jurídico ni histórico diferente del inventado por el mismo nacionalismo; baste recordar cómo alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, sin «órganos comunes», fueron orgullosos castellanos. Tiene, eso sí, fundamento fáctico: apoyo desde una opinión pública cautiva, desde estructuras totalitarias de poder político, desde las instituciones autonómicas, desde ETA. Para Navarra, lo realmente preocupante es el que tal vez termine llamándose «plan Zabaleta».
Navarra es un sujeto de decisión política, por supuesto, como se acaba de explicar. El nacionalismo, que ve imposible englobar a Navarra en su autodeterminación, defenderá que Navarra puede autodeterminarse por sí misma. Esto es inadmisible, aunque parezca sólo ridículo. A corto plazo da igual, porque los navarros masivamente se sienten y desean ser lo que son, españoles. Pero realmente no lo son porque quieran serlo, y admitir la idea misma de una hipotética autodeterminación navarra daría lugar a grandes luchas a largo plazo. Esta vía navarra al nacionalismo esbozada por Zabaleta debe cortarse de raíz, sin aceptar su fundamento.
La respuesta más clara al esbozo de «plan Zabaleta» la ha dado Juan Ramón Corpas, consejero de Cultura y Turismo. Aprovechando el debate sobre el archivo de Salamanca, declaró públicamente, entre otras cosas, que Castilla es «núcleo y corazón de España», y que «los navarros creemos que el conjunto de la nación española debe mantenerse». Es, directamente, la afirmación de lo cierto y objetivo frente a la tentación navarra.
Corpas no necesita que nadie salga en su defensa. Pero la idea que ha expresado, el concepto de España que a él le ha correspondido encarnar de alguna manera en este difícil momento, sí está siendo objeto de un furibundo ataque en los medios de comunicación nacionalistas o cercanos al separatismo. «Nosotros no hemos cambiado»: porque los navarros, porque somos libres, no podemos renunciar a ser lo que somos.
Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Constitucional, ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor de libros como La Tribu Universitaria y Balada de la Justicia y La Ley, acaba de publicar otro que, bajo el título El desgobierno judicial, dedica a sus principales víctimas: los propios jueces. El libro describe el insatisfactorio estado de nuestra Administración de Justicia, analiza sus causas y apunta algunas soluciones. La cuestión judicial seguiría siendo una asignatura pendiente de la transición democrática. Y el Consejo General del Poder Judicial transmitiría una imagen de politización que, poco acorde con las esperanzas en él depositadas, arranca del sistema partidista para el nombramiento de sus vocales y se proyecta luego sobre el conjunto de jueces y tribunales. Entre tanta palabra hueca, bueno es oír la voz independiente de quien a su visión desde fuera une un envidiable conocimiento de lo que ocurre al otro lado de las candilejas. Ahí van algunas de sus afirmaciones, preocupantes y a veces exageradas, pero no gratuitas.
Los políticos son los primeros interesados en que se mantengan las perversiones existentes (que ellos mismos han colaborado en provocar) para así evitar que el Poder Judicial les controle y para poder manipular la Administración de Justicia” (pág. 16). “Respetan las competencias del Poder Judicial pero, al dominar a los jueces que las ejercen, se aseguran de que este poder no alcance ni perjudique a los titulares del Gobierno ni controle sus actuaciones” (pág. 17). “El desgobierno judicial es consecuencia, en definitiva, de la destrucción intencionada del Poder Judicial y, conjuntamente, del mal funcionamiento de su sucedáneo, el servicio público de la Administración de Justicia” (pág. 24). “Una carrera prestigiada y solidarizada es el único baluarte defensivo que tiene el Poder Judicial, con potencialidad agresiva incluso frente a un Gobierno autoritario” (pág. 72). “El juez que no es tenido por afecto, puede estar seguro de que no va a ser removido (salvo que se le exija alguna responsabilidad), pero, en cambio, no participará de las dulzuras que proporciona la amistad del Poder, sobre todo en los cambios de destino ascendentes, dado que los puestos delicados y todos los altos quedan reservados para los jueces fieles, que son los únicos que pueden hacer buena carrera” (pág. 129). “El Poder Judicial no es independiente porque el Poder político le ha privado subrepticiamente de su independencia; y así lo ha hecho para impedir que aquél le controle” (pág. 239). “Nuestra política judicial ha apostado por la cantidad, no por la calidad: prima la Administración no la Justicia” (pág. 271).
La obra termina, justificando así la dedicatoria, con la alabanza de los jueces: “No son —escribe el profesor Nieto— los funcionarios más retribuidos pero sí, desde luego, los que más trabajan. No existe en el aparato estatal un caso más claro de explotación laboral ni crueldad mayor que la de unos módulos desmesurados que sirven de azote a los que pretenden ser concienzudos y de acicate retributivo a los que resuelven sin pensar” (pág. 271). En fin, mejor será tomarse en serio las observaciones de este cualificado jurista, se compartan o no, que reaccionar con descalificaciones apriorísticas o aspavientos de dignidad ofendida.
Y el yo-mismo se inventa. A la medida cruel de su deseo enfermo. Y es verdad que hace falta estar enfermo, y mucho, para andar construyéndonos identidad, calcando los fantasmas de los años treinta. Yo he vivido el epílogo de esos fantasmas, claro. ¿Y quién de mi edad, no? Los sé mugrientos e inhabitables, claro. ¿Quién de mi edad, y quién, hijo de los perdedores, no sabe eso? Los sé, sobre todo, y es eso lo importante, perdidos en un tiempo al cual la España de hoy es más lejana que al último rincón del ominoso Yemen. ¿Alguien sabe, de verdad, de qué está hablando, cuando juega a repetir dispositivos, metáforas, topografías electorales de 1936?
Este país era entonces tercer mundo profundo. Subsuelo famélico de Europa, en el que, como tal, jugaron Hitler y Stalin su ensayo general, previo a la guerra de verdad, la gran matanza. Era barato que una tribu de bárbaros sin instituciones –nunca existió aquí nada a lo que pueda llamarse siglo XIX, tiempo en el cual Europa fue inventando economía de mercado y democracia– se exterminase a golpe de azadón o cartuchazo. Porque fue eso la «romántica» guerra civil, inventada por hispanistas turísticos: carnicería rural de todos contra todos; sacar las tripas a aquel de cuyo borrado derivase un beneficio. Lo de las ideologías se superponía a eso con tosquedad que sería risible de no ser por tanta sangre.
Poco más de un año hace que algún desalmado vio rentabilidad electoral en identificar a las urbanas gentes de un convencional país moderno con aquellas bandas de matarifes. Fue rentable. Hoy es anuncio de abismo. Porque también el delirio es sabio en muerte.
La política es siempre un ejercicio ideológico, aunque quien la practique ni haya leído un libro ni tenga previsto hacerlo en los meses siguientes. En cada uno de los actos de un gobierno podemos rastrear su visión de lo que una sociedad debe ser o del margen de libertad que corresponde a cada ciudadano. En ciertos momentos, cuando el debate político se centra en temas mayores, como el Tratado de la Constitución Europea, entonces ese componente ideológico se hace más evidente.
Muchas son las páginas que Libertad Digital ha dedicado a glosar las extraordinarias declaraciones de “artistas” que no han dudado en poner su voz a la campaña organizada por el Gobierno para pedir el voto favorable al tratado en cuestión, reconociendo sin pudor que ni lo han leído ni tienen intención de hacerlo. El tema se las trae y nos proporciona una buena imagen de lo que la sociedad española es a día de hoy y de lo que se puede esperar de ella. Pero mucho más grave es la declaración del ministro de Justicia, afirmando que no es necesario leer el tratado para saber que es bueno y, consiguientemente, que hay que votar favorablemente. El señor ministro, a la postre catedrático de Universidad, refleja con claridad la visión que el Partido Socialista tiene de lo que es ser español.
A Felipe González, no sin un punto de cursilería gala, le gustaba hablar de”ciudadanos”. Era a todas luces intencionado rescatar el espíritu republicano, donde cada persona es portador de derechos y deberes, un elemento activo en el proceso político y, sobre todo, un ser dotado de dignidad. Sin caer en la tentación de idolatrar al que fuera Presidente del Gobierno español -nada más lejos de nuestra intención-, es justo reconocer que Zapatero responde a otra concepción, a otra estética y a otra práctica de la política. El actual Partido Socialista es mucho más antiliberal que su predecesor y, sobre todo, es más populista. Chávez, que no Mitterrand, parece ser el faro que guía sus actos, aunque el marco europeo y la propia sociedad española no faciliten la labor. Si el dirigente venezolano asalta tierras privadas, nuestro ZP lo intenta con bancos, por ahora con menor suerte. Mientras la vieja guardia felipista intenta que contenga a Chávez -no pueden olvidar a su amigo Carlos Andrés Pérez- y le dificultan el asalto al BBVA.
Varias son las razones para votar “no” en el referéndum. Ahora tenemos una más. No podemos aceptar que el Gobierno nos insulte y nos trate como masa amorfa, seres que renuncian a pensar, a tener criterio propio, dispuestos a seguir las sabias sugerencias del Poder como si en el Mundo feliz de Aldous Huxley nos encontráramos. Tenemos el deber de rebelarnos y exigir el mínimo respeto a nuestra dignidad. Para votar lo que se considere oportuno hay que conocer y, en el caso del Tratado, eso supone leer. Decía hace unos meses el actual Presidente de la Unión que esperaba que nadie leyera el texto porque si lo hacía lo más probable es que votara en contra. Sabía de lo que hablaba. Cada vez más, desde instancias próximas al Gobierno se reconocen sus carencias y se opta por el argumento más tremendista: si el Tratado no es aprobado la Unión daría un paso atrás y se entraría en un peligroso período de incertidumbre. No nos dejemos engañar, el texto es un fallido que no responde al encargo que se hizo a la Convención; los intereses de España son violentados; se favorece la formación de un directorio reducido de grandes potencias; el Partido Socialista utilizará el resultado favorable en beneficio propio y, por último, la campaña se está caracterizando por un trato humillante al ciudadano, al que se invita a votar sin pensar, sin tratar de conocer aquello que es objeto de supuesto debate.
El referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea refleja una forma de entender la política, que se caracteriza por su rechazo a los valores del liberalismo y por un populismo inaceptable en la Europa del siglo XXI. Votar “no” es mucho más que rechazar un texto, es también rechazar a un Gobierno dispuesto a utilizar el resultado en beneficio propio y, sobre todo, a una forma de entender la política contraria a los principios y valores de la democracia liberal.
En una democracia de consenso, como la nuestra, los conflictos y diferencias políticas se dirimen en las instituciones. Incluso la protesta es reglada, sea la que sea la vía que utilice. Este es el éxito de las democracias, que son capaces, incluso, de admitir opiniones contrarias a la ley democrática, siempre que se manifiesten dentro de la misma ley.
Cuando no es así, el Estado debe actuar con toda contundencia: nos estamos jugando el sentido de la democracia liberal; esto es, el respeto a los derechos individuales. Pero además, debe contar con la condena explícita, sin requiebros ni recovecos, sin medias tintas ni complicidades, de los principales actores políticos: los partidos. Cuando esto no es así, cuando el imperio de la ley no existe, se abre un camino que perturba la vida democrática y, por tanto, la confianza popular en los mecanismos e instituciones, en su autoridad y legitimidad. Ni siquiera vale la doble moral, la condena a los atentados sufridos y el cobijo a los violentos de la casa; es más, esto empeora las cosas.
El PSOE cometió en los dos últimos años un daño importante a la democracia de consenso: promocionar la vía callejera de presión política, en muchas ocasiones saltándose gravemente la ley, encubriendo a los infractores, y no condenando las agresiones que sufrían las personas y las sedes del PP. El momento culmen llegó, efectivamente, el 13-M, que quedará como un punto negro en la historia de la democracia española. Tan negro como que Zapatero no condenara aquellos actos ilegales, convocados por miembros de su partido, entre otros. Era como el “¡Algo habrán hecho!” que se oía en los años 70 y 80 cuando ETA asesinaba a un miembro de las fuerzas de orden o del Ejército.
No sólo se ha quedado el PSOE sin legitimidad ni autoridad para pedir la condena de los que agredieron miserablemente a Bono en la manifestación de la AVT; sino que ha crispado a una parte de la población, minoritaria, que, sin sentido, buscará la revancha. Pero quizá sea ésta la democracia que le va a este PSOE de Zapatero, la del tumulto, la asamblearia, la de adoquín y vocerío, la del populismo televisivo de Chávez, la de los SMS y actores filotiranos.
Los dos individuos que intentaron agredir al ministro de Defensa no pueden quedar impunes. Pero no sólo por el decoro del PP, pues parecen ser dos militantes populares, sino por el de nuestra democracia. Sería un hecho aislado, sin más importancia que el delito en sí mismo, sino fuera porque es el resultado de dos años de crispación sin freno ni recortes, con violencia de una parte que no ha sido condenada ni evitada por el PSOE. Por esto resulta patético oír al secretario de organización de los socialistas, José Blanco, decir que éste es el resultado de la política de Aznar y de sus discursos agresivos. Ya, ya. No a la guerra, señor Blanco, nunca máis, se lo digo por su prestige. Y si no: pásalo.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó ayer auto de procesamiento contra 36 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada. Garzón relaciona a estas personas con la financiación ilegal de ETA a través de las herriko tabernas y un conglomerado empresarial controlado por testaferros de la banda terrorista.
El llamado sumario 35/02 forma parte de una de las líneas de investigación seguida por el juez Garzón desde la apertura del sumario de Ekin en 1998, cuando el juez estableció que ETA controlaba a través de ese órgano de coordinación Batasuna y las numerosas organizaciones de la izquierda abertzale. Otras causas paralelas abiertas por Garzón son las relativas a Jarrai, las juventudes de Batasuna, y a las Gestoras Proamnistía, el colectivo de presos.
Garzón aporta en este sumario 35/02 numerosas pruebas de la vinculación de ETA con Batasuna, a la que dictaba su estrategia política y utilizaba para su financiación hasta el punto de que los recursos obtenidos del negocio de las herriko tabernas servían para pagar las fianzas a los presos. Por ello, procesa a dirigentes históricos y ex miembros de la Mesa Nacional de Batasuna como Florencio Aoiz, Karmelo Landa, Jon Idigoras, Rufino Echebarria y José Luis Elkoro, a los que considera cómplices y ejecutores de la estrategia de la banda.
Hay otros 11 dirigentes de Batasuna ya procesados por pertenencia a ETA en esos otros sumarios abiertos por Garzón y seis que ya han fallecido. Restan Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, Josu Ternera, reclamado por la Justicia, y otros tres dirigentes de Batasuna, a los que Garzón no puede imputar al ser parlamentarios de la Cámara de Vitoria y gozar, por tanto, de aforamiento.
En todos estos casos, Garzón pide al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), órgano competente, que investigue si hay motivos para procesar por pertenencia a banda armada a Otegi y el resto de parlamentarios.
Todo indica que sí los hay, porque sería una paradoja que casi 50 dirigentes de Batasuna tuvieran que sentarse en el banquillo mientras Otegi, líder y estratega del partido ilegalizado y ex miembro de ETA, quedara libre de cargos.
El Supremo dejó claro en su fallo que Batasuna es un mero apéndice instrumental de ETA, por lo que parece evidente que Otegi ha estado al servicio de la banda, ejecutando fielmente sus dictados.
EL reprobable intento de agresión y los insultos de los que fue objeto el pasado sábado el ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo son la expresión última y preocupante de un clima de tensión cuyos orígenes no son nuevos, sino que se remontan a la anterior legislatura. Ciertos sectores de la izquierda y del nacionalismo radical pretendieron entonces sustituir la legitimidad del Parlamento por la «legitimidad» de la calle, otorgando a las manifestaciones y algaradas el valor de un referéndum plebiscitario y condenatorio del Gobierno de José María Aznar. Ejemplos hay muchos, pero los más significativos se vivieron a raíz del hundimiento del «Prestige», con una campaña en la que el PSOE tal vez no pudo, o no supo, modular su respuesta y su crítica a la polémica gestión del Ejecutivo popular, sirviendo, acaso sin pretenderlo, a otros intereses más extremos.
Del «Nunca máis», que también tuvo en la escenificación de su protesta conatos de violencia verbal y física, se pasó al «No a la guerra», casi sin solución de continuidad, y la calle se convirtió en un campo de batalla política donde las protestas legítimas de millones de españoles fueron utilizadas con fines claramente partidistas. Las mayores cotas de violencia se alcanzaron con motivo de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, en las que el papel jugado por el Gobierno de Aznar en el conflicto iraquí sirvió a muchos de pretexto para lanzar una ofensiva contra el PP, con el asalto a sus sedes, el boicot a sus mítines y las agresiones e insultos a algunos de sus más destacados dirigentes.
Conviene refrescar la memoria y actualizar el pasado más reciente para adentrarse, con la necesaria dosis de tranquilidad, en el análisis de un clima de tensión social que se retroalimentó peligrosamente tras los atentados del 11 del marzo a raíz de los últimos días de una campaña electoral marcada por comportamientos políticos inaceptables, y que terminó el 14-M con la victoria incuestionable, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, del PSOE. A la puerta del colegio donde emitió su voto, Aznar fue increpado al grito de «asesino», acusación recurrente contra el entonces jefe del Ejecutivo durante los últimos meses de la anterior legislatura.
Desde aquel día, España parece, más que nunca, dividida en dos mitades: la que celebra la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno, por acabar con la «etapa negra» de Aznar, y la que, diez meses después, cuestiona aún el triunfo socialista por el modo y acontecimientos que rodearon su victoria.
Los lamentables incidentes registrados en la manifestación de la AVT tal vez sean reflejo de esa división, a la que el Gobierno y el PP, como principal grupo de la oposición, deben hacer frente con un pacto tácito para la convivencia que serene los ánimos y sirva de dique de contención a los intentos de quienes, precisamente ahora, lanzan su desafío al Estado y están listos para pescar en las aguas revueltas de un país obligado a mantener el sosiego.
Algo no funciona bien cuando las víctimas del terror se convierten en sí mismas en expresión de las diferencias políticas y de la lucha partidaria, síntoma grave del grado de tensión de la sociedad. El riesgo de fractura surge siempre cuando un país, imbuido en sus propias pulsiones, sociales y territoriales, se obceca en sus diferencias y no es capaz de dotarse de la suficiente perspectiva para diagnosticar sus dolencias. El PSOE y el PP han dado en su historia probadas muestras de responsabilidad en momentos difíciles. A ellos corresponde poner fin a una situación que amenaza con elevar la tensión hasta límites insoportables para la convivencia.
El Congreso de los Diputados someterá a votación del Pleno, el próximo 1 de febrero, la reforma del Estatuto vasco conocida como plan Ibarretxe, salvo que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente la sesión. La Mesa desestimó ayer, con los votos de PSOE y PP, la propuesta presentada por los partidos nacionalistas e IU para que el proyecto se debata en comisión antes de ser votado en el Pleno. Estas formaciones han anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional.
Los recurrentes sostienen que el procedimiento de reforma del estatuto debe ser el mismo que se siguió en su día para su aprobación, de forma que pase directamente a la Comisión Constitucional del Congreso, a fin de que en su seno y con participación de una representación del Parlamento vasco se debata su contenido, artículo por artículo. Tal vez habría sido conveniente establecer esa identidad entre los procedimientos de aprobación y reforma, pero lo cierto es que no se hizo así. La Constitución remite a lo que establezca cada estatuto, con la salvedad de que en todo caso requerirá la aprobación de las Cortes mediante ley orgánica; y el Estatuto vasco recoge esa salvedad sin mayores precisiones.
Ante esa laguna, la presidencia de las Cortes, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, incluyendo el representante del PNV, aprobó en 1993 sendos procedimientos para los estatutos de régimen común y para los del artículo 151, que es el que ahora va a aplicarse. No es aceptable la pretensión de modificar la norma sobre la marcha. Y lo que establece la norma es que, previamente a la remisión a la Comisión Constitucional del Congreso, la propuesta ha de someterse a una votación de totalidad.
Podía haberse procedido de otra manera, pero ésta no es absurda en el caso del plan Ibarretxe. Porque la propuesta llega lastrada por un procedimiento que agrava sus problemas de contenido. No sólo es inconstitucional la lógica soberanista que preside todo su articulado, sino que se ha elaborado con una voluntad nula de consenso con las formaciones representativas de casi la mitad del electorado. Lo que exige la lógica política coincide en este caso con lo que marca el procedimiento establecido: un debate sobre la remisión del proyecto a la comisión correspondiente o su devolución al Parlamento vasco para que reinicie el proceso sin esas taras de origen. Aceptar lo primero sería legitimar a posteriori un procedimiento poco respetuoso con las reglas de juego; blanquear en el Parlamento español lo hecho de manera harto sectaria en el vasco.
¿HACIA EL FINAL DE ETA?
JAVIER ELZO Catedrático de Sociología en la Universidad de Deusto ABC 26 Enero 2005
Hace ya varios años, no puedo precisar la fecha, un agente de la Guardia Civil vino a la Universidad de Deusto para decirme que mi nombre había aparecido en unos papeles de ETA con algunas indicaciones precisas. En la conversación le pregunté (ya se hablaba entonces del fin de ETA) cómo veía él la situación. No olvidaré su respuesta: «¿El final de ETA? Mientras haya un comando dispuesto a matar, habrá ETA». Hace poco más de dos meses, responsables de la Ertzaintza vinieron a decirme lo mismo.
Los vascos nos agarramos como a un clavo ardiendo ante la esperanza de que la pesadilla de ETA vaya a terminar de una vez por todas. Pero, personalmente, nunca he estado tan convencido como ahora de que, esta vez sí, la cosa puede ir en serio. Admito y comprendo el escepticismo del lector, pues son ya muchos años de desengaños.
Siempre he visto en la sociología del MLNV un núcleo y tres círculos, más o menos concéntricos. El núcleo duro está formado casi exclusivamente por los militantes de ETA, de dentro y de fuera de la cárcel. No llegarán al millar. El primer círculo, la retaguardia de ETA, quienes les apoyan logísticamente haciendo de buzones, trabajando en la captación de nuevos militantes, sirviendo de «refugio» en sus acciones terroristas, etc. Algunos destacados miembros de HB, Jarrai y de los demás colectivos del organigrama del MLNV pueden estar en este círculo, compuesto de unas 5.000 personas que legitiman las acciones de ETA, como «violencia de respuesta ante la violencia de ocupación». En el siguiente círculo se sitúan las personas que acuden a los actos públicos, manifestaciones, etc. de la izquierda abertzale. Varían entre 30.000 y 50.000 (que, obviamente, son aproximadas y fruto de lecturas de datos electorales, encuestas e informaciones privadas). Entre ellos hay también personas, aunque cada vez menos, que legitiman la violencia armada de ETA. En fin, queda, propiamente hablando, la periferia del MLNV, el tercer círculo. Son los simpatizantes de la izquierda abertzale que nunca han legitimado la violencia de ETA y que han votado a HB según las circunstancias. Contando los miembros de los tres círculos, 230.000 tras la tregua, y, según los votos nulos, rondando los 100.000 en las generales de 2004 y menos de 120.000 en las municipales del año 2003.
ETA y el MLNV están hoy muy debilitados. Unos pondrán el acento en la acción de las fuerzas policiales y judiciales, de la firmeza contra Batasuna que llevó a su ilegalización (aún hoy dudo de su eficacia final) y contra el entramado del MLNV (lo que aplaudimos pese a errores muy graves en la instrucción de algunos procesos, como se comprobará). Otros insistirán en el creciente rechazo a la violencia de ETA en la sociedad vasca, en el efecto dominó del 11 de Septiembre en EE.UU. y el del 11 de marzo en Madrid que hacen aún más insostenible la postura, entre otros, de los componentes del segundo círculo del MLNV, hasta el punto de que ETA se asoma ya al modelo Brigadas Rojas o Banda Baader Meinhof, con la periferia del MLNV desertando en silencio pero sin marcha atrás. Salvo si en las próximas elecciones se repiten los insultos y provocaciones a los vascos nacionalistas de Mayo de 2001.
Pero más importante es constatar que, hoy, tanto el núcleo duro como la dirección de Batasuna han dicho públicamente (con su lenguaje, claro está) que quieren acabar con la violencia. ETA, tras su verborrea habitual, en su reciente comunicado afirma que ve «con buenos ojos la Propuesta Alternativa presentada en el Velódromo de Donostia-San Sebastián» en noviembre pasado por HB. Ese 14 de noviembre Herri Batasuna dijo dos cosas importantes: 1. Que «es responsabilidad política de la izquierda abertzale, aquí y ahora, sacar el conflicto de las calles y llevarlo a la mesa de negociación y diálogo»; y 2, Que todo acuerdo «tendrá que contar con la adhesión y el respeto de las distintas sensibilidades existentes en el pueblo vasco».
Yo interpreto esto como un adiós a las armas (convencidos ya de que han perdido la guerra y las guerrillas, pero ellos no lo pueden decir así, obviamente) para, mediante el diálogo con todas las fuerzas políticas (luego adiós a Lizarra, donde excluían al PP y al PSOE), llegar a una fórmula (Otegi ha llegado a decir que no piensan en la independencia, en carta a Zapatero este 14 de enero), fórmula que habrá que someter a la consideración del pueblo vasco (el censo electoral de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en realidad).
¿Bellas palabras? ¿Engañabobos? ¿Propuesta trampa? O, quizá, ¿clavo ardiendo, para ETA y su mundo esta vez, que ya han interiorizado su derrota y buscan una forma «honorable» para dejar las armas? ¿ETA que condiciona, una vez más la política de este país...? Puede ser, pero, aun en ese caso, sin angelismo, con prudencia e inteligencia, no hay que dejar pasar esta oportunidad para el final del terrorismo de ETA. La tentación de acabar militarmente con ETA, ahora que está débil (aunque ha puesto más de 20 bombas en los últimos meses) es muy grande. Pero a mí me vuelve a la cabeza la reflexión del guardia civil con la que he empezado este artículo. ¿Cuándo acaba ETA? No bajar nunca la guardia, ciertamente. Pero hoy necesitamos auténticos estadistas que sepan ver más allá de los plazos cortos y de las próximas elecciones. Es la hora de la gran política.
Con motivo del décimo aniversario de tu asesinato, la Fundación constituida en tu nombre celebró el pasado sábado un acto de homenaje a tu memoria en el Kursaal de San Sebastián. En el transcurso del mismo proyectamos un documental. Para preparar el corto he tenido que ver bastantes imágenes tuyas grabadas, y he descubierto, con cargo de conciencia, que yo aún no era consciente de la importancia del discurso que ya defendías entonces. Me sorprende lo vigente que sigue siendo tu mensaje en la actualidad, y eso hace que me sienta, si cabe, más orgullosa de ti.
Me siento triste y algo me duele por dentro cuando pienso en todo lo que no te dije y ya no podré decirte. En todo lo que no exterioricé en su momento y ya no podré exteriorizar. O en que haya sido yo la que ha visto crecer a tu hijo Javier, cuando eras tú el que debía haberlo hecho.
Si de algo he sido consciente estos diez años es de que han sido muchas las personas de bien que te querían. A mí me lo han dicho en innumerables ocasiones, y creo que en vida también te lo dijeron a ti, no sólo en forma de votos sino, como yo misma comprobaba, cuando paseaba contigo por la ciudad.
A la vista está que los fanáticos dictadores nacionalistas te odiaban. Eso era lo que te hacía estar seguro de que tu discurso era el correcto. Primero, porque no hay idea justa ni razonable que pueda defenderse mediante el tiro en la nuca. Segundo, porque si les molestabas tanto es, sin duda, porque acertabas de pleno en tu forma de trabajar para los demás. Tu honestidad y apasionamiento iba calando en nuestra sociedad. Por todo esto la basura te odiaba, y tú, mientras, les invitabas a que caminaran por donde les correspondía: “Las cloacas”. Conseguiste que los donostiarras y los ciudadanos del resto de España te mostraran su aprecio y que, a la vez, perdieran el miedo a los criminales. ¡Te estabas pasando, hermanito! Por eso, ¡te mataron!
Se puede decir que sí, que cambiaron el destino de la historia. Muy probablemente hubieras llegado a ser el alcalde que la mayoría de los donostiarras prefería, lo que tanta ilusión te hubiera hecho. Habría menos carriles bici, quizá, pero más dignidad en la ciudad. Y lo peor: después de ti llegaron demasiados. Algunos (te evitaron ese dolor de verlos morir) amigos tuyos y a otros que no les dieron la oportunidad de conseguir tu amistad los mataron porque después de tu asesinato sintieron una rabia tan grande por lo que te habían hecho que se afiliaron a tu partido, y por ello acabaron como tú.
¿Sabes?, hoy todavía hay desgraciadamente bastantes que quieren rentabilizar tu muerte y la de mil más y nos quieren cambiar una cosa a la que llaman “paz” por otra a la que llaman “plan”, y nos dicen que si hacemos lo que ellos quieren nos dejarán vivir.
Yo creo que su paz es la que me encuentro cada vez que voy a verte al cementerio o la que existe en cualquier dictadura bananera, y para que nos lo creamos todavía nos siguen metiendo miedo los mismos de hace treinta años, creyendo que a ellos no les gana nadie. No sé por qué me da que si los matones y sus mafias no existieran nos descojonaríamos todos de ese “plan”; menos ellos, claro. Porque carecen, entre otras cosas, del sentido del humor. Es lo que tiene “odiar tanto y tan seguido”.
Durante estos diez años he conocido a los mejores vascos y a unos cuantos también de los peores. No debemos olvidar que son vascos los que os han asesinado, y los que les apoyan, justifican y han estado y están en contra de todas las medidas que están contribuyendo al debilitamiento y la derrota de ETA. Pero por los mejores, esos con los que me apunté a tomar las calles, muchos de los cuales son mis mejores amigos y hacen que me sienta una privilegiada, yo puedo decir eso de: “Tengo amigos a prueba de bomba”.
Todos tienen un denominador común: se parecen a ti. Son resistentes, acostumbrados a luchar por la libertad y a usar su cerebro con valentía e inteligencia. No dudan en actuar así, pese a las complicaciones que se han ganado por ello. Me han enseñado mucho, y me han reconfortado en los malos tiempos provocados tras tu forzosa ausencia. Todavía continuamos en esa lucha por la libertad en la que tú nos iniciaste hace ya demasiados años.
Todavía seguimos a cuestas con “lo evidente”: ¿paz? ¿De qué paz nos hablan?, ¿la de los cementerios?, ¿la de las dictaduras? ¿Conflicto?, ¿qué conflicto?, ¿el de no pensar todos igual?, es decir, ¿el de no ser todos nacionalistas? Esa es la pluralidad de la que hablan. ¿Guerra?, ¿de qué guerra nos hablan? Y ¿a cuántos hemos asesinado nosotros?
¿Reconciliación, reinserción? ¿Habéis visto a algún terrorista que quiera reinsertarse o reconciliarse? ¿He de reconciliarme con esos con los que me cruzo y me gritan “Ordóñez, devuélvenos la bala” o me llaman “asesina”? ¿O con los que queman nuestras casas, encartelan nuestros pueblos con nuestras caras enmarcadas en dianas y nos lanzan botellazos por la espalda? ¿O con los que me llaman intolerante y provocadora cuando les respondo que no se dan las condiciones? ¿Acaso fue culpa mía tener el balcón abierto cuando me lanzaron los cócteles molotov?
Lo mantengo: este país sería para “descojonarse” si no fuera porque te matan. Claro.
Durante estos años he comprobado que al terrorismo sólo se le acaba derrotando con el Estado de Derecho, y si nos hubiéramos puesto manos a la obra antes hubiéramos salvado muchas vidas. Tal vez la de mi hermano Gregorio.
Quieren chantajearnos con nuestro dolor, pero es tarde. Cada vez somos más los que no nos vamos a callar, porque cada vez somos más los que somos un poco como tú.
¡Les derrotaremos!
Consuelo Ordóñez es la hermana de Gregorio Ordóñez.
La Junta de Portavoces del Congreso convocó ayer para el próximo 1 de febrero el pleno de toma en consideración del plan Ibarretxe. Con esa decisión rechazó las peticiones de PNV, EA e IU para que el trámite del plan se efectuase a través de una interpretación extensiva del artículo 151.2 de la Constitución. La aplicación de dicho artículo -previsto para el momento de la aprobación de los estatutos de autonomía en las comunidades de régimen especial- obligaría a la apertura de un debate en la Comisión Constitucional del Congreso entre los miembros de la misma y una delegación del Parlamento vasco. Frente a ello, la Junta de Portavoces resolvió debatir y votar la toma en consideración del plan Ibarretxe ateniéndose a lo establecido en una resolución de la Presidencia del Congreso adoptada el 16 de marzo de 1993. De forma que antes de cualquier trámite pormenorizado del contenido del proyecto será el pleno del Congreso quien estime pertinente o no la apertura de dicha discusión.
Los nacionalistas, así como IU, han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional demandando la aplicación del artículo 151.2 de la Constitución. Independientemente de la resolución que al final adopte el Alto Tribunal, parece evidente que el PNV incurre en una doble contradicción. Por una parte, intenta tramitar como estatuto de nueva planta lo que el Parlamento vasco remitió a las Cortes Generales como proyecto de reforma con un respaldo muy inferior al que en su día obtuviera el Estatuto de Gernika. Por la otra, se hace valer de un procedimiento tasado de la Constitución mientras anuncia que no admitirá una decisión final por parte de las Cortes Generales contraria a la modificación que pretende del ordenamiento vigente. El PNV trata de exprimir al máximo, y mirando siempre hacia sus bases, su fingida disposición negociadora cuando durante dos años ha mantenido inamovible su proyecto soberanista, a pesar de las críticas y reconvenciones de las formaciones no nacionalistas y de importantes sectores de opinión en el País Vasco.
En cualquier caso conviene señalar que el cauce habilitado por la Junta de Portavoces en nada afecta a lo sustantivo. El trámite de toma en consideración de un proyecto de reforma estatutaria contiene todas las garantías para que su conclusión final exprese el parecer riguroso y meditado del Congreso. Si, como resulta previsible, el día 1 de febrero el pleno desestima la toma en consideración del plan Ibarretxe, no se deberá a ninguna falla procedimental, sino a la expresión consciente y detallada del rechazo que suscita por parte de la inmensa mayoría de la representación parlamentaria en las Cortes Generales. La aplicación de lo previsto en el 151.2 no añadiría más que ese tiempo que el nacionalismo pretende ganar sin que la conclusión final de tan discutible procedimiento dé un resultado distinto al previsto.
A menos que el Tribunal Constitucional dé la razón al Gobierno vasco, Ibarretxe no podrá ver, tal como quería, un debate en el Congreso de los Diputados dilatado en el espacio y el tiempo para que la Cámara Baja le sirviera, de paso, de plataforma publicitaria y puente de propaganda electoral. Con el plan hacia la urna, pasando por el Congreso. Justamente hasta la primavera, en vísperas de la celebración de las próximas elecciones autonómicas vascas. No deja de sorprender, por retorcido y aprovechado, la utilización de las instituciones de aquellos que, en plan Batasuna por cierto, recurren al Tribunal Constitucional al tiempo que reniegan de la Carta Magna. Pero así de pervertido está el escenario político en Euskadi.
Quienes han justificado y jaleado los atentados de ETA durante todos estos años ahora emplazan a Zapatero hablando de paz y democracia. La ilegalizada Batasuna, proscrita por la Justicia por haber sido cómplice del terrorismo, tiene, sin embargo, a sus parlamentarios, de hecho y de derecho, en Vitoria, gracias a que el Gobierno de Ibarretxe les echó una manita y ellos le han devuelto el favor dándole los votos suficientes para que su plan saliera aprobado por mayoría absoluta. Al lehendakari le conviene forzar una confrontación con las instituciones españolas, para que la bolsa electoral de la victimización vaya engordando en los sectores de la izquierda abertzale, y así, seguir preguntándose, mirando al infinito: ¿Por qué no quieren dialogar? No por casualidad, ayer la portavoz Azkarate fijaba la 'idea- fuerza' en su comparecencia: «se niegan a dialogar». Negación. Diálogo. Ellos, los españoles. Malos. Y no contenta con eso, se permite la licencia de llamarles violadores de la Constitución. A ver si va haciendo mella en los batzokis.
Mientras, López y San Gil señalan el cinismo de que el lehendakari se queje de lo que él no practica. Su proyecto, que pretende alterar la norma básica de 'una persona, un voto' no fue negociado con la oposición democrática vasca. Con este ambiente, el nacionalista Erkoreka se queja del férreo acuerdo entre el PP y PSOE para oponerse al plan. No quieren admitir, por lo visto, que los demás también fortalezcan acuerdos. ¿Qué hay de malo en ello? Sobre todo cuando los partidos que se oponen al plan soberanista están cumpliendo lo que les piden sus propios votantes. Esos 580.000 votos de ciudadanos constitucionalistas que, según Egibar, no son vascos de label por oponerse al plan Ibarretxe.
Después de la bronca de la manifestación de Madrid, la socialista Rosa Díez dejaba una reflexión sobre la mesa: «Cuando se resquebraja la unidad democrática, siempre llenan el hueco los ultras, los fascistas, los totalitarios; en Madrid y en el País Vasco. Sería bueno que Blanco y Rubalcaba dieran una vuelta a esta idea. Las víctimas del terrorismo que fueron eliminadas por ETA por no ser nacionalistas, han sido tan utilizadas por unos como ignoradas por otros. Y no se lo merecen.
La 'ruptura' Ibarretxe
EDUARDO VÍRGALA FORURIA/CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UPV-EHU El Correo 26 Enero 2005
La aprobación por el Parlamento vasco de la denominada propuesta de estatuto político de la comunidad de Euskadi conjuga un atentado a los dos principios básicos del Estado democrático: no respeta el procedimiento establecido para la reforma de la Constitución española de 1978 y se pretende su entrada en vigor sin garantizar los derechos fundamentales de un porcentaje elevado de población vasca amenazada y atemorizada por la actuación de los terroristas, que, por el contrario, han apoyado a la misma. En cuanto al contenido de esta propuesta, no es que la misma sea inconstitucional, sino que está al margen de la Constitución, ha sido realizada como si la de 1978 no existiera, que simplemente es mencionada para recordar su no aplicación en determinados supuestos. No se trata de una reforma de la Constitución sino de un cambio de Constitución, es decir, del modelo constitucional. Dejando al margen los importantes aspectos formales, entraré a analizar someramente el contenido de la propuesta que puede calificarse de independentista, antidemocrática e inconstitucional.
La propuesta es independentista al situar su origen en una supuesta soberanía constituyente de un pueblo vasco (compuesto por los habitantes del actual País Vasco, de Navarra y de tres provincias francesas) que decide, por su propia voluntad, «asociarse» al Estado español. Ese supuesto pueblo, que no ha existido nunca políticamente, «tiene derecho a decidir su propio futuro», pero ¿quién le otorga tal derecho? En primer lugar, se dice que ese derecho a decidir lo es «de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos», desconociendo que, de acuerdo a las Naciones Unidas, tal derecho está reservado a las colonias sometidas a un ordenamiento jurídico diverso del de la metrópoli. Incluso, tal derecho no podría inferirse ni de la interpretación canadiense del derecho de autodeterminación por la que queda en las manos de la Cámara de los Comunes de la Federación decidir si se ha formulado en un referéndum a los habitantes de una provincia canadiense una pregunta clara sobre su futuro político y si el pronunciamiento de los ciudadanos ha arrojado una mayoría clara en favor de la separación, para, si así se decidiera, comenzar la negociación de los términos de tal separación.
En segundo lugar, la libre asociación supone «una actualización de los derechos históricos que contempla la disposición adicional primera de la Constitución». La disposición adicional primera no puede utilizarse, porque eso iría en contra del 'marco de la Constitución' del que habla también la propia disposición adicional, para realizar una apertura constitucional al vacío permitiendo una especie de situación confederal en la que la soberanía ya no pertenece al pueblo español sino que en el ámbito del País Vasco pertenecería a otro sujeto, 'un imaginario pueblo vasco', legitimado por los derechos históricos, olvidando que la soberanía históricamente pertenecía al Rey y que los fueros eran provinciales y no de un sujeto político vasco inexistente.
En todo caso, la propuesta Ibarretxe, siendo consciente de que sus ensoñaciones poco pueden hacer frente a la realidad geopolítica, entiende que sólo los ciudadanos de la actual Comunidad Autónoma de Euskadi son los que van a decidir y, para ello, manifiestan la «voluntad de formalizar un nuevo pacto político para la convivencia». A partir de ese momento es cuando la propuesta desvela sus verdaderas intenciones, que no son otras que las de dar por ejercido ya el derecho de autodeterminación y, desde una posición de independencia, establecer las relaciones «con el Estado español». ¿Cómo puede afirmarse lo anterior si reiteradamente el lehendakari Ibarretxe ha insistido en que su voluntad es la de permanecer en el Estado sobre la base de nuevas relaciones? Pues sencillamente porque así se explicita en la propuesta. El nuevo modelo de relación está «basado en la libre asociación» y uno sólo se asocia a lo que no pertenece. Nadie se une a algo de lo que ya forma parte. Un territorio sólo se asociará libremente a un Estado al que no pertenece, pues si formara parte de ese Estado en el momento de tomar la decisión no podría 'asociarse libremente' sino simplemente modificar su relación con el Estado a partir de los procedimientos constitucionales previstos en éste. Como colofón final en la explicitación de la posición previa de independencia de la que se parte, la propuesta determina que, haya acuerdo con el Estado español o no, «en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente estatuto, la comunidad de Euskadi asumirá materialmente y comenzará a ejercer en plenitud y sin excepción todas las potestades, funciones y servicios».
Establecida desde la soberanía plena la libre asociación con el Estado español, la propuesta diseña un sistema de relaciones con aquél que obvia cualquier consideración del modelo constitucional autonómico para establecer un marco cuasi confederal entre dos sujetos iguales. Así, la reforma futura del estatuto político propuesto se podría realizar sin necesidad de cumplir los artículos 147.3 y 152.2 de la Constitución (vinculantes para todas las reformas estatutarias) y, por lo tanto, sin necesidad de contar siempre con la aprobación de las Cortes Generales españolas. La libre asociación al Estado español es puramente formal, y con el único objetivo de seguir manteniendo la pertenencia a la Unión Europea, por lo que las competencias que la propuesta otorga o concede en exclusiva a los órganos centrales del Estado son las correspondientes al Ejército, el control de las armas, el abanderamiento de buques y el control del espacio aéreo, ya que, aunque se mencionan también otras competencias, todas ellas o son compartidas o no existen de hecho desde la pertenencia a la Unión Europea.
La propuesta Ibarretxe no sólo es independentista, sino que también contiene importantes riesgos desde el punto de vista democrático. Se oculta, remitiéndose a una futura ley, «la forma de elección de la lehendakari o el lehendakari y sus atribuciones, así como las relaciones del Gobierno con el Parlamento». Este silencio es especialmente llamativo si tenemos en cuenta la debilidad parlamentaria de los gobiernos nacionalistas a partir del año 2000, a lo que se ha añadido que la redacción final aprobada por el Parlamento vasco elimina la mención al carácter anual de los Presupuestos, en un mareante viaje en el tiempo a la época de los gobiernos de Isabel II (de España -1833/1868-, no de Inglaterra).
Pero donde los elementos antidemocráticos de la propuesta Ibarretxe se acentúan es cuando se analiza lo relativo a la posición jurídica del ciudadano vasco. Además de por otras razones, choca extraordinariamente en un ordenamiento jurídico democrático la distinción que se realiza entre ciudadanía y nacionalidad vascas. Lo llamativo es la referencia a la acreditación de esta última, es decir, a la exhibición de algún tipo de documentación por el ciudadano, lo que permite, si la expedición de tal documento no es automática, diferenciar entre los vascos que la pueden acreditar y los que no y, en todo caso, la separación entre acreditados como nacionales vascos y el resto de ciudadanos españoles que puedan transitar o residir por Euskadi, con las consecuencias que en el pasado reciente europeo ha tenido la clasificación de los ciudadanos por nacionalidades internas dentro del propio Estado.
Hasta aquí lo sucedido ya. Si la flagrante inconstitucionalidad de la propuesta no podía más que suscitar las críticas jurídicas del texto, su aprobación en el Parlamento vasco con el voto favorable de parlamentarios procedentes de un partido político ilegalizado por su integración en ETA, a pesar de las reiteradas negativas anteriores del lehendakari, debe suscitar una rotunda oposición por los ciudadanos vascos defensores del marco constitucional de convivencia. Cómo ha de combatirse democráticamente esta propuesta es ya más complicado de aventurar para el mero jurista. Si bien el artículo 161.2 de la Constitución española podría teóricamente utilizarse en estos momentos, el auto del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2004 parece no dar mucho margen a la esperanza, y una segunda inadmisión sería muy contraproducente políticamente. La alternativa inmediata pasa, por lo tanto, por su rechazo en el Congreso que, por el ataque directo que supone a la Constitución, debería producirse en la toma en consideración. Sin embargo, a nadie se le escapa que el escenario de futuro será el que surja de las elecciones autonómicas de mayo de 2005. En todo caso, habrá que ver si Ibarretxe entonces se arriesga a convocar una consulta al margen del ordenamiento jurídico, ante lo que existen suficientes mecanismos constitucionales para paralizarla definitivamente, desde el artículo 161.2 de la Constitución española hasta la última ratio del sistema que es el artítulo 155.
Se apartó del puesto a un agente que se negó a tomarles declaración al asegurar que no había elementos incriminatorios La dirección popular se plantea acciones legales por practicar una «detención irregular»
Dos militantes del PP de Las Rozas, localidad cercana a Madrid, fueron ayer detenidos por su presunta relación con las supuestas agresiones al ministro de Defensa. Los populares tuvieron que declarar en la Comisaría de Moratalaz y se les leyeron sus derechos. Uno de los agentes que lleva la investigación se negó a tomarles declaración al entender que no existían indicios de delito y fue sustituido por otro que sí lo hizo. Estos hechos han provocado que desde el PP se asegure que la «detención irregular» fue por ser militantes del partido. No descartan emprender acciones legales.
Madrid- Dos miembros de la Junta Directiva del PP de la localidad madrileña de Las Rozas fueron ayer interrogados por la Policía por encontrarse en el grupo de personas que rodeó al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación del pasado sábado convocada por la AVT.
Según el relato de los hechos de los militantes populares, Isidoro Barrios y María Antonia de la Cruz, a las 10 de la mañana llamaron al primero a declarar en la Comisaría. Él se citó con «Toñi» Cruz, que acudió a su casa. A las 12 horas, dos policías, en un vehículo rojo, probablemente de la marca Citröen, les recogen. Según Barrios, en el coche van los dos agentes, María Antonia, su hermana y él. El popular asegura que cuando llegaron a la Comisaría del distrito de Moratalaz, le comunicaron que estaba detenido y le leyeron sus derechos.
Esta cronología de los hechos no ha sido contrastada por otras fuentes consultadas por este periódico. Así, según fuentes policiales, los militantes populares fueron citados y comparecieron en la Comisaría «voluntariamente». Sin embargo, una vez allí les leyeron sus derechos y les exigieron la presencia de su abogado. Ya en las dependencias policiales, uno de los agentes que estaba a cargo de la investigación por las supuestas agresiones al ministro de Defensa se negó a tomar declaración a los populares, ya que, a su entender, no había elementos incriminatorios contra ellos. La diferencia de opiniones se resolvió apartando a dicho agente y sustituyéndole por otro que, éste sí, tomó declaración a los detenidos.
Según fuentes policiales, estos hechos han provocado un fuerte malestar en la Brigada Provincial de Información de Madrid, ya que se han sentido fuertemente presionadados por varias declaraciones realizadas por el propio delegado, Constantino Méndez. Anteayer, el representante del Ejecutivo aseguró que se producirían detenciones «en las próximas horas» y ayer mismo por la mañana afirmó en declaraciones a Telemadrid que se harían públicos los nombres de los agresores «tras las detenciones». Según una nota hecha pública ayer a última hora de la noche por la Delegación de Gobierno, «las dos personas detenidas, identificadas por existir indicios racionales suficientes para suponer que hubieran participado en las agresiones» del sábado al ministro de Defensa, «fueron llamadas a declarar por la policía, comparecieron voluntariamente en dependencias policiales y declararon en su condición de imputados».
Tras declarar en la Comisaría de Moratalaz, Barrios aseguró, en declaraciones a la COPE, que tras una hora de declaración, la Policía no había encontrado nada que le incriminase. «Me lo han dicho todos los policías allí. Usted no tiene que tener miedo de nada porque es que no hay ninguna imagen que a usted le comprometa. Varias veces me lo han repetido».
Por ello, desde la Ejecutiva del PP madrileño, Juan José Güemes denunció que se ha producido «un grave atentado contra los derechos constitucionales de dos ciudadanos por el mero hecho de ser afiliados y haber participado en una manifestación que ha sido legalmente convocada por las víctimas del terrorismo».
Detención irregular.
Para el secretario Ejecutivo de comunicación de la formación, esta «detención irregular» constituye únicamente «un paso más dentro de la estrategia socialista de arrinconar al PP y desacreditar a las víctimas del terrorismo, que somos los que estamos rechazando la negociación con ETA que podría estar llevando a cabo el Gobierno».
El portavoz del PP regional denunció además que «esta política de detenciones irregulares y de utilización partidista y política de una manifestación no se conocía desde la dictadura franquista». Güemes explicó que la Ejecutiva regional del partido se puso ayer en contacto con ambos militantes, quienes les explicaron que fue «una detención en toda regla», pese «a que ahora el delegado del Gobierno sea tan consciente de su error que lo haya negado». «Han sido detenidos por el mero hecho de ser afiliados al partido», aseguró el portavoz regional de la formación. Así las cosas, y una vez demostrada la inocencia de sus militantes, el PP anunció que pedirá «responsabilidades políticas» y no descarta emprender acciones legales por las «detenciones».
Horas antes, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, dejó claro que si se «acreditase» la implicación de militantes populares, la «incompatibilidad haría que el vínculo que pudiera existir se rompiese inmediatamente», informa Efe. «Ningún tipo de participación en una conducta de violencia es compatible con la militancia en mi partido», indicó.
TRAS EL INFORME, SE CAMBIÓ DE INSTRUCTOR DE LA CAUSA
"Me he llevado un buen puñetazo en las costillas, me han dado muchos golpes por la espalda..." Esto es lo que contó el ministro de Defensa a El País después de los incidentes en la manifestación de la AVT. Cinco días después, Europa Press ha desvelado que el informe que la Policía realizó el sábado refleja que José Bono no fue agredido físicamente. La declaración de ocho agentes avala esta afirmación. Tras esta valoración de no agresión se cambió al instructor de la causa.
La presidenta la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado en la COPE que "si es cierto que el atestado policial dice que el señor Bono no sufrió ni una sola agresión física el ministro del Interior tendrá que explicar por doble motivo por qué se detuvo a los dos militantes del PP". "Es todavía mayor prevaricación que hayan detenido a dos militantes del PP de Las Rozas, si no existe delito por que se ha detenido a estos dos señores", añadió Aguirre.
Luxemburgo reconoce la existencia de "reticencias" en algunos Estados miembros pero asegura que buscará un acuerdo "rápido"
La posibilidad de que el catalán se convierta en breve en lengua oficial y de trabajo de la Unión Europea ganó ayer muchos enteros después de que el primer ministro de luxemburgo y presidente de turno de la Unión Europea, Jean Claude Juncker, se comprometiera a hacer todo lo posible durante los seis meses de su presidencia para que salga adelante el memorándum sobre lenguas presentado por el gobierno español. "Vamos a hacer todo lo posible para conseguir que nuestros socios en el seno de Europa acepten la idea de que el estatuto de la lengua catalana debe corregirse al alza", anunció Juncker después de reunirse con los dirigentes de Convergència i Unió (CiU) Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida.
No obstante, el primer ministro luxemburgués no quiso comprometerse en los plazos por la necesidad de atender a las "sensibilidades" de todos los Estados miembros. "La presidencia luxemburguesa, después de haber escuchado a nuestros amigos catalanes e incuso antes, está muy interesanda en encontrar lo más rápido posible un acuerdo sobre el estatuto que conviene otorgar a la lengua catalana, que es una gran lengua, como también lo es Cataluña, que forma parte de Europa y sin la cual Europa no estaría completa", insistió el presidente de turno de la UE.
Juncker reconoció que hay "reticiencias" en algunos Estados miembros, que no nombró, contra el reconocimiento del catalán como lengua oficial y de trabajo de la UE. "Es bastante normal porque cada país miembro tiene problemas lingüísticos por resolver, ya sea en el plano interno o en el plano europeo", dijo.
No obstante, señaló que la diferencia entre "estos problemas" y la petición de Cataluña "salta a la vista". "El catalán es una lengua reconocida por la Constitución española mientras que otras lenguas de otros Estados miembros no están reconocidas en sus Constituciones. Se trata de una diferencia notable", apuntó.
Otro "problema" que podría retrasar la aprobación del memorándum español más allá de la presidencia luxemburguesa, según Juncker, es que la mayoría de los Estados miembros acaban de descubrir las reivindicaciones lingüísticas españolas. No obstante, destacó que el memorándum del Gobierno "ofrece varias pistas y ahora se tratará de encontrar la pista que conviene a Cataluña, a España y a los otros Estados miembros".
"No puedo comprometerme sobre el resultado final de este ejercicio porque se tratará de tomar también en consideración las sensibilidades de los otros países sobre un plano interno", dijo Juncker, que destacó además que Cataluña ya ha conseguido un "gran éxito" en España al hacer que el Gobierno central defienda el catalán en la UE.
Optimismo de Duran Lleida
Por su parte, Duran Lleida se mostró "optimista" sobre las perspectivas de acuerdo durante los 6 meses de presidencia luxemburguesa, aunque descartó que el compromiso pueda lograrse antes del referéndum del 20 de febrero sobre la Constitución Europea porque sería un "error" precipitarse y no abordar adecuadamente todos los posibles problemas.
El secretario general de CiU aseguró tener "constancia" de que Juncker ya ha dado instrucciones a su embajador en Bruselas para que sondee bilateralmente la opinión de todos los Estados miembros sobre el referéndum, detecte los problemas y plantee soluciones. "Salimos de aquí sabiendo que la cuestión está en buenas manos, en manos de un amigo personal, de una persona que conoce Cataluña y reconoce el valor que debe tener la lengua y que Europa sería incompleta si no hiciera también este reconocimiento", concluyó Durán.
El memorándum presentado por el Gobierno español el pasado mes de diciembre reclama que todas las lenguas regionales españolas sean "oficiales y de trabajo" en la UE. El texto se refiere al "euskera, el gallego, y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la de las Illes Balears y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana".
Oficialidad de las lengas españolas
La oficialidad de las lenguas españolas se reduciría a cuatro ámbitos. En primer lugar, los ciudadanos podrían dirigirse a las instituciones comunitarias en su lengua y tendrían derecho a recibir respuesta en ellas. Las lenguas cooficiales se utilizarían en los plenos del Comité de las Regiones, la Eurocámara y en su caso el Consejo, siempre que se solicite con una antelación de 7 días hábiles.
Además, el Gobierno reclama a la UE la publicación de los textos finales adoptados por procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento, y la incorporación al programa 'Lingua', dirigido por la Comisión Europea, de las lenguas regionales. España se hará cargo de todos los "gastos administrativos" que genere en las instituciones de la UE la utilización de estas lenguas, y proporcionará traductores e intérpretes en calidad de "expertos nacionales destacados".
Confiar en que la Unión Europea haga algo correcto es demasiado optimista, así que si le preocupa algo la Torre de Babel en la que algunos despistados pretenden meternos, no dude en escribir al luxemburgués presidente Claude Juncker, y dígale la que se nos cae encima y de paso lo que dice el parlamento europeo sobre los derechos de los ciudadanos castellanohablantes en España: que no es de su incumbencia.

References: artículo 151
 artículo 151
 resolución 
 artículo 151
 resolución 
 artículo 161
 artículo 161