Source: http://ernestocedeno.blogspot.com/2015/01/
Timestamp: 2017-07-25 12:50:51+00:00

Document:
ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: enero 2015
Un grupo de organizaciones,
liderada por el Dr. Miguel Antonio Bernal, está invitando a un marcha este jueves 29,
saliendo desde la Iglesia Del Carmen a las 4 pm, bajo el lema; ”Por la Justicia
y Dignidad.”
A lo mejor, dudas en ir porque piensas
que te podrías encontrar allí, con algún
político tradicional sin valores, o podrías escuchar en la actividad, alguna
consigna que no sea de tu agrado.
Ciudadano: la administración de
justicia en Panamá, ha colapsado y creo que ha llegado el momento de hacerse
sentir al respecto.
Mi familia y yo, acudiremos y caminaremos bajo el lema que llevamos: RENDICIÓN
DE CUENTAS, que se compadece con nuestra prédica.
Te invito a que vayas. Ahora es
el momento. Dios te bendiga.
En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.Esta corporación exteriorizó, refiriéndose a la despenalización parcial del delito de calumnia e injuria que priva en nuestro país, lo que sigue:
“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante. Es decir, que el funcionario público al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.
Esto se da indispensablemente, para permitir la crítica vigorosa respecto de la actuación de las autoridades o funcionarios públicos o figuras de relevancia pública (sic) son fundamentales para la vigencia de las sociedades democráticas, a diferencia de los regímenes autocráticos autoritarios o totalitarios, lo que justifica desarrollar y potenciar al máximo la tolerancia y el pluralismo en materias de relevancia pública.Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública se han convertido consciente y voluntariamente en sujetos pasivos de la observación del público, relegando a un ámbito menor su privacidad y la protección de su honor en relación a sus actividades públicas.”
La Asamblea Nacional promulgó el 2 de julio de 2014, la Resolución No. 1 “Que concede licencia a algunos diputados y diputadas para ejercer la profesión de abogado de conformidad con la Constitución Política de la República”.
Esto de manera inaudita benefició a Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia Starnes de De Icaza, Luis Barría, Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson, Agustín Sellhorn, Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia para que puedan ejercer la profesión de abogado, mientras ejercen el cargo de diputado.
Quien suscribe demandó la inconstitucionalidad de esto, en días pasados, debido a que la Resolución salió a la vida jurídica, por virtud de una interpretación errónea, del numeral 4 del artículo 158 ibídem, que dio la Asamblea Nacional, toda vez que lo que el constituyente previo, era la posibilidad de que el diputado – abogado, que quisiera litigar, pidiera un licencia en el ejercicio de su cargo o de su curul, para ejercer, y no que se le permitiera ejercer dos funciones paralelas, a saber; la de legislar y la de litigar.
Soy el Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, abogado, panameño, mayor de edad, cedulado 8-229-2783, con oficinas profesionales en Parque Lefevre, Avenida Central Santa Elena, PH Don David, planta baja, Ciudad Capital, Teléfono de oficina 222-0001, correo electrónico abogado@ernestocedeno.com. Acudo ante este honorable PLENO, en mi propio nombre y representación, en mi calidad de abogado, con el objeto de interponer, como en efecto interpongo, acción de inconstitucionalidad, a fin de que, previa audiencia del Procurador General de la Nación o el de la Administración, según esté de turno, se declare inconstitucional, la Resolución No. 1 de 2 de julio de 2014 de la Asamblea Nacional.
1. Que los diputados litiguen dentro del periodo de sesiones, esto les permite cobrar su sueldo íntegro además del honorario profesional que les da el cliente. ¿Esto es plausible? 2. Que los diputados litigantes tengan una ventaja sobre el resto de los abogados, en los litigios, ya que los Diputados, juzgan a los magistrados.
3. Que los diputados estén ejerciendo el poder que les da el cargo, para beneficiarse inmoralmente. 4. Los abogados que laboran en el sector público como asesores legales, para litigar piden permiso y lo pagan con tiempo o se les descuenta de su sueldo, pues podrían cometer peculado, si no lo hacen; empero, los diputados están eximidos de esto, conforme se entiende de la redacción de la norma emitida por parte de la Asamblea Nacional.
DERECHO: Artículos: 19, 150, 158 y siguientes de la constitución panameña; artículos 2559, 2560, 2561 y concordantes del código judicial patrio. Fecha: la de su presentación
Algunas personas pudieran pensar que la auditoria que pudiera estar realizando la contraloría en las juntas comunales, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados. Tal tesis es un error y los que la promueven, desconocen el derecho, los aspectos procesales y el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema.Por ejemplo.Según el MEF, el diputado ARISTIDES DE ICAZA pidió la transferencia de sus 7, 050,000.00 de las partidas circutales, solo en el PAN y no en las juntas.Según el MEF, la diputada CRESCENCIA PRADOS pidió la transferencia de sus 1, 685,000.00 de las partidas circutales, en el PAN 965,000.00 y en el MUNICIPIO DE ÑURUM de 720,000.00 y no en las juntas.Según el MEF, el diputado JORGE A. ROSAS pidió la transferencia de sus 3, 552,950.00 de las partidas circutales en el PAN 752,950.00, PRODEC 80,000.00, JC DE SAN JUAN 10,000.00 y MUNICIPIO. DE TOLÉ 2, 710,000.00 y así sucesivamente.Ningún ente hoy en día, está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales. Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.Podría ser saludable que la Corte, al admitir la denuncia, le ordenara a la contraloría, hacer las auditorias de la administración de las partidas circuitales, en un tiempo perentorio, incluyendo todos los componentes que dio el MEF, pero se requeriría además, que el Tribunal Electoral con sus auditores, hiciera lo propio, en el supuesto uso de las partidas en campaña electoral.La auditoría que pudiera hacer él TE, no llevaría por propósito, la perdida de la credencial (pues el tiempo para ello ya prescribió) sino el inicio del proceso sancionador o no, por la utilización de los bienes del estado en política, conforme reza el código electoral patrio. La denuncia que presenté contra los diputados, enfocaba estos dos componentes.
¿Si la Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos por peculado, corrupción y fraude por contrataciones públicas a la exministra de Educación Lucy Molinar, por la compra de 600 mil mochilas escolares a un costo de $12 millones a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) determinándose, que hubo sobrecosto en la adquisición de las mochilas; porque razón no se ha iniciado a la fecha, unas sumarias en averiguación, en el caso de la ACP y sus sobrecostos que son multimillonarios, por los mismos cargos que se le imputan a la prenombrada?En Panamá existe un solo código penal que rige para ricos y pobres. No debe haber selectividad en las investigaciones, ni mucho menos fueros ni privilegios. Ver el artículo 19 constitucional.Recientemente una institución de arbitraje, reconoció parcialmente uno de los reclamos por sobrecostos, de US$233 millones de los US$463 reclamados, por el principal contratista de la ampliación de la vía, Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y ninguna autoridad le ha exigido cuentas a la ACP por esto y nadie investiga nada.Dice la ACP que el programa total de la ampliación, tiene un presupuesto de US$5.250 millones.El año pasado, el Grupo Unidos por el Canal de Panamá paralizó las obras en las esclusas a causa de un reclamo de 1,600 millones de dólares que la ACP se negó a pagar fuera de contrato, pero las partes llegaron finalmente a un acuerdo en marzo para continuar los trabajos. (No sabemos muy bien en que le perjudicó al Estado económicamente, este acuerdo).El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de la construcción del tercer juego de esclusas por su oferta de 3.118 millones de dólares.
Le anuncio que yo no pertenezco a ningún equipo de defensa del magistrado Moncada Luna ni he firmado nada en su favor. Favor tomar en cuenta esto ya que en los medios alguien declaró otra cosa. Están utilizando mi nombre incorrectamente. Este caso yo no lo aceptaría.
El artículo 29 constitucional panameño es clave para entender parte del ritual
necesario, para que se lleven a cabo las mismas.
Artículo 29- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y
no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente
y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo
caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del
examen o de la retención.
El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en
presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto de dos
vecinos honorables del mismo lugar.
Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas
o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.
El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados
como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran
Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de
agosto de 2007, el desglose del contenido del artículo 29 de la Constitución
Política de la República de Panamá, permite entender que el constituyente
conceptualizó que la reserva sobre las comunicaciones particulares alcanza a
todo tipo de comunicación, por lo que no puede ser limitado exclusivamente a la
comunicación por medios postales, telegráficos o telefónicos. Siendo así, la
protección que abriga el derecho fundamental incluye cualquier tipo de
comunicación, como lo sería en la actualidad aquellas que se auxilian en la
telemática o informática, verbigracia correo electrónico; dejando abierta la
puerta para incluir, dentro de ese listado, aquellas formas de comunicación que
utilicen como soporte los instrumentos, herramientas o medios, que en su
momento, suministren los avances científicos y tecnológicos.
Para que se lleven a cabo las interceptaciones o grabaciones de las
comunicaciones, se debe contar con la aprobación del Órgano Judicial, sino las
mismas, serían ilegales.
¿Cuál es la sanción penal para los que incumplen con este mandato
constitucional, al interceptar telecomunicaciones o al utilizar artificios
técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no
dirigidas al público?
Conforme al código penal, la de una pena de prisión.
Artículo 164. Quien se apodere o
informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo
electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya
sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente
en días-multa o arresto de fines de semana.
ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información
obtenida y de ello resultara perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años
de prisión o su equivalente en días-multa, prisión domiciliaria o trabajo
comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo
anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación
y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad.
Artículo 165. Quien sustraiga,
destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte o bloquee una carta, pliego,
correo electrónico, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a
otras personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años o su
equivalente en días multa o arresto de fines de semana, la cual se aumentará en
una sexta parte si lo divulgara o revelara. Si la persona que ha cometido la
acción es servidor público o empleado de alguna empresa de telecomunicación, la
sanción será de tres a cinco años de prisión, la cual se aumentará en una sexta
parte si lo revelara o divulgara.
Artículo 167. Quien, sin contar con
la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o
utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción
de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a
Todo el que cuente con aparatos tecnológicos para tal fin. Ejemplo: empresas de
comunicaciones, particulares, etc. ¿Puede el gobierno interceptar las comunicaciones?
El gobierno lo podría hacer con el aval judicial y siguiendo el procedimiento
constitucional y legal. Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las
comunicaciones, debe seguirse el procedimiento reglado, para preservar con
ello, el estado de derecho en Panamá. No debe violarse la Constitución panameña
libremente. Dura es la ley, pero es la ley.
El gobierno no domina, las contrataciones públicas.
Según las estadísticas del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, las entidades públicas hacen mal su trabajo en el tema contractual. Estadísticas Porcentaje de decisiones en el año 2013 (B/. 226, 183, 546,70) Revocar la decisión de la entidad- 60%Confirmar- 30%Rechazo de plano y/o desistimientos- 3%Inadmisiones, inhibiciones, no viables- 7% Porcentaje de decisiones en el año 2014 (B/. 878, 554, 589,70) Revocar la decisión de la entidad- 58%Confirmar- 24%Rechazo de plano y/o desistimientos- 7%Inadmisiones, inhibiciones, no viables- 11% Análisis propio sobre las posibles causas, del desastre administrativo. 1. Poca capacitación del tema, en las personas que tratan las compras del Estado.2. Pliegos de cargos mal estructurados.3. Influencia algunas veces del que manda en el ente, en los procesos de compras.4. Cambio de los funcionarios que dominan el tema, por razones poco razonables.5. Mala fiscalización por parte de la Contraloría General.6. Desviación de Poder en los entes públicos, para favorecer a ciertas empresas.7. No procuran corregir, los errores institucionales cometidos.8. No existe un ente conocido, con capacidad legal y funcional, para controlar por ley, el buen desempeño del Estado, en los procesos de compras. Publicado por
Magistrado Erasmo Pinilla Panamá 12 de enero de 2015
Por este medio, los abajo firmantes le solicitamos, por medio
de usted al Tribunal Electoral, que le
levante el fuero penal electoral a los 34 diputados, sin excepción, que el
magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, les ha solicitado hacer
para poderlos investigar, debido a
que todos, recibieron el apoyo de las llamadas partidas circuitales,
dadas en el quinquenio 2009-2014, según información suministrada por el Ministerio
de Economía y Finanzas y no le han rendido cuentas a nadie conocido, sobre su
Nombre Cédula Firma Publicado por
Magistrado Erasmo Pinilla Panamá 12 de enero de 2014
para poderlos investigarlos, debido a
Magistrado Erasmo
Pinilla Panamá 12 de enero de 2014
Por este medio, los abajo
firmantes le solicitamos, por medio de usted al Tribunal Electoral, que le levante el fuero penal electoral a los 34 diputados, sin excepción, que el
El contralor Federico Humbert estudia si refrenda o no un contrato aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por unos $875 mil a la firma Rogers Forensic de auditores para que audite al PAN; cuentan los medios.
En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.
Por lo ante expuesto, afirmo que las auditorias privadas pagadas con fondos públicos para procurar determinar una lesión patrimonial al Estado, se convierten en ineficaces y podrían ser catalogadas como UNA LESIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las autoridades competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor probatorio.
Cuidado con las auditorias privadas El contralor Federico Humbert estudia
si refrenda o no un contrato aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) por uno $875 mil a la firma Rogers Forensic de auditores para que audite
al PAN, cuentan los medios.
En sentencia del PLENO de la Corte
Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, determinó que las únicas auditorias
que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son
las que hace la Contraloría.
Este era el caso de la denuncia que
se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el
resultado de la auditoría privada hecha por Consultoría Financiera López
Consultores, a los programas del otrora FIS.
“Ahora bien, tratándose de la presunta
comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de
Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante
o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la
Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por
intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de
concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un
hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado,
y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad. En el presente caso,
advierte el Pleno no se cuenta con dicho informe de auditoría, por lo que
únicamente la denuncia se sustenta en esas versiones periodísticas”.
Por lo ante expuesto, afirmo que las
auditorias privadas pagadas con fondos públicos para procurar determinar una
lesión patrimonial al Estado, se convierten en ineficaces
y podrían ser catalogadas como UNA LESIÓN AL
PATRIMONIO ESTATAL, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las
autoridades competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor
(MEF) por uno $875 millones a la firma Rogers Forensic de auditores para que audite
auditorias privadas pagadas con fondos públicos para procurar determinar una lesión
patrimonial al Estado, se convierten en ineficaces y podrían ser catalogadas
como UNA LESIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL, sujeto al rigor
investigativo y sancionador por las autoridades competentes, ya que serán
inofensivas y sin ningún valor probatorio.
Hecho noticioso La Corte Suprema, a través del magistrado sustanciador del
caso Lic. Ayu Prado acaba de mandarle al tribunal electoral, en estos momentos,
34 solicitudes de levantamiento del fuero penal electoral a los 34 diputados
que yo denuncie, por el uso de las partidas circuitales. Ya él TE lo recibió en
este instante. El Tribunal Electoral debe proceder a analizar cada caso y
proceder a levantarles el fuero a los diputados denunciados, para que puedan
ser investigados por la Corte.
Sería inadmisible que él TE, le levante el fuero a unos y pero
a otros no, pues sería en consecuencia, política absurda. Si yo denuncie a los que al momento de presentar el libelo,
se habían reelegidos, a todos debe caerle el peso de la ley.
La Corte dijo que los partidos pueden postular a los candidatos por libre postulación.
reciente fallo el PLENO de la corte de
27 de noviembre de 2014, se ha declarado inconstitucional el último párrafo del
artículo 257 del código electoral, que prohibía la postulación de candidatos
por la libre postulación, por los partidos políticos.
257. Cada partido político podrá postular un candidato a Alcalde y a
de Corregimiento. Igualmente podrán presentarse candidatos por libre postulación.
partidos políticos podrán postular a los mismos candidatos para principal o
suplente a Alcaldes, y para principal o suplente a Representante de
Corregimiento, caso en el cual los candidatos aparecerán en la columna de cada
partido en la boleta de votación.
Los candidatos principales o suplentes por
libre postulación, no podrán ser postulados por partidos políticos.
Corte dijo.
las cosas, esta Corporación de Justicia, no puede menos que arribar a la
conclusión que el último párrafo del artículo 257 del Código Electoral es
violatorio del artículo 4 de la Constitución Política, que destaca la primacía del
Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, por razón que el artículo
impugnado desconoce e infringe el artículo 23 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José; ya que, el artículo 23 de
dicha Convención postula el derecho de todos los ciudadanos de "participar
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos", además del derecho de "elegir y
ser elegidos en elecciones periódicas auténticas". Este mismo artículo de
la Convención que citamos, señala que la Ley puede reglamentar este importante
derecho humano, pero, exclusivamente "por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal". Como se puede apreciar,
no puede una Ley de un Estado parte de esta Convención, poner condiciones que
excluyan la participación de los ciudadanos por razones políticas o de otro
tipo, no señaladas en la propia Convención, como lo ha hecho el ultimo párrafo
del artículo 257 del Código Electoral.”
lo antes expuesto, afirmo yo, que el sistema electoral criollo, debe ajustarse
a este nuevo fallo tribunalicio.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 158
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 29

Artículo 29
 artículo 29

Artículo 164

Artículo 165

Artículo 167

artículo 257
 artículo 257
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 257