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Timestamp: 2017-11-19 14:19:25+00:00

Document:
Gloobal: Proyecto Xalalá: ¿Desarrollo para todos?. Impactos y obligaciones en derechos humanos del Estado de Guatemala en la planificación y construcción de la hidroeléctrica y represa de Xalalá. Informe de investigación.
Proyecto Xalalá: ¿Desarrollo para todos?. Impactos y obligaciones en derechos humanos del Estado de Guatemala en la planificación y construcción de la hidroeléctrica y represa de Xalalá. Informe de investigación.
ActionAid International (colaboradora)
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (colaboradora)
Foodfirst Information and Action Network (colaboradora)
Grupo Sur (colaboradora)
Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (canal; colaboradora; editora)
Briones, Soledad (Autor/a)
Ibero, Marta (Autor/a)
Reemtsma, Kerstin (Autor/a)
Este informe es el resultado de una investigación realizada por CIFCA, con el apoyo de las redes CIDSE y Grupo Sur así como de las ONGs Actionaid y FIAN Internacional, como un aporte para la reflexión ante la fuerte preocupación de organizaciones europeas y organizaciones y comunidades guatemaltecas sobre el impacto de la construcción de una represa e hidroeléctrica Xalalá (Guatemala) en la vida de las comunidades del área.
Las redes tuvieron conocimiento de la situación de incertidumbre, preocupación y tensión de las comunidades en la región norte del Quiché y Alta Verapaz, a causa de los impactos que el proyecto Xalalá pudiera significar para su vida, su base de subsistencia, su fuente de alimentación, el acceso al recurso del agua, el derecho a la vivienda, el acceso a la tierra, entre otros.
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CIFCA ; Gloobalhoy nº18
Este estudio ha sido posible gracias al apoyo de CIDSE, CIFCA, FIAN Internacional y Grupo Sur y ACTIONAID en el marco de la Red Internacional de la Seguridad Alimentaria con fondos provenientes de la Comunidad Europea.
Las valoraciones, aﬁrmaciones y opiniones vertidas en el presente estudio son responsabilidad exclusiva de CIFCA. El contenido de la publicación no compromete necesariamente la opinión de sus patrocinadores y en ningún caso podrán ser tomadas como opiniones de la Comu
Acuerdos de asociación UE-AL ; Agua ; Campesinado ; Control de recursos ; Derechos de la tierra ; Derechos de los pueblos indígenas ; Derechos humanos ; Desalojos ; Desarrollo rural ; Explotación de recursos naturales ; FIDC ; Política económica
Metodología de elaboración del informe.
1.Contexto histórico, social y económico del Proyecto Xalalá
1.1 Antecedentes: población y tierra en la región de Xalalá
1.2 Contexto económico: el proyecto Xalalá como elemento del proyecto de la FTN y del PPP
1.3 El área de Xalalá: situación socio-económica actual.
2.Datos de la hidroeléctrica
3. Marco legal en Derechos Humanos
3.1. Derecho internacional y derecho nacional
3.2. Comunidades y pueblos indígenas afectados por la represa: Sujetos del derecho
3.3 Xalalá como propuesta de desarrollo: ¿Qué modelo de desarrollo y para quién?
4. Incumplimiento de obligaciones del Estado en Derechos Humanos
4.1 Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
4.1.1. Derecho internacional.
4.1.2 Situación legislativa nacional
4.1.3. Información y consulta en las comunidades afectadas por la construcción de la represa.
4.2. Necesidad de estudios de impacto.
4.2.1.Directrices y recomendaciones internacionales
4.2.2. Contexto legislativo nacional
4.2.3. Contexto Xalalá
5. Posibles impactos sobre los derechos humanos de las comunidades
5.1 El Derecho a un estándar de vida adecuado.
5.1.1. Contexto legislativo internacional
5.1.2 Contexto legislativo nacional
5.1.3 Contexto de Xalalá
5.2. Evitar desalojos y protección contra desalojos forzosos
5.2.1. Contexto legislativo internacional
5.2.2. Contexto Xalalá: Riesgos de un desalojo forzoso en las comunidades.
5.3 Derecho a un medioambiente sano.
5.3.1. Contexto legislativo internacional
5.3.2. Contexto legislativo nacional.
5.3.3. Contexto Xalalá
6. Identiﬁcación de las responsabilidades extraterritoriales.
6.1 Obligaciones Extraterritoriales de los Estados.
6.2 Identiﬁcación de las obligaciones extraterritoriales en el caso de Xalalá.
8.1 Recomendaciones al Estado de Guatemala
8.1.1. Recomendaciones anteriores del inicio de cualquier obra relacionada al proyecto
8.1.2. Recomendaciones en caso de ejecución del proyecto.
8.1.3. Recomendaciones al órgano legislativo.
8.2. Recomendaciones a la Cooperación Internacional:
8.3. Recomendaciones al Estado de origen de la empresa ganadora de la licitación
8.4. Recomendaciones a la sociedad civil.
9.Bibliografía y Glosario
10.1 Listado de reuniones mantenidas en Guatemala
10.2 Copia de carta de solicitud de información al INDE
El presente informe ha sido posible gracias al apoyo de numerosas personas, organizaciones e instancias oﬁciales en Guatemala y en Europa, que nos han brindado su tiempo, información y han compartido con nosotras sus planteamientos, dudas, e ideas. Agradecemos a todos/as ellas/os su disposición.
En especial queremos agradecer a las autoridades y miembros de las comunidades de Xalalá, Margaritas Copón, Playita Copón, San Pedro Cotijá y Copalá el tiempo y su disposición de informarnos sobre la historia de sus comunidades, sus planteamientos y gestiones frente al proyecto de la hidroeléctrica Xalalá, así como ayudarnos a entender a profundidad el impacto que un proyecto como este signiﬁca para la vida y sobrevivencia de sus comunidades.
Para la realización de la misión in loco y la elaboración del informe han sido fundamentales los apoyos y aportes de Eridenia Martínez, Jerónimo Osorio, Cecilia Vásquez y Eva Scarfe de Puentes de Paz, Carmen Reina y Fernando Solís del Instituto de Estudios Estratégicos, Blanca Blanco de Trocaire, Johan Bosman de KWIA, Walter Prysthon de CCFD, Martin Wolpold-Bosien de FIAN Internacional, Luis Guillermo Pérez y André Bogaert de CIFCA, Ana Cornide e Inge Hatse. Deseamos agradecerles de esta manera su apoyo.
Finalmente agradecemos el apoyo ﬁnanciero brindado desde CIDSE, CIFCA, FIAN Internacional, Grupo Sur y Action Aid en el marco de la Red Internacional de la Seguridad Alimentaria con fondos provenientes de la Comunidad Europea para la realización de esta investigación.
Este informe es el resultado de una investigación realizada por CIFCA, con el apoyo de las redes CIDSE y Grupo Sur así como de las ONGs Actionaid y FIAN Internacional[1], como un aporte para la reﬂexión ante la fuerte preocupación de organizaciones europeas y organizaciones y comunidades guatemaltecas sobre el impacto de la construcción de una represa e hidroeléctrica Xalalá (Guatemala) en la vida de las comunidades del área.
Las redes tuvieron conocimiento de la situación de incertidumbre, preocupación y tensión de las comunidades en la región norte del Quiché y Alta Verapaz, a causa de los impactos que el proyecto Xalalá pudiera signiﬁcar para su vida, su base de subsistencia, su fuente de alimentación, el acceso al recurso del agua, el derecho a la vivienda, el acceso a la tierra, entre otros.
El presente estudio tiene por objeto ubicar el proyecto Xalalá en su contexto histórico y socioeconómico, recopilar la información disponible sobre sus características y su alcance, identiﬁcar las obligaciones en derechos humanos en la planiﬁcación del proyecto y veriﬁcar su cumplimiento por parte del Estado de Guatemala, e identiﬁcar sus posteriores obligaciones en caso de que el proyecto se llevase a cabo.
Para ello, el informe aborda en su primer capítulo un análisis del contexto histórico, social y económico de la región donde se ha proyectado la hidroeléctrica. En el segundo capítulo se informa de los datos técnicos del proyecto a los que la misión ha tenido acceso (capítulo 2). A continuación, tras un breve análisis del marco legal internacional en derechos humanos (capítulo 3), se analizan las obligaciones del Estado en derechos humanos antes de cualquier licitación (capítulo 4), así como el posible impacto de la construcción en el goce de los derechos humanos (capítulo 5). Por último, el informe identiﬁca las obligaciones extraterritoriales del Estado de origen de la empresa que gane la licitación (capítulo 6). A partir de las conclusiones (capítulo 7), se emiten recomendaciones a distintos actores implicados en la construcción de la represa (capítulo 8).
La intención del informe es proporcionar al público en general, a las organizaciones europeas y guatemaltecas, así como al gobierno guatemalteco, información y análisis con un enfoque de derechos humanos, y puntos de vista independientes a aquellos presentados por las diferentes entidades gubernamentales guatemaltecas, empresas multinacionales y otros actores, que permitan contribuir constructivamente al debate, y por ende aportar para la adopción de decisiones mejor informadas. Las obligaciones en derechos humanos aquí presentadas son válidos y vigentes para otros megaproyectos. En este sentido, se espera que el informe sea útil para debates sobre otros proyectos.
® CIFCA: Copenhague Initiative for Central América and México reúne actualmente a 40 ONGs europeas de derechos humanos y desarrollo, Grupo Sur es una alianza de 11 ONGs europeas, y CIDSE es una alianza de 16 organizaciones católicas de desarrollo de Europa y América del Norte. ActionAid es una agencia internacional de lucha contra la pobreza en el mundo. FIAN, Foodﬁrst Information & Action Network, es la primera organización internacional de derechos humanos que lucha por la realización del derecho a una alimentación adecuada
Este estudio se ha realizado en diversas fases. La primera fase ha consistido en la identiﬁcación, recopilación y análisis de la información relevante de las autoridades guatemaltecas, de los instrumentos internacionales y de los informes de las organizaciones sociales guatemaltecas y la prensa.
Posteriormente, se realizó una misión de investigación in loco, del 19 de junio al 2 de julio del 2008, que permitió establecer reuniones con las comunidades potencialmente afectadas, con las organizaciones sociales, ongs, autoridades locales y autoridades nacionales.
La misión visitó y entrevistó a las comunidades de Xalalá, Margaritas Copón, San Pedro Cotijá, Playitas Copón y Copalá. Las primeras cuatro comunidades serían inundadas por el embalse. Copalá a su vez está situado unos kilómetros abajo del planiﬁcado muro de contención, muy cerca de donde según los planes estaría ubicada la sala de máquinas. En las comunidades las entrevistas fueron abiertas y publicas con todos los habitantes interesados de las comunidades. La misión quiere resaltar que en todas las reuniones participaron las autoridades comunitarias, representantes de las organizaciones internas de las comunidades, mujeres y niños., lo cual es un reﬂejo de la alta preocupación que existe en la región sobre el proyecto Xalalá.
La misión también se reunió con las autoridades. Se mantuvieron entrevistas con los alcaldes y algunos concejales de los tres municipios afectados, Ixcán, Cobán y Uspantán. En la capital, la misión se entrevisto con el Instituto Nacional de Electriﬁcación, con el director de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con la directora de COPREDEH, y con representantes del departamento jurídico, del departamento de análisis político y del departamento de relaciones internacionales de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Por último, se realizaron entrevistas con una amplia gama de organizaciones no-gubernamentales de distintos ámbitos, regionales y nacionales, y a organizaciones sociales (ver listado de entrevistas en el capítulo 9).
A partir de un análisis de la información compartida por todos los actores se ha elaborado este informe ﬁnal.
El proyecto de la represa e hidroeléctrica Xalalá implica la inundación de áreas de tres municipios: Playa Grande, Uspantán del Departamento del Quiché, y Cobán en Alta Verapaz. El proyecto data en su versión original de los años 70 e iba a inundar un terreno mayor de 30 km². En su versión pública más reciente se habla de un embalse de 7.5 km², aunque la misión desconoce la razón de la disminución de los kilómetros cuadrados inundados que se preveía en su primera versión. Los motivos argumentados por las autoridades guatemaltecas para su construcción son la creciente necesidad nacional de energía[2] y la posibilidad de exportar la energía generada a los países vecinos[3]. Este proyecto formará parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), interconexión eléctrica planiﬁcada dentro del marco del Plan Puebla Panamá (PPP) actualmente denominado Plan Mesoamérica Es al mismo tiempo uno de los elementos del histórico proyecto económico, actualizado recientemente, de la Franja Transversal del Norte (FTN).
El proyecto Xalalá está situado en una zona del país donde se materializan muchos de los problemas estructurales que sufre el país: la falta de certeza jurídica sobre la tierra para las poblaciones y comunidades residentes, la disputa de la tierra y de los recursos naturales, es decir, de la base de la vida, producción y cosmovisión de los pueblos indígenas residentes, por parte de un concepto económico divergente del gobierno central, que prioriza la explotación de los recursos naturales por multinacionales, la creación de infraestructura que responde a estos intereses y no necesariamente a las necesidades de la población residente, concepto económico también que no protege la economía campesina e indígena frente a la producción agrícola para la exportación, que conlleva una concentración de tierras y falta de producción de alimentación.
Asimismo están presentes en la zona un elevado grado de impunidad frente a los crímenes del pasado y actuales, que crea un clima de mucha inseguridad y tensión que hace casi imposible para los pobladores debatir las ventajas y desventajas de este proyecto, y el narcotráﬁco .
® Prensa Libre, Estado reconoce crisis energética, Guatemala, 5 de marzo 2008. Según datos de la Agencia Federal Alemana de Comercio Exterior del 8 de febrero 2008, Guatemala consumió en esas fechas 1830 MV/h, pudiendo generar con la capacidad actual instalada un máximo de 2000 MV/h. Con un crecimiento anual de la demanda de 100 MV/h hacen falta nuevas fuentes a corto plazo.
® Inforpress Centroamericana, No.1723, Hidroeléctrica a licitación, Guatemala, septiembre 2007.
El proyecto Xalalá está situado en una región en la que según datos del 2005 el 81.9% de la población es indígena[4]. Las áreas afectadas por el proyecto están habitadas principalmente por población qeqchi, en menos proporción por pocomchíes, jacaltecos, mam, qanjobal, chuj, kiche, ixiles y por algunos ladinos[5].
Siendo un área selvática muy poco poblada en el siglo XIX, a partir de la Reforma Liberal de 1871 y de la subsiguiente pérdida de tierras por parte de comunidades indígenas, empezaron a llegar grupos qeqchies y pocomchíes a lo que hoy forma parte del área de la Franja Transversal del Norte, entre otros lugares, a la zona posiblemente afectada por el proyecto Xalalá, en los márgenes del río Chixoy. Estas poblaciones buscaban tierras para vivir[6], y crearon asentamientos como por ejemplo las aldeas de San Marcos, Esquipulas, San Isidro (hoy Primavera del Ixcán), Tzetún, Santo Domingo y el Playón de la Gloria.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno guatemalteco conﬁscó las ﬁncas que pertenecían a familias alemanas en Alta Verapaz, lo que originó la salida de muchos jornaleros qeqchíes, que migraron a la Zona Reyna, en donde crearon y ampliaron aldeas como Asunción Copón, San Antonio Tzejá, San Antonio Baldío, Chactelá, Chinajá, entre otras[7].
Los habitantes de varias de las aldeas visitadas, han conﬁrmado a la misión, que sus antepasados llegaron a la zona hace aproximadamente cien años[8]. A pesar de que algunas de estas comunidades no disponen de títulos de tierra, la Ley de Titulación Supletoria estipulaba que toda persona que probase la posesión legítima, continua, pacíﬁca, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo de no menor de diez años, de una tierra, podría solicitar su titulación supletoria[9]. Es decir, todas las comunidades asentadas en la zona desde hace décadas, tenían posibilidades de inscribir sus tierras según esta ley.
Sin embargo, este derecho fue suspendido y revocado para las personas residentes en la actual área de la Franja Transversal del Norte y otras zonas declaradas de desarrollo rural según el Decreto 60-70 ratiﬁcado por el Congreso en 1970 bajo el gobierno del General Arana Osorio. Este decreto ()declara de Interés Público y de Urgencia Nacional, el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en el área comprendida dentro de los municipios: Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón, Jacaltenango, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango; Chajul (municipio al que pertenecía entonces el actual municipio de Ixcán) y San Miguel Uspantán en el Quiché; Cobán, Chisec, San Pedro Carchá, Lanquín, Senahú, Cahabón y Chahal, en Alta Verapaz y la totalidad de Izabal. ... Se prohíbe la titulación supletoria, la denuncia e inscripción de excesos de ﬁncas rústicas dentro del área descrita...[10].
Este decreto, el nº60-70, no ha sido revocado y es responsable de la actual falta de certeza jurídica sobre la tierra en toda la Franja Transversal del Norte. Este decreto contradice además el espíritu de lo estipulado en el artículo 67 de la Constitución y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas[11]. Esto ha hecho posible que personas ajenas a las comunidades hayan adquirido títulos de propiedad sobre tierras, que según la tradición maya, serían propiedad de las familias y comunidades que las han habitado durante décadas, y cuya pertenencia a comunidades indígenas debería ser reconocida y protegida por el Estado según la Constitución. Según la legislación de titulación supletoria vigente en el resto del país, muchas de estas tierras podrían haber sido inscritas por los pobladores de estas comunidades como suyas.
Otra parte de las comunidades que serían afectadas por la represa están asentadas en tierras que pertenecen a la municipalidad de Chinique y actualmente están en proceso de negociación para la compra de estas tierras. Otras están asentadas sobre antiguos terrenos de ﬁncas, y otros sobre tierra nacional.
El actual municipio de Ixcán, en su parte más noroeste del área del proyecto Xalalá, llegó a poblarse hasta en los años 60. En el curso de la colonización organizada por la Iglesia Católica, por los Maryknoll desde Huehuetenango y más tarde por parte de los Misioneros del Sagrado Corazón de Quiché, se crearon las cooperativas de Xalbal, Mayalán, Pueblo Nuevo, Los Angeles, Cuarto Pueblo, así como Primer Centro, Segundo Centro, Sta.María Tzejá.
Una parte de las comunidades del Ixcán, en el marco de la tierra arrasada de ﬁnales de los años 70 y principios de los años 80, tuvieron que refugiarse en México o resistieron en la selva contra la agresión militar. Estas comunidades se reasentaron en el área del proyecto Xalalá en el curso de los acuerdos entre las Comisiones Permanentes de los Refugiados (CCPP) y el gobierno; entre las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra y del Ixcán (CPR) y gobierno, y gracias a los Acuerdos de Paz. Se trata por ejemplo de Copalá y Primavera del Ixcán[12], comunidades con títulos indiscutibles, que además son protegidos por los acuerdos bilaterales y el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (1994).
Existen por lo tanto diferentes niveles de certeza jurídica sobre la tierra que sería afectada de llegar a llevarse a cabo el proyecto Xalalá. Algunas de las comunidades y familias disponen de títulos indiscutibles, pero otra gran parte está actualmente sin certeza jurídica sobre la tierra en la que viven, de la que viven y la que trabajan, debido en gran medida a la suspensión de la legislación en materia de titulación supletoria de la tierra, especíﬁcamente del decreto nº 0060 de 1970, y por la consecuente posibilidad de que estos títulos sean adquiridos por otras personas.
Esta falta de certeza jurídica también tiene origen en el conﬂicto armado interno, que supuso desplazamientos, huidas y la desaparición de muchas comunidades víctimas de masacres llevadas a cabo por el ejército, de la política de tierra arrasada, del reasentamiento bajo control del ejército de los nuevos pobladores, de la creación de aldeas modelos por parte de este último, de la resistencia de la población en la selva, del retorno de los refugiados en México y de los múltiples desplazamientos y reasentamientos generados consecuentes[13].
El problema de la región es expresión de uno de los problemas históricos de Guatemala, la conﬂictividad agraria. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995) reconoce que la desprotección de los derechos relativos a la tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas es parte de una problemática muy amplia que se debe, entre otras razones, a que los campesinos indígenas y no indígenas difícilmente han podido legalizar sus derechos mediante titulación y registro.
Mientras que el factor común del asentamiento original de las comunidades indígenas en este área fue la búsqueda de tierra para el cultivo, es decir, se trató de una colonización para garantizar la vida y sobrevivencia de las familias, se observa a partir de los años 60 y más pronunciadamente a partir de los años 70 y de la declaración de interés público y urgencia nacional de esta zona por el mencionado decreto de 1970, también una colonización con el objetivo de lograr ganancias económicas más allá de una sobrevivencia digna.
Entre los propietarios de tierras con estas características ﬁguran algunas familias de origen alemán como Sapper y Dieseldorﬀ, el General Arana Osorio (el mismo cuyo gobierno elaboró el decreto), el General Romeo Lucas García, el General y posterior Ministro de la Defensa en 1979 Spiegeler[14], etc.(...) hacia 1983 el 60% de la superﬁcie del departamento de Alta Verapaz era propiedad de militares; cuatro oﬁciales del ejército que habían integrado los gobiernos militares de Laugerud y de Lucas García eran dueños de 285,000 hectáreas en la FTN y Petén.[15]. Se inició también en la zona la exploración petrolera y de otros minerales, la apertura de pozos y el asentamiento de empresas multinacionales[16].
El mencionado decreto 0060 de 1970 no sólo dio origen a la inseguridad sobre la tenencia de la tierra para muchas comunidades indígenas, sino también a la visión de un proyecto integral de desarrollo o una unidad de inversiones económicas para el norte del país, denominada posteriormente Franja Transversal del Norte.
® Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, citado en El Observador No.7, Guatemala, Instituto de Estudios Estratégicos por la Democracia, año 2, pág.6 .
® El Observador ibídem , pág. 3; Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE), Guatemala: seguridad, desarrollo y democracia, México,1989, pág.94; IGE, Nosotros conocemos nuestra historia, México, 1993.
® Alfonso HUET, Nos salvó la sagrada selva: la memoria de veinte comunidades que sobrevivieron al genocidio, Guatemala, ADICI, 2008, pág.17. Este proceso fue desencadenado por la desaparición de la propiedad comunitaria de la tierra. En el curso de la llegada de ﬁnqueros mayoritariamente de origen alemán a la zona, más y más comunidades indígenas fueron despojados de sus tierras, y tuvieron que buscar su vida en otras partes si no quedaron viviendo de mozos en las tierras que antes les pertenecían y ahora eran ﬁncas.
® IGE, Guatemala: seguridad, desarrollo y democracia, México, 1989, pág. 94; Thomas MALONEY, El impacto social del esquema de desarrollo de la franja transversal del norte sobre los maya-kekchi en Guatemala, en Estudios Sociales Centroamericanos, San Jose de Costa Rica, mayo-agosto 1981.
® Así lo conﬁrmaron los habitantes de Xalalá y Margaritas Copón,; los habitantes de San Pedro Cotijá conﬁrmaron que su comunidad fue fundada en 1910. Entrevistas en las comunidades llevadas a cabo por las autoras, Guatemala, junio 2008.
® Ley de Titulación Supletoria, Decreto Número 49-79.
® Decreto No. 0060 del Congreso de la República,, Guatemala 20 de agosto 1970, publicación 16 de septiembre 1970. En concreto, fueron declaradas zonas de desarrollo rural con carácter de interés público y urgencia nacional gran parte del norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, y gran parte de Izabal, quiere decir, también el área que sería afectada por la represa Xalalá está abarcado completamente por este decreto.
® Artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que concierne a la Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, Sección Tercera: Comunidades Indígenas , Guatemala, 1995.
® Ambas comunidades están más abajo de donde estaría el muro, así que no serían afectadas por inundaciones, pero sí por cambios en el caudal del río. En el caso de Copala, también habría otros efectos debido a la cercanía a las diferentes construcciones.
® El Observador, op.cit , pág.5.
® Neue Züricher Zeitung, Ungelöste Agrarprobleme in Guatemala, Suiza, 13 de mayo1979.
® El Observador, op.cit.
® Salvador SANCHEZ, La Franja Transversal de Guatemala en Le Monde Diplomatique en Español, México DF Octubre 1979; Para un estudio más a fondo de la Franja Transversal del Norte, recomendamos el El Observador No.7 , dedicado a la Franja; La Documentación de Prensa Guatemala: La Franja Transversal del Norte, Alemania, 1983. Y para más datos históricos e información sobre la vinculación de la Franja con la estrategia contrainsurgente del Ejército, IGE, Guatemala, seguridad, desarrollo y democracia, México, 1989.
La represa e hidroeléctrica Xalalá se enmarca dentro del proyecto de la Franja Transversal del Norte, proyecto gubernamental de desarrollo del norte del país que data de los años 70, y que preveía en su primera versión la explotación de los recursos naturales, petroleros, mineros, hídricos, de madera y de otros, junto con algunos elementos de industrialización. Fue adoptado durante los gobiernos militares en Guatemala y contemplaba el asentamiento controlado por el Estado de algunas poblaciones indígenas campesinas para darle salida a la necesidad de tierra sin alterar el sistema de tenencia de la tierra existente[17]. Este proyecto incluyó también la construcción de la carretera de la FTN y la construcción de la represa e hidroeléctrica de Xalalá.
La construcción de la represa e hidroeléctrica Chixoy y la planiﬁcación de más hidroeléctricas como la de Xalalá, han sido desde el inicio justiﬁcadas por el alto costo de la generación de energía a partir de la importación de derivados del petróleo, por la creciente necesidad de energía eléctrica, así como por la previsión o promesa de que iba a traer el desarrollo a esta región del país[18]. Además porque las industrias extractivas planiﬁcadas requerirán de una alta disponibilidad de energía eléctrica.
También en la planiﬁcación de la hidroeléctrica Xalalá, se prevé la siembra de peces en el embalse y el desarrollo de una industria turística como beneﬁcios adicionales para la población de la zona, beneﬁcios que también se prometieron con la construcción de la represa Chixoy[19], y que aún no se han cumplido.
Coincidían entonces en el proyecto de la Franja Transversal del Norte los intereses de empresas transnacionales como Basic Resources, Shenandoah, Texaco, Exmibal y entre otras, vinculados a intereses de la clase oligárquica guatemalteca, como por ejemplo negocios de tierra, madera y ganadería de los nuevos grandes terratenientes de la zona[20].
Antes de alcanzar la Presidencia en 1978, el General Lucas García, el mayor terrateniente del norte de Alta Verapaz[21], fue el oﬁcial encargado del Programa de Desarrollo de la Franja Transversal del Norte[22]. Durante esos años se iniciaron la construcción de la carretera, la apertura de minas de níquel, la venta de madera a gran escala, las primeras exploraciones, licencias y explotaciones petroleras y posteriormente se asentó la industria ganadera.
Pronto los promotores y participantes del proyecto gubernamental de la FTN entraron en conﬂicto con las comunidades y cooperativas residentes en la zona, dedicadas a la producción agrícola para asegurar su seguridad alimentaria y con visiones propias sobre su desarrollo. Les disputaron las tierras[23] y los progresos económicos desarrollados por las cooperativas independientes[24].
Este enfrentamiento se convirtió en uno de los motivos del asentamiento del ejército en la zona, que quedó llena de destacamentos militares. Los primeros asesinatos selectivos en el área[25] comenzaron en el año 1982, con las masacres y la política de tierra arrasada[26], hechos que produjeron la huida de más de 100.000 personas a México, la muerte de más de 200.000 en el país, y que destrozaron a largo plazo todo el tejido social existente en la región[27]. Hechos recogidos entre otros informes en el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que dan testimonio de la responsabilidad del Gobierno de Guatemala y le exigen una compensación especial para con la población de la zona.
Durante los años más duros del conﬂicto armado quedó suspendido el proyecto de la Franja Transversal del Norte, pero a partir de los años 90 se reanudaron las obras e inversiones y se actualizaron los planes ante los nuevos procesos también a nivel internacional, dándose un especial impulso bajo el gobierno de Oscar Berger (2004-2008)[28].
La infraestructura (carretera e hidroeléctrica) planiﬁcada en los 70, fue articulada al Plan Puebla Panamá, y la electricidad generada prevista en Xalalá entrará en el Sistema de Interconexión Eléctrica para Centroamérica (SIEPAC)[29], interconexión que llegará desde México hasta Panamá. Ambos sectores han sido privatizados en gran parte, de tal manera que las obras de la carretera serán llevadas a cabo por la empresa israelí Soleh Boneh, y en el caso de las de la hidroeléctrica la licitación sigue a día de hoy abierta. De hablar del servicio de energía eléctrica se ha pasado a hablar del negocio de la generación de energía eléctrica[30].
Además de la intensa explotación de los recursos naturales, también se está llevando a cabo la plantación masiva de palma africana para la producción de agro combustible, interés que ha iniciado un nuevo proceso de concentración de la tierra[31], y por el que muchas personas ya han tenido que ceder tierras.
Los negocios de explotación petrolera, explotación minera, y la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy al sur de la Franja, son elementos del proyecto de la FTN que no han conllevado una mejora del nivel de vida de la población de la región. Todavía hoy, las áreas comprendidas por la FTN siguen siendo de las regiones más pobres de Guatemala.
Es así como el proyecto FTN se ha convertido en un modelo de desarrollo que contradice y arrebata las bases del modo de vida y producción de los pueblos indígenas originalmente asentados en el área.
® De las 150.000 familias proyectadas por el gobierno en 1979 sólo se habían asentado entre 500 y 2000 familias en el marco del programa gubernamental, en la cooperativa del Polígono, proyecto ﬁnanciado con créditos millonarios del Banco Mundial y de la AID y que resultó un fracaso. Neue Züricher Zeitung, Suiza, 13 de mayo1979.
® Diario de Centroamérica, Guatemala, 5 de agosto 1982.
® Inforpress Centroamericana, Guatemala, 3 de febrero 1983.
® Salvador SANCHEZ, op.cit.
® Neue Züricher Zeitung op.cit.
® Thomas MALONEY, op.cit.
® Por ejemplo en el caso de Panzós, que llevó a la masacre en 1978.
® Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE), op.cit.
® Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planiﬁcadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como se destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia. La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas en: Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala. Memoria del Silencio. Conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, 1999, pág. 35.
® Comisión para el Esclarecimiento Histórico, ibídem.; Ricardo FALLA, Masacres de la Selva: Ixcán, Guatemala.1975-1982, Guatemala, Editorial Universitaria, 1992.
® Ya desde 1980 se estaba abriendo la conexión eléctrica con El Salvador, ver Inforpress Centroamericana, Guatemala 14 de agosto 1980.
® Instituto Nacional de Electriﬁcación (INDE), Negocios de Generación de Electricidad en Guatemala, Volumen II, Catálogo de Medianas y grandes Hidroeléctricas, Guatemala, 2001.
® El Observador,op.cit. Aquí se nombran como actores transnacionales y nacionales en el campo de la explotación de recursos minerales y generación de agrocombustible entre otras a las compañias Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), Nichromet de Canadá, Perenco de Francia (hasta hace poco dueña de Basic Resources, la empresa que operó en el área en los años 70 y 80), Petrolatina Energy, Taghmen Energy de Gran Bretaña, Compañia Petrolera del Atlántico, las familas guatemaltecas Campollo Codina, Berger Widmann, Herrera , Ayau Cordón, Mindanao Ayau y otras. MIRAR n14 Observador.
Según el Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD, Guatemala ocupa el puesto 118 del ranking de 177 países a la hora de evaluar el Indice de Desarrollo Humano, compuesto por varios componentes como la esperanza de vida, el nivel de escolaridad y el nivel de vida[32]. Al mismo tiempo es uno de los países con mayores diferencias entre ricos y pobres en el mundo[33].
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Guatemala un 51 % vive en pobreza, y un 15.2 % en extrema pobreza. Entre la población indígena el 74.8% es pobre. Este índice incluye datos ﬁnancieros, de acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna y al trabajo. Los dos departamentos afectados por la represa e hidroeléctrica de Xalalá planiﬁcada, El Quiché y Alta Verapaz, son los departamentos más pobres del país. En el Quiché el 81 % de la población vive en la pobreza, de ellos del 25.6% en extrema pobreza, y el 93.5 % de la población pobre es indígena. En Alta Verapaz, el 78% de la población vive en la pobreza, de ellos el 43.5% en extrema pobreza, y el 98.2 % de la población pobre es indígena[34].
Debido a la gran deuda social con estos departamentos y principalmente con la población indígena, debería ser de interés nacional respetar los derechos de las comunidades indígenas y apoyar los esfuerzos de estas comunidades y de los pueblos indígenas allí residentes, para salir de la marginación que hoy en día sufren.
En lo que respecta al proyecto Xalalá como propuesta de desarrollo, es importante señalar que la experiencia de la construcción de embalse y de la hidroeléctrica de Chixoy y en particular su impacto en materia de derechos humanos, en el nivel de vida y desarrollo de la población de la zona ha sido muy negativa.
Cabe destacar también otras experiencias a nivel mundial que afectan a las comunidades locales antes que beneﬁciarles. La propia Comisión Mundial de Represas (CMR), organismo independiente creado bajo el auspicio del Banco Mundial y compuesto por cientíﬁcos y expertos gubernamentales, de entes ﬁnancieros internacionales, del sector privado y de la sociedad civil concluye: En demasiados casos, para obtener estos beneﬁcios se ha pagado un precio inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, las comunidades río abajo, los contribuyentes ﬁscales y el medio ambiente. ...la falta de equidad en la distribución de los beneﬁcios ha puesto en tela de juicio el valor de muchas represas a la hora de satisfacer las necesidades de agua y energía para el desarrollo.[35].
Es por ello que, retomando también conclusiones de la CMR, frente al proyecto Xalalá la misión considera de suma importancia que en todo momento se den los espacios adecuados de información, estudios, debate, y se respeten las decisiones de las poblaciones que serían afectadas[36].
Antecedente/La represa e hidroeléctrica Chixoy.
No muchos kilómetros río arriba del lugar en el que está planeada la construcción de la hidroeléctrica de Xalalá y sobre el mismo río Chixoy, se encuentra la represa e hidroeléctrica Chixoy cuya sala de máquinas se sitúa en Quixal. Por su tamaño e importancia es el referente per se para la población guatemalteca en lo que respecta a una represa e hidroeléctrica.
El proceso de su construcción es el antecedente más conocido en Guatemala de construcción de un gran embalse. Motivo por el que nos parece de gran importancia recordarlo, pues consideramos que para poder llevar un proceso trasparente y pacíﬁco a la hora de debatir y planiﬁcar Xalalá, es de suma importancia aprender de estas experiencias y tener en cuenta los temores y sufrimientos causados por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
La construcción de la represa Chixoy duró ocho años, de 1975 a 1983, y supuso la desaparición de 23 aldeas o localidades, afectando directamente a 3400 personas que tuvieron que desplazarse, a más de 6000 personas que perdieron sus tierras, supuso además la inundación de vías de acceso y la pérdida de lugares sagrados entre otros daños[37]. La población afectada era maya achí.
La construcción se inició sin ninguna información previa a la población afectada por la obra (...) comenzó la construcción sin realizar un censo general de las personas afectadas, sin adquisición legal de todo el terreno para apoyar las obras de construcción de la represa y de la central hidroeléctrica, ni la adquisición legal de la tierra que sería inundada por el embalse[38] .
En los años siguientes, las comunidades nunca se sintieron bien informados sobre los planes y alcances reales del embalse. Tampoco fueron consultadas ni se les dio la posibilidad de participar en la planiﬁcación del proceso de reubicación.
La negociación, entre el INDE y las comunidades afectadas, sobre su reubicación, compensación, etc. no fue, según las comunidades, realmente una negociación, sino que se trató más bien de ofrecimientos unilaterales por parte del INDE, acompañado por personal del Ejército. Ofertas consideradas insuﬁcientes por muchas comunidades y que fueron realizadas con muchísimas presiones. La sensación de falta de información transparente, de falta de participación y consulta, y de un proceso de negociación sobre las reubicaciones y compensaciones, viciado y bajo fuertes presiones, hizo que ya desde los primeros años de la construcción algunas comunidades empezaran a resentirse e intentar mejorar el proceso de negociación[39].
Desde ﬁnales de los años 70 empezaron los asesinatos de líderes comunitarios en el área de la represa, llegando a darse posteriormente múltiples masacres, las mayores de ellas, las de Río Negro en 1982 y 1983. Justiﬁcadas con la contrainsurgencia, el Ejército y las Patrullas Civiles masacraron cientos de niños, mujeres y hombres de las comunidades que se consideraban opuestas a la represa e hidroeléctrica[40].
La Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU llegó a considerar las masacres de Río Negro como evidencia de una política de genocidio[41]. Comprobó que ...muchas actitudes de resistencia a las decisiones administrativas, aunque fueran pacíﬁcas, como ocurrió con relación a la construcción de la represa hidroeléctrica, fueron consideradas a priori como acciones guerrilleras y fueron abordadas mediante la represión violenta[42].
Todavía hoy el día, 25 años después de la inauguración de la obra, la gran mayoría de los familiares de las víctimas sigue en condiciones de mucha pobreza, muchas también si conexión a luz eléctrica Hay familias que siguen sin haber recibido ni siquiera las compensaciones prometidas hace varias décadas. Siguen luchando por justicia y reparaciones adecuadas[43].
En septiembre del 2006 estas familias lograron reabrir negociaciones entre los afectados de entonces y el Gobierno de Guatemala para la identiﬁcación, veriﬁcación y reparación en su caso de los daños y perjuicios ocasionados a dichas comunidades (comunidades afectadas por la construcción del embalse de la hidroeléctrica Chixoy)[44].
Paralelamente fue admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la demanda de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (Adivima), en representación de los familiares de las víctimas contra el Gobierno de Guatemala por 5 masacres en Río Negro perpetrados en el año 1982. En mayo de este año fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Baja Verapaz a 780 años de prisión 5 ex-patrulleros por la masacre del 13 de marzo 1982 en Río Negro, en la que murieron 107 niños y 70 mujeres[45].
Luis Zapeta, Coordinador de la Pastoral de la Tierra de la Diócesis de Quiché cree que el proyecto de Xalalá puede compararse con el de Chixoy, no sólo por su capacidad de producción sino también por los conﬂictos que podría causar entre las autoridades y los pobladores del área donde se instalará la represa.
El problema es que hay una total falta de información y la gente no sabe que va a pasar ni cómo van a ser las hidroeléctricas, señala Zapeta al advertir que la población está nerviosa por lo que pueda pasar.[46].
® Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Anual de Desarrollo Humano 2007-2008.
® El coeﬁciente Gini, mide la distribución de los ingresos es del 0.84 para Guatemala, la cifra de desigualdad más alta en Centroamérica y una de las más altas del mundo. En: Instituto Nacional de Estadística, IV Censo Nacional Agropecuario, Guatemala, 2003.
® Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2006 Guatemala, 2007.
® Comisión Mundial de Represas, (CMR) Represas y Desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones Noviembre 2000.
® Al incluir en la discusión a todos aquellos cuyos derechos están implicados y que corren los riesgos asociados con las diferentes opciones para el desarrollo de los recursos del agua y energía, se crean las condiciones para una resolución positiva de los conﬂictos entre intereses contrapuestos. ... Llegando a resultados negociados se mejorará considerablemente la efectividad para el desarrollo de los proyectos de agua y energía en: CMR, ibidem.
® Center on housing rightsand evictions (COHRE), México, Honduras y Guatemala. El derecho a la vivienda y la tierra frente a los proyectos de desarrollo, 2007, pág 47.
® Barbara Rose JOHNSTON, Tomo I: Estudio de los Elementos del Legado de la Represa Chixoy, California, Centro para la Ecología Política, 2005, pág. 3.
® ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, Memoria de la represa Chixoy Río Negro. Una investigación participativa del Asentamiento Pacux, Rabinal, Baja Verapaz. Guatemala, 2005.
® Comisión de Esclarecimiento Histórico, Memoria del Silencio, Tomo 1, Anexo 1, Capítulo VI, Caso Ejemplar número 10, Guatemala, 1999.
® Comisión de Esclarecimiento Histórico, op.cit., Conclusiones, Capítulo II.
® Comisión de Esclarecimiento Histórico, op.cit., Tomo 1, Anexo 1, Capítulo VI, Caso Ejemplar número 10.
® COHRE, op.cit.
® Acuerdo Político entre el gobierno de la República de Guatemala y los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse de la hidroeléctrica Chixoy, que contiene las bases para la identiﬁcación, veriﬁcación y reparación en su caso, de los daños y perjuicios ocasionados a dichas comunidades, Acuerdo ﬁrmado el 18 de septiembre2006 entre Eduardo Stein, Vicepresidente de la República de entonces, y Juan de Dios García Xajil como representante dela Coordinadora de Comunidades, y por Roberto Menéndez de la OEA como Facilitador.
® Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí, www.derechos.net/adivima/.
® Prensa Libre, Guatemala, 11 septiembre2008.
La represa e hidroeléctrica Xalalá está en planiﬁcación desde los años 70. Tuvo varias fases y fue ﬁnalmente puesta a licitación en septiembre del 2007. La justiﬁcación de su necesidad ha sido tanto la posibilidad de poder exportar energía[47], como la creciente demanda de energía eléctrica a nivel nacional. Según datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de no generar más energía y seguir aumentando el consumo al mismo nivel que hasta ahora, en el 2009 se llegaría al punto donde la energía generada en el país ya no cubriría la demanda[48] Al mismo tiempo, se argumenta que la generación de energía eléctrica con búnker es muy costosa.
Originalmente concebida con un embalse de más de 30 km², en su versión actual oﬁcialmente se prevé un embalse más pequeño². El muro de contención tendrá una altura de 82 metros, 8 metros menos que en la versión original, llegando a tener un nivel máximo de agua hasta los 260 msnm. Tendrá una capacidad instalada de 180 megavatios, con una generación anual planiﬁcada de 886 GWH. Según los parámetros del INDE, es una hidroeléctrica grande[49], con una gran presa según los parámetros de la Comisión Mundial de Represas[50].
Como ya se ha señalado anteriormente, frente a su versión original, el muro de contención disminuye 8 metros, y quedará un resguardo previsiblemente para laminación de avenidas de 25 metros sobre el nivel máximo de operación, que aunque no sea el único caso (ver presa del cajón en Honduras), estos 25 metros no son habituales y tampoco están justiﬁcados públicamente a día de hoy. Al mismo tiempo, ni el INDE ni el Ministerio de Energía y Minas han explicado cómo el cambio de solo 8 metros de muro supone un cambio tan grande en el tamaño del embalse, reduciendo su medida de más de 30 km² a 7.5 km². A la pregunta expresa de si el embalse no iba a pasar de los 7.5 km² previstos, el Ingeniero responsable del INDE respondió que podría variar ligeramente pero que no pasaría de los 10 km²[51].
Sin embargo, la población del área y las organizaciones que la conocen señalan que la información dada por el INDE parece incompleta y que subestima la extensión de la inundación aguas arriba del Río Chixoy.
El muro de contención está planiﬁcado construirlo unos metros aguas abajo de donde se une el Río Copón con el Río Chixoy. Desde allí se hará un túnel de 2 kilómetros de largo que llegará hasta la sala de máquinas a la altura de Copalá.
Según la información recogida por las autoras en una entrevista al Instituto Nacional de Electriﬁcación, el embalse no pasará de los 50 metros de ancho, y de entre 20 y 30 metros de profundidad, aunque se considera que se referían a la longitud de la presa y la profundidad de la cimentación. En el Río Chixoy, este embalse llegaría desde el muro de contención hasta poco antes de la comunidad de Unión, es decir, prácticamente al lado de donde está la sala de máquinas de la represa Chixoy en Quixal, y en el Río Copón hasta poco antes de Sta. Marta Copón[52]. Estos últimos datos corresponden a la cota de 285 msnm, porque de no ser así podrían inundarse con una riada las comunidades colindantes y la Central misma de Chixoy.
Tampoco fue posible obtener datos sobre la ruta de las vías de acceso, tanto para construir la hidroeléctrica como para su posterior manejo. Por el momento, no existe una carretera asfaltada para llegar al lugar de la construcción. Solamente existe una carretera de terracería que pasa cerca del lugar de la sala de máquinas planiﬁcada.
Se prevé un costo de entre 350 y 400 millones de dólares para la construcción de la represa.
Lugar donde está previsto construir el muro de contención de la hidroeléctrica Xalalá
La modalidad establecida para su construcción era la de una empresa ejecutora, conformada en un 80% por capital extranjero y en un 20% por capital nacional[53]. Esta empresa iba a ser responsable de llevar adelante los estudios de impacto medioambiental, estudios técnicos, sociales, económicos, ﬁnancieros, legales y otros relacionados para establecer la pre factibilidad, factibilidad y posterior construcción de la Central Hidroeléctrica Xalalá[54]. Los términos de referencia originales establecían que la sociedad ejecutora operaría por 30 años la hidroeléctrica, vendiendo la energía generada exclusivamente al INDE. Después de 30 años, la obra pasaría a manos del INDE. La sociedad ejecutora también hubiera sido la responsable de tratar con las comunidades afectadas por la obra, negociando y organizando su posible traslado[55].
Sin embargo, a pesar de varias fases de renegociación de los términos de referencia[56], no se presentó ninguna empresa a licitar. Las empresas AES de Estados Unidos, Insagen de Colombia, Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa de España, Taiwan Power Company de Taiwán, Odebrecht de Brasil, Enel de Italia, así como capital mexicano[57], todas ellas nombradas por haber adquirido las bases de licitación, ﬁnalmente no se interesaron.
Tras prorrogar en dos ocasiones la licitación, el Gobierno fracasó ayer en su intento de adjudicar la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Xalalá, luego de que ninguna de las nueve empresas que habían manifestado su interés, presentara su oferta[58].
Oﬁcialmente el presidente del INDE, Alberto Cohen, y el Viceministro de Energía Roberto Rodríguez, informaron que este desinterés se debe a la falta de liquidez a nivel internacional y a los problemas que afectan los mercados ﬁnancieros mundiales[59]. Al mismo tiempo se informó, sin embargo, que algunas empresas no participaron debido a que no encontraron el suﬁciente apoyo gubernamental para enfrentar la oposición comunitaria en contra de la central e identiﬁcaron riesgos en el proyecto como la parte social, ambiental y tarifas[60].
También trascendió la impresión de que todas las empresas originalmente interesadas, con excepción de Odebrecht de Brasil, se habían retirado de la licitación, debido a la percepción generalizada de que había intenciones de beneﬁciar a una empresa de capital brasileño[61].
En resumen, como razones para la falta de ofertas, se han mencionado hasta ahora la oposición de las comunidades, dudas sobre el procedimiento y responsabilidades frente a ello, dudas sobre la regulación de las tarifas de venta de la energía contempladas en los términos de referencia originales, dudas medioambientales no especiﬁcadas, percepciones de favoritismo, y problemas ﬁnancieros mundiales.
Ante esta situación, el Gobierno anunció estar estudiando otras modalidades ﬁnancieras de construcción, considerando por un lado volver a licitar, y por otro, que un banco de inversión como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, realice el proyecto. El presidente del INDE aﬁrma estos (bancos) ﬁnanciarían el proyecto y se encargarían de la contratación de la empresa constructora. ... el INDE operaría la hidroeléctrica y, mediante un convenio, tendría que pagarle al banco de desarrollo por la energía que consuma mensualmente, mismo pago que también serviría para saldar la deuda del proyecto. Al ﬁnalizar el pago por el monto establecido, la hidroeléctrica pasaría a manos del INDE.[62].
Otra modalidad analizada actualmente por el Gobierno es un trato directo con una constructora, es decir un modelo privatizado por completo. Según el Viceministro de Energía México cotiza la construcción, y el inversionista o empresa constructora es el que asume el riesgo y cobra la construcción con la energía generada[63]. Se entiende que al menos en esta última versión ya no se estaría hablando de la venta de la energía generada con la tarifa social. Julio Héctor Estrada del Programa Nacional de Competitividad, uno de los tres observadores honorables en la licitación de Xalalá, dijo al respecto los proyectos hidroeléctricos son más rentables si los realiza por completo una empresa privada, vendiendo la energía en el mercado de oportunidad o al resto de Centroamérica.[64].
Actualmente está pendiente la decisión sobre la modalidad ﬁnanciera que el Gobierno aprobará. Esto afectará indudablemente también a los términos de referencia acerca de los estudios de factibilidad, los estudios de impacto social y medioambiental, y las determinaciones sobre las responsabilidades para con la población del área, etc.
Por parte del INDE se está calculando que se necesitarán dos años para los estudios y para alcanzar acuerdos con las comunidades afectadas, una vez adjudicada la licitación[65].
En su parte técnica, la entidad que ﬁnalmente quede a cargo de la construcción puede basarse en los estudios técnicos realizados por la GTZ[66] a ﬁnales de los años 70, estudios donde se nombran como puntos críticos para la construcción de un embalse e hidroeléctrica en Xalalá, la calidad del terreno que tiene estratos permeables[67] y el hecho de que se encuentra en un área de terremotos y fallas tectónicas[68], de las que la misión desconoce si están activas. La GTZ entre otras conclusiones de su estudio, señala la necesidad de realizar estudios más profundos[69]. Además de este, hay un nuevo estudio del 2005, elaborado por la sociedad consultora colombiana INGETEC, que solo se ofrece a las empresas licitantes.
Al terminar y entregar el estudio de impacto medio-ambiental, hay según la legislación actual un mes plazo, para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales veriﬁque su calidad y presente, en caso de dudas, los correspondientes recursos[70]. A partir de este momento comienza el plazo de 20 días para que la sociedad civil pueda conocer, y en su caso cuestionar, partes del estudio[71].
Actualmente continúa la incertidumbre y el desconocimiento por parte de las comunidades, que serían afectadas por la represa, de datos esenciales como quién negociará, y en qué términos, con las comunidades afectadas por la posible construcción. Se desconocen también los beneﬁcios y las regalías que quedarían para el Estado, los municipios y las comunidades afectadas, si el proyecto fuese ejecutado por una empresa privada. Como por ejemplo si las comunidades afectadas dispondrán posteriormente del servicio de energía eléctrica, y si lo harán con una tarifa social especial.
Una vez terminada la obra, será la CNEE la que deberá revisar su correcta ejecución, el cumplimiento de todas las condiciones y leyes, y la que podrá permitir la conexión de la hidroeléctrica a la red de transporte de energía, red que para entonces será parte del SIEPAC.
A pesar de varias preguntas, solicitudes y peticiones de información al INDE (ver anexo), hasta el momento no ha sido posible recibir información oﬁcial sobre muchos de los aspectos fundamentales del proyecto Xalalá. Entre ellos, los datos de las comunidades que estarían directamente amenazadas por el futuro embalse y tendrían que ser desplazadas y reubicadas, qué tierras quedarían inundadas y, por tanto, qué comunidades perderían sus tierras de cultivo y base de alimentación, y por lo que posiblemente tendrían que ser reubicadas también. También se desconocen muchos datos técnicos necesarios para medir el alcance e impacto del proyecto Xalalá para las comunidades afectadas. Viendo los múltiples intentos y la nula respuesta, a día de hoy, la misión se pregunta si existe por parte del INDE una voluntad expresa de no entregar la información solicitada.
Tomando como base los últimos datos publicados, donde el INDE menciona un muro de contención de 82 metros de altura, una cota de cresta de la presa de 285 msnm, y una utilización máxima de 260 msnm del embalse, y suponiendo que las diferencias en el tamaño del embalse desde la versión original a la actual se deben principalmente a que la Finca Chamá ya no sería inundada, se puede prever, tomando los datos de un estudio encargado por la Pastoral Social de Ixcán en enero del 2007 [72], que serían afectadas por inundación completa o parcial las siguientes comunidades:
Micro región VI Ixcán, El Quiché:
Ribera río Chixoy: comunidad de Xalalá, campamento de Xalalá.
Ribera río Copón: Rumor de los Encantos I, Rumor de los Encantos II, Caserío Rumor II, Santa Marta Copón, Santa Elena Copón, Villa Linda Copón,
Ambas riberas: Margaritas Copón I.
Micro región II (Zona Reina) Uspantán, El Quiché:
Ribera río Chixoy: San Pedro Chailá, Nuevo Asturias, La Maya.
Ribera río Copón: San Pedro Cotijá, Ventana del Cielo,
Ambas riberas: Finca Chailá..
Micro región V Alta Verapaz:
Ribera río Chixoy: Samultequén II, La Libertad Xalarocja, San Pedro Xalarojca.
Todas ellas están asentadas en las riberas de ambos ríos, a una altura de entre 230 metros (quedarían bajo agua) y 300 metros sobre el nivel de mar (quedarían parcialmente inundadas o afectadas en sus tierras y vías de acceso)[73].
Según el estudio citado, estas inundaciones totales o parciales supondrán la pérdida de vivienda y/o de modos de subsistencia de 13.968 personas, pero habrá que analizar caso por caso para poder medir su alcance real:
Campamento Xalalá: según la información publicada por el INDE, podemos estimar que los trabajos de ingeniería para llevar a cabo la construcción del muro de contención, afectarían directamente a esta comunidad, que sería probablemente destinada a desalojar por completo la zona.
Comunidad de Xalalá: situada parcialmente, según los datos publicados por el INDE, en el futuro emplazamiento de la sala de máquinas. Afectando al centro de la localidad y algunas tierras cultivables.
Margaritas Copón I: según los datos publicados por el INDE, podemos estimar que quedaría inundada esta comunidad (viviendas, tierras fértiles, tierras cultivadas) a excepción de la parte alta en donde se ubica la escuela, la iglesia y algunas viviendas.
Rumor de los Encantos I: a pesar de estar a una distancia alejada se verían afectados parte de los cultivos, tierras fértiles y la pista de aterrizaje, único medio de transporte de la comunidad.
Rumor de los Encantos II: parte de los terrenos cultivados, tierras fértiles y pastizales sería inundados.
Caserío Rumor II: serían desalojados ya que las viviendas y las tierras cultivadas están dentro del área de inﬂuencia directa del embalse.
Santa Marta Copón: se verían afectadas tierras cultivables y reservas de las montañas.
Santa Elena Copón: se verían afectadas tierras fértiles y cultivos ubicados en la orilla del río.
Villa Linda Copón: tierras de cultivo de granos básicos inundadas y otras tierras de cultivo amenazadas por posibles movimientos de agua de la represa.
San Pedro Cotijá: el centro de la comunidad no sería inundado, pero sí tierras de cultivo y tierras fértiles. A esto hay que añadir que al aumentar el caudal del Río Copón, el puente hamaca que es el único medio para cruzar al Ixcán quedaría inhabilitado.
Ventana del Cielo: se verían afectadas las fuentes de agua de consumo y algunas tierras cultivables.
Finca Chailá: la planicie de esta ﬁnca sería inundada, y la parte alta serviría como muro de contención que limita la extensión de la represa.[74]
A esta población hay que añadir toda la población río abajo de la hidroeléctrica, pues según cuales sean los caudales turbinados, es decir el modo de producir la energía, el caudal podrá variar pudiendo tener consecuencias sobre la seguridad de las comunidades así como sobre el acceso al uso del agua, y también sobre el ecosistema ﬂuvial en particular.
Algunos datos sobre el sector eléctrico en Guatemala.
Desde la entrada en vigor de la Ley General de Electricidad en el año 1996, el sector eléctrico en Guatemala se divide en tres partes: generación, transmisión, y distribución/comercialización. Las tres partes mencionadas están total o parcialmente privatizadas, quedando en el Ministerio de Energía y Minas solamente las funciones de formular y coordinar las políticas y planes del Estado para el sector eléctrico y velar por la aplicación de la Ley y sus reglamentos. Como ente técnico del MEM se crea por esta ley la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)[75].
La CNEE es responsable de emitir normas técnicas, asegurar su cumplimiento, deﬁnir tarifas de transmisión y distribución, dirimir las controversias, y planiﬁcar la generación, distribución y comercialización de la energía; la comisión, debe además revisar la correcta construcción de las nuevas fuentes de energía antes de autorizar su acceso a la red de trasmisión. También es su función monitorear las represas ya existentes[76].
El INDE se auto describe como empresa eléctrica estatal que participa en el Mercado Nacional y Regional de Energía Eléctrica, en forma competitiva y autoﬁnanciable. Su directiva está constituida en gran parte por personal estatal[77], sin embargo no cuenta con muchos recursos estatales. Sus funciones son entre otras: gestionar recursos de la cooperación internacional, desarrollar propuestas de fuentes de generación de energía eléctrica, promover en algunos casos estudios de pre factibilidad, y de factibilidad técnica e impacto medio-ambiental. También es garante y árbitro de las inversiones en desarrollo social y económico en la región[78]. Al mismo tiempo, el INDE controla algunas centrales de generación eléctrica, y mantiene una participación en otras privatizadas. Señalar que gran parte de los proyectos de generación de energía actuales son totalmente privados.
La distribución de la energía eléctrica fue desmembrada del INDE y totalmente privatizada a partir de la Ley de Energía Eléctrica del 96. Está actualmente en manos de Unión Fenosa (Deorsa y Deocsa para occidente y oriente del país), y de Iberdrola a través de EEGSA en la capital, Escuintla, Chimaltenango, Coatepeque. Aparte del INDE, también estas empresas participan en la electriﬁcación rural, es decir, en la apertura de nuevos caminos de transmisión de la energía.
® Inforpress Centroamericana No. 1723: Hidroeléctrica Xalalá a licitación, Guatemala, 28 de septiembre 2007.
® Prensa Libre, Estado reconoce crisis energética, Guatemala, 5 de marzo 2008; Según datos de la Agencia Federal Alemana de Comercio Exterior del 8 de febrero 2008, Guatemala consumió en esas fechas 1830 MV/h, pudiendo generar con la capacidad actual instalada un máximo de 2000 MV/h. Con un crecimiento anual de la demanda de 100 MV/h hacen falta nuevas fuentes a corto plazo.
® Según el INDE una hidroeléctrica con una capacidad instalada de más de 50 MV, se considera grande. Ver: INDE, Plan estratégico de hidroeléctricas, Guatemala, 2007.
® Según la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD), una represa con una altura mínima de 15 metros, se considera grande. Ver: CMR, op.cit.
® CMR, ibidem.
® Entrevista de las autoras en el Instituto Nacional de Energía Eléctrica, con el Ingeniero Marco Antonio Dávila, Maricel Cruz, asesora jurídica, y la Sra. Jeanette Ratón, asesora socio-ambiental, Guatemala, 1 de julio 2008.
® Prensa Libre, Dudas por licitación del proyecto Xalalá, Guatemala, 4 de marzo 2008.
® Marinus BOER, anterior Gerente General del INDE, en entrevista publicada en el folleto de propaganda del INDE, Xalalá, fundamental para el desarrollo, Guatemala, 2008.
® Prensa Libre, ibídem.
® En Prensa Libre, Dudas por licitación del proyecto Xalalá, Guatemala, 4 de marzo 2008.
® Inforpress Centroamericana nº1723, Hidroeléctrica Xalalá a licitación, Guatemala, 28 de septiembre.2007; Prensa Libre, Declaran desierta licitación de hidroeléctrica Xalalá, Guatemala, 7 de noviembre 2008.
® El Periódico: Fracasa licitación de Xalalá, Guatemala, 7 de noviembre 2008.
® Ibidem.
® Siglo XXI, Xalalá no interesa a inversionistas, Guatemala, 7 de noviembre 2008; Prensa Libre, Declaran desierta licitación de hidroeléctrica Xalalá, Guatemala, 7 de noviembre 2008.
® Prensa Libre, Xalalá, un fracaso muy preocupante, Guatemala, 8 de noviembre 2008.
® Prensa Libre, INDE está dispuesto a impulsar Xalalá, Guatemala, 8 de noviembre 2008.
® Siglo XXI, ibidem.
® Marinus BOER, anterior gerente del INDE, Por abrirse búsqueda de inversionistas para Xalalá, Prensa Libre, Guatemala, 19 de julio2007.
® Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, instancia de la cooperación técnica alemana.
® Instituto Nacional de Electriﬁcación; Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ), Feasibility Study Chulac & Xalalá Hydroelectric Projects, Summary Report, Guatemala. 1980, pág. 2 y 142.
® GTZ, ibidem pág.2, located at the junction of three enormous continental plate, the republic is one of the worlds most challenging regions for the construction of large dams.
® GTZ, ibidem, pág. 140-142; La GTZ nombra en este estudio además otros puntos a considerar, entre ellos el problema de aguas estancadas para la multiplicación de la malaria, (137), la necesidad de reforestación en las orillas del embalse planiﬁcado ante la erosión y sedimentación fuerte del Chixoy basin (136); posibles problemas en la calidad del agua si hay agricultura en las partes cercanas al río más arriba o al embalse. (136).
® Entrevista de las autoras en el INDE, op.cit.
® Acuerdo Gubernativo 89-2008.
® Santiago BOTÓN SIMAJ, ¿De qué sirve la luz para quienes no quieren ver la luz?, Pastoral Social de Ixcán, Guatemala, enero 2007.
® Las comunidades y organizaciones del área sin embargo temen que el número de comunidades afectadas sea incluso más grande, llegando a 53 comunidades, incluyendo más en las orillas del Chixoy, pertenecientes a los municipios de Uspantán y de Cobán, que no fueron tomadas en cuenta en el estudio citado aquí.
® Santiago BOTÓN SIMAJ, ibídem.
® Ley General de Energía Eléctrica, 1996.
® Entrevista de las autoras con Carlos Colom, Director de la CNEE, Guatemala julio 2008.
® En concreto forman el Consejo Directivo del INDE representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Planiﬁcación y Programación de la Presidencia, la Asociación Nacional de Municipalidades, la Cámara de Asociaciones Empresariales, y Asociaciones y/o Sindicatos de los Trabajadores del país. Ver www.inde.gob.gt, organigrama.
® Explicado en entrevista autoras INDE, op.cit.
Guatemala es Estado ﬁrmante de numerosas declaraciones e instrumentos de Derechos Humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, el Estado de Guatemala ha ratiﬁcado el Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Con la ratiﬁcación de estos instrumentos, el Estado de Guatemala, asume la obligación jurídica de proteger, promover y realizar los derechos contemplados a todos los individuos que se encuentren en su territorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
En virtud del derecho internacional, las obligaciones del Estado de Guatemala incluyen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos. Esto signiﬁca que el Estado de Guatemala y los estados ratiﬁcantes se abstendrá de violar los derechos humanos tanto interna como extraterritorialmente; garantizarán que otras partes dentro de la jurisdicción del Estado y bajo su control eﬁcaz no violen los derechos humanos de los demás; y adoptarán medidas preventivas y correctivas para respetar los derechos humanos y proporcionar asistencia a las personas cuyos derechos han sido violados. Estas obligaciones son continuas y simultáneas y no sugieren una jerarquía de medidas[79] .
La Constitución Política de la República de Guatemala estipula en su artículo 1 que El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su ﬁn supremo es la realización del bien común. En su artículo 46 reconoce la preeminencia del Derecho Internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno. Por consiguiente, deben ser aplicados y tenidos en cuenta por todos los poderes del Estado, a saber el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es más, establece que serán nulas ipso jure las leyes () que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza (art.44).
La promoción, protección y realización de los derechos humanos está vigente en varios instrumentos de derecho interno principalmente en los Acuerdos de Paz de 1996. Estos adquirieron carácter de compromiso de Estado, lo que exige el desarrollo de acciones por parte de todas las instituciones públicas y por las personas individuales y jurídicas de la sociedad [80]. Destacando el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre Aspectos socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, entre otros.
Los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, presentados en 2007 por el Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, señalan que proyectos de desarrollo como la construcción de grandes presas, pueden vulnerar distintos derechos humanos, como el derecho a la vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la tierra, a la seguridad de la persona, a la seguridad del hogar, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad de circulación y al medio ambiente.
En virtud de los compromisos nacionales e internacionales que ha contraído en materia de derechos humanos, el Estado Guatemalteco ha asumido la obligación de implementar las medidas y prácticas necesarias para salvaguardar los derechos humanos y en concreto medidas para que estas comunidades decididan sobre la autodeterminación de sus territorios y deﬁnir sus formas de desarrollo.
® Miloon KOTHARI, Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por le desarrollo. A/HRC/4/18 Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, ONU, 5 de Febrero de 2007.
® Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto número 52-2005. Congreso de Guatemala, 2005.
El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce el carácter multicultural, multiétnico y multilingüe de la nación y la necesidad de otorgar a los pueblos indígenas un trato diferenciado que preserve su identidad cultural, en igualdad de derechos, oportunidades y participación.
Como se ha visto anteriormente, es un hecho incontestable que las comunidades afectadas por la construcción de la represa de Xalalá son pueblos indígenas, cumpliendo con los criterios objetivos y subjetivos establecidos por el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 1. Todas las comunidades posiblemente afectadas son pueblos que descienden de pueblos que habitaban el país previo la colonización española. Las personas y las comunidades poseen conciencia de su identidad indígena, sus estructuras y condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de la colectividad guatemalteca, y muchas de las comunidades están regidas total o parcialmente por sus propias instituciones, costumbres y legislación especial.
Por lo tanto, las personas y los pueblos indígenas que puedan ser afectados o estén siendo afectados por este proyecto, como personas indígenas son sujetos sin discriminación, ni obstáculos a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y como pueblos indígenas poseen derechos colectivos propios que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos[81].
® ONU, Art. 1 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El artículo 1 del PIDCP y del PIDESC establece el derecho de los pueblos a la libre determinación de su estatuto político y su desarrollo económico, social y cultural. La Declaración sobre el derecho hual desarrollo, de 4 de diciembre de 1986, establece que la persona es el sujeto central del desarrollo y por lo tanto debe ser el participante activo y el principal beneﬁciario. Este mismo precepto ha sido desarrollado por el Convenio Nº169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que reconocen su derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo.
La información recibida señala que el proyecto tendría un impacto negativo en el medioambiente, por la inundación y degradación de los recursos naturales, hoy en día fuente de subsistencia de las comunidades. Esto afectaría los derechos humanos de las personas y comunidades de las áreas afectadas, tales como el derecho a la vida, a la integridad física, al trabajo, a la libre circulación, a la participación y los derechos de los pueblos indígenas.
La gente está luchando, trabajando la tierra, que es lo que saca de la pobreza al pueblo, por eso estamos en contra de la represa, queremos desarrollo, pero para todos.[82]
El Estado debe especiﬁcar y aclarar cuáles son los beneﬁcios y mejoras de la construcción de la hidroeléctrica para Guatemala y en concreto para las comunidades afectadas. A su vez, debe buscar el equilibrio entre los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la construcción de mega proyectos y el interés nacional reivindicado.
® Opinión de un miembro de la comunidad de Margaritas Copón, expresado en entrevista con las autoras Guatemala junio del 2008.
La Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas establece en su artículo 19 que Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a ﬁn de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
El Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, se recoge en numerosos instrumentos de derechos humanos ratiﬁcados por el estado guatemalteco. Con respecto a su contenido, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas observa que siempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar[83]. En consecuencia, el Relator Especial de la ONU determinó que [e]s esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo[84].
Tal y como indica la jurisprudencia de la CIDH cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrán un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los pueblos, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos[85].
Este derecho se recoge en diversos instrumentos legales internacionales, entre otros en el Art.1 PIDCP y PIDESC, Art. 25 del PIDCP, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como derecho humano.
Este derecho requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes[86]. Asimismo, se debe consultar con los pueblos, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso[87] El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. Asimismo, debe asegurarse de que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a ﬁn de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria[88].
La Comisión Mundial de Represas en sus recomendaciones para un nuevo Marco de Políticas, recomienda a los Estados como primer paso la obtención de la aceptación pública. La aceptación surge de que se reconozcan los derechos, se aborden los riesgos y se salvaguarden los derechos de todas las partes interesadas afectadas, en particular, pueblos indígenas y tribales, mujeres y otros grupos vulnerables.[89].
® ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, p. 2.
® ONU, ibidem , p. 66.
® CIDH, sentencia del 28 de noviembre de 2007, Caso del pueblo Saramaka v.s.. Surinam, 2008.
® OIT, Convenio 169 Art. 6 ; ONU, Artículo 32 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígena.
® CDESC, La observación general 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).
® ONU, OIT, Convenio 169 de la OIT, Art. 6 ; ONU, Artículo 32 2 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En cuanto al derecho a la información pública, recientemente fue aprobada por el Congreso de la República La Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo objeto es garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley[90]. La ley entrará en vigor en Marzo 2009.
La ley establece como organismos obligados a cumplir la ley a: las entidades estatales que manejen recursos públicos (Art.6), empresas del Estado y entidades privadas que ejerzan funciones públicas (Art.6§28), como el INDE, así como las empresas privadas a quienes se les haya otorgado la explotación de un bien del Estado (Art.6§31). Estos organismos deberán mantener la información, actualizada y disponible, en todo momento, incluida la información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado (Art.10§16). Esto signiﬁca que en una situación como la presente, tanto el INDE, la CNEE como la empresa ganadora de la licitación y ejecutora del proyecto deben cumplir las disposiciones de información al público previstos por esta ley.
De otra parte, el derecho a consulta de los pueblos indígenas está contemplado en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se reﬁere a la protección de los grupos étnicos, así como el artículo 44 relativo a los derechos inherentes a la persona humana. Dentro de estos derechos inherentes se ubica la consulta a los pueblos indígenas en aquellos asuntos susceptibles de afectarles directamente. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas, estipula la necesidad de obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa la realización de explotación de recursos naturales que puedan afectar la subsistencia y modo de vida de las comunidades () (Art. 6§ ll). A su vez, varios instrumentos legales garantizan la consulta local, como Ley de Descentralización Art.18, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Art. 2 y Código Municipal, Art. 35 y 65[91].
Pese a que existe un marco internacional y constitucional que protege los derechos de los pueblos indígenas, éstos no están siendo consultados por la ausencia de una reglamentación adecuada y completa para facilitar a los pueblos indígenas el pleno ejercicio del derecho a la consulta, aspecto que ha sido señalado por numerosas instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales[92]. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU recientemente recomendaba al Estado de Guatemala que (...) en los casos que se hayan ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de aquellas poblaciones, el Comité recomienda al estado parte que adopte medidas para que dichas tierras les sean devueltas[93].
® Decreto 57-2008, aprobado por el Congreso de Guatemala el 23 de septiembre del 2008 y que entrará en vigor en marzo del 2009, artículo 1.
® FIAN y Misereor, , The Case of the Marlin Gold Mine. San Marcos, Open Pit Gold Mining, Human Rights Violations and Environmental Destruction , Guatemala, Septiembre 2005.
® Comisión Comunidades Indígenas, Congreso de Guatemala, Dictamen favorables sobre la iniciativa de Ley de consulta a pueblos indígenas, 28 de noviembre del 2007.
® CERD, Observaciones ﬁnales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD/C/GTM/CO/11, 15 de mayo de 2006.
Diez meses después de la licitación pública del proyecto Xalalá, no hubo de parte del gobierno central y las instituciones responsables un proceso de información formal ni de consulta a las municipalidades y comunidades afectadas.
Recientemente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial lamentaba por ello que las comunidades afectadas por el proyecto no hayan sido consultadas e informadas acerca de estos proyectos. Concretamente, el Comité expresa su preocupación por las alegaciones de amenazas e intimidaciones a líderes comunitarios y a sus seguidores y recomienda la adopción de disposiciones necesarias para garantizar la seguridad de los interesados[94].
Durante la misión, los actuales alcaldes de los municipios afectados, así como el anterior alcalde del Ixcán durante el periodo 2004-2008, conﬁrmaron que no han recibido información oﬁcial y formal del Ministerio de Energía y Minas, del Instituto Nacional de Electricidad, ni de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Solo se han celebrado escasas reuniones, que no cumplieron con su deber de informar ni consultar[95]. Las comunidades afectadas tampoco han recibido información oﬁcial, más allá de visitas informales que generaron mucha tensión[96].
Por lo tanto, desde octubre del 2006 hasta julio del 2008, no ha habido visitas gubernamentales públicas ni de personal del INDE a la región, a pesar de las numerosas peticiones de información por parte de autoridades locales[97].
El Sr.Marcos Ramírez (URNG), alcalde hasta enero del 2008 del municipio del Ixcán, aﬁrma que pidió información oﬁcial al INDE, pero nunca recibió información clara y completa[98]. El actual alcalde de Ixcán, el Sr. Carlos Cahuec (UNE), maniﬁesta que no ha procedido a un trabajo de información a las comunidades posiblemente afectadas por la represa e hidroeléctrica, porque no tenemos ninguna información, no tenemos ni un documento. No hemos solicitado (información al Ministerio de Energía y Minas), porque yo creo que ellos son los interesados en este momento. No somos nosotros los interesados porque honestamente no nos interesa[99]. El alcalde de Cobán el Sr. Leonel Chacón (FRG) aﬁrma por su lado que en el año 2006 ó 2007 si hubo alguna información de parte del MEM y una visita a la zona, pero concretiza que desde entonces no ha vuelto a recibir ninguna comunicación y a la petición de información oﬁcial de parte de su municipalidad, no han obtenido respuesta. También aﬁrma que no hubo de parte de la municipalidad de Cobán un trabajo de información con las comunidades[100]. El Sr. Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Uspantán, aﬁrma tener información del proyecto Xalalá por formar parte como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM[101], sin embargo no ha informado a las comunidades afectadas por no tener información oﬁcial[102].
A su vez, las comunidades que la misión visitó que serían afectadas por la represa, igualmente conﬁrmaron que con excepción del alcalde anterior del Ixcán, jamás se presentó oﬁcialmente una persona ni de las municipalidades ni del gobierno central o de las instituciones involucradas para dar un conocimiento formal, completo y transparente del proyecto. Tampoco han sido informados ni de la ubicación, ni del alcance, ni del proceso previsto, ni de los posibles riesgos, ni de los planes de indemnización y reubicación gubernamentales para con las comunidades afectadas[103].
Ante la ausencia de información por parte de las autoridades gubernamentales y por ende de ejercicio de la consulta, en el año 2007 la alcaldía del Ixcán convocó a una consulta Comunitaria. Después de un esfuerzo de búsqueda de información por parte de la Alcaldía, los consejos de desarrollo comunitario y municipal y organizaciones de la región, y actividades de información a las comunidades afectadas, se celebró en Abril 2007 una Consulta Comunitaria de Buena Fe[104]. En números totales participaron 21.155 personas. De este total, 18.982 se pronunciaron en contra de una represa y la explotación minera en el Ixcán. Esto corresponde al 89,73 % de los votantes[105].
Mientras que el alcalde actual de Playa Grande/Ixcán, Carlos Cahuec conﬁrmó en entrevista respetar los resultados de la Consulta Comunitaria de Buena Fe[106], de parte de la municipalidad de Uspantán y Cobán todavía no se ha realizado este trabajo ni se ha realizado una consulta.
La misión lamenta que las autoridades centrales no hayan aprovechado esta movilización y aparente interés y necesidad de la población de ser informada, para dar de su parte una información completa oﬁcial. Al contrario, el Ministro de Energía y Minas explicó, que el Gobierno, con base en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, no tomará como vinculante la consulta popular a las comunidades cercanas del lugar para hacer o no un proyecto como Xalalá, sino que efectuarán una campaña de concienciación.[107].
En conclusión, hasta el día de publicación del informe, el gobierno central no ha cumplido su deber de informar amplia y plenamente a las municipalidades y comunidades afectadas ni de consultarlas. No ha dado a conocer el plan actual del proyecto Xalalá, sus datos técnicos, su alcance, sus riesgos y posible impacto, su proceso de realización, ni ha dado a conocer eventuales planteamientos para las comunidades posiblemente afectadas. El gobierno central tampoco ha realizado las consultas estipuladas por las obligaciones internacionales vigentes. Esta situación, además impide el ejercicio de otros derechos ciudadanos estipulados en la ley general de descentralización, como el derecho de las comunidades organizadas a realizar ﬁscalización social respecto a planes, políticas, programas y proyectos[108].
® CERD,Referencia: TS/JDV/JF, 15 de Agosto 2008.
® A ﬁnales de diciembre del 2005, delegados del INDE se reunieron con el Concejo Municipal del Ixcán y expusieron de manera muy general el proyecto. Un segundo momento fue en junio del 2006 cuando llegó el Viceministro de Energía y Minas Jorge Antonio García con personal del INDE a una Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo, donde los miembros del Consejo presentes no recibieron la información requerida generando tensión. Aparte de estos dos momentos formales no se tiene constancia de otras aproximaciones de las autoridades nacionales a las posibles áreas afectadas para informar.
® En octubre del 2006 cuatro personas subcontratadas por el entonces Coordinador para el Desarrollo del Trabajo Rural del INDE, Ing. Pablo Moreno, llegaron al área. Según cuentan los habitantes de las comunidades se presentaron como promotores de educación en busca de trabajo y no avisaron previamente de su visita a las comunidades, ni se comunicaron con las autoridades locales. Según los habitantes, no se identiﬁcaron como empleados del INDE ni dieron a conocer sus intenciones, tampoco informaron sobre la hidroeléctrica..Posteriormente, una de estas personas fue encontrada asesinada. Todavía no ha sido aclarado oﬁcialmente el asesinato, sin embargo, este incidente aumentó mucho la tensión en la zona y las inquietudes alrededor del proyecto Xalalá.
® Entrevista autoras INDE, op.cit.. Posteriormente a la visita de los autores a Guatemala, se supo que para el 10 de julio 2008 fueron convocadas aparentemente por el alcalde de Uspantán comunidades de la Zona Reyna a una reunión en la aldea El Paraiso, donde supuestamente llegarían el Ministro de Agricultura, de Energía y Minas, la Primera Dama junto con más funcionarios del gobierno. En esa reunión se iba a exponer supuestamente el proyecto Xalalá. Está conﬁrmado que hubo una reunión, sin embargo no nos fue posible averiguar más detalles.
® Entrevista las autoras con Marcos Ramírez, ex-alcalde del municipio del Ixcán, Playa Grande, 20 de junio 2008.
® Entrevista de las autoras con Carlos Cahuec, actual alcalde del municipio del Ixcán, y Alberto Figueroa, primer concejal de la municipalidad del Ixcán, Playa Grande, 20 de junio 2008.
® Entrevista de las autoras con Sr. Leonel Chacón, alcalde de Cobán (FRG), Cobán, 24 de junio 2008.
® Esta Comisión es de carácter gubernamental multilateral donde se pretende elaborar una estrategia para reducir el impacto social y medio ambiental de los proyectos hidroeléctricos en el país.
® Entrevista telefónica de las autoras con Victor Hugo Figueroa, alcalde de Uspantán (UNE), Guatemala, 27 de junio 2008.
® Entrevistas de las autoras realizadas en las comunidades de Xalalá (aprox.35 personas), Margaritas Copón(aprox.80 participantes), Copala (aprox.50 participantes), San Pedro Cotijá (125 personas aprox.) y Playita Copón (50 personas aprox., todas las reuniones se mantuvieron en junio del 2008.
® Consulta de Buena Fe fundamentada en las disposiciones del Código Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
® Comisión Organizadora de la Consulta Comunitaria ibidem.; El Código Municipal dice en su artículo 64 que los resultados (de la consulta comunitaria) serán vinculantes si participa en la consulta al menos el 20 por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado. En el computo ﬁnal de los resultados de la consulta, participó el 34.38% del total de empadronados, rebasando un 14.38% más de las exigencias del Código Municipal. Estos datos dan cuenta también que en esta consulta comunitaria participaron unas 4,000 personas adultas más que las que participaron en las elecciones generales del pasado, cuya cifra alcanzo los 8,290 votantes.
® Entrevista de las autoras Sr. Cahuec, op.cit.
® Prensa Libre, Guatemala, 26 de septiembre 2007.
® Ley General de Descentralización, Art. 19, Decreto 12-2002.
Los Principios básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo recomiendan que antes de proceder a la realización de un proyecto de desarrollo que implique el desplazamiento y desalojo de personas se deben elaborar estudios amplios e integrales sobre sus efectos sociales y sus consecuencias en los derechos humanos de las personas que serán afectadas. Este tipo de estudios son indispensables para asegurar que los costos sociales, humanos y ambientales que implica un proyecto de esta magnitud no sean desproporcionados en relación con los beneﬁcios que se intentan alcanzar[109].
La Comisión Mundial de Represas recomienda evaluar riesgos (en particular derechos en riesgo) en los ciclos de planiﬁcación y de realización de un proyecto. Concretamente, recomienda que se identiﬁquen y aborden de manera explícita los derechos que estén en riesgo de ser violados, y en especial que se incluya en el enfoque a los derechos de los afectados por el proyecto y el medioambiente como un bien público. A su vez, recomienda que los afectados por estos riesgos sean incorporados a un proceso transparente de negociación de parte del ente ejecutor de la obra, con el objeto de lograr resultados que equilibren los beneﬁcios con los daños que les sean causados. De esta manera, se puede sentar la base para una toma de decisiones sobre del desarrollo del agua y de la energía que sea mucho mejor y signiﬁcativamente más legítima.[110].
® ONU, Miloon KOTHARI , ibídem.
® CMR, op.cit.
En febrero del 2008 entró en vigor el Acuerdo gubernativo 89-2008, que modiﬁca el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental anterior así como el Acuerdo Gubernativo 33-2008[111] de tal modo que ahora el proponente de un proyecto, obra, industria o actividad, está obligado a darle participación pública a la población en la etapa más temprana posible del proceso de elaboración del instrumento ambiental, conforme a los términos de referencia que establezca el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en cada caso[112].
Este acuerdo también plantea que el proponente, en el caso del proyecto Xalalá la empresa que gane la licitación, y su consultor deben consignar todas las actividades realizadas para involucrar a la población durante la elaboración de los instrumentos de evaluación del impacto ambiental. Además debe proponer los mecanismos de comunicación y consulta que deberán desarrollarse durante la etapa de revisión del documento. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe requerir al proponente la elaboración de un plan de participación para todo el ciclo de vida del proyecto, que incluya al menos los siguientes aspectos: a) identiﬁcación del grupo o comunidad afectada., b) forma de participación de la comunidad, c) forma de resolución de conﬂictos potenciales.
Finalmente, en el artículo 78 del Acuerdo Gubernativo 89-2008, se establece que en la resolución ﬁnal del instrumento de evaluación ambiental, el MARN considerará las observaciones, opiniones u oposiciones que hayan sido presentadas dentro de los veinte días del proceso de participación pública, siempre y cuando cuenten con un fundamento técnico, cientíﬁco o jurídico que respalde su opinión o criterio.
En resumen, en cuanto al estudio de impacto ambiental, según la legislación nacional, el gobierno tiene la obligación de promover un estudio de impacto y de hacer participar la sociedad civil y en concreto, las comunidades o sectores afectados para evaluar los posibles impactos. La empresa o entidad que quiere realizar un proyecto u obra tiene que presentar para ello un plan al MARN. Después de este proceso de participación en las primeras fases del estudio ambiental, hay un segundo momento de participación pública previsto para cuando la empresa o entidad proponente haya entregado el estudio al MARN. Hay entonces 20 días de participación pública, durante los cuales se pueden entregar observaciones, opiniones u oposiciones al estudio.
® Reglamento establecido en el Acuerdo Gubernativo 431-2007; Acuerdo Gubernativo 33-2008 que suspendió la obligatoriedad de dar participación pública.
® Según el artículo 72 del Acuerdo 89-2008 sobre la Participación Pública como requisito en la elaboración de Instrumentos de Evaluación Medioambiente.
El INDE ha especiﬁcado en los primeros términos de referencia para el contrato de ejecución, previsto entre el INDE y la sociedad ejecutora, que la sociedad ejecutora realice en la primera fase del proyecto los estudios necesarios para determinar la factibilidad técnica, ﬁnanciera, legal, socio-económica, ambiental y administrativa del proyecto.
Sin embargo no está suﬁcientemente especiﬁcado si los estudios de impacto socioeconómicos se reﬁeren al coste-beneﬁcio para la sociedad ejecutora y/o para el INDE, y/o para el Estado de Guatemala, o se tendrá en cuenta también la factibilidad socioeconómica desde el punto de vista de las comunidades que habitan el área afectada. Esto es si se contemplan los posibles cambios en el sistema económico de las comunidades que conllevará el hecho de ser desplazadas, o de que sus tierras de cultivo puedan verse inutilizadas, en otras palabras que se vean privados de sus medios de subsistencia.
En lo que se reﬁere a los estudios administrativos mencionados en la cláusula del Contrato de ejecución, es necesario especiﬁcar si se verán claramente señaladas las formas de administración de los recursos hídricos y energéticos de la zona. Es decir, deben darse respuesta a las peticiones de las comunidades entorno al abastecimiento gratuito de energía a los afectados por la construcción de la hidroeléctrica, y en tal caso si estarán claramente especiﬁcados, documentados y garantizados el número de años durante los cuales este servicio será gratuito, y a cargo de quién correrán los costes de reparación y mantenimiento de las correspondientes infraestructuras de abastecimiento eléctrico y de agua.
En entrevista con el INDE, se informó que una Comisión compuesta por personal del INDE, del Ministerio de Energía y Minas, del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, el actual alcalde de Uspantán, y por otras instancias gubernamentales estaba debatiendo los porcentajes de las regalías y elaborando los procedimientos de inversión de las mismas en proyectos de desarrollo municipales[113]. Sin embargo, los resultados de estas negociaciones nunca fueron dados a conocer públicamente, de tal manera que hasta la fecha no se sabe qué beneﬁcios se están planteando para compensar los daños que supondrían la realización del proyecto Xalalá para muchas comunidades.
En este contexto, el CERD ha solicitado al Estado de Guatemala información detallada sobre los estudios cientíﬁcos ambientales y culturales llevados a cabo para la investigación de los impactos de la implementación de la hidroeléctrica[114].
® Entrevista de las autoras INDE, op.cit.
® Op.cit, TS/JDV/JF.
El Art. 11 PIDESC establece el derecho a un estándar de vida adecuado el cual comprende entre otros, el derecho a la vivienda digna, el derecho al agua y el derecho a la alimentación, en especial el derecho mínimo de todas las personas a estar protegidas contra el hambre[115]. Estos derechos generan obligaciones especíﬁcas para los Estados, de garantizar que los derechos se ejercerán sin discriminación. y obligación a adoptar medidas. Si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendientes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto[116].
El derecho a una vivienda adecuada incluye, entre otras cosas, el derecho de protección contra la injerencia arbitraria o ilegal, en su vida privada, familia, hogar y el derecho a la seguridad jurídica de la tenencia[117].
El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suﬁciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica[118].
El derecho a la alimentación contempla la obligación para el Estado de Guatemala de respetar, proteger y garantizar el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, de preferencia de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa, y por lo tanto obligaciones tanto negativas como positivas, de cumplimiento inmediato y programáticas. Por lo tanto, la accesibilidad no sólo se reﬁere a los alimentos en sí, sino también a los medios para producirlos, como la tierra, el crédito, las semillas y/o el agua. Dicho acceso debe ser completo y equitativo[119].
Guatemala también es Parte en el Convenio Nº 169 de la OIT que exige a Guatemala que respete los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los territorios (arts. 13 a 17), inclusive en sus aspectos colectivos. Esos artículos exigen también que los pueblos indígenas no sean trasladados de sus tierras y que se salvaguarden especialmente sus derechos a los recursos naturales, en particular su derecho a participar en el uso, la gestión y la conservación de esos recursos, así como su derecho a ser consultados y a evaluar toda explotación de los recursos de las tierras que posean o de las que sean propietarios.
A su vez, los pueblos indígenas tienen el derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido conﬁscados sin su consentimiento libre, previo e informado. (Art. 18 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).
La Comisión Mundial de las represas, en su informe insta a los gobiernos y a todos los actores implicados en la construcción de las represas, a conservar los medios de subsistencia. Por ello, recomienda evaluar las necesidades de agua, de alimentos y de energía, ya que las represas transforman paisajes y crean riesgos de impactos irreversibles, afectando a las fuentes de subsistencia.
® Este derecho ha sido reconocido también por otros instrumentos internacionales que ha ratiﬁcado el Estado de Guatemala, entre otros la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 1979; Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), 1989; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW); Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989; Las Directrices Voluntarias en Apoyo a la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, acogidas por la FAO en el año 2004.
® CDESC, Observación general Nº 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes.
® Miloon KOTHARI, ONU, A/HRC/4/18, op.cit.
® CDESC, Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
® FIAN, La justiciabilidad del derecho a la alimentación en Guatemala, Heidelberg Octubre 2007, p.15 Ver en: http://www.&#64257;an.org/recursos/publicaciones/documentos/la-justiciabilidad-del-derecho-a-la-alimentacion-en-guatemala/pdf.
El derecho a un estándar de vida adecuado forma parte del catálogo de derechos humanos reconocidos por el Estado de Guatemala, con rango constitucional, entre otros en los artículos 2, 3, 51, 96, 99. La Constitución política de Guatemala en su art. 67 establece que las tierras de las comunidades indígenas y de las cooperativas agrarias, así como cualquier otra forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, incluyendo (...) la vivienda popular, gozan de especial protección del Estado. A su vez, la constitución dispone que el Estado provea de tierras a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo, adoptando programas especiales y emitiendo una legislación adecuada (Art. 68).
El derecho a un estándar de vida adecuado se ha desarrollado en los Acuerdos de Paz. Entre otros, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y situación agraria, promueve el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos el territorio. En este sentido, el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas estipula la necesidad de desarrollar medidas legislativas para el reconocimiento, titulación, protección, (..)de los derechos relativos a la tierra y recursos productivos. El Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, estipula como objetivos garantizar a la población desarraigada el pleno ejercicio de todos sus derechos (), en particular aquellos derechos () afectados en el proceso de desarraigo.
El derecho a un estándar de vida adecuado se ha desarrollado a nivel de la legislación ordinaria, entre otros por medio de la aprobación de la Ley del Registro de Información Catastral, el mejoramiento sustantivo del Código de Trabajo, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, la creación del Viceministerio de Seguridad Alimentaria, así como por la adopción de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional por parte del Gobierno[120].
A pesar del progreso que se han logrado recientemente a nivel legislativo, el ordenamiento interno sigue siendo inadecuado con respecto a diversas cuestiones importantes relacionadas con el derecho. Uno de los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas es el relativo al derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra, la falta de resolución de demandas agrarias, la falta de respeto a los territorios tradicionales tales como los bosques comunales, los desplazamientos forzados de pueblos indígenas como resultado de proyectos de desarrollo económico, y problemas derivados de la pérdida de sus tierras a raíz del conﬂicto armado, conﬁguran un panorama de crecientes tensiones sociales. Particularmente precaria es la situación de las mujeres indígenas[121].
La falta de legislación adecuada y de mecanismos efectivo, no puede servir de excusa al Estado para incumplir los Pactos Internacionales, ni para considerar las tierras indígenas no tituladas como tierras estatales, ni tampoco para otorgar concesiones a compañías extranjeras en esas tierras[122].
® J. ZIEGLER, ONU, E/CN.4/2006/Add.1, op.cit.
® CIDH, sentencia del 31 de agosto 2001, Awas Tingi contra Nicaragua, 2001.
Las comunidades afectadas por la represa de Xalalá, subsisten de la agricultura familiar y comunal, de la recolección de frutas, y plantas medicinales, la caza y la pesca. Estas actividades, así como el uso y goce de la tierra que habitan, son llevadas a cabo dentro de un espacio territorial de acuerdo con un esquema de organización colectiva tradicional[123]. En la visita, la misión pudo constatar que el vínculo con la tierra y recursos protegidos es esencial .La salud física, la salud mental y la salud social del pueblo indígena están vinculadas con el concepto tierra.
En este contexto, el problema surge si el Estado decide dar concesiones para la construcción de la represa, autorizando la utilización y/o compra de las tierras para la construcción de la represa, llevando al despojo de las fuentes de subsistencia de muchas comunidades. Centenares de personas, familias y comunidades perderían su vivienda, su acceso a su modo de subsistencia, principalmente agua y tierra, lo cual supone una clara violación al derecho al estándar de vida adecuado por el Estado de Guatemala y amenazaría su derecho a la alimentación.
Los efectos de la construcción serían la inundación de los núcleos habitacionales, de las tierras de cultivo, de las tierras fértiles, de los pastizales, un posible cambio en la biodiversidad del entorno, la imposibilidad de pesca, el corte de las actuales vías de comunicación (puentes, caminos, ríos) o por la construcción de carreteras trazadas sobre los lotes de las comunidades. También se verá gravemente afectada la relación que las comunidades tienen con sus tierras y con sus recursos, afectando así el goce del derecho a la vida, a la honra y a la dignidad, la libertad de conciencia y religión y la protección de la familia entre otros.
Es probablemente por ello que el alcalde de Cobán conﬁrmó a la pregunta de posibles amparos contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Xalalá que la única argumentación de un recurso de amparo en este caso, es que la gente se esté muriendo de hambre[124].
Resumiendo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, el acceso al agua y a una vida adecuada, derechos consagrados en la Constitución Política de la República, en los Acuerdos de Paz y en compromisos y obligaciones internacionales asumidos por el Estado, correrían peligro para las poblaciones indígenas afectadas si se llevaran a cabo la construcción del proyecto Xalalá. Por lo tanto, el otorgamiento de cualquier concesión por parte del Estado sin ofrecimiento de medidas de reubicación e indemnización que permitan garantizar los derechos colectivos e individuales sobre la tierra y los recursos naturales de las comunidades, supone una violación al Art. 11 del PIDESC.
® Las comunidades tienen como única fuente de ingreso la producción y comercialización del café y del cardamomo, este último tipo de plantaciones solo permite tres cosechas en el transcurso de cuatro meses consecutivos al año, lo que implica que ocho meses al año no existe oportunidad de ingreso. A pesar de este hecho, la fertilidad de las tierras y la biodiversidad que les rodea les permite cubrir las necesidades básicas para subsistir, constituyéndose una economía de auto subsistencia absolutamente eﬁcaz para mantener una óptima seguridad alimentaria de estas comunidades. Con la cría de traspatios de algunos animales, la caza en la selva y la pesca en los ríos es posible cubrir de un modo óptimo el consumo cárnico de, pollos, pavos, patos, armadillos, tepezcucintles, venados, cotuzas, palomas, pescados, camarones, cangrejos, jutes, conchas, tortugas, anguilas, gusano de piedra.Gracias a los cauces de los ríos Copón y Chixoy, así como de sus aﬂuentes, es posible el transporte de las cosechas de cardamomo para su comercialización, el riego de las tierras de cultivo, el consumo de agua de las poblaciones y de los animales. Además de estos productos de consumo básicos para la subsistencia de las comunidades cabe señalar la recolecta de plantas medicinales y otros complementos nutricionales como la miel. Fuente: BOTÓN SIMAJ, op.cit.
® Entrevista de las autoras con Leonel Chacón, op.cit.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que el Estado debe evitar desalojos y proteger contra los desalojos forzosos. Aunque el desalojo fuese producto de decisiones, leyes o políticas especíﬁcas de prioridad nacional, y que estos desalojos estuviesen planeados, formulados y anunciados a través de declaraciones oﬁciales, decisiones judiciales o se hubiesen elaborado planes de desocupación, es la obligación y responsabilidad del Estado de llevarlas a cabo de la manera más cautelosa, previsora e inofensiva posible.
Debe haber por lo tanto en todo momento una evaluación cuidadosa y transparente del beneﬁcio e interés nacional, que se reclama para realizar el desalojo, poniendo éste en relación con los costos económicos, sociales, culturales, físicos y psíquicos que supone el mismo para la población afectada, especialmente para sus sectores más vulnerables.
Esto se vuelve obligatorio ante la práctica de desalojos violentos, todavía lejos de erradicarse de la realidad guatemalteca. Según J. Ziegler, en su época como Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, en Guatemala el derecho a la tierra de las comunidades se viola sistemáticamente. La situación de las familias indígenas no ha mejorado y éstas siguen sin tener seguridad sobre la tenencia de la tierra. Además de vivir la constante amenaza de desalojos forzosos, se ven privados de acceso a los alimentos, el agua, y los servicios de educación y salud[125].
En este marco son especialmente dañinos los desalojos forzados, entendidos como acciones y/u omisiones relacionadas con desplazamientos coaccionados o involuntarios de personas, grupos y comunidades de sus hogares y/o tierras y lo recursos comunes de propiedad que estaban ocupados o de los que éstos dependían, eliminando o limitando con ello la capacidad de una persona, un grupo o una comunidad de residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar particulares, sin que se haya ofrecido o no se tenga acceso a formas apropiadas de protección jurídica o de otro tipo[126], constituyen una violación a los derechos humanos.
Entre las causas de desalojos forzados contempladas por la oﬁcina de Alto Comisionado para Naciones Unidas se incluyen los proyectos de desarrollo e infraestructura, en particular presas y otros proyectos de producción de energía. Los afectados por estas acciones deben de ser considerados como un grupo aparte de personas a las que hay que aportar la protección del derecho internacional en materia de derechos humanos.
El artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha hecho mucho hincapié en los desalojos forzosos y ha aﬁrmado en su observación general Nº 4 (1991), relativa al derecho a una vivienda adecuada, que los casos de desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sólo pueden justiﬁcarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional (párr. 18)[127].
® J. ZIEGLER, op.cit.
® Miloon KOTHARI, ONU, A/HRC/4/18, op.cit,art.4.
® Las palabras circunstancias excepcionales son importantes. Al deﬁnir en qué consisten esas circunstancias, se pueden determinar los tipos de desalojo forzoso que son inadmisibles. Siempre hay que distinguir entre quienes viven pacíﬁcamente en un lugar determinado y pueden correr el riesgo de un desalojo forzoso y quienes han incumplido deliberadamente obligaciones legales o contractuales para con otros arrendatarios o residentes o para con las personas o entidades propietarias de residencias o tierras.
Según las informaciones recibidas durante la misión, ni las comunidades afectadas ni las autoridades locales, han recibido información completa y formal por el gobierno de Guatemala sobre los alcances del proyecto Xalalá. En concreto, no han sido informados sobre qué comunidades quedarían inundadas y cuáles perderían sus fuentes de subsistencia, y necesitarían por ende ser reubicadas e indemnizadas. Tampoco se ha informado sobre cuál será el procedimiento para el diálogo, negociación, acuerdos o posibles desacuerdos que haya. Ni siquiera se sabe con qué contraparte deberán hablar las comunidades y familias afectadas [128].
La represa de Xalalá no es beneﬁcio para las comunidades, ni trae desarrollo, sólo desalojo. No nos han dicho donde nos van a dejar cuando inunden nuestras tierras [129].
El temor de ser desalojados forzosamente es inminente para la población del área. En un contexto, donde la persistente conﬂictividad agraria y los múltiples desalojos forzosos que se llevan a cabo en Guatemala, sin cumplir con la legalidad prevista por el Derecho Internacional de Derechos Humanos y sin agotar las vías del diálogo y de la resolución pacíﬁca de conﬂictos[130], y ante la incertidumbre que genera la falta de información al tiempo de ver avanzar el proceso de licitación de Xalalá, las comunidades informaron a la misión de su gran preocupación por el riesgo de ser desalojados forzosamente.
® Según los términos de referencia hechos públicos a la hora de licitar la obra, sería la empresa ganadora de la convocatoria.
® J J. ZIEGLER, op.cit.
® Miembro de la comunidad Playitas Copón en visita a la comunidad, Guatemala, junio 2008.
La Corte Internacional de Justicia de la ONU aﬁrma que la protección del medioambiente es una regla del derecho internacional público establecido[131].
En el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, dice que toda persona tiene el derecho a vivir en un medioambiente salubre y de beneﬁciarse de los recursos colectivos esenciales. Esto implica también asegurar una cierta calidad de vida y por lo tanto evitar prejuicios directos y personales.
Para poder realizar realmente estos derechos, el Convenio sobre la Protección de la Diversidad Biológica, establecido durante la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río en 1992 y ratiﬁcada por Guatemala en 1995, recomienda asegurar la participación de los ciudadanos implicados, en particular los pueblos indígenas. El papel crucial de los pueblos indígenas en la protección de la diversidad biológica fue reconﬁrmado durante la Conferencia de Johannesburgo en 2002. A nivel nacional cada individuo debe tener acceso a toda la información relativa al medioambiente detentada por las autoridades públicas, en ello comprendido informaciones relativas a las sustancias y actividades peligrosas para la comunidad, y tener la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Los estados deben facilitar y alentar la sensibilización y la participación del público poniendo dichas informaciones a su disposición. Un acceso efectivo a las acciones judiciales y administrativas, es decir, sanciones y reparaciones, debe estar asegurado.
® CIJ, Legalidad de la amenaza y del empleo de armas nucleares 8 Julio 1996, pág.29.
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 64 sobre el Patrimonio natural, declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación.
En su sección séptima sobre salud, seguridad y asistencia social está el artículo 97 sobre medioambiente y equilibrio ecológico que señala la obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Prevé que se dicten todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la ﬂora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.
La Constitución política de Guatemala declara en su artículo 126 de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país y la conservación de los bosques y pone especial énfasis en los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, que gozarán de especial protección. En cuanto al régimen de aguas establece en el artículo 127 que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social.
Y ﬁnalmente el artículo 128 establece que el aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para ﬁnes agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso[132].
® Otros instrumentos legislativos a señalar, adoptados por la República de Guatemala sobre la protección del medio ambiente son: el Decreto nº 68-86 Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente, el Decreto nº 4-89 Ley de áreas protegidas, el Decreto nº 101-96 Ley Forestal, el Decreto nº 90-97 Código de salud la Ley de desarrollo urbano y rural, art. 1 naturaleza.
El proyecto Xalalá afecta directamente los cauces y caudales del Río Copón y del Río Chixoy desde su nacimiento hasta llegar a Xalalá. A lo largo del Río Chixoy estarían, la hidroeléctrica de Río Negro cerca de Sacapulas, la represa e hidroeléctrica de Chixoy y donde está ubicada su sala de máquinas comenzaría la represa e hidroeléctrica Xalalá. Por otro lado, a lo largo del Río Copón se prevé la construcción y ﬁnalización de otras hidroeléctricas. Al igual que en el Río Chixoy, la siguiente hidroeléctrica está inmediatamente arriba del embalse Xalalá planiﬁcado[133].
Tanto el río Chixoy como el río Copón, así como el área del embalse planiﬁcado, colindan con la reserva natural del Cerro Visich. Esta reserva es de gran biodiversidad, y en ella viven múltiples especies de fauna y ﬂora en peligro de extinción. Asimismo, nacen en esta reserva varios aﬂuentes del Río Chixoy y otros ríos que también desembocan en el Usumacinta en México.
Será necesario estudiar si la construcción del embalse, las deforestaciones y erosiones consecuentes pueden conllevar impactos negativos sobre la reserva, ya hoy amenazada por el comercio ilegal de maderas preciosas, proyectos de explotación minera y por pequeñas y medianas hidroeléctricas que han conllevado la construcción de infraestructuras tales como caminos de acceso al área.
Otros factores que habrá que tener en cuenta en el estudio de impacto medioambiental y que no pueden ser medidos por la misión debido en parte a la falta de información a este respecto, será la disposición datos técnicos del proyecto tales como: si las aguas son ﬂuyentes o reguladas, el tipo de generación de energía planeada (punta, llano o base), de lo que dependerá que el río tenga caudal 24 horas o no y en consecuencia si se contempla la posibilidad de un caudal ecológico, datos determinantes a la hora de medir el impacto en la ecología del río[134], especialmente río abajo de la hidroeléctrica planiﬁcada. También serán determinantes a la hora de realizar este estudio los índices de máximo nivel extraordinario, que marcarán los espacios de seguri- dad previstos ante posibles inundaciones, evitando catástrofes humanas, e inundaciones de campos de cultivo.
Todos estos datos serán indispensables a la hora de medir el impacto medioambiental, y la misión consi- dera que deben de hacerse públicos para tener una información rigurosa y poder crear una opinión ob- jetiva respecto a la construcción de la represa.
® Entrevistas autoras con comunidades de Playitas Copón y San pedro Cotijá, Guatemala, junio 2008.
® En el estudio de la GTZ de ﬁnales de los años 70, se señalaba que mientras no se hiciera agricultura en las orillas del río Chixoy arriba de la hidroeléctrica y fuera un área poco habitada, no habría que temer estos impactos. Sin embargo, hoy en día esa área está mucho más poblada que hace 30 años atrás, y la agricultura en la orilla del río es casi permanente. Ver GTZ op.cit.
Los Estados ratiﬁcantes del PIDCP y PIDESC tienen la responsabilidad conjunta e individual, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, de cooperar para la realización de los derechos humanos, sobre la base del artículo 56 de la Carta de Naciones Unidas , así como de la Declaración y programa de acción de Viena donde se invita a los Estados a desplegar mayores esfuerzos para ayudar a los países que lo soliciten a crear condiciones en virtud de las cuales cada persona pueda disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales universales.
A su vez, el artículo 2§1 de los pactos establece la obligación de adoptar medidas, también mediante la asistencia y la cooperación internacionales, para lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos humanos.
En este sentido, los Estados tienen la obligación internacional de controlar sus transnacionales bajo los parámetros del derecho internacional. En este sentido, la jurisprudencia del Comité DESC aﬁrma que los Estados Partes tienen obligaciones internacionales de respetar el disfrute del derecho a la salud en otros países e impedir que terceros conculquen ese derecho en otros países siempre que puedan ejercer inﬂuencia sobre esos terceros por medios legales o políticos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional aplicable [135].
Posteriormente, el Comité DESC en su observación general n°15 estipula para cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua, los Estados Partes tienen que respetar el disfrute de ese derecho en otros países. La cooperación internacional exige que los Estados Partes se abstengan de cualquier medida que obstaculice, directa o indirectamente, el ejercicio del derecho al agua potable en otros países. Las actividades que se emprendan dentro de la jurisdicción de un Estado Parte no deben privar a otro Estado de la capacidad de asegurar que las personas en su jurisdicción ejerzan ese derecho[136].
En este sentido, es muy importante señalar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, recuerda al Estado de Canadá su obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas para prevenir actos de transnacionales con registro en Canadá, cuyo impacto negativo afecte el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas en territorios fuera de Canadá. En particular, el Comité recomienda que Canadá explore los distintos caminos para promover la responsabilidad de las transnacionales[137].
Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos en otros países. De estos principios, se pueden establecer dos obligaciones de la comunidad internacional en el contexto internacional actual[138]:
Control de las actividades de las multinacionales: Según la jurisprudencia de los organismos internacionales de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de promover, respetar y hacer respetar y proteger los derechos humanos en derecho interno y de garantizar que las sociedades transnacionales y otras empresas respeten esos derechos.
Negociaciones de políticas: Cualquier política que haya sido probado su impacto negativo en los derechos humanos, constituye una violación y por lo tanto debe ser suspendida inmediatamente o revisada urgentemente. La inobservancia por parte de los Estados de sus obligaciones jurídicas internacionales al concertar acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales, como instancias ﬁnancieras, representa una violación de los derechos humanos[139].
® CDESC, Observación general Nº 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12)(2000). El subrayado es nuestro.
® CDESC, Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) (2002).
® CERD, Concluding Observations/Comments: Canada , 25 May 2007, para 17. Traduccion libre.
® Olivier de SCHUTTER, Analysis of the World Food crisis by the U.N Special Rapporteur on the right to food, New York and Geneve, 2de Mayo 2008.
® CDESC, la apartado 19 de la Observación general N°. 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada, párrafo 19.
A lo largo del informe, se han demarcado claramente cuáles son los impactos negativos de la construcción de la represa de Xalalá. Sin una adecuada política de prevención y protección de las comunidades afectadas, así como una política de reubicación e indemnización, el Estado estará violando los derechos de las comunidades.
Como hemos visto previamente, el Estado de Guatemala es el primer responsable de la protección de los derechos humanos, pero también los Estados de origen de la empresa que gane la licitación tiene la responsabilidad de garantizar que la transnacional respete los derechos humanos. A su vez, las empresas y organismos internacionales ﬁnanciadores (como el Banco Mundial, etc), deben promover, respetar y hacer respetar los derechos humanos, en sus áreas de actividad y sus esferas de inﬂuencia, y con especial énfasis los derechos de los pueblos indígenas[140].
Hasta Diciembre 2008, fecha de publicación del informe, el Gobierno no ha adjudicado la construcción y operación del proyecto Xalalá, ya que ninguna empresa que habían manifestado su interés, presentara su candidatura. Ante esta situación, el Gobierno anunció estar estudiando otras modalidades ﬁnancieras de construcción, considerando por un lado volver a licitar, y por otro que un banco de inversión como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial realice el proyecto.
Por lo tanto, tomando como referencia los distintos tipos de responsabilidades en materia de derechos humanos también extraterritoriales, identiﬁcamos las siguientes obligaciones que debería cumplir los Estados, frente a sus empresas o frente a su rol en organismos multilaterales ﬁnanciadores:
La obligación de respetar. es asegurarse de que ninguna persona -natural o jurídica- que se encuentre bajo su jurisdicción contribuya en otros países a la violación de derechos humanos. Es decir, en el proceso de construcción de la represa, los Estados deben garantizar que no se viola los derechos humanos, por ejemplo el derecho al consentimiento, previo, libre e informado de las comunidades indígenas.
La obligación de proteger. El Estado de origen de la empresa debe respetar y garantizar que cualquiera que se encuentre bajo o poder o control efectivo, debe respetar los derechos humanos., incluso si no se encuentra bajo su territorio[141]. Es decir, que el estado de origen de la empresa contar con todas las medidas necesarias que permita proteger a los grupos que se vean afectados por la responsabilidad de la empresa.
La obligación de garantizar existe en el ámbito bilateral sólo en la forma de obligación de cooperar a nivel internacional. En el ámbito internacional, esto signiﬁca ante todo la obligación de ayuda y cooperación al desarrollo. Incluso si no se puede determinar un valor concreto, se debe comprobar si el Estado de origen utiliza sus recursos disponibles y si utiliza dichos recursos principalmente para facilitar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
® Normas sobre la responsabilidad de las sociedades transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. ONU, 13 Agosto 2003.
® Comité Derechos Humanos ONU, Observación General n°31 : La naturaleza de las obligaciones jurídicas generales impuestas por los Estados partes del pacto, parágrafo 10.
El proyecto Xalalá es una obra de gran infraestructura, que de realizarse causaría cambios sociales, económicos y medioambientales profundos que afectarían a las comunidades de la región. Es por ello que ha generado rechazo social, tensión y preocupación entre estas comunidades ya que afectaría su acceso a fuentes de subsistencia y recursos naturales estratégicos como la tierra y el agua, al medioambiente. Esto afectaría a su salud y a sus formas tradicionales de vida al interior y entre estas comunidades. Para muchos de ellos supondría además el desplazamiento, la expropiación y la reubicación.
Los resultados de la misión de investigación demuestran que en el caso del proyecto Xalalá, el Estado de Guatemala ha incumplido con sus obligaciones adquiridas a través de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT.
Hasta el día de la publicación del informe - Diciembre 08-, el Gobierno no ha cumplido con su deber de informar amplia y plenamente a las municipalidades y comunidades afectadas, en lo que se reﬁere a los datos técnicos, el alcance, los riesgos, el posible impacto y la planiﬁcación del proyecto Xalalá. Tampoco ha dado a conocer los eventuales planteamientos de indemnización ni reubicación para las comunidades afectadas.
A su vez, el Gobierno y demás autoridades han incumplido con sus obligaciones de consultar a los pueblos indígenas de las comunidades afectadas, y de obtener su consentimiento previo, libre e informado.
Cualquier medida adoptada por el Gobierno u otras autoridades estatales, para la construcción de la represa, como podría ser el otorgamiento de una concesión, la compra de tierras, las expropiaciones, o los desalojos, sin haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado de estas comunidades, supondrá una violación a los derechos humanos y será susceptible de sanción por los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
Por lo tanto, la Misión concluye que mientras no exista una ley de consulta nacional ratiﬁcada, el Estado debe respetar las consultas realizadas según los principios del código municipal, garantizando que su resultado sea vinculante. De no ser posible esta vía el Estado debe suspender cualquier tipo de licitación y/u obra relacionada con el proyecto, hasta que adopte las medidas legislativas, administrativas suﬁcientes que le permitan cumplir con sus obligaciones en derechos humanos y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Sobre el derecho a la información y el derecho al consentimiento previo, libre e informado:
Informar a todos los actores interesados de forma pública, amplia y completa sobre todos los términos de la obra planiﬁcada.
Esta información debe referirse a todos los datos del proyecto (técnicos, sociales, administrativos, de tiempos, procedimientos y responsabilidades) que puedan tener un impacto sobre las comunidades del área. Para ello se recomienda una campaña de información, que facilite un espacio de reﬂexión y debate entre los actores implicados. Esta campaña debe ser diseñada con el objetivo de hacer participes a las comunidades y promocionada con el tiempo suﬁciente para que éstas se preparen. Deben involucrarse otras instituciones estatales que velen por los derechos de las comunidades. En una segunda etapa de la campaña, se debe crear un espacio de debate en el que se aclaren las dudas y se recojan las propuestas de las comunidades por parte de las autoridades. Es importante que estos eventos cuenten con una amplia presencia de las comunidades para contrarrestar la tensión y desconﬁanza generada en el área.
Reconocer la consulta realizada en el municipio de Ixcán en abril del 2007, y respetar su resultado como vinculante, así como realizar consultas comunitarias en los municipios donde todavía no se han llevado a cabo. Mientras no exista una ley de consulta nacional ratiﬁcada, el Estado debe respetar las consultas según los principios del Código Municipal, garantizando que su resultado sea vinculante.
Sobre los estudios de impacto:
Realizar un estudio de impacto que contemple los aspectos medioambientales, sociales, económicos y culturales, en el marco de las obligaciones adquiridas por el Estado de Guatemala en el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular los derechos de los pueblos indígenas.
Velar por el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 89-2008 en cuanto a la participación pública de las comunidades y poblaciones afectadas en la elaboración del estudio de impacto. En este sentido se tendrá en cuenta la experiencia y el conocimiento de las comunidades. La participación activa de éstas será fundamental para realizar una evaluación correcta y transparente.
Respetar el plazo estipulado de 20 días para revisar el estudio presentado por la empresa e interponer observaciones, opiniones y oposiciones.
Dar a conocer los resultados del estudio de impacto a las comunidades afectadas y las posibles soluciones, en un plazo razonable, previo al proceso de consulta comunitaria.
Aplicar las recomendaciones del estudio de impacto, las autoridades gubernamentales deben velar para el cumplimiento exhaustivo de las recomendaciones del estudio. De acuerdo con las conclusiones del estudio, se desarrollarán medidas apropiadas y suﬁcientes para evitar, minimizar y compensar los impactos negativos identiﬁcados.
En conclusión se debe suspender el proceso de licitación, y obras relacionadas con el proyecto antes de que el proceso de información, la realización de los estudios de impacto mencionados y la consulta a las comunidades no se hayan llevado a cabo y exista un consentimiento previo, libre e informado de las mismas.
Sólo en el caso en que las comunidades hayan dado su consentimiento positivo, previo, libre e informado al proyecto se debe acordar e institucionalizar con las mismas un procedimiento que garantice transparencia y pronta información sobre los pasos y gestiones que se den en adelante en el proceso de construcción de la obra. En particular se deben de dar a conocer las negociaciones de la comisión mixta existente, sobre los porcentajes de regalías y planes de mitigación. A su vez, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones.
Crear una comisión integrada por representantes gubernamentales, la Procuraduría de Derechos Humanos y representantes de las comunidades, que acompañe todo el proceso de gestión y ejecución del proyecto y que monitoree el respeto de los derechos humanos de las comunidades.
Sobre el derecho a un estándar de vida adecuado.
Garantizar, en cualquier etapa del proyecto el respeto del derecho humano a un estándar de vida adecuado, que incluye el acceso a una vivienda digna, a recursos productivos como el agua, la tierra adecuada con titularidad y el acceso a alimentos. Todo ello respetando el modo de vida tradicional de las comunidades, la relación con la tierra y con los recursos, sin afectar así el goce del derecho a la vida, a la honra y a la dignidad, la libertad de conciencia y religión y la protección de la familia entre otros.
Proporcionar o garantizar una indemnización justa e imparcial por cuales quiera de las pérdidas o daños de bienes personales, inmobiliarios o de otro tipo, en particular de los derechos y los intereses relacionados con la vivienda, alimentación, la tierra, el agua.
Velar que la empresa reponga la servidumbre (vías de acceso, escuelas, puestos de salud y todos los demás bienes públicos que puedan quedar dañados por la construcción o la obra como tal) y prevea el abastecimiento gratuito de energía a los afectados.
Velar porque la sociedad ejecutora de la obra garantice y realice el buen funcionamiento y mantenimiento de las cañerías, bombas, y demás infraestructura necesaria para el abastecimiento regular de agua.
Recomendaciones frente a posibles desalojos.
Evitar los desalojos y velar para que, bajo ninguna circunstancia, se lleven a cabo desalojos forzosos.
Sólo en circunstancias excepcionales, y se demuestre que es imperativo para el interés nacional, garantizar que los desalojos se produzcan de una manera pacíﬁca y en el pleno respeto de los derechos humanos.
Dar participación a todos los que se puedan ver afectados por necesidad de desalojo y reasentamientos en el proceso de planiﬁcación. Este proceso debe incluir: a) un aviso apropiado a todas las personas que se podrían ver afectadas de que se está considerando un desalojo; b) difusión eﬁcaz por las autoridades de la información correspondiente por adelantado, en particular los registros de la tierra y los planes de reasentamiento propuestos; c) un plazo razonable para el examen público, la formulación de comentarios y/o objeciones; d) oportunidades y medidas para facilitar la prestación de asesoramiento jurídico, técnico, etc.; e) celebración de audiencias públicas que den la oportunidad a impugnar la decisión del desalojo y/o presentar propuestas alternativas.
Garantizar que los desalojos se realicen en el pleno respeto de los derechos humanos:
Garantizando una indemnización por la pérdida, el rescate y el transporte de los bienes afectados, en particular la vivienda inicial y las tierras perdidas o dañadas independientemente de si poseen un título de propiedad.
Velando y garantizando que la reubicación de sus tierras, sea en tierras de igual o mayor calidad, entregando éstas desde un principio con títulos de propiedad.
Garantizando una vivienda que satisfaga los criterios de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, seguridad de la tenencia, adecuación cultural, adecuación del lugar y acceso a los servicios esenciales, tales como la salud y educación.
Garantizando que todas las medidas de reasentamiento, tales como la construcción de hogares, el suministro de agua, electricidad, saneamiento, escuelas, acceso a los caminos y la asignación de tierras estén ﬁnalizadas antes de que se desaloje a las personas de sus lugares de residencia.
Recomendaciones sobre derechos medioambientales:
Promover la participación y experiencia de las comunidades que viven en la región afectada para la evaluación del impacto medioambiental.
Exigir a la empresa constructora una valoración integral de los impactos ambientales que incluya: impactos colaterales de la destrucción de selva sobre los mantos acuíferos y cuencas hidrológicas, daños irreversibles a la ﬂora y fauna de las hectáreas que se pretenden inundar, posibles daños a la salud que provocaría el embalse a las comunidades, evaluar la emisión de gases de invernadero de la presa por la descomposición de la materia orgánica.
Velar para que el modelo de hidroeléctrica que se construya tenga el menor impacto medioambiental posible. Además se debe asegurar un caudal ecológico, la reforestación y otras medidas necesarias para evitar impactos irreversibles en el ecosistema y por ende en las fuentes de subsistencia.
Aprobar una ley de consulta a los pueblos indígenas que permita el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, previamente consultada a los pueblos indígenas.
Instar al Estado de Guatemala que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas en el PIDCP, PIDESC (1966); el Convenio 169 de la OIT (1989), el Acuerdo Global de Derechos Humanos (1994), Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1996), el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y situación agraria (1996), el Convenio para la Protección de la Diversidad Biológica (1992) y con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
Brindar apoyo político y ﬁnanciero a las iniciativas del Estado de Guatemala que permitan la efectiva protección y realización de los derechos humanos.
Abstenerse de apoyar, a través de la cooperación bilateral y/o multilateral (organismos ﬁnancieros) a mega proyectos, como el de Xalalá, sin que se haya garantizado el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas en materia de derecho internacional de derechos humanos y en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.
A la Unión Europea, que condicione la negociación del Acuerdo de Asociación con América Central al respeto efectivo de los derechos humanos y en particular los derechos de los pueblos indígenas.
Cumplir con las obligaciones en derechos humanos de:
Respetar: asegurar que ninguna persona -natural o jurídica- que se encuentre bajo su jurisdicción contribuya en Guatemala a la violación de derechos humanos.
Proteger: El estado de origen de la empresa debe respetar y garantizar que cualquiera que se encuentre bajo o poder o control efectivo, debe respetar los derechos humanos., incluso si no se encuentra bajo su territorio. Es decir, que el estado de origen de la empresa contar con todas las medidas necesarias que permita proteger a los grupos que se vean afectados por la responsabilidad de la empresa.
Garantizar: que el Estado de origen utilice sus recursos disponibles (cantidad) para facilitar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
Continuar promoviendo estrategias para la reivindicación y defensa de los derechos humanos y en particular el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas.
Utilizar los mecanismos legales nacionales y regionales así como los medios de comunicación en colaboración con todos los actores de la sociedad civil implicados en la defensa de los derechos humanos.
Continuar la comunicación con los organismos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y con los relatores especiales.
Instar al Estado de Guatemala , adoptar iniciativas de ley que recojan y consoliden los principios y objetivos de los Acuerdos de Paz y en especial del AIDP.
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Medios de comunicación, revistas y sitios web.
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El Observador, Guatemala, Instituto de Estudios Estratégicos por la Democracia. Neue Züricher Zeitung, Suiza.
www.derechos.net/adivima.
www.inde.gob.gt.
AIDPI: Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas.
ADICI: Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Indígena
ADIVIMA: Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí.
ANAM: Asociación Nacional de Municipalidades.
CCPP: Comisiones Permanentes de los Refugiados.
CDESC: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
CERD: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
CGN: Compañía Guatemalteca de Níquel.
CIFCA: Copenhague Initiative on Central America and México
CIJ: Corte Internacional de Justicia. CMR: Comisión Mundial de Represas.
CNEE: Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
COHRE: Center on housing rights and evictions
COPREDEH: Comisión Presidencial de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.
CPR: Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra y del Ixcán.
CRC: Convención sobre los Derechos del Niño 1989.
DEOCSA: Distribuidora de Energía de Occidente, Sociedad Anónima
DEORSA: Distribuidora de Energía de Oriente Sociedad Anónima
DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos.
EEGSA: Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima
ENCOVI: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida.
FIAN: Foodﬁrst Information & Action Network.
FRG: Frente Republicano Guatemalteco.
FTN: Franja Transversal del Norte.
GTZ: Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, cooperación técnica de Alemania
ICRMW: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
IGE: Iglesia Guatemalteca en el Exilio.
INDE: Instituto Nacional de Electriﬁcación
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
PDH: Procuraduría de los Derechos Humanos.
PIDCP: Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
PIDESC: Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
PPP: Plan Puebla Panamá.
SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, parte del PPP.
UNE: Unidad Nacional de la Esperanza
URNG: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Reuniones en comunidades todas directamente afectadas por la represa programada(con excepción de Copalá):
Xalalá (Ixcán/Quiché)(primero una reunioncita con Albino Coy Mejía de la Junta Directiva de Acodec, después con unas 30 personas incluyendo el alcalde auxiliar),
Margaritas Copón (Ixcán/Quiché)(reunión con una gran parte de la comunidad, todas las autoridades, alcalde auxiliar etc. y unas 80 personas entre hombres, mujeres y niños),
San Pedro Cotijá (Uspantán/´Quiché) (aproximadamente 125 personas)
Playitas Copón (Uspantán/Quiché) (aprox. 40 personas de la comunidad)
Copala (AV) (reunión con unas 30 personas de la comunidad, entre ellos las autoridades locales y miembros de Acode, hombres, mujeres y niños de la comunidad.
Alcalde Sr.Carlos Cahuec (GANA) y Alexander Figueroa, primer concejal de la Municipalidad de Playa Grande Ixcán
Segunda Concejal de la Municipalidad de Playa Grande Ixcán, Engracia Reyna Caba
Alcalde de Cobán, Sr.Leonel Chacón (FRG) entrevista telefónica con el alcalde de Uspantán, Sr. Victor Hugo Figueroa Caal (UNE)
Instituto Nacional de Energía Eléctrica, Ing. Marco Antonio Dávila, Asesora Jurídica Silvia Maricel Cruz Navas, - Asesosa Socio-Ambiental Jeannette Ralón de Jiménez
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Presidente Carlos Eduardo Colom Bickford
PDH Conrado Martínez, Jefe Unidad Mecanismos e Instrumentos Internacionales, Alejandro Rodríguez, Jefe de la Uni- dad de Asesoría Jurídica, Edgar Augusto Ortiz, jefe de la Unidad de Estudios y Análisis
COPREDEH, Directora Ruth del Valle, Lorena Pereira.
Reuniones con ONGs:
Puente de Paz, Playa Grande Ixcán Eridenia Martínez, Cecilia Vásquez, Jerónimo Osorio, Eva Scarfe
Serjus: Marcos Ramírez, Manuel Nájera
Pastoral Social Ixcán
Adeci, Herbert Caal Figueroa, Cobán
Ceiba, Mario Godínez
CALDH, Mario Minera
Derechos en Acción, Rubén Domínguez, Marta García.
El Observador, Fernando Solís, Carmen Reyna.
Sent: Friday, September 12, 2008 6:13 PM.
Subject: preguntas sobre proyecto hidroeléctrico Xalalá.
Estimado Sr. Dávila:
Les saludo atentamente de parte de Soledad Briones, Marta Ibero y de mi parte, encargadas por las redes de ONGs europeas CIFCA, CIDSE y Grupo Sur de investigar y preparar un informe sobre el impacto en materia de derechos humanos del proyecto Xalalá.
En referencia a la reunión mantenida con Uds. a principios de julio, queremos pedirles alguna información adicional sobre el proyecto Xalalá.
Estamos avanzando con el informe, y en el curso de la redacción y el mejor conocimiento técnico de la materia, nos han surgido varias preguntas. Me permito pedirle si por favor nos pudiera ayudar con estos datos, pues nos permitiria tener el informe más fundamentado en datos proporcionados por Uds.
Le envío aquí un listado de preguntas, algunas más de tipo técnico, otras sobre procedimientos previstos. Le agradeceríamos muchísimo si nos pudiera proporcionar esta información:
¿ Es parte de los términos de referencia que la región Xalalá será electriﬁcada?
¿La actualización de los términos de referencia incluye ﬁnalmente que el INDE será responsable del estudio de factibilidad?
¿Cuántas comunidades tendrían que ser reubicadas según la verrsión actual del proyecto, y cuáles serían?
¿Que tierras exactamente serían inundadas? ¿Tienen Uds. datos de las tierras cultivadas afectadas?
¿Por dónde pasarían las vías de acceso para construir la obra?
¿Cuál será el volumen regular del embalse?
Dentro de los 285 msnm de la cota de cresta de la empresa, ¿están estipuladas las zonas de inundaciones en caso de riadas?
¿Cuál sería el máximo nivel extraordinario de la represa?
Según nos comentaron Uds. en la reunión, el embalse contaría con una profundidad de aprox. 25 metros y un ancho de aprox. 50 metros. Estos datos se reﬁeren a su tamaño en su funcionamiento máximo?
según lo planiﬁcado, ¿ las compuertas del embalse estarán abiertas todo el tiempo, teniendo un ﬂuido permanente, o habrá regulaciones día y noche, por ejemplo?
¿estarían previstos caudales ecológicos?
¿Sería posible hacernos llegar los nuevos términos de referencia del proyecto, especialmente lo que tiene que ver con las relaciones con las comunidades afectadas, pasos y procedimientos previstos, entes responsables, etc.?
Le agradezco muchísimo de antemano su atención. Nos sería de gran ayuda poder contar con datos conﬁrmados en estas dudas. Como hablado con su secretaria, intentaré comunicarme con Ud. por teléfono dentro de unas dos horas.
Kerstin Reemtsma.

References: artículo 67
 Artículo 67
 resolución 
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 19
 Artículo 32
 artículo 11
 Artículo 32
 artículo 66
 artículo 44
 artículo 1
 resolución 
 artículo 64
 resolución 
 artículo 78
 resolución 
 artículo 72
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 11
 artículo 64
 artículo 97
 artículo 126
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 56
 artículo 2
 artículo 11