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Timestamp: 2017-11-25 02:06:29+00:00

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Derechos Humanos e Identidad de Género – transexualidad: ATC libertad
Publicado por atclibertad el 2 marzo, 2014
Estrasburgo, 29 de Julio de 2009
Issue Paper de Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
II. Legislación Internacional sobre Derechos Humanos
III. Cuestiones específicas relativas a los Derechos Humanos
3.1. La identidad de género como motivo de discriminación en los Estados miembros del Consejo de Europa
3.2. Reconocimiento legal del género elegido
3.2.1. Condiciones para el cambio de sexo y nombre
3.2.2. Consecuencias para la vida familiar
3.3. Acceso a la atención sanitaria
3.5. Transfobia y violencia contra las personas transgénero
3.6. Personas transgénero refugiadas y migrantes
V. Recomendaciones a los Estados miembros del Consejo de Europa
Issue Papers del Comisario de Derechos Humanos
El Comisario de Derechos Humanos encarga y publica Issue Papers con el objetivo de contribuir al debate y a la reflexión sobre un tema actual e importante de derechos humanos. No todas las opiniones de estos informes expertos reflejan necesariamente la posición del Comisario. Los Issue Papers están disponibles en la página web del Comisario: http://www.commissioner.coe.int.
La identidad de género es uno de los aspectos más fundamentales de la vida. Habitualmente, el sexo de una persona se asigna al nacer, convirtiéndose a partir de este momento en un hecho social y jurídico. Sin embargo, un número relativamente pequeño de individuos tiene problemas con pertenecer al sexo registrado al nacer. Lo mismo puede ocurrir con personas intersexuales cuyos cuerpos incorporan ambos o ciertos aspectos tanto de la fisiología masculina como de la femenina y, en ocasiones, su anatomía genital. Para otras personas, los problemas surgen porque su autopercepción innata no está en conformidad con el sexo que se les asignó al nacer. Se hace referencia a estas personas como personas “transgénero” o “transexuales”. El presente informe se refiere a este grupo de personas.
Durante mucho tiempo, se ha ignorado y descuidado la situación de los derechos humanos de las personas transgénero, aunque los problemas que afrontan son graves y a menudo específicos de este grupo en concreto. Las personas transgénero experimentan un alto grado de discriminación, intolerancia y violencia directa. Se violan sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud.
Aunque el número de personas transgénero es reducido, debe señalarse que la comunidad transgénero es muy diversa. Incluye a personas transexuales pre-operadas y post-operadas, pero también a personas que deciden no operarse o que no tienen acceso a las operaciones. Pueden identificarse como personas transgénero de mujer-a-hombre (MaH) o de hombre-a-mujer (HaM) y pueden, o no, haberse sometido a intervención quirúrgica o terapia hormonal. La comunidad también incluye a cross-dressers, travestis y a otras personas que no encajan en las estrechas categorías de “hombre” o “mujer”. Muchos marcos legales parecen referirse exclusivamente a las personas transexuales, dejando fuera una parte decisiva de la comunidad.
Para entender el concepto de identidad de género es importante distinguir entre la noción de “sexo” y “género”. Mientras “sexo” se refiere, básicamente, a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, “género” incluye también el aspecto social de la diferencia entre los géneros añadiéndolo al elemento biológico.
La noción de “identidad de género” ofrece la oportunidad de entender que el sexo asignado al nacer puede no corresponderse con la identidad de género innata que los/as niños/as desarrollan cuando crecen. Hace referencia a la experiencia de género interna e individual de cada persona, sentida a un nivel profundo, que puede o no corresponderse con el sexo asignado al nacer, e incluye el sentido personal del cuerpo y de otras expresiones de género como la forma de vestir, el habla y los gestos.i La mayoría de las personas definidas legalmente como hombre o mujer tienen la correspondiente identidad de género masculina o femenina. Sin embargo, las personas transgénero no desarrollan esta identidad de género correspondiente y pueden desear cambiar su estatus jurídico y social y su condición física –o partes de éstos- para que coincida con su identidad de género. Modificaciones de la apariencia o funciones del cuerpo a través de la vestimenta, métodos médicos, quirúrgicos u otros, suelen formar parte de la experiencia personal del género de las personas transgénero.
Tanto la noción de género como las formas de expresión de género usadas en la vida cotidiana son elementos importantes para entender los problemas de derechos humanos a los que se enfrentan las personas transgénero. El marco legal de algunos de los Estados miembros del Consejo de Europa, desafortunadamente, califica la identidad de género como “orientación sexual”, lo que no es exacto ya que la identidad de género y la orientación sexual son dos conceptos diferentes. La orientación sexual debería entenderse como la capacidad que tiene cada persona para sentir atracción emocional, afectiva y sexual, y para mantener relaciones íntimas y sexuales con individuos de diferente género, de igual género o de más de un género (heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad).ii Además, muchas clasificaciones médicas internacionales y nacionales imponen a las personas transgénero el diagnóstico de trastorno mental. Tal diagnóstico puede convertirse en un obstáculo para el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas transgénero, especialmente cuando se aplica para restringir su capacidad legal o la elección de un tratamiento médico.
El reto de proteger los derechos humanos de toda persona consiste en adoptar un enfoque de derechos humanos consistente y en no excluir a ningún grupo de personas. Es evidente que muchas personas transgénero no disfrutan plenamente de sus derechos fundamentales, tanto a nivel de garantías legales como en la vida cotidiana. Por eso, es necesario analizar su situación más de cerca. Este Issue Paper pretende continuar el debate sobre las cuestiones de los derechos humanos transgénero y lograr un conocimiento más amplio de los problemas con los que se encuentran las personas transgénero.iii En este documento se indica el marco internacional de derechos humanos que debería aplicarse para proteger los derechos de las personas transgénero. En la sección siguiente, se describen los asuntos clave de derechos humanos relacionados con las personas transgénero, incluyendo la discriminación, la intolerancia y la violencia que experimentan. El documento concluye con ejemplos de buenas prácticas y una serie de recomendaciones a los Estados miembros del Consejo de Europa.
La falta de datos, investigaciones e informes sobre el tema ha constituido un obstáculo en la elaboración de este documento. La escasa información accesible suele referirse a países que son Estados miembros de la Unión Europea. La falta de datos sobre otros países demuestra la necesidad de investigaciones más profundas y de recopilación de información. Por ello, la Oficina del Comisario de Derechos Humanos ha lanzado un estudio comparativo sobre la situación relacionada con la homofobia, transfobia y discriminación por razón de la orientación sexual e identidad de género en todos los Estados miembros del Consejo de Europa, incluyendo a aquellos países que no son miembros de la Unión Europea. No obstante, la información disponible actualmente apunta hacia una situación grave y exige que se tomen medidas urgentes para responder a los problemas identificados.
En principio, los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen a todas las personas sin discriminación. A pesar de que ni la identidad de género, ni la orientación sexual suelen mencionarse explícitamente como razones de discriminación en los tratados internacionales de derechos humanos, estos tratados se aplican a todas las personas a través de las cláusulas no cerradas contra la discriminación. En relación con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, esto ha sido recientemente confirmado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que declaró que “se reconoce la identidad de género como una de las razones de discriminación prohibidas; por ejemplo, las personas que son transgénero, transexuales o intersexuales se enfrentan a menudo a graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en la escuela o en el lugar de trabajo”.iv El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha aplicado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en sentencias significativas estableciendo que los estados deberían proporcionar a las personas transgénero la posibilidad de acceder a cirugías que conducen a la reasignación completa de género, y que dichas cirugías deben estar cubiertas por los planes de seguros como tratamientos “médicamente necesarios”.v El Tribunal también ha dictaminado que los estados deberían reconocer el cambio de sexo en los documentos de identidad.vi
Otros instrumentos, como las Directivas de la UE que implementan el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro, contienen listas cerradas de razones de discriminación y no incluyen de manera específica la identidad de género.vii No obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) estableció explícitamente que “la discriminación proveniente (…) de la reasignación de género de la persona” se considera discriminación por razón de sexo, en el caso P. v. S. and Cornwall County Council, que ha supuesto un punto de inflexión en la materia. Dicho pronunciamiento ha sido confirmado y ampliado en posteriores sentencias del TJCE.viii
Conforme a las palabras textuales de la sentencia del TJCE, la “discriminación por razón de sexo” queda sin embargo restringida a personas transgénero “que tengan intención, estén en proceso o se hayan sometido a una cirugía de reasignación de género”, cuyo cambio de sexo debería ser legalmente reconocido por los estados conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.ix La “discriminación por razón de sexo” no cubre a aquellas personas transgénero que no se operan. Este último grupo puede no someterse a cirugías de reasignación de género por su propia decisión, por motivos de salud o porque se les haya negado el acceso a todo tratamiento, lo cual es común en muchos países miembros del Consejo de Europa.x
Un informe reciente de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) declara en este sentido: “no hay motivo para no extender la protección contra la discriminación más allá de estas personas, para alcanzar a «cross dressers» y travestis, personas que viven permanentemente en el género “opuesto” al de su certificado de nacimiento sin experimentar intervención médica alguna y todas aquellas personas que simplemente quieren presentar su género de manera distinta”.xi Para superar esta restricción de la cobertura de todas las personas transgénero, se plantea la oportunidad de incluir explícitamente la “identidad de género” como razón de discriminación en las futuras Directivas de la UE a través de la revisión de las Directivas de Género de la Unión Europea en 2010.xii
El reconocimiento de la identidad de género como una de las razones de discriminación universalmente protegidas, también ha sido expresado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “Ni la existencia de leyes nacionales, ni la prevalencia de la costumbre pueden justificar jamás el abuso, los ataques, la tortura e incluso los asesinatos a los que se ven sometidos las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero debido a quiénes son o a cómo se percibe que son. Debido al estigma asociado a las cuestiones relacionadas con la orientación sexual e identidad de género, la violencia contra las personas LGBT a menudo no se denuncia, quedando indocumentada y finalmente sin penalizar. Raras veces genera debate público o indignación. Este vergonzoso silencio es la negación máxima del principio fundamental de universalidad de los derechos humanos.”xiii
Los procedimientos especiales y órganos de tratados de las Naciones Unidas también han aplicado este enfoque en su trabajo. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha destacado varios casos de asesinatos de personas transgénero, y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura ha documentado abusos graves contra personas transgénero en los informes de diferentes países. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha abordado específicamente tema de los abusos contra activistas transgénero. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado los problemas que encuentran las personas transgénero para solicitar asilo o para ser reconocidas como refugiadas, por ejemplo en casos en que las autoridades solicitan a un individuo transgénero que muestre sus documentos de identidad y su apariencia física no se corresponde con el sexo indicado en los documentos.xiv
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una “Recomendación relativa a la Condición de los Transexuales” (Recommendation on the Condition of Transsexuals) en 1989.xv En estos momentos, se está elaborando un informe en el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que abarca, entre otras cosas, la discriminación por razón de identidad de género. En varias respuestas a preguntas de miembros de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha recordado el principio de igualdad en el disfrute de los derechos humanos, independientemente de razones como la identidad de género. Además, el 2 de julio de 2008, el Consejo de Ministros decidió intensificar las acciones para combatir la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Ello ha dado lugar al establecimiento de un Grupo Experto intergubernamental, cuya misión consiste en preparar una Recomendación para los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. El Parlamento Europeo publicó una “Resolución sobre la Discriminación de los Transexuales” (Resolution on discrimination against transsexuals) en 1989.xvi La Resolución llama a los Estados miembros de la UE a adoptar medidas para la protección de las personas transexuales y a adoptar legislación que favorezca este fin. En resoluciones de carácter más general de 2006 y 2007, el Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre la situación de las personas transgéneroxvii.
En un esfuerzo internacional a gran escala para promover unos estándares internacionales respecto a orientación sexual e identidad de género, un grupo de distinguidos expertos en legislación internacional de derechos humanos, publicó en 2007 los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Aunque no han sido adoptados oficialmente como un estándar internacional, estos principios son citados por los cuerpos de la ONU, tribunales nacionales y muchos gobiernos los han convertido en una guía para definir sus políticas en la materia. El Comisiario de Derechos Humanos aboga por los Principios de Yogyakarta, considerándolos una importante herramienta para identificar la obligación de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su identidad de género.
De particular relevancia es el tercer Principio de Yogyakarta: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.”xviii
III. Cuestiones específicas en materia de derechos humanos
La discriminación basada en la identidad de género no se recoge explícitamente en el marco legal de la gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa.xix La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea informa que trece Estados Miembros de la UE consideran la discriminación por motivo de identidad de género como una forma de discriminación por razón de sexo, dos Estados miembros la consideran erróneamente como discriminación por orientación sexual, y en once Estados miembros no se considera ni como discriminación por razón de sexo, ni como discriminación por orientación sexual.xx Esto no sólo genera una situación de incertidumbre legal sobre la protección específica para las personas transgénero contra la discriminación, sino también un nivel mucho más bajo de protección. Para los otros veinte Estados miembros del Consejo de Europa esta información todavía no se ha investigado de forma sistemática, aunque puede asumirse, a partir de los informes recibidos por el Comisario, que la identidad de género no se ha definido específicamente como motivo de discriminación en ninguno de esos países.
La ausencia de reconocimiento explícito de la identidad de género en la legislación contra la discriminación también afecta a su inclusión en el trabajo de los organismos para la defensa de la igualdad y en las estructuras nacionales de derechos humanos. Muy pocos organismos para la defensa de la igualdad y estraucturas nacionales de derechos humanos incorporan la discriminación basada en la identidad de género a sus mandatos o tareas. Además, a menudo estas organizaciones carecen de los conocimientos y las competencias necesarias para atender la discriminación por identidad de género y, por tanto, necesitarían recibir formación antes de embarcarse en este trabajo.
El artículo 8 del Convenio Europeo establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que la negativa de un estado a modificar el certificado de nacimiento de una persona para que en él conste el género elegido, constituye una violación del artículo 8 del Convenio.xxi Se exige por tanto que los Estados miembros reconozcan legalmente el cambio de género de las personas transexuales.
Un rasgo común a la mayoría de procedimientos de reconocimiento del género, cuando existen, es la combinación de requisitos legales y médicos tediosos, cuyos límites a menudo son imprecisos. Largos procesos de tests psicológicos, psiquiátricos y físicos son características típicas de estos procedimientos. Algunos, como el examen de los genitales por parte de psiquiatras, constituyen una falta de respeto hacia la integridad física de la persona. Con frecuencia, las personas transgénero deciden no iniciar ningún procedimiento oficial debido a los procesos médicos discriminatorios y al inadecuado tratamiento o debido a que sólo hay una forma de tratamiento disponible. En consecuencia, a estas personas se les niega el reconocimiento legal del género y nombre elegido o aquellos tratamientos de reasignación de género que cubran sus deseos y necesidades sanitarias personales. A pesar de la consolidada jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor del reconocimiento, el reconocimiento legal continúa siendo un reto para muchas personas transgénero en los países miembros del Consejo de Europa.
El acceso a los trámites para cambiar el propio sexo y nombre en los documentos de identidad es vital para que una persona transgénero pueda vivir en concordancia con su identidad de género elegida. De hecho, la posibilidad de vivir en el género elegido y ser legalmente reconocido como tal está precondicionada por los documentos de identidad que se usan en la vida diaria, por ejemplo cuando se utiliza una tarjeta sanitaria, el carnet de conducir o un certificado de estudios en un proceso de selección de trabajo. Los procedimientos para el reconocimiento del cambio de sexo y nombre, con frecuencia largos y burocratizados, tienen como consecuencia la imposibilidad de viajar con documentos válidos, incluso para visitar a parientes en un país vecino durante un fin de semana. También puede dar lugar a restricciones sobre la participación en la educación o el empleo, cuando es necesario el certificado de nacimiento o cuando se indica el sexo en los documentos nacionales de identidad. Las personas transgénero que carecen de documentación correcta sufren dificultades reales para alcanzar una participación significativa en el mercado laboral, lo cual conduce al desempleo.
Es necesario distinguir entre los procedimientos para el cambio del nombre y los procedimientos para el cambio de sexo. No obstante, en ambos procesos se requiere con frecuencia que, en primer lugar, el equipo médico considere que la persona interesada es apta para el procedimiento.
Debe enfatizarse que las condiciones de elegibilidad para el cambio de sexo en los documentos varían ampliamente a lo largo de Europa. Se pueden distinguir aproximadamente tres categorías de países. En la primera categoría, no se prevé disposición alguna para el reconocimiento oficial. Como se ha señalado anteriormente, esto supone una clara violación de la jurisprudencia establecida por el TEDH.xxii En una segunda categoría de países, más reducida, no se requiere el sometimiento a tratamientos hormonales o a cirugías de ningún tipo para obtener el reconocimiento oficial del género preferido. El reconocimiento legal del género se puede obtener aportando pruebas de la disforia de géneroxxiii ante la autoridad competente, como son los expertos del Ministerio de Salud (Hungría), el Equipo de Reasignación de Género (en el Reino Unido) o un médico o psicólogo clínico. En la tercera categoría de países, que comprende la mayor parte de los Estados miembros del Consejo de Europa, el individuo debe demostrar:
1. que ha seguido un proceso de reasignación de género médicamente supervisado – a menudo restringido a ciertos médicos o instituciones estatales;
2. que ha pasado a ser irreversiblemente infértil por medios quirúrgicos (esterilización), y/o
3. que se ha sometido a otros procedimientos médicos, como el tratamiento hormonal.xxiv
Estos requisitos son claramente contrarios al respeto de la integridad física de la persona. Exigir la esterilización u otras cirugías como prerrequisito para disfrutar del reconocimiento legal del sexo preferido ignora el hecho de que, si bien es cierto que las personas transgénero a menudo desean tales operaciones, esto no siempre es así. Es más, este tipo de cirugía no siempre es médicamente posible, está disponible o se puede costear sin la financiación de un seguro médico. El tratamiento puede no ser conforme a los deseos y necesidades de los/as pacientes o no estar prescrito por su especialista médico. Sin embargo, el reconocimiento legal de la identidad de género elegida por la persona resulta imposible sin estos tratamientos, lo cual sitúa a las personas transgénero en un limbo sin salida aparente. Es motivo de gran preocupación que las personas transgénero puedan ser el único grupo en Europa sujeto a una esterilización legalmente prescrita, impuesta por el estado.
Hay que destacar que muchas personas transgénero, y entre ellas probablemente la mayoría de las personas transexuales, eligen someterse a estos tratamientos, que a menudo incluyen la eliminación de los órganos reproductivos. Este grupo considera a menudo el tratamiento como una necesidad básica. No obstante, el tratamiento médico se debe administrar siempre atendiendo al interés superior del individuo y ha de ajustarse a sus necesidades específicas y a su situación. Es desproporcionado que el estado prescriba un tratamiento de tipo “talla única”. En este caso, desde la perspectiva de los derechos humanos, la cuestión es hasta qué punto se puede justificar semejante injerencia del estado en las vidas privadas de los individuos y si se puede exigir la esterilización u otras intervenciones médicas para clasificar a alguien como perteneciente a uno u otro sexo.
Dos importantes sentencias dictadas por tribunales nacionales apoyan esta opinión. El 27 de febrero de 2009, el Alto Tribunal Administrativo de Austria dictaminó que la cirugía obligatoria no era un prerrequisito para el cambio de género (y nombre).xxv Una mujer transgénero, que se había sometido a todos los cambios excepto a la cirugía genital y que vivía como mujer en todas sus relaciones sociales, pudo demostrar ante el tribunal que su situación laboral particular no era propicia para la baja por enfermedad de varios meses que requería la operación, y que tampoco podía descuidar la situación financiera de su familia. Esto llevó al tribunal a señalar que el legislador debía abolir el requisito original, puesto que el tribunal no pudo establecer la necesidad de este requisito específico con relación a las mujeres transexuales. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal ha indicado en una sentencia que “cada vez más, los expertos consideran que la intervención quirúrgica como precondición para el cambio de sexo es problemática o no defendible”.xxvi
La cuestión clave aquí es que no existe una necesidad inherente de imponer una serie de medidas quirúrgicas específicas para la clasificación de un individuo como apto para cambiar de sexo. Un razonamiento similar subyace a la Ley de Identidad de Género española y al Gender Recognition Act británico.xxvii Ambas leyes han reconocido que la protección del supuesto malestar de la mayoría por la procreación de las personas transgénero –que, debido al tratamiento hormonal y a los deseos de la mayoría de los interesados, es poco frecuente– no justifica que el estado ignore su obligación de salvaguardar la integridad física de todos los individuos. Los estados que imponen procedimientos físicamente invasivos a las personas transgénero socavan de hecho su derecho a fundar una familia.
Respecto a las condiciones para ser apto para el cambio de nombre, existe un patrón similar al de algunos de los procedimientos para el cambio de género descritos anteriormente. El proceso puede ser fácil o requerir trámites largos y/o costosos e intervenciones médicas, o puede ser denegado por completo. En algunos países, el nombre sólo puede cambiarse con un testimonio médico de que la reasignación (completa) de género ha tenido lugar, incluyendo cirugías genitales a las que no todo el mundo tiene acceso o que no son deseadas por diversas razones. En otros países, tal prueba no es necesaria, pero en su lugar, o adicionalmente, hace falta un diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal para tener derecho al cambio de nombre. Como consecuencia, las personas transgénero, durante un largo periodo de sus vidas, se ven efectivamente impedidas de participar de forma significativa y plena en la sociedad, en la educación y en el empleo, puesto que pueden enfrentarse a continuos problemas “justificando” quiénes son. La Oficina del Comisario ha recibido numerosos informes individuales de personas transgénero que, como resultado de la falta de documentos adecuados, denuncian discriminación y exclusión de un grado preocupante. También es crucial señalar que, incluso cuando una persona ha obtenido el reconocimiento legal del nuevo género, ésta puede seguir teniendo que enfrentarse a problemas prácticos en entornos institucionales tales como hospitales, comisarías de policía o prisiones.
En algunos países existe la obligación legal de que una persona transgénero que esté legalmente casada con una pareja de diferente sexo se divorcie antes de que su nuevo género pueda ser reconocido. Esto es especialmente problemático en estados que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde el cambio de género tendría de hecho como efecto un matrimonio homosexual. Puesto que el matrimonio entre personas del mismo sexo tan sólo es posible en cinco Estados miembros del Consejo de Europaxxviii, las personas transgénero casadas se ven forzadas a divorciarse antes de que su nuevo género sea reconocido oficialmente. En numerosos casos, el divorcio forzado va en contra de la voluntad explícita del matrimonio, que desea continuar siendo una unidad familiar legalmente reconocida, especialmente si tienen hijos/as a su cargo.
En efecto, el divorcio forzado puede tener un impacto negativo sobre los/as hijos/as del matrimonio. En algunos países, el progenitor que ha realizado el cambio de sexo pierde los derechos de custodia de sus hijos/as. En otros estados, existe una legislación ambigua y apenas se presta atención al interés superior del niño.xxix Esto puede conllevar dificultades, como en un caso en que ambos cónyuges deseaban permanecer casados a fin de que el cónyuge masculino no transexual no perdiese la custodia del hijo y pudiese continuar recibiendo prestaciones estatales, además de mantener su trabajo a tiempo parcial, para ayudar a su cónyuge discapacitado, y ahora transexual, en el cuidado del hijo común.xxx
El Tribunal Constitucional austríaco ha concedido a una mujer transexual el derecho a cambiar al sexo femenino y permanecer casada con su esposa. El tribunal dictaminó que “cambiar el sexo en el certificado de nacimiento no puede verse dificultado por el matrimonio”. El Tribunal Constitucional alemán ha fallado de manera similar, obligando legalmente al Gobierno alemán a cambiar la ley antes del final de agosto de 2009.xxxi En ambas decisiones se hace un llamamiento al estado a aceptar que proteger a todos los individuos sin excepción del divorcio forzado por el estado ha considerarse de mayor importancia que los escasos ejemplos en los que esto lleva a matrimonios entre personas del mismo sexo. Este enfoque es bien acogido, puesto que pone fin al divorcio forzado para las parejas casadas en las que uno/a de sus cónyuges es transgénero.
El derecho al más alto nivel posible de salud está garantizado por diversos tratados, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea. Sin embargo, las personas transgénero sufren diversos problemas para alcanzar este estándar. El Transgender EuroStudy arroja una luz de alarma sobre las experiencias de las personas transgénero en relación con la desigualdad y la discriminación en el acceso a la atención sanitaria en Europa.xxxii
Con respecto a la atención sanitaria para las personas transgénero, el primer aspecto que se debe tratar es la existencia de clasificaciones médicas internacionales y nacionales que definen la transexualidad como un trastorno mental. Actualmente, existen dos sistemas internacionales establecidos para clasificar las enfermedades mentales: el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) que incluye el término “gender identity disorder” como un trastorno de la salud mental y lo usa para describir a personas que experimentan una disforia de género significante, es decir, descontento con el sexo biológico de nacimiento.xxxiii En segundo lugar, la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE) de la OMS, incluye la transexualidad como un trastorno mental y del comportamiento.xxxiv Es importante enfatizar que, de esta forma, las personas transgénero son etiquetadas como pacientes con trastorno mental. Puesto que los sistemas DSM y CIE a menudo se reflejan en las clasificaciones médicas nacionales existentes en Europa, frecuentemente se aplican para diagnosticar a las personas transgénero en los Estados miembros del Consejo de Europa.
Estas clasificaciones son problemáticas y cada vez más cuestionadas por actores de la sociedad civilxxxv y por los profesionales sanitarios.xxxvi Tales clasificaciones pueden convertirse en un obstáculo para el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas transgénero, especialmente cuando se aplican de manera que la capacidad legal o la elección del tratamiento médico quedan restringidas. Debe señalare, sin embargo, que esta cuestión marca una significante línea divisoria dentro del propio movimiento transgénero. Muchas personas transgénero se sienten amenazadas por un posible cambio en los sistemas de clasificación, puesto que temen que esto pueda resultar en mayores restricciones en el acceso a la atención sanitaria transgénero. Consideran que, dado que los sistemas de asistencia sanitaria requieren un diagnóstico para “justificar” el tratamiento médico o psicológico, es esencial mantener el diagnóstico para asegurar el acceso a la atención. Otros/as, sin embargo, argumentan que ser diagnosticados/as como pacientes con un trastorno mental estigmatiza a los individuos en la sociedad y los convierte en objetos para la medicina, más que en sujetos responsables de expresar sus propias necesidades sanitarias. Deberían analizarse clasificaciones alternativas con el asesoramiento de personas transgénero y sus organizaciones.xxxvii Desde una perspectiva de derechos humanos y de la asistencia sanitaria, no es necesario que se realice ningún diagnóstico de trastorno mental para dar acceso al tratamiento de una situación que requiere asistencia médica.
El segundo aspecto, al abordar el tema de la atención sanitaria, es el acceso a la terapia de reasignación de género, que habitualmente sólo está disponible una vez que la persona ha alcanzado los 18 años de edad. Sin embargo, en algunos países, como los Países Bajos, los/as adolescentes transgénero pueden comenzar un tratamiento para posponer la pubertad y recibir asesoramiento psicológico, de manera que puedan tomar decisiones informadas respecto a su futura identidad de género. Después, a los 18 años, pueden proceder con los tratamientos de reasignación de género, si aún lo desean. Recientemente, algunos otros países, como por ejemplo Bélgica y Alemania, han comenzado a proporcionar un tratamiento similar para jóvenes menores de 18 años.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido como deber positivo que los estados proporcionen la posibilidad de someterse a cirugía para una completa reasignación de género. Así, según los deseos y necesidades individuales de cada persona transgénero, la persona debe tener acceso al tratamiento hormonal, a la cirugía de reasignación de género o a otras intervenciones médicas, tales como la depilación definitiva o la educación de la voz. Es importante reconocer que para la mayoría de las personas afectadas el tratamiento es una necesidad médica para hacer posible que su vida tenga sentido. El tratamiento debe adaptarse a las necesidades individuales para tener éxito.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige claramente a los estados no sólo que proporcionen la posibilidad de someterse a cirugía para una completa reasignación de género, sino también que los planes de seguros cubran en general los tratamientos “médicamente necesarios”, de los que forma parte la cirugía de reasignación de género.xxxviii Personas transgénero de varios países, como Lituania y Bélgica, se han remitido con éxito a la sentencia del Tribunal para ampliar la cobertura de sus seguros médicos. Este estándar debería implementarse en todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Sin embargo, el Transgender EuroStudy, tras realizar encuestas sobre experiencias de personas transgénero en el ámbito de la atención sanitaria en la UE, descubrió que al 80% de las personas transgénero de la UE se les ha negado financiación estatal para tratamientos hormonales y al 86% de las personas transgénero en la UE se les ha negado financiación estatal para la cirugía de cambio de sexo. Como consecuencia, alrededor del 50% de las personas transgénero que se someten a cirugía para cambiar su sexo de nacimiento, sufragan por su cuenta el total del coste de los procedimientos. Se carece de información sobre la situación en los países del Consejo de Europa que no pertenecen a la Unión Europea. Sin embargo, parece que la mayor parte de ellos no proporciona tratamientos de reasignación de género financiados con fondos públicos, o los ofrecen sólo parcialmente. Esto contradice claramente los estándares establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las experiencias de las personas transgénero con los sistemas sanitarios son a menudo negativas, con profesionales sanitarios desinformados, con prejuicios y a veces manifiestamente groseros con sus pacientes, por ejemplo dirigiéndose a ellos/as en el género no elegido.xxxix El estudio citado anteriormente reveló que sólo un 30% de los encuestados, al buscar ayuda o referencia sobre los procesos de reasignación de género, recibieron lo que la encuesta definía como el nivel mínimo aceptable de asistencia – un profesional que desea ayudar, pero que carece de información sobre la atención sanitaria transgénero. Una tercera parte informó que se les negó el tratamiento porque un profesional médico no estaba de acuerdo con la reasignación de género.xl
Algunos países sólo permiten que haya una clínica en todo el país que proporcione tratamiento, dificultando a veces nuevas investigaciones y, potencialmente, la calidad de la atención. El derecho al acceso al tratamiento de reasignación de género debería incluir una selección razonable de centros de tratamiento disponibles y los gastos del tratamiento deberían reembolsarse conforme a la normativa nacional de atención sanitaria. A menudo la calidad de los tratamientos transgénero ni siquiera se acerca al “más alto nivel posible de salud”, teniendo a veces como consecuencia un daño corporal de por vida. Muchas personas transgénero que optan por la cirugía de reasignación de género se ven obligadas a irse al extranjero, enfrentándose a grandes dificultades para el reembolso de los gastos. En general, la situación crea desigualdades en el acceso a la atención sanitaria dentro de un país y entre los países.
Además, el acceso a la cirugía de reasignación de género se ve todavía más obstaculizado o condicionado por los llamados “protocolos” y condiciones en relación con la infancia, la orientación sexual o las preferencias en el vestir, que son muy cuestionables. Hay informes de personas transgénero que han tenido que someterse a exámenes genitales realizados por psiquiatras y contar una historia prefijada de su infancia, que es la única admisible; a veces sus alegaciones sólo se consideran auténticas si existe al menos un intento de suicidio demostrado. Otras personas transgénero se ven obligadas a estereotiparse de forma extrema en su género elegido para ajustarse a los criterios de elegibilidad, lo cual lleva al ridículo en su vida diaria. Los ejemplos son demasiado numerosos para citarlos, pero se puede afirmar que la mayoría de las pruebas y procesos que se llevan a cabo en la mayor parte de los países incluyen habitualmente aspectos que, en el mejor de los casos, se pueden calificar de incomprensibles.
Un tercer aspecto concierne al acceso a la atención sanitaria general no transgénero. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) informa que “una cuarta parte de los/as encuestados/as en el Transgender EuroStudy dijeron haber recibido un tratamiento hostil por parte de los profesionales sanitarios por ser transgénero. Una quinta parte afirmó que ser una persona transgénero afectaba a la manera en que accedían a la atención sanitaria. Como consecuencia, muchas personas transgénero afirman evitar las visitas médicas todo lo posible por temor a un comportamiento inapropiado”.xli El informe de la FRA también hace referencia al estudio Engendered Penalties, que reveló que el 29% de los/as participantes sentían que ser transgénero afectaba de manera desfavorable al modo en que eran tratados/as por los profesionales de la salud.xlii
Los resultados de los problemas que las personas transgénero encuentran en el acceso a su derecho a la atención sanitaria se ven reflejados en las estadísticas sanitarias. Varios estudios citados en el estudio de la FRA muestran que entre una cuarta y una tercera parte de las personas transgénero entrevistadas habían intentado suicidarse. En una investigación realizada en Irlanda, el 26% de las personas transgénero habían intentado suicidarse al menos una vezxliii y la mitad de las personas transgénero encuestadas en un estudio a gran escala sobre la situación sanitaria de las personas LGBT en Suecia habían considerado quitarse la vida en algún momento de la misma – el 21% de hecho lo había intentado.xliv
3.4 Acceso al mercado laboral
El desempleo supone una gran preocupación para las personas transgénero. El estudio Engendered Penalties puso de manifiesto que sólo el 31% de los/as encuestados/as tenían un empleo a tiempo completo. La cifra exacta en el caso de mujeres transgénero era el 40% y en el de los hombres transgénero el 36%, mientras que entre la población no transgénero estas cifras alcanzaban el 57% para las mujeres y el 72% para los hombres. Una investigación española sobre el desempleo entre las personas transgénero reflejó que el 54% de los/as participantes estaban desempleados/as.xlv Algunas personas transgénero sin empleo, en particular mujeres transgénero, no pueden encontrar trabajo y se ven abocadas a trabajar en la industria del sexo.
Los Artículos 2 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) garantizan el derecho de toda persona a la vida y la seguridad. A pesar de ello, muchas personas transgénero viven con miedo y se enfrentan a la violencia a lo largo de sus vidas. Esta violencia va desde el acoso, el abuso verbal, la violencia física y las agresiones sexuales hasta los crímenes de odio que dan lugar a asesinatos. La transfobia – entendida como el miedo irracional y/o la hostilidad hacia las personas que son transgénero o que, de cualquier otra forma, transgreden las normas tradicionales de género – puede considerarse como una de las principales causas de la violencia y la intolerancia a la que se enfrentan muchas personas transgénero. Algunas personas parecen tener problemas con la mera existencia de seres humanos cuya expresión exterior de su identidad de género interna no es la misma que su género determinado al nacer. Las agresiones contra personas transgénero no pueden, sin embargo, justificarse como resultado de la ignorancia y la falta de educación.
El estudio Engendered Penalties reveló que el 72% de los/as encuestados/as habían experimentadp alguna forma de acoso en público. El 46% declararon que habían experimentado acoso en su barrio y el 21% declararon que evitaban salir a la calle. El Transgender EuroStudy mostró que el 79% de los/as encuestados/as habían experimentado abuso verbal, amenazas y abuso físico o sexual en público.
En ámbito escolar y familiar, los/as niños/as y los/as adultos/as jóvenes transgénero a menudo se enfrentan a un entorno inseguro, con acoso escolar e incluso expulsión de la familia. El 41% de los/as adolescentes transgénero de mujer-a-hombre y el 16% de hombre-a-mujer habían experimentado graves insultos por parte de su familia, hasta el punto de que el 20% de las personas transgénero de mujer-a-hombre habían sido desheredadas y abandonadas por completo por su familia.l Cuando las personas se dan cuenta a una edad temprana de que se identifican mejor con el género opuesto y expresan el deseo de ser un niño o una niña, encuentran muy poca orientación apropiada y hay muy pocas redes de apoyo disponibles para estos/as jóvenes transgénero y sus padres. Por consiguiente, los/as niños/as y jóvenes transgénero se enfrentan a problemas en la búsqueda de información, apoyo o tratamiento. Recibir esta información y apoyo favorece el interés superior del niño, puesto que el silencio e ignorar sus problemas tan sólo les lleva a la exclusión, al odio hacia sí mismos/as, al acoso, al fracaso escolar y a las tasas excepcionalmente altas de suicidio que se observan entre los/as jóvenes transgénero. En Francia, una investigación reflejó que el 34% de los jóvenes transgénero habían intentado suicidarse antes de tener acceso a información y tratamiento. Conforme a la legislación internacional de derechos humanos, los/as niños/as transgénero tienen derecho al acceso a una información adecuada, apoyo y a la protección necesaria. Esto fue confirmado por el Comité de los Derechos del Niño, que recomendó a los estados proporcionar “información adecuada y apoyo a (…) los/as jóvenes transexuales (…)”.li
Los hombres y mujeres transgénero corren un alto riesgo de convertirse en víctimas de crímenes de odio o de incidentes motivados por el odio.lii Un significativo informe de la OSCE declara que: “Los crímenes e incidentes de odio homofóbico a menudo muestran un alto grado de crueldad y brutalidad. Frecuentemente implican graves palizas, tortura, mutilación, castración e incluso agresión sexual. Además, es muy probable que tengan como resultado muertes. Dentro de esta categoría, las personas transgénero parecen ser incluso más vulnerables”.liii A pesar de estos hechos, en la legislación de la mayoría de estados Miembros del Consejo de Europa no se reconoce explícitamente la identidad de género como una posible motivación discriminatoria para los crímenes de odio. Una de las muy escasas excepciones es la recientemente adoptada ley escocesa sobre crímenes de odio, que menciona explícitamente los crímenes de odio transfóbicos. Tampoco está claro si los estados, como alternativa, incluyen “identidad de género” en las categorías de “género” o “sexo” en sus legislaciones sobre crímenes de odio.
Como consecuencia, la transfobia no suele considerarse como agravante en los crímenes de odio cometidos contra las personas transgénero, tal y como se refleja en las condenas para los autores de asesinatos motivados por el odio, por ejemplo en Portugal y Turquía.liv Por tanto, sólo se puede concluir que, en la mayoría de los países, las personas transgénero quedan excluidas de facto de protección legal específica, a pesar de su alto riesgo de convertirse en víctimas de crímenes de odio.
La OSCE ha hecho hincapié en este aspecto:
“Mediante la condena explícita de los motivos discriminatorios, se envía a los agresores el mensaje de que una sociedad justa y humana no tolerará semejante comportamiento. Mediante el reconocimiento del daño hecho a las víctimas, se transmite a las víctimas individuales y a sus comunidades la señal de que el sistema judicial penal sirve para protegerles.”lv
Además, la mayoría de los estados no registran o hacen un seguimiento de los crímenes de odio o los incidentes motivados por el odio de naturaleza transfóbica. La policía normalmente no informa sobre estos crímenes. Esto también se observó en el informe de la OSCE, donde se recoge que los incidentes motivados por el odio transfóbico se encuentran entre los menos registrados y documentados. Una de las pocas excepciones es el Reino Unido, que tiene una política de documentación del número de crímenes de odio cometidos contra personas transgénero. El Crime Prosecution Service de Inglaterra y Gales ha desarrollado una política y una práctica para asegurarse de que todos los crímenes transfóbicos son investigadoslvi y en Irlanda del Norte se registran los crímenes de odio transfóbicos como parte de las estadísticas delictivas anuales.lvii
En la práctica, las personas transgénero suelen recibir poca protección por parte de los agentes del orden público en los casos de crímenes o incidentes de odio transfóbico. En muchos casos, las personas transgénero que acuden a las autoridades competentes para pedir protección son ridiculizadas, acosadas o simplemente ignoradas, a pesar de la obligación positiva de los estados conforme al Convenio Europeo de los Derechos Humanos de investigar estos crímenes y llevar a los autores ante la justicia.
El ACNUR ha confirmado que las peticiones de asilo relacionadas con la identidad de género se pueden reconocer al amparo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de 1951, siempre y cuando concurran los criterios de la definición de refugiado.lviii Según la Convención, a las personas transgénero se les considera miembros de un “determinado grupo social”. No obstante, en la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa no se define a las personas transgénero explícitamente como un “grupo social” particular, mientras que en otros países, como Francia y Austria, sí se hace. En Suecia, se considera que las personas transgénero quedan comprendidas legalmente dentro de la categoría “género”. Supondría un gran paso adelante que los Estados miembros citasen explícitamente la identidad de género como un posible motivo de persecución que requiere protección internacional. También puede interpretarse que el término “gender-specific” referido a los actos de persecución, utilizado en la Directiva relativa a los requisitos para el reconocimiento de la protección internacional de la UE, puede entenderse como que incluye graves violaciones de derechos humanos y otras clases de daños severos experimentadas por personas transgénero.
Se necesitan unas instrucciones prácticas respecto a cómo procesar las peticiones de asilo de personas que son perseguidas a causa de su identidad de género. Dichas instrucciones deberían servir de guía para las autoridades competentes en materia de asilo respecto a cómo realizar las entrevistas de una forma “respetuosa con lo transgénero”. También es necesaria una orientación similar para las situaciones en que una persona transgénero llega con un documento de identidad en el que no se indica el género elegido.
Las personas transgénero que han solicitado asilo a veces se enfrentan a problemas en los centros de detención e internamiento con otros solicitantes de asilo (con frecuencia de su propio país de origen) y existe un grave riesgo de retraumatización para los/as solicitantes de asilo transgénero.lix A veces las personas transgénero no son alojadas en las instalaciones de hombres/mujeres que ellos/as desean, lo cual genera situaciones potencialmente peligrosas, incluyendo un elevado riesgo de violencia sexual, acoso y otros malos tratos. Es necesario crear un entorno adecuado en estos centros para evitar el acoso a las personas transgénero. Otro problema es la falta de acceso a la atención sanitaria, que puede conducir a una interrupción del tratamiento hormonal continuado que necesitan algunas personas transgénero.lx
Además del asilo, la migración y los desplazamientos constituyen otro problema para las personas transgénero. Los problemas a que se enfrentan para obtener los documentos de identidad nuevos, con el nombre apropiado y el cambio de sexo, pueden impedir a las personas transgénero viajar a un país vecino, incluso para una mera visita familiar de fin de semana. Existe un miedo a los abusos por parte de la guardia de control de fronteras cuando su apariencia física no se corresponde con el nombre y sexo indicados en sus documentos de identidad. Por tanto, la libertad de circulación puede quedar gravemente restringida.
También pueden surgir problemas en el ámbito de la reunificación familiar. A veces, el país de nacionalidad obliga a la persona transgénero a divorciarse tras la reasignación de género, lo que puede convertirse en un obstáculo para la reunificación familiar y para la posibilidad de seguir viviendo con el/la ex cónyuge en otro país. Esto va también en detrimento de los hijos que están en el hogar. Por último, el reconocimiento del cambio de género no tiene por qué ser aceptado en el país al que la persona inmigra.
La situación de los derechos humanos de las personas transgénero en Europa no es positiva. No obstante, se han reconocido algunos de los problemas y las “buenas prácticas” están aumentando. En el ámbito legal, recientemente hemos observado cómo tribunales constitucionales han reconocido que las leyes nacionales violan los derechos humanos de las personas transgénero. En el Reino Unido, la Gender Recognition Bill puede, en gran parte, y a excepción del requerimiento de divorcio, considerarse como un ejemplo de buena práctica. Fue redactada con la participación de personas transgénero y condujo a un formato viable, evitando violaciones como la esterilización forzada, las condiciones de tratamiento médico o los procedimientos exagerados.
En el ámbito del empleo, algunos sindicatos han desarrollado guías para empleadores sobre la protección de las personas transgénero en el trabajo, como la holandesa ABVAKABO y el sindicato británico UNISON. En la ciudad italiana de Turín, se ha puesto en marcha un programa para la reintegración en el mercado laboral de las personas transgénero tras someterse a la cirugía de reasignación de género.lxi El programa consiste en una investigación específica de las necesidades y aptitudes de la persona transgénero y permite optar a empleos temporales en varias compañías, con la posibilidad de obtener un empleo permanente con posterioridad.
Algunos países han desarrollado centros médicos de alta calidad que proporcionan tratamientos de apoyo sin recurrir a procesos de evaluación psiquiátrica excesiva y que ofrecen seguros médicos con una cobertura que incluye todas las formas disponibles de cirugía de reasignación de género y tratamiento hormonal.
En el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos existen grupos de apoyo para niños/as, adolescentes y padres que tengan dudas relacionadas con la identidad de género. Su trabajo es fundamental. Sin embargo, los servicios disponibles no son suficientes y la financiación pública de los mismos es escasa, encontrándose la mayoría bajo constante amenaza de cierre.
Algunas escuelas locales y universidades en Europa han reconocido la necesidad de abordar el gran número de ejemplos de acoso escolar y exclusión experimentados por los/as jóvenes transgénero. Por ejemplo, el Government Department for Children, Schools and Families del Reino Unido está trabajando con los grupos de apoyo transgénero más importantes del país en la elaboración de una guía para las escuelas sobre acoso transfóbico. Además, el Centre for Excellence in Leadership ha trabajado con un grupo que defiende los derechos de las personas transgénero para lanzar un curso a distancia sobre asuntos transgénero, dirigido a personal directivo y gerentes de facultades y de otros centros de educación superior.lxii En relación con los títulos universitarios y documentos en los que figuren el nuevo nombre y sexo de una persona transgénero, la Universidad de Turín expide carnets universitarios con el nombre elegido, antes de que se haya producido el cambio de nombre legal, para facilitar los trámites de los/as estudiantes transgénero.
En 2008 y 2009, se iniciaron proyectos de investigación a nivel europeo sobre los derechos humanos de las personas transgénero. Algunos Estados miembros del Consejo de Europa han iniciado investigaciones a nivel nacional sobre la situación de las personas transgénero. La Comisión Europea prevé publicar en 2009 un informe sobre discriminación transgénero en la legislación de la CE, cuyo borrador está siendo redactado por la red de expertos legales en la lucha contra la discriminación de la Unión Europea. Y se espera que el año 2010 conduzca a recomendaciones sólidas por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa que deberían incluir, por primera vez, cuestiones sobre los derechos humanos relacionadas específicamente con la identidad de género.
En estos momentos, se necesita especialmente que se promueva un enfoque de derechos humanos que abarque los retos a los que se enfrentan las personas transgénero. Para ayudar a ello, se necesitan campañas educativas que fomenten el respeto y entendimiento mutuos. El déficit de información sobre los problemas específicos de las personas transgénero y el acoso y la ridiculización que soportan deben ser abordados. La Oficina del Comisario ha lanzado un estudio comparativo sobre la situación de las personas LGBT en los Estados miembros del Consejo de Europa y la discriminación por razón de identidad de género tendrá un papel destacado en esta investigación. Se espera obtener los resultados en el otoño de 2010.
Es importante que la discriminación por razón de identidad de género sea analizada por las estructuras nacionales de derechos humanos y los organismos para la defensa de la igualdad. Un buen ejemplo de esto es el informe de 2006 de la Human Rights Commission de Nueva Zelanda sobre discriminación experimentada por las personas transgénero.lxiii En 2008 el Belgian Institute for Equality between Women and Men lanzó también un estudio sobre la situación de las personas transgénero en Bélgica. Se espera obtener los resultados en el 2009.
El apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos de las personas transgénero, a nivel nacional y europeo, es esencial para su capacidad de realizar actividades de presión y apoyo. De momento sólo algunos gobiernos, como los Países Bajos, Noruega y Escocia, han proporcionado financiación a ONGs transgénero. Los ayuntamientos de Viena y Berlín financiaron las dos primeras citas del Consejo Transgénero Europeo en 2005 y 2008, que es, actualmente, el único foro específico para personas transgénero a nivel europeo.
Finalmente, se necesitan también debates para conectar los derechos humanos de las personas transgénero con otras cuestiones y temas diversos: violencia contra la mujer, violencia doméstica, discriminación múltiple, derechos económicos, culturales y sociales. Un buen ejemplo de esto es el británico Public Sector Gender Equality Duty, que exige a todas las autoridades públicas del Reino Unido que eliminen la discriminación ilícita y el acoso por razón de sexo y que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres “incluyendo a los transexuales de ambos géneros”.lxiv
V. Recomendaciones para los Estados miembros del Consejo de Europa
Los Estados miembros del Consejo de Europa deberían:
1. Implementar los estándares internacionales de derechos humanos sin discriminación y prohibir explícitamente la discriminación por razón de identidad de género en la legislación nacional anti-discriminación. Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género deberían ser utilizados como guía para la implementación nacional en esta materia;
2. Promulgar una legislación sobre crímenes de odio que proporcione protección específica a las personas transgénero contra crímenes e incidentes transfóbicos;
3. Desarrollar procedimientos eficaces y transparentes para el cambio de nombre y de sexo de una persona transgénero en los certificados de nacimiento, documentos de identidad, pasaportes, títulos académicos y otros documentos similares;
4. Abolir la esterilización y otros tratamientos médicos obligatorios como un requisito legal necesario para reconocer la identidad de género de una persona en las leyes que regulan el proceso de cambio de nombre y sexo;
5. Hacer accesibles para las personas transgénero los procedimientos de reasignación de género, como el tratamiento hormonal, la cirugía y el apoyo psicológico, y asegurar que sean reembolsados por los sistemas de seguros de la sanidad pública;
6. Eliminar cualquier restricción al derecho de las personas transgénero a mantener un matrimonio preexistente después de lograr el reconocimiento del cambio de género;
7. Preparar e implementar políticas para combatir la discriminación y exclusión a las que se enfrentan las personas transgénero en el mercado laboral, en la educación y en la asistencia sanitaria;
8. Involucrar y consultar a las personas transgénero y a sus organizaciones en el desarrollo y la aplicación de medidas políticas y legales que les conciernan;
9. Abordar los derechos humanos de las personas transgénero y la discriminación basada en la identidad de género mediante la educación y los programas de formación en derechos humanos, así como a través de campañas de concienciación;
10. Proporcionar formación a los profesionales sanitarios, incluyendo a psicólogos, psiquiatras y médicos de familia, teniendo en cuenta las necesidades y derechos de las personas transgénero y la obligación de respetar su dignidad;
11. Incluir la problemática de derechos humanos de las personas transgénero en el ámbito de actividades de los organismos de igualdad y estructuras nacionales de derechos humanos;
Desarrollar proyectos de investigación para recoger y analizar datos sobre la situación de derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la discriminación e intolerancia que encuentran, con la debida consideración al derecho a la privacidad de las personas afectadas.
i Definición conforme a los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, disponible en: http://www.yogyakartaprinciples.org.
iii Véase también el Viewpoint del Comisario Discrimination against transgender persons must not longer be tolerated, publicado el 5 de enero de 2009.
iv Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación General Nº 20 sobre No Discriminación.
v TEDH, van Kück c. Alemania, sentencia de 12 de junio de 2003.
vi TEDH, B. c. Francia, sentencia de 25 de marzo de 1992 y Christina Goodwin c. Reino Unido, sentencia de 11 de Julio de 2002.
vii La discriminación por razón de sexo se ha incluido durante mucho tiempo en la legislación relevante de la Comunidad Europea. Desde 1957, el Tratado de la CEE contenía una disposición prohibiendo la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que fue revisada por el Tratado de Amsterdam. Desde 1975, la UE ha emitido diversas directivas sobre discriminación por razón de sexo.
viii TJCE, Caso C-13/94, P c. S. y Cornwall City Council, sentencia de 30 de abril de 1996, ECR [1996] I2143, TJCE, Caso 117/01, K.B. c. National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health, sentencia de 7 de enero de 2004, TJCE, Caso C-423/04, Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions, sentencia del 27-04-2006. Véase para una explicación del carácter progresivo de las sentencias: Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States, Parte I – Análisis Legal, p. 124.
ix TEDH, B. c. Francia, sentencia de 25 de marzo de 1992 (Serie A nº 232-C) (apartándose de las sentencias Rees y Cossey); Sheffiel y Horsham c. Reino Unido, sentencia de 30 de julio de 1998; Christine Goodwin c. Reino Unido, acusación nº 32570/03, sentencia de 23 de mayo de 2006.
x Se calcula que en la realidad tan sólo el 10% de todas las personas transgénero eligen, tienen acceso o tienen posibilidad de someterse a una cirugía de reasignación de género.
xi Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States, Part I Legal Analysis, p. 126.
xii Véase Directiva del Consejo 2004/113/EC, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, OJ L 373, 21-12-2004, p. 37; y Directiva 2006/54/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), OJ L 204 de 26-7-2006, p. 23 (Recast Gender Directive).
xiii Declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de las personas LGBT, Montreal, 26 de julio de 2006, disponible en: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/B91AE52651D33F0DC12571BE002F172C?opendocument.
xiv Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity, de 21 de noviembre 2008, disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html.
xv Recomendación 1117 /1989 relativa a la condición de los transexuales, disponible en: http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta89/erec1117.htm.
xvi Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de Septiembre de 1989 sobre la discriminación de los transexuales, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 256, 09/107/1089, p. 0033.
xvii Resolución del Parlamento Europeo sobre la homofobia en Europa (2006), disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-0018; Resolución del Parlamento Europeo sobre la homofobia en Europa (2007), disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//EN.
xviii Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, p. 11-12.
xix Suecia prohíbe la discriminación por razón de “la identidad y la expresión transgénero” de una persona en el nuevo Discrimination Act que entró en vigor el 1 de enero de 2009.
xx Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States, Parte I – Análisis Legal, p. 20.
xxi Véase TEDH, B c. Francia, sentencia de 25 de marzo de 1992 (Series A Nº 232-C) (apartándose de las sentencias Rees y Cossey), TEDH, Sheffield y Horsham c. Reino Unido, sentencia de 30 de julio de 1998, TEDH, Christine Goodwin c. Reino Unido, acusación 28957/95, sentencia de 11 de julio de 2002. TEDH (4ª sección), Grant c. Reino Unido, acusación Nº 32570/03, sentencia de 23 de mayo de 2006.
xxii Véase Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States, Parte I – Análisis Legal, p. 131-133.
xxiii Fenómeno que describe el malestar que se siente con el sexo biológico con el que se nace. Véase párrafo 3.3. para una explicación más detallada.
xxiv Adicionalmente, se puede tener que demostrar también que se ha vivido en el nuevo género durante un largo periodo de tiempo – la llamada “experiencia de la vida real”. La “experiencia de la vida real”, junto con el tratamiento hormonal y las cirugías de reasignación sexual a las que precede, forman los tres elementos de la “terapia triádica” que en los Estados miembros constituye a menudo un requisito para el reconocimiento del nuevo género.
xxv Después de que el Tribunal Constitucional dictaminara en contra de este caso (VfGH 29/09/2008, B 411/08, B 412/08), el Tribunal Supremo Administrativo posibilitó el cambio legal en 2009 (VwGH 27/02/2009).
xxvi BVerfG, 1 BvL 3/03 (6 de diciembre de 2005).
xxvii Para más información sobre la Ley española, véase Raquel Platero, Open Forum on Spain: Outstanding challenges in a post-equality era: The same-sex marriage and gender identity laws in Spain, Universidad de Madrid (2008); sobre la Ley británica, véase http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/ukpga_20040007_en_1.
xxviii Bélgica, Países Bajos, España, Noruega, Suecia.
xxix Prof Stephen Whittle OBE, Dr Lewis Turner, Ryan Combs, Stephenne Rhodes;Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus on the Transgender Experience of Health Care – 2008 – Transgender Europe e ILGA-Europa, p. 22-23.
xxx En el país en cuestión, la custodia habitualmente se concede a la madre y la Ley de Transexualidad especifica que la relación con hijos nacidos previamente se vincula al sexo registrado con anterioridad.
xxxi Tribunal Constitucional Supremo de Austria, BverfG, 1 BvL 1/04 (18 de julio de 2006); Tribunal Constitucional Federal de Alemania, BVerfG, 1 BvL 10/05 (27 de mayo de 2008).
xxxii Prof Stephen Whittle OBE, Dr Lewis Turner, Ryan Combs, Stephenne Rhodes; Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus on the Transgender Experience of Health Care – 2008 – Transgender Europe e ILGA-Europa.
xxxiii El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 4ª Edición (DSM-IV-TR) incluye “gender identity disorders in adolescents and adults” (categoría 302.85) en el capítulo “sexual and gender indentity disorder” y “sexual and gender identity disorder” (categoría 302.6). Véase http://www.icd9data.com/2009/Volume1/290-319/300-316/302/302.85.htm.
xxxiv Se puede consultar la CIE en http://www.who.int/classifications/icd/en/. La transexualidad es enunciada en el capítulo 5 (Mental and Behavioural Disorders), categoría F64.
xxxv Declaración sobre la Reforma del DSM, Transgender Europe (TGEU), 2 de noviembre de 2008. TGEU es la red europea de grupos e individuos transgénero.
xxxvi Muchos profesionales sanitarios especializados señalan que el tratamiento consiste fundamentalmente en modificaciones físicas para lograr una armonía entre el cuerpo y la autopercepción de la identidad de género mental (psicológica, emocional), y no al contrario. La WPATH, World Professional Associaton for Transgender Health (Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero) trabaja en esta línea. Sin embargo, WPATH aún no ha actualizado sus Standards of Care desde 2001 y aún incluye el transexualismo como trastorno mental (aunque en estos momentos se está debatiendo sobre posibles cambios).
xxxvii Actualmente existe una oportunidad para cambiar esta postura, ya que el catálogo del DSM se está revisando en estos momentos. Un grupo de trabajo revisará el DSM, y el resultado de esta revisión se expresará en el DSM-V, cuya publicación está prevista en el 2012. Véase también la declaración conjunta de 28 de mayo de 2008 emitida por las organizaciones norteamericanas National Center for Transgender Equality (NCTE), Transgender Law and Police Institue (TLPI), Transgender Law Center (TLC) y Transgender Youth Family Allies (TYFA).
xxxviii TEDH, van Kück c. Alemania (acusación Nº 35968/97) – párrafos 47, 73 y 82, y L. c. Lituania (acusación Nº 27527/03) – párrafos 59 y 74.
xxxix Otro ejemplo sería cuando un hombre transexual entra en un hospital para que le extraigan sus órganos femeninos internos, pero es ingresado en una unidad de mujeres.
xl Transgender EuroStudy, op. cit., p. 55 y 58. Véase también el informe de Bence Solymár (2005), The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and Health Care System, en: Takács J. (ed.): A léöek mütétei (Surgery of the Soul), Budapest: Új Mandátum Kiadó.
xli Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States, Parte II – La situación social, p. 122.
xlii Stephen Whittle, Lewis Turner, Maryam Al-Alami; Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, disponible en: http://www.pfc.org.uk/files/EngenderedPenalties.pdf, conforme se cita en: Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States, Parte II – La situación social.
xliii La investigación en Francia fue realizada por HES y leMAG-Young LGBT Mvt, véase http://www.mag-paris.fr. La investigación irlandesa, Supporting LGBT Lives: A Study of the Mental Health of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People, se publicó en 2009. Se puede encontrar información sobre suicidios entre personas transgénero en la página 95.
xliv Statens Folkshälsoinstitut (2005); Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, p. 21.
l Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities Review.
li Observaciones finales: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, CRC/C/15/Add.188, 9 de octubre de 2002.
lii Véase por ejemplo Basaran, Y, Aybasti, I y Cakmak, S (2009); Problems of Transgender Women: A Survey Conducted in Istanbul (publicación próximamente) y European Commission’s Turkey 2008 Progress Report, p. 23.
liii OSCE/ODIHR (2007); Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; Informe Anual de 2006; Varsovia: OSCE/ODIHR, p. 53f.
liv Human Rights Watch, We need a law for liberation – Gender, sexuality, and human rights in a changing Turkey. OSCE/ODIHR (2007) Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; Informe Anual de 2006; Varsovia: OSCE/ODIHR, p. 54.
lv Hate Crime Laws: A Practical Guide, p. 7, disponible en: http://www.osce.org/publications/odihr/2009/03/36671_1263_en.pdf.
lvi http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/homophobia.html (26/10/08).
lvii PSNI Statistics (2008), Informe Annual Estadísitco, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & Crimes; del 1 de Abril de 2007 al 31 de Marzo de 2008; Belfast: PSNI; 2008.
lviii Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity, 21 de Noviembre de 2008. Esta Nota de Orientación complementa las Directrices de Protección Internacional Nº 1 del ACNUR, de mayo de 2002: Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees . Ambas directrices son relevantes para la evaluación de las solicitudes de asilo realizadas por personas transgénero.
lix Véase por ejemplo la investigación realizada por la Helsinki Citizens Assembly y la Organisation for Refugee, Asylum & Migration (ORAM); Unsafe haven – the security challenges facing lesbian, gay, bisexual and transgender asylum seekers and refugees in Turkey (2009).
lx Las personas transgénero en prisión se enfrentan a problemas similares, quienes pueden tener que asumir periodos de tiempo sin terapia hormonal. Esto puede traducirse en un periodo prolongado de interrupción de tratamiento y puede causar problemas serios de salud, como el desarrollo de osteoporosis en hombres transexuales, y la aparición de cambios fisiológicos irreversibles, como el desarrollo de calvicie en mujeres transexuales. Las personas transexuales encuentran frecuentemente dificultades en el acceso a asesoramiento, terapia hormonal o cirugía, ya que muchas prisiones o sistemas penitenciarios creen no tener las instalaciones para tratar a los/as presos/as transexuales.
lxi Esta es una iniciativa en la que colaboran ONGs, agencias de trabajo y el Ayuntamiento.
lxii Whittle, S; Turner, L (2007) Leading Trans Equality: A Toolkit for Colleges, Lancaster; The Centre for Excellence in Leadership, disponible en: http://services.pfc.org.uk/files/CEL_toolkit.pdf.
lxiii To be who I am. Report of the Inquiry into Discrimination faced by transgender people, disponible en: http://www.hrc.co.nz/hrc_new/hrc/cms/files/documents/21-Jan-2008_19-03-12_Transgender_Final_2.pdf.
lxiv Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (2008); Overview of the gender equality duty, Guidance for public bodies working in England, Wales and Scotland, disponible en: http://www.equalityhumanrights.com.
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 artículo 8
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