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Timestamp: 2020-05-31 01:43:44+00:00

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Sentencia de Tutela nº 537/09 de Corte Constitucional, 6 de Agosto de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 70505248
Fecha de Resolución: 6 de Agosto de 2009
Sentencia citada en: 17 sentencias, 9 artículos doctrinales
Acción de tutela instaurada por C.A.R.Y. contra el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados H.A.S.P., quien la preside, J.C.H.P. y J.I.P.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela promovida por C.A.R.Y. contra el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá.
El Ciudadano C.A.R.Y., presentó acción de tutela en procura de obtener protección judicial del derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con la providencia judicial proferida dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra, por incurrir en vía de hecho. A continuación se resume el fundamento fáctico sobre el cual el ciudadano apoyó su pretensión de tutela:
1.1. Reconoce el accionante C.A.R.Y. que a mediados de 1998 firmó un contrato de arrendamiento con la sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda., respecto del local comercial ubicado en la calle 19 No. 12 – 13 de esta ciudad, para utilizarlo como una óptica con consultorio de optometría en el segundo piso, a la cual venía pagándole cumplidamente los cánones de arriendo respectivo.
1.2. Considera el accionante que el representante legal de la sociedad arrendadora, el señor J.L.V., de manera dolosa se hizo pasar como propietario del local arrendado, señalando que arrendaba parte del local, pero que en realidad nunca utilizó la parte que se reservó para exhibir celulares.
1.3. Indica el accionante que en marzo de 2004 la señora L.M.G. de T., se presentó como la verdadera dueña del local y en su condición de arrendadora del inmueble al señor Vaca, representante de Comunicaciones y S., le manifestó que éste no le había cancelado los arriendos y además que no podía subarrendar. Le dio a conocer una carta dirigida en el año 2003 al mencionado señor en la que le indicaba que según lo acordado, daban por terminado el contrato de arrendamiento y por tanto le solicitaba la entrega del local.
1.4. Agrega que luego de pedirle explicación al representante legal de la empresa Comunicaciones y S. éste nunca volvió a aparecer y que en mayo de 2004 celebró contrato de arrendamiento con la señora L.M.G. de T., a quien le ha venido pagando los cánones respectivos, luego de que le fuera exhibido un documento de acuerdo sellado por la empresa del Señor Vaca en el cual respaldaba este contrato nuevo de arrendamiento.
1.5. Menciona que fue demandado ante el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, con base en el contrato celebrado con la firma Comunicaciones y S., proceso dentro del cual, en primera instancia, se acogieron las excepciones de “ilegitimidad de la demandante” e “ilegalidad del contrato base de la ejecución” por haberse probado totalmente que el contrato “expiró el 31 de Mayo de 2004, que se subarrendó ilegalmente, que el señor VACA obró de mala fe e ilegítimamente y que la firma Comunicaciones y S. no tiene nada que ver con el local desde mayo de 2004”.
1.6. El fallo fue revocado en vía de apelación por parte del Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, en el que además dispuso seguir adelante con la ejecución y lo condenó a pagar a la empresa Comunicaciones y S. los cánones causados desde el 2004, la cláusula penal y las costas del proceso, a pesar de haber sido engañado por el señor Vaca.
Como sustento de la violación del derecho fundamental al debido proceso,
indica que el juzgado accionado incurrió en una vía de hecho, pues de manera caprichosa desconoció las pruebas testimoniales y documentales que desvirtuaban sus afirmaciones. Así, sostiene que el juzgado no tuvo en cuenta las declaraciones de la propietaria del local y del profesional encargado de los asuntos inmobiliarios de esta, que daban cuenta sobre la fechas en que el señor Vaca pagó el último canon de arrendamiento, en la que expiró el contrato y en la que se presentó el subarriendo del local, así como la carta que se le envió a la empresa solicitándole la entrega del local y comunicándole la decisión de dar por terminado el contrato de arrendamiento a partir del 31 de mayo de 2004.
(i) revivió el contrato de arrendamiento finalizado en mayo 31 de 2004 y desconoce que por tal motivo el demandante no ostenta tenencia alguna del local, no paga arriendo y acordó con la propietaria la entrega del local en esa fecha; (ii) desconoce que el subarriendo no estaba autorizado y mucho menos sobre más del 50% del inmueble como en efecto lo hizo, así lo haya pretendido ocultar señalando en el contrato que arrendaba sólo una parte del local; (iii) le impone un pago de cánones a favor de quien ya no es su arrendador a partir del 31 de mayo de 2004; (iv) presume que el demandante aún ostenta la tenencia del local; (v) desconoce que el demandante engañó a la verdadera propietaria y al arrendatario por mostrarles calidades que no tenía sobre el inmueble y sobre el negocio de la óptica; y (vi) desconoce que el contrato entre el demandante y la señora G. de T., terminó no sólo por acuerdo entre las partes, sino por mandato expreso del mismo contrato, como se desprende de la cláusula quinta.
Respuesta de la autoridad vinculada al trámite de la tutela
- Copia de algunos de los folios que conforman el expediente del proceso ejecutivo seguido en contra de C.A.R.Y..
El accionante recurrió la Sentencia proferida por el a quo, mediante escrito en el que afirmó que la acción de tutela interpuesta no pretende adelantar una tercera instancia, sino demostrar que el juzgado accionado, contrariando la realidad procesal y desconociendo las pruebas recaudadas, presume que el demandante mantiene la tenencia del local, cuando desde el 31 de mayo de 2004 se desvinculó del inmueble; desconoce que el contrato entre el demandante y la señora G. de T. determina con claridad que su terminación se produce en caso de subarriendo y; legitima al subarrendador para darle validez a un contrato no autorizado por su arrendador, con el cobro de los cánones, a pesar de que él no los ha pagado a su arrendador, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 424 del C.P.C., que impide oír en juicio al arrendatario moroso que no ha pagado los cánones de arriendo.
Con sentencia proferida el 30 de mayo de 2008, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirmó el fallo de primera instancia, considerando que el Juzgado accionado no incurrió en vía de hecho y por tanto en la vulneración de los derechos del accionante, toda vez que las reflexiones efectuadas por el Juzgado acusado en torno a que el contrato suscrito entre el accionante y la sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda. no había terminado legalmente, por no haber sido invalidado de común acuerdo por las partes o por disposición judicial, no se entienden caprichosas, puesto que se ajustan a los contornos fácticos del proceso, fundados en la hermenéutica jurídica.
Señala la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que no merece ningún reparo que el juzgado accionado hubiese diferenciado el contrato de arrendamiento celebrado entre L.M.G. de T. y la Sociedad Comunicaciones y S., con el celebrado entre ésta última y el accionante y menos señalar que tales contratos gozaban de total independencia, al punto de que si el último de ellos no se había dado por terminado en forma legal, su cumplimiento debía hacerse conforme a lo pactado, siendo posible ejercer las acciones ejecutivas, tal como se hizo. Por tanto concluye, que el eventual incumplimiento del contrato de arrendamiento inicialmente celebrado entre la sociedad y la señora G., “en nada afectaba la eficacia del contrato de arrendamiento suscrito por el accionante, el cual, a la larga, podía ser sometido a cumplimiento forzado hasta tanto sobreviniera su terminación.”
Mediante auto del 3 de octubre de 2008, la Sala de Revisión ordenó al Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Bogotá, remitir el expediente en el cual reposan las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo singular iniciado por la Sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda. en contra de los señores C.A.R.Y. y B.I.C.L..
En esta ocasión se somete a consideración de la Sala el caso del señor C.A.R.Y. contra el Juzgado 40 Civil del Circuito. La acción de tutela se funda en la posible vía de hecho en que incurrió la autoridad judicial mencionada al fallar el caso en el que el señor R.Y. fue acusado de incumplimiento de contrato de arriendo.
El proceso original tuvo origen cuando la sociedad Comunicaciones y S. SYC Ltda. presentó acción ejecutiva en contra del señor R.Y. por incumplimiento del contrato de arrendamiento que había entre los dos respecto de un local comercial ubicado en la calle 19 con carrera 12 en Bogotá. El demandado argumentó que había suspendido los pagos a la Sociedad en el mes en que finalizó el contrato de arrendamiento que ésta tenía con la dueña del local, realizando a partir de ese momento los pagos a la dueña del local, señora L.M.G., en cumplimiento de un nuevo contrato de arrendamiento sobre el mismo local comercial celebrado directamente con ella y que cobró validez a partir de la terminación del contrato que la señora G. tenía con la Sociedad SYC Ltda..
El juez de primera instancia dio la razón al señor R.Y. y consideró infundadas las pretensiones de la Sociedad demandante con base en que el representante de la Sociedad SYC obró de mala fe, por cuanto dicha sociedad no tiene nada que ver con el local desde mayo de 2004. El juez de segunda instancia revocó el fallo, ordenó continuar con la ejecución y lo condenó a pagar a la empresa Comunicaciones y S. Ltda. los cánones causados desde el 2004, la cláusula penal y las costas del proceso.
Contra esta sentencia se interpuso acción de tutela por parte del ejecutado, señor R.Y., por cuanto considera que se configuró una vía de hecho en razón del desconocimiento del acervo probatorio existente en el proceso.
No existencia de otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[4]. De allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.
Verificación de una relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. En este último caso, se ha determinado que no es procedente la acción de tutela contra sentencias judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan significativo que sería desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía de la acción de tutela.
Que la irregularidad procesal que se presente, tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que afecta los derechos fundamentales del actor.
Que el actor identifique los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales, y que ellos hayan sido alegados en el proceso judicial, si hubiese sido posible.
Que no se trate de sentencias de tutela, ya que la protección de los derechos fundamentales no puede prolongarse de manera indefinida.
Cuando la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia, lo que corresponde a la denominada vía de hecho por consecuencia[6].
Cuando la decisión del juez se fundamenta en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se presente solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes en el proceso[8].
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela.
Con ello se pretende prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
“c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable.
Dicha eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es necesaria la adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera provisional.”
El principio de buena fe en el ordenamiento colombiano
“(…) de igual modo, particularmente por su inescindible conexidad con el asunto especifico sometido al escrutinio de la Corte, importa subrayar que el instituto de la buena fe, en lo que atañe al campo negocial, incluido el seguro, es plurifácico, comoquiera que se proyecta a lo largo de las diferentes fases que, articuladas, conforman el plexo contractual – en sentido amplio: la atinente a la formación del negocio jurídico, lato sensu (fase formativa o genética), la relativa a su celebración (fase de concreción o de perfeccionamiento) y la referente a su desenvolvimiento, una vez perfeccionado (fase ejecutiva, de consumación o post-contractual).
Desde esta perspectiva, un sector de la moderna doctrina concibe al contrato como un típico “proceso”, integrado por varias etapas que, a su turno, admiten sendas subdivisiones, en las que también se enseñorea el postulado de la buena fe, de amplia proyección.
El contenido del principio de buena fe es tan variado como las situaciones en que se concreta o en que sirve
como parámetro interpretativo de otras disposiciones, sean éstas las generales o las propias de cada contrato. Sin embargo esto no significa que su contenido sea gaseoso y se evapore dejando al juez sólo con un elemento de naturaleza moral abstracta de poca utilidad o de gran subjetividad al momento de decidir en los casos concretos. Al igual que los demás principios constitucionales, y más los que son precisados en disposiciones legales específicas, el contenido del principio de buena fe se debe concretar en aspectos que limiten la amplitud con el que las partes y el juez lo deben valorar; en este sentido puede decirse que de este principio se derivan deberes propios del tráfico negocial en la sociedad de un Estado que, como el previsto en la Constitución de 1991, resalta los valores de inclusión, pluralismo y solidaridad entre sus habitantes. De esta forma entiende esta Sala de Revisión que, aplicado a una relación negocial, el principio de buena fe involucra deberes de honestidad, claridad, equilibrio reciprocidad y consideración de los intereses de la contraparte, entre otros. Sin embargo, debe así mismo resaltarse que la aplicación de las reglas que derivan del principio de buena fe no puede hacerse de una manera mecánica, sino que serán los elementos propios de cada situación, la actitud de las partes en ejecución del contrato, las cláusulas específicas por éstas acordadas, etc. las que determinen la interpretación que el juez haga del principio de buena fe en cada específica situación.
De la excepción de contrato no cumplido -non adimpleti contractus- y su aplicación en el derecho contractual colombiano
El contenido de esta cláusula refleja los más elementales parámetros de equidad, simetría y buena fe que deben ser entendidos como elementos connaturales a las obligaciones contractuales bilaterales[12], prescribiendo lo que es el producto de un análisis basado en la justicia material de las relaciones contractuales: si una de las partes de una relación bilateral no está en posición de cumplir las obligaciones contractuales, cómo puede exigirle a la otra el cumplimiento de la prestación debida? La idea de esta figura es brindar una posibilidad de resolución de diferencias originadas en contratos en donde se ha presentado un abandono recíproco de las prestaciones a cargo de las partes contratantes, evitando que las mismas queden en un estado de indefinición permanente. En este sentido ha manifestado la Corte Suprema “es necesario asimismo hacer ver que por obra de aquella circunstancia [, el mutuo incumplimiento,] no siempre ha de quedar atascada la relación derivada del negocio y sometida en consecuencia “…a la indefinida expectativa de que -en algún tiempo- pueda ejecutarse o resolverse el contrato no cumplido por iniciativa exclusiva de aquella de las dos que considere derivar mayores ventajas del incumplimiento común, o de que la acción implacable del tiempo le da vigencia definitiva a través de la prescripción… (G.J.T.C., pág. 246).”[13]
Como obligaciones del arrendador, estipula el articulo 1982 del C.C.[18], la entrega al arrendatario del bien; a mantener el bien en estado de servir; así como a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo del goce del mismo, contemplando la indemnización de perjuicios en
este último evento, por disposición expresa del artículo 1987 del C.C. Si la molestia proviene de terceros que puedan justificar algún derecho anterior al contrato, de conformidad con el articulo 1988 podrá solicitar una disminución proporcionada de la renta y en caso de que se le prive de parte del bien arrendado, sin la cual no hubiera arrendado, tiene derecho a cesar el arriendo, y a exigir indemnización de todo perjuicio causado.
En el presente caso la sociedad arrendadora, tanto como el arrendatario -señor C.A.R.Y.-, estaba constreñida a cumplir con las obligaciones connaturales, inherentes e intrínsecas derivadas del contrato de arrendamiento, de las cuales la principal es sin duda el garantizar el goce del bien arrendado; por su parte el arrendatario estaba obligado, entre otras cosas, a pagar sin dilación el canon de arrendamiento en el monto y tiempo establecidos en el contrato por el firmado.
7.4. Para determinar si hay lugar al amparo pretendido, en primer lugar, se relacionan a continuación las principales actuaciones que se llevaron a cabo dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra del señor C.R.:
El 20 de octubre de 2004, la sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda. presentó demanda ejecutiva en contra de C.A.R.Y. y otra, en procura de exigir unas sumas de dinero presuntamente adeudadas y derivadas de un contrato de arrendamiento (fl.7 del cuaderno principal).
A la demanda ejecutiva se anexó, contrato original de arrendamiento de inmueble destinado a establecimiento de comercio, de fecha 25 de febrero de 1999 firmado entre Comunicaciones y S. CYS Ltda. y C.A.R.Y. y otra (fl. 2 Ibídem) y un certificado de existencia y representación de la ejecutante (fl. 12 Ibídem).
El conocimiento del proceso ejecutivo le correspondió al Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, despachó que libró mandamiento ejecutivo el día 11 de febrero de 2005 (fl. 15 Ibídem).
Luego de notificado personalmente, el 16 de agosto de 2005 el señor C.A.R., a través de apoderado judicial contestó la demanda (fl. 31 Ibídem), en la que propuso excepciones de mérito y anexó copia del contrato de arrendamiento de fecha 31 de enero de 1999 suscrito entre Comunicaciones y S. CYS Ltda. y L.M.G. de T. (sin firma de la arrendadora) y de una comunicación enviada por la señora T. a la sociedad Comunicaciones y S. de fecha 25 de marzo de 2004, en la que le ratifica la decisión de dar por terminado el contrato de arrendamiento que habían suscrito (fl. 19-23 Ibídem). Igualmente se aportaron siete (7) fotocopias simples de facturas de venta con el nombre impreso de la señora L.M.G., en las que se indica que el concepto corresponde a cánones de arrendamiento. (fls. 24-30 Ibídem)
El ejecutante a través de apoderado, descorrió el traslado de las excepciones. Con el escrito adjuntó la comunicación de fecha 8 de julio de 2004, que por intermedio de apoderado judicial le enviaron al señor C.R., en la que le solicitaron el pago de las obligaciones derivadas de contrato de arrendamiento suscrito (fls. 39-42 Ibídem).
El Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, mediante autos de fechas 8 de mayo, 24 de julio y 1º de noviembre de 2006 decretó la práctica de pruebas (fls. 43, 45 y 60 Ibídem).
El día 4 de agosto de 2006 se recibieron las declaraciones de M.A.S.S. (fls. 47-52 Ibídem), y de L.M.G. de T. (fls. 53-55 Ibídem) y el día 8 de septiembre de 2006 el interrogatorio de parte de C.A.R. (fls. 56-57 Ibídem).
Acta de fecha 24 de noviembre de 2006, en la que consta que el interrogatorio de parte del señor J.L.V.R. como representante legal de la sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda., no se llevó a cabo por inasistencia de la parte solicitante de la prueba (fl. 61 Ibídem).
Alegatos de conclusión presentados por la parte ejecutante. (fls. 64-65 Ibídem). Dentro del término concedido, el demandado no presentó los alegatos de conclusión.
Sentencia proferida el 13 de abril de 2007 por el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, mediante la cual declaró probadas las excepciones de mérito de “ilegalidad del contrato base de la ejecución” e “ilegitimidad de la demandante”. Encontró el fallador que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes del proceso ejecutivo “por disposición legal (Art. 17 de la ley 820 de 2003), quedó sin efectos, y por ende las obligaciones que de él se derivan no son exigibles por cuanto quedó plenamente demostrado según el acervo probatorio, que lo que existió en el presente asunto fue un subarriendo el cual está expresamente prohibido por disposición legal, dado que del testimonio de la propietaria del inmueble objeto del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, se depreca con claridad que nunca existió autorización por parte de la señora LUZ MARINA GIRALDO quien era arrendadora del aquí demandante y de la documentación obrante a folios 19 a 23 del C-1, queda plenamente probado que la aquí arrendadora y propietaria del inmueble al verificar que el aquí demandante subarrendó el inmueble, le solicita a este último la terminación del contrato, con todo derecho”. Concluye que el contrato objeto del ejecutivo “nace de una negociación prohibida por la ley, inmediatamente intuye que el título que se está ejecutando pierde sus efectos, dado que la negociación que le da origen no es legal” (fls. 66-70 Ibídem).
La sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda., a través de apoderado judicial apeló la sentencia (fls. 74-75 Ibídem).
La alzada le correspondió por reparto del 16 de julio de 2007, al Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá (fl. 2 cuaderno segunda instancia).
Alegatos presentados por la sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda. para descorrer y sustentar el traslado del recurso. La parte demandada no presentó los alegatos correspondientes (fls. 5-9 cuaderno segunda instancia).
El Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de fecha 5 de octubre de 2007, revocó la sentencia apelada y ordenó seguir adelante con la ejecución (fls. 10-18 cuaderno segunda instancia).
El 12 de diciembre de 2007 se expide auto por medio del cual se aprueba la liquidación de costas por agencias en derecho por valor de cuatrocientos mil pesos ($400.000) –folio 23 del cuaderno de segunda instancia-.
Por medio de auto de 28 de marzo de 2008 se aprueba la liquidación del crédito presentada por la parte demandante y se da una nueva liquidación en costas por valor de novecientos mil pesos ($900.000) –folio 86 cuaderno principal del proceso ejecutivo-.
En el año de 1999 la Sociedad S. y Comunicaciones Ltda suscribió contrato de arrendamiento del local comercial distinguido en la nomenclatura urbana con el Número 12 – 13 de la avenida 19 de Bogotá con la propietaria del mismo, la señora L.M.G. de T. –folio 54 del cuaderno de demanda ejecutiva-.
A su vez, las partes del proceso ejecutivo –La Sociedad y el señor R.Y.- celebraron contrato de [sub]arrendamiento sobre el mismo local en el mes de febrero de 1999 –folios 2 a 6-.
El señor R.Y. pagó los cánones de arrendamiento a la Sociedad arrendadora desde el inicio del contrato –febrero de 1999- hasta el mes de mayo de 2004.
En el mes de marzo de 2004, poco tiempo después de enterarse del contrato de subarriendo entre la Sociedad y el señor R.Y., la propietaria del local comercial arrendado comunicó a la Sociedad su intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento con ella suscrito desde el 01 de junio de 2004–folio 48-.
A partir de esa fecha el señor C.A.R. se encuentra pagando cánones de arrendamiento a la señora L.M.G. de T. –propietaria del local antes mencionado, como se desprende de las facturas aportadas al proceso –folios 24 a 30; y del testimonio que obra a folio 49 del cuaderno de la demanda ejecutiva-.
Que la sociedad S. y Comunicaciones Ltda cesó en sus pagos por concepto de canon de arrendamiento del local en cuestión a partir del mes de mayo de 2004 –folios 49, 50 y 54-.
7.6.- Respecto de las causales específicas de procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales, considera la Sala que el recuento de las actuaciones procesales hecho en las consideraciones 5.4. y 5.5. resulta sustento suficiente para concluir que la sociedad Comunicaciones y S. C y S Ltda. no actuó de buena fe ni durante el desarrollo de la relación contractual con el señor R.Y., ni al momento de exigir el pago de los cánones de arrendamiento posteriores al mes de mayo de 2004. A esta conclusión se arriba cuando se comprueba que al momento de celebrar el contrato de arrendamiento no manifestó que el mismo constituyera un subarriendo del local comercial; que, por consiguiente, el goce y disfrute del bien arrendado dependían del derecho de tenencia que la Sociedad derivaba de un contrato de arrendamiento con el propietario del local comercial –algo sin duda relevante en un arriendo de local comercial, pues hacía depender la permanencia en el mismo de una voluntad diferente a la de la sociedad arrendadora-; que la Sociedad no demostró la intención de controvertir la decisión de terminar el contrato de arriendo que tenía con la propietaria del local, que aunque era una relación contractual diferente, constituía el medio de garantizar la tenencia a su arrendatario el señor R.Y.; que no haya demostrado de manera alguna intención de continuar con dicho contrato de arrendamiento –pago efectivo o, al menos, intentos de pago de los cánones de arrendamiento, comunicaciones con la propietaria con la intención de solucionar los diferendos, disputa judicial respecto de sus derechos como arrendatario de local comercial, etc.-; son clara muestra del alejamiento que la conducta del demandante dentro del proceso ejecutivo tuvo respecto del principio de la buena fe.
7.7.- Al igual que en cada disputa que se presenta ante los jueces, pero de especial relevancia en situaciones como la que nos ocupa, debe hacerse una interpretación de las normas jurídicas conforme a los principios y reglas constitucionales; interpretación que, sin desconocer las estipulaciones contractuales y el ordenamiento jurídico aplicable a esta relación negocial, supere la simple y superficial hermenéutica literal de las disposiciones aludidas y aplique los postulados éticos que se derivan de principios constitucionales, como es el caso de la buena fe. Como se indicó anteriormente, esta exigencia no implica la creación de un espacio subjetivo del juez en donde se dé una autorización en blanco para desconocer las estipulaciones contractuales y las disposiciones jurídicas y, por consiguiente, se sacrifique el principio de seguridad jurídica en favor de posturas personales. Se trata de ejercer la función jurisdiccional de manera consecuente con el contexto jurídico en que la misma tiene lugar, que no es otro que el fundado en un texto constitucional integrado, entre otros, por principios como la equidad, la justicia material y la transparencia, y, por consiguiente, reconocer la conexión entre las disposiciones constitucionales e infra-constitucionales, la cual resulta axial a la hermenéutica jurídica en un Estado constitucional como el colombiano. En otras palabras, en un Estado con una Constitución considerada norma jurídica suprema y, por consiguiente, vinculante dentro de nuestro ordenamiento, el valor normativo y la real eficacia de principios constitucionales deben inspirar la lectura y aplicación del ordenamiento que
regula las relaciones negociales, se trate de normas con alcance general o particular, dentro de las que están las disposiciones contractuales.
Lo contrario, esto es entender que de la situación concreta sometida a examen se derivaba la necesidad de proferir sentencia que ordenara seguir adelante con la ejecución, implicaría desconocer criterios de justicia material, en cuanto significaría privilegiar a la parte que primero demande en un proceso ejecutivo exigiendo de ésta el cumplimiento del acuerdo entre ambas celebrado, no obstante ambas hayan incumplido dicho contrato; en este escenario se estaría ante una ventaja para el que primero haga uso de la acción ejecutiva soportada única y exclusivamente en la exégesis del texto del contrato, aunque ajena y lejana a la realidad en que se lleva a cabo la relación contractual. Es decir, cualquiera de las partes de un contrato mutuamente incumplido podría requerir a la otra que cumpla sin que para ello tenga la carga, siquiera sumaria, de acreditar el cumplimiento de su parte o, al menos, la disposición, diligencia o posibilidad de cumplir. Siendo esto así el señor C.A.R.Y. podría haber adelantado un proceso ejecutivo en donde se persiguiera a la Sociedad S. y Comunicaciones S y C ltda. por incumplimiento de contrato de arrendamiento, en el entendido que bastaría señalar que el arrendador no dispuso de la tenencia del bien arrendado a partir del 31 de mayo de 2004 y que, por consiguiente, no podía garantizar el disfrute de este derecho a su arrendatario; con esta interpretación se estaría avalando una situación en donde lo importante sería qué parte interpone primero la demanda ejecutiva, pues está será la que lleve la ventaja al momento de escrutarse el cumplimiento o incumplimiento de la otra, siendo del todo irrelevante si la demandante cumplió o si estuvo presta y en disposición real de hacerlo.
Esta situación sería desquiciada a los ojos del ordenamiento de un Estado social y democrático de derecho en cuanto constituiría un desconocimiento arbitrario, brusco y total al contenido derivado de los principios de buena fe, equidad y equilibrio negocial en materia contractual.
7.12.- Por las razones anteriormente expuestas esta Sala de revisión concluye que en el presente caso se vulneró el derecho al debido proceso del señor C.A.R.Y., por cuanto en desarrollo de la segunda instancia del proceso ejecutivo la autoridad judicial a cargo se abstuvo de valorar adecuadamente el acervo probatorio y, en consecuencia, de declarar probada la excepción de contrato no cumplido a favor del señor R.Y., faltando con esto a un deber expresamente consagrado en el primer inciso del art. 306 del Código de Procedimiento Civil. Indebida valoración probatoria e incumplimiento de una obligación sustancial expresa y clara que es la concreción de principios constitucionales son las justificaciones para reconocer la ocurrencia de tres de las causales de procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales y, por consiguiente, para declarar la nulidad de la sentencia proferida en estas circunstancias por el Juzgado 40 Civil del Circuito.
7.13.-
Lo expuesto hasta el momento lleva a las siguientes conclusiones:
No existe una interpretación simplemente legal y una interpretación legal acorde con la Constitución. La hermenéutica de las disposiciones legales siempre debe tener como fundamento y contexto las disposiciones constitucionales.
Cuando el juez civil aplique la ley debe observar que la lectura hecha conduzca a resultados acorde con los principios constitucionales, pues de lo contrario deberá replantear su interpretación de manera que sea acorde con éstos e, incluso, inaplicar las disposiciones legales en caso de no ser posible una interpretación de las mismas que sea acorde a la Constitución, so pena de que en sus providencias violen directamente la Constitución, razón suficiente por si misma para configurar una vía de hecho..
Del carácter bilateral y sinalagmático del contrato de arrendamiento se deriva que sean ambas partes las obligadas a cumplir las prestaciones derivadas del vínculo contractual, concretando el principio de equilibrio contractual.
En este tipo de contratos el principio constitucional de buena fe –concretado por un desarrollo legal específico- se manifiesta con un contenido de lealtad, honestidad, claridad y equilibrio que debe imperar en las relaciones contractuales.
El principio constitucional de buena fe cubre integralmente la relación contractual, es decir, se encuentra presente en todas y cada una de las etapas que surjan en desarrollo de la misma.
En la etapa de cobro ejecutivo no le es dado al juez obviar principios como el de buena fe y equilibrio negocial –concretados en el carácter sinalagmático del contrato de arrendamiento-, de manera que resulta obligatorio indagar no sólo por el incumplimiento del demandado, sino, además, por el cumplimiento o la disposición que para cumplir mostró la parte demandante.
Lo anterior adquiere aún más sentido debido a la existencia de la excepción de contrato no cumplido, la cual resulta el remedio que, en cuanto devuelve el equilibrio connatural a este tipo de contratos, resulta pertinente y conducente para la concreción, aplicación y restablecimiento del principio de buena fe en materia contractual.
El incumplimiento por parte del juez del deber consagrado en el primer inciso del art. 306 del Código de Procedimiento Civil implica un desconocimiento tanto del principio de buena fe, como del derecho fundamental al debido proceso.
Segundo.- REVOCAR por las razones expuestas los fallos proferidos el 23 de abril de 2008 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el 30 de mayo de 2008 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela incoada por el señor C.A.R.Y..
Tercero.- CONCEDER el amparo solicitado por el señor C.A.R.Y. y en consecuencia DEJAR sin efectos la sentencia de cinco (5) de octubre de 2007 proferida por el Juez 40 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso ejecutivo promovido por la sociedad Comunicaciones y S. CYS Ltda. en Liquidación contra C.A.R.Y. por incurrir en error fáctico, error sustancial y violación a la Constitución y con esto desconocer el derecho al debido proceso del actor de la acción de tutela.
[3] En esta oportunidad la Sala reitera la sentencia
C-590 de 2005.
Sentencia T-933 de 2003, entre otras.
[16] O.F.G. y O.A.E., Teoría General de los actos o negocios jurídicos, Editorial Temis S.A. Bogotá-Colombia, 1987 Tercera Edición, pág. 62.
[18] El Art. 1982 consagra como obligaciones del arrendador las siguientes: “ART. 1982.—El arrendador es obligado: // 1. A
entregar al arrendatario la cosa arrendada. // 2. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. // 3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada.”
[19] El Art. 1996
establece: “ART.1996: El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato; y no podrá, en consecuencia, hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. // Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios, o limitarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo.”
[21] El artículo 1974 del Código Civil
prevé sobre arrendamiento de cosa ajena lo siguiente: “Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. // Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción.”
[23] En sentencia T-443 de 2008, la Corte sostuvo que los contratos de arrendamiento de local comercial por un término inferior a dos años, se regulan en general por la legislación civil. Sin embargo existe un vacío normativo en la legislación comercial que ha admitido interpretaciones disímiles tanto de la jurisprudencia como de la doctrina sobre las normas particularmente aplicables en tales circunstancias: (a) Una parte de la doctrina e incluso de la jurisprudencia considera que el régimen aplicable para los contratos de arrendamiento de local comercial inferior a un año es el Decreto 63 de 1977 numeral 9º, con las modificaciones de los Decretos 3817 de 1982 y 2221 de 1983. En tales casos, se afirma que por vencimiento del plazo no se puede
pretender la restitución del local y en caso de darse alguna de las causales de desocupación
previstas en el artículo 9º del Decreto 063 de 1977, debe acudirse al proceso de restitución del inmueble, sin necesidad del desahucio del que habla el artículo 520 del C.Co. (b) De otro modo, otra parte de la doctrina y de la jurisprudencia considera que el artículo 5º del Decreto 3817 de 1982 no es aplicable para contratos de arrendamiento de locales comerciales inferiores a 2 años y por tanto, en estos casos se debe acoger el régimen del Código Civil y lo acordado por las partes.
Sentencia nº 25000-23-15-000-2011-00764-01(AC) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 26 de Mayo de 2011
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55374 de 16 de Agosto de 2011

References: artículo 424
 resolución 
 artículo 1987
 artículo 1974
 artículo 9
 artículo 520
 artículo 5