Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2000/08/registro-oficial-25-de-agosto-del-2000
Timestamp: 2020-01-22 00:01:59+00:00

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Registro Oficial. 25 de AGOSTO del 2000
Viernes 25 de Agosto del 2000
\n 103-A Delégase al Coordinador General\n a fin de que efectúe todos y cada uno de los procedimientos\n y gestiones que fueran necesarios para contratar la difusión\n por los distintos medios de comunicación, de la campaña\n de dolarización emprendida por el Gobierno Nacional
\n 104-A Delégase al\n Coordinador General a fin de que efectúe todos y cada\n uno de los procedimientos y gestiones que fueran necesarios para\n contratar la impresión de afiches adhesivos destinados\n a difundir la campaña de dolarización emprendida\n por el Gobierno Nacional
\n SB-INSEF-2000-0727 Califícase al señor Vicente\n Fabián Parra Guevara, para que pueda ejercer el cargo\n de auditor interno en las cooperativas de ahorro y crédito\n que realizan intermediación financiera con el público,\n sujetas a control
\n SB-INSEF-2000-0728 Califícase\n a la señora Rita Lucía Lomas Paz, para que pueda\n ejercer el cargo de auditora interna en las asociaciones, mutualistas\n de ahorro y crédito para la vivienda, sujetas a control\n
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguieates\n personas:
\n 55-2000 Carlos Aguirre en\n contra de Emerson Coral Tapia
\n 60-2000 Martha Salinas en\n contra de Daniel Ocampo
\n 63-2000 Clara Victoria Cortés\n Figueroa en contra de Adelaida Arévalo Mariscal y otro\n
\n 65-2000 Cambiosur S.A. en contra\n de Olga Maria González Mora
\n 66-2000 Argelio Rafael Rodríguez\n y otra en contra de Hernán Vinicio Godoy Yaruscuan y otra\n
\n 68-2000 Banco La Previsora\n en contra de Carlota Jesús Giler Lazz
\n 69-2000 María Rosa Amangandi\n Amangandi en contra de Nelson Roberto Chela Toalombo
\n 72-2000 Jorge Ernesto Basantes\n en contra de José Manuel Gómez
\n 73-2000 Nélida Gladys\n Cobos Maldonado en contra de Angel Eduardo Malacatus Jiménez\n
\n 74-2000 María Esther\n Llamuca Vda. de Vargas en contra de Amelia Ochoa de Bustos
\n 8O-2000 Rosario Eufemia Toledo\n Parra en contra de Luis Aurelio Jerves Arias
\n 87-2000 Fausto René\n del Castillo en contra de Sofía América Rodríguez\n Galárraga
\n 89-2000 Jaime Arturo Romero Salto y otro en contra\n de Carlos Humberto Sumba Guaraca
\n 92-2000 María Abigail\n Gallardo Armas y otra en contra de Carlos Dammer y otra
\n 93-2000 Euclides Mideros Naranjo Sierra en contra\n de José Molina Coronel
\n 95-2000 Apolinario Chalota\n y otra en contra de Juan José Palate y otra
\n 96-2000 Marcos Peralta Cervantes\n en contra de Gladys Peralta Cervantes
\n 99-2000 Carlos Arturo Pazmiño Figueroa\n en contra de Luis Olmedo Arias Mantilla
\n 102-2000 Ana Lucía\n Torres Tapia en contra de Carlos Alberto Orrego Moncayo
\n 103-2000 Dr. Freddy Alfonso\n Ayala Murillo y otros en contra de Julio E. Montero Franco
\n 104-2000 Enma Otilia Cruz Cordero en contra de\n Segundo Guillermo Pineda Flores y otro
\n 109-2000 Banco de Guayaquil\n S.A. en contra del Dr. Jesús Tenesaca
\n 113-2000 Mariana Isabel Mendoza Mendoza y otros\n en contra de Gregorio Eladio Bravo Zambrano
\n 121-2000 Amalia Guillermina\n Santana Mosquera en contra de Daniel Eduardo Freire Maldonado\n
\n 122-2000 Rita Montesdeoca\n Vda. de Murillo en contra de Isabel Vélez Merchán\n de Tama
\n 132-2000 Nelson Valencia\n Olmedo en contra de Jorge Plata Viteri
\n 138-2000 Gloria María Salas Suárez\n en contra de Vicente Mayorga Gallardo
\n 139-2000 Gina Azucena Alarcón\n de Naranjo en contra de Manuel Guillermo Rodríguez Peñafiel\n y otro
\n 143-2000 Miguel Antonio Andrade\n Párraga en contra de Ana Auxiliadora Moreira Peláez\n de Loor y otro
\n 150-2000 Targelia González\n Orellana en contra de Carlos Enrique Silva Fernández
\n 151-2000 Límber Bonifacio\n Cárdenas Sánchez en contra de Norma Yolanda Cárdenas\n Villacreses
\n 161-2000 Luz Mélida\n Villacís Sánchez en contra de Pilar González\n Velasco y otros
\n Cantón Penipe: Que\n reglamenta la estabilidad y promoción del servidor público\n
\n Cantón Penipe: Para\n la adquisición de bienes muebles, la ejecución\n de obra y prestación de servicios no regulados por la\n Ley de Consultoría
\n A\n la publicación del Decreto Ejecutivo No. 610, publicado en el Registro Oficial No.\n 141 de martes 15 de agosto del 2000
\n A la publicación de la Orden\n Administrativa No. OA-DAC-00-033 de la Dirección\n General de Aviación Civil
\n A la publicación del Decreto\n Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión\n y la Participación Ciudadana), publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 144 del 18 de agosto del 2000
No. 103\n - A
Que, el penúltimo inciso del artículo 2 de la\n Ley de Contratación Pública, en concordancia con\n lo que prevé el artículo 4 del Reglamento Interno\n de Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas,\n publicado en el Registro Oficial No. 54 de 10 de abril del 2000,\n establece que los contratos cuyo objeto sea la ejecución\n de actividades de comunicación social destinadas a la\n información de las acciones del Gobierno Nacional y de\n las instituciones del sector público no se sujetan a la\n aplicación de la ley ibídem;
Que, a raíz de la promulgación de la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, nuestro\n país adoptó un nuevo sistema monetario, por lo\n que, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de\n Economía y Finanzas, debe informar a la sociedad ecuatoriana\n sobre el proceso de dolarización adoptado y todo lo que\n el mismo involucra, a fin de evitar inconvenientes a la ciudadanía\n y a la aplicación del nuevo sistema monetario;
En ejercicio de la facultad que le confieren el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República y el artículo 4. penúltimo inciso\n de la Ley de Contratación Pública,
Art. 1 - Delegar al Coordinador General del Ministerio de\n Economía y Finanzas a fin de que efectúe todos\n y cada uno de los procedimientos y gestiones que fueran necesarios\n para contratar la difusión por los distintos medios de\n comunicación, de la campaña de dolarizacíón\n emprendida por el Gobierno Nacional, incluido la adjudicación\n a la persona natural y/o jurídica que considere más\n conveniente a los intereses institucionales y la celebración\n del contrato correspondiente.
Art. 2. - El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su expedición.
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 13 de julio del 2000.
f) lng. Luis G. Iturralde M., Ministro de Economía\n y Finanzas.
f.) lng. Com. Luis A. Abarca Strong, Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.
N0 104\n - A
Que, el artículo 2 de la Ley de Contratación\n Pública, en concordancia con lo que prevé el artículo\n 4 del Reglamento Interno de Contrataciones del Ministerio de\n Economía y Finanzas, publicado en el Registro Oficial\n N0 54 de 10 de abril del 2000, establece que los contratos cuyo\n objeto sea la ejecución de actividades de comunicación\n social destinadas a la información de las acciones del\n Gobierno Nacional y de las instituciones del sector público\n no se sujetan a la aplicación de la ley ibídem;
Que, a raíz de la promulgación de la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, nuestro\n país adoptó un nuevo sistema monetario;
Que, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio\n de Economía y Finanzas, debe informar a la sociedad ecuatoriana\n sobre el proceso de dolarización adoptado y todo lo que\n el mismo involucra, a fin de evitar inconvenientes a la ciudadanía\n y a la aplicación del nuevo sistema monetario; y,
En ejercicio de la facultad que le confieren el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República y el artículo 4, penúltimo inciso\n de la Ley de Contratación Pública,
Art. 1. - Delegar al Coordinador General del Ministerio de\n Economía y Finanzas a fin de que efectúe todos\n y cada uno de los procedimientos y gestiones que fueran necesarios\n para contratar la impresión de trescientos mil afiches\n adhesivos destinados a difundir la campaña de dolarización\n emprendida por el Gobierno Nacional, incluido la adjudicación\n a la persona natural y/o jurídica que considere más\n conveniente a los intereses institucionales y la celebración\n del contrato correspondiente hasta por un monto que no exceda\n el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por\n el monto del presupuesto inicial del Estado del presente ejercicio\n económico.
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 14 de julio del 2000.
f) Ing. Com. Luís A. Abarca Strong, Secretario General\n del Ministerio de Economía y Finanzas.
No. SB\n - INSEF - 2000 - 0727
Que el señor Vicente Fabián Parra Guevara,\n ha presentado la solicitud y documentación\n respectivas para su calificación como auditor interno,\n el que reúne los requisitos exigidos en las normas reglamentarias\n pertinentes; y,
Artículo único. - Calificar al señor\n Vicente Fabián Parra Guevara, portador de la cédula\n de ciudadanía No. 060232839 - 5, para que pueda ejercer\n el cargo de auditor interno en las cooperativas de ahorro y crédito\n que realizan intermediación financiera con el público,\n sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito. Distrito Metropolitano,\n a los quince días del mes de agosto del año dos\n mil.
Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano, a los quince\n días del mimes de agosto del dos mil.
f) Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.
16 de agosto del 2000.
No. SB\n - INSEF - 2000 - 0728
Que según lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley\n General de Instituciones del Sistema Financiero, corresponde\n a la Superintendencia de Bancos calificar la idoneidad y experiencia\n del auditor interno;
Que en el Subtítulo III "Auditorías",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, consta\n el Capítulo II "Normas para la calificación\n de los auditores imitemos de las entidades sujetas al control\n de la Superintendencia de Bancos";
Que la señora Rita Lucía Lomas Paz, ha\n presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como auditora interna, la que reúne\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarías pertinentes;\n y,
Artículo único. - Calificar a la señora\n Rita Lucía Lomas Paz, portadora de la cédula de\n ciudadanía No. 100134869 - 5, para que pueda ejercer el\n cargo de auditora interna en las asociaciones, mutualistas de\n ahorro y crédito para la vivienda sujetas al control de\n la Superintendencia de Bancos.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los quince días del mimes de agosto del año dos\n mil.
Lo certifico. - Quito Distrito Metropolitano a los quince\n días del mes de agosto del dos mil.
f.) Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.
f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.
N0 55\n - 2000
\n ACTOR: Carlos Aguirre. D
\n DEMANDADO: Emerson Coral.
Quito, a 15 de febrero del 2000; a las\n 11h00.
VISTOS: En el juicio ordinario que por dinero sigue Carlos\n Aguirre en contra de Emerson Coral Tapia, el demandado interpone\n recurso de casación de la sentencia pronunciada por la\n Corte Superior de Justicia de Tulcán, que confirma la\n sentencia de primera instancia que acepta la demanda y ordena\n el pago del valor del cheque, los intereses y las costas. - Concedido\n el recurso ha subido la causa, correspondiendo\n por sorteo, su conocimiento a esta Sala. Para resolver se considera:\n PRIMERO. - El actor en el juicio ha contestado\n el traslado que se le dio con el recurso de casación,\n en los términos que constan del escrito presentado ante\n la Sala. - SEGUNDO. - El recurrente funda su impugnación\n en las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación,\n aduciendo que: "las normas de derecho que considero se han\n infringido son: Arts. 117, 118, 119, 126, 127, 144, 146 y 425\n del Código de Procedimiento Civil".- TERCERO. - La\n causal 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación se refiere\n a aplicación indebida, falta de aplicación o errónea\n interpretación de normas de derecho; y, la causal 3a se\n refiere a la valoración de la prueba, igualmente por indebida\n aplicación, falta de aplicación o errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos que rigen\n tal valoración. - CUARTO. - No cita en su recurso el impugnante\n norma alguna de derecho sustancial que es lo que caracteriza\n a la causal 1ª del Art. 3 ibídem, alegada como fundamento\n de la casación. Por tanto, incumple con el requisito formal\n 20 del Art. 6 de la Ley de Casación que, en forma obligatoria,\n exige su cumplimiento, razón por la cual la Sala no puede,\n saliéndose del marco de la causal alegada, entrar a conocer\n ni resolver cosa alguna con respecto a los cargos que se hacen\n a la sentencia por infracción de normas de derecho sustancial.\n - QUINTO. - En lo que respecta a la causal 38, si bien cita normas\n procesales, algunas de ellas referentes a los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, no precisa en\n forma clara y concreta la norma o normas violadas en la sentencia,\n los fundamentos en que se apoya y la incidencia o influencia\n que ha tenido sobre el fallo, de modo que permita individualizar\n concretamente el vicio que justifique la impugnación;\n pues, dado el carácter de extraordinario que tiene el\n recurso de casación, el Art. 6 de la ley de la materia,\n de manera imperativa, exige determinar los fundamentos en los\n que se apoya el recurso, señalando concreta y específicamente\n cada una de las disposiciones legales cuya infracción\n haya sido cometida en el fallo accionado, y el modo por el cual\n se ha incurrido en la violación, esto es por indebida\n aplicación, por falta de aplicación o por errónea\n interpretación de las normas sustantivas y adjetivas.\n Lo que hace el recurrente es una especie de alegato, pero no\n explica los fundamentos en los que se apoya su recurso. - SEXTO.\n -Sin embargo de lo dicho, la Sala considera que la prueba\n ha sido valorada correctamente por el Tribunal ad - quem,\n de acuerdo con las reglas de la sana crítica y los hechos\n sometidos a juicio, por lo que, el recurso de casación\n deviene improcedente. - Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se desecha el mencionado recurso. - Sin costas, ni multas. -\n Notifíquese.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros de la Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil.
f.) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.
La una foja que antecede es fiel copia de su original. Quito,\n 21 de junio del 2000.
N0 60\n - 2000
ACTORA: Martha Salinas.
\n DEMANDADO: Daniel Ocampo.
Quito, a 16 de febrero del 2000; a las\n 11h00.
VISTOS: En el juicio ordinario seguido por Martha Salinas\n en contra de Daniel Ocampo para que se declare "que hubo\n contraída la unión de hecho" entre actora\n y demandado, y "que dicho régimen dio origen a una\n sociedad de bienes", de la sentencia pronunciada por la\n Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja que, revocando\n el fallo de primera instancia, acepta la demanda y declara la\n existencia de cuasicontrato de comunidad o unión de hecho\n que dio origen a una sociedad de bienes entre Daniel Ocampo Soto\n y Martha Isabel Salinas Galves, el demandado interpone recurso\n de casación, el mismo que habiéndose concedido\n ha subido la causa, correspondiendo su conocimiento a esta Sala\n por el sorteo de ley. - Para resolver, se considera: PRIMERO.\n - La contraparte no ha dado contestación al traslado que\n se le dio con el recurso de casación. - SEGUNDO. - El\n recurrente funda la impugnación en la causal 1ª del\n Art. 3 de la Ley de Casación "por aplicación\n indebida y errónea interpretación de normas de\n derecho". Manifiesta que las normas de derecho que estima\n se han infringido en la sentencia recurrida, "entre otras",\n son: El Art. 7 del Código Civil, el Art. 119 de la Constitución\n Política del Estado y el artículo final de la ley\n que regula las uniones de hecho. - TERCERO. -De la fundamentación\n del recurso, claramente se establece que la alegación\n se contrae a la irretroactividad de la ley, pues manifiesta el\n recurrente que en el caso se ha aplicado la ley que regula las\n uniones de hecho con efecto retroactivo, violando el Art. 7 del\n Código Civil, que prescribe: "la ley no dispone sino\n para lo venidero, no tiene efecto retroactivo", ya que "se\n declara la existencia de una sociedad de bienes entre cuero de\n 1966 hasta el 15 de junio de 1976, cuando la ley que regula las\n uniones de hecho, y crea legalmente la figura jurídica\n conocida como "Sociedad de bienes", recién aparece\n publicada en el Registro Oficial N0 399 del 29 de diciembre de\n 1982" (SIC). Por tanto, este es el único aspecto\n que corresponde a este Tribunal de Casación analizar,\n en relación con la causal 1ª del Art. 3 de la ley\n de la materia, única causal alegada por el recurrente.\n - CUARTO. - El Art. 1 de la Ley N0 115, que regula las uniones\n de hecho, establece que: da origen a una sociedad de bienes,\n la unión de hecho estable y monogámica de más\n de dos años entre un hombre y una mujer libres de vínculo\n matrimonial. La "Disposición Transitoria" que\n consta al final de la referida ley dispone que: "Las uniones\n de hecho que a la fecha de vigencia de la presente ley reúnan\n las condiciones del Art. 1, se regirán por ella".\n Por manera que esta disposición transitoria consagra expresamente\n la excepción a la regla del Art. 7 del Código Civil\n que estatuye el principio de la irretroactividad de la ley. De\n esta forma, el fundamento del recurso de casación no procede\n y, por tanto, no existe en el caso "aplicación indebida"\n o "errónea interpretación" de las normas\n de derecho que aduce el recurrente han sido violadas en la sentencia\n materia del recurso. - Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se desecha el recurso de casación interpuesto. - Sin costas,\n ni multas. - Notifíquese.
N0 63\n - 2000
ACTORA: Clara Cortés.
\n DEMANDADA: Adelaida Arévalo.
Quito, a 24 de febrero del 2000; a las 08h11.
VISTOS: Clara Victoria Cortés Figueroa dice que desde\n el 4 de septiembre de 1977 tiene posesión tranquila, pacífica\n e ininterrumpida de un lote de terreno situado en la calle Hernán\n Cortés, entre Bolívar y Pedro Carbo, de la ciudadela\n Chirijos de la ciudad de Milagro. Con tales fundamentos, demanda\n a los propietarios de dicho inmueble, Adelaida Colombia Arévalo\n Mariscal y Santos Alberto Guevara Betancourt, pidiendo que se\n declare la prescripción adquisitiva de dominio a favor\n de ella. Se funda en los Arts. 622, 734, 2416, 2422, 2434, 2435,\n 2437 y más pertinentes del Código Civil. Concluye\n solicitando que se cuente con el Alcalde y Procurador Síndico\n del Municipio de Milagro. Los demandados se limitaron a negar\n los fundamentos de la demanda, y alegar falta de derecho de la\n actora. La señora Jueza Décima Cuarta de lo Civil\n de Milagro declara con lugar la demanda. La Cuarta Sala de la\n Corte Superior de Guayaquil confirma en todas sus partes la sentencia\n de primer nivel. Adelaida Colombia Arévalo Mariscal y\n Santos Alberto Guevara Betancourt han interpuesto recurso de\n casación contra el fallo pronunciado por dicho Tribunal.\n Invocan las causales Ira. y 3ra. del Art. 3 de la ley de la materia.\n Consideran violados los Arts. 734, 989, 2416, 2434 y 2435 del\n Código Civil, así como los Arts. 278, 219 y 178\n del Código de Procedimiento Civil. La contraparte no contestó\n el traslado. Con estos antecedentes, para resolver, se considera:\n PRIMERO. - El fallo impugnado encuentra que la actora, mediante\n prueba testimonial idónea, constituido por declaraciones\n de personas que les consta el particular, coincidentes en sus\n versiones y que dan suficiente razón de sus dichos, es\n decir prueba plena, ha demostrado la posesión pacífica,\n tranquila e ininterrumpida del lote de terreno materia de la\n demanda por un lapso mayor de 17 años, es decir, suficiente\n para adquirir por prescripción adquisitiva extraordinaria\n el dominio de dicho bien. - SEGUNDO. - La Cuarta Sala de la H.\n Corte Superior valora también la inspección ocular\n practicada al predio, así como el informe pericial presentado,\n que en cierta forma corrobora aquello que acredita la prueba\n testimonial rendida. - TERCERO. - Se refiere también a\n la prueba documental que presentan los demandados, a través\n de la cual dice que se trata de acreditar el dominio. Desde luego,\n no es la propiedad sino la posesión lo que se discute\n en esta clase de juicios. - Y, CUARTO. - De esta suerte, el fallo\n pronunciado en el segundo nivel aplica con arreglo a la ley todas\n las normas pertinentes, sin que pueda sostenerse que haya infringido\n ninguna de las normas que mencionan los recurrentes. Por lo expuesto,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se deniega el recurso de casación interpuesto.\n Sin costas, ni multa. Téngase en cuenta el nuevo casillero\n señalado por Santos Guevara para posteriores notificaciones.\n - Notifíquese.
La una foja que antecede es fiel copia de su original.
Quito, 21 de junio del 2000.
N°\n 65 - 2000
ACTOR: Cambiosur.
\n DEMANDADA: Olga González.
VISTOS: Olga María González Mora interpone recurso\n de casación de la sentencia expedida por la Primera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, que confirma el fallo\n dictado por el Juez de primer nivel que acepta la demanda, dentro\n del juicio ordinario por restitución de dinero que sigue\n en su contra Esperanza Cordero de Coronel, en su calidad de Gerente\n de CAMBIOSUR S.A. concedido el recurso ha subido la causa a la\n Corte Suprema de Justicia, habiendo correspondido su conocimiento,\n en virtud del sorteo legal a esta Tercera Sala de lo Civil y\n Mercantil, la misma que, para resolver, considera: PRIMERO. -\n La contraparte no ha contestado el traslado que se le hizo con\n el recurso deducido; SEGUNDA. - El recurso de casación\n es esencialmente formal, en especial en lo que se refiere .a\n la interposición del mismo, que está rodeado de\n importantes formalismos cuya omisión puede dar lugar a\n su rechazo; por lo que, tanto los requisitos formales prescritos\n en el Art. 6 de la Ley de Casación, como los sustanciales\n enumerados en el Art. 3 del citado cuerpo, legal son indispensables\n para su procedencia; TERCERO. -En el presente caso la recurrente\n se limita a señalar como normas que estima se han infringido\n en la sentencia las contenidas en los artículos 27, 118,\n 119, 121, 124,117 y 194 del Código de Procedimiento Civil,\n y 1742 del Código Civil, y dice fundamentar su recurso\n en las causales 1ª, y 3ª, del Art. 3 de la ley de la\n materia, pero no explica cómo se ha producido la "aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios en la sentencia que hayan sido determinantes en\n su parte dispositiva", ni cómo se ha producido la\n "aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, que hayan conducido\n a una equivocada aplicación o a la no aplicación\n de normas de derecho en la sentencia". - Por el contrario,\n se advierte que la prueba ha sido apreciada en su conjunto, en\n el fallo materia del recurso, de acuerdo con las reglas de la\n sana crítica, la misma que ha sido debidamente actuada\n y que por tanto hace fe en juicio. Por estas consideraciones,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto.\n Sin costas, ni multa. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Animando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.
Certifico. - f.) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.
Certifico. - f.) Secretaria Relatora.
N°\n 66 - 2000
ACTORES: Argelio Rodríguez y\n otra.
\n DEMANDADOS: Hernán Godoy y otra.
Quito, a 25 de febrero del 2000; a las\n 11h15.
VISTOS: En el juicio ordinario que por pago de dinero sigue\n Argelio Rafael Rodríguez y Zoila Angélica Rodríguez\n Valencia en contra de Hernán Vinicio Godoy Yaruscuan y\n Henma Fabiola Mena Pérez, los demandados interponen recurso\n de casación de la sentencia pronunciada por la Corte Superior\n de Justicia de Tulcán, que confirma la sentencia de primera\n instancia, en la que se declara el derecho de los actores al\n cobro de lo demandado, más los intereses y las costas.\n - Concedido el recurso ha subido la causa, correspondiendo, por\n el sorteo de ley, su conocimiento a esta Sala, la misma que,\n para resolver, hace las siguientes consideraciones: PRIMERO.\n - La contraparte no ha contestado el traslado que se le dio con\n el recurso de casación interpuesto. - SEGUNDO. - Los impugnantes\n fundan su recurso en la causal 1ª del Art. 3 de la Ley de\n Casación, aduciendo que: "existe en la sentencia\n materia del presente recurso una aplicación indebida de\n la norma legal; y, consiguientemente una errónea interpretación\n de las normas de derecho; especialmente en lo que hace referencia\n a la interpretación y aplicación de lo prescrito\n en el Art. 50 de la Ley de Cheques vigente, en concordancia con\n el Art. 41 de la misma Ley de Cheques" (SIC). - TERCERO.\n - La causal la. del Art. 3 de la Ley de Casación se refiere\n a aplicación indebida, falta de aplicación o errónea\n interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes\n jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan\n sido determinantes de su parte dispositiva. Por tanto, no es\n pertinente ni esclarecedor decir, como lo hacen los impugnantes,\n que se ha producido en la sentencia "una aplicación\n indebida de la norma legal" y, "consiguientemente una\n errónea interpretación de las normas de derecho",\n sin concretar, en forma clara y precisa, qué norma legal\n adolece de dichos vicios, para que el Tribunal de Casación\n esté en capacidad de examinarlos. Pero, como se citan\n los artículos 50 y 41 de la Ley de Cheques, entiende el\n Tribunal que es a estos artículos a los que se atribuye\n los vicios de indebida aplicación y errónea interpretación,\n por parte del Tribunal de instancia en la sentencia materia del\n recurso. - CUARTO. - Lo que se resuelve, tanto en el fallo de\n primera instancia como en el de segunda con la confirmatoria,\n es el derecho de los actores al cobro de cuatro millones quinientos\n mil sucres, más los intereses de ley, que los demandados\n les adeudan, para lo cual y como justificación de su derecho,\n se tiene en cuenta el cheque girado y el acta transaccional que\n dio origen al mismo. Por tanto, si la demanda no tuvo como fundamento\n legal la Ley de Cheques, no puede sostenerse, como lo hacen los\n impugnantes, aplicación indebida y errónea interpretación\n de los Arts. 41 y 50 de la mencionada ley. En consecuencia, el\n recurso de casación interpuesto, es improcedente. - Por\n estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deniega el mencionado\n recurso. - Sin costas, ni multas. - Notifíquese.
Certifico. - f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.
La una foja que antecede es fiel copia de su original. - Quito.\n 21 de junio del 2000.
N0 68\n - 2000
ACTOR: Banco La Previsora.
\n DEMANDADA: Carlota Giler.
Quito, a 25 de febrero del 2000; a las\n 11h00.
VISTOS: En el juicio verbal sumario que por pago de dinero\n sigue el abogado José Augusto Gómez Zambrano, en\n su calidad de Procurador Judicial del Banco La Previsora, en\n contra de Carlota Jesús Giler Lazz, la demandada interpone\n recurso de casación en contra de la sentencia pronunciada\n por la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Portoviejo,\n confirmatoria del fallo de primer nivel que acepta la demanda.\n Concedido el recurso ha subido la causa, habiendo correspondido\n su conocimiento, en virtud del sorteo legal, a esta Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia la misma\n que, para resolver, hace las consideraciones siguientes: PRIMERO.\n - La impugnante funda su recurso en las causales primera, segunda\n y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. Aduce que\n las normas que se han infringido en la sentencia son los Arts.\n 117, 121, 146 y 319 del Código de Procedimiento Civil;\n el Art. 13, numeral 9 de la Ley Sobre el Uso de Tarjetas de Crédito,\n publicada el 29 de agosto de 1995 y el Art. 192 de la Constitución\n Política de la República; SEGUNDO. - Dadas las\n características del recurso de casación que es\n especial y extraordinario, lo es también de admisibilidad\n restringida que exige, por lo mismo, el estricto cumplimiento\n de los requisitos sustanciales y formales previstos en los Arts.\n 3 y 6 de la ley de la materia, ya que su inobservancia trae como\n consecuencia la improcedencia del recurso; TERCERO. - Fui el\n presente caso. si bien la recurrente determina las causales y\n se citan, como infringidas en la sentencia varias normas del\n Código de Procedimiento Civil, así como de la Ley\n Sobre el Uso de Tarjetas de Crédito y aún de la\n Constitución Política de la República, no\n determina o precisa en forma clara y concreta la norma o normas\n violadas en la sentencia, los fundamentos en que se apoya y la\n incidencia o influencia que ha tenido sobre el fallo, de modo\n que permita individualizar concretamente el vicio que justifique\n la impugnación; pues, en forma general manifiesta la impugnante\n que se ha producido falta de aplicación de normas de derecho,\n de normas procesales y de preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba, sin tener en cuenta que\n el Art. 6 de la Ley de Casación de manera imperativa exige\n que se determine los fundamentos en que se apoya el recurso,\n señalando concreta y específicamente cada una de\n las disposiciones legales cuya infracción haya sido cometida\n en el fallo impugnado, y el modo por el cual se ha incurrido\n en la violación. En definitiva, lo que hace la recurrente\n es una especie de alegato, pero no explica los fundamentos en\n los que se apoya el recurso; CUARTO. - A pesar de lo dicho, examinada\n la sentencia de segundo nivel, que es materia de la casación,\n así como la prueba actuada en el proceso, este Tribunal\n de Casación llega a la conclusión que no existe\n falta de aplicación de normas de derecho en la sentencia,\n que hayan sido determinantes de su parte resolutiva, o de normas\n procesales hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado\n indefensión, o errónea interpretación de\n los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba. Por el contrario, es correcta la aplicación\n de las normas de derecho en las que se funda el fallo de segunda\n instancia, en concordancia con las normas de procedimiento atinientes\n a la violación de la prueba actuada. Por estas consideraciones,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto.\n Sin costas, ni multa. Notifíquese.
La una foja que antecede es fiel copia de su original. - Quito,\n 21 de junio del 2000.
Certifico. - f) Secretaria Relatora.
N0 69\n - 2000
ACTORA: María Amangandi.
\n DEMANDADO: Nelson Chela.
VISTOS: María Rosa Amangandi Amangandi dice que desde\n mayo de 1990 ha mantenido relaciones extramaritales con Nelson\n Roberto Chela Toalombo, como consecuencia de las cuales quedó\n embarazada y ante la irresponsabilidad de él se vio obligada\n a inscribir a su hijo con los apellidos de ella. Con tales antecedentes,\n y al amparo del Art. 266 del Código Civil, demanda a Nelson\n Roberto Chela Toalombo a fin de que se declare la paternidad\n respecto del hijo concebido como consecuencia de las relaciones\n habidas con él. El señor Juez Cuarto de lo Civil\n de Bolívar declara sin lugar la demanda. La H. Corte Superior\n de Justicia de Guaranda, revocando la decisión de primer\n nivel, declara que el menor Carlos Efraín Amangandi Amangandi\n es hijo de Nelson Roberto Chela Toalombo. El demandado ha\n interpuesto recurso da casación contra el fallo pronunciado\n por dicho Tribunal. Considera erróneamente interpretado\n el Art. 266 del Código Civil, así como que hay\n inexacta valoración de la prueba. La H. Corte Superior\n de Guaranda ha manifestado que... "el recurrente no apeló\n de la sentencia del Juez, ni se adhirió al mismo, niega\n el recurso deducido. En estas circunstancias, Nelson Roberto\n Chela ha interpuesto el recurso de hecho, en virtud del\n cual los autos han llegado a esta Sala. Con estos antecedentes,\n para resolver, se considera: PRIMERO. - La contraparte no ha\n satisfecho el traslado. - SEGUNDO. - No procede la negativa del\n recurso de casación, porque el artículo invocado\n (4) se refiere al caso en que... "la resolución del\n superior haya sido totalmente confirmatoria...", y en el\n caso es revocatoria. - TERCERO. - El autor de la impugnación\n omite uno de los requisitos formales que debía hacer constar\n en forma obligatoria en el escrito de interposición del\n recurso, esto es: "La determinación de las causales\n en que se funda", omisión que descalifica el recurso\n en los términos del Art. 7 ibídem. - CUARTO. -\n No obstante lo que queda anotado y como el recurrente habla de\n inexacta valoración de la prueba, cabe dejar constancia\n de que el fallo impugnado valora en debida forma la prueba testimonial\n rendida por la actora, así como la confesión ficta\n en que incurre el demandado. Además los autos revelan\n que, éste pregunta a sus testigos si es verdad que dentro\n del periodo legal de la concepción (octubre de 1991 a\n mayo de 1992) se ha encontrado residiendo en Pedro Moncayo de\n la provincia de Pichincha, mientras que a fojas 7, en evidente\n contradicción, sostiene que en ese lapso vivía\n en el Oriente, en Puerto Quito, lo cual repite a fojas 13 del\n cuaderno de segunda instancia. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se niega el recurso de hecho y el de casación. Sin costas,\n ni multa. Notifíquese.
N0 72\n - 2000
ACTOR: Jorge Basantes.
\n DEMANDADO: José Gómez.
Quito, a 25 de febrero del 2000.
VISTOS: Dentro del juicio verbal sumario que por terminación\n de contrato de arrendamiento sigue Jorge Ernesto Basantes en\n contra de José Manuel Gómez, el demandado interpone\n recurso de casación contra la sentencia pronunciada por\n la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito (fs.\n 7 del cuaderno de segunda instancia) que, revocando la de primer\n nivel, acepta la demanda y, en consecuencia, declara terminado\n el contrato de arrendamiento verbal celebrado por las partes,\n ordenando que el demandado desocupe y entregue los locales arrendados\n y pague al actor las pensiones vencidas y que se vencieren. Concedido\n el recurso, se ha elevado la causa, habiendo correspondido su\n conocimiento, en virtud del sorteo legal, a esta Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la asma\n que, para resolver, hace las consideraciones siguientes: PRIMERO.\n - La contraparte no ha dado contestación al traslado\n que se le hizo con el recurso; SEGUNDO. - El recurrente considera\n que en la sentencia se han infringido los artículos 104,\n 110, 117, 118, 120, 126, 144, 273 y 277 del Código de\n Procedimiento Civil, y el Art. 618 del Código Civil. Invoca\n las causales tercera y cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación;\n TERCERO). - El recurso extraordinario de casación tiene\n características propias y diferentes a los recursos ordinarios,\n pues no se trata de un recurso de apelación ni de un alegato\n de instancia, sino que el escrito de interposición debe\n contener los fundamentos en los que se basa el recurso, así\n lo determina de manera obligatoria el Art. 6 de la ley de la\n materia en su numeral 4to., requisito sin el cual el Tribunal\n de Casación difícilmente puede realizar el análisis\n de las normas que el recurrente estima se han infringido, por\n lo que además de determinar la norma violada e individualizar\n el vicio o el error en que incurrió la sentencia impugnada,\n debe expresar el motivo: "Indicando en qué consisten\n la violación, la facultad o el error" y "Para\n cumplir este aspecto el recurrente debe impugnar idóneamente\n los elementos que sustentan el fallo, explicando en base a los\n presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido\n la infracción, cuál es su influencia en el dispositivo\n y cómo y por qué ésta debe variar"\n (Fernando de la Rúa. La Casación Civil en el Derecho\n Positivo Argentino, Págs. 463 - 464); CUARTO. - En el\n escrito de impugnación, en lo que respecta a la causal\n 3a. del Art. 3 de la Ley de Casación, no se precisa ni\n concreta cómo la valoración de la prueba que se\n hace en la sentencia ha incurrido en violación de las\n normas procesales que cita, lo que sucede sólo cuando\n el Juez o Tribunal ha dado por establecidos los hechos\n violando las disposiciones legales que reglan la prueba y porque\n los hechos deben ser comprobados con arreglo a la ley y a los\n medios probatorios establecidos en ella; y, en el caso, lo que\n hace la Segunda Sala de la Corte Superior de Quito en la sentencia\n impugnada es aplicar correctamente la ley en cuanto a establecer\n que el demandado no ha justificado el pago de las pensiones arrendaticias,\n que es la causa para la terminación del contrato de arrendamiento;\n QUINTO. - En cuanto a la causal cuarta, no hay base para alegar\n que en la sentencia se haya resuelto... "lo que no fuera\n materia del litigio o que se haya dejado de resolver en ella\n todos los puntos de la litis"; advirtiéndose, en\n definitiva, que el fallo impugnado no ha incurrido en ninguna\n de las causales que menciona el recurrente. Por lo expuesto,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se deniega el recurso de casación interpuesto.\n Sin costas, ni multa. Notifíquese.
N0 73\n - 2000
ACTORA: Nélida Cobos.
\n DEMANDADO: Angel Malacatos.
Quito, a 25 de febrero del 2000; a las\n 10h20.
VISTOS: Nélida Gladys Cobos Maldonado, interpone recurso\n de casación contra la sentencia pronunciada por la Segunda\n Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Loja que, revocando\n el fallo de primera instancia, declara sin lugar la demanda,\n dentro del juicio ordinario que ella propusiera contra Angel\n Eduardo Malacatus Jiménez para que se conceda a su favor\n y el de sus hijos Cristian Eduardo, Paúl Nicandro y Glenda\n Maribel Malacatus Cobos el derecho real de uso y habitación\n de una casa situada en la urbanización Las Pitas, jurisdicción\n de la parroquia El Valle del cantón y provincia de Loja.\n Concedido el recurso ha subido la causa, correspondiendo su conocimiento,\n en virtud del sorteo legal, a esta Tercera Sala de lo Civil y\n Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que, para\n resolver, considera: PRIMERO. - en su escrito de casación\n Nélida Gladys Cobos Maldonado manifiesta que "La\n norma de derecho infringida es la Ley 43, Suplemento al Registro\n Oficial 256 del 18 de agosto de 1989, en relación con\n los principios universales del Derecho Social". Funda su\n recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación;\n SEGUNDO. - La referida causal se refiere a aplicación,\n in

References: artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
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 resolución