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Timestamp: 2014-10-20 21:08:52+00:00

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Resolución nº 00/2346/2007 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 28 de Abril de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 63924198
En la Villa de Madrid, en la fecha arriba indicada (28/04/2009), y en las reclamaciones económico-administrativas en única instancia, en virtud del artículo 229.1.b) de la Ley 58/2003 General Tributaria, que penden ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuestas por D.ª ... en representación de X, S.A., con NIF: ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Liquidación de la Dirección General de (...) de la Comunidad Autónoma ... de fecha 2 de marzo de 2007 (referencia ...), por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados correspondiente a una operación de compraventa de fecha 14 de octubre de 2002, acuerdo del que resulta una cantidad a ingresar de 349.685,71 euros; y contra Acuerdo de imposición de sanción derivado de las actuaciones anteriores (referencia ...) por la comisión de una infracción tributaria leve, resultando una sanción a ingresar de 108.490,97 euros. ANTECEDENTES DE HECHO
Acerca de esta operación de compraventa, en fecha 10 de agosto de 2006 se inician actuaciones inspectoras de comprobación e investigación por el Servicio Territorial de Hacienda de la Delegación Territorial de ... de la Comunidad Autónoma ... En fecha 30 de noviembre de 2006 se incoa acta de disconformidad por el ejercicio 2002 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Entiende la Inspección que la finca transmitida no se encontraba afecta a ninguna actividad empresarial, estando integrada en el Proyecto de Actuación del Sector Área ... del P.G.O.U. de ... De la información recabada se deduce que si bien los transmitentes atendieron a la primera derrama por los servicios de gestión y los gastos en que ha incurrido la Junta de Compensación hasta la fecha de la transmisión, en ningún caso hacen referencia a la preparación material del suelo para la construcción de viviendas, siendo todos los pagos referidos a estados previos como escrituras, Registro de la Propiedad, gastos financieros... etc; según criterio del Tribunal Supremo y la Administración Tributaria, para que el vendedor sea sujeto pasivo del IVA como urbanizador es necesario que a la fecha de venta hubiesen comenzado efectivamente las obras de urbanización de los terrenos y se hubiesen repercutido al propietario la parte que le correspondiese de los costes de urbanización. Por ello, considera la Inspección que la operación debe tributar por ITP y AJD, y no por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
SEGUNDO: La primera cuestión sobre la que debemos pronunciarnos, hace referencia a la condición de sujeto pasivo de IVA de la parte vendedora, por el hecho de ser diversas personas propietarios de unos terrenos, aportarlos a una Junta de Compensación de naturaleza fiduciaria, que dichos terrenos sean objeto de un proceso urbanizador y que éstos sean transmitidos por parte de sus titulares. La ley del IVA, define en su artículo 84 el concepto de sujeto pasivo en las operaciones que supongan entregas de bienes conforme a los siguientes términos: "Uno. Serán sujetos pasivos del impuesto: 1º Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes (...)." Y la condición de empresario o profesional a efectos del impuesto se tiene cuando se dan las circunstancias recogidas en el artículo 5 de la mencionada Ley:
"Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente."
En los procesos urbanizadores que se realizan bajo el sistema de compensación en los que la Junta constituida tiene el carácter de fiduciaria, no se produce la transmisión material del terreno a la Junta, por lo que la titularidad del mismo es mantenida por el juntacompensante. Así, la Junta actúa por cuenta de sus miembros, que son quienes realmente se consideran empresarios, al urbanizar los mencionados terrenos. Se trata ésta de una cuestión pacífica en la doctrina administrativa reiteradamente expuesta por este Tribunal y también mantenida por la propia jurisprudencia de nuestro alto Tribunal, pudiendo deducirse claramente de numerosas sentencias, como la de 19 de abril de 2003 o la de 8 de noviembre de 2004. Y en el mismo sentido se ha manifestado la Dirección General de Tributos a lo largo del tiempo, como en las recientes resoluciones vinculantes del año 2005 y números 1175 y 1177.
No obstante, en este caso debemos analizar cuando se adquiere la condición de empresario a efectos de IVA y si a la fecha en que se efectúa la transmisión de los terrenos, se había adquirido esta cualidad por los vendedores. Así, como señala el Acta suscrita por la Inspección, la compraventa realizada se efectúa mediante escritura pública de 14 de octubre de 2002, y las derramas pagadas hasta esa fecha por los vendedores no responden más que a gastos de escrituras, Registro de la Propiedad y otros gastos previos, sin que hubiesen comenzado efectivamente las obras de urbanización de los terrenos y sin repercutir coste alguno por obras materiales a los propietarios del terreno. Frente a esto, la reclamante alega que no es cierto que el 14 de octubre de 2002 no se hubiesen iniciado las obras de transformación del terreno, aun cuando no se hubiese pagado derrama alguna por las obras realizadas.
De acuerdo con el artículo 105.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Este principio es interpretado por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de enero de 1992, en el sentido de que "cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma, cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor". En este sentido, este Tribunal entiende que los anteriores criterios han de conjugarse con los de normalidad y facilidad probatoria, "de manera que la carga de la prueba ha de atribuirse a aquella parte más próxima a las fuentes de prueba, y para la cual resulta de extrema sencillez la demostración de los hechos controvertidos". En la vía económico-administrativa rige el principio de "interés" en la prueba, según el cual las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de la prueba irán a cargo de la parte a la que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración, salvo que legalmente se disponga lo contrario, mediante algún tipo de ficción, presunción o "relevatio ab onere probandi". En el presente caso, X, S.A. ha acreditado que en la fecha en que se realizó la compraventa ya se habían iniciado las obras materiales de transformación del suelo, entendiendo este Tribunal que el inicio de tales obras es suficiente para otorgar a los vendedores el carácter de urbanizadores aun cuando no hayan pagado derrama alguna por dichas obras.
"39. A la luz del contexto del artículo 5.º, apartado 8, de la Sexta Directiva y del objetivo de ésta, tal como se describen en los apartados 36 a 38 de la presente sentencia, queda de manifiesto que esta disposición está encaminada a permitir a los Estados miembros facilitar las transmisiones de empresas o partes de empresas, simplificándolas y evitando sobrecargar la tesorería del beneficiario con una carga fiscal desmesurada que, en cualquier caso, recuperaría posteriormente mediante una deducción del IVA soportado. 40. Habida cuenta de esta finalidad, el concepto de «transmisión, a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una sociedad, de una universalidad total o parcial de bienes» debe interpretarse en el sentido que comprende la transmisión de un establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión de bienes, como la venta de existencias. 41. En efecto, como el Abogado General señaló correctamente en el punto 39 de sus conclusiones, está justificado un tratamiento especial en estas circunstancias, puesto que es posible que el importe del IVA que debe anticiparse por la transmisión sea especialmente elevado en comparación con los recursos de la empresa de que se trate. 42. En segundo lugar, por lo que respecta a la utilización que el beneficiario debe hacer de la universalidad de bienes transmitida, resulta obligado señalar que el artículo 5.º, apartado 8, de la Sexta Directiva no contiene ningún requisito expreso relativo a tal utilización. 43. En cuanto a la circunstancia, prevista en ese apartado 8, de que el beneficiario continúe la personalidad del cedente, debe estimarse que, como acertadamente señala la Comisión, del tenor literal de dicho apartado se desprende que esta continuación no constituye un requisito para la aplicación de éste, sino una mera consecuencia del hecho de considerar que no ha tenido lugar ninguna entrega de bienes. 44. Ciertamente, cabe deducir de la finalidad del artículo 5.º, apartado 8, de la Sexta Directiva y de la interpretación del concepto de «transmisión, a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una sociedad, de una universalidad total o parcial de bienes» que se desprende de ésta, según resulta del apartado 40 de la presente sentencia, que las transmisiones a que se refiere esta disposición son aquellas cuyo beneficiario tiene la intención de explotar el establecimiento mercantil o la parte de la empresa transmitida y no simplemente de liquidar de inmediato la actividad en cuestión así como, en su caso, vender las existencias. 45. En cambio, el artículo 5º, apartado 8, de la Sexta Directiva no exige en modo alguno que, con anterioridad a la transmisión, el beneficiario ejerza el mismo tipo de actividad económica que el cedente. 46. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 5.º, apartado 8, de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha hecho uso de la facultad, conferida por la primera frase de dicho apartado, de considerar que, a efectos del IVA, la transmisión de una universalidad de bienes no supone la realización de una entrega de bienes, esta regla de la no entrega se aplica -sin perjuicio de una eventual utilización de la posibilidad de limitar tal aplicación en las condiciones previstas en la segunda frase del mismo apartado- a toda transmisión de un establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma. El beneficiario de la transmisión, no obstante, debe tener la intención de explotar el establecimiento mercantil o la parte de la empresa transmitida y no simplemente de liquidar de inmediato la actividad en cuestión así como, en su caso, vender las existencias." Por tanto, para la aplicación del supuesto de no sujeción del art. 7.1.a) de la Ley del IVA deben quedar claras dos cuestiones:
"20.º Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas, que sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria, y los destinados exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público. A estos efectos, se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y demás normas urbanística, así como los demás terrenos aptos para la edificación por haber sido ésta autorizada por la correspondiente licencia administrativa.
La exención no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos, aunque no tengan la condición de edificables: a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización, realizadas por el promotor de la urbanización, excepto los destinados exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público. b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de construcción o terminadas cuando se transmitan conjuntamente con las mismas y las entregas de dichas edificaciones estén sujetas y no exentas al impuesto. No obstante, estarán exentas las entregas de terrenos no edificables en los que se hallen enclavadas construcciones de carácter agrario indispensables para su explotación y las de terrenos de la misma naturaleza en los que existan construcciones paralizadas, ruinosas o derruidas".

References: artículo 229
 artículo 84
 artículo 5
 artículo 105
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
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