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Timestamp: 2020-02-21 23:39:09+00:00

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Parte 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRÁFICO
NULIDAD O LESIVIDAD Y PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CONDUCIR: PROCEDIMIENTO, DECLARACIÓN Y EFECTOS. REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN. MEDIDAS CAUTELARES. RECURSOS POSIBLES EN ESTA MATERIA. EL PERMISO POR PUNTOS. CONCEPTO Y NATURALEZA. ANTECEDENTES. DERECHO COMPARADO. LEGISLACIÓN. LOS CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL. PÉRDIDA DE VIGENCIA POR AGOTAMIENTO DEL SALDO DE PUNTOS.
NULIDAD O LESIVIDAD Y PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CONDUCIR: PROCEDIMIENTO, DECLARACIÓN Y EFECTOS.
Nulidad: concepto, supuestos en que procede y procedimiento.
Anulabilidad: concepto, supuestos en que procede y procedimiento.
Diferencias básicas entre Nulidad y Anulabilidad.
Efectos de la renuncia de derechos en el curso de los procedimientos de nulidad y anulabilidad.
Pérdida de vigencia: concepto, tipos, procedimiento y efectos.
Desaparición de alguno de los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Pérdida total de los puntos asignados.
Pena de privación del derecho a conducir superior a 2 años.
REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN.
Pérdida total del saldo de puntos.
MEDIDAS CAUTELARES: SUSPENSIÓN CAUTELAR E INTERVENCIÓN:
RECURSOS POSIBLES EN ESTA MATERIA.
5. EL PERMISO POR PUNTOS. CONCEPTO Y NATURALEZA
8.1 Requisito de vigencia del permiso de conducir
8.2 Crédito inicial de puntos y comisión de infracciones
8.3 Bonificaciones de puntos
8.4 Recuperación parcial de puntos
8.5 Pérdida total de puntos
8.6 Régimen especial para conductores profesionales
8.7 Infracciones que detraen puntos
8.8 Efectos administrativos de condenas penales que implican privación del 9.9 derecho a conducir
9 LOS CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL
9.1 Objetivos de los cursos
9.2 Contenido de los cursos
9.3 Coste de los cursos
9.4 Personal que imparte los cursos
10 PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE VIGENCIA (PV) POR AGOTAMIENTO DEL SALDO DE PUNTOS
1. NULIDAD O LESIVIDAD Y PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CONDUCIR: PROCEDIMIENTO, DECLARACIÓN Y EFECTOS
Debido a que la conducta del hombre interviene de manera decisiva en el tráfico y con el fin de garantizar la seguridad vial en beneficio de la integridad física de las personas y de los bienes, se hace necesario limitar el derecho a la libertad de circulación garantizada por la CE, art 19, tutelando así el interés general y haciendo compatible el derecho de todos a la utilización de las vías públicas.
El Estado interviene en la esfera jurídica de los ciudadanos en una doble vertiente: el establecimiento previo de una prohibición para el ejercicio de un derecho, para después removerlo mediante el correspondiente acto de autorización una vez que se han acreditado los requisitos para su otorgamiento.
Este carácter lo reconoce la Base Sexta de la Ley 18/89, de 29 de julio de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, al indicar que se somete al régimen de autorización administrativa previa entre otras actividades la conducción de vehículos a motor.
En desarrollo de dicha Base Sexta, se pronuncia en parecidos términos el Texto Articulado de la LSV, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, en su capítulo II de las autorizaciones para conducir. Y finalmente el RGCo aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, dedica su Título I a las autorizaciones administrativas para conducir.
Nuestro derecho positivo a través del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, sobre adecuación a la LRJPAC, de las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, ofrece una definición de autorización en su artículo 1.2 al disponer que son “todos aquellos actos administrativos, cualquiera que sea su denominación específica, por los que, en uso de una potestad de intervención legalmente atribuida a la Administración se permite a los particulares el ejercicio de una actividad, previa comprobación de su adecuación al ordenamiento jurídico y valoración del interés público afectado”.
1.2 ASPECTOS TERMINOLÓGICOS
Sobre la base de lo dispuesto en el art. 57.1 LRJPAC, la expedición de la autorización administrativa para conducir, como cualquier acto administrativo, se presume válido y producirá efectos desde la fecha en que se dicte.
Sin embargo, ese acto administrativo puede adolecer de vicios o defectos que lo hagan inválido y, por tanto, contrario a Derecho, en tanto no cumpla determinados requisitos que nuestro propio Derecho positivo se encarga de diseñar: competenciales, formales, materiales, procedimentales...
En función del momento en que se produzca esa falta de adecuación de la autorización para conducir al modelo normativo configurado por nuestro ordenamiento jurídico se puede hablar de dos tipos de invalidez: originaria y derivativa.
Invalidez Originaria:
Es aquella que se produce en el momento mismo del otorgamiento de la autorización, por ejemplo, porque no ha superado las pruebas de aptitud establecidas reglamentariamente, o porque se ha procedido al canje de un permiso de conducción expedido por un país no perteneciente a la Unión Europea con el que España no ha suscrito un Convenio para el canje y reconocimiento recíproco de permisos de conducción.
En este caso se habla de nulidad y anulabilidad o lesividad desde la perspectiva de la Administración.
Invalidez Derivativa:
Este tipo de invalidez se caracteriza porque se produce en un momento posterior al del otorgamiento de la autorización. La autorización para conducir era válida en el momento de su expedición pues el aspirante reunía todos los requisitos que la normativa actual exige, sin embargo con posterioridad sobrevienen circunstancias que lo hacen inválido. Y es que los requisitos de validez del permiso de conducción deben darse no sólo en el momento de su otorgamiento sino también durante su vigencia.
Así, como supuesto de invalidez sobrevenida del permiso de conducción, puede darse que el interesado deje de reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para la clase de permiso de que se trate: titular de un permiso de conducción de la clase A que sufre amputación de un brazo.
Aquí se hablará de revocación o pérdida de vigencia.
Veamos por separado cada uno de estos supuestos de nulidad, lesividad y pérdida de vigencia.
1.3 NULIDAD: CONCEPTO, SUPUESTOS EN QUE PROCEDE Y PROCEDIMIENTO.
Se dice de un acto o negocio que es nulo, con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando su ineficacia es intrínseca y por ello carece ab initio (desde el principio) de efectos jurídicos. Este máximo supuesto de invalidez comporta una serie de consecuencias:
Ineficacia inmediata, ipso iure, del acto
Carácter general o erga omnes de la nulidad
Imposibilidad de sanarlo por prescripción o confirmación.
Para el estudio de la nulidad de pleno derecho en el ámbito jurídico-administrativo de las autorizaciones administrativas para conducir, se ha de distinguir dos cuestiones: los supuestos en que procede acordarla y el procedimiento para su declaración.
El art. 63.1 LSV, indica que las autorizaciones administrativas que regula podrán ser objeto de declaración de nulidad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 62 de la LRJPAC.
En el escalón reglamentario lo precisa el art. 34 del RGCo, a tenor del cual, las autorizaciones para conducir podrán ser objeto de declaración de nulidad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el art. 62 de la LRJPAC.
Por tanto, la autorización administrativa para conducir es nula de pleno derecho cuando incurra en alguno de los supuestos específicos que contempla el art. 62 de la LRJPAC, a saber:
El presupuesto de hecho habilitante de la declaración de nulidad de la autorización administrativa para conducir lo constituye la incursión en alguno de los supuestos de nulidad que indica este art. 62 LRJPAC, básicamente los mencionados en los apartados 2, 4, 5 y 6.
El art. 63.2 LSV determina que el procedimiento de declaración de nulidad se ajustará a lo dispuesto en el Título VII, capítulo I, de la LRJPAC, concretamente a su art. 102, del cual habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
Las Administraciones Públicas podrán, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, si lo hubiera, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos enumerados en el art. 62, que hayan puesto fin a la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.
El procedimiento de revisión de oficio, fundado en una causa de nulidad, se instruirá y resolverá de acuerdo con las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos (Título VI LRJPAC, Inicio, instrucción, finalización,..)
En todo caso, concreta este art 102, por lo que respecta a la resolución, varias cuestiones:
Requiere dictamen previo del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
No es susceptible de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de la competencia del órgano jurisdiccional contencioso administrativo.
Además, en la misma resolución por la que se declara esa nulidad, la Administración podrá establecer las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados si se dan las circunstancias previstas en los arts 139.2 y 141.1. Según el art.139.2 el daño alegado deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Por su parte el art. 141.1 señala que sólo serán indemnizables las lesiones producidas a los particulares provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
En el ámbito de las autorizaciones administrativas para conducir expedidas por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, es competente para su resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 16ª de la LOFAGE, el Director General de Tráfico.
1.4 ANULABILIDAD: CONCEPTO, SUPUESTOS EN QUE PROCEDE Y PROCEDIMIENTO.
En el segundo grado de la escala de los vicios de los actos administrativos está la anulabilidad que implica la retirada de un acto por motivos de legalidad produciendo efectos hasta tanto la anulación sea declarada.
Tratándose de las autorizaciones administrativas para conducir, el estudio de la anulabilidad requiere, como se hiciera con la nulidad, la consideración de dos cuestiones: los supuestos que pueden dar lugar a su declaración y el procedimiento legal al que debe ajustarse.
El art. 63.1 LSV, indica que las autorizaciones administrativas que regula podrán ser objeto de declaración de lesividad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 63 de la LRJPAC.
En el escalón reglamentario lo precisa el art. 34 RGCo, a tenor del cual, las autorizaciones para conducir podrán ser objeto de declaración de lesividad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el art. 63 de la LRJPAC.
De acuerdo con este art. 63 de la LRJPAC son anulables:
Los actos de las Administraciones Públicas que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.
El art. 63.2 LSV determina que el procedimiento de declaración de lesividad se ajustará a lo dispuesto en el Título VII, capítulo I, de la LRJPAC, concretamente a su art. 103, del cual habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
Plazo de 2 meses desde la declaración de lesividad.
Recurso contencioso-administrativo de lesividad (art. 45.4 y 46.5 LJCA)
La circunstancia que caracteriza este recurso es la rotación de las posiciones de las partes procesales respecto de la hipótesis común, puesto que aquí es la Administración la que ocupa la posición actora, al impugnar el acto declarado lesivo, mientras que el destinatario del acto favorable que se impugna, es decir, aquél a quien el acto favorece y el éxito de la pretensión ejercitada en la demanda perjudicaría, pasa a ocupar la posición del demandado.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 LRJPAC.
En el ámbito de las autorizaciones administrativas para conducir expedidas por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, es competente declarar la lesividad del acto, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 16ª de la LOFAGE, el Director General de Tráfico.
1.5 DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD Y ANULABILIDAD.
A la vista de la regulación legal expuesta cabe en este momento plantear cuales son las principales diferencias entre uno y otro tipo de invalidez originaria:
Los actos nulos, dada la gravedad del vicio que les afecta, carecen inicial y perpetuamente de efectos, por ello la declaración de nulidad origina efectos “ex tunc” (desde siempre), siendo meramente declarativa. En cambio los actos anulables producen efectos en tanto no sean anulados siendo en consecuencia válidos los efectos producidos entre la fecha en que el acto se dictó y la fecha de declaración de la anulabilidad. Así la declaración de anulabilidad produce efectos “ex nunc” (desde ahora) siendo constitutiva.
La nulidad de pleno derecho implica una acción de nulidad a favor de los interesados junto a la posibilidad de revisión de oficio en cualquier momento. En el caso de la anulabilidad, la Administración no puede revisar de oficio los actos administrativos, lo que procede es que la Administración declare la autorización administrativa para conducir lesiva para el interés público (ya que se trata de un acto favorable), a fin de proceder a su posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Los actos nulos pueden revisarse de oficio o a instancia de parte, mientras que los actos anulables sólo pueden ser declarados lesivos de oficio por la propia Administración (no obstante cabe el derecho de petición por parte de un tercero instando la declaración de lesividad).
De la nulidad se predica su imposibilidad de convalidación (art. 67 LRJPAC), en cambio en la anulabilidad cabe la convalidación subsanando los vicios de que adolezca.
1.6 EFECTOS DE LA RENUNCIA DE DERECHOS EN EL CURSO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD Y ANULABILIDAD.
En nuestro ordenamiento jurídico está contemplada, en distintas normas, la renuncia a ciertos derechos, estableciendo unos límites necesarios para que pueda ser admitida. Así, por ejemplo, el artículo 6, apartado 2, del Código Civil, establece que “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”.
Asimismo, el artículo 90, apartado 1, de la LRJPAC, en relación con el artículo 87 del mismo texto legal, y en el ámbito de las formas de terminación del procedimiento, establece que “Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe la posibilidad de que en el curso de los procedimientos de declaración de nulidad o lesividad de una autorización administrativa para conducir, se produzca la renuncia expresa y por escrito al permiso del que se es titular.
El permiso de conducción es en muchas ocasiones una condición necesaria para el desempeño de determinados puestos de trabajo, por eso en determinados casos, el administrado, que es conocedor del vicio de nulidad o anulabilidad de su permiso, renuncia a éste con el objetivo, de que se terminen sin dilación los procedimientos iniciados, y así poder presentarse sin demora a la realización de las pruebas para la obtención del permiso que corresponda.
La renuncia por ello podrá tener como consecuencia la terminación del procedimiento iniciado, revocando de oficio el permiso al que se haya renunciado.
1.7 PÉRDIDA DE VIGENCIA: CONCEPTO, PROCEDIMIENTO Y EFECTOS.
Como ya se indicó más arriba, expedida la autorización administrativa para conducir con todos los requisitos legales, puede ocurrir que en un momento posterior a su otorgamiento devenga contraria al modelo normativo configurado por el ordenamiento jurídico por la concurrencia de determinas circunstancias.
Así, el art. 63.3 LSV contempla un supuesto de invalidez sobrevenida de la autorización administrativa para conducir “la vigencia de las autorizaciones administrativas reguladas en este título estará subordinada a que se mantengan los requisitos exigidos para su otorgamiento”.
De tal manera que si tales requisitos desaparecen, la Administración puede ejercer sus poderes revocatorios. “La Administración podrá declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones reguladas en este Título cuando se acredite la desaparición de los requisitos sobre conocimientos, habilidades, aptitudes psicofísicas exigidas para el otorgamiento de la autorización” (63.4 LSV)
En su redacción originaria antes de la reforma efectuada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, este art. 63.4 LSV utilizaba el concepto de “revocación”. Sin embargo, esta modalidad de revocación no se adecuaba al régimen jurídico de revocación que contempla el art. 105.1 LRJPAC que se refiere a actos de gravamen o desfavorables para los interesados, carácter que obviamente no corresponde a las autorizaciones para conducir por su naturaleza favorable a su titular.
Por su parte el artículo 63.6 de LSV contempla el caso de la perdida de vigencia como consecuencia de la perdida de la totalidad de puntos asignados. Así indica que “La Administración declarará la pérdida de vigencia de la autorización para conducir cuando su titular haya perdido la totalidad de los puntos asignados, como consecuencia de la aplicación del baremo recogido en el anexo II”.
Como veremos a continuación, se han configurado dos procedimientos distintos para acordar la pérdida de vigencia de una autorización administrativa para conducir en función de si el motivo causante de la misma es el recogido en el art. 63.4 (la desaparición de los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas exigidas para el otorgamiento de la autorización), o el en el art. 63.6 de la LSV (perdida de la totalidad de puntos asignados).
Por último debemos tratar la perdida de vigencia que se produce como consecuencia de la imposición de una pena de privación del derecho a conducir superior a 2 años. Fue la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, la que incorporó un párrafo al artículo 47 que establece que “Cuando la pena impuesta lo fuere por tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia…que habilite para la conducción…”.
1.7.1 Desaparición de los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas exigidas para el otorgamiento de la autorización. Art 63.3 LSV
El art. 36 del RGCo contiene una regulación detallada del procedimiento de pérdida de vigencia; regulación que debe ser completada con la LRJPAC y demás normas aplicables. Las fases más importantes de dicho procedimiento son las que siguen:

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 62
 resolución 
 artículo 63
 artículo 84
 artículo 6
 artículo 90
 artículo 87
 artículo 63
 artículo 47