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Timestamp: 2019-08-23 18:03:52+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 564, de 08/05/2014
cve: DSCD-10-CO-564
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 564
Preguntas del diputado don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Cumplimiento del programa electoral del Partido Popular "1.9 Nuevas tecnologías para la modernización" en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/042086). (Número de expediente 181/001835) ... (Página2)
- Previsiones de crecimiento para la provincia de Soria en los dos años que pudieran restar de legislatura (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/042925). (Número de expediente 181/001843) ... (Página2)
- Proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. (Número de expediente 121/000080) ... (Página5)
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR "1.9 NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA MODERNIZACIÓN" EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042086). (Número de expediente 181/001835).
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA LA PROVINCIA DE SORIA EN LOS DOS AÑOS QUE PUDIERAN RESTAR DE LEGISLATURA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042925). (Número de expediente 181/001843).
Como sus señorías conocen, resta una pregunta formulada por el diputado Lavilla Martínez, que no ha sido contestada en su momento por el Gobierno y que la va a responder oralmente el señor subsecretario. La pregunta es sobre las previsiones de crecimiento para la provincia de Soria en los dos años que pudieran restar de legislatura, procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita y número de expediente 184/042925.
El señor Lavilla tiene la palabra.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor subsecretario, voy a intentar simplemente ser lo más correcto posible porque la realidad de Soria es, en materia de despoblación, lo suficientemente clara. Es un problema conjunto y no voy a poner responsable de por qué se pierde población, aunque pudiera tener una interpretación., porque lo que nos interesa en Soria, a este diputado y creo que al conjunto de la provincia, más allá de ideologías -así lo han planteado también las patronales de Soria, Teruel y Cuenca-, son los fondos del marco europeo 2014-2020, con el acuerdo de asociación que establece la estrategia de los fondos estructurales y de inversión europea. Hay una partida que viene para las provincias que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y, señor subsecretario, la provincia de Soria, desgraciadamente, en este momento tiene 8,95 habitantes por kilómetro cuadrado, lo mismo que le sucede a Teruel -tierra que el presidente estará muy de acuerdo conmigo en que también lo necesita y ayer estuve con su diputado por Teruel Vicente Guillén- y a Cuenca. Es decir, no llegamos ni con mucho a esos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Antes de explicar los datos, voy a pedir de una manera clara el compromiso del Gobierno para supervisarlo. Sé que vincular estos fondos a la provincia de Soria, que es lo que piden las patronales y que es lo que yo también le pido, es posible que no me lo pueda decir, pero sí por lo menos quiero que se dé un paso y el paso que le pido, con claridad, con nitidez, es que se supervisen los fondos para que los que llegan a España se distribuyan y vayan a la finalidad para la que fueron concedidos. Es una petición bastante justa: si España recibe fondos por despoblación y hay una compensación de 2,25 %, lo que pedimos es que esos fondos finalmente lleguen a la provincia de Soria. No pasó con los fondos de cohesión -tengo los datos pero no los voy a leer- y lo que le pido es que se supervise para que lleguen, sin renunciar a otras iniciativas parlamentarias -cuando corresponda y cuando toque porque es un periodo muy largo que deberá gestionar el próximo Gobierno- en el sentido de que lo ideal sería la vinculación de estos fondos, es decir, que en el reglamento se cambiara lo que fuera necesario para que estos fondos que tienen que llegar por despoblación finalmente llegaran a la provincia de Soria, aunque ya sé que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León la que los tiene que gestionar y distribuirlos. Estaremos muy atentos también en el Parlamento autonómico para hacerlo, pero el Gobierno no puede renunciar a que el conjunto de fondos cumpla con esa finalidad para la que fueron concedidos.
Para no extenderme demasiado porque lo que me interesa es esa palabra que yo le pido, le diré tan solo, señor subsecretario, que hoy en el año 2014 para una provincia de 10.287 kilómetros cuadrados tenemos según el último censo del INE 92.152 habitantes, lo que hace, como le decía, 8,95 habitantes por kilómetro cuadrado. En el año 2011, que ya se habían perdido 89 habitantes con relación al año 2010, aunque es verdad que había habido un crecimiento desde 2004 de 3.571 personas, se han perdido en ese periodo de tiempo en 2012, 2013 y los primeros meses del año 2014, 3.071 personas. Esto reducido a
cifras de Soria es como si en cualquier provincia de España la cuarta población en importancia de ese territorio desapareciera. Es dramático. Yo luego le entregaré un estudio que hizo el Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución de la población de la provincia de Soria de 1900 a 2008. En 1900 la provincia de Soria tenía 150.000 habitantes y hoy, como le decía, nos quedan tan solo esos 92.152; le entregaré ese estudio. Por lo tanto, no puedo ser más correcto en la formulación de la pregunta que le hago, es una fotografía dramática de la provincia, es un SOS a quien gobierna, a quien tiene la responsabilidad de gobernar, les toca gestionar los fondos y yo le pido que comprometa esa supervisión.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, puede responder.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (Temboury Redondo): Efectivamente, puedo adelantar que el Gobierno comparte la preocupación manifestada en la pregunta del señor diputado. El problema de la despoblación de determinadas provincias de España, especialmente Soria, es algo a lo que el Gobierno presta especial atención. Puedo decir que estamos en un contexto en el que quizá las perspectivas son algo mejor de lo que han venido siendo los últimos años.
La pregunta de su señoría resulta muy oportuna en un momento en el que el Consejo de Ministros hace menos de una semana acaba de aprobar la actualización del programa de estabilidad de España 2014-2017 y del programa nacional de reformas de 2014 para su remisión a la Comisión Europea. Ambos documentos recogen la estrategia de política económica para los próximos años que, al ser de alcance nacional, repercutirán obviamente en Castilla y León, especialmente en la provincia de Soria. En ellos se hace un diagnóstico de la situación de la economía española, se establece el escenario para los próximos años y se fijan las medidas a adoptar. El crecimiento económico en suave aceleración de un 1,2 % para 2014 y un 1,8 % para 2015 hasta alcanzar un 3 % en 2017 según las citadas previsiones. Ya durante el actual ejercicio habrá un crecimiento positivo relevante, creación neta de empleo y reducción de la tasa de paro. Se trata de unas proyecciones que configuran un nuevo modelo económico menos vulnerable.
El cuadro macroeconómico se basa en las siguientes premisas y en las siguientes asunciones que se entiende se cumplirán en los próximos años. En primer lugar, que la demanda interna contribuirá al crecimiento por primera vez en el año 2014 como consecuencia de una mejora en el consumo privado, derivado de una mayor confianza del consumidor, mejores perspectivas de empleo y la moderación de precios. En segundo lugar, y este es un dato importante que afecta especialmente, cómo no, a la provincia de Soria, el crecimiento por primera vez en siete años de la formación bruta de capital debido al dinamismo de la inversión en bienes de equipo. El crecimiento de la inversión en construcción se estima partir de 2015.
Un segundo aspecto importante del cuadro macroeconómico una vez acordada la demanda interna es el de la demanda externa, que continuará contribuyendo positivamente al PIB mediante el mantenimiento del dinamismo en las exportaciones asociada a la continuidad de las ganancias de competitividad y a las mejores perspectivas de crecimiento en los principales mercados de destino. Igualmente esperamos que continúe aumentando la capacidad de financiación de la economía española para situarse en niveles en torno al 2,5 % del PIB, lo que permitirá reducir el endeudamiento externo. Además se trata de una dinámica generadora de empleo, previéndose que en 2014 se cree empleo neto y se reduzca el paro EPA en términos medios anuales.
La actualización del programa de estabilidad establece que los nuevos objetivos de déficit del conjunto de las administraciones públicas para el año 2014 será del 5,5 % del PIB frente al 6,6 % en el año 2013. Esta previsión supone una rebaja de 3 décimas -y esto es importante resaltarlo- frente al objetivo del 5,8 anteriormente fijado, lo cual se debe, como he dicho anteriormente, en primer lugar, a una vuelta al crecimiento económico, que será más rápido de lo inicialmente previsto, y también al éxito en la lucha contra el déficit alcanzado por las administraciones públicas. Además, como decía, se ha aprobado el programa nacional de reformas 2014, que tiene como objetivo principal consolidar la recuperación económica para que el crecimiento sea sostenible y se favorezca la creación de empleo y esté estructurada en cinco grandes áreas; todas ellas son también relevantes, en particular para la provincia de Soria. Primero, saneamiento fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento; segundo, restablecimiento de las condiciones normales de préstamo a la economía; tercero, favorecer el crecimiento y la competitividad actual y futura; cuarto, lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y, quinto, modernización de la Administración. Entre los elementos novedosos del Plan nacional de reformas de 2014 está el de poner en relación las prioridades reformistas y los objetivos de política económica y creación de empleo con la programación de los fondos estructurales asignados a España en el nuevo
periodo 2014-2020. Así, en la programación de los fondos se potenciarán las medidas que aumenten la productividad y el empleo, impulsen la inversión privada y desarrollen sectores con elevado potencial de crecimiento.
Debo añadir que esta pregunta que me formula su señoría es especialmente oportuna no solamente por lo que acabo de mencionar respecto al programa de estabilidad y el Plan nacional de reformas, sino por el segundo aspecto al que especialmente ha aludido su señoría en su intervención, que es el relativo al nuevo Acuerdo de asociación España 2014-2020 que el pasado 26 de abril fue remitido por el Gobierno a la Comisión Europea. Se trata de un documento estratégico que, partiendo de un diagnóstico sectorial y territorial, presenta prioridades de carácter general para dar respuesta a las necesidades más relevantes de nuestro país, de España. Corresponde a una fase posterior la elaboración de los programas operativos financiados con fondos estructurales y de inversión europeos con mayor nivel de detalle, pero se puede decir que la inversión va a suponer más de 36.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que cerca de 1.400 millones corresponden a Castilla y León, sin incluir los programas operativos de ámbito general no regionalizados.
Durante su elaboración se ha puesto de manifiesto la importancia de liberar el potencial endógeno de los territorios a nivel local, regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta las características especiales de los territorios. Y hay que tener en cuenta que los problemas de cada territorio están básicamente ligados a los sectores de la economía en donde están asentados y a sus condiciones geográficas. En este sentido, a petición de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura, integrantes de la Red europea de regiones con desafíos demográficos, se ha incluido una referencia al Foro de regiones españolas con desafíos demográficos, siendo esta la principal preocupación de su señoría, compartida obviamente por el Gobierno. Se trata, por tanto, de conseguir una respuesta consecuente a la problemática de cada uno de los territorios, formulando en los distintos programas operativos un análisis y priorización de los criterios de intervención en el territorio. En este sentido, no podemos olvidar que las regiones escasamente pobladas y rurales cuentan con unas potencialidades que aconsejan al menos las siguientes actuaciones: potenciar la Administración electrónica y el uso de las nuevas tecnologías, preservar y poner en valor los activos territoriales estratégicos, entre ellos, el patrimonio natural, cultural y paisajístico abundantemente presentes, obviamente, en la provincia de Soria; incidir en la preservación del medio ambiente y de la diversidad biológica económicamente viable; reforzar sectores tradicionales fundamentales -la agricultura, el turismo y el agroalimentario, velando por buscar modelos respetuosos con el entorno y con la diversidad biológica, y lograr un modelo de organización social que mejore el acceso a los recursos y servicios y que facilite el desarrollo personal de las mujeres como garantía de la cohesión territorial.
En definitiva, señoría, las perspectivas de la economía española han mejorado considerablemente. Todos los organismos coinciden en ir revisando las previsiones de crecimiento al alza y el Gobierno está adoptando medidas para consolidar una recuperación sostenida en el tiempo que genere una dinámica de creación de empleo a escala nacional. La peculiar situación de Soria es un aliciente para continuar trabajando y que la recuperación económica se haga notar en dicha provincia lo antes posible.
En el nuevo periodo de programación en el método de asignación de los fondos se han tenido en cuenta para las regiones más desarrolladas, como es el caso de Castilla y León, las zonas escasamente pobladas, otorgando una ponderación específica a la población de las regiones del nivel denominado NUTS 3, cuya densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la de Soria, como ha señalado su señoría, de 8,95 habitantes. Por tanto, la Comunidad de Castilla y León recibe una cantidad mayor de recursos que revertirá en inversiones en la región.
Pide su señoría un compromiso de supervisión. Obviamente el Gobierno de la nación tiene que velar por que los fondos asignados vayan destinados a las finalidades específicamente previstas. Como bien ha dicho su señoría, el reparto y las competencias de reparto son de la Comunidad de Castilla y León, pero dentro de su marco competencial el Gobierno hará todos sus esfuerzos para velar por que estrictamente se apliquen en este y en otro orden a sus finalidades, como no puede ser de otro modo.
La legislación comunitaria, los instrumentos de programación de fondos europeos, ofrecen múltiples posibilidades para afrontar el problema de despoblamiento de provincias como Soria y cada comunidad autónoma podrá diseñar una estrategia de desarrollo que tenga en cuenta las necesidades de estas zonas y destinar fondos a aquellas medidas que contribuyan a solucionar el problema de despoblamiento y la creación de empleo.
Con ello concluyo y les reitero el compromiso del Gobierno en la recta asignación de estos fondos y especialmente por hacer todo lo posible para que en la provincia de Soria se solventen los problemas demográficos muy acertadamente puestos de manifiesto por su señoría.
Antes de pasar al siguiente punto, para despedir al miembro del Gobierno, suspendemos dos minutos la Comisión. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Ratificación de la ponencia designada para informar de la iniciativa legislativa proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
¿Están ustedes de acuerdo en ratificar la ponencia? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, una vez dada la contestación afirmativa, al último punto y más importante del orden del día, que es la aprobación en su caso, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Antes de dar la palabra al primer portavoz, quiero anunciarles que las votaciones no serán antes de las doce y media, y tampoco esperamos que sean mucho después. Saben que cada grupo va a tener un turno para la defensa de lo que estimen conveniente.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a comenzar manifestando nuestra posición de voto, que es una posición de voto en contra de este proyecto de ley. A pesar de que ha habido negociaciones, de que ha habido una lealtad y una disposición por parte de este grupo parlamentario a negociar con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular esta ley, al final, ha sido infructuosa, no en su totalidad, pero sí en las cuestiones que consideramos fundamentales e importantes. Vamos a votar en contra principalmente por una razón, que quiero poner de manifiesto.
El Gobierno ha aprovechado esta oportunidad para crear un nuevo conflicto de competencias con comunidades autónomas como la andaluza, además de otras, y ha perdido la oportunidad de un gran consenso, un gran pacto de Estado en torno a la nueva regulación del sistema financiero español, un sistema financiero que necesitaba de esta regulación por los cambios y las modificaciones a través de directivas europeas, por la problemática que la crisis financiera ha puesto de manifiesto, por la dispersión de la regulación normativa sobre el sector y que desde luego hacía necesario un gran pacto de Estado en torno a esta nueva regulación. Nuestra disposición ha sido total y absoluta, hay que reconocer que ha habido algunos avances en esta negociación pero hay una causa fundamental que es inexplicable, por lo menos para nosotros, como es la introducción de una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y evidentemente del Gobierno, la enmienda 144, que va a crear un claro conflicto competencial, como he dicho, con comunidades autónomas como la andaluza o como la vasca probablemente. Con la enmienda 144 estamos totalmente en desacuerdo, no ha sido negociada previamente, no ha habido aviso al respecto, no hay explicación, puesto que la Ley de Cajas justamente se aprobó el 27 de diciembre del año pasado, la Ley 26/2013, sobre cajas de ahorro y fundaciones bancarias y es inexplicable que, después de tan corto periodo de tiempo, se introduzca una enmienda en esta ley para cambiar radicalmente lo que estaba regulado en la Ley de Cajas de Ahorro. En concreto, esta enmienda pretende quitar el protectorado que tienen en estos momentos las comunidades autónomas sobre las fundaciones bancarias en las que se convierten las cajas de ahorro y evidentemente sobre la gestión de la obra social, que es para lo que se constituyen estas fundaciones bancarias. Esta competencia, establecida como propia, por ejemplo, en
el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con este cambio normativo se pretende elevar al Ministerio de Economía y la función de protectorado que venía ejerciendo la comunidad autónoma pasaría directamente a la Administración central. Esto significa, como he dicho, un nuevo conflicto de competencias, un nuevo ataque a la regulación establecida en los estatutos de autonomía y una falta de respeto a las instituciones que vienen desarrollando una labor y unas competencias establecidas en los estatutos y que quieren defender esas competencias aprobadas en sus propios estatutos. Por tanto, no nos cabe la menor duda de que si esto sale adelante, si esta enmienda es aprobada, si se incluye en esta ley y se aprueba, va a haber derecho legítimo por parte de las comunidades autónomas para defender sus competencias estatutarias y, en consecuencia, es un litigio más en el cual el Gobierno nos mete a todas las instituciones por una razón que desconocemos. Lo que está claro es que el efecto es el que es. Se eliminan competencias autonómicas, unas competencias de función de protectorado sobre las fundaciones bancarias y la obra social de estas fundaciones bancarias, competencias que a partir de la aprobación de este cambio normativo se traspasarían al Ministerio de Economía. Así pues, estamos totalmente en desacuerdo. Insisto, el Gobierno ha aprovechado esta ley para crear un nuevo conflicto competencial, y ya son muchos los que está creando. También ha perdido una oportunidad de llegar a un gran pacto de Estado en torno a la regulación del sistema financiero, un gran pacto de Estado necesario por la importancia del sistema financiero para nuestra economía, para cualquier economía. El sistema financiero es el aparato circulatorio de cualquier sistema económico, de cualquier modelo económico, y es de vital importancia y de una estrategia fundamental, por lo que requiere de una regulación estable y eficaz y requiere de un gran consenso político en torno a esta regulación.
Por otra parte, el sistema financiero ha sido el protagonista, si no el causante, de esta enorme crisis que estamos sufriendo todavía y que ha puesto de manifiesto los déficits regulatorios y la necesidad de más control y más regulación sobre el sistema financiero para evitar los abusos que se han producido y que han dado lugar a una situación crítica para nuestra economía y para nuestro país, hasta el punto de que ha requerido de una inyección de ayuda pública de más de 100.000 millones de euros.
En tercer lugar, estamos inmersos en importantes cambios en el sistema financiero de toda la Unión Europea a través de la creación de la unión bancaria europea en sus distintas fases, primero a través del mecanismo de supervisión, después, del mecanismo o de la autoridad de resolución de entidades bancarias y lo que tiene que seguir en fases posteriores para la consecución de esa gran unión bancaria europea. Por tanto, el cambio normativo era necesario. Nuestra disposición era total y absoluta, leal y generosa para el Gobierno, porque por responsabilidad considerábamos que había que hacer una ley de consenso, una ley estable para un sistema financiero que necesita de un impulso especial en estos momentos.
La enmienda 144 nos ha sorprendido y nos obliga a una posición totalmente en contra de este proyecto de ley. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado un total de treinta y dos enmiendas, gran parte de ellas, tras negociación, parece ser que van a ser aprobadas, otras serán transaccionadas, pero quiero destacar que más de la mitad no han sido aceptadas -por lo menos así se nos ha hecho saber-, y para nosotros son cuestiones importantes que teníamos especial interés que se introdujesen en este proyecto de ley. Voy a destacar alguna.
Una de ellas está motivada por la necesidad de garantizar la devolución del dinero público inyectado a las entidades bancarias españolas que, como he dicho antes, en estos momentos se cifra en algo más de 100.000 millones de euros. Se están produciendo procesos de venta, de absorción o de fusión de las entidades nacionalizadas con importantes pérdidas de estas ayudas públicas. Creemos que el Gobierno tiene excesiva prisa en desprenderse de esas entidades bancarias y que el Gobierno podría y debería aprovechar esas entidades nacionalizadas para abordar, a través de esa banca pública, el grave problema que tienen las familias y empresas en cuanto a necesidades de inyección de financiación. No tiene que tener tanta prisa y lo que sí tiene que hacer es establecer garantías de que esas ayudas públicas se van a recuperar y de que no van a ser a costa del dinero y del bolsillo de los contribuyentes. Por ello hemos introducido una enmienda para que el Gobierno se comprometa al reintegro de esas ayudas públicas con vistas a que esa aportación, esa colaboración haya sido una colaboración y una contribución del dinero público coyuntural y no a costa de pérdidas.
En segundo lugar hemos introducido otra enmienda por la necesidad de establecer en nuestro país un gran código deontológico para nuestro sistema financiero, al igual que se ha hecho en países como Holanda. Ese código deontológico debe de significar la definición de valores y de normas asumibles por los directivos y altos cargos de las entidades financieras para evitar abusos, para evitar fraudes y para
evitar un funcionamiento ineficaz, ineficiente y perverso por parte del sistema financiero español. Creo que este código deontológico debiera ser aclaratorio, debiera definirse con la participación también de las entidades financieras, de las administraciones públicas y de expertos con vista a que fueran valores y conductas asumidas por los altos cargos y directivos de las entidades bancarias.
En tercer lugar, queremos establecer una limitación a las remuneraciones variables de los altos cargos de las entidades bancarias, una limitación bastante inferior a la establecida en el proyecto de ley. En el proyecto de ley se establece una limitación de esta remuneración variable hasta el cien por cien de la remuneración fija y nosotros creemos que debiera ser hasta la mitad, no más del 50 % de la remuneración fija. Por otra parte, creemos necesario, en aras de la transparencia, que se publiquen las remuneraciones de los directores generales y asimilados, no solo de los consejeros como establece la ley. También hay que darles publicidad a las remuneraciones de directores generales y asimilados, así como publicar la brecha salarial que hay en nuestro sistema bancario, es decir, señalando y definiendo la diferencia entre la remuneración más alta de cualquier empleado de la entidad bancaria y la más baja. Creemos que es necesaria la publicación de esa brecha salarial para que todos sepamos qué nivel de diferencias salariales existe en las distintas entidades.
Con relación a los requisitos de idoneidad, creemos necesario incluir en el artículo 24 la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas. No comprendemos por qué este requisito, esta condena por delitos, por faltas o por infracciones administrativas se incluye en concreto en las empresas de servicios financieros como requisito para garantizar la honorabilidad y, sin embargo, no se incluye como requisito de honorabilidad para los altos cargos y directivos de las entidades bancarias. Hay un trato, o un consentimiento quizá, favorable a unos con respecto a otros. Creemos que todos deberían ser tratados por el mismo rasero y que como garantía de honorabilidad se debe incluir el requisito de no haber cometido delitos o faltas ni de haber tenido sanciones por la comisión de infracciones administrativas.
Creemos necesario que se publique en la web y se demuestre y explique que se cumplen por parte de las entidades bancarias las obligaciones de gobierno corporativo, tanto en el criterio de diversidad en los consejos, como en la idoneidad de los propios directivos. Es un requisito que también, en aras de la transparencia, debiera estar demostrado y publicitado en la propia web de las entidades bancarias.
No somos partidarios -no coincidimos y por tanto no lo creemos conveniente- de que se reduzca el plazo de prescripción para las infracciones graves, como se incluye en el proyecto: se reduce de cinco a cuatro años, por lo que nosotros proponemos mantener el plazo actual.
Somos partidarios, con el fin de crear un mecanismo de protección a los clientes de servicios bancarios, de la creación y constitución de la agencia de protección financiera como una autoridad de protección que estaría integrada por todas las administraciones competentes en materia de consumo y por los distintos supervisores, tanto Banco de España como Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros. Hay que mejorar el sistema de protección de los usuarios y clientes de servicios bancarios para evitar los fraudes, las cláusulas abusivas y los productos tóxicos que se han comercializado. Es necesario endurecer las condiciones en la comercialización de participaciones preferentes. La regulación es claramente insuficiente. No creemos suficiente que en las emisiones de participaciones preferentes solamente el 50 % tenga que ser para clientes institucionales o profesionales. Como mínimo, debería ser el 90 %, y se debe incluir también una elevación a 200.000 euros de la adquisición nominal mínima de estas preferentes.
Creemos necesario que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haga un informe periódico sobre las comisiones bancarias. Señores diputados y señoras diputadas, nos preocupa mucho al Grupo Parlamentario Socialista lo que está sucediendo en este país con las comisiones. La elevación del cobro de comisiones bancarias en el último año ha sido del 30 %, por servicios ni tan siquiera aceptados o consentidos, y con precios en aumento, sin ningún tipo, repito, de aceptación por parte del cliente, y, para colmo, también por servicios no prestados. Por tanto, es evidente que se está cobrando un exceso de comisiones, hasta el punto que el último dato señalaba que el 25 % de los beneficios que están obteniendo las entidades bancarias son gracias al cobro de comisiones bancarias. Es un récord histórico en el cobro de comisiones en este país en estos momentos, justamente cuando menos préstamos conceden. Es necesario que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informe y evalúe el nivel de competencia que se está produciendo en el cobro de estas comisiones, el nivel de transparencia y de publicidad que hay y el nivel de consentimiento -como protección al consumidor y usuario- de
estas tarifas que se están cobrando. Es muy importante que nos involucremos para tratar de evitar una burbuja de comisiones bancarias como la que en estos momentos estamos sufriendo.
Creemos necesaria la implantación del impuesto sobre transacciones financieras, un impuesto que grave las operaciones nacionales de emisión de valores y la comercialización en mercados secundarios, y también instar, no cabe duda, a la Unión Europea a que no difiera más la implantación de este impuesto sobre las operaciones internacionales, sino que se haga lo antes posible, sería deseable que de forma inmediata, y que como mínimo el 50 % de la recaudación de este impuesto sobre las transacciones financieras vaya destinado a financiar políticas sociales.
Creemos necesario que se corrija la regulación del Fondo de garantía de depósitos. El Fondo de garantía de depósitos debe ser considerado como una entidad privada y nunca debe tener carácter público y de consolidación en la contabilidad nacional.
Creemos necesaria la creación de una comisión independiente para estudiar el futuro del sistema financiero, así como un mayor control parlamentario sobre el Banco Central Europeo, que cada día tiene competencias más importantes y más definitivas para el futuro de nuestra economía.
Creemos necesario que el Gobierno informe sobre el cumplimiento y revisión de la legislación en materia de cláusulas abusivas, previa consulta con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Creemos necesario que el Gobierno se comprometa en la elaboración de un proyecto de ley de insolvencia de las personas físicas.
Creemos necesario que se haga extensible a las sociedades anónimas cotizadas la obligación de la elaboración de informe de gobierno corporativo y remuneraciones de directivos.
Por último, creemos necesaria la limitación más estricta de la aplicación de los intereses de demora. Siguen siendo intereses de demora abusivos, por el importe y por cómo se aplican. Que los intereses de demora supongan en estos momentos tres veces el interés legal del dinero nos parece excesivo. Nuestra enmienda considera, por un lado, que no debe ser más elevado de 3 puntos por encima del interés remuneratorio y, por otro, que estos intereses de demora deben ser aplicados al principal impagado y no a la totalidad del capital pendiente. Por tanto, proponemos que estas limitaciones se apliquen no solamente a los préstamos hipotecarios de vivienda habitual, sino a todos los préstamos de garantía hipotecaria.
Concluyo diciendo que se ha perdido la oportunidad de alcanzar un gran consenso en torno a esta ley, una ley importantísima para nuestra economía y para nuestro sistema financiero, y que desde luego es incomprensible que, en vez de aprovechar esta oportunidad para ese consenso, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular la aprovechen para crear de nuevo un conflicto de competencias con las comunidades autónomas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Cuando llegó este proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito al Congreso de los Diputados y se plantearon las diferentes enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso, nuestro grupo parlamentario iba en la dirección de poder negociar con el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno dicho proyecto de ley, ya que siempre hemos apoyado todas aquellas reformas orientadas a la reconstrucción y reordenación de nuestro sistema financiero. En este caso concreto, esta ley era una continuación de la trasposición de la normativa europea que iniciamos mediante la convalidación del Real Decreto-ley del pasado mes de noviembre del año 2013. Hasta aquí nosotros íbamos en la buena dirección de llegar a un acuerdo con las diferentes enmiendas que podría presentar nuestro grupo parlamentario, como así ha sido, para poder hacer lo que habíamos hecho hasta la fecha, para que casi todos los proyectos de ley dirigidos a la modernización y reestructuración del sistema financiero pudieran ser aprobados.
No obstante, cuando ha llegado el proceso de las enmiendas, nosotros entendemos que este proyecto de ley ha experimentado una adulteración importante del objetivo fundamental del mismo, en el sentido de que el Gobierno del Partido Popular ha planteado la enmienda número 144, que se refiere a la Ley aprobada de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que hace referencia a la obligación de todas aquellas cajas que se habían transformado en bancos a constituirse en una fundación. ¿Y, claro, qué plantea la enmienda número 144 del Grupo Parlamentario Popular? Pues plantea toda una serie de objeciones a las cuales ya se opuso nuestro grupo frontalmente en el debate de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, debate en el que nosotros, sinceramente, nos sentimos muy solos porque fuimos
prácticamente el único grupo parlamentario que no estuvo de acuerdo en cómo se trataba en dicha ley -motivo por el que no pudimos apoyarla favorablemente sino que nos abstuvimos- todas aquellas fundaciones de las cajas que se convertían en bancos y cuya actividad financiera excedía del ámbito de su comunidad autónoma. Aquí ya tuvimos nosotros un debate importante que viene a colación con la enmienda número 144 que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que lógicamente nosotros no vamos a apoyar, como tampoco apoyamos el artículo que planteaban en la misma dirección en la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Lógicamente, la posición de nuestro grupo parlamentario va a tener que cambiar. Inicialmente pensábamos votar favorablemente este proyecto de ley, ya que hemos negociado, se nos han aceptado bastantes enmiendas, se han transaccionado algunas otras y globalmente lo consideramos positivo, pero, al plantear la enmienda número 144, supone retornar al pasado de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, donde nosotros ya no estábamos de acuerdo. (El señor presidente, Caldera Sánchez-Capitán, ocupa la Presidencia).
Me gustaría reflejar aquí cuál era nuestra posición respecto a todas aquellas enmiendas o implementaciones que hacían referencia a las fundaciones bancarias y por eso quiero leer la enmienda que propuso nuestro grupo parlamentario en aquel momento, ya que nosotros entendíamos que cuando se realizaron los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas, en el caso de Cataluña en el año 1980, nadie podía prever en aquellos momentos que después de treinta años se pudiera pasar una crisis de las características que ha sufrido la economía española y nadie podía presagiar o prever que de las cuarenta entidades financieras que existían en entre los años 1980 y 1985, cajas de ahorro, se transformarían y única y exclusivamente quedarían vivas hasta la fecha de hoy unas once o doce. Desde esta perspectiva, nosotros siempre hemos planteado enmiendas orientadas a preservar las competencias autonómicas que tenían las comunidades autónomas, en este caso la Generalitat de Catalunya, sobre todas aquellas fundaciones de las cajas de ahorros y sobre todas aquellas cajas de ahorros, tuvieran o no tuvieran su actividad más intensamente dentro o fuera de la comunidad autónoma.
¿Qué es lo que nosotros planteábamos en el proyecto de ley de cajas de ahorros? Nosotros planteábamos que el Gobierno fuera imaginativo y que tuviera en cuenta que ya no estábamos en el siglo XX, sino que estábamos en el siglo XXI, que había habido unas tormentas financieras que yo diría que prácticamente habían liquidado el sistema financiero español -habían sobrevivido pocas entidades financieras-, y en el supuesto de aquellas fundaciones bancarias producto de la transformación de las cajas en bancos, cuyo ámbito de actividad principal pudiera exceder del territorio de una comunidad autónoma, nosotros planteábamos ya, y nos sentimos muy solos en la defensa de estas enmiendas, que el protectorado fuera ejercido por aquella comunidad autónoma en que la fundación tuviera su domicilio social. Hasta aquí resolvíamos la papeleta de todas aquellas cajas que se transformaban en bancos y cuyas fundaciones tuvieran un peso específico -desde la perspectiva económica- que excediera de su ámbito territorial. Nosotros decíamos: si tienen su domicilio social en dicha comunidad autónoma, la competencia será de la comunidad autónoma y será sobre todas aquellas fundaciones que mantengan el domicilio social en dicha comunidad autónoma. Al mismo tiempo nosotros también preveíamos que correspondería al Ministerio de Economía y Competitividad la coordinación con el protectorado, el control de la actividad realizada por la fundación bancaria fuera del ámbito territorial de dicha comunidad autónoma, así como informar a petición del protectorado de cualquiera de las circunstancias que en relación con la obra social afectaran a dicho ámbito territorial. Nosotros nos adelantábamos al debate que hoy se está materializando en el sentido de que si la fundación -producto de una caja que se ha transformado en banco- y el banco mantenían su domicilio social en determinada comunidad autónoma, esta competencia era única y exclusiva de la comunidad autónoma, como refleja en este caso el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Al mismo tiempo le dábamos una salida inteligente y del siglo XXI al Gobierno para que todos aquellos recursos que fueran destinados por dicha fundación en otros territorios pertenecientes a otras comunidades autónomas fueran coordinados y controlados por el Ministerio de Economía. Hasta aquí llegábamos nosotros. Ya sabíamos que todo no lo podía controlar la comunidad autónoma, pero sí que el ámbito fundamental de la competencia no saldría nunca de las comunidades autónomas.
Ahora, la enmienda número 144 que ha planteado el Grupo Popular es el resultado de la desgraciada previsión que hacía Convergència i Unió en aquel momento. Ahora se materializa que, efectivamente, todas estas fundaciones que tengan un determinado peso de sus recursos en ámbitos de otras comunidades autónomas que configuran el Estado español perderían el control de sus competencias. Nosotros no estuvimos de acuerdo en el mes de diciembre del año pasado en este aspecto y no lo vamos a estar
ahora. Lamentamos, sinceramente, esta falta de visión de futuro del Grupo Popular en el sentido de que las circunstancias económicas del año 2014 no son las mismas circunstancias económicas del año 1980 y lamentamos que no hayamos sabido adaptar las legislaciones a la modernidad que exigen los tiempos actuales del siglo XXI. Lamentamos profundamente la adulteración de esta ley que inicialmente calificamos como acertada y que hoy se pueda consolidar esta invasión por parte del Estado de competencias de las fundaciones, que nosotros entendíamos que nunca deberían haber salido de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas cuando dichas fundaciones mantengan en ellas su domicilio social. Por esto, aunque no sea el objeto de esta ley, he querido manifestar mi posición, porque estamos hablando de política, y hoy la atención fundamental de los medios de comunicación no va a ser sobre la ley de solvencia financiera -lo cual es una pena y una lástima y por eso lamentamos esta adulteración-, sino que va a ser sobre el debate de las fundaciones de las cajas que ya se materializó en el mes de diciembre. Por tanto, nosotros no vamos a poder apoyar este proyecto de ley y vamos a votar negativamente la enmienda 144 del Grupo Popular.
En cuanto al resto de enmiendas que hemos negociado con el Grupo Popular, quiero agradecer la sensibilidad de dicho grupo porque hemos, creo, conseguido un acuerdo importante sobre una serie de enmiendas que ha planteado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que en mi opinión mejoran y complementan el conjunto del proyecto. Quiero resaltar algunas que en teoría iba a aprobar el Grupo Parlamentario Popular. La enmienda número 100, limita la obligación de autorización del Banco de España en la adquisición de participaciones significativas de entidades de crédito domiciliadas en Estados no miembros de la Unión Europea. La enmienda 101 propone limitar la invalidez de las decisiones adoptadas en votaciones donde hayan participado personas físicas o jurídicas cuya participación en la entidad haya sido adquirida irregularmente a aquellas situaciones en las que los votos irregulares hayan sido determinantes para alcanzar el resultado final. La enmienda 102, que inicialmente pensaban apoyar, va en la dirección de sustituir la expresión "del mismo grupo" por "de un mismo grupo". Es una enmienda técnica que no tiene demasiada trascendencia. En la enmienda 104 preveíamos la creación de consejeros independientes en el comité de nombramientos. Pienso que esta es una enmienda acorde con la modernidad del siglo XXI, adaptada a las actuales circunstancias económicas y europeas en las que nos estamos desarrollando. También incluíamos la previsión de consejeros independientes en el comité de remuneraciones. Creo que es un paso importante de cara a la trasparencia. También reforzamos la presencia de independientes en el comité de riesgos, con lo cual teníamos presencia de independientes y no ligados a intereses del consejo de accionistas, del consejo de administración en estos tres comités, en el comité de nombramientos, en el de remuneraciones y en el comité de riesgos. Había otra enmienda muy importante, la 108, por la cual obligábamos al Banco de España a remitir a las Cortes, o sea a esta Comisión, los resultados de las pruebas de resistencia tan pronto como estuvieran disponibles. Esto permitiría a la Comisión conocer de antemano y de cara al debate cuáles son los resultados de estas pruebas de resistencia. También habíamos hablado de la posibilidad de transaccionar la enmienda 110, que pretende añadir otros mercados organizados a las condiciones de cotización de preferentes.
Por lo tanto, globalmente consideramos positivo este proyecto; lástima que el Grupo Popular haya retrocedido a la Ley de cajas y fundaciones y nos hayamos trasladado coyunturalmente del siglo XXI al siglo XX, con una legislación que ya ha quedado anticuada, y que hayamos puesto otra vez el dedo en la llaga sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de cajas y de fundaciones de las futuras cajas que se han transformado en bancos y que estén ubicadas en los territorios de las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Nos encontramos ante la enésima reforma del sistema financiero o reforma de aspectos particulares del mismo desde que empezó la legislatura, a lo que habría que sumar todas las leyes y decretos de la legislatura anterior, con otro Gobierno. A nadie se le escapa que se trata de determinada regulación nueva que tiene como objetivo responder a los fenómenos surgidos desde la crisis financiera e intentar aprender de lo que fue aquella catástrofe, que después ha derivado en una crisis económica que todavía está vigente en nuestro escenario económico. En ese sentido, este proyecto de ley, según su publicidad -entre comillas-, pretende incrementar la regulación, algo con lo que estamos de acuerdo porque nuestra concepción de cómo debe funcionar el sistema financiero se corresponde con una mayor regulación, en tanto que busque doblegarse a los intereses de la economía
real y que sirva efectivamente y de forma útil a esos intereses, sin que tenga derivaciones como las que hemos sufrido en los últimos años, como estafas financieras cometidas contra los ciudadanos e inversores minoristas, estafas generales o directamente la promoción de la especulación financiera; todo lo cual naturalmente ha afectado a la economía real, a las finanzas públicas y a las finanzas personales de los diferentes hogares. Saludamos siempre cualquier regulación que vaya en esa línea; lo que ocurre es que nos encontramos ante un proyecto de ley que se queda muy cojo en esos aspectos, que responde también a la insuficiencia de esa regulación promovida por la Unión Europea y por el conjunto de las grandes corporaciones, que han logrado vencer la necesidad creciente desde el año 2008 de regular el sistema financiero. Recordemos que actualmente hasta Estados Unidos tiene una regulación más estricta que la Unión Europea en materia financiera, lo cual, visto en perspectiva histórica, es verdaderamente preocupante.
Hemos presentado una serie de enmiendas que resumen nuestra visión de lo que tiene que ser el sistema financiero, para corregir muchos de los defectos que no se ven corregidos en este proyecto de ley ni en anteriores proyectos o decretos aprobados por este Gobierno. Las expondré brevemente porque hemos tenido oportunidad de celebrar muchos debates al respecto y ya es conocida nuestra posición en muchos sentidos. Hemos presentado enmiendas que tienen que ver con la regulación de la comercialización de productos financieros. Particularmente conocidos son los productos financieros que se han denominado estafas preferentes; productos financieros complejos para cualquier usuario básico de las finanzas, es decir, para cualquier familia o persona que accedía a un producto financiero sin que se les hubiera explicado realmente en qué consistía y en qué medida se estaban poniendo en riesgo sus finanzas personales. Creemos que la regulación está muy lejos de lo que correspondería, que sería incrementarla para evitar la verdadera estafa que han supuesto las preferentes, las participaciones o las acciones preferentes. Insistimos en que el propio Gobierno de España reconoció, a través de su ministro de Economía, que se trataba de una estafa pero, finalmente, se les obligó a los estafados a pagar una parte o la totalidad, en muchísimos casos, de sus pérdidas. A pesar de ese reconocimiento de que era una estafa, no vemos que aquí se avance y, por tanto, proponemos enmiendas en esa dirección.
Sobre la política de remuneraciones, también tenemos unas enmiendas basándonos en una paradoja que estamos viviendo en este país en los últimos años: una persona mayor, incluso de setenta u ochenta años, que accedía a dejar sus ahorros en una caja de ahorros o en un banco, de cuyo director se fiaba a nivel personal, se hacía corresponsable absolutamente y hasta la última coma de lo firmado en aquel contrato y tenía que sufrir todas las consecuencias de aquella firma. Sin embargo, los directores, los ejecutivos del sistema financiero, de las diferentes entidades financieras, a pesar de todo el drama y de todas las pérdidas económicas que han generado no solo a sus entidades sino también al conjunto del Estado a través de los rescates, no han asumido apenas ninguna sanción, no solo judicial -no le corresponde a esta Cámara debatir sobre ello-, sino de ningún tipo; todo lo contrario, durante este tiempo han podido percibir remuneraciones verdaderamente estratosféricas, beneficios económicos y no económicos indignantes y también se han podido retirar sin ningún tipo de problema. Por eso, ahí tenemos una gran paradoja que hay que resolver y creemos que eso se hace sentando las bases para que no vuelva a ocurrir y, para ello, hace falta incrementar mucho la regulación de incompatibilidades, incrementar mucho la regulación que tiene que ver con la remuneración y no quedarnos solo en la superficie, que es lo que, a nuestro juicio, parece que se hace en este proyecto de ley.
Por otro lado -otros grupos lo han citado ya-, es importante un impuesto a las transacciones financieras. Hemos tenido noticias en las últimas semanas de que no se va a llevar a cabo por la Unión Europea, que se está retrasando y además reduciendo su ambición en este mecanismo. Se trata de un mecanismo que podría dar a las cuentas del Estado hasta 2.000 millones de euros, siendo un mecanismo muy modesto en el tipo de gravamen aplicado y en la forma en la que se aplique. Aun siendo tan modesto, por el volumen que se gestiona en el sistema financiero desde hace décadas, sería verdaderamente una revolución económica para las finanzas públicas. Sin embargo, nosotros no nos quedamos solo en el aspecto puramente recaudatorio sino que además creemos que un impuesto a las transacciones financieras tiene un carácter desincentivador de la especulación financiera. Entonces, nos parece muy oportuno que aprovechemos una ley que pretende, en principio, aumentar esa regulación y mejorar las condiciones del sistema financiero para promover un mecanismo de esta naturaleza. Además, hemos incluido una serie de enmiendas de ámbito general que se sumarían a esta lógica, como puede ser
promover desde el Estado español la agencia pública europea de calificación, en la medida en que también profundiza en estas cuestiones que estoy comentando, y la participación mayoritaria del Estado en aquellas entidades nacionalizadas.
Nuestro grupo cree que la función del Estado no es solo supervisar el sistema financiero, sino que el objetivo es siempre mejorar la economía real, mejorar las condiciones materiales de vida de los ciudadanos y para eso hay que subordinar el sistema financiero a esos objetivos y, cuando la supervisión no es suficiente, entonces hace falta una intervención, y esa intervención ya se ha hecho. Por tanto, no es puramente la palabra de un grupo que crea en la intervención del Estado como mejor regulación, sino que ya se ha hecho la intervención y nosotros apostamos por mantenerla porque nos parece hipocresía intervenir para salvar el sistema financiero siempre y cuando se trate de socializar las pérdidas, pero dejar de intervenir en el momento en el que el sistema financiero empieza a dar beneficios. Es algo así como reconocer que hay errores de las entidades privadas pero que en el momento en que empiecen a dar beneficios, el Estado tiene que retrotraerse y dejar a las grandes corporaciones o al capital privado beneficiarse de ello y, por tanto, quitarle la oportunidad de obtener esos beneficios al conjunto de la ciudadanía. Nos parece hipócrita y nos parece realmente un problema de teoría económica profundo y, por eso, aprovechamos este proyecto de ley para volver a insistir en ello. Por supuesto, no se puede hablar del sistema financiero sin hablar de todo lo relacionado con las condiciones materiales de vida de los ciudadanos y ciudadanas, que tienen que ver directamente con la estabilidad del sistema financiero, y me estoy refiriendo a condiciones materiales de vida como la vivienda. La vivienda parecería al principio corresponder a un compartimento estanco diferente al del sistema financiero, pero ciertamente estamos comprobando en las últimas décadas que eso no es así. Una reforma como la aprobada por la Junta de Andalucía en materia de vivienda, la Ley de función social de la vivienda, que tenía como objetivo impedir que los ciudadanos pierdan su acceso a la vivienda y puedan tener un techo donde refugiarse, fue recurrida por este mismo Gobierno al Tribunal Constitucional precisamente con objeto del mantenimiento del sistema financiero y de la profundización de las reformas financieras, en tanto que se esgrimía que afectaba negativamente a los beneficios de estas entidades, lo cual era una forma de decir, al fin y al cabo, que los beneficios sociales que tendría la ley para los ciudadanos eran la contraparte de las pérdidas del sistema financiero. El Gobierno se posicionó, el Tribunal Constitucional pareció haberle dado la razón al menos temporalmente, pero, a nuestro juicio, corresponde seguir insistiendo en la necesidad de que el Gobierno no solo vele por los beneficios del sistema financiero, sino que siempre que quiera velar por los beneficios del sistema financiero, tenga que ser subordinado a una política general de apoyo a las condiciones materiales de vida de la ciudadanía, porque ese es el objetivo prioritario de todo Estado.
Hay otra serie de enmiendas más que se añaden a las que acabo de describir muy someramente. En conjunto, insistimos en la pertinencia de leyes que regulen el sistema financiero con mayor intensidad, con mayor rigidez, pero se nos queda muy corto e insuficiente este proyecto para prever nuevas crisis financieras y para poder sancionar los comportamientos anteriores que se pudieran repetir en el futuro en nuestro Estado. Por esas razones, nuestro grupo votará en contra del proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre del Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo no puede votar en contra de este proyecto de ley porque encontramos en él importantes aspectos favorables, importantes mejoras sobre la situación actual. En primer lugar, básicamente se dedica a trasponer una directiva comunitaria y nosotros somos un grupo profundamente europeísta; cuando criticamos las directivas comunitarias es porque no van más allá, pero favorecemos la integración europea. Además no es una directiva comunitaria cualquiera; es una directiva comunitaria en la que se incorporan algunas de las lecciones que hemos extraído de la crisis financiera, algunas de las lecciones recogidas en Basilea III. Y por último, se enmarca en el camino hacia la unión bancaria, una unión bancaria que también apoyamos aunque consideramos que no se está planteando de una forma suficientemente ambiciosa. Entre esos avances querría señalar algunos específicamente. En primer lugar, las mejoras en el gobierno corporativo. Aquí se establecen límites a la remuneración variable, que consideramos insuficientes pero que suponen un avance sobre estas formas de remuneración que crean incentivos cortoplacistas, como la crisis ha demostrado. Se mejora la transparencia. Hay también cambios en las normas de solvencia con nuevos requisitos de capital que tienen en cuenta elementos como el riesgo sistémico o como evitar los comportamientos procíclicos, de nuevo lecciones importantes extraídas de la crisis financiera. Se actualizan los procedimientos de supervisión bancaria, algo que era
necesario en nuestro país, refundiendo la normativa dispersa, dando nuevas competencias y modernizando las competencias del Banco de España, y actualizando el régimen sancionador que había quedado un tanto obsoleto. Asimismo, hay importantes modificaciones en la Ley del Mercado de Valores. Por tanto, son avances significativos por un impulso europeo que no desdeñamos y que hacen que no vayamos a votar en contra de este proyecto de ley.
Sin embargo, tampoco podemos apoyarlo sin reservas. Por eso hemos propuesto numerosas enmiendas, dieciocho, de las cuales diecisiete van a ser rechazadas. No podemos apoyarlo sin reservas porque echamos en falta mejoras adicionales. En el campo del gobierno corporativo, por ejemplo, son reconocidos los avances que hay pero querríamos haber ido más allá; por ejemplo, en nuestras enmiendas 4 y 5 se recogen aspectos concretos. Querríamos haber concretado los requisitos de idoneidad, de forma que las personas con delitos contra la Hacienda pública o la Seguridad Social no pudiesen tener puestos destacados en las entidades financieras, como ha sucedido a veces en nuestro país. Querríamos endurecer los requisitos de incompatibilidades para acabar con el fenómeno de la puerta giratoria, de forma que personas que hayan estado en cargos públicos en los que hayan podido tomar decisiones sobre las entidades no puedan trabajar en ellas hasta pasados cuatro años. Querríamos que los créditos privilegiados con bajos intereses, condiciones privilegiadas que aquí se limitan, se limitasen también a los familiares de los afectados o hubiésemos limitado más la posibilidad de simultanear cargos. Es decir, queremos mejoras en el gobierno corporativo, pero querríamos haber ido más allá, como nuestras enmiendas indican.
Lo mismo sucede con las remuneraciones. Valoramos el avance que se produce, pero en nuestras enmiendas 7, 8, 9 y 10 indicamos cuál sería en concreto nuestra política; habríamos querido realizar más cambios. Por ejemplo, se limita el componente variable a un máximo del cien por cien pero con posibles excepciones. Nosotros habríamos acabado con esas excepciones porque dan un margen de discrecionalidad que puede dejar la medida sin consecuencias prácticas. Querríamos separar siempre el comité de remuneraciones y de nombramientos, que no sea algo opcional, y que en ese comité de remuneraciones haya personas que no pertenezcan al consejo de administración. Otras enmiendas tienen que ver con proposiciones no de ley que hemos presentado en el pasado y que se han rechazado, pero consideramos que siguen teniendo vigencia en el ámbito de este proyecto de ley; en concreto, la mejora de los procedimientos de inspección del Banco de España, en la línea que siguen reclamando los propios inspectores del Banco de España para aumentar su independencia.
En otras proposiciones no de ley que hemos presentado en el pasado hemos hablado de la necesidad de mejorar los organismos de protección de los consumidores de servicios financieros, planteando incluso su posible integración -hoy están dispersos entre Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros-, y hemos planteado también la necesidad de mejorar sus servicios de reclamaciones. Es en este punto donde hemos alcanzado una posibilidad de acuerdo, una enmienda transaccional con el grupo mayoritario -y querría reconocer el esfuerzo de diálogo de doña Irene Garrido y don Rogelio Araujo en este sentido-, en la que se plantea la posibilidad, en términos un tanto vagos, de avanzar en esa línea de mejorar los servicios de reclamaciones que hoy dictan unas resoluciones que no son vinculantes y de replantearse el sistema institucional de protección. Nos parece un asunto importante e, insisto, quiero agradecer el esfuerzo de acercamiento de doña Irene Garrido y de don Rogelio Araujo en esta cuestión concreta que no es desdeñable.
En último lugar, hay una serie de cuestiones que recordamos siempre que una ley financiera llega a esta Cámara porque algunos grupos los consideran problemas del pasado, pero aunque es cierto que son problemas que se han originado en el pasado reciente, siguen vivos porque sus consecuencias siguen vivas, ya que todavía no se han solucionado adecuadamente. Son cuestiones como el coste público del rescate financiero. La versión oficial sigue siendo que el coste es cero. Nosotros insistimos una y otra vez en que querríamos una estimación más realista y un plan más concreto de cómo se van a recuperar esas ayudas. Son cuestiones que tienen que ver con que, mientras haya entidades nacionalizadas en manos públicas, aunque nosotros queremos que vuelvan al sector privado, tiene sentido que realicen una labor social, por ejemplo, garantizando unos mínimos de crédito a las pymes, garantizando que no disminuya el volumen de crédito a las pymes en esas entidades nacionalizadas o utilizando parte del stock de vivienda de la Sareb sin vender para mejorar el parque de vivienda pública en alquiler, algo que se decía que era imposible y que ahora se ha hecho pero con un número de viviendas muy limitado. También nos preocupa la situación de los preferentistas estafados, a los que solo se ha resarcido parcialmente, y nos sigue inquietando la falta de asunción de responsabilidades de los causantes de esta hecatombe financiera, los
que llevaron a las cajas a su quiebra, los que han provocado un rescate europeo, un aumento de la deuda pública brutal, despidos en el sector financiero y la estafa de los preferentistas. A día de hoy, en su mayor parte siguen disfrutando sus prejubilaciones o sus indemnizaciones, y nuestra enmienda 20 va en este sentido.
Recapitulando y concluyendo, es un proyecto de ley que supone mejoras importantes en nuestro sistema financiero por un impulso europeo y que no podemos rechazar, pero es un proyecto de ley que se queda corto para la política concreta que nosotros defendemos y no podemos apoyar sin reservas, y de ahí que nuestro voto vaya a ser la abstención. Valoramos la enmienda transaccional alcanzada con el grupo mayoritario en la línea de mejorar las instituciones de defensa de los usuarios de servicios financieros, los servicios de reclamaciones. Y otro asunto importante que no he citado antes, un plazo para trasponer una directiva comunitaria que va a mejorar la situación de los usuarios de servicios financieros cuando piden créditos para la adquisición de inmuebles. Nuestro voto, por tanto, va a ser la abstención, como digo.
No puedo terminar sin entrar en el debate de la enmienda 144, que no parecía el tema crucial en este proyecto de ley pero se ha convertido al final en lo que ha centrado las intervenciones anteriores. Tengo que hacer referencia a esta cuestión para que quede constancia de la pluralidad de visiones y de opiniones que hay en este Congreso de los Diputados, porque para los otros grupos es una enmienda que supone una invasión competencial inadmisible y a nosotros nos parece exactamente lo contrario, que el tema del protectorado de las fundaciones bancarias limita excesivamente el papel del Estado. En nuestra opinión, cuando estas fundaciones bancarias actúan en más de una comunidad autónoma el protectorado debería ser siempre del Estado. Que quede constancia de esta pluralidad de visiones que hay en la Cámara y en la sociedad sobre estos temas.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Como ustedes saben, hace dos meses, cuando debatíamos las enmiendas a la totalidad de este proyecto, nuestro grupo no solo no presentó enmienda, sino que incluso votó en contra de las presentadas por otros grupos parlamentarios. Valorábamos entonces positivamente, tal y como se puede comprobar en el "Diario de Sesiones", la aprobación de este proyecto, que considerábamos incluso imprescindible para el sector financiero. No obstante, ya avanzábamos que íbamos a presentar unas enmiendas parciales con el fin de mejorar el texto inicial. En este contexto hemos presentado nueve enmiendas.
Las tres primeras, que a tenor de lo comentado con los portavoces del Grupo Popular no parece que vayan a ser aprobadas, responden a la necesidad de dar cobertura a dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 96/1996 y la 235/1999, a propósito del artículo 42 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. En dichas sentencias se establece que la ley no puede reservar al Estado la totalidad de las competencias en la materia sobre las entidades de crédito distintas a las cajas de ahorros y cooperativas, al margen de las características estructurales y operativas de sus ámbitos de actuación y de los riesgos que conllevan para la estabilidad y confianza en el sistema financiero. El Tribunal Constitucional considera también que cuando una comunidad autónoma ha asumido el desarrollo legislativo de las bases de la ordenación de crédito y banca, cuya fijación es competencia del Estado, es necesario tener en cuenta que el establecimiento por parte del Estado de las bases de ordenación no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa competencia de la comunidad autónoma. Estoy hablando del Tribunal Constitucional. En consecuencia, en la interdicción del vaciamiento de la competencia autonómica en sus facetas de desarrollo normativo y de ejecución, no puede ser desconocida o privada de toda relevancia. Se trata, por tanto, de dotar de contenido a un precepto del Estatuto de Gernika sobre la ordenación del crédito de los bancos que desarrollan su actividad, como se establece, con carácter principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Llevamos muchos años tratando de dar cumplimiento a esta cuestión y seguiremos haciéndolo, ya que todos estamos obligados tanto a cumplir las sentencias como a cumplir y a ser respetuosos con los estatutos de autonomía, y en concreto también con el Estatuto de Autonomía de Gernika.
Las cuatro enmiendas siguientes, que parece que van a ser aceptadas y son coincidentes con algunas que ha presentado Convergència i Unió, pretenden, por un lado, dar un mayor énfasis a la aplicación de las políticas de igualdad en los consejos de administración y, por otro, dar mayor cabida a los consejeros independientes tanto en el comité de nombramientos como en el de remuneraciones y en el de riesgos.
Las dos últimas enmiendas, relativas a la obligación del Banco de España de remitir a las Cortes los resultados de las pruebas de resistencia, así como la creación de un consejo marco prudencial, han sido también objeto de una transacción que nos parece razonable. Sin embargo -y aquí viene la cuestión-, a pesar de lo dicho, el Grupo Vasco va a votar en contra del dictamen de este proyecto de ley. El motivo es que el Grupo Popular ha presentado una enmienda -a la que se han referido también otros portavoces- que a su vez ha sido modificada -creemos, porque todavía no la hemos visto- por el propio Grupo Popular -una autoenmienda o una modificación de la enmienda inicial-, con el fin de que el protectorado de las fundaciones bancarias recaiga o pueda recaer en manos del Ministerio de Economía, al margen de donde se desarrolle su obra social, actividad principal de la fundación, y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Quisiera en este sentido argumentar nuestra posición para que se entienda este voto en contra del proyecto por parte de nuestro grupo parlamentario. Con carácter previo me gustaría señalar que trabajamos intensamente durante bastante tiempo para alcanzar un acuerdo -como bien saben los portavoces del Grupo Popular- en la materia de las fundaciones bancarias. Con esta enmienda consideramos que se rompe aquel espíritu negociador, puesto que afecta negativamente a la ley de las entidades pactada y al marco jurídico vigente. Nos oponemos, en primer lugar, y creo que es bastante contundente, por ser contraria esta enmienda al Estatuto de Gernika. El artículo 10 del citado estatuto establece que la comunidad autónoma de Euskadi tendrá competencia exclusiva, entre otras materias, dice en su apartado 13: en fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares en tanto se desarrollen principalmente sus funciones en el País Vaco. Nos encontramos, en consecuencia, ante una cuestión de principio: mi grupo no puede aceptar cualquier tipo de norma que tenga como objeto o produzca el efecto de alterar la distribución de competencias convenidas en el momento de la elaboración del estatuto. Dentro de esa competencia genérica en materia de fundaciones se incluye, como es evidente, ejercer las funciones que corresponden al protectorado. Nunca ha sido esto objeto de discusión en relación con las fundaciones que cumplen el requisito mencionado de desarrollar principalmente sus funciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En el momento de la elaboración de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que ahora se pretende modificar, quedó claro que en el caso de la fundación bancaria era conveniente, sin afectar, y esto es importante, a las competencias estatutarias, reconocer la intervención del Banco de España en las materias propias de su competencia; las que no eran propias del protectorado corresponderían a esa entidad y de ese modo se respetaba el estatuto, dada la independencia del Banco de España de cualquier Gobierno. Quedaba claro también que no había modificación en la titularidad del protectorado respecto del régimen ordinario de la fundación, mientras que el control del cumplimiento de las normas contenidas en el capítulo IV de esta ley, en los artículos 45 y 46, es decir, de las derivadas de la participación en las entidades de crédito, correspondía al Banco de España; no había ningún tercero. Con el texto al que nos referimos, bien sea la enmienda inicial o sea la autoenmienda, o se hurta a la comunidad autónoma de dicha competencia o se inicia el camino que conduce a ese objetivo, lo que viene a ser algo parecido. Repito, no podemos en ningún caso dar conformidad a ningún tipo de texto de ningún tipo de norma que atente contra lo previsto en el estatuto. Bastaría, en nuestra opinión, este dato para que no fuera necesario explicar con más detalles nuestra posición, pero dada la importancia para nosotros de esta enmienda, lo haremos. Esta enmienda o autoenmienda -insisto en que esperamos conocerla antes de la votación- modifica a medida la Ley de fundaciones bancarias. En efecto, con independencia de lo anterior, existen razones suficientes para concluir de igual manera, esto es, negando nuestro voto en la aprobación de la modificación de la reiterada ley, amparada con cierta nocturnidad, aprovechando una ley que nada tiene que ver con la de fundaciones bancarias, porque además la enmienda a la que nos referimos ha tenido un proceso bastante singular y, en nuestra opinión, ha sido un océano de contradicciones. En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del 3 de abril de 2014 se publica una enmienda del Grupo Popular con el número 144. En dicha enmienda se pretende aclarar el significado de la actividad principal a que se dedican las fundaciones bancarias, a los efectos de la asignación de las funciones del protectorado. Pues bien, en dicha propuesta de enmienda se utilizan dos criterios, el gasto en obra social y la actividad de la entidad de crédito con objeto de determinar dónde ejerce su actividad principal la fundación del caso. Repetimos, dos criterios. Pero hace unos días pudimos conocer -que previsiblemente sea la autoenmienda- un nuevo texto en relación con esta misma materia que regula de manera diferente lo que ya contemplaba la enmienda 144, y básicamente es a esta propuesta de enmienda a la que me voy a referir, porque creo que es la que se va a someter a votación.
En primer lugar, sin causa que se pueda explicar en público, ya no van a existir dos criterios para determinar la actividad principal de la fundación sino solo uno, el referido no a la actividad propia de la fundación bancaria, sino a la actividad de la entidad de crédito en la que la fundación bancaria tiene una participación. Como se ve, no es que de dos criterios se pase a uno único, sino que de los dos anteriormente utilizados se excluye precisamente el que constituye la actividad principal de la fundación, es decir, el gasto en obra social. Causa sorpresa que precisamente desaparezca como criterio básico para adjudicar la competencia en materia de protectorado la actividad que realiza la fundación, puesto que la actividad financiera la realiza una entidad de crédito en la que participa la fundación, pero que naturalmente no gestiona, sino que lo hacen los órganos correspondientes al banco. Y no es obstáculo para ello el hecho de que dentro de la propia enmienda se incorpore una flagrante contradicción. Así, en la letra c) del apartado 4 -veremos si al final es el texto que yo tengo- se establece que cuando el protectorado deba designar nuevos patronos, procurará que estén representadas las comunidades autónomas en las que la fundación bancaria desarrolle su obra social. Como se ve, aquí solo hay un criterio, y es el de la obra social. En el texto, un criterio, y no el de la obra social, que es el propio de la actividad de la fundación, sino otro diferente. Antes había dos criterios; ahora hay uno. Creo que hay que ordenarlo. En nuestra opinión también hay otra contradicción, y es que la enmienda del ministerio comienza proponiendo una modificación de la propia exposición de motivos de la ley en lo que se refiere al criterio correspondiente a la obra social en estos términos. Dice: En cuanto al criterio correspondiente a la obra social, al no ser novedoso en sentido estricto respecto a criterios que ya venían aplicándose con carácter general en materia de fundaciones, no parece necesario hacer para las fundaciones bancarias ninguna precisión adicional. Aquí caben dos alternativas. La primera, perfectamente posible, que no se entienda nada del texto o que se trate de un acertijo. Y la segunda, tras algún esfuerzo, que lo único que se tiene claro del texto es que debe tenerse en cuenta el criterio correspondiente a la obra social y que por ello no es necesario mencionarlo expresamente en el caso de las fundaciones bancarias. Hágannos el favor de no mencionar una tercera posibilidad, que por razón del gasto en obra social hay un protectorado, por la actividad de la entidad de crédito hay otro protectorado, más el Banco de España, que también ejerce sus funciones. Finalmente, para que no quede contradicción alguna sin inaugurar, el texto es contradictorio con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de fundaciones, en el que se establece que serán de competencia estatal las fundaciones que desarrollen su actividad -la de la fundación- en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una comunidad autónoma. Parece que la legislación estatal en materia de fundaciones, esa que según el preámbulo no es necesario citar porque ya está, a la hora de delimitar competencias se fija en el ámbito que desarrollan principalmente sus actividades dichas fundaciones, y no las entidades en las que participan.
Me van a permitir, si lo hace también el presidente, hacer mínimamente hincapié en el tema de las fundaciones en la propia ley. La legislación estatal en materia de fundaciones, como también las legislaciones autonómicas, a la hora de delimitar sus respectivas competencias en dicha materia tienen en cuenta el ámbito territorial en que desarrollan principalmente sus actividades dichas fundaciones. En la actualidad, por ejemplo, la legislación vasca en materia de fundaciones se aplica a las que desarrollan sus funciones principalmente en el País Vasco, atendiendo a lo que dispongan sus estatutos en relación con su domicilio, las sedes de sus establecimientos o delegaciones y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades. Por tanto, y por regla general, elemento esencial a tener en cuenta es el ámbito en el que desarrolla principalmente su actividad la fundación bancaria, al margen de la actividad de la entidad de crédito participada. Porque, en definitiva, el control, la vigilancia y la supervisión de la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito ya se atribuye de manera específica al Banco de España en el artículo 46 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. En efecto, una lectura conjunta de ambos artículos de dicha norma nos lleva a esta conclusión a la vista del capítulo 4 de esta ley, es decir, de la participación en entidades de crédito. En definitiva, se atribuye al Banco de España todas las funciones de control que tengan relación con la participación accionarial significativa de la fundación bancaria en la entidad de crédito. Por lo tanto, si la gestión por la fundación bancaria de su participación en la entidad de crédito ya se encuentra bajo la supervisión del Banco de España, no encontramos justificación alguna tener en cuenta la implantación territorial de la entidad de crédito participada para determinar a quién le puede corresponder el protectorado de la fundación bancaria. El único elemento a tener en cuenta para realizar dicha distribución no puede ser otro que el del ámbito de actuación de la obra social de esta fundación bancaria, tal y como así se prevé también para determinar la composición del patronato, máximo órgano de gobierno y representación
de la fundación bancaria. A estos efectos, el artículo 39.3 de la Ley 26/2013 referida dispone que los patronos serán personas físicas o jurídicas relevantes en el ámbito de actuación de la obra social de la fundación bancaria. No hace ninguna mención a que puedan serlo también aquellas personas físicas o jurídicas relevantes en el ámbito de actuación de la entidad de crédito participada por esta fundación bancaria. Perdonen la extensión, pero para nuestro grupo es importante hacer estas precisiones en una cuestión tan relevante, de tanto calado jurídico y político. En resumen, a nuestro juicio, sería el criterio vinculado al lugar donde se desarrolla la obra social, propio de toda fundación, el que tendría que aplicarse, y si no, alguien nos lo tendría que explicar mejor.
Por todo lo explicado, por ser esta una enmienda del Grupo Popular contraria al Estatuto de Gernika, por no respetar la Ley de Fundaciones del País Vasco y por alterar los equilibrios políticos alcanzados al debatir la Ley de fundaciones bancarias, el Grupo Vasco se ve en la obligación de votar en contra de la enmienda, no sé si la inicial o no sé si la autoenmienda del Grupo Popular a la que me he referido. También votaremos negativamente el dictamen del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, tal y como había anunciado.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Señorías, en primer lugar, quiero subrayar que el voto de Amaiur va a ser contrario a esta ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Va a ser contrario por su incoherencia con lo que venimos manteniendo en todos los debates que se han producido alrededor del proceso de reestructuración y reconversión del sistema financiero del Estado español. Vamos a votar en contra porque lo que hace esta ley es perpetuar la filosofía de las leyes anteriores y de todo el proceso.
En primer lugar, esta es una ley que sigue favoreciendo el oligopolio financiero, es decir, sigue favoreciendo a las entidades financieras que se están haciendo con el control del mercado financiero en el Estado español. Esto lleva consigo una consecuencia muy inmediata, y es que esta ley sigue dando la espalda a los usuarios, a las personas, a la gente, a los ahorradores que interactúan en el sistema financiero. Es una ley que, como todas las que se refieren a la reforma estructural del sistema financiero que ha promovido el Gobierno del Partido Popular, responde con prontitud a las urgencias, necesidades y demandas de ese oligopolio financiero y con tremenda lentitud a las necesidades, demandas y angustias de los ahorradores, de la gente de a pie, de la calle. En segundo lugar, podríamos decir que esta ley sigue sin dar una respuesta contundente, por ejemplo, a las personas afectadas por las participaciones preferentes o por las acciones subordinadas; siguen estando en una especie de limbo, en el que se les va dando con cuentagotas y muy lentamente respuesta a temas puntuales, pero al final no se está abordando la situación globalmente, sabiendo además que incluso desde el punto de vista cuantitativo es muy inferior a las medidas que se han tomado para salvar a las entidades financieras. Este es un elemento que afecta a mucha gente, también en mi país; ahí podríamos incluir a todas las personas afectadas por las participaciones preferentes y acciones subordinadas referidas al caso Eroski, por ejemplo, o similares. En tercer lugar, tenemos que señalar que al final esta ley perpetúa un modelo que tiene una visión social muy concreta, una visión de un modelo social de Estado contrario al que nosotros propugnamos porque, como decía antes, sigue dando la espalda a los usuarios, a los consumidores, a la gente en general.
Hay otro elemento que nos preocupa y al que también se han referido otros portavoces, y es esa enmienda 144 introducida por el Grupo Popular que profundiza en la recentralización del Estado, que da la espalda a la realidad plurinacional de este Estado y que supone un ataque directo a las demandas de soberanía que desde mi país, desde Euskal Herria, se están planteando de forma continua. Creo que es una enmienda muy negativa; no va a solucionar ningún problema sino que va a generar más problemas aún, va a profundizar en la desaparición de la realidad de la obra social de las entidades de crédito -en el caso de las cajas es un elemento que claramente lleva camino de desaparecer- y lo que va a hacer es acelerar ese proceso e impedir que en aquellos ámbitos nacionales en los que se quiera perpetuar y potenciar la obra social de las cajas se vean impedidos precisamente por esta recentralización.
Yo le diría al Partido Popular que sigan así, que sigan con esta política de recentralización, de negar la realidad evidente de un Estado plurinacional, porque eso lo único que va a conseguir es que desde esos ámbitos nacionales sin Estado, en concreto en el caso de Euskal Herria, las demandas de soberanía aumenten y el número de ciudadanos y ciudadanas que se van a sumar a esa demanda de soberanía y a esa defensa del derecho a decidir y del derecho a ejercer la soberanía va a aumentar de forma importante.
(El señor presidente ocupa la Presidencia). Insisto, este tipo de leyes y sobre todo esa actitud permanente del Partido Popular nos refuerza de forma continua, al menos a nuestro grupo, en la necesidad de avanzar en los ámbitos de reclamación de soberanía y en la necesidad de ejercer la soberanía precisamente para poder construir un modelo de sociedad diferente, más justo, en el que el compromiso con el Estado del bienestar y el compromiso con los ciudadanos y ciudadanas sea una realidad.
Por todas estas razones -y vuelvo al principio de mi intervención- vamos a votar en contra de esta ley que, insisto, no solventa ninguno de los problemas que tiene ahora mismo el sistema financiero; lo único que hace es reforzar el oligopolio financiero, dar la espalda a los usuarios, a la mayoría de la ciudadanía, y perpetuar ese proceso de recentralización del Estado, que consideramos que es un grave error por parte del Partido Popular, que va a suponer un aliciente más para que la ciudadanía de Euskal Herria vea con claridad que la única salida que tiene para lograr una sociedad más justa es ejercer la soberanía de forma plena.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz el señor Araújo. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra). Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, después del señor Araújo yo también intervendré mínimamente.
Señor Araújo.
El señor ARAÚJO GIL: Señor presidente, en vista de la polémica surgida con el artículo 144 voy a ceder parte de mi tiempo a nuestro portavoz, el señor Martínez-Pujalte, para que aclare todos aquellos temas que ya hemos discutido con los portavoces pero que es necesario que se expliquen públicamente.
Voy a centrar mi intervención en el proyecto de ley objeto de debate. En primer lugar, señorías, tengo que agradecer, como no podía ser de otra manera, aunque lo he dudado durante el transcurso de esta sesión, que el señor Martínez-Pujalte haya confiado en este humilde diputado para realizar la defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, junto con mis compañeras Irene Garrido y María Eugenia Romero, de este proyecto de ley. También quiero agradecer muy especialmente -lo digo de todo corazón- a todos los portavoces que han intervenido como ponentes en esta ley, con independencia de su votación final, el trabajo que han realizado y sus conocimientos sobre la materia que estamos legislando y, por lo visto, sobre otras también.
Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito es una norma que refuerza el nivel de exigencia al sector financiero en materia de regulación prudencial. Con ello, la normativa española incorpora los acuerdos internacionales adoptados en respuesta a la crisis de 2008, y con carácter preventivo el proyecto de ley contempla y absorbe, como ya se ha comentado, el Real Decreto-ley de 29 de noviembre de 2013, que reguló las materias más urgentes en aquel momento al respecto. El denominado marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria constituyó la respuesta internacional más relevante a las carencias regulatorias detectadas con la crisis. Los ejes principales de este acuerdo se transforman a mediados del año pasado en normativa armonizada de la Unión Europea, mediante un reglamento y una directiva que hoy se trasladan plenamente a la normativa española. Pero en este texto no solo se contempla la trasposición europea en nuestro ordenamiento jurídico, también se consigue otro objetivo importante, que es la necesaria refundición en un solo texto de las normas con rango de ley que regulan la ordenación y la disciplina de las entidades de crédito.
Este proyecto de ley se organiza en tres bloques; el primero aborda el régimen jurídico de las entidades de crédito, en el que se incluyen los requisitos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo; el segundo trata más específicamente de la supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito, así como del régimen sancionador; el tercero, modifica la Ley de mercados de valores para adoptarla a la normativa europea, adecua el régimen de participaciones preferentes, adapta la regulación de los conglomerados financieros y modifica la composición de la comisión gestora del Fondo de garantía de depósitos.
Permítanme que me refiera a cada uno de ellos detalladamente. En primer lugar, el régimen jurídico de las entidades de crédito. En este primer bloque se recoge la pérdida de la condición de entidad de crédito por parte de los establecimientos financieros de crédito, dado que no pueden captar depósitos u
otros fondos reembolsables y que ya se establecía en el real decreto del pasado noviembre. Habrá, no obstante, un periodo transitorio en el que podrán mantener tal condición hasta que se apruebe un régimen singular para esta actividad. En materia de gobierno corporativo y remuneraciones las novedades son las siguientes. Se imponen límites al número de consejos en los que podrá participar un consejero; dos más si se ejercen funciones ejecutivas y hasta cuatro si no se ejercen estas funciones. Se prohíbe el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado, y excepcionalmente será autorizado por el Banco de España. Se limita la remuneración variable al cien por cien de la remuneración fija, salvo que la junta de accionistas autorice hasta el límite máximo del 200 %, y parte de la remuneración variable total a determinar por la entidad deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas. También se introduce la obligatoriedad de que las entidades cuenten con un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos, ponderando dicha obligación por el tamaño, la naturaleza y el alcance de la complejidad de sus actividades. Se exige a las entidades la publicación de retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su consejo de administración.
Respecto a la supervisión prudencial y solvencia, en ese segundo bloque y en lo relativo a supervisión, las principales novedades son las siguientes. Se fija por primera vez la obligación expresa del Banco de España de presentar al menos una vez al año un programa supervisor que recoja el contenido y la forma que tomará la actividad supervisora y las actuaciones a emprender en virtud de los resultados obtenidos; este programa incluirá un test de estrés al menos una vez al año. Se establece la obligación de las entidades de crédito de publicar anualmente el denominado informe bancario anual, un documento donde se recojan en base consolidada datos como el número de empleados, los impuestos a pagar o las subvenciones públicas recibidas, entre otros. Dentro de este bloque se incorporan los nuevos requisitos de solvencia que quedan a decisión nacional. A esos efectos la gran novedad son los colchones de capital, que permiten a los supervisores exigir niveles de capital superiores a los establecidos en el correspondiente reglamento comunitario. En concreto, se definen cinco tipos de colchones. Colchón de conservación de capital para pérdidas inesperadas; se aplicará desde el día 1 de enero de 2016 y será del 2,5 % en 2019. Colchón de capital anticíclico específico, que pretende evitar el efecto procíclico de la regulación prudencial; se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y será de hasta el 2,5 %. Colchones de capital para entidades de importancia sistémica mundial y para otras entidades de importancia sistémica; se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 y será de entre el 1 % y el 3,5 % en función del carácter más o menos sistémico de la entidad a la que se aplique. Colchón contra riesgos sistémicos; puede alcanzar niveles del 5 % y el supervisor decide discrecionalmente cuándo y en qué medida exigirlo con el fin de reducir los riesgos derivados del efecto de la evolución de la economía en el sistema financiero. Esos colchones suponen un complemento al reglamento de aplicación directa en virtud del cual se eleva el capital de nivel I ordinario -recuerden: compuesto por capital y reservas- hasta al menos el 4,5 % de los activos ponderados por riesgos a partir de 2015. Igualmente, se establece una definición de capital más estricta para garantizar la capacidad real de absorber pérdidas de este. Hay, por último, mayor exigencia en cuanto a los requisitos de liquidez suficientes para cubrir necesidades en escenarios de estrés y un nuevo ratio de apalancamiento que se aplicará desde 2018.
Respecto al fondo de garantías de depósito, en el tercer y último bloque, lo más destacable es el cambio en la composición de la comisión gestora del Fondo de garantías de depósito al tratarse de una institución incluida dentro del perímetro de consolidación fiscal. Estará integrada por once miembros; un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro designados por el Banco de España y cinco por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas: tres de bancos, una de cajas de ahorro y una de cooperativas de crédito. La presidencia la mantendrá el subgobernador del Banco de España.
En definitiva, señorías, hemos trabajado desde el Grupo Parlamentario Popular y evidentemente desde el resto de grupos, en este proyecto de ley de una forma muy intensa. Hemos solicitado, y creo que se ha conseguido, grandes acuerdos; se han propuesto muchísimas transaccionales, se ha dicho que sí a muchísimas mejoras en el articulado tanto a nivel técnico como a nivel político en toda la redacción de esta ley. No voy a responder a cada uno de ellos, pero sí quería hacer un par de comentarios a lo expuesto por el señor Hurtado, diciéndole que es una lástima que de todo lo que haya recogido no aprovecharan los últimos ocho años de gobierno para realizarlo y que hoy solamente tengan ideas tanto respecto de
esta ley como de temas que se salen totalmente de la competencia de la misma. Las referencias al artículo 144 las hará mi compañero. Simplemente, señorías, de verdad, quiero agradecerles a todos la colaboración en el desarrollo de esta ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, tiene usted la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, intervendré con brevedad para que estemos en condiciones de votar a las doce y media. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular y del resto de grupos el esfuerzo que se ha hecho para aprobar esta ley. Creo que en líneas generales se ha trabajado con consenso, con diálogo, con muchas conversaciones, lo que hace que nos encontramos ante una excelente reforma que responde a nuestros compromisos europeos. Pero esta mañana ha habido polémica en torno a una enmienda, la 144, que el Grupo Parlamentario Popular modifica presentando una transacción a su propia enmienda para aclarar algunos conceptos. Quiero señalar, para que conste en el "Diario de Sesiones" y para decírselo al resto de los grupos, que la enmienda 144 no modifica en absoluto el espíritu de la ley sino que aclara lo que ya viene señalado en la misma. Señores portavoces, no estamos modificando la ley, estamos dando unas notas que aclaren lo que dice la ley en torno a quién debe tener el protectorado de las fundaciones en las que se convierten las cajas de ahorros. La ley especifica -y fue aprobada por muchos grupos parlamentarios y muy aceptada socialmente- que cuando una caja de ahorros se transforma en fundación, es decir, se constituye una fundación que tiene las acciones en una entidad financiera, esa fundación está en el protectorado de la comunidad autónoma siempre que su actividad principal se realice en esa comunidad autónoma. Y está en el protectorado de la Administración General del Estado cuando realiza su actividad principal fuera de esa comunidad autónoma. Esta enmienda lo que hace es aclarar los conceptos, aclarar qué significa actividad principal.
Entiendo que algunos diputados puedan hablar de si hay un vicio de inconstitucionalidad, pero se ha aquilatado -quiero que conste en el "Diario de Sesiones"- y se ha trabajado con detalle para que la transacción que hoy presentamos contenga todo el marco necesario para dotar de constitucionalidad a la reforma. Para nada, señorías, las fundaciones en las que se transformen las cajas de ahorros van a estar controladas por las administraciones, ni autonómica ni nacional. Son fundaciones que realizarán su actividad con independencia de las administraciones. No puede haber en el patronato de la fundaciones ningún cargo público, ni puede haber representantes en un porcentaje superior a una mínima parte -creo que es el 25 %- de representantes de administraciones que en ningún caso pueden ser cargos públicos, y la fundación, de acuerdo con sus estatutos, determinará qué hace con los dividendos que cobre por su tenencia de acciones. Nadie cree que las administraciones van a influir en los patronatos, igual que nadie entendería que alguien pensara que porque la Fundación Ideas está en el protectorado del Ministerio de Educación es el señor Wert el que dice qué trabajo va a realizar esta fundación. Y nadie creería que porque la Cruz Roja está en el protectorado del Ministerio de Sanidad, es el ministerio -este o el anterior- el que determina a qué destina el dinero la Cruz Roja. Lo que hay es un deber de vigilancia con las actividades para que no gasten el dinero indebidamente, pero las decisiones van a competer al patronato de la fundación, que es independiente una vez aprobados los estatutos. Y esto lo que hace es garantizar -acabo, señor presidente- la despolitización total de las entidades sobre la actividad financiera, y el plan de actuación de las fundaciones que tienen más de 50 % de una entidad financiera, y tienen la obligación de desinvertir, no lo vigilará ni la Administración; compete al Banco de España vigilar que se siga el plan de desinversión adecuado.
Señoría, esta mañana hemos tenido un debate muy interesante, pero a veces he echado en falta un poquito de realidad. Creo que no se sabe muy bien lo que estábamos diciendo, aunque respeto absolutamente la posición de todos los portavoces, y agradezco su buena disposición para trabajar en esta y en otras leyes.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos tres minutos para posibilitar que los grupos estén debidamente representados. (Pausa).
Señorías, vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la 29 del Grupo Vasco y a la 86 del Grupo Socialista.
Votamos ahora la transaccional del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas 28 del Grupo Vasco, 79 del Grupo Socialista, 108 de Convergència i Unió, y 149 del Partido Popular.
Pasamos a la siguiente transaccional del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas 91 del Grupo Socialista y 140 del Grupo Popular.
Pasamos a votar la transaccional del Grupo Popular a las enmiendas 112 del Grupo Popular y a la 100 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 2; abstenciones, 1.
Pasamos a la transaccional del Grupo Popular a las enmiendas 123 del mismo Grupo Popular y a la 110 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 3; abstenciones, 10.
La siguiente enmienda transaccional del Grupo Popular es a la 14 de Unión Progreso y Democracia y a la 69 del Grupo Socialista.
La siguiente transaccional es del Grupo Popular a la 70 del Grupo Socialista.
La última transaccional es del Grupo Popular a la 76 del Grupo Socialista.
Pasamos a las enmiendas de los grupos. En primer lugar, del Grupo Vasco PNV votamos las enmiendas 21 a 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 10.
Votamos las enmiendas 24 a 27 del mismo grupo.
Pasamos al Grupo de UPyD. En primer lugar, votamos su enmienda número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25, abstenciones, 1.
Votamos ahora del mismo Grupo de UPyD las enmiendas 3, 8, 13, 15 a 18 y 20.
Resto de las enmiendas del grupo, salvo la 14, que se ha transaccionado.
Pasamos a La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos las enmiendas 31, 47 y 60.
Votamos del mismo grupo las enmiendas 37, 38, 54, 55 y 58.
Votamos del mismo Grupo de La Izquierda Plural las enmiendas 30, 35, 36, 39 a 41, 43, 44, 46, 51 a 53 y 61 a 65.
Votamos la enmienda 50 del mismo grupo.
Votamos las enmiendas 49 y 57.
Votamos las enmiendas 32 a 34.
Votamos las enmiendas 42 y 45.
Votamos ahora la enmienda 48 de La Izquierda Plural.
Votamos ahora las enmiendas 66 y 67.
Votamos la enmienda 56.
Votamos, por último, del Grupo de La Izquierda Plural, la enmienda 59.
Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos la enmienda 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 2; abstenciones, 12.
Votamos la 102.
Pasamos a votar la 109 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Votamos ahora las enmiendas del mismo grupo 103 y 106.
Votamos las enmiendas 104, 105 y 107.
Votamos la enmienda 111.
Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos la enmienda 68.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, 2; abstenciones, 3.
Pasamos a la enmienda 72 del Grupo Socialista.
Votamos las enmiendas 90 y 98 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26; abstenciones, 1.
Votamos las enmiendas 81, 82, 88 y 93 del mismo grupo.
Pasamos a las enmiendas 92 y 96.
Pasamos a votar ahora el bloque de las enmiendas 80, 83, 84, 87, 89, 94, 95, 97 y 99.
Vamos ahora a la enmienda número 77 del Grupo Socialista.
Votamos la última enmienda del Grupo Socialista, la número 85.
Pasamos al Grupo Popular. Hay varias votaciones. En primer lugar, la autoenmienda a la 144.
Votamos las enmiendas 124 y 139.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 3; abstenciones, 12.
Votamos la enmienda 129.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 12.
Votamos las enmiendas 127 y 128.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 3; abstenciones, 1.
Votamos la enmienda 125.
Pasamos a la enmienda 120.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, 3; abstenciones, 2.
Votamos la enmienda 115.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 4; abstenciones, 2.
Pasamos a la enmienda 121.
Votamos las enmiendas 132, 133, 135 y 136.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 2; abstenciones, 2.
Enmiendas 116 y 117.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 1; abstenciones, 3.
Enmiendas 141 y 143.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, 1; abstenciones, 4.
Bloque siguiente. Enmiendas 113, 114, 118, 119, 122, 126, 130, 131, 134, 137, 138 y 145 a 148.
Votamos, por último, el texto del informe.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe.

References: resolución 
 artículo 24
 artículo 42
 artículo 10
 artículo 46
 artículo 39
 artículo 144
 real decreto 
 artículo 144