Source: http://cpcimza.org.ar/bienvenidos/reglamentacion-del-ejercicio-profesional/
Timestamp: 2014-08-23 07:29:10+00:00

Document:
Reglamentación del Ejercicio Profesional | Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza
LEY N° 6.893
REGLAMENTACION DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS LICENCIADOS EN COMERCIO INTERNACIONAL
Art. 1 – El ejercicio de la profesión de Licenciado en Comercio Internacional, queda sujeto, en el territorio de la Provincia, a lo que Prescribe la presente Ley.
Art. 2 – La profesión a que se refiere el Art. 1, sólo podrá ser ejercida por:
a) Personas titulares de diplomas habilitantes expedidos por universidades nacionales, provinciales, municipales, estatales o privadas, reconocidas por ley nacional.
b) Personas titulares de diplomas expedidos por universidades o instituciones profesionales extranjeras, revalidados por una universidad nacional.
c) Personas inscriptas en los Registros Especiales de No Graduados, estando sólo autorizados para ejercer sus actividades dentro de las limitaciones, condiciones y términos que le hubiere impuesto el Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza, al tiempo de su inscripción.
Art. 3 – Se entiende por ejercicio profesional, a los efectos de esta Ley, todo acto que suponga, requiera o comprometa la aplicación de conocimientos propios de los Licenciados en Comercio Internacional, ya sea:
a) En forma independiente.
b) En relación de dependencia.
c) En el desempeño de cargos públicos.
d) En el cumplimiento de funciones derivadas de nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de parte.
Art. 4 – Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión a que refiere el Art. 1, la inscripción en la respectiva matrícula que será llevada por el Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza y estar habilitado para el ejercicio profesional n los términos de la presente Ley.
Art. 5 – No podrán ejercer la profesión a que se refiere esta Ley, por inhabilidad:
a) Los incapaces de hecho.
b) Los fallidos y concursados, cuya conducta haya resultado calificada de dolosa o fraudulenta, mientras no sean habilitados.
c) Las personas que hubieran sido condenadas por delitos con pena mayor de tres (3) años de prisión y mientras cumplan su condena.
d) Los que se encontraren inhabilitados para ejercer la profesión por violación a las leyes especiales y los que hubieren sido excluidos del ejercicio de la profesión por sanción disciplinaria dictada en cualquier jurisdicción del país, mientras subsista la inhabilitación o sanción.
Art. 6 – El uso del título de Licenciados en Comercio Internacional se ajustará a las siguientes reglas:
a) Sólo será permitido a las personas de existencia visible que lo posean en las condiciones previstas en la presente Ley y expresado exclusivamente en idioma nacional.
b) Las asociaciones profesionales no podrán en ningún caso usar el título de la profesión que se reglamenta en esta Ley, ni ofrecer servicios profesionales, a no ser que la totalidad de sus miembros posean los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados.
c) En todos los casos deberá determinarse el título del profesional interviniente en forma indubitable y el número de inscripción en la matrícula del Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza.
Art. 7 – En los casos que asociaciones de profesionales universitarios de distintas disciplinas, cualquiera sea su organización jurídica, realicen tareas comprendidas en el ámbito de esta Ley, sin estar legalmente habilitados para ello, deberán actuar obligatoriamente, uno o más profesionales en Comercio Internacional inscriptos en la matrícula que lleva el Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza.
Art. 8 – Se considerará como uso del título, toda manifestación en idioma nacional o extranjero que permita inferir, referir o atribuir a una o más personas la capacidad o el propósito del ejercicio de la profesión en el ámbito y el nivel que son propios de dicho título, en particular:
a) El empleo de leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie.
b) La emisión, reproducción o difusión de las palabras experto, consultor, asesor, auditor, licenciado y similares, con referencia a cualquiera de los ámbitos de la profesión reglamentada por la presente Ley.
c) El empleo de los términos estudio, asesoría, instituto, sociedad, organización y otras similares. En los cargos existentes o a crearse, de entidades financieras reconocidas como tales por el Banco Central de la República Argentina, de entidades comerciales y civiles, de empresas mixtas o del Estado y cualquiera de las dependencias de los poderes de la Administración Pública Provincial o Municipal, se prohíbe el uso de las denominaciones iguales o similares a los títulos de la profesión reglamentada por esta Ley, especialmente la utilización de las palabras mencionadas en el Inciso b) de este Artículo, que den lugar a quienes lo desempeñan al uso indebido del título.
Art. 9 – Las personas que ejerzan la profesión de Licenciado en Comercio Internacional u ofrecieran los servicios inherentes a las mismas sin reunir las condiciones prescritas en esta Ley, serán sancionadas de acuerdo con las disposiciones del Código Penal y las leyes especiales que rijan en esta materia.
Art. 10 – Los dictámenes o informes de cualquier naturaleza emitidos por graduados en Comercio Internacional destinados a ser presentados ante los poderes y entidades públicas nacionales, provinciales, municipales, particulares, mixtas o privadas, requerirán la previa intervención del Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza, a los efectos de la certificación de la firma del profesional y del cumplimiento de las normas reglamentarias vigentes referidas al ejercicio de la profesión.
Art. 11 – Se requerirá título de Licenciado en Comercio Internacional, para el desempeño de funciones o cuando el perfil del cargo implique conocimientos de las respectivas incumbencias profesionales, conforme con las disposiciones de la presente Ley o las normas que se dicten en su reemplazo.
Art. 12 – El ejercicio de la profesión regulada por la presente Ley, en cuanto a la labor profesional esté destinada a hacerse fe pública hacia terceros, queda sujeto al requisito de que el profesional sea independiente respecto de la o de las partes involucradas en el trabajo a desarrollar. El alcance de la independencia de criterio será fijado por las normas éticas del ejercicio Profesional.
Art. 13 – El ejercicio de la profesión reglada por la presente Ley, en lo que se refiere a las actuaciones en materia judicial, queda sujeta al requisito de que el profesional sea independiente respecto de la o de las partes involucradas. Lo mismo ocurrirá cuando en cuestiones extrajudiciales haya situaciones conflictivas entre las partes.
Art. 14 – La Suprema Corte de Justicia formará anualmente cada fuero, con un registro o nómina década uno de los profesionales reglamentados por esta Ley, en la que podrán inscribirse sin limitación alguna, todos los profesionales habilitados en la respectiva matrícula. Las designaciones de peritos profesionales en Comercio Internacional se harán cuando correspondieren por sorteo, de acuerdo con las normas procésales vigentes.
Art. 15 – Los cargos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, Empresas del Estado, mixtas y Sociedades del Estado, cuyo desempeño requiera tener cono-cimiento de la especialidad de los graduados en Comercio Internacional, serán cubiertos por los profesionales habilitados de acuerdo con la presente Ley.
Art. 16 – Las incumbencias Profesionales de los Licenciados en Comercio Internacional son las establecidas de conformidad a lo dispuesto por Resolución Nro.651-78 del Expediente 22.936-78 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, habilitándolos para:
1.Análisis del mercado externo y del comercio internacional.
2. Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda en el mercado internacional.
3. Estudios y análisis de la coyuntura global, sectorial y regional, referidos a la especialidad.
4. Análisis y fijación de precios, política de precios de exportación para productos y servicios tradicionales y/o no tradicionales.
5. Análisis y determinaciones de costos de importación de productos y servicios.
6. Evaluación económica y financiera, de proyectos en inversiones privadas y/o públicas para la importación y exportación de productos y servicios.
7. Elaboración de estudios y proyectos de promoción de exportaciones a nivel público y/o privado.
8. Planificación, coordinación, ejecución y control de todas las actividades y tareas que directa o indirectamente vinculen al sector privado exportador e importador a instituciones de carácter público, tales como Ministerios, Administración Nacional de Aduanas, bancos oficiales y privados, etc., y a éstos con el sector privado.
9. Asesoramiento integral al sector público en toda la actividad del ámbito nacional referida a la exportación e importación de productos y servicios, especialmente las referidas a la implementación de medidas de tipo cambiario, impositivo, crediticio, fijación de tasas y recargos aduaneros, regímenes promociónales, etc.
10. Estudios, análisis, proyectos y asesoramientos al Sector Público y Privado en materia de transporte internacional para la exportación e importación de productos y servicios.
11. Estudios, análisis, proyectos y asesoramientos al Sector Público y Privado en materia de envases y embalajes de productos de exportación e importación.
12. Asesoramiento al Sector Público y Privado en materia de seguros de exportación, especialmente el Seguro de Créditos a la Exportación.
13. Asesoramiento al Sector Privado en materia de Legislación y Práctica Aduanera, regímenes cambiarlos, impositivos, crediticios, promocional, ferias y exposiciones, etc., para la exportación e importación de productos y servicios, así como al aspecto relacionado con el Derecho Internacional.
14. Toda otra cuestión relacionada con el Comercio Internacional de Productos y Servicios.
15. El ser perito en su materia en todos los fueros en el orden judicial.
Art. 17 – El Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza, es una persona jurídica de derecho público, con independencia funcional de los Poderes del Estado.
Art. 18 – Con la denominación de “Consejo de Profesionales en Comercio Internacional”, se constituye una asociación civil con domicilio legal en la ciudad de Mendoza, pudiendo establecer delegaciones dentro del territorio de la Provincia.
Art. 19 – Son sus propósitos:
a) Promover el nucleamiento de los Licenciados en Comercio Internacional con el propósito de propender a la defensa de sus intereses profesionales y asegurarles el libre ejercicio de la profesión.
b) Velar por la rectitud e idoneidad de sus miembros en el ejercicio de la profesión.
c) Elaborar el Código de Ética Profesional y cuidar que se cumplan sus principios, aplicando sanciones disciplinarias a quienes incurran en violaciones del mismo.
d) Promover el intercambio de información, así como la actualización de conocimientos entre sus asociados y fomentar la ayuda recíproca entre ellos para el enaltecimiento de la profesión.
e) Estimular entre sus miembros, la investigación técnica, económica, social y cultural en el más alto nivel y propender a la formación de un centro de información y publicaciones.
f) Desarrollar bibliotecas especializadas, promover y difundir actividades culturales y técnico-científicas entre los profesionales y la comunidad a través de congresos o seminarios sobre Comercio Internacional, o participar de los mismos por medio de sus delegados.
g) Propiciar y mantener relaciones de camaradería con asociaciones similares del país y del exterior.
h) Estrechar relaciones con el sector público y privado para difundir los alcances e incumbencias de la profesión.
i) Colaborar en estudios, informes, proyectos y demás trabajos que los poderes públicos les encomienden, relacionados con el ejercicio profesional.
j) Orientar a los asociados en el desempeño de su profesión.
k) Instituir becas y premios de estímulo a sus miembros por la especialización en estudios que les haga acreedores a los mismos.
l) Ejercer la representación y defender la jerarquía y prestigio de la profesión.
CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSO SOCIAL
Art. 20 – Para cumplir su objeto, el Consejo Profesional está capacitado para:
a) Adquirir por la compra o cualquier otro título, bienes muebles e inmuebles, instalaciones y toda clase de derechos o valores; venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos, darlos en garantía y gravarlos con prenda, hipoteca y cualquier otro derecho real.
b) Celebrar toda clase de contratos, contraer deudas por préstamos, efectuar inversiones de carácter transitorio, recibir o dar en comodato y realizar todo acto de gestión económico-administrativa.
c) Recibir donaciones con o sin cargo.
d) Realizar toda clase de actos jurídicos que no le estén expresamente prohibidos, como asimismo toda gestión administrativa judicial o extrajudicial que haga al objetivo del Consejo Profesional.
e) Podrá en consecuencia operar con Entidades Bancarias de carácter público o privado u otras Instituciones, entidades intermedias de carácter público o privado.
Art. 21 – Fijase como Patrimonio Neto del Consejo, la diferencia entre su activo y su pasivo.
Art. 22 – El Patrimonio Neto determinado conforme con el artículo anterior representa la responsabilidad patrimonial del Consejo.
Art. 23 – Serán recursos del Consejo:
a) El derecho de inscripción de la matrícula.
b) El derecho anual del ejercicio profesional.
c) Los derechos que se cobren por organización de cursos, jornadas, conferencias y cualquier otro evento de esta naturaleza.
d) Las donaciones, contribuciones, legados e intereses por operaciones con entidades financieras.
e) Los ingresos que se produzcan por la prestación de servicios a los matriculados, dentro de las áreas jurídicas, sociales, previsionales u otras que se establezcan oportunamente.
f) Los derechos que se cobren por la certificación de firmas y control de cumplimientos de las normas que rigen el ejercicio profesional.
g) Todo otro recurso que resuelva la Asamblea.
ASOCIADOS – CONDICIONES DE ADMISIÓN OBLIGACIONES Y DERECHOS
Art. 24 – Se establecen las siguientes categorías de asociados:
a) ACTIVOS: Los que invistan el carácter de Licenciados en Comercio Internacional (título habilitado con validez nacional según lo previsto por el Decreto Ley 17.604/67 y cualquier otra disposición que lo reemplace o modifique), tengan más de dieciocho (18) años de edad y sean aceptados en primera instancia por la Comisión Directiva, y ante una denegatoria, dejar abierta una segunda instancia ante la Asamblea Extraordinaria para dar posibilidad de apelación ante dicha denegatoria.
b) HONORARIOS: Los que en atención a los servicios prestados a las asociaciones o a determinadas condiciones personales, sean designados por la Asamblea a propuesta de la Comisión Directiva o de un número que representa el veinte por ciento (20%) de los asociados con derecho a voto.
c) VITALICIOS: Los asociados “activos” que alcancen una antigüedad ininterrumpida en la asociación de veinte (20) años.
d) ADHERENTES: Los que sin haber cumplimentado los requisitos para la obtención del título habilitante, se encuentren cursando y/o adeudando materias y otros requisitos del último año de la Licenciatura en Comercio Internacional, no adeuden materias y otras formalidades de los años anteriores, y sean aceptados por la Comisión Directiva.
Los socios adherentes tendrán las mismas obligaciones y derechos que se enumeran en los incisos a), b) y d) del artículo 25 de la presente Ley para los socios activos, pudiendo participar en las Asambleas con voz pero sin voto y no podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales.
Art. 25 – Los asociados “activos” tienen las siguientes obligaciones y derechos:
b) Cumplir las demás obligaciones que imponga esta Ley, reglamento y resoluciones de Asamblea y la Comisión Directiva.
c) Participar con voz y voto en las Asambleas cuando tengan una antigüedad de un (1) año; y ser elegidos para integrar los órganos sociales.
Art. 26 – Los asociados “honorarios” que deseen tener los mismos derechos que los “activos” deberán solicitar su admisión en esta categoría, a cuyo efecto se ajustarán a las condiciones que la presente ley exige para la misma.
Art. 27 – El derecho a matrícula y las cuotas sociales (y las contribuciones extraordinarias si las hubiere), serán fijadas por la Asamblea de Asociados.
Art. 28 – Los matriculados y asociados perderán su carácter de tales por fallecimiento, renuncia, cesantía o expulsión.
Art. 29 – Perderá su condición de matriculado y/o asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por esta Ley para serlo. El matriculado y/o aso-ciado que se atrase en el pago que corresponda a cuotas o de cualquier otra contribución establecida por la Asamblea de Asociados, será notificado por carta certificada de su obligación de ponerse al día con la Tesorería Social. Pasado un mes de la notificación sin que hubiere regularizado su situación, la Comisión Directiva declarará una suspensión del matriculado y/o asociado moroso y posteriormente será la Asamblea Extraordinaria quien decida la aplicación de la sanción definitiva.
Art. 30 – La Comisión Directiva podrá aplicar a los matriculados y/o asociados las siguientes sanciones:
b) Suspensión y la expulsión, las que se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias del caso por las siguientes causas:
1.Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Ley, reglamento o resoluciones de las Asambleas y Comisiones Directivas.
2. Inconducta notoria.
3. Hacer voluntariamente daño a la asociación, provocar desórdenes graves en su seno u observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los intereses sociales.
Art. 31 – Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior, serán resueltas por la Comisión Directiva con estricta observancia del derecho de defensa. En todos los casos, el afectado podrá interponer, dentro del término de quince (15) días de notificado de la sanción, el recurso de apelación para ante la primera Asamblea que se celebre.
COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISORA DE CUENTAS
Art. 32 – El Consejo Profesional será dirigido y administrado por una Comisión Directiva compuesta por diez (10) miembros titulares matriculados que desempeñarán los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y seis (6) Vocales. El mandato de los mismos durará dos (2) años. Habrá además, seis (6) Vocales Suplentes, los que durarán dos (2) años en su mandato. Los miembros de la Comisión Directiva podrán ser reelegidos.
Art. 33 – Habrá un órgano de fiscalización compuesto de dos (2) miembros titulares matriculados y dos (2) miembros suplentes. El mandato de los mismos durará dos (2) años.
Art. 34 – Para integrar los órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de socio matriculado “activo”, con una antigüedad de un (1) año, ser mayor de edad y ser argentino o naturalizado.
Art. 35 – En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a desempeñarse por el suplente que corresponda por orden de cargo en el Consejo, o por antigüedad en el cargo, o por edad, variantes que serán excluyentes. Este reemplazo se hará por el término de la vacancia y siempre que no exceda el mandato por el que fuera elegido dicho suplente.
Art. 36 – Si el número de vacantes en la Comisión Directiva, impidiera sesionar válidamente y no existieran suplentes en número suficiente para incorporar como reemplazantes de los titulares de la Comisión Directiva o el órgano de fiscalización, deberá convocar a elecciones dentro del término de treinta (30) días de conocida la situación, a efectos de disponer la cobertura de vacantes.
Art. 37 – La Comisión Directiva se reunirá una vez por mes, en día y hora que determine en su primera reunión anual y además, toda vez que sea citada por el Presidente o a pedido del Órgano de Fiscalización, o seis (6) miembros, debiendo en estos últimos casos celebrarse la reunión dentro de los siete (7) días, la citación se hará por circulares y con cinco (5) días de anticipación. Las reuniones de la Comisión Directiva se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las resoluciones el voto de igual mayoría de los presentes, salvo para las reconsideraciones que se requieran el voto de las dos terceras (2/3) partes, en sesión de igual números de asistentes de aquella en que se resolvió el asunto a reconsiderarse.
Art. 38 – La Comisión Directiva tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar el Consejo Profesional, sin otras limitaciones que la que resulten de las leyes que le fueren aplicables y de las resoluciones emanadas de Asambleas, siendo sus atribuciones y deberes:
a) Llevar la matrícula de profesión, resolver sobre los pedidos de inscripción y tomar juramento a los Profesionales para habilitarlos en el ejercicio de la profesión.
b) Ejercer la representación legal del Consejo por intermedio del Presidente o del Vicepresidente en su caso, sin perjuicio de los mandatos generales y especiales que se otorguen, en cuya virtud tal representación podrá ser ejercida por terceras personas, si así lo dispusiera la Comisión Directiva.
c) Conferir poderes especiales o generales y revocarlos cuando lo creyere necesario, así como querellar criminalmente.
d) Aprobar la dotación del personal, efectuar nombramientos permanentes o transitorios y fijar sus retribuciones, disponer promociones, pases, traslado, remociones, y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.
e) Efectuar toda clase de operaciones con entidades financieras reconocidas como tales por el Banco Central de la República Argentina.
f) Crear, mantener, trasladar o suprimir delegaciones dentro del territorio de la Provincia y reglamentar su funcionamiento conforme con las disposiciones de los artículos 20 y 21 respectivamente.
g) Convocar las Asambleas y redactar el orden del día.
h) Aprobar y someter a consideración de la Asamblea la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado y Estado de Evolución del Patrimonio Neto del Ejercicio del Consejo y establecer la forma de percepción del derecho de ejercicio profesional y derecho de inscripción a cargo de los matriculados, como así también de las multas y recargos por su incumplimiento. Las boletas de deudas que expidiere constituirán título de deuda suficiente para iniciar su cobro por vía ejecutiva.
i) Someter a la consideración de la Asamblea el proyecto de reglamento interno de la Comisión Directiva y del Tribunal de Ética, el Código de Ética y todo otro proyecto necesario para el cumplimiento de los fines de la entidad cuya aprobación corresponda a la Asamblea.
j) Llevar un registro actualizado con los antecedentes respectivos de los profesionales matriculados y/o asociados.
k) Ejercer la Administración del Consejo de Profesionales.
l) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir esta Ley, Estatuto y los Reglamentos, interpretando en caso de duda, con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima a celebrarse.
m) Crear comisiones o subcomisiones permanentes o transitorias para fines determinados a los efectos de un mejor cumplimiento de los propósitos y objetivos del Consejo.
n) Proponer a los poderes públicos las medidas y disposiciones que estimen necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de la Profesión.
ñ) Resolver cualquier duda o cuestión que pudiese suscitarse en la aplicación de la presente Ley a cuyo efecto la Comisión Directiva queda investida de amplios poderes sin perjuicio de dar cuenta oportunamente a la Asamblea. La enumeración que antecede es enunciativa y no taxativa y, en consecuencia la Comisión Directiva tiene toda las facultades para administrar y disponer de los bienes, excepto inmuebles del Consejo, y celebrar todos los actos que hagan al objeto del mismo, salvo las excepciones previstas en la presente Ley, incluso por intermedio de apoderados especialmente de-signados al efecto, a los fines y con amplitud de facultades que en cada caso determine. Los miembros de la Comisión Directiva sólo pueden verse eximidos de responsabilidad de la presente Ley y reglamentaciones que en consecuencia se dicten, mediante la prueba de no haber asistido a la reunión que adoptó la re-solución impugnada o la constancia de su voto en contra.
Art. 39 – El Órgano de Fiscalización, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
a) Examinar los libros y documentos del Consejo Profesional por lo menos cada tres (3) meses.
d) Verificar el cumplimiento de las Leyes, Estatutos y Reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los matriculados y/o socios, y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales.
f) Convocar a la Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva.
g) Solicitar la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniéndolo como antecedente que fundamenta su pedido a conocimiento de la Inspección General de Justicia, cuando se negare a acceder a ello la Comisión Directiva.
h) Vigilar las operaciones de liquidación del Consejo Profesional. El Órgano de Fiscalización, cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la Administración del Consejo Profesional.
Art. 40 – El Presidente o quien lo reemplace estatutariamente, tiene los siguientes deberes y obligaciones:
a) Ejercer la representación legal del Consejo Profesional y cumplir y hacer cumplir la presente ley, los Estatutos y Resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva.
b) Actuar en representación de la Comisión Directiva, convocar y presidir sus reuniones, como así también las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
c) Tendrá derecho a voto en las sesiones de la Comisión Directiva, al igual que los demás miembros del cuerpo y en caso de empate, votará nuevamente para desempatar.
d) Firmar con el Secretario las Actas de las Asambleas y de la Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento del Consejo Profesional.
e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de la Tesorería, de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a los prescritos por esta Ley.
g) Velar por la buena marcha y administración del Consejo Profesional, observando y haciendo observar la presente ley, Estatuto, Reglamento, las Resoluciones de la Asamblea y de la Comisión Directiva.
h) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las resoluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos, lo será ad referéndum de la primera reunión de la Comisión Directiva.
i) En caso de que razones de emergencia o necesidad perentoria tornen impracticables la actuación de la Comisión Directiva, ejecutará los actos reservados a la misma, sin perjuicio de informar en la primera reunión posterior que se celebre.
j) Actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estén expresamente reservados a la decisión de la Comisión Directiva.
Art. 41 – El Vicepresidente o quien lo reemplace legal o estatutariamente tendrá los mismos deberes y atribuciones del Presidente en caso de ser reemplazado.
Art. 42 – El Secretario o quien lo reemplace legal o estatutariamente, tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, redactando las actas respectivas, la que se asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente y/o Vicepresidente.
b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento del Consejo Profesional y/o Vicepresidente.
d) Llevar el Libro de Actas de Sesiones de Asambleas y Comisión Directiva de acuerdo con el Tesorero, el Libro de Registro de Matriculados y/o Asociados.
e) Asistir al Presidente y/o Vicepresidente en las funciones encomendadas por la presente ley.
Art. 43 – El Tesorero o quien lo reemplace legal y estatutariamente tiene los siguientes deberes y atribuciones:
b) Llevar de acuerdo con el Secretario, el Registro de Matriculados y/o Asociados, ocupándose de todo lo relacionado con el cobro de los derechos de matriculación y de las cuotas sociales.
d) Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales y preparar anualmente el Balance General y cuentas de gastos y recursos e inventarios que deberá aprobar la Comisión Directiva para ser sometido a la Asamblea Ordinaria.
e) Firmar con el Presidente y/o Vicepresidente los recibos y de-más documentos de Tesorería efectuando los pagos resueltos por la Comisión Directiva.
f) Efectuar en una institución bancaria a nombre del Consejo Profesional y a la orden conjunta del Presidente y/o Vicepresidente y del Tesorero, los depósitos del dinero ingresado a la Caja Social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que determine la Comisión Directiva.
g) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva, toda vez que lo exija.
h) Proyectar el presupuesto anual de gastos y recursos, así como los programas de inversión y sus modificaciones, sometiendo toda esta documentación a consideración de la Comisión Directiva.
Art. 44 – Corresponde a los vocales titulares:
b) Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les confíe. Corresponde a los vocales suplentes:
c) Entrar a formar parte de la Comisión Directiva en las condiciones previstas en la presente Ley.
d) Podrán concurrir a las sesiones de la Comisión Directiva con derecho a voz, pero no a voto. No será computable su asistencia a los efectos del quórum.
Art. 45 – Habrá dos clases de Asambleas Generales, las Ordinarias y las Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros cuatro (4) meses posteriores al cierre del ejercicio, y en ellas se deberá:
a) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización.
c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día d) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo de cinco por ciento (5%) de los matriculados y/o socios y presentados a la Comisión Directiva dentro de los treinta (30) días de cerrado el ejercicio social.
Art. 46 – Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario, o cuando lo soliciten el Órgano de Fiscalización o el diez por ciento (10%) de los matriculados y/o socios con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término de treinta (30) días y celebrarse la Asamblea dentro del plazo de quince (15) días. Si no se tomase en consideración la solicitud o se negare infundadamente a juicio de la Inspección General de Justicia, se procederá de conformidad con lo que determina el artículo 10 Inc. i) de la Ley N° 22.315.
Art. 47 – Las convocatorias a Asambleas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia por un día y convocadas por lo menos con diez (10) días de anticipación. Con la misma anticipación se pondrá la documentación pertinente a disposición de los matriculados y/ o socios, y con una anticipación no menor de quince (15) días a la convocatoria de la Asamblea.
Art. 48 – Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de Estatuto y de disolución social, sea cual fuera el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, sí antes no se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de los matriculados y/o socios con derecho a voto. Serán presididas por el Presidente y/o Vicepresidente de la entidad o en su defecto, por quien la Asamblea designe a pluralidad de votos emitidos. Quien ejerza la presidencia solo tendrá voto en caso de empate.
Art. 49 – Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos. Ningún matriculado y/o socio podrá tener más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión.
Art. 50 – Cuando se convoquen comicios o Asambleas, se confeccionará un padrón de los matriculados y/o socios en condiciones de intervenir, el que será puesto a exhibición de los matriculados y/o asociados con treinta (30) días de antelación a la fecha fijada para el acto, pudiendo formularse oposiciones hasta siete (7) días del mismo:
a) Las listas de candidatos deberán presentarse para su oficialización diez (10) días antes del acto eleccionario.
b) En todos los casos la elección se hará por simple mayoría de sufragios por el sistema de lista completa.
c) El Consejo practicará el cómputo total de las elecciones, proclamando a los electores y labrando un acta con los resultados de la elección.
RENUNCIA Y REMOCION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA Y TRIBUNAL DE ETICA
Art. 51 – Las renuncias deben ser presentadas a la Comisión Directiva y ésta podrá aceptarlas siempre que no se vea afectado el normal funcionamiento de los órganos del Consejo Profesional. En caso contrario, él o los renunciantes deberán continuar en funciones hasta tanto la Asamblea se pronuncie.
Art. 52 – Los miembros de la Comisión Directiva y Tribunal de Ética, sólo podrán ser removidos por las siguientes causas:
a) La inasistencia no justificada a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternadas en el año, de los órganos a que pertenecen.
b) Inconducta, negligencia o morosidad en el ejercicio de sus funciones.
c) Inhabilidad o incapacidad.
d) Violación de las normas de este Estatuto o las de conducta profesional.
Art. 53 – En los casos señalados por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, cada órgano decide la remoción de sus miembros por resolución fundada luego de producida la causal, sin perjuicio de ello, el órgano que integra el sancionado, podrá suspenderlo preventivamente por el término que dure el proceso originado.
Art. 54 – La Asamblea Extraordinaria es quien resuelve sobre la separación de los miembros incursos en algunas de las causales indicadas en el inciso b) del artículo 52. A ese fin, la Asamblea sólo quedará constituida y podrá decidir válidamente con la presencia de la décima parte (1/ 10) de los matriculados y/o aso-ciados habilitados del Consejo Profesional. La resolución deberá adoptarse por una mayoría de los dos tercios (2/3) de los presentes.
Art. 55 – Antes de resolver la remoción, el miembro incurso en la falta, puede ejercer su defensa en los términos y por las normas que determine el reglamento interno.
LIBROS, EJERCICIOS ECONOMICOS Y DESTINO DE UTILIDADES
Art. 56 – El ejercicio económico comenzará el 1 de julio de cada año y finalizará el 30 de junio del año siguiente. En esa oportunidad se practicará un inventario, balance general, cuadro demostrativo de gastos y recursos, de conformidad con las normas reglamentarias y administrativas vigentes y que la técnica contable aconseja, así como una memoria y situación de la Asamblea. Todo ello, previo dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas, será elevado a la Asamblea Anual Ordinaria. Las utilidades netas del ejercicio serán capitalizadas. La Asociación, deberá registrar sus actos y operaciones en los siguientes libros:
a) Registro de Matriculados y/o Socios.
b) Libros de actas de reunión de Comisión Directiva y Asambleas y Asistencia a las mismas.
c) Diario-Mayor, inventario y balances. Sin perjuicio de utilizar los libros auxiliares que crea conveniente. Todos los libros deberán estar rubricados por la Dirección de Personas Jurídicas.
Art. 57 – La Asamblea que disponga la disolución de la Asociación, deberá nombrar una Comisión Liquidadora, que podrá ser la misma Comisión Directiva o cualquier otra que estará compuesta, por lo menos, de tres (3) miembros. Deberá publicar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la realización, durante un día, en el Boletín Oficial y un diario privado de los de mayor circulación de la Provincia, un edicto enunciando la disolución con los nombres de las personas que compongan el órgano liquidador. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Asamblea, deberá remitirse copia autenticada del acta respectiva a la Dirección de Personas Jurídicas. La Comisión Revisora de Cuentas, deberá fiscalizar la liquidación del Consejo Profesional:
a) Pagada las deudas, la Comisión Liquidadora deberá comunicar el resultado de tales erogaciones dentro de los quince (15) días a la Dirección de Personas Jurídicas.
b) El producto líquido de la liquidación será destinado a la o las entidades de bien público que designe la Asamblea.
Art. 58 – No se exigirá la antigüedad establecida en el Art. 34 durante el primer año de vigencia de la presente Ley.
Art. 59 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes de abril del año dos mil uno.
Presidente H. Senadores
Susana E. Palmieri
Eduardo Cicchitti
Jorge López Reynaudo
Mendoza, 4 de mayo de 2001 Visto el expediente Nº 1426-H-2001-00020, en el que a fs. 1 obra nota de la H. Cámara de Diputados de la Provincia, recepcionada por el Poder Ejecutivo con fecha 26 de abril de 2001, mediante la que comunica la sanción Nº 6893,
Artículo 1º – Téngase por Ley de la Provincia la sanción Nº 6893.
ROBERTO RAUL IGLESIAS
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References: Resolución 
 artículo 25
 artículo 10
 resolución 
 artículo 52
 resolución 

Artículo 1