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Timestamp: 2018-03-24 15:59:06+00:00

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Dique Chico: Está suspendida la cautelar que autorizaba a fumigar y se comprobó que seis niñxs poseen alteraciones celulares por exposición a agroquímicos – Villanos Radio
El jueves 1 de febrero un grupo de 30 vecinxs autoconvocadxs de Dique Chico, junto a sus representantes, los abogados Carlos González Quintana y Darío Ávila, presentaron ante la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación un recurso de reposición. Esto deja en suspenso la medida cautelar que a fines del año pasado lograron imponer lxs productorxs para volver a fumigar.
Entre los elementos de prueba presentados a la justicia se encuentran los resultados de un estudio desarrollado por la doctora Delia Aiassa. “Aportamos un elemento nuevo, un análisis que revela que seis niñxs analizadxs evidencian en su cuerpo un impacto en la salud que puede derivar en enfermedades graves de seguir expuestos”, indicó Ávila.
Durante el mes de enero de 2018 se realizaron análisis de genotoxicidad en lxs alumnxs que asisten a la Escuela Bernardo de Monteagudo, que indicaron que lxs chicxs, de entre 7 y 11 años, poseen alteraciones celulares por exposición a agroquímicos. Cabe recordar que este colegio está incluida en la Zona de Resguardo Ambiental que propone la Resolución Nº 242/17 de la comuna de Dique Chico, ubicada a 14 kilómetros de Alta Gracia.
“La justicia ha hecho caso omiso a la situación de crisis evidenciada en estxs niñxs. Esto da la pauta de que el principio precautorio y de prevención ha fracasado absolutamente, porque si las autoridades hubiesen actuado de forma diligente y oportuna estxs chicxs no deberían tener ningún impacto en la salud”, manifestó el abogado.
“Los agentes genotóxicos están alterando sus células y en el caso de persistir en el tiempo producirían infertilidad, problemas de gestación, cáncer, entre otras enfermedades”, señalaron lxs vecinxs en un comunicado y exigieron a los jueces “Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz” que escuchen y entiendan que “la evidencia es más que suficiente para revocar la medida cautelar que permite seguir fumigando”.
La cautelar fue impuesta en los últimos días de diciembre a partir de un amparo presentado por productores. Esta decisión judicial tomada horas antes del inicio de la feria judicial, suspendía la Resolución 242/2017 que había aprobado previamente la comuna. Esta resolución prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de las viviendas y de la escuela Bernardo de Monteagudo de Bajo Chico.
Dique Chico es una comuna con menos de 300 habitantes estables. Los Dalmasso son productores que residen en la zona, pero la gran mayoría vive en otras localidades como Alta Gracia. Un grupo presentó el año pasado una acción de amparo que procura que la justicia declare la inconstitucionalidad de la resolución y planteó una medida cautelar, pidiendo que se suspenda la resolución y se les permita seguir fumigando.
“La justicia hizo lugar a esos argumentos lamentablemente. Desoyó todos los fundamentos de los vecinos y el cumplimiento de una obligación constitucional de proteger el derecho a un ambiente sano. También, ha desconocido los fundamentos técnicos y científicos en que se basó esta resolución con más de 25 estudios que la avalan. Ha hecho lugar a los argumentos netamente patrimoniales de los sojeros”, explicó Ávila. Con el recurso de reposición “hemos requerido que se deje sin efecto esa cautelar y por lo tanto no se permitan nuevas fumigaciones hasta que termine el juicio de amparo”, determinó.
“La cautelar le daba 30 días hábiles judiciales para volver a hacer las aplicaciones de agrotóxicos. Salió dos días antes de que la justicia entre en la feria de enero. Los productores no hicieron caso a este reclamo e hicieron una aplicación ilegal en un lote a la entrada de la comuna el 20 de enero”, recordó Fabio Palaoro, vecino de Dique Chico.
Palaoro vive hace dos años y medio en la comuna. Es testigo del impacto que tuvieron en la salud y el ambiente de la región la utilización de agroquímicos. “Sufrimos problemas respiratorios con broncoespasmos, sarpullidos en la piel y un registro de cáncer bastante alto para la población que somos. La deriva de estos productos químicos es mucho más que mil metros. No queremos que nos fumiguen básicamente”, sentenció.
La resolución comunal es el resultado de la movilización y organización ciudadana en la zona. Nilo Pérez, el presidente comunal, está acompañando a lxs vecinxs en su lucha por un ambiente y una vida sana, a pesar de recibir presiones del gobierno provincial para cambiar su posición, denunció Palaoro.
“La situación viene a ser una punta de lanza de acuerdo a lo que la justicia determine, ya que se podría utilizar esto como antecedente y avanzarían sobre las ordenanzas que regulan este tipo de actividad en la provincia. Por eso es tan importante este escenario para todos los municipios que tienen este resguardo ambiental”, argumentó. Son casi 60 las localidades que han delimitado zonas donde están prohibidas las fumigaciones.
“Cuando el Estado actúa a favor de los vecinos, la justicia resuelve en sentido contrario priorizando los intereses económicos, la rentabilidad y el negocio de estos productores por sobre la salud. Si esta norma prospera va a generar un precedente para la sociedad en general, porque van a concurrir lxs productorxs a esta cámara para que se declaren inconstitucionales todas las otras ordenanzas”, advirtió Ávila.
Mientras los sojeros aducen que no hay otra manera de producir que no sea con estos paquetes tecnológicos, lxs vecinxs revalorizan formas agroecológicas y sustentables “que no producen alimentos con veneno”, aseguró Palaoro. “La justicia nos marcó un camino al darle un lugar a una medida cautelar priorizando el derecho económico de ciertos productorxs antes que la salud. Estamos esperando malas noticas de la justicia. Este es el avance de un modelo extractivista sobre nuestra salud, es sólo una cuestión de rentabilidad para ellxs”, concluyó.
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