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Timestamp: 2018-11-21 16:31:10+00:00

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﻿ Sentencia 42514 de abril 2 de 2014
SENTENCIA 42514 DE 02 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:DESPIDOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES OFICIALES NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. SE AFIRMA QUE, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES OFICIALES, NO ES IMPERIOSO OBTENER PERMISO O AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA EFECTUAR DESPIDOS COLECTIVOS A LOS QUE REFIERE EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 50 DE 1990. ESTO EN VIRTUD A QUE LA FIGURA DEL DESPIDO COLECTIVO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 40 DEL DECRETO 2351 DE 1965 NO PREVÉ LA APLICACIÓN A TRABAJADORES OFICIALES, QUIENES SE ENCUENTRAN REGIDOS POR NORMAS ESPECIALES QUE DIFIEREN DE LOS TRABAJADORES PRIVADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, DERECHO DE SINDICALIZACIÓN, SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES, SINDICATO, DESPIDO COLECTIVO, ASOCIACIONES SINDICALES, AUTORIZACIÓN DE DESPIDO COLECTIVO
Sentencia 42514 de abril 2 de 2014
Rad.: 42514
SL4397-2014
En la demanda con la que sustenta el recurso, el demandante recurrente pretende que la Corte, según lo dijo en el alcance de la impugnación, case totalmente la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, “reforme la decisión de primer grado como se solicitó en el recurso de apelación por la parte actora”.
Con ese propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el D. 528/64, art. 60, modificado por la L. 16/69, art. 7º, y formuló un cargo, que fue replicado.
Acusó la sentencia “por Violación Indirecta en la modalidad de Errores de Hecho en la valoración y apreciación y apreciación (sic) de las pruebas y por ende en el quebrantamiento de los artículos 38, 39, literal b) de la Ley 50 de 1990 en concordancia con el artículo 1º de la Ley 584 de 2000, en cuanto la demandada incurrió en la prohibición de despedir suspender o modificar las condiciones de trabajo del actor”.
Según el recurrente el tribunal no valoró “las pruebas que demuestran la persecución sindical de que fue objeto el demandante junto con los demás afiliados a la organización sindical, que en la práctica desencadenó en el despido, punto que fue objeto de controversia con ocasión al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y que la sentencia de segunda instancia aunque toca este punto (...) no considera ni valora las pruebas que demuestran la violación del derecho fundamental de asociación por parte de la entidad demandada”.
Más adelante señaló que:
“El error de hecho al no valorar y apreciar las pruebas es manifiesto y evidente, ya que está demostrado dentro del proceso, mediante documentos no analizados por los juzgadores de primera y segunda instancias, la persecución sindical, los cuales me permito enumerar:
a. Folios (156 al 176). El estudio técnico en que se fundamentó el Decreto 3210 del 2002 de modificación de planta del Ministerio de Cultura y que suprimió el cargo del demandante en la (págs. 20 y 21) que reposa en el proceso, se afirma: ‘(...) Los beneficios extralegales que en materia convencional ostentan los trabajadores de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional han contribuido, entre otros, al debilitamiento de su fortaleza institucional y al cumplimiento de su función social’ (hecho 13 de la demanda).
b. Folio (14) C.D. (hecho 13 de la demanda). La ministra de entonces, Consuelo Araújo Castro, manifestó El 20 de febrero de 2003, en el programa arriba Bogotá, City TV, siendo las 8:29 a.m. en entrevista, también con Juan Lozano (se adjuntó en medio magnético al proceso): ‘La Orquesta Sinfónica Nacional no desaparece (...) se está generando un nuevo modelo que apunte primero a que tenga un esquema más flexible, que no estemos amarrados a una convención colectiva, o sea; a un régimen sindical’.
c. Folios (216 al 220). La sentencia del 13 de Octubre de 2006 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, D.C. Sala Laboral que ordenó la liquidación, disolución y cancelación de la inscripción del registro sindical de la organización denominada sindicato de trabajadores oficiales del Ministerio de Cultura en un proceso promovido por el Ministerio de Cultura.
d. Folios (17 al 49). Tutela incoada por los trabajadores oficiales incluido el demandante (fl. 18) de la Orquesta Sinfónica de Colombia y Banda Sinfónica Nacional.
e. Folio (50 al 58) fallo de tutela emitido por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria la cual a folio (58) ratifica la improcedencia de la tutela de la primera instancia por existir otros medios de defensa judiciales”.
Aseveró que el juzgador de segundo grado no analizó la postura del Ministerio de Cultura relativa a la supuesta incompatibilidad del ejercicio del derecho de asociación con el ejercicio del cargo de músico de la Orquesta Sinfónica de Colombia, claramente expresada en los documentos aportados al proceso, el estudio técnico y la declaración radial de la Ministra de Cultura, quien con miras en una política de supresión de cargos aprovechó para ejecutar la extinción de la organización sindical, haciendo nugatorio el derecho de asociación sindical.
Dijo que el juez de apelaciones no hizo el respectivo análisis de la conducta de la representante legal de la accionada, con abierto desconocimiento de lo preceptuado en la L. 50/90, art. 38, en concordancia con la L. 584/2000, art. 1º, privando a los trabajadores el derecho de asociarse libremente, tampoco tuvo en cuenta la protección que se consagra en “el literal d) del artículo 39 de la Ley 50 de 1990”, toda vez que el estudio técnico y la prueba magnética en CD dan cuenta que la supresión de cargos estuvo precedida de la violación del derecho de asociación por parte del Ministerio de Cultura.
Por último, añadió que los errores de hecho que contiene la sentencia gravada son manifiestos y ostensibles, “porque oculta lo que sin ambages expresa el material probatorio, como es la persecución sindical, pues si bien hubo supresión de cargos éste estuvo precedido de consideraciones por parte del Ministerio de Cultura que claramente demostraban conductas de persecución sindical puesto que se hacía ver como incompatible con el desempeño de la función como músico cuando se buscaba un esquema más flexible para no estar amarrado a una convención colectiva y a un régimen sindical”.
Al confutar el cargo le enrostró serios defectos en la técnica de casación, tales como: (i) que no se formuló adecuadamente el alcance de la impugnación; (ii) que la proposición jurídica es incompleta, puesto que no se indicaron las normas sustantivas de alcance nacional relacionadas con las pretensiones incluidas en la demanda, y (iii) que no se expresa claramente cuál era el verdadero sentido de las pruebas dejadas de valorar o indebidamente analizadas por el tribunal y su incidencia en el reconocimiento de los derechos que se reclaman. De otro lado, en cuanto al fondo del asunto, señaló que las pruebas denunciadas fueron correctamente apreciadas por el sentenciador de segundo grado y no acreditan la persecución sindical alegada por el recurrente, además de que las conclusiones de la alzada no fueron desvirtuadas, sumado a que la decisión impugnada está ajustada al material probatorio recaudado, a la ley y la jurisprudencia.
Se comienza por recordar que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.
Además, debe entenderse, como en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar, para rectamente dirimir el conflicto.
Visto lo anterior, encuentra la Sala que conforme lo advierte la réplica, el escrito de demanda de casación con que se pretende sustentar la acusación, contiene deficiencias técnicas que comprometen la prosperidad del único cargo propuesto, que no son factibles de subsanar de oficio, en virtud del carácter dispositivo de recurso extraordinario, y que a continuación se pasan a detallar:
1º) El alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda de casación, está defectuosamente formulado, ya que no se indicó con claridad qué debe hacer la Corte con la sentencia de primera instancia, una vez casada la que profirió el tribunal, esto es, si confirmarla, revocarla o modificarla, deviniendo incompleto tal alcance.
Sin embargo, este dislate puede ser superado por la Corte, dado que es dable entender cuál sería la labor en el evento de fungir como tribunal de instancia, toda vez que al expresar que “en sede de instancia reforme la decisión de primer grado como se solicitó en el recurso de apelación por la parte actora”, lo que se busca es que se revoque el fallo absolutorio del a quo que se apeló.
2º) El ataque se orientó por la vía indirecta, pero inapropiadamente se señaló como modalidad de violación la de “Errores de Hecho”, cuando es sabido que los tres submotivos de transgresión de la ley sustancial son la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, de conformidad con lo previsto en el D. 528/64, art. 60, modificatorio del CPT y SS art. 87, aun cuando sería dable asumir que los preceptos acusados fueron aplicados indebidamente que es el concepto que más se aviene al sendero de los hechos.
3º) En lo que respecta a la proposición jurídica debe anotarse que se exhibe deficiente, en la medida en que se acusa la violación de un conjunto de preceptos legales que, a la verdad, no consagran el suplicado derecho de reintegro.
Lo anterior, porque si bien los arts. 38 y 39 de la L. 50/90, en concordancia con el art. 1º de la L. 584/2000, estatuyen la protección que brinda el Estado al derecho de asociación sindical y la prohibición para cualquier persona de atentar contra el mismo, so pena de incurrir en sanciones penales o multas impuestas por “(...) el respectivo funcionario administrativo del trabajo (...)”, también lo es que no disponen el reintegro pretendido, por lo que, por sí solas, no pueden constituirse en la base sustancial de los derechos implorados.
En otros términos, las normas incluidas en la proposición jurídica establecen principios y reglas de protección al derecho de asociación sindical, pero ninguna de ellas consagra el derecho particular y concreto al reintegro que se implora en la demanda.
4º) Como lo ha explicado muchas veces la Corte, señalar simplemente la prueba que se considera mal apreciada o no apreciada por el sentenciador, apenas indica la posible causa del desacierto, no el error de hecho manifiesto que podría conducir a la violación de la ley sustancial. Este proceso de razonamiento, que incumbe exclusivamente a quien acusa la sentencia, le impone al recurrente la carga de hacerle ver a la corporación la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, así como la omisión probatoria en la decisión objeto de impugnación. Solo de esta manera podrá la Sala sopesar la gravedad del error que, como se sabe, además de manifiesto, evidente y ostensible, debe ser trascendente, para desvirtuar la legalidad de la sentencia en la que se alega la violación indirecta de la ley
En el sub examine el recurrente no cumple con esta carga, habida cuenta que se limitó a exponer, en forma general, que la supresión de los cargos estuvo precedida de una persecución sindical del Ministerio de Cultura. Y en el desarrollo del ataque escasamente mencionó como respaldo probatorio de esa aseveración, el estudio técnico en que se afirma se fundamentó el Decreto 3210/2002 para modificar la planta de personal de la entidad demandada, obrante a folios 156 a 176 y el CD de una entrevista radial a la Ministra de Cultura de ese entonces, pero no se expone exactamente cuál aparte de su contenido da fe de esos hechos, es decir no se expresó lo que muestran exactamente esas probanzas en contra de lo concluido por la segunda instancia.
Con todo, de examinarse las probanzas denunciadas en el cargo, se arribaría a la misma conclusión a la que ha llegado esta Sala en asuntos de similares contornos, donde la demandada ha sido La Nación - Ministerio de Cultura. y en donde se presenta coincidencia con los elementos de juicio, entre ellos el estudio técnico y el CD de las manifestaciones de la ministra: se logra demostrar la supuesta persecución sindical que se aduce, como tampoco que la política de supresión de cargos en el Ministerio de la Cultura se hubiera utilizado como mecanismo para extinguir la organización sindical y hacer nugatorios los derechos fundamentales, entre ellos el de asociación. En efecto, ninguna de esas aseveraciones se infiere de tales medios de convicción, por cuanto nada se menciona a ese respecto (Sents. CSJ SL, 3.may.2011, rad. 38615, reiterada en la del 5.jun.2012, rad. 43145).
Del mismo modo, en la Sentencia CSJ SL, 633-2013, 11.sept.2013, (rad. 44719), en un caso análogo seguido contra la misma demandada y en el que también se pretendía el reintegro del demandante, se puntualizó:
“(...) no se advierte cómo el superior hubiera podido arribar a la conclusión que demanda la impugnante puesto que si bien se mencionan algunos medios de prueba documentales ellos no logran acreditar la relación de causalidad y una razonable asociación entre las diferentes conductas a las que alude por parte del ministerio y la persecución sindical que se le atribuye a su funcionario más relevante, puesto que las declaraciones de la ‘ministra de ese entonces’ aparecen descontextualizadas y sin que de ellas pueda derivarse válidamente la demostración de un plan destinado a socavar la organización sindical o hacer nugatorio el derecho de asociación sindical; así como tampoco puede inferirse de las consideraciones del Ministerio de Cultura que éstas aludieran a la incompatibilidad entre la función del músico y el derecho de asociación sindical; se trata como se dijo, de expresiones aisladas y sin que demuestren por el contrario una sistemática actitud o simplemente un comportamiento que desconozca el derecho de asociación sindical, en los términos proscritos por la ley”.
5º) Por último, la censura en el desarrollo del ataque, presenta una argumentación que más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar que, como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido (casación de 18.abr.1969), lo cual en el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención a la Sala no se acató.
Al margen de lo anterior, debe memorar la Corte Suprema de Justicia que tratándose de trabajadores oficiales no es imperioso obtener permiso o autorización previa del Ministerio de Trabajo para efectos de los despidos colectivos a los que se refiere la L. 50/90, art. 67.
En las sentencias de la CSJ SL, 30.ene.2003, rad. 19108, reiterada en las del 27.mar.2003, rad. 19281; 30.abril.2003, rad. 19947; 13.ago.2003, rad. 20199; 20.sept.2003, rad. 20845; y más recientemente, en las del 17.jun.2009, rad. 35077 y 5.jun.2012, rad. 43145, se dijo:
“(....) a través del tiempo se ha considerado que la figura del despido colectivo, consagrada antaño en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, no es aplicable a los trabajadores oficiales. No hay que olvidar que cuando el Gobierno Nacional trató de modificar esa regla, mediante el artículo 37 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio de 1985 anuló la expresión ‘trabajadores oficiales’.
‘(...) En el punto concreto de la aplicación a tales trabajadores —trabajadores oficiales—, del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, hay que decir que en este caso su equiparación a servidores particulares no puede llevar a colegir que la realización de despidos colectivos por supresión de cargos originados en políticas de modernización o racionalización de gastos, esté supeditada a la implementación del trámite dispuesto en ese artículo, es decir, al permiso previo del Ministerio del Trabajo’.
‘(...) De manera que las funciones de suprimir cargos y adoptar la planta de personal de las sociedades de economía mixta del orden nacional en los casos en que sea necesario reformar su estructura u organización, fueron radicadas por la ley en comento (489/98) en el Gobierno Nacional, atribución que es ciertamente excluyente, luego de ninguna manera incumbe al ‘Ministerio’ del Trabajo autorizar esas medidas, por el trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990’ (Sent. 21710 del 25.feb.2004)”.
Como el recurso extraordinario no salió avante y hubo réplica, las costas serán a cargo del demandante recurrente, para lo cual se fija la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos moneda corriente ($ 3.150.000 M/CTE.), que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de julio de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Jesús Aníbal Espinoza Espinoza contra la Nación - Ministerio de Cultura.

References: ARTÍCULO 67
 ARTÍCULO 40
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 37
 artículo 67
 artículo 67