Source: https://es.scribd.com/doc/50993331/LEY-ORGANICA-DEL-AMBIENTE
Timestamp: 2016-07-23 15:55:21+00:00

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LEY DEL AMBIENTE Y LEY DE MINA
Profesor: Tibizay Acosta
Integrantes: Aguana Juluisca Córdova Mónica Hernández Kleidy
PREÀMBULO DE LA CONSTITUCION
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural que en un Estado de justicia, de la federal libertad, y la descentralizado, consolide los valores
independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la i gualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático.
Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y
desarrollar los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad d el Estado y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicame nte equilibrado.
Gestión del Ambiente Artículo 2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por gestión del
ambiente el proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar y aprovecha r los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable.
Definiciones Artículo 3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Ambiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinados.
Ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado: Cuando los elementos que lo integran se encuentran en una relación de interdependencia armónica y dinámica que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de la especie humana y demá s seres vivos. Aprovechamiento sustentable: Proceso orientado a la utilización, de los recursos naturales y demás elementos de los ecosistemas, de manera eficiente y socialmente útil, respetando la integridad funcional y la capacidad de carga de los mismo s, en forma tal que la tasa de uso sea inferior a la capacidad de regeneración. Aprovechamiento sustentable: Utilización de los recursos naturales bajo modalidades técnicas, sociales y económicamente eficientes garantizando su condición y permanencia. Auditoría ambiental: Instrumento que comporta la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva realizada sobre la actividad sujeta a regulación, para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley y demás normas ambient ales. Bienestar social: Condición que permite al ser humano la satisfacción de sus necesidades básicas, intelectuales, culturales y espirituales, individuales y colectivas, en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Calidad del ambiente: Características de los elementos y procesos naturales, ecológicos y sociales, que permiten el desarrollo, el bienestar individual y colectivo del ser humano y la conservación de la diversidad biológica. Capacidad de carga: Máximo valor posible de elemento s o agentes internos o externos, que un espacio geográfico o lugar determinado puede aceptar o soportar por un período o tiempo determinado, sin que se produzcan daños, degradación o impida la recuperación natural en plazos
y condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas. Compensación: Trabajos realizados o por realizar por el responsable de una afectación de carácter permanente o temporal, con el propósito de compensar los daños o alteraciones ocasionadas a los recursos naturales. Contaminación: Liberación o introducción al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que ocasione modificación al ambiente en su composición natural o la degrade. Contaminante: Toda materia, energía o combinación de éstas, de origen natural o antrópico, que al liberarse o actuar sobre la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composición natural o la degrade. Control ambiental: Actividades realizadas por el Estado, conjuntamen te con la sociedad, a través de sus órganos y asociaciones competentes, sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente. Daño ambiental: Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos. Desarrollo sustentable: Proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio comprometer las generaciones futuras. ecológico, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin
Diagnóstico: Determinación, en un momento dado, del estado del ambiente, las especies, poblaciones, ecosistemas, de la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos que lo integran, sus restricciones y potencialidades de uso. Ecosistema: Sistema complejo y dinámico de componentes biológicos, abióticos y energía que interactúan como una unidad fundamental. Educación ambiental: Proceso continuo, interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los comprende y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo preparen para participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable. Estudio de impacto ambiental y sociocultural: Documentación técnica que sustenta la evaluación ambiental preventiva y que integra los elementos de juicio para tomar decisiones informadas con relaci ón a las implicaciones ambientales y sociales de las acciones del desarrollo. Evaluación de impacto ambiental : Es un proceso de advertencia temprana que opera mediante un análisis continuo, informado y objetivo que permite identificar las mejores opciones para llevar a cabo una acción sin daños intolerables, a través de decisiones concatenadas y participativas, conforme a las políticas y normas técnicas ambientales. Gestión del ambiente: Todas las actividades de la función administrativa, que determinen y desarrollen las políticas, objetivos y responsabilidades ambientales y su implementación, a través de la planificación, el control, la conservación y el mejoramiento del ambiente.
Guardería ambiental: Acción de vigilancia y fiscalización de las actividades que, directa o indirectamente, puedan incidir sobre el ambiente para la verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Restablecer: Aplicación de un conjunto de medidas y acciones a objeto de restaurar las características de los elementos del ambiente que han sido alteradas o degradadas, por un daño ambiental de origen antró pico o natural. Impacto ambiental: Efecto sobre el ambiente ocasionado por la acción antrópica o de la naturaleza. Inventario: Levantamiento de información cuantitativa y cualitativa sobre los ecosistemas, la diversidad biológica, los recursos naturale s y demás elementos del ambiente. Manejo: Prácticas destinadas a garantizar el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales, así como aquéllas orientadas a prevenir y minimizar efectos adversos por actividades capaces de degradarlos. Medidas ambientales: Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer, mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y actividades capaces de degradar el ambie nte. Mejorar: Acciones tendientes a incrementar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, la disponibilidad de recursos naturales y de diversidad biológica y demás elementos del ambiente.
Norma técnica ambiental: Especificación técnica, regla, método o parámetro científico o tecnológico, que establece requisitos, condiciones, procedimientos y límites permisibles de aplicación repetitiva o continuada, que tiene por finalidad la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, cuya observancia es obligatoria. Planificación ambiental: Proceso dinámico que tiene por finalidad conciliar los requerimientos del desarrollo socioeconómico del país, con la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Política ambiental: Conjunto de principios y estrategias que orientan las decisiones del Estado, mediante instrumentos pertinentes para alcanzar los fines de la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable. Preservación: Aplicación de medidas para mantener las características actuales de la diversidad biológica, demás recursos naturales y elementos del ambiente. Recursos naturales: Componentes del ecosistema, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Reparación: Es el restablecimiento, compensación o el pago
indemnizatorio, según cada caso, de un daño ambiental, riesgo ambiental, probabilidad de ocurrenc ia de daños en el ambiente por efecto de un hecho, una acción u omisión de cualquier naturaleza.
Principios para la gestión del ambiente Artículo 4. La gestión del ambiente comprende:
 Corresponsabilidad: Deber del Estado, la sociedad y las personas d e conservar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.  Prevención: Medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del ambiente.  Precaución: La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar negativamente el ambiente.  Participación pro-ciudadana: Es un deber y un derecho de todos los ciudadanos, la participación activa protagónica en la gestión del ambiente.  Tutela efectiva: Toda persona tiene derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante la administración y los tribunales de justicia, en defensa de los derechos ambientales.  Educación ambiental: La conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado debe ser un valor ciudadano, incorporado en la educación formal y no formal.  Limitación a los derechos individuales: Los derechos ambientales prevalecen sobre los derechos económicos y sociales, limitándolos en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y leyes especiales.  Responsabilidad en los daños ambientales: La responsabilidad del daño ambiental es objetiva y su reparación será por cuenta del responsable de la actividad o del infractor.  Evaluación de impacto ambiental: Todas las actividades capaces de degradar el ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un estudio de impacto ambiental y sociocultural.  Daños ambientales: Los daños ocasionados al ambiente se consideran daños al patrimonio público.
Utilidad pública e interés general Artículo 5. Se declara de utilidad pública y de interés general la gestión
Orden Público Artículo 6. Las normas previstas en esta Ley, en las leyes que la
desarrollan y demás normas ambientales, son de orden público.
Política ambiental Artículo 7. La política ambiental deberá fundamentarse en los principios
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la presente Ley, demás leyes que la desarrollen y conforme a los compromisos internacionales contraídos válidamente po r la República Bolivariana de Venezuela.
Acción de la gestión del ambiente Artículo 8. La gestión del ambiente se aplica sobre todos los
componentes de los ecosistemas, las actividades capaces de degradar el ambiente y la evaluación de sus efectos.
De las herramientas de la gestión del ambiente Artículo 9. A los efectos de esta Ley, se consideran herramientas de la
gestión del ambiente, la ordenación, la planificación del territorio, la evaluación y el control.
Objetivos Artículo 10. Son objetivos de la gestión del ambiente, bajo la rectoría y
coordinación de la Autoridad Nacional Ambiental: 1. Formular e implementar la política ambiental y establecer los instrumentos y mecanismos para su aplicación.  Coordinar el ejercicio de las competencias de los órganos del Poder Público, a los fines previstos en esta Ley.
 Cumplir las directrices y lineamientos de las políticas para la gestión del ambiente.  Fijar las bases del régimen regulatorio para la gestión del ambiente.  Fomentar y estimular la educación ambiental y la participación protagónica de la sociedad.  Prevenir, regular y controlar las actividades capaces de degradar el ambiente.  Reducir o eliminar las fuentes de contaminación que sean o puedan ocasionar perjuicio a los seres vivos.  Asegurar la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.  Estimular la creación de mecanismos que promuevan y fomenten la investigación y la generación de información básica.  Establecer los mecanismos e implementar los instrumentos para el control ambiental.  Promover la adopción de estudios e incentivos económicos y fiscales, en función de la utilización de tecnologías limpias y la reducción de parámetros de contaminación, así como la reutilización de elementos residuales provenientes de procesos productivos y el aprovechamiento integral de los recursos naturales.  Elaborar y desarrollar estrategias para remediar y restaurar los ecosistemas degradados.  Resguardar, promover y fomentar áreas que coadyuven a la preservación de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.  Cualesquiera otros que tiendan al desarrollo y al cumplimiento de la presente Ley.
Incorporación de la dimensión ambiental Artículo 11. Corresponde al Estado, por órgano de las autoridades
competentes, garantizar la incorporación de la dimensión ambiental en
sus políticas, planes, programas y proyectos para alcanzar el desarrollo sustentable.
De la calidad ambiental Artículo 12. El Estado, conjuntamente con la sociedad, deberá orientar
sus acciones para lograr una adecuada calidad ambiental que permita alcanzar condiciones que aseguren el desarrollo y el máximo bienestar de los seres humanos, así como el mejoramiento de los ecosistemas, promoviendo la conservación de los recursos naturales, los procesos ecológicos y demás elementos del ambiente, en los términos establecidos en esta Ley. TÍTULO II
Suprema dirección de la política nacional ambiental Artículo 13. El Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela, en Consejo de Ministros, ejerce la suprema dirección de la política nacional ambiental.
Desarrollo de las normas ambientales Artículo 14. El Ejecutivo Nacional, a través de la Autoridad Nacional
Ambiental, desarrollará las normas técnicas ambientales, en coordinación con los organismos competentes, atendiendo a los objetivos previstos en la presente Ley y las que la desarrollen.
Artículo 15. Los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal,
son responsables de la aplicación y consecución de los objetivos de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.
De la coordinación Artículo 16. Los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal,
ejercerán las atribuciones constitucionales y legales en materia ambiental, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, de manera coordinada, armónica y con sujeción a la directrices de la política nacional ambiental, a fin de garantizar el tratamiento integral del ambiente a que se refiere esta Ley.
Complementariedad de las normas ambientales Artículo 17. Los estados y municipios podrán desarrollar normas
ambientales estadales o locales, según sea el caso, en las materias de su competencia exclusiva, asignadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, con base en las disposiciones establecidas en la presente Ley y atendiendo a los principios de interdependencia, región. Capítulo II
De las Autoridades Ambientales Autoridad nacional ambiental Artículo 18. La Autoridad Nacional Ambiental será ejercida por el
subsidiariedad y a las particulares características ambientales de cada
ministerio con competencia en materia ambiental como órgano rector, responsable de formular, planificar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades estratégicas para la gestión del ambiente.
De la promoción a la desconcentración y descentralización en materia ambiental Artículo 19. La Autoridad Nacional Ambiental promoverá los procesos de
desconcentración y descentralización en materia ambiental hacia los estados, municipios y distritos, bajo los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en función de las necesidades y aptitudes regionales y locales, de conformidad con la presente Ley, las que la desarrollen y las especiales que regulen los procesos de descentralización.
Instancias regionales, estadales y locales de coordinación Artículo 20. A los fines de coadyuvar con la gestión del ambiente, se
podrán establecer instancias regionales,
coordinación y participación ciudadana e interinstitucional. Capítulo III
De la Defensa Ambiental Órganos de la defensa ambiental Artículo 21. A los fines de la presente Ley, además de la Autoridad
Nacional Ambiental, intervienen en la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Armada Nacional, así como los demás organismos nacionales, estadales y municipales con competencia en la materia, conforme a las normas que rijan su funcionamiento y de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta Ley y las que la desarrollen. TÍTULO III
Finalidad Artículo 22. La planificación ambiental constituye un proceso que tiene
por finalidad conciliar el desarrollo económico y social con la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.
Lineamientos para la planificación del ambiente Artículo 23. Los lineamientos para la planificación ambiental son:
 La conservación de los ecosistemas y el uso sustentable de éstos, asegurando su permanencia.  La investigación como base fundamental del proceso de planificación, orientada a determinar el conocimient o de las potencialidades y las limitaciones de los recursos naturales, sustentable.  La armonización de los aspectos económicos, socioculturales y ambientales, con base en las restricciones y potencialidades del área.  La participación ciudadana y la divulgación de la información, como procesos incorporados en todos los niveles de la planificación del ambiente.  La evaluación ambiental como herramienta de p revención y minimización de impactos al ambiente.  Los sistemas de prevención de riesgos para garantizar su inserción en los planes nacionales.
Dimensión ambiental Artículo 24. La planificación del ambiente forma parte del proceso de
así como el desarrollo,
transferencia y adecuación de tecnologías compatibles con el desarrollo
desarrollo sustentable del país. Todos los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, sean de carácter nacional, regional, estadal o municipal, deberán elaborarse o adecuarse, según proceda, en concordancia con las disposiciones contenidas en esta Ley y con las
políticas, lineamientos, estrategias, planes y programas ambientales, establecidos por el ministerio con competencia en materia de ambiente.
Programación y ejecución de actividades Artículo 25. Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,
deberán programar y ejecutar sus actividades de acuerdo con los planes establecidos y las disposiciones contenidas en esta Ley y los demás instrumentos legales aplicables. Capítulo II
De los Instrumentos para la Planificación del Ambiente Sistema integrado de planes Artículo 26. La planificación del ambiente está circunscrita a un sistema
integrado y jerarquizado de planes, cuyo instrumento fundamental es el Plan Nacional de Ordenación del Territorio. El Plan Nacional del Ambiente se desarrollará con carácter vinculante por todos los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como por los consejos comunales.
Alcance de los planes Artículo 27. Los planes ambientales deberán aj ustarse a las políticas que
al efecto se dicten en materia ambiental, y definirán los objetivos, lineamientos, estrategias, metas y programas que orienten la gestión del ambiente, así como prever la viabilidad social, política, económica, financiera y técnica a los fines de lograr sus objetivos.
Características de los planes Artículo 28. Los planes ambientales deben ser instrumentos flexibles,
dinámicos, prospectivos y transversales, que definan y orienten la gestión del ambiente, y permitan prever y enfren tar situaciones que directa o indirectamente afecten los ecosistemas y el bienestar social .
De otros instrumentos para la planificación del ambiente Artículo 29. Constituyen otros instrumentos para la planificación del
ambiente la ordenación del territorio, las normas técnicas ambientales, las evaluaciones ambientales, la gestión integral de todas las áreas del alto valor ecológico, los sistemas de información geográfica y los criterios e indicadores de sustentabilidad. Capítulo III
Del Plan Nacional Artículo 30. El Plan Nacional del Ambiente es un instrumento a largo
plazo que pauta la política ambiental nacional a escala regional, estadal, municipal y local, y contendrá los sig uientes lineamientos:  Mecanismos y acciones para la consecución de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, para maximizar el bienestar social.  La conservación, manejo y uso sustentable de los recursos naturales.  Criterios prospectivos y principios de sustentabilidad que orienten los procesos de urbanización, industrialización, ampliación de la frontera agrícola y ocupación del territorio en materia ambiental.  Detección y evaluación de conflictos socio-ambientales y manejo alternativo de los mismos.  Programa de investigación sobre problemas ambientales.  Los objetivos y medidas de instrumentación del Plan.  La educación ambiental y participación ciudadana.
Elaboración y coordinación de los planes Artículo 31. Los planes ambientales, en sus diferentes niveles, serán
elaborados y coordinados por el ministerio con competencia en materia
ambiental, con la participación de la Administración Pública y demás sectores del país.
Aprobación Artículo 32. El Plan Nacional del Ambiente será aprobado por el
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, mediante decreto en Consejo de Ministros.
Publicidad y obligatoriedad Artículo 33. Los planes ambientales serán de obligatorio cumplimiento y
estarán sujetos a revisión y actualización periódica. Los planes y sus modificaciones entrarán en vigencia una vez publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al nivel político territorial respectivo. TÍTULO IV
De la Educación Ambiental Objeto Artículo 34. La educación ambiental tiene por objeto promover, generar,
desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desa rrollo sustentable.
Lineamientos para la educación ambiental Artículo 35. Los lineamientos para la educación ambiental son:
 Incorporar lo ambiental como constitutivo del currículo en el sistema educativo bolivariano, dentro del continuo humano, desde la educación
inicial hasta la educación superior, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, garantes del patrimonio natural y sociocultural en el marco del desarrollo sustentable.  Vincular el ambiente con temas asociad os a ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la sustentabilidad, la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la economía y desarrollo, el consumo responsable, la democracia y el bienestar social, la integración de los pueblos, así como la problemática ambiental mundial.  Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no formal que promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, en el marco de una gestión del ambiente en forma compartida.  Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno sustentable, desde una perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora de los sistemas productivos que reconozca la diversidad cultural y ecológica en el ámbito de la organización social.  Promover el diálogo de saberes, como base del intercambio, producción y difusión de información en los procesos educativos ambientales para generar acciones colectiva s en el abordaje y solución de problemas socio ambientales.
Generación de procesos de educación ambiental Artículo 36. Las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas,
responsables en la formulación y ejecución de proyectos que impliquen la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica, deben generar procesos permanentes de educación ambiental que permitan la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable.
Promoción de la educación ambiental Artículo 37. Las instituciones públicas y privadas deberán incorporar
principios de educación ambiental en los programas de capacitación de su personal.
Consideración de aportes Artículo 38. En el proceso de educación ambiental, se tomarán en
consideración los aportes y conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y de otras comunidades organizadas, así como las técnicas e innovaciones, asociados al uso de los recursos naturales y de formas de vida ecológicamente armónicas. Capítulo II
De la Participación Ciudadana Derecho y deber a participar Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar
en los asuntos relativos a la gestión integral del ambiente.
Mecanismos de Participación Artículo 40. El Ejecutivo Nacional, a través del ministerio con
competencia en materia ambiental, reglamentará los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio legítimo del derecho a la participación ciudadana en la formulación, adopción, ejecución y control de las políticas, planes, proyectos y otras medidas dirigidas a la conservación del ambiente.
Participación de los pueblos indígenas y comunidades locales Artículo 41. Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen el
derecho y el deber de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y
local, susceptibles de afectarles directamente en sus vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual y en el uso de las tierras y hábitat que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente.
Formas asociativas en la gestión del ambiente Artículo 42.
comunidades indígenas, los consejos comunales, las comunidades organizadas y otras formas asociativas, podrán desarrollar proyectos enmarcados en una gestión del ambiente compartida y comprometida con la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y el desarrollo sustentable bajo las modalidades de la autogestión y cogestión.
Derecho y deber de denunciar agresiones al ambiente Artículo 43. Toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar por
ante las instancias competentes, cualquier hecho que atente contra un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Descentralización hacia las comunidades Artículo 44. La Autoridad Ambiental Nacional deberá implementar los
mecanismos para la descentralización y transferencia de los servicios concernientes a la gestión del ambiente a las comunidades y grupos vecinales organizados, previa demostración de su capacidad para asumirlos, conforme al principio de la corresponsabilidad y para desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios para un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Objeto Artículo 45. El presente Título establece las disposiciones que regirán el
manejo, la conservación de los ecosistemas y sus funciones, los recursos naturales y de la diversidad biológica, para garantizar su permanencia y los beneficios sociales que se derivan de ellos como elementos indispensables para la vida y su contribución para el desarrollo sustentable.
De los ecosistemas Artículo 46. Los ecosistemas de importancia estratégica deberán ser
Adopción de medidas Artículo 54. La Autoridad Nacional Ambiental, en coordinación con los
órganos competentes, adoptará las medidas necesarias para restablecer, mejorar, recuperar y restaurar la diversidad biológica y los ecosistemas, sometiéndolos a planes de man ejo y programas especiales que garanticen su conservación. Capítulo III
De los demás Elementos del Ambiente Gestión integral del agua Artículo 55. La gestión integral del agua está orientada a asegurar su
conservación, garantizando las condiciones de calidad, disponibilidad y cantidad en función de la sustentabilidad del ciclo hidrológico.
Ciclo hidrológico Artículo 56. Para asegurar la sustentabilidad del ciclo hidrológico y de los
elementos que intervienen en él, se deberán conservar los suelos, áreas boscosas, formaciones geológicas y capacidad de recarga de los acuíferos.
Conservación de la calidad del agua Artículo 57. Para la conservación de la calidad del agua se tomarán en
consideración los siguientes aspectos:  La clasificación de las aguas atendiendo a las características requeridas para los diferentes usos a que deba destinarse.  Las actividades capaces de degradar las fuentes de agua s naturales, los recorridos de éstas y su represamiento.  La reutilización de las aguas residuales previo tratamiento.  El tratamiento de las aguas.  La protección integral de las cuencas hidrográficas.  El seguimiento continuo y de largo plazo de la calidad de los cuerpos de agua.  El seguimiento continúo de los usos de la tierra y sus impactos sobre las principales cuencas hidrográficas, que abastecen de agua a las poblaciones humanas y los sistemas de riego de las áreas agrícolas.
Gestión integral de la atmósfera Artículo 58. La gestión integral de la atmósfera está orientada a asegurar
su conservación, garantizando sus condiciones de calidad.
Elementos de la atmósfera Artículo 59. El aire como elemento natural de la atmósfera constituye un
bien fundamental que debe conservarse.
Conservación de la calidad de la atmósfera Artículo 60. Para la conservación de la calidad de la atmósfera se
considerarán los siguientes aspectos:  Vigilar que las emisiones a la atmósfera no sobrepasen los niveles permisibles establecidos en las normas técnicas.  Reducir y controlar las emisiones a la atmósfera producidas por la operación de fuentes contaminantes, de manera que se asegure la calidad del aire y el bienestar de la población y demás seres vivos, atendiendo a los parámetros establecidos en las normas que la regulan y en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.  Establecer en las normas técnicas ambientales los niveles permisibles de concentración de contaminantes primarios y secundarios, capaces de causar molestias, perjuicios o deterioro en el ambiente y en la salud humana, animal y vegetal.  Establecer prohibiciones, restricciones y requerimientos relativos a los procesos tecnológicos y la utilización de tecnologías, en lo que se refiere a la emisión de gases y partículas, entre otros, que afectan la capa de ozono o inducen el cambio climático.  Dictar las normas técnicas ambientales para el establecimiento, operación y mantenimiento de sistemas de seguimiento de calidad del aire y de las fuentes contaminantes.  Llevar un inventario y registro actualizado de las fuentes contaminantes y la evaluación de sus emisiones.
Gestión integral del suelo y del subsuelo Artículo 61. La gestión integral del suelo y del subsuelo está orientada a
asegurar su conservación para garantizar su capacidad y calidad.
Conservación del suelo y del subsuelo Artículo 62. La gestión para la conservación del suelo y del subsuelo
debe realizarse atendiendo a los lineamientos siguientes:  La clasificación de los suelos en función de sus capacidades agroecológicas.  El uso y aprovechamiento del suelo y del subsuelo debe realizarse en función a su vocación natural, la disponibilidad y acceso a las tecnologías ambientalmente seguras, a fin de evitar su degradación.  La adopción de medidas tendientes a evitar y corregir las acciones que generen erosión, salinización, desertificación o modificación de las características topográficas y otras formas de degradación del suelo y del paisaje.  La restauración y recuperación del suelo y del subsuelo que haya sido afectado por la ejecución de actividades.
Prevención y control Artículo 63. A los fines de la conservación, prevención, control de la
contaminación y degradación de los suelos y del subsuelo, las autoridades ambientales deberán velar por:  La utilización de prácticas adecuadas para la manipulación de sustancias químicas y en el manejo y disposición final de desechos domésticos, industriales, peligrosos o de cualquier otra naturaleza que puedan contaminar los suelos.  La realización de investigaciones y estudios de conservación de suelos.  La prevención y el control de incen dios de vegetación.  El incremento de la cobertura vegetal a través de la reforestación.
Derecho a la información Artículo 64. El derecho a la información sobre el ambiente debe ser
reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión. Este derecho será ejercido según las modalidades definidas en esta Ley y en l os demás instrumentos normativos que al efecto se dicten.
Promoción de intercambio de información Artículo 65. A fin de cumplir con lo previsto en el artículo anterior, el
Estado promoverá el intercambio de información sobre los conocimientos vinculados con el ambiente y el desarrollo sustentable.
Sistema nacional de información ambiental Artículo 66 . La Autoridad Nacional Ambiental establecerá y mantendrá
un Sistema Nacional de Información Ambiental, el cual deberá contener los datos biofísicos, económicos y sociales, así como la información legal, relacionados con el ambiente. Los datos del sistema so n de libre consulta y se deberán difundir periódicamente por medios eficaces cuando fueren de interés general.
Alcance del Sistema Nacional de Información Artículo 67. El Sistema al que se refiere el artículo anterior deberá
contener, al menos, los siguientes aspectos:  Los inventarios de sistemas ambientales.  Los inventarios de recursos hídricos.  Los inventarios del recurso suelo.
 Los inventarios de diversidad biológica y sus componentes.  Los inventarios forestales.  Los inventarios de cuencas hidrográficas.  El inventario de fuentes de emisión y contaminación de suelos, aire y agua.  La información sobre áreas bajo régimen de administración especial.  La información hidrometeorológica e hidrogeológica.  La información jurídica de leyes, decretos y resoluciones vigentes en materia ambiental.  Información cartográfica.  La información sobre el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas debidamente demarcadas.  Cualesquiera otras, de interés para la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable.
Suministro de información Artículo 68. A los fines de lograr el intercambio de información previsto en
la presente Ley, las instituciones públicas y privadas que tengan información sobre los aspectos mencionados en el artículo anterior, deben suministrarla a la Autoridad Nacional Ambiental.
Recopilación de información Artículo 69. Toda persona natural o jurídica que aproveche o utilice los
ecosistemas deberá recopilar la información relacionada c on los recursos que utiliza, su posible deterioro y las acciones para su recuperación y restauración. Esta información deberá ser suministrada al Sistema Nacional de Información Ambiental dentro de los períodos, modalidades y costos establecidos por las normas que regulen la materia.
Actualización del sistema nacional de información ambiental
Artículo 70. A los fines de mantener actualizado el Sistema Nacional de
restauración o mejoramiento del ambiente, toda solicitud para la ejecución de actividades que impliquen la afectación de los ecosistemas y sus componentes, deberá ser acompañada de la información básica actualizada que pueda servir como parámetro comparativo de las consecuencias de la afectación que se pretenda realizar. Dicho parámetro comparativo deberá ser conformado por la Autoridad Nacional Ambiental.
Acceso a la información ambiental Artículo 71. El Estado garantizará a toda persona el acceso a la
información ambiental, salvo que ésta haya sido clasificada como confidencial, de conformidad con la ley.
Mecanismos de intercambio Artículo 72.
deberán ambiental,
intercambio Ambiental.
lineamientos de sistematización que establezca la Autoridad Nacional
Artículo 73 . La Autoridad Nacional Ambiental coordinará conjuntamente
con los organismos y entes públicos la promoción y divulgación de la información técnica, documental y educativa de carácter ambiental, facilitando el acceso a la misma y definiendo estrategias perma nentes para su suministro.
Incorporación de temas ambientales Artículo 74. Los medios de comunicación y difusión deberán incorporar
en la programación los temas ambientales que propicien la información y el conocimiento de las complejas interrelaciones y vínculos entre los
procesos de desarrollo social y económico en la búsqueda de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, fomentando la educación ambiental.
Orientación, fomento y estímulo de estudios e investigaciones con fines de información Artículo 75. La Autoridad Nacional Ambiental orientará, fomentará y
estimulará los estudios y la investigación básica y aplicada sobre el ambiente, según las leyes que regulan la materia. Asimismo promoverá, apoyará y consolidará proyectos con las instituciones, universidades nacionales e internacionales, pueblos y comunidades indígenas, consejos comunales y comunidades organizadas de vocación ambientalista.
Orientación de los estudios e investigaciones Artículo 76. Los estudios e investigaciones a que se refiere el artículo
anterior estarán dirigidas prioritariamente al conocimiento de los ecosistemas y la diversidad biológica, con la finalidad de conocer sus potencialidades, beneficios ambientales y limitaciones, con el objeto de orientar el uso sustentable de las poblaciones con potencial económico y preservar las especies que pudieran estar amenazadas, restaurar los hábitat degradados, prevenir y mitigar los impactos adversos sobre ellos. TÍTULO VII
Control ambiental Artículo 77. El Estado, a través de la Autoridad Nacional Ambiental,
ejercerá el control ambiental sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente, sin menoscabo de las competencias de los
estados, municipios, pueblos y comunidades indígenas, en aquellas materias ambientales expresamente asignadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, garantizando así la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable.
Control preventivo Artículo 78. El Estado implementará planes, mecanismos e instrumentos
de control preventivo para evitar ilícitos ambientales.
Desarrollo de programas Artículo 79. El Estado, a través de sus organismos competentes, debe
desarrollar y promover programas, planes y proyectos de medición y control de la calidad ambiental.
Actividades capaces de degradar el ambiente Artículo 80. Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente:
 Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmósfera, agua, fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre las comunidades biológicas, vegetales y animales.  Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación de movimientos morfodinámicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, cárcavas, entre otros.  Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.  Las que generen sedimentación en los cursos y depósitos de agua.  Las que alteren las dinámicas físico -químicas y biológicas de los cuerpos de agua.  Las que afecten los equilibrios de los humedales.  Las vinculadas con la generación, almacenamiento, transporte, disposición temporal o final, tratamiento, importación y exportación de sustancias, materiales y desechos peligrosos, radiactivos y sólidos.
 Las relacionadas con la introducción y utilización de productos o sustancias no biodegradables.  Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos.  Las que contribuyan con la destrucción de la capa de ozono.  Las que modifiquen el clima.  Las que produzcan radiaciones ionizantes, energía térmica, energía lumínica o campos electromagnéticos.  Las que propendan a la acumulación de residuos y dese chos sólidos.  Las que produzcan eutrofización de lagos, lagunas y embalses.  La introducción de especies exóticas.  La liberación de organismos vivos modificados genéticamente, derivados y productos que lo contengan.  Las que alteren las tramas tróficas, flujos de materia y energía de las comunidades animales y vegetales.  Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción.  Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de especial importancia.  Cualesquiera otras que puedan dañar el ambiente o bienestar colectivo.
Fundamento del control ambiental Artículo 81. El control ambiental se regirá por lo establec ido en esta Ley,
en las leyes especiales y normas técnicas ambientales que desarrollen la materia. Capítulo II
Control Previo Ambiental Instrumentos del control previo
Artículo 82. La concreción del control previo ambiental se implementará a
través de los siguientes instrumentos:  Autorizaciones.  Aprobaciones.  Permisos.  Licencias.  Concesiones.  Asignaciones.  Contratos.  Los demás que establezca la ley.
La afectación tolerable Artículo 83. El Estado podrá permitir la realización de actividades
capaces de degradar el ambiente, siempre y cuando su uso sea conforme a los planes de ordenación del territorio, sus efectos sean tolerables, generen beneficios socio -económicos y se cumplan las garantías, procedimientos y normas. En el instrumento de control previo se establecerán las condiciones, limitaciones y restricciones que sean pertinentes.
Orientación de la evaluación de impacto ambiental Artículo 84. La evaluación de impacto ambiental está destinada a:
 Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales potenciales de una propuesta en sus distintas fases.  Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.  Proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas a que hubiere lugar.  Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son válidas y las medidas efectivas para contrarrestar los daños.
Artículo 85. El estudio de impacto ambiental y sociocultural constituye
uno de los instrumentos que sustenta las decisiones ambientales, comprendiendo distintos niveles de análisis, de acuerdo con el tipo de acción de desarrollo propuesto. La norma técnica respectiva regulará l o dispuesto en este artículo.
Garantías ambientales Artículo 86. El respaldo del cumplimiento de las medidas de orden
ambiental fijadas en los instrumentos de control previo estarán constituidas por depósitos en garantía o fianzas de fiel cumplimiento solidarias, según corresponda, en favor y satisfacción de la Autoridad Nacional Ambiental, otorgados por empresas de seguros o instituciones bancarias de reconocida solvencia y por las pólizas de seguros de cobertura de responsabilidades civiles e indemnizac iones frente a posibles siniestros ambientales, así como por los fondos especiales establecidos en materias específicas.
Expresión y conversión de las garantías Artículo 87. Las garantías ambientales serán expresadas en monedas de
curso legal y se actualizarán periódicamente, conforme a las exigencias que establezca la Autoridad Nacional Ambiental, en el acto de control previo correspondiente.
Procedimientos administrativos autorizatorios Artículo 88. En los procedimientos administrativos vinculados con los
instrumentos de control previo, se seguirán los principios y normas establecidos en las leyes orgánicas de Procedimientos Administrativos y de la Administración Pública, salvo lo dispuesto en otras leyes y normas especiales que rijan la materia ambiental.
Artículo 89. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que
conforme a la ley solicite o pretenda la obtención de cualquier instrumento de control previo ambiental, para la ejecución de una actividad capaz de degradar el ambiente, deberá acreditar suficientemente el derecho que le asiste y cumplir con los requisitos exigidos en las normas ambientales.
Oposición Artículo 90. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, podrá
oponerse a cualquier solicitud de instrumento de control previo ambiental, siempre y cuando exprese claramente las razones de hecho y de derecho que le asisten, acompañando los documentos probatorios pertinente s. La autoridad competente decidirá la oposición siguiendo el procedimiento ordinario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, salvo la existencia de procedimientos especiales establecidos en las normas ambientales.
Nulidad de los instrumentos de control previo Artículo 91. Serán nulos de nulidad absoluta y no crearán derechos en
favor de los destinatarios, los instrumentos de control previo ambiental dictados en contra de las disposiciones establecidas en esta Ley, leyes especiales y normativa técnica ambiental y planes. Capítulo III
Control Posterior Ambiental Control posterior Artículo 92. El Estado, a través de sus órganos competentes, ejercerá el
control posterior ambiental, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y condiciones establecidas en los basamentos e instrumentos de control previo ambiental, así como para prevenir ilícitos ambientales.
Mecanismos de control posterior Artículo 93. El control posterior ambiental se ejercerá a través de los
siguientes mecanismos:  Guardería Ambiental.  Auditoría Ambiental.  Supervisión Ambiental. 4. Policía Ambiental.
Constancia ambiental Artículo 94. Las personas que ejecuten actividades capaces de degradar
el ambiente podrán solicitar por ante la Autoridad Nacional Ambiental constancias de cumplimiento o de desempeño ambiental, mediante las cuales se verifique el cumplimiento de la normativa ambiental en general y de las condiciones impuestas en los instrumentos de control previo.
Liberación de garantías ambientales Artículo 95. Las garantías ambientales no quedarán liberadas hasta tanto
se verifique el cabal cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales con el otorgamiento de la constancia ambiental. En las pólizas y documentos de garantías respectivos se establecerá como condición esta exigencia.
Corresponsabilidad en la gestión del ambiente Artículo 96. Quienes ejecuten actividades capaces de degradar el
ambiente serán corresponsables en la gestión del ambiente, de acuerdo con el tipo de actividad y efectos derivados de la misma, basada en la normativa ambiental y en los instrumentos de control previo.
Cumplimiento de la corresponsabilidad Artículo 97. La corresponsabilidad en la gestión ambiental se cumplirá
 Supervisores ambientales acreditados ante la Autoridad Nacion al Ambiental.  Auditorías Ambientales acreditadas ante la Autoridad Nacional Ambiental.  Equipos adecuados.  Sistemas de monitoreo ambiental.  Personal capacitado.  Mecanismos de prevención y contingencias.  Cualesquiera otras, por iniciativa p ropia o de acuerdo con la normativa ambiental.
Supervisor ambiental Artículo 98. El supervisor deberá verificar el cumplimiento del Plan de
Supervisión, exigido conforme al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, los instrumentos de control previo y ambientales.
Auditor ambiental Artículo 99. El auditor ambiental verificará el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en las normas ambientales y en los instrumentos de control previo y propondrá las medidas de adecuación pertinentes. CAPÍTULO IV
GUARDERÍA AMBIENTAL Guardería Ambiental Artículo 100. Los órganos competentes en materia de Guardería
Ambiental realizarán la vigilancia aérea, terrestre y acuática en todo el territorio nacional, a los fines de prevenir la realización de actividades capaces de degradar el ambiente.
La Guardería Ambiental será ejercida por funcionarios competentes de los ministerios con competencia en materia de Ambiente y de los Recursos Naturales, Agricultura y Tierras, Energía y Petróleo, Industrias Básicas y Minería, de Infraestructura, y por la Fuerza Armada Nacional y demás órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, en el marco de sus competencias en virtud de la ley, los consejos comunales, comunidades organizadas y comunidades indígenas en los territorios donde los hubiere, y demás órganos y asociaciones civiles en garantía de la participación ciudadana y de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás normativas que se dicten sobre la materia. La Guardería que ejerce la Fuerza Armada Nacional, a través del componente Guardia Nacional, es realizada en calidad de órgano de policía especial y de conformidad con esta Ley, las leyes especiales y demás normativas que rigen la materia.
Facultad de los funcionarios de la Guardería Ambiental Artículo 101. Los funcionarios competentes de la Guardería Ambiental,
representantes del Poder Público están facultados para tramitar, en el marco de sus competencias y de conformidad con la normativa sobre la materia, lo conducente ante la comisión de un hecho punible ambiental o de una infracción administrativa en garantía de la conservación del ambiente y del desarrollo sustentable. TÍTULO VIII
Establecimiento de los incentivos Artículo 102. El Estado establecerá los incentivos económicos y fiscales
que se otorgarán a las personas naturales y jurídicas que efectúen
inversiones para conservar el ambiente en los términos establecidos en la presente Ley, en las leyes que la desarrollen y en las normas técnicas ambientales, a fin de garantizar el desarrollo sustentable.
Fines de los incentivos Artículo 103. Los incentivos económicos y fiscales estarán dirigidos a:
 Estimular aquellas actividades que utilicen tecnologías limpias o mecanismos técnicos que generen valores menores que los parámetros permisibles, modifiquen beneficiosamente o anulen el aporte de contaminantes al ambiente.  Promover el empleo de nuevas tecnologías limpias, sistemas de gestión ambiental y prácticas conservacionistas.  Fomentar el aprovechamiento int egral de los recursos naturales.  Establecer programas y proyectos de reforestación y aforestación.  Todas aquellas que determinen las leyes especiales.
Identificación de los incentivos económicos y fiscales Artículo 104. Los incentivos económicos y fiscales a que se refiere este
título son:  Sistema crediticio financiado por el Estado.  Exoneraciones del pago de impuestos, tasas y contribuciones.  Cualquier otro incentivo económico y fiscal legalmente establecido.
Otorgamiento de exoneraciones Artículo 105. El Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela, mediante decreto, oída la opinión favorable de la Autoridad Nacional Ambiental, podrá otorgar las exoneraciones a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 106. El Estado promoverá el establecimiento de incentivos y
reconocimientos a los esfuerzos emprendidos por la población, en forma colectiva o particular, relativa a la generación de información orientada a la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Incentivos estadales y municipales Artículo 107. Las autoridades estadales y municipales, dentro del ámbito
de sus competencias, podrán establecer incentivos fiscales y económicos en función de lo establecido en el presente título. TÍTULO IX
Sanciones Artículo 108. En ejecución de esta Ley, deberán dictarse las adecuadas
normas penales y administrativas en garantía de los bienes jurídicos tutelados por la misma. Las penas correspondientes serán hasta de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), si se tratare de multas; y hasta de diez años de prisión, si consistieren en penas privativas de libertad, debiéndose hacer la fijación de acuerdo con la mayor gravedad del hecho punible, a las condiciones del mismo y a las circunstancias de su comisión, manteniendo la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho.
Nulidad de los actos administrativos autorizatorios Artículo 109. Los permisos, autorizaciones, aprobaciones o cualquier otro
tipo de acto administrativo, contrario a los principios establecidos en esta Ley o sus reglamentos, se considerarán nulos, no pudiendo generar
derechos a favor de sus destinatarios, y los funcionarios públicos que los otorguen incurrirán en responsabilidades disciplinarias, administrativas, penales o civiles, según sea el caso.
Alcance de las sanciones a particulares Artículo 110. Las sanciones impuestas a los particulares previstas en las
leyes ambientales, serán aplicadas sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, ni de las sanciones consagradas en otras leyes.
Medidas preventivas Artículo 111. El organismo competente para decidir acerca de las
infracciones previstas en esta Ley y leyes especiales, podrá adoptar desde el momento del conocimiento del hecho, al inicio o en el curso del procedimiento correspondiente, las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga, los cuales podrán consistir en:  Ocupación temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante.  La retención de los recursos naturales, sus p roductos, los agentes contaminados o contaminantes.  La retención de maquinarias, equipos, instrumentos y medios de transporte utilizados.  Clausura temporal del establecimiento que con su actividad degrade el ambiente.  Prohibición temporal de las a ctividades degradantes del ambiente.  Cualquier otra medida necesaria para proteger y prevenir los daños al ambiente.
Artículo 112. Además de las sanciones contempladas, deberá ordenarse
en todo caso las siguientes:  Revocatoria del acto administrativo autorizatorio.  Inhabilitación hasta por un período de dos años, para solicitar y obtener nuevos actos administrativos autorizatorios para la afectación del ambiente, la diversidad biológica y demás recursos naturales.  Ejecución de fianza de fiel cumplimiento, si fuere el caso.  El comiso de equipos, instrumentos, armas, materiales, aparatos, instalaciones o equipos con que se cometió la infracción o delito y los productos que de ellos provengan, a no ser que pertenezcan a un te rcero ajeno al hecho.  El comiso de los recursos naturales o sus productos obtenidos ilegalmente y su restitución al medio natural, si ello es posible o conveniente.  Efectiva reparación del daño causado.  La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos que entorpezcan el funcionamiento de vehículos, establecimientos, instalaciones, plantas de tratamiento o fuentes emisoras de contaminantes.  La retención de vehículos y medios de transporte utilizados para la comisión del ilícito ambiental, hasta tanto se pague la multa, se repare el daño o se garantice la reparación efectiva del mismo.  Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro de daño o evitar la continuación del daño ambiental, y asegurar su reparación o el daño ha comenzado a manifestarse.
Multa adicional equivalente Artículo 113. En caso de no ser posible la reparación del daño, la
autoridad administrativa o judicial podrá establecer una multa adicional equivalente al doble del valor del daño causado, sin perjuicio de que se
dicte una medida complementaria de compensación en las ce rcanías del ambiente modificado.
Medidas de seguridad Artículo 114. La aplicación de las sanciones administrativas o penales a
que se refiere esta Ley, deberá además estar acompañada, cuando fuere el caso, con la imposición de las medidas necesarias para impedir la aparición, continuación o para lograr la reparación del daño, o prevenir el peligro y a contrarrestar las consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, tales medidas podrán consistir en:  Ocupación temporal de las fuentes contaminantes hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar la repetición de los hechos.  Clausura temporal o definitiva de las instalaciones o establecimientos que con su actividad alteren el ambiente, degradándolo o contaminándolo, ya sea directa o indirectamente.  Prohibición temporal o definitiva de la actividad degradante del ambiente.  Modificación o demolición de construcciones violatorias de las disposiciones de gestión y planificación del amb iente.  Restauración de los lugares alterados al estado más cercano posible en que se encontraban antes de la agresión al ambiente, una vez cesada la acción lesiva.  Reordenación del espacio, a fin de tornarlo utilizable ambientalmente con otro uso distinto al original, en aquellos casos en que las características esenciales del ecosistema alterado fueron completamente destruidas de manera irreversibles, al punto de resultar imposible recuperar la vocación inicial del suelo.  La destrucción o neutrali zación de sustancias, recursos naturales o productos comprobadamente contaminantes o contaminados.
 Devolución al medio natural de los recursos o elementos extraídos, si tal acción es posible y conveniente.  La instalación o construcción de los disposi tivos necesarios para evitar la contaminación o degradación del ambiente.  Cualquier otra medida tendiente a corregir, reparar los daños y evitar la continuación de los actos perjudiciales al ambiente.
Imputación de los costos y gastos Artículo 115. Los costos y gastos justificados en que incurra la
administración por el procedimiento administrativo, serán imputados a los responsables de la infracción, lo cual se determinará en el acto administrativo sancionatorio.
Responsabilidad objetiva Artículo 116. La responsabilidad derivada de daños causados al
ambiente es de carácter objetiva, la simple existencia del daño reputa la responsabilidad en el agente dañino de haber sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indemnizar los daños y perjuicio s causados por su conducta. Queda exceptuada el de probar el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daño ocasionado, bastando la simple comprobación de la realización de la conducta lesiva.
Valoración del daño provocado Artículo 117.
medidas jurídicos,
correspondientes, la autoridad competente deberá realizar una valoración que comprenda aspectos técnicos, económicos, socioculturales y ecológicos del daño provocado.
Créditos privilegiados Artículo 118. Los gastos realizados por la República Bolivariana de
Venezuela, para la reparación de los daños ambientales, producto de
ilícitos debidamente comprobados de conformidad con la ley, constituyen créditos privilegiados frente a otros acreedores.
De las Infracciones Administrativas Sanciones y medidas administrativas Artículo 119. La Autoridad Ambiental Nacional aplicará las sanciones
administrativas y medidas que en materia ambiental prevé esta Ley y demás leyes especiales, previo procedimiento legal respectivo, sin menoscabo de las competencias de los estados y municipios en aquellas materias ambientales expresamente asignadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
Limitación de la multa Artículo 120. Las infracciones administrativas serán sancionadas con
multas de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la presente Ley. En todo caso, dicha multa no podrá excederse de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), debiéndose hacer la fijación del monto de acuerdo con la gravedad del hecho punible, a las condiciones del mismo y a las circunstancias de su comisión.
Reincidencia Artículo 121. En caso de reincidencia se incrementará en un veinticinco
por ciento (25 %) el monto de la multa.
Medidas Artículo 122. La aplicación de la multa a que se refiere el artículo
anterior, no obsta para que se adopten e impongan las medidas necesarias para prevenir, suspender, corregir, reparar, entre otras, las
actividades ilícitas, sus efectos y los daños. La aut oridad competente podrá aplicar, según las circunstancias y el tipo de infracción, entre otras las sanciones accesorias establecidas en el artículo 112 de la presente Ley y demás leyes que la desarrollen.
Graduación de medidas reparatorias Artículo 123. Las sanciones que se apliquen incluirán la imposición de las
medidas que garanticen el restablecimiento del ambiente a su estado natural si éste resultare alterado. En caso de no ser posible el restablecimiento previsto en este artículo, deberán adoptarse o tras medidas para que garanticen la recuperación del daño al ambiente, en especie y en el mismo lugar de la afectación o, en su defecto, mediante compensación o pago de una cantidad sustitutiva por el valor del daño causado.
Incumplimiento de las sancion es Artículo 124. El incumplimiento de las sanciones impuestas por la
Autoridad Nacional Ambiental dará lugar, una vez agotados los mecanismos de ejecución forzosa administrativa, a la interposición de la acción civil ante los tribunales competentes, por la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.
Responsabilidad de los funcionarios públicos Artículo 125. Los funcionarios públicos responsables del control
ambiental responderán civil, penal y administrativamente por los hechos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
Imprescriptibilidad del Procedimiento de Sanciones Artículo 126 . El ejercicio de la potestad pública para el inicio de los
procedimientos administrativos sancionatorios y para la imposición de las sanciones es imprescriptible.
De las sanciones pecuniarias Artículo 127.
instrumentos de control previo y legal para la realización de actividades capaces de degradar el ambiente, serán sancionados con multa de hasta diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), sin menoscabo de la declaratoria de nulidad absoluta del acto en cuestión.
Imprescriptibilidad de las Sanciones y Medidas Artículo 128. La ejecución de las sanciones y de las medidas impuestas
en los actos administrativos sancionatorios son imprescriptibles; en consecuencia, la responsabilidad civil prescribe en este mismo lapso.
Determinación de la cuantía Artículo 129. La determinación de la cuantía del daño se hará por
experticia que determine lo pertinente, la cual se agregará al expediente correspondiente y servirá de base para las sanciones y medidas ambientales. Capítulo III
De los Delitos Ambientales De los delitos Artículo 130. Las leyes penales que se dicten en ejecución de esta Ley,
incluirán sanciones privativas de libertad, disolución de la persona jurídica y sanciones pecuniarias. Para la determinación de las sanciones aplicables en cada caso, se seguirán las siguientes reglas:  Cuando en un mismo artículo aparezcan en forma disyuntiva una pena privativa de libertad y una multa, en todo caso las primeras serán para las personas naturales y las segundas para las personas jurídicas.
 Independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios, presidentes o administradores responderán penalmente por su participación culpable en los delitos cometidos por sus empresas. Responsabilidad penal por delitos ambientales
Artículo 131 . La responsabilidad penal, a los efectos de los delitos
administrativa, es objetiva y para demostrarla basta la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad. Responsabilidad de las personas jurídicas
Artículo 132 . Las personas jurídicas serán responsables por sus
acciones y omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos cumplimiento. Las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 130, en los casos en que el hecho punible haya sido cometido a causa del ejercicio de sus actividades o en su representación, o por orden suya y en su interés exclusivo o preferente.
Medidas en sentencia condenatoria Artículo 133. En toda sentencia condenatoria por los delitos en los cuales
resulten daños o perjuicios contra el ambiente o los recursos naturales, el juez impondrá al responsable o responsables la obligación de ejecutar las medidas restituidas correspondientes, reparar los daños causados por el delito e indemnizar los perjuicios. En tal sentido, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas:  La modificación de construcciones violatorias de disposiciones sobre conservación del ambiente y los recursos naturales, y su conformidad con la normativa infringida.
 La restauración de los lugares degradados al estado más cercano posible al que se encontraban antes de la degradación.  La remisión de elementos al medio natural de donde fueron sustraídos, en caso de ser posible y pertinente.  La restitución de los productos forestales, hídricos, faunísticos o de suelo obtenidos ilegalmente.  El saneamiento o la reordenación del espacio, a fin de tornarlo utilizable ambientalmente con otro uso distinto al origin al, en aquellos casos en que el daño sea irreparable, al punto de resultar imposible recuperar la vocación inicial del suelo.  La repatriación al país de origen de los residuos o desechos peligrosos importados ilegalmente o prohibidos en su lugar de orig en, por cuenta del condenado.
Experticia Artículo 134.
Conjuntamente con las sanciones y las medidas
reparatorias, el juez podrá acordar en las sentencias la obligación de realizar experticias a costa del condenado, cada año y hasta por diez veces, a fin de determinar la efectiva eliminación de los riesgos ambientales, cuando se sospeche su aparición futura o no sea posible su eliminación inmediata.
Disposición complementaria Artículo 135. Cuando los tipos penales requieran de una disposición
complementaria para la exacta determinación de la conducta punible o su resultado, ésta deberá constar en una ley que los desarrolle. TÍTULO X
DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PENAL AMBIENTAL Creación
Artículo 136. Se crea la Jurisdicción Especial Penal Ambiental para el
conocimiento y decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como delito por la ley especial respectiva.
Organización, composición y funcionamiento Artículo 137. La organización, composición y funcionamiento de los
órganos de la Jurisdicción Especial Penal Ambiental, se regirán por las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en la ley orgánica correspondiente y en el Reglamento Interno de los Circuitos Judiciales Penales Ambientales. TÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Las normas reglamentarias vigentes no contrarias a las
disposiciones de esta Ley se mantendrán en vigencia hasta tanto sean sustituidas por los nuevos instrumentos que desarrolle.
Segunda. El Ejecutivo Nacional, los estados, los municipios y demás
autoridades competentes, dictarán y adecuarán los planes previstos en esta Ley en un plazo de tres años contado a partir de su entrada en vigencia.
Tercera. Hasta tanto se constituya la Jurisdicción Especial Penal
Ambiental corresponderá a la Jurisdicción Penal Ordinaria el conocimiento y decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como delitos por la ley especial respectiva.
Cuarta. Las disposiciones legales que desarrolle esta Ley, así como las
reglamentaciones técnicas complementarias, deberán dictarse en un plazo máximo de dos años contados a partir de la vigencia de esta Ley.
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto regular lo referente a las minas y a
los minerales existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su origen o presentación, incluida su exploración y explotación, así como el beneficio, o almacenamiento, tenencia, circu lación, transporte y comercialización, interna o externa, de las sustancias extraídas, salvo lo dispuesto en otras leyes.
Artículo 2 : Las minas o yacimientos minerales de cualquier clase
existentes en el territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.
Artículo 3 : Se declara de utilidad pública la materia regida por esta Ley. Artículo 4: El Ejecutivo Nacional formará y mantendrá los inventarios de
los recursos mineros existentes en el territorio nacional y formulará los planes de exploración y racional a aprovechamiento de los mismos, de acuerdo con la planificación general del Estado.
Artículo 5 : Las actividades mineras reguladas por esta Ley, se llevaran a
recuperación o extracción del recurso minero, con arreglo al principio del desarrollo sostenible, la conservación del ambiente y la ordenación del territorio. Los titulares de derechos mineros además de la observancia de esta Ley, están obligados a: 1. Ejecutar todas las operaciones a las cuales se refiere esta Ley, con sujeción a los principios y prácticas científicas aplicables a cada caso;
2. Tomar todas las providencias necesarias para impedir el desperdicio de los minerales; 3. Cumplir, todas las disposiciones que le sean aplicables, establecidas en las leyes, decretos, resoluciones y en ordenanzas, sin perjuicio de los derechos mineros que ostentan; 4. Proporcionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y M inas, todas las facilidades que sus empleados puedan necesitar para el mejor desempeño de sus funciones.
Artículo 6 : El Ministerio de Energía y Minas es el órgano del Ejecutivo
Nacional competente a todos los efectos de esta Ley y le corresponde la planificación, control, fiscalización, defensa y conservación de los recursos mineros, así como el régimen de la inversión extranjera en el sector y ejecutar o hacer ejecutar las actividades mineras que le señale la Ley. TÍTULO II
Modalidades para el ejercicio de las Actividades Mineras Artículo 7: La exploración, explotación y aprovechamiento de los
modalidades: a) Directamente por el Ejecutivo Nacional; b) Concesiones de exploración y subsiguiente explotación; c) Autorizaciones de Explotación para el ejercicio de la Pequeña Minería; d) Mancomunidades Mineras; e) Minería Artesanal.
Artículo 8 : En la aplicación de dichas modalidades, el Ejecutivo Nacional
tendrá en cuenta la ubicación de los yacimientos, su importancia estratégica y económica, su incidencia ambiental y social las inversiones requeridas, así como cualquier otro elemento relevante para el desarrollo científico y tecnológico de la actividad minera o que se considere de interés nacional o regional . TÍTULO III
Disposiciones Generales Artículo 9: Los derechos mineros son temporales, se ejercen dentro de
los límites geográficos determinados y conforme a los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 10 : dividida en dos (2) partes: el suelo, que comprende la simple
superficie y la capa que alcanza hacia abajo hasta donde llegue el trabajo del superficiario en actividades ajenas a la minería, y el subsuelo que se extiende indefinidamente en profundidad, desde donde el suelo termina. Las actividades mineras realizadas en el subsuelo no generan compensación para el superficiario, sa lvo que afecten al suelo y otros bienes.
Artículo 11 : El beneficiario de derechos mineros para ejercer las
actividades reguladas por esta Ley, podrá solicitar la constitución de servidumbres, la ocupación temporal y la expropiación de bienes. Cuando las servidumbres hayan de constituirse sobre terrenos de propiedad privada, el beneficiario de derechos mineros podrá celebrar con los propietarios los contratos necesarios. De no lograrse el avenimiento, el beneficiado podrá ocurrir a un Tribunal de Prime ra Instancia en lo Civil, con jurisdicción en la localidad, para solicitar la autorización del comienzo
de los trabajos. El solicitante señalará con precisión las áreas y bienes que se afectarán y los trabajos a realizarse. Admitida la solicitud, el Juez, el mismo día, ordenará la citación del afectado para que comparezca al tercer día siguiente al de la citación, si no se logra la citación, ordenará publicar en un diario de mayor circulación nacional, emplazándolo a comparecer al tercer día de despacho después de la publicación, en cuya oportunidad se procederá a la designación de tres (3) expertos, uno designado por el solicitante, el segundo por el afectado y el tercero por el Juez, a fin de que dictaminen sobre los posibles daños y el monto de la indemnización. Si no compareciera el afectado o se negare a nombrar el experto, el Tribunal lo hará por él. Los expertos deben estar presentes en el acto para su aceptación y juramentación. Si no lo están, el Tribunal designará a quienes los sustituyan. Los expertos deberán consignar informe dentro de un lapso de tres (3) días continuos al de su designación. Consignado el informe, el solicitante deberá depositar en el Tribunal el monto de la indemnización estimada y en el mismo acto el Juez autorizará el comienzo de los trabajos. Si el afectado acepta la indemnización el Tribunal dictará decisión para constituir la servidumbre en los términos de la solicitud. En caso de desacuerdo, se seguirá por los trámites del juicio ordinario. Para todo lo referente a la ocupación temporal y la expropiación, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la legislación de expropiación por causa de utilidad pública e interés social.
Artículo 12: Las servidumbres de diversa especie, necesarias pa ra el
ejercicio de las actividades mineras, se constituirán sólo en la medida indispensable por el objeto a que se destinen.
Artículo 13: El beneficiario de derechos mineros podrá utilizar los
terrenos baldíos en las condiciones y mediante las compensaci ones que pacte con el Ejecutivo Nacional, el cuál según las circunstancias puede exonerarle de las mismas. Cuando en los terrenos baldíos existan mejoras de particulares, la indemnización que corresponda la pagará el beneficiario de los derechos mineros.
Artículo 14 : El beneficiario de derechos mineros tiene derecho al uso y
aprovechamiento racional de las aguas del dominio público para el ejercicio de sus actividades mineras, sujeto al cumplimiento de las disposiciones ambientales que rigen la materia. A sí mismo, el beneficiario tiene derecho a la expropiación o al establecimiento de servidumbres para el aprovechamiento y uso de la aguas del dominio privado en su actividad minera.
Artículo 15: Las actividades mineras deben efectuarse con acatamiento a
la legislación ambiental y a las demás normativas que rigen la materia. A los efectos anteriores, se crea la Comisión Permanente, de carácter interministerial, integrada por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de la Defensa, cuyo funcionamiento será regulado por las disposiciones que establezcan los reglamentos de esta Ley. A dicha Comisión podrá incorporarse cualquier otro órgano vinculado con el sector minero que determine el Ejecutivo Nacional.
Artículo 16: Queda prohibido realizar actividades mineras en poblaciones
y cementerios. El desarrollo de actividades mineras a menos de cien
(100) metros de vías férreas, caminos, canales, aeródromos, puentes u otras obras semejantes, requerirá el otorgamiento del permiso correspondiente por parte de la autoridad competente en cada caso, la cual deberá cumplir con las formalidades exigidas en los reglamentos respectivos.
De la Capacidad para Adquirir Derechos Mineros Artículo 17: Toda persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, hábil
en derecho, y domiciliada en el país, podrá obtener los derechos mineros para realizar las actividades señaladas en esta Ley, salvo las excepciones en ella establecidas.
Artículo 18: Las compañías o sociedades que se formen para la
exploración o explotación de minas, se constituirán con arreglo al Código de Comercio y tendrán el carácter de civiles. Las compañías o sociedades legalmente constituidas en el paí s que tengan por objeto el desarrollo de cualquier actividad relacionada con esta Ley, deberán hacer la correspondiente participación al Ministerio de Energía y Minas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su constitución, con expresión del domicilio y del nombre del representante legal. Además, acompañarán a la participación, copia certificada del documento de constitución y otros instrumentos pertinentes. Mientras las compañías o sociedades no cumplan con los anteriores requisitos, no s e le dará curso a las solicitudes que presenten ante el mencionado Despacho.
Artículo 19: Las compañías extranjeras para dedicarse a las actividades
a que se refiere el artículo anterior, deberán llenar los requisitos que para ellas exige el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables; y tendrán un representante legal, venezolano o extranjero, domiciliado en el país.
Artículo 20: No podrán aspirar a obtener los derechos mineros a que se
refiere el artículo 17 de esta Ley, ni por sí ni por interp uesta persona, salvo por herencia o legado, los miembros del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, que a continuación se mencionan: 1. El Presidente de la República, los Ministros y Vice -Ministros, miembros, del Congreso de la República, los miemb ros de la Corte Suprema de Justicia, los Diputados de las Asambleas Legislativas, Alcaldes, Concejales, el Procurador General, el Fiscal General y el Contralor General de la República, los Gobernadores de Estado, el Gobernador del Distrito Federal, los miembros, del Consejo. de la Judicatura, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y del Ambiente y de los Recursos Naturales. 2. Los Presidentes, o Directores de Institutos Autónomos y de Empresas del Estado.
Parágrafo Primero . El Ejecutivo Nacional, cuando así se justifique, podrá
incorporar por vía reglamentaria, cualesquiera otros funcionarios además de los indicados en este artículo.
Parágrafo Segundo . Las prohibiciones aquí consagradas, afectan
también al cónyuge, concubina o concubinario y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios indicados.
Artículo 21 : Las personas afectadas por las incapacidades a que se
refiere esta Ley, no podrán adquirir derechos mineros mientras no haya transcurrido un lapso no menor de cinco (5) años, desde la cesación del impedimento que las originó.
Artículo 22: Los gobiernos extranjeros no podrán ser titulares de
derechos mineros dentro del territorio nacional. Cuando se trate de entes que dependan de dichos gobiernos o de empresas en las cuales ellos tengan una participación tal, que por capital o estatutos, les confiera el control de la empresa, para el otorgamiento del derecho minero, requerirán la aprobación previa del Congreso de la República. CAPÍTULO III
Del Ejercicio Exclusivo por el Ejecutivo Nacional Artículo 23: El Ejecutivo Nacional, cuando así convenga al interés
público, podrá reservarse mediante Decreto, determinadas sustancias minerales y áreas que las contengan, para explorarlas o expl otarlas solo directamente por órgano del Ministerio de Energía y Minas, o mediante entes de la exclusiva propiedad de la República . CAPÍTULO IV
De las Concesiones Artículo 24: La concesión minera es el acto del Ejecutivo Nacional,
mediante el cual se otorgan derechos e imponen obligaciones a los particulares para el aprovechamiento de recursos minerales existentes en el territorio nacional. La concesión minera confiere a su titular el derecho exclusivo a la exploración y explotación de las sustancias minerales otorgadas que se encuentren dentro del ámbito espacial concedido.
Artículo 25: Las concesiones que otorgue el Ejecutivo Nacional conforme
a esta Ley, serán únicamente de exploración y subsiguiente explotación su, duración no excederá de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de la publicación del Certificado de Explotación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, pudiendo prorrogarse su duración por períodos sucesivos no mayores de diez (10) años, si así lo solicitase el concesionario dentro de los tres (3) años anteriores al vencimiento del período inicial y el Ministerio de Energía y Minas lo considere pertinente, sin que las prorrogas puedan excede r del período original otorgado.
Parágrafo Único. La solicitud de prórroga sólo podrá hacerla el
concesionario solvente con la República dentro del período de tres (3) años señalados en éste artículo, la cual, en todo caso, deberá formularse antes de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del período inicial y el Ministerio deberá decidir dentro del mismo lapso de seis (6) meses, en caso de no haber notificación, se entenderá otorgada la prórroga.
Artículo 26: El ámbito espacial sobre el cual se e jerce la concesión
minera es un volumen piramidal,; cuyo vértice es el centro de la tierra y su límite exterior, en la superficie, es un plano horizontal medido en hectáreas y de forma rectangular, cuyos vértices y linderos están orientados de acuerdo al s istema de proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M.) u otro de mayor avance tecnológico a ser adoptado por el Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 27: Cuando en el ámbito de una concesión, el Ejecutivo
Nacional, estuviese dispuesto a efectuar actividades mineras sobre minerales no otorgados en dicha concesión, podrá hacerlo directamente o mediante las modalidades previstas en los literales a y b del artículo 7 de esta Ley, sin perjuicio de las actividades del concesionario. De acogerse la modalidad de la concesión, el concesionario original tendrá derecho
preferente para obtener la concesión en igualdad de condiciones.
Artículo 28: La extensión horizontal de la concesión será de forma
rectangular, y estará determinada por puntos fijos y líneas rectas sobre la superficie terrestre, cuya unidad de medida superficial será la hectárea (ha.). La extensión vertical estará definida por la proyección de su extensión horizontal hacia el centro de la tierra e ilimitada en profundidad. Los lotes estarán conformados por unidades parcelarias, las cuales representan la unidad mínima de división del lote y cuyas características dimensionales se establecerán en el parcelamiento minero, que al respecto elabore el Ministerio de Energía y Minas. La superficie de la unidad parcelaria variará entre un mínimo de cuatrocientas noventa y tres hectáreas (493 has.) y un máximo de quinientas trece hectáreas (513 has.). Los lotes se conformarán por doce (12) unidades parcelarlas y por lo tanto tendrán una extensión máxima de seis mil ciento cincuenta y seis hectáreas (6.156 has.) cada uno. No se podrán otorgar lotes en concesión a un solo titular sobre más de veinticuatro (24) unidades parcelarias, o el equivalente a dos (2) lotes. El concesionario tendrá el dere cho de seleccionar hasta un máximo de seis (6) unidades parcelarlas de manera contigua para la explotación minera, formando un bloque único, quedando el resto como reserva nacional, las cuales podrán ser otorgadas en concesión en fase de explotación conforme al miento previsto en el artículo 47 de esta Ley.
Parágrafo Único . En casos especiales y cuando así convenga al
interés nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros
podrá autorizar el otorgamiento, en concesión, de lotes con una superficie mayor a la establecida en este artículo.
Artículo 29: El derecho de exploración y de explotación que se deriva de
la concesión es un derecho real inmueble. El concesionario podrá enajenar dicho derecho, gravarlo, arrendarlo, sub -arrendarlo, traspasarlo o celebrar sobre el mismo sub-contrataciones para la explotación, mediante permiso previo otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, siempre y cuando demuestre efectivamente que la negociación cuya autorización se solicita, se hará exclusivamente para el eficiente desarrollo del proyecto de explotación, pre viamente aprobado este Ministerio dentro de los lapsos autorizados para la ejecución del mismo.
Parágrafo Primero. En caso de arrendamiento de una concesión cuyos
titulares sean Corporaciones Regionales de Desarrollo, exentas del pago de impuestos, los arrendatarios tendrán la obligación de pagar los impuestos establecidos en esta Ley, salvo que el arrendamiento se lleve a cabo con otros entes de carácter público, también exentos del pago de impuestos.
Parágrafo Segundo. Los traspasos deberán ser presen tados para su
protocolización por ante la Oficina Subalterna, de registro de la Circunscripción de ubicación de la concesión.
Artículo 30: El Ministerio de Energía y Minas no autorizará ninguna de las
negociaciones previstas en esta Ley si el concesionario no ha realizado las actividades' previas y las inversiones requeridas para la presentación del programa de desarrollo y explotación, el cual deberá consignarse treinta (30) días antes de iniciar la explotación. El Ministerio de Energía y Minas tendr á un lapso de cuarenta y
cinco (45) días continuos, contados a partir de la recepción de la solicitud, para decidir sobre los permisos a los que se refiere el artículo 29. La falta de decisión en el lapso indicado se entenderá como negativa, quedando al interesado todos los recursos previstos de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 31: Todo acto jurídico que tenga por objeto la concesión o que
de algún modo la afecte, respetará la indivisibilidad de la misma. Los traspasos parciales no surtirán efecto respecto del Ejecutivo Nacional, pero quedan a salvo de esta disposición los traspasos que versen acerca del derecho proindiviso de los cotitulares, cuyos cesionarios responderán solidariamente del pago de la totalidad d e los impuestos y del cumplimiento de las demás obligaciones que apareja la concesión.
Artículo 32: El título de las concesiones de exploración y subsiguiente
explotación, deberá contener los siguientes señalamientos: duración del período de exploración y el de explotación; ubicación, extensión y alinderamiento del área concedida, ventajas especiales convenidas y toda otra circunstancia que defina, de manera precisa, las condiciones de la concesión otorgada.
Artículo 33: En todo título minero se considera implícita la condición de
que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes, incluido el Arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de la República de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.
Artículo 34: Se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del
mineral y que este es industrial y económicamente explotable, pero con el
otorgamiento del título no se hace responsable la República de la verdad de tales hechos. Así mismo, la República no responde por saneamiento legal.
Artículo 35: El Ministerio de Energía y Minas podrá estipular ven tajas
especiales para la República, en materia de suministro de tecnología, abastecimiento interno, provisión de infraestructura, dotación social, obligaciones de entrenamientos capacitación, formación y especialización geológico-minera, entre otras, que podrán ofrecer los particulares en la oportunidad de solicitar la respectiva concesión de conformidad con los requisitos que se establezcan en los reglamentos de esta Ley.
Artículo 36: El Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, ejercerá la prevención de la contaminación del ambiente derivada de las actividades mineras.
Artículo 37 : El concesionario deberá informar mensual y anualmente, al
Ministerio de Energía y Minas, acerca de las actividades cumplidas en los períodos respectivos, sin perjuicio de cualquier otra información que le exija dicho Ministerio. Los informes indicados se sujetarán a lo establecido en los reglamentos de esta Ley.
Artículo 38: Los desmontes, escóriales, colas o relaves de minas son
parte integrante de la concesión que los origina y siguen el destino de ésta.
Artículo 39: El uso de sustancias explosivas y sus accesorios, en labores
de exploración y explotación minera, deberá ser autorizado por el Ministerio de Energía y Minas, previo, cumplimiento de las disposiciones
legales que rigen la materia, y de los requisitos que se establezcan en los reglamentos de esta Ley.
Artículo 40: Quien aspire a obtener una concesión dirigirá al Ministerio de
Energía y Minas una solicitud, que contenga: a) Identificación del solicitante con indicación de su domicilio, nacionalidad, estado civil y carácter con que actúa. Si éste fuere una Compañía, su nombre o razón social, su domicilio y el lugar de su constitución; y si ésta hubiere sido en el extranjero de berá llenar todas las formalidades establecidas en el artículo 19 de esta Ley; b) Indicación de la clase del mineral, superficie aproximada y los linderos del área solicitada, ubicación geográfica acompañada del croquis del área solicitada, debidamente firma do por un Ingeniero de Minas, Geodesta, Agrimensor o cualquier otro profesional legalmente autorizado para ello, la denominación que le dé el solicitante, ventajas especiales que se ofrezcan a la República y demás datos exigidos por la Ley; c) Indicación de la declaración de si el terreno es baldío, ejido o de propiedad particular y sus colindantes, y en el último caso, expresar el nombre del propietario; d) e) Comprobar a satisfacción del Ministerio de Energía y Minas, su capacidad técnica, económica y financiera ; Cualquier otra, información que establezcan los reglamentos o solicite el Ministerio de Energía y Minas, conforme a los procedimientos f) establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y demás Leyes de la materia; Cuando, el concesiona rio ofreciera ventajas especiales conforme a lo establecido en el artículo 35 de esta Ley, las mismas deberán ser presentados en sobre separado y cerrado, el cual será abierto en el momento de la toma de decisión de la solicitud, por un
comité integrado por el Ministro, el Consultor Jurídico y el Director de Minas.
Artículo 41 : Presentada la solicitud de concesión minera con los
recaudos pertinentes y obtenida la ocupación del territorio de parte del organismo competente, el Ministerio de Energía y Minas admitirá o. rechazará dicha solicitud, y notificará su resultado al interesado dentro de los cuarenta (40) días continuos siguientes a la fecha de la presentación, pudiendo ser prorrogado dicho lapso por un período no mayor de diez (10) días hábiles a juicio del Ministerio de Energía y Minas. De no haber la notificación, la solicitud quedará de pleno derecho rechazado; sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario por la falta de notificación.
Parágrafo Único. Admitida una solicitud de concesión, no se admitirá
otra para el mismo mineral y en el mismo lote, salvo que la anterior hubiere sido negada.
Artículo 42 : Admitida la solicitud, el Ministerio de Energía y Minas
dispondrá su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, dentro de los veinte (20) días continuos siguientes a la fecha de su admisión. Dentro de un lapso igual, contado a partir de la publicación anterior, el interesado publicará la solicitud en un diario de reconocida circulación en el país y en otro de la localidad donde se encuentre la concesión solicitada o, en su defecto, del lugar más cercano a ella, todo a los fines de la oposición que pudiera surgir en caso de ser afectados los derechos mineros de terceros.
Parágrafo Único. Podrán oponerse al otorgamiento de la concesión
quienes tengan una concesión otorgada en la misma área; o pudieren resultar invadidos parcialmente en dicha área, de otorgarse la
concesión solicitada y cualquier otro titular de un derecho minero que pueda resultar afectado en razón del área y del mineral solicitado.
Artículo 43: De haber oposición, ésta deberá ejercerse por ante el
Ministerio de Energía y Minas, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes contados desde la última de las publicaciones, el Ministerio notificará al solicitante la oposición, dentro de un lapso de cinco (5) días siguientes a su recepción. El solicitante, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del lapso para la oposición, podrá contradecirla, en tal caso, y a fin de que se evacuen las p ruebas presentadas y se oigan los alegatos de las partes, el Ministerio de Energía y Minas abrirá un lapso probatorio de treinta (30) días continuos siguientes al vencimiento del lapso anterior.
Artículo 44: El Ministerio de Energía y Minas decidirá la o posición
dentro de los quince (15) días continuos siguientes partir del vencimiento del lapso probatorio, contemplado en el artículo anterior, a menos que, por auto debidamente razonado lo prorrogue por una sola vez y hasta por quince (15) días continuos, contados a partir del vencimiento del lapso probatorio original, salvo que en caso de, experticias los expertos soliciten la ampliación del lapso que se le haya concedido para la evacuación de esta prueba, la cual se otorgará a juicio del Ministro, por auto debidamente razonado. La decisión sobre la oposición agotará la vía administrativa.
Artículo 45: De no haber oposición o cuando fuere declarada sin
lugar, el Ministro de Energía y Minas, dentro de (20) días continuos siguientes al vencimiento del lapso de la oposición o de la decisión que la declare sin lugar, otorgará la concesión si se han cumplido todos los requisitos establecidos en esta Ley, y expedirá el Título de Exploración mediante resolución que se publicará, en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela. El concesionario deberá protocolizar la resolución en la Oficina Subalterna de Registro de Circunscripción de ubicación de la concesión, dentro de veinte (20) días continuos siguientes a su publicación.
Parágrafo Único. En caso de que el Ejecutivo Nacional no otorgare la
concesión, así lo hará saber mediante resolución que comunicará al interesado.
Artículo 46: Las concesiones extinguidas, renunciadas, caducadas o
aquellas que sean anuladas por sentencia de Corte Suprema de Justicia, serán consideradas zonas libres y el Ejecutivo Nacional podrá otorgarlas total o parcialmente teniendo o no en cuenta los linderos de la concesión primitiva.
Artículo 47: Las zonas libres a las que se refiere el a anterior así
como las reservas nacionales previstas en el artículo 28 de esta Ley, se otorgarán únicamente mediant e el siguiente procedimiento: 1. El Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, indicará las zonas libres y las reservas nacionales sobre las cuales se podrán formular solicitudes para obtener concesiones, así como las condiciones de las mismas, las cuales deben mantener la igualdad de oportunidades entre los concurrentes y el lapso dentro del cual deberán presentarse dichas solicitudes; 2. Los que aspiren a obtener una concesión en las áreas indicadas en este artículo, dirigirán al Min isterio de Energía y Minas sus solicitudes; 3. El Ejecutivo Nacional podrá estipular con el solicitante conforme a lo establecido en el artículo 35 de esta Ley, ventajas especiales; 4. Dentro del lapso fijado para oír las solicitudes, podrán formular oposiciones todas aquellas personas que consideren afectados sus
mineros, dicha oposición
procedimiento previsto en el artículo 42 y siguientes de esta Ley; 5. Vencido él lapso que se hubiere fijado para oír las solicitudes sin que se haya formulado oposición o si la misma hubiese sido declarada sin lugar el Ministerio de Energía y Minas, adjudicará la buena pro a la solicitud que a su juicio hallare más favorable para los intereses de la República, lo cual comunicará al solicitante favorecido. Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la publicación de la misma, el Ministerio de Energía y Minas expedirá al solicitante favorecido el título de exploración o el certificado de explotación según las circunstancias de la concesión de donde provenga el área solicitada. En el caso de las reservas nacionales, el servicio técnico hará trazar por duplicado, a costa del solicitante, los planos de las parcelas correspondientes, cuya superficie no podrá exceder el límite f ijado en el artículo 28 de esta Ley. SECCIÓN PRIMERA
De la Exploración Artículo 48 : La concesión de exploración y subsiguiente explotación
confiere al concesionario, sus herederos o causahabientes, durante el período exploratorio, el derecho exclusiv o de explotar el área concedida y de elegir para su explotación la superficie que determine el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental, pero en ningún caso dicha superficie será mayor de la mitad del área concedida para la exploración en parcelas que dentro de ellas seleccionare y no podrán exceder de quinientas trece hectáreas (513 has.) cada una, según el plano general que deberá presentar al Ministerio de Energía y Minas.
Las parcelas podrán agruparse con el fin de obtener una racional explotación del yacimiento, serán de forma rectangular excepto en aquellas que en razón de la configuración de los linderos del lote deban adoptar una forma diferente. La superficie que deje libre el concesionario dentro del número de hectáreas que mide e l lote, quedará sometido a las disposiciones del artículo 47 de esta Ley . Artículo 49: El período exploratorio tendrá una duración no mayor de tres (3) años, de acuerdo con la naturaleza del mineral de que se trate y demás circunstancias pertinentes, según lo determinen los reglamentos de esta Ley.
Parágrafo Único . El período de exploración podrá ser prorrogado por una
Artículo 50 : El concesionario presentará dentro del lapso de exploración,
el plano de cada unidad parcelaria que escoja, en escala de 1:10.000 y el plano general a una escala de 1:25.000, ambos planos cumplirán con los requerimientos técnicos que establezca esta Ley y sus reglamentos. Los planos deberán contener la siguiente información: nombre de la concesión, clase de mineral, sitios donde se han practicado exploraciones, división político -territorial donde esté ubicada la misma, longitud de los lados del polígo no que la demarque, coordenadas de los botalones que señalen los vértices del polígono, las concesiones colindantes y todos aquellos datos que se consideren pertinentes para esclarecer cualquier circunstancia que pueda afectar los derechos de la República o de terceros que sirvan al Ministerio de Energía y Minas para determinar la posición de la concesión y al concesionario para la elaboración de los planos.
Artículo 51: En el caso de que la superficie encerrada dentro de los
linderos del lote resultara mayor de la que expresa título, el concesionario escogerá y hará trazar en el plano la porción que baste para cubrir el número de hectáreas concedidas, con los cuales podrá formar las parcelas explotación, conforme al artículo 48.
Artículo 52: Dentro del lapso de exploración contemplado en esta Ley el
concesionario presentará un estudio de factibilidad técnico financiera y ambiental de la concesión y cualquier otra información sobre las actividades que para el aprovechamiento del mineral se proponga llevar a cabo. En caso de que el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental no sea conformado por el Ministerio de Energía y Minas, así lo hará saber al interesado por acto debidamente razonado y el concesionario dispondrá de hasta noventa (90) días continuos para la presentación de un nuevo estudio.
Artículo 53: El concesionario presentará al Ministerio de Energía y Minas
los planos y el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental, junto
con un escrito en el que solicite su aprobación y la expedición del certificado que prevé el artículo 56. El Ministerio de Energía y Minas publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, el aviso de la solicitud de aprobación de los planos y del estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental.
Artículo 54: A partir de la publicación del aviso a qu e se refiere el artículo
anterior, comenzará a correr un lapso de treinta (30) días continuos para que todo interesado pueda, hacer oposición a la aprobación de los planos presentados, si sostuviera que éstos difieren del croquis en que se basó la concesión, y que al suceder así se le invadió al opositor alguna concesión colindante que esté vigente. Estudiados los planos, haya oposición o no, el Ministerio de Energía y Minas, ordenará que las irregularidades de que pudieren adolecer, sean subsanadas dentro de un la lapso no mayor de noventa (90) días continuos, contados a partir del vencimiento del lapso anterior.
Artículo 55: Para la presentación de los planos y el estudio de factibilidad
técnico, financiero y ambiental a, que se refiere el artículo 5 3, el concesionario podrá solicitar antes de que venza el lapso otorgado para la exploración una prórroga hasta de un (1)año, la cual podrá ser otorgada por el Ministerio si encontrare razonable la solicitud, salvo el caso de fuerza mayor en que deberá oto rgarla.
Artículo 56: Admitidos los planos y el estudio de factibilidad técnico,
financiero y ambiental, el Ministerio de Energía y Minas dentro de un lapso de treinta (30) días continuos, declarará su aprobación por resolución en la cual dispondrá que se otorgue el Certificado de Explotación dentro de un lapso de treinta (30) días continuos a contar de
la fecha de la Publicación de dicha resolución. El Certificado de Explotación indicará las unidades Parcelarias escogidas por el concesionario, quien deber á protocolizarlo por ante la Oficina Subalterna de Registro de la Circunscripción de ubicación de la concesión, dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Así mismo, se le entregará al con cesionario copia certificada del plano general y de los planos de las parcelas escogidas.
Artículo 57: Los minerales obtenidos como producto de los trabajos de
exploración que no se utilicen para satisfacer necesidades de la misma, podrán ser vendidos, previa autorización del Ministerio de Energía y Minas y mediante el pago del impuesto que le correspondería pagar sí la concesión estuviera en explotación. SECCIÓN SEGUNDA
De la Explotación Artículo 58: Se entiende que una concesión está en explotación, cuando
se estuviera extrayendo de las minas las sustancias que la integran o haciéndose lo necesario para ello, con ánimo inequívoco de aprovechamiento económico de las mismas y en proporción a la naturaleza de la sustancia y la magnitud del yacimiento.
Parágrafo Único. Cuándo un concesionario tuviere un grupo de
concesiones, todas ellas se considerarán en explotación, cuando desde una misma instalación, se estuviera ejerciendo la actividad minera conforme a lo establecido en este artículo.
Artículo 59: Antes de iniciar la explotación, el concesionario acreditará
ante el Ministerio de Energía y Minas, mediante copia certificada, el
cumplimiento de las fianzas ambientales que garanticen la reparación de los daños ambientales que puedan causarse con motivo de dicha explotación.
Artículo 60: El concesionario presentará a satisfacción del Ministerio de
Energía y Minas antes de iniciar la explotación, fianza de fiel cumplimiento del programa de desarrollo y explotación librada por bancos o empresas de seguro de reconocida solvencia, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los ingresos estimados de las ventas anuales. Esta fianza será renovada y actualizada cada año. El Ministerio ordenará la ej ecución de la fianza en caso de paralización por más de seis (6) meses de las actividades, sin causa justificada.
Artículo 61 : Las parcelas objeto de los derechos mineros deben ponerse
en explotación en un lapso máximo de siete (7) años contados a partir de la fecha de la publicación del respectivo certificado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. La explotación de la concesión no podrá ser paralizada sino por causa justificada y por un lapso no mayor de un (1) año, excepto en los casos fortuitos o de fuerza mayor que deberán ser comunicados al Ministerio de Energía y Minas, quien decidirá al respecto. Sin embargo, durante el lapso de la paralización, el titular del derecho continuará aquellas actividades y trabajos necesarios para la preservación de los mismos.
Artículo 62: Cuando durante la explotación el titular del derecho minero
encontrare minerales diferentes al de su título, estará obligado a comunicarlo de inmediato al Ministerio de Energía y Minas, organismo que podrá disponer su explotación conforme a lo establecido en los literales a y b del artículo 7 de esta Ley, teniendo el concesionario derecho preferente en caso de que la misma no sea ejercida directamente por el Ejecutivo Nacional.
Parágrafo Único . En el caso de que el ejerci cio de la explotación le
correspondiere al concesionario en virtud de haber ejercido derecho preferencia para ello, bastará que éste celebre convenio con el Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 63: Cuando en el curso de una explotación se invadiere un a
concesión ajena, el valor bruto del mineral extraído de ésta se repartirá por mitad con el colindante si se probare que el concesionario invasor no procedió de buena fe, pagará al colindante perjudicado el doble del valor de lo extraído.
De la Pequeña Minería, de las Mancomunidades Mineras y de la Minería Artesanal.
De la Pequeña Minería Artículo 64: La pequeña minería es la actividad ejercida por personas
naturales o jurídicas de nacionalidad venezolana para la explotación de oro y diamante, durante un período que no excederá de diez (10) años, en áreas previamente establecidas mediante resolución, p or el Ministerio de Energía y Minas, cuya superficie no será mayor de diez (10) hectáreas, para ser laborada por un número no mayor de treinta (30) trabajadores individualmente considerados.
Artículo 65 : El Ministerio de Energía y Minas mediante resoluci ón,
establecerá las normas para la elaboración de los proyectos mineros a que se contrae este Capítulo.
Artículo 66: Para someter un área al régimen de la pequeña minería el
Ministerio de Energía y Minas tomará en cuenta las inversiones iniciales necesarias, las cantidades de mineral a ser extraído y la capacidad de las instalaciones para la extracción beneficio y procesamiento del mineral y demás condiciones que determinen los reglamentos de esta Ley.
Artículo 67: El derecho de explotación que se deriva del ejercicio de la
actividad de la pequeña minería es a título precario, se otorga intuitu personae , y en consecuencia, no confiere derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, gravado, arrendado, traspasado ni cedido; salvo su aporte al fondo social constituido para la formación de mancomunidades mineras. La, resolución que autoriza el ejercicio de dicha actividad podrá ser revocada por el Ejecutivo Nacional, en caso de que se desnaturalice el objeto para el cual fue dictado. La explotación mediante pequeña minería deberá ejercerse con acatamiento a la normativa ambiental vigente y estará sujeta a las disposiciones tributarlas previstas en esta Ley.
Artículo 68: La pequeña minería sólo se ejercerá bajo la modalidad de
autorización de explotación, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. La resolución del Ministerio de Energía y minas que otorgue la autorización de explotación, indicará el nombre o denominación social del
titular del derecho, tipo de mineral a ser explotado, lapso de vigencia, extensión y ubicación del área y cualquier otr o dato que permita la mejor precisión de la autorización otorgada.
Artículo 69: La autorización de explotación se otorgará sobre los
depósitos de minerales que por su naturaleza, dimensión, ubicación y utilidad económica puedan ser explotadas independientemente de trabajos previos de exploración.
Artículo 70: Las personas que estén ejerciendo actividades que puedan
ser sometidas al régimen de la pequeña minería, tienen prioridad para obtener la autorización de explotación en aquellas áreas donde se encuentren ejerciendo dichas labores, siempre y cuando no, contravengan la normativa ambiental y la de ordenación del, territorio previa constatación de tal circunstanciada por el Ministerio de Energía y Minas y el cumplimiento del procedimiento contenido en los artículos siguientes.
Artículo 71 : Los interesados en obtener una autorización de explotación
deberán presentar por ante el Ministerio de Energía y Minas, una solicitud acompañada del plano o croquis de la parcela donde realice o aspire realizar las labores mineras. El plano deberá cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 50 de esta ley.
Artículo 72 : Recibida la solicitud y obtenida la ocupación del Ministerio de
Energía y territorio del organismo competente, el Ministerio de energía y Minas dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la recepción de la solicitud y si ésta fuere admitida, ordenará su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y los interesados deberán hacerla publicar dentro de un lapso igual, contado a partir de la publicación anterior, en un diario de reconocida circulación nacional y en otro de la localidad o en su defecto, del lugar más cercano al área
seleccionada; todo ello a los fines de la oposición que pudiera surgir en caso de que sean afectados los derechos mineros de terceros. Dicha oposición deberá ejercerse por ante el Ministerio de Energía y Minas, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a contar desde la última de las publicaciones.
Artículo 73: El Ministerio de Energía y Minas decidirá la incidencia de la
oposición dentro de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento del lapso para formular la oposición. Dicha decisión agota la vía administrativa.
Artículo 74: De no haber oposición o cuando fuere de clarada sin lugar
por el Ministerio de Energía y Minas, el interesado deberá presentar el plano y el proyecto minero a que se refiere el artículo 65 de esta Ley, dentro de un lapso de noventa (90) días continuos contado a partir del vencimiento del lapso para ejercer la oposición o de la decisión a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 75: En caso de que el plano y el proyecto minero presentaran
fallas, el Ministerio de Energía y Minas ordenará la corrección de las mismas, las cuales deberán ser subsanadas en un lapso no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la notificación al interesado.
Artículo 76 : Presentado el plano y el proyecto minero o, subsanadas las
fallas, el ministerio de Energía y Minas, dispondrá de un lapso de treinta (30) días continuos para dictar la resolución aprobatoria de los mismos, la cual contendrá la autorización de explotación correspondiente, que será publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela dentro de los veinte (20) días siguientes. SECCIÓN SEGUNDA
De las Mancomunidades Mineras Artículo 77 : Con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de los
recursos mineros, facilitar las operaciones técnicas mejorar el rendimiento de las explotaciones y proteger,, recursos naturales y el ambiente, el Estado propiciará construcción de mancomunidades mineras.
Artículo 78: Los titulares de autorizaciones de explotación, interesados
en la formación de una mancomunidad deberán hacer la s olicitud por ante el Ministerio de Energía y Minas, la cual se acompañará del proyecto minero que justifique las ventajas que se deriven de la formación de la mancomunidad minera, con expresión de las condiciones técnicas, económicas y la repercusión social de la misma; proyecto del convenio entre los interesados, del acta constitutiva que regule la forma societaria adoptada y planos del área a desarrollar.
Parágrafo Único. La mancomunidad se subrogará en los derechos
mineros de los integrantes de la mism a.
Artículo 79: Recibida la solicitud el Ministerio de Energía y Minas en un
lapso de sesenta (60) días continuos dictará la resolución mediante la cual apruebe o niegue la formación de la mancomunidad minera. La resolución aprobatoria será publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y los interesados deberán cumplir los demás requisitos legales necesarios para la constitución de la forma societaria adoptada.
Artículo 80: Constituida la mancomunidad minera y presentada ante el
Ministerio de Energía y Minas la solicitud de concesión sobre las áreas objeto de las autorizaciones de explotación el Ministerio seguirá el procedimiento para el otorgamiento de la misma en fase de explotación, si se han cumplido los requisitos previstos en el Título III, Capítulo IV, Sección Segunda de est a Ley, en cuanto le fueren aplicables.
mancomunidades mineras, estará sujeto al pago de los impuestos previstos en esta Ley. CAPÍTULO II
De la Minería Artesanal Artículo 82: La minería artesanal es aquella que se caracteriza por el
trabajo personal y directo en la explotación de oro y diamante de aluvión, mediante equipos manuales, simples, portátiles, con técnicas de extracción y procesamiento rudimentarios y que sólo puede ser ejercida por personas naturales de nacionalidad venezolana.
Artículo 83: El Estado atenderá el ejercicio de la minería artesanal y
prestará asesoramiento técnico para su evolución hacia estadios superiores de la actividad. El Ejecutivo Nacional señalará, mediante decreto, las áreas especialmente destinadas para el ejercicio de esta actividad.
Artículo 84: La minería artesanal deberá ser realizada con estricto
acatamiento de la normativa ambiental.
Artículo 85: El ejercicio de la minería artesanal estará sujeto al pago de
los impuestos previstos en esta Ley que le sean aplicables .
De las Actividades Conexas o Auxiliares de la Minería Artículo 86:
circulación y comercio de los minerales regidos por esta Ley, estarán sujetos a la vigilancia e inspección por parte del Ejecutivo Nacional y a la reglamentación y demás disposiciones que el mismo tuvier a por conveniente dictar, en defensa de los intereses de la República y de la actividad minera. Cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional podrá reservarse mediante decreto cualquiera de dichas actividades con respecto a determinados min erales.
Artículo 87: Cuando algunas de las actividades indicadas en el artículo
anterior sean prestadas a terceros como actividad lucrativa, revisten el carácter de servicio público y, en consecuencia estarán sujetas al pago de las tarifas que establezca el Ministerio de Energía y Minas. TÍTULO VI
De la Fiscalización y Vigilancia de las Actividades Mineras Artículo 88: El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y
Minas, vigilará, fiscalizará y controlará las actividades de toda persona natural o jurídica, pública o privada, en las materias sometidas a. las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, sin perjuicio de la vigilancia, fiscalización y control que corresponden a los Estados conforme a las
Artículo 89: Se crea el Resguardo Nacional Minero con el carácter de
órgano auxiliar del Ministerio de Energía y Minas; será ejercido por el Ministerio de la Defensa por órgano de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia Nacional) y estará sometido, en el ejercicio de sus funciones de resguardo minero, a las normas de derecho público que le sean aplicables y a las responsabilidades administrativas, de salvaguarda del patrimonio público, penales y civiles que le correspondan. y
El Resguardo Nacional Minero comprende las funciones
competencias de inspección, vigilancia y control del territorio nacional de las actividades mineras, así como de las actividades que directa o indirectamente puedan incidir sobre el normal desarrollo de las mismas; velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales, mantener el orden público y garantizar el respeto a los derechos fundamentales en los sitios y lugares del territorio nacional donde se ejerzan las actividades mineras. El Ministerio de Energía y Minas tomará las previsiones presupuestarias necesarias para el funcionamiento del servicio de Resguardo Nacional minero. Los Reglamentos de esta Ley establecerán las normas que regirán la organización, funcionamiento, atribuciones y coordinación de los organismos, funcionarios y activid ades para el ejercicio del Resguardo Nacional Minero. TÍTULO VII
Del Régimen Tributario Artículo 90: Los titulares de derechos mineros paga rán los siguientes
impuestos: 1. Impuesto superficial por cada hectárea de área otorgada, el cual se
causará a partir del cuarto año de otorgamiento del derecho respectivo y deberá pagarse por trimestres vencidos dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada trimestre. A los efectos del pago de este impuesto, los beneficiarios de derechos mineros sobre oro y diamante, se regirán por la Tabla "A", cuya aplicación será acumulativa sobre extensiones totales de áreas otorgadas. Para los demás minerales, los pagos se regirán por la Tabla ³B´, en ambos casos, los montos establecidos en este artículo se calcularán por la Unidad Tributaria (U.T.), vigente a la fecha de pago. El pago deberá realizarse por ante las Oficinas Receptoras de Fondos Nacionales, una vez efectuada la liquidación por parte de la Oficina Liquidadora correspondiente de l Ministerio de Energía y Minas. Una vez iniciada la explotación de la concesión, se rebajará del impuesto superficial, el impuesto de explotación correspondiente al mismo período, hasta su concurrencia con el primero. 2. El impuesto de explotación se causará desde la extracción del mineral y se pagará dentro los primeros quince (15) días continuos del mes siguiente al de la extracción que lo cause y podrá ser recabado, a opción del Ejecutivo Nacional, en dinero o en especie. En el primer caso, el cálculo del impuesto se hará conforme a las siguientes normas: a) El tres por ciento (3%) del valor comercial en Caracas del mineral refinado, cuando se trate de oro, plata, platino y metales asociados a este último. b) El cuatro por ciento (4%) del valor comercial en Caracas cuando se trate de diamante y demás piedras preciosas.
c) El tres por ciento (3%) calculado sobre su valor comercial en la mina, para otros minerales, el cual incluye los costos en que se incurra hasta el momento en que el mineral extraído, triturado o no, sea depositado en el vehículo que ha de transportarlo fuera de los límites del área otorgada o a una planta de beneficio o refinación, cualquiera sea el sitio donde ésta se localice, teniendo en cuenta su riqueza y el precio del mine ral en el mercado comprador entre otros factores relevantes.
Parágrafo Primero. Cuando las condiciones económicas lo ameriten, el
Ejecutivo Nacional podrá acordar una reducción hasta el nivel del uno por ciento (l%) del impuesto de explotación previsto en el literal c de este artículo. El Ejecutivo Nacional podrá restablecer dicho impuesto, en su monto cuando a su juicio se hayan cesado las causas que motivaron la reducción.
Parágrafo Segundo . A los efectos del pago del impuesto de explotación,
todo titular de derechos mineros deberá presentar una declaración por cada área otorgada y mineral económicamente aprovechable en explotación, indicando en cada una de ellas, de un modo claro y preciso el volumen del mineral extraído durante el mes de trabajo a qu e se contraiga dicha declaración, la riqueza media del mineral, el precio de venta y el monto del impuesto que le corresponda pagar. En el caso del oro y el diamante deberá indicarse, además, el número de toneladas de mineral explotado, el número de gramos de oro o metal fino extraído del yacimiento en el caso del diamante, el número de quilates métricos. La declaración deberá acompañarse de las guías de circulación del mineral, autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, quien verificará la veracidad o exactitud de la información suministrada por el beneficiario de derechos mineros antes de proceder a realizar la liquidación respectiva, sin perjuicio de que dichas declaraciones puedan ser
revisadas posteriormente de acuerdo con las disposiciones d el Código Orgánico Tributario.
Parágrafo Tercero. La declaración a que se refiere el parágrafo
segundo deberá hacerse ante la Oficina Liquidadora Regional del Ministerio de Energía y Minas.
Parágrafo Cuarto. En caso de prórroga de concesiones se aplicará la
última escala del impuesto superficial, desde el inicio de la prórroga hasta su culminación.
Artículo 91 : Cuando el beneficiario de derechos mineros comercialice con
productos semi-elaborados, refinados o beneficiados derivados del mineral explotado, el precio de referencia para calcular su valor comercial en la mina, será establecido por el Ministerio de Energía y Minas, mediante un estudio de mercado, tomando en cuenta la riqueza media del mineral y su precio promedio de venta en el mercado comprador, a los fines del pago del impuesto de explotación correspondiente.
Artículo 92: El Ejecutivo Nacional podrá exonerar total o parcialmente al
beneficiario de los derechos mineros, del pago de los impuestos de importación sobre aquellos elementos y út iles de diversa naturaleza, indispensables para la actividad minera en sus distintas fases. El beneficio de exoneración de los impuestos de importación que se autoriza por este artículo, no será aplicable cuando a juicio del Ejecutivo Nacional los elementos a que él se refiere, se produzcan o se fabriquen en el país, en condiciones que hagan innecesaria la importación, sin perjuicio de que se advierta en la exoneración la conveniencia de la promoción de empresas para la fabricación de tales elementos en el país, a lo cual podrá sujetarse el otorgamiento de futuras exoneraciones.
Artículo 93: Las maquinarias y demás efectos que un beneficiario de
derechos mineros importe libre del pago de impuestos de importación para el uso exclusivo de las áreas otorgadas , no podrán, sin permiso del Ejecutivo Nacional, enajenarse en ninguna forma, ni emplearse, sino en las áreas para las cuales se hayan importado, así como tampoco podrán sacarse del país sin dicha autorización . Cuando el Ejecutivo Nacional permita que se vendan a terceros los materiales y demás efectos a que se refiere este artículo, será con la condición de que el comprador pague los impuestos de importación que se hubieren exonerado.
Artículo 94: Todo lo relativo a los explosivos destinados al laboreo de las
minas estará sujeto a las formalidades establecidas en la Ley Sobre Armas y Explosivos.
Artículo 95: Todo lo no previsto en este Título se regirá por lo establecido
en el Código Orgánico Tributario. TÍTULO VIII
De la Extinción de los Derechos Mineros Artículo 96 : Todo acto realizado en contravención de lo dispuesto en los
artículos 20, 21 y 22, será nulo de pleno derecho. En el caso de traspasos a un Estado extranjero se producirá, además, la caducidad del derecho.
Artículo 97: Los derechos mineros se extinguen por el vencimiento del
término por el cual fueron otorgados sin necesidad de pronunciamiento alguno.
Artículo 98: Son causales de caducidad de las concesiones las
siguientes: 1. Cuando no se efectúe la exploración dentro del lapso pr evisto en el artículo 49 de esta ley;
2. Cuando no presenten los planos dentro del lapso establecido en el artículo 50 o durante la prórroga que se hubiere otorgado conforme a esta Ley; 3. Cuando no se inicie la explotación dentro del lapso previsto en e l artículo 61 de esta Ley; 4. La paralización de la explotación por un lapso mayor al establecido en el artículo 61 de esta Ley; 5. La falta de pago durante un (1) año de cualesquiera de los impuestos o multas exigibles conforme a esta Ley. En este caso, mientras no se hubiere dictado la resolución correspondiente, el Ministerio de Energía y Minas, puede a petición de parte, aceptar el pago de los impuestos adeudados y de sus intereses, y declarar extinguida la causal de caducidad; 6. Cuando no se entregue el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental en el lapso previsto, conforme a las normas aplicables; 7. El incumplimiento de cualquiera de las ventajas especiales ofrecidas por el solicitante a la República; 8. Incurrir en más de tres (3) ocasiones en un período de seis (6) meses en infracciones legales que hayan originado la aplicación de las sanciones pecuniarias respectivo.
Artículo 99: Son causales de caducidad de las autorizaciones de
9. Cualquier otra causal expresamente prevista en el título minero
explotación las siguientes: 1. La paralización de la explotación por más de un (1) año sin causa justificada 2. La falta de pago durante un (l) año de cualesquiera de los impuestos que les sean aplicables o multas exigibles conforme a esta Ley. En este caso, mientras no se hubiere dictado la resolución correspondiente, el Ministerio de Energía y Minas, puede a petición de parte, aceptar el pago
de los impuestos adeudados y de sus intereses, y declarar extinguida la causal de caducidad; 3. Incurrir en más de tres (3) ocasiones en un período de (6) meses en infracciones legales que hayan originado la aplicación de las sanciones pecuniarias establecidas en esta Ley; 4. Cualquier otra causal.
Artículo 100: Los derechos mineros se extinguen por renuncia que haga
el titular mediante escrito auténtico, consignado ante el Ministerio de Energía y Minas. Una vez recibido mencionado escrito de renuncia, se hará constar en resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.
Parágrafo Único. El titular de varias concesiones puede renunciar a
algunas de ellas y conservar las otras.
Artículo 101: La extinción de los derechos mineros no libera a su titular
de las obligaciones causadas para el momento de la extinción.
instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integral de ellas así como cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, adquiridos con destino a las actividades mineras, deben ser mantenidos y conservados por el titular en comprobadas condiciones de buen funcionamiento según los adelantos y pr incipios técnicos aplicables, durante todo el término de duración de los derechos mineros y de todo el término de duración de los derechos mineros y de su posible prórroga, y pasarán en plena propiedad a la República libres de gravámenes y cargas, sin indemnización alguna, a extinción de dichos derechos, cualquiera sea la causa de misma.
Artículo 103: El titular de derechos mineros deberá presentar al Ministerio
de Energía y Minas un inventario detallado de todos los bienes adquiridos, con destino a las actividades mineras que realice, afectos a ellas, bienes de los cuales podrá disponer en forma alguna sin la previa autorización Ministerio de Energía y Minas, dada por escrito.
Artículo 104: La cesión de un derecho minero conlleva la de todos los
bienes indicados en el artículo 102 de esta Ley. Pasan también con el derecho cedido, sin solución de continuidad obligaciones asumidas por el cedente de conformidad con esta Ley, por el lapso que reste de la duración del derecho minero de que se trate.
Artículo 105: En caso de que el titular de derechos minero pretenda
utilizar bienes de terceros, deberá obtener autorización previa del Ministerio de Energía y Minas, dada por escrito.
Artículo 106: Los reglamentos de esta Ley establecerán las formalidades
concernientes a la recepción de los bienes a que se refiere el artículo 102; las correspondientes a las operaciones de cierre de la mina una vez extinguido el derecho minero respectivo; y las relativas al cumplimiento de las obligaciones que los titulares de de rechos mineros tienen en razón de intervención de las áreas otorgadas para el ejercicio de las actividades mineras.
Artículo 107: De los juicios sobre validez o nulidad de los títulos mineros,
conocerá la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 108: La extinción de derechos y las caducidades a que se
contrae el presente Título se declararán por resolución del Ministerio de Energía y Minas la cual deberá ser en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Contra esa resolución se podrán ejercer los recursos a que
Administrativos. En caso de que los recursos sean ejercidos en el lapso legal y se declaren con lugar restituyendo los derechos extinguidos o caducados, la resolución que contenga la decisión deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. TÍTULO IX
De las Sanciones Artículo 109: La explotación ilegal de minerales, se sancionará con multa
de hasta doscientas (200) unidades tributarias, según la gravedad del caso, pero si en perjuicio para el fisco excediere de cuatrocientas (400) unidades tributarias se sancionará con multa igual al quíntuplo del perjuicio efectivo probable.
Artículo 110: El retardo u omisión en la presentación de los informes a
que está obligado el concesionario de conformidad con esta Ley y sus reglamentos, se sancionarán con multa de veinte (20) unidades tributarias en el caso de retardo, y de sesenta (60) unidades tributarias en el caso de omisión.
Artículo 111: El ministro de Energía y Minas podrá imponer, a los
empleados de su dependencia, en el ramo de minas, multas de veinte (20) a cien (100) unidades tributarias, según el caso, por faltas comprobadas, en la formación de los expedientes o por el incumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes.
Artículo 112: El concesionario que omitiere presentar oportunamente las
declaraciones de impuestos exigidas por esta Ley, será sancionado con
multa de cincuenta (50) unidades tributarias. Igual sanción ser á aplicable a la infracción de cualquier otra de las disposiciones de esta Ley. Artículo 113: Los bienes muebles e inmuebles, maquinarias, equipos, instrumentos y demás objetos que se emplearan en forma directa para la explotación, almacenamiento, tenenc ia, beneficio, transporte, circulación y comercio de las sustancias minerales en contravención a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, serán decomisados; al igual que dichas sustancias y sus productos derivados; sin perjuicio de la aplicación de multa prevista en el artículo 109 de esta ley.
Artículo 114: En los casos de infracción a las disposiciones de esta Ley
el Ministerio de Energía y Minas podrá ordenar, además, la suspensión temporal o indefinida de todos o alguno de los trabajos que se r ealicen, de acuerdo con la gravedad de dicha infracción. Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales, fiscales o administrativas que tal infracción origine, de las medidas policiales que deban tomarse para imped ir la infracción o para restituir la situación legal infringida y de las sanciones establecidas en otras leyes.
Artículo 115: Las sanciones previstas en esta Ley, serán impuestas
mediante resolución del Ministerio de Energía y Minas, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. TÍTULO X
Disposiciones Generales Artículo 116: Se crea el Instituto Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN), instituto autónomo con personalidad jurídica, autonomía funcional y patrimonio propio, distinto e independientes del Fisco Nacional adscrito al Ministerio de Energía Minas y gozará de las, prerrogativas y privilegios de los cuales disfruta el Fisco Nacional. El Instituto tendrá su sede en Caracas y podrá establecer oficinas en Caracas y en otras Ciudades del país.
Artículo 117: El Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN),
tendrá por objeto la realización de investigaciones principalmente de carácter interdisciplinario, en las áreas de geología, recursos minerales, geofísica, geoquímica, geotécnica y demás áreas afines. Planificar, ejecutar, dirigir y coordinar programas de geocienc ias en general, así como la evaluación de los recursos minerales y energéticos no convencionales, asesorar a las entidades gubernamentales, al sector privado y contribuir en la generación y difusión de los conocimientos de la información científica y técnica en las áreas de su competencia.
Artículo 118: Compete al Instituto Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN): a) Formar y mantener el inventario de los recursos minerales existentes en el territorio nacional; b) Elaborar estudios geológicos y de investigación, evaluaciones de los recursos mineros prestar asistencia técnica, servicios de laboratorio y de consultoría en las diferentes áreas de su actividad, a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas; c) Coordinar y gestionar con instituciones de educación superior ó con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, programas de
investigación y de cooperación técnica que se requieran para el desarrollo de sus objetivos; d) Atender la solicitud del Ministerio de Energía y Minas en l o relativo a estudios de croquis, planos y demás recaudos técnicos presentados por los solicitantes de concesiones mineras, y emitir su pronunciamiento, o cualquier otra materia técnica de su competencia; e) Elaborar, recopilar, sistematizar y divulgar lo s informes y estudios realizados; f) Impartir y desarrollar capacitación y entrenamiento en las áreas que tengan relación con las funciones del Instituto; g) Preparar la Cartografía Geológica del país a diferentes escalas; h) Realizar investigaciones sobre tecnologías aplicables a la actividad minera en sus distintas escalas y a la recuperación ambiental; y, i) Las demás materias que señalen los reglamentos de esta Ley.
De la Administración y Dirección Artículo 119: El instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN),
será dirigido y administrado por un Consejo Directivo integrado por un (1) Presidente y cinco (5) Directores con sus respectivos suplentes, los cuales serán de libre elección y remoción del Presidente de la República.
Artículo 120: El Presidente del Instituto y sus Directores deberán ser
venezolanos de reconocida probidad, experiencia y competencia en el, área geológico-minera y durarán cuatro (4) años en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser ratificados en sus ca rgos.
Artículo 121: La falta absoluta del Presidente del Instituto será suplida,
para el resto del período, por la persona que designe el Presidente de la República y la de los Directores, por sus respectivos suplentes.
Parágrafo Único. Las faltas temporales del Presidente del Instituto serán
suplidas por el Director que él designe, previa autorización del Consejo Directivo.
Artículo 122: El quórum del Consejo Directivo requerirá la presencia del
Presidente del Instituto y de por lo menos tres (3) de sus Directores, o de quienes hagan sus veces. Sus resoluciones deberán adaptarse por mayoría absoluta de votos de los presentes. En caso de empate, decidirá un voto doble que se le otorga al Presidente.
Artículo 123: Es causal de remoción de los miembros del Consejo
Directivo las faltas injustificadas a las reuniones del mismo, por más de cuatro (4) veces en un año.
Artículo 124 : Los reglamentos de esta Ley establecerán la organización
de la estructura administrativa del Instituto, procurando la creació n de las dependencias que sean indispensables para su eficaz operatividad.
Artículo 125: El Consejo Directivo se reunirá una vez al mes, o cada vez
que el Presidente lo convoque y sus funciones serán: a) Establecer y formular la política general del Instit uto y aprobar los planes, programas y proyectos específicos que deba adelantar en cumplimiento de sus funciones; b) Asesorar al Presidente del Instituto en las materias de su competencia; c) Aprobar el proyecto del presupuesto anual del Instituto; d) Autorizar todos los actos administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto de conformidad con las normas vigentes; e) Dictar y aprobar su reglamento interno de funcionamiento.
Del Patrimonio del Instituto Artículo 126: El patrimonio del In stituto Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN), estará constituido por: a) Los aportes que se le asignen en la Ley de Presupuesto para cada ejercicio fiscal; b) Los recursos que a la fecha de la publicación de esta Ley tenga asignados la Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Geológicos y Mineros (SERVIGEOMIN) c) Los ingresos que obtenga por cualquier concepto en el desarrollo de sus funciones y por la prestación de servicios, así como los productos y utilidades que se deriven de las operaciones que realice; d) Las donaciones y legados hechos al Instituto, por parte de las personas jurídicas o naturales; e) Los fondos provenientes de los acuerdos de as istencia financiera y de cooperación técnica que se celebren con personas u organismos nacionales o extranjeros de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Crédito Público; f) Los demás ingresos que reciba por concepto de la realización de las actividades que le sean inherentes o cualquier otra que establezca esta Ley. TÍTULO XI
Disposiciones Transitorias Artículo 127: Las solicitudes de concesiones que se encuentren en curso
para el momento de la entrada en vigencia de esta Ley, y respect o a las cuales el Ministerio de Energía y Minas no hubiese declarado estar dispuesto a otorgarlas, deberán ser adaptadas por los solicitantes a las
disposiciones de esta Ley dentro del lapso de un (1) año. Si tal adaptación no se cumple, las solicitudes quedarán sin efecto.
Artículo 128 : Los minerales a los cuales se refieren los artículos 7 y 8 de
la Ley de Minas que se deroga, continuarán rigiéndose por las disposiciones de los artículos 7, 8, 9 y 10 de dicha Ley, hasta tanto los Estados asuman la competencia que sobre tales minerales les otorga la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Los Contratos otorgados conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Minas que se deroga, pagarán los impuestos previstos en esta Ley, a partir de los seis (6) meses de su entrada en vigencia.
Artículo 129: Las concesiones vigentes otorgadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley, quedarán sujetas a sus disposiciones en los siguientes términos: a) Conservarán su derecho explotación sólo sobre los minerales y en la forma de presentación, conforme fueron otorgados en el título respectivo; b) Pagarán los impuestos en ella previstos, luego de vencido el término de un (1) año, a contar a desde la fecha de publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela; c) La duración de cada concesión será establecida en el título original a contar desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela; d) Le serán aplicadas de forma inmediata aquellas disposiciones referentes al ambiente u otras materias de alto interés nacional contempladas en las leyes;
e) Las demás disposiciones de esta Ley se aplicarán vencido el lapso de un (1) año, contado a partir de la fec ha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela; f) Las ventajas especiales estipuladas a favor de la República ofrecidas por el concesionario continuarán vigentes;
Artículo 130: Los titulares de derechos mineros deberán, dentro del
plazo de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, adecuar sus planes de explotación a las normas ambientales aplicables, so pena de las sanciones establecidas en el artículo 114 de esta Ley, sin perjuicio de otras sanciones a que hubiere lugar.
Artículo 131 : Los minerales bauxita, carbón, hierro y roca fosfática,
continuarán pagando el impuesto de explotación previsto en su título, hasta tanto sus condiciones económicas permitan aumentarlo hasta el límite establecido en el artículo 90 de esta ley.
Artículo 132 : Los contratos suscritos por la Corporación Venezolana
de Guayana (C.V.G.) con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, y previa la ocupación del territorio otorgado por los organismos competentes, podrán ser convertidos en concesiones o en autorizaciones de explotación para el ejercicio de la pequeña minería según el caso, conforme al procedimiento siguiente: a) Los titulares de contratos, dirigirán al Ministerio de Energía y Minas una solicitud de conversión de dichos contratos en concesiones o en autorizaciones de explotación, según sea el caso, que habrán de regirse por las disposiciones de esta Ley; b) La solicitud deberá ser introducida dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, y deberá contener la ubicación de las parcelas objeto del contrato y su respectiva delimitación en coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM), la
extensión del área, los programas de exploración, plan de explotación y los planos de las parcelas; así como los documentos que acrediten su idoneidad técnica y su capacidad económica, y el estado de ejecución de los mencionados contratos, sin perjuicio de que el Ministro de Energía y Minas solicite cualquier otro recaudo para la correcta evaluación de la solicitud de conversión; c) El Ministro de Energía y Minas publicará la solicitud de conversión en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes su recepción; y los interesados deberán hacerla publicar en un diario de reconocida circulación nacional, y en otro de la localidad, a los fines de la oposición que pudiera surgir en caso de ser afectados derechos mineros de terceros. Dicha oposición deberá ejercerse ante el Ministerio de Energía y Minas, dentro de los quince (15) días siguientes a la última de las publicaciones; d) El Ministro de Energía y Minas decidirá la incidencia de la oposición dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a su presentación; su decisión agota la vía admin istrativa; e) Declarada sin lugar la oposición, Ministerio de Energía y Minas acordará la conversión de los contratos respectivos, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, y ordenará expedir el título de exploración, el certificado de explotación o la autorización de explotación según corresponda, sólo sobre el mineral y la forma de presentación a la que se refiere el contrato respectivo, en un lapso de treinta (30) días siguientes a la publicación de la conversión; también señalará los lapsos pendientes y el monto de los impuestos que deben pagar y seguir satisfaciendo en virtud de la conversión. Por consiguiente, si durante el lapso comprendido entre la entrada en vigenci a de esta Ley y la fecha de publicación del título respectivo, el titular de los contratos que hubiere satisfecho algún impuesto, deberá pagar la diferencia que exista entre
los impuestos pagados y los causados conforme a esta ley.
Parágrafo Único: En la solicitud de concesión se tendrán como
ofrecidas las ventajas especiales u otras cargas contenidas en los contratos.
Los contratos suscritos por las Corporaciones
Regionales de Desarrollo con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, estarán sometidos a las disposiciones establecidas en el artículo anterior en cuanto les sean aplicables.
Artículo 134: Como consecuencia de la conversión, el beneficiario de
derechos mineros, queda sujeto a todas las obligaciones establecidas en esta Ley.
Artículo 135 : Las conversiones de contratos que puedan solicitarse
sobre el área que cubre la Reserva Forestal Imataca quedarán sujetas a la solución del cuestionamiento legal que ahora afecta a la zona. TÍTULO XII
Disposiciones Finales Artículo 136: Se deroga la Ley de Minas de fecha 28 de diciembre de
1944, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 121 Extraordinario, de fecha 18 de enero de 1945, salvo lo dispuesto en el artículo 128 de la presente Ley.
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 Artículo 2
 Artículo 3
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