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Timestamp: 2020-07-16 17:01:22+00:00

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COVID-19 archivos - Página 2 de 18 - Grupo ASAL, asesores y consultores s.l.
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En el BOE de 6 de julio de 2020 se ha publicado el Real Decreto-Ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, con entrada en vigor el 7 de julio de 2020, que entre otras medidas, regula la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19. Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.
El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras, que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Las operaciones con cargo al Fondo se llevarán a cabo previa solicitud por parte de la empresa interesada.
La dotación inicial del Fondo asciende a 10.000 millones de euros. Se integrarán en el Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen, de la participación, en su caso, en los órganos de administración de las empresas solicitantes, así como los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, minorándose por las minusvalías y gastos.
El Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el presente real decreto-ley y en el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le resulten de aplicación.
El Fondo forma parte del sector público estatal como fondo sin personalidad jurídica a los efectos del artículo 2.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, estando sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la misma. A los efectos de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas tendrá la condición de cuentadante el Presidente del Consejo Gestor.
La competencia para resolver sobre las solicitudes del apartado 2 de esta disposición corresponde al Consejo Gestor, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones.
El plazo máximo para resolver será de seis meses contados desde la presentación de la solicitud de la empresa. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones del Consejo Gestor ponen fin a la vía administrativa y frente a ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
En todas las operaciones y acciones relativas al Fondo, SEPI actuará en nombre y representación de la Administración General del Estado, ejerciendo de depositario de los títulos y contratos representativos de las operaciones de activo realizadas, así como ejerciendo los derechos que como administrador pudiera corresponder a la participación de la Administración General del Estado. Todas las operaciones efectuadas con cargo al Fondo serán registradas en una contabilidad específica, separada e independiente de la de los miembros del Consejo Gestor. Las responsabilidades del Fondo se limitarán, exclusivamente, a aquellas contraídas por el Consejo Gestor.
Para el desarrollo de las actuaciones que correspondan a SEPI en ejecución del presente real decreto-ley, dicha entidad podrá contratar con cargo al Fondo todos aquellos servicios de apoyo externo que sean necesarios para la efectividad y puesta en marcha, desarrollo y ejecución del Fondo y de todas las operaciones financiadas con cargo al mismo, pudiendo contratar dichos servicios que resulten de inaplazable necesidad conforme a la excepción prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de concurrir las circunstancias en él previstas.
Anualmente, con cargo al Fondo y previa autorización por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los costes incurridos por SEPI en el desarrollo y ejecución de sus funciones de gestión delegada del Fondo en el ejercicio anterior serán objeto de la correspondiente compensación económica.
Todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados, directa o indirectamente de la aplicación de esta disposición e, incluso, las aportaciones de fondos o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten para la capitalización y/o reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas con cargo al Fondo, estarán exentos de cualquier tributo estatal, autonómico o local, sin que proceda, en este último caso, la compensación a que se refiere el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente todas las transmisiones, operaciones y actos antes mencionados gozarán de exención del pago de cualesquiera aranceles y honorarios profesionales devengados por la intervención de fedatarios públicos y de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
La responsabilidad que en los casos previstos en las leyes le pudiera corresponder, en su caso, al empleado público como miembro de los consejos de administración de las empresas objeto de participación en su capital social, será directamente asumida por la administración. El Consejo Gestor podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
La adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al Fondo quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición en los supuestos previstos en los artículos 128 y 129 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
El funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo, así como las condiciones aplicables y requisitos a cumplir en las operaciones del apartado 2 de esta disposición se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin requerir ulterior desarrollo normativo.
Las operaciones financiadas por el Fondo se ajustarán a la normativa de Ayudas de Estado de la Comisión Europea y en particular, a la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas. Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren.
La supresión del Fondo será acordada mediante Orden dictada por la Ministra de Hacienda, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el momento de la supresión del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, el saldo será ingresado en el Tesoro.
Como todos los años, el próximo día 1 de julio de 2020 la Agencia Tributaria pondrá en marcha la Campaña del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 que está condicionada, además de por las circunstancias especiales que tenemos por el COVID-19, por las modificaciones mercantiles aprobadas respecto a la formulación y aprobación de cuentas anuales y, en consonancia con ello, se ha regulado la posibilidad de presentar una segunda declaración del Impuesto sobre Sociedades hasta el 30 de noviembre de 2020, si las cuentas anuales finalmente aprobadas difieren de la información contable tenida en cuenta para la preparación de la declaración a presentar en período voluntario (que se mantiene como en años anteriores –hasta el 27 de julio si el ejercicio es el año natural-).
Como el plazo para declarar el Impuesto sobre Sociedades es de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo, con los plazos mercantiles establecidos podría suceder que determinadas entidades tuvieran que presentar la autoliquidación de este impuesto antes de que hubieran aprobado sus cuentas. Pese a ello, el Gobierno ha decidido no alterar el plazo para autoliquidar el impuesto, que seguirá siendo el mencionado -para entidades con ejercicio coincidente con el año natural del 1 al 27 de julio de 2020, porque el 25 y 26 son días inhábiles-. No obstante, si al fin de ese plazo la entidad no hubiera aprobado cuentas, esa declaración se realizará con las "cuentas anuales disponibles" que, en última instancia, serán las resultantes de la contabilidad llevada de acuerdo al Código de Comercio.
Atención. El plazo de presentación se mantiene con carácter general dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo (este año al ser sábado el 25 de julio, el plazo termina el 27 de julio), para entidades cuyo período impositivo de 2019 coincida con el año natural. No obstante lo anterior, si el período impositivo coincide con el año natural, y se produce la domiciliación del pago de la deuda tributaria, el plazo para dicha domiciliación bancaria es del 1-7-2020 al 20-7-2020, ambos inclusive, si bien puede realizarse en la entidad de depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (banco, caja de ahorro o cooperativa de crédito) sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago. En los supuestos de domiciliación bancaria los pagos se entienden realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que expida la entidad de depósito.
Se introducen en los modelos 200 y 220 dos casillas nuevas: "«Declaración correspondiente al artículo 124.1 LIS sin aprobar cuentas anuales" y "Nueva declaración artículo 12.2 Real Decreto-ley 19/2020". Es obligatorio marcar la primera de las casillas al presentar la declaración para los contribuyentes cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se haya ajustado a lo establecido en el citado Real Decreto-Ley 8/2020 (arts. 40 y 41). Si hubiera una diferencia entre la autoliquidación que deba resultar con las cuentas anuales aprobadas con la presentada con anterioridad hay que presentar una nueva declaración hasta el 30 de noviembre de 2020, marcando la casilla, " Nueva declaración artículo 12.2 Real Decreto-ley 19/2020".
Tanto si el plazo está abierto con anterioridad al 18 de marzo de 2020, es decir, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, como en el caso de que se abriera después de dicha fecha, el plazo para atender la diligencia se ampliará hasta el 30 de mayo de 2020. No obstante, si el obligado tributario atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. En todo caso, el pagador queda obligado a retener las cantidades procedentes en el mismo momento de la presentación de la diligencia de embargo, sin perjuicio de que se haya ampliado el plazo de contestación a dicha diligencia.
Le informamos que se ha publicado por la DGT una consulta vinculante CV 1151-2020, de 29 de abril, sobre las diligencias de embargo de sueldos y salarios de los trabajadores durante el estado de alarma, que por su importancia queremos comunicarla.
No obstante con independencia de esta ampliación para contestar a la diligencia de embargo, el pagador está obligado a retener las cantidades que correspondan desde el mismo momento de presentación de la diligencia, en este caso desde el 16 de marzo y el 17 de marzo respectivamente.
El acuerdo, que se trasladará a la reunión del Consejo de Ministros del 26 de junio, prevé beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.
Desde el pasado 15 de junio de 2020 se puede solicitar el IMV, la nueva prestación económica en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social. Uno de los documentos fundamentales que hay que presentar a la hora de solicitar el IMV es una declaración responsable de ingresos y patrimonio para acreditar las rentas de la unidad de convivencia y poder determinar si se tiene derecho a percibirlo. Se lo explicamos…
Como ya le hemos venido informando, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, ha regulado el ingreso mínimo vital (IMV), mediante una prestación no contributiva de la Seguridad Social, y con efectos desde el 1 de junio de 2020.
Desde el pasado 15 de junio de 2020 se puede solicitar el IMV, la nueva prestación económica en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social.
Uno de los documentos fundamentales que hay que presentar a la hora de solicitar el IMV es una declaración responsable de ingresos y patrimonio para acreditar las rentas de la unidad de convivencia y poder determinar si se tiene derecho a percibirlo.
La declaración responsable no es un documento independiente que hay que cumplimentar, para simplificar este trámite esta declaración se encuentra implícita en la propia solicitud en concreto en el apartado 3, donde tenemos que reflejar el cómputo de ingresos y patrimonio del ejercicio anterior, que deberemos reflejar también en el apartado 2 donde figuran los datos de las personas que integran la unidad de convivencia.
En el propio modelo oficial de solicitud (y en el formulario on- line para solicitarlo telemáticamente sin certificado digital) encontrará las instrucciones para rellenar correctamente estos apartados.
Estas instrucciones detallan que el cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas, únicamente en el caso de percibir ingresos como los descritos:
Las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto los procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto (es decir, ingresos menos gastos)
Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.
Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.
Computará también como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.
No contabilizarán en este cómputo: Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas, ni las prestaciones y ayudas económicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.
Una vez sumados los ingresos detallados anteriormente, se restará el importe del Impuesto sobre la renta devengado y las cotizaciones sociales para determinar el importe final a consignar en la solicitud.
En lo referente al patrimonio, se considera como tal la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto, tal como se definen en los siguientes apartados.
Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.
Las cuentas bancarias y depósitos.
Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.
Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.
Por su parte, el patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.
Si no dispone de ninguno de estos conceptos, el importe será 0.
Por último, recuerde también que, excepcionalmente, en los supuestos de vulnerabilidad económica que se haya producido durante este año, por ejemplo a causa de la pandemia de la COVID-19, y cuando no sea beneficiario de prestaciones o subsidios de desempleo, podrá solicitar que se tengan en cuenta las rentas obtenidas durante este año. Para ello deberá facilitar, además de los ingresos del 2019, los de 2020.
En este caso, otro de los requisitos es que en el ejercicio anterior no supere la mitad de los límites de patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en más del 50 por ciento de los límites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019.
Fuente. Seguridad Social
En el BOE del día 23 de junio se ha publicado Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad comercial.
Le informamos que en el BOE del día 23 de junio se ha publicado Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad comercial.
La Conferencia Sectorial de Comercio Interior, en su reunión de 10 de junio de 2020, adoptó por asentimiento un acuerdo de medidas, como recomendaciones o pautas, a tener en cuenta por las comunidades y ciudades autónomas, en relación a las condiciones sanitarias para ejercer la actividad comercial en sus regiones alcanzada la situación de nueva normalidad, una vez que haya dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
a) Locales comerciales y seguridad de los clientes:
b) En cuanto a los trabajadores:
c) Medidas adicionales específicas para venta no sedentaria:

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 120
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 124
 artículo 12
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto