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Timestamp: 2019-09-15 14:39:22+00:00

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﻿ SENTENCIA SL12866-2017/53372 DE AGOSTO 23 DE 2017
SENTENCIA SL12866-2017 DE 23 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:CÓNYUGE QUE FUE ABANDONADA SIN JUSTA CAUSA, SE LE CONCEDE EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE AL AMPARO DEL ARTÍCULO 30 DEL ACUERDO 49 DE 1990. ESTABLECIDO EL ABANDONO DEL HOGAR POR PARTE DEL CÓNYUGE FALLECIDO Y LA NO CULPABILIDAD DE LA ESPOSA, SU SITUACIÓN ENCAJA EN LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DEL ARTÍCULO 30 DEL ACUERDO 049 DE 1990 Y, POR ESTE MOTIVO, LE ASISTE EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES AUNQUE NO ESTUVIERE HACIENDO VIDA COMÚN CON ÉL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓNYUGE, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CÓNYUGE CULPABLE, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia SL12866-2017/53372 de agosto 23 de 2017
SL12866-2017
Rad.: 53372
Bogotá, D. C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por María Aleyda Guerra de Ramírez, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de junio de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauró contra el Instituto e Seguros Sociales en liquidación.
La citada accionante presentó demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes, a partir del 20 de agosto de 1990, fecha del fallecimiento de su cónyuge Eduardo Ramírez Henao, junto con las mesadas adicionales de los meses de junio y diciembre de cada año. Solicitó el pago de los intereses moratorios, conforme el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como la indexación y las costas.
Como fundamento de sus peticiones, manifestó que el señor Eduardo Ramírez Henao nació el 31 de diciembre de 1938 y estuvo afiliado al sistema de seguridad social en pensiones durante toda su vida laboral, en el que acreditó 859 semanas cotizadas; que contrajeron matrimonio católico el día 14 de mayo de 1967; que su esposo abandonó el hogar y se trasladó al municipio de Cocorná; que, en razón al incumplimiento, por parte de su cónyuge, de las obligaciones alimentarias con sus tres hijos menores, el Juzgado Cuarto Civil de Menores de Medellín lo condenó por alimentos; que ella permaneció en el mismo «domicilio conyugal» por espacio de cinco años después del abandono «con la esperanza de que el padre de sus hijos regresara al seno de su hogar»; que su cónyuge falleció el 20 de agosto de 1990; que el 24 de diciembre de 2007 se presentó, ante la entidad demandada, a reclamar la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada, a través de la Resolución n° 013429 del 28 de abril de 2009, «siendo notificado el acto administrativo el día 1 de septiembre de 2009, es decir más de veintidós (22) meses después de presentada la solicitud»; que dicha prestación fue denegada, bajo el argumento de que no se encontró acreditada la convivencia entre ambos cónyuges en el momento del deceso del causante, pues la entidad encontró que cada uno tenía un domicilio diferente, que el causante ya tenía una hija extramatrimonial con la señora María Celina Barrientos y que, para la fecha en que murió el afiliado, la demandante no residía en el país; que intentó buscar al causante en muchas ocasiones para que regresara al hogar pero que no fue posible, debido a que «el asegurado ya tenía una nueva relación con la señora María Celina Barrientos Londoño, con quien procreó una hija, llamada Karina Ramírez Barrientos»; que debido al trauma que le creó la anterior situación, decidió irse del país al lado de su hija; que, a la luz del artículo 30 de Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, le asiste el derecho a la pensión solicitada, pues fue el causante el que abandonó el hogar; y que el retardo injustificado por parte del ISS, en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, deberá sancionarse con el pago de intereses moratorios.
El Instituto de Seguros Sociales, en el escrito de contestación, se opuso a todas las pretensiones de la demanda inicial. Frente a los hechos, aceptó que el causante abandonó el hogar en el año 1981 y que, a través de la Resolución 13429 del 28 de abril de 2009, le fue negada la pensión de sobrevivientes a la actora. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo no constarle o no ser ciertos. Como excepciones, propuso las de inexistencia de la obligación de pagar la pensión de sobrevivientes, prescripción y la compensación indexada.
Como fundamento de su defensa, adujo que el «artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003», aplicable para el momento de la muerte del afiliado, exige cinco años de convivencia permanente, anteriores a la fecha de su fallecimiento y que, en este caso, no se acreditaron.
El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 6 de agosto de 2010, resolvió:
1. Se DECLARA que la señora María Aleyda Guerra de Henao (sic), […] no está asistido del derecho a que el Instituto de Seguros Sociales, […] le reconozca y pague la pensión de sobrevivencia por la muerte de su cónyuge Eduardo Ramírez Henao, por no haber demostrado el requisito de la convivencia con el causante, y por haberse demostrado la separación entre los cónyuges, como lo exige el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y tampoco demostró el abandono de hogar por parte del causante fallecido […]
2. Se ABSUELVE al Instituto de Seguros Sociales […] de todas y cada una de las pretensiones intentadas en su contra por la señora María Aleyda Guerra de Ramírez en su calidad de demandante y cónyuge del causante fallecido señor Eduardo Ramírez Henao […]
3. Se DECLARA probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar la pensión de sobrevivientes, interpuesta por la parte demandada […]
4. Se CONDENA en COSTAS a la parte demandante […]
Contra la anterior decisión, la actora presentó recurso de apelación.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 3 de junio de 2011, confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia. Condenó en costas a la demandante.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal adujo que la norma llamada a regular el caso era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por cuanto era la vigente en el momento del fallecimiento del afiliado, que ocurrió el 20 de agosto de 1990.
Para arribar a su decisión, el juez colegiado partió de la base de que la demandante era la cónyuge del fallecido y que, en el momento de su deceso, no estaban haciendo vida marital juntos, hechos que no son tema de debate dentro del proceso. Por ello, centró el problema jurídico en determinar si el motivo por el que la demandante no se encontraba viviendo con el causante en dicho momento, era porque éste había abandonado el hogar sin justa causa y, de esta manera, poder establecer si le asistía a la actora el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecado, conforme con el numeral primero del artículo 30 del citado Acuerdo 049 de 1990, que establece que el derecho a la pensión se pierde cuando «el cónyuge sobreviviente en el momento del deceso no hiciere vida en común con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía».
Para ello, el juez de segundo grado, luego de analizar las pruebas obrantes dentro del proceso, coligió que no era posible determinar «si en efecto fue un abandono imputable al causante o una mera separación de mutuo consenso», pues sostuvo que los testimonios y el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, donde ésta hacía referencia a una separación y no a un abandono, contenían evidentes contradicciones, que permitían inferir que el presupuesto del artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990 no se encontraba debidamente acreditado, situación que llevó a la denegación de la pretendida prestación pensional.
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia proferida por el Tribunal para que, en sede de instancia, revoque el fallo del Juzgado y, en su lugar, se acceda a todas las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, que fue replicado y, a continuación, se estudiará.
Acusa la sentencia impugnada, por la vía indirecta, de ser violatoria de la ley sustancial, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 6º, 25, 26 y 30 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, «en relación con los artículos 6 y 7 del Decreto 1160 de 1989, 5 ibídem, 3 y 4 de la Ley 71 de 1988, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993. Artículos 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional».
Como pruebas erróneamente apreciadas, el censor plantea las siguientes:
— Demanda que dio origen al proceso, folios 3 a 7, erróneamente apreciados.
— Respuesta a la demanda, folios 16 a 20, erróneamente apreciados.
— Resolución de folios 37, donde se concede pensión a Karina Ramírez Barrientos.
— Prueba testifical examinable en instancia
Aduce como errores evidentes de hecho los siguientes:
— No dar por demostrado, estándolo, que en la demanda se sustentó abandono del cónyuge respecto de su esposa y sus hijos y además que estos buscaron el acercamiento.
— No dar por demostrado, estándolo, que en la demanda se propuso como supuestos de hecho, a más de los maltratos que le profería el asegurado a la actora, que abandonó el hogar sin justa causa.
— Dar por demostrado, sin estarlo, que no existen elementos probatorios para establecer que existió abandono del hogar por el esposo sin justa causa.
El censor radica su inconformidad inicial en el hecho de que el Tribunal cometió un error fáctico al haber inferido del interrogatorio de parte absuelto por la accionante, que el caso se trataba de una separación y no de un abandono, dadas sus afirmaciones, para lo cual transcribe los apartes respectivos de la sentencia impugnada. Aduce, además, que contrario a lo que sostuvo el juez de segundo grado, el hecho del abandono sí fue planteado en la demanda inicial, pues, en su decir, allí se expresa con toda claridad, que el asegurado incurrió en tal conducta y que la actora, a pesar de ello, conservó el domicilio conyugal «a la espera de que aquel regresara».
Así mismo, alega el censor que, en el escrito de contestación de la demanda inicial, el ISS admitió que sí hubo abandono por parte del causante, dado que, en la respuesta al hecho quinto de la demanda, en el que se hace alusión a dicha situación de abandono, se había afirmado que: «Es cierto, así se desprende de la investigación administrativa».
Igualmente, señala el censor que en la resolución que obra a folio 10 y 11, se puede observar que el ISS adujo que los cónyuges no vivían juntos al momento del deceso; que para el año 1983, el causante ya tenía una hija extramatrimonial; y que sostuvo relaciones extramaritales con otra mujer, lo que permitía denotar la ausencia de convivencia y el abandono.
Concluye su inconformidad, al afirmar que el Tribunal cometió los yerros que se le enrostran, dado que, a su juicio, sí reposan dentro del proceso elementos probatorios suficientes para establecer que existió, por parte del causante, abandono del hogar sin justa causa y que la cónyuge sobreviviente buscó, por muchos años, el acercamiento con el afiliado fallecido, lo que la hacía acreedora de la pensión solicitada.
La entidad demandada opositora solicita que se desestime el cargo propuesto, dada la ausencia de vulneración de algún precepto legal, por parte del Tribunal.
Aduce el ISS que, en virtud de la norma aplicable al caso, era imperativo que la demandante demostrara que no convivía con el causante en el momento de su fallecimiento porque éste había abandonado el hogar sin causa justa, lo que, en su decir, no ocurrió dentro del proceso, pues resalta que, de las pruebas presuntamente mal valoradas mencionadas por la censura, no es posible deducir confesión alguna respecto del presupuesto del abandono requerido en este caso para poder acceder a la pensión de sobrevivientes deprecada.
El Tribunal, para arribar a su decisión, adujo que la norma llamada a regular el caso es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, dado que era la vigente para el momento del fallecimiento del causante, esto es, el 20 de agosto de 1990. Manifestó que, de conformidad con dicha normativa, la cónyuge que pretendiera la pensión de sobrevivientes, debía demostrar que se encontraba haciendo vida marital con el causante en dicho momento.
El juez de apelaciones afirmó que estaba plenamente demostrado y que no era objeto de debate, que la demandante María Aleyda Guerra de Ramírez era la cónyuge del afiliado fallecido y que ambos habían dejado de convivir años antes de la muerte de aquél, por lo que, sostuvo, el problema jurídico estribaba en establecer si, a la luz de lo consagrado en el artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990, la actora había logrado demostrar que el motivo por el que la pareja no se encontraba haciendo vida marital en el momento del deceso, se debió a un abandono injustificado por parte del causante, es decir, que no se había producido por una causa imputable a ella y, de esta manera, definir si le asistía el derecho a la prestación deprecada.
Pues bien, luego de analizar el acervo probatorio, el Tribunal consideró que los testimonios rendidos en el proceso iban en contravía de lo declarado por la misma accionante en el interrogatorio de parte, lo que lo llevó a concluir que en el presente caso no hubo un abandono del hogar por parte del causante, sino una «mera» separación, por lo que el presupuesto del citado artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990, no se encontraba acreditado y, por ello, confirmó la absolución.
El censor se dedica a atacar ésta última premisa fáctica, pues afirma que, contrario a lo que infirió el Tribunal, las pruebas obrantes en el proceso sí demuestran que hubo abandono del hogar por parte del cónyuge fallecido y, por esta razón, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por la demandante, a la luz de la normatividad citada.
Pues bien, entre los medios calificados, aducidas por el recurrente como erróneamente valoradas por el Tribunal, se encuentran las piezas procesales de la demanda inaugural y la contestación presentada por el Instituto de Seguros Sociales, la cual, a juicio de la censura, contiene una confesión frente al abandono del hogar por parte del causante.
Sobre el particular, resulta relevante recordar que la falta o errada apreciación de las piezas procesales anteriormente mencionadas, puede generar un error de hecho con el carácter de manifiesto. Al respecto, en sentencia de la CSJ SL, 5 ag. 1996, rad. 8616, reiterada, entre otras, en casación CSJ SL, 21 jul. 2004, rad. 22386 y CSJ SL2052-2014, se adoctrinó:
La demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal y no solo en cuanto contenga confesión judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condición es susceptible de generar en la casación laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como también las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones escritas del juicio laboral, como la contestación de la demanda, el escrito sustentatorio de la apelación, el desistimiento parcial, etc.
Al efecto, una vez analizados los referidos actos del proceso, de una manera objetiva y razonable, la Corte observa que en el hecho quinto de la demanda inicial presentada por María Aleyda Guerra de Ramírez, se afirmó: «[…] posteriormente el asegurado se va de su hogar, abandonando el domicilio conyugal, dejando solos a su cónyuge e hijos menores, trasladándose a residir al municipio de Cocorna (sic)», a lo que el ISS contestó de manera libre y voluntaria: «5) Es cierto, así se desprende de la investigación administrativa, adicionalmente […] no convivió con el causante desde el año 1981 y al parecer el causante estuvo conviviendo con persona diferente a la accionante».
De lo anterior se colige la existencia de una confesión por parte de la entidad accionada, respecto del abandono alegado, pues de tal manifestación, el ISS no deja duda alguna de que la razón por la que la pareja cesó su vida marital en determinado momento, fue el abandono del hogar por parte del afiliado fallecido y no «una mera separación», lo que permite concluir a la Sala que, tal y como lo denuncia el recurrente, el Tribunal, al no haberse percatado de lo admitido por el demandado al responder el libelo demandatorio, incurrió en un grave y ostensible error de hecho, de dar por comprobado que la cónyuge supérstite no fue abandonada por su esposo fallecido, sin advertir que se había confesado lo contrario, lo cual es suficiente para tener por demostrados los yerros fácticos endilgados con prueba calificada.
Es más, con la confesión de la demandada contenida en la contestación del líbelo demandatorio, este puntual aspecto de la separación sin culpa de la cónyuge, por el hecho del abandono de causante, quedaría por fuera de debate.
Ahora bien, respecto del interrogatorio de parte rendido por la demandante, para la Sala es palmario que, tal y como lo alega la censura, el Tribunal le dio un alcance distinto al haber colegido que allí se aceptaba una separación y no un abandono, con base en que la actora había afirmado que: «[…] convivimos hasta 1982 en virtud de que nos separamos por maltrato, él se fue a vivir aparte y yo seguí viviendo con tres hijos […] después de la separación estuvo embargado por alimentos hasta 1986 que él se retiró de la empresa», pues lo que la Sala advierte es que las aseveraciones allí contenidas únicamente aluden a una separación, que no contradicen per se el abandono y, por el contrario, soportan lo confesado por el ISS en el escrito de contestación de la demanda y el maltrato por parte del cónyuge fallecido.
En cuanto a la resolución obrante a folio 37, que corresponde al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la hija extramatrimonial Karina Ramírez Barrientos, no aporta nada en relación con la causa de separación de la pareja Ramírez Guerra, específicamente, frente al abandono en comento.
Así las cosas, al estar demostrado el yerro fáctico con prueba calificada, la Sala queda habilitada para examinar las pruebas testimoniales que criticó el censor y, al respecto, se observa que los deponentes corroboran el hecho del abandono, dado que son contestes en afirmar que la convivencia entre la demandante y el cónyuge fallecido cesó en virtud de que éste se fue del hogar sin una razón aparente, además de reparar en los malos tratos que el causante le proporcionaba a su esposa María Aleyda Guerra de Ramírez.
Así, por ejemplo, la declarante Ana Cristina Múnera Martínez manifestó que conoció a la pareja desde el año 1981 o 1982, porque el primo de la actora era su esposo, y fue contundente en afirmar que «la convivencia cesó por violencia intrafamiliar entre ellos, él se iba, volvía». A la pregunta hecha por el despacho, referente a quién había sido el causante del abandono, la deponente contestó: «el señor Eduardo, porque peleaban mucho y no él (sic) se aguantó la situación. El domicilio lo abandonó don Eduardo». Y, seguidamente, a la pregunta: «cuando el señor Eduardo Ramírez abandonó su hogar, a dónde se fue a vivir y con quién», la testigo respondió: «se fue para Cocorná pero no sé con quién».
Del mismo modo, el testigo Mario Jaramillo Jaramillo, manifestó que la pareja se casó en el «66, convivieron en unión marital y más o menos hasta el 85 u 86. La convivencia cesó por que (sic) él la dejó y se fue a vivir a Cocorná, no sé por qué». A la pregunta hecha por el despacho, respecto de quién había sido el causante del abandono, contestó: «Eduardo, él se fue del hogar dejando a Aleyda con tres hijos y se fue a vivir a Cocorná. No sé por qué la abandonó». A la pregunta: «dígale al despacho si sabe si doña Aleyda buscó recomponer su hogar buscando acercarse a don Eduardo que regresara a su hogar», él adujo: «sí, ella hizo intentos para que Eduardo volviera a la casa y él no quiso regresar, no sé por qué».
De todo lo anterior, la Sala evidencia los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, al concluir que no hubo abandono, sino una mera separación, lo que hace que el cargo sea fundado y, por lo mismo, se casará la sentencia recurrida.
Además de lo considerado al resolverse el recurso de casación, en sede de instancia cabe agregar que el causante Eduardo Ramírez Henao falleció el 20 de agosto de 1990, por lo que la norma llamada a gobernar el caso es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
El artículo 27 del citado Acuerdo establece que, entre los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, por riesgo común, se encuentra la cónyuge «en forma vitalicia». A su vez, el artículo 30 ibídem consagra que dicha cónyuge supérstite pierde el derecho a la prestación pensional cuando, en el momento del deceso del causante, no estuviere haciendo vida común con él, salvo que «se hubiere encontrado en imposibilidad de hacerlo», debido a un abandono injustificado por parte de aquel.
En el presente caso, no existe discusión en torno a que la pensión del afiliado se dejó causada, pues se acreditaron 859 semanas cotizadas al régimen en los últimos seis años anteriores a la fecha del deceso (fl. 37 cdno. ppal.). En cuanto a la condición de beneficiaria, está demostrado que la demandante es la cónyuge y que, tal como se expuso en sede de casación, a pesar de la no convivencia en el momento del fallecimiento, aquella no perdió el derecho a la pensión de sobrevivientes, dado que fue abandonada injustamente y víctima de malos tratos por parte de su esposo fallecido.
La Sala, en un caso análogo, en el que se analizó la situación de una cónyuge que fue abandonada sin justa causa y se le concedió el derecho, al amparo del artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990, en sentencia CSJ SL, 2 mar. 2007, rad. 27593, puntualizó:
No obstante que el Tribunal transcribió dentro de sus consideraciones, el ordinal primero del artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de ese año), normatividad que consideró era la que regulaba el caso, por haber fallecido el pensionado el 27 de septiembre de 1990, cuando ya estaba en vigencia, todo el estudio probatorio lo circunscribió a determinar si estaba demostrado que la demandante convivía con el causante al momento de su fallecimiento, y ante el resultado adverso del análisis, concluyó que no le asistía el derecho a la sustitución pensional, tal como lo consignó como corolario de sus consideraciones:
“En estas condiciones, contrario a lo sostenido por el A-quo, para la Sala la actora del juicio no demostró cabalmente su vida en común con el señor López Cuervo hasta el momento de su muerte y, por ende, no hay lugar al reconocimiento de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Se impone en consecuencia la revocatoria total de fallo gravado y, en su lugar, la absolución para la convocada a juicio”.
De acuerdo con lo anterior, es claro que para el ad quem no revestían importancia las circunstancias por las cuales cesó la convivencia entre los cónyuges, pues, de haberlas estimado relevantes para determinar el derecho que asistía a la actora, se habría referido a ellas en su análisis y no simplemente haberse limitado a considerar que “Tal es el panorama probatorio que exhibe el expediente y que desde luego de él no puede derivarse con certeza que la actora hiciera vida en común con el señor Octavio López en el momento del deceso”.
Con tal proceder, a no dudarlo, restringió el alcance del anterior texto normativo, que señala que la cónyuge sobreviviente perderá el derecho a la pensión de sobrevivientes, cuando “…en el momento del deceso no hiciere vida en común con el causante, salvo que se hubiere encontrado en imposibilidad de hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía”, es decir, cuando la separación se hubiere dado sin su culpa, aspecto que no tuvo en cuenta el sentenciador de segundo grado y que resultaba vital para definir el derecho en disputa.
De manera que, aunque el artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990 era la norma que regulaba la situación sometida a decisión, pues, como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala, dados el efecto inmediato de la ley y el carácter retrospectivo de las normas laborales, salvo algunas eventualidades que no vienen al caso, la muerte del pensionado es el evento que marca la aplicación en el tiempo de la normatividad que ha de regular el derecho de los beneficiarios a la sustitución de su pensión, el Tribunal al momento de aplicarla restringió su alcance, por lo que la aplicó indebidamente, como se lo reprocha el censor.
En consecuencia, el cargo es fundado y se casará la decisión recurrida.
Ahora bien, establecida la no culpabilidad de la demandante en la separación de su esposo, debe concluirse que se encuentra dentro de la excepción a la regla general establecida en el ordinal 1º del artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que no perdió su derecho a la sustitución pensional, por no haber convivido al momento de su fallecimiento con el causante. Como tampoco constituye hecho extintivo del derecho, que la demandante hubiere convivido durante 10 años y procreado hijos con el señor Pedro Antonio Arias, si se acoge lo manifestado por éste en el documento de folio 174, porque, según se dice allí mismo, tal relación terminó 32 años antes de la declaración, que lo fue el 3 de febrero de 1993, y el ordinal 2 del artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990, establece como causal extintiva, que las nuevas nupcias o la vida marital se contraigan o se dé con posterioridad al fallecimiento del causante y, para esta última fecha, esa relación marital ya había terminado hacía mucho tiempo.
Establecido el abandono del hogar por parte del cónyuge fallecido y la no culpabilidad de la esposa demandante, su situación encaja en la excepción a la regla general del artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990 y, por este motivo, le asiste el derecho a la actora a la pensión de sobrevivientes.
Como fue propuesta la excepción de prescripción, la misma se declarará probada respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de diciembre de 2004, dado que la reclamación administrativa fue presentada el 24 de diciembre de 2007 (fl. 10).
A folio 37 del cuaderno principal, obra Resolución n° 0000657 de 1996, mediante la cual el ISS le concedió la pensión de sobrevivientes a la menor hija del causante Karina Ramírez Barrientos, a partir del fallecimiento del afiliado, en cuantía mensual de $51.962, y se ordenó girar el pago del retroactivo. Por ello, se hace necesario precisar que, si bien la demandante es acreedora de la pensión de sobrevivientes, desde el 20 de agosto de 1990, en un 50% hasta la fecha en que la hija arribe a la mayoría de edad o deje de acreditar sus estudios, momento a partir del cual acrecentará el derecho al 100%, lo cierto es que para efectos de la condena, se tendrá en cuenta que el ISS deberá cancelar a la actora las mesadas no prescritas desde el 24 de diciembre de 2004, en el 50% si no se ha extinguido el derecho de la hija o, en caso contrario, en un 100%, para lo cual el ISS podrá efectuar las compensaciones que conforme a derecho hubiere lugar.
En cuanto a la pretensión del pago de intereses moratorios, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, concluye la corporación que éstos no proceden, dado que la pensión se causó con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, esto es, el 1º de abril de 1994. Así lo manifestó la Sala en sentencia CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 34358, reiterada en CSJ SL, 17 mayo 2011, rad. 36511, cuando sostuvo que:
[…] Le asiste razón a la entidad impugnante, porque es lo cierto que de tiempo atrás esta Sala de la Corte ha explicado que los intereses por mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, solamente proceden respecto del pago de mesadas de pensiones causadas al amparo de esa normatividad, pero no de prestaciones que se hayan consolidado antes de la vigencia de esa ley de seguridad social, al abrigo de normas distintas, como es el caso de la pensión otorgada a la actora, cuya naturaleza convencional no ofrece duda a la Corte.
En efecto, la jurisprudencia de esta la Sala de Casación, sostenida mayoritariamente de tiempo atrás, ha definido que los intereses moratorios son una sanción establecida en la Ley 100 de 1993, respecto del incumplimiento de las pensiones por ella reguladas. Luego, no puede el juez, por vía de analogía, ni por aplicación de principio de favorabilidad extender su aplicación a prestaciones que el referido estatuto de seguridad social no regula.
En su lugar, se ordenará la indexación de las mesadas causadas y no pagadas, en el momento de su pago efectivo.
Como ya se dijo, se declara probada parcialmente la excepción de prescripción y, frente a las demás excepciones, se tienen por no demostradas, dadas las resultas del proceso.
En consecuencia, la Sala, como Tribunal de instancia, revocará la decisión absolutoria del Juzgado para, en su lugar, condenar al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir de la fecha de la muerte del afiliado, más los incrementos legales y las mesadas adicionales, en los términos antedichos.
Sin costas en el recurso de casación, dado que el cargo fue fundado. No se condena en la alzada. En primera instancia, estarán a cargo de la entidad demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de junio de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauró María Aleyda Guerra de Ramírez contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación.
En sede de instancia, se REVOCA la decisión del 6 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar, se CONDENA al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación hoy Colpensiones, al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante María Aleyda Guerra de Ramírez, por el fallecimiento de su esposo Eduardo Ramírez Henao, a partir del 20 de agosto de 1990, en un 50% hasta la fecha en que la hija Karina Ramirez Barrientos arribe a la mayoría de edad o deje de acreditar sus estudios, momento a partir del cual acrecentará el derecho al 100%. Para efectos de la condena, se tendrá en cuenta que el ISS deberá cancelar a la actora las mesadas pensionales no prescritas desde el 24 de diciembre de 2004, en el 50% si no se ha extinguido el derecho de la hija o, en caso contrario, en un 100%, más los incrementos legales y las mesadas adicionales, debidamente indexadas para el momento de su pago efectivo, para lo cual el ISS podrá efectuar las compensaciones que conforme a derecho hubiere lugar.
Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero.—Dolly Amparo Caguasango Villota.—Ernesto Forero Vargas.

References: ARTÍCULO 30
 ARTÍCULO 30
 artículo 141
 Resolución 
 artículo 30
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 artículo 13
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e contrario
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 artículo 27
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