Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as2016201238.html
Timestamp: 2019-03-20 17:46:36+00:00

Document:
as2016201238
Auto Supremo: 1238/2016
Expediente: SC-4-16-S
Partes: Reynaldo Terceros Ferrufino y Otros. c/ Antonio Vargas Vallejos.
Proceso: Nulidad de documento y Escritura Pública.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 1809 a 1813 vta., de obrados interpuesto por Reynaldo Terceros Ferrufino y Lilia del Rosario Terceros Torrejón contra el Auto de Vista Nº 114/2015 de fecha 30 de abril de 2015 cursante de fs. 1759 a 1762 y el complementario Nº 127/15 de 17 de julio de 2015, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de nulidad de documento y nulidad de Escritura Pública, interpuesto por Reynaldo Terceros Ferrufino y otros contra Antonio Vargas Vallejos, la respuesta al recurso de fs. 1817 a 1819, la concesión del recurso de fs. 1821, los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso, el Juez Décimo Tercero en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz dicta Sentencia en fecha 21 de Octubre de 2013 de fs. 1536 a 1539 vta., por la cual declaró PROBADA la demanda de nulidad de instrumento Público No 311/2002 e IMPROBADA la demanda de nulidad de contrato privado con garantía hipotecaria de fecha 8 de julio de 1999 y en su mérito dispuso declarar nulo y sin efecto legal alguno el instrumento público No 311/2002 de 30 de abril de 2002 y 2.- Se dispone la cancelación de la hipoteca sobre el inmueble ubicado en la Localidad de Montero, en la UV.3, Mza.3, con matrícula No 7.10.1.01.0005748, todo en concordancia con la petición de la demanda conforme lo dispone el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.
Contra esta resolución Mario Rolando Vargas Paniagua y Jorge Antonio Vargas Paniagua, interpusieron recurso de apelación de fs. 1544 a 1547 en mérito al cual la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista de fecha 7 de agosto de 2014, por el cual REVOCA parcialmente la Sentencia de fecha 21 de Octubre de 2013, cursante de fs. 1536 a 1539 y deliberando en el fondo dispuso que los efectos de esta Resolución no invalidan la obligación y actos judiciales emergentes del contrato de fecha 8 de julio del año 1999, sobre préstamo hipotecario en dólares americanos por la suma de $us. 21.500.00 sin costas por la revocatoria.
Resolución de segunda instancia que fue impugnada por ambas partes Reynaldo Terceros Ferrufino y Liliana del Rosario Terceros Torrejón mediante escrito de fs. 1692 a 1694 y también por Mario Rolando Vargas Paniagua y Jorge Antonio Vargas Paniagua herederos del demandado quienes interpusieron recurso de casación de Fs. 1703 a 1704, en cuyo mérito la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo No 138/2015 de fecha 5 de marzo de 2015, cursante de fs. 1743 a 1745 vta., por el cual ANULO obrados con reposición hasta el Auto de Vista resolución de fecha 7 de agosto de 2014 y dispuso que el Tribunal sin espera de turno y previo sorteo y en atención al recurso de apelación debidamente fundamentada y motivada dicte nueva resolución conforme al mencionado Auto Supremo.
En cumplimiento del mencionado Auto Supremo la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunció Auto de Vista Nº 114/2015 de fecha 30 de mayo de 2015, cursante de fs. 1759 a 1762 por el cual REVOCO parcialmente la Sentencia de fecha 21 de Octubre del 2013 cursante de fs. 1536 a 1439 y vta., y deliberando en el fondo se declaró valido a los efectos de ley el contrato de fecha 8 de julio de 1999, sobre préstamo hipotecario en dólares americanos por la suma de $us. 21.500.00 (veintiún mil quinientos 00/100 dólares americanos) manteniendo incólume todo lo demás de la referida Sentencia. Sin costas por la revocatoria, con los siguientes fundamentos: en lo referente al agravio que expresa la incorrecta declaración de nulidad por falta de forma del instrumento pública No 311/2002 de fecha 30 de abril de 2002 se debe tener en cuenta que la parte funge como demandante en ejercicio de los derechos de la de cuyus Lilia Amanda Torrejón Cazón, ha acreditado los puntos de hecho a probar descritos en los numerales 2 y 3 del Auto de fecha 01 de abril de 2006, ha aportado prueba idónea al proceso que da cuenta que la elaboración del instrumento pública No 311/2012, de 30 de abril de 2002 en la Notaría de fe Pública No 3 de Montero, no ha seguido la forma fijada por el art. 17 de la Ley del Notariado. Con relación al argumento que refiere que la Sentencia apelada al anular el instrumento Público No 311/2012 de 30 de abril de 2002 en la Notaría de Fe Pública Nº 3 de Montero, tiene efectos solamente en la forma del contrato, sino también en el fondo de la relación contractual conforme lo previsto por el art. 549-1) del Código Civil afecta a la forma en cómo se llega a elaborar la Escritura Pública No 311/2002, más no llega a afectar la obligación emergente del contrato sobre préstamo hipotecario en dólares americanos por la suma de $us. 21.500.00, pues sobre esta relación contractual no se ha llegado a acreditar ninguna de las causales de nulidad y anulabilidad descritas en los arts. 549 y 554 del Código Civil. Ahora bien bajo la óptica de los arts. 450, 519 y 520 del Código Civil, en relación a los arts. 291 y 302 del mismo cuerpo sustantivo de leyes, no se puede admitir ni legal ni moralmente argumentos que tienden a evitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y cuyo origen no ha sido invalidado, por cuanto el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y debe ser ejecutado de buena fe que debe primar en toda relación obligatoria y tiene por base no solo la imposición de la ley art. 519 citado, respecto al cumplimiento exacto de la obligación contraída, cual señala el art. 291 parágrafo I) del mismo cuerpo legal, sino también la conducta del o los deudores que se supone debe enmarcarse necesariamente no solo en la Ley sino también en la moral y la ética. Por lo expuesto es evidente que el Juez A quo al pronunciar la Sentencia de fecha 21de Octubre de 2013, no ha realizado una resolución exhaustiva del motivo de la Litis, pues la parte resolutiva de la citada resolución no hace mención alguna sobre la validez o no de la relación contractual suscrita originalmente en el contrato de fecha 8 de julio de 1999 sobre préstamo hipotecario en dólares americanos por la suma de $us. 21.500, en ese sentido en observancia de los principios de eficacia y eficiencia previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y art. 30 de la Ley del Órgano Judicial en relación con los art. 219, 227, 236 y 237.I-3) del Código de Procedimiento Civil corresponde revocar parcialmente la resolución impugnada y dejar constancia sobre la legalidad de los efectos contractuales y judiciales que tuvo el contrato de fecha 8 de julio de 1999.
Contra la mencionada Resolución ambas partes Jorge Antonio Vargas Paniagua y Mario Rolando Vargas Paniagua así como Reynaldo Terceros Ferrufino solicitaron complementación y enmienda y en mérito a ello se emitió el Auto, de fecha 17 de julio de 2015 cursante a fs. 1768 por el cual aclaran que en el Auto de Vista No 114/2015 de fecha 30 de abril de 2015 el contrato privado de fecha 8 de julio de 1999 debidamente reconocidas sus firmas ante Notaria de Fe Pública, tiene toda la validez de Ley respecto a la verdad de sus declaraciones, según lo establece el art. 1297 del Código Civil, por lo que de conformidad al art. 519 de la referida disposición legal, tiene la suficiente fuerza de ley entre las partes contratantes quedando todo lo demás incólume del Auto de Vista.
Contra la Resolución de Alzada los recurrentes Reynaldo Terceros Ferrufino y Lilian del Rosario Terceros Torrejón interpusieron recurso de casación en la forma cursante de fs. 1809 a 1813 vta., el cual se analiza:
La parte recurrente interpone recurso de casación en la forma el cual tiene los siguientes reclamos:
1.- Acusa falta de fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales, indica que el Juez o Tribunal a tiempo de emitir una resolución debe exponer con claridad los motivos que sustentan su decisión, hecho que no ocurrido en el presente caso.
2.- Denuncia que el Auto de Vista otorga más de lo pedido por las partes, al declarar válido a los efectos de ley el contrato de fecha 8 de julio de 1999, préstamo hipotecario en dólares americanos por el monto de $us. 21.500, cuando dicho extremo no ha sido demandado por ninguna de las partes ni en la demanda menos en la reconvención, por lo tanto al no ser el tema decidendum, mal podía el Tribunal de Alzada referirse en la parte dispositiva los efectos legales de la minuta.
3.- Reclama falta de congruencia en el Auto de Vista sostiene que la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, no siendo posible pronunciarse sobre situaciones no cuestionadas dentro de la Resolución de Alzada, en ese sentido, reclama que el Auto de Vista a tiempo de revocar parcialmente la Sentencia dispone que los efectos de este resolución no invalida la obligación y actos judiciales emergentes del contrato de fecha 8 de julio de 1999.
4.- Sostiene que es un acto de indisciplina que la misma Sala Civil Segunda del Tribunal de Justicia de Cochabamba, no haya fundamentado y motivado el Auto de Vista emitido, incurriendo de nuevo en el mismo error, pues tampoco se entiende que parte parcial de la Sentencia se está revocando, toda vez que la Sentencia declara probada en lo que respecta a la Escritura Pública Nº 311/2002 e improbada en lo que respecta a la nulidad de la minuta.
Los demandados en la respuesta al recurso refieren que con un recurso de casación en la forma los recurrentes, pretenden en los hechos anular el contrato privado de fecha 8 de julio de 1999, mismo que se encuentra inserto en el documento demandado mismo que tiene toda la eficacia de ley . Refieren que el Auto de Vista de fecha 30 de abril de 2015, no admite ninguna clase de dudas sobre lo que en definitiva está disponiendo, cuando confirma en el fondo el contrato privado de fecha 8 de julio de 1999, reconocido en su momento por los recurrentes, quienes le otorgan en más de una oportunidad la debida validez fundamentando el juzgador, el mismo que tiene toda la eficacia jurídica que le otorga el art. 1297 del Código Civil, haciendo ley entre las partes de conformidad con el art. 519 del citado Código. La parte recurrente pretende que al anularse el instrumento pública No 311/2002 automáticamente sea nulo el contrato privado reconocido de fecha 08/07/99, siendo un graso error porque el documento privado ha sido declarado válido por Sentencia ejecutoriada dentro proceso instaurado por ellos mismos y segundo, porque la falta de un requisito de forma no anula la validez de un contrato que ha sido libremente consensuado, en síntesis el documento de 8 de julio de 1999 es válido en todos sus alcances tiene efectos jurídicos en lo contractual y judicial, como lo determina el Auto Supremo Nº 553/2014 de fecha 30 de septiembre la falta de un requisito de forma no anula la existencia de la obligación. Existe un contrato del cual deviene una obligación, que conforme lo determina el art. 520 del Código Civil debe ser ejecutado de buena fe, que obliga no solo a lo pactado expresamente en él, sino a todo lo que emana de dicha obligación. Si lo que pretende es anular el documento privado de 8 de julio de 1999, es bueno recordar que ningún recurso de casación en la forma anula el fondo de un documento que ha sido libremente consentido.
III.1.- En relación a la congruencia de las resoluciones:
La Sentencia Constitucional 0816/2010-R de 02 de agosto, citando a su vez a la SC 0670/2004-R de 04 de mayo, refirió que: “…el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad este expresamente prevista por ley…”.
De manera específica con relación a la congruencia de las resoluciones judiciales en segunda instancia, la SCP Nº 0363/2012-R de 22 de junio señaló: “en ese sentido, el Tribunal Constitucional anterior, en uniforme criterio, en la SC 0890/2010- R de 10 de agosto, estableció que: “En cuanto a la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limites que se expresan precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del CPC, como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”.
La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.
En relación a la congruencia externa e interna el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre ha razonado: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.
III.2.- Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales:
En la Sentencia Constitucional 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones se ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.
De igual manera la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio”.
Por otra parte, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.
En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.
De la revisión del recurso de casación y advertidos de que todos los reclamos son eminentemente de forma se pasan a considerar los mismos:
Al respecto y conforme la doctrina aplicable en el punto III.2 la motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria. En ese sentido de la revisión del Auto de Vista impugnado el mismo expresa las razones o motivos por los cuales revoco en parte la Sentencia refiriendo: “ahora bien con relación al argumento que refiere que la Sentencia apelada al anular el instrumento Público No 311/2012, de 30 de abril de 2002, en la Notaría de Fe Pública No 3 de Montero, tiene efectos no solamente en la forma del contrato, sino también en el fondo de la relación contractual conforme a lo previsto por el art. 549-1) del Código Civil afecta a la forma en cómo se llegó a elaborar el instrumento público No 311/2002 de fecha 30 de abril de año 2002, más no llega a afectar la obligación emergente del contrato de fecha 8 de julio de 1999, sobre préstamo hipotecario en dólares americanos por la suma $us. 21.500, pues sobre esta relación contractual no se ha logrado acreditar ninguna de las causales de nulidad o anulabilidad escritas en los art. 549 y 554 del Código Civil. En efecto todo contrato, por definición, nace del acuerdo de dos o más voluntades es decir que dos o más partes se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre si una relación jurídica patrimonial, así lo reconoce el art. 450 del Código Civil, siguiendo ese mismo lineamiento, el art. 519 del citado Código establece que las partes deben cumplir el contrato como si fuera una ley, pues se han reatado voluntariamente a su leal y fiel cumplimiento. Ahora bien bajo la óptica de los arts. 450, 519 y 520 del Código Civil en relación con los arts. 291 y 302 del mismo cuerpo sustantivo no se puede admitir ni legal ni moralmente argumentos que tienden a evitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y cuyo origen no ha sido invalidado, por cuanto el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y debe ser ejecutado de buena fe que debe primar en toda relación obligatoria y que tiene como base no solo una imposición de la ley, art. 519 respecto al cumplimiento exacto de la obligación contraída, cual señala el art. 291 parágrafo 1) del mismo cuerpo legal, sino también la conducta del o de los deudores que supone debe enmarcarse necesariamente en la Ley. Por lo expuesto es evidente que el Juez A quo al pronunciar la Sentencia de fecha 21 de Octubre de 2013 cursante de fs. 1536 a 1539 no ha realizado una resolución exhaustiva del motivo de la Litis, pues la parte resolutiva de la supra citada resolución no hace mención alguna sobre la validez o no de la relación contractual suscrita originalmente en el contrato de fecha 8 de julio de 1999 sobre “préstamo hipotecario en dólares americanos por la suma de $us. 21.500 (veintiún mil quinientos 00/100 dólares americanos), en ese sentido en observancia de los principios de eficacia y eficiencia previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y el art. 30 de la Ley del Orégano Judicial, en relación con los arts. 219, 227, 236 y 237 –I-3) del Código de Procedimiento Civil, corresponde revocar parcialmente la resolución impugnada y dejar constancia sobre la legalidad de los efectos contractuales y judiciales que tuvo el contrato de fecha 8 de julio de 1999”.
De lo transcrito líneas arriba se establece que el Tribunal de Alzada si expreso las razones o motivos por los cuales revoca la Sentencia apelada, aclarando además que los efectos contractuales y judiciales que tuvo el contrato de fecha 8 de julio de 1999, permanecen, no siendo evidente que el Auto de Vista impugnado no cuente con la fundamentación y motivación la misma que no necesariamente debe ser ampulosa sino suficientemente clara para expresar las razones por las cuales asumió una determinada decisión, no siendo evidente lo denunciado por los recurrentes.
2.-Denuncia que el Auto de Vista otorga más de lo pedido por las partes, al declarar válido a los efectos de ley el contrato de fecha 8 de julio de 1999, préstamo hipotecario en dólares americanos por el monto de $us. 21.500, cuando dicho extremo no ha sido demandado por ninguna de las partes ni en la demanda menos en la reconvención.
Con relación a lo reclamado diremos que de la revisión del proceso se evidencia que la demanda cursante a fs. 21 a 22 complementada a fs. 30 tiene como pretension la nulidad del documento privado de fecha 8 julio de 1999, proceso que ha sido iniciado por Lilia Amanda Torrejón Cazón contra Antonio Vargas Vallejos, proceso al que ha sido acumulado el proceso de nulidad de Escritura Pública No 311/2002, en la que los demandantes Reynaldo Terceros Ferrufino y Lilia Amanda Torrejón Cazón demandan la nulidad de Escritura Pública No 311/2002 por determinación del Auto de Vista de 21 de agosto de 2006 seguido por Lilia Amanda Torrejón Cazón y Reynaldo Terceros Ferrufino contra Antonio Vargas Vallejos, mismo que se sustanciaba en el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil, en ese sentido en la Sentencia el Juez A quo declaró probada la demanda de nulidad de instrumento público No 311/2002, de 30 de abril de 2002 e improbada la demanda de nulidad de contrato privado reconocido de préstamo de dinero con garantía hipotecaria de fecha 8 de julio de 1999 y dispuso se declare nulo y sin efecto legal alguno el instrumento público No 311/2002 de 30 de abril de 2002, así como la cancelación de la hipoteca sobre el inmueble ubicado en la Localidad de Montero, en la UV. 3, resolución que fue apelada por Mario R Vargas y Jorge A Vargas P. cursante de fs. 1544 a 1547 y emitido el Auto de Vista N1 114/2015, cursante de fs. 1759 a 1762 revoco parcialmente la Sentencia de 21 de octubre de 2013, cursante de fs. 1536 a 1539 vta y deliberando en el fondo se declaró valido a los efectos de ley el contrato de fecha 8 de julio del año 1999 sobre préstamo hipotecario en dólares americanos, por la suma de 21.500 $us., manteniendo incólume todo lo demás de la referida Sentencia.
De lo referido se evidencia que el Auto de Vista no otorgó más de lo pedido porque si bien revoco parcialmente la Sentencia y mantuvo incólume el contrato de fecha 8 de julio del año 1999 sobre el préstamo hipotecario esta concesión estuvo enmarcada dentro de los límites de declarar improbada la demanda de nulidad de documento privado, toda vez que en el documento privado se encuentra establecida la obligación de préstamo de dinero, razón por la cual este Tribunal no encuentra que la decisión sería ultra petita o se habría otorgado más de lo pedido por las partes, sino por el contrario, la misma estuvo enmarada dentro de la pretensión de declarar improbada la demanda de nulidad del documento privado, pues conforme la doctrina aplicable en el punto III.1 el principio de congruencia responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formuladas por las partes y al declarar válido a los efectos de ley el contrato de fecha 8 de julio de 1999 sobre el préstamo hipotecario dicha decisión estuvo enmarcada dentro del fallo de declarar improbada la demanda de nulidad de documento privado, no siendo evidente lo acusado por la parte recurrente.
3.- Reclama falta de congruencia en el Auto de Vista sostiene que la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio de congruencia, la resolución de primera y / o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, no siendo posible pronunciarse sobre situaciones no cuestionadas dentro de la Resolución de Alzada, en ese sentido, reclama que el Auto de Vista a tiempo de revocar parcialmente la Sentencia dispone que a los efectos de este resolución no invalida la obligación y actos judiciales emergentes del contrato de fecha 8 de julio de 1999.
Al respecto diremos que el reclamo resulta repetitivo, sin embargo el Tribunal de Alzada al disponer que los efectos de esta resolución no invalida la obligación y los actos judiciales emergentes del contrato de fecha 8 de julio de 1999, siendo claro que esta parte dispositiva estuvo en el marco de la parte considerativa de declarar improbada la demanda de documento privado, pues en ese documento es que se establece la obligación de devolver el préstamo, aclarando además que la nulidad de la Escritura Pública No 311/2002 se debe a la falta de formalidad establecida en el art. 549-1) del Código civil más no llega afectar la obligación emergente del contrato de fecha 8 de julio de 1999, el cual es eficaz porque no ha sido declarado nulo.
4.- Sostiene que es un acto de indisciplina que la misma Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no haya fundamentado y motivado el Auto de Vista emitido, incurriendo de nuevo en el mismo error, pues tampoco se entiende que parte parcial de la Sentencia se está revocando, toda vez que la Sentencia declara probada en lo que respecta a la Escritura Pública No 311/2002 e improbada en lo que respecta a la nulidad de la minuta.
Si bien resulta cierto que el Auto de Vista que cursa de fs. 1677 a 1680 fue anulado por falta de fundamentación dicho aspecto fue observado en lo que respecta a la parte resolutiva de la resolución pues no resultaba claro que parte de la Sentencia fue revocada parcialmente, pues dentro de la fundamentación se encontraba expresada los motivos o razones para revocar parcialmente la Sentencia, en este sentido al emitirse nuevamente el Auto de Vista en la parte dispositiva declara válido a los efectos de ley el contrato de fecha 8 de julio de 1999, manteniendo incólume todo lo demás, evidenciándose que el tribunal de Alzada subsanó este aspecto, y estando totalmente claro que dejo valido el documento privado de préstamo de dinero de fecha 8 de julio de 1999, por haberse declarado improbada la demanda de nulidad de documento privado. Asimismo conforme la doctrina aplicable en el punto III.2 la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, aspecto que ha sido cumplido por el Tribunal de Alzada. También es conveniente recordar a la parte recurrente que las nulidades procesales han sido restringidas por el nuevo orden constitucional para los casos en los que se vulnera el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, situación que no ha sucedido en el presente caso pues la parte recurrente ha hecho uso de todos los medios de impugnación y recursos que estuvo a su alcance, dispuestos en el Código Procesal Civil, no siendo evidente lo denunciado.
Por lo que corresponde a este Tribunal emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 1809 a 1813 vta., de obrados interpuesto por Reynaldo Terceros Ferrufino y Lilian del Rosario Terceros Torrejón contra el Auto de Vista Nº 114/2015 de fecha 30 de abril de 2015 y el complementario Nº 127/15 de 17 de julio de 2015, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

References: resolución 
 Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución