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Timestamp: 2020-07-11 20:37:40+00:00

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Resolución de TEAF Bizkaia, 5633, 21-05-2009 | Iberley
Artículo 9 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Bizkaia, considera, entre otras, rentas exentas.
Rentas exentas.La reclamante es pensionista del Régimen de Clases Pasivas, percibiendo una pensión en concepto de jubilación por incapacidad permanente, y por otra parte tiene reconocida una minusvalía en un grado del 77 por 100.El Tribunal, analizada la normativa del impuesto así como diversas sentencias que se citan en el cuerpo del acuerdo adoptado, considera que la pensión percibida no está exenta de tributación, toda vez que no ha quedado acreditado que la actora se halle incapacitada para el ejercicio de todo trabajo y empleo sino solamente para su trabajo habitual, y sin que por otra parte tampoco el hecho de tener reconocida una minusvalía del 77 por 100 sea suficiente para asimilar la situación de la interesada a la incapacidad permanente absoluta del régimen General de la Seguridad Social.
En la Villa de Bilbao, a 21 de mayo de 2009, reunido el Tribunal Económico-administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha adoptado el siguiente
Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 211/2009, promovida por DOÑA XXX contra Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007.
PRIMERO.- La parte actora presentó en fecha 20 de junio de 2008 declaración por el concepto y ejercicio anteriormente señalados, en la que consignó una cantidad a devolver de 3144,06 euros.
SEGUNDO.- El Servicio de Tributos Directos practicó liquidación provisional en la que rectificó la declaración anteriormente citada, con un resultado final a ingresar de 2555,21 euros.
TERCERO.- En fecha 4 de agosto de 2008 se interpone recurso de reposición contra la mencionada liquidación, recurso que fue desestimado por Acuerdo del Servicio de Tributos Directos de 14 de enero de 2009.
CUARTO.- Contra el citado acuerdo se promueve en fecha 13 de febrero la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la rectificación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos documentos estima pertinentes en defensa de su derecho.
SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación equivale a determinar si procede o no considerar exenta la pensión de jubilación derivada de la Ley 50/84 por Incapacidad Permanente Total percibida por la parte actora.
TERCERO.- La contribuyente presenta declaración-liquidación en la que consigna en concepto de ingresos de trabajo personal la cantidad de 33.069,52 euros, cantidad que es modificada por la Administración de Tributos Directos que señala en su lugar 50.289,06 euros en base a 'Ingresos de trabajo no consignados por el declarante y/o su cónyuge que constan en esta Hacienda Foral'. La parte actora presenta recurso de reposición en el que pone de manifiesto que al tener un grado de minusvalía del 77% la pensión que percibe, y abonada por Clases Pasivas equivale a la invalidez absoluta. El recurso es desestimado en base a que la Norma Foral 6/2006, '...hace referencia a la exención de las pensiones de incapacidad permanente total cualificada para mayores de 55 años. En el presente caso, no se acredita por parte del recurrente que su pensión cumpla los requisitos anteriormente expresados'. En la presente instancia reitera las alegaciones vertidas en el recurso de reposición.
QUINTO.- De conformidad con la documentación obrante en el expediente, la parte actora ha percibido en el ejercicio debatido la cantidad de 17.319,54 euros en concepto de pensión de jubilación de la Ley 50/84 por incapacidad permanente, tal y como se desprende del certificado emitido por la Jefa de la Sección de Clases Pasivas, en la Delegación de Hacienda de Vizcaya, así como del certificado de retenciones e ingresos a cuenta emitido por el citado organismo.
Asimismo, tal y como se desprende de la documentación obrante en esta Hacienda Foral, la reclamante tiene reconocida con fecha 11 de abril de 2006, un grado de minusvalía del 77,00%, Código C a efectos de IRPF.
En tal caso, la exención no está sometida a ningún condicionante añadido, en la medida en que se corresponde con los supuestos de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez del régimen de la Seguridad Social y éste es el tratamiento que reciben en la actualidad las prestaciones consecuencia del acaecimiento de estas contingencias, siempre y cuando se acredite que el titular de la misma padece una incapacidad que le inhabilita para toda profesión u oficio y no solamente para el desempeño de sus propias tareas funcionariales.
En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 19 de junio de 2003, recurso 1093/1998. La citada sentencia recoge en su fundamento tercero que:
'Importa reproducir la correcta doctrina recogida en las sentencias acabadas de mencionar y enfrentada a la de la sentencia aquí impugnada, en que las Salas de Madrid y Extremadura analizan el alcance de la sentencia constitucional y su incidencia en el supuesto ahora enjuiciado.
En efecto, en la Sentencia de la Sala de Madrid de 14 de noviembre de 1996 se afirma -Fundamento de Derecho Segundo- que «La cuestión planteada ha recibido, como señala el actor, cumplida respuesta en el fallo del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1996 que, como no puede ser de otra forma, la Sala acepta ajustando sus pronunciamientos al contenido del mismo... La decisión del Alto Tribunal anula el precepto cuestionado 'sólo en la medida en que viene a suprimir, únicamente para los funcionarios de las Administraciones Públicas que se hallen en situación de incapacidad permanente absoluta, la exención de dicho Impuesto'.
«Pues bien, la incapacidad permanente absoluta -sigue la sentencia- viene definida en todas las normas vigentes (texto refundido de la Ley de la Seguridad Social aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1974, en la actualidad Real Decreto Legislativo de 20 de junio de 1974 y Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Públicos de 27 de junio de 1975) como la situación que 'inhabilita por completo al trabajador para toda profesión y oficio'. Sin embargo, la calificación recibida por el actor se hizo de acuerdo con una norma que no requiere dicha situación sino que se ampara en la más amplia de la incapacidad permanente cuya inhabilitación toma como referencia exclusivamente las tareas funcionariales según se desprende del art. 28.2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba el Texto Refundido de Clases Pasivas. Es cierto, no obstante, que no existe un pronunciamiento contrario a la apreciación de una incapacidad superior -la absoluta- que daría como resultado la exención de la pensión de jubilación, puesto que tal exclusión no se ha producido al no requerirlo el acto jurídico que pretendía -la jubilación por incapacidad- pues para éste era suficiente la parcial, y en este sentido no cabe oponer acto consentido a las pretensiones del actor. No lo es menos sin embargo que el hipotético derecho a la exención del actor nacería de una incapacidad del tipo descrito como absoluto, y que este hecho debió ser probado por el actor en virtud de carga de prueba que le incumbe tal y como señala el art. 114 de la Ley General Tributaria y que dicha prueba se ha omitido en la impugnación de los actos que ahora se examina, razón por la que la Sala no puede sino confirmar los actos impugnados no ya por la legalidad constitucional de las normas aplicadas, criterio que tampoco sostuvo la Sala en los fallos anteriores al pronunciamiento constitucional, sino por falta de acreditación de la circunstancia que haría aplicable la inconstitucionalidad apreciada y opera tanto después del fallo que así lo ha hecho como con anterioridad al mismo, en cuanto determinante de la relevancia de la cuestión de constitucionalidad que en su caso se hubiera planteado.
Por su parte, la Sentencia de la Sala de Extremadura, de 7 de mayo de 1997, añade: «Ello significa que para el Tribunal Constitucional las prestaciones que perciben los funcionarios cuando se encuentran en una situación de incapacidad que les impida ejercer cualquier otra función, profesión u oficio, deben recibir el mismo trato que reciben las pensiones (de) quienes estén en situación de incapacidad permanente absoluta reconocida por la Seguridad Social. Por tanto, de esta declaración de inconstitucionalidad no se van a poder beneficiar todos los funcionarios que se encuentren en una situación de incapacidad permanente, pues la sentencia sólo afecta a los funcionarios públicos, civiles o militares, incluidos en el régimen de clases pasivas perceptores de pensiones de jubilación o de retiro por incapacidad permanente absoluta, interpretada de forma equiparable a la laboral, esto es, cuando exista objetivamente la situación de incapacidad permanente absoluta, pues como apunta la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1996, de 22 de julio, la coherencia del ordenamiento en su conjunto impide 'que el legislador tributario aproveche los desajustes normativos entre los regímenes de protección social de los trabajadores y funcionarios para excluir, siquiera sea parcialmente, sin justificación razonable, a estos últimos del sistema de exenciones previsto en relación con las percepciones por invalidez devengadas'. Esta interpretación ha sido acogida también por el legislador cuando ha dado una nueva redacción al art. 9.c) de la vigente Ley del IRPF, mediante la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, pues ha precisado que las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones Públicas están exentas 'siempre que la lesión o enfermedad que hubiere sido causa de las mismas inhabilitare por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio', consciente de que en el régimen de clases pasivas sólo se contempla la situación de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Pues bien, en el supuesto que estamos enjuiciando, el recurrente no acredita que la inutilidad que padece le inhabilita por completo para toda profesión u oficio, ni siquiera se describen las lesiones sufridas en su día, ya que se ha limitado a manifestar que la inutilidad se produjo en acto de servicio, no habiendo acompañado ni un solo documento acreditativo del tipo de tales lesiones a los efectos pretendidos. En vía administrativa y en esta jurisdiccional, el recurrente ha tenido la posibilidad de proponer y, en su caso, practicar prueba encaminada a ese fin, cosa que no ha hecho, y, por tanto, hemos de considerar que no concurren en el caso que estamos enjuiciando las circunstancias a las que está supeditada la exención, puesto que no se ha probado que la situación del actor es equiparable a una situación de incapacidad permanente absoluta, y, por tanto, nos hallamos ante una renta sobre la que procede practicar la retención correspondiente, a tenor de lo dispuesto en los arts. 98 de igual Ley 41 y siguientes del Reglamento del Impuesto.
SEXTO.- El Tribunal Constitucional, a través de lo manifestado en su sentencia número 80/1997, de 21 de abril, considera que para evitar que el personal incluido en el régimen de Clases Pasivas quede en peor posición que los contribuyentes que perciben prestaciones reconocidas por la Seguridad Social o por Entidades que la sustituyan, se entenderá que están exentas las pensiones percibidas por aquéllos en los mismos supuestos y con iguales condiciones que las establecidas para éstos, por lo que procede analizar en el presente supuesto si concurren los requisitos exigidos por la normativa.
El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, preceptúa en su artículo 137 que '1. La invalidez permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a siguientes grados:
c. Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
De conformidad con la documentación obrante en esta Hacienda Foral, la parte actora es titular de una pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, con fecha inicial de abono de 1 de diciembre de 1999. No obstante, el reconocimiento de una minusvalía, en este caso del 77%, no presupone que la parte actora tenga una incapacidad equivalente a la permanente absoluta del Régimen General, es decir no implica que esté incapacitada para el ejercicio de todo trabajo y empleo.
Ya se ha manifestado el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia de fecha 5 de noviembre de 2008, señalando que, 'El argumento de interpretación sistemática que se acaba de exponer puede ser completado con un argumento de interpretación finalista, que atiende a los distintos propósitos de protección que persiguen las normas de protección de la discapacidad y la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de la incapacidad permanente. La definición de los grados de incapacidad permanente a efectos de Seguridad Social atiende exclusivamente a consideraciones de empleo y trabajo; en cambio, la definición de la minusvalía incluye como se ha visto otras dimensiones de la vida social, como son la educación y la participación en las actividades sociales, económicas y culturales. La coincidencia de los respectivos campos de cobertura de una y otra legislación puede ser amplia; y el legislador puede establecer una asimilación o conjunción de los mismos, como sucede en el art. 2.1. Ley 51/2003. Pero, junto a estos espacios de coincidencia, hay otros que corresponden privativamente bien a la Seguridad Social bien a la protección de los discapacitados, y cuyos beneficiarios han de ser determinados, en principio, mediante los procedimientos establecidos en uno y otro sector del ordenamiento social'.
La Orden del Ministerio de la Presidencia, de fecha 22 de noviembre de 1996, regula el procedimiento para la emisión de los dictámenes médicos a efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones de clases pasivas. Señala la citada Orden en su artículo 3 que 'Los dictámenes preceptivos, a efectos de la declaración de jubilación por incapacidad de los funcionarios, deberán contener la valoración del estado del interesado con indicación expresa de si está o no afectado por una lesión o proceso patológico, estabilizado e irreversible o de incierta reversibilidad, que le imposibilite totalmente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, Plaza o Carrera, según establece el artículo 28.2,c) del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
En los mencionados dictámenes, deberá constar si la lesión o proceso patológico de que está afectado el funcionario, además de incapacitarle para las funciones propias de su Cuerpo, en los términos del párrafo anterior, le inhabilita o no por completo para toda profesión u oficio. Asimismo, deberá indicarse si el funcionario incapacitado necesita de otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida'.
SEPTIMO.- En resumen, en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, a diferencia de lo que ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social, no existen pensiones de incapacidad en sus distintos grados, sino que la jubilación por incapacidad se vincula, exclusivamente, a la incapacidad del funcionario para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, Plaza o carrera.
En Clases Pasivas, los grados de incapacidad -dictaminados por los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social- sólo tienen repercusión en la exención, o no, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en los tipos de retención a cuenta de dicho impuesto.
Efectivamente, la Norma Foral 6/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, contempla la exención del impuesto para las rentas provenientes de pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del Régimen de Clases Pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de las mismas inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio. Si en el procedimiento de jubilación, el Equipo de Valoración de Incapacidades declara que se está incapacitado para las funciones propias de su Cuerpo o Escala, pero no para toda profesión u oficio, la pensión está sujeta al IRPF.
En consecuencia, si efectuara un nuevo reconocimiento médico en el que constara una minusvalía mayor que la que se padece, no conllevaría a su vez, una revisión de la calificación de la incapacidad de la pensión de jubilación ni, en consecuencia, la exención del I.R.P.F. en la percepción de la misma, puesto que la incapacidad absoluta debe concurrir al tiempo de la jubilación, sin que sea relevante, a estos efectos, la agravación del grado de minusvalía posterior a aquella fecha.
Así, dado que de conformidad con la documentación obrante en esta Hacienda Foral, la reclamante tiene reconocida una jubilación por incapacidad permanente para el servicio, sin que conste que la misma la inhabilita por completo para toda profesión u oficio, no procede acceder a la pretensión de la parte actora.
Por todo lo cual este Tribunal en Sesión celebrada en el día de hoy acuerda DESESTIMAR la presente reclamación económico administrativa, quedando confirmados en consecuencia los actos administrativos recurridos.

References: Artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 137
 artículo 3
 artículo 28
 Real Decreto