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Timestamp: 2018-07-22 02:56:00+00:00

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Resolución de 2 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se fijan los criterios para la evaluación, por parte de este Centro Directivo, de los recursos de los servicios de prevención ajenos, a efectos de su acreditación o del mantenimiento de la misma - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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RESOLUCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 1998 POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS, A EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN O DEL MANTENIMIENTO DE LA MISMA (DOE DEL 16)
Anexo I. Criterio Orientativo para la evaluación, por parte de la autoridad competente, de los recursos de los «Servicios de Prevencion Ajenos» (a efectos de su acreditación, o del mantenimiento de la misma)
Anexo II. Número máximo de trabajadores (según sector de actividad) que pueden ser atendidos por un técnico (segun Área de Especialización)
Anexo III. Recursos Instrumentales Mínimos para desarrollar las actividades habituales en las distintas disciplinas preventivas
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 269, de 10 de noviembre de 1995), de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su Capítulo IV lo relativo a Servicios de Prevención, y concretamente, en su artículo 31.4 establece que el «Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones...»; para disponer más adelante que estos medios... «deberán ser suficientes y adecuados, en función de las siguientes circunstancias:
a) Tamaño de la empresa;
b) Tipos de riesgos a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores, y
c) Distribución de riesgos en la empresa».
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (Boletín Oficial del Estado del 31 de enero), dedica el Capítulo III a la organización de recursos para las actividades preventivas, y en concreto, el artículo 18, relativo a los recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención, establece, en su punto uno, lo siguiente: «las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar y la ubicación de los centros de trabajo en los que dicha prestación ha de desarrollarse».
Dado, de una parte, que este Centro Directivo es el órgano competente para conocer de las solicitudes de acreditación formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de prevención, y de otra, la eventual disparidad de criterios e interpretaciones sobre la aplicación de las disposiciones citadas al respecto, se entendió que era necesario establecer unos criterios orientativos aceptados por todas las Comunidades Autónomas, que fueron asumidos por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el compromiso de dar la oportuna divulgación a estos criterios a fin de que todas las entidades que soliciten la acreditación como servicios de prevención ajenos tengan conocimiento de los mismos, en base a todo ello, este Centro Directivo resuelve:
Dar publicidad, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), de los criterios para la evaluación de los recursos de los servicios de prevención ajenos, a efecto de su acreditación o del mantenimiento de la misma, que figuran como Anexo a esta Resolución.
Criterio orientativo para la evaluación, por parte de la autoridad competente, de los recursos de los «Servicios de Prevencion Ajenos» (a efectos de su acreditación, o del mantenimiento de la misma)
Primero. Introducción.-Los Servicios de Prevención ajenos deben contar con las instalaciones y recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hayan concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar y la ubicación de los centros de trabajo en que dicha prestación ha de desarrollarse (1). El cumplimiento de esta condición es esencial para la concesión y mantenimiento de la acreditación del Servicio por parte de la autoridad competente, a la que corresponde determinar, por tanto, a tal efecto, si los recursos disponibles son suficientes para desarrollar adecuadamente la actividad concertada.
La estimación del tiempo y de los medios necesarios para efectuar una determinada actividad preventiva puede ser difícil e imprecisa si se parte únicamente del «enunciado» de dicha actividad (p.e., «evaluar la exposición a disolventes en un cierto puesto de trabajo»), pero se desconocen las características concretas de la situación de riesgo. Mucho más laboriosa e imprecisa resultará, en consecuencia, la estimación de los recursos necesarios para desarrollar el conjunto de actividades concertadas con un Servicio de Prevención que cubra un gran número de empresas y trabajadores (2) por muy bien enunciadas y clasificadas que estén dichas actividades.
Por otra parte, al tratarse de la primera implantación de este tipo de Servicios de Prevención, es de esperar que las solicitudes de acreditación se refieran a actividades «previstas» -más que a actividades «concertadas»- muchas de las cuales serán, además, «evaluaciones iniciales» de las empresas afiliadas, que exigirán un uso de recursos difícilmente cuantizable «a priori».
Con esta perspectiva, sería conveniente que la «autoridad acreditadora» dispusiera de algún criterio de sencilla aplicación (tal como el que se propone en el apartado siguiente) que le proporcionara una primera orientación sobre los recursos mínimos que debiera tener el Servicio de Prevención, en función de datos de fácil obtención (como, por ejemplo, el número y distribución sectorial de los trabajadores «cubiertos»). Este criterio podría utilizarse a modo de «filtro», para tomar una decisión sobre la conveniencia de conceder o denegar directamente la acreditación solicitada, o bien, por el contrario, de efectuar un análisis más detallado de los recursos y actividades del Servicio, antes de tomar dicha decisión.
El criterio podría también ser utilizado posteriormente, de forma similar, para el control de la adecuación entre los recursos y las actividades de los Servicios de Prevención ya acreditados. En esta fase, la decisión de inspeccionar un determinado Servicio debería basarse, fundamentalmente, en los datos obtenidos a nivel de empresa sobre deficiencias o retrasos en las actividades preventivas concertadas con el mismo. Son estas eventuales deficiencias o retrasos los que pondrán verdaderamente de manifiesto la insuficiencia de los medios (o la mala gestión) de un Servicio de Prevención.
Segundo. Propuesta de criterio.-El criterio que se expone a continuación se ha elaborado con objeto de proporcionar a las autoridades competentes en materia de acreditación una herramienta sencilla que permita efectuar una estimación rápida de los recursos mínimos que debe tener un Servicio de Prevención, en función del número y distribución sectorial de los trabajadores cubiertos por el mismo. No se pretende, por tanto, estimar los recursos deseables para el óptimo funcionamiento del Servicio ni tampoco los que serían necesarios para atender sin retrasos la previsible acumulación (en esta fase de implantación del sistema) de solicitudes de empresas que, en su mayoría, carecerán de la evaluación inicial de los riesgos.
En el Anexo II se presenta, en forma de tabla, el número máximo de trabajadores (por sector de actividad) que pueden ser atendidos por un técnico (por área de especialización). A partir de esta tabla se puede estimar directamente el número mínimo de técnicos de cada especialidad que necesita un Servicio de Prevención, si se conoce el número y distribución sectorial de los trabajadores que cubre. Para una correcta aplicación de la tabla deben tenerse cuidadosamente en cuenta las observaciones que la acompañan. De estas observaciones se deduce que la calidad de la estimación puede ser muy variable, según las circunstancias del caso concreto analizado. En consecuencia, el resultado de la comparación entre los recursos del Servicio y los recursos mínimos obtenidos aplicando dicha tabla debe ser considerado como un dato orientativo, pero no necesariamente decisivo, a la hora de conceder, denegar, mantener o retirar una acreditación.
Como complemento al Anexo II se presentan, en el Anexo III, los recursos instrumentales mínimos de que debe disponer un Servicio de Prevención para que sus técnicos puedan realizar las actividades («de campo») habituales en la práctica de sus correspondientes especialidades. No se incluyen dotaciones mínimas para laboratorios de higiene puesto que los análisis pueden ser total o parcialmente subcontratados. En cualquier caso, los métodos analíticos empleados deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 5. 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Sería conveniente exigir que estos laboratorios, propios o subcontratados participasen en el Programa Interlaboratorios de Control de Calidad del INSHT (si realizan análisis del tipo de los incluidos en el Programa). Sería conveniente también, pero parece excesivo exigirlo en esta etapa inicial del desarrollo de los Servicios de Prevención que los laboratorios estuvieran acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación de Laboratorios.
Por último, conviene hacer una breve reflexión en relación a los «recursos sanitarios» mínimos de los Servicios de Prevención (no incluidos en los Anexos II y III), cuya estimación corresponde a las autoridades sanitarias. Parece lógico suponer, en cualquier caso, que para estimar el personal sanitario mínimo de un Servicio de Prevención debería partirse del número y tipo de reconocimientos médicos previstos o concertados; pero sería necesario conocer previamente la periodicidad y contenido de cada tipo de reconocimiento, que debe ser fijada [artículo 37.3.c) del R.S.P.] por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas. Sean cuales sean finalmente los criterios que se empleen, conviene evitar que se produzcan «desproporciones» entre los recursos técnicos y sanitarios mínimos exigibles.
Número máximo de trabajadores (según sector de actividad) que pueden ser atendidos por un técnico (según área de especialización)
Número máximo (1) de trab.
por técnico (2)
Industria y diversos (6)
Entre 3.600 y 7.200 (7)
Entre 1.500 y 1.800
«Oficinas y despachos» (8)
6.000 (sin distinción de especialidades)
Recursos instrumentales mínimos para desarrollar las actividades habituales en las distintas disciplinas preventivas
Bombas de alto caudal, una cada técnico (de higiene).
Bombas de bajo caudal, una cada dos técnicos.
Cargadores de bombas, uno por bomba.
Calibradores de bombas, uno por cada diez bombas.
Equipos para la medición directa de a. químicos, uno cada técnico.
Explosímetros, uno cada 4 técnicos.
Equipos Termométricos (TS+TH+TG), uno cada dos técnicos.
Luxómetros, uno cada dos técnicos.
Velómetros, uno cada dos técnicos.
Impingers, uno cada dos técnicos.
Sonómetros integradores, uno cada dos técnicos.
Dosímetros de ruido, uno cada dos técnicos.
Calibradores sonómetros, uno.
Calibradores dosímetros, uno.
Medidores de tierras, uno cada dos técnicos (de seguridad).
Comprobadores de voltaje e intensidad, uno cada dos técnicos.
Frecuenciómetros, uno.
Cronómetros, uno.

References: Resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 5