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⭐1- Marco institucional para abordar la problemática de las drogas
1- Marco institucional para abordar la problemática de las drogas
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Arturo Rico Espejo
1 Comisión Técnica de Armonización Legislativa Reunión de Autoridades de Aplicación en materia de Drogas del Mercosur Informe sobre Necesidades de Armonización Documento Consolidado 1- Marco institucional para abordar la problemática de las drogas 1.1- Órganos con competencia en la problemática de las drogas, tanto en lo que se refiere a la reducción de la oferta, la reducción de la demanda, el lavado de dinero y el desvío de precursores químicos. Ubicación dentro de la estructura orgánica del estado, competencia específica, grado de autonomía, estructura, independencia económica y de gestión. ARGENTINA: El órgano competente en materia de reducción de la oferta, reducción de la demanda y control del desvío de precursores químicos es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (SEDRONAR). Dicha Secretaría depende en forma directa del Poder Ejecutivo Nacional y su competencia específica está centrada en: a) Elaborar y aplicar estrategias y acciones para la prevención de la drogadependencia mediante la asistencia e investigación en la lucha contra el uso indebido, producción, tráfico y comercialización de drogas ilícitas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; b) Elaborar los planes y programas de acción conjunta para el control de precursores y sustancias químicas utilizables para la producción de drogas ilícitas, el uso indebido de sustancias lícitas o su desvío para el mercado de drogas ilícitas; c) Programar el "Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del tráfico ilícito de Drogas" promoviendo el desarrollo de planes y programas de carácter nacional referentes a la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción de la población afectada por el uso indebido de drogas, con la cooperación pública y privada; d) Intervenir en la elaboración de proyectos legislativos, en la promoción de estudios técnicos y sociales y en la formación de recursos humanos especializados, brindando asistencia técnica y estableciendo instrumentos de coordinación y cooperación con otros poderes del estado y con la organización de la comunidad; e) Ejercer la presidencia alterna de la Comisión instituida por la Ley Nº , prestándole el apoyo técnico administrativo necesario para su funcionamiento; f) Implementar el cumplimiento de los tratados internacionales vinculados con su cometido, suscriptos por el Gobierno Nacional en las reuniones y decisiones de los organismos especializados en la materia y centralizando la información específica y la documentación técnica, manteniendo una relación permanente con los organismos internacionales en lo relacionado a la problemática que le es propia y promover acuerdos, convenios y tratados con otros países u organismos regionales e internacionales; g) Coordinar las actividades y programas de prevención, asistencia, investigación, docencia y formación de recursos humanos a nivel nacional, provincial y comunal, identificando los modelos y metodologías de avanzada para los procesos de intervención social en esta materia y h) Asesorar a las autoridades competentes del ámbito nacional, provincial y comunal respecto de las acciones que 12 corresponde emprender para efectuar un adecuado cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a las medidas preventivas y curativas del uso indebido de drogas. En cuanto al presupuesto, la SEDRONAR depende de una partida anual asignada por el Poder Ejecutivo Nacional en cumplimiento de lo dispuesto por la ley de presupuesto. La estructura de la SEDRONAR está compuesta por dos Subsecretarías, la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico y la Subsecretaría de Planificación Prevención y Asistencia. En la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico funciona la Dirección Nacional de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos. En la Subsecretaría de Planificación Prevención y Asistencia funcionan la Dirección Nacional de Asistencia y la Dirección Nacional de Prevención y Capacitación. De acuerdo a lo establecido por el artículo 1 de la ley el Registro Nacional de Precursores Químicos fue creado en la órbita de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. En materia de lavado de activos, la Resolución 792/06 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de fecha 22 de Mayo de 2006, creó la Coordinación-Representación Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI), Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA (CICAD) y le encomendó la tarea de elaborar un proyecto de agenda nacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo invitando a los organismos de la administración pública nacional que tengan vinculación con la materia a participar en la elaboración de la cita agenda. BOLIVIA: Los órganos de competencia en la problemática de drogas son: CONALTID (Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas): Está integrado por los ministros de relaciones exteriores y culto, presidencia, gobierno, defensa nacional, asuntos campesinos y agropecuarios, educación, salud y deportes y servicios y obras públicas. Además cuenta con el apoyo técnico de la Fiscalía General de la República. El CONALTID es el máximo organismo nacional para el control del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, presidido por el Excmo. Presidente de la República, siendo su alterno el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. El CONALTID tiene como atribución principal definir y normar las políticas nacionales que enmarquen la planificación, organización, ejecución, dirección, supervisión, fiscalización, control y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo alternativo y sustitución de la economía de la coca, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la prevención integral, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social. (art. 17, inciso ii D.S del 31 de Octubre de 2003). El Excmo. Presidente de la República preside el CONALTID y de manera alterna lo hace el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. El CONALTID tiene tres Secretarías, una de coordinación que se encuentra bajo responsabilidad del Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto y dos técnicas. La primera de ellas trabaja en el régimen de defensa social a través del Viceministerio de Defensa Social, un órgano dependiente del Ministerio de Gobierno que tiene bajo su estructura la Direcciones Generales de Sustancias Controladas, Comercialización y Fiscalización de la Hoja de Coca, Registro, Control y Administración de Bienes Incautados y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y otra responsable de las políticas de Desarrollo Alternativo y Reducción de Coca Excedentaria e Ilegal, bajo la responsabilidad del Viceministerio de Desarrollo Alternativo, dependiente del Ministerio de Asuntos campesinos y Agropecuarios. El CONALTID ha creado el Comité 23 Interministerial de Reducción de la Demanda de Drogas, conformado por los Viceministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Defensa Social, Salud y Educación Escolarizada y Alternativa, responsables de la coordinación de políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. En relación al lavado de Dinero, la Unidad de Investigaciones Financieras, se creó a partir de la tipificación del delito de legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero), mediante la ley del 10 de Marzo de 1997 y la aprobación del Decreto Supremo del 31 de Julio de 1997 que reglamenta sus funciones y atribuciones como órgano operativo. La base de sus atribuciones está en detectar, analizar y reportar información financiera procesada a la autoridad competente, de actividades derivadas del narcotráfico, corrupción pública y organizaciones criminales vinculadas al lavado de dinero. BRASIL: El órgano con competencia en la materia es el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, que tiene por finalidad articular, integrar, organizar y coordinar las actividades relacionadas con: la prevención del uso indebido de drogas, atención y re-inserción social de usuarios y dependientes y la represión a la producción no autorizada y al tráfico ilícito de drogas. El Consejo Nacional Antidrogas (CONAD) integra el SISNAD como órgano normativo y de deliberación colectiva del sistema, vinculado al Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, tiene por finalidad ejercer orientación normativa sobre las actividades relacionadas a la reducción de la demanda y oferta de drogas, de acuerdo con el Decreto Nº 5.912, del 27 de setiembre de 2006, que reglamenta la Ley Nº , del 23 de agosto de Los principales objetivos del SISNAD son: Contribuir para la inclusión social del ciudadano, visando que este quede menos vulnerable para asumir comportamientos de riesgo para el uso indebido de drogas, su tráfico ilícito y otros comportamientos correlacionados; promover la construcción y la socialización del conocimiento sobre drogas en el país; promover la integración entre las políticas de prevención del uso indebido, atención y reinserción social de usuarios y dependientes de drogas y de represión a la producción no autorizada y al trafico ilícito y las políticas públicas sectoriales de los órganos del Poder Ejecutivo de la Unión, Distrito Federal, Estados y Municipios. Compete al CONAD, en la cualidad de órgano superior del SISNAD: a) acompañar y actualizar la política nacional sobre drogas, consolidada por la SENAD; b) ejercer orientación normativa sobre las actividades previstas en art. 1 º de la ley citada; c) acompañar y evaluar la gestión de los recursos del Fondo Nacional Antidrogas - FUNAD y el desempeño de los planos y programas de la política nacional sobre drogas; d) proponer modificaciones en su funcionamiento interno; y promover la integración al SISNAD de los órganos y entidades congéneres de los Estados, Municipios y del Distrito Federal. El CONAD está compuesto, conforme el Dec. Nº 5.912/06, por los siguientes órganos, con derecho voto: El Ministro de Estado Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, que lo presidirá; El Secretario Nacional Antidrogas; Un representante del área técnica de la SENAD, nombrado por el Secretario y representantes de los siguientes órganos, nombrados cada uno por sus respectivos titulares: uno de la Secretaria Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República; uno del Ministerio de la Educación; uno del Ministerio de la Defensa; uno del Ministerio de Relaciones Exteriores; uno del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre; dos del Ministerio de Salud, resultando uno de ellos de la Agencia Nacional de Vigilancia 34 Sanitaria; dos del Ministerio de Justicia, resultando uno del Departamento de Policía Federal y uno de la Secretaria Nacional de Seguridad Pública; dos del Ministerio de Hacienda, resultando uno de la Secretaria de Rentas del Estado Federal y uno del Consejo de Control de Actividades Financieras y un representante de los Consejos Estaduales de Estupefacientes o Antidrogas, nombrado por el Presidente del CONAD. Asimismo el CONAD está compuesto por los siguientes representantes de organizaciones, instituciones o entidades nacionales de la sociedad civil: un jurista, de comprobada experiencia en asuntos de drogas, nombrado por el Consejo Federal de la Orden de los Abogados del Brasil OAB Federal-; un médico, de comprobada experiencia y actuación en área de drogas, nombrado por el Consejo Federal de Medicina CFM-; un psicólogo, de comprobada experiencia para la cuestión de drogas, nombrado por el Consejo Federal de Psicología CFP-; un asistente social, de comprobada experiencia para la cuestión de drogas, nombrado por el Consejo Federal de Servicio Social - CFESS; un enfermero, de comprobada experiencia y actuación en área de drogas, nombrado por el Consejo Federal de Enfermaje COFEN-; un educador, con comprobada experiencia en prevención del uso de drogas en escuela, nombrado por el Consejo Federal de Educación CFE-; un científico, con comprobada producción científica en área de drogas, nombrado por la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia SBPC- y un estudiante nombrado por la Unión Nacional de Estudiantes UNE-. También el CONAD está formado por profesionales o especialistas, de manifiesta sensibilidad en cuestión de drogas, nombrados todos por el Presidente del CONAD siguiendo las siguientes características: un representante de la prensa, de proyección nacional; un antropólogo; un representante del campo artístico, de proyección nacional; y dos de organizaciones del Tercer Sector, de contenido nacional, de comprobada actuación en el área de reducción de la demanda de drogas. Cada miembro titular del CONAD, tendrá su respectivo suplente, que lo sustituirá en caso de ausencia e impedimento, todos ellos designados por el Ministro de Estado Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional. A la Secretaría Nacional Antidrogas SENAD-, órgano articulador de la Política Nacional Sobre Drogas con las políticas sectoriales del gobierno y de la sociedad, compete: a) articular y coordinar las actividades de prevención del uso indebido, la intención y reinserción social de usuarios y dependientes de drogas; b) proponer la actualización de la política nacional sobre drogas en la esfera de su competencia; y c) administrar el FUNAD y el Observatorio Brasileño de Informaciones sobre Drogas. CHILE: El organismo coordinador en la República de Chile es el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE). El Decreto Supremo del Ministerio del Interior No. 683 de Septiembre de 1990 creó el CONACE como un organismo interministerial, asesor del Presidente. Forman parte de este Consejo: El Ministro del Interior que lo preside, además de los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Justicia, Educación, Secretaría General de Gobierno y Salud, un representante del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile, el Director de la Policía de Investigaciones, el Subsecretario del Interior y dos Consejeros de libre designación del Presidente de la República, uno de los cuáles será el Asesor Jurídico del Consejo. El Ministerio del Interior coordina la labor de todos los ministerios y órganos de la administración del Estado. En la República de Chile existe una estrategia nacional sobre drogas cuya finalidad es 45 plantearse objetivos estratégicos para reducir la demanda y la oferta de drogas para el período comprendido entre el 2003 al La ley de presupuesto anual para el sector público ha otorgado recursos desde el año 1997 como una línea presupuestaria que permitía realizar diversas actividades relacionadas con la prevención, tratamiento y acciones de coordinación en materias de control de drogas y a partir de la ley de presupuesto del año 2005 otorgó una estructura itemizada al presupuesto asignado para dicho año al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (se le considera como programa presupuestario independiente), lo que permitió aplicar y controlar presupuestariamente en forma independiente los recursos en programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, capacitación y gestión, según lo establecido en la estrategia nacional de drogas. Lo anterior sin contar aun con la plena independencia para ejecutar presupuesto ya que continua siendo un programa dentro del Ministerio del Interior, lo que implica la carencia de personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que dicho presupuesto debe ser ejecutado a través de la Subsecretaría de Administración General del l Ministerio del Interior. Actualmente, se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que da a CONACE el carácter se Servicio Público descentralizado y con personalidad jurídica y patrimonio propios. En relación al lavado de dinero la ley No del año 2003 creó la Unidad de Análisis Financiero como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, la que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y cuya función es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes que provengan, entre otros, de hechos constitutivos de alguno de los delitos sancionados por la ley de drogas No La ley No estableció la obligación del Ministerio del Interior de dictar un reglamento destinado a reglamentar un Fondo Especial creado por la misma ley donde ingresará el producto de la enajenación de los bienes decomisados por infracción a la ley de drogas el que será utilizado en programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por la drogadicción. Este mandato legal se cumplió con la dictación del Decreto Supremo Nº 539, del Ministerio del Interior, de 18 de mayo de 2006, el que se publicó con el Diario Oficial con fecha 28 de octubre de Por su parte y respecto de las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales la nueva ley de drogas No , que entró en vigencia en el mes de febrero de 2005, encomienda dichas funciones al Ministerio del Interior, organismo que deberá dictar un reglamento que detallará sus funciones y atribuciones en la materia. El reglamento respectivo fue dictado mediante el Decreto Supremo Nº 1358, del Ministerio del Interior, de 22 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de abril de 2007 COLOMBIA: En Colombia el Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por los Ministros del Interior y de Justicia, Defensa, Protección Social y Relaciones Exteriores, el Procurador General, el Fiscal General, los Directores del Departamento Administrativos de Seguridad, Policía Nacional y Director Nacional de Estupefacientes, creado en 1986, es el ente estatal encargado de definir y actualizar los lineamientos generales de la política de lucha contra las manifestaciones de las drogas. La Dirección Nacional de Estupefacientes ejerce la secretaría ejecutiva del Consejo. Existen 44 instituciones del Estado colombiano que se encargan de ejecutar las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes. 56 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES FRENTE A LA POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS Ministerio del Interior y de Justicia Reducción De la Oferta Reducción de la Demanda Desarrollo Alternativo y Medio Ambiente Fortalecimiento Jurídico Institucional Política Internacional Lav. Act. Incaut. Bienes E.D. Min. Defensa Min. Prot. Social y Educ. Plan Colombia Ministerio Interior y Justicia Min. Relaci. Exteriores FGN Min. Interior Ejército Nacional Armada Nacional Fuerza Aérea Policía Nacional - Antinarcóticos -Carreteras -DIJIN -SIJIN Min. Ambiente DAS Min. Interior Min. Comunicac. Min. Prot. Soc. Min. Rel. Ext. Policía Nacional ICBF INPEC Plan Colombia FNE Centros de Tratamiento Min. Ambiente Min. Agricultura CARS Gobernaciones Alcaldías Umatas INCODER Policía Nacional DNP RSS SINCHI IDEAM IGAC UAESPNN Fiscalía DAS Policía Nal. Min. Rel. Ext. Min. Defensa Consejo Superior de la Judicatura Plan Colombia Min. Interior Min. Prot. Soc. Min. Educ. Fiscalía Gral. ACCI DNE Min. Interior DNE PARAGUAY: El órgano con competencia en la problemática de las drogas es la SENAD la cual es otorgada por el art. 71 de la Constitución Nacional. La SENAD depende directa y únicamente del Poder Ejecutivo siendo una entidad autónoma, manejada con rubro asignado anualmente por el presupuesto general de la nación y creada por la ley nacional No. 108/91. Su estructura se compone de un Secretario Ejecutivo, de quien dependen todos los demás funcionarios, un Secretario Adjunto que lo secunda (nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo y Resolución del Secretario Ejecutivo respectivamente), un Gabinete a cargo de un Director; las Direcciones Generales de Reducción de la Demanda de Drogas y Reducción de la Oferta de Drogas; las Direcciones de Prevención Integral, Operaciones Antinarcóticas, Inteligencia, Investigación de Crímenes y Delitos Financieros, Asuntos Legales y Jurídicos, Administración y Finanzas, Cooperación Nacional, Internacional y Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Alternativo, Escuela de Formación y Capacitación de Agentes Especiales, Observatorio Paraguayo de Drogas, Asuntos Internos, Gestión de Tratamiento y Rehabilitación, Comunicación Social, y de Recursos Humanos. Por otro lado se encuentran los Departamentos, Divisiones y una Fuerza Especial de apoyo compuesta exclusivamente por miembros de las Fuerzas Armadas (Arts. 4 y 37 del Decreto 5279/05, que deroga el anterior Decreto /97, y Reorganiza la SENAD). Para la investigación de crímenes relacionados al narcotráfico, actúa en carácter de órgano operativo, conjunta y coordinadamente con el Ministerio Público. En lo que respecta al lavado de dinero, igualmente existe otro orgnismo, cuya denominación es Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Activos (SEPRELAD) que tiene competencia para controlar e investigar este tipo de hechos, ya sea provenientes del narcotráfico o de otros ilícitos. 67 PERU: La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es la autoridad de aplicación en materia de drogas, cuya misión principal es el diseño y conducción de las políticas contra las drogas en forma eficiente y concertada, coordinando, promoviendo, orientando programas y proyectos dirigidos a éste fin. El Consejo Directivo es el encargado de aprobar las políticas nacionales y la Estrategia Nacional contra las Drogas en concordancia con las políticas del Estado peruano, que comprenden los programas de interdicción, lavado de dinero y delitos conexos; prevención del consumo de drogas y rehabilitación del drogodependiente; desarrollo alternativo; erradicación y sustitución de los cultivos de hoja de coca, amapola y otros tipos de sembríos de los cuales se puede producir drogas ilícitas y conservación del medio ambiente y recuperación de ecosistemas degradados. El citado programa de interdicción contempla el control de los insumos químicos y productos fiscalizados, con la finalidad de conocer el uso final y evitar el desvío para ser utilizados en la elaboración ilícita de drogas. DEVIDA es un organismo público descentralizado dependiente del Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un pliego presupuestal. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, en su calidad de órgano ejecutor tiene como función prevenir, investigar y combatir los delitos relacionados con la materia. La Policía Nacional de Perú está comprendida en el pliego presupuestal del Ministerio del Interior. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con personería jurídica de derecho público y con autonomía funcional técnica y administrativa es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir la información para la detección del delito de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; así como también de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, con pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Ministerio Público en su calidad de Titular del Ejercicio Público de la Acción Penal conduce las investigaciones del delito desde su etapa inicial. URUGUAY: La Junta Nacional de Drogas (JND) es el órgano gubernamental que en el marco de una política de Estado, tiene a su cargo la instrumentación y coordinación a nivel nacional de todas las acciones relativas a la prevención del consumo problemático de drogas, tratamiento de las adicciones a la drogas y la represión del tráfico ilícito de drogas y precursores químicos, lavado de dinero y delitos conexos, las que son ejecutadas por los organismos con atribuciones específicas en las respectivas materias, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 2- Tenencia de drogas 2.1- Contempla su legislación el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal? Cuál es la pena aplicable? ARGENTINA: La tenencia de estupefacientes para consumo personal está contemplada en el artículo 14 de la ley que establece: La pena será de un 1 a 2 años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal 78 BOLIVIA: La tenencia de estupefacientes para consumo personal está contemplada en el artículo 49 de la ley 1008 que establece: El dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas de un instituto de fármaco-dependencia público. Si la tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del artículo 48º de esta ley. A los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que incurran en la comisión de estos hechos se les aplicará la ley de residencia y multa de quinientos a mil días. En otros términos la autorización para consumo y tenencia para el consumo, está supeditada a una situación de hecho, es decir, a la determinación o dictamen de especialistas, quienes deberán sugerir o determinar la cantidad que es mínima para el consumo, utilizar fuera del parámetro que indiquen los especialistas es tráfico para la ley boliviana. En lo que respecta al tratamiento de los extranjeros, solamente, se entiende que se trata de las personas consumidoras o que tienen grado de adicción, en cuyo caso sí procede la aplicación de la ley de residencia, caso contrario, se les imputará alguno de los delitos contemplados en la Ley La situación se torna compleja, por que un consumidor, puede también estar traficando, suministrando o administrando, con las implicaciones que estas acciones conllevan. BRASIL: La tenencia de estupefacientes para consumo personal está contemplada en el artículo 28 de la Ley Nº que prevé las siguientes penas: a) advertencia sobre los efectos de las drogas; b) prestación de servicios a la comunidad; y c) medida educativa de comparecencia en programa y curso educativo a la conducta de Adquirir, guardar, traer consigo, para uso propio, sustancia estupefaciente o que determine dependencia psíquica o física sin autorización o en desacuerdo con las determinaciones legales o reglamentarias. Para determinar si la droga estaba destinada al consumo personal, el juez atendrá la naturaleza y la cuantidad de la sustancia aprehendida, el lugar y las condiciones en que fue desarrollada la acción, las circunstancias sociales y personales, así como también la conducta y los antecedentes del imputado. CHILE: El consumo o bien el porte de estupefacientes siempre que sea para consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo realizado en lugares públicos o bien en lugares privados, si existe concierto para consumir drogas, es constitutivo de falta, y se lo sanciona con multa, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación, con trabajos en beneficio de la comunidad con acuerdo del infractor o con participación en cursos de capacitación. Además se contempla la pena accesoria de suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados. Las medidas anteriores, sin embargo, no son aplicables si los portadores son miembros de las Fuerzas Armadas (con excepción de los conscriptos), de la Policía de Investigaciones de Chile, de Gendarmería de Chile, personal de Aeronáutica encargado de la conducción, dirección, operación y cuidado de las aeronaves, su despacho, estiba, inspección y reparación, el control del tránsito aéreo y la operación de las estaciones aeronáuticas, los oficiales y el personal de Gente de Mar de dotación de buques de la marina mercante, de naves especiales y de artefactos navales, pues en dichos casos el porte, aun cuando sea para su uso o consumo personal exclusivo 89 y próximo en el tiempo se sanciona como delito y se aplica la pena de presidio, ya se a que se realice en lugares públicos o privados aumentándose la pena en caso que la conducta se cometa en recintos militares o en actos de servicio. Los conscriptos, por su parte, sólo serán sancionados como autores de delito en caso que el porte o consumo se produzca dentro de los recintos militares o en actos de servicio. COLOMBIA: A través de la sentencia C-221 de 1994, la Corte Constitucional despenalizó la tenencia de estupefacientes en dosis de uso personal. PARAGUAY: La tenencia de estupefacientes para consumo personal está contemplada en el artículo 30 ley 1340/88 que establece: El que tuviere en su poder sustancias a las que se refiere esta Ley, que le hubiere recetado o aquel que las tuviere para su exclusivo uso personal, estará exento de pena. Pero si la cantidad fuere mayor que la recetada o que la necesaria para su uso personal, se le castigará con penitenciaría de dos a cuatro años y comiso. Se considerará de exclusivo uso personal del farmacodependiente, la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el Médico Forense y un Médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare, a su costa. En el caso de la marihuana no sobrepasará diez gramos y dos gramos en el de la cocaína, heroína y otros opiáceos.. Según lo expuesto en el artículo transcripto, el legislador ha entendido que existen cantidades máximas de marihuana y de cocaína que puede estar en posesión de una persona adicta, situación que exime la pena. Si sobrepasa dicha cantidad la pena se encuentra atenuada. Dicho artículo no contempla la posesión para el consumo de otro tipo de estupefacientes, por lo que se concluye que solamente esta atenuación o exención de pena correspondería a aquellos adictos a la marihuana o a la cocaína. PERU: El Código Penal peruano ha previsto la figura de posesión de drogas en dosis para consumo personal e inmediato, resultando éstos, casos exentos de pena. URUGUAY: La tenencia de estupefacientes para consumo personal está contemplada en el Decreto-Ley , modificado por la ley que establece: El que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo. Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado" Contempla su legislación otro tipo de tenencia de estupefacientes? En qué consiste la tipificación y qué tipo de penas se aplican? ARGENTINA: Sí. La legislcación nacional contempla lo que se ha llamado tenecia simple de estupefacientes. El art. 14 de la ley ley establece que Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa... el que tuviere en su poder estupefacientes 910 BOLIVIA: El artículo 35 de la ley 1008 establece que Ninguna persona natural o jurídica podrá tener o poseer en forma, cantidad o sitio alguno, fármacos o drogas que contengan o sean sustancias controladas, sin previa autorización del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, consultada al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Según sean las circunstancias, el sujeto activo, puede incurrir en la comisión delictiva de los delitos de: tráfico, administración, suministro, inducción, transporte e instigación, con sus consiguientes agravantes. BRASIL: El art. 12 de la ley Nº 6368 castiga con pena de reclusión de 3 a 15 años y multa de 50 a 360 días multa al que realice la conducta de Importar o exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, ofrecer aun gratuitamente, tener en depósito, transportar, traer consigo, guardar, prescribir, suministrar o entregar, de cualquier forma, el consumo de sustancia estupefaciente o que determine dependencia física o psíquica, sin autorización o en desacuerdo con las normas legales o reglamentarias. CHILE: La ley de drogas No establece una gran diferencia respecto de las conductas sancionadas como tráfico de drogas por la ley anterior de drogas No , ya que introduce en la legislación nacional la figura del microtráfico, al sancionar al que sin la competente autorización posea, trasporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, a menos que se justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. La pena aplicable en dicho caso es presidio de 541 días a 5 años y multa. En el resto de los casos es decir cuando haya tenencia o porte de estupefacientes que no sea en pequeñas cantidades se entiende por la ley de drogas que se trata de la conducta de tráfico y por lo tanto la pena de presidio aplicable es la que corresponde al delito de tráfico que va desde 5 años y un día a 15 años y multa. COLOMBIA: El Código Penal sanciona la tenencia de estupefacientes con fines de distribución o venta. El tipo penal descripto en el artículo 376 del Código Penal dispone que el que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres ( ) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 111 amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento treinta y tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. PARAGUAY: Tal como se ha señalado en el preguntado anterior, se encuentra prevista la sanción disminuída para adictos a marihuana y cocaína. Sin embargo, la regla general que se aplica a todos los estupefacientes en cuya posesión se encuentre cualquier persona, se halla prescripto en el artículo 27 de la Ley especial en materia de estupefacientes, que determina: El que tuviere en su poder, sin autorización, sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, será castigado con 5 a 15 años de penitenciaría, comiso de la mercadería y multa del cuadruplo de su valor PERU: El Código Penal tipifica como delito, la posesión para tráfico ilícito de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sancionando con una pena privativa de libertad no menor a seis ni mayor a doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días de multa. Contempla igualmente la figura punible de micro-producción y micro-comercialización de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada, o poseída por el agente, siempre que ésta no sobrepase las cantidades establecidas en el Artículo 298 del Código Penal. La sanción que se aplica en este caso es la pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa. Asimismo, contempla en el último párrafo, circunstancias agravantes del tipo, para lo cual se remite al Artículo 297 del Código Penal. URUGUAY: El Decreto-Ley , modificado por la ley , establece que El que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo. Se considerará de exclusivo uso personal del fármaco-dependiente, la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el Médico Forense y un Médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare, a su costa. En el caso de la marihuana no sobrepasará diez gramos y dos gramos en el de la cocaína, heroína y otros opiáceos Prevé su legislación la aplicación de medidas de seguridad (educativa, curativa, etc) para alguno de estos supuestos? En caso afirmativo, en qué consisten y en qué casos se aplican? Qué tipo de tratamiento jurídico se aplican a los menores de edad? ARGENTINA: La ley prevé en los artículos 16 a 22 las medidas de seguridad educativas y curativas para los consumidores de estupefacientes. El artículo 16 de la ley establece: Cuando el condenado por cualquier delito dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así 112 lo aconsejen. El artículo 17 de la misma ley reza: En el caso del artículo 14, segundo párrafo (tenencia para consumo personal), si en el juicio se acreditase que la tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del autor y que el mismo depende física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación. Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de la pena. Si transcurridos dos años de tratamiento no se ha obtenido un grado aceptable de recuperación por su falta de colaboración, deberá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente la medida de seguridad. El artículo 18 dice: En el caso de artículo 14, segundo párrafo, si durante el sumario se acreditase por semiplena prueba que la tenencia es para uso personal y existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad del procesado y éste dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el trámite del sumario. Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobreseimiento definitivo. Si transcurridos dos años de tratamiento, por falta de colaboración del procesado no se obtuvo un grado aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la causa y, en su caso, podrá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente la medida de seguridad. El artículo 19 establece La medida de seguridad que comprende el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, prevista en los artículos 16, 17 y 18 se llevará a cabo en establecimientos adecuados que el tribunal determine de una lista de instituciones bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y con autorización de habilitación por la autoridad sanitaria nacional o provincial, quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder Judicial, y que será difundida en forma pública. El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, criminológicos y de asistencia social, pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con internación o alternativamente, según el caso. Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, computándose el tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de la pena. Respecto de los procesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la prescripción de la acción penal. El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18. El artículo 20 establece: Para la aplicación de los supuestos establecidos en los artículos 16, 17 y 18 el juez, previo dictamen de peritos, deberá distinguir entre el delincuente que hace uso indebido de estupefacientes y el adicto a dichas drogas que ingresa al delito para que el tratamiento de rehabilitación en ambos casos, sea establecido en función del nivel de patología y del delito cometido, a los efectos de la orientación terapéutica más adecuada. El artículo 21 de la ley reza: En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si el procesado no dependiere física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que judicialmente se determine. Tal medida, debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al 113 comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes, que con una duración mínima de tres meses, la autoridad educativa nacional o provincial, implementará a los efectos del mejor cumplimiento de esta ley. la sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, organismo que lo comunicará solamente a los tribunales del país con competencia para la aplicación de la presente Ley, cuando éstos lo requiriesen. Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia. Finalmente el artículo 22 de la ley sostiene que Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de recuperación establecidas en los artículos 17, 18 y 21 si después de un lapso de tres años de dicha recuperación, el autor alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez previo dictamen de peritos, podrá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes. BOLIVIA: La ley 1008 prevé medidas de seguridad educativa y curativa estipuladas en los artículos 136 a 142. En cuanto a la medida de seguridad curativa está tratada en los artículos 136 a 139 de la citada ley. El artículo 136 de la ley establece: El Estado creará institutos y centros de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación para la dependencia química, física y psíquica (farmacodependencia), en el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los consumidores de sustancias controladas. Podrán funcionar centros privados con el mismo objetivo, previa autorización del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y a supervisión del Consejo Nacional de Sustancias Controladas. El artículo 137 de la citada norma reza: Los institutos mencionados en el artículo 136º diagnosticarán y tratarán a todo consumidor internado por disposición judicial, así como aquellos que sean solicitados por sus familiares o voluntariamente. Evaluarán las condiciones del farmacodependiente o toxicómano conducido al establecimiento y otorgarán todo informe técnico requerido por autoridad competente. El artículo 138 de la ley sostiene: El que se presentare voluntariamente para ser tratado no podrá ser obligado a quedarse interno, a menos que estuviera en condiciones graves para su salud o proclive a actos antisociales y delictivos. Los que hubieran sido internados obligatoriamente por ser consumidores dependientes y agravando por tenencias y otra forma compulsiva, deberán quedar internos o sometidos a tratamiento obligatorio por todo el tiempo que el médico especialista juzgue necesario y con el cotejo de un perito. El artículo 139 de la ley establece: Los consumidores que sean menores de 16 años serán puestos inmediatamente a disposición del Tribunal del Menor, que determinará obligatoriamente las medidas que se tomarán para su rehabilitación. En esta tarea cooperarán los padres o responsables del menor. Las medidas educativas son tratadas por los artículos 140 a 142 de la ley En cuanto a la seguridad educativa indica que las universidades, centros intermedios y medios, centros técnicos de educación no formales y colegios técnicos militares, deben incluir en sus planes y programas las materias sobre los problemas que genera el tráfico y el consumo de drogas. En lo referente a la educación no formal, el CONALTID utiliza esta educación como una estrategia para llegar al público a fin de prevenir el tráfico y consumo de drogas así como la delincuencia, haciendo participar a la población y a la comunidad en la prevención integral. Además el Código Niña, Niño y Adolescente, señala como deben ser 114 tratados los menores infractores, bajo qué condiciones y seguridades, resguardando su integridad, para ello funcionan los Juzgados de Menores. BRASIL: La Ley Nº /06, ha revocado a la 6.368/76 y a la /02 y prescribe medidas para prevención del uso indebido, atención y reinserción social para usuarios y dependientes de drogas, asimismo establece normas para la represión de la producción no autorizada y el tráfico ilícito de drogas, define crímenes y ofrece otras providencias. La referida Ley en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 establecen el funcionamiento de las actividades de atención y de reinserción social de usuarios y dependientes de drogas. El artículo 20 de la ley /06 establece que constituyen actividades de atención al usuario y dependiente de drogas y respectivos familiares, a los efectos de esa Ley, aquellas que tiendan a la mejoría de la calidad de vida y a la reducción de los riesgos y daños asociados al uso de drogas. El artículo 21 de la citada norma determina que constituyen actividades de reinserción social del usuario o del dependiente de drogas y respectivos familiares, a los efectos de esa Ley, aquellas dirigidas a su integración o reintegración en redes sociales. El artículo 22 afirma que las actividades de atención y las de reinserción social del usuario y del dependiente de drogas y respectivos familiares deben observar los siguientes principios y líneas directivas: a) respecto al usuario y al dependiente de drogas, independientemente de cualquier condición, observar los derechos fundamentales de la persona humana, los principios y líneas directivas del Sistema Único de Salud y de la Política Nacional de Asistencia Social; b) la adopción de estrategias diferenciadas de atención y reinserción del usuario y del dependiente de drogas y respectivos familiares que consideren sus peculiaridades socioculturales; c) definición de proyecto terapéutico individualizado, orientado para la inclusión social y para la reducción de riesgos y daños sociales y a la salud; d) atención al usuario o dependiente de drogas y a los respectivos familiares, siempre que fuera posible, de forma multidisciplinar y por equipos multi-profesionales; e) observación de las orientaciones y normas emanadas del CONAD y f) el seguimiento a las líneas directivas de los órganos de control social de políticas sectoriales específicas. El artículo 23 establece que las redes de los servicios de salud de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios desarrollarán programas de atención al usuario y al dependiente de drogas, respetando las líneas directivas del Ministerio de Salud y los principios explicitados en el artículo 22 de la ley, resultando obligatoria la previsión adecuada de presupuesto. El artículo 24 dice que la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán conceder beneficios a las instituciones privadas que desarrollaren programas de reinserción en el mercado de trabajo, del usuario y del dependiente de drogas encaminados por órgano oficial. El artículo 25 establece que las instituciones de la sociedad civil, sin fines lucrativos, con actuación en las áreas de atención a la salud y de asistencia social, que tengan usuarios o dependientes de drogas podrán recibir recursos del FUNAD, condicionados a su disponibilidad presupuestaria y financiera. Finalmente el artículo 26 sostiene que el usuario y el dependiente de drogas que, por haber cometido una infracción penal, estuvieren cumpliendo pena privativa de libertad o sometidos a medida de seguridad, tienen garantizados los servicios de atención a su salud, definidos por el respectivo sistema penitenciario. En caso de delito por tenencia de estupefacientes para uso personal, se aplica la ley 9.099/95, que dispone sobre los juzgados especiales civiles y criminales en el ámbito de la Justicia Común Estadual y la Ley /01 en el ámbito de la Justicia Común Federal. 115 Tratándose de un delito de acción penal pública incondicionada, el ministerio público podrá proponer la aplicación inmediata de pena restrictiva de derechos o multas. A los menores de edad infractores se les aplica lo que dispone el Instituto de Niñez y Adolescencia (ley 8.069/90). A su vez el artículo 10 de la ley No establece: El tratamiento sobre el régimen de internación hospitalaria será obligatorio cuando el cuadro clínico del dependiente o la naturaleza de sus manifestaciones psicopatológicas así lo exigieran. Cuando verificada la falta de necesidad de internación, el dependiente será sometido a tratamiento en régimen extra hospitalario, con asistencia del servicio social competente. Los establecimientos hospitalarios y clínicas, oficiales o particulares, que recibieran dependientes para tratamiento, remitirán a la repartición competente, antes del día 10 de cada mes, un mapa estadístico de los casos atendidos durante el mes anterior, con la indicación del código de patología, según la clasificación aprobada por la Organización Mundial de Salud, sin mencionar el nombre del paciente. El artículo 11 de la citada ley dice: Al dependiente que en razón de haber consumado cualquier infracción penal, le fuera impuesta pena privativa de la libertad o medida de seguridad de detención se le aplicará tratamiento dentro del sistema penitenciario donde estuviera cumpliendo la sanción respectiva. A su vez, vale destacar que la Ley /02, que modifica en parte la ley 6.368/76, estipula sobre el tratamiento del dependiente que: Artículo 11. El dependiente o el usuario de productos, substancias o drogas ilícitas, que causen dependencia física o psíquica, relacionadas por el Ministerio de la Salud, queda sujeto a las medidas previstas en este Capítulo y Sección. Artículo 12. (VETADO) El tratamiento del dependiente o del usuario será hecho de forma multiprofesional y, siempre que sea posible, con la asistencia de su familia. Cabe al Ministerio de Salud reglamentar las acciones tendientes a la reducción de los daños sociales y a la salud. Las empresas privadas que desarrollaren programas de reinserción en el mercado de trabajo, del dependiente o usuario de productos, substancias o drogas ilícitas, o que causen dependencia física o psíquica, encaminados por órgano oficial, podrán recibir los beneficios que crearán la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios. Los establecimientos hospitalarios o psiquiátricos, públicos o particulares, que recibieran dependientes o usuarios para tratamiento, enviarán al Consejo Nacional Antidrogas CONAD-, hasta el día 10 (diez) de cada mes, un mapa estadístico de los casos atendidos en el mes anterior, con la indicación del código de la enfermedad, seguido por la clasificación aprobada por la Organización Mundial de Salud, sin la mención del nombre del paciente. En el caso de internación o de tratamiento ambulatorio por orden judicial, se realizará una comunicación mensual del estado de salud y recuperación del paciente al juzgado competente, si este así lo determina. CHILE: En caso de consumo y tenencia o porte para consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo en lugares públicos o bien en lugares o recintos privados si existe concierto para tal propósito, es considerado una falta que es de conocimiento del juez de garantía y las sanciones aplicables son: a) Asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por 60 días o tratamiento o rehabilitación por hasta 180 días en instituciones consideradas como idóneas por el servicio de salud; b) Participación del infractor con acuerdo expreso de éste en actividades determinadas a beneficio de la comunidad hasta por un máximo de 30 horas o participación en cursos de capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del curso. 116 Para el caso de los menores, es importante tener presente que de acuerdo a la Ley , dictada el año 2005, se estableció un nuevo sistema de responsabilidad penal para éstos. En virtud de esta nueva normativa sólo tienen responsabilidad penal los menores mayores de catorce y menores de dieciocho años. Tratándose de la falta antes descrita (consumo o porte para el consumo), sólo se les aplicará esta nueva normativa a los mayores de 16 años, siendo de competencia de un Juzgado de Garantía. Para el caso que el adolescente tenga 16 años o menos, la falta será de competencia de los Juzgados de Familia. COLOMBIA: Cuando la conducta se adecue a lo previsto en el artículo 376 del Código penal, o en otras descripciones enunciadas en el mismo Estatuto se incurrirá en las sanciones de prisión y multa dispuestas en la norma. PARAGUAY: El Decreto 5279/2005, que deroga al anterior Decreto /97, prevé en su artículo 10 y siguientes la coordinación de la acción preventiva del uso indebido de drogas y del tratamiento del usuario de drogas peligrosas a través de una amplia participación multisectorial e interinstitucional, gestión y coordinación con las instituciones responsables del tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los farmacodependientes y usuarios de drogas peligrosas, tarea que está a cargo de la Dirección General de Reducción de la Demanda de la SENAD. Asimismo la ley 1340/88 establece en los artículos 28 y 29 la medida de seguridad curativa. El artículo 28 de la ley establece: El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o el juez en lo Tutelar del Menor, en su caso que tuviere conocimiento de cualquier modo y por cualquier medio de la existencia de un farmacodependiente que no reciba asistencia médica, dispondrá la internación del mismo en un centro asistencial para su tratamiento médico y recuperación social. En todos los casos, el juez, antes de disponer la internación del afectado, lo oirá y requerirá un dictamen para determinar si el mismo sufre dicha afección. El dictamen deberá producirse dentro de los diez días y actuarán como peritos el Médico Forense, un Médico designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado, si él o su representante legal lo solicitare, a su costa. Si el afectado no se allanare al examen pericial, se le internará con auxilio de la fuerza pública, en un centro asistencial del Estado, para el efecto. El Juez resolverá lo que corresponda en el plazo perentorio de cinco días. El tratamiento del farmacodependiente se incluirá en los programas de servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; aquél que prefiriera recibirlo en un centro privado cargará con los costos correspondientes. El artículo 29 de la citada norma dice: Cuando un procesado o condenado por cualquier delito sea un farmacodependiente, se le impondrá, además de la pena que corresponda, la medida de seguridad curativa que requiere su recuperación. La medida de seguridad se cumplirá en el establecimiento adecuado que el Juez determine, siendo ella previa al cumplimiento de la pena, computándose en ésta el tiempo de la recuperación. Esta medida cesará por resolución judicial previo dictamen de los peritos señalados en el artículo 28 de esta ley. PERU: Las medidas de seguridad constituyen una de las dos posibles vías de reacción del ordenamiento jurídico penal contra este tipo de delitos. Para éste caso se requiere que, además de la comisión del delito, exista un componente adictivo por parte del imputado, que fundamente la ausencia de responsabilidad personal del sujeto por el hecho. Dicho 117 factor patológico debe haber sido determinante de la comisión del hecho y además, sobre su base se formula un pronóstico de peligrosidad, siendo esto último de suma importancia para estimar la previsibilidad en la comisión de nuevos hechos delictivos futuros. Las medidas de seguridad que establece el Código Penal son: a) Internación y b) Tratamiento Ambulatorio. La Legislación del Niño y del Adolescente vigente en el Estado peruano, establece en el capítulo del Adolescente Infractor de la Ley Penal, la siguiente definición para los menores imputados por este tipo de delitos: aquél cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la Ley Penal. Las mencionadas medidas se aplican al niño menor de doce años que infrinja la ley Penal, quien a su vez, será pasible de percibir las medidas de protección previstas en el Código del Niño y del Adolescente. El tratamiento jurídico establecido por el Código del Niño y del Adolescente es garantista y se basa en los principios de legalidad, confidencialidad y reserva del proceso, rehabilitación y garantías de la Administración de Justicia consagradas en la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Leyes vigentes sobre la materia. Finalmente, el Juez podrá aplicar a los menores infractores las medidas socio-educativas siguientes : a) Amonestación, b) Prestación de servicios a la comunidad, c) Libertad asistida, d) Libertad restringida, e) Internación en establecimiento para tratamiento. URUGUAY: El Decreto ley en sus artículos 40 y 41 establece el funcionamiento de las medidas de seguridad para los adictos a sustancias ilícitas. El artículo 40 de dicha norma dice: El que fuere sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes o usando indebidamente psico-fármacos o en circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerlo portando estupefacientes para su uso personal, deberá ser puesto a disposición del Juzgado Letrado de Instrucción de Turno, a fin de que éste ordene un examen del detenido por el médico de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán producir su informe dentro de las veinticuatro horas. Si del examen resultare tratarse de un drogadicto, el Juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la referida Comisión Nacional. El cumplimiento de esta medida, así como su cese, quedará sometido al sistema de garantías establecido en a ley 9.581, de 8 de agosto de El artículo 41 de dicha norma establece: La Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías procurará que en todas las situaciones de iza se conjuguen las necesidades de una labor terapia científicamente encarada con la producción manual, intelectual, o artística de elementos susceptibles de procurar ingresos monetarios, de los cuales un tercio se verterá a beneficio del servicio asistencial, un tercio para gastos personales del enfermo y un tercio será entregado a la familia a su cargo o, si no la tuviera, depositado en una cuenta personal que se abrirá especialmente a esos efectos. 3- Tráfico de Drogas 3.1- Cómo tipifica su legislación la comercialización de estupefacientes y qué penas se establecen? 118 ARGENTINA: Los delitos de tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades están tipificados en los artículos 5 a 7 de la ley El artículo 5 de la ley establece que: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo: a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación; b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes; c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte; d) El comercie con planta o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte; e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años y multa de tres mil a ciento veinte mil australes. Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará, además, inhabilitación especial de cinco a quince años. En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21. En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21. El artículo 6 dice: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de uso. En estos supuestos la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional. Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende de autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará además inhabilitación especial de tres a doce años. el artículo 7 de la citada ley reza: Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años y multa de treinta mil a novecientos mil australes, el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5 y 6 precedentes. BOLIVIA: Los delitos de tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades están tipificados por los artículos 46 a 48, 50 a 52 y 54 a 61 de la ley El artículo 46 de la citada ley establece: El que ilícitamente sembrare, plantare, cosechare, cultivare o colectare plantas o partes de plantas señaladas por el anexo a que se refiere el inciso a) del artículo 33º de la presente ley, será sancionado con la pena de uno a dos años de presidio, en caso de reincidencia de dos a cuatro años y de doscientos cincuenta a quinientos días de multa. El artículo 47 dice: El que fabricare ilícitamente sustancias controladas, será sancionado con presidio de cinco a quince años y dos mil quinientos a siete mil quinientos días de multa. Las personas dedicadas al proceso de maceración de 119 coca llamados "pisacoca", serán sancionados con la pena de presidio de uno a dos años y de doscientos a quinientos días de multa, siempre que colaboren con la investigación y captura de sus principales. El artículo 48 reza: El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días de multa. Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores. Este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33º de esta ley. El artículo 50 establece: El que ilícitamente administrare a otros, sustancias controladas, será sancionado con diez a quince años de presidio y mil quinientos a tres mil días de multa, cualquiera fuere la cantidad administrada. El artículo 51 dice: El que suministrare ilícitamente a otros sustancias controladas, será sancionado con presidio de ocho a doce años y mil a dos mil días de multa, cualquiera sea la cantidad suministrada. El artículo 52 reza: Si como consecuencia de la administración o suministro ilícito de sustancias controladas resultare un quebrantamiento grave de la salud, la sanción será de quince a veinte años de presidio y mil a tres mil días de multa. Si del hecho resultare la muerte de la persona, la sanción será de veinte a treinta años de presidio. El artículo 54 sostiene: El que indujere a otro al uso indebido de sustancias controladas, será sancionado con cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días de multa. Si el inductor aprovechare su condición de ascendiente o autoridad sobre el inducido o éste fuera menor de edad o incapaz o el delito se cometiera en establecimientos educativos, asistenciales, militares, policiales o penitenciarios o en sus inmediaciones, la pena será de diez a veinte años de presidio y cuatro mil a ocho mil días de multa. El artículo 55 establece: El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte. El artículo 58 dice: El que adulterare o falsificare receta médica con objeto de obtener sustancias controladas, será sancionado con tres a cinco años de presidio y doscientos a cuatrocientos días de multa. El que adulterare y/o falsificare licencias, permisos, pólizas de importación, facturas, cartas de porte u otros documentos para internar al país sustancias controladas, será sancionado con ocho a quince años de presidio y tres mil a seis mil lías de multa. El artículo 59 reza: El importador de sustancias controladas que no cumpliere con los requisitos exigidos por la presente ley, será sancionado con la suspensión de su registro de importador por el término de doce meses y diez mil días le multa. En caso de reincidencia, se impondrá la cancelación definitiva de su registro Fe importador y su personero legal responsable será pasible de las penas establecidas por el artículo 48º. Finalmente el artículo 60 dice: El propietario que tuviere conocimiento de que en sus predios o inmuebles se siembre, cultive, coseche, colecte plantas o partes de plantas controladas a las que se refiere la presente ley, o que se fabriquen o elaboren sustancias controladas y no comunique estos hechos a las autoridades competentes, será sancionado con tres a cinco años de presidio e incautación o reversión de su propiedad. El artículo 61, trata el encubrimiento en locales públicos, quedando los propietarios obligados a informar a las autoridades competentes, sobre la presencia de personas que trafiquen, posean o consuman sustancias controladas, imponiendo una sanción de uno a dos años y quinientos a mil quinientos días multa. En caso de permisibilidad, encubrimiento o complicidad existen sanciones de dos a seis años de presidio y de dos mil a cuatro mil días multa. En la comisión de estos delitos, pueden concurrir agravantes las que son consideradas al momento de imponerse la pena. 120 BRASIL: El artículo 12 de la ley 6368 castiga con reclusión de 3 a 15 años y multa de 50 a 360 días multa la conducta de: Importar o exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, ofrecer aun gratuitamente, tener en depósito, transportar, traer consigo, guardar, prescribir, suministrar o entregar, de cualquier forma, el consumo de sustancia estupefaciente o que determine dependencia física o psíquica, sin autorización o en desacuerdo con determinaciones legales o reglamentarias. En las mismas penas incurre quien indebidamente: a) importa o exporta, remite, produce, fabrica, adquiere, vende, ofrece aun gratuitamente, tiene en depósito, transporta, trae consigo o guarda materia prima destinada a la preparación de sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o psíquica; b) siembra, cultiva o recolecta plantas destinadas a la preparación de sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o psíquica. En las mismas penas incurre también quien: c) induce, instiga o auxilia a alguien para usar sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o psíquica d) utiliza el local de quien tiene la propiedad, posee la administración, guarda o vigilancia, o consiente que otros lo utilicen, aun gratuitamente, para uso indebido o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o psíquica y e) contribuye de cualquier forma para incentivar o difundir el uso indebido o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o psíquica. Asimismo la ley Nº /2006 en su artículo 33 contempla las conductas de importar, exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, exponer a la venta, ofrecer, tener en depósito, transportar, traer consigo, guardar, prescribir, suministrar, entregar al consumo u ofrecer drogas, aún gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria y las castiga con pena de reclusión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a (mil quinientos) díasmulta. En las mismas penas incurre quien: a) importa, exporta, remite, produce, fabrica, adquiere, vende, expone a la venta, ofrece, tiene en depósito, transporta, trae consigo o guarda, aun gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentar, materia-prima, insumos o productos químicos destinados a la preparación de drogas; b) siembra, cultiva o cosecha, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, plantas constituidas en materia-prima para la preparación de drogas; c) utiliza local o bien de cualquier naturaleza de que tiene la propiedad, posee administración, guarda o vigilancia, o consiente que otro lo utilice, aun gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, para el tráfico ilícito de drogas. Las conductas de inducir, instigar o auxiliar a alguien en el uso indebido de droga se castigan con pena de detención de 1 (uno) a 3 (tres) años, y multa de 100 (cien) a 300 (trescientos) días-multa. La conducta de ofrecer droga, eventualmente y sin objetivo de lucro, para una persona de su relación, para que juntos la consuman se castiga con pena de detención, de 6 (seis) meses a 1 (uno) año, y pago de 700 (setecientos) a (mil quinientos) días-multa, sin perjuicio de las penas previstas en artículo 28 de la norma en cuestión. El artículo 34 de la citada norma reprime las conductas de fabricar, adquirir, utilizar, transportar, ofrecer, vender, distribuir, entregar para cualquier título, poseer, guardar u ofrecer, aun gratuitamente, maquinaria, aparejos, instrumentos o cualquier objeto 2 Mostrar más
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 Artículo 297
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 artículo 139
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in fine
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 artículo 29
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