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Timestamp: 2020-04-06 20:20:13+00:00

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Pr cod 1amCom - Página 30
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Las restricciones al uso de información relativa a la seguridad nacional deben limitarse y estar claramente definidas.
, en particular en su sentencia de 12 de febrero de 2008 en el asunto Guja / Moldavia
(por ejemplo, por no respeto de la obligación de confidencialidad o de lealtad)
Ninguna relación laboral debe restringir el derecho de una persona a la libertad de expresión.
, incluidos los funcionarios públicos
Finalmente, la protección también debe otorgarse a las personas cuyo contrato de trabajo ya ha finalizado, así como a los trabajadores en prácticas remunerados y no remunerados.
(21) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección de la seguridad nacional y de otra información clasificada que el Derecho de la Unión o las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor en el Estado miembro en cuestión requieran proteger, por motivos de seguridad, contra todo acceso no autorizado. Además, las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar, en cualquier caso, a las obligaciones derivadas de la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE o de la Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE.
(21) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección de la seguridad nacional y de otra información clasificada que el Derecho de la Unión o las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor en el Estado miembro en cuestión requieran proteger, por motivos de seguridad, contra todo acceso no autorizado. Las restricciones al uso de información relativa a la seguridad nacional deben limitarse y estar claramente definidas. Además, las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar a las obligaciones derivadas de la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE o de la Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE.
(22) Las personas que informan sobre amenazas o perjuicios para el interés público hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión, que es esencial en una sociedad democrática y está consagrada en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
(23) Por consiguiente, la presente Directiva se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión y en los principios desarrollados por el Consejo de Europa en su Recomendación de 2014 sobre protección de los denunciantes51.
(23) Por consiguiente, la presente Directiva se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión, en particular en su sentencia de 12 de febrero de 2008 en el asunto Guja / Moldavia, y en los principios desarrollados por el Consejo de Europa en su Recomendación de 2014 sobre protección de los denunciantes51.
51 CM/Rec(2014)7.
(24) Las personas necesitan protección jurídica específica cuando obtienen la información que transmiten con motivo de sus actividades laborales y, por tanto, corren el riesgo de represalias laborales. La razón subyacente para prestarles protección es su posición de vulnerabilidad frente a la persona de la que dependen de hecho a efectos laborales. Ninguna relación laboral debe restringir el derecho de una persona a la libertad de expresión.
(25) La aplicación efectiva del Derecho de la Unión exige que se conceda protección a la gama más amplia posible de categorías de personas que, en virtud de actividades relacionadas con el trabajo (con independencia de la naturaleza de este y de si perciben remuneración o no), disponen de un acceso privilegiado a información sobre infracciones que redundaría en interés de los ciudadanos conocer y que pueden sufrir represalias si informan de ello. Los Estados miembros deben garantizar que la necesidad de protección se determine atendiendo a todas las circunstancias relevantes y no solo a la naturaleza de la relación, para abarcar toda la gama de personas ligadas a la organización, en sentido amplio, en caso de que se produzca una infracción.
(25) La aplicación efectiva del Derecho de la Unión exige que se conceda protección a la gama más amplia posible de categorías de personas que, con independencia de que sean ciudadanos de la Unión o de un tercer país, en virtud de sus actividades (con independencia de la naturaleza de estas actividades y de si perciben remuneración o no), disponen de un acceso privilegiado a información sobre infracciones que redundaría en interés de los ciudadanos conocer y que pueden sufrir represalias si informan de ello. Los Estados miembros deben garantizar que la necesidad de protección se determine atendiendo a todas las circunstancias relevantes y no solo a la naturaleza de la relación, para abarcar toda la gama de personas ligadas a la organización, en sentido amplio, en caso de que se produzca una infracción.
(26) En primer lugar, la protección deberá aplicarse a la persona que tenga la condición de «trabajador» en el sentido del artículo 45 del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea52, es decir, a la persona que realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de esta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración. Por lo tanto, la protección deberá concederse también a los trabajadores que se encuentran en relaciones laborales atípicas, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duración determinada, así como a las personas con un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, que son formas de relaciones laborales en las que las normas habituales de protección contra el trato injusto resultan a menudo difíciles de aplicar.
(26) En primer lugar, la protección deberá aplicarse a la persona que tenga la condición de «trabajador» en el sentido del artículo 45 del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea52, es decir, a la persona que realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de esta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración, incluidos los funcionarios públicos. Por lo tanto, la protección deberá concederse también a los trabajadores que se encuentran en relaciones laborales atípicas, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duración determinada, así como a las personas con un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, que son formas de relaciones laborales en las que las normas habituales de protección contra el trato injusto resultan a menudo difíciles de aplicar. Finalmente, la protección también debe otorgarse a las personas cuyo contrato de trabajo ya ha finalizado, así como a los trabajadores en prácticas remunerados y no remunerados.
(27) La protección deberá extenderse también a otras categorías de personas físicas o jurídicas que, sin ser «trabajadores» en el sentido del artículo 45 del TFUE, puedan desempeñar un papel clave a la hora de denunciar infracciones de la ley y que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica en el marco de sus actividades laborales. Por ejemplo, en ámbitos como la seguridad de los productos, los proveedores están mucho más cerca de la fuente de posibles producciones abusivas e ilícitas, o de prácticas de importación o distribución de productos inseguros; en la ejecución de los fondos de la Unión, los consultores que prestan sus servicios se encuentran en una posición privilegiada para llamar la atención sobre las infracciones que lleguen a su conocimiento. Dichas categorías de personas, incluidos los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profesionales independientes, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser objeto de represalias en forma de finalización anticipada o anulación del contrato de servicios, la autorización o el permiso; pérdidas comerciales o de ingresos; coacciones; intimidaciones o acoso; inclusión en listas negras o boicot a empresas o daños a la reputación. Los accionistas y quienes ocupan puestos directivos también pueden sufrir represalias, por ejemplo en términos financieros o en forma de intimidación o acoso, inclusión en listas negras o perjuicio a la reputación. Deberá concederse también protección a los candidatos a un empleo o a prestar servicios a una organización y que hayan obtenido información sobre infracciones de la legislación durante el proceso de contratación u otras fases precontractuales y de negociación y puedan sufrir represalias, por ejemplo en forma de referencias negativas a efectos de empleo o de boicot a su actividad empresarial.
(27) La protección deberá extenderse también a aquellas personas que faciliten las denuncias y a los periodistas de investigación que obtengan y publiquen información sobre infracciones, así como a otras categorías de personas físicas o jurídicas que, sin ser «trabajadores» en el sentido del artículo 45 del TFUE, puedan desempeñar también un papel clave a la hora de denunciar infracciones de la ley y que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica o de otro tipo en el marco de sus actividades laborales. Por ejemplo, en ámbitos como la seguridad de los productos, los proveedores están mucho más cerca de la fuente de posibles producciones abusivas e ilícitas, o de prácticas de importación o distribución de productos inseguros; en la ejecución de los fondos de la Unión, los consultores que prestan sus servicios se encuentran en una posición privilegiada para llamar la atención sobre las infracciones que lleguen a su conocimiento. Dichas categorías de personas, incluidos los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profesionales independientes, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser objeto de represalias en forma de finalización anticipada o anulación del contrato de servicios, la autorización o el permiso; pérdidas comerciales o de ingresos; coacciones; intimidaciones o acoso; inclusión en listas negras o boicot a empresas o daños a la reputación. Los accionistas y quienes ocupan puestos directivos también pueden sufrir represalias, por ejemplo en términos financieros o en forma de intimidación o acoso, inclusión en listas negras o perjuicio a la reputación. Deberá concederse también protección a los candidatos a un empleo o a prestar servicios a una organización y que hayan obtenido información sobre infracciones de la legislación durante el proceso de contratación u otras fases precontractuales y de negociación y puedan sufrir represalias, por ejemplo en forma de referencias negativas a efectos de empleo o de boicot a su actividad empresarial.
(27 bis) La protección debe extenderse también a aquellas personas que faciliten las denuncias, intermediarios, periodistas de investigación u organizaciones de la sociedad civil que, con sus actividades, garanticen la divulgación efectiva de información sobre infracciones potenciales o reales.

References: artículo 11
 artículo 10
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45