Source: http://attaccastello.blogspot.com.es/2016/02/
Timestamp: 2017-07-23 12:35:19+00:00

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ATTAC Castelló: de febrer 2016
la duodécima ronda de negociaciones del TTIP, 280 organizaciones de
la sociedad civil europea, con el apoyo de grupos canadienses y de
los EE.UU., han reclamado a la Comisión Europea y al Representante
de Comercio de los EE.UU. la eliminación del Mecanismo de Resolución
de Disputas entre Inversores Extranjeros y Estados (ISDS), y también,
la eliminación de su sustituto, el llamado Sistema de Tribunal del
Inversor (el ICS), del TTIP, del CETA y de cualquier otro tratado de
comercio. Esta cuestión vuelve a la mesa de negociaciones después
de un compás de espera de dos años.
firmantes de esta declaración condenan 'la redenominación' de la
Comisión Europea del viejo ISDS, ya que el ICS también confiere un
enorme poder para sancionar a los gobiernos nacionales cuando
legislen con la intención de proteger la salud pública, el medio
principales preocupaciones que motivaron a 145.000 encuestados a
decir no al ISDS en la consulta abierta por la Comisión Europea sobre el TTIP permanecen sin resolver con el ICS: · Tanto el ISDS
como el ICS dan derechos exclusivos a los inversores extranjeros discriminando
a los inversores nacionales y a la ciudadanía, sin que se haya demostrado que
esto beneficie a la sociedad en su conjunto.
· Tanto el ISDS
como el ICS pueden forzar a los gobiernos a gastar miles de millones de euros
de los contribuyentes para compensar a los inversores extranjeros por
decisiones gubernamentales e incluso sentencias judiciales tomadas en beneficio
de la salud pública, de los trabajadores, del medio ambiente y de cualquier
otra política de interés público. Ni el ISDS ni el ICS permiten que prevalezca
el interés público sobre el privado.
· Ni el ISDS ni el
ICS están sometidos a principios democráticos ni a control público, ni tampoco
los parlamentos podrán legislar en contra de las decisiones que adopten a
través de estos mecanismos.
como el ICS socavan la jurisdicción de los tribunales de los estados europeos,
ya que los inversores extranjeros pueden saltárselo.
ICS tienen en cuenta que los sistemas
legales europeos, canadiense y de los EE.UU. son perfectamente capaces de
resolver las disputas con los inversores extranjeros aplicando las mismas leyes
que se aplican al resto de la sociedad.
el ICS es peor para los Estados miembros que la actual práctica
impuesta por los tratados de inversión, de los cuales un Estado
miembro puede retirarse, no afectando al resto de la Unión Europea,
para la cual seguiría siendo vigente el tratado. Con el TTIP y con
el CETA esto no sería posible para un Estado miembro, a no ser que
decida abandonar la Unión Europea. Si
se firma el TTIP, el mecanismo de resolución de disputas entre
inversor extranjero y Estado (ISDS/ICS) permitirá que, entre 47,000
y 51,495 filiales estadounidenses en Europa ataquen las políticas
sociales de la UE y de sus estados miembros.
Traducción Verónica Gómez
regional de la Unión Internacional de Magistrados.
DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE JUECES (AEJ)
LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE UN NUEVO SISTEMA DE
TRIBUNALES DE INVERSIÓN
propuesta de “un nuevo Sistema de Tribunales de Inversión” según
anunció la Comisión Europea el 16 de Septiembre de 2015 es vista
por la Asociación Europea de Jueces (AEJ) con serias reservas. La
AEJ pide al Parlamento Europeo y al Consejo que examine la propuesta
muy detenidamente preguntándose si la Unión Europea realmente
necesita un sistema de tribunales completamente nuevo para proteger
los derechos de los inversores y, si fuera así, si la propuesta de
un “nuevo y moderno sistema de tribunales de inversión”
(Comisaria Malmström) es el mejor sistema que podemos tener. Siguiendo
la Sección 3 del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión
(TTIP) sobre la “Resolución de Controversias de Inversión y un
Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) de la Comisión, texto
borrador del 16. 09. 2015 (tradoc_153807), la Comisión Europea trata
de introducir un elaborado sistema de resolución de controversias
para las demandas de los inversores contra una parte (por ej. un
estado miembro del acuerdo) que alegue violación de los derechos del
inversor. Se incluyen todo tipo de activos como acciones,
participaciones en compañías, derechos de propiedad intelectual,
bienes muebles e impagados (Capítulo II, Definición x2). Por lo
tanto, la protección de los inversores está cubierta por una amplio
rango del derecho, como el derecho civil, la ley general de
administración pública, el derecho social y la legislación
tributaria de los estados miembro del tratado. El ICS tendría
competencia en todas estas áreas de derecho nacional de los Estados.
los Estados miembro de la Unión Europea son, por definición y de
facto, Estados democráticos en un Estado de Derecho con poderes
judiciales que funcionan correctamente y que tienen competencia de
acuerdo con la ley nacional.
PARA ESTABLECER EL ICS
necesita competencia para introducir un nuevo tribunal en el ya bien
establecido sistema judicial de la Unión Europea y sus Estados
miembro. La AEJ tiene dudas sobre que tal competencia exista. De
acuerdo con su opinión 1/09 del 8 de Marzo, 2011 sobre el texto
borrador para crear un Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes, la
AEJ rechazó la competencia de la Unión Europea para establecer un
nuevo tribunal fuera del ya existente de la Unión Europea. La
base para esta opinión se fundamentó en que “el sistema judicial
de la Unión Europea es un sistema completo de procedimientos y
remedios legales diseñados para asegurar que la revisión de la
legalidad de los actos de las instituciones” (sección 70), además,
el tribunal de patentes debe ser visto como “fuera del marco
institucional y judicial de la Unión Europea. No es parte del
sistema judicial provisto en el Artículo 19 (1) TEU. El Tribunal de
Patentes es una organización con una personalidad jurídica distinta
bajo la ley internacional” (sección 71). Por lo tanto, la AEJ vio
el Tribunal de Patentes como algo fuera del sistema del Tribunal
Europeo. “Está claro que si una decisión del TP fuera a violar la
ley de la Unión Europea, esa decisión no podría estar sujeta a
procedimientos por violación de derechos ni podría dar lugar a una
responsabilidad económica por parte de uno o más Estados miembro”
(sección 88).
lo tanto, la AEJ afirmó que “ el acuerdo previsto, por el cual se
conferiría a un tribunal internacional, fuera del marco judicial e
institucional de la Unión Europea, una jurisdicción exclusiva para
oír un número significativo de acciones presentadas por individuos
en el campo de las patentes comunitarias, y para interpretar y
aplicar la ley de la Unión Europea en ese campo; privaría a los
tribunales de los Estados miembro de sus poderes en relación a la
interpretación y aplicación de la ley de la Unión Europea y al
Tribunal de sus poderes para responder, por resolución preliminar, a
cuestiones referidas por esos tribunales y, consecuentemente,
alteraría el carácter esencial de los poderes que los Tratados
confieren a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados
miembro, los cuales son indispensables para la preservación de la
auténtica naturaleza de la ley de la Unión Europea” (sección
89). La
competencia de la Unión Europea para establecer un sistema de
Tribunales fuera de sistema actual es de hecho muy limitada. Además,
hay que preguntarse si los sistemas legales nacionales y la
transferencia de competencias desde estos a la Unión Europea incluye
la transferencia también de la competencia para establecer un
sistema de tribunales internacionales con una competencia exclusiva.
Si el inversor presentara una demanda al ICS, artículo 6 parte 1,
contra un Estado miembro, no cabría el recurso al Tribunal Supremo
nacional o un Tribunal Constitucional de un Estado miembro o de la
AEJ no ve necesidad alguna en constituir este sistema de tribunales
internacionales. El sistema judicial de la Unión Europea y sus
Estado miembro está bien establecido y es capaz de hacerse cargo de
las demandas de los inversores de manera efectiva, independiente y
justa. La Comisión Europea debería promover los sistemas nacionales
para las demandas de los inversores en lugar de tratar de imponer en
la Unión y los Estados miembro una jurisdicción que no estaría
sujeta a las decisiones del AEJ y ni a los tribunales supremos de los
DE LOS JUECES DEL ICS
el Tribunal de Primera Instancia, 15 jueces serán elegidos por un
periodo de 6 años mediante un “comité” de juristas cualificados
por la autoridad competente en su país de origen. Necesitarán
mostrar conocimiento experto en derecho público internacional, ley
de inversión internacional, derecho comercial internacional y en
resolución de controversias bajo acuerdos de comercio internacional
o de inversión internacional (artículo 9). El sueldo base de los
jueces será de alrededor de 2.000€ al mes, además de otros
honorarios y gastos, los cuales serán transferidos por el Comité en
un sueldo ordinario (artículo 9, sección 12-15).
6 jueces del Tribunal de Apelación serán cualificados por la más
alta autoridad judicial de su país o un jurista con reconocida
competencia, y será elegido por el comité durante 6 años. Su
sueldo base será de unos 7.000€ al mes (artículo 10). Los
jueces, tanto del Tribunal como del Tribunal de Apelaciones, serán
personas cuya independencia esté fuera de toda duda. Serán
independientes de los gobiernos, y no seguirán instrucciones del
gobierno ni de otra organización en materias relacionadas con la
controversia (sección 11). Estas
provisiones para la elección, el tiempo de duración del cargo y la
remuneración, de los jueces del ICS, no cumplen con unos mínimos
estándares para un cargo judicial según se establece en la Carta
Magna Europea de Jueces u otro texto relevante sobre la independencia
de los mismos. La
Carta Magna señala que la independencia de los jueces será
estatutaria, funcional y financiera (sección 3). Las decisiones
sobre su elección, nombramiento y carrera se basaran en criterios
objetivos y decididos por el cuerpo encargado de garantizar la
independencia (sección 5). Ni
el nombramiento, ni la duración del cargo ni el sueldo base cumplen
con estos requisitos. El comité que debería nombrar a los jueces no
se ha formado todavía. Sin embargo, es imposible que tal comité
pueda tener un control sobre la cualificación de los jueces y
juristas nombrados de todos los Estados miembro del Tratado. Este se
mantiene callado en torno a quién va a presentar a estos candidatos
favorables al comité, o si se puede aplicar otro procedimiento. Sin
embargo, el Comité debería ser la última salvaguarda para asegurar
que las personas nombradas son las correctas, pero no hay garantía
de un nombramiento independiente de acuerdo con la sección 3 de la
Carta Magna. Además,
el texto propuesto pide experiencia en ley de inversión
internacional. Sin embargo, la mayoría de las controversias surgen
en relación a temas que atañen a la legislación nacional o la ley
Europea, y no tienen que ver tanto con la ley de inversiones. Por lo
tanto, el criterio para elegir a los jueces de la ICS es dudosamente
el mejor. 6
años de nombramiento son además demasiado pocos para asegurar la
independencia de los jueces nombrados. Como estos jueces no tienen
que esperar además un sueldo propiamente dicho, su independencia
financiera está comprometida. Los jueces deberían ser nombrados
según los mecanismos relevantes nacionales y tener una seguridad de
continuación indefinida. CONCLUSIÓN
Unión Europea y sus Estados miembro tienen todos sistemas judiciales
que funcionan correctamente y son capaces de proteger los derechos de
los inversores en todas las áreas de la ley. Debería ser central en
un acuerdo internacional de comercio e inversión, aplicar este
sistema a los inversores como el cuerpo central con el que
salvaguardar sus derechos. Los
sistemas fuera del sistema judicial, tanto si se trata de un sistema
arbitral o de un nuevo sistema de Tribunales Internacionales de
Inversión, tienen que probar que el árbitro o los jueces en estos
sistemas son seleccionados, organizados, remunerados y ocupan su
cargo, de manera que se garantice su independencia personal y la
independencia del sistema de acuerdo con los estándares
internacionales y Europeos. La AEJ no está satisfecha con la
propuesta ICS porque no cumple con estos criterios. Para
el reconocimiento y la ejecución de decisiones del ICS – más
todavía para aquellos bajo un sistema de tribunales – es esencial
bajo la ley de la Unión Europea, que al menos una última apelación
sea hecha al Tribunal de Justicia Europeo o a un Tribunal Supremo o
Constitucional nacional, dependiendo del tema legal. La necesidad de
garantizar la interpretación y la aplicación de la ley de la Unión
Europea, no puede dar como resultado que nos deshagamos del TJE o de
los tribunales supremos por un acuerdo internacional. Esto alteraría,
según la opinión de la AEJ en 1/09, la naturaleza de la ley de la
Unión Europea y podría infringir las leyes constitucionales
nacionales. FUENTE:
Versión original: http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/11/EAJ-report-TIPP-Court-october.pdf
Artículo relacionado: http://attaccastello.blogspot.com.es/2016/02/opinion-sobre-la-creacion-de-un.html
Opinión sobre la creación de un tribunal de inversión en el TTIP – la propuesta de la Comisión Europea el 19/09/2015 y 11/12/2015
No. 04/16Febrero 2016
Traducción Verónica Gómez A. El talante general de opiniónLa Asociación de Magistrados Alemanes rechaza la propuesta de la Comisión Europea para establecer un tribunal de inversión en el marco del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). La DRB no ve ni base legal para ello ni ninguna necesidad de crear este tipo de tribunal.
B. Repaso en detalle.El Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) propuesto por la Comisión Europea, que se integraría en el sistema de mediación y consulta, sería responsable de las reclamaciones que infringen las cláusulas de protección de los inversores incluidas en el Tratado (Artículo 1 (1)). De acuerdo con la definición del texto propuesto, las inversiones se extienden a cualquier tipo de activos, incluyendo acciones, participaciones en compañías, derechos de propiedad intelectual, bienes muebles e impagados (Capítulo II, Definición x2). La protección legal de la inversión se extiende de esta manera desde el derecho civil a la ley general de administración pública y el derecho social y la legislación tributaria. La propuesta de la Comisión significaría que el ICS tendría competencia judicial en estas áreas para asegurar la protección total del inversor, quien podría acudir al ICS cuando incurriera en pérdidas a través de la violación de los derechos de protección de los inversores (Artículo 1(1)).
ICS Justicia,
Asociación Nacional Arca Ibérica impugna el archivo de la petición de “no firmar el tratado conocido como Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP)"
Arca Ibérica ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, la reapertura de la petición de rechazo a las negociaciones de la
Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (ACTI), más conocida por sus
siglas en inglés “TTIP”, tras la recepción de la resolución de
archivo de su petición por parte de dicho parlamento. En la petición, la Asociación
Arca Ibérica junto a otras,
solicitó a la Comisión Europea el rechazo de dichas negociaciones por
constituir éstas, un desafío contra la dignidad de los europeos, y ser
contraria a los derechos humanos, bajo pretexto de crear empleo en beneficio
exclusivo de las multinacionales; por justificar el atropello y menoscabo de
normas europeas legítimamente consolidadas por sus instituciones sobre derechos
laborales, de seguridad de los trabajadores, de medio ambiente, de calidad
alimentaria y la salud, de transparencia en las gestiones, de defensa de
patentes europeas y de un largo etcétera de Directivas, y reglamentos europeos,
leyes estatales y autonómicas, para ser beneficiadas de una autoridad absoluta
con la que mediante un “Tribunal de Arbitraje” (a favor del beneficio
empresarial), los inversores extranjeros podrán demandar a los gobiernos cuyas
normas impidan desarrollar sus actividades lucrativas.
La Comisión de Peticiones
Europea informó de la sugerencia presentada por el ponente Jarosław WAŁĘSA de 30 de abril 2015, que recogía
además de estas alegaciones, otras como las de la propia Defensora del Pueblo
La asociación Arca Ibérica
también destaca en su comunicado: La carta de 5 de junio de
2014, enviada por el negociador-jefe de la Unión Europea, Ignacio
García Becero a su homólogo estadounidense L.
Daniel Mullaney, en la que había declarado que “todos los
documentos relacionados con las negociaciones se mantendrán fuera del acceso
del público por un período de hasta 30 años”.
El Parlamento Europeo recomendó a la Comisión de Peticiones proseguir con
las negociaciones a pesar de los resultados de la votación de la comisión durante
los meses de abril y mayo 2015, en las que se obtuvieron 53 votos a favor de
admitir la sugerencia de no aprobar el TTIP, contra 15 votos en contra y 3
abstenciones, contradiciendo el sentido democrático de la propia Comisión, más
en armonía con el contenido de las Peticiones.
Entre los votantes a favor de
rechazar el TTIP, están la eurodiputada danesa Margrete Auken creadora del “Informe Auken” del año 2009,
que puso fin al urbanismo extensivo y desbocado de la Comunidad Valenciana, y
la eurodiputada española Marina Albiol.
Por todo ello, ante el Archivo
de la Petición, la Asociación Arca Ibérica ha solicitado su reapertura, así
como el traslado de la petición de rechazo del TTIP a los diferentes países
incorpora la obligación de mantener una política exterior basada en la democracia,
el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así
como observar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho
Internacional, con los cuales el TTIP entra en conflicto. Incluso las
negociaciones no están siguiendo el procedimiento legalmente establecido, por
lo tanto, ni en su elaboración ni en su contenido el acuerdo TTIP es conforme a
la ley. Aunque esta legalidad podrá ser alcanzada con su aprobación.
Los documentos de la petición
se pueden consultar en: https://drive.google.com/folderview?id=0B5yvo-v5WdmrQVZLQ19pTXBEQ0E&usp=sharing
FIRMA CONTRA EL TTIP Y EL CETA Facebook: No al TTIP - Comarques de Castelló
ARCA IBERICA,

References: Resolución

 resolución 
 resolución 
 Artículo 19
 resolución 
 artículo 6

resolución 
 resolución