Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-99.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-09 14:32:02+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 99, de 03/02/2017
cve: BOCG-12-D-99
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios. Cese... (Página2)
Cese... (Página2)
Nombramiento... (Página2)
162/000307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la regulación integral del cultivo, tenencia y consumo de cannabis en el Estado español... (Página3)
162/000308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo... (Página5)
162/000309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas... (Página7)
162/000310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reformar las políticas activas de empleo, reforzar la protección de las personas desempleadas de larga duración y crear un complemento salarial para jóvenes... (Página7)
162/000311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acciones a realizar en apoyo y solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos ante las recientes acciones y declaraciones del Presidente Trump... (Página11)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en la Comisión de Fomento... (Página12)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 31 de enero de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 31 de enero de 2017, de D.ª Laura Cubo Martín, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 31 de enero de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Juan Díaz Trillo, con efectos de 31 de enero de 2017, de D.ª Helena Viles Mitxelena, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 31 de enero de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Laura Cubo Martín, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Juan Díaz Trillo, con efectos de 1 de febrero de 2017 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
162/000307
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para regulación integral del cultivo, tenencia y consumo de cannabis en el Estado español, para su debate en el Pleno.
Los diferentes códigos penales, desde el franquismo hasta la democracia, han ido definiendo las penas de prisión para traficantes que han ido fluctuando entre la mayor y menor represión en función de los momentos en que las relaciones "droga-delincuencia" se consideraban un estigma o una realidad. Sin embargo, en ningún momento la tenencia para el uso personal ha sido contemplada en el Código Penal o castigada penalmente.
Un modelo, sin embargo, que ha sido judicialmente puesto en duda después de la Sentencia 484/5015 del Tribunal Supremo, del llamado caso Ebers. Dicho caso se remonta a una intervención policial en Bilbao en noviembre de 2011 en la que se interceptaron diversas personas en los alrededores del local de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo EBERS (en adelante, EBERS). Las personas detenidas resultaron ser asociadas de EBERS y habían obtenido la sustancia en su condición de miembros de dicha
asociación de autoconsumo. Cabe resaltar que EBERS era una entidad legalmente constituida el año 2010, inscrita en el registro de entidades jurídicas sin ánimo de lucro del Gobierno de Euskadi y tenía como objeto social, de acuerdo con sus estatutos, la "construcción de un proyecto colectivo de uso compartido del cannabis entre personas asociadas, eliminando cualquier riesgo de la difusión de la sustancia a terceras personas no integradas en la asociación".
La sentencia del caso Ebers, a la que le siguieron la del caso Three Monkeys (sentencia 596/2015, del Tribunal Supremo), y Pannagh (sentencia 834/2015, del Tribunal Supremo), en la misma línea, constituye pues un grave precedente en lo que supone la judicialización y criminalización del modelo cannábico español, puesto que el Ministerio Fiscal acusó, no solo de delitos contra la salud pública, sino también por asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal. Lo cual supone un carpetazo al actual modelo para pasar a un modelo de represión y judicialización del asociacionismo organizado en torno al consumo de cannabis. Siendo Pannagh y el club cannábico Three Monkeys entidades legalmente constituidas, inscritas en los correspondientes registros de asociaciones y formadas exclusivamente por personas adultas y consumidoras de cannabis; igual que EBERS.
En marzo de 2012, el Pleno del municipio de Rasquera (la Ribera d'Ebre) aprobó un contrato con la Associació Barcelonesa Cannábica d'Autoconsum para situar una plantación de cannabis que hubiese supuesto unos ingresos de 1,3 millones de euros y 40 puestos de trabajo. La decisión del pleno fue ratificada en una consulta popular celebrada en el municipio el 11 de abril de 2012. Finalmente, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Tarragona ha anulado los acuerdos aprobados por el pleno municipal. La sentencia argumentaba que el plan carecía de un verdadero interés público y, por tanto, el consistorio no tiene competencias para impulsarlo.
Así pues, el caso de Rasquera, en 2012, supuso el inicio de diferentes iniciativas o a nivel de comunidad autónoma, como la ordenanza municipal de Donostia sobre asociaciones cannábicas, la Iniciativa Legislativa Popular de Navarra sobre las asociaciones cannábicas (la primera ILP que ha prosperado en dicha comunidad) y que dio lugar a la Ley Foral 24/2014, Reguladora de los Colectivos de Usuarios de Cannabis. O la resolución parlamentaria del Parlamento de Catalunya sobre las asociaciones cannábicas (Resolución SLT/32/2015. Publicado al "DOGC" n.º 6799 - 29.15.2015), que buscaban dar respuesta al flagrante desequilibrio entre la realidad social y el marco normativo y que han sido sistemáticamente rechazadas y denunciadas ante las instancias judiciales por el Gobierno. A día de hoy siguen en proceso iniciativas propuestas por la sociedad civil en busca de soluciones y encajes legales, propuestas por la sociedad civil, como la ILP de la Rosa Verde en Catalunya o la creación de una ponencia de estudio para regular el uso terapéutico y la regulación de los clubes sociales de cannabis en el Parlamento de las Islas Baleares.
A nivel internacional, en EE.UU., más de 20 estados han regulado el acceso a la marihuana medicinal, 5 (Distrito de Columbia, Oregón, Washignton, Colordo y Alaska), también a la marihuana recreativa. En noviembre de 2016, cinco estados sometieron a referéndum la legalización total de la marihuana resultando aprobada en California, Nevada y Massachusetts. Uruguay también reguló integralmente el mercado de la marihuana en 2012. Asimismo, el primer ministro de Canadá anunció en su campaña electoral que regularía el mercado del cannabis durante su primer año de mandato, será el primer país del G-7 que lo haga.
Según el informe "Los 5 pilares para la regulación integral del cannabis" elaborado por la Plataforma Regulación Responsable, en base a los datos del Plan Nacional Sobre Drogas, se estima que en 2013, en el Estado español, más de dos millones de personas consumieron cannabis al menos una vez en el último mes y más de 600.000 lo hicieron cada día. Asimismo, las estadísticas apuntan que alrededor de 10 millones de personas en el Estado han fumado alguna vez cannabis a lo largo de su vida.
Es necesario mencionar también el impacto económico que supondría la legalización del cánnabis en el Estado español. Según estimaciones de consumo de cánnabis en el Estado en el año 2016 y en base a la suposición de un IVA del 21 % para el cánnabis, estaríamos ante unos ingresos de unos 200 millones de euros, además de los ingresos que se repercutirían de las cotizaciones a la Seguridad Social y al IRPF además de la creación de puestos de trabajo dedicados al cultivo y al mantenimiento de las propias asociaciones cannábicas.
Ante tal normalización social es necesario que el consumo de cannabis tenga también una normalización legal y legislativa, haciendo que el autoconsumo, el autocultivo, los clubes sociales de cannabis, el comercio con licencia, la educación para el consumo responsable y el acceso terapéutico sean los pilares fundamentales para la regulación responsable e integral del cannabis. Asumiendo que este será un primer paso de muchos en la dirección de un cambio de paradigma basado en los derechos humanos y la salud pública de todas las personas.
1. Realizar una regulación integral del cultivo, tenencia en vía pública y consumo de cannabis en el Estado español.
2. Realizar una regulación jurídica específica del comercio del cannabis, respetando en cualquier caso las competencias de las Comunidades Autónomas sobre salud pública, consumo y comercio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2017.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para potenciar la industria y el cambio de modelo productivo, para su debate en el Pleno.
La industria española adolece de las deficiencias estructurales de nuestra economía. El descenso del peso de los sectores industriales en la economía frente al auge de los servicios ha puesto en evidencia esas debilidades estructurales con la crisis económica.
Según el sindicato CCOO., que ha denunciado en un comunicado de prensa que no se han tomado medidas para suavizar los desequilibrios y dificultades que arrastran los sectores que deberían pilotar la recuperación económica, la industria solo ha recuperado el 22 % de la producción que se destruyó durante los años más duros de la crisis. Su participación en el PIB se sitúa 7,5 puntos porcentuales por detrás del objetivo (un peso de la industria en el PIB agregado europeo del 20 %) que aspira alcanzar la Unión Europea (UE) en 2020. Además, el sector industrial registra un volumen de empleo que crece débilmente y mantiene los desequilibrios y dificultades que registraba antes del desplome de la economía.
Utilizando datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), el 1 de enero de 2008 había en España 3.414.779 empresas, de las cuales el 7,2 % (245.954 empresas) eran industriales. Además, el 23,7 % de las grandes empresas eran industriales. El 1 de enero de 2015, el número de empresas descendió hasta 3.182.321, de las que el 6,2 % son industriales (197.191 empresas). Y el porcentaje de grandes empresas que son industriales descendió hasta el 21,2 %. La pérdida de empresas en el sector industrial ha sido superior en términos relativos a la producida en el conjunto de la economía.
Además, como ha señalado el sindicato UGT en un estudio de su Gabinete Técnico Confederal, hemos pasado de tener en 2008 un 94,1 % de microempresas (de 0 a 9 trabajadores) a un 95,9 % en 2015, cuando la media europea se sitúa en el 92,7 %. En la industria, las pymes (de 10 a 249 trabajadores) suponen
un 14,1 %, mientras las microempresas son el 85,4 %. En el conjunto de la economía las microempresas son el 95,9 % y las pequeñas y medianas empresas suponen el 4,1 %.
En ese periodo el empleo industrial ha pasado de suponer el 16,3 % al 13,6 % del total. Y el empleo asalariado en la industria ha descendido desde el 17,5 % al 14,7 % entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2015, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
También es un error apostar por la reducción de costes laborales como elemento central de la competitividad de las empresas. Esto hace que España se perpetúe como el low cost de los países del euro frente a la evidencia de que las industrias más competitivas se caracterizan por altos salarios y calidad en el empleo. Por el contrario, mejorar la productividad para obtener menores costes de producción, exige impulsar la investigación y el desarrollo y una política energética bien planificada.
1. Desarrollar un plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical para avanzar en un nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior.
2. Converger con Europa en inversión pública en investigación, desarrollo e innovación y estimular la participación del sector privado en actividades innovadoras.
3. Crear un polo de banca pública en nuestro sistema financiero con divisiones especializadas en la financiación empresarial.
4. Articular planes sectoriales para hacer frente a los procesos de reestructuración y deslocalización industrial y desarrollar políticas de cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos.
6. Establecer una planificación energética que apueste por las tecnologías renovables, reduzca la dependencia del exterior, considere al suministro eléctrico como un servicio público esencial e introduzca transparencia en la formación de precios en el mercado de la energía."
162/000309
Doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas, para su debate en Pleno.
La propuesta fue realizada tras la visita realizada a las instalaciones del Acuartelamiento Aéreo Bardenas-polígono de tiro de las Bardenas, en el transcurso de la cual los representantes de las formaciones asistentes pudieron comprobar la intención, tanto de la Junta de Bardenas como del Ministerio de Defensa, de no cumplir el compromiso de revisar en 2018 el convenio con la Comunidad de Bardenas sobre el polígono de tiro y continuar así con la instalación militar hasta 2028.
Siendo 2018 el año de revisión del convenio entre el Estado y la Comunidad de Bardenas, la mayoría parlamentaria en Navarra cree que es el momento de trabajar y estudiar otras opciones que permitan el desarrollo económico de las Bardenas y de los pueblos de la zona, como el fomento de su potencial turístico y natural.
2. El Congreso de los Diputados insta a la Junta de Bardenas y al Ministerio de Defensa a que se denuncie el Convenio en 2018 y no se proceda a su renovación automática.
162/000310
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reformar las políticas activas de empleo, reforzar la protección de las personas desempleadas de larga duración y crear una complemento salarial para jóvenes, para su debate en el Pleno del Congreso.
La peor herencia de las grandes recesiones es el paro de larga duración. Sus altos niveles son una fuente de preocupación en toda Europa, y especialmente en España. El desempleo en la Unión Europea
alcanzó su máximo en 2013. En 2015, 11 millones de parados en la UE ya eran de larga duración (es decir, llevaban buscando trabajo durante al menos un año), lo que suponía la mitad de todos los parados y el 4,5 % de la población activa. Incluso con las actuales tasas de crecimiento económico es improbable que este problema se resuelva pronto y, de hecho, podría empeorar si el crecimiento se frenase.
La tasa de paro de larga duración europea se duplicó entre 2008 y 2013, pasando del 2,6 % al 5 %, y la proporción de parados de larga duración en el paro total pasó de un tercio a la mitad. Según los últimos datos de Eurostat, el 47,5 % de los desempleados entre 25 y 49 años y el 64,9 % de los desempleados entre 50 y 64 años en España son de larga duración. Estas cifras contrastan con las de países vecinos, como Dinamarca, Suecia, Finlandia o Reino Unido, que tienen unas tasas de desempleo de largo duración de trabajadores entre 25 y 49 años inferiores al 30 % y de trabajadores entre 50 y 64 años inferiores al 45 %.
La situación de desempleo de larga duración es muy diversa entre países: mientras que en España, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia el aumento ha sido pronunciado, de 3,5 puntos porcentuales o más, el promedio de aumento en la UE ha sido de 1,6 puntos porcentuales y de 0,7 puntos porcentuales entre los países de la OCDE. Además, el aumento ha sido relativamente modesto en la mayoría de los países anglosajones e incluso ha caído en Alemania.
La incidencia del paro de larga duración también varía enormemente entre diferentes grupos de trabajadores: hay algunos grupos de población que son claramente más vulnerables que otros. Tener una edad madura es un factor de riesgo primordial en casi todos los países: en España, más de la mitad de trabajadores mayores de 30 años en situación de desempleo llevan más de 12 meses en esta situación. Entre los mayores de 50 años, más del 50 % de los desempleados lo llevan más de 24 meses. Pero el paro de larga duración es también un problema para los jóvenes en nuestro país, lo que posiblemente esté relacionado con la naturaleza dual de nuestro mercado de trabajo. Por último, existe evidencia de que los trabajadores con baja educación suelen ser más propensos a experimentar largos periodos de paro.
El paro de larga duración provoca un considerable estrés mental y material en las personas afectadas y sus familiares, y hay abundante evidencia de que la probabilidad de encontrar empleo de los parados tiende a caer con la duración del mismo. Los parados de larga duración encuentran enormes problemas para conseguir un nuevo empleo, y cuando lo consiguen, es probable que sea de baja calidad. Por lo tanto, en muchos casos, el desempleo de larga duración desemboca en la salida definitiva del mercado de trabajo: muchos parados de larga duración pueden encontrarse pronto en el margen del mercado de trabajo, con escasas opciones de volver a trabajar. A nivel agregado, esta situación puede traducirle en bajas tasas de crecimiento y alto paro estructural, y a nivel individual estaríamos desperdiciando el talento y la experiencia de miles de trabajadores perfectamente formados y aptos para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país, y agrandando el drama humano de hombres y mujeres que a edades muy lejanas de la jubilación se ven fuera del mercado laboral.
Las evaluaciones de impacto más recientes indican que las políticas activas de empleo pueden ser herramientas eficaces para reinsertar a los parados de larga duración, incluso en el contexto de una profunda recesión. Se observa que los impactos medios de estos programas son mayores para los parados de larga duración que para otros grupos de trabajadores en todos los horizontes temporales. Además, se encuentra que los programas de formación y el empleo subvencionado en el sector privado tienen los mayores efectos a largo plazo sobre los resultados posteriores en términos de empleo.
No obstante, el diseño de estas políticas es crucial: deben adaptarse a las necesidades de cada individuo. Esto requiere contar con servicios públicos de empleo bien preparados y de diseñar planes de acción individuales eficaces. España todavía necesita poner en marcha herramientas muy básicas para ofrecer una atención personalizada a los grupos más vulnerables. Es urgente poner en marcha planes que actualicen la formación de los desempleados combinados con programas de orientación individualizada en la búsqueda de empleo. Una de estas propuestas consiste en que los servicios públicos de empleo dispongan de una herramienta de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo, basada en sus características personales y en su historial formativo y laboral, que permitiría no solo disponer de información sistematizada sobre nuestros desempleados, sino también disponer de estimaciones sobre sus posibilidades de colocación en diferentes sectores que permitan orientarlos de manera personalizada y formular propuestas de itinerarios individualizados.
Desgraciadamente, las políticas activas son uno de los mayores fracasos de nuestro sistema político. El vigente texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, define las políticas activas de empleo como el conjunto de servicios y programas de orientación,
empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
Sin embargo, lejos de sus objetivos, las políticas activas de empleo no se han mostrado hasta el momento en nuestro país como un instrumento eficaz para promover la inserción laboral de las personas desempleadas. En este sentido, Ciudadanos ha reclamado en reiteradas ocasiones la necesidad de mejorar nuestras políticas activas de empleo con el objetivo de que convertirlas en instrumentos eficaces para facilitar la inserción laboral de los desempleados, especialmente los de larga duración.
Frente al recurso a parches que intentan paliar lo que es indudablemente una situación muy difícil, pero que presentan dos problemas, uno de financiación (tenemos comprometido con nuestros socios europeos para el año que viene para pasar del 4,6 % de déficit al 3,1 % con el que se tendrá que cerrar 2017) y otro de incentivos (los hogares que perciben estas prestaciones las pierden abruptamente cuando aumentan sus ingresos o cuando acceden a un trabajo remunerado), en Ciudadanos pensamos que es imprescindible dar apoyo a las personas sin trabajo y sin ingresos centrando los esfuerzos en mejorar las fracasadas políticas de activación y reinserción laboral y conectarlas con las rentas mínimas ya existentes en las Comunidades Autónomas, armonizando sus requisitos, características y medidas de acompañamiento para la inserción social y la activación para el empleo con la finalidad de configurar un verdadero Sistema Nacional de Inclusión Social.
Hacer promesas de gasto que no se pueden financiar es la mejor fórmula para perjudicar a los que peor lo están pasando. Por ejemplo, la propuesta para la creación de una prestación de ingresos mínimos promovida por los sindicatos supondría un coste total de entre 10.000 y 15.000 millones de euros, unas cifras inasumibles teniendo en cuenta las actuales restricciones presupuestarias y los compromisos con la Unión Europea, y que únicamente podrían financiarse bien recortando la financiación de otros servicios públicos fundamentales o bien mediante una considerable subida de impuestos a la clase media y trabajadora (una subida del IVA al 25 % o una subida del IRPF en todos sus tramos, incluidos los más bajos). Además, dicha propuesta se configuraría como una prestación económica de la Seguridad Social, que actualmente presenta un déficit superior a los 15.000 millones (situación que los promotores de esta iniciativa proponen resolver aumentando los impuestos), lo que agravaría el déficit del sistema y comprometería aún más la sostenibilidad de nuestras pensiones.
Frente a este tipo de medidas, inviables en la situación actual, la clave está en que las ayudas públicas sirvan a los desempleados para buscar un empleo, ya que, hasta ahora, los fondos de formación, a la que se dedican 7.000 millones de euros, han resultado ser una inagotable fuente de corrupción y han estado marcados por el clientelismo político. Por el contrario, esos fondos deben poder servir para que los desempleados de larga duración recuperen la esperanza y puedan tener una oportunidad.
1. Revise el Programa de Activación para el Empleo (PAE) con la finalidad de aumentar el grado de protección de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, abordando, entre otras medidas:
b) Ampliar el plazo en el que el trabajador deba acreditar la realización de tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAI) hasta los tres meses.
2. Establezca una ayuda de acompañamiento en forma de complemento al salario para todos los jóvenes menores de treinta años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que accedan a un empleo, con una duración que será ampliable en caso de que el trabajador se matricule en centros educativos o se inscriba en procesos oficiales con el fin de obtener una titulación educativa reglada, promoviendo con ello el reenganche de aquellos jóvenes que abandonaron el sistema educativo de manera temprana. En paralelo se reformará la actual bonificación para la contratación de personas beneficiarias del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil para extender su aplicación a todos los trabajadores jóvenes hasta los treinta años y a los que sean beneficiarios del complemento al salario joven antes referido.
3. Promueva la constitución de un grupo de trabajo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia al objeto de analizar la situación actual de las rentas de inserción social vigentes en las distintas Comunidades Autónomas, con el objetivo de acordar las medidas necesarias para armonizar sus requisitos, características y medidas de acompañamiento para la inserción social y la activación para el empleo con la finalidad de garantizar una cobertura eficaz de las necesidades mínimas vitales de todas las personas y familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión social en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, previendo, igualmente, el establecimiento un complemento de mínimos en estas rentas de inserción social por parte del Estado, a fin de configurar un verdadero Sistema Nacional de Inclusión Social.
4. Refuerce la cartera común de los servicios públicos de empleo de manera que se garantice en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por los mismos. En particular, se potenciarán los servicios de orientación laboral y formativa con el fin de garantizar una atención personalizada de las personas desempleadas, se profundizará en la vinculación de las diferentes acciones en materia de políticas activas de empleo y su financiación a los resultados obtenidos en términos de inserción formativa y laboral de las personas desempleadas, y se informará públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer su fiscalización pública.
5. Desarrolle, para su puesta a disposición por los servicios públicos de empleo en el plazo máximo de seis meses, un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas. Esta nueva herramienta contará con toda la información disponible en los registros del Sistema Nacional de Empleo y con la que sea aportada por los portales de empleo privados, de modo que los orientadores laborales dispongan de datos actualizados sobre la evolución del mercado de trabajo, las competencias demandadas en diferentes ocupaciones y los indicadores de eficacia esperados de cada una de las políticas activas de empleo disponibles, a partir de los cuales, entre otras acciones, puedan formular propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados para cada demandante de empleo atendiendo a su probabilidad estimada de colocación.
6. Apruebe, en un plazo máximo de tres meses, el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, con el objetivo diversificar la oferta de acciones de formación, incorporando, entre otras, la implantación de un sistema de cheques de formación, accesible de manera inmediata para los desempleados de larga duración, con el que las propias personas desempleadas puedan elegir directamente, con la asistencia en su caso de los servicios de orientación laboral de los servicios públicos de empleo, los cursos de formación que más se adapten a su perfil de empleabilidad y a sus necesidades de colocación.
8. Constituya una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo, como organismo independiente con competencias suficientes para evaluar de forma continua los efectos de las políticas activas de empleo implementadas por todas las Administraciones Públicas, con la finalidad de mejorar la coordinación interterritorial entre las mismas y entre los servicios públicos de empleo que las promuevan y fomentar un aumento de su eficacia y eficiencia en términos de inserción formativa, laboral y social.
9. Convierta las reducciones vigentes en las cuotas a la Seguridad Social para el fomento de la contratación en bonificaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, entre ellas el mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo indefinido, previsto en el artículo 8 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, y reoriente esta última para que se dirija en exclusiva a fomentar la contratación de las personas desempleadas de larga duración con cuarenta y cinco años o más, a fin de maximizar su eficacia a la hora de facilitar la inserción de los colectivos con mayores dificultades en el acceso al empleo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000311
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre acciones a realizar en apoyo y solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos ante las recientes acciones y declaraciones del Presidente Trump, para su debate en el Pleno de la Cámara.
El 25 de enero de 2016, solo cinco días después de su toma de posesión como Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para que se proceda a la construcción de un muro en la frontera con los Estados Unidos Mexicanos, al objeto evitar la entrada irregular en los Estados Unidos de ciudadanos mexicanos y de otros países iberoamericanos.
Con posterioridad a la firma de la citada orden ejecutiva, y pocos días antes de que se celebrara una reunión en Washington entre ambos Presidentes, Trump ha reafirmado su intención de que el coste del muro anteriormente citado (estimado en 10.000 y 25.000 millones de dólares estadounidenses) sea abonado por México "directa o indirectamente"; llegando a afirmar que si México no se allanaba a sus pretensiones no tenía sentido la celebración de reunión de trabajo entre ambos mandatarios prevista para el martes 31 de enero.
En la misma línea, el portavoz del Casa Blanca ha afirmado que en el caso de que México no proceda al pago del coste del muro, están estudiando la posibilidad de establecer un arancel del 20 % a las importaciones procedentes de México, afirmando, que de ese modo en poco tiempo se tendría compensado el coste del muro.
Estas acciones y declaraciones, ya como Presidente de los EEUU, son manifestación de la actitud de desprecio que el ahora Presidente Trump mostró hacia la población de origen hispana e iberoamericana durante todo el periodo electoral.
4. Intensificar los contactos diplomáticos con los EEUU en favor de la buenas relaciones entre México y los EEUU, ayudando al diálogo y comprensión mutuos."
Núm. expte.: 184/004093.
Núm. registro: 8640.
Objeto iniciativa: Actuaciones realizadas en la nueva estación de ferrocarriles de Huelva, así como inversiones durante los ejercicios 2012 a 2015.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000047.
Núm. expte.: 184/004094.
Núm. registro: 8641.
Objeto iniciativa: Actuaciones realizadas en la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, así como inversiones durante los ejercicios 2012 a 2015.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000048.
Núm. expte.: 184/004095.
Núm. registro: 8642.
Objeto iniciativa: Inversiones realizadas de 2012 a 2016 correspondientes a las obras de mejora, reparación o acondicionamiento de la línea férrea Huelva-Zafra.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000049.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 193