Source: https://elderecho.com/el-deposito-para-recurrir-en-los-casos-de-responsabilidad-civil-derivada-de-la-circulacion-de-vehiculos-a-motor-a-la-luz-de-la-praxis-judicial
Timestamp: 2019-02-17 07:49:12+00:00

Document:
El depósito para recurrir en los casos de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor
El depósito para recurrir en los casos de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor, a la luz de la praxis judicial
I. Límites al acceso al recurso
La Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC- recoge en su art. 449.3 una limitación al acceso a los concretos recursos devolutivos, al disponer que:
“En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto. Dicho depósito no impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada”.
En este sentido, hay que traer a colación la consolidada jurisprudencia constitucional en materia de acceso a los recursos, de la que se puede citar la Sentencia del TC de 8 de abril de 2002, conforme a la cual:
“…así como el acceso a la jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE, el sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales ha de incorporarse al mencionado derecho fundamental proclamado en el citado art. 24.1 CE en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los distintos órdenes jurisdiccionales, con la excepción del orden jurisdiccional penal, en razón de la existencia en él de un derecho del condenado al doble grado de jurisdicción."
Por su parte, la Sentencia del TC de 26 de enero de 2009 (FJ 3º) (EDJ 2009/12452) se pronunció en los siguientes términos:
“…no existe propiamente un derecho derivado de la Constitución a disponer de un recurso contra las resoluciones judiciales, salvo en lo relativo a sentencias penales condenatorias, de manera que, con esta última excepción, son las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales las que determinan los concretos supuestos en que procede un recurso, de modo que su establecimiento y regulación pertenecen al ámbito de libertad del legislador. No obstante “una vez que el legislador ha previsto un concreto recurso contra determinadas resoluciones judiciales, el derecho a disponer del citado recurso pasa a formar parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, incorporándose o integrándose en él, lo que es coherente con el carácter del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como derecho de configuración legal” (STC 270/2005, de 24 de octubre, FJ 3) Ahora bien, nuestra reiterada doctrina mantiene que “el control constitucional de esas resoluciones judiciales es meramente externo y debe limitarse a comprobar si tienen motivación y si han incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica” (STC 256/2006, de 11 de octubre, FJ 5)…”.
Es el derecho a la tutela de la víctima el que legitima al legislador a establecer la referida diferencia procesal de trato, que avala la exigencia del depósito para recurrir por ser dicha medida cautelar proporcionada al fin constitucional perseguido.
Por tanto, la exigencia contenida en el art. 449.3 LEC no constituye un formalismo desproporcionado contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos.
II. La finalidad del depósito
De la lectura del art. 449.3 LEC se vislumbra que de lo que se trata con el depósito previo es proteger el derecho a una eficaz y rápida tutela del perjudicado, plasmada, tanto en la exigencia de garantizar a través del depósito el cobro puntual de la indemnización, como en proteger al mismo frente a recursos abusivos o dilatorios por parte del responsable civil, que podrían perpetuar en el tiempo el derecho de crédito de la víctima a ser resarcido, una vez que este derecho ha sido reconocido en una sentencia de condena.
En este sentido, cabe destacar el Auto de AP Sevilla, sec. 5ª, nº 150/2011, de 8 de julio (EDJ 2011/250724), que declara lo siguiente:
“…La necesidad de esta agilización es fruto de las actuales tendencias internacionales de protección a la víctima que, como la Declaración 40/34 de 29 noviembre 1985 de la Asamblea General de la ONU o el Convenio Europeo 116 relativo a la indemnización de las víctimas de infracciones violentas, de 24 noviembre 1983, instan a los Estados signatarios a la adopción de medidas tendentes a obtener una rápida reparación a las víctimas y a evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o sentencias que concedan indemnizaciones a los perjudicados...".
Por tanto, se espera que con este depósito el condenado sólo recurrirá aquellos asuntos que verdaderamente esté fundada su impugnación y le interese, nunca con ánimo dilatorio.
A parte de la doctrina del TC, esta finalidad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia menor, como es el caso de la Sentencia de AP Jaén, sec. 3ª, nº 168/2007, de 12 de julio (EDJ 2007/224268), para la que:
“Según la doctrina más acreditada se considera que la finalidad tuitiva de la norma es la protección del perjudicado para limitar los recursos abusivos, impulsando los acuerdos transaccionales…”.
En otras resoluciones también se aprecian otras finalidades que podrían calificarse como secundarias. Tal es el caso del Auto de AP Madrid, sec. 14ª, nº 310/2005, de 27 de diciembre (EDJ 2005/260126), para el que:
“…facilita notablemente la ejecución provisional de la sentencia con cargo al depósito, si es que se hubiere pedido…”.
O el de la Sentencia de AP Cádiz, sec. 6ª, nº 51/2001, de 13 de julio (EDJ 2001/45697):
“…asegurar la inmediata efectividad de la sentencia firme sin necesidad de tener que recurrir a la apertura de la vía de apremio…”.
Con lo expuesto, queda clara la necesidad del límite establecido en el art. 449.3 LEC en interés del derecho de la víctima.
III. La naturaleza y carácter de este requisito
En primer lugar, hay que destacar que, al ser el requisito para recurrir previsto en el art. 449.3 LEC una materia de orden público y, por tanto, de carácter imperativo, escapa al dispositivo de las partes y del órgano judicial, por lo que -ya adelanto- su cumplimiento debe ser controlado y revisado de oficio por los Tribunales.
Por otro lado, es importante destacar su carácter restrictivo; respecto de la interpretación que hay que hacer del art. 449.3 LEC, interesa destacar la Sentencia del TS, Sala 1ª, nº 11/2011, de 3 de febrero (EDJ 2011/13858) para la que:
“La interpretación del artículo 449.3 LEC, en la medida que establece una carga que condiciona el derecho de acceso a los recursos, ha de hacerse de forma restrictiva, de manera que no puede extenderse su aplicación a supuestos distintos a los contemplados”.
Este punto ha sido recientemente recordado por la Sentencia del TS, Sala 1ª, nº 679/2014, de 27 de noviembre (EDJ 2014/208183).
IV. ¿A qué procesos se refiere el art. 449.3 LEC?
Una de las cuestiones que más dudas ha suscitado el régimen jurídico del precepto en cuestión es la determinación del ámbito de aplicación del mismo.
A) En atención al tipo de procedimiento
Está claro que se aplicará a aquellos juicios declarativos, ordinarios y verbales, que por razón de la cuantía (arts. 249.2 y 250.2) se han seguido para la exigencia de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor.
Así se ha pronunciado, entre otras muchas, la Sentencia de AP Asturias, sec. 5ª, nº 219/2009, de 24 de junio (EDJ 2009/139754).
Ahora bien, cabe preguntarse también si es exigible la obligación de pago o consignación para la admisión del recurso en los procesos de ejecución de títulos judiciales, derivados del seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.
El punto de debate más importante en esta materia es la aplicación o no del art. 449.3 LEC al proceso de ejecución previsto en los arts. 538 y ss LEC, y en concreto a la ejecución del título ejecutivo previsto en el art. 517.2.8º LEC, y resolución que le ponga fin, al tratarse de una resolución y título que se refieren a daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículo de motor.
En la jurisprudencia menor se aprecia la existencia de dos corrientes, una contraria y otra favorable a tal posibilidad.
En primer lugar, en sentido contrario, cabe destacar el importante Auto de AP Castellón, sec. 1ª, nº 81/2004, de 4 de marzo, cuyos argumentos empleados en la defensa de tal tesis se pueden resumir en los siguientes:
- Según una interpretación gramatical del art. 449.3 LEC, se refiere el mismo a procesos en que se declare judicialmente la condena a pagar una determinada indemnización, expresión que encaja mal con la naturaleza del proceso de ejecución, que tiene por objeto la ejecución de un título judicial o no, no la declaración.
- La ubicación sistemática del art. 449.3 LEC lleva a concluir que dicha norma está dirigida a los procesos declarativos no a los de ejecución.
- La percepción de las cantidades objeto del procedimiento quedan garantizadas antes de tenerse por preparado el recurso de apelación contra el auto despachando ejecución, al haberse embargado previamente los bienes de la ejecutada, en el auto despachando ejecución.
- El recurso de apelación contra el auto desestimatorio de la oposición a la ejecución es en un solo efecto, devolutivo, art. 561.3.1 LEC, es decir, no suspende el curso de la ejecución.
- La jurisprudencia recaída al albor de la DA 1ª, apartado 4, LO 3/1989 de 21 de junio, en relación con esta materia y el juicio ejecutivo del automóvil, no prevé este depósito.
Ejemplo más reciente de dicha tesis es el Auto de AP Granada, sec. 3ª, nº 26/2012, de 2 de marzo (EDJ 2012/335780), para el que:
“…ya señalamos en nuestro Auto de 17 de abril de 2009, que no cabe aplicar el art. 449.3 LEC, en el ámbito del proceso ejecutivo previsto en la LEC, en ejecución del título previsto en el art. 517.2, 8º LEC, teniendo en cuenta la interpretación literal del precepto del que ya puede inferirse su no aplicación en el ámbito del proceso de ejecución en el que nos encontramos (donde no se pretende ninguna condena). Deben además considerarse las circunstancias específicas que concurren en el Auto desestimando la ejecución , mandando que siga adelante, poniendo fin a su vez a la suspensión acordada conforme a lo dispuesto en el art. 556.3 LEC, que no renace por la interposición de recurso de apelación , continuando el curso de la ejecución pese al recurso art. 561.3 LEC, sin que por tanto su presentación pueda entorpecer la efectividad del crédito por indemnización de daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor. En consecuencia es evidente que el depósito previsto en el art. 449.3 LEC, no cumple aquí con su naturaleza y finalidad, conseguir la agilización de los procesos civiles derivados de los daños y perjuicios ocasionados por vehículos a motor, tratando de evitar, el planteamiento de recursos infundados o meramente dilatorios que alarguen sin motivo el abono de las cantidades otorgadas, ya que en este procedimiento, tal objetivo se cumple por el mandato del art. 561.3 LEC, al carecer de efectos suspensivos el recurso de apelación, una vez alzada la decretada por virtud del art. 556.3 del mismo texto legal en el Auto mandando seguir la ejecución. En consecuencia, sin que proceda acudir a una interpretación extensiva del 449.3 LEC, favoreciendo el derecho de tutela judicial efectiva y el acceso al recurso ordinario de apelación, estimamos que no procede en este caso considerar mal admitida la apelación examinada, aunque al tiempo de preparase el recurso, por Seguros Mercurio, frente a la resolución que mando seguir adelante la ejecución despachada, no estuviese depositada íntegramente la cantidad por la que se despachó ejecución, incluyendo los intereses vencidos…”.
La expuesta es la tesis más extendida pero, como dije, también hay cierta corriente que considera la necesidad de la consignación en los supuestos del art. 517.2, 8º LEC. Así lo entendió el Auto de AP Madrid, sec. 9ª, nº 2/2005, de 15 de septiembre (EDJ 2005/185949), según el cual:
“…la cuestión jurídica a analizar quedaría circunscrita a si la obligación de constituir el depósito para recurrir, que establece el art. 449.3 LEC, resulta aplicable en los procesos de ejecución de títulos judiciales derivados del seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor (art. 517.2.8° LEC), y en concreto, si es exigible en los recursos de apelación formulados contra los autos que resuelvan la oposición si la resolución recurrida fuera desestimatoria de la oposición.
En este sentido, y aun conociendo la existencia de otras resoluciones de la denominada jurisprudencia menor que, con relación a este requisito para recurrir en la ejecución de títulos judiciales, entiende no aplicable a la ejecución de títulos judiciales el depósito previo previsto en el art. 449.3 LEC -AAP Castellón, sec. 1ª, de 4 de marzo de 2004-; esta Sala por el contrario entiende perfectamente aplicable a este proceso que estamos analizando lo dispuesto en el art. 449.3 LEC…”.
B) En atención a la cuestión litigiosa
La importante Sentencia del TS, Sala 1ª, nº 11/2011, de 3 de febrero (EDJ 2011/13858), sentó que:
“La interpretación del art. 449.3 LEC ha de hacerse de forma restrictiva, de manera que no puede extenderse su aplicación a supuestos distintos a los contemplados”
“La norma afecta a quienes resultan condenados al pago de una indemnización como responsables por los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor”.
De ahí, que esta citada Sentencia considerara inexistente la obligación de consignar puesto que la condena de la recurrente tuvo su origen en la conducción de una bicicleta, que no es vehículo de motor. Así, en la referida sentencia se dice lo siguiente:
“En el recurso, la condena de la recurrente tiene su origen en la conducción de una bicicleta, que no es un vehículo de motor, lo que implica que la recurrente no ha sido condenada como responsable de los daños y perjuicios derivados del riesgo creado por la circulación de un vehículo a motor y no le debió ser exigida la constitución del depósito para apelar la sentencia de primera instancia”.
A este respecto, sigue diciendo la Sentencia del TS, Sala 1ª, nº 679/2014, de 27 de noviembre (EDJ 2014/208183), que:
“…dicha exigencia ha de quedar reservada para los supuestos en que la acción de reclamación se refiere a la indemnización de los daños y perjuicios causados y es ejercida por quien los sufrió, sin que pueda extenderse a supuestos como el presente en que tal acción es distinta pues en este caso, una vez satisfecho el perjudicado, la que ejercita el Consorcio de Compensación de Seguros -que satisfizo la indemnización correspondiente en virtud de una obligación legal- no es propiamente de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de circulación sino de repetición frente al responsable del accidente, sin que el Consorcio pueda ser considerado directamente perjudicado por el accidente…”.
En el ámbito de la jurisprudencia menor, la Sentencia de AP Madrid, sec. 20ª, nº 555/2014, de 26 de noviembre (EDJ 2014/236650), destacó lo siguiente:
“Centrado así el objeto del recurso (…) acción de repetición que se ejercita por acto negligente de uno de sus empleados, dentro de la actividad por ésta desarrollada, referente a la restauración; dirigiendo la demanda frente a la Aseguradora Mapfre al amparo de lo prevenido en el art. 76 LCS; en cuanto aseguradora de la responsabilidad civil.
Por tanto no estamos ante un supuesto de la circulación propiamente dicho y, por ende, no es de aplicación al caso enjuiciado lo preceptuado en el art. 449.3 LEC, en cuanto establece determinados requisitos en casos especiales para recurrir, y así en su apartado 3 dice: "En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirá al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación (…) si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto”.
Por ello no examinaremos la suficiencia o insuficiencia de la consignación efectuada en las actuaciones por Mapfre, al entender, como hemos dicho, que referido requisito de procedibilidad no es aplicable al caso enjuiciado…”.
C) La cuestión del accidente provocado por la incursión en la calzada de animales
Ésta es otra cuestión debatida, apreciándose posturas en sentido afirmativo y negativo.
Así, en primer lugar, cierto sector de jurisprudencia menor se manifiesta en contra de exigir tal limitación del recurso dado que lo que se reclama es la indemnización por daños derivados de la irrupción de un animal salvaje. Tal es el caso de la Sentencia de AP Girona, sec. 1ª, nº 209/2012, de 14 de mayo (EDJ 2012/128093), que desestimó el motivo de inadmisión del recurso a pesar de la falta de consignación para recurrir, en los siguientes términos:
"...en el presente supuesto es cierto que la apelante no ha consignado la cantidad objeto de condena, pero, en contra de lo que pretende la apelada, ello no ha de suponer la inadmisión del recurso, puesto que el presenten rollo trae causa de una reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados no de la circulación de vehículos a motor, sino del aprovechamiento de especies cinegéticas y la responsabilidad que del mismo se deriva a cargo de las entidades autorizadas para ello, concretamente en este caso la demandada, lo que supone la inaplicación del citado precepto. En otras palabras, lo que aquí se reclama no son los daños y perjuicios ocasionados por un vehículo, sino por un animal salvaje, por lo que no procede la aplicación del citado precepto, por más que una interpretación literal del mismo permita encuadrar los hechos objeto de enjuiciamiento en el ámbito de la circulación....".
Por el contrario, también existe un buen sector que considera necesaria la previa consignación en estos casos. En este lado se encuentra, v.gr., la Sentencia de AP Pontevedra, sec. 1ª, nº 594/2011, de 24 de noviembre (EDJ 2011/286209), para la que:
"...a este respecto debe advertirse, primero, que las propias partes demandante y demandada situaron el debate en el marco de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor, y, segundo, aun prescindiendo de las manifestaciones de ambas partes, la normativa aplicable no deja margen a la duda, toda vez que no sólo nos hallamos ante un "hecho de la circulación", según la definición contenida en el art. 3.1 del Reglamento ("A los efectos de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y del seguro de suscripción obligatoria regulado en este Reglamento, se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común"), sino que la misma Disposición Adicional Novena, rotulada como "Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas" y que fue introducida en la norma básica sobre tráfico, circulación y seguridad vial y por una Ley, como es la Ley 17/2005, de 19 de julio, orientada a la seguridad vial, dispone que "en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación", evidenciando que el propio legislador parte de la consideración de que nos encontramos en el ámbito de la circulación de vehículos de motor y ante "hechos derivados de la circulación", y, por ende, que resulta plenamente aplicable el requisito contemplado en el art. 449.3 LEC…”.
V. ¿Quién tiene que hacer el depósito?
La LEC habla del condenado al pago de la indemnización, bien el responsable por los hechos, bien la Aseguradora. Originariamente el precepto se limitaba a los Aseguradores, pero se sustituyó por el condenado al pago respondiendo a la finalidad de evitar el fraude de que interponiéndose el recurso por el particular condenado, quedase la Compañía liberada de la obligación de constituir el depósito del importe de la condena.
A) ¿Los supuestos de condena solidaria de varios demandados?
Esta cuestión se viene planteando con asiduidad. Entendemos necesario diferenciar los siguientes supuestos:
- Si se trata de condenas individuales, cada recurrente cumple con depositar el importe de su condena.
- Si se trata de condenas con carácter solidario, como sería el caso de la condena del conductor y su Aseguradora, la interposición del recurso sería admitido si uno de los condenados cumple con la obligación de constituir el depósito.
Es extender el concepto de la solidaridad y sus efectos, ya que no tendría sentido que siendo condenados todos al pago de una cantidad de forma solidaria deban constituir todos en su totalidad el depósito.
En el caso de condenados solidarios con intereses coincidentes, resulta esclarecedora la Sentencia del TS, Sala 1ª, nº 11/2011, de 3 de febrero (EDJ 2011/13858), que se pronuncia en los siguientes términos:
“La dicción del art. 449.3 LEC, al referirse al «condenado al pago», no impide efectuar una aplicación del precepto ajustada a la naturaleza de la condena solidaria impuesta en la sentencia contra la que se pretenden los recursos.
La resolución del tema exige coordinar dos elementos: a) la naturaleza de la condena solidaria, pues si la deuda es única y la sentencia puede ser ejecutada indistintamente contra cualquiera de los obligados solidarios, es lógico concluir que la finalidad perseguida a través de la consignación pueda quedar cumplida si consigna cualquiera de ellos, y b) la finalidad perseguida por la norma dirigida a conseguir la agilización de esta clase de procesos civiles evitando, en lo posible, la formulación de recursos infundados o meramente dilatorios que alarguen, en perjuicio de las víctimas, el abono de las cantidades que les han sido reconocidas por sentencia (STC, del Pleno, 84/1992, de 28 de mayo de 1992).
Teniendo en cuenta estas circunstancias, esta declara que la consignación para recurrir efectuada por uno de los condenados solidarios beneficia a los demás condenados solidarios con intereses coincidentes”.
“La aplicación de esta doctrina puede dar lugar situaciones en las que, tras haberse efectuado la consignación para recurrir por uno de los condenados solidarios -con la consecuencia de que se vean beneficiados por la consignación los demás recurrentes condenados solidarios con el que consignó- se produzcan incidencias que afecten al recurso del recurrente que consignó -tales como la no admisión o el desistimiento- que le faculten para recuperar la consignación. En tales casos deberá habilitarse un trámite -que impida que el art. 449.3 quede ineficaz- a fin de requerir a los demás recurrentes, condenados solidarios que inicialmente no consignaron, para que subsanen la falta sobrevenida de consignación, bajo el apercibimiento de decaimiento del recurso”.
La doctrina expuesta es seguida por la jurisprudencia menor de la que es ejemplo la Sentencia de AP Palencia, sec. 1ª, nº 41/2013, de 15 de febrero (EDJ 2013/44631):
“En el caso que nos ocupa, apenas puede haber duda de que estamos en tal caso. Examinada la documentación obrante en autos, efectivamente, se constata que no se ha efectuado dicho depósito por la representación procesal del apelante el Club Deportivo Nuestra Señora de Valdesalce. Sin embargo, sí que se efectuó por parte tanto de Mapfre Enpresas SA y Mapfre Agropecuaria SA, solidariamente condenadas en la sentencia recurrida”.
B) ¿Y si se trata de varios codemandados con relaciones jurídico procesales enfrentadas?
La tesis de la solidaridad debe quebrar en aquellos supuestos en que los condenados solidarios mantengan posiciones contrarias, como sería el supuesto en que cada condenado mantuviera la desestimación de la demanda respecto del mismo por estimar culpa exclusiva del colitigante, pues en este caso desaparecen aquellas razones y cobra razón el depósito por cada uno de los apelantes si fueran varios.
De la misma opinión es Garnica Martín (en "El derecho a los recursos. Presupuestos y reglas generales. Recurso de reposición y revisión", en “Las medidas cautelares y los recursos”, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, 2000), quien ya señaló que:
“Una cuestión difícil y de gran interés práctico es la de determinar si debe exigirse la consignación a todos y cada uno de los condenados solidarios que quieran recurrir o si la prestada por uno de ellos aprovecha a todos los demás. Sobre el particular creemos que lo más razonable es seguir el criterio propuesto por algún autor de distinguir si entre los condenados solidarios existe o no contradicción de intereses, para exigir la consignación de los diversos obligados únicamente cuando esa contradicción de intereses concurra. Así, no tiene ningún sentido exigir que consignen tanto el propietario del vehículo como su asegurador cuando ambos quieran recurrir y no exista entre ellos la menor contradicción de intereses y, en cambio, sería inconcebible que se admitiera la apelación sin exigir la consignación a dos aseguradores o conductores condenados solidariamente con fundamento en la apreciación de concurrencia de culpas".
La solución a esta cuestión la destaca el Auto de AP Madrid, sec. 20ª, nº 32/2013, de 15 de enero (EDJ 2013/14337):
“Dentro de esa labor de ponderación, al analizar el requisito de la consignación, como presupuesto procesal para recurrir en supuestos como el aquí analizado, el Tribunal Supremo señala, como circunstancia a tener en cuenta, la de si los obligados solidariamente, tienen o no intereses coincidentes en el proceso y es evidente que en el caso presente, tal coincidencia no existe, desde el momento en que cada una de las apelantes sostienen su falta de responsabilidad, de manera que en el supuesto de que se acogiera alguno de los dos recursos, totalmente contrapuestos, el derecho de la parte apelada, en cuyo beneficio se establece el requisito de la consignación, se vería claramente perjudicado y no quedaría satisfecha la finalidad perseguida por la norma, por lo que en el caso presente, la naturaleza de la condena y finalidad del requisito de procedibilidad establecido en el art. 449.3 LEC, exigía a ambas partes haber consignado el importe íntegro de la cantidad a que de manera solidaria venían condenadas, incluida la de los intereses impuestos.
Partiendo de lo indicado, entendemos que las consignaciones efectuadas por cada una de las partes, por importe del 50% del principal e intereses a que venían condenadas, se efectuaron incumpliendo el requisito exigido legalmente en el art. 449.3º LEC…”.
C) ¿Deben prestarlo las Instituciones Públicas?
El art. 12 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, dispone que:
“El Estado y sus Organismos autónomos, así como las entidades públicas empresariales, los Organismos públicos regulados por su normativa específica dependientes de ambos y los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes. En los Presupuestos Generales del Estado y demás instituciones públicas se consignarán créditos presupuestarios para garantizar el pronto cumplimiento, si fuere procedente, de las obligaciones no aseguradas por la exención”.
Por tal motivo, las Instituciones Públicas no están obligadas al cumplimiento de lo preceptuado en el art. 449.3 LEC.
La cuestión relativa a si el Consorcio de Compensación de Seguros debía prestar este depósito ya fue analizada en nuestro artículo de opinión titulado “El Consorcio de Compensación de Seguros, ¿debe prestar depósito para recurrir en los juicios civiles de Tráfico? Praxis judicial”, publicado en el Boletín de Derecho de la Circulación El Derecho, nº 44 de septiembre de 2010 (EDO 2010/159261).
A lo dicho en aquel momento hay que introducir el importante matiz del criterio sentado por la posterior Sentencia del TS, Pleno Sala 1ª, nº 618/2011, de 5 de septiembre (EDJ 2011/217785), para la que el Consorcio de Compensación, tanto si actúa como aseguradora directa como cuando lo hace como fondo de garantía, no viene obligado a efectuar la consignación para recurrir que señala el art. 449.3, por cuanto se trata de un requisito de procedibilidad.
Textualmente, la citada resolución señaló que:
“…la interpretación literal, sistemática y finalista de la norma lleva a la conclusión de que la voluntad del legislador fue excluir a las entidades que menciona la norma de la carga procesal de consignar para recurrir. Su efectividad no puede limitarse a los supuestos en los que el Consorcio de Compensación de Seguros actúa como fondo de garantía porque los términos del artículo 12 LAJEIP no amparan esa interpretación y la circunstancia de que el Consorcio de Compensación de Seguros esté sometido a las normas de Derecho privado cuando actúa como aseguradora no implica que -en el ámbito procesal- no puedan tener virtualidad las disposiciones específicas de actuación del Estado en los procesos de toda índole”.
VI. La cantidad a depositar
A) Conceptos objeto del depósito
La cantidad que como indemnización sea fijada en sentencia definitiva, más los intereses y recargos.
Respecto de los intereses, cabe decir que engloban tanto los intereses legales, los procesales del art. 576 LEC como los del art. 20 LCS.
Todos ellos deben ser objeto de consignación.
Así lo exige la Sentencia de AP Lleida, sec. 2ª, nº 354/2007, de 31 de octubre (EDJ 2007/270502), o la de AP Asturias, sec. 1ª, nº 279/2009, de 16 de julio (EDJ 2009/168362):
“…el hecho de no haber consignado cantidad alguna en concepto de intereses, supone el incumplimiento en el tiempo legalmente fijado del art. 449.3 LEC de la consignación de todo lo que es preciso y que claramente se señala en dicho precepto al decir no solo el importe de la condena sino también "intereses y recargos exigibles”.
Añadiendo la Sentencia de AP Lleida, sec. 2ª, nº 359/2014, de 1 de septiembre (EDJ 2014/183174), que:
“La parte demandada, ahora apelante, fue condenada en la sentencia de primera instancia a abonar la suma de 3.251,95 euros en concepto de principal, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la reclamación judicial (el 21-2-2011), habiendo procedido a consignar únicamente el principal, pero no los intereses, siendo esta una cuestión sobre la que igualmente se ha pronunciado la Sala -por todas, sentencia de 7 de marzo de 2007 - en el sentido que los intereses también deben ser objeto de consignación, según establece el art. 449.3 LEC que expresamente se refiere al importe de la condena "más los intereses y recargos exigibles".
En definitiva, la consignación sólo del principal y no de los intereses determinará la inadmisibilidad del recurso. Esta es la conclusión a la que llega entre otras muchas, la Sentencia de AP Toledo, sec. 1ª, nº 280/2004, de 21 de octubre (EDJ 2004/190953):
“...partiendo de la claridad de dicha proposición normativa, si analizamos el escrito de preparación del recurso presentado por la representación de la entidad Banco Vitalicio de España, podemos observar que, sin motivo aparente que lo justifique, únicamente se consignó la suma equivalente al principal objeto de condena, omitiendo el depósito de las cantidades fijadas en concepto de intereses. Cabe concluir, por tanto, que en el supuesto que nos ocupa no debió tenerse por preparado el recurso de apelación, al no concurrir uno de los presupuestos esenciales para que esta posibilidad tuviera lugar…”.
Que, además, puntualiza algo interesante relativo a la condición de la parte recurrente:
“…atendiendo especialmente a las circunstancias subjetivas del recurrente (nos hallamos ante una Compañía aseguradora, siendo razonable presumir que se encuentra familiarizada con la propia dinámica del procedimiento) es difícil creer que la falta de consignación o depósito de la totalidad de las cantidades correspondientes a los conceptos legalmente exigibles pudiera obedecer a un olvido involuntario, por lo que entendemos cualquier posible indefensión que la recta aplicación de la norma examinada haya podido pararle es únicamente imputable a la ausencia de la diligencia procesal que le era exigible…”.
B) ¿Cabe apreciar este requisito de forma flexible?
De cualquier forma, en la praxis judicial también se aprecian pronunciamientos que mitigan el rigor en materia de intereses. Tal es el caso de la Sentencia de AP A Coruña, sec. 5ª, nº 361/2010, de 19 de octubre (EDJ 2010/259907), que declaró lo siguiente:
“...en el presente caso, no podemos apreciar la falta de cumplimiento del requisito previsto en el art. 449.3 LEC, puesto que, si bien en el momento de presentar el escrito de preparación del recurso, el 11 de mayo de 2009, no se acredita la consignación a los efectos expresados, el propio Juzgado tuvo por ingresada por la aseguradora demandada y ahora recurrente en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad de 44.111,93 euros con fecha 12 de mayo de 2009, dentro del plazo previsto en el art. 457.1 LEC para preparar la apelación, computado con arreglo al art. 135.1 LEC. Por otra parte, la suma depositada cubre todo el principal objeto de condena más una cantidad en concepto de intereses, que la apelada considera insuficiente. Por ello, con independencia de que la cantidad consignada sea insuficiente para cubrir todos los intereses devengados, teniendo en cuenta que la iliquidez de esta suma permite suscitar una duda razonable sobre la cantidad exacta que ha de ser depositada, debemos considerar que se ha manifestado la voluntad efectiva de cumplir el expresado requisito por la entidad apelante, de manera que el posible defecto cometido tiene carácter subsanable y no debe producir la inadmisión del recurso, conforme a lo dispuesto en el citado art. 449.6 , en relación con el art. 231 LEC…”.
C) La inexactitud en la cantidad depositada
Esta es otra cuestión sujeta a matices y a interpretaciones dado el silencio guardado por el legislador.
La equivocación de escasa cuantía -como entendió la Sentencia de AP A Coruña, sec. 1ª, de 16 de enero de 2002 (EDJ 2002/7244)-, no puede justificar la inadmisión de la apelación, por ser desproporcionada la entidad del defecto y la finalidad perseguida por la ley. También la Sentencia de AP Pontevedra, sec. 1ª, de 23 de noviembre de 2006 (EDJ 2006/344407) se refiere a la necesidad de que la consignación o el pago se sustancie en cuantía no desproporcionadamente insuficiente.
Ahora bien, sí interesa destacar que una cosa es un error de escasa cuantía y otra muy distinta es la ausencia de alguna partida por pequeña que sea; esto suele ocurrir en los supuestos de los intereses: de faltar esta partida no se podrá tener por preparado el recurso. Tal fue el caso del que conoció la Sentencia de AP Alicante, sec. 8ª, nº 272/2009, de 30 de junio (EDJ 2009/179516), según la cual:
“…sin que conste ingreso alguno por intereses. Es evidente que no se ha cumplido con la obligación de consignación que imperativamente impone la norma ya transcrita, falta de observancia del mencionado requisito debió conllevar la inadmisión a trámite del mismo pues si es subsanable el defecto de la acreditación, no lo es el de la propia consignación dentro del plazo de preparación del recurso…”.
Por mi parte, y como se comprobará más adelante, soy partidario de que el Tribunal huya de aplicaciones apriorísticas, siendo conveniente que haga una ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso a fin de adoptar una decisión de tanta trascendencia como la de inadmitir un recurso.
VII. ¿Cómo se formaliza el depósito?
Mediante el ingreso de la cantidad determinada en la cuenta de consignaciones del Juzgado respectivo.
El Real Decreto 467/2006, de 21 de abril de 2006, que regula los pagos, depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, establece las operaciones permitidas en estas cuentas así como los requisitos formales de las mismas, indicando que tanto las operaciones de ingreso como de disposición de fondos se podrán realizar por medios electrónicos y telemáticos, en la medida en que pretende la incorporación paulatina de las técnicas electrónica, informáticas y telemáticas en la actividad administrativa y judicial.
Y la Orden del Ministerio de Justicia 1623/2007, de 4 de abril que aprueba los modelos de formularios de ingreso, de mandamientos de pago y de órdenes de transferencia, así como los requisitos que éstas han de reunir para su correcta recepción en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, reguladas por el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril de 2006, en su art. 1 aprueba los modelos de formularios de ingreso, mandamientos de pago y órdenes de transferencia para operar en aquellas cuentas y en su art. 2.1 dispone que:
"Las operaciones de ingreso en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales se realizarán mediante la presentación del documento de Resguardo de ingreso en la entidad bancaria adjudicataria o entidad colaboradora de la misma. Estas operaciones de ingreso también podrán ser efectuadas a través de transferencias bancarias internas, cuando se realicen desde una cuenta abierta en la propia entidad adjudicataria, o interbancarias, si su origen se encuentra en una cuenta de cualquier otra entidad financiera".
Resulta interesante la Sentencia de AP Pontevedra, sec. 6ª, nº 239/2009, de 15 de mayo (EDJ 2009/108486), según la cual:
“…en el presente caso, la parte recurrente (condenada al pago de la indemnización) presentó escrito de preparación del recurso el día 6 de julio de 2007 (y, por ello, dentro del plazo legalmente establecido al efecto), aportando, para justificar la consignación de la suma indemnizatoria más los intereses y recargos, una orden de pago por transferencia hecha a la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Vigo.
Y tal modalidad de ingreso para consignación esta explícitamente permitida. (…)
Nos hallamos, pues, ante una operación de depósito a medio de transferencia bancaria, en la que la cuestión a decidir es la relativa a la fecha concreta de la misma. Partiendo de las indicaciones del encargado de la llevanza de tal tipo de cuentas, único medio de conocerla operatividad del sistema) parecen convenientes dos consideraciones: una que la orden de pago interbancaria, por regla general, ingresa en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano jurisdiccional a que se destina al día siguiente hábil y, dos, que la fecha que se asigna a las claves "alta", "firma" y "confirmación", en la hoja de "extracto detallado de movimiento", no tiene por qué coincidir necesariamente con la que corresponde a la anotación o ingreso efectivo. Siendo ello así, y habida cuenta de que, en este caso, no consta lo contrario, el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado de Primera Instancia de Vigo, hubo de producirse el día 6 de julio de 2007 y, por ello, coincidiendo con la fecha del escrito de preparación de apelación que, consecuentemente hubo de ser admitida a trámite…”.
A) La constitución del aval como alternativa al pago o consignación
Como dispone el art. 449.5 el depósito o consignación podrá hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada o depositada.
En estos términos se ha pronunciado el AAP Girona, sec. 2ª, nº 109/2009, de 12 de mayo (EDJ 2009/208588), para el que:
“…la interpretación de dicha normativa parece bien clara. Efectivamente el número 3º del citado artículo establece que en los procesos en que se pretenda conseguir una indemnización por los perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor, es requisito de admisibilidad o procedibilidad del recurso de apelación que el condenado al pago pague la suma establecida en la condena o constituya depósito de la misma dentro del plazo establecido en el art. 457.1 para la preparación de apelación.
Sin embargo, tal pago o depósito puede sustituirse mediante la constitución del aval al que se refiere el art. 449.5º, ya que se remite específicamente a los supuestos contemplados en los números anteriores, entre los que se incluyen sin ninguna duda los relativos a las indemnizaciones derivadas de la circulación de vehículos de motor.
Por consiguiente, uno de los medios para dar cumplimiento al indicado requisito de admisibilidad es la constitución de aval…”.
B) El aval solidario de duración indefinida
En realidad, es una caución, a modo de garantía, emitida por una entidad de crédito, que supone la solidaridad frente al beneficiario, tanto del obligado directo como del banco o entidad que se convierta en garante de la obligación procesal del garantizado.
Cabe destacar la Sentencia de AP Madrid, sec. 12ª, nº 440/2007, de 29 de junio (EDJ 2007/169924), según el cual:
“…en cuanto a la forma en que debe hacerse el depósito o consignación, el art. 449.5 LEC señala que podrá hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, o por cualquier otro medio que garantice, a juicio del Juzgado o Tribunal, la inmediata disponibilidad de la cantidad, siendo tal lo que ha sucedido en el caso de autos, pues, la aseguradora demandada mediante escrito de 29 de abril de 2005 -tras la oposición a la demanda- presentó aval solidario a primer requerimiento por importe de 60.209'74 euros, prestado por el Banco… a fin de garantizar el principal, intereses y costas reclamados en el procedimiento, a efectos de paralizar el embargo de bienes, teniendo validez dicho aval hasta que el Juzgado no autorice su cancelación o, en su defecto, hasta la devolución del documento…”.
C) El aval pagadero a primer requerimiento
Este sistema de garantía permite su inmediata disponibilidad, atribuyendo al beneficiario de la caución la garantía absoluta de que si tiene que ejecutar esa caución podrá obtener dinero metálico, sin demora alguna y sin ningún tipo de actuación procesal más allá de ejecutar el propio aval, dirigiéndose, de forma inmediata y directa, a la entidad que constituyó el aval indicando únicamente su condición de beneficiario del mismo. Esto supone, además, al obligado el no tener que consignar un dinero metálico que quedaría depositado judicialmente y sin poder disponer de ese dinero para otros usos y necesidades, lo que le podría representar un gravamen adicional.
Interesante resulta, en el seno de la doctrina de las Audiencias Provinciales, la Sentencia de AP Huelva nº 12/2005, de 31 de enero (EDJ 2005/78416), según la cual:
“…a la vista del contenido literal de este documento, es evidente que la sentencia apelada contiene una apreciación incorrecta cuando califica el documento como aval a primer requerimiento. Hace descansar esta afirmación en el hecho de que en el mismo se dice que la garantía se constituyó como irrevocable e incondicional.
Las cosas no son así. Y no lo son por tres razones:
En primer lugar, porque el carácter irrevocable y no condicional de una obligación tiene su propio significado jurídico, que nada quita ni añade a la naturaleza jurídica de la fianza. Significa que se constituye esta sin condición, es decir, como obligación, pura y simple. Y que es válida -esto es, no puede revocarse- hasta el 15 de septiembre de 2001.
En consecuencia, de la inclusión de tales expresiones en el documento no pueden extraerse otras conclusiones distintas de las que nos indican su pura literalidad.
En segundo lugar, porque el afianzamiento, esto es, la obligación de pagar, nace «(...) en el caso de que la referida firma (el avalado) faltara el cumplimiento de sus obligaciones». Este importante matiz demuestra que la fianza es de carácter accesorio, y no independiente. Se trata así con prístina claridad de la fianza que nuestro Código recoge en los arts. 1822 y ss; y
En tercer lugar, porque siendo la fianza a primer requerimiento una figura contractual atípica, fruto de la autonomía de la voluntad que rige nuestro ordenamiento contractual, para que sea tenida como tal, ha de ser expresamente convenida por las partes, mediante una declaración de voluntad ad hoc que aquí brilla por su ausencia…”.
VIII. Momento procesal en que se debe sustanciar el depósito
De conformidad con lo dispuesto en el art. 449.3 LEC, es el de la interposición del recurso. Así se ha pronunciado la Sentencia de AP Lleida, sec. 2ª, nº 359/2014, de 1 de septiembre (EDJ 2014/183174).
No cabe duda de que el momento en el que se debe realizar la consignación tiene gran trascendencia para el devenir del recurso en cuestión. El Auto de AP Sevilla, sec. 5ª, nº 150/2011, de 8 de julio, destaca (EDJ 2011/250724), en este sentido, que:
"...la primera cuestión que merece resaltarse es que, como se recoge en el Auto recurrido, la consignación fue realizada por la parte recurrente el día 24 de noviembre de 2010, mientras que la parte presentó escrito anunciando la voluntad de recurrir con fecha 12 de noviembre de 2001, que mediante diligencia de ordenación de 15 del citado mes y año, tuvo por preparado el recurso de apelación. Si nos atenemos a las fecha, es evidente que la consignación se realizó con posterioridad a anunciar el recurso, es decir, incumpliendo lo dispuesto en el art. 449.3º LEC que exige, como ya hemos señalado, que se realice el depósito con anterioridad a anunciarlo...".
IX. ¿Es subsanable la ausencia de este presupuesto?
Dispone el art. 449.6 LEC que:
“…antes de que se rechacen o declaren desiertos los recursos, se estará a lo dispuesto en el artículo 231 de esta Ley en cuanto a la acreditación documental del cumplimiento de los requisitos exigidos”.
Del precepto transcrito se deduce cual es el alcance de la subsanación: la acreditación documental del cumplimiento de los requisitos exigidos. Por lo tanto, lo subsanable no es la ausencia de la consignación sino la falta de acreditación documental en el momento de interposición del recurso. La falta de consignación, o su cumplimiento extemporáneo, no son subsanables.
Por lo tanto, a decir de la Sentencia de AP Lleida, sec. 2ª, nº 359/2014, de 1 de septiembre (EDJ 2014/183174):
“El último párrafo del art. 449 sólo prevé la posibilidad de enmendar el incumplimiento de este requisito en el caso que no se haya acreditado su cumplimiento de forma satisfactoria para el Tribunal… y añadíamos en dichas resoluciones que "si no se efectúa en el escrito de preparación (ahora en el de interposición) del recurso ninguna alegación de la que resulte la voluntad de cumplir este requisito no existirá la posibilidad de subsanación a que alude el art. 449-6, en relación con el art. 231 LEC "pues tratándose de un presupuesto procesal indispensable para la válida interposición del recurso, si se efectúa a posteriori, después de la preparación del mismo, carece de virtualidad para subsanar el defecto porque tal subsanación sólo se permite respecto a la acreditación formal de su cumplimiento en tiempo y forma, sin que pueda aprovecharse la oportunidad que se conceda para subsanar el defecto formal de la justificación anteriormente omitida para proceder a efectuar el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones de las cuales se hubiere prescindido"…”.
X. El examen de la adecuación del depósito, pago o consignación
A) Por el Tribunal de instancia
El examen del cumplimiento de los presupuestos para la admisibilidad del recurso es competencia del Tribunal de instancia, en concreto del Secretario Judicial. Por tanto, el Secretario de instancia debe vigilar que se cumplan los presupuestos mencionados en el art. 449 de la LEC, por exigencia del art. 458.3 LEC.
La jurisprudencia menor así lo pone de manifiesto. La Sentencia de AP La Coruña, sec. 5ª, nº 190/2013, de 6 de junio (EDJ 2013/122163), para la que:
“El examen de los requisitos, tanto generales como especiales, de admisibilidad del recurso de apelación, al margen de que la parte apelada pueda alegar su inadmisión en el escrito de oposición al recurso, debe ser realizado de oficio (STS 18 enero 2010) por el Secretario Judicial y, en su caso, por el Tribunal de primera instancia, con independencia de las facultades que, en definitiva y en el mismo sentido, corresponden al Tribunal de apelación. Suprimido el trámite de preparación del recurso por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, que deja sin contenido el art. 457 de la LEC, el momento procesal para ejercer este control de admisibilidad ha pasado a ser el inmediatamente posterior a la interposición del recurso , a través de la resolución en la que se tiene por interpuesto, mediante diligencia de ordenación del Secretario (art. 458.3, párrafo primero, LEC) y, en su caso, providencia del Tribunal (art. 458.3, párrafo segundo, LEC), o en la que se declara la inadmisión del recurso, por auto del Tribunal sólo susceptible de ser recurrido en queja (art. 458.3, párrafo segundo, LEC)…”.
Sensu contrario, también destaca esa función del Secretario Judicial el Auto de AP Cádiz, sec. 5ª, nº 111/2012, de 28 de septiembre (EDJ 2012/235189):
“Del examen de dicho precepto se desprende que lo único que puede y debe examinar el Sr. Secretario es lo relativo a que se trate de una resolución apelable y que el recurso se hubiere formulado dentro de plazo (aparte de los casos y requisitos especiales del art. 449 LEC), y únicamente en el supuesto de que no se den esos requisitos, es cuando se da traslado al Juez para que resuelva sobre la admisión o no a trámite del recurso , pero cuando los requisitos citados concurren (recurribilidad, plazo y art. 449), no cabe rechazar el recurso por otros motivos, en concreto por entender que se haya producido la vulneración del contenido del art. 458.2 relativos a "exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna"…”.
B) ¿Qué actitud puede tener la parte recurrida ante el no cumplimiento del requisito procesal?
Tal y como se ha apuntado anteriormente, si el Tribunal de instancia no ha controlado los requisitos de procedibilidad del art. 449, aún puede la parte recurrida, en virtud del art. 461.1 LEC, en el escrito de oposición al recurso, denunciar su indebida admisión.
C) ¿Y por el Tribunal superior?
En el supuesto de que el Tribunal de instancia admitiera indebidamente el recurso, es doctrina consolidada que el Tribunal "ad quem" tiene facultad para fiscalizar y revisar la decisión del "a quo" cuando éste hubiera admitido indebidamente el recurso pese a la falta de un requisito imperativo y de orden público que es requisito esencial para su admisión, con las consecuencias que se verán a continuación.
XI. ¿Qué efectos tiene la falta de constitución en forma del depósito?
Como hemos visto, la falta de consignación no es subsanable. La jurisprudencia menor, reiteradamente, tiene declarado que se trata de un requisito de admisibilidad del recurso, de un presupuesto del mismo, cuya ausencia o incumplimiento en el momento establecido en la Ley provoca el efecto de su fracaso.
Así, la Sentencia de AP Málaga, sec. 5ª, de 30 de abril de 2014 (EDJ 2014/92528) remarca que:
“…en ningún caso cabe subsanar el requisito sustantivo del pago o consignación; esto es, que al tiempo de interposición del recurso, no se hubiese dado cumplimiento a esa exigencia material”.
O la Sentencia de AP Las Palmas, sec. 4ª, nº 501/2014, de 25 de septiembre (EDJ 2014/189094), para la que:
“…el incumplimiento del presupuesto para la admisión del recurso no puede ser subsanado mediante un pago o consignación extemporáneo, pues sólo es posible la subsanación de la acreditación del pago o consignación dentro del plazo legal (no cabe la subsanación de la falta u omisión del presupuesto mismo para recurrir)…”.
Y es que como ha puesto de manifiesto la Sentencia de AP Badajoz, sec. 2ª, nº 244/2014, de 22 de octubre (EDJ 2014/221928):
“La consignación o el pago de la suma debió hacerse antes de interponer el recurso y la ausencia de aquella consignación o pago, dentro del plazo, es insubsanable, pues la posibilidad de la subsanación queda limitada legalmente a la acreditación documental de la consignación realizada dentro del plazo legal, pero no se extiende a la posibilidad de subsanar fuera del plazo de consignación”.
Como tal presupuesto o requisito de admisibilidad está sometido al control de oficio por parte del Tribunal, aun cuando no haya sido denunciado por la parte apelada, siendo la consecuencia natural de tal incumplimiento la inadmisión a trámite del recurso o, en su caso, la desestimación del mismo.
En este sentido, por todas, se puede citar la Sentencia de AP Lleida, sec. 2ª, nº 359/2014, de 1 de septiembre (EDJ 2014/183174).
Ahora bien, lejos de automatismos, es importante destacar que, antes de inadmitir el recurso, o de desestimarlo por el incumplimiento de este requisito procesal, la doctrina viene exigiendo que el Tribunal haga una valoración de proporcionalidad del cumplimiento o no de dicho requisito procesal.
Y es que, según la jurisprudencia del TEDH, si bien el derecho de acceso a los Tribunales no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones implícitamente admitidas, particularmente en cuanto a las condiciones de admisibilidad de un recurso, estas limitaciones no deben restringir el acceso que se permite a cada persona de tal manera o hasta tal punto que perjudique a la misma esencia del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que se traduce en que se entienden justificadas sólo si tienden a un fin legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin que se pretende alcanzar (SS.TEDH 21/9/1994, asunto Fayed VS. U.K.; 4/12/1995, asunto Ballet vs. Francia; 13/3/2007, asunto Laskowska vs. Polonia).
Como hemos comprobado, el depósito para recurrir en los procesos seguidos para la reclamación de las indemnizaciones derivadas de accidentes de la circulación tiene la finalidad de conseguir la agilización de esta clase de procesos civiles evitando, en lo posible, la formulación de recursos infundados o meramente dilatorios que alarguen, en perjuicio de las víctimas, el abono de las cantidades que les han sido reconocidas por sentencia de manera que se disminuyan los efectos que en el tiempo ocasiona la tramitación de los recursos devolutivos. Esta función justifica su compatibilidad con el espíritu del artículo 24 CE siempre que su interpretación sea ponderada atendiendo en cada caso las circunstancias concurrentes para evitar una mecánica aplicación del mismo que lo convierta en un obstáculo formalista y desproporcionado en sus consecuencias, con relación a su propia finalidad.
Así, la Sentencia de AP Palencia, sec. 1ª, nº 41/2013, de 15 de febrero (EDJ 2013/44631), ha declarado lo siguiente:
“La misma resolución con posterioridad añade que «la necesidad de interpretar tal presupuesto para recurrir de una manera finalista o teleológica, atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial, permite descartar el incumplimiento que se denuncia puesto que la aseguradora consignó por importe cercano a la suma total debida en concepto de principal más intereses, y la diferencia (en torno a un 10%) no justifica que se vede el acceso de la aseguradora a un recurso». En el caso que nos ocupa, ciertamente, el porcentaje que se dejó de cubrir es significativamente superior. Sin embargo, entiende la sala que una interpretación teleológica del precepto que salvaguarde en la medida de lo posible el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, permite concluir que las cantidades depositadas deben reputarse como suficientes para estimar cumplidos los requisitos del discutido art. 449.3 LEC…”.
Por lo tanto, se impone una labor de ponderación, tal y como se ha encargado de proclamar la Sentencia del TS, Sala 1ª, nº 11/2011, de 3 de febrero (EDJ 2011/13858), para lo que deben tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto, debiendo, con carácter general, admitirse el recurso cuando se constate la existencia de un equilibrio entre los intereses en juego, que no son otros que la protección de los perjudicados evitando la dilación de un recurso infundado y el derecho de acceso al recurso de la recurrente.
Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Derecho de la Circulación", el 1 de junio de 2015.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 449
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 231
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución