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Francisco Javier Casado Robles
1 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] La idealización y la administrativización de la punibilidad del uso de Información Privilegiada. Un análisis de los discursos penales en la doctrina chilena. The idealization and administrativization of the punibility of Insider Trading. An analysis of the penal discourses in Chilean doctrine. Dr. Gonzalo García Palominos, L.L. M (Freiburg i.b)* Académico del Departamento de Derecho Penal Universidad de los Andes (Chile) Resumen El artículo analiza de manera crítica la capacidad de las propuestas teóricas, desarrolladas en nuestro país, que intentan reconstruir el injusto penal del uso de información privilegiada. La principal crítica se orienta, por una parte, en denunciar una especie de idealización del mercado de valores, que abarca innecesariamente a algunos submercados no organizados o informales, lo que ha obligado a reconstruir ficticiamente el injusto penal; por otra parte, se denuncia una administrativización del derecho penal, al constatar la renuncia al análisis del merecimiento y necesidad de la pena en la reconstrucción del injusto, aceptando, para eso, la mera disfuncionalidad generada por la vulneración normativa. Palabras clave: Uso de información privilegiada, insider, mercado de valores, derecho penal, derecho administrativo sancionador, Ley N Abstract This article critically analyzes the aptitude of theories proposed by national authors attempting to reconstruct the criminal wrongness of insider trading. The main criticism is oriented, firstly, in denouncing an idealized concept of stock market, which unnecessarily covers some unorganized or informal submarkets, forcing to reconstruct fictionally the criminal wrongfulness of insider trading. Secondly, we denounce that by abandoning the analysis of the needs and merits of criminal punishments in the reconstruction of wrongfulness, criminal law begins to look more as administrative law, accepting that the mere dysfunction generated by the violation of rules is cause enough. Key words: Insider trade, insider, stock market, criminal law, sanctioning administrative law, Law N2 Introducción. (aa) Los dos presupuestos metodológicos generales sobre los cuales trabaja la literatura penal mayoritaria en la reconstrucción material del desvalor de las conductas penales dañosidad social y proporcionalidad confluyen en el llamado principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Dicha literatura ha sostenido, a modo general, que el derecho penal se legitima materialmente por sancionar sólo modos de conductas cuando el ejercicio de la autonomía personal traspasa y afecta la autonomía ajena (dañosidad social o principio de lesividad) y, adicionalmente, en la medida que el valor de los intereses afectados de dicha autonomía ajena 1 y el desvalor de la conducta logren justificar la intensidad de la sanción penal : Lo que no pueda justificar una privación de libertad y una lesión grave al honor no puede llegar a definirse como delito 2. De estos postulados se extraen consecuencias a nivel político criminal (criminalización o descriminalización) y a nivel metodológico y dogmático (reconstrucción teleológica del injusto merecido de pena). La literatura también ha denominado estas funciones como función trascendente (crítica o política) e inmanente (dogmática) del bien jurídico 3. La función inmanente o de reconstrucción teleológica y de cualificación de la ilicitud (transformación del ilícito en injusto penal) y aquí la importancia de esta discusión en este trabajo es consecuencia de considerar que a diferencia de las normas de sanción introducidas en el ámbito civil, comercial o administrativo para regular u organizar ciertos ámbitos, en el derecho penal esto implica una doble intensidad en la afectación de derechos. *Se hace justicia con mencionar que parte de la redacción de este artículo fue desarrollado antes de marzo de 2014, mientras el autor era profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Así mismo, es necesario destacar al lector que el presente trabajo es el segundo de un grupo de tres artículos referidos al delito de uso de información privilegiada y a la legitimidad de los delitos económicos. El primero de ellos fue publicado anteriormente en la misma revista en julio de 2013 con el título: Modelo de protección en normas administrativas y penales que regulan el abuso de Información Privilegiada en la legislación chilena, y citado en cita n 11 del presente artículo. 1 Aquí, la identificación de un bien jurídico constituye la búsqueda de objetos de valoración positiva que representen intereses igualmente relevantes a la libertad general (y también ambulatoria) o la conducta lesiva para dichos bienes y que permitan servir de parámetro objetivo de la desvaloración de dicha conducta. 2 Para una profundización de esta idea, véase HASSEMER, Winfried, Theorie und Soziologie des Verbrechens, Frankfurt a. M. (Alemania): Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, 1973; EL MISMO, Symbolisches Strafrecht und Rechtsgutschutz, Neue Zeitschrift für Strafrecht, Heft 12. (1989), pp. 553 y ss.; MARX, Michael, Zur Definition des Begriffs Rechtsgut. Prolegonema einer materialen Verbrechenslehre, Bd. 65. Köln (Alemania): Carl Heymanns Verlag, 1972; SINA, Peter, Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Begriffs Rechtsgut, Basel (Suiza): Helbing & Lichtenhahn, 1962, pp. 90 y ss.; ROXIN, Claus, Es la Protección de bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?, en: HEFENDEHL, Roland (Ed.), Teoría del Bien Jurídico, Madrid: Ed. Marcial Pons, 2007, pp. 443 y ss., p. 447; SCHÜNEMANN, Bernd, Das Rechtsgüterschutzprinzip als Fluchtpunkt der verfassungsrechtlichen Grenzen der Straftatbestände und ihrer Interpretation, en: HEFENDEHL, Roland (Ed.), Die Rechtsgutstheorie, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, pp. 133 y ss.; a modo de ejemplo, en la literatura chilena véase BUSTOS, Juan; HORMAZABAL, Hernán, Lecciones de Derecho Penal I, Madrid: Trotta, 1999, p. 27; GARRIDO MONTT, Mario, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2003, p Ver HASSEMER, Theorie, cit. nota n 2, p3 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] En un primer momento (por medio de norma de conducta reforzada por la amenaza de pena), se produce la más intensa afectación a la libertad general de decisión del ordenamiento jurídico; con posterioridad, al momento de la imposición de la pena (a través de su aplicación) se afecta o se puede afectar la libertad ambulatoria 4, lesión al honor (reproche social) e, incluso, se produce una restricción importante a las posibilidades de contacto social de dichos ciudadanos 5. Como consecuencia de lo anterior, la teoría de la protección de bienes jurídicos propone una exigencia adicional a la mera vulneración normativa con consecuencias metodológicas: la cualificación de la mera vulneración normativa en atención a la proporcionalidad que debe existir entre los intereses afectados por la conducta individual y protegidos a nivel extrapenal (o prepenal) y la intensidad de la intervención estatal por medio de la sanción penal 6. (bb) El proceso de reconstrucción del injusto penal según la metodología propuesta por el principio de lesividad o dañosidad social, sin embargo, no resulta ser simple de desarrollar en algunos grupos de delitos cuyo objeto de valoración positiva representativo de la autonomía ajena está configurado normativa o institucionalmente. Dicha dificultad no proviene solamente como la literatura más crítica podría sostener de una tendencia a materializar o explicar la lesividad siempre desde una perspectiva naturalista (o materialista) y causalista. Aunque sin rechazar enteramente dicha crítica, la tesis aquí propuesta es que como se demostrará a propósito del delito de uso de información privilegiada en particular la principal razón radica en la tendencia a generalizar o idealizar el objeto de protección. Esto, porque la metodología propuesta por la teoría de protección de bienes jurídicos exige objetos de valoración (no cosas) positivos de la realidad social concretos que se vean afectados por modos de conductas individuales, por eso desvaloradas. Con esta tendencia de la literatura y jurisprudencia a la generalización, se tiende, sin embrago, a idealizar la relación de lesividad entre la conducta desvalorada y el bien jurídico 7, perjudicando no sólo el proceso de reconstrucción del injusto, sino también el desarrollo de criterios de cualificación del injusto e imputación penal. Esta tesis se demuestra, por ejemplo, en que mientras no ha existido mayor problema para explicar la naturaleza normativa de aquellas instituciones configuradas para servir individualmente y la lesividad de conductas individuales, como sucede en relación a la propiedad o el honor, no sucede lo mismo respecto a instituciones configuradas para servir a la interrelación de personas pero, respecto de las cuales, según la moderna caracterización de Heinz Koriath 4 LAGODNY, Otto, Das materielle Strafrecht als Prüfstein der Verfassungsdogmatik, en: HEFENDEHL, Roland u. a. (Ed.), Die Rechtsgutstheorie, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, pp , p. 84 y s. 5 BÖSE, Martin, Grundrechte und Strafrecht als Zwangsrecht, en: HEFENDEHL, Roland u. a. (Ed.), Die Rechtsgutstheorie, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, pp. 89 y ss., 91 y s. 6 Sobre los modelos en tensión para la reconstrucción del injusto penal, véase GARCIA PALOMINOS, Gonzalo, Del paradigma de la dañosidad social centrado en la infracción normativa al paradigma metodológico centrado en la norma de sanción: un falso dilema, en: BLANCO, R.; IRURETA, P. (Eds.) Justicia, Derecho y Sociedad, Libro en Memoria de Maximiliano Prado D., Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014, pp. 143 y ss. 7 Este fenómeno de idealización ha sido llamado equivocadamente por la doctrina alemana desmaterialización. Véase sobre este fenómeno en los discursos penales en KRÜGER, Matthias, Die Entmaterialisierungstendenz bei Rechtsgutsbegriff, Bd. 35, Berlin: Duncker&Humblot, 2000; sobre este fenómeno en el derecho penal económico véase GEERDS, Detlev, Wirtschaftsstrafrecht und Vermögensschutz, Lübeck: Max Schmidt-Römhild,4 o Roland Hefendehl de la no excluibilidad del uso y no rivalidad en el consumo 8 se afirma una constitución colectiva que es difícil de lesionar individualmente, al menos en un sentido clásico. (cc) El problema se presenta aún más complejo en los delitos del llamado derecho penal económico (en sentido estricto) 9, caracterizados por su estrecha relación de accesoriedad con el derecho privado 10 regido principalmente por sus propios fines, principios y criterios y cuyo principal objetivo es proveer orden y estabilidad a ciertas interacciones humanas y, con ello, proteger la funcionalidad de uno o varios subsistemas económicos. La dificultad desde el punto de vista de reconstrucción del injusto penal desde esta metodología clásica radica en la constante tentación de homologar los fines del derecho económico y administrativo sancionador con los del derecho penal, debido a que ambos identifican su objeto de valoración positivo en la funcionalidad general de la institución. Así las cosas, como se demostrará, el derecho penal no sólo abandona su vocación subsidiaria (ultima ratio) e identifica su fines con la provisión de funcionalidad a las instituciones económicas, sino que además abandona la metodología propuesta en la reconstrucción del injusto penal. Lo anterior, se puede ver atenuado o agravado según la técnica legislativa utilizada. Los delitos de uso y divulgación de información privilegiada que se encuentran sancionados en Chile penalmente tanto en la Ley de Mercado de Valores N de 1981 (Art. 60 e), g) y h)) (en adelante también LMV) como en el Decreto Ley N de 1980 sobre Sistema de Pensiones (Art. 159), aparentemente no son la excepción a esta problemática, según se desprende de la literatura nacional 11. Como ya se ha sostenido, 8 KORIATH, Heinz, Zum Streit um den Begriff des Rechtsguts, GA, 146. Jg. Heidelberg 1999, pp , p. 564 f.; HEFENDEHL, Roland, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, Köln: Carl Heymanns Verlag KG, 2002, pp. 111 y ss.; EL MISMO, Das Rechtsgut als materieller Angelpunkt einer Strafnorm, en: HEFENDEHL, Roland (Ed.), Die Rechtsgutstheorie, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, pp , p Véase sobre el concreto amplio o restringido de derecho penal económico en: FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, Cuestiones actuales de Derecho Penal, Montevideo, Buenos Aires: Ed. B de f, 2009, p Ver, en general, sobre la accesoriedad: ROJAS, Luis Emilio, Accesoriedad del Derecho Penal, en: VAN WEEZEL, Alex (Ed.), Humanizar y Renovar el Derecho Penal, estudios en memoria de Enrique Cury, Santiago: Legal Publishing/Thomson Reuters, 2013, pp Entre la literatura más representativa se pueden nombrar ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique, Uso de Información Privilegiada: Algunas consideraciones sobre el sentido y alcance de la prohibición en relación con su sujeto, objeto y sanción, Revista Chilena de Derecho, vol. 27, N 1 (2000), pp ; CANALES, Patricia, Información Privilegiada en el Mercado de Valores, Serie de Estudios de Anticipación/CEA, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Año II, N 18, Mayo de 2003, pp. 1 y ss.; BASCUÑÁN RODRIGUEZ, Antonio, La regulación de la información Privilegiada en el mercado de Valores después de la Ley , en: VVAA, Gobiernos Corporativos. Aspectos especiales de las Reformas a su regulación, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago: Editorial AbeledoPerrot, 2011, pp ; GARCÍA PALOMINOS, Gonzalo, Modelo de protección en normas administrativas y penales que regulan el abuso de Información Privilegiada en la legislación chilena, Polít. Crim., Vol. 8, Nº 15 (Julio 2013), pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_08/n_15/vol8n15a2.pdf]; GASPAR, José Antonio; ARAYA, Fernando, Uso de Información Privilegiada: Superintendencia de Valores y Seguros, 14 de abril de 2011, Resolución Exenta Nº 229, Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 17 (2011), pp ; GUZMÁN ANRIQUE, Francisco, Información Privilegiada en el Mercado de Valores, Santiago: LexisNexis, 2007; STIPP, Anne 1225 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] respecto de estos delitos no existe claridad en la doctrina nacional e internacional ni respecto a la configuración de lo protegido (bien jurídico) ni menos aún sobre las razones para la desvalorización de la conducta, provocando un déficit de legitimación con consecuencias prácticas (ej. reconstrucción y cualificación del injusto). Frente a dicho fenómeno, parte de la literatura sostiene una incompatibilidad entre el derecho penal y la necesidad de sanción de conductas en el mercado de valores 12 siendo especialmente crítica con la sanción del uso de información privilegiada y consecuentemente entiende la criminalización de conductas en este ámbito como ilegítima. Mientras que otros intentan solucionar estos déficits de legitimación, reorientando la desvaloración de conductas según su lesividad para intereses individuales (concepción monista de la teoría del bien jurídico) y, con ello, aceptando la criminalización y punibilidad de algunas de estas y denunciando respecto de otras un aparente e inaceptable adelantamiento de la punibilidad 13. (dd) El problema de determinación y de necesidad de reconstrucción racional del injusto penal del delito de abuso de información privilegiada desde la metodología clásica (asociado íntimamente con el problema de legitimación) no es simple de comprender y se explicará recurriendo a un clásico ejemplo del derecho civil y expuesto por Cicerón en su libro De los Deberes (de los Oficios): Se trata de un caso en que un sujeto honesto lleva Caroline, El Delito de Abuso de Información Privilegiada, Bogotá, Colombia: Editorial Leyer, 2009 (en su último capítulo se refiere al derecho chileno); ONFRAY VIVANCO, Arturo, Ilícitos contra la información en las transacciones de valores, Revista de Derecho Consejo de Defensa del Estado, N 5 (2001), pp ; PFEFFER U., Francisco, Concepto de información privilegiada y deberes de conducta de quienes están en posesión de ella, a la luz de la jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema, Revista de Derecho Comercial, Universidad de Chile, Nº 1 (2010), pp ; EL MISMO, Nuevos deberes informativos y precisiones en torno al concepto de información privilegiada en el contexto de la ley que perfecciona el gobierno corporativo en empresas privadas., Revista Actualidad Jurídica, Universidad del Desarrollo, Nº 22 (2010), pp ; EL MISMO, Información Privilegiada. Nuevos criterios asentados en sentencias de la Excma. Corte Suprema., Revista Derecho Público Iberoamericano, Universidad del Desarrollo Nº 5 (2014), pp ; PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio, Algunos problemas del delito de uso de información privilegiada, Cuadernos de Extensión Jurídica, Santiago, tomo 19 (2009), pp ; PRADO PUGA, Arturo, Acerca del concepto de Información Privilegiada en el mercado de valores chileno: Su alcance, contenido y Límites, Revista Chilena de Derecho, vol. 30 N 2 (2003), pp ; RIED UNDURRAGA, José Miguel, Fundamentos de la Prohibición del Uso de la Información Privilegiada en Chile: Una visión crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 31, N 3 (2004), pp ; RIED UNDURRAGA, José Miguel, El caso Consorcio 2 Banco de Chile: Información Privilegiada y Potestad sancionadora de la Administración, en: VVAA, Sentencias Destacadas 2005 una mirada desde la perspectiva de las políticas públicas, Revista del Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago, 2005, pp ; ROSAS, Juan Ignacio, El Delito de Abuso de Información Privilegiada en el Mercado de Valores: Análisis crítico de la regulación contenida en la Ley N , Revista Gaceta Jurídica, N 299 (2005), pp. 7 24; SALAH ABUSLEME, María Agnes, Responsabilidad por uso de Información Privilegiada en el Mercado de Valores, Santiago: LexisNexis, 2004; VASQUEZ PALMA, María Fernanda, Revisión del ámbito de aplicación subjetivo y objetivo de la noción de uso de información privilegiada en Chile: un examen de la normativa a la luz de las tendencias doctrinales y jurisprudenciales, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 17 - Nº 2 (2010), pp MONTENEGRO, Alex (Tesis de grado), Tutela penal de la Información privilegiada en la Ley sobre mercado de valores, Memoria para optar al grado de Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Valparaíso, Chile, Véase LARS, Hild, Grenzen einer strafrechtlichen Regulierung des Kapitalmarktes, Frankfurt a. M (Alemania): Peter Lang Verlag, 2004, p. 189; PARK, Tido, Kapitalmarktstrafrecht und Anlegerschutz, NStZ, Heft 7, 2007, p. 369; pp. 376 y ss. 13 Véase LARS, Grenzen, cit. nota n 12, pp. 17 y ss; ZIOUVAS, Dimitris, Das neue Kapitalmarktstrafrecht Europäisierung und Legitimation, Köln: Editorial Carl Heymanns, pp. 260 y ss. 1236 víveres en su barco desde Alejandría a Rodas, en un contexto de escasez y hambre en esta última. El sujeto posee la información, por él obtenida gracias a su observación, de que junto a él han partido otras naves con trigo en dirección al mismo puerto de Rodas. La interrogante que se hace Cicerón es la siguiente: debía el sujeto honrado informar de las condiciones del mercado a sus contrapartes o puede callarse y vender su trigo al mejor precio posible?; estará obligado él a decir a los rodios todo aquello que a ellos les podría interesar 14? Nosotros podemos agregar a dicha interrogante, pero esta vez en sentido negativo, la siguiente: estaba prohibido a dicho hombre honesto aprovecharse de sus ventajas informativas? Para Cicerón, en la respuesta de Diógenes ( pues es la naturaleza lo que une a todos los hombres en la sociedad ) y ante la posible justificación del deber de informar, señala: por ventura, es el espíritu de esta sociedad que el hombre nada tenga suyo propio? Si esto es así, aun es injusticia el que se venda cosa alguna, sino darlo todo 15. En otras palabras, y como señala Enrique Barros en un análisis al mismo caso para el derecho civil, la negociación contractual parte del supuesto que cada parte cautela su propio interés y, por lo mismo, la existencia de especiales deberes positivos de informar o negativos de abstenerse de utilizar la ventaja informativa en beneficio propio son excepcionales y provienen principalmente de deberes legales o de la buena fe contractual 16. Tanto Urs Kindhäuser en Alemania haciendo un símil al mercado de automóviles usados como Stuart Green en Estados Unidos haciendo lo propio en la compra de un cuadro en un mercadillo 17 se formulan la misma pregunta: por qué si, en general, no existe un deber de no beneficiarse de las ventajas informativas para un negocio común, en cambio, en el mercado de valores se entiende como un injusto (administrativo y penal) usar una información no conocida por las contrapartes? Qué fundamenta este deber? Pero aún más importante: Existiendo efectivamente estos deberes qué legitima la intervención del derecho penal en dicho ámbito? Como ya se ha sostenido, en la literatura chilena sobre el delito de abuso (uso y divulgación) de información privilegiada no es posible encontrar una opinión única sobre las razones de la desvaloración y, con ello, de los modelos de protección que sirven de fundamento a las normas de conducta y de sanción, produciéndose una constante tensión en la interpretación de las normas jurídicas. En trabajos anteriores 18, sin embargo, hemos demostrado tanto desde una perspectiva histórica como sistemático-normativa que la regulación chilena ha sufrido un cambio paulatino desde un modelo de protección individual (fiduciary duty theory, misappropriation theory y el modelo de protección patrimonial) a uno institucional (colectivo). Con ello, se ha optado por rechazar el fundamento de los deberes positivos y/o negativos relativos a la información relevante 14 Véase CICERÓN, Tulio, Obras Completas, T. IV, Capítulo 3 de los Oficios, Libro XII, (Traducción de Valbuena, Manuel), pp. 173 y ss. (http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=774) 15 Véase CICERÓN, (Capítulo 3, Libro XII), cit. nota n 14, p BARROS, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2006, pp y ss. (Hago justicia en reconocer que conocí de este ejemplo del derecho civil, luego que el prof. Dr. Jorge Larroucau, en ese entonces académico de la Universidad Alberto Hurtado, me recomendara la lectura del Manual antes citado). 17 GREEN, Stuart, Mentir, hacer trampas y apropiarse de lo ajeno, Madrid, Barcelona, Buenos Aires: Marcial Pons, 2013, p. 312 y s. 18 GARCÍA PALOMINOS, Modelo de protección, cit. nota n 11, pp7 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] desde la idea de fraude o engaño por vulneración de deberes fiduciarios en relación tanto a los accionistas como al emisor o al mercado. También se ha rechazado que la fundamentación esté radicada en un deber negativo de no lesionar el patrimonio de la contraparte anónima en la transacción, principalmente por la inexistencia de una relación de causalidad entre el uso de información privilegiada y la decisión de compra o venta de valores por parte del inversor 19. Así las cosas, las normas de conducta y de sanción, como las que son objeto del presente análisis, sólo cumplirían en este modelo institucional la función de proteger la capacidad de funcionamiento de dichos mercados y con ello el deber provendría de una necesidad institucional. Con esto, se producen varios problemas de relevancia político criminal y dogmática que deben ser solucionados por los discursos y propuestas dogmáticas. Estos problemas dicen relación con los efectos que se producen en la reconstrucción del injusto penal cuando paralelamente se identifica la finalidad de protección penal con la funcionalidad institucional, primariamente función del derecho económico y administrativo. En concreto, el problema dice relación con la dificultad de reconstruir el desvalor de la conducta y las condiciones que deben reunirse para una razonable aplicación de la norma de sanción penal: cuándo aparece como justo y razonable reaccionar con la pena? 20. El objetivo general del presente artículo es, entonces, llevar a cabo un análisis preliminar y crítico de los discursos dogmáticos vinculados a la lesividad de los delitos de uso y difusión de información privilegiada establecidos en la LMV como técnica de reconstrucción del injusto y legitimador de la intervención estatal. En especial, se espera definir las razones que dificultan la reconstrucción de un injusto cualificado desde esta metodología. La tesis que se intentará acreditar señala que, si bien los discursos penales han tomado como punto de partida de la reconstrucción del analizado injusto penal la metodología propuesta por la teoría de protección bienes jurídicos, no obstante aquello, no han sido capaces no sólo de reconstruir mínimamente la lógica lesiva, sino que además de responder a la necesidad de cualificación del injusto penal. Las razones, ya se encuentran expuestas en el título de este trabajo: la Idealización de la lesividad social y la administrativización de la punibilidad del uso de Información Privilegiada. 1. Estado actual de los discursos dogmáticos en la literatura chilena sobre la lesividad del uso de información privilegiada. La doctrina penal chilena relativa al delito de uso y divulgación de información privilegiada, se ha desarrollado sólo en los últimos 15 años, siendo coincidente con la última fase de modernización del mercado de valores 21. Probablemente el mayor problema 19 Véase al respecto GARCÍA PALOMINOS, Modelo de protección, cit. nota n 11, p En términos generales sobre la legitimación de la legislación penal FRISCH, Wolfgang, Geglückte und folgenlose Strafrechtsdogmatik, en: ESER, Albin; HASSEMER, Winfried; BURKHARDT, Björnd, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, München: H. Beck, 2000, pp. 159 y ss; EL MISMO, Rechtsgut, Recht, Deliktsstruktur und Zurechnung im Rahmen der Legitimation staatlichen Strafens, en: HEFENDEHL, Roland (Ed.), Die Rechtsgutstheorie, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, pp. 215 y ss. 21 Sobre las distintas fases de desarrollo ver GARCÍA PALOMINOS, Modelo de protección, cit. nota n 11, pp. 40 y ss. 1258 que ha enfrentado ha sido, precisamente, su incapacidad para identificar la diversidad de modelos de desvaloración de conductas (o de protección) y, con ello, las consecuencias de la adopción de cada uno de ellos. Por su parte, la reconstrucción valorativa del injusto penal de estos delitos propuesta durante esta fase discurre entre (1.) un acuerdo no absoluto, pero mayoritario, en relación al modelo de protección y (2.) una tensión metodológica relativa a los deberes que la fundamentan. Ambas tensiones deben ser aquí aclaradas Tensiones del modelo institucional. El modelo institucional defiende una tesis dualista del bien jurídico que, a su vez, intenta explicar de manera conjunta el ámbito de valoración positivo que permite reconstruir la desvalorización (o valoración negativa) tanto del uso (art. 60 letras e) y g)) como de la divulgación (art. 60 letras i)) de información privilegiada. Estas tesis institucionales propuestas en la literatura chilena discurren sobre un mismo eje: la funcionalidad del mercado de valores. Unas y otras se diferencian sólo en la acentuación de sus diversos aspectos representativos. Mientras para unas el aspecto funcional o funcionamiento general del mercado debe ser puesto en relieve, otras acentúan alguna condición o presupuesto concreto esencial para dicha funcionalidad del sistema, como la confianza en el mercado de valores o la igualdad, el igual acceso a la información, la transparencia del mercado, etc. Así, por ejemplo, la identificación del bien jurídico protegido directamente en la condición de Igualdad, proviene de un argumento del propio legislador nacional. Ya en la exposición de motivos de la incorporación de la Ley N , en su versión original de 1981, como en las posteriores modificaciones en la Leyes N de 1994, así como durante la introducción de tipos penales en dicha ley y su ampliación en la Ley N de 2000 y N de 2009 es posible encontrar argumentos coincidentes relativos a la protección de la igualdad y equidad entre los participantes en el mercado de valores. Dicha igualdad no es, sin embargo, entendida uniformemente. Algunas veces se plantea como objeto de valoración positiva preexistente que se vería afectado negativamente por el uso o divulgación de información privilegiada y otras como condición necesaria de proveer institucionalmente. Lo anterior no es necesariamente errado, principalmente si se entiende que en estas propuestas y discusiones se plantean fundamentaciones no sólo de carácter penal. Así, por ejemplo, en palabras del legislador en la época de discusión de la Ley de 1994, el mercado debe proveer igualdad de condiciones de acceso a la información, de manera tal que ninguna de las partes, al negociar, tenga más información que la otra: problema de asimetría en la información 22. Por su parte, la Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante SVS) ha señalado que El bien jurídico protegido por las normas sobre información Privilegiada es la mayor igualdad posible en que deben encontrarse los que negocien en el mercado de valores 23 y con ello relaciona la protección con una especie de colaboración u objetivo a lograr y su correlativo derecho a la igualdad. La Corte 22 Intervención Superintendente de Valores y Seguros, en: Actas de Formación de la Ley de 1994, Sesión del Senado 15 octubre de 1993, Legislatura 327ª, Extraordinaria, pp. 25 y s; Actas de Formación de la Ley de 1994, Primer Informe Comisión de Hacienda, 15 Octubre de 1993, pp. 30 y ss. 23 Ver en Superintendencia de Valores y Seguros, Dictámenes del Mercado de Valores , en: Revista de Valores, Informe Interno de la Fiscalía de Valores, 1998, p9 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] Suprema, por el contrario, ha señalado que ( ) lo que se protege con nuestra normativa legal no es el derecho a la información, sino el derecho de los distintos operadores a intervenir en el mercado teniendo acceso igualitario a la información ( ) 24. Esta igualdad es concebida, sin embargo, como requisito o condición para la configuración de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente 25. No se trata, por tanto, de una igualdad informativa general o protección de un estado de igualdad ya garantizado por la institución y sus sistemas, sino de un derecho al igual acceso a la información. Esta opinión, aun cuando es capaz de contestar correctamente a las críticas formuladas por la literatura, especialmente proveniente del derecho económico 26, no da respuesta a si se trata de un derecho general a la igualdad de acceso a toda la información o se trata de la igualdad de acceso a la información garantizada en ciertos mecanismos o sistemas formales del mercado de valores chileno o se basa en el mero cumplimiento de deberes extrapenales. Dicha falta de determinación, en concreto, si bien no genera graves problemas en el ámbito del derecho económico y administrativo, atenta contra la reconstrucción de los tipos penales en análisis, lo que se demostrará más abajo. La literatura chilena mayoritaria, sin embargo, ha optado por entender que el bien jurídico protegido en los delitos de uso de información privilegiada es la fe pública o la confianza en el mercado de valores o en la igualdad de acceso a la información relevante, conceptos que se toman como sinónimos 27. Esta tendencia encuentra su sustento en los fundamentos provistos por el propio legislador, en el sentido que, por medio de la prohibición del uso de información privilegiada y su sanción, se busca, por un lado, evitar la discriminación en el conocimiento de la información y cumplir así el objetivo de una participación igualitaria de oportunidad en la información, y por otro, dar una mayor confianza al inversionista en general en la institución del mercado de valores. En relación a este último punto, se destaca que sería la principal característica de los mercados de valores la búsqueda constante de la protección de la fe o confianza pública 28. Como se puede observar, la argumentación en 24 Ver Sentencia Exc. Corte Suprema, causa Rol Nr de 2006, considerando Nr. 14; véase el análisis de GUZMÁN ANRIQUE, Información Privilegiada, cit. nota n 11, p Véase en: Superintendencia de Valores y Seguros, Dictámenes del Mercado de Valores , en: Revista de Valores, Informe Interno de la Fiscalía de Valores, 1998, p Esta posición es especialmente intensa en la literatura norteamericana; en la literatura chilena ver RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, pp. 447 y ss. 27 Destacan en esta posición: PRADO PUGA, Acerca del concepto de Información Privilegiada, cit. nota n 11, pp. 262 y ss.; SALAH, Responsabilidad por uso de Información Privilegiada, cit. nota n 11, pp. 215 y ss.; ROSAS, El Delito de Abuso, cit. nota n 11, pp. 10 y ss.; MONTENEGRO, Tutela penal de la Información privilegiada, cit. nota n 11, pp. 41 y ss.; en parte y algo difuso ONFRAY, Ilícitos contra la información, cit. nota n 11, pp. 73 y ss.; contrario y críticos a esta, ver: RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, pp. 449 y ss.; GUZMÁN ANRIQUE, Información Privilegiada, cit. nota n 11, pp. 107 y ss. 28 Intervención Superintendente de Valores y Seguros, en: Actas de Formación de la Ley de 1994, Sesión del Senado 15 octubre de 1993, Legislatura 327ª, Extraordinaria, pp. 98 y ss.; sobre los objetivos del legislador ver: Protección a los accionistas minoritarios frente a la toma de control de una sociedad anónima abierta, en: Revista Chilena de Derecho, Vol. 22, N 3 (1995), pp. 417 y ss.; RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, pp. 449 y ss.; CANALES, cit. nota n 11, pp. 10 y ss.; MONTENEGRO, Tutela penal de la Información privilegiada, cit. nota n 11, pp. 41 y ss.; en parte y algo difuso ONFRAY, Ilícitos contra la información, cit. nota n 11, pp. 73 y ss.; contrarios y críticos a esta, ver: RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, pp. 449 y ss.; GUZMÁN ANRIQUE, Información Privilegiada, cit. nota n 11, pp. 107 y ss. 12710 torno a la confianza en el mercado de valores como bien jurídico, desarrollada por parte de la literatura chilena, estaría compuesta por la relación de tres elementos: La confianza, el objeto de la confianza y la capacidad de funcionamiento del mercado o funcionamiento adecuado. Según la literatura chilena y los fundamentos del legislador, la protección de la confianza o fe pública sería consecuencia de entenderla como principal condición para el adecuado funcionamiento del mercado de valores. Como lo señalaba el Ministro de Hacienda de la época, en su exposición de motivos al Congreso Nacional, conductas como el uso de información privilegiada o la manipulación de precios del mercado constituyen prácticas que reducen la confianza en la equidad del sistema, factor que inhibe su profundización y masificación 29. De la misma forma lo argumenta el diputado informante del proyecto al señalar que el sistema funciona sobre la base de la confianza en los instrumentos que el sistema ofrece, en que no hay manejos raros, hay transparencia y todos los elementos indispensables para que el mercado funcione de manera adecuada 30. Esta idea es ratificada por parte de la literatura cuando señala que: El buen funcionamiento del mercado de valores depende en gran medida en la confianza que inspire a los inversores. 31. Sin embargo, respecto a la configuración de la confianza, la literatura no es clara. Esto, porque lo único respecto de lo cual hay una coincidencia es en que la confianza es la base de las relaciones humanas y, particularmente, de las relaciones jurídico-económicas 32. No obstante lo anterior, esta es entendida o como una confianza subjetiva y personalizada, es decir, como un estado psicológico de los inversores en orden a creer en las condiciones mínimas de participación en un sistema así, la definición entregada por la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de fecha 8 de Julio de 2004 en su considerando Nº 19 la entiende como la generalizada convicción de tratarse de un mercado regular y confiable 33 o como una confianza institucionalizada. Esta última institucionalización de la confianza es, por ejemplo, concebida por Patricia Canales como: la garantía dada a estos de que negociarán en igualdad de condiciones y que estarán protegidos contra el uso ilícito de la información privilegiada, considerando que las operaciones con información de este carácter, que suponen ventajas para ciertos inversores, deterioran esta confianza y entorpecen así ese buen funcionamiento Ver Intervención Superintendente de Valores y Seguros, en: Actas de Formación de la Ley de 1994, Sesión del Senado 15 octubre de 1993, Legislatura 327ª, Extraordinaria, pp. 98 y ss. 29 Ver intervención del Sr. Ministro de Hacienda Alejandro FOXLEY en: Actas de Formación de la Ley de 1994 en Sesión del Senado 15 Octubre de 1993, Legislatura 327ª, Extraordinaria, S. 20 y 21; Sesión 22ª, en 11 de enero de 1994, Legislatura 327ª, Extraordinaria, S Ver intervención del Diputado informante señor HUEPE, Claudio en: Acta Sesión 8 de Junio de 1993; también en RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, pp. 449 y ss. 31 CANALES, cit. nota n 11, p MONTENEGRO, Tutela penal de la Información privilegiada, cit. nota n 11, p Ver Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol N , de 8 de julio de CANALES, cit. nota n 11, p11 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] Si el Estado, un sistema o el cumplimiento de las normas de conductas o deberes institucionales son los garantes de dicha igualdad de oportunidades, sin embrago, tampoco queda claro y es dejado sin explicación. La diferencia entre la concepción psicológica (o interpersonal) y la institucional de la confianza (confianza sistemática) es relevante tanto desde la perspectiva de la configuración de la misma como de las formas de lesionarla. Esto, porque mientras la confianza institucionalizada es producto de la garantización de condiciones de seguridad de las relaciones interpersonales provenientes de la misma institución 35, la confianza personal y psicológica es consecuencia de la construcción interpersonal y proviene de la experiencia de una misma especie de relación afectiva y cognitiva 36. Independiente de la configuración de la fe pública o la Confianza, o psicológica (interpersonal) o institucional, esta no se explica por sí misma, concretizándose necesariamente en objetos de confianza: en el Mercado de Valores o en el correcto funcionamiento del Mercado 37, en el igual acceso a la información 38, trato igualitario 39, equidad del Sistema 40, la transparencia e igualdad 41, la seguridad de tráfico jurídico 42, la seguridad en instrumentos que se le ofrecen 43, integridad del mercado 44, etc. Estos objetos a que se hace referencia tanto en los motivos del legislador como en la doctrina administrativa y penal chilena, como se ha visto, designan y pretenden asegurar principalmente dos aspectos calificados de relevancia para el desenvolvimiento individual de los inversores: la igualdad de acceso a la información al momento en que se transan los valores y/o la transparencia, es decir, la capacidad que tiene el sistema de que toda la información esté disponible y accesible y que la información disponible se exprese en el precio de los valores transados. Ambos elementos según la lógica expresada y la lógica del mercado de capitales son requeridos en momentos distintos. En otras palabras, la confianza como bien jurídico se construye ya sea sobre la base de una especie de garantía o de una construcción afectiva interpersonalizada (no explicada en los fundamentos) de la expectativa de todo inversor de que al momento de transar valores 35 Ver JANSEN, Dorothea, Theoriekonzepte in der Analyse sozialer Netzwerke, Entstehung und Wirkungen, Funktionen und Gestaltung sozialer Einbettung, FÖV Discussion Papers 39, Speyer, P. 23; KASSEBAUM, Ulf Bernd, (Diss) Interpersonelles Vertrauen, Entwicklung eines Inventars zur Erfassung spezifischer Aspekte des Konstrukts, Universität Hamburg, 2004, pp. 18 y ss.; LUHMANN, Niklas, Vertrauen, 4. Auflage, Lucius & Lucius Verlag, Stuttgart, 2009, pp. 3 y ss. 36 Vease en THOMAS, Alexander, Vertrauen im interkulturellen Kontext aus Sicht der Psychologie, en: THOMAS, A. (Ed.), Die Rolle von Vertrauen in Unternehmensplanung und Regionalentwicklung- ein interdisziplinärer Diskurs. - München: Forost, Forschungsverbund Ost- und Südosteuropa, 2005, p Véase así también ROSAS, El Delito de Abuso, cit. nota n 11, p. 11; ONFRAY, Ilícitos contra la información, cit. nota n 11, pp. 79 y ss.; MONTENEGRO, Tutela penal de la Información privilegiada, cit. nota n 11, p Véase GUZMÁN ANRIQUE, Información Privilegiada, cit. nota n 11, p ROSAS, El Delito de Abuso, cit. nota n 11, p FOXLEY, Alejandro (Ministro de Hacienda), Actas de Formación de la Ley de 1994 en Sesión del Senado 15 Octubre de 1993, Legislatura 327ª, Extraordinaria, S. 20 y 21; Sesión 22ª, en 11 de enero de 1994, Legislatura 327ª, Extraordinaria, p MONTENEGRO, Tutela penal de la Información privilegiada, cit. nota n 11, p ONFRAY, Ilícitos contra la información, cit. nota n 11, pp. 79 y ss. 43 HUEPE, Claudio (Diputado informante), Acta Sesión 8 de Junio de 1993; en: RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, pp. 449 y ss. 44 ONFRAY, Ilícitos contra la información, cit. nota n 11, pp. 79 y ss. 12912 de oferta pública se estará en una situación de igual acceso a la información y, por otro lado, que en todo caso el precio con que se transa refleja toda la información disponible en el mercado. El uso de información privilegiada vendría a constituir una distorsión o disfuncionalidad que impide disfrutar de la eficiencia del sistema ideal. Aunque no del todo autónomas a las propuestas anteriores, surgen aquellas que proponen identificar como bien jurídico sólo al correcto funcionamiento del mercado de valores, entendido este como el funcionamiento imperfecto derivado de incumplimiento de las normas que forman el modelo ideal de funcionamiento. Así, por ejemplo, la pérdida de confianza derivada de la vulneración de expectativas de transparencia o igualdad (simetría informativa) traería como consecuencia, en palabras de María Agnes Salah, un alza del valor del capital para las compañías y una menor liquidez por la menor confluencia de inversionistas 45. Mientras que, para una segunda orientación, el efecto incidiría en mayor transparencia en el mercado de capitales 46. Esta falta de transparencia, presupuesto para la eficiencia del mercado, afectaría a su vez en la correcta formación de precios 47. Por su parte Alex Montenegro añade, además, que el sólo hecho de que alguien distorsione, en beneficio propio, el juego normal de las leyes del mercado, se traduciría en una pérdida de eficiencia de éste. 48. En consecuencia, si bien el modelo institucional mayoritario no se manifiesta uniformemente 49, lo claro es que entiende como protegido (en el ámbito económico y penal) aspectos macroinstitucionales del mercado de valores, que se verían dañados o lesionados por conductas disfuncionales a este, principalmente por la vulneración de expectativas de los inversores Tensiones metodológicas: deberes negativos versus deberes positivos especiales. La tensión metodológica se produce entre quienes promueven una reconstrucción del injusto penal del uso de información privilegiada según la necesidad de preservar un bien jurídico institucional de conductas disfuncionales (deber negativo general) o, por el contrario, según la necesidad de asegurar (penalmente) la contribución o colaboración de ciertos agentes del sistema en la configuración, existencia o buen funcionamiento de la institución (deber positivo especial). La primera de ellas, deviene de un modelo de injusto general concebido como vulneración del deber general de no dañar a otro (naeminem laedere) por medio de conductas que 45 SALAH, Responsabilidad por uso de Información Privilegiada, cit. nota n 11, pp. 56 y ss. (en especial p. 69). 46 Intervención del Ministro de Hacienda Alejandro Foxley en: Actas de Formación de la Ley de 1994 en Sesión del Senado 15 octubre de 1993, Legislatura 327ª, Extraordinaria, S. 20 y 21; Sesión 22ª, del 11 de enero de 1994, Legislatura 327ª, Extraordinaria, p RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, p. 452; GUZMÁN ANRIQUE, Información Privilegiada, cit. nota n 11, pp. 98 y ss. 48 MONTENEGRO, Tutela penal de la Información privilegiada, cit. nota n 11, p Sobre una crítica a estos conceptos ver RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, p. 463; SALAH, Responsabilidad por uso de Información Privilegiada, cit. nota n 11, p13 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] extralimitan el ejercicio de la libertad económica la de invertir y utilizar la información que se posee afectando el bien jurídico representativo de la autonomía ajena, en este caso institucional. Así, por ejemplo, es el propio legislador quien de manera amplia sostiene que el aprovechamiento, conocido en nuestra historia financiera, de la situación de desequilibrio que se encuentran los inversores versus los internos del emisor, contribuye a generar desconfianza en el mercado 50. Dicha explicación, sin embargo, se ha modificado con el tiempo, siendo desvinculada de la situación de privilegio en que se encuentran ciertos sujetos (internos) en relación al emisor, para ampliarla a todo aprovechamiento de asimetrías informativas provenientes de la posesión de información privilegiada (cuestión que queda cristalizada desde Ley de 2009), lo que afectaría la confianza en el igual acceso a información relevante 51. No obstante lo anterior, a diferencia de lo ocurrido con los modelos individualista (ej. aprovecharse de la asimetría informativa para dañar el patrimonio o propiedad de otro, ambas con tesis de fraude o de vulneración de un deber fiduciario) 52, la relación de lesividad no es consecuencia directa de la conducta individualmente considerada, sino de un fenómeno lesivo macrosocial y acumulativo. Se trataría de conductas que representan una contribución a un fenómeno acumulativo, es decir, que asociadas a otras conductas que vulneran igualmente expectativas de simetría informativa y trasparencia condición esencial para el funcionamiento correcto del mercado de valores afectarían la funcionalidad del mercado de capitales 53. La conducta individual y, por lo mismo, el injusto culpable sólo lo constituye un aporte a dicho fenómeno lesivo 54. El injusto es consecuencia, por lo tanto, de la vulneración del deber negativo de no ejecutar conductas dañinas para la confianza y la funcionalidad del mercado de valores. La tesis clásica anterior entra en directa tensión con aquella que intenta reconstruir el injusto del uso de información privilegiada desde la vulneración de deberes positivos o de colaboración en un contexto institucional, particularmente del deber de contribuir o colaborar en la existencia de una igualdad de acceso a la información y, con ello, al buen funcionamiento del mercado de valores ideal. No se trata de modelos de injusto que hayan sido absolutamente desconocidos para este delito ni que surjan únicamente de alguna corriente dogmática. Ya en sus orígenes, en la interpretación de las reglas 10b y 10 b-5 de la Securities Exchange Act en Estados Unidos durante los años sesenta y setenta, se entendía que el delito no podría sino derivar de la vulneración de deberes de aportar en la 50 Informe Técnico del Ministro de Hacienda en 1981, en: RIED UNDURRAGA, Fundamentos de la Prohibición, cit. nota n 11, p Ver BASCUÑÁN, La regulación de la información, cit. nota n 11, pp. 87 y ss. 52 Para una explicación del modelo de injusto basado en el naeminem laedere ver PIÑA ROCHEFORT, Algunos problemas del delito, cit. nota n 11, p FOXLEY, Alejandro (Ministro de Hacienda), Actas de Formación de la Ley de 1994 en Sesión del Senado 15 Octubre de 1993, Legislatura 327ª, Extraordinaria, S. 20 y 21; Sesión 22ª, en 11 de enero de 1994, Legislatura 327ª, Extraordinaria, S Siguiendo la misma idea de injusto, pero diferenciado por su perspectiva de la confianza interpersonal y psicologisista, MONTENEGRO (Tutela penal de la Información privilegiada, cit. nota n 11, p. 43) opta por aclarar que se trata de injustos que se explican por su capacidad para afectar las confianzas individuales de un gran número de inversionistas. Si bien esta orientación no es desarrollada por este autor, es posible constatar que para esta concepción la confianza como cualidad necesaria para participar en el sistema, es un atributo personal de cada individuo y, como tal, protegido individualmente; CANALES, cit. nota n 11, pp. 1 y14 configuración del Equal Access. Se trataba de la existencia de un complejo normativo compuesto por un deber positivo y uno negativo: disclose or abstain (divulgar o abstenerse). Vale decir, se trataría un deber del inversor de revelar a las contrapartes anónimas o divulgar al mercado información no conocida públicamente, o, en caso contrario, de abstenerse de invertir y guardar la información 55, creando como efecto una garantía de igualdad en el acceso a la información relevante. Stuart Green, actualmente, intentando buscar un contenido moral del ilícito, y rechazando las tesis mayoritarias desarrolladas con posterioridad en el derecho estadounidense, señala que el uso de información privilegiada en última instancia lo que hace es violar una norma que está pensada para generar en los inversores confianza y se trataría de una forma de trampa más que de fraude o vulneración de deberes fiduciarios. 56 Así entendido, cualquier participante en el mercado de valores es titular de dicho deber de actuar conforme a las reglas del juego lo que sería coincidente con las expectativas de igualdad indiferenciada de entre los demás inversores 57. En Chile, con una conceptualización diferente y asociado a deberes derivados de una especie de competencia institucional, Juan Ignacio Rosas 58 y Juan Ignacio Piña Rochefort 59 rechazan el paradigma de la agresión, mayoritario en la literatura chilena, y lo sustituyen por el paradigma del deber de garante. Estos autores conciben el injusto como una infracción a un deber de colaboración institucional derivada de una posición especial de ciertos sujetos. Ambos autores construyen su modelo de injusto sobre la base de un supuesto deber de garante de la igualdad, con manifestación en el deber de abstención como base de la colaboración al sistema y no como manifestación de un deber negativo de no dañar a otro. En palabras de Rosas, por ejemplo, ciertos sujetos especiales se convertirían en verdaderos garantes de la igualdad de acceso a la información en atención a su posición en el emisor. Así, la libertad económica y el derecho de aprovechar en su propio beneficio las ventajas informativas de ciertos sujetos se verían limitados por el deber de salvaguardar la información relevante que se posee en atención a su posición institucional (privilegiada) y por el deber de evitar que esta sea utilizada en el mercado de valores antes que de algún modo se hubiese hecha pública. Se trata de un deber de colaboración en la configuración del mercado igualitario y funcional producida directamente por la garantía generada por el cumplimiento de dichos deberes especiales y surgida de la posición que ocupan ciertos sujetos. 60 Así, la vulneración de tales deberes y el incumplimiento de las expectativas normativas creadas tendrían la capacidad de lesionar la confianza de los inversores, y por tanto, ( ) el buen funcionamiento del sistema. 61. No obstante lo anterior, ni la versión de Rosas 62 ni la de Piña Rochefort dan 55 En nuestro país, sobre el desarrollo de la regla disclose or abstain, ver SALAH, Responsabilidad por uso de Información Privilegiada, cit. nota n 11, pp. 95 y ss. 56 GREEN, Mentir, hacer trampas y apropiarse de lo ajeno, cit. nota n 17, p GREEN, Mentir, hacer trampas y apropiarse de lo ajeno, cit. nota n 17, p ROSAS, El Delito de Abuso, cit. nota n 11, pp. 16 y ss. 59 PIÑA ROCHEFORT, Algunos problemas del delito, cit. nota n 11, pp. 120 y ss. 60 PIÑA ROCHEFORT, Algunos problemas del delito, cit. nota n 11, pp. 120 y ss. 61 ROSAS, El Delito de Abuso, cit. nota n 11, pp. 16 y ss. 13215 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] mayor explicación sobre el origen extrapenal de tales deberes (ni menos aún del círculo de destinatarios de estos) y, en realidad, más bien surge de una deducción que proviene de la norma de sanción administrativa y penal. En consecuencia, el núcleo de lo protegido es ubicado en la desobediencia de una norma de conducta institucional y en la consiguiente defraudación de expectativas normativas, sin que una u otra sean portadoras de una especial valoración. Sin embargo, en lo que se observa una diferencia, es en que mientras Rosas reincorpora en su fundamentación el modelo clásico para justificar el merecimiento y necesidad de pena por la vinculación de la vulneración de estos deberes positivos con la lesión a la confianza y el funcionamiento del mercado de valores, la versión de Piña Rochefort, en principio, manifiesta ciertas dudas sobre la necesidad de la intervención penal, pero no así del merecimiento de pena 63. En otras palabras, si bien ambas pueden justificar la necesidad de introducir una excepción a la regla general de la libertad de aprovechamiento de las ventajas informativas en el ámbito del mercado de valores como reglas del juego necesarias para crear confianza en el sistema, no son capaces de explicar el merecimiento y necesidad de la sanción penal. Corresponderá, más adelante, analizar si estas versiones son sistemáticas (por ejemplo, en relación al círculo de destinatarios de la norma de conducta y círculo de autores de los delitos), si permiten explicar la dinámica de otros mercados distintos al mercado de valores en sentido estricto, pero abarcados por la Ley N y si siguen siendo coherentes luego de la reforma a dicha ley por medio de la Ley N de Análisis crítico de los discursos penales. Los discursos antes analizados desarrollan justificaciones no sólo a la configuración de sistemas institucionales y su reforzamiento a través de la sanción administrativa, sino también a la criminalización y punibilidad de ciertas conductas en el marco de la interacción en instituciones económicas. Estos, tienen como puntos de partida o la existencia de instituciones económicas que reunirían ciertas características y condiciones de funcionamiento o que garantizarían expectativas normativas que justificarían la pena. Sin embargo, como se intentará explicar aquí, dichos discursos penales derivan en déficits de legitimidad ya que son incapaces de lograr una razonable reconstrucción valorativa para el derecho penal, principalmente por su tendencia a idealizar el objeto de protección y la lesividad de las conductas: Idealización del Mercado de valores. Adicionalmente, son incapaces de proveer criterios que justifiquen la sanción penal, en el sentido explicado en la introducción, y que distingan el mero injusto administrativo, civil o económico de un injusto penal 64 y, como consecuencia, acepten una homologación de los fines de las distintas ramas del derecho y una administrativización del derecho penal económico. 62 En la versión de ROSAS ( El Delito de Abuso, cit. nota n 11, p. 20) es posible observar algún análisis relativo a los deberes, aunque derivados de las normas de sanción administrativas. Sin embrago, en dicho análisis queda de manifiesto la dificultad de seguir su propuesta de injusto, principalmente por la amplitud del tipo penal. 63 PIÑA ROCHEFORT, Algunos problemas del delito, cit. nota n 11, pp Una crítica a las explicaciones del funcionalismo radical, ver ABANTO, Manuel, Acerca de la teoría de bienes jurídicos, Revista Penal, Nº 18 (2006), Madrid, España, p. 3, p16 2.1. Idealización del Mercado de valores: Una Institución homogénea? (a) Como ya se ha revisado, los discursos penales principalmente de las tesis mayoritarias se caracterizan por identificar y proponer como objeto de valoración positiva la institución mercado de valores como si constituyera un sistema homogéneo donde se transan unos mismos productos, con mismos niveles de organización y capacidad de funcionamiento, igual capacidad de transparencia o de garantizar unas mismas expectativas informativas como el igual acceso a la información, capacidad de formar correctamente los precios de los valores, etc. La necesidad de limitar la libertad económica así como de sancionar el aprovechamiento de ciertas ventajas informativas es planteada como una necesidad de protección general al funcionamiento mercado de valores. Así, para estas propuestas mayoritarias, se desvaloraría de la misma manera tanto la conducta de director de una compañía que se aprovecha de su ventaja informativa obtenida en una reunión de directorio y que se materializa en la venta de un porcentaje de sus acciones en la compañía, como la del trabajador del Banco Central que se aprovecha de la ventaja informativa relativa a la tasa de interés invirtiendo en derivados financieros en el mercado no organizado. Lo anterior, sin embargo, es consecuencia de una tendencia en la doctrina nacional e internacional a generalizar o idealizar el objeto de protección y, con ello, también aparentar una reconstrucción del desvalor de la conducta desde su lesividad social. El concepto mercado de valores es un concepto complejo que abarca un amplio grupo de mercados, submercados, instituciones económicas, sistemas, subsistemas, mecanismos o plataformas de interacción y transacción de valores que persiguen fines y obedecen a estructuras de interacción muy disímiles. Este concepto abarca, entre otros, al llamado mercado de valores en sentido estricto que, junto al mercado de dinero, de divisas, de derivados constituyen parte del mercado financiero 65. Así, mientras el mercado de valores en sentido estricto persigue la satisfacción de la necesidad por capital de la economía o de los Estados a través reasignación del ahorro de los privados hacia los que requieren de capital necesario para desarrollar inversiones empresariales y sus subsistemas son configurados y evaluados por su capacidad para conseguir tal objetivo (ej. Allokationsfunktion) 66, el mercado de valores en sentido amplio tiene por objetivo servir al encuentro entre la oferta y demanda por dinero o títulos representativos de este, independiente del objetivo 67. No obstante lo anterior, mercados en sentido estricto o amplio, pueden estar íntimamente relacionados, como sucede por ejemplo entre el mercado de acciones o bonos y el mercado de derivados cuyo bien subyacente son dichas acciones o 65 BUCK HEEB, Petra, Kapitalmarktrecht, 2 II, Heidelberg: C.F. Müller, 2008, número al márgen 64 y 80 y s.; GRUNEWALD, Barbara; SCHLITT, Michael, Einführung in das Kapitalmarktrecht, München: C. H. Beck Verlag, 2007, p. 1 y s; KÜMPEL, Siegfried, Bank- und Kapitalmarktrecht, Köln: Dr. Otto Schmidt Verlag, 2004, número al márgen y s.; MERKT, Hanno; ROSSBACH, Oliver, Zur Einführung: Kapitalmarktrecht, JuS, 2003, München, Frankfurt a. M., pp. 217 y ss.. 66 PAPACHRISTOU, Marialena, Die strafrechtliche Behandlung von Börsen- und Marktpressmanipulationen, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2006, p. 25 y s. 67 Ver LENENBACH, Markus, Kapitalmarkt- und Börsenrecht, RWS, Köln: Kommunikationsforum Verlag, 2010, número al márgen 1.5; MERKT/ROSSBACH, Zur Einführung: Kapitalmarktrecht, cit. nota n 65, p. 217; GRUNEWALD/SCHLITT, Einführung in das Kapitalmarktrecht, cit. nota n 65, pp. 1 y ss.; BUCK HEEB, Kapitalmarktrecht, cit. nota n 65, número al márgen 80 y s. 13417 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] bonos. Si esto no es así (otro bien subyacente, por ejemplo dinero), significa que dichos mercados de futuros u opciones mercado de derivados no se configuran (aun cuando puedan servir para eso) para servir al mismo fin 68. Estos últimos reciben diferentes niveles de organización, coexistiendo en nuestro país, por ejemplo, mercados de derivados financieros Forwards o Swaps que operan como mercados no organizados y con valores no estandarizados 69 con otros mercados de derivados estandarizados, que son transados en plataformas organizadas como la bolsa de valores y aseguradas por una cámara de compensación y liquidación de valores organizada, etc. Por lo mismo, la necesidad de diferenciar entre nivel de organización, estructura y finalidad del mercado es relevante porque, si bien ya es un avance determinar la existencia de mercados informales y no organizados (ej. mercado de Swaps) respecto de los cuales no se tienen expectativas informativas relevantes (ni son garantizadas ni normativa ni estructuralmente), sin embargo, entre mercados organizados dichas expectativas informativas también pueden ser de diversa intensidad y naturaleza (ej. mercado de derivados de la bolsa de valores de Santiago y el mercado de deuda a largo plazo). En efecto, como se demostrará con relativa facilidad, la configuración normativa y estructural de cada mercado de valores cambia según los modos de interacción que el sistema busque incentivar, no siendo posible como lo ha hecho la literatura nacional acá revisada generalizar respecto a las capacidades que se le ha querido asignar al mercado de valores, como si se tratara de un sistema único u homogéneo. Si la finalidad del mercado de valores en sentido estricto es desarrollar sistemas alternativos al resto de los mercados financieros que faciliten eficientemente la asignación (Allokationsfunktion o allocative efficiency) de los flujos de capital de quienes tienen superávit de dinero a aquéllas empresas o personas que posean efectivamente la capacidad de desarrollar proyectos, 70 su estructura dependerá de los modos de interacción que posibiliten estos fines. Para aquello, se busca implementar subsistemas que incentiven y permitan al poseedor de dinero invertir su capital con la posibilidad de devengar intereses y ganancias por sobre lo ofrecido por el sistema bancario 71. El mecanismo consiste, en primer término, en la emisión por parte de quien tiene un déficit de dinero de participaciones (ej. acciones) en la empresa o títulos de deudas a mediano o largo plazo (ej. bonos) que son colocados en el mercado y ofrecidos a los que tienen superávit o ahorro de dinero. La estructuración en base a un mercado primario eficiente, que permita la asignación eficiente de recursos a los que realmente ofrecen mejores proyectos, no es posible sin la creación, a su vez, de un mercado secundario eficiente y confiable que le provea liquidez a dichos 68 MERKT/ROSSBACH, Zur Einführung: Kapitalmarktrecht, cit. nota n 65, p. 220; WOHLERS, Wolfgang, Kommentar 264a, en: JOECKS, Wolfgang; MIEBACH, Klaus, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Gesamtredaktion, München: Verlag C.H. Beck, 2006, número al márgen 24.; BUCK HEEB, Kapitalmarktrecht, cit. nota n 65, número al márgen LORENZINI, Fabiola, Futuros y Opciones, Conceptualización y Operatoria conforme a la Ley N , Santiago: Ed. Lexis Nexis, 2006, p. 18 y s. 70 Ver STEINER, Manfred; BRUNS, Christoph, Wertpapiermanagement, Stuttgart, Alemania: Schäffer Poeschel Verlag, 8ª Ed., 2002, p Con más detalle ver: LONDOÑO, Fernando, Ilícito de manipulación bursátil: fenómeno y lesividad. Aspectos de política sancionatoria, Polít. crim. Vol. 8, Nº 15 (Julio 2013), A3, p. 73 y ss. [http://www.politicacriminal.cl/vol_08/n_15/vol8n15a3.pdf] [visitado el ]. 13518 valores. Por lo mismo, este mercado configurará subsistemas, plataformas de interacción, sistemas de información y formación de precios regulados u otras unidades funcionales que permitan e incentiven esta forma de interacción 72. El mercado se organizará, por lo tanto, de una manera tal de garantizar que quien dice tener la capacidad de generar proyectos (empresas o Estados), no sólo informe a su contraparte en la primera colocación de valores (mercado primario) sino que mantenga informado al mercado secundario (inversores) de su estado y de toda información que pueda ser relevante (mandatory disclosure) ya que el valor de la parte alícuota en la empresa (acción) o de la deuda de mediano o largo plazo (bonos) transada en el mercado secundario dependerá directamente de dicha información. Adicionalmente, se producirá un problema capital en este mercado, adicional a la dependencia informativa: la asimetría informativa producida tanto entre los internos al emisor, quienes ejercen funciones institucionales y el resto de los inversores. Dicha asimetría informativa es compensada institucionalmente en los mercados organizados tanto a través de la introducción de normas de conductas y sanción como a través de la configuración de subsistemas ej. formación de precios regulada o sistemas de información formal que facilitan la interacción igualitaria. De hecho, cuando nuestro legislador se refiere al bien jurídico protegido como la igualdad de oportunidades, en realidad, se está refiriendo a esta necesidad. Por lo tanto, la estructura de incentivo 73, principalmente del mercado secundario no es un mero producto de las interacciones informales de los inversionistas, sino de la organización e institucionalización de dicho mercado y el desarrollo de normas formales o informales de interacción 74, que traen orden en el quehacer cotidiano, reduciendo o impidiendo la incertidumbre que producen las relaciones humanas 75. El contenido específico de esas normas y los fines de esas instituciones y los ámbitos de aplicación dependen y varían según el desarrollo tecnológico (técnica de la información), del entorno institucional, de las normas éticas de la sociedad, del modo de entender la institución y las interacciones, etc. 76 Como se ha expuesto, paralelamente coexisten entre los mercados de valores otros igualmente organizados pero que, por perseguir fines diversos, la dependencia informativa puede manifestarse de manera diferente, lo que explica su estructura diferenciada (y no homogénea). Así, por ejemplo, el mercado de derivados recientemente organizado en la Bolsa de Santiago no se configura aún cuando puede ser también utilizado para aquello como forma de financiamiento, sino como una forma de generar ganancias a corto plazo por medio de arbitraje o transacción simultánea en dos o más mercados o como negocio 72 LIEBEL, Hermann, Täter Opfer Interaktion bei Kapitalanlagebetrug, Neuwied: Luchterhand Verlag, 2002, p Sobre la teoría de los sistemas y el concepto de sistema en el mercado de valores ver PEETZ, Dietmar, Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität, Trabajo Doctoral en Universität Kassel, p. 90 y ss. 74 NEE, Victor; INGRAM, Paul, Embeddedness and Beyond: Institutions, Exchange, and Social Structure, en: BRINTON, M.; NEE, V. (Eds.), The New Institutionalism in Sociology, New York: Stanford University Press, 2002, p RICHTER, Rudolf; FURUBOTN, Eirik, Neue Institutionenökonomik, 3ª Ed., Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, p. 97 y ss. 76 RICHTER/FURUBOTN, Neue Institutionenökonomik, cit. nota n 75, p19 Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_10/n_19/vol10n19a5.pdf] especulativo de las fluctuaciones de precios. 77 Así entendido, en dicho mercado de derivados organizado, no sólo las expectativas de seguridad, sino que además la dependencia informativa es diversa. Esto, porque la dependencia informativa relevante depende principalmente del mercado del bien subyacente, en circunstancias que la parte de la dependencia informativa relativa al emisor y tenedor (riesgo de incumplimiento o de crédito de la contraparte) es compensada institucionalmente sea por la Cámara de Compensación (que actúa como contraparte obligada) y que elimina el riego de incumplimiento y por las garantías exigidas al emisor antes de transar (depósitos en garantía) 78. Las expectativas informativas son absolutamente diferentes entre ambos mercados organizados y el posible entendimiento del uso de información privilegiada en este ámbito se puede volver superfluo o, al menos, exigiría que la fuente de la información privilegiada se extienda dudosamente al mercado del bien subyacente 79. Adicionalmente, y como ya se ha adelantado, bajo el concepto de mercado de valores coexisten también distintos sistemas de interacción económica, no sólo con finalidades económicas distintas y que desarrollan modos de interacción heterogéneos, sino informales y no organizados (aunque supervigilados). Estos se caracterizan porque los agentes que transan valores en él no necesariamente lo hacen sirviéndose de una institucionalidad o sistemas que sean capaces de garantizar niveles de seguridad, de veracidad de la información, formaciones reguladas de precios. En otras palabras, estas otras formas de interacción, aun cuando también son mercado de valores, no siempre estarán en condiciones de garantizar expectativas o las mismas expectativas informativas y, por lo mismo, parece también superfluo hablar respecto de ellos de una misma forma de funcionamiento eficiente o de igualdad de acceso a la información, transparencia o eficiencia en la formación de precios, etc. Esto sucedería, por ejemplo, con el mercado de Swaps o Forwards no organizado en nuestro país, para quienes el único sistema de resguardo es el sistema de justicia civil (y últimamente una industria del seguro desarrollada) 80. Así, en estos ámbitos no parece coherente seguir sosteniendo que la prohibición del uso o divulgación de información privilegiada es consecuencia del deber de no dañar la confianza en el correcto funcionamiento del mercado de valores o el funcionamiento mismo como tampoco la confianza en la igualdad de acceso a la información relevante. 77 MERKT/ROSSBACH, Zur Einführung: Kapitalmarktrecht, cit. nota n 65, p. 220; WOHLERS, Kommentar 264a, cit. nota n 68, número al margen 24; BUCK HEEB, Kapitalmarktrecht, cit. nota n 65, número al margen 84; en el caso particular del mercado de derivados de la Bolsa de Valores de Santiago, se expresa explícitamente estos fines: ver en 78 Al respecto ver LORENZINI, Futuros y Opciones, cit. nota n 69, pp. 78 y ss. 79 Es tan cierto lo anterior, que la Directiva sobre insiders trading 2003/6/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003, sobre las Operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, tuvo que ser modificada por la Directiva 2008/26/CE, de 11 de marzo de 2008 en el sentido de hacerla compatible con el mercado de derivados. 80 De esta misma forma parece entender la SVS, que en un apartado bajo el subtítulo Precauciones y advertencias relativas a los riesgos de invertir en Derivados ofrecidos en mercados regulados en nuestro país, ver: 13720 (b) Lo dicho anteriormente es esencial en el análisis crítico de la reconstrucción valorativa desde la lesividad de la conducta que debemos emprender a propósito de los delitos de uso y divulgación de información privilegiada. Esto, porque, como se ha visto, no todos los modelos propuestos en los discursos penales se desarrollan en torno a deberes negativos y/o positivos concretos (y que tienen la capacidad de identificar un mercado específico), sino, más bien todo lo contrario. En sus propuestas de bien jurídico y de aproximación a la relación de lesividad social como fuente del deber negativo, sólo es posible extraer una concepción idealizada y homogénea del mercado de valores. Esto, no obstante la realidad demuestra un ámbito de interrelaciones absolutamente heterogéneo, con niveles de dependencia informativa diferente y con niveles de organización donde ni la manipulación de precios ni el uso de información privilegiada tienen un mismo sentido. El problema se produce, entonces, si consideramos que ni las normas de conductas extrapenal, ni los tipos penales, ni las normas generales que fijan el marco regulatorio general de la Ley N (LMV) parecen definir o limitar en ámbito de relaciones económicas donde tiene sentido la existencia de la prohibición (o el deber) y la norma de sanción: En efecto, mientras el art. 1 de la LMV señala en términos generales que a las disposiciones de dicha ley queda sometida la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios incluyendo los mercados secundarios de dichos valores dentro y fuera de las bolsas, el art. 3 ejemplifica dichos productos como cualquier título transferible incluyendo acciones, opciones a la compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de crédito o inversión. La única excepción la constituyen los valores emitidos o garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de Chile. En otras palabras, el ámbito de aplicación de las normas de conducta y normas de sanción abarca a una gran cantidad de mercados, respecto de los cuales las tesis mayoritarias demandan transparencia o igualdad o, lo que es aún más extremo, dicen proteger fe pública, confianza en la transparencia, confianza en la igualdad de acceso a la información, etc. A esto se suma el hecho que la técnica legislativa utilizada en el Art. 60 e), g) y h) de la LMV, demanda una concreción por parte del aplicador del derecho y, por lo mismo, el desarrollo de criterios de imputación penal razonables. Esto, porque ninguno de los tipos penales ni los conceptos utilizados en su configuración, permiten seleccionar con meridiana claridad de entre los injustos administrativos aquellos cualificados de relevancia penal 81. Cuestión diversa sucede, por ejemplo, en el parágrafo 38 Abs.1 en relación con el parágrafo 14 WpHG alemana (Ley de comercio de valores), en que la técnica legislativa le permite definir expresamente el ámbito de aplicación del tipo penal de uso de información privilegiada. Estas, a diferencia de las normas administrativas, limitan la aplicación de la norma de sanción penal a transacciones en mercados de valores o plataformas (ej. bolsas de comercio) reguladas, medianamente regulados y supervigilados ya sea por la Bundesanstalt 81 Aquí sólo es evidente que el legislador ha querido dejar fuera de los injustos penales aquel referido a la omisión. 138 Mostrar más
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