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Alicia Casco Guido Alicia Casco Guido Eduardo Espinales
Todos los derechos reservados conforme a la Ley © INEJ. desarrollo y Estado social de derecho. Ley anual de presupuesto general de la República de Nicaragua 2008. publicada en La Gaceta. en concepto de darle continuidad al desarrollo del programa de gobernabilidad. No. 646/2008. con base a la Ley No. anexo No.
El contenido de la presente publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. I-A Asociaciones y Fundaciones. Enríquez C.Autor Cuidado de edición Diseño interior Diseño de portada
. Diario Oficial de la República. 41 el día 27 de febrero de 2008. y en ningún caso debe considerarse que refleja la opinión de la Asamblea Nacional ni del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). a través de la Comisión Económica. 2009
Esta investigación y publicación fue posible gracias al apoyo económico de la Asamblea Nacional.
Introducción ............................................ 7 NCP y 4 CPM) ....................................... Requisitos ................................................................. Prohibiciones.................................................... III.......................................... Principio de Culpabilidad (arto........... Prohibición de analogía en contra del reo.......... Adecuación de la medida al fin que la justifica (tutela o protección de bienes jurídicos) ................................... significado y trascendencia constitucional....................................................... IV......... ............................................................................ Garantía penal o principio de legalidad penal en sentido estricto (nulla poena sine lege).. 2 NCP) ........... V........................... definición y alcances jurídicos............................. Planteamiento del Problema de las reformas .......................... Garantía Criminal o principio de legalidad criminal (nullum crimen sine lege)........................ 2 NCP y 8 inciso b CPM) ..... Principio de Proporcionalidad (arto........................ Garantía en la ejecución o principio de legalidad en la ejecución (nulla exsecutio poenalis sine lege) .... Introducción.................. Garantías................. Introducción..... I....................... Necesidad de la misma (intervención mínima y subsidiaria del derecho penal)............................................................. Principio de Responsabilidad Personal (arto................................................................................ 9 párr................................. ... salvo que favorezca al reo...................................................................9 párr........................................... Principio de lesividad (arto............... 15 16 20 23 25 26 36 37 38 39 40 43 45 45 47 48 50 56 63 66 66 68 68 69
............................................................ II............................................................ nulla poena sine judicio)........ Prohibición de retroactividad de la ley........ Antecedentes ... Principios Constitucionales que rigen al nuevo Código penal de Nicaragua .................................................... ................................................................ 8 inciso 1 NCP) ............ El Principio de Legalidad (arto 1 NCP y 1 CPM) .................................................................................................................................................................................... Prohibición de que la ley se remita en bloque a instancias distintas del Poder Legislativo .......................... Garantía Jurisdiccional o garantía judicial (nullum crimen.. Garantía para las Medidas de Seguridad (nulla cautio sine lege)...... ....... .....................................
............. 4 NCP). Requisitos ....................... X................................................................................................................... 8 párrafo 2 NCP) ........................ VII... Principio de Dignidad de la persona (arto.....................VI............................. Efectos en el proceso penal del principio en estudio............................................................................. Bibliografía ............................................................. 1 NCP y 4 CPM) ................................ Principio de Responsabilidad Subjetiva (artos 9 párr............ Introducción . Principio de Humanización (arto............................................ VIII....................
........................................ IX.. ...... Principio de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) ............
A Mamá y Papá. María Elena Cabistán Bonilla y Francisco Javier Urbina Calero. porque todo lo dieron y todo le debemos ¡Salud!
lesividad. que hoy día ha ido permeando las estructuras democráticas de la punición. como el de legalidad. humanización. donde analiza los “Principios constitucionales que fundamentan el Derecho penal nicaragüense en el contexto de un Estado social y democrático de derecho”. Lo es en el presente caso en que uno de los jóvenes juristas nicaragüenses. el profesor de Derecho Constitucional Francisco Enríquez Cabistán nos ofrece el producto de sus reflexiones y consideraciones en relación con el tema de su especialidad.P r ó l o g o
La publicación de una obra jurídica de calidad siempre constituye una buena noticia. El desarrollo de principios básicos esenciales. proporcionalidad. Es probable que de todos los principios anteriores uno de los más atrayentes sea el de lesividad. y es que no se trata de sancionar penalmente cualquier conducta irregular del ser
. y de protección de la dignidad de la persona. culpabilidad. responsabilidad subjetiva. de prohibición de persecución múltiple (ne bis in idem). configuran el marco teórico y práctico de un derecho penal garantista al que todo Estado de Derecho debe aspirar. a partir de la reforma legislativa que se ha venido gestando en su país hace algún tiempo.
El profesor ENRÍQUEZ CABISTÁN nos recuerda la importancia del respeto de dichos principios y la forma en que ha ido evolucionando su reconocimiento.. Podemos decir del autor que se trata de uno de los jóvenes valores que está incursionando con la fuerza de su generación en el campo de la enseñanza y de la investigación. Investigador Científico de la Fundación para el Debido Proceso Legal en Washington (FDPL). Master en Acción Política y Participación Ciudadana en un Estado de Derecho por la Universi-
humano. junto con los anteriormente referidos.. haciéndonos un llamado de atención sobre la importancia de relacionar – y desde luego no olvidar -las normas de la Constitución Política y su supremacía ante la legislación ordinaria. sino sólo aquella que dañe o ponga en peligro “de manera significativa” un bien jurídico tutelado por la ley penal. cómo debemos enfrentar el problema del delito sin demeritar la tutela de los derechos fundamentales. con un serio compromiso docente. de International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA internacional). e Investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Es Profesor del Programa de Estudios de Postgrado en Derecho Constitucional y del Programa de Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . nos permite conocer dentro de una sociedad. Este principio. del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México. como lo refleja este libro que tenemos el placer de prologar.
Prof. Houed Vega1. auguramos éxito al apreciado compañero y amigo del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).FRANCISCO E. a la vez que esperamos otros importantes aportes suyos en el futuro.
San José. Costa Rica Marzo de 2009
1. ENRÍQUEZ CABISTÁN
dad Rey Juan Carlos. Por las anteriores credenciales y por el contenido de su obra. Nicaragua. Actualmente Rector y Profesor de Derecho penal y Derecho procesal penal del Programa de Posgrado del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Madrid. sede Managua. Profesor de Derecho penal y Derecho procesal del posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho.
. Mario A. Ex Magistrado (jubilado) de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dr. España. el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria.
Arto (s): CADH: Cn: CSJ: CPP: CPM: DUDH: IDEM: IIDH: IVOS: LOPJ: NCP: Ss/y ss.: StGB: P/Pág: Párr.: PCP: Pn: Artículo (s) Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José Constitución Política de la república de Nicaragua Corte Suprema de Justicia de la república de Nicaragua Código Procesal Penal de Nicaragua Código Penal Militar de Nicaragua Declaración Universal de Derechos Humanos De la misma forma. igual que Instituto Interamericano de Derechos Humanos Indicadores Verificables objetivamente Ley Orgánica del Poder Judicial de la república de Nicaragua Nuevo Código Penal de la República de Nicaragua Y siguientes Código Penal Alemán Página Párrafo Proyecto de Nuevo Código Penal de la República de Nicaragua Código Penal vigente de la República de Nicaragua
Inc. Incs: Inciso o Incisos
No 84 del 6 de mayo de 2008. Nicaragua. para garantizar una de las finalidades del derecho. 7.
. No 85 del 7 de mayo de 2008. de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) y de dignidad. de resocialización. 15 de enero del 2001. la convivencia social o comunitaria.Introducción
El nuevo Código Penal (NCP)2 forma parte de los elementos constitutivos del control social directo. Los proyectistas. El NCP define los principios de legalidad. el Nuevo Diario. sin dejar de ser un instrumento de coerción que el Estado cuenta a través del órgano jurisdiccional. El NCP está fundamentado en principios democráticos. al calificar cuales son las conductas prohibidas y las consecuencias jurídicas. eficacia. 3. culpabilidad. según se desprende del Título Preliminar. No 83 del día 5 de mayo de 2008. Enríquez Cabistán Francisco. Managua. y No 87 del 9 de mayo de 2008. responsabilidad subjetiva. y publicado en las Gacetas Diario Oficial de la República. proporcionalidad. personal. articularon principios y preceptos constitucionales de carácter penal. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. No 86 del 8 de mayo de 2008. pero tomando en cuenta los principios básicos del derecho penal garantista. El Nuevo Código Penal de Nicaragua fue aprobado en la Asamblea Nacional el día 13 de noviembre de 2007. de lesividad.3
Nuestra nación en la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI. en donde permanece una cultura decimonónica válida para ese momento. sirven de instrumento de garantía contra toda forma autoritaria... compartiendo una misma corriente racional y política de la época. Reformas que son conoci16
El Código Penal de Nicaragua (Pn) se encuentra vigente desde 1974 que. En esta línea de pensamiento.
Todos estos principios tienen la finalidad de limitar y controlar el poder punitivo (ius puniendi) del Estado. para valorarlos dogmáticamente y contribuir a su adecuada aplicación en la práctica de los tribunales de justicia del país. con fuerza normativa y de rango constitucional. pero que al día de hoy entra en contraste con nuestra realidad y dinámica constitucional. ha iniciado un profundo proceso de reformas jurídicas. el presente trabajo contiene un análisis de dichos preceptos constitucionales de carácter penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . con especial atención en el ámbito de la justicia penal.1 Cn). para evitar arbitrariedades y abusos del poder. es el mismo de 1891 y 1879. ya que el espíritu de la nueva legislación es la creación de una nueva conciencia colectiva fundamentada en los principios constitucionales en el marco de un Estado social y democrático de derecho (artos. todos inspirados en el Código Penal Español de 1870. con algunas modificaciones y novedades. Estos preceptos. 7 y 130 párr.
Poder Judicial. No 196. Ver Ley 346. publicada en la Gaceta.FRANCISCO E. ENRÍQUEZ CABISTÁN
das en el ámbito académico como: las reformas del siglo. hay que destacar la voluntad inequívoca de los agentes involucrados y su tarea de transformar. lo que incluye. El Ministerio Público según se desprende de su propia Ley Orgánica. el 17 de octubre de 2000. Ministerio Público y Sistema Penitenciario Nicaragüense) y el necesario apoyo que la sociedad debe de brindar a este proceso modificador.
. con la tipificación de nuevos hechos delictivos que se adecuen a la sensibilidad social y al desarrollo tecnológico y científico actual. en donde existe un Ministerio Público4 independiente y separada de la Procuraduría General de la República que funciona exclusivamente como abogado de la Administración pública del Poder Ejecutivo. Diario Oficial de la República. las instituciones que conforman la justicia penal del país (Procuraduría General de Justicia. También existe una Defensoría Pública con la finalidad de tutelar los intereses de los acusados que tengan escasos recursos económicos y que procuren
4. una transformación sustancial en el espíritu de nuestro Pn y CPP. además se establece un nuevo modelo procesal penal. acusa cuando corresponda penalmente. lleva de la mano de la Policía la investigación de los delitos. Policía Nacional. integral y concertadoramente. Ley Orgánica del Ministerio Público. y defiende los intereses de las víctimas y. tanto en su aspecto formal como material.
4. 5 y 6. la atención a las víctimas. y de este modo la víctima recobre su verdadero rol en la denominada pareja penal. Publicada en la Gaceta Diario Oficial No 243 y 244 del 21 y 24 de diciembre del 2001.. solo tienen espacio dentro del marco de un Estado social7 y democrático
5. Jaén Vallejo Manuel. en donde las partes están (o deberían estar) en igualdad de condiciones y oportunidades.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Ley No 406/2001. 6. 2006. respectivamente. la variedad de medidas alternativas a la privación de libertad y la clasificación y tratamiento de los condenados. Todo este proceso de reformas. 34 incs. Uriarte Quesada Dailys. p. El 24 de diciembre del 2002 entró en vigencia un nuevo Código Procesal Penal. 236-241: “La reforma constitucional del 4 de julio del año de 1995. Arto. Obregón Sánchez Soraya y Aguilar M. Ver en Cuarezma Terán Sergio. Fundación Konrad Adenauer. Enríquez Cabistán Francisco. El legislador nicaragüense al promover dichas reformas se prepara para cambiar la cultura decimonónica predominante a una cultura respetuosa de los derechos y garantías de la persona y de la realidad social. “Apuntes Básico del Control Constitucional en Nicaragua” en la obra colectiva: “Derechos Humanos y Jurisdicción Constitucional”. 7.. Centro de Estudio e Investigación Jurídica (CEIJ). estableciéndose de esta forma un auténtico proceso penal: oral y público6. introdujo por primera vez en nuestro país
una asistencia jurídica y técnica de acuerdo a nuestra Cn5. inspirado en la prevención y control del delito. la definición de las garantías constitucionales en el debido proceso.
Así el párrafo primero del arto. significa la plena aceptación del principio de legalidad. 130 Cn establece: “Ningún cargo concede a quien lo ejerce. y ese mismo criterio. para el Estado. según cada supuesto. 1 Cn. Y por Estado tenemos que entender no sólo un ente abstracto dotado de personalidad jurídica. lo que solo es posible en un Esta-
y con suma claridad la noción del Estado Social de Derecho. “Ningún Poder del Estado. En efecto. ENRÍQUEZ CABISTÁN
de derecho8 para que tengan un alto contenido humanitario. sino más bien la estructura la organización del mismo en los distintos Poderes que lo conforman. mientras que para los particulares este opera en el sentido de que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande. ya que el objetivo de nuestro sistema de justicia penal es sancionar al delincuente y reinsertarlo a la sociedad. lo que implica su supremacía a través del Control Constitucional. 130. sea para los particulares que para el Estado. facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. El principio de la legalidad opera de distinta. 7 y 130 Párr. 8. estableció que: “La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho”. significa lo contrario.
. Al constituirse el país en un Estado social de derecho. ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe (art. es decir que el Estado crea la norma jurídica y se somete a la norma que ha creado.FRANCISCO E. como sometimiento total y absoluto del Poder a las normas jurídicas existentes. Esto implica la total subordinación del Estado al Derecho. figurando en primer lugar la Constitución Política. más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”. 32 Cn). Artos. Lo que significa el sometimiento del Estado al derecho. 183 Cn que dice. así el párrafo primero del arto. organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad. está reforzado en el arto.
como presupuestos a los que se les determina consecuencias jurídicas denominadas: penas. está relacionada íntimamente a la concepción de Estado que establece la Cn.
El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que establece delitos o estados peligrosos. El derecho penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . no solamente es un conjunto de normas de carácter coercitivo (derecho penal objetivo).. así la Cn..9 Las reformas que se están llevando a cabo al Pn poseen un modelo que desarrolla y tutela principios penales de carácter constitucional. 159 Cn). que garantizan una Justicia más participativa. que los jueces y magistrados tienen la obligación de observarlas y garantizar su aplicación. La concepción de Estado determina el contenido y alcance
9. 39 Cn.
. autónoma. Arto. Resulta claro que el fundamento. medidas de seguridad o consecuencias accesorias. respetuosa y garante de la dignidad del ser humano. naturaleza y límites de esa potestad. confiable. en aplicar normas jurídicopenales (derecho penal Subjetivo). responsable.
do que reconoce y respeta los derechos de todos sus ciudadanos. continua. proclama que es potestad exclusiva del Poder Judicial juzgar y ejecutar lo juzgado (arto. sino que además es. una potestad que se le atribuye al Estado. imparcial.
de ahí la necesidad de que pronto entren en vigencias las normas aprobadas que contienen los principios en estudio en el presente trabajo. protegiendo los derechos humanos de todas las personas. situación que el derecho penal debe construir desde la definición de la democracia. dicho modelo estatal obliga a nuestros entes públicos a promover las condiciones que hagan real y efectiva la libertad e igualdad de las personas. Arto.10 y se presenta como límite o garantía frente a la función pública de nuestros “Poderes Institucionales” y. 160 Cn. sobre los que se asienta el modelo de Estado que establece la misma y que desarrolla la nueva legislación penal civil y militar. por lo tanto. es importante preguntarse ¿Cuáles son los principios constitucionales que contiene el nuevo código penal del
10. por consiguiente. como límites frente a la potestad punitiva del Estado. En ese sentido.
que se otorgue al ius puniendi. contiene preceptos de carácter constitucional que sirven como límites o garantías frente al poder coercitivo del Estado. limitado especialmente por el principio de legalidad. sino que su potestad castigadora esta restringida por la Cn y por el respeto a los principios fundamentales contenidos en el Título Primero de nuestra Carta Magna. Pues bien. El NCP.FRANCISCO E. dicho Estado no está legitimado para castigar lo que se le venga en gana.
.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN ..
Dichos principios son. convirtiéndose en preceptos de fuerza normativa que sirven de instrumento garantista y tutelador de los derechos fundamentales. culpabilidad. El Principio de Legalidad (arto 1 NCP y 1 CPM)
El CP nicaragüense está fundamentado en principios democráticos de carácter constitucional.11 según se desprende del Título Preliminar. articularon con éxito y de forma celosa los principios o preceptos constitucionales de carácter penal.
11. los limitan y controlan el ius puniendi del Estado (o poder coercitivo) para evitar abusos de poder y arbitrariedades. bajo la presidencia del diputado D. Carlos Guerra Gallardo de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (actualmente Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia). Silvio Grijalva Silva. de resocialización. responsabilidad subjetiva. Mario Houed Vega. de lesividad. proporcionalidad. entre otros. Cuarezma Terán (actualmente Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia). personal. eficacia. participaron los académicos Sergio J. Los proyectistas. de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) y de dignidad. En la elaboración del PCP (dictamen 1999) –ahora nuevo Código Penal–.
. Roxana Zapata López. a saber: el de legalidad.I.
.. por un lado. penal y procesal penal militar y el espíritu del NCP.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. ya que tutela y garantiza la legalidad y legitimidad democrática del derecho penal y.
Introducción. 2000. julio del 2000. Cuerda Arnau María Luisa. 13. según la doctrina. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. la necesidad de poseer un gobierno respetuoso y garante del Estado social de derecho en donde ninguna persona esta por encima de la ley. Es un principio que controla el poder punitivo del Estado y define su aplicación dentro de límites que excluyen toda arbitrariedad y exceso por parte de quienes ostentan o ejercen el poder punitivo. ha sido considerado como el de mayor importancia entre todos los preceptos penales de carácter constitucional que fundamentan nuestra legislación penal vigente. Nicaragua. nos indica que dicho principio se desprende de la idea de dotar de seguridad jurídica a todas las personas. significado y trascendencia constitucional
El principio de legalidad. el respeto que éste conlleva a los derechos individuales.12 Esto supone. 63. y por otro. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.
. p. editorial Hispamer.13 por lo
12. para que se garantice la libertad individual frente a las intervenciones punitivas del Estado. Criminología y Derecho Procesal Penal. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. Managua.
es. la punibilidad de la guerra de agresión y de los “delitos contra la humanidad”15 o de “Lesa Humanidad”). Sus fundamentos por ende (del principio de legalidad). son muy antiguos y al referirnos a su ori14. nulla poena sine lege. 1984. tras la derrota de ésta en la Segunda Guerra Mundial. siguiendo al mismo autor. la intervención de nuestro Estado debe girar entorno a lo preceptuado en la ley. España.
. Pág. entre los penalistas una frase desacreditada. 15. Con ella el principio de legalidad fue alejado del derecho penal. 2 StGB del siguiente modo: “Será castigado quien cometa un hecho que la ley declare punible o que merezca una pena según la idea básica de un a ley penal o según el sano sometimiento del pueblo”. La importancia jurídicopenal del principio de legalidad. nulla poena sine crimen. Cfr. y al principio acusatorio: “ningún delito sin pena”. que es formulado por el arto. ENRÍQUEZ CABISTÁN
que. Kranzbühler. y no en la discrecionalidad de quienes imparten justicia. 311. la frase sano sometimiento del pueblo. Barcelona. con efecto retroactivo. En 1945 y 1946 las potencias ocupantes de Alemania. Nürnberg als Rechtsproblem. como lo afirma HASSEMER.14 puede verse en que el legislador penal nacionalsocialista opuso en 1935 al principio liberal: Nullum Crimen sine lege. Fundamentos del Derecho Penal. reformularon los fundamentos del StGB (aunque volvieron a infringir esos fundamentos al introducir. casa Editorial Bosch. Actualmente.FRANCISCO E.
2000. 1984. apareciendo a su luz la ley penal no sólo como Magna Charta Libertatum del delincuente. editorial Hispamer.
. 63. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. casa editorial Bosch.. Hassemer Winfried. En él se expresa la autoconciencia de la burguesía que surge en la ilustración frente al poder estatal. 17.16 El presente precepto en estudio nace con el surgimiento del Estado de derecho (teniendo como precedentes lejanos: el arto. a controlar y participar en ese poder exigiendo garantías para su ejercicio. p. Fundamentos del Derecho Penal. sino propiamente como Magna Charta Libertatum del ciudadano. Managua.
gen. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. 39 de la Carta Magna. se puede comprender por qué tiene tanta importancia para el derecho penal. del Rey Juan II de Inglaterra en 1215 y en España en el decreto de Alfonso IX en la corte de León de 1188)17. A esta situación se llega a la revolución Francesa que corona el pensamiento político y filosófico del siglo XVIII. Criminología y Derecho Procesal Penal.. Su origen debe buscarse en el momento histórico en que el pueblo pasa de ser instrumento y sujeto pasivo del poder absoluto del Estado o del monarca que lo encarna.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Pág. época conocida como el iluminismo y la ilustración (Declaración
16. 311. Nicaragua. Barcelona.
el delincuente y su eje sancionador se retroalimentaban
18. Hay que mencionar. de la Ley Fundamental de Bonn. editorial Hispamer. se logran distribuir con sumo éxito por toda Europa. porque estaba dirigidas a todas las personas. el origen de las penas del delito. 20. Nicaragua. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. categoría constitucional al igual que el arto. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. que el principio de legalidad procede del Code Penal de 1810 StGB y. 103. 2000. ENRÍQUEZ CABISTÁN
Francesa de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789). lo que logra contribuir a la reforma en la legislación penal de la época. 63. pero sin duda el más importante es CESARE BONESANA Marques de BECCARIA. Criminología y Derecho Procesal Penal.FRANCISCO E. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. 63. sin distinción de clases. Managua. Managua. 116.
. 2000.18 19 Muchos son los autores que se logran destacar en este periodo. Hasta llegar a la Constitución de Weimar que le confirió en su arto. a través del StGB prusiano de 1851.20 Dichas ideas. después fue acogido en el StGB del Reich de 1871. 19. II. p. recopila las críticas del pensamiento de la ilustración a un derecho positivo que se supera por un entorno social. Nicaragua. editorial Hispamer. que en su obra De los Delitos y las Penas (Die delitti e delle pene). p. en donde. Criminología y Derecho Procesal Penal.
sin dañarlos o modificarlos. sigue sosteniendo el autor. Para el futuro hay que buscar.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .. b) Instituciones Fuertes e independientes: Esto permite crear las con-
. sentimiento y valoración de los hechos que uno ve. la cultura política es necesaria si es que los gobernantes quieren hacer uso del servicio público en busca del bien común. Siguiendo Hassemer en: Fundamentos del Derecho Penal. pues. la legitimación del legislador. Pág. de un derecho de la razón. que se ha desarrollado después.
21. en la tierra la justificación del derecho positivo. desde el cielo (en el que quizá se encuentran) al suelo del derecho positivo. El mismo autor. el llamado Contrato Social”. 312. La filosofía política de la ilustración encontró esa justificación en la voluntad del hombre social. ahí podría esconderse el núcleo de un nuevo derecho natural. en la diferencia entre “voluntad general” y “voluntad de todos”. El Contrato Social logra plantear tres ideas básicas para mantener el respeto inclaudicable al Estado de Derecho: a) Cultura Política: Siguiendo la línea de pensamiento de Almond.. y sabía que la clave se encontraba en el criterio de la racionalidad . en la “volonté générale” . racionalista. Ese cielo. editorial Bosch. Esto nos hará actuar con ética y moral. 22. Pero mucho mayor era la confianza en que la “volonté générale” se impusiera a través de un Contrato imaginado idealmente que realizarían todos los miembros integrantes del Estado. “el período de la Ilustración debilitó la posición del legislador de un modo importante. nos menciona tres requisitos fundamentales para crear esta idea: conocimiento. queda además desde ahora mudo. escucha y habla. incluyendo también en ese “todos” a los que actúan sin razón. La crítica del conocimiento demostró que los preceptos del derecho natural en todo caso no pueden ser trasvasados sin más. creando un nuevo administrador es la “razón”. Barcelona. al elevar las exigencias de legitimación y cambiar su cualidad. 1984.
Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. d) Estado de Derecho: Va dirigido al respeto y fiel cumplimiento de las normas jurídicas de parte de los gobernantes y de los gobernados-.24 y es
diciones de confianza y credibilidad de parte de la ciudadanía frente a los gobernantes. con la segunda guerra mundial y el surgimiento de los Derechos Humanos como ejes tuteladores de los derechos y libertades. y en especial en Nicaragua. a una división de poderes real y legitima. elecciones periódicas. control a los gobernantes. reconocido posteriormente por el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de 1950. en búsqueda de solucionar dichas problemáticas. alternabilidad en el poder y sumisión a la ley. de ahí que se plasme en dicho precepto en las diversas Constituciones Políticas del mundo. ENRÍQUEZ CABISTÁN
BECCARIA llena con grandes dosis de legalidad. 23. se incluye el principio de legalidad penal de forma expresa. Nicaragua. pero que a priori FEUERBACH afirmaría con gran hincapié en la concepción legalista. editorial Hispamer. c) Consenso Ciudadano: Esta premisa es necesaria si es que se pretende buscar estrategias integrales que nos permitan encontrar las principales problemáticas que tiene un país. Coordinadores en la Obre Colectiva: Derecho Penal. 24. en donde. como no dice Kant.FRANCISCO E. solo las leyes pueden decretar las penas y los delitos. que
. 63. y no personas ajenas los órganos encargados de hacer y aplicar las leyes. 2000. servicio ciudadano y el bien común. Esta inclusión seda en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. p.23 Posteriormente. Con equilibrio y balance de poderes. Lo que nos lleva. Criminología y Derecho Procesal Penal. Managua.
46 Cn: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana. quien junto a países como la República Federal de Alemania. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.25 que se comienza a llegar a la llamada teoría que modernamente se conoce como la constitucionalización de las normas jurídicas.. y la confrontación –posteriormente– del mismo Estados Unidos y la Unión Soviética. Managua.. colonias de los países Africanos y Hungría..” 25. Albania. del irrestricto respeto. Además. 2000.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Criminología y Derecho Procesal Penal. comienza en 1945 hasta los años ochenta. por Estados Unidos y sus Países Aliados.. 63. en donde interactúan la ley. España y Japón.
después de la segunda postguerra. La Segunda Postguerra Mundial. entre las que se destacan: el vencimiento de Alemania. Con características. independencia de los Poderes del Estado (garante de los derechos fundamenta-
lo recoge en su arto. que se tutelan los derechos fundamentales inherentes al ser humano. p. editorial Hispamer. Polonia. hay que destacar que en los años cincuenta y sesenta se da el fenómeno independentista de naciones Africanas que antes eran colonias. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal.26 El principio de legalidad es producto de una mezcla de un Estado absoluto y uno de índole liberal.
. 26. iban formando un bloque –marxista– distinto a los pensamientos de las naciones de occidente que lideraba Estados Unidos. Nicaragua.
. ni sancionado con pena no prevista en la ley. De igual forma el arto. 1. Ver arto. 2. 4 y 18 Pn. 29. que dice: “Ninguna persona esta obligada a hacer lo que la ley no mande. que supone que solo la ley aprobada por la Asamblea Nacional o parlamento puede definir que conducta es delictiva o no. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes…”. como hemos de observar. no este previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible. 160. es decir que tiene que haber una ley
27. Dicho principio. En el arto. ni impedida de hacer de lo que esta no prohíbe”.28 estableciendo como arista fundamental. que ningún comportamiento será penalizado. 34 inc 11 dice: “Todo procesado tienen derecho. 28. al tiempo de cometerse. que dice: “La administración de la Justicia garantiza el principio de legalidad. y establecer sus respectiva responsabilidad penal o la que se indique según el caso. está expresamente establecido en nuestra Cn27 y en las demás leyes del ordenamiento jurídico nicaragüense. Estos comportamientos solo pueden ser penalizados o castigados si la ley previamente lo establece (lex praevia). Artos.FRANCISCO E. en igualdad de condiciones. si no se estipula en la ley (nullo crimen sine lege29). La ley regula comportamientos de futuro para que el hecho sea considerado delito. 1 CPP y 1 CPM. 32 Cn. ENRÍQUEZ CABISTÁN
les) y en el aspecto de los órganos de carácter administrativos. a las siguientes garantías mínimas: …A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que. Aforismo procedente de Beccaria y Feuerbach. que protege y tutela los derechos Humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de competencia”.
según Luzón Peña Diego. excepto cuando favorezca al reo. como se realizaba a través del reglamento de policía de 1880.. 1996. es decir descrita de forma clara y concreta con el objeto de fortalecer la certeza jurídica (lex estricta). El tipo penal es. prohíbe. el principio de legalidad rompe con toda posibilidad de retornar al Estado de policía. concretamente la garantía criminal…” (Curso de Derecho Penal. 74 Pn.30 El principio establece que la materia de prohibición (hecho o cuadro fáctico) tiene que estar debidamente desarrollada en el texto legal. Parte General I.
que lo tipifique. como elemento del delito. en el marco de respeto de los derechos y garantías del ciuda-
30. 38 Cn. “el elemento del delito que sirve para plasmar el principio de legalidad penal. La tipicidad esta contemplada de una manera concreta en el Tipo Penal. y rechaza toda forma de negociar la tipificación. 31. 296)
. Esta facultad bajo un Estado social y democrático de derecho sólo le compete al juez constitucional. Ver artos. con gran acierto jurídico y político. lo cual permite rechazar la analogía y que el delito y las consecuencias jurídicas deben de estar descritas en la ley (lex escrita). que la Administración pública imponga medidas que impliquen privación de libertad.31 la responsabilidad y el tipo de pena fuera de la ley. p..PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Este principio rechaza la costumbre como fuente creadora de delitos. Por otra parte. rechazando la retroactividad (aplicación de la ley a hechos anteriores a su entrada en vigencia). 2 NCP y 1 CPM.
132 y 133. técnico y jurídico. facultad constitucionalmente para crear y aprobar las leyes34 con un alto grado de legitimidad y legalidad. ENRÍQUEZ CABISTÁN
dano (garantía jurisdiccional). Arto. LUZÓN PEÑA36 afirma que el principio de legalidad sirve para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. Enríquez Cabistán Francisco. p.
. el Nuevo Diario. 7. un freno que decide acabar a toda costa con la crimi-
32. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. Arto. El principio de legalidad ejerce una función de carácter político.35 En ese sentido. Asamblea Nacional. 33. 32 Cn. ni impedida de hacer de lo que esta no prohíbe”. 15 de enero del 2001. En base al arto.FRANCISCO E. p. que se desarrolla en garantías y prohibiciones que posteriormente se explicará. que dice: “Ninguna persona esta obligada a hacer lo que la ley no mande. porque exige utilizar a los y las legisladoras del país una adecuada tipificación de conductas penales: taxativas y concretas. 35. 36. Managua. Parte General I.32 33 todo esto como exigencia material. 34. y en segundo lugar. se manifiesta a través del Poder Legislativo. Curso de Derecho Penal. 138 inc 1 Cn. La primera. lo que supone al mismo tiempo. Nicaragua. que lo transforma en seguridad Jurídica para nuestros ciudadanos al descansar ahí la voluntad popular (la soberanía del pueblo). entendiéndose actualmente como un principio fundamental del derecho penal. 158 Cn y 3 LOPJ.
parte General. quien efectúa el control y disposiciones que per-
37. que establece. Universidad Centroamericana. Parte General. Curso de Derecho Penal.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . quien es el órgano que está obligado a crear las leyes que tipifiquen los delitos y sus sanciones penales. y sacrifique las garantías mínimas de las personas. sirviendo.
.. Dicho precepto. Luzón Peña Diego Manuel. Facultad de Derecho. 1998. que se adecua en las exigencias que establece nuestro Estado social de derecho. 1995. se ha venido ampliando hasta abarcar la prevención de los estados peligrosos. garantizando la tutela de la dignidad humana.37 a través de la Asamblea Nacional..38
El principio de legalidad posee garantías que sirven para dejar preceptuado quien es el órgano competente. como garantía político constitucional. las medidas de seguridad y consecuencias accesorias. Clases de Derecho Penal. 38. que el derecho penal debe intervenir cuando sea mínimamente eficaz e idóneo para prevenir y sancionar los hechos delictivos. imponiendo sanciones no reguladas por la ley.
nalidad movida por razones diferencista o resocializadores radicales. surgiendo la necesidad de prevenir y sancionar los hechos delictivos. Cuarezma Terán Sergio. que giran entorno al principio de eficacia o idoneidad.
40. Este arto. al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley de manera expresa e inequívoca como punible.40 También. y dice: Ninguna persona podrá ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por la ley penal. ENRÍQUEZ CABISTÁN
mite aplicar adecuadamente la ejecución de las ordenes o medidas que dicte o vaya a dictar una autoridad. en las consecuencias jurídicas (como las penas y consecuencias accesorias. el arto. 1 dice: Toda acción u omisión calificada y penada por la ley constituye delito o falta.
Esta garantía. ni sancionado con pena no prevista por la ley”. según su gravedad. dice literalmente: “A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que. por tanto. 1.1) consagra el principio en estudio de una forma completa y acentuada. pero con mayor énfasis en las medidas de seguridad). este principio alcanza la categoría de garantía ciudadana frente al poder punitivo del Estado y se materializa en las siguientes formas tuteladoras:
Garantía Criminal o principio de legalidad criminal (nullum crimen sine lege). El arto. el NCP (arto.FRANCISCO E. siempre que el hecho lo amerite. aparece establecida expresamente en nuestra Cn (arto.34 inc. 4 dice: No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas penadas por la ley anterior a su comisión. en su dimensión política y técnicajurídica. 11)39 y en el actual Pn (artos 1 y 4). que implica que no hay delito sin previa ley. ante-
. En ese mismo cuerpo de ley.
La garantía penal manifiesta de que no sólo la definición del delito. 34 inc 11 Cn. Parte General I. Y la disposición abarca además que: … Tampoco podrá ejecutarse pena o medida de seguridad en condiciones diferentes a las establecidas en el presente código.
. es decir debidamente descritas y tipificadas por la norma jurídicopenal. Siendo. 4 Pn.. 1)
Garantía penal o principio de legalidad penal en sentido estricto (nulla poena sine lege).3 NCP. que evita imponer consecuencias jurídicas indeterminadas. También el CPM recoge el principio. Las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley. 1. p. (arto. Luzón Peña Diego M.2 y 1. 1 CPM. sino también la previsión de la pena o penas para el mismo ha de efectuarla la ley41.
rior a su realización. Curso de Derecho penal. ni sometido a pena ni medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. 42.134. una proclamación.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . medidas de seguridad o consecuencias accesorias que las que la ley señale y determine como tal.. Nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la legislación penal militar vigente al tiempo que se cometió. No podrá imponerse más penas. en especial
41. Ver artos. constitucional y ordinaria42.
lo que evita exceder del límite representado por la pena abstractamente aplicable al hecho cometido. Hay que recordar.
Este principio exige que el delito y la sanción penal que se pretende imponer sean determinadas y descritas por una sentencia judicial debidamente fundamentada o motivada (arto 13 de la LOPJ) y firme.
. que la persona a la cual se le imputa el hecho delictivo solo podría ser condenada. si ésta es llevada a un juicio penal que goce de garantías constitucionales y que la hagan llevar ante el órgano judicial competente para juzgarlo (Juez Natural).43 erradicando con esto.1 NCP. 33 Cn. 99 NCP y 1 CPM.
Garantía Jurisdiccional o garantía judicial45 (nullum crimen. 1 CPM y 6. Artos.FRANCISCO E.44 en donde. que el principio de legalidad penal y procesal penal poseen como exigen43. 34 inc 2 Cn y 11 CPP. Ver artos. Artos. eliminando afortunadamente las medidas de seguridad indeterminadas. el llamado fraude de etiqueta y que reconoce el carácter privativo de derechos que también poseen determinadas medidas. ENRÍQUEZ CABISTÁN
atención a las medidas de seguridad.46 y se respete el debido proceso. nulla poena sine judicio). 46. 44. vigentes desde 1974. 45. Arto. 98 y 102 Pn. es decir. el juez debe precisar la duración de la consecuencia jurídica entre un mínimo y un máximo que en abstracto contempla la ley penal para las personas con capacidad de culpabilidad. y 1 CPM.
aquí el concepto de la ley se refleja en cuanto a su sentido estricto y se usa en el sentido amplio de la ley y/o
47. así como reformar y derogar los existentes”. 49. y lo mismo se ha exigido después respecto a las medidas de seguridad. no se pueden efectuar sino como lo establece la misma normativa procesal penal. Artos. hasta el momento en que éstas llegan a ejecutarse o cumplirse.
cia básica que solo la ley es la única que te define los delitos. Arto. que deberá haber quedado firme para originar su ejecución.. más allá de la previsión legal abstracta de las penas. A través de los Jueces de Ejecución. dice: “La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad. sino que ejecuta lo juzgado. Establecen los mecanismos legales para poder ejecutar las sanciones penales a través de una sentencia.47 48
El Poder judicial no sólo juzga.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . 160 Cn. Arto. 402 al 409 CPP. su sanción penal y el proceso. protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia”.49 Ahora bien. 48. 138 inc 1 Cn: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: 1) Elaborar y Aprobar leyes y decretos..
. Con posterioridad a la formulación de la garantía penal se ha querido entender la misma. de modo que la ejecución penal o las medidas que se vayan a realizar o imponer.
Artos. Migob. obsérvese el Reglamento de la Ley No 473.ni/webdgspn/noticias. aprobada el 11 de septiembre de 2003 y publicada en la Gaceta Diario Oficial de la República. porque de lo contrario no se podría ejecutar ninguna consecuencia jurídica. 134. Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. Los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán distintos a los judiciales que juzgan a la persona 52. Para mayor información ir a la web del Sistema Penitenciario Nacional: www. el 21 de noviembre de 2003. De igual forma.51 52 Dicha garantía es indispensable. 6.php 53.FRANCISCO E. aprobado el 12 de marzo de 2004.
. que crea la figura del Juez de Ejecución y de Vigilancia Penitenciaria para la ejecución de la sentencia firme o el control de la actividad penitenciaria con la
50. 51. Con la entrada en vigencia del CPP en diciembre de 2002. No 222.50 por lo que hay que recurrir a reglamentos o una ley que desarrolle la ejecución de las penas y las medidas de seguridad que se vayan a aplicar o se apliquen. Decreto No 16-2004. se estableció que los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán los encargados de ejecutar la sanción penal impuesta a una persona. gob. Ver la Ley No 473. Luzón Peña Diego. ENRÍQUEZ CABISTÁN
reglamentos. p. resulta encomiable la proclamación de dicha garantía en el NCP53 y su judicialización en el CPP.2 y 71. Parte General I. Curso de Derecho Penal.
efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. Arto. Arto. quienes van a investigar los hechos ilícitos para posteriormente interponer la respectiva acusación penal en los tribunales de justicia.
. figura novedosa. Párrafo 4: No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por Juez o Tribunal competente. se delimitan las funciones a los diferentes operadores del aparato judicial. julio del 2000. 56. 403 y ss. en el cual... producto del cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Cuerda Arnau María Luisa. del CPP. 402 y 403. ante un juez que va a juzgar los hechos de manera imparcial e independiente. ya que el juez que dicta la sentencia es distinto al judicial que la va a ejecutar.
finalidad de que la misma respete los derechos y garantías de las personas. de acuerdo con las leyes procesales.54 55 Igual sentido a lo manifestado expresa el CPM en al arto 1. El CPP establece la figura del Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria56. y jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria que deben de velar por el real y efectivo cumplimiento de las sanciones pena-
54.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . 55. como lo es la policía nacional y la fiscalía.
Pág. con un procedimiento garantista y tutelador que la misma norma legal establece de forma clara. De ahí que convenga. 86. como estados peligrosos. y la definición de sus presupuestos procesales.FRANCISCO E. Derecho Penal. 48. ediciones PP. 159 infine Cn. puesto que es difícil delimitar con una precisión suficiente el presupuesto de la peligrosidad del sujeto y la duración y características concretas de las propias medidas. 1990. Parte General (Fundamentos y teoría). con especial énfasis en las medidas de seguridad..
. precisa y concreta. dice: “…Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar los juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial. por una par-
Garantía para las Medidas de Seguridad (nulla cautio sine lege). ENRÍQUEZ CABISTÁN
les impuestas al imputado. España. supone que la creación de las sanciones penales..” 58.57 y por ende al respeto de la dignidad y los derechos humanos de los privados de libertad al momento en que se aplique la ejecución de las sentencias. No obstante. Barcelona. solo pueden formularse y estructurarse en la ley. SANTIAGO MIR PUIG59 expresa que el mandato de determinación (de las mismas) plantea especiales problemas en relación con las medidas de seguridad. Arto. 59. 3 ra edición corregida y puesta al día.
Esta Garantía es nueva en su conceptualización y práctica.4 LOPJ. Arto.
34 parte infine 11.) Garantía Criminal. LOPJ. acerca de los Principios Constitucionales que informan al PCP en el contexto de un estado de Derecho. CPM Arto. b. 1 al 9 menos el 7.1 Arto.) Garantía Judicial d. Arto. Artos. 34 inc. Tomado del modulo instruccional que la Escuela Judicial de Nicaragua impartió en julio del 2000. 6 inc 1. Arto. 6 inc 2 y 71.. c. 1. 73.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . 39 y 46. 1.
60. 1 inc. Pn. exigir la comisión de un delito previo que demuestre la peligrosidad (exclusión de las medidas predelictuales) y. NCP. 4. Arto. Artos. 48 inc 4. Arto.) Garantía Penal. La sección del CPM y del NCP los agregue yo.3
Artos.. Artos. 34 inc.2 Arto.
Garantías Básicas. Arto. 33. Cn. 1 y 4. 1. Arto.1 Arto. señalar límites máximos a la duración de las medidas.11.1. del 59 al 65–
Arto. Arto. 1. 2. 1. por otra parte.) Garantía de Ejecución. De otro modo se hacen intolerables en un Estado de derecho.
. Así lo entiende nuestra Cn. que el hecho punible se ha efectuado en el momento en que tuvo lugar la acción u omisión. Artos. 12 NCP. aun cuando al publicarse haya recaído sentencia firme y se halle aquel cumplimiento su condena. 14 se afirma que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo. En ese mismo sentido y en igual cuerpo de ley.64 destacando lo siguiente: Primero. 2 y 3. 62. 65. ENRÍQUEZ CABISTÁN
El principio de legalidad penal supone además grandes repercusiones materiales que se llegan a desarrollar en forma de prohibiciones. salvo que favorezca al reo. aunque el resultado se produjere en un momento distinto. El Arto. 64. aunque al publicarse aquellas hubiera recaído sentencia firme y el condenado estuviera cumpliendo la condena”. y que son:
Prohibición de retroactividad de la ley. excepto en materia penal cuando favorezca al reo”. Arto. la irretroactividad en lo favorable al reo no tiene excepción alguna. 63.FRANCISCO E.61 Pn.
Es un dictado material del principio de legalidad. Arto. 38. 74 dice: “Las leyes penales tiene efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo de un delito o falta. otorgar o dar seguridad jurídica como pilar que sustentan al derecho penal moderno a las personas. teniendo presente. Arto. en cuanto favorezcan al reo.65 es decir. que la ley debe ser previa a los
61.62 el NCP63 y el CPM. el arto. que dice: “La Ley no tiene efecto retroactivo. 2.
cuando el reo este cumpliendo la condena. 66.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. con supuestos difíciles de predecir. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. sino también la relación de las sanciones de que se hubiere hecho acreedor el condenado. Managua. Artos. la determinación de la ley más favorable no plantea ningún inconveniente cuando la ley se limita a despenalizar las conductas o cuando tipifica una consecuencia jurídica homogénea o menor a la anterior. por ello. Hay que tener presente al momento de decidir cual es la ley que más le favorece al reo. 2 del NCP ha optado por atribuir la facultad de decidir a tribunales nicaragüenses.
hechos que se pretende sancionar..
66. editorial Hispamer. comparándose los códigos o leyes en su integridad y sin aplicar normas de uno y de otro. previa audiencia con el reo. que tome en cuenta los efectos de comparación no sólo de las penas o medidas de seguridad que se imponen.. nunca podrá ser aplicada a sucesos anteriores a su promulgación. Criminología y Derecho Procesal Penal. pues ello representaría la creación judicial de una nueva ley. Nicaragua.66 67 por tanto. 67. 38 Cn. el arto. pág. 2000. se procederá a revisar la sentencia. de oficio o a petición de parte. Y segundo lugar.
. 71. Una novedad que posee el NCP70 en cuanto a esta prohibición. 2. Arto. estrictamente. medida de seguridad y consecuencia accesoria. b) ampliar los límites de las condiciones legales que permitan la aplicación de una sanción. de ahí. así lo hace ver el Pn68 y el NCP. que dice: “Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. a la letra de la ley. El juez debe atenerse.69 ya que si se aplican el funcionario judicial incurre en responsabilidad de comisión por omisión por el incumplimiento de deberes y derechos. Por el contrario. circunstancias agravantes de la responsabilidad.71 permitiendo al juez no solo crear las eximentes
68.FRANCISCO E. es que se puede aplicar las normas penales de manera analógica. medidas de seguridad y consecuencia accesoria previstas legalmente. 10. En los casos de dudas se interpretará la ley en el sentido más favorable al reo”. 10 dice: “1. 70. 13. sanciones o medidas de seguridad y consecuencias accesorias no previstas en la ley. 69. Se prohíbe en materia penal la interpretación extensiva y la aplicación analógica para: a) crear delitos. El Arto. c) ampliar los límites de las sanciones. podrán aplicarse analógicamente los preceptos que favorezcan al reo”. En este tipo de analogía. ENRÍQUEZ CABISTÁN
El principio de legalidad puede ser vulnerado en su aspecto material y formal cuando el juez aplica analógicamente las normas penales. la doctrina mayoritaria establece que ésta nunca se debe aplicar cuando sea para excluir o atenuar la responsabilidad penal de una persona.2. pero cuando favorezca al reo. Arto. la imperiosa necesidad de prohibir la misma y de interpretar extensiva la ley.
quien está en la obligación de crear tipos penales de manera clara.72 evitando con esto.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . además de exigir a los órganos jurisdiccionales la interpretación rigurosa de la ley penal. juzgándose de esta forma. la taxatividad o determinación de la norma penal. cuando ello beneficia. 2000. es decir. al legislador. 65.73
Puede suceder la situación de que las normas penales en blanco y las incompletas. editorial Hispamer. se utilicen como una manera para estimar hechos ilícitos a comportamientos que no deben ser penados por la ley como tales.
analógicas previstas en la ley sino otorgar seguridad jurídica y determinación de las leyes a la persona condenada. que se vendría a aplicar la normativa penal a supuestos no contemplados. Managua.
. pág. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. teniendo el judicial un papel fundamental al momento de reducir la incertidumbre que
72. y que aún no existiendo dicha remisión. que nuestra nueva legislación sustantiva penal sostiene. Criminología y Derecho Procesal Penal.. precisa y concreta. Analogía in malan parten. supuestos que desfavorezcan al imputado o condenado por algún delito. Nicaragua. 73. no se delimita de una forma clara el injusto penal.. Tal mandato se dirige por un lado.
p. p. 1996. el principio de intervenir de manera mínima (ultima ratio)74 y la prohibición de interpretar extensivamente una norma determinada. 75. teniendo en cuenta. Parte General I. ir determinando a través de la jurisprudencia. 136. cual es la conducta que entra en el marco del tipo penal. 82). afirma que este precepto esta dirigido a que el derecho penal ha de ser el último recurso al que hay que acudir a falta de otros menos lesivos. como dice LUZÓN PEÑA. Curso de Derecho Penal. Según Francisco Muñoz Conde quien es citado por Luzón Peña. ENRÍQUEZ CABISTÁN
en algunas ocasiones establece la misma normativa. 1996.FRANCISCO E. imprecisas o indeterminadas en la descripción de la conducta típica o en la definición de los límites de sus consecuencias jurídicas: pues además ello acaba significando dejar en manos del juez la precisión de los límites vulnerando así la exclusividad del legislativo en esta materia”.
74. no es preciso ni se debe utilizar éstos (Curso de Derecho Penal.
.75 “que el aspecto de seguridad jurídica del principio de legalidad se vería conculcado si se utilizan formulas vagas. pues si la protección de la sociedad y de los ciudadanos puede conseguirse en ciertos casos con medios menos lesivos y graves que los penales. lo que supone. Parte General I. en tales situaciones le corresponde a la jurisprudencia. que dicta la Corte Suprema de Justicia.
establecer cuales son las sanciones penales y la impericia de las mismas. julio del 2000. con un Estado que intervenga y garantice una protección eficaz a bienes jurídicos. Cuerda Arnau María Luisa. 2000. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. Coordinadores en la Obra Colectiva. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua.II. 77. sirviendo así. A hora bien. 7 NCP y 4 CPM)
El principio de lesividad. como límite del poder coercitivo o punitivo del Estado y su facultad perseguidora (ius perseguendi). editorial HISPAMER. Criminología y Derecho Procesal Penal. de ofensividad o de real protección bienes jurídicos. p. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. si nos referimos sólo a los hechos que deben de tutelarse en base a fundamentos de la teoría del bien jurídico.76 exige concebir el delito como un comportamiento externamente lesivo y peligroso a bienes jurídicos que merecen ser tutelados. que se une a la concepción del derecho penal como un orden destinado a tutelar la coexistencia externa de los ciudadanos en base a la ley. según MARIO HOUED.77 nace en el siglo XIX como una forma de expresar el iusnaturalismo penal que rechaza la doc76. Derecho Penal. 20 y 21
. Resulta lógico por tanto. Principio de lesividad (arto. el término “bien jurídico”.
Criminología y Derecho Procesal Penal. pasa a una concepción jurídica defendida por BINDING. p. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. considerando al delito como una lesión de ese derecho (subjetivo) que surgía del contrato social y que en síntesis era la libertad individual. Derecho Penal. 2000. De igual manera se llegaba a establecer que un derecho preexistente y de carácter natural. evolucionando primero en una óptica de carácter iusnaturalista y moderada. pero en cuanto había coincidencia con el derecho establecido en la ley natural. en donde el bien jurídico no puede estar más allá del derecho y el Estado. el derecho penal como tal defendía derechos y el delito era considerado como una lesión jurídica.79 Posterior-
78. en donde el bien jurídico nos pertenece intrínsicamente y el delito lesiona un derecho del sujeto. p. 79. Criminología y Derecho Procesal Penal.78 Esta Teoría sufre diversas modificaciones. editorial HISPAMER. Coordinadores en la Obra Colectiva. Coordinadores en la Obra Colectiva. ENRÍQUEZ CABISTÁN
trina de los derechos subjetivos de orden civil en el ámbito penal. 2000. y está establecido en la norma penal.
. 20 y 21.FRANCISCO E. era concebido como la violación de un derecho surgido del derecho positivo. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. editorial HISPAMER. 20 y 21. En esa época para diversos autores. Derecho Penal. lo que hacia surgir planteamientos de respetar bienes jurídicos (un deber). que surgía el derecho positivo. En segundo lugar.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .82 Todo esto. como un eje que gira entorno de la persona como ente social dentro de una sociedad determinada. 2000. editorial HISPAMER. “Tratado de Derecho Penal”. Posteriormente. traducción de Q. Así. LISZT. p. Saldaña. p. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. En ese sentido..
mente FRANZ V. Criminología y Derecho Procesal Penal. WELZEL retoma el concepto de bien jurídico como un “Estado Social deseable” que debe ser tutelado por el Derecho y el Estado. 2000. en donde los bienes jurídicos son ejes e intereses fundamentales o vitales del individuo o de la sociedad.80 sostenía una concepción tracendalista político criminal. 1914. Madrid. lo que nos lleva a una protección ineludible de nuestros derechos fundamentales. Criminología y Derecho Procesal Penal. con análisis al orden social existente. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. lo que conlleva a tomar en cuenta el proceso de constitucionalización que se vive en estos tiempos. hasta que se logró definir que es un bien jurídico. comienza a debatirse doctrinalmente esta tendencia lógica jurídica y el neokantismo alemán. Cuarezma Terán Sergio y Mario Houed Vega. 20 y 21. 81.1. pero que no proviene de la norma jurídica sino de la vida. España. 82.. t. sustentados en el ius puniendi del Estado. editorial HISPAMER. 20 y 21. la rela-
80. quienes constituyeron un concepto meramente espiritual.81 con los principios que poseía la Escuela occidental de Alemania. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal.
es decir. y se vincula también con el hecho de
83. 15 de enero del 2001. Nicaragua. en la medida en que se vulnere o lesione o ponga en peligro un bien jurídico penalmente tutelado y que posea un valor ideal e importante para la sociedad.83 Resulta importante resaltar que el bien jurídico tutelado sirve como núcleo de la teoría del delito y como límite en las actuaciones y decisiones del ius puniendi. ENRÍQUEZ CABISTÁN
ción social es disminuida y dialéctica.FRANCISCO E. p. tesis y síntesis. Este precepto garantiza que sólo se sancionaran las conductas que activa u omisivamente. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. tráfico de influencia. sean consideradas como delito. que “no hay pena sin daño”. el Nuevo Diario. También establece que el derecho penal sólo interviene en los conflictos sociales cuando sirve como gran sancionador de manera eficaz en los hechos delictivos. hurto. pues el fundamento de sancionar un hecho al tutelar un bien jurídico determinado representa una garantía ciudadana que todos tenemos. etcétera). porque la conducta que se considera lesiva o peligrosa. Managua. Enríquez Cabistán Francisco. porque no puede existir un hecho punible sin amenaza real o potencial para el bien jurídico tutelado. con la preservación de intereses que se oponen y. de conductas significativamente dañinas (homicidio. que en suma son antitesis.7. sólo puede ser castigada si ésta atenta “significativamente” en contra de un bien jurídico protegido.
. Y a los segundos.66. julio del 2000. Muños Pope Carlos Enrique. Sánchez Cecilia. Criminología y Derecho Procesal Penal. 85..84 lo que impide. que carecen de un bien jurídico digno de tutela penal. de la sociedad o del Estado. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. En este sentido. 86. p. en Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario. en la medida en que sólo la tutela de bienes jurídicos les autoriza a decidir que conducta merece ser sancionada penalmente.85 Este precepto viene a vincular a nuestros legisladores y judiciales. lo que excluye la sanción penal en los casos en que la conducta no lesione ni ponga en peligro un bien jurídico protegido. sanciones penales a hechos que no tengan mucha relevancia jurídicopenal. no se puede incriminar cualquier clase de comportamiento humano. editorial Panamá Viejo. porque hace que el juez este atento al momento de determinar el ámbito punible.
. A los primeros.86 es decir un comportamiento totalmente atípico. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. Introducción al Derecho Penal. 49. Cuerda Arnau María Luisa. crear tipos penales de carácter formal. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. a no ser que estén amenazados los fundamentos del Estado de Derecho mismo. sea del particular.
que el Estado no puede intervenir para defender ciertas concepciones éticas o políticas. p.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . sólo aquellos que pretendan la tutela de un bien jurídico importante. prohibiéndose a la vez.
por lo que.FRANCISCO E. ya que de hacerse un razonamiento similar al interpretar los delitos que ponen en peligro un bien jurídico determinado. de manera que queda fuera de su ámbito. una interpretación judicial muy especialmente en los casos en que la ley parece tipificar menos delitos formales y materiales o. Artos.
. concreta o abstracta. presidiendo. sería caótico al no saber cual bien jurídico merece protección. conductas que no sean lesivas o peligrosas. es una atribución de nuestros judiciales interpretarlos. 269 y 321 NCP.87
87. con un escaso contenido de injusto penal. ENRÍQUEZ CABISTÁN
El principio de lesividad se opone a las presunciones de peligro o de peligrosidad.
el Nuevo Diario. en segundo lugar.
. 9 p á r r. Este principio obliga al juez a determinar la pena de forma proporcional a la lesión del bien jurídico protegido. p. es decir.III. pero nunca una pena. que la
88. 15 de enero del 2001. de modo que no puede ser castigado quien actúa sin culpabilidad (exclusión objetiva por el resultado) y. Principio de C u l p a b i l i d a d ( a r t o . porque no están motivados para infringir la ley. personas con enfermedades mentales) a quienes han cometido el hecho delictivo sólo podría imponérsele una medida de seguridad. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. que toda pena supone culpabilidad. de carecer de culpabilidad (ejemplo. y hace referencia en que se impondrá la pena si la persona que cometió el delito es culpable. si ésta tiene capacidad personal para que se responsabilice o atribuya el hecho ilícito cometido. Nicaragua. desprendiéndose. en primer lugar. evitando abusos de parte de los judiciales al momento de imponer las sanciones penales respectivas. Managua. 7. Enríquez Cabistán Francisco. 2 NCP y 8 inciso b CPM)
Este precepto penal de carácter constitucional es conocido con el aforismo nulla poena sine culpa.88 La pena se debe fundamentar en la idea de que el hecho se le pueda imputar o reprochar a su autor.
FRANCISCO E. Para la determinación de la pena entre un máximum y un mínimum los jueces y tribunales nicaragüenses apreciarán la culpabilidad y peligrosidad del sujeto.I. 90. Los jueces y tribunales de justicia deberían abstenerse de aplicarla
. lo que violenta la igualdad y legalidad de las leyes. y que la pena sea impuesta de manera proporcional. Autores como SANTIAGO MIR PUIG. citado por CUAREZMA TERÁN. el judicial esta facultado para sustituir la pena o multa. desde la óptica del derecho penal. por el delito que cometió y. 1981. estos son capacidad de culpabilidad. Las penas se ejecutan mediante una sentencia ejecutoriada entre un máximum y un mínimum–en base a las circunstancias agravantes y atenuantes–pero no podrán exceder de 30 años (arto 37Cn: “La pena no trasciende de la persona del condenado.89 90 El principio de culpabilidad requiere culpa en la pena. no pudiendo ser la pena mayor del máximo ni menor del mínimo determinado por la ley. ENRÍQUEZ CABISTÁN
pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad (medición de la pena dentro del marco máximo y mínimo de la culpabilidad). asignan al concepto de culpabilidad. No se impondrá pena o penas que. por otra por sus características personales por ser multirreincidente (arto 31 párr. T. tener cono-
89. El Pn. p. se considera como fundamento de la pena. aisladamente o en conjunto. 2). 30. castiga doblemente a la persona: por una parte. duren más de treinta años”). Por un lado. Tratado de Derecho Penal. Jescheck. para ello es necesario la presencia de varios elementos. con las circunstancias del hecho. una triple significación. que se refiere a que si procede imponer una pena de autor de un hecho típico y antijurídico. En el caso de la pena de arresto.
. 1ra. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . que la pena no sobrepase la medida de culpabilidad. 525 y 526.
. 2001. evitándose. es decir. editorial Hispamer. 1ra. editorial Hispamer. 525 y 526. Managua. edición. asignándole en su función limitadora.
cimiento del acto antijurídico y que la conducta sea exigible91. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua”. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua”.93
91. “Garantías básicas de carácter penal. 525 y 526. 2001. 2001. 1ra. 92. editorial Hispamer. El mismo autor expresa que la culpabilidad como elemento de graduación de la pena. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. la responsabilidad objetiva por el resultado o por el hecho. 93. Managua. Carranza Elías y Cuarezma Terán. p. edición. Carranza Elías y Cuarezma Terán.. p. p. edición. en donde se sanciona la intención de la persona de cometer el hecho delictivo y que ésta lo haya cometido. Managua. “Garantías básicas de carácter penal.92 El NCP establece el principio de culpabilidad en relación con los preceptos de responsabilidad subjetiva y personal. Carranza Elías y Cuarezma Terán. en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. “Garantías básicas de carácter penal.
en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. 2001. La prevención general establece según la doctrina.96 señala que desde la perspectiva política constitucional. 96. el principio de culpabilidad tiene la significación indicada de los principios conexos de necesidad. cumpliéndose así con una de las funciones de la pena. es innecesaria la pena para la prevención general. “Garantías básicas de carácter penal. Carranza Elías y Cuarezma Terán. 86. Curso de Derecho penal. Parte General I. Managua. p. LUZÓN PEÑA.FRANCISCO E. LUZÓN PEÑA. va dirigida a todos los ciudadanos a hacer lo posible para que el comportamiento de las personas no se transforme en un comportamiento delictivo. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua. ENRÍQUEZ CABISTÁN
En ese sentido. eficacia y proporcionalidad.
. ya que su impunidad no afecta a la intimidación frente a los sujetos normales. y es comprendida por la sociedad. eficacia y proporcionalidad. 525 y 526. el carácter intimidatorio de las sanciones penales y. 1 ra edición. 95. editorial Hispamer. En caso de disminución de la culpabilidad. además. citado por CUAREZMA TERÁN94 apunta que en el aspecto funcional de este principio está conectado a los de necesidad. pues si un sujeto no es culpable al cometer un hecho. p. la prevención general95 es ineficaz frente a los inculpables. Especialmen-
94. disminuye gradualmente la necesidad y también la eficacia de la prevención general.
De ahí. editorial Hispamer. entre ellos CARRANZA y CUAREZMA TERÁN. Managua. sino a sus actos y. Arto 27 Cn.
te es una plasmación del principio de igualdad. 2001.99 y en general. por lo que. Arto. que dice: “Son circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal: 1) La mayor ilustración. pues no se juzga a la persona. 30 inc 1 Pn (efectos de agravación de la pena). en la obra colectiva: Documento Penales y Criminológicos. 99.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . que un derecho penal garante y respetuoso de este precepto en estudio.. “Garantías básicas de carácter penal. 525 y 526.. p. educación y dignidad del
. si éstos son delictivos o no. 98. que no deberían incidir en la valoración jurídica del hecho.
97. Carranza Elías y Cuarezma Terán. sea incompatible con un derecho penal de autor basado en el carácter asocial del sujeto (de ahí que resulte criticable el excesivo peso que en nuestro Pn se conceda a circunstancias personales.98 que la culpabilidad como principio fundamental del derecho penal representa adoptar una actitud llena de consecuencias materiales: En primer lugar.97 que prohíbe tratar igual a los culpables que los inculpables. 1 ra edición. porque el principio de culpabilidad implica captar la culpabilidad en sentido jurídicopenal claramente diferenciado de la culpabilidad moral. se puede afirmar por la doctrina. procesal penal y de ejecución en la justicia penal de adolescentes del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua”. En los juicios estrictamente penales de culpabilidad la personalidad como tal no importa.
FRANCISCO E. aún sin quererlo. Arto. 101.100 Tal exigencia no resulta en contraste con lo dispuesto en el mismo NCP101 de actuar en nombre de otro. la simple producción de un resultado antijurídico. el precepto no persigue sancionar por hechos que no sean objetivamente y subjetivamente.1 NCP. 8. no implica aquello que se hubiera querido causar o que.
. imputables a quien actúa en representación de otro. ENRÍQUEZ CABISTÁN
todos aquellos tipos penales de la parte especial que incorporan referencias a la disposición moral del delincuente infractor). y dice: “La persona sólo responde por los hechos propios. Y en tercer lugar. En segundo lugar. porque aunque otra cosa pudiera parecer en una consideración apresurada. que es exigencia dimanante del principio de culpabilidad. Arto. se hubiera podido y debido evitar por todas las consecuencias de la acción (principio de responsabilidad subjetiva y personal). antes
delincuente en sus mayores obligaciones para con la sociedad o sus obligaciones para contra quien delinquiere…” 100. el principio de culpabilidad proscribe la responsabilidad por hecho de otro. La pena no trasciende de la persona condenado”. 45. no trasciende de la persona condenada legalmente. Ya que en el ámbito de un derecho penal de culpabilidad. por cuya virtud la persona sólo responde por los hechos propios y la pena por su parte. un derecho penal de culpabilidad es incompatible con un derecho penal de resultado.
sino en la medida en que haya desatendido el supuesto de hecho de la norma penal. lo cual parece ser el camino que ha tomado el NCP. garantizando de esta forma los derechos y garantías de los nicaragüenses. MUÑOZ CONDE y MERCEDES ARÁN102 sostienen que aparece hoy fuera de discusión lo referente. en primer lugar. p. la misma razón. sólo se podría sancionar al que actúa en nombre de la persona jurídica o de otra persona física en la medida en que.
al contrario. y en segundo lugar. así por ejemplo.
102. realice el sustrato de la infracción. porque concurre en esa conducta dolo o imprudencia. el padre de un menor o de un inimputable peligroso sometido a su custodia no responderá por cualquiera de las actuaciones típicas que éste realice. depende del grado de participación o responsabilidad penal subjetiva y personal del sujeto activo en la realización del delito y que si ésta falta. se desconoce que el hecho estaba prohibido o no le era exigible otro comportamiento por no estar debidamente motivado.
. 1998. no sólo cuando hay imprudencia o dolo. de cualquier otro modo.. a que la pena tanto en su fundamento como en sus límites.. Derecho Penal. no podría incurrir en responsabilidad penal en virtud del arto. 45 NCP.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . ya sea por acción u omisión. Parte General. el miembro del consejo de la administración de una entidad que hubiere votado en contra de una resolución o. 103 y 104.
excluyendo de esta manera. el Nuevo Diario. que al cometerse un hecho delictivo.1 NCP y 3 CPM). 104. Sin trascender ésta a otros individuos.I V. en donde se castiga a la persona por el resultado que causó el hecho ilícito trascendiendo la responsabilidad a comportamientos ajenos que causan un límite riguroso al configurar tipos penales con un alto grado de peligrosidad en abstracto.103 LUZÓN PEÑA. Nicaragua. Enríquez Cabistán Francisco. P r i n c i p i o d e Responsabilidad Personal (arto. Curso de Derecho Penal.7.
. 15 de enero del 2001. es decir las sanciones penales serán impuestas a personas que hayan realizado los delitos. 89.104 dice que la razón de ser de éste principio se encuentra fundamentado en que las sanciones penales sólo pueden ser necesarias. Managua. 8 inciso 1 NCP)
Bajo este principio se puede establecer de manera clara (artos 8. la responsabilidad objetiva por el resultado. p. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. parte General I. p. eficaces e idóneas (con todas las connotaciones político constitucionales de estos principios) para la preven-
103. en otras palabras la imputación del resultado según la causación del mismo. sólo se va a sancionar por hechos propios de la persona y no en aquellos en los cuales no se tuvo autoría o participación.
la exigencia de responsabilidad por omisión de impedir delitos graves de otros.. pero serían absolutamente inidóneas y sin sentido para determinar a los ciudadanos en relación con hechos ajenos o con sucesos naturales en cuya realización o evitación no han influido ni podido influir. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. España.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Barcelona. un “derecho penal de hecho” que se opone a la posibilidad de castigar el carácter o el modo de su realización por el resultado. Teoría General del Delito. que el delito sea debidamente establecido en la ley penal. por ello son una confirmación de este principio.
ción de hechos personales o del incumplimiento de la responsabilidad personal respecto de hechos ajenos. y por otras omisiones.106 enlazándose con la noción del principio de legalidad y su exigencia de “tipicidad” de los delitos a través del “mandato de determinación”107 de la ley penal. julio del 2000. que reclama a la
105. incluso imprudentes. Lo que hace.105 Esto exige al momento de imponer una sanción penal.. y sólo aparentes excepciones al mismo. 1989. o la responsabilidad de personas físicas por hechos de personas jurídicas o de otras personas físicas en los que han intervenido o a las que han representado. Muñoz Conde Francisco. 106. Exige que el tipo penal sea claro.
. concreto y específico. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. 107. Cuerda Arnau María Luisa. de deberes de vigilancia o control.
las falsedades. ENRÍQUEZ CABISTÁN
vez. al “ladrón”. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. el derecho penal debía castigar al “homicida”. una negación al “derecho penal de autor” y la teoría de los “tipos autor” que propusieron los penalistas nacionalsocialistas: en lugar de castigar el homicidio. julio del 2000. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. este principio viene a ser un gran avance jurídico penal en donde se va a responder por los hechos propios y no ajenos en los que no se tenga ninguna influencia ni responsabilidad criminal de parte del sujeto al cual se le trata de imputar el hecho ilícito. ello supone. al “falsificador”.
108. etcétera (tipos de autor).108 En definitiva.FRANCISCO E. Cuerda Arnau María Luisa.
. una descripción diferenciada de cada conducta delictiva. el hurto. etcétera (tipos de conductas).
ya que los delitos no protegen bienes jurídicos iguales. 110. 2 N C P ) Introducción. el Nuevo Diario.7. respectivamente. es decir que la sanción penal que adopta el legislador para determinado comportamiento punible debe imponerse en actuación al bien jurídico protegido. 40.V.
. definición y alcances jurídicos
El principio de proporcionalidad establece un precepto de igualdad entre la gravedad del hecho ilícito y la sanción jurídica. Enríquez Cabistán Francisco. 15 de enero del 2001.110 el principio en cuestión indica que la gravedad de la pena o medida de seguridad debe corresponderse con la gravedad del hecho cometido o con la peligrosidad del sujeto. p. para luego generalizase hasta convertirse en un principio general
109. 9 p á r r. El principio de proporcionalidad aparece como límite al poder de policía y al juez. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”. y así la pena debe ser proporcional o equitativa a la gravedad del hecho que se cometió. Introducción al Derecho Penal. P r i n c i p i o d e Proporcionalidad ( a r t o . Managua. Nicaragua. p.109 Según MORILLAS CUEVA. 1989.
112 pero independiente de la posición que se tome hay que destacar en este principio que no sólo es preciso que pueda “culparse” al autor de aquello que motiva la pena.69 y 70. Luzón Peña Diego. Mir Puig Santiago.115. bien sean legales o constitucionales.111 en el derecho natural. p. como LUZÓN PEÑA. lo vinculan a normas de carácter punitivo. y su fundamento se ha situado por algunos doctrinarios. criterio que se utiliza para graduar también las medidas de seguridad.
111. la idea de proporcionalidad no sólo es necesaria para limitar las medidas de seguridad.110. Derecho Penal.
.FRANCISCO E. mientras otros autores. que sigue el establecimiento y aplicación de toda especie de medidas restrictivas de la libertad. 1991. entre los que se incluye a COBO DEL ROSAL. que suele emplearse el principio de proporcionalidad como límite de las medidas de seguridad y como contrapartida del principio de culpabilidad que limita las penas. sino también que la gravedad del hecho resulte proporcional a la sanción que se pretende imputar. Sin embargo. 112.113 JESCHECK114 señala por otra parte. p. Parte General. ha de exigirse como principio general. Derecho Penal. Parte General I. 113.34ss. Parte general. Valencia. 3ra edición. p. por lo que. ENRÍQUEZ CABISTÁN
del derecho público. 114. España. Derecho Penal. Tratado de Derecho penal. sino para graduar también las penas. p. 1990.
116.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .116 de que la pena ha de ser adecuada a su finalidad de tutela y. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua.. en cuanto se deriva de los principios de necesidad y de eficacia. pero desigualmente lo desigual. a saber:
Justifica a la pena o la medida de seguridad. p. julio del 2000. Parte general I. obliga a plantearse como problema la conformidad a la constitución de las denomi-
. se trata de una exigencia de origen liberal y acorde también con el Estado social. Ver Sentencia No 62/82. 86.115 afirma que este principio desde el punto de vista político constitucional. publicada en el Primer Módulo: “Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho”. y como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional Español. Curso de Derecho Penal. pero además responde directamente al principio de igualdad que exige tratar por igual al igual. propio del Estado democrático.
Es clásico afirmar que el principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso se descompone en tres requisitos.. debiendo ser apta la sanción penal a imponer al momento en que se van a alcanzar los fines que lo justifican.
124. Artos. Arto.
. procedimientos. Dicho más claramente.126 por eso es importante mencionar cuales son las formas a través de la cual se
123. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.
preventiva. que establece los criterios de proporcionalidad para aplicar las medidas privativas de libertad. penas ni a tratos crueles.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . 126. como he mencionado. que dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. 173 CPP. deba ajustarse a los requerimientos de tal precepto. 5 y 169 CPP.. Arto.125 Ni que decir. 36 Cn.123 124 etcétera). inhumanos o degradantes. se proyectan tanto en el ámbito de la conminación penal abstracta como en el plano aplicativo. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. que tanto el legislador como los órganos jurisdiccionales del país están vinculados a las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad de la pena. Cuarezma Terán Sergio. julio del 2000. Nadie será sometido a torturas. 125.. que. síquica y moral. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”. la vulneración de esas garantías supone la afectación del precepto constitucional que reconoce el derecho a no afectar ni aplicar medidas restrictivas desproporcionadas y de este modo se evita aplicar sanciones denigrantes que atenten contra la integridad física y síquica de la persona.
. Artos.138
137. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. julio del 2000.
sión de la pena. sin mengua de los fines preventivos a través de los cuales las consecuencias jurídicas cumplen su función tuteladora. previstos en el Pn y en el NCP. y de su ejecución. medida de seguridad o consecuencia accesoria. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua..137 lo que obliga de manera autónoma a prescindir de la pena..PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . 138. 87 (Suspensión de la pena de prisión) y 88 (Condiciones para la Suspensión de la Ejecución de las Penas). cuando ello es posible.
Principio de Responsabilidad Subjetiva ( a r t o s 9 p á r r. el Nuevo Diario. la comisión de un hecho imprudente o culposo se castiga de forma diferente. Se trata pues. 15 de enero del 2001. 140. 1 N C P y 4 CPM)
El precepto indica que solamente se castigará aquellos comportamientos dolosos o imprudentes. entre las que tenemos: no hay pena sin dolo o imprudencia.
. además prohíbe de forma expresa el castigo de la responsabilidad objetiva por el resultado. 92 Pn. p. como el delito de homicidio preterintencional. como norma general y salvo algunos casos justificables. como forma de desvalor de la acción. Nicaragua. Arto. de una concepción de establecer la responsa-
139. a diferencia del código penal vigente que castiga la responsabilidad objetiva por el resultado. Enríquez Cabistán Francisco. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”.139 de esta manera sólo se castigará las conductas si la acción u omisión se realiza con dolo o imprudencia. por lo que. Este principio marca un gran avance técnico y democrático.7.140 Esta situación establece varias exigencias formales. y en su caso. Managua. de que exista entre la pena y el resultado un grado de responsabilidad subjetiva a imponer.VI.
.. independientemente de la intención que pueda tener el sujeto. ubica la concepción del precepto en estudio alrededor del “principio de culpabilidad”. exigiendo la imputabilidad del hecho y ver si este se realizo con dolo o imprudencia. Luzón Peña Diego. Parte General I.87 y 88. haría inte-
141.142 El principio en estudio se encuentra contenido de una manera tácita en los preceptos de eficacia. 59-60. p. p. Lo cual. sería absolutamente ineficaz la prevención general. y perdería de este modo su eficacia y utilidad. lo que es lógico si tomamos en consideración que el dolo y la imprudencia son formas o grados para poder atribuir el grado de culpabilidad que posee la persona. 2da edición.141 La mayoría de la doctrina moderna y mayoritaria.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Curso de Derecho Penal. opuesta a la “responsabilidad objetiva por el resultado”. proporcionalidad y en la concepción político constitucional del Estado social y democrático de derecho. para intentar evitar acciones no dolosas o imprudentes. Parte General I. Luzón Peña Diego. comentado.143 porque no se ha logrado prever el hecho típicamente antijurídico. 142. Código Penal de Nicaragua. 2001. necesidad. Curso de Derecho Penal. editorial HISPAMER. En efecto. 143.. Cuarezma Terán Sergio. concordado y actualizado.87 y 88. Managua. p.
bilidad penal y el desvalor del hecho ilícito.
Derecho Penal.FRANCISCO E. PPU. y que ni siquiera concurre imprudencia. no cabe en el derecho penal moderno a como he mencionado. MIR PUIG144 asegura que el día de hoy se admite generalmente que la pena del delito doloso debe ser mayor que la del delito imprudente (culposo). sin embargo.108 y 109. no le cabe imponer pena alguna. porque al sujeto activo con el cuidado que le es exigible. 3ra edición. ENRÍQUEZ CABISTÁN
grar la prevención especial frente al sujeto que realiza la acción. 1990. Barcelona.
. debido a que alejaría la verdadera función del derecho penal de sancionar y reinsertar al delincuente.
144. la responsabilidad objetiva por el resultado. p. Parte General. España.
es limitar la eficacia discriminatoria de los antecedentes penales. En igual espíritu se plasma en el CPM (arto. psíquica y moral.146 Este principio en estudio aparece consagrado en el arto. comete otro delito doloso. 8 párrafo 2 NCP)
El principio de humanidad o humanización. con un carácter menos represiva y con un contenido aflictivo. prohibiéndose las penas y medidas de seguridad inhumanas o denigrantes al ser humano opuestas de por si a la dignidad personal.145 dándose paso a una paulatina reducción del contenido aflictivo de las sanciones. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”. 146. penas ni a tratos crueles. y está dirigida a permitir las condiciones de vida óptima de estos dentro de un orden legal que
145.VII.
. Nadie será sometido a torturas. 36 inc 9 NCP. 3). habiendo sido condenado por sentencia firme en los últimos cinco años por un delito doloso. 39 Cn y se relaciona con la vida institucional de los privados de libertad en el sistema penitenciario. procedimientos. Es reincidente quien. inhumanos o degradantes. 36 Cn. Arto. que afirma: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. marca una progresiva tendencia a la “humanización” de las sanciones penales. que dice: “…REINCIDENCIA. un ejemplo de ello. Principio de Humanización (arto. Arto. comprendido dentro del mismo Título”.
149. julio del 2000. ENRÍQUEZ CABISTÁN
asegure la gobernabilidad e institucionalidad de los centros penitenciarios y la orientación resocializadora de las penas y medidas de seguridad debe realizarse en el marco del respeto a la voluntad del interno y al libre desarrollo de su personalidad. Tratado de Derecho Penal. es por ello que el princi-
147. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. Cuerda Arnau María Luisa.
. 5 y 5 inc.149 150 Pese a la taxatividad del precepto constitucional de resocialización de las sanciones penales. como la pena de muerte.FRANCISCO E. 150. se puede derivar la abolición de penas y medidas de seguridad crueles y denigrantes. Arto. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. de una responsabilidad social hacia el delincuente. 35. De todo esto. p. con una interpretación sistemática del mismo. 148. JESCHECK148 afirma que el principio de humanidad impone que todas las relaciones humanas que el derecho penal hace surgir en el más amplio sentido se regulen sobre la base de una vinculación recíproca. 1981. de una disposición a la ayuda y asistencia y de una decidida voluntad de recuperación del condenado.147 En ese sentido. 23 y 46 Cn. obliga a entender que la orientación resocializadora de las penas y medidas solo puede ser entendida en el marco del respeto a la voluntad del interno recluso y a su libre desarrollo como ser humano. Artos 4 inc. 2 de la CADH.
cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. y así el sujeto que cumple (una pena o medida) no será aislado totalmente de la sociedad.
pio de humanidad o de humanización obliga a nuestros poderes institucionales a adoptar las condiciones que hagan posible que el reo pueda adoptar su vida al conjunto de valores constitucionales y al reconocimiento y ejercicio de sus derechos y garantías. el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. permisos penitenciarios.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .. la superación educativa.. Las penas tienen un carácter reeducativo. 152. sustitución. 39 Cn. parte general I. Se pretende evitar la desocialización del condenado cuya principal manifestación viene dada por las instituciones que permiten evitar la prisión en los casos en que es posible prescindir de ella o bien atenuarla facilitando la progresiva reincorporación a la vida en libertad (suspensión. Curso de Derecho Penal. que sustenta: “En Nicaragua. sino que se le proporcionarán los medios adecuados para reincorporarse a la misma.151 Luzón Peña152 asegura. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar. p. 89. la salud. Arto.
151. libertad condicional. que el principio de humanidad significa una progresiva tendencia a la humanización de las sanciones penales haciéndoles menos dura. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas sean del mismo sexo”.
. en duración y contenido. etcétera).
Nicaragua. 154. p. Enríquez Cabistán Francisco. 155. eficaces y político constitucional.7. cuya restricción no sea imprescindible para el fin mismo de las sanciones. compatibilizándose con el máximo disfrute de derechos y garantías que posee el condenado. Arto 46 y 39 Cn. Managua. con la finalidad de reeducar y reinsertar a la persona que haya cometido un delito. con suma atención en las penas corporales. tratando a las personas “transgresoras” como seres humanos y no como simples objetos. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. julio del 2000. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”.FRANCISCO E. marcándose de esta forma una paulatina pero segura reducción del contenido aflictivo de las sanciones penales.153 El principio de humanidad o de humanización se conecta con las necesidades subsidiarias. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. ya que apunta a dar mayor protección a la dignidad humana.154 155
153. en especial de aquellas que son “transgresoras” de hechos delictivos. 15 de enero del 2001.
. el Nuevo Diario. Este principio se desprende del artículo 5 de la Constitución Política. ENRÍQUEZ CABISTÁN
Actualmente no se conciben penas y medidas abstractas y denigrantes a la dignidad de las personas. Cuerda Arnau María Luisa.
156. No I. España. Pág. Consejo General del Poder Judicial. España. 185. 1996. Consejo General del Poder Judicial. si podemos acercarnos a tal distinción señalando que la primera implica la lesión o puesta en peligro un bien jurídico penalmente relevante a través de una conducta tipificada en la ley. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. 1996. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. Mata y Martín Ricardo Manuel. Pág. y sin pretender resolver la cuestión objeto del debate. de una manera genérica.156 la diferenciación a establecer entre el injusto penal y el injusto de carácter disciplinario o administrativo es una temática compleja y de largo debate doctrinal.
. 185 157. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. Principio de prohibición de la persecución múltiple (ne bis in idem) Introducción
Según el profesor Ricardo MATA Y MARTÍN.VIII. mientras que la segunda se refiere a las conductas previstas y sancionadas por la normativa administrativa en interés inmediato de la propia administración. Valladolid. No I. Valladolid. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. Sin embargo.
Mata y Martín Ricardo Manuel. Consejo General del Poder Judicial.
. o de inadmisibilidad de la persecución múltiple. como conjunto de las garantías fundamentales que posee cada persona. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. Pág. 1996. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. estableciendo dos aristas básicas. La primera. exige una sola resolución definitiva frente a la infracción del hecho. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. 186. una cobertura casi completa a las garantías propias del derecho instrumental derivado del propio principio de legalidad. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados.159 es decir. ENRÍQUEZ CABISTÁN
Especialmente delicada resulta la compatibilidad o no de las sanciones penales y las de carácter disciplinario. donde es necesario precisar el alcance del ne bis in idem. Como principio procesal el ne bis in idem prohíbe la prosecución de dos procedimientos sobre un mismo sujeto y objeto fáctico. Valladolid.FRANCISCO E.158 La primera significa la imposibilidad de sancionar dos veces a una misma persona por idéntico hecho cometido. 159. considerado de estatus constitucional. Cuerda Arnau María Luisa. de carácter material y. julio del 2000. que el conjunto de derechos particulares de libertad y seguridad de cada nicaragüense. España. por lo que. implica una prohibición de perseguir en
158. como exigencias generales de seguridad jurídica al sistema de enjuiciar. la segunda. de índole procesal. No I. Dándose.
162 aunque no de una manera expresa en el Pn y en el NCP. Managua. 162. pues precisamente su vigencia imposibilita aplicar sanciones arbitrarias. a las siguientes garantías mínimas:. 161. Binder Alberto. éstos prevén expresamente esta garantía y.160 y 18Oss. Artos.
. lo que hace desprender su vigencia y estudio del principio de legalidad constitucional163 y demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de los tratados internacionales de derechos humanos. inadmisible la doble condena o el riesgo de afrontarla. Esta vertiente material. 15 de enero del 2001. 32. 33. exige la necesidad de que la persecución penal con todo y la intervención del Estado en busca de imponer una sanción.160 siendo. Introducción al Derecho Procesal Penal. en igualdad de condiciones. aparece establecido en la Cn.A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme…”.. Arto. p. Nicaragua.
múltiples ocasiones y la posibilidad de ser sancionado más de una vez por el mismo hecho. 131. “Principios Democráticos que contiene el Proyecto de Código Penal”.. 130. 34 inc 10. 34. 1993. 163. que afirma: “Todo procesado tiene derecho. que logran desarrolla la disciplina del concurso de normas jurídicopenales. a la vez forman parte de nuestra legislación
160.7. p. 132.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Cn. el Nuevo Diario. 163-173. solo se puede poner en marcha una sola vez.. Enríquez Cabistán Francisco..161 El principio de ne bis in idem.
Valladolid. España. habría que ir más allá de esa interpretación. 185
. que la posición mas indicada es que este principio penal de carácter constitucional se le
164. Arto. Arto. Consejo General del Poder Judicial. con alcance más amplio al referirse a la posibilidad de que permanezcan dos procesos sucesivos o paralelos de un mismo hecho. que dispone: “que el inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido nuevamente a juicio por los mismos hechos”. No I. ENRÍQUEZ CABISTÁN
interna por mandato constitucional.167 en la actualidad. En este sentido. se refiere únicamente al hecho de no juzgar o condenar a una misma persona dos veces por el mismo hecho que se le imputa o. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. 46. 165.FRANCISCO E. 166. 167. el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos166 establece: que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto en virtud de sentencia firme y respetuosa de la ley de procedimiento penal de cada país. Considero. Según el mismo MATA Y MARTÍN. 1996. Arto. 8 numeral 4.164 un ejemplo de ello es la Convención Americana de Derechos Humanos165 o Pacto de San José. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. 14 numeral 7. existe una discusión doctrinal que consiste en ver si la garantía constitucional que representa el ne bis in idem. Pág.
para determinar si es admisible una revocación o absolución de esa condena. Valladolid. p. No I. 1993.169 Debe advertirse aquí. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. en el sentido de que la persona no puede ser sometida a una doble condena ni afrontar el riesgo de ello. junto a una doble condena o el riesgo de afrontarla. la persona si puede ser sometida a un segundo proceso si el objeto de este último..
debe otorgar una interpretación amplia. Idem. Sin
168. Introducción al Derecho Procesal Penal. como se puede notar. 206. 163-173.
. La preferencia de una de las normas debe obtenerse de criterios teleológicos y valorativos. como lo hace SANZ MORÁN. Mata y Martín Ricardo Manuel. es la no repetición del proceso. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. Binder Alberto. Consejo General del Poder Judicial.170 que la determinación de la norma aplicable sobre la base de las consecuencias jurídicas resulta metodológicamente incorrecto. en la cual se recurre al contenido de la consecuencia jurídica prevista en la norma..168 Lo inadmisible. Pág. Existe el problema de determinar en el caso particular si basta con la aplicación de la norma penal o es preciso añadir la administrativa. citado por el profesor MATA Y MARTÍN.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . España. Sin embargo. 170. 169. consiste en revisar la sentencia condenatoria del primero. 1996.
El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. Ver de Mantovani: Concorso e conflicto di norme nel diritto penale. España. Mata y Martín Ricardo Manuel. como indica RODRÍGUEZ DEVESA. pág. Parte General. 199. Bologna. sino que se toman como referencia en cuanto permiten revelar el contenido de injusto atribuido por el legislador a una conducta determinada. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época. la toma en consideración aquí de las correspondientes consecuencias jurídicas no posee el carácter de valoración autónoma o independiente. Consejo General del Poder Judicial. Valladolid. 662 y ss.171 citado por el MATA Y MARTÍN. Pág. 1996.
. pág. 173. 1994. En definitiva la relación de consunción que pretende verificarse se expresa. El recurso a la consideración de la pena y sanción no es
171. El fundamento o contenido de injusto de cada tipo de infracción podemos apreciarlo en la consecuencia jurídica prevista por el legislador. 172. Para determinar la voluntad legis acerca de la prevalencia de una u otra normaindica MANTOVANI.172 un primer y sintomático indicio lo representa la gravedad de la pena y. Las mismas serán expresivas del desvalor asignado por el legislador a cada comportamiento.173 en la penalidad asignada. Para este autor no se trata de un criterio con valor absoluto que pueda ser considerado de forma exclusiva. 1966. ENRÍQUEZ CABISTÁN
embargo. el diverso tratamiento penal y jurídico. Derecho Penal español. en sentido más genérico.FRANCISCO E. No I. 207.
Así. 61.
. No I. Valladolid. Por el contrario si pena criminal y sanción administrativa son diversas podrán aplicarse ambas (concurso de infracciones). se prohíbe el exceso que impone este principio al obligar no aplicar una sanción (administrativa) cuando con la determinación de la pena el desvalor del hecho resulta suficientemente castigado.. 175. de esta manera. Pág. Universo de Deusto. pág. 207. expresa MATA Y MARTÍN174.
sino producto de la aplicación del principio valorativo de consunción. Gómez Benítez. 1996. Consejo General del Poder Judicial. El principio non bis in idem en la reforma de la responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados. En este sentido se entiende generalmente175 que un aspecto de la idea actual de la proporcionalidad de las sanciones penales es que supone que esta se determina según el daño ocasionado. sino se vulnerarían derechos fundamentales al establecerse un castigo ciertamente severo e injustificado. es decir. proporcionalmente a la intensidad y re174. En el pensamiento de Beccaria: su actualidad. Revista Poder Judicial 2ª / 3ª época.. La idea moderna de proporcionalidad de las penas.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . España. Mata y Martín Ricardo Manuel. En apoyo a estas consideraciones viene el principio de proporcionalidad que esta ligado mutuamente con el principio en estudio. que si la pena asume el contenido del injusto de la infracción administrativa sólo se impondrá aquella (resolución del concurso aparente de leyes con base en el principio de consunción). 1991.
FRANCISCO E. el principio de ne bis in idem es una garantía con matices muy peculiares. en toda instancia y proceso. p. con el respeto debido. Cortéz Domínguez. 1993. 163-173. se dice que la cosa juzgada penal tiene efecto negativo.177 por tal motivo. dando seguridad jurídica individual. para que se pueda echar a andar. las cuales son a saber: Que sea una misma persona o eadem persona. ENRÍQUEZ CABISTÁN
levancia del menoscabo sufrido por el bien jurídico y el interés general lesionado.
La doctrina penal le ha otorgado una serie de requisitos que debe contener. 177. siendo un límite al poder punitivo del Estado.
. refiriéndose.176 lo que hace que el juez emita una resolución sin que le sea posible emitir un fallo o decisión de fondo. Introducción al Derecho Procesal Penal. a diferencia de la cosa juzgada civil. a la necesidad de que en la persecución penal sólo se pueda poner en marcha una vez. por lo cual. un mismo hecho o eadem res
176. La cosa Juzgada. Como hemos observado. a las garantías inherentes al ser humano. p. cuando ya ha conocido del asunto mediante providencia judicial anterior. que tiene un alcance positivo pues el funcionamiento está obligado a fallar de nuevo. la prohibición de juzgar dos veces por un mismo hecho ilícito esta presente. Binder Alberto. 120 y 121.
163-173. Con respecto a que debe ser una misma persona. al segundo requisito de que los hechos sean los mismos. debido. es decir que tienen que ser una realidad con unidad y sentido del hecho. a que en el ámbito del proceso penal no se puede hablar de “hechos” en forma independiente a lo que preceptúa la ley. lo que sirve a la vez como garantía personal que se juega o usa a favor de una determinada persona y nunca en abstracto. tiene que ir relacionada íntimamente con la persona a la cual se le imputa o se le trata de imputar un hecho ilícito en concreto.178 En lo que respecta a la causa petendi. que cuando nos referimos a los “hechos” estamos evadiendo una hipótesis fáctica que se pueda presentar o este presente.. se debe de tratar del mismo motivo de persecución o eadem causa petendi. no existe ninguna problemática ni dificultad para su aplicación. conforme a lo que establezca la norma penal. p. es decir la misma razón jurídica
178. porque solamente se pide que sea el mismo individuo. Binder Alberto. por lo que la resolución que se emita. Introducción al Derecho Procesal Penal.
..PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . debe de tratarse del mismo motivo de la persecución del hecho que se pretende imputar. cabe mencionar. sino que dicho hecho procesal debe poseer una relación total a lo que ley penal sustantiva diga.
y. En cambio. y que se refiere a que el hecho o los hechos se deben de realizar por la misma persona. 1993.
En lo cual. ENRÍQUEZ CABISTÁN
y política de persecución penal del que se pretende ser objeto en un proceso penal determinado. aplicando el principio que más favorezca al reo o condenado. que no se le someterá dos veces por el mismo hecho o motivo. p. el hecho debe de ser el mismo. p.179 en donde.181
179. sin razón ni validez. a través del recurso de Revisión que establece el CPP. Binder Alberto. 181. Introducción al Derecho Procesal Penal. 163-173.180 en donde la persona que ha sido absuelta o condenada en un segundo juicio mediante una sentencia firme no puede serlo de nuevo por otra resolución más gravosa para él. 2002. solamente sucedería si esté fuere a favor del condenado. 1993. Introducción al Derecho Procesal Penal. la destrucción o no atención de la estructura básica de la hipótesis fáctica. 180.
. de lo contrario el proceso penal seria nulo.
La Posibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado. no debe de someterse a una persona a dos procesos iguales. evitándose de esta manera. 337 y 338. a menos que sean distintos las causas o las identidades. Artos. Pedraz Penalva Ernesto. Dar fundamento a la excepción litis pendencia. es decir.FRANCISCO E. 200ss.
1984. 4 NCP)
La existencia del derecho. 183. debido a que en dicha abstracción. es decir. hecho a imagen y semejanza de Dios. p. en especial del derecho penal. ha estado íntimamente relacionado con el reconocimiento. Justamente el mérito de la Ilustración. 1984. que le otorga al hombre su condición igualitaria y libre. influenciada según BLOCH. muy difícil de realizar en la realidad.182 por el derecho natural.183 en otras palabras el examen del
182. Manual de Derecho penal español.
. 64. al partir de un supuesto axiomático. tesis que la mayoría de los doctrinarios modernos sostienen que no posee ninguna validez por su carácter metafísico y existencial de la vida humana. citado por BUSTOS RAMÍREZ. p. 64. como reitera BLOCH fue el haber puesto de manifiesto que no es posible la dignidad del hombre sin poner término a la necesidad. Principio de Dignidad de la persona (arto.IX. la dignidad del ser humano resulta poco instrumental para limitar al Estado en cada una de sus intervenciones y más aún. Manual de Derecho penal español. vigilancia y tutela de la dignidad humana. lo que permite un actuar discrecional de parte del Estado. su carácter inmensamente abstracto. Ramírez Bustos Juan. Ramírez Bustos Juan.
sirviendo el principio de la autonomía ética de la persona. Cuerda Arnau María Luisa. 24. El legislador no debe ni puede someter a igual trato a un menor de edad con un adulto. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. 185. p.FRANCISCO E. ni aun indígena con una persona que nace y se forma en la civilización.185 Por tanto. Distinguiéndose el siguiente aspecto: La autonomía ética de la persona. referido a que la persona es un fin en si mismo y por ello no puede ser medio para otro fin. aunque podría quitarle legitimidad en sus intervenciones al momento de vaciarlas de un alto contenido coercitivo. se le reconoce como tal dentro del sistema estatal. sirve como pilar fundamental en todo sistema democrático y respetuoso de los derechos y garantías del ser humano. que señala las desigualdades y sometimientos. Cuarezma Terán Sergio y Houed Vega Mario.184 Debe de partirse del examen del hombre concreto. Coordinadores en la Obra Colectiva: Derecho Penal. julio del 2000. derivándose del pensamiento de KANT y. 2000.
184. ENRÍQUEZ CABISTÁN
hombre concreto señala las desigualdades y sometimientos que sino se consideran en cuanto a tales. así. se reciente en una mayor afección a la dignidad humana. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.
. como sustento del poder coercitivo (ius puniendi) del Estado en sus actuaciones y decisiones. Criminología y Derecho Procesal Penal.
inhumanas o degradantes. aunque se aplique con medios menos dolorosos. evitándose convertir en un elemento de sometimiento y desigualdad.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN . Mientras las relaciones sociales no ataquen ese mínimo indispensable y se permita su expansión. Publicada el 9 de diciembre de 1975 por la Asamblea General de Naciones Unidad.. los medios que vayan a utilizar los legisladores (en el momento de crear las leyes) no pueden atentar contra la dignidad de cada persona. es sustancial en la conformación de todo Estado social y democrático de derecho. p. Sobre todo al momento de imponer una sanción penal determinada. Derecho y Estado de Derecho. entonces puede estimarse que hay justicia. Esta exigencia de respetar la dignidad humana.
. citado por BORCA ODRÍA. ese mínimo es su dignidad. de mayor miseria y necesidad social. Cuerda Arnau María Luisa. aun cuando no llegue a satisfacerlo a cada uno en todo. mediante resolución 3452 (XXX). efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua.. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles. 188. julio del 2000. 187. tortura187 y de la pena de muerte. Que hay dignidad.312. que satisfacer un mínimo esencial de cada ser humano.188
186.186 señala que el contenido de la justicia tiene por tanto. que implica la eliminación por completo de toda degradación. En se sentido. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho.
en cambio. penas más que correccionales y la prisión (cuando tenga más de tres años en su extremo mayor).
. Los condenados a presidio están obligados a trabajar dentro o fuera del penal. suspensión de los derechos del ciudadano. 64 Pn). y las correccionales la integran el remanente de penas. 190. interdicción civil. 192. La pena de presidio se cumplirá en un penal. la inhabilitación absoluta y especial. 59 y 60 Pn). la de prisión en un establecimiento para tal efecto o en una colonia agrícola especial.190 Las penas de prisión. junto a un trato humanitario a la dignidad del condenado. sujeción a la vigilancia de la autoridad y pérdidas de los instrumentos con el cual se efectúo el hecho delictivo. el producto de las labores del condenado se destina a cubrir la responsabilidad del daño que causaron.192 tienen carácter reeducativo y de reinserción social. 191. de alimentos. Arto. Las penas accesorias. en cambio los condenados a prisión sólo están obligados a trabajar dentro del establecimiento (artos. Por ende. 39. 53 y 54.FRANCISCO E. multa. 55 Pn. Las penas privativas de libertad se subdividen en presidio y prisión. ENRÍQUEZ CABISTÁN
El Pn189 establece que las penas pueden ser principales y accesorias. según la Cn. Arto. La dignidad del ser humano es un derecho fundamental y/o humano que se vincula a diversos valores
189. vestidos. Artos.191 La penas. presidio y arresto son privativas de libertad. para sus gastos médicos. en cambio. lo cual sirve de beneficio al penal y a los familiares del condenado en caso que muera (arto.
respetuoso y garante de los derechos humanos. 23. 36 y 39 Cn.195
193.. y así hacer cumplir lo preceptuado en la Norma Primaria.
jurídicos como la libertad en sentido amplio de la palabra. la seguridad. 5 Cn (Principios de la Nación nicaragüense). Cuerda Arnau María Luisa. vinculado al principio de humanidad y al de proporcionalidad. De igual forma. la igualdad.
. en donde. en especial las penas corporales. siendo encomiable que lo sitúe en el Título Preliminar de ese cuerpo legal. julio del 2000. ya que el espíritu moderno gira en el proceso de constitucionalización social de las normas jurídicas. 194. el carácter de precepto rector de todo sistema punitivo. efectuado por la Escuela Judicial de Nicaragua. 4. Arto. El principio de dignidad. por ello implica. Primer Módulo: Principios Constitucionales que informan el PCP en el contexto de un Estado de Derecho. 195. Artos. que el Estado tiene prohibido imponer penas o medidas inhumanas y denigrantes. aparece expresamente193 e implícitamente194 reconocido en nuestra Norma Fundamental. el NCP reconoce tal precepto en su arto. y se extiende a la aplicación y vigencia de todos los principios limitadores y constitucionales que posee el Estado a través de su poder coercitivo (Ius Puniendi). que se opongan a nuestras garantías constitucionales. la eficacia etiquetadora y estigmatizante de los antecedentes penales carecen de valor.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTAN .. es decir.
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