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Timestamp: 2019-07-17 08:57:37+00:00

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Reportajes de Desde el Estrado
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Profesor Julio Cuevas
Ahí está la Resolución penal 502-01-2009 SRES-00171 y está el Expediente #058-2018-EPEN-00464. NCI #502-01-2019-EPEN-00148. Ahí está tranquilo...deade el 8 de mayo del 2019, esperando que el Ministerio Público demuestre ser, en verdad, el defensor de la sociedad, en esta media isla de ciegos (no videntes), sordos y mudos, donde...¡¡por fin!!!, un jurado de temple y acero, ha podido demostrar que todavía hay esperanza, al final del tunel... y que no todos los jueces se venden en este país.
Todo fue descubierto por el Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el investigador, Dr. LUCIANO JUAN DE DIOS CASTILLO DOMÍNGUEZ, cuando fue designado para que presebtara una propuesta de modificación a los Estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios, Inc., del año 2014 y al leerlos descubrió que habían adulterado o falseado la mayoría de los artículos de esos Estatutos, más del 86%, agregando esta perla (actual falseado artículo 37) que dice lo siguiente:
"Contratos del (la) Gerente General, de los (las) Gerentes de Negocios y Social y del (la) Gerente General":
"El/la socio /a designado/a funcionario/a como Gerente General, así como los Socios/as designados/as como funcionarios/as en las demás Gerencias y Subgerencias General, así como en futuras gerencias y subgerencias, trabajan bajo contrato de diez (10) años prorrogables, suscrito con el Consejo de Administración". (Pág. 39 de los Estatutos del 2014).
Al falsear ese artículo queda al desnudo, el interés avieso, grupal y personal que pretendía ese "grupo", al pisotear la decision libérrima de una asamblea estatutaria.
Al agregar ese artículo 37, sin ser aprobado, ni autorizado por la Asamblea Estatutaria, realizada el 21 de junio del 2014, en el actual hotel "Barceló", antiguo hotel "Lina" del Distrito Nacional, asegurando un beneficio personal, es uno de los actos ilícitos más claros del nivel de mala fe y alevosía, con que ese grupo actuó para blindar sus espacios de poder e influencia en la COOPROUNI.
El doctor Luciano Castillo Domínguez, en su estudio o investigación sobre la modificación que se le hizo a los los Estatutos del 2010, en una Asamblea Estatutaria realizada en el 2014, descubrió, además, que en esa referida Asamblea Estatutaria del 2014, NADA MÁS se aprobaron TRES (3) propuestas, pero que ellos, al enviar una "supuesta acta de la Asamblea Estatutaria" al IDECOOP, usaron documentos falsos y sin tener la autorización de la Asamblea Estatutaria del 21 de junio del 2014, alteraron más de 90 artículos de esos Estatutos, cometiendo, además, el hecho ilícito penal de Falsedad en Escritura Privada, ya que falsificaron en dos (2) ocasiones, la firma de quien, en ese momento, era el Secretario del Consejo de Administración (Dr. Julio Cuevas): 1- Al publicar en la prensa nacional el anuncio de la asamblea y 2- En el oficio remitido al IDECOOP, enviando una supuesta Acta de la Asamblea Estatutaria del 2014 que, como bien descubrió el Dr. Luciano Domínguez, contiene, si no todos, la gran mayoría de los artículosfalseados o alterados, colocados allí de manera ilegal, sin ser aprobados, ni autorizados por la Asamblea Estatutaria, violentando los Estatutos de la Cooperativa y la Ley 127-64 y su Reglamento de Aplicación, mediante los cuales se rige el cooperativismo en la República Dominicana.
Donde también queda plasmado uno de los intereses u objetivos buscados con esos ilícitos penales, es al falsear o alterar los artículos 38 y 39 de los Estatutos del 2014 de la COOPROUNI, en lo referente a "Las Condiciones Requeridas Para ser Gerente General" y en lo atinente a las "Atribuciones" del Gerente General, el cual también fue modificado sin la aprobación y sin la autorizacion de la Asamblea Estatutaria del 21/6/2014, como lo establece la Ley 127-64, para estructurar un espacio dominado por unos Estatutos apócrifos, para beneficios grupales y personales, mediante acciones ilícitas, burlándose de una asamblea que es la ÚNICA llamada a transformar y/o a modificar los Estatutos en cualquier cooperativa, los cuales fueron falseados de manera atropellante, para luego ocupar el puesto de Gerente General y establecer el reprochable círculo de NEPOTISMO que hoy predomina en esa cooperativa.
Se nota bien claro que planificaron cada acción para preparar el terreno, para actuar sin tener en cuenta las consecuencias que eso les acarrearía: "La ambición rompió el saco", como dice el dicho popular.
Al ser alertado por la investigación del Dr. Castillo Domínguez, solicitamos de manera formal al Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP), a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, que nos facilitará la documentación remitida a ese organismo por ellos, porque el Secretario del Consejo de Administración, no había firmado ninguna documentación al respecto, ni había redactado ninguna Acta de esa Asamblea del 21/6/14, ni mucho menos había remitido ningún oficio al IDECOOP, ya que ellos sí que saben quién fue "contratado o contratada" por alguien que no fue el Gerente de entonces (el Dr. Luciano Castillo Dominguez), para levantar la apócrifa "Acta" de esa Asamblea Estatutaria del 21/6/2014 y que el Dr. Luciano Castillo Domínguez y quien esto escribe, le solicitamos por escrito su versión al respecto. (Ver la publicación titulada " Los Estatutos del 2014 al Desnudo, editada en el 2017).
Esa retorcida acción debe ser bien investigada por la fiscalía del Distrito, sin cara de mercado persa, sino en su calidad de defensora de la sociedad y ventilarse pronto (en menos de 20 días) en un Estrado, con acusaciones formales, donde ha de salir a relucir la verdad sobre esos ilícitos penales cometidos y, que, al ser presentada una querella formal, a través de nuestro abogado, el Dr. John Garrido, ellos, habían logrado sea "archivada" en dos ocasiones de manera maliciosa.
Por suerte, dentro de esta desastrosa imagen de ventorrillo que hoy nos pintan, sobre el frágil sistema jurídico nacional, apareció una esperanza que nos dice que en este pueblo no todo está perdido. Que todavía vale la pena insistir por una sociedad más ética y justa en la República Dominicana.
En este país, a pesar de la debacle social, educativa, económica, cultural y política, hay jueces dignos...que saben actuar con principio ético y con responsabilidad, validando el sistema de equidad jurídica que merecemos.
Me refiero al Tribunal Colegiado de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrado por los jueces, Dr. Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Juez Presidente; y la Dra. Nancy María Joaquín Guzmán; Dra. July Elizabeth Tamariz Núñez; el Dr. Daniel Julio Nolasco Olivo y la Dra. Ramona Rodríguez López, como miembros, quienes merecen nuestro reconocimiento público, por honrar el Sistema Jurídico Nacional.
En su Resolución Penal número 502-01-2019 del 8 de mayo del 2019, ese Tribunal de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a UNANIMIDAD, en las motivaciones sobre la Deliberación del Caso, en su numeral tres (3) diceque:
"Analizada la resolución objeto de apelación, número 058-2019-SOTR-00010, del cinco (5) de febrero de 2019, proveniente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cabe dejar advertido en el fallo impugnado la existencia del vicio alegado, por cuanto la jueza del juzgado a quo incurre en la confusión del tipo penal invocado, en la querella formulada en interés de la reputada víctima, pues en la decisión queda registrada la estafa, cuando en la pieza inculpatoria consta como infracción la falsedad en escritura privada y uso de documentos falsos, aparte de que está administradora de justicia en su motivación reconoce la eventual materialidad de un ilícito penal, pero opta por dejarlo a merced del Idecop, lo cual va en contra de la función de todo juzgador punitivo, por lo que siendo así procede revocar el acto jurisdiccional incurso, ya que resulta necesario proseguir las pesquisas inherentes a los hechos punible puestos a cargo de las personas investidas en la ocasión, cuyas generales figuran en otra partede esta providencia judicial" (Ver fallo completo en la Resolución ya citada).
Los acusados son los siguientes, el señor Álvaro Enriquillo Vargas Lembert, entonces, presidente del Consejo de Administración y actual Gerente General de la COOPROUNI; Solange Román, en ese entonces, Vicepresidente del Consejo de Administración de la COOPROUNI actual socia de la COOPROUNI; el señor Antolín Ventura Maceo, en ese entonces, no socio de la COOPROUNI y actual Asesor de la COOPROUNI; el señor Carlos Julio Sánchez, en ese entonces, miembro del Comité de Crédito y actualmente socio; Felicia Tena, en ese entonces, Secretaria y actualmente alta funcionaria de la COOPROUNI Y el señor Isaías Martínez, en ese entonces, miembro del Consejo de Administración y actual Presidente del Consejo de Administración de la COOPROUNI.
Para los que andan como los árabes (en compra y venta), o para los que quieran indagar o profundizar más sobre este caso, lean esta perla: El caso está en manos de la fiscalía de Falsificaciones, desde el 17/6/19, expediente # 2018-001-01364-01. Ahora es que esto se pone bueno.
Ahí hay gente que me huele a preso. Deben pedirles medidas de coerción, para que no sigan burlándose de la decisión de una asamblea estatutaria, como ellos hicieron, para "asegurar" beneficios personales y seguir abusando a través del poder adquirido mediante acciones ilícitas, para tratar de dañar reputaciones, como hicieron con el caso del atraco del millón de pesos en efectivo, caso que está en un "archivo provisional" y que muy bien puede ser abierto ahora que tenemos el caso del mal manejo de dinero puesto en sus manos para la compra de útiles deportivos, en los juegos Panamericanos, México 1990. Eso así, porque el juez del caso odebrecht, sentó el precedente jurídico de que "la corrupción no prescribe".
Esos "patriotas" fueron los que se alzaron con una sentencia, donde lograron que se me condenara por difamación e injuria, junto a otros dos colegas, por un caso que todavía, a la fecha, no ha sido investigado y que reposa con un "Archivo Provisional", en la Fiscalía de Ciudad Nueva, porque reclamamos que actúen con transparencia en el sonado atraco del millón de pesos en efectivo, donde el yerno del actual Gerente General, era que manejaba el vehículo donde iba la secretaria atracada, frente a frente a la COOPROUNI y por eso nadie está botado, ni sancionado, ni amonestado, ni preso. ¡¡¡Aleluya!!!
En el caso de Isaías Martínez, apareció ahora en el fallo de la Tercera Sala del Tribunal de Apelación Penal , está en representación de la cooperativa, en su calidad de presidente del Consejo de Administración, ya que a él, el IDECOOP le ha solicitado enviar copia del original de la supuesta Acta de la Asamblea Estatutaria del 21 de junio del 2014 y ese señor no ha respondido a lo solicitado, auto-incriminándose por accion o por omisión, ante un caso que atenta contra la estabilidad de la entidad cooperativa que él representa, como presidente del Consejo de Administración, por tres (3) periodos consecutivos. Lo que ha hecho es silenciar los hechos, al no entregar al IDECOOP, lo solicitado mediante oficio, vía la Subregional Central del IDECOOP, en la Zona Universitaria.
Ahora, la Fiscalía de Ciudad Nueva, tiene en sus manos el expediente y debe actuar en consecuencia, antes de los 20 días que le confiere la ley, haciendo la investigación que NUNCA hicieron, apegada a lo que establece la ley, como defensora de la sociedad.Y ellos que asuman sus consecuencias, bajo el entendido de la máxima jurídica que establece que ningún hecho ilícito, produce acciones jurídicas legales o lícitas. Y eso significa mucho o debe significar mucho para los acusados, si en verdad todavía les puede quedar principio moral.
Al Ministerio Público, se le ha aportado más de dieciocho (18) pruebas documentales, incluyendo las pruebas de falsedad en escritura privada y los documentos que nos entregó el IDECOOP, donde se comprueba los ilícitos penales que alegamos, aparte de las pruebas que han se surgir cuando se inicie y se profundice la investigación, como ordena el fallo judicial ya citado.
El Ministerio Público tiene sobradas evidencias comprobables, para apagarse al artículo 294 del Código Procesal Penal, en lo referente a la acusación: Presentar la acusación, requiriendo la apertura a juicio. Y de acuerdo al artículo 296, notificar al querellante y/o a la víctima para determinar adherirnos o no a la posición del Ministerio Público.
A través del jurista, especializado en Derecho Penal Moderno, el Dr. John Garrido y quien suscribe, como parte de la defensa técnica, estamos invocando la violación a los artículos 147, 150 y 151 del Código Penal Dominicano. De ser ratificados los pretendidosactos ilícitos penales planteados, pueden pulgar un mínimo de tres (3) y un máximo de doce (12) años de cárcel.
Esperamos que el Ministerio Público realice su trabajo investigativo, como lo ordena ese fallo de la Tercera Sala del Tribunal Colegiado de Apelación Penal. Seguimos creyendo en la justicia dominicana, a pesar de los grises nubarrones que hasta amenazan con atiborrar de plano la Constitución de la República Dominicana. «Alea iacta est» (La suerte está echada).
Dado el carácter jurídico y litigante de este tema, me he auxiliado de los siguientes documentos (Puestos a disposición de cualquier lector, periodista, cooperativistas, persona común o entidad interesada):
1-"Los Estatutos 2014 al Desnudo" (Investigación publicada por el Dr. Luciano Castillo Domínguez. Ciudad Universitaria. Santo Domingo, R.D.-2017).
2-"Compendio de Leyes Cooperativas IDECOOP". Indexado y Comentado, con Prólogo del Dr. Julio Cuevas (Obra publicada por el Dr. Luciano Castillo Domínguez. Ciudad Universitaria. Santo Domingo, R.D. 2017).
3-Resolución Penal # 502--01- 2019-SRES-00171, Expdiente 058-2018-EPEN-00464, del 8 de mayo de 2019 (Esa es la Resolución que decla CON LUGAR el Recurso de Apelacion interpuesto y que contiene el fallo que ANULA el archivo y ordena al Ministerio Público a proseguir la investigación o pesquisas inherentes al caso incurso.
4-Los Estatutos del 2014 de la COOPROUNI, donde más del 86% de sus artículos, fueron falseados) y de los cuales, la mayoría de socios y socias desconoce. No dice donde fueron tirados, pero sabemos donde fueron tirados como "50 ejemplares", para unos casi tres mil (3000) socios-as.
5-La Ley 127-64 (La cual rige al cooperativismo nacional).
6-El Código Penal Dominicano.
7-El Código Procesal Penal Dominicano (Ley 76-02. Segunda Edición). Editora Dalis. Moca, República Dominicana, 2003.
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DESDE EL ESTRADO 17 Mar 2019
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Mira como delincuentes llevan a cabo un atraco masivo
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Una ley creada en el año 2008 fue aplicada a un hecho generado en el año 2004 y cuando la víctima acciona en justicia por ante la jurisdicción constitucional de la República Dominicana perdió el caso.
La situación es peor aún ya que en la misma sentencia se afirma que la decisión coincide con lo que vienen haciendo desde hace años.
Para el pueblo esto se llama DENEGACIÓN DE JUSTICIA. Para los jueces del Tribunal Constitución esto es simplemente todo lo que su pobre visión de lo que debe ser el derecho le permite hacer.
a continuación la sentencia completa del caso.
SENTENCIA TC/0304/18 Referencia: Expediente Núm. TC-05- 2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia Núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los treintaiuno (31) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 2 de 18 1. Descripción de la sentencia de amparo recurrida en revisión constitucional La Sentencia núm. 242-2013, objeto de la revisión que nos ocupa, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Esta decisión inadmitió la acción de amparo sometida por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Dirección General de Comunicaciones (DICOM). El dispositivo de la decisión recurrida reza de la manera siguiente: PRIMERO: EXCLUYE a la Contraloría General de la República del presente proceso, por los motivos anteriormente expuestos. SEGUNDO: Declara INADMISIBLE la presente Acción de Amparo interpuesta por el señor LUIS FRANCISCO LEONARDO CASTILLO, contra la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), antiguo Centro de Información Gubernamental (CIG), por violación al artículo 70, numeral 1 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, al existir otra vía más idónea, como la vía contencioso-administrativa. TERCERO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por la secretaria a la parte accionante señor LUIS FRANCISCO LEONARDO CASTILLO, a la parte accionada, Dirección General de Comunicaciones (DICOM), antiguo Centro de Información Gubernamental (CIG) y a República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 3 de 18 QUINTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. En el expediente no figura notificación de la referida sentencia objeto del recurso que nos ocupa. 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo El recurso de revisión de la especie fue interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Mediante dicho recurso, el recurrente alega que la sentencia recurrida no guarda relación con las pruebas aportadas, con los derechos conculcados, con la verdad de los hechos ni con sus pretensiones originales. El presente recurso de revisión fue comunicado a la Dirección General de Comunicaciones y al procurador general administrativo mediante Auto núm. 3365- 2013, expedido el trece (13) de agosto de dos mil trece (2013). 3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la Sentencia núm. 242- 2013, que inadmitió la petición de amparo sometida por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo, y se fundamentó, esencialmente, en los siguientes razonamientos: IV) Que en cuanto al segundo medio planteado, de que la acción debe ser declarada inadmisible por la existencia de otra vía más idónea y eficaz que la del amparo, ésta Sala considera que la misma debe ser acogida, en virtud República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 4 de 18 de que la vía para recurrir un acto administrativo como es el caso de la especie, por tratarse de una violación contenida en el artículo 80, numeral 4 de la Ley 41-08 sobre Función Pública, y no de la violación de un derecho como es del derecho al trabajo como pretende el accionante. V) Que en la especie, el accionante trata de hacer entender al tribunal que de lo que se trata es de la conculcación de un derecho fundamental establecido en el artículo 110 de la Constitución de la República, cuando en verdad de lo que se trata es de la confrontación de dos principios constitucionales como lo son “el de la irretroactividad de la ley” y “el de régimen de compensación” establecido en el artículo 144 de la Constitución Dominicana y regulado por la Ley No. 41-08 sobre Función Pública, que establece el procedimiento a los fines de atacar las decisiones emanadas de la administración pública. VI) Tal y como se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su sentencia No. 0021/2012, de fecha 21/6/2012, en el entendido de que “el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicionada la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como las razones por la cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador”. En el caso que nos ocupa este tribunal considera que la vía más idónea y efectiva es el recurso contencioso administrativo. 4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional de sentencia de amparo El señor Luis Francisco Leonardo Castillo solicita al Tribunal Constitucional la revocación de la sentencia recurrida, así como el acogimiento de las conclusiones contenidas en su acción de amparo. En consecuencia, requirió que se ordene a la Contraloría General de la República suspender los operativos de cruce de nóminas de los servidores del sector público, hasta tanto demuestre haber realizado los ajustes República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 5 de 18 técnicos indispensables para prevenir la aplicación retroactiva de la Ley núm. 41-08 y evitar la constante violación al texto constitucional recogido por el artículo 110 de la Carta Magna. El indicado recurrente justifica sus pretensiones en los argumentos que, en síntesis, se exponen a continuación: Que el accionante fue despojado de su puesto de trabajo y de la forma más deplorable, sometido a humillaciones, alegando los accionados que todo lo hacen como dice la carta de fecha primero de marzo depositada a este tribunal que “su desvinculación se debe exclusivamente a la violación de la ley No. 41-08 en su artículo 80. Que la cacería que mantienen los accionados en perjuicio de ciudadanos protegidos por la irretroactividad de leyes amerita un stop urgente que frene la incertidumbre y la angustia de una parte muy vulnerable de la población que, por no tener acceso a un salario bien remunerado y suficiente para cubrir las necesidades familiares, opto por trabajar tantas jornadas como le fuera posible, donde le fuera posible. Que en aquel tiempo aun no entraba en vigencia la ley indicada. En ese tiempo los acuerdos de trabajo se llevaban a cabo con salarios aun bajos que los actuales, por lo cual al quedar con un solo puesto estos ciudadanos quedan definitivamente expuestos a un súbito empobrecimiento, el cual recae como consecuencia de la violación a un principio fundamental consagrado en la Constitución de la República, es decir la irretroactividad de las leyes que describe el artículo 110 de la Carta Magna. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 6 de 18 5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo En el expediente correspondiente al caso que nos ocupa, no consta escrito de defensa de la parte recurrida, Dirección General de Comunicaciones (DICOM). 6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General Administrativa La Procuraduría General Administrativa depositó su escrito de defensa el diecinueve (19) de agosto de dos mil trece (2013), mediante cual propone lo siguiente: De manera principal: Declarar INADMISIBLE por violación a los artículos 96 y 100 de la Ley 137 ya que no estableció cuales eran los agravios causados por la Sentencia impugnada, como tampoco fundamento la relevancia constitucional del presente recurso. De manera subsidiaria: UNICO: RECHAZAR en todas sus partes el presente Recurso de Revisión contra la Sentencia No. 242-2013 de fecha 31 de julio del 2013, de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, interpuesto por LUIS FRANCISCO LEONARDO CASTILLO, por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia confirmar la Sentencia impugnada por haberse emitido conforme a Derecho. 7. Pruebas documentales Los documentos que obran en el expediente relativo al presente recurso de r República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 7 de 18 2. Auto núm. 3365-2013, emitido por la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de agosto de dos mil trece (2013). 3. Comunicación suscrita por la encargada de recursos humanos de la Dirección General de Comunicación (DICOM) el veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013). 4. Certificación expedida por el Centro de Información Gubernamental el nueve (9) de junio de dos mil once (2011). 5. Comunicación suscrita por el director general de la Dirección General de Comunicación (DICOM) el primero (1°) de marzo de dos mil trece (2013). II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8. Síntesis del conflicto El señor Luis Francisco Leonardo Castillo desempeñaba simultáneamente funciones remuneradas, tanto en la Dirección General de Comunicaciones (DICOM) como en el Ministerio de Salud Pública. Con motivo de esta dualidad de funciones, mediante correspondencia del veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), la DICOM le requirió al señor Castillo optar por una de esas dos posiciones al entrar en vigencia la Ley núm. 41-08, de Función Pública, del dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008), la cual prohibía el ejercicio concomitantemente de dos cargos en el sector público. El señor Castillo no obtemperó a esta petición, por lo cual la referida entidad procedió a desvincularlo de su empleo de periodista en la DICOM, dejándole sólo con el cargo que ocupaba en el Ministerio de Salud Pública. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 8 de 18 Ante esta actuación de la DICOM, el señor Luis Francisco Leonardo Castillo se amparó contra esta entidad ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013), alegando vulneración a su seguridad jurídica por aplicación retroactiva en su perjuicio de la Ley Núm. 41-08. Fundamentó este argumento en que él ocupaba las dos indicadas posiciones antes de la entrada en vigencia de la Ley Núm. 41-08, motivo por el cual dicho estatuto no podía serle aplicado. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo inadmitió el amparo mediante la Sentencia núm. 242-2013, del treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), entendiendo como la vía idónea más efectiva el recurso contencioso-administrativo. En desacuerdo con dicho fallo, el señor Luis Francisco Leonardo Castillo interpuso el recurso de revisión de la especie. 9. Competencia Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente revisión de sentencia de amparo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 185.4 de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 10. Admisibilidad del recurso constitucional de revisión de sentencia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a los siguientes razonamientos: a. La parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone, so pena de inadmisibilidad, que “[e]l recurso de revisión se interpondrá mediante República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 9 de 18 en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. Este colegiado ha estimado este plazo como hábil y franco (TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0224/16, TC/0122/15, TC/0109/17), por lo cual se descartan para su cómputo los días no laborables y los correspondientes a la notificación y a su vencimiento. b. En el expediente no existe constancia de notificación de la sentencia impugnada al recurrente. Por tanto, aplicando los principios pro homine y pro actione, concreción del principio rector de favorabilidad, 1 se impone considerar que la interposición del recurso de revisión de la especie fue efectuada dentro del plazo de cinco (5) días previsto en el citado artículo 95 de la Ley núm. 137-11. c. Por otra parte, el procurador general administrativo planteó en su escrito de defensa la inadmisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo con base en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, el cual dispone lo siguiente: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional fue, a su vez, precisado por este colegiado en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). 2 1 «Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: […] 5) Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales». 2 En esta decisión, el Tribunal Constitucional expresó que la especial transcendencia o relevancia constitucional «[…] sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 10 de 18 d. Tomando en consideración la argumentación precedente, esta sede constitucional concluye que la especie reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, decidiendo que el conocimiento del caso permitirá a este colegiado continuar desarrollando su criterio respecto a la declaratoria de inadmisibilidad del amparo ante la existencia de otra vía judicial más efectiva, de acuerdo con el art. 70.1 de la Ley núm. 137-11; en consecuencia, dictamina la admisión del presente caso y procede al conocimiento del fondo. 11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo En relación con el fondo del recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los razonamientos siguientes: a. Tal como hemos señalado, el señor Luis Francisco Leonardo Castillo desempeñaba una función en el Ministerio de Salud Pública, de manera concomitante a la posición de periodista en la Dirección General de Comunicaciones (DICOM). Ocupó este último cargo desde el primero (1°) de noviembre de dos mil cuatro (2004) hasta su desvinculación el primero (1°) de marzo de dos mil trece (2013). En las palabras del hoy recurrente, esta se fundó en la supuesta incompatibilidad generada por las funciones que él desempeñaba, de manera concomitante, en las dos entidades mencionadas. b. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo inadmitió la acción sometida por el señor Castillo “por la existencia de otra vía más idónea y eficaz que la del amparo” para conocer de los argumentos y pretensiones invocadas por este cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional». República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 11 de 18 último. En consecuencia, estimó a la jurisdicción contencioso-administrativa como la vía más efectiva para conocer del asunto. Dicho tribunal fundó su criterio en los dos siguientes argumentos: de una parte, que el caso concernía a una prohibición contenida en el artículo 80.4 de la Ley núm. 41-08, sobre Función Pública, y no de una violación al derecho al trabajo, como alegaba el referido accionante; y, de otra parte, que la especie resultaba, más bien, atinente al cuestionamiento de su desvinculación mediante un acto administrativo de la DICOM, que se derivó de la comprobación del desempeño por el hoy recurrente de más de un cargo en el sector público. c. El indicado señor Castillo sostiene, por su parte, que el fallo impugnado no guarda relación con las pruebas aportadas ni con los derechos conculcados; tampoco, respecto a la verdad de los hechos ni a sus pretensiones originales. En consecuencia, en cuanto a estos alegatos, el Tribunal Constitucional procederá a verificar si la jurisdicción a quo justificó debidamente su decisión. Es decir, si dicho fallo se ajusta a las circunstancias fácticas del caso, y si este efectuó una correcta aplicación de la ley al haber inadmitido la acción de amparo, por considerar a la jurisdicción contencioso-administrativa como una vía más efectiva que el amparo para conocer el asunto. d. En este contexto, resulta pertinente considerar las disposiciones del artículo 80 de la aludida Ley núm. 41-08, de Función Pública, el cual dispone lo siguiente: A los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos descritos a continuación y que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes: […] 4. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 12 de 18 Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos. 3 e. Siguiendo con el análisis del fallo de amparo a la luz del indicado artículo 80 de la Ley núm. 41-08, el expediente relativo a la especie revela lo siguiente: 1. El Centro de Información Gubernamental (que luego pasó a denominarse Dirección General de Comunicaciones (DICOM) certificó el nueve (9) de junio de dos mil once (2011) que el señor Luis Francisco Leonardo Castillo se desempeñaba como periodista en dicha institución. 2. Posteriormente, el veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), la DICOM le comunicó al señor Luis Francisco Leonardo Castillo que, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, se había detectado que él también figuraba con un cargo en la nómina del Ministerio de Salud Pública. En esta virtud, la DICOM le solicitó al señor Luis Francisco Leonardo Castillo la regularización de su situación en un plazo de diez (10) días hábiles, renunciando a una de las dos posiciones ocupadas en el sector público, de manera que pasara a ostentar un solo cargo en la Administración Pública. 3. Una vez transcurrido el plazo otorgado sin que el accionante hubiera obtemperado al indicado requerimiento, la DICOM informó al señor Luis Francisco Leonardo Castillo que, por figurar en más de una nómina de instituciones del sector público, se veía obligada a prescindir de sus servicios, a partir del primero (1°) de marzo de dos mil trece (2013). f. Las precedentes circunstancias reseñadas permiten inferir que mediante la acción de amparo sometida por el señor Castillo, este ponía en tela de juicio la 3 El subrayado es nuestro. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 13 de 18 validez del acto de su cancelación en la DICOM. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, luego de ponderar las características del referido acto de cancelación, ha determinado que este último reviste naturaleza administrativa. En efecto, en la Sentencia TC/424/17, este colegiado estableció que el acto administrativo consiste en: […] la manifestación de voluntad, juicio o conocimiento que realiza la Administración Pública, ejerciendo una potestad administrativa. En esa misma orientación, ya este tribunal constitucional señaló que se considera acto administrativo, la manifestación de la voluntad unilateral de la administración que tiene efectos particulares o generales capaces de producir consecuencias o modificaciones jurídicas (TC/0009/15). g. Resulta conveniente reiterar, asimismo, que, según la orientación adoptada por este colegiado, los cuestionamientos o la revocación de actos administrativos deben ser canalizados por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en un caso similar resuelto mediante la Sentencia TC/0299/16 dictaminó lo siguiente: h. Por otro lado, es preciso señalar que los servidores públicos cuentan con un procedimiento administrativo a través del cual pueden solicitar la revocación del acto administrativo que le ha producido un perjuicio en un plazo de quince (15) días francos, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la decisión, conforme los artículos 72 y 73 de la Ley Núm. 41-08 […] j. De la lectura de los párrafos anteriores se desprende que, si bien es cierto que el accionante tenía abierta la vía de la acción de amparo para presentar sus pretensiones, no menos cierto es que, conforme la documentación que existe en el expediente, para el presente caso, la vía más expedita para República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 14 de 18 conocer las alegadas vulneraciones es el Tribunal Contencioso Administrativo, como oportunamente señaló el tribunal de amparo. En igual tesitura, esta corporación constitucional, en su Sentencia TC/0271/17, dispuso, categóricamente, lo que sigue: e. Al revisar la sentencia recurrida, este tribunal ha podido comprobar que la solución dada por el juez de amparo es cónsona con los precedentes ya establecidos en esta materia, pues el cuestionamiento de cualquier acto administrativo de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm.13-07, debe ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo, en materia contencioso administrativa, no por vía de amparo, como ahora pretenden los accionantes. h. En vista de los razonamientos y precedentes jurisprudenciales antes expuestos, este colegiado considera que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo hizo una correcta interpretación de los hechos relativos al caso que nos ocupa; y que también aplicó apropiadamente la normativa legal y constitucional pertinente al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial más efectiva, asignando este rol al recurso contenciosoadministrativo. En consecuencia, el Pleno de este tribunal constitucional estima procedente el rechazo del presente recurso de revisión de la especie y la confirmación de la sentencia impugnada. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filpo, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 15 de 18 la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión en materia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia referida en el ordinal anterior, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Luis Francisco Leonardo Castillo; a la recurrida, Dirección General de Comunicación (DICOM), y a la Procuraduría General Administrativa. CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 16 de 18 Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida. I. Precisión sobre el alcance del presente voto 1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe comparte el criterio de que la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), sea confirmada, y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia en materia de amparo. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 17 de 18 II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes. 2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la protección efectiva de los derechos fundamentales. 2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de cinco (5) días, como en efecto se hizo. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 18 de 18 Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo. Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario
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10:31:00 Constitucional , Opinion
Namphy Rodríguez, comunicador y abogado alerta sobre graves violaciones de la Ley Partidos al clima de libertad de expresión en Internet.
Namphi Rodríguez es abogado constitucionalista.
Denunció como “graves e inquietantes” las violaciones de la Ley de Partidos Políticos al clima de libertad de expresión en el país y advirtió que se pretende poner una mordaza a la difusión de ideas, comentarios y opiniones a través de las redes sociales.
Namphy participar en un panel sobre libertad de expresión y democracia alertó que esa legislación impone penas de hasta un año de prisión contra las personas que difunda “mensajes negativos” sobre un candidato político en el período de precampaña electoral.
Pero esto no es bueno, Namphy cree que “En el marco de una precampaña electoral, la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas, pero sobre todo es una forma de fortalecer la democracia”
Más aún, el jurista cree que la penalización de la difusión de información sobre un precandidato, no puede depender del hecho de que la misma sea “negativa” o “empañe” la imagen de éste, sino de la la veracidad de la información o si invade el ámbito de la privacidad, o si responde a una intención dolosa de dañar la imagen y buen nombre del precandidato.
“Existe infinidad de supuestos en los cuales una información relacionada con el accionar público de un precandidato pudiera resultar “negativa” para su imagen; pero al mismo tiempo resultar verídica y estar basada en fuentes confiables.
La difusión de la información “empañará” la imagen del candidato y, por tanto, conforme a la redacción actual del Art. 44 numeral 6 de la Ley de Partidos, se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información en una red social sea pasible de una pena privativa de libertad. Esta es una clara desnaturalización del ejercicio del libre acceso y, sobre todo, difusión de la información, por lo tanto, deviene en inconstitucional”, adujo.
16:44:00 Portada
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 artículo 37
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 artículo 144
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 artículo 95
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 artículo 80
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