Source: https://es.scribd.com/doc/140406135/Demanda-de-Contenido-Patrimonial-Demandas-Contra-La-Republica-1
Timestamp: 2017-05-29 14:03:27+00:00

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Tribunales Competentes Competencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de: 1.-Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. 2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. Competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. son competentes para conocer de: 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias
000 U. Las demandas que ejerzan la República.). Competencia.T. los municipios. o algún instituto autónomo.T. ente público. Las demandas que se ejerzan contra la República. ejecución de políticas y servicios públicos. Cualquiera otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes Las demandas de contenido patrimonial reguladas en el presente procedimiento. ente público.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70. corporativos. empresas.000 otro tribunal U. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o privadas que los representen. en la cual la República. Las demandas que se ejerzan contra la República. procederán contra: Los órganos que componen la Administración Pública.000 U.T. ente público. fundaciones.T. Los institutos autónomos. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. de treinta mil unidades conocimiento no tributarias esté atribuido a (30. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. en razón cuando de su su especialidad.000 U.(70. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: 1. asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva. si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30. sociedades. en cualquier ámbito territorial o institucional. cuando actúen en función administrativa.). los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. 2. 4. 3. los estados. los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal. Los órganos que ejercen el Poder Público. por la prestación de servicios públicos. los estados. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. en sus diferentes manifestaciones. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación. 2.T. empresa o cualquier otra forma de asociación. los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. los estados. si su cuantía no excede. los estados.).
. los estados. los estados. en razón de su especialidad. los municipios. o algún instituto autónomo. Competencia de Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: 1. los municipios.).000 U. control.
2. o algún instituto autónomo. 2.
La intención del legislador es crear dicho procedimiento administrativo previo con el objeto de que las partes resolvieran. por el contrario. tiene un doble fin. De una parte. Es de señalar que entre el objeto del antejuicio administrativo y del proceso ulterior ha de existir una identidad sustancial. a través de la centralización de un eficaz defensa procesal de la República. Elementos del antejuicio administrativo Un procedimiento cuyo agotamiento sea condición de admisibilidad de una acción. 6. y que el ente administrativo tenga conocimiento de las acciones de las que podría ser objeto en su contra. toca al particular recurrir ante el órgano jurisdiccional con el fin de que le sea tutelada la pretensión. es decir. en el procedimiento en que se tramite al antejuicio administrativo el derecho que se discute no es administrativo. mercantil o laboral. la declaración de voluntad que el reclamante solicita de la administración pública. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional. el antejuicio administrativo tiene lugar en única instancia. luego facilitar al estado los elementos de juicio que sean necesarios para llegar a un criterio definido acerca del asunto que se debate. amistosa y extrajudicialmente. las controversias que pudieran suscitarse. Mientras en el procedimiento administrativo ordinario se da la posibilidad de recursos administrativos. que dicten actos de autoridad o actúe en función administrativa. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. La finalidad del antejuicio administrativo es procurar una solución amigable al objeto de las reclamaciones. Es importante mencionar que antes de interponer la demanda de contenido patrimonial ya que es un requisito para la admisibilidad de la demanda interpuesta vía jurisdiccional El antejuicio Administrativo es una condición mediante la cual los particulares pueden solucionar sus controversias con la Administración Publica en sede gubernativa o administrativa. sino civil.5. El antejuicio administrativo tiene también como finalidad. así como la debida ilustración del Procurador General de la República sobre el fondo del asunto y de los elementos del juicio de que se disponga.
. el procedimiento administrativo previo a las acciones que se intenten en la república. permitir una mejor defensa del interés público. Que el objeto de la pretensión que constituye la acción afecte en forma directa un interés de la administración pública. No lográndose la conciliación. el de evitar para los órganos administrativos la instauración de procesos judiciales innecesarios y. sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Objeto es la pretensión en el mismo contenida. En efecto. En el procedimiento administrativo ordinario las cuestiones son jurídico-administrativas.
aun cuando la administración publica no le responda. la solución se ha de basar en tal criterio y en la hipótesis contraria. lo faculta para acudir a la vía judicial ordinario. Remisión de copia de la respuesta del interesado a la Procuraduría General de la República. con la única limitación de la prescripción de la acción. Este es. cosa perfectamente normal porque esa materia esta presidida por las reglas del derecho material sobre prescripción de las acciones de cuyo ejercicio se trate. si fuere el caso Respuesta del interesado. Ello implica la imposibilidad de que se deduzca en el proceso una pretensión no deducida previamente en el antejuicio administrativo. ha de ser notificada conforme a los preceptos de la propia LOPA. pues entre sus características esta la de fijar los términos de la futura demanda. en tal caso puede desestimar o estimar parcial o totalmente la pretensión deducida. La irregularidad que pueda haber cometido la administración publica entraña el nacimiento de un derecho que no es de orden administrativo con tal. así como de su opinión contraria a la del procurador. Es una carga procesal que corresponde con el principio de que solo se puede llevar a la justicia aquello planteado en sede administrativa. y que. Formación del expediente por parte del ministerio respectivo y remisión del mismo a la procuraduría general de la república. Formación por escrito del dictamen del procurador general de la república sobre el caso. y notificación por parte de este interesado. Sustanciación Fases que configuran el antejuicio administrativo Solicitud ante el ministerio al cual le corresponda el asunto con exposición completa de las pretensiones del solicitante. lo cual impone una identidad sustancial de la demanda en tiempo. La LOPGR no señala ningún plazo dentro del cual deba interponerse el antejuicio administrativo.Por tanto se fija el “principio de la necesaria identidad de las pretensiones” en sede administrativa y en sede judicial. cantidades y conceptos. la solución se ha de basar en tal caso afirmativo. su ejercicio solo se encuentra supeditado a la voluntad del particular. un principio procesal y no de procedimiento administrativo. Deberá promover el antejuicio administrativo antes de que prescriba la acción correspondiente. La instancia judicial es revisora de lo dispuesto y decidido en sede administrativa. el interesado queda facultado para ocurrir a la vía judicial. desde luego.
. El solo cumplimiento por parte del actor de hacer su reclamación administrativa previa. informado si se acoge o no al criterio precedentemente aludido. Remisión del dictamen al ministro que lo solicitara. Terminación. Sobre el antejuicio administrativo puede recaer una decisión expresa. ya que en caso afirmativo. En este lugar resta por decir que la decisión ha de resolver todas las cuestiones planteadas por el reclamante y aquellas otras derivadas del expediente que como lo mas probable es que la decisión afecte a los derechos subjetivos ha de ser motivada.
podemos representar y
. El órgano tendrá treinta (30) días para decidir.
Artículo 62. si usted. una vez procesadas y relacionadas las actuaciones. es una vía ciudadana por excelencia.) para que pueda requerirse la opinión de la Procuraduría General de la República. establecido en el Art. 54° y siguientes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley le atribuye tal prerrogativa. por lo que pretendemos que la República lo indemnice. es sumamente importante. una vez notificado no está de acuerdo con la decisión puede acudir a la vía judicial e intentar acciones. por que la misma. quiere demandar a equis persona. “Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso. La opinión de la Procuraduría General de la República tiene carácter vinculante. Recordemos. llenando todos los hechos que demuestren la propiedad y la violación del derecho particular que tiene nuestro defendido. va lo demanda y ya.35. y el particular cinco (5) días para ser notificado y diez (10) días para acudir a la vía judicial. que no se requiere ser abogado para intentar cualquier acción administrativa.. porque defender los intereses de cualquier particular. el monto de la acción debe ser superior a quinientas Unidades Tributarias (500 U. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo”. así mismo. Este Procedimiento. la cuantía. La excepción del como abogados. el particular tiene veinte (20) día para ejercer su acción. los estados. En que consiste el procedimiento previo: Lo primero que debemos hacer es incoar una acción administrativa. “Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intente contra la República. pero si la persona. Es importante. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República.T. pero esto no ocurre con el Estado. sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo”. La Procuraduría lo que hace es decir si procede o no el reclamo que se intenta contra la nación.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
3. El artículos 56 y 62 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecen lo siguiente: Artículo 56. acompañado de todos los recaudos exigidos y de aquellos que el valore como importantes.. ¿Por qué existe un procedimiento previo? Existe porque el Estado goza de beneficios y privilegios de los cuales no gozan las personas naturales.En el procedimiento administrativo previo. si usted pierde el juicio de demanda será condenado en costas.
también tiene que agotar la vía administrativa. debe existir este procedimiento en cualquiera que sea el órgano de la administración al cual le competa conocer. este tercero. porque como podemos representar y defender los intereses de cualquier particular. Tercería es la acción que ejerce un tercero. porque tiene acreditado el derecho en cualquier acción como tal. Sala Constitucional Ponencia: Magistrada Evelyn Marrero Ortiz Caso: RCTV Sentencia Nro 957 EXP.gov. porque su opinión es vinculante como órgano consultivo y de defensa del patrimonio de la nación. Nos interesa saber el procedimiento administrativo que se desarrolla a raíz de que se tenga que intentar una acción contra la nación. estos procedimiento este que debía efectuarse dentro de los dos años siguientes a la publicación
. acreditado por la Ley. y.Art. Si no se ha agotado la vía administrativa. 60 de la Ley. "Corresponde a la Procuraduría General de la República representar al Poder Ejecutivo Nacional y defender sus actos ante la jurisdicción contencioso administrativa y constitucional. no procede judicialmente ninguna acción.tsj. 63°. "Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son innumerables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República". ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL
Tribunal Supremo de Justicia. a través de ese procedimiento previo se cuidan y salvaguardan los intereses de la nación.html Análisis de la Sentencia A partir de la Entrada en vigencia el 12 de junio de 2000 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Sumamente abogados. Nota: Es importante leer toda la Sección Primera de la Ley.http://www.
Art. Art. la Procuraduría General en defensa del interés patrimonial de la nación debe ser cuidadosa en declarar procedente o improcedente el reclamo. El ejercicio de esta atribución no exime a los respectivos órganos de la obligación de colaborar con la Procuraduría General de la república". aún cuando sea procedente en la cuantía. como establece el Art. la cual su artículo 210 estableció cronogramas especiales de transformación de las actuales concesiones y permisos. Pero. foliar y enviar a la Procuraduría General de la república la acción.ve/decisiones/spa/Mayo/00763-23507-2007-2007-0411. importante.
administración. Nº 2007-0411 del 25 de mayo de 2007.
Juicio. 61°.
Los Jueces deben abstenerse de admitir una acción cuando no se haya agotado la vía administrativa. indistintamente que el propietario haya o no intentado acciones. Además.
de la prenombrada Ley en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela. subsidiariamente. mediante la cual declaró el decaimiento del procedimiento administrativo de transformación del título de concesión en los títulos de habilitación para la prestación de servicios de telecomunicaciones (televisión abierta en VHF) y concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico. por la cual el referido Ministro señaló el vencimiento de la concesión de RCTV. y con base al cual la empresa recurrente procedió.A. C. En fecha 17 de abril de 2007 RCTV. interpuso el recurso contencioso administrativo de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con amparo cautelar y. la mencionada empresa fue notificada de la Comunicación N° 0424. la renovación de la concesión por un período de veinte (20) años adicionales. En los vicios de Inconstitucionalidad alegan: 1. el 5 de junio de 2002. el 28 de marzo de 2007. La violación del derecho al debido proceso y a ser oído por una autoridad imparcial. fue notificada de la Resolución N° 002 dictada por el Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. Posterior el 28 de marzo de 2007 RCTV. a solicitar dicha transformación. C. para el desarrollo del Plan Nacional de Telecomunicaciones. 5. en sus dimensiones individual y social.A.A. subsidiariamente. 2. igualmente. Que los actos recurridos violan el derecho a la libertad de pensamiento y expresión.. 3. Luego RCTV empresa solicitó mediante comunicación del 24 de enero de 2007 al Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática la transformación de su título con un supuesto derecho a operar hasta el 12 de junio de 2022. ambas de fecha 28 de marzo de 2007. como lo es el hecho de que el Estado requiere la frecuencia utilizada por RCTV.A. la transformación de su título con un supuesto derecho a operar hasta el 27 de mayo de 2027 y subsidiariamente. medida cautelar innominada conforme al aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. En la misma fecha de la notificación de la Resolución N° 002. los derechos al debido proceso y a la defensa.
. Asimismo. C. Indican que la motivación para la no renovación expresada por el Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática en sus declaraciones públicas incorpora elementos que serían inciertos. contra la Resolución N° 002 y la Comunicación N° 0424. el 27 de mayo de 2007. Denuncian haberse vulnerado. indican la omisión del procedimiento para la transformación de los Títulos de Concesión o Permiso por parte del Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. emanadas del Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. 4. por el transcurso del tiempo de vigencia establecido en el artículo 1° del Decreto N° 1577 contentivo del Reglamento sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras del 27 de mayo de 1987. señaló en dicha decisión que la concesión otorgada a la sociedad mercantil accionante vence el 27 de mayo de 2007. C.
Expresan. Manifiestan. C. se estaría controlando más de una
. Se pronuncian sobre la afectación de los derechos económicos inherentes a la concesión otorgada a RCTV. Los actos recurridos violan el principio de jerarquía de los actos administrativos. C.. lo cual era una obligación irrenunciable y legalmente impuesta a la autoridad administrativa. 10. que la solicitud de transformación de los títulos de RCTV. l vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación del artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 17. a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y a otras disposiciones legales. según lo demuestra el Informe Técnico sobre la Disponibilidad de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. desde el año 2002. 16. en relación a las declaraciones manifestadas públicamente por autoridades pertenecientes al Ejecutivo Nacional como los actos administrativos recurridos constituyen una sanción por la supuesta comisión de infracciones al Código Penal. aun cuando no se ha podido demostrar la comisión de dichas infracciones mediante una decisión firme de carácter administrativo o judicial. por lo que si el Estado establece una estación de televisión abierta de “servicio público” en la frecuencia asignada a RCTV. que se configura el vicio de desviación de poder toda vez que se utiliza una potestad administrativa para un fin diferente a aquel de carácter reglado. 14. pues hay una amplia disponibilidad de frecuencias para tales fines.A. podrá controlar más de una estación de televisión abierta en la misma banda de frecuencia por localidad. C. por lo cual debía otorgársele una indemnización por el lucro cesante y la no recuperación de la inversión realizada en virtud de la expectativa legítima de continuar con la concesión.. fue presentada a tiempo. a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.A. 9. Indican la Violacion del artículo 191 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé que ninguna persona natural o jurídica. haberse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. que de ser cierto que el Estado requiriese frecuencias. 15. Agregan. y que la Administración ha debido reconocer que con su decisión unilateral de no renovar o extender la concesión se causa un daño económico a RCTV. esgrimen que es falso afirmar la inexistencia de frecuencias disponibles para que el Estado establezca una estación de televisión abierta de “servicio público” con cobertura nacional. 8. anexo al escrito mediante el cual se interpuso el recurso de nulidad. 13.A. En relación a los vicios de ilegalidad: 11. las hay disponibles en las bandas VHF y UHF.6. Denuncian la violación de los derechos a la propiedad y no confiscación. para cuya tutela el ordenamiento jurídico se la otorgó a la Administración Pública. la violación del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.. 7. 12. sin que exista justificación alguna por parte de la Administración para no dar una oportuna respuesta. Afirman. C.A. alegan la violación de los principios generales del derecho los cuales constituyen un límite “fundamental” al ejercicio de las potestades administrativas...
a la presunción de inocencia. C.000 trabajadores de RCTV. Es de decir recurso contencioso administrativo de nulidad por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con amparo cautelar y. la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos con los anunciantes. Respecto al periculum in mora señalan que.. tal como lo ha establecido la jurisprudencia. debidamente solicitada el 5 de junio de 2002. 18. Sostienen. pues el Ejecutivo Nacional no llevó a cabo el procedimiento administrativo para la transformación de los títulos otorgados a RCTV. en los siguientes términos: Que se decrete amparo cautelar con el fin de ordenar al Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática: “…se abstenga de tomar cualquier medida que impida que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta en VHF en las frecuencias que venía operando en todo el territorio nacional mientras se decide…” el recurso contencioso administrativo de nulidad y que “…tome todas las medidas necesaria a los fines de que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta en VHF en las frecuencias que venía operando en todo el territorio nacional mientras se decide en forma definitiva esta demanda de anulación…” por la violación de los derechos constitucionales al debido proceso. que el requisito del fumus boni iuris se cumple en este caso debido a la grave presunción de violación de los derechos y garantías constitucionales mencionados. a la defensa. así como la pérdida de operatividad de una serie de equipos y materiales técnicos de difícil recuperación…”. subsidiariamente. pues -según afirman. En cuanto a la competencia_ Declaro la competencia de la Sala Político-Administrativa para conocer de la nulidad de los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional.A. a ser oído por una autoridad imparcial. deportivos y de entretenimiento que actualmente forman parte de la programación de RCTV.frecuencia por cada localidad del territorio nacional en la banda de VHF. la afectación de todas las relaciones laborales existentes con los cerca de 3. dramáticos. en el amparo constitucional dicho requisito se cumple con la sola verificación del fumus boni iuris. No obstante lo anterior. entre otras cosas. la paralización de todas las producciones de programas informativos. afirman que: “…dejar de operar implicaría. conforme a lo establecido en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones En relación al Amparo Cautelar: Los apoderados actores solicitan se decrete medida de amparo cautelar. medida
. la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos frente a los proveedores de producciones fílmicas y demás componentes de la programación. Indican que hubo ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.la Administración controla la frecuencia asignada a “VTV”. a la igualdad y la no discriminación y a las garantías de irretroactividad de la ley y la libertad económica.
contra actos emanados del titular de un órgano de la Administración Pública Central.
. éste podrá otorgar concesiones por tiempo determinado asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. establece como competencia del Poder Público Nacional el régimen de las telecomunicaciones que comprende la administración del espectro radioeléctrico. la mencionada norma incorpora un aspecto social con el cual lo individual debe conjugarse y formar un todo armónico. concretamente el Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática Admisibilidad del Recurso Indican que sólo es posible acordar el amparo cautelar ante la verificación del fumus boni iuris. Señalan que el numeral 28 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. informaciones y opiniones. aunque el artículo 57 Constitucional reconoce el signo individual del derecho a la libertad de expresión. C. debe señalarse que mediante los actos administrativos impugnados no se impide de manera alguna que la sociedad venezolana. Expresaron de igual manera que no existe presunta violación del aludido derecho en su ámbito social. cuanto ha lugar en derecho Con respecto a la MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO evaluaron los siguientes aspectos: La remisión del referido cuaderno separado en virtud del auto del 29 de mayo de 2008 por el cual el Juzgado de Sustanciación con el objeto de tramitar la medida cautelar innominada solicitada en esa misma fecha. cuando se trate de la explotación de recursos naturales propiedad del Estado. prevé el espectro radioeléctrico como un bien de dominio público de la República Bolivariana de Venezuela para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión. por los apoderados judiciales de la parte recurrente. como lo es el caso del espectro radioeléctrico. para cuyo fin es indispensable comprobar una presunción grave de lesión de los derechos constitucionales cuyo goce y ejercicio se pretende. el derecho de todos los miembros de la sociedad a recibir ideas. bajo el título jurídico que deriva de la concesión. Señalan que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Por tal razón es que será sólo mientras dure la concesión que los recurrentes podrán ejercer el derecho a la libertad de pensamiento y expresión empleando la frecuencia radioeléctrica asignada a RCTV. o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella.970 del 12 de junio de 2000. Que el Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. esto es. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36. Asimismo el artículo 113 de la Constitución. de conformidad con la ley. así como el aparente derecho o interés que tenga el solicitante para que se le otorgue la medida.cautelar innominada. Máxima Instancia admite provisoriamente el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado.A.
. usualmente. su uso. así como los beneficios económicos que dicha actividad le reporta. Con relación a la supuesta afectación del derecho de propiedad sobre los bienes utilizados para la explotación de la concesión distintos del espectro radioeléctrico. Respecto al derecho de propiedad señalaron que se trata de un derecho sujeto a ciertas limitaciones por lo que RCTV. en modo alguno puede entenderse como un supuesto de lesión del derecho de propiedad sobre dichos bienes. resaltan los elementos de temporalidad.A. el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. tanto por el lucro cesante como por la no recuperación de la inversión.. esta Sala Político. goce y administración. medida cautelar innominada.Como también desestimaron el alegato relativo a la presunta violación del derecho a la igualdad y no discriminación. Insta la improcedencia del amparo cautelar solicitado por los recurrentes. por los apoderados judiciales de la empresa Radio Caracas Televisión. desconocen los derechos de la sociedad mercantil recurrente para continuar operando esa frecuencia. exacta delimitación y beneficio económico para el concesionario por el uso y explotación del bien público que con motivo de la concesión se le haya asignado. por lo que se rechaza tal argumento. Entonces la naturaleza jurídica se trata de un bien de dominio público inalienable e imprescriptible.. subsidiariamente.Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. aparte 11. la cual ejerce sobre dicho bien los atributos propios de esa titularidad.. C. 2.. cuyo titular es la República Bolivariana de Venezuela. C. de conformidad con la Ley. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21. pretende una indemnización. esta Sala observa que el vencimiento de la concesión como mecanismo de extinción natural de la misma con un plazo de duración conocido de antemano por el concesionario. por lo que esta Sala estima infundada la denuncia de violación del derecho de propiedad. de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. la reversión de los bienes afectos a la concesión. DECISIÓN En virtud de las precedentes consideraciones. es decir.IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar interpuesta por Radio Caracas Televisión RCTV. 3. por cuanto una vez expirado el término de vigencia se produce de pleno derecho la extinción de la relación y. De ser procedente su admisión definitiva. C. para el funcionamiento de dichos servicios por un tiempo expresamente acordado.A. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. En cuanto al derecho de la Propiedad y la no confiscación. la cual comporta una delegación que efectúa el Estado a otra persona a su propio riesgo. debe señalar esta Sala que la concesión es una forma contractual empleada por la Administración para la gestión de los servicios públicos. el Juzgado de Sustanciación ordenará abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar innominada solicitada y la continuación del proceso. En este sentido.Su COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y.ADMITE. sin perjuicio de la verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala de lo atinente a la caducidad de la acción. declara: 1..
Análisis de la Sentencia Tribunal Supremo de Justicia. el cual tiene por objeto que la República (o los entes que gozan de tal privilegio) conozca de las pretensiones que pudieran ser alegadas en su contra y sus fundamentos. prevé lo siguiente:
. el antejuicio administrativo se constituye como un elemento de garantía para la Administración.ve/decisiones/jspa/Marzo/82-14313-2013-2013-0313. los estados o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la Ley les atribuye tal prerrogativa. para entonces. en vía jurisdiccional. 25 Exp.S. Este articulo lo prevé lo que en doctrina se ha denominado el antejuicio administrativo.S.tsj. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo”. luego del antejuicio. En ambos casos. admitirlas evitándose así las cargas que implicarían un potencial litigio. N° 2013-0313 http://www. si lo considerare procedente.gov. Juzgado de Sustanciación de la Político Administrativa (TSJ-JS-SPA) Caso: IVSS .html
Análisis de la sentencia Demandante: Marisol de la Consolación González Casique Demandado: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I. Esto con fundamento en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecen lo siguiente:
Artículo 56.) Demanda: Por Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Por Accidente Laboral En Primer lugar la demanda la declaran inadmisible por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley ya que para ejecutar una Demanda contra la República se debe agotar la vía administrativa. en tanto que le permite tener conocimiento exacto acerca de las pretensiones que serán deducidas por el particular.V. o simplemente desecharlas. Esto es declarado como Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República. De igual manera el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. “Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso.14 de marzo de 2013 Sentencia Nro.
cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Debido a que las Prerrogativa. Privilegio o exención que se concede a alguien por su situación o cargo o bien sea por tener la Facultad que tiene una autoridad o alguno de los poderes supremos del Estado. En conclusión la parte accionante debe cumplir con la instancia del procedimiento administrativo previo por tal razón la demanda es declarada inadmisible de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. los distritos metropolitanos o los municipios”.
Claro esta sin deja de mencionar que las personas tienen la facultad de recurrir a la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional. debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho. o contra cualquier órgano que goce de tal prerrogativa. por intermedio de los órganos jurisdiccionales. los estados. es un requerimiento previo a la instauración de demandas contra la República. Tomando en cuenta que existen excepciones en algunos casos especialmente cuando se pretende establecer demandas contra la República. Esta necesaria relación de medio a fin. se debe agotar previamente el procedimiento administrativo contemplado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ya que es uno de los requisitos para a la admisibilidad de la demanda y es un privilegio por el cual goza que le otorga la ley a las Instituciones perteneciente a la administración pública. dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr. permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel.
. frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico. el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. por lo tanto .“Los institutos públicos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley acuerde a la República. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción.
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