Source: http://noticiasuruguayas.blogspot.com/2013/11/uruguay-brutal-asonada-contra-la.html
Timestamp: 2017-06-24 05:12:51+00:00

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Noticias uruguayas: URUGUAY: BRUTAL ASONADA CONTRA LA DEMOCRACIA, LAS LIBERTADES PÚBLICAS, LA LIBRE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS. //Merialdo y Zubía configuran delito político solicitado por Suprema Corte de Justicia ZABALZA, LEITES, JAUME, BORDA Y VARELA PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAY por Roger Rodríguez //Declaración del PIT-CNT Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia - La Central Obrera emitió un comunicado en desacuerdo con la decisión de la Justicia, afirmando que no se “puede criminalizar la protesta”.//Docentes paran en repudio a procesamientos por asonada//ASONADA POLICIAL EN SANTA CATALINA, ASESINAN A UN JOVEN TRABAJADOR - Santa Catalina está de luto por Verónika Engler//ARGENTINA: SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA Actas secretas, biblioratos y listas negras//Chile: Campaña por el fin de los archivos secretos
URUGUAY: BRUTAL ASONADA CONTRA LA DEMOCRACIA, LAS LIBERTADES PÚBLICAS, LA LIBRE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS. //Merialdo y Zubía configuran delito político solicitado por Suprema Corte de Justicia ZABALZA, LEITES, JAUME, BORDA Y VARELA PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAY por Roger Rodríguez //Declaración del PIT-CNT Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia - La Central Obrera emitió un comunicado en desacuerdo con la decisión de la Justicia, afirmando que no se “puede criminalizar la protesta”.//Docentes paran en repudio a procesamientos por asonada//ASONADA POLICIAL EN SANTA CATALINA, ASESINAN A UN JOVEN TRABAJADOR - Santa Catalina está de luto por Verónika Engler//ARGENTINA: SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA Actas secretas, biblioratos y listas negras//Chile: Campaña por el fin de los archivos secretos
ARGENTINA: SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURAActas secretas, biblioratos y listas negrasURUGUAY: BRUTAL ASONADA CONTRA LA DEMOCRACIA, LAS LIBERTADES PÚBLICAS, LA LIBRE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS. RESPONSABLES: LA SUPREMA CORTE DE INJUSTICIA, EL FISCAL ZUBÍA, LA
JUEZA MERIALDO Y EL PRESIDENTE MUJICA POR HABER DADO INICIO A ESTOS
ATROPELLOS CUANDO EXIGIÓ QUE LA SCJ ECHARA A LA JUEZA MARIANA MOTA QUE
EN ESE MOMENTO TENÍA 55 EXPEDIENTES DE CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD PARA
DICTAR SENTENCIA.
SOLO LA PROTESTA, LA MOVILIZACIÓN Y LA UNIDAD POPULAR PODRÁN FRENAR AL FASCISMO. SE
ESTÁ RETROCEDIENDO DÉCADAS EMPUJADOS POR LOS ULTRAS DE LA DERECHA
JUDICIAL Y LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO QUÉ INSTIGÓ LA EXPULSIÓN DE MOTA,
AYUDÓ A LA IMPUNIDAD Y MARCÓ (el Ministerio del Interior) A LOS MILITANTES SOCIALES TOMADOS COMO REHENES.
ASONADA POLICIAL EN SANTA CATALINA, ASESINAN A UN JOVEN TRABAJADOR
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY !!
A COMBATIR EL FASCISMO !!
Policía esta deteniendo a los siete rehenes elegidos por el Ministerio
del Interior, es decir por el Gobierno de Mujica, como represalia por el
apoyo a la Jueza Mariana Mota asi como el rechazo a su traslado hecho
este condenado internacionalmente y aún por el Observador de la ONU. Los
siete rehenes son todos militantes sociales, sindicales y de los DDHH.
No hay equívocos: el Gobierno pretende aplastar al movimiento de los
DDHH con el fin de aplicar la promesa de Mujica cuando asumió la
Presidencia, liberar a "los viejitos", es decir a los criminales de lesa
humanidad ya condenados. Sacaron a la Jueza Mota para frenar el que se dieran nuevas
sentencias entre los 55 casos que ya estaban listos. En todas las
instancias internacionales se entendió lo de Mota como una agresión a
los DDHH para mantener la impunidad. Acto seguido la Suprema Corte de
Injusticia decreta el que los crimenes de lesa humanidad son "delitos
comunes" y que por lo tanto prescriben, lo que se enfrenta abiertamente a
toda la legislación internacional en la materia, asi como también se
enfrenta a diversas Convenciones Internacionales de la ONU como ser la
contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas. Uruguay vuelve a tener PRESOS POLITICOS ya que los "elegidos" por el
Ministerio de Interior irán presos por razones POLÍTICAS, no
politiqueras SINO POLÍTICAS como lo es el reclamo de Verdad y Justicia y
castigo a los criminales de lesa humanidad. El que Uruguay tenga hoy en
día presos políticos será una mancha más, que permanecerá indeleble
sobre todos los responsables en primer lugar el Gobierno y por lo tanto
el Frente Amplio. Las tareas de la hora implican: - SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS, - RECLAMO INTERNACIONAL POR SU INMEDIATA LIBERACION-
DENUNCIA DEL CONTUBERNIO SINIESTRO PARA VIOLAR LA LEGALIDAD
INTERNACIONAL EN MATERIA DE DDHH llevada adelante tanto por la Suprema
Corte como por el Gobierno. LA SOLIDARIDAD DEBE DE COMENZAR DIVULGANDO AL MAXIMO, NACIONAL E
INTERNACIONALMENTE LA EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS EN URUGUAY,
solicitando pronunciamientos y protestas. Las manifestaciones solidarias
en el país deberían de ser coordinadas al nivel mas amplio posible. Las
organizaciones sindicales, populares, sociales,solidarias,estudiantes,ecologistas,
etc deberían cada uno por su lado expresar su solidaridad concreta,
difundir al máximo esta situación y coordinar con el resto del
EL FASCISMO NO PASARA !!
BLOG EL MUERTO
BLOG NOTICIAS URUGUAYASMerialdo y Zubía configuran delito político solicitado por Suprema Corte de Justicia
ZABALZA, LEITES, JAUME, BORDA Y VARELA
PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAYpor Roger Rodríguez La impunidad ha dado un nuevo paso en Uruguay. La jueza penal de 9º turno, Gabriela
Merialdo, convalidó al pedido del fiscal Gustavo Zubía y configuró el
procesamiento sin prisión de cuatro militantes sociales por protestar
contra el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. En
Uruguay vuelve a existir la categoría de presos políticos. Jorge
Zabalza, Irma Leites, Alvaro Jaume y Patricia Borda fueron inicialmente
procesados sin prisión por el delito de asonada. Aníbal Varela y dos
hijos de Jaume, Eduardo y Diego, también quedaron encausados. El
delito de “Asonada” aparece en el Titulo II del Código Penal uruguayo,
como “Delitos contra el Orden Político Interno del Estado” y como delito
político se penaliza a través del Artículo 145: “Los que tomaren parte
en una asonada serán castigados con tres a nueve meses de prisión”. “Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro
personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que
no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con
gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de
alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares
alguna cosa justa o injusta”, se explica. Zabalza, Leites y Jaume ya
habían permanecido durante años como presos políticos de la dictadura
militar de Uruguay entre 1973 y 1985, cuyos crimenes de lesa humanidad
han permanecido impunes durante los veinticinco años en que se mantuvo
vigente la llamada Ley de Caducidad. IMPUNES La denuncia de
asonada había sido hecha el pasado 15 de febrero por los propios
ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes al quitar de
las causas penales a la principal jueza en temas de derechos humanos,
comenzaban a consolidar su “muralla” de prescripción. El caprichoso
traslado de Mota fue resuelto luego que los ministros de la SCJ no
lograran encontrar argumentos para sancionar a la jueza en un par de
denuncias políticas que le realizaron. “Razones de mejor servicio”,
caratularon la decisión por la que la quitaron de 50 causas de lesa
humanidad. La jueza Mota fue quitada del juzgado cuando se disponía a
ordenar el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix por el
homicidio en tortura de Aldo Perrini en 1974. Barneix, miembro de la
masonería, fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al
gobierno de Tabaré Vázquez. La investigación que Barneix y el ex
comandante del Ejército, Carlos Díaz, hicieron en 2005 no aportó datos
sobre los lugares donde fueron enterrados los desaparecidos de la
dictadura militar y el sitio donde aseguraron se encontraba el cuerpo de
María Claudia García de Gelman era falso. El caso Gelman motivó una
sentencia internacional vinculante de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), por la que se exige el esclarecimiento de los
crimenes de la dictadura. La sentencia de OEA no ha sido aceptada por
los miembros de la Suprema Corte de Justicia. IMPUNIBLES
La jueza Mariana Mota. quien había ordenado el procesamiento del
dictador Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución,
desapariciones y homicidios, pasó a investigar cada uno de los casos de
muertes por tortura en dictadura, buscando a los responsables directos
de los crímenes. Cada una de las nuevas causas abiertas por la
jueza Mota, junto a la fiscal Ana María Tellechea, podía implicar el
procesamiento de varios militares. Así ocurrió con el caso de Ubagesner
Chavez Sosa, desaparecido en 1976, cuyo cuerpo fue encontrado en 2009.
Tres militares fueron presos. Cuando Mota se disponía a continuar
indagando más de 20 casos de muertes y desapariciones, comenzaron los
ataques personales y políticos (el ex presidente Jorge Batlle y el ex
vicepresidente Gonzalo Aguirre, entre otros), denuncias funcionales y
administrativas, para sacarla de los casos. El traslado de Mota se
produjo luego de la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia
que consideró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831 con la
que el Parlamento había devuelto al Estado la pretensión punitiva
quitada en 1986. Así, la SCJ mantenía la prescripción de los delitos.
La sentencia judicial no fue admitida por la totalidad de los jueces y
fiscales, varios de los cuales decidieron continuar con las causas de
violaciones a los derechos humanos. El presidente de la SCJ declaró
entonces que tarde o temprano los casos caerían en la “muralla” de
prescripción decretada. IMPUNIDORES Fue el propio
presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien hizo la denuncia de
“asonada” a su subordinada Merialdo. La acción del ministerio público
recayó en Zubía, hijo del golpista general Eduardo Zubía quien en
dictadura fue carcelero de uno de los acusados, el tupamaro Jorge
Zabalza. El subjetivo antecedente no implicó que el fiscal se
recusara el caso. Por el contrario. Pasó años en el juzgado de menores y
recientemente había sido devuelto a la órbita penal, un escenario que
había dejado en los años noventa cuando actuó en el impune homicidio del
intendente Villanueva Saravia. Entonces tampoco se recusó. Aún
cuando en una denuncia policial, un mes antes de su “suicidio”, el
intendente de Cerro Largó acusó al fiscal Zubía, entonces en Melo, a
otro integrante del ministerio público y a dos jueces de una
confabulación para encausarlo judicialmente. Tampoco es la primera
vez que Merialdo cede. Aceptó la presión del perito calígrafo Washington
Curbelo (entonces jefe de policía de Soriano), para no encausar a la ex
policía María Lemos como eventual autora de la nota en los vinos que en
1978 envenenaron a Cecilia Fontana de Heber. Ruibal Pino era el
juez que tenía el caso de desaparición del maestro y periodista Julio
Castro, pero en 1986 lo amparó en la Ley de Caducidad. El cuerpo de
Castro apareció en una unidad militar en 2012, pero el dictamen de
prescripción de delitos permitió que su secuestrador quedara en
libertad. Roger Rodríguez (Periodista)
Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia
Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la
movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia, contra el
traslado de la Jueza Mariana Motta de la justicia Penal a la Civil; el
Secretariado Ejecutivo del PIT CNT quiere manifestar:
Que los ciudadanos de éste País tienen derecho a PROTESTAR
pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y resoluciones que
entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo.
Que a nuestro entender, eso fue lo que sucedió cuando se manifestó en la
Suprema Corte de Justicia, en el marco de una ceremonia protocolar que,
además, es pública.
Que no se puede criminalizar la protesta y, por lo tanto, queremos
manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los 7
manifestantes acusados.
Que nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya,
pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en
este caso nosotros tenemos la conviccióperfiln de que estos
procesamientos configuran un profundo error jurídico y político que
perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia
MARCELO ABDALA FERNANDO PEREIRA
Docentes paran tras procesamientos
Clase de Derecho
04.11.2013 20:35
Los docentes de Secundaria
de Montevideo pararán el jueves por 24 horas en repudio al procesamiento
de los siete acusados por los incidentes en la SCJ, entre quienes está
la docente Patricia Borda. El dirigente de ADES Luis Martínez dijo a
Montevideo Portal que el jueves los docentes podrían decidir más medidas
Los docentes de Secundaria de Montevideo pararán por 24 horas el
próximo jueves en rechazo al procesamiento por "asonada" a los siete
activistas que fueron inculpados por los incidentes ocurridos en febrero
pasado durante la manifestaciones contra el traslado de la jueza
Mariana Mota en la Suprema Corte de Justicia.
Los profesores nucleados en la Asociación de Docentes de la
Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo ya habían realizado un paro
este lunes, mientras los imputados fueron conducidos al juzgado a
conocer el fallo, debido a que una de las finalmente procesadas es
Patricia Borda, dirigente del sindicato. Apenas conocida la decisión de
la jueza Gabriela Merialdo, los docentes fijaron un paro de 24 horas
El dirigente de ADES Luis Martínez indicó a Montevideo Portal que,
en principio, el paro afectará solamente a liceos de Montevideo y que
ese día se realizará una asamblea en el que podrían decidirse más
medidas. En los demás departamentos, la forma de protesta será definida
por una Asamblea General de Delegados de la FENAPES que se realizará el
Martínez calificó el fallo como un "verdadero disparate" que "no
tiene fundamentos". Además, sostuvo que el fiscal del caso Gustavo Zubía
es "absolutamente represor" e "hijo y sobrino de militares que tuvieron
sus manos manchadas con sangre durante la dictadura".
Con respecto a la jueza Merialdo, afirmó que "le hace un flaco favor
a los Derechos Humanos y va a pasar a la historia como la jueza que
procesó por protestar".PIT CNT reivindicó el "derecho a protestar"
La resolución también motivó la reacción del PIT CNT, que a través
de un comunicado reclamó que "los ciudadanos de este país tienen derecho
a protestar pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y
resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en si mismo".
En el mismo sentido, la central sindical expresó que "no se puede
criminalizar la protesta" y que, por ese motivo, "queremos manifestar
nuestro desacuerdo con el procesamiento de los 7 manifestantes acusados"
"Nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya,
este caso nosotros tenemos la convicción de que estos procesamientos
configuran un profundo error jurídico y político que perjudica a las
organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma", agrega el
Más temprano, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del
Estado (COFE) también había exigido que Merialdo dejara sin efecto los
procesamientos.Montevideo Portal
Docentes de Secundaria paran este jueves en repudio a procesamientos por asonada
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
(ADES) Montevideo aprobó realizar un paro de actividades por 24 horas a
partir del jueves en repudio por el fallo de la jueza penal, Gabriela
Merialdo de procesar sin prisión por el delito de “asonada” a siete
personas que protestaron en la Suprema Corte de Justicia contra el
traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.
Lunes 04 de noviembre de 2013 | 19:20 La República uy
“promover una campaña nacional e internacional de denuncia de estos
atropellos violatorios de libertades y garantías fundamentales”.
Este lunes la jueza Merialo proceso sin prisión por el
delito de asonada a: Jorge Zabalza, Irma Leites, Álvaro, Diego y
Eduardo Jaume, Patricia Borda y Aníbal Varela. Todos ellos habían
participado el 15 de febrero en una multitudinaria protesta dentro de la
Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota
quien tenía a estudio más de 50 casos relacionados con violaciones a lo
derechos humanos durante la pasada dictadura.
En ese marco, los docentes de Secundaria de Montevideo, agremiados en ADES, resolvieron realizar un paro por 24 horas en protesta por la medida judicial.
Asimismo, los profesores anunciaron que “implementarán más medidas en repudio al fallo de la jueza Gabriela Merialdo”.
Campaña nacional e internacional de denuncia de atropellos
ADES también convocó a una asamblea con carácter “grave y urgente” para profundizar las medidas dentro de las próximas 72 horas, lo cual se sumará al paro ya decretado.
Según un comunicado que difundió ADES este lunes de tarde, la asamblea del sindicato también discutirá la adopción de una “batería de medidas de lucha sin descartar ninguna”.
También prevén “promover junto a otros sindicatos, organizaciones
sociales, organizaciones de defensa de los derechos humanos y gremios
estudiantiles, una campaña nacional e internacional de denuncia de estos
atropellos violatorios de libertades y garantías fundamentales”,
sentenció ADES en su comunicado.
Procesan sin prisión a siete personas por “asonada” en la Suprema Corte de Justicia
La jueza penal, Gabriela Merialdo procesó sin
prisión por el delito de “asonada” a Jorge Zabalza, Irma Leites, Álvaro,
Diego y Eduardo Jaume, Patricia Borda y Aníbal Varela, todos ellos por
participar en una multitudinaria protesta dentro de la Suprema Corte de
Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota, en febrero pasado.
Martes 05 de noviembre de 2013 | 01:47 La República uy
Los incidentes fueron originados el pasado 15 de febrero tras el traslado de la jueza Mariana Mota. (Gentileza subrayado.com.uy)
La jueza Merialdo dispuso el procesamiento “sin
prisión” de las siete personas, a las que el fiscal Gustavo Zubía acusó
de haber cometido un delito de “atentado”, por la asonada a la Suprema
Corte de Justicia ocurrida el 15 de febrero.
Sin embargo, Merialdo dispuso un fallo diferente al pedido del fiscal
quien solicitó que a la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma
Leites; al extupamaro, Jorge Zabalza; al activista y ex preso político
Álvaro Jaume; y la docente Patricia Borda se los procesara con “medidas privativas de libertad”. No obstante, la jueza decidió procesarlos pero sin prisión.
El fiscal había expresado que las cuatro fueron los “instigadores” de
los incidentes ocurridos el 15 de febrero pasado dentro del local de la
SCJ.
En el caso de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro
Jaume), y del secretario general del ADEOM, Aníbal Varela, también se
los procesó sin medidas privativas de libertad, tal como en este caso
así lo había pedido Zubía.
En las primeras horas de la mañana Borda, Varela y Álvaro Jaume
fueron conducidos al juzgado por parte de la Policía, lo que generó
cierta indignación. Mientras que Leites y Zabalza fueron por sus propios
Luego del dictamen de la jueza, el abogado Gustavo Salle, defensor de
Leites, expresó en declaraciones a Montevideo Portal que tanto su
defendida como los otros seis acusados “no debieron haber sido procesados”, y en todo caso debió haber sido por el “delito de sedición”.
Empero, Salle valoró que la magistrada “no hizo lugar al criterio de
selección arbitrario utilizado por el fiscal Gustavo Zubía”.
“El fiscal eligió arbitrariamente a los siete acusados, dentro de una masa de 300 personas”, dijo el abogado defensor.
“Ese criterio se debió a que lo ocurrido en la Suprema Corte fue un
acto del Frente Amplio y si se acusaba a todos los participantes iban a
caer reconocidas figuras de ese partido como el diputado Luis Puig,
Daniel Viglietti o Eduardo Galeano, que estaban exactamente en la misma
situación que mi defendida (Irma Leites)”, sentenció Salle.
Los incidentes fueron originados el pasado 15 de febrero tras el
traslado de la jueza Mariana Mota, especializada en delitos de Derechos
Humanos, a la órbita de la justicia civil. Mota tenía en carpeta más de
50 casos relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas
en dictadura.
Ese día, en que Mota prestó juramento como jueza civil, se dio una
ocupación popular en la planta baja de la Suprema Corte de Justicia.
Luego de seis meses de ocurridos los hechos, la jueza penal Gabriela
Merialdo, a pedido del fiscal Gustavo Zubía, citó en calidad de
indagados a unas 12 personas, entre quienes se encontraban los hoy
Relacionadas de la nota
PIT-CNT asegura que los procesamientos “criminalizan derecho de protesta”
Siete procesados por incidentes
Siete veces mal
04.11.2013 15:06
La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los siete acusados por
su participación en los incidentes ocurridos en la Suprema Corte de
Justicia, imputándole el delito de "asonada". Consultado por Montevideo
Portal, el abogado Gustavo Salle valoró que no se aceptó "el criterio
arbitrario de selección de los acusados".La jueza Gabriela
Merialdo procesó sin prisión a los siete acusados por su participación
en los incidentes ocurridos en la Suprema Corte de Justicia, en apoyo a
Mariana Mota. Entre los procesados están Jorge Zabalza, Irma Leites,
Aníbal Varela y Patricia Borda.Tras conocer la decisión
judicial, el abogado Gustavo Salle - defensor de la líder de Plenaria
Memoria y Justicia Irma Leites - explicó a Montevideo Portal que tanto
su defendida como los otros seis acusados fueron procesados sin prisión
por el delito de "asonada", incluido en el artículo 145 del Código
Penal.El abogado consideró que los acusados "no debieron haber
sido procesados" e incluso afirmó que "de haberlo, debieron haber sido
por el delito de sedición".A pesar del fallo, Salle valoró que
la magistrada "no hizo lugar al criterio de selección arbitrario
utilizado por el fiscal Gustavo Zubía". En ese sentido, Salle afirmó que
el fiscal "eligió arbitrariamente" a los siete acusados, "dentro de una
masa de 300 personas".Según el abogado, la utilización de ese
criterio se debió a que "lo que pasó en la Suprema Corte fue un acto del
Fraude Amplio y si se acusaba a todos los participantes iban a caer
reconocidas figuras de ese partido como el diputado Luis Puig, Daniel
Viglietti o Eduardo Galeano, que estaban exactamente en la misma
situación que mi defendida".Montevideo PortalDocumentos asociados:Auto de procesamiento SCJ.pdf - Auto de procesamiento incidentes SCJ
En el marco de esta causa judicial, el fiscal de la misma pidió que se
procesara con prisión a Leites, al ex tupamaro, Jorge Zabalza, a Borda y
al ex futbolista Diego Jaume.
Por su parte, también pidió que se procesara sin prisión a Varela y a dos familiares de Diego Jaume.
estoy en la calle, yo me estoy dirigiendo a mi casa no sé si los voy a
tener ahí esperándome”, manifestó Leites a UNoticias.
dijo la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, el plazo que tenía la
jueza del caso para fallar, venció el pasado sábado.
Montevideo, Uruguay- UNoticias
Profesora Patricia Borda detenida
Buenos días, soy Valentin el hijo de Patricia, y sin hacer uso excesivo
de las palabras les cuento, que hace aproximadamente una media hora,
policías golpearon la puerta, y se llevaron detenida a mama en un auto
blanco. Saludos." Es docente de química, hay que difundir
Da vergüenza solo pensarlo .
REACCIONES AL FALLO DE LA SCJ
ADES dispuso un paro en repudio a procesamientos por asonada
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria pararán el jueves y realizarán una asamblea para definir más medidas.
lun nov 4 2013 14:27 El País uy
Los docentes de enseñanza Secundaria (ADES) de
Montevideo resolvieron realizar un paro por 24 horas y anunciaron que
implementarán más medidas en repudio al fallo de la jueza Gabriela
Merialdo que dispuso el procesamiento sin prisión de siete personas que
participaron de la asonada a la Suprema Corte de Justicia en febrero.
ADES convocó a una asamblea general con carácter grave y urgente para profundizar medidas dentro de 72 horas así como el paro.
En la asamblea, según un comunicado difundido hoy,
"se discutirá la adopción de una batería de medidas de lucha sin
descartar ninguna". Además prevén "promover junto a otros sindicatos,
organizaciones sociales, organizaciones de defensa de los DDHH, gremios
estudiantiles, etc., una campaña nacional e internacional de denuncia de
estos atropellos violatorios de libertades y garantías fundamentales".
lun nov 4 2013 12:46
Hoy se espera que la jueza penal Gabriela
Merialdo resuelva si procesa a las siete personas que el fiscal Gustavo
Zubía acusó por el delito de "atentado" por la asonada a la Suprema
Corte de Justicia ocurrida en febrero. Esto es, debido a que el sábado
pasado venció el plazo de 45 días de la jueza para fallar sobre el caso.
La docente Patricia Borda fue detenida esta mañana,
según informó la activista de Plenario Memoria y Justicia, Irma Leites,
que sostuvo que no tienen mayor información sobre el porqué. "No sabemos
nada, no sé si vamos todos presos", dijo.
Según supo El País, Merialdo ordenó que la Policía
conduzca a todos los implicados a su sede para comunicarles su decisión.
El extupamaro, Jorge Zabalza, llegó por sus propios medios a la sede
ubicada en Misiones y 25 de Mayo, en el que a esta hora se dispuso la
instalación de un vallado policial. Zubía, en un dictamen que presentó el 16 de septiembre,
pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad" de la
líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, Zabalza, del
activista y ex preso político Álvaro Jaume y de la docente Patricia
Borda. El fiscal sostiene que los cuatro fueron los "instigadores" de
los incidentes del pasado 15 de febrero.
El representante del Ministerio Público también pidió
los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los
hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario
general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo
(Adeom), Aníbal Varela.
04.11.2013, 13:01 hs
- ACTUALIZADO 13:24
La jueza Gabriela Merialdo dio la orden de detener a
la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro
Jorge Zabalza y a la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para
comunicarles si los procesa como solicitó el fiscal Gustavo Zubía había
pedido procesar con prisión.
El abogado de Borda, Pablo Donnángelo, confirmó a El Observador que
su defendida está en el DOE y que desde allí será llevada al juzgado
para comunicarle el fallo.
Zubía había pedido prisión para los
tres activistas y procesamientos sin prisión para otros cuatro, por
cometer, según expresa en la requisitoria, un “atentado con agravantes”
contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15
de febrero, durante el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil
de la jueza Mariana Mota. El pedido de procesamiento incluía a
Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, el expreso político Álvaro Jaume y a
Patricia Borda, integrante de Fenapes, el gremio de los profesores de
Secundaria. Además, pidió el procesamiento sin prisión para Aníbal
Varela, sindicalista de Adeom el gremio de los municipales, y para Diego
y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro.
Según el artículo 171 del
Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra
un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función
o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio. La pena
va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve
agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se
ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial, como
fue en este caso, ya que repudiaron a los ministros de la Suprema
Corte. De hecho, los magistrados de la corporación presentaron la
denuncia penal ese día.
Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad.
04/11/2013 12:44
Inminente fallo sobre 7 activistas de la asonada a Suprema Corte
mañana, Irma Leites confirmó que hubo detenciones. El sábado venció el
plazo para que la jueza actuante de su fallo. Profesores de Secundaria
de paro en solidaridad.
Policía libró la orden de detención contra las siete personas que están
siendo juzgadas por la asonada a la sede de la Suprema Corte de
Justicia. Según se informó el Departamento de Operaciones Especiales
detuvo a la docente Patricia Borda, una de las indagadas en el caso.
La activista de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, confirmó a Subrayado
que también fueron detenidos Álvaro Jaume y el ex tupamaro Jorge
Zabalza. "Acabo de llegar a mi casa, estoy esperando que me vengan a
buscar", dijo Leites que también se encuentra en la lista de juzgados.
El fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento
para los cuatro por considerarlos instigadores del episodio ocurrido en
el mes de febrero. En un dictamen que presentó el 16 de septiembre,
pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad".
El representante del Ministerio Público también pidió los
procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos
Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del
gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal
El sábado venció el plazo de 45 días para que la jueza Gabriela Merialdo pronuncie su fallo.
Irma Leites confirmó a El País el pedido de captura y dijo no saber
por qué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo.
Leites tiene un procesamiento anterior por desacato, debido a
desórdenes ocurridos durante la visita de George W. Bush a Uruguay en
PARO LICEOS. En solidaridad con los detenidos, la
Asociación de Docentes de Montevideo realiza un paro desde este mediodía
e invita a concentrar a los profesores en la puerta del Juzgado de la
calle Misiones donde se darán a conocer los eventuales procesamientos.
La medida se mantendrá hasta que culmine la instancia judicial, lo que
afectará el dictado de cursos.
FOTO: Protesta en la Suprema Corte de Justicia. En la foto de
archivo se ve a Irma Leites, Jorge Zabalza, Aníbal Varela y Álvaro
Jaume. El hecho se originó a partir del traslado de la jueza Mariana
Mota del juzgado penal a la órbita civil. Los activistas consideraron
que la decisión estuvo relacionada con la decisión de la Suprema Corte
de ratificar la vigencia de la Ley de Caducidad. Mota era la jueza que
manejaba al menos 40 causas de violación a los Derechos Humanos en
Lea aquí el fallo completo de la jueza Merialdo.
FISCAL GUSTAVO ZUBIA, HIJO Y SOBRINO DE DOS GENERALES GOLPISTAS. DICE ACTUAR EN NOMBRE DEL ESTADO
lun nov 4 2013 14:07
La jueza penal Gabriela Merialdo dispuso el
procesamiento sin prisión de las siete personas que el fiscal Gustavo
Zubía acusó de delito de “atentado” por la asonada a la Suprema Corte de
Justicia ocurrida en febrero.
La jueza, no obstante, dispuso un fallo diferente al
del fiscal que requería que la líder de Plenaria Memoria y Justicia,
Irma Leites, el extupamaro, Jorge Zabalza, el activista y ex preso
político Álvaro Jaume y la docente Patricia Borda fueran procesados con
“medidas privativas de libertad”. Los mencionados fueron procesados sin
prisión por la asonada.
El fiscal sostuvo en su momento que los cuatro fueron
los "instigadores" de los incidentes del pasado 15 de febrero, pero la
jueza no hizo a lugar este pedido.
Por otra parte los hermanos Diego y Eduardo Jaume
(hijos de Álvaro) y el secretario general del gremio de funcionarios de
la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela fueron también
procesados sin medidas privativas de libertad, tal como había requerido
Zubía.
Previo a dar el fallo, la jueza libró una orden de detención para los hermanos Jaume, Varela y Borda.
lun nov 4 2013 13:46
El extupamaro, Jorge Zabalza, y Leites llegaron por sus propios medios a
la sede ubicada en Misiones y 25 de Mayo, en el que a esta hora se
dispuso la instalación de un vallado policial.
"Yo dije que mi casa no es una cárcel y eso lo voy a
mantener", dijo Leites al llegar a la sede judicial. "La cancha la
marcan ellos (los jueces) porque a los milicos no los van a buscar así a
la casa. Nadie dijo que no nos fuéramos a presentar. Fue una
arbitrariedad más de la jueza y la Policía", agregó.
Zubía, en un dictamen que presentó el 16 de septiembre,
activista y expreso político Álvaro Jaume y de la docente Patricia
Jueza procesó sin prisión a los siete detenidos por asonada a la Suprema Corte
Irma Leites, Jorge Zabalza y el resto de los procesados aún están dentro del Juzgado
+ - 04.11.2013, 13:01 hs
- ACTUALIZADO 15:11
-El Observador
© C. Pazos Jueves 19- Irma Leites se presenta en los juzgados de la calle Misiones
La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los
siete activistas radicales por un delito de "asonada" debido al atentado
contra la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero.
Esta mañana la jueza dio la orden de detener a la dirigente de
Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro Jorge Zabalza y a
la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para comunicarles si los
procesaba como solicitó el fiscal Gustavo Zubía.
Zubía había pedido prisión para los tres activistas y procesamientos
sin prisión para otros cuatro, por cometer, según expresa en la
requisitoria, un “atentado con agravantes” contra los ministros de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, durante el acto
de traslado de un juzgado penal a uno civil de la jueza Mariana Mota.El
pedido de procesamiento incluía a Leites, al extupamaro Jorge Zabalza,
el expreso político Álvaro Jaume y a Patricia Borda, integrante de
Fenapes, el gremio de los profesores de Secundaria. Además, pidió el
procesamiento sin prisión para Aníbal Varela, sindicalista de Adeom el
gremio de los municipales, y para Diego y Eduardo Jaume, hijos de
Álvaro.Según el artículo 171 del Código Penal comete ese delito
quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público pretende
impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o
lograr el odio o el menosprecio. La pena va de tres meses de prisión a
tres años de penitenciaría y se ve agravada si la ejercen más de tres
personas, o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o
contra un cuerpo judicial, como fue en este caso, ya que repudiaron a
los ministros de la Suprema Corte. De hecho, los magistrados de la
corporación presentaron la denuncia penal ese día.Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad.
Repercuciones internacionales comienzan a llegar
Uruguay: Procesan por "asonada" a Zabalza, Leites, Jaume y Borda
De: Utopía-e-Luta (Porto Alegre, Brasil)
La impunidad ha dado un
nuevo paso en Uruguay. La jueza penal de 9º turno, Gabriela Merialdo,
convalidó al pedido del fiscal Gustavo Zubía y configuró el
contra el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil.
En Uruguay vuelve a existir
la categoría de presos políticos. Jorge Zabalza, Irma Leites, Alvaro
Jaume y Patricia Borda fueron procesados sin prisión por el delito de
asonada, y Anibal Varela y dos hijos de Jaume quedaban encausados como
cómplices de su acción.
El delito de "Asonada"
aparece en el Titulo II del Código Penal uruguayo, como "Delitos contra
el Orden Político Interno del Estado" y como delito político se penaliza
a través del Artículo 145: "Los que tomaren parte en una asonada serán
castigados con tres a nueve meses de prisión".
"Cometen asonada los que se
reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto
en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los
delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas,
una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o
cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta",
se explica.
Zabalza, Leites y Jaume ya
vigente la llamada Ley de Caducidad.
La denuncia de asonada
había sido hecha el pasado 15 de febrero por los propios ministros de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes al quitar de las causas
penales a la principal jueza en temas de derechos humanos, comenzaban a
consolidar su "muralla" de prescripción.
El caprichoso traslado de
Mota fue resuelto luego que los ministros de la SCJ no lograran
encontrar argumentos para sancionar a la jueza en un par de denuncias
políticas que le realizaron. "Razones de mejor servicio", caratularon la
decisión por la que la quitaron de 50 causas de lesa humanidad.
La jueza Mota fue quitada
del juzgado cuando se disponía a ordenar el procesamiento con prisión
del general Pedro Barneix por el homicidio en tortura de Aldo Perrini en
Barneix, miembro de la masonería, fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al gobierno de Tabaré Vázquez.
Barneix y el ex comandante del Ejército, Carlos Díaz, hicieron en 2005
no aportó datos sobre los lugares donde fueron enterrados los
desaparecidos de la dictadura militar y el sitio donde aseguraron se
encontraba el cuerpo de María Claudia García de Gelman era falso.
El caso Gelman motivó una
los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
IMPUNIBLES
La jueza Mariana Mota.
quien había ordenado el procesamiento del dictador Juan María Bordaberry
por atentado a la Constitución, desapariciones y homicidios, pasó a
investigar cada uno de los casos de muertes por tortura en dictadura,
buscando a los responsables directos de los crímenes.
Cada una de las nuevas
causas abiertas por la jueza Mota, junto a la fiscal Ana María
Tellechea, podía implicar el procesamiento de varios militares.
Así ocurrió con el caso de
Ubagesner Chavez Sosa, desaparecido en 1976, cuyo cuerpo fue encontrado
en 2009. Tres militares fueron presos.
Cuando Mota se disponía a
continuar indagando más de 20 casos de muertes y desapariciones,
comenzaron los ataques personales y políticos (el ex presidente Jorge
Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, entre otros), denuncias
funcionales y administrativas, para sacarla de los casos.
El traslado de Mota
se produjo luego de la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia
quitada en 1986. Así, la SCJ mantenía la prescripción de los delitos. fuente: http://utopia-e-luta.blogspot.com/ Utopia e Luta: uma estaca de Quebracho no meio da enchente CapitalistaFuturo da Colmeia Classista Revolucionária
Así estaba el Juzgado de la calle Misiones
A qué hace acordar? lun nov 4 2013 14:27
Ahora los cuestionados es la SCJ ante la justicia internacional y la ONU. Los delitos de lesa humanidad no prescriben
04.11.2013, 18:20 hs
- ACTUALIZADO 19:08
El PIT–CNT emitió este lunes una declaración en la
que rechaza los siete procesamientos por la asonada contra la Suprema
Corte de Justicia el pasado 15 de febrero cuando se realizaba el
traslado de la jueza Mariana Mota.
En el comunicado la central obrera reivindica que se trató de una
manifestación pacífica y que la protesta constituye un derecho de todos
los ciudadanos. “Los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar
entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo”, expresa.
Advierte además “no se puede criminalizar la protesta” y señalan
“estos procesamientos configuran un profundo error jurídico y político
que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la
democracia misma”.
Mañana en el secretariado ejecutivo del PIT – CNT este tema formará
parte de la agenda a tratar. Fernando Pereira, dirigente de la central
obrera, dijo a El Observador que seguramente se saque una declaración
más extensa que incluya además a otras organizaciones sociales como
Familiares de detenidos desaparecidos, Crysol y la FEUU.
“Es verdad que se entró a un edificio público, pero fue una protesta
pacífica, donde solo hubo empujoncitos”, dijo Pereira, quien advirtió
que esta resolución judicial constituye un “exceso del Poder Judicial”.
“Es un paso atrás en el derecho de protestar”, reafirmó.
El dirigente sindical adelantó que probablemente mañana, el
secretariado ejecutivo defina una serie de acciones “para que la
protesta continúe siendo un derecho consagrado”. “Lo primero que tenemos
que hacer es lograr que la gente entienda que lo que está haciendo la
Justicia es injusto”, manifestó.
REPERCUSIONES DEL FALLO JUDICIAL
Pit-Cnt rechazó procesamiento sin prisión de siete personas por asonada
La Central Obrera emitió un comunicado en
desacuerdo con la decisión de la Justicia, afirmando que no se “puede
criminalizar la protesta”.
lun nov 4 2013 17:49 - El País uy
El Pit-Cnt salió hoy en respuesta del procesamiento sin prisión de siete personas por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida el pasado mes de febrero.
En el fallo, la jueza penal Gabriela Merialdo procesó
a los manifestantes por un delito de “atentado”. La magistrada no
siguió el pedido del fiscal Gustavo Zubía que para algunos de los
implicados requería procesamiento con prisión.
La Central Obrera, en un comunicado difundido hoy,
afirmó que “no se puede criminalizar la protesta y, por lo tanto,
queremos manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los siete
manifestantes acusados”.
Además, el comunicado afirma que “los ciudadanos de
este país tienen derecho a protestar pacíficamente en contra de
actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de
injusticia en sí mismo”.
Y a entender de los dirigentes gremiales, “eso fue lo
que sucedió cuando se manifestó en la Suprema Corte de Justicia, en el
marco de una ceremonia protocolar que, además, es pública”.
Finalmente, afirman que los procesamientos configuran
“un profundo error jurídico y político que perjudica a las
organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma”
Procesaron sin prisión a siete activistas por asonada a la Corte
La escalada represiva.-
Es el principio. Ésto
recién empieza. No sorprende,se esperaba. Viene más;no van a pagar X
esperar.-
Xque cómo en el ajedrez:es la única.-
Es bueno que hallan comenzado la disputa X los jirones de poder un año
antes. El descalabro se vá a acentuar en ese año que falta y la
represión también.-
El nivel de conciencia política es bajísimo en el país. Manosiar y
encanar éstos compañeros/as no es casualidad,es un mensaje.Así comienza
el terrorismo de estado. No se acuerdan de Pacheco? Ahora es peor. Éstos
gobiernos son representantes directos de los dueños del mundo. Son
cipayos vende/patrias,traidores al pueblo que no tienen escrúpulos de
hacerle costado a ese fiscal con un ácido dexoxiribonucleico
reconocidamente fascista y encarnizarse con 3 héroes de la patria que en
vez de ser honrados como merecen,son vilependiados X que el fascismo
corre suelto e impune. No me crean: pídánles que les cuenten cómo fueron
sus canas. Yo sé, X que estuve con ellos.Es una verguenza nacional.
Pobre patria mía!.-
Estoy encantado con mi decisión de haber retomado mi auto-exilio X
ASCO,pero = , hasta aquí me llegan los efluvios nauseabundos de la
cloaca repugnante en que se permitió se convirtiese al país.-
Dejemos de lado que soy compañero y amigo del ilustre tocayo,de la
petisa divina puro coraje, y del sonriente Álvaro del 4º A.-
Ésto es didáctico;ojalá la gente entienda el anuncio de lo que se
viene,de lo que le espera. El Mundo cambió,el sistema está acorralado y
en crisis. Los tiempos son otros,no se andan con chiquitas. Es el
despojo desenfrenado X las buena o X las malas. X ahora caminan los
versos en el caldo de cultivo propicio del analfabetismo,la
desinformación,la estupidez y el tradicional conservadurismo de un
pueblo pancista,simulador,cómodo,parásito e hipócrita. Pero se viene el
tiempo en que las papas queman y ahí no te queda otra que peliarla o
bajarte las bombachitas. No demora.-
De Ariel Serra
UNA VERGUENZA !!! en esta mierda se ha
convertido la "justicia uruguaya", eso sí, nosotros prolijitos,
calladitos, en silencio siempre, a la hora de juntar firmas nos negamos
por hache o por be, es lo que tenemos y no supimos cambiar, lamentable. Hace casi 6 años los restos de mi hermano fueron repatriados http://www.youtube.com/watch?v=Sr_dcja6zMM
(yo mismo me repatrié en ese mismo momento) para dar uno de sus últimos
testimonios CONTRA LA IMPUNIDAD, además de ser acercados a mi madre,
que nunca llegó a llevarle una flor ya que, luego de tres meses de
internación, fallece... Para mi sorpresa y en el marco de la campaña de
recolección de firmas para extinguir la impúdica ley que nos averguenza
frente al mundo, me encontré con mucha gente que no participaba como
queda dicho...veníamos de la lucha de 30 años en Bs.As. donde se toman
actitudes más resueltas, no sólo testimoniales, la solidaridad con los
familiares ya estaba ganada quedaba asumir un rol protagónico... Luego
la desverguenza en el Parlamento de Semproni, Nin Novoa (Oscar de los
Santos defendiéndolo !), Breccia, EFH....Esta "Impunocracia" de la que
habla mi amigo Roger tiene padres, tíos, sobrinos y mucha parentela.
Esta Corte Suprema no debe seguir avanzando ni un milímetro más sobre
quienes purgan el dolor y quienes actúan en forma solidaria y militante,
consecuentes con la memoria de todos los que nos faltan. Ni un paso
.Patricia detenida es conducida al juzgado
La Justicia dispuso el procesamiento sin prisión de los siete imputados
por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del
traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. Se les tipificó el
delito de “asonada”. La jueza Gabriela Merialdo dispuso abrir un nuevo
expediente para investigar a otros posibles participantes. Anuncian
apelación y acciones en el ámbito internacional.
La jueza Penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, resolvió el
procesamiento sin prisión, por un delito de “asonada”, de los siete
militantes sociales imputados por la ocupación de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un
Juzgado Civil.
La magistrada dispuso la conducción ante la Sede de los siete
imputados por el fiscal Gustavo Zubía, y les informó la decisión de
procesarlos sin prisión. Los siete procesados por la jueza Merialdo son:
la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el ex
militante del MLN-T, Jorge Zabalza, el dirigente de Adeom Montevideo,
Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro
Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume.
La magistrada dispuso el enjuiciamiento de todos ellos por el delito
previsto en el artículo 145 del Código Penal. Son responsables de este
delito “los que se reúnen en un número que no baja de cuatro personas,
para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito que no esté
comprendidos en los delitos precedentes o para perturbar con delitos,
injurias o amenazas una reunión pública o la celebración de algún fiesta
religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa
o injusta”.
La tipificación adoptada por Merialdo supone una atenuación del
delito imputado por el fiscal Zubía, que pedía el enjuiciamiento de
estas siete personas por un delito de “atentado”. En este sentido, el
abogado Gustavo Salle afirmó que la jueza hace referencia a un delito
“tumultuario” (consumado por muchas personas) y no hace lugar a la
“selección” en la que incurrió el Ministerio Público.
Salle afirmó que el delito de “atentado” implicaba una “selección” de
imputados por parte del titular del Ministerio Público, lo que había
causado “una enorme preocupación” entre los abogados. Sin embargo, la
decisión de la jueza implica, al ser imputado un delito “tumultuario”,
que se indague a todos los que participaron del acto contra el traslado
de la jueza Mariana Mota.
Por este motivo, la magistrada dispuso la apertura de un presumario
para indagar a las personas que voluntariamente comparecieron ante la
Sede para manifestar su participación en el acto, pero Salle anunció que
pedirá que la investigación “se extienda a quienes no se presentaron
pero que también consumaron los mismos hechos que se le imputan a mi
defendida, la señora Irma Leites”.
En tanto, el abogado Pablo Donnángelo (representante de Patricia Borda)
anunció que el fallo de la jueza será apelado, ya que existe una
“relación de tensión entre dos derechos”, como son el derecho a
manifestarse y el de realizar un acto público en tiempo y forma. “El
acto de asunción de la doctora Mota se retardó, es cierto, pero eso no
es un conducta penalmente relevante, por eso vamos a apelar y estamos
evaluando la posibilidad de llevar este caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, dijo Donnángelo.
Por su parte, el abogado Juan Fagúndez (representante de Zabalza)
también anunció que apelará el fallo. Fagúndez explicó que los
argumentos se centraran en que si bien la conducta de los participes
pudo distorsionar un acto público “de ninguna manera hubo una
intencionalidad de cometer un delito”. “Lo que se juzga acá es un
delito, no que se grite”, afirmó Fagúndez.
El abogado, en tanto, adelantó que analiza presentar una denuncia
administrativa ante la Fiscalía de Corte contra el fiscal Zubía, por un
entredicho existen en los pasillos del Juzgado. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, el fiscal habría increpado a Fagúndez por sus intervenciones en los medios de comunicación.
Informe sobre DD.HH ante ONU incluirá traslado de jueza Mariana Mota
El canciller, Luis Almagro, aseguró que el informe
que Uruguay deberá presentar para Examen Periódico Universal del Consejo
de Derechos Humanos de ONU, que se realizará en febrero de 2014, deberá
incluir los temas de desaparición forzada y la responsabilidad del
Estado, y el traslado de la jueza Mariana Mota, ya que tenía más de 55
causas de delitos de lesa humanidad.
Lunes 30 de septiembre de 2013 | 22:47 La República uy
Almagro participó este lunes en el evento
“Convergencias y Tensiones entre Estado, Sociedad Civil y Sistema
Universal de Derechos Humanos”.
Durante dicho encuentro, diversas organizaciones de la sociedad civil
uruguaya presentaron un documento con aportes para el Examen Periódico
Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se
realizará en febrero de 2014.
En ese marco, Almagro expresó que la cancillería realizara una reunión de “evaluación” con las organizaciones de la sociedad civil
para “repasar que los temas propuestos sean incluidos, o explicar las
razones de por qué otros no han sido incorporados al informe”.
El secretario de Estado dijo que entiende oportuno “incorporar” al informe los temas de “desaparición forzada y la responsabilidad del Estado”.
Almagro agregó que también deberá incluirse la “reforma de los
códigos penales”, también deberá constar el traslado de la jueza
Mariana Mota de la órbita penal a la civil, ya que tenía en carpeta más
de 55 causas de delitos de lesa humanidad”.
En el Examen Periódico las organizaciones civiles uruguayas
presentarán un informe, en tanto el Estado uruguayo presentará otro,
dado que así lo prevé el organismo de Naciones Unidas.
Las organizaciones que participan en el documento son: “Amnistía
Internacional Uruguay, Cotidiano Mujer, Colectivo Mujeres, Mujer Ahora,
CaInfo, Ielsur, Comité de los Derechos del Niño, Comisión Nacional de
Defensa del Agua y de la Vida, Asociación de Amigos y Amigas del Museo
de la Memoria, Colectivo de ONG de Derechos Humanos (integrado por
Asociación de Madres y Familiares de uruguayos detenidos desparecidos,
SERPAJ y CRYSOL), Ovejas Negras y el Observatorio de Políticas Públicas
de Derechos Humanos en el MERCOSUR.
Este informe ha sido
elaborado con materiales de los Blog El Muerto y Noticias Uruguayas, así
como artículos de prensa, aportes de periodistas, informes de testigos y otros testimonios
jorge zabalza tras los incidentes en santa catalina
"Todo un cargador le descargó, hasta el último tiro el policía y lo mató"
El extupamaro y militante radical dijo que
“el clima de inseguridad que hay en Santa Catarina a partir de que la
Policía se ha introducido, lo provoca la propia Policía”.
Indignación de vecinos en Santa Catalina por joven muerto por Policía
mar nov 5 2013 08:31
“Nosotros volvimos anoche de la conferencia de
prensa y nos encontramos con Santa Catarina ocupada por la Policía,
patrulleros que a toda velocidad recorrían las calles, dos camionetas de
la metropolitana con policías en la caja exhibiendo las armas y algún
disparo al aire”, explicó.
Zabalza relató: “Nos refugiamos en una carnicería y nos
enteramos que había habido un asalto a un almacén de acá del barrio, de
gente muy conocida, los asaltantes dispararon en dos motos antes que
llegara la Policía. Cuando llego la Policía pasaban otro dos chicos en
moto y a uno de ellos, Sergio Lemos, que no paró rápidamente como exige
el protocolo policial le dispararon a mansalva, todo un cargador le
descargó, hasta el último tiro el policía y lo mató".
"Luego cargaron la moto y el cadáver en una camioneta
y se lo llevaron al Centro Coordinado del Cerro. Un crimen así que
esperemos que no queden impune, como tantos crímenes que quedaron en la
impunidad de este país”.
Zabalza negó que el joven muerto fuera un delincuente:
“Sergio Lemos, un chico trabajador, el padre trabajo toda la vida en la
construcción, yo lo conozco personalmente al chico, siempre una vida de
lucha y el chiquilín estaba trabajando con el padre, era un botija
tranquilo “.
“Fue una cosa que provocó indignación en los gurises y
en las madres. Los protagonistas de anoche acá en Santa Catrina fueron
gurises de entre 15 y 18 años y las madres. Cualquiera de ellos podría
ser la víctima de un desmán policial, en cualquier momento”, sostuvo.
No es la primera vez que sucede afirmó y dijo que “el
clima de inseguridad que hay en Santa Catarina a partir de que la
Policía se ha introducido, lo provoca la propia policía”. “Yo tengo unos cuantos años de relaciones con las
autoridades policiales y militares y yo sé cuando te pasa un patrullero
despacito y te viene semblanteando para ver como reaccionas, es una
forma de provocarte”, explicó y agregó que: “Los chiquilines caen en las
provocaciones”
“Los chiquilines en la indignación se zarpan, eso es completamente humano y natural”, afirmó.
“Yo no sé si será para bien o para mal, ayer si la
Policía no hubiera venido cuando se terminaba de quemar las gomas los
gurises se hubieran dispersado, porque no era otra cosa que una
protesta, pero hicieron esos famosos cordones policiales con escudos,
cascos, que parecen marcianos de la época del pachecato. Y bueno eso lo
que hace es agitar más los ánimos, enojar más a la gente, porque
acababan de matar a un chiquilín, ellos salen a la protesta y entonces
después viene la Policía a castigar a los que protestan que su grito era
justicia, justicia”, dijo.
Y añadió: “A veces las cosas se resuelven mejor entre
vecinos, sin la presencia policial, yo creo que el ministro (Eduardo)
Bonomi es también participe de la creación de un clima que tiene que ver
con la impunidad y con un crecimiento de la violencia policial que no
lo denuncia este “radical”.
"Es SERPAJ, Madres y Familiares desparecidos que
están percibiendo que aumentan las denuncias de desmanes policiales.
Ustedes mismos lo están denunciando como el otro día cuando para
reprimir un motín”.
Además, añadió que en este momento en la Policía "incentiva el gatillo fácil". Santa Catalina está de luto
por Verónika Engler
En noviembre del año pasado el
Ministerio del interior declaraba que iban a entrar a los barrios con la
Policía Comunitaria ya que ellos “tiene un perfil de trabajo distinto al del
funcionario policial común. Tiene un proceso de selección diferente, trabaja en
el terreno, busca generar confianza en los vecinos, tiene un perfil de
comunicación, interactúa en el barrio para resolver problemas, y sabe escuchar”,
explicaban.
También lanzó una campaña de
afiches que, según ellos, buscaba promover la integración social e invitaba a
reflexionar sobre la estigmatización que cae en los barrios más afectados por
la delincuencia. Estos afiches, con imágenes de sonrientes policías, rezaban:
”En el Borro hay muchos jóvenes que estudian, no los borres, yo los defiendo”;
”En el 40 semanas hay mucha gente que trabaja todos los días, yo los defiendo”;
En el Marconi hay mucha gente que marca tarjeta, yo los defiendo; ”En Paso de
la Arena hay muchos jóvenes que no se dan la papa, yo los defiendo”
Hoy asesinaron a un muchacho
trabajador, querido, conocido por muchos en el barrio, un joven que tenía toda
una vida de aciertos y equivocaciones por delante. Hoy, lunes 4 de noviembre el
barrio de Santa Catalina vuelve a sufrir el atropello y la bestialidad
policial. Constatamos con dolor que esas simpáticas sonrisas y frases quedaron
colgadas en los afiches de Bonomi. Aquí no los defienden, los asesinan. El
adolescente Sergio Lemos es brutalmente acribillado por el simple hecho, o la
mala estrella de pasar por el lugar donde se había cometido una rapiña. Al
grito de alto se asusta y no detiene inmediatamente la moto que conducía, es
baleado en una pierna y posteriormente le pegan varios tiros más por la espalda.
Cae muerto en una cuneta antes de llegar a la esquina y aunque un delito no
justifica una muerte, la triste verdad es que el chico ni siquiera tenía algo que
ver con el robo a la almacen.
Los habitantes del barrio
están indignados, con una mezcla de dolor e impotencia explican que la policía
golpeó a otros jóvenes que se acercaron a intentar auxiliar a su amigo. Como
una bolsa de papas, el cuerpo de Sergio, el hijo del Chino, es arrojado a la
camioneta junto a su moto. Con la voz quebrada, los vecinos cuentan que el
joven era un gurí tranquilo, que trabajaba y que no se metía con nadie, una
familia querida y respetada. Quienes están allí, son dolorosamente conscientes
de que podía haberles tocado a cualquiera de ellos. No se pueden defender del
atropello policial, de la impunidad que continuamente les recuerda que viven en
un barrio estigmatizado a pesar de los bonitos afiches y los discursos de los
políticos que mienten. Se escuchan muchos comentarios sobre el comportamiento
de la policía en el barrio, sobre la arbitrariedad con la que se comportan.
También se comenta sobre el maltrato que reciben cuando son conducidos a
jefatura por tener pinta de “pichis”, lo que los convierte indefectiblemente en
sospechosos. Es tarde, pero en la plaza hay
también niños y niñas, madres y padres. El común denominador es el comentario
de “no puede ser, no pueden hacer esto”. Bronca, frustración, duele hasta la
médula; hoy es el hijo del Chino, mañana puede ser uno de los míos piensan. Prenden fuego algunas llantas,
llega un camión de bomberos que estaciona por la calle Victor Hugo, a varios
metros de donde nos encontramos reunidos los vecinos. Algunos gurises quieren
tirar piedras, es duro el dolor cuando se ata en la garganta como una soga que ahorca,
cuando se instala como una bola de fuego en la boca del estomago. La mayoría
los persuade de que mantengan la calma. Llegan varios autos de la policía que paran
también a prudente distancia, se queman más cosas, se corea pidiendo justicia…
si, justicia, esa palabra que al entender de muchos de nosotros ha perdido sentido
ahogada en el mar de impunidad reinante. La oportuna llegada de la
prensa aplaca un poco los ánimos, es importante que esto se sepa, que se
escuche este pedido de justicia, los milicos no arremeten mientras hay cámaras,
saben que están en falta, ¿pero son conscientes de que se convirtieron una vez
más en asesinos del pueblo?
Ayer me sentí orgullosa de
vivir en Santa Catalina, de compartir la indignación de un pueblo dolido y de
la valentía que demostraron al expresarlo.Sin embargo, siento vergüenza de que
algunos se titulen de izquierda, de que se mientan defensores de los derechos
de los desprotegidos y vulnerados mientras en realidad los atropellan y vejan,
los hacinan en vergonzosas cárceles, los torturan y convierten en un número de un
expediente... Los “daños colaterales” que está provocando la política de
represión del ministro del interior, nos duelen a muchos y nos está costando
caro en vidas, vidas que importan.
Si la policía no se hacía
presente en fantástico despliegue de poder represivo, los vecinos se dispersaban
antes, pero al verlos bajar de los vehículos, munidos de cascos, chalecos y
escudos, apenas un par de horas después de haber asesinado a un botija, se
encendió la rabia y se avivó el dolor. ¿Acaso piensan los “superiores” que
mueven a estos títeres armados, que el pueblo no tiene derecho a estar
indignado, a sentirse vulnerado y jodido hasta el cansancio y a manifestarlo?, ¿acaso
se olvida Bonomi and company de la lucha de los Tupamaros?, esa historia que
los llevó al gobierno. Padecen una amnesia de acomodo político, olvidan los
tiempos en los que parecía que por sus venas corría la sangre que hierve de
indignación frente a la injusticia: “La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la
sangre que grita, libérate hermano...”
Informa el Blog El Muerto - Entrevista Radial a Jorge Zabalza desde Santa Catalina
policía fusiló un joven en Santa Catalina (supuestamente por haber
robado un almacen, cosa desmentida por vecinxs) Tras varios abusos
policiales denunciados y hasta afirmados por el ministro Bonomi. HOY LA
POLICIA FUSILA UN JOVEN. En este momento vecinxs de la zona están
cortando la calle y quemando gomas. BASTA DE ABUSO!!! CALLE VICTOR HUGO A
Testimonio de zabalza - joven ejecutado en santa catalina
http://www.ivoox.com/testimonio-zabalza-joven-ejecutado-santa-audios-mp3_rf_2518172_1.html
En Santa Catalina robaron un almacén y la policía mató a un pibe que pasaba por ahí y no tenía nada que ver.
policía mató a un botija de 16 años en Santa Catalina. Que le tiraron un tiro en la pierna y luego lo remataron. La policía asesinó esta noche a un joven en
Santa Catalina, de inmediato los vecinos salieron a protestar en repudio
a la represion
Vecinos de Santa Catalina hicieron piquetes, acusando a la Policía por la muerte del joven Tres piquetes con quema de llantas,
ramas, troncos, muebles, colchones, contenedores y maderas obtenidas en
construcciones de la zona fueron armados por vecinos que culpaban a la
Policía de matar a un joven por error, supuestamente. Un oficial escuchó a los vecinos con los que dialogó para pedir que se dejara pasar a realizar una investigación de los hechos.
Impotencia me da, desde
donde estoy a 3 cuadras, solo veo fuego gente , mierdas y mula luces de
patrulleros. DISPAROS Y COMPAÑEROS GRITANDO. Los efectivos policiales llegaron a efectuar disparos al aire, pero los
vecinos se mantuvieron tras los piquetes, dos por Víctor Hugo y otro
más en continuación Burdeos, donde la gente intentaba aislar la zona y
evitar el ingreso de las unidades.
Uno de los jerarcas intentó
negociar con los vecinos, intentando convencerlos de permitir el ingreso
de la Policía Técnica para reconstruir lo ocurrido. Varios vecinos lo
rodeaban y gritaban: “Justicia, justicia”.
Además, el efectivo informaba a los vecinos que el principal de la Guardia Republicana, Robert Iroa, iba a ingresar a la zona.
patrulleros, camionetas, van de la Policía y camiones camuflados de la
Unidad de Operativos Especiales (Unoe) trasladaron a los efectivos con
armas cortas y largas, escudos transparentes, cascos. “Si llegan
a tirar piedras, vamos a empezar a los cohetazos”, gritó un policía que
se bajó de un patrullero para hacerse paso en el piquete de
continuación Burdeos y Victor Hugo, donde varias mujeres pedían a los
muchachos que se llevara adelante la protesta en forma pacífica, ya que
si se llegaban a tirar piedras se retiraban.
Tres piquetes con quema de llantas, ramas, troncos, muebles,
colchones, contenedores y maderas obtenidas en construcciones de la zona
fueron armados por vecinos que culpaban a la Policía de matar a un
joven por error, supuestamente.
Los efectivos policiales llegaron a efectuar disparos al aire, pero
los vecinos se mantuvieron tras los piquetes, dos por Víctor Hugo y otro
Uno de los jerarcas intentó negociar con los vecinos, intentando
convencerlos de permitir el ingreso de la Policía Técnica para
reconstruir lo ocurrido. Varios vecinos lo rodeaban y gritaban:
“Justicia, justicia”.
Varios patrulleros, camionetas, van de la Policía y camiones
camuflados de la Unidad de Operativos Especiales (Unoe) trasladaron a
los efectivos con armas cortas y largas, escudos transparentes, cascos.
“Si llegan a tirar piedras, vamos a empezar a los cohetazos”, gritó
un policía que se bajó de un patrullero para hacerse paso en el piquete
de continuación Burdeos y Victor Hugo, donde varias mujeres pedían a los
En el piquete realizado en Rubén Darío y Víctor Hugo, los jóvenes
encendían las motos y hacían ruidos con caños de escape, en repuesta
desafiante a los efectivos que dispararon algunos tiros al aire.
Previamente, por versiones de los vecinos, hubo un par de ómnibus
apedreados en la zona. Uno fue un 124 que contaba con una guarda
femenina, al cual se le llegó a prender fuego, apagado por un vecino con
un bomberito.
Los ómnibus acortaron el servicio, llegando a bajo de Valencia.
Según pudo averiguar Unoticias, los incidentes ocurrieron tras el
robo a una comerciante conocida en la zona por el apodo de Perica.
La gente del barrio de zona oeste de Montevideo sostiene la versión
que los efectivos llegaron cuando los ladrones -que fueron sindicados
como de fuera de Santa Catalina e incluso, de barrio Casabó- se habían
fugado.
Durante el procedimiento, pasaron dos muchachos en moto. Se les dio
voz de alto que desoyeron, tras lo cual se les disparó. Siempre según la
versión recogida entre los vecinos, uno de los jóvenes falleció y el
otro resultó herido.
Sin embargo, los vecinos sostienen que el joven fallecido era un
trabajador sin antecedentes penales, que trabajaba en una barraca con el
padre a pocas cuadras donde fue presuntamente ultimado.
Las medidas de protesta se organizaron de inmediato. Se trata de una
zona en la cual hay muchas obras -instalación de una regasificadora,
sexta línea de bombeo de la OSE, Plan de Saneamientos IV, cluster
marítimo, construcción de locales de liceo y UTU.
En consecuencia, algunos jóvenes obtuvieron maderas de las obras,
además de cortar árboles con sierras eléctricas para hacer piquetes con
Uno de los vecinos, Fabricio, sostuvo: “No eran del barrio los que
robaron. Salieron del almacén, corriendo, hay testigos. La policía
llegó, no se si estaba cerca”.
“Unos muchachos que sí son del barrio estaban cerca, Chino, Sergio y
Marcelo; la policía descargó siete disparos contra el más chico, que era
Sergio. Al hermano, lo agarraron y se lo llevaron”.
“Se equivocaron. Eso habrá que investigarlo, las autoridades verán”,
acotó Fabricio, quien hace veinte años que vive en el barrio, asegurando
que “los botijas no estaban en ninguna mala”, sino que estaban en sus
motos y supuso que no oyeron la voz de alto por el ruido de los motores.
“Prácticamente, vaciaron un cargador contra el mas chico, que era Sergio”, agregó y recalcó que no estaban armados.
Fabricio descontó que la gente del barrio se movilizará y realizará
reclamos a las autoridades, destacando que no es el primera vez que
ocurren supuestos desbordes policiales en la zona, especialmente contra
“Hubo problemas por agresiones y detenciones aparentemente injustas.
Algo hay que hacer por el barrio porque siempre pasa lo mismo”.
Fuente UNoticias
ARGENTINA: SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA
Actas secretas, biblioratos y listas negras
ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló que se llegó a los papeles a
partir de información del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Hay
registros sobre pedidos de familiares de desaparecidos e información
sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa.
El ministro de Defensa durante el acto, con Madres de Plaza de Mayo.
Por Ailín Bullentini - Página 12“SECRETO”. Así, en mayúscula
y como introducción a todo lo que seguirá desde esa línea hacia abajo,
comienzan las actas de los encuentros formales que compartieron los
representantes de las diferentes fuerzas en la Junta Militar durante la
última dictadura. Fueron 280 las reuniones que sucedieron entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, según los originales de las
actas que fueron encontrados en el subsuelo de la sede central de la
Fuerza Aérea. En una decena de ellas, según los registros que
permanecieron escondidos durante más de tres décadas, los genocidas
trataron “el problema de Papel Prensa” y “el arresto de los familiares e
implicados en el caso Graiver”. En otras tantas, se ordena que “se debe
evitar el uso del término ‘personas desaparecidas’, utilizando, en
cambio, ‘pedidos de paraderos de personas’”. Tras un análisis
preliminar, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ponderó el “valor
histórico” de la documentación hallada, que comprende además 1500
biblioratos, carpetas con planes de gobierno y fundamentos ideológicos a
lo que los genocidas llamaron el Proceso de Reorganización Nacional.
Dejó a criterio de la Justicia la decisión respecto de su valor
jurídico. “Es la primera vez que tenemos acceso a una documentación de
esta índole”, destacó el ministro que, además, remarcó: “El hallazgo
demuestra que la expectativa que todos mantenemos acerca de que pudiese
seguir existiendo documentación (sobre el accionar de la última
dictadura cívico-militar) no es en vano”.
El jueves pasado, el jefe del Estado Mayor general de la Fuerza
Aérea, brigadier Mario Callejo, llamó al ministro de Defensa con una
noticia llamativa: en una “limpieza” en el subsuelo del edificio Cóndor
de la Fuerza Aérea habían encontrado “documentación que prima facie
parecía resultar sensible al período histórico comprendido entre 1976 y
1983, la última dictadura militar”, relató Rossi ayer en el marco de la
conferencia de prensa a la que citó a medios, organismos de derechos
humanos y representantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas.
La Dirección de Derechos Humanos de la cartera, a cargo de Stella
Segado, y de Asuntos Jurídicos, a cargo de Graciana Peñafort, hicieron
en estos días un análisis preliminar de los papeles resguardados en dos
cajas fuertes, dos armarios y una estantería durante treinta años. Ayer,
Rossi limitó en seis meses la tarea de sistematización en profundidad
de la información, que estará a cargo de la Dirección de Derechos
Humanos del ministerio.
Entre las documentación hallada hay:n 1500 biblioratos.n
Seis carpetas que contienen las actas originales de los encuentros que
la Junta Militar mantuvo mientras duró su gobierno de terror, en las que
quedaron registros de que discutieron sobre desaparecidos, sobre la
detención de la familia Graiver, dueña de Papel Prensa, y sobre esa
empresa. También sobre el conflicto con Chile por el canal de Beagle y
la Ley de Radiodifusión.
n Documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo,
informes que “daban sustento doctrinario o ideológico al plan de
gobierno de los genocidas, planificación de la estrategia a largo plazo.n
Registros de los pedidos que llegaban a la Junta por hombres y mujeres
que desaparecían a diario, información sobre algunas empresas como Aluar
y Papel Prensa, listas negras de artistas, comunicadores e
Antes y después de detallar el contenido general de los archivos
encontrados, Rossi destacó cómo se produjo esa revelación: “Llegamos a
esta documentación por una información que nos brindó el jefe del Estado
Mayor de la Fuerza Aérea, un integrante de la cúpula de las Fuerzas
Armadas. No porque estábamos investigando nosotros, no por una
investigación judicial, y eso es un hecho cualitativo absolutamente
distinto de otras situaciones en las que se han encontrado documentos
relacionados con la última dictadura”, subrayó Rossi y, en esa línea, lo
relacionó con la “misión” que le encomendó la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner al nombrarlo al frente de la cartera: “La
Presidenta me dijo que había que empezar a construir una nueva relación
entre las Fuerzas y la sociedad, integradas a un proyecto de Nación,
fuertemente vinculadas con la sociedad civil y prestigiosas. Este hecho
demuestra que así se está actuando”.
También ayer, el ministro firmó una resolución que llama a los
miembros de las Fuerzas Armadas a “intensificar la requisa en lugares no
habituales de tránsito y uso (de las diferentes dependencias) ante la
posibilidad de que pueda existir más documentación que ayude a ir
consolidando la idea de memoria, verdad y justicia”. En ese sentido,
destacó la presencia de la cúpula militar en la conferencia como un
“cambio de época” y un “aporte a los festejos de los 30 años de
“La Justicia determinará el valor jurídico que los documentos puedan
tener a las causas abiertas”, mencionó Rossi. Para Peñafort, el valor
jurídico de los papeles es “casi inédito”: “Estamos tratando con
documentación original que en los juicios en los que se discute la
política económica de la dictadura, por ejemplo, servirán para dar
cuenta de un plan económico y sistemático hecho en violación a la
Constitución y a los derechos humanos de quienes eran accionistas de las
sociedades”. En cuanto a la historia, la directora de Asuntos Jurídicos
de la cartera de Defensa coincidió con el titular, ya que “semejante
cantidad de información, en relativo buen estado y sistematizada en su
mayor parte, original, permite pensar que es posible encontrar otra
información muy preciada y esperanzadora que conduzcan a datos que
permitan resolver dudas sobre los hijos, sobre los nietos”.
Agencia EFE – Hace 1 hora 55 minutos
El ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi. EFE/Archivo
4 nov (EFE).- El Gobierno argentino anunció hoy el descubrimiento de
documentos secretos clave de la última dictadura (1976-1983), incluyendo
todas las actas de las juntas militares y "listas negras" de
perseguidos políticos, intelectuales y artistas, material de gran valor
histórico que será aportado a la Justicia.
"Después de 30 años de democracia, aparece documentación original y
claramente valiosa", destacó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al
anunciar el hallazgo.
Los documentos fueron encontrados el pasado jueves, durante tareas de
limpieza, en un subsuelo del edificio Cóndor, de Buenos Aires, que
depende de la Fuerza Aérea, y han sido trasladados a otro edificio,
donde ya son estudiados por una docena de expertos, según el
Entre el material descubierto, hay 1.500 carpetas que estaban
guardadas dentro de dos caja fuertes y dos armarios, seis de las cuales
contienen todas las actas secretas de las juntas militares, un total de
280 actas originales en los que los jerarcas dejaron sentadas sus
posiciones sobre distintos asuntos.
Rossi destacó que es la primera vez que se tiene acceso a un material
de este tipo, que cubre desde el día del golpe militar, el 24 de marzo
de 1976, hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando Argentina retornó a la
El ministro subrayó que la documentación cuenta con la "ventaja" de
que está "ordenada, clasificada y hasta con un índice temático".
En estas actas hay información sobre las relaciones con países como
Chile y el Reino Unido, y sobre requerimientos de organismos
internacionales y de familiares de desaparecidos.
También el "plan de acción de gobierno" de los militares, con una
etapa fundacional, que iría, según lo planeado, hasta la década de 1990,
y otra etapa, denominada la "nueva República", que llegaría hasta el
Según Rossi, asimismo hay documentación sobre los sectores económicos
civiles que apoyaron el régimen y un acta sobre el caso de la familia
Graiver, que ahora la Justicia investiga si fue obligada por la
dictadura a vender Papel Prensa, fabrica de papel para periódicos, a los
diarios Clarín, La Nación y La Razón.
"En el acta queda claramente demostrado que para la junta militar el
tratamiento de los arrestos de los familiares de Graiver se analizaba
junto con el tema de Papel Prensa. La detención de la familia estaba
relacionada con la venta de Papel Prensa", aseveró Rossi.
También hay actas sobre el tratamiento que se dio a diferentes
empresas, como Aerolíneas Argentinas, y la nacionalización de la
siderúrgica Aluar.
Además, se hallaron tres libros de "mesa de entrada", donde se
asentaban las comunicaciones dirigidas a las fuerzas militares, como las
solicitudes de las familias que querían saber del paradero de sus hijos
Además, se encontraron, entre otros documentos, "listas negras" de
331 perseguidos políticos, entre intelectuales, comunicadores y
artistas, divididos en cuatro niveles, según su supuesto grado de
"peligrosidad".
En estas listas aparecen, entre otros, los actores Norma Aleandro,
Federico Luppi y Héctor Alterio, los escritores Julio Cortázar y María
Elena Walsh y la cantante Mercedes Sosa.
Rossi destacó que toda esta documentación tiene un "valor histórico
relevante" y que será la Justicia la que decidirá si este material tiene
además valor "jurídico" para las distintas causas abiertas y los
juicios en curso por delitos de lesa humanidad cometidos durante el
régimen de facto que, según organizaciones humanitarias, hizo
desaparecer a cerca de 30.000 personas.
El ministro sostuvo que este hallazgo mantiene viva la "esperanza" de
encontrar otros documentos secretos y para ello, dijo, instruyó a las
Fuerzas Armadas para que se intensifique la búsqueda de material de este
tipo en sitios no convencionales.
Rossi adelantó que dio un plazo de seis meses a la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio para el estudio y clasificación
exhaustivos de toda la documentación encontrada.
Argentina: Para 23 de los imputados piden prisión perpetua por delito de genocidio
Lunes, 04 de Noviembre de 2013 14:15 Comienzan los alegatos en el juicio por la represión de la dictadura en Tucumán (Casapueblos-AEDD)
Querellantes requirieron que el
escribano Juan Carlos Benedicto sea condenado a 15 años como presunto
autor material de tormentos. Los alegatos comenzaron el jueves y se
extenderán durante todo el mes. En el TOF esperan que la sentencia sea
"Esta es la familia Rondoletto. Quiero
hablar de quiénes eran. Porque detrás de cada unas de estas fotos (las
de los desaparecidos que estaban en la sala) hay historias". La abogada
Julia Vitar levantó la imagen en blanco y negro que reúne a los cinco
integrantes detenidos-desaparecidos. En la primera fila, Marta
Rondoletto, la única miembro que sobrevivió, abrazaba otra imagen de sus
Vitar y su co-querellante Inés Lugones
alegaron durante la mañana de ayer en la megacausa "Arsenales
II-Jefatura II". Recordaron el secuestro del que hoy se cumplen 37 años;
el saqueo de la vivienda y la imprenta; los dichos de testigos que
vieron a sus miembros en el Arsenal y la minuciosa declaración del ex
gendarme Antonio Cruz sobre el fusilamiento y posterior quema de los dos
hombres (padre e hijo) del grupo familiar. De la misma manera, y tras
una extensa argumentación técnica, las letradas repasaron las historias
de las 13 víctimas de los casos que representan: Pedro, María, Silvia y
Jorge Rondoletto y Azucena Bermejo de Rontoletto (embarazada); Nélida
Sosa de Forti; María Margarita Laskowski (sobreviviente) y Adolfo Méndez
Brander; José Díaz Saravia y Teresa Guerrero de Díaz Saravia; Ricardo
Salinas y Silvina Parrile de Salinas y Enrique Campos.
Explicaron, citando doctrina y
jurisprudencia, que pedirían que los crímenes fueran considerados no
sólo como de lesa humanidad, sino como integrantes del delito
internacional de genocidio. Requirieron penas -de cumplimiento efectivo
en cárceles - para la mayoría de los 41 imputados por violación de
domicilio (por las víctimas que fueron sacadas de sus casas), privación
ilegítima de la libertad con apremios, tormentos agravados y homicidio
calificado (a excepción de Laskowski).
Requirieron prisión perpetua para Camilo
Colotti, Luis Ocaranza, Roberto Albornoz, Luis Varela, Fernando Torres y
Ramón Ojeda Fuentes (autores mediatos) y Luis De Cándido, Luisa Acosta,
Ángel Moreno, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Sánchez, Félix
Insaurralde, Antonio Vercellone, Guillermo Ugarte,Juan Abraham, Pedro
Pasteris, Miguel Chuchuy Linares, Oscar Gómez, Tomás Güemes, Ernesto
Rivero, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Benito Palomo (partícipes
necesarios). Pidieron 20 años de cárcel para Pedro Caballero y Hugo Soto
(partícipes secundarios). Por último, solicitaron que el escribano Juan
Carlos Benedicto fuera condenado a 15 años de prisión por considerarlo
autor material de tormentos agravados contra Méndez Brander.
En sus justificaciones, las querellantes
habían detallado cómo funcionaron los centros clandestinos que, según
la Justicia, funcionaron en el Arsenal y la Jefatura en los 70 y otros
más pequeños del "circuito represivo". También hicieron hincapié en las
docenas de testimonios que dieron cuenta de actos de violencia sexual a
los que habrían sido sometidos los cautivos.
"Este juicio traerá paz y tranquilidad
para muchos tucumanos. Aunque esto no implique para las familias que sus
seres queridos vuelvan. Sí será un acto de justicia y de reparación.
Será una forma de poner en práctica algo que Marta Rondoletto manifestó
en su declaración: 'No nos han vencido'. Es así, porque 30 años después,
nosotros seguimos pidiendo justicia y haciendo memoria", concluyó
Vitar.
Apuntes del juicio
Tareas de inteligencia.- Las
querellantes remarcaron que las tareas de inteligencia eran
desarrolladas por el Ejército, la Policía y la Side y luego,
centralizadas. Detallaron que la "Comunidad Informativa" (con
representantes de todas las fuerzas) valoraba la información y
confeccionaban listas de futuros detenidos. Luego de que "las patotas"
secuestraban, seguían los interrogatorios y las torturas. De allí,
afirmaron, obtenían nuevos datos para nuevas detenciones ilegales.
Secuelas para cuatro generaciones.- La
abogada Lugones recordó que especialistas mencionaron en la megacausa
que existe un "daño transgeneracional" de los crímenes de lesa
humanidad. "El daño atraviesa hasta cuatro generaciones. Porque, por
ejemplo, no se efectúan los ritos funerarios, no hay duelo", afirmó.
En las fosas.- Los restos de una de las
víctimas representada por la querella Vitar-Lugones fueron reconocidos
en una de las fosas comunes del Arsenal. Se trata de Ricardo Salinas.
Había sido secuestrado el en enero de 1977 en Jujuy.
"Toda la población era el enemigo".-
Vitar explicó que el Operativo Independencia fue un "plan sistemático de
violación de Derechos Humanos". "Para los ejecutores, toda la población
civil era el enemigo 'subversivo'", fundamentó. Argumentó que, de
acuerdo con la doctrina militar, todo el que no estaba de acuerdo con el
modelo que pretendían implementar era considerado un "elemento" a
Violencia sexual en CCD.- "Los actos de
violencia sexual como violaciones, desnudez colectiva, esterilización
forzada, abortos y mutilación de órganos sexuales fueron sistemáticos",
concluyeron las letradas tras enumerar testimonios de cruentos ataques
sexuales que habían ocurrido en la Jefatura y el Arsenal.
Apropiación de niños.- La querella hizo
hincapié en la posible apropiación de niños, porque la víctima Azucena
Bermejo estaba embarazada de cuatro meses. "No sabemos el destino de ese
hijo. Estos jóvenes, como él, tienen entre 35 y 40 años y siguen
estando secuestrados porque tienen su identidad apropiada", consignó
Vitar. Citó testimonios acerca de supuestos abortos inducidos en los
Más alegatos.- Al cierre de esta edición
alegaban los abogados de Andhes, Valentina García Salemi y Daniel
Weisemberg. Luego, lo haría Emilio Guagnini.
http://represorestucuman.blogspot.com.es/2013/11/piden-prision-perpetua-para-23-de-los.html
EMPEZO EL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DEL OBISPO ENRIQUE ANGELELLI“Bajo el amparo de la jerarquía”
El obispo Enrique Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976.
Página 12Los acusados son el ex comodoro Luis Fernando Estrella y el ex general Luciano Benjamín Menéndez.
esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado
actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia
Católica en Argentina”, se escuchó ayer durante la primera audiencia del
juicio oral por el asesinato, en agosto de 1976, del obispo de La Rioja
Enrique Angelelli. Los acusados son el ex comodoro Luis Fernando
Estrella y el ex general Luciano Benjamín Menéndez.
El juicio comenzó ayer al mediodía, después de que se pudieran
solucionar algunos problemas técnicos. La jornada consistió en la
lectura de la elevación a juicio realizada por la fiscalía. Los jueces
José Camilo Quiroga Uriburu (presidente), Carlos Julio Lascano (del
Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba) y Juan Carlos Reynaga (del Tribunal
Federal de Catamarca) serán los encargados de dictar sentencia. Mario
Garzón (del Juzgado Federal de San Francisco, Córdoba) fue nombrado
magistrado suplente. Junto con los dos represores que serán juzgados,
habían sido acusados también por este caso el ex ministro de Interior
Albano Harguindeguy, el dictador Jorge Rafael Videla y Juan Carlos
Romero, quien estuvo a cargo del Departamento de Informaciones (D2) de
La Rioja, pero los tres fallecieron antes de que se inicie el proceso
Además de los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío
Illanes, serán parte acusadora Miguel Angel Morales –por la Organización
Tiempo Latinoamericano– y María Elena Coseano, sobrina del obispo.
Pedro Goyochea y Mirta Sánchez representarán al Obispado de La Rioja y
Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau a las secretarías de
Derechos Humanos de la Nación y de la provincia.
El 4 de agosto de 1976, el entonces obispo de La Rioja regresaba
desde la ciudad de Chamical a la capital provincial, tras participar de
una misa en memoria de los sacerdotes asesinados que pertenecían a su
diócesis, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville. Angelelli
viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y
amigo personal Arturo Pinto cuando, según testigos y el mismo Pinto, un
automóvil de color blanco se cruzó por delante de la camioneta
provocando su vuelco. Producto de los tumbos dados por el vehículo,
Angelelli salió despedido y murió en el acto, en tanto que Pinto quedó
dentro de la camioneta con diversas heridas.
En términos de prueba, el juicio revisará documentos, actas y sobre
todo testimonios que desde el primer día dan cuenta del atentado, tal
como señaló la elevación: “Podemos afirmar con seguridad que la colisión
automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue
provocada de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos” a
él y al sacerdote Arturo Pinto, que salvó su vida milagrosamente. Pero
también, las querellas –a excepción probablemente del Obispado–
evaluarán en dos direcciones el rol de la Iglesia. Por un lado,
trabajarán sobre las pruebas del desamparo en el que la jerarquía dejó
al obispo a sabiendas de que estaba amenazado y en peligro. Y por otro
lado, se volverá sobre la insistencia de la Iglesia en calificar este
hecho desde siempre bajo la hipótesis del accidente.
Luis Baronetto, querellante por Tiempo Latinoamericano, recuerda que
“el obispo llevaba oculta tras el asiento de su camioneta la carpeta
con la información reunida sobre el asesinato de los dos sacerdotes de
Chamical. Una fotocopia de esa carpeta fue vista por el policía federal
Peregrino Fernández en el escritorio de Albano Harguindeguy, entonces
ministro del Interior. Así consta en el expediente judicial. Fue el
motivo inmediato del crimen, que en realidad se preparó desde mucho
antes con el ataque a la pastoral diocesana”.
EL OBISPO ENRIQUE ANGELELLI EN EL DIARIO PERSONAL DEL PROVICARIO CASTRENSE VICTORIO BONAMIN
Conflicto ideológico y territorialEl
conflicto de Angelelli con los jefes militares de Chamical en 1976 y el
papel del vicariato castrense en su agudización. Los diarios personales
del provicario castrense Victorio Bonamín.
El diario de Bonamín. * Autores de la investigación sobre los diarios personales de Bonamín (1975-1976).
El vicario junto a Videla en la inauguración de la capilla Cristo Rey en la Casa Rosada
Por Ariel Lede y Lucas Bilbao * - Página 12El
28 de junio de 1957, el Vaticano y el gobierno dictatorial del general
Pedro Eugenio Aramburu firmaron el Acuerdo sobre jurisdicción castrense y
asistencia religiosa de las fuerzas armadas, erigiendo en Argentina un
vicariato castrense “para atender el cuidado espiritual de los militares
de Tierra, Mar y Aire”. La jurisdicción de este vicariato era
“personal” y no “territorial”, es decir, su feligresía se extendía a
todos los militares, independientemente de la diócesis donde se
encontraban. Al mismo tiempo, disponía que en las “zonas militares” esa
jurisdicción era “acumulativa con la de los obispos diocesanos”, aunque
el vicario y los capellanes militares la ejercían “primaria y
principalmente”. Así, la nueva institución generó un doble movimiento
respecto de los obispos territoriales: se superpuso y se independizó de
ellos. Este ordenamiento territorial se convirtió en uno de los motivos
de conflicto entre el vicariato y los obispos diocesanos del ala
renovadora. La otra razón era doctrinaria y política. Desde los inicios
de la década de 1970 se produjeron conflictos con obispos como De
Nevares, Devoto, Marozzi, Ponce de León y Enrique Angelelli, asesinado
por los militares en agosto de 1976.Desde su llegada a La Rioja
en 1968, Angelelli sufrió hostigamiento y persecución por parte de las
fuerzas armadas a causa de su trabajo pastoral en favor de los
campesinos, la promoción del Movimiento Rural Diocesano y su
enfrentamiento con la elite terrateniente. Para 1976, la “espiral de
violencia” que denunciaba había alcanzado su punto más agudo, ante lo
cual escribió al resto de los obispos, el 25 de febrero: “Entiendo que
el asunto va más allá de La Rioja, nos incumbe a todos... solicito a mis
hermanos obispos, porque urge, una evaluación más profunda...
Necesitamos urgentemente clarificar la misión que nos corresponde a las
Diócesis y a la Vicaría Castrense... Es hora que abramos los ojos y no
dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la Fe
Católica... No es casualidad querer contraponer la Iglesia de Pío XII a
la de Juan y Pablo... Hoy cae un Vicario General [el 12 de febrero había
sido detenido Esteban Inestal por orden del Ejército]; mañana (muy
próximo) caerá un Obispo. Por ahí se me cruza por la cabeza el
pensamiento de que el Señor anda necesitando la cárcel o la vida de
algún Obispo para despertar y vivir más profundamente nuestra
colegialidad episcopal”. El provicario castrense Victorio Bonamín, a
cargo de más de 200 capellanes militares, registró en su diario personal
el 5 de marzo de 1976 una conversación con el vicario Adolfo Tortolo.
El tema: “Una carta desorbitada de Angelelli contra los militares de La
Rioja por las detenciones”.Como respuesta a las persecuciones
por parte de los jefes militares, al rechazo del sacerdote Gabriel
Longueville como capellán de la base aérea de Chamical, y a la inacción
del Episcopado, Angelelli ensayó un nuevo intento defensivo: declaró la
pena de entredicho, un tipo de censura eclesiástica mediante la cual
prohibía al clero riojano oficiar misa en el Centro de Experimentación y
Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (Celpa). Esta resolución
dejaba a los militares afuera de la distribución de los “bienes
religiosos”, adquiriendo el hecho un significado político. Por esta
razón, desde la base aérea recurrieron al provicario castrense, quien el
27 de junio asistió al quince aniversario del Celpa invitado por el
Estado Mayor “en vista de la triste situación espiritual de nuestra
gente, sobre la cual pesa la pena de ‘entredicho’ –práctico– sancionada
por el obispo diocesano”, subrayó en su diario. En la homilía, Bonamín
desafió a Angelelli, diciendo a los soldados: “Por deficiencia nuestra,
tal vez por deficiencia del Vicariato Castrense que yo represento,
carecéis de una asistencia espiritual a la que tenéis derecho y a la que
todos deberemos venir en auxilio. [...] El veneno que pueda haber en
algunas criaturas no está dispuesto por Dios para el mal del hombre.
Todo ello ha entrado por las argucias del demonio, y de quienes están de
su parte. Son trabajadores de la muerte y han de sufrir sus
consecuencias”.Además de Bonamín, participaron de la misa el
capellán Felipe Pelanda López (denunciado ante la Conadep por colaborar
en los interrogatorios y justificar la aplicación de tormentos a los
detenidos) y el sacerdote Julio César Goyochea, antiguo opositor de
Angelelli a quien el diario riojano presentó amablemente como “ayudante
de la vicaría castrense”. Respecto de Goyochea, anotó Bonamín: “posible
candidato a Capellán de Celpa, si lo deja el obispo...”. La intención de
Angelelli era que la asistencia religiosa en la base aérea estuviera a
cargo del párroco de Chamical, Gabriel Longueville, pero Bonamín tejía
una estrategia para ubicar allí a un sacerdote ligado ideológicamente al
vicariato.Ese día Bonamín almorzó con los jefes militares
Lázaro Antonio Aguirre y Luis Fernando Estrella, este último miembro de
Falange de Fe, un desprendimiento del grupo integrista Ciudad Católica
que logró cierta adhesión en la Fuerza Aérea. Apenas 21 días después, el
18 de julio, Estrella participaría del homicidio de los sacerdotes
Carlos de Dios Murias y Gabriel Rogelio Longueville. El tribunal de La
Rioja, en la sentencia que lo condenó a prisión perpetua en diciembre de
2012, expuso que estos asesinatos no fueron hechos aislados, “deben
interpretarse y comprenderse precisamente en el contexto de un plan
sistemático de eliminación de opositores políticos. [...] Murias y
Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia, de un sector de la
misma, considerados ‘enemigo’ y ‘blanco’ [...], por tanto un elemento
subversivo a eliminar” (TOF La Rioja, 7/12/2012). El 4 de agosto
asesinaron a Angelelli en un simulado accidente automovilístico. El
prelado les había advertido a los obispos que sería “el próximo”. La
caracterización de Angelelli como enemigo político, la indiferencia
cómplice del Episcopado y la exacerbación de la violencia militar por
parte del vicariato castrense son algunos de los elementos que conforman
el contexto del asesinato.La complicidad pasiva y activa de la
jerarquía eclesiástica es inocultable. El Episcopado sostuvo desde un
comienzo –y hasta la actualidad– la versión oficial del “accidente”, aun
cuando L’Osservatore Romano –órgano de prensa del Vaticano– puso en
duda las circunstancias de la muerte, publicando que el fallecimiento se
produjo “en un misterioso accidente automovilístico”. Sugestivamente,
el 18 de agosto se reunió la Comisión Ejecutiva del Episcopado y emitió
un comunicado en “fraterna solidaridad” con el obispo Vicente Zazpe,
detenido en Ecuador el 12 de agosto en el marco de una reunión de
cristianos latinoamericanos. Nada dijo sobre la muerte de Angelelli,
ocurrida catorce días antes.El papel del vicariato castrense fue
todavía más activo. Utilizando su influencia sobre los militares,
participó en la construcción de una imagen negativa del obispo riojano y
socavó la legitimidad de su ministerio episcopal y pastoral. Tanto el
aspecto políticoideológico como el jurisdiccional son factores
explicativos de un conflicto que derivó en crimen. El vicariato debe ser
considerado un actor funcional a la estrategia de los militares de ir
cercando y quitando apoyos a Angelelli. Tal afirmación está avalada por
las conversaciones, que Bonamín revela en su diario (02/09/1976),
posteriores al asesinato: “En reunión de Obispos me involucraban a mí
por la homilía de Celpa!”. Se refiere a una de las reuniones que los
miembros de la Comisión Ejecutiva del Episcopado (arzobispos Primatesta,
Zazpe y Aramburu) mantuvieron con Videla y el nuncio Pío Laghi el 22 de
julio de 1976. Allí los arzobispos atribuyeron a Bonamín
responsabilidad en la acentuación de la hostilidad de los militares
hacia el clero riojano. Fue el mismo Zazpe quien se lo insinuó por carta
a Angelelli poco antes de su muerte: “Con respecto a Mons. Bonamín,
creo que las cosas pueden tomar un cariz desagradable para él, ya que la
actuación en Chamical fue descabelladamente desacertada”.Bonamín
estaba en Europa el día del asesinato, pero el 2 de septiembre, a pocos
días de su regreso al país, anotó en su diario: “Mons. Angelelli: ¿un
tiro en la cabeza?”. El interrogante de Bonamín es contundente al
confirmar que Angelelli era uno de los “asesinables” y fortalece la
hipótesis del homicidio, si pensamos que se trata de un funcionario
religioso que ocupaba una importante posición en el entramado castrense,
con acceso al tráfico y circulación de información confidencial (hecho
que queda confirmado con la lectura de sus diarios personales). Y, lo
que es más sugerente, guarda relación con los resultados de la necropsia
practicada por los peritos forenses de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en 2009: “La causa del fallecimiento está en relación directa a
fracturas múltiples de cráneo...”. Si bien no murió por disparo de arma
de fuego, “existe hundimiento de zona occipital con desprendimiento de
sustancia ósea que se encuentra desplazada hacia el interior del
cráneo”.En 2001, pasados veinticinco años del asesinato, los
obispos argentinos se vieron obligados a hablar de Angelelli, aunque
cuidándose de no mencionar la palabra “asesinato”. Según concluyeron
después de largas meditaciones, al obispo riojano “la muerte lo
encontró”. El recurso metafísico en declaraciones sobre hechos
notoriamente concretos es una constante entre los prelados argentinos.
En realidad, la muerte “lo encontró” porque contaba con servicios de
inteligencia, planificación, sicarios y bendición episcopal.Testigos
directos de una época y de una complicidad institucional, los diarios
de Bonamín esperan en la estantería a ser llamados a declarar. En la
memoria colectiva parece estar cada vez más clara la idea de que la
última dictadura fue cívico-militar-religiosa. Resta aún que sea citada
por los tribunales.
Buenos Aires. Movilización: Absolución de los Petroleros de las Heras
por Kaos. América Latina Sábado, 02 de Noviembre de 2013 15:32 15 de noviembre a las 17Hs. Desde el Obelisco hasta LA Casa de Anta Cruz. Organismos de
Derechos Humanos, Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y
políticas exigen la absolución de los once trabajadores injustamente
imputados en la muerte del policía Sayago, ocurrida en la pueblada de
esa localidad santacruceña en el año 2006. Denuncian además las
torturas de las que fueron víctimas los trabajadores.
El documento dice: “Con una causa armada
y llena de irregularidades, utilizando métodos de tortura y amenazas,
se intenta responsabilizar a los procesados y condenarlos a cadena
perpetua y coacción agravada. Denunciamos al juzgado, que sigue
adelante, con el pedido de condena, con testimonios arrancados bajo
torturas. Tan armado es este juicio, que el fiscal de cámara rechazó en
dos oportunidades la elevación a juicio oral de la causa por estar
plagada de nulidades. Durante el trascurso del mismo y en los alegatos,
los abogados defensores de los petroleros (amenazados constantemente por
este tribunal y sancionados) demostraron la inocencia de los
trabajadores por no encontrase pruebas. Las únicas pruebas que se
pudieron demostrar fueron las torturas, los apremios ilegales, las
vejaciones y las amenazas que sufrieron los petroleros, por la policía
provincial durante los tres años que estuvieron detenidos. Un accionar
propio de la dictadura militar. Este juicio, es uno de los más graves
ataques que se está llevando adelante contra los trabajadores, desde el
83 a esta parte, por haber salido a pelear por sus derechos. Su único
objetivo es dar una condena ejemplificadora, para evitar que los
trabajadores vuelvan a salir a luchar. De concretarse, estas condenas,
no sólo arruinaría injustamente la vida de estos trabajadores y sus
familias, sino que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto
de los trabajadores y luchadores de todo el país. Por esto exigimos la
absolución para todos los trabajadores”. http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=11972
Chile: Campaña por el fin de los archivos secretos que favorecen la impunidad Publicado el 20 Octubre 2013 Escrito por Londres 38-Espacio de Memorias/ Clarín
En el marco de los 40 años del golpe de Estado cívico-militar, Londres
38, ex centro de detención, tortura y exterminio, busca relevar la
importancia del derecho al libre acceso a la información y a los
archivos, para la plena vigencia de los derechos humanos y de los
derechos civiles en general. El secreto es antidemocrático y
entorpece los procesos de Verdad y Justicia, perpetuando la impunidad de
los culpables. Por ello, en casos de graves violaciones a los derechos
humanos, el Estado tiene la obligación de entregar toda la información
disponible, y no puede ampararse en la sola afirmación de la
inexistencia de los documentos solicitados, o en restricciones de
acceso, como son la privacidad de las personas o la seguridad nacional,
causales habituales de reserva para negar el acceso. A fin de
hacer efectivo el derecho al libre acceso a la información en poder de
los órganos de la administración del Estado, para alcanzar la Verdad y
la Justicia, hasta ahora negadas, desde Londres 38, espacio de memorias,
exigimos la desclasificación y apertura de los siguientes archivos:Archivos
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las
dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech), que reúnen
declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los
cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto, a pesar de ser
información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y
castigar a los culpables.Archivos de la ex Colonia Dignidad
incautados en 2005, que podrían ser claves para develar casos de graves
violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura. Se trata de
miles de documentos y fichas producidas por esta organización criminal y
que, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, han sido
calificadas como “secreto de Estado”, por el juez Jorge Zepeda.Archivos
aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia.
Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron
archivos y produjeron gran cantidad de información, demandamos al Estado
su desclasificación y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer
los elementos que lo acreditan. Una democracia se mide por la
posibilidad que las personas tienen de participar efectivamente en la
toma de decisiones; pero, su participación depende, en buena medida, de
la información con la que cuentan. Es por ello que el libre acceso a la
información es un principio democrático fundamental, inherente al
Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión. La cultura del secreto en los poderes de Estado es una herencia de la Dictadura, que debe erradicarse.Firma
la petición diciendo NO MÁS ARCHIVOS SECRETOS. Haremos llegar nuestras
firmas a los órganos de la administración del Estado y, con ellas,
exigiremos la desclasificación y apertura de archivos.
Chile: Las 40 mil fichas ocultas de Colonia Dignidad involucran al ejército y la DINA/CNI en crímenes y estafas Publicado el 04 Noviembre 2013 Escrito por Virginia Vidal- Clarín
ministro en visita a cargo de la Colonia Dignidad, juez Jorge Zepeda,
tiene bien guardadas las 40 mil fichas en que la gente de Paul Schaefer
anotó durante décadas desde los más mínimos detalles de la vida
cotidiana en la Colonia Dignidad hasta los grandes secretos que hasta
el día de hoy se esconden — especialmente la muy estrecha relación con
el ejército y la DINA/CNI; producción y tráfico internacional de armas y
drogas; personalidades chilenas y alemanas y de otros países
involucradas en esas y otras actividades ilegales; políticos de ambos
países que colaboraron con Schaefer; destino de los
detenidos-desaparecidos en la Colonia ; lavado de inmensas sumas de
dinero; orgías sexuales, etc. Zepeda, que está a punto de cerrar su investigación de ya ocho años
sobre la Colonia Dignidad, dice que nunca jamás va a dar a conocer el
contenido de las fichas, argumentando que ”si lo haría, pondría en
peligro la seguridad del Estado de Chile “. Es decir, hay secretos de
Estado que no deben develarse. Las fichas están escondidas en el sótano
de la sede de Inteligencia Nacional de la PDI en Nuñoa.
La Colonia Dignidad fue, especialmente a partir del golpe hasta su
fin en 2005, una organización criminal internacional altamente
sofisticada y peligrosa.Ojalá la transmisión de documental de
Al Jazeera a partir del 7 de noviembre así como nuevas investigaciones ,
revelaciones y denuncias contribuyan a promover una campaña para
exigir a la futura presidenta Bachelet que ordene dar conocer el
contenido de las fichas. Ningún gobierno desde 1990 ha hecho el esfuerzo
para investigar a fondo los secretos más oscuros de la Colonia
Dignidad . Tampoco lo ha hecho el gobierno alemán.
Winfried Hempel , nacido en la Colonia Dignidad en 1977 , figura
central del documental está preparando en su condición de abogado
acusaciones en contra del Estado alemán ( por omisión ) y el chileno
( igualmente por omisión , pero también por acción : durante todos los
años de la dictadura ).
Muestran Documental de Aljazeera sobre Colonia DignidadFechas
y horarios del documental de 55 minutos de Al Jazeera International TV
sobre la Colonia Dignidad , según GMT (Chile : 3 horas menos ).Jueves 7 nov : 8 PM GMT ( Chile menos 3 )
Viernes 8 : 12 AM GMTSábado 9 : 01 AM GMTDomingo 10 : 6 AM GMTLunes 11 : 20:00 GMTMartes 12 : 11:30 AM GMTMiercoles 13 : 01 AM GMTJueves 14 : 6 AM GMTEn
los países países donde no existe/no hay acceso al canal AlJazeera
International TV ( inglés ) , se puede ver el documental on-line a
partir del primer día de su transmisión ( 7 nov. ) entrando al sitio: www.aljazeera.com y anotar en casilla ”search ”el nombre del programa : Correspondents . Título : ” The Colony : Chile’s darkest secret “.
Los próximos días aparecerá en la página web de Al Jazeera un
video de promoción del documental ; y en diciembre el canal divulgará en
su magazin digital ( premiado internacionalmente ) un informe sobre
el trabajo que significó investigar el tema Colonia Dignidad y producir
y dirigir el documental. Chile: Revelan los millonarios pagos que la DINA hizo a diarios durante la dictadura por Cambio 21 Lunes, 04 de Noviembre de 2013 16:41 Los informes fueron en la Corte Suprema en el marco de la
investigación del crimen de Orlando Letelier, donde encabeza el listado
el dueño de El Mercurio Agustín Edwards. El diario El Mercurio, algunos de sus
medios asociados, y el consorcio periodístico Copesa recibieron dinero
de la DINA en 1975, pagos efectuados mediante cheques desde una cuenta
encubierta de la DINA en el Banco de Crédito e Inversiones cuyo titular
era Manuel Contreras, director del organismo represor de la dictadura.
Además de El Mercurio y Copesa
recibieron dinero los diarios Las Últimas Noticias, El Diario Austral,
La Nación, La Prensa, El Día y La Discusión de Chillán, los semanarios
Qué Pasa y Ercilla y las agencias internacionales de noticias United
Press International (UPI) y France Press, además de la agencia nacional
Orbe, según un informe de la Corte Suprema que fue dado a conocer por la
agencia española EFE.
El semanario Cambio21 en su edición de este miércoles incluye un completo reportaje sobre el tema.
Dicho informe está adscrito al
expediente sobre el crimen del ex canciller Orlando Letelier y, según la
nota, los dineros fueron cobrados desde la cuenta corriente N° 13280724
del Banco de Crédito e Inversiones que figuraba a nombre de la
"Dirección de Rehabilitación Nacional, DINAR".
consultados por esta información estiman que los pagos de la DINA a la
prensa ayudan a explicar no sólo el ocultamiento de las violaciones de
los derechos humanos a la opinión pública, sino también su complicidad
con montajes como el de la Operación Colombo: 119 detenidos
desaparecidos que los medios hicieron figurar como ejecutados por sus
propios compañeros en Argentina producto de rencillas políticas internas
o muertos en inventados enfrentamientos con las fuerzas policiales
También está el crimen de Rinconada de
Maipú, en el que algunos periodistas "cubrieron la espalda" de la DINA
difundiendo un falso enfrentamiento con agentes, cuando los prisioneros
salieron muertos desde Villa Grimaldi, tal como confirmó la
investigación judicial sobre el caso.
Información conocida recientemente
reveló que la DINA también financió desde la cuenta "DINAR" a distintos
estamentos del Ejército, como su Comandancia en Jefe, el Comando de
Institutos Militares, CIM, el Batallón de Telecomunicaciones, la Escuela
de Infantería de San Bernardo, los regimientos de Infantería N°4
"Arauco" y N° 9 de Chillán, el Instituto Geográfico Militar y la Fábrica
de Materiales y Armamento, Famae.
La propia Junta de Gobierno, la
Secretaría General de Gobierno y la Escuela Naval, cobraron dinero
aportado por el órgano represivo.
Todos los cheques fueron cobrados en
"escudos", la moneda vigente en Chile hasta el 29 de septiembre de 1975,
cuando fue cambiada al actual peso (para calcular después de esa fecha,
1.000 escudos es igual a 1 peso). De acuerdo al informe de la Corte
Suprema, la DINA manejó miles de millones de escudos cuando el sueldo
mínimo de la época era de 27 mil escudos.
Desde esta cuenta también fueron pagados
con altas sumas mensuales los principales agentes, entre ellos Marcelo
Moren Brito, Pedro Espinoza, Christoph Willikie, Eduardo Iturriaga
Neumann, Cristián Labbé y Juan Morales Salgado, además de la amante de
Contreras, su secretaria Nélida Gutiérrez, y la enfermera Carlota
Bolumburu, que inyectaba a los prisioneros para morir en la Clínica
São Paulo: Praça e Memorial Vladimir Herzog por Isabel Harari Lunes, 04 de Noviembre de 2013 11:49 “Vlado somos nós, Vlado somos todos nós”
38 anos após o assassinato de Vladimir Herzog, grande parte dos
crimes da quase cinquentenária sanguinária ditadura permanecem na
escuridão. “Vlado somos todos nós” Câmara Municipal de São Paulo inaugurou a
Praça e Memorial Vladimir Herzog, localizada na Rua Santo Antônio,
atrás do Palácio Anchieta, centro de São Paulo. A data foi escolhida
pois no dia 25 de outubro completam-se 38 anos do assassinato do
jornalista Vladimir Herzog pelo aparato repressor do regime militar.
Vlado tornou-se um símbolo da luta por memória, verdade, justiça. O jornalista iniciou sua carreira como repórter no Estado de São Paulo
em 1959. Entrou para a televisão em 1963, no “Show de Notícias” da TV
Excelsior e após dois anos no programa foi contratado pela BBC de
Londres, onde permaneceu até 68. Herzog volta para o Brasil como editor cultural da revista Visão. Herzog se tornou diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura em
1972. A vontade de veicular uma programação que revelasse a
potencialidade da cultura brasileira e a
realidade de seu povo, contrariando a censura instituída pela ditadura
militar e os programas de cunho nacionalista impostos pelo regime,
aumentou a pressão sobre o jornal e o próprio jornalista. “Uma campanha
articulada pelos órgãos de repressão, montada pelos militares da chamada
linha dura, acusava-o de colocar o noticiário da emissora a serviço da
subversão comunista”, relatou Audálio Dantas, no livro “As duas guerras
de Vlado Herzog” (Editora Civilização Brasileira, 2012). O recrudescimento da chamada “linha dura” da ditadura militar teve seu
auge em meados dos anos 70. Com a instituição do Ato Institucional
número 5, em dezembro de 1968, uma onda de repressão sem precedentes
passou a atingir milhares de pessoas. O governo militar detinha o poder e
o utilizava de todas as formas para barrar o “avanço comunista”. Por
meio da censura, a cúpula militar escondia nos porões as atrocidades
cometidas de forma arbitrária a qualquer um que se opusesse ao regime. Sob suspeita de manter ligações com o Partido Comunista, Herzog foi
convocado para prestar depoimento e se apresentou ao DOI-CODI, o
Destacamento de Operações Internas - Comando Operacional de Informações
do II Exército, por volta das 9h da manhã do dia 25 de outubro de 1975.
Foi torturado e assassinado. Os agentes da ditadura fraudaram o atestado
de óbito. O laudo necroscópico, assinado pelo médico legista Harry
Shibata, confirmou o suposto suicídio, “asfixia mecânica por
enforcamento”, diz o documento. No dia seguinte já se exigia
esclarecimentos sobre as reais circunstancias em que ocorrera a morte de
Herzog. O Sindicato dos Jornalistas teve papel fundamental, juntamente
com a família do jornalista, para trazer à tona os fatos do assassinato.
Somente em setembro de 2012, mais de trinta anos depois e após um
pedido da Comissão Nacional da Verdade (CNV), foi determinada a
retificação do atestado de óbito de Vladimir Herzog, que agora consta
que sua “morte decorreu de lesões e maus tratos sofridos em dependência
do II Exército – SP (DOI- CODI)”. A decisão representa uma
vitória na luta pelo resgate da memória do país. No entanto, 38 anos
após o seu assassinato, grande parte dos crimes da quase cinquentenária
ditadura permanecem na escuridão, e a impunidade dos torturadores é uma
realidade mesmo frente à instituição da Comissão Nacional da Verdade. No
livro de Audálio Dantas, Fernando Birri, cineasta argentino e amigo de
Herzog elucida:
“Vlado somos nós, Vlado somos todos nós”.
Rio de Janeiro: Comissão da Verdade: “Desconstruir a Operação Condor” por Dario Pignotti Lunes, 04 de Noviembre de 2013 11:55 "Cristiano,Descamisado,Montonero"
Semana passada, no Rio de Janeiro, importante passo foi dado no
sentido de montar as partes da Operação Condor com o início da
investigação da trama argentino-brasileira: Operação Morcego e Norberto Habegger Habegger e Barbosa: Desconstruir a Operação Condor
A última fase da Operação Condor
aconteceu quando as ditaduras começaram a retroceder e, em sua retirada,
colocaram armadilhas para quem pretendesse conhecer a verdade. Para
garantir o esquecimento foram ocultados arquivos, se estabeleceram
pactos de silêncio, foram sancionadas leis de impunidade (Anistia de
1979) e até foram eliminados arquivos vivos como o assassinato, em 1992,
do cientista chileno Eugenio Berrios, que desenvolveu o gás Sarin para
Pinochet, ou a suspeita morte do delegado Sergio Paranhos Fleury, em
1979. A Comissão da Verdade foi criada em 2011 pela
presidenta Dilma Rousseff com o propósito de reconstruir, pena por pena,
a Operação Condor, o que poderia derivar no esclarecimento da morte do
ex-presidente João Goulart, encurralado por seus perseguidores brasileiros, argentinos e uruguaios. Esta semana, no Rio de Janeiro, um importante passo foi dado no sentido
de montar as partes da trama da Operação Condor, com o início da
investigação da Operação Morcego, através da qual foram eliminados os
guerrilheiros argentinos que desembarcavam no Rio de Janeiro para depois
continuarem viagem a Buenos Aires, onde planejavam executar a
"contraofensiva" para acabar com a ditadura. Uma das primeiras vítimas
da Condor-Morcego foi o combatente Ernesto Habegger, sequestrado e
desaparecido entre julho e agosto de 1978 por um grupo de tarefas brasileiro-argentino no Aeroporto do Galeão. "Há
muitos anos eu não visitava o aeroporto do Rio, onde sequestraram meu
pai… trinta e tantos anos. Em 1978, eu estava no México quando ele
viajou ao Brasil. Por alguma razão teve
que passar tanto tempo para que finalmente eu me decidisse ver o lugar
onde meu pai caiu em mãos de repressores argentinos e possivelmente brasileiros.
Ver este lugar foi forte. Minha mãe ainda não veio. Talvez algum dia
venha, agora que as coisas começam a funcionar. Sinto que o Brasil está se mexendo" declarou Andrés Habegger entrevistado por Carta Maior. A luta para dar com o paradeiro de Norberto Habegger foi iniciada em
1978, por sua esposa Florinda, também ex-presa política que, do México,
enviou correspondências desesperadas às organizações jornalísticas e às
autoridades de fato, das quais recebeu respostas evasivas ou cínicas.
Como a que escreveu um funcionário chamado Euclides Pereira de Mendonça
numa linguagem irônica, afirmando que, dado que o senhor Habegger
costumava utilizar documentos falsos, é difícil determinar onde se
encontrava. Na quarta-feira passada, Andrés Habegger prestou
testemunho sobre o acontecido com seu pai diante da Comissão da Verdade
do Rio de Janeiro, a cidade onde se estabeleceu um dos enclaves do
Batalhão 601 de Inteligência do Exército Argentino, com conhecimento e
colaboração, é claro, de seus pares brasileiros. "Me parece óbvio que este sequestro de Norberto Habberger não se deu só com a participação de militares argentinos, também teve brasileiros, queremos saber quem foi" declarou o responsável pela Comissão da Verdade carioca Wadih Damous.
"Vamos realizar um requerimento para que o juiz que está a cargo do processo (Operação Condor) na Argentina inclua uma linha de investigação que considere todas as circunstâncias que rodearam a desaparição do jornalista Habegger".
O raciocínio de Wadih Damous, também secretário de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil,
poderia ser resumido nesta fórmula: é determinante somar as
investigações em curso no Rio e no Primeiro Tribunal Federal de Buenos
Aires para tirar da sombra o capítulo carioca da Operação
Condor, amparado na impunidade que lhe conceda lei de (auto)anistia,
promulgada por decreto militar de 1979, que proíbe a Justiça de abrir
processos contra os agentes da ditadura. "Acho que o processo na Argentina,
de alguma maneira, vai repercutir aqui. É um espelho muito forte. Eu
estive este ano na primeira audiência do tribunal na causa da Operação
Condor, quando nomearam os vinte e tantos acusados e, realmente, vê-los
lá foi algo muito forte. É um avanço que tem que ter seguimento aqui
porque eram parte do mesmo" diz Andrés Habegger. "Se
derrubassem a lei de Anistia nós, como familiares de Norberto Habegger,
estaríamos dispostos a ser parte em um processo aqui no Brasil". Após o desembarque de Andrés no Aeroporto do Galeão, é esperada a
chegada, nos próximos dias, de Pilar Calveiro, ex-prisioneira na ESMA
(centro de detenção clandestino da Marinha em Buenos Aires) e viúva do
combatente Horacio Domingo Campiglia, capturado nessa mesma base aérea
em março de 1980. As engrenagens com as quais operava a Operação Condor brasileira
são as menos conhecidas na região, uma circunstância na qual se apoiam
as empresas jornalísticas, benditas e enriquecidas nos 21 anos
de ditadura, veja-se a Globo, para sustentar que o regime se envolveu
pouco com a parte subversiva sul-americana. Uma tese facilmente
contestável. A trama argentino-brasileira em torno da Operação Morcego, subproduto da Condor, por si só sustenta que a articulação na qual participavam os generais brasileiros
"não era algo circunstancial, nem era menor. Porque para que se
autorize a aterrissagem de um avião militar, como o que teria levado meu
pai à Argentina, em um aeroporto internacional, é porque houve uma autorização oficial que vem de um nível alto do Estado", raciocina Andrés. E, apesar de que a operação Condor foi concebida por agentes de vários
países em novembro de 1975, em Santiago do Chile, pelo coronel
pinochetista Manuel Contreras, o Brasil
já contava com sua própria multinacional terrorista pelo menos desde
1970. Ou seja, os ditadores Emilio Garrastazu Médici (1969-1974) e
Ernesto Geisel (1974-1979), haviam construído uma máquina sem fronteiras
de sequestrar e matar antes que seus sócios Videla, Pinochet e
Bordaberry. Um exemplo: em dezembro de 1970, o acionar coordenado de repressores e diplomatas brasileiros
apoiou o sequestro, em Buenos Aires, por parte de policiais locais, do
coronel dissidente Jefferson Cardim Osorio, que dias depois seria
deportado clandestinamente ao Brasil com o consentimento do embaixador Francisco Azeredo da Silveira, o preferido de Henry Kissinger. Mais detalhes: o coronel democrático Cardim Osorio foi enviado, em avião da Aeronáutica Brasileira, de Buenos Aires ao Aeroporto do Galeão, onde ficou detido, como outros militantes brasileiros prófugos
Isto indica que a estação do Rio, onde caiu Habegger em 1978, funcionou
como centro clandestino desde 1970 até março de 1980, quando ali
raptaram Campiglia. Fala o Ministro Joaquim Barbosa "Considero que em algum momento, com a chegada de novos ministros ao
Supremo Tribunal, irá mudando a posição atual, que é favorável
à Anistia”, declarou o juiz presidente do STF, Joaquim Barbosa. Falou durante uma conversa informal com este repórter, em seu gabinete,
depois de oferecer uma entrevista coletiva a uma dezena de
correspondentes estrangeiros. "Ministro, posso citar seu comentário?", perguntei. "Cite e ponha que me inclino a favor dos julgamentos" respondeu. Outro ponto tratado naquele breve diálogo de 28 de fevereiro foi a desvantagem do Brasil frente a outros países que participaram na operação Condor. Na Argentina, por exemplo, vários repressores foram condenados.
"Aqui é diferente da Argentina,
inclusive do Chile. Nós estamos em dívida com o que acontece em toda a
região", ponderou o titular do Supremo conversando de pé, junto a uma
janela da qual se divisa, há 300 metros, o Palácio do Planalto. Em 2010, o Supremo brasileiro
desafiou a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ao declarar a
constitucionalidade da (auto)anistia militar. "Eu não tive a mesma
opinião que a maioria sobre a decisão da CIDH, minha posição era
minoritária em 2010", lembrou Barbosa. Desde então se
aposentaram vários magistrados conservadores, sensíveis ao lobby
militar, e foram substituídos por juízes progressistas como o
constitucionalista Roberto Barroso, cuja nomeação foi avalizada este ano
por Dilma Rousseff. Apesar de que sobrevivem em seu seio
algumas múmias, o Supremo renovou praticamente a metade de seus quadros
nos últimos anos, tornando-se mais permeável ao argumento da CIDH sobre a
abertura de processos. Na semana passada, depois de quase
três anos de relações distantes entre o STF e a CIDH, o juiz Barbosa
recebeu o titular do organismo hemisférico, Diego García Sayán, que
manifestou sua esperança de que, mais cedo ou mais tarde, o terrorismo
de Estado será objeto de revisão judicial. "Cada país tem seu tempo para
punir seus agentes… no Brasil há um caminho aberto" comentou, medindo cada palavra, o peruano García Sayán. A (auto)anistia promulgada pelo ditador João Baptista Figueiredo, chefe dos serviços de inteligência e suposto homem do Brasil na Operação Condor, conspira ao mesmo tempo contra o esclarecimento da repressão interna e as ações coordenadas com a Argentina, como a Operação Morcego, na qual caíram vários quadros montoneros, o primeiro deles Ernesto Habegger. Tradução: Libório Júnior - Créditos da foto: ururau
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References: Artículo 145
 resolución 
 artículo 145
 artículo 171
 artículo 171
 Artículo 145
 resolución 
 artículo 145
 resolución 
 resolución