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Timestamp: 2017-03-25 11:37:23+00:00

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Las cartas que Raúl Castro se ha negado a responder – Hablemos Press
Las cartas que Raúl Castro se ha negado a responder Por adminhp	marzo 9, 2017
LA HABANA.- Hace 8 años un grupo de la sociedad civil cubana presento un petitorio al general presidente Raúl Castro Ruz, hasta ahora no han recibido respuesta, a pesar de que fueron entregadas a sus asesores en las oficinas del Consejo de Estado. Una segunda carta fue presentada en enero de este año con iguales propósitos.
Promotores de la Corriente Martiana lleva más de 20 años presentando informes y quejan a diferentes organismos dentro de Cuba y tampoco a recibidos respuesta.
Pero vea ¿Porque Raúl Castro y sus asesores no responden estas cartas?
¿Cuál será el temor de Raúl Castro a responder estas cartas y aplicar lo que se le pide?
Texto integro de la carta del:
“Base amplia en que quepan todas las reformas útiles, no
convicción de una infalibilidad imposible en los sucesos
de lo humano:- esto afirma y constituye un buen gobierno”
Aun recuerdo cuando Fidel Castro Ruz aseguró que la revolución cubana debía ser “de los humildes, por los humildes y para los humildes”.
(2) UN Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura Confirmados por la Asamblea general de
UN en sus resoluciones 40/32 de 29-11-85
y 40/46 de 13-12-85
(3) Mencía, Mario “La prisión fecunda” paginas 189 y 235 Editora Política, La Habana, 1980
Es un placer dirigirme a Uds. con el fin de presentarles la propuesta que denominamos Por una Cuba Martiana, a la que pretendemos siga una campana cívica, cuyos fines y contenidos a continuación se exponen.
I.- PROPÓSITOS CONCRETOS DE LA PROPUESTA Y DE LA CAMPAÑA CÍVICA “POR UNA CUBA MARTIANA”.
La propuesta y la campaña cívica “Por una Cuba Martiana” persiguen como gran objetivo o propósito concreto:
CONCERTAR PARTICIPATIVAMENTE UN PROYECTO DE NACIÓN QUE, AL GOZAR DE CONSENSO, DETERMINE LOS CAMBIOS QUE ESTIMULEN LA COLABORACIÓN RESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN SU EJECUCIÓN DESDE LA DIVERSIDAD.
Este proyecto de Nación ha de tener por base doctrinal la eticidad legada por los Padres Fundadores y que fuera reasumida por la denominada Generación del Centenario en su inconcluso proyecto revolucionario.
Su base, contenido y fin jurídico deben ser absolutamente coherentes con la normativa internacional de los derechos humanos.
La institucionalidad, además de asentarse sobre lo anterior, deberá modelarse a partir de las características nacionales actuales y según las experiencias internacionales y nacionales exitosas que posibiliten un Estado moderno, pequeño y eficiente con poderes independientes en su gobierno que impidan todo rasgo de burocratismo, clientelismo, corrupción, discriminación y otras lacras que violan o coartan derechos individuales y frenan el crecimiento del capital social, entendido este último como conjunto de valores compartidos por todo grupo social.
Dicho proyecto, al elaborarse por concertación y lograr posteriormente un alto consenso, permitirá sacar al país de la crisis que ya dura más de 20 años y garantizar además un desarrollo futuro sostenible y sustentable que hagan innecesarias las antiguas y actuales dependencias de nuestro país de terceros así como una verdadera justicia social; equidad; tolerancia; Estado de Derechos Humanos, comprendido como el respeto integro de los derechos y libertades internacionalmente reconocidos, y la práctica de la solidaridad efectiva de los cubanos entre sí y con personas de todas las nacionalidades que la necesiten.
II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA Y LA CAMPAÑA CÍVICA “POR UNA CUBA MARTIANA”.
La “…fundación de la nueva república” fue, junto a la independencia de Cuba de España, uno de los “Propósitos Concretos” del Partido Revolucionario Cubano (PRC) organizado por José Martí como puede ser verificado en el artículo 8, punto V, de las “Bases” de dicho Partido (2)
Los rasgos más esenciales del modelo de Nueva República están formulados explícitamente en la obra de nuestros Padres Fundadores, que en la de José Martí encuentran síntesis y compendio. El expresó su esencia al precisar “…pero ya aquello es república. Vive el hombre de su trabajo y piensa por sí.” (3)
Elementos esenciales en la vida y obra de esos Padres son el humanismo, la tolerancia, la opción preferencial por los más desfavorecidos, la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la concepción del desarrollo más allá de la económica, sino entendido como desarrollo humano.
Lo anterior explica por qué la “nueva república” debía construirse sobre la base de lo que el Apóstol precisó como “fórmula del amor triunfante”, muy repetida pero poco atendida, de “con todos y para el bien de todos” y no sobre la base del odio, la coacción y la represión, las divisiones de ningún tipo, ni mucho menos la preponderancia de un individuo o grupo por encima de los demás.
La República, desde 1902 hasta 1958, no satisfizo con la necesaria plenitud las exigencias de dicho modelo y esto explica, y justifica, el que la Generación del Centenario retomara el modelo referido, es decir, los ideales, valores y fines supremos del sueño martiano, en el entorno temporal de su centenario, para no dejarlo morir.
Esos hombres y mujeres del centenario tenían concepciones filosóficas, ideológicas, político-partidistas y religiosas diversas y, a pesar y por encima de ello, se unieron en acciones comunes en pos del propósito históricamente pendiente.
Reencontrarse en ese punto de la unidad de lo diverso en torno a una doctrina y valores compartidos -el ideario martiano- es una demanda, no solo ético-moral, sino pragmáticamente inevitable para lograr reales y efectivas soluciones a nuestra crisis en medio de las actuales divisiones, intolerancias, discriminaciones, odios infundados, violencia, decrecimiento de la riqueza nacional y de la capacidad de su producción tanto en lo material como en lo espiritual.
Sólo la unidad nacional a través del diálogo y la reconciliación, sin excluir la justicia, puede revertir la persistente crisis que amenaza con la destrucción de la Nación después de haber destruido millones de vidas de cubanos. Esta unidad sólo es posible con un proyecto de Nación pensado, actuado y disfrutado por todos y para bien de todos al gozar de amplio consenso y viabilidad.
III.- LA MAYORÍA DE LOS CUBANOS VIVIMOS SOMETIDOS AL TEMOR Y LA MISERIA.
Los cubanos vivimos con el temor de, al levantarnos cada día, recibir la noticia de la desaparición o muerte confirmada de algunos de nuestros familiares o allegados al intentar encontrar fuera lo que en su país no se les brinda. Esta triste realidad está condicionada en primer lugar y esencialmente por políticas públicas inadecuadas y por tanto incapaces de posibilitar la satisfacción de las necesidades y anhelos más elementales de los ciudadanos de a pie.
Gran cantidad de cubanos sufren, además de las excesivas penurias materiales, la miseria humana de mostrar simpatía con lo que realmente rechazan, obediencia a lo que burlan, incondicionalidad a aquello y a aquellos en quienes no creen. Esto último por el temor de perder sus puestos de trabajo, de ser objeto de marginación social, represión. Por temor a obstruir, o tronchar definitivamente, la aspiración de sus hijos o nietos a determinados estudios o plazas laborales.
Hoy, a cincuenta años de aquel hecho, la riqueza nacional se ha reducido a un mínimo; la capacidad de crearla está bloqueada por decisiones del grupo de poder referido y; a muchas injusticias de antes que perduran, o se han agudizado, se suman un gran número de nuevas y diversas. Prueba de lo anterior es que los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en horas de la madrugada del 26 de julio de 1953 y que causaron numerosas víctimas, recibieron por condena un máximo de 15 años, de los cuales sólo cumplieron 18 meses gracias a una amnistía proclamada por el gobierno de entonces.
La importación de alimentos para cubrir el injusto racionamiento, ya casi cincuentenario, no tiene justificación en un país que fuera exportador neto de alimentos hasta el momento de la toma de poder de 1959 por los actuales gobernantes. El único límite en ese entonces a la adquisición de alimentos y artículos era la injusta distribución de la riqueza nacional que condenaba a muchos a la pobreza, en casos, extrema. Actualmente casi todos los cubanos somos pobres tanto material como espiritualmente pues hasta la esperanza han perdido muchos y, en buen cubano, “la esperanza es lo último que se pierde”.
IV.- “CAMBIAR TODO LO QUE DEBA SER CAMBIADO” PERO TENIENDO EN CUENTA QUE ¨APLAZAR NO ES NUNCA DECIDIR”
¨ Debe hacerse en cada momento, lo que en cada momento es necesario. No debe perderse el tiempo en intentar lo que hay fundamento harto para creer que no ha de ser logrado. Aplazar no es nunca decidir, -sobre todo cuando ya, ni palpitantes memorias, ni laboriosos rencores, ni materiales y cercanas catástrofes, permiten nuevo plazo. Adivinar es un deber de los que pretenden dirigir. Para ir delante de los demás, se necesita ver más que ellos.¨ (4)
Los cambios necesarios, es decir, los que se han de efectuar a conveniencia de los cubanos todos y la Nación, no pueden seguir postergándose.
Los realizados hasta el momento por el grupo de poder están limitados en su impacto benéfico para la generalidad de los cubanos ya que están centrados en, y dirigidos a, las conveniencias de dicho grupo y su objetivo supremo de mantenerse en el poder.
Estos cambios necesarios deben cumplir
TRES EXIGENCIAS MÍNIMAS Y ESENCIALES PARA AJUSTARSE AL PROYECTO DE NACIÓN que con la presente propuesta y la campaña cívica correspondiente nos hemos propuesto elaborar:
1) Perseguir la solución de los problemas que aquejan a la población y comprometen el futuro de la Nación y no limitarse por satisfacer a moldes o dogmas de naturaleza ideológica, político partidista o de cualquier otra índole ajenos a nuestras raíces propias.
En este sentido indicó Martí:
“A su pueblo se ha de ajustar todo partido público, y no es la política más, o no ha de ser, que el arte de guiar, con sacrificio propio, los factores diversos u opuestos de un país de modo que, sin indebido favor a la impaciencia de los unos ni negación culpable de la necesidad del orden en las sociedades – solo seguro con la abundancia del derecho- vivan sin choque, y en libertad de aspirar o de resistir, en la paz continua del derecho reconocido, los elementos varios que en la patria tienen título igual a la representación y la felicidad. Un pueblo no es la voluntad de un hombre solo, por pura que ella sea, ni el empeño pueril de realizar en una agrupación humana el ideal candoroso de un espíritu celeste,” (5)
2) Basarse, tener por contenido y perseguir el pleno disfrute de los derechos humanos por todos los cubanos y extranjeros radicados en Cuba.
Al respecto, peguntó el Apóstol de la independencia y la instauración de la Nueva República: “¿Haremos los cubanos una revolución por el derecho, por la persona del hombre y su derecho total, que es lo único que justifica el sacrificio a que se convida a todo un pueblo, y negaremos al día siguiente del triunfo, los derechos por que hemos batallado?” (6)
Cuba debe llegar a ser un Estado de Derechos Humanos al superar en este campo lo demandado por el conocido como Estado de Derecho.
Hacer surgir instituciones democráticas que sustituyan a las actuales que resultan excesivamente centralizadas, estructuradas verticalmente, subordinadas jerárquicamente a un grupo de poder y que sólo transmiten y hacen cumplir las decisiones del mismo y no lo demandado por la voluntad popular.
Los propósitos de justicia social, bienestar material y espiritual, equidad en la distribución de la riqueza nacional – armonizando los intereses individuales con los sociales-, atención debida a los desamparados y desposeídos y que además se procure el cumplimiento real de que se obtenga “de cada cual según su capacidad” y se garantice “a cada cual según su trabajo”, esfuerzo e iniciativas personales, no son patrimonio exclusivo de socialistas, “revolucionarios” o comunistas.
También los que desde diversidad de ideas y pertenencias contribuyeron a elaborar la presente propuesta, así como los que promovemos la campaña cívica correspondiente, y los que nos adherimos a ella, compartimos estos anhelos aún cuando discrepamos de los caminos de alcanzarlos que siguen, proponen o imponen los gobernantes actuales y sus incondicionales.
Aclaramos que no tenemos nada en contra de mantener, pero creemos se deben mejorar, lo que la oficialidad y sus seguidores denominan indistintamente “logros de la revolución” o “logros del socialismo” y que consideramos son en realidad un logro de todos los cubanos y sólo sus insuficiencias se deben a la indebida ingerencia en sus sistemas de criterios político partidistas y a malas decisiones gubernamentales.
Es hora de atender al llamado martiano: “…y las cosas públicas en que un grupo o partido de cubanos ponga las manos (…) no sólo son suyas, y de privilegiada propiedad, tan nuestras como suyas”. (7)
V.- PROPUESTAS DE CAMBIOS NECESARIOS.
1.- Agricultura y alimentación.
4.- Autoempleo y microempresas. Mercado informal y delitos económicos.
6.- Derechos de los trabajadores.
8.- Constitución y Poderes.
9.- Justicia y legalidad.
10.- “! No más presos políticos ni más exiliados…!”
1.- AGRICULTURA Y ALIMENTACION.
“…la única riqueza inacabable de un país consiste en igualar su producción agrícola a su consumo.” (8) A pesar de que la letra constitucional dice que nuestra vida como república esta guiada “…por el ideario de José Martí”, la advertencia que inicia este acápite, como tantos otros preceptos básicos de la “Nueva República” han sido ignorados a lo largo de nuestra historia por intereses siempre parciales de grupos o partidos.
El monopolio de la tenencia y la explotación deficiente asociada a la excesiva centralización en las decisiones sobre el uso de gran parte de las tierras por parte del Estado han sido las causas que han convertido al país en un importador neto de alimentos y otros productos agrícolas.
Las demandas alimenticias básicas de la población, sobre todo de los ciudadanos de a pie, no son cubiertas satisfactoriamente debido a la carencia de muchos productos agrícolas, pródigamente producidos antes de la década de los sesenta, y por los elevados precios de los pocos ofertados.
La propiedad y las decisiones en el sector, excesivamente centralizadas y decididas por quienes están divorciados de la realidad concreta y local en este campo, violan la sabia advertencia martiana, avalada por la práctica en todos los países y en todos los tiempos:
“La tierra es la gran madre de la fortuna (…)
De la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos. Venturosa es la tierra en que cada hombre posee y cultiva un pedazo de terreno.” (9) En el alegato “La historia me absolverá” fue prometido a los cubanos:
“Un gobierno revolucionario, después de asentar sobre sus parcelas con carácter de dueños a los cien mil agricultores pequeños que hoy pagan rentas, procedería a concluir definitivamente el problema de la tierra, (…); segundo: repartiendo el resto disponible entre las familias campesinas con preferencia a las más numerosas, fomentando cooperativas de agricultores para la utilización común de equipos de mucho costo, frigoríficos y una misma dirección profesional técnica en el cultivo y la crianza y facilitando, por último, recursos, equipos, protección y conocimientos útiles al campesinado.” (10)
El anuncio de que serán entregadas tierras en usufructo a quienes se dispongan a explotarlas puede interpretarse como una medida destinada a reducir actuales importaciones pero no como una solución que se avenga a lo expuesto en la cita anterior de la Historia me Absolverá ni que acerque lo necesario a la Nación a su Frontera de Posibilidades de Producción en este campo.
No provocará la medida referida el impacto económico necesario de dar de comer adecuadamente a todos los habitantes a los más bajos precios posibles y además crear industrias de procesamiento de materias primas que potencialmente pueden, no sólo sustituir importaciones actuales, sino además crear renglones exportables a partir de los excedentes del consumo nacional.
La propiedad de las tierras a quienes la trabajen es condición deseada popularmente e imprescindible para que, más allá de solucionar una contingencia de interés del Estado, sea un paso realmente en el camino de dar soluciones viables, sustentables y sostenibles a la actual crisis que ya dura más de 20 años. Esta última afirmación está probada en Cuba por el “criterio supremo y único de la verdad” que constituye la práctica histórico-social en la isla. Esto, y sólo esto, hará congruente el actuar gubernamental con lo expresado por el Apóstol al referirse a un hombre sin propiedad de la tierra:
“El no tiene tierra propia que labrar, y le estimule a cultivarla con esmero para legarla después con un nombre honrado a sus hijos.” (11)
Legarla a los hijos que se dispongan a continuar labrándola. A quienes no lo decidan, pague el Estado su valor -respetando así el derecho a la herencia- y revéndala a quien la quiera seguir labrando para su bien propio y el común.
Después de llevar al país a una casi total incapacidad de producir alimentos y otros productos agrícolas por los ineficientes mecanismos estatalizados y las restricciones a los productores y comercializadores privados por cincuenta años, es hora de realizar los cambios necesarios en la agricultura cubana que traigan de vuelta la eficiencia y los volúmenes de producción per capita de las décadas anteriores a 1959.
No se trata de reproducir las injusticias y el abandono que sufrió la población campesina ni de mantener las que aún pudieran persistir. Se trata simplemente de respetar sus derechos a la propiedad según la normativa internacional de los derechos humanos, de respetar su cultura productiva, su consagración a la madre naturaleza, su esencial aporte al bien común y con ello hacer realidad la promesa no cumplida aún de:
“Cuba podría albergar espléndidamente una población tres veces mayor; no hay razón, pues, para que haya miseria entre sus actuales habitantes. Los mercados debieran estar abarrotados de productos; las despensas de las casas debieran estar llenas: (…) Lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una pulgada de tierra sin sembrar;” (12)
El aumento de la productividad y la producción agrícola traerá como consecuencia una disminución de los precios de sus productos y derivados en el mercado, lo que a su vez se manifestará como un mayor poder adquisitivo real de la moneda en que se paga a los trabajadores cubanos en su mayoría.
El aumento de dicho valor adquisitivo disminuirá la desmedida brecha entre la moneda nacional y las otras circulantes, lo que favorecerá la eliminación de la dualidad monetaria que preocupa y ocupa a la oficialidad y los disidentes por igual.
Economistas de todas las ideologías y pertenencias coinciden en esto. ¿Podrán todos estar equivocados y tener razón quienes no se deciden, aún pudiendo, a dar el paso en la dirección que indican las fuentes nutricias de lo que debe ser la República de Cuba, la experiencia histórica nacional y los inspiradores de lo que dicen que aún es la Revolución cubana?
En el Folleto Informativo No. 21 de la Lista de Publicaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se define como “vivienda adecuada” :
“…disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (13)
Fidel Castro Ruz aseveró durante su defensa en el juicio por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953:
“…lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento. Hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa. Pero si seguimos esperando por los milagros del becerro de oro, pasarán mil años y el problema estará igual” (14) Siguen habiendo en Cuba “… piedra suficiente y brazos de sobra…” pero millones de cubanos no tenemos el derecho a una “vivienda adecuada” satisfecho a 55 años de pronunciarse la anterior aseveración. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? Como se expone en la “Petición de ciudadanos cubanos sin el derecho a una vivienda adecuada satisfecho”, entregada a las autoridades el 16 de enero del 2008, entre las causas cuentan:
* Prioridad en la asignación por venta o donación de materiales y medios constructivos a quienes manifiestan una supuesta incondicionalidad al régimen y su gobierno, lo que implica discriminación de facto contra los que no siente o, al menos no manifiestan, tal incondicionalidad. Debe destacarse que es la imposibilidad de satisfacer esta necesidad elemental (básica) una de las muchas razones que hace decidir a miles de cubanos a emigrar o, al menos intentarlo, por múltiples vías, aún con riesgo de la propia vida.
También ocurren continuas violaciones del derecho a la vivienda en el marco de los desalojamientos forzosos realizados o tolerados por el Estado.
Según la resolución 1993/77: “…la práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada.”
Entre los ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN POSIBLES VIOLACIONES DEL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA cuentan: “…la discriminación racial o de otro tipo en la esfera de la vivienda.”
Carlos Lage Dávila, entonces vicepresidente del Consejo de Ministros, manifestó públicamente que según los planes gubernamentales, las viviendas y los materiales constructivos serían entregados y asignados en venta por méritos revolucionarios. ¿Y el derecho de los ciudadanos que no sean, o finjan ser, revolucionarios?
“…demolición o destrucción de viviendas como medida punitiva”
Numerosos son los casos en que se han demolido o destruido viviendas después de realizados desalojamientos forzosos por parte de funcionarios de las Direcciones de la Vivienda acompañados por agentes del Ministerio del Interior.
“El hecho de que un número significativo de personas no dispongan de albergue o vivienda, a un nivel mínimo básico.”
Las condiciones de vida en muchos albergues son deplorables. Muchos ciudadanos llevan hasta cerca de dos décadas viviendo en esas condiciones y no se conoce de plan gubernamental viable y urgente para la solución acelerada del problema mientras cada día, el tiempo y la falta de mantenimiento, disminuyen el fondo habitacional de la isla.
LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN LA REFERIDA PETICIÓN CIUDADANA, coherentes con la resolución 14/6 de la Comisión de Asentamientos Humanos de UN, incluyen:
Despolitizar los criterios de asignación de medios, recursos y los propios inmuebles a la población, dejando que sólo dependan de los recursos honestamente adquiridos por los individuos y de los esfuerzos personales de los Sin Casa, quedando el Estado, sus instituciones, a cargo solamente de los denominados casos sociales. Impuestos adecuados y crecientes a quienes posean recursos suficientes pueden ser fuentes de fondos para cubrir en parte los gastos destinados a dichos casos sociales.
Que sean concedidos préstamos bancarios, con intereses razonables y los más prolongados plazos de amortización posibles, con fines de construcción, reparación, ampliación o mantenimiento de viviendas.
A las que proponemos añadir que; más que legislaciones limitantes y represión contra los inmigrantes internos desde los campos a las ciudades y del interior a las capitales, en particular la del país; se tenga en cuenta lo recomendado en la Moción Ciudadana sobre Derechos Humanos en Cuba presentada a las autoridades cubanas en enero del 2005(página 11):
“Procurar que, más que regulaciones legales y administrativas, sea la creación de condiciones de vida adecuadas y la igualdad de oportunidades las que hagan disminuir el flujo migratorio hacia las ciudades, en particular, hacia la capital del país.” (15)
Desde el 29 de noviembre de 1996 se está pidiendo a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que legisle y promulgue la creación de los marcos legales e institucionales que permitan la integración de COOPERATIVAS DE ÓMNIBUS NACIONALES, como alternativa que puede aliviar, y hasta incluso solucionar, este problema de forma eficiente, sostenible y sustentable.
Tres elementos fundamentales favorecen la adopción de la forma cooperativa en este servicio público, a saber:
1ero. Ser una forma de propiedad SOCIALISTA y por tanto compatible con los fundamentos ideológicos y económicos del sistema socioeconómico vigente en el país.
2do. Su viabilidad legal, ya que esta forma es aceptada por la Constitución vigente.
3ero. La forma cooperativa del transporte público de pasajeros constituye una experiencia histórica cubana hasta entrados los años de la década de los 60s, que fue capaz de brindar, entre otros: seguridad y confort durante los viajes, frecuencia y cobertura estables, correcta asignación y alta eficiencia en el uso de los recursos humanos y físicos, precios asequibles a la mayoría de la población y todo esto sin explotación del trabajo ajeno por coincidir en los mismos empleados, los propietarios y los trabajadores del sector.
Se han dado múltiples respuestas formales a la petición por parte del Ministerio del Transporte (MITRANS), de la ANPP, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, pero a pesar de ellas nada se ha hecho al respecto en pos de solucionar adecuadamente esta situación que afecta a millones de cubanos de a pie.
En la primera entrevista en el MITRANS, en febrero del 1997, se le sugirió a la ANPP a través del funcionario encargado de atender al ciudadano proponente que se hiciera un pilotaje en alguna zona para tomar experiencias antes de generalizar la propuesta.
A casi doce años de desoír las autoridades la propuesta, a pesar del amplio consenso de que goza la misma entre la población y hasta entre funcionarios e incondicionales, sólo queda pensar que ello está determinado por partir la propuesta inicial de un disidente. Si esto fuera así me permito recordar, a los que con su indecisión de aplicar incluso una medida socialista prolongan el sufrimiento de nuestro pueblo, que José Martí nos dejo dicho:
“Cuando se aduce un argumento no se demuestra que sea malo porque lo
sea quien lo presenta, sino porque en el no hay razón.” (16)
“Créese riqueza pública, protéjase el trabajo individual; así, ocupadas las manos, anda menos inquieta la mente.” (17) Los tolerables niveles de vida que tuvimos los cubanos hasta la caída del bloque socialista fueron posibles por los subsidios procedentes del mismo y no por un desarrollo económico real resultado del accionar de las fuerzas productivas y otros elementos de la economía nacional.
La gestión económica del gobierno hasta la actualidad muestra como saldo una total incapacidad de satisfacer lo demandado por el artículo 25 punto 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Cuando el gobierno cubano ejecutó la denominada “Ofensiva revolucionaria” en 1968, coronó el desmantelamiento de lo que fuera una próspera economía basada en el respeto del derecho a la propiedad, el esfuerzo y la iniciativa individual de las personas, sustituyéndola por otra ajena totalmente a nuestra idiosincrasia; planificada y dirigida centralizadamente y que, determinada por el voluntarismo y la improvisación, privó al ciudadano del derecho de practicar de forma independiente las capacidades productivas de creatividad e inversión de las que está dotado de forma natural.
El absoluto dominio de la economía por el Estado, incluyendo el de los pequeños establecimientos de producción y servicios dispersos por todo el territorio nacional, dificulta el control administrativo eficiente lo que, junto a la ausencia o limitaciones extremas a los derechos de propiedad y libre iniciativa, estimulan la corrupción a gran escala y un extendido mercado informal (bolsa negra) que se acompaña de graves daños morales, priva al presupuesto estatal de fuentes de ingreso e impide la generación de empleos legalmente validados.
Lo último expuesto constituye una de las causas que explican el desmedido número de cárceles y presos por delitos económicos existentes en el país así como el continuo éxodo de cubanos que no tienen precedentes históricos, con excepción del ocurrido durante el totalitarismo de la época colonial.
La creación de los marcos legales e institucionales que posibiliten, más que obstaculizar o impedir como ahora ocurre, el ejercicio del autoempleo y el surgimiento de micro, y hasta pequeñas empresas, bajo condiciones de protección de los empleados en ellas, reducirían de facto el desempleo y sobre todo el subempleo actuales, harían crecer exponencialmente el valor añadido con la prestación de sus servicios y la creación de bienes demandados por la población, reducirían los motivantes de violaciones de las normas ético morales y jurídicas, tan abundantes en la actualidad, y harían crecer el producto interno bruto acompañado de un mayor impacto social directo sobre la población de a pie que el hasta ahora logrado con los crecimientos, muy anunciados pero poco sentidos, de años recientes.
Por otro lado, y a mediano plazo, se reducirían los precios de estos productos y servicios por la legalización y el aumento de su oferta, se elevaría su calidad por efectos de la competencia y se lograría una real protección al consumidor, que, en conjunto, llevarían a un mayor poder adquisitivo real de la moneda nacional y mayor estímulo a los creadores de riquezas, entre otros muchos posibles beneficios.
El ejercicio del autoempleo y el desarrollo de las micro, medianas y pequeñas empresas por particulares en la economía nacional contribuirá a que la persona humana sea protagonista y destino del proyecto económico de la Nación y no un ente pasivo de la misma. Téngase en cuenta la realidad descrita en:
“La independencia de los pueblos y su buen gobierno vienen sólo cuando sus habitantes deben su subsistencia a un trabajo que no está a la merced de un regalador de puestos públicos, que los quita como los da y tiene siempre en susto,(…) a los que viven de él. Esa es gente libre en el nombre; pero en lo interior, ya antes de morir, enteramente muerta.” (18)
Estos cambios necesarios harán disminuir significativamente el mercado informal al absorber el legal a sus actores y, simultáneamente, este será un factor decisivo, y más efectivo que las disposiciones y la represión, en la disminución del número de condenados por delitos económicos y el de establecimientos en que cumplen sus condenas.
Sólo con la inclusión de lo propuesto en el proyecto económico de la Nación se hará realidad en la práctica, mas allá de la retórica del discurso, la igualdad de oportunidades sin exclusiones ni privilegios por ideas o pertenencias, que posibiliten la efectiva observancia y el debido respeto a los derechos y las libertades demandadas por la normativa internacional de los derechos humanos, en particular las económicas.
“Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época, y la época.”. (19)
Es encomiable que los cubanos podamos brindar acceso a todos nuestros niños a la instrucción elemental y que la misma sea obligatoria.
Resulta bueno que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes puedan acceder a la instrucción técnica y profesional.
Gran número de centros universitarios permiten acceder a muchas personas a estudios de este nivel.
No obstante lo anterior, la excesiva intrusión de lo político y lo ideológico en el trazado de las estrategias y la ejecución concreta del proceso docente educativo, lo convierte en un mecanismo de control y adoctrinamiento de los educandos, desatendiéndose de esta forma el cumplimiento del encargo social a dicho sistema acorde a las directrices de la UNESCO.
Al respecto puede consultarse el documento de la UNESCO titulado “La Educación Encierra un Tesoro” y compararse con las pretensiones formales y resultados prácticos del sistema educativo cubano.
El control total del sistema educativo por parte del Estado, lleva a que la sociedad quede excluida de participar en su diseño, ejecución y control. Esto explica la aceptación, por resignación ante la falta de alternativas, de los planes de becas y la realización obligatoria de faenas agrícolas en condiciones de vida no siempre adecuadas para los educandos e incluso para docentes.
Los programas y objetivos de los ministerios de educación exigen, de forma explícita en unos casos o por exigencias no escritas en otras ocasiones, la formación en supuestos valores incompatibles con la concepción universalmente validada de los mismos y plasmadas en documentos diversos de la normativa internacional de los derechos humanos.
Ejemplos de lo anterior son la denominada “intransigencia revolucionaria”, “incondicionalidad al partido” y otros que , por excluyentes y contrarios a la tolerancia y los derechos y las libertades ajenas, obstaculizan el anhelo expresado en la DUDH de “ …la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos” y la debida convivencia civilizada por encima de todo otro diferenciante como pueden ser las distintas opciones filosóficas, ideológicas o políticas de los individuos en la sociedad.
La DUDH en su artículo 26, inciso 2, expresa “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”. En las escuelas cubanas se hace referencia a algunos de los artículos, o a aspectos de algunos de los artículos, pero se omite la presentación de ellos en su totalidad. A pesar de que se anunció la firma por el gobierno cubano de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, ninguno de ellos ha sido dado a la publicidad por los medios de comunicación social controlados todos por el Estado.
En Cuba todos los padres tienen coartado el derecho a “escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” dado que la ley impide la coexistencia de escuelas privadas con las estatales.
Pasos que perfeccionarán el sistema educativo, para hacerlo capaz de servir a la persona humana y la Nación, incluyen:
*Eliminar los criterios políticos e ideológicos en la concepción, el trazado, la ejecución y el control de los objetivos, métodos y acciones del sistema educativo cubano, abriendo espacios de participación de la sociedad en su funcionamiento y desarrollo.
Solo esto eliminaría las violaciones en Cuba de lo demandado por la “Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la esfera de la Enseñanza” adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la UNESCO.
*Elevar los salarios y otras formas de compensación de los docentes y otros trabajadores de la educación, así como mejorar sus condiciones de trabajo y elevar el reconocimiento social a los mismos. Se cumpliría de esta forma con:
“Pero el alma de la enseñanza es el maestro, y a los educadores en Cuba se les paga miserablemente; no hay, sin embargo, ser más enamorado de su vocación que el maestro cubano. ¿Quién no aprendió sus primeras letras en una escuelita pública? Basta ya de estar pagando con limosnas a los hombres y mujeres que tienen en sus manos la misión más sagrada del mundo de hoy y del mañana, que es enseñar. Ningún maestro debe ganar menos de doscientos pesos, como ningún profesor de segunda enseñanza debe ganar menos de trescientos cincuenta, si queremos que se dediquen enteramente a su elevada misión, sin tener que vivir asediados por toda clase de mezquinas privaciones.” (20)
*Abrir la oportunidad de cursar estudios de niveles medio, técnico profesional y universitario a todos los individuos acorde a sus meritos académicos acompañados de conductas sociales ajustadas a normas internacionalmente validadas e independientemente de sus ideas y pertenencias políticas, ideológicas, religiosas o diferenciantes de otra índole.
*Permitir la coexistencia de escuelas, incluidas las de estudios superiores, atendidas por instituciones religiosas o fraternales con las estatales como vía de satisfacer lo demandado por el punto 3 del artículo 26 de la DUDH y el artículo 13, punto 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
A pesar de que la ley cubana prevé garantías de adecuadas condiciones de trabajo y de que existen estructuras y regulaciones que deben velar por las mismas, estas no son brindadas a los trabajadores en la práctica en muchos puestos laborales. En esto, son factores condicionantes decisivos las objetivas pobres condiciones y capacidades económicas en que sobrevive el país.
Lo anterior es complementado por el elemento subjetivo constituido por la total incapacidad de las estructuras sindicales oficiales de reclamar tan importantes condiciones.
Oficialmente se insiste en el complemento salarial que constituyen el que no se cobre en el momento de recibir los servicios de los sistemas educativo y de salud, así como la universal seguridad social, el subsidio estatal a los pocos productos ofertados en la canasta básica racionada y otros servicios públicos bajo control estatal.
A pesar de lo anterior, los salarios resultan totalmente insuficientes para satisfacer las necesidades básicas dado el alto costo de la vida y la devaluación de la moneda en que se paga a los trabajadores frente a aquella en que se ofertan la casi totalidad de dichos productos básicos.
Los salarios no se corresponden con el aporte económicos de los trabajadores. No satisfacen lo demandado por el artículo 23-3 de la DUDH, ni con los artículos 7 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los servicios subsidiados por el Estado (con los recursos producidos por los propios trabajadores que reciben dichos servicios) no satisfacen las demandas conforme al derecho natural en unos casos, y conforme a las potencialidades de la nación en otros. En ambos, la excesiva interferencia de criterios ideológicos y políticos en las estructuras técnicas de prestación de dichos servicios es causa fundamental de sus deficiencias o limitaciones.
A los trabajadores no se les reconoce el derecho a crear sindicatos y asociaciones independientes del Estado. Se violan así, desde la legalidad y la institucionalidad, los artículos 20-1 y 23-4 de la DUDH así como las regulaciones sobre este asunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial los Convenios 87 y 98 de esta.
La mayor parte de los trabajadores se encuentran contratados en establecimientos de “propiedad estatal socialista” (artículo 15 de la Constitución) y, al ser el Estado el que “administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo” (artículo 17 de la Constitución), se llega entonces a la dual función de Estado-Patrón, ante la cual, el sindicato único permitido, se reduce a simple polea de transmisión y defensa de los intereses del Estado totalitario y no de los trabajadores.
Se mantienen los mecanismos de compulsión y coerción que obligan a los trabajadores a pertenecer al sindicato único y oficial con lo que es violado el punto 2 del artículo 20 de la DUDH.
La pertenencia al dicho sindicato único es además una de las vías de acceso a prebendas, reconocimientos y beneficios sociales y económicos no asociados al mayor o mejor aporte al bien común. Son numerosos los casos de trabajadores que han sido emplazados y hasta despedidos por no asociarse al sindicato oficial.
El derecho a la huelga no es reconocido. Cualquier intento en este sentido puede ser contemplado dentro del artículo 220.1 del Código Penal , según el cual se sanciona con ¨privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas a el que, a consecuencia de incumplir con las obligaciones que le están impuestas por razón del cargo, empleo, ocupación u oficio que desempeñe en una entidad económica, en especial, las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de normas o con la disciplina tecnológica, ocasione un daño o perjuicio considerable a la actividad de producción o prestación de servicios que en la misma se realiza…”.
Los convenios colectivos de trabajo muestran contenidos que ratifican la ya señalada subordinación de la CTC al Estado –Patrón, pues se orientan fundamentalmente a lograr el cumplimiento de las metas gubernamentales de producción y servicios y simultáneamente ignoran los intereses reales de los trabajadores.
El Estado impide la satisfacción del derecho a la libre contratación y a recibir el pago directo de los empresarios extranjeros a los trabajadores cubanos dentro del territorio nacional. Es además el único contratista de nacionales cubanos para trabajar en el exterior. Todos estos mecanismos refuerzan el control político sobre los ciudadanos.
Un proyecto de nación centrado en la persona humana y sus derechos inalienables debe incluir el reconocimiento de sindicatos de trabajadores y otras instituciones profesionales independientes según los derechos refrendados por la normativa internacional de derechos humanos. (Artículos 20-1 y 23-4 de la DUDH, así como del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Los convenios colectivos de trabajo deben reflejar las propuestas de los trabajadores inherentes a sus propios intereses sin que medie coacción de tipo alguno.
Las condiciones de trabajo, así como la remuneración a los trabajadores, deben resultar satisfactoria y equitativas para que así brinden la posibilidad real de disfrutar de “… un nivel de vida adecuado…” según es demandado por los artículos 23-3 y 25 de la DUDH, así como los 6, 7 y 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.
7.- NO A LA EXCESIVA CENTRALIZACIÓN. “… el Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza.”(21)
La excesiva centralización en manos del expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Secretario General de PCC, y en las del grupo de poder sucesor más recientemente, es uno de los rasgos esenciales del gobierno del país en los últimos cincuenta años.
Esta excesiva centralización, como señaló Ignacio Agramante en su discurso del 22 de febrero de 1862, ha sido la causa primera y única de la fusión de los tres poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) en un individuo o grupo de poder de la que han derivado:
*La institucionalización y el carácter sistemático de las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, en particular y con énfasis en las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación y la de prensa, al estar ausentes la armonía y compensación que deben acompañar a la separación e independencia de estos poderes.
Ello se acompaña de la ausencia o ineficiencia de mecanismos de defensa de los derechos violados, la debida indemnización de las víctimas y la sanción en justicia a los violadores.
*La reducción del desempeño de los funcionarios públicos y las organizaciones de la sociedad civil a simples poleas transmisoras de la voluntad de los jerarcas y al control de toda la vida social, incluida la familiar y la privada, e incluso a la ejecución de acciones represivas.
*El excesivo número de empleados públicos ha hecho realidad lo advertido por Ignacio Agramante:
“… a pesar del gran número de empleados que requiere la dicha administración, los funcionarios no tienen tiempo suficiente para despachar el cúmulo de negocios que se aglomeran en el Gobierno por su intervención tan peligrosa como minuciosa en los intereses locales e individuales, y de aquí demoras harto perjudiciales, y lo que es peor aún, su despacho, tras dilatado, es encomendado por su número a subalternos, cuya impericia o falta de conocimientos locales no ofrecen garantía alguna de acierto.”(22) Esto ha sido, y es, el caldo de cultivo idóneo para el crecimiento desmedido y generalizado de la corrupción, el clientelismo, el nepotismo, las falsas informaciones, la sustitución de los más capaces por los más “incondicionales”, entre otras muchas lacras que podrán convenir a un grupo de cubanos, pero nunca a la Nación.
*La irrupción improcedente de lo ideológico y lo político en el sistema educativo, lo que lo ha convertido en un herramienta de propaganda y control social más que uno para satisfacer lo demandado por el artículo 26-2 de la DUDH y el 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta concentración, en una persona o grupo de ellas, de todo el poder real del país imposibilita considerar a Cuba como una República como dice la letra de la Constitución que debía ser. La concentración de las atribuciones constituyentes, legislativas ejecutivas y judiciales en la Asamblea Nacional del Poder Popular no corresponden en modo alguno a un sistema republicano de gobierno, ni es en lo absoluto democrático al excluir toda posibilidad de participación popular real en las decisiones sobre las vidas individuales y la social ante un gobierno excesivamente centralizado, unívoco y autoritariamente determinante de las vidas y actos de los ciudadanos, so pena de marginación social y represión a todo disidente.
No es posible olvidar que la Nueva República que diseñó Martí no puede dejar de tener en cuenta que “Una de las bases de un buen gobierno (…) es la de la independencia interior de sus organizaciones, ajustables así a lo particular y local…” (23)
Sigue siendo válido lo advertido hace medio siglo:
“En un palacete de la Quinta Avenida, estos ministros pueden charlar alegremente hasta que no quede ya ni el polvo de los huesos de los que hoy reclaman soluciones urgentes. Y en el mundo actual ningún problema social se resuelve por generación espontánea.” (24)
8.- CONSTITUCIÓN Y PODERES. CONSTITUCIÓN. “… en el palacio de nuestra ley ajustemos las leyes de nuestra tierra a su composición histórica,” (25) Desde su Preámbulo, la Constitución actual niega el modelo de Nueva República al asegurar que la misma ha sido elaborada “guiados por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin.”
Es el propio José Martí quien nos advirtió reiteradamente la improcedencia de acudir a doctrinas extranjeras para nuestros diseños y actuar nacional, como es el caso por ejemplo de:
“No han entendido que la política científica no esta en aplicar a un pueblo, siquiera sea con buen voluntad, instituciones nacidas de otros antecedentes y naturaleza, y desacreditadas por ineficaces donde parecían más salvadoras; sino en dirigir hacia lo posible el país con sus elementos reales.” (26)
“desde sus raíces se ha de constituir la patria con formas viables, y de sí propia nacidas,” (27)
Inspirarnos en Martí, concebido como compendio y síntesis de nuestros padres fundadores, tomando lo mejor del pensamiento y las experiencias exitosas, nacionales e internacionales, y en la normativa internacional de los derechos humanos, es suficiente.
Preferenciar desmedida e impositivamente esta o aquella doctrina extranjera en el diseño nacional es negar, de jure y de facto, el ideario martiano.
El artículo 5 de la Constitución impide a los cubanos que no militan en el PCC el pleno disfrute de derechos como los refrendados en los artículos 7 inciso C del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues, solo militantes o al menos incondicionales, pueden acceder a mejores puestos de trabajo así como los artículo 13.2, 13.3 y 13.4 del mismo documento al otorgarse carreras por integración y no “sobre la base de la capacidad de cada uno” y la imposibilidad de los padres de escoger el tipo de educación deseada para sus hijos, entre otros.
De acuerdo a lo ejemplificado los cubanos que no militan en el PCC o manifiestan incondicionalidad al mismo sufren trato diferenciado o discriminación por su opinión u opción política con lo que se viola lo reconocido en el punto 2 del artículo 2, parte II del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
El carácter rector de la sociedad indebidamente asumido por el PCC viola del pacto internacional de derechos civiles y políticos los artículos 2.1, el 3 y el 18 al ser coartadas las libertades de pensamiento y conciencia con la imposición de la ideología marxista-leninista como oficial y como referente en la formación de las nuevas generaciones por el sistema educativo, así como los artículos 19, 21, 22 y 25 de dicho pacto.
La Constitución debe contemplar el cuerpo del derecho internacional de los derechos humanos como jerárquicamente superior a ella y sus enunciados como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en ella. El Abogado Fidel Castro Ruz precisó:
¨ Es un principio elemental de derecho público que no existe constitucionalidad allí donde el Poder Constituyente y el Poder Legislativo residen en el mismo organismo.¨ (28) Referido a ¨Los Estatutos¨, impuestos por el dictador Fulgencio Batista en sustitución de la Constitución del 1940, Fidel Castro, después de definir lo entendido por Constitución, analizó:
“Los Estatutos no llenan ninguno de estos requisitos. Primeramente encierran una contradicción monstruosa, descarada y cínica en lo más esencial, que es lo referente a la integración de la república y el principio de la soberanía. El articulo 1 dice: ¨Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como República democrática…¨El artículo 2 dice: ¨La soberanía reside en el pueblo y de este dimanan todos los poderes.¨ Pero luego vienen el artículo 118 y dice: ¨El Presidente de la República será designado por el Consejo de Ministros. ¿Y quien elige el Consejo de Ministros? El artículo 120, inciso 13: ¨Corresponde al Presidente nombrar y renovar libremente a los ministros sustituyéndolos en las oportunidades que proceda.¨ ¿Quién elige a quién por fin? ¿No es este el clásico problema del huevo y la gallina que nadie ha resuelto todavía?¨ (29)
Al comparar este análisis con la situación actual tenemos que según el artículo 75 de la Constitución, referido a las atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), se descubre la concentración en ella de todo el poder que le permite: Reformar la Constitución (inciso a); aprobar, modificar o derogar leyes(inciso b); decide acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos- leyes, decretos y demás disposiciones generales (inciso c); revoca todo o en parte los decretos dictados por el Consejo de Estado(inciso ch); elige a los miembros del Consejo de Estado (inciso l); elige a los jueces del Tribunal Supremo Popular (inciso m); elige al Fiscal General y vice-fiscales de la República (inciso n); y, en fin, ejerce la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno
De esta forma, se ve claramente como la ANPP concentra en sí, o a través del control que ejerce sobre el Consejo de Estado, las atribuciones constituyentes, legislativas, ejecutivas y judiciales.
Por otro lado se tiene que dicha Asamblea se nutre de funcionarios y las directivas elaboradas en el seno del Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo se garantiza entonces la participación de todos los ciudadanos, no comunistas o no incondicionales, al gobierno de su país como se estipula en el artículo21 de la DUDH y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?
Se repite en nuestra historia la inobservancia de este ¨…principio elemental de derecho público…¨, al fundir los poderes en un único centro, esta vez, por quienes arguyeron tal violación como razón crítica que justificara su actuar violento en contra de los poderes espurios establecidos entonces.
Es evidente que cambiar este orden de cosas se ha de incluir entre los cambios estructurales e institucionales prometidos en pos de tener, al fin, una ¨ley suprema de nuestra República¨ que realmente ¨sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.¨, de TODOS LOS HOMBRES sin que nada divida, aparte o acorrale a parte de ellos por el sólo hecho de pensar diferente al dogma oficialmente impuesto. Bien precisó fue el Apóstol al respecto cuando sentenció:
“…el deber de procurar el bien mayor de un grupo de hijos del país, no puede ser superior al deber de procurar el bien de todos los hijos del país.” (30)
JUSTICIA Y LEGALIDAD.
No existe en lo absoluto la posibilidad de ser juzgado por un juez imparcial e independiente como es demandado por el derecho natural refrendado en los artículos 10 de la DUDH y el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Lo anterior deriva del hecho de que la ANPP concentra en si todo el poder político y controla todas las demás instituciones del gobierno como ya señalamos anteriormente.
Por su parte, el Consejo de Estado-subordinado a la ANPP y presidido hasta hace poco por Fidel Castro y actualmente por su hermano Raúl- tiene la facultad de dar a las leyes vigentes una interpretación general obligatoria para los jueces (según el inciso ch del artículo 90 de la Constitución) e imparte instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (inciso h, artículo 90 de la Constitución).
Es el Consejo de Estado, además, la última instancia de apelación para determinados delitos, lo que garantiza la total subordinación del Poder Judicial al poder único y personal encabezado por el Presidente del Consejo de Estado de turno.
Tratando de demostrar la improcedencia de la sanción que le iba a imponer el tribunal que le juzgara por los ataques a los cuarteles en 1953 por no tener ¨… justificación ante la razón, ante la sociedad y ante la verdadera justicia.¨, Fidel Castro arguyó: “Mis razonamientos van encaminados a demostrar lo falso y erróneo de la posición adoptada en la presente situación por todo el Poder Judicial, del cual cada tribunal no es más que una simple pieza obligada a marchar, hasta cierto punto, por el mismo sendero que traza la máquina, sin que ello justifique, desde luego, a ningún hombre a actuar contra sus principios. Se perfectamente que la máxima responsabilidad le cabe a la alta oligarquía que sin un gesto digno se plegó servilmente a los dictados del usurpador, traicionando a la nación y renunciando a la independencia del Poder Judicial.”(31)
No se puede hablar de imparcialidad e independencia respecto de un tribunal que es controlado directamente por el gobierno central, cuya doctrina interpretativa de la ley puede serle impuesta por un órgano ejecutivo, y que puede además recibir instrucciones de carácter general.
Esta imparcialidad y esta falta de independencia son notables especialmente respecto del juzgamiento de aquellas causas penales en que se acusa a personas por delitos contra la seguridad del Estado o por las figuras penales contenidas en la ley 88 del 99.
La falta de independencia de criterios de los jueces populares hace que la apelación a un tribunal superior sea una mera formalidad.
Son ejemplos relevantes y muy lamentables que ilustran lo expuesto; por un lado, el no encauzamiento de todos los que de una u otra forma participaron en el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo ocurrido el 13 de julio del 1994 (ignorando las reiteradas peticiones al respecto a la Fiscalía General por ciudadanos cubanos) que causó 36 víctimas fatales, entre ellas 11 niños; y, por otro lado, el caso de los jóvenes negros cubanos fusilados el 2 de abril del 2003 por intentar salir hacia EU secuestrando una embarcación sin causar víctimas fatales.
Los que de una u otra forma provocaron el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo no han sido sometidos siquiera a un juicio por asesinato o, al menos, por homicidio culposo, como prescribe la ley que debe ser. Ellos se mantienen impunes a 18 años del horrendo crimen..
Los restos de las víctimas no han podido ser recuperadas del fondo del mar por negativa de las autoridades cubanas. Investigadores independientes no han podido esclarecer lo sucedido. Sólo quedan los testimonios de los sobrevivientes y las contradictorias declaraciones oficiales cubanas. La Historia dirá la última palabra, como ocurrió con nuestros siete estudiantes de medicina asesinados por los colonialistas españoles.
Los tres jóvenes cubanos referidos fueron detenidos el 2 de abril. Se les celebró el juicio el día 8 resultando condenados a muerte. Contra la sentencia sumaria, ocurrieron sus ratificaciones al otro día por el Tribunal Supremo Popular y, al día siguiente, por el Consejo de Estado, entonces presidido por Fidel Castro. Fueron ejecutados el 10 de abril.
Bastaron 8 días para ser juzgados, sentenciados, ratificadas las sentencias y ejecutados por la sola razón de Estado de ¨dar un escarmiento¨ para detener la serie de secuestros ocurridos entonces.
¡NO MAS PRESOS POLÍTICOS NI MAS EXILIADOS EN LA TIERRA DE MARTÍ Y DEL GENERAL ANTONIO MACEO! (32)
Siendo consecuentes con este anhelo, parece llegada la hora de:
Atender a la “Recomendación General” contenida en la Moción Ciudadana sobre Derechos Humanos en Cuba-2004 (página 22) que fuera presentada a las autoridades cubanas en enero del 2005 y que textualmente dice:
“Promulgar una ley de amnistía para todos aquellos ciudadanos que cumplen condenas por causas asociadas a posturas disidentes y opositoras al actual sistema y su gobierno, abandonando la práctica de reprimir, de cualquier manera, las manifestaciones pacíficas de estos ciudadanos.”
En tanto que lograr no “… más exiliados en la tierra de Martí y del General Antonio Maceo”, demandamos el cumplimiento de las recomendaciones hechas en la misma Moción ya referida, en su página 11, y entre las que cuentan:
* “Eliminar las restricciones legales y administrativas (carta de invitación, permisos de salida así como la figura de “salida definitiva” del país) por ser limitantes del derecho de libre movimiento y de elección del lugar de residencia de las personas.”
* “Cesar las prohibiciones de visitas temporales o regresos para establecerse definitivamente en la isla a aquellos cubanos que hayan salido de la misma, independientemente de las razones que los llevaron a ella.”
No se pueden olvidar las causas que Martí indicó para el exilio:
“…a quienes el aborrecimiento de la tiranía, y el miedo de la pobreza creciente, han echado a buscar libertad y sustento por el mundo;” (33)
En estos momentos en que, tanto los que quedamos como los que partieron, sufrimos nuestros fracasos personales y sociales, y nos alegramos, y hasta se benefician directamente algunos, de los éxitos de ambos bandos, es hora de exigirnos y exigir a los demás cubanos:
¡ Basta de divisiones, basta de alentar odios en el templo sagrado de la Patria donde sólo debe reinar el amor, basta de epítetos descalificativos, basta de ser injustos evadiendo la aplicación de la justicia a quienes lo merezcan- estén donde estén y pertenezcan a lo que pertenezcan.! ¡No a la intolerancia! ¡No a las violaciones de derechos humanos! ¡No a todo lo que limite o atente contra el desarrollo humano! “! La tierra se viene por nuestro camino, y los de allá y los de acá no tenemos más que hacer que juntar, con prudencia, nuestros corazones!” (34)
Señores gobernantes: Uds. tienen el poder de decisión. Nosotros sólo el de proponer e insistir muchas veces más si fuera necesario hasta que en las cosas de nuestra Patria se actúe en Justicia, Razón y Derecho, como nos enseñó Antonio Maceo que debía ser. La Historia inevitablemente juzgará. Absolución o condena: sólo de Uds. depende. Nuestra parte del deber está cumplida.
“Ya en Cuba esta planteado el problema inevitable de todos los pueblos (…) la minoría soberbia, que entiende por libertad su predominio libre sobre los conciudadanos a quienes juzga de estirpe menor, la igualdad de derechos de todos los hombres” (35) Ofreciéndoles una rosa blanca tanto a los amigos sinceros como a los adversarios, y sin más por el momento, quedo de Uds.,
Localización: Sin domicilio reconocido. Dirección de posible contacto: Ave 45 No 2410 entre 24 y 26.Cabañas, Municipio Mariel. Provincia Habana. Cuba
E mail: corrientemartiana2004@gmail.com
Comentarios a web blog: http://corrientemartiana.wordpres.com/ Referencias:
(1) Martí, José Obras Completas (OC), Tomo (T)-22, Pág.86 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(2) Martí, José OC, T -1 Pág. 280 Ídem (3) Martí, José OC, T-4, Pág. 452 Ídem
(4) Martí, José OC, T-4, Pág. 193 ¨
(5) Martí, José OC, T-3, Pág. 139 ¨
(6) Martí, José OC, T-3, Pág. 78 ¨
(7) Martí, José OC, T-4, Pág. 239 ¨
(8) Martí, José OC, T-6, Pág. 311 ¨
(9) Martí, José OC, T-7, Pág. 124 ¨
(10) Castro Ruz, Fidel “La Historia me absolverá” Pág. 47 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001.
(11) Martí, José OC, T- , Pág. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(12) Castro Ruz, Fidel “La Historia me absolverá” Pág.49 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001.
(13) UN Lista de publicaciones de la OHCHR de UN Internet. Folleto informativo No. 21 Pág. 3 y 4 of 30 . (14)Castro Ruz, Fidel “La historia me absolverá” Pág. 47 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001
(15) Autores varios Moción ciudadana sobre derechos copia en web blog:
humanos en Cuba.2004 http://corrientemartiana.wordpress.com/
(16) Martí, José. OC, T- Pág. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(17) Martí, José OC, T-7, Pág. 124 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(18) Martí, José OC, T-8, Pág. 16 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(19) Martí, José OC, T-8, Pág. 281 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(20) Castro Ruz, Fidel “La historia me absolverá” Pág. 49 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001
(21)Pastrana, Juan J. Ignacio Agramante: su pensamiento. Editorial de ciencias sociales, 1987 político y social. Pág.61 La Habana
(22) Pastrana, Juan J. Ignacio Agramante: su pensamiento Editorial de ciencias sociales, 1987 político y social. Pág.59 La Habana
(23)Martí, José OC, T-1, Pág. 443 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(24)Castro R., Fidel “La historia me absolverá” Pág. 46 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001
(25) Martí, José OC, T-4, Pág. 264-265 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(26) Martí, José OC, T-4 Pág. 248 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975
(27) Martí, José OC T-4 Pág. 99 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001
(28) Castro R, Fidel “La historia me absolverá” Pág. 88 Ídem
(29)Castro R., Fidel “La historia me absolverá” Pág. 85- 86 Ídem.
(30)Martí, José OC T-1 Pág. 335-336 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975
(31)Castro R., Fidel “La historia me absolverá” Pág. 73 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001
(32) Mencía, Mario “La Prisión Fecunda” Págs. 189 y 235 Editora Política, La Habana, 1980
(33) Martí, José OC T- 5 Pág. 44 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975
(34) Martí, José OC T- 4 Pág. 263 Ídem.
(35) Martí, José OC T- Pág. 104 Conceptos relacionadosAnálisiscensuraCubarelevanteSociedadactivistas de Derechos HumanosCarta AbiertaCubaopositoresRaúl CastroSociedad Civil Cubana	López Pérez denuncia situación actual de la prisión de Guantánamo

References: artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 220
 artículo 8
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 118
 artículo 120
 artículo 75
 artículo21
 artículo 90
 artículo 90