Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-d55-2012.html
Timestamp: 2018-05-27 10:12:38+00:00

Document:
Decreto 55/2012, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
Publicado en BOIC núm. 123 de 25 de Junio de 2012
Vigencia desde 26 de Junio de 2012. Revisión vigente desde 26 de Junio de 2012
Disposición Adicional Única Designación de los componentes del Observatorio Industrial de Canarias en representación de las organizaciones más representativas de la pequeña y mediana empresa industrial
Disposición Final Primera Modificación del Decreto 43/2003, de 7 de abril, por el que se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales
ANEXO . REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO.
Artículo 6 Competencias en materia de trabajo, empleo y formación profesional ocupacional y continua
SECCIÓN 1. Viceconsejería de Industria y Energía
SECCIÓN 2. Secretaría General Técnica
SECCIÓN 3. Dirección General de Trabajo
SECCIÓN 4. Dirección General de Industria
SECCIÓN 5. Dirección General de Comercio y Consumo
Artículo 19 Competencias generales y específicas
Artículo 20 Carácter
Artículo 21 Ámbito territorial
Artículo 23 Composición y funciones
CAPÍTULO VI. ÓRGANOS COLEGIADOS
SECCIÓN 4. Comisión de Actualización y Seguimiento de la Planificación de Infraestructuras Energéticas
Artículo 27 Competencias, composición y funcionamiento
Artículo 28 Competencias, composición y funcionamiento
Artículo 30 Competencias, composición y funcionamiento
SECCIÓN 8. Consejo General del Consumo de Canarias
SECCIÓN 9. Comisión Canaria de Consumo
SECCIÓN 10. Junta Arbitral de Consumo de Canarias
SECCIÓN 11. Observatorio del Comercio de Canarias
Artículo 34 Carácter, competencias, composición y funcionamiento
SECCIÓN 12. Red Canaria de Consumo
Artículo 35 Carácter, competencias, composición y funcionamiento
SECCIÓN 13. Observatorio Industrial de Canarias
Artículo 36 Carácter, competencias, composición y funcionamiento
D 98/2013 de 26 Sep. CA Canarias (reglamento orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio)
D [CANARIAS] 55/2012, 14 junio, derogado por la disposición derogatoria única del D [CANARIAS] 98/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio («B.O.I.C.» 9 octubre) el 10 de octubre de 2013.
El artículo 7 del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, dispone que, bajo la superior dirección de su titular, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio se estructura en los siguientes órganos superiores: la Viceconsejería de Industria y Energía, de la que depende la Dirección General de Industria; la Secretaría General Técnica y las Direcciones Generales de Trabajo y de Comercio y Consumo.
Igualmente, el citado precepto dispone que están adscritos a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio el Consejo Económico y Social a efectos presupuestarios y de relaciones con el Gobierno, así como el Servicio Canario de Empleo.
La Disposición Final Primera del citado Decreto 170/2011, de 12 de julio, establece que los departamentos afectados por el mismo elevarán al Gobierno, en propuesta conjunta con la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, los correspondientes proyectos de estructura orgánica y funcional de los Departamentos.
En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 14 de junio de 2012,
La designación de las entidades que habrán de integrarse en el Pleno del Observatorio Industrial de Canarias en representación de las organizaciones más representativas de la pequeña y mediana empresa industrial conforme a la nueva composición del mismo prevista en el artículo 36 del Reglamento Orgánico que se aprueba por el presente Decreto, se llevará a efecto mediante orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, teniendo en cuenta los criterios de territorialidad y representatividad establecidos en el mencionado precepto. Dicha orden departamental será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Durante los dos meses siguientes a la designación de las entidades a que se refiere el párrafo anterior, las personas titulares y suplentes en representación de las mismas serán nombradas conforme al procedimiento previsto en el artículo 36.10 del Reglamento Orgánico.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, y, específicamente el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
El Decreto 43/2003, de 7 de abril, por el que se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, se modifica en los siguientes términos:
- El apartado 2 del artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:
«2. El Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales es una unidad administrativa del Servicio Canario de Empleo con dependencia funcional de éste y de la Consejería competente en materia de educación».
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO.
a) Trabajo, empleo y formación profesional ocupacional y continua.
1. La Consejería de Empleo, Industria y Comercio, bajo la superior dirección del Consejero o Consejera, se estructura en los siguientes órganos superiores y territoriales:
a) Viceconsejería de Industria y Energía.
c) Dirección General de Trabajo.
d) Dirección General de Industria.
e) Dirección General de Comercio y Consumo.
2. Depende de la Viceconsejería de Industria y Energía la Dirección General de Industria.
3. La Secretaría General Técnica, la Dirección General de Comercio y Consumo y la Dirección General de Trabajo dependen directamente del Consejero o Consejera.
4. Depende de la Dirección General de Trabajo el Instituto Canario de Seguridad Laboral.
g) Consejo General del Consumo de Canarias.
h) Comisión Canaria de Consumo.
i) Junta Arbitral de Consumo de Canarias.
j) Observatorio del Comercio de Canarias.
k) Red Canaria de Consumo.
l) Observatorio Industrial de Canarias.
En materia de trabajo, empleo y formación profesional ocupacional y continua, corresponde al Consejero o Consejera:
a) La imposición de sanciones por infracciones en el orden social y por obstrucción calificadas como muy graves, con multas en su grado máximo y, en su grado medio, cuando superen los cincuenta mil (50.000,00) euros.
B) En materia de empleo y formación profesional ocupacional y continua:
a) La propuesta al Gobierno de los planes de política industrial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los que se identifiquen las actuaciones prioritarias para el desarrollo industrial dentro de la Comunidad Autónoma.
e) La aprobación de las normas reguladoras del funcionamiento de los agentes que participan en el control metrológico para la realización de las comprobaciones reglamentarias en materia de metrología y metrotecnia.
h) La imposición de las sanciones por infracciones muy graves previstas en la legislación en materia de industria.
i) La imposición de sanciones por infracciones calificadas como muy graves en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.
j) La imposición de sanciones por infracciones muy graves en materia energética en aquellos supuestos en que dicha potestad sancionadora no esté reservada al Gobierno por la normativa autonómica.
l) La imposición de sanciones por infracciones calificadas como leves en aquellos supuestos en que dicha potestad sancionadora esté reservada al Consejero o Consejera por la normativa reguladora.
d) La imposición de las sanciones por infracciones muy graves previstas en la legislación en materia minera y metalúrgica.
c) El ejercicio de las competencias de la Administración autonómica en materia de precios autorizados y comunicados de ámbito autonómico, excepto los precios de los transportes interurbanos y los precios máximos o de vigilancia especial para las transacciones de agua que se celebren en cada isla y para el transporte de agua entre diversos puntos de cada isla.
d) La concesión, revocación y declaración de caducidad de las licencias comerciales, así como la inadmisión a trámite de las solicitudes de éstas.
i) La propuesta al Gobierno de la actualización de las cuantías de las sanciones, así como, en los supuestos de infracciones muy graves, del cierre temporal del establecimiento donde se haya producido la infracción, en los supuestos establecidos en la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra j).
j) La clausura o cierre de establecimientos que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos y la suspensión de la actividad, en los términos establecidos legalmente.
b) La imposición de sanciones por infracciones calificadas como graves, cuando excedan de la cuantía establecida en la legislación vigente, así como de sanciones por infracciones calificadas como muy graves.
d) La designación de las personas que componen la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.
1. Corresponden a la Viceconsejería de Industria y Energía, bajo la superior dirección del Consejero o Consejera, las competencias previstas en el artículo 11 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, elevándose a seiscientos un mil (601.000) euros el límite para el ejercicio de las facultades inherentes como órgano de contratación.
2. Asimismo, sin perjuicio de la superior dirección del Consejero o Consejera, le corresponde el impulso, dirección y coordinación del área funcional atribuida a la Dirección General que tiene adscrita y, en concreto, las competencias siguientes:
b) La promoción del desarrollo y coordinación de planes de mejora de la calidad del suministro eléctrico y de programas de electrificación encaminados a garantizar la oferta en zonas carentes del servicio de energía eléctrica o a reducir el impacto social o ambiental de las infraestructuras eléctricas.
c) La dirección y coordinación de la planificación de las políticas de promoción y desarrollo industrial, energético y minero.
d) El seguimiento de las actividades a realizar por las sociedades mercantiles públicas y participadas relacionadas con la energía, adscritas a la Consejería.
e) El impulso de la puesta en práctica del conjunto de medidas propuestas por el Plan Energético de Canarias.
f) El impulso de los estudios que permitan potenciar en Canarias los sectores industriales, energéticos y mineros.
g) Las asignadas a las Secretarías Generales Técnicas por el artículo 15.7 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, respecto del personal de las unidades que tengan adscritas directamente, y sin perjuicio del orden competencial establecido en la Ley de la Función Pública Canaria.
h) La imposición de sanciones por infracciones graves en materia industrial y minera propias de la Consejería.
i) La imposición de sanciones por infracciones graves en materia energética en aquellos supuestos en que dicha potestad sancionadora no esté reservada al Gobierno por la normativa autonómica.
j) La imposición de sanciones por infracciones calificadas como graves en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.
k) La imposición de sanciones por infracciones leves en materia energética en aquellos supuestos en que dicha potestad sancionadora no esté reservada a la persona titular del Departamento por la normativa autonómica.
l) La propuesta al Consejero o Consejera de la imposición de sanciones por infracciones calificadas como leves en materia energética en aquellos supuestos en que dicha potestad sancionadora esté reservada a la misma por la normativa autonómica.
B) En materia de energía, le corresponde las competencias de dirección, coordinación, estudio y resolución no atribuidas específicamente a otro órgano y, en concreto, las siguientes:
f) La gestión de los registros administrativos en materia de energía que correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con la normativa vigente en materia de energía.
g) El desarrollo, aprobación y coordinación de planes y programas para la mejora del sector energético y convenios con las compañías distribuidoras de energía eléctrica para la realización de planes de obras en esta materia.
C) En materia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) industriales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras Consejerías, le corresponde la dirección y coordinación de la planificación de las políticas de apoyo a las PYMES industriales, y su promoción regional.
D) En materia de artesanía, le corresponde dirigir las jornadas, seminarios, congresos y otros eventos regionales, nacionales o internacionales que se celebren en el Archipiélago Canario.
1. Corresponden a la Secretaría General Técnica las competencias previstas en el artículo 15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, elevándose a trescientos un mil (301.000) euros el límite para el ejercicio de las facultades inherentes como órgano de contratación.
1. La Dirección General de Trabajo ejercerá, en su ámbito funcional, las competencias previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, elevándose a trescientos un mil (301.000) euros el límite para el ejercicio de las facultades inherentes como órgano de contratación.
f) La resolución de procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como muy graves, cuando la cuantía de la multa, en su grado mínimo, supere los doce mil quinientos (12.500,00) euros y, en su grado medio, no supere los cincuenta mil (50.000,00) euros, en el orden social y por obstrucción.
g) La resolución de procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como muy graves, con multa en su grado mínimo, en materia de prevención de riesgos laborales.
h) La coordinación de los servicios y el ejercicio de funciones en materia de seguridad laboral.
i) La coordinación y ejercicio de las competencias en materia de elecciones a los órganos de representación de trabajadores en la empresa y del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a recepción, depósito y publicidad de comunicaciones para la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales, recepción de las relaciones de las actas y comunicaciones y certificación de la capacidad representativa de las organizaciones sindicales y de los resultados de las mencionadas elecciones, así como en materia de datos sobre representatividad de las organizaciones empresariales.
j) El Mutualismo no integrado en la Seguridad Social y, en particular, la aprobación de la constitución, clasificación y registro de las entidades correspondientes, y la autorización de absorciones, fusiones y disoluciones de las mismas.
k) La recepción y publicación de los Acuerdos y Pactos a que se refiere el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
l) La ejecución y gestión de las ayudas del Estado, previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
m) La autorización, registro y demás actuaciones en materia de empresas de trabajo temporal.
n) La ampliación del plazo de incorporación y consiguiente paralización de la efectividad del traslado en los supuestos de movilidad geográfica previstos en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando los trabajadores afectados tengan su residencia dentro del ámbito territorial de su competencia.
ñ) La apertura y reanudación de actividades en centros de trabajo, correspondiéndoles conocer de las respectivas comunicaciones.
o) La mediación, arbitraje y conciliación en conflictos individuales de carácter laboral.
p) La gestión de centros de tiempo libre y de otros centros y servicios, así como la gestión del cobro de recursos por utilización de centros y servicios propios, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
1. La Dirección General de Industria ejercerá, en su ámbito funcional, las competencias previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, elevándose a trescientos un mil (301.000) euros el límite para el ejercicio de las facultades inherentes como órgano de contratación.
2. Asimismo, le corresponde la dirección, coordinación, estudio y resolución de los asuntos en materia de industria, minas, fomento industrial y artesanía que no esté atribuida específicamente a otro órgano y, en concreto, las competencias siguientes:
A) En materia de industria, le corresponde:
c) La elaboración y propuesta de las disposiciones relativas a las materias que tiene encomendadas.
g) La promoción, impulso y planificación en relación con los aspectos relativos a la metrología y metrotecnia, así como la dirección de la gestión de las competencias ejecutivas en materia de pesas y medidas (metrología) y contrastes de metales.
t) La gestión de las competencias relativas a la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan, reguladas por el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio y, en concreto, lo siguiente:
v) La incoación y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves, en los términos previstos en la legislación aplicable.
x) Proponer a la Viceconsejería de Industria y Energía la imposición de sanciones por infracciones calificadas como graves.
B) En materia de minas, le corresponde:
ñ) La incoación y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves, en los términos previstos en la legislación aplicable.
o) La propuesta a la Viceconsejería de Industria y Energía de imposición de sanciones por infracciones calificadas como graves.
C) En materia de fomento industrial, le corresponde:
a) La difusión y gestión del sistema de incentivos regionales industriales.
D) En materia de artesanía, le corresponde:
2. Ejercerá, además, las competencias de dirección, coordinación, estudio y resolución en materia de comercio y consumo no atribuidos a otro órgano y, en particular, las siguientes:
d) La gestión de las competencias en materia de precios autorizados y comunicados de ámbito autonómico, excepto los precios de transportes interurbanos y los precios máximos o de vigilancia especial para las transacciones de agua que se celebren en cada isla y para el transporte de agua entre diversos puntos de cada isla.
g) La difusión y gestión del sistema de incentivos regionales comerciales.
l) La tramitación de los procedimientos de concesión de licencia comercial.
n) Las facultades inspectoras en las materias que le son propias, y el conocimiento de las denuncias y reclamaciones que se efectúen en materia de comercio.
o) Proponer al Consejero o Consejera la imposición de sanciones por infracciones calificadas como graves y muy graves.
g) El fomento del sistema arbitral de consumo como procedimiento eficaz para resolver los conflictos entre el empresariado y las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, la promoción e impulso de las adhesiones al mismo de empresas profesionales y organizaciones, así como prestar el necesario apoyo administrativo a la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.
h) La adopción de medidas provisionales en aquellos supuestos en que existan indicios de vulneración de los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, en los términos previstos en la legislación vigente.
i) La promoción de la adopción por parte del empresariado y profesionales de códigos de buenas prácticas en materia de protección a las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios.
j) La coordinación de los distintos departamentos con competencias concurrentes en materia de consumo respecto de la política de defensa de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios que establezca el Gobierno.
k) El desarrollo de actuaciones de inspección integral y control de calidad y seguridad, así como practicar la toma de muestras de los bienes y productos, o cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias.
l) La participación y colaboración con las demás Administraciones Públicas competentes en el sistema de intercambio rápido de información para la detección de riesgos graves e inminentes de los productos de consumo.
m) El diseño, promoción y realización de campañas divulgativas de los derechos de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, así como concertar con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones empresariales su participación activa en las mismas.
n) La recepción y tramitación de las denuncias y las reclamaciones que efectúen las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, así como la planificación, coordinación y dirección de la acción inspectora para el cumplimiento de la normativa sobre defensa de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios.
ñ) La incoación y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones leves y graves, cuando no excedan de la cuantía establecida en la legislación aplicable.
o) La propuesta al Consejero o Consejera de imposición de sanciones por infracciones calificadas como muy graves y graves, cuando excedan de la cuantía establecida en la legislación aplicable.
a) La imposición de sanciones por infracciones calificadas como leves, graves y muy graves, cuando la cuantía de la multa, en su grado mínimo, no supere los doce mil quinientos (12.500,00) euros, en el orden social y por obstrucción.
c) La tramitación y propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deba resolver la Dirección General de Trabajo.
2. Para la válida constitución de los órganos colegiados, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría y de la mitad, al menos, de las personas que lo componen o, en su caso, de quienes les sustituyan. Si no se alcanzará dicho quórum podrá celebrarse la correspondiente sesión en segunda convocatoria, media hora, como mínimo, después de la señalada para la primera, bastando para la válida constitución del órgano con la asistencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría y de un tercio de las personas miembros titulares o suplentes. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 26.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Comisión de Actualización y Seguimiento de la Planificación de Infraestructuras Energéticas
1. La Comisión de Actualización y Seguimiento de la Planificación de Infraestructuras Energéticas constituye el órgano consultivo para efectuar el seguimiento de la planificación de infraestructuras energéticas y su propuesta de actualización a la persona titular del Departamento.
b) Vicepresidencia: la persona titular de la Viceconsejería de Industria y Energía.
- Una persona designada por la Viceconsejería de Industria y Energía de entre el personal funcionario de la Viceconsejería que desempeñe una jefatura de servicio.
d) Secretaría: una persona designada por la Presidencia de entre el personal funcionario de la Viceconsejería de Industria y Energía, que actuará con voz y sin voto.
2. La Comisión Canaria de la Artesanía tendrá las funciones que le atribuye el artículo 2 del Decreto 99/2002, de 26 de julio.
a) Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Industria.
- Una persona técnica de la Dirección General de Industria, designada por la misma.
c) Secretaría: una persona designada por la Presidencia de entre el personal funcionario de la Dirección General de Industria, que actuará con voz y sin voto.
6. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, quien desempeñe la secretaría será suplida por la persona que designe la Presidencia de entre el personal funcionario de la Dirección General de Industria.
b) Vicepresidencia: la persona que ostente la Presidencia del Grupo de Trabajo.
8. Asimismo, a instancia de la Presidencia, las Consejerías no mencionadas en el apartado 4.c) podrán asistir a las reuniones que la Comisión de Precios de Canarias celebre en Pleno o en Grupo de Trabajo, en el supuesto de que en ellas se trate asuntos relacionados con las competencias que tienen atribuidas.
4. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, quien desempeña la Presidencia de las Comisiones será suplida por la persona titular de la Dirección General de Comercio y Consumo; y ésta, en su condición de vocal, será suplida por la persona que designe la Presidencia de la Comisión de entre el personal funcionario de la Dirección General de Comercio y Consumo que desempeñe una jefatura de servicio.
7. La Presidencia de las Comisiones Insulares en materia de comercio podrá invitar a participar en sus sesiones a cuantas personas estimen conveniente, atendiendo a su afinidad con la materia o asuntos de que se vayan a tratar.
Consejo General del Consumo de Canarias
1. El Consejo General del Consumo de Canarias constituye el órgano de colaboración, participación, asesoramiento e impulso de las medidas que afecten al consumo.
2. El Consejo General del Consumo de Canarias tiene las competencias que le atribuye la normativa en materia de personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. El Consejo General del Consumo de Canarias tendrá la siguiente composición:
- Una persona, designada de entre quienes sean titulares de sus órganos superiores, en representación de cada una de las Consejerías competentes en las siguientes materias: agricultura, pesca, educación, cultura, deportes, obras públicas, vivienda, aguas, trabajo, asuntos sociales, turismo, transportes, economía, industria y comercio.
- Dos personas en representación de la Consejería competente en materia de consumo.
- Una persona en representación de cada una de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación constituidas en Canarias.
- Dos personas representantes, una por provincia, de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios legalmente constituidas y radicadas en Canarias.
- Una persona en representación de los Cabildos Insulares.
- Una persona en representación de la asociación más representativa de los municipios canarios.
d) Secretaría: la persona designada por la Presidencia del Consejo de entre el personal funcionario de la Dirección General de Comercio y Consumo, que actuará con voz y sin voto.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, a petición de cualquiera de las personas titulares de las Consejerías con representación en el Consejo, podrán asistir a las reuniones del mismo personas especialistas de reconocida solvencia y cualificación profesional en aquellos asuntos que así lo requieran.
5. Las personas vocales serán nombradas por el Consejero o Consejera de Empleo, Industria y Comercio, a propuesta de los respectivos órganos y entidades.
6. Con fines informativos podrán asistir a las reuniones del Consejo, a petición de la Presidencia, personas representantes de organismos e instituciones que se puedan ver directa o indirectamente afectadas por las decisiones del Consejo.
7. En el seno del Consejo podrán formarse subcomisiones cuando se estime conveniente por razón de la materia.
Comisión Canaria de Consumo
1. La Comisión Canaria de Consumo es el órgano de coordinación entre las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, las oficinas municipales e insulares de información a las personas consumidoras y usuarias y el órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma competente en materia de consumo.
2. La Comisión Canaria de Consumo tiene las competencias que le atribuye la normativa en materia de personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. La Comisión Canaria de Consumo estará constituida por el Pleno y las Comisiones Permanentes de Consumo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, en el seno de la misma podrán formarse grupos de trabajos o subcomisiones cuando se estime conveniente por razón de la materia.
4. El ámbito territorial de la Comisión Permanente de Las Palmas será el de las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote; y el de la Comisión Permanente de Santa Cruz de Tenerife, el de las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife.
5. El Pleno de la Comisión Canaria de Consumo estará formado por:
- Dos personas en representación de la Dirección General de Comercio y Consumo.
- La persona titular de la consejería insular y de la concejalía responsable del área de consumo, de cada una de las corporaciones locales en cuyo seno existan oficinas insulares o municipales de información a las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios.
- Una persona en representación de cada una de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios legalmente reconocidas y radicadas en Canarias.
d) Secretaría: un funcionario de la Dirección General de Comercio y Consumo, designado por el Presidente, quien actuará con voz y sin voto.
6. Las Comisiones Permanentes de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife estarán integradas por los siguientes miembros:
- Un representante de la Dirección General de Comercio y Consumo.
- Un representante de cada una de las asociaciones de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios legalmente reconocidas en su ámbito territorial.
- Un representante de cada una de las Oficinas Municipales o Insulares de Información a las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios ubicadas en su ámbito territorial.
7. Podrán comparecer con voz y sin voto ante el Pleno y las Comisiones Permanentes de la Comisión Canaria de Consumo las personas que desempeñen la dirección de las oficinas municipales e insulares de información a las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, así como cuantas personas se estime conveniente por su particular cualificación en materia de consumo o por su especial conocimiento en relación con un asunto sobre el que aquélla decida pronunciarse.
8. Las personas integrantes del Pleno de la Comisión Canaria de Consumo serán nombradas por el Consejero o Consejera de Empleo, Industria y Comercio, a propuesta de los respectivos órganos y entidades.
9. Las personas integrantes de las Comisiones Permanentes serán nombradas por la Dirección General de Comercio y Consumo, a propuesta de los respectivos órganos y entidades.
1. La Junta Arbitral de Consumo de Canarias es el órgano encargado, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de las competencias propias de la administración del arbitraje de consumo, de acuerdo con la legislación aplicable.
2. La Junta Arbitral de Consumo de Canarias está compuesta por una Presidencia y una Secretaría, designadas por el Consejero o Consejera de Empleo, Industria y Comercio, a propuesta de la Dirección General de Comercio y Consumo.
3. Las funciones, composición y funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 37/1999, de 18 de marzo, de Ordenación de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.
c) La emisión del informe anual sobre el grado de cumplimiento, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de los criterios generales de equipamiento comercial de Canarias, teniendo en cuenta los informes que emitan las Comisiones Insulares en materia de comercio.
d) La emisión de informe de los proyectos de normas en materia de comercio interior que le sean sometidos a su consideración.
e) La elaboración y emisión de los informes que le sean recabados en materia de comercio interior.
f) Las demás funciones de consulta o asesoramiento que le encomiende el Consejero o Consejera de Empleo, Industria y Comercio.
a) Presidencia: la persona titular de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
- Cinco personas en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, designadas a propuesta la persona titular del departamento respectivo de entre quienes sean titulares de los órganos superiores, de ellas tres de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y dos de los departamentos competentes en materia de economía y de turismo.
La Presidencia del Observatorio y la de los grupos de trabajo podrán invitar a participar respectivamente en el pleno o en el correspondiente grupo a cuantas personas estime conveniente, atendiendo a su afinidad con la materia o asuntos de que se vaya a tratar.
4ª) El Observatorio podrá utilizar los medios materiales de la Consejería Empleo, Industria y Comercio para garantizar su adecuada organización y funcionamiento.
Las Comisiones Insulares de Comercio cooperarán con el Observatorio, emitiendo los informes que les sean requeridos para el cumplimiento de las funciones encomendadas al mismo.
7. Podrán comparecer con voz y sin voto ante el Pleno de la Red Canaria de Consumo y de las Redes de Consumo de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife cuantas personas se estime conveniente por su particular cualificación en materia de consumo o por su especial conocimiento en relación con un asunto sobre el que aquéllas decidan pronunciarse.
9. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, quien desempeñe la presidencia del Pleno de la Red Canaria de Consumo y de las Redes de Consumo de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife será suplida por la persona que designe de entre el personal funcionario de la Dirección General de Comercio y Consumo integrante de las mismas; y ésta, en su condición de vocal, lo será por la persona designada por la presidencia del pleno o de la red de entre el personal funcionario de la Dirección General de Comercio y Consumo.
5. Las Subcomisiones se constituirán por acuerdo del Pleno en el que se determinará su composición y funcionamiento. En todo caso, corresponde la presidencia de las Subcomisiones a la persona que ostente la Vicepresidencia, pudiendo suplirle la persona miembro del Pleno que la misma designe. Ejercerá la Secretaría de las mismas, con voz y sin voto, la persona designada por la presidencia de la subcomisión de entre el personal funcionario de la Viceconsejería de Industria y Energía o de la Dirección General de Industria.
- La persona titular de la Dirección General de Industria.
- Seis personas representantes de las organizaciones empresariales más representativas, conforme a la siguiente distribución:
* Dos en representación, una por provincia, de las organizaciones empresariales más representativas de la pequeña y mediana empresa industrial.
- Dos personas representantes de las dos organizaciones sindicales más representativas.
d) Secretaría: la persona designada por la presidencia del pleno de entre el personal funcionario de la Viceconsejería de Industria y Energía o de la Dirección General de Industria, que actuará con voz y sin voto.
2ª) Las Presidencias del Pleno y de las Subcomisiones podrán invitar a participar respectivamente en sus sesiones a cuantas personas estimen conveniente, atendiendo a su afinidad con la materia o asuntos de que se vaya a tratar.

References: Artículo 6

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 30

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 7
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 15
 resolución 
 artículo 15
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 19
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 2