Source: http://eljustoreclamo.blogspot.mx/2008_03_09_archive.html
Timestamp: 2018-05-24 23:28:13+00:00

Document:
El Justo Reclamo: 03/09/08
VIDEO : POR QUÉ SE EXPROPIÓ PEMEX (DE LA PELÍCULA "LA ROSA BLANCA")
fragmento de La Rosa Blanca, película de la época de oro del cine mexicano en el que se explica por qué se expropió el petróleo:
http://www.youtube.com/watch?v=nsJypdkoBA0
Todos a reenviar este video a todo el mundo porque no debemos olvidar POR QUE Pemex NO debe ni "asociarse" ni "hacer alianzas" (o sea PRIVATIZARSE) con el capital extranjero. Lo que pretenden los panistas es que se nos olvide que el petróleo YA estuvo una vez en manos extranjeras y solamente PERJUDICÓ a México.
UPDATE:Aquí está también el fragmento de La Rosa Blanca por si sólo:
http://www.youtube.com/watch?v=oriyPphaXBo
Otro clip más de La Rosa Blanca, película que, según cuentan, estuvo censurada durante 11 años porque denunciaba la rapacidad de las trasnacionales petroleras:
http://www.youtube.com/watch?v=T-KhAeVJiwo
Ya se cocinan los documentos falsos para salvar a Mouriño
■ El caso Mouriño debería ser llevado a tribunales
Una encuesta que tuvo la participación de 3 mil 646 personas muestra que la mayoría –55 por ciento– coincide en que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debería ser sometido a juicio, ya que abusó de su cargo como funcionario público para hacer negocios con Pemex, como lo demuestran documentos que él mismo ha reconocido como auténticos, aunque en su defensa argumenta que son legítimos. 43 por ciento opinó que debe renunciar a su cargo. Y sólo uno por ciento piensa que debe mantenerse en su puesto.
El escándalo del día atrajo una gran participación en el sondeo: enviamos 8 mil 357 cuestionarios por Internet y habíamos recibido hasta ayer la respuesta de 44 por ciento. Más de 200 personas acompañaron su voto con una opinión. Pueden leerse todas en el foro y algunos fragmentos en las líneas que siguen.
Hay que tomar en cuenta que si el secretario de Gobernación no cumple con los requisitos que la Constitución manda, no puede causar efecto ningún documento o acuerdo firmado durante su estancia al frente del cargo.
Después de la comparecencia de Juan Camilo Mouriño, el jueves ante el Sutrite (Supremo Tribunal de la Televisión), surgen razonables dudas. ¿Al reconocer que firmó con Pemex contratos de servicios en beneficio de su empresa, Ivancar, cuando era diputado federal panista y luego coordinador de asesores de Felipe Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía, el favorito de Los Pinos se echó la soga al cuello o inició, más bien, su defensa jurídica? Veamos… En apariencia, Mouriño aceptó ser culpable de haber violado el Código Penal Federal, en la modalidad de tráfico de influencias, coalición de funcionarios y delincuencia organizada, infracciones por las que podría ser inhabilitado de por vida, multado e incluso enviado a la cárcel… Sin embargo, las acusaciones podrían desvanecerse al tenor del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (…) de su empleo”, todo servidor público deberá (inciso XIII) “abstenerse de celebrar contratos relacionados con prestación de servicios de cualquier naturaleza (…) con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte (…) sin la autorización previa y específica de la Secretaría (de la Función Pública) a propuesta del titular de la entidad o dependencia de que se trate”, en este caso Pemex… Dicho de otro modo, si los abogados del titular de Gobernación consiguen presentar una “autorización previa y específica” de la Secretaría de la Función Pública, emitida de 2000 a 2004, para que Mouriño firmara esos contratos a petición de Pemex, el mozalbete gallego quedaría a salvo… de la cárcel, de la multa y de la inhabilitación, y sus cómplices en el presunto tráfico de influencias –los ex directores de Pemex Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como el actual, Jesús Reyes Heroles– volverían a conciliar el sueño, pero nada lo librará del descrédito en que ha caído sólo dos meses después de haber asumido la oficina de Bucareli… Esta columna apuesta doble contra sencillo a que en este preciso momento el gobierno espurio está abocado a la búsqueda o falsificación de tales “autorizaciones previas y específicas”, y no porque Desfiladero posea una bola de cristal sino porque así lo adelantaron, indiscretos como son, el senador Santiago Creel y el líder panista Germán Martínez, luego de reunirse con Mouriño el jueves por la mañana… De acuerdo con una nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada ayer en la página 5 de este diario, los sagaces tinterillos de la ultraderecha golpista opinaron que si el asunto saliera del Congreso –es decir, si dejara de ser político– y llegara al ámbito de la procuraduría, los asesores de Mouriño contarían con todos los elementos para defenderlo, “especialmente para justificar el porqué Pemex no tuvo otra opción, en el sureste”, que firmar esos contratos con Ivancar… Más claro, entonces, ni el agua. No obstante, no podrán desmentir que Mouriño violó la fracción número 14 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice que éstos deberán “informar por escrito al jefe inmediato y, en su caso, al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos (de interés personal, familiar o de negocios)” en que participen durante el desempeño de su cargo. ¿Y por qué no podrán desmentirlo? Hostia, porque el mismísimo Mouriño, durante su presentación en Televisa, el jueves, declaró en vivo y en directo, de costa a costa y de frontera a frontera, que mientras fue diputado federal y más tarde coordinador de asesores de la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, esto es, su jefe inmediato y superior jerárquico en ambos casos, “desconocía la existencia, a detalle, de mi participación en las transacciones” con Pemex… Salta a la vista, pues, que Mouriño está condenado a retirarse del servicio público antes de los “dos o tres meses” de gracia que le dio el diputado Juan N. Guerra, y que muy pronto caerá por varias e importantes razones: una, porque su situación jurídica, aun en el mejor de los casos, es insostenible; dos, porque su autoridad moral para prevalecer como “jefe” de la política interior es nula, y tres, porque todos los altos funcionarios que aparecen involucrados junto a él en presunto tráfico de influencias, delincuencia organizada y lo que resulte van a preferir sacrificarlo que sostenerlo… Es muy ilustrativo que, en esta obvia coyuntura, los principales chuchos del PRD intenten mirar para otro lado con la secreta esperanza de que la suerte le vuelva a sonreír a Mouriño. Allí está el ejemplo de Ruth Zavaleta, quien decidió no hablar del tema porque, así dijo, “no soy Ministerio Público”, plasmando una idea tan seductora que el priísta Emilio Gamboa Patrón no tuvo empacho en repetirla textualmente…. De igual modo, por obra y gracia de los propios chuchos, que se ausentaron el pasado miércoles del salón de sesiones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se abstuvo de aprobar un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a crear una comisión especial que investigue el tráfico de influencias y otros delitos atribuidos a Mouriño… Con tales posturas, los chuchos ratifican la evidente alianza que han establecido con Felipe Calderón, para robarse, o sea, ganar de cualquier forma, las elecciones internas del próximo domingo 16. Prueba de ello es la carta que una lectora le mandó a Julio Hernández y que éste publicó ayer, para contarle que recibió en su casa propaganda de Jesús Ortega, con datos que sólo poseen el IFE e Hildebrando, es decir, el gobierno de facto… Pero los chuchos están actuando a la sombra de los gobernadores perredistas, como sucede en el estado de Chiapas, donde Gyovani Campos, a nombre del secretario de Gobierno de Juan Sabines, Jorge Antonio Morales, coordina a los delegados de esa dependencia en las distintas regiones de la entidad, para que hablen con los presidentes municipales de todos los partidos políticos a fin de que éstos, en conjunto, le garanticen 100 mil votos a Ortega y a su candidato local, Alejandro Gamboa… Y el próximo viernes, anotenlo, a las 18 horas, en el auditorio de Villa Olímpica, el Círculo de Estudios de Coapa exhibirá La rosa blanca, la película de Roberto Gavaldón sobre la expropiación petrolera. La entrada será gratis, pero hay que llegar temprano. Y sigan escribiendo a jamastu@gmail.com
El gran desafío de la Corte
Al abordar la procedencia o improcedencia de un amparo interpuesto por Proceso, este lunes 10 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una sesión pública, discutirá y decidirá si las boletas de la cuestionada elección presidencial de 2006 tienen sólo un valor histórico y, por tanto, debe otorgarse el acceso a ellas, o si –como insiste el IFE– deben destruirse, decisión esta última con la cual, si se toma, será conculcado una vez más el derecho constitucional de acceso a la información de interés público. El futuro del derecho ciudadano de acceso a la información en materia electoral está en juego en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la petición de este semanario para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006 como telón de fondo, el pleno de ministros tiene previsto pronunciarse sobre esa facultad en su sesión pública de este lunes 10, según su lista de asuntos publicada el viernes 7.El amparo número 1043/2007, promovido por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra del Instituto Federal Electoral (IFE) por negarle el acceso a las boletas presidenciales, fue incorporado como un asunto extraordinario para la discusión de los ministros. Éstos discutirán no sólo el acceso a los paquetes electorales, sino también la obligación de destruir el material que se utilizó en los comicios, una vez concluido el proceso electoral.El derecho de los ciudadanos para tener acceso a las boletas con las que eligen a sus gobernantes y representantes legislativos mantiene divididos los criterios entre los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal.Ellos iniciarán las discusiones a partir de un proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien propone cerrar de una vez por todas el expediente de la elección de Felipe Calderón Hinojosa como presidente. La vía que propone es declarar “indudable y manifiesta” la improcedencia del amparo solicitado por la revista contra la Dirección Ejecutiva de Organización Editorial del IFE. El ministro requirió de más de medio centenar de páginas para demostrar lo “evidente” de la improcedencia.Hasta ahora hay dos tendencias entre los ministros: la de aquellos que apoyan a Aguirre Anguiano por considerar que su postura es acorde con la Ley de Amparo, y la de quienes consideran que el debate se enfoca al derecho constitucional a la información.Pero algunos ministros están en una posición intermedia y al final serán quienes definan el destino de las papeletas que oficialmente le dieron el triunfo a Calderón. Su decisión también influirá en peticiones futuras de carácter similar.El nuevo consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ha hecho ver en la Corte la urgencia de acabar con el tema y no prolongarlo judicialmente. Su argumento es que además del millonario costo que ha representado la custodia de los paquetes de boletas, el proceso electoral de 2009 debe iniciar en octubre próximo y sin ningún pendiente de la anterior elección federal.Su petición tuvo eco en las oficinas de los ministros. En una decisión motivada en parte por ese llamado y otro tanto por las consecuencias que podría tener el fallo del amparo, bastó un día para que el tema pasara cuanto antes de la Segunda Sala al pleno de ministros. El Comité de Programación y Agilización de Asuntos, integrado por los ministros Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo, acordó el pasado 28 de febrero enlistar el tema como extraordinario para el pleno, “en consideración a que la Segunda Sala, en su sesión celebrada el día anterior, por la importancia y trascendencia del asunto, acordó remitirlo al Tribunal pleno”.La urgencia en la Corte también se explica por otros dos asuntos de carácter electoral. Ambos deben ser resueltos antes de que el IFE comience la organización de las elecciones federales intermedias del próximo año, en las que se renovará la Cámara de Diputados.Se trata de una controversia constitucional interpuesta por el partido Convergencia por la Democracia contra la reforma constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso en diciembre pasado.Convergencia impugna lo que considera “monopolio de Estado”, al concentrar en el IFE la contratación y distribución de los spots y anuncios en los medios de comunicación durante las campañas electorales. Según el partido, esa norma establecida en la reforma electoral viola el artículo 28 de la Constitución, que “prohíbe” los monopolios en el país.Para despejar el camino hacia las próximas elecciones, la Corte deberá resolver también si atrae los amparos de los empresarios contra la reforma electoral que impide a los particulares contratar propaganda electoral. El propósito de esa prohibición es evitar lo ocurrido en las elecciones de 2006, cuando el sector privado patrocinó un gran despliegue de anuncios a favor de Calderón.Apenas el 11 de febrero pasado el ministro Fernando Franco González-Salas pidió a la Corte atraer esos amparos. Según los empresarios, esa parte de la reforma electoral atenta contra los derechos de acceso a la información y libertad de expresión previstos en los artículos sexto y séptimo de la Constitución.De ser atraído por el pleno de ministros, el caso de esos dos recursos implicaría la revisión de los actuales criterios de la Corte en materia de amparo. Uno de ellos establece que las reformas a la Constitución pueden ser sometidas a control del Poder Judicial, excepto cuando hay vicios de procedimiento.Esa jurisprudencia fue aprobada en 2002 por ocho de 11 votos. Pero cuatro de los ministros que la aprobaron ya no forman parte de la Corte, por lo que el criterio podría ser revisado por nuevos ministros, como Franco.En el caso de Proceso, la Corte decidió atraer en septiembre pasado el amparo para revisar la decisión del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, que decidió negar el recurso por considerar que, de acuerdo con la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral.Como autoridad electoral, el IFE negó el acceso a las boletas presidenciales apoyado en razones de “seguridad nacional”, así como en el párrafo segundo del artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ordena la destrucción de los paquetes electorales una vez calificada la elección presidencial. A pesar de que el Cofipe es omiso en las peticiones de acceso a la documentación electoral, los partidos políticos evitaron precisar el tema en la reforma electoral aprobada en diciembre pasado.
Los alcances de lo electoral
De acuerdo con el abogado de Proceso, Luis Miguel Cano, la Corte tiene la ocasión para definir si el segundo párrafo de ese artículo (que ahora es el 302 del Cofipe, tras la reforma electoral) es o no una norma electoral. En el mismo sentido, el pleno también definirá si la negativa del IFE fue una resolución electoral.Añade que la Corte deberá precisar si la petición de la revista es electoral, si involucra el derecho a la información o está acotada a un derecho político electoral. Sobre este último carácter, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó en abril de 2006 la negativa del acceso a las boletas (Proceso 1591). La reforma de noviembre pasado le devolvió al TEPJF la facultad para establecer interpretaciones constitucionales en materia electoral, por lo que tendría que intervenir en casos como el de la revista.En un alegato que presentó la semana pasada a los ministros, el abogado Cano sostiene que se trata de un caso que, si bien es electoral “en apariencia”, en realidad permitirá aclarar los alcances de lo electoral para efecto de este juicio de garantías.Por eso considera que no se debe aplicar en forma “automática” la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, como lo propone el ministro Aguirre Anguiano y como lo resolvió la titular del Juzgado Cuarto en Materia Administrativa, la juez María Guadalupe Rivera Martínez, al confirmar la negativa del IFE.Tampoco, dice, se debe aplicar la fracción II del artículo 105 constitucional, según la cual la única vía para plantear “la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución” es la prevista en las acciones de inconstitucionalidad, medio de impugnación no previsto para particulares.Para desacreditar que en la actualidad las boletas contienen información de carácter electoral, Cano asegura que después de finalizar el proceso electoral esos documentos ya no pueden considerarse como información electoral. El propio TEPJF dijo, en su confirmación de la negativa, que las boletas son ahora “papeles inservibles” aunque “indisponibles”.Concluidos los procesos electorales una vez que el TEPJF califica la validez de las elecciones y se entrega la constancia a los ganadores, “las boletas deben verse como documentos históricos que se deben conservar en archivos públicos para su libre consulta”, dice el litigante. Pero si los ministros no le dan ese carácter histórico a las boletas, añade, lo importante por resolver en la Corte es si su acceso está avalado por un derecho fundamental, considerado como una garantía individual o un derecho político electoral.
Inmunidad al IFE vs. garantía individual
Luis Miguel Cano recuerda que, apenas en enero pasado, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta publicó la tesis P.I/2007, aprobada por el mismo pleno de ministros, según la cual se pueden impugnar a través del amparo leyes que atenten contra alguna garantía individual.La tesis Sistema Constitucional de Justicia en Materia Electoral establece que el sistema de justicia electoral permite impugnar leyes electorales mediante las acciones de inconstitucionalidad, igual que ocurre en el caso de actos o resoluciones en la misma materia.Esos sistemas de impugnación, añade, “se armonizan con el juicio de amparo, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de la autoridad”.Precisa que mediante el amparo “podrán combatirse leyes que, aun cuando su denominación sea esencialmente electoral, pudiesen vulnerar algún derecho fundamental”.Con el amparo, aclara, “no podrán impugnarse disposiciones que atañan estrictamente a la materia electoral o bien al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral”. La tesis, promovida por el ministro Sergio Valls, fue aprobada con siete de los 11 votos del pleno. Los ministros contrarios a ese criterio fueron José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Con matices, esos integrantes del pleno de la Corte han sostenido que el amparo de la revista tiene que ver con el derecho a la información a pesar de tratar de un asunto relacionado con la materia electoral.La argumentación de la revista, así como la de algunos de esos ministros, es que el amparo no incide en el proceso electoral, puesto que no se trata de determinar quién debe ser el presidente de la República, cargo que ocupa Calderón desde el 1 de diciembre de 2006.“Es evidente que se está frente a una causa que intenta la defensa del derecho de acceso a la información en su faceta de garantía individual, porque la parte quejosa (el director de la revista) no es un actor electoral, y sobre todo, porque el ejercicio de su derecho no incide, no repercute ni influye en forma alguna sobre ningún proceso electoral y menos aún altera sus consecuencias.”Precisa que el acceso a la documentación que pretende la revista “se vincula con la libertad de expresión y el derecho a la información de una persona dedicada a funciones periodísticas”. Pero si la Corte declara improcedente el amparo sólo en consideración de que el IFE es una autoridad electoral, “se crearía una inmunidad” para esa institución, puesto que no habría manera de tener justicia frente a decisiones como la tomada contra Proceso, asegura el abogado Cano.
Posted by adrifadi at 7:48 p.m. No hay comentarios.:
Enredos de Mouriño
Más allá del aspecto legal y de su permanencia al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño perdió su utilidad política para el gobierno de Felipe Calderón. Su nombramiento en esa dependencia, protegido del escrutinio público, tenía un propósito clave en las negociaciones y acuerdos que permitían al mandatario avanzar en la consolidación de su gestión sexenal. Pero ya no es así.Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó su constancia de presidente electo, Calderón centró su estrategia en tratar de mostrar ante la opinión pública firmeza para alcanzar sus propósitos y capacidad de operación política. Así consiguió realizar la transmisión de la banda presidencial en la tribuna de San Lázaro, sacó al Ejército para combatir a los narcotraficantes y logró la aprobación de varias reformas legislativas que, en conjunto, permitieron a su gobierno ganar legitimidad y modificar la percepción de la ciudadanía sobre la parálisis gubernamental.Más allá de los beneficios reales y tangibles de su actuación, lo cierto es que a pesar de su cuestionado inicio de sexenio, Calderón tomó las riendas del poder y marcó su estilo personal de gobernar. Como lo importante es el impacto que tienen en la percepción de la opinión pública, las consecuencias de las acciones y decisiones pasan a un segundo lugar. Hasta la semana pasada parecía que la consecución de dicho propósito caminaba exitosamente. Sin embargo, los enredos de Mouriño significan el primer tropiezo serio del sexenio en esta materia.Calderón pasó por alto que los negocios de Mouriño y su familia están en el ramo petrolero y que una de las primeras reformas importantes que su secretario de Gobernación tenía que impulsar era precisamente la energética. Y, seguramente, ignoraba que Mouriño firmó como apoderado legal de Ivancar contratos con Pemex, a pesar de que ya trabajaba en la Secretaría de Energía.En el ámbito político, todo acto tiene consecuencias tanto legales, como políticas y ante la opinión pública. La mayor parte de las veces, estas dos últimas se convierten en una sola, pero en otras no, como en este caso, en el que ya hay daños evidentes. De esto se desprende que los legisladores perredistas insistan en integrar una comisión legislativa que investigue a Mouriño, puesto que ven difícil tener éxito si lo hacen por la vía penal.Por lo que atañe al ámbito legal, el único camino por el que se puede proceder es precisamente el penal, pues por la vía de las responsabilidades de los servidores públicos Mouriño tiene una coartada: cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Energía, arguye, “no tenía nada absolutamente que ver con el tema de los hidrocarburos o con Pemex”.Sin embargo, debe decirse que la sola presencia de Mouriño en la Administración Pública Federal lo vuelven sospechoso de tráfico de influencias, tanto desde el punto de vista conceptual como legal, en particular por su cercanía con el secretario del ramo energético.En este último aspecto, el artículo 428 del Código Penal Federal señala claramente: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero…” En este caso, a Mouriño se le puede configurar el delito desde que fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pero esto, como señalan los panistas, tendría que resolverse en las instancias correspondientes y no será fácil demostrar jurídicamente que hubo tráfico de influencias.Pero donde los impactos negativos son evidentes es en los otros dos ámbitos. En la opinión pública, el asunto aparentemente pasó desapercibido cuando el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador hizo la denuncia pública; pero se posicionó en todos los medios de comunicación cuando el 28 de febrero pasado El Universal publicó en su primera plana copias de los documentos con la firma del actual secretario de Gobernación.
Ante esas evidencias irrefutables, el jueves 6 Juan Camilo Mouriño admitió en una entrevista en el Noticiero de Joaquín López Dóriga que aquel documento sí es auténtico. Y explicó: “Fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna actuación indebida de mi parte en él. Ser apoderado legal no es de ninguna manera ningún delito. Yo ya no era apoderado de la empresa, y antes de firmar ese contrato también verifiqué que pudiera, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad.”Pero Juan Camilo olvida una cosa: que como en el caso de Pompeya, la mujer de Julio César, no basta ser honesto, “también hay que parecerlo”. Y en esta ocasión las evidencias obran en su contra, especialmente en un país como el nuestro, donde el tráfico de influencias es una práctica común y extendida. Aquí, por ejemplo, empresarios como Kamel Nacif hacen gala de su poder económico e influyen en las decisiones del gobernador poblano, Mario Marín, para que éste persiga a la periodista Lydia Cacho; los hijos de Marta Sahagún, Arturo Montiel y tantos otros políticos aprovechan sus posiciones privilegiadas para enriquecerse económicamente.En estos casos como en el que ahora envuelve a Mouriño, no es que los personajes mencionados tuvieran una posición privilegiada desde la que tomaban decisiones que los beneficiaban directamente, el asunto es que desde Los Pinos se podía influir para que esas decisiones tuvieran éxito. Y a pesar de que esto lo sabe la ciudadanía, el daño ya está hecho. La mejor prueba de ello es la presencia de Mouriño en el noticiario nocturno de Televisa el jueves 6. Seguramente acudió ahí cuando se percató de que, más allá de los espacios que el tema ocupa en los medios de comunicación masiva, el hecho impactaba negativamente en la opinión pública.Sin embargo, el mayor daño para Mouriño es de índole política, pues en este ámbito el funcionario ya hipotecó su capital con los líderes de las fracciones parlamentarias priistas: Manlio Fabio Beltrones, en el Senado, y Emilio Gamboa, en la Cámara de Diputados. Al ver el caso, ambos olieron la sangre y de inmediato se aprestaron a apoyar la demanda de los perredistas de instalar una comisión investigadora para dilucidar si se cometió algún tipo de delito o irregularidad administrativa. Además, se percataron de que podían sacar una mejor tajada política al asunto si lo negociaban con el presunto indiciado y de inmediato retiraron su apoyo.Los dos líderes priistas han aprovechado hasta hoy la inexperiencia de sus interlocutores y la debilidad política de Calderón para sacar la mejor parte en las negociaciones en el Congreso: integración de comisiones, reforma electoral, reforma fiscal y hasta reforma judicial. Y esto antes de venderle este favor al negociador oficial del Ejecutivo; a partir de hoy los líderes parlamentarios del PRI tienen una posición más ventajosa.Así, Calderón quemó a quien consideraba su mejor operador político, al colocarlo prematura e inoportunamente en la Secretaría de Gobernación. Hoy, lo único que el mandatario puede hacer es tratar de minimizar los daños. Dejar a Mouriño en Gobernación implica debilitar la posición negociadora del Ejecutivo; sacarlo del gabinete y mandarlo a hacerle compañía a su antecesor Francisco Ramírez Acuña puede ser la posición más conveniente para el gobierno de Calderón, pues incluso puede posicionarse como un político sensible y decidido frente a cualquier acto cuestionable de sus colaboradores, pero desde luego implica perder definitivamente a Mouriño y dañar seriamente cualquier aspiración política futura; y, finalmente, moverlo a otra posición política parecería más bien que cede ante las presiones, pero protege a su amigo.Lo cierto es que un mal cálculo político de Calderón, que sobrevaloró las cualidades de su colaborador y menospreció las dificultades de la negociación de la reforma energética, y los errores de Mouriño, se conjugaron para propinar al gobierno su primer tropezón político importante. l
La actuación de Juan Camilo Mouriño a lo largo de su corta carrera política acusa un estilo que los panistas consideraban ajeno a ellos: la prebenda, el uso del cargo público con fines mercantilistas, la compra de voluntades... Se trata de un proceder que, por cierto, es ya la marca distintiva del actual secretario de Gobernación, pero también de los chicos poderosos con los que se agrupa.Pocos días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006, Juan Camilo Mouriño Terrazo, todavía coordinador del equipo de transición y perfilado ya como el personaje más influyente del nuevo gobierno, le propuso a Manuel Espino un trueque: Dejar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de una embajada.La propuesta la formuló Mouriño en una reunión con Espino y con Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, a quienes les advirtió también que el plan de Calderón era tomar el control de su partido. “Vamos por la mayoría del Consejo Nacional y es muy sencillo: A los que no estén con nosotros los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les anticipó.Así fue: Mediante la operación política orquestada por Mouriño, que supuso compra de lealtades con chambas para consejeros nacionales y la integración de un expediente elaborado por Genaro García Luna, Espino optó por ni siquiera inscribirse para la reelección y, candidato único, Germán Martínez fue ungido, en diciembre de 2007, como presidente del PAN.Uno de los testigos de la operación de Mouriño fue el exsenador y actual diputado federal Jorge Nordhousen, quien aseguró que Calderón “compró conciencias a través de su operador Juan Camilo”, como ocurrió en la casa de éste, en Campeche, el 27 de abril, previo a la celebración del consejo estatal“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el consejo estatal y el consejo nacional”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil.”Por eso ahora Martínez, en la defensa que de Mouriño hace desde la dirigencia del PAN, corresponde al favor del secretario de Gobernación confeso de gestionar como servidor público millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para Ivancar, S.A. de C.V., una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste (GES), el emporio familiar asentado en Campeche y del que fue director de finanzas y gerente administrativo.Se trata, sin embargo, de una línea establecida por el propio Calderón, quien encabeza a un grupo que se protege desde que él presidió el PAN (entre 1996 y 1999), coordinó el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2000-2003), dirigió Banobras (2003) y encabezó la Secretaría de Energía (hasta junio de 2004), y que se hace llamar la nueva clase política.Por eso en su abierta defensa de Mouriño –quien sólo hasta después de una reunión con los coordinadores parlamentarios panistas, Santiago Creel y Héctor Larios, y una reunión con el priista Manlio Fabio Beltrones, una semana después reconoció la autenticidad de los documentos exhibidos por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador–, Martínez exaltó su estatura moral y lo colocó a nivel de estadista: “Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad... ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”Así, en su breve gestión, Martínez ha sido consecuente con la entrega del PAN a su jefe máximo –“¡este es su partido, presidente Felipe Calderón!”– y ha continuado con el sello que caracterizó su paso –de nueve meses– como secretario de la Función Pública, un trámite para su llegada a la presidencia de su partido: La defensa de la impunidad.Antes de la toma de posesión de Calderón, cuando se perfilaba para ser el secretario encargado del combate a la corrupción, Martínez declaró al reportero que Vicente Fox era un hombre honesto, como lo fue todo su gobierno.
–¿No hay ningún acto de corrupción que pueda ser sancionado por el gobierno de Calderón?
–¡Metería las manos al fuego por Vicente Fox!
–¿Y por su mujer (Marta Sahagún)?
–Yo sólo meto las manos al fuego por la honestidad de Vicente Fox Quesada.Con esa acotación, Martínez sugería que Sahagún y sus parientes no gozarían de impunidad, pero como secretario de la Función Pública ocultó inclusive el carpetazo que la Procuraduría General de la República hizo del expediente de los hermanos Bribiesca.Cuando estalló el escándalo de la riqueza de Fox, con fotografías del lujo en su rancho publicadas en la revista Quién, en agosto de 2007, Martínez recibió la orden de Calderón de apresurar su renuncia para hacerse cargo del PAN, estrategia en la que ya trabajaba Mouriño, también por órdenes del jefe de ambos.En conversación con el reportero antes de su renuncia, en julio, Martínez aceptó que buscaría presidir el PAN sólo si Calderón lo disponía, una posición idéntica a la de César Nava Vázquez, secretario particular, quien adujo su pertenencia a un equipo para justificar el acatamiento de la instrucción del Ejecutivo.
–Es lo que decían los presidentes priistas y que ustedes, en el PAN, tanto criticaron.
–Se equivocó el panismo.
Aunque prevalece una rivalidad en la carrera por la candidatura presidencial del PAN en 2012, Mouriño y Martínez forman parte del rebaño que en ese partido fue integrando Calderón desde que lo presidió –entre 1996 y 1999– y que, en el año 2000, robusteció como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.Los contratos de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., se firmaron y tuvieron vigencia en el período que va de diciembre de 2000 a diciembre de 2004, cuyos montos mínimos son de 3 millones de pesos y máximos de 8 millones 300 mil pesos.El primer contrato se firma en diciembre de 2000, cuando Mouriño presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cargo que le encomendó Calderón como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Calderón brinca a la Secretaría de Energía y se lo lleva consigo como director general adscrito a la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, y en ese carácter firma otro contrato el 29 de diciembre de 2003. Uno de los contratos otorgados por Pemex, vía adjudicación directa, fue firmado por Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, y por José Antonio Prado Carranza, gerente Jurídico de Convenios y Contratos de la oficina central de Pemex.El entonces jefe de Prado Carranza es un amigo suyo de la misma edad y con quien fue condiscípulo en la carrera de derecho de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, abogado general de Pemex y quien fue también compañero de Mouriño como diputado federal hasta que –por un problema con una legisladora– fue colocado por Calderón en la Secretaría de Desarrollo Social, como coordinador de asesores de Josefina Vázquez Mota –de junio a octubre de 2001–, y luego en la paraestatal.Nava Vázquez estuvo como abogado general de Pemex hasta octubre de 2003 y fue jefe de Prado Carranza –quien actualmente está al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dirige Luis de Pablo– cuando Fox designó a Calderón secretario de Energía. Vázquez lo llamó para hacerse cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en cuya secretaría se reencuentra con Mouriño, primero director general y después subsecretario de Electricidad.Justamente en la Secretaría de Energía se dio cabida al grupo que rodea a Calderón desde que era presidente del PAN: Además de Mouriño, quien lo sedujo por su juventud cuando lo conoció en Campeche –en 1996– y Nava Vázquez, quien fue director jurídico del CEN, estaban Ernesto Cordero Arroyo, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico; Jordi Herrera Flores, actual subsecretario de Planeación, y Manuel Minjares Jiménez, oficial mayor. Cordero y Minjares estuvieron al lado de Calderón cuando, en 2003, Fox lo designó director general de Banobras y de inmediato se autorizó, ilegalmente, un crédito del que desistió tras el escándalo; quien se quedó con él fue Minjares, actual coordinador de asesores de Agustín Carstens, secretario de Hacienda.Otros personajes que gravitan en torno de Calderón es el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, expriista michoacano que ha impuesto a su gestión la misma línea de su antecesor, Germán Martínez: La impunidad en la corrupción pública y privada, como es el caso de los contratos de Pemex a Ivancar, la empresa de los Mouriño.
Los millones de Mouriño
La defensa del secretario de Gobernación ante la contundencia de los documentos que apuntan hacia la comisión de diversos delitos de carácter penal, que él niega, ha sido débil: Su primera reacción fue cuatro días después de que López Obrador lo acusó de traficante de influencias, pero sólo hasta que tres contratos fueron publicados por el diario El Universal –los que ya había dado a conocer la revista Contralínea–, emitió una posición.Según él, hacia finales de 2003, al entrar en la administración pública, en la Secretaría de Energía, decidió tomar la decisión “más importante” de su vida: dedicarse “por completo al servicio público”, y renunció a todas las cerca de 80 empresas” del Grupo Energético del Sureste (GES).Sus ingresos, entonces, sólo fueron los que obtenía como servidor público, primero asesor y luego subsecretario, que lo fue hasta julio de 2004, cuando Fox corrió a Calderón de la Secretaría de Energía.En junio de 2003, tres meses antes de que sólo obtuviera los ingresos como servidor público, los bienes de Mouriño ascendían a poco más de 6 millones de pesos, según su primera declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando ingresó a la Secretaría de Energía.Salvo una inversión de 25 mil euros, equivalentes a aproximadamente 400 mil pesos mexicanos, Mouriño no reportó ninguna variación en su fortuna en 2004. Desde entonces, no existe información oficial de la fortuna del secretario de Gobernación, debido a que “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según la declaración que presentó ante la SFP primero como coordinador del equipo de transición –en el que cobró 131 mil pesos brutos al mes– y después como jefe de la Oficina de la Presidencia, con un sueldo mensual de 205 mil pesos, el mismo que recibe como secretario de Gobernación.Sin embargo, de acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, en noviembre de 2004, después de que en junio renunció junto con Calderón a su cargo en la Secretaría de Energía, Mouriño se compró un departamento en las Lomas de Chapultepec, a un precio de 6 millones de pesos.En la firma del contrato con la familia Cababie, que le vendió el departamento A-1102 de la calle Sierra Gorda 15, Mouriño se presentó como “empleado federal”, aunque ya no lo era, y pagó 2.5 millones de pesos en efectivo y 3.5 millones de pesos de un crédito que le otorgó Scotiabank Inverlat. La fortuna de Mouriño, clasificada como secreta por él mismo y hasta donde es posible saber, está integrada por bienes muebles e inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, según él mismo lo informó a la SFP. Por ejemplo, en su declaración de 2003, dijo tener joyas y obras de arte por 260 mil pesos, 220 mil de los cuales fueron “regalos recibidos” y el resto pagados por él al “contado, mientras que el costo de los muebles de sus casas ascendieron a 200 mil pesos, 170 mil –declaró– resultado de “regalos recibidos”.También recibió en donación en el 2003 –no dice de quién, porque la ley no lo obliga– una casa, en Campeche, con valor de 2 millones 124 mil pesos, y otra de 350 mil pesos que pagó de contado, en 1997. Hasta el 2003, dijo ser propietario de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos, y en diciembre de ese año se compró un automóvil BMW, modelo 2004, con valor de 655 mil pesos.Antes y después de dedicarse a la política, a partir de 1997, Mouriño Terrazo obtenía sus principales ingresos del Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio familiar instalado en Campeche, del que fue director de finanzas y gerente administrativo, encargado, según describió él mismo, de la “revisión y supervisión de la información financiera” y de “optimizar los recursos monetarios de la empresa”.Por ejemplo, como servidor público en la Secretaría de Energía dijo tener un sueldo mensual de 86 mil pesos, pero declaró recibir otros 100 mil pesos, también mensualmente, de otras actividades que, junto con los 5 mil pesos de intereses de sus cuentas bancarias, acumuló un ingreso mensual de 191 mil pesos en junio de 2003.Para esa fecha, su patrimonio en cinco cuentas bancarias ascendía a 3 millones 284 mil pesos, cuyo principal monto –1 millón 679 mil pesos– lo identificó como de “organizaciones privadas”; el resto eran cuentas separadas de diversas cantidades: Dos mil 500, 99 mil 211, 3 mil 376, 276 pesos, y la mayor, que ascendía a 500 mil, todas en pesos mexicanos.Las deudas que Mouriño tenía para el 2003, según la información que “fue capturada directamente por el servidor público”, eran de risa: apenas 9 mil 850 pesos de su tarjeta de crédito.En conjunto, Mouriño disponía, todavía hasta el 2004, de una fortuna de 6 millones 178 mil pesos, entre cuentas bancarias, casas, muebles, joyas y obras de arte, y a partir del siguiente año su patrimonio se amplió con la adquisición del departamento de Lomas de Chapultepec, que costó otros 6 millones de pesos.Si bien contrajo un crédito para adquirir ese bien inmueble, a una tasa variable y a liquidar a 15 años, en el 2006 la suerte le cambió: No sólo porque Calderón fue electo ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en septiembre, sino porque dos meses después, el 24 de noviembre –una semana antes de la toma de posesión – el banco le dio una gran noticia:Scotiabank Inverlat lo invitó a firmar un “convenio modificatorio” para pagar los 3 millones 346 mil pesos que debía en un plazo de 10 años y con una tasa de interés anualizada “del once punto cincuenta y ocho por ciento a partir de la firma del presente instrumento y hasta el pago total del adeudo”…Menos afortunados en asuntos de negocios, como Mouriño, Germán Martínez y César Nava al menos lo han imitado en algo: Después de las elecciones, y ya con la garantía de seguir devengando altos sueldos, decidieron comprar su respectiva casa. El presidente del PAN la compró con un crédito que obtuvo el 15 de diciembre de 2006, y Nava lo hizo el 12 de septiembre –una semana después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Calderón como ganador de las elecciones–, aunque su préstamo ascendió a 3 millones 100 mil pesos.
SOBORNANDO, es como trabaja y se sostiene el PAN!
Compraventa de impunidades
En menos de 48 horas, los coordinadores legislativos del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, y en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, pasaron del amago y la posible alianza con el PRD para formar una comisión investigadora en torno del caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a descartar esa posibilidad con el argumento de que no existen bases legales para tal comisión.“No somos Ministerio Público ni la procuraduría”, coincidieron en declarar Beltrones, Gamboa Patrón y Santiago Creel –éste último coordinador de la bancada del PAN y presidente del Senado– para rechazar la comisión investigadora el jueves 6 de marzo.Apenas dos días antes, en entrevista con Carlos Loret de Mola, conductor de Primero noticias, Beltrones advirtió que tanto Mouriño como el presidente de la República debían explicar el escándalo sobre los permisos otorgados por el actual secretario de Gobernación.“Yo creo que el presidente es su jefe (de Mouriño); el presidente lo nombró; cree en él; le dio toda su confianza. ¿Estos documentos que aparecieron no son creíbles para el presidente? ¿Son de desecharse? Que se desechen, pero que los deseche el presidente”, desafió Beltrones.
–¿Esto puede llevar a la renuncia del secretario de Gobernación? –le cuestionó Loret de Mola.
–Si fuera un asunto grave y fuera cierto lo que se dice, sí. Si no es cierto lo que se dice, pues no tiene ningún objetivo seguir con un falso debate que nos quita mucho tiempo, y mejor debemos dedicarnos a trabajar y a ver si construimos más acuerdos para beneficio del país –respondió Beltrones.Ese mismo martes 4 de marzo, para sorpresa de los panistas, la fracción del PRI apoyó la propuesta del senador Carlos Navarrete, coordinador del PRD, en el sentido de integrar en el Senado una comisión investigadora, en los términos de los artículos 93 de la Constitución y 41 de la Ley Orgánica del Congreso. La propuesta fue apoyada también por Convergencia y el Partido del Trabajo.En paralelo, en la Cámara de Diputados el PRD aceptó la condición del PAN para que se formaran dos comisiones investigadoras: una sobre el caso de Mouriño y otra que indagara el presunto desvío de recursos del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, hacia la campaña de Alejandro Encinas en busca de la dirigencia perredista. El coordinador de los priistas en San Lázaro, Emilio Gamboa, rechazó sumarse a la propuesta del PRD, pero un grupo de diputados, encabezados por Beatriz Pagés, declararon que Mouriño ya no era un interlocutor válido.La posición de Beltrones cambió el jueves 6 de marzo, el mismo día que sostuvo una reunión vespertina con Mouriño en sus oficinas de Bucareli, en tanto que Navarrete denunció en tribuna que existía una “maniobra política” de Los Pinos y de la Secretaría de Gobernación para apuntalar al cuestionado funcionario.Beltrones afirmó antes de que comenzara la sesión ordinaria de ese día que “varios miembros” de la Junta de Coordinación Política, que él preside, consideraban que “no existe fundamento legal” para formar la comisión investigadora. Inclusive sugirió que si a él le hubiera correspondido interponer una denuncia contra Mouriño, “hubiese acudido a la Procuraduría General de la República o a la Secretaría de la Función Pública y exigido que se hiciera una investigación a profundidad.“Nosotros no somos el Ministerio Público ni la Procuraduría. Nosotros no somos la Auditoría Superior de la Federación”, señaló Beltrones.A las 19:00 horas, después de sostener su reunión con Mouriño en Bucareli, Beltrones advirtió que la denuncia contra el titular de Gobernación por tráfico de influencias no sería “moneda de cambio” para aprobar la reforma energética de Calderón, además de que el Congreso necesitaba “evitar linchamientos anticipados o exoneraciones que no caben”.La comisión investigadora que dos días antes apoyó el PRI en el Senado estaba herida de muerte. Sin los votos de esa fracción, no se alcanza la mayoría necesaria.Emilio Gamboa Patrón se mofó en la Cámara de Diputados de la propuesta de punto de acuerdo para crear una comisión investigadora: “¿Saben qué representa eso? Que nos lleguen 55 mil cajas de documentos; no vamos a tener capacidad para investigar nada”.Tranquilo porque el PRI bloqueó la comisión investigadora en el Congreso, Mouriño apareció la noche del jueves en una entrevista extensa en El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga. Aceptó haber firmado los contratos y descartó renunciar a su cargo. Dos días antes, la oficina de Comunicación de la Secretaría de Gobernación rechazó la invitación para que Mouriño apareciera en una entrevista con Denise Maerker en Canal 2. Las circunstancias a partir de ese jueves eran diferentes. El PRI ya había negociado su cambio de posición frente al secretario confeso de haber firmado contratos en beneficio de las empresas de su familia mientras cumplía funciones en el servicio público… l
De acuerdo con un minucioso análisis jurídico, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, confesó de hecho haber cometidos diversos delitos, al aceptar públicamente que firmó contratos con Pemex como representante legal de Ivancar, la empresa de su familia, al tiempo que se desempeñaba como servidor público. Por ellos, el hombre más estrechamente ligado al presidente Calderón podría ser sometido a juicio político y después juzgado penalmente. Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con Pemex-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener).Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiario de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.El fundador de Casa Lías Abogados fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos, como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción I, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”
El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., firmó con Pemex-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.El domingo 24, Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.De 1997 a 2000 Mouriño fue diputado local en el estado de Campeche, de 2000 a 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y del 16 de octubre de 2003 al 24 de marzo de 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.
Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la Sener.En todos los convenios firmados entre Ivancar y Pemex-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp., el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.También violentó las fracciones I, XIII, XIV, XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la Sener. Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar al tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.
En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas: Fracción 1: “Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y Pemex-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.En los convenios, la subsidiaria de Pemex justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a Pemex-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a Pemex-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de Pemex-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional’”. La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.
Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de Pemex. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.
Interpondrá el Frente Amplio Progresista contra la intentona del PAN de echar abajo en la Junta de Coordinación Política la integración de la Comisión Especial para investigar a Juan Camilo Mouriño / Fase definitiva
El PT asegura que el PRI esta boicoteando la creación de la comisión especial para investigar a Juan Camilo Mouriño, titular de Gobernación espurio.
MEXICO, D.F., 8 de marzo (LA JORNADA).- La integración de la Comisión Especial que se encargaría de investigar la relación de PEMEX y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, entró en su fase definitiva. Mientras el PAN insiste en echarla a abajo en la Junta de Coordinación Política por instancia de Héctor Larios, Javier González Garza y Alejandro Chanona del PRD y Convergencia, respectivamente, anunciaron que interpondrán un recurso constitucional contra la intentona del blanquiazul.El debate se concentra en la ilegalidad que implicaría que si se echara abajo lo establecido en el Artículo 93 constitucional (que da facultad a 125 diputados, de los 500 que integran el pleno, a constituir una comisión investigadora), se perpetraría el golpe más severo al procedimiento legislativo que en su tiempo impulsó el PAN, con objeto de favorecer el derecho de las minorías.Javier González Garza, coordinador del Sol Azteca en San Lázaro, consideró que no hay posibilidad de que el PAN logre desacreditar la legalidad de la comisión de marras. “No, la comisión se va hacer porque se tiene derecho, no tiene vuelta de hoja. Yo acepto una discusión, lo he aceptado en términos de cuál es el tiempo, cómo vamos a discutir el tiempo y los alcances de la comisión. Es muy importante ponerlo en claro, pero la comisión se va hacer porque hay un artículo constitucional que prevé muy claramente cuándo se pueden crear comisiones de investigación y lo que Larios dice es: no eso dice el artículo constitucional, pero luego en el Pleno votamos si se crea o no.“El Artículo 93 dice que un 25 por ciento de los diputados tiene derecho a presentar y a que se integre una comisión de investigación. Punto. No le demos vuelta. Efectivamente el Pleno aprueba el tiempo y los fines concretos, pero de que la vamos a crear, la vamos a crear y nosotros estamos en la mejor disposición de ver los fines. Nosotros pusimos ahí todos los contratos de PEMEX porque no queríamos restringirnos a los de la familia Mouriño, pero como pusimos años, puede haber millones de contratos, vamos a tenerlo en tiempo y vamos acotar ese asunto. Pero la comisión se va a formar”.
- ¿Usted ya tiene comprometido el voto del PRI, si fuera el caso?
- No se preocupen, yo no hago compromisos con nadie. Esto es un asunto legal que hemos presentado 137 diputados y que cada quien define sus cosas. ¿He discutido con el PRI? Sí y he visto algunas argumentaciones del PRI que me parecen atendibles, que son éstas, dónde ponemos tres millones de contratos. No hacernos bolas. Lo único que yo quiero es que quede claro por dónde vamos andar y qué es lo que la comisión va hacer, pero la comisión se va a formar. No le demos vueltas.
- ¿De qué manera se va a ejercer finalmente la justicia?
- La Cámara tiene facultades de investigación para poder hacer juicios políticos.En ese sentido, Alejandro Chanona, quien encabeza la bancada de Convergencia, denunció el intento del PAN, respaldado por el PRI, por reducir a la nada la comisión: “Cuando entramos al procedimiento legislativo la Junta de Coordinación Política tiene que precisar perfil, objetivo, el número de miembros, temporalidad, y una vez hecho eso lo pone a disposición del pleno que da su visto bueno para su entrada en operación. Es una facultad de las minorías, pero ellos argumentan, el PAN y el PRI --y es a lo que están jugando- que el pleno por mayoría decida votar en contrario, ésta no nace.“Nosotros tendremos que interponer una controversia porque se estaría generando una acción donde se está violentando un derecho constitucional de las minorías para crear la comisión investigadora. El PAN y el PRI están argumentando eso, que no es posible. Y existe el riesgo de que el asunto se muera en la Junta de Coordinación Política o que la misma junta con el voto ponderado, entre el PRI y el PAN, nos ganen al final. Están afectando el derecho de las minorías, están generando un laberinto procedimental para matar la propuesta en la Junta de Coordinación o en le pleno, pero hay muchas inconsistencias”.
- PRI y PAN pretenden que no sea una Comisión Especial la que investigue, sino que la haga la Auditoría Superior de la Federación por orden de la Comisión de Vigilancia.
--¡No!, son cosas paralelas, con la comisión ésta deberá estar asistida por la ASF para que ésta haga una gran auditoría, no son excluyentes, son complementarias, y sobre todo porque los hechos manifiestan que si hay tráfico de influencias, sobre todo porque se enredan más en el gobierno y para muestra no generó gran credibilidad la entrevista que le hizo Televisa a Juan Camilo Mouriño.
- Si persisten en impedir la integración de ese órgano legislativo, ¿no generarán mayor desconfianza?
- La actitud dilatoria lo único que va a hacer es que los que se oponen quieran encubrir el procedimiento para que éste se esclarezca.
- A ustedes de les señala de pretender erigirse en jueces --se le pregunta.- Nosotros queremos investigar instituciones del Estado pero no estamos señalando específicamente personas. Es una falacia de ellos, nosotros queremos focalizar periodo, tiempo, ámbito administrativo dentro de PEMEX y evidentemente sí hubo tráfico de influencias; nosotros no estamos acusando. Nosotros no podemos condenar siquiera.
PSOE gana elecciones generales de España
El (PSOE), del actual jefe de Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, se alzó con la victoria de las elecciones generales
TeleSUR _ 09/03/08 -Con 94,49 por ciento de los votos escrutados, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del actual jefe de Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, gana ampliamente los comicios generales celebrados este domingo, en los que más de 35 millones de españoles renovaron 350 escaños en la Cámara de Diputados y 208 del Senado, en un sistema electoral indirecto en el que será el nuevo Congreso designado este domingo el que elegirá al nuevo jefe del gobierno.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del actual jefe de Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, se alzó con la victoria de las elecciones generales celebradas este domingo, al obtener 43,74 por ciento de los votos, para sumar así 168 escaños en el Parlamento, cinco más que en 2004.
Cuando se han 94,49 por ciento de los votos, el Partido Popular (PP) por su parte, ha conseguido 40,13 por ciento de los sufragios, para quedarse así con 153 curules en el legislativo español, cinco escaños más de los obtenidos en los comicios de hace cuatro años.
Entre tanto, la Coalición Izquierda Unida, de Gaspar Llamazares, perdió dos escaños parlamentarios, al pasar de cinco a 3 puestos en el Congreso.
Con la victoria del PSOE, Zapatero logró reelegirse en la jefatura del gobierno español para otros cuatro años, derrotando así a ultraconservador Mariano Rajoy del PP, quien nuevamente pierde frente al actual presidente.
Sin embargo, ninguno de los dos partidos tradicionales logró la mayoría absoluta, de 172 escaños, por lo que deberán pactar alianzas con otros partidos pequeños.
El Secretario General de Organización del PSOE, José Blanco, proclamó la victoria de su formación, mientras que el PP reconoció su derrota y felicitó a los socialistas "por lo que parece una victoria clara".
En su primera aparición, tras la victoria de su partido, el presidente del Gobierno español y candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, agradeció los resultados de este domingo, que le permitirán continuar en el poder.
Zapatero inició su alocución recordando al ex concejal socialista Isaías Carrasco, muerte el viernes en un atentado. "Isaías debería estar hoy viviendo este momento junto a su familia", al igual que el resto de las víctimas, dijo el presidente desde el balcón de la sede del Partido Socialista (PSOE) en la capital de España, ante cientos de seguidores.
"Gobernaré con mano firme y con mano tendida", dijo el presidente en medio de aplausos, antes de subrayar que "hoy más que nunca creo en una España unida y diversa" que viva en libertad y en tolerancia.
Tras poner de manifiesto la "victoria clara" de su partido, el mandatario socialista destacó que los españoles "han decidido abrir una nueva etapa sin crispación".
En las anteriores elecciones de marzo de 2004, el PSOE logró 164 diputados y el PP 148, en un Congreso formado por 350 escaños.
La participación en los comicios fue del 74,75 por ciento, frente al 77,21 por ciento de 2004, según datos oficiales.
Muchos han coincidido en que el aumento de la participación se debe al asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco, ocurrida el viernes, en un atentado que conmocionó a los españoles y a la comunidad internacional.
Y es que, pese a la muerte Carrasco, los partidos políticos, así como ciudadanos españoles y los familiares del ex concejal, fueron unánimes al instar a los más de 35 millones de electores convocados a que asistieran este domingo a las urnas.
Llamazares: "el tsunami bipartidista nos ha arrollado"
El líder de la coalición Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reconoció los resultados de las elecciones de este domingo, pero advirtió las consecuencias negativas que el bipartidismo existente en España trae para "la diversidad partidista".
Desde su comando de campaña en Madrid, el dirigente de izquierda calificó de "injusto" el actual sistema electoral español, que excluye al resto de los partidos políticos.
"Como demócratas aceptamos los resultados", señaló al tiempo que destacó que "no es justo" el bipartidismo en España "porque el sistema nos discrimina, porque el tsunami bipartidista nos ha arrollado", sentenció.
El Burro gallego hablando de orejas....orejotas!
■ Legisladores condenan la “afrenta” a la casa de estudios
Vincularla con las FARC, pretexto panista para descalificar a la UNAM
Roberto Garduño, Emir Olivares y Martín Diego (Reporteros y corresponsal)
El gobierno mexicano “investiga y recopila toda la información” acerca de la presunta participación de ciudadanos mexicanos en campamentos de las FARC, señaló el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, mientras que diputados de PRI, PRD, Convergencia y PT sostuvieron que las versiones que vinculan a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la guerrilla colombiana “es una afrenta a la más importante casa de estudios de América Latina y golpea, una vez más, la autonomía de la universidad pública”.
Por su parte, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y estudiantes universitarios señalaron que la campaña contra la máxima casa de estudios “es un intento por condenar el modelo universitario público”.
Al clausurar la 37 reunión nacional de legisladores locales del PAN, Mouriño indicó que en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores dará una postura oficial sobre el hecho: “es sin duda un tema delicado y hay que ser muy serios y reforzar esta investigación, por tanto estamos en etapa de integrarla”.
El diputado perredista Juan Guerra Ochoa argumentó que en los pasados ocho años la UNAM, su historia y su innumerable lista de logros científicos y académicos “se han constituido en un obstáculo para la política neoliberal que pretende privatizar ferozmente todas aquellas actividades a las que el Estado tiene obligación de dar respuesta”.
Añadió que la permanencia de estudiantes y egresados universitarios en la frontera entre Ecuador y Colombia, en particular en un campamento de las FARC, ha servido de pretexto para remprender “una torpe campaña mediática, alentada por algunos medios de comunicación afines al régimen panista, que pretende ubicar a la UNAM como núcleo de rebeldes”.
El priísta Samuel Aguilar descalificó las versiones “que ofenden a nuestra universidad, a su comunidad y a la inteligencia de la mayoría de los ciudadanos mexicanos”. Acusó al sector más conservador de la sociedad mexicana de pretender hacer uso de un lamentable hecho de violencia ocurrido en esa frontera, como instrumento de desprestigio.
El presidente de la Comisión de Marina, José Manuel del Río, calificó de superfluos los señalamientos que relacionan a los universitarios con la guerrilla en Colombia: “una acusación de tal magnitud sólo puede tener un origen, el conservadurismo y mediocridad de los panistas”.
Silvano Garay, del PT, dijo que la postura “de algunos medios de comunicación retrógrados y de derecha, representa la suma de los intentos de descrédito que el gobierno panista pretende, en cualquier oportunidad, aplicar a una institución tan seria y confiable como lo es la UNAM”.
En tanto, en conferencia de prensa, la Red Nacional de Monitores de Derechos Humanos –conformada por diversas ONG– y diversos colectivos estudiantiles manifestaron su molestia y preocupación por la campaña negativa que se ha lanzado desde diversos sectores en contra de la UNAM y sus estudiantes a raíz de la presencia de universitarios en el campamento de las FARC, con el objetivo de “criminalizarla”.
Los activistas subrayaron que ninguno de los jóvenes universitarios que se presumiblemente se encontraban en el campamento de las FARC han cometido delitos en México, sino que al contrario, “todos” están vinculados con la defensa de la gratuidad educativa.
Posted by adrifadi at 5:46 p.m. No hay comentarios.:
La tecnología para extraer petróleo en aguas profundas se puede RENTAR sin tener que PRIVATIZAR, "asociar" o "hacer alianzas" en Pemex con el capital privado.
Mañana Domingo estaremos transmitiendo en vivo el cierre de campaña del Lic. Alejandro Encinas en www.radioamlo.tv y en www.radioamlo.orgVoz e Imagen de la Resistencia civil pacifica
¿Calladitos se ven más bonitos? ¿No que muy honestos
Sorprende ver cómo, durante el periodo electoral, los simpatizantes panosos y priístas se dieron vuelo criticando, difamando e insultando a Andrés Manuel López Obrador y a todos sus simpatizantes. Dijeron de todo y más. El entonces gobierno federal y los medios de comunicación afirmaron por activa y por pasiva que AMLO, el verdadero ganador de las elecciones, era prácticamente un delincuente y lo desaforaron (JUICIO DE PROCEDENCIA) con bombos y platillos, aunque, a la fecha, no han sido capaces de probarle ABSOLUTAMENTE NADA, aunque lo definieron como UN PELIGRO PARA MÉXICO.
Durante todo ese tiempo (2005-2008), por el contrario, han salido a la luz más de una irregularidades de parte de PRI-PAN que han quedado prácticamente en el olvido de los medios, pese a que son HECHOS PROBADOS. Por ejemplo:
1. El enriquecimiento inexplicable de la familia FOX-SAHAGÚN
2. Participación irregular e ilegal de Hildebrando Gómez del CAmpo, CUÑADO DE Felipe Calderón, durante la conformación y conteo del padrón electoral el pasado 2006
Enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel, excandidato del PRI... (MUTIS POR EL FORO)
3. Asociación delictuosa de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca.... (acuerdos extraños con Calderón)
4. Asociación irregular de Mario Marín con pederastas y corruptos empresarios (acuerdo extraño con CAlderón)
5. Compra-venta de votos a favor de FELIPE CALDERÓN por parte ELBA ESTHER GORDILLO, "lidereza de los profesores", con gobiernos priístas del norte del país (CONFESIÓN PÚBLICA DE LA PROPIA NEGOCIANTE)
6. Asociación delictuosa del actual secretario del trabajo, JAVIER LOZANO ALARCÓN... (mutis por el foro)
7. Permisos irregulares para casas de apuestas por parte de SANTIAGO CREEL MIRANDA, exaspirante a la presidencia por parte del PAN, y entonces Secretario de gobernación en el gobierno de FOX.
8. Nombramiento inconstitucional del CIUDADANO ESPAÑOL, Juan Camilo Mouriño, como Secretario de Gobernación de México (vicepresidente, al cambio). SIN COMENTARIOS...
9. Tráfico de influencias del mismo CIUDADANO ESPAÑOL, a favor de las empresas de su padre, el también CIUDADANO ESPAÑOL, Carlos Mouriño... (Caso de Iván el corrupto)...
10. Venta ILEGAL (disfrazada de "asociación") de los recursos energéticos de todos los mexicanos, violando LA CONSTITUCIÓN MEXICANA.
Por cierto, QUE QUEDE CLARO, A S O C I A R S E, significa: Juntar una cosa con otra para concurrir a un mismo fin. Es decir, si se juntan para extraer el petróleo, acaso las ganancias NO se van a repartir??? SI ASOCIARSE NO SIGNIFICA eso, entonces NO pueden detener a nadie por ASOCIACIÓN DELICTUOSA... ¿O cuál es la diferencia?
¿DÓNDE ESTÁN TODOS ESOS ELOCUENTES Y OFENDIDOS CIUDADANOS MEXICANOS QUE EXIGÍAN TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA Amlo, acusado de intentar abrir una calle para comunicar un hospital? Dónde están todos aquéllos que dijeron (y siguen diciendo) que AMLO (Y SUS SIMPATIZANTES) somos "un peligro para México"... ¿Por qué somos un peligro? ¿para quién o quiénes somos un peligro? DÓNDE ESTÁ EL MANITAS LIMPIAS Y AQUÉLLOS QUE EXIGÍAN EL RESPETO A LAS INTITUCIONES? Acaso violar la ley es respetar las instituciones????
¿Por qué se quedan callado esos que se llamaron entonces "verdaderos mexicanos"...
Qué explicación dan ahora a todo esto. ES UNA OBLIGACIÓN MORAL SU RESPUESTA.
Sólo le pido a mi conciencia que la pobreza no me sea indiferente...
Aún con todas las trampas de que se valen los manipuladores de los medios masivos de comunicación, la real globalización ha hecho cada vez más difícil para los impostores imponer sus imposturas; esto es importante porque el imperio se ve impedido para impresionar con sus imprudencias y dejar la impronta de impopulares improperios (cacofonía dedicada, con todo respeto, a los mentirosos: Uribe, Calderón y Bush, en orden de aparición).
1.- El gerente de la sucursal Colombia del Pentágono, Alvaro Uribe, se pasó por el arco del triunfo la legalidad internacional y el más elemental derecho a la vida para violar el territorio del vecino Ecuador y asesinar a varios miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos al comisionado de ese grupo para la negociación del acuerdo humanitario para el intercambio de rehenes. No contento con tal desaguisado, el referido gerente tuvo la desfachatez de comunicarse con el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para darle una explicación mendaz de los acontecimientos, con lo que agregó un segundo ultraje al obligado respeto entre pares. No satisfecho con tanto error, ahora pretende convertir a la víctima en acusado, diciendo que las FARC reciben apoyos de los gobiernos de Ecuador y Venezuela, con lo que el conjunto de errores se convierte en un conflicto regional serio. Como sería de esperarse, el Presidente Correa alzó la voz en protesta por la violación de la soberanía ecuatoriana y, de inmediato, recibió la solidaridad activa del Presidente Chávez de Venezuela; ambos movilizaron tropas a sus respectivas fronteras con Colombia y rompieron relaciones diplomáticas. El conflicto está presente y somos muchos los que apostamos a su pronta solución por la vía política la que, por cierto, no puede limitarse al simple otorgamiento de disculpas.
De ninguna manera es posible suponer que el ejército colombiano actuó a la ligera y cometió un error. Notoriamente se trata de un acto que fue seriamente conocido y autorizado, si no es que promovido, por el más alto mando de ese país, con oficinas a la orilla del Potomac. Se trata de un operativo para medir la capacidad de respuesta del ofendido, de manera de poder propiciar otra serie de operativos de mayor efecto en la región, como pudieran ser los alientos separatistas de las oligarquías de Venezuela en el Zulia, de Bolivia en Santa Cruz y del propio Ecuador en Guayaquil, todos incluidos en el tablero del ajedrez de la geopolítica de los gringos en Sudamérica, como instrumento para destroncar el movimiento emancipador bolivariano. No es casual que las respectivas embajadas de los Estados Unidos en esos países actúan descaradamente en el aliento a los sectores secesionistas.
Soy un devoto pacifista y, precisamente por eso, saludo la inmediata respuesta militar de Caracas que desplegó tropas a la frontera con Colombia. Bush es el destinatario del mensaje: sus afanes de dominio en la región encontrarán respuesta; una locura al estilo Irak no será, tampoco, un paseo tropical para sus marines. La paz reclama el respeto.
2.- Hablando de impostores, el colega de Uribe en la sucursal mexicana, no canta mal las rancheras en eso de los errores (afortunados, también por cierto). Apuesta su escaso capital político al colocar al tal Mouriño en la Secretaría de Gobernación, y pierde. El delfín apareció con cola; no sólo falseó documentación para hacerse aparecer como mexicano nacido en Madrid, sino que prevaricó al firmar contratos de transporte de combustibles de PEMEX, siendo presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados y como subsecretario de Energía cuando su jefe fue secretario de ese ramo. Resultó ser otro impostor. Si lo sostiene, pierde y si lo hace renunciar, también. Resultó afortunado por el hecho de que le dio la puntilla al proyecto de apertura de PEMEX a la inversión privada. Esta semana apareció en la pantalla televisiva un mensaje cursi que habla del tesoro que los mexicanos tenemos en las aguas profundas del Golfo de México el cual, originalmente, incluía unas manos estrechándose, simbólicas de la conveniencia de la asociación con los que sí saben explotar petróleo en aguas profundas; en las dos ocasiones que registré el mensaje las manos y el comentario no aparecieron. Tampoco ha aparecido el famoso diagnóstico que habría de realizar la bancada panista en San Lázaro. Afortunadamente la pita se les enredó; la movilización popular, con AMLO a la cabeza, está repitiendo la experiencia del desafuero. También parece que el PRI de Beatriz Paredes (que no el de Beltrones y Gamboa) saca a relucir sus documentos básicos para manifestar su rechazo a la privatización; más vale salirse a tiempo que quedarse colgados de la brocha, como le sucedió a Madrazo con el desafuero.
Hasta aquí el triunfo de la no privatización. Ahora habrá que trabajar en torno a la sí nacionalización efectiva de PEMEX. La empresa no puede continuar siendo desmantelada por los tecnócratas de la intervención administrativa del FMI en el gobierno ilegítimo; el riesgo es mayúsculo al agregarse el rencor por la nueva frustración.
A los impostores se les cae la máscara.
Ricardo Alarcón de Quesada: “Los medios pueden manipular la realidad, pero no son capaces de crearla”.
El recuerdo de Mills me acompaña tercamente hace varias semanas. Desde que se produjo un pintoresco alboroto, a la vez divertido y triste, cuando varios medios internacionales difundieron un video de poco más de cuatro minutos, habilidosamente editado, acerca de la reunión de dos horas, seis minutos y treinta segundos que sostuve en enero con los estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).
Divertido, porque en esa reunión participaron unos 10 mil estudiantes que saben la verdad y aprendieron además una lección de inestimable valor: ahora saben igualmente para qué sirven ciertos conglomerados de la información. Triste, porque de la manipulación se hicieron eco
también otros que se consideran periodistas serios, ninguno de los cuales se tomó el trabajo de acudir a la fuente original. Todos, sin excepción, silenciaron más de dos horas de discusión y repitieron con idéntica obediencia, como loros bien entrenados, el libreto dictado por la BBC y la CNN. Por cierto, reuniones como la de la UCI serán novedad para ellos, pero no para mí que sólo en ese mes tuve otros tres encuentros semejantes con universitarios cubanos, de los cuales, como supondrá el avisado lector, hay incontables testigos. Encuentros en los que, sin excepción, incluyendo el de la UCI, se habló libremente, con franqueza natural a la que estamos habituados en la Cuba real y en la que los jóvenes reafirmaron su adhesión al socialismo.
Pensé en Mills cuando el domingo 24 de febrero al concluir la sesión del Parlamento cubano una periodista europea me expresó su sorpresa pues, según ella, las decisiones que acabábamos de tomar no correspondían con lo que se suponía debía ocurrir. No entendía que "un desconocido" como Machado Ventura pudiera ser elegido Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros y tampoco comprendía que yo hubiese sido reelecto Presidente de la Asamblea contradiciendo ciertas especulaciones mediáticas. Con la
mayor dulzura posible le respondí que los medios pueden manipular la realidad, pero no son capaces de crearla.
El primer paso fue la colocación en todos los barrios, en los lugares más visibles, para que todos pudieran verlas, las listas provisionales de electores. Ahí permanecieron varias semanas, sometidas al escrutinio público, al control popular. Así se podía corregir cualquier error, agregar o suprimir según el caso, para luego, volver a colocar, en los mismos sitios de fácil y cotidiano acceso, la lista casi definitiva. Casi, porque en vísperas de la elección alguien puede fallecer, o arribar a la edad electoral -16 años- o haber cambiado su lugar de residencia (obviamente son pocos pero también son tomados en cuenta). Porque en Cuba los derechos civiles y políticos se adquieren por nacimiento como algo natural, gratuito y universal, al igual que los cubanos nacen y viven toda la vida con el derecho a la salud y a la educación, sin pago ni requisito especial alguno.
El 21 de octubre se realizaron los comicios para elegir los 15,236 delegados municipales. El siguiente domingo hubo una segunda vuelta en aquellas circunscripciones donde ningún candidato había alcanzado la mayoría absoluta. El voto es, por supuesto, secreto. Pero el conteo de las boletas siempre tiene que ser abierto al público incluyendo a periodistas o visitantes extranjeros. Los resultados completos del escrutinio son ubicados en lugares visibles, para general conocimiento, en cada uno de los más de 30 mil centros de votación en todo el país.
Una vez constituidas las Asambleas Municipales se dieron a la tarea de seleccionar a quienes habrían de ser sus candidatos a las Asambleas Provinciales y a la Asamblea Nacional. Los precandidatos habían sido postulados por los delegados que acababan de ser elegidos del modo
antes descrito y por las organizaciones sociales (sindicatos obreros, organizaciones estudiantiles, campesinas, de mujeres, de vecinos, que integran las comisiones de candidaturas). Cada Asamblea Municipal discutió y aprobó, uno a uno, los candidatos que sometería al voto popular.
El 24 de febrero triunfó la unidad de los patriotas, de las varias generaciones actualmente activas en la sociedad cubana. Lo hicimos desafiando además la insólita amenaza de George W. Bush, irresponsable y belicoso personaje, quien había proclamado que no aceptaría un
gobierno presidido por Raúl Castro y que actuaría "ágil y decisivamente" para impedir su instalación.
Los cubanos conocen perfectamente la Helms-Burton, pues su texto íntegro, sin cambiarle ni una coma, ha sido publicado aquí en sucesivas ediciones y ha sido objeto de análisis en numerosas reuniones públicas. Del mismo modo hemos procedido con los dos planes que el señor Bush ha aprobado para intensificar la guerra económica y para precisar puntillosamente cómo se propone llevar a la práctica los siniestros designios de dicha Ley. Saben que la derrota de la Revolución significaría el fin de la independencia nacional, la pérdida absoluta de todos los logros alcanzados en educación, salud, cultura y seguridad social y el regreso del hambre, la miseria, los desalojos campesinos, los desahucios y la indigencia.
No se trata de retórica. Lo acaba de recordar desde Miami, el pasado 22 de febrero, el señor Nicolás Gutiérrez, uno de los redactores de la Helms-Burton, principal dirigente de la Asociación de antiguos terratenientes en el exilio y organizador de centenares de expropietarios que se alistan para tomar por asalto la sociedad cubana y apoderarse de todo con el auxilio de las bayonetas del ejército norteamericano que, en sus sueños delirantes, volvería a ocupar este país.
Según el señor Gutiérrez, su labor ha recibido un gran estímulo desde que Fidel delegó sus responsabilidades en julio de 2006 y hoy maneja un total de reclamaciones cuyo valor calcula en 200,000 millones de dólares. Esta cifra es el doble de la estimación del propio Departamento de Estado cuando antes de su aprobación por Clinton, expresó objeciones a la Ley precisamente porque consideraba la mitad del actual monto una enormidad que provocaría un conflicto eterno.
La amenaza que pesa sobre Cuba es muy grave. El pueblo cubano enfrenta el genocidio más prolongado de la historia y que nadie tiene derecho a ignorar. Informes oficiales norteamericanos, recientemente desclasificados, revelan que desde 1959 la política norteamericana consistía en "causar hambre y sufrimiento" al pueblo cubano como único medio para doblegarlo y castigarlo por "apoyar a Castro": contra él se practica el genocidio desde hace medio siglo para despojarlo de sus derechos democráticos.
Pero no engañan a los cubanos. Imaginaban que podrían dividirnos con su sarta de especulaciones baratas, que serían capaces de separarnos entre veteranos y jóvenes, entre "conservadores" y "reformistas". Les demostramos que todos somos uno.
Elegimos Presidente a Raúl Castro quien se había ganado esa autoridad luchando desde la adolescencia hasta convertirse en el Segundo Jefe de la Revolución desde los días de la guerrilla antibatistiana. Dimos nuestro voto como Primer Vicepresidente a José Ramón Machado Ventura, un revolucionario de toda la vida cuyo sentido del humor le permite disfrutar de la etiqueta de "conservador" que le endilgan ciertos medios.
Otra vez nos levantamos juntos, "los pinos viejos y los pinos nuevos", según la metáfora martiana, para asegurar la continuidad de la Revolución, para renovar y fortalecer su institucionalidad, para cambiar todo lo que haya que cambiar, siempre sobre la base del consenso más amplio y firme, para salvar la Patria y perfeccionar el socialismo.
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 artículo 26
 artículo 41
 artículo 79
 Artículo 93
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