Source: https://www.bhrmx.com/es/5214-2/
Timestamp: 2020-08-05 13:36:07+00:00

Document:
El 01 de enero del presente año, entraron en vigor reformas legislativas en materia fiscal (Especialmente ISR, IVA y de IEPS), derivadas de la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2020, siendo una de las más comentadas, aquella relacionada con la retención del 6% de IVA en la prestación de servicios independientes, dando como resultado una confusión generalizada, que ha llevado a ciertos contribuyentes a aplicar la mencionada retención a todos aquellos proveedores de servicios independientes, aun y cuando pudiera no ser conveniente realizar dicha acción, situación que ha provocado tensiones entre clientes y proveedores dado que cada uno desea que su criterio sea el que se imponga aun cuando probablemente no le asista la razón.
Inicialmente, de acuerdo con lo señalado por la iniciativa de reforma al artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 08 de septiembre de 2019, la retención solo aplicaría a aquellas empresas dedicadas a prestar servicios de subcontratación de empleados, comúnmente conocidas como outsourcing (que cumplieran con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo para tales efectos), dado que se ha observado que dichas empresas no cumplen con el entero del IVA que trasladan y por otra parte, las empresas que reciben dichos servicios, sí acreditan el impuesto correspondiente.
En este sentido, la exposición de motivos de esa iniciativa literalmente señalaba “(…) establecer la obligación de los contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral en términos de la legislación laboral de calcular, retener y enterar, ante las autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas operaciones”[1].
Sin embargo, la redacción definitiva de dicho numeral (publicada en el DOF el día 09 de diciembre de 2019), distó mucho de la inicial, eliminando la especificación de que dicha retención únicamente aplicaría a los prestadores de servicios de subcontratación, lo cual dio pie a considerar que todas las empresas prestadoras de servicios independientes deberían ser sujetas a la retención sin importar el servicio que prestaran y en algunos casos se ha pretendido aplicar retención cuando se está pagando por un bien material, dada la ambigüedad de la norma, que a continuación se transcribe:
Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.”[2]
Como se puede observar, la poco afortunada redacción de la nueva fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, deja a los contribuyentes en una verdadera incertidumbre jurídica, toda vez que no es claro el supuesto de aplicación de la retención, lo que provoca confusión y temor, aunados a la amenaza de no poder acreditar el impuesto que se le hubiese trasladado en este tipo de servicios y pudiendo ser rechazada la deducción correspondiente en caso de no aplicar la retención.
Como consecuencia de lo anterior y ante la inquietud de varios sectores empresariales, la PRODECON instó al SAT a aclarar cuál sería la interpretación correcta aplicable al artículo citado a más tardar el día 24 de enero de 2020, sin embargo, el SAT solicitó un periodo más amplio para emitir su postura.
Es de señalar que, si bien el SAT pudo ya haber dado respuesta a confirmaciones de criterio realizadas por ciertos contribuyentes, estas son personalísimas y no implican una regla general, ya que se trata de casos aislados y perfectamente delimitados cuyas características no son las mismas que las del resto de operaciones realizadas por otros contribuyentes.
Es finalmente el día 31 de enero de este año, cuando de manera anticipada se da a conocer el criterio 46/IVA/N, mediante el cual se establece un muy débil intento del SAT de aclarar lo dispuesto por la Ley del IVA, señalando la siguiente interpretación:
“46/IVA/N Retención del 6% al impuesto al valor agregado a que se refiere la fracción IV del artículo 1o-A de la Ley del IVA El artículo 1o-A, fracción IV de la Ley del IVA señala que están obligadas a retener el impuesto que se les traslade, aquellas personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual y dicha disposición específica que la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.
Por lo anterior, cuando una persona moral del Título II o del Título III de la LISR o una persona física con actividad empresarial, en su calidad de contratante, reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de éste. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista.”[3] (Énfasis añadido)
Tal como se puede apreciar, la interpretación del SAT tampoco es muy clara en relación con los supuestos de aplicación de la retención a que hacemos referencia, dado que al texto original de Ley se añade un concepto adicional para establecer si debe existir retención, que es el de servicios aprovechados de manera directa por el contratante, con lo cual, consideramos que, si bien este criterio tiende a acotar los supuestos de aplicación de retención, sigue siendo una interpretación muy vaga del artículo 1-A en su fracción IV.
Por lo tanto, recomendamos el análisis individual de las operaciones llevadas a cabo con los contribuyentes, por las que se considere conveniente la aplicación de la retención bajo análisis, toda vez que, de aplicarla de manera indiscriminada podría traer consecuencias negativas a los contribuyentes que así lo hicieren y al resto de contribuyentes en caso de establecerse una regla general, tomando en consideración que el objetivo del SAT es obtener ingresos aludiendo al temor y la duda que la presente norma ha suscitado.
En BHR estamos a sus órdenes en caso de que requiera analizar a detalle cualquier operación de servicios que preste o reciba su compañía, así como realizar alguna solicitud de confirmación de criterio por parte del SAT en caso de que, dado el monto o la importancia de alguna operación, así se requiera.
Lo anterior, para tener una mayor certeza en cuanto al acreditamiento del impuesto y la deducción de la erogación en este tipo de operaciones y los casos en los que se es sujeto de la retención aludida en el presente boletín.
[1] Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, consultada en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190908-D.pdf, el día 10 de febrero de 2020.
[2] Ley del IVA, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_091219.pdf, el día 10 de febrero de 2020.
[3] Versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020 consultada en https://www.sat.gob.mx/normatividad/58905/versiones-anticipadas-de-las-rmf, el día 10 de febrero de 2020.

References: artículo 1
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 Resolución