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Timestamp: 2020-01-24 18:37:56+00:00

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Análisis crítico de la ley de responsabilidad estatal y de los artículos 1764, 1765 y 1766 del Código Civil y Comercial de la Nación
Por Juan Francisco González Freire
Los derechos que el Constituyente estableció en nuestra Carta Magna no solo aseguran la seguridad jurídica de la República sino que construyen y viabilizan la tutela judicial efectiva, tendiente a garantizarle al justiciable su acceso a la administración de justicia. Ello surge como corolario de lo instituido en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como del artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, encontrándose específicamente plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dónde el art. 8.1 señala el derecho: a) a ser oído con las debidas garantías; b) a que el proceso se desarrolle dentro de un plazo razonable; y c) a ser juzgado por un juez o tribunal competente; independiente; e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Asimismo, el art. 25.1 de esta Convención pone en evidencia que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales”. Luego, la misma Convención dispone que “los Estados partes se comprometen a garantizar: a) que la decisión del recurso antes indicado, estará a cargo de la autoridad competente; b) que cumplirán la resolución judicial del recurso; y c) que desarrollarán las posibilidades del recurso judicial”[1]. De allí que la tutela judicial efectiva guarda intrínseca relación con la seguridad jurídica; resultando eslabones esenciales e insoslayables a fin de garantizar el funcionamiento de lo que se considera “Estado de Derecho.
Dado entonces su fundamental respeto y eficacia, “los principios constitucionales aseguran la puesta en marcha de un régimen legal que opera sistemáticamente en función de la sociedad, y no contra ella; por cuanto resultan exigibles no sólo respecto hacia aquellas decisiones emitidas por Jueces o Tribunales, sino también hacia las decisiones emanadas de los órganos Administrativos y Legislativos…”[2]; cuestión ésta que debe operar sobre los distintos Poderes del Estado. Ahora bien, existen supuestos dónde la voluntad Legislativa se torna cuestionable en función del dinamismo jurídico que depara la sociedad; sea por el irregular ejercicio de sus instituciones, o mediante el empleo de alguna regla o procedimiento que no se ajuste al plexo normativo establecido en la Ley Suprema. Acto seguido analizaré la responsabilidad atribuible al Estado, de conformidad con la Legislación vigente[3].-
II.- La “responsabilidad estatal” previa a la legislación vigente.
El derogado Código Velezano imprimía en materia de Responsabilidad Estatal, que “Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título”[4]. En relación a ello, el Estado debía responder por la conducta reprochable de sus Funcionarios, como también por todas aquellas acciones u omisiones inherentes a su posicionamiento gubernamental, que generasen menoscabos hacia los particulares. En sujeción a la abolida norma, la Corte Suprema oportunamente se pronunció a favor de la aplicación del artículo 1112, señalando a sus efectos que "La responsabilidad del Estado en el ámbito del derecho público no constituye una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (…) La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas”[5].
Cabe resaltar que “en el ámbito del derecho público, es decir en nuestras relaciones con el Estado y la "cosa" pública; diversas son las instituciones jurídicas alcanzadas por la reforma (vgr. bienes públicos; sujetos estatales; obligaciones; prescripción etc.), pero sin dudas que todo lo concerniente a la forma, las causas, y alcances en que va a responder el Estado por los hechos, actos u omisiones en los que se provoque daños a los particulares (Responsabilidad del Estado), es una cuestión de profunda incidencia en la vida cotidiana del ciudadano”[6]; circunstancia que para nuestro más alto Tribunal de Justicia "la reparación de los daños sufridos ilícitamente corresponde al derecho que las personas tienen a verse libres y, por ende protegidas de toda interferencia arbitraria (o ilegal) en el ejercicio de sus derechos, sea que ésta provenga de particulares o del Estado. Este derecho básico a la autonomía e inviolabilidad de la persona subyace a la lista del art. 14° y al principio enunciado en el artículo 19°, mientras que el derecho a reclamar su protección se encuentra establecido en el art. 18° de la Constitución Nacional"[7]. Asimismo, ".... La responsabilidad de los encargados de todo poder público es otro medio de prevenir sus abusos. Todo el que es depositario o delegatario de una parte de la soberanía popular debe ser responsable de infidelidad o abusos cometidos en su ejercicio…"[8].
Sin perjuicio de lo expuesto, resulta significativo poner de manifiesto el cambio de criterio reiterado emprendido por nuestra Corte Suprema Nacional, quién modificó en distintas ocasiones su postura jurisprudencial. Si bien en sus comienzos ésta negó la responsabilidad estatal -salvo cuando las leyes lo hubiesen expresamente reconocido-, posteriormente modificó su tratamiento mediante los precedentes “Devoto y Ferrocarril Oeste” (dónde reconoció la responsabilidad indirecta del Estado); interpretando en adelante que la misma era de corte subjetivo; para luego llegar finalmente a la conclusión de que la responsabilidad Estatal es una “responsabilidad directa y objetiva” en los términos del artículo 1112 del derogado Código Civil, mediante los fundamentos que sustentan el precedente “Vadell”[9]. Tal resultó ser en ese entonces su apego al Derecho común, que al respecto se señaló: “si bien puede divergirse sobre los fundamentos de la teoría de la responsabilidad del Estado por los daños causados sin culpa a los particulares, es indudable que entre nosotros esa responsabilidad nace, en los casos como el presente, de la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y que la forma de hacer efectiva esa garantía es necesario buscarla en los principios del derecho común, a falta de disposición legal expresa, pues de lo contrario la citada garantía constitucional sería ilusoria”[10]. Se advierte consecuentemente que la Responsabilidad Estatal ha sido siempre materia de debate, habida cuenta de posicionarse como una cuestión jurídicamente compleja, diferente a la clasificación de los demás tipos de Responsabilidades[11].
III.- La “responsabilidad estatal” en las leyes 26.994 y 26.944. Análisis crítico
LA LEY 26.994 dispone: a) “Las disposiciones del Capítulo 1° de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”; b) “La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda”; y c) “Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda”[12]. Resultado de ello y a pesar que el Anteproyecto de la Comisión Redactora incluía un capítulo específico en torno a la “Responsabilidad del Estado”, el Poder Legislativo estableció que la misma debía regirse mediante una codificación específica, sancionándose a sus efectos la Ley 26.944[13]. En relación a ello, la doctrina colisiona al momento de intentar su unificación, siendo que existe en el interés de quienes se postulan a favor de la conveniencia de mantener un régimen de daños unificado en el Código Civil, una marcada diferencia hacia los que sostienen la necesidad de la autonomía del Derecho administrativo, en función de la naturaleza que reviste la actividad Estatal y su relación con los particulares. En efecto, y tal como lo supe reflejar oportunamente en trabajos anteriores[14], no debe pasar desapercibido que, si bien la nueva codificación dispone que la responsabilidad del Estado debe tener un tratamiento específico, mediante una Ley exclusiva que la contemple, lo cierto es que para algunos autores esta imposición no evita la aplicación “analógica” de las normas del Derecho privado. Al respecto, mientras algunos sostienen que “es relevante destacar el hecho de que actualmente el Código Civil no se aplica a la responsabilidad extracontractual del Estado de forma directa ni subsidiaria, sino analógica (esto es importante toda vez que el artículo 1764 del Proyecto modificado por el Poder ejecutivo Nacional prevé que no son aplicables las normas del Código de manera directa o subsidiaria a la responsabilidad del Estado, pero no excluye en absoluto la aplicación por analogía[15]); otros argumentan “que el carácter local del Derecho Administrativo es algo que no se discute y esto implica que las normas del Código Civil no puedan ser aplicadas más que a los casos de responsabilidad del Estado Nacional; aunque también sostiene que lo mejor sería que ni siquiera así sean aplicadas, ya que las normas del Derecho Privado han sido pensadas para regular otra clase de relaciones jurídicas que no involucran al Estado; y concluye aceptando que sin embargo es útil la aplicación analógica si es para cubrir los vacíos que el ordenamiento administrativo tenga”[16].
Resulta claro que las modificaciones normativas, teniendo en cuenta la Constitución Nacional, deben efectuarse con extrema precaución, siendo que en medio de su acomodamiento sistemático se encuentran pendientes de juzgamiento un significativo caudal de relaciones jurídicas existentes, cuyo sustento se apoya en la Legislación saliente. Cuando opera una modificación de fondo, es decir, un Código que no hace al procedimiento, sino al derecho sustancial, existe cierta inestabilidad o inseguridad jurídica, debido a que, como todo derecho naciente, no siempre coincide y/o transita en una misma dirección interpretativa. Asimismo, parte de la Doctrina cuestiona la voluntad del Legislador mediante lo dispuesto por el artículo 1764 del Código Civil y Comercial de la Nación, tildándolo de inconstitucional. Al respecto se sostiene que “El art. 1764 es violatorio del art. 75, inc. 12, CN, que prevé que la Nación dictará los Códigos de fondo, entre los cuales se incluye el Código Civil. La regulación del crédito de indemnizaciones que tienen las víctimas que son dañadas por el Estado, es materia del Código Civil, porque es derecho de fondo”[17]. “La doctrina del caso “Filcrosa”, que fulminó de nulidad las regulaciones locales sobre plazos de prescripción de tributos locales, es de aplicación a este caso, pues la razón es la misma”. Lo que el artículo permite es que existan infinitas reglas sobre responsabilidad del Estado. Puede haber tantas maneras de responder como municipios haya en el País”[18].
En función de lo expuesto, existen también quienes sostienen que “…no puede de modo alguno, una ley, aun cuando sea redactada bajo la denominación de Código, devolver a las provincias facultades delegadas por la Convención Constituyente a la Nación. Por otra parte, se debe tener en cuenta que siempre la aplicación de la normativa de los Códigos de fondo, y en particular el Código Civil, en el funcionamiento de los Estados Nacional, provinciales o municipales fue directa, no por analogía, como sostienen algunos administrativistas, artilugio empleado para defender la autonomía de esa materia cuando es el derecho sustancial el que unificó la estructura institucional del país”[19]. En cuanto al “principio de responsabilidad” establecido en el artículo 1765 del Código unificado (Ley 26.994), también se ha señalado su inconstitucionalidad por idénticas razones hacia el artículo 1764; por cuanto si cada jurisdicción administrativa tendrá sus propias normas de responsabilidad civil, resulta ser “contrario al art. 75, inc. 12, CN, por ser materia delegada al Congreso de la Nación”[20]. En el mismo sentido –contraponiéndose al actual art. 1765 del CCCN–, “revisadas las facultades de las legislaturas locales, en ningún caso se prevé que puedan dictar normas vinculadas a las materias tratadas en los Códigos sustanciales (Civil, Comercial, Penal, etc.) entre las que incluye, la responsabilidad civil del Estado, lo que es congruente porque esa facultad es delegada a la Nación”[21]; resaltando el autor que el sistema disgregado norteamericano “no representa el mejor modelo a seguir y habría que ver si replicarlo en nuestro país no alterará el principio de unidad de legislación común consagrado en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, bajo la premisa que también hay normas de derecho público que constituyen derecho común como las prescripciones del Código Civil referidas a la condición jurídica de las personas públicas y al dominio público”[22].
LA LEY 26.944 regula –como ley especial– la Responsabilidad Estatal, siendo ampliamente criticada, incluso por haberse sancionado antes que la Ley 26.994. Previo a su estudio, cabe tener en cuenta el concepto de “funcionario Público”. Respecto a ello se dijo “se trata de todo aquel que ejerce la función pública, de facto o de iure, si presta los servicios en forma onerosa o gratuita, los realiza en forma permanente, temporaria o accidental, y es esencial que su actividad se encuadre dentro de la función Pública”[23]. Sentado lo expuesto, se resaltarán algunos puntos que, a mi modo de ver, resultan por demás cuestionables al momento de interpretar -y tener que aplicar- la Ley de Responsabilidad Estatal.
El art. 1° de la mencionada Ley, dispone: “Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. Respecto a ello, coincido en que “…ésta norma no puede de modo alguno desconocer el sinnúmero de derechos reconocidos a la persona por los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos que el Estado Nacional suscribió y elevó por decisión de las Asambleas Constituyentes al rango de norma Constitucional, razón por la cual quedan por encima del Código Civil y Comercial y de ésta Ley…” (…) “En cambio, si es novedosa la parte in fine de la norma dónde se estatuye que la sanción pecuniaria disuasiva, es improcedente contra el estado, sus agentes y Funcionarios”. Sin dudas, esta decisión que prohíbe las clásicas astreintes rompe con la igualdad frente a los tribunales de los particulares contra el Estado. En ese sentido, el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos fija como principio “que toda persona tiene derecho en condiciones plenas de igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones” (…) “En otras palabras, al no poder imponerse contra el Estado y sus funcionarios sanción pecuniaria disuasiva, se vulnera el principio de división de poderes, porque queda en el ámbito de la discrecionalidad absoluta de la administración condenada el cumplimiento o no de la orden judicial impartida…”[24]. No obstante ello, para otra corriente doctrinaria “…es relevante destacar que el artículo 1° in fine de la Ley 26.944 establece expresamente la imposibilidad de imponer sanciones pecuniarias disuasivas contra los agentes o funcionarios. Se está refiriendo, sin lugar a dudas a los daños punitivos, que se encontraban consagrados en el artículo 1714 del proyecto original y que finalmente fueron excluidos del nuevo Código, aunque continúan finalmente en el ámbito del derecho del consumo (art. 52 bis, Ley 24.240)”[25].
El art. 2° de la mencionada Ley refiere: Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos: a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial; b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder. Cabe tener presente que las causales de exoneración de responsabilidad dispuestas expresamente en el citado artículo, se encuentran contempladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, mediante los artículos 1729, 1730, y 1731.-
El art. 3° se relaciona con los requisitos de viabilidad de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima: Ellos son: a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue; d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Como bien se sostiene al respecto, “en éste punto, solo es necesario recordar que el Estado tiene el deber genérico como cualquier otro sujeto de derecho, de no producir daño a otro consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional, por ello frente a un daño ocasionado por acción u omisión, aun cuando la misma no fuera prevista expresamente, tiene un deber incumplido”[26]
El art. 4° puntualiza los requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima. A saber: a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal; c) Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño; d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño; e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido; mientras que el Art. 5° hace mención sobre “La responsabilidad del Estado por actividad legítima”, aludiendo que la misma es de carácter excepcional. Asimismo, señala que en ningún caso procede la reparación del lucro cesante, y que la indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. Por último, establece que los daños causados por la actividad judicial legítima Estatal no generan derecho a indemnización; colisionando o contrarrestando esto último con la jurisprudencia y la doctrina respecto a la responsabilidad que le es atribuible al Estado por la actividad judicial cuando media falta de servicio o error en su funcionamiento[27]; lo que no implica justamente que se trate de una cuestión de ilegitimidad.
El art. 6° señala que “El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”, quedando “fuera de la norma, y por cierto, en el régimen general, cuando el servicio público no haya sido concesionado a particular”[28]. Asimismo, y en correlación con el Art. 7° (que fija el plazo de prescripción) “en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita”, en ambos se advierte una discrepancia hacia el plazo genérico de prescripción establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación (cual resulta ser de cinco años), cuestionándose al respecto que solo el mencionado Código de fondo se encuentra autorizado a fijar dicho plazo y no mediante la delegación a las provincias y sus leyes locales, en virtud de lo regido por el art. 75, inc. 12, de nuestra Ley Suprema.
El Art. 8° establece que “El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento”, mientras que el Art. 9° refiere a que “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años. La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización”. Respecto al último artículo, adhiero en cuanto a que “no se hace referencia si la responsabilidad del Estado es conjunta o independiente de sus funcionarios y agentes; y si la misma es concurrente o solidaria”[29]
En su Art. 10, el Legislador dispuso que “La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria. Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador”. Pondré de resalto respecto a ello, que las normas específicas imprimirán la responsabilidad contractual, “marcando con ello que las precedentes están reguladas para la responsabilidad aquiliana. En este punto cabe destacar que el art. 1764 declara inaplicables únicamente las disposiciones del Capítulo I (Responsabilidad Civil) del Título V (Otras fuentes de las obligaciones), con lo cual se debería entender que el resto de la normativa contenida en el Código Civil y Comercial sí le es aplicable al Estado en todas sus formas, como es por ejemplo, la parte general, el régimen de las obligaciones, contratos, etcétera. El comentario antes realizado tiene el propósito de advertir la problemática hermenéutica que se presentará dado que, de modo supletorio, se determinarán en este artículo que, en caso de ausencia de regulación, se aplica ésta Ley y que las disposiciones de la presente Ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador”[30].
IV.- Sinopsis
“Originariamente el Proyecto del Nuevo Código Civil y Comercial contenía en su normativa, reglas que sistematizaban la responsabilidad del Estado. Pero luego se decidió excluir del mismo a la responsabilidad del Estado. Fue así que se sancionaron los artículos 1764, 1765 y 1766 del CCyC.”, (…), “Estas modificaciones se dieron a razón de la nueva concepción tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto al concepto de causa Civil. En los fallos "Barreto Alberto Damián c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios" y "Aguilar, Patricia Marcela c/ Rey, Héctor y otra s/Daños y Perjuicios", la Corte cede su competencia originaria al entender que se trata de una cuestión de derecho administrativo local o nacional y como consecuencia resulta totalmente inaplicables las normas del C.C. La Corte entendió que cuando se demanda al estado nacional o provincial y esté en juego la aplicación de la aplicación de normas de derecho público o derecho privado esta competencia corresponde a los tribunales ordinarios. Asimismo la Corte estableció que no es suficiente para hacer surgir su competencia el solo hecho de demandar un Estado Nacional o Provincial sino que es necesario se la demande en forma principal es decir que no se pueda dictar una sentencia útil sin su intervención en el proceso, junto a este parámetro estableció que el poder de policía de seguridad genérico tampoco es suficiente para imputar responsabilidad al estado sino que debe probarse que de haber intervenido en tiempo y forma el perjuicio se hubiese evitado[31].
No obstante ello, no puede pasar desapercibido que “Cuando el Estado toma a su cargo una función, asume la obligación de prestar el servicio respectivo en forma regular, de modo que responda a las garantías que quiso asegurar, por lo que debe realizarlo en condiciones adecuadas al fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución; principios, que, si bien hallaron inicial fundamento en normas de derecho privado, resultan plenamente aplicables a las relaciones que se rigen por el derecho público”[32].
Culminando el presente trabajo, deviene significativo resaltar el caso “Sojo”, dónde la Corte ya había citado la autoridad del célebre precedente “Marbury vs. Madison” para establecer que “una ley del Congreso repugnante a la Constitución no es ley” y para afirmar que “cuando la Constitución y una ley del Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren”[33]. Tal atribución encontró fundamento en un principio fundacional del orden constitucional argentino que consiste en reconocer la supremacía de la Ley Fundamental (art. 31), pues como expresaba Sánchez Viamonte “no existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término la Constitución Nacional”[34]. De allí que Estado de Derecho conlleva en su funcionalidad, la sujeción a las disposiciones normativas siempre y cuando éstas no sienten sus bases en el marco de la ilegalidad. Asimismo, resulta de especial interés, que el conjunto de leyes que componen el ordenamiento jurídico en su integridad no contraríe –en ningún caso– lo establecido en la Constitución Nacional. Bajo esta premisa nace y se consolida lo que se denomina “seguridad jurídica”, habida cuenta de considerarse a esa Carta Magna como un principio rector jurídicamente inalterable respecto a la viabilidad y protección de diversos derechos y garantías fundamentales.
(*)Abogado. Ex secretario del Dr. Luis A. Ahumada Herrera (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22). Ex Integrante (pasante) Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal - Sala D. Ex Docente (ayudante de cátedras) de Derecho de Familia y Derecho de Daños - Universidad de Palermo.
[1] COUTURE, Eduardo, “El debido proceso como tutela de los derechos humanos”, Revista de Derecho. Jurisprudencia y Administración, Montevideo, nros. 8/10 agosto octubre 1952; ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2ª ed., trad. de Carlos Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 299; ARAZI, Roland, “Flexibilización de los principios procesales”, RDP, “El derecho procesal en vísperas del Bicentenario”, Núm. extraordinario conmemorativo del Bicentenario, Rubinzal-Culzoni, p. 111. Cfr. cita de GRACIELA MEDINA, “El Proceso de Familia en el Código Civil y Comercial de la Nación”, cita: www.gracielamedina.com/assets/.../EL-PROCESO-DE-FAMILIA-EN-EL-CCYCN.doc
[2] CSJN, Fallos 330:3160, 13/7/07, "Bussi c. Estado Nacional (Congreso de la Nación – Cám. de Diputados)
[3] Cfr. LEY 26.994 (CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN), y LEY 26.944 (RESPONSABILIDAD ESTATAL), ésta última aplicable en función de los artículos 1764, 1765 y 1766 del vigente CCCN.-
[4] Cfr. el derogado CODIGO CIVIL DE LA NACIÓN –LEY 340– LIBRO II - De los derechos personales en las relaciones civiles - SECCIÓN SEGUNDA - De los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones - TITULO IX - De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos – (de conformidad con el entonces ARTICULO 1112).
[5] CSJN, precedente “Vadell Jorge Fernando c. Provincia de Buenos Aires”, Año 1984, fallos 306:2030 y precedente “Serradilla Raúl Alberto c. Provincia de Mendoza y otro, s/Daños y Perjuicios”, fecha 12-06-2007, cfr. Fallos 330:2748.-
[6] LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PROVINCIAL A LA LUZ DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY NACIONAL 26.944, ElDial.com., 68545 (cfr. comentario Dr. SPACAROTEL, Gustavo, de fecha 07/07/2015).-
[7] CSJN., "Díaz, Timoteo", Fallos 329:473, (del voto de la Dra. Argibay), en función de los casos "Santa Coloma" Fallos, 308:1160, y "Aquino" Fallos 327:3753, entre otros (citado por GONZALEZ FREIRE, Juan Francisco, “La obligación del Estado de reparar el daño en función de la responsabilidad del poder judicial
(cfr. leyes 26.994 y 26.944)”, elDial.com, DC232C de fecha 26/05/2017)
[8] LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PROVINCIAL A LA LUZ DEL NUEVO CODIGO CIVIL Y DE LA LEY NACIONAL 26.944… (ob., cit., ElDial.com., 68545, citando a Juan Bautista ALBERDI).-
[9] Cfr. BALBÍN, Carlos Francisco, “Tratado de Derecho Administrativo”, Editorial La Ley, Buenos Aires, Año 2011, Tomo IV, págs. 221/222.-
[10] CSJN, “Laplacette”, 1943, cfr. Fallos 195:66.-
[11] Ejemplo de ello, LEY 26.994, cfr. TITULO V, CAPITULO 1, en función de las SECCIONES 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, (CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN).
[12] CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN –LEY 26.994– cfr. TITULO V - Otras fuentes de las obligaciones CAPITULO 1°- Responsabilidad civil -SECCION 9ª- Supuestos especiales de responsabilidad, ARTICULOS 1764, 1765 y 1766, -cfr. puntos a); b) y c), respectivamente.-
[13] Cfr. LEY 26.944 –LEY DE RESPONSABILIDAD ESTATAL– publicada en B. O. Nº 32943, el 08/08/2014.
[14] Cfr. GONZALEZ FREIRE, Juan Francisco, “La obligación del Estado de reparar el daño en función de la responsabilidad del poder judicial (Ley 26.994 y 26.944)”, elDial.com cita DC232C de 26/05/2017 (entre otros)
[15] BARRA, Rodolfo, “La Responsabilidad del Estado en el proyecto de nuevo Código Civil”, en: El Dial Express. Año XV, Nro. 3600, Editorial Albremática, Buenos Aires, Año 2012, elDial.com DC1946 (cfr. cita CONGRESO DE DERECHO PRIVADO… “REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL” EJE TEMÁTICO: Obligaciones Civiles y Comerciales. Sub-eje N° 4: La Responsabilidad Civil del Estado en la propuesta de la Comisión Redactora del Proyecto y su derogación y sustitución en el la modificación del Poder Ejecutivo (arts. 1764 a 1766 del P.E.). Procedencia de la exclusión de la responsabilidad directa y subsidiaria del estado del régimen General de la Responsabilidad Civil. Constitucionalidad. La limitación de la responsabilidad del Estado frente al derecho de las víctimas… http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/ponencias-congreso-derecho-privado/obligaciones-civiles-y-comerciales-carlos-garaventa.pdf).-
[16] CASSAGNE, Juan C., “Los Principios que fundamentan la Responsabilidad extracontractual del Estado y el alcance de la reparación”, en Responsabilidad del Estado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 47, y ss.
[17] RIVERA, Julio, MEDINA, Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Editorial LA LEY, Buenos Aires. Año 2014, Tomo V, pág. 10.-
[18] RIVERA, Julio, MEDINA, Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación…”, ob., cit., pág. 10.-
[19] ALTERINI, Jorge, H., “Código Civil y Comercial comentado – Tratado Exegético”, Editorial La Ley, Buenos Aires, Año 2015, Tomo VIII, págs. 374 y 375.-
[20] RIVERA, Julio, MEDINA, Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación…”, ob., cit., pág. 11.-
[21] ALTERINI, Jorge, H., “Código Civil y Comercial comentado – Tratado Exegético”, ob., cit., pág. 376.-
[22] CASSAGNE, Juan Carlos, “El fundamento constitucional de la responsabilidad del estado y su regulación por el Código Civil o por Leyes complementarias”, LA LEY, 2014-C-885 (citado por ALTERINI, Jorge, H., ob., cit., pág. 376).
[23] CIFUENTES, Santos – SAGARNA, Fernando, “Código Civil comentado y anotado”, Editorial La Ley, Buenos Aires, Año 2011, Tomo II, pág. 617 y ss. (citado por LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Año 2015, Tomo VIII, pág. 624).
[24] ALTERINI, Jorge, H., “Código Civil y Comercial comentado – Tratado Exegético”, Editorial La Ley, Buenos Aires, Año 2015, Tomo VIII, págs. 378 y 379.-
[25] LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Año 2015, Tomo VIII, pág. 625.-
[26] ALTERINI, Jorge, H., “Código Civil y Comercial comentado – Tratado Exegético”, ob., cit., pág. 379.-
[27] GONZALEZ FREIRE, Juan Francisco “La responsabilidad del Poder Judicial a la Luz del nuevo Código y en función de la Ley 26.944 (Ley de Responsabilidad Estatal)”, LEGISLACIÓN ARGENTINA, ED., N° 9, ISSN 1667-1821, de fecha 11 de Septiembre de 2017.
[28] ALTERINI, Jorge, H., “Código Civil y Comercial comentado – Tratado Exegético”, ob., cit., pág. 380.-
[29] ALTERINI, Jorge, H., “Código Civil y Comercial comentado – Tratado Exegético”, ob., cit., pág. 381.-
[30] ALTERINI, Jorge, H., “Código Civil y Comercial comentado – Tratado Exegético”, ob., cit., pág. 381 (en comentario al Art. 1765 del CCCN).
[31] BOLLERO HAUSER, J., PERALTA SAN MARTIN, L., “La Evolución de la Responsabilidad del Estado en la República Argentina”, Id SAIJ: DACF160632, de fecha 24/11/2016.-
[32] CSJN: «Sanchis Ferrero, Julia Aurora y otros c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación», S. 689, XXII, 20/5/1992, Fallos: 315:1059.
[33] CSJN, Fallos: 32:120.
[34] ESPECHE, Sebastián, “Análisis Constitucional de la responsabilidad del Estado”, MICROJURIS, cita MJ-DOC-11904-AR | MJD11904 (CFR. Juicio de amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVII, p. 197, citado en Fallos: 321:3620).
Citar: elDial.com - DC249B

References: artículo 10
 resolución 
 artículo 1112
 artículo 19
 artículo 1112
 artículo 1764
 artículo 1764
 artículo 1765
 artículo 1764
in fine
 artículo 1
in fine
 artículo 1714