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Timestamp: 2014-03-09 00:50:22+00:00

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Recurso de Casación por Antonio Botella | Cátedra José María Cervelló
Escrito el 10 agosto 2008 por candres.maj2006 en Derecho y RSC
Entiendo que no es ocioso, sinó muy necesario, recordar algo que frecuentemente se olvida -y que no debería- entre profesionales del derecho: ”las palabras significan”; y puesto que significan, se deben utilizar con precisión.
Llama la atención, sin embargo, la ambivalencia del significado del término casación. Casar significa “lo mismo y lo contrario”, si se me permite esa expresión. Significa, tanto contraer matrimonio, juntar, unir, como también anular, abrogar, derogar.
No vamos a referirnos, en estas líneas al casamiento, sino a la casación, que significa derogación, anulación. Que proviene del latín “cassare”, de “cassus”, vano, nulo; y que es un galicismo que importamos del término francés “casser”, “cassation”, que significa romper, quebrantar, anular.
Nace el recurso de casación en la edad contemporánea, como consecuencia de la aplicación del principio de división de poderes en el marco de la Revolución Francesa, como sistema de control por un órgano, en principio dependiente del Poder legislativo y, posteriormente, integrado en sistema judicial, como Tribunal de Justicia.
El recurso de casación, es un instrumento procesal, un instituto jurídico, que permite atacar la sentencia una vez terminado el juicio sobre un asunto. Si tuviéramos esto claro ya tendríamos bastante andado.
El juicio ya terminó, cuando empieza el recurso de casación. No es, en consecuencia, el sometimiento de las partes y de sus pretensiones a la decisión de un Juez. El debate entre partes, el esfuerzo por demostrar la certeza de los hechos… la labor encaminada a ganar el pleito, debe de desarrollarse en el juicio y no reservarse para luego, pues luego es tarde, como veremos.
El recurso de casación se plantea por una de las partes del juicio, la que ha perdido, no contra la otra, la que ha ganado, sino contra la sentencia. La parte ganadora, se convierte en defensora de la sentencia y no de sus argumentos. Es la defensora de la resolución y de la labor del juez o tribunal y de los argumentos utilizados por estos en la sentencia. No puede ya, el recurrente, por brillantes que hayan sido, rememorar los propios argumentos, si la sentencia no los ha hecho suyos; debe intentar “dignificar” los de la sentencia, defender el acierto y legalidad de estos, frente al ataque que la parte perdedora del pleito realizará de la sentencia.
En no pocas ocasiones se esfuerza el abogado, durante el juicio, en la defensa de su posición procesal y de su pretensión; califica la institución con rigor y desarrolla el periodo probatorio con gran detalle, hasta acreditar los hechos en que se funda su derecho… Y luego, la sentencia, no refleja ni recoje, ni la precisión, ni el detalle; carece de la solidez que hubiera merecido el ganador del pleito y hasta puede debilitar su posición de cara al recurso de casación.
No es, por tanto, el recurso de casación un nuevo juicio, ni pueden debatirse ya los hechos, ni hay periodo probatorio para acreditarlos…El tiempo del juicio ha terminado. Es la sentencia que concluye el juicio, la que será objeto de revisión. Pero no todas, ni por cualesquiera causas o motivos… Es este un recurso eminentemente técnico y al aprendizaje de la técnica me gustaría contribuir con la lectura de estas reflexiones.
El recuso de casación es un recurso extraordinario. La Ley lo admite excepcionalmente y solo contra determinadas resoluciones judiciales. Sus causas están previamente determinadas: son, en resumen, infracciones del procedimiento e infracciones del derecho en que haya incurrido la sentencia. Tiene, igualmente, limitaciones a su procedencia: en particular, por razón de la cuantía y por razón de los motivos que pueden ser alegados.
En la interpretación más clásica, se le considera un recurso no constitutivo de instancia, es decir, que el Tribunal no puede pronunciarse más que sobre el derecho. Solo puede basarse el recurso en una incorrecta aplicación o interpretación de la Ley, sin poder, con carácter general, revisar los hechos de la causa.
Su finalidad originaria se centraba en una función nomofiláctica: cualquier sentencia que infrinja el ordenamiento jurídico puede y debe ser anulada. El principio de seguridad jurídica, garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución, sirve de fundamento jurídico constitucional a esta función, si bien ha tenerse en cuenta que el derecho a la casación no es un derecho constitucional que forme parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva- art. 24 de la CE- Su base es única y exclusivamente legal.
Posteriormente, se va incorporando una función de defensa del “ius litigatoris”, o derecho de acceso a un proceso de esta naturaleza. Y, en fin, una función de uniformidad en la interpretación del ordenamiento jurídico, de defensa del principio de unidad doctrinal, de fijación de la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo.
El recurso de casación civil vigente está regulado en los Arts. 477 y ss.de la LEC.
Se trata de un recurso extraordinario, del que únicamente conoce el Tribunal Supremo, por motivos tasados, -acceso limitado- con eficacia de casar, anular, las sentencias firmes de los Tribunales ordinarios, por infracción de la aplicación (previa interpretación) de normas jurídicas sustantivas.
El recurso extraordinario de infracción procesal, introducido en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, consiste en una segregación del recurso de casación tradicional del conjunto de motivos que se incluían en el mismo por quebrantamiento de forma. Recoge una serie de motivos específicos de esta naturaleza – artículo 469 – y atribuye la competencia para resolverlo a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales de Justicia, como Salas de lo Civil- artículo 468- con el efecto de retraer las actuaciones al momento procesal en que se hubiere cometido la infracción procesal. Artículo 476 LEC.
Es este un recurso que procede contra las sentencias y los autos que ponen fin a la segunda instancia- artículo 468 LEC. El procedimiento es similar al de casación y su desarrollo se prevé igualmente a través de cuatro fases: preparación, interposición, admisión y sustanciación.
Este recurso no ha llegado a aplicarse nunca, en cuanto a su tramitación, en sus propios términos, dado que para su entrada en vigor era necesario una modificación de la LOPJ, para atribuir la competencia a los Tribunales Superiores de Justicia, lo que, a pesar de las constantes y periódicas modificaciones de la LOPJ, nunca se ha llevado a efecto.
Se trata, pues, de un recurso en vigor, pero la competencia para resolverlo y su tramitación se ajustan a lo establecido en la disposición final decimosexta de la LEC, lo que implica, entre otras cosas, que la competencia para su conocimiento está, actualmente, atribuida al Tribunal Supremo y que, si se plantea conjuntamente con un recurso de casación, la tramitación de estos recursos sigue un proceso unitario, habiendo de tenerse en cuenta, que para que el Tribunal Supremo entre a conocer el recurso extraordinario por infracción procesal es necesario que se admita el recurso de casación.
El recurso de casación civil vigente es, pues, un recurso extraordinario del que conoce el Tribunal Supremo; que sólo puede interponerse contra las sentencias de segunda instancia; nunca contra autos; y que tiene un único motivo: la infracción de normas sustantivas aplicables al proceso.
Se da sólo en tres casos:
1°.- Contra las sentencias dictadas para la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución, cuya vía es la del recurso extraordinario por infracción procesal.
2°.- Cuando la cuantía del recurso excediere de 25 millones de pesetas.
3°.- Cuando la resolución del recurso presente interés casacional.
Se entiende que existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; cuando la resolución haya de resolver puntos o cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o cuando aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas de igual o anterior contenido.
Interesa destacar: Que los casos taxativamente previstos en los tres ordinales del artículo 477.2 LEC constituyen supuestos distintos y excluyentes de forma que sólo cabe la preparación del recurso al amparo de uno sólo de ellos.
El Tribunal no podrá reconducir a otro distinto el invocado por la parte. La interposición en base a dos de los ordinales da lugar a su inadmisión.
Que el caso previsto en el ordinal 1° ha de ponerse en relación con el artículo 249.1.2° de la LEC, de manera que este caso se contrae únicamente a las sentencias recaídas en el juicio ordinario relativo a la tutela civil de cualquier derecho fundamental.
Que el caso del ordinal Nº 2 del artículo 477.2 LEC debe ponerse en relación con los artículos 249.2 y 250.2 LEC, por lo que serán recurribles, al amparo de este supuesto, las sentencias recaídas en juicio ordinario, cuya cuanta sea superior a veinticinco millones de pesetas, quedando excluidas las dictadas en juicio ordinario de cuantía inferior o indeterminada, así como en el verbal.
Que el caso del ordinal 3° del art. 477.2 LEC ha de concordarse con los artículos 249.1 (excepto en su n° 2) y 250.1 LEC, de manera que las sentencias recaídas en juicio ordinario por razón de la materia, excepto los de tutela civil de los derechos fundamentales, y en juicio verbal igualmente en atención a la materia, así como las sentencias dictadas en los procesos especiales regulados en el Libro IV de la LEC, en otros procedimientos especiales de la propia LEC y en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, al amparo de los Convenios de Bruselas y Lugano, habrán de ser recurridas por la vía de este ordinal 3°, lo que hace preciso que la resolución del recurso de casación tenga “interés casacional”.
Que el “Interés casacional” contempla, en primer término la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, lo que hace necesario citar dos o más sentencias de la Sala Primera, razonándose “cómo, cuando y en que sentido ha sido vulnerada la doctrina de cada una de ellas”.
En cuanto a la jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, por tal debe entenderse la relativa a un punto o cuestión jurídica sobre el que exista “un criterio dispar entre Audiencias Provinciales o Secciones orgánicas de la misma o diferentes Audiencias”, exigiéndose dos sentencias firmes de uno de esos órganos jurisdiccionales, decidiendo en sentido contrario al contenido en el fallo de otras dos sentencias, también firmes, de diferente tribunal de apelación, por lo cual, la diversidad de respuestas judiciales en razón a fundamentos de derecho contrapuestos, debe producirse en controversias sustancialmente iguales, lo que requiere expresar la materia en que reside la contradicción y de que modo se produce ésta, así como exponer la identidad entre cada punto resuelto en la sentencia que se pretende recurrir y aquel sobre el que existe la jurisprudencia contradictoria que se invoca.
Que por lo que se refiere a las normas con menos de cinco años de vigencia, el cómputo debe efectuarse tomando como “dies a quo” la fecha de su entrada en vigor, mientras que el “dies ad quem” será fecha en que se dicte la sentencia recurrida.
El recurso de casación en la jurisdicción contecioso administrativa se regula, en la actualidad, por la Ley 29/1998, de 13 de Julio.
Es un recurso que se interpone siempre contra resoluciones de única instancia, a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, que se interpone contra la sentencia de apelación. Apelación y casación son en la jurisdicción contencioso administrativa dos vías distintas de forma que las sentencias y los autos de apelación no son susceptibles de casación, con la única excepción del procedimiento especial de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
El objeto del recurso, como sabemos, es la sentencia y, por tanto, no las actuaciones administrativas que hayan sido el objeto del recurso contencioso administrativo en la instancia y hubieran determinado la sentencia que se recurre. No es correcto, pues, desde el punto de vista de la técnica casacional, la reproducción en casación de las alegaciones realizadas en la instancia. Debe excluirse, asimismo, del debate casacional las manifestaciones o consideraciones hechas por la sentencia recurrida obiter dicta, no relevantes para la decisión. No es posible, en fin, introducir en casación cuestiones que no se hayan alegado y, por tanto, resuelto en la instancia.
Procede el recurso de casación contra sentencias de única instancia dictadas por las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Art. 86.1 LJ). No cabe, en ningún caso, ni contra sentencias ni contra Autos dictados por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Pero tal regla general tiene excepciones y excepción de las excepciones, como luego veremos.
Por su importancia práctica, debemos hacer una especial consideración a lo dispuesto en el Art. 86.4 de la LJ.
Dice tal apartado que:
“Las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia solo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora”.
Se introduce, así, una carga procesal que debe absolver el recurrente, al preparar el recurso (Art. 89.2 LJ), quién tendrá que demostrar que concurren los presupuestos exigidos en el Art.86.4, pues, de otra forma no se tendrá por preparado el recurso (Art. 90 LJ); se inadmitirá en el trámite del Art.93 LJ, o al dictarse sentencia, convirtiéndose en causa de desestimación, si el recurrido lo hace valer, ex Art. 94.1, parr. Segundo, de la LJ. A esta carga se llama “juicio de relevancia”, debiendo advertirse que la Jurisprudencia lo ha interpretado de forma muy estricta y restrictiva y que esa interpretación no infringe el Art. 24 de la Constitución, al acomodarse a la doctrina constitucional sobre el acceso los recursos.
De las excepciones establecidas en el Art. 86.2 LJ tiene una especial trascendencia práctica la mencionada en segundo lugar, referida a la cuantía, que debe de relacionarse, a su vez, con los apartados primero, tercero y cuarto del precepto, de manera que la expresión “cualquiera que sea la materia”, empleada en el apartado segundo, se entenderá con exclusión de las materias mencionadas en los apartados primero (personal), tercero (reunión) y cuarto (electoral), que están excluidas del recurso de casación.
La cuantía ha de ser superior a 25 millones, por tanto, una cuantía de esta cifra no es suficiente. Debe ser, al menos de 25.000.001 pesetas, o su equivalente en euros. Esto es de 153.253,03, sin que se aplique el redondeo de 150.000 €, establecida en el proceso civil por el RD 1417/2001, de 17 de diciembre.
El Art. 86.3 de la LJ señala que “cabrá en todo caso recurso de casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren nula o conforme a derecho una disposición de carácter general”.
El artículo 87 LJ se refiere al recurso de casación contra los Autos…”en los mismos supuestos previstos en el artículo anterior”, siguientes:
a) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso administrativo o hagan imposible su continuación.
c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquella o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.
2. Serán susceptibles del recurso de casación, en todo caso, los autos dictados en aplicación de los artículos 110 y 111.
3. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en los apartados anteriores, es requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica”.
Como vemos, el artículo 87.1 no permite recurrir en casación cualquier Auto sobre las materias enumeradas en el mismo, sino que lo hace “… en los mismos supuestos previstos en el artículo anterior”, es decir, solo cabrá recurso de casación contra el Auto si se ha dictado en un proceso en el que la Sentencia que lo ponga término no esté exceptuada de recurso de casación. No cabrá recurso de casación, por tanto, contra el Auto si la cuantía del recurso contencioso no excede de 25 millones de pesetas (artículo 86.2.b); o se refiere a materia de personal y no es atinente al nacimiento o separación de servicio de funcionario de carrera (artículo 86.2.a LJ); o como, en fin, si se trata de un recurso contencioso – electoral o del procedimiento especial de tutela del derecho reunión del artículo 122 LJ, (Artículo 86.2. d y c LJ.).
Cuando la Sentencia sea casable, el Auto también podrá serlo siempre que estemos en un caso de los recogidos en el artículo 87.1 de la Ley. Por el contrario, cuando la sentencia no sea casable, el Auto que se dicte en uno de sus incidentes, inclusive los mencionados en el artículo 87.1, tampoco lo será.
De los enumerados, el recogido en el apartado c), creemos que tiene más importancia práctica. Se permite, en este apartado, la casación de los Autos dictados en ejecución de Sentencia definitiva, si bien exclusivamente por dos motivos de casación que son los contemplados en ese precepto: que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente en la Sentencia; o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.
La jurisprudencia ha interpretado que este apartado del artículo 87.1 se refiere a un singular recurso de casación en el que sólo es posible combatir el Auto impugnado por los citados dos motivos, de manera que no se aplican los motivos del artículo 88.1 de la LJ. Esto nos permite plantearnos la duda, entendemos, razonable de que en estos casos, aunque la cuantía del asunto principal no excediera de 25 millones de pesetas y, por tanto, la Sentencia recaída no hubiera podido recurrirse en casación, pudiera, no obstante, recurrirse el Auto por los anteriormente citados motivos.
El artículo 89 de la LJ dispone:
“1. El recurso de casación se preparará ante la Sala que hubiere dictado la resolución recurrida en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos de forma exigidos.
4. Transcurrido el plazo de diez días sin haberse preparado el recurso de casación, la sentencia o resolución quedará firme”
Debe presentarse el escrito de preparación ante el Tribunal que ha dictado la Sentencia o el Auto contra los que se pretende interponer el recurso. El recurrente debe justificar “… con sucinta exposición”, el cumplimiento de los requisitos de plazo, pues debe presentarse el escrito dentro del plazo de 10 días hábiles, excluidos los sábados, los domingos y los días festivos, tanto nacionales, como de la respectiva Comunidad Autónoma, y sin perjuicio, del carácter inhábil del mes de agosto (artículo 183 LOPJ y 128.2 LJ); de legitimación, estando legitimados quienes se hubiesen constituido como parte procesal en la instancia, que deberán comparecer representados y defendidos legalmente, exigiéndose, por tanto, intervención de abogado y procurador (artículo 23.2 de la LJ); relativo a la resolución recurrible, pues se prepara contra las Sentencias o los Autos en los términos arriba expresados, indicándose si la Sentencia es recurrible por razón de la cuantía o por razón de la materia; o tratándose de un Auto, justificándose que es susceptible de recurso en los términos que antes se han indicado; relativo a los motivos de casación, pues el escrito de preparación no debe contener los motivos de casación. Es suficiente la genérica referencia a los que se recogen el artículo 88.1 LJ; y relativo al juicio de relevancia, pues, como sabemos, el recurrente debe alegar la norma legal vulnerada, cuando se trate de recursos contra sentencias (o, en su caso, autos) de las Salas de lo contencioso administrativo de los TSJ, que debe ser del ordenamiento estatal o comunitario europeo, haberse invocado en la instancia, o haberse aplicado por el órgano jurisdiccional y cuya pretendida vulneración haya sido relevante y determinante del fallo, explicando en el escrito de preparación en qué medida lo ha sido y con qué consecuencias sobre la parte dispositiva de la sentencia y sin que sea suficiente, a estos efectos, la mera cita apodíctica de los preceptos que se reputan infringidos.
Si concurren los requisitos de preparación, la Sala de instancia tendrá por preparado el recurso y emplazará a las partes para que comparezcan e interpongan, en unidad de acto, el recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a cuyo efecto remitirán a dicho órgano los autos y el expediente administrativo originales, dejando testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida para el caso de que las partes insten la ejecución provisional de la misma (artículos 90.1 y 91.3 LJ).
La decisión de tener por preparado el recurso adoptará forma de Providencia contra la que no cabrá recurso de súplica, aunque la parte recurrida pueda oponerse a la admisión (artículo 90.3 LJ).
La oposición de la parte a la admisión se puede hacer en diferentes momentos:
Al tiempo de comparecer, en plazo, ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo (artículo 90.3 LJ).
Al ser oído en el incidente recogido en el artículo 93.3 LJ.
Al oponerse al recurso de casación interpuesto/formalizado, siempre que las causas de inadmisión no hayan sido rechazadas por el Tribunal en el trámite establecido en el artículo 93 (art.94.1 LJ).
Así, por ejemplo, sería pensable que dictado el Auto de admisión en incidente del artículo 93, tras haberse discutido la cuantía del recurso, la parte recurrida pida la inadmisión al oponerse al recurso, fundada en otra causa distinta.
La resolución de inadmisión no es susceptible de recurso. La exclusión de cualquier recurso que hace el apartado 6 del artículo 93 es plenamente conforme con la C.E. y no lesiona derecho fundamental de tutela judicial efectiva.
Tanto si se inadmite por Auto, como si se desestima fundado por causa de inadmisión por Sentencia, la consecuencia es la condena en costas del recurrente. Regla general que sólo tiene una excepción, recogida en el apartado 2º, del artículo 93, esto es, en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una Disposición General si el recuro estuviera fundado en el motivo del artículo 88.1.d y se apreciase que carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad (artículos 93.5; 95.1 y 3; y 139.2 de la LJ).
Si no concurren los requisitos de preparación, la Sala debe dictar Auto denegando el emplazamiento de las partes, y la remisión de los autos al Tribunal Supremo. Contra este Auto, únicamente cabe recurso de queja que se sustanciará por los trámites previstos en la LEC.
Para formalizar el recurso es preciso que el recurrente se persone e interponga el recurso ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo dentro del término del emplazamiento.
En unidad de acto deberá, pues, de comparecer y formular recurso de casación dentro del plazo de treinta días.
La formalización exige que el recurrente respete la “técnica casacional”: No se permite la discusión de los hechos, ni debatir sobre la prueba practicada o sobre su valoración, ni introducir cuestiones nuevas no tratadas en la instancia.
El art. 88.3 LJ regula la “integración de los hechos de la sentencia recurrida”, como facultad que corresponde al Tribunal Supremo al conocer de los recursos de casación. Se trata de la posibilidad de complementar tales hechos, pero nunca contradecirlos. De suerte que los hechos libremente apreciados por el Tribunal de Instancia son inatacables, pero, en su caso, podrían ser completados o complementados con otros que habiéndose alegado o siendo notorios no hubiesen sido tratados por la sentencia de instancia y que revelaran la infracción del ordenamiento jurídico alegada.
Dice el citado artículo: “ cuando el recurso se funde en el motivo previsto en la letra d) del apartado 1 de este artículo, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por este, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder”.
La aplicación de la integración de los hechos se condiciona a que se pretenda para fundar un motivo de casación del apartado 1 d) del art. 88 de la LJ; que se integran los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia. Es decir, no se prescinde de los hechos probados en la instancia, sino que se parte justamente de esos hechos para incorporar otros hechos; que los hechos que se incorporan deben estar acreditados en las actuaciones; y que la toma en consideración de los hechos que se integran debe ser inexcusable para apreciar la infracción alegada de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.
Se puede llegar a la conclusión, de lo dicho, que el Tribunal de Casación actúa, en cierto modo, como Tribunal de Instancia, porque se ve obligado a realizar declaraciones fácticas que hubieran correspondido hacer al Tribunal “a quo”, si bien esa integración solo es posible y procedente cuando se trata de hechos esenciales no tenidos en cuenta (que sea o no esencial el hecho, forma parte de la propia decisión del Órgano de Casación).
No se entiende, por lo indicado, cómo pueden adicionarse hechos omitidos por el Tribunal de instancia sin contradecir la valoración de la prueba efectuada por éste; en realidad, el Art. 88.3 LJ supone, pura y simplemente, introducir en la casación contencioso-administrativa el error de hecho en la apreciación de las pruebas en su vertiente negativa, es decir, cuando el juzgador de instancia omite hechos relevantes que se desprenden de las actuaciones, motivo ése que ya desapareció de la casación civil en la reforma de la LEC de 1992 y que no ha sido restaurado en la nueva LEC. Ese precepto erige al juez de casación en juez de instancia al poder considerar otros hechos y, consiguientemente, fundamentar la sentencia en una argumentación fáctica y jurídica distinta a la efectuada por el órgano de instancia. No obstante, hemos de decir que el impacto del artículo 88.3 LJ, ha sido mayor en el terreno de los principios del recurso de casación que en su trascendencia práctica, que ha sido mínima.
Junto a la integración de los hechos, mencionaremos la proscripción de lo que se denomina hacer supuesto de la cuestión. La cuestión fáctica es inamovible en casación, lo mismo que la valoración de la prueba. Se hace supuesto de la cuestión cuando se parte de hechos no declarados probados en la sentencia de instancia; cuando se basa el motivo de casación en otros datos de hecho distintos a los declarados en la sentencia de instancia, sin que se ataquen por una posible infracción de normas sobre valoración de la prueba. No cabe en casación hacer supuesto de la cuestión, es decir, partir de hechos distintos de los que ha declarado acreditados la sentencia de instancia, pues ello sería tanto como pretender la revisión de la actividad probatoria y, especialmente, de la valoración de la prueba realizada en la instancia, que corresponde exclusivamente a esta.
Nos hemos detenido en la consideración de la integración de los hechos y de la interdicción de hacer supuesto de la cuestión, porque los pleitos suelen ganarse o perderse por la prueba, no por el derecho. Hay que litigar más que para “enseñar” al Juez el derecho, para demostrarle la certeza de los hechos. Por ello, cuando un abogado no ha desempeñado bién su trabajo o la sentencia no ha recogido bien el esfuerzo probatorio desarrollado por aquel, se intenta aprovechar el resquicio de la casación para, en última instancia, y como si se tratase, en efecto, de una más del proceso, debatir, de nuevo, las cuestiones de hecho, objeto de la actividad probatoria. Resquicio que, sin embargo, los Magistrados del Tribunal Supremo se empeñan en obturar, repitiendo que la casación no es una segunda instancia:…”Aquí, lo que se pretende por la parte recurrente es efectuar un supuesto de la cuestión, vicio procesal del recurso de casación, consistente en fundamentar un motivo con datos fácticos diferentes de los fijados o tenidos en cuenta en la resolución objeto del recurso, sin obtener previamente su modificación o integración por parte del Tribunal de casación”, dice, con reiteración, el Alto Tribunal, poniéndonos de manifiesto la estrecha vinculación existente entre la integración de los hechos y la existencia de supuesto de la cuestión y la necesidad de que cada vez más, por la via de la integración fáctica, pueda el Tribunal de casación evitar que los Tribunales de instancia tengan una primacía absoluta, no ya sobre los hechos, sino, también sobre el derecho, dada la imposible y metafísica escindibilidad entre hecho y derecho, puesto que alterando aquellos tienen mucho más facil alterar este. El Tribunal Supremo no puede quedar reducido en la casación a controlar solo aquello que los Tribunales de instancia les permiten controlar.
A tenor del Art. 89.3 LJ, “el recurso de casación podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida”.
Precepto que ha de completarse con lo dispuesto en el Art. 448.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) que exige que para poder interponer cualquier tipo de recursos es necesario que las resoluciones judiciales “afecten desfavorablemente” a los recurrentes. Si en el escrito preparatorio no se dice nada acerca de la legitimación del recurrente para interponerlo, ello lleva aparejada la denegación de la preparación del recurso, según reiterada doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por el contrario, en el escrito de interposición ya no es necesario reiterar el fundamento de la legitimación.
Tweet	Solzhenitsyn: intransigente a tiempo completo
José María ha muerto
RAFAEL	9 enero 2009 - 19:23
que pasa cuando el tribunal supremo inadmite un recurso de casacion diciendo que, las sentencias que se remitian de la Sala no contradicen a la que se recurria en casacion, pero no es cierto porque si la contradice pero la Sala confundio y estudio la del 19 de Abril 2001, popr la del 26 de Abril 2001, recurso 974/1999, y tambien de las Audiencias, confundio y solamente cita, la fecha y el año y mite el Nombre de Audiencia y la Seccion
RAFAEL COBREROS LLAMAS	10 noviembre 2009 - 23:15
QUIERO SABER A PODER SER EL COMENTARIO ARRIBA REFERENCIADO, SI AL CONFUNDIR UNA SENTENCIA POR OTRA HAY ERROR PATENTE, Y CONTRA EL AUTO DE LA DENEGACION DE INDMISION DEL RECURSO DE CASACION, QUE RECURSOS CABEN, EL AUTO DICE QUE NO CABE RECURSO ALGUNO. GRACIAS.
DOLORES	29 junio 2011 - 21:59
Estoy preparando recurso de casacion por 477.2.3.º. Tengo sentencias que en esencia evidencian el error de la sentencia de la Audiencia, al darle un equivocado alcance a la transacción extrajudicial. (1.816CC). pero los upuestos de hecho no son idnticos, es decir en mi caso es una transacción ocurrida a raiz del desistimiento del dueño en el 1495 CC, queda la obra liquidada y se paga el precio y despues de un año reclaman, por defectos y además por el precio, cunado el precio quedó transado y pagado voluntariamente. En primera instancia se estima el valor de la trasansaccion pero en la Audiencia no le aplica el mismo alcance y entra de nuevo en la liquidacion de la obra ejecutada.
Me sirven las sentencias genéricas encontradas que interepretan los 1.815 1816 para fundamentar la casación sin que se refieran al arrendamiento de obras?
MANUEL	14 enero 2013 - 07:52
Me han condenado a 3 años de prision y 2 de inhabilitacion especial para el desempeño de mi cargo. Simplemente en un atestado de circulacion, al confeccionar el atestado, una vez terminado pasaron 3 dias y por no se que desaparecio la diligencia de puesta en libertad. volvi a descargarla del ordenador y la firme, con el error de firmar tambien dos firmas supuestas del abogado y detenido. No hice daño a nadie puesto que no habia nadie, era la de puesta en libeertad ya pasada, no me lucre de nada y no tube ninguna intencioon de nada, solo de mandar el atestado al juzgado. Ahora que puedo hacer? como puedo salir de esto? porque esta aplicacion. necesito una opinion por favor.
gorky saavedra alvarado	21 agosto 2013 - 16:38
Soy de Madre de dios capital puerto maldonado quiero saber sobre un recurso de casación que se presentó el día lunes 19 de agosto del 2013 a la corte superior de justicia de madre de dios quisiera que me oriente como funciona el trámite en este caso, y en cuantos días hábiles podría estar llegando a la ciudad de Lima

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 469
 artículo 468
 Artículo 476
 artículo 468
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 477
 artículo 249
 artículo 477
 resolución 
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 122
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 89
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 resolución 
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
 resolución 
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 88
 artículo 88
 resolución 
 resolución