Source: https://www.slideshare.net/juliovaldiviar/aaa-adolescentes-en-elsistemapenal-unicef-2008
Timestamp: 2020-04-05 14:31:40+00:00

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, Jefe de Administración de Proyectos
UNICEF pauta la forma en que, respetando sus derechos, los adolescentes pueden ser ubicados en los procesos penales
1. ADOLESCENTES EN EL SISTEMA PENAL Situación actual y propuestas para un proceso de transformación
2. ADOLESCENTES EN EL SISTEMA PENAL Situación actual y propuestas para un proceso de transformación
3. Responsables Técnicos del Proyecto Dra. Gimol Pinto (Especialista en Protección, UNICEF), Dr. Gustavo R. E. Piantino (SENAF), Lic. Paula Gaillard (SENAF), Lic. José A. Rodríguez (SENAF) (UNIDAD DE GESTION CENTRALIZADA) Consultores Lic. Flavio Guberman, Lic. Gabriela Irrazábal, Lic. Ma. Paula Maroni, Dra. Carla Villalta, Dr. Gustavo Herrero, Dra Marisol Burgués, Dra. Claudia Cesaron, Dr. Mariano Gutiérrez, Dra. Ma. Lourdes Bascary, Lic. Ariel Pérez Cerviño, Dr. Martiniano Terragni, Dr. Edgardo Rubén Álvarez, Dr. Diego Freedman Referentes territoriales Dr. Daniel Aguirre, Dra. Edurne Cárdenas, Lic. Daniela Dantur, Lic. Rosana Fabiano, Prof. Nor-berto López, Lic. Ma. Cristina Navega, Dr. Fernando Ricciardini, Dra. Lorena Ríos, Lic. Constan-za Ripari, Lic. Fabio Szteinhendler, Dra. Paula Viale, Lic. Camila Villar, Dra. Susana Zuloaga Diseño de portada e interiores Florencia Micheltorena ISBN-13: 978-92-806-4043-0 ISBN-10: 92-806-4043-0 © Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 2008. Impreso en Argentina 1ª edición, septiembre de 2008 500 ejemplares Adolescentes en el Sistema Penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transformación Formato: A4 Cantidad de páginas: 108 ISBN-13: 978-92-806-4043-0 ISBN-10: 92-806-4043-0 Primera Edición, septiembre de 2008 Esta publicación puede ser reproducida parcialmente siempre que se haga referencia a la fuente. UNICEF - Oficina de Argentina Junín 1940, Planta Baja. (C1113AAX) Ciudad de Buenos Aires Correo electrónico: buenosaires@unicef.org Internet: www.unicef.org/argentina Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Ministerio de Desarrollo Social Tte. Gral. Juan D. Perón 524 (C1038 aal) Ciudad de Buenos Aires Teléfono: 4338-5800 Comunicacion@senaf.gov.ar
4. AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO Lic. Aníbal Jozami Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero AUTORIDADES DE UNICEF Dra. Gladys Acosta Vargas Representante de Unicef Dr. Ennio Cufino Coordinador de Programas de Unicef AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Dra. Alicia Margarita Kirchner Ministra de Desarrollo Social de La Nación Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Lic. Marcela Paola Vessvessian Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Dr. Gabriel Lerner Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia Dr. Gustavo R. E. Piantino Director Nacional para Adolescentes Infractores a La Ley Penal
5. ÍNDICE Presentaciones Institucionales 8 Introducción 19 Capítulo 1. Principios Constitucionales y del Derecho Internacional en la justicia penal para adolescentes 25 Capítulo 2. Relevamiento nacional de dispositivos penales juveniles. Resultados generales 37 Capítulo 3. Hacia un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos humanos de los adolescentes 59 Anexos 77
6. 8 | presentación Presentación Dejando atrás viejas prácticas retrógradas H ace muy poco tiempo, pu-dimos dejar atrás casi un siglo de patronato en políti-cas de infancia y comenza-mos a constituir una nueva institucionalidad: un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Ado-lescentes. Hace pocos días también, a través de la Se-cretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hemos podido suscribir, junto con UNICEF, un convenio de cooperación para poner en práctica el Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-lescentes, en lo que consideramos como un paso necesario en la consolidación del pro-fundo proceso de cambio normativo, insti-tucional, político y cultural que el Gobierno viene ejerciendo desde el momento mismo en que se hizo cargo del Estado y sus políti-cas sociales. El Gobierno ha definido como prioridad me-jorar la calidad de vida de niñas, niños y ado-lescentes, construyendo un país con respeto social, económico y cultural, basado en la promoción y promoción de sus derechos. Es-tábamos acostumbrados a políticas sociales homogéneas, originadas en conceptos abs-tractos, de escritorio, destinadas a tranquili-zar conciencias e intelectos de quienes tienen mucho más de entrenamiento en el discurso que en revertir una realidad social afectada por décadas de crisis y abandonos. En este sentido, en el año 2003 optamos por un modelo de país diferente, ligado a la cul-tura del trabajo y de la producción; orientado a reconstruir la paz y el tejido social. Con mucho esfuerzo y convicción, hemos edificado un Estado reparador de desigual-dades sociales, en un permanente trabajo de inclusión, creando oportunidades para el ac-
7. presentación | 9 ceso igualitario a la educación, a la salud, la vivienda, promoviendo el progreso social en el esfuerzo y el trabajo de todos y todas, de cada uno de los argentinos y argentinas. Dicho proceso de readecuación de las polí-ticas sociales se llevó a cabo a través de los siguientes pilares: • la concepción de un Estado promotor, pre-sente, activo, que se reubique en un lugar protagónico en la toma de decisiones; •una mirada territorial; •una concepción integral, en la que las per-sonas, la familia y las comunidades son porta-doras de derechos y no beneficiarios pasivos. En síntesis, queremos que sean protagonistas del cambio. Buscando trascender la fragmentación de las miradas e intervenciones, en el Plan Nacio-nal de Acción por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se consolida la políti-ca interministerial, como una herramienta común de planificación que plantea líneas estratégicas de desarrollo para los próximos años. Creemos importante destacar, que todas las provincias han aprobado las pautas para edi-ficar una política integral para los adolescen-tes infractores a la ley penal. Es un proceso de construcción respetuoso de los derechos humanos, nos permitirá dejar atrás prácticas retrógradas, que no generan ningún resul-tado y adecuarnos a nuestra Constitución Nacional como así también a los estándares internacionales en la materia. Queremos dejar asentado una vez más que, este trascendental proceso de cambio nor-mativo, institucional y cultural tiene en nues-tro Gobierno y en su Ministerio de Desarrollo Social, un actor comprometido y consistente, dispuesto a liderar la transformación. En el día a día trabajamos convencidos de que sólo en un país justo e inclusivo, las niñas y los niños podrán gozar efectivamente de sus derechos. Ésta es nuestra mejor apuesta de cara al futuro. Dra. Alicia Kirchner Ministra de Desarrollo Social Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
8. 10 | presentación Presentación Los adolescentes, los derechos y el sistema penal A compañar y apoyar los es-fuerzos gubernamentales y del ámbito académico –de la Secretaría Nacional de Ni-ñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-ción, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en el caso- constituye para UNICEF una importante prioridad. Lograr una me-jor protección de los derechos y garantías de los adolescentes y una adecuación del sistema de justicia penal juvenil a los prin-cipios constitucionales y del derecho inter-nacional de los derechos humanos, han sido los objetivos que dieron lugar a la presente publicación. En el plano normativo, Argentina ha recorri-do un largo camino desde la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) a su derecho interno: otorgamiento de jerarquía constitucional; sanción de nuevas legislaciones provinciales que garantizan los distintos roles y actuación administrativos, judiciales y el debido proceso; una creciente y sostenida aplicación de los principios de la CDN por parte de la jurisprudencia local; y la aprobación en 2005 de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Así, las bases fundamentales tenidas en cuenta al empren-der este análisis sobre la situación actual de los adolescentes en el sistema penal a nivel nacional han sido la nueva normativa nacio-nal, la nueva institucionalidad organizativa, la planificación intersectorial plurianual y el establecimiento de sistemas de diagnóstico y monitoreo periódico. El país aun tiene pendiente la aprobación de una nueva ley penal juvenil plenamente respetuosa de los derechos y garantías de
9. presentación | 11 los adolescentes. Consideramos que este estudio contribuirá a su discusión, a dimen-sionar los desafíos existentes, y a establecer una línea de base con distinto s indicadores que permitirán garantizar la aplicación de una normativa jurídica y materialmente más protectora de cada adolescente en conflicto con la ley penal. Tan necesaria como una nueva y mejor le-gislación es la transformación de las diversas prácticas, instituciones y políticas a los prin-cipios de la CDN, como un imperativo ele-mental de justicia. Así, los objetivos de una política de justicia referida a los adolescen-tes en conflicto con la ley penal deben con-templar tanto los aspectos preventivos an-teriores al delito, como la debida regulación de los mecanismos de reacción posteriores a aquél, en el sentido de su racionalidad y proporcionalidad, tendientes a evitar nuevas comisiones de delitos, y a generar oportu-nidades de inclusión social. En particular, en relación a la privación de libertad, es ne-cesario restringir y monitorear la aplicación de la privación de la libertad como medida excepcional y por el menor tiempo posible, y es necesario tener presente el sufrimiento que ella conlleva a fin de evitar su aplicación indiscriminada. Los procesos de transformación normativa, institucional y cultural para la defensa de los derechos humanos de los adolescentes en general, y de los adolescentes en conflicto con la ley penal en particular, son parte de las arduas luchas por la dignidad y el valor de la persona humana, donde se promueve el progreso social y la calidad de vida y las libertades son centro de conquistas. Este año, el 10 de diciembre de 2008 la Declaración Universal de Derechos Humanos cumplirá 60 años, su “concepto más amplio de libertad” transmite la idea de que el de-sarrollo, la seguridad y los derechos huma-nos se apoyan mutuamente en los principios del Estado de derecho. Esta Declaración aún continúa teniendo la misma fuerza y exigen-cia que en 1948 para todos los ciudadanos del mundo, sin distinción de su edad. Esta publicación permite analizar donde se está, en qué se pudo avanzar y con qué obs-táculos, y todo lo que aún queda por hacer para que todos y cada uno de los adoles-centes del país y los que están en conflicto con la ley penal en particular, tengan sus de-rechos y garantías plenamente respetados y cumplidos. Dra. Gladys Acosta Vargas Representante de UNICEF
10. 12 | presentación Presentación Una Nueva Mirada en las Políticas Publicas de Niñez y Adolescencia L as políticas públicas de niñez, adolescencia y familia de nues-tro país se encuentran en la actualidad atravesadas por un profundo proceso de cambio cultural e institucional que es pertinente aquí repasar. Cabe destacar que dicho proceso se da en el marco de un Estado Nacional que emer-gió desde la crisis social más importante de la República, asumiendo un rol prota-gónico en la puesta en marcha de políticas públicas de distinta índole que implicaron la recuperación de la dignidad a nuestro pueblo, trabajando permanentemente en la reparación de las desigualdades para lo-grar la inclusión social de los sectores más postergados. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación llevamos a cabo una reformulación y resigni-ficación de las políticas sociales. Las mismas tienen como imperativo ético-político gene-rar condiciones para la realización de la vida digna, la justicia social y la sustentabilidad intergeneracional. Dichos imperativos se construyen a partir del abordaje integral de la complejidad social, la efectivización de procesos y resultados tendien-tes a la realización de las necesidades y la recu-peración del protagonismo ciudadano popular. Las nuevas políticas de desarrollo social recono-cen a las familias como eje de inclusión social de los niños, niñas y adolescentes y todas las personas como sujetos de derechos, y no sim-ples beneficiarios pasivos de asistencia. Como actores y protagonistas del cambio social. En la particularidad de las políticas conteni-das en la temática de infancia y adolescencia, dicho cambio de abordaje tuvo como hito la sanción de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La nueva Ley se inscribe en la doctrina de la protección integral de la niñez y la adoles-
11. presentación | 13 cencia. A través de sus disposiciones apunta a superar el esquema de intervención espe-cializado prevaleciente hasta el momento que, bajo la caracterización de peligro ma-terial o moral y/o negligencia, habilitaba la intervención estatal coactiva, cuyo blanco estaba constituido mayoritariamente por ni-ñas, niños y adolescentes de familias pobres con dificultades para la crianza, en el marco de los valores y parámetros dominantes de ‘normalidad’, cuya definición fue modificán-dose o bien aggiornándose a lo largo de la vigencia de la Ley N° 10.903 de Patronato de Menores. En aquel modelo, la centralidad de la agencia judicial respondía a la necesidad de intervenir de ‘oficio’ en todos aquellos casos en que se advirtieran situaciones de ‘abandono moral o material’, concepto que carecía de una defi-nición clara o taxativa. Desde el ámbito administrativo se procedía a la clasificación de niñas y niños en torno a su-puestos síntomas o deficiencias a partir de los cuales se organizaban prestaciones fragmen-tadas por tipo de problema que implicaban, generalmente, su aislamiento de factores ca-lificados negativamente. Dicho aislamiento resultaba en la internación de niños y niñas en distintos tipos de instituciones. En todos los casos las decisiones eran tomadas por adultos, desde el ámbito judicial y adminis-trativo, sin contemplar su opinión. La separación de los niños y las niñas de sus familias como forma de protección implicaba atribuirles a éstas toda la responsabilidad por los distintos problemas, incluida la falta de condiciones sociales y económicas adecuadas para la crianza, desconociendo las situaciones estructurales precarias en las que estaban in-mersas, tanto niñas y niños como las familias, lo que implicaba una falta de responsabilidad sobre esas condiciones por parte del mismo Estado que pretendía protegerlos. La norma es, entonces, un instrumento jurí-dico que innova sobre el sentido y alcance de la intervención estatal, la cual debe entender-se como una forma de actuar diferente en el campo de la niñez y la adolescencia. Esto se refiere tanto a los contenidos de políticas, ser-vicios y programas cuyos destinatarios son los niños, las niñas y los adolescentes, como a las atribuciones, responsabilidades y relaciones entre los distintos actores estatales y las orga-nizaciones sociales habilitados para garantizar su bienestar y la protección de los derechos. Nuevas pautas para las políticas públicas de Niñez y Adolescencia De acuerdo con el principio establecido en el artículo 5 de la nueva ley, de prioridad ab-soluta, las pautas con las que cada nivel de gobierno debe elaborar las políticas públicas de niñez y adolescencia son: a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas espe-cíficos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor auto-nomía, agilidad y eficacia; c) Gestión asociada de los organismos de go-bierno en sus distintos niveles en coordina-ción con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; d) Promoción de redes intersectoriales lo-cales;
12. 14 | presentación e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes Se establece la conformación del denominado “Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, meca-nismo que reúne todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, pre-vención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los principios, derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la CIDN y demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino. El objetivo de dicho sistema es trascender la fragmentación de las miradas e intervencio-nes aisladas, asumiendo que la satisfacción de cada derecho tiene efecto en el ejercicio de otros derechos. Apuntando a fortalecer la integralidad y la corresponsabilidad hemos generado el Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como una po-lítica interministerial (que se encuentra ac-tualmente en su segunda fase de aplicación) denominada “Niñas, niños y adolescentes; Protagonistas del Bicentenario”. El Plan es un mecanismo integrador a me-diano plazo, que prioriza objetivos, establece metas, articula acciones, sugiere adecuacio-nes normativas e impone pautas de moni-toreo y seguimiento de políticas activas que respondiendo al paradigma de la protección integral, garanticen los derechos de niñas, ni-ños y adolescentes, como política de Estado. Nueva Institucionalidad Secretaría Nacional de Niñez, Adolescen-cia y Familia La nueva normativa creó la Secretaría Nacio-nal de Niñez, Adolescencia y Familia (SEN-NAF) como órgano especializado en materia de derechos de la niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto rector de las políticas públicas en la materia. A través del Decreto N° 416/06, el Poder Eje-cutivo Nacional dispuso su dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, garantizando de esta manera que su accio-nar se desarrolle en el marco de las políticas sociales integrales y la dotó de autonomía fi-nanciera a fin de agilizar la aplicación de sus políticas. Asimismo, con el fin de asegurar la trans-versalidad del área, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es miembro ti-tular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, espacio en el que articula políticas con los Ministerios Nacionales de Desarrollo Social, de Educación, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Salud, de Eco-nomía y Producción, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de Planificación Fede-ral, Inversión Pública y Servicios. El nuevo andamiaje institucional planificado para poner en práctica la doctrina de la pro-
13. presentación | 15 tección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, como así también de los adultos mayores, contiene una nueva estructura organizacional, dada por el Decre-to N° 28/2007, que implica la jerarquización del organismo de aplicación, destacándose la creación de las Subsecretarías de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, como así también la de Desarrollo Institucional e In-tegración Federal. Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia Uno de los hechos más importantes en la co-ordinación de políticas fue el establecimiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) que se encuentra presidi-do por la autoridad a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Por primera vez en la historia argentina se in-volucra institucionalmente a las provincias en la discusión y el análisis de la situación de la niñez, la adolescencia y la familia y, a partir de ello, en la planificación y ejecución de las polí-ticas en este campo de manera permanente. Durante el año 2006, el Ministerio de De-sarrollo Social de la Nación se dirigió a los Gobernadores de las Provincias a fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en el Decreto N° 415/06, para que las jurisdiccio-nes indiquen o establezcan los órganos de protección de derechos. Bajo la misma línea de acción, esta Secretaría Nacional, siguiendo el mandato del Decreto N° 416/06, convocó a los poderes ejecuti-vos provinciales a dos rondas de consultas, reuniéndolos por diferentes regiones geo-gráficas. En dichos encuentros se gestiona-ron los consensos necesarios y se analizaron las demandas territoriales para componer el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Fa-milia. El resultado del rico proceso de participación fue la fundación del Consejo Federal de Ni-ñez, Adolescencia y Familia, el 15 de diciem-bre del año 2006, conformado por los 23 Gobiernos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; donde las máxi-mas autoridades de niñez y adolescencia se comprometieron a: • Profundizar el proceso de transformación institucional y la promoción de adecuacio-nes normativas a nivel nacional, de las pro-vincias y municipios, de manera que nues-tras instituciones y marcos jurídicos sean armónicos y respetuosos de los derechos, principios y garantías consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. • Adoptar formas organizativas en todos los niveles de la administración, que aseguren un vigoroso sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y ado-lescentes, que promueva el acceso univer-sal a derechos y tenga capacidad de acción efectiva y adecuada ante la amenaza o vul-neración de los mismos, reconociendo en nuestras intervenciones las particularidades de cada comunidad. • Promover la participación de la comuni-dad a través de las organizaciones de la sociedad, en la elaboración y ejecución de las políticas de promoción, prevención y/o restitución de derechos, y el ejercicio del derecho a ser oído y el derecho a la participación de los niños, niñas y ado-lescentes.
14. 16 | presentación • Reforzar los procesos de revisión y trans-formación de las prácticas institucionales para con los niños, niñas y adolescentes, ajustándolas al modelo de la protección in-tegral, evitando la superposición de los es-fuerzos, la duplicación de las estructuras, la extemporalidad de objetivos, para así unifi-car, articular y optimizar recursos y circuitos administrativos. • Elaborar estándares mínimos de calidad de asistencia, protocolos de intervención y sis-temas de registro para las áreas de infan-cia, con particular énfasis en lo relacionado a niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales. • Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores ajustados a la Doctrina de la Protección Integral para las institucio-nes públicas y privadas que brindan asisten-cia directa a niñas, niños y adolescentes. • Establecer un sistema federal de evaluación y monitoreo, basado en instrumentos de generación y recolección de información compatibles para todas las jurisdicciones. • Realizar intercambios entre las jurisdiccio-nes para la capacitación y asistencia técnica en los dispositivos públicos o privados que permitan a todas las jurisdicciones contar con los recursos y dispositivos que le sean necesarios para promoción, prevención y/o restitución de derechos. • Priorizar con particular urgencia los esfuer-zos mancomunados dirigidos a la protec-ción de la infancia y la adolescencia víctima de delitos y enfrentar de manera coordina-da aberraciones como la trata, el tráfico, o la explotación sexual y la pornografía infantil, así como las problemáticas vincu-ladas a migraciones, trabajo infantil y toda otra violación de derechos fundamentales. La declaración transcripta sintetiza la agenda y la direccionalidad de las acciones a que se han comprometido los organismos compe-tentes en la materia de todo el país. Finalmente, cabe destacar que la ley crea la figura del Defensor de los Derechos sobre los Niños, Niñas y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la proteccion y la promo-ción de los derechos de niñas, niños y ado-lescentes consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. Dicha figura debe ser nombrada por el Honorable Congreso de la Nación.1 Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles En el marco de las políticas específicas para adolescentes infractores a la ley penal, desde la Secretaría Nacional comenzamos ha desa-rrollar una política federal en la materia. Hemos logrado un importante avance institu-cional con la creación de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Por primera vez, el Estado Nacional crea una dependencia rectora de las políticas públicas en la materia, dedicada específicamente a asistir y monitorear a las jurisdicciones pro-vinciales en el abordaje del presente tópico. La relevancia del presente estudio deviene en su originalidad. El Estado Nacional en conjun- 1 En noviembre de 2007, el Honorable Senado de la Nación ha dado media sanción a un Proyecto de Resolución Conjunto (Expe-diente 1453/06 y 2957/07) creando la Comisión Bicameral de Proteccion Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevista en la Ley N° 26.061 (Expediente N° 1453/07), dando un paso ineludible para lograr la designación del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito nacional.
15. presentación | 17 to con los ejecutivos provinciales, la Universi-dad Nacional de Tres de Febrero y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se han concentrado en lograr un diagnóstico del concreto estado de la problemática; in-formación imprescindible para poder planifi-car y llevar a cabo las políticas en la materia. No existen antecedentes serios, que puedan igualar este esfuerzo institucional, que nos ayuden a realizar un análisis de estas carac-terísticas. Recursos para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Creemos que es importante dejar asentado que la prioridad de las políticas públicas de infancia y adolescencia que proclamamos aquí tienen un claro correlato con la asigna-ción de recursos para el área. El Estado Nacional y UNICEF elaboraron con-juntamente el documento “Gasto Público dirigido a la Niñez en la Argentina”, cuyo ob-jetivo fue definir los aspectos metodológicos para cuantificar el Gasto Público dirigido a la Niñez y, a partir de ello, establecer una pri-mera aproximación numérica de este gasto para los niveles de gobierno nacional y pro-vincial. A partir de dicho estudio podemos decir que Gasto Público Nacional dirigido a la niñez muestra un importante avance en la inver-sión nacional. El crecimiento nominal en mi-llones de pesos asciende en un 160% desde el año 2002 hasta el 2006, pasando de 4.967 miles de millones de pesos en el año 2002 a 13.214 en el año 2006. El aumento sostenido de la inversión por número de niños encuentra un correlato en la participación relativa de la inversión en el Producto Bruto Interno. Dicho aumento es del orden del 25%. Nuestro Compromiso Desde el lugar que nos toca conducir, cami-namos diariamente nuestra tierra, recorrien-do cada rincón, detectando necesidades y aspiraciones, pensando y trabajando desde el territorio, respetando la pertenencia étnica y cultural, para construir desde lo diferente, respuestas concretas. Es decir, construyendo junto a nuestro pueblo nuevas miradas, nue-vos caminos sustentables que nos permitan re-pensar y re-edificar nuestro destino. El profundo proceso de transformaciones que atravesamos no está exento de riesgos, contradicciones, conflictos. Sabemos, sin embargo, que el camino tam-bién está signado por esperanzas, alegrías, expectativas relacionadas con la construcción de una nación en la que todas las personas –y muy especialmente los niños, niñas y adoles-centes– ejerzan y disfruten plenamente cada uno de los derechos civiles, económicos, so-ciales y culturales de los que son titulares. Hemos avanzado mucho, pero no estamos satisfechos. Como dice nuestra presidenta: “Mientras haya un pobre, nadie podrá estar conforme”. No habrá en nosotros conformi-dad o satisfacción hasta entonces. Mientras, con humildad, con convicción, con constan-cia, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Lic. Marcela Paola Vessevessian Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
16. INTRODUCCIÓN: UNA PUBLICACIÓN QUE SE ENMARCA EN UN PROFUNDO CAMBIO CULTURAL E INSTITUCIONAL L a realización del relevamiento introducción | 19 que da lugar a la publicación del presente trabajo viene a poner en evidencia una significativa novedad institucional: la puesta en marcha –progresiva, en cons-trucción, pero puesta en marcha al fin– de un área gubernamental y una política pública na-cional destinadas a las personas menores de 18 años de edad que han cometido delitos o que se encuentran acusadas de haber cometi-do algún ilícito. Como es ampliamente conocido, la Secreta-ría Nacional de Niñez, Adolescencia y Fami-lia (SENNAF) fue creada por imperativo legal y es el “organismo especializado en materia de niñez, adolescencia y familia” del Poder Ejecutivo Nacional (art. 43 Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061). En el marco de una estrategia de construcción gradual y progre-siva de las instituciones creadas por la nueva legislación, la Secretaría Nacional asumió no sólo las competencias asignadas por la citada Ley, sino que hizo propias otras, relacionadas con las funciones que venía desarrollando con anterioridad el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (ex Consejo Nacional del Menor y la Familia).1 En otras palabras, si la Ley Nº 26.061 asignó a la SENNAF misiones relacionadas con la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, el Gobierno Nacional, ejerciendo facultades que le son propias, determinó que dicho organis-mo asumiera también otras labores. En lo relacionado con las políticas para adoles-centes infractores,2 el desaparecido Consejo Nacional actuó de acuerdo con el espíritu y la normativa que le dieron origen: satisfacer las demandas de la Justicia Nacional de Familia y de Menores, con competencia en la Ciudad de Buenos Aires. El carácter “nacional” de aquel organismo estuvo dado por su dependencia del gobierno nacional y su condición de auxi-liar de jueces y defensores “nacionales” con competencia territorial en la Capital Federal. 1 En noviembre de 2007, el Honorable Senado de la Nación ha dado media sanción a un Proyecto de Resolución Conjunto (Expe-diente 1453/06 y 2957/07) creando la Comisión Bicameral de Proteccion Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevista en la Ley N° 26.061 (Expediente N° 1453/07), dando un paso ineludible para lograr la designación del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito nacional. 2 Llamamos políticas para adolescentes infractores a la acción de gobierno dentro de un sistema de responsabilidad penal juvenil que incluye además la ley de fondo, las leyes de procedimientos y la actuación de los tribunales. Por eso, pese a que nosotros trabajamos para que se construya el sistema de responsabilidad penal juvenil, nuestra responsabilidad primaria es implementar políticas para adolescentes infractores.
17. 20 | introducción De ese modo, el gobierno federal se vio priva-do de tener un área y una política en la materia de alcance verdaderamente nacional, es decir, destinada a la población de todo el país, y se limitó a cumplir una función idéntica a la de las áreas de “minoridad” provinciales, pero exclu-sivamente en el ámbito territorial porteño. La autonomía de la Ciudad, al dotarse del Es-tatuto Constituyente de 1994, no modificó sensiblemente el panorama descripto y el go-bierno porteño no ha construido aún un cir-cuito propio destinado a abordar las situacio-nes de adolescentes imputados, procesados y/o condenados. La situación del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia al sancionarse la Ley N° 26.061: los cambios en sus dispositivos penales juveniles La Ley Nº 26.061 fue promulgada el 21 de oc-tubre del año 2005. Por ese entonces, el Con-sejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tenía bajo su órbita 7 centros de privación de libertad para adolescentes –los “institutos de Menores” denominados: Centro de Admisión (CAD), San Martín, Rocca, Belgrano, Agote, Casa Joven e Inchausti–, 7 Residencias de Con-vivencia e Integración Comunitaria –centros de restricción de la libertad pero de puertas abiertas– y el Programa de Libertad Asistida. Al influjo del proceso de reformas que tuvie-ron lugar como resultado de la sanción de la Ley N° 26.061 se fueron produciendo cambios en los programas y dispositivos penales que dependían por entonces del CONNAF. Los funcionarios a cargo de dichas responsabi-lidades trabajamos sobre la base de una con-signa que no ha perdido vigencia: la necesaria reforma de la legislación sustantiva, es decir, la sustitución del Régimen Penal de la Mino-ridad (Decreto-Ley N° 22.278) por un sistema de Responsabilidad Penal Juvenil respetuoso de los Derechos Humanos, que no era ni es condición indispensable para mejorar las in-tervenciones gubernamentales en la materia, aproximándolas progresivamente a los postu-lados de la Constitución Nacional y, por añadi-dura, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para decirlo más sencillamente: no era ni es imprescindible la reforma legal para aca-bar con las detenciones de menores de edad en comisarías, el hacinamiento y maltrato en institutos o la utilización de las medidas de pri-vación de libertad como el primero –y no el último– de los recursos. Fue a partir de esa convicción que durante los últimos tres años se han operado en los pro-gramas de intervención directa del organismo –primero el CONNAF, luego la SENNAF– cam-bios sustantivos. El primero, y probablemente el más signifi-cativo de dichos cambios, fue el de impulsar acciones concretas (fundamentalmente re-lacionadas con la revisión de las prácticas y criterios de los equipos técnicos profesionales de los establecimientos y la reformulación de la relación del funcionariado con Jueces y De-fensores de Menores) para reducir la elevada tasa de encierro, por entonces dominante. El resultado, atribuible a diversos factores pero también a la labor de la SENNAF, fue que el número de adolescentes promedio incluidos en establecimientos cerrados se redujo al 50% (se pasó de 500/550 adolescentes pro-medio alojados en establecimientos cerrados a una media actual de 230/250 jóvenes). A la par de dicha disminución también se redujo la cantidad de establecimientos: se pudieron desactivar Casa Joven y el Centro de Admisión y Derivación, sin que ello redundara en la su-perpoblación de los cinco centros restantes. La reducción de la tasa de privaciones de liber-tad no significó reducir la cantidad de inter-venciones, ya que, en el marco de la identifi-cación y organización de las líneas estratégicas de la Secretaría, se fortalecieron los programas que limitan o restringen la libertad –los deno-minados programas “alternativos”– en lugar de coartarla completamente, reduciendo en consecuencia los efectos perjudiciales del en-
18. cierro. En ese sentido debe destacarse el for-talecimiento de las Residencias de Convivencia e Integración Comunitaria (espacios residen-ciales de puertas abiertas), la incorporación y capacitación del personal y la inauguración del Centro de Admisión del Programa (C.A.R. La Esquina), que han incidido en una mayor efi-cacia en la tarea. Por otra parte se mejoraron los programas de acompañamiento a los jóvenes en sus comu-nidades y/o familias de origen. Se ajustó la articulación del Programa de Libertad Asistida con el resto de los dispositivos y se puso en marcha un nuevo programa denominado “A la Salida”, que ofrece nuevas alternativas para el trabajo con adolescentes infractores en su propio medio familiar y/o comunitario. Esta última modalidad pone mayor énfasis en el trabajo grupal y se orienta muy fuertemente a la reinclusión educativa del adolescente. En el conjunto de las líneas programáticas (centros cerrados, semicerrados y acompaña-mientos) se decidió privilegiar la intervención centrada en el eje socio-educativo, concebido como el estimular en los jóvenes incluidos su capacidad de ejercer derechos, de respetar los derechos de los otros y de asumir obligaciones que les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. De esa manera se van de-jando atrás algunos enfoques, muy arraiga-dos en el sistema y tributarios de la doctrina “minoril”, que tienden a ver en el adolescente infractor a un sujeto destinatario de un tra-tamiento psicoterapéutico compulsivo. El or-denamiento de las intervenciones con eje en lo socio-educativo tuvo al menos dos manifes-taciones concretas de enorme relevancia. Por un lado, se amplió significativamente la oferta de educación formal y no formal en los cen-tros, garantizando a todos los adolescentes el ejercicio efectivo del derecho a la educación –con oferta del nivel primario y del secundario para todos–, y poniendo a disposición de los adolescentes más grandes, cursos de forma-ción pre-profesional. Por el otro, se incorpora-ron en todos los establecimientos operadores convivenciales y educativos, es decir, personal especializado para el contacto y acompaña-miento cotidiano de los adolescentes, lo que permitió que el personal de seguridad se limi-tara a sus tareas específicas. Por último y sin ánimo de agotar la descripción de las reformas realizadas, debe destacarse que se ha dado un fuerte impulso a garan-tizar que los adolescentes, alojados en esta-blecimientos o incluidos en otros programas, accedan al ejercicio y goce de otros derechos –salud, deporte, arte, recreación, vinculación familiar, trato digno, etc.–. En la convicción de que toda medida de naturaleza penal o pro-cesal penal restringe algún derecho, general-mente la libertad ambulatoria, se trabaja para que dicha restricción no impacte sobre el ejer-cicio de otros derechos no limitados por la me-dida judicial. Para garantizar esos derechos se ha priorizado la búsqueda de servicios en otras áreas gubernamentales u organizaciones de la sociedad, evitando reiterar la vieja práctica de ofertas para “menores”, generalmente discri-minatorias y de menor calidad que las orien-tadas a chicos y chicas no sujetos a procesos penales. A tal fin se han celebrado convenios y se trabaja en común con la Secretaría de Cul-tura de la Nación, la Secretaría de Deportes de la Nación, el Ministerio de Educación de la Na-ción, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, las Madres de Plaza de Mayo, la Fe-deración Argentina de Ajedrez, entre otros. El inicio de acciones de verdadero alcance nacional Como señalamos más arriba, se trabajó en la convicción de que no debía esperarse la re-forma de la ley de fondo para promover los cambios. Una de las consecuencias de esa orientación fue la de proyectar nacionalmente el trabajo del Consejo, primero, y la Secreta-ría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia después, hacia el conjunto del territorio de la República. Como primer antecedente podemos consignar las “Jornadas sobre Buenas Prácticas en Justi-introducción | 21
19. 22 | introducción cia Penal Juvenil” realizadas en el Congreso de la Nación el 19 y 20 de septiembre del año 2005, organizadas por el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y UNICEF. Dicho evento, que dio lugar posteriormente, a la publicación “Concep-tos, Debates y Experiencias en Justicia Penal Juvenil” se desarrolló muy pocos días antes de que la Cámara de Diputados aprobara de-finitivamente la Ley Nº 26.061 y permitió el encuentro y el intercambio entre referentes de los diferentes ámbitos gubernamentales y no gubernamentales de distintos puntos del país involucrados en la temática. A lo largo del año 2006 se efectuó un primer relevamiento sobre dispositivos existentes en todas las provincias y la Nación para el abor-daje de adolescentes infractores o presun-tos infractores de la ley penal. Esa primera aproximación diagnóstica se realizó identifi-cando y requiriendo información a las auto-ridades de cada provincia que tenían respon-sabilidades en la materia. En septiembre de ese año, la Secretaría Nacional presentó en reunión plenaria de las Comisiones de Justi-cia y Asuntos Penales, Población y Desarrollo Humano y Seguridad Interior y Narcotráfico de la Honorable Cámara de Senadores, un in-forme sobre el material relevado. Ese primer acercamiento significó un verdadero avance en dos planos: por un lado, se fueron identi-ficando los funcionarios de los gobiernos de las 24 jurisdicciones que tenían a su cargo programas o establecimientos que interac-tuaran con adolescentes imputados o conde-nados por la comisión de ilícitos. Por el otro, fueron adquiriendo visibilidad algunos de los problemas comunes en todo el territorio: la confusión de las intervenciones protectivas (“asistenciales”) con las penales, la inexis-tencia o debilidad de áreas gubernamentales con competencia específica en la materia, el empleo arbitrario y prolongado del encierro en institutos y comisarías, entre otros. También a partir del año 2006 comenzaron a realizarse desde el órgano nacional activi-dades de capacitación y asistencia técnica en diferentes provincias, relacionadas con ade-cuaciones normativas y/o de prácticas institu-cionales a los postulados de la Convención, práctica que se intensificó durante el año 2007 y lo que va del año 2008. En estos poco más de dos años, la SENNAF ha desplegado acciones de capacitación, asistencia técnica y/o apoyo financiero para el diseño, reforma o mejoramiento de establecimientos y/o pro-gramas en más de la mitad de las provincias argentinas y se trabaja en los acuerdos y las planificaciones necesarias para que la tarea se extienda por todo el país. En julio del año 2007 la Secretaría Nacio-nal inició la ejecución, conjuntamente con UNICEF y con la colaboración de la Univer-sidad de Tres de Febrero, del Proyecto Na-cional de Relevamiento de los dispositivos penales juveniles denominado “Hacia una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en la materia”. El Proyecto, que se extendió a todo el territorio nacional, incluyó visitas a establecimientos (centros, institutos, comisarías, residencias), monitoreo de programas, estudio de norma-tivas aplicables, entrevistas a adolescentes, a funcionarios del poder administrador y del poder judicial. También en el marco del Pro-yecto, en septiembre de 2007 se organiza-ron en Buenos Aires las Jornadas Nacionales “Sistema Penal Juvenil: Presente y Cambios Necesarios”, donde se realizaron acciones de capacitación y de intercambio con funciona-rios y técnicos responsables de los programas gubernamentales. El trabajo que se publica expone una parte significativa del material colectado y pone a consideración de los lectores algunas conclu-siones y propuestas relacionadas con la reali-dad objetiva explorada. Nos hemos dotado de un primer diagnóstico serio sobre la situación en la materia que, en tanto está concebido como herramienta de transformación social, será objeto de actualización y reconstrucción permanente.
20. introducción | 23 Nueva Institucionalidad: el rol del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) fue creado por la Ley Nº 26.061 (arts. 45 y 46) y fue previsto como un ámbito con funciones “deliberativas, consulti-vas, de formulación de propuestas y de políti-cas de concertación” (art. 45). La norma deter-mina que la presidencia está a cargo del titular de la SENNAF y que el cuerpo se integra por quienes representan a los órganos encargados en cada provincia de la protección de los dere-chos de la infancia y la adolescencia. Cuando en mayo del año 2006 el Presidente de la Nación sanciona los decretos 415 y 416 de reglamentación de la Ley N 26.061, des-de la SENNAF se desarrolló una ardua tarea de trabajo con cada una de la Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que cada jurisdicción identificara con claridad a la autoridad de protección que representaría al estado provincial en el Consejo. En diciembre del año 2006 comenzó a funcio-nar el COFENAF, con una activa participación de las representaciones de todo el país y con una gran capacidad de producción, lo que no siempre caracteriza a los órganos colectivos de naturaleza federativa. En la comprensión de que la reforma del siste-ma de justicia penal juvenil y el mejoramiento de las políticas destinadas a adolescentes in-fractores excedían los esfuerzos que pudiera efectuar el gobierno nacional a través de la SENNAF, y que se requería de acuerdos con las autoridades provinciales, la problemá-tica de la justicia juvenil fue abordada en la tercera sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), realizada el 22 de junio del año 2007. En ese plenario, y por unanimidad, el Consejo resolvió dirigirse a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación a fin de instarlos a que avancen en la tarea legislativa de dero-gar la Ley Nº 22.278 e instaurar un sistema de responsabilidad penal juvenil acorde con los principios emanados de nuestra Constitución Nacional. Como resultado de esa iniciativa se desarrollaron, en los meses de noviembre y di-ciembre de 2007, reuniones de trabajo entre representantes del Consejo y la Secretaría por un lado, y un grupo de legisladores de am-bas Cámaras por el otro, para la búsqueda de consensos que faciliten la reforma legislativa requerida. Asimismo, el COFENAF fue el escenario de acuerdos que permitieron la realización del relevamiento, cuyas primeras conclusiones se publican en el presente trabajo. La problemática de los adolescentes infractores de la ley penal fue nuevamente abordada por el COFENAF en su sesión del 18 de abril del año 2008. Durante la reunión el tema fue debati-do y se aprobó un Acta Compromiso titulada “Una Política Respetuosa de los Derechos Hu-manos para los Adolescentes Infractores de la Ley Penal”.3 En ese Acta las Provincias asumen el compromiso de trabajar conjuntamente con la Nación para “lograr una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Cons-titución Nacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño como parte de la misma y a los estándares internacionales en la materia”. En ese acuerdo se plasma una mirada común sobre algunos de los problemas que enfren-tamos y también una afirmación conceptual sobre la convicción de abordar esos problemas desde una perspectiva de clara afirmación de los Derechos Humanos. El Acta supone la vo-luntad colectiva de conseguir que la gestión de los dispositivos y/o programas destinados a adolescentes infractores se encuentre a cargo de áreas y personal especializados y que el eje de las intervenciones se centre en la promo-ción de capacidades para el ejercicio de de-rechos en un marco de respeto al derecho de otras personas. Asimismo se orienta a garanti-zar la accesibilidad a derechos para los adoles- 3 El documento se encuentra en el Anexo del presente trabajo.
21. 24 | introducción centes que se encuentran incluidos en dispo-sitivos o programas penales. En tercer lugar, el compromiso se orienta a lograr que la medida de privación de libertad de un adolescente sea efectivamente el último de los recursos y que se aplique por el menor tiempo posible. En un sentido complementario, el acuerdo incluye la creación y/o fortalecimiento de los dispositivos alternativos a la medida de privación de liber-tad y a mejorar las condiciones en el egreso de los jóvenes que transiten por el circuito penal juvenil. De manera correlativa, la SENNAF se comprometió a profundizar la asistencia téc-nica a nivel nacional, regional y provincial y a brindar apoyo a proyectos presentados por las diferentes jurisdicciones. Finalmente, el COFENAF abordó el tema de la publicación del presente trabajo en su sesión del día 7 del mes de agosto de 2008. En esa reunión se determinó que “Resulta de interés para el conjunto de las instancias gubernamen-tales y no gubernamentales que intervienen en la problemática penal juvenil, la publicación y difusión de los datos nacionales obtenidos du-rante el relevamiento. En concordancia con pa-sos dados con anterioridad, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, ratificando la decisión de impulsar los procesos de transfor-mación necesarios… comparte la decisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de publicar los primeros resultados y conclusiones del Proyecto… “.4 El plan de trabajo de la presente obra Como hemos señalado al comienzo, este tra-bajo es el resultado de un proceso de trans-formación cultural e institucional en marcha y procura identificar las realidades concretas donde dicha transformación debe producirse. No es un trabajo realizado desde una pura preocupación académica por el conocimiento, sino desde el interior de la misma experiencia de gestión del sistema; impulsado por la evi-dencia de sus limitaciones y defectos y la deci-dida convicción de transformarlo: de tornarlo digno de un país democrático, respetuoso de los derechos de sus ciudadanos. El primer capítulo identifica los principios rec-tores y garantías sustanciales que establece la normativa constitucional e internacional y esboza, a grandes rasgos, los estándares bá-sicos de la situación hacia la cual debemos progresar. Expresa, en términos generales, lo que debe ser. El segundo capítulo presenta los resultados iniciales del Proyecto Nacional de Relevamien-to, cuyo propósito fue relevar los dispositivos penales juveniles y los adolescentes incluidos en ellos en cada una de las provincias. La in-formación obtenida permitió la construcción de un valioso conjunto de datos que puede considerarse una segura aproximación a la realidad de nuestro país en este tema. Puede decirse que este segundo capítulo describe, a grandes trazos, lo que es. El tercer capítulo enuncia una propuesta res-pecto de los aspectos estratégicos –compren-de los dispositivos, criterios e instrumentos normativos– a través de los cuales necesitamos avanzar, de manera realista y posible, desde lo que es hacia lo que debe ser. Tomadas en su conjunto, buscamos que estas páginas se constituyan en un documento de trabajo que permita ordenar las acciones de las áreas especializadas hacia el interior de cada estado provincial y provea, además, un campo conceptual y axiológico que sirva al en-tendimiento y la colaboración entre todas las jurisdicciones. Dr. Gabriel Lerner Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia Dr. Gustavo Piantino Director Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal 4 El documento se encuentra en el Anexo del presente trabajo.
22. CAPÍTULO I: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LA JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 1
23. 26 | CAP TULO 1 CAPÍTULO I: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LA JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES I. INTRODUCCIÓN El presente Capítulo se propone identificar los principios rectores aplicables a la justicia penal para adolescentes –comprensivos tanto de la instancia judicial como de la administrativa– que surgen del derecho internacional y de la normativa constitucional de nuestro país. Es un segmento del trabajo eminentemente jurídico, en tanto se pretende esclarecer en torno a las normas que resultan de aplicación obligatoria en la materia. Para un mejor ordenamiento de la exposición y en función del objetivo mencionado se ex-ponen en primer lugar los principios que al respecto figuran en diversos instrumentos in-ternacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la Ley Nº 23.849 y que tiene jerarquía constitucional por el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los me-nores privados de libertad; las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)1 y las Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal.2 El desarrollo de los mencionados principios resulta de utilidad práctica para construir es-tándares mínimos de referencia que permitan orientar los procesos de adecuación y trans-formación del actual régimen para los ado-lescentes infractores y presuntos infractores de la ley penal. Asimismo, los estándares se constituyen en una herramienta útil para eva-luar la legislación y los dispositivos vigentes en nuestro país con respecto a los preceptos contenidos en la normativa internacional de derechos humanos. Utilizando un criterio comparativo, se expo-nen a continuación dichos estándares, procu-rando establecer en qué medida la normativa de orden infra constitucional y los procedi- 1 Estas últimas Reglas y Directrices fueron incorporadas al texto normativo para la aplicación del derecho a la libertad (Cfr. art. 19 del Decreto 415/2006 reglamentario de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-centes). 2 Anexo de la resolución 1997/30 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 21 de julio de 1997.
24. CAPÍTULO 1 | 27 mientos vigentes en materia de justicia penal para adolescentes en el territorio nacional se ajustan a ellos. II. ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 1. Principio de especialización del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) define como “niño” a toda persona menor de 18 años de edad, y compromete a los Estados Partes a promover el dictado de leyes y procedimientos especiales para los ni-ños de quienes se alegue que han infringido las leyes. Queda configurado de este modo un límite decisivo para regular dos sistemas penales netamente diferenciados: el Sistema Penal para Adolescentes –destinado a los adolescentes infractores y presuntos infracto-res hasta los 18 años de edad– y el Sistema Penal General –establecido para los infracto-res mayores de 18 años–. A partir de esta diferenciación, las normas internacionales de derechos humanos esta-blecen que el Sistema de Justicia Penal que intervenga en los delitos cometidos por per-sonas menores de 18 años de edad3 debe ser especializado.4 El concepto de “especializa-ción” implica: a) que los órganos judiciales (jueces, fiscales, defensores oficiales) se encuentren capa-citados y tengan competencia específica para actuar cuando los delitos son come-tidos por adolescentes; b) que los procedimientos se adapten a las necesidades de los adolescentes, previen-do incluso estándares más exigentes en comparación con los vigentes para las per-sonas adultas; c) que las autoridades administrativas de apli-cación del sistema y los establecimientos de ejecución de las penas sean especiales, es decir, diferenciados de los destinados a la población de mayores de 18 años; d) que las sanciones penales y las medidas al-ternativas al proceso penal sean diferentes de las del régimen general.5 En otros términos, esto significa que median-te la CDN los Estados se han obligado a es-tablecer un régimen jurídico y una serie de instituciones que actúen específicamente en la investigación y sanción de los delitos come-tidos por los adolescentes. Asimismo, requie-re que los funcionarios integrantes de estos órganos estén especialmente capacitados en cuestiones relativas a los derechos de niños y adolescentes6. Este régimen especial debe ser aplicado a par-tir de una edad mínima antes de la cual se pre-sume, sin que se admita prueba en contrario, que los niños no tienen capacidad para infrin-gir las leyes penales.7 Es decir que los Estados deben fijar una edad a partir de la cual las per-sonas menores de 18 años de edad sean pu-nibles, en forma completamente diferenciada de los adultos. Al grupo etario comprendido entre esa edad mínima y los 18 años de edad, lo denominaremos “adolescente”. Por otra parte, las Reglas de Beijing (art. 4.1) establecen que la edad mínima para definir 3 El texto oficial en español de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) define como “niño” a toda persona de hasta 18 años de edad. Sin embargo, a fin de avanzar en una diferenciación etaria del grupo poblacional al que va dirigido el sistema de justicia penal para adolescentes, se opta en el presente texto por denominarlos como “adolescentes” y considerar “niños” sólo a los que están excluidos del sistema penal (Cfr. art. 40, inc. 3.a. de la CDN). 4 Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), art. 5.5; CDN, art. 40, inc. .3; Reglas de Beijing, regla 2.3; Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directrices 13.d y 14.a y d. En la directriz 14.d se establece como alterna-tiva la posibilidad de que los tribunales ordinarios tengan procedimientos especiales. 5 Además, deben crearse equipos multidisciplinarios que brinden información a las autoridades judiciales a fin de determinar la sanción penal aplicable en beneficio del adolescente, sin que ello implique menoscabo de su intimidad (Cfr. Reglas de Beijing, regla 16; Reglas de Tokio, regla 7). 6 Reglas de Beijing, regla 22; Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 24; y directriz 58 de las Directrices de Riad. 7 CDN, art. 40, inc. 3.a; Directrices de Acción, directriz 14, inc. c.
25. 28 | CAPÍTULO 1 la condición de “adolescente” no debe ser demasiado baja, puesto que deben tenerse en cuenta aquellas circunstancias que afectan su madurez emocional, mental e intelectual, considerando que el discernimiento y la ca-pacidad de comprensión de sus actos están en relación con condiciones históricas y cul-turales. El Comité de los Derechos del Niño de Na-ciones Unidas, en la Observación General N° 10, insta a los Estados a no reducir la edad mínima a los 12 años, por no ser internacio-nalmente aceptable, a elevarla y continuar elevándola.8 Al mismo tiempo considera que la fijación de la edad mínima en un nivel más alto, como por ejemplo en los 14 o 16 años de edad, contribuye a lograr el objetivo de adop-tar medidas para tratar a los adolescentes sin recurrir a los procedimientos judiciales.9 Este límite se debe fijar en función de garantizar de mejor forma la protección de los derechos y garantías de los adolescentes conforme las políticas de cada Estado. Los hechos ilícitos que cometan los niños me-nores de la edad mínima fijada por un Estado quedan exentos de la aplicación de una san-ción penal por la justicia penal, con el enten-dimiento de que el eventual procedimiento no judicial respetará plenamente sus derechos humanos y garantías legales.10 2. Principio de legalidad penal En las disposiciones internacionales también se establece que la justicia penal para ado-lescentes sólo debe actuar cuando exista la sospecha de que un adolescente cometió un delito. En el artículo 40 de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce expresamente el principio de legalidad, por el cual no puede ser iniciado un proceso penal ni condenarse a un adoles-cente por haber realizado un acto que no se encuentre prohibido en la ley. La finalidad de este principio consiste en evitar que el ado-lescente sea sancionado por hechos que no constituyen delitos. De modo complementario, en las Directrices de Riad se establece que ningún acto que no constituya un delito o que no sea sancionable cuando lo comete un adulto pueda conside-rarse delito o ser punible cuando lo realiza un adolescente.11 3. Garantías sustanciales de la justicia penal para adolescentes Las disposiciones internacionales y la Cons-titución Nacional regulan este aspecto esta-bleciendo que los adolescentes deben contar con iguales garantías penales que los adultos: se exige que el hecho atribuido tenga cierto grado de lesividad;12 que sea imputable subje-tivamente al autor, a título de dolo o de culpa; y que el infractor haya tenido la posibilidad efectiva de conocer la criminalidad del acto y dirigir su conducta para evitar la comisión del delito. 4. Garantías procesales de la justicia penal para adolescentes En la CDN se reconocen en forma expresa una serie de garantías procesales, también previs-tas en las normas constitucionales: • Presunción de inocencia. Se establece que se presumirá inocente al adolescente al que se le impute la comisión de un delito mien-tras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. La prueba de culpabilidad es condi- 8 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), Los derechos del niño en la Justicia de Menores, pfo. 33. 9 CDN, art. 40 inc. 3.b. y Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), Los derechos del niño en la Justicia de Menores, pfo. 33. 10 CDN, art. 40 inc. 3 (b) y Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), Los derechos del niño en la Justicia de Menores, pfo. 33. CDN, art. 40 inc. 3 (b) y Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), Los derechos del niño en la Justicia de Menores, pfo. 33. 11 Directriz 56. 12 Directrices de Riad, directriz 5.
26. CAPÍTULO 1 | 29 ción necesaria para la imposición de penas. • Información adecuada. El adolescente debe ser informado en forma inmediata de la acusación que se le formula y de su dere-cho a la defensa.13 La información debe ser comprensible para él,14 lo cual implica que el procedimiento se adapte a sus conoci-mientos y experiencias. En el caso de que no comprenda el idioma, debe ser asistido gratuitamente por un intérprete.15 • Asistencia de un abogado defensor y de sus familiares o representante legal. El adoles-cente debe contar en forma permanente con la asistencia de un abogado defensor16 y, teniendo en cuenta su edad, con el apo-yo de sus padres o representantes legales, a menos que esta vinculación fuere contra-ria a su interés superior.17 Debe asegurarse que el adolescente pueda ejercer en forma plena su derecho de defensa ofreciendo prueba e interrogando a los testigos de car-go. 18 El adolescente no debe ser obligado a declarar, o sea, no debe ser compelido a suministrar elementos de cargo.19 • Derecho a la intimidad. Debe garantizarse en todo momento que se respete la vida privada del adolescente, prohibiendo la difusión de cualquier información que per-mita identificar a un adolescente acusado de cometer un delito.20 Los expedientes de las causas penales deben ser confidenciales, sin que exista posibilidad de que accedan a ellos terceras personas.21 • Sobre la duración del proceso penal. La duración de los procesos penales para la toma de decisiones sin demora debe obser-var tanto la necesaria agilidad en función de la edad del adolescente y de la cercana respuesta judicial frente al hecho como el pleno respeto a los derechos y garantías de los adolescentes sometidos a proceso penal.22 El proceso penal en sí representa cierto grado de coacción que afecta la li-bertad de una persona, independientemen-te de que se le aplique la prisión preventiva. Por ello, la duración del proceso penal debe ser razonable, esto significa que no deben producirse dilaciones indebidas.23 En el caso excepcional de que la persona se encuentre privada de la libertad por medio de la pri-sión preventiva, el estándar también debe traducirse en la determinación de un pla-zo breve y fijado por la ley. Vencido dicho plazo, en función de la excepcionalidad y la máxima brevedad, no debería ser posible prorrogar la extensión de la medida caute-lar de coerción personal. • Derecho al recurso y prohibición de la persecución penal múltiple. En diversos instrumentos de Derecho Internacional in-corporados a la Constitución Nacional, se reconoce el derecho del adolescente al re-curso, lo cual significa la posibilidad de que recurra ante una autoridad judicial superior toda decisión judicial que lo afecte.24 Ade-más, se reconoce la prohibición de la perse-cución penal múltiple, que impide que por un mismo hecho delictivo el adolescente sufra una nueva persecución simultánea o sucesiva.25 13 CDN, art. 40, inc. 3.b.ii. 14 Reglas de Beijing, regla 14.2. 15 CDN, art. 40, inc. 3.b.vi; Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 16 y Reglas de Beijing, reglas 7 y 15.1. 16 Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 16 y Reglas de Beijing, reglas 7 y 15.1. Estas reglas establecen que cuando en el país se reconoce el derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita debe ser provista al adolescente. 17 CDN, art. 40, inc. 3.b.iii y Reglas de Beijing, reglas 7 y 15.2. 18 CDN, arts. 40, inc. 3.b.iv y 12; Reglas de Beijing, regla 7. 19 CDN, art. 40, inc. 3.b.iv y Reglas de Beijing, regla 7. 20 CDN, art. 40, inc. 3.b.vii; Reglas de Beijing, regla 8.1. 21 Reglas de Beijing, art. 21.1; Reglas de Tokio, art. 3.12. 22 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), Los derechos del niño en la Justicia de Menores, pfo. 51 “… el tiempo transcurrido entre la comisión de un delito y la respuesta definitiva a ese acto debe ser lo más breve posible. Cuanto más tiempo pase, tanto más probable será que la respuesta pierda su efecto positivo y pedagógico y que el niño resulte estigmatizado…”. 23 CADH, arts. 5.5 y 8.1; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, arts. 10.2.b. y 14.3.c. 24 CADH, art. 8.2.h; PICDyP, art. 14.5; Reglas de Beijing, regla 7. 25 CADH, art. 8.4; PICDyP, art. 14.7.
27. 30 | CAPÍTULO 1 5. Excepcionalidad de la aplicación de medidas cautelares, y excepcionalidad y máxima brevedad de la privación de la libertad del adolescente durante el proceso penal Como se explicó con anterioridad, en las nor-mas internacionales de derechos humanos se determina que nadie puede ser sancionado y menos aún privado de su libertad antes de ser condenado por haber cometido un delito. Asimismo, el art. 37, inc. a) de la CDN prohíbe la detención ilegal o arbitraria de un adoles-cente. En el caso de que se concrete la de-tención, debe seguirse el procedimiento legal, ser utilizada como medida de último recurso y extenderse durante el menor tiempo posible. Debe considerarse que la detención del ado-lescente resulta injustificable si, para idéntico ilícito, no resulta procedente si se trata de un adulto. A ello hay que agregarle que debe tra-tarse de un delito por el cual, de ser hallado culpable, correspondería la aplicación de una pena de privación de la libertad. En tal caso, el adolescente debe ser inmediatamente pre-sentado ante el juez competente y se debe notificar, en el tiempo más breve posible, a sus padres o a sus tutores.26 También se le debe permitir, en el plazo más breve posible, una entrevista con su abogado defensor y el contacto con su familia.27 El magistrado debe dictaminar sin demora si corresponde la liber-tad y proceder en consecuencia.28 El presunto infractor privado de su libertad debe estar separado de las personas adultas,29 a menos que contraríe su interés superior, como así también debe contar con toda la asistencia necesaria, aparte de los servicios jurídicos.30 El principio de especialidad combi-nado con esta prescripción de separación de los adultos y la garantía de acceso a demás derechos consignados determinan la inconve-niencia de los alojamientos de adolescentes en comisarías. Y resultan imperativos si esas detenciones son prolongadas. La aplicación de una medida cautelar que im-plique la privación de la libertad sólo se justi-fica para asegurar la prosecución del proceso, por lo cual deberá acreditarse para su proce-dencia que existe un peligro real y actual de que el adolescente se fugue o que existe un riesgo concreto de que obstaculice la obten-ción de pruebas de cargo.31 También las Reglas de las Naciones Unidas prevén que la prisión preventiva debe ser uti-lizada como medida de último recurso,32 lo cual implica que el magistrado justifique de-bidamente la improcedencia, la imposibilidad de aplicar o la ineficacia de otras medidas al-ternativas a la privación de libertad que cum-plan con los fines cautelares. Precisamente, en la regla 13 (2) de las Reglas de Beijing se fijan como medidas alternativas a la privación de la libertad: la supervisión estricta, la cus-todia permanente, la asignación del adoles-cente a una familia o su traslado a un hogar o a una institución educativa. Por otra parte, se encuentra claramente prescripto que el procedimiento penal, cuando el adolescente se encuentra privado de su libertad, no debe sufrir dilaciones indebidas.33 26 Reglas de Beijing, art. 10.1. 27 CDN, art. 37, inc. d. 28 Reglas de Beijing, art. 10.2. 29 CDN, art. 37, inc. c. 30 CDN, art. 37, inc. d. 31 La regla 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad hace referencia a “circunstancias excepcionales” que hacen procedente esta medida. 32 CDN, art. 37, inc. b.; Reglas de Beijing, art. 13 (1); Reglas de Tokio, art. 6 (1); regla 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. 33 La regla 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad exige que los casos en que haya niños privados de libertad en forma preventiva tengan la máxima prioridad con el objeto de que se tramiten lo más rápido posible.
28. CAPÍTULO 1 | 31 El adolescente en prisión preventiva debe estar separado no sólo de las personas adul-tas (a menos que se contraríe su interés superior)34 sino también de otros jóvenes condenados.35,36 Como se dijo más arriba, no es posible garantizar estos derechos si se determina su alojamiento en una comisaría. La excepcionalidad de esta medida debe ser cumplida en establecimientos especialmente aptos, en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos huma-nos de los adolescentes.37 Debe asegurarse en todo momento el contac-to del adolescente con su familia38 y que se le permita el acceso a derechos tales como actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas, y a servi-cios médicos.39 Asimismo debe asegurársele el derecho a cuestionar la justificación de la prisión preventiva ante el juez competente con la asistencia de su abogado defensor.40 Es importante mencionar el respeto que se debe guardar por el carácter confidencial de las co-municaciones que el adolescente mantenga con su defensor.41 6. Vías alternativas al proceso penal El sistema de justicia penal para adolescentes debe contemplar un gran abanico de opcio-nes que posibiliten una vía diferente de la del proceso penal y/o la suspensión del mismo una vez iniciado. Ejemplos de estos mecanis-mos son la mediación penal, la conciliación o la imposición de determinadas obligaciones a la persona imputada –asistir a un estableci-miento educativo o capacitarse en determina-do oficio– o la compensación a las víctimas a cambio de la extinción de la acción penal. Dentro de estas medidas se incluye el uso del principio de oportunidad procesal por parte del órgano a cargo de la acusación, permi-tiendo que no se avance en una causa penal en cumplimiento de los fines de política cri-minal42 –por ejemplo, no persiguiendo a los adolescentes cuando su participación en un delito fue irrelevante o cuando el delito atri-buido no ha provocado daños significativos (delito de bagatela)–. En esta materia, el uso de mecanismos que favorezcan vías alternativas al proceso penal debe ser promovido para evitar el grave dete-rioro y la estigmatización que suele producir un proceso penal en un adolescente.43 Resulta exigible que el adolescente consien-ta sin presiones, tras estar debidamente in-formado, la aplicación de estos mecanismos en cualquier momento del proceso.44 En las Reglas de Beijing (regla 11.3) se admite que el consentimiento también lo puedan otorgar los padres o los tutores. Desde ya, en estos procedimientos el adolescente debe contar en forma permanente con la asistencia de un abogado defensor. Con respecto al mecanis-mo de la mediación, en las Directrices de Riad 34 CDN, art. 37, inc. b; art. 10, inc. b; CADH, art. 5.5. 35 Regla 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. 36 Reglas de Beijing, art. 13.4. 37 CDN, art. 37. 3 y ccs, CADH, art. 19 y ccs, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 12, 28, 29, 31, 32 y 65. 38 CDN, art. 37, inc. c. 39 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de libertad, regla 18, incs. b y c. Más adelante haremos referencia a los estándares en materia de ejecución de la sanción privativa de la libertad respecto de los niños. Desde ya, la ejecución de la prisión preventiva debe adoptar esos estándares como piso, véanse al respecto las reglas 13.3 y 13.5 de las Reglas de Beijing. 40 CDN, art. 37, inc. d; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 18; Reglas de Tokio, regla 6.3. 41 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 18, inc. a. 42 Reglas de Beijing, regla 11.2; Reglas de Tokio, regla 5. 43 CDN, art. 40 3.b; Reglas de Tokio, reglas 2.3. y 2.5. y Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 15. 44 Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia penal, principio 7 y Reglas de Tokio, regla 3.4.
29. 32 | CAPÍTULO 1 se establece expresamente que el mediador que intervenga debe ser independiente.45 Las obligaciones impuestas al adolescente de-ben ser razonables, definidas en forma cierta, delimitadas en el tiempo y proporcionadas al hecho atribuido.46 7. Sanciones penales del sistema de justicia penal para adolescentes 7.1. Sanciones no privativas de la libertad Sólo una vez que haya sido determinada la responsabilidad penal del adolescente en un delito, y únicamente para aquellos delitos que expresamente habiliten la instancia ju-risdiccional, la CDN (art. 40 inc. 4) establece diversas medidas sancionatorias, aparte de la privación de la libertad. Precisamente, hace referencia: al cuidado, las órdenes de orien-tación y supervisión, el asesoramiento, la li-bertad vigilada, la colocación en hogares de guarda y los programas de enseñanza y de formación profesional, de modo de asegurar el bienestar de los adolescentes. Este catálogo es complementado por las Re-glas de Beijing (regla 18.1) donde se estable-cen medidas resolutorias tales como órdenes de prestación de servicio a la comunidad; sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; órdenes de tratamiento inter-medio u otras formas; órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas y otras. Además, se es-tablece que no se sustraiga al adolescente de la supervisión de sus padres, a menos que sea estrictamente necesario.47 Por su parte, el artículo 8 de las Reglas de To-kio prevé las sanciones verbales como la amo-nestación, la represión y la advertencia; penas privativas de derechos o inhabilitaciones; la confiscación; la suspensión de la sentencia o la condena diferida; la obligación de acudir regularmente a un centro determinado y el arresto domiciliario. El derecho internacional coincide en que de-berá demostrarse que las medidas menciona-das son improcedentes antes de poder aplicar la medida de privación de la libertad, prece-dida por un cuidadoso estudio48 que tenga en cuenta el principio de proporcionalidad, el bienestar del adolescente y los derechos de las víctimas.49 Las medidas deben estar previstas en la ley y su duración debe ser determinada por el ma-gistrado. 50 Debe elegirse la medida adecuada siguiendo el principio de mínima interven-ción51 y limitando, de este modo, las restric-ciones que pueda sufrir el adolescente por acción del sistema penal. La ejecución de la sanción no debe operar en desmedro de los derechos humanos del ado-lescente ni debe limitar aquellos derechos no restringidos por la medida aplicada.52 El adolescente condenado puede recurrir es-tas medidas y presentar reclamos si su ejecu-ción es irregular, ante una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea inde-pendiente. 53 7.2. Sanciones privativas de la libertad En relación con la privación de la libertad se establecen ciertos estándares para aplicar 45 Directriz 57. 46 Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia penal, principio 7. 47 Reglas de Beijing, regla 18.2. 48 Reglas de Beijing, regla 17.1, inc. b. 49 CDN, art. 37, inc. b y art. 40, inc. 4; Reglas de Beijing, reglas 5, 17 inc. a) y 19; Reglas de las Naciones Unidas para la pro-tección de los menores privados de libertad, reglas 1 y 2 y Reglas de Tokio, regla 3.2. 50 Reglas de Tokio, regla 3.1 y 11.1. 51 Reglas de Tokio, regla 2.6. 52 Reglas de Tokio, regla 3.10. 53 Reglas de Tokio, reglas 3.5 y 3.6.
30. CAPÍTULO 1 | 33 este tipo de pena a fin de asegurar que no produzca efectos deteriorantes y promueva, o al menos no dificulte, la reintegración del adolescente a la sociedad.54 El tiempo de du-ración de la pena privativa de la libertad debe ser el más breve posible55 y no ser indeter-minado; y no debe excluirse la posibilidad de que se otorgue la libertad al adolescente con anterioridad al plazo establecido.56 El derecho internacional prohíbe en forma ca-tegórica la aplicación de penas perpetuas sin posibilidad de excarcelación.57 Los principios que rigen la aplicación de las sanciones privativas de la libertad son, como se mencionó, la excepcionalidad y la máxima brevedad posible. La excepcionalidad58 debe traducirse en el respeto al principio de pro-porcionalidad entre la sanción y la gravedad del delito imputado y el grado culpabilidad del adolescente.59 Los delitos que se imputen a los adolescentes deben presentar cierto gra-do de gravedad, conforme a la jerarquía del bien jurídico afectado.60 La máxima brevedad posible se refiere a la consideración relativa de la duración de la pena en función del tiempo vivido por un adolescente, que se diferencia de la escala temporal aplicada a los adultos; lo cual conduce a determinar un tope preciso a las penas privativas de la libertad en el caso de los adolescentes. Asimismo, el principio de excepcionalidad tam-bién implica el uso del régimen abierto61 o se-mi- cerrado, de manera preferencial al de régi-men cerrado, para la aplicación de la sanción. 7.2.a. Sobre la ejecución de las sanciones privativas de la libertad La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37, incs. a) y c), prohíbe ex-presamente la aplicación de penas que sean consideradas tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El análisis de este estándar no debe realizarse sólo a partir de los textos de la normativa penal, que proba-blemente no contemplen este tipo de penas en forma explícita, sino que debe estudiarse en las formas concretas de ejecución de las penas privativas de la libertad. Con respecto a los sistemas de disciplina apli-cables en las instituciones se prohíbe todo trato cruel, inhumano y degradante, definien-do como supuestos a los castigos corporales, la reclusión en una celda oscura, la pena de aislamiento o en celda solitaria, la reducción de alimentos, la restricción o denegación del contacto del adolescente con sus familiares o cualquier medida que ponga en peligro su salud física o mental.62 Se prohíben las sancio-nes colectivas y la múltiple sanción disciplina-ria por el mismo hecho.63 Asimismo, es necesario que exista un proce-dimiento efectivo para denunciar al director del establecimiento ante la autoridad judicial o ante cualquier otra autoridad competente e independiente para permitir que se investi-guen las irregularidades en la ejecución de la pena que impliquen situaciones de tortura o de penas inhumanas.64 Es necesario asegurar que el adolescente denunciante conozca este 54 CDN, art. 40, inc. 1; Reglas de Beijing, regla 26.1; Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 18. 55 CDN, art. 37, inc. b; Reglas de Beijing, regla 19; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 2. 56 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 2. 57 CDN, art. 37, inc. a. 58 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 2. 59 Reglas de Beijing, reglas 5 y 17.1, inc. a. 60 Reglas de Beijing, regla 17.1, inc. c. 61 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 30. 62 CDN, arts. 19 y 37; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 67; Reglas de Beijing, art. 17.3; directriz 54 de las Directrices de Riad y Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 18. 63 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 67. 64 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 75 y 76.
31. 34 | CAPÍTULO 1 derecho que lo asiste,65 cuente con la asis-tencia necesaria para realizar el reclamo66 y obtenga siempre una respuesta institucional al mismo.67 También se deben prever meca-nismos que permitan realizar denuncias o re-clamos anónimos y la existencia de medidas de protección respecto de los denunciantes, que suelen recibir represalias tras realizar sus presentaciones. Las autoridades independientes con la parti-cipación de funcionarios médicos especializa-dos deben poder realizar visitas periódicas y sorpresivas en las cuales puedan efectuar en-trevistas confidenciales con los adolescentes privados de su libertad y en las que tengan acceso al personal penitenciario, a todas las instalaciones carcelarias y a la documentación existente.68 En las Reglas de las Naciones Uni-das para la Protección de los menores priva-dos de libertad (regla 77), se prevé la figura del mediador independiente para recibir las quejas y procurar las soluciones. En caso de fallecimiento de un adolescente debe practi-carse una investigación independiente sobre las causas de la defunción (regla 57). En forma genérica, se dispone que la priva-ción de la libertad debe realizarse garantizan-do el respeto por los derechos humanos del adolescente detenido.69 Así, por ejemplo, con vistas a asegurar la pro-tección del adolescente recluido, los centros de detención deben ser seguros.70 Asimismo, en la aplicación de las medidas privativas de la libertad se debe asegurar el contacto del adolescente con su familia por medio de la correspondencia y de las visi-tas regulares y frecuentes, en promedio una vez por semana y como mínimo una vez por mes.71 Esto último exige que los centros de detención no estén demasiado alejados de donde viven las familias y cuenten con las instalaciones necesarias para permitir las visi-tas con cierto grado de intimidad.72 A su vez, debe autorizarse a los adolescentes a efec-tuar salidas transitorias para realizar visitas a su hogar y a su familia73 para favorecer su in-tegración social o, al menos, reducir los efec-tos negativos de la privación de la libertad. El adolescente tiene derecho a comunicarse por escrito o por teléfono al menos dos veces por semana con quien elija y puede recibir corres-pondencia. 74 El traslado de los adolescentes detenidos no debe ser arbitrario y debe efec-tuarse en vehículos debidamente ventilados e iluminados.75 El debido acceso a derechos por parte de los adolescentes implica que se aseguren instala-ciones sanitarias con un nivel adecuado; que puedan poseer efectos personales; que se les permita el uso de prendas de vestir propias o adecuadas; que la alimentación sea suficien-te; que se les posibilite el acceso a la enseñan-za, a la capacitación profesional y a un trabajo remunerado y conveniente cuando finalice la ejecución de la pena.76 También se les debe permitir el acceso a actividades recreativas,77 65 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 25. 66 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 78. 67 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 76. 68 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de14, 72 y 73; Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 21. 69 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 12, 13 y 87, inc. f.; Reglas de Beijing, regla 27. 70 CN, art. 18. 71 CDN, art. 37, inc. c.; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 60; Reglas de Beijing, regla 26.5.; la directriz 20 de las Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal permite restringir las visitas familiares en aras del interés superior del niño. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 32. 72 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 30 y 60. 73 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 59 y 79. 74 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 61. 75 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 26. 76 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45 y 46. 77 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 47.
32. CAPÍTULO 1 | 35 a medios de información78 y a los servicios re-ligiosos. 79 El personal encargado de la custodia y aten-ción debe estar capacitado especialmente para el trabajo con los adolescentes privados de su libertad.80 Se prohíbe de manera termi-nante que el personal porte o use armas.81 7.2.b. Libertad condicional De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Beijing (regla 28.1), cuando la libertad condicional sea posible debe concederse sin dilaciones indebidas. Una vez que la libertad se conceda, al igual que en el caso de que haya sido cumplida la pena de privación de libertad, se le debe asegurar al adolescente la asistencia suficiente para que pueda regresar con su familia, participar en forma activa en la vida en sociedad y acceder a la educación y al trabajo.82 Deben existir servicios que le pro-vean alojamiento, vestido y trabajo y los me-dios de manutención. También se recomienda que existan establecimientos de transición, hogares educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas para asegurar la inte-gración de los adolescentes. III. NORMATIVA VIGENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL Con respecto al principio de especialización del sistema penal para adolescentes estableci-do en los estándares internacionales (Cfr. II.1. del presente Capítulo), el Régimen Penal de la Minoridad aún vigente en la Argentina (De-creto- ley 22.278/22.803) se aplica a los ado-lescentes que al momento de la comisión del hecho que se les imputa aún no han cumplido los 18 años de edad. A partir de los 18 años les es aplicable el régimen de adultos. La normativa mencionada realiza una distin-ción entre sujetos no punibles y punibles. El primer grupo se encuentra conformado por aquellos adolescentes menores de 16 años de edad; el segundo, por aquellos que cuentan con 16 o 17 años al momento de la comisión del hecho y son imputados de un delito de acción pública que tiene prevista una pena mayor a dos años de prisión.83 Por otra parte, el Régimen faculta al magistra-do a disponer tutelarmente del adolescente durante la investigación y la tramitación del proceso con independencia de la edad que el mismo tenga.84 Además, contrariando las disposiciones in-ternacionales, el régimen penal vigente en la materia a nivel nacional permite que, inde-pendientemente de que se trate de un sujeto punible o no punible, un adolescente pueda sufrir restricciones a su libertad personal por razones distintas al hecho delictivo imputa-do, esto es, por razones de índole personal no definidas en forma taxativa por la ley.85 El Régimen adhiere así claramente a un derecho penal de autor y no de acto. Por otra parte, una de las principales peculia-ridades del Régimen es que la aplicación de la pena queda supeditada fundamentalmente a 78 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 62. 79 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 48. 80 Reglas de Beijing, regla 85. 81 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 65. 82 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 79. 83 Decreto-ley 22.278/22.803, art. 1 y art. 2. 84 Según el art. 3 del Decreto-ley 22.278/22.803 consiste en “a) La obligada custodia del menor por parte del juez, para pro-curar la adecuada formación de aquél mediante su protección integral. Para alcanzar tal finalidad el magistrado podrá ordenar las medidas que crea convenientes respecto del menor, que siempre serán modificables en su beneficio; b) La consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor; c) El discernimiento de la guarda cuando así correspondiere”. 85 Decreto-ley 22.278/22.803, art.1. Debe tenerse en cuenta que las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad definen como “privación de la libertad” a toda forma de detención, encarcelamiento o interna-ción en un establecimiento público o privado por orden de una autoridad pública, del que no se permita salir al niño por su propia voluntad (regla 11, inc. b).
33. 36 | CAPÍTULO 1 indicadores subjetivos como los que arroja el período del llamado tratamiento tutelar, pu-diendo encontrar adolescentes que, declara-dos penalmente responsables por un mismo hecho, son condenados con los montos de penas previstos para los adultos o absueltos de la misma forma que si no hubieran come-tido el hecho, siendo ello un claro ejemplo del grado de discrecionalidad que le otorga el ac-tual régimen a los magistrados. Conviene aclarar con respecto al principio de especialización que, si bien el Régimen Penal de la Minoridad es de carácter nacional, la or-ganización federal de nuestro país otorga a los estados provinciales la función de regular el proceso penal y la organización judicial. Las autoridades provinciales son las encargadas de establecer la especialización de los órga-nos administrativos; la forma de organización judicial que garantice materialmente la espe-cialización del fuero; la especialización de los sujetos procesales –jueces, defensores y fisca-les–; la composición interdisciplinaria de los órganos jurisdiccionales; las salidas alternati-vas al proceso penal y durante el desarrollo del mismo; así como la aplicación excepcional de medidas cautelares y la regulación de du-ración razonable del proceso penal. Algo similar ocurre en materia de garantías procesales (Cfr. II.4. del presente Capítulo), dado que su efectividad depende de la regu-lación de las provincias, ya que ellas están fa-cultadas para dictar las normas de forma. Sin embargo, la Ley 26.061 establece en el artícu-lo 27 ciertas garantías mínimas en todo pro-cedimiento administrativo y judicial que invo-lucre a un adolescente. Se reconoce en forma expresa al adolescente procesado el derecho a ser oído por la autoridad competente; a ser asistido por un abogado preferentemente es-pecializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento, el cual será provis-to en forma gratuita cuando el adolescente carezca de recursos económicos, además del derecho a recurrir ante una autoridad supe-rior toda decisión que lo afecte. Con relación a los estándares atinentes a las vías alternativas al desarrollo del proceso pe-nal (Cfr. II.6. del presente Capítulo), aunque la suspensión de juicio a prueba está previs-ta en el Código Penal y es aplicable en todo el país, su aplicación en el sistema de justicia penal para adolescentes es aún incipiente. Como avances procesales locales en térmi-nos de adecuación a las disposiciones de la CDN, varias legislaciones provinciales vienen estableciendo salidas alternativas al proceso como la mediación o el principio de oportu-nidad procesal. En relación a los estándares relativos a las san-ciones penales (Cfr. II.7. del presente Capítu-lo), en nuestro país prevalecen las previstas en el Régimen Penal de la Minoridad, que per-mite la aplicación de las mismas penas a los adolescentes que a los adultos. En el caso de los adolescentes, la aplicación de las medidas privativas de la libertad vul-nera los principios de excepcionalidad y de máxima brevedad de la sanción, aun cuando puede admitir la reducción de la escala aplica-ble a los adultos. No obstante, la imposición de una sanción en consonancia con lo establecido en la CDN es posible, dado que sus disposiciones forman parte de la Constitución Nacional. Si bien el artículo 6 del Régimen Penal de la Minoridad dispone que los adolescentes cum-plan las sanciones privativas de la libertad en institutos especializados, y que sólo cuando alcancen la mayoría de edad sean trasladados a los establecimientos para adultos, la ejecu-ción de las sanciones privativas de la libertad está regulada por la normativa provincial, por lo que su grado de adecuación a los están-dares internacionales es variable (Cfr. II.7.2.a. del presente Capítulo).
34. CAPÍTULO II: RELEVAMIENTO NACIONAL DE DISPOSITIVOS PENALES JUVENILES. RESULTADOS GENERALES 2
DaisyYesenia

References: artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 75
 resolución 
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 6