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Timestamp: 2019-10-18 05:04:59+00:00

Document:
Medidas Alternativas en Justicia Penal Juvenil | Unicef | Derecho penal
Investigación sobre medidas alternativas en Argentina
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Borja Jiménez - 2009 - El fundamento intercultural del Derecho Penal
Guatemala Hoy 2012-05-22
CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DEL PERU
DENUNCIA PENAL POR LESIONES BETTY KU - copia.docx
Contestacion Defensa Godfredo3
politica social de infancia en chile
INVESTIGACIÓN SOBRE MEDIDAS
NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, Y ALTERNATIVAS
AL PROCESO JUDICIAL EN LA ARGENTINA
CRÉDITOS PRÓLOGOS
Presentación de la Sistematización de Medidas Alternativas en
Hernán Monath, Especialista en Protección de Derechos
la Justicia Penal Juvenil
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTENIDOS:
La presente publicación forma parte del trabajo que realiza UNICEF en Argentina para
Mariángeles Misuraca, Oficial de Protección y Acceso a la Justicia proveer información sistemática y actualizada sobre el funcionamiento y las características
Hernán Monath, Especialista en Protección de Derechos más relevantes del Sistema de Justicia Juvenil en el país.
AUTORÍA: Desde el área de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Acceso a
Valeria Llobet, Carla Villalta la Justicia buscamos enriquecer y profundizar el actual debate sobre los cambios nece-
Agustín Barna, Marina Medan sarios para que el Sistema de Justicia Juvenil en el país sea compatible con una justicia
respetuosa de los derechos de los niños y adolescentes, así como con los estándares
COORDINADORAS DE INVESTIGACIÓN: internacionales en materia de derechos humanos, garantizando que estos sean sometidos
Valeria Llobet, Carla Villalta a un proceso penal con las debidas garantías y se respete su dignidad y su derecho a
Bibiana Buenaventura, Cecilia Fernandez Soledad Gesteira, Florencia Graziano, Julieta Grinberg, Gabriela Ma- Bajo esta premisa, UNICEF Argentina tiene el agrado de presentar un estudio de alcan-
gistris, Julián Pérez Álvarez, Elsa Schvartzman ce nacional con los datos obtenidos de la “Sistematización de Medidas Alternativas en
Justicia Penal Juvenil”.
Este trabajo indaga sobre uno de los temas centrales en materia de justicia penal juvenil,
Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Florence Bauer y a Manuela Thourte, quienes en el transcurso
que es el uso de medidas alternativas a los procesos judiciales y a la privación de la
de la investigación ocupaban los roles de Representante de UNICEF en Argentina, y Especialista de Protec-
ción, respectivamente, y promovieron e impulsaron iniciativas y estudios de estas características. Estas investiga-
ciones generan información y evidencia que creemos serán de gran utilidad para que los diferentes poderes En este sentido, el empleo de la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes en
del Estado planifiquen políticas públicas efectivas en materia de niñez y adolescencia. conflicto con la ley penal debe ser una medida excepcional, utilizada como último recur-
so, y debe ser aplicada durante el período más breve posible. La regla del sistema debe
© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, agosto de 2018. ser la aplicación de una oferta amplia e idónea de medidas no privativas de la libertad.
Justicia Juvenil. Investigación sobre medida no privativas de la libertad, y alternativas al proceso judicial en la En las diferentes jurisdicciones de nuestro país las medidas alternativas al proceso judicial y a
Argentina. la privación de la libertad son aplicadas con variados enfoques, prácticas y metodologías.
Agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina Asimismo, se observa un incremento de iniciativas menos formalizadas, ad hoc o también
Primera edición llamadas “artesanales”, que se disponen desde el Poder Judicial.
Una sistematización como la que aquí presentamos, no solo permite conocer la realidad
en cuanto a la existencia, disponibilidad y uso de medidas alternativas en Argentina, sino
CORRECTORA: Jessica Brunstein
que además nos brinda mayores precisiones sobre su grado de utilización, de efectividad
COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN GRÁFICA Y DISEÑO: Florencia Zamorano y sostenibilidad.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando no sean alterados,
En efecto, los resultados de esta investigación brindan la posibilidad de analizar aquellas
se asignen los créditos correspondientes y no sean utilizados con fines comerciales.
cuestiones sobre las que resulta necesario profundizar para poder ampliar y mejorar su
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) oferta. Asimismo, permiten identificar buenas prácticas para su futura réplica, con el obje-
buenosaires@unicef.org tivo de seguir trabajando en un proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes que
www.unicef.org.ar los aleje del conflicto con la ley penal, facilitando su inclusión en la comunidad.
Desde UNICEF abogamos para que se continúe profundizando y promoviendo el uso de los arreglos institucionales que se crearon en los últimos años para efectivizar las medidas
medidas alternativas a los procesos judiciales y medidas no privativas de la libertad de alternativas en justicia penal juvenil.
niños y adolescentes, así como también para que se desarrollen nuevas políticas públicas
En un campo caracterizado por la disparidad de recursos entre el Poder Judicial y el
y consoliden aquellas orientadas a mejorar su alcance y eficacia. Estamos convencidos
Poder Ejecutivo, y por la marcada incidencia de la prensa en la opinión pública y en el
de que esta publicación representa un aporte en ese sentido.
campo de acción de los funcionarios, es auspicioso encontrar un acuerdo prácticamente
Por otra parte, queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a los funcionarios de unánime a nivel del país sobre la infructuosidad y la indeseabilidad de reformas que bus-
los poderes ejecutivos provinciales, poderes judiciales, coordinadores de programas de quen endurecer el sistema hacia un mayor punitivismo. Esperamos que este informe provea
mediación, investigadores locales, funcionarios municipales, operadores, y miembros de la de información y de prácticas de referencia para enriquecer y afianzar el uso de medidas
sociedad civil entrevistados, quienes demostraron su gran compromiso, cedieron su tiempo, alternativas al juicio penal y a la privación de libertad, y aporte al desarrollo y fortaleci-
facilitaron visitas de campo y brindaron información indispensable para poder realizar la miento de políticas en la materia.
Por último, queremos agradecer profundamente a UNICEF por la confianza y apoyo brin-
dados y muy especialmente a todas las personas que ofrecieron su tiempo para hacer
posible este estudio: funcionarios/as de los poderes ejecutivos provinciales y municipales,
de los poderes judiciales provinciales, coordinadores de programas y áreas de media-
Medidas alternativas en la justicia penal ción, investigadores locales, operadores y trabajadores del sistema penal y de protección
de derechos en general, y miembros de la sociedad civil entrevistados. Acercarnos a su
juvenil: un enfoque de derechos humanos compromiso con los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de su tiempo, su
apertura a brindarnos información, y en muchos momentos su calidez humana, hicieron
posible este desafiante trabajo investigativo.
La presente investigación de carácter nacional sobre medidas alternativas en justicia
penal juvenil fue realizada en el marco de los objetivos de UNICEF Argentina en materia
de protección de derechos, por un equipo integrado por investigadores/as de las Univer-
sidades Nacionales de San Martín (UNSAM) y de Buenos Aires (UBA).
El relevamiento efectuado desde noviembre de 2016 hasta abril de 2017 ha permitido
construir un gran corpus de información que esperamos contribuya a informar el deba-
te en curso sobre las transformaciones normativas y de política pública necesarias para
adecuar la Justicia Penal Juvenil argentina al marco de derechos humanos incorporado
en la Constitución Nacional. El logro de una justicia respetuosa de los derechos de niños,
niñas y adolescentes es una meta compartida por los distintos actores que participaron
del estudio. Ello se refleja en reformas procedimentales provinciales que contemplan me-
didas alternativas al proceso penal; acuerdos en el marco del Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia (COFENAF); readecuaciones y especialización de los dispositivos
penales juveniles, y la existencia en la mayoría de las jurisdicciones del país de dispositivos
o programas alternativos a la privación de libertad.
El informe enfoca en los usos de distintas medidas alternativas, tanto presentes en las
normativas provinciales como resultado de los esfuerzos interpretativos del Soft Law de
actores comprometidos con los logros del enfoque de derechos humanos para la justicia
destinada a los niños/as y adolescentes. En tal sentido, se centra en las percepciones de
tales actores sobre su práctica diaria, en las razones y sentidos que atribuyen a su tarea,
así como en las dificultades y obstáculos que encuentran. Asimismo, se presenta un pano-
rama organizado de las principales previsiones normativas, de la estructura judicial y de
El propósito de esta investigación fue caracterizar las medidas alterna- cambios heterogéneos en su extensión y cualidad, y que requiere de la comprensión de las
tivas en justicia penal juvenil existentes en las distintas jurisdicciones del dinámicas sociales y políticas en que tienen lugar.
país, tanto en lo que respecta a procedimientos alternativos al proceso
La perspectiva adoptada se propuso en consecuencia superar aquellos posicionamientos
penal como a medidas alternativas a la privación de la libertad de
teóricos que tienden a evaluar solo en términos técnicos los mecanismos de formación e
adolescentes acusados de cometer un hecho delictivo.
implementación de políticas. Así, en lugar de invisibilizar los procesos de negociación y lucha
La investigación tuvo un carácter exploratorio descriptivo de tipo cuali- por la imposición de determinados significados, relegándolos al lugar de obstáculos para la
tativo, y procuró construir información sobre las prácticas formales e infor- transformación deseada o de desviaciones a una supuesta norma, nuestro interés fue otor-
males del poder judicial de las veinticuatro jurisdicciones del país y de garles valor analítico, ya que es iluminando esas negociaciones y disputas que, se puede
la justicia nacional, en cuanto al uso concreto de medidas alternativas entender cómo se producen, reproducen y también cómo se transforman las instituciones.
al proceso penal (remisión, mediación, justicia restaurativa, suspensión
Al acercarnos a la complejidad de las instituciones estatales contextualizadas, encontramos el
de juicio a prueba, etc.); y sobre la disponibilidad, eficiencia y uso de
peso de las dinámicas políticas, sociales, culturales e institucionales locales. Además, el papel
los dispositivos alternativos a la privación de libertad de adolescentes,
socialmente asignado a los jóvenes de sectores populares, las construcciones de modos y
tomando como base los veintiséis programas relevados en el estudio
tipos de autoridad sobre los jóvenes, las dinámicas socioeconómicas y criminales locales y los
realizado por UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia
temores y ansiedades morales, inciden como determinantes, oportunidades, o limitantes, tanto
y Familia (SENNAF) en el año 2015 (SENNAF y UNICEF, 2015).
para las prácticas institucionales como para las interpretaciones de los operadores de justicia
El contexto nacional argentino presenta la particularidad de carecer y del Poder Ejecutivo.
de una ley penal juvenil que recoja los lineamientos y recomendaciones
Desde esta perspectiva, en el presente informe, se realiza una presentación sintética de los
internacionales en la materia, ya que aún se encuentra vigente el Decre-
principales hallazgos obtenidos. La información construida enfoca particularmente en las per-
to-Ley nacional Nº 22.278 con sus modificatorias. No obstante, más allá
cepciones de los actores sobre las distintas dimensiones de su práctica diaria, en las razones
de esta falta de adecuación normativa a los estándares impulsados por
y sentidos que atribuyen a su tarea, así como en las dificultades y obstáculos que encuentran.
el derecho internacional de los derechos humanos, se registran distintos
Asimismo, se presenta un panorama organizado de las principales previsiones normativas, de
avances. Entre otros, reformas procedimentales de carácter provincial
la estructura judicial y de los arreglos institucionales que se crearon en los últimos años para
que contemplan medidas alternativas al proceso penal; acuerdos fe-
efectivizar las medidas alternativas en justicia penal juvenil.
derales reflejados en Actas Compromiso en el marco del COFENAF, que
incluyen la promoción de proyectos institucionales acordes a estánda- La estructura del informe es la siguiente. En el capítulo 1 se describen los objetivos ge-
res de derechos humanos; readecuaciones institucionales principalmente nerales y específicos de la investigación, se da cuenta de la estrategia metodológica
relativas a la dependencia de los dispositivos penales juveniles (que en adoptada y de los aspectos más salientes del trabajo de campo a fin de contextualizar la
su mayoría se encuentran radicados en áreas de gestión especializa- producción de datos, y se explicitan las diferentes hipótesis de trabajo diseñadas con el
das en la materia), y la existencia en la mayoría de las jurisdicciones del objetivo de organizar el relevamiento de información y el análisis. En el capítulo 2 se realiza
país de dispositivos o programas alternativos a la privación de libertad. una revisión de los principales debates que han atravesado el tema de la administración
Por ello, el estudio estuvo centralmente orientado a identificar y analizar de justicia para los niños, niñas y adolescentes y se sistematiza la producción relativa a
prácticas de referencia en la materia que se estén efectivamente imple- medidas alternativas al proceso penal y a la privación de libertad de adolescentes. El
mentando en las distintas jurisdicciones del país. Esto es, más allá de la capítulo 3 presenta una síntesis organizada de las principales transformaciones normativas
revisión de la dimensión normativa, nos interesó principalmente relevar –a que se han sucedido en los últimos años en materia penal juvenil y de la institucionalidad
partir de la realización de entrevistas a distintos tipos de actores que específica. El cuarto capítulo muestra un mapeo de las medidas y procedimientos alterna-
conforman el sistema penal juvenil- el nivel de las prácticas concretas tivos al proceso penal relevados en todas las provincias, analizándolos en función de su
y efectivas e identificar qué medidas son aplicadas, cómo lo son, qué uso, el grado de institucionalización, los recursos disponibles, el alcance y el objeto de las
dispositivos se utilizan para aplicarlas y cuáles son los principales obstá- medidas, así como el modo en que estas son percibidas por los actores, su sostenibilidad y
culos o dificultades para su implementación. eficacia, y los obstáculos para su implementación. En el capítulo 5 se describen y analizan
los programas relevados, incluyendo su estructura, dependencia, metodología, instituciona-
La investigación partió de comprender el campo de estudio como un
lidad, funcionamiento, articulaciones, población a la que se dirigen, efectividad y eficacia,
sistema que integra normativas, instituciones, rutinas burocráticas, prác-
resultados y logros. El capítulo final presenta un sumario de los hallazgos y lecciones apren-
ticas asentadas, valores, creencias y sentidos socialmente disponibles.
didas, y recomendaciones emergentes.
Por ello, toda transformación supone un proceso complejo que involucra
Metodología y enfoque del estudio
Los interrogantes principales que presidieron este relevamiento fueron: ¿en qué medida los
programas, dispositivos y estrategias alternativas en materia penal juvenil desarrollados en
cada jurisdicción incorporan las premisas de derechos humanos de niños/as y adolescen-
tes, y resultan sostenibles y pertinentes, efectivos y eficientes? Y ¿qué explica el uso/no uso
de las medidas alternativas al proceso judicial o las medidas alternativas a la privación
de libertad por parte del Poder Judicial?
Para la indagación se consideraron dos universos de análisis: las medidas alternativas al
proceso penal o al juicio, y las medidas no privativas de la libertad. Esta distinción resultó
pertinente, ya que permitió indagar las singularidades y desafíos que representan unas y
otras, y los dispositivos particulares que son necesarios para su mejor desarrollo.
La investigación supuso una fase de diseño (entre diciembre de 2016 y enero de 2017)
que implicó: el relevamiento de información preliminar, el relevamiento y sistematización
bibliográfica, el desarrollo de instrumentos de producción de datos, y el desarrollo de la
agenda preliminar de campo. El trabajo de campo realizado en cada una de las juris-
dicciones del país se desarrolló sin inconvenientes entre el 6 de febrero y el 31 de marzo
de 2017, y consistió principalmente en la realización de entrevistas a distintos tipos de
actores y en el relevamiento de material documental (estadísticas, fallos, informes institu-
cionales). El informe final se comenzó a redactar el 3 de abril y se finalizó el 29 de mayo
CAPÍTULO 1 Trabajo de campo Régimen Cerrado (CRC) y las Residencias Socio Educativas (RSE). Mientras que los prime-
ros son dispositivos de privación de libertad, los segundos son de restricción de libertad.
A su vez, otro tipo de dispositivos son los programas genéricamente considerados como
Las unidades de observación en las veinticuatro provincias fueron: los marcos normativos Dispositivos de Supervisión y Monitoreo en Territorio (DSMT), que también realizan una
para la aplicación de las medidas alternativas, los programas, áreas y dispositivos de medida de restricción de libertad, aunque, en principio, de menor intensidad que la RSE,
atención a adolescentes en conflicto con la ley penal que implementaran medidas no porque el adolescente la cumple en su comunidad de referencia.2
privativas de libertad, puntos focales de los poderes ejecutivos que tuvieran a cargo los
programas, puntos focales de la Red de jueces y juezas comprometidos por los derechos
de niños, niñas y adolescentes, jueces penales juveniles, defensores y fiscales, encargados Alcances y restricciones de la investigación
de programas de mediación, funcionarios provinciales y/o municipales de las áreas de
niñez y eventualmente de las áreas específicas en penal juvenil (según corresponda en
cada contexto provincial) e integrantes de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) que La investigación no tuvo limitaciones significativas salvo restricciones vinculadas con el
desarrollen programas alternativos a la privación de libertad de adolescentes en materia déficit de información sistemática en la mayoría de las jurisdicciones. A fin de mitigarlo,
penal juvenil. fue clave la consulta a los actores y la revisión de fuentes de organismos federales. No
Se visitaron todas las capitales provinciales, a excepción de Rawson, y en algunas ju- obstante, estimar la eficacia y eficiencia de las medidas alternativas y de los programas
risdicciones –en función de su magnitud o heterogeneidad– se tomaron además otras fue complejo.
localidades.1 Se realizaron y procesaron 246 entrevistas semiestructuradas, y se relevó un Similar carencia de información sistemática se registró sobre la caracterización de la po-
considerable corpus de material documental (estadísticas, publicaciones institucionales, blación adolescente bajo programa, cuya reconstrucción se realizó en base a las per-
sitios web de entidades de gobierno, Poder Judicial, OSC y prensa). cepciones de las y los trabajadores.
Tabla Nº 1 Características de la población adolescente
Entrevistas por tipo de actor
ACTOR ENTREVISTAS En términos generales, los adolescentes objeto de los programas son varones, de entre 16
Poder Judicial (incluyendo defensorías y fiscalías) 123 y 17 años, residen en barrios populares, en precarias condiciones habitacionales, tienen
Organizaciones no gubernamentales 16 interrumpidas trayectorias educativas y están débilmente insertos en el mundo del trabajo
Programas especializados 50 informal. Las caracterizaciones sobre sus familias se componen de imágenes tensionadas.
Autoridades provinciales 25 Mientras se las considera centrales para cualquier proceso con los jóvenes, se las asume
como incapaces de afrontar esa responsabilidad por razones estructurales pero también
Autoridades municipales 8
conductuales. Las caracterizaciones sobre los adolescentes y sus familias por parte de los
agentes judiciales y del Poder Ejecutivo, variables según los contextos locales, incluyen
Otros 32**
problemas asociados a la migración, consumo problemático de alcohol, drogas, violencia
Total 246 2. En relación con esta denomina-
doméstica y suicidio adolescente. Respecto de las trayectorias institucionales de los jóve- ción, la SENNAF ha acentuado la
noción de restricción de libertad para
nes, priman experiencias previas en el sistema de protección. Cuando se pudo conocer los establecimientos y programas
el dato, se constató que los adolescentes incluidos en programas alternativos tienen en alternativos a la privación como una
de las estrategias para disminuir la
Definiciones promedio 2/3 causas penales abiertas o medidas previas. aplicación de la medida de privación
de libertad. En efecto, si la inclusión
en un programa de acompañamiento
1. Además de todas las capitales La investigación enfocó en los programas, áreas y dispositivos de atención a adolescen- y supervisión en territorio es percibida
(por los adolescentes, operadores,
provinciales y la Ciudad Autónoma tes en conflicto con la ley penal que implementaran medidas o estrategias no privativas magistrados y comunidad) como una
de Buenos Aires, se realizó trabajo de
campo en las localidades de: San de libertad. Respecto a la caracterización de establecimientos y programas especializa- medida penal, puede ofrecerse como
Martín, La Matanza, Mar del Plata y una alternativa al encierro. De otro
Bahía Blanca, provincia de Buenos dos, hemos utilizado la propuesta por la Dirección Nacional para Adolescentes Infrac- modo, si es vista como un programa de
protección, puede no ser concebida
Aires; Rosario, Santa Fe; Río Segundo, tores (DINAI) de la SENNAF que distingue dos tipos de establecimientos: los Centros de por los actores como sanción, sino
Córdoba; San Rafael, Mendoza;
Trelew, Chubut; Bariloche, Río Negro. como ayuda o acompañamiento.
La justicia penal enfocada en niños/as y
adolescentes y las medidas alternativas
Principios rectores en materia penal juvenil
Según los estándares del enfoque internacional de derechos humanos, la justicia penal
juvenil, que tiene caracter de especializada, debe orientarse por dos principios funda-
mentales: desjudicialización e intervención penal mínima. Ello significa que debe permitir
resoluciones por fuera del marco judicial que eviten o limiten la sanción penal, y favorecer
instancias de resolución no judiciales que no impliquen restricciones a la libertad ambula-
toria. Además, las respuestas institucionales ante una infracción cometida por un menor de
edad deben cubrir un arco de posibilidades que va desde la advertencia -no judicializa-
da- hasta libertad vigilada, mientras que la privación de libertad debe ser una medida de
último recurso y por el más breve tiempo posible. En suma, la justicia penal debe orientarse
por un modelo de sistema penal mínimo alineado con la protección de los derechos de
niños, niñas, y adolescentes, que considere al derecho penal como extrema ratio y que
limite la aplicación de penas privativas de libertad, como también su monto.
En el contexto argentino, aun con una ley de fondo no adecuada a los estándares in-
ternacionales en derechos humanos, se han identificado avances parciales, algunos de
los cuales se señalan en este informe. No obstante, tal como ha señalado la literatura, se
registra, por un lado, una dificultad sistémica para institucionalizar los principios de dere-
chos humanos en las prácticas, normativas, circuitos y culturas institucionales de los distintos
actores involucrados (policía, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, sociedad
civil), y por otro, una falta de consenso social sobre el modo de gestión estatal del delito programas se pueden sistematizar según las modalidades de articulación interinstitucional
CAPÍTULO 2 juvenil, cuya tendencia es en general hacia un mayor punitivismo. sobre las que se asienten, según las capacidades institucionales –que propicien su desa-
rrollo o lo coarten-, o según su vínculo con las dinámicas culturales que resultan clave para
En los últimos años, y a partir tanto del activismo judicial, y de decisiones políticas y so-
su despliegue y aceptación.
ciales, así como de la puesta en marcha de estrategias creativas e innovadoras, se ha
propiciado la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad durante el
proceso (entendidas como cualquier medida que no suponga la privación de libertad
del joven mediante su ingreso en una institución cerrada o en otro tipo de institución que Alcances y limitaciones
suponga una prohibición de salidas) y también de medidas alternativas al proceso penal
juvenil, que procuran apartar al joven del sistema de justicia penal. Ellas pueden usarse
tanto para evitar el inicio de un proceso penal, como para suspenderlo. En el primer caso, El uso de medidas que permitan garantizar el principio de privación de libertad como
con base en el principio de oportunidad, las autoridades intervinientes (fiscal) no inician último recurso es aún un desafío a nivel mundial, en parte por la falta de confianza de
el proceso y realizan una reorientación hacia servicios apoyados por la comunidad (remi- los actores del Poder Judicial en las sanciones no privativas de libertad, lo que hace a la
sión). En el segundo, el proceso penal se puede suspender a partir de la utilización de la necesidad de contar con sistemas de información e investigaciones sólidos que legitimen
mediación o conciliación, o bien a partir de la suspensión del juicio a prueba (probation) su uso haciendo la evaluación y el monitoreo posibles y sistemáticos (Kilkelly, 2016). Entre
3. Ver Muncie, J. y Goldson, B. (eds.) ,que es, como desarrollaremos, la medida más extendida en nuestro contexto y puede su- los indicadores se cuenta la adecuación de las acciones y programas a los estándares
(2006). Comparative Youth Justice.
London, Uk: Sage Publications Ltd. poner la realización de tareas comunitarias, reparación del daño y reglas de conducta a internacionales de derechos humanos, las tasas de reiterancia (reincidencia), la calidad
kikelli, U; Forde, L; Malone, D. (2016).
cambio de la extinción de la acción penal. Ahora bien, el uso de estas medidas y su nivel institucional de los procedimientos, entre otros.
Alternativas al internamiento para me-
nores infractores. Guía de Buenas Prác- de eficacia, requiere de dispositivos que vehiculicen su implementación. El diseño de los programas debe garantizar su inserción y visibilidad comunitaria, la sufi-
ticas en Europa. Bruselas: Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). ciente cooperación interinstitucional -en especial al nivel local-, recursos adecuados y
McAlister, S. y Carr, N. (2014).
Experiences of Youth Justice: Youth correctamente asignados, y la accesibilidad de los jóvenes. Al nivel local o provincial, es
Justice Discourses and Their Multiple
importante contar con una amplia variedad de medidas que permitan la flexibilidad de las
Effects. Youth Justice, 14(3), 241-254.
UNICEF-SENNAF (2007). Con- Revisión de experiencias internacionales recomendaciones para adaptarse a las necesidades de los niños y niñas infractores, que
ceptos debates y experiencias en
puedan ser utilizadas en los distintos momentos del proceso (antes de los cargos, antes
justicia penal juvenil. Buenos Aires.
Disponible de http://files.unicef.org/
en medidas alternativas del proceso, antes de la sentencia, durante o en lugar del encarcelamiento).
argentina/spanish/Cuadernillo_Jus-
ticia_Penal_Juvenil.pdf. Put, J.,
Vanfraechem P. y Walgrave. L. (2012). En lo relativo a la implementación de medidas que suponen reparación, se señala que
Restorative Dimensions in Belgian Youth Existe una cuantiosa literatura sobre las modalidades de aplicación de medidas alterna- su uso tiene una incidencia positiva, que se refleja en los bajos índices de reincidencia
Justice. Youth Justice 12 (2), pp. 83–100.
tivas al juicio y a la privación de libertad que provee análisis sobre distintas experiencias (Bergseth y Bouffard, 2007; Braithwaite, 2005; Latimer, Dowden y Muise, 2005; Liebmann,
4. UNICEF (2003). Justicia Penal Juvenil:
Buenas prácticas en América Latina. en el sistema penal juvenil en las que se incluyen el activismo judicial; trabajos que relevan 2007; Sherman y Strang, 2007). Este efecto se atribuye a la confluencia del ejercicio de
Panamá. Carranza E., Tiffer C. y Maxera
R. (2002) La reforma de la justicia
experiencias en ejecución de programas de implementación de medidas alternativas y restitución del ofensor, la reparación del daño y la intervención de la comunidad como
penal juvenil en América Latina y la socioeducativas; y artículos de investigaciones sobre programas y proyectos relaciona- agente, que garantiza la construcción de un vínculo entre el joven y la sociedad, por el
justicia restaurativa. ILANUD. Justicia res-
taurativa en Costa Rica: Acercamientos dos con medidas alternativas en justicia penal juvenil. Entre estas experiencias son espe- empoderamiento que tiene respecto a su participación como agente de control social.
teóricos y prácticas, I Congreso de
Justicia Restaurativa. Costa Rica. San
cialmente relevantes las desarrolladas en Europa (España, Italia, Países Bajos, Bélgica e En efecto, algunas experiencias señalan que uno de los aspectos más significativos son
José: Comisión Nacional para el Irlanda)3 y en algunos países latinoamericanos (Costa Rica, Nicaragua, Chile, Uruguay y “las interacciones sociales que suceden durante el proceso, más allá de que la estrategia
Mejoramiento de la Administración
de Justicia. TDH – Lausanne (2015). Brasil).4 Los objetivos que persiguen estas experiencias son variables, algunos son más ho- termine en un acuerdo entre las partes o no” (Medan, 2016: 86).
Aprender de experiencias para trans-
formar realidades. Perú. Melo E. (2014)
lísticos, vinculados a la garantía de derechos, mientras que otros son mucho más prácticos,
Fundamentalmente la participación de las personas involucradas conlleva a la búsqueda
Restorative justice for young offenders como por ejemplo la inserción laboral. En general, predomina una conceptualización de
in São Caetano do Sul, Brazil Restora- de medidas más positivas y democráticas, lo que permite reducir la reproducción de me-
tive Justice: An International Journal Vol. la población destinataria como sujeto de derechos, y también se señala como central
2 (issue 3) pp. 349-361. Achutti, D. y didas punitivas, así como la intervención del Estado en la resolución del conflicto. En los
Pallamolla, R. (2012). Restorative Justice
tanto la consideración de las culturas locales como la importancia del contexto norma-
casos en que se implementa, el encuentro cara a cara entre ofensor y víctima incide en el
in Juvenile Courts in Brazil: a brief review tivo e institucional para la optimización de la implementación de las medidas. La revisión
of Porto Alegre and Sao Caetano cambio de “percepción sobre el infractor y sus razones para cometer el delito y tiende a
Pilot Projects. Universitas Psychologica, y sistematización de la literatura sobre experiencias desarrolladas en otros países arroja
v.11, (Nro. 4), pp. 1093-1104. UNICEF tener una mirada más comprensiva y menos vengativa hacia los ofensores especialmente si
y Observatorio de Adolescentes y
que mayormente se utilizan medidas no privativas de libertad por medio de programas
son jóvenes” (Bolívar, 2011). Por otra parte, Latimer et. al. (2005) y Sherman y Strang (2007)
Jóvenes (2009). Experiencias de Justicia socioeducativos, de tutela, de acciones terapéuticas, de suspensión de juicio a prueba,
Penal Juvenil no Privativas de la Liber- dan cuenta de que las víctimas se sienten más satisfechas en este tipo de estrategias que
tad. Reformas legales, organización mediación, conferencias y reparación del daño. Las estrategias que se desarrollan en los
judicial y sistemas de justicia penal en el sistema de justicia tradicional.
juvenil a nivel local. Buenos Aires.
Dentro de las limitaciones, se señala la falta de seguimiento y supervisión institucional, una
CAPÍTULO 2 vez procesado el caso. Por otra parte, la falta de marcos normativos que permitan dar
continuidad a programas y políticas, es otro de los aspectos que dificultan la implemen-
tación de las medidas, así como su sostenibilidad, pues se ven afectadas por los cambios
de gestión y quedan sujetas a la voluntad política de turno, que comprometen desde el
presupuesto y la infraestructura hasta el recurso humano (Unicef, 2003:63).
Caracterización del Sistema Penal
Juvenil de las distintas provincias argentinas
Aun cuando el Régimen Penal de la Minoridad instituido por el Decreto-Ley N° 22.278 es
la norma de fondo vigente en la Argentina para administrar judicialmente los hechos de-
lictivos cometidos por niños/as y adolescentes, en los últimos veinticinco años ha habido
una producción legislativa y jurisprudencial que procuró limitar los aspectos más abusivos
y violatorios de derechos y garantías. El impacto de la Convención sobre los Derechos del
Niño y de otros instrumentos internacionales (o Soft Law),5 de las Observaciones Genera-
les del Comité de Derechos del Niño, así como de los fallos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y el activismo de las Observaciones finales del Comite de Derechos
del Niño sobre Argentina del año 2010, agentes judiciales, de profesionales y de orga-
nismos de derechos humanos, han incidido en la implementación de medidas alternativas
al juicio (criterios de oportunidad, remisión, mediación, justicia restaurativa) y a la privación
A nivel nacional, la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (26.061/2005) tuvo un impacto especial. Si bien no regula 5. Reglas Mínimas para la Administra-
ción de Justicia de Menores de las
la cuestión de los adolescentes infractores, establece una serie de garantías para los/as Naciones Unidas (“Reglas de Beijing”),
niños/as que se encuentren bajo proceso judicial (derecho a ser oídos y a que su opinión en su resolución 40/33, de 29 de no-
sea primordialmente tenida en cuenta). Además, al derogar la ley N° 10.903, y en conse- viembre de 1985, las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención
cuencia la facultad de tutela estatal, ha incidido en el régimen penal juvenil, fundamental- de la Delincuencia Juvenil (“Directrices
de Riad “), adoptada y proclamada
mente en lo relativo a los adolescentes no punibles, puesto que se ha entendido que el por la Asamblea en su resolución
juez penal no dispone ya de la atribución de “disponerlos tutelarmente”. 45/112, de 14 de diciembre de
1990, las Reglas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad,
Asimismo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como Fallo adoptadas por la Asamblea en su
Maldonado (CSJN, 2005), ha sentado un precedente paradigmático respecto de la resolución 45/113, de 14 de diciem-
bre de 1990, y las Directrices de
especialidad, y las Actas compromiso del COFENAF, representan decisiones y definiciones Acción sobre el Niño en el Sistema de
Justicia Penal, anexas a la resolución
consensuadas tanto en materia de administración de justicia como de despliegue de 1997/30, de 21 de julio de 1997.
institucionalidad. existe una justicia penal juvenil especializada, ya sea con un sistema acusatorio o con un
sistema inquisitivo-mixto.
El Régimen Penal de la Minoridad, a pesar de su vigencia, es objeto de múltiples objecio-
nes. Una de las principales, con varias consecuencias, es la gran discrecionalidad que la
ley otorga a los jueces. No obstante, dado que esta ley coexiste con un plexo normativo TUTELAR TUTELAR FUERO NO JUSTICIA JUSTICIA
y un sistema de principios jurídicos que prevén y definen garantías y derechos (las norma- CLÁSICO MIXTO ESPECIALIZADO ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA
(JUSTICIA SISTEMA SISTEMA
tivas provinciales, los tratados internacionales de jerarquía constitucional y el soft law) la ORDINARIA) ACUSATORIO INQUISITIVO
lesividad de la Ley N° 22.278 puede ser, y de hecho, ha sido, gradualmente limitada. Si MIXTO
6. La CABA antes de convertirse en
Ciudad Autónoma contaba con una bien parece haber consenso en la necesidad de producir un sistema de responsabilidad Corrientes CABA Río Negro CABA Córdoba
organización judicial y de procedi-
mientos que derivaban de la justicia penal juvenil que limite esa discrecionalidad, algunos de los proyectos en debate que Chaco (Justicia Santiago del Estero (Justicia Ciudad) Mendoza
nacional. Al día de hoy, no todas las
competencias penales se han transferido argumentan en ese sentido acarrean propuestas aun más persecutorias. En tal sentido, los Formosa Nación) Chubut Buenos Aires San Juan9
a los tribunales de la Ciudad, razón
proyectos de ley que proponen bajar la edad de punibilidad, contrariamente a lo que Jujuy Catamarca Entre Ríos
por la cual coexisten dos modelos de
organización de justicia con sus proce- La Rioja La Pampa Neuquén
dimientos y competencias específicas. exigen los tratados internacionales de derechos humanos, extienden el sistema penal para
Misiones Salta
7. Los sistemas inquisitivos concentran en menores de edad, y parecen guiarse por una idea formalista y abstracta respecto del
una sola persona (un órgano oficial) las San Luis Tucumán
funcionamiento del dicho sistema.
funciones fundamentales del proceso
(acusación, defensa y decisión). Como
ha sido señalado críticamente, en Santa Fe
términos modélicos se caracterizan por
reemplazar el principio de inocencia por Tierra del
el de culpabilidad del acusado, lo que
conduce a entender al proceso como
una sanción en sí misma. El modelo “mixto”
Estructura judicial a nivel provincial Fuego
se nutre esencialmente de aspectos del
sistema inquisitivo, en especial la per-
secución y juzgamiento de todo delito.
La pena es concebida como la única El carácter federal de nuestro país se traduce en una diversidad y pluralidad de modelos
forma de solución del conflicto con la ley Tabla Nº 2
penal. En este tipo de modelo existe una de organización y procedimientos judiciales. Con excepción de la justicia federal, que
etapa de investigación previa llamada
“instrucción” a cargo de un juez (de tiene competencia en todo el país, cada provincia (sumada la Ciudad de Buenos Aires Estructura judicial para el juzgamiento de causas de menores de edad.
instrucción), etapa que no se restringe
a otorgar fundamento probatorio a la con su propia particularidad)6 tiene una justicia provincial con competencia para interve-
acusación, sino que avanza sobre la
etapa del juicio, y tiende a dar también nir ante la comisión de delitos comunes (justicia ordinaria). En el caso de la administración Ministerio Público
basamento probatorio a la senten-
cia definitiva. Este paradigma “mixto”
judicial penal para menores de edad, la competencia se complejiza, dado que algunas El Ministerio Público de la Nación posee un rol protagónico en el sistema de justicia, y a
incorpora actualmente aspectos del
acusatorio, como la separación “formal”
provincias cuentan desde antaño, con procedimientos y autoridades específicas para las nivel provincial nuevamente es heterogénea la situación, ya que cada provincia cuenta
de los roles de acusación y juzgamiento, personas menores de edad, derivados de la existencia de un fuero de menores que lejos con normativas particulares que regulan la organización y dependencia funcional. Algunas
la incoercibilidad moral del imputado, la
inviolabilidad de su defensa y el principio de restringirse al ámbito penal, extendía su competencia a distintas temáticas: familia, civil, provincias cuentan con un Ministerio Público especializado y otras no, en algunos casos
de inocencia. Así, a partir de este aggior-
namiento del sistema, se entiende que asistencial. complementando un fuero especializado y en otros compensando su ausencia. Además,
el juicio debe basarse en una acusación
preparada, sostenida y acreditada por
A los fines de esta investigación, es importante tener en cuenta el modelo procesal penal el grado de especialidad varía en las jurisdicciones, hay casos donde se advierte que
los órganos oficiales encargados de la
persecución penal (Ministerio Público general que instituyen las provincias. Esto es, si poseen un procedimiento más cercano solamente existe un fuero o ministerio público especializado en la capital provincial, pero
Fiscal) y desarrollarse en forma oral y
pública, con inmediación de los sujetos al tipo inquisitivo-mixto,7 inspirados por el Código Procesal Penal de la Nación, o bien si no así en el resto de las circunscripciones en las que se divide la provincia.
procesales y los elementos de prueba.
8. Este sistema, idealmente y con más
poseen otro más cercano al modelo acusatorio.8 Ello en tanto los segundos son formal-
claridad que en el inquisitivo, presupone
la inocencia del acusado y se basa en
mente más proclives a incorporar nuevos modos de terminación de los procesos que no
una idea de la “verdad jurídica” como impliquen llegar a su finalización solo a través de un juicio.
una construcción, producto de una
negociación entre las partes implicadas,
más que en una realidad a ser descubier- Respecto de la organización judicial con competencia para adolescentes infractores, la
ta mediante aproximaciones sucesivas,
tal como sucede en los sistemas de mayoría de las provincias tiene un sistema “tutelar clásico” basado en el típico régimen de
raigambre inquisitiva. El proceso se
conceptualiza así como una garantía
la minoridad (con competencia en cuestiones familiares, asistenciales y penales). Le sigue,
individual frente al Estado que pretende
imponer una pena; admite la posibilidad
en cantidad de provincias, el sistema “tutelar mixto”, que consiste en un fuero de menores
excepcional de privar al imputado de su con alguna inclusión de garantías procesales e institutos específicos alternativos. Otras
libertad antes de la condena, pero solo
como una medida cautelar de los fines provincias no cuentan directamente con fuero especializado en menores de edad, y esas
del proceso, y nunca como una sanción
anticipada. Las funciones de acusar, de- causas son tramitadas por la justicia ordinaria. De otro tipo son los sistemas en los que 9. El fuero especializa-
fender y juzgar se encomiendan a sujetos do entró en vigencia
diferenciados e independientes entre sí. en marzo 2017.
CAPÍTULO 3 Tabla Nº 3 Tabla Nº 4
Ministerio Público Previsiones legislativas de medidas alternativas al proceso penal según jurisdicción
DEFENSORÍAS Y FISCALÍAS DEFENSORÍAS FISCALÍAS Y DEFENSORÍAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL JURISDICCIONES
PENALES JUVENILES (ESPECIALIZADAS) ESPECIALIZADAS NO ESPECIALIZADAS
Principio de oportunidad y remisión Buenos Aires - CABA (Justicia Ciudad) -
Buenos Aires Río Negro Catamarca Mendoza - Neuquén - Río Negro - Entre Ríos
CABA (Justicia Nación) San Luis Chubut Mediación penal CABA (Justicia Ciudad) - Corrientes -
Córdoba Santa Fe Formosa Chaco - Chubut - Entre Ríos (especiali-
Corrientes La Rioja zado) - Jujuy (para mayores) - Mendoza
Entre Ríos Santiago del Estero (especializado) - Neuquén - Buenos Aires
- Salta - Santa Fe - Tucumán - Tierra del
Jujuy Tierra del Fuego
Fuego - Río Negro (aún sin implementar) -
La Pampa Tucumán
Conciliación y reparación Tucumán - Chubut - Mendoza -
Mendoza CABA (Justicia Ciudad)10
Suspensión del juicio a prueba Código Penal de la Nación -
En la mayoría de las jurisdicciones
Medidas alternativas a la privación de libertad b.
Las medidas alternativas a la privación de libertad son de una gran variedad y en la
Previsiones normativas legislación provincial provienen de varias fuentes (capítulos especiales en los códigos
procesales o normas específicas). Así, están insertas en el entramado normativo provincial,
sujetas a limitaciones propias de la normativa o del contexto, y se relacionan con otras
a. Medidas alternativas al proceso penal disposiciones legales que las complementan. Por lo demás, muchas de ellas requieren para
La previsión de medidas alternativas en las normativas provinciales es muy variable, tam- su aplicación de una estructura institucional que las torna, o no, viables. Las fuentes de las
bién lo es en qué instrumento son recogidas y cuál es el modelo de procedimiento en que medidas son variadas y los recursos institucionales diversos.
se inscriben. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: las medidas cautelares -que se aplican du-
En la mayoría de las jurisdicciones está prevista la suspensión del juicio a prueba, mientras rante el proceso para sustituir a la prisión preventiva, y están recogidas en las legislaciones
que el principio de oportunidad se encuentra reglado en la mayoría de las provincias de algunas provincias- y las sanciones alternativas, que procuran que el reproche penal
que poseen códigos de tipo acusatorio. Sin embargo, en pocos casos se recoge la es- se exprese de un modo diferente al encierro. Las medidas cautelares deben quedar suje-
pecialidad del proceso penal juvenil. En efecto, en muchos casos los Códigos Procesales tas a los principios que rigen la prisión preventiva (el resguardo de los fines del proceso,
Penales provinciales contienen institutos procesales que serían muy beneficiosos para la elementos de cargo que vinculen al adolescente con el acto delictivo, excepcionalidad,
justicia penal juvenil, pero muchas veces los menores de edad se encuentran expresamen- proporcionalidad, extensión mínima y examen periódico). Esto resulta necesario para evi-
te excluidos. tar que por la vía de las medidas cautelares se amplíe el campo de ilegalismos alcanza-
dos por el sistema penal,11 lo que significa que tales medidas deben recaer sobre sujetos
La mediación y la conciliación están previstas en pocas provincias y también de modo que, si ellas no existieran, sufrirían la prisión preventiva y no sobre aquellos a los que no
variado. El juicio abreviado está incluido en casi todos los códigos de procedimientos llegaba la coerción penal (Freedman, 2011). Evaluando las circunstancias concretas del
penales provinciales, generalmente en las reglas generales que prescriben el tratamiento adolescente y el hecho imputado, el juez debe disponer la medida menos restrictiva po-
de todos los imputados. sible, y ello implica un cuidadoso análisis de los elementos que integran la causa, a la luz
de las garantías constitucionales y los estándares internacionales en materia penal juvenil.
11. Como puede suceder,
10. Si bien los cargos
no están creados, la
Las medidas alternativas como medidas cautelares están recogidas en la legislación de por ejemplo, con los Códigos
Contravencionales o de Faltas,
ley procesal N° 2451 la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Rioja, Neu- que admiten detenciones (o
de CABA, los prevé en arrestos) de duración variable
los artículos 37 y 38. quén, Córdoba y Entre Ríos. o, en todo caso, de proble-
mático control de legalidad.
Las medidas alternativas al proceso
penal en la justicia penal juvenil
Del relevamiento efectuado surge que solamente en cuatro de las veinticuatro jurisdic-
ciones del país las medidas alternativas no se usan o bien se usan muy escasamente y se
encuentran muy débilmente instaladas.12 En las otras localidades, según los/as entrevista-
dos/as, en los últimos años al menos algún tipo de medida alternativa se ha comenzado
Sin embargo, más allá de este dato auspicioso, lo que prevalece es la disparidad y
heterogeneidad en el grado de formalización de su aplicación. Como veremos, solo en
algunas jurisdicciones se ha avanzado en acompañar de estructuras institucionales la
implementación de este tipo de medidas y se han diseñado dispositivos específicos. En
muchos casos, los dispositivos que se usan para efectivizarlas no son especializados en
menores de edad (oficinas de mediación penal, de suspensión de juicio a prueba, etc.).
Además, la sistematicidad del uso de medidas alternativas es baja, y para su utilización
cobra centralidad la voluntad de los actores intervinientes y las coyunturas particulares
que les permiten hacer uso de ellas (la función que tengan dentro del proceso, el enfoque
general que oriente las intervenciones jurídico-penales desde las cúpulas de los ministerios
públicos, la adecuación cultural en la comunidad, etc.).
Más allá de algunas resistencias, no se ha identificado una oposición cerrada a la utiliza-
ción de este tipo de medidas. De hecho, gozan de un considerable nivel de aceptación,
fundamentalmente por parte de los integrantes del fuero de menores o penal juvenil. No
12. En La Rioja, San Juan, San Luis y La
obstante, su utilización se acepta casi exclusivamente en delitos de menor cuantía. Esto es, Pampa, difícilmente se utilizan medidas
alternativas al proceso penal. En La
salvo algunos casos excepcionales, las medidas alternativas al proceso penal se utilizan Rioja, únicamente se utiliza la repara-
ción, en forma de perdón, reparación
casi exclusivamente para delitos leves. Los delitos más graves, como el robo con arma o económica o devolución del bien, y su
con uso de violencia, pueden solo eventualmente ser trabajados con suspensión del juicio uso es muy marginal. En San Juan, hasta la
entrada en vigencia del nuevo Código
a prueba, fundamentalmente si se trata de primeros delitos. Ahora bien, delitos muy graves, Procesal en marzo de 2017, no se había
instrumentado ninguna medida alternativa.
como homicidio, en su inmensa mayoría quedan fuera del universo de la aplicación de En La Pampa, no se usan, y solamente
se usa de manera muy infrecuente la
medidas alternativas, salvo rarísimas excepciones. suspensión del juicio a prueba.
No obstante, cabe destacar que en la gran mayoría de las jurisdicciones del país, son En suma, tal como se advierte en el gráfico, en el 75% de las provincias se aplica la sus-
muy pocas las causas abiertas que llegan a juicio. Diferentes actores acordaron en seña- pensión del juicio a prueba, mientras que en el 60% se aplica el principio de oportunidad.
lar que del total de las causas que se abren, solo un escaso número (compuesto por los Veamos con más detalle.
delitos más graves, tales como homicidios, delitos contra la integridad sexual y robos con
arma cuando son reiterados), llega a la instancia de debate oral y luego de ella a ser
condenado. Es decir, la mayor parte de los delitos que ingresan a este fuero son delitos
relativamente leves. Por lo tanto, es posible inferir que el uso de medidas alternativas po- Medidas alternativas: procedimientos,
dría extenderse.
estrategias y usos concretos
A su vez, se verifica que algunas medidas prevalecen y son preferidas en detrimento de
otras que no son aplicadas con la misma frecuencia ni se encuentran desarrolladas en la
jurisdicción. En efecto, como veremos, la suspensión del juicio a prueba y el principio de Una de las clasificaciones más usuales respecto de las medidas alternativas al proceso
oportunidad son las medidas mayormente utilizadas. En cambio, la mediación y la concilia- penal es la que utiliza como criterio el mayor o menor grado de judicialización que implica
ción son medidas menos usadas. No obstante, cabe destacar que la existencia en varias su uso. Así, es posible distinguir entre medidas alternativas al juicio (que implican un cese
provincias de dispositivos para implementar mediación penal para adultos ha contribuido de la acción penal y directamente el sistema judicial no interviene, y de la administración
a generar un contexto propicio para su uso. del conflicto se ocupa o no algún otro organismo) y medidas alternativas dentro del
juicio (que impliquen modos anticipados de terminación del proceso). Si clasificamos las
Por último, como característica general, es preciso notar que en casi la totalidad de las
medidas en términos del lugar que ocupen desde afuera hacia adentro del sistema penal,
jurisdicciones relevadas, el instituto procesal del juicio abreviado se usa con bastante
en un extremo se encuentra el principio de oportunidad procesal y en el otro extremo la
frecuencia, e incluso en algunas localidades se utiliza mucho más que las medidas alterna-
suspensión del juicio a prueba. En la zona intermedia, que estará más cerca del afuera o
tivas. De hecho, es usado en veintidós provincias (con menos frecuencia en ocho) y si bien
no según los usos y costumbres de la práctica judicial en cada localidad, se encuentran la
no constituye una medida alternativa al proceso penal, suele ser usado –fundamentalmen-
remisión, la mediación, la conciliación, la reparación del daño, las amonestaciones. En un
te por algunos defensores- como una estrategia a favor de los adolescentes en tanto
lugar muy cercano al principio de oportunidad, se encuentran modalidades de cese de
tiene el objetivo de no llegar a sentencias tan gravosas. Sin embargo, paradójicamente y
la acción penal que estrictamente no se hallan amparadas en el criterio de oportunidad
aun cuando su fin sea ese, en ocasiones da lugar a sentencias incluso más altas que las
(aunque una interpretación extensiva de este criterio podría incluirlas en él) ni tampoco
que tendrían lugar si no se hubiera implementado.
son una remisión, pero conducen a la desjudicialización: la prescripción (por la cual se
extingue la acción penal) y el archivo.
De este repertorio de medidas, en la gran mayoría de las jurisdicciones del país al menos
una se utiliza. Y ello, en algunos casos, acontece aun cuando no estén previstas en la
Provincias en las que se aplican medidas alternativas legislación específica que regula el tratamiento penal para menores de edad. En esos ca-
sos, es interesante observar que los agentes del sistema judicial hacen uso de ese “anillo
normativo” –del que se dio cuenta anteriormente-, constituido por legislación de diferente
rango y jerarquía, que les permite sortear o bien atemperar los aspectos más violatorios de
derechos del Régimen Penal de la Minoridad y ensayar diferentes estrategias jurídicas. A
su vez, en muchos casos, los agentes judiciales, haciendo un uso creativo de la legislación
procesal penal para mayores y de dispositivos que no están ni exclusiva ni necesariamente
destinados a niños/as y adolescentes, han podido, o al menos han procurado, innovar y
flexibilizar el régimen vigente incorporando el uso de medidas alternativas.
En diferentes jurisdicciones se detectaron formas sui géneris de desjudicialización que los
actores locales se encuentran implementando. En algunos casos, esas formas suponen el
sobreseimiento y archivo, en otras se trata de la generación de instancias no tan formaliza-
das de mediación, mientras que otras combinan la derivación al organismo de protección
de derechos o el trabajo con otras instituciones. En todos los casos, se trata de modali-
dades novedosas que diferentes actores se esfuerzan por aplicar haciendo uso de los
tratados internacionales que rigen en la materia y más allá de que las medidas alternativas En esta misma línea, se inscriben las palabras de una defensora pública de Corrientes,
al proceso penal no estén explícitamente previstas en la normativa provincial ni existan quien explicaba que se procuran desarrollar “destrezas procesales” y así por ejemplo ante
dispositivos especializados para implementarlas. la falta de pruebas contundentes se solicita la falta de mérito o el sobreseimiento. Una
situación similar ocurre en Jujuy, en donde la falta de pruebas y los delitos de insignifican-
A continuación, a partir del relevamiento efectuado, se describen los usos que los actores
cia son ponderados por la fiscalía de una localidad para desestimar la acción aun en
realizan de las diferentes medidas alternativas en las distintas jurisdicciones del país..13
ausencia de mecanismos procesales específicos, en delitos leves, tales como los que nos
relataban: “el hurto de una leche en un supermercado”. A la par, en algunas jurisdicciones
se intenta comprometer al joven para que desarrolle alguna actividad (escolarización,
Mayor desjudicialización recreación, etc.) que le permita –tal como plantean los actores- contar con un “marco de
contención”.
Vale señalar que algunas de estas estrategias se utilizan para limitar la discrecionalidad
En la mayoría de las jurisdicciones (quince en total) se aplica el principio de oportunidad policial. En un sentido opuesto, otras se configuran como “inacciones”, en tanto la eventual
procesal, medida que supone la mayor desjudicialización y es aplicada para delitos muy desjudicialización no es acompañada por ninguna otra intervención del Estado. Solo en
leves. En diez provincias, paralelamente al principio de oportunidad, se utilizan otra clase cuatro provincias no se mencionó la existencia de ninguna de estas formas de desestima-
de modalidades de cese de la acción penal (archivo, sobreseimiento, prescripción). ción de causas ni otras modalidades de cese.
En diferentes provincias, las prácticas judiciales actúan aggiornando la legislación local a La remisión, así identificada, se utiliza en siete provincias: Tucumán, Neuquén, Entre Ríos,
algunos de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. Por ejem- Ciudad de Buenos Aires (justicia de la Ciudad), Provincia de Buenos Aires, Chaco y Cór-
plo, uno de los jueces en Rosario dicta la suspensión del trámite en el Estado en que se doba. En estas últimas tres jurisdicciones no se encuentra regulada, por ello no se la usa
encuentre, amparándose en las Reglas de Beijing, que postulan que el magistrado puede frecuentemente y además los actores realizan distintas lecturas. Por ejemplo, en la Provincia
suspender la causa por auto fundado en función del interés superior del niño, cuando de Buenos Aires, específicamente en La Plata, algunos agentes judiciales consideran al
considera que el conflicto ya fue abordado, que no hay interés público comprometido, o principio de oportunidad una suerte de remisión, mientras que otros sostienen que esta
que no fue un hecho con violencia hacia las personas. O bien, fundándose en la Conven- última implica la intervención del juez, siendo este quien decide no proseguir con la acción
ción de los Derechos del Niño, apelar a supuestos de remisión y sostener incluso en contra penal.15 Por su parte, en uno de los juzgados de la capital de Córdoba se estila realizar
del dictamen del fiscal que no tiene sentido continuar con la acción penal dada la insig- una suerte de “remisión ad hoc”, que implica la derivación al sistema de protección de
13. Cabe señalar una vez nificancia del hecho delictivo y, teniendo en cuenta que se trata de adolescentes, instar el derechos y son aplicadas cuando el hecho delictivo es expresión –según el criterio del
más que este dato ha sido
construido a partir de las cese de la acción penal. Así también uno de los juzgados de San Luis realiza una intere- magistrado- de una problemática personal o familiar que requiere una atención especia-
percepciones de los distintos
actores entrevistados. Por sante composición jurídica para habilitar vías alternativas de administración de conflictos. lizada (por ejemplo, consumo de drogas o problemáticas familiares).
lo tanto, el relevamiento ha Fundándose en la legislación supranacional y en la Opinión Consultiva OC-17/2002 de
buscado conocer y describir
qué medidas alternativas se la Corte Interamericana de Derechos Humanos14, realizan el cómputo de la pena prevista En general, la medida es ordenada por el fiscal y suele pedirse al inicio de la investiga-
usan y cómo se usan, pero
para el delito por el cual se acusa al adolescente y teniendo en cuenta la reducción de ción. Excepcionalmente, puede requerirla el juez, incluso al momento de la instancia del
ofrece serias limitaciones para
estimar la frecuencia de uso, la pena al grado de tentativa, lo declaran no punible por un auto interlocutorio fundado. juicio. Se suele utilizar en la tramitación de causas con delitos leves y muy leves. 15. Por otra parte, algunos
es decir que arroja un dato actores de esta localidad utilizan
incierto respecto de cuánto se En otras palabras, puede ser que un joven por edad sea punible, pero se lo acusa de La remisión puede implicar la derivación al área de protección de derechos. No obstan- el término remisión para referirse
usan las medidas alternativas a la “remisión de pena”, medida
en los procesos judiciales un ilícito al que con la reducción para el grado de tentativa le correspondería una pena te, no supone que se desjudicialice completamente porque en ocasiones el Poder Judicial utilizada a posteriori de la deter-
minación de la responsabilidad
seguidos a jóvenes menores de menor a dos años. Si es así, por auto fundado y de acuerdo al art. 1 de la Ley N° 22.278, continúa supervisando el caso, y ello –según las opiniones recabadas- se debe a la falta del joven, que puede utilizarse
edad acusados de cometer un
cuando: a) los jóvenes sobre los
delito. Fundamentalmente ello el juez lo declara no punible y no se lo somete al proceso penal, aunque sí puede llegar de confianza en la capacidad del Poder Ejecutivo de seguir la situación del adolescente. que ya se determinó su culpabi-
es así porque no se ha podido lidad, por no tener 18 años, no
a habilitarse el expediente tutelar.
acceder a estadísticas que En suma, es posible sostener que la instrumentación de estrategias, más o menos formaliza- deben cumplir aún con la pena.
den cuenta de esta aplicación, Durante el tiempo que les queda
ya que no es un dato que los Expresiones tales como “formas de entre casa”, y “creaciones de los jueces gracias a la das, para evitar el proceso judicial, en algunos casos se orienta por una mirada centrada hasta cumplir la mayoría de edad,
distintos poderes judiciales rele- deben responder a ciertas pau-
ven, sistematicen y construyan.
Convención”, han sido usuales entre los actores judiciales más proclives al uso de medidas en la protección de derechos, y en otros por una necesidad de priorizar qué tipo de tas. En algunos casos entonces
si el joven no cometió un delito
14. Corte Interamericana De alternativas al proceso penal, quienes de esta manera ponen de relieve las ingeniosas situaciones ameritan la apertura y el trabajo sobre las causas, de manera de “purgar” el muy grave y evolucionó bien du-
rante el período mencionado, se
Derechos Humanos (Corte soluciones jurídicas que intentan a pesar de las resistencias o de la oposición de otros sistema de causas insignificantes. Entre esos dos polos, en una considerable cantidad de decide finalmente no aplicarle la
IDH). Opinión Consultiva OC-
pena; b) los jóvenes han cometi-
17/2002. Condición Jurídica y actores del fuero. Esto es, el activismo judicial organizado en torno a la aplicación de los casos los actores procuran, aun en circunstancias adversas –vigencia de leyes antiguas, do nuevos delitos siendo mayores
28 de agosto de 2002. Solici- principios de derechos humanos, recurre a estrategias creativas para desplegar principios impronta tutelar del sistema-, trabajar de “manera conciliadora” o buscar formas “pacíficas” de 18 años. En esos casos, la
acción de la justicia penal juvenil
tada por la Comisión Interame- interpretativos sintónicos con la normativa constitucional. sin necesidad de plantear un proceso penal. se extingue por considerarse que
ricana de Derechos Humanos. de algún modo el sistema fracasó.
Menor desjudicialización proceso de la mediación no sea una espacio disciplinador, sino que se configure como
CAPÍTULO 4 aquel en el cual haya un reconocimiento del otro como “legítimo otro”.
Se utiliza casi exclusivamente en delitos leves, amenazas, lesiones culposas, bullying o ci-
La mediación se usa -no muy extendidamente- en catorce provincias y la conciliación berbullying, o eventualmente en algún conflicto barrial, comunitario o escolar, y en general
en once. Salvo excepciones, se aplican a delitos leves, y los encuentros se realizan en la es valorada muy positivamente para frenar el escalamiento de la conflictividad barrial. En
instancia de instrucción. causas de gravedad su uso es excepcional.
Se destacan por sus experiencias, la ciudad de Córdoba y las localidades de La Matan- Respecto de los adolescentes, en general es requisito que cuenten con algún referente
za y San Martín, de la Provincia de Buenos Aires16 ya que en ellas funcionan programas adulto que los acompañe en el proceso y que no estén atravesando un consumo proble-
específicos de mediación penal juvenil. También son destacables las provincias de Neu- mático de sustancias. El objetivo de la medida es realizar un reproche institucional, antes
quén y Tierra del Fuego, ya que en ambas existen dispositivos de mediación penal para que un castigo. En general, su potencial desjudicializante es alto, ya que si se alcanzan
adultos que no obstante también reciben a adolescentes.17 los objetivos previstos, las causas se cierran. Sin embargo, no todos los procesos de me-
La fiscalía es el actor clave, tanto en vehiculizar su uso como en obstruirlo. En general ello diación son vinculantes respecto de la evolución de la causa penal. En Córdoba y La
se debe a que el uso de la mediación penal juvenil depende de la aplicación de la ley Matanza, por ejemplo, aunque se elevan informes que se adjuntan a los expedientes para
de adultos de manera supletoria, del activismo de distintos agentes del fuero que apelan que sean considerados por los jueces, no necesariamente el proceso exitoso supone el
a la normativa internacional o bien del uso de dispositivos (centros de mediación, cuerpos cierre de la causa, aunque los efectores señalan que el nivel de aceptación es alto.
de mediadores) que aunque no están especializados en jóvenes, aceptan trabajar en La reparación del daño se utiliza en catorce provincias, en general, como complemento
causas de menores de edad. Por ejemplo, en Catamarca, si bien no está prevista en la de otras medidas, y de manera poco frecuente. Se procura que la reparación no sea
legislación procesal, se instrumentan formas de mediación con mucha frecuencia. En otras económica dado que los infractores no tienen recursos, o bien cuando lo es se instrumenta
localidades, algunos fiscales han señalado que dependiendo de las circunstancias del de modo simbólico. Predomina la devolución del bien hurtado o robado (La Rioja), algún
caso y a partir de explorar los recovecos normativos y tejer alianzas con los defensores, ha modo de “solución del conflicto” (Mendoza), un pedido de perdón (Misiones, La Rioja), o
sido posible implementar mediaciones. trabajo comunitario (Misiones, Formosa). En algunos casos, la reparación del daño forma
16. En La Matanza funciona un
Centro de Articulación y Orienta-
La mediación también puede ser pedida por la defensa, pero en acuerdo con el fiscal. parte de las estrategias de mediación (Mar del Plata, Bahía Blanca), o bien de la sus-
ción en Resolución Alternativa de
Conflictos especializado en jóvenes Finalmente, en algunos pocos casos, como en San Martín y La Matanza (Provincia de pensión del juicio a prueba (San Martín, La Matanza, Santa Cruz, San Luis, Catamarca). En
(CAORAC) que se propone como
una intervención restaurativa. Así, la Buenos Aires) o Córdoba, el juez puede requerir que se realice mediación de modo com- Chubut puede ser pedida por el juez sin intervención de la víctima ni del fiscal, sobre todo
mediación aparece como una de
plementario al proceso penal. cuando considera que la víctima es excesivamente beligerante o sus argumentos carecen
las estrategias más utilizadas. Y aun
en los casos en que no es posible de fundamento.
instrumentarla porque la víctima Es requisito que victimario y víctima sean identificables y presten su consentimiento. En
no acepta participar, se trabaja general, el primer contacto y oferta sobre la medida se le realiza a la víctima a la cual La suspensión del juicio a prueba (probation) es la medida más utilizada: diecinueve
igual en torno a alguna modalidad
de reparación hacia la sociedad se le otorga poder de veto: solo si está de acuerdo, se presenta la opción al infractor o provincias la usan, y especialmente en cinco jurisdicciones es la medida alternativa más utili-
(tarea comunitaria) o hacia sí
mismo (alguna cuestión de salud, presunto infractor. No obstante, no en todas las jurisdicciones la víctima tiene el mismo lugar. zada (Santa Cruz, Neuquén, Formosa, CABA -Justicia Nacional- y Chaco). Suele ser pedida
consumo o que tenga que ver son a partir de un acuerdo entre el defensor y el fiscal en general al inicio de la investigación.
sus intereses). En San Martín, existe A grandes rasgos, esta medida consiste en una serie de encuentros o audiencias de me-
un programa de Justicia Restaurativa
dependiente de la Fiscalía, la Direc- diación, en las que las partes se encuentran directa o indirectamente. El objetivo es llegar En comparación con las otras medidas alternativas, la probation se usa en causas con
ción de Protección de Derechos y a un acuerdo que puede implicar acciones restaurativas en la comunidad (La Matanza, delitos más graves, no obstante quedan excluidos aquellos contra las personas, o con uso
la Secretaría de Gobierno del Muni-
cipio (para la etapa de mediación), La Plata, Córdoba), algún compromiso individual del joven respecto de su trayectoria de armas o violencia.18 Para su aplicación, es central que el adolescente cuente con una
a partir de un convenio entre las
áreas firmado en febrero de 2014. educativa o formativa (La Matanza), resarcimiento simbólico o material, o incluso un pe- “familia contenedora” y “buenos informes” del tratamiento tutelar o de los peritos auxiliares
17. De hecho, en Neuquén, hasta dido de perdón ante la víctima y una manifestación de arrepentimiento (Rosario, Cata- de juzgados.
hace muy poco tiempo, el disposi- marca). En Córdoba, se realizan acciones de articulación comunitaria e institucional para
tivo era especializado en jóvenes, Implica el cumplimiento de una serie de pautas de conductas por un período determinado,
pero en 2014 pasó a depender instrumentar estas medidas. En Neuquén, se considera central incorporar a la comunidad y entre ellas la fijación de domicilio, cumplir con la escolaridad y/o capacitación laboral, reali-
del Ministerio Público Fiscal. Si bien
retomó la experiencia del programa su perspectiva en el proceso y la resolución del conflicto, por lo que el dispositivo trabaja zar tratamiento psicológico y/o relativo al consumo problemático de sustancias, y adecuarse 18. También se registraron otro
anterior que tuvo una existencia de tipo de criterios que viabilizan
con instituciones de la comunidad que acompañen el proceso que busca ser transforma- a ciertas pautas relativas a evitar el consumo de alcohol, salidas nocturnas, no frecuentar o no su aplicación. Por ejemplo,
más de diez años, la especificidad
en la localidad de San Martín,
en penal juvenil se perdió, ya tivo, esto es, que la reparación sea aquello que resulte significativo para las personas par- determinados grupos de pares, etc. También se puede estipular la prohibición de acercarse de Provincia de Buenos Aires, no
que no depende del fiscal penal puede aplicarse a quienes hayan
juvenil ,sino del fiscal general. Ello ticipantes. Se evita intervenir dando consejos o imponiendo modelos y valores externos, a la víctima, la asistencia a algún dispositivo específico para acompañar la medida, y/o estado detenidos con anteriori-
ha redundado en un decrecimiento y se procura trabajar sobre los propios valores de la comunidad. La intención es que el dad. En Formosa, se usa especial-
marcado de la cantidad de me- presentaciones periódicas en el juzgado para certificar el cumplimiento de las pautas. mente para delitos en flagrancia.
diaciones realizadas con jóvenes.
Las pautas establecidas deben cumplirse por un período mínimo de un año, plazo similar al Tabla Nº 5
CAPÍTULO 4 del régimen de adultos. En la Provincia de Buenos Aires, hasta hace pocos meses, algunos
jueces -a partir de una interpretación que buscaba no agravar el impacto del sistema de
Tipo de dispositivos para la implementación de medidas alternativas al pro-
ceso según provincia
responsabilidad penal juvenil-, otorgaban plazos de seis meses para la suspensión, ya que
consideraban que al tratarse de adolescentes no debía aplicarse el plazo estipulado
ESPECÍFICOS NO OTROS AUSENCIA DE DISPOSITIVOS
por los adultos, sino que este debía ser menor. Sin embargo, recientemente la Cámara ESPECÍFICOS DISPOSITIVOS
estableció que debía ser de un año. Solo Santa Cruz escapa a este plazo y la aplica por
NIÑEZ JUZGADO NO USAN MA
un mínimo de seis meses.
Córdoba Chubut Catamarca Formosa Chaco San Juan
En muchas de las provincias que la utilizan (Mendoza, Misiones, Santiago, Corrientes, Entre La Matanza Neuquén Santa Cruz Corrientes Misiones La Pampa
Ríos), señalan que su uso no es más frecuente por el déficit de dispositivos para realizar el San Martín Tierra del Mendoza CABA (Na- La Rioja
seguimiento. En efecto, si bien es la medida más utilizada, es llamativa la escasa disponibi- Fuego ción)
lidad de dispositivos específicos para implementarla y realizar su seguimiento. Entre Ríos La Plata Tucumán Jujuy
Si la medida se cumple con éxito, se extingue la acción penal, con lo cual su potencial Salta Mar del Plata San Luis
desjudicializante es alto, y al joven no le quedan antecedentes. Sin embargo, algunos Río Negro Bahía Blanca Santa Fe
actores han opinado que debido al plazo de un año que se utiliza, hay riesgos de que Santiago
las acciones fracasen, puesto que si los adolescentes incumplen las reglas (aun cuando del Estero
no reincidan en el delito), las penas se agravan.19
La mayoría de las provincias carece de dispositivos específicos para instrumentar medidas
alternativas al proceso penal. Solo en muy pocas jurisdicciones se han generado disposi-
tivos especializados para el fuero penal juvenil. De hecho, en la Provincia de Buenos Aires
Dispositivos para la implementación ,en las cinco localidades relevadas en este estudio existen dispositivos para implementar
medidas alternativas, pero solo en dos de ellas son específicamente para adolescen-
de medidas alternativas tes (San Martín y La Matanza). La ciudad de Córdoba es la otra localidad que en el
momento de realización del trabajo de campo tenía un dispositivo exclusivamente para
adolescentes. En los tres casos, se trata de oficinas que tienen como función principal
El relevamiento efectuado posibilitó establecer que, en gran medida, la sostenibilidad de
implementar mediaciones.
las medidas alternativas varía según existan o no dispositivos más o menos específicos que
las desarrollen. En relación con ello, se han identificado cuatro tipos de situaciones en las El Programa de Mediación Penal Juvenil que funciona en la ciudad de Córdoba data del
distintas jurisdicciones, a saber: año 2001 y depende del Poder Ejecutivo, en tanto los de la Provincia de Buenos Aires
son mucho más recientes: el Centro de Articulación y Orientación en Resolución Alternativa
1) Dispositivos especializados: se dedican específicamente a implementar medidas al-
de Conflictos (CAORAC) de La Matanza es de 2013 y depende del Ministerio Público. El
ternativas al proceso penal en el área penal juvenil;
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de San Martín se crea en 2014, y depende del
2) Dispositivos no especializados: implementan medidas alternativas al proceso penal Ministerio Público y el ejecutivo municipal conjuntamente.
en el ámbito de la justicia de adultos, pero también trabajan causas que incluyen a
Ahora bien, vale señalar que las dimensiones de estos dispositivos son estrechas y en
menores, aunque no sea una práctica necesariamente sistemática;
consecuencia son muy limitados en sus capacidades y en la cantidad de causas que
19. En algunas localidades 3) Otros dispositivos: aquí se engloban los programas o áreas de intervención que no pueden recibir. En efecto, el dispositivo de Córdoba cuando se realizó el relevamiento
como San Martín, puede
suceder que el abandono tienen como finalidad instrumentar medidas alternativas al proceso penal, pero que son contaba solo con una persona;20 mientras que en el CAORAC son tres profesionales, y en
escolar por parte de los
adolescentes, incluso cuan-
utilizados para seguirlas, especialmente, la suspensión del juicio a prueba; 4) Ausencia el programa de Justicia Juvenil Restaurativa trabajan ocho profesionales.
do se debe al surgimiento de dispositivos: no hay dispositivos o programas institucionalizados, y por ello se deriva
de alguna oportunidad la-
En algunas provincias, los dispositivos clasificados como “no especializados” son muy usa-
boral, sea entendido como al órgano de niñez. 20. Cabe señalar que con
posterioridad a la realiza-
incumplimiento de una regla.
Por ello, el potencial
dos; en otras, debido principalmente a esa falta de especialidad, su uso es muy infrecuen- ción de esta investigación,
incumplimiento genera que
para algunos defensores
te. Respecto de la dependencia de estos dispositivos, cuatro dependen del Ministerio Justicia anunció la creación
sea una estrategia más Público, uno del Poder Ejecutivo, tres del Poder Judicial, y en una localidad de Buenos de un dispositivo específico
de mediación penal que
conveniente para sus
defendidos el acuerdo Aires (La Plata) es implementado por una OSC, y en la Ciudad de Buenos Aires depende se pondrá en marcha
sobre un juicio abreviado. durante el año 2018.
del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de CABA.
CAPÍTULO 4 Tabla Nº 6 Por otro lado, las articulaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, a pesar de su habi-
tualidad, no están exentas de obstáculos. En algunas provincias, el hecho de que el órga-
Dispositivos no especializados por distrito y año de creación
no administrativo no posea –desde la perspectiva de los agentes judiciales- los recursos
LOCALIDAD DISPOSITIVO NO ESPECIALIZADO AÑO DE materiales necesarios, un abanico diversificado de actividades para ofrecerle al joven,
CREACIÓN una cantidad suficiente de profesionales, así como buenas condiciones laborales y de
Bahía Blanca Oficina de Resolución Alternativa 2006 contratación, incide en que el Poder Judicial continúe interviniendo. Y esta intervención
Mar del Plata de Conflictos pareciera en muchos casos estar más orientada a controlar la labor del organismo admi-
La Plata Fundación Acción Restaurativa Argentina nistrativo, que la situación del joven. En otras jurisdicciones, la relación se trama en términos
(FARA)/Unidad de Atención en mucho más horizontales y ello posibilita acercar posiciones y consensuar líneas de acción.
Conflictos Juveniles (UACJ)
Ahora bien, en ocho provincias no consta que haya derivaciones a las áreas de pro-
Salta Secretaría de Suspensión del Juicio a Prueba 2016
tección de derechos (Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago, La Rioja, Chubut, Tucumán y
Santiago del Estero Unidad de Respuesta Rápida 2011
San Juan).21 Por su parte, San Luis deriva a los juzgados de familia y es el juez quien toma
Chubut Oficina de Soluciones Alternativas 2008
medidas tutelares, sin que necesariamente derive al adolescente al sistema de protección.
Mendoza Cuerpo de mediadores 1998
Área de Mediación Penal 2008 El caso de Formosa es atípico e interesante, ya que el organismo administrativo, a través
Neuquén Oficina de Mediación y Conciliación Penal 2014 de un área específica, interviene directamente en el momento de la detención policial,
Tierra del Fuego Centros de mediación 2007 acompañando la intervención del Poder Judicial.
Dirección de Acceso Temprano a Justicia 2016
Entre Ríos Oficina de Medios Alternativos 2014
Río Negro (Bariloche) Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos 2009 Adolescentes no punibles
CABA (Justicia Ciudad) Oficina de Control de suspen- 2007
sión del Juicio a Prueba
Sobre los adolescentes no punibles, se registraron dos modalidades generales de inter-
vención (aunque también se registran particularidades dentro de ellas): no instruir la causa,
Otras medidas dentro del juicio dictar un sobreseimiento en razón de la edad, y excluir prontamente a los adolescentes
del sistema penal; o instruir la causa antes del sobreseimiento para establecer la respon-
Si bien el juicio abreviado no es una medida alternativa al proceso judicial, ya que de sabilidad pese a ser no punible.
hecho hay juicio, puede haber pena y esta incluso puede ser de efectivo cumplimiento, Ahora bien, aun cuando instruyan o no la causa, los juzgados pueden adoptar tempe-
se ha constatado que es una medida ampliamente utilizada en algunas provincias. Los ramentos diferentes. Así, puede ser que en función del tipo de delito y de la situación del
criterios de uso se vinculan con el monto de la pena en expectativa, si la aprehensión fue joven, algunos funcionarios persistan en adoptar “medidas tutelares” con los adolescentes
en flagrancia, y si se trata de delitos graves. Su uso suele ser una propuesta de la defensa no punibles. En algunas jurisdicciones, y dependiendo del tipo de delito, estas medidas
para garantizar un límite a la pena. Sin embargo, también puede suceder que con un juicio consisten solo en un seguimiento por parte del juzgado, pero también pueden llegar a
abreviado los jóvenes sean sometidos a penas muy altas. implicar la privación de su libertad. Esta situación es muy frecuente en Córdoba, en donde
existen elevados índices de adolescentes no punibles privados de su libertad. Para ello
se implementan medidas idénticas a las que se aplican a adolescentes punibles: las “me-
didas provisorias”, previstas en el art 87, de la ley provincial N° 9944, conocidas también
Vinculación con el órgano de protección como “medidas tutelares”, que pueden ser de máxima contención (de seis meses más
de derechos prórrogas) y de mediana contención (sin límite temporal).
21. En Mar del Plata,
Otro tipo de intervención se caracteriza por estrategias restaurativas con instancias de tampoco existe derivación
Respecto de la derivación al organismo de protección de derechos, en catorce mediación. En La Pampa, por ejemplo, un juez relató el caso de unos adolescentes no al órgano de protección
de derechos, pero como en
provincias es una práctica habitual para adolescentes no punibles y eventualmente en el punibles que habían destrozado una escuela. Al abordar el conflicto, uno de los padres las demás localidades de
caso de adolescentes punibles, siempre que se trate de delitos leves que sean evaluados que era albañil se ofreció a reparar los daños, la madre de otro chico propuso otra forma en las que hicimos trabajo
de campo sí lo hacen, la
por los agentes judiciales como producto de la situación social. Esto no implica, necesa- de reparación, y además los adolescentes pidieron disculpas, con lo cual el juez archivó hemos ponderado como
una práctica usual en la
riamente, el cese de la acción judicial. la causa. El magistrado señalaba así lo positivo que había sido trabajar con los chicos mayor parte de la provincia.
para que comprendieran lo errado de su accionar, y para evitar la reiteración de hechos que el joven desarrolle tareas comunitarias y lograr que lo acepten, realizar el seguimiento
similares. Con variantes, nos han ofrecido ejemplos muy similares en otras jurisdicciones, por y verificar su cumplimiento, generar instancias de diálogo o bien tomar contacto con la
ejemplo, en Catamarca. víctima del delito y/o con el entorno comunitario del adolescente, entre otras tareas que
desarrollan este tipo de dispositivos, resulta atractivo para ámbitos que no tienen una
En Misiones, se trabajó de una manera similar un caso de homicidio que, tal como nos
expertise en ese aspecto ni están preparados ni formados para ello.
relataron, marcó un hito en el sistema juvenil penal. De hecho, este caso, en el que un
adolescente de quince años mató –con un arma que le sacó a su padre, integrante de La existencia de profesionales capacitados y especializados en la aplicación de
una fuerza de seguridad- a un joven de 18, llamado Lucas, se trabajó de manera restau- medidas alternativas es altamente importante y marca una sustantiva diferencia. La forma-
rativa, con una medida alternativa al encierro y con abordaje terapéutico de psicólogos ción profesional en medidas alternativas al juicio, en derechos humanos y en implemen-
y psicopedagogo. Al cabo de un año, en el despacho del juez se reunieron los padres tación efectiva de los estándares internacionales para la justicia penal juvenil se vuelven
de Lucas con el adolescente acusado del homicidio, quien les pidió perdón. En esos mo- acciones indispensables para trabajar en pos de una mayor aceptación y efectividad de
mentos, el padre de Lucas –que es pastor evangélico- fundó un hogar para adolescentes medidas alternativas al proceso penal. Por ello, la existencia de dispositivos, aun cuando
infractores o presuntos infractores que lleva el nombre de su hijo. no sean específicos al fuero penal juvenil, tanto como el trabajo desarrollado por agentes
comprometidos y conocedores del tema son condiciones especialmente valoradas. En
algunos casos, la falta de especialización no es favorable a la eficacia de las medidas.
Por ejemplo, en Neuquén, hasta 2014, existió un Programa de Mediación Penal Juvenil que
Sostenibilidad, eficacia y efectividad de las era instrumentado a través de un convenio entre el Poder Judicial y el Centro de Atención
medidas alternativas: obstáculos y valoraciones a la Víctima que dependía del Poder Ejecutivo, pero el programa fue cerrado como tal. En
su reemplazo, se creó una Dirección de Mediación Penal dentro de la órbita del Ministerio
Público Fiscal. Si bien la creación de este nuevo dispositivo tuvo como objetivo fortalecer
Aun cuando la mayoría de las medidas alternativas no están previstas en la normativa, la práctica de la mediación penal en la provincia, ello significó un decrecimiento de la
en la práctica se aplican, ya sea como formas adaptadas de las regulaciones existentes cantidad de mediaciones realizadas con jóvenes, ya que el fiscal general no deriva la
para adultos, o como aplicación de orientaciones de los instrumentos de derecho interna- misma cantidad de casos que antaño recibían y además de ello los mediadores deben
cional en la materia. Por ello es posible sostener que si bien la previsión legal es importante, abocarse a un abanico más amplio de casos.
más incidencia poseen otras condiciones y variables, como lo son las capacidades insti-
Complementariamente, la falta de dispositivos específicos y de recursos materiales
tucionales, las condiciones materiales de la administración de justicia y del sistema penal
y humanos capacitados ha sido señalada reiteradamente en diferentes localidades
juvenil en general, la capacitación específica del personal, la calidad de la relación que
como una de las mayores dificultades a la hora de aplicar medidas alternativas. A ello
el Poder Judicial y el Ministerio Público entablan o no con el sistema de protección integral
se adiciona que la falta de recursos del Poder Ejecutivo limita en distintas provincias la
de derechos (de alianza y cooperación, conflictivas, de vigilancia y control, de jerarquía,
instrumentación de medidas alternativas al proceso penal, ya que se carece de recursos
etc.) y la capacidad de innovación que a partir de las alianzas y vinculaciones interinsti-
de acompañamiento y/o de profesionales formados que puedan dedicarse a realizar un
tucionales distintos actores posean y potencien.
seguimiento de las probation, por ejemplo, o a articular instancias de diálogo y mediación
La existencia de dispositivos específicos (en medidas alternativas al proceso penal) y de conflictos. Esta situación ha sido referida tanto en la provincia de Corrientes, como en
especializados (en jóvenes) para la aplicación de medidas alternativas se transforma, Entre Ríos, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Cruz y San Luis, entre otras.
fundamentalmente en jurisdicciones y localidades de grandes dimensiones, en una con-
Por otra parte, la escasa oferta, o bien una oferta poco variada de actividades a
dición que contribuye a tornar elegibles a medidas tales como la suspensión del juicio a
realizar para efectivizar las medidas alternativas al juicio, constituye un obstáculo. En
prueba y la mediación o conciliación, y a propiciar mayores niveles de eficacia. Así, la
otros casos, cuando lo que se usa para efectivizar las medidas alternativas son progra-
existencia de este tipo de dispositivos, aun cuando no resuelva de manera automática
mas cuya finalidad no es esa, la escasez de recursos que tales dispositivos tienen y/o el
las distintas dificultades que se presentan en la aplicación de estas medidas, es altamente
recargo de tareas que pesa sobre su personal, redunda en una falta de seguimiento real
positiva para su desarrollo y se transforma en un recurso muy valorado para los actores. En
o bien en la falta de opciones para proponer actividades a los jóvenes. Tal es el caso,
efecto, es posible afirmar que la existencia de algún tipo de dispositivo –ya sea o no es-
por ejemplo, de la situación de los Centros de Referencia en la Provincia de Buenos Aires
pecializado en jóvenes- incide favorablemente en la adopción de medidas alternativas,
o de la Dirección de Medidas Alternativas de Mendoza. Además de ello, algunos actores
en la medida en que los actores judiciales encuentran un respaldo institucional para tomar
han señalado que resulta muy difícil trabajar con el sistema educativo, por ejemplo, ya que
la decisión de hacer uso de alguna de ellas. En otras palabras, que exista otro ámbito
en algunos casos, se muestra resistente a integrar a jóvenes que están cumpliendo una
que viabilice las medidas y que se haga responsable de que encontrar los lugares para
medida alternativa.
Una situación muy similar aparece cuando para el cumplimiento de la medida no se le da
CAPÍTULO 4 intervención a ningún programa o dispositivo y es el juzgado a través de su propio equipo
técnico quien la implementa la medida y realiza su seguimiento. Sin embargo, también en
estos casos la falta de talleres y de actividades diversificadas en las que los adolescentes
puedan cumplir la medida se transforma en un obstáculo.
Se ha observado que en algunas localidades, las carencias de recursos, suelen suplirse a
partir del llamamiento y la responsabilización de la familia del joven. En efecto, según
algunos agentes, la medida alternativa idealmente debe también involucrar a la familia
de los jóvenes. Así se procura entonces comprometer a los padres o referentes como
garantes de su cumplimiento, e incluso se los responsabiliza de compartir la información
Programas alternativos a la
sobre el cumplimiento o incumplimiento que haga su hijo de las reglas de conducta con las privación de libertad
que se haya comprometido. La familia es visualizada como recurso de acompañamiento,
seguimiento y vigilancia de las medidas. Y ello, en verdad, se encuentra en sintonía con
un razonamiento bastante extendido relativo a la efectividad de las medidas alternativas:
aquel que sostiene que estas son eficaces cuando hay una “familia comprometida”.
Todo ello incide además en la eficacia. De hecho, si las medidas –por ejemplo una sus-
pensión del juicio a prueba- son de difícil cumplimiento o son impuestas al adolescente Respecto de los programas alternativos a la privación de libertad, se constató que existe
sin escucharlo, tendrán escasas posibilidades de éxito. Además, las medidas alternativas gran disparidad, en tanto que las provincias más densamente pobladas concentran una
al proceso penal requieren una tarea de seguimiento y acompañamiento importante e complejidad de intervención notable, pero también disponen de una mayor variedad de
imprescindible para que los adolescentes puedan cumplir los objetivos planteados. De lo recursos institucionales. Es el caso de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, que
contrario, se corre un serio riesgo de mal uso de las mismas y de falta de cumplimiento de disponen, además de la variedad de recursos mencionada, de un menú de programas
sus objetivos. Es decir, si el uso de medidas alternativas queda circunscrito solo a una forma complementarios entre sí.
de evadir el sistema penal, sin ser acompañado de acciones concretas que permitan un
También es dispar la situación entre poderes, en tanto en el Ejecutivo se constata una
une trabajo con los adolescentes, orientado a que comprendan la particularidad de la
situación más débil, en especial en relación a la situación laboral de sus agentes. El
medida y las obligaciones que supone, el potencial de las medidas alternativas podría
impacto de políticas y lineamientos nacionales, hasta 2014 -incluidas acciones de ca-
desdibujarse y ello termina, atentando contra su legitimidad. Máxime en contextos en los
pacitación-, se verifica en la configuración de un piso de institucionalidad básica en la
que las demandas de mayor punitividad se encuentra, en aumento. Por otro lado, cabe
mayoría de las provincias. La interrupción del flujo de fondos en este marco de acuerdos,
tener en cuenta que el fracaso de una medida alternativa puede traer aparejada una
si bien fue programada, tuvo un impacto de retracción en la mayoría de las provincias,
situación posterior de mayor exposición al conflicto penal para el adolescente. Esto es,
cuyos poderes ejecutivos tuvieron dificultades para absorber las estructuras y mantener
puede retroalimentar futuras entradas del joven en el sistema penal llevando a un escala-
los compromisos asumidos, llegando en algunos casos al cierre parcial o temporal del
miento en la intensidad de la respuesta penal, ya que ese adolescente contará en su ha-
Programa de Libertad Asistida.
ber con el fracaso de una intervención alternativa. Complementariamente, la indefinición
o inespecificidad de los objetivos de las medidas, muchas veces orientados sólo desde La acción del COFENAF en lo que respecta a la institucionalización del sistema de pro-
perspectivas que privilegian el pedido de perdón, contribuye a la limitación de la eficacia tección de derechos, aun cuando enfrentó restricciones en materia de sostenibilidad lo-
de las estrategias alternativas. cal, ha permitido que en muchas provincias la instalación de autoridades locales de
infancia funcione como una limitante de hecho y un factor transformador de las prácticas
En suma, aun cuando lo que predomina es la variabilidad, el uso de medidas alternativas
derivadas del tradicional sistema minoril, sinérgica con las transformaciones procesales y la
al proceso permite señalar una tendencia de utilización creciente y auspiciosa en los
mutación del sistema penal en general hacia un sistema acusatorio. Esto es, la existencia
procesos que tienen por objeto a adolescentes acusados de haber cometido un hecho
de autoridades provinciales de aplicación de la Ley 26.061 ha tenido impacto también
delictivo. No obstante, la implementación de estas medidas es institucionalmente muy frágil.
en lo relativo a la privación de libertad, especialmente en menores no punibles, restringien-
No solo no hay un acompañamiento normativo, sino que tampoco se cuenta en la mayoría
do y redireccionando hacia el Sistema de Protección, ciertas causas que anteriormente
de las jurisdicciones con profesionales especializados para implementarlas con jóvenes.
se tramitaban vía accionar judicial con una fuerte impronta tutelar. Actores de numerosas
provincias señalaron que a partir del bienio 2005-2007, que marca la sanción de la
CAPÍTULO 5 Ley de Protección y el inicio de las acciones del COFENAF, descendió notablemente
la cantidad de jóvenes privados de libertad. Entre Ríos, por ejemplo, señala que de los
REGIÓN JURISDICCIÓN PROGRAMAS ALTERNATIVOS A
ochenta jóvenes institucionalizados/con restricción de libertad en 2005, se bajó a cinco PROGRAMAS SEDES
al momento de realizar el trabajo de campo (con posterioridad a la sanción de la Ley Chaco 1 1
10.450/16, que modifica la ley procesal para menores de edad) y un máximo de quince
CENTRO Entre Ríos 1 3
en los últimos tres años. La Pampa y San Juan señalan que tuvieron lugar procesos similares.
Santa Fe 2 17
A su vez, otras provincias, como Chubut, dan cuenta de la imbricación de procesos de
Córdoba 1 4
transformación en materia de protección de derechos junto con otros específicos del
METROPOLITANA Buenos Aires 1 19
fuero penal, como la puesta en vigencia del código procesal penal acusatorio (2006) y
CABA 1 4
el cierre de los juzgados de menores.
CUYO Mendoza 1 4
San Juan 1 1
Relevamiento de programas PATAGONIA La Pampa 1 2
Neuquén 1 1
Río Negro 1 8
Se relevaron veinticinco programas de supervisión territorial o de restricción de libertad Chubut 1 3
(además existen otros programas no específicos que son utilizados por los actores para Santa Cruz 0 0
viabilizar las intervenciones). El criterio de inclusión fue que dependieran de las auto- Tierra del Fuego 1 2
ridades de infancia o del fuero penal, y que tuvieran como función la implementación Totales 25 85
de medidas alternativas a la privación de libertad. Se distinguieron como diferentes los
programas cuya metodología de trabajo divergiera sustantivamente, pero se mantuvieron
como un mismo programa aquellos que dependen de la misma autoridad y que no tienen Respecto del relevamiento realizado en 2015 por SENNAF-UNICEF, existen algunas dife-
diferencias significativas en cuanto al tipo de medida implementada. rencias vinculadas con programas que no fueron captados en 2015, dado que eran de
muy reciente creación (Santiago del Estero y Tucumán), o bien que no se consideraron por
no depender del área especializada (Corrientes). Por su parte, otras diferencias se vincu-
lan con los criterios de definición de “programa” utilizados (Mendoza y Córdoba).22 En lo
Tabla Nº 6 relativo a las diferencias en la cantidad de sedes, estas se deben al carácter altamente
Programas alternativos a la privación de libertad por jurisdicción inestable de las mismas.
Estos veinticinco programas dependen, mayoritariamente, de las áreas de desarrollo so-
cial provinciales, aunque hay excepciones, y además, dada la variabilidad del origen de
REGIÓN JURISDICCIÓN PROGRAMAS ALTERNATIVOS A su creación, su sostenibilidad es variable.
En algunos casos, eso implica que sean parte de un área penal o de medidas excepcio-
PROGRAMAS SEDES
nales dentro del organismo de aplicación de la ley de protección. Es lo que ocurre con
NOA Jujuy 1 2
Jujuy, Catamarca, Tucumán, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro. Santiago del
Salta 1 1
Estero es un caso particular, ya que si bien depende del organismo de aplicación de la
Tucumán 4 8
ley de protección, este no se inscribe en áreas de desarrollo, sino en Jefatura de Gabinete 22. En el relevamiento
Santiago del Estero 2 2 de Ministros. En otros, la dependenciatokio es de los Ministerios de Justicia o de Justicia y realizado en 2015, se
contabilizaron cuatro
Catamarca 1 1 Derechos Humanos. Ello sucede por ejemplo, en Salta. Córdoba también representa un programas en la provincia de
Córdoba, mientras que en
La Rioja 0 0 caso particular porque no solo el área penal depende del Ministerio de Justicia y Dere- esta investigación se relevó
un programa. De manera
NEA Misiones 0 0 chos Humanos, sino también la totalidad del organismo de aplicación de la ley de pro- similar, en Mendoza se habían
registrado dos programas, y
Corrientes 1 1 tección depende de éste. No obstante ello, en las jurisdicciones de mayor complejidad o en este relevamiento se contó
un. De haber mantenido el
Formosa 1 1 dimensión, existen programas municipales e incluso de OSC orientados explícitamente al mismo criterio que se usó
en el anterior relevamiento,
trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal. Ese es el caso de algunos municipios de la cantidad de programas
ascendería a veintinueve.
CAPÍTULO 5 la Provincia de Buenos Aires, o provincias como Santa Fe, por ejemplo. Es inusual que los
programas cuenten con presupuesto propio, y en la mayoría de las provincias la situación
Por otro lado, las articulaciones con el Poder Judicial resultan especialmente complejas.
Las provincias de Jujuy y Salta, por ejemplo, han avanzado en protocolizar acciones con-
infraestructural y de recursos -materiales y humanos- es limitada y precaria. juntas entre áreas del Poder Judicial y los programas alternativos al encierro. En Tucumán,
rige una acordada con el Poder Judicial que es un facilitador para el sostenimiento de
los programas alternativos y está generando un incremento en la derivación al programa
Puente. En Formosa, el Protocolo de Intervención Interinstitucional ante NNyA Presuntos
Articulación interinstitucional Infractores de la Ley Penal constituye un mejoramiento de los procedimientos interactorales
(Ministerio de la Comunidad, de Educación, de Desarrollo Humano, de Gobierno –incluye
Las estrategias de articulación son variadas, y en general siguen modalidades ad hoc Policía-, Poder Judicial -jueces, fiscales, defensores y asesores- y OSC), uno de cuyos logros
movilizadas por acciones específicas según los casos; es excepcional el uso de proto- más significativos ha sido definir actores, competencias, criterios y perspectiva de atención
colos de intervención, pero existe. Las articulaciones entre áreas o programas de penal integral para el abordaje y la transformación de diferentes prácticas en orden de viabilizar
juvenil con los órganos específicos de protección, permiten que se privilegie la lógica medidas alternativas al juicio y la privación de libertad y de protección integral. En otras
de protección de derechos. Las articulaciones específicas para el acceso a la educa- provincias, como Neuquén, si bien no hay protocolos, se realizan reuniones de trabajo
ción son desafiantes y más aun las tendientes a garantizar la permanencia en la escuela. inter-poderes regularmente.
Las estrategias referidas al acceso a la salud tienden a estar más protocolizadas, pero En jurisdicciones con larga trayectoria y gran complejidad, el proceso de interacción se
es especialmente complejo el abordaje del tratamiento de consumo problemático de ha consolidado en tensiones de baja intensidad casi “institucionalizadas” entre actores. Si
sustancias. En provincias como Catamarca o Entre Ríos, el manejo de las situaciones de bien estas relaciones conflictivas son de larga data, las mismas se tensan aun más en fun-
gran compromiso en el consumo de sustancias conlleva el traslado de los jóvenes a otras ción de la posición (más conciliadoras o más confrontativas) adoptada por las distintas
provincias y, consecuentemente, la vulneración de sus derechos, en particular en lo relativo gestiones de gobierno frente a las demandas del Poder judicial. No obstante, es intere-
a su centro de vida y a la reintegración a su familia. En San Juan sucedía algo similar, en sante mencionar que más allá de estas configuraciones, se registran intentos por parte de
tanto derivaban a la ONG especializada Casa del Sur, en la Provincia de Buenos Aires, los profesionales de generar acuerdos. Las relaciones con las defensorías y las fiscalías
hasta el punto de que resultó menos oneroso conveniar para abrir una sede de la ONG aparecen como esporádicas y asistemáticas.
en San Juan, la cual luego de unos años de actividad fue cerrada. En San Luis dan cuenta
de dinámicas similares, dado que no existen en la provincia dispositivos para tratar el con-
sumo. En una dirección opuesta vale destacar el caso de Chaco, en el que el programa
articula con la “Casa Educativa Terapéutica” parte del “Proyecto recuperar inclusión”, que Dinámicas de intervención
surgió como iniciativa y con sostenimiento desde el SEDRONAR, pero que actualmente es
sustentada por la Municipalidad de Corrientes. En general, en la mayoría de las provincias
se señaló que es precisamente la atención en salud mental el déficit más gravoso a sor- Las modalidades de intervención de los programas relevados pueden categorizarse como
tear, en tanto impacta negativamente no solo en el acceso a derechos de los jóvenes en socioeducativa (que privilegia las actividades grupales y/o en sede, la incorporación
conflicto con la ley penal, sino que en algunos casos conduce a un uso indiscriminado y en talleres y espacios de reflexión colectivos), terapéutica (basadas en el vínculo con un
no acorde a derecho, de la privación de libertad. operador), y de control (en general conviven con las otras estrategias), con abordajes
individualizados o grupales, intervenciones territoriales y comunitarias con mayor o menor
La articulación para la inclusión laboral aparece mucho menos transitada que las ante-
grado de trabajo con las familias. La construcción vincular es clave en la mayoría de los
riores. En diversas provincias hay iniciativas de capacitación laboral, aunque suelen ser
programas para lograr la adherencia a la propuesta institucional. Los supuestos relativos a
vivenciadas como escasas y asistemáticas por los propios actores involucrados, tal es el
los determinantes de la situación del joven se organizan alrededor de la situación familiar,
caso de la provincia de Santa Fe, San Juan, Córdoba, La Pampa, algunos municipios de
el entorno vincular, las falencias del sistema de protección de derechos, fragilidades per-
Buenos Aires, Río Negro, Formosa o Salta. A su vez, las articulaciones con la comunidad
sonales, y discriminación hacia jóvenes de sectores populares.
son poco exploradas, y el rechazo tanto a los programas como a los jóvenes es señalado
con frecuencia, como dificultad para tales articulaciones. No obstante, en las provincias
con centros urbanos grandes, las OSC cumplen un papel relevante y facilitan esta arti-
culación. Entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, existen en menor medida protocolos, acor-
dadas, o reuniones regulares. Priman tensiones de baja intensidad -en relación a límites y
definiciones de competencia y jerarquía- que algunos actores tratan de mitigar mediante
la generación de acuerdos.
CAPÍTULO 5 Tabla Nº 7 jóvenes si estos están privados de libertad (tratamiento de salud, transporte, alimentación
y hospedaje). Una estrategia similar de apoyo a las familias se realiza en Santa Cruz. En
Objetivos de intervención de los programas no privativos de libertad
Mendoza, se provee de un apoyo económico a la familia durante la intervención bajo la
forma de una transferencia monetaria. En San Luis, se utiliza una estrategia interinstitucional,
la “Guía para Padres” (Programa de Derechos y Garantías Constitucionales con el Progra-
Apoyar las transformaciones subjetivas del joven (ya sea en lo relativo a una proyección
ma de Desarrollo Humano y Protección Social), que es una estrategia de seguimiento y
personal, a la evitación de riesgos, o a la resolución de conflictos);
fortalecimiento del rol parental con la cual apuntan a identificar e intervenir (desde los di-
Vehiculizar el acceso a derechos mediante la inserción asistida en instituciones escolares, de
ferentes programas y políticas públicas con los que cuenta la provincia) en las situaciones
salud, recreativas, deportivas, etc.;
familiares que constituyen causas de vulneración de los derechos del adolescente que
Intervenir en los entornos barriales o comunitarios del joven, en especial en sus usos del ba-
se encuentra en situación de conflicto con la ley penal. Hay otras provincias que si bien
rrio, las relaciones sociales y afectivas, y las formas de discriminación de que es objeto;
tienen a las familias en su horizonte de intervención, lo hacen de manera menos institucio-
Dotar de recursos específicos: talleres de formación laboral, pautas de comportamiento en
nalizada e intensiva, por ejemplo a través de entrevistas más o menos esporádicas, como
situaciones específicas, desarrollo de habilidades y competencias (para la resolución de
problemas y conflictos, el traslado en la ciudad, el acceso a instituciones, etc.); ocurre en Santiago del Estero, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro.
Responsabilizar al joven (que puede ser comprendida como la responsabilidad subjetiva, la A su vez, algunos programas han iniciado estrategias vinculadas con el trabajo en comuni-
responsabilidad social incluyendo a la víctima, la responsabilidad moral respecto del incum- dad o barrial, de índole reparatoria, realizado por los jóvenes. El programa de Catamarca
plimiento de la ley). desarrolló unas “jornadas solidarias” en las cuales los jóvenes realizaron tareas de mante-
Extraer al joven del ámbito de la ley penal y de los “circuitos del delito”, esto es, la evitación nimiento en el hospital de niños y celebraron Navidad con los pequeños internados. Esta
de la reiterancia delictiva (“desistimiento delictivo”). acción tuvo buena visibilidad en la prensa. Están considerando incorporarla como una
línea de trabajo, y guarda relación con la línea de acción informal del Poder Judicial. En el
Es débil la articulación de tales supuestos con teorías sobre el delito juvenil, con el ac- programa de San Juan, en el marco del eje de “responsabilidad social” de sus talleres so-
cionar de redes delictivas en los entornos de los jóvenes, y/o con el accionar policial. No cioeducativos comunitarios, se construyeron juegos para regalar a niños de una residencia
obstante, se subraya la importancia del rol de los Centros de Admisión y Derivación como infantil con motivo del festejo del Día del Niño y se reacondicionaron los jardines de otra.
estrategia para limitar la intervenciones policiales. Las relaciones de los programas con En el caso de Jujuy, por ejemplo, las estrategias comunitarias se incluyen en el plan de vida
el proceso judicial, tanto como su incidencia en el devenir de las causas, son variables. individual, aunque aún se trata de aspectos incipientes.
Los programas suelen tener entre sus instrumentos de intervención actas acuerdo o com- De modo transversal a estas modalidades, es posible destacar una búsqueda, por parte
promiso, protocolos de intervención; en menor medida procedimientos de queja para los de los trabajadores, de un acompañamiento al proceso adolescente procurando cons-
adolescentes y otros recursos destinados a ellos. truirse como referentes adultos, tanto a partir del desarrollo de vínculos afectivos y relacio-
En tal sentido, una marca transversal a los diversos programas es la flexibilidad de los abor- nes de confianza, como de propuestas más o menos explícitas de modelos identificatorios
dajes, que combina ad hoc estrategias, marcos conceptuales y recursos. alternativos. A partir de esta vinculación y la construcción de confianza, se apela al com-
promiso de los jóvenes y a la asunción de responsabilidades para con el programa. En
Hay programas alternativos que incluyen estrategias de trabajo más intensivo con las este tipo de construcción vincular radica la estrategia más generalizada de adherencia
familias de los jóvenes bajo programa. Por ejemplo, de manera incipiente, el programa a la propuesta institucional por parte de los jóvenes. Si bien en casi todas las provincias
de Salta ha generado un espacio grupal para las madres de los jóvenes con medida hay grados de apelación a esta dimensión, en algunas constituye el eje central explícito
alternativa, cuyos fines son tanto el acompañamiento entre pares y el asesoramiento ge- que estructura la intervención. No obstante, en varias provincias es el seguimiento de los
neral por parte del programa y por actores externos, tal es el caso de la OSC Madres operadores la manera de vehiculizar la asistencia de los jóvenes. En algunas jurisdicciones,
del Paco, así como la promoción de lazos y redes sociales que fortalezcan a los núcleos se apela a la tradicional “autoridad del juez” para reencauzar la participación de los
familiares. Córdoba implementó el Programa de Orientación Familiar, en el que desarrollan jóvenes en los programas, mediante audiencias informales de advertencia y reprimenda.
actividades grupales sobre el proceso penal de los jóvenes y un marco de contención No obstante, esta colaboración puede abrir una zona incierta de impacto potencial
para madres y padres o adultos guardadores, a lo que se adiciona un acompañamiento -negativo- en la evolución de la causa.
personalizado para quienes lo requieran, desde el punto de vista del equipo. En algunos
de los Centros de Referencia de Buenos Aires, se realizan talleres de apoyo a madres Por otro lado, los programas pueden tener diferentes relaciones con el proceso judi-
y padres, que son evaluados por los operadores como de impacto muy positivo en la cial, desde el desconocimiento –muchas veces justificado en la indiscriminación de las
situación de los jóvenes. En Formosa, también se desarrollan talleres para madres/padres, situaciones de protección de derechos de aquellas medidas socioeducativas en el mar-
y proveen las condiciones materiales para que las familias mantengan el contacto con los co de un conflicto penal, como en Tierra del Fuego- hasta el claro enmarcamiento de la
CAPÍTULO 5 intervención en la sanción penal no privativa de la libertad. En la mayoría de las jurisdic-
ciones, el uso de las medidas no privativas de libertad es previo al juicio, en muchos casos
Momento del proceso en que se deriva a los Programas No Privativos de
enmarcado en el expediente tutelar, y, a su vez, la mayoría de las causas no llega al juicio.
Por su parte, en algunas jurisdicciones, el Poder Judicial define en el expediente y en la
derivación, las reglas de conducta que deberá seguir el joven y que serán controladas
MOMENTO DEL PROCESO EN QUE PROVINCIAS
y/o impuestas por intermedio del programa. Entre ellas suelen estar las restricciones horarias
SE DERIVA AL PROGRAMA
(prohibición de salidas nocturnas), las restricciones de contacto con personas determi-
Derivación como primera o única medida Catamarca, Tierra del Fuego, Formosa; Men-
nadas, y la prohibición de consumo de alcohol. En algunas jurisdicciones se establece
(remisión o extinción de acción penal) doza; Río Negro; Chaco
también la prisión domiciliaria.
Como parte de un expediente tutelar San Luis, Santiago del Estero; Santa Cruz
Lo común en estas relaciones es su flexibilidad y el carácter combinado. En tal sentido, Durante la instrucción Córdoba, Jujuy, San Juan, Misiones, Tucumán
caracterizaremos las tendencias y los tipos de interacción en función de las percepciones Derivación posterior a la declaración de res- Entre Ríos; La Pampa, Neuquén
de los actores entrevistados. Muchos de los programas llevan adelante la intervención ponsabilidad y antes de la segunda senten-
como primera medida en el marco del tratamiento tutelar (art. 4 Decreto Ley 22.278), (por cia, sea que esta suceda o no (tratamiento
ejemplo CABA, Formosa, Neuquén, Jujuy, San Luis, Río Negro). En otras jurisdicciones los tutelar, o suspensión de juicio a prueba), o
casos son derivados por el Poder Judicial como medida cautelar y/o socioeducativa en luego del juicio abreviado
cualquier momento de la instrucción y no tras juicio de responsabilidad, como el caso de Como dispositivo de egreso Salta
Córdoba o Tucumán. En los casos de La Pampa y Neuquén, la medida socioeducativa Como primera medida, como medida de CABA; Corrientes; Santa Fe, Buenos Aires
sucede en la mayoría de los casos a la declaración de responsabilidad, y es muy poco egreso, y en una causa posterior al haber
frecuente que sea tomada antes. Otra posibilidad es que el programa lleve adelante una pasado por el encierro
medida a la vez que el juez haya desistido de intervenir, ya sea porque determina la no
punibilidad, o bien porque mediante criterio de oportunidad determina la extinción de la
acción penal y remite al sistema de protección, como por ejemplo en Catamarca. Otra Un aspecto relevante para el diseño de las estrategias de los programas y las trayectorias
alternativa es que el programa asista también el egreso de los chicos de los centros ce- institucionales de los/as jóvenes es la relación con su situación procesal. Esto es, existen
rrados, como en CABA. En muchos casos, cómo en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, el jurisdicciones en donde la intervención no realiza distinciones entre derivaciones previas
programa alternativo al encierro funciona simultáneamente como primera medida y como o posteriores al inicio de la investigación o al procesamiento o formalización de la impu-
parte de una estrategia de egreso del encierro. En ciertas provincias, esta opción no tación (PBA),24 o bien no realiza distinciones entre el carácter punible o no punible del
está vedada, pero su uso es marginal, como en San Juan o Chubut, mientras que en otras, joven, o, finalmente, no distingue entre “primarios” y jóvenes con “reiterancia” (Catamarca
como Santiago del Estero o Tucumán, no se utiliza como egreso en ningún caso. El caso y Tierra del Fuego son ejemplos de esta modalidad). En otras, estas diferenciaciones in-
de Salta es particular, ya que allí el programa alternativo al encierro, funciona aún casi tentaron desplegarse, pero en los hechos resulta particularmente complejo sostenerlo (tal
exclusivamente como un programa de egreso. No obstante, en esta provincia se registra el caso de Chubut). En otras como en La Pampa, los programas combinan derivaciones
una sinergia positiva entre los lineamientos de la Subsecretaría de Justicia Penal Juvenil, judiciales con policiales y con su propia captación en territorio. En algunas jurisdicciones,
la Coordinación del Programa y el activismo de los operadores de justicia (en particular la indiferenciación de las estrategias de acuerdo a la situación procesal se derivan de la
Defensoría y Fiscalía, en articulación con uno de los juzgados), que ha implicado que se persistencia de hecho de una matriz judicial inquisitiva. Así, la medida socioeducativa es
comience a derivar al programa como primera medida, mediante el recurso a Reglas de tomada en el marco del “tratamiento tutelar” o, directamente, de un expediente tutelar. En
24. En algunos sistemas
Tokio. 23 otras, es resultado de la judicialización de algunos casos que por la naturaleza del hecho procesales, especialmente
aquellos que responden
no configurarían delito (esto es, no se le imputaría a un adulto en idéntica circunstancia), a la tradición inquisitiva
mixta, como por ejemplo, el
pero al que se impone una medida como estrategia de “protección”. Esto sucede muy Código Procesal Penal de la
Nación, la imputación hacia
frecuentemente en los casos de consumo de sustancias, y es justificado por la mayoría de el joven se transforma en una
los actores debido a lo que coinciden en interpretar como la inexistencia, insuficiencia resolución que emite el juez,
que puede ser recurrida por
o inadecuación de la respuesta de salud mental. En muchos casos, las/os entrevistados el imputado y/o su defensor.
En los sistemas acusatorios,
han señalado que el conflicto deriva antes del compromiso subjetivo del/la joven con la por el contrario, no existe
resolución de procesamiento,
sustancia que de una conducta delictiva, subyaciendo la idea de que la intervención sino solo una formalización de
la imputación, por la cual el
más apropiada tendría lugar en un marco de salud mental antes que en un marco penal. fiscal en ejercicio de la función
23. Expediente JUI No. 463/12 pública, decide seguir ade-
ADC de abril de 2016. lante con el procedimiento.
CAPÍTULO 5 Por su parte, en las jurisdicciones en las que el ingreso en flagrancia se produce a través
de Centros de Recepción y Derivación, o CAD, si bien el programa es técnicamente la
Tratamiento de adolescentes no punibles
primera medida, las demoras en la aceptación judicial de las estrategias propuestas por
los equipos técnicos (que en casos extremos25 suponen casi un año) conducen a que,
de hecho, el CAD se convierta en una instancia de privación de libertad; y la inclusión en PROGRAMAS CON ALGÚN Programa específi- Tucumán (Programa
los programas, en una medida de egreso. Los agentes perciben al Poder Judicial mucho TIPO DE ESPECIFICIDAD co para no punibles Puente)
más expedito cuando la sugerencia es la restricción de libertad en centros semiabiertos, Programa para punibles con Neuquén (Libertad
esto es, que los operadores judiciales se inclinan por medidas restrictivas o privativas de línea de trabajo diferen- Asistida)
libertad. ciada para no punibles* Chubut (Programa de
Fuera del control de los programas, pero con incidencia en su desarrollo, se encuentran y Prevención de Situacio-
los criterios de uso movilizados por los operadores judiciales, en los casos en que la deri- nes de Conflicto con la
vación al área es su potestad (que es la mayoría de las jurisdicciones). En Córdoba, por Ley Penal - Preventivo)
ejemplo, actores del Poder Judicial han expresado que para tomar estas decisiones com- DERIVACIÓN A SISTEMA Oficinas de protección Mendoza
binan las circunstancias del hecho, la impresión personal que les genera el adolescente DE PROTECCIÓN de derechos San Juan
y su familia, complementada con el informe técnico y los antecedentes. Hay provincias en San Luis
que los criterios movilizados se vinculan con la existencia de una familia continente y/o un Catamarca
adulto responsable, de modo que se tiende a la selección de los jóvenes que, según los Río Negro
agentes, cuentan con esas familias, dejando a los jóvenes más vulnerables o que cometie- La Pampa
ron un delito anterior por fuera de los programas no privativos de la libertad. Por ejemplo Buenos Aires**
en Mendoza, los agentes señalan como sumamente relevante el acompañamiento de la
familia para la inclusión del joven en el programa. Este requisito podría generar una nueva
selectividad –regresiva- hacia el interior del sistema. Podrían acceder a las medidas alter-
nativas solo aquellos que cuentan con algún soporte familiar. En otras provincias, el Poder
Judicial señala que acuerda con los criterios y propuestas del equipo técnico, desarrollan- Santa Cruz
do las medidas que estos sugieren y confiando en su evaluación (por ejemplo Río Negro, Tierra del Fuego
San Juan, Chaco, Catamarca o Neuquén). Formosa
MISMO TRATAMIENTO Opciones: Córdoba
QUE LOS PUNIBLES DEPEN- a.	derivación a centro ce- Chaco
DIENDO DEL DELITO Y DE rrado, semicerrado o Salta
Adolescentes no punibles LA SITUACIÓN FAMILIA Libertad Asistida (pero sin Corrientes
abordaje específico), Santiago del Estero
b.	derivación a Siste- La Rioja
Oferta de programas para adolescentes no punibles: son muy pocos los que tienen ma de Protección. Misiones
algún nivel de especificidad y prima la derivación al sistema de protección de derechos
o el mismo tratamiento que los punibles, dependiendo de situación familiar y tipo de delito.
Eficacia y logros
La flexibilidad de gestión de los programas -positiva en ciertos aspectos- incide en que la
sistematización de sus tareas sea deficitaria, lo cual impide ponderar correctamente la efi-
ciencia y la eficacia -hay criterios de logro muy disímiles, aunque prevalece la permanen-
25. Se trata en efecto de cia en los programas-. Los procesos reflexivos, de revisión y monitoreo de prácticas y de
pocos casos, en algunas
jurisdicciones de hecho capacitación en servicio, no abundan, no obstante, se registran experiencias significativas,
no superan el par, pero
es relevante señalarlo. que en algunos distritos fortalecen las articulaciones interinstitucionales.
CAPÍTULO 5 Tabla Nº 10
PERMANENCIA EN LOS PROGRAMAS
En los últimos años, mucho se ha avanzado en materia penal juvenil. Sin embargo, es tam-
Vínculo con los operadores.
bién notable la magnitud de las deudas pendientes. La reforma de la ley de fondo es una
Cumplimiento con las reglas de conducta o los objetivos del plan de vida (incluyendo el
de ellas, pero no la única.
logro de autonomía y el acceso a derechos, en especial educación).
Transformaciones subjetivas (responsabilización y “cambio”, incluyendo la modificación de A partir del estudio realizado, se torna evidente que a la par de la transformación nor-
los patrones de consumo de sustancias ilegales). mativa resulta también preciso fortalecer mediante institucionalidad la tendencia a la no
Falta de comisión de delitos e infracciones. judicialización que se registra en todo el país a través de prácticas creativas orientadas
por el activismo en derechos humanos de diferentes actores. Es clave que los ministerios
públicos instruyan a las fiscalías la actuación en base al principio de oportunidad, y que
Los programas han generado diversos tipos de procesos reflexivos, de revisión y monitoreo
los jueces lideren la aplicación de la normativa de derechos humanos.
de prácticas y de capacitación en servicio. En algunos distritos, estos procesos fortalecen
las articulaciones interinstitucionales. Por ejemplo, en Jujuy, el equipo de Adolescentes en A su vez, es preciso considerar que la implementación de la desjudicialización solo como
Conflicto con la Ley, que comprende el programa de supervisión en territorio y el CAD, forma de purgar el sistema y sin otros complementos asociados al sistema de protección
han tenido intercambios con servicios similares de CABA, en procesos de transmisión de de derecho (recursos, derivaciones, programas específicos) puede conducir a su deslegi-
aprendizajes organizacionales y transferencia de competencias y recursos. A su vez, con timación como principio de intervención.
el apoyo de UNICEF han iniciado un proceso de supervisión y reflexión en servicio. En La transición de los códigos procesales de mayores hacia una justicia acusatoria han
CABA, a la par de los procesos de revisión anuales del Proyecto Institucional, los traba- tenido un impacto positivo en general en la transformación del fuero de menores. Pero es
jadores participaron de procesos de transferencia de la experiencia institucional hacia preciso fortalecer y/o crear dispositivos que permitan instrumentar medidas alternativas,
otras provincias, que desde la nueva gestión de gobierno se discontinuaron en todas las así como problematizar la aceptación cultural de estas estrategias en la sociedad. La
jurisdicciones, con la única excepción de Jujuy. admisión de medidas alternativas al proceso penal depende de varias dimensiones que
En Salta, la articulación con la Universidad Nacional contribuye a la formación en servicio. interactúan de manera específica en el ámbito local: la presencia de un sistema y actores
En San Juan, el equipo se reúne con cierta periodicidad (aunque les cuesta sostenerlo) especializados en responsabilidad penal juvenil, un modelo acusatorio, o, en su ausencia,
en jornadas de reflexión ya sea teórica, o para discutir cuestiones de la metodología de el uso de criterios acordes.
trabajo. En Córdoba, la coordinación, junto a algunos integrantes del equipo técnico, Para el caso de las medidas alternativas a la privación de libertad, la aceptabilidad
han comenzado a escribir la experiencia del programa Libertad Asistida en formato de social parece ser el mayor obstáculo, que impacta negativamente en su elegibilidad por
ponencias (tres hasta el momento) que han presentado en congresos nacionales e inter- parte de los actores judiciales, al tiempo que los decisores políticos prefieren movilizar
nacionales sobre infancia. En Formosa se han organizado capacitaciones conjuntas entre recursos a áreas de mayor visibilidad pública (aun dentro de la temática, como lo son las
el Poder Judicial y el Ejecutivo, en las que se realizan ateneos para la revisión de casos y condiciones de encierro). En segundo lugar, es preciso mejorar los sistemas de monitoreo y
actualización normativa. evaluación, para poder mensurar de manera más adecuada los recursos necesarios para
alcanzar una eficiencia razonable.
Los principales desafíos para el fortalecimiento de los sistemas de responsabilidad penal
juvenil serían: incidir en la visibilidad y los modos de comprensión del conflicto penal y los
procesos discriminatorios hacia los jóvenes, mejorar la sostenibilidad institucional de los
programas, y dinamizar las relaciones entre sistema de protección, programas y Poder
Judicial, todo lo cual incidiría en mejorar la capacidad de respuesta.
Se han registrado cuatro condiciones centrales que inciden en la transformación de las
intervenciones alternativas en las provincias estudiadas: a) la presencia de actores rele-
vantes comprometidos con las medidas no privativas de la libertad; b) las modificaciones
legislativas o procesales; c) la sucesión de coyunturas o eventos lamentables específicos;
d) el desarrollo institucional.
A su vez, es posible sugerir algunas líneas de acción: desarrollo de políticas en materia BIBLIOGRAFÍA CITADA
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución

 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución