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Timestamp: 2018-09-25 05:46:08+00:00

Document:
SENTENCIA STL15319-2014 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:FUERO DE SALUD. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997, AL JUEZ SEÑALÓ QUE DOS ERAN LOS REQUISITOS QUE DEBÍAN ANALIZARSE A EFECTOS DE QUE SE DIERA LA ESTABILIDAD REFORZADA SOLICITADA, EL PRIMERO DE ELLOS, LA EXISTENCIA DE LA DISCAPACIDAD Y, EL SEGUNDO, QUE ESA LIMITACIÓN FUERA LA RAZÓN POR LA QUE SE DIO POR TERMINADO EL CONTRATO LABORALREVISADAS LAS PRUEBAS RECAUDADAS NO ERA POSIBLE EXTRAER QUE AL MOMENTO DE QUE LA EMPRESA DIO POR TERMINADO EL VÍNCULO LABORAL, LA TRABAJADORA HUBIERA ESTADO INCAPACITADA O SE LE HUBIERE DETERMINADO ALGUNA LIMITACIÓN PARCIAL O PERMANENTE, DE ORIGEN PROFESIONAL O COMÚN, PUES POR EL CONTRARIO, SE HABÍA DEMOSTRADO QUE A TAL ÉPOCA SE ENCONTRABA LABORANDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, DISCAPACIDAD, CLASES DE DISCAPACIDAD, FUERO DE DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, PERSONA CON DISCAPACIDAD, DESPIDO DEL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD, DERECHO A LA ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR
Sentencia STL15319-2014/38236 de noviembre 6 de 2014
Rad.: 38236
Acta extraordinaria 99
Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil catorce
Procede la Sala a pronunciarse respecto de la acción de tutela promovida por Marisol Valero Buitrago contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad, y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.
Marisol Valero Buitrago promovió acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, “trabajo como estabilidad laboral reforzada en persona débil y vulnerable”, presuntamente trasgredidos por las autoridades accionadas, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.
Como fundamento de su petición de amparo manifestó, en síntesis, que promovió demanda ordinaria laboral en contra de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, con el fin de que se protegiera su derecho a la estabilidad laboral reforzada, como quiera que la citada empresa terminó unilateralmente y sin justa causa el contrato laboral previamente suscrito, sin tener en cuenta que la ARP Sura le había diagnosticado tendinitis sinovitis, tenosinovitis y epicondilitis lateral; que le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, el cual en sentencia del 8 de abril de 2014, negó las pretensiones, argumentando que dentro del plenario no existía calificación de la Junta Regional que probara la discapacidad alegada; que inconforme con la decisión interpuso recurso de alzada el cual fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo del 9 de julio de 2014, en el que se confirmó la decisión del a quo; que como soporte de su decisión el ad quem consideró que “(…) la empresa no había sido enterada de [su] discapacidad y que por tal motivo no estaba obligada a lo imposible (…) y que el diagnóstico que había dado la junta regional de Bogotá había sido de una enfermedad de origen común, la cual no era objeto de la demanda, en tanto, lo pretendido era relativo a una enfermedad profesional.
Se duele la actora que las autoridades accionadas al adoptar las decisiones aquí cuestionadas, incurrieron en yerro, en tanto, no tuvieron en cuenta que dentro del plenario estaba plenamente demostrado que la empresa tenía conocimiento de sus padecimientos, pues así lo sustentaban las comunicaciones de la EPS y ARP, el dicho del testigo y la aceptación de la misma demandada; que desconocieron sus derechos fundamentales como sujeto discapacitado, entre esos, el de estabilidad laboral reforzada; y que desatendieron la jurisprudencia en tanto se tiene por sentado que no se requiere de ningún medio de prueba tarifado a efectos de reconocer el estado de discapacidad.
Peticiona por tanto, que tras amparar los derechos fundamentales invocados, se ordene a la empresa demandada reinstalarla en un puesto de trabajo donde se le garantice el acceso a la seguridad social y, en consecuencia, se le ordene pagarle la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, actualizada a la fecha en que se efectué el pago, así como la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, por no haber cancelado a la terminación del contrato, la sanción precitada.
Con auto del 27 de octubre de 2014, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela y corrió el traslado correspondiente. El juzgado accionado allegó en calidad de préstamo el cuaderno original del proceso cuestionado.
Esta Sala de la Corte ha manifestado en numerosas oportunidades que si bien el amparo del artículo 86 de la Constitución Política es viable frente a decisiones judiciales, solo procede cuando, en casos concretos y excepcionales, las actuaciones u omisiones de los jueces resultan evidentemente violatorias de los derechos constitucionales fundamentales; todo lo cual, debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas, y que se concretan en los principios de la cosa juzgada e independencia judicial.
De esa manera, solo ante eventuales yerros protuberantes puede encaminarse el procedimiento bajo la vía constitucional para preservar el debido proceso; como cuando la providencia carece efectivamente de fundamento objetivo y razonable y, por lo tanto, sea el resultado de un juicio abiertamente arbitrario.
Ahora bien, con el fin de dar estudio a la presente acción, es menester, traer a colación recuento de las decisiones atacadas, en lo relativo a las inconformidades aquí alegadas.
El juzgado de conocimiento luego de considerar que no existía controversia respecto de la existencia ni de los extremos temporales que enmarcaron tanto el contrato de aprendizaje como el contrato laboral celebrado entre las partes, manifestó que atendiendo lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el criterio jurisprudencial relativo al asunto, así como el material probatorio recaudado, debía concluirse que la actora no había logrado soportar la pretensión de reintegro e indemnización, pues dentro del plenario no obraba prueba alguna que acreditara que aquella, al momento del despido, tenía un pérdida de capacidad superior al 15% y que existiera nexo causal entre la limitación padecida y el despido, de forma tal que la hiciera sujeto especial de protección.
Por su parte, el tribunal hizo suyas las argumentaciones del a quo y, en ese sentido, señaló que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dos eran los requisitos que debían analizarse a efectos de que se diera la estabilidad reforzada solicitada, el primero de ellos, la existencia de la discapacidad y, el segundo, que esa limitación fuera la razón por la que se dio por terminado el contrato laboral; que revisada la probanza recaudada no era posible extraer que al momento de que la empresa dio por terminado el vínculo laboral, la actora hubiera estado incapacitada o se le hubiere determinado alguna limitación parcial o permanente, de origen profesional o común, pues por el contrario, se había demostrado que a tal época se encontraba laborando; que si bien obraba dictamen de la junta regional de calificación de invalidez, el mismo databa del 16 de mayo de 2012, esto es, 2 años después del despido, y daba cuenta de que la accionante padecía una enfermedad de origen común, sin relación causal entonces con el vínculo laboral; que lo anterior corroboraba que para la fecha del despido no existía calificación ni limitación alguna y por tanto, no había lugar a la estabilidad laboral reforzada. Paso seguido, hizo alusión a algunos partes jurisprudenciales manifestando que los mismos constituían precedente judicial.
En tales términos, esta Sala de la Corte considera que las decisiones censuradas no se advierten arbitrarias, caprichosas o sin fundamento, ni contienen yerros protuberantes que abran paso a la intervención excepcional del juez de tutela. Por el contrario, se observa que las mismas obedecen al análisis de las pruebas obrantes en el expediente, que fueron sopesadas por los sentenciadores de instancia, y dictadas bajo el ámbito de autonomía que la misma Constitución Política les reconoce.
En efecto, como expresión del principio de autonomía del juez, se encuentra la facultad que tiene aquél de analizar las pruebas en conjunto de acuerdo con la sana crítica, tal y como lo prevé el artículo 187 del C. de P.C., siendo esta su función principal y para la cual fue investido con precisas facultades para dirimir las controversias que son de su competencia. Facultad, que ha dicho reiteradamente esta Sala de la Corte, no puede ser usurpada por el juez constitucional so pretexto de tener una nueva o mejor concepción sobre el pleito, pues con ello, no solo estaría suplantando al juez natural, sino coartando su autonomía e independencia para dirimir el conflicto, máxime cuando se observa, como sucede en el presente caso, que la actuación judicial atacada, no se apartó de consultar las reglas mínimas de razonabilidad jurídica.
De hecho, si el accionante no coincide con el criterio de la autoridad acusada, ello en modo alguno invalida la actuación judicial y, mucho menos, la hace susceptible de ser modificada por vía de tutela, más aún cuando, como también lo ha sostenido esta Sala de la Corte, resulta improcedente fundamentar la solicitud de amparo constitucional en una simple discrepancia de criterio sobre la apreciación de las pruebas y aplicación de las normas legales que realizan los jueces naturales, como si se tratare de una instancia más.
Basten los argumentos expuestos para denegar el amparo pretendido.
1. DENEGAR el amparo solicitado, conforme lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
2. ENTERAR de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si de este no se impugnare.
Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

References: ARTÍCULO 26
 artículo 26
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 86
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 187
 artículo 30