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Timestamp: 2018-08-18 03:05:36+00:00

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ENOTPO: Posicionamiento y Propuestas de las Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios frente a la Reforma, Actualización y Unificación de los
Posicionamiento y Propuestas de las Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios frente a la Reforma, Actualización y Unificación de los
DERECHO A LA PREEXISTENCIA
CARÁCTER DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA
§ DERECHO INDIGENA
Cada Pueblo Originario en el país, tiene una estructura institucional propia, de carácter político, económico, cultural y social que se distingue del resto de la sociedad. Estas estructuras Institucionales, tiene practicas y costumbres tradicionales o sistemas jurídicos propios, que conforman un conjunto, que se denomina Derecho Indígena. El Estado, en la etapa anterior, a la producción o aplicación de las normas, no puede dejar de tener en cuenta ese derecho. Es por ello que proponemos el siguiente agregado a la siguiente formula:
PROPUESTA INDÍGENA:
ARTÍCULO 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. La interpretación debe ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados en los que la República Argentina sea parte. A tal fin, se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
Cada Pueblo Originario o Indígena, se rige por su propia institucionalidad ancestral o costumbres.
§ DERECHO COLECTIVO
Respecto a los Derechos individuales y de incidencia colectiva, que los derechos de los Pueblos Originarios, por su carácter de preexistente, son esencialmente colectivos pues les incumben a todos sus miembros. Cualquier daño o afectación a sus intereses o derechos de los Pueblos Indígenas, importa el ejercicio de la acción de los Pueblos a través de las Comunidades Indígenas, y son representadas por sus Autoridades o Delegados Tradicionales (Lonko, Cacique, etc.). Asimismo, cada pueblo se distingue por ostentar un proceso propio de toma de decisiones (Léase, asambleas comunales, consejo de ancianos, de cacique, etc.). Por lo que proponemos, el siguiente agregado, a la formula:
ARTÍCULO 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:
c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas, los Pueblos Indígenas y sus Comunidades, a través de su propia institucionalidad ancestral y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.
En relación a los Derechos de las Comunidades indígenas, en correlato a lo anteriormente argumentado, el Sujeto de Derecho Colectivo, Pueblos Indígenas y sus Comunidades, son aquellos que ostentan el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras y territorios que habitan. Al presente Artículo, se propone el siguiente texto
ARTÍCULO 18.- Derechos de los Pueblos Indígenas y sus Comunidades. Los pueblos y comunidades indígenas preexistentes, tienen derecho a la propiedad comunitaria de las tierras y territorios que poseen y aquellas aptas y suficientes para su desarrollo como Pueblo, conforme a la Constitución Nacional y se reglamente en el Libro Cuarto, Titulo V, de este Código. También tienen derecho a participar y ser consultados en lo referido a sus recursos naturales y culturales como derecho de incidencia colectiva.
§ CARÁCTER DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
La personería de las Comunidades Indígenas, tiene reconocimiento de la Constitución de 1994, la cual, le otorga el carácter público no estatal, como estructura institucional propia, de carácter político, económico, cultural y social. La norma constitucional, le reconoce la posesión y propiedad de las tierras y territoritos que habitan, con caracteres de enajenable, intransmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Y la incidencia colectiva a los recursos naturales en las tierras y territorios Indígenas. Asimismo, los Pueblos Indígenas y sus comunidades, ostentan el carácter de autonomía en sus estructuras institucionales. A las formulas que se anteponen, se plantea lo siguiente,
ARTÍCULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:
NUEVO ARTICULO. Personas jurídicas de carácter público no estatal. Son personas jurídicas de carácter público no estatal, los Pueblos Indígenas y sus Comunidades.
h) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establezca o resulte de su finalidad y normas de funcionamiento.
§ PRENOMBRE
El pueblo originario y sus comunidades, determina conforme a su derecho, la identidad cultural, el uso del idioma propio, la autodeterminación; conforme a la Constitución Nacional e Instrumentos internacionales define el nombre y la grafía a los miembros de los mencionados pueblos. La simple comunicación de las Autoridades Ancestrales a través de sus propios procesos de toma de decisiones, al Registro de Estado Civil y de las Personas, debería constituir la inscripción del mismo. Se propone la siguiente redacción.
b) no pueden inscribirse más de TRES (3) prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes;
c) los integrantes de los pueblos indígenas y sus comunidades, determinaran el nombre y grafía en consonancia con sus respectivas culturas, este será comunicado al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, para su pertinente inscripción.
§ POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA
El concepto de la propiedad comunitaria indígena, “es un derecho real autónomo, de carácter colectivo, de fuente constitucional y cuyo régimen es de orden público. Es inembargable, insusceptible de gravámenes, inenajenable, intrasmisible e imprescriptible.”[1]
Que la enumeración taxativa de los derechos reales debe incorporar el instituto del derecho indígena de fuente constitucional, por ende, proponemos la siguiente posición:
Que respecto a redacción que introduce el instituto de la posesión ancestral, como la que un pueblo o comunidad indígena ejerce, de acuerdo a su cultura una relación de pertenencia con la tierra y el territorio, se propone incorporar al primer párrafo lo siguiente:
ARTÍCULO 1891.- Ejercicio por la posesión o por actos posesorios. Todos los derechos reales regulados en este Código se ejercen por la posesión y posesión ancestral, excepto las servidumbres y la hipoteca.
Respecto al titulo y modos suficientes, deberá incorporarse el siguiente párrafo al final:
La posesión ancestral indígena se regirá por las definiciones culturales de cada pueblo indígena.
En concordancia inoponibilidad en relación a la inscripción, la formula deberá incorporarse la siguiente propuesta:
Los territorios poseídos ancestralmente por pueblos y comunidades indígenas no requerirán de inscripción registral para su oponibilidad a terceros
La posesión de los pueblos indígenas, se propone la siguiente redacción:
DE LA POSESIÓN Y LA TENENCIA
Habrá posesión ancestral cuando un pueblo o comunidad indígena ejerce, de acuerdo a su cultura una relación de pertenencia con la tierra y el territorio.
La presunción de Buena Fe, se propone la incorporación del siguiente inciso
d) Cuando se ejerce sobre tierras comunitarias indígenas.
Que al concepto de la propiedad comunitaria, proponemos el concepto que expusimos inicialmente.
ARTÍCULO 2028.- Concepto. La propiedad comunitaria indígena, es un derecho real autónomo, de carácter colectivo, de fuente constitucional y cuyo régimen es de orden público. Es inembargable, insusceptible de gravámenes, inenajenable, intrasmisible e imprescriptible.
En relación a la titular de la propiedad comunitaria indígena, se establece la siguiente propuesta al texto:
ARTÍCULO 2029.- Titular. El titular de este derecho es el pueblo originario a través de la comunidad indígena.
Que la representación legal de la Comunidad Indígena, se propone la siguiente redacción:
ARTÍCULO 2030.- Representación legal de los Pueblos Originario y sus comunidades indígenas. Los pueblos indígenas y sus comunidades definen sus instituciones políticas sociales y culturales con autonomía, deciden su forma interna de convivencia y organización social, económica y cultural, y designan a sus representantes legales, quienes se encuentran legitimados para representarla conforme con sus estatutos.
Respecto a los modos de constitución de la propiedad comunitaria indígena, se propone la siguiente formula:
a) por reconocimiento del Estado nacional o de los Estados provinciales de la posesión ancestral comunitaria;
Que los caracteres de la propiedad comunitaria indígena, debe concordar con los estándares que recepta la Constitución Nacional, conforme a la propuesta a continuación:
ARTÍCULO 2032.- Caracteres. La propiedad indígena es inembargable, insusceptible de gravámenes, inenajenable, intrasmisible e imprescriptible.
Las facultades que se les confiere a los comuneros, deberían incluirse las siguientes:
La propiedad comunitaria indígena debe contener las siguientes prohibiciones que se proponen a continuación:
ARTÍCULO 2034.- Prohibiciones. La propiedad indígena no puede ser gravada con derechos reales de garantía.
La mencionada Reforma, debe observar los estándares que dictan la Constitución de 1994 y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Argentino, respecto al Derecho a la Consulta[2]. Que el deber de consulta nace, “… en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso.”[3] Las acciones del Estado consisten, en garantizar los derechos de los Pueblos Originarios, como lo son las tierras y territorios indígenas y los recursos naturales existentes en ellos. Que el proceso de consulta, debe estar rodeado de los Principios de Buena Fe, Principio de Precautorio- prohibición de la actividad, proyecto o plan, Principio de Implementación previa, Principio Interculturalidad, Principio de Información oportuna, Principio de Provisión de recursos para llevar adelante el proceso, etc. Que el procedimiento por excelencia, es través de la Consulta y la Participación, que significa avanzar, marchar, de forma secuencial, por momentos o etapas hacia un fin determinado[4]. En este caso, el fin determinado del mencionado procedimiento es el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO e INFORMADO (CLPI) del pueblo indígena consultado. Que el instituto de derecho indígena y cuya fuente radica en la Declaración de la ONU sobre Derecho los Pueblos Indígenas, CLPI es la manifestación colectiva de los pueblos originarios a decidir acerca de la utilización, administración y conservación de los Bienes y Recursos Naturales en Territorio Indígena. Por ende, entendemos que la redacción de la formula debería ser la siguiente:
ARTÍCULO 2035.- Aprovechamiento de los recursos naturales. Derecho a la participación. Proceso de consulta adecuado. Consentimiento, libre, previo e informado.
El aprovechamiento de los recursos naturales, por parte del Estado con incidencia en las tierras y territorios indígenas, está sujeto al derecho a la participación y a un proceso adecuado de consulta a los pueblos originarios. Que los pueblos indígenas y sus comunidades, a través de sus instituciones representativas y su propio proceso de toma de decisiones, deberán otorgar o no su consentimiento, libre, previo e informado.”
[1] Proyecto de Propiedad Comunitaria Indígena. Decreto 700/2011 PEN.
[2] Ley Nº 24.071. Apruébase el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, art. 6. Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, art. 19.
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos- Caso Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 28 de noviembre de 2007. Párrafo 133.
[4] MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Lino Enrique Palacios. Pág. 51.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 146

ARTÍCULO 1891

ARTÍCULO 2028

ARTÍCULO 2029

ARTÍCULO 2030

ARTÍCULO 2032

ARTÍCULO 2034

ARTÍCULO 2035