Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A323-09.htm
Timestamp: 2017-11-22 01:57:25+00:00

Document:
A323-09
Auto 323/09
Referencia: expediente ICC-1457
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Manizales y el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda.
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Manizales y el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada por Misael Castro Franco contra la Alcaldía Municipal de Neira, Caldas.
1.- El señor Misael Castro Franco instauró acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Neira, Caldas, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. Fundamenta su acción expresando que trabajó para el municipio de Neira por más de seis (6) años. Luego de su retiro, trabajó “en otros oficios” realizando los aportes para pensión al Instituto de Seguro Social. Aduce que al momento de solicitar la pensión de vejez, dicha prestación le fue negada por no acreditar el número de semanas requeridas, razón por la que el Seguro Social procedió a indemnizarlo “con una suma irrisoria, sin tener en cuenta el tiempo trabajado en el municipio de Neira”.
2.- A juicio del actor, la responsabilidad por no entregar al Seguro Social los aportes que por pensión le fueron descontados, es del municipio de Neira y ante la negativa del Fondo de Pensiones, elevó derecho de petición ante la Alcaldía municipal el día 15 de noviembre de 2008, “para que procedieran al reembolso de los aportes que no fueron utilizados para pensión y que menos fueron entregados al ISS”. Señala que la autoridad municipal dio respuesta el 2 de abril de 2009, manifestando que “aunque tenía razón debía esperar que existiera disponibilidad presupuestal para hacer la liquidación de los dineros a devolver y a realizar la correspondiente resolución y pago”.
3. Manifiesta que en fecha posterior, el 24 de junio de 2009, solicitó nuevamente una respuesta “que fuera acorde con lo pedido desde noviembre del año pasado”. Frente al particular, la Secretaría de Hacienda de Neira el 9 de julio de 2009, alega la existencia de “múltiples inconvenientes y que en los próximos días procederían a dar la solución definitiva”.
Concluye manifestando que sigue a la espera de una respuesta definitiva, situación que vulnera sus derechos como ciudadano y lesiona su mínimo vital, ya que es una persona de la tercera edad[1], de escasos recursos y no tiene los medios para desplazarse continuamente al municipio de Neira, Caldas, pues reside en Dosquebradas, Risaralda.
4.- El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales, despacho que mediante auto del 23 de septiembre de 2009 expuso que no tenía competencia para conocer de la demanda de tutela por considerar que “la entidad accionada tiene sede en Neira, Caldas, y que la vulneración de los derechos que el actor expone también ocurrió en ese municipio. Aunado a ello, el señor CASTRO FRANCO tampoco reside en esta ciudad, sino en el municipio de Dosquebradas, Risaralda (…)”. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Municipal de Dosquebradas, Risaralda.
5.- Efectuado nuevamente el reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, el cual mediante providencia de fecha 25 de septiembre de 2009 consideró que la presunta amenaza “se está realizando en el Departamento de Caldas Municipio de Neira” y que el reparto correspondió inicialmente al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales, siendo este despacho el competente.
En consecuencia, ordena la devolución del expediente al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales, y en caso de no compartir los argumentos expuestos en el proveído, provoca el conflicto negativo de competencia.
6.- Devuelto el expediente al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales, éste promovió conflicto negativo de competencia mediante providencia del 28 de septiembre de 2009 al no compartir las razones esgrimidas por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que dirima la colisión presentada.
2.- Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional[3].
3.- No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común[4].
4.- Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales[5], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
5.- Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”[6].
A partir de las consideraciones precedentes, procede la Sala a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado.
7. Establecida la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto, se advierte que según la jurisprudencia constitucional antes reseñada, en esta oportunidad se está ante un verdadero conflicto de competencia originado en la aplicación del factor territorial prescrito en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el cual debe ser resuelto en sentido de que la autoridad judicial competente para conocer de la acción de tutela impetrada por el señor Misael Castro Franco, es el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas (Risaralda), como pasa a explicarse.
8. El artículo 37 del decreto 2591 de 1991, establece la competencia por el factor territorial y dispone que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
Con relación a los presupuestos para determinar la competencia territorial en materia de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado de forma reiterada que:
“En efecto, a partir de una interpretación con observancia del principio pro homine de las citadas normativas, esta Corporación ha establecido[7] que son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela, a saber: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.” [8]
En el mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que “no necesariamente el lugar donde tenga su sede el ente que viola de manera presunta los derechos fundamentales, coincide con el lugar donde ocurrió la vulneración[9]; y, que la competencia no corresponde al juez del lugar donde expidió un acto violatorio, sino al del sitio donde se produzcan sus efectos, es decir, del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger[10]”...
9. Al aplicar el citado precedente al caso sujeto a examen, se advierte, de un lado, que el sitio donde tiene lugar la supuesta vulneración es precisamente en el que tiene su domicilio de la entidad accionada, es decir, Neira, Caldas, municipio que además, cuenta con un Juzgado Promiscuo Municipal[11]. De otro lado, el lugar donde se producen los efectos de la presunta violación, es en Dosquebradas, Risaralda, toda vez que es en dicho municipio donde reside el actor[12].
Lo anterior lleva a concluir, aunque la demanda fue presentada ante los jueces penales municipales de Manizales, le asiste razón al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de dicha ciudad, al señalar que en ese lugar no se produce ni la violación de los derechos alegados ni las consecuencias de la misma, para que pueda radicarse la competencia en ese despacho.
En efecto, del estudio del expediente no se observan elementos que permitan establecer la competencia territorial en la ciudad de Manizales. De allí que, prima facie, la decisión del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas resulta infundada, en tanto, que el domicilio del accionante sería factor de competencia en el caso que nos ocupa.
10. Así las cosas, teniendo en cuenta que el actor no acudió a los jueces del domicilio de la entidad accionada y atendiendo al tercero de los presupuestos citados como elemento determinante de la competencia territorial, esto es, el lugar donde se producen los efectos de la supuesta la vulneración, el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, es el que debe avocar el conocimiento en primera instancia.
11. En tal sentido, reiterando el criterio acogido por esta Corporación, la Sala Plena dirimirá el conflicto de competencia sometido a su conocimiento, ordenando al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, que asuma sin más dilaciones el conocimiento de la acción de tutela instaurada por Misael Castro Franco, y profiera decisión de fondo conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Primero: DESATAR el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Manizales y el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior, REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por Misael Castro Franco contra la Alcaldía Municipal de Neira, Caldas, al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, para que sin más demoras, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Manizales la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
[1] El actor tiene 73 años de edad. Ver fotocopia del documento de identidad a folio 12 del expediente.
[7] Corte Constitucional. Autos 063, 067, 071 y 169 de 2006, 071 y 185 de 2007, 192 y 221 de 2007.
[8] Auto 143 de 2008.
[9] Autos 201 de 2009, 125 de 2009, 095 de 2006 y 025 de 1997.
[11] Información suministrada por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.
[12] Ver a folio 2 del expediente, la dirección aportada para efectos de notificaciones.

References: resolución 
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 86