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BOE.es - Documento BOE-A-1963-22706
Documento BOE-A-1963-22706
«BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 1963, páginas 18248 a 18261 (14 págs.)
BOE-A-1963-22706
Consiste esta Ley en la formulación de una serie de principios básicos que contenidos en reglas jurídicas comunes a todos los tributos determinan los procedimientos para su establecimiento y exacción.
Es esta una realización jurídica con escasos precedentes en el Derecho comparado, dado el grado de elaboración a que es preciso someter su estudio para incorporarlo al Derecho positivo.
Desde que el tributo dejó de ser un poder de «facto» para integrar una verdadera relación jurídica, se ha venido experimentando la necesidad de que en nuestro ordenamiento se sistematizaran los principios y las disposiciones relativas a su aplicación.
Constituyen prueba de esta preocupación por el acoplamiento orgánico de las normas que disciplinan el fenómeno tributario, entre otras de alcance parcial, las siguientes medidas:
El Decreto de once de julio de mil ochocientos setenta y tres, por el que se creó una Junta general encargada de dar unidad a la legislación de la Hacienda Pública, que redactó un proyecto de Código general.
El Real Decreto de quince de agosto de mil ochocientos noventa y cinco, por el que se creó una Comisión codificadora de la legislación de Hacienda Pública, que en su preámbulo aseveraba: «La multiplicidad y la trascendencia de los intereses que intervienen en las relaciones económicas del ciudadano con el Estado y la ocasión diaria ofrecida por la contracción y la duda por la abundancia de disposiciones legales o meramente reglamentarias, engendradas las más por conflictos del momento que reclamaban urgente remedio, inspiradas todas en intentos de sistemas muy luego abandonados y dictadas casi todas sin el debido enlace y precedente, exige, sin duda, que se forme un cuerpo legal de doctrina determinante de un estado de Derecho económico administrativo, racional y metódicamente ordenado, mediante el estudio, fijación y aprovechamiento de los elementos actuales que nuestra copiosa, incoherente y aun contradictoria legislación proporcione».
El Real Decreto de cuatro de octubre de mil novecientos tres, creando una Junta encargada de preparar un proyecto de Código general de Hacienda, donde se reunieran «los preceptos fundamentales que informan las leyes tributarias y de contabilidad, los actos de gestión y el procedimiento».
La Real Orden de veintiséis de enero de mil novecientos catorce reconoce que acude a la iniciativa de los empleados dependientes del Ministerio de Hacienda, instituyendo premios para los trabajos que presentasen ajustados a la idea de «suministrar, respecto de cada impuesto, tributo, renta, obligación o derecho del Estado, los elementos esenciales de su historia, en compendiada síntesis, y el conocimiento de las disposiciones debidamente coordinadas y enlazadas que actualmente rigen y se aplican por los Centros de este Ministerio».
Por Real Orden de veintisiete de enero de mil novecientos quince, que atribuye a una titulada Junta de Inspección el estudio de los trabajos presentados al amparo de la disposición del mismo rango, fecha veintiséis de enero de mil novecientos catorce, antes citada.
La Real Orden de cuatro de octubre de mil novecientos veintidós, que crea un Centro técnico en el Ministerio de Hacienda, con el doble objeto de «recopilar las disposiciones que en materia de Hacienda se vayan dictando en las naciones principales de Europa y América..., y contrastarlas con las similares que en España se adopten y consecuencias que de ellas se deriven en nuestra economía nacional», a cuyo efecto la Real Orden de cuatro de noviembre siguiente aprobó el plan a que había de ajustarse el referido Gabinete o Centro técnico, suprimido por Real Orden de veinte de septiembre de mil novecientos veintitrés.
El Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos treinta y dos, que atribuyó a la Secretaría Técnica del Consejo de Dirección del Ministerio de Hacienda «la compilación de todas las disposiciones emanadas del Ministerio de Hacienda para su publicación con las debidas anotaciones e índices de referencia y enlace».
La Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta, que autorizó al Ministerio de Hacienda para publicar «textos refundidos de las disposiciones reguladoras de las contribuciones e impuestos afectados por la presente Ley, a fin de recoger sistemáticamente las reformas introducidas».
La Orden del Ministerio de Hacienda de veinticinco de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, que creó su Servicio de Estudios y le encomendó, entre otras tareas, la de «preparar, en colaboración con los Centros directivos interesados, una codificación de las Leyes y Reglamentos tributarios».
Y es, por fin, la Orden ministerial de Hacienda de tres de julio de mil novecientos sesenta y uno, que insiste en la conveniencia de que nuestro ordenamiento jurídico cuente con «un conjunto de normas en el que se contengan los principios básicos de aplicación a los distintos tributos», la que constituyó una Comisión en el Instituto de Estudios Fiscales, a la que se le confía la redacción del anteproyecto de Ley General Tributaria.
Una vez elaborado el proyecto por la Comisión resulta evidente la posibilidad de dictar una serie de reglas comunes a todos los tributos, conjunto normativo de carácter público cuya especialidad nace de la propia naturaleza de los hechos que regula y de la peculiaridad administrativa de los procedimientos que le son aplicables. Tarea tanto más realizable cuanto que la Ley de Procedimiento Administrativo ofrece una ordenación general a la que se ha acomodado la presente Ley con las indudables ventajas que de tal unificación se derivan.
1) Propósitos de la Ley General Tributaria.
Cualesquiera que sean las ventajas que se pretendan lograr en la configuración de las instituciones tributarias no llegarían éstas a rendir todas las posibilidades si la Ley no afrontara decididamente los problemas que hubiera de llevar consigo su aplicación. En este sentido, el establecimiento de unos procedimientos simplificados y eficaces en la aplicación de los tributos, dotados de garantías jurídicas adecuadas, supone para el buen orden en el régimen tributario una configuración doctrinalmente depurada del sistema impositivo.
No se olvide que la necesidad de superar el heterogéneo conjunto de normas relativas a las distintas manifestaciones de la actividad tributaria anticipa ya la finalidad de la Ley.
La Ley General Tributaria aspira a informar, con criterios de unidad, las instituciones y procesos que integran la estructura del sistema tributario, en cuanto no requiera ordenación específica excepcional. También se propone incorporar a nuestro ordenamiento un esquema de sistematización de las normas reguladoras de los tributos que oriente la legislación y, en su día, facilite su codificación.
2) Los principios generales del orden tributario.
El título preliminar contiene los principios generales del orden tributario. En él se pone de manifiesto que los de carácter dogmático tendrían quizá más apropiada promulgación en una Ley fundamental. Sin embargo, tanto los de dicha naturaleza como los orgánicos, son de aplicación directa y ordenan con carácter básico el ejercicio de la actividad tributaria, así como la estructura y funcionamiento de la respectiva organización administrativa.
Tanto el sistema tributario del Estado como los de las Corporaciones Locales y los de las provincias con regímenes fiscales especiales no resultan, en consecuencia, alterados en sus fundamentos, ya que la Ley no afecta a su estructura ni a sus respectivas facultades, sino que, al contrario, el establecimiento de un orden general, común para todos los tributos, proporcionará a las Entidades citadas una consolidación y fortalecimiento en su actual actividad fiscal, dentro de un cuadro igualmente general de garantías para el contribuyente.
En los artículos tercero y cuarto se desarrollan los mandatos contenidos en el artículo noveno del Fuero de los Españoles y en el principio noveno de los del Movimiento Nacional, al mismo tiempo que se reconoce la función instrumental, que, sin preferir los dictados de equidad y generalidad, puede cumplir el tributo al servicio de la política económica y social del país.
3) Régimen jurídico de las normas tributarias.
En el título primero se contienen los preceptos relativos a la jerarquía y aplicación de las normas tributarias.
En orden a la jerarquía y a las fuentes de Derecho tributario se concretan las disposiciones del título tercero de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado en cuanto se proyectan sobre las relaciones nacidas de la exacción de los tributos.
Ha de destacarse, no obstante, la regulación del ejercicio de las autorizaciones legislativas en materia por la especial reserva de competencia a favor de las Cortes que determinan los artículos octavo del Fuero de los Españoles y el diez-c) de la Ley de su creación.
En el artículo diez se desarrolla el principio de reserva de Ley contenido en el título preliminar, que, como en él se advierte, será de inexcusable observancia por la Administración.
En servicio de la política de coyuntura se prevé que el Gobierno quede autorizado para aumentar, disminuir o suprimir tipos de gravamen dentro de los límites señalados cuando el tributo es esencialmente repercutible y, por tanto, propicia su incorporación en los precios de los bienes y mercancías.
El artículo catorce constituye adecuada aplicación de lo prevenido con carácter general en la Ley de veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve (artículo diecisiete) en cuanto se juzga necesaria la codificación de las disposiciones relativas a las exenciones tributarias, no sólo por ser de naturaleza excepcional, sino porque llevan consigo latentes aumentos de la presión tributaria.
El principio de certeza queda ampliamente recogido en varios pasajes de la Ley. El artículo dieciocho constituye un desarrollo innovador del citado principio en nuestro Derecho. En lo sucesivo, el Ministerio de Hacienda habrá de promover o acordar en cada caso las modificaciones legales que superen las disparidades interpretativas que puedan darse en el ordenamiento tributario o en su aplicación por los Tribunales y por la Administración.
En la sección titulada «Interpretación de las Normas» se dan las premisas para calificar el hecho imponible que define el artículo veintinueve. El texto legal establece una norma básica de interpretación, que consiste en la posibilidad de empleo de todos los criterios admitidos en derecho, con exclusión de la analogía e incorporando normas precisas para evitar el fraude de ley. En atención a que el hecho imponible puede consistir en un fenómeno de naturaleza jurídica o económica, su calificación habrá de producirse mediante la aplicación de criterios que consideren adecuadamente esa doble hipótesis.
4) Los tributos: sus clases.
En el primer capítulo del título segundo regula la Ley las clases de los tributos.
La clasificación cumple fundamentalmente fines terminológicos al pronunciarse por la voz «tributos» como comprensiva de todos los que pueden establecerse en uso de las facultades reconocidas en el artículo segundo.
Salvo escasas excepciones, las normas contenidas en la Ley son formuladas como aplicables a las tasas, a las contribuciones especiales y a los impuestos. De este modo se pretende por la Ley General que de no existir esencial inadecuación entre la norma y el supuesto de hecho sean aplicables todos sus preceptos a las tres clases de tributos que la misma establece.
5) El hecho imponible.
La Ley llama hecho imponible al elemento material de lo que la doctrina científica denomina situación de hecho o presupuesto del tributo. Es indudable que corresponde al criterio discrecional del legislador realizar tal determinación del hecho imponible. De ahí que las leyes específicas de los tributos deban traducir con fidelidad, precisión y términos jurídicos unívocos los conceptos elaborados por la ciencia de la Hacienda Pública en orden al objeto de las distintas clases de tributos. Pero es conveniente hacer constar que al insertar en las leyes específicas las definiciones de los respectivos hechos imponibles se convierte el objeto de cada tributo en un concepto jurídico que habrá de ser interpretado mediante los criterios ordinarios de la hermenéutica jurídica.
6) El sujeto pasivo tributario.
El objeto del tributo se encuentra naturalmente vinculado a una persona. Esta persona, por tanto, no está determinada por las normas, sino por la simple relación que el supuesto de hecho establece sin alteración de ninguna clase. En su virtud, se trata del contribuyente, ya que es el llamado a soportar el tributo por ser titular de la respectiva capacidad económica.
Ahora bien, así como la norma describe con mayor o menor amplitud o literalidad el objeto del tributo y crea el hecho imponible como concepto jurídico, puede o no aceptar que el titulado contribuyente sea sujeto de la relación jurídica que se establezca al producirse aquél. Es evidente que en esta aceptación o mutación del contribuyente como elemento personal de las relaciones tributarias ya disciplinadas por la norma interviene de modo decisivo la llamada técnica tributaria, puesta al servicio de los principios de comodidad de pago y de economía de la percepción y especialmente del de generalidad. He aquí cómo surge el sujeto pasivo en el campo de las relaciones jurídicas que la Ley ha de contemplar y regular como eje de su propio contenido.
La Ley ha salvado la duplicación de elementos personales que pueden darse en determinadas relaciones tributarias, dando absoluta primacía a quien, desde ángulo jurídico, resulta inmediatamente vinculado u obligado ante la Hacienda Pública. Para la Ley, esta persona, y sólo ella, es el sujeto pasivo, sea o no concurrentemente contribuyente. Es inconcuso que ni el Derecho es un puro esquema formal o de artificio ni debe limitarse a facilitar meras técnicas de articulación jurídica. Pero también es evidente que la Ley ha de atender preferentemente a quien por su propia configuración jurídica resulta deudor en las respectivas obligaciones materiales o formales.
Ante la necesidad de distinguir los dos supuestos extremos (sujeto pasivo-no contribuyente y contribuyente-no sujeto pasivo) tenía la Ley que pronunciarse por la terminología de significación más correcta, siquiera no fuera la más usual o vulgar actualmente. Por ello, llama contribuyente a quien según la norma jurídica debe soportar el tributo por ser titular de la respectiva capacidad tributaria, y sujeto pasivo a quien según la norma jurídica debe cumplir las obligaciones legales dimanantes de las exacciones de los tributos.
En los preceptos relativos al sujeto pasivo tributario se unifican las regulaciones, hoy dispersas en varios textos legales, al mismo tiempo que se restringen en importante medida los supuestos de responsabilidad solidaria y aun subsidiaria actualmente vigentes. Criterio que asimismo adopta la Ley al regular las responsabilidades de índole real u objetivo en la sección relativa a las garantías de la deuda tributaria.
Para la derivación del procedimiento recaudatorio desde el sujeto pasivo en primer lugar llamado, a quienes adquieren esta condición por vía de responsabilidad de segundo grado o subsidiaria, exige la Ley la formación de sumario expediente administrativo, con audiencia del presunto responsable, y la reducción del débito al importe inicialmente liquidado.
En esta materia, pues, da la Ley un paso decisivo en la reducción de responsabilidades de segundo grado, sean o no personales o subjetivas, y además ofrecen a los presuntos responsables las garantías jurídicas que se desprenden de un procedimiento claro y taxativo.
Por último, la Ley aborda las cuestiones referentes a la capacidad de los sujetos pasivos, adaptando las normas de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo a las exigencias peculiares de los procesos de gestión tributaria.
7) Base y deuda tributaria.
Los capítulos cuarto y quinto del título segundo contienen la regulación de la base y deuda tributarias, presidida por dos distintas perspectivas:
a) En determinadas materias sólo se sistematizan los regímenes aplicables en cada tributo, con arreglo a la opción de la respectiva Ley específica.
b) En otras cuestiones se unifican las normas hoy vigentes y se crea el correspondiente cuadro legal de aplicación diversa.
En los regímenes de fijación de las bases tributarias se estructuran los requisitos condicionantes de cada uno de ellos y se regula cuál ha de prevalecer cuando proceda la aplicación de más de uno.
En atención a la extendida aplicación que tienen las estimaciones por Jurados tributarios, regula la Ley su competencia y régimen, en forma precisa y rígida, con objeto de que, sin dejar de ser un instrumento de eficacia en los supuestos de falta de colaboración o mala fe de los sujetos pasivos, tengan estos últimos las garantías procesales que en todo caso les son debidas en un Estado de Derecho.
Es objeto de regulación la comprobación por la Administración de los valores de la renta, productos, bienes y demás elementos que han de integrar la base del respectivo tributo. En esta materia se generalizan los procedimientos de comprobación de valor vigentes para determinados impuestos y se destaca que esta actividad administrativa tiene clara sustantividad frente a la comprobación e investigación del hecho tributario.
En los preceptos relativos al tipo de gravamen de la deuda tributaria se contienen fundamentalmente nociones de los distintos recargos, coeficientes, alícuotas o porcentajes que pueden intervenir en esta fase de la exacción de los tributos. A través de ellas se propone la Ley que en lo sucesivo se unifique el tratamiento normativo y aplicativo de esta materia. Y se decide, como es obvio, por las líneas de máxima sencillez y claridad para que en todo momento y sin esfuerzo conozca la Administración y el administrado el alcance o consecuencias cuantitativas de cuantos factores o elementos hagan referencia al tipo o a la deuda por cualquier tributo.
Ha de destacarse que en el artículo cincuenta y siete se recoge la doctrina jurisprudencial sobre deducción o compensación de cuotas tributarias en las devengadas por otra de exacción posterior, con objeto de que las exenciones o bonificaciones reconocidas en los de aplicación previa conserven su efectividad.
Constituyen medidas que facilitan o reducen las obligaciones a cargo de los sujetos pasivos respecto de la actual situación legal, las siguientes:
a) La generalización a todos los tributos del régimen de fraccionamiento o aplazamiento del pago de las deudas tributarias.
b) La admisión de la consignación del importe de las deudas tributarias con los correspondientes efectos liberatorios o suspensivos.
c) La implantación de la compensación como medio extintivo de las deudas tributarias en los supuestos que se mencionan; y
d) La unificación de los vigentes plazos de prescripción de las acciones administrativas para liquidar y recaudar las deudas tributarias con arreglo al más reducido de los que actualmente rigen: Cinco años.
8) Las infracciones tributarias.
En el último capítulo del título segundo se establecen los tipos de infracción tributaria y sus correspondientes sanciones. De este modo las disposiciones específicas de cada tributo sólo habrán de concretar, cuando sea preciso, los distintos supuestos de infracción conforme a los que define la Ley General, y la aplicación de las respectivas multas será mera consecuencia del apuntado desarrollo, con lo que se habrá logrado un régimen único en esta materia para todos los tributos.
En verdad, la Ley ha culminado la evolución que se advertía en nuestro ordenamiento y ha adoptado para toda clase de infracciones las tipificadas en las vigentes leyes sobre régimen de la inspección de los tributos.
Por tanto, todas las infracciones, ya se pongan de manifiesto en normales expedientes de gestión, ya en los promovidos por la Inspección de los tributos, serán calificadas según las mismas normas, aunque, como es obligado, la conducta con la Inspección de los tributos pueda determinar la apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad de los sujetos pasivos.
9) Los órganos de gestión tributaria.
Dedica la Ley el capítulo I del título III a los órganos administrativos de gestión tributaria regulando, con carácter general, las reglas de competencia.
En los artículos noventa y seis y siguientes se incorpora a la ordenación general del Derecho tributario el principio de organización social y política que supone la colaboración del contribuyente, como parte de un conjunto profesional, en la gestión de los tributos.
Se continúa así una larga tradición española de colaboración corporativa en la actividad tributaria, consagrándola como uno de los elementos básicos en el Derecho Tributario moderno.
Este principio, incorporado ya a la práctica española con todas sus consecuencias a partir de la Ley de mil novecientos cincuenta y siete, de la que ha resultado una feliz y positiva experiencia, debe figurar con el rango debido en una ordenación general y permanente del Derecho tributario.
El planteamiento liberal de la gestión tributaria como un proceso en el que se enfrentan y contraponen el contribuyente individualizado y la Administración, tiene que ser por fuerza superado para convertirse en un procedimiento de colaboración a un fin común, en el que aquél figure como miembro de su profesión con todos los derechos, deberes y responsabilidades consiguientes.
Con ello, nuestro procedimiento tributario no sólo se enriquece sustancialmente al inspirarse en un principio esencial de la doctrina política del Estado español, sino que perfila otras muchas finalidades en modo alguno secundarias, ya que entrañan la garantía de mayor justicia y equidad, conmutativas y distributivas en la aplicación del impuesto.
10) Procedimiento de gestión.
En los capítulos tercero y cuarto se contienen las reglas generales del procedimiento de gestión. Destaca en ellos lo relativo a la condición jurídica de la declaración tributaria y al ejercicio de derecho de consulta a la Administración.
Las normas sobre comprobación, investigación y prueba determinan el alcance objetivo de las dos primeras y los medios admisibles en cuanto a la última, en especial sobre la confesión y las presunciones.
11) Recaudación.
El capítulo quinto contiene los principios generales de la recaudación, como fase específica y autónoma en el procedimiento de gestión, y en especial las normas sobre el de apremio, confiando su desarrollo al Reglamento general para la recaudación.
12) Inspección de los tributos.
En el capítulo sexto del título tres se establecen los principios generales sobre actuación de los Inspectores de los tributos.
Sobre los requisitos de lugar, tiempo y forma que han de observarse en las actas que documenten los resultados finales de sus actuaciones, según la valoración jurídico tributaria de su contenido.
En el desarrollo de dichos principios pondera la Ley tanto la garantía jurídica de los sujetos pasivos como la eficaz defensa de los intereses de la Hacienda Pública.
13) Jurados tributarios.
Los Jurados tributarios se han institucionalizado en nuestra Patria y, además, han adquirido una extensión considerable, tanto en su competencia como en el volumen de sus intervenciones.
Las necesidades de estos órganos resultan patentes, tanto para los tributos de estimación objetiva de la base tributaria como para los de exacción por determinación directa. En uno y otro caso responden los Jurados al propósito de adecuar, con la mayor aproximación posible, las bases tributarias a la realidad de los hechos económicos.
Pero esa misma generalización reciente de sus actuaciones exigía en primer lugar, un deslinde rígido y preciso de los supuestos de intervención de los Jurados, dando siempre al sujeto pasivo audiencia y medios para impugnar los acuerdos administrativos de su competencia, incluso ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, y, en segundo lugar, una reglamentación jurídica del procedimiento de estos órganos sin restricción alguna en su fiscalización, tanto en vía económico-administrativa como en la jurisdicción contencioso-administrativa. Así lo hace la Ley con el rigor que merece la garantía jurídica del sujeto pasivo, aunque éste pueda ser, incluso, defraudador a la Hacienda Pública.
14) La revisión de actos en vía administrativa.
Concluye la Ley General con el capítulo octavo, dedicado a la revisión en vía administrativa. Junto a las normas reguladoras de las reclamaciones económico-administrativas se da cabida en el mismo a las relativas a la nulidad y revisión, a la devolución de ingresos indebidos, a la corrección de errores y, en especial, al recurso de reposición.
Cuenta la Ley con que la ordenación formal del Derecho tributario supondrá no sólo un notorio progreso en la propia configuración de los tributos, sino muy especialmente en las técnicas para su aplicación.
Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumento de la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta nacional.
Dos. La gestión tributaria corresponde privativamente al Ministro de Hacienda en cuanto no haya sido expresamente encomendada por la Ley a una Entidad pública.
Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción de legalidad, que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o anulación practicada de oficio o a virtud de los recursos pertinentes.
Uno. Los tributos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter se regirán:
a) Por la presente Ley en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario.
c) Por los Reglamentos generales dictados en desarrollo de esta Ley, en especial los de gestión, recaudación, inspección, jurados y procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas y por el propio de cada tributo; y
d) Por los Decretos, por las Órdenes acordadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y por las Órdenes del Ministro de Hacienda publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Las consecuencias que el incumplimiento de las obligaciones tributarias pueden significar respecto a la eficacia de los actos o negocios jurídicos.
j) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter permanente en ciertas ramas o clases de actividades o explotaciones económicas; y
Uno. Las delegaciones o autorizaciones legislativas que se refieran a las materias contenidas en el apartado a) del artículo diez de esta Ley precisarán inexcusablemente los principios y criterios que hayan de seguirse para la determinación de los elementos esenciales del respectivo tributo.
Uno. El Gobierno, con carácter general, y dentro de los límites o condiciones señalados en cada caso por la Ley, podrá aumentar o disminuir los tipos impositivos o suprimir incluso el gravamen:
a) La finalidad del beneficio tributario; y
Uno Adoptarán necesariamente la forma de Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda:
Uno. La facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria corresponden privativamente al Ministro de Hacienda quien la ejercerá mediante Orden publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Serán nulas de pleno derecho las resoluciones administrativas de carácter particular dictadas por los órganos de gestión que vulneren lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas emanen de órganos de igual o superior jerarquía.
Las normas tributarias entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo primero del Código Civil, y serán aplicadas durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en la respectiva Ley sin que precisen ser revalidadas por la Ley Presupuestaria o por cualquier otra.
a) El de residencia efectiva de las personas naturales cuando el gravamen sea de naturaleza personal,
b) El de territorialidad en los demás tributos, y, en especial, cuando tengan por objeto el producto, el patrimonio, las explotaciones económicas o el tráfico de bienes.
El ámbito de aplicación de las Leyes tributarias españolas, en cuanto se refieran a los actos realizados por extranjeros, a los rendimientos o utilidades por éstos percibidos o a los bienes y valores que les pertenezcan, podrá ser modificado por Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda:
a) Por requerirlo la aplicación de acuerdos internacionales celebrados por nuestro país o a los que España se haya adherido,
Sección segunda. Interpretación
Dos. Para evitar el fraude de Ley se entenderá, a los efectos del número anterior, que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el impuesto siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. Para declarar que existe fraude de Ley será necesario un expediente especial en que se aporte por la Administración la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado.
Tres. Cuando el hecho imponible se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones y las relaciones económicas que, efectivamente, existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las normas jurídicas que se utilicen.
c) Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gastos de la renta.
Dos. Participan de la naturaleza de los impuestos las denominadas exacciones parafiscales cuando se exijan en especial consideración a servicios o actos de la Administración que beneficien o afecten al sujeto pasivo.
El rendimiento de los tributos del Estado, se destinará a cubrir sus gastos generales, a menos que, a título excepcional y mediante una Ley, se establezca una afectación concreta.
Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la Ley resulte obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. El concepto se aplica especialmente a quienes se hallan obligados por la Ley a detraer, con ocasión de los pagos que realicen a otras personas, el gravamen tributario correspondiente, asumiendo la obligación de efectuar su ingreso en el Tesoro.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes tributarias en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición.
Uno. La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago de la deuda tributaria. Asimismo, queda obligado a formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo.
La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la Administración sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.
Sección segunda. Responsables del tributo
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que dolosamente sean causantes o de igual modo colaboren de manera directa y principal con el sujeto pasivo, en las infracciones tributarias calificadas de defraudación, aun cuando no le afectaren directamente las respectivas obligaciones.
Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo treinta y tres responderán subsidiariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.
Sección tercera. La capacidad de obrar en el orden tributario
En el orden tributario tendrán capacidad de obrar, además de las personas que la ostentan con arreglo a las normas de Derecho privado, la mujer casada y los menores de edad en las relaciones tributarias derivadas de aquellas actividades cuyo ejercicio les está permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia del marido o de persona que ejerza la patria potestad o la tutela, respectivamente.
Dos. Para interponer reclamaciones, desistir de ellas, en cualquiera de sus instancias y renunciar derechos en nombre de un sujeto pasivo deberá acreditarse la representación con poder bastante mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia ante el órgano administrativo competente. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.
Cuatro. En los supuestos de entidades, Asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes, que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente, y de no haberse designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad.
Sección cuarta. El domicilio fiscal
a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual, y
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que radiquen dicha gestión o dirección.
Dos. La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio tributario. A todos los efectos se estimará subsistente el último domicilio consignado por aquéllos en cualquier documento de naturaleza tributaria mientras no se dé conocimiento de otro a la Administración, o ésta no lo rectifique mediante la comprobación pertinente. Las discrepancias que se susciten en esta materia serán de la competencia del Jurado tributario.
Uno. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural, vendrán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.
Dos. Las personas jurídicas residentes en el extranjero, que desarrollen actividades en España, tendrán su domicilio fiscal en el lugar en que radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
Sección primera. La determinación de la base imponible
El régimen de estimación objetiva singular se utilizará para la determinación singular de las bases imponibles sirviéndose de las declaraciones o documentos presentados, o de los datos consignados en libre y registros comprobados administrativamente.
Uno. El régimen de estimación objetiva se utilizará para la determinación singular o global de las bases tributarias, sirviéndose de los signos, índice o módulos previstos en la Ley propia de cada tributo.
Dos. La Ley propia de cada tributo podrá establecer el carácter forzoso o voluntario de ese régimen, sin perjuicio, en el primer caso, de que la propia Ley se conceda a los contribuyentes, con carácter individual, el derecho a optar por el régimen de estimación directa.
Sección segunda. La comprobación de valores
Dos. El sujeto pasivo podrá, en todo caso, promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los demás procedimientos de comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior.
Sección tercera. La base liquidable
Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la imponible, las reducciones establecidas por la Ley propia de cada tributo.
Sección primera. El tipo de gravamen y la deuda tributaria
Deberá reducirse de oficio la deuda tributaria cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender, al menos, dicho exceso. Se exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por medio de efectos timbrados.
Uno. Cuando proceda deducir de la cuota de un tributo las devengadas o satisfechas por otro u otros de exacción previa, se deducirán en sus cuantías íntegras aunque éstas hayan sido objeto de exención o bonificación.
Dos. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo, cuando la exención se configure por el hecho de que las bases exentas estén gravadas por otro impuesto, o por la circunstancia de que constituyen rendimientos propios de una actividad regular o típica de personas o Entidades sujetas a los impuestos generales de carácter directo.
Uno. El pago en efectivo de la deuda tributaria habrá de realizarse en dinero de curso legal o por medio de giro, cheque, transferencia, talón de cuenta bancaria o de Cajas de Ahorro u otros documento mercantil en la forma que reglamentariamente se determine. La entrega de los expresados efectos sólo liberará al deudor cuando hubiesen sido realizados.
Dos. Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las condiciones de pago, incluso las especiales, éste podrá fraccionarse o aplazarse en los casos y en la forma que dicho Reglamento determine, en estos casos, las cuotas aplazadas devengarán interés de demora y deberán garantizarse debidamente mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente.
Tres. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias, unas procedentes de tributos de la Hacienda Pública y otras de tributos a favor de otras Entidades, tendrán preferencia para su cobro las primeras, salvo la prelación que corresponda con arreglo a los artículos setenta y uno, setenta y tres, y setenta y seis de esta Ley.
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, salvo en el Impuesto de Sucesiones en que el plazo será de diez años.
En el caso a), desde el día del devengo; en el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso c), desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones, y en el caso d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido.
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible. A estos efectos se entenderán como realizadas directamente con el sujeto pasivo las actuaciones de Juntas y Comisiones, en el procedimiento de estimación global, para los que estuvieran debidamente presentados.
Dos. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo sesenta y cuatro se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido, o por cualquier acto de Administración en que se reconozca su existencia.
Sección cuarta. Otras formas de extinción
Dos. La extinción total o parcial de las deudas tributarias que las Entidades estatales autónomas, instituciones oficiales y Corporaciones locales tengan con el Estado, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles.
Sección quinta. Las garantías
La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos setenta y tres y setenta y cuatro de esta Ley.
Uno. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad, sin perjuicio de lo que para la herencia aceptada a beneficio de inventario establece el Código Civil.
Dos. El que pretenda adquirir dicha titularidad, y previa la conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la explotación y actividades a que se refiere el apartado anterior. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en el plazo de dos meses, quedará aquél exento de la responsabilidad establecida en este artículo.
En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las Provincias y los Municipios tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente aunque éstos hayan inscrito sus derechos para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediato anterior.
Uno. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas o no, correspondiente a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes, con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial en el caso de bienes muebles no inscribibles.
La Hacienda Pública tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías que se presenten a despacho y exacción de los tributos que graven su tráfico o circulación, por el respectivo importe del crédito líquido, de no garantizarse de forma suficiente el pago del mismo.
Cuando se acuerde el fraccionamiento o aplazamiento en pago de la deuda tributaria conforme autoriza el artículo sesenta y uno de esta Ley el Estado, las Provincias y los Municipios podrán exigir que se constituya a su favor aval bancario, hipoteca o prenda sin desplazamiento u otra garantía suficiente.
Sección primera. Las infracciones
Uno. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones voluntarias y antijurídicas tipificadas en las leyes de naturaleza fiscal y en los reglamentos de cada tributo.
a) La presentación fuera de plazo de las declaraciones exigidas en aplicación del artículo treinta y cinco de esta ey, si no hubiere mediado requerimiento de la Administración;
b) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable y registral y el no proporcional los datos, informes, antecedentes y justificantes previstos en el apartado dos del artículo treinta y cinco de esta Ley;
g) Las previstas con el carácter de simples infracciones en las Leyes o Reglamentos generales de cada impuesto.
a) Las acciones u omisiones que tiendan a ocultar a la Administración total o parcialmente la realización del hecho imponible o el exacto valor de las bases liquidables mediante;
a) Que haya ofrecido resistencia negativa u obstrucción a la acción comprobadora o investigadora de la Administración tributaria.
b) Que se aprecie en él mala fe deducida de sus propios hechos con el propósito de entorpecer, aplazar o imposibilitar que la Administración llegue a conocer y poder determinar sus verdaderas deudas tributarias
c) Que su contabilidad o registros reglamentarios ofrezcan anomalías o irregularidades sustanciales en orden la exacción del tributo.
c) Las operaciones realizadas con articulos estancados o prohibidos incumpliendo las disposiciones legales o reglamentarias que las regulan.
Sección segunda. Las sanciones
a) Las simples, con multa de cien a quince mil pesetas por cada infracción, en la forma que reglamentariamente se señale, además de la que proceda con arreglo a las letras b) y c) siguientes;
a) A las Entidades estatales autónomas, Instituciones oficiales y Corporaciones locales cuando presten su conformidad al requerimiento de la Administración para regularizar su situación tributaria.
Sección tercera. La condonación de sanciones
Uno. En las infracciones tributarias simples las multas serán objeto de condonación automática en un cincuenta por ciento cuando el sancionado sin previo requerimiento de la Administración cumpla sus obligaciones aunque lo hiciera fuera de plazo.
Uno. La condonación graciable se concederá discrecionalmente por el Ministro de Hacienda que la ejecutará directamente o por delegación. Será necesaria la previa solicitud de los sujetos pasivos o responsables que no sean reincidentes y que renuncien expresamente al ejercicio de toda acción de impugnación correspondiente al acto administrativo.
Artículo noventa dos.
Por regla general, la competencia en la gestión tributaria se entenderá atribuida en el orden territorial al órgano provincial, de no tenerla expresamente asignada el órgano central o el inferior.
Uno. La actuación de los particulares ante órganos incompetentes producirá efecto.
Dos. No obstante, si el órgano administrativo se estimara incompetente, deberá adoptar una de las decisiones siguientes:
a) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente; y
Uno. Para el cumplimiento de las funciones anteriormente mencionadas, la Ley de cada tributo podrá regular la actuación de dichos grupos y la constitución y competencia específica de Juntas y Comisiones de composición mixta de funcionarios y contribuyentes.
Dos. Estas Juntas y Comisiones tendrán el carácter de órganos de la Administración financiera y se someterán al régimen orgánico establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto dicho régimen no resulte alterado por los preceptos de esta Ley o la reglamentación propia de cada tributo.
Uno. Dentro de cada grupo de contribuyentes o Colegio profesional, la designación de sus representantes será realizada por la respectiva Asamblea o Junta de Gobierno, en la forma, por el plazo y con las garantías que reglamentariamente se determinen.
c) Cumplir su cometido con la máxima lealtad hacia la Administración y hacia sus propios grupos o Colegios; y
Uno. Las Juntas o Comisiones adoptarán sus acuerdos cuando coincidan en sus apreciaciones los representantes de los grupos o Colegios y los Vocales funcionarios en votaciones separadas, en las que se preste su conformidad la mayoría reglamentaria de los asistentes de cada clase.
Sección primera. Iniciación y trámites
c) Por denuncia pública.
Uno. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente ante la Administración tributaria que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en que sea admisible la declaración verbal.
La Administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuere necesario para la liquidación del tributo y su comprobación.
Uno. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites.
Uno. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
Dos. La estimación de la queja dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación del expediente disciplinario contra el funcionario responsable.
Tres. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el sujeto pasivo que tras haber formulado su consulta hubiere cumplido las obligaciones tributarias de acuerdo con la contestación del órgano competente no incurrirá en responsabilidad siempre que la consulta reúna los siguientes requisitos: a) que comprenda todos los antecedentes y circunstancias necesarios para la formación del juicio de la Administración; b) que aquéllos no se hubieran alterado posteriormente, y c) que se hubiera formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración.
Sección segunda. Comprobación e investigación
Dos. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las declaraciones tributarias, y podrá comprender la estimación de las bases imponibles, utilizando los medios a que se refiere el artículo cincuenta y dos de esta Ley.
La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, del sujeto pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que hayan de facilitarse a la Administración o que sean necesarios para la determinación del tributo.
Uno. Toda persona natural o jurídica, privada o pública, por simple deber de colaboración con la Administración, estará obligada, a requerimiento de ésta, a proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, y deducidos de sus relaciones económicas con otras personas.
Dos. Quedan excluidos del deber de colaboración:
c) Las personas o Entidades, en cuanto a los actos u operaciones que por Ley estén exceptuadas de investigación tributarias.
Uno. Los Jefes o encargados de oficinas civiles o militares del Estado, Provincia y Municipio; Entidades estatales autónomas y Organismos sindicales, Cámaras y Corporaciones, Colegios y Asociaciones profesionales; las Mutualidades, Montepíos y Entidades de carácter público y quienes ejerzan función pública, quedan obligados a participar en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones documentales o pecuniarias establecidas por vía reglamentaria o por la Ley, en el supuesto previsto en el artículo diez, letra k).
Sección tercera. La prueba
Dos. Esta obligación se entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de pruebas se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que se establece en los artículos siguientes.
c) Las que no hayan sido comprobadas, dentro del plazo que se señale en la Ley de cada tributo, sin perjuicio de la prescripción.
Cuatro. Podrá disponerse por vía reglamentaria en qué supuestos no sea preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
Dos. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo, en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia.
Previa exhibición del documento acreditativo del crédito tributario o, en su caso, de la relación de deudores debidamente providenciados de apremio, los Jueces de paz, comarcales o municipales, según sea el que exista en cada localidad, autorizarán dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrada del Recaudador en el domicilio de los deudores responsables.
El embargo se efectuará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria definida en el artículo cincuenta y ocho de esta Ley más los recargos y costas que con posterioridad al primitivo acto administrativo se hayan causado o se causen, debiendo guardarse en aquél el orden establecido en el artículo mil cuatrocientos cuarenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Estado, las Provincias y los Municipios tendrán derecho a que se practique anotación preventiva de embargo de bienes en el Registro correspondientes, conforme a mandamiento expedido por ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto en el artículo cuarenta y cuatro de la Ley Hipotecaria.
El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación de bienes a la Hacienda Pública cuando cumplan los siguientes requisitos:
Uno. El procedimiento de apremio no se suspenderá cualquiera que sea la impugnación formulada, si no se realiza el pago de la deuda tributaria, se garantiza con aval bancario suficiente o se consigna su importe conforme a lo establecido en el artículo sesenta y tres de esta Ley.
Dos. No obstante, cuando se produzca reclamación por tercería de dominio u otra acción de carácter civil se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes o derechos controvertidos, una vez que se hayan llevado a efecto su embargo y anotación preventiva, en su caso, en el Registro público correspondiente.
Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición.
b) La integración definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa, y a través de las actuaciones inspectoras y de los estudios generales de actividades o profesiones en los supuestos de estimación objetiva o por Jurados.
c) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos.
Uno. Los Inspectores de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocios y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones prevenidas en el artículo ciento nueve de esta Ley.
Dos. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio, o la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo, se opusieren a la entrada de los Inspectores, no podrán llevar a cabo éstos su reconocimiento sin la previa autorización escrita del Delegado o Subdelegado de Hacienda; cuando se refiera al domicilio particular de cualquier español o extranjero, será preciso la obtención del oportuno mandamiento judicial.
d) En las oficinas públicas a que se refiere el apartado dos del artículo ciento cuarenta y cinco, si mediare conformidad del contribuyente y a los elementos sobre que hayan de realizarse pudieran ser examinados en dicho lugar.
Uno. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o, suscribiéndola, no preste su conformidad a las circunstancias en ella consignadas, dicho documento determinará la incoación del oportuno expediente administrativo.
Dos. No será preciso que el sujeto pasivo o su representante autoricen la correspondiente acta de inspección de los tributos cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, si bien, en este caso deberá notificarse a aquél o a su representante la iniciación de las correspondientes actuaciones administrativas, otorgándole un plazo de quince días para que pueda alegar posibles errores e inexactitudes acerca de dicha prueba preconstituida.
Sección primera. Naturaleza y competencia
Uno. Los Jurados tributarios son órganos que tienen por misión general resolver con carácter subsidiario, en los casos en que se determine por Ley las controversias que sobre cuestiones de hecho puedan plantearse entre la Administración y los contribuyentes con ocasión de la aplicación de los tributos.
Dos. Son funciones especiales de los Jurados, dentro del régimen de estimación objetiva de las bases tributarias:
a) Determinar las bases tributarias, o las cuotas, en su caso, cuando las Juntas constituidas a estos efectos no lleguen a un acuerdo, no exista unanimidad entre los funcionarios que las constituyan o alguno de sus miembros recurra contra el acuerdo adoptado.
b) Resolver los recursos interpuestos por aplicación indebida de las reglas de distribución y los de agravio comparativo; y
Uno. Los Jurados tributarios se constituirán, guardando entre los Vocales la debida paridad, entre funcionarios de la Administración tributaria y representantes de las Entidades sindicales, Asociaciones profesionales, Cámaras y demás instituciones oficiales reconocidas, que aseguren la pericia de aquéllos en las cuestiones sometidas a su juicio.
Sección segunda. Procedimiento de los Jurados
Dos. La declaración de competencia deberá ser solicitada por la Administración o por los contribuyentes interesados. En todo caso, antes de dictarse la declaración de competencia se dará traslado de la petición a los contribuyentes o a la correspondiente oficina, según los casos, para que aleguen cuanto crean oportuno sobre la procedencia o improcedencia de la declaración.
Dos. Los Jurados podrán acordar la práctica de las informaciones, comprobaciones y pruebas que estimen pertinentes para el esclarecimiento y determinación de los hechos sometidos a su juicio. Para la realización de estas actuaciones los Jurados gozarán de las mismas prerrogativas y poderes que esta Ley concede a la Inspección de los Tributos.
Sección tercera. Los acuerdos de los Jurados
Tres. Los Jurados mantendrán reservado el fundamento de sus acuerdos o de los votos que con este carácter se emitan, que únicamente podrá ser conocido por el Jurado Central cuando lo soliciten de los Jurados territoriales.
Cinco. Cuando los acuerdos sean firmes se remitirán los expedientes originales a las oficinas gestoras.
Dos. Los acuerdos de los Jurados territoriales en única instancia y los del Central, dictados sobre las cuestiones de hecho propias de su competencia, no serán susceptibles de recurso alguno, ni siquiera el contencioso administrativo, salvo las excepciones que en el apartado siguiente se indican.
Tres. Podrán recurrirse en vía económico-administrativa los siguientes acuerdos de los Jurados:
Sección primera. Procedimientos especiales de revisión
a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes.
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
a) Por acuerdo del Órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico; y
Tres. En el procedimiento serán oídos aquéllos a cuyo favor reconoció derechos el acto.
Serán revisables por resolución del Ministro de Hacienda y, en caso de delegación, del Director general del Ramo, en tanto no haya prescrito la acción administrativa, los actos dictados en vía de gestión tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:
a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se estime que infringen manifiestamente la Ley; y
Uno. Los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causahabientes, tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias.
Dos. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que debe seguirse, según los distintos casos de ingresos indebidos, para el reconocimiento del derecho a la devolución y la forma de su realización, que podrá hacerse, según preceptúa el artículo sesenta y ocho de esta Ley mediante compensación.
La Administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.
No serán, en ningún caso, revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme.
Artículo ciento cincuenta y nueve.
Sección segunda. Recurso de reposición
Tres. Se entenderá tácitamente desestimada a efectos de ulterior recurso, cuando en el plazo que reglamentariamente se establezca no se haya practicado notificación expresa de la resolución recaída.
Sección tercera. Reclamaciones económico-administrativas
a) Reclamaciones económico-administrativas en una o en dos instancias; y
e) Los que con carácter previo reconozcan o denieguen regímenes de exención o bonificación tributarias.
f ) Los que establezcan el régimen tributario aplicable a un sujeto pasivo, en cuanto sea determinante de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.
h) Los que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de deudas tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.
i) Los que reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación, sean definitivos o de trámite, y siempre que en este último caso decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, que pongan término a la vía de gestión o impidan su continuación; y
Podrán impugnar en vía económico-administrativa dentro de los plazos que reglamentariamente se establecen los actos de gestión tributaria:
a) Los sujetos pasivos y responsables, en su caso.
b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión.
d) Los Directores generales del Ministerio de Hacienda a quienes corresponda la materia respectiva sobre la que verse la reclamación, mediante la interposición de los recursos de alzada ordinarios o extraordinarios.
b) Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como agentes mandatarios de ella.
c) Los denunciantes, salvo en lo concerniente a la participación a que se refiere el artículo ciento tres, apartado dos, de esta Ley y
Artículo ciento sesenta y ocho.
Artículo ciento sesenta y nueve.
Las reclamaciones tributarias atribuyen al órgano competente, para decidirlas en cualquier instancia, la revisión de todas las cuestiones que ofrezca el expediente de gestión y el de reclamación ante el órgano inferior, hayan sido o no planteadas por los interesados, a quienes se les expondrá para que puedan formular alegaciones.
Artículo ciento setenta.
Uno. Cuando interpuesta una reclamación se produzcan nuevos actos administrativos idénticos al impugnado en cuanto a la norma aplicable, podrá pedir el interesado su acumulación ante el tribunal que esté conociendo de la reclamación, cualquiera que sea la instancia o el trámite en que se encuentre.
Dos. El Tribunal tramitará el incidente y acordará sobre la procedencia de la acumulación sin que contra su decisión quepa recurso alguno.
Artículo ciento setenta y uno.
b) En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar del descubrimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial.
Todas las exacciones y recargos que tengan la misma base imponible o recaigan sobre las cuotas de un mismo tributo o se exijan por razón de su aplicación, podrán ser refundidos en un tipo único a efectos de su liquidación y recaudados en documento único, o bien suprimidos, sin perjuicio de las participaciones que en el producto correspondan a las entidades a cuyo favor se hallen establecidos. Acordada la refundición a que hace referencia el párrafo anterior, no se percibirá cantidad alguna en concepto de gastos de administración y cobranza, y será aplicable a la distribución de las participaciones el régimen de entregas a cuenta.
La presente Ley entrará en vigor el día uno de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, y, a partir de la expresada fecha sus preceptos serán aplicables a todos los tributos. Por excepción, la norma contenida en la letra b) del artículo sesenta y cuatro entrará en vigor el día uno de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.
Por el Ministro de Hacienda, en el plazo de dos años y previo dictamen del Consejo de Estado, se propondrán al Gobierno los proyectos de Decreto en los que se refundan las disposiciones vigentes para cada tributo. Dicha refundición acomodará las normas legales tributarias a los principios, conceptos y sistemática que se contienen en la Ley General Tributaria y procurará regularizar, aclarar y armonizar las leyes tributarias vigentes que quedarán derogadas al entrar en vigor los textos refundidos.
Hasta la entrada en vigor de los textos refundidos a que se refiere la disposición transitoria primera tendrán plena eficacia las disposiciones que, sin rango de Ley, regulan los supuestos para los que esta Ley General Tributaria exige normas del expresado rango. Hasta la entrada en vigor de los antedichos textos, las presunciones establecidas con anterioridad a esta Ley General Tributaria tendrán el carácter que les corresponda, no obstante lo dispuesto en el apartado uno del artículo ciento dieciocho de esta Ley.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo quince de esta Ley el Gobierno propondrá a las Cortes, antes del uno de enero de mil novecientos sesenta y seis, la prórroga de las exenciones o bonificaciones que no tengan limitada su vigencia a un plazo determinado, sin perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad a la presente Ley.
Dado en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
Fecha de entrada en vigor: 01/03/1964
Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 1 de marzo de 1964.
Fecha de derogación: 01/07/2004
SE DECLARA en la CUESTIÓN 6567/2000, inconstitucional y nulo el párrafo 2 del art. 61.2, por Sentencia 39/2011, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2011-7628).
SE DEROGA, por Ley 58/2003, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23186).
los arts. 71, 72 y 129, por Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
los arts. 113.1 y 112, por Ley 19/2003, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2003-13471).
el art. 113.1, por Ley 12/2003, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10289).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 105.3 y 8, regulando los registros y las notificaciones telemáticas: Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero (Ref. BOE-A-2003-4151).
los arts. 35, 81 y 142, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25412).
los arts. 43, 105, 123 y 130, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).
en las Cuestiones 4313, 5136 del 1997 y 1155, 1160, 1161, 1177, 1269, 2207, 2737, 2738 del 1998, la extinción por desaparición sobrevenida de su objeto en relación con el art. 61.2, en la redacción dada por la disposición adicional 14.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, por Auto de 8 de mayo de 2001 (Ref. BOE-A-2001-9770).
en las Cuestiones 3915, 3916, 3917, 3919, 3928, 3929, 4289, 4290, 4291, 4310 y 4311 de 1997, la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto en relación con el art.61.2, en la redacción dada por la disposición adicional 14.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, por Auto de 24 de abril de 2001 (Ref. BOE-A-2001-8964).
los arts. 43, 66 y 96, por Ley 14/2000, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-24357).
el art. 107.4, por Ley 6/2000, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-22616).
SE DECLARA en las CUESTIONES acumuladas 662, 1740, 1757 y 1758/1997 (Refs. 1997/08748, 1997/16970, 1997/16971 y 1997/16972), la inconstitucionalidad del inciso indicado del art. 61.2, por Sentencia 276/2000, de 16 de noviembre (Ref. BOE-T-2000-22615).
SE AÑADE el art. 107.4.g), por Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2000-11833).
en la Cuesitón 2233/1998, la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto en relación con lo indicado del art. 113 en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, por Auto de 18 de enero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-2098).
en las Cuestiones 2852/96, 4414/96, 1853/97 y 2955/97, la extinción por desaparición sobrevenida de su objeto en relación con lo indicado del art. 113, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, por Auto de 18 de enero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-2097).
el art. 107.4, por Ley 55/1999, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-24786).
el art. 112.4, por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-23750).
los arts. 107 y 128, por Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30155).
el art. 113 , por Ley 40/1998, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-28472).
el art. 26.1.A), por Ley 25/1998 de 13 de julio (Ref. BOE-A-1998-16714).
los arts. 3, 64, 155.1 y 81, por Ley 1/1998, de 26 de febrero (Ref. BOE-A-1998-4618).
los arts. 105, 113, 124, 126, 128 y 140, por Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-28053).
el art. 113.1.c), por Ley 42/1997, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-24432).
los arts. 79.e), 88.2 y 113.1, por Ley 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29117).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 96, creando el Consejo para la defensa del contribuyente, por la Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-28534).
la desestimación de la Cuestión 1724/1989 (Ref. 1989/22921), y que los arts. 137.d) y 124.3 no son inconstitucionales, interpretado este último según el F.J. 4, por Sentencia 73/1996, de 30 de abril (Ref. BOE-T-1996-12334).
la desestimación en relación con el art. 61.2, por Sentencia 198/1995, de 21 de diciembre (Ref. BOE-T-1996-1495).
3675/1995 promovida por supuesta inconstitucionalidad de (Ref. BOE-A-1995-27256).
3674/1995 promovida por supuesta inconstitucionalidad de (Ref. BOE-A-1995-27255).
SE DECLARA en las CUESTIONES 947/1991, 1286/1991, 1890/1991, 610/1992, 1626/1992 y 1123/1994 (REFS. 91/19090, 91/19091, 91/25684, 92/07007), 92/18495 y 94/09738), la desestimación en relación con el art. 61.2, por Sentencia 164/1995, de 13 de noviembre (Ref. BOE-T-1995-26893).
SE MODIFICA, por Ley 25/1995, de 20 de julio (Ref. BOE-A-1995-17682).
en las CUESTIONES ACUMULADAS 2664 y 2871/1992 (Refs.1992/26985 y 1992/27827), inconstitucionales y nulos el último inciso del art. 111.3 y el art. 128.5.1, por Sentencia 195/1994, de 28 de junio (Ref. BOE-T-1994-17501).
en la CUESTION 625/1988 (Ref. 1988/11251) la inconstitucionalidad y nulidad del art. 130, por Sentencia 76/1992, de 14 de mayo (Ref. BOE-T-1992-13854).
los arts. 111.3 y 128, y añade el 37.5, por Ley 31/1991, de 31 de diciembre (Ref. BOE-A-1991-30903).
los arts 47 y 61.2 por Ley 18/1991, de 6 de junio (Ref. BOE-A-1991-14391).
SE DESARROLLA el capítulo V de los títulos II y III, por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1991-60).
SE MODIFICA el art. 52 , por Ley 31/1990, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-31180).
SE DESARROLLA art. 155, por Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (Ref. BOE-A-1990-23610).
SE DECLARA en el recurso 695/1985 (Ref. 1985/16873) y en las CUESTIONES 889 y 1960/1988 (Refs. 1988/14484 y 1988/29076), la constitucionalidad de los arts. 86, 82.h) y 145.3, interpretados según los f.j 5.a), 7.a) y 8.b) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, por Sentencia 76/1990, de 26 de abril (Ref. BOE-T-1990-12127).
el art. 26.1.A), por Ley 8/1989, de 13 de abril (Ref. BOE-A-1989-8508).
el art. 131, por Ley 37/1988, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1988-29563).
el art. 85 , por Ley 26/1988, de 29 de julio (Ref. BOE-A-1988-18845).
los arts. 83, 87.3, 111.1, 128, 130 y 131, por la Ley 33/1987, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1987-28404).
los arts. 101 y 103, por Ley 21/1986, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1986-33382).
el art. 61.2, por la Ley 46/1985, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-26831).
por Ley 10/1985, de 26 de abril (Ref. BOE-A-1985-7170).
el art. 58,2,B, por Ley 24/1984, de 29 de junio (Ref. BOE-A-1984-14938).
SE DECLARA expresamente de aplicación, por Ley 1/1982, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-1982-4754).
SE INTERPRETA el art. 107, por Resolución de 7 de enero de 1980 (Ref. BOE-A-1980-3788).
SE DESARROLLA el art. 24, por Real Decreto 1919/1979, de 29 de junio (Ref. BOE-A-1979-19343).
el art. 107, por Decreto-ley 13/1975, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-1975-23577).
los arts. 40 y 83, por Ley 60/1969, de 30 de junio (Ref. BOE-A-1969-798).
SE INTERPRETA el art. 15, por Orden de 29 de marzo de 1969 (Ref. BOE-A-1969-396).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición transitoria primera: Decreto 3358/1967, de 23 de febrero (Ref. BOE-A-1968-349).
SE INTERPRETA el art. 78 a) y f), por Orden de 7 de junio de 1966 (Ref. BOE-A-1966-9365).
SE DESARROLLA el art. 83.1, por Orden de 7 de junio de 1966 (Ref. BOE-A-1966-9365).
SE PRORROGA hasta el 31 de diciembre de 1966, el plazo establecido en la disposición transitoria 1, por Decreto-ley 16/1965, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1965-21408).
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre organización de los Jurados Tributarios: Decreto 1881/1964, de 25 de junio (Ref. BOE-A-1964-11284).

References: Real Decreto 
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