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Timestamp: 2019-08-20 11:36:21+00:00

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Pautas para comprender la gestión intercultural de la justicia plural en tiempos del Estado plurinacional | Auditoria Social a los Sistemas de Justicia
Pautas para comprender la gestión intercultural de la justicia plural en tiempos del Estado plurinacional
En Bolivia, el nuevo diseño constitucional debe fortalecer el núcleo común del Sistema de Justicia, conformado por los principios y valores compartidos por el conjunto de las jurisdicciones del Sistema de Justicia vinculados a los derechos fundamentales establecidos en la CPE y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. A ese efecto, corresponde recorrer el conjunto de sus elementos constitutivos.
Los derechos de los pueblo indígenas como fundamento del Pluralismo Jurídico
Comprendiendo que los pueblo indígenas no sólo son portadores de cultura, sino –y esencialmente- portadores de derechos, un recorrido por la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario muestra que la agenda indígena y los derechos de los Pueblo indígenas contenidos en los instrumentos internacionales han sido recogidos por el constituyente y expresados plenamente en toda la amplitud de la Carta de Derechos. Entonces, en Bolivia la lucha de los pueblos indígenas no pasa por la incorporación de sus derechos en el marco constitucional, sino por su realización normativa, institucional, política, económica, social y cultural.
Por las razones precedentemente expuestas, en el caso de la justicia en Bolivia -en un contexto de transición constitucional- su principal desafío es constituir/instituir, desarrollar/consolidar, materializar/sostener un pacto social que configure nuevas relaciones de poder, abriendo espacios de mayor participación política para que los colectivos indígenas tengan la posibilidad de participar en el ejercicio real de la gestión pública en la justicia, incorporando sus instituciones propias, sus estructuras de autogobierno, y el conjunto de sus prácticas políticas, jurídicas, económicas, espirituales y culturales a partir de su gestión territorial y sus autonomías indígenas, y de sus prácticas de pluralismo jurídico, económico y cultural en los cuales tengan la posibilidad de hacer efectivo su derecho al desarrollo y de expresar e incorporar sus visiones de desarrollo en la gestión estatal, en el conjunto de sus órganos y de sus niveles de gobierno sub-nacional autónomos.
A esta altura, se hace evidente que el marco normativo e institucional vigente es insuficiente para implementar el diseño constitucional de justicia si no se realiza el imprescindible diálogo de conocimientos entre los decisores y operadores públicos y el conjunto de los autogobiernos indígenas, para hacer posible la construcción concertada de la nueva institucionalidad del sistema de justicia plural para que contribuya a la generación de acciones de igualación política y social, y que –en paralelo- devuelva la confianza a la gente respecto a un sistema de justicia desacreditado.
En una línea de consecuencia con la Carta Universal de Derechos y a los efectos del cumplimiento del imperativo constitucional, para que operen los procesos de coordinación y cooperación en el sistema de justicia será necesario develar el conjunto de sistemas de justicia, inherentes a cada una de las naciones originarias en tierras altas y de los pueblo indígenas en tierras bajas, entendiendo que la creación de derecho y la gestión del sistema de justicia de los pueblo indígenas es inseparable de su cosmovisión, de su gestión territorial y de su cotidianeidad.
En ese contexto, deberá entenderse todo sistema de justicia indígena como resultado del ejercicio de su libre determinación y expresión de su autogobierno, cuyas autoridades no solo toman decisiones políticas, sino que –además- tienen la facultad constitucional de impartir justicia a nombre del Estado Plurinacional Comunitario y que por ello, ninguna de sus decisiones de justicia puede ser modificada por sus pares de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especial, y que sólo queda abierta la vía de la jurisdicción constitucional.
En la perspectiva de realizar los derechos de los Pueblo indígenas (y de sus miembros), contenidos en la Carta Universal de Derechos, la transición constitucional de la justicia plural debe hacer efectiva la igualdad jerárquica de las jurisdicciones, la función judicial única y el imperativo constitucional de coordinación y cooperación en el sistema de justicia, desarrollando instrumentos que hagan posible la gestión intercultural de la justicia plural.
Nada más distante de cuanto hasta hoy hicieron los Órganos del Estado Plurinacional Comunitario en el marco de una transición normativa e institucional que tiende a restringir derechos de los Autogobiernos Indígenas[1].
El pluralismo jurídico igualitario, expresado en la igualdad jerárquica de las jurisdicciones.
Esta igualdad de jerarquía está determinada por el artículo 179 constitucional, por lo que toda decisión de justicia asumida en una jurisdicción se mantiene firme y es válida si ha respetado el marco de derechos humanos establecido por el bloque de constitucionalidad y el debido proceso.
Ninguna decisión de justicia de la jurisdicción indígena originaria campesina puede ser modificada por otra decisión de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especial. Y viceversa, ninguna decisión de justicia ordinaria, agroambiental o especial puede ser modificada por la jurisdicción ordinaria.
En caso que una causa o asunto sea sometido a una jurisdicción y ésta haya prevenido competencia o asumido decisión, cualquier otra jurisdicción no puede conocer el mismo asunto bajo el principio que no puede darse un doble juzgamiento (non bis in ibídem). Si se diese el caso, queda abierta la posibilidad de plantear el conflicto de competencias ante la jurisdicción constitucional.
Toda decisión de justicia asumida en una jurisdicción se mantiene firme y es válida, hasta que alguna de las partes en el proceso no la impugne, demandando y demostrando, vulneración de derechos ante la jurisdicción constitucional y hasta que ésta-en su decisión constitucional- no se pronuncie favorablemente a la parte y mande reparar los derechos vulnerados.
La función judicial única entendida como voluntad del Estado Plurinacional Comunitaria
A partir del diseño constitucional vigente, se reconoce como decisiones de justicia las que provienen del conjunto de las matrices civilizatorias expresadas en las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, especial e indígena originaria campesina.
En un nuevo contexto de pluralismo jurídico igualitario y no subordinado, se entenderá por sede judicial, no sólo la sede de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especial. También es sede judicial la indígena originaria campesina.
Consiguientemente, todo asunto que sea sometido a una autoridad jurisdiccional: juez, tribunal o Autoridad Indígena Originaria Campesina, será conocido y resuelto en sede judicial.
Asimismo, el concepto de función judicial única supone realizar la igualdad jerárquica de las autoridades que imparten justicia en el conjunto de las jurisdicciones. A partir del nuevo diseño constitucional, las relaciones entre jueces y autoridades indígenas, originarias y campesinas que imparten justicia, son relaciones de iguales (los pares de la justicia), por lo que los términos de coordinación y cooperación en justicia se deben dar en términos de igualdad, no de subordinación.
Bajo el nuevo diseño constitucional, autoridades de la jurisdicción ordinaria y autoridades indígenas, originarias y campesinas de justicia podrán actuar de manera conjunta en la resolución y transformación de los conflictos en sede judicial.
La función judicial única abre la posibilidad de realizar acciones de Conciliación Interjurisdiccional, en la que dos o más jurisdicciones puedan actuar conjuntamente para lograr que las partes se aproximen y resuelvan sus diferencias por la vía conciliatoria. Todo cuanto se acuerde por la vía conciliatoria será cosa juzgada para el conjunto de las jurisdicciones. Si no se pudiese alcanzar un acuerdo conciliatorio, queda abierta la posibilidad de seguir una acción ante la jurisdicción competente, en ese caso, toda opinión realizada en la conciliación no será considerada prejuzgamiento.
En estos términos, los actos de investigación que realice la policía -bajo la dirección del Ministerio Público-, no necesariamente concluirán en imputación penal ante la jurisdicción ordinaria. Si se establece en la investigación que la causa corresponde a la jurisdicción indígena originaria campesina, la Fiscalía deberá entregar lo obrados a conocimiento y decisión de estas autoridades jurisdiccionales.
Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina que requieran de auxilio en procesos de investigación sometidos a su conocimiento y que no tengan los medios para hacerlo, podrán solicitar el auxilio de la Policía y del Ministerio Público, sin que este hecho suponga una declinatoria de competencia a favor de la jurisdicción ordinaria, dado que el Ministerio Público –ni la policía-son autoridades jurisdiccionales y por eso no imparten justicia a nombre del Estado Plurinacional Comunitario.
Un marco de derechos que debe ser realizado desde el bloque de constitucionalidad, en toda la expresión y extensión de la Carta Universal de Derechos
Uno de los temas más relevantes del proceso constituyente boliviano y de su resultante texto constitucional, es la acogida de los instrumentos internacionales en derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad, no solamente en relación con los contenidos del artículo 410 constitucional, sino –y fundamentalmente- cumpliendo el mandato de los artículos 13 IV y 256 de la CPE vigente, es decir, haciendo efectiva la Carta Universal de Derechos configurada por la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y otros Instrumentos Internacionales, que desde la vigencia del nuevo texto constitucional, conforman el bloque de constitucionalidad.
Este nuevo marco de derechos, supone otras formas de relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil, y por esto mismo, un conjunto de desafíos que deben enfrentar los órganos públicos para su realización. A ese efecto será importante considerar como referente aquello que se ha establecido como Reglas de Aplicación de Normas en el contexto del artículo 15 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.
En el caso concreto de quienes imparten justicia a nombre del Estado Plurinacional: jueces y tribunales ordinarios, agroambientales y especiales, y autoridades indígenas, originarias y campesinas, es menester recordar de manera insistente, que en el tratamiento y la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, tienen el deber de integrar el marco constitucional y normativo interno a los instrumentos internacionales en derechos humanos.
Consiguientemente, no será suficiente hacia adelante el control de constitucionalidad, sino un efectivo control de convencionalidad con lo que este hecho supone: incorporar en el razonamiento, fundamentación y sustentación de los fallos judiciales (ordinarios e indígenas) la Carta de Derechos, sin omitir la revisión, análisis y remisión de sus fallos a la jurisprudencia contenida en las sentencias de la CIDH, del Tribunal Constitucional Plurinacional y de Tribunales y Cortes Constitucionales de la Región.
Cumpliendo los mandatos y compromisos del constituyente, contenidos en el contexto y texto constitucional, como parte de la transición normativa e institucional que hacen y explican la construcción del Estado Plurinacional Comunitario, el Sistema de Justicia tiene como desafío instalar y sostener la articulación, coordinación y cooperación intra e inter jurisdiccional – a través de procesos de diálogo intra e intercultural- del conjunto de sus órganos, instancias y jurisdicciones que resulten en el desarrollo e implementación de la gestión intercultural de la justicia plural.
A ese efecto, se deben crear, desarrollar y promover: 1. espacios de coordinación y cooperación intra jurisdiccional para fortalecer el relacionamiento al interior de cada una de las jurisdicciones señaladas por la CPE; 2. los espacios e instancias de coordinación y cooperación interjurisdiccional (entre las jurisdicciones constitucional, ordinaria, especial e indígena originario campesina), para hacer posible el diseño e implementación operativa de la justicia plural en términos de gestión intercultural de la justicia plural; 3. instrumentos para la coordinación y cooperación en el sistema de justicia: acuerdos, circulares e instructivos que hagan efectivo el imperativo constitucional de la función judicial única. Protocolos de actuación que determinen cómo van a actuar las jurisdicciones y cuál será su rol.
El sistema de justicia debe cumplir el imperativo constitucional de desarrollar procesos de coordinación y cooperación para que se realicen la función judicial única y la igualdad de jerarquía de las jurisdicciones señaladas por la CPE, porque a pesar de su distinto origen y de las diferentes lógicas jurídicas que las sustentan, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina ya no tienen la posibilidad de seguir rutas diferentes ni caminos independientes, si quieren lograr el objetivo común de alcanzar la justicia, restituir la paz social y lograr la convivencia pacífica de los bolivianos y bolivianas.
El sometimiento de la gestión judicial al control de la jurisdicción constitucional
El conjunto de las decisiones de justicia deben someterse a control de la jurisdicción constitucional, no solamente de las decisiones de juzgados y tribunales ordinarios, sino de las instancias jurisdiccionales de los sistemas de justicia indígena, originaria y campesina.
Si el conjunto de las autoridades jurisdiccionales imparten justicia a nombre del Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia, las decisiones de justicia de las autoridades indígenas, originarias y campesinas son decisiones del Estado Plurinacional Comunitario. Consiguientemente, el Autogobierno Indígena podría vulnerar derechos cuando haga, diga y decida justicia.
Esta es una de las consecuencia más importantes del nuevo diseño constitucional de justicia: el sometimiento del conjunto de las autoridades y decisiones de justicia indígena, originaria y campesina a la jurisdicción constitucional: interna e internacional.
Con el anterior diseño constitucional, las decisiones de la justicia indígena se consideraban como medio alternativo de resolución de conflictos. El diseño constitucional no las reconocía como decisiones de autoridad jurisdiccional. Consiguientemente, al no ser decisiones del Estado boliviano, no podían ser consideradas como vulneratorias de derechos.
Con el actual diseño constitucional de justicia el autogobierno indígena imparte justicia a nombre del Estado Plurinacional Comunitario. Sus actos de justicia, abandona la esfera de la sociedad civil y se consideran actos públicos: actos de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Como consecuencia inmediata, pueden ser demandados y sometidos a la jurisdicción constitucional[2].
El debido proceso en la jurisdicción indígena originaria campesina obliga al respeto y cumplimiento de su derecho propio, de su sistema de justicia: principios y valores, autoridades, normas, procedimientos, decisiones y sanciones, en un marco de vigencia y respeto a la Carta de Derechos.
En el caso que miembros de pueblo indígenas y naciones originarias sean sometidos a la jurisdicción ordinaria, debe respetarse todo el marco de derechos vigente. No solamente dotar de un traductor, sino abrir todos los canales de coordinación y coordinación interjurisdiccional, para que las autoridades naturales del denunciado, imputado o acusado puedan acompañarlo y actuar en todas las fases del proceso y para que se garantice el resguardo de sus derechos en términos de respeto a su matriz cultural. Entonces, no será suficiente proporcionarle traductor para que se exprese en su propio idioma, sino la posibilidad de contar con peritaje antropológico jurídico que aproxime las decisiones de justicia a su matriz cultural. En justicia penal, abrir la posibilidad de medidas sustitutivas de la detención preventiva bajo términos de interculturalidad: garantía por sus comunidades y autoridades comunitarias, etc. Para el caso de cumplimiento de pena privativa de libertad, entender que en el marco de los compromisos que ha asumido el Estado boliviano, no necesariamente se ejecute la sentencia en los centros penitenciarios dependientes de Régimen Penitenciario.
Gestión Intercultural de la Justicia Plural
El tránsito político, normativo e institucional que vive Bolivia debe resultar en la construcción del Estado Plurinacional Comunitario, desde el conjunto de los órganos públicos y en los distintos niveles de gobierno sub-nacional autónomos, con la más amplia participación de los colectivos indígenas, originarios y campesinos, en un marco de ejercicio de sus derechos, como un proceso de adecuación, arquitectura e implementación normativa e institucional, que tenga como referente no solo el texto constitucional, sino el contexto en el que se han desarrollado el proceso constituyente y la Carta de Derechos. La justicia, es parte consustancial de este proceso de transición constitucional.
El Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia tiene la posibilidad de abrirse a nuevos marcos de referencia política, social y cultural -en términos de un diálogo intercultural horizontal- en el que se encuentren en igualdad de condiciones las naciones originarias, pueblo indígenas y comunidades campesinas con los decisores y gestores públicos en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional, principalmente en justicia.
Frente a este desafío también se encuentran los pueblo indígenas que de ser considerados sólo portadores de culturas, deben reivindicar la titularidad de sus derechos para hacerlos efectivos, abriendo espacios para una mayor y mejor participación de los colectivos indígena originario campesinos en la gestión pública. Para enfrentar este reto, los pueblos indígenas deben fortalecer sus autogobiernos, de manera que los procesos de interlocución con los agentes públicos se desarrollen en clave intercultural y en igualdad de jerarquía.
El Estado Plurinacional y sus distintas instancias y niveles, tienen frente a sí la tarea de realizar procesos de recreación, recuperación, revalorización y articulación de experiencias que pueden aportar al diseño y gestión intercultural. La Gestión Pública Intercultural supone abrir la participación ciudadana y social tradicional a nuevos marcos de referencia política, social y cultural en términos de un diálogo intercultural horizontal en el que se encuentren en igualdad de condiciones las naciones originarias, pueblo indígenas y comunidades campesinas con los decisores y gestores públicos en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional.
En el caso particular de la justicia, la implementación del diseño constitucional de justicia se desarrollará en términos de clave intercultural, si se instala, desarrolla y sostiene una Gestión Intercultural de la Justicia Plural.
En ese contexto de transición constitucional de la justicia, una de las tareas más importantes es la articulación de las estructuras de los autogobiernos indígenas con las estructuras del Órgano Judicial y del Sector Justicia del Estado Plurinacional Comunitario. En esta tarea deben tener presente el marco de referencia internacional y constitucional, para el ejercicio efectivo de sus derechos como colectivos indígenas para una real y efectiva Gestión Intercultural de la Justicia Plural.
La Paz, agosto de 2014
[1] http://www.nu.org.bo/mensajes/presentacion-del-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-las-actividades-de-su-oficina-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-bolivia-2013/
[2] Se conoce que hay un conjunto de decisiones de justicia indígena originaria campesina sometidas a la jurisdicción constitucional por vulneración de derechos. Una de ellas en Challapata y la otra en Marka Aroma.
«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y el Centro de Derechos Humanos), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»
Etiquetado:Bolivia , sistema judicial
« Juan Gualberto Sánchez Dejo. Juzgado Penal Unipersonal. Provincia de Lambayeque	Haydee María Larrea Serquen. 3º Juzgado de Paz Letrado de Familia. Chiclayo »

References: artículo 179
 resolución 
 artículo 410
 artículo 15
 resolución 
 resolución