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Timestamp: 2019-09-17 06:55:30+00:00

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﻿ DECRETO 2056 DE 1999
DECRETO 2056 DE 15 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:SE PROMULGAN UNOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE SON: LASENMIENDAS DEL TRATADO DE TLATELOLCO, APROBADO POR LA LEY 303 DE 1996. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, APROBADO POR LA LEY 409 DE 1997. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, APROBADO POR LA LEY 412 DE 1997.
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ENTIDAD PÚBLICA, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, PROCEDIMIENTO PENAL, INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES
DECRETO 2056 DE 1999
Que el 18 de enero de 1999 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 303 del 5 de agosto de 1996, publicada en el Diario Oficial Nº 42.852 del 9 de agosto de 1996, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-176 de 1997 del 10 de abril de 1997, depositó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, el instrumento de ratificación de las “Enmiendas del Tratado de Tlatelolco”, adoptadas en la ciudad de México el 3 de julio de 1990, el 10 de mayo de 1991 y el 26 de agosto de 1992, instrumento internacional que entró en vigor para Colombia el 18 de enero de 1999, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina, adoptado en Tlatelolco, México, el 14 de febrero de 1967;
Que el 19 de enero de 1999 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 409 del 28 de octubre de 1997, publicada en el Diario Oficial Nº 43.164 del 31 de octubre de 1997, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-351 de 1998 del 15 de julio de 1998, depositó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, el instrumento de ratificación de la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985, instrumento internacional que entró en vigor para Colombia el 18 de febrero de 1999, de conformidad con lo previsto en su artículo 22;
Que el 19 de enero de 1999 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 412 del 6 de noviembre de 1997, publicada en el Diario Oficial Nº 43.168 del 7 de noviembre de 1997, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-397 de 1998 del 5 de agosto de 1998, depositó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, el instrumento de ratificación de la “Convención interamericana contra la corrupción” suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996, instrumento internacional que entró en vigor para Colombia el 18 de febrero de 1999, de conformidad con lo previsto en su artículo 25,
ART. 1º—Promúlganse las “Enmiendas del Tratado de Tlatelolco”, adoptadas en la ciudad de México el 3 de julio de 1990, el 10 de mayo de 1991 y el 26 de agosto de 1992.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia de las “Enmiendas del Tratado de Tlatelolco”, adoptadas en la Ciudad de México el 3 de julio de 1990, el 10 de mayo de 1991 y el 26 de agosto de 1992 debidamente autenticada por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Organismos para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina
Por medio de la presente certifico el documento adjunto CG/E/415 que fue presentado y aprobado por la Resolución 310 (E/VIII) en el VIII período extraordinario de sesiones de la Conferencia General del Opanal, celebrado en la Ciudad de México el 18 de enero de 1994.
Enrique Román Morey,
Embajador, Secretario General.
Organismos para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en su calidad de gobierno depositario del Tratado de Tlatelolco con fecha 27 de enero de 1994, envió la siguiente información a la secretaría del organismo para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe.
Estado de firmas y ratificaciones del tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y sus protocolos adicionales I y II, abierto a firma en la ciudad de México, a partir del 14 de febrero de 1967
Argentina 27 sep. 1967 18 ene. 1994 18 ene. 1994
Bahamas 29 nov. 1976 26 abr. 1977 26 abr. 1977
Barbados 14 feb. 1992
Bolivia 14 feb. 1967 18 feb. 1969 18 feb. 1969
Brasil 9 mayo 1967 29 ene. 1968
Colombia 14 feb. 1967 4 ago. 1972 6 sep. 1972
Chile 14 feb. 1967 9 oct. 1974 18 ene. 1994
Dominica 2 mayo 1989 4 jun. 1993 25 ago. 1993
Guatemala 14 feb. 1967 6 feb. 1970 6 feb. 1970
Haití 14 feb. 1967 23 mayo 1969 23 mayo 1969
Honduras 14 feb. 1967 23 sep. 1968 23 sep. 1968
Jamaica 26 oct. 1967 23 sep. 1968 23 sep. 1968
México 14 feb. 1967 20 sep. 1967 20 sep. 1967
Perú 14 feb. 1967 4 mar. 1969 4 mar. 1969
República Dominicana San Kitts y Nevis 28 jul. 1967 14 jun. 1968 14 jun. 1968
San Vicente y las Granadinas 14 feb. 1992 14 feb. 1992 11 mayo 1992
Suriname 13 feb. 1976 10 jun. 1977 10 jun. 1977
Trinidad y Tobago 27 jun. 1967 3 dic. 1970 27 jun. 1975
Uruguay 14 feb. 1967 20 ago. 1968 20 ago. 1968
Venezuela 14 feb. 1967 23 mar. 1970 23 mar. 1970
Francia 2 mar. 1979 23 nov. 1981
Países Bajos 15 mar. 1968 26 jul. 1971
Rep. Pop. China 21 ago. 1973 12 jun. 1974
Estados Unidos 1º abr. 1968 12 mayo 1971
URSS 18 mayo 1978 8 ene. 1979
Respecto a la relación de firmas y ratificaciones a la primera enmienda al tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco) dispuesta por la Resolución 267 (E-V), de la Conferencia General del Opanal adoptada en la Ciudad de México D.F., el 3 de julio de 1990 que resolvió adicionar a la denominación legal del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, los términos “y el Caribe”, y en consecuencia hacer esta enmienda en la denominación legal establecida en el artículo 7º del tratado, los países signatarios y ratificantes de esta primera enmienda hasta ahora son:
Argentina 10 dic. 1990 18 ene. 1994
Bahamas 18 mar. 1990
Brasil 5 dic. 1990
Colombia 5 dic. 1990
Chile 16 ene. 1991
Suriname 7 ene. 1992
También en la misma nota se envía la información respecto a la relación de firmas y ratificaciones, concernientes a la segunda enmienda al Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), dispuesta por la Resolución 268 (XII), adoptada en la Ciudad de México, D.F., el 10 de mayo de 1991 que sustituye el párrafo 2 del artículo 25 del tratado con la siguiente redacción:
“La condición de Estado parte del Tratado de Tlatelolco, estará restringida a los Estados independientes comprendidos en la zona de aplicación del tratado de conformidad con su artículo 4º, y párrafo 1 del presente artículo, que al 10 de diciembre de 1985 fueron miembros de las Naciones Unidas y a los territorios no autónomos mencionados en el documento OEA/CER.P, AG/doc. 1939/85 del 5 de noviembre de 1985, cuando alcancen su independencia”.
Bolivia 10 sep. 1991
Colombia 10 sep. 1991
Costa Rica 03 sep. 1991
Chile 03 sep. 1991
Ecuador 13 sep. 1991
El Salvador 10 sep. 1991
Granada 17 sep. 1991
Jamaica 17 sep. 1991 10 abr. 1992
México 2 sep. 1991 24 oct. 1991
Rep. Dominicana 10 sep. 1991
Venezuela 16 sep. 1991
También en la misma nota se envía la información respecto a la relación de firmas y ratificaciones concernientes a las enmiendas al Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), dispuestas por la Resolución 290 (E-VII), de la conferencia general y adoptadas en la Ciudad de México, D.F., el 26 de agosto de 1992.
2. A requerimiento de cualquiera de las partes y siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 15 del presente tratado, el consejo podrá enviar a consideración del organismo internacional de energía atómica una solicitud para que ponga en marcha los mecanismo necesarios para efectuar una inspección especial.
3. El secretario general solicitará al Director General del OIEA que le transmita oportunamente las informaciones que envíe para conocimiento de la Junta de Gobernadores del OEIA con relación a la conclusión de dicha inspección especial. El secretario general dará pronto conocimiento de dichas informaciones al consejo.
Y se reenumera a partir del artículo 20 en adelante:
Costa Rica 26 ago. 1992
El Salvador 8 sep. 1992
Jamaica 8 jun. 1993 10 abr. 1992
Perú 9 feb. 1993
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto de la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985, debidamente autenticada por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
ART. 2º—Promúlgase la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
Para los efectos de la presente convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona, de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Los Estados Partes se asegurarán que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.
Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.
b) Cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad, o
El delito a que se hace referencia en el artículo 2º se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
ART. 3º—Promúlgase la “Convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto de la “Convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996, debidamente autenticada por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Convención interamericana contra la corrupción 1
Profundamente preocupados por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socaban y atentan contra las actividades comerciales y financiera legítimas y la sociedad, en todos los niveles;
Los Estados partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el artículo VI.1 para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente convención.
Enriquecimiento ilícito. Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
b) El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada;
c) Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma, por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “Convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996, documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

References: artículo 28
 artículo 22
 artículo 25
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 2