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Timestamp: 2018-05-25 14:47:54+00:00

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editor: diciembre 2015
PRESENTADO EN LA FISCALÍA GENERAL FEDERAL DE TUCUMÁN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2015, A LAS 12 HORAS, 18 FOJAS. Ingresó al Juzgado Federal a comienzos de febrero de 2016, y el juez dispuso el archivo a la semana siguiente (FIN).
San Miguel de Tucumán, 21 de diciembre de 2015
Referencia Petitorio: 1º) Amparo por Negativa de Justicia. 2º) Se declare inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”.
LUIS ANTONIO MENA, DNI 11.463.182, divorciado, con domicilio real en calle 9 de Julio 417 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, Email: luism911@gmail.com, como ciudadano argentino, por derecho propio y sin patrocinio legal profesional, me presento ante el señor Fiscal Federal General y respetuosamente digo:
Lo que parece una expresión descalificante para profesionales, resulta tener una lógica esclarecedora, y muy especialmente para esta y otras presentaciones personales de características jurídicas o judiciales. “JUSTICIA” es un concepto filosófico, un principio de fundamental importancia para las relaciones de las personas en una sociedad que procura ser civilizada, organizada y con predominio del “bien común”. El abogado es el estudioso de las normas jurídicas, establecidas con el objetivo de regular esas relaciones de personas físicas o jurídicas, a fin de conseguir un equilibrio del principio de JUSTICIA. Pero resulta que en la práctica, los profesionales tienden más a la “negociación” de esas normas jurídicas con colegas y/o magistrados para beneficio de alguna de las partes en conflicto, incluso con predominio de las normas procesales por sobre las de fondo, y en desmedro o ignorancia la mayoría de las veces del principio de JUSTICIA.
Es lo que ocurre desde hace mucho tiempo en nuestro país. Y es lo que desprestigia a los abogados, jueces y fiscales que se olvidaron del principio de JUSTICIA que debe predominar en todo conflicto, aún por encima de las propias normas jurídicas, las que pierden así su razón de ser y se deslegitiman totalmente, transformándose muchas veces en “injustas”.
En mi caso particular, que es adonde quiero llegar, reclamar y denunciar, son derechos y garantías fundamentales que fueron aplastados y destruidos por resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, convalidadas a través de leyes por el Poder Legislativo Nacional con ignorancia total de normas constitucionales e internacionales de derechos humanos, muy especialmente el Art. 29 de la Constitución Nacional Argentina que expresa: “Art. 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
El tema principal es que existen dos poderes del Estado que en pos de una corrupta “democracia populista” comenzaron avasallando derechos, principios y garantías individuales. El tercer poder del Estado, al no usar su poder político natural, jurisdiccional y de superintendencia, por acción u omisión permitió y convalidó todo.
Lo grave es que los tres poderes del Estado descuidaron y aplastaron derechos y garantías individuales y generales fundamentales con el dictado de normas totalmente inconstitucionales y nulas de nulidad absoluta, como la Ley N° 26.522, conocida como Ley de Medios. Y lo más grave, IGNORARON Y APLASTARON TOTALMENTE EL PRINCIPIO SUPREMO DE JUSTICIA.
1º) Solicito AMPARO a mis DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLITICOS Y ECONOMICOS por NEGATIVA DE JUSTICIA, al no contar con patrocinio legal profesional ni con recursos económicos para tal fin, en función de mis derechos como ciudadano argentino, exigiendo pleno respeto de mi personalidad jurídica en base al Art. 43 de la Constitución Nacional Argentina: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.
Las normas constitucionales e internacionales que además amparan mi personalidad jurídica son: artículos 14, 18, 28, 31, 33 y 43 de la Constitución Nacional Argentina; Preámbulo y artículos 6, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 3, 5, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 1, 3, 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.
Sólo los ciudadanos con escasos recursos económicos y después de un trámite burocrático pueden acceder a las Defensorías Oficiales, aunque también en casos muy especiales.
Todo esto constituye un menoscabo total y gravísimo a los derechos humanos y a la personalidad jurídica de cada ciudadano por el hecho de no tener suficientes recursos económicos, con el falso argumento de ser “un derecho de todos los justiciables”, y en beneficio de las corporaciones jurídicas profesionales.
De hecho y también de derecho, hasta resulta imposible accionar pidiendo la inconstitucionalidad de esas normas procesales, ya que los organismos jurisdiccionales de la Argentina están totalmente dedicados a esos mismos trámites procesales y muy pocas veces llegan a las normas de fondo, y por ende al PRINCIPIO SUPREMO DE JUSTICIA.
Como periodista profesional, ex docente de periodismo y autor de un ensayo sobre “Derecho a la información”, entre otras conceptualizaciones, sostengo firmemente y con conocimiento de causa que la mencionada ley atenta gravemente contra derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Argentina y en las Convenciones y Declaraciones de Derechos Humanos Internacionales, además de tener orígenes dictatoriales, espurios y bastardos, y ser fuente de gravísimos actos de corrupción financiera, económica, política, institucional, social y otros.
Mi única duda para este planteo fue que ningún otro profesional periodista o editor, ni profesionales del derecho y sus respectivas entidades corporativas hubieran accionado antes por la inconstitucionalidad y nulidad total de la citada ley, y no sólo de algunas de sus partes. Considero que puede deberse a ignorancia o confusión sobre conceptos básicos de periodismo y comunicación, como planteo en mi ensayo sobre “Derecho a la Información: ¿réplica, respuesta y/o rectificación?”, publicado en el sitio: http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2008/10/derecho-de-rplica-respuesta.html
“LEY DE MEDIOS: La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y su Decreto reglamentario 1225/2010 establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.1
La Ley Nacional de Telecomunicaciones n°. 19.798, sancionada el 22 de agosto de 1972 dio origen al Comité Federal de Radiodifusión(COMFER), sustituyendo a la CONART. La ley Nacional de Radiodifusión n°. 22.285 fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el Proceso de Reorganización Nacional, derogando la Ley n°. 19.798 y reglamentando las pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina. Esta ley llevaba la firma de, entre otras personas, Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz.4
Situación luego de la recuperación de la democracia:
B) DERECHOS HUMANOS: LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESION:
La "Convención Americana sobre Derechos Humanos" o "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13° señala:
Por otra parte, existen otros derechos y libertades (o "derechos a la libertad de...", ejemplo: derecho a la libertad de reunión, manifestación, ejercicio de cultos, etc) conjuntamente con el derecho a la libertad de expresión. Así el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto ni ilimitado, como tampoco lo es ningún otro derecho o libertad. Cada derecho o libertad (derecho a la libertad de...) tiene un ámbito de desenvolvimiento y de compresión, y cada persona que ejerce un derecho, debe actuar dentro de ese ámbito de desenvolvimiento y de comprensión de dicho derecho. Actuar más allá de dicho ámbito, es no actuar dentro de dicho derecho, sino fuera de el, con la posibilidad de quien actúa de violar, vejar o atropellar derechos de otras personas, y es más grave aun cuando se trata de derechos humanos. El límite al derecho humano de la libertad de expresión, está dado por el respeto a otros derechos humanos.
"Derecho de rectificación o respuesta.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.
Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis Brandeis, famosos juristas estadounidenses, acuñaron el argumento del mercado de ideas. Según esta analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el mercado. Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas (libertad de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, falsas, o relativas. Este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea cabría en el mercado de ideas. Y aun así, el que unas ideas tengan mayores medios de difusión las impondría sobre otras, al margen de la verdad. La alternativa a esta debilidad del mercado de ideas sería la persecución de la falsedad. Pero esta presenta su propia debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se persigue la opinión disidente? Incluso si pudiéramos tener la certeza de la verdad de una opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se convierta en dogma o prejuicio infundado.
Al respecto, se menciona lo siguiente: NOTA artículos 2º y 3º:
“Los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la libertad de expresión: Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH artículo 13.1) Convención UNESCO de Diversidad Cultural. Constitución Nacional. Artículo 14, 32, 75 inciso 19 y 22. Principio 12 y 13 de la Declaración de Principios de Octubre de 2000 (CIDH). artículo 13. 3 inciso 3 de la CADH.
Se agregan aspectos relacionados con expresiones de la Cumbre de la Sociedad dela Información en orden a la eliminación de la llamada brecha digital entre ricos y pobres.
En la Declaración de Principios 12 de mayo de 2004 Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio (http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC- 0004 MSWS. doc) se expone:
1 Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Finalmente, el objetivo del poder financiero, político y gubernamental con el dictado de leyes como la Nº 26.522, es regular la LIBERTAD DE EMPRESAS para encubrir el aplastamiento de la LIBERTAD DE PRENSA, y así tener el dominio y control de la OPINION PUBLICA.
I) EL DOCUMENTO MÁS IMPORTANTE PARA ESTA PRESENTACIÓN: COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION:
“DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada porla Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;
J) LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES SON INDIVIDUALES, NO DE MEDIOS EMPRESARIALES. NO SE PUEDEN “DEMOCRATIZAR”, NI EL ESTADO “A-PODER-DARSE” PARA SI NI PARA NINGUN GOBIERNO EL DERECHO A REGULARLO MEDIANTE UNA LEY, LO CUAL ES INCONSTITUCIONAL Y NULO DE NULIDAD ABSOLUTA:
EL PRINCIPIO Nº 13 DE LA DECLARACION SOBRE EL ART. Nº 13:
POR TODO LO ANTES DICHO Y POR EL PRINCIPIO FILOSOFICO DE JUSTICIA, SOLICITO SE CONSIDERE Y RESUELVA LA INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL Y NULIDAD ABSOLUTA DE LA LEY Nº 26.522, CONOCIDA COMO LEY DE MEDIOS EN LA ARGENTINA.
1. Se me tenga por presentado con domicilio constituido y se me de intervención que por derecho propio me corresponde en virtud de mi personalidad jurídica. Se tenga como válido el recurso planteado y se haga lugar a mi solicitud de AMPARO POR NEGATIVA DE JUSTICIA.
2. Se declare inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”.
Publicado por Luis Antonio Mena Auberni en 13:22
Etiquetas: inconstitucionalidad, justicia, ley de medios, nulidad

References: Artículo 13
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 Artículo 14
 artículo 13
 Resolución 
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