Source: http://feclei.org/clausulas/claso_practicas_cfnavarra.htm
Timestamp: 2017-04-25 16:27:02+00:00

Document:
BUENAS PRÁCTICAS: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	En el caso de Navarra vamos a estudiar un modelo principalmente normativo, ya que se trata de la única Comunidad Autónoma con normativa propia y específica de contratos públicos.
No obstante la referencia es igualmente válida, ya que el resto de CCAA, así como las entidades locales y otras entidades públicas tienen la facultad otorgada por el artículo 21º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que les faculta para la aprobación de Instrucciones o Circulares, de forma que los órganos administrativos puedan establecer criterios de aplicación de las normas como en este caso respecto a la Ley de Contratos del Sector Público, siempre con estricta sujeción a la misma.
Así pues, vamos a ir analizando los contenidos, ciertamente interesantes, de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra:
Desde la Exposición de Motivos de la ley, se ofrece uno de los argumentos más interesantes y certeros que podemos esgrimir en favor de las cláusulas sociales: que efectivamente la contratación pública no es sino un instrumento que debe servirnos para lograr objetivos que van más alla de la prestación de un servicio o la ejecución de una obra; y que en todo caso hay valores superiores (el pleno empleo, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, el medioambiente) que deben regir sobre la adjudicación de contratos.
La presente Ley Foral es también sensible a las preocupaciones medioambientales y sociales y, por ello, prevé la incorporación de criterios de carácter social y medioambiental en la contratación, siempre que su empleo no limite o restrinja indebidamente la competencia. Así, se posibilita la incorporación de estos criterios en la fase de valoración de la solvencia, en la determinación de las condiciones en las que se ejecutará el contrato y como criterios de desempate en la valoración de las ofertas. Esta regulación permite que la contratación sea un instrumento para la ejecución de las políticas públicas de carácter social o medioambiental que determinen los poderes públicos. En esta línea, la Ley Foral permite, como medida de carácter social, excluir de su aplicación determinados contratos con talleres protegidos o con empresas en el marco programas de empleo protegido.Esta visión instrumental de la contratación pública al servicio de los valores superiores que consagra el ordenamiento se ha trasladado al texto evitando el tratamiento de la contratación pública con una visión economicista de carácter unilateral y simplista.
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN:
La argumentación anterior pudiera parecer mera retórica o una simple declaración de intenciones que aparecen en el preámbulo de la ley, sin embargo, la consecución de objetivos sociales aparece también en el articulado, como uno de los principios rectores de la contratación pública:
1.) Las entidades sometidas a la presente Ley Foral otorgarán a los contratistas un tratamiento igualitario y no discriminatorio y actuarán con transparencia, interpretando las normas atendiendo a tales objetivos y respetando la doctrina dictada a tal fin por la jurisprudencia comunitaria. 2.) Las entidades contratantes excluirán en su actuación cualquier tipo de acuerdo, práctica restrictiva o abusiva que produzca o pueda producir el efecto de obstaculizar, impedir, restringir o falsear la competencia en los términos previstos en la legislación de defensa de la competencia.
RESERVA DE MERCADO:
La normativa de contratos públicos en Navarra ha regulado la reserva de contratos por medio de ley, incluye expresamente a las Empresas de Inserción sin limitar la adjudicación de contratos a contratos menores y negociados, y además establece un porcentaje mínimo anual que debe ser adjudicado a través de esta figura.
La Ley 6/2006 se refería a los contratos reservados con carácter voluntario y estableciendo un máximo pero no un mínimo. Sin embargo, ante el contexto de crisis económica, los Centros Especiales de Empleo (CEE) y los Centros de Inserción Sociolaboral (CIS) realizaron una demanda conjunta al Gobierno Foral sobre la adjudicación preferente de contratos públicos. La propuesta dio lugar a la aprobación unánime y la consiguiente modificación de la Ley Foral de Contratos (a través de la Ley Foral 13/2009, de 9 de diciembre), transformando de potestativa en obligatoria la figura del contrato reservado, y estableciendo como obligatoria una reserva mínima del 6% del total de contratos públicos para ser adjudicados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Sociolaboral. Artículo 9. Reserva de contratos a entidades de carácter social.
Y aunque resulte un poco extenso, merece la pena también aportar el literal de la Exposición de Motivos de dicha modificación (Ley 13/2009), en la que se aprecia tanto la sensibilidad del legislador, como la aportación argumental del sector social a la misma:
La Constitución Española, en su artículo 49, establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos"
La Ley de Integración de los Minusválidos, en su artículo 41.1, determina que "los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser empleados en Centros Especiales de Empleo...".
La misma Ley, en su artículo 42.1, define los Centros Especiales de Empleo como "aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal".
Igualmente, tal y como se recoge en el Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, y su posterior modificación por el Decreto Foral 60/2009, de 2 de julio, los centros de inserción sociolaboral son los encargados de "proporcionar a las personas provenientes de situación de exclusión, y como parte de sus itinerarios de inserción sociolaboral, procesos integrados y personalizados constituidos por una actividad laboral remunerada, una formación profesional adecuada y, en su caso, una intervención o acompañamiento social que permita su posterior inserción social y laboral.
A tal fin, la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra en su articulo 9 establece que las administraciones públicas "podrán reservar hasta un 20 por 100 de los contratos públicos a entidades de carácter social". Sin embargo, la ejecución de este artículo ha sido nula, debido en parte a que no es de obligado cumplimiento, pues su aplicación queda en manos de la voluntariedad de las diferentes entidades públicas sometidas a esta Ley Foral.
Al igual que en el caso anterior, se trata de una modificación realizada sobre la Ley 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. Así, a través de la Ley 1/2009 de 19 de febrero, se procedió a ampliar la redacción del artículo 51, referido a los criterios de adjudicación, para incorporar los criterios sociales y despejar así las dudas que pudieran existir sobre la validez de su inclusión.
Artículo 51. Criterios de adjudicación del contrato.
Asimismo, reproducimos por su interés de forma literal la Exposición de Motivos:
Los dispositivos de empleo por término general, se suelen dirigir a personas con mejores capacidades y mayores posibilidades de acceso al empleo, y los servicios sociales son quienes se ocupan de los colectivos más vulnerables. Pero disponen de escasos recursos para lograr su incorporación laboral aunque para ello desplieguen una batería de acciones:servicios de información y orientación, formación laboral y prelaboral, asesoría para el autoempleo, programas de empleo social protegido, etc. Todas esas acciones requieren de medidas que completen el conjunto del proceso de inserción sociolaboral.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL:
Por último, nos referimos a la normativa específica sobre las condiciones especiales de ejecución de carácter social, que no suponen una excesiva novedad respecto a la normativa común, pero que cabe citarla para demostrar el carácter integral respecto a la inclusión de cláusulas sociales en las diferentes fases del procedimiento de adjudicación y ejecución de contratos públicos.
Artículo 49. Requerimientos de carácter social o medioambiental en la ejecución de los contratos.
1.) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir requerimientos pormenorizados de carácter social o medioambiental sobre el modo de ejecutar el contrato, tales como la recuperación o reutilización de los envases y embalajes o productos usados;la eficiencia energética de los productos o servicios; el suministro de productos en recipientes reutilizables; la recogida y reciclado de los desechos o de los productos usados a cargo del contratista; la obligación de dar trabajo a desempleados de larga duración; la organización a cargo del contratista de actividades de formación para jóvenes y desempleados; la adopción de medidas de promoción de la igualdad de sexos, o de medidas de integración de los inmigrantes; la obligación de contratar para la ejecución del contrato a un número de personas discapacitadas superior al legalmente establecido y otros análogos.
2.) Dichos requerimientos no podrán constituir especificaciones técnicas, criterios de selección o criterios de adjudicación encubiertos, ni tener carácter discriminatorio, de tal forma que cualquier licitador dotado de solvencia técnica para la ejecución del contrato pueda cumplirlos.
3.) En caso de incumplimiento de estos requerimientos el órgano de contratación podrá optar por:
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos de Navarra.
Ley Foral 13/2009, de 9 de diciembre. Modificación de la ley respecto a la Reserva de Mercado.
Ley Foral 1/2009, de 19 de febrero. Modificación de la ley respecto a los Criterios de Adjudicación de carácter social.

References: artículo 21
 Artículo 9
 artículo 49
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 51

Artículo 51

Artículo 49