Source: http://poliseguridad.blogspot.com/2013/
Timestamp: 2017-05-27 09:53:02+00:00

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Poliseguridad: 2013
El proyecto de ley de seguridad
privada sostiene en su preámbulo que se pretende pasar de poner el acento en el
principio de subordinación a desarrollar eficazmente el principio de
complementariedad, pero realmente lo que parece es que lo que se intenta
desarrollar es el principio de sustitución. Algunas personas públicas sensatas
han manifestado que las cosas no cambian sustancialmente porque los vigilantes
de seguridad ya tenían la capacidad de detener como cualquier otro ciudadano.
Sin embargo, analizar el cambio que supone la ley en esos términos parece
demasiado simplista, de manera que vamos a ver qué cambios pretende operar el todavía proyecto de ley.
El artículo 5.1.a de la vigente
ley 23/1992 dice que las empresas de seguridad podrán prestar servicios de
“vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes
o convenciones”. El nuevo artículo 5.1.a dice que constituyen actividades de
seguridad privada” la vigilancia y protección de bienes, establecimientos,
lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que
pudieran encontrarse en los mismos”. Como se puede observar, el cambio es
absolutamente radical, se pasa de una concepción de la seguridad privada como una
actividad de protección de bienes privados a una protección de carácter
omnicomprensiva de bienes no solo privados sino también públicos así como de
las personas que se encuentren en los mismos, es decir, la totalidad de la
ciudadanía. Mientras en la anterior regulación el único caso de patrullaje que
pudiéramos considerar público era el servicio en polígonos industriales y
urbanizaciones aisladas, contemplado en el artículo 80 del Reglamento de
Seguridad privada, configurado de forma muy restrictiva (autorización previa,
separación de núcleos poblados, sin solución de continuidad entres sus
distintas partes, sin usos públicos de sus calles o frecuente tráfico, no
intervención municipal en la gestión común, administración global), en la nueva
ley que se propone no existe límite alguno. No se amplía como se dice para la
protección de las zonas comerciales, la vigilancia es posible en lugares “tanto
públicos como privados”. Si con la regulación actual hubo algún ayuntamiento,
hace ya más de diez años, que puso a patrullar a vigilantes de seguridad en
algún importante parque público del municipio argumentando que se trataba de un
espacio acotado, el proyecto de ley que se quiere aprobar permite cualquier
clase de actuación para la prevención de la seguridad ciudadana por vigilantes
de seguridad. Y si se analiza la ley globalmente, se llega a la conclusión de
que su espíritu no es otro que el de involucrar a la seguridad privada en la
protección pública. Los instrumentos de que se les dota para dicha función de protección
de lugares públicos o privados aparecen en el artículo 32.1.a, donde se afirma
que para ello podrán llevar a cabo “las comprobaciones, registros y
prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión”. Sin ningún límite,
como vemos, en el caso de los registros (que necesariamente deben referirse a
los efectuados sobre las personas) que si afectan (los límites) a los que
realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se utiliza además una terminología
(prevenciones necesarias) absolutamente indeterminada que habilita para
intervenir en personas y bienes sin más restricción que su propia conciencia.
Mientras que el artículo 19 de la
Ley de Seguridad Ciudadana limita la indagación policial
sobre los efectos personales a un control superficial, el artículo 32.1.a no
establece delimitación alguna.
En coherencia con esa capacidad
de actuación de que se les dota más allá de la protección de bienes privados se
amplía el estatuto que rodea la detención pues ahora el artículo 32.1.d no solo
permite detener delincuentes sino también infractores y no solo en relación con
el objeto de su protección como indica el actual artículo 11.1.d, sino también
con el objeto de su actuación, facultándoles asimismo a hacer investigaciones
en relación con la identidad personal del detenido. Se ha introducido con esta
redacción un coctel potencialmente explosivo, puesto que la ley actual limita
la detención a los delincuentes. ¿A que se está refiriendo cuando habla de
“infractores”? puesto que la expresión se ha introducido de forma deliberada
(ahora solo figura delincuentes), nadie puede detener por infracciones
administrativas y por faltas solo pueden detener la autoridad y agentes y de
forma muy restrictiva según dispone el artículo 495 de la ley de enjuiciamiento
criminal.¿Pueden ser considerados como policía judicial y permitírsele, por
tanto, la detención por faltas?. Otra expresión controvertida es “con el objeto
de su actuación”, que solo caber pensar que se está refiriendo al mantenimiento
de la seguridad ciudadana en general puesto que debemos pensar que la facultad
está vinculada al ejercicio de sus funciones. Vemos pues, que solo se puede
estar pensando en una actuación de prevención de la seguridad ciudadana y
aunque se sostenga en el tenor del artículo que su actuación se limita a
detener y poner a disposición de la policía, lo cierto es que finaliza el
artículo con una atribución de funciones de investigación que podrá demorar la
puesta a disposición de la policía del detenido, al facultarles para llevar a
cabo averiguaciones tendentes al conocimiento de su identidad.
No supone una cortapisa a estas
actuaciones de seguridad ciudadana lo que dispone el artículo 41.2 al
establecer una serie de supuestos para prestar servicios en espacios o vías
públicas, puesto que el mismo artículo en la letra e) se encarga de permitir “la
vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o
puedan ser delimitados de cualquier
forma”. No cabe duda de que una delimitación de esa clase puede
establecerse para incluir un parque, un barrio, una ciudad o un país en función
de las necesidades del que hace la acotación. Pero si quedara alguna duda, la
letra g) incluye “aquellos servicios de vigilancia y protección que lo
requieran por su propia naturaleza y desarrollo”. Y para rematar la faena, el
mismo artículo 41.3.d les permite participar, en cooperación y bajo el mando de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la prestación de servicios encomendados
a la seguridad pública, complementando
la acción policial. Se me ocurre pensar que si no tenemos disponibles
suficientes Unidades de Intervención para un determinado evento (deportivo,
cultural, reivindicativo, etc), desplegamos una UIP de policías y dos o tres
más de vigilantes de seguridad bajo el mando de aquella.
Desde luego se amplían también
sus posibilidades de actuación en relación con los bienes privados, como por
ejemplo en la respuesta a las alarmas. Si con la regulación actual, el artículo
49 del Reglamento, permitía a los vigilantes, sin armas, un servicio de
custodia de llaves en respuesta a las alarmas para que la policía accediera al
inmueble, porque la ley no permite la respuesta si ésta es competencia de la
policía, el artículo 5.1.g en relación con el 47.2.b del proyecto señala como
una actividad de seguridad privada la respuesta y verificación de las alarmas sin
límite alguno,. Es más, estos servicios de respuesta a las alarmas deberán
hacerlos los vigilantes obligatoriamente con armas, pues así lo declara el
artículo 40.1.e de forma taxativa. Existirá, por tanto, una fuerza de
vigilantes de seguridad armados, en las ciudades, dando respuesta a la
activación de alarmas que no hayan podido ser verificadas electrónicamente.
Recordemos que el periodo de formación de un vigilante de seguridad es de dos
meses, en múltiples centros de formación dependientes de distintas empresas de
seguridad, que puede ser vigilante cualquier ciudadano de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo y, como novedad, de cualquier país del mundo
bajo condición de reciprocidad, y que está obligado a hacer prácticas de tiro
una vez cada seis meses (cada tres meses un policía).
No es este el único caso ampliado
de prestación de servicio con armas. La posibilidad de uso de estas se amplia
notablemente en todos los supuestos ya que si en la regulación actual solo
existen dos casos en los que se pueden portar armas en el exterior, polígonos
industriales y urbanizaciones aisladas y solo cuando lo dispone la Dirección
General de la Policía y en los supuestos mencionados en el artículo 81.3.c del
Reglamento, en el proyecto se permite su uso si se dispone reglamentariamente
sin limitación de actividades valoradas una serie de circunstancias que pueden
ser ampliadas con una cláusula analógica final. Pero no acaba aquí la extensión
de esta ampliación, puesto que el artículo 40.3 después de señalar que solo se
podrán portar armas estando de servicio, establece la posibilidad de incorporar
excepciones por vía reglamentaria, excepciones que se extienden a la
posibilidad de prestar su servicio sin uniforme y distintivo según dispone el
artículo 39.2, sin olvidar que el artículo 31 les otorga la protección y el
Si todo ello fuera poco, el
artículo 14.e dispone que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar
al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones,
informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente
implementación de medidas de protección. Si estas informaciones contuvieran
datos de carácter personal sólo podrán facilitarse en caso de peligro real para
la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales”. En
definitiva, se abre la puerta para el trasvase legal de datos, incluidos los de
carácter personal, de la policía a empresas privadas.
En definitiva, los vigilantes de
seguridad, con la regulación expansiva que se intenta aprobar, podrán patrullar
las calles en funciones de prevención y en algún caso de investigación, tendrán
carácter de agente de la autoridad, podrán portar armas incluso sin vestir
uniforme y portar distintivo y, desde luego, detener no solo delincuentes sino
también infractores. ¿Existe alguna característica que los diferencia de un
policía de seguridad ciudadana?. Dicen que los vigilantes solo podrán detener y
entregar a los detenidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero esto
también lo hace un policía puesto que comparece en una oficina de denuncias
ante el instructor al que hace entrega del detenido junto a los
correspondientes efectos. Y todo esto rindiendo cuentas a un empresario que
tiene como fin primordial la obtención de beneficios. Sin entrar en otras
cuestiones como el derecho de huelga o problemas de incumplimientos como los
suscitados en los recientes juegos olímpicos de Londres que alargarían
excesivamente estas reflexiones. ¿Quién da más?.
Esta mañana he desayunado con una noticia que me habría dejado
perplejo si la realidad política cotidiana no estuviera plagada de ocurrencias
que invitan a aplicar el aforismo latino de nihilo nihilum. La noticia en
cuestión era la concesión a una militar del premio "soldado Idoia
Rodríguez, mujer en las Fuerzas Armadas". Según parece recoger la orden
ministerial, la soldado Bumedien , que así se llama, constituye un ejemplo de
las Fuerzas Armadas. Y todo ello, porque la soldado cuida de ocho hijos y de su
madre enferma de Alzheimer. Se pone de manifiesto su especial dedicación,
capacidad de trabajo, espíritu de sacrificio y compañerismo sobresaliente.
Desde luego, huelga decir que el esfuerzo que la soldado tiene que hacer para
cuidar de esa prole y de su madre enferma tiene que ser notable y por ello debe
tener de la comunidad el reconocimiento que se merece cualquier persona de
bien. Y dicho esto da la impresión de que la soldado ha sido un mero
instrumento del que se han servido los promotores de la idea para introducir,
como una especie de publicidad subliminal y tras una pátina igualitaria, un
mensaje antiabortista.
El modelo de familia que representa es el que existía con frecuencia en los
años sesenta del pasado siglo que he conocido bien, familias extensas a partir
de cuatro hijos (tenía un amigo y vecino, los Periañez, que eran dieciséis
hermanos, a los que Franco les regaló los pisos en los que vivían) que eran
posibles porque era un tipo de sociedad muy distinta a la actual, con apoyos
del resto de la familia, con los niños viviendo en la calle sin más
necesidades, los padres con el único objetivo de sacarlos adelante y la madre
siendo ama de casa.
Una familia tipo actual, con dos hijos, en la que ambos padres trabajan (parece
que el marido de la soldado también es militar), saben muy bien los esfuerzos
que tienen que hacer, las privaciones que supone, la dificultad de conciliar la
crianza y la actividad laboral, que no depende de ellos sino de la empresa. Y
no sólo de encontrar el equilibrio entre los horarios de los colegios y los
trabajos sino de encontrar la solución cuando los niños se ponen enfermos o sin
estarlo hay que llevarles al dentista y a las actividades extraescolares y
llevarles de vacaciones porque ahora todo el mundo lo hace no como antes. En
fin, supongo que esa humilde familia tipo de dos hijos, viendo los ejemplos que
pretenden imponernos, con las angustias que pasa para llegar a fin de mes, las
dificultades que tiene para estar al mismo tiempo en el colegio y en su
trabajo, la imposibilidad de estar a media mañana en su oficina e ir a recoger
a su hijo al colegio con fiebre o con una herida que se ha producido en el
recreo, la tensión para salir pitando y llegar a recoger a sus hijos a la
salida del cole, puesto que los horarios conciliativos llegan hasta las 17:00 y
los colegios terminan a las 17:15, pagando comedor por supuesto, la tristeza de
tenerle que llevar con fiebre al colegio porque no puedes faltar al trabajo y
no tienes abuelos ni nanis o similares apoyos y es conveniente recordar que esa
clase de faltas injustificadas detraen ingresos de la nómina, esa que en
circunstancias normales no sirve para llegar a fin de mes, y así un largo
etcétera ad infinitum, esos padres-tipo podrían estar pensando que si eso les
pasa a ellos con dos y se encuentran al límite de sus fuerzas, si no habrá
algún error en la ecuación que les proponen como ejemplo.
No cabe duda de que ese tipo de familia que se presenta como ejemplar sería
posible en tiempos pasados donde los hijos se criaban en las calle sin grandes
requerimientos educativos en los que a los 13 años ya se ponían a trabajar para
ayudar en casa, con una familia extensa contribuyendo a la crianza, aunque no creo
que nadie en su sano juicio piense que hacia ese modelo nos debemos dirigir.
También es viable esa clase de familia cuando dispones de suficientes recursos
para mantenerla, con una enorme y bonita casa donde te puedan cuidar a los
hijos varias empleadas de hogar que además se pueden quedar con ellos cuando
enferman. A muchos nos encantaría en esas circunstancias tener una gran
cantidad de hijos a los que educar, dándoles aquella educación que se merecen,
pero sólo aquellos que se encuentran en esa situación puede que no entiendan
esas otras posiciones, que se eligen por responsabilidad.
El premio, por otra parte, se concede al parecer por su excelencia profesional,
capacidad de trabajo, espíritu de sacrificio y compañerismo sobresaliente,
características todas ellas que seguro que la soldado comparte con cientos y
cientos de compañeros militares, incluido su marido, también militar. Publicado por
Os dejo este video que aunque no guarda relación alguna con el blog, a mi que no soy religioso ni especialmente militarista me ha parecido emocionante.
Interesante video de La 2 sobre la última joya de la policía, la ciberseguridad. Crónicas - Policí@s y l@drones Ver vídeoCrónicas - Policí@s y l@drones
La realidad se sucede con
rapidez y de la polémica causada con ocasión de la sentencia (y no por ella)
del caso Faisán hemos pasado, sin solución de continuidad, a la indignación por
la del TEDH que dinamita la aplicación de la doctrina Parot a los presos más
sanguinarios de la banda terrorista ETA y otros presos especialmente
peligrosos. Pero no es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el culpable de
esta situación sino nuestro complejo de déficit democrático que nos llevó a
seguir aplicando unas penas y unos beneficios penitenciarios, del Código Penal
de 1973, que no eran aptos para el tratamiento de determinados delitos
especialmente crueles. Por tanto, en este momento lo que debemos hacer es
arropar a las víctimas, ser comprensivos con sus protestas en una situación de
gran dolor para ellas y reconocer que el cumplimiento de la ley y de las
sentencias de los tribunales es el único camino que legitima al Estado.
Pero no era el comentario
de la sentencia sobre la aplicación de la doctrina Parot el objeto de estas
reflexiones sino el tratamiento que el diario El Mundo ha dado a la sentencia
del caso Faisán. En su “Carta del Director” del pasado domingo su director
Pedro J. Ramírez afirma que la Sala que se ha pronunciado sobre el caso Faisán
“ha perpetrado una sentencia en la que se dan cita la instrumentación política
el atolondramiento intelectual y el desfondamiento ético”. La Sala en su sentencia ha
resuelto básicamente cuatro cuestiones. Si se produjo o no un aviso a la red de
extorsión de ETA para impedir la detención de uno de sus miembros y la
incautación de una supuesta cantidad de dinero que le iba a ser entregado; si
del chivatazo fueron autores los policías encausados, Pamies y Ballesteros; si
estos, como consecuencia de esta acción, son responsables de un delito de
revelación de secretos; y por último, si se les puede atribuir asimismo por
esos hechos un delito de colaboración con banda armada. Pues bien, la Sala ha resuelto
afirmativamente las tres primeras cuestiones, considerando que se había
producido el aviso a la red de extorsión de ETA, que el aviso fue dado por los
policías citados y que como consecuencia de ello son responsables como autores
de un delito de revelación de secretos. Y han considerado que al faltar el
indispensable elemento de la antijuridicidad no se les podía condenar por un
delito de colaboración con banda armada.
de derecho sabe para poder imputarle a alguien un delito tiene que podérsele
atribuir una acción típica, antijurídica y culpable. Una acción es típica
cuando la conducta de la persona puede encuadrarse en el tipo descrito en el
código penal. El que matare a otro del artículo 138 por ejemplo. Pero no es
suficiente con que la conducta se ajuste a esa descripción sino que es preciso
que sea también una acción antijurídica tanto en sentido formal (que sea
contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto), como en sentido material
(que lesione el bien jurídico que protege el tipo penal). Además, esa acción ha
de ser culpable, es decir, que ha de poder serle reprochada al que la ejecuta
porque éste podría haber actuado de otra manera y no lo hizo.
meramente intuitiva nadie en su sano juicio podría pensar que la finalidad de
los policías cuando dieron el aviso fue la de colaborar con ETA. Con su
dedicación profesional durante años en unidades de información cualquier otra
explicación podría ser posible menos esa. En cuanto al delito mismo, hay que
empezar por decir que se trata de un delito de peligro abstracto en el que se
anticipa el reproche penal por razones de política criminal, por la gravedad
que los actos de terrorismo entrañan y que han sido cuestionados repetidamente
por la doctrina, siendo considerados dentro de lo que se conoce como “derecho
penal del enemigo”. Aún así, algunos admiten que no existiría vulneración del
principio de legalidad si se admitiese la prueba, en el caso concreto, de que
no se ha menoscabado el bien jurídico protegido. Así, afirma Zaffaroni que “en
cada situación concreta debe establecerse si hubo o no peligro para un bien
jurídico y en caso negativo no es admisible la tipicidad objetiva” y Blanca
Mendoza afirmaba que “el desvalor objetivo material de la acción peligrosa
constituye el elemento central de la constitución del tipo del injusto. En
consecuencia, sólo cabe adelantar la tutela penal de forma legítima al momento
en que pueda apreciarse que el comportamiento prohibido es objetivamente capaz
de afectar al bien jurídico; teniendo además en cuenta las exigencias propias
de la atribución de responsabilidad penal, ello no debe determinarse en
abstracto por la pertenencia a una clase de acciones, sino que exige que sea
evidente tal peligrosidad objetiva en el momento de realizar la conducta”. Es
por tanto, de suma importancia saber si pudo haber ataque al bien jurídico
protegido, en palabras de la
Audiencia la convivencia pacífica de los ciudadanos, la paz
social o la preservación del orden constitucional. ¿Realmente alguien puede
creer que los policías quisieron atacar esos bienes o que existió algún riesgo
de que fueran atacados?. Pero si nos acercamos a la interpretación que la Audiencia Nacional
y el Tribunal Supremo le han dado al tipo penal que nos ocupa, los casos que se
han sometido a su consideración se encuentran muy lejos de asemejarse al del
“chivatazo”, pero en ellos, en los que se pretendía discernir si se trataba de
verdaderos casos de colaboración con ETA, se hace hincapié en la finalidad
perseguida por los autores. Así, la
STS de 8 de marzo de 1995 afirma que este delito permite el
enjuiciamiento de cualquier acto de colaboración que favorezca a la banda, a sus miembros o a sus finalidades. Debe probarse la finalidad
perseguida (STS 10-06-1991, 20-05-1992 entre otras). Si no existe afán de favorecer la conducta será impune (SAN
25-04-1988). O la de AN 30/2000 “las conductas deben realizarse con el ánimo
específico de buscar la subversión del orden constitucional o la alteración de
la paz pública”. Que la finalidad del acto es determinante queda patente en la
STS 4781/2012 cuando afirma que “el ayudar económicamente a la esposa o a los
familiares de una persona que se halla presa por una condena por un delito de
terrorismo no es, obviamente, financiar el terrorismo. Y no ya solo porque no
consta que la persona presa esté integrada en una organización terrorista, tal
como se acaba de argumentar, sino porque, además, el ayudar a sus familiares
por razones humanitarias es claro que no es una conducta tipificada como ayuda
a la organización terrorista a la que pudiera pertenecer el preso. A este
respecto, conviene recordar que incluso las instituciones oficiales prestan
ayuda económica mediante subvenciones a los familiares de los presos de ETA que
se hallan internados en el País Vasco, sin que desde luego ello pueda
subsumirse en ninguna clase de colaboración por terrorismo”. Las SSTS 541/2011, 2 de junio y 503/2008, 17
de julio sostienen que el tipo objetivo del delito previsto en el art. 576 del
CP exige que el acto tenga un significado favorecedor de las actividades de la
organización como tal, y en el tipo subjetivo, que el sujeto conozca la
existencia de la banda armada, grupo u organización terrorista, y conozca
además que el acto que se ejecuta contribuye de alguna forma a sus actividades,
bien por la propia significación del mismo o bien porque sepa, al realizarlo,
que su ejecución se explica sólo por el favorecimiento de la banda.
la jurisprudencia de la tipicidad es efectivamente muy amplia. Así la STS
2305/2012 se afirma que” no es preciso ningún elemento subjetivo del injusto
más allá de los propios de toda conducta dolosa: conocimiento y voluntad. No es
necesario, pues, que exista una coincidencia de fines”. Es posible defender esta
tesis, aunque no la comparta, con una dialéctica seria y respetuosa con las
posiciones contrarias o también, como hace Gimbernat en su artículo El
contradiós de la sentencia del Faisán, de forma ciertamente desabrida, pero lo
que resulta intolerable es que se haga de la forma en que lo ha hecho Ramírez
en el artículo comentado. En él se vierten afirmaciones que son simplemente
descalificaciones e insultos sin fundamento (instrumentación política de la
justicia, atolondramiento intelectual, desfondamiento ético, entreguismo,
estulticia, ligereza, bodrio, apariencia de sentencia), críticas al “pésimo
castellano” utilizado como si él estuviera en posesión de la plantilla de la
perfección académica del lenguaje jurídico e incluso una acusación que raya el
delito acusando a la Sala
de ser “los torpes amanuenses que han añadido sus propios borrones al
deleznable guión que mediante el código habitual-no hacen falta órdenes
explícitas-les ha dictado la superioridad política”. No se si existe una
acusación más grave a un juez. Por lo demás trata permanentemente de confundir
al lector dando a entender que la conducta de los policías ha quedado impune
cuando la realidad es que han sido condenados como responsables del delito que
de forma irrefutable ha sido probado en el juicio, revelación de secretos. La
conducta de los policías es, sin duda, reprobable pero la condena le parece
insuficiente al autor del artículo pues le guían otros designios que muestra
con claridad cuando afirma: “¿O es que Amedo habría hablado alguna vez si no le
hubieran condenado a 108 años de cárcel?”. Aquí está el verdadero motivo. Para
el autor del artículo los policías son meros instrumentos a través de los
cuales llegar al verdadero responsable del chivatazo. No importan las pruebas,
lo verdaderamente importante es la bomba mediática que supondría la implicación
de un responsable político del Ministerio del Interior en el chivatazo. Y junto
a ello la oportunidad de ajustar algunas cuentas del pasado. Lo dice con
claridad, conoce bien a Guevara y a Polanco. El primero fue quien “en 1985
ordenó mi ingreso en los calabozos de Plaza de Castilla…”. Decía Platón que
tenía por costumbre no dejarse persuadir por palabras sino por razones y en el
artículo del Sr. Ramírez razones ninguna, salvo las espurias.
Aquellos que creen que no existen pruebas en las actuaciones para condenar deberían tener en cuenta que no sólo se condena por prueba directa pues la prueba de indicios se encuentra firmemente consolidada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Convendría asimismo no olvidar algo básico y que se olvida con facilidad, esto es, que el respeto a la ley y al Derecho es un principio básico de la convivencia y, por tanto, de la Democracia. Sin ambages, sin pretextos, sin paliativos. Pero es que además por si alguien no tiene el pleno convencimiento de lo anterior, debería saber que aquellos acontecimientos que suceden con la participación de más de dos personas se terminan conociendo y que el tránsito por senderos de ilegalidad no sólo deslegitima a los que los toman sino que se han demostrado reiteradamente ineficaces. La lucha contra la delincuencia y el terrorismo debe hacerse por personas que disponen de los recursos técnicos y legales adecuados y sólo cuando se carece de ellos y se carece de la audacia legal necesaria se buscan atajos. El camino de la legalidad es irrenunciable y no podemos ponerlo en cuestión aduciendo conservación de fuentes y pérdidas de líneas de investigación. Es verdad que siempre tendremos a algún arribista dispuesto a todo para conseguir sus propósitos, los que se prestan a los juegos sucios de que hablamos nunca lo hacen de forma altruista aunque algunos se empeñen en convencernos de ello. En muchas ocasiones median retribuciones en forma de mejoras en la carrera profesional, por lo que cuanto más objetiva sea ésta y más diáfanos los criterios de promoción profesional menos posibilidades existirán de que los profesionales se presten a estos peligrosos juegos. Por último, seria interesante preguntarse en este caso aquello que contenía la sentencia del asesinato de los marqueses de Urquijo: sólo o en compañía de otros. Publicado por
La empatía y la inteligencia emocional como capacidades o competencias que dominarán, según Enrique Dans, las relaciones laborales en la próxima década, brillan por su ausencia en algunos colectivos. Dice Dans que " lo fundamental será, para una empresa, ser capaz de atraer ese talento que exigirá determinadas condiciones para expresarse y que se gestiona con empatía e inteligencia emocional". Pero algunos en algunas empresas no solo no saben comportarse con empatía sino que ni siquiera conocen el significado de la palabra.La gestión de personal está permanentemente desaparecida en combate. Y así ocurre que como dice este compañero desencantado "Desde hoy vendré a trabajar, realizaré el punto cero, patrullaré, haré lo que me manden y, no pensaré. Me iré a casa a la hora y cada fin de mes cobraré mi nómina, primero recortada y luego congelada". En fin, juzgad vosotros. D.E.P. Publicado por
Ascenso a inspectora jefa, Madrid, vuelta a empezar. Comisaría de Distrito. El primer año el jefe le propone para la cruz blanca(no pensionada). La primera casi 30 después, por su dedicación, horas y horas dirigiendo el grupo de policía judicial, escasez de medios, haciendo de todo e investigando una operación con más de cien imputados. Pero la propuesta pasa por la Comisaría General de Policía Judicial donde al parecer no dan el visto bueno. Se ignoran los motivos, nunca se exponen. La historia no acaba aquí, pero no importa. Es una más, no es una excepción, es una de tantas historias de policías que no tienen primos, tíos, padres o amigos que les puedan construir una carrera. Que carentes de estímulos dedican su tiempo libre a formarse para hacer mejor su trabajo sin ninguna recompensa. A formarse en su tiempo libre para ascender de categoría lo cual les supone una exigua recompensa económica y una pérdida del tren de las recompensas y del posicionamiento profesional. Representa a una gran cantidad de profesionales que se jubilan después de décadas de servicio sin haber recibido siquiera una cruz no pensionada mientras que otros a los dos años de servicio sin ser acreedores de mérito alguno conocido la tienen en su poder. Triste realidad, bonita profesión.
Hace tiempo me enviaron en una presentación de Power Point el contenido, muy emotivo, de este video que me resultó enormemente "familiar". He conservado el bellísimo tema de Metallica que me parece muy acertado. Yo únicamente lo he convertido en video. Solo es posible verlo en un PC pues se encuentra bloqueado para su visionado en dispositivos móviles por el autor del contenido cuya identidad desconozco. No me parece una realidad novelada...desgraciadamente. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto.
https://www.youtube.com/watch?v=7XSzJ4pFd54
Leyendo la noticia sobre Casillas y su suplencia en la portería del Madrid me ha venido a la cabeza, como por asociación instantánea, el problema de la igualdad de oportunidades en esta sociedad nuestra, ya sabéis, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico según el artículo 1 de nuestra querida Constitución. He pensado, de manera automática, que si le pasa lo que le pasa a Casillas que se examina cada fin de semana públicamente, y aprueba, que no les pasará al resto de los mortales en cuyos entornos profesionales resulta más difícil demostrar su capacitación.
Como todos sabemos, Casillas está considerado como el mejor portero del mundo desde el último lustro por la FIFA y la UEFA. La IFFHS también le ha elegido durante cinco años consecutivos mejor guardameta del mundo, de 2008 a 2012. Asímismo ha sido incluido ininterrumpidamente desde 2007, en la lista final de candidatos al Balón de Oro. Es coetáneo de Diego López, se llevan 6 meses, aunque no coincidieron en las categorías inferiores del Madrid puesto que López llegó en el año 2000 y Casillas subió al primer equipo el año anterior. Pues bien, con ese currículum, ha bastado la decisión de una persona para que deje la titularidad y todo ello sea cuestionado.
Y este voluntarismo es, en realidad, lo que me interesa del caso. No importa tanto tu talento, tu esfuerzo, ni los resultados que te avalen. Más poderoso que todo eso es la decisión, incluso inmotivada o con una espuria motivación, del encargado de decidir. Casillas tiene razón en estar enfadado a pesar de la calidad de su rival, pero esto le pasa cada día a cientos de trabajadores en esta España de charanga y pandereta a la que parece que nunca llega esa España que alborea, la España de la rabia y de la idea machadiana.
Así, nos encontramos a diario con que para obtener un puestecito hay que ir a hablar con alguien. Nos encontramos con que se sigue tirando con habitualidad de las comisiones de servicio para situar al amiguete, que los concursos se publican de tal manera que puedan beneficiar al conocido y que se crean carreras artificialmente de forma que el beneficiado de turno pueda pasados los años acreditar unos méritos que en absoluto le corresponden. Y no hablemos de los procesos selectivos. Se piensa en una oposición y automáticamente en el que te puede echar una mano. ¿Pero es que aquí no hay nadie con dignidad que se plante?. La gente sigue haciendo sus bolos (participación en tribunales, etc), sin importarle las decisiones que se tomen a su alrededor. Y lo hemos visto meridianamente en los casos de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros. El caso es que la gente termina por resignarse y entra por el aro.
Lo de la creación de las carreras es el paradigma de la sofisticación en este ámbito. No se sí es el ejemplo más adecuado pero me viene a la cabeza el caso de Rodrigo Rato, supongo que por su actualidad. Un licenciado en Derecho que andando el tiempo es Ministro de Economía, que poco después hace una tesis doctoral, por supuesto sobresaliente cum laude, en economía política y de ahí a presidente del FMI. Y la palabra clave "tesis" me conduce mentalmente a la otra, también cum laude, del expresidente valenciano Francisco Camps, que parece haberla hecho en seis meses. Perdonad aquellos que habéis sufrido la dedicación y el esfuerzo que supone hacer una tesis de esas características.
El caso es que sin llegar a esos sobresalientes casos, que no conozco al detalle, todos nos hemos encontrado a un buen puñado de grandes profesionales que curiosamente "caían" en aquellos puestos en los que el "cash flow" era más elevado. Y si ese puesto dejaba de producir una alta rentabilidad no era problema, se aproximaban cuán imán a aquél que la produjera. Que cantidad de servicios extraordinarios. Efectivamente nadie puede negar, con el paso de los años, la extraordinaria carrera que le avala. Seguramente cualquiera lo hubiera hecho mejor pero ese tipo de ucronias como todas son, en realidad, de imposible demostración. Sí, el eminente y conspicuo directivo termina por adquirir una gran experiencia, y la experiencia es un grado, que le permite disimular sus carencias.
Puede parecer que esto es de escasa importancia al lado del problema catalán, de la corrupción, de la crisis de la monarquía,... Pero a mi me parece la más primaria de las corrupciones puesto que cuando no se tiene en cuenta el más elemental principio de justicia en las actuaciones profesionales se socava de forma irreparable la convivencia, la confianza del ciudadano en las instituciones y se impide la movilidad social que se encuentra en el mismo núcleo de la democracia. Como decía Miguel Ríos en su última entrevista "esa arbitrariedad, ese desprecio a la gente...pensaban que el tiempo iba a favorecer a quienes tenían razón. Se han jodido los demócratas y los tipos que se subieron al carro desde un régimen atroz manejan los hilos. Ahí están los apellidos". Esa también es mi impresión, siempre son los mismos.
Este video que me enviaron hace tiempo todavía me emociona cada vez que lo veo. Cuantas cosas tenemos que aprender de esa sociedad. Si,
también ellos de nosotros. Ahí está la riqueza. OPEN MIND.
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