Source: http://denuncialexnet.es/2016/05/13/
Timestamp: 2017-11-18 08:17:31+00:00

Document:
Denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea
[Texto en formato web de la denuncia interpuesta en fecha 13 de mayo de 2016 ante la Comisión Europea.]
B-1049 Bruselas. Bélgica
Identidad del denunciante: El denunciante es el ciudadano de nacionalidad española Javier de la Cueva González-Cotera, con Documento Nacional de Identidad nº xx, mayor de edad, de profesión Abogado, con número de colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 41.324, con domicilio profesional en xx. Email: xx Teléfono móvil: xx Teléfono fijo: xx. Fax: xx.
La profesión del denunciante tiene relación específica con los hechos objeto de esta denuncia, puesto que es un abogado en ejercicio al que le afectan directamente en su profesión las normas que alega vulneran el Derecho Comunitario.
Colaboración con la Comisión: Quedo a disposición de la Comisión para colaborar con ella en la medida de mis posibilidades con la aportación de información o documentos que aclaren los extremos que sean necesarios para lograr el cumplimiento del Derecho comunitario que se denuncia en esta queja.
El denunciado es el Reino de España, Estado miembro de la Unión Europea.
El nacimiento del Sistema Lexnet
Aproximadamente hace unos diez años comenzaron a conocerse públicamente los planes de la implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la Administración de Justicia en el Reino de España.
Fruto y producto de dicho planeamiento nació el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.
Se adjunta copia del Real Decreto 84/2007 como Anexo número 1.
El nombre que se le dio a la plataforma informática a través de la que se realizaban las comunicaciones y notificaciones de la Administración de Justicia era el de «Sistema Lexnet».
El órgano que promulgó el Real Decreto 84/2007 fue el Ministerio de Justicia, un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo del Reino de España.
El artículo 5 del Real Decreto 84/2007 dispuso literalmente lo siguiente:
«Artículo 5. Administración del sistema.
El Ministerio de Justicia, encargado de administrar y mantener el entorno operativo y disponibilidad del sistema, tendrá la responsabilidad de la realización de las tareas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia en los términos de los convenios de cooperación tecnológica suscritos con éstas. Dichos convenios se ajustarán a las características del sistema y respetarán las garantías establecidas en este real decreto.»
Como posteriormente se señala en este escrito, el Real Decreto 84/2007 fue derogado y sustituido por el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. La inclusión en esta denuncia del Real Decreto derogado tiene su razón de ser en poner en conocimiento de la Comisión la trayectoria normativa nacional.
La regulación vigente del Sistema Lexnet
Con fecha 5 de julio de 2011 se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Se adjunta copia de la Ley 18/2011 como Anexo número 2.
El artículo 6, apartado 3, de la Ley 18/2011 dispone literalmente lo siguiente:
«Artículo 6. Derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia.
3.- Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente Ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.»
El artículo 8 de la Ley 18/2011 dispone literalmente lo siguiente:
«Artículo 8. Uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos.
Los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por los Secretarios de Gobierno.»
El artículo 13 de la Ley 18/2011 dispone literalmente lo siguiente:
«Artículo 13. Punto de acceso general de la Administración de Justicia.
1.- El punto de acceso general de la Administración de Justicia contendrá el directorio de las sedes judiciales electrónicas que, en este ámbito, faciliten el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles correspondientes a la Administración de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, así como a las Administraciones con competencias en materia de justicia. También podrá proporcionar acceso a servicios o informaciones correspondientes a otras Administraciones públicas o corporaciones que representen los intereses de los profesionales de la justicia, mediante la celebración de los correspondientes convenios.
2.- El punto de acceso general será creado y gestionado por el Ministerio de Justicia conforme a los acuerdos que se adopten en el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para asegurar la completa y exacta incorporación de la información y accesos publicados en éste.»
El artículo 33 de la Ley 18/2011 dispone literalmente en sus apartados 2, 5 y 6 lo siguiente:
«Artículo 33. Comunicaciones electrónicas.
2.- Las comunicaciones a través de medios electrónicos se realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea exigible al remitente y al destinatario de las mismas.
5.- Los profesionales de la justicia deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando técnicamente estén disponibles.
6.- Las oficinas judiciales utilizarán en todo caso medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones y organismos públicos, salvo imposibilidad legal o material.»
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo una nueva redacción del artículo 230 de ésta última. Se transcribe su redacción literal:
«1.- Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establecen el Capítulo I bis de este Título, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las demás leyes que resulten de aplicación.
2.- Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
3.- Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse.
4.- Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.
5.- Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.
6.- Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial.
Finalmente, para completar el cuadro normativo nacional, el antiguo Real Decreto 84/2007 fue derogado por el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.
Se adjunta copia de este Real Decreto 1065/2015 como Anexo número 3.
Este Real Decreto 1065/2015 se halla actualmente en vigor.
El órgano que promulgó el Real Decreto 1065/2015, también fue el Ministerio de Justicia, órgano del Poder Eejecutivo del Reino de España.
El artículo 15 del Real Decreto 1065/2015 dispone literalmente lo siguiente:
«Artículo 15. Administración del sistema.
1.- El Ministerio de Justicia, encargado de administrar y mantener el entorno operativo y disponibilidad del sistema, podrá suscribir convenios de cooperación tecnológica con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, para la implantación del sistema electrónico denominado LexNET en sus ámbitos territoriales correspondientes. Dichos convenios se ajustarán a las características del sistema y respetarán las garantías establecidas en este real decreto.
2.- El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España podrán conectar sus plataformas con el sistema LexNET siempre que esta conexión sea aprobada técnicamente por el Ministerio de Justicia y permita la interoperabilidad completa con dicho sistema. Estas interconexiones estarán dirigidas a facilitar a los profesionales de la justicia a ellos adscritos el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los deberes contemplados en la Ley 18/2011, de 5 de julio.
La actualización e interoperabilidad de los sistemas de los Consejos Generales será competencia exclusiva de los mismos.»
La entrada en vigor de la obligatoriedad de utilizar el Sistema Lexnet.
El día 1 de enero de 2016 se implantó en el Reino de España la obligatoriedad de la utilización del Sistema Lexnet para presentar y recibir escritos de los órganos judiciales. La norma interna que impuso esta obligatoriedad fue la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Se adjunta copia de la Ley 42/2015 como Anexo número 4.
La Disposición final duodécima de la Ley 42/2015 dispone literalmente en sus apartados 1 y 2, que son los relevantes para esta denuncia, lo siguiente:
«Disposición final duodécima. Entrada en vigor.
1.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2.- No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.»
Datos y metadatos objeto del Sistema Lexnet
El 15 de diciembre de 2015, esto es, 15 días antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de comunicarnos con los órganos judiciales exclusivamente mediante procedimientos telemáticos, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.
Se adjunta copia de la Resolución como Anexo número 5.
En la mencionada Resolución se regulan los datos que se transmiten a través de las redes cuya gestión realiza el Ministerio de Justicia. En esta Resolución se desciende al detalle tanto de los datos como de los metadatos que se gestionan. La estructura de la Resolución es la siguiente, disponiéndose exactamente qué datos son los que deben introducirse en el sistema gestionado por el Ministerio de Justicia:
Para evitar reproducciones innecesarias, damos por reproducido en este apartado de los Hechos el contenido íntegro de la Resolución de 15 de diciembre de 2015.
Llamamos la atención de la relevancia del contenido de esta Resolución, a la que se debe prestar una especial atención dada su importancia. Por lo tanto, recomendamos la lectura pausada del Anexo 5 en este mismo instante.
El Texto que encabeza la Resolución dispone literalmente:
«El formulario así configurado será un documento digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en los campos correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente.»
Se evidencia de esta manera, sin ninguna duda, que el Poder Ejecutivo del Reino de España trata los datos y los metadatos de los procedimientos judiciales, teniendo acceso a la información de todos los órganos judiciales, litigantes, otras personas que intervienen en el procedimiento y las razones del litigio, teniendo acceso en tiempo real a las comunicaciones entre los órganos judiciales y los profesionales y ciudadanos usuarios del sistema.
El control que el Poder Ejecutivo tiene sobre los flujos de entrada y salida de datos del Poder Judicial es total. Y si el control es total sobre la gestión del sistema, el contenido los datos que circulan por el mismo es exhaustivo y más propia de un Estado totalitario que de un Estado democrático.
En ninguna de las normas jurídicas señaladas en este escrito se establece el período temporal en el que el Poder Ejecutivo dispondrá de los datos que gestiona.
Las quejas institucionales contra el Sistema Lexnet
Ya con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Sistema Lexnet, diversos órganos judiciales pusieron de manifiesto la imposibilidad física de cumplir la ley.
La Junta de Jueces y de Letrados al servicio de la Administración de Justicia del Partido Judicial de Leganés celebrada el 14 de diciembre de 2015 expresó:
«[…] la gran preocupación que entre Jueces y Letrados ocasiona la falta de medios materiales para la implantación del expediente digital, siendo evidentes los problemas prácticos que van a darse por no contar con los adecuados programas de gestión procesal, firmas digitales, ordenadores en sala, despachos y personales, impresoras que soporten el más que previsible volumen de órdenes y escáneres que acepten la digitalización de los procedimientos, entre otros. No obstante, desde estos juzgados de adoptarán las soluciones que en cada caso permitan ajustarse más a la finalidad de la ley, en la medida de las posibilidades reales de cada momento y situación»
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 6.
El día 30 de diciembre de 2015 se celebró una reunión en la que participaron el Presidente del TSJ [1] de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice consejero de Presidencia y Justicia de la CAM [2], la Subdirectora General de Servicios de ICM [3] y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid fijando una serie de recomendaciones tendentes a atender de forma urgente los problemas que pudieran surgir en relación con el registro y reparto telemático de demandas y escritos en los órganos judiciales a partir del día 1 de enero de 2016.
Se desconoce si se levantó acta de la reunión, teniéndose conocimiento de la misma por la referencia que a ella se hace en diversos acuerdos de los Jueces Decanos de los diferentes Partidos Judiciales de la Comunidad de Madrid, como posteriormente se expresará.
Una vez en vigor el Sistema Lexnet, se produjeron numerosas quejas institucionales tanto sobre la tecnología utilizada y sobre su funcionamiento, sin perjuicio de las múltiples quejas personales de los usuarios profesionales del sistema.
Para paliar la falta de funcionamiento del sistema Lexnet en la fecha obligada por la ley, 1 de enero de 2016, se produjeron acuerdos por los decanatos de numerosos juzgados, de los que citaremos únicamente los de partidos judiciales de la Comunidad Autónoma de Madrid: Alcalá de Henares, Alcorcón, Arganda del Rey, Collado Villalba, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y San Lorenzo de El Escorial.
La reunión extraordinaria de los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Alcalá de Henares, celebrada en fecha 5 de febrero de 2016, señaló que:
«Los presentes ponen de manifiesto las deficiencias en los medios materiales y en la formación relativos a la utilización del sistema LEXNET, deficiencias que limitan la posibilidad de utilización de dicho sistema.»
Se adjunta copia de acta de la reunión como Anexo número 7.
El Juez Decano de Alcorcón dictó en fecha 11 de enero de 2016 el Acuerdo Gubernativo número 9/2016. En su apartado 1. B. señala literalmente lo siguiente:
«B.- Al día de la fecha los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuentan los Servicios Comunes de las Oficinas de Registro y Reparto del Decanato y los órganos judiciales de ALCORCON, no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de los escritos y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales, lo que ya se anticipó en la reunión mantenida el pasado 30 de diciembre de 2015 en la que participaron el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid fijando una serie de recomendaciones tendentes a atender de forma urgente los problemas que pudieran surgir en relación con el registro y reparto telemático de demandas y escritos en los órganos judiciales a partir del día 1 de enero de 2016.»
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 8.
La Jueza Decana de Arganda del Rey dictó en fecha 11 de enero de 2016 el Acuerdo n.º 1/2016, disponiendo en su párrafo 3 (folio 1 y folio 2 vuelta) lo siguiente:
«Al día de la fecha los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuenta el Decanato de Arganda del Rey y los órganos judiciales que integran este partido judicial, no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de los escritos y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales, lo que ya se anticipó en la reunión mantenida el pasado 30 de diciembre de 2015 en la que participaron el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid fijando una serie de recomendaciones tendentes a atender de forma urgente los problemas que pudieran surgir en relación con el registro y reparto telemático de demandas y escritos en los órganos judiciales a partir del día 1 de enero de 2016, y de cuyo contenido se remitió comunicado a este Decanato.»
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 9.
La Jueza Decana de los Juzgados de Collado Villalba dictó con fecha 13 de enero de 2016 un Acuerdo relativo a la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos y en formato papel ante la Oficina de Decanato y/o ante los juzgados de este partido judicial. Este acuerdo pone de relieve la carencia de medios en los que se hallan los juzgados, señalando en lo que nos interesa:
«No obstante lo anterior, se están presentando a través de LEXNET escritos dirigidos a procedimientos ya turnados a través de la Oficina de Decanato, generando más de 400 escritos presentados en apenas SIETE días que, por las fechas, son de escasa actividad en cuanto a la presentación de documentos, careciendo la Oficina de personal […] (con la añadida dificultad de que en la bandeja de entrada no se identifica el Juzgado al que van dirigidos, sino que es necesario acceder a cada uno de estos escritos para comprobar a qué órgano se dirigen).
A [4] MAYOR ABUNDAMIENTO A FECHA DE HOY LOS TECNICOS DE ICM NO HAN SIDO CAPACES DE EXPLICAR EN DECANATO EL PROCESO COMPLETO DE REPARTO Y DESCARGA DE DEMANDAS Y/O ESCRITOS TODA VEZ QUE NO EXISTE EN LA APLICACION LEXNET UNA PESTAÑA FUNDAMENTAL “REPARTIR” Y LA CONSIGUIENTE CARPETA DE “REPARTIDOS” DE LAS QUE SÍ SE INFORMA EN LA GUÍA EXPLICATIVA. POR LO TANTO AUN SIGUEN EN LA BANDEJA DE DECANATO MAS DE 450 ASUNTOS, ENTRE INICIADORES Y NO INICIADORES QUE NO SE HAN PODIDO REPARTIR DESCARGAR Y REENVIAR A LOS DISTINTOS JUZGADOS (A dicho fin los LAJ [5] de este Partido han remitido Incidencia al respecto al Excmo. Secretario de Gobierno del TSJ de Madrid.)
A lo anterior se suma que los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuenta la oficina de Decanato de Collado Villalba y los órganos judiciales que integran, no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de los escritos iniciadores o no, y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales. Lo anterior ya se anticipó en la reunión mantenida el pasado 30 de diciembre de 2015 en la que participaron el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice-consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid (no así los Decanos de los restantes Partidos Judiciales de la Comunidad de Madrid, que no fueron convocados, no obstante sus peculiaridades con respecto al Decanato de Madrid Capital), fijando una serie de recomendaciones tendentes a atender de forma urgente los problemas que pudieran surgir en relación con el registro y reparto telemático de demandas y escritos en los órganos judiciales a partir del día 1 de enero de 2016, y de cuyo contenido se remitió comunicado a este Decanato.»
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 10.
El 7 de enero de 2015, el Juez Decano de los Juzgados de Getafe dictó su Acuerdo 1/2016 relativo a la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos y en formato papel ante los distintos servicios comunes de registro y reparto de los Juzgados de Getafe. En el Acuerdo se señaló lo siguiente, que se transcribe literalmente:
«Al día de la fecha, tal como se pone de relieve por la Letrada de la Administración de Justicia del Decanato, los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuentan las Servicios Comunes de las Oficinas de Registro y Reparto del Decanato de los Juzgados de Getafe y los órganos judiciales de Madrid, no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de los escritos y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales, lo que ya se anticipó en la reunión mantenida el pasado 30 de diciembre de 2015 en la que participaron el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid fijando una serie de recomendaciones tendentes a atender de forma urgente los problemas que pudieran surgir en relación con el registro y reparto telemático de demandas y escritos en los órganos judiciales a partir del día 1 de enero de 2016.»
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 11.
El Juez Decano de Leganés acordó en fecha 14 de enero de 2016 suspender la aplicación del sistema Lexnet y regirse por unas normas especiales para la presentación de escritos. Se señalaba en el Acuerdo lo siguiente:
«Vista la necesidad de dar una respuesta inmediata ante la problemática de la carencia de medios, por parte de los juzgados, para la implantación del expediente digital, acuerdo que la presentación de escritos vía LexNet se rija por las reglas de trabajo contenidas en el anexo. Asimismo, acuerdo dejar sin efecto que la dirección electrónica del Decanato sea una vía de comunicación supletoria a LexNet.»
Se adjunta copia del acuerdo y de las normas como Anexo número 12.
El 4 de enero de 2016 y ante los previsibles problemas de un sistema que no funcionaba correctamente, el Decanato de los Juzgados de Madrid adoptó con carácter transitorio y vigencia inicial hasta el 31 de enero de 2016, diversas reglas de actuación de los servicios comunes de registro y reparto de los Juzgados de Madrid permitiendo la presentación por la doble vía telemática y papel de los escritos en los distintos servicios comunes de registro y reparto. La razón, señalaba este acuerdo se producía «al objeto de poder afrontar las dificultades previsibles derivadas de la insuficiencia de medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos indispensables para el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley 42/2015».
Se adjunta copia del acuerdo del Decanato de los Juzgados de Madrid como Anexo número 13.
En fecha 29 de enero de 2016, el Juez Decano de Madrid dictó el Acuerdo Gubernativo 59/2016 en el que se prolongaba la posibilidad de presentar los escritos tanto en papel como en formato digital, disponiendo que:
«Subsistiendo las mismas circunstancias que dieron lugar al Acuerdo nº 3/2016, de 4 de enero, del Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Madrid, relativo a la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos y en formato papel ante los distintos servicios comunes de registro y reparto de los Juzgados de Madrid, ACUERDO la prórroga del mismo, en idénticos términos, hasta el próximo 29 de febrero de 2016.
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 14.
Con fecha 31 de marzo de 2016 y mediante el Acuerdo 241/2016, el Juez Decano de Madrid finalmente resolvió la presentación de escritos por vía telemática a través del Sistema Lexnet señalando, no obstante que:
«A día de hoy los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos indispensables para reconocer, ordenar, tratar, estructurar e identificar los escritos, documentos y, en general, todas las comunicaciones presentadas por los profesionales de la justicia de que han sido dotados los distintos servicios comunes de registro y reparto dependientes de este Decanato y los diversos órganos judiciales permiten afrontar, aunque no graves sin dificultades, la exigencias derivadas de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en orden a la obligatoriedad de que los profesionales de la justicia presenten por medios telemáticos o electrónicos los escritos, iniciadores o no del proceso, y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales a partir del 1 de enero de 2016. (arts. 135 y 273 LEC). Obligación que, debe recordarse, se circunscribe exclusivamente a escritos y documentos relativos a los procedimientos iniciados a partir de la fecha mencionada (disposición adicional primera 1 Ley 42/2015) y no a los iniciados en fecha anterior.
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 15.
La Jueza Decana de los Juzgados de Móstoles aprobó en fecha 8 de enero de 2016 [6] su Acuerdo relativo a la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos y en formato papel ante la oficina de decanato y/o ante los Juzgados de este Partido Judicial. En dicho acuerdo, además de señalar la carencia de medios de su Juzgado, literalmente dispone:
«No obstante lo anterior, se están presentando a través de LEXNET escritos dirigidos a procedimientos ya turnados a través de la Oficina de Decanato, generando más de 400 escritos presentados en apenas tres días que, por las fechas, son de escasa actividad en cuanto a la presentación de documentos, careciendo la Oficina de personal para poder asumir la responsabilidad del reparto o remisión de estos escritos a los Juzgados a que se dirigen (con la añadida dificultad de que en la bandeja de entrada no se identifica el Juzgado al que van dirigidos, sino que es necesario acceder a cada uno de estos escritos para comprobar a qué órgano se dirigen).
A lo anterior se suma que los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuenta la Oficina de Decanato del Partido Judicial de Móstoles y los órganos judiciales que integran, no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de los escritos iniciadores o no, y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales. Lo anterior ya se anticipó en la reunión mantenida el pasado 30 de diciembre de 2015 en la que participaron el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice-consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid (no así los Decanos de los restantes Partidos Judiciales de la Comunidad de Madrid, que no fueron convocados, no obstante sus peculiaridades con respecto al Decanato de Madrid Capital), fijando una serie de recomendaciones tendentes a atender de forma urgente los problemas que pudieran surgir en relación con el registro y reparto telemático de demandas y escritos en los órganos judiciales a partir del día 1 de enero de 2016.»
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 16.
La Jueza Decana de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón aprobó en fecha 14 de enero de 2016 su Acuerdo relativo a la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos y en formato papel ante la oficina de decanato y/o ante los Juzgados de este Partido Judicial, donde se verifica asimismo la falta de funcionamiento del Sistema Lexnet.
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 17.
La Magistrada Juez Decana de los Juzgados de San Lorenzo de El Escorial aprobó en fecha 13 de enero de 2016 su Acuerdo relativo a la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos y en formato papel ante la oficina de decanato y/o ante los Juzgados de este Partido Judicial. Además de describir las carencias de medios de su Juzgado, señala que:
«A lo anterior se suma que los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuenta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de San Lorezo de El Escorial y actual Juzgado Decano (con equipos cuya antigüedad supera los 12 años), así como a los órganos judiciales que integran su Partido Judicial, no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de los escritos, iniciadores o no, y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales. Lo anterior ya se anticipó en la reunión mantenida el pasado 30 de diciembre de 2015 en la que participaron el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice-consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid (no así los Decanos de los restantes Partidos Judiciales de la Comunidad de Madrid, que no fueron convocados, no obstante sus peculiaridades con respecto al Decanato de Madrid Capital), fijando una serie de recomendaciones tendentes a atender de forma urgente los problemas que pudieran surgir en relación con el registro y reparto telemático de demandas y escritos en los órganos judiciales a partir del día 1 de enero de 2016.»
Se adjunta copia del acuerdo como Anexo número 18.
En cuanto a otros órganos, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunida en Antequera el 5 de febrero de 2016 acordó:
«1.- Solicitar al Ministerio de Justicia la adopción urgente de cuantas medidas y disposiciones resulten necesarias para la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la justicia de la presentación telemática de escritos a través del canal electrónico del sistema Lexnet, facultando a los citados profesionales para su presentación en formato papel, hasta que elcorrecto funcionamiento del sistema LexNet garantice la necesaria seguridad jurídica con la que los Abogados debemos desempeñar nuestra función constitucional de defensa de las partes en toda clase de procedimientos, salvaguardando de este modo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General de Procuradores de España, Consejo General de la Abogacía Española y Defensora del Pueblo.»
Se adjunta el comunicado de la La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados como Anexo número 19.
Por último, debemos citar al Ministerio Fiscal. El Consejo Fiscal es un órgano que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado y está presidido por el Fiscal General del Estado e integrado por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. Son miembros natos del Consejo Fiscal el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector.
La sesión que este órgano mantuvo el 16 de marzo de 2016 esto es, dos meses y medio después de la implantación del sistema Lexnet, reflejó la preocupación de la Fiscalía General del Estado por un sistema cuyo funcionamiento es deficiente. El Consejo Fiscal trató en su reunión del día 16 de marzo de 2016 la Dación de cuentas de los problemas de implementación del sistema Lexnet en las Fiscalías, señalando literalmente que
«Analizado y debatido el informe de la Fiscalía General del Estado sobre la situación actual de la aplicación del sistema Lexnet en aquellos territorios en que se está implementando, el Consejo Fiscal muestra su profunda preocupación por las importantes disfunciones que su implantación está suponiendo. El Ministerio Fiscal está plenamente comprometido con la modernización de la Administración de Justicia y el uso de las herramientas tecnológicas», advirtiendo que «Las dificultades de una actuación eficaz del Ministerio Fiscal en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración».
Se adjunta la Nota de prensa difundida por el Consejo Fiscal como Anexo número 20.
En fecha 5 de abril de 2016, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) publicó un cuadro del estado de funcionamiento de Lexnet en el Reino de España. Puede observarse en la última de las columnas las incidencias de funcionamiento en cada una de las Comunidades Autónomas. Se adjunta el cuadro preparado por el CGAE como Anexo número 21.
Derecho comunitario incumplido
Entiendo que la normativa nacional vulnera los derechos de los ciudadanos contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 8, sobre la protección de datos de carácter personal, el artículo 47, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y el artículo 48, apartado 2, sobre derechos de la defensa. Estos derechos se han de interpretar conforme lo marcado en el artículo 52.3 de la Carta en cuanto a su relación con los derechos objeto del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entendiéndose vulnerados los artículos del Convenio que hacen referencia a los derechos mencionados.
Antes de pasar al análisis de cada una de las vulneraciones que se alegan, es necesario tener en consideración el contexto histórico y conceptual en el que se promulga la normativa denunciada.
Si el Estado moderno se caracterizó por su relación con la tecnología de la escritura, la era actual se caracteriza por la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
La relevancia de la tecnología de la escritura es nuclear y vertebral para el Estado moderno ya que afecta tanto a su parte dogmática como orgánica. Por el lado de los valores, se introducen dos principios íntimamente ligados a la escritura de las leyes, el principio de publicidad normativa y el principio de legalidad. Estos valores son nucleares de la democracia. Por la parte orgánica, los Estados se vertebran mediante textos constitucionales que se plasman en documentos escritos bien de una manera concentrada en un solo texto, bien de forma difusa, mediante un diseño incorporado en varias normas legales.
Además de servir para la cristalización formal del Estado (el Estado moderno se escribe), la tecnología de la escritura en soporte papel es la tecnología imperante de registro de la información. Los archivos construidos de esta manera se hallaban aislados entre sí. Para relacionarlos se necesitaba construir un nuevo archivo, siendo las bibliotecas el mejor ejemplo de las técnicas de construcción de sistemas de interrelación de información entre diferentes archivos.
Con la tecnología de registro utilizando la escritura y el papel se ha llevado a cabo la gestión del Estado moderno. Quedan innumerables órganos donde la tecnología de escritura sobre papel todavía no ha sido sustituida por las TIC.
En la era actual nos hallamos con la irrupción de las TIC, cuya presencia es ubicua. Este hecho, llevado al terreno del Derecho Constitucional, nos obliga a plantearnos cómo ha de ser el Estado del siglo XXI, donde la presencia de las TIC es omnipresente en la gestión de la res publica.
El Estado del siglo XXI se gestiona con un sistema de registro por escrito, pero a diferencia del anterior, el registro de la escritura se realiza en un formato digital y con archivos que, en lugar de estar aislados, nacen con la posibilidad de estar inmediatamente interconectados entre sí debido a la existencia de una red de comunicaciones global y la existencia de campos de datos estructurados.
Este cambio entre un sistema de gestión en el que el formato es el papel y los archivos son físicos sin conexión entre sí, a otro sistema donde el formato es digital, el archivo está ya situado en una máquina interconectable con otras, archivo que dispone de campos estructurados que le permite una inmediata interrelación con otro archivo, tiene tales efectos que no se puede, sin más, suponer que las normas jurídicas que se utilizaban para un mundo de formato papel puedan trasladarse a un mundo de formato digital.
Por tanto, una de las labores pendientes de los constitucionalistas es la de repensar cómo se ha de diseñar el Estado del siglo XXI y, más concretamente, cómo han de ser los flujos de información entre los distintos poderes del Estado para siga existiendo una verdadera y efectiva separación de poderes.
Ya en 1978 el filósofo norteamericano Langdon Winner acuñó el concepto de sonambulismo tecnológico para definir una realidad. Señalaba este autor que el sonambulismo, más que el determinismo, caracteriza la política tecnológica de la izquierda, derecha y centro, siendo el silencio su modo distintivo de hablar [7]. En definitiva, lo que Winner nos recordó entonces es la ausencia de conocimiento de los temas tecnológicos por parte de quienes tienen las responsabilidades de gobierno y de administración.
El Sistema Lexnet es un ejemplo perfecto del concepto de Winner sobre sonambulismo tecnológico. Es un expresión nítida de la ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la separación de poderes en la era digital. Se trata de la respuesta del Reino de España a la cuestión de cómo gestionar la información de los órganos judiciales, pero la respuesta que se ha dado normativamente entiendo que es errónea puesto que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, así como supone una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que nunca debería permitirse en un Estado democrático y de Derecho.
Si hasta ahora todas las voces que en España han criticado Lexnet se han fundamentado en el mal funcionamiento del sistema, sin embargo el problema que se produce con la implantación de esta tecnología con su actual arquitectura es mucho más grave. Hemos de recordar que los servidores del Sistema Lexnet son gestionados no por el Poder Judicial, sino por el Ministerio de Justicia y por las diferentes Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas que tengan competencias en esta materia. Mediante la implantación del sistema Lexnet, es ahora el Poder Ejecutivo español, ya sea el Ministerio de Justicia o las Consejerías de las Comunidades autónomas con competencias en esta materia, quien aloja la información que entra y sale del Poder Judicial.
Mientras se utilizaba el formato papel, el Poder Ejecutivo desconocía qué procedimientos concretos se tramitaban en cada órgano del poder judicial. Mediante la implantación del Sistema Lexnet, el Poder Ejecutivo dispone ahora de una relación pormenorizada de qué procedimientos se tramitan ante cada órgano judicial, con qué frecuencia se tramitan dichos procedimientos, cuál es el contenido de los mismos y, además, dispone de los datos personales tanto de los profesionales como de las partes procesales y de los intervinientes en cada uno de los litigios.
Nunca jamás en la historia un Poder Ejecutivo tuvo un detalle tan absoluto sobre los datos del Poder Judicial. En el actual diseño español no escapa nada, puesto que son objeto de registro y gestión por parte del Ejecutivo los datos de los órganos judiciales, de las personas intervinientes en los procedimientos, de las razones del litigio y del estado de los procedimientos. Se trata de un control total puesto que se tiene la información de los elementos subjetivos, objetivos y temporales de todos los procedimientos en todas las jurisdicciones. Las únicas excepciones son los pocos procedimientos en los que intervienen particulares sin necesidad de intervención de profesionales del Derecho.
¿Podríamos concebir la promulgación de una norma jurídica en la que estableciésemos que el Poder Ejecutivo tuviese acceso a todos los datos de todos los procedimientos de todas las jurisdicciones? Evidentemente no. La pregunta que permanece pendiente de respuesta entonces es, si la promulgación de tal ley no sería conforme al Ordenamiento Jurídico, ¿podemos entonces implantar una tecnología que precisamente produzca el efecto que no podemos lograr mediante la promulgación de una ley? La respuesta no puede ser más que negativa.
Tal y como ya fue objeto de estudio académico debe señalarse que:
[…] De esta manera, mediante la ejecución de una tecnología hemos inoculado en el sistema político un permiso al poder ejecutivo para acceder a unos datos, permiso que sería impensable concedérselo mediante una ley. [8]
Choca contra el sentido común que este carácter indiscriminado de alojamiento y acceso por el Ejecutivo a absolutamente toda la información de prácticamente todos los litigios que se celebran en todas las jurisdicciones del Reino de España no tenga límites.
Estos límites son los que ya están reconocidos en actuales leyes de rango superior a la normativa nacional implementada y no han sido tenidos en cuenta en el diseño tecnológico del Sistema Lexnet. Se trata de los límites que se desarrollan en los párrafos a continuación y corresponden al Juez como institución independiente, a la tutela judicial efectiva garantizando la independencia de la Abogacía y el sagrado derecho de defensa, al tratamiento de los datos relativos a la intimidad personal de las partes procesales y de cualesquiera otros intervinientes en los procedimientos en su condición de peritos o testigos.
Por una parte, el alojamiento y acceso indiscriminado por el Poder Ejecutivo del Reino de España a la información del Poder Judicial ha de tener los límites señalados en las normas vertebrales de un Estado democrático, debiendo prestar especial atención a la independencia de los órganos judiciales, sin que quepa a través de un sistema tecnológico imponer una nueva posibilidad fiscalizadora no reconocida ni constitucionalmente ni en las normas orgánicas. En este aspecto es relevante lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta), cuyo segundo párrafo establece:
«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley».
La implantación del Sistema Lexnet con su actual arquitectura, donde la información se aloja y gestiona por el Poder Ejecutivo, impone que éste disponga de una información que no tenía cuando presentábamos nuestros escritos en los mismos juzgados en formato papel. Por vía de la mera actuación tecnológica no cabe dotar al Ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del Estado. Mediante Lexnet, el Ejecutivo dispone de absolutamente todos los datos que un Juez maneja en el trabajo de su juzgado lo que supone un atentado contra la independencia judicial consagrada en el artículo 47 de la Carta. El Ejecutivo conoce mediante Lexnet cuántos casos, de quién y cómo se tramitan en cada uno de los diferentes órganos judiciales. Este conocimiento se produce desde el mismo inicio de cada uno de los procedimientos, existiendo al efecto en la Resolución de 15 de diciembre de 2015 un apartado especial para los escritos iniciadores de asuntos y de ejecuciones (apartados 2 y 3 de la Resolución).
La injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial no sólo supone una vulneración del principio de la independencia judicial sino que atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 47 de la Carta, párrafo 1, establece que:
Desde el momento en que el Poder Ejecutivo conoce exactamente qué casos se tramitan en cada uno de los Juzgados y la naturaleza de los mismos, puede desarrollar estrategias para influir en los resultados de los casos. Piénsese en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionadas con la legislación hipotecaria nacional. El Ejecutivo nacional ha desoído todas y cada unas de las voces de nuestro país que reclamaban un cambio en la normativa nacional y ha tenido que ser el TJUE quien haya intervenido en defensa de los derechos de los hipotecados españoles. Mediante el Sistema Lexnet, se le pone al Poder Ejecutivo la posibilidad de atentar contra la tutela judicial de los derechos de los justiciables del Reino de España ya que dispone de la información estructurada según el apartado 2, f), iii, 1 de la Resolución de 15 de diciembre.
Mediante el diseño tecnológico del Sistema Lexnet se pone en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 48 apartado 2 de la Carta en su vertiente del derecho a una defensa.
Como puede comprobarse en la Resolución de 15 de diciembre, los datos que se han de introducir en el Sistema Lexnet son los de los profesionales que intervienen en cada uno de los casos. De esta manera, el Poder Ejecutivo conoce exactamente cuántos casos lleva cada profesional, de qué tipo, se pueden segmentar las categorías de clientes que un abogado defiende, las categorías de asuntos, etcétera.
No se trata, como algunas voces han señalado, de que se pueda controlar fiscalmente a los profesionales ejercientes, puesto que tenemos el derecho de representar o defender a nuestros clientes pro bono, sino del peligro que supone poner en manos del Poder Ejecutivo una información que no debe salir de la intimidad de un despacho profesional y cuyas únicas razones por las que pueda salir deben constar específicamente en las leyes y requerir autorización judicial.
El derecho a la defensa es sagrado y se ve altamente amenazado cuando el Poder Ejecutivo tiene en su poder los datos a los que el Sistema Lexnet obliga.
Con Lexnet el Ejecutivo dispone de la información de las partes procesales intervinientes, sus letrados y demás personas llamadas al proceso. Que sea el Poder Ejecutivo quien aloje y gestione esta información supone entregarle unos datos a los que no tiene derecho de ninguna de las maneras.
Tal entrega entiendo que vulnera lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos (el Convenio), sobre privacidad de las partes, pero también roza la legalidad del artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio, que marca los límites de acceso a la publicidad de la información de un procedimiento al regular los derechos a un proceso equitativo, sin que en ningún caso se permita el acceso indiscriminado de tales datos al Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido, la Carta regula en su artículo 8 los datos personales y en especial se estaría vulnerando el apartado 2 en el que se exige que los datos se tratarán para fines concretos, por lo que se excluye la gestión indiscriminada y global de los mismos como lo establece el Sistema Lexnet. Dispone el artículo 8 de la Carta:
«1.- Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.
2.- Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.»
Si el TJUE declaró nula, en su sentencia de 8 de abril de 2014, la Directiva que regulaba el almacenamiento de los datos de las comunicaciones realizado por las operadoras, con mayor razón podemos presumir que declarará nulo el almacenamiento por parte del Poder Ejecutivo de los datos de los procedimientos judiciales. Los datos tratados por las operadoras son de calidad y en cantidad inferiores a los que resultan de la Resolución de 15 de diciembre de 2015 del Sistema Lexnet.
Asimismo, si el TJUE declaró nula en su sentencia de 6 de octubre de 2015 la decisión de la Comisión Europea que permitía la transmisión de los datos privados entre Europa y los EE.UU. cuando no se garantizaban en el caso Facebook la ausencia de la intromisión de la NSA norteamericana (la Agencia de Seguridad norteamericana, órgano dependiente del Poder Ejecutivo), podemos presumir que declararía nula cualquier autorización homóloga al efecto en nuestro país.
Acciones legales emprendidas a nivel interno
Se solicita a la Comisión de la Unión Europea que admita y registre la presente Queja contra el Reino de España pues contraviene el Derecho comunitario, inicie un procedimiento de infracción frente a este miembro en aras del cumplimiento de la legalidad comunitaria e inste al Gobierno español a que suspenda la aplicación de su normativa en virtud de la primacía del Derecho comunitario, y en definitiva, lleve a cabo cuantas acciones estén entre sus facultades para impedir actuaciones contrarias al Derecho comunitario y a los derechos fundamentales de ciudadanos de la Unión Europea.
En Madrid, España, a quince de mayo de dos mil dieciséis.
Acuerdo de la Junta de Jueces y de Letrados al servicio de la Administración de Justicia del Partido Judicial de Leganés celebrada el 14 de diciembre de 2015.
http://web.icam.es/bucket/2015-12-14-LEGANES.pdf
Reunión extraordinaria de los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Alcalá de Henares, celebrada el 5 de febrero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/Decano%20AH%20acuerdo%20Lexnet%20febrero%202016.pdf
Acuerdo Gubernativo 9/2016 del Juez Decano de Alcorcón de 11 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-11-ALCORC%C3%93N.pdf
Acuerdo 1/2016 de la Jueza Decana de Arganda del Rey de 11 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-11-ARGANDA%20DEL%20REY.pdf
Acuerdo de la Jueza Decana de los Juzgados de Collado Villalba de 13 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-13-C_VILLALBA.pdf
Acuerdo 1/2016 del Juez Decano de los Juzgados de Getafe de 7 de enero de 2015.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-07-GETAFE.pdf
Acuerdo del Juez Decano de Leganés de 14 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-14-LEGANES-A_gubernativo%201-16.pdf
Acuerdo 3/2016 del Juez Decano de Madrid de 4 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/Acuerdo%203-2016%20DECANO-MADRID.pdf
Acuerdo 59/2016 del Juez Decano de Madrid de 29 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-29-pr%C3%B3rroga-Decano%20Madrid.pdf
Acuerdo 241/2016 del Juez Decano de Madrid de 31 de marzo de 2016.
http://web.icam.es/bucket/ATT00048.pdf
Acuerdo de la Jueza Decana de los Juzgados de Móstoles de 8 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-08-MOSTOLES.pdf
Acuerdo de la Jueza Decana de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón de 14 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-14-POZUELO%20ALARC%C3%93N.pdf
Acuerdo de la Magistrada Juez Decana de los Juzgados de San Lorenzo de El Escorial de 13 de enero de 2016.
http://web.icam.es/bucket/2016-01-13-SAN%20LORENZO%20DE%20EL%20ESCORIAL.pdf
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunida en Antequera el 5 de febrero de 2016.
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/02/CADECA-Lexnet.pdf
Nota de la sesión del Consejo Fiscal que este órgano mantuvo el 16 de marzo de 2016.
https://tinyurl.com/2016-03-16-consejo-fiscal
Cuadro de fecha 5 de abril de 2016, del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) sobre el estado de funcionamiento de Lexnet en el Reino de España.
http://web.icam.es/bucket/Status%20CCAA.pdf
[1] Tribunal Superior de Justicia.
[2] Comunidad Autónoma de Madrid.
[3] Informática y Comunicaciones de Madrid.
[4] Se respetan las mayúsculas del original.
[5] Letrados de la Administración de Justicia.
[6] Es evidente que se trata del año 2016, aun cuando por error el encabezamiento del acuerdo señale la fecha de 2015.
[7] Winner, Langdon. (1977). Autonomous Technology: Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought. Cambridge, Massachusetts (EE. UU.): MIT Press, pág. 324.
[8] De la Cueva González-Cotera, Javier. (2014). Pragmáticas tecnológicas ciudadanas y regeneración democrática. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía. Madrid, pág. 97. Documento accesible en línea: http://eprints.ucm.es/28898/1/T35803.pdf

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 5
 Real Decreto 
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 artículo 6
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 230
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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 artículo 15
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 artículo 162
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 8
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 52
 artículo 47
 artículo 47
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 artículo 47
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 artículo 48
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 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
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