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Timestamp: 2020-05-28 18:15:33+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 3 Agosto 2007
Adiós Navarra, adiós
Lorenzo Contreras Estrella Digital 3 Agosto 2007
El último paso político dado por el PSN (Partido Socialista de Navarra) ha sido, contra lo que parecía tener establecido en su agenda de predeterminaciones, aliarse con Nafarroa Bai y con la Izquierda Unida Navarra para formar Gobierno en la Comunidad Foral. El actual líder real del PSN, con el secretario general Carlos Chivite prácticamente marginado por decisión de Zapatero, es, como se sabe, Fernando Puras, un personaje capaz de decir hoy negro y mañana blanco, o viceversa. La cuestión es que UPN, el partido más votado, pierde su opción de poder ante las conveniencias de sus adversarios políticos, de manera que la suma de los votos ajenos, tras la última pirueta de Puras, sitúan a Navarra en la frontera del anexionismo nacionalista vasco, que es, en definitiva, a lo que tiende esta “Nafarroa” de Zabaleta, Uxue Barkos y compañía.
El PSOE, desde Ferraz, quiere dar a entender que es ajeno a la maniobra de Puras y que su última palabra no está pronunciada. De este modo lanza un guiño a la opinión pública española cuando se acerca el momento de las elecciones generales, en marzo, si es que Zapatero no las adelanta. Es lógico pensar que al PSOE le inquieta una quiebra de su popularidad, porque la garantía de la clientela que administra el voto en las urnas no es fija. Navarra es demasiado precio para jugar con su futuro, al tiempo que se profundiza la brecha de la unidad de España.
Ya veremos por qué registro sale Zapatero, que no es precisamente un personaje que inspire confianza entre la mayoría de los navarros. Uno de ellos, Carlos García Adanero, que ha sido portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Parlamento foral, declaraba en marzo que “Navarra le importa bastante poco a Zapatero”. García Adanero argumentaba que el presidente del Gobierno “está dispuesto a dar Navarra porque desconoce absolutamente lo que es” y, por otra parte, siempre según el antiguo portavoz parlamentario de UPN, “el PSN no tiene la fuerza suficiente para decirle a José Luis Rodríguez Zapatero que con Navarra no se juega”. Y añadía que “la dirección del PSN no dice nada porque está elegida a dedo por Ferraz”.
Desde la prensa abertzale han recordado que Pepiño Blanco, número dos del PSOE, respondió desde Madrid que “UPN debería hacer mucha penitencia si quería pactar con el PSN”. Desde luego, a la vista de los hechos, va quedando claro que esa penitencia no ha debido producirse a los ojos de los socialistas navarros.
El aval del PSOE a la alianza con Nafarroa Bai y con IUN tiene ya todo el aspecto de cuestión cerrada. Por mucho que Zapatero guarde prevención ante el mal efecto electoral de ese entendimiento del PSN con los filosoberanistas, lo normal es pensar que el precio de sus futuras posiciones políticas está ya concertado. Finge que determinadas decisiones del mundo socialista representan un sacrificio asumido por él mismo en aras de intereses superiores y en beneficio de la gobernabilidad del Estado de las Autonomías. Además le resulta, a él y a su entorno, bastante cómodo presumir de que el PSN goza de autonomía para articular el cambio en Navarra, basándose además en que el llamado “decálogo” de Miguel Sanz para aceptar gobernar en minoría, dejaría a los socialistas sin capacidad de maniobra y “a los pies de los caballos”, según fuentes del partido.
En resumidas cuentas, Zapatero tiene ya escrito un nuevo, y en este caso muy especial, capítulo de su autoritarismo, con un resultado bastante aproximado a lo que Alfonso Guerra aventuró hace años, pensando seguramente en otras derivaciones de la política nacional: “A España no va a conocerla ni la madre que la parió”. Guerra acertó sin saber exactamente lo que pronosticaba.
Emilio Campmany Libertad Digital 3 Agosto 2007
EDITORIAL El Correo 3 Agosto 2007
El repentino giro protagonizado por el Partido Socialista de Navarra (PSN) para tratar de encabezar un Ejecutivo de cambio con Nafarroa Bai e IU no sólo amenaza con abrir una seria quiebra entre el partido de Chivite y Puras y la dirección federal, sino que está agravando de manera difícilmente sostenible la incertidumbre que pesa sobre la gobernabilidad de la comunidad foral desde las elecciones del 27 de mayo. Las palabras del presidente Rodríguez Zapatero, constatando que la ejecutiva del PSOE escuchará hoy «las razones» de sus compañeros navarros antes de tomar una decisión que le compete, pueden interpretarse como un gesto de consideración hacia aquéllos que, tras aprobar por unanimidad el pacto con los nacionalistas, se arriesgan a verse desautorizados por Madrid. Pero sea cual sea la resolución final, la zigzagueante negociación llevada a cabo por el PSN ha dejado en entredicho la capacidad de liderazgo y arrastre que ha intentado demostrar asumiendo el peso de los contactos, pese a haber quedado relegado a tercer partido de la comunidad. Esa endeblez negociadora se ha visto alimentada por la confusa actitud de Zapatero y de los dirigentes del PSOE hacia la pretendida autonomía de sus correligionarios. Es una evidencia que el temor de la ejecutiva federal a la repercusión electoral de la alianza con una coalición que aúna al nacionalismo institucional con los escindidos de la izquierda radical se contrapone a la necesidad del PSN de recuperar poder tras años de escándalos y oposición. Los condicionantes de la negociación afloraron desde el comienzo. Y eran conocidos por unos y otros.
El hecho de que los ciudadanos navarros no otorgaran una mayoría incuestionable a ninguna formación no significa que no se pronunciaran el 27-M con un mandato nítido. Las urnas certificaron la solidez del respeto al marco jurídico e institucional vigente, sustentado en la Constitución y el Amejoramiento del Fuero; pero también el cuestionamiento de las proclamas tremendistas que vinculan la legítima posibilidad de cambio a una supuesta cesión a las pretensiones del terrorismo de ETA. Con su voto, los ciudadanos vinieron a restar excepcionalidad al acre debate partidario sobre el futuro político de Navarra. Sin embargo, el dilatado y cambiante proceso negociador para alumbrar el nuevo Gobierno está avivando de manera perniciosa esa excepcionalidad, que podría acabar teniendo su expresión más anómala en la repetición de las elecciones. El aturdimiento que soporta la ciudadanía no sólo urge a los socialistas a despejar ya el sentido de su decisión definitiva, sino que están obligados a evitar que sus discrepancias internas ahonden la zozobra por la falta de gobernabilidad. Una responsabilidad que también compete a UPN y a NaBai, que deberán sobreponerse a la tentación de promover unos eventuales nuevos comicios para beneficiarse de las dificultades del PSN.
Zapatero se juega sus últimos restos de credibilidad en Navarra
Editorial Elsemanaldigital 3 Agosto 2007
El espectáculo que está ofreciendo el PSN de Fernando Puras en la negociación del futuro Gobierno de Navarra ha alcanzado unos niveles de desprecio por la voluntad ciudadana y por los principios éticos mínimos que deben regir la actuación política que difícilmente encuentran parangón en nuestra reciente historia democrática. No es sólo que los socialistas navarros hayan perdido por un amplísimo margen las elecciones autonómicas frente a la UPN de Miguel Sanz; es que en Navarra se halla en juego algo más que el control de una Comunidad autónoma o los intereses de la organización regional de un partido.
En buena lógica democrática, y aun al margen de las circunstancias especiales que se dan en Navarra, el vencedor debería gobernar, y si los grupos minoritarios, como el PSN, no quieren llegar a un pacto con él para facilitar la gobernabilidad a cambio de participar en el Ejecutivo autonómico, lo que les queda es hacer oposición, que es el mandato que realmente han recibido de los electores, y si la situación parlamentaria se vuelve insostenible, para eso está la posibilidad de disolver anticipadamente la cámara y convocar a los ciudadanos a que decidan. En el caso navarro, una coalición de perdedores significaría, además, compartir el poder no simplemente con un grupo nacionalista, como los socialistas han hecho en Cataluña o en Galicia, sino con un conglomerado anexionista que niega la identidad de la Comunidad Foral y pretende diluirla en la fantasmagórica Euskalherria.
Lo que esto supone para el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, está muy claro, porque la anexión de Navarra es una de las principales exigencias de los terroristas de ETA con los que ha estado negociando nadie sabe exactamente cuánto tiempo. Si roto el "alto el fuego permanente" consiente que el PSN haga realidad el sueño o, mejor dicho, la pesadilla que para los navarros han diseñado los criminales, nunca más podrá negar ante todo el país que sigue en tratos con ellos, ni que ha cedido ante sus demandas avaladas por el terror.
Ése y no otro es el motivo de que desde la Ejecutiva Federal socialista se hubiese vetado el pacto del PSN con Nafarroa Bai. Que los socialistas navarros insistan ahora en llevar a la práctica un acuerdo que todas las informaciones daban por cerrado desde hace tiempo arroja serias dudas sobre la seriedad de ese veto.
A pesar de las últimas y crípticas declaraciones de Zapatero sobre la posibilidad de llegar a un punto intermedio entre la posición de Ferraz y la del PSN, aquí no hay componenda posible y una de las dos posturas tendrá que prevalecer. En efecto, no se entiende qué término medio puede haber entre que gobierne Navarra UPN, con o sin el apoyo activo del PSN, y que lo haga el PSN con Nafarroa Bai.
Así pues, para Zapatero ha sonado la hora de la verdad. Toda España espera su decisión: por solidaridad con el sentir mayoritario de los navarros, y también porque es el momento de que desmienta con hechos y no con palabras que sigue ligado a los compromisos a los que habría llegado con los terroristas.
El socialismo juega con Navarra
Editorial ABC 3 Agosto 2007
LA «rebelión» de los socialistas navarros, cuya dirección acordó por unanimidad, el pasado miércoles, pactar un gobierno de coalición con los nacionalistas panvasquistas de Nafarroa Bai, pone en un compromiso a Rodríguez Zapatero, obligado a decidir entre la negativa del PSOE a esta alianza contraproducente para sus intereses electorales y la determinación del PSN de echar del poder, como sea, a Unión del Pueblo Navarro. Cabrá hablar de «rebelión» u órdago a la dirección del PSOE siempre que la decisión de los socialistas navarros no responda a un medido reparto de papeles o a una táctica de despiste pactada entre aquélla y éstos, cuyo desenlace sea la irrupción de Zapatero como pacificador de esta aparente crisis interna del socialismo en la que Moncloa y Ferraz se arrogan el papel de buenos frente a los «díscolos» del PSN. No es la primera, porque lo que está sucediendo en Navarra recuerda con bastante fidelidad el pulso que planteó el Partido de los Socialistas Catalanes al reeditar el nefando tripartito y dejar fuera del Gobierno de la Generalidad a Convergencia i Unió, pese que la coalición nacionalista había vuelto a ganar las elecciones autonómicas y había ayudado a Zapatero a sacar adelante el nuevo Estatuto catalán. Sin embargo, el antecedente del PSC avalaría la teoría del baile de máscaras que estarían interpretando los socialistas en Navarra. Visto con perspectiva, al apoyar un acuerdo de gobierno con los nacionalistas anexionistas de NaBai e Izquierda Unida, el PSN no hace otra cosa que llevar hasta sus últimas consecuencias la política de Zapatero de aliarse con los nacionalistas y de abandonar en el País Vasco y Navarra las posiciones constitucionalistas anteriores. Ya en 2003, tras las elecciones municipales, el propio Zapatero respaldó los acuerdos alcanzados en varios municipios entre el PSN y el PNV, pese a que vulneraban el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Por otro lado, las revelaciones periodísticas de las negociaciones del Partido Socialista de Euskadi con PNV y Batasuna, anticipadas por ABC en octubre del pasado año, demuestran que los socialistas estaban dispuestos a llevar a Navarra un programa de inmersión de esta comunidad en la estrategia general de pactos con los nacionalistas y con ETA.
Lo que decida Rodríguez Zapatero sobre la propuesta de los socialistas navarros dependerá de cuál sea su prioridad: no crearse un problema con costes electorales o dar la satisfacción al PSN de sacar a Miguel Sanz y a UPN del Gobierno foral de Navarra. El problema es que, con el acuerdo de coalición con los nacionalistas panvasquistas de NaBai, el PSN pone a Navarra en un callejón sin salida. Si finalmente UPN mantiene el Gobierno de la comunidad, será en unas condiciones de precariedad parlamentaria insostenibles que abocarían, antes o después, a unas elecciones anticipadas. Si es el PSN el que accede al Gobierno navarro, la comunidad foral vivirá tensiones difícilmente soportables y el PSOE quedará al descubierto porque se harán ciertos todos los temores sobre la negociación del futuro de Navarra en el marco del llamado «proceso de paz». Con Nafarroa Bai en el Gobierno navarro empezará otro proceso, el de la absorción de Navarra por el discurso y la dinámica que quieren los nacionalistas, y será para éstos un éxito histórico. El PSN ha demostrado no tener entidad política suficiente para actuar como un factor de contención de las demandas nacionalistas. Los socialistas no han cumplido este papel en Cataluña ni en Galicia. Tampoco en el País Vasco, donde, además de haber hecho propio un lenguaje y unas ideas claramente nacionalistas, han permitido que el PNV más débil electoralmente tenga ahora más poder institucional que en los últimos ocho años, al conseguir el Gobierno de Álava.
Los socialistas navarros están aprisionados -y, al mismo tiempo, debilitados- por su obsesión contra UPN y Miguel Sanz y ésta es la gran baza de los nacionalistas de NaBai. Si unos y otros forman gobierno, será irrelevante que ahora los nacionalistas renuncien formalmente a propuestas anexionistas, porque las mantienen escondidas bajo fórmulas «blandas» de cooperación cultural, social, económica o lingüística con el País Vasco. Antes o después, el anexionismo acabará planteándose y los socialistas, que ya aceptó discutirlo en el Santuario de Loyola mientras negociaban con el PNV y ETA/Batasuna, no tendrán fortaleza política para oponerse a las demandas de un partido que, además, tiene más votos que ellos. Si algo han aprendido los nacionalismos de todo tipo es que los pactos con el PSOE les son muy rentables.
El gambito navarro
POR IGNACIO CAMACHO ABC 3 Agosto 2007
NADIE lo admitirá en voz alta, pero el escenario político más beneficioso para el Partido Popular en estos momentos sería que Zapatero autorizase la coalición de los socialistas con Nafarroa bye. El victimismo siempre resulta, por desgracia, rentable en política, y sobre Navarra incide la sombra del «Proceso» que persigue al presidente más allá de su reciente intento de aparentar que nunca ha pasado nada. Paradójicamente, al PSOE también le quema ahora el poder navarro. Todo su esfuerzo de «normalización» del último mes se vendrá abajo si pacta con la alianza panvasquista, y le pondría a su adversario en bandeja el argumento que más teme ahora mismo: el de que continúa siguiendo la hoja de ruta trazada en los contactos con Batasuna. Es probable que ETA desee menos que nadie una solución en Navarra que ella no pueda controlar, pero las cosas no siempre son sólo como son, sino como parecen.
En estas circunstancias, el tablero de Navarra se asemeja a una de esas partidas de ajedrez en que los jugadores tratan de sacrificar una pieza para obtener una posición de ventaja. Gambito, se llama la jugada. Mueven las blancas, o sea, el Gobierno, y Zapatero medita la decisión mientras se le rebrincan los alfiles, decididos a seguir por su cuenta la línea que se les trazó antes de que cambiaran las coordenadas del diálogo con ETA. El presidente cambió de caballo -Chivite por Puras- para facilitar la vía de la coalición con NB y el órgano común con la comunidad vasca. Puras se lo creyó, y ha ido desde el principio a por el objetivo marcado, a costa de desdecirse de sus propias promesas con una desvergonzada y hueca desfachatez, estimulado por el precedente del «montillazo». Es verdad que el PSC es orgánicamente independiente del PSOE, pero si a la hora de reeditar el tripartito catalán Montilla se saltó en su beneficio el acuerdo -ambiguo, como siempre, pero real- de Zapatero con Artur Mas, Puras tiene derecho a pensar que la opinión de Madrid es sólo eso, una opinión. Ya se sabe lo que decía Harry el Sucio sobre las opiniones: que son como los culos, todo el mundo tiene una.
Fernando Puras no es Harry el Sucio, entre otras cosas porque tiene menos palabra, pero ya hay pintadas que le llaman «Puras Iscariote». El ambiente está cargado y puede volverse eléctrico, esa clase de climas que se encienden con un chispazo. Al presidente en estos momentos le conviene cualquier cosa menos resucitar el debate territorial, en el que pierde votos por un sumidero, y encima asociado a las negociaciones con ETA. De algún modo, necesita echar el freno a los suyos, apaciguar un terco horizonte de fuegos, apagones y desgracias. Pero Puras y su aspirante a socio, Patxi Zabaleta, no se conforman con la solución de dejar gobernar en minoría a UPN hasta las generales porque saben lo que haría Miguel Sanz en ese supuesto: utilizar la competencia que le da la Ley de Amejoramiento, el estatuto foral, para adelantar las elecciones autonómicas y forzar al máximo el debate. Por eso quieren el poder ahora; justo cuando Zapatero menos lo desea. Ya se lo decía Rajoy a Piqué: la política es muy dura.
Traición y mentiras en Navarra y artículo 155 en el País Vasco
Enrique de Diego minutodigital 3 Agosto 2007
Ha dado tantas vueltas el Partido Socialista en Navarra que estamos en trance de mareo político. Suena todo a engaño y enjuague. Hay un reto del socialismo navarro a Ferraz, pero también puede ser una escenificación para que Ferraz y Zapatero salgan con el menor coste posible. La reacción de Zapatero, en cuanto secretario general del PSOE, ha sido ciertamente tibia.
Si el PSOE permite ese pacto de pesebre y altamente antinatura será Zapatero el responsable último. Porque a todo lo que el acuerdo tiene de traición hay que sumar todo lo que está teniendo de ridículo y de mentira. Fernando Puras y compinches han dicho de todo y nunca han mantenido su palabra. En campaña, que no iban a gobernar si eran la tercera fuerza política, y lo son. Después que gobernarían con Nafarroa bai, después que no, después que dejarían que lo hiciera UPN en solitario, después que no harían moción de censura, después que sí que hay pacto cuando dijeron que las negociaciones se habían cortado. Hay demasiada frivolidad para lo que se está jugando. El Partido Socialista no puede pactar en Navarra con una coalición anexionista al país vasco sin que se perciba al PSOE como un enemigo de la unidad nacional, como un caballo de Troya, fácil y cómodo, de los nacionalistas. El PSOE no puede pactar en Navarra con una coalición que plantea procesos de ingeniería social para acabar con la pluralidad e ir hacia una totalitaria unidad identitaria sin que el PSOE y Zapatero sean percibidos como enemigos claros de la libertad personal.
¡Ah! El PNV y el gobierno vasco anuncian que no cumplirán la sentencia del Tribunal Supremo en la que se les recuerda lo obvio: que la bandera de España ha de ondear en todos los edificios oficiales de ese territorio español. Las sentencias están para cumplirse y el gobierno para hacerlas cumplir. La bandera ha de ondear en Ajuria Enea o aplicar, sin dudas, ni miramientos, el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía del País Vasco.
Cena de «populares»
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 3 Agosto 2007
Sobremesa de «populares». Asunto: Navarra. Ironías para Zapatero. ¿Llegará a perjudicarle en las generales la ambición de Puras? Uno de los comensales cae en el mal gusto de apoyarse en el refranero popular: quien siembra vientos recoge tempestades. Otro recuerda en un ataque de lucidez que, al fin y al cabo, la política del PSN sigue el guión general de ZP. La mayoría coincide en que la sociedad española lo traga todo.
La conversación se centra en el PNV. Se habla con simpatía de Imaz, tan juicioso él. Todos parecen conmovidos por la marginación a la que están llevando al PNV los nacionalistas radicales y Zapatero (por fin, se le reconoce como protagonista del proceso). Alguien describe la situación penosa en la que quedará el PNV en el caso de que se llegue a formar en el País Vasco un gobierno tripartito semejante al catalán. ¿Qué será de este partido fuera del poder, esto es, sin la posibilidad de repartir prebendas? Ante tal consideración uno de los comensales recuerda que Imaz no es tan inocente, ya que ha participado de forma significativa en las negociaciones entre ETA y el PSOE. Otro añade que viene a repetir el papel que tuvo Artur Más al favorecer el parto del Estatuto catalán y todos parecen coincidir en el terrible destino que les espera a CiU y al PNV, engañados al fin por los nacionalistas radicales y los socialistas. Puntualizará uno que, en todo caso, la salida del poder les llega a los dos partidos después de haber gozado de él durante un cuarto de siglo y, además, pueden sentirse satisfechos políticamente por haber llevado a sus respectivos «pueblos» a las proximidades de la «liberación nacional» con la que siempre habían soñado...
¿Y nosotros? ¿Qué debe hacer el PP? El comensal, que acaba de hacer no sin cierta agresividad estas preguntas, había permanecido callado durante toda la cena. Podríamos pactar con CiU y el PNV responde el que parece líder. Pero, insiste el inquisidor, ¿qué les ofreceremos a cambio? ¿La aceptación del Estatuto y la propuesta de un referéndum vasco? Cerró la sobremesa el aludido: una cosa está clara: en política no está permitido renunciar al poder. Y todos se fueron levantando de la mesa.
POR M. MARTÍN FERRAND ABC 3 Agosto 2007
EL hecho de ser español tiende a compensar sus encantos con la tremenda fatiga que comporta el ejercicio coherente de tal nacionalidad. Aquí, entre nosotros, ningún asunto se da nunca por zanjado y de ahí el cansancio que produce tener abiertos, y efervescentes, tantos epígrafes en el largo, diverso y conflictivo catálogo de nuestra realidad común. Véase, como ejemplo, el asunto de las banderas, una perenne pesadilla que, como síntoma para el diagnóstico de la enfermedad territorial que nos aflige, cursa con monótonas recidivas. A las autoridades autonómicas vascas, que lo son en virtud de la Constitución del 78, no les sale de la boina que la bandera española, tal y como marca la ley, luzca en las fachadas de los edificios públicos del País Vasco. Y no luce. Y no pasa nada.
Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo ordena izar la bandera de España en la academia de la Ertzaintza, en la villa alavesa de Arcaute, en la que se forman los policías autonómicos. En cualquier Estado de Derecho, incluso en los más dramáticamente raquíticos y políticamente menos evolucionados, una circunstancia equivalente nos llevaría a la inmediata contemplación de la bandera flotando en el viento; pero aquí, suma y sigue, una cosa es el Derecho, otra la Ley, otras más su aplicación y algo muy distinto el nivel de las lealtades constitucionales de las diecisiete porciones que integran el mosaico nacional. La dejación de autoridad que, de hecho, han venido practicando los sucesivos Gobiernos de la Nación ha generado una separación que, en gran paradoja, es la trinchera en la que se hacen fuertes quienes pregonan el separatismo. Nos hemos dado, y estamos muy contentos con ello, una Constitución cuya letra sirve de palanca para forzar su espíritu germinal.
Un Estado sin bandera, carente de un símbolo común, es una incongruencia sin parangón posible en el Derecho comparado; pero esa es la inacabable realidad a la que, con poco tino y escasa resolución, nos enfrentamos. Hasta el alcalde de San Sebastián, militante notable de unos de los dos grandes partidos de ámbito nacional, le reprocha al Supremo su sentencia. «No es momento, dice el inconsistente Odón Elorza, de abrir conflictos sobre las banderas». Curiosa teoría política la del prócer socialista que, además de admitir momentos adecuados para abrir esos conflictos, defiende un sentido discontinuo para la vigencia y aplicación de la ley.
El «momento» de izar la bandera roja y amarilla en los edificios públicos de todo el Estado lo fijó, ¡hace más de veinticinco años!, la Ley 39/81. El que desde entonces no se haya cumplido su mandato resulta elocuente para definir la pasividad de las partes y la indolencia del todo. Para mayor sarcasmo, en curiosa coincidencia con este capítulo vasco de resistencia civil, los también separatistas integrados en ERC reclaman que la bandera catalana luzca junto a la española en todas las casas-cuartel de la Guardia Civil en Cataluña. Así prosperaremos poco y nos cansaremos muchísimo.
Loyola: dogma y bendición
POR GERMÁN YANKE ABC 3 Agosto 2007
A la indignidad de lo acordado entre Batasuna, el PNV y el PSOE hay que añadir ese permanente tufo clerical de las cuitas nacionalistas (y de sus comparsas). Ya en las conversaciones de Zúrich, con el Gobierno del PP, rondaba por allí el obispo Uriarte, como si hiciera falta una bendición. Ahora, en Loyola, en donde San Ignacio se convirtió al catolicismo después del «vano deseo de ganar honra» (en las tropas de Castilla, por cierto), los socialistas parecen haberse convertido al más escandaloso historicismo: si no todo, casi todo vale -incluso darle la razón- si al final ETA se aplaca. Parece, además, que, antes de celebrar las ansiadas «conferencias de paz» para dar carta de naturaleza al desaguisado que pergeñaban, querían depositar el texto del acuerdo no en la Oficina de Pesas y Medidas de París -que hubiera tenido su gracia-, sino en el Vaticano, lo que eleva el ridículo de estos sacristanes de pacotilla a la enésima potencia.
Lo de los curas mediadores, los frailes irlandeses, los obispos certificadores, los santuarios como falsos parlamentos y los archivos vaticanos demuestra el nulo tono constitucional y civil del nacionalismo. No es que sea un tema de fe, es una cuestión de dogma. En el fondo, unos -los nacionalistas moderados- tratan de convencernos de que sus reivindicaciones son fruto de la naturaleza de las cosas y de que, si no lo aceptamos como tal, es por un «malentendido», porque aún no hemos sido iluminados. Por un «malentendido» matan otros, al parecer, y no precisamente porque no hayan entendido las cosas los asesinos, sino porque nos resistimos a aceptarlas como ellos desean. Desde esta visión totalitaria de la política, y de la vida, viene que ni pintado el fraile que bendice, reprende paternalmente, calma a unos diciéndoles de tapadillo que esperen y pide a otros que cedan porque la «paz» bien vale... Seguramente no es este el esquema mental de la mayor parte de los católicos y sus pastores, pero la Iglesia debería reflexionar sobre tanta dejadez y pusilanimidad ante el descaro que viste sus ropajes.
Pero no se trata de un malentendido, sino de una doble amenaza. La primera, la del terrorismo, que no es un método equivocado para una reivindicación de otro tipo, sino la entraña misma (violenta, totalitaria, inhumana) de una doctrina. La segunda, en el orden de las reivindicaciones nacionalistas, la de una concepción que pretende eliminar del panorama la noción de ciudadanía y los fundamentos del sistema constitucional. En Loyola se ha desistido de los principios hasta el escándalo. Lo ha hecho el PNV, que parloteaba -incluso mostrando una cierta distancia con el Gobierno de Rodríguez Zapatero- sobre aquello de «primero la paz, luego la política». Y lo ha hecho, produciendo aún más conmoción, el PSOE que, contradiciendo incluso sus mismos principios, pretendía dar por bueno el más espectacular asalto a la democracia y a la libertad de los ciudadanos.
El actual Gobierno español, a estas alturas, sólo puede decir que la «paz no tiene precio político» porque el que ponía ETA era excesivo. Hasta el momento no ha habido voz socialista que haya negado que, para el éxito del «proceso», el PSOE estaba dispuesto a aceptar la retórica nacionalista sobre la nación, las «mesas» políticas, a buscar fórmulas que pudieran ser aceptadas por Batasuna como la plasmación del derecho de autodeterminación, a dar carta de naturaleza a unas «relaciones» entre el País Vasco y España como entes políticos diferentes que se «respetan» y a renovar sistemas institucionales de vinculación entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. Después de este descalabro intelectual y pragmático de los socialistas vascos (amparados por sus mayores), salir con lo de que Batasuna no tuvo «valentía» es de un descaro supino.
Lo alarmante, ahora, no es sólo lo que vamos sabiendo del pasado, sino el guión que establece de las tragaderas del PSOE en el futuro. Podría haber de nuevo diálogo «en las condiciones adecuadas» como ha dicho el ministro de Justicia. Quizás las revelaciones de los tejemanejes de Loyola por parte del PNV son un aviso de lo que el PSOE podría aceptar hablando con ellos o con otros. Nadie en el socialismo español ha dicho, no ya que lo contado sea mentira, sino que lo que se dice que se acordó es inaceptable. Es evidente que unos siguen queriendo imponer el dogma, pero lo peor es que otros sigan persiguiendo la bendición.
¿Equidistancia tripartita?
MANUEL MONTERO El Correo 3 Agosto 2007
El delegado del Gobierno aseguraba el otro día que el tripartito ha vuelto a la equidistancia, entiendo que por su tratamiento de los derechos humanos. El consejero de Justicia se ha indignado, y con un comunicado bélico -de los que se escriben para declarar la guerra o retar a duelo; siempre sorprenden los malos modos del Gobierno vasco cuando se dirige a los que no son de su cuerda o de HB- dice que de equidistantes, nada y, contradictoriamente, realiza una apología de la equidistancia, con la ocurrencia de que el tripartito es la centralidad del país. Una extravagancia, pero está de moda.
Discrepo de los dos. No puede sostenerse, a la luz de las últimas actuaciones del Gobierno vasco, que el tripartito sea equidistante. Ni mucho menos. Su discurso sobre los derechos humanos está próximo al del nacionalismo radical, casi se confunde con él, y menos en un punto su programa de actuación al respecto es el de la batasunía. No equidista, frente a lo que decía el delegado. Tampoco defiende los derechos humanos de toda la ciudadanía vasca, contra lo que sugiere quien le abroncaba.
Eso se deduce del nuevo 'Plan de acción en defensa y promoción de los derechos civiles y políticos' del tripartito. Es hijo del PACO (Plan de Paz y Convivencia), pues aquí hacemos planes y éstos hacen crías. Tiene el descomedimiento de ponerse la venda antes que la herida: «Se califica peyorativamente como de 'equidistancia' lo que, en nuestra opinión, debería ser un patrimonio común e irrenunciable de la ciudadanía: la defensa de todos los derechos de todas las personas de forma indivisible e interdependiente», pero tras leer el texto lo de nadar y guardar la ropa no cuela. El plan busca denostar la política antiterrorista del Gobierno español y sostener las peculiares visiones de la izquierda abertzale sobre los derechos humanos. Lo demás es cobertura, al margen de qué signifique eso de que hay que defender «todos los derechos ( ) de forma indivisible e interdependiente», que asusta. ¿Querrá decir que no se puede defender el derecho a la vida sin pedir la excarcelación de Otegi? A lo mejor
En este plan sorprende la brutalidad de algunas expresiones, como cuando niega «credibilidad ética y moral» y acusa de «falta de gallardía» a quienes condenamos los atentados de ETA sin indignarnos por la Ley de Partidos. La verdad y la ética están en el tripartito y los demás, en el error. Por supuesto, el Gobierno vasco condena el terrorismo de ETA -sólo faltaba-, pero cada vez que lo asegura coloca la coletilla que viene a decir 'pero también está contra las cosas que hace España', todo en saco revuelto. Eso se llama equidistancia. Lo peor: las ocho páginas del plan están dedicadas casi enteras a desarrollar, como verdades incontrovertibles, las tesis batasunas sobre los derechos humanos en el País Vasco. Eso ya no es equidistancia, sino postura de parte.
Cabría esperar que el Gobierno, al hablar de los derechos humanos en la sociedad vasca, mostrase alguna preocupación por los cientos de personas escoltadas debido a las amenazas terroristas. Sus derechos humanos están vulnerados. Carecen de libertad de movimientos, les amenazan por ejercer la libertad de expresión, quedan socavados sus derechos políticos pues les conminan de muerte por ejercerlos, está en riesgo su derecho a la vida, a la igualdad política, su derecho a la seguridad, a la privacidad, su dignidad incluso. En ningún otro lugar de la Unión Europea se produce tal violación de derechos, que amenaza a media sociedad. ¿No debería ser la principal inquietud del Gobierno vasco restablecer los derechos humanos de los ciudadanos amenazados por defender la democracia? Hasta sería deseable que elaborase propuestas para mejorar la acción antiterrorista y aliviar las condiciones de vida de aquéllos a quienes les han arrebatado los derechos más elementales.
Para su vergüenza y desdicha nuestra, nada de ello se encuentra en el plan del Gobierno nacionalista. Desarrolla acríticamente los decires de la izquierda abertzale. Da por supuesto que el Gobierno y el Parlamento español vulneran los derechos humanos, vierte sospechas e insidias: la Ley de Partidos vulnera los derechos humanos, genera impunidad, hay torturas, se recortan libertades fundamentales, las prácticas procesales son de lo que no hay, se violan tratados internacionales Vamos, que vivimos en una república bananera de las que nos redimirán los tripartitos. Su conclusión: «El Gobierno vasco no puede permanecer impasible ante la restricción de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía». No se refiere a quienes se los han coartado en su vida cotidiana, sino a los que según la batasunidad tienen los derechos restringidos. El mundo al revés.
El plan del tripartito cuestiona sistemáticamente cómo funciona el Estado de Derecho. Lo hace pontificando sobre los límites de la acción antiterrorista. Se podía haber ahorrado la prepotencia analítica, pues son obvios los que tiene el Estado de Derecho. El tripartito sugiere que España no los respeta, pero no aporta nada más que sus aseveraciones doctrinales, similares a las acusaciones de la batasunía, para la que 'sus' derechos humanos son un arma de propaganda.
Después, el Gobierno vasco, siempre presto a echarse al monte, elabora un plan en defensa de «los derechos de todas las personas». ¿De todas? De todas no: no de las personas amenazadas por el terrorismo. El plan de actuación es alucinante. No parece real, sino 'Vaya semanita' caricaturizando a un Gobierno formado por Batasuna. Trata de difundir por el universo mundo lo mal que van aquí los derechos humanos, desde el axioma de que están fatal. Tendremos enseguida: un 'foro de reflexión internacional sobre la normativa antiterrorista en el ámbito estatal y europeo', un 'informe anual independiente (sic) sobre el respeto a los derechos civiles y políticos en Euskadi', un 'seminario internacional sobre la aplicación de las declaraciones internacionales de los Derechos Humanos en Euskadi y en el Estado', un 'informe sobre la situación del cierre de medios de comunicación en el ámbito vasco' y 'una jornada sobre el ejercicio efectivo del derecho a la información en Euskadi'. Ni Arnaldo, de suyo más primario, habría llegado a tal perfección.
Tanto foro y seminario -agitación y propaganda- no son para estudiar las cosas y luego proponer reformas. No, eso no. Saben lo que anda mal y el Gobierno propondrá ya modificar 20 normas legales que «suponen una restricción o vulneración de los derechos civiles o políticos». Bien está que partidos y gobiernos hagan propuestas políticas. No que las escamoteen como defensa de derechos. Una tomadura de pelo.
Con el plan sólo se ha entusiasmado Askatasuna, de la abertzalía radical primera línea de choque. Asegura que coincide completamente, a ver si no. Única pega que le ve: ya que el Gobierno cree que el Estado vulnera a mansalva derechos humanos de vascos debería optar por la insumisión y dar instrucciones a la Ertzaintza para que les deje campar a sus anchas. Cría cuervos y te sacarán los ojos, habrán pensado los tripartitos.
El enrarecido clima que vive la sociedad vasca no lo crea el Gobierno vasco, al que tampoco la ciudadanía hace mucho caso, pero se empeña en que así parezca. ¿No sería este país más respirable si el tripartito no hiciera de portavoz del radicalismo? ¿Tanto le cuesta, no ya la solidaridad, sino alguna compasión con los ciudadanos privados de sus derechos más elementales? Su democracia ideal es selectiva y en ella hay ciudadanos de primera y de tercera. Ellos están con los de primera, con los suyos, 'los nuestros'.
Se debatía hace poco si el tripartito seguiría después de 2009. ¿De verdad es necesario llegar tan lejos?
La política del sumiso
POR RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 3 Agosto 2007
La política internacional se parece mucho a las relaciones personales. Hay quien cree que alimentar a las fieras le evitará ser devorado por las mismas. Es el apaciguamiento. También hay quien cree que durmiendo con su enemigo conseguirá que le perdonen la vida. Es la práctica del sumiso.
Nasin Kessem, el número dos de Hizbolá, no cree ni en lo uno ni en lo otro. Ha dado sobradas muestras de ello de palabra y obra. En una reciente conferencia titulada «la experiencia del Líbano y el futuro de la intifada global», además de subrayar una vez más que Hizbolá nunca reconocerá a Israel aunque así lo hicieran todos los países árabes de la región, también dijo cosas como que «sólo a través del martirio podremos hacer frente a la riqueza y las armas de nuestro enemigos». Kessem siempre ha defendido el terrorismo suicida porque cree que así lo hace el líder espiritual supremo en Teherán, la base doctrinal que guía toda la actividad de Hizbolá.
Este ideólogo del llamado Partido de Dios es con quien se ha entrevistado nuestro Ministro de Exteriores Moratinos. No sé qué le diría el dirigente socialista a Kessem, pero me imagino lo que le contaría éste: que Hizbolá no tiene nada contra las tropas de la FINUL y que ellos no estaban tras el ataque mortal a nuestros soldados. Ahora bien, nada se mueve en el sur del Líbano sin que lo sepa la gente de Hizbolá y aunque Hizbolá no fuera quien activó el detonador, tuvo que hacer la vista gorda ante lo que iba a suceder. ETA no pondría un coche bomba en Belfast sin que el IRA se enterara de nada.
Reuniones como las de Moratinos y el jeque Kessem refuerzan más que desmienten las historias de que las tropas de la FINUL buscan la protección de los milicianos de Hizbolá. En política, como en la vida, es tan importante con quien se ve uno como con quien no se habla. Más valdría que el ex enviado de la Unión Europea para la región siguiera los pasos de Tony Blair quien sí sabe con quién debe entrevistarse, pues la política de la sumisión acaba en abusos. Del fuerte al débil.
Resignado retorno a la tradición
POR HERMANN TERTSCH ABC 3 Agosto 2007
El gran plan de rearme de Oriente Medio anunciado por la Administración norteamericana esta semana generará, nadie lo dude, virulentas críticas en Europa. Se volverá a hablar de la perversa afición de Washington a fomentar escaladas armamentistas en la región, de la peligrosa contradicción que supone suministrar armamento sofisticado a teocracias del Golfo, dictaduras como Egipto o dar más alas a un posible aventurerismo de Israel. En realidad, lo que han anunciado el presidente George Bush y después Condoleezza Rice en su gira por Oriente Medio, es el retorno a una política clásica de contención. Es decir, la resignada confirmación por parte de Bush de que considera fracasada la aventura de los neoconservadores y sus «trotskistas del Pentágono» de cambiar radicalmente y por la fuerza el perfil político y social de Oriente Medio. Bush relanzará una política que es la contraria a la que ha mantenido durante su presidencia. Y que será criticada con la misma vehemencia que la anterior.
Al final de su segundo mandato, Bush da por cerrado el intento de generar una democracia amiga de EE.UU. en el corazón de Oriente Medio que pudiera expandir el prestigio del sistema y la prosperidad, y acabar así con el círculo vicioso de la retroalimentación entre Estados fallidos y el fanatismo. Así podría EE.UU. y todo Occidente liberarse de su dependencia de los Estados antidemocráticos de la región -especialmente de la Arabia Saudí que vuelve ahora al protagonismo absoluto- e incrementar por ello la presión hacia las reformas democráticas y el respeto a los derechos humanos con lo que las sociedades abiertas podrían realmente adoptar una actitud ofensiva y no defensiva frente al avance del islamismo radical y el terrorismo.
No ha podido ser. El concepto mismo partía probablemente de mucho desconocimiento de la situación real en la región y de premisas falsas aunque con seguridad no de tantas como se le achacarán ahora. Muchos lo calificaron una locura desde un principio, otros creyeron que valía la pena intentarlo, pero ahora su principal valedor lo da por liquidado. Después de una intervención contundente en Irak, se dieron grandes pasos como convocatorias electorales con participación mucho más alta que las hoy existentes en la mayor parte de democracias occidentales. Se eligió una asamblea constituyente, se hizo una constitución que fue ratificada y se lograron en muchos momentos consensos que hacían pensar en que el proyecto sería viable. Pero una política de ocupación plagada de errores y tibieza, la falta de cooperación de muchos aliados cuando no el sabotaje por parte de algunos, la explotación política por parte de Rusia y China de la creciente soledad de Washington han llevado al fracaso esta política. Es inútil especular sobre cuáles habrían sido sus posibilidades en otras condiciones.
Con un secretario de Defensa, Robert Gates, ajeno a las aventuras neocon, EEUU vuelve a la política de Bush padre y tantos otros, centrada en la cooperación y el equilibrio entre estados y considera que no son de su incumbencia las realidades sociales existentes en los países aliados o enemigos mientras no afecten a la cooperación misma. Gaza, Líbano, Irak, el terrorismo islamista en general y la mano constante de Irán en todas estas crisis han impuesto de nuevo la noción clásica de apoyar a quien quiera ser aliado, independientemente de su catadura. Y la vuelta a la noción de la contención. Los 30.000 millones de dólares en armas que recibirá Arabia Saudí, los 20.000 que recibirá Israel en ayuda adicional militar y los 23.000 para Egipto tienen como objeto afrontar la máxima prioridad ya que es la neutralización de la amenaza de Irán. En Irak no habrá bajo este presidente una retirada total que supondría una inmensa catástrofe para el pueblo iraquí y la seguridad occidental. Pero ahora la política se centra en Irán y se mantiene la opción diplomática pero cada vez más reforzada con argumentos militares. Pese a todo, Teherán sigue con su programa armamentista y nuclear. Ahora se trata de que los mullahs y Ahmadineyad comprendan que cualquier agresión por su parte tendría un costo inaceptable. A corto plazo ya hay para ello en el Golfo una presencia naval considerable. A largo plazo son los países del entorno rearmados la advertencia a Irán. Nadie se rasgue las vestiduras. Los saudíes se habrían ido de compras a Rusia o a China si no reciben las armas de EEUU. O a Francia, que también parece ya decidida armar a amigos aunque sean tan recientes e impredecibles como la Libia de Gadafi.
Prensa amiga: Fraga dio 14 millones de euros a los diarios de pago
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 3 Agosto 2007
En Galicia se vive tan bien, casi tanto como en Cataluña, que el tinglado autonómico puede derrochar cerca de 2.500 millones de pesetas en subvencionar la prensa de pago. Claro, como no hay incendios, ni pobreza, ni despoblación, ni infraviviendas, se puede gastar el dinero en otros asuntos.
Reproduzco el primer párrafo de una noticia en El Faro del Islam:
El grupo de La Voz de Galicia y Radio Voz, con 1.865.420 euros, y la editora de El Correo Gallego, con 1.708.980 euros, fueron las empresas privadas más beneficiadas. ¿Cuántos sueldos cubren estas subvenciones? Como cuenta en el blog del que saqué la noticia, La Voz de Galicia, el periódico más vendido en la región, arremetió contra el PP en la campaña de 2004, pero no tocó a Fraga. ¿Quizás porque este dinosaurio detesta a Rajoy?
¿Por qué El Faro del Islam, que ha recibido numerosos favores de todos los Gobiernos saca esta información? Pues porque la cabecera no aparece entre los subvencionados.
En Cataluña ocurre lo mismo, pero aumentado, porque son el verdadero motor de Expaña, pese al expolio. En su último ejercicio al frente de la Generalidad, Jordi Pujol soltó a La Vanguardia, ese diario que tanto elogió al caudillo Franco , más de 10 millones de euros. La simbiosis entre medios y políticos catalanes es absoluta: el tripartito persuadió al Grupo Godó y Planeta para que comprasen el 80% del capital del Avui.
Periódicos como los separatistas Deia y Avui siguen apareciendo únicamente gracias a las subvenciones que los caciques les dan. Así, los ciudadanos que son insultados en esos periódicos los mantienen. ¡Qué bonito es el Estado de las Autonomías! No hay dinero para ampliar el metro, pero sí para el agit-prop y para jugar a ser un Estadito, y cuando Barcelona se queda a oscuras, la culpa es de Madrit.
¿Se puede sostener que la prensa tradicional es libre para criticar al poder que le regala semejantes cheques? La libertad está en internet.
Jorge Vilches Libertad Digital 3 Agosto 2007
El dibujante Romeu ha publicado en El País del 31 de julio una viñeta en la que dos monigotes en bañador mantienen el siguiente diálogo:
La Audiencia «resucita» a tres entidades de Udalbiltza al no prorrogar su suspensión
Las sociedades financiaban a la Asamblea de Electos de Batasuna, de la que, según el fiscal, se sirvió ETA para estar presente en los ayuntamientos - La medida, que ordenaba el bloqueo de sus cuentas y el cierre de sus sedes, expiró el 25 de junio
Ricardo Coarasa La Razón 3 Agosto 2007
Madrid- Las tres sociedades que supuestamente financiaban a Udalbiltza-Kursaal -la Asamblea de Electos de Batasuna integrante, según la Audiencia Nacional, del entramado terrorista de ETA- no tienen suspendidas sus actividades desde el pasado 25 de junio. El juez Baltasar Garzón decretó la medida el 25 de junio de 2003 por un periodo de dos años ampliables a cinco. Las afectadas eran las entidades Udalbiltzaren Elkartea, el Consorcio Udalbiltza y el Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo, a quienes el magistrado prohibió toda actividad «de cualquier naturaleza, pública, privada o institucional, y en todos y cada uno de los ámbitos», quedando, además, bloqueadas sus cuentas bancarias y clausurados sus locales y sedes. Cumplido el plazo, el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral solicitó a Fernando Grande-Marlaska, que sustituía a Garzón al frente del titular del Juzgado de Instrucción número 5, que prorrogara la medida tres años más, hasta el tope de cinco. Pero el 24 de junio de 2005, el magistrado dictó un auto en el que sólo extendió la suspensión otros dos años.
El pasado 25 de junio, la medida cautelar debería haberse prorrogado un año más, pero lo cierto es que más de un mes después nadie ha movido ficha, salvo la asociación Dignidad y Justicia, que el 31 de julio presentó un escrito ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal reclamando la adopción de esa resolución.
Y es que una vez terminada la instrucción de la causa, como es el caso, la competencia para aprobar esa prórroga corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ésta será la encargada de enjuiciar a los 21 procesados en este procedimiento, entre ellos Xabier Alegria, Mikel Garmendia y el ex concejal de Batasuna en Bilbao Ibon Arburu, acusados de integración en organización terrorista y allegamiento de fondos a banda armada.
Fuentes de la Audiencia Nacional aseguraban ayer que la Sala no puede acordar una medida de este tipo «si no la insta una acusación». Según estas mismas fuentes, la Sala de lo Penal «sólo puede prorrogar una medida cautelar a petición de parte. Lo contrario sería un disparate, pues provocaría la recusación inmediata de todo el tribunal por contaminarse» (al adoptar una medida «motu proprio» sobre un procedimiento que posteriormente tiene que enjuiciar).
La petición de parte ya se ha producido con la reclamación de Dignidad y Justicia, personada en la causa como acusación popular, pero tendrá que ser la Sala de vacaciones la que, en ausencia de sus compañeros (los magistrados de la Sección Primera están disfrutando de su permiso de verano y la primera en llegar, Manuela Fernández Prado, no lo hará hasta el próximo día 16) resuelva su petición. «Sin que se lo pida nadie -añaden-ni siquiera prorroga la Sala una prisión preventiva».
Ahora es la Fiscalía quien tendrá que informar al respecto (además, la Sala deberá dar traslado de esa petición a los abogados de los procesados), un pronunciamiento que ayer no se había producido y que previsiblemente consistirá en instar a la Sala a prorrogar un año más la medida cautelar.
Fuentes jurídicas explicaron que el hecho de no prorrogar la suspensión de actividades de estas tres sociedades afecta al cierre de sus sedes o locales, pero no a la clausura de sus cuentas bancarias, una medida, insisten, que no está sujeta a ningún plazo. «Cuando se bloquean las cuentas, la medida no está vinculada a un plazo de cinco años, algo que sí ocurre con sus actividades y locales».
El auto de Grande-Marlaska acordaba «prorrogar por un nuevo plazo de dos años a contar desde el 25 de junio de 2005 la suspensión de todas las actividades» de las tres entidades. La resolución fue recurrida por las defensas de los procesados y su contenido fue confirmado definitivamente el 15 de julio de 2005 (por lo que en el mejor de los casos la medida lleva casi veinte días en suspenso). Posteriormente, aseguran fuentes jurídicas, no se dictó ningún auto subsanatorio, por lo que el plazo decretado entonces concluyó el pasado 25 de junio.
Según expone Dignidad y Justicia en su escrito «en la actualidad siguen concurriendo las causas y motivos que justificaron en su día la prórroga de la suspensión de actividades reseñadas, no habiéndose notificado a esta parte prórroga de la suspensión de actividades de las citadas entidades».
Subordinada a ETA
Según Garzón, las tres sociedades afectadas por la suspensión «no pueden desvincularse de la suerte que corra la matriz de aquéllas», la Asamblea de Electos creada por Batasuna para burlar la ilegalización de su formación tras la sentencia del Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2003. «Ello supondría -continuaba el magistrado- aceptar que una o varias entidades creadas desde la ilicitud pueden “sanar” esta circunstancia».
El fiscal Juan Moral considera a Udalbiltza una asociación ilícita terrorista subordinada a ETA, que se valió de la misma para -tras la suspensión de actividades de HB-EH-Batasuna- «dar continuidad a las actividades de esta formación y concentrar su actividad en los ámbitos hasta entonces no afectados por la resolución judicial».
El antecedente de Batasuna y la advertencia de Portero
No es la primera vez que en la Audiencia Nacional vence el plazo de una suspensión de actividades y no se prorroga. El voluminoso sumario de Batasuna (en el que están procesados 41 dirigentes abertzales, entre ellos Arnaldo Otegi) incluyó la suspensión de actividades de la formación. La medida la acordó Garzón en agosto de 2002, pero cuando se cumplió el plazo tres años después, nadie se encargó de prorrogarla, entendiendo que la misma estaba subsumida en la ilegalización de Batasuna decretada en 2003 por el Tribunal Supremo. No obstante, casi cinco meses después el juez Grande-Marlaska se curó en salud y dictó un auto el 17 de enero de 2006 en el que prorrogaba otros dos años la suspensión. En este caso, la medida afecta a las sociedades Uldalbitzaren Elkartea, creada en 2001 con sede en el Ayuntamiento navarro de Urdiain, y a la entidad que le sustituyó en agosto de 2002, el Consorcio Udalbiltza (constituido por varios ayuntamientos que habrían aportado hasta el 1,4% de sus ingresos para allegar fondos a Udalbiltza). La última entidad, el Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo, obtuvo fondos institucionales de un plan financiado por la UE.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, recuerda que «los abertzales siempre han utilizado sus plataformas para organizar manifestaciones y protestas» y avisa que Udalbiltza «puede ser ahora una de ellas, porque tiene garantía legal para hacerlo. Lo escandaloso es que a sus espaldas hay un procedimiento por terrorismo». «Alguien tendrá que tomar una decisión -insiste- porque si no la pueden liar en las fiestas de San Sebastián y Bilbao».
Libertad Digital 3 Agosto 2007
Texto íntegro del requerimiento enviado a Fernández Bermejo:
Sr. D. Mariano Fernández Bermejo
D. Santiago Abascal Conde, mayor de edad, con DNI ****** y con domicilio a efectos de notificaciones **********, actuando en nombre y representación de la FUNDACIÓN DENAES, con CIF ******* y con domicilio social en ********, ante usted comparece y, como mejor proceda conforme a derecho,
Que en el ejercicio de los derechos reconocidos por el Artº 29.1 de la Constitución Española y su posterior desarrollo normativo previsto en la Ley Orgánica 4/ 2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, vengo a formular a usted la siguiente
Que curse las pertinentes instrucciones a la abogacía del Estado para que solicite la ejecución de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5ª, del Tribunal Supremo, de fecha 24 de julio de 2007, referente a la utilización de la bandera Nacional Española en edificios autonómicos de forma permanente.
Todo ello, conforme se fundamenta en la meritada sentencia, y dispone tanto el Artº 4 de la Constitución Española, como la Ley 38/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.
Una vez solicitada por la Administración del Estado la Ejecución de la Sentencia, nos permitimos recordarle que el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo por parte de la Administración Autónoma Vasca, es constitutivo de delito de desobediencia, con las posibles responsabilidades civiles y penales, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Fdo. Santiago Abascal Conde
Presidente Fundación Denaes
DIGNIDAD Y JUSTICIA RECLAMA LA RESOLUCIÓN
Las tres sociedades que financiaban a la Asamblea de Electos de Batasuna-ETA ha dejado de tener suspendidas sus actividades al no haberse prorrogado antes del pasado 31 de julio la medida que ordenaba el cierre de sus sedes y el bloqueo de sus cuentas. Sólo la asociación Dignidad y Justicia se ha dado cuenta y ya ha presentado una reclamación. Ahora es la Fiscalía de la Audiencia, controlada por Javier Zaragoza, la que tiene que instar a la Sala a prorrogar un año más la medida cautelar.
El juez Baltasar Garzón prohibió a las entidades Udalbiltzaren Elkartea, el Consorcio Udalbiltza y el Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo toda actividad "de cualquier naturaleza, pública, privada o institucional, y en todos y cada uno de los ámbitos". La resolución bloqueaba, además, sus cuentas bancarias y clausuraba sus locales y sedes.
La medida se decretó el 25 de junio de 2003 por un periodo de dos años ampliables a cinco. Después, el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó a Fernando Grande Marlaska, que sustituía a Garzón, que prorrogara la medida tres años más, pero el 24 de junio de 2005, el magistrado sólo extendió la suspensión por dos años más. Ahora se tenía que haber prorrogado un año más, pero parece que sólo la asociación Dignidad y Justicia se ha dado cuenta y el 31 de julio presentó un escrito ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal reclamando una nueva resolución.
Según informa La Razón, desde la Audiencia Nacional dicen que la Sala no puede acordar una medida de este tipo "si no la insta una acusación". Es más, fuentes de la Audiencia explicaban al diario que la Sala de lo Penal "sólo puede prorrogar una medida cautelar a petición de parte. Lo contrario sería un disparate, pues provocaría la recusación inmediata de todo el tribunal por contaminarse".
Esta petición ya la ha hecho Dignidad y Justicia "porque siguen concurriendo las mismas causas que en su día justificaron la suspensión" y ahora es la Fiscalía la que tendrá que instar a prorrogar un año más la medida cautelar. Entonces, la Sala de vacaciones tendrá que resolver la petición.
Del mismo modo, fuentes jurídicas explicaron a La Razón que no prorrogar la suspensión afecta al cierre de sus sedes, pero no a la clausura de sus cuentas bancarias.
La portavoz de Covite acusa al obispo Uriarte de «humillar» a las víctimas
ABC 3 Agosto 2007
La portavoz del Colectivo de Víctimas del terrorismo (Covite), Cristina Cuesta, acusó ayer al obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, de «humillar» a las víctimas de ETA por su discurso en una misa en el municipio de Azpeitia. Lamentó el uso del término «exiliados» por parte del prelado al referirse a los huidos. En su opinión, Uriate «es un obispo con mucho predicamento y poder. Tiene posibilidad real de consolar a las víctimas y a la mayoría de ellas no las consuela». Para Cristina Cuesta, lo sucedido en Azpeitia (Guipúzcoa) es una «dramatización del drama vasco», con las familias de los presos a la puerta de la iglesia, el lendakari «aplaudiendo al obispo» y el alcalde del pueblo, de ANV, «presentándole la propuesta de ETA-Batasuna al lendakari», mientras a las víctimas «casi ni se les menciona» y los no nacionalistas «no están».
TVE emitirá, en digital, programas en catalán, gallego y vasco
bitácora Criterio, 3 Agosto 2007
La televisión no iba a ser menos y no lo ha sido, junto con Educación fue una de las primeras concesiones del Gobierno a las autonomías con partidos políticos nacionalistas o separatistas.
César Antonio Molina , ministro de Cultura, se ha comprometido a que TVE emita para todo el país programación en catalán, gallego y vasco (además del castellano o español, lógicamente), en uno de sus canales digitales. O al menos eso ha manifestado, esta mañana en Catalunya Ràdio , el consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña, Joan Manuel Tresserras (ERC) asegurando que cuenta con el "compromiso" del ministro.
Nada más se sabe, de momento, del acuerdo verbal entre el Ministerio y la Consejería. La idea en sí misma, parece buena. Una televisión pública, en la era digital, debe permitir que los ciudadanos puedan verse representados y las emisiones aborden cuantos más sectores de la población mejor. Es, a simple vista, una buena noticia.
Pero, como en tantas otras cosas que desde la Administración central se avanza por la pluralidad y el respeto, dudamos de las buenas intenciones de la Consejería, en este caso, que dirige Tresserras . ¿Por qué no actúa de la misma forma y manera la televisión pública catalana ? Es más, las televisiones regionales catalanas -de dinero público- tienen más motivos que TVE para emitir en dos idiomas al ser toda la región bilingüe, oficial y realmente, no así España, que es bilingüe en aquellas autonomías que así lo hayan declarado en sus estatutos.
Es curioso, lamentable y sangrante, ver -escuchar en este caso- al consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña dar una exclusiva de este calibre en la emisora de radio regional pública por antonomasia que solo emite en catalán y de qué manera .
Esta es la asimetría que se pregona desde Barcelona y se permite desde Madrid. Una buena idea -que los medios públicos estén al servicio de los ciudadanos y no al revés- se transforma en perversa reivindicación nacionalista al no permitir que las radios y televisiones públicas dependientes de la Generalidad y ayuntamientos puedan emitir también en español.

References: resolución 
 artículo 155
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 resolución 
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 RESOLUCIÓN

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