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Timestamp: 2020-08-09 22:34:02+00:00

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La Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los organismos del sector pÃºblico tiene como objeto, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior, aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los requisitos de accesibilidad, entendiendo la accesibilidad como un conjunto de principios y tÃ©cnicas que se deben respetar a la hora de diseÃ±ar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles.
La Directiva cubre todos los sitios web y aplicaciones mÃ³viles del sector pÃºblico, desde los de la AdministraciÃ³n estatal, Administraciones regionales y locales, Tribunales y Ã³rganos constitucionales a los de los servicios gestionados por Ã©stas como Hospitales, Colegios, Universidades, Bibliotecas pÃºblicas, etc.
En este contexto, la Directiva exige que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los organismos del sector pÃºblico se basen en requisitos comunes de accesibilidad establecidos a nivel europeo, poniendo fin a la fragmentaciÃ³n del mercado y a la diferenciaciÃ³n tÃ©cnica hoy existente, evitando que los paÃ­ses apliquen diferentes versiones, niveles de cumplimiento o tengan diferencias tÃ©cnicas a escala nacional, reduciendo la incertidumbre de los desarrolladores y fomentando la interoperabilidad. Aspectos todos, que deberÃ­an redundar en un aumento del potencial mercado interior de los productos y servicios relacionados con la accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles y por ende, contribuir al crecimiento econÃ³mico y a la creaciÃ³n de empleo en la UniÃ³n Europea.
Para la consecuciÃ³n de este objetivo y asegurar que los ciudadanos se beneficien de un acceso mÃ¡s amplio a los servicios del sector pÃºblico mediante sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles cada vez mÃ¡s accesibles, la Directiva establece unos requisitos mÃ­nimos de accesibilidad obligatorios y adopta normas aplicables al diseÃ±o, construcciÃ³n, mantenimiento y actualizaciÃ³n de tales sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles. A su vez, se impone la elaboraciÃ³n, actualizaciÃ³n periÃ³dica y publicaciÃ³n de una declaraciÃ³n de accesibilidad sobre la conformidad de sus sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles con los requisitos mÃ­nimos de accesibilidad que estÃ©n establecidos, facilitando la adaptaciÃ³n al estado de la tÃ©cnica en cada momento. No obstante, la Directiva contempla excepciones al cumplimiento de estos requisitos cuando supongan una carga desproporcionada para el organismo, sin que en ningÃºn caso la falta de prioridad, tiempo o conocimientos puedan ser considerados como motivos legÃ­timos para la excepciÃ³n.
Por otro lado, para garantizar el cumplimiento de las previsiones establecidas en esta directiva se exige a cada Estado miembro la creaciÃ³n de un mecanismo de comunicaciÃ³n vinculado a un procedimiento de aplicaciÃ³n que permita, a cualquier persona usuaria de un sitio web o una aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles de un organismo del sector pÃºblico, informar de la existencia de incumplimientos de los requisitos de accesibilidad, formular quejas y plantear sugerencias. AsÃ­ como el establecimiento de un Ã³rgano, responsable del procedimiento de aplicaciÃ³n, que garantice que las comunicaciones y solicitudes recibidas se tratan de forma efectiva.
Asimismo, la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016, impone a los Estados miembros la obligaciÃ³n de establecer un sistema de seguimiento y presentaciÃ³n de informes periÃ³dicos a la ComisiÃ³n Europea, la adopciÃ³n de medidas de promociÃ³n, formaciÃ³n y concienciaciÃ³n en materia de accesibilidad de todos los implicados y responsables jerÃ¡rquicos y por Ãºltimo, invita a los Estados miembros a ampliar el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de sus normas a otros tipos de sitios web y de aplicaciones para dispositivos mÃ³viles.
Desde el punto de vista normativo la necesidad de regular unas condiciones bÃ¡sicas de accesibilidad para la utilizaciÃ³n de servicios relacionados con la sociedad de la informaciÃ³n se reconoce por primera vez en nuestro ordenamiento interno en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaciÃ³n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que fijaba al Gobierno un plazo de dos aÃ±os para su establecimiento. Los preceptos de dicha ley, actualmente derogada, se encuentran incluidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de las personas con discapacidad y de su inclusiÃ³n social.
Posteriormente, el 4 de diciembre de 2005, el Consejo de Ministros adoptÃ³ mediante Acuerdo el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la sociedad de la informaciÃ³n y de convergencia con Europa y entre comunidades autÃ³nomas y ciudades con Estatuto de autonomÃ­a (Plan Avanza), que incluÃ­a un mandato dirigido a los entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y al Ministerio de Administraciones PÃºblicas para que elaborasen un proyecto de real decreto que regulase dichas condiciones bÃ¡sicas. Fruto de este mandato es el Reglamento sobre las condiciones bÃ¡sicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologÃ­as, productos y servicios relacionados con la sociedad de la informaciÃ³n y medios de comunicaciÃ³n social, aprobado por el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, que incluye en su capÃ­tulo III medidas especÃ­ficas en materia de accesibilidad para las pÃ¡ginas de Internet de las Administraciones PÃºblicas o entidades con financiaciÃ³n pÃºblica.
TambiÃ©n existen otras normas que hacen referencia a los requisitos de accesibilidad de los sitios web de las Administraciones PÃºblicas para las cuÃ¡les este nuevo real decreto asentarÃ¡ las bases. Algunas de ellas son la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RÃ©gimen JurÃ­dico del Sector PÃºblico, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaciÃ³n pÃºblica y buen gobierno, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n en la AdministraciÃ³n de Justicia, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos espaÃ±olas y se regulan los medios de apoyo a la comunicaciÃ³n oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PÃºblico, por la que se transponen al ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Este real decreto viene a complementar al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, y para ello deroga los artÃ­culos del reglamento que hacen referencia a la accesibilidad de las pÃ¡ginas de internet, los artÃ­culos 5, 6 y 7, y los desarrolla con mayor detalle. Por lo tanto, este Reglamento recoge los aspectos relativos a los requisitos mÃ­nimos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles del sector pÃºblico, adoptando las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016, y, de este modo, seguir garantizando que la accesibilidad y no discriminaciÃ³n, en general y especialmente de las personas con discapacidad en sus relaciones con el sector pÃºblico, sean reales y efectivas. A tal efecto, ademÃ¡s de establecer los requisitos mÃ­nimos que deben cumplirse e incorporar el resto de actuaciones previstas en la Directiva, este real decreto establece el sistema a travÃ©s del cual las personas usuarias podrÃ¡n comunicar al organismo del sector pÃºblico cualquier posible incumplimiento por parte de su sitio web o de su aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles de los requisitos de accesibilidad establecidos y que tambiÃ©n permita solicitar a las personas interesadas, previa solicitud razonable y legÃ­tima, la informaciÃ³n sobre contenidos que estÃ¡n excluidos del Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de este real decreto o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.
La posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo como propone la Directiva en su artÃ­culo 9, ya estÃ¡ recogida en la regulaciÃ³n espaÃ±ola actual y se refleja en la Ley OrgÃ¡nica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que prevÃ© la posibilidad de interponer quejas ante el Defensor del Pueblo para la defensa de los derechos del tÃ­tulo I de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola, y referidas al funcionamiento de la AdministraciÃ³n, lo que incluye las actuaciones de todo el sector pÃºblico en materia de accesibilidad con el nivel de obligaciones que imponga en cada momento la regulaciÃ³n vigente.
TambiÃ©n existe la Oficina de AtenciÃ³n a la Discapacidad de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusiÃ³n social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Dicha Oficina es el Ã³rgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, de carÃ¡cter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminaciÃ³n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y realiza las funciones de asesoramiento, anÃ¡lisis y estudio de las quejas, denuncias y consultas presentadas por las personas con discapacidad en los Ã¡mbitos de las telecomunicaciones y de la sociedad de la informaciÃ³n, entre otras.
Por otro lado, este real decreto tambiÃ©n incorpora, en una disposiciÃ³n adicional, los requisitos impuestos a las pÃ¡ginas de Internet de entidades, empresas y centros que prestan servicios pÃºblicos a travÃ©s de una concesiÃ³n pÃºblica, o alguna otra vÃ­a contractual con la AdministraciÃ³n.
Asimismo, y tambiÃ©n en una disposiciÃ³n adicional, se establecen los criterios de accesibilidad aplicables a los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los Ã³rganos constitucionales del Estado y de los Ã³rganos legislativos y de control autonÃ³micos, mediante la adecuaciÃ³n de su normativa especÃ­fica a lo establecido en este real decreto, y siempre, de acuerdo con lo establecido en la misma.
Con respecto a su entrada en vigor, la Directiva da flexibilidad a los Estados Miembros exigiendo que como mÃ­nimo se apliquen todas las previsiones para sitios web nuevos antes del 23 de septiembre de 2019 y para todos los sitios web antes del 23 de septiembre de 2020. Considerando que en EspaÃ±a se parte de una legislaciÃ³n existente en la que para sitos web ya se estaban exigiendo gran parte de estos requisitos, se ha diseÃ±ado la entrada en vigor de este real decreto dando continuidad a las previsiones del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre. De este modo, en el contexto espaÃ±ol, se ha optado por una introducciÃ³n escalonada en los mismos tÃ©rminos que la Directiva Ãºnicamente para los aspectos relacionados con la gestiÃ³n de las quejas y reclamaciones y las aplicaciones mÃ³viles. TambiÃ©n, atendiendo a las solicitudes recibidas desde el sector de las personas con discapacidad se han adelantado algunos de los plazos previstos en la Directiva. En cualquier caso, las previsiones de este real decreto se han adaptado temporalmente para hacer posible dar respuesta en tiempo y forma a la ComisiÃ³n Europea con respecto al seguimiento y presentaciÃ³n de informes. El presente real decreto tiene carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.1.Âª y 18.Âª de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola.
En la elaboraciÃ³n de este real decreto se han recabado los informes del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la AutonomÃ­a y AtenciÃ³n a la Dependencia, del Consejo Estatal de las Personas Mayores, del Consejo Nacional de la Discapacidad, en el que tienen representaciÃ³n las organizaciones representativas de personas con discapacidad, del Consejo de Consumidores y Usuarios, del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de AcciÃ³n Social, de la ComisiÃ³n Sectorial de AdministraciÃ³n ElectrÃ³nica de la Conferencia Sectorial de AdministraciÃ³n PÃºblica, de la ComisiÃ³n de Estrategia TIC de la AdministraciÃ³n General del Estado y del ComitÃ© TÃ©cnico Estatal de la AdministraciÃ³n Judicial ElectrÃ³nica.
El presente real decreto, que con arreglo al artÃ­culo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estÃ¡ incluido en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el mandato de transposiciÃ³n de la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016. La transposiciÃ³n se ha basado en los principios de la buena regulaciÃ³n previstos en el artÃ­culo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÃºn de las Administraciones PÃºblicas. En particular, se ajusta al principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligaciÃ³n de incorporaciÃ³n al derecho nacional con fidelidad al texto de la directiva; asÃ­ como a los principios de proporcionalidad, al contener la regulaciÃ³n imprescindible para el fin que se persigue, transparencia, en la medida en que refuerza las garantÃ­as que lo rodean y favorece su cumplimiento, asÃ­ como de seguridad jurÃ­dica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica, de la Ministra de EconomÃ­a y Empresa y de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 7 de septiembre de 2018,
1. Este real decreto tiene por objeto garantizar los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los organismos del sector pÃºblico y otros obligados incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del artÃ­culo 2.
2. A los efectos de este real decreto se entiende por accesibilidad el conjunto de principios y tÃ©cnicas que se deben respetar al diseÃ±ar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles para garantizar la igualdad y la no discriminaciÃ³n en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
ArtÃ­culo 2. Ã�mbito subjetivo.
1. Este real decreto se aplica al sector pÃºblico que comprende:
a) La AdministraciÃ³n General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autÃ³nomas.
c) Las entidades que integran la AdministraciÃ³n Local.
d) El sector pÃºblico institucional, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 2.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÃºn de las Administraciones pÃºblicas
e) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, entes, organismos y entidades que integran el sector pÃºblico.
2. Lo dispuesto en este real decreto tambiÃ©n serÃ¡ de aplicaciÃ³n a la AdministraciÃ³n de Justicia.
ArtÃ­culo 3. Ã�mbito objetivo de aplicaciÃ³n.
1. Este real decreto se aplica tanto a los sitios web, independientemente del dispositivo empleado para acceder a ellos, como a las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los organismos del sector pÃºblico y otros obligados incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del artÃ­culo 2.
2. El contenido accesible de los sitios web y de las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles incluye la informaciÃ³n tanto textual como no textual, los documentos y formularios que se pueden descargar, los contenidos multimedia pregrabados de base temporal, las formas de interacciÃ³n bidireccional, el tratamiento de formularios digitales y la cumplimentaciÃ³n de los procesos de identificaciÃ³n, autenticaciÃ³n, firma y pago con independencia de la plataforma tecnolÃ³gica que se use para su puesta a disposiciÃ³n del pÃºblico.
3. EstÃ¡n excluidos de este real decreto y se regularÃ¡n por su normativa especÃ­fica los contenidos multimedia en directo y pregrabado de base temporal de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de prestadores del servicio pÃºblico de radiodifusiÃ³n y sus filiales, asÃ­ como los de otros organismos o sus filiales que cumplan un mandato de servicio pÃºblico de radiodifusiÃ³n.
4. Asimismo, quedan excluidos del Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del presente real decreto los siguientes contenidos:
a) Formatos de archivo de ofimÃ¡tica publicados antes de la entrada en vigor de este real decreto, salvo que los mismos sean necesarios para tareas administrativas activas relativas a las funciones realizadas por los sujetos obligados por este real decreto.
c) Contenido multimedia en directo de base temporal salvo lo dispuesto en otra legislaciÃ³n especÃ­fica que obligue al respecto.
d) Servicios de mapas y cartografÃ­a en lÃ­nea, siempre y cuando la informaciÃ³n esencial se proporcione de manera accesible digitalmente en el caso de mapas destinados a fines de navegaciÃ³n.
e) Contenidos de terceros que no estÃ©n financiados ni desarrollados por el sujeto obligado ni estÃ©n bajo su control.
1.Â° Incompatibilidad de los requisitos de accesibilidad con la conservaciÃ³n del bien de que se trate o con la autenticidad de la reproducciÃ³n.
2.Â° Indisponibilidad de soluciones automatizadas y rentables que permitan extraer el texto de manuscritos u otros bienes de colecciones del patrimonio y transformarlos en contenidos compatibles con los requisitos de accesibilidad.
g) Contenidos de extranet e intranet entendidos como sitios web accesibles Ãºnicamente para un grupo restringido de personas y no para el pÃºblico en general, publicados antes del 23 de septiembre de 2019, hasta que dichos sitios web sean objeto de una revisiÃ³n sustancial.
h) Contenidos de sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles que tengan la condiciÃ³n de archivos o herramientas de archivo por contener Ãºnicamente contenidos no necesarios para el desarrollo de cualesquiera tareas administrativas activas, siempre que no hayan sido actualizados ni editados con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.
a) Sitio web: Es un conjunto de archivos electrÃ³nicos y pÃ¡ginas web referentes a un tema en particular bajo un nombre de dominio especÃ­fico a los que se accede utilizando un navegador web.
b) Aplicaciones para dispositivos mÃ³viles: Son las aplicaciones informÃ¡ticas diseÃ±adas y desarrolladas para ser usadas por el pÃºblico en general en dispositivos mÃ³viles, entre los que se incluyen los telÃ©fonos inteligentes y las tabletas. No incluyen el programa Â«softwareÂ» que controla dichos dispositivos (sistemas operativos para dispositivos mÃ³viles) ni el equipo informÃ¡tico.
c) Archivo ofimÃ¡tico: Son los documentos que no estÃ¡n destinados, en principio, a ser utilizados en la web, pero estÃ¡n incluidos en sitios web, pudiendo estar realizados, entre otros, en formato estÃ¡ndar Portable Document Format (PDF), o habiendo sido confeccionados mediante procesadores de texto, hojas de cÃ¡lculo o aplicaciones para la realizaciÃ³n de presentaciones.
d) Bienes de colecciones de patrimonio: Son los bienes de propiedad pÃºblica o privada que presentan un interÃ©s histÃ³rico, arqueolÃ³gico, estÃ©tico, cientÃ­fico o tÃ©cnico y que forman parte de colecciones conservadas por instituciones culturales como bibliotecas, archivos y museos.
e) Contenido de los sitios web y de las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles: Es la informaciÃ³n tanto textual como no textual, los documentos y formularios que se pueden descargar, asÃ­ como las formas de interacciÃ³n bidireccional, como el tratamiento de formularios digitales y la cumplimentaciÃ³n de los procesos de identificaciÃ³n, autenticaciÃ³n, firma y pago.
f) Contenido multimedia de base temporal: Son los ficheros multimedia que pueden ser de los siguientes tipos: Solo audio, solo vÃ­deo, audio y vÃ­deo, o cualquiera de los anteriores combinado con interacciÃ³n.
g) Contenidos multimedia pregrabados: Son los contenidos multimedia de base temporal emitidos en directo que se mantienen en lÃ­nea o se vuelven a emitir tras su transmisiÃ³n en directo, inmediatamente despuÃ©s de la fecha de la emisiÃ³n inicial o la nueva emisiÃ³n.
h) Datos de las mediciones: Son los resultados cuantificados de la actividad de seguimiento llevada a cabo a fin de comprobar la conformidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles con los requisitos de accesibilidad exigidos. Incluyen tanto la informaciÃ³n cuantitativa sobre las muestras de sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles comprobadas como la informaciÃ³n cuantitativa sobre el nivel de accesibilidad.
i) Norma: Son las especificaciones tÃ©cnicas adoptadas por un organismo de normalizaciÃ³n reconocido, de aplicaciÃ³n repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria.
j) Norma europea: Es una norma adoptada por una organizaciÃ³n europea de normalizaciÃ³n.
k) Norma armonizada: Es una norma europea adoptada a raÃ­z de una peticiÃ³n de la ComisiÃ³n Europea para la aplicaciÃ³n de la legislaciÃ³n de armonizaciÃ³n de la UniÃ³n Europea.
l) Perceptibilidad: Es el principio de la accesibilidad que exige que la informaciÃ³n y los componentes de la interfaz de usuario se presenten a las personas usuarias de manera que pueda percibirlos.
m) Operabilidad: Es el principio de la accesibilidad que exige que los componentes y la navegaciÃ³n de la interfaz de usuario se puedan utilizar por cualquier persona usuaria.
n) Comprensibilidad: Es el principio de la accesibilidad que exige que la informaciÃ³n y el funcionamiento de la interfaz de usuario sean comprensibles por cualquier persona usuaria.
Ã±) Robustez: Es el principio de la accesibilidad que exige que los contenidos sean suficientemente sÃ³lidos para poder ser interpretados de forma fiable por una gran variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologÃ­as de asistencia.
ArtÃ­culo 5. Requisitos para la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles.
1. Los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de las entidades obligadas incluidas en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del presente real decreto deberÃ¡n ser accesibles para sus personas usuarias y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos teniendo en cuenta las normas del artÃ­culo 6.
2. La accesibilidad se tendrÃ¡ presente de forma integral en el proceso de diseÃ±o, gestiÃ³n, mantenimiento y actualizaciÃ³n de contenidos de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles.
3. Las entidades obligadas adoptarÃ¡n, siempre que sea posible, medidas para aumentar la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles respecto del nivel mÃ­nimo de accesibilidad que deba cumplirse en cada momento.
ArtÃ­culo 6. PresunciÃ³n de conformidad con los requisitos de accesibilidad.
1. Se presumirÃ¡ que el contenido de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles que cumpla las normas armonizadas o partes de Ã©stas cuyas referencias hayan sido publicadas en el Â«Diario Oficial de la UniÃ³n EuropeaÂ» es conforme a los requisitos de accesibilidad establecidos en el artÃ­culo 5 que estÃ©n cubiertos por dichas normas o partes de ellas.
2. En caso de que no se hayan publicado las referencias de las normas armonizadas a que se refiere el apartado 1, se presumirÃ¡ que el contenido de las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles que cumpla las especificaciones tÃ©cnicas o partes de Ã©stas, que la ComisiÃ³n haya adoptado mediante los correspondientes actos de ejecuciÃ³n, es conforme a los requisitos de accesibilidad establecidos en el artÃ­culo 5 que estÃ©n cubiertos por dichas especificaciones tÃ©cnicas o partes de ellas.
3. En caso de que no se hayan publicado las referencias de las normas armonizadas a que se refiere el apartado 1, se presumirÃ¡ que el contenido de los sitios web que cumpla los requisitos pertinentes de la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o partes de estos, es conforme a los requisitos de accesibilidad establecidos en el artÃ­culo 5 que estÃ©n cubiertos por dichos requisitos o partes de ellos.
En caso de que no se hayan publicado las referencias de las normas armonizadas a que se refiere el apartado 1, y en ausencia de las especificaciones tÃ©cnicas a que se refiere el apartado 2, se presumirÃ¡ que el contenido de aplicaciones para dispositivos mÃ³viles que cumpla los requisitos pertinentes de la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o partes de estos, es conforme a los requisitos de accesibilidad establecidos en el artÃ­culo 5 que estÃ©n cubiertos por dichos requisitos o partes de ellos.
4. Se aplicarÃ¡n directamente las actualizaciones de referencias a la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) que la ComisiÃ³n adopte mediante actos delegados para hacer referencia a una versiÃ³n mÃ¡s reciente de dicha norma o a una norma europea que la sustituya.
5. El Ã³rgano encargado de realizar el seguimiento y presentaciÃ³n de informes ante la ComisiÃ³n Europea mantendrÃ¡ disponible en su sitio web la referencia concreta a las normas armonizadas, normas y especificaciones tÃ©cnicas que sean de aplicaciÃ³n en cada momento.
ArtÃ­culo 7. Carga desproporcionada.
1. Con carÃ¡cter excepcional, en atenciÃ³n a la carga desproporcionada que el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad pueda suponer para la entidad obligada, se podrÃ¡ exceptuar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad recogidos en el presente real decreto.
La excepciÃ³n al cumplimiento de los requisitos de accesibilidad deberÃ¡ ser motivada y se limitarÃ¡ al contenido concreto y a lo estrictamente necesario para reducir la carga. No obstante, la entidad deberÃ¡ hacer estos contenidos lo mÃ¡s accesibles posible y cumplir todos los requisitos de accesibilidad en el resto de contenidos.
2. Se considera carga desproporcionada aquella que impone a la entidad obligada una carga financiera y organizativa excesiva, o que compromete su capacidad para cumplir su cometido o para publicar la informaciÃ³n necesaria y pertinente para sus tareas y servicios, teniendo en cuenta al mismo tiempo el posible beneficio o perjuicio para los ciudadanos, en particular para las personas con discapacidad y personas mayores.
3. No se consideran motivos que permitan apreciar la excepciÃ³n de la carga desproporcionada la falta de prioridad, de tiempo o de conocimientos. Asimismo, tampoco es posible justificar la necesidad de adquirir o desarrollar sistemas informÃ¡ticos, para la gestiÃ³n de contenidos de sitios web, y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles que no sean accesibles.
4. A fin de evaluar en quÃ© medida el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad previstos en este real decreto impone una carga desproporcionada, las entidades obligadas deberÃ¡n tener en cuenta como mÃ­nimo las siguientes circunstancias:
a) El tamaÃ±o, los recursos y la naturaleza del sujeto concreto obligado.
b) Los costes y beneficios estimados para el mismo, en relaciÃ³n con los beneficios estimados para las personas con discapacidad y las personas mayores, teniendo en cuenta la frecuencia y la duraciÃ³n del uso del sitio web o aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles en especial.
5. La entidad obligada concreta que desee acogerse a la excepciÃ³n contemplada en el apartado 1 de este artÃ­culo deberÃ¡ llevar a cabo una evaluaciÃ³n inicial de la medida en que el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad previstos en este real decreto impone una carga desproporcionada debiÃ©ndolo hacer constar por escrito mediante el correspondiente informe. Dicha evaluaciÃ³n deberÃ¡ revisarse al menos una vez al aÃ±o para contemplar los posibles cambios organizacionales o tÃ©cnicos.
6. En todo caso, en la declaraciÃ³n de accesibilidad para el sitio web concreto o la aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles concreta, despuÃ©s de realizar la correspondiente evaluaciÃ³n, se harÃ¡ constar las partes de los requisitos de accesibilidad que no puede cumplir y, en su caso, se ofrecerÃ¡ alternativas accesibles segÃºn los tÃ©rminos definidos en el artÃ­culo 15.
ArtÃ­culo 8. PromociÃ³n, concienciaciÃ³n y formaciÃ³n.
1. Los organismos del sector pÃºblico y otros obligados incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del artÃ­culo 2 adoptarÃ¡n medidas de sensibilizaciÃ³n y divulgaciÃ³n para incrementar la concienciaciÃ³n dentro de las Administraciones PÃºblicas y en la sociedad en general sobre los requisitos de accesibilidad y la universalidad de sus beneficios, asÃ­ como sobre todas las medidas puestas en prÃ¡ctica con este real decreto, especialmente la posibilidad y medios para reclamar en caso de incumplimiento de las previsiones establecidas.
2. En particular, las entidades obligadas velarÃ¡n por la concienciaciÃ³n en materia de accesibilidad de todo el personal a su servicio y especÃ­ficamente de aquellos Ã³rganos o Unidades con competencias en el desarrollo de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles del sector pÃºblico, asÃ­ como de los encargados de la ediciÃ³n y generaciÃ³n de sus contenidos.
3. Las entidades obligadas fomentarÃ¡n y facilitarÃ¡n programas de formaciÃ³n internos que garanticen conocimientos actualizados sobre las condiciones de accesibilidad en la creaciÃ³n, gestiÃ³n y actualizaciÃ³n de los contenidos de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles. Para ello:
a) Los correspondientes institutos y organismos competentes en materia de formaciÃ³n en la FunciÃ³n PÃºblica incluirÃ¡n en sus planes de formaciÃ³n actividades en relaciÃ³n con la accesibilidad de los sitios web y sus contenidos y de las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles.
b) Las entidades obligadas establecerÃ¡n, como complemento de los anteriores, programas de formaciÃ³n especÃ­ficos en la materia para el personal a su servicio, especialmente, para quienes pertenezcan a Ã³rganos o unidades con competencias en el desarrollo de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles asÃ­ como, para las personas encargadas de la ediciÃ³n y generaciÃ³n de contenidos.
4. Los organismos del sector pÃºblico y otros obligados incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del artÃ­culo 2 promoverÃ¡n medidas de sensibilizaciÃ³n, divulgaciÃ³n, educaciÃ³n y formaciÃ³n en el terreno de la accesibilidad, con objeto de lograr que los titulares de otros sitios web o aplicaciones mÃ³viles distintas de aquÃ©llas a las que se refiere este real decreto, incorporen progresivamente y en la medida de lo posible los criterios de accesibilidad, particularmente aquÃ©llas cuyo contenido se refiera a bienes y servicios a disposiciÃ³n del pÃºblico.
5. Respecto de las webs y dispositivos mÃ³viles, los organismos del sector pÃºblico y otros obligados incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del artÃ­culo 2 observarÃ¡n los mandatos sobre promociÃ³n de la accesibilidad universal contenidos en las disposiciones normativas especÃ­ficas en materia de contrataciÃ³n pÃºblica y harÃ¡n uso de las facultades y posibilidades que esta legislaciÃ³n ofrece a los Ã³rganos contratantes, para ampliar y elevar los niveles de accesibilidad digital en la adquisiciÃ³n de bienes, productos y servicios.
ArtÃ­culo 9. ParticipaciÃ³n de las personas interesadas.
Las Administraciones PÃºblicas determinarÃ¡n los mecanismos de participaciÃ³n de las personas interesadas y de las personas usuarias en el seguimiento de las polÃ­ticas de accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles, teniendo en cuenta especialmente a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y personas mayores, y sus familias.
ArtÃ­culo 10. Mecanismos de comunicaciÃ³n.
1. Las entidades obligadas deberÃ¡n ofrecer a las personas usuarias un mecanismo de comunicaciÃ³n que permita a cualquier persona presentar sugerencias y quejas, asÃ­ como informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de su sitio web o de su aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles de los requisitos de accesibilidad y solicitar la informaciÃ³n excluida.
2. Se distinguen dos modalidades en funciÃ³n de la naturaleza de la comunicaciÃ³n y de los efectos y tratamiento que Ã©sta vaya a tener:
a) Comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad. Permite a cualquier persona fÃ­sica y jurÃ­dica informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte del sitio web o de la aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles de los requisitos de accesibilidad establecidos. TambiÃ©n permite transmitir otras dificultades de acceso al contenido o formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web o aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles.
b) Solicitudes de informaciÃ³n accesible y quejas. Permite a cualquier persona fÃ­sica o jurÃ­dica formular quejas relativas al cumplimiento de los requisitos de este real decreto y solicitar la informaciÃ³n relativa a contenidos que estÃ¡n excluidos del Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de este real decreto segÃºn lo establecido por el artÃ­culo 3, apartado 4, o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.
ArtÃ­culo 11. Comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad.
Las comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad podrÃ¡n presentarse mediante medios electrÃ³nicos habilitando una direcciÃ³n de correo electrÃ³nico especÃ­fica o un formulario que permita la presentaciÃ³n telemÃ¡tica. Adicionalmente, se habilitarÃ¡ al menos uno de los siguientes canales complementarios al electrÃ³nico: Un telÃ©fono o una oficina fÃ­sica de atenciÃ³n.
ArtÃ­culo 12. Solicitudes de informaciÃ³n accesible y quejas.
1. Las solicitudes de informaciÃ³n accesible y quejas serÃ¡n presentadas y registradas conforme a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÃºn de las Administraciones PÃºblicas.
2. En el caso de las solicitudes de informaciÃ³n accesible, la persona interesada deberÃ¡ concretar, con toda claridad, los hechos, razones y peticiÃ³n que permitan constatar que se trata de una solicitud razonable y legÃ­tima.
3. Recibidas las solicitudes de informaciÃ³n accesible y quejas, la entidad obligada deberÃ¡ responder a la persona interesada en el plazo de veinte dÃ­as hÃ¡biles.
4. El transcurso de dicho plazo se podrÃ¡ suspender en el caso de que deba requerirse a la persona interesada para que, en un plazo de diez dÃ­as hÃ¡biles, formule las aclaraciones necesarias para la correcta tramitaciÃ³n de la solicitud de informaciÃ³n accesible o queja. Transcurrido dicho plazo sin que la persona interesada haya realizado las aclaraciones oportunas, se continuarÃ¡ con su tramitaciÃ³n.
5. La respuesta deberÃ¡ incluir la siguiente informaciÃ³n:
b) La decisiÃ³n que se ha adoptado.
c) En su caso, la informaciÃ³n accesible solicitada.
e) La Unidad ante la cual se puede reclamar y el procedimiento por el cual se puede hacer la reclamaciÃ³n.
6. Transcurrido el plazo mÃ¡ximo para resolver sin que se haya notificado la respuesta se entenderÃ¡ que la solicitud de informaciÃ³n accesible no ha sido aceptada o que la queja no ha sido considerada.
Se declara que los apartados 1, 3, 4 y 6 invaden las competencias autonÃ³micas y carecen de carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica, por Sentencia del TC 100/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11912
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Ãšltima actualizaciÃ³n, publicada el 12/08/2019, en vigor a partir del 12/08/2019.
ArtÃ­culo 13. Procedimiento de reclamaciÃ³n.
1. Si una vez realizada una solicitud de informaciÃ³n accesible o queja, Ã©sta hubiera sido desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisiÃ³n adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artÃ­culo 12.5, la persona interesada podrÃ¡ iniciar una reclamaciÃ³n para conocer y oponerse a los motivos de la desestimaciÃ³n, instar la adopciÃ³n de las medidas oportunas en el caso de no estar de acuerdo con la decisiÃ³n adoptada, o exponer las razones por las que se considera que la respuesta no cumple con los requisitos exigidos.
Igualmente se podrÃ¡ iniciar una reclamaciÃ³n en el caso de que haya trascurrido el plazo de veinte dÃ­as hÃ¡biles sin haber obtenido respuesta.
2. Dicha reclamaciÃ³n deberÃ¡ ser presentada y registrada conforme a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La reclamaciÃ³n deberÃ¡ dirigirse a la Unidad responsable de accesibilidad de ese Ã¡mbito competencial, o si la respuesta se hubiera realizado desde la propia Unidad responsable de accesibilidad, al superior jerÃ¡rquico de Ã©sta.
3. Las entidades obligadas deberÃ¡n incluir en la declaraciÃ³n de accesibilidad la Unidad a la cual elevar las reclamaciones junto con el enlace al sistema de registro en el que se deberÃ¡ realizar dicha reclamaciÃ³n.
4. Recibida la reclamaciÃ³n, la Unidad responsable de atenderla deberÃ¡ responder a la persona interesada en el plazo mÃ¡ximo de dos meses.
5. El transcurso de dicho plazo se podrÃ¡ suspender en el caso de que deba requerirse a la persona interesada para que, en un plazo de diez dÃ­as hÃ¡biles, formule las aclaraciones necesarias para la correcta tramitaciÃ³n de la reclamaciÃ³n. Transcurrido dicho plazo sin que la persona interesada haya realizado las aclaraciones oportunas, se continuarÃ¡ con la tramitaciÃ³n de la reclamaciÃ³n.
6. Transcurrido el plazo mÃ¡ximo para resolver la reclamaciÃ³n sin que se haya notificado la resoluciÃ³n de la misma, se entenderÃ¡ que la reclamaciÃ³n ha sido desestimada.
Se declara que el inciso destacado del apartado 1 y los apartados 2 a 6 invaden las competencias autonÃ³micas y carecen de carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica, por Sentencia del TC 100/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11912
ArtÃ­culo 14. Recursos.
Contra la resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n regulada en los anteriores artÃ­culos se podrÃ¡n interponer los recursos administrativos que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015.
Control, revisiÃ³n, seguimiento y presentaciÃ³n de informes
ArtÃ­culo 15. DeclaraciÃ³n de accesibilidad.
1. Las entidades responsables de las webs y aplicaciones para mÃ³viles proporcionarÃ¡n una declaraciÃ³n de accesibilidad detallada, exhaustiva y clara sobre la conformidad de sus respectivos sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles con lo dispuesto en este real decreto. Dicha declaraciÃ³n serÃ¡ actualizada periÃ³dicamente, como mÃ­nimo una vez al aÃ±o, o cada vez que se realice una revisiÃ³n de accesibilidad conforme a lo especificado en el artÃ­culo 17.
Esta declaraciÃ³n de accesibilidad se proporcionarÃ¡ en un formato accesible haciendo uso de las instrucciones y del modelo de declaraciÃ³n de accesibilidad que se establezca conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
En el caso de los sitios web, la declaraciÃ³n se publicarÃ¡ en el sitio web correspondiente estando disponible su acceso desde todas las pÃ¡ginas del sitio web con un enlace denominado Â«AccesibilidadÂ» o su equivalente en el idioma en el que se encuentre disponible la pÃ¡gina.
En el caso de las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles, la declaraciÃ³n estarÃ¡ disponible en el sitio web de la entidad obligada que haya desarrollado la aplicaciÃ³n concreta para dispositivos mÃ³viles junto con el enlace para su descarga o bien se facilitarÃ¡ junto con otra informaciÃ³n disponible al descargar la aplicaciÃ³n de las plataformas de distribuciÃ³n de aplicaciones.
2. La declaraciÃ³n de accesibilidad comprenderÃ¡, como mÃ­nimo, la siguiente informaciÃ³n:
a) Una explicaciÃ³n sobre aquellas partes del contenido que no sean accesibles y las razones de dicha inaccesibilidad, asÃ­ como, en su caso, las alternativas accesibles que se ofrezcan.
b) Un enlace y descripciÃ³n del mecanismo de comunicaciÃ³n en los tÃ©rminos que se establecen en los artÃ­culos 10, 11 y 12 del presente real decreto.
c) Un enlace al procedimiento de reclamaciÃ³n regulado en el artÃ­culo 13 al que cualquier persona interesada pueda recurrir en caso de que la respuesta a la comunicaciÃ³n o a la solicitud sea insatisfactoria.
3. Mediante Orden de la Ministra de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica se aprobarÃ¡n instrucciones especÃ­ficas para la generaciÃ³n y puesta a disposiciÃ³n de las declaraciones de accesibilidad de aplicaciÃ³n en todo el territorio nacional de acuerdo con los requisitos especificados en el modelo europeo.
Se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado del apartado 3 y que el texto restante de dicho apartado invade las competencias autonÃ³micas y carece de carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica, por Sentencia del TC 100/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11912
ArtÃ­culo 16. Unidad responsable de accesibilidad.
1. Cada entidad obligada determinarÃ¡ la Unidad responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles dentro de su Ã¡mbito competencial.
En la AdministraciÃ³n General del Estado se designarÃ¡n las Unidades responsables de accesibilidad en el Ã¡mbito de las SubsecretarÃ­as de cada Departamento considerando todos los posibles organismos pÃºblicos y entidades de derecho pÃºblico dependientes de ese Departamento.
En las comunidades autÃ³nomas se designarÃ¡ la Unidad responsable de accesibilidad para todo el Ã¡mbito autonÃ³mico.
En las entidades locales y demÃ¡s organismos obligados se designarÃ¡, conforme a sus caracterÃ­sticas organizativas propias, la Unidad responsable de accesibilidad de su Ã¡mbito.
2. La Unidad responsable de accesibilidad definirÃ¡ el modelo de funcionamiento dentro de su Ã¡mbito competencial actuando directamente sobre todo el Ã¡mbito o con un posible esquema de responsables de accesibilidad delegados en los diferentes organismos o entidades dependientes.
3. La Unidad responsable de accesibilidad tendrÃ¡ las siguientes funciones:
a) Coordinar y velar por el funcionamiento efectivo de los mecanismos de comunicaciÃ³n establecidos en el capÃ­tulo II ayudando a la definiciÃ³n, emitiendo directrices y promoviendo la existencia de los medios y procedimientos para garantizar una adecuada gestiÃ³n y atenciÃ³n de cuantas consultas, sugerencias, comunicaciones, quejas y solicitudes de informaciÃ³n accesible se reciban en cada uno de los Ã³rganos, organismos o entidades bajo su competencia.
b) Atender y dar respuesta a las reclamaciones que, en aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃ­culo 13 le sean dirigidas.
c) Revisar las evaluaciones realizadas para acogerse a la excepciÃ³n del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer Ã©stos una carga desproporcionada regulada en el artÃ­culo 7.
d) Coordinar las revisiones periÃ³dicas de accesibilidad establecidas en el artÃ­culo 17, con la colaboraciÃ³n, en su caso, de las Unidades de tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y comunicaciones.
e) Coordinar y fomentar las actividades de promociÃ³n, concienciaciÃ³n y formaciÃ³n establecidas en el artÃ­culo 8.
f) Realizar los informes que se determinen para garantizar el cumplimiento de las previsiones establecidas en el artÃ­culo 19.
g) Actuar como punto de contacto con el organismo encargado de realizar el seguimiento y presentaciÃ³n de informes y colaborar con las tareas que tiene asignadas
h) Cualesquiera otras, que en garantÃ­a de la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles le puedan ser atribuidas.
4. Se deberÃ¡ notificar al Ã³rgano encargado de realizar el seguimiento y presentaciÃ³n de informes al que se refiere el artÃ­culo 18 las designaciones, modificaciones o bajas de las correspondientes Unidades responsables de accesibilidad.
Se declara que el apartado 2 invade las competencias autonÃ³micas y carece de carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica, por Sentencia del TC 100/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11912
ArtÃ­culo 17. RevisiÃ³n de la accesibilidad.
1. Las entidades obligadas por el presente real decreto realizarÃ¡n revisiones del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos tanto en la fase de diseÃ±o de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles como antes de su puesta en funcionamiento.
2. Una vez puesto en funcionamiento un sitio web o aplicaciÃ³n para dispositivos mÃ³viles, las entidades obligadas realizarÃ¡n revisiones periÃ³dicas del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad con el fin de garantizar el mantenimiento de su cumplimiento a lo largo del tiempo. Especialmente, se deberÃ¡ tener en cuenta el caso de los contenidos aÃ±adidos o modificados durante el ciclo de vida de los sitios web asÃ­ como las actualizaciones tecnolÃ³gicas de estos Ãºltimos y de las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles.
3. Las revisiones de accesibilidad deberÃ¡n abarcar todos los requisitos exigidos y tendrÃ¡n en consideraciÃ³n tanto aspectos de revisiÃ³n automÃ¡tica como aspectos de revisiÃ³n manual experta. El resultado de Ã©stas deberÃ¡ quedar recogido en un informe de revisiÃ³n de la accesibilidad.
4. Mediante Orden de la Ministra de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica se podrÃ¡ aprobar un modelo y condiciones especÃ­ficas para realizar estas revisiones de accesibilidad que podrÃ¡n ampliar lo establecido en la metodologÃ­a europea para el seguimiento de la conformidad. En cualquier caso, estas revisiones deberÃ¡n respetar las condiciones mÃ­nimas exigidas para las revisiones en profundidad de un sitio web o aplicaciÃ³n mÃ³vil que establezca la metodologÃ­a europea.
5. Las entidades obligadas podrÃ¡n certificar el cumplimiento de los requisitos de este real decreto en sus sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles por una entidad de certificaciÃ³n cuya competencia tÃ©cnica haya sido reconocida formalmente por la Entidad Nacional de AcreditaciÃ³n (ENAC) o por otro organismo nacional de acuerdo al Reglamento (CE) n.Âº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditaciÃ³n y vigilancia del mercado relativos a la comercializaciÃ³n de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.Âº 339/93.
6. En cualquier caso, la primera revisiÃ³n de accesibilidad deberÃ¡ haberse realizado en el caso de los sitios web antes de dos aÃ±os desde la entrada en vigor de este real decreto, y, en el caso de las aplicaciones mÃ³viles, antes de tres aÃ±os desde la entrada en vigor de este real decreto.
Se declara que la primera frase del apartado 4 invade las competencias autonÃ³micas y carece de carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica, por Sentencia del TC 100/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11912
ArtÃ­culo 18. Seguimiento y presentaciÃ³n de informes.
1. El Ã³rgano encargado de realizar el seguimiento y presentaciÃ³n de informes ante la ComisiÃ³n Europea es el Ministerio de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica.
2. Este Ã³rgano podrÃ¡ comprobar periÃ³dicamente el estado de situaciÃ³n con respecto a la conformidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los organismos del sector pÃºblico con los requisitos de accesibilidad, basÃ¡ndose en la metodologÃ­a para el seguimiento de la conformidad prevista en el artÃ­culo 8.2 de la Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los organismos del sector pÃºblico segÃºn sea determinado por la ComisiÃ³n Europea en los correspondientes actos de ejecuciÃ³n.
Este Ã³rgano tambiÃ©n podrÃ¡ realizar verificaciones sobre muestras aleatorias con respecto a la exactitud de los informes de revisiÃ³n de la accesibilidad definidos en el artÃ­culo 17.
3. Este Ã³rgano presentarÃ¡ a la ComisiÃ³n Europea, a mÃ¡s tardar el 23 de diciembre de 2021 y posteriormente cada tres aÃ±os, un informe sobre el resultado del seguimiento que se harÃ¡ pÃºblico en formato accesible.
4. Dicho informe deberÃ¡ ajustarse a lo que se determine en los actos de ejecuciÃ³n que adoptarÃ¡ la ComisiÃ³n Europea para la presentaciÃ³n de informes de Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016. En cualquier caso deberÃ¡ incluir:
b) InformaciÃ³n sobre el uso del procedimiento de reclamaciÃ³n establecido en el artÃ­culo 13.
c) InformaciÃ³n sobre los elementos enumerados en el apartado 5 cuando hayan sido objeto de cambios significativos respecto del informe anterior.
5. El primer informe comprenderÃ¡ tambiÃ©n:
a) Una descripciÃ³n de los mecanismos creados en EspaÃ±a para consultar a las personas interesadas sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles;
b) procedimientos para hacer pÃºblica cualquier evoluciÃ³n de las polÃ­ticas de accesibilidad relacionada con los sitios web y las aplicaciones para dispositivos mÃ³viles;
c) experiencias y conclusiones extraÃ­das de la aplicaciÃ³n de las normas sobre conformidad con los requisitos de accesibilidad establecidos;
d) informaciÃ³n sobre actividades de formaciÃ³n y concienciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 19. CoordinaciÃ³n para el seguimiento y presentaciÃ³n de informes.
1. Cada Unidad responsable de accesibilidad prepararÃ¡ tres informes anuales sobre su Ã¡mbito de actuaciÃ³n concreto que tendrÃ¡ disponibles antes del 1 de octubre de cada aÃ±o a partir del aÃ±o 2020:
a) Informe sobre la atenciÃ³n de quejas y reclamaciones. Dicho informe incluirÃ¡ las medidas puestas en prÃ¡ctica para atender las cuestiones planteadas en el artÃ­culo 16.3.a) junto a un estudio de las comunicaciones, consultas, sugerencias, solicitudes de informaciÃ³n accesible y quejas formuladas a travÃ©s del mismo. TambiÃ©n incluirÃ¡ un estudio de las reclamaciones atendidas y revisiones realizadas segÃºn el artÃ­culo 16.3.b) y c).
b) Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad dentro de su Ã¡mbito competencial incluyendo las medidas puestas en marcha para atender las acciones contempladas en el artÃ­culo 16.3.d) y los resultados derivados de ellas. Asimismo, se incluirÃ¡n todos los informes de revisiÃ³n de la accesibilidad realizados segÃºn lo previsto en el artÃ­culo 17.
c) Informe de seguimiento sobre la promociÃ³n, concienciaciÃ³n y formaciÃ³n dentro de su Ã¡mbito competencial incluyendo las medidas puestas en marcha para atender las acciones contempladas en el artÃ­culo 16.3.e) y los resultados derivados de ellas.
2. Para facilitar las tareas del Ministerio de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica colaborarÃ¡n con Ã©ste: La Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones PÃºblicas del artÃ­culo 20, todas las Unidades responsables de accesibilidad y todos los actores implicados en las diferentes actividades de revisiÃ³n de la accesibilidad, procedimiento de reclamaciÃ³n, promociÃ³n y concienciaciÃ³n, formaciÃ³n, y coordinaciÃ³n previstas en el presente real decreto.
Para ello deberÃ¡n suministrar la informaciÃ³n especÃ­fica en tales Ã¡reas con los modelos, condicionantes y procedimientos que establezca el Ministerio de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica.
3. Para la definiciÃ³n de los modelos, condicionantes y procedimientos que permitan conocer regularmente e informar sobre estas materias, el Ministerio de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica podrÃ¡ contar con la participaciÃ³n de:
a) La Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones PÃºblicas.
b) Los Ã³rganos de coordinaciÃ³n en materia de tecnologÃ­as de la informaciÃ³n de la AdministraciÃ³n General del Estado previstos en el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.
c) La ComisiÃ³n Sectorial de AdministraciÃ³n ElectrÃ³nica establecida en la disposiciÃ³n adicional novena de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de RÃ©gimen JurÃ­dico del Sector PÃºblico.
d) El ComitÃ© TÃ©cnico Estatal De La AdministraciÃ³n Judicial ElectrÃ³nica establecido en el artÃ­culo 44 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n en la AdministraciÃ³n de Justicia.
Se declara que el inciso destacado del apartado 3 invade las competencias autonÃ³micas y carecen de carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica, por Sentencia del TC 100/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11912
ArtÃ­culo 20. Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones PÃºblicas.
1. Se crea la Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones PÃºblicas con funciones de asistencia al Ministerio de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica regulado en el artÃ­culo 18, que tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de grupo de trabajo de los previstos en el artÃ­culo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. La Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones PÃºblicas estarÃ¡ integrada por:
a) Las personas titulares de las Unidades responsables de accesibilidad de la AdministraciÃ³n General del Estado.
b) Las personas titulares de las Unidades responsables de accesibilidad de las comunidades autÃ³nomas.
c) Al menos un punto de contacto provincial que agruparÃ¡ a las entidades locales de esa provincia y que podrÃ¡ estar provisto por la correspondiente DiputaciÃ³n Provincial, Comunidad AutÃ³noma, Consorcio o FederaciÃ³n de municipios considerando sus caracterÃ­sticas territoriales concretas y de acuerdo con la normativa especÃ­fica de rÃ©gimen local.
d) Una persona designada al respecto por parte de la Conferencia de Rectores para las Universidades espaÃ±olas que agruparÃ¡ a las Universidades.
e) Una persona designada al respecto por parte del ComitÃ© TÃ©cnico Estatal de la AdministraciÃ³n Judicial ElectrÃ³nica que agruparÃ¡ a las entidades del Ã¡mbito judicial.
f) Las personas titulares de las Unidades responsables de accesibilidad de los demÃ¡s entes obligados que no estÃ©n cubiertos por los anteriormente indicados.
g) Las asociaciones comprendidas en el artÃ­culo 2.1.e participarÃ¡n a travÃ©s de uno de los miembros anteriormente indicados considerando el tipo de la entidad con participaciÃ³n mayoritaria en la asociaciÃ³n.
3. Los personas integrantes de esta red de contactos actuarÃ¡n como difusoras y agregadoras de la informaciÃ³n disponible de todas las entidades a las que representen o agrupen.
4. Las designaciones, modificaciones o bajas de las personas integrantes de esta red deberÃ¡n ser notificadas al Ministerio de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica.
DisposiciÃ³n adicional primera. Criterios de accesibilidad aplicables a los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles con financiaciÃ³n pÃºblica.
Las Administraciones PÃºblicas exigirÃ¡n que se apliquen los criterios de accesibilidad de los artÃ­culos 5 y 6 del presente real decreto a:
a) Los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles que reciban financiaciÃ³n pÃºblica para su diseÃ±o o mantenimiento.
b) Los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles, vinculados a la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos, de entidades y empresas que se encarguen, ya sea por vÃ­a concesional o a travÃ©s de otra vÃ­a contractual, de gestionar servicios pÃºblicos, en especial, los que tengan carÃ¡cter educativo, sanitario, cultural, deportivo y de servicios sociales.
c) Los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los centros privados educativos, de formaciÃ³n y universitarios sostenidos, total o parcialmente, con fondos pÃºblicos.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Criterios de accesibilidad aplicables a los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los Ã³rganos constitucionales del Estado y de los Ã³rganos legislativos y de control autonÃ³micos.
Los criterios de accesibilidad recogidos en el presente real decreto, serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los Ã³rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo de Estado, del Consejo EconÃ³mico y Social, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, del Banco de EspaÃ±a, de las Asambleas legislativas de las comunidades autÃ³nomas, asÃ­ como a las instituciones autonÃ³micas que realicen funciones anÃ¡logas, en relaciÃ³n con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo y con sujeciÃ³n a su normativa especÃ­fica.
El titular de la Unidad responsable de accesibilidad de cada uno de estos Ã³rganos podrÃ¡ formar parte, si asÃ­ lo decide la instituciÃ³n concernida, de la Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones PÃºblicas.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Lenguas de signos espaÃ±olas y medios de apoyo a la comunicaciÃ³n oral.
Respecto de las lenguas de signos espaÃ±olas y los medios de apoyo a la comunicaciÃ³n oral, los sitios web y las aplicaciones mÃ³viles tendrÃ¡n en cuenta lo que disponga especÃ­ficamente la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos espaÃ±olas y se regulan los medios de apoyo a la comunicaciÃ³n oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y sus normas de desarrollo.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. No incremento de gastos de personal y Unidades responsables de accesibilidad en la AdministraciÃ³n General del Estado.
Conforme a lo establecido en la disposiciÃ³n adicional trigÃ©sima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2018, las medidas incluidas en esta norma no podrÃ¡n suponer en el Ã¡mbito de la AdministraciÃ³n General del Estado incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Las funciones que corresponda desarrollar a las Unidades responsables de accesibilidad serÃ¡n asignadas a Unidades ya existentes.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Modelo de declaraciÃ³n.
En tanto no se publique el modelo de declaraciÃ³n al que se refiere el artÃ­culo 15, se aplicarÃ¡ por defecto el modelo de declaraciÃ³n de accesibilidad que la ComisiÃ³n Europea establezca mediante los correspondientes actos de ejecuciÃ³n previstos en la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016.
Se declara que esta disposiciÃ³n invade las competencias autonÃ³micas y carece de carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica, por Sentencia del TC 100/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11912
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto y, especÃ­ficamente, los artÃ­culos 5, 6 y 7 del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones bÃ¡sicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologÃ­as, productos y servicios relacionados con la sociedad de la informaciÃ³n y medios de comunicaciÃ³n social.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n del Reglamento sobre las condiciones bÃ¡sicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologÃ­as, productos y servicios relacionados con la sociedad de la informaciÃ³n y medios de comunicaciÃ³n social, aprobado por el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.
El artÃ­culo 9 del Reglamento sobre las condiciones bÃ¡sicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologÃ­as, productos y servicios relacionados con la sociedad de la informaciÃ³n y medios de comunicaciÃ³n social, aprobado por el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, quedarÃ¡ redactado en la forma siguiente:
Â«ArtÃ­culo 9. Condiciones bÃ¡sicas de accesibilidad en servicios y productos de confianza.
Los servicios de confianza prestados y los productos para las personas usuarias finales utilizados en la prestaciÃ³n de estos servicios deberÃ¡n ser accesibles para las personas mayores y personas con discapacidad. Excepcionalmente, esta obligaciÃ³n no serÃ¡ aplicable cuando el producto o servicio de confianza no disponga de una soluciÃ³n tecnolÃ³gica que permita su accesibilidad.Â»
La presente norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.1.Âª y 18.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado las competencias para Â«la regulaciÃ³n de las condiciones bÃ¡sicas que garanticen la igualdad de todos los espaÃ±oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionalesÂ» y, para regular Â«las bases del rÃ©gimen jurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y el procedimiento administrativo comÃºnÂ», respectivamente.
DisposiciÃ³n final tercera. IncorporaciÃ³n de derecho comunitario.
Mediante el presente real decreto se incorpora al ordenamiento jurÃ­dico la Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mÃ³viles de los organismos del sector pÃºblico.
DisposiciÃ³n final cuarta. Desarrollo normativo.
Se faculta a los titulares del Ministerio de PolÃ­tica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica y del Ministerio de EconomÃ­a y Empresa, en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones adicionales necesarias para la aplicaciÃ³n y desarrollo de lo establecido en el presente real decreto, asÃ­ como para acordar las medidas precisas para garantizar su ejecuciÃ³n e implantaciÃ³n efectiva, sin perjuicio de las competencias propias de las comunidades autÃ³nomas de desarrollo y ejecuciÃ³n de la legislaciÃ³n bÃ¡sica del Estado.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ» con las siguientes excepciones:
Para los sitios web, las disposiciones previstas en los artÃ­culos 10.2.b), 12 y 13 serÃ¡n de aplicaciÃ³n al aÃ±o de la entrada en vigor de este real decreto, y a los dos aÃ±os para los sitios web ya publicados.
Todas las disposiciones relativas a aplicaciones para dispositivos mÃ³viles serÃ¡n de aplicaciÃ³n desde el 23 de junio de 2021.

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