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Timestamp: 2017-11-20 09:35:20+00:00

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procesos de ejecucion parte 18 [124109] | procesos de ejecucion y procesos civiles especiales (UAM) | Unybook
procesos de ejecucion parte 18 (2017)
procesos de ejecucion parte 18
Hay distintos tipos de incidentes:  incidentes especiales: aquellos que vienen previsto en la LEC para determinadas cuestiones como la declinatoria, la acumulación de procesos y la recusación  incidentes comunes: hay otros incidentes que no tienen esta tramitación específica, estos son los comunes que son los que estamos viendo ahora.
Luego también los hay suspensivos o no suspensivos; el nuestro es suspensivo porque suspende el pleito hasta que se resuelve Interpuesta la demanda se va a iniciar el incidente (en su caso) con la tramitación de la cuestión incidental, se inicia a través de un escrito y se da traslado a las demás partes (demandados en la demanda) y podrán contestar al incidentes común en el plazo de 5 días. Transcurrido el plazo el Secretario Judicial los va a convocar a todos a una comparecencia ante el órgano jurisdiccional, esta comparecencia se tramita según los cauces del juicio verbal (es una vista del juicio verbal). Tras la formulación de las alegaciones y la práctica de la prueba que tiene lugar en la vista, el Juez dicta un auto resolviendo sobre el incidente que es apelable si pone fin al proceso y que no se podrá recurrir si ordena la continuación del mismo.
RESUMEN: si la demanda se basa en alguna causa de impugnación del artículo 204 LSC entonces una vez presentada la demanda no se va a dar traslado de la misma al demandado para que conteste sino que va a iniciarse un incidente para entender el carácter esencial o determinante de por ejemplo que los votos inválidos han tenido en la adopción del acuerdo o que el derecho de información ha sido vulnerado para esto ha sido determinante para que el acuerdo sea o nulo o no ha sido determinante; entonces comienza el incidente con su tramitación: escrito, contestación, vista como si fuera un juicio verbal, auto.
TEMA 12: LOS PROCESOS NO DISPOSITIVOS. PROCESOS EN MATERIA DE ESTADO CIVIL Y CONDICIÓN DE LAS PERSONAS. LOS PROCESOS DE FILIACIÓN E INCAPACITACIÓN Hemos visto una serie de juicios que son juicios especiales pero que no son los típicamente especiales sino que son ordinarios con especialidades o son procesos que se tramitan por el juicio verbal pero con especialidades. Hoy vamos a entrar a ver otros que son los típicamente especiales, estos procesos están destinados exclusivamente para enjuiciar determinados supuestos.
Vamos a ver unas cuestiones generales que son de aplicación a todos los procesos especiales típicos.
El ámbito de lo que vamos a ver es aplicable a los procesos de capacidad, estado civil de las personas, a los matrimoniales, a los que tienen por objeto exclusivo la guardia y custodia de los hijos menores, a la reclamación de alimentos en nombre de los hijos menores, al proceso sobre la necesidad del asentimiento en la adopción, al reconocimiento y eficacia en el ámbito civil de las resoluciones eclesiásticas en materia matrimonial, los que regulan el derecho a la comunicación de los nietos con los abuelos y con otros parientes y allegados y los de oposición a resoluciones administrativas en materia de menores.
A todos estos procesos le van a ser de aplicación los principios generales que vamos a ver a continuación: - En ellos interviene el Ministerio Fiscal, su intervención es preceptiva. Interviene como promotor de acción de la justicia en defensa de la legalidad, interviene en calidad de parte siempre en defensa o protegiendo los derechos de los menores y de los incapaces. En la realidad interviene poco pero no porque la ley no establezca que tenga que intervenir sino porque son pocos (2.400 para toda España).
- Es preceptiva siempre la intervención de procurador y abogado, pues así los establece el artículo 750 LEC, además del artículo 23 y 31 LEC.
- - - - - Indisponibilidad del objeto procesal: en los procesos civiles restantes las partes voluntariamente pueden terminar el pleito cuando les convenga acudiendo a alguna de las formas que ya hemos visto como el allanamiento; aquí no es posible el allanamiento, es decir, no es posible la disposición del objeto del proceso es indisponible para las partes. En cuanto al desistimiento es posible pero siempre con la conformidad del Ministerio Fiscal, no es posible sin su conformidad. Estamos ante una serie de procesos en los cuales se tutela un interés jurídico y público y por tanto es indisponible para las partes. Por ejemplo: en ningún caso se puede renunciar a la pensión, no se puede renunciar a los derechos de los hijos aunque si cabe transar sobre la cuantía de éstos.
En principio rige la investigación de oficio, es decir, se busca la verdad material no la verdad formal. La verdad material es a lo que tiene que tender a encontrar el órgano jurisdiccional y no la verdad formal. En los restantes procesos el Juez no busca la verdad material sino una verdad formal que le permita sentenciar. En la realidad tampoco se cumple mucho. El órgano jurisdiccional va a dictar su sentencia no teniendo en cuenta quién tiene la carga de la prueba sino los medios de prueba que obren en el pleito. Rige la prueba de oficio, el órgano jurisdiccional puede ordenar la práctica de pruebas que estime convenientes y si que lo hacen (ejemplo: averiguación patrimonial de uno de los cónyuges). El objeto de la prueba son los hechos jurídicamente relevante con independencia de que hayan sido admitidos expresa o tácitamente. Rige el principio de libre valoración de la prueba.
El procedimiento aplicable es el juicio verbal, se siguen los trámites del juicio verbal también con especialidades, sin embargo estas especialidades tampoco son tantas después de la Ley 42/2015 porque se trata de un proceso verbal.
La publicidad, artículo 754 LEC, prevé un régimen especial con respecto del régimen general. El régimen general se encuentra en el artículo 138 LEC que viene a establecer que las actuaciones son públicas en los juicios civiles, sin embargo en estos procesos, el artículo 754 LEC, establece que las actuaciones serán a puerta cerrada y con carácter reservado a las partes la vista y todas las actuaciones que se vayan a practicar. El órgano jurisdiccional mediante providencia lo tiene que decidir y contra esta providencia no cabe recurso alguno, es decir, no cabe recurso de reposición.
El acceso a los registros públicos: las sentencias que recaigan en estos procedimientos se comunican de oficio al Registro Civil (no hace falta que la parte lo pida) para que éste practique los asientos que correspondan y a instancia de parte se comunicará la sentencia a los organismos que la parte establezca (cualquier otro registro que la parte quiera). El artículo 222.3 LEC establece que las sentencias sobre capacidad, estado civil, matrimonio, filiación, incapacitación etc. surten plenos efectos de cosa juzgada desde que están escritos en el Registro Civil. Las sentencias tienen que ser firmes, no se comunican al Registro Civil si no son firmes, cuando ya no cabe recurso y esa inscripción hace que tenga efectos erga omnes. Son sentencias constitutivas que no son ejecutables, es decir, no precisan despacho de ejecución (por tanto tampoco se pueden ejecutar provisionalmente, artículo 525 LEC) EL PROCESO DE INCAPACITACIÓN El proceso de incapacitación se dirige a obtener una sentencia mediante la cual se declare la incapacidad de una persona para gobernarse por si misma por causa de una enfermedad o deficiencia persistente, viene sea física o mental, que hace que no pueda gobernarse por sí misma, que no puede cuidar de sus propios asuntos tanto en lo personal como en lo patrimonial. Por tanto aquí se trata de privar de alguna manera la capacidad de obrar y la reiteración de la capacidad pues reintegra esta capacidad de obrar de las personas físicas. Nadie puede ser declarado incapaz si no es a través de sentencia (tampoco el Tribunal Médico).
La competencia la tienen los Juzgados de Primera Instancia del lugar en que resida la persona física en concreto, es decir, la persona frente a la cual se pide la declaración que va a recaer. Así se establece en el artículo 52.1 LEC.
Los recursos que se siguen en este procedimiento siguen el régimen general: apelación, casación y reposición mientras se está tramitando el pleito.
Es importante el tema de las medidas cautelares que están previstas en el artículo 762 LEC. Este artículo dice que el órgano jurisdiccional de oficio puede adoptar las medidas que considere necesarias para asegurar la persona o los bienes del presunto incapaz, también a instancia de parte se pueden adoptar estas medidas y por supuesto el Ministerio Fiscal también las puede solicitar como parte que actúa en defensa del incapaz y del menor. Por tanto las medidas cautelares pueden ser adoptadas tanto de oficio, como a instancia del Ministerio Fiscal como a instancia de parte siempre que se estime por el órgano jurisdiccional para la salvaguarda de la persona o de los bienes del presunto incapaz. Una medida habitual en estos temas es la inhabilitación para la disposición y administración de sus bienes. La declaración de incapacidad es una declaración que para poder darse tiene que existir una enfermedad pero esta enfermedad (física o mental) tiene que ser permanente y persistente. La extensión y límites de la incapacidad va a llevar aparejada una resolución en la cual la incapacidad también será mayor o menor (hay grados y límites), todo esto se valora teniendo en consideración la enfermedad y teniendo en consideración los grados y la persistencia de la misma.
Legitimación: ¿quién está legitimado activamente? El presunto incapaz (aunque no es muy frecuente pero es posible), el cónyuge o asimilado del presunto incapaz, los descendientes, ascendientes y hermanos (artículo 757.1 LEC). El Ministerio Fiscal también está legitimado cuando no existen ninguna de las personas del 757.1 LEC.
Cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal (familiar o no del afectado) los hechos que puedan ser determinantes para su incapacitación excepto en el supuesto de los menores ya que en estos casos la legitimación sólo corresponde a las personas que ostenten la patria potestad o la tutela (artículo 757.4 LEC). ¿Quién está legitimado pasivamente? El presunto incapaz siempre.
El procedimiento son los cauces del juicio verbal. La actividad probatoria se rige por el principio de búsqueda de la verdad material (si verdaderamente está incapacitado o no para el gobierno de su persona o bienes con independencia de lo que se admita), no la verdad formal.
Rige el principio de inmediación, el presunto incapaz va a ser explorado y ausencia de preclusión. La preclusión viene a ser que cada acto procesal se tiene que realizar en acto o forma y tiempo en el momento procesal oportuno, si no precluye. Aquí el principio de preclusión no rige entonces las actuaciones no tienen un tiempo concreto.
La prueba “reina” es el dictamen pericial, los médicos son los que lógicamente llevan el peso del proceso (no las alegaciones de los padres o hermano), el dictamen médico es fundamental y acordado por el tribunal (artículo 759.1 LEC). La sentencia que recaiga es una sentencia constitutiva que restringe su capacidad de obrar y tiene que tener una serie de pronunciamientos: 1. tiene que declarar el estado civil de incapacitación en su caso y la persistencia de la causa legal que lo origina 2. alcance de esta incapacitación declarada (especificando los actos que puede realizar por si mismo y los que no puede realizar por si mismo) 3. el régimen de tutela o curatela al que queda sometido el incapaz (ya no es presunto incapaz ya es incapaz) 4. el nombramiento de las personas que van a asistir al incapaz y van a velar por él se tiene que pronunciar sobre la necesidad de ingreso o de internamiento en un centro en su caso ...
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References: artículo 204
 artículo 750
 artículo 23
 artículo 754
 artículo 138
 artículo 754
 artículo 222
 artículo 525
 artículo 52
 artículo 762
 resolución