Source: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/07624/2015/00/0/1&q=s%3D1%26rn%3D07624%26ra%3D%26fd%3D%26fh%3D%26u%3D%26n%3D%26p%3D%26c1%3D%26c2%3D%26c3%3D%26tc%3D1%26tr%3D%26tp%3D%26tf%3D%26c%3D2%26pg%3D
Timestamp: 2019-11-19 10:04:23+00:00

Document:
Criterio 1 de 1 de la resolución: 00/07624/2015/00/00
PROCEDIMIENTO: 00-07624-2015
RECLAMANTE: Xx... ABOGADOS SL - NIF ...
El día 16/10/2015 tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación, interpuesta en 29/09/2015 contra las resoluciones con liquidación provisional dictadas el 11 de septiembre de 2015 por la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (Agencia Estatal de Administración Tributaria), por el Impuesto sobre el Valor Añadido, períodos 02/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 09/2014, 10/2014, 12/2014, 01/2015, 04/2015 y 05/2015.
En todas las resoluciones citadas, a excepción de la correspondiente al período 07/2014 en la que se minora el saldo a compensar procedente del período anterior como consecuencia de la liquidación dictada por dicho período, se incrementan las bases imponibles de IVA devengado que habían sido minoradas por la entidad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, al no considerar válidas las actas de remisión de carta por correo a efectos del cumplimiento de la condición 4ª recogida en el artículo señalado.
Contra las resoluciones con liquidación provisional descritas en el antecedente de hecho anterior, la entidad interpone reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Notificado el trámite de puesta de manifiesto del expediente, la entidad presenta escrito el 29 de febrero de 2016 en el que, en síntesis, alega que tanto las actas de remisión de documentos por correo como las actas de requerimiento cumplen las mismas funciones, por lo que el uso de unas u otras debe ser indiferente a efectos del artículo 80.Cuatro.A) 4.ª de la Ley 37/1992, y se ampara en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de marzo de 2015.
Conformidad a Derecho de los actos impugnados.
Tal como se expone en los antecedentes de hecho, la regularización practicada en las liquidaciones provisionales impugnadas consiste en el incremento de bases impinibles de IVA devengado minoradas por la entidad de conformidad con el artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, como consecuencia del incumplimiento de la condición 4.º de la letra A) del citado artículo 80.Cuatro.A) para considerar un crédito total o parcialmente incobrable.
En el caso que analizamos, la entidad no insta el cobro de los créditos mediante requerimiento notarial al deudor sino mediante acta notarial de remisión de carta por correo. La Administración tributaria considera que las actas de remisión de documentos por correo no incorporan los elementos exigidos a las actas de requerimiento notarial, en aplicación de la consulta V2534-10 de la Dirección General de Tributos que incorpora un informe de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el que se indica que el concepto de requerimiento notarial es unívoco y recoge el contenido de este tipo de acta notarial.
Asimismo, conviene acudir al antes citado informe de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de octubre de 2010 sobre los requisitos que hacen válido a un requerimento notarial, emitido a instancia de la Dirección General de Tributos, e incorporado a la consulta V2534-10 de 24 de noviembre de 2010:
2.- En respuesta a consulta formulada por este Centro Directivo a la Dirección General de Registros y del Notariado, en relación con los requisitos que hacen válido un requerimiento notarial, dicha Dirección General señala en su informe de 26 de octubre de 2010, en primer lugar, que "el concepto de requerimiento notarial es unívoco en cualquier contexto. Con él se hace referencia a un determinado tipo de acta notarial (...) compuesto básicamente de dos secciones:
Cumplimentado todo ello, del documento autorizado el notario librará copia autorizada (artículos 221 y siguientes del Reglamento Notarial), la cual acreditará el contenido del requerimiento, cómo, cuándo y en dónde se ha hecho el ofrecimiento de la copia o cédula, quién, en su caso lo ha recibido, o que no ha sido posible entregarla a nadie legitimado para ello, y, en su caso, la contestación recibida. Todo lo cual, en conjunto, puede llamarse "requerimiento notarial" o, con más propiedad, "requerimiento a través de notario.".
Adicionalmente, podemos citar el informe la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de octubre de 2014 sobre los requisitos que hacen válido a un requerimento notarial, emitido a instancia de la Dirección General de Tributos, e incorporado a la consulta V1047-15 de 7 de abril de 2015, que a continuación transcribimos parcialmente:
"La cuestión por tanto se circunscribe a saber qué requerimiento notarial es equivalente en cuanto a su efecto conminatorio, a la presentación de una demanda judicial dirigida al cobro de la deuda, tema que sin duda ha de decidirse a la vista de la legislación notarial a la que corresponde establecer la forma que debe revestir el requerimiento notarial conminatorio para ver si se acomoda la actuación consultada.".
El informe continúa refiriéndose a los elementos del acta notarial de notificación o requerimiento, cualquiera que sea la forma de su práctica, que debe contener los siguientes elementos documentales:
"1. La rogación inicial dirigida por el requirente al Notario en la que se dejará constancia, entre otros extremos: a) La identificación e interés legítimo del requirente; b) De los particulares que, como requerimiento o notificación, han de trasladarse a un tercero; c) La identificación del tercero a quien ha de dirigirse el requerimiento; d) El domicilio a que debe dirigirse el requerimiento.
2. Una diligencia redactada y autorizada por el Notario en la que se dejará constancia por una parte, del intento de traslado por aquél al tercero de la exigencia, petición o en general la pretensión de la que el rogante inicial pide traslado, el cual se efectúa mediante ofrecimiento a su destinatario de una cédula o copia de la rogación inicial y de otra, del medio empleado para el ofrecimiento y su resultado; es decir, si efectivamente ha podido entregarse o no a su destinatario (u otra persona legitimada para recibirlo) la cédula o copia y, en caso afirmativo, dónde y a quién se ha efectuado la entrega.
Es decir, para lograr el carácter fehaciente que le es propio al acta, en cuanto instrumento público notarial, el Notario debe controlar todo el procedimiento notificante o requisitorio, desde el interés legítimo del requirente aI contenido de lo notificado o requerido, la entrega o remisión al destinatario y su contestación en el propio acta, en su caso. Así resulta del citado artículo 201 del Reglamento Notarial y del artículo 202, dirigido especialmente a la práctica de notificaciones y requerimientos.
Finalmente, respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de marzo de 2015 a la que alude la reclamante en sus alegaciones, debemos confirmar lo señalado por la Administración tributaria en las liquidaciones impugnadas, en cuanto a que dicha sentencia no constituye jurisprudencia en el sentido del artículo 1.6 del Código Civil.

References: artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 201
 artículo 202
 artículo 1