Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-27-febrero-2017-direccion-general-registros-notariado-recurso-interpuesto-contra-nota-calificacion-registrador-propiedad-benalmadena-n-2-suspende-inscripcion-auto-homologacion-judicial-acuerdo-transaccional-25047982
Timestamp: 2017-04-28 16:07:05+00:00

Document:
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Benalmádena nº 2, por la que se suspende la inscripción de un auto de homologación judicial de un acuerdo transaccional. | Iberley
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Benalmádena nº 2, por la que se suspende la inscripción de un auto de homologación judicial de un acuerdo transaccional., - Boletín Oficial del Estado, de 16 de Marzo de 2017
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 190/2015, AP - Tenerife, Sec. 3, Rec 79/2015, 19-06-2015 Órden: Civil
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Num. Sentencia: 828/2005
Num. Recurso: 889/1999
El TS desestima el recurso de casación de la parte recurrente. La Sala señala que la prueba de la relación causal entre la acción omitida por el notario y el daño causado a la demandante se ha logrado en el proceso, dado que según la norma reglamentaria mencionada la información registral debía haberla pedido el recurrente antes del otorgamiento de la escritura, acto éste que tendría que haberse realizado dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción por ...
Sentencia Civil Nº 537/2013, AP - Madrid, Sec. 11, Rec 714/2012, 30-09-2013 Órden: Civil
Num. Sentencia: 537/2013
Se aceptan, en lo pertinente, los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida.
PRIMERO.- El presente recurso trae causa del juicio verbal tramitado en el
Juzgado de primera instancia número 31 de Madrid con el número 1346/2011 , a instancia de la mercantil COMPEI S.L. contra el señor Registrador de la Propiedad número
NUM000 de Madrid, DON
Jose Luis , sobre impugnación de la calificación registral de fecha 21 octubre 2011, solicitando que se deje sin efecto y se requiera al Regi... Sentencia Civil Nº 3/2015, JPI Pontevedra, Sec. 2, Rec 400/2013, 12-01-2015 Órden: Civil
Tribunal: Juzgado De Primera Instancia - Pontevedra
De Frias Conde, Ignacio
Num. Recurso: 400/2013
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En el recurso interpuesto por don C. G. S., en
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ante el notario de Sa... Ver más documentos relacionados
En el recurso interpuesto por doña T. R. S. contra la
Benalmádena número 2, don Antonio Heliodoro Holgado
Cristeto, por la que se suspende la inscripción de un auto
de homologación judicial de un acuerdo transaccional.
Mediante testimonio judicial expedido el día 18 de mayo
de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Torremolinos, se solicitó la inscripción de varias
operaciones contenidas en un acuerdo transaccional privado, objeto
de homologación judicial, relativas a diversas fincas sitas
en el Registro de la Propiedad de Benalmádena número
Presentado dicho testimonio en el registro de la propiedad de
Benalmádena número 2, con fecha 14 de octubre de
2016, bajo el asiento número 1.301 del tomo 96 del Libro
Diario, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Visto por Antonio Holgado Cristeto, Registrador de la
Propiedad del Registro de la Propiedad de Benalmádena
n.º 2, Provincia de Málaga, el procedimiento registral
identificado con el número de entrada 5461 del presente
año, iniciado como consecuencia de presentación en el
mismo Registro, de los documentos que se dirán, en virtud de
solicitud de inscripción. En el ejercicio de la
calificación registral sobre la legalidad de los documentos
presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan
los siguientes: Hechos I. El documento objeto de la presente
calificación, expedido por Doña M. A. M. M., Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Torremolinos, el día
18/05/2016, procedimiento ordinario número 1226/2015, que
fue presentado por C. G., J. A a las 16:00 horas del día
14/10/2016, asiento 1301 del Tomo 96 del Libro Diario. II. En dicho
documento se han observado las siguientes circunstancias que han
sido objeto de calificación desfavorable: 1. El documento
presentado no es título inscribible pues se limita a
acreditar la existencia de un acuerdo transaccional privado que
carece de eficacia traslativa de dominio. El auto de
homologación judicial del acuerdo transaccional tomado por
las partes en el proceso, no es documento inscribible, pues el
mismo se limita a acreditar la existencia de tal acuerdo
transaccional privado, que carece de eficacia traslativa de
dominio. En el Registro de la Propiedad se inscriben los
títulos traslativos de dominio - art.º 2 de la Ley
Hipotecaria- , documentados del modo que se indica en el
artículo 3: escritura pública, ejecutoria judicial o
documento administrativo. Si bien la homologación judicial
del acuerdo le da los efectos atribuidos por la Ley a la
transacción judicial - art.º 415.2 de la LEC- falta de
ejecución del auto, bien mediante escritura pública,
bien mediante mandamiento judicial que ordene la puesta en
posesión, ejecución e inscripción de la
transacción. Además, el documento privado carece de
eficacia traditoria, al contrario de lo que ocurre con la escritura
pública - art.º 1461 del código Civil, respecto
a la compraventa, cuya naturaleza es análoga a la
dación en pago- . Por otra parte, del contenido del acuerdo,
no resulta cual es el negocio formalizado. 2. No constan las
circunstancias personales de los firmantes del acuerdo
transaccional homologado. 3. En el referido acuerdo transaccional
se describen dos fincas, bajo los números 1) y 2), y en el
punto segundo del mismo acuerdo, las partes acuerdan que la finca
descrita pase a ser propiedad exclusiva de Doña T. R. S....
Sin que se especifique si es la finca 1) o 2), o son ambas fincas.
Fundamentos de Derecho I.- Los documentos de todas clases,
susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a
calificación por el registrador, quien, bajo su
responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus
formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la
validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con
lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley
Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.
II.- En relación a las circunstancias reseñadas en el
Hecho II anterior, debe tenerse en consideración. 1)
Artículos 2, 3 y 18 de la Ley Hipotecaria; 415
párrafo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 100 del
Reglamento Hipotecario, y Resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, entre otras las de fecha
11 de mayo y 9 de julio de 2013, 2 de junio, 19 de julio y 6 de
septiembre de 2016. 2) Artículo 254 de la Ley Hipotecaria,
en su redacción dado por la Ley 36/2006 de 29 de Noviembre,
y artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario. 3) Principio de
especialidad o determinación registral. En su virtud.
Acuerdo. Suspender, la inscripción del documento objeto de
la presente calificación, en relación con las
circunstancias expresamente consignadas en el Hecho II de la
presente nota de calificación, por la concurrencia de los
defectos que igualmente se indican en el Fundamento de Derecho II
de la misma nota. Quedando automáticamente prorrogado el
asiento de presentación correspondiente durante el plazo de
sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la
recepción de la última de las notificaciones
legalmente pertinentes, de conformidad con los artículos 322
y 323 de la Ley Hipotecaria. Pudiendo no obstante el interesado o
el funcionario autorizante del título, durante la vigencia
del asiento de presentación y dentro del plazo de sesenta
días anteriormente referido, solicitan que se practique la
anotación preventiva prevista en el artículo 42.9 de
la Ley Hipotecaria. Notifíquese al presentante y al
funcionario autorizante del título calificado en el plazo
máximo de diez días naturales contados desde esta
fecha. Contra el presente acuerdo de calificación (...)
Benalmádena, a diecinueve de octubre del año dos mil
dieciséis. El Registrador (firma ilegible). Fdo. Antonio
Holgado Cristeto».
Contra la anterior nota de calificación, doña T.
R. S. interpuso recurso el día 1 de diciembre de 2016 en
base a los siguientes argumentos: «Se recurre la
calificación efectuada en fecha 19 de octubre de 2016 (...)
en la que se suspende inscripción, por cuanto indica que no
se trata de título inscribible, por cuanto el acuerdo carece
de eficacia traslativa, ya que entiende que no es ejecutoria
judicial, y entiende que es un documento privado, e indica que no
queda acreditado negocio formalizado, indicando que no quedan
acreditadas circunstancias personales de los firmantes y no queda
acreditada qué fincas se transmiten. A este respecto,
indicar que los datos de los firmantes constan acreditados en el
propio documento inscribible, por cuanto quedan identificados.
Asimismo, se indica en el mismo la transmisión de las ambas
fincas, constando claramente el negocio formalizado, esto es, la
transmisión de la propiedad. En cuanto a la
inscripción del documento entendemos es inscribible por
cuanto nos encontramos ante Sentencia Judicial firme, siendo por
tanto, un documento inscribible a todos los efectos, no siendo
necesario que nos encontremos en un proceso ejecutivo».
El registrador notificó la interposición del
recurso al Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Torremolinos el día 14 de diciembre de 2016, sin que conste
la emisión de escrito de alegaciones, suscribió
informe el día 22 de diciembre de 2016 y elevó el
expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 2, 3, 9, 18 y 21 de la Ley
Hipotecaria; 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 609, 1095, 1255,
1261, 1274 y siguientes y 1809 y siguientes del Código
Civil; 33, 34 y 51 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de
21 de abril de 2005, 2 de marzo de 2006, 9 de abril de 2007, 3 de
junio y 15 de julio de 2010, 8 de julio de 2011, 11 de abril, 8 de
mayo y 16 de julio de 2012, 11 de mayo, 9 de julio, 5 y 28 de
agosto y 18 de diciembre de 2013, 25 de febrero y 23 de mayo de
2014, 3 de marzo y 2 de octubre de 2015 y 9 de febrero, 4 de mayo,
2 de junio, 19 de julio, 6 de septiembre, 30 de noviembre y 21 de
1. El objeto del presente recurso es la inscripción de un
testimonio de auto de homologación de acuerdo
El registrador señala como defectos: «1.- El
documento presentado no es título inscribible pues se limita
a acreditar la existencia de un acuerdo transaccional privado que
carece de eficacia traslativa de dominio (...) Si bien la
homologación judicial del acuerdo le da los efectos
atribuidos por la Ley a la transacción judicial - art.º
415.2 de la LEC- falta de ejecución del auto, bien mediante
escritura pública, bien mediante mandamiento judicial que
ordene la puesta en posesión, ejecución e
inscripción de la transacción (...) 2. No constan las
Sin que se especifique si es la finca 1) o 2), o son ambas
fincas».
2. En relación con el primero de los puntos alegados por
el registrador en su nota de calificación, éste
considera que el acuerdo privado homologado judicialmente no es per
se un título suficiente a los efectos de ser apto para su
acceso al Registro y para producir un asiento registral
Como es sabido, el principio de titulación formal en
nuestro Derecho viene instaurado en el artículo 3 de la Ley
Hipotecaria, exigiéndose en su virtud titulación
pública (ya sea notarial, judicial o administrativa,
atendiendo a la naturaleza de los casos y supuestos del negocio en
ellos contenido) siendo muy excepcional los supuestos en los que se
permite la mutación jurídico real en documento o
instancia privada con plena relevancia registral, sin que el caso
aquí planteado pueda encajarse en alguna de estas
Por ello, debe analizarse cuál es la verdadera naturaleza
que tiene el acuerdo transaccional referido, así como la
eficacia formal que le confiere, en su caso, la homologación
judicial recaída.
La transacción, se encuentra definida en nuestro
Código Civil como el contrato por el que las partes, dando,
prometiendo o reteniendo alguna evitan la provocación de un
pleito o ponen término al que hubiesen iniciado. En este
mismo sentido, la propia ley jurisdiccional civil, reconoce la
transacción como un modo de terminación del proceso,
que implica la facultad de disposición del objeto del
proceso quedando desde entonces el mismo fuera del ámbito de
actuación jurisdiccional y sometido a la exclusiva voluntad
de los interesados, y estando reservada la intervención del
juez a la valoración de dicha disponibilidad del objeto del
proceso y no al fondo del mismo.
Este Centro Directivo, si bien oscilante en un primer momento,
ha fijado una doctrina ya reiterada sobre este supuesto, en las
Resoluciones más recientes sobre la materia. En la
Resolución de 6 de septiembre de 2016 señaló
que: «? ? (...) la transacción, aun homologada
judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su contenido
y efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial
sobre el fondo del asunto, nada impide su impugnación
judicial en los términos previstos en la Ley
(artículo 1817 del Código Civil). El auto de
homologación tampoco es una sentencia pues el Juez se limita
a comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir y la
inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley
(artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero sin
que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un
pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes
(artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No cabe en
consecuencia amparar las afirmaciones del escrito de recurso que
pretenden equiparar el supuesto de hecho al de presentación
en el Registro de la Propiedad del testimonio de una sentencia
recaída en procedimiento ordinario. Esta Dirección
General ha tenido ocasión de manifestar recientemente (cfr.
Resolución de 9 de julio de 2013) que ? la
homologación judicial no altera el carácter privado
del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho
acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar,
en el plano obligacional, el pacto transaccional alcanzado y
están obligados, por tanto, a darle cumplimiento? . Si bien
es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es
posible alcanzar dicho acuerdo tanto dentro como fuera del
procedimiento judicial, no es menos cierto que para que dicho
acuerdo sea inscribible en el Registro de la Propiedad
deberán cumplirse los requisitos exigidos por la
legislación hipotecaria (...)? ? . También ha tenido
ocasión de señalar esta Dirección General que
en los procesos judiciales de división de herencia que
culminan de manera no contenciosa se precisa escritura
pública, por aplicación del artículo 787.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. Resolución de 9 de
diciembre de 2010). La protocolización notarial de la
partición judicial, siempre y cuando haya concluido sin
oposición, viene impuesta como regla general por el
artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este
criterio, además, es compartido unánimemente por la
doctrina, para quienes la referencia a la sentencia firme contenida
en el artículo 14 de la Ley Hipotecaria se limita a las
particiones judiciales concluidas con oposición. En efecto,
el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
determina que la aprobación de las operaciones divisorias se
realiza mediante decreto del secretario judicial, hoy letrado de la
Administración de Justicia, pero en cualquier caso ordenando
protocolizarlas».
3. En segundo lugar, señala el registrador en su nota de
calificación la falta de expresión en el
título presentado, de las circunstancias identificativas de
El principio de determinación o especialidad registral,
configurado con carácter básico en los
artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento,
establece cuáles son las circunstancias que han de
reflejarse, según cada caso, en los asientos de
inscripción, circunstancias que deben por tanto venir
consignadas en los títulos que sirven de base para practicar
En primer lugar establecen los mencionados preceptos que la
plena identificación de las personas a cuyo favor deben
practicarse las inscripciones es una exigencia indispensable para
una adecuada configuración de la titularidad registral, por
lo que su exigencia por parte del registrador en el título
inscribible en los términos expresados es acertada, puesto
que el citado artículo 51 señala: «Las
inscripciones extensas a que se refiere el artículo 9 de la
Ley contendrán los requisitos especiales que para cada una
de ellas determina este Reglamento, y se practicarán con
sujeción a las reglas siguientes: (...) Novena.- La persona
a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla de
quien proceda el bien o derecho que se inscriba se
determinarán conforme a las siguientes normas: a) Si se
trata de personas físicas, se expresarán el nombre y
apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor de edad
o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar
emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo,
separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato
que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad
conyugal, el régimen económico matrimonial y el
nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge; la
nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o
manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo
concreten».
4. Respecto del último defecto señalado por el
registrador, debe tenerse en cuenta que en el documento
transaccional se dice literalmente que «las partes son
propietarios por mitad y proindiviso de las fincas que se
dirán, acuerdan proceder a la disolución y
liquidación de tales comunidades en base a los siguientes
términos», por lo que se expresa que el título
de la transacción es la extinción del proindiviso
Se inventarían dos fincas registrales, vivienda y plaza
de garaje ubicadas ambas en el mismo conjunto inmobiliario que
forma parte de un conjunto residencial. La valoración de la
totalidad de las fincas descritas es de 280.000 euros. Se acuerda
en la estipulación segunda que la finca descrita, en
singular, se adjudica a doña T. R. S. produciéndose
un exceso de adjudicación de 140.000 euros.
Si bien literalmente se utiliza el término
«finca» en singular, sin embargo, del contexto del
acuerdo transaccional (artículo 1285 del Código
Civil) debe interpretarse que la adjudicación se refiere a
ambas fincas.
desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación
del registrador en cuanto a los dos primeros defectos y estimar el
recurso y revocar la nota de calificación respecto del
tercer defecto.
en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 27 de febrero de 2017.- El Director General de los

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1124
 resolución 
 resolución 
 artículo 209
 artículo 38
 artículo 396
 artículo 24

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

artículo 3
 Artículo 254
 artículo 51
 artículo 42
 artículo 3

Resolución 

Resolución 
 artículo 787
 Resolución 

artículo 787
 artículo 14
 artículo 787
 artículo 51
 artículo 9