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Timestamp: 2018-10-17 23:01:14+00:00

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Fallo Sobre El Río Bogotá-Ambito Juridico
SENTENCIACONSTITUCIONALPLURINACIONAL0032_32
Obligatoriedad del precedente jurisprudencial en el sistema jurídico colombiano
Análisis Jurisprudencial CC
El Recurso Extraordinario de Casacion
Due Diligenge Modelo por Elvis Armando Palma Tello
El Derecho de Propiedad y La Intervencion Excluyente de Propiedad en El Procedimiento Coactivo Ante La Administracion Tributaria Manuel Diaz
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Casion Que Permite La Reduccion de La Remuenracion
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EXP628-2001 Renuncia Volunatria Inlegal
Modelo de Minutas
UCA 1:15
TRIB 'NAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal
váez, vicepresidenta; Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de
boada y Espinosa-Saldaña Barrera, con el voto singular del magistrado Sardón de
oada y el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia
enal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
eclaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
Con fecha 31 de octubre de 2014, don Alberto Fujimori Fujimori interpuso
demanda de habeas corpus contra los jueces San Martín Castro, Prado Saldarriaga y
Príncipe Trujillo, que integraban la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia
de la República; y contra los jueces Rodríguez Tineo, Biaggi Gómez, Barrios Alvarado,
Barandarián Dempwolf y Neyra Flores, quienes conformaban la Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. El recurrente solicita lo
Corte Suprema de Justicia de la República, la cual, con fecha 7 de abril de 2009, lo
condenó a 25 años de pena privativa de la libertad; b) que se declare nula la Sentencia
República, que declaró no haber nulidad en el referido fallo; c) que se ordene un nuevo
libertad en virtud de dos sentencias penales que, a su criterio, habrían sido expedidas en
agravio de los principios de presunción de inocencia y de imparcialidad, del principio
jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por
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natural, ya que se permitió su juzgamiento por jueces provisionales, lo cual
contravendría lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución; vulneraría la
presunción de inocencia, habida cuenta que los magistrados de antemano estaban
especifico del juez César San Martín Castro, como se desprendería de ciertos correos
electrónicos difundidos por el programa periodístico Sin medias tintas, se demostraría
que buscaba cualquier fundamento para condenarlo. En el caso de los demás
'radas, cuestiona su pertenencia a la Asociación de Jueces para la Justicia y la
racia (Jusdem), entidad que el recurrente califica como "una asociación
410 ; =arista". También denuncia la afectación del principio acusatorio, del derecho
defensa y del derecho a probar, puesto que se le condenó por crímenes de lesa
umanidad según el Derecho Internacional Penal, pese a que tanto el auto de apertura de
instrucción, la acusación fiscal y en el propio auto superior de enjuiciamiento no le
imputaban tal calificación.
El demandante agrega que, por sentencia emitida en segunda y última instancia
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, de fecha 29
de setiembre de 2007, y conforme al tratado de extradición entre Chile y el Perú, se
concedió su extradición a efectos de que sea juzgado en nuestro país únicamente por los
delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por los hechos
vinculados a los casos identificados como Sótanos del SIE, Barrios Altos y La Cantuta
No obstante, menciona que ha sido condenado por crímenes contra la humanidad según
el Derecho Internacional Penal. Sostiene que dicha condición le impidió acceder a un
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial contestó la demanda y solicitó que sea desestimada en todos los extremos, por
considerar que ambas sentencias respetaron el derecho al debido proceso, así como las
garantías que lo integran. Sostiene que no se vulneró el principio del juez natural, ya
el Tribunal Constitucional. Manifiesta que tampoco se vulneró el principio de
presunción de inocencia, pues el recurrente consintió el agravio que alega al no
formular una recusación oportuna. Indica, por otro lado, que tampoco se vulneró el
principio acusatorio, el derecho de defensa y el derecho de probar, en razón de que
al momento de expedir las resoluciones cuestionadas, más aún si la consideración de las
matanzas de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad fue
B CA DE
TRI T NAL CONSTITUCIONAL
Asimismo, el representante de la Procuraduría aduce que el recurrente conocía
organizado de poder y bajo su liderazgo en su condición de jefe de Estado, a cuyo
efecto utilizó el poder estatal, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia
Nacional, a la vez que promovió actos de impunidad, lo que constituirían crímenes lesa
Código Penal, a partir de los cuales se tramitó la extradición.
El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, mediante sentencia de fecha 2
iembre de 2015, declaró infundada la demanda al considerar que no se vulneró el
al juez natural, pues no hay incidencia en el contenido constitucionalmente
ido del derecho invocado. Tampoco se determinó la existencia de alguna
neración del principio de presunción de inocencia, dado que el recurrente consintió
el accionar de los magistrados al no plantear ninguna recusación.
En cuanto a la imparcialidad, el referido Juzgado sostuvo que el órgano judicial
actuó en estricta observancia de ese derecho, ya que la situación del juez César San
Martín Castro no se discute en un proceso constitucional. En relación con los otros
jueces supremos, no encontró ningún elemento de convicción que indique o demuestre
acusatorio, de defensa y de probar, precisó que el juicio se llevó dentro de los
parámetros que a su naturaleza corresponde y que ello no fue cuestionado durante el
La Sala superior competente revocó la apelada y, reformándola, la declaró
improcedente. Sostuvo que en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales
individual del demandante, y menos aún una violación del derecho al debido proceso,
por lo que la pretensión del demandante de que se revise una decisión jurisdiccional
de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal
1. La demanda tiene por objeto que se declaren nulas las sentencias emitidas por la
juicio oral y se disponga la inmediata libertad del demandante porque, según
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alega, se habría excedido todo plazo de detención.
Sobre la alegada vulneración del derecho al juez natural y del principio de
si bien su juzgamiento correspondía a la Sala Penal Especial de la Corte
ma de Justicia del Perú, conforme al artículo 100 de la Constitución, esta
ó estar integrada por jueces supremos titulares y no por jueces supremos
visionales. No cuestiona el hecho de que, por motivos de carga procesal,
asignarse jueces supernumerarios a las Salas supremas, pero enfatiza que
para el juzgamiento de un ex presidente de la República, que se encuentra
protegido por el antejuicio político, es indispensable garantizar que tanto la
instrucción como el juicio oral sean realizados por jueces supremos titulares, los
parte del poder político". Por ello, según concluye que algunos de los
magistrados que expidieron las sentencias impugnadas no cumplían con esta
del derecho al juez natural. En esa misma línea, refiere que el tercer párrafo del
artículo 100 de la Constitución asigna simplemente la calidad de instructor y
juzgador a la Corte Suprema de Justicia de la República la cual se encuentra
e) Consideraciones del Tribunal
4. El segundo párrafo del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución consagra el
derecho al juez predeterminado por ley como una manifestación del derecho al
debido proceso. En términos de la precitada disposición
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la
.)UCA CrE"
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
5. Este Tribunal ha tenido oportunidad de diferenciar la noción del "derecho al juez
natural" (históricamente vinculada con el juzgamiento de los fueros personales,—
en los que un clérigo, un militar, el maestro de un gremio, un comerciante, un
profesor universitario, o un ciudadano corriente, ante faltas cometidas, debían
otros que ostenten su misma condición), frente a la idea del "derecho al juez
predeterminado por ley" (cuya preponderancia deriva, más bien, del
reforzamiento del principio de legalidad en la gestación del Estado de Derecho,
en el demandante denuncia la vulneración del derecho al juez natural, e
incluso del principio de legalidad procesal penal, en su manifestación al juez
competente, los argumentos que expone en su demanda cuestionan la garantía
6. Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de una línea jurisprudencial
consolidada (sentencias recaídas en los Expedientes 0290-2002-PHC,
6.1 Por un lado, que quien juzgue sea un juez u órgano con potestad
jurisdiccional, aspecto que está dirigido a garantizar la interdicción de ser
enjuiciado por un "juez excepcional", o por una "comisión especial"
dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que
cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un
asunto que debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional.
6.2 Por otro, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas
por una ley orgánica, es decir, que dicha asignación deba haberse
competencia objetiva y funcional estén previstas en aquella, conforme se
deduce de una interpretación sistemática de los artículos 139, inciso 3, y
106 de la Constitución. Esta predeterminación de la competencia,
tipos o clases de órganos a los que se encomienda el ejercicio de la
CA DEc.<,
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potestad jurisdiccional, y ii) la institución de los diferentes órdenes
jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de competencia.
7. Por último, en la medida en que el derecho al juez predeterminado por ley se
vincula funcionalmente con la garantía de imparcialidad del órgano que imparte
justicia, este Tribunal ha precisado, además, que la noción de juez "excepcional"
fundamento 8], ni entenderse como una proscripción general a] establecimiento
Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre que así lo requiera una rápida y eficaz
.stración de justicia (artículo 82, inciso 24, de la misma Ley Orgánica;
n el presente caso, el Tribunal advierte que el recurrente no realizó alguna clase
órgano que juzgó al demandante, o sobre si su competencia fue conferida con
fecha posterior al inicio del proceso o en contravención con la reserva de ley
orgánica. Antes bien, la sentencia ahora impugnada ha sido clara en precisar, en
su parte introductoria, que la competencia y conformación de la Sala Penal
Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú se estableció de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución, que prevé la participación
del fiscal de la Nación y la Corte Suprema en caso de resolución acusatoria de
contenido penal contra el presidente de la República y otros altos funcionarios;
el artículo 34, inciso 4, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ), según el cual las salas penales conocen de la investigación y
juzgamiento de los delitos que se imputan al presidente de la República y otros
altos funcionarios; y el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, el
cual establece que, para la instrucción y juzgamiento de los delitos a que refiere
el artículo 34, inciso 4, de la vigente LOPJ, la Sala Penal Permanente se
de los provisionales, serían "menos propensos a ceder a presiones o influencias
por parte del poder político". Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 100
de la Constitución no enuncia distinción alguna entre jueces supremos titulares y
jueces supremos provisionales; por el contrario, del propio texto de la cláusula
\ CA D
jurisdiccional a todos los jueces supremos, al margen de la condición particular
que puedan ostentar. Cualquier afirmación, en el sentido de asumir que un juez
imparcialidad, bajo argumentos genéricos e imprecisos o no comprobados. No
podemos, entonces, asumir que se encuentran influenciados por circunstancias o
poderes externos o por determinado interés particular que incida en el resultado
do por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante,
e IDH), "la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen
e garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los
provisionalidad en el cargo de juzgador no constituye per se una afectación a las
garantías de competencia, independencia e imparcialidad del órgano
libre remoción. El único supuesto que daría lugar a una vulneración concreta de
tales garantías se manifestaría con la extensión general e indefinida de tal
condición en la mayoría de órganos jurisdiccionales. Sin embargo, aquello no se
Sobre la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia en conexión
1 1. El demandante denuncia la vulneración del derecho a ser juzgado por un juez
Víctor Roberto Prado Saldarriaga haya participado en el proceso, ya que él era
integrante de la Jusdem, entidad, según señala, de marcada orientación
antifujimorista que habría surgido precisamente para enfrentarse a su gobierno.
En segundo lugar, impugna la intervención del juez César San Martín Castro, ya
que él fue expulsado del Poder Judicial durante su gobierno, lo cual demuestra
que este magistrado tendría interés en adoptar represalias. Finalmente, sostiene
%UCA DE
TRIB N CONSTITUCIONAL
que este mismo juez violó este derecho ya que, a través de sus correos
electrónicos, se puso en evidencia una marcada predisposición a condenarlo,
pese a que el caso aún no había sido resuelto por la Sala Penal Especial de la
12. La entidad demandada sostiene que el recurrente consintió el agravio, lo cual se
explica porque, a pesar de conocer que el juez Prado Saldarriaga pertenecía a la
asociación Jusdem, y que el juez San Martín Castro había sido expulsado del
Poder Judicial, no objetó tales hechos en el proceso penal a través de la
recusación. En relación con la difusión de una serie de correos electrónicos,
cuya autoría se atribuye precisamente al juez San Martín Castro, arguye que se
trata de meras consultas efectuadas, que no denotan una prejuiciada decisión,
iere el actor. Por otro lado, aduce que diversos apartados de la
fueron redactados por el magistrado Prado Saldarriaga. Por ende, no se
que el supuesto interés del primero de los magistrados se hubiera
13. La Constitución no reconoce de modo expreso el derecho a ser juzgado por un
derecho no ha impedido a este Tribunal reconocer su condición de derecho
fundamentales que se proyecta desde la Constitución. Según esta idea, los
expresamente como tales, sino también aquellos otros de naturaleza análoga que
contiene la Constitución, o que se fundan en la dignidad del ser humano o en los
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de Derecho y de la
14. Este Tribunal ha llamado la atención sobre el especial papel que cumple la
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución en el proceso de
identificar este tipo de derechos. En su formulación básica, esta plantea que la
comprensión o interpretación del programa normativo de las libertades y
derechos fundamentales que la Constitución reconoce (expresa o
implícitamente) debe efectuarse conforme al Derecho Internacional de los
materia que el Perú haya ratificado y de la jurisprudencia de los tribunales
internacionales autorizados para interpretarlos (artículo V del Título Preliminar
‘CA Dez
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del Código Procesal Constitucional)
nuestro texto constitucional, la existencia de derechos de carácter implícito.
forma parte del derecho al debido proceso (artículo 139, inciso 3, de la
Constitución), y se encuentra reconocido en el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El primero de ellos dispone lo
a tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
o razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
cial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
alquier acusación penal formuladas contra ella, o para la determinación de
carácter (énfasis agregado).
17. Por otro lado, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se prescribe:
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías
en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada
contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de
carácter civil [...].
una garantía constitutiva y primordial del debido proceso que, en forma análoga
sometida a un proceso judicial que no se verá perjudicada por la intromisión o
19. La independencia judicial, en términos generales, asegura que el justiciable no
proceso, ya sea que estas provengan de fuera de la organización judicial o de
IflllllII
que el juez no tenga mayor vinculación con las partes, pero también con el
proceso. Se garantiza a todo procesado que el juzgador no tenga ningún tipo de
interés en la causa que deba resolver.
21. En lo que concierne a la dimensión objetiva, este Tribunal ha destacado que la
impartición de justicia sea realizada por un juez ajeno a influencias negativas
e puedan derivarse de la estructura del sistema judicial en si mismo. En la
n sistema que afirma la heterocomposición de los conflictos, está la
ación del sistema judicial debe asegurar que los jueces y tribunales de
sticia tengan una posición de neutralidad, para lo cual es preciso también que
estén orgánica y funcionalmente configurados, de tal forma que se excluya
legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza
que los tribunales de una sociedad democrática tienen que inspirar a los
Bélgica. Sentencia de 26 de octubre de 1984, citado en la Sentencia 000042006-PI/TC, fundamento jurídico 20). Una evaluación en ese sentido, no puede
consideración las condiciones o características de orden orgánico o funcional
compromiso personal, sino también que su organización y funcionamiento se
encuentren estructurados de tal forma que se excluya cualquier duda legítima al
respecto (cfr. Sentencia 06149-2006-PA/TC, fundamentos 54 a 57). Esta
kCA De‘
TRIS , AL CONSTITUCIONAL
proceso comprende también la garantía de que el juez o tribunal no se deje
influenciar por la información que provenga de diferentes fuentes. No importa,
entonces, si dicha información proviene desde fuera del despacho judicial, del
sentimiento popular de actores ideológicos o políticos, de la presión mediática,
de los poderes fácticos o, en general, por cualquier otro medio de apremio
grande o pequeño. La decisión a tornarse debe fundarse en hechos y argumentos
jueces, sino también para los agentes sociales, políticos y periodísticos que les
Fundamenta su alegato en una serie de actos que atribuye a los jueces y órganos
parcialidad y pertenencia a una institución gremial
que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República la
maba el magistrado Víctor Prado Saldarriaga, quien era miembro de la
sdem. A su juicio, los miembros de dicha asociación, "sobre la base supuesta
de que el suscrito ejercía un gobierno que había intervenido políticamente dicho
Poder del Estado y atribuyéndome permanentemente que había atentado contra
la democracia, la justicia y el estado de derecho en el Perú [fojas 18]", siempre
fundamentales, siendo precisamente sus casos emblemáticos, los conocidos
Aduce el demandante que dicho convencimiento "lo asumían y difundían en sus
diversas manifestaciones públicas, cuando se referían a mi Gobierno y a mi
intervención de cualquiera de ellos en el proceso penal al cual se le sometió, no
"brindaba las garantías de un juicio imparcial en los casos de Barrios Altos y La
20-21]. En consecuencia, "[n]o constituían personas idóneas para participar
a la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia no constituye una
violación de la vertiente objetiva del derecho al juez imparcial. A juicio del
Tribunal, la adscripción de un juez a una institución que tiene fines estrictamente
gremiales se encuentra garantizada por la libertad de asociación y no tiene el
particular, cuando fines como los de la Jusdem son los propios de una institución
dichos fines sin duda se encuentran los de "contribuir a la promoción de las
condiciones que permitan alcanzar los valores que la Constitución proclama,
propugnar la legitimación democrática del Poder Judicial, ejercer el derecho
constitucional de libertad de expresión en cuanto a la gestión, conducción y
dirección del Poder Judicial y contribuir a la optimización del sistema judicial
fttp://www.jusdem.org.pe/actividades/DIPT1C0%20SEMINARIO%20arequipa
tado que el cuestionamiento sobre la imparcialidad del magistrado Víctor
Saldarriaga haya sido planteado oportunamente durante la realización del
ceso penal: las resoluciones que aquí se impugnan no tienen la condición de
firmes. En consecuencia, no se cumple con el requisito del artículo 4 del Código
Imparcialidad y destitución de un magistrado
28. Afirma el recurrente que también se afectó el derecho al juez imparcial, pues la
Sala que lo juzgó y condenó en primera instancia o grado estaba integrada por el
juez César San Martín Castro, quien la presidía. Anota que dicho magistrado fue
lo cesó en su cargo de Juez del Distrito Judicial de Lima y le canceló su título,
en una decisión que si bien generó controversia, tuvo una amplia y mayoritaria
aceptación en la población del Perú" [fojas 21]. Y agrega que este juez fue
públicamente cuestionado al conocerse que integraría la Sala Penal
Especial que me juzgaría, pero disimuló no tener algún tipo de
resentimiento, odio o ánimo de venganza hacia el suscrito por haberlo
expulsado del Poder Judicial, y aparentó brindar garantías de un supuesto
Juicio imparcial' ante la opinión pública nacional y extranjera, sin
embargo, nadie se imaginaba y yo desconocía que, poco a poco, paso a
.a,uCA
29. En consideración del Tribunal, la reclamación recientemente reseñada tampoco
atención sobre la necesidad de que la resolución judicial sea firme, como
precondición de que esta pueda ser cuestionada en el ámbito de la justicia
magistrado San Martín Castro se haya planteado oportunamente durante el
desarrollo del proceso. Por ello, también corresponde desestimar la demanda en
imparcialidad y correspondencia electrónica
resultó afectado, pues un año antes de que se resolviera su caso, cruzó
orientada a encontrar justificación para la expedición de una sentencia
os de la imputación (convirtiéndose en los hechos también en su
'sador), hasta buscar auxilio "de todo tipo de teorías orientadas a sustentar
imputación que sustente mi culpabilidad, puesto que su único y real objetivo era
condenarme a como dé lugar". Ello, en opinión del demandante, estaba
demostrado en los correos electrónicos del 11 de marzo de 2008, 17 de abril de
Martín dejó entrever a su interlocutor que "buscaba la 'tesis' más adecuada para
ocultar su prejuiciada decisión, con [el] malévolo propósito de venganza
personal, manifestando que él se orientaba por la tesis de la autoría mediata, la
cual incluso le relevaría de mayores rigores de prueba". El demandante sostiene,
además que "el Juez San Martín, más de un año antes de la sentencia, ya
consideraba que el suscrito era autor mediato; que la tesis de la 'autoría mediata'
era la más aceptable porque le permitiría relevarse de mayor rigurosidad de
prueba. Ergo, el juez San Martín reafirmaba que no contaba con pruebas para
32. Es pues, en mérito a lo expuesto, que el demandante afirma que el derecho al
neutralmente) en su caso esto no sucedió. En su opinión, "[s]i bien cualquier
°~o,>CA DE
EXP N 01460-2016-PBC/TE
fuentes bibliográficas, así como a la jurisprudencia comparada y a la opinión de
proceso y que se haya agotado la prueba y el debate contradictorio [...]". En ese
sentido, "en atención al principio de imparcialidad e independencia en su
función, debe poner en consulta sobre ambos platos de la balanza [...]". A su
demanda. De hecho, de la revisión del expediente no se encuentran acreditadas
las afirmaciones que la parte demandante realiza en relación con las supuestas
inconductas funcionales atribuidas al juez César San Martín Castro. Así, del
Informe Grafotécnico 024-2014, elaborado por la Dirección de Investigación
Criminal de la Policía Nacional del Perú, se desprende que el material que fue
objeto del estudio criminalístico "constituye una reproducción monocromática
no obtenida de su fuente original [y que] presenta características de haber
ido tachadura y adiciones de textos y trazos que no son propios del sistema
n [fojas 1249].
viene tener presente que este informe oficial fue evaluado por el Ministerio
Público, lo cual generó que la Trigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de
dicha entidad decidió no formalizar denuncia penal contra los que resultaran
responsables de cometer ilícito, también debe tomarse en cuenta que Tercera
Fiscalía Superior Penal de Lima, vía Queja de Derecho 112-2014, declaró nula
dicha decisión. Como consecuencia de ello, devolvió los actuados a la Fiscalía
penal en trámite, en el que, de ser el caso, se determinarán las responsabilidades
para comprobar que el referido juez haya tenido alguna pre concepción sobre la
relaciona con la convicción del tribunal en un caso determinado [cfr. Corte IDH.
uCA 0.e(
párrafo 56; Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Daktaras vs.
Lituania. Sentencia de 10 de octubre de 2000, párrafo 30]. Sin esta premisa
fundamental se tendría que temores, sentimientos de aversión o prejuicios
indeterminados y remotos e inciertos podrían aducirse para cuestionar la
participación de los magistrados en un proceso, con todo lo que ello implicaría
de la Magistratura. Así, el Tribunal Constitucional observa que el recurrente
en contra del juez César San Martín Castro, la cual se fundamentaba, tal y como
se impugna en este caso, en el intercambio de correos que este habría sostenido
con el abogado Gonzalo del Río, quien seguía entonces un seminario de Derecho
procesal en una universidad española. Este procedimiento culminó con la
Resolución 094-2015-CNM, de fecha 27 de febrero de 2015, en la cual se
determinó que los correos electrónicos carecían de verosimilitud. Esto, sin
embargo, no supuso que se descartara algún intercambio de pareceres, si ese
so, y que, antes bien, ello
o reflejaría el legitimo interés del magistrado de disipar sus dudas
jurídico-conceptuales sobre los aspectos sustanciales y procesales del
caso, por lo cual se deduce que habría recogido y debatido posiciones con
el ánimo de obtener solidez en las convicciones que iría generando
conforme a los avances del caso [página 8 de la resolución].
que fundamenten una posible vulneración del derecho a ser juzgado por un juez
Magistratura, por lo que un reclamo en este punto tan solo pretendería
reexaminar la decisión adoptada y debidamente motivada por dicho colegiado.
38. Por lo demás, no se han encontrado razones para concluir que los magistrados
juzgado. Tampoco se puede dejar de destacar que esta decisión fue susceptible
de ser cuestionada, como de hecho sucedió, ante un colegiado de mayor
jerarquía, el cual estaba compuesto por cinco miembros, frente a tres en la
instancia o grado inferior, y que decidieron que la sentencia carecía de
TRI a 7 AL CONSTITUCIONAL
de dudas, alguna clase de prejuicio o animadversión, situación no acreditada en
el presente caso, ello no justificaría, por sí sola, la anulación de la sentencia
acusatorio como consecuencia del alegado juzgamiento por crímenes de lesa
39. El demandante sostiene que la acusación fiscal no comprendía la imputación
relacionada con la comisión de delitos contra la humanidad o delitos de lesa
humanidad, por lo que, al ser condenado por dichos ilícitos, no pudo presentar
alegatos ni medios de prueba idóneos a fin de desvirtuar dicha calificación.
Agrega que, para concluir si los referidos delitos constituyen crímenes de lesa
humanidad, es necesario que se someta al contradictorio la imputación referente
a que existía un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
conforme al Estatuto de Roma. Esta situación genera, a su juicio, que la
calificación de los crímenes hayan generado una "situación jurídica agravada",
pues es de público conocimiento que sus solicitudes, ya sea para acceder al
por crímenes de lesa humanidad. También sostiene que era
ente inadmisible que se le impute crímenes y delitos, pues, además, la
la emitida por la Corte Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual
suelve el pedido de extradición, no autorizó la entrega por la comisión de
40. La parte demandada esgrime que la calificación de las matanzas de Barrios Altos
y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad fue planteada y debatida en el
juicio oral contra el demandante. Además, esta se sustenta en la jurisprudencia
fundamentos de las sentencias aquellos crímenes que cumplen con los requisitos
secuestro agravado, delitos precisamente denunciados por la fiscalía, por lo que
A D,&.z
EXP h ° 01460-2016-PHC/TC
argumenta que el hecho de calificar a los crímenes de Barrios Altos y La
Cantuta como "crímenes de lesa humanidad", ha vulnerado diversas garantías
42. El demandante sostiene que la acusación fiscal no giró en torno a su presunta
responsabilidad penal por la comisión de crímenes de lesa humanidad, sino por
el delito de homicidio calificado y otros de naturaleza común, tipificados en el
Código Penal, con lo que se vulneran el principio acusatorio y el derecho de
sistema de enjuiciamiento con determinadas características, entre las que se
encuentra la prohibición de condenar por hechos distintos de los que figuran en
la acusación fiscal (Sentencia 04552-2013-PHC, fundamento 5). En este caso,
no ha sido conculcado: (i) que los hechos sobre los que versó tanto la sentencia
de extradición como la acusación fiscal fueron los mismos que se consideraron
las sentencias cuestionadas; y (ii) que la pena impuesta fue la que se prevé en
ulo 108 del Código Penal, que regula el tipo penal de homicidio
En relación con el primer punto, del examen del expediente se advierte que la
sentencia que condenó al beneficiario por la comisión de delitos de homicidio
calificado, lesiones graves y secuestro agravado se sustentó tanto en los hechos
expuestos en la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la
República de Chile como en la acusación fiscal, lo cual demuestra que no se han
lo dispuesto en el tratado de extradición entre Chile y Perú, "se concedió la
extradición "a efectos que sea juzgado en nuestro país por los delitos de
artículos 108, 121 y 152 del Código Penal peruano, correspondiente a los casos
identificados como Sótanos SIE, Barrios Altos y La Cantuta". El demandante
TRIBUd CONSTITUCIONAL
sostiene que la Corte Suprema de Chile no autorizó su extradición para ser
procesado por crímenes en contra de la humanidad.
5. El Tribunal observa que la Corte Suprema de Chile, al expedir a sentencia de
fecha 21 de septiembre de 2007, concedió la extradición del
Fujimori o Ken Inomoto, con doble nacionalidad peruana japonesa, cédula de
del Perú, sólo por los capítulos y figuras penales que se señalan:
1°. Por el capítulo denominado "Allanamiento", por el hecho punible descrito
en el artículo 361° del Código Penal del Perú, en relación con el artículo 213 del
Código Penal chileno, en los términos a que se hace referencia en el
considerando décimo noveno;
2°. Por el capítulo denominado "Interceptación Telefónica", únicamente por los
hechos punibles descritos en los artículos 162 y 387 del Código Penal peruano,
en relación con los artículos 161 — A y 239 del Código Penal de Chile,
El primero, en relación a los hechos delictivos fijados en la consideración
trigésima segunda, cometidos a partir del 20 de noviembre de 1995, en adelante,
fecha de la modificación introducida al Código Penal por la Ley 19.423. El
motivación, cometidos a partir del 28 de julio del año 1990;
3°. Por el capítulo denominado "medios de comunicación", únicamente por los
ibles contenidos en el artículo 387 del Código Penal peruano, en
con el articulo 239 del Código Penal de Chile, por los hechos descritos
nsiderando cuadragésimo quinto;
or el capítulo denominado "Quince millones", únicamente por los hechos
punibles descritos en los artículos 387 y 428 del Código Penal peruano, en
relación con los artículos 239 y 193 N° 4 del Código Penal de Chile,
respectivamente, por los hechos descritos en el considerando sexagésimo;
5°. Por el capítulo denominado "Congresistas tránsfugas", únicamente por los
hechos punibles descritos en el artículo 399 (actual 397) del Código Penal
peruano, en relación con los artículos 250 inciso segundo y 248 bis del texto
punitivo nacional, por los hechos descritos en el considerando sexagésimo
séptimo;
6°. Por el capítulo denominado "Sótanos SIE", únicamente por los hechos
punibles descritos en el artículo 152 del Código Penal del Perú en relación al
artículo 141 del Código Penal chileno, sólo por los secuestros de Gustavo
considerando octogésimo;
7°. Por el caso "Barrios Altos" y "La Cantuta", únicamente por los hechos
punibles descritos en los artículos 108 y 121 del Código Penal del Perú en
relación con los artículos 391 y 397 del Código Penal chileno, respectivamente,
CA Dtz
311 I' 1
de acuerdo a los hechos descritos en el considerando nonagésimo tercero;
46. Por otro lado, el Tribunal también observa, de la revisión de la acusación fiscal,
que se imputó al demandante la comisión de los delitos de homicidio calificado,
lesiones graves y secuestro agravado mediante la modalidad de "autoría mediata
por dominio de la organización" (acusación, pág. 21). Justamente estos fueron
los ilícitos penales cuyo pronunciamiento precisamente había sido autorizado
imputación obedecía a la existencia de un "aparato de poder estructurado
jerárquicamente en el que la pérdida de proximidad al hecho se compensa por la
medida de dominio organizativo" (acusación, pág. 21). Del mismo modo, la
fiscalía sostuvo que el demandante,
luego de trazar y decidir la política de Estado de combatir la subversión
usando los métodos de guerra de baja intensidad y eliminación de
enemigos, tuvo el dominio de la organización, ya que en esta estructura de
poder organizado, su orden -sin necesidad de recurrir a la coacción o
inducir a error, por la predisposición de los ejecutores- iba
Alberto Fujimori, se reúna con los ejecutantes, o que se desarrolle un
47. Este Tribunal aprecia que el Ministerio Público, en la acusación fiscal, sustentó
la responsabilidad penal en el diseño y materialización de una política de Estado,
orno consecuencia la comisión de los delitos de homicidio calificado,
graves y secuestro agravado. Estas alegaciones pudieron ser refutadas ho, lo fueron- por la defensa técnica del recurrente, a fin de desarrollar los
consideración adicional, como la de no estar de acuerdo con el título de la
imputación, el grado de responsabilidad penal o la valoración de las pruebas, no
son sino objeciones que corresponden ser dilucidadas en la vía ordinaria.
tanto en la acusación como en las sentencias impugnadas se reconoce
expresamente que los hechos y la sanción penal impuesta se sustentan en la
comisión del delito de homicidio calificado, tipificado en el artículo 108 del
Código Penal. Así, en la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República, se señala que, en la época que se
cometieron los hechos imputados, "estuvo vigente el texto original del artículo
108 del Código Penal que establecía como penalidad conminada para esta clase
de delitos pena privativa de libertad no menor de quince años" (pág. 668 de la
sentencia). Este órgano también precisó que, al no definirse el extremo máximo
.,35 ).CA DE‘ p.
TRIB 1W L CONSTITUCIONAL
EXP N ° 0 I 460-2016-PHUTC
de la sanción penal, era aplicable, por ser más favorable al demandante
(ultractividad benigna de la ley), lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal,
por lo que debía entenderse que era veinticinco años. De hecho, la Primera Sala
Penal Transitoria, que actuó como segunda instancia o grado confirmó este
de 25 años de privativa de la libertad, ha sido determinada bajo los
parámetros previstos en nuestra norma penal, en su extremo máximo
en aplicación del artículo 77 del [Estatuto de la Corte Penal
reclusión por un máximo de 30 años y con reclusión a perpetuidad
(Sentencia de la Sala Transitoria, pág. 111).
comisión del delito de homicidio calificado, el cual, al momento de los hechos,
se encontraba sancionado con un extremo mínimo de quince años y uno máximo
de veinticinco, y no en base a lo dispuesto en el artículo 77 del Estatuto de la
Corte Penal Internacional, el cual sanciona el asesinato con una reclusión no
mayor de treinta arios, o la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la
en puede apreciarse, la mención, tanto en la parte considerativa como en
va de la sentencia a "crímenes de lesa humanidad". Tiene, tal y como
salta el pronunciamiento de segundo grado, un carácter declarativo, el cual, a
lo más, proyecta ciertas características a otorgársele al tratamiento del delito
51. Lo anterior también comprueba que, contrariamente a lo sostenido por el
de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces
para defender sus derechos e intereses legítimos" (Sentencia 4275-2013-PHC,
52. El derecho de defensa se encuentra íntimamente vinculado con la prerrogativa de
presentar medios de prueba, pues este último permite que el acusado pueda
construir su argumentación a fin de desvirtuar los cargos que se le imputan. En
TRIBUiL CONSTITUCIONAL
los cargos formulados por el Ministerio Público. Esto no hace sino demostrar
1,\ que tuvo la oportunidad de presentar los argumentos y medios de prueba que
53. Por otro lado, el demandante arguye que la calificación de los delitos como de
penal. De la revisión de las sentencias impugnadas, el Tribunal Constitucional
aprecia que las calificaciones efectuadas por los órganos jurisdiccionales no han
pertinentes. No estamos, pues, como aquí mismo ya se ha anotado, de un
elemento constitutivo para la determinación de la responsabilidad penal del
recurrente, la cual se sustentó en las diversas pruebas presentadas por el
Ministerio Público y que fueron actuadas y sometidas a la garantía del
contradictorio en el marco del juicio penal seguido en su contra. Así, pues, el
Tribunal considera que la calificación declarativa de "lesa humanidad" a los
54. En efecto, la determinación de la responsabilidad penal del recurrente se
sustentó en los diversos alegatos y medios de prueba que, en su momento,
fueron presentados por el Ministerio Público. De este modo, de la propia
cal se deduce que la responsabilidad penal debía evaluarse tomando
en la cumbre de la organización [...] tenía el control del aparato, por
consiguiente, solo él tenía la capacidad de decidir la ejecución o la no
ejecución del hecho, decisión fundamental que se transmitía a través de la
cadena de mando [...] (página 31 de la acusación fiscal).
reconocimiento a algunos oficiales y técnicos de las Fuerzas Armadas por los
impunidad al ilícito" (página 5 de la acusación fiscal). Fue, entonces, la
situación especial de mando la que sustentó la responsabilidad penal del
56. En tal tenor, este Tribunal estima que la declaración de los delitos por los cuales
se condenó a Alberto Fujimori Fujimori como crímenes de "lesa humanidad" no
fue una razón determinante para comprobar su participación en los hechos
#"‘C
EXP N ° 01460-2016-P140TC
delictivos que se le imputaban. Como ha quedado demostrado en las sentencias
impugnadas, las sanciones se impusieron en estricta aplicación de las
disposiciones contenidas en el Código Penal, en especial de lo regulado en el
artículo 108 del referido cuerpo normativo y dentro de los parámetros
habilitados por el procedimiento de extradición precedente (como es, por
ejemplo, el de doble imputación). Como se afirma en el punto 1.2.2 del Capítulo
instancia, la referencia a los delitos de lesa humanidad tiene carácter
57. Después de todo, estas calificaciones, que son provenientes del Derecho Penal
ejemplo: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7; y, del
o la aplicación de una sanción distinta a las reconocidas en la normatividad
Interamericana de Derechos Humanos, antes que un factor determinante de la
si es que el Estado peruano había cumplido o no con los deberes
nacionales que dimanan de la Convención Americana sobre Derechos
umanos (Sentencia 04587-2004-PA/TC, fundamento 78, y 00679-2005-PA,
,Ifffifjol 4
58. De ahí que las afirmaciones de la Sala Penal Especial y de la Sala Penal
Transitoria se relacionen más con los deberes internacionales asumidos por el
Estado peruano antes que con una calificación que ostente relevancia para la
imputación de delitos a nivel interno.
59. En consecuencia, no se ha acreditado la vulneración del derecho de defensa, del
la Constitución Política del Perú,
separación del magistrado César San Martín Castro por la supuesta infracción del
II t.1IIII
Publíquese y nofifíquese.
ESPINOSA-SALDAÑA BAR
Lo que cert JCO:
T OTÁRO SAN/RUANA
IBUNAL CONSTITUCIONAL
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
Coincido en el sentido de lo resuelto por la mayoría de mis colegas al respecto, pero
además quiero acompañar algunas precisiones adicionales:
1. El demandante del presente hábeas corpus alega que fue extraditado para ser
juzgado en el Perú por tres delitos; pero que sin embargo, de acuerdo a una
mención hecha en el parte resolutiva de su sentencia condenatoria (y en varias
de la parte considerativa), realmente habría sido condenado en base a otra razón:
la comisión de crímenes de lesa humanidad. Frente a ello, corresponde entonces
analizar qué se entiende por crímenes de lesa humanidad y cuál es el carácter
que tiene la referencia a esos crímenes en el fallo sometido a nuestro análisis.
2. En primer lugar el concepto de "crímenes de lesa humanidad", mencionado por
el Ministerio Público y la parte civil en diferentes incidencias del proceso, no
tienen una tipificación como figura delictiva. Implica en nuestro país una
calificación hecha a ciertos delitos, por considerarlos violaciones graves
generadas en el ejercicio abusivo del poder estatal, y que además, configuran el
que, aun cuando estemos en una dinámica de "convencionalización del
Derecho" (en la cual se busca configurar un Derecho común inspirado en lo
señalado por los tratados vigentes, su jurisprudencia vinculante y aquellas pautas
que ya se nos imponen como normas de tus cogen), ello no implica más que
considerar que ciertos delitos, si están previstos como crímenes de lesa
humanidad, tienen una serie de rasgos que deben ser tomados en cuenta
3. Dicho con otras palabras, en el Perú los denominados crímenes de lesa
humanidad no están tipificados como delitos. Lo que existe es que, a propósito
de considerar a ciertos delitos comunes como conductas calificables de crímenes
este sentido, no se quiebra la doble imputación necesaria para habilitar una
extradición, pues el hoy demandante de hábeas corpus ha sido condenado solo
por los tres delitos por los cuales se concedió su extradición.
juez(a), en una dinámica de convencionalización del Derecho, es declarar que
1111 I I I1MI 11
LXP N ° 01460 2016-PBC/Te
ciertos delitos comunes, al ser además crímenes de lesa humanidad, merecen y
5. Este tipo de afirmaciones, sin importar si éstas fueron consignadas en la parte
considerativa o parte resolutoria de una sentencia, tienen únicamente un carácter
declarativo. Dicho con otras palabras, en opinión de quienes hacen esa
humanidad deberían seguir su condena en base a condiciones que les
competencia de esos jueces. Dicha declaración, para mayores señas, no
constituye una imputación penal, y por ende, por medio de esta no se deduce la
responsabilidad penal del imputado, ni su relación o nivel de participación en los
establecimiento acarrea consecuencias más bien sobre las condiciones y los
beneficios a invocar, entre las más conocidas.
judicatura ordinaria debe cumplir esta declaración de y cómo debe cumplirse. Lo
que corresponde a este Tribunal, como se afirma también en el voto de la
mayoría, es señalar que es infundado el extremo en el cual se alegaba el quiebre
de la doble imputación por una mención a crímenes de lesa humanidad.
7. A ello solo convendría añadir que, si alguna autoridad actúa de una manera que
común como crimen de lesa humanidad, actuación que podría darse en el plano
de lo fáctico, una lógica consecuencia de encontrarnos dentro de un Estado
Constitucional es que dicha actuación no se encontraría exenta de un eventual
control, por lo menos en sede jurisdiccional, y en base a criterios ya reconocidos
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EXP. 01460-2016-FUE
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BARDÓN DE TABOADA
Discrepo con lo resuelto por la sentencia en mayoría por las siguientes razones:
El expresidente de la República Alberto Fujimori interpone demanda de habeas corpus
por violación al debido proceso, solicitando que se declare nula la sentencia de fecha 7
Dicha sentencia lo condenó a pena privativa de la libertad de 25 años, por considerarlo
autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves —a los que calificó como crímenes contra la humanidad—, y de secuestro agravado.
Fujimori solicita, además, que se declare nula la sentencia de vista de la Primera Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema que confirmó la anterior, y que se ordene nuevo
No es materia de este proceso, por tanto, evaluar el fondo de —si estuvo bien o mal
fundamentada— la sentencia que condenó a Fujimori sino solo la forma en que —el
proceso a través del cual—ella fue elaborada.
Fue juzgado por delitos distintos a los autorizados por su extradición de Chile y a
los que fueron objeto de acusación fiscal.
Analizaré y evaluaré cada una de ellas por separado.
EXP. O I460-2016-PHC
La extradición y la condena
Alberto Fujimori fue extraditado de Chile a Perú el 22 de setiembre de 2007. Al
país sureño llegó proveniente de Japón el 5 de noviembre de 2005. Su destino
final era el Perú, donde pretendía participar en las elecciones generales de 2006.
Poco después de su llegada a Chile, sin embargo, fue detenido por la policía, debido a una orden de captura de Interpol. El gobierno peruano interpuso una solicitud de extradición, que fue ampliada y modificada varias veces.
Esta solicitud imputó a Fujimori responsabilidad por trece delitos comunes, no de
lesa humanidad, ya que ninguno se subsumía en los tipos recogidos por el Título
XIV-A, Delitos contra la Humanidad, del Libro II del Código Penal.
Por demás, este Título fue incluido en el Código recién en 1998 —seis años después de la comisión de los delitos que fueron objeto de pronunciamiento en la
El juez supremo chileno Orlando Álvarez tramitó la extradición en primera instancia, y resolvió no concederla. Afirmó categóricamente que no existían pruebas
No obstante, una sala de la Corte Suprema de Chile valoró distinto lo actuado y
consideró que sí existían indicios de prueba suficientes —por lo menos, para siete
de las trece imputaciones. Así, concedió la extradición por tales imputaciones.
Todas estas eran, repito, por delitos comunes, incluyendo la referida a su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. La sección pertinente de
la resolución de extradición concluye así:
Atendido lo expuesto en las reflexiones precedentes, se acogerá el pedido de extradición instaurado por el Estado peruano, por las circunstancias referidas en el presente cuaderno nominado "Barrios Altos — La Cantuta", por los delitos de homicidio
calificado y lesiones, concordándose así con el parecer de la señora Fiscal Judicial.
Debido a que la solicitud de extradición no calificó o no pudo calificar tales delitos como de lesa humanidad, dicha resolución tampoco analizó o pudo analizar —
y menos afirmarlo— si los referidos crímenes fueron de lesa humanidad.
La acusación fiscal fue reformulada, cambiando la imputación de coautoría por la
de autoría mediata, pero tampoco alegó que Fujimori hubiera cometido delitos de
A pesar de ello, la sentencia del 7 de abril de 2009 condenó a Fujimori por ser autor mediato de delitos de lesa humanidad. En su parte resolutiva o fallo, dice lo
Evidentemente, Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad, ya que el
fallo de una sentencia no puede incluir una "calificación" ajena a la condena y que
no produzca consecuencias jurídicas.
12. De hecho, desde el 2011, el fiscal de la Nación,José Peláez,afirmó, repetidas veces, que el indulto a Fujimori era un imposible jurídico, ya que había sido condenado por delitos de lesa humanidad.
13. Más importante todavía, en 2013 el presidente de la República, 011anta Humala,
denegó la solicitud de indulto humanitario formulada por Fujimori, argumentando
que había sido condenado por delitos de lesa humanidad.
una escopeta de dos cañones, sino que obró de buena fe, igual debe asumir la responsabilidad que le corresponde por la sentencia sibilina.
16. Como lo demuestra una búsqueda en Google, no solo Peláez y Humala, sino prácticamente todo el mundo —académicos, medios de comunicación, etc.—, entendieron que a Fujimori lo condenaron a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
17. En honor a la claridad, consistencia, integridad y seriedad que requiere la afirmación del orden constitucional, debe reconocerse que Fujimori fue condenado por
18. Ahora bien, al condenarse a Fujimori por delitos distintos de los que autorizó su
extradición de Chile, se violó el orden constitucional. El artículo VIII del Tratado
de Extradición entre Chile y el Perú de 1932, entonces y aún vigente, dice:
La extradición acordada por uno de los Gobiernos al otro, no autoriza el enjuiciamiento y castigo del extraído por delito distinto del que sirvió de fundamento a la
19. Dicho Tratado forma parte del derecho nacional, desde que el artículo 55 de la
Constitución Política del Perú afirma:
Esta vulneración del debido proceso puede ser objeto de reclamo por Fujimori y
1 del artículo 200 de la Constitución dice que el habeas corpus procede:
ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.
2 L Además, vulneró el orden constitucional la inconsistencia entre la acusación fiscal, que no incluyó imputación a Fujimori por delitos de lesa humanidad, y la sentencia, que si lo condenó por ellos.
Esto también contravino el principio acusatorio y afectó el derecho de defensa de
Alberto Fujimori alega que los jueces que lo juzgaron, liderados por César San
Martín, no actuaron con la debida imparcialidad. Afirma que el encono que este
le tenía se originaba en su destitución como juez en 1992.
Fujimori dice que habría recusado a San Martín si hubiese sabido de ese encono y
conocido los correos electrónicos que intercambió en 2008 con estudiantes de
posgrado y profesores de la Universidad de Alicante, España.
Según Fujimori, dichos correos —revelados después de la sentencia— demuestran que esta se construyó partiendo de la presunción de su culpabilidad y se recurrió a la teoría de la autoría mediata para relevarse de la carga de la prueba.
26. Por cierto, los peritajes policiales practicados a los correos no indican que se cambiara una sola palabra de ellos, sino solamente que obran en fotocopias mal impresas, con anotaciones hechas a mano. El peritaje ampliatorio concluye lo siguiente:
[...1 para emitir un pronunciamiento categórico es necesario obtener el documento
En el procedimiento que afrontó ante el Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM) a raíz de estos correos, San Martín reconoció su existencia, pero alegó que
habían sido adulterados. Sin embargo, no presentó los originales digitales o impresos.
El CNM no hizo cuestión de estado, argumentando que los peritajes ya habían
descartado la validez de los correos. El considerando 9 de la resolución
[...] los correos electrónicos —que son la base de la denuncia—no son considerados como medios probatorios idóneos, conforme a lo expuesto en la pericia que se
realizó [...]
Empero "la pericia que se realizó" en ningún momento descartó tal validez, sino
solo afirmó que "para emitir un pronunciamiento categórico es necesario obtener
El CNM tampoco consideró que en el expediente obra el parte policial 076-2014DIRINCRI-PNP/DIVINDAT-DIE.E2, emitido a raíz de la denuncia penal formulada por San Martín al difundirse los correos. Este dice:
[...] no se cuenta con los mensajes de correos electrónicos originales que se encontraban en la cuenta de correo electrónico csanmar,pucn.edu.pe del agraviado, quien
ha eliminado esta cuenta, originales que son necesarios para todo estudio grafotécnico y determinar si su contenido ha sido adulterado. [itálicas agregadas]
31. Desde que San Martín reconoció la existencia de los correos, alegando solo que
habían sido alterados, a él le correspondía acreditar lo alterado. No solo no lo
hizo, sino que, según este parte, imposibilitó que cualquier otro lo hiciera.
32. La apreciación conjunta de estas actuaciones y omisiones procesales —para no
hablar del interés público evidente y la necesidad de aproximarse a la verdad—
El correo del 11 de marzo de 2008 —catorce meses antes de la emisión de la sentencia—, que San Martín remitió a Gonzalo del Río Labarthe, dice:
Mis dudas son respecto del titulo de imputación y las posiciones dogmáticas respecto de la autoría mediata y la coautoría. Como entender ambas teorías, sobre todo en
la que considero más acertada, de la autoría mediata —me releva de mayores rigores
de prueba— de cara a lo que significan los medios de prueba que anexa la fiscalía y
si en verdad estamos en una línea correcta de juzgamiento. Te pido por favor esto
Este último respondió:
En relación con esta última forma de autoría mediata, el seminario estima que se
que ejecuta el delito, sino sobre el aparato de poder dentro del cual está integrado y
cohesionado el ejecutor. Esta teoría ha recibido muchas criticas, pero a los efectos de
lo que se pretende en el caso de AF es la más útil.
Así, San Martín solamente buscó cómo sustentar una decisión condenatoria. Esto
atentó contra el principio constitucional de presunción de inocencia, contenido en
el artículo 2, inciso 24, literal e, de la Constitución, que dice:
36. Esta norma requiere que el juez parta de la hipótesis de inocencia del acusado, la
que debe contrastar con las pruebas que presenta la fiscalía, para ver si es falseada. San Martín procedió al revés.
6 de8
EXP. 01460-2016-PBC
Los correos revelan que San Martín intervino incluso en la reformulación de la
acusación fiscal. Ante la ausencia de pruebas, logró cambiar el título de la imputación de coautoría a autoría mediata.
38. El correo que Juan Carlos Sandoval dirige a San Martín dice:
La idea es sacarnos de encima la necesidad de la prueba de las órdenes que bien se
articularon en su momento cuando la Fiscalía cambio su título de imputación. Se
cambio oportunamente el titulo de imputación, puesto que se pretendía llevar adelante la imputación por coautoría, estaba muerto el caso. Bien jugado con mi gente
de la defensora y con los amigos que alertaron a la Fiscalía pues de lo contrario nos
íbamos al traste.
El 16 de mayo de 2008, San Martín respondió:
Ya cuñao. Estoy a la espera de tus comentarios "in extensos". Y con lo que más o
menos hayan dicho también el resto del seminario. Es importante eso a fin de no
caminar en vano y hacer las cosas de modo conecto.
La materialización de las ideas contenidas en los correos demuestra que San Martín no solo presidió la Sala que condenó a Fujimori, sino que lideró la elaboración
Facilitó tal liderazgo el hecho de que San Martín fuera uno de los pocos jueces
titulares que intervinieron en el juicio. De los ocho jueces que juzgaron a Fujimori, cinco eran provisionales. Así, carecían de garantía de continuidad en el cargo.
La participación de tantos jueces provisionales se justificó con el argumento de
que no había jueces penales titulares disponibles en la Corte Suprema. Prevaleció
el criterio de la especialidad sobre el de la jerarquía de los jueces.
No obstante, el carácter técnico de la administración de justicia no puede ir tan
lejos. A falta de jueces penales, pudieron intervenir jueces constitucionales o civiles, pero siempre titulares. Entonces, la Corte Suprema tenía 18 jueces titulares.
En el enjuiciamiento de un expresidente de la República, la Corte Suprema debía
brindar las máximas garantías de imparcialidad. Solo podía hacerlo encargándoselo a jueces titulares, inamovibles en el cargo.
Hl. Debido proceso
45. El juicio a Alberto Fujimori no respetó las garantías del debido proceso. Este Tribunal Constitucional no debiera consentirlo. En un Estado constitucional de derecho, todos —incluso los políticos controvertidos—tienen derecho a ello.
Por tanto, considero que debe declararse FUNDADA la demanda y, en consecuencia.
Corte Suprema, así como la sentencia de vista de la Primera Sala Penal Transitoria que
confirmó la anterior, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral al expresidente
de la República Alberto Fujimori, que cumpla con el debido proceso.
e 9edif o:
JANET OTÁRO ,' ANTILLANA
/Secretar Relatora
TRIBUNAL CONST+TUCIONAL
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 artículo 100
 resolución 
 artículo 34
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 artículo 34
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 artículo 8
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 4
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 361
 artículo 213
 artículo 387
 artículo 399
 artículo 152

artículo 141
 artículo 108
 resolución 
 artículo
108
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 artículo 77
 artículo 77

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 resolución 
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 artículo 200
 resolución

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