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Timestamp: 2019-12-14 14:29:14+00:00

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﻿ Auto 2012-00051 de mayo 23 de 2013
AUTO 2012-00051 DE 23 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO ES NECESARIO VERIFICAR SI EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO REPRODUJO EL CONTENIDO DE NORMAS DECLARADAS NULAS PARA DECIDIR SI PROCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SI DE LA CONFRONTACIÓN DIRECTA DE LAS NORMAS SUPERIORES CON EL TEXTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS NO SE OBSERVA INFRACCIÓN O CONTRADICCIÓN MANIFIESTA COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPUESTO DE TIMBRE
Auto 2012-00051 de mayo 23 de 2013
Rad.: 08001-23-31-000-2012-00051-01 [19629]
Apelación auto que negó suspensión provisional.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el numeral primero de la providencia de 23 de marzo de 2012 del Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados.
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, Cementos Argos S.A., mediante apoderada, solicitó la nulidad de las resoluciones 2 de 18 de agosto de 2010 y EC5-005455-0112526 de 9 de junio de 2011, por las cuales la Secretaría de Hacienda Departamental del Atlántico impuso sanción por no declarar la Estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE por los bimestres 6º de 2008 y 1º de 2009. Como restablecimiento del derecho pidió que se declarara que no está obligada a pagar el tributo.
En capítulo separado de la demanda, solicitó la suspensión provisional de las resoluciones que impusieron sanción por no declarar la estampilla.
El 23 de enero de 2012 se presentó la demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que en auto de 3 de febrero de 2012, la inadmitió al advertir unos errores. Una vez subsanada la demanda se admitió por auto de 15 de febrero de 2012.
La demandante pidió al tribunal que se pronunciara sobre la solicitud de suspensión provisional.
El tribunal, en providencia de 23 de marzo de 2012, adicionó el auto admisorio en el sentido de negar la medida provisional. La actora, inconforme con la anterior providencia, interpuso oportunamente el recurso de apelación.
La parte demandante, en capítulo separado de la demanda, solicitó la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones acusadas y lo sustentó en las siguientes razones:
La sanción por no declarar la Estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE se fundamenta en la Ordenanza 018 de 2006 de la asamblea departamental del Atlántico, a pesar de que ese acto está suspendido porque reprodujo las normas de las ordenanzas 027 y 040 de 2001 que establecían el tributo en el departamento y que, a su vez, fueron anuladas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Para demostrar esa reproducción hizo el siguiente cuadro comparativo:
Ordenanza 27 de 2001
Por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla pro Hospital Universitario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones” .
Ordenanza 40 de 2001
Por la cual se modifica la Ordenanza 000027 de 2001 que ordenó la emisión de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”. Ordenanaza 18 de 2006
“Por medio del cual se modifica el estatuto tributario del Departamento del Atlántico (Decreto Ordenanza 000823 de 2003).
Artículo segundo: El artículo 4º de la Ordenanza 000027 de 2001 quedará así: Sujetos pasivos: son sujetos pasivos de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho del departamento del Atlántico obligadas por los acuerdos distritales y municipales a presentar declaración privada del impuesto de industria y comercio. Artículo 2º de la ordenanza 18 de 2006: el artículo 173 del estatuto tributario del departamento del Atlántico, el cual quedará así:
“173. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la estampilla Pro Hospital universitario CARI ESE, las personas naturales o jurídicas y sus asimiladas de conformidad al estatuto tributario nacional y sus normas reglamentarias, que expidan factura, documentos equivalentes a las facturas y en general cualquier documento que soporte ingresos obtenidos en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios en jurisdicción del departamento del Atlántico.
Artículo quinto(1): Hecho Generador: constituye el hecho generador de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla la expedición de facturas o documentos equivalentes realizada por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, que desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicios dentro de la jurisdicción del departamento del Atlántico. Artículo tercero. El artículo 5º de la Ordenanza 000027 de 2001 quedará así: hecho generador: constituye el hecho generador de la obligación de pagar las estampilla Pro Hospital universitario de Barranquilla, la presentación de la declaración privada del impuesto de industria y comercio en el Distrito de Barranquilla y en todos los municipios del departamento. Artículo 3º de la Ordenanza 18 de 2006: el artículo 174 del estatuto tributario del departamento del Atlántico, modificado por el artículo 5º de la Ordenanza 017 de 2004, el cual quedará así:
Artículo 174. Hecho generador. Constituye el hecho generador de la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, las facturas, los documentos equivalentes a las facturas y en general cualquier documento que soporte ingresos, que expidan las personas naturales o jurídicas y sus asimiladas en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios en la jurisdicción del departamento del Atlántico.
Parágrafo primero. Los tratamientos preferenciales, tales como exclusiones, no sujeciones, exenciones etc. contempladas en otros impuestos no son aplicables a la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE.
Parágrafo segundo. La no expedición de facturas, documentos equivalentes a las facturas y en general cualquier documento que soporte los ingresos del obligado en un periodo gravable determinado, no exime de la obligación de presentar la declaración de la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE.
Artículo sexto: base gravables(sic): la base gravable de la estampilla Pro Hospital de Barranquilla(sic) será el valor neto facturado excluido el impuesto sobre las ventas. Para efectos de la liquidación se sumarán los valores netos de las facturas expedidas durante el respectivo período gravable. Artículo cuarto: el artículo 6º de la Ordenanza 000027 de 2001 quedará así: base gravable: la base gravable para el cobro de la estampilla Pro-Hospital Universitario de Barranquilla, la constituyen los ingresos brutos o los ingresos operacionales, según el caso, o en general la base gravable declarada por los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Artículo 4º de la Ordenanza 18 de 2006: El artículo 175 del Estatuto Tributario del Departamento del Atlántico, el cual quedará así:
Artículo 175. Base gravable. Constituye base gravable de la Estampilla Pro Hospitales Universitarios CARI ESE, el monto total, antes de IVA, de la facturación o de los documentos equivalentes a las facturas y en general la sumatoria de los valores de los documentos que soporten los ingresos generados en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios en jurisdicción del Departamento del Atlántico.
Para los obligados a la utilización del la Estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, que simultáneamente sean contribuyentes del impuesto de industria y comercio, se presume como base gravable mínima para efectos de la declaración y pago el valor que corresponda a los ingresos netos gravables declarados en dicho impuesto. Para los demás obligados se aplicará la regla general contemplada en el inciso anterior. Pro Hospital Universitario CARI ESE.
Artículo octavo: causación: la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla se causa en el momento de la expedición o emisión de la factura correspondiente. Artículo sexto: el artículo 8º de la Ordenanza 000027 de 2001 quedará así: causación: La estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla, se causa por la presentación de la liquidación privada del Impuesto de Industria y Comercio. Artículo 6º de la Ordenanza 18 de 2006: El artículo 117 del estatuto tributario del departamento, el cual quedará así: Artículo 117. Causación. La estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, se causa al momento en que se expide la respectiva factura, los documentos equivalentes a las facturas y en general cualquier documento que soporte los ingresos del obligado.
Artículo noveno: período gravable: los períodos para la consolidación del monto total a pagar por concepto de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla serán bimestrales. Artículo séptimo: El artículo 9º de la Ordenanza 000027 de 2001 quedará así: período gravable: Los períodos para la consolidación del monto a pagar por concepto de la estampilla Pro-Hospital Universitario de Barranquilla, serán los señalados por los acuerdos respectivos para la presentación y pago de la declaración privada de industria y comercio en el Distrito de Barranquilla y en los diferentes municipios del departamento. Artículo 7º de la ordenanza 18 de 2006: el artículo 178 del estatuto tributario del departamento el cual quedará así:
artículo 178. Periodo gravable. El periodo gravable de la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, en el departamento del Atlántico, es bimestral. En consecuencia, los bimestres son: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre.
Artículo décimo: liquidación y pago: para efectos de la liquidación y pago de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla el sujeto pasivo presentará a la Secretaría de Hacienda Departamental, o quien haga sus veces, una liquidación privada del monto a pagar por el respectivo período gravable, acompañada de una copia de la declaración del impuesto de industria y comercio correspondiente a ese mismo período. Se faculta al señor gobernador del departamento hasta el 30 de septiembre del 2001 para reglamentar este procedimiento y establecer los mecanismos alternativos de adhesión y anulación de la estampilla. Artículo octavo: el artículo 10º de la Ordenanza 000027 de 2001 quedará así: liquidación y pago: para efectos de la liquidación y pago de los valores correspondientes a la estampilla Pro-Hospital Universitario de Barranquilla, los sujetos pasivos de dicho tributo deberán presentar ante los bancos y entidades financieras, autorizadas por el Distrito de Barranquilla o por los municipios para recibir las declaraciones privadas de industria y comercio, una liquidación privada de los valores a pagar por concepto de la estampilla, debidamente diligenciada en los formatos que, para efectos, (sic) suministrará la Secretaría de Hacienda Departamental. Artículo 8º de la Ordenanza 18 de 2006: el artículo 179 del estatuto tributario del departamento, el cual quedará así: Artículo 179. Declaración y pago. La declaración y pago de la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, la efectuarán los sujetos pasivos en las entidades financieras autorizadas, en los formularios prescitos por la Secretaría de Hacienda Departamental.
Parágrafo primero. Para efectos de la declaración de la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, surge la obligación desde el momento de la inscripción en el registro mercantil de la cámara de comercio y/o en el registro único tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Parágrafo segundo. De conformidad con el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 962 de 2005, los obligados al pago de la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, deberán presentar una sola declaración que cobije los diferentes establecimientos, sucursales o agencias, que posea en la jurisdicción del Departamento del Atlántico.
Artículo noveno: plazos para la declaración y pago: la declaración y pago de los valores por concepto de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla, la efectuarán los sujetos pasivos de la misma simultáneamente con la declaración y pago del impuesto de industria y comercio, en los bancos y entidades financieras autorizadas para ello por el distrito o los municipios y dentro de los plazos señalados por dichas entidades territoriales para tales efectos, o en las tesorerías municipales si no existieren entidades autorizadas en los municipios.
Resaltó que las normas de la Ordenanza 018 de 2006 no pueden ser válidamente exigibles porque desconocen la prohibición del artículo 158 del Código Contencioso Administrativo, al conservar las mismas disposiciones anuladas por el Consejo de Estado. Trascribe apartes de las sentencias de esta corporación.
Así si es ilegal el cobro de la estampilla que grava lo mismo que el impuesto de industria y comercio, también lo es la sanción que se imponga por no declarar ese tributo.
Para mostrar la ilegalidad de la estampilla contenida en la Ordenanza 018 de 2006, compara ese acto con los artículos 3º y 5º de la Ley 645 de 2001, así:
Ordenanza 18 de 2006
Por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla pro Hospital Universitario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones” . Ley 645 de 2001 Razones
Artículo 2º de la Ordenanza 18 de 2006: El artículo 173 del estatuto tributario del departamento, el cual quedará así:
“173. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE, las personas naturales o jurídicas y sus asimiladas de conformidad al estatuto tributario nacional y sus normas reglamentarias, que expidan factura, documentos equivalentes a las facturas y en general cualquier documento que soporte ingresos obtenidos en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios en jurisdicción del departamento del Atlántico. Artículo 3º. Autorízase a las asambleas departamentales en cuyo territorio funcionen hospitales universitarios públicos para que determinen las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y municipios de los mismos.
Artículo 5º. Las obligaciones de adherir y anular las estampillas a que se refiere esta ley quedan a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos. El gravamen de estampilla es un tributo documental, que recae sobre aquellos documentos en los cuales intervenga un funcionario departamental.
La factura es un documento privado en el cual no interviene ningún funcionario público.
Artículo quinto(2): hecho generador: constituye el hecho generador de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla la expedición de facturas o documentos equivalentes realizada por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, que desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicios dentro de la jurisdicción del departamento del Atlántico. Artículo 5. Las obligaciones de adherir y anular las estampillas a que se refiere esta ley quedan a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos. El hecho generador debe estar constituido por la expedición de documentos con la intervención de un funcionario público.
Pese a ello, se están gravando los ingresos obtenidos en el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios, lo cual es objeto del impuesto de industria y comercio.
Artículo noveno: período gravable: los períodos para la consolidación del monto total a pagar por concepto de la Estampilla Pro-Hospital Universitario de Barranquilla, serán bimestrales. Artículo 5. Las obligaciones de adherir y anular las estampillas a que se refiere esta ley quedan a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos. El impuesto de estampilla es de ejecución instantánea. La ley no prevé período gravable alguno.
Artículo décimo: liquidación y pago: para efectos de la liquidación y pago de la estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla el sujeto pasivo presentará a la Secretaría de Hacienda Departamental, o a quien haga sus veces una liquidación privada del monto a pagar por el respectivo periodo gravable, acompañada de una sola copia de la declaración del impuesto de industria y comercio correspondiente a ese mismo período. Se faculta al señor gobernador del departamento hasta el 30 de septiembre del 2011 para reglamentar este procedimiento y establecer los mecanismos alternativos de adhesión y anulación de la estampilla. Artículo 5. Las obligaciones de adherir y anular las estampillas a que se refiere esta ley quedan a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos. La ley no autoriza a exigir declaración privada sino que la obligación se entiende cumplida cuando el funcionario adhiera y anule la estampilla sobre el documento gravado.
Agregó que se violan de manera ostensible los artículos 62 [1] y 71 [5] del Decreto Ley 1222 de 1986 que prohíben a las asambleas departamentales gravar objetos o industrias ya gravados por la ley.
Concluyó que es inadmisible que la administración departamental insista en el cobro de un tributo ilegal y en imponer sanciones notoriamente injustas por no declararlo, con el argumento de que la Ordenanza 018 de 2006 está vigente. Ese criterio desconoce el artículo 288 de la Constitución Política y causaría un grave perjuicio económico.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, en el numeral primero de la providencia de 23 de marzo de 2012, adicionó el auto admisorio de la demanda en el sentido de negar la medida de suspensión provisional de las resoluciones que impusieron sanción por no declarar. El a quo tomó la decisión al considerar que en el presente caso es necesario un análisis pormenorizado y minucioso que no es propio de este momento procesal sino del fallo.
Advirtió que prima facie no es posible llegar a la conclusión de que la Ordenanza 18 de 2006, en la que se sustentan los actos acusados, es una reproducción de las ordenanzas 27 y 40 de 2001. Esa comparación procedería si ese acto fuera el acusado pero la Ordenanza 18 no lo es en esta demanda.
Además no se demostró que la suspensión provisional de la ordenanza esté en firme.
En relación con el desconocimiento de los artículos 3º y 5º de la Ley 645 de 2011 y 62 [1º] y 71 [5º] del Decreto-Ley 1222 de 1986, el a quo observó que esas normas se refieren a las funciones y obligaciones de las asambleas departamentales, mientras que los actos demandados imponen sanción por no declarar la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE.
Concluyó que a simple vista no se observa una infracción manifiesta de las referidas normas, motivo por el cual la suspensión provisional no era procedente.
La apoderada de la demandante se remitió a los argumentos de la solicitud de suspensión provisional. Agregó que en el expediente 08001-23-31-004-2009-00827-00 el Tribunal Administrativo del Atlántico dictó auto de 5 de mayo de 2011 en el que suspendió provisionalmente los efectos de la Ordenanza 018 de 2006, así que esa orden debía cumplirse inmediatamente aunque se hubiera interpuesto recurso de apelación contra esa providencia. Concluyó que la suspensión provisional de los efectos de la Ordenanza 018 de 2006 está en firme.
Por lo anterior, solicitó la revocatoria del auto apelado y que, en su lugar, se accediera a la medida provisional.
Esta corporación precisa que la suspensión provisional es una medida cautelar que tiene por objeto que un acto administrativo que se presume ilegal o inconstitucional deje de producir efectos. Para que proceda cuando se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según lo ordena el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, se requiere que: 1) la medida se solicite y sustente expresamente en la demanda o en escrito separado; 2) la violación de las normas superiores invocadas como vulneradas sea manifiesta, esto es, que dicha infracción sea perceptible a primera vista, “por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud”, y 3) se demuestre sumariamente el perjuicio que causa el acto demandado.
En el presente caso, la sociedad Cementos Argos S.A., en capítulo separado de la demanda, pide la suspensión provisional de las resoluciones 2 de 18 de agosto de 2010 y EC5-005455-0112526 de 9 de junio de 2011, por las cuales la Secretaría de Hacienda Departamental del Atlántico impuso sanción por no declarar la estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE por los bimestres 6º de 2008 y 1º de 2009.
La actora, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, sostiene que: i) el fundamento normativo de los actos acusados es la Ordenanza 018 de 2006 de la asamblea departamental del Atlántico, que está suspendida y que, además, reproduce las normas de las ordenanzas 027 y 040 de 2001 que establecieron el tributo en el departamento y que fueron anuladas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. ii) No puede exigirse el cumplimiento de la Ordenanza 018 de 2006 porque es ilegal el cobro de la estampilla, que grava lo mismo que el impuesto de industria y comercio. De manera que también es ilegal e injusta la sanción que se imponga por no declarar ese tributo.
En consecuencia, considera que esa actuación desconoce los artículos 62 [1] y 71 [5] del Decreto-Ley 1222 de 1986 que prohíben a las asambleas departamentales gravar objetos o industrias ya gravados por la ley y, además, lo dispuesto en los artículos 3º y 5º de la Ley 645 de 2001 y 288 de la Constitución Política. Se da por cumplido el primer requisito.
En relación con el segundo requisito, para determinar si está demostrada la infracción, prima facie, es necesario hacer una comparación de las resoluciones demandadas con las normas superiores invocadas así:
Normas superiores Normas acusadas
(cuya suspensión provisional se pide)
Ley 645 de 2001, por medio de la cual se autoriza la emisión de una estampilla Pro-Hospitales Universitarios.
Artículo 3º. Autorízase a las asambleas departamentales en cuyo territorio funcionen hospitales universitarios públicos para que determinen las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y municipios de los mismos.
Decreto 1222 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.
Artículo 62. Son funciones de las asambleas:
Artículo 71. Es prohibido a las asambleas departamentales:
5. Imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravados por la ley, y (…)”. “Resolución sanción por no declarar 002 de 18 de agosto de 2010.
El subsecretario de rentas de la Secretaría de Hacienda departamental, en uso de las facultades conferidas en los artículos 252, 273, 318 y 337 del estatuto tributario departamental y teniendo en cuenta que el contribuyente arriba mencionado estando obligado, omitió la presentación de su declaración de estampilla Pro Hospital Universitario CARI ESE (…)
Artículo primero: imponer al contribuyente … la sanción por no declarar contemplada en el artículo 281 del estatuto tributario departamental, por el siguiente monto (…).
Total 10.130.984.000
“Resolución que resuelve recurso de reconsideración EC5-005455-0112526 de 9 de junio de 2011.
La subsecretaría de rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental, en uso de las facultades conferidas en los artículos 252, 341, 342 del estatuto tributario departamental, procede a resolver un recurso de reconsideración (…)
Artículo primero: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución sanción Por no Declarar No. 002 de fecha 18 de agosto de 2010 la cual quedará de la siguiente manera:
imponer al contribuyente … la sanción por no declarar contemplada en el artículo 281 del estatuto tributario departamental, por el siguiente monto (…)
Total sanción $ 15.942.440.195
De la confrontación directa de las normas superiores con el texto de los actos acusados, la Sala no observa infracción o contradicción manifiesta como lo exige el citado artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, que surja sin necesidad de acudir a razonamientos e inferencias más o menos complejos, derivados de la normativa que rige la materia.
En el sub examine la demandante, como se indicó, pretende la suspensión de los efectos de las resoluciones que le impusieron sanción, pero para ello es necesario que se presente una contradicción evidente entre las normas superiores invocadas y los actos demandados. En efecto, Cementos Argos S.A. parte de comparar las Ordenanzas 027 [arts. 5º, 6º, 8º, 9º y 10º] y 040 de 2001 [arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 9º] con la 18 de 2006 [arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º], expedidas por la Asamblea Departamental del Atlántico, para demostrar que esta última reprodujo las primeras, que están anuladas y, por lo tanto, el cobro de la estampilla es ilegal y, que, en consecuencia, la sanción por no declarar ese tributo también lo es.
Significa que en el caso concreto, Cementos Argos S.A. no pretende demostrar que los actos demandados de contenido particular desconocen de manera directa las normas superiores invocadas, mediante un simple cuadro comparativo. En realidad, lo que busca es demostrar la contradicción mediante el análisis de constitucionalidad y legalidad de las normas territoriales que fundamentaron los actos acusados, esto es de la Ordenanza 0018 de 2006.
En ese contexto, es claro que como la Ordenanza 018 de 2006 no es la norma demandada, no es del caso verificar si en efecto reprodujo actos declarados nulos para decidir si procede la suspensión provisional de las resoluciones acusadas, pues precisamente ese análisis corresponderá hacerlo en la sentencia.
Se insiste en que para que proceda la medida cautelar es necesario que concurran los tres requisitos exigidos por el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, de manera que tal como se indicó en párrafos anteriores, el segundo requisito relacionado con la manifiesta infracción de las normas superiores invocadas no se cumple.
La Sala reitera que en esta etapa el juez se limita a hacer la confrontación directa de las normas superiores invocadas con las demandadas para verificar la existencia de la manifiesta infracción que se alega y que cualquier pronunciamiento que implique un estudio de fondo debe realizarse en la sentencia.
En cuanto al tercer requisito, relacionado con el presunto perjuicio causado por la ejecución de los actos administrativos demandados, se indica que no es necesario estudiar si se cumple, toda vez que no se advirtió la manifiesta infracción de las normas superiores.
En consecuencia, no es procedente la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados al no estar cumplidos los requisitos del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, y por esa razón esta Corporación confirmará el numeral 1º del auto apelado, en el que se negó la medida cautelar solicitada.
Confírmase el numeral 1º del auto de 23 de marzo de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Magistrados: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, presidenta de la sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia.
(1) La demandante se refirió al artículo quinto de la ordenanza 18 de 2006 pero el hecho generador corresponde al artículo tercero.
(2) La demandante se refirió al artículo quinto de la ordenanza 18 de 2006 pero el hecho generador corresponde al artículo tercero.

References: ARTÍCULO 152
 artículo 85
 artículo 4
 Artículo 2
 artículo 173
 artículo 5
 Artículo 3
 artículo 174
 artículo 5

Artículo 174
 artículo 6
 Artículo 4
 artículo 175

Artículo 175
 artículo 8
 Artículo 6
 artículo 117
 Artículo 117
 artículo 9
 Artículo 7
 artículo 178

artículo 178
 artículo 10
 Artículo 8
 artículo 179
 Artículo 179
 artículo 48
 artículo 158

Artículo 2
 artículo 173
 Artículo 3

Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 5
 artículo 288
 artículo 152

Artículo 3

Artículo 62

Artículo 71
 artículo 281
 Resolución 
 artículo 281
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 152