Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A253-07.htm
Timestamp: 2017-11-18 08:35:26+00:00

Document:
A253-07
1.- El señor Diego Fernando Trujillo Marín, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Fiscalía 36 Seccional de Zarzal Valle, por considerar que dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al abstenerse de dar tramite a la demanda de parte civil por él interpuesta dentro de un proceso penal que allí se adelanta.
2.- La Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en fallo que no fue impugnado, concedió el amparo solicitado tras considerar que la Fiscalía 36 de Zarzal debió resolver la demanda de parte civil conforme lo señala el artículo 49 de la ley 600 de 2004, decidiendo sobre su “admisión o rechazo” mediante auto interlocutorio, brindándole a los sujetos procesales y al accionante la posibilidad de “remover la decisión, si discrepan de ella, a través del recurso de alzada que expresamente prevé dicha norma”. En consecuencia ordenó al ente accionado resolver “la demanda de parte civil”, retrotrayendo el proceso a la actuación mediante la cual se abstuvo de darle tramite a la misma.
3.- La anterior decisión fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo seleccionada para el efecto y repartido el asunto a esta Sala.
Mediante sentencia T-563 de julio 27 de 2007, la Sala decidió “CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 04 de diciembre de 2006, por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Diego Fernando Trujillo Marín dentro de la acción de tutela interpuesta contra la Fiscalía 36 Seccional de Zarzal Valle”.
“la Fiscalía 36 Seccional de Zarzal, vulneró al señor Diego Fernando Trujillo Marín sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues la admisión o rechazo de su demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal mencionado, debió ser decidida mediante providencia interlocutoria, tal como lo establece el artículo 49 de la ley 600 de 2000, permitiendo que cualquiera que fuese la determinación, esta tuviera doble instancia.
En efecto, la Fiscalía accionada luego de considerar que la demanda impetrada por el señor Trujillo Marín “no buscaba ningún tipo de indemnización, como tampoco resarcimiento de daño alguno” y que éste “no ha sufrido mengua en su patrimonio”, optó bajo dicho pretexto por abstenerse de darle trámite a la misma. Sin embargo, olvidó el ente accionado que sólo los defectos formales daban lugar a abstenerse de admitir la demanda, las que debían ser señaladas por la autoridad judicial a efectos de que fueran subsanadas (artículo 51 de la ley 600 de 2000).
“ARTICULO 51. INADMISION DE LA DEMANDA. El funcionario que conoce del proceso se abstendrá de admitir la demanda, mediante providencia contra la que sólo procede el recurso de reposición, cuando no reúna los requisitos previstos en este código. En tales casos, en la misma decisión, el funcionario señalará los defectos que adolezca, para que el demandante los subsane. No obstante haberse inadmitido la demanda, mientras no haya precluido la oportunidad para constituirse en parte civil, podrá formularse nuevamente la misma, con el lleno de los requisitos legales”.
“ARTICULO 49. DECISION SOBRE LA DEMANDA Y APELACION. Dentro de los tres (3) días siguientes a aquél en que se presente el escrito de demanda, el funcionario judicial que conoce del proceso decidirá mediante providencia interlocutoria sobre su admisión o rechazo. La providencia que resuelve sobre la demanda de parte civil es apelable en el efecto devolutivo. (Subraya la Sala)
“ARTICULO 18. DOBLE INSTANCIA. Las sentencias y providencias interlocutorias podrán ser apeladas o consultadas, salvo las excepciones que consagre la ley”. (Subraya la Sala) - (la frase tachada fue declarada inexequible).
Al abstenerse la Fiscalía de “darle trámite” a la demanda plurimencionada, desconoció la posibilidad que la ley le otorga a quien se siente perjudicado por un delito, de acudir en cualquier momento del proceso a obtener justicia, verdad o reparación (artículo 47 de la ley 600 de 2000).
Debe dejarse en claro que en esta ocasión el juez constitucional no puede entrar a examinar si el señor Trujillo Marín es o no perjudicado, o si tiene o no legitimación para entrar al reparto de los actores del proceso penal, pues esa es precisamente la materia de examen de la demanda por él elevada, y por tal razón resultaba imperioso despachar el asunto resolviendo, no absteniéndose de hacerlo”.
II. SOLICITUDES DE ACLARACION.
1.- Mediante memorial radicado en la Secretaría de esta Corporación el día 24 de agosto de 2007, el señor Diego Fernando Trujillo Marín, accionante en el proceso de tutela, solicita a la Sala aclarar la sentencia T-563 de 2007.
Arguye el peticionario que la sentencia proferida por esta Sala “se limitó a confirmar el fallo que le ordenaba al accionado, (…) “RETROTRAER EL PROCESO A LA ACTUACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ABSTUVO DE TRAMITAR LA DEMANDA IMPETRADA POR EL ACCIONANTE”, dejando en firme la preclusión decretada por ese funcionario el 19 de abril de 2006 y por lo tanto el proceso ya estaría terminado por cese en el procedimiento, situación por la cual no tendría ningún sentido tutelar mis derechos cuando ya no pueden surtir ningún efecto útil”.
Dice que la “sentencia deja viva la preclusión del 19 de abril” pues la providencia controvertida en la acción de tutela, esto es, en la que la Fiscalía se abstuvo de tramitar su demanda de parte civil, es de abril 20 de 2006, por lo que dicha demanda se tramitaría sobre un proceso ya precluido.
Señala que de nada serviría la sentencia de la Corte, “si no se aclara la fecha de aplicación del fallo de primera instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal de Buga”.
Por último, indica que la Sala de Revisión “pretermitió el estudio del escrito entregado el 24 de abril de 2007 a la Sala de Selección N° 4, donde se esbozan todos los argumentos que se reiteran en el presente escrito”.
2.- Por su parte, a través de memorial de agosto 30 de 2007, enviado vía fax a la Secretaría General de esta Corporación, el señor Fiscal 36 Seccional de Zarzal Valle, hace la siguiente solicitud, que se transcribe en su totalidad:
“Respetuosamente me dirijo a su digna persona con el fin de solicitarle aclaración respecto del fallo proferido por esa Honorable Corte, en lo que concierne a la parte resolutiva de la citada sentencia, la cual dice:
“Primero.- “CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 04 de diciembre de 2006, por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Diego Fernando Trujillo Marín dentro de la acción de tutela interpuesta contra la Fiscalía 36 Seccional de Zarzal Valle”.
La duda para este ente instructor, recae sobre el aspecto de si se debe proceder nuevamente a lo ordenado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, y cumplido por este Despacho mediante resolución interlocutoria N° 012 de fecha enero 19 de 2007”.
1.- Improcedencia de la solicitud de aclaración o adición de sentencias de revisión proferidas por la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-113 de 1993[1], declaró inexequible el inciso 4° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 que contemplaba la posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias dictadas por esta Corporación. Así, en principio, las decisiones que en sede de revisión de fallos de tutela dicta la Corte Constitucional no son susceptibles de aclaración, corrección o adición[2] en virtud de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y el derecho al debido proceso. Al respecto, esta Corporación indicó lo siguiente:
“18- Lo anterior se ve confirmado por el hecho de que frente a las sentencias de revisión proferidas por la propia Corte Constitucional no cabe ni aclaración ni adición[5], aunque una primera interpretación sugeriría que esas posibilidades son válidas, como se explica a continuación.
En relación con el sentido y razón de la revisión eventual, ha señalado la Corte que más allá de la resolución de casos en particular, consiste en “asegurar que, por parte del tribunal que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, se unifiquen los criterios con base en los cuales ella se interpreta y aplica en materia de derechos, se elabore la doctrina constitucional y se tracen las pautas de la jurisprudencia, a propósito de casos paradigmáticos, respecto de el alcance de los principios, postulados, preceptos y reglas de la constitución, sobre los que los demás administradores de justicia se puedan inspirar al momento de pronunciarse acerca de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano.[6]”
2.- Solicitudes infundadas de aclaración de la sentencia T-563 de 2007.
No obstante lo anterior, el actor en la demanda de tutela no planteó nada al respecto, por el contrario, en la narración de los hechos señaló que la Fiscalía luego de abstenerse de dar trámite a la demanda decidió precluir la investigación “inmediatamente después de dicha decisión”.
Por su parte, el Fiscal 36 Seccional de Zarzal plantea “la duda” de “si se debe proceder nuevamente a lo ordenado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, y cumplido por [ese] Despacho mediante resolución interlocutoria N° 012 de fecha enero 19 de 2007”. En otras palabras, antes que una aclaración, el peticionario consulta si el fallo de la Corte al confirmar la decisión del Tribunal Superior de Buga, lo obliga a cumplir nuevamente la sentencia de tutela.
Al respecto, la Sala recuerda que la competencia para velar por el cumplimiento de los fallos de tutela y establecer la forma como éstos deben cumplirse, reposa en cabeza de los jueces de primera instancia[7]. Estos, con el propósito de garantizar la efectividad de los derechos de los asociados, y en desarrollo del principio del efecto útil de las sentencias[8], gozan de amplias facultades en la determinación de la forma de ejecución de los fallos de tutela y en la adopción de las medidas tendientes a su cumplimiento; coligiéndose, de tal aserto, el deber de velar por el cumplimiento efectivo de las garantías conferidas a los ciudadanos en sede de tutela, "[i]nterpretando las normas y las sentencias dictadas en el caso concreto”[9].
[5] Ver entre otros, la sentencia C-113 de 1993 y los autos A-28 de 1995, A-41 de 1999, A-79 de 1999 y A-022 de 2002.
[6] Auto 012 de 2004.
[7] Sentencia T-458 de 2003: "Como principio general, es el juez de primera instancia el encargado de hacer cumplir la orden impartida, así provenga de fallo de segunda instancia o de revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad".
[8] Cfr. Sentencia SU-1158 de 2003: "para hacer cumplir un fallo de tutela se deben integrar los artículos 23 y 27 del decreto 2591 de 1991, teniendo como meta el efecto útil de las sentencias".
[9] Sentencia SU-1158 de 2003.

References: artículo 49
 artículo 49
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución