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Timestamp: 2017-03-25 05:55:39+00:00

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RESOLUCION de 27 de febrero de 2001, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anonima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia numero 2, don Eugenio Aguilar Amador, a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelacion del recurrente. | Iberley
RESOLUCION de 27 de febrero de 2001, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anonima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia numero 2, don Eugenio Aguilar Amador, a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelacion del recurrente. - Boletín Oficial del Estado, de 03 de Abril de 2001
I El 11 de abril de 1997, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Murcia, don Antonio Yago Ortega,... RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Alfonso Vicente Pérez Cerdán, en nombre del «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia, número 2, don Eugenio Aguilar Amador, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
I El 11 de abril de 1997, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Murcia, don Agustín Navarro N... RESOLUCION de 13 de marzo de 2001, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Banco Hipotecario de España, S. A.», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia numero 2, don Eugenio Aguilar Amador, a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelacion del recurrente. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
Órgano: Direccion General de los Registros y del NotariadoFecha:23 de Diciembre de 2003En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los
de apelación del recurrente.HechosI El 14 de abril de 1997, mediante escritura pública
Banco Hipotecario de España concedió un
préstamo de determinada cantidad de dinero a don
Martín García Muñoz y doña Clementina
Calderón Cava, los cuales constituyen hipoteca sobre unas
fincas urbanas sitas en dicha ciudad.En la citada escritura se establecieron las siguientes
cláusulas: 3. a bis. «Tipo de interés variable.
Indices de referencia. 1. Períodos de interés
variable. En cada período de interés variable el tipo
de interés vigente será el que se obtenga de
redondear al alza al más cercano cuarto de punto, el tipo
nominal, expresado en tasa porcentual anual, que se define a
continuación y, en su defecto, el tipo nominal sustitutivo
que también se define seguidamente, con indicación en
ambos casos del índice de referencia y margen constante que
se utilizan para la determinación del respectivo tipo
nominal. Los índices de referencia que se definen en el
mismo apartado, son: 1. o Índice de referencia principal:
Indice MIBOR (tipo interbancario a un año MIBOR) . 2. o
Índice de referencia sustitutivo: Indice Conjunto de
Entidades (Tipo medio de los préstamos hipotecarios a
más de tres años, para adquisición de vivienda
libre concedidos por el Conjunto de Entidades de Crédito) .
3. o Tipo nominal por imposibilidad de aplicación de los
índices de referencia anteriores. . . 6. a Intereses de
demora. Cualquier débito vencido de la parte prestataria y
no pagado al Banco devengará intereses de demora a favor de
éste desde la fecha en que debió ser solventado hasta
el día de su completo pago, y sin necesidad de requerimiento
alguno, sin perjuicio de la facultad de vencimiento anticipado
atribuída al Banco en la estipulación 6. a bis. Estos
intereses se devengarán por días, y se
calcularán a razón del tipo anual resultante de
incrementar en seis puntos porcentuales el tipo de interés
vigente con arreglo a las cláusulas 3. a y3. a bis,
redondeándose la suma por exceso a enteros por ciento y sin
que en ningún caso el tipo de interés de demora pueda
ser inferior al 24 por 100 anual . 9. a Constitución de
hipoteca. Sin perjuicio de la responsabilidad personal ilimitada y
solidaria de la parte prestataria, ésta constituye hipoteca,
que el Banco acepta, sobre las fincas que a continuación se
describen, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en esta escritura, respondiendo de la
devolución del capital del préstamo en los casos,
forma y plazos convenidos, y además: a) del pago de los
intereses ordinarios convenidos en las cláusulas 3. a y3. a
bis, al tipo máximo del 8,25 por 100, que se fija a efectos
meramente hipotecarios, limitándose además esta
responsabilidad, a los efectos del artículo 114 de la Ley
Hipotecaria, a una cantidad máxima igual al importe de cinco
anualidades de tales intereses; b) del pago de los intereses de
demora pactados en la cláusula 6. a , limitándose
hipotecariamente la responsabilidad por este concepto, de manera
que estos intereses de demora, al tipo del 24 por 100, que se fija
a este solo efecto, ni por sí solos, ni sumados a los
intereses ordinarios pendientes, sobrepasen el mismo importe de
cinco anualidades de intereses ordinariso determinado en el
anterior apartado» ; y. . . 10. a «Fuero, domicilio,
tipo de subasta, título ejecutivo. . . . A efectos de lo
dispuesto en el artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y para el sólo caso de que la entidad acreedora
decida acudir al procedimiento ejecutivo común, se pacta
expresamente por los contratantes que la liquidación para
determinar la deuda ejecutivamente reclamable en dicho
procedimiento podrá practicarse por Caja Postal mediante la
expedición de la oportuna certificación que recoja el
saldo que presente la cuenta del deudor. En su virtud,
bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la
presentación de copia autorizada de esta escritura y la
aportación de un certificado expedido por Caja Postal del
saldo que resulta a cargo del deudor por todos los conceptos. En
documento fehaciente el fedatario público que intervenga,
hará constar, a requerimiento de la Entidad acreedora, que
el citado saldo coincide con el que aparece en la del deudor, que
la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma
pactada por las partes y que ha sido reclamada previamente al
deudor. En la liquidación se especificarán en su
caso, los tipos de referencia distintos del inicial que se hayan
utilizado en la misma. . .» .II Presentada copia de la anterior escritura en el Registro de
la Propiedad de Murcia, número 2, fue calificada con la
siguiente nota: «Presentado el precedente documento el
día 14 abril de 1997, por fax, bajo el asiento número
400 2 del diario 73, consolidado al asiento con la
aportación de la copia autorizada el 22 de abril
último notificada la calificación desfavorable,
retirado por el presentante y devuelto, el 6 de mayo último
y solicitada la extensión de la nota de calificación,
se observan los defectos subsanables siguientes. 1) Las
cláusulas 3. a bis, 6. a relativa a intereses de demora y 9.
a , infringen el principio de determinación y la doctrina de
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 16 de febrero de 1990, 12 de julio y 20 de
septiembre de 1996, entre otras; por cuanto: En la cláusula
3. a bis tipo de interés variable , no se fija límite
alguno de variabilidad del tipo de interés, al alza y a la
baja; en la cláusula 6. a , intereses de demora, se
señala un límite mínimo pero no máximo;
y en la claúsula 9. a , constitución de hipoteca se
establece un tipo máximo del 8,25 por 100, «a efectos
meramente hipotecarios» , siendo así que el tipo
máximo debe operar a todos los efectos legales, tanto en las
relaciones entre acreedor hipotecario y deudor hipotecante, como en
aquéllas que se produzcan entre aquél y el tercer
poseedor o los titulares de derechos reales o cargas posteriores
sobre la finca gravada, adquiridos a título oneroso o
gratuito. 2) Las cláusulas 1. a bis, 2. a . 3, 3. a . 4, 4.
a , 5. a , 7. a , 8. a , 11. a y 12. a , así como los
párrafos primero y cuarto de la cláusula 10. a ,
carecen de trascendencia real, infringiendo además la
cláusula 5. a el principio de determinación y la
cláusula 11. a el artículo 27 de la Ley Hipotecaria y
artículo 13 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. Por
otro lado las comisiones previstas en la cláusula 4. a , no
están aseguradas con la garantía hipotecaria. 3) El
párrafo octavo de la cláusula 10. a contiene un pacto
sobre materia sustraida a la autonomía de la voluntad e
infringe lo dispuesto en los artículos 1.435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, 153 de la Ley Hipotecaria y 245 de su
Reglamento, así como la doctrina de la Resolución de
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19
de enero de 1996, entre otras. 4) El inciso final del
párrafo quinto de la cláusula 9. a (relativo a la
extensión de la hipoteca) no respeta la limitación
establecida en el artículo 112 de la Ley Hipotecaria. 5) La
cláusula 6. a vencimiento anticipado en cuanto se refiere a
las obligaciones establecidas en las cláusulas 1. a bis, 2.
a . 3, 3. a . 4, 3. a bis, 4. a , 5. a , 6. a , 7. a , 8. a y 11. a
participa de los defectos anteriormente atribuidos a esas
cláusulas. Y en su párrafo segundo contiene pacto
sobre materias sustraidas a la autonomía de la voluntad. 6)
Los apartados relativos a la TAE y las declaraciones finales tienen
mero carácter informativo. 7) El contenido del
epígrafe «cláusulas de descalificación
para viviendas protegidas» no parece aplicable al no estar
calificadas las fincas hipotecadas a ningún tipo de
régimen especial. No se ha solicitado anotación de
suspensión. Se indica que los defectos reseñados bajo
los números 2 a 7 no impedirían la inscripción
del documento calificado, prestando en ese caso su consentimiento
el interesado para que sea inscrito con denegación de las
cláusulas a que se refieren, conforme a lo establecido en el
artículo 434 del Reglamento Hipotecario. Contra la
precedente nota de calificación se puede interponer dentro
del plazo de cuatro meses a contar desde su fecha, recurso
gubernativo ante el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, con apelación, en su caso, ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, por los
trámites establecidos en los artículos 112 y
siguientes del Reglamento Hipotecario. Murcia, 3 de junio de 1997.
El Registrador. Firma ilegible» .III El Procurador de los Tribunales don Alfonso Vicente
Pérez Cerdán, en nombre del «Banco Hipotecario
de España, Sociedad Anónima» , interpuso
recurso gubernativo contra los defectos 1. o y3. o de la nota de
calificación y alegó: I. Que, respecto al defecto
señalado bajo el número uno, corresponde hacer las
siguientes precisones: 1. o En la cláusula 3. a bis de la
escritura se establecen las reglas para determinación del
tipo de interés ordinario que será aplicable al
préstamo a partir del segundo año de duración
prevista. En las reglas e índices de referencia que se
definen en el mismo apartado, se expresa como índice de
referencia oficial el índice MIBOR y como índice de
referencia sustitutivo el «Conjunto de Entidades» . 2.
o En la cláusula 6. a se estipula el tipo de interés
de demora aplicable a los débitos vencidos no pagados en el
préstamo, que se calculará incrementado en seis
puntos porcentuales el tipo de interés aplicable, con un
mínimo del 24 por 100 anual. 3. o La estipulación 9.
a de costitutución de hipoteca fija los topes de
responsabilidad por intereses ordinarios y de demora, bajo la
fórmula que se establece en los apartados a) y b) de la
referida cláusula. Que la inscripción de hipotecas en
garantía de préstamo a interés variable es
cuestión pacífica en nuestro Derecho (artículo
131, regla 4. a , de la Ley Hipotecaria) , existiendo bastante
jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, respecto a dicha inscripción (Resoluciones de
26 y 31 de octubre de 1984, 23 y 26 de octubre de 1987, 14 de enero
de 1991, así como las citadas por el Registrador) . En las
expresadas Resoluciones se exigen, para dar cobertura hipotecaria
al pacto de variabilidad de intereses, los siguientes requisitos:
a) Que la variación pactada permita su determinación
con referencia a factores objetivos; esto es, índices de
referencia oficiales publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» . Los tipos de referencia pactados en el
documento calificado corresponden con dicha definición; b)
Quese señale un límite máximo de
responsabilidad hipotecaria. En la estipulación 9. a se fija
un tipo máxio de interés a efectos hipotecarios,
independiente del límite de anualidades frente a tercero que
se determine a los efectos del artículo 114 de la Ley
Hipotecaria. Que el señor Registrador requiere, para la
inscripción de la hipoteca, que se establezca una
limitación que afecte no sólo al derecho real de
hipoteca que se quiere constituir, sino a la obligación en
cuya garantía se constituye, de tal forma que en el
préstamo se fije un tipo máximo y mínimo a
partir o por debajo del cual no resultarían de
aplicación las reglas de variabilidad pactadas. Sin embargo,
dicha interpretación no tiene fundamento legal, ni se
corresponde con la interpretación realizada por la
Dirección General, por cuanto no se trataría
únicamente de definir con precisión los
límites de la garantía hipotecaria (a todos los
efectos legales) sino de limitar la propia obligación
garantizada. Que no tiene fundamento legal por cuanto no existe
norma alguna que exija, para la determinación del tipo de
interés variable, establecer un límite. El
cálculo del tipo de interés tomado como referencia un
índice objetivo, elimina la posibilidad de un devengo
excesivo o usurario de los mismos. La Orden de 5 de mayo de 1994
préstamos hipotecarios tampoco exige límite. Que
contradice dicha interpretación las Resoluciones citadas y,
con mayor precisión, lo manifiesta la Resolución de
23 de octubre de 1987. Que, de conformidad con lo expuesto, el
documento calificado no infringe el principio de especialidad
respecto a la cuantía máxima de que hipotecariamente
responde la finca, en garantía de los intereses ordinarios y
de demora, con independiencia de la extensión del pacto de
intereses que, en cuanto exceda, operará únicamente
en el ámbito obligacional. II. Que respecto al defecto
señalado bajo el número 3 en que se estima contrario
a la ley el pacto de liquidez contenido en la escritura de
préstamo hipotecario, a los efectos previstos en el
artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay que
señalar: 1. o Que en dicho artículo, entre los
requisitos previstos para despachar ejecución, se regula el
llamado pacto de liquidez. Que no puede interpretarse que es
materia sustraída a la autonomía de la voluntad un
convenio entre las partes que se haya prevenido en la ley y cuya
existencia se requiere para producir determinados efectos
procesales. 2. o Que los artículos 153 de la Ley Hipotecaria
y 245 de su Reglamento no resultan de aplicación por cuanto
en los mismos se regula la ejecución de hipotecas en
garantía de cuentas de crédito, formalizándose
en el documento calificado un préstamo hipotecario. Que, por
otra parte, los pactos contenidos en el párrafo quinto de la
estipulación 10. a se refieren a incoación de un
procedimiento ejecutivo ordinario, y no al procedimiento sumario
hipotecario a que se aplica el artículo 131 y siguientes de
la Ley Hipotecaria y 225 y siguientes de su Reglamento. III. Que en
la escritura de préstamo se pacta una obligación
principal para el prestatario y obligaciones jurídicamente
accesorias a la misma, por cuanto no son esenciales para la
perfección del contrato que se otorga. En la cláusula
de constitución de hipoteca se garantiza la
obligación principal y alguna de las obligaciones
accesorias. Que el artículo 12 de la Ley Hipotecaria debe
intepretarse en conexión con el principio de rogación
(artículo 434 del Reglamento Hipotecario) que permite al
solicitante o interesado solicitar la inscripción parcial
del título. Que dado el carácter accesorio del pacto
de intereses, el recurrente debe gozar del derecho de decidir si le
satisface una garantía parcial, aún limitada a la
obligación de devolución del capital de
préstamo, o tener la posibilidad de recurrir
únicamente contra la denegación de dicho pacto, sin
entender viciado íntegramente el título, con un
efecto aparentemente sancionador. Que así lo entienden las
Resoluciones de 24 de abril de 1992 y 8denoviembre de 1993. Que se
considera que el Registrador en la nota de calificación
sanciona la falta de subsanación del primero de los defectos
impugnados con la ininscribilidad completa del título, sin
fundamentar la razón.IV El Registrador de la Propiedad, en defensa de la nota,
informó: I. Que en el escrito de interposición del
recurso, el recurrente se refiere a los defectos señalados
en el apartado 1 de la nota de forma conjunta e incompleta. Que,
para determinar con claridad las cuestiones planteadas, resulta
necesario considerarlos por separado: A. Pacto de variabilidad de
intereses. Que es cierto que la hipoteca en garantía de
préstamos de interés variable está admitida en
nuestro derecho (artículo 131, regla 3. a , número 4,
de la Ley Hipotecaria) . Pero ni la citada regla ni ninguna otra
contenida en la Ley Hipotecaria, Código Civil o
Código de Comercio establece los requisitos de validez y
eficacia de los pactos de variabilidad de intereses. Estos
requisitos han de ser deducidos de la jurisprudencia, de la
analogía o de los principios generales y, en último
caso, de la doctrina especializada. El recurrente no distingue
entre pacto de variabilidad y responsabilidad hipotecaria por
intereses. Que ciertamente la objetividad de los
índices,factores o datos de que dependen al variación de
interés, es requisito exigido, sin fisuras, por la
jurisprudencia y la doctrina; pero no es el único,
también se exige: que la variación del tipo puede ser
tanto al alza como a la baja; que las cláusulas y
condiciones que se establecen para calcular el tipo aplicable sean
claras y específicas, y que se establezcan topes de
variabilidad. Este último, que es lo que ahora interesa, se
fundamenta en las siguientes consideraciones: 1. La ausencia de
límites convierte en aleatorio un contrato conmutativo como
el préstamo. 2. Si no se fijan los límites se
produciría un contrasentido jurídico. 3. El documento
calificado contiene un contrato de préstamo garantizado con
hipoteca, y una vez que tenga acceso al Registro, si no existen
límites de variabilidad quedaría indeterminada la
extensión del derecho inscrito (crédito hipotecario)
en cuanto a los intereses. 4. El artículo 219-3. o del
Reglamento Hipotecario ofrece otro argumento aplicable por
analogía. 5. Que también hay que considerar la
Directiva de la CEE número 93/13, de 9 de abril de 1993, y
según la misma se considera que una cláusula no ha
sido negociada individualmente cuando haya sido redactada
previamente. Esto último es lo que ocurre en este supuesto.
Que hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 14
de noviembre de 1996 y el artículo 10 de la Ley de Defensa
de los Consumidores y Usuarios. B. Responsabilidad hipotecaria por
intereses. Que cuestión distinta es la de fijar un
límite máximo de responsabilidad hipotecaria por
intereses. La escritura calificada fija un tipo máximo del
8,25 por 100, pero sólo «a efectos meramente
hipotecarios» y no a todos los efectos legales, tanto entre
partes, como respecto a terceros. Que hay que pensar que dicha
frase encierra algún significado. Que no puede ser otro que
el de «a efectos de terceros» o «en perjuicio de
terceros» . La equivalencia de la frase anterior y «a
efectos hipotecarios» es algo generalizado tanto entre la
doctrina como en la jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo
de 16 de febrero de 1918) . C. Intereses de demora. Que todo lo que
se ha dicho para los intereses remuneratorios es aplicable para los
intereses de demora, en cuanto que éstos se determinan en
función de aquéllos, o sea incrementando en un tanto
por ciento el interés ordinario aplicable. Pero el problema
se agrava, porque olvidando el límite máximo, se
establece en la escritura un tope mínimo para los intereses
moratorios (no inferior al 24 por 100) . Con esto se contradice,
desde el principio, la regla general pactada para este tipo de
intereses. II. En relación con el defecto tercero de la nota
que es objeto de recurso. Que el recurrente hace caso omiso de las
declaraciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado en Resoluciones de 19 de enero de 1996, que confirma la
doctrina ya mantenida en Resolución de 16 de febrero de
1990. III. Que en el apartado tercero del escrito de
interposición del recurso, se plantea una cuestión
más bien de carácter procedimental, aunque de forma
poco esclarecedora. Que se estima que el Registrador lo que no debe
hacer es despachar el documento, sin reflejar parte de su contenido
esencial y sin contar con el consentimiento del interesado. Si
así lo hiciera podrá dar lugar a un asiento de manera
quizás no querida por los contratantes, que incluso
podrían preferir la no inscripción al despacho del
documento en forma no deseada; circunstancia que no fue manifestada
en modo alguno con arreglo al principio de rogación
(artículo 434 del Reglamento Hipotecario) .V El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia confirmó la nota del Registrador,
fundándose: 1. o Que existe indeterminación al alza
del pacto de variabilidad de intereses, en la cláusula 3. a
bis. Esta cláusula, válida y aplicable en cualquier
obligación con intereses ha de tener sus limitaciones y
matices cuando se pretenda extender al ámbito hipotecario,
por su especial contenido que abomina la indeterminación y
la aleatoriedad. La cláusula es contraria al principio de
especialidad y al de legitimación del artículo 38 de
la Ley Hipotecaria, y no se conocerá la extensión al
alza del derecho inscrito, en contra de lo dispuesto en el
artículo 9.2 de la Ley Hipotecaria. 2. o Que existe
oscuridad de la cláusula por intereses «a efectos
hipotecarios» que es tanto como decir «a efectos de
terceros» . La Resolución de 12 de julio de 1996
declara no inscribibles tales claúsulas. 3. o Que por
aplicación analógica del artículo 219.3. o del
Reglamento Hipotecario se deberían rechazar «las
cláusulas de interés variable» que permitan un
incremento superior al 50 o al 25 por 100, según la
duración del préstamo. 4. o Que no resulta plausible
la pretensión de acomodar los requisitos para la
determinación del saldo del procedimiento ejecutivo a su
particular conveniencia, en contra de una asentida jurisprudencia
de la Dirección General de los Registros y del Notariado. La
Resolución de 16 de febrero de 1990 es sustancialmente
idéntica al caso que trata el recurso, y en esta misma tesis
abunda la Resolución de 3 de enero de 1996.VI El Procurador recurrente apeló el auto presidencial,
manteniéndose en sus alegaciones, y añadió: 1.
o Que en cuanto a la determinación de la responsabilidad
hipotecaria por intereses. Que se considera se confunden
obligación garantizada y garantía de la
obligación. Que respecto a la obligación no existe,
como declara el auto, inconveniente en admitir la fijación
de un tipo de interés variable que, por su propia esencia,
supone una cierta indeterminación en la obligación
asumida, lo que ha llevado a incluir la garantía de los
mismos, según doctrina consolidada, dentro del grupo de las
hipotecas de seguridad (Resoluciones de 26 y 31 de octubre de 1984)
. La indeterminación, en cualquier caso, se ve
constreñida por la remisión a un tipo de referencia
objetivo, externo a las partes y oficial. Que de esta forma se
impide la aplicación de un tipo de interés
desajustado a las condiciones imperantes en el mercado hipotecario.
Se facilita la financiación a largo plazo sin introducir en
las condiciones iniciales de la operación una prima de
riesgo por los cambios, de difícil predicción, del
mercado; y ello, sin perjuicio del necesario y obligado control de
la proporcionalidad de las condiciones financieras aplicables, que
corresponderá a los Juzgados y Tribunales de forma
continuada, así como, tratándose de una entidad de
crédito, a los Organismos públicos, como
señala la Resolución de 16 de febrero de 1990. Que
admitida la validez de la obligación así pactada se
centra el recurso en la necesidad o no de añadir un nuevo
requisito (la fijación de un límite) . Cuando dicha
obligación quiera garantizarse con hipoteca o, más
precisamente, si dicho límite es requisito de la
obligación o de la garantía real. Que se considera
que un límite (la responsabilidad máxima) se ha de
predicar de la hipoteca que se constituye, pero no de la
obligación que se garantiza. Dicha limitación no es
exigida por el principio de especialidad y operaría
únicamente en el ámbito obligacional
(Resolución de 23 de octubre de 1987) . Que respecto a la
garantía estalecida, se determina, a efectos hipotecarios,
un tipo máximo de interés ordinario,
pactándose independientemente de la limitación por
anualidades prevista en el artículo 114 de la Ley
Hipotecaria. Que precisamente la doctrina de la Dirección
General de los Registros y del Notariado expresa que la
fijación de la responsabilidad hipotecaria opera a todos los
efectos, favorables y adversos, frente a tercero y frente al deudor
hipotecario, sin que deba ser confundida con la limitación
por anualidades que sí se establece «en perjuicio de
tercero» (Resolución de 9 de octubre de 1997) . Que el
artículo 219 del Reglamento Hipotecario exige «una
cantidad máxima de responsabilidad hipotecaria» , no
un límite a la cláusula de estabilización.
Respecto a ésta se remite a índices oficiales y
objetivos. Que las cláusulas de estabilización del
valor constituyen una medida correctora del nominalismo y tratan de
paliar las alteraciones del poder adquisitivo del dinero, en el
sentido de que transforman las deudas de suma de dinero en deudas
de valor por esto se aplican exclusivamente al capital pactado
(Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1997) . Que
constituye un sistema gravoso tanto para el deudor como para el
crédito territorial ampliando la garantía del capital
para paliar la posible depreciación del mismo. En los
préstamos a interés variable se persigue, en cambio,
la reducción del riesgo sin ampliar la garantía
constituida. Que respecto a la extensión de la
garantía por intereses moratorios, procede reiterar lo
expresado respecto a los intereses ordinarios. 2. o En lo referente
al pacto de liquidez. Que tanto el artículo 1.435 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil como el artículo 153 de la Ley
Hipotecaria requieren convenio expreso entre las partes para
otorgar eficacia ejecutiva a la certificación del saldo
expedido por la Entidad acreedora. La existencia del pacto no es
contraria a ninguna norma imperativa. En la cláusula 1. a
bis se regula la apertura de una cuenta especial donde, una vez
entregado el préstamo a la prestataria, queda depositado
hasta el cumplimiento de determinadas condiciones. No se trata de
un depósito bancario en cuenta corriente. El préstamo
se perfecciona en el mismo acto de otorgamiento mediante entrega al
prestatario de la cantidad prestada. Dicha cuenta especial se
extingue en el momento que se acredita el cumplimiento de las
condiciones pactadas. El supuesto difiere del que dio lugar a la
Resolución de 16 de febrero de 1990. En este punto conviene
mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1990.
La ejecución de hipotecas en garantía de
préstamos a interés variable se prevé
expresamente en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en
cuya regla 3. a , apartado 4. a se determinan los documentos cuya
anotación es necesaria para su tramitación. No
resulta de aplicación a las mismas el procedimiento
establecido en el artículo 153 de la Ley Hipotecaria. 3. o
En cuanto a la denegación completa de la inscripción
se mantienen las alegaciones contenidas en el escrito de
interposición del recurso gubernativo.Fundamentos de DerechoVistos los artículos 117 de la Constitución
Española, 1.155, 1.281, 1.284, 1.285 y 1.286 del
Código Civil; 1.435, 1.464 y 1.466 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 132 y 153 de la Ley Hipotecaria; 245 del
Reglamento Hipotecario y Resolución de 28 de septiembre de
2000.1. Según el primer defecto de la nota que es objeto de
impugnación, estima el Registrador que hay
indeterminación en las cláusulas relativas a la
fijación de los intereses ordinarios y moratorios que
devengara el préstamo que se garantiza con la hipoteca cuya
inscripción se pretende, toda vez que pactándose la
variabilidad del tipo de interés aplicable, no se establece
tope máximo a la variación de unos y otros, y en la
cláusula de constitución de hipoteca, aunque se
establece un tipo máximo al definir la respectiva cobertura
hipotecaria, se añade que tal fijación lo es a
«efectos meramente hipotecarios» .El defecto no puede ser estimado. Por una parte, debe tenerse en
cuenta que tratándose de préstamos hipotecarios, el
principio de determinación registral se predica sólo
respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual
debe quedar perfectamente determinada en su alcance y
extensión, siendo irrelevantes respecto de aquel principio
aquellos aspectos del préstamo garantizado que no influyan
en el juego de la garantía, y en consecuencia, no cabe
imponer, al amparo de dicho principio, la fijación de un
tipo máximo al que pueden ascender los intereses ordinarios
o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor
si se señala el límite al que puede ascender su
cobertura hipotecaria, de modo que mas allá del cual no
podrán ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del
bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y
exigibles en las relaciones personales acreedordeudor, fueren
superiores. Por otra, es indudable que la expresión «a
efectos meramente hipotecarios» no puede ser entendida sino
en el sentido de fijar la extensión de la cobertura
hipotecaria de tales intereses, esto es, de definir el alcance del
propio derecho real de hipoteca y, por ende, con alcance tanto
interpartes como «erga omnes» ; así resulta no
sólo de la literalidad misma de la expresión sino
también de la necesaria valoración de las
cláusulas del contrato en el sentido más adecuado
para que produzcan efectos, de la valoración conjunta de
todas ellas, y del entendimiento de las palabras en la
acepción más conforme a la naturaleza y objeto del
contrato (cfr. arts. 1.281, 1.284, 1.285 y 1.286 del Código
Civil) .2. Respecto al segundo de los defectos que son objeto de
impugnación, se produce a propósito de la siguiente
cláusula de la hipoteca calificada: . . . «A efectos
de lo dispuesto en el artículo 1.435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y para el sólo caso de que la entidad
acreedora decida acudir al procedimiento ejecutivo común, se
pacta expresamente por los contratantes que la liquidación
para determinar la deuda ejecutivamente reclamable en dicho
procedimiento podrá practicarse por el Banco mediante la
aportación de un certificado expedido por el Banco del saldo
que resulta a cargo del deudor por todos los conceptos. En
documento fehaciente hará constar el fedatario
público que intervenga, a requerimiento de la Entidad
acreedora, que el citado saldo coincide con el que aparece en la
cuenta abierta del deudor, que la liquidación de la deuda se
ha practicado en la forma pactada por las partes y que ha sido
previamente notificada al deudor. En la liquidación se
especificarán en su caso, los tipos de referencia distintos
del inicial que se hayan utilizado en la misma. . .» . En la
cláusula primera del negocio calificado se expresa que el
prestatario recibe «en este acto a su satisfación el
importe del préstamo» , pero en la cláusula
inmediatamente siguiente, se señala que dicho importe se ha
ingresado en una cuenta abierta en el propio banco prestamista, de
la cual no podrá disponer el prestatario sino después
de cumplidas determinadas condiciones. Ademas, en la
cláusula séptima del contrato se establece
expresamente que el importe del préstamo deberá
destinarse a la financiación de la vivienda que se hipoteca
y que constituirá el domicilio habitual del prestatario. El
Registrador suspende la inscripción por tratarse de materias
sustraídas a la autonomía de la voluntad, y por
vulnerar lo dispuesto en los artículos 1.435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del
Reglamento Hipotecario.Es incuestionable el carácter de orden público de
la regulación del juicio ejecutivo, sin que la
autonomía de la voluntad pueda tener otro margen que el
expresamente previsto en las leyes (artículo 117 de la
Constitución Española) ; pero también lo es
que la remisión del párrafo penúltimo del
artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley
Hipotecaria, para el caso de cuentas corrientes abiertas por bancos
y cajas de ahorro y garantizadas con hipoteca hipótesis en
la que encaja el supuesto ahora debatido, como ha señalado
este Centro directivo, toda vez que la cantidad prestada y
entregada al prestatario ha sido ingresada en una cuenta abierta en
el propio banco concedente, y de la que aquél no
podrá disponer sino cumpliendo ciertas condiciones ,
posibilita un cierto margen a la autonomía de la voluntad,
en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de
proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por
certificación de la entidad acreedora. Ciertamente, el
artículo 153 de la Ley Hipotecaria, contiene otras
exigencias en orden a la operatividad de dicho pacto posibilidad de
oposicion por error o falsedad, etc. que no se recogen en la
estipulación cuestionada; mas si se tiene en cuenta que: a)
Aún cuando esas otras exigencias no se recogieran en el
pacto que atribuye a la certificación bancaria valor
acreditativo del saldo adeudado, serán de inequívoca
observancia dado el carácter de ius cogens de esos
trámites procedimentales; b) que la estipulación
cuestionada concreta la aplicación del pacto considerado al
procedimiento ejecutivo ordinario; c) que en la tramitacion de
dicho juicio se prevé expresamente la oponibilidad por el
demandado de las excepciones de falsedad y pluspetición
(cfr. artículos 1.464 y 1.466 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) ; d) que las exigencias adicionales del artículo 153
de la Ley Hipotecaria, parecen concebirse para la hipótesis
de ejecución por el procedimiento judicial sumario, dadas
las peculiaridades de su tramitación, que no contempla la
alegación de excepciones y en el que no cabe otras causas de
suspensión que las del artículo 132 de la Ley
Hipotecaria; e) que la propia literalidad de su párrafo
segundo, da a entender que todas las previsiones que le siguen se
refieren a la hipótesis de ejecución por este
procedimiento (téngase en cuenta a este respecto, la
precedencia temporal del 153 Ley Hipotecaria sobre el
párrafo penúltimo del 1.435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) ; nada puede objetarse a la validez e
inscribibilidad de tal pacto.Por lo demás, y habiendo sido así solicitada por
el recurrente, ninguna dificultad existe para inscribir
parcialmente la hipoteca en cuanto al principal y a las costas,
suspendiendola en cuanto a los intereses ordinarios y moratorios;
sobre ser conveniente obtener ya la garantía de aquellos,
ninguna razón hay para que el rechazo de la garantía
respecto a la obligación accesoria que puede no haberse
pretendido implique también el de la cobertura de la
obligacion principal, obligacion cuya existencia no queda afectada
por los vicios de aquélla (cfr. art. 1.155 del Código
Civil) .Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso
interpuesto, revocando el auto apelado y declarando que en el caso
debatido podría accederse a la inscripción parcial
solicitada.Madrid, 27 de febrero de 2001. La Directora general, Ana
LópezMonís Gallego.Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia.Tipos de interésIntereses de demoraVariabilidad del interésResponsabilidadIntereses ordinariosÍndice de referenciaDocumento fehacienteIntereses pactadosArrendamientos urbanosDerecho inscritoIntereses moratoriosNo se han encontrado resultados...SuscripciónHerramientas de cálculoCalendarios laboralesSíguenos en Google+

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 artículo 112

artículo 434
 artículo 114
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artículo 1
 artículo 131
 artículo 12
 artículo 219
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 38

artículo 9
 Resolución 
 artículo 219

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 114

artículo 219
 artículo 1
 artículo 153

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 artículo 131
 artículo 153
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 artículo 1

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artículo 153
 artículo 153
 artículo 132