Source: http://mujeressinmiedo.blogspot.com/2007/01/
Timestamp: 2017-08-16 17:31:06+00:00

Document:
MUJERES SIN MIEDO: 01.07
Roberto Blanco. Foto: José Alfonso.
Martes 30 de enero del 2007.
Los manifestantes portaban una pancarta en la que se podía leer "Presidente de México + empresarios españoles = el saqueo continúa". Asimismo, muchos de ellos portaban machetes de cartón en cuyas hojas aparecían escritos nombres como "Atenco", "Oaxaca", "EZLN" o "Zapata vive". La policía ha hecho inmediatamente acto de presencia desplazándoles ligeramente hacia un lado y les ha pedido los DNI’s, a lo que los manifestantes han intentado resistirse preguntándoles si se lo habían pedido también a un grupo de chicas que estaban agrupadas cerca, enviadas por el Consejo de Promoción del Turismo Mexicano para dar la bienvenida a Felipe Calderón y demostrar su apoyo.
La concentración ha continuado hasta después de la salida del presidente de México, pudiéndose oír gritos como "Oaxaca vive, la lucha sigue", "El gobierno mexicano tortura y asesina" y "Oaxaca no es cuartel, fuera ejército de él".
Repudio en Madrid a la visita del Ejecutivo a España
CLAUDIA HERRERA , ARMANDO G. TEJEDA ENVIADA , CORRESPONSAL
Protagonistas de la protesta contra Felipe Calderón en Madrid Foto: Armando G. Tejeda
Madrid, 30 de enero. El fantasma del fraude electoral y de la violación a los derechos humanos en las crisis de Oaxaca, Chiapas y San Salvador Atenco volvió a agriar la primera gira por Europa del presidente de México, Felipe Calderón, quien fue recibido en Madrid con gritos de "represor", "fraudulento" y "asesino".
Igual que ocurrió en Berlín y Londres en días pasados, activistas internacionales y ciudadanos mexicanos decidieron salir a las calles de Madrid para denunciar la "ilegitimidad" del mandatario y repudiar, con igual contundencia, los atropellos sistemáticos a los derechos humanos y a las convenciones internacionales en México.
En el hotel Villamagna, donde Calderón se reunió con destacados empresarios españoles, unos 20 jóvenes ­no podían ser más, porque la legislación de este país marca que para realizar una manifestación más grande es necesario pedir autorización previa­ desplegaron una enorme pancarta contra el mandatario mexicano. El cartel rezaba: "Presidente de México+empresarios españoles. El saqueo continúa".
Unas horas después, centenares de personas se concentraron ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para repudiar la visita de Calderón a España, a quien tildaron de "aliado de los grandes capitales" y "enemigo de la mayoría de los mexicanos".
Con gritos de "Oaxaca, escucha, estamos en tu lucha", los jóvenes españoles y mexicanos sacaron unos machetes de cartón con las inscripciones "Atenco", "EZLN" y "Oaxaca", lo cual provocó nerviosismo evidente entre los numerosos agentes secretos y antidisturbios desplegados en la zona.
A pesar del reducido número de manifestantes, a los cinco minutos llegaron dos furgonetas con más policías, que pidieron su documentación a los jóvenes activistas y los instaron a recorrerse metros para atrás, para evitar que el mandatario mexicano los viera a su salida del hotel.
Después de una hora de gritar consignas, finalmente el coche oficial del mandatario mexicano ­un Mercedes Benz azul claro­ salió del estacionamiento del hotel madrileño. Fue entonces cuando los manifestantes alzaron aún más la voz para espetarle: "Calderón, asesino", "fraudulento" y "represor".
Los manifestantes no culminaron ahí sus protestas, ya que se trasladaron a un puente por el que tenía que pasar la comitiva oficial para dirigirse al aeropuerto, donde desplegaron una pancarta de 20 metros de largo que rezaba: "Presidente de México, asesino. Oaxaca, resiste". Esta pancarta estuvo expuesta al paso de los vehículos durante más de seis horas.
Fox dos - El Fisgón
Por “venganza política”, no liberan a atenquenses: Zamora
Exigen fiscalía especial
México DF, 30 enero 07 (CIMAC).- Por una venganza política del gobierno del Estado de México, 30 personas, entre ellas siete mujeres, detenidas en los operativos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, permanecen recluidas en los penales de Santiaguito y La Palma y se les ha negado amparos de libertad, señaló en entrevista la abogada Bárbara Zamora López.
Desde 2001, el gobierno del Estado de México ha tenido diversos desencuentros con los pobladores de esta localidad, dice la abogada, quien asume la defensa jurídica de Magdalena García Durán, indígena mazahua detenida en uno de los operativos.
Pero en ninguno de los casos existen elementos jurídicos para que los detenidos continúen recluidos en estos penales, explica Zamora, por lo que reiteró que más bien existen tintes políticos rodeando al caso de Atenco.
Los pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco se han organizado para defender sus derechos, sus tierras, echando abajo la construcción del aeropuerto en Texcoco o defendiendo sus predios y tierras de la expropiación que el gobierno ha querido hacer y que los mismos pobladores han impedido, por eso ahora se está vengando manteniéndolos en prisión, sostuvo la abogada.
En el caso específico de Magdalena García Durán -acusada de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación- Bárbara Zamora señaló que pese a que el Juzgado cuarto de Distrito con sede en Toluca ha señalado al juez segundo de lo penal en Toluca, Jaime Maldonado Salazar, “que no existen elementos suficientes para que esté presa”, éste insiste en lo contrario.
“Magdalena está enojada porque la acusan de haber secuestrado a policías en Atenco el día que ella ni siquiera estuvo ahí. Considera que a ella sí la están secuestrando las autoridades del penal, pues ya son tres ocasiones en que le han negado el amparo para obtener su libertad” aseveró Zamora.
Por lo pronto, analiza la posibilidad de interponer un nuevo juicio de amparo (con éste sería el tercero), toda vez que “existen todos los elementos jurídicos” para que Magdalena salga. Es más, dijo, debió haber salido desde noviembre de 2006, fecha en que se interpuso el primer amparo.
Bárbara Zamora enfatizó que el trato en el penal de Santiaguito se ha endurecido para los detenidos de Atenco y Texcoco, quienes han sido amenazados por el director del penal, Irineo Monroy Dávila, con cancelarles las visitas familiares si en las audiencias expresan su descontento y sus familiares continúan gritando consignas afuera del penal.
En tanto, Juan de Dios Monge, quien lleva los casos de 102 atenquenses, dijo en entrevista con Cimacnoticias que el proceso puede alargarse aún más (ya van 9 meses), porque aún no concluye el desahogo de la primera prueba, que incluye la ampliación de declaraciones de los policías que participaron en el operativo.
“El juez está resolviendo con criterios eminentemente políticos y no jurídicos” advirtió.
Monge Rodríguez consideró que el nuevo auto de formal prisión dictado a García Durán el pasado viernes es grave, ya que “si no hay elementos para acreditar el cuerpo del delito no tiene por qué existir un nuevo auto de formal prisión. Lo que está haciendo el juez es basarse en las declaraciones de los policías, pese a que el juez de distrito señaló que éstas no tiene valor probatorio”, concluyó.
ATENCO REVIVE
Por su parte, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de la Otra Campaña han convocado a una marcha y plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el 1 de febrero, para exigir la creación de una fiscalía especial para investigar los delitos de violaciones cometidos por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y funcionarios responsables del operativo.
De acuerdo con un boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), el (FPDT) exige a las autoridades que se resuelvan los amparos interpuestos por los abogados que llevan los casos; que los procesos de quienes han obtenido su libertad bajo caución se resuelvan conforme a derecho y se acelere el procedimiento y el cese a la persecución, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de familiares y amigos de los detenidos.
Molestia por postura de la Corte
Con profundo temor e indignación leímos la nota publicada el lunes 29 de enero en la página 8, donde se establece que la Suprema Corte de Justicia manifiesta que rechazará la petición de investigar las brutales violaciones perpetradas en Atenco. Tal noticia es el reflejo del Estado autoritario que ha empezado a instaurar el actual gobierno. Aunado a lo anterior, los ministros de la Corte pretenden invadir la competencia de otro poder y legislar para no cumplir lo que ordena la Constitución.
El artículo 97 constitucional en su segundo párrafo obliga a la Corte a investigar cuando existan violaciones graves de alguna garantía individual. Los lamentables hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco ponen de manifiesto las violaciones graves a diversas garantías individuales, no de un individuo ni de una garantía constitucional, sino le fueron violadas sus garantías a todo un pueblo, por el único delito de disentir. Hoy, la Suprema Corte deja de cumplir su papel histórico y del lado del Estado represivo pretende legislar e impedir cualquier investigación cuando se violen las garantías de cualquier individuo. Con lo anterior, se puede constatar que esto es una muestra más del resurgimiento del fascismo en nuestro país.
No cabe duda de que en cualquier Estado que se precie de ser democrático los luchadores sociales no deberían estar en la cárcel, y en cambio los asesinos y criminales que ordenan violar y masacrar a un pueblo deberían estar tras las rejas. Esto, lamentablemente, no sucede en nuestro México.
Por el Colectivo de Abogados Zapatistas, Pedro Suárez, Héctor González, Roberto López, Donato Amador y Juan de Dios Hernández
Relato de Ignacio del Valle desde prisión
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Marcha el 1 de febrero a la SCJN
EL FPDT MARCHARA ESTE PROXIMO UNO DE FEBRERO EN EL DISTRITO FEDERAL, LA INTENCION ES LLEGAR PUNTUALMENTE A LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, DONDE ACUDIREMOS A RECLAMAR LA RESOLUCION DE ESTA INSTANCIA RESPECTO DE LOS AMPAROS INTERPUESTOS A FAVOR DE LA LIBERTAD DE NUESTROS PRESOS POLITICOS, ENTRE OTRAS COSAS.
LA MARCHARA INICIARA DE EL MONUMENTO A LA REVOLUCION A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA MAÑANA.
LES SOLCITAMOS DIFUNDIR LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA QUE QUIENES DESEEN ACOMPAÑARNOS LO SEPAN.
INVITAMOS TAMBIEN A COMPAÑEROS QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA POLITICO CULTURAL QUE SE EFECTUARA UNA VEZ QUE LLEGUEMOS A LA SCJN.
Le pide demostrar "voluntad política" contra abusos
Le recrimina no haber difundido plan contra esas lacras
Madrid, 29 de enero. La prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) aprovechará la visita de Felipe Calderón a Madrid, donde hoy inicia una breve cumbre bilateral, para instarlo a demostrar "voluntad política" para luchar contra la tortura y los malos tratos en México. Asimismo, AI expresó su desconcierto ante el hecho de que el nuevo gobierno mexicano "no ha hecho público cómo va a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos".
Para AI, la radiografía de la violación de los derechos humanos en México es un tema de primer orden, que requiere del compromiso y la voluntad del Estado mexicano para evitar situaciones como las vividas en San Salvador Atenco, Oaxaca, Ciudad Juárez y Chiapas.
La preocupación internacional por las flagrantes violaciones a las garantías individuales durante el conflicto de Oaxaca se ha convertido en un tema recurrente durante la primera gira de Calderón en Europa. En este sentido, AI quiso sumarse a esta condena mundial mediante una misiva pública al mandatario mexicano, en la que enumera las principales preocupaciones de la organización en el terreno de los derechos humanos en México. "Hasta ahora, el gobierno de Felipe Calderón no ha hecho público cómo va a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", señala AI, que considera "esencial que el nuevo gobierno mexicano demuestre la voluntad política necesaria para lograr avances concretos y medibles ante los abusos que tienen lugar en el país".
Los asuntos que más preocupan a AI son las "al menos 17 muertes durante la crisis de Oaxaca"; que decenas de las 140 personas detenidas el 25 de noviembre en dicha entidad fueron "torturadas o sometidas a malos tratos"; y que todavía se encuentren en prisión alrededor de 60 ciudadanos. La organización expresa su consternación ante el contenido del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que "la tortura es una práctica generalizada en México".
AI también señala con especial contundencia la violencia sistemática que sufre la mujer en el país, al sostener que "casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años sufrió alguna forma de violencia". Además, denunció los 23 casos de violencia sexual bajo custodia durante los sucesos de San Salvador Atenco, durante los días 3 y 4 de mayo del año pasado.
Sobre la crisis de Oaxaca, AI sostiene que "aunque las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el orden público y procesar a las personas implicadas en actos de violencia, Amnistía Internacional tiene conocimiento de que en los operativos policiales de Oaxaca las autoridades municipales, estatales y federales hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y cometieron violaciones de derechos humanos". AI reconoce que hasta el momento "desconoce los pasos llevados a cabo por las autoridades federales para llevar a los presuntos responsables de estos abusos ante la justicia".
La organización no gubernamental también expresa su preocupación ante las "nuevas medidas" adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón para combatir las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, con la utilización del Ejército en la mayoría de los operativos. AI sostiene que dicho plan "carece de una visión de protección de los derechos humanos y no abordan las deficiencias estructurales de la administración de justicia y de la seguridad pública".
Asimismo, AI expresó su "preocupación ante las amenazas e intimidaciones de organizaciones de derechos humanos en Chiapas, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y en Guerrero, como la Red Guerrerense de derechos humanos y otras. Además, periodistas y activistas en comunidades marginadas también son objeto de intimidaciones o persecución judicial, acusados de delitos que no han cometido". En cuanto a los periodistas muertos el año pasado, AI considera que las autoridades federales deberían investigar todos los casos, con especial énfasis en el caso del ciudadano estadunidense Bradley Roland Will, asesinado en la crisis de Oaxaca.
Esta carta ya le fue remitida al propio mandatario mexicano, que hasta el momento no ha respondido a las inquietudes de la prestigiosa organización defensora de los derechos humanos.
Critican a la SCJN por rehuir el caso Atenco
Le rogamos publicar la siguiente carta dirigida a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
1. Con relación al proyecto de resolución que el ministro Salvador Aguirre Anguiano ha emitido sobre el caso Atenco, mediante el cual propone que la SCJN no ejerza su facultad de investigación sobre los hechos represivos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, consideramos que esta determinación es una declaración eminentemente política y no una resolución jurídica.
2 Los argumentos sobre los cuales el ministro pretende sustentar su resolución son de carácter político; contrario a ello, el pleno de la Corte, como máxima instancia del Poder Judicial, su obligación es sujetarse estrictamente a lo que establece la Carta Magna y es incontrovertible que, en este caso, se surten los supuestos que prevé dicho ordenamiento para que investigue las graves violaciones a los derechos constitucionales cometidos por las autoridades federales, estatales y municipales que participaron en los hechos de represión en contra de un gran número de ciudadanos mexicanos y extranjeros. Las valoraciones de carácter político de ninguna manera pueden ser sustento de una resolución jurídica y de estricto derecho, como deben ser las emitidas por el máximo tribunal.
3. El argumento de que "el inicio de una nueva investigación por parte de la SCJN y la determinación a que arribe en torno a la existencia de violaciones a las garantías podría ocasionar la exacerbación de los ánimos que producirían consecuencias contrarias al orden y la estabilidad que se busca preservar" fueron argumentos esgrimidos en su momento por las dictaduras en Argentina, Chile, España... para no juzgar a torturadores y asesinos.
4. Sería muy preocupante que los demás ministros de la Corte avalaran este proyecto y votarán por la impunidad absoluta de quienes han violado de manera grave y flagrante las garantías fundamentales, en aras de una supuesta "preservación del orden".
5. Nunca se podrá "preservar el orden" si se aplica de forma discrecional y desigual de la ley. Por el contrario, "el orden" empieza por la aplicación irrestricta de la ley, sin privilegios de ningún tipo ni impunidad para las autoridades, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
Abogados litigantes: Bárbara Zamora, Santos García, Manuel Fuentes, Samuel Porras, Víctor Manuel Ruiz, Luis Carlos Flores, Abelardo Cuéllar, José Luis León Salamanca, Roberto de la Rosa, Edith Cinto, Leonardo Gómez, Ana Lilia Rendón López, Guillermo Bañuelos, Humberto Oseguera y Pedro Aragón
PFP premia a policías cuestionados por CNDH
Monday January 29th 2007, 1:56 pm Filed under: Denuncia, Atenco
La Policía Federal Preventiva (PFP) gastó cerca de 4 millones de pesos para premiar a los elementos que participaron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en San Salvador Atenco, estado de México
Silvia Otero "El Universal" - Sábado 27 de enero de 2007
La Policía Federal Preventiva (PFP) gastó cerca de 4 millones de pesos para premiar a los elementos que participaron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en San Salvador Atenco, estado de México, pese a presuntos abusos en que incurrieron según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El 20 de abril de 2006 la PPF participó en un operativo de desalojo en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en el marco del conflicto minero. La participación de las fuerzas federales y policías locales derivó en la muerte de dos trabajadores, 21 más resultaron heridos por armas de fuego y otros 33 presentaron otras lesiones.
La CNDH emitió la recomendación 037/2006, al documentar que los policías federales, contrario a lo que aseguraron las autoridades, “portaban armas de fuego e, inclusive, las accionaron (.) se excedieron en el uso de la fuerza pública y de las armas”.
En Atenco, la comisión determinó que 145 personas -de más de 200- fueron detenidas ilegalmente y en algunos casos con allanamientos de morada de por medio.
Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública, rechazó las observaciones.
La Suprema Corte rechazará petición de investigar violaciones en Atenco
Además establecería criterios para no intervenir en casos similares: fuentes judiciales
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la sesión efectuada el lunes pasado
Una vez que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ampliar las investigaciones sobre la presunta violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, se espera una resolución totalmente contraria en materia de protección a los derechos humanos, cuando rechace en estos días la petición de investigar las presuntas violaciones graves cometidas durante los operativos policiacos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo del año pasado.
Fuentes judiciales reconocieron lo anterior, al comentar que hay una mayoría de ministros que se opone a que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para conocer sobre los presuntos excesos cometidos por corporaciones policiacas; aunque también se espera una intensa discusión sobre las propuestas que plantea el proyecto elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano sobre establecer nuevos criterios que dificulten en el futuro la intervención del máximo tribunal en casos similares.
Si bien, comentaron los informantes, existe un rechazo cada vez mayor para que la Corte conozca sobre presuntas violaciones graves a las garantías individuales, lo cierto es que por otra parte, no hay consenso en cuanto a la propuesta de Aguirre Anguiano de limitar, vía tesis de jurisprudencia aprobada por el propio pleno, lo que el artículo 97 señala en cuanto a los requisitos para que el máximo tribunal eventualmente ejerza su facultad de investigación.
En este contexto, el proyecto de dictamen, al que tuvo acceso este diario, propone que la Corte no ejerza su facultad de investigación ­el ministro Genaro David Góngora Pimentel le planteó al pleno en su momento determinar si había condiciones para hacerlo o no­, pese a que están documentadas las denuncias por violación, agresión sexual, golpes, torturas e insultos en el operativo en que fueron detenidas 217 personas, 44 de ellas mujeres.
Sin embargo, lo que generó mayor controversia, más allá del criterio que ha mantenido Aguirre Anguiano de que el citado artículo 97 constitucional ya quedó rebasado, es que éste propone que "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables".
Afirma que la Corte no debe investigar cuando "la omisión de la autoridad se produzca al margen del ejercicio de sus funciones y ello llegase a la violación grave de garantías individuales".
Complementa al señalar que "si los hechos y conductas no son de una autoridad, tampoco sería motivo de investigación".
También propone que los hechos generalizados en que se presuma que hubo violación a las garantías individuales, no sean necesariamente motivo para que la Corte intervenga.
En su dictamen, que será discutido por el pleno en los próximos días, Aguirre Anguiano señala que "sin desconocer que los hechos de que se trata ocasionaron perturbación de la paz social y causaron preocupación a nivel nacional e internacional", resulta notorio que la paz social "ya ha sido restablecida" y que las autoridades competentes ya tomaron conocimiento de los hechos.
El dictamen da cuenta la detención ilegal de 217 personas, presenta testimonios de golpizas, torturas e insultos sufridos por los detenidos, y las denuncias de las 44 mujeres que sufrieron abusos durante su traslado a un penal del estado de México, como tocamientos sexuales, violencia, agresiones sexuales, golpes e insultos sexistas, entre otros.
No obstante lo anterior, Aguirre Anguiano concluye que los documentos que obran en el expediente de la solicitud de facultad de atracción 3/2006 y los "testimonios aportados" deben ser valorados por la autoridad competente, la cual, en su caso, sería a la que le correspondería aplicar las penas correspondientes, y no a la Suprema Corte.
Frustran inminente liberación de mazahua detenida en Atenco
Magdalena García continúa en Santiaguito debido a un tercer auto de formal prisión
Juez con sede en Toluca desechó un amparo federal
Este proceso, anticonstitucional, "no tenemos duda de que se trata de una represalia política", afirma la abogada Bárbara Zamora
EMIR OLIVARES E ISRAEL DAVILA REPORTERO , CORRESPONSAL
Pese a que la justicia federal concedió un amparo a Magdalena García Durán, detenida a raíz del operativo policiaco en San Salvador Atenco, la indígena mazahua continúa recluida en el penal de Santiaguito y no podrá obtener su libertad debido a que el juez segundo de lo penal de Toluca, Jaime Maldonado ­quien conoce del caso­, decretó un tercer auto de formal prisión en su contra.
No conforme con desechar el amparo en contra del auto de formal prisión otorgado por el juez primero de distrito, Willy Vega, mismo que fue ratificado la semana pasada por un tribunal colegiado, el juzgador de la capital mexiquense también desestimó las consideraciones expuestas por Amnistía Internacional (AI) en un documento dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, acerca de que los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías generales de comunicación "no están sustentados y constituyen una detención arbitraria".
El amparo otorgado por el juez primero de distrito y ratificado por el tribunal colegiado acreditaba que no había suficientes elementos para sustentar la detención de la inculpada, pues el auto de formal prisión se basaba en agravios inoperantes, además de que en las pruebas contra la indígena existía un cúmulo de irregularidades.
AI explicó a Medina Mora que la garantía constitucional otorgada por Willy Vega acreditaba que el auto de formal prisión carece de motivos y "es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tuteladas por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución".
Amén de que Maldonado sustentó su decisión en las declaraciones idénticas de los policías aprehensores, "factor que no consideró el juzgador para determinar su valor probatorio, lo cual va en contra de los derechos humanos a un juicio justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia", señaló el organismo internacional.
Debió ser excarcelada en noviembre: AI
Por ello, consideró AI, la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso específico de García Durán es preocupante, porque la indígena debió obtener su libertad desde el 27 de noviembre de 2006, pero "sin aportar nuevas evidencias que justifiquen su prolongada detención" esa dependencia presentó un recurso de revisión en contra del amparo concedido en favor de la detenida, el pasado 7 de noviembre.
En el documento, la organización de defensa de los derechos humanos solicitó a Medina Mora que haga de su conocimiento cuáles son las nuevas pruebas aportadas por la PGR en perjuicio de García Durán o de lo contrario se retire el recurso de revisión para hacer valer las garantías que se han vulnerado.
"AI considera que la actuación de las autoridades estatales, incluyendo la policía, el Ministerio Público (federal) y el Poder Judicial ha sido parcial y contraria al marco internacional de derechos humanos. (Por lo que) ve con preocupación la insistencia en mantener encarcelada a la indígena mazahua, a pesar de la falta de evidencias."
El documento agrega que esa actitud se interpreta como uso discriminatorio del sistema de justicia, por la condición indígena de la acusada, "lo cual nos llevaría a considerarla presa de conciencia y a ejercer una acción mundial en favor de su liberación inmediata e incondicional".
Tras meses de argumentar que el caso de los detenidos en Atenco es de su competencia y no de un juzgado de Texcoco ­área jurisdiccional donde se suscitaron los hechos­, con el argumento de que los detenidos son de "alta peligrosidad", en esta ocasión Maldonado se contradijo al declararse incompetente para continuar con el proceso jurídico contra García Durán trasladándolo a Texcoco.
Bárbara Zamora, abogada de la indígena mazahua, aseguró que esa acción resulta anticonstitucional y violatoria de la Ley de Amparo, pues aunque la justicia federal señaló que no hay elementos suficientes para sostener el auto de formal prisión, "de dónde saca Maldonado nuevos elementos para dictar un tercero".
La defensora subrayó que la decisión del juez de Toluca "es una demostración muy clara y burda del interés político de mantener a estas personas, en especial a Magdalena, en la cárcel.
"Ahora no tenemos duda de que Maldonado no actúa apegado a derecho. No tenemos duda de que se trata de una represalia política. Aquel que le ordenó a Maldonado dejarla en prisión no le importa pisotear la ley para satisfacer su ánimo de venganza", expresó la litigante.
Ignoran derechos constitucionales
Señaló que tras esta resolución acudirá a diversas instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de denunciar que en México "es nulo el derecho de una persona, y sus garantías constitucionales son ignoradas y violadas de manera burda y flagrante por todas las autoridades".
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia del estado de México se limitó a informar sobre el sentido de la determinación, pero se negó a dar a conocer los argumentos que la sustentaron.
"Vamos a esperar a que sea el juez de distrito en materia de amparo quien determine si esta resolución que tomó el juez segundo es satisfactoria o no. El nos va a decir si lo que hizo el juez Maldonado está bien o se necesita modificar en algo el auto", dijo Carlos Mota, vocero del Poder Judicial mexiquense.
En ese sentido, Zamora indicó que sólo resta esperar a que el juzgado de distrito dé por no cumplida la sentencia y obligue a la liberación inmediata de Magdalena García: "De todas formas, vamos a explorar la posibilidad de fincar responsabilidad al juez Maldonado por su actuación", concluyó.
Protestas persiguen a Calderón por Europa
- Protesta en Berlín, Alemania - Protesta en Davos, Suiza, sede del Foro Económico Mundial - Protesta en Madrid -
Expediente Atenco - Expediente Oaxaca
México, 27 de enero de 2007. Felipe Calderón, presidente de México, quien tomó el poder tras fuertes acusaciones de fraude electoral, recorre Europa en medio de protestas por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el último año por el gobierno mexicano.
Al igual que las protestas en solidaridad con Oaxaca ocurridas tras la entrada de la PFP en la ciudad de Oaxaca, esta vez algunas de las manifestaciones en Europa han sido reprimidas con violencia por los gobiernos locales.
Si bien, los gobiernos europeos que las últimas décadas han caminado con la bandera de progresistas han callado ante las masacres de Atenco y Oaxaca, ante las violaciones a los derechos humanos y ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno mexicano, muchos ciudadanos europeos no mantienen esta postura de indiferencia y apatía, pues los crímenes de lesa humanidad no son asunto particular, sino que son crímenes que se cometen contra la humanidad y competen a la humanidad entera.
De tal modo hemos visto la protesta en Berlín que fue reprimida violentamente, la protesta en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial y los próximos días veremos como el gobierno mexicano no queda en la impunidad ante la opinión pública internacional, con manifestaciones como la que espera a Calderón en Madrid, si bien los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno mexicano por el momento se mantienen en la impunidad dentro de México, sin embargo quedan los tribunales internacionales que juzgan estos delitos, veremos lo que pasa en los próximos meses y en los próximos años.
en 12:08 p.m.
La presencia de Oaxaca y Atenco en Alemania
January 27th, 2007 at 3:51 pm (Oaxaca, Atenco)
Foto:CML
Ricardo Andrade Jardí, POR ESTO! 26 - enero - 2007
Oaxaca y Atenco son la sombra de la represión vigente en la tan pretendida democracia participativa mexicana, pero esa sombra represiva es también el fantasma que recuerda que hoy, por más intentos que los intelectuales a modo sumen al discurso de la telecracia y la clase empresarial FOBAPROA para convencernos de la “limpieza y legalidad” de los resultados orquestados por el cuñado de Fecal el 2 de julio, millones de ciudadanos no creen en esa mentira.
Oaxaca y Atenco llegaron a Berlín, Alemania, mucho tiempo antes que el usurpador y mucho tiempo antes se hicieron presentes en la resistencia y denuncia de diversos grupos sociales europeos que tienen otras prensas que informan de México lo que Televisa, TV Azteca, similares y genéricos, callan.
La presencia de Oaxaca y Atenco en Alemania han obligando al espurio impostor a seguir con su cobarde política de las puertas traseras y las reuniones secretas. Pero lo que la prensa domesticada de nuestro país oculta, no puede ser ocultado en otras latitudes: la violación sexual de las y los detenidos de Oaxaca y Atenco, las brutales golpizas, las humillaciones, las torturas, las expulsiones y las desapariciones son conocidas en casi todo el mundo y están sustentadas por la seriedad de diversos organismos de derechos humanos locales e internacionales, con reconocimiento mundial.
Gracias a Oaxaca y Atenco hoy el mundo sabe que la Policía Federal Preventiva de México está enferma y que utiliza la violencia para someter sexualmente a los detenidos y detenidas y el mundo sabe también que este tipo de acciones son encubiertas por gobiernos locales y federales, que lo mismo justifican a los violadores policías, que a los pederastas gobernadores y empresarios, por no hablar de los presuntos abusadores de menores que se escudan bajo el fuero legislativo o la impunidad eclesiástica.
El desgobierno del amigo de las moscas está condenado, como lo estuvo siempre, a sacar al Ejército a las calles, no para combatir a la delincuencia organizada, que es presumiblemente la misma que financió la campaña de odio y el fraude electoral con la que nombraron al Fecal presidente “constitucional” , que no legítimo, de la bananera república en la que nos han convertido. El Ejército saldrá a las calles mientras se militariza una “guardia nacional” para combatir a los disidentes renegados de siempre, que al igual que la APPO y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra , se organiza en sus particulares micro políticas, sumándose a la construcción de esa nueva República, que es ya una esperanza bienvenida, en un país donde el conservadurismo de las izquierdas electorales se pelea el puesto con el conservadurismo de las derechas políticas; baste de ejemplo el debate de los “marxistas” yucatecos y sus intentos por justificar que Ana Rosa Payán, quien, durante más de 20 años, fuera un estandarte del conservadurismo panista burgués y quien guardara un cómplice silencio el 2 de julio, quien hoy se presenta como una demócrata intachable capaz de abanderar las causas de ese híbrido PRD que se reivindica izquierda, porque el PAN le hizo a ella, lo que ella permitió que durante años le hicieran a otros.
Oaxaca y Atenco serán la tumba del prianismo, pero también de ese régimen de simulación donde los políticos cambian principios por curules.
Y mientras eso sucede, Fecal se verá obligado a entrar por la puerta de atrás en México y en Alemania y a reunirse, en su condición espuria, a escondidas, pues Oaxaca, Atenco y el fraude electoral lo acompañarán en todos y cada uno de sus ilegítimos actos.
Debe ser excarcelada hoy mazahua detenida en Atenco, afirma la defensa
Confirmó un tribunal amparo a Magdalena García contra auto de formal prisión
Almoloya de Juárez, Méx., 25 de enero. Magdalena García Durán, mazahua detenida en los operativos policiacos realizados en Atenco el pasado 4 de mayo, podría quedar en libertad en las próximas horas, luego de que el cuarto tribunal colegiado de segundo circuito, con sede en Toluca, confirmó el amparo que le otorgó un juez de distrito contra el auto de formal prisión en su contra por los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación.
Con esta determinación, el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, quien conoce del juicio contra la mazahua, está obligado a rectificar su auto de formal prisión dictado el 31 de agosto, considerado "insubsistente" por la justicia federal, al estar basado en agravios "inoperantes".
El tribunal colegiado consideró además que Maldonado Salazar no tiene competencia para conocer del proceso, por el distrito judicial en que ocurrieron.
Bárbara Zamora, abogada de García Durán, explicó que el juez Maldonado debe dejar en libertad a la indígena este viernes, al no existir "elementos jurídicos" para sostener la acusación que hizo el Ministerio Público. García Durán está recluida en el penal de Santiaguito desde su detención, el 4 de mayo del año pasado.
La resolución del tribunal colegiado es inapelable, ya que tiene su origen en el recurso de revisión que interpuso el 8 de noviembre el Ministerio Público Federal al amparo concedido por el juez primero de distrito en la materia con sede en Toluca.
Este jueves el juez Maldonado fue notificado del amparo alrededor de las 11:30 horas, por lo que tiene 24 horas para dar cumplimiento a la sentencia del tribunal.
Bárbara Zamora comentó: "ya se demostró que no existen elementos que sustenten el auto de formal prisión. Se trata de acusaciones genéricas, y lo que se pide es que el auto se fundamente en imputaciones directas, la cuales no existen".
De acuerdo con la litigante, los policías que acusan a García Durán de participar en su secuestro el pasado 3 de mayo no la han podido reconocer.
"El juez Maldonado no puede dictar otro auto de formal prisión, porque no hay quien impute directamente algo a Magdalena. Si los policías que presuntamente fueron secuestrados no lo han hecho, ¿pues de dónde sacará las imputaciones el juez para incriminarla?", recalcó.
No obstante, fuentes del Poder Judicial mexiquense manifestaron que el amparo a la mazahua contra el auto de formal prisión no significa en automático que se le vaya a dejar en libertad, aunque admitieron que es una posibilidad.
Lo que le piden al juez, aseveró la fuente, es que emita otro auto y lo fundamente con imputaciones directas, es decir, que individualice las conductas, y en segundo lugar que se pronuncie por la competencia.
La resolución del tribunal, de la cual tiene copia La Jornada, establece la serie de inconsistencias en que incurrió el juez Maldonado Salazar para dictar el auto de formal prisión.
En el resolutivo se establece que el juez responsable del proceso únicamente se limita a realizar la transcripción de las declaraciones rendidas por los agentes policiacos aprehensores y por los ofendidos; sin embargo, es omiso en precisar cuáles son los datos que aportan al juicio cada una de las probanzas indicadas.
En relación con el delito de ataques a las vías generales de comunicación, "el juez del proceso no hace referencia alguna a las pruebas con las que se acredita la probable responsabilidad de la quejosa en su comisión".
Sobre el delito de secuestro equiparado, sólo se transcriben las declaraciones de los agentes aprehensores y se vinculan a la versión de los ofendidos, "pero no se precisan los datos de prueba de tales instrumentos de prueba".
El tribunal también aclara que en el pliego de consignación y el auto de formal prisión dictado por Maldonado Salazar se advierte que está hecho en los mismos términos, pues sólo se transcriben los argumentos sustentados por el representante social, sin que se realice un estudio pormenorizado de las pruebas existentes.
También destaca que el juez Maldonado debió indicar los medios probatorios con los cuales acredita la participación de la quejosa en los ilícitos, precisando además la forma de comisión de los mismos en el texto del auto de formal prisión.
Finalmente, solicita al juez explicar el modo en que la inculpada desplegó la conducta imputada, y cómo incorpora la típica de los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación.
Prevén amparos en cascada
Este es el primer amparo que se concede a los inculpados por los hechos de Atenco de mayo pasado. Por estos sucesos, 144 personas son procesadas por ataques a las vías generales de comunicación y secuestro.
De las 144 personas sujetas a juicio, 30 se encuentran encarceladas, 27 en Santiaguito y tres más en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ambos ubicados en esta localidad.
La mayoría de las personas encarceladas ha promovido amparos, y uno de éstos se encuentra en fase terminal, ya que se prevé que en una semana más un tribunal colegiado emita su determinación final.
Se conoce que al menos existen 20 juicios de amparo contra los autos de formal prisión que deberían resolverse en un plazo no mayor a un mes.
Por lo pronto, simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, realizaron una manifestación este jueves frente a los juzgados federales en Toluca para exigir celeridad a los jueces en las resoluciones de los amparos.
Felipe Calderón no es bienvenido en Alemania
Señor presidente sin electores:
Por medio de la presente queremos nuevamente expresar nuestro apoyo a todos los compañeros en lucha en México. A ellos les tendemos una mano de apoyo. A usted le levantamos un puño, diciéndole que no es bienvenido en Alemania.
Usted viene a Europa para hablar de negocios a puertas cerradas. ¿Por qué no mejor hablar abiertamente con los obreros para saber cómo podría mejorar su situación? Come en los restaurantes más caros; mejor ocúpese en compartir un plato con frijol y tortilla con la gente del campo. Usted muestra un México que no existe: democrático y estable donde se respetan los derechos humanos. ¿Por qué mejor no se esfuerza en hacer realidad esos ideales? Se esconde en carros de lujo y se rodea de policías y militares, porque su ilegitimidad, su debilidad y su miedo son muy grandes. A nosotros nos rodea la policía para callar lo que usted no quiere oír.
¡Fuera Ulises Ruíz!
Grupo Atenco Resiste, Berlín
Manifestantes estorban a Calderón en Berlín
en 11:57 a.m.
Jóvenes mexicanos y alemanes irrumpen en el palacio Bellevue; hay varios detenidos
Imparcialidad en Atenco, sólo si renuncia Medina Mora
Nueva ley evitaría ser juez y parte: Soberanes
Por Lourdes González García
México DF, 24 enero 07 (CIMAC).- El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió la renuncia del procurador Eduardo Medina Mora, ante el conflicto de intereses que le representa atender la averiguación previa que se sigue por la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante los hechos violentos registrados el año pasado en Atenco, cuando él era titular de esa corporación.
El coordinador del PRD en la Cámara de diputados, Javier González Garza, aseguró que Medina Mora está “incapacitado moral, legal y políticamente” para seguir las investigaciones en torno a la violación de derechos humanos cometidos durante el operativo de la PFP en San Salvador Atenco.
Recordó que al comparecer este martes ante la Comisión Permanente, Eduardo Medina Mora dijo que él estuvo presente personalmente en los operativos que realizó la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y Oaxaca, y “en ninguno de los casos se registraron violaciones”.
Por ello, el perredista señaló que no es válido que el secretario de Seguridad Pública pretenda simplemente asegurar que él estará al margen de estas indagatorias, e insistió que la única posibilidad de garantizar una investigación imparcial es la renuncia a su cargo.
En conferencia de prensa luego de que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, presentara su Informe de Actividades 2006, en el que se refirió al caso de Atenco, González Garza insistió que Medina Mora es el principal responsable de los actos violatorios a los derechos humanos cometidos en el municipio mexiquense.
Por su parte, Soberanes Fernández, entrevistado al término de su presentación, dijo al respecto que en México se corre el riesgo de que la justicia se pierda, cuando un funcionario, acusado de la comisión de un delito, se convierte en juez y parte, como en el caso del procurador Medina Mora.
“Por ejemplo, nosotros emitimos el año pasado una recomendación a la PGR por tortura y en lugar de cumplirla se abrieron averiguaciones previas contra nosotros lo cual resulta patético”, dijo.
Por ello, Soberanes apeló al apoyo de los legisladores, para que en las próximas reformas en materia de procuración de justicia y seguridad pública, se analice esta problemática y se le de solución, a fin de poder juzgar a los miembros de las procuradurías acusados de algún delito, sin que sean las propias procuradurías quienes realicen estas averiguaciones.
Asimismo, en un desplegado, el PRD cuestionó al ombudsman sobre la responsabilidad de Medina Mora por los actos violatorios cometidos por los elementos de la PFP en Atenco, además de preguntarle cuándo emitirá una recomendación sobre los actos de tortura, violación, ejecuciones extrajudiciales cometidas también por la PFP en Oaxaca.
Durante su informe de actividades ante el Pleno de la Comisión Permanente, José Luis Soberanes Fernández expresó que de las 46 recomendaciones emitidas por la CNDH en 2006, la SSP Federal fue la instancia que mayor número recibió (8), seguida del Instituto Nacional de Migración (7) y la Procuraduría General de la República (4).
Bárbara Zamora condena predictamen de ministro de la Corte sobre Atenco
Lo califica de "inaceptable", porque se basa en un criterio político y no jurídico
Compara posición de Aguirre con las de dictaduras "para no juzgar a torturadores"
El proyecto de dictamen elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que rechaza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de atracción para conocer las denuncias sobre violaciones a las garantías individuales en San Salvador Atenco, estado de México, es "inaceptable", porque este criterio es "eminentemente político y no una resolución jurídica", se afirma.
Sostuvo lo anterior, la abogada Bárbara Zamora, que fue quien solicitó la intervención del máximo tribunal para que conociera de esos hechos, petición que fue retomada en su momento por el ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Zamora sostuvo que existen elementos suficientes para que la Corte investigue las graves violaciones a los derechos constitucionales cometidos por autoridades federales, estatales y municipales que participaron en los hechos de represión en contra de un gran número de ciudadanos mexicanos y extranjeros.
Añadió que el argumento del proyecto elaborado por el ministro y que será discutido en los próximos días respecto a que "el inicio de una nueva investigación por parte de la Suprema Corte y la determinación a que arribe en torno a la existencia de violaciones a las garantías, podría ocasionar la exacerbación de los ánimos, que producirían consecuencias contrarias al orden y la estabilidad que se busca preservar", fueron opiniones esgrimidas en su momento por las dictaduras de Argentina, Chile y España, entre otros países, para no juzgar a torturadores y asesinos, subrayó la abogada.
Insistió en que sería muy preocupante que los demás ministros del máximo tribunal del país avalaran dicho proyecto y votaran por la impunidad absoluta de quienes violaron de manera "clara y flagrante" las garantías constitucionales en aras de una supuesta "conservación del orden".
El pasado lunes, este diario publicó que según el proyecto de dictamen elaborado por Salvador Aguirre Anguiano, la Suprema Corte no debe ejercer su facultad de investigación sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, pese a que están documentadas las denuncias por violación, agresión sexual, golpes, torturas e insultos en el operativo en que fueron detenidas 217 personas, 44 de ellas mujeres.
Además, plantea que el máximo tribunal endurezca los criterios para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para investigar la violación grave a las garantías individuales. Para esto plantea que: "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables".
en 12:37 p.m.
Ratifica tribunal el amparo concedido a mujer indígena detenida en Atenco
La mazahua podría recobrar su libertad la próxima semana: Bárbara Zamora
Un tribunal colegiado del estado de México ratificó el amparo que un juez federal otorgó hace dos meses a la indígena mazahua Magdalena García Durán, detenida desde hace más de ocho meses en el penal de Santiaguito a raíz del operativo policiaco en San Salvador Atenco. La decisión del tribunal se presenta debido a las "irregularidades" en que incurrió un juez del caso para dictar el auto de formal prisión contra la inculpada, por lo que con esta determinación no existe "posibilidad jurídica" para que la mujer continúe en prisión, aseguró su defensora legal, Bárbara Zamora.
El pasado 7 de noviembre, el juez primero de distrito en materia de amparo, Willy Earl Vega, concedió esa garantía legal en favor de la inculpada. En su resolución, el juzgador se pronunció en contra del auto de formal prisión del 31 de agosto que Jaime Maldonado, juez segundo de lo penal en Toluca ­quien lleva el proceso penal por el caso Atenco­, dictó a la indígena por los presuntos delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación, al considerar que Maldonado incurrió en "irregularidades", por lo que no existen elementos para que permanezca recluida.
Sin embargo, días después, la Procuraduría General de la República se inconformó ante la resolución del juez federal de amparo, por lo que el caso de García Durán pasó al cuarto tribunal colegiado en materia penal, mismo que ratificó el jueves pasado el amparo concedido por Vega.
"Willy (Vega) dijo que no había elementos para el auto de formal prisión, ahora el tribunal colegiado señala que hay muchas irregularidades (para comprobarlo); entonces no hay posibilidades jurídicas para que Maldonado dicte otro auto de formal prisión, por lo que tendrá que otorgar el auto de libertad en cumplimiento a la resolución" de la justicia federal, aseguró Bárbara Zamora.
Con ello, dijo la litigante, Magdalena García podría quedar libre a más tardar la próxima semana; pues la justicia federal tendrá que notificar de la resolución emitida a Maldonado, quien tendrá 24 horas, a partir de la notificación, para dictar su fallo sobre la situación jurídica de la inculpada.
Debido a las diversas denuncias de politización del caso Atenco, la abogada no descartó que pudieran presentarse obstáculos para evitar que la mazahua obtenga su libertad, pues "siempre hay dudas de que alguna maniobra se les pueda ocurrir", pero "es un hecho que en estricto apego a la ley debe quedar libre, pues ya no hay nada que lo impida".
Recordó que la última oportunidad con la que contó el Ministerio Público federal fue la "maniobra" de la PGR, instancia que al pedir la revisión del amparo retrasó la ejecutoria de esa garantía dilatando la libertad de García Durán dos meses más, pese a que se trata de delitos del orden común, por lo que no tendría facultades para inconformarse. "Ahora es el momento para la libertad de Magdalena, ya no les quedan más maniobras por hacer y tendrá que cumplirse la resolución judicial, no hay forma de que lo puedan eludir", señaló la abogada.
Toquín el 27 de enero por l@s pres@s
Por causas de fuerza mayor y ajenas a nosotros el Concierto programado para el 27 de enero en la Magdalena Mixuca va a cambiar de fecha y lugar. Los grupos que aceptaron la invitación siguen en pie y con disposición de apoyar la causa.
Comité de padres de familia y amigos de los presos políticos del DF en Oaxaca.
ENVIAMOS CARTEL DEL CONCIERTO DEL 27 DE ENERO EN LA MAGDALENA MIXUCA.
ESPERAMOS CONTAR CON SU APOYO PARA DIFUNDIR EL CONCIERTO GRACIAS:
VOCES Y CORAZONES EN APPOYO A LA LIBERTAD
KE DE DONDE SON
LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA LOS PRESOS POLÍTICOS.
en 7:27 p.m.
Marcha por la libertad de l@s pres@s polític@s
MARCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS Y PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS.
El día lunes 15 de enero saldremos a marchar nuevamente para exigir la libertad de todos los presos políticos del país, porque los presos son de todos y de todos es la responsabilidad de movilizarse para excarcelarlos: desde los hermanos Cerezo y campesinos de Atenco, hasta los aprehendidos el 25 de noviembre en Oaxaca.
LA CITA ES A LAS 4 DE LA TARDE DEL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
¡LIBERTAD INMEDIATA A NUESTROS PRESOS!
¡DEMANDAMOS LA SALIDA INMEDIATA DE LOS CUERPOS REPRESIVOS DE LA ENTIDAD!
¡VIVA LA JUSTA LUCHA DEL PUEBLO OAXAQUEÑO!
Frente de Apoyo a los Pueblos de Oaxaca (FAPO)
en 7:23 p.m.
Acopio para niños triquis
Los niños indígenas triquis del municipio autónomo de San Juan Copala necesitan de nuestra solidaridad, por lo que te invitamos a participar en el acopio de juguetes, libros, música, cuadernos, lápices y materiales didácticos, así como dulces mexicanos, chocolate y amaranto.
El acopio será recibido afuera del Palacio de Minería, en el Centro Histórico, a partir del domingo 14 y hasta el viernes 19 de enero.
Porque no somos indiferentes, los niños te lo agradecerán.
Olvidado Atenco
La política de represión practicada por órganos gubernamentales cuenta con el transcurso del tiempo y la inacabable sucesión de actos atrabiliarios merecedores de reproche social para aliviarse de la presión, si alguna resiente, que la opinión pública ejerce en defensa de los derechos de las personas agraviadas por la arbitrariedad. Si se resisten los periodicazos, como con ánimo peyorativo y simplificatorio califican no pocas autoridades a la reacción de la prensa, el asunto se diluye y pronto queda en el olvido. Las atrocidades cometidas por las policías estatales y federal en Atenco, en mayo pasado, pasaron en el ánimo público a un segundo plano, o se borraron, cuando fueron acumulándose los acontecimientos de Oaxaca, uno de cuyos protagonistas es la misma Policía Federal Preventiva que participó en la violencia gubernamental en el Estado de México.
La política de represión, por lo demás, es rentable par quienes la practican. El secretario de Seguridad Pública del sexenio pasado, Eduardo Medina Mora, que rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y alabó la conducta de la PFP en Atenco, es hoy el procurador general de la República. El jefe del Estado Mayor de esa corporación, Ardelio Vargas, que no fue ajeno a los hechos en ese municipio y luego encabezó la operación oaxaqueña, cobró los réditos de su actuación: es, en una concentración de poder contraria hasta a reglas administrativas y presupuestarias, el zar de la fuerza ministerial y de seguridad pública federales, pues se le nombró comisionado, es decir director o jefe de la corporación a la que pertenece, la PFP, y director de la Agencia Federal de Investigaciones. La convergencia de nombramientos es el preámbulo para la creación de una policía nacional, al mismo tiempo investigadora y de prevención, que debe ser producto de una reforma legislativa derivada de la constitucional que es imprescindible.
Mientras los agresores prosperan, las víctimas padecen su penuria aumentada por la actuación de los órganos judiciales. Téngase el caso de Pedro Alvarado Delgado, un promotor de derechos humanos detenido el 4 de mayo en San Salvador Atenco, mientras realizaba observaciones propias de su desempeño. Como a todos los demás detenidos en ese lugar y en esa fecha, se le sometió a mal trato el momento de la captura y durante su traslado a la prisión conocida como Santiaguito en Almoloya de Juárez. Quedó allí incomunicado y se dictó en su contra auto de procesamiento por el delito de ataques a las vías generales de comunicación y medios de transporte.
Alvarado Delgado demandó amparo contra esa decisión del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Toluca. Perdió el juicio de garantías en primera instancia, pues un juez federal confirmó el auto de la justicia local. Sin embargo, en revisión el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito dio la razón al quejoso y ordenó al juez del proceso corregir los errores en que había incurrido.
La defensora de Alvarado, Pilar Noriega, y Carmen Herrera, de Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, examinaron el nuevo auto de procesamiento. "Se trata de un documento de 214 páginas, de las cuales 196 se refieren a consideraciones que hace el juez para afirmar que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es una 'agrupación cuya finalidad es la de trastocar el orden social cuando sus pretensiones no se ven favorecidas'....Dentro de esas 196 hojas se refiere también a los hechos que se imputan a Ignacio del Valle, a su hija y a otros miembros del propio Frente, así como a las declaraciones preparatorias de los demás procesados. Únicamente en 18 páginas se menciona el nombre de Pedro".
Pero en ellas, en vez de describir las pruebas presentadas por el Ministerio Público y valorarlas, el juez que insistió en procesar a Alvarado Delgado estima que "de las constancias procesales en estudio es dable afirmar que... forma parte o es simpatizante del grupo denominado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra", como si ese hecho, de ser cierto, supusiera una conducta delictuosa. El juzgador se basó en declaraciones de agentes policiacos donde no aparece ninguna referencia al inculpado, no obstante lo cual concluyó que esas pruebas "son suficientes e idóneas para acreditar todos y cada uno de los elementos objetivos, subjetivos y normativos que exige nuestra legislación penal". Y atribuye a Alvarado ser parte del "grupo rebelde" (noción ajena al derecho, por lo menos en ese contexto) que realizó una "conducta de acción material y dolosa que consistió en realizar movimientos corpóreos tendientes a obstaculizar una vía de comunicación". Contraviniendo el principio de presunción de inocencia, que no requiere ser probada, el juez relapso le reprocha no aportar "ningún medio de prueba idóneo... con lo cual acredite su simple negativa, a la cual hasta el momento sólo se le concede el valor de indicio".
El nuevo auto de procesamiento implica que los siete meses corridos desde la emisión del primero hayan servido sólo para hostigar al inculpado, cuyo calvario recomienza ahora. Volverá a acudir a audiencias que llegan a durar hasta doce horas y en las que, aunque en actas consta lo contrario, los procesados no están presentes porque el juez los mantiene a las afueras del juzgado. De lo que se trata, dicen con razón las abogadas Noriega y Herrera, es "de sostener el mensaje de poder" enviado por el gobierno mexiquense y avalado por el federal.
en 10:41 a.m.
Antes que todo quiero que sepan que no están solos, que esas cuatro paredes que nos separan no sean un obstáculo para que nuestra lucha continúe y que ustedes no decaigan, porque estoy seguro que al salir de ese rincón van a salir bien fortalecidos, con mejores ideas y perspectivas de lucha. Tengan presente que organizaciones independientes y democráticas están con ustedes, que los maestros, estudiantes, colonos, amas de casa y profesionistas están ahí, al lado de ustedes como uno solo.
Compas, a nombre de mi organización quiero que reciban un saludo fraternal de los campesinos e indígenas de las Huastecas de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, estados donde tiene presencia
Ex preso político del Frente Democrático Oriental de Mexico Emiliano Zapata, FDOMEZ
Huasteca veracruzana, 9 de enero de 2007
Las demandas presentadas por tortura y violación sexual se encuentran congeladas
El pasado jueves se cumplieron ocho meses de los hechos ocurridos en Atenco Foto: Jesús Villaseca
A ocho meses del operativo policiaco en San Salvador Atenco, en el que, se ha podido comprobar, autoridades federales y estatales incurrieron en diversos delitos contra los pobladores de ese municipio ­entre ellos tortura y violación sexual­, ningún funcionario o alto mando ha sido consignado por esos ilícitos.
De mayo de 2006 a enero de 2007 las escuetas sanciones se han dirigido contra policías estatales: uno fue consignado por el delito de actos libidinosos ­por lo que al ser un delito no grave obtuvo libertad bajo fianza­ y cuatro más fueron sancionados administrativamente por parte de la Contraloría del gobierno del estado de México.
Diversos organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acreditaron que durante la incursión policiaca los pasados 3 y 4 de mayo en los municipios de Texcoco y Atenco las fuerzas federales y estatales vulneraron "derechos inherentes a la dignidad de las personas", como los derechos a la vida, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica; los cuales se tradujeron en tortura, violación a la libertad sexual (abuso sexual y violación), detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como en una irregular integración de las averiguaciones previas correspondientes.
Pese a que el organismo encabezado por José Luis Soberanes emitió el pasado 16 de octubre una recomendación dirigida al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora; al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al Instituto Nacional de Migración, para que investiguen y sancionen la participación de sus subordinados durante los hechos, esto no ha ocurrido.
Además, días después Medina Mora (ahora procurador general de la República) rechazó el señalamiento de Soberanes, lo que fue catalogado por el organismo de defensa de los derechos humanos como un acto de encubrimiento e impunidad.
Por otro lado, a más de 240 días de los acontecimientos, las denuncias por tortura y violación sexual que los agraviados ­asesorados por diferentes grupos de defensores legales­ interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) "están congeladas".
Cabe recordar que 50 de los agraviados interpusieron dos querellas por el delito de tortura. La primera de ellas fue enviada a la delegación de la PGR en Toluca, estado de México, y la segunda permaneció en el Distrito Federal.
La defensa legal de los denunciantes solicitó a la dependencia que acumulara la denuncia por tortura a la investigación que realiza la Fevim sobre la violación sexual a varias de las detenidas, debido a que la titular de esa fiscalía, Alicia Elena Pérez Duarte, afirmó que existían elementos para señalar que las mujeres además de haber sido ultrajadas también fueron víctimas de tortura.
Pese a esa solicitud, la PGR optó por enviar ambas denuncias por tortura a su delegación en Texcoco, que es la jurisdicción en la que se dieron los hechos. Mientras, la querella interpuesta ante la Fevim por 13 mujeres agredidas sexualmente, continúa detenida y a la fecha esa fiscalía no ha consignado a algún sospechoso por la comisión de esos delitos.
Para continuar con los agravios a los afectados por el operativo policiaco, el proceso judicial que se sigue en Toluca contra los atenquenses también "está estancado", pues a lo largo de estás 32 semanas aún no se ha terminado de desahogar la primera de las pruebas en su contra (la ampliación de declaración por parte de los policías), por lo que el proceso se ha aplazado.
De los 207 aprehendidos durante el operativo en Atenco, 33 aún permanecen presos, tres de ellos en el penal de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma) ­entre quienes está el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle­, acusados de los delitos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado; 17 fueron exonerados totalmente.
Peña incumplió más de lo que hizo
Los escándalos lo siguen, a pesar de que tratan mediáticamente de hacerle una imagen de probidad
Gustavo Nieto Sánchez Toluca, Estado de México 30 Diciembre.- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, termina el año 2006 entre escándalos políticos y fracasos en sus primeras promesas de gobierno, entre los que se cuenta el haber exonerado a su predecesor y supuesto familiar, Arturo Montiel, y el no resolver uno de los abusos de la policía, más famosos en la historia del país: las violaciones sexuales y físicas que se cometieron en San Salvador Atenco.
Desde el 15 de enero, fecha en la que Alfonso Navarrete Prida exoneró por primera vez al ex gobernador, sin haber llevado a cabo una investigación a fondo y de manera pública, el mandatario mexiquense fue colocado en el análisis nacional, por considerarse que encubría al ex funcionario, sobre todo por que el fue secretario de administración en la pasada gestión estatal.
Posteriormente, el 2 de febrero se instauró la Agencia de Seguridad Estatal, comandada por Wilfrido Robledo Madrid, contra quien pesa una inhabilitación por fraude en el gobierno federal y de quien se conoce sus tácticas policíacas agresivas, pero lo ilegal del asunto fue que hasta el día de hoy, tal dependencia opera sin que se hayan cambiado en las leyes mexiquenses, sus atribuciones, a las cuales se agregarían labores de inteligencia, no permitidas a policías estatales, por la Constitución Mexicana.
Tanto el gobernador y el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, han defendidos sin argumentos esta violación a las leyes al asegurar que todas las normas son perfectibles y que la referente a las facultades de la ASE es algo que se dará con el tiempo, sin embargo, el propio Wilfrido Robledo Madrid, acepta que sus elementos son corruptos, violentos y que aún así realizan supuestos trabajos de inteligencia.
Tras ser negado en diversas ocasiones se confirmó que el Estado de México es uno de las principales entidades donde se cometen feminicidios y delitos violentos contra las mujeres y pese a la creación de la fiscalía especializada para estudiar este fenómeno, ni la ASE, ni la PGJEM han sabido como disminuir este problema social, el cual del 2004 a la fecha creció en un 300 por ciento. Precisamente en marzo, fue cuando se creó la fiscalía especializada en el caso Montiel, la cual después de 8 meses, dio el mismo resultado, pese al gasto de más de 2 millones de pesos, sólo en el pago de un sueldo para los fiscales, pese a una supuesta averiguación en la que se tomaron declaraciones y se recopilaron 8 volúmenes, el resultado fue que no se ejercería acción penal alguna contra.
En mayo de este año y a consecuencia de las estrategias de represión implementadas por Wilfrido Robledo, con permiso de Enrique Peña Nieto, se dio el suceso más conflictivo para la administración, estatal, el 3 y 4 de mayo más de 200 habitantes de San Salvador Atenco, fueron vejadas físicamente y apresadas sin que existieran órdenes de aprehensión en su contra.
Más de 3 mil policías de la ASE, violaron a mujeres, golpearon salvajemente a ancianos y jóvenes y dos personas resultaron muertas de esta invasión hecha a este municipio, pese a que el caso fue documentado por la ONU, la CNDH y Amnistía Internacional, 29 personas siguen encarceladas y más 160 bajo proceso, por delitos que nunca fueron sustentados por las autoridades.
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