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Timestamp: 2019-09-19 07:23:07+00:00

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restricciones a la constitucion de asociaciones en los sistemas juridicos peruano, argentino y español
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5.- Formas de Organizacion Administrativa
Constitución Política y Contrato Social
Jaime Cárdenas Conceptos
Digesto Juridico en Rio Negro
Examen Alamos, Niedmann, Schmidt
Concepto Derecho Ecológico.doc
DPR603 Sílabo Instituciones Procesales
Miguel Ayuso. La Constitucion Entre El Neoconstitucionalismo Y El Postconstitucionalismo
Dialnet-RevisarLaoRomperConLaConstitucionDirigenteDefensaD-79530.pdf
Concepto 0002 Ley 1106 20150319
Trabajo Final Responsabilida Civil
Civil Persona Diapositivas
Modelo Propuesta Tecnico Economica - Johan
QUOD DICTUM
Año 4 - N° 3 - 2010
Universidad Peruana Los Andes Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Huancayo - Perú
Mag. Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio Mag. Moisés Calle Cáceres Abog. Paul Alva Ricaldi Bach. Doris Cajincho Yañez
Paul Alva Ricaldi*
RESTRICCIONES A LA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS PERUANO, ARGENTINO Y ESPAÑOL
"la esencia de la libertad ha radicado siempre en la posibilidad de elegir lo que se desea elegir, porque así se desea, sin coerción, sin presiones, sin verse engullido por un vasto sistema; y en el derecho a oponerse, a ser impopular, a defender las convicciones propias simplemente porque son tus convicciones. Esa es la verdadera libertad, y sin ella no hay libertad de ningún tipo, ni siquiera la ilusión de ella".
Isaías Berlín Freedom and its betrayal
I. INTRODUCCIÓN: EL DECRETO SUPREMO N° 004-2008-MIMDES: En un país como el nuestro en donde se aprecia que las diferentes entidades estatales
a todo nivel
para las que fueron
desarrollan un lamentable papel, es donde los particulares — a veces individualmente, pero cada vez más en forma organizada—intentan paliar con su iniciativa la falta de labor gubernamental.
Tal situación que, según los estudiosos, es una derivación de la organización administrativa que nos regia en los tiempos virreinales —y que por cierto no tiene visos de cambio— ha generado que sean las personas, organizadas en asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas las que busquen contrarrestar esta deficiencia.
Piénsese por ejemplo -y creemos que este es un caso paradigmático— que las compañías de bomberos en nuestro país no son creadas por ninguna autoridad estatal, sino que por el contrario tienen su origen en asociaciones civiles que luego son adscritas al Cuerpo General de Bomberos del Perú 1 .
Pero ese no es el único caso de asociaciones civiles que teniendo un origen privado, con el correr del tiempo y la importancia de la labor que desarrollan alcanzan un nivel de trascendencia en la vida nacional que no puede ser soslayados con facilidad, por ejemplo se cuentan al Club Nacional, el Club Regatas Lima o la Logia Masónica del Perú, ASPEC, entre otras que pudieran existir.
Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes
Léase el esclarecedor trabajo de Roger Haro Bustamante,
"Bomberos Voluntarios del Perú: Un análisis de la
estructura legal desde la perspectiva de los voluntarios y sus derechos", [Documento en línea] Legal Info
Panamá <http://www.legalinfo-panama.com/articulos/bomberos.pdf> [Consulta 26 de mayo de 2009.]
DICTUMEST
-L/ O
En fin, estas instituciones, al ser personas jurídicas sin fines de lucro son reguladas, básicamente por nuestro Código Civil, aunque existen otras normas que también le impone deberes y cargas que limitan su libre desenvolvimiento, como son las normas regístrales, tributarias, etc.
Una de esas normas es el, ya no tan reciente, decreto supremo N° 004-2008-MIMDES —publicado en nuestro diario oficial el 4 de abril de 2008— decreto que básicamente dispone que:
"los estatutos de todas las formas de organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la Constitución Política del Perú y de la Ley relativas a la igualdad jurídica de varón y de la mujer".
Tal disposición ordena, en buena cuenta, que las personas jurídicas sin fines de lucro no pueden estar integradas por miembros de un solo sexo. Esto supone, que no pueden subsistir aquellas asociaciones integradas únicamente, por ejemplo, por varones.
El decreto en cuestión desarrollaría lo preceptuado en la Ley de igualdad oportunidades entre hombres y mujeres, ley N° 28983; esta norma tiene como objeto:
"establecer el marco, normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de la vida pública y privada, propendiendo a la plena igualdad".
También creemos pertinente resaltar el concepto de discriminación por sexo que adopta la ley indicada, así ésta sería:
"cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercido de los derechos de las personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre".
En este contexto y dado su carácter de ente rector de la igualdad de oportunidades para la mujer, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, expidió el Decreto Supremo ya indicado que tiene por objeto dictar las normas que precisen que los estatutos de todas las formas de organización jurídica sin fines de lucro —es decir, básicamente, las personas jurídicas reguladas por el Código Civil — permitan el acceso a las mujeres como integrantes de las mismas 2 , en los casos en los que esto no está estrictamente permitido.
De tal forma que el incumplimiento del requerimiento, que debía realizarse dentro de los 90 días calendario contados a partir de la vigencia del decreto, es decir, el plazo venció el 05 de julio de 2008; facultaba al MIMDES a denunciar ante el Ministerio Público a la organización jurídica solicitando su disolución; adicionalmente podrá denunciarse por la comisión del delito de discriminación.
Ahora bien para analizar si es que una medida de este tipo resulta coherente con nuestra configuración de Estado, de democrático y vigencia del estado de derecho, debemos estudiar a la regulación de la asociación y del derecho de asociación en nuestro ordenamiento.
Ante este panorama legislativo, revisamos la regulación argentina y española respecto a los límites en la constitución de ¡as asociaciones, para evaluar de mejor forma la configuración jurídica nuestra.
Al respecto cabe aclarar que ninguna de las normas reseñadas indica expresamente que se prohibe la existencia de personas jurídicas sin fines de lucro que consideren que sólo pueden estar integradas por varones, el contexto de las disposiciones y el ente encargado por velar por su desarrollo indican que esa es la interpretación correcta.
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Q U 0 D
Acudimos al sistema jurídico 3 argentino, pues como advierte Fernández Sessarego el Libro de Personas de nuestro Código Civil de 1984 patentiza "El rico aporte de la fecunda doctrina italiana y latinoamericana, especialmente en este último caso el de la notable producción argentina" 4 .
Mientras que nos ocupamos del sistema jurídico español por contar con, tal vez, una de las más completas regulaciones sobre asociaciones al estar vigente una ley especial que desarrolla el tema propuesto. En dicha tarea intentamos, en la medida que nuestras limitadas capacidades lo permitan, seguir los criterios respecto al proceso de comparación legislativa, por ello hemos delimitado —de la forma indicada— el objeto de estudio de la presente monografía.
"El derecho fundamental de asociación
constituye, para mí
— y para muchos otros afortunadamente —, uno de los parámetros básicos del Estado de Derecho, democrático y social, el basamento, el punto de apoyo y de referencia de todas las demás manifestaciones en que las libertades de la persona se proyectan"
2.1 Origen de esta institución j urí dica:
José Bermejo Vera 5
Comencemos por recordar que los orígenes de la institución jurídica 'persona
3 Para efectos de este trabajo, entendemos por sistema jurídico a lo que comúnmente se denomina ordenamiento u orden jurídico. Al respecto Huerta Ochoa nos explica que "La diferencia entre sistema jurídico y orden jurídico se explica mediante la diacronía de la vigencia de las normas que integran al primero; es decir, las normas se localizan e identifican no sólo por su operatividad a través del tiempo, sino por la posibilidad de aplicación de una no vigente. Esto se debe a que la búsqueda de la norma aplicable se puede hacer del momento de la toma de decisión (judicial o administrativa) hacia el pasado hasta el momento de los hechos, o conforme a disposiciones no existentes en el momento de los hechos pero vigentes en el momento de la resolución, según sean más favorables. En el sistema se ineluyen, por tanto, no solamente las normas que pertenecen, sino también las que han pertenecido al mismo, válidas o no, derogadas o no, vigentes o no". HUERTA OCHOA, Carla. Teoría del derecho. Cuestiones relevantes. Universidad Nacional Autónoma de México. D.F. [México]: 2008, pp. 29-30. En resumen podríamos indicar que el de sistema jurídico es el continente de todas las normas que son o han sido vigentes, y que los órdenes [u ordenamientos] jurídicos son los diferenciados temporalmente y que por lo tanto se aplican en un momento determinado.
4 Pasajes más adelante el autor nos sigue explicando que "Es, el libro primero donde, precisamente, se encuentra el mayor número de novedades normativas las que, como ya se anotó, reconocen como fuente principal la doctrina italiana, formula a partir de la promulgación del Código civil de I942y, a la par, que el derogado Código Civil de 1936, la tradición del sistema jurídico latinoamericano, recepcionada [s¡'c] ésta última de manera preferente, tanto en el Código Civil de Velez Sarfield como en la subsecuente doctrina por él generada". FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. "Sujeto de derecho y persona natural (con especial énfasis a los Códigos civiles argentino y peruano)", en Nuevas tendencias en el derecho de las personas. Universidad de Lima. Lima: 1990, pp. 22y24.
5 BERMEJO VERA, José. "La dimensión constitucional del derecho de asociación". En: Revista de Administración Pública. Centro de estudios constitucionales. Madrid: 1995, N° 136, p. 119.
Paul Alva Riealdi
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jurídica' pueden rastrearse desde la Edad Media, por acción de los humanistas y iusnaturalistas 6 , para luego intervenir Savigny 7 . Aunque autores como Barroso consideran que el Derecho Romano conoció el concepto de personalidad 8 colectiva 9 .
La denominación originaria corresponde a 'persona ficta' "desarrollado en la primera mitad del siglo XIII por el canonista Sinibaldo de Fieschi [Siniblado Flisco], quien luego se convirtiera en el Papa Inocencio IV (1243-1254), para distinguir a la persona física, individuo con cuerpo y espíritu, de otro ente que también asumía derechos y obligaciones pero carente de alma y cuerpo, al que se consideró 'persona ficta'. A diferencia que la persona física, la ficta no podía ser sujeto de excomunión ni interdicción: 'Collegium in causa universitatisfingantur una persona'" w .
Y es que resulta curioso, para nuestros días, que la noción de 'persona ficta' haya sido originada por Flisco con intenciones de proteger a los inocentes de la excomunión, pues "perseguía fines concretos con la elaboración de la mencionada teoría:
durante la Edad Media, de resulta de las tensiones entre Papado e Imperio, fueron frecuentes los casos en que se imponían sanciones a las ciudades desleales que se apuntaban al bando contrario. En particular, la Iglesia excomulgaba ciudades. [ ...] perseguía impedir la imposición de tales sanciones, que repercutían luego en cada uno de los ciudadanos o miembros de la corporación, incluidos los inocentes" 11 .
personalidad de las personas jurídicas 12 —llamadas también fictas o ficticias, morales 13 , ideales, colectivas, etc., pero lo cierto es que la idea genérica de que se trata esta corresponde a "un centro de imputación de deberes y derechos, con una estructura propia, y a la que el orden jurídico normativo le reconoce capacidad de conducta" 14 .
En ese sentido De Palo Contreras, citado por López Huguet, concluye que "la categoría de persona jurídica es producto de un amplio proceso evolutivo, iniciado en los siglos medievales y que llega prácticamente hasta nuestros días, a lo largo del cual la doctrina ha debatido intensamente las razones de su fundamento y admisión, aglutinándose las distintas posturas, a través de distintas variantes, entornoados grandes teorías: la teoría de la ficción jurídica y la concepción antropomórfica". LÓPEZ HUGUET, Luisa. "El domicilio de las personas jurídicas: evolución desde el Derecho Romano y su
significado actual", en Revista electrónica del Derecho de la Universidad de Rioja. Rioja [España]: 2008, N° 6, p. 80.
En ese sentido MARGADANT, Guillermo. La segunda vida del Derecho Romano. Grupo Editorial Miguel Ángel
Porrúa. D.F. [México]: 1986, p. 365.
8 En contra López Huguet, citando a Duff, indica que "ni si quiera conocieron el término jurídico de persona que se empleaba simplemente para designar al hombre, al ser humano con independencia de su condición y sin un específico significado jurídico. Persona era tanto el hombre libre como el esclavo, de modo que el término no equivalía a sujeto de derechos ni tenía relación con la capacidad jurídica o la capacidad de obrar. En realidad cuando los romanos querían referirse al status o a la capacidad jurídica de un ciudadano empleaban el término caput y cuando querían manifestar la disminución de esa capacidad hablaban de capitis minutio". LOPEZHUGUET, op. cit.,p. 79. Este autor nos dice que "La personalidad colectiva les era conocida, pues tras una evolución gradual lograron la abstracción que es característica de la llamada persona moral, esto es, un ente cuya existencia, patrimonio y actuación es independiente de la de sus miembros". BARROSO FIGUEROA, José. "Del concepto de persona jurídica", en Revista de la Facultad de Derecho de México. Universidad Nacional Autónoma de México. D.F. [México]: 1965, N° 60, p. 823. ™ FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge. "Personas de derecho público en México", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado", Universidad Nacional Autónoma de México. D.F. [México]: 1997, N° 89, p. 467. CAPILLA RONCERO, Francisco. La persona jurídica. Funcionesy disfunciones. Tecnos. Madrid: 1984, p. 35. Para una breve síntesis de estas teorías puede revisarse el trabajo de OSTERLING PARODI, Felipe y Mario CASTILLO
FREYRE. "Responsabilidad
dependientes"; en Revista Jurídica del Perú. Normas Legales. Lima: 2003, N° 47, pp. 5 -14.
13 Esta denominación ha sido discutida por ejemplo por Savigny quien nos dice que "yo la rechazo por dos motivos: primero, porque no atiende á la esencia del sujeto que nada tiene de común con las relaciones morales, y segundo, porque aplicada á los individuos designa de ordinario la oposición entre la moralidad y la inmoralidad, lo que nos llevaría á un género de ideas enteramente distinto del presente". SAVIGNY, M. F. C. de, Sistema de Derecho Romano Actual [Traducido del alemán por Guenoux y vertido al castellano por J. Mesiay M. Poley] Tomo II. F. Góngoray compañía editores. Madrid: 1879, p. 62.
BarrosoFigueroa,op.e¿t.,p.859.
1 H£~ I 1 / D
La noción de persona jurídica en Perú, Argentina y España:
El Código Civil de 1852 no reguló a las personas jurídicas 15 ; revisando su articulado encontramos que la institución jurídica más parecida esta considera dentro de su Libro Tercero, titulado De las Obligaciones y Contratos, que en su Sección II [De los Contratos Consensúales] considera al contrato de De la Sociedad ó Compañía. [Título V]. Así se indica en el artículo 1652 que la
"Sociedad ó [sic] compañía es un contrato consensual, por el que dos ó mas [sic] personas convienen en poner en común alguna cosa ó industria, con el fin de dividir entre si las ganancias".
Mientras que el artículo siguiente, el 1653, indica que
"No hay sociedad sino para un objeto licito, y en beneficio común de los asociados. Cada uno de estos contribuirá á ella con su dinero, ó con su industria ó con otros bienes",
como se puede observar se trata de entes creados con fines lucrativos, aunque la norma de tal época indique que sus integrantes se denominan asociados.
El cuerpo material civil de 1936, por su parte, reguló la institución de las personas jurídicas en sus artículos 46 a 73. Entre las peculiaridades de este Código se puede observar que se distinguía entre personas jurídicas de derecho público interno [municipalidades, universidades y demás corporaciones oficiales] y las personas de derecho privado; asimismo se consideraban bajo este rubro a las comunidades campesinas.
En lo que respecta a las personas de derecho privado León Barandiarán nos indica que "ellas surgen mediante una declaración de voluntad, vale decir mediante un acto jurídico, por razón de publicidad, de notoriedad, en cuanto a su existencia, el Código condiciona el comienzo de la existencia de las personas morales de derecho privado a su inscripción en el Registro 16 [de las Personas Jurídicas de los Registros Públicos]" 17 .
Por su parte el actual Código Civil de 1984, por mérito de quien fuera el ponente del libro de Personas —el Dr. Carlos Fernández Sessarego—, adopta una visión tridimensional de la persona jurídica 18 .
Así este autor nos dice que "el Código Civil Peruano su tratamiento responde a una concepción tridimensional de la experiencia jurídica en la que se presentan, en dialéctica interacción, vida humana social, valores y normas jurídicas. La regulación normativa de la persona jurídica pretende expresar esta visión comprensiva del Derecho como experiencia, por lo que al afrontarse la temática de cada una de las personas jurídicas incorporadas al Código, se trasunta esta singular posición. Se advierte, en cada una de las personas jurídicas, un nivel sociológico-existencial, que está dado por la organización de personas que constituyen su substrato, una dimensión valorativa a través de una finalidad valiosa comunitariamente propuesta y un elemento normativo que permite reducir la
15 Como veremos infra tal vez esto se produjo porque la primera Constitución de nuestro país que reconoce el derecho a la asociación es la de 1856, es decir, después de la dación de ese cuerpo normativo. " Sin embargo debe tenerse en cuenta que la segunda parte del artículo 42 de dicho cuerpo normativo nos dice que "Sin embargo, si antes han practicado actos civiles de los que están permitidos, los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que esos actos se realizaron". " LEÓN BARANDIARÁN, José. Curso elemental de derecho civil peruano. Parte general del Derecho civil. Título preliminar del Código Civil. El derecho de las personas en el Código Civil. Segunda edición. Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima: 1973, p. 133. Por primera vez en el derecho comparado como advierte el autor.
PaulAlvaRicaldi
pluralidad existencial a un centro ideal unitario para los efectos de la imputación de derechos y deberes y, consecuentemente, la relativa limitación de la responsabilidad patrimonial de sus miembros" 19 .
No cabe duda que la noción de persona jurídica se fundamenta en la comunidad de ideas de un colectivo humano. Por ello Ennecerus nos dice que "Muchos intereses humanos no lo son meramente del individuo, sino comunes a un conjunto más o menos amplio de hombres y sólo pueden satisfacerse por la cooperación ordenada y
duradera de esa pluralidad. Esto explica que en todos los pueblos la necesidad haya llevado a uniones e instituciones permanentes, en una palabra, a organizaciones para el logro de tales fines comunes"™.
Prueba de lo que afirmamos se puede encontrar en las nociones de personas jurídicas que, en su tiempo, se adoptaron en los códigos argentino 21 y español 22 .
En el caso argentino debemos recordar que su Código Civil data de lSyi^y es obra de uno de los más grandes jurisconsultos de esa tierra en el siglo XIX, Dalmacio Vélez Sarsñeld (1800-1875) 24 .
Dicho cuerpo legislativo indica que "Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones" (artículo 30). Afirma luego, en su artículo 31, que las personas sólo pueden tener una existencia visible, o bien, una existencia ideal. Estas últimas constituyen las personas jurídicas. Mientras que en su artículo 32 al prescribir que
"Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas ";
se apreciar que se ha optado por asumir un concepto negativo de persona jurídica, priorizando la posibilidad de la creación de nuevas modalidades de ellas, pero
" FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. "Estudio comparativo de algunos aspectos del derecho de las personas en los códigos civiles peruano e italiano", en Nuevas tendencias en el derecho de las personas. Universidad de Lima. Lima: 1990, pp. 133-134. ENNECCERUS, Ludwig, Theodor Kipp et all. Tratado de derecho civil. Primer tomo. Parte General. Barcelona. Bosh:
!934>[Blas Pérez Gonzalezy José Alguer, traductores.], pp. 434-435. Como precisa Cifuentes "La reunificación y mancomunidad de esfuerzos proviene, pues, del aspecto social del hombre, que no puede subsistir y conseguir todos sus fines solo y aisladamente. Luego, la comunidad o asociación de esa reunificación de personas, de grupos con iguales objetivos, de intereses comunes, no puede serla suma de cada uno ni la suma de sus aportes, sino una realidad nueva y sustancial independientemente de los sujetos (lile la componen, al originarse en algo que pertenece por naturaleza a la humanidad y que existe desde su comienzo o principio existencial gregario. Ésta es la realidad que el derecho capta al reconocer una vivencia propia del hombre y un elemento principalísimo de sus grandes obras, muchas de las cuales no podrían conseguirse sin la unidad social autónoma". CIFUENTES, Santos. Elementos de Derecho Civil. Parte General. 2° reimpresión de la 4 0 edición. Astrea. Buenos Aires: 1999, p. 225. Por ello Albaladejo nos dice que "El Derecho no crea seres de la nada, sino que atribuye personalidad (además de al hombre) a ciertos entes que aprehende del campo social, entes que sin tener una realidad corporal y espiritual como aquél, sin embargo, tienen realidad social, una individualidad propia, y toman parte en la vida de la Comunidad como unidades distintas e independientes (así, un municipio, un club deportivo, una sociedad anónima) de los singulares elementos que en cada momento concreto, los componen (los vecinos, los socios, los accionistas), para alcanzar determinados fines que interesan, no a un solo hombre, sino auna pluralidad de ellos, o queprócfícamenre sólo son conseguibles, o, al menos, lo son más fácilmente, por organizaciones humanas, que por el hombre aislado". ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil I. Introducción y parte general. Decimoquinta edición. Librería Bosch.
Barcelona: 2002, p. 373.
23 Como explica Torré este Código Civil fue promulgado con ley 340, bajo la presidencia de Sarmiento. TORRÉ, Abelardo. Introducción al derecho. Décimo cuarta edición ampliada y actualizada. Lexis Nexis - Abeledo Perrot. Buenos Aires: 2003, p. 786. " Fernández Sessarego nos dice que la obra codificadora de Velez Sarfield "en el corto plazo de cinco años y sin contar con colaboradores representa y condensa todo el derecho y la legislación que le es anterior: del Corpus Iuris, pasando por la legislación española —llámese Fuero Juzgo, Siete Partidas o Novísima Recopilación— hasta la codificación europea y latinoamericana inmediatamente precedente". FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. "Reflexiones sobre la unidad del pensamiento jurídico latinoamericano", en Nuevas tendencias en el derecho de las personas. Universidad de Lima. Lima: 1990, pp. 404.
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RESTRICCIONES A LA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS PERUANO, ARGENTINO Y ESPAÑOL.
aquello debe realizarse mediante la ley pertinente pues el artículo 33 del Código Civil ya establece los tipos de personas jurídicas públicas y privadas.
Sobre esto Cifuentes indica que "No obstante la dirección negativa o por descarte de la definición, tiene las bondades de su amplitud permitiendo que con el correr de los años y la evolución de los tiempos se hayan reconocido personas de existencia ideal o jurídica que no eran las que en forma clásica se habían considerado históricamente, bastando que tengan la realidad social indicada en cada época y país, y que posean la condición de personalidad, es decir de poder adquirir derechos y contraer obligaciones" 25 .
Mientras que el Código Civil español que subsiste desde 1889 26 considera — de acuerdo a lo que indica la doctrina de ese país pues el texto legal no ofrece ninguna definición— que son "aquellas realidades sociales a las que el Estado reconoce o atribuye individualidad propia, distinta de los elementos que las integran, que son titulares de derechos y deberes y con capacidad de obrar en el tráfico jurídico por medio de sus órganos o representantes" 27 .
En similar sentido Albaladejo nos dice que la persona jurídica puede ser definida como "organización humana encaminada a la consecución de un fin a la que el Derecho acepta como miembro de la Comunidad, otorgándole capacidad jurídica" 28 .
Pasemos ahora a revisar cómo es que esa potestad de conformar personas jurídicas se ha consagrado en el genérico derecho de asociación, pues de él deriva la regulación que se le da en sede civil en los tres países que abordamos.
III. EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
3.1 Delimitación conceptual: La idea básica del derecho de asociación nos dice que consiste en la facultad
de varios individuos de constituir agrupaciones con vocación de permanencia para perseguir un fin común. A decir de Gómez Montoro, "hoy puede afirmarse que en el origen de toda persona jurídico-privada está el ejercicio de un derecho fundamental o, en otros términos, que el negocio jurídico por el que se crea una entidad moral es al mismo tiempo
del ejercicio de derechos constitucionalmente garantizados" 29 .
Este derecho fundamental tradicionalmente ha sido considerado como un derecho de libertad, consideración que implica —al menos del punto de vista teórico— sobre todo la abstención por parte de los poderes públicos.
La libertad de asociación es una libertad individual que se ejercita colectivamente, porque implica la libertad para los administrados de crear asociaciones, o
25 CIFUENTES, op.«'t.,p. 226.
16 Albaladejo nos explica que este código se publico por partes en el primer semestre de 1889, pero se decidió publicar una segunda edición, acompañada de su exposición de motivos, meses más tarde del mismo año. ALBALADEJO, op. cit., p. 50. " ARNAU MOYA, Federico. Derecho Civil I. El derecho privado. Derecho de la Persona. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana [Valencia]: 2003, p. 64. ALBALADEJO, op.cíf.,p. 372.
" GÓMEZ MONTORO, Ángel. "La titularidad de los derechos fundamentales por personas jurídicas: un
de fundamentación (1)". En: Revista española de derecho constitucional. Centro de estudios constitucionales. España:
2002,N°65,p.86.
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de adherirse a ellas, sin que el poder público pueda impedir esa iniciativa. Igualmente esta libertad comprende la facultad para las asociaciones, en cuanto entes independientes del grupo de personas que las forman, de realizar actividades y acrecentar sus recursos, por lo que se considera una 'libertad de grupo'.
Explica Rubio Correa —y como ya adelantáramos supra — que "la primera Constitución [peruana] que estableció el derecho de asociación fue la de 1856 30 , cuyo
artículo 28 dijo lo siguiente: 'Todos los ciudadanos tiene el derecho de asociarse pacíficamente, sea en público ó en privado, sin comprometer el orden [sic] público'. La norma fue repetida en el
artículo 29 de la Constitución de 1860 y en el 27 de la Constitución de 1867[
.]"*.
La lectura de este artículo nos permite comprobar que en esos tiempos no se tenía una delimitación precisa del derecho pues se lo confundía con el derecho de reunión 32 o incluso con el derecho de petición. Cabe indicar que tal confusión no es gratuita, pues en sistemas jurídicos como el norteamericano "El derecho a la libertad de asociación ha sido reconocido como derivado por inferencia de la protección de la expresión, de la prensa, del derecho de petición y del de reunión, efectuada por la Primera Enmienda" 34 .
Como indican los registros, el derecho de asociación tuvo una vigencia azarosa, así en la Francia revolucionaria se encontraba proscrita, esto en virtud de la denominada Ley de Le Chapelier, votada en 1791, después de una serie de huelgas en los talleres parisinos estableció la libertad de trabajo, prohibiendo a los obreros asociarse para defender sus intereses 35 .
Nuestra actual norma fundamental dispone en su artículo 2.13 que "Toda persona tiene derecho: A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa".
Por su parte nuestro Tribunal Constitucional considera que
"la libertad de asociación consiste "(
en la correspondencia de varios individuos en
una organización que establece un esquema de cooperación para alcanzar ciertos
*° Cabe recordar lo apuntado por Vidal, quien nos recuerda que "La primera Constitución europea que contempló en su articulado este derecho fue la francesa de 1848. La razón de la tardía constitucionalización del derecho de asociación estriba en el rechazo del liberalismo hacia el asociacionismo, puesto que consideraban que las asociaciones mermaban la libertad del individuo y eran fuente de conspiraciones contra el orden jurídico-político establecido. De esta argumentación es posible afirmar que en el pensamiento liberal de aquella época estaba presente el recuerdo de los cuerpos intermedios que caracterizaron el Antiguo Régimen". VIDAL MARÍN, Tomas. "El derecho de asociación", en Parlamento y Constitución. Cortes de Castilla-La Mancha —
Universidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha: 1998, N° 2, p. 198.
31 RUBIO Correa, Marcial. La constitucionalización de los derechos en el Perú del siglo XIX. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: 2003, p. 113.
Respecto a este punto Rubio Correa sostiene que "[
da la impresión que, cuando menos en la primera mitad del siglo XIX
esta diferencia no fue marcada [
][pues]
se entendía el derecho de asociación como el de reunirse en asambleas para
discutir los intereses comunes de las personas". Rubio Correa Ibidem.
33 Colmeiro, citado por Rubio Correa, indica que "El derecho de asociarse ó reunirse públicamente para discutir o deliberar acerca de los negocios políticos ó comunes á un cierto número de personas es un acto preparatorio del derecho de petición ejercido en forma colectiva, y se confunde con la libertad de imprenta en cuanto es una manera de manifestar nuestras opinionesy de concertarse para lograr su triunfo. Rubio Correa, op. cit. pp. 113-114.
34 ROSENFELD, Michel, "El nacimiento y la evolución de los derechos humanos en los Estados Unidos", en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Valencia, Valencia: 1997, N° 18/19, pp. 73/95, reproducido en Revista Investigaciones. Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Buenos Aires: 1999, N° 1, s/p. [p. 189 en el documento en formato pdf].
35 "Durante buena parte del siglo XIX existió un rechazo del derecho de asociación auspiciado, inicialmente, desde posiciones liberales. Esta situación cambió con la Constitución belga de 1831, que fue la primera en romper con estos prejuicios al incluir en su art. 20 el derecho de asociación y, a partir de ella, este derecho se recoge ya en prácticamente todos los textos constitucionales europeos". GÓMEZMONTORO, op. cit., p. 85.
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fines" [
]que
se concibe como un medio necesario para que la autonomía de las
Se entiende que el hecho de asociarse viene dado por la tendencia natural de las personas para constituir formalmente agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos de carácter no lucrativo, es decir se constituye como un instrumento de participación en la sociedad civil.
En este sentido es un instrumento para la consecución de fines lícitos a través de medios lícitos.
En efecto, así como la persona humana tiene el derecho de desarrollar libremente su actividad individual para alcanzar los medios que se ha propuesto, tiene también el atributo de unirse con algunos o muchos de sus semejantes para satisfacer los intereses comunes de carácter político, económico, religioso, gremial, deportivo o de cualquier otra índole que determinen sus conductas en mutua interferencia subjetiva 37 .
A nivel del Tribunal Constitucional se entiende que entre los principales principios que sustentan el reconocimiento y goce de este derecho se reconoce a los tres siguientes:
El principio de autonomía de la voluntad.
Esta pauta basilar plantea que la noción y pertenencia o no pertenencia a una asociación se sustentan en la determinación personal.
El principio de autoorganización.
El cual permite encauzar el cumplimiento de los fines y demás actividades derivadas de la constitución y funcionamiento de una asociación de la manera más conveniente a los intereses de las personas adscritas a ella.
En ese sentido, el estatuto de la asociación debe contener los objetivos a alcanzarse conjuntamente, los mecanismos de ingreso y egreso, la distribución de cargos y responsabilidades, las medidas de sanción, etc.
El principio de fin altruista.
Enuncia que los objetivos que permitan aunar voluntades en una misma dirección se caracterizan por el desapego a la obtención de ventajas o beneficios económicos. En ese sentido, la finalidad asociativa no puede sustentarse en la expectativa de obtención de ganancias, rentas, dividendos o cualquier otra forma de acrecentamiento patrimonial de sus integrantes.
Para tal efecto, se acredita la presunción de utilidad en torno al objetivo que nuclea la organización asociativa 38 .
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1027-2004-AA/TC, fundamento N° 1. -
ídem, fundamento N° 2.
ídem,fundamentoN°2.
•."
I QUOD
-1 0-1
3.3 Contenido esencial:
El derecho de asociación se expresa en tres aspectos:
a. El derecho de asociarse: esto es, la libertad de la persona para constituir asociaciones, así como la posibilidad de pertenecer libremente a aquellas ya constituidas, desarrollando las actividades necesarias en orden al logro de los fines propios de las mismas;
b. El derecho de no asociarse, es decir, el derecho de que nadie está obligado a formar parte de una asociación o a dejar de pertenecer a ella; y
c. La facultad de autoorganización, esto es, la posibilidad de que la asociación se dote de su propia organización 39 .
3.4 Limitaciones:
No hay discrepancia en considerar que las únicas restricciones que pueden considerarse respecto de este derecho serías las exigencias impuestas por un estado democrático, tales como la seguridad nacional, el orden público, la salud y moral públicas, y los derechos y libertades fundamentales.
Por eso nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que:
"El derecho de asociación, previsto en el inciso 13) del artículo 2 de la constitución Política del Perú, consiste en la libertad que tienen las personas para reunirse entre ellas con un objetivo en común, comprende no sólo el derecho de asociarse, sino también el derecho de establecer la organización propia del ente constituido, y la DELIMITACIÓN DE SUS FINALIDADES CON SUJECIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES" [mayúsculas y negritas añadidas] 40 ,
mientras que en otra sentencia a especificado que
"constitucionalmente es válido desglosar una serie de finalidades o imperativos que podrían justificar algunas limitaciones al disfrute efectivo del derecho de asociación, siempre con carácter excepcional y previsto en la ley; la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa de orden y la prevención del crimen, la protección de la salud o la moral, o la protección de los derechos y libertades de otros 41 .
3.5 El derecho de asociación en Argentina y España:
En Argentina sobre este derecho, denominado libertad de asociación, nos dice Badeni que se trata de "la facultad que tienen los individuos para agruparse, de manera permanente y voluntaria, con el objeto de alcanzar la finalidad licita que se han propuesto, e inclusive de fundar una entidad a tal efecto.
A igual que la libertad de reunión, la asociación es una consecuencia
39 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 4241-2004-AA/TC, fundamento 5. Expediente 3161-2004-AA, publicado en Gaceta Jurídica. La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Gaceta Jurídica. Lima: 2006, p. 129. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0009-2007- PI/TCy N° 0010-2007-PI/TC, fundamento jurídico 100.
RESTRICCIONES A LA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES EN LOS
SISTEMAS JURÍDICOS PERUANO, ARGENTINO Y ESPAÑOL.
inevitable de la condición social del hombre. Así como tiene derecho a desarrollar libremente su actividad individual para alcanzar las metas que se ha propuesto, también tiene derecho a unirse con otros individuos para satisfacer los intereses comunes políticos, económicos, religiosos, culturales, gremiales, deportivos y de toda otra índole licita que determinan sus conductas" 42 .
Ahora bien, esta libertad
de asociación está prevista
Constitución —sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860,1866,1898,1957 y
1994 — del siguiente modo:
"Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus idear por la prensa sin
censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse confines útiles; de
profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. [
Ahora bien debemos llamar la atención sobre dos aspectos de esta regulación. El primero referido a que el derecho está sujeto a reglamentación y que necesariamente ha de estar dirigido a la consecución de fines útiles.
Badeni, advierte sobre eso que "Como el concepto de fines útiles tiene carácter subjetivo, corresponde considerarlo como sinónimo de fines lícitos" 43 . Dejamos estas ideas, pues la retomaremos infra.
Mientras que en la Constitución española de 1978 44 reconoce expresamente el derecho de asociación en su artículo 22* de la siguiente forma:
"1. Se reconoce el derecho de asociación.
5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar".
Sobre este, Vidal nos dice que se trata de un "derecho público subjetivo, claro exponente de la sociabilidad natural del ser humano, es un auténtico derecho de libertad, lo que supone que tanto los poderes públicos como los particulares deberán abstenerse de
BADENI, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo I. Segunda edición. La Ley. Buenos Aires: 2006, p. 551.
43 BADENI, op. cit., p. 551.
44 Salas Murillo nos explica que el derecho de asociación forma parte del sistema jurídico español "A partir de la Revolución liberal de 1868, y especialmente con la promulgación de la Constitución de 1869 -que es la primera en proclamar "el derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana", lo que se reproducirá literalmente en la Constitución de 1876-, se impone el término "asociación", en manifestación de la libertad política a la que da nombre". SALAS MURILLO, Sofía de. Los elementos configuradores del concepto de asociación el derecho español. Memoria presentada para la colación del título de Doctor ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, marzo de 1998, p. 27.
45 Es necesario indicar que Vidal Marín nos precisa que "la regulación del fenómeno asociativo no se agota en lo dispuesto en el artículo 22. La propia CE [constitución española], en varios de sus preceptos, contempla expresamente una pluralidad de entes de naturaleza asociativa, tales como partidos políticos (art. 6), sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales (art. 7), las confesiones religiosas (art. 16), etc. Y lo dispuesto en el artículo 22 de la CE es de aplicación a todas estas modalidades asociativas, sin perjuicio de las especialidades de régimen jurídico que para las mismas establezcan los mencionados preceptos constitucionales". VIDALMARÍN, op. cit, p. 196.
ÍOO
realizar cualquier acto que impida o dificulte el ejercicio del mismo" 46 .
Sobre esta regulación cabe llamar la atención el hecho que el dispositivo constitucional sirve de marco para las leyes orgánicas que en número de tres han regido el derecho bajo estudio a lo largo de la historia de Espafta. Más adelante estudiaremos la parte pertinente de la ley de asociaciones vigente.
LA ASOCIACIÓN CIVIL:
"La persona jurídica, especialmente la de derecho privado, luego de sufrir toda clase de teorizaciones ha terminado por ser siendo analizada lisa y llanamente como instrumento jurídico:
un medio que el derecho otorga a los particulares para una actuación conjunta o asociada"
Jorge Mosset
Iturraspe 47
Habiendo revisado la consagración del derecho de asociación en las constituciones peruana, argentina y española 48 , veamos ahora como se ha regulado éste en las leyes civiles de cada país.
4.1 Concepto y elementos de la asociación: a. Perú
Como ya adelantáramos, supra, el Código Civil de 1936 es el primero que regula a las asociaciones, en este tiempo Barandiarán nos dice al respecto que "la asociación no puede constitutivamente tener como su fin esencial o principal uno económico. Por eso se dice que las asociaciones tienen un fin desinteresado. De ahí la necesidad de que indique con precisión en el acto constitutivo el fin de la persona jurídica" 49 .
A diferencia del Código Civil indicado, el vigente de 1984, si ofrece una definición de la asociación, pues en su artículo 80 prescribe que esta persona jurídica es
"una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo".
Tiene como elementos configuradores:
Pluralidad de miembros.
46 VIDAL MARÍN, op.ci't.,p. 197.
47 Citado por BORDA, Guillermo. "La doctrina del disregard
en materia de asociaciones y fundaciones. Estado
actual de la cuestión". En: Revista Latinoamericana de Derecho. Rubinzal Culzoni - Universidad Nacional Autónoma de México. D.F.: 2005, p. 59. Es necesario indicar que al referirnos al sistema jurídico español lo hacemos refiriéndonos a las normas nacionales, pues
consideramos ajeno al objeto del presente trabajo ocuparnos de las peculiaridades de las legislaciones ferales.
49 LEÓN BARANDIARÁN, op.cíí.,p. 136.
J-O^t
Un fin posible, lícito y determinado.
• Cumplimiento de las formalidades exigidas por ley.
. De estas características de la asociación, como expresión del derecho de asociación, se ha precisado que es un atributo de las personas naturales o jurídicas, que implica una acción de juntamiento con carácter estable, según la naturaleza del acto asociativo; y sobre todo implica "Operatividad institucional conforme a la propia organización del entre creado por el acto asociativo; la cual [sic], si bien se establece conforme a la voluntad de los asociados, debe sujetarse al marco de la Constitución y las leyes, las que, respetando el contenido esencial del tal derecho, lo desarrollany regulan" 50 .
Como se puede observar se consagra el derecho fundamental a establecer asociaciones, determinar sus fines y estructurar su organización, pero éstos, la persona jurídica, sus fines y organización debe establecerse de acuerdo a lo que la legislación nacional permite. Por eso Aliaga nos dice que "El ordenamiento jurídico faculta a las personas que se asocian a 'autorregular' su organización dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico a través del estatuto (artículo 82 del Código Civil)" 51 . En el mismo sentido, Borda considera que "Las personas jurídicas y las asociaciones en general no están fuera sino dentro del orden jurídico positivo de un Estado. Sus actividades deben ser conforme a las leyes y a los estatutos; esta regla no sólo se aplica a las relaciones de la entidad con terceros" 52 .
En conclusión, la configuración
de toda asociación debe respetar los
límites que imponen la Constitución y las leyes peruanas.
El Código Civil argentino se encarga de ofrecer una definición genérica del derecho de asociación en su artículo 33 que reza de la siguiente forma:
"las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público:
I o ) El Estado nacional, las provincias y los municipios. 2 o ) Las entidades autárquicas.
3 o ) LalglesiaCatólica. Tienen carácter privado:
I o ) Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.
2°) Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, aunque
requieran autorización expresa del Estado para funcionar".
Expediente N° 1027- 2004-AA.
51 ALIAGA HUARIPATA, Luis Alberto. "Las asociaciones y su configuración actual". En: Diálogo con la
Jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Lima: 2007, N° 100, p. 128.
BORDA, Guillermo. Manual de Derecho Civil. Parte General. Decimoctava Edición. Editorial Perrot. Bs.As.1996, p.
-, or-
Santos Cifuentes nos dice que "En sentido estricto y con relación a un tipo especial de personas jurídicas, son asociaciones las uniones de individuos con un fin común altruista, o sea, sin reparto de ganancias entre los miembros aunque sus actividades produzcan bienes económicos. Se caracterizan por el objeto no lucrativo que persiguen, y porque están compuestas por miembros o personas directamente interesadas que se benefician y asumen la conducción de la asociación" 53 .
Como se puede observar en Argentina no existe una regulación específica de estas entidades, sólo algunas normas aisladas (arts. 38 a 40,45 y 50 del su Código Civil). Todo su régimen legal ha sido estructurado en nuestro país - dice Cifuentes, "a través de la costumbre, la jurisprudencia y las normas reglamentarias que dictan los poderes ejecutivos locales por medio de los organismos de contralor, por ejemplo, la Inspección General de Justicia" 54 .
Comentando el indicado artículo Crovi nos dice que las características constitutivas de la asociación son "fin no lucrativo, objeto de bien común, autorización estatal, patrimonio propio y posibilidad de subsistir sin depender de subsidios estatales" 55 .
Teniendo en cuenta la diversidad de necesidades no lucrativas que tiene el ser humano, queda a la vista la importancia de estas uniones por medio de las cuales se persiguen objetos altruistas de toda índole, así intelectuales, religiosos, científico, literarios, gremiales, de estudio, de apoyo mutuo, deportivo, de entretenimiento en general, etcétera.
Un dato a destacar de la legislación argentina es que reconoce una clasificación de las asociaciones. Así existen tres clases de uniones de individuos con fines no lucrativos, en las cuales se ponen esfuerzos comunes para lograrlos:
funcionar, comúnmente consideradas como personas jurídicas. En este caso se requieren las siguientes condiciones:
- Tener como principal objeto el bien común, o sea, un fin de beneficio general —este punto es explicado en el siguiente apartado—.
- Concurre con esa condición la de tener un patrimonio propio 56 .
- Por eso, además, deben ser capaces por sus estatutos de adquirir bienes, sin lo cual no podrían lograr el atributo del patrimonio propio.
- Finalmente, deben contar con la autorización del Estado para poder funcionar. • Las simples asociaciones, constituidas por instrumento público, que también son sujetos de derecho, están reguladas por el artículo 46 que indica
"Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaáones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los
CIFUENTES, op.cif.,p. 239.
54 CIFUENTES, op.cít.,p. 239.
55 CROVI, Luis Daniel. Comentario al articulo 33 en Código Civil Comentado: doctrina, jurisprudencia,
bibliografía. Tomo I. Julio César Rivera [Director]. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe: 2004, p. 122.
Bastaría que contaran con los medios necesarios para obtener bienes patrimoniales con que cumplir el objeto enderezado al bien común, es decir, que sean capaces de conseguir los bienes necesarios.
QU0D
la asociaáón y
administradores asumen
responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refierelas normas dela sociedad civil".
Es importante destacar que cuando se respeta la formalidad del instrumento público o privado certificado por escribano, la persona de existencia ideal tiene similar capacidad que las asociaciones con personería, excepto el derecho de adquirir bienes por herencia, legado o donación. La responsabilidad por hechos ilícitos también es igual.
La diferencia más importante es con respecto a la responsabilidad frente a otras personas, por las deudas contraídas en los negocios. Las asociaciones autorizadas por el Estado responden con exclusión de los fundadores, administradores y miembros, que no tienen que pagar esas deudas de su peculio. En cambio, las simples asociaciones también responden en primer término, pero si sus bienes no bastan, el acreedor puede cobrarse del patrimonio de los fundadores, administradores y asociados, aunque mancomunadamente, es decir, por la parte que a cada uno le corresponde en la asociación. La responsabilidad, pues, de las simples asociaciones es subsidiaria, accesoria y mancomunada (arts. 1713, 1714,1747 y 1750, Cód. Civil) 57 .
• Las meras uniones de personas, constituidas a través de instrumento privado, que no llegan a constituir una persona de existencia ideal. En este caso los fundadores y miembros responden solidariamente en forma personal, porque al no haber sujeto de derecho independiente, los acreedores pueden exigir el todo a cualquiera de ellos.
A diferencia del nuestro sistema jurídico y del argentino, el Código Civil español no prescribe mayor regulación respecto de las asociaciones sino que a lo largo de su historia ha destinado leyes especiales 58 para su normación, que se enmarcan dentro de la regulación que las Constituciones 59 y el Código Civil españoles han prescrito.
CIFUENTES, op. m'r.,p. 242. En la exposición de motivos al indicarse lo que a continuación se glosa se estaría explicando por qué de la regulación específica: "Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social de la Unión Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la importancia que tienen las asociaciones para la conservación de la democracia. Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas déla sociedad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad cultural.
En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el derecho de asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, que deriva directamente de la configuración de nuestro Estado como social y democrático de derecho. Es en este marco legislativo donde la tarea asignada a los poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales está llamada a encontrar su principal expresión. Esta filosofía impregna toda la norma, ya que uno de los instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia de un asociacionismo vigoroso. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema". Exposición de motivos de la Ley Orgánica N° 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Madrid: martes 26 de marzo de 2002, p. 11981.
VéaseelapartadotituladoElderechodeasociaciónenArgentinayEspaña,supra.
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La primera de esas leyes data del 30 de junio de 1887, en dicha ley se consideraba que asociación es "toda agrupación de seres humanos con un finalidad común". Posteriormente se dictó la Ley de asociaciones de 1964 se opta por otra definición a saber "en sentido general es la agrupación orgánica de naturaleza infrasoberana y privada, de varios hombres, dirigida al logro de un bien" 60 .
Actualmente se encuentra vigente la Ley 1/2002, reguladora del derecho de Asociación 61 que —al igual que el Código Civil español reseñado a continuación— no conceptúa a la asociación. La ley indica que su ámbito de aplicación se circunscribe a "todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico".
Por su parte el artículo 35 del Código Civil prescribe:
Las corporaciones 62 , asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.
empieza desde el instante mismo
en que, con arreglo
a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.
Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
Como se puede observar de esté artículo no quedan claros los criterios de diferenciación de las asociación con las otras figuras jurídicas. Por eso Salas nos dice que "La extremada parquedad de la regulación del Código hace muy difícil encontrar en el mismo un fundamento para diferenciar las especies de personas jurídicas, lo que hace forzoso acudir a la doctrina, en busca de una interpretación que supere la difusa terminología usada por el Derecho positivo" 63 .
En ese sentido la autora indicada nos dice, citando a varios juristas
españoles que
"los elementos de esta concepción amplia
una pluralidad de personas
en unión organizada 64
para un fin determinado -y se presupone que lícito- común a todas
ellas" 65 .
60 Ambas definiciones han sido extraídas de SALAS MURILLO, op. cit., p. 2.
61 Publicada en el Boletín Oficial del Estado. Madrid: martes 2$ de marzo de 2002, pp. 11981-11991. Contra lo que parecería indicar el artículo, Albaladejo aclarn que "No son, pues, las corporaciones un tercer tipo de persona jurídica, aunque la ley, en ocasiones, se exprese de forma qiie parece darlo a entender". La diferencia entre ellas consistiría en que "las asociaciones que se llaman corporaciones suelen crearse, o al menos ser reconocidas (si ya existía anteriormente un ente u organización), por leyes (o, más exactamente, por disposiciones estatales) especiales dictadas con ese objeto; mientras que las demás asociaciones nacen simplemente por un acto constitutivo celebrado -a tenor de la ley general que corresponda, según la clase de asociación de que se trate- por particulares (p. ej., los asociados, en el establecimiento de una entidad o centro cultural)".
ALBALADEJO, op. cit, p. 383.
SALAS MURILLO,op.cíf.,p. 10.
64 Esta organización deberá estar contenida en el acta fundacional [art. 6 de la ley 1/2002] que contiene, entre otros datos, el Estatuto; que a su vez, deberá contener como mínimo "con rnás o menos detalles, lo relativo a extremos como los siguientes: 1.0, la forma de actuar para conseguir el fin; 2,°, los actos a que la asociación se dedicará normalmente; 3, 0 , los órganos sociales (así, asamblea de miembros, junta directiva, presidente) deliberantes y ejecutivos, de formación de la voluntad social y de exteriorización de la misma frente a terceros, así como su competenciay atribuciones; 4°, los derechos y deberes de los miembros, y el régimen de ingreso y salida (renuricia., expulsión, etcétera); 5
el domicilio de la entidad; 6° el
patrimonio de la misma, su administración y empleo, y su destino en caso de disolución; 7, 0 , las causas de ésta, etc.".
ALBALADEJO, op. cit., p. 398.
Finalidad de las asociaciones:
Al tratar sobre la noción de persona jurídica en los sistemas jurídicos que estudiamos indicamos que la importancia de esta creación jurídica ha devenido en instrumento de consecución de objetivos que no siempre se pueden conseguir individualmente o de forma desorganizado, por ello el fin al que está orientado cada asociación nos indica si este debe ser amparado por el Derecho, como veremos al estudiar este apartado y el siguiente.
Respecto del Código Civil de 1936, su más importante comentarista, el doctor Barandiarán nos decía, "El fin de la asociación es inexcusable que aparezca como dato constitutivo en el estatuto, pues ello justifica la creación del ente. La finalidad ha de ser, de un lado, determinada (la especialización del fin) y, de otro, ha de ser declarada expresamente. No puede ser esta finalidad adventicia ni ocasional, sino permanente, en cuanto es consubstancial con la existencia de la asociación. Naturalmente, el fin no ha de ser ilícito, legalmente prohibido o imposible. No hay otro veto en cuanto al fin propio de la asociación" 66 .
Aliaga Huaripata — hablando ya del actual Código material — precisa que "Conforme a la 'teoría tridimensional del derecho', adoptada por el legislador en esta materia [se refiere a la definición de la asociación], la persona jurídica constituye una organización de personas que se asocia en la búsqueda de un fin valioso y que cumple con la formalidad de la inscripción en el Registro, de donde surgen dos centros de imputación de derechos y deberes distintos, la persona jurídica y los miembros considerados individualmente; en efecto, en la persona jurídica pueden encontrarse los siguientes elementos: conducta humana ínter subjetiva, es decir, una organización de personas individuales que constituye su sustrato material, valores jurídicos, traducido en la búsqueda de fines colectivos valiosos no lucrativos y normas jurídicas, esto es el cumplimiento de la formalidad de la inscripción que genera la reducción de una pluralidad de personas individuales a la singularidad de la persona jurídica; por ello se ha afirmado que, la categoría de persona jurídica, al tener nexo y dependencia de las personas naturales que la conforman, se ha dicho constituye jurídicamente hablando una sola persona, ontológicamente, un grupo de seres humanos y valorativamente, una unidad de fines" 67 .
Fernández Sessarego sostiene que son "los fines valiosos que las caracterizan y le otorgan sentido" a las personas jurídicas 68 . En tal sentido, "La finalidad prevista debe ser el realizar cualquier actividad en común que no tenga como propósito el lucro. En este sentido es posible imaginar cualquier finalidad lícita, que no atente contra el orden público o las buenas costumbres y se ajuste a la naturaleza misma de la asociación" 69 .
SALASMURILLO,op.cíí.,p.3.
LEÓNBARANDIARÁN,op.cit.,p.l36.
ALIAGA HUARIPATA, p. 128. Como se sabe el autor del Libro primero del Código Civil de 1984 es Carlos Fernández Sessarego quien ratifica lo indicado por el autor anterior, así ha precisado que "la regulación de las personas jurídicas en el Código Civil de 1984 responde a una concepción tridimensional del Derecho la que, en términos generales, subyace a través del articulado de todo el Libro Primero".
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las personas. Séptima edición. Grijley. Lima: 1998, p. 185.
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Derecho de las personas, p. 205.
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Castillo Delgado dice al respecto que "quienes decidan asociarse pueden optar por cualesquiera de las actividades permitidas por la ley"
En conclusión toda asociación puede fijar como fines propios cualquier actividad, siempre que estos no sean contrarios a lo ordenado por la Constitución [artículo 2.24.a de la Constitución y en aplicación de la teoría de la constitución como norma], además se debe considerar las buenas costumbres y a las normas de orden público, esto conforme al artículo V del Código Civil que dispone que "Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres".
Cuando se habla de fines valiosos puede equiparase este concepto al sentido de lo útil, es decir, debe entenderse como aquello que satisface o gratifica espiritualmente; de tal forma que la noción de utilidad viene de sujeto a sujeto, por lo cual pueden existir asociaciones de la más diversa índole.
La Constitución y el Código Civil de este país se limitan a reconocer la libertad de asociación con fines útiles 71 , entendiéndose por tales todos aquellos que coadyuvan al bienestar y progreso, individual o social, dentro de los fines y propósitos enunciados por la Ley Fundamental. Esto significa que la calificación del fin útil que puede realizar la autoridad debe ceñirse estrictamente a los propósitos resultantes de la Constitución y, en particular, a la clausula del art. 19 en orden a la licitud.
Intentando brindar algunos parámetros para entender la frase 'fines útiles, Badeni nos indica que "En principio, cabe presumir que toda finalidad asignada por los individuos a una asociación es constitucionalmente útil, salvo prueba en contrario respecto de aquellos casos en que su contenido o procedimiento para su concreción resulten manifiestamente incompatibles con los principios constitucionales" 72 .
En sentido contrario explica Cifuentes, que fin útil "no es igual a objeto lícito, pues la exigencia sobrepasa la idea de que el objeto no sea contrario al orden jurídico, requiriendo que, además, reporte una utilidad social. Hay que interpretar ampliamente esta exigencia del fin u objeto, pues podría comprender casos de entidades con fines egoístas en lo inmediato (p.ej., reparto de beneficios a sus miembros), siempre que mediata o indirectamente al menos, se produzca un beneficio general" 73 .
En el casó hispano el artículo 35 de su Código Civil ya reseñado nos indica que la asociación deberá estar orientada hacia la consecución de un interés público, no lucrativo —lo que evidentemente no significa que están impedidas de realizar actividades económicas — .
Por su parte la Ley 1/2002 en su artículo 2.1 prescribe que
70 CASTILLO DELGADO, Gastón y otros. Código Civil comentado por los loo mejores especialistas. Gaceta Jurídica. Lima: 2003, tomo I, p. 404.
71 Crovi indica que la mente de este requisitos se encuentra en el art. 276 del Esbogo de Freitas que lo exigía sólo para las fundaciones); op. cit., p. 123.
71 BADENI, op. cit., p. 552.
73 CIFUENTES, op.czr.,p. 242.
1 " U
Q U0D
"Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de
fines lícitos".
Por ello Salas nos dice que " La unión de personas, la vinculación que entre ellas se produce y la organización creada al constituir una asociación, se realiza en atención a un fin lícito común a las partes. Es decir, en el concepto "asociación" se puede apreciar claramente un elemento teleológico. No es tan importante la constitución de la asociación en sí misma como aquello para lo que se constituye" 74 .
Ahora bien, qué entendemos por lícito. Salas nos propone que cuando se habla que los fines y las actividades para su consecución han de ser lícitos, estamos refiriéndonos tanto a las normas penales como civiles. Prueba de ello el artículo 2.4 de la ley ya citada prescribe "La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la presente Ley Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico" 75 . ¡a
Respecto a las normas civiles, los fines y las actividades de la asociación tienen que respetar las de carácter imperativo: desde las que protegen los derechos de la personalidad de otras personas y de sus propios miembros, hasta las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia, para la actividad económica que en su caso, pueda desplegar la asociación.
Otras características a tomar en cuenta se refieren a que el fin perseguido por la persona jurídica ha de ser posible 76 —la posibilidad la requiere el simple sentido común]— y determinado —cuando no exista duda respecto a las actividades que, efectivamente, se propone desarrollar, según se deduzca de los estatutos y de las cláusulas del acta fundacional— 77 .
Se debe aftadir permanente, esto quiere decir que no es preciso que se trate de fines perpetuos, ni aun de cierta permanencia; pudiendo consistir en algo cuyo proceso de consecución no sea ni siquiera largo. Ahora bien, sin duda no debe tratarse de un objetivo tan fugaz que vaya contra el mínimum de estabilidad que, por pura lógica, presupone la creación del ser jurídico que es la persona.
Reuniendo los caracteres antedichos, el fin puede ser de cualquier índole:
cultural, religioso, artístico, científico, de lucro, etc. Y puede ser, también, uno o plural 78 .
74 SALAS MURILLO, op.cfr.,p. 110.
75 La misma Salas nos explicaba que unos y otras —fines y actividades— no han de ser constitutivos de ninguno de los delitos o faltas tipificados en el Código penal -L.0. 10/1995, de 23 de noviembre, cuyo art. 515 proclama que "Son punibles las
asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: I o Las
o, después
constituidas, promuevan su comisión; 2° Las bandas armadas,
terroristas;
3" Las
teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su
paramilitar;
5 0 Las que promuevan
la discriminación,
consecución; 4 0 Las organizaciones de carácter violencia contra personas, grupos o asociaciones
por razón de su ideología,
o creencias,
miembros o de alguno de ellos auna etnia, raza o nación, su sexo, su orientación sexual, situación familiar, enfermedad o
minusvalia, o inciten a ello".
SALAS MURILLO, op. cit, p. 122.
76 ALBALADEJO,op.ci'í.,p.392. x
77 Los fines tienen que ser necesariamente determinados, y por eso no cabe, en mi opinión, entregar los fines a una resolución posterior de los asociados sino que, en los Estatutos que se aprueban en el acto de constitución deben estar ya fijados. Tampoco cabe fijarlos de modo indirecto, es decir, de forma que hayan de deducirse del contexto del resto de las estipulaciones, por las razones de seguridad jurídica aludidas SALAS MURILLO, op. cit.,p. 125.
78 ALBALADEJO,op.c/t.,p.393.
~t Q 1
Formas de atribución de personalidad a las asociaciones:
Explica Albaladejo
genéricas de atribución de
personalidad jurídicas a los entes como las asociaciones
• "Que el Derecho establezca que, dándose determinadas circunstancias, adquiere automáticamente -ipso iure ipsoquefacto- personalidad jurídica, la entidad que las reúna. Se puede hablar entonces de reconocimiento genérico hecho por EL DERECHO [sic]" 79 .
Dentro de esta clase de reconocimiento
—siempre siguiendo al autor
español — se considera que se distinguen dos subclases:
- Reconocimiento por libre constitución. Cuando la personalidad se otorga por el simple hecho de constituirse el ente.
- Reconocimiento llamado por disposiciones normativas* 0 . Se da éste, cuando la personalidad se otorga en el momento en el que, llenando la entidad de que se trate los requisitos determinados en la ley, ello es atestiguado por un acto de autoridad (generalmente mediante la inscripción en un Registro oficial previo examen por la autoridad de que se trata, de si aquéllos se cumplieron).
- La otra forma consiste en que "Que el Derecho establezca que para atribuir la personalidad jurídica se requiere una decisión de los poderes públicos, que la confieran singular y específicamente en cada caso a la entidad de que se trate. Se puede hablar, entonces, de reconocimiento específico o de concesión -caso por caso- del reconocimiento, hecha POR EL ESTADO [sic]" s \
En nuestro país el Código Civil dispone en su artículo 77 que "la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo distinta en la ley" 82 .
El registro al que se refiere esta norma no es otro que el registro de personas jurídicas de las diferentes oficinas de la Superintendencia de los Registro Públicos. En este registro se inscriben las constituciones, modificaciones al estatuto, nombramiento de administradores y representantes, disolución y liquidación; etc. (art.
ALBALADEJO, op.cir.,p. 388.
80 "Conviene que queden bien claras dos cosas: Una, que el sistema de atribución de la personalidad por disposiciones normativas es perfectamente distinto teórica y prácticamente del de atribución por Concesión, pues en éste la personalidad la confiere el acto (concesivo) del poder público, y, en aquél, la intervención de la autoridad u organismo no es para conceder nada, sino que es el último hecho que unido a los demás que la ley requiera, forma con ellos un supuesto de hecho complejo, que, realizándose, tiene como efecto automático la atribución de la personalidad.
ALBALADEJO, op. cit, pp. 389-390.
La concesión puede verificarse en diversas formas, que varían, no sólo de Derecho a Derecho, sino incluso dentro de uno mismo, según la importancia, clase, etc., de la entidad de que se trate: así, concesión mediante ley, decreto, acto
administrativo, etc. ALBALADEJO, op. cit, p. 388. Indudablemente desconocemos la existencia de las personas jurídicas no inscritas, pero la presente monografía no se ocupa de ellas pues centra su atención en las inscritas.
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2025 del CC).
Ahora bien, hasta antes de la dación del Decreto Supremo N° 004-2008- MIMDES, los registradores debían velar porque el estatuto de la asociación indique lo exigido en el Art. 82 del código y se presenten los libros padrón, de actas de sesiones de asamblea general y de consejo directivo. Amén de velar porque la finalidad de la persona jurídica sea lícita, conforme explicamos en el apartado anterior.
Ahora, como consecuencia del decreto supremo indicado también deberán verificar que en los estatutos no se restringa la participación de miembros de ambos sexos, este es el punto que abordamos a continuación y que no siempre resultaría razonable en todos los casos.
En el país del Río de la Plata el Código Civil en su artículo 45 prescribe que
"Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el Gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte "^
religiosa".
Entonces las asociaciones deben ser autorizadas por el Poder Ejecutivo a fin de obtener la personería jurídica. Toca a las provincias, según el domicilio de la entidad, ejercer esa atribución.
La autorización implica una verificación de los fines de la entidad, ejerciéndose como facultad gubernativa discrecional, facultad que es ejercida por la Inspección General de Justicia 83 , ente que debe aprobar los estatutos, pues lo contrario significa que no se concede la autorización.
Cifuentes observa que "Por medio de la imprescindible autorización para funcionar, emitida la aprobación del estatuto y de sus reformas, se advierte la intervención y vigilancia que corresponde a la autoridad administrativa en el nacimiento y vida de las instituciones privadas. Esa actuación es propia del poder administrador, por lo cual tiene carácter discrecional, pero no puede ser arbitraria 84 ".
Como veremos infra, esa verificación que realiza la Inspección General de Justicia no siempre ha sido acatada pacíficamente y se han discutido judicialmente no pocos casos.
81 La Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tiene a su cargo el Registro Público de Comercio y los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son sus facultades registrar la inscripción de las sociedades comerciales que se constituyen en el ámbito de la Capital Federal, así como también otorgar personería jurídica a las entidades civiles que así lo soliciten. En ejercicio de sus funciones regístrales, la Inspección General de Justicia inscribe en la matricula a los comerciantes y auxiliares de comercio. Asimismo tiene competencia de fiscalización de las sociedades comerciales, de las sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente, de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro, de las asociaciones civiles y de las fundaciones.
84 CIFUENTES, op.cif.,p. 238
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En esta parte de la península ibérica, según nos cuenta Salas, "La Constitución española de 6 de diciembre de 1978 contiene - como la generalidad de las Constituciones democráticas-, en su art. 22, un explícito reconocimiento del derecho de asociación, que constituye un hito en la evolución de su regulación jurídica, fundamentalmente por la abolición de la autorización administrativa como requisito sine qua non para la existencia de la asociación 85 : por ello este requisito no forma parte del concepto actual de asociación" 86 .
En este orden de ideas es que la ley 1/2002 explica en su exposición de
motivos que:
"Del contenido del artículo 22.3 de la Constitución se deriva que la Administración carece, al gestionar los Registros, de facultades que pudieran entrañar un control material de legalización o reconocimiento 87 .
Por ello, se regula el procedimiento de inscripción en los límites constitucionales mencionados, estableciéndose la inscripción por silencio positivo en coherencia con el hecho de tratarse del ejercicio de un derecho Fundamental", [negritas del autor]
Entonces en su artículo 5.2 dispone que:
"El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado. Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del artículo 10";
el artículo 10 indicado se refiere a la responsabilidad frente a terceros por deudas de la asociación no inscrita de la siguiente forma:
"1. Las asociaciones reguladas en la presente Ley deberán inscribirse en el correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad.
85 En otro pasaje de su obra Salas nos explica que "La asociación ha sido, a lo largo de la Historia, frecuentemente politizada y por ello considerada como un peligro para el poder establecido. Ello ha propiciado que el Legislador haya actuado respecto a ella, generalmente, en sentido restrictivo. Así como las sociedades cuyo fin es la ganancia, durante mucho tiempo, eran consideradas como dignas de confianza y favor, y por ello, su regulación se entregaba a la autonomía de la voluntad, las asociaciones se estimaban como una potencial (o real) amenaza y se consideraba necesario someterlas a un régimen de especial vigilancia. Este comportó que el Legislador, durante mucho tiempo, se centrara mas en el propósito de controlarlas que en el de establecer una auténtica regulación". SALAS MURILLO, op. cíf., p. 4, nota 12. Comentarios que deben sumarse a la situación que se produjo en Francia, descrita en el apartado titulado delimitación conceptual del derecho de asociación, supra.
86 SALAS MURILLO, op.c¡'t.,p. 11.
87 Una de las características que se resalta en esta exposición de motivos es el referido a la interferencia del Estado. Así se resalta que la ley "recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro correspondiente; para establecer su propia organización en el marco de la Ley; para la realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la legislación sectorial específica; y, finalmente, para no sufrir interferencia alguna de las Administraciones, como tan rotundamente plasma el apartado 4 del artículo 22 de la Constitución, salvo la que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros valores, derechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección al mismo tiempo y nivel que el derecho de asociación". Exposición de motivos de la Ley Orgánica N° 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Madrid: martes 26 de marzo de 2002, p. 11982.
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Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas, a efectos de la inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta de la misma.
4. Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación, los promotores de asociaciones no inscritas responderán, personal y solidariamente, de las obligaciones contraídas con terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros, siempre que hubieran manifestado actuar en nombre de la asociación" 88 .
Albaladejo considera que en España, en lo relativo a la forma de atribución de personalidad jurídica de las asociaciones, se aplica "como regla, el de libre constitución, aunque con tantas excepciones y tan amplias, en las que se acoge el de disposiciones normativas, que éste en la práctica tiene muchísima más importancia que el otro" 89 .
4.4 Restricciones a la constitución o subsistencia de
asociaciones en
derechos peruano, argentino y español: jurisprudencia.
Luego de haber revisado las normas que regulan la constitución de asociaciones en los sistemas jurídicos de los países indicados revisemos algunos casos en los que se han puesto a prueba la racionalidad y legitimidad de las estipulaciones legislativas, o como sucede en nuestro caso, el conflicto recién puede presentarse.
Como se ha explicado al inicio de este trabajo el decreto supremo del MIMDES ya reseñado en la introducción del presente trabajo se ha expedido con la finalidad de evitar que las personas jurídicas de derecho privado puedan integrarse únicamente con miembros varones, esto es, con la finalidad de combatir la discriminación contra la mujer 90 .
Y es que en nuestro país existen una serie de asociaciones que contemplan que pueden ser integrados únicamente por varones 91 como es el caso de las siguientes
En contraposición a esta disposición, el articulo 15 prescribe que "1. Las asociaciones inscritas responden de sus
obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. 2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la
asociación. [
Da como ejemplos el caso de las personas tipo asociación, el de las sociedades mercantiles, etc. ALBALADEJO, op. cit., p. 390. Se entiende por discriminación a toda diferenciación que quepa calificar de arbitraria o carente de una justificación razonable, por lo que la idea de discriminación está íntimamente vinculada con el concepto de igualdad. Ahora bien, lo que prohibe el principio de igualdad es las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivosy razonables, según juicios de valor generalmente aceptados. En otras palabras, la idea de igualdad sirve para determinar razonable y no arbitrariamente, qué grado de desigualdad jurídica de trato entre dos o más sujetos es tolerable, Es por ello, constructivamente, una técnica de control. La igualdad es un criterio que mide el grado de desigualdad jurídicamente admisible. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionales a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. La igualdad no puede entenderse como una obligación de que todos los individuos sean tratados exactamente de la misma manera (igualdad no es identidad), ni tampoco, por el contrario, puede permitir toda diferenciación (en cuyo caso se disolvería la misma idea de igualdad). El principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone Y es que no debemos olvidar que en cuanto a la asociación en sí, esta cuenta, según explica nuestro Tribunal
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- Club Nacional: La asociación Club Nacional se ha constituido el 19 de octubre de
1955 92 y
tiene como finalidad desarrollar actividades de carácter cultural, social y deportivo facilitando a sus miembros el uso de sus instalaciones y brindándoles los servicios que le permitan cumplir adecuadamente sus fines".
Ahora bien, aunque su estatuto no lo indique literalmente sólo se permite t .; estar integrado por varones pues el íntegro de sus normas están redactadas en masculino.
Esta asociación tiene un carácter elitista y tiene trascendencia en la vida social en nuestro país. Hasta donde se tiene conocimiento esta asociación no ha realizado ningún trámite para adecuar sus estatutos a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2008-iVnMDES.
Club Regatas:
El acta de fundación del Club Regatas Lima está fechada el 26 de 1875 y estuvo integrada originalmente por 6 miembros, su fin primigenio era el iniciar el cultivo del deporte de remo en nuestro país, organizar regatas y constituirse en un "ameno centro de centro de personas de buen tono".
El estatuto del Club indica en su artículo primero que es una "asociación no lucrativa que tiene por objeto promover y desarrollar entre sus asociados, actividades culturales y deportivas, principalmente las náuticas, y en particular el remo"
En forma similar al cado del Club Nacional, en el Regatas al estructurar las normas aplicables a los asociados no se indica literalmente que sólo estará integrado por "socios", y en todo el texto del estatuto se mantiene la designación en masculino, por lo que cuando se otorga algún derecho a alguna mujer, solo se la considera como esposa, viuda o hija de asociado.
Entonces, dado que hasta hace poco las mujeres no podía ser sodas de este Club, por Asamblea General Extraordinaria de Socios de fecha 25 de mayo
Constitucional, con los dos atributos siguientes:
a. La prerrogativa de la no admisión: La doctrina y el derecho positivo establecen que, bajo determinadas condiciones de razonabilidad y de no discriminación, puede considerarse como legal que no se acepte la incorporación de una persona al seno de una asociación. Respecto de este punto resalta Bermejo que "El contenido esencial del derecho fundamental de asociación está simbolizado —pero no en exclusiva— en las potestad de autoorganización de la Asociación, una de cuyas manifestaciones más ostensibles es la fijación de las condiciones y requisitos de acceso a nuevos socios. [BERMEJO VERA, op. cit., p. 131.] Este aspecto está relacionado a la importancia de la finalidad de toda asociación pues no "Hay [
asociaciones que
requieren del afectio sociétatis, o una confianza mutua o cualidades determinadas, o compartir ciertos fines comunes, que hacen absolutamente plausibles la exclusión de ciertos candidatos". [BERMEJO VERA, [ídem] Es evidente que dicha prerrogativa tiene alcances residuales, por cuanto las razones de no admisión jamás podrán ampararse en el desconocimiento del principio de dignidad de las personas, así como tampoco en condiciones no explicitadas en los objetivos de la asociación.
b. La prerrogativa de la separación: Asimismo, doctrina y el derecho positivo establecen que en observancia del debido proceso y el principio de legalidad, cabe la posibilidad de apartar de la asociación a uno de sus miembros. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, en la Sentencia 218/88, estableció lo siguiente: "( ...)
Y en cuanto la asociación no sólo crea un vínculo jurídico entre los socios sino también una solidaridad moral,
basada en la confianza recíproca y en la adhesión a los fines asociativos; no puede descartarse que los estatutos puedan establecer como causa de expulsión una conducta que la propia asociación, cuya voluntad se expresa por los acuerdos de
... Los datos aqui consignados han sido extraídos de la ficha registral N° 01782037 correspondiente al Registro de Personas
sus órganos rectores, valore como lesiva alos intereses sociales [
Jurídicas de Lima.
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de 2008 se ha acordado modificar los estatutos posibilitar que las féminas, que cumplan con los otros requisitos de admisión, puedan integrar este Club con todos los derechos y obligaciones de socio permanente.
- Logia Masónica del Perú:
Los masones o francmasones conforman una sociedad'* 3 iniciátíca que se conoce con el nombre de Gran Logia, se trata de una organización de muy larga data pues se entiende que se inició en la Edad Media y es poseedora de una historia azarosa, que no es el caso detallar'* 4 , e incluso es de conocimiento que sus miembros deben guardar absoluto secreto respecto a todo lo concerniente a su organización.
También se sabe que se organizan por logias pertenecientes a cada país, en el nuestro funciona la Gran Logia Constitucional de los Antiguos, libres y aceptados Masones del Perú, que en la parte denominada Declaración de Principios de su Constitución de la Orden indican que su objeto es "el perfeccionamiento moral e intelectual de sus adeptos".
En suma se trata de una asociación 95 "esencialmente fraternal y una escuela de superación espiritual" que entre otras actividades ejercen la beneficencia sin ostentación, como un imperativo de solidaridad social y propenden al bienestar y progreso de la humanidad.
En fin, como toda sociedad iniciática, cuenta entre sus miembros únicamente a hombres y está vedado el ingreso a cualquier mujer o no iniciado, por lo que la situación que se origina respecto a la conformación tradicional de la Logia y las disposiciones del Decreto Supremo N° 004- 2008-MIMDES resulta peculiar, esto en la medida en que los miembros de la Orden se caracterizan por ejercer posiciones de poder en la sociedad y dado de que ellos no aceptan ninguna disposición que altere sus principios fundamentales, existe un verdadero conflicto de poderes.
- Caso Comunidad Homosexual Argentina: Un caso similar a nuestro problema se presentó en el país de los gauchos cuando se trató del Caso Comunidad Homosexual Argentina que había solicitado la autorización para funcionar ante la Inspección General de Justicia, y la misma fue denegada. En el caso se consideró que el artículo 33 supedita el otorgamiento de la personería jurídica a que la asociación tenga por principal objeto el bien común, extremo que debe ser ponderado en forma discrecional por la autoridad administrativa, cuya decisión, a su vez, sólo es susceptible de control judicial en lo que hace a su razonabilidad.
Debemos indicar que cuando utilizamos el término 'sociedad' es este trabajo no estamos refiriéndonos a la acepción jurídica de la palabra, sino que es usual utilizar este vocablo para referirse a aquellas agrupaciones secretas orientadas al cultivo del conocimiento. Para una rápida revisión de la historia de la masonería o fracmasonería puede revisarse a HUTIN, Serge. Las sociedades secretas. Segunda edición. Eudeba. Argentina: 1962, pp. 32-42. A guisa de ejemplo en el expediente N° 3939-2006-AA/TC el Tribunal Constitucional reconoce a la Gran Logia del Perú
como una asociación civil.
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Y es que el 'bien común 1 , exigido por el artículo 33 para el reconocimiento legal de las asociaciones como personas jurídicas de carácter privado, supone, en primer lugar, bienes que como tales satisfacen necesidades del hombre, perfeccionándolo, y al mismo tiempo que son comunes, son susceptibles de ser obtenidos y participados por todos en forma solidaria. En ese sentido común se contrapone al bien individual, y aunque la idea es aplicable en forma análoga a todo bien común, incluyendo el que es propio de agrupaciones intermedias, remite generalmente al bien común general.
Asimismo, se agregó que el derecho de asociación, como todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, no es absoluto y está sujeto a leyes que reglamentan su ejercicio entre ellas, el Código Civil, el cual tratándose de asociaciones, sólo se acuerda el beneficio de la personería jurídica a las que cumplen determinados requisitos, entre otros tener "por principal objeto el bien común", reservándose a los restantes la calidad de sujetos de derecho —bien que sin la plenitud de la capacidad— siempre que la constitución y la designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autencidad certificada por escribano público 96 .
Este decisión, como nos explica Sagüés, fue adoptada por la mayoría de la Corte, pero de manera controvertida fallo, se admitió la denegación de la personería jurídica por entender que bregar por la no discriminación homofóbica, y generar ámbitos de discusión sobre la condición homosexual y difundirlos podía atentar contra el bien común" 97 .
- Caso Asociación Argentina de Swingers: Otro caso de denegación de personería jurídica por parte de la Inspección General de Justicia es el de la Asociación Argentina de Swingers, decisión que fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones, sala A, con fecha 17 de marzo de 2003. En su decisorio, la Inspección General de Justicia sostuvo que dicha asociación no cumplía con el requisito que impone el artículo 33, segunda parte, inciso I o , esto es, tener como principal objeto el bien común. El estatuto presentado por la Asociación presentaba a su objetivo como "la promoción del estilo de vida swinger, entendido éste como una propuesta alternativa en materia sexual y cultural en la estructura matrimonial y de parejas", apuntando a promover esta alternativa como "una opción a la pareja, priorizando los valores familiares y difundiendo parámetros que permitan el acceso a un estilo de vida libre, con una sexualidad de las parejas menos atada a convenciones limitativas". Al analizar el requisito del bien común a la luz del artículo 33, el doctor Ragazzi cita diversas fuentes que lo definen, entre ellas la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que establece que "el objeto de la asociación tiene que poseer en sí mismo una incidencia directa sobre el bien común
AA. W. Código civil comentado. Rubinzal-culzoni editores. Argentina: 2004, tomo I, p. 124.
SAGÜÉS, Néstor Pedro. Constituciones Iberoamericanas. Argentina. Universidad Nacional Autónoma de México. D.F. [México]: 2006, p. 71.
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que mueva al Estado a otorgarle una calidad determinada, esto es, la autorización para funcionar. En otros términos, al reconocer el Estado la especial incidencia que sobre el bien común tiene el objeto societario, lo asume como propio otorgando la autorización para funcionar".
Así, combinando esta definición y el objeto de la peticionante, la ,, Inspección General de Justicia concluye que el estilo de vida swinger choca con el deber de fidelidad que media entre los cónyuges, impuesto en el artículo 198 del Código Civil. Por esto, no puede solicitarse al Estado que reconozca una asociación para cuyos fines es necesario violar una * norma esencial vigente. Por su parte la Cámara, confirmando el fallo, sostuvo que el deber de fidelidad consiste en la exclusividad del débito conyugal respecto del otro cónyuge. Asimismo dijo que al contraer matrimonio el individuo está renunciando a su libertad sexual que le permitiría mantener relaciones sexuales con terceros. El fin propuesto por la asociación implicaría violar el deber de fidelidad del artículo 198. Con gran atino, la Cámara sostuvo que también se violarían los artículos 953 y 1071, ya que estaríamos ante actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres.
- Caso Asociación Lucha por la identidad Travestí - Transexual (" ALITT"):
En este caso la Inspección General de Justicia mediante resolución N° 1142/03 denegó la autorización, para funcionar como persona jurídica, en
marco del art.
33, segunda parte, ap. I o , del Código
Civil, solicitada por
Asociación Lucha por la Identidad
Travestí - Transexual (" ALITT").
La entidad sostuvo que la asociación solicitante ni cumplía con el requisito de propender al bien común. Sometido a jurisdicción contencioso administrativa, la decisión fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia por cuanto se consideró que
"el bien común se satisface cuando el objeto de la asociación es socialmente útil, entendiendo por tal expresión a un bien general público extendido a toda la sociedad, de manera que los objetivos se proyecten en beneficios positivos, de bienestar común, hacia la sociedad en general. En suma, se afirmó que él Estado argentino no puede ser compelido en virtud de ninguna norma internacional a reconocer una asociación que no estime útil para el desarrollo social de la comunidad".
ALITT recurrió ante la Corte Suprema argentina quien en decisión de fecha 21.11.2006 sostuvo que
"7°) Que el concepto defines útiles que condicionan el derecho de asociarse
sólo podrá ser definido ponderando el alcance de ese derecho en relación funcional con otras garantías esenciales del estado constitucional vigente en la
Añadió, citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el pronunciamiento "Gorzelik and others v Poland" Capplication n° 44.158/98C, pronunciamiento del 17 de febrero de 2004, puntos 89 a 92,:
"La trascendencia del pluralismo, la tolerancia y la comprensión llevan a concluir que todo derecho de asociarse es constitucionalmente útil, en la medida en que acrecienta el respeto por las ideas ajenas, aun aquellas con las que frontalmente se discrepa, y hasta se odia, favoreciendo la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y logrando una mayor cohesión
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social que nace, precisamente, de compartir la noción fundacional del respeto a la diversidad y de la interacción de personas y grupos con variadas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, económicas, políticas, étnicas, religiosas, etc.".
También entiende este Alto Tribunal que:
"18) Que resulta prácticamente imposible negar propósitos de bien común a una asociación que procura rescatar de la marginalidad social a un grupo de personas y fomentar la elevación de su calidad de vida, de sus niveles de salud física y mental, evitar la difusión de dolencias infecciosas, prolongarles la vida, abrir proyectos pam que la única opción de vida deje de hallarse en los bordes de la legalidad o en el campo de arbitrariedad controladora y, en definitiva, evitar muertes, violencia y enfermedad";
además recordó que:
por lo demás, la pretensión de atribuir al Estado una omnipotencia
valorativa en la consecución del bien común que, en rigor, sólo permitiría
otorgar la autorización estatal a entidades con fines filantrópicos o científicos, a la par que haría retroceder a la situación imperante a principios del siglo veinte cuando el Poder Ejecutivo denegaba autorizaciones a asociaciones sindicales o mutualistas por tener en mira sólo el interés de sus integrantes".
Por todo ello, y abandonando su anteriores pronunciamientos revocó la sentencia apelada y ordenó que se dicte nueva sentencia con las consideraciones expuestas.
- Comunidad de Pescadores de El Palman Un supuesto en el que si se puede observar discriminación por razón de sexo utilizando una asociación civil es el denominado Comunidad de Pescadores de El Palmar, en Valencia, España 98 . En este caso la autoridad valenciana había otorgado la concesión de la explotación de la riqueza piscícola del lago la Albufera a la Comunidad de Pescadores de El Palmar; esta se trataba de una asociación con muchos años de creada y que sólo podía ser integrada por varones, pues la membrecía sólo se transmitía por sucesión a uno de los hijos del socio ya muerto. En ponderable resolución el Tribunal Constitucional español confirmó las resoluciones de las instancias previas y ordenó que las mujeres también tengan la posibilidad de formar parte de la Comunidad de Pescadores, pues la asociación en cuestión ejercía una posición de dominio en un bien
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publico .
Debemos advertir que se trata de un caso suncamente complejo en el que participan instituciones jurídicas forales autóctonas españolas, por lo que hemos simplificado en extremo la cuestión para centrarlo al objeto de estudio del presente
Para una revisión de los pormenores del caso y las críticas a la fundamentación del fallo véase a PÉREZ ESCALONA, Susana.
"Un caso de inadmisión de asociados por razón de sexo: los límites a la libertad de contratar en la comunidad de pescadores de 'El Palmar'". En: Revista electrónica del departamento de Derecho. Universidad de La Rioja. ULA Rioja: 2005, N° 3, pp. 149-161.
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1. Desde los inicios de formulación teórica 'como persona ficta' las personas jurídicas has servido para la consecución de objetivos que difícilmente pueden ser conseguidos con la participación aislada de las personas o en forma desorganizada, prueba de ello es el papel que desempeñan algunas asociaciones en nuestro país
2. La noción jurídica de persona jurídica que utilizan los ordenamientos peruano, argentino y español consiste en centro de imputación de derechos y deberes, aunque existen diferencia entre estos ordenamientos pues algunos exigen que estén orientados a la consecución de un fin 'valioso'.
3. El derecho de asociación es un derecho fundamental que no siempre se ha reconocido, pero actualmente está presente en los ordenamientos jurídicos estudiados, participa de la naturaleza del derecho a la libertad y por lo mismo está sometido a limitaciones, como el respecto a la legalidad o la consecución del bien común, como ocurre en Argentina.
4. La asociación civil es una figura jurídica que está regulada en los sistemas jurídicos estudiados, y en todos ellos se puede apreciar la comunidad de elementos esenciales, como son la pluralidad de miembros, el fin lícito, la organización y la exigencia mínima de formalidad para su constitución.
5. En todos los ordenamientos se puede apreciar que a la par de reconocerle personalidad jurídica a las asociaciones inscritas en los registros respectivos, existen otros tipos de asociaciones que sin cumplir con el registro también tienen existencia jurídica. Estos últimos se diferencia de los primeros en el hecho que sus miembros también son responsables ante terceros por las obligaciones que se generen en contra de la asociación.
6. La exigencia de la finalidad difiere entre los ordenamientos jurídicos, pues mientras en Perú y España no hay mayor exigencia respecto a los fines que debe cumplir la asociación, básicamente se exige que sean lícitos; en Argentina tradicionalmente se ha exigido que la orientación de las asociaciones deben dirigirse al logro del bien común.
7. Las formas de atribución de personalidad jurídica a las asociaciones es distinta en los países estudiados, pues mientras en Perú y España no hay mayor control del referido en la conclusión anterior, salvo Perú que ha sumado una exigencia mayor con la prohibición de asociaciones formadas por miembros de un solo género; en Argentina si existe un procedimiento administrativo, a cargo de una dependencia del Ministerio de Justicia, para lograr esa personería jurídica.
8. La evolución de las limitaciones a la constitución de asociaciones, y en consecuencia los parámetros de ejercicio de la libertad de asociación, han variado en los países estudiados en forma opuesta, pues en Perú se han incrementado, mientras que en Argentina se interpreta los existentes de forma mas extensiva.
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 artículo 32
 artículo 33

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artículo 29
 artículo 2
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 artículo 2
 artículo 22
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 artículo 80
 artículo 33
 artículo 46
 artículo 9
 artículo 35
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 artículo 2
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 artículo 45
 artículo 22
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 artículo 10
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 artículo 33
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 artículo 198
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