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Timestamp: 2018-08-19 09:47:29+00:00

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COMO FINAL DE LA POLÉMICA
Publicado el 7 de Marzo del 2011
ARBO publicó un editorial congratulándose de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hubiera dictado sentencia –siete, en realidad- absolviendo a nuestro compañero Enrique Rajoy Brey de las sanciones injusta y arbitrariamente impuestas por la Dirección General de los Registros y del Notariado dirigida por el dúo Blanco-Marqueño. En dicho editorial se decía que ello daba pie para realizar algunas reflexiones sobre el papel jugado en relación con las resoluciones sancionadoras por algunas de las instituciones implicadas, en concreto, la Dirección General de los Registros y del Notariado, el Notariado y la anterior Junta de Gobierno del Colegio de Registradores.
Eugenio Rodríguez de Cepeda, Decano-Presidente en la época de esas resoluciones sancionadoras –y de la apertura de expedientes sancionadores a varios centenares de colegas registradores y registradoras por enviar con retraso la información relativa a los tiempos de despacho en sus oficinas-, consideró oportuno desmentir o matizar algunas de las consideraciones realizadas por el editorial en relación a la actuación de la Junta presidida por él. Rafael Arnáiz Eguren –sancionado, como Enrique Rajoy, y también absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, días posteriores a la publicación del editorial- y el propio Enrique Rajoy contestaron públicamente a Eugenio Rodríguez de Cepeda, desmintiendo los hechos y la interpretación dada por el mismo. Hubo después correos de compañeros, con diferentes opiniones, casi todos ellos en el tono educado que se espera de unos profesionales responsables.
Lamentablemente, Eugenio Rodríguez de Cepeda contestó sin desmentir ninguno de los hechos expuestos por Rafael Arnáiz y Enrique Rajoy, pero calificando el editorial de Arbo de “artero” y a nuestros compañeros Rafael Arnáiz Eguren y Enrique Rajoy Brey de “hienas”, advirtiendo, además, que lo hacía “jocandi causa”, con la finalidad, claro, de deslegitimar cualquier contestación. Tal forma de reaccionar es lamentable y merece nuestro más absoluto rechazo, como muestra de un estilo que debe ser erradicado, como requisito inexcusable para preservar unas relaciones civilizadas entre profesionales que tienen diferentes modos de ver las cosas y cuya únicas arma de combate son -o deben ser- el estudio y la argumentación.
LA DOCTRINA “MÁS AUTORIZADA”.
Evidencia la historia que carece de árnica la actividad humana frente a las equivocaciones. Ya enseñaban los clásicos que quien tiene boca se equivoca, que errar es de humanos y rectificar de sabios. Ahora bien, como quiera que todo exceso es necedad, lo que no resulta muy normal es acertar únicamente en las rectificaciones, dicho sea en términos amables, y, desde luego, cuando la alta frecuencia afecta a decisiones expresadas con solemnidad adecuada a la trascendencia que se le quiere atribuir a lo decidido, amenazas incluidas. Tales erratas, cuando se trata de la voluntad impersonal de un ente, se saldan siempre con el despido de su autor material en la esfera puramente privada (así una sociedad) y, en la pública, deberían resolverse con el puro, simple y fulminante cese.
Y como no cabe dar puntada sin hilo, baste un ejemplo de la ligereza con que el de identidad ineluctable ha jugado con el prestigio del CD y la responsabilidad disciplinaria de los Registradores esgrimiendo su engendro más querido: las doctrinas vinculantes.
En efecto, entre otras muchísimas, el Fundamento de Derecho TERCERO de la Rón de 23 de Febrero de 2.005 dice literalmente: “…Por ello, en las Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de enero, 8 de febrero, 17 de noviembre de 2003, 14, 15 , 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2004 y 10 de enero de 20005, entre otras, se manifestaba que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto….- En suma, si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la calificación.- … esta Dirección General entiende que, a la vista del expediente -calificación e informe del Registrador-, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en su calificación y en su informe en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo…”.
O sea que, informar argumentando el mantenimiento de la nota o rebatiendo recurso y alegaciones, justificaba la apertura de expediente disciplinario al Registrador y la amenaza pública y publicada de proceder, porque la DGRN había resuelto en decisiones estimatorias del recurso gubernativo insertadas en el BOE que la Constitución y el legislador ordinario lo impedían.
En claro contraste con lo que antecede, el BOE de 27 de Enero pasado publica Rón fechada el 14 de Diciembre anterior. El Fundamento de Derecho 2 de la misma se expresa con el siguiente tenor: “…2. El artículo 326 de la Ley Hipotecaria establece que lo que se debe discutir en el recurso gubernativo son los defectos señalados por el Registrador en la nota de calificación, sin que se deba entrar en otros pretendidos defectos que no hayan sido aducidos por éste en la nota de calificación, ya que ello produciría indefensión en el recurrente. En la misma línea, la doctrina más autorizada ha concluido que el informe no puede añadir nuevos defectos a la nota de calificación, sino contestar al escrito de recurso y a las alegaciones formuladas por el recurrente, siempre con base a los defectos contenidos en la repetida nota…”. Solo quiero decir que la decisión estima el recurso siendo, por tanto, vinculante para todos los Registradores en los términos disciplinariamente fabulados en la época durante la que predominaba lo “palmario”, también denominada “cítrica” o “agria”.
IMPORTANTÍSIMA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Publicado el 9 de Febrero del 2011
El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia de 3 de enero de 2011, de la que es ponente el presidente de la Sala, D. Juan Antonio Xiol Ríos, y en la que aborda la cuestión referida a los efectos que deben atribuirse a la tardanza de la DGRN en resolver el recurso contra la calificación del registrador, toda vez que frente a la tesis de la registradora, ya planteada en la demanda y acogida en ambas instancias, de que la falta de resolución en plazo de tres meses del artículo 327.9º de la Ley Hipotecaria convierte en firme la desestimación del recurso, el Abogado del Estado recurrente defendió la tesis contraria, de que procede aplicar supletoriamente la regulación del silencio administrativo negativo y, en consecuencia, admitir una resolución expresa posterior al vencimiento de dicho plazo sin vinculación alguna al sentido del silencio.
La existencia de soluciones contradictorias entre las Audiencias Provinciales fue lo que ha llevado a la Sala Primera, en pleno, a buscar una interpretación uniforme del precepto en cuestión, y a fijar, con valor de doctrina jurisprudencial, que «el transcurso del plazo señalado en ese precepto para resolver y notificar el recurso interpuesto contra la negativa del registrador determina que se entienda desestimado el recurso y comporta la nulidad de una resolución recaída con posterioridad», como fue el caso.
Esta interpretación se apoya, en síntesis, en la no aplicación con carácter general de las normas administrativas sobre el silencio al ámbito de la calificación registral, en la falta de remisión concreta de la norma registral discutida a las de Derecho administrativo en materia de silencio y, finalmente, en que la posibilidad de que la DGRN pueda modificar la decisión una vez transcurrido el plazo para resolver crearía una situación de inseguridad jurídica.
Publicado el 7 de Febrero del 2011
Las sanciones consistentes en postergación de 700 números en el escalafón, 84.000 euros de multa y suspensión de los derechos de ausencia, licencia y traslación voluntaria durante un plazo de 14 años impuestas por la DGRN a nuestro compañero Enrique Rajoy han sido anuladas por siete sentencias dictadas por el TSJM y firmadas unánimemente por un total de once Magistrados.
La mayoría de dichas sentencias, pues todavía no hemos tenido acceso al texto completo de todas, abordan cuestiones de gran interés para el cuerpo de Registradores como la correcta interpretación de los artículos 313 B, k (falta grave por desobediencia a instrucciones y resoluciones “vinculantes” de la DGRN), 327.9 en relación con el 328.2 (efectos de las resoluciones presuntas) y 327.10 de la Ley Hipotecaria (vinculación de los Registradores a las resoluciones del órgano directivo), además de analizar las circunstancias necesarias para que pueda apreciarse la concurrencia de los requisitos de antijuricidad y culpabilidad, necesarios para que la conducta de un Registrador sea sancionable. Comentaremos estos aspectos cuando todos los fallos obren en nuestro poder.
La mera existencia y el sentido de esas resoluciones judiciales obligan, no obstante, a realizar ya ahora algunas reflexiones. En concreto, sobre el papel que las diferentes instituciones implicadas jugaron durante el proceso de imposición de las sanciones anuladas o sea, la DGRN, el Notariado y la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España.
COLABORACION DE ANTONIO GALLARDO SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL
Publicado el 3 de Febrero del 2011
La desaparición de la responsabilidad patrimonial del deudor hipotecario en el Auto de la Audiencia Provincial de Navarra
Ser deudor moroso era, en la Roma clásica, una situación muy poco recomendable. Ligado por un nexum o vínculo sacramental, el deudor que no atendía el pago de sus deudas quedaba sometido a la manus iniectio del acreedor: aprehendido en la casa de éste, sujeto por cadenas —de, por fortuna, no más de 15 libras— y sustentado por una única ración diaria de alimento —de, por suerte también, no menos de una libra de harina—, debía permanecer prisionero durante 60 largos días, a la espera de un vindex o fiador que le pusiera a cubierto de la acción. Si nadie respondía, la situación del deudor se resolvía de forma dramática: en el mejor de los casos, era vendido como esclavo trans tiberim —más allá del Tíber—; en el peor, muerto a manos de los acreedores, descuartizado luego su cuerpo y repartidos los pedazos entre ellos, todo ello en virtud de un despiadado derecho de vida y muerte.
Por los dominios del Imperio se extendió, de este modo, una abundante masa social de empobrecidos nexi, deudores insolventes, esclavizados de facto por sus acreedores, bajo la mortal amenaza de ejercicio de aquel trágico ius vitae neciusque. Una situación que pervivió hasta el año 326 d.C., en que la cruel conducta de cierto acreedor —el usurero Lucio Papirio, quien, al ver rechazadas sus rijosas proposiciones, sometió a vejaciones y tortura al joven y hermoso nexum, Gayo Publilio—, desencadenó una fuerte protesta social, forzando al Senado, a través de la Lex Poetelia Papiria, a suprimir aquella odiosa aprehensión corporal del deudor. Quedaba, con ello, sustituida la sujeción personal del mismo por la simple, aunque universal, afección de todos sus bienes al pago de la deuda, en el seno del procedimiento denominado pignoris capio.
DONDE LA VERDAD NO LLEGA
Publicado el 19 de Enero del 2011
La comisión del XXVI Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino celebrado en Marrakech entre los días 3-6 de Octubre de 2010, auspicia: “Que, con el objeto de garantizar una mayor rapidez en la actualización de los registros públicos y de un control posterior inútil y costoso por parte del sujeto responsable del registro, cada una de las leyes, dentro de los límites en que ello no influya en los principios que regulan la transferencia de la propiedad, reconozca a los notarios de cada uno de los países el acceso directo a los registros públicos para el suministro de los datos relativos al acto estipulado o por lo menos exija que el control efectuado por el sujeto encargado se limite a los aspectos meramente formales, dejando enteramente al notario –como efectivamente sucede en los países de la UINL- el control de legalidad en la fase genética de los contratos”.
En unos tiempos que algunos se empeñan en calificar de paz y de concordia, lo primero que a éstos debe sorprender es que la UINL patrocine o favorezca este tipo de reformas. A pesar de tantos y tantos actos de defensa del actual sistema de seguridad jurídica en España auspiciados y promovidos por diferentes Registradores a título individual o colectivo, hasta el punto de que el propio Colegio Nacional de Registradores no ha informado favorablemente la reforma que admitía la inscripción de la declaración de obra nueva en virtud de documento privado, nuestra asociación nunca ha creído en este “buen rollito” ni, consecuentemente, participado en ninguna de las falsas iniciativas que , con el pretexto de perseguir fines tan loables como la concordia, sólo han servido de entretenimiento para facilitar que, como bien pone de manifiesto el párrafo trascrito, el notariado continuara laborando en pro de su objetivo. Pero, aunque éste defienda la contrario, lo cierto es que nuestra actitud no obedece al hecho de que nos vaya la “marcha”, sino porque somos conscientes de que la mayoría del notariado considera imprescindible para su supervivencia la asunción de varias de las competencias que la ley atribuye a los Registradores y que el interés público aconseja que nosotros ejerzamos. Aún así, como algo de ingenuidad nos queda, habíamos creído que esta actitud de nuestra cúpula habría servido para que el notariado aumentara el respeto y la consideración hacia nuestras personas de modo que, al menos, habríamos accedido a la condición de Registradores. Pero no; hete aquí que seguimos siendo “sujetos” y que la única duda consiste en dilucidar si somos “responsables” o, simplemente, “encargados” del Registro.
En lo que, a juicio del UINL, no hay duda es en el carácter “inútil y costoso” de la calificación del registrador. Por ello, como buenos y desinteresados cruzados, se conjuran para acabar con ella, pidiendo que “se limite a los aspectos puramente formales”. La cuestión consiste en dilucidar por qué se juramentan si, según ellos mismos, en todos los países de la UINL, ya ocurre que el notario ejerce “enteramente el control de legalidad en la fase genética de los contratos”. Durante los escasos años de vida de nuestra Asociación y en los más largos de sus miembros, ninguno de nosotros ha tenido noticia de un complot que persiguiera la consecución de algo ya existente. ¡Vivir para ver!

References: e contrario
 artículo 326
 resolución 
 artículo 327
 resolución 
 resolución